Source: EURLEX
Language: es
Format: md

![european flag](./../../../images/eclogo.jpg)COMISIÓN EUROPEA

Estrasburgo, 8.7.2025

COM(2025) 900 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Informe sobre el Estado de Derecho en 2025  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

{SWD(2025) 901 final} - {SWD(2025) 902 final} - {SWD(2025) 903 final} - {SWD(2025) 904 final} - {SWD(2025) 905 final} - {SWD(2025) 906 final} - {SWD(2025) 907 final} - {SWD(2025) 908 final} - {SWD(2025) 909 final} - {SWD(2025) 910 final} - {SWD(2025) 911 final} - {SWD(2025) 912 final} - {SWD(2025) 913 final} - {SWD(2025) 914 final} - {SWD(2025) 915 final} - {SWD(2025) 916 final} - {SWD(2025) 917 final} - {SWD(2025) 918 final} - {SWD(2025) 919 final} - {SWD(2025) 920 final} - {SWD(2025) 921 final} - {SWD(2025) 922 final} - {SWD(2025) 923 final} - {SWD(2025) 924 final} - {SWD(2025) 925 final} - {SWD(2025) 926 final} - {SWD(2025) 927 final} - {SWD(2025) 928 final} - {SWD(2025) 929 final} - {SWD(2025) 930 final} - {SWD(2025) 931 final}

1.INTRODUCCIÓN

La democracia, la seguridad y la economía europeas dependen del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la piedra angular para transformar los valores de la UE en beneficios tangibles para la ciudadanía europea, fomentando la estabilidad, la igualdad, la cohesión social y la competitividad. Constituye los cimientos sobre los cuales la UE se mantiene firme en un mundo en el que el orden internacional basado en normas, el respeto de los derechos fundamentales y los sistemas democráticos son objeto de una presión cada vez mayor. Es esencial que la Unión reafirme su compromiso con los principios del Estado de Derecho y adopte medidas concretas para promoverlo y defenderlo en nuestro continente y en todo el mundo. También es necesario situar a la UE sobre la sólida base que necesita con vistas a su futura ampliación, en la que se garantice la confianza en las instituciones públicas, las empresas puedan prosperar y la ciudadanía pueda ejercer sus derechos.

La ciudadanía y las empresas esperan que la UE desempeñe un papel importante a la hora de defender el Estado de Derecho y garantizar que puedan disfrutar de una gobernanza justa y sólida dondequiera que vivan. Dentro de la Unión, el Estado de Derecho es necesario para aplicar políticas que promuevan la competitividad en el mercado único y capaciten a la ciudadanía para participar activamente tanto en la sociedad como en la economía. Las empresas que operan a través de las fronteras prestan especial consideración al Estado de Derecho. Las empresas, y en particular las pequeñas y medianas empresas, necesitan un entorno económico estable y predecible. Sin embargo, a menudo se ven frenadas en sus inversiones por la falta de seguridad jurídica y la preocupación por la igualdad de trato. A partir del informe de este año, y tal como se indica en las Orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen
[1](#footnote2)
, la Comisión hace especial hincapié en la dimensión del mercado único, supervisando su evolución en todos los Estados miembros.

Este sexto Informe anual sobre el Estado de Derecho, el primero de este mandato de la Comisión, consolida un fructífero proceso de asociación entre la Unión y los Estados miembros para promover el Estado de Derecho, centrado en un enfoque preventivo y basado en el diálogo. Es una parte fundamental de un conjunto de instrumentos en evolución en materia de Estado de Derecho. El análisis ayuda a dar forma a los debates nacionales y a impulsar la acción. Las recomendaciones específicas para los Estados miembros permiten centrarse eficazmente en el diálogo de la Comisión con ellos. También ayudan a las autoridades nacionales a establecer prioridades en las medidas que adoptan, ya que en 2024 se aplicó en su totalidad o en parte el 57 % de las recomendaciones formuladas
[2](#footnote3)
.

El Informe sobre el Estado de Derecho también mira hacia una UE en evolución. Este es un tema importante de las Orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen. La nueva generación de instrumentos de gasto de la UE, que se presentará como parte del próximo marco financiero plurianual, garantizará que el cumplimiento de los principios del Estado de Derecho siga siendo un requisito indispensable para los fondos de la UE, a fin de garantizar la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y la protección de sus intereses financieros. El apoyo financiero de la UE a inversiones y reformas para promover el Estado de Derecho puede aportar un valor añadido real. Esto puede formar parte de un esfuerzo más amplio por hacer un seguimiento de la aplicación efectiva de las recomendaciones, intensificando los contactos con los Estados miembros y las partes interesadas.

Ante la inestabilidad geopolítica actual, es más urgente que nunca promover y defender el Estado de Derecho tanto dentro como fuera de la Unión. La defensa del Estado de Derecho ocupa un lugar central en las acciones de la UE en materia de derechos humanos y democracia en su vecindad y en todo el mundo. Este año, se incluyen en el Informe sobre el Estado de Derecho, junto con los Estados miembros, los mismos cuatro países candidatos que se incluyeron en 2024. Otro aspecto que refleja una UE en evolución es incluir a más países candidatos en el Informe sobre el Estado de Derecho a medida que estén preparados
[3](#footnote4)
. De este modo, se respaldarán los esfuerzos de reforma con vistas a afianzar firme e irreversiblemente la democracia y el Estado de Derecho en los países candidatos, antes y después de su adhesión.

2.PRINCIPALES NOVEDADES DEL INFORME DE 2025

2.1.
   El Estado de Derecho como fundamento del mercado único de la UE

El Estado de Derecho es una condición previa esencial para un entorno económico estable y predecible, que otorgue a la UE y a sus Estados miembros una ventaja competitiva mundial. La determinación de la Unión de impulsar una Europa más fuerte y competitiva depende en gran medida de que se garantice la protección efectiva del Estado de Derecho. Como también se ha reconocido en el marco del Semestre Europeo, el Estado de Derecho desempeña un importante papel en el funcionamiento de la economía de la UE, al garantizar que se defiendan los derechos, se castigue la corrupción y se ejecuten los contratos
[4](#footnote5)
.

El Estado de Derecho y la buena gobernanza son esenciales para crear un entorno económico general estable y las condiciones necesarias para que los operadores económicos aprovechen plenamente las oportunidades que ofrece el mercado único. Un marco jurídico justo y claro que se aplique y se haga cumplir de manera efectiva proporciona seguridad a las empresas, confianza a los inversores y tranquilidad a los consumidores
[5](#footnote6)
. El Estado de Derecho garantiza el correcto funcionamiento y la resiliencia del mercado único y la aplicación efectiva, uniforme y transparente del Derecho de la Unión. Fomenta la confianza mutua entre los Estados miembros y permite a las empresas operar en pie de igualdad a través de las fronteras. Por esta razón, el Parlamento Europeo, los Estados miembros, la sociedad civil y las partes interesadas del mundo empresarial han acogido favorablemente la inclusión de una dimensión relativa al mercado único en el Informe sobre el Estado de Derecho
[6](#footnote7)
. Esta nueva dimensión ayudará a abordar las cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho que afectan a las empresas, en particular a las pymes, y en especial cuando operan a través de las fronteras.

Hay varios aspectos de los cuatro pilares del Informe sobre el Estado de Derecho que tienen un impacto directo en el correcto funcionamiento del mercado único: 
   

·La eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales son cruciales para un entorno empresarial y de inversión estable y predecible, que también beneficie a los consumidores.

·Las medidas anticorrupción, tanto preventivas como represivas, contribuyen a fomentar la igualdad de condiciones para las empresas, reducen el riesgo de infiltración de la economía por parte de la delincuencia organizada y garantizan que las decisiones clave se adopten de manera justa, por ejemplo, adjudicando contratos públicos a la mejor oferta sobre una base objetiva, protegiendo el presupuesto público.

·Un entorno mediático regido por unas normas claras y transparentes no solo protege la integridad del espacio democrático, sino que también favorece el funcionamiento del mercado único de la UE garantizando unas condiciones de competencia equitativas para los prestadores de servicios de medios de comunicación.

·Unos contrapoderes institucionales eficaces son fundamentales para garantizar la igualdad ante la ley y para la aplicación imparcial de las normas por parte de los reguladores estatales y otras autoridades.

Para seguir desarrollando esta dimensión, la Comisión ha adaptado su metodología a fin de propiciar una participación más estrecha de los Estados miembros y las asociaciones empresariales en estas cuestiones, con actividades de divulgación y un proceso de consulta específicos, así como un cuestionario para aportar comentarios por escrito
[7](#footnote8)
.

Este proceso, llevado a cabo de forma complementaria a otras líneas de trabajo, como el Semestre Europeo
[8](#footnote9)
 y el cuadro de indicadores del Mercado Único, permitió determinar una serie de nuevos ámbitos de información que debían incluirse en el Informe sobre el Estado de Derecho, por su pertinencia para el Estado de Derecho y el mercado único. Entre ellos figuran el tratamiento de los asuntos mercantiles por parte del poder judicial, la estabilidad del entorno regulador, el funcionamiento efectivo y la independencia de las autoridades reguladoras, así como el control judicial de las decisiones administrativas
[9](#footnote10)
. El informe también tiene en cuenta datos relativos a la percepción de las empresas sobre la eficacia de la protección de las inversiones por la ley y los tribunales y la independencia de los organismos de control de la contratación pública y de las autoridades nacionales de competencia
[10](#footnote11)
.

A medida que la UE se prepara para futuras adhesiones, un mercado único más amplio basado en normas jurídicas compartidas y en la confianza mutua no solo estará más integrado, sino que también será más competitivo y resiliente y creará un entorno basado en normas que es esencial para revelar todo su potencial e impulsar la competitividad de Europa a largo plazo. A medida que los países candidatos avanzan hacia la adhesión, va en interés de las empresas, tanto de la región de la ampliación como de los Estados miembros, la consecución efectiva de unas condiciones de competencia equitativas y el refuerzo del Estado de Derecho, para que puedan participar de forma plena y equitativa en el mercado único. Por lo tanto, aunque los países candidatos no forman parte del mercado único, estos aspectos se abordan en sus respectivos capítulos por país.

Las principales conclusiones sobre la dimensión del mercado único en los cuatro pilares del informe se presentan en la sección 4.5.

2.2.
   Apoyo al Estado de Derecho a través del presupuesto de la UE

Tal como se indica en las Orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen, el respeto del Estado de Derecho es una condición imprescindible para acceder a los fondos de la UE. Es esencial que el gasto de la UE cuente con sólidas salvaguardias del Estado de Derecho para garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión
[11](#footnote12)
.

En los últimos años se han desarrollado nuevos instrumentos para reforzar esta conexión y fortalecer el vínculo entre el Estado de Derecho y el apoyo del presupuesto de la UE. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha demostrado que el presupuesto de la UE puede promover reformas que fortalezcan el Estado de Derecho en los Estados miembros, como la reforma y el refuerzo de los sistemas judiciales y el aumento de su eficiencia mediante la digitalización, el afianzamiento de las instituciones que luchan contra la corrupción o la mejora de la calidad del proceso legislativo. La condición favorecedora horizontal prevista en el Reglamento sobre Disposiciones Comunes es otra herramienta importante para garantizar que los Estados miembros respeten la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE al ejecutar los fondos de la Unión. Por último, el régimen general de condicionalidad protege los fondos de la UE en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho en los Estados miembros
[12](#footnote13)
.

