Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 52009DC0212

**Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Reutilización de la información del sector público : revisión de la Directiva 2003/98/CE – [SEC(2009) 597] /\* COM/2009/0212 final \*/**

  

[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 7.5.2009

COM(2009) 212 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Reutilización de la información del sector público – Revisión de la Directiva 2003/98/CE –

[SEC(2009) 597]

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓNAL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Reutilización de la información del sector público – Revisión de la Directiva 2003/98/CE –

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de la presente Comunicación es revisar la aplicación de la Directiva relativa a la información del sector público (ISP)[1] y resaltar el potencial de reutilización de esta información en la era digital. La ISP es la mayor fuente única de información en Europa. Incluye, por ejemplo, mapas e imágenes por satélite, legislación y jurisprudencia, estadísticas y registros de sociedades, de población y de patentes. La ISP se utiliza como materia prima en diversos productos y servicios ofrecidos cada día a los ciudadanos europeos, como los sistemas de navegación para vehículos, las previsiones meteorológicas o los servicios financieros y de seguros.

El valor del mercado de la ISP de la Unión Europea se estima en 27 000 millones de euros[2], es decir, cuatro veces el valor del mercado comunitario de los servicios móviles de itinerancia[3]. Ello demuestra el papel fundamental de los contenidos del sector público en la era digital como motores de la actividad económica. El aumento de la utilización de estos recursos contribuirá por tanto directamente a los objetivos de la UE de mejorar la competitividad y crear empleo.

La Directiva ISP elimina los principales obstáculos que existen en el mercado interior para la reutilización de esta información, tales como prácticas discriminatorias, mercados monopolísticos y falta de transparencia. Aunque se han registrado avances desde su adopción, los Estados miembros deben tomar otras medidas a fin de explotar plenamente todo el potencial que encierra la ISP para la economía de la UE.

La presente Comunicación va acompañada de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que corrobora el análisis y las conclusiones.

2. REUTILIZACIÓN DE LA ISP PARA LA INNOVACIÓN Y EL CRECIMIENTO

Internet ha cambiado radicalmente la forma en que las empresas y los ciudadanos pueden acceder a la ISP y reutilizarla. La disponibilidad de contenidos en formato digital permite reutilizarlos de formas diferentes, combinando información de diversas fuentes y aportando valor añadido a la misma. Es lo que sucede con los servicios de navegación, la información del tráfico en tiempo real, las previsiones meteorológicas enviadas directamente a los teléfonos móviles y los servicios de calificación crediticia. Estos productos y servicios basados en su totalidad o parcialmente en la ISP permiten crear nuevas empresas y puestos de trabajo y ofrecen a los consumidores más posibilidades de elección y una mejor relación calidad-precio. Con frecuencia afectan a más de un Estado miembro, ya que la necesidad de información no se detiene en las fronteras.

Existe tal demanda de algunos servicios que utilizan la ISP, como los dispositivos personales de navegación, que sus ventas se triplicaron entre 2006 y 2007 (31 millones de dispositivos vendidos) y se espera que en 2012 esta cifra se dispare hasta los 68 millones de unidades[4]. Estos servicios forman parte de los sectores de crecimiento más rápido de la electrónica de consumo. Nokia, el mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo, desembolsó casi 6 000 millones para adquirir Navteq, líder mundial de la fabricación de mapas digitales.

El mercado se sigue desarrollando y el valor añadido de la navegación básica se incrementará gracias a la integración de nuevos niveles de información, por ejemplo información sobre el tráfico que permita a los conductores prever los atascos, previsiones meteorológicas en el punto de destino e información sobre plazas de aparcamiento disponibles o sobre alternativas de transporte público.

Aunque la reutilización de la ISP va en aumento, todavía no se está aprovechando gran parte de su potencial debido a la forma en que los organismos del sector público gestionan sus recursos informativos. Uno de los motivos de esta situación es que se antepone la recuperación de los costes a corto plazo a las ventajas para la economía en general. Esta actitud se debe con frecuencia a la presión ejercida sobre los organismos del sector público para que financien una parte de sus actividades y puede dar lugar a una competencia entre los sectores público y privado, a condiciones restrictivas en materia de concesión de licencias y tarifación, y a la concesión de derechos exclusivos.

