Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 52013DC0257

**INFORME DE LA COMISIÓN Informe sobre la política de competencia de 2012 /\* COM/2013/0257 final \*/**

  

INTRODUCCIÓN

La Unión
Europea (UE) es el mayor espacio económico y comercial del mundo. Su activo más
singular y la ventaja comparativa que la distingue en la escena mundial es el
mercado único, que cuenta con más de 500 millones de consumidores y 20 millones
de empresas.

Desde su
inicio, el permanente proceso de mejora y ampliación del mercado único ha ido
de la mano del desarrollo de la política de competencia de la UE. Los primeros
asuntos seminales de defensa de la competencia, que trataban de derribar los
obstáculos al comercio en el mercado único, se remontan a la década de los 60,
especialmente la Decisión pionera Grundig-Consten adoptada en 1964. Se trataba
de un acuerdo para repartirse el mercado, que había provocado notables
diferencias de precios entre Francia y Alemania. El Tribunal de Justicia
confirmó la decisión Grundig-Consten y en sentencias posteriores reiteró su
posición sobre los obstáculos al comercio transfronterizo y la competencia[1].
La adopción en 1989 del Reglamento sobre el control de las operaciones de
concentración representó un salto cualitativo en la política de competencia de
la UE que refleja la evolución del mercado interior después de la entrada en
vigor del Acta Única Europea en 1987. La política de competencia de la UE tuvo
en cuenta las nuevas realidades del mercado, ofreciendo más oportunidades para
que las empresas europeas se fusionasen y adquiriesen activos más allá de sus
fronteras nacionales. De igual modo, el control de las ayudas estatales también
se ha ido convirtiendo gradualmente en un pilar fundamental del mercado único,
velando por que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones,
independientemente de dónde estén situadas, y ofreciendo salvaguardias contra
los Estados miembros que participen en carreras de subvenciones en detrimento
recíproco y del interés general europeo. Por último, la adopción del Reglamento
1/2003 hace diez años abrió una nueva etapa en la aplicación de las normas
antimonopolio de la UE, ámbito en el que las autoridades nacionales de
competencia (ANC) se han convertido en actores muy activos. La aplicación de
las normas antimonopolio de la UE es tarea en la actualidad de una
multiplicidad de autoridades participantes en el mercado único que aplican las
mismas normas de evaluación. Ese régimen ha mejorado significativamente el
nivel de aplicación de las normas antimonopolio de la UE y sustenta la igualdad
de condiciones para las empresas que realizan operaciones transfronterizas en
Europa.

Sin una
política de competencia efectiva en la UE, el mercado único no puede alcanzar
su pleno potencial. Nada podría evitar que las barreras privadas al comercio y
la competencia sustituyesen a los obstáculos públicos que las normas en materia
de libre circulación se han encargado de desmontar a lo largo de más de medio
siglo. Tampoco se impediría que los Estados miembros falseasen el comercio y la
competencia a través de una pléyade de subvenciones, hipótesis que,
naturalmente, favorece a los territorios que cuentan con mayores dotaciones
presupuestarias. El debilitamiento de la política de competencia de la UE
podría socavar el mercado único, en detrimento del potencial de crecimiento de
los Estados miembros de la UE, cuyas economías respectivas — en particular en
la zona del euro — son cada vez más interdependientes. Al mismo tiempo, la
política de competencia es también fundamental para que la UE tome medidas
enérgicas contra los abusos de posición dominante, los cárteles y las prácticas
concertadas que perjudican a los consumidores.

En 2012, la
Comisión Europea siguió garantizando el buen funcionamiento del mercado único,
a pesar de los llamamientos ocasionales a que se adopte una postura en materia
de competencia más benevolente para con las empresas o los Estados miembros en
atención a la crisis económica.

No
es hora de flexibilizar la aplicación de las normas de competencia

Los cárteles a escala
mundial y una década de duración de los tubos catódicos para televisores y
pantallas de ordenador, que exhibieron todos los tipos más perniciosos de
conductas contrarias a la competencia en el mercado único, constituyen un
ejemplo muy ilustrativo. Los tubos catódicos para televisores y pantallas de
ordenador son componentes clave en la fabricación de las pantallas de
televisión y ordenador, y suponen entre el 50 y el 70 % de su precio. El 5
de diciembre de 2012, la Comisión Europea impuso a siete grupos internacionales
de empresas una multa total de 1 470 515 000 EUR por ambos
cárteles.

Durante 2012,
todos los instrumentos de la política de competencia de la UE — tanto los de
política antimonopolio como los de control de concentraciones y ayudas
estatales — siguieron desplegándose a modo de multiplicador en gran parte del
mercado único. En 2012 también se cumplió el vigésimo aniversario de la reactivación
en 1992 del mercado único europeo. El presente informe se centra, por tanto, en
el papel de la política de competencia a la hora de impulsar el mercado único
con vistas al crecimiento. En 2012, la Comisión prosiguió también su acción con
las autoridades nacionales de competencia (ANC) a fin de garantizar una
aplicación coherente de las normas antimonopolio de la UE. En particular, la
Comisión trabajó en estrecha cooperación con las autoridades nacionales de
competencia en la Red Europea de Competencia (REC), incluidos los esfuerzos
para estimular la convergencia de los procedimientos nacionales para la
aplicación de las normas antimonopolio de la UE que, por lo general, no las
regula el Derecho de la UE.

En este último
año la ejecución de la normativa de competencia de la UE se centró, en
particular, en sectores de importancia sistémica y transversales para la
economía de la UE: los servicios financieros; las industrias de red clave como
la energía, las telecomunicaciones y los servicios postales; así como los
mercados intensivos en conocimiento, como los de los teléfonos inteligentes,
los libros electrónicos y los productos farmacéuticos. En estos sectores, la
aplicación de la normativa de competencia de la UE (que opera principalmente a
posteriori) complementa la normativa sobre el mercado único.

Muchas de las
cuestiones abordadas en el presente informe ya se examinaron en el transcurso
del procedimiento de diálogo estructurado con el Parlamento Europeo a lo largo
de todo el año (véase la sección 5 sobre Diálogo con otras instituciones
en materia de competencia y, para mayor detalle, el documento de trabajo de los
servicios de la Comisión que acompaña al presente informe).

1. LA
POLÍTICA DE COMPETENCIA CONTRIBUYE A QUE EL SECTOR FINANCIERO SEA MÁS JUSTO Y
TRANSPARENTE

Para que se
restablezca el crecimiento sostenible es imprescindible contar con un sistema
bancario viable, transparente y competitivo que ofrezca financiación a la
economía real. La actual crisis financiera y económica tiene sus orígenes en el
sector financiero y cualquier estrategia de salida de la crisis requiere
necesariamente que se aborden sus causas primigenias. Teniendo en cuenta lo
anterior, en 2012, la Comisión Europea siguió aplicando las normas sobre ayudas
estatales para controlar las partes del sector bancario de la UE afectadas. La
mayor parte de las medidas adoptadas estuvieron relacionadas con la
reestructuración de los bancos, de tal suerte que en el futuro próximo no se
volvieran a necesitar nuevas aportaciones de los contribuyentes. En los casos
en que los bancos se encontraban en una situación tal que ya no resultaba
posible la reestructuración, el control de las ayudas estatales siguió usándose
como mecanismo de resolución de facto a la espera de que se adopte
legislación del mercado único más completa[2]. Las normas antimonopolio y en
materia de concentraciones se emplearon también para garantizar que el mercado
único se apoya en un sector financiero transparente y competitivo[3].

El régimen temporal de urgencia como instrumento para la
reestructuración bancaria y la resolución de
facto

Cuando estalla
la crisis financiera en 2008 y 2009, el control de las ayudas estatales pasó a
ser, más por defecto que por diseño, el instrumento principal a nivel de la UE
para abordar esta situación sin precedentes. La Comisión estableció
inmediatamente un régimen especial de ayudas estatales para supervisar los
rescates públicos de los bancos en crisis con el fin de salvaguardar la
estabilidad del sistema financiero en su conjunto[4]. El régimen
especial también se concibió para velar por el buen funcionamiento del mercado
único. La propia magnitud de la intervención pública daba idea de la amenaza
existencial que suponía para el mercado único. Entre el 1 de octubre de 2008 y
finales de 2011, se transfirió a los bancos un importe aproximado de 1,6
billones EUR. El importe comprometido por los gobiernos de la UE fue de hecho
tres veces mayor. La mayor parte de este importe adoptó la forma de garantías
públicas de los pasivos de los bancos y otras formas de ayudas a la liquidez,
lo que representó más del 9 % del PIB de la UE, mientras que las
recapitalizaciones y las ayudas a los activos deteriorados totalizaron más del
3 % del PIB de la UE. El régimen temporal especial siguió garantizando que
los bancos afectados recibieran ayuda en las mismas condiciones en todo el
mercado único. Con arreglo a estas normas temporales, que siguen estando en
vigor mientras así lo exija el contexto económico y del mercado, los bancos en
crisis de la UE pueden recibir apoyo estatal a condición de que se
reestructuren.