En el próximo presupuesto a largo plazo, deberá garantizarse el respeto del Estado de Derecho a lo largo de toda la ejecución de los fondos de la UE. Además del Reglamento sobre condicionalidad, que seguirá aplicándose a todo el presupuesto de la UE, y sobre la base de las lecciones extraídas de la experiencia adquirida con diversos instrumentos, será importante incorporar salvaguardias sólidas en el diseño de los futuros instrumentos de la UE para garantizar el cumplimiento efectivo y establecer un vínculo más estrecho entre las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho y el apoyo financiero en el marco del presupuesto
[13](#footnote14)
. En particular, se espera que los futuros planes nacionales y regionales de asociación contribuyan eficazmente a apoyar las reformas, en particular abordando los retos específicos de cada país señalados en el Informe sobre el Estado de Derecho.

La necesidad de estimular reformas del Estado de Derecho vinculadas al presupuesto también tiene repercusiones para el seguimiento de las recomendaciones de los informes. El presupuesto de la UE puede utilizarse para ayudar a los Estados miembros a impulsar sus propias reformas nacionales o regionales e invertir en ellas. La digitalización de los sistemas judiciales, las estructuras de lucha contra la corrupción, la asistencia técnica para identificar y aplicar salvaguardias o una regulación eficaz son ejemplos de ámbitos que pueden beneficiarse de la financiación de la Unión, aprovechando las inversiones para contribuir al proceso de reforma. Las iniciativas transfronterizas también pueden ayudar a garantizar un alto nivel de exigencia en todos los Estados miembros.

Como parte de sus esfuerzos por garantizar la mejor protección de sus intereses financieros, la UE también ha iniciado los trabajos preparatorios para revisar su arquitectura de lucha contra el fraude. Esta revisión exhaustiva, en la que participan todos los agentes pertinentes de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE, se centrará en la disuasión y creará más sinergias y eficiencias entre los agentes, evitando duplicaciones en todas las fases del ciclo de lucha contra el fraude. Dichas fases son la prevención, la detección, la investigación y la corrección del fraude y la recuperación de los importes de que se trate, incluidos los correspondientes al presupuesto de la UE.

3.DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO: EVOLUCIÓN A ESCALA DE LA UNIÓN

Desde 2019, la Unión ha ido profundizando de forma progresiva en la arquitectura del Estado de Derecho para hacer frente a los riesgos en este ámbito tanto para los distintos Estados miembros como para la UE en su conjunto. El objetivo ha sido promover una cultura del Estado de Derecho, prevenir problemas emergentes y responder eficazmente a los retos persistentes. Para ello, ha sido necesaria una amplia variedad de instrumentos del Estado de Derecho a escala de la UE a fin de adaptar las medidas para obtener el máximo impacto.

3.1.
   Diálogo y seguimiento del Informe sobre el Estado de Derecho

El Informe sobre el Estado de Derecho ofrece una visión general de la situación de cada Estado miembro en relación con el Estado de Derecho y, a través de su ciclo anual, actúa como punto focal para la acción durante todo el año. Ayuda a los Estados miembros a detectar problemas, reflexionar sobre sus reformas y encontrar soluciones en colaboración con la Comisión Europea, otros Estados miembros y organismos y agentes internacionales, como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Con los años, el informe ha reforzado la confianza mutua y fomentado una comprensión compartida sobre cómo crear un entorno en el que el Estado de Derecho pueda prosperar.

Desde 2022, el informe incluye recomendaciones a los Estados miembros en apoyo de sus esfuerzos de reforma. Estas recomendaciones han permitido centrarse eficazmente en las reformas clave a escala nacional, y los Estados miembros han seguido, en distinta medida, más de dos tercios de las recomendaciones formuladas en 2022, 2023 y 2024. Esta tendencia sostenida refleja una dinámica de reforma positiva en la Unión. Algunas recomendaciones tardan más en aplicarse debido a consultas políticas o con las partes interesadas, o a ciclos electorales que a veces pueden interrumpir el progreso de la legislación. No obstante, también hay casos en los que puede haber una falta de voluntad de seguimiento de las recomendaciones, o en los que se produce un retroceso.

El informe y sus recomendaciones constituyen la piedra angular del diálogo continuo con los Estados miembros y entre ellos. Este diálogo permite resolver los problemas de forma continua y focalizada, tanto después de la publicación de los informes como durante la preparación de su siguiente edición. Por ejemplo, las reuniones periódicas de la red de puntos de contacto para el Estado de Derecho constituyen un foro en el que se comparten experiencias sobre cuestiones de interés común destacadas en los informes sobre el Estado de Derecho
[14](#footnote15)
.

En el marco de su nuevo mandato, la Comisión se ha comprometido a mejorar el seguimiento y la presentación de informes, así como a reforzar los contrapoderes institucionales, en particular mediante el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones. Por consiguiente, la Comisión ha intensificado sus interacciones con los Estados miembros a lo largo del año, tanto en el nivel político como en el técnico, para favorecer la aplicación de las recomendaciones.

El diálogo sobre el Estado de Derecho en el Consejo de Asuntos Generales
[15](#footnote16)
, al que sirve de base para el debate el Informe sobre el Estado de Derecho, es un foro consolidado para los intercambios políticos entre Estados miembros. Es una oportunidad para entablar un diálogo constructivo, debatir las deficiencias y la mejor manera de abordarlas, así como intercambiar buenas prácticas. En 2024, el diálogo en el Consejo de Asuntos Generales se abrió a los países candidatos incluidos en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2024
[16](#footnote17)
. Además, el Consejo de Justicia siguió debatiendo cuestiones de actualidad sobre el Estado de Derecho durante cada Presidencia semestral del Consejo
[17](#footnote18)
.

El Parlamento Europeo mantuvo su práctica de celebrar debates anuales relativos al Informe sobre el Estado de Derecho, debates específicos por país y audiencias públicas sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales
[18](#footnote19)
. El mandato del Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales, renovado en 2024, aporta una atención adicional a la supervisión que realiza el Parlamento Europeo
[19](#footnote20)
.

Los comités consultivos también han seguido debatiendo la situación del Estado de Derecho a escala de la Unión. El Comité Económico y Social Europeo celebró su quinta Conferencia Anual sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho y aprobó dos nuevos dictámenes sobre el Estado de Derecho
[20](#footnote21)
. El Comité de las Regiones inició una reflexión sobre la perspectiva local y regional en la aplicación del Estado de Derecho
[21](#footnote22)
.

La Comisión organiza diálogos nacionales sobre el Estado de Derecho
[22](#footnote23)
 en estrecha colaboración con la Agencia de los Derechos Fundamentales, como parte importante de un proceso de seguimiento. Dichos diálogos reúnen a diferentes partes interesadas nacionales, con el objetivo de incluirlas más estrechamente en el seguimiento del Informe sobre el Estado de Derecho y establecer enfoques colaborativos para aplicar las recomendaciones.

El informe también es un estímulo para una mayor participación de la sociedad civil y las partes interesadas. Las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, en particular las asociaciones profesionales que representan a jueces, fiscales y periodistas, desempeñan un importante papel de fomento del Estado de Derecho sobre el terreno. Estos agentes aportan valiosas contribuciones al informe. La inclusión de la dimensión del mercado único también ha hecho que se preste una atención renovada a las partes interesadas del sector empresarial. La Presidencia del Consejo ha reconocido el papel clave que desempeña la sociedad civil organizando una conferencia sobre el papel de la sociedad civil en la protección del Estado de Derecho en abril de 2025, como parte de su programa de Presidencia.

3.2.
   Acción de la Unión para promover el Estado de Derecho

La UE ha desarrollado diversos instrumentos y procesos para promover el Estado de Derecho y una aplicación coherente del mismo en todos los Estados miembros. Al mismo tiempo, el informe ha servido como catalizador de nuevas políticas e instrumentos jurídicos de la UE en ámbitos como el pluralismo de los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción, que refuerzan el Estado de Derecho en toda la UE.

Promoción de una cultura sólida del Estado de Derecho

Un objetivo clave es sensibilizar sobre la cultura del Estado de Derecho y promoverla entre la ciudadanía, las autoridades y las partes interesadas de Europa. Varios Estados miembros han puesto en marcha iniciativas importantes para fomentar esta cultura
[23](#footnote24)
. La Comisión ha lanzado una campaña de comunicación, disponible en todas las lenguas oficiales de la UE, que utiliza una serie de vídeos animados para explicar, en términos sencillos y accesibles, por qué el Estado de Derecho es esencial en la vida cotidiana
[24](#footnote25)
. El fomento de una cultura del Estado de Derecho también fue el tema de un fructífero intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros con ocasión de una de las reuniones de los puntos de contacto nacionales para el Estado de Derecho
[25](#footnote26)
.

Estado de Derecho y proceso de reforma

El Estado de Derecho y la buena gobernanza son fundamentales para un correcto funcionamiento del mercado único, un entorno empresarial saludable, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el éxito de las reformas estructurales. Estos principios forman parte esencial del Semestre Europeo y sus recomendaciones específicas por país.

En respuesta a estas recomendaciones, muchos Estados miembros han seguido avanzando en la aplicación de reformas con medidas específicas relacionadas con el Estado de Derecho, en consonancia con los compromisos contraídos en sus planes de recuperación y resiliencia. Esto ha conducido a avances en el fortalecimiento de los sistemas judiciales, por ejemplo mediante la revisión del sistema disciplinario de los jueces o la mejora de la eficiencia judicial mediante la reestructuración de los tribunales. Además, se han intensificado los esfuerzos para combatir la corrupción, incluido el refuerzo de las instituciones centradas en esta lucha. Las medidas para mejorar el proceso legislativo también tienen un impacto importante en el Estado de Derecho, como la exigencia de consultas públicas y de evaluaciones de impacto. En algunos casos, estos compromisos de los planes de recuperación y resiliencia se consideraron esenciales para salvaguardar los intereses financieros de la UE y su cumplimiento es un requisito previo para recibir desembolsos tras una solicitud de pago.

Otras fuentes de financiación de la UE favorecen el refuerzo de las capacidades del Poder Judicial, los medios de comunicación y la sociedad civil para defender el Estado de Derecho, y proporcionan asistencia técnica para aplicar reformas específicas. En el marco del actual MFP, el instrumento de apoyo técnico, así como programas como Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV), el programa Justicia, el Fondo Social Europeo Plus y Europa Creativa ofrecen un apoyo importante para mejorar la Administración pública y los sistemas judiciales, así como para afrontar los retos relacionados con el pluralismo de los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción.

