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Language: es
Format: md

17 . 2 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 40 / 31

Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión : « La política industrial en un entorno

abierto y competitivo »

( 92 / C 40 / 15 )

El 21 de diciembre de 1990, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Económica Europea, la Comisión de la CE decidió consultar al Comité
Económico y Social sobre el documento : « La política industrial en un entorno abierto y
competitivo ».

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de noviembre de 1991 ( ponente : Sr . Petersen ).

En su 291° pleno ( sesión del TI de noviembre de 1991 ), el Comité Económico y Social ha
aprobado por gran mayoría, con 1 abstención el siguiente dictamen .

1 . Introducción para fortalecer la economía y el empleo en un país
podrían poner en dificultades la industria, y por consi ­
guiente también el empleo, en otros Estados .

En los Tratados de Roma no se ha reglamentado hasta
ahora una política industrial comunitaria . Sólo se pue ­
den encontrar elementos de dicha política en el Tratado
destinado al sector del carbón y el acero . Los primeros
pasos para concebir una política industrial coherente
fueron dados por la Comisión de la CE a mediados de
la década de los 60 . En 1970 la Comisión presentó un
amplio memorándum sobre la Política industrial de la
Comunidad (*), concebido como una base para estable ­
cer un debate en profundidad junto con otras institucio ­
nes comunitarias y con representantes de los sectores
económicos y sociales de la Comunidad Europea . La
diferente realidad económica y social de cada uno de
los Estados miembros de la Comunidad y la falta de
disponibilidad a actuar en común, por medio de una
adecuada política industrial, frente a los problemas de
ajuste estructural, paralizaron las ideas de la Comisión
de la CE en dicha materia e hicieron fracasar forzosa ­
mente el citado memorándum sobre política industrial .
La propuesta ( en el año 1971 ) de la Comisión de instau ­
rar un « Comité para la política industrial » no llegó
a realizarse nunca, como tampoco condujo a ningún
resultado el Programa de acción en el sector de la
política industrial y tecnológica ( 2 ), presentado por la
Comisión de la CE en 1973 .

A finales de 1977, con su dictamen « Transformaciones
en el sector industrial y la situación del empleo —
Balance y perspectivas de la política industrial » ( 3 ), el
Comité Económico y Social se sumó al debate sobre la
política industrial . En dicha ocasión, el Comité indicó

acertadamente que sin una política industrial comunita ­
ria las respectivas políticas de los Estados miembros
se desarrollarían a partir de criterios exclusivamente
nacionales y podrían provocar efectos contraproducen ­
tes debido a la estrechez de sus horizontes . En determi ­
nadas circunstancias los problemas estructurales se car ­
garían sobre los Estados vecinos : las medidas pensadas

Para la Comision de la CE, la adopción de iniciativas
nacionales individuales en la segunda mitad de la
década de los años 70 constituía una razón suficiente
para que se tomasen medidas específicas a nivel comuni ­
tario destinadas a distintos sectores económicos . Basta
recordar el sector del acero, la construcción naval, el
sector textil, sin olvidar las fibras sintéticas y la indus ­
tria del calzado . En casi todos los casos, la Comisión de
la CE podía aducir que en algunos Estados miembros,
debido al los graves problemas estructurales y al claro
descenso del nivel de empleo, había una fuerte tendencia
a reaccionar con medidas destinadas a conservar las
estructuras existentes, lo que habría producido nuevas
distorsiones de la competencia, reacciones de tipo pro ­
teccionista y habría conducido finalmente a una desinte ­
gración del Mercado Común .

En 1981, con su comunicación al Consejo sobre el
desarrollo de la industria en Europa : una estrategia
comunitaria ( 4 ), la Comisión de la CE realizó un nuevo
intento de estimular el debate en torno a la estrategia
a seguir en materia de política económica . En dicha
comunicación la Comisión hacía un llamamiento a los
Estados miembros para que respondieran a los desafíos
económicos y de política de empleo por medio de una
concentración de esfuerzos dentro de un marco comuni ­
tario que garantizase su solidaridad : « La estrategia
industrial, tanto la estatal como la de las grandes empre ­
sas y grupos económicos, se enfrenta hoy día en Europa
a un grado de complejidad y a unas magnitudes espacia ­
les y temporales que sólo se pueden abarcar a nivel
comunitario . Dicha estrategia debe tender a crear de
nuevo un clima de confianza que permita estimular las
inversiones para la innovación y ampliación tanto de
los grandes grupos industriales como de las pequeñas
y medianas empresas que colaboren significativamente
a la creación de nuevos y productivos puestos de tra ­

( 1 ) Doc . COM(70 ) 100 final .
( 2 ) Doc . SEC(73 ) 3824 final .
( 3 ) DO n° C 292 de 3 . 12 . 1977 . ( 4 ) Doc . COM(81 ) 639 final / 2 .

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bajo . » Este enfático llamamiento solo tuvo un escaso
eco, no pudiéndose abrir tampoco en esta ocasión el
camino hacia una política industrial comunitaria de
carácter global y orientada al futuro .

El Comité está totalmente de acuerdo con la Comisión
de la CE en que, desde hace años, la polémica sobre el
tema « La política industrial en la Comunidad Europea »
está de hecho mediatizada por la falta de definición y de
un marco conceptual adecuado . De la misma manera, la
competitividad global, que frecuentemente se presenta
como el objetivo de una política industrial comunitaria,
es un concepto vago y ambiguo . Por ello, el Comité
acoge favorablemente que la Comisión, en su reciente
comunicación sobre la política industrial en un entorno
abierto y competitivo, se haya decidido a desarrollar
una política industrial moderna y dinámica . Para definir
dicha política industrial es preciso referirse a los intere ­
ses comunitarios .

2 . Contenido esencial de la propuesta de la Comisión

El proceso de unificación europea se está acelerando
tanto desde el punto de vista político como del econó ­
mico . En 1992 se alcanzará un primer objetivo con la
realización del mercado interior . Según la Comisión de
la CE, el mercado interior constituye por sí mismo un
paso esencial para que las empresas de los Estados
miembros, en sus previsiones y sus actuaciones, superen
las fronteras nacionales y sus estrategias globales
adquieran cada vez mayor importancia, con lo que
serán también cada vez más importantes las estrategias
globales de dichas empresas . Al mismo tiempo se perfi ­
lan importantes transformaciones en el entorno de la
economía europea : la competencia internacional se
hace más fuerte, el know-how técnico precisa inversio ­
nes cada vez mayores, los ciclos de producción son cada
vez más cortos y las condiciones macroeconómicas
serán menos favorables a la inversión industrial . Ante
tal situación, las políticas nacionales no tardan en des ­
cubrir sus propios límites, por lo que su fijación y
coordinación a nivel europeo ha llegado a convertirse en
un imperativo del tiempo presente . A fin de consolidar y
ampliar las adquisiciones de carácter comunitario, a
Europa se le presenta la ocasión de obtener un amplio
consenso no sólo en política económica, sino también
en el sector de la política industrial . El que se oponga
a dicha concepción y persista en seguir pensando y
actuando en términos sólo nacionales renuncia a las
oportunidades de crecimiento, a las posibilidades de
empleo y a la mejora de las condiciones de vida .

Hay común acuerdo en que sólo una economía competi ­
tiva permite hacer frente a los actuales desafíos, asegu ­
rando y fortaleciendo el papel de la Comunidad en la
economía internacional . Ello explica que la base de
una política industrial comunitaria sea la voluntad de
impulsar un funcionamiento lo más eficaz posible del
mercado . Para la Comisión, la cuestión fundamental es
la creación de condiciones « más adecuadas » para las
empresas a fin de fortalecer la asignación óptima, resul ­
tante de las fuerzas del mercado, de los factores que
intervienen en la producción, para lograr la aceleración
del ajuste estructural, mejorar la competitividad de la
economía europea y crear unas estructuras que permi ­

tan el desarrollo a largo plazo en el sector industrial y
tecnológico . La principal responsabilidad de la competi ­
tividad industrial corresponde a las propias empresas .
La función de los poderes públicos es ante todo actuar
como catalizador y abrir paso a la innovación, y las
empresas deben poder contar con que dichos poderes
les proporcionen un marco de actuación claro y flexible .

La Comision de las CE ha adoptado este enfoque posi ­
tivo, abierto y basado en el principio de la subsidiarie ­
dad, a partir de la experiencia de los últimos años .
Concretamente, las décadas de los setenta y ochenta
han mostrado que las políticas sectoriales de carácter
intervencionista no son un instrumento eficaz para
impulsar el cambio estructural y que han fracasado en
su intento de hacer competitiva la industria . Tales
políticas pueden funcionar durante un cierto tiempo,
pero la experiencia muestra que llevan inevitablemente
asociado el riesgo de retrasar los ajustes estructurales
y, por tanto, generar pérdidas de puestos de trabajo en
el futuro . La inclusión en la división del trabajo de la
economía mundial y el respeto de las normas que la
regulan proporcionan a la economía los puntos de
referencia adecuados . La experiencia muestra también
que un entorno competitivo aplicado a todos de la
misma manera es la mejor garantía de una industria
fuerte y competitiva .

Por supuesto, la situación en los diferentes sectores de
la economía europea no es estática, lo que implica que,
de vez en cuando, los problemas específicos de cada
sector deben asumirse y solucionarse a nivel comunita ­
rio o en los Estados miembros . También en estos casos
es imprescindible que todas las medidas que se tomen
coincidan plenamente con los principios generales de la
política industrial comunitaria .

E1 ajuste estructural y la competitividad internacional
están en estrecha relación . Por ello, una política indus ­
trial europea que quiera ser dinámica deberá orientarse
a realizar de un modo eficaz y consistente todas aquellas
actividades que faciliten, aseguren y aceleren el proceso
de ajuste estructural en la economía . En consecuencia,
para la Comisión son tres los elementos fundamentales
en relación con las principales etapas del ajuste estruc ­
tural :

( i ) Requisitos previos necesarios para llevar a cabo el

ajuste estructural

— Mantenimiento de condiciones económicas estables

a fin de estimular la actividad inversora de las

empresas .