Restauración del sector financiero destinado a apoyar a la
economía real, al mismo tiempo que se protege a los contribuyentes

La
reestructuración de los distintos bancos siguió rigiéndose por el imperativo de
asegurar modelos empresariales viables que contribuyeran a la economía real. Se
adoptaron decisiones que implicaban recortes de costes, desinversiones y
concentración en actividades esenciales en relación con, entre otras cosas,
algunos de los bancos regionales alemanes (NordLB y BayernLB), los bancos
españoles CAM y UNNIM y el Banco hipotecario letón[5]. Especial
atención se puso en garantizar que el dinero de los contribuyentes se utilizase
para restablecer la viabilidad a largo plazo de los bancos y que, a medio
plazo, se reembolsase a los contribuyentes sin sufrir pérdidas; de hecho,
algunos beneficiarios ya han empezado a reembolsar a sus gobiernos las ayudas
recibidas[6].

En el contexto
de los programas de ajuste económico para Irlanda, Portugal y Grecia, el
control de las ayudas estatales siguió contribuyendo de forma significativa a
la reestructuración[7]
de la totalidad de los sectores bancarios de estos países en el marco de una
iniciativa más amplia que no solo implicaba a la Comisión, sino también al BCE
y, en la mayoría de los casos, al FMI. De nuevo, se trataba esencialmente de
garantizar la integridad del mercado único en un contexto de apoyo financiero
masivo.

Reestructuración
del sector bancario español

En julio de 2012, el
Eurogrupo acordó un Memorándum de Entendimiento (ME) relativo a un programa
sectorial para el sector financiero español. En el marco del ME, se llevó a
cabo una rigurosa prueba de resistencia que abarcaba un período de tres años
hasta finales de 2014. La prueba de resistencia detectó un déficit de capital
de unos 60 000 millones de euros en diez bancos. Dos de esos bancos, Banco
Popular e Ibercaja, lograron el capital necesario en el mercado o a través de
iniciativas de gestión. Los ocho bancos restantes que no pudieron colmar el
déficit mediante recursos privados fueron recapitalizados con los fondos del
programa y están siendo reestructurados o liquidados de conformidad con las
normas sobre ayudas estatales. Un primer grupo estaba formado por bancos ya
controlados por las autoridades españolas: BFA/Bankia, Catalunya Caixa, Nova
Caixa Galicia y Banco de Valencia. Los planes de reestructuración de los bancos
fueron aprobados el 28 de noviembre de 2012. Para un segundo grupo, incluidos
Banco Mare Nostrum, Banco CEISS, Caja3 y Liberbank, se adoptaron decisiones de
reestructuración el 20 de diciembre de 2012. Como consecuencia de ello, todo el
sistema financiero español se encontraba plenamente capitalizado al finalizar
2012. Los planes de reestructuración de los bancos aspiran a restablecer su
viabilidad y capacidad de conceder créditos a la economía real, minimizando al
mismo tiempo los costes para el contribuyente y limitando al mínimo el
falseamiento de la competencia. De los requisitos de capital de 57 000 millones
EUR de los ocho bancos restantes, 37 000 millones EUR procederán del
programa de la Unión Europea para el sector financiero español. Por lo que se
refiere a los 18 000 millones EUR restantes, 12 000 millones EUR
proceden del reparto de la carga entre los titulares de deuda subordinada,
5 000 millones EUR de la cesión de activos por parte de los bancos y
1 000 millones EUR en forma de transferencia de créditos inmobiliarios a
la SAREB, el banco malo creado por las autoridades españolas.

La política
de competencia acompaña a la legislación sobre el mercado único de la UE, cuyo
objetivo es aumentar la transparencia, la equidad y la solidez de los mercados
financieros

Se está
elaborando un ambicioso paquete normativo sobre el mercado único con el fin de
lograr unos mercados financieros más transparentes para atajar de raíz las
causas de la crisis financiera en ámbitos como los instrumentos derivados. Como
es natural, la política de competencia de la UE contribuye a este esfuerzo
legislativo. La transparencia es esencial para lograr unos mercados
competitivos.

En 2012, la
Comisión siguió investigando una serie de asuntos antimonopolio relativos a los
tipos de referencia del LIBOR, el EURIBOR y el TIBOR. Se está investigando a
una serie de bancos e intermediarios financieros. No se puede sobreestimar la
importancia de los instrumentos financieros derivados vinculados a esos valores
de referencia. Según el Banco de Pagos Internacionales (BPI) el valor venal
bruto de los derivados sobre tipos de interés en todas las monedas ascendía a
19 billones USD en junio de 2012[8].
Estos productos desempeñan un papel importante en la gestión del riesgo en el
mercado único. Las investigaciones antimonopolio de la Comisión se pusieron en
marcha antes del escándalo del LIBOR que salió a la luz por las revelaciones de
manipulación del LIBOR/TIBOR y posteriormente en relación con los tipos de
referencia del EURIBOR, que también dio lugar a investigaciones penales y a
investigaciones emprendidas en el marco de la reglamentación financiera en
diferentes jurisdicciones. En julio de 2012 la Comisión modificó una propuesta
legislativa anterior con el fin de luchar contra el tipo de manipulación que se
percibe en el escándalo del LIBOR, tipificándolo como delito.

Por otra
parte, la Comisión continuó dos investigaciones antimonopolio en el mercado de los
seguros de impago de deuda (CDS) que se iniciaron en 2011. La Comisión ha
seguido analizando, en particular, la cooperación entre una serie de grandes
bancos de inversión y un proveedor de servicios de información. El objetivo de
la investigación es determinar si estos operadores tomaron medidas para
preservar su posición de privilegio en el rentable mercado de los CDS en
mercados extrabursátiles (OTC), al dificultar el desarrollo de CDS derivados
negociados en mercados organizados de manera que podría haber infringido el
Derecho de competencia de la UE.

Los intentos
concertados por parte de la Comisión y el legislador de la UE de aumentar la
transparencia en los mercados financieros a través de la legislación sobre el
mercado único pueden verse subvertidos por las conductas colusorias y los
abusos contrarios a la competencia. La política de competencia de la UE puede
aplicarse, y de hecho se aplica, dentro de un conjunto más amplio de medidas
correctivas[9].

La Comisión
también utilizó en 2012 sus instrumentos de control de fusiones para garantizar
unos precios competitivos para las empresas que gestionan sus riesgos
invirtiendo en productos derivados en la UE. El 1 de febrero de 2012, la
Comisión prohibió la fusión propuesta entre Deutsche Börse y Euronext, la bolsa
de valores de Nueva York. La Comisión llegó a la conclusión de que la
concentración eliminaría la competencia y conduciría a un cuasimonopolio en
algunos de los mercados de derivados, en particular los mercados mundiales de
derivados europeos de un solo índice bursátil y de índice de acciones, así como
de derivados europeos sobre tipos de interés. En estos ámbitos, las dos bolsas
eran de hecho los únicos operadores creíbles a escala mundial. La Comisión
consideró probable que la operación condujera a precios más elevados y menos
innovación para los clientes de derivados y que las medidas correctivas
propuestas por las partes eran insuficientes para solucionar esos problemas.

Facilitar las transacciones en el mercado único a través de un
mejor funcionamiento de los sistemas de pago

En 2012, la
Comisión prosiguió sus medidas de ejecución antimonopolio contra las conductas
contrarias a la competencia relativas a las tasas multilaterales de intercambio
(TMI) percibidas por las empresas de tarjetas de crédito, en particular Visa y
MasterCard. Las TMI constituyen una parte importante de los costes totales que
los minoristas han de abonar por aceptar las tarjetas de pago. En 2010, en el
Espacio Económico Europeo (EEE) se realizaron 35 000 millones de
operaciones de pago con tarjeta, por un valor de 1,8 billones EUR.

Las tarjetas
de crédito y débito de Visa representan aproximadamente el 41 % de todas
las tarjetas de pago emitidas en el EEE. Más de cinco millones de comerciantes
aceptan las tarjetas de pago de Visa. En 2012, la Comisión envió un pliego de
cargos suplementario a Visa en relación con las TMI que cobra por las
transacciones con tarjetas de crédito para consumidores en el EEE[10].
La Comisión llegó a la conclusión preliminar de que estas TMI reducen la
competencia de precios entre los bancos adquirientes, inflan el coste de la
aceptación de la tarjeta de crédito para los comerciantes y, en última
instancia, incrementan los precios de consumo. La Comisión también constató que
la obligación de los adquirientes transfronterizos de abonar las TMI aplicables
en el país de la operación dificultaban la compra transfronteriza y mantenían
la segmentación del mercado único en mercados nacionales, impidiendo a los comerciantes
beneficiarse de TMI más bajas en otros Estados miembros.

El análisis de
la Comisión en el asunto Visa seguía de cerca la sentencia dictada en mayo por
el Tribunal General de la UE en el asunto Mastercard, que confirmaba plenamente
las apreciaciones de la Comisión sobre la naturaleza contraria a la competencia
de las TMI[11].

2. LA
REFORMA DE LAS AYUDAS ESTATALES PRETENDE SEGUIR DESARROLLANDO EL MERCADO ÚNICO
Y CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO EN UN CONTEXTO DE ESCASEZ DE RECURSOS PÚBLICOS

El pasado año
fue testigo de las primeras decisiones de aplicación del nuevo Marco sobre
ayudas estatales para los servicios de interés económico general (SIEG),
adoptado en 2011. En mayo de 2012, la Comisión puso en marcha un programa de
reforma aún más ambicioso: el paquete de modernización de las ayudas estatales.