Apoyo del Estado de Derecho con nuevos instrumentos jurídicos y aplicación en toda la UE

La Comisión también ha colaborado estrechamente con los Estados miembros en la elaboración y la aplicación de políticas e instrumentos jurídicos que refuercen el Estado de Derecho en la UE. Por ejemplo, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación
[26](#footnote27)
 ha desencadenado controles de preparación de la legislación de los Estados miembros antes de la aplicación de la mayoría de sus disposiciones en agosto de 2025
[27](#footnote28)
. El recién creado Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un órgano consultivo independiente compuesto por representantes de los reguladores nacionales de los medios de comunicación, desempeñará un papel central de seguimiento, coordinación y apoyo en lo que atañe a las políticas de medios de comunicación en todos los Estados miembros de la UE. El Comité apoyará a los Estados miembros de varias maneras, como la prestación de orientación especializada, el intercambio de buenas prácticas, el desarrollo de capacidades o la respuesta a las crisis. También elaborará dictámenes sobre las medidas reguladoras que afectan al funcionamiento de los prestadores de servicios de medios de comunicación en el mercado interior, como las decisiones en materia de concesión de licencias, y evaluaciones de las concentraciones en el mercado de los medios de comunicación con una dimensión del mercado interior. Asimismo, asistirá a la Comisión en la elaboración de directrices.

La Comisión también ha colaborado con los Estados miembros para apoyar la transposición y la aplicación de la nueva Directiva relativa a las demandas estratégicas contra la participación pública (DECPP), que incluye salvaguardias legislativas para combatir las demandas abusivas contra periodistas y defensores de los derechos humanos en situaciones transfronterizas, y de la Recomendación más amplia contra las DECPP
[28](#footnote29)
. Además de las normas a escala de la UE, se ha recomendado a los Estados miembros que actúen a escala nacional para proteger a los periodistas y los defensores de los derechos humanos frente a las demandas abusivas
[29](#footnote30)
. Muchos Estados miembros han adoptado medidas concretas a tal fin, por ejemplo, aportando formación específica, poniendo en marcha campañas de sensibilización y desarrollando mecanismos de apoyo
[30](#footnote31)
.

Para intensificar la lucha contra la corrupción, la Comisión está ayudando a los colegisladores a alcanzar un acuerdo sobre su propuesta de modernización del actual marco jurídico de la UE en materia de lucha contra la corrupción
[31](#footnote32)
. La red de la UE contra la corrupción ofrece un amplio foro para la colaboración y el intercambio de buenas prácticas periódicos a fin de apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por fomentar la integridad y luchar contra la corrupción
[32](#footnote33)
. Los debates de la red sobre cuestiones como las declaraciones de patrimonio y la lucha contra los casos de corrupción de alto nivel se corresponden con los temas tratados en el Informe sobre el Estado de Derecho.

El Estado de Derecho en el centro del proceso de ampliación y la acción exterior

Proteger nuestras instituciones y valores democráticos es una responsabilidad colectiva, compartida tanto por los Estados miembros como por las instituciones de la UE. El compromiso de la UE de defender el Estado de Derecho se ha fortalecido aún más en respuesta a la continua guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, un ataque directo no solo a Ucrania y a su pueblo, sino también a los valores fundamentales de la Unión y al orden internacional basado en normas. Al mismo tiempo, el respeto del Estado de Derecho y la buena gobernanza son esenciales para contrarrestar las injerencias y manipulaciones extranjeras que pretenden socavar las democracias en la UE y en su vecindad inmediata.

La consolidación de las estructuras democráticas, la defensa del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales ocupan un lugar central en el proceso de ampliación, como parte de los fundamentos básicos para la adhesión a la Unión. El paquete anual de ampliación de la Comisión evalúa los avances de cada país en función de sus méritos. La metodología de ampliación revisada acordada en 2020 hizo aún más hincapié en la necesidad de mejoras tangibles y sostenidas en lo que atañe al Estado de Derecho antes de que se pueda cerrar ningún capítulo de negociación. Los países candidatos pueden contar con la ayuda del Consejo de Europa
[33](#footnote34)
 para aplicar las normas del Estado de Derecho, garantizar la adaptación al acervo de la UE y obtener orientación estratégica para las reformas a través del seguimiento.

Tras el éxito de la integración de Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2024, las Orientaciones políticas han confirmado que, a medida que los países candidatos avancen en el Estado de Derecho y en el proceso formal de adhesión, se incluirán progresivamente en este ejercicio para cumplir el compromiso de mantener unas normas estrictas en materia de Estado de Derecho a lo largo de su trayectoria de adhesión y como futuros Estados miembros.

El Estado de Derecho también es clave en el marco del Mecanismo de Reforma y Crecimiento para los Balcanes Occidentales, el Mecanismo de Reforma y Crecimiento para la República de Moldavia y el Mecanismo para Ucrania. Para beneficiarse plenamente de estos mecanismos de apoyo, los países deben aplicar un programa de reformas con medidas concretas sobre los fundamentos básicos.

La Unión está reforzando su compromiso con las normas jurídicas internacionales mediante su proceso de adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos y su evaluación en curso en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

3.3 Acción de la UE para responder a violaciones del Estado de Derecho

La Unión ha reforzado su capacidad para responder eficazmente a las violaciones del Estado de Derecho sobre la base de una serie de instrumentos, incluidos los procedimientos de infracción, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, el procedimiento del artículo 7 y el Reglamento sobre condicionalidad.

Responder a los retos del Estado de Derecho

La Comisión ha seguido ejerciendo su papel de guardiana de los Tratados de la UE incoando procedimientos de infracción para abordar violaciones específicas del Estado de Derecho. También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha seguido dictando importantes sentencias sobre el Estado de Derecho, que aclaran aún más los requisitos del Derecho de la Unión. Entre ellas se incluyen sentencias sobre las retribuciones de los jueces
[34](#footnote35)
, la posibilidad de apartar a un juez de asuntos que tiene atribuidos
[35](#footnote36)
, la asignación de asuntos
[36](#footnote37)
 o la admisibilidad de las peticiones de decisión prejudicial
[37](#footnote38)
.

Las Orientaciones políticas indican claramente que se debe seguir garantizando el cumplimiento mediante procedimientos de infracción y la aplicación reforzada efectiva del mecanismo del artículo 7, incluso en una futura Unión
[38](#footnote39)
. Por último, prosigue en relación con Hungría el procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE, que permite al Consejo determinar la existencia de un riesgo claro de vulneración grave de los valores de la UE y hacer un seguimiento de dichos riesgos
[39](#footnote40)
. El Consejo celebró un debate sobre la situación en Hungría en noviembre de 2024 y una audiencia formal en mayo de 2025.

Proteger el presupuesto de la UE de vulneraciones de los principios del Estado de Derecho

Las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho también pueden perjudicar gravemente los intereses financieros de la Unión. Solo se puede garantizar una buena gestión financiera si las autoridades públicas actúan con arreglo a la ley, si los servicios de investigación y fiscalía persiguen efectivamente las infracciones a la ley y si las decisiones arbitrarias o ilegales de las autoridades públicas pueden estar sujetas a un control judicial efectivo.

El régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión se activa cuando existe un vínculo suficientemente directo entre vulneraciones de los principios del Estado de Derecho y el presupuesto de la Unión, siempre que otros procedimientos establecidos en la legislación de la Unión no permitan proteger el presupuesto de la Unión de manera más eficaz. Las medidas de protección adoptadas por el Consejo en diciembre de 2022 en el marco del procedimiento iniciado por la Comisión contra Hungría en virtud del Reglamento sobre condicionalidad siguen vigentes
[40](#footnote41)
.

La determinación de vulneraciones de los principios del Estado de Derecho y de un vínculo suficientemente directo con el presupuesto de la UE requiere una evaluación exhaustiva por parte de la Comisión. El Informe sobre el Estado de Derecho es una fuente de información clave para la aplicación del Reglamento sobre condicionalidad y varios ámbitos incluidos en el informe pueden ser directamente pertinentes a tal fin
[41](#footnote42)
. Esto incluye, en particular, el sistema judicial, así como el correcto funcionamiento de los servicios de investigación y de fiscalía, además del control judicial efectivo por parte de tribunales independientes. También puede referirse a la lucha contra la corrupción en lo que respecta al funcionamiento de las autoridades al ejecutar el presupuesto de la Unión o llevar a cabo actividades de control financiero, seguimiento y auditoría; a la prevención y sanción del fraude y la corrupción; y a una cooperación eficaz y oportuna con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea.

4.ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN EL ÁMBITO NACIONAL

|  |
| --- |
| Metodología del informe sobre el Estado de Derecho y sus recomendaciones  La evaluación recogida en los capítulos relativos a cada Estado miembro y país candidato a la adhesión analizado se ha elaborado siguiendo una metodología consolidada que se ha utilizado en ediciones anteriores del informe [42](#footnote43) . Para los países candidatos, el paquete anual de ampliación de la Comisión comprende el estado de preparación y los avances en la adaptación al acervo de la Unión y a las normas europeas, también en lo que atañe a todos los aspectos del Estado de Derecho. Los capítulos por país del Informe sobre el Estado de Derecho relativos a los socios de la ampliación seleccionados pueden hacer referencia a orientaciones que se les hayan dirigido en el proceso de ampliación y subrayar la complementariedad entre dicho proceso y el Informe sobre el Estado de Derecho.  Los capítulos por país se basan en una evaluación cualitativa realizada por la Comisión de forma autónoma, cuyo enfoque recae en un resumen de los acontecimientos importantes desde julio de 2024. En cada capítulo por país, el análisis se centra en los temas en los que se han producido cambios significativos o en los que persisten problemas significativos detectados en informes anteriores. El análisis contiene una evaluación cualitativa de los progresos realizados por los Estados miembros en la aplicación de las recomendaciones de 2024 [43](#footnote44) . El objetivo de las recomendaciones de 2025 sigue siendo ayudar a los Estados miembros a llevar a cabo sus reformas [44](#footnote45) . El presente informe no formula recomendaciones para los países candidatos, ya que estas se recogen en el paquete anual de ampliación.  El informe es el resultado de una estrecha colaboración con las autoridades nacionales y se basa en diversas fuentes nacionales, internacionales y de otra índole [45](#footnote46) , así como en los datos recabados por la propia Comisión [46](#footnote47) . Se pidió a los Estados miembros y a los países candidatos a la adhesión que envíen contribuciones escrita y se les pidió que colaborasen en las visitas por país [47](#footnote48) . Una consulta dirigida a partes interesadas también generó importantes contribuciones transversales y específicas por país [48](#footnote49) . Asimismo, el Consejo de Europa facilitó un resumen de sus dictámenes e informes recientes [49](#footnote50) . Antes de la adopción del presente informe, se brindó a las autoridades nacionales la oportunidad de proporcionar información actualizada sobre el capítulo correspondiente a su país. El informe aprobado sirve de base para posteriores debates de la Comisión con los Gobiernos y Parlamentos nacionales. |

4.1. 
   Sistemas judiciales

Unos sistemas judiciales eficientes, que funcionen correctamente y sean plenamente independientes son esenciales para aplicar y hacer cumplir la legislación tanto de la UE como nacional. La independencia judicial es crucial para garantizar que los procesos judiciales sean justos y para asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos individuales
[50](#footnote51)
. El acceso a tribunales independientes y la capacidad de solicitar una revisión judicial son fundamentales para el Estado de Derecho.

Al diseñar sus sistemas judiciales, los Estados miembros deben respetar plenamente los requisitos establecidos por el Derecho de la UE y la jurisprudencia del TJUE. También deben tenerse en cuenta las normas europeas elaboradas por el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia. Las redes y asociaciones judiciales europeas realizan una importante contribución a la promoción y defensa del Estado de Derecho y al desarrollo de normas europeas
[51](#footnote52)
. También desempeñan un papel importante a este respecto los abogados y los colegios de abogados.

