Source: EURLEX
Language: es
Format: md

*|*

# 52014DC0155

**COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Cuadro de indicadores de la justicia en la UE para 2014 /\* COM/2014/0155 final \*/**

  

1.           Introducción

La
edición de 2014 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE (en lo
sucesivo, «el Cuadro de indicadores») se presenta en un contexto en el que una
serie de Estados miembros está llevando a cabo un proceso de reforma de sus
sistemas judiciales para que sean más efectivos para los ciudadanos y las
empresas. Estas reformas revisten un interés directo para la UE y son seguidas
de cerca por las instituciones europeas y los interesados.

Calidad,
independencia y eficiencia son las principales cualidades de un sistema
judicial efectivo. El buen funcionamiento de los sistemas judiciales es una
importante condición estructural en la que los Estados miembros basan sus
políticas de crecimiento sostenible y estabilidad social. Por estas razones,
desde 2011, las reformas judiciales nacionales son parte integrante de los
componentes estructurales de los Estados miembros sujetos a los programas de
ajuste económico[1].
Desde 2012[2],
la mejora de la calidad, independencia y eficiencia de los sistemas judiciales
también ha sido una prioridad para el Semestre Europeo, el ciclo anual de la UE
de coordinación de las políticas económicas, tal como se señala en el Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014[3].
El Cuadro de indicadores alimenta el proceso del Semestre Europeo al facilitar
datos objetivos sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales.
Ello contribuye a identificar temas que merecen especial atención con vistas a
garantizar la aplicación de las reformas.

El
acceso a un sistema judicial efectivo es un derecho esencial en el que se
fundamentan las democracias europeas y que queda consagrado en las tradiciones
constitucionales comunes a los Estados miembros. Por esta razón, el derecho a
un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional se halla consagrado en la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 47). Siempre
que un órgano jurisdiccional nacional aplica el Derecho de la UE, actúa como
«órgano jurisdiccional de la Unión» y debe proporcionar una tutela judicial
efectiva a todo ciudadano o empresa cuyos derechos garantizados por la
legislación de la UE hayan sido vulnerados. La eficacia de los sistemas judiciales
es, por consiguiente, crucial para la aplicación del Derecho de la UE y para el
refuerzo de la confianza mutua.

¿Qué
es el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE?

El
Cuadro de indicadores de la justicia en la UE es una herramienta de información
destinada a ayudar a la UE y a los Estados miembros a mejorar la eficacia de la
justicia facilitando datos objetivos, fiables y comparables sobre la calidad, la
independencia y la eficacia de los sistemas judiciales en cada Estado miembro.

El
Cuadro de indicadores contribuye a identificar posibles deficiencias, mejoras y
buenas prácticas y tiene como objetivo presentar la evolución del
funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales a lo largo del tiempo. No
presenta una clasificación única, sino una visión general del funcionamiento de
los sistemas judiciales sobre la base de diversos indicadores que son de
interés común para todos los Estados miembros.

El
Cuadro de indicadores no fomenta ningún tipo concreto de sistema judicial. Con
independencia del modelo del sistema judicial nacional o de la tradición
jurídica en que se fundamente, la puntualidad, independencia, asequibilidad y
facilidad de acceso son algunos de los principales parámetros de lo que
constituye un sistema judicial efectivo.

El
Cuadro de indicadores para 2014 se centra en asuntos civiles y mercantiles
contenciosos, así como en asuntos administrativos, con el fin de ayudar a los
Estados miembros en sus esfuerzos por mejorar el entorno empresarial y superar
la crisis financiera y de la deuda soberana. El Cuadro de indicadores es una
herramienta que evoluciona en diálogo con los Estados miembros y el Parlamento
Europeo, con el objetivo de identificar los parámetros esenciales de un sistema
judicial efectivo. El Parlamento Europeo instó a la Comisión a ampliar
progresivamente el alcance del Cuadro de indicadores.

¿Cómo
alimenta el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE el Semestre Europeo?

Los
malos resultados puestos de manifiesto por los indicadores del Cuadro siempre
exigen un análisis más profundo de las razones que los motivan. Esta evaluación
específica para cada país se lleva a cabo en el contexto del proceso del Semestre
Europeo a través del diálogo bilateral con las autoridades competentes y las
partes interesadas. Esta evaluación tiene en cuenta las particularidades del
sistema jurídico y el contexto de los Estados miembros afectados. Puede
conducir finalmente a la Comisión a proponer al Consejo recomendaciones
específicas para cada país en cuanto a la necesidad de mejorar los sistemas
judiciales[4].

¿Qué
metodología sigue el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE?

El
Cuadro de indicadores utiliza diferentes fuentes de
información. La mayoría de los datos cuantitativos son aportados actualmente
por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo
de Europa, con la que la Comisión ha suscrito un contrato para la realización
de un estudio específico[5].
Estos datos corresponden a 2012 y han sido comunicados por los Estados miembros
con arreglo a la metodología de la CEPEJ[6].
El estudio también presenta fichas por países que aportan más contexto y deben
leerse en conjunción con las cifras.

Para
el Cuadro de indicadores para 2014, la Comisión también ha utilizado fuentes de
información adicionales, a saber, Eurostat, Banco Mundial, Foro Económico
Mundial, y las redes judiciales europeas, en particular la Red Europea de
Consejos del Poder Judicial, que respondió a un cuestionario sobre la independencia
del poder judicial. También se han obtenido más datos a través de dos estudios
de campo piloto sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales
nacionales para la aplicación de las normas de Derecho de los consumidores y de
la competencia[7].

La
eficacia de los sistemas judiciales nacionales como componente estructural para
el crecimiento

Unas
instituciones de alta calidad, con unos sistemas judiciales nacionales eficaces
son determinantes para los resultados económicos. En una época de crisis de la
deuda soberana, económica y financiera, desempeñan un papel clave para
restablecer la confianza e impulsar la vuelta al crecimiento. En un entorno
empresarial atractivo, la previsibilidad, la puntualidad y la ejecutoriedad de
las resoluciones judiciales son factores estructurales importantes. Contribuyen
a un clima de confianza y estabilidad a lo largo de todo el ciclo económico al
mantener la confianza para iniciar un negocio, ejecutar un contrato, atraer
inversiones, pagar deudas privadas o proteger la propiedad y otros derechos.

El
impacto de los sistemas judiciales nacionales en la economía ha sido subrayado
por el Fondo Monetario Internacional[8],
el Banco Central Europeo[9],
la OCDE[10],
el Foro Económico Mundial[11]
y el Banco Mundial[12].
La eficacia del sistema judicial incentiva la inversión en un país
determinado[13].
Las investigaciones muestran que existe una correlación positiva entre el
tamaño de la empresa y unos sistemas judiciales eficaces, y menores incentivos
para invertir y emplear en presencia de deficiencias en el funcionamiento de la
justicia[14].
El crecimiento en sectores más innovadores especialmente, los que a menudo se
basan en los activos intangibles como los derechos de propiedad intelectual,
depende de un buen funcionamiento del sistema de aplicación de la ley[15].
Unos sistemas judiciales eficaces también estimular la competencia en el
mercado. Cuando los sistemas judiciales garantizan una buena ejecución de los
contratos, las empresas se ven disuadidas de mantener comportamientos
oportunistas en sus relaciones económicas, y se reducen los costes de
transacción. Por último, la confianza en el buen funcionamiento de los sistemas
facilita el espíritu empresarial. Las deficiencias en los sistemas judiciales se
traducen en un aumento de los costes de los empréstitos[16].
Es más probable que los acreedores presten cuando tienen confianza en que la
eficacia del sistema judicial garantizará que podrán cobrar sus préstamos.