Entrada en
vigor de las nuevas normas en materia de SIEG: aprovechar al máximo los escasos
presupuestos públicos en apoyo del modelo económico y social europeo

Los SIEG son
servicios públicos que las fuerzas de mercado no prestarían por sí solas o al
menos no lo harían de forma que todo el mundo pudiera disponer de ellos. Los
SIEG forman parte integrante del modelo europeo de economía social de mercado.

Las nuevas
normas SIEG (en vigor desde el 31 de enero de 2012) ayudan a las autoridades
públicas a diseñar servicios más inteligentes, eficientes y eficaces en ámbitos
tales como la energía, el transporte, las telecomunicaciones y los servicios
postales. El nuevo enfoque implica que la Comisión se centrará en SIEG que
reciben gran cantidad de fondos públicos y, por lo tanto, son más susceptibles
de falsear la competencia en el mercado único. Las primeras decisiones (por
ejemplo, Post Office Limited)[12]
ilustran de qué manera las normas relativas a las ayudas estatales pueden
garantizar la prestación ininterrumpida de servicios postales y otros servicios
públicos esenciales, al tiempo que garantizan una competencia leal en el
mercado único[13]
(véase también la sección 3.3).

Modernización
de las ayudas estatales: Abordar el doble reto del crecimiento y las
restricciones presupuestarias, al tiempo que se protege el mercado único

El 8 de mayo
de 2012, la Comisión puso en marcha el proyecto de modernización de las ayudas
estatales (MAS), una reforma global de la política de ayudas estatales. Uno de
los objetivos clave de este proceso de modernización es dar prioridad a la
aplicación de las normas a asuntos con un impacto significativo en el mercado
único. Otro de sus objetivos esenciales es garantizar que los escasos presupuestos
públicos se destinan a solventar deficiencias reales del mercado, es decir, que
no se desperdicien en proyectos que se habrían realizado en cualquier caso.
Dicho de otro modo, la modernización tiene como finalidad facilitar la
tramitación de las ayudas que estén bien diseñadas, se destinen a cubrir
determinadas deficiencias del mercado y a alcanzar objetivos de interés común,
y sean menos distorsionadoras. Las ayudas que no ofrecen incentivos reales a
las empresas ahuyentan a la inversión privada y mantienen con vida a empresas
ineficientes e inviables («ayudas perjudiciales»)[14]. Las ayudas
de buena calidad refuerzan el mercado único, mientras que las perjudiciales lo
debilitan. Las ayudas estatales son un instrumento horizontal que extiende su
ámbito de aplicación por todo el mercado único, y especialmente a las
recientemente liberalizadas industrias de red. Así pues, pueden y deben
diseñarse y servir de catalizador para ayudar a los Estados miembros a relanzar
el crecimiento, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad de las finanzas
públicas.

El proceso de
llevar a la práctica la modernización se inició a través de la revisión de toda
una serie de directrices y marcos normativos sobre ayudas estatales. El
objetivo no es otro que el de alinearlos con una filosofía y metodología
coherente a nivel global. Con este fin, la Comisión llevó a cabo consultas
públicas sobre las normas actuales en materia de ayudas estatales a la
infraestructura de banda ancha, la protección del medio ambiente y el desarrollo
regional. Asimismo, prosiguieron las actividades relacionadas con revisiones
iniciadas anteriormente sobre las ayudas de investigación, desarrollo e
innovación, capital riesgo y ayudas de salvamento y reestructuración. La
intención es que la mayor parte de la normativa relativa a la modernización
esté en vigor antes de que finalice la actual legislatura del Parlamento
Europeo[15].

3. FOMENTAR
LA COMPETENCIA EN LAS INDUSTRIAS DE RED: LA ESPINA DORSAL DEL MERCADO ÚNICO

3.1
Integración de los mercados de la energía en apoyo de la sostenibilidad

La
eliminación de los obstáculos que persisten en los mercados del gas y la
electricidad exige legislación sobre el mercado único que cuente con el apoyo
de la política de competencia

En 2005, la
Comisión llevó a cabo una investigación sectorial exhaustiva de los mercados
del gas y la electricidad que reveló que, a pesar de los esfuerzos para
integrar el mercado único desde finales de los años noventa mediante
reglamentación sectorial de la UE, seguían existiendo grandes obstáculos a la
competencia, en particular unos mercados concentrados con elevadas barreras de
entrada, a menudo dominados por operadores tradicionales integrados
verticalmente. Los problemas se vieron agravados por la escasa capacidad de
interconexión entre los Estados miembros. Este estado de cosas había dado lugar
a precios y condiciones de suministro divergentes en todo el mercado único. La
Comisión continuó su investigación a través de la aplicación de la normativa
antimonopolio, a menudo utilizando decisiones por las que se aceptaban
compromisos ofrecidos por los operadores dominantes del gas y la electricidad
en varios países[16].

La política de
competencia de la UE no puede por sí sola integrar los mercados del gas y la
electricidad de la UE, garantizar la fijación de precios competitivos y la
seguridad de suministro. Por consiguiente, en 2011 se adoptó un tercer paquete
legislativo sobre el gas y la electricidad, que actualmente está en curso de
ejecución con miras a la creación de un mercado único de la energía a escala de
la UE de aquí a 2014.

Reorientación
hacia el Este de la aplicación de la política antimonopolio en el sector de la
energía

Desde la
publicación en 2005 de la investigación sectorial sobre los mercados de la
electricidad y el gas, la mayor parte de las investigaciones y decisiones
antimonopolio en este ámbito se ha centrado en los mercados de Europa
Occidental. Recientemente, y en particular en el transcurso de 2012, la
atención prioritaria se ha desplazado hacia el Este. Las redes de gas de Europa
Central y Oriental tienden a estar menos interconectadas a través de sus
fronteras que las de Europa Occidental.

En el asunto
CEZ, relativo a un presunto abuso de posición dominante del operador
tradicional checo, en 2012 la Comisión sometió a pruebas de mercado los
compromisos estructurales para poner remedio a la exclusión del mercado de la
electricidad en la República Checa. En Bulgaria, la Comisión está investigando
una posible exclusión del mercado por parte de la empresa nacional del gas BEH,
así como obstáculos al comercio transfronterizo de electricidad. Además, el 11
de diciembre de 2012 la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal
en materia antimonopolio contra OPCOM, que permite a los productores y
compradores comerciar electricidad en Rumanía, y su sociedad matriz
Transelectrica, una empresa de titularidad estatal que controla la red
eléctrica en dicho Estado miembro. A la Comisión le preocupa que OPCOM pueda
estar abusando de su posición dominante al discriminar a las empresas en
función de su nacionalidad o lugar de establecimiento. Las bolsas de la
electricidad son cruciales para la formación transparente y fiable de los
precios de la electricidad.

En 2012, la
Comisión también incoó un procedimiento antimonopolio contra Gazprom en
relación con su supuesta actuación en una serie de mercados del gas de Europa
Central y Oriental. La apertura del procedimiento se debió a las sospechas de
la Comisión de que Gazprom hubiera podido abusar, y lo estuviera haciendo, de
su posición dominante en los mercados ascendentes de abastecimiento de gas en
Europa Central y Oriental, en algunos de las cuales es prácticamente el único
proveedor. El procedimiento se centra en si Gazprom ha compartimentado mercados
de gas para impedir el libre flujo de gas entre los países de la UE y si está
imponiendo condiciones en relación con el uso de la infraestructura que impiden
la diversificación de las fuentes de suministro de gas. El ámbito de aplicación
del procedimiento también abarca la posible imposición de precios no
equitativos a los clientes.

Consideración
de las empresas de gran consumo energético en el contexto del régimen de
comercio de derechos de emisión de la UE

Protección contra las
fugas de carbono de las industrias con uso intensivo de energía al tiempo que
se preserva la integridad del mercado único

La Comisión adoptó
también normas significativas sobre las ayudas estatales relativas a los
mercados de la electricidad. La reforma del régimen de comercio de derechos de
emisión de la UE (RCDE), adoptada en 2009, que surte efecto a partir de 2013,
implica que la producción de electricidad dejará de recibir la asignación de
derechos gratuitos de emisión de CO2, lo que podría dar lugar a un aumento de
la factura de electricidad de las empresas de la UE. Las normas adoptadas
permiten a los Estados miembros compensar las instalaciones en los sectores más
consumidores de electricidad por parte de cualesquiera costes de electricidad
más elevados resultantes del régimen de comercio de derechos de emisión a
partir de 2013[17].
Las normas se concibieron para minimizar el falseamiento de la competencia en
el mercado único en forma de carreras de subsidios en un momento de
incertidumbre económica y de necesidad de rigor presupuestario; por ejemplo, no
permitiendo la plena compensación por precios de la electricidad más elevados y
reduciendo la compensación paulatinamente. Al mismo tiempo, se concibieron para
mantener el objetivo de la UE de descarbonizar la economía europea. Entre los
sectores que pueden acceder a la compensación figuran los de producción de
aluminio, cobre, abonos, acero, papel, algodón, productos químicos y algunos
plásticos. El nuevo régimen de ayudas permite a los Estados miembros evitar que
la producción se desplace de la UE a terceros países con una normativa
ambiental más laxa, lo que podría socavar el objetivo de una reducción global
de las emisiones de gases de efecto invernadero.

