Source: EURLEX
Language: es
Format: md

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.7.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 264/86 |

---

Dictamen del l Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se garantiza la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior

[COM(2015) 627 final — 2015/0284 (COD)]

(2016/C 264/11)

|  |  |
| --- | --- |
| Ponente: | Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER |

El Consejo, en fecha 8 de enero de 2016, y el Parlamento Europeo, en fecha 21 de enero de 2016, de conformidad con el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se garantiza la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior

[COM(2015) 627 final-2015/0284 (COD)].

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de abril de 2016.

En su 516.o pleno de los días 27 y 28 de abril de 2016 (sesión del 27 de abril de 2016), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 162 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. | El Comité valora positivamente la iniciativa de la Comisión de abordar la denominada «portabilidad transfronteriza». Básicamente, la portabilidad transfronteriza supone permitir a los usuarios y consumidores de servicios de contenidos audiovisuales en línea a los que acceden legalmente en su Estado de residencia, seguir beneficiándose de dichos servicios cuando se desplazan temporalmente a otro Estado miembro de la UE. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2. | El Comité muestra también su acuerdo con el hecho de que se recurra a un Reglamento para regular la portabilidad, ya que se trata de una actividad transfronteriza. También parece lógico el establecimiento de una vacatio legis a partir de la cual se considere la inaplicabilidad de las cláusulas restrictivas para la portabilidad en los contratos en vigor. Se considera, en este sentido, que seis meses es un período razonable para que los proveedores de servicios afectados adapten sus sistemas de oferta a la nueva situación. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.3. | El CESE considera necesario establecer de forma clara el concepto de «Estado miembro de residencia» del abonado, de modo que el resto de Estados miembros de la UE deban considerarse por defecto Estados en los que puede encontrarse presente temporalmente. La mera referencia a la estancia habitual recogida en el artículo 2 puede no ser suficiente, por lo que sería necesario valorar otros criterios de transitoriedad, entorno vital, etc., recogiendo un listado no exhaustivo de indicadores para concretar el vínculo de conexión temporal basado en la residencia. En todo caso, el Comité considera que, cuando existe la condición de cliente, suscriptor o abonado a un servicio, y el usuario aparece vinculado a un Estado miembro e identificado por su dirección IP, conexión a internet u otro indicador equivalente, ello debería garantizar la portabilidad transfronteriza. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.4. | En relación con la naturaleza y condiciones de los servicios portables, queda claro que la propuesta abarca dichos servicios ya sean de pago o gratuitos, si bien en este último caso siempre que el Estado miembro sea «verificado». Pensando especialmente en los servicios gratuitos, consideramos que debería garantizarse la portabilidad de dichos servicios cuando el Estado miembro sea «verificable», es decir, pueda ser verificado, siempre que ello no suponga para el prestador un coste añadido. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.5. | Debería incluirse expresamente en la parte dispositiva que cualquier empobrecimiento o degradación de la oferta que afecte a las prestaciones, repertorio, accesibilidad en dispositivos y número de usuarios se consideraría incumplimiento del servicio. Asimismo, debe garantizarse también una calidad mínima de acceso; al menos, la que pueda considerarse estándar o de referencia en el Estado miembro de estancia disponible a través de las líneas locales, con el fin de no promover prácticas y condiciones abusivas de sobreprecio en acceso tipo o clase «Premium» garantizado, sin que pueda considerarse suficiente la mera información al usuario sobre el nivel de calidad con la que va a contar. Y la mención a estas obligaciones debería insertarse, expresamente, también en el articulado y no solo en los considerandos del Reglamento. |

