Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 8.5.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 164/50 |

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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Informe de la Comisión Europea sobre la política de competencia 2016

(2018/C 164/09)

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| |  |  | | --- | --- | | Ponente: | Michael Murphy (IE/PPE), Miembro de la Asamblea del Condado de Tipperary | | Documento de referencia: | Informe de la Comisión Europea sobre la política de competencia 2016  COM(2017) 285 final | |

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

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|  | 1. | acoge con satisfacción el Informe anual de la Comisión sobre la política de competencia de 2016, especialmente su reconocimiento de que la política de competencia tiene un impacto directo en la vida de las personas; a este respecto, pone de relieve que una política de competencia eficaz es un elemento esencial para el funcionamiento eficaz del mercado único y genera importantes beneficios para el consumidor mediante el fomento de la actividad empresarial, la innovación, la eficiencia y una ampliación de la posibilidad de elección para los ciudadanos de la Unión Europea; |

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|  | 2. | considera que la economía globalizada también requiere un entorno competitivo abierto y leal y, por tanto, requiere la regulación de la competencia y no solo una «cultura» de la competencia. Asimismo, apoya el compromiso de la Comisión Europea de colaborar con otras instituciones de la UE, organizaciones internacionales y autoridades de competencia de todo el mundo; |

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|  | 3. | acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión en la aplicación de las normas de competencia, pero pide que la asignación de los recursos para ejecutar la política de competencia tenga debidamente en cuenta las políticas industriales de los Estados miembros a nivel nacional y regional destinadas a la inversión, especialmente las políticas industriales basadas en competencias nacionales que están fuera del ámbito de aplicación de los Tratados de la UE; |

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|  | 4. | hace hincapié en que debe haber una mayor transparencia sobre la forma en que la Comisión toma las decisiones para destinar recursos a las principales investigaciones en materia de competencia a escala de la UE, y con el fin de garantizar que dichas decisiones estén siempre vinculadas a resultados identificables que refuerzan el mercado único; |

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|  | 5. | opina que corresponde a la Comisión garantizar una respuesta exhaustiva a los retos derivados de la competencia internacional y los mercados mundiales, mediante una mayor coordinación de los instrumentos y políticas de la UE y un mejor reconocimiento de la dimensión regional; |

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|  | 6. | subraya que el Reino Unido seguirá sujeto a las normas de competencia de la UE al menos hasta el 31 de marzo de 2019 y que las investigaciones iniciadas antes de esa fecha, como la que se inició el 26 de octubre de 2017 sobre las exenciones concedidas por el Reino Unido a las multinacionales para protegerlas de las normas de lucha contra la evasión fiscal, deberán llevarse a término aunque no puedan concluirse antes de esa fecha; |

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|  | 7. | conviene en que no debe utilizarse el brexit como excusa para renunciar completamente a cualquier tipo de control de las ayudas estatales, pero considera que las perturbaciones económicas provocadas a otros Estados miembros de la UE como consecuencia del brexit deberían dar lugar a una ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento general de exención por categorías y a una flexibilización temporal o suspensión de las normas sobre ayudas estatales para ciertos sectores que puedan verse más afectados, en la medida en que no constituyan ayudas selectivas, que serían contrarias al objetivo de aplicar las normas de la UE de manera equitativa a todas las empresas; |

Ayudas estatales y acuerdos fiscales

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|  | 8. | acoge con satisfacción la labor de la Comisión en la lucha contra la concesión de ayudas estatales ilegales en forma de ventajas fiscales selectivas, dado que dicho trabajo se percibe como una manera eficaz de garantizar que las normas de la UE se aplican de manera equitativa a toda empresa que ejerza actividades en el mercado único de la UE, con independencia de su tamaño, sector o nacionalidad, y que las empresas están sujetas a una imposición proporcional a su tamaño y riqueza, a fin de contribuir a la financiación de los servicios públicos y a la lucha contra las desigualdades, que son más relevantes a nivel local; |