— Mantenimiento de un clima de competencia gracias

a una vigilancia de las grandes concentraciones y a
un riguroso control de las ayudas estatales .

17 . 2 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 40 / 33

— Garantía de un nivel educativo adecuado como base

para generar y asimilar nuevas técnicas y métodos
de organización .

— Fomento de la cohesión económica y social de las

regiones de la Comunidad, subrayando el papel
de los Fondos estructurales para las zonas menos
desarrolladas . Información, consulta y participa ­
ción de los trabajadores en las decisiones de la
empresa sobre las medidas de ajuste estructural .

— Logro de un elevado grado de protección del medio

ambiente a fin de preservar la salud de las personas
y del entorno natural y crear nuevos mercados como
fuente de la competencia para un crecimiento

« limpio ».

( ii ) Medidas para asegurar el ajuste estructural

— Plena realización del mercado interior, especial ­

mente por medio de una mejora de la normalización
europea y de la calidad de los productos, la liberali ­
zación de la contratación pública, la eliminación
de las restricciones cuantitativas ( artículo 115 del
Tratado CEE ), la creación de un marco jurídico
coherente y la construcción de redes transeuropeas .

— Una política comercial abierta como complemento

necesario a la liberalización del mercado interior y
basada en la estricta observación, por parte de
todos, de las normas internacionales acordadas, lo
que implica tanto el abandono de las prácticas
comerciales desleales como la voluntad comunitaria
de adoptar contramedidas eficaces .

( iii ) Planteamiento para acelerar el ajuste estructural

— Fomento de la capacidad técnica de las empresas a

través de una mejora de las condiciones de concep ­
ción, desarrollo, difusión y explotación de técnicas
avanzadas .

— Aplicación de una política dinámica a pequeñas y

medianas empresas, tratando de limitar las trabas
administrativas, mejorando la cooperación entre
empresas y facilitando el acceso a los mercados
comunitarios y del exterior .

— Un mejor empleo de los recursos humanos, favore ­

ciendo la introducción de nuevas técnicas y métodos
de trabajo, a través de la capacitación profesional
y puesta al día de los trabajadores .

— Garantizar las condiciones necesarias para el desa ­

rrollo de servicios empresariales más dinámicos y
competitivos ( sobre todo en el sector de los servicios
financieros ).

La Comisión de la CE subraya que su enfoque de
política industrial exige un claro consenso y no se apoya
en un compromiso que pudiera reducirse a un mínimo
común denominador aceptable para todos . Dicho enfo ­
que se basa en el principio del libre comercio y en
ningún caso puede entenderse como una política de
laissez-faire . Es de esperar que forme parte integrante
de una política de configuración activa de un marco
normativo que asegure a las fuerzas del mercado y
de la competencia el necesario margen de maniobras
también en el sector de la industria .

3 . Observaciones

3.1 . El enfoque comunitario de la política industrial

El Comité coincide con la Comisión de la CE en que el
constante avance y ulterior desarrollo del proceso de
integración europea implica al mismo tiempo que se
resuelvan a nivel comunitario los problemas de la polí ­
tica industrial y se tenga en cuenta el mercado comuni ­
tario desde la perspectiva de las medidas de ajuste
estructural . También merece aprobación la afirmación
de que sólo con una industria competitiva se pueden
esperar contribuciones adecuadas al desarrollo econó ­
mico y social de la Comunidad . En relación con ello,
el Comité supone que la noción de « industria europea »
— utilizada varias veces por la Comisión de la CE — no

está inspirada en las relaciones de propiedad de las

« sociedades europeas ».

No existe alternativa prometedora a la idea directriz del
enfoque de política industrial ( creación de un entorno
abierto y competitivo ). Se trata de un objetivo de
máxima prioridad dentro de la política industrial . Aislar
el mercado europeo o practicar una política defensiva
de mantenimiento de las estructuras no permitiría
enfrentarse con éxito a los desafíos que la Comunidad
Europea se impuso en sus Tratados y que se impondrá
en el camino hacia la Unión Política .

Por otro lado, no obstante, el Comité lamenta que en
el enfoque comunitario no se haya tenido suficiente ­
mente en cuenta la dimensión regional y social de la
política industrial . El fortalecimiento de la competitivi ­
dad de las empresas europeas no es suficiente por sí
mismo para impulsar el desarrollo industrial en las
regiones más atrasadas o para tomar en consideración
las necesidades sociales . En su enfoque de política indus ­
trial la Comisión de la CE debería mostrar aún con
mayor claridad e integrar de un modo más convincente
en el proceso político las preocupaciones sobre todo,
de las regiones atrasadas . La alusión global a los Fondos
estructurales de la Comunidad no es suficiente . Por otra
parte, resulta equívoca y exige por ello en gran medida

N° C 40 / 34 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17 . 2 . 92

una clarificación la afirmación de que el diálogo y la
colaboración entre la industria y las autoridades públi ­
cas será un « elemento central » en el fomento de la
cohesión económica y social .

De un modo concreto, el Comité aboga por que, junto
a las medidas horizontales para facilitar el cambio
estructural y aumentar la capacidad de adaptación de
la industria, se haga sitio a medidas de política indus ­
trial que ayuden a impulsar los necesarios procesos de
ajuste en los ámbitos problemáticos (a nivel regional
o sectorial ), que amortigüen por medio de medidas
transitorias adecuadas y coordinadas las repercusiones
sociales de los cambios estructurales . Algunos elemen ­
tos de dicha política, que en parte se superponen y
condicionan mutuamente, son los siguientes :

— una política regional orientada a buscar un equili ­

brio, que refuerce el potencial y la capacidad de
desarrollo de regiones atrasadas,

— una política regional orientada al equilibrio y desti ­

nada a las regiones con problemas de ajuste econó ­
mico y estructural,

— facilidades de ajuste para compensar las desigualda ­

des sociales en las crisis estructurales o en el caso

de medidas de racionalización .

3.2 . Condiciones necesarias para la realización del
ajuste estructural

3.2.1 . Condiciones económicas generales

y flexibilidad

La Comisión de la CE destaca, con razón, la importan ­
cia que tienen para las empresas unas condiciones gene ­
rales favorables y fiables en el conjunto de la economía,
y subraya que la política comunitaria debe responder a
esta necesidad . También desempeñan un importante
papel las condiciones políticas generales, cuyos efectos
estructurales se pasan la mayor parte de las veces por
alto . El Comité habría preferido que la Comisión de la
CE hubiera hecho más hincapié en las complejas cade ­
nas causales que se dan entre los ámbitos político,
económico y social .

El deseo del Comité es que en la política económica se
distinga claramente entre sus elementos de ordena ­
miento y sus elementos de procedimiento . El ordena ­
miento fija las condiciones marco para el desarrollo de
la economía . Por ello, la Comisión de la CE debería
especificar con claridad el objetivo y la estructuración
del marco de ordenamiento para el conjunto de la
economía, elaborar sus principios fundamentales e
insistir en que esos principios deben ser también respe ­
tados en las decisiones tomadas por los Estados miem ­
bros en materia de política industrial . Al mismo tiempo
el marco de ordenamiento debería tener en cuenta ( den ­
tro de ciertos límites ) los cambios evolutivos . Ello
implica aceptar de modo consciente algunas excepcio ­
nes justificadas y temporalmente limitadas . Sólo en el

caso de que la excepción se convirtiera en regla estaría
justificado el temor de que se vaciaran de contenido los
principios fundamentales de la política de ordena ­
miento . Mientras no sea así, puede verse en la excepción
la confirmación de la regla .

Por lo que respecta a los datos básicos de la política de
procedimiento, el Comité considera que en primer lugar
debería abordarse y concretarse el conjunto de objetivos
de la política económica . El punto de referencia es el
artículo 104 del Tratado CEE, el cual establece que
cada Estado miembro aplicará la política económica
necesaria para garantizar el equilibrio de su balanza
global de pagos y mantener la confianza en su moneda,
procurando asegurar un alto nivel de empleo y la estabi ­
lidad del nivel de precios . Esta relación de objetivos no
es en modo alguno completa . Falta sobre todo el obje ­
tivo de crecimiento, que tiene una gran importancia
para afrontar con éxito los procesos de ajuste estructu ­
ral de la economía . Aquí deben condicionarse mutua ­
mente y complementarse de modo racional los compo ­
nentes cuantitativos y cualitativos . La protección del
medio ambiente y la conservación de los recursos natu ­
rales son requisitos necesarios para un crecimiento
cuantitativo a más largo plazo .

El cometido de los Estados miembros de la CE es
tomar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos
macroeconómicos, dosificándolas de tal forma que la
iniciativa y capacidad de adaptación de las empresas se
vean impulsadas y fortalecidas y no entorpecidas . El
exceso de disposiciones, las disposiciones no suficiente ­
mente orientadas a criterios económicos o las disposi ­
ciones excesivamente complicadas albergan siempre el
peligro de estrechar el margen de decisión de las empre ­
sas, debilitar las fuerzas autorreguladoras del mercado
y — sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas
empresas — comprometer la necesaria flexibilidad . Los
retos económicos del futuro y la creciente competencia
a nivel mundial exigen la rápida adaptación de las
empresas a los cambios estructurales ( el mercado acepta
cada vez menos los aplazamientos ). El Comité comparte
las afirmaciones hechas al respecto por la Comisión de
la CE, pero al mismo tiempo subraya que la necesaria
flexibilidad de las empresas no debe poner en cuestión
el nivel de protección social de los trabajadores . « Una
adecuada protección social » — afirma asimismo la
Comisión de la CE — constituye « una red de seguridad
que disminuye los riesgos asociados a los cambios » y
« fomenta la movilidad ».