Por otra parte, existen problemas de orden práctico para la reutilización de la ISP, por ejemplo la falta de información sobre la ISP disponible. En otros casos, a los organismos del sector público no les entusiasma la idea de reutilizar comercialmente su información o no son conscientes de su potencial económico.

Un estudio de la Office of Fair Trading (oficina británica de defensa de la competencia)[5] indica que la forma en que los organismos del sector público facilitan la ISP supone para la economía británica un coste anual de 500 millones de libras esterlinas en oportunidades perdidas.

La situación en la UE contrasta claramente con la de los Estados Unidos, donde la reutilización se fomenta intensamente. Los ciudadanos y las empresas gozan allí de importantes derechos de acceso a la ISP por medios electrónicos y disponen de amplias posibilidades de reutilización comercial. La ISP federal no está protegida por derechos de autor y su reutilización no está sujeta a restricciones. Además, las tarifas aplicables a la reutilización se limitan, a lo sumo, a los costes marginales de reproducción y difusión.

3. APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA ISP

La Directiva ISP se adoptó en noviembre de 2003. Armoniza las condiciones básicas para poner la ISP a disposición de los reutilizadores, a fin de impulsar la aparición de productos y servicios de ámbito comunitario basados en la ISP y de evitar que se falsee la competencia. Regula la no discriminación, la tarifación, los acuerdos exclusivos, la transparencia, la concesión de licencias y los instrumentos que facilitan en la práctica la búsqueda y la reutilización de los documentos públicos. Preveía un período transitorio para los acuerdos exclusivos existentes que expiró el 31 de diciembre de 2008. Los Estados miembros pueden ir más allá de las normas mínimas establecidas en la Directiva.

Todos los Estados miembros han incorporado la Directiva, aunque solamente cuatro de ellos lo hicieron antes de la fecha límite de 1 de julio de 2005. La Comisión ha incoado 18 procedimientos de infracción contra algunos Estados miembros[6] y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJE) ha dictado cuatro sentencias por no aplicación de la Directiva[7]. Los Estados miembros han aplicado la Directiva de diversas maneras:

1) Once de ellos han adoptado medidas específicas para la reutilización de la ISP (BE, DE, GR, ES, IE, IT, CY, LU, MT, RO y UK).

2) Cuatro Estados miembros han recurrido a una combinación de nuevas medidas que abordan específicamente la reutilización y de medidas legislativas anteriores a la Directiva (DK, AT, SI, SE), y ocho han adaptado su marco legislativo relativo al acceso a los documentos para incluir la reutilización de la ISP (BG, CZ, FI, FR, LV, LT, NL, PT).

3) Cuatro Estados miembros han notificado a la Comisión únicamente medidas, sin disposiciones específicas en materia de reutilización (EE, HU, PL, SK).

La Comisión supervisa la aplicación y el cumplimiento de la Directiva a través de un análisis exhaustivo de la conformidad. También practica una cooperación administrativa intensa. Ello ha llevado a la introducción de cambios legislativos rápidos en varios Estados miembros, por ejemplo Dinamarca, Grecia, Irlanda, Malta y Suecia, que habían notificado inicialmente medidas de aplicación insuficientes.

La Comisión también aplica los principios de la Directiva ISP a sus propios documentos mediante una política propia de reutilización. La Decisión 2006/291/CE, Euratom [8] de la Comisión va más allá de la Directiva al aplicar tarifas basadas (como máximo) en los costes marginales y autorizar la reutilización de todos los documentos. Como ejemplos cabe citar los datos estadísticos de EUROSTAT, las memorias de traducción de la Comisión, la base de datos del Derecho comunitario EUR-Lex y los estudios. La información de la Comisión está a menudo disponible en 22 o incluso 23 lenguas, lo que le confiere un valor único, por ejemplo para las herramientas de traducción automática.

4. REPERCUSIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA ISP

4.1. Cambios provocados por la Directiva

La Directiva aclara el marco jurídico relativo a la reutilización de la ISP en el mercado interior, en el que solían aplicarse normas y prácticas sumamente diversas de los Estados miembros. Los siguientes ejemplos ilustran los efectos de la Directiva.

1) Nueva legislación que favorece la reutilización: En Bélgica, la Directiva ha cambiado el enfoque básico respecto de la reutilización comercial de la información del sector público, que solía estar prohibida y que ahora se fomenta.