Un
amplio debate sobre la eficacia de los sistemas judiciales

La
presentación de la primera edición del Cuadro de indicadores contribuyó a un
amplio intercambio de puntos de vista sobre la eficacia de los sistemas
judiciales nacionales en la UE. En su Resolución de 4 de febrero de 2014 sobre
el Cuadro de indicadores de Justicia de la UE[17],
el Parlamento Europeo expresó su gran interés en el Cuadro de indicadores e
instó a la Comisión a seguir realizando este ejercicio en el futuro. Destacó la
importancia de garantizar un sistema judicial eficaz e independiente capaz de
contribuir al crecimiento económico en Europa e impulsar la competitividad, y
destacó que un sistema judicial eficaz y fiable proporciona a las empresas
incentivos para el desarrollo y la inversión a nivel nacional y
transfronterizo.

El
Consejo mantuvo un intercambio de puntos de vista sobre los aspectos
relacionados con la justicia del Semestre Europeo de 2014, en particular el Cuadro
de indicadores para 2013, en la reunión informal del Consejo de Justicia e
Interior celebrada en diciembre. En la reunión del Consejo de Justicia e
Interior de marzo de 2014, la Comisión presentó las principales características
del próximo Cuadro de indicadores de la justicia en la UE para 2014. El Consejo
y los Estados miembros adoptaron el 4 de marzo unas conclusiones sobre los
sistemas judiciales civil y mercantil de los Estados miembros[18].

La
eficacia de los sistemas judiciales nacionales y el Cuadro de indicadores para
2013 también se debatieron con motivo de las Assises de la Justice, una
conferencia de alto nivel organizada por la Comisión Europea en Bruselas los
días 21 y 22 de noviembre de 2013, relativa a la elaboración de políticas en el
ámbito de la justicia en Europa para los próximos años[19].
Los representantes del poder judicial (por ejemplo, los tribunales supremos,
los Consejos del poder judicial y los jueces) y de los profesionales (por
ejemplo, abogados y agentes judiciales) expresaron su interés y presentaron
sugerencias para su desarrollo futuro. Algunos Estados miembros contribuyeron al
debate y subrayaron aspectos de la metodología que podrían mejorarse. En esta
ocasión, se publicó una encuesta del Eurobarómetro[20] sobre
«Justicia en la Unión Europea» que puso de relieve, en concreto, que el nivel
de confianza en los sistemas judiciales nacionales varía de forma significativa
entre los Estados miembros.

La
Comisión inició un diálogo sistemático con expertos de los Estados miembros
para promover el intercambio de mejores prácticas sobre la eficacia de los sistemas
judiciales y para desarrollar el Cuadro de indicadores. Se pidió a los Estados
miembros que designasen dos personas de contacto, una de la judicatura y otra
del Ministerio de Justicia. En las dos primeras reuniones de las personas de
contacto se debatió la disponibilidad de datos sobre el funcionamiento de los sistemas
judiciales y las buenas prácticas relativas a la recopilación de datos.

2.           Seguimiento del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE para
2013

Los resultados
del Cuadro de indicadores para 2013 han contribuido, junto con la evaluación
específica de la situación en los Estados miembros, a definir las
recomendaciones específicas para cada país en el ámbito de la justicia. A raíz
de una propuesta de la Comisión, el Consejo dirigió recomendaciones a 10
Estados miembros para mejorar, dependiendo del país en cuestión, la
independencia, la calidad o la eficacia del sistema judicial o reforzar en
mayor medida el poder judicial[21].
De esos 10 Estados miembros, ya en 2012 se detectó que seis se enfrentaban a
retos relacionados con el funcionamiento de su sistema judicial[22].

Estos
Estados miembros están tomando medidas en relación con el funcionamiento del
sistema judicial. Estas medidas van desde medidas operativas, como la
modernización del proceso de gestión ante el órgano jurisdiccional, el uso de
nuevas tecnologías de la información, o el desarrollo de métodos alternativos
de resolución de litigios, hasta medidas de carácter más estructural, como la
reestructuración de la organización de los tribunales o la simplificación de
las normas procesales civiles que pueden llevar a la disminución de la duración
de los procedimientos. La intensidad y el estado de las reformas varían en
función de los Estados miembros. Mientras que en algunos Estados miembros ya se
han adoptado medidas y se están aplicando, en otros Estados miembros, las
medidas se encuentran todavía en las fases iniciales. El Cuadro de indicadores
presenta los datos de 2012 y, por tanto, todavía no puede reflejar los efectos
de las reformas en curso, incluso en el caso de los Estados miembros que ya han
adoptado medidas ambiciosas[23].

Los
resultados del Cuadro de indicadores ayudarán a establecer prioridades para los
Fondos Estructurales de la UE. Experiencias anteriores han demostrado que los
fondos de la UE pueden utilizarse para mejorar la eficacia de los sistemas
judiciales. Por ejemplo, Estonia ha utilizado los fondos estructurales para
desarrollar herramientas de justicia en red y ahora es uno de los países más avanzados
en la utilización de herramientas de TIC para la gestión de los tribunales y
para la comunicación entre los órganos jurisdiccionales y las partes.

La
Comisión identificó la justicia como un ámbito prioritario en 12 Estados
miembros para su financiación en el contexto del marco financiero plurianual
2014-2020[24].
Los Estados miembros están fijando su estrategia sobre el despliegue de los
fondos de la UE para apoyar la Estrategia 2020 de la UE en los llamados
«acuerdos de asociación». Estos acuerdos son una oportunidad para garantizar la
adecuada asignación de fondos a fin de reflejar plenamente la importancia de
hacer más eficaces los sistemas judiciales.

3.           Indicadores del Cuadro de indicadores de la justicia en la ue para
2014

Eficiencia
de los sistemas judiciales

El Cuadro
de indicadores para 2014 mantiene los mismos indicadores relativos a la
eficiencia de los procesos que los utilizados en 2013: duración de los
procedimientos, tasa de resolución y número de asuntos pendientes. Además, el Cuadro
de indicadores para 2014 presenta los resultados de dos estudios piloto[25],
destinados a proporcionar datos más afinados sobre la duración de los
procedimientos judiciales relativos al Derecho de competencia y el Derecho de
los consumidores, expresada en número de días. La eficacia de los sistemas
judiciales en estas dos áreas resulta importante para la economía. Por ejemplo,
el impacto negativo en el bienestar de los consumidores de los carteles
especialmente perniciosos, expresado como porcentaje del producto interior
bruto de la UE, se estima entre el 0,20 % y el 0,55 % del PIB de la
UE en 2011[26].
Del mismo modo, la aplicación del Derecho de los consumidores es igualmente
importante para la economía, dado que el consumo final de los hogares
representa el 56 % del PIB[27].

Calidad
de los sistemas judiciales

Por
lo que se refiere a la calidad de los sistemas judiciales, el Cuadro de
indicadores para 2014 utiliza los mismos indicadores que en 2013. Se centra en
ciertos elementos que pueden contribuir a mejorar la calidad de la justicia
como, por ejemplo, la formación, la supervisión y la evaluación de las actividades
de los tribunales, el presupuesto, los recursos humanos, la disponibilidad de
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los órganos jurisdiccionales
(que facilitan, en particular, la relación entre las partes y los órganos
jurisdiccionales) y la disponibilidad de mecanismos alternativos de resolución
de conflictos, que permiten a las partes encontrar otros métodos para resolver
sus litigios. Además, el Cuadro de indicadores para 2014 proporciona datos más precisos
sobre la formación en Derecho de la UE, la utilización de encuestas de
satisfacción, el presupuesto para los tribunales y el número de jueces.