A nivel comunitario, las medidas de política económica
exigen una mayor coordinación y sintonización . Sólo a
través de esfuerzos comunes guiados por un objetivo es
posible alcanzar un grado más elevado de convergencia
de todos los desarrollos económicos . En 1974 se aprobó
la Directiva de convergencia, destinada a mejorar y
simplificar el procedimiento de coordinación de los
miembros de la CE en materia de política económica .
Sin embargo, la política económica cotidiana a nivel
comunitario no ha dado muchos frutos en este sentido .
El Comité se pregunta para qué han servido las extensas

17 . 2 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 40 / 35

declaraciones ( también por parte del Consejo Europeo )
sobre la política económica comunitaria, o las numero ­
sas propuestas de la Comisión de la CE sobre estrategias
globales en política económica ( el ejemplo más llama ­
tivo es la Estrategia de cooperación para el crecimiento
y el empleo, del año 1985, acogida con satisfacción
también por los interlocutores sociales en el diálogo
social ) si los responsables de la política económica en
los Estados miembros de la CE no se rigen en absoluto
por ellas o sólo lo hacen de una manera inconsistente .
Al final siempre ha faltado la voluntad política de
fijar conjuntamente los objetivos de política económica,
determinar su jerarquía y — sobre todo — dar mayor
obligatoriedad a los acuerdos tomados .

En su último dictamen ( adicional ) sobre la Union Polí ­
tica y Monetaria, el Comité Económico y Social ha
subrayado de nuevo la necesidad de ponerse de acuerdo
sobre las orientaciones y objetivos comunes en política
económica ( 1 ). La Comisión de la CE, basándose en una
evaluación del desarrollo económico en los Estados
miembros de la CE, debería fijar directrices de política
económica plurianuales sobre las que, según el procedi ­
miento a determinar en virtud del futuro artículo 102 C
del Tratado CEE, tendrían que decidir el Consejo de
Ministros de Economía y Finanzas y el Consejo Euro ­
peo ; estas directrices deberían adaptarse anualmente y
referirse a la política financiera, la política de empleo
y la política estructural . A fin de que los Estados miem ­
bros estructuralmente más desfavorecidos puedan recu ­
perar su retraso respecto a la deseada convergencia del
desarrollo económico, convendría apoyar sus propios
programas de reforma económica y tenerlos en cuenta
en las directrices de la política económica comunitaria .
Al mismo tiempo, debería fortalecerse la supervisión
multilateral — comenzada en 1990 — de todos los aspec ­
tos de política económica importantes para la Comuni ­
dad ( evolución de precios y costes, competitividad,
empleo, desarrollo regional, presupuestos públicos ). En
opinión del Comité, si las propuestas de la Comisión
vuelven a verse privadas de un éxito rotundo, el con ­
cepto comunitario de política industrial perdería uno
de sus pilares fundamentales .

3.2.2 . Competencia

La globalización de los mercados y la creciente interde ­
pendencia económica de los Estados miembros de la
CE provocan forzosamente cambios estructurales . Las
fusiones de empresas constituyen una de las vías que
permiten afrontar el reto, a nivel empresarial, de adap ­
tar la economía europea . El Comité ha llamado la
atención repetidas veces sobre estas tendencias y tam ­
bién ha solicitado de los responsables ( tanto nacionales
como comunitarios ) en materia de política de compe ­

tencia que, a la hora de juzgar los mercados pertinentes,
tengan al menos en cuenta la dimensión europea . Ya
en su dictamen sobre el Decimoquinto informe de la
Comisión sobre la competencia, el Comité ponía de
relieve que « el mantenimiento de los espacios económi ­
cos nacionales, sea cual sea su forma, es anacrónico ...
si se desea un nivel suficiente de competitividad real »,
y añadía que « de ahora en adelante, el espacio geográ ­
fico de la Comunidad constituye el parámetro de refe ­
rencia mínimo, con la condición de que nunca se pierda
de vista la dimensión mundial » ( 2 ). Los Estados Unidos
y Japón vienen definiendo desde hace mucho su política
de competencia con la mirada puesta en mercados
internacionales e incluso mundiales .

Por otra parte, el Comité ha defendido un control
europeo de las concentraciones a nivel comunitario, a
fin de mantener la funcionalidad del sistema de compe ­
tencia con el objeto de asegurar en el mercado interior
la mejor combinación posible entre las exigencias de la
competencia internacional y el mantenimiento de unas
condiciones de competencia equilibradas . El Regla ­
mento CE sobre el control de las operaciones de concen ­
tración entre empresas, aprobado en diciembre de 1989,
fue valorado en términos generales de modo positivo
por el Comité, toda vez que dicho reglamento contri ­
buye también a eliminar las inseguridades legales

( modalidad y alcance de las competencias de la
Comisión / delimitación entre el derecho europeo y el
nacional ). No obstante, sigue habiendo una serie de
dificultades, que residen principalmente en el ( dema ­
siado elevado ) umbral de intervención, cifrado en cinco
mil millones de ecus ; dicho umbral no es justificable ni
desde el punto de vista económico ni desde el de la
competencia . « Umbrales demasiado elevados en la fase
inicial dificultarán, cuando no imposibilitarán, la for ­
mulación de una política de compentencia uniforme
para todos los Estados miembros, al menos en lo rela ­
tivo a sus elementos fundamentales ( 3 ) ». También en lo
que respecta a los criterios materiales de intervención
— el segundo punto esencialmente crítico — el Comité

lamenta que algunos importantes elementos de prueba
— nivel de desarrollo y necesidad de reestructuración
en determinados territorios de la Comunidad — sólo se
encuentren en las declaraciones protocolarias, con lo
que no tienen ningún efecto vinculante . Partiendo de
consideraciones del sector de la industria y de la política
social, especialmente en lo relativo a salvar puestos de
trabajo que corran peligro por razones de tipo estructu ­
ral, hubiera sido urgente incluir estos criterios de prueba
en el reglamento fundamental .

El Comité es naturalmente consciente de que los múlti ­
ples problemas económicos y sociales que pueden con ­
llevar las operaciones de concentración no pueden resol ­
verse todos ellos en un reglamento relativo al control
de este tipo de operaciones con base en la política de
competencia . Por ese motivo — como ya afirmara el
Comité en su dictamen sobre el reglamento de base —
es tanto más urgente establecer una coordinación entre
la actividad legisladora en materia de competencia y
otros sectores como por ejemplo los de política estructu ­

( 2 ) DO n° C 333 de 29 . 12 . 1986, p . 86 .
(M DO n° C 102 de 18 . 4 . 1991, p . 24 . ( 3 ) DO n° C 208 de 8 . 8 . 1988 .

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ral regional y sectorial, política de investigación y desa ­
rrollo, y política de consumo .

Por lo demás, la política de competencia debe dejar el
suficiente espacio libre a las empresas europeas para
que puedan realizar cooperaciones a fin de afrontar
con éxito los retos de una competencia internacional .
Reviste especial importancia la cooperación en el
ámbito de la investigación y el desarrollo . La transferen ­
cia de tecnologías y la cooperación técnica transfronte ­
rizas no debieran encontrar impedimentos debido a
unas normas de competencia demasiado rígidas . Des ­
empeñan un importante papel los reglamentos de exen ­
ción por categorías para acuerdos de cooperación en
materia de investigación, y deberían ampliarse aún más
teniendo en cuenta las crecientes necesidades . La Comi ­
sión de la CE debería reflexionar sobre el hecho de que
la transferencia transfronteriza de tecnología mejora
de un modo esencial la posición competitiva de la
Comunidad, considerada de un modo unitario, frente
a terceros países, y ayuda a evitar duplicaciones antieco ­
nómicas en el terreno de la investigación y el desarrollo ;
la Comisión también debería tener en cuenta que la
transferencia de conocimientos técnicos constituye un
elemento indispensable para fortalecer la competitivi ­
dad de las pequeñas y medianas empresas y que contri ­
buye a asegurar los puestos de trabajo ya existentes o
a la creación de nuevos puestos .

3.2.3 . Ayudas estatales

El Comité aprueba expresamente las consideraciones
de la Comisión sobre la política de ayudas . Con los
artículos 92 y 93 del Tratado CEE la Comisión de
la CE dispone de un instrumento para proteger la
competencia contra las distorsiones provocadas por las
ayudas estatales y evitar una conservación artificial de
las antiguas estructuras . De ningún modo de trata de
alcanzar una supresión general de las ayudas otorgadas
por los Estados, ya que éstas, en los casos previstos en
los apartados 2 y 3 del mencionado artículo 92, son
totalmente compatibles con el mercado común y, en
ese sentido, son también un instrumento legítimo de la
política industrial . En el futuro, no obstante, dichas
ayudas no deberían destinarse a objetivos que tiendan
a mantener antiguas estructuras, sino que deberían
facilitar los procesos de ajuste estructural y apoyar la
creación de nuevas estructuras industriales . La conce ­
sión de ayudas debe orientarse directamente ( en función
de los problemas existentes ) a los factores de estrangula ­
miento : infraestructura, formación, áreas industriales,
saneamiento de cargas del pasado e investigación
básica . Por otra parte, los sistemas de ayudas de orienta ­
ción regional son en esencia claramente superiores a los
de orientación sectorial . Los efectos de desvío y las
consecuencias no deseadas del mantenimiento de estruc ­
turas son menores cuando la ayuda va dirigida a la
región afectada en lugar de dirigirse al sector necesi ­
tado . Esto no excluye que en casos especiales se tengan
que conceder ayudas sectoriales con el fin de asegurar
la ordenada adaptación a los cambios estructurales .