2) Los acuerdos exclusivos celebrados por los organismos del sector público se han suprimido en algunos Estados miembros (por ejemplo en los Países Bajos y Suecia; en este último, la intervención de la Comisión a raíz de una denuncia desencadenó el cambio). Los Países Bajos y el Reino Unido han llevado a cabo amplios estudios para identificar los acuerdos exclusivos celebrados por el Gobierno central y las autoridades locales. Letonia ha instaurado un procedimiento para garantizar que cualquier derecho exclusivo otorgado se ajuste a la Directiva y sea objeto previamente de un dictamen de las autoridades de competencia.

3) Tarifación : Los Países Bajos han anunciado su intención de cobrar como máximo los costes marginales, de conformidad con los considerandos de la Directiva, que recomiendan este enfoque. En otros Estados miembros, los diferentes organismos del sector público han evolucionado hacia un régimen de costes marginales, por ejemplo el catastro español, o han reducido drásticamente sus precios, como la agencia austríaca de cartografía. Estas políticas han contribuido a que aumente notablemente tanto el número como la variedad de reutilizadores.

La agencia austríaca de cartografía (BEV) ha abaratado sus precios hasta un 97 % en el caso de determinados conjuntos de datos. Como consecuencia de ello, el uso de esta información se ha disparado, con aumentos de hasta el 7 000 % en algunos casos. Los nuevos usuarios proceden de pequeñas y medianas empresas y de nuevos sectores de reutilización (por ejemplo la salud y la agricultura). La rebaja de precios se ha visto compensada por el gran aumento de la demanda y el volumen de negocios total de la BEV se ha mantenido estable.

4) Se han creado mecanismos de resolución de conflictos en materia de reutilización de la ISP, por ejemplo en Francia, Eslovenia y el Reino Unido, y el uso de estos mecanismos muestra la necesidad de disponer de sistemas de solución de litigios y de mediación que sean rápidos y baratos. En Francia, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) tramitó 53 asuntos relativos a la reutilización de la ISP en 2007.

5) Se han creado portales web sobre la ISP disponible como herramienta para buscar, utilizar e intercambiar información, por ejemplo en Eslovenia y el Reino Unido.

En el Reino Unido, la Office of Public Sector Information facilita la reutilización desde hace años. Ha puesto en marcha un sistema de licencias oficiales en línea, que cuenta en la actualidad con 15 000 titulares, y gestiona el Information Fair Trader Scheme, que garantiza que los organismos del sector público respeten los requisitos de imparcialidad y transparencia. Su sitio web, que proporciona amplia información sobre la ISP disponible y ofrece un «servicio de desbloqueo» para ayudar a resolver los problemas ligados a la reutilización, es el noveno sitio más visitado de la Administración.

4.2. Estudios y consultas confirman el impacto de la Directiva

En el estudio que evalúa el impacto de la Directiva en tres sectores principales de la ISP (información geográfica, meteorológica y jurídico-administrativa) los diferentes indicadores utilizados para medir la reutilización de la ISP ponen de manifiesto un crecimiento del mercado y un aumento de la reutilización en todos estos sectores durante los últimos años[9].

En el sector de la información geográfica, los volúmenes de descarga de ISP en 2007 crecieron aproximadamente un 350 % desde 2002, y se estima que el valor del mercado solo en Alemania ascendía a 1 500 millones de euros, lo que supone un alza del 50 % desde 2000[10].

Los institutos nacionales de meteorología han comunicado que los volúmenes de descarga han aumentado un 70 % entre 2002 y 2007, y, según estimaciones, el valor del mercado de la información meteorológica de la UE en 2006 era de 530 millones de euros, es decir, un aumento del 60 % desde 1998.

Las principales denuncias de los reutilizadores en los sectores de la información geográfica y meteorológica se refieren a los elevados precios, las condiciones restrictivas para la concesión de licencias y la discriminación. Concretamente en el sector de la información meteorológica, los reutilizadores que tuvieron problemas para obtener ISP europea recogieron datos de otras fuentes (estadounidenses o privadas) o abandonaron totalmente el desarrollo de servicios específicos.