2.   Introducción

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1. | Entre las directrices políticas de la Comisión Europea de 15 de julio de 2014 figuraba como prioridad n.o 2 la creación de un «Mercado único digital conectado», basándose en la cual se aprobó la Comunicación «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa»[(1)](#ntr1-C_2016264ES.01008601-E0001). El CESE se pronunció sobre dicha prioridad[(2)](#ntr2-C_2016264ES.01008601-E0002) respaldándola, al considerar que puede imprimir un nuevo impulso a una política digital en la Unión Europea. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.2. | En concreto, la Comisión proponía «evitar el bloqueo geográfico injustificado», con la finalidad de que los consumidores y las empresas puedan aprovechar plenamente el mercado único en términos de elección y a unos precios más bajos. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.3. | El Comité de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha aprobado recientemente una actualización de las directrices de este organismo para la protección de los consumidores (DNUPC), con el propósito de actualizarlas a la luz de la reciente evolución tecnológica, incluyendo el comercio electrónico y el denominado «consumo digital», en el que debería fortalecerse la protección de la privacidad en línea e incluirse el principio consistente en que los consumidores merecen ser protegidos de forma equitativa. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.4. | En desarrollo de la indicada estrategia para el mercado único digital, la Comisión ha aprobado asimismo una Comunicación relativa a la modernización de las normas sobre los derechos de autor y sobre los contratos de venta en línea y el suministro de contenidos en línea, sobre los que el CESE se va a pronunciar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.5. | Y también en ese marco se inscribe la propuesta de Reglamento sobre la denominada «portabilidad transfronteriza», que consiste en la posibilidad de que el prestatario de un servicio de contenidos en línea en un determinado Estado de la UE pueda acceder a dichos contenidos cuando se desplaza temporalmente a otro Estado miembro. Esa portabilidad se considera un paso importante para conseguir un más amplio acceso a los contenidos audiovisuales por parte de los usuarios; algo que la propia Comisión considera un objetivo clave para el desarrollo de la estrategia del mercado único digital. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.6. | Las dificultades, o la imposibilidad, con las que se encuentran en la actualidad los ciudadanos europeos abonados a este tipo de servicios para seguir teniendo acceso a los mismos fuera de su país, aunque dentro de la UE, no se deben a razones tecnológicas, sino de otra índole: se trata de un geobloqueo derivado de las prácticas de concesión de licencias de los titulares de derechos o de las prácticas comerciales de los prestadores de servicios. También han jugado en contra de esa portabilidad transfronteriza los elevados costes de itinerancia que vienen padeciendo los consumidores y usuarios europeos y cuyo fin se aproxima con la propuesta que ha aprobado la Comisión. |

3.   Contenido de la propuesta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.1. | El objeto principal de la propuesta de Reglamento, tal y como se recoge en el artículo 1 del texto sometido a observaciones, es garantizar la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior. Es decir, que cualquier usuario de la Unión que recibe legalmente estos contenidos en su país de residencia pueda acceder a ellos también cuando se encuentra temporalmente en otro Estado miembro. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.2. | El artículo 2 recoge diferentes definiciones relativas a la naturaleza del servicio y a los agentes involucrados: «abonado», «consumidor», «Estado miembro de residencia», «presente temporalmente», «servicio de contenidos en línea», «portable». Con respecto a los servicios de contenidos en línea, se especifica que puede tratarse de servicios de comunicación audiovisual o servicios que permiten acceder a obras u otras prestaciones protegidas, o a transmisiones de organismos de radiodifusión. Estos servicios pueden prestarse de forma lineal o a la carta, con o sin remuneración por parte del usuario. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.3. | El artículo 3 de la propuesta señala que la obligación que se establece para los prestadores del servicio portable de permitir dicha portabilidad en otros Estados, no implica mantener los niveles de calidad proporcionados en el Estado miembro de residencia, salvo que el prestador se comprometa expresamente a garantizarlos. Pero sí deberá informar a los abonados sobre la calidad de esa prestación. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.4. | De acuerdo con el artículo 4, tanto la prestación del servicio portado como el acceso al mismo y su uso por parte del abonado se consideran producidos en el Estado de residencia, sea a efectos de la regulación audiovisual, de propiedad intelectual o de protección de datos. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.5. | El artículo 5 establece la inaplicabilidad de las disposiciones contractuales contrarias a la obligación de portabilidad transfronteriza existentes entre los titulares de derechos y los prestadores de servicios, así como entre los prestadores de servicios y sus clientes. Los titulares de los derechos podrán exigir que el prestador de servicios adopte los medios necesarios para verificar que el servicio se presta de conformidad con el Reglamento, los cuales deberán ser razonables y proporcionados. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.6. | El artículo 6 señala que el tratamiento de los datos personales de los abonados deberá ajustarse a la normativa europea en ese ámbito (Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE)[(3)](#ntr3-C_2016264ES.01008601-E0003). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.7. | El artículo 7 establece que el Reglamento se aplicará no solo a los contratos posteriores a su entrada en vigor, sino también, con carácter retroactivo, a los contratos celebrados y a los derechos adquiridos antes de la fecha de aplicación del Reglamento, si son pertinentes para la prestación, acceso o utilización del servicio. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.8. | El artículo 8 establece el plazo para la aplicación del Reglamento tras su publicación, que será de seis meses. |

