Source: EURLEX
Language: es
Format: md

21.6.2003 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 146/21

_Motivos y principales alegaciones_

Cuando, como sucede en la corporación territorial de la ciudad
de Munich, se cumplen los requisitos para que pueda ser
considerada una entidad de Derecho público, la Directiva no
exige que se distinga cada prestación de servicios solicitada,
dependiendo de si se realiza en interés público y presenta
carácter industrial o no. Por ese motivo es irrelevante que, en
el presente asunto, la ciudad de Munich incinere residuos en
sus instalaciones por cuenta de un tercero en el marco de una
prestación de servicios y no lo haga por sí misma, sino por
medio de una empresa privada. Cuando una entidad pública
resulta adjudicataria del servicio pero, para prestarlo correctamente, tiene que subcontratar algunos servicios, está obligada
a aplicar el procedimiento previsto en la Directiva 92/50.

La obligación de poner fin a las infracciones del Derecho
comunitario de contratos públicos, incluso mediante la resolución de los contratos ya celebrados, tampoco puede resultar
desvirtuada por el artículo 2, apartado 6, de la Directiva 89/
665 ( [2] ), que tiene por objeto los procedimientos de recurso
contra las posibles infracciones del Derecho comunitario de
contratos públicos. Sólo puede considerarse que ha finalizado
el incumplimiento cuando el Estado miembro no sólo ha
reconocido la ilegalidad de su actuación, sino que también ha
puesto fin por completo a la infracción.

( [1] ) DO L 209, p. 1.
( [2] ) DO L 395, p. 33.

**Peticiones de decisión prejudicial planteadas mediante**
**resoluciones del Consiglio di Stato (Sala VI), de fecha**
**14 de enero de 2003, en los asuntos AEM S.p.A. (C-128/**
**03) y AEM Torino S.p.A. (C-129/03) contra la Autorità**
**per l’energia elettrica e per il gas, il Ministero delle attività**
**produttive, il Ministero dell’economia e delle finanze, y**
**con la intervención de E.N.E.L. Produzione S.p.A.**

**(Asuntos C-128/03 y C-129/03)**

(2003/C 146/35)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le
han sido sometidas sendas peticiones de decisión prejudicial
mediante resoluciones del Consiglio di Stato (Sala VI), dictadas
el 14 de enero de 2003, en los asuntos AEM S.p.A. (C-128/03)
y AEM Torino S.p.A. (C-129/03) contra la Autorità per
l’energia elettrica e per il gas, il Ministero delle attività
produttive, il Ministero dell’economia e delle finanze, y con la
intervención de E.N.E.L. Produzione S.p.A., y recibidas en la
Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de marzo de 2003. El
Consiglio di Stato (Sala VI) solicita al Tribunal de Justicia que
se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

a) ¿Puede considerarse ayuda de Estado, a efectos de los
artículos 87y siguientes del Tratado,una medida administrativa que, en los términos y con los objetivos indicados
en su motivación, impone a determinadas empresas que
utilizan la red de transmisión de la energía eléctrica un
incremento del canon de acceso y uso con objeto de
financiar las cargas generales del sistema eléctrico?

b) ¿Deben interpretarse los principios establecidos en la
Directiva [96/12] ( [1] ) en materia de liberalización del
mercado interior de la energía eléctrica y, en particular,
las disposiciones previstas en los artículos 7 y 8 en
materia de gestión de la red de transmisión de la energía,
en el sentido de que se oponen a la posibilidad de que un
Estado adopte medidas que impongan con carácter
transitorio a determinadas empresas, para el acceso y uso
de la red de transmisión, un incremento del canon con
objeto de compensar el aumento de la valoración de la
energía hidroeléctrica y geotermoeléctrica producido,
en los términos indicados en su motivación, por la
modificación del marco normativo, con el fin de financiar
las cargas generales del sistema eléctrico?

( [1] ) Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes parael mercado
interior de la electricidad (DO L 27 de 30.1.1997, p. 20).

**Recurso interpuesto el 24 de marzo de 2003 contra la**
**República Italiana por la Comisión de las Comunidades**
**Europeas**

**(Asunto C-130/03)**

(2003/C 146/36)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 24 de marzo de 2003 un recurso contra
la República Italiana formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por los Sres. Niels Bertil
Rasmussen y Luigi Cimaglia, en calidad de agentes.

La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

—
Declare que la República Italiana ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud del artículo 91
del Reglamento (CE) n [o] 40/94 ( [1] ) del Consejo, de 20 de
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, al no
haber designado los tribunales de marcas comunitarias
de primera y de segunda instancia o, en cualquier caso, al
no haber comunicado a la Comisión en el plazo establecido una lista de dichos tribunales indicando su denominación y su competencia territorial.