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|  | 9. | insiste en que, respecto de la evasión fiscal, la cuestión de los acuerdos fiscales es una parte del esfuerzo global de la UE para luchar contra la elusión fiscal por parte de las grandes empresas, mediante, entre otras cosas, el Paquete de lucha contra la elusión fiscal, la presentación de informes país por país, el Paquete de reforma del impuesto de sociedades y las nuevas normas de transparencia para los intermediarios en materia de planificación fiscal. Hace hincapié asimismo en que la UE debe plantearse si, en lugar de controlar el cumplimiento, una nueva regulación proporcionaría mayor seguridad a las resoluciones fiscales en los Estados miembros, a la vez que ha de considerar la posibilidad de adoptar un procedimiento sancionador en favor del presupuesto de la UE como parte de cualquier nuevo régimen regulador; |

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|  | 10. | opina que la competencia exclusiva de la UE consagrada en el artículo 3 del TFUE para establecer las normas de competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior no afectará al derecho de los Estados miembros a determinar sus propios sistemas de imposición de las sociedades, y a fijar sus propios tipos impositivos. Reconoce, no obstante, que los Estados miembros deben respetar unas condiciones de competencia equitativas para las empresas y los consumidores de todo el mercado interior de la UE[(1)](#ntr1-C_2018164ES.01005001-E0001); |

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|  | 11. | señala que la decisión de ejecución más importante de la DG de Competencia, que fue publicada el 30 de agosto del 2016, al constatar que unos acuerdos fiscales específicos firmados en Irlanda en 1991 y en mayo de 2007, en favor de dos empresas de Apple creadas en Irlanda, constituían una ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; reconoce la alegación de la Comisión Europea en su decisión en el sentido de que Irlanda, al dictar las resoluciones fiscales impugnadas que permitieron a las empresas de Apple determinar el pago anual en concepto de impuesto sobre sociedades en ese país durante los años en que dichas resoluciones se mantuvieron en vigor, ha concedido ilícitamente, contraviniendo el artículo 108, apartado 3, del Tratado, ayudas estatales a las empresas de Apple y al grupo Apple que Irlanda está obligada a recuperar, en virtud del artículo 16 del Reglamento (UE) 2015/1589. Subraya que, según la Comisión, esta decisión no cuestiona el régimen fiscal general de Irlanda ni su tipo de impuesto de sociedades; |

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|  | 12. | señala que la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior está ocasionando actualmente problemas de ejecución a escala nacional. El apartado 4 del artículo 4 de esta Directiva prevé una excepción a la limitación de intereses en el caso de los empréstitos utilizados para financiar proyectos de infraestructura pública a largo plazo. Aunque la Directiva permite un amplio margen de excepción para las actividades que se consideran de interés público, los Estados no están haciendo pleno uso de esta posibilidad; |

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|  | 13. | recuerda que la Comisión calcula que la ayuda concedida por Irlanda de esta forma a estas compañías de Apple ascendió a 13 000 millones de euros y que estos importes deben ser devueltos a la administración fiscal irlandesa, aunque el Gobierno irlandés recurrió esta decisión de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, dado que en el momento en que la Comisión se pronunció Irlanda disponía de cuatro meses para recuperar la ayuda estatal ilegal, es decir, hasta enero de 2017, pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno irlandés para recaudar estos elevados importes para ser depositados en una cuenta bloqueada hasta conocerse la decisión del Tribunal, el hecho de no haber podido reunir efectivamente los 13 000 millones dentro del plazo fijado motivó que, el 4 de octubre de 2017, la Comisión decidiera interponer un recurso contra Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien ambas partes confían en evitar una sanción judicial; |

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|  | 14. | anima a que se dicte rápidamente sentencia en los procesos judiciales contra Apple para ofrecer seguridad sobre los posibles efectos del Derecho de competencia en otras resoluciones fiscales vigentes; |

Iniciativa de modernización de las ayudas estatales

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|  | 15. | apoya la consideración de la Comisión de que una mayor transparencia en el gasto público es clave para promover el uso óptimo del dinero de los contribuyentes y opina que la transparencia también es una manera de aumentar la confianza de los ciudadanos en la credibilidad y la legitimidad de las autoridades públicas; |

