Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto C‑610/15

Stichting Brein

contra

Ziggo BV  
y  
XS4ALL Internet BV

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Directiva 2001/29/CE — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines — Artículo 3, apartado 1 — Comunicación al público — Concepto — Plataforma de intercambio en línea — Intercambio de ficheros protegidos sin autorización del titular»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de junio de 2017

Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Comunicación al público — Concepto — Puesta a disposición y gestión en Internet de una plataforma de intercambio en una red entre pares de ficheros protegidos sin autorización del titular — Inclusión

(Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 1)

El concepto de «comunicación al público» utilizado en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, comprende la puesta a disposición y la gestión en Internet de una plataforma de intercambio que, al indexar metadatos relativos a obras protegidas y proporcionar un motor de búsqueda, permite a los usuarios de esa plataforma localizar dichas obras e intercambiarlas en una red entre pares (peer-to-peer).

En lo que atañe, en primer lugar, a la cuestión de si la puesta a disposición y la gestión de una plataforma de intercambio en línea como la controvertida en el litigio principal constituye un «acto de comunicación» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, procede señalar que, según se desprende del considerando 23 de la Directiva 2001/29, el derecho de autor de la comunicación al público al que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1, incluye cualquier tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación, sea con o sin hilos, incluida la radiodifusión.

Además, como se deriva del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, para que exista un «acto de comunicación» basta con que la obra se ponga a disposición de un público de tal forma que quienes lo compongan puedan acceder a ella desde el lugar y en el momento que elijan, sin que sea decisivo que dichas personas utilicen o no esa posibilidad (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de abril de 2017, Stichting Brein, [C‑527/15](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A300&locale=es), [EU:C:2017:300](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A300&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab), apartado [36](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A300&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point36) y jurisprudencia citada).

El Tribunal de Justicia ya ha declarado, a este respecto, que el hecho de facilitar en un sitio web enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas publicadas sin ninguna restricción de acceso en otro sitio web ofrece a los usuarios del primer sitio un acceso directo a dichas obras (sentencia de 13 de febrero de 2014, Svensson y otros, [C‑466/12](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A76&locale=es), [EU:C:2014:76](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A76&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab), apartado [18](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A76&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point18); véanse también, en este sentido, el auto de 21 de octubre de 2014, BestWater International, [C‑348/13](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A2315&locale=es), [EU:C:2014:2315](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A2315&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab), apartado [15](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A2315&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point15), y la sentencia de 8 de septiembre de 2016, GS Media, [C‑160/15](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A644&locale=es), [EU:C:2016:644](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A644&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab), apartado [43](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A644&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point43)).

El Tribunal de Justicia ha considerado asimismo que así sucede también cuando se vende un reproductor multimedia en el que se han preinstalado extensiones, disponibles en Internet, que contienen hipervínculos que reenvían a sitios de Internet libremente accesibles al público en los que se ponen a su disposición obras protegidas por derechos de autor sin la autorización de los titulares de tales derechos (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de abril de 2017, Stichting Brein, [C‑527/15](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A300&locale=es), [EU:C:2017:300](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A300&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab), apartados [38](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A300&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point38) y [53](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A300&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point53)).

Por lo tanto, de esta jurisprudencia cabe deducir que, en principio, cualquier acto mediante el que un usuario proporcione a sus clientes, con pleno conocimiento de causa, acceso a obras protegidas puede constituir un «acto de comunicación» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29.

En segundo lugar, para aplicar el concepto de «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, es preciso además que las obras protegidas sean efectivamente comunicadas a un «público» (sentencia de 26 de abril de 2017, Stichting Brein, [C‑527/15](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A300&locale=es), [EU:C:2017:300](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A300&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab), apartado [43](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A300&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point43) y jurisprudencia citada).

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado, por un lado, que el concepto de «público» supone un cierto umbral de minimis, lo que lleva a excluir de dicho concepto una pluralidad de personas interesadas demasiado pequeña o incluso insignificante. Por otro lado, para determinar ese número de personas ha de atenderse al efecto acumulativo que genera la puesta a disposición de las obras entre los potenciales destinatarios. A este respecto, es pertinente averiguar cuántas personas tienen acceso a la misma no sólo de manera simultánea sino, además, sucesiva (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de abril de 2017, Stichting Brein, [C‑527/15](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A300&locale=es), [EU:C:2017:300](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A300&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab), apartado [44](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A300&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point44) y jurisprudencia citada).

(véanse los apartados 30 a 34, 40, 41 y 48 y el fallo)

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