Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto C‑598/14 P

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

contra

Gilbert Szajner

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Artículo 8, apartado 4 — Artículo 65, apartados 1 y 2 — Marca denominativa LAGUIOLE — Solicitud de nulidad basada en un derecho anterior, adquirido en virtud del Derecho nacional — Aplicación del Derecho nacional por la EUIPO — Función del juez de la Unión»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 5 de abril de 2017

1. Marca de la Unión Europea—Renuncia, caducidad y nulidad—Causas de nulidad relativa—Uso de la marca que puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior—Control ejercido por las instancias competentes de la Oficina y por el Tribunal en lo que respecta al Derecho nacional aplicable—Alcance

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 53 y 65, aps. 1 y 2; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 37]
2. Marca de la Unión Europea—Renuncia, caducidad y nulidad—Causas de nulidad relativa—Uso de la marca que puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior—Control ejercido por las instancias competentes de la Oficina y por el Tribunal en lo que respecta al Derecho nacional aplicable—Alcance—Toma en consideración de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional dictada con posterioridad a la adopción de la resolución de la Sala de Recurso—Principio de contradicción

   [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, 53, ap. 1, letra c), y 65, ap. 2]
3. Recurso de casación—Motivos—Control por el Tribunal de Justicia de las normas de Derecho nacional invocadas por una de las partes—Exclusión salvo en caso de desnaturalización

   (Art. 256 TFUE, ap. 1, párr. 2; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)

1. Procede recordar, en lo que respecta al reparto de las funciones entre el solicitante de nulidad, las instancias competentes de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y el Tribunal General, la Regla 37 del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria establece que incumbe al solicitante presentar elementos que demuestren que está facultado, en virtud de la normativa nacional aplicable, a hacer valer un derecho anterior, protegido en el marco jurídico nacional. Dicha Regla hace que recaiga sobre el solicitante la carga de presentar a la Oficina no sólo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibirse el uso de una marca de la Unión en virtud de un derecho anterior, sino también los datos que determinan el contenido de dicha legislación.

   En segundo lugar, por lo que respecta, más concretamente, a las obligaciones a las que está sujeta la Oficina, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en el supuesto de que una solicitud de nulidad de una marca de la Unión se base en un derecho anterior amparado por una norma de Derecho nacional, incumbe, en primer lugar, a las instancias competentes de la Oficina valorar la autoridad y el alcance de los datos proporcionados por el solicitante para determinar el contenido de dicha norma. Además, puesto que las resoluciones de las instancias competentes de la Oficina pueden privar al titular de la marca de un derecho que le ha sido conferido, el alcance de una resolución de ese tipo exige necesariamente que el órgano que la adopta no se limite a validar el Derecho nacional tal como haya sido alegado por el solicitante de nulidad.

   En tercer lugar, de conformidad con el artículo 65, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca comunitaria de la Unión Europea, el Tribunal General es competente para ejercer un control de legalidad pleno sobre la apreciación efectuada por la Oficina de los datos aportados por el solicitante para determinar el contenido de la legislación nacional cuya protección reivindica.

   Por otra parte, en la medida en que la aplicación del Derecho nacional, en la situación procesal de que se trate, puede privar de su derecho al titular de una marca de la Unión, es necesario que el Tribunal General, a pesar de las posibles lagunas en los documentos aportados como prueba del Derecho nacional aplicable, pueda llevar realmente a cabo un control efectivo. Con este fin, es preciso que pueda comprobar, más allá de los documentos aportados, el contenido, los requisitos de aplicación y el alcance de las normas jurídicas invocadas por el solicitante de nulidad. Por consiguiente, el control jurisdiccional efectuado por el Tribunal General debe cumplir las exigencias del principio de tutela judicial efectiva.

   (Véanse los apartados 35 a 38)
2. El control ejercitado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y el Tribunal General debe efectuarse a la luz de la exigencia de garantizar el efecto útil del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, que es la protección de la marca de la Unión.

   Pues bien, si el Tribunal General se limita a aplicar el Derecho nacional según lo interpretaban los órganos jurisdiccionales nacionales en el momento en que se adoptó la resolución de la Sala de Recurso de la Oficina, esto podría dar lugar a la denegación del registro o a la declaración de nulidad de una marca de la Unión aunque la disposición nacional pertinente no permita fundamentar tal decisión en el momento en el que el Tribunal dicte su resolución.