3.2
Acompañamiento de la legislación sobre el mercado único en el sector de las
telecomunicaciones

Durante los
últimos quince años, la legislación sobre el mercado único de la UE ha
realizado grandes progresos a la hora de introducir competencia en los mercados
de telecomunicaciones. Hoy en día, las empresas históricas ya no están en
condiciones de mantener posiciones monopolísticas y han de prestar servicios al
por mayor y acceso de red a los operadores alternativos. Sin embargo, muchas de
las antiguas empresas monopolísticas siguen manteniendo sólidas posiciones de
mercado en razón de la propiedad de las redes fijas que desplegaron durante la
etapa de monopolio.

Además, en lo
que atañe a las redes móviles, cuatro de cada cinco ciudadanos de la UE poseen
abonos a redes móviles con uno de los cuatro grupos principales. Al mismo
tiempo, muchas de las características de los mercados de telecomunicaciones
siguen siendo predominantemente nacionales, como la concesión de licencias a
los operadores y el espectro de los servicios móviles. Estamos aún lejos de la
plena realización del mercado único de la UE en el sector de las
telecomunicaciones; en su lugar, tenemos un gran número de operadores en 27
mercados distintos. Por otra parte, sigue habiendo obstáculos persistentes que
limitan la capacidad de los consumidores para sacar pleno provecho de la liberalización
del mercado. Un estudio reciente sobre la prestación de servicios de Internet[18] muestra que la falta de información transparente y comparable,
así como los obstáculos contractuales (como la larga duración de los contratos
y las tasas percibidas por la resolución anticipada) disuaden a los
consumidores de cambiar de proveedor.

Abordar el
poder de mercado y la fragmentación de los mercados de telecomunicaciones en
paralelo con la legislación sobre el mercado único

En este
contexto, la aplicación ex post de la normativa de competencia de la UE
ha de acompañar a la reglamentación ex ante del mercado único y, en
particular, garantizar la igualdad de condiciones de acceso para los nuevos
operadores.

En 2012, los
órganos jurisdiccionales de la Unión confirmaron[19] la decisión
adoptada por la Comisión en 2007 de multar a Telefónica por un abuso de su
posición dominante en el mercado español de banda ancha. Los precios que
Telefónica aplicaba a sus clientes mayoristas, que al mismo tiempo eran sus
competidores a nivel minorista, les obligaba a incurrir en pérdidas si querían
seguir operando en el mercado.

La Comisión
continuó un asunto antimonopolio relativo a las potenciales conductas
anticompetitivas de Slovak Telekom en varios mercados mayoristas de banda ancha
en Eslovaquia e investigó si su empresa matriz Deutsche Telekom podía ser
considerada responsable de la conducta de Slovak Telekom.

La Comisión
continuó también un asunto antitrust contra Telefónica y Portugal
Telecom en relación con su acuerdo de no competir entre sí en los mercados
ibéricos de telecomunicaciones. Este es el primer asunto antitrust en el
sector de las telecomunicaciones que se refiere a un acuerdo transfronterizo de
reparto de mercados. Es especialmente importante que la Comisión investigue
este asunto con el fin de evitar que el mercado único se fragmente
artificialmente en función de fronteras nacionales.

La Comisión
también analizó cómo cinco grandes operadores de telecomunicaciones (los «E5»:
Deutsche Telecom, France Télécom, Telefónica, Vodafone y Telecom Italia) y la
asociación del sector de las telecomunicaciones móviles GSMA desarrollaron
normas para los servicios futuros de comunicaciones móviles. La acción de la
Comisión se proponía velar por que el proceso de normalización no estuviera
siendo utilizado para excluir a los competidores.

En virtud del
Reglamento de la UE sobre operaciones de concentración, la Comisión Europea
autorizó sin condiciones la creación de una empresa en participación entre
Vodafone, Telefónica y Everything Everywhere en el sector del comercio móvil en
el Reino Unido. El comercio móvil o de «monederos móviles» es un sector
incipiente en rápida evolución. La preocupación principal de la Comisión fue
garantizar que estos tipos de mercados permanecieran abiertos, de manera que
pudieran surgir diversas soluciones competidoras sin obstáculos innecesarios.
La investigación puso de manifiesto que ya existía una serie de alternativas y
era muy probable que surgieran muchas más en un futuro próximo que garantizasen
la presión competitiva adecuada en la plataforma de monedero móvil de la
empresa en participación en el Reino Unido.

En diciembre
de 2012, la Comisión también aprobó la adquisición por parte de Hutchison 3G
Austria de su competidor Orange, reduciendo el número de operadores a tres. La
autorización se supeditó a una serie de condiciones. Hutchison se comprometió a
liberar espectro, condición necesaria para la entrada de nuevos operadores de
redes móviles. Hutchinson también se comprometió a liberar acceso mayorista a
hasta 16 operadores virtuales que no contaban con una red completa propia.
Antes de la ejecución de la fusión, las partes tenían que celebrar un acuerdo
con el nuevo operador.

Apoyo el despliegue de
las infraestructuras de banda ancha en el mercado único

El despliegue de nuevas
infraestructuras de redes de banda ancha en el mercado único fue otra de las
prioridades estratégicas de la política de competencia de la UE en 2012. En
este caso, el principal reto residía en que, si bien los operadores comerciales
asumen la mayor parte de las inversiones, tienen pocos incentivos para ampliar
el alcance de sus redes en las zonas remotas, escasamente pobladas y en las
zonas rurales en las que el mercado por sí solo no correría con sus costes. Al
mismo tiempo, la Agenda Digital, una de las iniciativas emblemáticas de la
Estrategia Europa 2020, tiene por objeto hacer llegar la banda ancha básica a
todos los europeos a más tardar en 2013 y garantizar que, de aquí a 2020, i)
todos los ciudadanos europeos dispongan de un acceso mucho más rápido a
internet (superior a 30 Mbps) y ii) un 50 %, como mínimo, de los hogares
europeos esté abonado a conexiones a internet de muy alta velocidad (por encima
de los 100 Mbps). Es evidente que en algunos casos se necesitan subvenciones
públicas para colmar las deficiencias del mercado. En efecto, durante los dos
últimos años, la Comisión autorizó una ayuda de unos 4 000 millones EUR,
verificando, entre otras cosas, que los fondos públicos no excluyan la
inversión privada.

Durante este año y
formando parte del proyecto de modernización global de las ayudas estatales, la
Comisión completó su actualización de las normas sobre ayudas estatales en
materia de infraestructura de banda ancha, es decir, las Directrices sobre la
banda ancha, con el fin de ajustarlas a los ambiciosos objetivos de la Agenda
Digital de promover conexiones ultrarrápidas de banda ancha en toda la UE. A
tal efecto, las nuevas Directrices aspiran a alcanzar un justo equilibrio entre
la inversión pública y privada, propiciando al tiempo un entorno que favorezca
la competencia (por ejemplo, garantizando el acceso abierto a todos los
operadores del mercado único a infraestructuras financiadas por el Estado). Los
operadores tradicionales nacionales aún dominan los mercados de banda ancha,
salvo en los pocos países en los que se ha creado infraestructura de cable para
todo el territorio nacional. Para ayudar a lograr el objetivo de la Agenda
Digital de ofrecer conexiones ultrarrápidas (de más de 100 Mbps) a la mitad de
los hogares europeos de aquí a 2020, las Directrices revisadas permitirán la
financiación pública también en las zonas urbanas, aunque supeditada al
cumplimiento de condiciones muy estrictas para garantizar un resultado
favorable a la competencia.

La Comisión Europea
también adoptó una propuesta de modificación del Reglamento de habilitación de
1998. Ello le permitiría dejar exentas de la obligación de notificar
previamente algunas categorías de ayudas para infraestructura de banda ancha y
simplificar la autorización de determinados tipos de proyectos. Se trata, en
particular, de:

•             las ayudas
destinadas a la banda ancha básica en las regiones en las que no hay
infraestructura ni es probable que este tipo de infraestructura se desarrolle
en un futuro próximo (zonas «blancas») y las pequeñas medidas individuales de
ayuda para redes de acceso de muy alta velocidad de nueva generación (Next
Generation Access, «NGA») en zonas «blancas NGA»;

•             las ayudas
para las obras de ingeniería civil relacionadas con la banda ancha y la banda
ancha pasiva.

3.3
Promocionar unos servicios postales transfronterizos eficientes garantizando al
tiempo el servicio público

Los servicios
postales constituyen otra industria de red fundamental para el funcionamiento
del mercado único. Son muchas las empresas europeas que confían cada vez más en
las entregas justo a tiempo para mantener los costes de los inventarios a un
nivel óptimo. Suelen utilizar los servicios urgentes de paquetería como parte
de sus cadenas logísticas, sobre todo para los envíos transfronterizos. Desde
una perspectiva de crecimiento, es esencial que el servicio postal
transfronterizo opere con el mayor grado de eficiencia posible. Unos servicios
postales eficientes constituyen también una herramienta para aprovechar el
creciente potencial del comercio electrónico transfronterizo.

