Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 6.9.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 342/2 |

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P9\_TA(2022)0022

Retos para las zonas urbanas después de la pandemia de COVID-19

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2022, sobre los retos para las zonas urbanas después de la pandemia de COVID-19 (2021/2075(INI))

(2022/C 342/01)

El Parlamento Europeo,

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| — | Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular su título XVIII, |

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| — | Visto el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (en lo sucesivo, «REACT-UE») [(1)](#ntr1-C_2022342ES.01000201-E0001), |

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| — | Visto el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados [(2)](#ntr2-C_2022342ES.01000201-E0002) (en lo sucesivo, «Reglamento sobre Disposiciones Comunes»), |

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| — | Visto el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión [(3)](#ntr3-C_2022342ES.01000201-E0003), |

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| — | Visto el Reglamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (en lo sucesivo, «Reglamento Interreg») que recibe apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de los instrumentos de financiación exterior [(4)](#ntr4-C_2022342ES.01000201-E0004), |

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| — | Visto el Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo de Transición Justa [(5)](#ntr5-C_2022342ES.01000201-E0005), |

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| — | Visto el Pacto de Ámsterdam por el que se establece la Agenda Urbana de la UE, acordado por los ministros de la Unión responsables de asuntos urbanos el 30 de mayo de 2016, |

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| — | Visto el acuerdo adoptado en la 21.a Conferencia de las Partes de la CMNUCC (en lo sucesivo, «CP 21») en París el 12 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), |

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| — | Vista la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo, «ODS») n.o 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles, |

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| — | Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la dimensión urbana de las políticas de la UE [(6)](#ntr6-C_2022342ES.01000201-E0006), |

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| — | Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre el papel de las regiones y las ciudades de la UE en la aplicación del Acuerdo de París de la CP 21 sobre el cambio climático [(7)](#ntr7-C_2022342ES.01000201-E0007), |

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| — | Vista su Resolución, de 3 de julio de 2018, sobre el papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión [(8)](#ntr8-C_2022342ES.01000201-E0008), |

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| — | Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2020, sobre el Año Europeo por unas Ciudades más Verdes 2022 [(9)](#ntr9-C_2022342ES.01000201-E0009), |

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| — | Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos [(10)](#ntr10-C_2022342ES.01000201-E0010), |

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| — | Vista la Declaración en relación con la Agenda Urbana de la UE, acordada por los ministros responsables de la cohesión territorial y las cuestiones urbanas el 10 de junio de 2015, |

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| — | Vistas las Conclusiones del Consejo, de 24 de junio de 2016, sobre una Agenda Urbana de la UE, |

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| — | Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640), |

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| — | Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de julio de 2014, titulada «La dimensión urbana de las políticas de la UE: elementos clave de una agenda urbana para la UE» (COM(2014)0490), |

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| — | Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2021, titulada «Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040» (COM(2021)0345), |

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| — | Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2021, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030» (COM(2021)0101), |

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| — | Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de octubre de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos» (COM(2020)0620), |

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| — | Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de noviembre de 2020, titulada «Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698), |

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| — | Vista la Nueva Carta de Leipzig — El poder transformador de las ciudades por el bien común, aprobada en la reunión ministerial informal celebrada el 30 de noviembre de 2020, |

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| — | Vista la Nueva Agenda Urbana aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (en lo sucesivo, «Hábitat III»), celebrada en Quito (Ecuador) el 20 de octubre de 2016, |

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| — | Visto el informe de 2016 de la Comisión sobre el estado de las ciudades europeas, |

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| — | Vista la iniciativa insignia mundial de ONU Mujeres titulada «Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las Niñas», |

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| — | Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que quedó abierto a la firma el 11 de mayo de 2011 en Estambul (en lo sucesivo, «Convenio de Estambul»), |

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| — | Visto el artículo 54 de su Reglamento interno, |

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| — | Vistas las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Transportes y Turismo, |

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| — | Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A9-0352/2021), |

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| A. | Considerando que las ciudades siguen estando en la primera línea de la crisis de la COVID-19 y tienen menos actividad económica, tasas de infección elevadas, bajas tasas de vacunación y, a menudo, recursos insuficientes; que la pandemia también ha exacerbado las carencias existentes en las zonas urbanas y, en consecuencia, ha puesto en evidencia sus vulnerabilidades; |

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| B. | Considerando que la pandemia ha agravado las desigualdades dentro de las ciudades y los pueblos que ya existían desde hace mucho tiempo; que las personas en situación de vulnerabilidad se han vuelto aún más vulnerables; que las ciudades se enfrentan a desafíos como el acceso a viviendas asequibles, la carencia de hogar, la exclusión social, la pobreza y la falta de acceso a los servicios públicos, los servicios de salud y otros servicios esenciales; |

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| C. | Considerando que el 72 % de la población de la Unión vive en ciudades y pueblos; que las ciudades y los pueblos deben participar directamente en la recuperación tras la COVID-19; que los esfuerzos de recuperación deben dirigirse a abordar las vulnerabilidades que existen desde hace tiempo y no solo responder a los efectos de la COVID-19 sobre la salud, sino también acabar con las desigualdades persistentes; |

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| D. | Considerando que la pandemia ha tenido repercusiones relacionadas con el género que las ciudades, los pueblos y las zonas urbanas funcionales deberán tener en cuenta; que las cuarentenas y los requisitos de distanciamiento social han aumentado, asimismo, el riesgo que tienen las mujeres de sufrir violencia de género y, al mismo tiempo, han dificultado su acceso a redes de apoyo, servicios sociales y centros de salud sexual y reproductiva; |

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| E. | Considerando que las áreas metropolitanas son las que presentan más desigualdades en cuanto al acceso a recursos esenciales, como la sanidad, la educación o la digitalización, en especial para las personas vulnerables; que son necesarios esfuerzos más sostenidos para combatir las múltiples formas de discriminación y desigualdad; |

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| F. | Considerando que la brecha digital es interseccional y abarca todas las categorías, incluidas la brecha de género, la brecha generacional y la brecha social, y que se ha visto exacerbada durante la pandemia de COVID-19; que muchos hogares y centros educativos carecen de acceso a equipos digitales adecuados y actualizados; |

