Source: EURLEX
Language: es
Format: md

29.11.2003 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 289/17

**Recurso interpuesto el 21 de octubre de 2003 contra el**
**Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las**
**Comunidades Europeas**

**(Asunto C-445/03)**

(2003/C 289/33)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 21 de octubre de 2003 un recurso contra el
Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de
las Comunidades Europeas, representada por la Sra. M. Patakia,
en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.

La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que:

1) Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
artículo 49 CE:

—
al exigir un permiso individual de trabajo o una
autorización colectiva de trabajo a un prestador de
servicios establecido en otro Estado miembro
cuando este último desea destinar provisionalmente
a su personal, formado por nacionales de países
terceros que residen y trabajan regularmente en este
otro Estado miembro, y la expedición de dicho
permiso o autorización se subordina a consideraciones vinculadas al mercado de trabajo, así como a la
existencia de un contrato concertado por tiempo
indefinido y de un empleo anterior con el mismo
prestador de servicios desde al menos seis meses;

—
al exigir una garantía bancaria al mismo prestador
de servicios que alcanza un mínimo de 60 000 LUF
(1 487 euros).

2) Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

_Motivos y principales alegaciones_

Los requisitos para destinar provisionalmente a trabajadores
nacionales de países terceros a Luxemburgo en el marco de
una prestación de servicios transfronteriza son incompatibles
con el Derecho comunitario, en particular con la libre prestación de servicios contemplada en el artículo 49 CE. El hecho
de imponer tales requisitos a un prestador de servicios de otro
Estado miembro le discrimina respecto a sus competidores
establecidos en el país de acogida que pueden utilizar libremente su propio personal y, además, afecta a su capacidad de
realizar la prestación.

Por otra parte, las exigencias impuestas parecen ir más allá de
lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido. En efecto, la
exigencia de una autorización previa constituye un obstáculo,
habida cuenta de que un prestador de servicios ésta sometido
a menudo a limitaciones de tiempo que debe respetar frente a
clientes establecidos en Luxemburgo, puesto que las autorizaciones previas y el posible retraso en su expedición pueden
hacer ilusoria la prestación de servicios. Las exigencias de un
contrato de trabajo concertado por tiempo indefinido y de un
empleo anterior de al menos seis meses antes de cualquier
destino provisional parecen también desproporcionadas, ya
que la presencia de los trabajadores de que se trata no tiene
repercusiones en el mercado de trabajo luxemburgués. En
cuanto a la garantía bancaria, una carga económica de este
tipo perjudica a los prestadores de servicios extranjeros, que
ya están sujetos a gravámenes para obtener un permiso de
trabajo en el Estado miembro en que están establecidos.

**Recurso interpuesto el 24 de octubre de 2003 contra la**
**República Francesa por la Comisión de las Comunidades**
**Europeas**

**(Asunto C-448/03)**

(2003/C 289/34)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
interpuesto el 24 de octubre de 2003 un recurso contra
la República Francesa formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por la Sra. K. Banks, en
calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.

La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que:

1) Declare que la República Francesa ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15 de
la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección
jurídica de las invenciones biotecnológicas ( [1] ) al no haber
adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la citada Directiva o, en cualquier caso, al no
comunicar dichas disposiciones a la Comisión.

2) Condene a la República Francesa a pagar las costas del
procedimiento.

_Motivos y principales alegaciones_

El plazo fijado para la adaptación del Derecho interno a la
Directiva expiró el 30 de julio de 2000.

( [1] ) DO L 213 de 30.07.1998, p. 13.