Source: EURLEX
Language: es
Format: md

[Palabras clave](#IX)
  
[Índice](#SM)

## Palabras clave

1. Recurso de casación Motivos Apreciación errónea de los hechos Inadmisibilidad Desestimación

(Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, arts. 50, párr. 2, y 51)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales Suspensión de la ejecución Suspensión de la ejecución de medidas provisionales Alcance de las facultades del juez de medidas provisionales

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales Suspensión de la ejecución Requisitos para su concesión Fumus boni iuris Restricción de un derecho de autor Consideración de la seriedad de los motivos para evaluar la urgencia y ponderar los intereses Error de Derecho Inexistencia

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 104, ap. 2)

4. Recurso de casación Motivos Error de Derecho cometido por el juez de medidas provisionales Incidencia en la validez del auto de medidas provisionales Requisitos

(Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 50, párr. 2)

## Índice

1. En virtud de los artículos 225 CE y 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación «se limitará a las cuestiones de Derecho», excluyendo la apreciación de los hechos. Dicha disposición se aplica asimismo a los recursos formulados con arreglo al artículo 50, párrafo segundo, del mismo Estatuto.

El Tribunal de Primera Instancia es el único competente, por una parte, para comprobar los hechos, salvo en el caso de que de los documentos obrantes en autos que se le hayan sometido se desprenda una inexactitud material de sus observaciones y, por otra parte, para apreciar dichos hechos. Por consiguiente, salvo en el supuesto de desnaturalización de los datos que le fueron sometidos, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en los recursos de casación.

( véanse los apartados 53 y 54 )

2. En el marco de un procedimiento de medidas provisionales cuyo objeto es obtener la suspensión de la ejecución de un acto de una institución comunitaria, el juez de medidas provisionales debe comprobar si la parte demandante ha acreditado la existencia de la urgencia así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional.

La adopción de una medida provisional no es aplicable sin matizaciones al procedimiento de medidas provisionales, a no ser que se pongan en tela de juicio los requisitos a que está supeditada la adopción de una medida provisional. La jurisprudencia según la cual el control que el Tribunal de Justicia ejerce, en el marco de un recurso de anulación, respecto a las decisiones que se basan en apreciaciones económicas complejas, se limita a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, del carácter suficiente de la motivación, de la exactitud material de los hechos, así como de la inexistencia de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder.

En efecto, tal aplicación, que implicaría, en el marco de un procedimiento de medidas provisionales iniciado contra una decisión de medidas provisionales adoptada por la Comisión, que el demandante puede invocar un fumus boni iuris particularmente convincente y acreditar la existencia de errores manifiestos de apreciación en relación con la evaluación de la urgencia y, en su caso, de la ponderación de intereses efectuada por la Comisión, entraña el riesgo de reducir de forma excesiva la protección judicial provisional y de limitar el amplio margen de apreciación de que debe disponer el juez de medidas provisionales con el fin de ejercer las competencias que le han sido atribuidas.

El hecho de que la Decisión controvertida se refiera a la adopción de medidas provisionales por la Comisión no pone en entredicho esta apreciación. En efecto, como se señaló en el apartado 66 del auto recurrido, nada justifica que se dé un rango particular a las decisiones provisionales de la Comisión de esa índole en el contexto de demandas de medidas provisionales. Por tanto, en el momento de examinar los requisitos para la concesión de las medidas provisionales, el juez de medidas provisionales no puede conceder más importancia a las apreciaciones provisionales de la Comisión que a las definitivas.

( véanse los apartados 56 a 59 )

3. En un procedimiento de medidas provisionales, los requisitos necesarios para otorgar la suspensión de la ejecución y de las medidas provisionales deben ser objeto de un examen de conjunto en cuyo marco el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación. De este modo, al evaluar la urgencia y, en su caso, al ponderar los intereses en litigio, el juez de medidas provisionales puede tener en cuenta la seriedad de los motivos invocados con objeto de acreditar el fumus boni iuris.

En cuanto al argumento basado en la importancia concedida al derecho de autor de IMS, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el ejercicio de derechos de propiedad intelectual únicamente puede someterse a limitaciones establecidas en virtud del artículo 82 CE en circunstancias excepcionales.

Por consiguiente, un auto no incurrió en error de Derecho al tener en cuenta la intensidad del fumus boni iuris invocado por la demandante y, en particular, al conceder importancia a las consecuencias de la Decisión controvertida para el derecho de autor de que es titular.

( véanse los apartados 63 a 65 )

4. Un error de Derecho en relación con la interpretación de una disposición de Derecho comunitario sólo puede poner en entredicho la validez de un auto de medidas provisionales cuando es determinante para apreciar uno de los requisitos de concesión de las medidas provisionales.

( véanse los apartados 81 y 82 )

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