El Comité comparte la idea de la Comisión de que las
ayudas públicas deben mantener y reforzar el incentivo
para la autoayuda, evitar en la medida de lo posible
distorsiones de la competencia, no discriminar entre
empresas públicas y privadas, limitarse en el tiempo,

tener carácter decreciente y orientarse a la realización
de los objetivos para los que han sido otorgadas . Los
mimos criterios deben respetarse en el caso de las ayu ­
das comunitarias ; dichos criterios coinciden en gran
medida con los que ya en 1978 aprobó el Consejo
de Ministros de la Organización de cooperación y de
desarrollo económicos ( OCDE ) dentro del proyecto de
un ajuste estructural positivo .

En este contexto, el Comité apela a la Comisión de la
CE para que se aprovechen al máximo los instrumentos
de control de ayudas ( artículo 93 del Tratado CEE ) y
se verifiquen de un modo estricto las medidas nacionales
de fomento económico, por medio de una continua
vigilancia y dentro de la suficiente transparencia . Sería
funesto que la competencia entre las empresas se viera
sustituida progresivamente por la competencia entre los
tesoros públicos . El Comité constata con preocupación
que, según el informe sobre las ayudas en la CEÍ 1 ),
como promedio de los años 1981-1986 un 88 % del total
de las ayudas estatales concedidas correspondió a los
cuatro mayores Estados miembros de la Comunidad .
Los primeros datos estadísticos relativos a los años

1986-1988 no muestran un cambio significativo . A la
vista de ello, el Comité solicita a los Estados miembros
de la Comunidad Europea — y especialmente a los
cuatro grandes — a que finalmente reduzcan la sobrea ­
bundancia de subvenciones y limiten de modo significa ­
tivo las ayudas estatales . La Comisión de la CE ha
repetido en diversas ocasiones que las ayudas nacionales
a empresas de la Comunidad son bastante más grandes
que las ayudas de los Fondos estructurales de la CE .
Teniendo en cuenta que entretanto se ha logrado la
interdependencia económica de los Estados miembros
de la CE, el Comité opina que se debería hacer un
censo lo más completo posible de todas las ayudas y
coordinarlas entre sí con la colaboración de los miem ­

bros de la CE .

La Comisión de la CE tiene plena razón al afirmar que
una firme política de ayudas constituye « un requisito
previo esencial para el incremento de la competencia,
factor sin el cual no podrán conseguirse gran parte de
los beneficios previstos de la construcción del mercado
interior ». Los Estados miembros de la Comunidad
debieran pensar también en ello . Por lo demás, la solici ­
tud no se dirige en menor medida a las empresas euro ­
peas, que deberían dejar de recurrir al Estado y renun ­
ciar a exigir una garantía estatal para su propia existen ­
cia . La economía social de mercado debe volver a ser
entendida como un principio de vida social y no ha de
convertirse en una fórmula vacía .

3.2.4 . Educación

Una de las condiciones principales para afrontar con
éxito los procesos de ajuste estructural es, en opinión
del Comité, la elevación del nivel educativo a escala
comunitaria . Un aprendizaje que se extienda a lo largo

(') Segundo informe sobre las ayudas estatales en la Comunidad

Europea a la industria transformadora y a otros sectores
económicos ( Comisión, 1990 ).

17 . 2 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 40 / 37

de toda una vida, y sobre todo la disposición a adaptar
constantemente las capacidades y los conocimientos a
unas exigencias cambiantes, son factores esenciales para
asegurar y mejorar la calidad del capital humano . La
difusión de las técnicas de datos y de información en
todos los ámbitos de la economía y la sociedad hace
que la utilización responsable de las nuevas tecnologías
sea para un número cada vez mayor de personas un
importante elemento en la organización de su vida y de
su futuro, pero coloca también el sistema educativo de
los años 90 ante nuevos cometidos en todos los países
de la CE . Por una parte, dicho sistema deberá tener en
cuenta las nuevas y por lo general mayores exigencias
de cualificación del cambio técnico y contribuir a que
ya en las escuelas se imparta una formación básica en
la técnica de información . Por otra parte, es en la
educación donde debe ponerse la primera piedra para
poder superar intelectualmente dicho cambio .

Las nuevas tecnologías de la información proporcionan
al ser humano conocimientos específicos a un ritmo y
en una abundancia que antes desconocía . Por ello es
cada vez más importante la capacidad de coordinar
datos sueltos y poder reconocer relaciones entre ellos .
Actualmente ya son numerosas las ramas profesionales
que están en mayor o menor medida afectadas por
los cambios técnicos . Hasta mediados de los años 90
— según estiman diversos institutos de investigación —

más de la mitad de toda la población activa necesitará
tener conocimientos básicos en tratamiento de datos .
Así pues, resulta indispensable una ofensiva en materia
de cualificación con los dos objetivos siguientes :

— atraer hacia una calificación a las personas que

hayan tenido hasta ahora pocas posibilidades en el
mercado laboral,

— tener en cuenta, sobre un amplio frente, las nuevas

y mayores exigencias del cambio técnico .

El Comité invita a todos los responsables políticos a
nivel comunitario y en cada uno de los Estados miem ­
bros de la CE a que intensifiquen sus esfuerzos en las
direcciones indicadas y a que contribuyan a llenar en
los próximos años el hueco existente entre la oferta y
la demanda en materia de cualificación . Sólo una mejor
concertación entre el sistema educativo y el de empleo
podrá hacer disminuir las tensiones y los desarrollos
equivocados en el mercado laboral . Al mismo tiempo,
el Comité previene contra una excesiva especialización
de los trabajadores, ya que ello podría limitar las posibi ­
lidades de intervención en el curso del cambio estructu ­
ral y conducir así a considerables problemas sociales .

3.2.5 . Cohesión económica y social

Las respuestas de la Comisión de la CE a la cuestión
del fomento de la cohesión económica y social quedan
muy por detrás de las expectativas del Comité . El
Tratado CEE establece en el artículo 130 A de manera
inequívoca que, a fin de promover un desarrollo armo ­
nioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará y
proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión

económica y social . En particular es preciso reducir las
diferencias entre las distintas regiones de la Comunidad
y el atraso de las regiones menos favorecidas . En el
documento sobre la política industrial apenas se puede
detectar nada de dicho propósito .

En relación con las afirmaciones sobre política regional,
el Comité se pregunta, por ejemplo, por qué la Comi ­
sión de la CE ha prestado tan poca atención a sus
propios estudios sobre el mercado interior europeo y el
panorama de la industria comunitaria . Concretamente,
el informe de la Comisión titulado « El impacto sectorial
del mercado interior en la industria : el reto para los
Estados miembros » (*) arroja resultados que revisten
una considerable importancia para el desarrollo de una
estrategia común en política industrial . Dicho estudio
— cuidadoso en su análisis y basado en datos empíri ­
cos — confirma de modo convincente que para los
Estados más industrializados los desafíos del mercado
interior no se plantean esencialmente a nivel sectorial .
Para los países menos desarrollados, por el contrario,
se esbozan dos supuestos que conducen claramente a
cambios sectoriales ( tal vez profundos ) : sea una mayor
especialización dentro de las ramas industriales tradi ­
cionales en las que dichos países gozan de ventajas
competitivas, sea el desarrollo de nuevos sectores de
mayor contenido tecnológico . En el primer supuesto
( el interindustrial ) se parte de la base de una mayor
orientación á sectores de la industria en los que el
hipotético aumento de la demanda es más bien pequeño .
En el segundo ( el intrasectorial ), los Estados miembros
meridionales desarrollarán su posición en aquellos sec ­
tores industriales que ofrecen mejores oportunidades
de crecimiento y que — al menos a plazo medio —
acelerarán el proceso de recuperación de estos países .
Naturalmente, en la realidad económica no se dará tal
disyuntiva, ni tampoco es de suponer que la realización
del mercado interior lleve a agravantes cambios de
situación entre diferentes zonas geográficas . No
obstante, el Comité considera que en el planteamiento
de la Comisión de la CE sobre política industrial es
imprescindible tener en cuenta y analizar en profundi ­
dad los dos supuestos mencionados y — de acuerdo con
los Estados miembros de la CE — sacar las consecuen ­
cias para el proceso político . Ello resulta tanto más
urgente cuanto que — en opinión de la Comisión de la
CE — la respectiva probabilidad de ambas situaciones
dependerá de la política seguida a nivel comunitario .
En otro lugar se añade sibilinamente que el papel de
los Fondos estructurales puede variar en uno u otro

caso .

También resultan poco satisfactorias las afirmaciones
de la Comisión de la CE sobre la cohesión social en las
empresas . Decir, por ejemplo que « un buen equilibrio
entre las necesidades de las distintas partes implicadas
desempeñará una importante función constructiva »

(!) « El impacto sectorial del mercado interior en la industria : el

reto para los Estados miembros », Economía Europea,
número extraordinario, 1990 .

N° C 40 / 38 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17 . 2 . 92

resulta demasiado impreciso y no nos lleva a ninguna
parte . En diversas ocasiones los grupos sociales repre ­
sentados en el Comité han manifestado de un modo
concreto su opinión acerca de la cohesión social . Sobre
todo, en relación con la representación común de los
intereses de los trabajadores en las empresas y su partici ­
pación en determinadas decisiones de las empresas,
el Comité ha confirmado en repetidas ocasiones su
beneplácito general y ha subrayado que la participación
de los trabajadores constituye un importante requisito
para el desarrollo de una sociedad democrática . Si no
se tienen en cuenta los factores personales en la
empresa, se ignora la realidad económica, social, histó ­
rica y jurídica . La participación de los trabajadores en
las empresas debería ser aprovechada en el sentido de
un diálogo abierto, diálogo que a su vez requiere, no
obstante, que los empresarios ocupen posiciones claras
y respeten la dimensión de política social de la actividad
comercial de la empresa . Esta exigencia se dirige al
mismo tiempo a la Comisión de la CE, junto con la
petición de que vuelva a reflexionar sobre su enfoque
de política industrial y enriquezca su contenido .