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|  | 16. | recuerda[(2)](#ntr2-C_2018164ES.01005001-E0002) que las normas de la UE en materia de ayudas estatales para los servicios de interés económico general (SIEG) no pueden estar sometidas solo a los principios de la libre competencia, sino que deben tener plenamente en cuenta tanto la amplia facultad de apreciación de los Estados miembros (que los Tratados les conceden) para determinar qué es un SIEG como los principios de autonomía local y regional, la cohesión económica, social y territorial y la neutralidad con respecto al régimen de la propiedad en los Estados miembros (artículo 3 del TUE, artículos 14, 106 y 345 y protocolo 26 del TFUE). Los SIEG deben reflejar la disparidad de las necesidades, de las preferencias del usuario y de la contratación pública que puede resultar de las diferentes situaciones geográficas, sociales y culturales y de los distintos procesos democráticos en los Estados miembros. Las ayudas estatales solo pueden examinarse si una normativa nacional, regional o local o la financiación de los SIEG tiene consecuencias transfronterizas o afecta al mercado interior; |

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|  | 17. | lamenta que el Informe Anual de Competencia 2016 conceda muy poca importancia a las cuestiones relativas a las ayudas estatales para los SIEG y que, en particular, no arroje luz sobre la revisión del llamado «Paquete Almunia» y la revisión del Reglamento sobre las ayudas de minimis para los SIEG. Recuerda, a este respecto, que el CDR había solicitado:   |  |  | | --- | --- | | — | directrices detalladas, con vistas a cumplir el cuarto criterio de la sentencia Altmark, sobre lo que es una empresa típica, bien gestionada y con recursos adecuados; |  |  |  | | --- | --- | | — | una revisión de la definición de beneficio razonable de un SIEG, especialmente para tener en cuenta, incluso mediante incentivos o un aumento del porcentaje de beneficio razonable reconocible, el hecho de que esos beneficios con frecuencia se reinvierten en SIEG; |  |  |  | | --- | --- | | — | el aumento de los umbrales mínimos en el caso de las ayudas estatales a los SIEG; |  |  |  | | --- | --- | | — | el aumento del umbral para las compensaciones concedidas a empresas encargadas de la prestación de SIEG que están exentas de la obligación de notificación (de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE) hasta 30 millones de euros anuales, cantidad que ya era de aplicación antes de 2011; | |

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|  | 18. | reitera[(3)](#ntr3-C_2018164ES.01005001-E0003) su solicitud de ampliar la definición de viviendas sociales que ofrece la Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011. Para ampliar el margen de los Estados miembros a la hora de planificar, poner a disposición, financiar y organizar las viviendas sociales y garantizar el derecho democrático a elegir, debería eliminarse la restricción de las viviendas sociales únicamente a «las personas desfavorecidas y los grupos más desfavorecidos socialmente». El derecho a una vivienda adecuada y asequible debería ser más prioritario, ya que la incapacidad del mercado inmobiliario de satisfacer todas las necesidades de vivienda afecta no solo a las personas que no tienen ningún acceso a la vivienda, sino también a quienes residen en viviendas insalubres o inadecuadas o con exceso de ocupantes, así como a aquellos que dedican la mayor parte de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca; |

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|  | 19. | hace hincapié en el estudio publicado por el CDR el 9 de junio de 2017 sobre «La aplicación de la Decisión y el marco de los SIEG: participación de los entes locales y regionales en el ejercicio de notificación y situación actual en lo referente a la evaluación de los servicios sociales como actividades económicas» y sus conclusiones de manera que:   |  |  | | --- | --- | | — | en 22 de los informes nacionales sobre la aplicación del Paquete Almunia, los entes locales y regionales participaron directa o indirectamente en su redacción; | |

y sus recomendaciones en el sentido de que:

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| — | son necesarias aclaraciones en lo que se refiere a la calificación de un servicio social como actividad económica, sobre todo en el sector social y sanitario, el cálculo de la compensación, incluido un beneficio razonable, y posibles incoherencias entre los distintos documentos que deben tenerse en cuenta; |

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| — | las obligaciones de información deberían simplificarse; |

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| — | habría que promover el intercambio de las mejores prácticas; |

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|  | 20. | por lo tanto, sostiene que el papel de los entes locales y regionales como prestadores de SIEG para garantizar y reforzar la dimensión social del mercado único es todavía más importante en un contexto de altos niveles de desempleo, envejecimiento de la población, malestar social y condiciones económicas frágiles; y que los beneficios que genera este tipo de servicios son percibidos directamente por los ciudadanos y contribuyen, de esta forma, a mejorar y reforzar su confianza en las instituciones públicas; |

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|  | 21. | hace hincapié en la responsabilidad colectiva de todos los niveles de gobierno a fin de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos para todos los ciudadanos de la UE y opina que la Comisión debe basar su control de las ayudas estatales en el ámbito de los SIEG en el principio de confianza con el fin de ayudar a las autoridades y partes interesadas pertinentes, en lugar de considerar, de entrada, que los entes locales y regionales están incumpliendo las normas cuando prestan SIEG; |

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|  | 22. | acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para simplificar la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, esto es, la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal, y el hecho de que el Informe sobre la política de competencia reconozca que es especialmente importante facilitar la inversión pública y maximizar el efecto de las inversiones en crecimiento económico y creación de empleo, haciéndose eco, en cierto modo, de la solicitud del CDR de una mayor simplificación y más exenciones en el ámbito de los SIEG; |

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|  | 23. | sin embargo, pone en duda el grado de seguridad jurídica conseguido con dicha Comunicación, dado que en el ámbito de los SIEG en particular las partes interesadas señalan la complejidad y las posibles incoherencias entre los distintos documentos que deben tenerse en cuenta, de forma que les resulta difícil evaluar qué norma es aplicable en cada caso concreto[(4)](#ntr4-C_2018164ES.01005001-E0004); |

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|  | 24. | también expresa su preocupación respecto de la carga administrativa generada por los requisitos de notificación de conformidad con dicha Decisión y el marco de los SIEG, tal como se indica en algunos de los informes país por país; |

Mercado Único Digital

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|  | 25. | ha respaldado de manera constante los esfuerzos para utilizar la estrategia del Mercado Único Digital como instrumento en favor de un crecimiento integrador en todas las regiones de la UE, ya que la mejora del acceso a la banda ancha y a los servicios de las TIC, especialmente en las regiones periféricas y ultraperiféricas o en regiones con dispersión geográfica de la población, puede facilitar el acceso a determinados servicios (por ejemplo, la sanidad electrónica y la administración electrónica), lo que incrementa la eficiencia de la administración pública, contribuye a garantizar precios bajos y una mayor oferta para el consumidor con independencia de su ubicación, y puede ofrecer nuevas posibilidades económicas para las empresas locales, mejorando en última instancia la calidad de vida de los ciudadanos y reforzando la cohesión; |

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|  | 26. | menciona, en este contexto, su dictamen COTER-VI/012 sobre la «Simplificación de los Fondos EIE desde el punto de vista de los entes locales y regionales», en el que analiza las consecuencias de la aplicación de las normas sobre ayuda estatal en la aplicación de los Fondos EIE y señala, entre otras cosas, la incoherencia significativa en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. El Comité de las Regiones indica que mientras que los procedimientos relativos a las ayudas estatales no se aplican a los programas gestionados de manera centralizada por la Comisión Europea (como, por ejemplo, Horizonte 2020, el Mecanismo «Conectar Europa», el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas), sí se aplican a los proyectos financiados en el marco de la política de cohesión. En la práctica, en materia de ayudas estatales, los proyectos no se consideran por su naturaleza, sino en función de si es la Comisión o el Estado miembro el que concede la ayuda en cuestión y en función de la fuente de su financiación; |