Independencia
del poder judicial

El Cuadro
de indicadores presenta datos sobre la percepción de la independencia del sistema
judicial según lo previsto por el Foro Económico Mundial (FEM) en su informe anual
sobre la competitividad mundial.

Si
bien la percepción de la independencia es importante, ya que puede influir en
las decisiones de inversión, aun es más importante que la independencia
judicial esté efectivamente protegida en un sistema judicial a través de
garantías jurídicas. Como se anunció en el Cuadro de indicadores para 2013, la
Comisión ha iniciado la cooperación sobre la independencia estructural de la
judicatura con las redes judiciales europeas, en particular la Red Europea de
Consejos del Poder Judicial. El Cuadro de indicadores para 2014 presenta, en un
anexo, una primera visión comparativa general de las garantías jurídicas para
la protección de la independencia estructural del poder judicial en los
ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

4.           Principales constataciones del Cuadro de indicadores de la
justicia en la UE para 2014

4.1 Eficiencia de los sistemas
judiciales

Según
una máxima del Derecho anglosajón, «aplazar la justicia equivale a denegarla».
La puntualidad de las resoluciones es esencial para las empresas y los
inversores. En sus decisiones de inversión, las empresas tienen en cuenta el
riesgo de verse implicadas en litigios comerciales, laborales o tributarios o
en insolvencias. La eficiencia del sistema judicial de un Estado miembro a la
hora de tramitar los pleitos es muy importante. Por ejemplo, la ejecución legal
de un contrato de suministros o de servicios resulta más onerosa cuanto más
largo sea el litigio judicial y, más allá de un determinado período de tiempo,
deja, incluso, de tener sentido, al disminuir la probabilidad de recuperar el
dinero de los pagos y sanciones.

4.1.1
Duración de los procedimientos

La duración del
procedimiento expresa el tiempo necesario (en días) para resolver un asunto
ante un órgano jurisdiccional, es decir, el tiempo que este tarda en emitir un
fallo en primera instancia. El indicador correspondiente al plazo de
tramitación representa el número de asuntos pendientes dividido por el número
de asuntos resueltos al final de un año, multiplicado por 365 días[28].

Excepto en las figuras 4,
11 y 12, todas las cifras se refieren a procedimientos en primera instancia.
Aunque los diferentes procedimientos de recurso pueden tener una gran
incidencia en la duración de los procedimientos, la eficiencia de un sistema
judicial ya debería reflejarse en primera instancia, dado que la primera instancia
es un paso obligatorio para toda persona que acuda a los tribunales.

Gráfico 1: Tiempo necesario para resolver asuntos civiles,
mercantiles, administrativos y otros\* (1ª instancia/en días) (fuente:
estudio de la CEPEJ[29])

\*
De acuerdo con la metodología de la CEPEJ, esta cifra incluye todos los asuntos
civiles y mercantiles contenciosos y no contenciosos, los relativos a la
ejecución de actos, al registro de propiedad, asuntos de Derecho administrativo
(contenciosos y no contenciosos) y otros asuntos no penales.

Gráfico 2: Tiempo
necesario para resolver asuntos civiles y mercantiles contenciosos\* (1ª
instancia/en días) (fuente: estudio de la CEPEJ)

\* Los
asuntos contenciosos civiles (y mercantiles) se refieren a litigios entre
partes, por ejemplo en relación con contratos y procedimientos de insolvencia,
según la metodología de la CEPEJ. Por el contrario, los asuntos civiles (y
mercantiles) no contenciosos se refieren a procedimientos de jurisdicción
voluntaria, por ejemplo, órdenes de pago no impugnadas. En algunos países, los
asuntos mercantiles son competencia de los tribunales mercantiles especiales, en
tanto que en otros los tramitan los tribunales (civiles) ordinarios.

Gráfico
3: Tiempo necesario para resolver asuntos administrativos\* (1ª instancia/en
días) (fuente: estudio de la CEPEJ)

\*
Los asuntos de
Derecho administrativo se refieren a litigios entre los ciudadanos y las
autoridades locales, regionales o nacionales, según la metodología de la CEPEJ. En algunos países, estos asuntos son competencia
de los tribunales administrativos especiales, en tanto que en otros los
tramitan los tribunales (civiles) ordinarios.

Gráfico
4: Tiempo necesario para resolver asuntos de insolvencia\* (en años)
(fuente: estudio de la CEPEJ/Banco Mundial: Doing Business)

\*
Tiempo necesario para que los acreedores recuperen sus créditos. El período de
tiempo se mide desde el impago de la empresa hasta el pago de una parte o la
totalidad de la deuda frente al banco. Se toman en consideración las posibles
tácticas dilatorias de las partes, como la interposición de recursos dilatorios
o las solicitudes de prórroga. Los datos se han recopilado a partir de las
respuestas a un cuestionario presentadas por profesionales locales del ámbito
concursal y se han sometido a verificación a través de un estudio de las
disposiciones legales y reglamentarias, así como de la información pública,
sobre los sistemas concursales.

4.1.2 Tasa de
resolución

La tasa de resolución es la
relación entre el número de asuntos resueltos y el número de asuntos
ingresados. Permite valorar si un órgano jurisdiccional consigue ajustarse al
ritmo de la carga de trabajo entrante. La duración de los procedimientos está
ligada al ritmo al que los órganos jurisdiccionales pueden resolver los
asuntos, la «tasa de resolución», y al número de casos que todavía están a la
espera de ser resueltos (asuntos pendientes). Cuando la tasa de resolución es
prácticamente del 100 % o superior, ello significa que los sistemas
judiciales pueden resolver, como mínimo, tantos asuntos como ingresan. Cuando
la tasa de resolución está por debajo del 100 %, ello significa que los
órganos jurisdiccionales resuelven menos casos de los que ingresan, por lo que,
al final del año, se acumulan casos sin resolver, que constituyen los asuntos
pendientes. Si esta situación persiste durante varios años, puede ser indicio
de un problema más sistémico, ya que los atrasos se acumulan, agravando aún más
la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y provocando un aumento
adicional de la duración de los procedimientos.

Gráfico
5: Tasa de resolución de asuntos civiles, mercantiles, administrativos y
otros (1ª instancia/en % – los valores superiores al 100 % indican que
se resuelven más casos de los que ingresan, mientras que los valores inferiores
al 100 % indican que se resuelven menos casos de los que ingresan)
(fuente: estudio de la CEPEJ)

Gráfico
6: Tasa de resolución de asuntos contenciosos civiles y mercantiles (1ª
instancia/en %) (fuente: estudio de la CEPEJ)

Gráfico
7: Tasa de resolución de asuntos administrativos (1ª instancia/en %) (fuente:
estudio de la CEPEJ)

4.1.3 Asuntos
pendientes

El número de asuntos
pendientes expresa el número de asuntos que aún deben tramitarse al final del
período correspondiente. El número de asuntos pendientes influye en el plazo de
tramitación. Por consiguiente, con el fin de mejorar la duración de los
procedimientos, es preciso adoptar medidas para reducir el número de asuntos
pendientes.

Gráfico
8: Número de asuntos civiles,
mercantiles, administrativos y otros pendientes (1ª instancia/por cada 100
habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ)

Gráfico 9: Número
de asuntos contenciosos civiles y mercantiles pendientes (1ª
instancia/por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ)

Gráfico
10: Número de asuntos administrativos pendientes (1ª instancia/por cada
100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ)

4.1.4. Resultados
de los estudios de campo piloto

Los resultados de los
estudios de campo piloto relativos a la duración de los procedimientos en el
ámbito del Derecho de la competencia y el Derecho de los consumidores muestran
el número medio de días que se tarda en tener una decisión sobre el fondo en asuntos
referentes a estos dos ámbitos específicos. La duración media en días se
presenta para los asuntos en primera, segunda y tercera instancia (si procede),
cuando tal información está disponible. Habida cuenta de las divergencias en la
manera en que se presentan los datos para estos casos, los Estados miembros están
ordenados alfabéticamente en sus lenguas originales.