Al mismo
tiempo, el sector postal constituye un servicio de interés económico general
(SIEG) fundamental que puede necesitar ayuda estatal en situaciones en las que
el mercado por sí solo no garantice servicios universales y asequibles. Las
normas de competencia y del mercado único de la UE concilian estos dos
imperativos.

Incorporación
progresiva de las nuevas normas que garantizan la viabilidad de los SIEG y la
competencia leal en el mercado único

Ni que decir
tiene que la primera aplicación del nuevo Marco relativo a las ayudas estatales
a los SIEG, que entró en vigor el 31 de enero de 2012, hacía referencia al
sector postal. En marzo de 2012, la Comisión adoptó dos decisiones relativas a
UK Post Office Limited basadas en el nuevo Marco SIEG. La Comisión concluyó que
la ayuda no excedía del coste de la misión de servicio público encomendada a
Post Office Ltd y que su encomienda cumplía las normas de contratación pública.
Además, el acto de atribución y el convenio de financiación por el que se rige
el pago de la compensación incluía disposiciones apropiadas para incentivar la
prestación eficiente del servicio público, en consonancia con el plan
estratégico de Post Office Ltd para el periodo 2012-2015, que aspira a
modernizar y mejorar la prestación de servicios en su red con arreglo a hitos
anuales de eficiencia.

Del mismo
modo, la Comisión aprobó una medida de reducción fiscal de 764 millones EUR
concedida por Francia a La Poste, el operador histórico del país, para cubrir
los costes relacionados con el mantenimiento de una elevada densidad de
servicios postales (de 2008 a 2012). La Comisión autorizó también la
compensación de 1 200 millones EUR para los gastos efectuados por La Poste
a la hora de realizar sus tareas de transporte y reparto de prensa durante ese
mismo período de tiempo. Las dos medidas de ayuda se consideraron compatibles
con las normas de la UE en materia de ayudas estatales, ya que solamente compensan
parcialmente los costes netos de las importantes tareas de servicio público que
ha de desempeñar La Poste y que, por tanto, no le conferían una ventaja
competitiva desleal en el mercado único.

El sector
postal merecía especial escrutinio por encontrarse plenamente liberalizado a
finales de 2012 en toda la UE. A tal efecto, la Comisión adoptó cuatro
decisiones importantes sobre las ayudas estatales concedidas por Alemania,
Bélgica, Francia y Grecia a sus respectivos operadores postales históricos. En
el caso de Alemania y Bélgica, la Comisión ordenó la recuperación de cantidades
importantes de ayuda incompatible, mientras que autorizó las ayudas concedidas
por Francia y Grecia. Deutsche Post y Belgian Post habían recibido una cantidad
de ayuda que superaba el nivel de compensación necesario por la prestación del
SIEG que las autoridades públicas les habían confiado. Por esta razón, la
Comisión decidió que la ayuda complementaria era incompatible con el mercado
único, pues ofrecía a estas dos empresas una ventaja sobre sus competidores en
actividades comerciales que iban más allá de su misión de servicio público.

Control de
operaciones de concentración para garantizar la continuidad de la competencia
en los mercados transfronterizos de paquetería

La evolución
observada en el sector postal también fue objeto de seguimiento en materia de
concentraciones. La fusión propuesta que implicaba la absorción de TNT por
parte de UPS habría reducido de cuatro a tres el número de empresas que
controlan las redes paneuropeas de transporte urgente de paquetes. El 20 de
julio de 2012, la Comisión inició una investigación pormenorizada sobre la
operación de concentración prevista y en última instancia prohibió la
adquisición propuesta el 30 de enero de 2013. La operación habría limitado la
competencia en quince Estados miembros en los servicios de entrega urgente de
paquetes pequeños a otros países europeos. En esos Estados miembros, la
adquisición habría reducido el número de operadores significativos a solo dos o
tres, a veces dejando a DHL como única alternativa a UPS. Por consiguiente, es
probable que la concentración hubiera perjudicado a los clientes al ocasionar
subidas de precios y suprimir la presión competitiva ejercida por TNT. La
Comisión llevó a cabo una evaluación promenorizada de las medidas correctivas
propuestas, incluida una prueba de mercado en la que se consultó a los clientes
y otras partes interesadas. No obstante, dichas medidas se revelaron
inadecuadas para eliminar los problemas de competencia señalados.

4.
CONTRIBUIR A LIBERAR EL POTENCIAL DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

4.1 Evitar
usos indebidos en los sectores digitales incipientes de evolución rápida

En las
industrias digitales, los efectos de red y la dependencia de un proveedor
pueden crear posiciones de mercado arraigadas que podrían utilizarse para
excluir a los competidores o los nuevos operadores. La Comisión ya ha adoptado
anteriormente decisiones en sectores de alta tecnología, impidiendo que
empresas dominantes abusen de tecnologías patentadas o realicen otras formas de
conductas contrarias a la competencia[20].
Un reto fundamental en los asuntos de la economía digital consiste en que los
mercados en cuestión suelen evolucionar con gran celeridad y requieren una
intervención rápida y eficaz[21].
Según lo declarado por el Tribunal de Justicia en su sentencia Telia Sonera:
«... la […] aplicación [de las normas de competencia] no puede depender de que
el mercado de que se trate haya alcanzado un determinado grado de madurez. En
efecto, particularmente en un mercado con un crecimiento muy fuerte, el
artículo 102 TFUE exige que se intervenga lo antes posible para evitar que se
establezca y se consolide en él una estructura competitiva falseada por la
estrategia abusiva de una empresa [...][22]».

Permitir la
innovación constante en los sectores digitales, de los teléfonos inteligentes a
la música

Durante el
año, se prestó especial atención al posible uso indebido de patentes esenciales
en las conocidas como guerras de patentes entre los fabricantes de teléfonos
inteligentes. La Comisión consideró la cuestión de las patentes esenciales con
arreglo al Reglamento sobre concentraciones de la UE en su aprobación de la
adquisición de Motorola por Google[23].
Asimismo inició tres procedimientos[24]
referentes a posibles abusos por parte de Samsung y Motorola de sus patentes
esenciales, en parte con el fin de aportar más claridad en este ámbito en el
que la Comisión recibió numerosas denuncias a lo largo del año. El 21 de
diciembre de 2012 y en relación con uno de esos tres procedimientos, la
Comisión envió un pliego de cargos a Samsung, en el que le informaba de su
conclusión preliminar según la cual la intención de la empresa de que se
impusieran medidas cautelares a Appel en varios Estados miembros en razón de
sus patentes esenciales de teléfonos móviles suponía un abuso de posición
dominante[25].

La importancia capital
de las patentes esenciales para la innovación en el sector de las TIC

Las patentes esenciales
revisten una enorme importancia en sectores enteros. Estas patentes son, por
definición, parte de una norma y sus titulares se han comprometido a conceder
licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias. El peor
de los casos posibles se da cuando una empresa dispuesta a adquirir una
licencia de patentes esenciales en condiciones equitativas, razonables y no
discriminatorias queda fuera del mercado por las medidas cautelares aplicadas
por los órganos jurisdiccionales. Por consiguiente, este tipo de litigios o
amenazas de litigios puede retrasar la innovación en toda la industria. Las
normas pueden ser enormemente beneficiosas para una serie de mercados
interconectados, fomentando la interoperabilidad y permitiendo economías de
escala y alcance dentro y fuera del mercado único.

En el ámbito
de las fusiones, la Comisión autorizó la adquisición por parte de Universal,
empresa líder mundial en el sector discográfico, de la división de música
grabada de EMI, tras haber comprobado que la concentración no produciría
efectos negativos para los clientes digitales ni el desarrollo de nuevos
servicios digitales. Este es uno de los diversos sectores que se está
transformando a través de la digitalización. A la Comisión le inquietaba que la
operación, tal como se había notificado inicialmente, permitiera a Universal
endurecer significativamente las condiciones de concesión de licencias que
ofrecía a las plataformas digitales que venden música a los consumidores. Para
despejar estas dudas, Universal ofreció compromisos sustanciales (consistentes
esencialmente en la cesión de una parte no desdeñable del repertorio de EMI en
el EEE, incluidos artistas líderes de ventas en activo y de catálogo, así como
un compromiso por parte de Universal de no incluir las denominadas cláusulas de
nación más favorecida en sus acuerdos de licencia con servicios de música
digital en el EEE durante un período de diez años). A la vista de estos
compromisos, la Comisión concluyó que la operación no planteaba problemas
adicionales de competencia.

Decisiones
de compromisos como alternativa flexible para garantizar el rápido
restablecimiento de la competencia en unos mercados digitales en rápida
evolución

Las decisiones
de compromisos como la adoptada en el asunto de los libros electrónicos (véase
más adelante) pueden obviar la necesidad de procedimientos prolongados y
permite a la Comisión obtener resultados concretos para los consumidores. Sin
embargo, este planteamiento solo funciona si se cumplen escrupulosamente los
compromisos suscritos. En caso contrario, la Comisión está facultada para imponer
multas.

El 12 de
diciembre de 2012, la Comisión adoptó una Decisión de compromisos en el sector
del libro electrónico, otro sector incipiente de la economía digital que
evoluciona con rapidez, que convertía en jurídicamente vinculantes los
compromisos ofrecidos por Apple y cuatro editoriales internacionales de libros
electrónicos: Simon & Schuster (CBS Corp.), Harper Collins (News Corp.),
Hachette Livre (Lagardère Publishing) y Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck
(propietario de Macmillan, entre otras).