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|  | 27. | se muestra especialmente preocupado por los obstáculos al comercio transfronterizo en línea que las propias empresas pueden establecer, el bloqueo geográfico y la exclusión artificial de potenciales competidores respecto de algunas oportunidades de negocio por parte de los agentes dominantes; |

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|  | 28. | destaca además que, de acuerdo con su mismo dictamen COTER-VI/012 sobre la «Simplificación de los Fondos EIE desde el punto de vista de los entes locales y regionales», conviene prestar especial atención al recurso a las ayudas estatales en el marco de los programas de cooperación territorial europea. En general, por lo que se refiere a estos programas, existe una desproporción entre los esfuerzos que se requieren para respetar las normas relativas a las ayudas estatales y el riesgo de distorsión de la competencia. Por otra parte, las ayudas públicas suelen ser objeto de interpretaciones diversas en los diferentes Estados miembros y, en consecuencia, no es posible aplicar esas normas con la seguridad jurídica adecuada, lo que impide a menudo llevar a buen término proyectos de calidad. Una de las medidas que se podrían adoptar con rapidez para simplificar los EIE consistiría, por lo tanto, en excluir también la cooperación territorial europea del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas públicas, como es el caso, por ejemplo, del programa «Horizonte 2020»; |

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|  | 29. | a este respecto, acoge con satisfacción las iniciativas de la Comisión para mejorar la aplicación del Derecho de competencia en el mundo digital: la investigación sectorial sobre el comercio electrónico y las investigaciones abiertas recientemente con el fin de abordar los problemas específicos de las restricciones de precios al por menor, la discriminación en función de la localización y el bloqueo geográfico injustificado[(5)](#ntr5-C_2018164ES.01005001-E0005); |

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|  | 30. | anima a la Comisión a que aplique las normas de competencia en el Mercado Único Digital en igualdad de condiciones respecto de las autoridades de competencia homólogas a nivel mundial, con el fin de garantizar que la innovación no se vea obstaculizada, y pide a la Comisión que contribuya a lograr una cooperación más estrecha entre las autoridades nacionales de competencia, la Comisión Europea y las organizaciones internacionales, como la OCDE; |

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|  | 31. | apoya asimismo los esfuerzos de la Comisión Europea para reequilibrar el tipo impositivo efectivo pagado por las empresas tradicionales y las del sector digital, ya que en su Comunicación sobre la fiscalidad del sector digital presentada el 21 de septiembre de 2017 la Comisión afirma que la tasa efectiva pagada por las empresas internacionales de internet es del 10,1 %, frente al 23,2 % para las empresas internacionales tradicionales. Por tanto, espera que la Comisión estudie la posibilidad de introducir impuestos específicos sobre el volumen de negocios o las transacciones digitales y que considere proponer, en la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (CCCTB), el concepto de «establecimiento virtual permanente»; |

Mercado único

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|  | 32. | destaca el importante papel que desempeñan las autoridades nacionales de competencia (ANC) en los principales ámbitos de competencia[(6)](#ntr6-C_2018164ES.01005001-E0006) y recomienda una mejor asignación de recursos a diferentes autoridades nacionales de competencia de los distintos Estados miembros y una mejor coordinación europea de las ANC a través de la Red Europea de Competencia (REC). También apoyaría una propuesta legislativa de la Comisión para el refuerzo de los instrumentos de aplicación y sanción a disposición de las autoridades nacionales de competencia, la llamada REC+, que garantizaría que pueda aprovecharse todo el potencial del sistema descentralizado de aplicación de la normativa de competencia de la UE; |

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|  | 33. | a este respecto, acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de hacer que las autoridades nacionales de competencia apliquen la normativa con más eficacia, ya que, en algunos de los niveles del mercado, las autoridades nacionales están mejor situadas para supervisar la aplicación de las normas de competencia de la UE, respetando al mismo tiempo las especificidades nacionales; |