Percepción de la independencia judicial en toda la UE

Las encuestas del Eurobarómetro realizadas en 2025 muestran que la percepción de independencia judicial entre el público en general aumentó en trece Estados miembros, se mantuvo estable en tres y disminuyó en once. Del mismo modo, la percepción de las empresas aumentó en quince Estados miembros, se mantuvo estable en dos y disminuyó en diez
[52](#footnote53)
. Unos sistemas judiciales que funcionen correctamente y sean plenamente independientes benefician tanto a la ciudadanía como a las empresas y su positiva repercusión en la inversión contribuye al crecimiento y la competitividad. En 
[Finlandia](https://commission.europa.eu/document/f7ea627e-0b72-48f8-b30f-a37940fe9112_en)
, 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
, 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
, 
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
, 
[Luxemburgo](https://commission.europa.eu/document/38e15783-3aca-434e-83e8-26ba0a90fc7c_en)
 y 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
, el nivel de independencia percibido por el público en general o las empresas sigue siendo especialmente alto (por encima del 75 %), pero se mantiene muy bajo en 
[Croacia](https://commission.europa.eu/document/920cc4c5-ceef-4072-9d5c-95ef1bba1f78_en)
, 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
 y 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
 (por debajo del 30 %). Por lo que se refiere a los países candidatos a la adhesión, los resultados del Eurobarómetro muestran en el mejor de los casos un nivel medio de independencia percibida.

Consejos del poder judicial y procedimientos para el nombramiento y el cese de jueces como salvaguardias clave para la independencia judicial

Los procedimientos de nombramiento y cese de jueces, junto con las competencias y la estructura de los Consejos del Poder Judicial, son fundamentales para preservar la independencia judicial. Cuando existen Consejos del Poder Judicial, actúan como amortiguadores entre el poder judicial y otras ramas del poder en ámbitos como los nombramientos y el desarrollo profesional, así como la gestión del sistema judicial
[53](#footnote54)
. El Consejo de Europa ha elaborado normas europeas sobre cómo deben diseñarse estos Consejos para proteger eficazmente su independencia, también en lo que respecta a su composición
[54](#footnote55)
. Para que los Consejos del Poder Judicial funcionen de manera eficiente, necesitan recursos suficientes e independencia administrativa.

Varios Estados miembros han realizado avances legislativos para reforzar la independencia y la eficacia de los Consejos del Poder Judicial. En 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
, la recién creada Comisión de Nombramientos Judiciales ha comenzado su labor. En
[Luxemburgo](https://commission.europa.eu/document/38e15783-3aca-434e-83e8-26ba0a90fc7c_en)
, el Consejo Nacional de Justicia, creado en 2023, ya es plenamente operativo y funciona eficazmente.

En otros Estados miembros hay iniciativas en curso. En
[España](https://commission.europa.eu/document/3457bf3b-e321-49af-80fd-de0617ef5b28_en)
, un diálogo estructurado mantenido en 2024 con la Comisión Europea condujo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y se han dado pasos para la adaptación del procedimiento de nombramiento de los jueces que lo integran. En 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
, con la reforma del sistema judicial ya en vigor, el Consejo Superior del Poder Judicial está llevando adelante sus funciones, mientras que la reforma sobre la separación de las carreras de jueces y fiscales, que conlleva la creación de dos Consejos Superiores separados, ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente se está debatiendo en el Senado. En 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
, el Gobierno ha presentado propuestas para seguir reforzando la independencia judicial, en particular en lo que atañe a los nombramientos de jueces y los procedimientos disciplinarios. En 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
, el Parlamento ha aprobado una ley para abordar la falta de independencia del Consejo Nacional del Poder Judicial, pero aún no ha entrado en vigor debido a su remisión al Tribunal Constitucional y el Gobierno está trabajando en una propuesta revisada. En 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
, se ha puesto en marcha la reforma del Consejo de Administración de Tribunales, cuyo objetivo es transferir competencias del Ministerio de Justicia, convertir al Consejo en un órgano permanente y modificar su composición.

Al mismo tiempo, el Consejo Superior del Poder Judicial de 
[Portugal](https://commission.europa.eu/document/5a482f87-1f24-47bd-8595-d25f1ca29c6a_en)
 ha pedido que se reflexione sobre posibles mecanismos para garantizar su estabilidad y salvaguardar su independencia. En 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
, el Tribunal Constitucional ha anulado las modificaciones de la composición del Consejo Superior de la Magistratura destinadas a abordar preocupaciones de larga data, ya que no fueron adoptadas por el órgano competente, lo que significa que la cuestión de la composición y el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura está sin resolver. 
[Eslovaquia](https://commission.europa.eu/document/44d5d5ba-27d1-4797-b412-83ad2cc4cb57_en)
 tiene previsto reforzar el papel del Consejo Superior de la Magistratura en ámbitos como los procedimientos disciplinarios. Aunque se está reflexionando sobre la introducción de salvaguardias que aporten garantías suficientes de independencia en lo que respecta al cese de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura, no se han tomado medidas formales.

Por lo que respecta a los países candidatos, en 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
, la aplicación del marco jurídico previamente modificado ha dado algunos resultados positivos iniciales, mientras que aún debe mejorarse la composición de los Consejos Superiores de la Magistratura y la Fiscalía. En 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
, persisten problemas en torno a los nombramientos y las decisiones sobre la carrera de los magistrados, así como de los miembros no magistrados del Consejo Superior de la Magistratura y del Consejo Superior de la Fiscalía.

Los procedimientos de nombramiento y cese de los jueces son fundamentales para la independencia judicial y para la percepción pública. El TJUE ha establecido que la independencia judicial exige que las condiciones y normas que rigen los nombramientos sean suficientes para evitar toda duda legitima en lo que respecta a la impermeabilidad de los jueces frente a elementos externos
[55](#footnote56)
. En varios Estados miembros, se están realizando esfuerzos para mejorar los procedimientos aplicables a los nombramientos judiciales, en particular en respuesta a las recomendaciones de 2024. En 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
 se está debatiendo en el Parlamento una reforma constitucional integral que prevé la participación del poder judicial en el procedimiento de nombramiento del presidente del Tribunal Supremo. En 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, el poder judicial participa por primera vez en los nombramientos a los cargos más altos del sistema judicial. En 
[Alemania](https://commission.europa.eu/document/88f3fdf4-5c1e-4ac1-a45e-47af7f93f45f_en)
, una nueva reforma para reforzar la resiliencia del Tribunal Constitucional consagra determinadas salvaguardias para su funcionamiento e independencia en la Constitución. En 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
, la revisión judicial recientemente introducida de las decisiones del Consejo Superior del Poder Judicial refuerza la transparencia y la rendición de cuentas. En 
[Lituania](https://commission.europa.eu/document/8db3f59c-a364-4aca-aa3b-4223cb268f8d_en)
 se han tomado medidas para mejorar la transparencia del proceso de nombramiento.

En otros Estados miembros, las reformas avanzan lentamente. En 
[Finlandia](https://commission.europa.eu/document/f7ea627e-0b72-48f8-b30f-a37940fe9112_en)
, los avances en la reforma del nombramiento de los jueces legos han sido limitados. En 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
, el debate sobre el refuerzo de las salvaguardias para garantizar la independencia de los jueces legos en el proceso de nombramiento de estos sigue en curso.

En algunos Estados miembros persisten retos y deficiencias en relación con los nombramientos para altos cargos judiciales y para los puestos de presidente de tribunal, aunque con distinta gravedad y repercusiones. En 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
, se han introducido nuevas normas sobre el nombramiento y la carrera de los jueces, pero en este proceso no siempre se consultó al Consejo Nacional del Poder Judicial sobre algunas de las modificaciones legislativas correspondientes. En 
[Letonia](https://commission.europa.eu/document/df89e669-a19b-4ac9-bdd1-d3b1e5737b28_en)
, todavía no se han establecido salvaguardias para proteger el procedimiento de nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo. En 
[Austria](https://commission.europa.eu/document/f9790196-3452-4a1c-a7dc-eaea3c676099_en)
, no se han tomado medidas para garantizar la participación judicial sistemática en el nombramiento de los presidentes de los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Por lo que se refiere a los países candidatos, en 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
 se ha nombrado por unanimidad al nuevo presidente del Tribunal Supremo. En 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
 se han adoptado medidas en todo el sistema judicial para mejorar la transparencia, si bien sigue habiendo algunas preocupaciones en cuanto a las decisiones de nombramiento.

En algunos Estados miembros, suscita preocupación la presión indebida sobre el poder judicial. En 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
, se sigue ejerciendo una presión indebida sobre algunos jueces en el seno del poder judicial, en particular en relación con los debates internos sobre cuestiones clave relacionadas con la independencia judicial. En 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
, las comisiones ad hoc creadas para investigar casos de intimidación a magistrados y posibles infiltraciones en el poder judicial han concluido su labor. Por lo que se refiere a los países candidatos, en 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, se ha mantenido una elevada presión política sobre el poder judicial y la fiscalía, con un seguimiento escaso o nulo por parte del Consejo Superior de la Magistratura, el Consejo Superior de la Fiscalía, el Gobierno o el Parlamento. En 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
, las injerencias y presiones de otros poderes del Estado suscitan serias preocupaciones sobre el respeto de la independencia judicial.

Autonomía e independencia del Ministerio Fiscal

Aunque la estructura de las fiscalías nacionales difiere de un Estado miembro a otro, son necesarias salvaguardias institucionales para garantizar la autonomía del Ministerio Fiscal, de modo que pueda actuar sin injerencias
[56](#footnote57)
. Esta autonomía es crucial para hacer cumplir el Derecho penal tanto nacional como europeo.

Han avanzado las reformas para reforzar las garantías institucionales del Ministerio Fiscal, algunas de ellas en respuesta a recomendaciones de 2024. En Eslovenia, han entrado en vigor salvaguardias para la independencia judicial y la autonomía de los fiscales en lo que respecta a las investigaciones parlamentarias. En 
[España](https://commission.europa.eu/document/3457bf3b-e321-49af-80fd-de0617ef5b28_en)
, se encuentra en fase de consulta un proyecto de reforma del Estatuto del Fiscal General del Estado que incluye la desvinculación de los mandatos del fiscal general y del Gobierno con vistas a su aprobación por el Gobierno y su presentación al Parlamento. En 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
, se está avanzando en la reforma de la Oficina Legal, que establece una distinción más clara entre las funciones consultiva y de persecución del delito del fiscal general. En 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
, se han dado pasos significativos hacia la separación entre el cargo de ministro de Justicia y el de fiscal general, pero aún no se ha adoptado una ley a tal efecto. En 
[Rumanía](https://commission.europa.eu/document/fcab6924-01cf-4514-9f68-3989759718e9_en)
, se estudian medidas legislativas para reforzar las salvaguardias relativas a la independencia de los fiscales de alto nivel.