En el sector de la información jurídica y administrativa , la mayoría de los titulares de contenidos han introducido cambios importantes en sus políticas de datos en los últimos años y ofrecen ahora su información gratuitamente en Internet. Este cambio está favoreciendo un fuerte crecimiento del mercado. Los titulares de contenidos han comunicado que el mercado ha registrado un alza del 40 % desde 2002 y los reutilizadores también confirman un crecimiento constante de los ingresos. La principal preocupación de estos últimos en este sector es la falta de información sobre qué tipo de ISP está disponible y dónde encontrarla.

En Francia, el sector de la información jurídica es uno de los más dinámicos del mercado de la información digital profesional, con un vigoroso crecimiento del mercado (17 % en 2007), resultante de un elevado valor añadido[11].

Para la presente revisión, la Comisión ha consultado a los Estados miembros y partes interesadas[12]. Los participantes consideran que la Directiva ISP ha tenido efectos positivos en la reutilización de esta información. No obstante, tanto los interesados como los Estados miembros indican que el potencial de reutilización de la ISP todavía no se ha explotado plenamente. Los organismos del sector público no son plenamente conscientes de sus responsabilidades y oportunidades, y las empresas privadas solo tienen un conocimiento limitado de sus derechos y de la ISP disponible.

Los reutilizadores proponen que se modifique la Directiva para introducir disposiciones más estrictas. Sugieren, entre otras cosas, que se amplíe el ámbito de aplicación de la Directiva, se obligue a los organismos públicos a autorizar la reutilización, se impongan tarifas basadas en los costes marginales, sea obligatoria la intervención de reguladores independientes y/o la aplicación de mecanismos de solución de litigios, se clarifique el concepto de misión de servicio público, se elaboren listas/inventarios nacionales de recursos y se obligue a los Estados miembros a presentar informes anuales a la Comisión. Por último, desean que se les aclare algunos términos de la Directiva que consideran ambiguos, por ejemplo las definiciones de documento, misión de servicio público, tarifación basada en los costes marginales y margen de beneficio razonable de la inversión.

La mayoría de los Estados miembros que participaron en la consulta considera que es prematuro modificar la Directiva y se inclina por conceder un tiempo suplementario para permitir su aplicación completa. Los organismos del sector público opinan que el marco actual que ofrece la Directiva funciona correctamente.

4.3. Ámbito de aplicación de la Directiva

El artículo 13 de la Directiva ISP establece que la Comisión debe revisar el ámbito de aplicación de la Directiva. En la práctica esto significa examinar si deben incluirse en dicho ámbito las organizaciones culturales, educativas y de investigación y las entidades públicas de radiodifusión, que están actualmente excluidas del mismo.

Los participantes en la consulta han subrayado el potencial de reutilización de la información que obra en poder de las instituciones culturales y de investigación y las entidades públicas de radiodifusión. Algunos interesados abogan por ampliar el ámbito de aplicación, indicando que tendría un impacto positivo en el desarrollo del mercado europeo de contenidos.

Los Estados miembros (excepto Letonia y Lituania) y los interesados que representan a los sectores excluidos consideran, sin embargo, que, en este momento, no debe ampliarse el ámbito de aplicación, porque la carga administrativa y los costes asociados no se verían compensados por los beneficios potenciales. Señalan que una gran parte del material que poseen estas instituciones también está protegida por derechos de propiedad intelectual de terceros, por lo que en cualquier caso no entraría en el ámbito de aplicación de la Directiva. Este último argumento queda avalado por los resultados de un estudio reciente[13], según el cual no conviene en la actualidad ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva al sector cultural.

La Comisión anima a los sectores excluidos a aplicar los principios de la Directiva ISP, en particular por lo que se refiere a la transparencia, la no discriminación y la ausencia de acuerdos exclusivos, cuando autoricen la reutilización de sus recursos de información.

Un campo que reviste especial interés es la disponibilidad de la información científica pagada con fondos públicos. Esta información debería ser ampliamente accesible y utilizable para optimizar su utilidad con fines de investigación e innovación, de conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la información científica en la era digital[14].