En
diciembre de 2011, la Comisión había incoado un procedimiento a estas empresas
y a una quinta editorial internacional de libros electrónicos, Penguin (Pearson
Group). Si bien la Decisión de diciembre de 2012 no iba dirigida a Penguin,
dado que la editorial optó por no ofrecer compromisos, la Comisión está
llevando a cabo conversaciones constructivas con la empresa en torno a los
compromisos que permitirían un archivo anticipado del procedimiento también
contra este editor.

En su Decisión, la Comisión expresaba sus dudas de que
Apple y las cuatro editoriales internacionales de libros electrónicos pudieran
haber empleado prácticas colusorias para limitar la competencia de precios al
por menor de los libros digitales en el Espacio Económico Europeo (EEE),
infringiendo las normas de competencia de la UE. Antes de enero de 2010, los
editores vendían libros electrónicos a los minoristas principalmente en el
marco del denominado «modelo mayorista», en virtud del cual pueden comprar
libros electrónicos a los editores y, a continuación, determinar libremente los
precios al por menor de los libros electrónicos vendidos a los consumidores. En
enero de 2010, Apple y las cuatro editoriales internacionales de libros
electrónicos cambiaron conjuntamente a contratos de agencia que incluían las
mismas condiciones esenciales, con el resultado de que los minoristas se
convirtieron en agentes de ventas para los editores que deseaban vender
directamente a los consumidores. Con arreglo a este «modelo de agencia», las
cuatro editoriales fijaron los precios al por menor de los libros electrónicos
según las normas sobre precios que figuran en los contratos de agencia. Estas
normas de precios se elaboraron de tal forma que dieron lugar a unos precios al
por menor más elevados que los ofrecidos por algunos grandes minoristas en ese
momento. En algunos países del EEE, se concibieron de tal manera que de entrada
quedara excluida cualquier posibilidad de que se ofrecieran precios más bajos a
los consumidores.

Con el fin de despejar las dudas de la Comisión, Apple
y las cuatro editoriales internacionales de libros electrónicos se
comprometieron a poner fin a todos sus acuerdos de agencia en vigor que
incluyeran restricciones sobre los precios minoristas y todas las normas en
materia de precios que había impugnado la Comisión. Apple y las cuatro
editoriales internacionales de libros electrónicos también se han comprometido
a no celebrar, durante un período de cinco años, ningún nuevo acuerdo que
conste de las normas en materia de precios a las que se había opuesto la
Comisión. Las cuatro editoriales internacionales de libros electrónicos
acordaron también permitir, durante un período de dos años, a los minoristas
que ofrezcan descuentos en los precios al por menor para los libros digitales
hasta un importe igual a la comisión que el minorista recibe del editor durante
un período de un año.

Los compromisos pusieron fin a las prácticas que
habían suscitado las dudas de la Comisión y restablecieron las condiciones que
harán posible que se reajuste el mercado de los libros electrónicos. En caso de
que lo permita la legislación nacional en materia de precios minoristas para
los libros electrónicos, ello puede contribuir a que se rebajen los precios del
libro electrónico para los consumidores en el EEE.

Google está
involucrada en un asunto que implica un supuesto abuso de posición dominante.
La Comisión ha manifestado su preocupación por el hecho de que cuatro tipos de
prácticas empresariales de Google pueden constituir un abuso de posición
dominante a tenor del artículo 102 del TFUE, a saber: i) la forma en que
los servicios de búsqueda vertical de Google se presentan entre los resultados
de búsqueda general en comparación con los servicios de los competidores; ii)
la forma en que Google puede utilizar y presentar contenidos de terceros en sus
servicios de búsqueda vertical; iii) los acuerdos de exclusividad para la
oferta de búsqueda de anuncios de Google en otros sitios web; y iv) las
restricciones de la portabilidad de las campañas publicitarias de AdWords.
Google presentó un texto detallado de compromisos a finales de enero de 2013.
Los servicios de la Comisión están analizando ahora la propuesta de Google con
objeto de decidir si permitiría a la Comisión iniciar el proceso para la
adopción de una decisión de conformidad con el artículo 9 del Reglamento
1/2003.

En un asunto
referente a Microsoft se analizó el incumplimiento de una decisión de
compromisos anterior. En diciembre de 2009, la Comisión dio carácter
jurídicamente vinculante a los compromisos ofrecidos por Microsoft para
despejar las dudas de competencia relacionadas con la venta asociada del
navegador de Microsoft, Internet Explorer, a Windows, su sistema operativo para
ordenadores personales clientes que ostenta una posición dominante. Concretamente,
Microsoft se comprometió a facilitar durante cinco años (es decir, hasta 2014)
en el Espacio Económico Europeo una «pantalla de elección» que permita a los
usuarios del sistema operativo Windows elegir con el debido conocimiento de
causa y de manera imparcial qué navegador o navegadores desean instalar, además
del navegador de Microsoft, o en su lugar. La pantalla de elección de navegador
tenía que haber sido facilitada a partir de marzo de 2010 a los usuarios
europeos que tuvieran instalado Internet Explorer como navegador por defecto.

Sin embargo,
en una Decisión adoptada el 6 de marzo de 2013, la Comisión concluyó que, entre
mayo de 2011 y julio de 2012, Microsoft no había ofrecido la pantalla de
elección de navegador con su Windows 7 Service Pack 1, con el resultado de que
15 millones de usuarios de Windows en la UE no tuvieron acceso a dicha pantalla
durante este período. Microsoft ha reconocido públicamente que en ese periodo
no se dispuso de la pantalla de elección de navegador.

4.2 Prevenir
el uso ilícito de los DPI en el sector farmacéutico

Los productos
farmacéuticos son otro ámbito en el que los conocimientos, los inventos e ideas
y los derechos de propiedad intelectual (DPI) que contienen son de vital
importancia. No obstante, en dicho sector, los titulares de patentes y las
empresas fabricantes de genéricos pueden verse tentadas a celebrar acuerdos
contrarios a la competencia que retrasen la entrada de medicamentos genéricos
más baratos, especialmente cuando la protección básica de las patentes en torno
al principio activo se acerque a su expiración o después de la misma. Al mismo
tiempo, muchos de estos acuerdos sobre patentes pueden ser una manera racional
y socialmente beneficiosa de reducir la incertidumbre y evitar los costes de
litigios.

En este
contexto, la Comisión inició una investigación en el sector farmacéutico en
2008, cuyos resultados se publicaron en julio de 2009[26]. A lo largo
de 2012, el seguimiento de la investigación avanzó en varios frentes. En
términos de aplicación de la normativa antitrust, el 25 y el 30 de julio
de 2012, la Comisión envió pliegos de cargos a más de catorce empresas en dos
grandes asuntos de posibles acuerdos contrarios a la competencia y conductas
unilaterales.

Pliegos de cargos sobre
conductas susceptibles de retrasar la entrada en el mercado único de
medicamentos antidepresivos y cardiovasculares genéricos

Uno de los pliegos de
cargos se refería al asunto Citalopram en el que la empresa originadora
Lundbeck y varias fabricantes de genéricos competidoras celebraron acuerdos que
podrían haber impedido la entrada del Citalopram genérico en los mercados del
EEE. El Citalopram es el principio activo de una clase de antidepresivos. El
pliego de cargos también se remitió a Merck KGaA, Generics UK, Arrow,
Resolution Chemicals, Xellia Pharmaceuticals, Alpharma, A.L, Industrier
y Ranbaxy, todos ellos pertenecientes al grupo de fabricantes de genéricos que
celebró los acuerdos. El envío de un pliego de cargos no prejuzga el resultado
final de la investigación.

Las empresas celebraron
estos contratos cuando en principio fue posible la entrada de los genéricos
como consecuencia de la expiración de algunas de las patentes del Citalopram de
Lundbeck. Según las conclusiones preliminares recogidas en el pliego de cargos,
los acuerdos preveían transferencias sustanciales de valor de Lundbeck a cuatro
fabricantes de genéricos competidores. A cambio, las empresas de genéricos se
abstuvieron de entrar en el mercado único a vender citalopram genérico. En las
transferencias de valor de Lundbeck a los competidores genéricos se incluían,
entre otras cosas, pagos directos, compra de existencias de citalopram genérico
para su destrucción, así como beneficios garantizados en acuerdos de
distribución ofrecidos a las empresas de genéricos. La Comisión llegó a la
conclusión preliminar de que esta conducta, de constatarse, podría haber
provocado un perjuicio considerable a los consumidores, puesto que podría haber
retrasado la introducción del genérico y mantenido precios más elevados como
consecuencia de los acuerdos.

El segundo pliego de
cargos se refería al asunto del Perindopril en el que Les Laboratoires Servier
y varios competidores de genéricos celebraron acuerdos que podrían haber
obstaculizado la entrada del Perindopril genérico en el mercado único. El
Perindopril es el principio activo de una clase de medicamentos
cardiovasculares. Según la opinión preliminar que figura en el pliego de
cargos, a cambio de pagos efectuados por Servier, las empresas de genéricos
acordaron no entrar en el mercado con sus productos genéricos más baratos o no
seguir impugnando la validez de las patentes que protegían los medicamentos más
costosos de Servier. Del mismo modo, es posible que Servier haya aplicado una
estrategia global para evitar la entrada en el mercado de las versiones
genéricas más baratas del perindopril en el momento en el que se encontraba
cercana a la expiración la protección de la patente del perindopril de Servier.
Las prácticas objeto de investigación incluyen adquisiciones de patentes que
podrían excluir a los competidores del mercado, así como acuerdos sobre
patentes con otras empresas que incluían el tipo de pagos invertidos en
cuestión en el asunto Citalopram.