En 
[Austria](https://commission.europa.eu/document/f9790196-3452-4a1c-a7dc-eaea3c676099_en)
, no se ha avanzado hasta la fecha en la creación de una Fiscalía Federal independiente, aunque está incluida en el programa gubernamental y se están preparando proyectos jurídicos. En 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
, si bien se ha declarado la compatibilidad con la Constitución del mecanismo para la rendición de cuentas efectiva y la responsabilidad penal del fiscal general y sus adjuntos, todavía deben abordarse cuestiones de procedimiento para garantizar su plena eficacia. En 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
, una enmienda constitucional suprime el requisito de que el fiscal general sea seleccionado entre los fiscales. En 
[Eslovaquia](https://commission.europa.eu/document/44d5d5ba-27d1-4797-b412-83ad2cc4cb57_en)
, sigue siendo motivo de preocupación el poder del fiscal general para anular resoluciones definitivas de los fiscales, combinado ahora con un nuevo marco fiscal.

Por lo que se refiere a los países candidatos, en 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
 están en curso procesos de elaboración legislativa relativos a la independencia del poder judicial y la autonomía de la fiscalía. En 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, la autonomía de la fiscalía suscita preocupaciones y la eficacia y la confidencialidad de las investigaciones penales se ven obstaculizadas por deficiencias en la legislación y la práctica.

Garantizar la rendición de cuentas y salvaguardar la independencia en los procedimientos disciplinarios

El TJUE ha establecido con claridad que los procedimientos disciplinarios no deben utilizarse como forma de control político sobre el poder judicial
[57](#footnote58)
. Las salvaguardias incluyen normas claras que definen qué constituye una infracción disciplinaria y las sanciones aplicables. Los procedimientos disciplinarios debe instruirlos un organismo independiente, en ellos se debe respetar el derecho de defensa y deben poder impugnarse judicialmente
[58](#footnote59)
.

La tendencia a un aumento de las garantías en los procedimientos disciplinarios se ha mantenido en varios Estados miembros. En 
[Chequia](https://commission.europa.eu/document/be724460-59e5-4be3-b882-b329d1613d9a_en)
, entró en vigor un nuevo procedimiento disciplinario para jueces, fiscales y agentes judiciales que introduce la posibilidad de recurso. En 
[Eslovenia](https://commission.europa.eu/document/bad69dda-dfac-4678-a25a-60c57a76ca52_en)
, se están debatiendo en el Parlamento enmiendas para introducir garantías en el marco disciplinario de los jueces. Sin embargo, la situación en algunos Estados miembros es preocupante. En 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, la decisión de incoar procedimientos disciplinarios contra jueces por motivos relacionados con el contenido de sus resoluciones ha suscitado un debate en el seno de la magistratura. En 
[Eslovaquia](https://commission.europa.eu/document/44d5d5ba-27d1-4797-b412-83ad2cc4cb57_en)
, aunque se han tomado algunas medidas para aclarar determinados aspectos de procedimiento y el Gobierno ha manifestado su disposición a adoptar nuevas medidas legislativas, todavía hay que avanzar en la introducción de garantías suficientes en relación con la responsabilidad penal por las resoluciones judiciales.

La protección efectiva de la independencia judicial requiere una cultura de integridad e imparcialidad. Varios Estados miembros están aplicando políticas y prácticas para promover la integridad en el poder judicial. Un ejemplo es 
[Lituania](https://commission.europa.eu/document/8db3f59c-a364-4aca-aa3b-4223cb268f8d_en)
, donde el poder judicial está recibiendo formación destinada a fomentar un entorno anticorrupción. En 
[Croacia](https://commission.europa.eu/document/920cc4c5-ceef-4072-9d5c-95ef1bba1f78_en)
, prosiguen los esfuerzos por mantener y mejorar la integridad de los jueces y los abogados del Estado.

Por lo que se refiere a los países candidatos, 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
 ha seguido aplicando reformas judiciales y ha concluido el proceso de investigación de todos los jueces y fiscales en primera instancia, lo que refuerza aún más la rendición de cuentas. En 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
, ha mejorado la promoción y el cumplimiento de las normas deontológicas y profesionales entre jueces y fiscales.

Esfuerzos para mejorar la calidad y la eficiencia de la justicia

La eficiencia de los sistemas judiciales es una condición necesaria para la protección de los derechos, la seguridad jurídica y la confianza de la ciudadanía. Las medidas clave son la gestión de la carga de trabajo y la rapidez de las resoluciones. La excesiva duración de los procesos genera retrasos y menoscaba la confianza de la ciudadanía en los sistemas judiciales nacionales. Los retrasos también tienen importantes repercusiones en las decisiones empresariales y la inversión.

En varios Estados miembros, se están llevando a cabo reformas para mejorar la eficiencia de la justicia. En 
[Chequia](https://commission.europa.eu/document/be724460-59e5-4be3-b882-b329d1613d9a_en)
, se han registrado nuevas mejoras en los tiempos de resolución de los asuntos. 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
,
[Bélgica](https://commission.europa.eu/document/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62_en)
 y 
[España](https://commission.europa.eu/document/3457bf3b-e321-49af-80fd-de0617ef5b28_en)
 están tomando medidas para mejorar la eficiencia. En 
[Alemania](https://commission.europa.eu/document/88f3fdf4-5c1e-4ac1-a45e-47af7f93f45f_en)
, se ha introducido un nuevo procedimiento para tratar de manera más eficiente los asuntos civiles «masivos».

No obstante, algunos Estados miembros se siguen enfrentando a problemas de larga data en lo que respecta a la eficiencia de sus sistemas judiciales. En 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
, 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
 y
[Croacia](https://commission.europa.eu/document/920cc4c5-ceef-4072-9d5c-95ef1bba1f78_en)
, a pesar de las importantes medidas adoptadas, la duración de los procesos judiciales sigue siendo un problema grave. En 
[Portugal](https://commission.europa.eu/document/5a482f87-1f24-47bd-8595-d25f1ca29c6a_en)
, si bien ha mejorado la eficiencia de los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos y tributarios en primera instancia, las empresas han comunicado serias dificultades en cuanto al tiempo que se tarda en dictar sentencia, en particular en segunda instancia. En 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, el panorama general sigue siendo positivo en lo que se refiere a los asuntos civiles, mercantiles y penales, pero se siguen constatando graves dificultades en la tramitación de los procesos contencioso-administrativos y los recursos de inconstitucionalidad.

Un sistema judicial eficiente depende de unos recursos adecuados, incluidas las inversiones necesarias en infraestructuras y un personal bien cualificado, formado y adecuadamente remunerado. La previsibilidad puede ser clave para la credibilidad del sistema judicial y para atraer a profesionales
[59](#footnote60)
. Muchos Estados miembros han seguido invirtiendo en sus sistemas judiciales, a menudo a pesar de las importantes presiones que gravan el gasto público. 
[Portugal](https://commission.europa.eu/document/5a482f87-1f24-47bd-8595-d25f1ca29c6a_en)
 ha adoptado medidas significativas para mejorar los recursos humanos asignados a la justicia con nuevas contrataciones y cambios legislativos. 
[Los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
, 
[Rumanía](https://commission.europa.eu/document/fcab6924-01cf-4514-9f68-3989759718e9_en)
, 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
 y 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
 también han tomado medidas para aumentar los recursos destinados al sistema judicial. En 
[Eslovenia](https://commission.europa.eu/document/bad69dda-dfac-4678-a25a-60c57a76ca52_en)
, se han incrementado las retribuciones de los jueces y se ha introducido en la legislación un mecanismo automático de indexación. En 
[Croacia](https://commission.europa.eu/document/920cc4c5-ceef-4072-9d5c-95ef1bba1f78_en)
, se han introducido en la legislación criterios objetivos para actualizar las retribuciones de los jueces y los abogados del Estado. En 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
, se está procediendo a un aumento de las retribuciones en el sistema judicial en tres etapas, hasta 2027. 

Los niveles de remuneración tienden a influir en el atractivo de la profesión judicial. Se han tomado algunas medidas en relación con el nivel de remuneración de los jueces y fiscales en 
[Alemania](https://commission.europa.eu/document/88f3fdf4-5c1e-4ac1-a45e-47af7f93f45f_en)
, mientras persisten los retos relacionados con la contratación del poder judicial. En 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
, los problemas relacionados con los recursos y las infraestructuras siguen afectando al trabajo de los jueces de primera instancia. La escasez de recursos financieros y humanos sigue teniendo efectos negativos en la calidad de la justicia en 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
. Los limitados recursos financieros de 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
 siguen afectando a la autonomía financiera del poder judicial.

Invertir en la digitalización puede reforzar la eficiencia y la accesibilidad de los sistemas judiciales, así como mejorar su resiliencia. Han avanzado las iniciativas en materia de digitalización en 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
, 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
, 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
, 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, 
[España](https://commission.europa.eu/document/3457bf3b-e321-49af-80fd-de0617ef5b28_en)
, 
[Francia](https://commission.europa.eu/document/a237330c-e02b-4298-b589-d93d4e6ceb3a_en)
, 
[Luxemburgo](https://commission.europa.eu/document/38e15783-3aca-434e-83e8-26ba0a90fc7c_en)
, 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
 y 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
. No obstante, los resultados pueden ser dispares en términos de aplicación práctica. En 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
 se han introducido nuevas herramientas digitales de acceso a la justicia, pero siguen faltando herramientas electrónicas para la comunicación. En 
[Chequia](https://commission.europa.eu/document/be724460-59e5-4be3-b882-b329d1613d9a_en)
, la videoconferencia está bien establecida y se ha visto respaldada por cambios legislativos recientes, mientras que el despliegue del sistema «e-file» ha registrado nuevos retrasos. En 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
, todas las ramas del sistema judicial están plenamente digitalizadas salvo los tribunales penales, donde las soluciones digitales siguen siendo limitadas por problemas técnicos que el Ministerio de Justicia está trabajando por resolver antes de que finalice 2025. 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
 está introduciendo nuevas iniciativas de digitalización y un sistema electrónico moderno e integrado de gestión de asuntos en los tribunales y las fiscalías y en 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
 se está implantando un nuevo sistema de gestión de asuntos de la fiscalía. Los esfuerzos por seguir mejorando las herramientas digitales también prosiguen en 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
, pero persisten los problemas, por ejemplo infraestructuras obsoletas.

Acceso a la justicia y papel de los abogados en el sistema judicial

Los abogados, los colegios de abogados y otras profesiones jurídicas, como los notarios, desempeñan un papel crucial en la defensa del Estado de Derecho. El reciente Convenio del Consejo de Europa para la protección de la profesión de la abogacía representa un paso importante para garantizar que los abogados puedan desempeñar el papel fundamental que se les asigna en una sociedad democrática
[60](#footnote61)
.

El coste de los litigios y el acceso a la asistencia jurídica gratuita son fundamentales para garantizar el acceso real a la justicia. En 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
 se han adoptado nuevas medidas para reducir los costes de los litigios, se ha concluido una revisión general del régimen de asistencia jurídica gratuita en el ámbito civil y se está preparando una reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita en materia penal. En 
[España](https://commission.europa.eu/document/3457bf3b-e321-49af-80fd-de0617ef5b28_en)
, se ha reforzado el marco relativo a la asistencia jurídica gratuita y en 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
 se está relanzando una revisión del mismo. En 
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
, una revisión independiente recomendó aumentar los honorarios de los abogados. Las nuevas normas en materia de asistencia jurídica gratuita en 
[Portugal](https://commission.europa.eu/document/5a482f87-1f24-47bd-8595-d25f1ca29c6a_en)
 tienen por objeto abordar el bajo nivel de remuneración de los prestadores de esta, aunque el Colegio de Abogados reclama más cambios.