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|  | 34. | insiste en que, en los casos en que empresas dominantes explotan a sus clientes imponiendo precios excesivos o cláusulas abusivas, las autoridades de competencia deben intervenir para hacer frente a dichos precios excesivos, en particular respecto de los productos farmacéuticos, con el fin de garantizar el acceso de los pacientes a medicamentos esenciales eficaces y asequibles y promover los mejores resultados posibles para los pacientes y la sociedad; |

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|  | 35. | expresa su preocupación en relación con la oleada de consolidación empresarial sin precedentes que está teniendo lugar en el mercado mundial, ya altamente concentrado, de semillas, productos químicos y plaguicidas, así como rasgos genéticos de los cultivos modificados genéticamente, ya que ello podría reducir la competencia y dar lugar a estructuras de oligopolios; |

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|  | 36. | destaca los riesgos de una integración vertical considerable entre rasgos, semillas y productos químicos resultante de la posición dominante sin precedentes en el mercado mundial en un ámbito tan sensible como este, que concedería a las empresas dominantes de este sector una influencia aún mayor en la política, lo que pondría en peligro la independencia científica y el interés público, al abusar de su posición en el mercado; |

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|  | 37. | hace hincapié en el importante papel de los pequeños agricultores en la sostenibilidad de los ecosistemas regionales y pide a la Comisión que garantice que las fusiones en curso no incrementarán los obstáculos para la entrada de pequeños innovadores, no aumentarán el riesgo de que los pequeños innovadores queden excluidos del acceso a la tecnología y otros recursos necesarios para competir de manera efectiva, y no darán lugar a un aumento de los precios de los insumos agrícolas y una reducción de la oferta para los agricultores; |

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|  | 38. | destaca la vulnerabilidad de los agricultores y las pymes, que representan el 79 % de las explotaciones agrícolas de la UE, debido a su débil posición de negociación y a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario; en este sentido, subraya que los agricultores son el principal amortiguador en la cadena de suministro respecto de los riesgos del mercado, como la volatilidad de los precios o precios bajos durante períodos prolongados, y pide a la Comisión que ayude a los agricultores a contrarrestar los efectos de una concentración cada vez mayor en las fases de transformación y comercio al por menor de la cadena; |

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|  | 39. | insta a los comisarios de Agricultura y de Competencia a colaborar más estrechamente para simplificar la aplicación de la normativa sobre las ayudas estatales en el desarrollo rural, previendo también un procedimiento integrado para la aprobación simultánea del PDR y de las ayudas relativas a las financiaciones para el sector forestal y la diversificación agrícola, excluidos de las simplificaciones relativas al sector agrícola, apoyando así los esfuerzos destinados a diversificar el mercado en el sector agroalimentario, especialmente respecto de la industria agroalimentaria de los Estados miembros más afectados por el brexit; |

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|  | 40. | reitera su petición, expuesta en su dictamen sobre la PAC después de 2020, en favor de una revisión del Derecho europeo de la competencia que permita a todos los agentes de un sector, incluidos los consumidores y los poderes públicos, decidir una distribución justa del valor añadido y los márgenes en toda la cadena de valor, y que permita a los agricultores fortalecer su posición en el mercado; |

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|  | 41. | reitera su llamamiento en favor de una revisión de la legislación de la UE sobre adjudicación de contratos públicos en el sector de la restauración colectiva, de forma que se introduzcan incentivos en caso de suministro de alimentos de la Unión o de kilómetro cero y mediante cadenas de suministro cortas a fin de favorecer el mercado interior y la seguridad del producto utilizado; |

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|  | 42. | hace hincapié en que el control de las ayudas estatales ha desempeñado un papel clave a la hora de garantizar un sector bancario más seguro y sólido en la UE a lo largo de la crisis; |

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|  | 43. | no obstante, señala que la falta de uniformidad en la aplicación de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias (DRRB) supone una mayor incertidumbre respecto del control de las ayudas estatales en el caso de las medidas adoptadas para la resolución o la recapitalización temporal de las entidades financieras; |