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| G. | Considerando que se estima que las pérdidas de empleo son más altas en las ciudades grandes que en ninguna otra parte, lo que afecta de forma especialmente dura a los trabajadores poco cualificados, autónomos y migrantes, así como a aquellos con contratos precarios; que el riesgo de desempleo es más elevado entre los jóvenes, cuyos itinerarios educativos y desarrollo personal se han visto alterados, y que muchos de ellos no han encontrado los períodos de prácticas o aprendizaje necesarios para completar sus estudios; |

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| H. | Considerando que la pandemia de COVID-19 ha afectado considerablemente a los sectores de la cultura y el deporte, lo que ha ocasionado una recesión económica y pérdidas de empleo; que las zonas urbanas, en especial las metropolitanas, necesitan recursos adecuados para los sectores cultural y creativo para hacer posible el desarrollo personal de sus habitantes; |

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| I. | Considerando que las ciudades, los pueblos y las zonas urbanas funcionales, como las áreas metropolitanas, son pilares económicos fundamentales para impulsar el crecimiento, crear empleo y mejorar la competitividad de la Unión en el contexto de una economía globalizada; que, a pesar de las marcadas disparidades en cuanto a la calidad de los servicios prestados a las zonas urbanas y rurales, las zonas urbanas funcionales y las ciudades de tamaño medio pueden actuar como fuerzas impulsoras del atractivo y el desarrollo rurales y proporcionar acceso a una serie de servicios a las zonas rurales y despobladas circundantes; |

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| J. | Considerando que las zonas urbanas se enfrentan, además de a los desafíos existentes, a la emergencia climática y a los retos demográficos; que los múltiples desafíos requieren en definitiva una respuesta basada en un enfoque integrado, que agrupe distintos sectores y busque soluciones que satisfagan las necesidades sectoriales; |

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| K. | Considerando que los requisitos de distancia física resaltaron la falta de parques, espacios verdes e instalaciones recreativas al aire libre adecuados, así como la carencia de transportes apropiados y seguros y de infraestructuras de transporte alternativas, en las zonas urbanas funcionales y sus alrededores; |

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| L. | Considerando que la crisis de la COVID-19 ha exacerbado desafíos como el del transporte de alimentos y medicinas y la prestación de servicios de salud, y ha puesto de manifiesto carencias graves en la infraestructura médica y la formación profesional de los profesionales sanitarios en cuanto a la respuesta a pandemias ya otras situaciones de emergencia sanitaria; |

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| M. | Considerando que la vivienda es un derecho universal y que, por lo tanto, los Estados miembros deben adoptar estrategias específicas y medidas adecuadas para superar los obstáculos al ejercicio del derecho a la vivienda; que se necesita invertir en viviendas asequibles; |

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| N. | Considerando que las zonas urbanas tienen el mayor porcentaje de consumo energético y de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión, y que desempeñan un papel fundamental en la lucha de la Unión contra el cambio climático; que las ciudades, los pueblos y las zonas urbanas funcionales necesitarán amplias construcciones urbanas y la creación de una economía circular para contribuir a mitigar las emisiones de efecto invernadero, limitar el calentamiento global, reducir la congestión, reciclar los residuos y garantizar la sostenibilidad de la economía; |

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| O. | Considerando que se espera que la población urbana mundial aumente hasta los 3 000 millones de personas de aquí a 2050 y que dos tercios de la población mundial vivirá en las ciudades, consumiendo el 75 % de los recursos naturales del mundo y generando el 50 % de los residuos globales y más del 60 % de las emisiones de gases de efecto invernadero; |

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| P. | Considerando que el transporte público desempeña un importante papel en la lucha contra la pobreza de transporte; que existe una necesidad urgente de aumentar rápidamente las inversiones en un transporte público sostenible y en facilitar su acceso, y en mejorar las infraestructuras para peatones y bicicletas y en la seguridad de los usuarios de la vía pública, en especial aquellos con movilidad reducida y otros tipos de discapacidad; |

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| Q. | Considerando que todas las ciudades europeas se enfrentan a un aumento sin precedentes de los precios de la energía que amenaza con afectar a la recuperación económica tras la pandemia; |

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| R. | Considerando que tanto la gobernanza multinivel como la participación activa de las autoridades urbanas, sobre la base de la acción coordinada de la Unión, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales y de conformidad con el principio de asociación establecido en el Reglamento sobre Disposiciones Comunes, son elementos esenciales para el diseño y la aplicación de todos los programas de la Unión; que compete a las autoridades urbanas la selección de los proyectos en el marco de la financiación del FEDER para el desarrollo urbano sostenible y en el marco de la nueva Iniciativa Urbana Europea, que sustituye a las Acciones Innovadoras Urbanas en el nuevo período de programación y brinda la oportunidad de probar nuevas soluciones y enfoques, con vistas también a apoyar a las zonas urbanas durante el período posterior a la COVID-19; |

Ciudades inclusivas

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|  | 1. | Reconoce la diversidad social, económica, territorial, cultural e histórica de las zonas urbanas de toda la Unión, y subraya la necesidad de abordar retos como la segregación y la pobreza; |

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|  | 2. | Destaca que, si bien la densidad de las ciudades presenta muchas ventajas en términos de vida sostenible, una elevada concentración de la población en determinadas zonas urbanas puede tener también repercusiones en la asequibilidad de las viviendas, los niveles de contaminación, la calidad de vida y el riesgo de discriminación, pobreza, desigualdad y exclusión social; |

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|  | 3. | Destaca que la pandemia de COVID-19 ha agravado la tendencia a la despoblación de las zonas urbanas poco desarrolladas, que a menudo carecen de suficientes recursos propios para proporcionar a los residentes unos servicios públicos de calidad; insta a la Comisión a que formule recomendaciones y fomente la puesta en común de las mejores prácticas entre los Estados miembros en materia de organización y reformas territoriales y administrativas; |

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|  | 4. | Pide a los Estados miembros que elaboren medidas de acción positiva que fomenten la inclusión de las comunidades marginadas, como las personas con discapacidad, las personas mayores más aisladas, las personas sin hogar, los migrantes, los refugiados y las minorías étnicas, como la población gitana; solicita que se aborden a escala local las necesidades de financiación, incluidas las de las zonas urbanas, especialmente las áreas metropolitanas, así como a escala regional nacional y de la Unión, con el fin de apoyar de manera sostenible a estas comunidades marginadas; recuerda que, además de contar con suficientes recursos nacionales, es fundamental disponer de fondos estructurales para lograr la aplicación efectiva de las medidas políticas propuestas en el Marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos; resalta el papel que desempeñan las autoridades urbanas a la hora de garantizar que esas medidas reflejen las necesidades reales de las comunidades gitanas; |