3.2.6 . Medio ambiente

Al igual que la Comisión de la CE, el Comité ve en la
protección del medio ambiente un importante campo
de la política industrial . La protección del medio am ­
biente es un problema transfronterizo que no se puede
resolver con planteamientos meramente nacionales . La
política de medio ambiente hay que entenderla por
tanto como una tarea comunitaria a la que debe darse
una orientación preventiva y cooperativa, cuidando de
coordinarla con otras políticas ( como la regional o la
de investigación y desarrollo ). Lo que se necesita es una

« utilización conservadora y racional » de los recursos
ambientales existentes . Es preciso determinar a tiempo y
correctamente los riesgos medioambientales y esclarecer
las posibles cadenas de efectos . Ello implica una estre ­
cha y confiada cooperación entre política, economía y
ciencia . Asimismo debe tenerse en cuenta la conducta
de los consumidores, que se ve influida de múltiples
modos por las medidas ambientales . En opinión del
Comité, dicha política « puede tener influencias impor ­
tantes en los intereses de los consumidores ( precios,
impuestos, variedad para elegir, sanidad y seguridad );
por otra parte, la política de consumo también puede,
por las opciones que lleva a cabo, tener una influencia
más o menos negativa en el medio ambiente » (*). Ha
de dedicarse cada vez más atención a la interfaz entre
la política de consumo y la de medio ambiente .

El desarrollo económico es un requisito previo para una
efectiva protección del medio ambiente, porque sólo
con dicho desarrollo podrá hacerse frente a los costes
que suponen las actividades dirigidas a la protección
del medio ambiente . Al mismo tiempo, a través de
las actividades de protección medioambiental se crean
nuevos « mercados ecológicos » con una amplia gama

de productos y servicios . La creación de nuevos merca ­
dos se ve facilitada por la fijación de objetivos en
materia de medio ambiente, pero siempre que la elec ­
ción del camino se deje en manos de la economía . Sólo
si se cumple este requisito podrá desarrollarse una
atmósfera innovadora que fomente los incentivos y el
progreso técnico para que se produzca el crecimiento
económico y se genere empleo . A este respecto corres ­
ponde a la Comunidad y los Estados miembros de la
CE una labor esencial : la de definir, con la colaboración
de todas las fuerzas sociales, el necesario grado de
protección del medio ambiente, a fin de poder introdu ­
cir sobre esta base las medidas adecuadas para alcanzar
los objetivos ecológicos .

En este contexto, el Comité remite a su dictamen
sobre la política de medio ambiente y mercado interior
europeo en el que llevó a cabo principalmente un análi ­
sis de la aplicación de los instrumentos de economía de
mercado y comprobado los incentivos para un consumo
que respete el medio ambiente ( 2 ).

Por lo demás, la Comunidad debería aprovechar plena ­
mente su competencia para dictar normas en materia
de medio ambiente, coordinar las medidas necesarias
con las actividades de los distintos países en este sector
y velar al mismo tiempo por la armonización de las
disposiciones y reglamentaciones de los diversos países
de la CE . En particular es preciso reducir las emisiones
transfronterizas y eliminar las distorsiones de la compe ­
tencia de origen ambiental . La Comunidad no debe
guiarse por el mínimo común denominador, sino que
ha de llevar a cabo lo ecológica y económicamente
necesario . Entre ello figura la labor de garantizar,
mediante medidas administrativas y jurídicas adecua ­
das, el cumplimiento de las normas en toda la Comuni ­
dad . Con frecuencia sigue faltando la voluntad de tomar
en serio la protección del medio ambiente .

3.3 . Medidas para asegurar el ajuste estructural

3.3.1 . Mercado interior

El Comité coincide totalmente con la Comisión de la
CE en que el programa para la realización del mercado
interior puede valorarse como una política industrial
por excelencia, al crear un mercado interno de conside ­
rable tamaño y calidad . A ese respecto, el Comité remite
a los diversos dictámenes positivos emitidos por él sobre
la ofensiva del mercado interior y reitera su esperanza
de que el mercado interior común traiga ventajas para
todos — ya sean trabajadores, empresarios, usuarios o
inversores .

Respecto a las consecuencias económicas y sociales
concretas del mercado interior será determinante el que

( i ) Doc . CES 1115 / 91 . ( 2 ) DO n° C 332 de 31 . 12 . 1990, p . 107 .

17 . 2 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 40 / 39

se transpongan o no estas iniciativas en los Estados
miembros de la Comunidad y la medida en que ello
se realice . Aquí se siguen observando insuficiencias y
múltiples deficiencias . Si bien en el « VI informe de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativo
a la aplicación del Libro Blanco de la Comisión sobre
la plena realización del mercado interior » (*) se afirma
que el porcentaje de trasposición se ha elevado del 69 %
en diciembre de 1990 a más del 73% en mayo de 1991,
algunos miembros siguen registrando considerables
retrasos . Por ello, el Comité no sólo apela a la Comisión
de la CE para que incremente sus esfuerzos a fin de que
se introduzcan rápidamente procedimientos contra las
infracciones, sino que se dirige también a los Estados
miembros de la CE para que, por medio de una acele ­
rada incorporación de los actos jurídicos comunitarios
a la legislación nacional respectiva, contribuyan de
manera eficaz a la plena realización del mercado inte ­
rior . Por lo demás, el Comité pide a la Comisión que
cuide de que los retrasos de algunos Estados miembros
de la CE en ese sentido no pongan en peligro el mercado
interior sin fronteras a partir de 1993 .

3.3.1.1 . Normalización y calidad de los productos

Las normas europeas constituyen un factor clave para
la integración de los mercados en toda la Comunidad
y tienen una importancia notable para la competitividad
industrial . Estas normas eliminan las barreras comercia ­
les de tipo técnico, tienen un efecto desregulador, facili ­
tan con ello la cooperación industrial transfronteriza y
permiten aprovechar el potencial de las economías de
escala en las empresas . A la hora de establecer los
requisitos esenciales que deben cumplir los productos,
la Comisión de la CE debería asegurar un nivel de
protección lo más elevado posible . Ello es especialmente
válido para la protección de la salud y la seguridad ( en
particular en el trabajo ) así como para la protección
del medio ambiente y del consumidor .

Pese a las ventajas indiscutibles de las normas europeas,
el panorama del trabajo normativo en la Comunidad
no es del todo satisfactorio . En la Comunidad sigue
habiendo un gran número de normas nacionales y, por
consiguiente, de barreras fácticas para el acceso a los
mercados . Son principalmente las pequeñas y medianas
empresas las que ven así dificultado su acceso a los
contratos públicos en otros países de la Comunidad .
Aunque — según la Comisión — ha aumentado el
número de nuevas normas europeas de 19 en el año
1985 a 150 en el año 1989, ello resulta claramente
insuficiente en comparación con las exigencias del pro ­
grama del mercado interior . El Comité pide a la Comi ­
sión que intensifique sus esfuerzos en materia de armo ­
nización de normas y al mismo tiempo cuide de que se
creen de modo creciente en la Comunidad procedimien ­
tos eficaces para la aplicación de normas . En este con ­
texto, el Comité remite de nuevo a la idea de crear un
órgano, como el Consejo europeo de normalización

( i ) Doc . COM(91 ) 237 final .

propuesto por la Comisión de la CE, encargado de
mejorar la coordinación y la coherencia, establecer
prioridades y fomentar la participación y la transparen ­
cia en la normalización europea, teniendo siempre en
cuenta los distintos ámbitos nacionales ( 2 ).

3.3.1.2 . Contratación pública

El Comité comparte la opinión de la Comisión de la
CE de que la liberalización de la contratación pública
constituye un elemento central del programa interior y
posee gran significación desde el punto de vista de la
política industrial . La economía europea sólo podrá
crecer de modo convergente si se renuncia ya de una
vez también en los contratos públicos a la tendencia
todavía existente por parte de las autoridades compe ­
tentes a favorecer a los « líderes nacionales » en la
adjudicación de los contratos . « El continuo fracciona ­
miento de los mercados nacionales es uno de los obstá ­
culos más evidentes para la realización de un auténtico
mercado interior ( 3 ). »

Las directrices aprobadas hasta ahora para la liberaliza ­
ción de la contratación pública en la Comunidad repre ­
sentan un avance considerable . El Comité, no obstante,
advierte con preocupación que para las pequeñas y
medianas empresas ( PYME ) todavía no se ha creado
un acceso suficiente a los contratos públicos . Principal ­
mente en el sector de la subcontratación es necesario
emprender mejoras, estableciendo en cada caso límites
superiores . Por otra parte, la Comunidad debería en
el futuro insistir más en liberalizar mundialmente la
contratación pública siguiendo el principio de la aper ­
tura recíproca de mercados .

Podría lograrse una mejora adicional del acceso trans ­
fronterizo de las PYME a los contratos públicos si se
llevara a cabo un reparto por sectores específicos del
banco de datos TED, con el que está funcionando
actualmente el proyecto piloto alemán POINT ( Public
Orders Information Network ). POINT es un servicio
cuyo objetivo consiste en proporcionar de forma técni ­
camente avanzada a las PYME información seleccio ­
nada de forma fiable sobre procesos de contratación
pública en la Comunidad . La Comisión de la CE, tras
impulsar y finalizar el proyecto piloto, debería empren ­
der su posterior difusión transfronteriza .

3.3.1.3 . Eliminación del sistema de contingentes nacio ­

nales

Con la finalización del mercado interior comunitario
se darán cada vez menos las condiciones para la aplica ­
ción del artículo 115 del Tratado CEE las medidas
proteccionistas nacionales no son compatibles con los
principios de una política industrial abierta y orientada
a la competencia . Por ello, el Comité apoya el deseo de
la Comisión de eliminar dichas medidas a fin de que
los mercados nacionales queden expuestos en mayor
grado a la competencia intracomunitaria e internacio ­

( 2 ) DO n° C 120 de 6 . 5 . 1991, p . 28 .
( 3 ) Doc . COMÍ85 ) 310 final .