La duración media para
resolver recursos en asuntos de competencia parece ser, en general, más alta
que la duración media en asuntos civiles, mercantiles, administrativos y otros
en el Gráfico 1. Esto podría deberse a la complejidad de este tipo de litigios
especializados. El gráfico que figura a continuación muestra también que en
varios Estados miembros pueden observarse diferencias significativas en cuanto
a la duración entre la primera, segunda (y en su caso) tercera instancia
judicial.

Gráfico
11: Tiempo medio necesario para resolver recursos contra decisiones de las
autoridades nacionales de competencia en aplicación de los artículos 101 y
102 TFUE\* (en días) (fuente: estudio de campo piloto[30])

\* El
cálculo de la duración se ha realizado sobre la base de un estudio que
pretendía identificar todos los recursos contra las decisiones de las
autoridades nacionales de competencia en aplicación de los artículos 101 y
102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respecto de los cuales
las decisiones judiciales sobre el fondo se dictaron entre 2008 y 2013. Las
cifras se facilitan para la 1ª y 2ª instancia y, en su caso, para la 3ª instancia.

Gráfico 12: Tiempo
medio necesario para resolver asuntos de Derecho de los consumidores\*
(en días) (fuente: estudio de campo piloto[31])

Si bien la duración media
parece ser superior a la de los asuntos civiles y mercantiles contenciosos presentada
en el Gráfico 2, debe tenerse en cuenta que la duración se ha calculado sobre
la base de los asuntos de litigios de consumidores publicados, que tienden a
ser más complejos. El gráfico también confirma que una serie de Estados
miembros presentan importantes diferencias en la duración media entre la
primera, segunda y tercera instancia en los litigios de consumo.

\*El
cálculo de la duración se ha realizado a partir de muestras de asuntos
relativos a la aplicación de la Directiva sobre cláusulas contractuales
abusivas, la Directiva de ventas a distancia, la Directiva sobre venta de bienes
de consumo y garantía, la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales y
las disposiciones nacionales de aplicación, en los que se dictaron resoluciones
entre 2008 y 2013. Dado que el tamaño de la muestra varía en función de la
disponibilidad de las decisiones, publicadas, las cifras facilitadas deben
apreciarse con cautela[32].

Ø Conclusiones sobre la eficacia de los sistemas judiciales · El Cuadro de indicadores muestra que hay Estados miembros que siguen afrontando considerables retos en relación con la eficiencia de sus sistemas judiciales, por ejemplo, largos procedimientos en primera instancia junto con bajas tasas de resolución o un gran número de asuntos pendientes. Estos Estados miembros ya han sido identificados en el Semestre Europeo de 2013 y los programas de ajuste económico y se encuentran en vías de definir, adoptar o aplicar medidas para mejorar el funcionamiento de sus sistemas judiciales. Las cifras confirman la importancia de emprender todas las reformas necesarias y proseguir estos esfuerzos con determinación. · Para unos pocos Estados miembros, las cifras indican un aumento de la duración de los procedimientos. Las razones que explican esto pueden diferir. Por ejemplo, para los países especialmente afectados por la crisis de la deuda soberana, económica y financiera, el aumento de los asuntos ingresados ha tenido un impacto en el funcionamiento del sistema judicial[33]. · Los efectos de las ambiciosas reformas que se han adoptado recientemente en algunos Estados miembros todavía no pueden reflejarse, ya que los datos son de 2012. La aplicación y la recogida de beneficios de las reformas estructurales de la justicia, en particular en el caso de los países sujetos a programas de ajuste económico[34], lleva tiempo. Como el Cuadro de indicadores es un ejercicio periódico, el resultado de estas reformas podrían hacerse patente en los futuros Cuadros de indicadores.

4.2. Calidad de los sistemas judiciales

Una
justicia efectiva requiere calidad a lo largo de toda la cadena de la justicia.
La insuficiente calidad de las resoluciones judiciales puede incrementar los
riesgos de la actividad para las grandes empresas y las PYME y afectar a las
decisiones de los consumidores. Determinados indicadores de recursos, como la
formación, la supervisión y la evaluación de las actividades, la disponibilidad
de sistemas de TIC y métodos alternativos de resolución de conflictos, y
recursos presupuestarios y humanos, pueden contribuir a mejorar la calidad de
los sistemas judiciales.

4.2.1
Seguimiento y evaluación contribuir a acortar la duración de los procedimientos

La
definición de unas políticas de calidad y la evaluación de las actividades de
los órganos jurisdiccionales son herramientas que permiten aumentar la calidad
de la justicia, a fin de mejorar el acceso a la misma, la confianza en ella, y
la previsibilidad y puntualidad de las resoluciones judiciales. Estos
instrumentos pueden consistir en un seguimiento de la actividad cotidiana de
los tribunales gracias a la recopilación de datos o la evaluación del rendimiento
de los sistemas judiciales mediante el uso de indicadores o la introducción de
sistemas de calidad en los tribunales. La ausencia de un seguimiento y una
evaluación fiables puede dificultar la mejora del funcionamiento de un sistema
judicial. Con vistas a una gestión temporal eficaz de los asuntos judiciales es
necesario que los órganos jurisdiccionales, el poder judicial y todos los
usuarios de la justicia puedan estar informados sobre el funcionamiento de los
juzgados y tribunales mediante un sistema de seguimiento periódico.

Los
datos de los gráficos de barras correspondientes a factores de calidad son de
2012, y reflejan indicadores de carácter descriptivo que tienden a permanecer
estables. Las divergencias frente a ejercicios anteriores para determinados
Estados miembros se explican de forma individual. Los Estados miembros que
figuran a la derecha de los gráficos sin valor numérico son aquellos con
respecto a los cuales no se ha podido disponer de datos. Cuando los indicadores
no existen o no son posibles en algunos Estados miembros, ello se ha registrado
en el lado derecho de los gráficos.

Gráfico
13: Existencia de un seguimiento de las actividades de los órganos
jurisdiccionales en 2012\* (fuente: estudio de la CEPEJ)

\*Se
ha registrado un aumento de la disponibilidad de herramientas de seguimiento en
CY, EL (informes anuales de actividad) y SI (otros elementos de seguimiento) y
una disminución en SK (ausencia de informe anual de actividad, ya que los
distintos tribunales están obligados a enviar datos estadísticos al Ministerio
de Justicia que publica los datos de todo el sistema judicial).

Gráfico 14: Existencia de una evaluación
de las actividades de los órganos jurisdiccionales\* (fuente: estudio de la
CEPEJ)  \*La
disponibilidad de estos instrumentos ha aumentado en EE, HU y SI y ha disminuido
en LV.

Gráfico
15: Encuestas realizadas a usuarios de los juzgados y tribunales o
profesionales del Derecho en 2012\* (fuente: estudio de la CEPEJ)

Las encuestas realizadas
entre los profesionales que trabajan en los tribunales o los usuarios de los
juzgados y tribunales pueden proporcionar información pertinente sobre la
calidad del sistema judicial. Se ha introducido un indicador suplementario para
reflejar los grupos destinatarios y en qué medida estas encuestas se utilizan
en los Estados miembros.

\*Encuestas
dirigidas a personas que estuvieron en contacto directo con un juzgado o
tribunal (profesionales, litigantes y otros usuarios, por ejemplo testigos, peritos,
intérpretes, etc.) siguiendo la metodología de la CEPEJ.