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|  | 44. | considera que debe ofrecerse mucha más seguridad sobre el papel de la recapitalización interna frente al rescate y el modo en que se adapta a entidades financieras de distintos tamaños, con el fin de tener unas condiciones equitativas claras para aplicar el control de las ayudas estatales a la totalidad del sistema bancario europeo sin exenciones para uno u otro Estado miembro; |

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|  | 45. | opina que se necesitan mecanismos de garantía de depósitos más eficientes dentro de la unión bancaria para garantizar la disponibilidad de recursos financieros suficientes en aras de apuntalar la confianza de todos los depositantes y salvaguardar así la estabilidad financiera; |

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|  | 46. | se felicita de que las normas sobre ayudas estatales sean suficientemente flexibles para permitir que los Estados miembros ayuden a los ciudadanos vulnerables, las pequeñas empresas en dificultades y los ahorradores sin que ello se considere ayuda estatal, tal como confirmó la Comisión en las decisiones sobre el sistema de subvenciones del Estado chipriota a los prestatarios y las microempresas[(7)](#ntr7-C_2018164ES.01005001-E0007) y sobre la Resolución del Banco Cooperativo del Peloponeso (Grecia)[(8)](#ntr8-C_2018164ES.01005001-E0008); |

Unión de la Energía respetuosa con el clima

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|  | 47. | acoge con satisfacción la investigación de la Comisión sobre los mecanismos de capacidad[(9)](#ntr9-C_2018164ES.01005001-E0009), al tiempo que subraya que la primera prioridad que rige la acción de la UE en este ámbito debe ser promover la energía sostenible (energías renovables y más esfuerzos en favor de la eficiencia energética) como medio para lograr la reducción de las emisiones de CO2, de conformidad con el Acuerdo de París de la CMNUCC, así como luchar contra la pobreza energética, garantizar el suministro energético y mejorar la cohesión territorial; |

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|  | 48. | destaca, asimismo, que la disponibilidad de energía a precios asequibles es un requisito clave para la competitividad regional, en particular para las regiones periféricas y menos favorecidas, y que las regiones que disponen de una base industrial sólida, que es un sector con un gran consumo de energía per se, se ven muy influidas por los impuestos y gravámenes sobre la energía y dependen de un suministro energético asequible y seguro; |

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|  | 49. | señala que los precios de la energía en el mercado minorista han aumentado en los últimos años, a pesar de la disminución de los precios al por mayor, y comparte la opinión de la Comisión de que la transición hacia una energía limpia debe ser equitativa y tener en cuenta su impacto transformador para las partes interesadas, incluidos la industria y los trabajadores[(10)](#ntr10-C_2018164ES.01005001-E0010); |

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|  | 50. | pide a la Comisión que optimice su apoyo a la transición estructural en las regiones con un uso intensivo de carbón y grandes emisiones de carbono, en cumplimiento de las normas sobre competencia, y que trabaje en asociación con las partes interesadas de estas regiones para orientar mejor la ayuda de la Unión Europea, fomentando el intercambio de buenas prácticas, incluidos los debates sobre los planes de acción industriales y las necesidades de reciclaje, y promoviendo sinergias y un cooperación conjunta; |

Cultura de la competencia mundial

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|  | 51. | hace hincapié en que el dumping social y fiscal, la planificación fiscal abusiva y la evasión fiscal constituyen obstáculos a la competencia leal; |

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|  | 52. | defiende firmemente que la política comercial de la UE desempeña un papel fundamental a la hora de promover la convergencia de los instrumentos y prácticas de la política de competencia con otras jurisdicciones y, al mismo tiempo, establecer un mundo basado en valores; |

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|  | 53. | acoge con satisfacción el memorando de entendimiento sobre ayudas estatales entre la Comisión y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. El CDR confía en que este acuerdo contribuirá sustancialmente a la estrategia más amplia de la Comisión de abordar la distorsión que las subvenciones nacionales generan en el comercio mundial[(11)](#ntr11-C_2018164ES.01005001-E0011). |

Bruselas, 1 de diciembre de 2017.

El Presidente del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ

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