Las prácticas de que se
trata en los asuntos Citalopram y Perindopril podrían acarrear, en caso de que
se acreditasen las alegaciones, graves perjuicios a los servicios nacionales de
salud y los distintos regímenes de seguro se verían obligados a seguir pagando
durante más tiempo las versiones más caras protegidas por patentes de un
medicamento.

Es preciso sancionar
tales prácticas contrarias a la competencia para preservar los incentivos a la
innovación en este sector. Las conductas contrarias a la competencia no deben
utilizarse para prolongar artificialmente la protección mediante patentes que,
por definición, está limitada en el tiempo. Esta limitación es esencial para
preservar los incentivos para la innovación permanente en sectores de alta
especialización como el de los productos farmacéuticos.

La Comisión
siguió supervisando los acuerdos sobre patentes potencialmente perniciosos
entre las empresas originadoras y las fabricantes de genéricos

En julio de
2012, la Comisión publicó su tercer informe de seguimiento sobre los acuerdos
en materia de patentes en el sector farmacéutico[27]. El informe
confirmó que, si bien se incrementó significativamente el número total de
acuerdos, la proporción de aquellos que pueden resultar problemáticos para la
competencia se redujo a la mitad en comparación con los niveles observados en
el momento de la investigación sectorial. La proporción de acuerdos
potencialmente problemáticos se estabilizó en un 11 % en comparación con
el 21 % detectado por la investigación sectorial. Al mismo tiempo, el
total anual de acuerdos celebrados aumentó en un 500 % hasta los 120 en
comparación con los resultados de la investigación sectorial. La mayoría de los
acuerdos parecen ser problemáticos desde una perspectiva antitrust. Las
cifras ponen de manifiesto que el análisis de la Comisión no ha impedido que
las empresas celebraran acuerdos en el mercado único, frente a una serie de
reservas iniciales expresadas por algunos interesados.

En su
sentencia en el asunto AstraZeneca el Tribunal de Justicia dictaminó que el
Derecho de la competencia de la UE complementa las normas del mercado único

En junio de
2005, la Comisión adoptó una Decisión por la que se sancionaba a AstraZeneca
(AZ) por dos infracciones del artículo 102 del TFUE y el artículo 54
del Espacio Económico Europeo (EEE). La Decisión consideró que AZ había hecho
un uso indebido de las normas y procedimientos públicos en algunos Estados del
EEE con objeto de impedir que las empresas de genéricos y los comerciantes
paralelos compitiesen con Losec, medicamento de AZ líder de ventas en el tratamiento
de úlceras de estómago.

En una
sentencia de 6 de diciembre de 2012 (asunto C-457/10 P), el Tribunal de
Justicia confirmó la sentencia de 2010 del Tribunal General que, en gran
medida, había desestimado el recurso de AstraZeneca contra la Decisión de la
Comisión de 2005, la primera decisión por la que se imponían multas por abuso
de posición dominante en el sector farmacéutico. En particular, el Tribunal
General había confirmado que las desviaciones de los procedimientos
reglamentarios pueden, en determinadas circunstancias, constituir abusos de
posición dominante.

El Tribunal de
Justicia constató que, en una mayoría de los casos, los abusos de posición
dominante consisten en conductas que, por otra parte, son legales con arreglo a
ramas del Derecho distintas del Derecho de la competencia. Ello confirma que la
política de competencia de la UE es complementaria, y no subordinada, a otras
ramas de la legislación de la UE, incluidas las normas del mercado único.

5. DIÁLOGO
EN MATERIA DE COMPETENCIA CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES

5.1 Diálogo
estructurado con el Parlamento Europeo

La DG
Competencia mantiene un diálogo estructurado permanente sobre cuestiones de
competencia con el Parlamento Europeo, y, en particular, con su Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios (ECON).

Diálogo estructurado con
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

En el marco del diálogo
estructurado, en 2012 el vicepresidente y responsable de la política de
competencia visitó la Comisión ECON en dos ocasiones. En junio, presentó el
Informe anual sobre la política de competencia y, en octubre, el Programa de
trabajo de la Comisión para 2013. El vicepresidente mantiene también contactos
periódicos con el Parlamento Europeo al margen del diálogo estructurado. El 22
de mayo de 2012, asistió a un seminario a propósito del Informe sobre la
política de competencia europea en el sector de la alimentación[28]. El 24 de
septiembre de 2012, participó en una audiencia sobre la manipulación del
LIBOR-EURIBOR. El vicepresidente también asistió a un seminario sobre la
modernización de las ayudas estatales (25 de septiembre de 2012) y a un acto en
materia de protección de datos y normas de competencia (26 de noviembre de
2012).

En el contexto
de la cooperación, el 7 de junio de 2012 la DG Competencia organizó un
seminario para asistentes y asesores políticos de los miembros de la Comisión
de Asuntos Económicos y Monetarios el que se trataron los principales aspectos
del Programa de trabajo de 2011 en materia de competencia[29]. El 28 de
febrero de 2012, el vicepresidente intercambió puntos de vista con la Comisión
IMCO sobre competencia y crecimiento. La DG Competencia informa regularmente a
las comisiones pertinentes de las consultas públicas y la adopción de nuevas
directrices. En conjunto, el vicepresidente compareció en ocho ocasiones ante
el Parlamento Europeo (véase el cuadro).

Fecha || Reunión || Asunto

28/02/2012 || Comisión IMCO del PE || Intercambio de puntos de vista sobre competencia y crecimiento

22/05/2012 || Grupo de trabajo en materia de competencia de la Comisión ECON del PE || Informe de la REC y reforma de la PAC

19/06/2012 || Diálogo estructurado con la Comisión ECON del PE  || Presentación del Informe anual de competencia de 2011

11/09/2012 || Turno de preguntas en el pleno del PE || Situación de la ejecución del acervo en el mercado de la energía (tercer paquete) — Gazprom

24/09/2012 || Audiencia pública de la Comisión ECON del PE — LIBOR || Manipulación del mercado - LIBOR

25/09/2012 || Taller - SAM en la Comisión ECON del PE || Modernización de las ayudas estatales

08/10/2012 || Diálogo estructurado con la Comisión ECON del PE || Presentación del Programa de trabajo para 2013

26/11/2012 || Acto en el PE — Plataforma de protección de la intimidad || Competencia e intimidad en los mercados de  datos

Consultas públicas y evaluaciones
de impacto

La DG Competencia
facilita información sobre el inicio de las consultas públicas a la Secretaría
de la Comisión ECON y, de manera más general, acoge con satisfacción las
contribuciones puntuales de los miembros del PE. Sus servicios muestran su
disponibilidad a informar a los diputados del Parlamento Europeo sobre aspectos
de especial interés. Las consultas públicas y las respuestas a las mismas, los
estudios relacionados con la política de competencia, los estudios encargados,
las evaluaciones de impacto en el ámbito de la política de competencia, así
como cualquier documento de trabajo de los servicios de la Comisión se publican
en el sitio internet de la DG Competencia[30].

En respuesta
al interés expresado por los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios en la Comunicación de la Comisión sobre la modernización de las
ayudas estatales, el vicepresidente y funcionarios de la DG Competencia
asistieron a un Seminario sobre este tema que tuvo lugar en el Parlamento el 8
de octubre de 2012.

En el contexto
de los debates sobre la reforma de la política agrícola común, algunos miembros
del Parlamento Europeo solicitaron a la Comisión que analizara más a fondo la
cuestión del poder de negociación de los productores frente a los minoristas en
la cadena de suministro de los alimentos. Aunque la Comisión no detectó
especiales problemas de competencia en el sector minorista, como se recogía en
el informe publicado por la Red Europea de Competencia[31], en diciembre
de 2012 puso en marcha un estudio para evaluar el impacto de la estructura del
mercado minorista en la innovación y la elección de productos en el sector
alimentario.

Los
eurodiputados plantean con frecuencia a la Comisión preguntas sobre asuntos de
competencia que están siendo investigados. La Comisión no está en condiciones
de responder sobre determinados aspectos de esos asuntos debido a la obligación
de confidencialidad de los procedimientos de investigación.

Investigaciones en curso
e investigaciones sectoriales

El personal de la DG
Competencia se reúne periódicamente con diputados del PE, a petición de estos
últimos, con el fin de explicarles las distintas fases procedimentales de una
investigación y de entablar un debate general en un sector concreto, en la
medida de lo posible bajo la obligación de confidencialidad en relación con las
partes. La DG Competencia cuenta con una serie de instrumentos a su disposición
para la aplicación de la legislación de competencia de la UE y para que los
mercados sean más competitivos por otros medios, como las investigaciones en
casos concretos, las investigaciones sectoriales y la celebración con otras
Direcciones Generales de medidas reglamentarias que inciden en la competencia
en el mercado único.