4.2.2
Los sistemas tecnológicos de información y comunicación ayudan a reducir la
duración de los procedimientos y a facilitar el acceso a la justicia

Los
sistemas TIC para el registro y la gestión de los asuntos son instrumentos
imprescindibles a disposición de los órganos jurisdiccionales para una gestión
temporal eficaz de los asuntos, ya que ayudan a mejorar la rapidez con que
dichos órganos los tramitan y, por tanto, a reducir la duración total de los
procedimientos[35].

Gráfico
16: Sistemas TIC para el registro y la gestión de asuntos (indicador ponderado-mín=0,
máx=4) [36]
(fuente: estudio de la CEPEJ)

Gráfico
17: Comunicación electrónica entre órganos jurisdiccionales y partes (indicador
ponderado–mín= 0, máx=4) (fuente: estudio de la CEPEJ)

Los
sistemas TIC para la comunicación entre los órganos jurisdiccionales y las
partes (por ejemplo, presentación de demandas por vía electrónica) pueden
contribuir a reducir los retrasos y los costes para los ciudadanos y las
empresas, al facilitar el acceso a la justicia. Los sistemas TIC también
desempeñan un papel cada vez más importante en la cooperación transfronteriza
entre autoridades judiciales, facilitando de este modo la aplicación de la
legislación de la UE.

Gráfico
18: Tramitación electrónica de las demandas de escasa cuantía\* (0 = disponible
en el 0 % de los órganos jurisdiccionales; 4 = disponible en el 100 %
de los órganos jurisdiccionales) (fuente: estudio de la CEPEJ)

\*El concepto de «demanda de
escasa cuantía» hace referencia a los asuntos civiles en los que el valor
monetario de la demanda es relativamente bajo. Este concepto varía en función
de los Estados miembros, y el estudio de la CEPEJ utiliza la definición
nacional en cada Estado miembro.

Gráfico
19: Tramitación electrónica del cobro de deudas no impugnadas (0 = disponible
en el 0 % de los órganos jurisdiccionales; 4 = disponible en el 100 %
de los órganos jurisdiccionales) (fuente: estudio de la CEPEJ)

Gráfico 20: Presentación
de demandas por vía electrónica (0 = disponible en el 0 % de los órganos
jurisdiccionales; 4 = disponible en el 100 % de los órganos
jurisdiccionales) (fuente: estudio de la CEPEJ)

4.2.3 Los métodos de resolución
alternativa de litigios ayudan a reducir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales

Una
mediación eficaz y otros métodos de resolución alternativa de litigios aumentan
las posibilidades de que los ciudadanos y las empresas resuelvan litigios, y contribuyen
a una cultura de resolución pacífica de conflictos. El interés por estos
métodos se ve confirmado por una encuesta de Eurobarómetro, que muestra que el
89 % de los encuestados buscaría un acuerdo extrajudicial, mientras que el
8 % afirma que acudiría a los tribunales en cualquier caso[37]. Los
métodos de resolución alternativa de litigios también contribuyen a mejorar el
funcionamiento de los tribunales. Hacen posible un rápido arreglo entre las
partes sobre una base voluntaria, reducen el número de asuntos pendientes y
pueden tener una importante incidencia positiva en la carga de trabajo de los
órganos jurisdiccionales, lo que, a su vez, permite a estos atenerse más a
plazos razonables.

Gráfico
21: Disponibilidad de métodos de resolución alternativa de litigios en 2012\* (fuente:
estudio de la CEPEJ)

\*Apenas se han notificado cambios
en la disponibilidad de métodos de resolución alternativa de litigios que
parecían aumentar en CY y disminuir en LV, esto es, en las primeras fases del
establecimiento de una nueva base jurídica para la mediación y un instituto de
mediación.

4.2.4 Promover la formación de
los jueces puede contribuir a mejorar la efectividad de la justicia

La
formación de los jueces es un elemento importante para la calidad de las
decisiones judiciales. Se ha introducido un indicador suplementario para
suministrar información sobre el porcentaje real de jueces que participan en la
formación continua sobre el Derecho de la UE o el Derecho de otro Estado
miembro.

Gráfico
22: Formación obligatoria de los jueces en 2012\* (fuente: estudio de la CEPEJ)

\*EL,
HU y LT han aumentado el número de categorías de formación obligatoria en
comparación con 2010, mientras que en LU, SE y RO algunas categorías que eran
obligatorias han pasado a ser optativas.

Gráfico
23: Jueces que participan en actividades de formación continua sobre Derecho de
la UE o Derecho de otro Estado miembro (% del número total de jueces)\* (fuente:
Comisión Europea, Red Europea de Formación Judicial, 2012[38])

\*En
un reducido número de casos comunicados por los Estados miembros, la proporción
de participantes en relación a los miembros de una profesión jurídica es
superior al 100 %, lo que significa que los participantes realizaron más
de una actividad de formación sobre el Derecho de la UE. Algunas de las cifras
excepcionalmente elevadas pueden indicar que los datos presentados se refieren
a la formación en todas las materias y no solo en el Derecho de la UE.

4.2.5 Recursos

Gráfico
24: Presupuesto de los órganos jurisdiccionales\* (en EUR por habitante)
(fuente: estudio de la CEPEJ)

\*El
Gráfico 24 indica el presupuesto anual aprobado asignado al funcionamiento de
todos los órganos jurisdiccionales, cualquiera que sea la fuente y el nivel de
este presupuesto (nacional o regional). No tiene en cuenta el Ministerio Fiscal
[excepto en BE, DE, EL, ES (para 2010), FR, LU y AT] ni la asistencia jurídica
gratuita [excepto en BE, ES (para 2010) y AT].[39]

Gráfico
25: Gasto total de las administraciones públicas en «tribunales de justicia»\*
(en EUR por habitante) (fuente: Eurostat)

Este indicador adicional
sobre los recursos se basa en los datos de Eurostat sobre el gasto de las
administraciones públicas. Presenta el presupuesto realmente gastado, que
complementa el indicador sobre el presupuesto asignado a los tribunales. La
comparación se hace entre 2010, 2011 y 2012.

\*Mientras
que el Gráfico 24 indica el presupuesto anual aprobado asignado al
funcionamiento de todos los tribunales, cualquiera que sea la fuente y el nivel
de este presupuesto (nacional o regional), el Gráfico 25 presenta el gasto
total (real) de las administraciones públicas en los tribunales (datos de las
cuentas nacionales, clasificación de las funciones de las administraciones
públicas, grupo 03.3). El Gráfico 25 también incluye los sistemas de libertad
condicional y la asistencia jurídica gratuita[40].

Gráfico 26: Gasto de las
administraciones públicas en «tribunales de justicia» en porcentaje del PIB
(fuente: Eurostat)[41]

Gráfico
27: Número de jueces\* (por cada 100 000 habitantes) (fuente: estudio de la
CEPEJ)

Con
el fin de mejorar la comparabilidad y facilitar una visión más específica, el
indicador se ha revisado en comparación con el Cuadro de indicadores para 2013.
Ya no incluye los Rechtspfleger/secretarios judiciales que solo existen
en algunos Estados miembros. Solo se tienen en cuenta los jueces que trabajan a
tiempo completo.

\*La categoría
está compuesta por jueces que trabajan a tiempo completo, siguiendo la
metodología de la CEPEJ. No incluye los Rechtspfleger/secretarios judiciales
que existen en algunos Estados miembros.

Gráfico
28: Número de abogados\* (por cada 100 000 habitantes) (fuente: estudio de la
CEPEJ)

\*El
abogado es una persona cualificada y autorizada con arreglo a la legislación
nacional para defender a sus clientes y actuar en su nombre, ejercer la
profesión jurídica, intervenir ante los órganos jurisdiccionales, y aconsejar y
representar a sus clientes en asuntos jurídicos (Recomendación Rec. (2000)21
del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre la libertad de ejercicio
de la profesión de abogado).