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|  | 5. | Subraya el papel fundamental que desempeña la accesibilidad urbana para hacer posible el pleno ejercicio del derecho a la movilidad, el estudio y el trabajo de las personas con discapacidad; pide a la Comisión que promueva una inclusividad plena y proporcione acceso a los fondos de desarrollo urbano para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad; |

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|  | 6. | Destaca que, para que las economías urbanas se recuperen sin dejar a nadie atrás, las inversiones y reformas deben generar puestos de trabajo estables y de alta calidad, reforzar las infraestructuras y servicios públicos, mejorar el diálogo social y apoyar la inclusión y la integración de los grupos desfavorecidos, por ejemplo, fortaleciendo los sistemas de protección y bienestar sociales; |

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|  | 7. | Hace hincapié en la necesidad de un marco europeo para apoyar las estrategias locales y nacionales destinadas a combatir la carencia de hogar y garantizar el acceso igualitario a viviendas dignas para todas las personas mediante la promoción de un enfoque integrado que combine el apoyo a la vivienda y la asistencia social, los servicios sanitarios y la inclusión activa; |

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|  | 8. | Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales que adopten estrategias específicas y medidas adecuadas para superar los obstáculos al ejercicio del derecho a la vivienda, como son la discriminación, la financiarización, la especulación, la turistización, las prácticas de préstamo abusivas y los desahucios forzosos; |

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|  | 9. | Subraya que los servicios de interés económico general (en lo sucesivo, «SIEG») en la vivienda deben guiarse principalmente por requisitos específicos determinados por las autoridades nacionales, regionales o locales, ya que estas autoridades tienen la capacidad para identificar y abordar las necesidades de vivienda y las condiciones de vida de los diferentes grupos, que pueden diferir considerablemente entre las zonas rurales y urbanas, y dado que estas autoridades desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones bien orientada; insta a la Comisión a que adapte la definición de grupo objetivo de las viviendas sociales y de financiación pública a las normas relativas a los SIEG, a fin de permitir que las autoridades nacionales, regionales y locales apoyen el acceso a la vivienda para todos los grupos cuyas necesidades de una vivienda digna y asequible no puedan satisfacerse fácilmente en las condiciones del mercado, garantizando al mismo tiempo que se asignen suficientes fondos a las personas más desfavorecidas, a fin de desbloquear las inversiones y garantizar viviendas asequibles, la neutralidad en la tenencia de viviendas y un desarrollo urbano sostenible, y crear barrios caracterizados por la diversidad social y mejorar la cohesión social; |

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|  | 10. | Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan aumentando la inversión en viviendas sociales, públicas, energéticamente eficientes, adecuadas y asequibles, así como en la lucha contra el problema de las personas sin hogar y la exclusión en materia de vivienda en la Unión; solicita, en este sentido, que se invierta a través del FEDER, el Fondo de Transición Justa, InvestEU, el FSE +, Horizonte Europa y Next Generation EU, y especialmente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus; pide una mayor cooperación entre estos instrumentos; acoge con satisfacción la financiación de préstamos para vivienda social y asequibles a través de InvestEU y en la cartera más amplia del Banco Europeo de Inversiones (en lo sucesivo, «BEI»); insta a la Comisión y a los Estados miembros a que integren el progreso social como prioridad de inversión, junto con las transiciones ecológica y digital, en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con el fin de proteger a las personas vulnerables frente al impacto negativo de la crisis actual, y a que incluyan planes de progreso social en los Planes de Recuperación y Resiliencia, y esbocen cómo se van a aplicar los principios del pilar europeo de derechos sociales y dónde se van a dirigir las inversiones sociales, incluida la inversión en vivienda social; pide urgentemente a la Comisión que garantice que la financiación de la Unión y la financiación del BEI sean más accesibles para los proveedores locales y regionales de viviendas sociales y públicas asequibles; insta al BEI a que trate de aumentar la provisión de fondos pertinente mediante asistencia técnica específica y una cooperación más estrecha con los intermediarios financieros y los Estados miembros; |

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|  | 11. | Destaca los desafíos socioeconómicos que existen en los centros urbanos, en especial las áreas metropolitanas, que cuentan con un número significativo de migrantes y refugiados y otras personas vulnerables; recuerda que las ciudades desempeñan un papel fundamental en la conformación de comunidades inclusivas, accesibles y acogedoras en las que no se deja a nadie atrás; |

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|  | 12. | Señala que la migración tiene un impacto directo en la inclusividad de las ciudades y requiere respuestas políticas adaptadas; subraya el potencial del Plan de Acción sobre Integración e Inclusión 2021-2027 de la Unión para desarrollar unas sociedades inclusivas y cohesionadas dirigir los programas a los barrios más desfavorecidos; señala, asimismo, que las estrategias de desarrollo local participativo son una herramienta esencial para generar puestos de trabajo, reducir la pobreza y mejorar el acceso a los servicios en zonas urbanas; |

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|  | 13. | Destaca que, en las zonas urbanas desfavorecidas, los niños están sujetos a menudo múltiples factores de riesgo, como viviendas deficientes, la discriminación, la violencia y la desigualdad en el acceso a servicios como las guarderías, la atención sanitaria y la educación; pide a los Estados miembros que apoyen los planes locales de garantía infantil para abordar los retos específicos de las ciudades en materia de pobreza infantil; |

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|  | 14. | Hace hincapié en la importancia que tienen las ciudades para la consecución de la igualdad de género, y recuerda que, de conformidad con el Reglamento sobre Disposiciones Comunes, todas las acciones emprendidas en el marco de la política de cohesión deben tener en cuenta la igualdad de género como principio horizontal en todo el proceso de preparación, aplicación, seguimiento, presentación de informes y evaluación; subraya que las acciones encaminadas a colmar la brecha de género en el marco de la política de cohesión deben adoptar un enfoque interseccional que tome las medidas adecuadas para prevenir cualquier discriminación por razón de religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual, y que se base en marcos estratégicos nacionales en materia de igualdad de género; insiste, asimismo, en que los beneficiarios de los programas de la política de cohesión no deben adoptar políticas discriminatorias, sobre todo si perjudican a minorías, como la comunidad LGBTI; anima a que se denieguen las solicitudes de beneficiarios potenciales, incluidas las de autoridades regionales o locales, que hayan adoptado políticas discriminatorias contra miembros de la comunidad LGBTI, como por ejemplo la declaración de «zonas libres de LGBT»; |