N° C 40 / 40 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17 . 2 . 92

nal, preparándolos de este modo para los retos mundia ­
les . No obstante, en muchos casos ha de partirse del
hecho de que se presentan medidas adjuntas de política
estructural para poder conseguir con un mínimo de
fricciones los inevitables ajustes estructurales .

3.3.1.4 . Un marco jurídico coherente

Para las empresas europeas es de importancia decisiva
que las condiciones marco sean jurídicamente compara ­
bles en los distintos Estados miembros de la CE a fin
de poder operar sin obstáculos a través de las fronteras
comunitarias . Hechos idénticos siguen todavía evalu ­
ándose de modo dispar y regulándose de manera contra ­
dictoria . En el terreno de la armonización de las legisla ­
ciones la Comunidad ha alcanzado en los últimos años
notables progresos ; no obstante, son necesarias muchas
otras medidas, entre las que destacan las relacionadas
con el derecho de sociedades . En lo que respecta al nivel
de armonización en dicho ámbito hay disparidad de
pareceres, pero debería existir unanimidad en que para
el mercado común es indispensable un cierto grado de
armonización de los derechos nacionales de sociedades .
Por otra parte, debería contarse con un mayor número
de institutos jurídicos de carácter supranacional
— como la Agrupación Europea de Interés Económico

( AE1E ) — basados en un derecho europeo propio .

En diversos dictámenes el Comité ha instado al Consejo
y la Comisión de la CE a que en el terreno del derecho
de sociedades « intensifiquen y organicen de forma satis ­
factoria los trabajos que tienen atrasados » ( J ). Entre
ellos ha de incluirse también el de la mejora de la
protección de la propiedad intelectual e industrial . Las
empresas europeas necesitan unos campos de acción
fiables y mayores posibilidades de organización a fin
de fortalecer su propia competitividad, hacer frente de
un modo flexible a la creciente presión de las empresas
internacionales de terceros países así como crear y
asegurar de modo duradero puestos de trabajo .

3.3.1.5 . Redes transeuropeas

La Comisión de la CE subraya acertadamente que las
redes transeuropeas son indispensables para la plena
realización del mercado interior y constituyen una con ­
dición importante para la integración de los mercados
comunitarios . Sirven para cerrar huecos en las redes
existentes, fomentan el desarrollo de las regiones peri ­
féricas de la Comunidad, facilitan la reconstrucción del
Espacio Económico Europeo y apoyan al mismo tiempo
el desarrollo económico en Europa central y oriental .

En esta perspectiva, el Comité Económico y Social ha
resaltado en repetidas ocasiones la necesidad de crear
y ampliar las redes transeuropeas, principalmente en
los ámbitos del transporte, telecomunicaciones, energía
y formación profesional . En su dictamen sobre el pro ­
grama de acción de la Comisión de la CE para unas
redes transeuropeas ( 2 ), el Comité aboga por un plantea ­

miento global, integrado y multimodal, que permita
elaborar los marcos de referencia, disminuir la inseguri ­
dad de las inversiones, aumentar la eficacia de las
intervenciones comunitarias, nacionales y regionales y
tener en cuenta la evolución de las necesidades a largo
plazo ( 3 ).

3.3.2 . Una política comercial abierta

La división internacional del trabajo se ha desplazado
notablemente en los últimos decenios : nuevas zonas
industriales, nuevos centros y espacios económicos,
especialmente llamativos en el área del Pacífico, a la
que pertenecen tanto la costa Oeste de los Estados
Unidos y Japón como los Estados del Asia sudoriental
y los países sudamericanos . Las « viejas » regiones indus ­
triales han cambiado sus estructuras y han alcanzado,
con ofertas mejor cualificadas, cotas más altas de tecno ­
logiá y organización . Este profundo cambio no se ha
producido ni se está produciendo sin fricciones . Entraña
riesgos y peligros que plantean a los gobiernos y bancos
centrales y a las empresas y grupos sociales problemas
muy complejos de coordinación y resolución de con ­
flictos .

Por su importancia economica, la Comunidad Europea
tiene una responsabilidad muy grande en lo que respecta
al comercio mundial . El artículo 110 del Tratado CEE
obliga expresamente a la Comunidad a « contribuir,
conforme al interés común, al desarrollo armonioso del
comercio mundial, a la supresión progresiva de las
restricciones a los intercambios internacionales y a la
reducción de las barreras arancelarias ». Por consi ­
guiente, el Comité suscribe la afirmación de la Comisión
de la CE en el sentido de que el establecimiento de
una política comercial abierta representa el necesario
complemento a la apertura del mercado interior . La
liberalización de los mercados hacia adentro mediante
el programa del mercado interior debe ir acompañada
de una apertura de los mercados hacia afuera mediante
una política comercial abierta . Sería más que funesto
que la propia Comunidad provocara tensiones y pertur ­
baciones en el comercio internacional .

Ahora bien, entre las directrices de política comercial
— formuladas en sus líneas principales por la Comisión
de la CE en el documento sobre política industrial — y
la realidad mundial se abren vacíos preocupantes . Los
obstáculos administrativos al comercio, las subvencio ­
nes distorsionadoras de la competencia y las estrategias
destinadas a restringirla — tristemente conocidas bajo
el nombre de « láser beaming » — están a la hora del
día y provocan notables perturbaciones en el comercio
mundial . A ello se añade la nueva extensión de los
acuerdos regionales . No sólo en Europa, sino también
en otras partes del mundo han ido surgiendo acuerdos

(') DO n° C 124 de 21 . 5 . 1990, p . 34 .
( 2 ) « Hacia unas redes transeuropeas », Programa de actuación

comunitario [ doc . COM(9Q ) 585 final ]. P ) Doc . CES 1282 / 91 .

17 . 2 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 40 / 41

entre Estados de iguales o parecidos objetivos economi ­
cos . Lo que en el momento de la fundación del Acuerdo
general sobre Aranceles aduaneros y Comercio ( GATT )
se creía que era una excepción se ha convertido en regla .
El principio de organización multilateral del comercio
mundial se convierte así cada vez más en una farsa . La
división internacional del trabajo está cada vez más
marcada por los grandes espacios económicos, concre ­
tamente por la tríada Europa, Estados Unidos y Japón .
En esta tríada se encuentran los mercados más impor ­
tantes y es donde existe la competencia más encarni ­
zada .

Por eso es tanto más importante — y en ese punto
también está de acuerdo el Comité con la Comisión
CE — que las reglas del juego sean observadas por todos
los socios comerciales, dado que la economía de la
Comunidad, al hilo de su progresiva apertura, se hace
cada vez más sensible a las infracciones contra ellas .
Ante la continua violación de las reglas del juego no es
sorprendente que cada vez se proclame con más fuerza
la exigencia de « reciprocidad ». Según sus defensores,
sólo la reciprocidad « podrá garantizar que los merca ­
dos de Japón, Corea del Sur, Taiwán y demás países
asiáticos sean parte del ... ( mercado conjunto ) de la
tríada, y no cuarteles aislados a partir de los cuales las

( empresas ) japonesas y del Asia oriental conquistan los
mercados de América y Europa » í 1 ).

Ante los peligros latentes para la división internacional
del trabajo, el Comité insta urgentemente a la Comuni ­
dad Europea a seguir haciendo todos los esfuerzos
posibles para convencer a los socios comerciales mun ­
diales de las ventajas que supone la libertad de mercados
en condiciones de justa competencia y que hagan suyo
el objetivo de llevar conjuntamente la Ronda Uruguay
alo éxito . La creciente internacionalizacióri de las activi ­
dades empresariales — incluso entre la pequeña y
mediana empresa — - exige reglas fiables en la división
internacional del trabajo . Ante todo es necesario un
grado mayor de credibilidad y de disciplina en el comer ­
cio mundial . No bastan ya las solemnes declaraciones
de compromiso de los socios comerciales occidentales,
reiteradas una y otra vez por ellos con gran profusión
de palabras en la OCDE o en las « cumbres económicas
mundiales ». De las negociaciones del GATT el Comité
no sólo espera el compromiso concreto de todos sus
miembros a respetar obligatoriamente las normas
vigentes de este acuerdo, sino al mismo tiempo una
mejora notable de la normativa en sectores críticos
( por ejemplo subvenciones, aplicación de cláusulas de
protección ) y la inclusión de nuevos sectores en el
sistema del GATT ) por ejemplo servicios, protección
de la propiedad intelectual ).

En términos generales, es necesario ir asumiendo la
idea de que, en las actuales condiciones políticas y
económicas mundiales, la solución de los problemas
planteados y la evitación de nuevas tensiones en el
comercio mundial pasan necesariamente por acatar
como imperativo primordial la cooperación y coordina ­

(') K. Seitz, Die japanisch-amerikanische Herausforderung :
Deutschlands Hochtechnologie — Industrien kämpfen ums

Überleben, I a ed ., Munich : Bonn Aktuell, 1991 .

cion internacional . Las iniciativas exclusivamente
nacionales no tienen ya cabida . Una de dos : o los
socios comerciales mundiales adoptan en el futuro las
decisiones de una manera más colegiada o tendrán que
seguir los pasos de otros « precursores » y sufrir luego
dolorosos procesos de reajuste .

3.4 . Planteamiento para acelerar el ajuste estructural

La Comisión de la CE subraya que la capacidad de
ajuste estructural debe acelerarse por medio de la apli ­
cación de medidas de apoyo . Se resalta en particular la
política de investigación y la tecnológica, así como una
política más dinámica en relación con las pequeñas y
medianas empresas .