4.   Observaciones generales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.1. | El Comité valora positivamente la iniciativa de la Comisión de abordar la denominada «portabilidad transfronteriza», que, básicamente, supone permitir a los usuarios y consumidores el acceso a aquellos servicios de contenidos audiovisuales en línea a los que se encuentran registrados en un Estado miembro de la UE cuando se desplazan temporalmente a otro Estado miembro. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.2. | El CESE considera que esta medida es importante, dentro de la estrategia de la Comisión, para la implantación del mercado único digital, en cuanto elimina obstáculos a la libre prestación de servicios y a la libre competencia entre las empresas. Y, a la vez que comporta aspectos comerciales, puede fortalecer la cohesión económica, social y territorial, facilitando la integración de los diferentes colectivos de la sociedad civil organizada. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.3. | En este contexto, la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión el pasado 9 de diciembre pretende eliminar obstáculos a la portabilidad transfronteriza, obligando a los prestadores a proporcionarla, cuando estos servicios se presten legalmente y sean portables en su mercado nacional. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.4. | La elección del instrumento jurídico (Reglamento) quedaría así justificada por la dimensión supraestatal de la actividad que se debe regular y por la necesidad de su aplicación para todos los Estados miembros de forma similar y simultánea. Entronca la propuesta con lo señalado por el artículo 56 del TFUE, según el cual quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros establecidos en otro Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.5. | El CESE está de acuerdo con la base jurídica elegida, de mercado interior (artículo 114 del TFUE), por el alcance y naturaleza intrínsecamente transfronterizos de los servicios que abarca la propuesta de Reglamento y la necesidad de coherencia con otras políticas de la Unión; especialmente en lo referente a los aspectos culturales (artículo 167 TFUE) y la promoción de los intereses de los consumidores (artículo 169 TFUE). Resulta importante que la propuesta se interprete conforme al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, la libertad de expresión y la libertad de empresa. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.6. | Se incluyen en la propuesta contenidos difundidos por organismos de radiodifusión o por prestadores de servicios de la sociedad de la información; lineales o a la carta; proporcionados mediante descarga, streaming u otro procedimiento; por grandes empresas o pymes; a cambio de remuneración (abono) o de modo gratuito, en este último caso siempre que se verifique el Estado de residencia del usuario registrado (por ejemplo, a través de la dirección IP o la conexión a internet). Quedarían fuera del Reglamento propuesto otros bienes y servicios objeto de transacción transfronteriza para los que los contenidos estrictamente audiovisuales son meramente accesorios. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.7. | El objetivo de la propuesta de Reglamento es, por tanto, satisfacer, de manera más efectiva, los deseos y necesidades de la ciudadanía en el entorno digital, puesto que la medida les permite disfrutar, cuando se desplazan entre países de la UE, de aquellos contenidos audiovisuales a los que tienen derecho de acceso. Y conciliar, a su vez, el desarrollo del mercado de contenidos audiovisuales y el mantenimiento de un elevado nivel de protección para los titulares de derechos (de autor y afines, y también de difusión de acontecimientos de gran importancia e información). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.8. | La Comisión hace hincapié, en este sentido, en los beneficios que la iniciativa puede proporcionar tanto a demandantes como, a largo plazo, a los oferentes. En el preámbulo de la propuesta de Reglamento se señala que la portabilidad transfronteriza no solo contribuye a promover los intereses de los consumidores. También supondría ventajas de diversa índole tanto para los titulares de derechos de creación, interpretación y ejecución como para quienes se dedican a la reproducción, comunicación al público y puesta a disposición de contenidos audiovisuales, dotando a todos ellos de mayor seguridad jurídica y de mayor capacidad para responder a las demandas de los usuarios. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.9. | En todo caso, por lo que respecta a prestadores y titulares, la Comisión, seguramente respondiendo a inquietudes de estos segmentos en el período de consulta pública, hace especial hincapié en sus derechos y su actividad. Así, se señala que la propuesta no afecta sustancialmente a la concesión de licencias de derechos ni a los modelos de negocio; que, al prever la inaplicabilidad de las cláusulas contractuales contrarias a la obligación de portabilidad, no obliga a renegociar licencias; que (pensando en los difusores de contenidos audiovisuales y deportivos de gran demanda) la portabilidad no amplía la gama de usuarios del servicio ni afecta como tal a la exclusividad territorial de las licencias. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.10. | Debería insertarse, dentro del articulado de la propuesta, en concreto en el artículo 5, apartado 2, que, además de la razonabilidad y de la proporcionalidad de los medios empleados para verificar que el servicio de contenidos en línea se presta adecuadamente, dichos «medios eficaces» deben respetar o resultar acordes con los principios y derechos garantizados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los cuales deberían especificarse de modo expreso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.11. | La prestación del servicio a través de la portabilidad transfronteriza se hace equivaler a la que se realiza en el país de residencia, lo que sería una «ficción legal» a efectos de derechos de autor y derechos afines, reproducción, comunicación pública, puesta a disposición o reutilización, catálogo de contenidos, dispositivos contemplados, número de usuarios permitidos y gama de funcionalidades. Debería especificarse que ello ha de hacerse respetando en todo caso la neutralidad tecnológica. Y deberían clarificarse también el ámbito de aplicación y las definiciones de la propuesta de Reglamento y, en especial, lo relativo a la definición del ámbito subjetivo. Este debe, en todo caso, basarse en criterios claros e identificables, ya que resultan necesarios para garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad de la norma. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.11.1. | Sin embargo, esa obligación:   |  |  | | --- | --- | | — | se restringe o supedita al cumplimiento de determinadas condiciones de proporcionalidad, cuando se entiende que puede suponer para los prestadores de servicios un coste desproporcionado. Así, no se obliga a la portabilidad cuando el prestador no verifica en su servicio el país de residencia del abonado, |  |  |  | | --- | --- | | — | también se limita la obligación de procurar el cumplimiento de los derechos de los titulares, y |  |  |  | | --- | --- | | — | sobre todo, no se exigen medidas para garantizar en el país de estancia un nivel de calidad en la prestación del servicio de contenidos similar al que se ofrece en el país de residencia, salvo compromiso expreso por parte del prestador, aunque no debería ser menor que la disponible a través del acceso de línea local en el país de estancia. Se argumenta que esa garantía de calidad podría suponer sobrecostes desproporcionados para los prestadores de servicios, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los Estados miembros en cuanto a capacidad e infraestructuras de telecomunicaciones se refiere. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.12. | En relación con este último punto, la combinación entre la excepción de la obligación de garantizar un estándar de calidad y la posibilidad de ofrecer servicios Premium, que sí garantizarían esa calidad a cambio de un sobreprecio, podría incentivar determinadas prácticas abusivas por parte de los prestadores. Devaluando o degradando la calidad del servicio básico, y convirtiendo el contenido casi en un producto básico mientras que el lucro se asocia al cobro por la prestación. Al menos, habría de aparecer expresamente recogida en la parte dispositiva de la norma la consideración de que la calidad ofrecida, en todo caso, no debería ser menor que la disponible a través del acceso de línea local en el país de estancia. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.13. | Finalmente, es destacable la pretensión de la Comisión de aplicar el Reglamento de forma retroactiva. Ello supone que, frente a los compromisos negociados con anterioridad por las partes, las cláusulas y condiciones que contravengan o limiten la portabilidad se dan por no puestas. Complementariamente, se promueven los acuerdos entre dichas partes para la aplicación del principio de portabilidad transfronteriza. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.14. | El CESE propone una nueva definición de servicio «parcialmente portable», que debería aplicarse a los servicios en línea de calidad sensible en aquellos casos en que la baja calidad de los servicios de internet locales hace que los abonados no puedan hacer uso de los servicios de contenidos en línea en determinadas zonas. En la página 8 de la evaluación de impacto se plantea una aplicación similar de este término[(4)](#ntr4-C_2016264ES.01008601-E0004). |

Bruselas, 27 de abril de 2016.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Georges DASSIS

---

[Top](#document1)