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|  | 15. | Resalta que, además de los riesgos para la salud, las mujeres son más vulnerables a los riesgos económicos asociados con la pandemia de COVID-19; reconoce que, en el contexto posterior a la pandemia, el apoyo a las mujeres en los sectores formal e informal y la mejor integración de las mujeres en la planificación de políticas para el desarrollo regional y urbano a fin de diseñar ciudades y comunidades inclusivas son esenciales para la recuperación económica urbana; |

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|  | 16. | Destaca la brecha de datos de género que existe de manera generalizada en los ámbitos de la política de cohesión y la planificación urbana, e insta a los Estados miembros a utilizar métodos de recopilación de datos en los que se desglose por sexo; |

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|  | 17. | Pone de relieve que la pandemia de COVID-19 ha ocasionado un repunte de la violencia doméstica; pide a los Estados miembros que asignen fondos de la política de cohesión y movilicen a las autoridades urbanas para hacer frente al incremento mundial de los casos de violencia de género; insta a las ciudades de la Unión a que elaboren, apliquen y evalúen enfoques integrales para prevenir el acoso sexual y la violencia de género en los espacios públicos y responder a ellos, comprometiéndose con los principios de la iniciativa insignia mundial de ONU Mujeres titulada «Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las Niñas»; |

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|  | 18. | Pide todos los Estados miembros que concluyan de manera urgente la ratificación de la Unión del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres; insta a la Comisión a proponer legislación dirigida a combatir todas las formas de violencia de género y a que adopte las medidas necesarias para que se incluya la violencia contra la mujer como nuevo ámbito delictivo recogido el artículo 83, apartado 1, del TFUE; |

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|  | 19. | Reconoce el peso que recae sobre las mujeres como cuidadores principales en los contextos formales e informales, así como su valor social, especialmente durante la crisis de la COVID-19; señala que el 80 % de todos los servicios asistenciales prestados en la Unión corresponde a cuidadores no profesionales (no remunerados), de los que el 75 % son mujeres; señala que los Fondos Estructurales Europeos desempeñan una función relevante a la hora de garantizar la inversión en servicios de atención; celebra el propósito de la Comisión de proponer una estrategia europea en materia de cuidados; |

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|  | 20. | Señala a la atención el desempleo y, en particular, el desempleo juvenil, que se ha agravado por la pandemia de COVID-19; pide a los Estados miembros que involucren activamente a las autoridades urbanas en la elaboración de programas para satisfacer las necesidades de los jóvenes de las ciudades, así como de políticas centradas en la salud mental y el bienestar de los jóvenes, especialmente importantes en el contexto posterior a la COVID-19; |

Ciudades sostenibles

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|  | 21. | Hace hincapié en la importancia que tiene el desarrollo urbano sostenible, incluido el transporte público sostenible y asequible, para la cohesión económica, social y territorial de la Unión, la calidad de vida de sus poblaciones y el logro de los objetivos europeos de neutralidad climática para 2050 a más tardar; recuerda las oportunidades que brinda a las zonas urbanas la nueva Bauhaus europea, así como sus principios rectores, entre ellos la sostenibilidad, la gobernanza multinivel, la estética y la inclusión; |

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|  | 22. | Reconoce que se debería aplicar una estrategia sincronizada que dé respuesta a la COVID-19 y a las transiciones ecológica y digital, con el fin de impulsar una recuperación económica que acelere la transición sostenible; |

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|  | 23. | Pide a la Unión y a los Estados miembros que, de conformidad con los compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo de París y los ODS de las Naciones Unidas, den prioridad a los marcos de la economía circular, las inversiones en energías renovables, la movilidad urbana y suburbana sostenibles y asequibles (en particular, las redes de carriles para bicicletas), las infraestructuras de transporte alternativas en las zonas urbanas y sus alrededores, el mantenimiento adecuado de las infraestructuras existentes y las inversiones rápidas en infraestructura ecológica, parques e instalaciones recreativas y ecológicas al aire libre, y respeten el principio de «no ocasionar daños» y el principio de primacía de la eficiencia energética; señala que iniciativas como la nueva Bauhaus europea brindan a las zonas urbanas la oportunidad de servir de escaparate para la oleada de renovación [(11)](#ntr11-C_2022342ES.01000201-E0011) y para proyectos que prioricen la economía circular, la sostenibilidad y la biodiversidad; considera alentador que la nueva Bauhaus europea se proponga seguir un enfoque participativo y multidisciplinario para construir un entorno sostenible en el que vivan las personas; |

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|  | 24. | Cree que la crisis de la COVID-19 ha demostrado la necesidad de una nueva planificación urbana y de nuevas soluciones de movilidad para hacer que las zonas urbanas sean más resilientes y adaptables a la demanda de movilidad, y que la crisis debe considerarse una oportunidad para reducir la congestión en el transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero; pide inversiones que promuevan la movilidad urbana sostenible por medio de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente; hace hincapié en la necesidad de promover y desarrollar los sistemas de transporte público sostenible en las zonas urbanas y adaptar la capacidad del transporte público a la creciente demanda de viajes diarios al trabajo dentro y fuera de los centros de las ciudades; pide a los Estados miembros que vuelvan a evaluar sus inversiones en movilidad urbana y den prioridad a las infraestructuras digitales que beneficiarán a todos los pasajeros, incluidas las personas con movilidad reducida; |

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|  | 25. | Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de colaborar con las ciudades y los Estados miembros para garantizar que todas las grandes ciudades y los nodos urbanos de la red transeuropea de transporte (en lo sucesivo, «RTE-T») elaboren planes de movilidad urbana sostenible de aquí a 2030; pide, a este respecto, a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren estrechamente con las regiones y las ciudades, en particular a través de las fronteras para mejorar y completar la infraestructura de último kilómetro que falta y las conexiones multimodales y transfronterizas a lo largo de toda la RTE-T; señala que muchos puertos europeos están situados cerca de centros urbanos y son importantes nodos de transporte en la RTE-T; |