C 146/22 ES Diario Oficial de la Unión Europea 21.6.2003

—
Condene en costas a la República Italiana.

_Motivos y principales alegaciones_

Conforme al artículo 249, párrafo segundo, del Tratado
que instituye la Comunidad Europea, los reglamentos son
obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables
en cada Estado miembro.

En el presente caso, el artículo 91 del Reglamento n [o] 40/94
impone a los Estados miembros la obligación de designar,
con arreglo al propio ordenamiento nacional, los tribunales
nacionales de primera y segunda instancia competentes en
materia de violación y validez de las marcas comunitarias, así
como la obligación de comunicar a la Comisión una lista de
los tribunales de marcas comunitarios designados indicando la
denominación y la competencia territorial de cada uno de
dichos tribunales. La fecha límite prevista para cumplir estas
obligaciones era el 15 de marzo de 1997.

La Comisión señala que la República Italiana todavía no ha
procedido a comunicarle la citada información y todavía
no ha designado ningún tribunal de marcas comunitarias,
incumpliendo de este modo la obligación impuesta por el
artículo 91, apartado 1, del citado Reglamento.

( [1] ) DO L 11, de 14.1.1994, p. 1.

**Recurso de casación interpuesto el 25 de marzo de 2003**
**por R.J. Reynolds Tobacco Holdings Inc., RJR Acquisition**
**Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds**
**Tobacco International Inc. y Japan Tobacco Inc. contra la**
**sentencia dictada el 15 de enero de 2003 por la Sala**
**Segunda ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las**
**Comunidades Europeas en los asuntos acumulados T-377/**
**00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 y T-272/01, Philip**
**Morris International Inc., R.J. Reynolds Tobacco Holdings**
**Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Com-**
**pany, R.J. Reynolds Tobacco International Inc. y Japan**
**Tobacco Inc. contra Comisión de las Comunidades Euro-**
**peas, apoyada por el Parlamento Europeo, el Reino de**
**España, la República Francesa, la República Italiana, la**
**República Portuguesa, la República de Finlandia, la Repú-**
**blica Federal de Alemania, la República Helénica y el**
**Reino de los Países Bajos**

**(Asunto C-131/03 P)**

(2003/C 146/37)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 25 de marzo de 2003 un recurso de casación
formulado por R.J. Reynolds Tobacco Holdings Inc., con
domicilio social en Winston-Salem, Carolina delNorte (Estados
Unidos), RJR Acquisition Corp., con domicilio social en
Wilmington, Delaware (Estados Unidos), R.J. Reynolds

Tobacco Company, con domicilio social en Winston-Salem,
Carolina del Norte (Estados Unidos), R.J. Reynolds Tobacco
International Inc., con domicilio social en Winston-Salem,
Carolina del Norte (Estados Unidos), y Japan Tobacco Inc.,
con domicilio social en Tokyo (Japón), representadas por
O.W. Brouwer, abogado, y P. Lomas, Solicitor, contra la
sentencia dictada el 15 de enero de 2003 por la Sala Segunda
ampliada del Tribunal dePrimera Instancia delas Comunidades
Europeas en los asuntos acumulados T-377/00( [1] ), T-379/
00 ( [2] ), T-380/00 ( [2] ), T-260/01 ( [3] ) y T-272/01 ( [4] ), Philip Morris
International Inc., R.J. Reynolds Tobacco Holdings Inc.,
RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company,
R.J. Reynolds Tobacco International Inc. y Japan Tobacco Inc.
contra Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por
el Parlamento Europeo, el Reino de España, la República
Francesa, la República Italiana, la República Portuguesa, la
República de Finlandia, la República Federal de Alemania, la
República Helénica y el Reino de los Países Bajos.

Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
15 de enero de 2003 en la medida en que:

i) declaró la inadmisibilidad de los recursos;

ii) condenó a las partes recurrentes a cargar con sus
propias costas y, solidariamente, con las de la
Comisión, y

iii) condenó a las partes coadyuvantes a cargar con sus
propias costas.

—
Declare la admisibilidad de sus recursos de anulación por
ser las decisiones impugnadas manifiestamente ilegales y
resuelva definitivamente el asunto.

—
Con carácter subsidiario, declare la admisibilidad de sus
recursos de anulación y devuelva el asunto al Tribunal de
Primera Instancia para que éste resuelva sobre el fondo.

—
Con carácter subsidiario de segundo grado, devuelva el
asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste
examine la cuestión de la admisibilidad junto con el
fondo y para que resuelva en consecuencia.

—
Condene a la Comisión al pago de las costas con
arreglo al artículo 69, apartado 2, del Reglamento de
Procedimiento del Tribunal de Justicia.