Ø Conclusiones sobre la calidad de los sistemas judiciales · El seguimiento y la evaluación de las actividades judiciales ya existen en la mayoría de los Estados miembros. Solo unos pocos países no disponen de sistemas de evaluación. Las encuestas a los usuarios se realizan entre los usuarios de los tribunales o los profesionales del Derecho en más de la mitad de los Estados miembros. · Los métodos alternativos de resolución de litigios están disponibles en casi todos los Estados miembros. No se dispone de datos actualizados sobre el uso de dichos métodos. · La disponibilidad de herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los tribunales ha aumentado. Están en gran medida disponibles para la administración y gestión de los tribunales y, en menor medida, para las comunicaciones electrónicas entre los tribunales y las partes. La tramitación electrónica de las demandas de escasa cuantía, la tramitación electrónica del cobro de deudas no impugnadas y la presentación de demandas por vía electrónica no es posible en un número significativo de Estados miembros. · En casi un tercio de los Estados miembros, la tasa de participación de los jueces en actividades de formación continua sobre el Derecho de la UE se sitúa por encima del 50 %. En la mitad de los Estados miembros, la participación de los jueces en la formación sobre el Derecho de la UE representa menos del 20 %. · La formación de jueces y otros profesionales de la justicia y las herramientas de las TIC son cruciales para el buen funcionamiento de un espacio europeo de justicia basado en la confianza mutua. Los resultados del Cuadro de indicadores confirman que la formación y las TIC deberían ser componentes clave de la futura política de la UE en materia de justicia y ayudarán a consolidar los logros alcanzados durante los últimos 15 años en este ámbito.

4.3 Independencia

La
independencia judicial es importante para un marco empresarial atractivo. Garantiza
la previsibilidad, seguridad, equidad y estabilidad del sistema jurídico en el
que operan las empresas. Por esta razón, la mejora de la independencia de los
sistemas judiciales nacionales, junto con su calidad y eficiencia, es un
elemento importante en el Semestre Europeo. La independencia del poder judicial
es también un requisito que se deriva del derecho a la tutela judicial efectiva
consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La independencia
judicial es también importante para una lucha efectiva contra la corrupción,
como se puso de relieve en el Informe anticorrupción de la UE[42].

Con
el fin de facilitar información sobre la independencia del poder judicial en
los Estados miembros, el Cuadro de indicadores para 2013 utilizó el indicador
de la percepción de la independencia del sistema judicial. La percepción
de la independencia
del sistema judicial es un factor que potencia el crecimiento, al igual que la
percepción de falta de independencia puede disuadir las inversiones. Por regla
general, no solo debe hacerse justicia, también ha de verse que se hace
justicia.

Mientras
que la percepción de la independencia es un indicador pertinente, la
información sobre cómo la independencia judicial se garantiza jurídicamente y se
defiende es necesaria. Por esta razón, el Cuadro de indicadores para 2013
anunció que la Comisión, con las redes de jueces y autoridades judiciales,
estudiará cómo pueden mejorarse la calidad y disponibilidad de datos
comparables sobre independencia estructural.

En
cooperación con la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (ENCJ), la
Comisión ha empezado a recoger información sobre la protección jurídica de la
independencia judicial en los Estados miembros. Las cifras que figuran en el
anexo presentan un primer panorama comparativo sobre la forma en que están
organizados los sistemas judiciales para proteger la independencia judicial en
determinados tipos de situaciones en las que puede estar en peligro su
independencia. Se utilizan cinco indicadores para cubrir las
situaciones siguientes: i) salvaguardias relativas a la transferencia de
jueces sin su consentimiento, ii) destitución de jueces, iii) asignación
de los asuntos ingresados en un tribunal, iv) retirada y recusación de jueces,
y v) amenaza contra la independencia de un juez. Para tales situaciones,
la Recomendación del Consejo de Europa de 2010 sobre los jueces: independencia,
eficiencia y responsabilidad («la Recomendación») presenta una serie de normas
que garantizan el respeto de la independencia de la judicatura[43].

Gráfico 29: Percepción de la independencia judicial (percepción
– cuanto más elevado es el valor, más fuerte es la percepción) (fuente: Foro Económico Mundial[44])

Ø Conclusiones sobre la independencia judicial · En varios Estados miembros, la percepción de independencia ha mejorado, mientras que en algunos Estados miembros se ha deteriorado. · El Cuadro de indicadores para 2014 también presenta en el anexo un primer panorama comparativo de las garantías jurídicas destinadas a proteger la independencia judicial en determinadas situaciones en las que podría correr peligro. La Comisión examinará más detenidamente con las redes de autoridades judiciales y jueces, así como con los Estados miembros, de que manera podría el Cuadro de indicadores desarrollar más datos comparativos sobre la eficacia de estas garantías jurídicas y sobre otras salvaguardias relativas a la independencia estructural.

5.           Otras medidas

Las conclusiones del Cuadro
de indicadores se tendrán en cuenta al preparar el próximo análisis específico
por país en el marco del Semestre Europeo de 2014. También se tomarán en
consideración en el contexto de los programas de ajuste económico.

El Cuadro
de indicadores para 2014 confirma que la recopilación de datos objetivos,
comparables y fiables sobre la eficacia de los sistemas judiciales que abarque
a todos los Estados miembros sigue siendo un reto. Esto puede deberse a
diversas razones: falta de disponibilidad de datos debido a la insuficiencia de
la capacidad estadística, falta de comparabilidad debido a procedimientos o
definiciones que puede variar considerablemente, o falta de voluntad de cooperar
plenamente con la CEPEJ.

La
Comisión considera que es importante progresar realmente en la capacidad de
recoger y proporcionar datos pertinentes sobre la calidad, eficiencia e
independencia de los sistemas judiciales. En vista de la importancia del correcto
funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales para la consecución de los
objetivos de la Unión, todos los Estados miembros deben, con carácter
prioritario, tomar medidas de cara a la recopilación de datos imparciales,
fiables, objetivos y comparables y a su puesta a disposición en apoyo de este
ejercicio. Desarrollar la recogida de tales datos beneficiará mutuamente a los
Estados miembros y a las autoridades judiciales nacionales con vistas a definir
mejor las políticas de justicia.

La
Comisión tiene la intención de profundizar en los trabajos del grupo de
expertos sobre los sistemas judiciales nacionales para mejorar la
disponibilidad, calidad y comparabilidad de datos pertinentes para la UE.
Además de cooperar con la CEPEJ, la Comisión está reforzando su cooperación con
las redes europeas en el ámbito de la justicia, en particular, la Red Europea
de Consejos del Poder Judicial y la Red de Presidentes de Tribunales Supremos
de la Unión Europea, la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos
Administrativos de la Unión Europea, y con las asociaciones de profesionales de
la justicia, en particular los abogados. Se
explorará la posibilidad de recoger datos sobre el funcionamiento de los sistemas
judiciales en otras áreas concretas pertinentes para el crecimiento, como los
delitos financieros y económicos.

6.           Conclusiones

El Cuadro
de indicadores de la justicia en la UE contribuye a identificar, en un diálogo
abierto con los Estados miembros, los buenos ejemplos y las posibles deficiencias
de los sistemas judiciales nacionales. De acuerdo con el principio de igualdad
de trato, es importante que todos los Estados miembros estén cubiertos por el Cuadro
y faciliten los datos necesarios. Se trata de una cuestión de interés común
para el buen funcionamiento de un espacio europeo común de justicia basado en
la confianza mutua y, de manera más general, de la Unión.