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|  | 26. | Considera que la Comisión debe garantizar que el acceso a los programas de financiación de la Unión para la movilidad urbana, como el FEDER, el Fondo de Cohesión y el Mecanismo «Conectar Europa», esté condicionado a planes de movilidad urbana sostenible en curso o futuros; hace hincapié en que la política de cohesión puede ayudar a aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y del modelo de ciudad inteligente, por ejemplo mediante la mejora de la capacidad administrativa y las competencias digitales, y que debe promover una transición de la experimentación a la expansión de las iniciativas de ciudades inteligentes por medio de financiación y apoyo relacionado; pide a la Comisión que estudie maneras de apoyar a las ciudades en la preparación de sus planes de movilidad urbana sostenible de conformidad con las normas más estrictas; subraya que, cuando sea posible, la Comisión, los Estados miembros y las regiones deben ayudar a las autoridades locales a lograr este objetivo; acoge con satisfacción, asimismo, la intención del BEI de colaborar con las autoridades públicas para apoyar programas de inversión ambiciosos que promuevan la movilidad sostenible a nivel local y regional, en particular mediante planes de movilidad urbana sostenible y proyectos de transporte público; |

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|  | 27. | Destaca que las medidas sanitarias y de confinamiento han tenido un impacto importante en la demanda de movilidad y la elección del modo de transporte, lo que ha inducido a las personas a utilizar menos el transporte público; pide que se compartan las mejores prácticas en cuanto a la implantación de un sistema único y multimodal de billetes que permitiría a las personas desplazarse de un modo más sencillo y seguro dentro de las zonas urbanas de la Unión y entre ellas; |

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|  | 28. | Insta a la Comisión a que fomente el intercambio entre las zonas urbanas de las mejores prácticas en materia de urbanismo e infraestructuras sostenibles, planificación urbana ecológica, energía limpia, eficiencia energética, transporte público sin emisiones, movilidad peatonal y ciclista, gestión eficiente de los recursos hídricos y gestión sostenible y circular de los residuos; |

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|  | 29. | Solicita que se revisen las directrices de la Comisión sobre el desarrollo y la implementación de planes de movilidad urbana sostenible; solicita que dichos planes fomenten la multimodalidad y aborden algunas de las repercusiones de la concentración excesiva de la población en determinadas zonas urbanas, como la congestión y el aumento de los costes del transporte, mediante, por ejemplo, mecanismos socioeconómicos equilibrados para garantizar que los planes no sean discriminatorios; |

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|  | 30. | Pide a la Comisión que, en vista de la próxima revisión del Paquete sobre movilidad urbana, promueva la coordinación entre las medidas de seguridad y de sostenibilidad en las zonas urbanas; anima a que se ofrezcan posibilidades de aparcamiento a la entrada de las zonas urbanas (como los sistemas de aparcamiento y acceso al transporte público) para facilitar el acceso a diferentes modos de transporte público, con el fin de reducir considerablemente la congestión urbana, las emisiones de CO2 y el número de aparcamientos subterráneos y en superficie dentro de la ciudad, así como de reconstruir y mejorar el atractivo de los centros de las ciudades y atraer a posibles clientes para apoyar el sector minorista, que ha quedado debilitado tras la pandemia, y a que se fomente el valor local; |

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|  | 31. | Destaca que la recuperación económica de las ciudades se verá obstaculizada por el aumento de los precios de la energía; pide que se adopten medidas adecuadas para avanzar con la Unión de la Energía y reforzar la resiliencia del mercado de la energía europeo; resalta la necesidad imperiosa una energía más barata para todos en las zonas urbanas; alienta, por tanto, la puesta en marcha de programas masivos de aislamiento de los edificios y de colocación de paneles solares en los tejados; destaca que se debe empoderar a las comunidades locales de energías renovables para reducir el consumo de energía, seguir descarbonizando los sistemas energéticos y permitir el aprovechamiento de los beneficios sociales que ofrece un mercado local de la energía; |

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|  | 32. | Pide medidas que mejoren la calidad del aire en las zonas urbanas para minimizar los riesgos para la salud humana y combatir los niveles de ruido ambiental, que están aumentando en las zonas urbanas; |

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|  | 33. | Señala que los nuevos dispositivos de movilidad personal (por ejemplo, patinetes y bicicletas eléctricos) plantean diversos problemas de seguridad en las zonas urbanas; insta a la Comisión a que formule directrices para los Estados miembros sobre la gestión de esos problemas de seguridad; |

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|  | 34. | Señala que la pandemia de la COVID-19 ha dado lugar a la expansión del sector del reparto a domicilio, lo que ha supuesto la aparición de nuevos tipos de trabajo en plataformas digitales y modelos de negocio en las zonas urbanas; reconoce la necesidad de recomendaciones sobre la seguridad del personal del reparto y sobre la formación sobre las herramientas digitales que usan, como aplicaciones y plataformas interactivas; |

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|  | 35. | Recuerda que casi el 40 % del total de los accidentes de tráfico mortales en Europa se producen en zonas urbanas; reitera que el exceso de velocidad es un factor clave en aproximadamente el 30 % de los accidentes de tráfico mortales y un factor agravante en la mayoría de los accidentes; pide a la Comisión que utilice su recomendación sobre velocidad anunciada para limitar a 30 km/h la velocidad máxima por defecto en las zonas residenciales y en aquellas con un elevado número de peatones y ciclistas, con la posibilidad de establecer límites superiores en las vías principales y garantizando una protección adecuada de los usuarios de la vía pública vulnerables; acoge con satisfacción que la Unión haya reafirmado su objetivo estratégico a largo plazo de acercarse a la cifra de cero fallecimientos y cero lesiones graves en las carreteras europeas de aquí a 2050 (Visión Cero), y su objetivo a medio plazo de reducir las muertes y las lesiones graves en un 50 % de aquí a 2030; pide, por lo tanto, a la Comisión que integre mejor la seguridad vial en las directrices de los planes de movilidad urbana sostenible y solicita a las autoridades locales que la promuevan medidas adecuadas y oportunidades de financiación mediante iniciativas de sensibilización; |