Otro ámbito problemático es el de los contenidos de dominio público. En una Comunicación reciente titulada «El patrimonio cultural europeo a un clic del ratón»[15] la Comisión subrayó la importancia «de mantener accesibles las obras del dominio público tras un cambio de formato. En otros términos, las obras del dominio público deben seguir siéndolo una vez digitalizadas y deberán ser accesibles a través de Internet». No obstante, entre las instituciones culturales existe la tendencia a cobrar por acceder o reutilizar el material de dominio público digitalizado. Esta situación puede conducir a una privatización del material de dominio público en la era digital, en lugar de favorecer la accesibilidad y la utilización más amplias posibles en beneficio de ciudadanos y empresas. La Comisión seguirá de cerca la evolución en este ámbito.

5. PRÓXIMAS MEDIDAS

La Directiva ISP fue aplicada por muchos Estados miembros con retrasos considerables. La prohibición de los acuerdos exclusivos no entró plenamente en vigor hasta el 1 de enero de 2009. Por tanto, la Directiva, en su forma actual, todavía no ha tenido un impacto completo.

Por este motivo, la Comisión no tiene la intención de proponer en este momento una modificación de la Directiva . Llevará a cabo una nueva revisión a más tardar en 2012 , cuando se disponga de más datos sobre las repercusiones, los efectos y la aplicación de la misma, y comunicará los resultados al Parlamento Europeo y al Consejo. Se planteará entonces la conveniencia de introducir modificaciones legislativas si se sigue obstaculizando el desarrollo del potencial de reutilización.

Mientras tanto, hay margen para mejorar la forma en que los Estados miembros gestionan sus recursos de ISP en el mercado. La Comisión desea llamar la atención sobre los siguientes puntos.

1) Plena aplicación y cumplimiento de la Directiva ISP

Este es el primer paso fundamental hacia la supresión de los obstáculos que dificultan la reutilización de la ISP, como los mercados monopolísticos y el tratamiento discriminatorio. La Comisión continuará supervisando si los Estados miembros cumplen sus obligaciones y actúan contra los que infringen la Directiva.

2) Finalización de los acuerdos exclusivos

Debía ponerse fin a todos los acuerdos exclusivos existentes a más tardar el 31 de diciembre de 2008, salvo que pudiera demostrarse, como excepción, que eran necesarios para la prestación de un servicio de interés público[16]. Sin embargo, hay pruebas de que todavía existen acuerdos exclusivos en vigor en los Estados miembros. La Comisión controlará atentamente la observancia de esta obligación . Pondrá en marcha una investigación sobre el alcance de tales acuerdos en el verano de 2009.

3) Tarifación

Los organismos del sector público deben ser transparentes en la base de cálculo que aplican, respetando el límite de las tarifas que fija la Directiva. Los cálculos no deberían basarse en el volumen de negocios total del organismo del sector público, sino en las diferentes bases de datos o elementos en cuestión.

Varios estudios, entre ellos uno de la Universidad de Cambridge, señalan que la gratuidad o las tarifas limitadas exclusivamente a los costes marginales (costes de reproducción y difusión de los documentos) maximizan la reutilización de la ISP y que los beneficios sociales y económicos compensan con creces los beneficios financieros inmediatos de la recuperación de costes[17]. La Directiva ISP recomienda este planteamiento en sus considerandos. La tarifación basada en los costes marginales constituye también uno de los principios esenciales de la recomendación de la OCDE recientemente adoptada para mejorar el acceso y la eficacia de la utilización de la información pública («Enhanced Access and More Effective Use of Public Information»)[18].

Además, de cara al futuro, la Comisión considera prioritario seguir analizando los argumentos económicos en favor de las tarifas basadas en los costes marginales; esta tarea deberá llevarse a cabo en cooperación con los Estados miembros y los interesados.

4) Facilitar la reutilización

Conforme al artículo 3 de la Directiva, los organismos del sector público deben garantizar que los documentos que sean reutilizables (es decir, accesibles para cualquier utilización más allá de la misión inicial de servicio público para la que se hayan elaborado en un principio) puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales. Al facilitar la reutilización, los organismos del sector público deben respetar plenamente las normas europeas y nacionales de protección de datos.

Se anima a los organismos del sector público a identificar sus recursos de información y a ofrecerlos de manera fácil y rápida en formatos estables. Los registros de los recursos de información y los portales nacionales de ISP son herramientas importantes a este respecto. La cooperación entre los sectores público y privado es esencial y conviene impulsar la asociación y la innovación.