El Cuadro
de indicadores de la justicia en la UE para 2014 muestra la importancia de
proseguir con determinación los esfuerzos realizados para mejorar la eficacia
de los sistemas judiciales a fin de aprovechar plenamente los beneficios de estas
reformas. Sobre la base de este Cuadro de indicadores, la Comisión invita a los
Estados miembros, al Parlamento Europeo y a todas las partes interesadas a
mantener un diálogo abierto y una colaboración constructiva hacia la
consecución de este objetivo.

ANEXO:
INDEPENDENCIA JUDICIAL ESTRUCTURAL

Las
cifras que figuran a continuación reflejan un primer panorama de las
salvaguardias legales en determinados tipos de situaciones sin hacer una
evaluación de su eficacia[45].
Las cifras se basan en las respuestas a un cuestionario elaborado por la
Comisión en estrecha asociación con la ENCJ[46].

Gráfico
I: Salvaguardias relativas a la transferencia de jueces sin su consentimiento
(inamovilidad de los jueces)

El
gráfico examina la situación de las transferencias de jueces sin su
consentimiento y muestra si tal transferencia está permitida y cuando lo está:
i) las autoridades que deciden sobre las transferencias, ii) las razones (por
ejemplo, organizativa, disciplinaria) por las que se permite una transferencia,
y iii) si es posible recurrir la decisión[47].

Gráfico
II: Destitución de jueces de 1ª y 2ª instancia

Este
gráfico presenta las autoridades que tienen la facultad de proponer y decidir
la destitución de los jueces de primera y de segunda instancia en los distintos
Estados miembros[48].
La parte superior de la columna indica quién toma la decisión final[49] y la
parte inferior muestra -si procede- quien propone la destitución o quién debe
ser consultado antes de tomar una decisión.

Gráfico
III: Asignación de asuntos en un órgano jurisdiccional

El
gráfico presenta en qué nivel se definen los criterios de distribución de asuntos
en un tribunal (por ejemplo, legislación, prácticas consolidadas), cómo se
asignan los asuntos (por ejemplo, por el presidente del tribunal, por el
personal del tribunal, atribución aleatoria, orden predefinido) y qué autoridad
se encarga de supervisar la asignación[50].

Gráfico
IV: Retirada y recusación de un juez

El
gráfico presenta si los jueces pueden ser objeto de sanciones en caso de
incumplimiento de la obligación de retirarse de la asignación de un asunto en el
que su imparcialidad quede en entredicho o se vea comprometida o cuando exista
una percepción razonable de parcialidad. El gráfico también presenta la
autoridad[51]
que decide sobre una solicitud de recusación de una partes para impugnar a un
juez[52].

Gráfico
V: Procedimientos en caso de amenaza contra la independencia de un juez

El
gráfico presenta qué autoridades pueden actuar en procedimientos específicos
para proteger la independencia judicial cuando los jueces consideran que su
independencia está amenazada[53].
Asimismo, presenta las medidas que pueden adoptar estas autoridades (por
ejemplo, emisión de una declaración formal, presentación de denuncias o
sanciones contra las personas que pretendan influir en los jueces
indebidamente). Las medidas adoptadas para la protección de la independencia
judicial proceden del Ministerio Fiscal o de un tribunal en caso de sanciones,
o del Consejo del Poder Judicial en caso de otras medidas.

[1]     En 2014, los programas de ajuste económico de Grecia,
Portugal y Chipre incluyen condiciones sobre reformas judiciales.

[2]     Comunicación de la Comisión, Estudio Prospectivo Anual sobre
el Crecimiento para 2013, COM(2012) 750 final.

[3]     Comunicación de la Comisión, Estudio Prospectivo Anual sobre
el Crecimiento para 2014, COM(2013) 800 final.

[4]     Las razones de las recomendaciones específicas por país se
presentan en un documento de trabajo de la Comisión, que puede consultarse en:

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/index\_en.htm.

[5]     Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index\_en.htm.

[6]     No todos los Estados miembros han facilitado datos a la
CEPEJ.

[7]     Estudio sobre el funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales nacionales para la aplicación de las normas del Derecho de la
competencia, realizado por ICF GHK, 2014; Estudio sobre el funcionamiento de
los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de las normas del
Derecho de los consumidores, realizado por el Centre for Strategy and
Evaluation Services LPP, 2014. Disponible en:

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index\_en.htm

[8]     FMI, «Fostering Growth in Europe Now», 18 de junio de 2012.

[9]     Disponible en: http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130516.en.html.

[10]    Véase, por ejemplo, «What makes civil justice effective?», Economics
Department Policy Notes, OCDE, nº 18 de junio de 2013 y «The Economics
of Civil Justice: New Cross-Country Data and Empirics», OCDE, Economics
Department Working Paper, nº 1060.

[11]    Foro Económico Mundial, «Informe de
competitividad mundial; 2013-2014», disponible en:

http://www3.weforum.org/docs/WEF\_GlobalCompetitivenessReport\_2013-14.pdf.

[12]    Disponible en: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Chapters/DB14-Enforcing-contracts.pdf

[13]    Véase el informe por país del FMI nº 13/299.

[14]    Véase el documento de trabajo nº 1303 del Banco de España,
el documento de trabajo nº 898 del Banco de Italia, el informe por país
del FMI nº 13/299 mencionado anteriormente.

[15]    Departamento de Economía de la OCDE mencionado anteriormente.

[16]    Véase el informe por país del FMI nº 13/299.

[17]    Resolución «Cuadro de indicadores de la justicia en la UE -
derecho civil y administrativo en los Estados miembros».

[18]    Por lo que se refiere al Comité de las Regiones, el Presidente
de la Comisión encargada de la Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales
y Exteriores (CIVEX) transmitió una serie de observaciones destacando la
importancia de una justicia efectiva y el crecimiento a escala local y
regional.

[19]    La información sobre la conferencia, discursos y
contribuciones escritas puede consultarse en:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index\_en.htm.

[20]    Encuesta «Flash» de Eurobarómetro nº 385 sobre la justicia en
la UE, disponible en:

http://ec.europa.eu/public\_opinion/archives/flash\_arch\_390\_375\_en.htm#385

[21]    Recomendación del Consejo (2013/C
217/03), de 9 de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de Reformas de
2013 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el
Programa de Convergencia de Bulgaria para 2012-2016 (véase el párrafo 5);
Recomendación del Consejo (2013/C 217/20), de 9 de julio de 2013, relativa al
Programa Nacional de Reformas de 2013 de España y por la que se emite un
dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2016
(véase el párrafo 9); Recomendación del Consejo (2013/C 217/10), de 9 de julio
de 2013, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Hungría y
por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia
de Hungría para 2012-2016 (véase el párrafo 5); Recomendación del Consejo
(2013/C 217/11), de 9 de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2013 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el Programa de Estabilidad de Italia para 2012-2017 (véase el párrafo 2);
Recomendación del Consejo (2013/C 217/12), de 9 de julio de 2013 relativa al
Programa Nacional de Reformas de 2013 de Letonia y por la que se emite
un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Letonia para
2012-2016 (véase el párrafo 7); Recomendación del Consejo (2013/C 217/15), de 9
de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Malta
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de Malta para 2012-2016 (véase el párrafo 5); Recomendación del Consejo (2013/C
217/16), de 9 de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de Reformas de
2013 de Polonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el
Programa de Convergencia de Polonia para 2012-2016 (véase el párrafo 7);
Recomendación del Consejo (2013/C 217/17), de 9 de julio de 2013 relativa al
Programa Nacional de Reformas de 2013 de Rumanía y por la que se emite
un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Rumanía para
2012-2016 (véase el párrafo 7); Recomendación del Consejo (2013/C 217/19), de 9
de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Eslovenia
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de Eslovenia para 2012-2016 (véase el párrafo 7); Recomendación del Consejo
(2013/C 217/18), de 9 de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2013 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del
Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Eslovaquia para 2012-2016 (véase el
párrafo 6). Disponible en:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:217:SOM:EN:HTML.