5.2 Seguimiento de la Resolución del Parlamento relativa al
Informe sobre la política de competencia de 2010

En enero de
2012, el Parlamento aprobó su Resolución relativa al informe sobre la política
de competencia de 2010[32],
en la que se presentaba una serie de solicitudes a la Comisión. Además de la
respuesta oficial de la Comisión a la Resolución del Parlamento, el comisario
de Competencia respondió en abril de 2012 mediante carta dirigida al presidente
de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y la DG Competencia presentó
también una respuesta detallada a todos los puntos señalados en la Resolución
del Parlamento.

Asuntos
abordados en la Resolución del Parlamento Europeo

El Parlamento estaba especialmente
interesado en las actividades de la DG Competencia relacionadas con la crisis
financiera y económica y el papel del control de las ayudas estatales en ese
contexto. En su respuesta, la Comisión subrayó los tipos de condiciones
impuestas de manera rutinaria como parte de la aplicación de las normas
temporales en materia de ayudas estatales aplicables en la actualidad al sector
bancario. La denominada condicionalidad incluye el reparto de cargas y la
reestructuración impuesta a los bancos y las instituciones financieras para
garantizar que su rentabilidad se restablezca a largo plazo, al tiempo que se
preserva la integridad del mercado único.

En su Resolución, el Parlamento
recordaba también sus anteriores solicitudes[33] de que la Comisión presentara
medidas legislativas para facilitar una indemnización efectiva por daños
y perjuicios derivados de infracciones de la legislación antimonopolio. El
programa de trabajo de la Comisión para 2012 incluye una propuesta sobre
demandas privadas por daños y perjuicios en materia de defensa de la
competencia. El vicepresidente responsable de la política de competencia
confirmó que esta propuesta se presentará en 2013. En respuesta al llamamiento
del Parlamento para que se investigue la competencia en el sector alimentario,
la DG COMP creó un grupo de trabajo sobre el sector alimentario que coordinó un
estudio de la Red Europea de Competencia en el sector alimentario. Por otra
parte, en diciembre de 2012, la Comisión puso en marcha un estudio relativo al
impacto del sector minorista moderno sobre la elección de productos y la
innovación en los productos alimentarios.

5.3 Implicación de la DG Competencia con el CESE y el CDR

La Comisión
también informa al Comité Económico y Social Europeo (CESE) y al Comité de
las Regiones (CDR) de las principales iniciativas políticas. Asimismo participa en reuniones de
grupos de estudio y de sección. El 4 de septiembre de 2012, el vicepresidente
Almunia se reunió con el ponente del CESE sobre la modernización de las ayudas
estatales, y el 7 de diciembre de 2012, con el ponente del CDR sobre la
revisión de las Directrices relativas a las ayudas regionales. El 14 de
noviembre de 2012, el CESE aprobó un dictamen sobre la modernización de las
ayudas estatales[34]
y, el 4 de diciembre de 2012, la sección INT del CESE aprobó un dictamen sobre
el Informe anual de competencia de 2011[35]. El 29 de noviembre de 2012, el CDR adoptó un dictamen sobre la
modernización de las ayudas estatales[36],
y el 7 de diciembre de 2012, la Comisión de Política de Cohesión Territorial
(COTER) adoptó un dictamen sobre las Directrices relativas a las ayudas de
finalidad regional[37].

[1] Asuntos
acumulados C-56/64 y C-58/64 Grundig-Consten, sentencia de 13 de julio de 1996,
Rec. 1966, p. 429. Véase
también la sentencia de 4 de octubre de 2011, en los asuntos acumulados
C-403/08 y C-429/08, Football Association Premier League y otros.

[2] La
Comisión presentará una propuesta relativa a un mecanismo único de resolución
para los bancos. El Consejo
Europeo de diciembre de 2012 convino en que la presente propuesta «ha de ser
examinada por los colegisladores con carácter prioritario, con la intención de
adoptarla durante la actual legislatura».

[3] En respuesta a los llamamientos del
Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social para que se tomen medidas en
favor de unos  mercados financieros justos, bien regulados y transparentes.

[4] En
esencia las normas especiales implican que no se aplican al sector financiero
las normas habituales sobre ayudas estatales de salvamento y de
reestructuración (véase IP/11/1488).

[5] Para
una visión general, véase el anexo 2 del documento de trabajo de los
servicios de la Comisión que acompaña al presente informe

[6] Véase,
entre otros, el asunto SA.28487 (Comunicado de Prensa IP/12/847).

[7] Así
como la resolución cuando sea necesario, como en el caso del Banco Agrícola de
Grecia.

[8] Banco de Pagos
Internacionales, noviembre de 2012, disponible en http://www.bis.org/statistics/derstats.htm; cifras disponibles en http://www.bis.org/statistics/otcder/dt21a21b.pdf.

[9] Tal
como lo solicitaba el Parlamento Europeo.

[10] A
raíz de la incoación del procedimiento en marzo de 2008, la Comisión envió a
Visa un pliego de cargos en abril de 2009, relativo a las tasas multilaterales
de intercambio (TMI) para las transacciones con tarjetas de débito y de crédito
para los consumidores (véase MEMO/09/151). Visa Europe ofreció compromisos para limitar las TMI aplicadas a
las tarjeta de débito en 0,20 %, compromiso que la Comisión hizo obligatorio
en diciembre de 2010 (véase IP/10/1684). Los procedimientos relativos a las TMI para el crédito al consumo
continuan.

[11] Asunto
T-111/08, sentencia de 24 de mayo de 2012, pendiente de publicación.

[12] Asunto
COMP/SA.33054 Post Office Limited: Compensación por los costes netos incurridos en mantener una red
no comercialmente viable durante el periodo 2012-2015 y la continuación de un
instrumento de capital circulante (véase IP/12/320) El asunto fue evaluado con arreglo al artículo 106 del TFUE.

[13] En
respuesta a solicitudes del PE y el ECOSOC.

[14] Discurso
del vicepresidente Almunia de 8 de octubre de 2012 (véase SPEECH/12/701) ante
el Parlamento Europeo, en el que presentó el programa de trabajo en materia de
política de competencia para 2013/2014. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release\_SPEECH-12-701\_es.htm.

[15] ídem

[16] Así,
por ejemplo, como resultado de la investigación de la Comisión en materia antitrust,
en 2008 la empresa alemana E.ON se comprometió a vender sus activos de
generación de electricidad y su división de red de transporte de alta tensión,
un hito en la apertura del mercado en Alemania. Otras investigaciones han contribuido a levantar las restricciones
al comercio transfronterizo de gas y electricidad. Por ejemplo, la investigación de la Comisión dio lugar a la
introducción de cambios en el sistema sueco de transporte de electricidad que
estaba obstaculizando las exportaciones al limitar la capacidad de interconexión
con los países vecinos.

[17] Las
normas permiten subvenciones de hasta el 85 % del aumento a que se
enfrentan las empresas más eficientes de cada sector a partir de 2013 a 2015,
límite máximo que irá descendiendo gradualmente hasta el 75 % en 2019-2020.

[18] El funcionamiento del mercado del
acceso y prestación de Internet desde la perspectiva de los consumidores en la
Unión Europea. Estudio encargado por la Comisión Europea, Dirección General de
Salud y Consumidores (se espera que se publique en abril de 2013).

[19] Asunto T-336/08, sentencia de 29 de marzo de 2012,
pendiente de publicación.

[20] En particular los asuntos relativos al
artículo 102 del TFUE que afectaban a Microsoft (véase la Decisión de la
Comisión de 24 de marzo de 2004 en el asunto COMP/C-3//37.792) e Intel (véase
la Decisión de la Comisión de 13 de mayo de 2009 en el asunto COMP/C-3/37.990).

[21] Véase
el discurso del vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia, de 8 de
octubre de 2012 (SPEECH/12/701).

[22] C-52/09
TeliaSonera, Rec. 2011, p. I-527.

[23] Asunto COMP/M.6381,
Google/MotorolMobility (véase IP/12/129).

[24] Inicio
de un procedimiento contra Samsung el 30 de enero de 2012 (asunto
COMP/C-3/39.939); inicio de un procedimiento contra
Motorola el 2 de abril de 2012 (asuntos COMP/C-3/39.985 y COMP/C-3/39.986).

[25] Véase
el Comunicado de Prensa en
http://europa.eu/rapid/press-release\_ip-12-1448\_en.htm.

[26] Véase
IP/09/1098 y MEMO/09/321.

[27] Véase
MEMO/12/ 593.

[28] Http://ec.europa.eu/competition/ecn/food\_report\_en.pdf.

[29] Entre
las cuestiones tratadas se incluyeron las ayudas estatales en el sector
financiero, el sector alimentario, el sector de la aviación y la iniciativa de
modernización de las ayudas estatales

[30] http://ec.europa.eu/competition/index\_en.html.

[31] Http://ec.europa.eu/competition/ecn/food\_report\_en.pdf.

[32] P7\_TA(2012)0031.

[33] Resoluciones
del Parlamento Europeo en 2007, 2009, 2010 y 2011.

[34] Disponible
en http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.23584.

[35] Disponible
en http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.24209.

[36] Disponible
en http://www.toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ECOS-V/035&id=21619.

[37] Disponible
en http://www.toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=COTER-V/034&id=21792.

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