La Comisión fomentará el intercambio de buenas prácticas mediante medidas que faciliten la reutilización entre los Estados miembros, en particular a través del grupo de expertos en ISP. Contribuirá a la sensibilización y a la implantación de políticas de reutilización mediante proyectos tales como la plataforma ISP.

5) Garantizar la competencia leal entre los organismos del sector público y los reutilizadores

Los organismos del sector público deben garantizar condiciones equitativas en la concesión de licencias a los reutilizadores privados, evitando la discriminación, las subvenciones cruzadas y los derechos exclusivos, incluso cuando compitan con reutilizadores en el mercado.

La Directiva deja que sean los Estados miembros los que definan la misión de servicio público de los organismos del sector público. Sin embargo, en algunos casos la frontera entre la misión de servicio público y las actividades comerciales de los organismos del sector público no queda delimitada claramente. Se dan también casos en los que la misión de servicio público se define de tal manera que abarca una gama muy amplia de actividades y ocupa prácticamente todo el mercado de los servicios ISP de valor añadido. Estas situaciones pueden llevar fácilmente a subvenciones cruzadas, en las que un organismo del sector público utiliza sus datos «brutos» para prestar otros servicios de valor añadido en condiciones más favorables que las que se ofrecen a sus competidores. Resulta muy difícil para los reutilizadores privados competir con los organismos del sector público en estas circunstancias.

Con el fin de garantizar la competencia leal y la no discriminación, tal como dispone el artículo 10, apartado 2, de la Directiva, si los organismos públicos reutilizan sus propios documentos para producir servicios de valor añadido en competencia con otros reutilizadores, deberán aplicarse a todos las mismas tarifas y condiciones. La separación contable entre la misión de servicio público y las actividades comerciales de los organismos del sector público contribuye al logro de este objetivo. Asimismo, aunque los Estados miembros pueden definir la misión de servicio público de los organismos del sector público, deben tener en cuenta determinados límites y criterios que impone el Derecho comunitario según la interpretación del TJE[19]. La Comisión anima a los Estados miembros a definir el concepto de misión de servicio público de manera que permita la máxima reutilización de la ISP. Fomentará las buenas prácticas y supervisará la evolución de la situación en este ámbito.

Las normas sobre competencia, cuando son aplicables, también pueden desempeñar un papel importante y complementario a la hora de explotar el potencial de reutilización de la ISP, garantizando que la reutilización de la información esté abierta a todos los posibles agentes del mercado de forma no discriminatoria, de conformidad con las disposiciones de la Directiva.

6) Resolución de conflictos

Los reutilizadores dependen a menudo de sus fuentes y son reacios a presentar denuncias contra los organismos del sector público, que pueden ser sus únicos proveedores de ISP. Los procedimientos judiciales pueden ser largos y onerosos. Por consiguiente, debe disponerse de mecanismos de resolución de conflictos que sean eficaces, económicos e independientes. Algunos Estados miembros (por ejemplo, Francia, Eslovenia y el Reino Unido) han instaurado mecanismos de este tipo, lo que ha hecho que aumente el número de denuncias. La Directiva obliga a disponer de vías de recurso, pero deja que sean los Estados miembros los que decidan sobre los aspectos prácticos. La Comisión anima a los Estados miembros a establecer mecanismos de denuncia en materia de ISP y supervisará los progresos en este ámbito.

Resumen de las acciones principales

Estados miembros:

- Garantizar que la Directiva se aplique y se cumpla de manera completa y correcta .

- Poner fin a los acuerdos exclusivos según dispone la Directiva.

- Aplicar modelos de tarifación y concesión de licencias que faciliten la reutilización de la ISP.

- Garantizar la competencia leal entre los organismos del sector público y los reutilizadores.

Además, se anima a los Estados miembros a fomentar la identificación y la disponibilidad de sus recursos de información y a crear mecanismos rápidos y económicos de resolución de conflictos .

Comisión:

- Seguir de cerca la aplicación y el cumplimiento de la Directiva.

- Examinar atentamente los acuerdos exclusivos (2009-2010) en particular.

- Analizar los argumentos económicos en favor de tarifas basadas en costes marginales.