3.4.1 . Capacidad tecnológica

El Comité comparte en líneas generales la opinión de
que la competitividad tecnológica de la industria euro ­
pea juega un papel central y que dicha competitividad
determina el que las empresas de la Comunidad puedan
afirmarse o no en los mercados del exterior . No
obstante, de un modo aún más claro que la Comisión
de la CE, el Comité subraya que las medidas para
mejorar la competitividad no deben limitarse a los
sectores de alta tecnología, sino que han de aplicarse
al mismo tiempo a las tecnologías genéricas . Por lo
demás, sólo se puede garantizar un desarrollo armónico
de la industria europea si las empresas ubicadas en
regiones menos desarrolladas pueden aplicar estas tec ­
nologías . Los Estados miembros de la CE tienen aquí
importantes cometidos que desempeñar . Sigue siendo
absolutamente necesario impulsar la capacidad tecnoló ­
gica de la Comunidad, sobre todo cuando se trata
de investigación precompetitiva y de transferencia de
tecnología hacia las pequeñas y medianas empresas y las
regiones menos desarrolladas . El Comité, no obstante,
señala que también en la política de investigación debe
conservarse el principio de subsidiariedad . El impulso
tecnológico de la Comunidad debería iniciarse allí
donde no sean suficientes los recursos nacionales o se
puedan alcanzar claras ventajas a nivel comunitario . Al
mismo tiempo, en el ámbito de investigación y desarro ­
llo debe seguir dándose la primacía a la propia respon ­
sabilidad de las empresas . Estas pueden decidir mejor
que el Estado en qué casos merecen realizarse esfuerzos
de investigación y en qué medida han de llevarse a la
práctica, a fin de desarrollar productos capaces de
competir en el mercado .

3.4.2 . La pequeña y mediana empresa

Un objetivo importante es impulsar la investigación y
desarrollo en las pequeñas y medianas empresas, por
ejemplo a través de una información y asesoramiento
de mayor calidad en nuevos campos tecnológicos y

N° C 40 / 42 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17 . 2 . 92

una mejor transferencia de conocimientos y tecnología .
Asimismo se debe hacer participar en mayor medida
a dichas empresas en los programas de investigación
existentes ( nacionales y comunitarios ) y simplificar los
procedimientos de ayuda . Sólo así podrán cumplir su
papel central en el proceso de ajuste industrial . En una
época de fuerte división del trabajo intraindustrial, la
industria europea se ve obligada más que nunca a
contar con pequeñas y medianas empresas dotadas de
flexibilidad y capaces de realizar innovaciones . Los
programas de ayuda nu pueden reemplazar una política
de mejorar las condiciones marco ( por ejemplo en el
terreno fiscal ) y reducir el trabajo burocrático .

En este contexto, la Comisión de la CE subraya acerta ­
damente la importancia de la formación . El Comité
está de acuerdo con la Comisión de la CE en que, ante
la previsible falta de personal cualificado y el mayor
ritmo de innovación, la adaptabilidad y calidad del
capital humano se han convertido en determinantes
clave para la competitividad industrial, determinantes
en los que las economías desarrolladas deberán apo ­
yarse más que en ningún otro . La distinción entre
industrias de « alta tecnología » y « baja tecnología » esta
perdiendo importancia . En la totalidad de los sectores y
regiones ha de implantarse sobre una amplia base tanto
la investigación y el desarrollo como la formación .

4 . Aplicación del concepto de política industrial a los
diferentes sectores

Recientemente, la Comisión CE ha comenzado a aplicar
el proyecto de política industrial abierto, horizontal y
ofensivo a distintos sectores . Se trata, por una parte,
de sectores económicos que pueden desempeñar un
papel clave en el desarrollo de la industria europea,
como la industria de la electrónica o de la biotecnología .
Por otra parte, el interés de la Comisión de la CE se
centra en sectores que ecológica y económicamente
están adquiriendo importancia a escala mundial ( por
ejemplo la minería marina ). Además, se pretende desa ­
rrollar proyectos comunitarios estructurados para sec ­
tores que — como la industria textil y la confección —
ocupan un puesto importante en la estructura econó ­
mica de la CE pero en los cuales es preciso contar
en el futuro con reajustes estructurales en ocasiones
considerables .

4.1 . La industria europea de la electrónica y la infor ­
mática ( ! ) está actualmente débilmente representada en
sectores clave como semiconductores, periféricos y elec ­
trónica de consumo, mientras que la situación en el
sector de la informática hay que calificarla de precaria .
Es cierto que en el análisis que hace la Comisión de
los puntos débiles se mencionan las causas de tipo
coyuntural, pero mucho más graves son las deficiencias

de índole estructural, que ejercen entre ellas una influen ­
cia recíproca :

— fuerte fragmentación del mercado comunitario,

— condiciones de competencia dispares en las distintas

regiones del mercado mundial,

— desventajas de origen financiero,

— falta de personal altamente cualificado,

— deficiencias en el tejido productivo,

— estrategias empresariales insuficientes .

Según la Comisión, son primordialmente las propias
empresas las que deben llevar a cabo las actividades
necesarias para eliminar las debilidades estructurales y
mejorar la competitividad . La función de la Comunidad
y de los Estados miembros de la CE consiste en crear
— sin detrimento del principio de subsidiariedad — con ­
diciones generales favorables para las empresas y tener
en cuenta al mismo tiempo el potencial que representan
la electrónica y la informática para la Comunidad .
Basándose en esta afirmación, la Comisión CE elaboró
un programa de acción de cinco puntos destinado a
apoyar y reforzar las iniciativas de las empresas . Las
medidas propuestas se refieren a la demanda, la tecno ­
logía, la educación, las relaciones exteriores y el entorno
de las empresas .

En su dictamen ( 2 ) el Comité celebra la iniciativa de la
Comisión en materia de política industrial y valora el
programa de acción como una base adecuada para
crear — conjuntamente con las empresas — estructuras
competitivas en la industria europea de la electrónica
y la informática y abrir posibilidades de empleo con
futuro y con buenas condiciones de trabajo . Las tenden ­
cias desfavorables registradas en estos últimos tiempos,
como por ejemplo la pérdida de mercados en la electró ­
nica de consumo en beneficio de la competencia del
Este asiático o los actuales problemas de mercado en
el sector de los semiconductores y de la informática,
han demostrado claramente lo urgente que se ha hecho
actuar a nivel comunitario . Para el Comité, las condicio ­
nes generales estratégicamente importantes están sobre
todo en los sectores de la investigación y tecnología,
infraestructura, capacidades de producción, educación
y cualificación . En estos sectores, y como complemento
del paquete de medidas de la Comisión CE, el Comité
propone una amplia paleta de medidas que la Comuni ­
dad y los miembros de la CE deberían adoptar y conver ­
tir en parámetros generales para las empresas .

El Comité Económico y Social se manifiesta de acuerdo
con la Decisión del Consejo del 18 de noviembre de

1991 sobre la tecnología de la electrónica, la informática
y las comunicaciones ( 3 ). En lo fundamental coincide
con las observaciones hechas por el Comité en el pre ­
sente dictamen, y concuerda también con el relativo a
la industria europea de la electrónica y la informática .

( 2 ) Doc . CES 1392 / 91 .
( i ) Doc . SEC(91 ) 565 final . ( 3j j^jo 9298 / 91 ( Prensa 208 ) del 18 de noviembre de 1991 .

17 . 2 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 40 / 43

4.2 . La biotecnología es de importancia estratégica
para resolver los grandes problemas ante los que se
encuentran los países industrializados y en desarrollo
en los sectores de alimentación, salud, medio ambiente
y crecimiento demográfico . La biotecnología hay que
entenderla como una materia interdisciplinaria situada
a caballo entre la química, la biología y la ingeniería
de operaciones y procesos y que utiliza la capacidad de
síntesis bioquímica de las células vivas para obtener
o transformar sustancias mediante procedimientos de
producción industrial . La biotecnología ofrece grandes
posibilidades para muchas ramas de la industria, desde
la producción de energía, la obtención de metales, la
eliminación de residuos y la química hasta la bioelectró ­
nica . No obstante, para la opinión pública esta tecno ­
logía tiene mala imagen . Las objeciones se dirigen sobre
todo contra las consecuencias que su abuso podría tener
para la salud y la seguridad de personal y animales .

Debido a la creciente importancia de la biotecnología
— también para el futuro económico de la Comunidad
Europea — la Comisión CE ha elaborado su propio
documento sobre el particular y ha propuesto gran
número de iniciativas referentes a todo este campo ( 1 ).
Su objetivo es fortalecer la competitividad de las empre ­
sas que operan en el sector de la biotecnología, adaptar
el marco jurídico, elaborar normas en la materia, orga ­
nizar la protección de la propiedad intelectual y ayudar
en la financiación de la investigación y desarrollo . Al
mismo tiempo — prosigue la Comisión — es preciso
que tanto en los distintos países miembros de la CE
como en el plano comunitario se planteen las cuestiones
éticas de la biotecnología y se discutan estás a fondo
en el marco de un diálogo abierto .

La Comisión ve concretamente las siguientes priori ­
dades :

— creación de una infraestructura de información para

la biotecnología a través de programas de investiga ­
ción, política de información y cooperación interna ­
cional,

— ampliación progresiva del fomento de la investiga ­

ción y el desarrollo en biotecnología (a ser posible
más allá de la fase precompetitiva ),

— elaboración de un mandato claro y preciso para

la actividad del Comité europeo de normalización

( CEN ) en el campo de biotecnología,

— aprobación de la normativa comunitaria sobre la

protección de la propiedad intelectual e incorpora ­
ción del derecho comunitario a la legislación
nacional,

— creación de estadísticas sobre biotecnología ( estadís ­

tica industrial y sobre productos ),

— intensificación de los contactos bilaterales y multila ­

terales . Formación de grupos de trabajo [ GATT,
OCDE, Asociación europea de libre comercio
( AELC )] encargados de fijar criterios para la protec ­
ción de la salud y el medio ambiente,

— creación de un organo consultivo adecuado, a nivel

comunitario, encargado de las cuestiones éticas de
la biotecnología ; por ejemplo, cuestiones relativas
a la vida y la identidad humana .