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|  | 36. | Advierte que las ciudades y los pueblos son especialmente vulnerables a las consecuencias del cambio climático; muestra su enorme preocupación por el aumento tanto de la intensidad como de la frecuencia de las olas de calor, que están siendo más extremas en las ciudades debido al efecto isla de calor urbano, y por que las precipitaciones y los temporales terminan provocando con cada vez más frecuencia inundaciones, como las ocurridas en Europa en el verano de 2021, o tormentas de nieve extremas, como las del invierno 2020-2021, lo que muestra la necesidad de mejorar considerablemente la resiliencia de las ciudades ante las catástrofes; pide a la Comisión que intensifique, cuando proceda, su colaboración con los gobiernos locales a través de las estructuras existentes, como el Pacto de las Alcaldías, el Acuerdo por una Ciudad Verde y la Alianza de los Alcaldes por el Pacto Verde Europeo, a fin de determinar las necesidades y los retos relacionados con el cambio climático a que se enfrentan las zonas urbanas, diseñar de forma conjunta soluciones para hacer que las ciudades sean más ecológicas y canalizar las inversiones hacia acciones locales; insta a las autoridades locales y regionales a que adopten, además de sus planes nacionales en materia de energía y clima, estrategias urbanas de adaptación al cambio climático capaces de impulsar las inversiones para transformar las ciudades y adaptarlas a las posibles amenazas que plantea el cambio climático; |

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|  | 37. | Reitera que el 30 % del marco financiero plurianual y el 37 % de Next Generation EU están dedicados a la acción por el clima, que el 20 % de este último instrumento está destinado a la transición digital; pide a la Comisión que supervise a los Estados miembros y les ofrezca orientaciones y recomendaciones para garantizar que se desarrollan las competencias necesarias para lograr la doble transición ecológica y digital; lamenta la exclusión de las zonas urbanas en el contexto de Next Generation EU y, por tanto, pide una mayor implicación y participación de las ciudades y las zonas urbanas en la planificación y aplicación de los planes de recuperación y resiliencia en el contexto de Next Generation EU; |

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|  | 38. | Hace hincapié en la necesidad de plantar más árboles e instalar tejados verdes, ya que una mayor ecologización de las ciudades aporta un importante valor recreativo para los seres humanos y los animales, absorbe el exceso de aguas pluviales y, por tanto, contrarresta los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad; destaca que el reacondicionamiento de los edificios con vistas a reducir el consumo energético y el rediseño de las ciudades para incrementar los espacios verdes y fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta generarán ahorros, crearán empleo, ayudarán a combatir la pobreza energética y producirán beneficios para el clima; |

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|  | 39. | Subraya que el compromiso de las zonas urbanas es esencial para la transición hacia una sociedad climáticamente neutra y hacia una economía próspera, justa, sostenible y competitiva; señala que, en algunos casos, los gobiernos locales carecen de los conocimientos técnicos, los recursos humanos y el acceso a datos de alta calidad necesarios para emprender acciones y realizar progresos; considera, por tanto, que se deben aprovechar al máximo los programas de desarrollo de capacidades, el apoyo técnico y la financiación previstos en el Reglamento sobre Disposiciones Comunes para que las autoridades urbanas y suburbanas logren los objetivos del Pacto Verde Europeo, y que las autoridades urbanas deben disponer de acceso directo a financiación de la Unión en el futuro; |

Ciudades innovadoras

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|  | 40. | Hace hincapié en que la digitalización ha ayudado a abordar algunos de los retos inmediatos planteados por la pandemia, en particular durante los períodos de confinamiento, y que, entre las numerosas desigualdades que ha puesto de manifiesto la pandemia de COVID-19, la brecha digital es una de las más graves; observa que la pandemia ha acelerado la digitalización, y que la tecnología se ha vuelto indispensable para el teletrabajo, la enseñanza desde el hogar, el comercio electrónico, la sanidad electrónica, la administración electrónica, la democracia digital y el entretenimiento digital; pide a la Comisión que supervise de cerca esa evolución y garantice el pleno cumplimiento del acervo de la Unión, en particular en lo que atañe a los derechos sociales y de los trabajadores; recuerda que la digitalización y la conectividad digital deben ser prioritarias para las comunidades locales durante su recuperación; reitera la importancia contar con un Derecho de la competencia adecuado y con un marco de ayudas estatales que ofrezca a los Estados miembros plena flexibilidad para apoyar la economía durante el brote de coronavirus de conformidad con la normativa sobre ayudas estatales, especialmente mediante el despliegue de la banda ancha de alta velocidad y las infraestructuras de 5G en todas las ciudades, con independencia de su tamaño; insta a los Estados miembros a que apoyen la conectividad, proporcionen equipos y garanticen la presencia de personal cualificado en instituciones públicas, sociales y educativas; |

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|  | 41. | Pide acciones y políticas a distintos niveles, desde las ciudades hasta la propia Unión Europea, para lograr una transición digital justa; solicita que se reconozca la inclusión digital como un derecho de todas las generaciones y que se asuma un compromiso claro para lograr la conectividad universal a internet para las ciudades; |

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|  | 42. | Subraya que se debe reforzar la alfabetización digital para ampliar el acceso a nuevas oportunidades; considera que se debe impulsar la inversión en educación y formación con programas integrales, tanto en el sector público como el privado, para la capacitación, el reciclaje profesional y la formación continua de trabajadores que se ajusten a la demanda de capacidades de cada momento; reclama el aumento del número de mujeres y niñas que reciben educación y trabajan en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas; |

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|  | 43. | Recuerda que el turismo urbano ha desempeñado un papel esencial en la concepción de las políticas urbanas; señala que la mayoría de ciudades de la Unión han sufrido caídas del turismo tras la pandemia y tuvieron que buscar estrategias nuevas y más sostenibles para restaurar el turismo, lo que ha dado lugar al aumento del uso de las nuevas tecnologías digitales, que ha permitido una mejor gestión de los espacios urbanos y de la circulación de los turistas urbanos con el fin de evitar la formación de grandes grupos y las situaciones de riesgo en el contexto de la pandemia; |

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|  | 44. | Destaca que las bibliotecas y los centros culturales son vectores que facilitan la inclusión digital y social, el aprendizaje permanente y los itinerarios hacia el empleo de las comunidades urbanas y los grupos desfavorecidos; llama la atención, asimismo, sobre la necesidad de crear espacios adicionales para el intercambio personal y político; |