- Fomentar el intercambio de buenas prácticas (políticas proactivas de reutilización, misión de servicio público, resolución de conflictos).

- Volver a revisar la Directiva a más tardar en 2012 , proponiendo en su caso modificaciones de la misma.

6. CONCLUSIONES

La Directiva ISP ha establecido las condiciones básicas para facilitar la reutilización de la ISP en la UE. Se han registrado progresos desde su adopción. Se ha autorizado la reutilización comercial de la ISP, se han roto los monopolios, se han introducido condiciones comerciales justas, se han abaratado los precios y ha aumentado la transparencia. No obstante, los avances de la Directiva y su aplicación en los Estados miembros son desiguales.

Siguen existiendo grandes obstáculos, entre los que cabe citar los intentos de los organismos del sector público de maximizar la recuperación de los costes, en lugar de anteponer los beneficios para la economía en general; la competencia entre los sectores público y privado; aspectos prácticos que entorpecen la reutilización, como la falta de información sobre la ISP disponible; y la actitud de algunos organismos del sector público, poco conscientes del potencial económico.

Estos problemas y las medidas de los Estados miembros para solucionarlos deben supervisarse y evaluarse antes de que la Comisión se plantee la posibilidad de modificar la Directiva ISP.

Los Estados miembros deben concentrar ahora sus esfuerzos en que la Directiva se aplique y se cumpla de manera completa y correcta, se ponga fin a los acuerdos exclusivos, se apliquen modelos de concesión de licencias y tarifación que propicien la disponibilidad y la reutilización de la ISP, se garanticen las mismas condiciones a los organismos públicos que reutilizan sus propios documentos y a los demás reutilizadores, y se fomenten mecanismos rápidos y económicos de resolución de conflictos.

La Comisión llevará a cabo un nuevo estudio a más tardar en 2012, cuando disponga de más datos sobre las repercusiones, los efectos y la aplicación de la Directiva, y se planteará entonces la conveniencia de modificarla, teniendo en cuenta los progresos registrados mientras tanto en los Estados miembros.

[1] Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público (DO L 345 de 31.12.2003, p. 90).

[2] «Study on Measuring European Public Sector Information Resources (MEPSIR)», Helm et al ., 6/2006.

[3] Estimado en 6 500 millones en 2007; Comunicación de la Comisión de 23 de septiembre de 2008 sobre la revisión del funcionamiento del Reglamento (CE) n° 717/2007, COM(2008) 579 final.

[4] http://www.instat.com/press.asp?ID=2343&sku=IN0804074ID, 25.6.2008.

[5] «The commercial use of public information (CUPI)», OFT, 12/2006 .

[6] La no comunicación de las medidas de aplicación afectó en un principio a BE, CZ, DE, GR, ES, IT, CY, LV, LT, LU, MT, NL, AT, PT y HU y la no conformidad de las medidas nacionales de aplicación con la Directiva afecta actualmente a IT, PL y SE.

[7] En relación con AT, BE, ES y LU.

[8] DO L 107 de 20.4.2006, p. 38.

[9] «Assessment of the Re-use of Public Sector Information (PSI) in the Geographical Information, Meteorological Information and Legal Information sectors», MICUS, 12/2008.

[10] Ídem.

[11] Comunicado de prensa Serda GFII, 27.1.2009.

[12] Los resultados de las consultas y las diferentes contribuciones se encuentran en: http://ec.europa.eu/information\_society/policy/psi/index\_en.htm .

[13] «Assessment of the Economic and Social Impact of the Public Domain in the Information Society», Rightscom, 4/2009.

[14] COM(2007) 56 final.

[15] COM(2008) 513 final.

[16] Artículo 11, apartados 2 y 3, de la Directiva.

[17] «Models of Public Sector Information Provision via Trading Funds», Newbery et al ., 2/2008.

[18] C(2008)36, 6/2008.

[19] El término «misión de servicio público» está estrechamente ligado a los servicios públicos o a los servicios de interés económico general y en algunas lenguas (por ejemplo, mission de service public en francés) es intercambiable. El TJE ha examinado caso por caso si determinadas actividades de los Estados miembros pueden considerarse servicios de este tipo y ha establecido una serie de criterios, como la universalidad y la continuidad del servicio, la uniformidad de las tarifas y la igualdad de condiciones.

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