Un sistema judicial funcional requiere que los abogados tengan libertad para desempeñar sus funciones de asesoramiento y representación de sus clientes. En 
[Bélgica](https://commission.europa.eu/document/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62_en)
, tras la adopción de las directrices que prohíben la grabación de las reuniones entre abogados y clientes, los abogados han solicitado garantías procesales adicionales para proteger el secreto profesional. En 
[Lituania](https://commission.europa.eu/document/8db3f59c-a364-4aca-aa3b-4223cb268f8d_en)
, siguen planteándose preocupaciones en relación con el respeto de la confidencialidad entre abogado y cliente.

4.2. 
   Marco de lucha contra la corrupción

La corrupción erosiona la confianza en las instituciones públicas, perjudica la prestación de servicios públicos y genera un sentimiento de injusticia y desconfianza. A menudo está vinculada a otros delitos, en particular el blanqueo de capitales, mediante el cual se ocultan los beneficios ilícitos. Una lucha eficaz contra la corrupción depende de un enfoque integral que combine medidas preventivas y represivas en un marco jurídico e institucional sólido, con investigaciones y enjuiciamientos eficaces. Son necesarias medidas preventivas y campañas de sensibilización para fomentar la integridad y minimizar el espacio para la corrupción.

Percepciones de la corrupción en la UE

Los resultados del índice de percepción de la corrupción
[61](#footnote62)
 muestran sistemáticamente que ocho de los veinte países con mejor clasificación internacional son Estados miembros de la UE
[62](#footnote63)
. Sin embargo, hay diferencias entre Estados miembros
[63](#footnote64)
. Los socios de la ampliación obtienen una puntuación inferior a la media en esta clasificación
[64](#footnote65)
. Los Eurobarómetros de 2025 sobre la corrupción muestran que esta sigue siendo una preocupación grave para los ciudadanos y las empresas de la UE. Alrededor de siete de cada diez europeos (el 69 %) creen que la corrupción está muy extendida en su país y más de cuatro de cada diez (el 44 %) consideran que el nivel de corrupción ha aumentado en su país. Solo el 32 % de la ciudadanía cree que los esfuerzos de su Gobierno para luchar contra la corrupción son eficaces. Del mismo modo, la mayoría de las empresas europeas (el 63 %) consideran que el problema de la corrupción está muy extendido en su país y solo en torno a la mitad (el 52 %) consideran probable que las personas o empresas corruptas vayan a ser detenidas o denunciadas a la policía o a la fiscalía.

Estrategias nacionales de lucha contra la corrupción y su aplicación

El Derecho internacional reconoce la importancia de tener políticas anticorrupción eficaces
[65](#footnote66)
. Las estrategias nacionales de lucha contra la corrupción pueden garantizar que los Estados miembros sigan un enfoque global, coherente e integrado que permita incorporar la acción contra la corrupción transversalmente a todos los sectores de políticas pertinentes. Casi todos los Estados miembros cuentan actualmente con estrategias nacionales de lucha contra la corrupción, aunque de alcance variable
[66](#footnote67)
. 

En 
[Rumanía](https://commission.europa.eu/document/fcab6924-01cf-4514-9f68-3989759718e9_en)
, 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
 y 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
 se están preparando marcos estratégicos actualizados, mientras la aplicación de los existentes avanza conforme a lo previsto. 
[Los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
 han adoptado su primera política nacional de lucha contra la corrupción y en 
[Francia](https://commission.europa.eu/document/a237330c-e02b-4298-b589-d93d4e6ceb3a_en)
 se espera que se adopte el nuevo plan anticorrupción para el verano de 2025. 
[Eslovenia](https://commission.europa.eu/document/bad69dda-dfac-4678-a25a-60c57a76ca52_en)
 ha adoptado su nueva estrategia anticorrupción, que sigue un enfoque de «toda la sociedad» para mitigar la corrupción y aumentar la transparencia y la integridad. 
[Finlandia](https://commission.europa.eu/document/f7ea627e-0b72-48f8-b30f-a37940fe9112_en)
 ha adoptado un nuevo plan de acción de lucha contra la corrupción. 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
 ha registrado algunos retrasos en la elaboración de un nuevo marco estratégico.

Por lo que se respecta a los países candidatos, 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
 y 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
 han adoptado estrategias plurianuales de lucha contra la corrupción. En 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
, donde el marco jurídico de lucha contra la corrupción está ya establecido en gran medida, están en curso la aplicación de la estrategia de lucha contra la corrupción 2024-2028 y su plan de acción, pero siguen existiendo dificultades en lo que respecta a la supervisión. En 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
, la aplicación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción sigue siendo, en general, insuficiente.

Reforzar el marco jurídico de lucha contra la corrupción y la capacidad de las instituciones

Para luchar eficazmente contra la corrupción es necesario tener un marco jurídico sólido e instituciones fuertes e independientes para hacerlo cumplir. Los marcos jurídicos de todos los Estados miembros y de los países candidatos comprendidos en el presente informe se consideran sólidos y, en general, se están aplicando o se han previsto medidas para subsanar deficiencias concretas. Una vez adoptada, la Directiva de la UE sobre la lucha contra la corrupción brindará a los Estados miembros una nueva oportunidad de reforzar sus marcos
[67](#footnote68)
.

Varios Estados miembros han llevado a cabo reformas de su Derecho penal para reforzar la lucha contra la corrupción. 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
 ha adoptado una nueva legislación para ampliar los plazos de prescripción de los delitos de corrupción más graves. 
[Croacia](https://commission.europa.eu/document/920cc4c5-ceef-4072-9d5c-95ef1bba1f78_en)
 está preparando proyectos legislativos para apoyar unas investigaciones y unos enjuiciamientos más eficaces de los delitos de corrupción y para reforzar las competencias de su fiscalía especializada. En 
[Alemania](https://commission.europa.eu/document/88f3fdf4-5c1e-4ac1-a45e-47af7f93f45f_en)
, se registra un compromiso renovado para hacer frente a la delincuencia financiera, incluida la corrupción, y los planes de sanciones empresariales para el soborno en el extranjero habían avanzado mucho antes de la disolución temprana del Parlamento. En 
[España](https://commission.europa.eu/document/3457bf3b-e321-49af-80fd-de0617ef5b28_en)
, también se está trabajando en la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de reducir la duración de las investigaciones.

En otros Estados miembros, las reformas previstas se han suspendido temporalmente con el fin de adaptarlas a las nuevas normas de la UE en materia de lucha contra la corrupción, que se encuentran actualmente en fase de negociación interinstitucional. Así sucede en 
[Finlandia](https://commission.europa.eu/document/f7ea627e-0b72-48f8-b30f-a37940fe9112_en)
, que tiene previsto avanzar en la revisión del delito de soborno en el extranjero y la tipificación penal del comercio de influencias una vez se establezca el nuevo marco jurídico de la UE. En algunos casos, las modificaciones de la legislación penal han socavado la eficacia de las medidas de lucha contra la corrupción. En 
[Eslovaquia](https://commission.europa.eu/document/44d5d5ba-27d1-4797-b412-83ad2cc4cb57_en)
, la reforma del Derecho penal de 2024 se adaptó para garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión, y el Gobierno eslovaco participó activamente a tal fin. Sin embargo, otros aspectos siguen suscitando preocupaciones específicas y repercuten en varias investigaciones y enjuiciamientos de corrupción en curso, incluidos casos que implican a funcionarios de alto nivel. En 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
, los esfuerzos por combatir la corrupción, en particular en casos de alto nivel, siguen viéndose obstaculizados por las modificaciones del Código Penal de 2023.

Varios Estados miembros están tomando medidas para reforzar sus instituciones anticorrupción. En 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
, se están debatiendo propuestas para reforzar la independencia funcional y operativa de la Autoridad Independiente contra la Corrupción. En 
[Bélgica](https://commission.europa.eu/document/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62_en)
, se crearán nuevas estructuras de investigación y enjuiciamiento para contribuir a la lucha contra la corrupción. En 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
, una nueva Oficina del Defensor del Pueblo de la Policía (Fiosrú) ha sustituido a la antigua Comisión del Defensor del Pueblo de la Garda Síochána.

Para tratar casos de corrupción cada vez más complejos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los fiscales y el poder judicial deben estar suficientemente especializados y dotados de recursos suficientes. En 
[Portugal](https://commission.europa.eu/document/5a482f87-1f24-47bd-8595-d25f1ca29c6a_en)
, se han asignado recursos humanos adicionales a las investigaciones. En 
[España](https://commission.europa.eu/document/3457bf3b-e321-49af-80fd-de0617ef5b28_en)
, para reflejar la naturaleza cada vez más compleja de los casos de corrupción, se han proporcionado recursos adicionales a la fiscalía con la creación de dos salas de enjuiciamiento especializadas y puestos adicionales en la Fiscalía Anticorrupción. En 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
, la Fiscalía ha informado del refuerzo de la capacidad de investigación, la mejora de la colaboración interinstitucional y la mejora de la capacidad operativa en varios centros de investigación. En otros países persisten retos. En 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
, la insuficiencia de recursos y la falta de especialización siguen siendo un problema a la hora de investigar y enjuiciar los casos de corrupción. En 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
, los recursos humanos dedicados a la lucha contra la corrupción han aumentado ligeramente, pero siguen siendo insuficientes en general. En 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, la insuficiencia de recursos humanos está limitando la capacidad de la Fiscalía para la Delincuencia Organizada para tramitar e investigar casos complejos de delincuencia organizada y corrupción de alto nivel.

Una estrecha cooperación entre las autoridades policiales y otros organismos, como las unidades de inteligencia financiera y las autoridades tributarias, de auditoría, de competencia y otras autoridades administrativas, así como el acceso a bases de datos de información y la interconexión de registros, son fundamentales para combatir la corrupción de forma eficiente. En 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
, la cooperación entre las autoridades responsables es fluida. En 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
, han entrado en vigor normas modificadas para la coordinación de los servicios de fiscalía. En otros Estados miembros persisten algunos retos. En 
[Eslovenia](https://commission.europa.eu/document/bad69dda-dfac-4678-a25a-60c57a76ca52_en)
, la fiscalía ha informado de dificultades para acceder a la información y recopilar pruebas, en particular información bancaria. En 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
, la Autoridad de Integridad ha seguido comunicando obstáculos para el desempeño de sus funciones, como la falta de acceso a información contenida en las bases de datos de otros organismos.

Se ha informado de que la cooperación entre las autoridades nacionales y la Fiscalía Europea es buena, en términos generales, en los Estados miembros participantes. Además, la Fiscalía Europea es ya plenamente operativa en 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
 y 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
 para investigar y perseguir delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión. En 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
, el Programa de Gobierno para 2025 incluye el compromiso de adherirse a la Fiscalía Europea.