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|  | 45. | Subraya que la inteligencia artificial hace posibles soluciones urbanas inteligentes, incluidas una gestión más eficiente de la energía, el agua y los residuos y la reducción de la contaminación, el ruido y la congestión del tráfico; expresa su preocupación por el hecho de que las autoridades locales deberán enfrentarse a numerosos desafíos digitales, como los relativos a la disponibilidad y la fiabilidad de la tecnología de datos, la dependencia de terceros privados y la falta de competencias; hace hincapié en que las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, deben respetar criterios éticos para evitar que se reproduzcan las desigualdades sociales existentes; |

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|  | 46. | Considera que las estructuras urbanas de atención sanitaria primaria existentes han de reforzarse física y financieramente; señala que el cambio en la prestación de la atención sanitaria también debe aumentar las innovaciones digitales y mejorar la integración de la asistencia a través de canales de información actualizada, para proporcionar una atención más específica, personalizada, eficaz y eficiente; pide a los Estados miembros que colaboren con las autoridades regionales y locales y, especialmente, las autoridades urbanas, a fin de crear redes para educar a las personas en el uso de la asistencia sanitaria y la administración pública digitales, lo que permitirá un acceso universal y equitativo al mismo tiempo que se protegen exhaustivamente los datos sensibles y se previene la ciberdelincuencia; subraya, por tanto, el papel crucial desempeñado por los Estados miembros a la hora de apoyar a las autoridades urbanas en sus esfuerzos por configurar y garantizar la inclusión digital, protegiendo los datos personales y empoderando a las personas y las empresas locales mediante el acceso a datos; |

Ciudades de aprendizaje

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|  | 47. | Hace hincapié en las consecuencias negativas de la pandemia de COVID-19 para la educación y destaca la necesidad de garantizar la inclusión y el acceso a la educación; |

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|  | 48. | Subraya la necesidad de apoyar el sector cultural, ya que la cultura y el patrimonio cultural son activos esenciales para la competitividad regional y la cohesión social y contribuyen a conformar la identidad de las ciudades y regiones; resalta la importancia de crear más espacios culturales y de que se recuperen tras la COVID-19, y destaca la necesidad de atraer a ellos a más jóvenes; |

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|  | 49. | Destaca las contribuciones y el impacto económicos y sociales de los sectores de la cultura y el deporte para la sociedad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen y concedan suficientes fondos nacionales y de la Unión para crear unas infraestructuras culturales y deportivas sólidas y promover la educación en los sectores económicos y recreativos, en especial la cultura a escala local y el deporte no profesional en las zonas urbanas y suburbanas; insta a los Estados miembros a que elaboren un plan de acción para reactivar e impulsar la resiliencia de estos dos sectores en cuanto partes importantes de la economía a escala local, nacional y europea; |

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|  | 50. | Destaca la importancia de proteger los derechos de los niños y los jóvenes, y la necesidad de crear sistemas de educación y formación sólidos, inclusivos y funcionales, que respondan a las necesidades reales de las personas de las respectivas zonas urbanas y que estén preparados para cualquier crisis sanitaria o catástrofe natural que pueda producirse en el futuro; |

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|  | 51. | Observa con preocupación que la crisis de la COVID-19 ha tenido efectos dramáticos en una parte considerable de la juventud europea, que se han manifestado en particular en forma de un aislamiento preocupante, numerosas pérdidas de empleo y la interrupción de los itinerarios educativos y formativos; señala que esta situación ha conducido a cambios en la composición y el tamaño de la población de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación, lo que constituye una situación que ha de ser evaluada y determinada adecuadamente para abordar los retos concretos derivados de la crisis y ayudar a los Estados miembros a elaborar estrategias eficaces que lleguen a los jóvenes; propone que la Comisión realice un estudio sobre la posibilidad de desarrollar herramientas europeas comunes para hacer un seguimiento de los jóvenes que ni estudian, ni trabajan ni reciben formación, a fin de hacer posible una respuesta política adecuada para prestar apoyo a esta población especialmente vulnerable en el contexto de la crisis de la COVID-19; |

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|  | 52. | Hace hincapié en la necesidad de pensar en nuevas soluciones para la revitalización de los centros de las ciudades, que se han visto afectados por cierres de negocios y emplazamientos culturales, vacancias, la pérdida de atractivo y el aumento del comercio en línea durante la pandemia y después de ella; |

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|  | 53. | Insta a los Estados miembros y a las regiones a que se replanteen y rediseñen las infraestructuras educativas en consonancia con los nuevos avances en las profesiones educativas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que asignen suficientes fondos para el desarrollo de instalaciones educativas y la formación de profesores y alumnos de todas las edades, de forma que desarrollen las competencias verdes y digitales que les preparen para el futuro; recuerda que la digitalización debe ir de la mano no solo de la prestación de acceso a internet, sino también de la puesta a disposición de los equipos necesarios para el uso de internet; |

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|  | 54. | Considera que una serie de conceptos innovadores, especialmente el uso híbrido y la multifuncionalidad de los espacios urbanos, la justicia en el uso del suelo y la noción de «ciudad de quince minutos», desempeñarán un papel crucial en el nuevo modelo de zonas urbanas de la Unión; |

Iniciativas políticas adaptadas

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|  | 55. | Hace hincapié en la necesidad de adaptarse a la nueva realidad generada por la pandemia de COVID-19 y de reflexionar sobre un nuevo modelo para las zonas urbanas de la Unión, dando al mismo tiempo más espacio a la creatividad, el compromiso cívico y los experimentos; considera que la Conferencia sobre el Futuro de Europa representa una oportunidad para incrementar la participación de las ciudades en el proceso de toma de decisiones de la Unión y darles un papel esencial en la construcción de una democracia participativa y un diálogo con los residentes más fuertes, adoptando un enfoque ascendente y replanteando la gobernanza urbana; destaca la importancia de elaborar estrategias integrales basadas en el Pacto Verde Europeo, la Estrategia Digital Europea [(12)](#ntr12-C_2022342ES.01000201-E0012) y la visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión; recuerda las características específicas de las regiones ultraperiféricas, de conformidad con el artículo 349 del TFUE; |