   Dicho resultado no sólo iría en contra de la exigencia de garantizar el efecto útil del Reglamento n.o 207/2009 sino también del principio de tutela judicial efectiva, al privar al Tribunal General de la posibilidad real de efectuar de manera efectiva el pleno control de legalidad mencionado en los apartados 37 y 38 de la presente sentencia.

   De ahí se deduce que, a la hora de valorar la protección concedida por el Derecho nacional, el Tribunal General debe aplicar las disposiciones nacionales correspondientes tal y como las interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales en el momento de adoptar su resolución. Por lo tanto, también debe poder tomar en consideración una resolución de un órgano jurisdiccional nacional dictada posteriormente a la adopción de la resolución de la Sala de Recurso de la Oficina.

   Es cierto que la toma en consideración de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional dictada con posterioridad a la adopción de la resolución de la Sala de Recurso de la Oficina puede dar lugar a que el Tribunal General realice una valoración de una disposición de Derecho nacional que difiera de la llevada a cabo por dicha Sala de Recurso. No obstante, puesto que el control jurisdiccional efectuado por el Tribunal General acerca de la apreciación del Derecho nacional realizada por la citada Sala de Recurso es un control pleno de legalidad, el hecho, revelado con posterioridad a la adopción de la resolución de la misma Sala de Recurso, de que dicha resolución se basaba en una interpretación errónea del Derecho nacional no puede obstar para que se corrija dicho error.

   No pone en tela de juicio esta conclusión la jurisprudencia según la cual, en primer lugar, el Tribunal General debe, en principio, limitarse a encontrar, sobre la base de la información que fundamenta la resolución de la Sala de Recurso de la Oficina, la resolución que esta última habría debido adoptar, en segundo lugar, sólo puede anular o modificar la resolución objeto del recurso si, en el momento en que se adoptó, estaba viciada por alguno de los motivos de anulación o de modificación establecidos en el artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 y, en tercer lugar, no puede anular o modificar dicha resolución por motivos que aparezcan con posterioridad a la fecha en que se adoptó.

   Si bien es cierto que ese principio tiene un alcance amplio y prohíbe, en particular, al Tribunal General anular o modificar la resolución de la Sala de Recurso de la Oficina teniendo en cuenta hechos aparecidos con posterioridad a la adopción de dicha resolución o en aplicación de disposiciones sustantivas de Derecho que no estaban todavía en vigor en el momento de dicha adopción, no prohíbe, en cambio, al Tribunal General tener en cuenta, en los litigios que tienen por objeto la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 una evolución de la interpretación, por los órganos jurisdiccionales nacionales, de la norma del Derecho nacional examinada por la Sala de Recurso de la Oficina. En efecto, esa disposición del Derecho nacional formaba parte de los elementos sometidos a la apreciación de dicha Sala de Recurso y la aplicación de la referida norma por esta última está sujeta, en virtud del artículo 65, apartado 2, de dicho Reglamento, a un control de legalidad pleno por el Tribunal General.

   No obstante, de conformidad con el principio de contradicción, que forma parte del derecho a un proceso equitativo consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la toma en consideración por parte del Tribunal General de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional adoptada posteriormente a la adopción de la resolución de la Sala de Recurso de la Oficina está sujeta a la condición de que, como ocurre en el presente asunto, las partes hayan tenido, ante el Tribunal, la posibilidad de presentar observaciones sobre la resolución nacional de que se trate.

   (Véanse los apartados 39 a 46)
3. Por lo que se refiere al examen, en el marco del recurso de casación, de las declaraciones del Tribunal General con respecto al Derecho nacional aplicable, el Tribunal de Justicia es competente para examinar, en primer lugar, si el Tribunal General, basándose en documentos y otros elementos que le hayan sido sometidos, no ha alterado el tenor de las disposiciones nacionales de que se trate, de la jurisprudencia nacional relativa a éstas o de la doctrina que se refiera a ellas; a continuación, si el Tribunal General, a la vista de dichos elementos, no ha emitido consideraciones que vayan manifiestamente en contra de su contenido y, por último, si dicho Tribunal, al examinar el conjunto de datos a efectos de determinar el contenido de la legislación nacional de que se trate, no ha atribuido a alguno de ellos un alcance que no le corresponde en relación con los demás, en la medida en que esto se desprenda de manera manifiesta de los documentos del expediente.

   (Véase el apartado 56)

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