Investigación y enjuiciamiento eficaces de los delitos de corrupción y mejora del historial de casos de corrupción de alto nivel

Según el Eurobarómetro especial sobre las actitudes de la ciudadanía frente a la corrupción, alrededor de dos terceras partes de los europeos (el 66 %) consideran que los casos de corrupción de alto nivel no se persiguen suficientemente. La eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción puede verse obstaculizada por deficiencias jurídicas, como unos procedimientos engorrosos y poco claros para levantar inmunidades o la brevedad de los plazos de prescripción. Dichas deficiencias pueden resultar especialmente perjudiciales en casos complejos de corrupción.

La investigación y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción se llevan a cabo de manera eficiente en varios Estados miembros. En 
[Francia](https://commission.europa.eu/document/a237330c-e02b-4298-b589-d93d4e6ceb3a_en)
, se han intensificado los esfuerzos por perseguir la corrupción, también en lo que respecta a los casos de alto nivel, con la asignación de recursos humanos adicionales a las autoridades de investigación y la entrada en vigor de nuevos instrumentos legislativos. La investigación y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción en
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
 siguen siendo eficaces y no se han señalado obstáculos por parte de investigadores y fiscales. En 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción siguen dando resultados, pero los cuerpos y fuerzas de seguridad han manifestado su preocupación por la posible escasez de denuncias. En 
[Letonia](https://commission.europa.eu/document/df89e669-a19b-4ac9-bdd1-d3b1e5737b28_en)
, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción se llevan a cabo de manera eficiente, pero se han planteado algunas preocupaciones en relación con la corrupción de alto nivel.

Las autoridades 
[croatas](https://commission.europa.eu/document/920cc4c5-ceef-4072-9d5c-95ef1bba1f78_en)
 están elaborando un historial de investigaciones, enjuiciamientos y condenas por corrupción, incluidos casos de alto nivel. En 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
 se están investigando casos de corrupción a gran escala en los que están implicados funcionarios públicos y políticos. En 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, se está preparando un sistema común interoperable de gestión de los asuntos, al tiempo que prosiguen los esfuerzos por mejorar el historial de enjuiciamiento y sentencias firmes, también en casos de corrupción de alto nivel. En 
[Eslovenia](https://commission.europa.eu/document/bad69dda-dfac-4678-a25a-60c57a76ca52_en)
, la policía concluyó varias investigaciones importantes abiertas en años anteriores, lo que remitió a las oficinas de la fiscalía del Estado un número considerablemente mayor de casos de corrupción que el año anterior.

En 
[Portugal](https://commission.europa.eu/document/5a482f87-1f24-47bd-8595-d25f1ca29c6a_en)
, se plantean retos en materia de investigación, enjuiciamiento y resolución oportunos de los casos de corrupción de alto nivel, lo que entraña el riesgo de que prescriban. En 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
, se han incoado nuevas investigaciones y enjuiciamientos, aunque el número de sentencias firmes en casos de corrupción sigue siendo bajo y hay procesos en los que están implicados altos funcionarios pendientes de resolución. En 
[Rumanía](https://commission.europa.eu/document/fcab6924-01cf-4514-9f68-3989759718e9_en)
, si bien se mantiene el historial positivo, también por lo que respecta a la corrupción de alto nivel, las resoluciones en materia de prescripción han dado lugar al cierre de muchos asuntos de corrupción y a la anulación de condenas. 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
 y 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
 aún no han logrado acreditar un historial sólido de investigaciones, enjuiciamientos y sentencias firmes en casos de corrupción de alto nivel.

Por lo que se refiere a los países candidatos, en 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
, la Estructura especial de lucha contra la corrupción ha realizado progresos tangibles en pos de un historial sólido de lucha contra la corrupción, especialmente de alto nivel. En 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
, el historial de investigaciones y enjuiciamientos en casos de corrupción de alto nivel sigue mejorando, pero el bajo número de sentencias firmes y la falta de sanciones eficaces y disuasorias contribuyen a una percepción de impunidad. A pesar de las medidas adoptadas recientemente en 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
, los retrasos en los procesos judiciales y la falta de recursos siguen dificultando la constitución de un historial sólido de casos enjuiciados de corrupción de alto nivel. En 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, sigue siendo un reto establecer un historial sólido de investigaciones, enjuiciamientos y sentencias firmes en casos de corrupción de alto nivel.

Luchar contra la corrupción como facilitadora de la delincuencia organizada

Los grupos de delincuencia organizada utilizan la corrupción para alcanzar sus objetivos, lo que amenaza tanto a las instituciones públicas como a las privadas. Abordar los riesgos de corrupción relacionados con la influencia indebida y la infiltración de la delincuencia organizada en el sector público sigue siendo de la máxima prioridad para varios Estados miembros. En 
[Francia](https://commission.europa.eu/document/a237330c-e02b-4298-b589-d93d4e6ceb3a_en)
, el Consejo Constitucional ha revisado una ley para combatir el uso de la corrupción por parte de organizaciones delictivas. En 
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
, se sigue trabajando para combatir el soborno de funcionarios públicos por parte de la delincuencia organizada. 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
 ha adoptado una legislación para reforzar los controles de antecedentes de los empleados municipales, a fin de evitar la posible infiltración de agentes de la delincuencia organizada en la Administración pública.

Reforzar el marco de integridad y prevención de la corrupción

La mejor protección contra la corrupción es disponer de marcos de gobernanza e integridad transparentes y con rendición de cuentas. Con ello se destaca la importancia de que haya más transparencia, obligaciones deontológicas e integridad en las autoridades públicas en la lucha contra la corrupción, así como medidas específicas en ámbitos como los conflictos de intereses, los grupos de interés y las «puertas giratorias».

-Prevención de los conflictos de intereses
[68](#footnote69)
 

Los conflictos de intereses surgen cuando un funcionario público tiene un interés privado o profesional que podría interferir en el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones. En algunos Estados miembros, el marco de integridad se ha complementado con códigos de conducta y medidas para prevenir los conflictos de intereses, en particular mediante el refuerzo de las autoridades responsables. En 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
, se ha nombrado un asesor especial sobre ética, que se espera desempeñe un papel central en la promoción de los principios de buena gobernanza entre los funcionarios de alto nivel. En 
[Eslovaquia](https://commission.europa.eu/document/44d5d5ba-27d1-4797-b412-83ad2cc4cb57_en)
, se ha elaborado un proyecto de Código de conducta para las personas que ocupan altos cargos de la Administración, que está previsto que presente el Gobierno en julio de 2025. En 
[Luxemburgo](https://commission.europa.eu/document/38e15783-3aca-434e-83e8-26ba0a90fc7c_en)
, el Gobierno está estudiando la posibilidad de proponer modificaciones legislativas para introducir códigos de conducta para los representantes electos y los funcionarios municipales. En 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
, se han dado algunos pasos para reformar la legislación sobre conflictos de intereses.

En
[Austria](https://commission.europa.eu/document/f9790196-3452-4a1c-a7dc-eaea3c676099_en)
, se está preparando un proyecto de código de conducta para los ministros centrado en los conflictos de intereses. En 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
, las autoridades han comunicado que las normas sobre conflictos de intereses se aplican correctamente, con la designación de puntos de contacto anticorrupción en cada ministerio para apoyar el cumplimiento de las normas. Algunos Estados miembros han introducido medidas en materia de integridad en sectores específicos, como el poder judicial o la policía. Así ha sucedido en 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
, donde se han adoptado nuevas medidas para reforzar la integridad de la policía y del poder judicial, incluidos códigos éticos revisados. Del mismo modo, en 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
 se han puesto en marcha medidas para mejorar la integridad de la policía, mientras está pendiente el proyecto de ley para reforzar las medidas de integridad de los diputados al Parlamento y siguen pendientes de adopción en el Senado normas exhaustivas sobre conflictos de intereses ya aprobadas por la Cámara de Diputados. 

En otros Estados miembros se siguen observando deficiencias, ya que las normas sobre conflictos de intereses están incompletas o se han estancado las reformas. En 
[Chequia](https://commission.europa.eu/document/be724460-59e5-4be3-b882-b329d1613d9a_en)
, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley sobre conflictos de intereses por razones de procedimiento. En 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
, se dispone de medidas de prevención y resolución de los conflictos de intereses en la Administración pública, pero su ámbito de aplicación sigue siendo limitado, ya que a los diputados no se les aplican estas normas.

-Actividad de los grupos de interés y «puertas giratorias»

Para que la actividad de los grupos de interés sea una forma legítima de participación en la elaboración de políticas, debe estar sujeta a obligaciones rigurosas de transparencia e integridad. Estas obligaciones son esenciales para garantizar la rendición de cuentas, para que la toma de decisiones sea inclusiva y para evitar influencias indebidas o encubiertas
[69](#footnote70)
.

Algunos Estados miembros han revisado las normas de transparencia que se aplican a los grupos de interés, han creado o ampliado registros de transparencia o están preparando nuevas normas. 
[Chequia](https://commission.europa.eu/document/be724460-59e5-4be3-b882-b329d1613d9a_en)
 ha adoptado una ley sobre la actividad de los grupos de interés, con la que crea un nuevo registro de transparencia. En 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
, todos los partidos políticos del Parlamento han acordado un marco relativo a la actividad de presión dirigida a los diputados y se están evaluando las normas aplicables a la actividad de presión ante el Gobierno. En 
[España](https://commission.europa.eu/document/3457bf3b-e321-49af-80fd-de0617ef5b28_en)
, se ha presentado a las Cortes un anteproyecto de ley para regular la actividad de los grupos de interés, y se están tomando medidas para poner en marcha un registro público de grupos de interés. En 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
, el ámbito de aplicación del registro de grupos de interés se ha ampliado de la Administración central y local a otros organismos. En 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
, una comisión de investigación de todos los partidos ha recomendado la introducción de normas para los grupos de interés.

La falta de unas normas exhaustivas sobre los grupos de interés en algunos Estados miembros o las deficiencias en la aplicación del régimen existente se consideran un aspecto importante a mejorar. En 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
, aunque se han debatido algunos proyectos legislativos, siguen faltando en gran medida normas exhaustivas sobre la actividad de los grupos de interés y no existe un registro de grupos de interés accesible al público, con excepción de algunas iniciativas voluntarias y no exhaustivas emprendidas por algunos ministerios. En 
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
, se han introducido mejoras de procedimiento en el sistema existente, pero no se ha llevado a cabo una reforma sustancial. Aunque en 
[Portugal](https://commission.europa.eu/document/5a482f87-1f24-47bd-8595-d25f1ca29c6a_en)
 se iniciaron los trabajos para regular la actividad de los grupos de interés, estos no llegaron a materializarse antes de que concluyera la pasada legislatura. En 
[Francia](https://commission.europa.eu/document/a237330c-e02b-4298-b589-d93d4e6ceb3a_en)
, las obligaciones de divulgación siguen aplicándose únicamente a los grupos de interés y no a los altos cargos de la Administración. En 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
, 
[Austria](https://commission.europa.eu/document/f9790196-3452-4a1c-a7dc-eaea3c676099_en)
 y 
[Bélgica](https://commission.europa.eu/document/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62_en)
, no se han adoptado nuevas medidas para reforzar las normas sobre los grupos de interés. En 
[Croacia](https://commission.europa.eu/document/920cc4c5-ceef-4072-9d5c-95ef1bba1f78_en)
, aunque la aplicación de la nueva ley sobre la actividad de los grupos de interés avanza conforme a lo previsto, no se informa directamente al público de las reuniones entre grupos de interés y funcionarios. Son necesarias más medidas para mejorar el régimen de los grupos de interés en 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, en particular que se revise la definición de grupo de interés y se garantice la aplicación efectiva de la normativa en vigor.