[22]    BG, IT, LV, PL, SI, SK.

[23]    Por ejemplo, a raíz de la firma del programa de ajuste
económico en 2011, PT ha tomado medidas para mejorar la aplicación efectiva y
oportuna de los contratos, reestructurar el sistema de juzgados y tribunales y
suprimir la acumulación de asuntos judiciales. Los datos preliminares
correspondientes a 2013 muestran una evolución positiva, por ejemplo, por lo
que se refiere a la tasa de resolución de los asuntos de ejecución.

[24]    BG, CZ, EL, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SI y SK. Las
posiciones de los servicios de la Comisión sobre el desarrollo del Acuerdo de
asociación y los programas de estos países están disponibles en:

http://ec.europa.eu/regional\_policy/what/future/program/index\_en.cfm.

[25]    Estudio sobre el funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales nacionales para la aplicación de las normas del Derecho de la
competencia, realizado por ICF GHK, 2014; Estudio sobre el funcionamiento de
los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de las normas del
Derecho de los consumidores, realizado por el Centre for Strategy and
Evaluation Services LPP, 2014.

[26]    Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Informe
de evaluación de impacto, Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de
las normas comunitarias de defensa de la competencia, que acompaña a la
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios
por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los
Estados miembros y de la Unión Europea, 11 de junio de 2013, documento de
trabajo de los servicios de la Comisión, 2013 (203) (apartado 65).

[27]    Documento de trabajo de los servicios de la Comisión,
Capacitación de los Consumidores en la Unión Europea, 7 de abril de 2011,
SEC(2011) 469, (apartado 2).

[28]    La
duración del procedimiento, la tasa de resolución y el número de asuntos
pendientes son indicadores estándar definidos por la CEPEJ. Su definición e
interrelación puede encontrarse en

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default\_en.asp.

[29]    Informe sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales en
los Estados miembros de la UE, realizado por la Secretaría de la CEPEJ para la
Comisión. Todos los gráficos comparan, cuando están disponibles, los datos
de 2010 con los de 2012. Los datos de 2010 incluyen actualizaciones efectuadas
por la CEPEJ después de la publicación de su estudio de 2013 transmitido a la
Comisión.

[30]    Estudio sobre el funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales nacionales para la aplicación de las normas del Derecho de la
competencia, realizado por ICF GHK, disponible en:

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index\_en.htm.

[31]    Estudio sobre el funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales nacionales para la aplicación de las normas de Derecho de los
consumidores, realizado por el Centre for Strategy & Evaluation Services
LLP, disponible en:

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index\_en.htm.

[32]    Para algunos Estados miembros (\*) solo se indica la duración
en última instancia, puesto que no se disponía de datos suficientes para otras
instancias. En el caso de ES (\*\*), la duración media del procedimiento en 3ª
instancia difiere considerablemente entre 2008 y 2012: en 2008 fue de más de 2
600 días y se ha reducido a aproximadamente 1 000 días en 2012. En UK (\*\*\*),
los datos se refieren a Inglaterra y Gales, y representan la duración media de
los procedimientos en los tribunales locales en 1ª instancia.

[33]    Por ejemplo, en EL, el número de asuntos ingresados civiles y
mercantiles contenciosos aumentó un 42 % entre 2010 y 2012.

[34]    Véase la nota 23.

[35]    CY, IE y SI indicaron a la CEPEJ que han interpretado algunas
preguntas sobre las TIC de manera diferente a como lo hicieron en 2010. Esto
explica por qué los valores de algunos indicadores de las TIC son más bajos en
2012 que en 2010.

[36]    Los gráficos 16 y 17 muestran indicadores compuestos
elaborados a partir de varios indicadores de las TIC, cada uno de los cuales
mide la disponibilidad de tales sistemas en una escala entre 0 y 4 (0 =
disponible en 0 % de los órganos jurisdiccionales; 4 = disponible en el
100 % de los órganos jurisdiccionales).

[37]    Encuesta «Flash» de Eurobarómetro nº 385, noviembre de
2013, disponible en:

http://ec.europa.eu/public\_opinion/flash/fl\_385\_en.pdf

[38]    Disponible en:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/european\_judicial\_training\_annual\_report\_2012.pdf.

[39]    En el Gráfico 24, la disminución significativa en el caso de
ES refleja el hecho de que los datos de las Comunidades Autónomas y del Consejo
del Poder Judicial no se han incluido en los datos de 2012.

[40]    Los siguientes valores son provisionales: BG, EL y HU para
todos los años, SE para 2012.

[41]    Los siguientes valores son provisionales: BG, EL y HU para
todos los años; para SE, los valores correspondientes a 2012 son provisionales.

[42]    COM (2014)38 final de 4.2.2014, disponible en:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr\_2014\_en.pdf and http://ec.europa.eu/anti-corruption-report/.

[43]    Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los
Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidad.

[44]    El indicador del FEM se basa en las respuestas a la siguiente
pregunta: «¿En qué medida está el sistema judicial en su país libre de
cualquier influencia de los miembros del gobierno, los ciudadanos o las
empresas?» A la encuesta respondió una muestra representativa de empresas de todos
los países y de los principales sectores de la economía (agricultura, industria
manufacturera, industria no manufacturera y servicios). La encuesta se realizó
por diferentes medios, incluidas entrevistas personales con directivos de
empresas, entrevistas telefónicas y correo, ofreciéndose asimismo la opción de
responder en línea. Disponible en:

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014.

[45]    Este panorama solo contiene información básica sobre el modo
en que están organizados los sistemas judiciales y no pretende reflejar la
complejidad y los detalles de estos sistemas. El objetivo de esta sección es
ofrecer un primer inventario de las salvaguardias de la independencia judicial
y, por tanto, los gráficos presentan los Estados miembros por orden alfabético
de sus nombres geográficos en la lengua original.

[46]    Para aquellos Estados miembros en los que no existen Consejos
del Poder Judicial, las respuestas al cuestionario se han obtenido en
cooperación con la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión
Europea.

[47]    El apartado 52 de la Recomendación contiene garantías sobre la
inamovilidad de los jueces, en particular, que un juez no debe ser trasladado a
otra función jurisdiccional sin su consentimiento, salvo en casos de sanciones
disciplinarias o reforma de la organización del sistema judicial.

[48]    Los apartados 46 y 47 de la Recomendación exigen que los
sistemas nacionales establezcan salvaguardias relativas a la destitución de los
jueces.

[49]    Puede tratarse de uno o dos organismos diferentes en función
del motivo de la destitución o del tipo de juez (por ejemplo, presidente,
etc.).

[50]    El apartado 24 de la Recomendación exige que los sistemas de
distribución de casos en un tribunal sigan criterios objetivos preestablecidos
para salvaguardar el derecho a un juez independiente e imparcial.

[51]    En ocasiones, más de una autoridad puede adoptar esta
decisión, dependiendo del nivel del órgano jurisdiccional al que pertenezca el
juez recusado.

[52]    Los apartados 59, 60 y 61 de la Recomendación establecen que
los jueces deben actuar con independencia e imparcialidad en todos los casos y
deben retirarse de un asunto o renunciar a actuar cuando existan razones
válidas definidas por ley, y no en otro caso.

[53]    Los apartados 8, 13 y 14 de la Recomendación establecen que,
cuando los jueces consideren que su independencia se ve amenazada, deben poder
contar con medios eficaces de recurso.

[Top](#document1)