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|  | 56. | Reconoce que, si bien la Unión carece de competencias explícitas en materia de desarrollo urbano, existe un amplio abanico de iniciativas de la Unión que repercuten en las ciudades, los pueblos y las zonas urbanas funcionales; observa la necesidad de una cooperación más intensa en materia de programas y políticas de la Unión entre las zonas urbanas y dentro de ellas; manifiesta su preocupación por el hecho de que, si bien han surgido varias iniciativas urbanas en los últimos años, la coordinación sigue siendo escasa y continúan existiendo riesgos de duplicación e impactos poco fructíferos; |

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|  | 57. | Acoge con satisfacción la Agenda Urbana para la UE como un nuevo modelo de gobernanza multinivel; lamenta que esta Agenda siga constituyendo un proceso voluntario e insta a los Estados miembros y a la Comisión a que se comprometan a aplicar las recomendaciones; resalta la necesidad de una mayor participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones y el fomento de enfoques ascendentes, a fin de abordar las necesidades locales y regionales; destaca la importancia de la participación de las pymes y las empresas emergentes en las estrategias y planes de desarrollo urbano y de los distritos; |

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|  | 58. | Reconoce el importante papel que desempeñan las zonas urbanas en la aplicación práctica de los programas y proyectos derivados de la legislación de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan un apoyo firme a las autoridades locales y regionales y sus equipos de gestión de proyectos en lo que atañe a los programas y las oportunidades de financiación de la Unión, y que garanticen que existen instalaciones administrativas adecuadas, así como personal debidamente formado, en las ciudades, los pueblos y las zonas urbanas funcionales; |

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|  | 59. | Insiste en que las autoridades locales y regionales deben desempeñar un papel fundamental en todas las fases del proceso de toma de decisiones de la Unión: la planificación, la preparación y la aplicación; solicita que se ponga a disposición de las autoridades locales y regionales más financiación directa de la Unión para mejorar la eficiencia, garantizar la coherencia y reducir la carga administrativa; pide, además, a la Comisión que proporcione a los Estados miembros las orientaciones necesarias y facilite el acceso a la financiación, diferenciando las ciudades y regiones en función de su nivel de digitalización; |

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|  | 60. | Reitera la necesidad de garantizar oportunidades adecuadas de financiación de acceso directo en el futuro para que las ciudades puedan implantar programas a escala local; recuerda que se deben asignar 400 000 000 000 EUR de los recursos para las inversiones en empleo y crecimiento a la Iniciativa Urbana Europea en régimen de gestión directa o indirecta por parte de la Comisión, tal como establece el Reglamento (UE) 2021/1058; pide a la Comisión que, en su revisión intermedia del período de programación actual, evalúe la efectividad de la Iniciativa Urbana Europea, particularmente su presupuesto y alcance, e inste a los Estados miembros a destinar más recursos para respaldar la ejecución de la Agenda Urbana; |

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|  | 61. | Solicita un mayor presupuesto y alcance para la Iniciativa Urbana Europea, y que se garantice que las ciudades ubicadas en las regiones ultraperiféricas tengan un acceso efectivo y fácil a esta iniciativa; señala que dicha iniciativa debe respaldar la ejecución de la Agenda Urbana en el período de programación actual; considera a las comunidades urbanas como actores clave y partes interesadas en la aplicación satisfactoria de las políticas financiadas por la Unión incluidas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia; pide al Consejo y a los Estados miembros que asignen hasta un 15 % a las zonas urbanas para hacer frente a los desafíos tras la pandemia de COVID-19; |

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|  | 62. | Destaca la importancia de que exista financiación de la Unión para lograr la inclusión social a escala local; pide que se refuerce su efecto por medio de un marco común de gestión y de información; |

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|  | 63. | Reconoce que las autoridades locales y regionales desempeñan un papel crucial y único a la hora de encarar los problemas relacionados con la pandemia de COVID-19; lamenta que no exista actualmente la posibilidad de establecer un diálogo estructurado entre la Comisión y las ciudades sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a fin de supervisar la participación de las autoridades urbanas en la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia; pide a la Comisión que, en su evaluación, informe de la aplicación del Mecanismo para examinar el posible papel de las zonas urbanas funcionales y, si es necesario, lo refuerce a fin de garantizar una aplicación eficaz del Mecanismo; destaca que se debe ofrecer a las autoridades urbanas el apoyo necesario para aplicar debidamente los planes nacionales de recuperación y resiliencia a través de programas de desarrollo de capacidades, intercambios y apoyo técnico; |

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|  | 64. | Opina que, en el marco de la política de cohesión, el apoyo proporcionado por los fondos debería reforzar los procesos de participación destinados probar nuevos conceptos y compartir experiencias mediante el fomento del desarrollo sostenible e integrado de todo tipo de territorios e iniciativas locales; considera que el desarrollo de capacidades de los agentes urbanos es un factor importante a la hora de crear ciudades más resilientes y sostenibles; anima a las ciudades, los pueblos y las zonas urbanas funcionales a apoyar iniciativas ciudadanas; subraya que las ciudades son laboratorios urbanos, pues en ellas pueden probarse futuros conceptos y políticas sostenibles y desarrollarse soluciones para lograr unas comunidades inteligentes e inclusivas; |

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|  | 65. | Recuerda que cada Estado miembro debe elaborar un acuerdo de asociación con arreglo al código de conducta sobre asociaciones, en el que se establezcan las normas mínimas para la participación de las autoridades regionales, locales, urbanas y otras autoridades públicas, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento sobre Disposiciones Comunes; pide una mayor participación de los socios, incluidos los del mundo académico de y los ámbitos de la innovación y la investigación, en la preparación, la ejecución, la supervisión y la evaluación de los programas de la Unión, también como parte de comités de seguimiento; |

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|  | 66. | Pide a los Estados miembros y las regiones que garanticen una asociación global, que incluya a las autoridades urbanas, para diseñar y aplicar todos los programas y notificar a las autoridades urbanas de los motivos de denegación de las solicitudes de financiación; insta a la Comisión a que examine las quejas de las partes interesadas, como las autoridades urbanas, también cuando no se aporten justificaciones válidas para la denegación de una solicitud de financiación; |

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|  | 67. | Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia para las zonas urbanas funcionales y las ciudades de tamaño medio, que incluya oportunidades de financiación para medidas como las asociaciones para la innovación y los planes de contratación conjunta entre las ciudades de la Unión; |

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|  | 68. | Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros y a sus Parlamentos. |

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