La Comisión de la CE seguirá efectuando una valora ­
ción de las consecuencias sociales, económicas y tecno ­
lógicas como apoyo a sus iniciativas políticas y progra ­
mas de investigación en materia de biotecnología . Junto
a ello tiene la intención de verificar periódicamente el
progreso y la competitividad de las industrias de la
biotecnología en la Comunidad, con el fin de garantizar
que el marco general acordado esté a la altura de su
función . En opinión de la Comisión CE, es indiscutible
que los futuros éxitos en el mercado dependen sustan ­
cialmente de las estrategias desarrolladas y perseguidas
en concreto por las empresas .

El Comité Económico y Social se reserva la posibilidad
de emitir un dictamen separado sobre el documento de
la Comisión relativo a la biotecnología .

4.3 . Los temas marítimos están adquiriendo cada vez
más importancia internacional desde el punto de vista
ecológico, económico y político . La Comisión de la
CE señala en su Comunicación sobre las industrias
marítimas ( 2 ) que la Comunidad Europea debería reac ­
cionar activámente ante esa situación . Debido a las
interdependencias existentes entre la limpieza de los
océanos y los recursos marítimos es necesario conside ­
rar y valorar todos los sectores como partes de una
única dimensión marítima . Por ello, la comunicación
de la Comisión CE abarca la totalidad del sector marí ­
timo, con el fin de los actuales y futuros efectos sinérgi ­
cos entre las distintas disciplinas marítimas .

La existencia de industrias marítimas eficientes es con ­
dición indispensable para garantizar la posibilidad de
que la Comunidad participe adecuadamente y con éxito
en el comercio mundial y pueda sacar provecho de los
mares mundiales . La Comisión CE había ya introducido
y propuesto anteriormente una serie de medidas, pero
hasta ahora no había una visión comprensiva del sector
marítimo . Lo que hace falta es por tanto un plantea ­
miento global nuevo y eficaz . El objetivo no es sustituir
el esfuerzo de las empresas . El propósito de la Comisión
es más bien aumentar la competitividad de las industrias
marítimas mediante las medidas horizontales ade ­

cuadas :

— mejores condiciones generales ( eliminación de
barreras al comercio ),

— mayor seguridad en el mar ( seguridad en la navega ­

ción, seguridad a bordo, seguridad en el trabajo ),

— elaboración de un plan comunitario integrado para

la investigación y desarrollo marítimos,

— desarrollo de una red de transportes combinados y

ampliación de la infraestructura de transportes,

(!) Doc . SEC(91 ) 629 . ( 2 ) Doc . COM(91 ) 335 final .

N° C 40 / 44 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17 . 2 . 92

— mejor formación y perfeccionamiento de los traba ­

jadores,

— desarrollo de estrategias comunes en materia de

medio ambiente marino,

— condiciones de competencia convergentes entre los

miembros CE .

La realización de las medidas horizontales propuestas
brinda a las empresas del sector marítimo la oportuni ­
dad de mantenerse al tanto de los desarrollos más
recientes y aprovechar plenamente las ventajas del mer ­
cado interno . Para ello se requiere sin embargo una
coordinación más eficiente de la política interna y un
mayor entendimiento entre las empresas de cada sector,
los distintos ramos de la industria, los Estados miem ­
bros de la CE y la Comisión CE . Por ello, la Comisión
CE propone un foro de debate compuesto por represen ­
tantes de las distintas industrias e institutos de investiga ­
ción, las autoridades marítimas y económicas de los
Estados miembros de la CE y la Comisión CE . La
función del foro sería la siguiente :

— definir con más exactitud las tareas del proyecto

global y horizontal,

— identificar sectores y medidas que sirvan para
aumentar la competitividad de las industrias marí ­
timas,

— desarrollar métodos adecuados para la aplicación

de las medidas necesarias .

Dentro de los nueve meses siguientes a la aprobación
de la propuesta el foro presentará un informe a la
Comisión, la cual decidirá qué medidas, concretas es
necesario proponer .

El Comité Económico y Social — que figura entre los
destinatarios de esa Comunicación — emitirá un dicta ­
men separado sobre el sector marítimo de la Comuni ­
dad Europea .

4.4 . La industria textil y de la confección desempeña
un papel importante en el tejido estructural de la Comu ­
nidad, no sólo desde el punto de vista de las ventas, la
producción y el empleo sino también desde el punto de
vista del acervo de experiencia y la creatividad . Este
sector tiene que contar otra vez en los próximos años
con una notable presión de reajuste . Los problemas
planteados — entre otros la integración de los países de
la cuenca mediterránea y la Europa del Este — obligan
a la industria textil y de la confección a un reajuste
estructural acelerado y exigen al mismo tiempo la soli ­
daridad activa de la Comunidad Europea . Y la necesi ­
dad de solidaridad es especialmente grande porque
ambas industrias son de importancia vital para algunas
de las regiones menos desarrolladas de la Comunidad,
sobre todo en Portugal, España y Grecia .

llevado a varios de los países de la CE a concebir o
elaborar sus propios planes de acción ( nacionales ).
Según la Comisión, semejantes actividades conllevan el
peligro de que, a falta de un marco bien delimitado, se
produzcan resultados perjudiciales en el plano comuni ­
tario . Por este motivo, y para subrayar también el peso
que la Comunidad concede a los problemas económicos
y sociales de la industria textil y de la confección, la
Comisión de la CE ha preparado en su Comunicación
« El fortalecimiento de la industria textil y de la confec ­
ción comunitaria » ( J ) un paquete de medidas destinadas
a contribuir a la modernización y el fortalecimiento de
la competitividad de las empresas del sector . A ese
respecto es preciso observar que la consolidación y el
fortalecimiento de la competitividad de las empresas
es un empeño extremadamente difícil incluso en las
regiones en las que la reconversión y la modernización
de la industria tienen un nivel alto .

En opinión de la Comisión de la CE, las medidas que
es necesario adoptar en el plano comunitario deben
reunir dos condiciones : deben hallarse en consonancia
con el marco general de política industrial de la Comu ­
nidad, y tiene que tener en cuenta las peculiaridades de
las regiones de que se trate . Para ello es necesaria
una mezcla de políticas equilibrada, mientras que la
responsabilidad del ajuste estructural sigue quedando
en manos de las empresas . Entre las muchas medidas
comunitarias destinadas a apoyar el proceso de adapta ­
ción de las empresas figuran las siguientes :

— fomento y mejora de las comunicaciones y la infor ­

mación,

— mayor transparencia y coherencia de las ayudas

estatales,

— mejora de la formación y perfeccionamiento de los

trabajadores,

— intensificación de la investigación y el desarrollo,

— acciones en el marco de los fondos estructurales

para las regiones afectadas .

La industria textil y de la confección de la Comunidad
está fuertemente caracterizada por su alto grado de
internacionalización . Por ello, las acciones comunitarias
en materia de política industrial han de tener también
en cuenta la situación en los mercados mundiales . En
primer plano está la necesidad de consolidar el plantea ­
miento de la Comunidad en materia de política indus ­
trial, en el sentido de una política abierta al mundo ;
por otra parte, es preciso establecer un equilibrio entre
derechos y obligaciones en la aplicación de las normas
de competencia y comerciales . En la parte de la Comuni ­
cación de la Comisión dedicada a la política comercial
se hace referencia entre otras cosas a los siguientes

aspectos :

— apertura de los mercados de terceros países,

— fomento de la exportación,

— internacionalización de las estrategias empresa ­

riales,

La Comisión ha observado con creciente atención en — medidas antidumping y antisubvenciones,
los últimos tiempos que los problemas actuales, con
sus posibles repercusiones estructurales y sociales, han H Doc . COM(91 ) 399 final .

17 . 2 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 40 / 45

— cooperacion entre las autoridades aduaneras de la

Comunidad,

— protección de marcas, diseños y modelos,

— aplicación de los instrumentos de política comercial .

Al mismo tiempo, la Comisión de la CE insta a los
Estados miembros de la Comunidad a que garanticen un
procedimiento común y complementario . En cualquier
caso, la Comisión de la CE está firmemente resuelta a
coordinar la aplicación de sus instrumentos y sus medi ­
das políticas con el fin de fomentar de forma duradera
el ajuste estructural de las empresas textiles y de la
confección e impulsar la diversificación económica en
las regiones afectadas .

El Comité Económico y Social se reserva también en
este caso el derecho de emitir un dictamen especial
sobre la Comunicación de la Comisión de la CE .

5 . Observaciones finales

El Comité ha tomado nota con satisfacción de las
conclusiones del Consejo de Ministros sobre el concepto

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1991 .

comunitario de política industrial elaborado por la
Comisión y celebra especialmente que el Consejo
apruebe una política industrial comunitaria que, según
este último, toma en cuenta la complejidad de la situa ­
ción tanto dentro como fuera de la Comunidad y hace
posible un desarrollo equilibrado y una mayor cohesión
económica y social í 1 ).

En opinión del Comité sería consecuente incorporar
al tratado sobre la Unión los objetivos y elementos
importantes de una política industrial comunitaria a fin
de ofrecer a las empresas de los Estados miembros de
la CE — una vez que se den las condiciones adecuadas —
la oportunidad de aprovechar totalmente las ventajas
del mercado interior, de la unión económica y moneta ­
ria y de la política comunitaria de investigación y tecno ­
logía . De modo complementario debería preverse la
coordinación y concertación entre las decisiones toma ­
das a nivel nacional y las correspondientes decisiones
tomadas a nivel comunitario, consultando para ello al
Comité Económico y Social .

(*) Cf . Conclusiones del Consejo del 26 de noviembre de 1990

sobre la política industrial en un entorno abierto y competi ­
tivo, doc . 10159 / 90 ( Comunicación a la prensa 198-G ).

El Presidente

del Comité Económico y Social

Francois STAEDELIN