Regular y hacer cumplir las normas sobre «puertas giratorias» entre cargos públicos y privados sigue siendo un ámbito de atención clave y en varios Estados miembros se están debatiendo cuestiones como unas restricciones más rigurosas tras el empleo y los períodos de incompatibilidad. En 
[Finlandia](https://commission.europa.eu/document/f7ea627e-0b72-48f8-b30f-a37940fe9112_en)
, se presentó al Parlamento en septiembre de 2024 una ley sobre la limitación de las puertas giratorias para los ministros. En 
[Chequia](https://commission.europa.eu/document/be724460-59e5-4be3-b882-b329d1613d9a_en)
, se sigue estudiando desde el punto de vista técnico una posible revisión futura de las normas sobre puertas giratorias. En 
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
, la Cámara de Representantes ha adoptado unas normas revisadas sobre puertas giratorias para ministros y secretarios de Estado. En otros Estados miembros, los debates no han avanzado. En 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
, no se ha dado seguimiento hasta la fecha a la evaluación de las normas sobre puertas giratorias. En 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
, han suscitado preocupación casos recientes de puertas giratorias en cuanto a la capacidad de garantizar las normas éticas en ausencia de reglas claras.

-Declaración del patrimonio y de intereses

Las normas para que los funcionarios públicos declaren su patrimonio y sus intereses son importantes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público. Un sistema eficaz de divulgación y verificación puede facilitar la detección de conflictos de intereses, incompatibilidades y de corrupción. Si bien la mayoría de Estados miembros cuentan con normas de este tipo, su alcance, transparencia y accesibilidad, así como los mecanismos para verificar la aplicación de dichas normas y hacerla cumplir, varían.

En algunos Estados miembros se están produciendo avances positivos, entre otras cosas en respuesta a recomendaciones del informe. En 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
, nuevas leyes exhaustivas sobre declaraciones del patrimonio y de intereses se aplican a un amplio espectro de altos funcionarios. En 
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
, está previsto revisar el régimen de declaración del patrimonio y de intereses de los ministros y secretarios de Estado.

La verificación de las declaraciones del patrimonio constituye un aspecto importante y algunos Estados miembros han centrado sus reformas en reforzar este elemento. El seguimiento y la verificación efectivos de las declaraciones del patrimonio en
[Portugal](https://commission.europa.eu/document/5a482f87-1f24-47bd-8595-d25f1ca29c6a_en)
 han mejorado de forma significativa. En 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, se ha revisado la ley relativa a las declaraciones del patrimonio para facilitar el proceso de presentación y verificación de las declaraciones.

En otros Estados miembros persisten las dificultades. Las normas relativas a la declaración del patrimonio y de intereses de 
[Austria](https://commission.europa.eu/document/f9790196-3452-4a1c-a7dc-eaea3c676099_en)
 no se aplican a los diputados parlamentarios. En 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
, las obligaciones de declaración del patrimonio de los ministros y secretarios de Estado no incluyen determinada información clave. En 
[Bélgica](https://commission.europa.eu/document/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62_en)
, el sistema de declaración del patrimonio y de intereses presenta deficiencias en términos de verificación y transparencia. En 
[Croacia](https://commission.europa.eu/document/920cc4c5-ceef-4072-9d5c-95ef1bba1f78_en)
, las dificultades para cumplir el compromiso de verificar todas las declaraciones del patrimonio se derivan de unos recursos limitados y la digitalización pendiente. En 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
, se siguen verificando las declaraciones del patrimonio y de intereses, pero sigue habiendo deficiencias en cuanto a la verificación y la transparencia efectivas, ya que las declaraciones no se publican. En 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, se siguen observando deficiencias en la verificación de las declaraciones del patrimonio y de conflictos de intereses. Una sentencia del Tribunal Constitucional obligará a 
[Rumanía](https://commission.europa.eu/document/fcab6924-01cf-4514-9f68-3989759718e9_en)
 a reconsiderar lo que se consideró un sólido sistema de declaración del patrimonio.

-Protección de los denunciantes de irregularidades y denuncia de casos de corrupción

La protección de los denunciantes es esencial para detectar y prevenir la corrupción. La transposición de la Directiva de la UE sobre la protección de los denunciantes ha llevado a muchos Estados miembros a aprobar legislación nueva o modificar la ya vigente. Todos los Estados miembros han transpuesto ya sus principales disposiciones, aunque son necesarias mejoras en ámbitos clave como el ámbito de aplicación material, las condiciones de protección y las medidas de protección contra represalias
[70](#footnote71)
. La protección de los denunciantes aporta valor añadido en cuanto a la mejora del cumplimiento del Derecho de la Unión en determinados ámbitos, especialmente en la delincuencia medioambiental, pero sus beneficios para la protección de los intereses públicos son más amplios y van más allá del Derecho de la Unión. Por esta razón, una gran mayoría de Estados miembros han ampliado el alcance de la protección de los denunciantes a ámbitos del Derecho nacional.

En 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
, tanto las autoridades como la sociedad civil consideran que la aplicación de las normas sobre denuncia de irregularidades va por buen camino. En 
[Lituania](https://commission.europa.eu/document/8db3f59c-a364-4aca-aa3b-4223cb268f8d_en)
, se está aplicando un nuevo marco de protección de los denunciantes. En 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
, ha entrado en vigor una nueva ley. 
[Letonia](https://commission.europa.eu/document/df89e669-a19b-4ac9-bdd1-d3b1e5737b28_en)
 ha previsto modificar la legislación sobre protección de los denunciantes tras efectuar una evaluación. En 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
, se está procediendo a la aplicación del marco jurídico mejorado en materia de protección de los denunciantes.

Sin embargo, en la práctica, sigue habiendo obstáculos a la notificación de casos de corrupción. Según el Eurobarómetro especial sobre las actitudes de la ciudadanía frente a la corrupción, el 27 % de los europeos consideran que quienes denuncian un caso de corrupción no están protegidos de represalias y el 27 % de los europeos creen que no se notifican casos de corrupción porque no se daría curso a la denuncia y no daría lugar a sanciones. Para superar las reticencias, los Estados miembros están poniendo en marcha herramientas de orientación y sensibilización. Por ejemplo,
[Croacia](https://commission.europa.eu/document/920cc4c5-ceef-4072-9d5c-95ef1bba1f78_en)
 ha puesto en marcha una amplia campaña de información.

-Financiación de partidos y campañas políticos

La transparencia en la financiación de los partidos políticos contribuye a evitar influencias indebidas, así como a promover la rendición de cuentas democrática
[71](#footnote72)
.

Varios Estados miembros han adoptado o están estudiando reformas para aumentar la transparencia y la supervisión en este ámbito. En 
[Eslovenia](https://commission.europa.eu/document/bad69dda-dfac-4678-a25a-60c57a76ca52_en)
, las normas actualizadas sobre la presentación de informes por parte de los partidos políticos tienen por objeto garantizar una mayor transparencia y claridad. En 
[Letonia](https://commission.europa.eu/document/df89e669-a19b-4ac9-bdd1-d3b1e5737b28_en)
, las modificaciones de las normas sobre la financiación de los partidos políticos han reforzado la responsabilidad penal sobre la financiación ilegal. En 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
, el Gobierno ha aprobado una reforma del marco de financiación de los partidos políticos que aclara las obligaciones financieras de estos últimos. En 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
, se ha presentado legislación para mejorar la transparencia de la financiación de los partidos políticos y en los Parlamentos de 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
 y 
[Rumanía](https://commission.europa.eu/document/fcab6924-01cf-4514-9f68-3989759718e9_en)
 se está debatiendo legislación en este sentido. En 
[Finlandia](https://commission.europa.eu/document/f7ea627e-0b72-48f8-b30f-a37940fe9112_en)
, el Parlamento adoptó una propuesta legislativa en junio de 2025. En 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
, el marco jurídico que regula la financiación de los partidos políticos sigue lastrado por deficiencias en términos de alcance, claridad y aplicación.

Lucha contra la corrupción en ámbitos de alto riesgo

La corrupción puede afectar a cualquier ámbito de la vida pública, pero los sectores de alto riesgo, normalmente los que manejan recursos públicos sustanciales o prestan servicios clave, merecen especial atención. Se consideran vulnerables sectores como la asistencia sanitaria, la energía y la planificación urbana, así como la administración municipal. Los ámbitos en los que se registra un rápido aumento del gasto público o de procedimientos abreviados, como la contratación pública en el ámbito de la defensa, requieren especial atención. En el marco de la red de la UE contra la corrupción, la Comisión y los Estados miembros están analizando estos ámbitos de alto riesgo y compartiendo buenas prácticas sobre la mejor manera de abordarlos
[72](#footnote73)
.

Los Estados miembros están adoptando diferentes medidas para mitigar los riesgos de corrupción en ámbitos de alto riesgo. 
[Lituania](https://commission.europa.eu/document/8db3f59c-a364-4aca-aa3b-4223cb268f8d_en)
 y 
[Finlandia](https://commission.europa.eu/document/f7ea627e-0b72-48f8-b30f-a37940fe9112_en)
 han puesto en marcha un seguimiento centrado en los ámbitos de alto riesgo. 
[Alemania](https://commission.europa.eu/document/88f3fdf4-5c1e-4ac1-a45e-47af7f93f45f_en)
 ha modernizado sus normas de contratación pública, aprovechando su potencial para aumentar la transparencia y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas. En 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
 se están abordando una serie de ámbitos de alto riesgo de corrupción. En 
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
, 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
 y 
[Bélgica](https://commission.europa.eu/document/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62_en)
, se están llevando a cabo iniciativas para luchar contra la corrupción asociada a la delincuencia organizada. En 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
, las instituciones de auditoría han señalado deficiencias en el uso de fondos públicos y cambios en los procedimientos de contratación pública.

En 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
 se están aplicando medidas para hacer frente a la corrupción en ámbitos de alto riesgo, como garantizar la aplicación de planes de integridad en las instituciones públicas. En 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, se ha seguido haciendo un amplio uso de las exenciones a la Ley de contratación pública, eludiendo así su aplicación, y los mecanismos de supervisión son insuficientes.

4.3.
   Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

La libertad y el pluralismo de los medios de comunicación son fundamentales para el Estado de Derecho. Los medios de comunicación independientes exigen responsabilidades a quienes ostentan el poder, al tiempo que hacen posible la libre circulación de información y opiniones. La presión y el control políticos o estatales pueden debilitar la libertad de los medios de comunicación y obstaculizar la capacidad de las personas para buscar, recibir y compartir información. La falta de rendición de cuentas por los ataques a la libertad de los medios de comunicación y a los periodistas suele ir acompañada de un deterioro de otros principios del Estado de Derecho.

El fomento del pluralismo y la libertad de prensa es un objetivo fundamental que persigue la Unión en su labor de refuerzo de la democracia y el Estado de Derecho. Las medidas presentadas en años anteriores en varios ámbitos clave incluidos en los informes sobre el Estado de Derecho, como reforzar la seguridad y la protección de los periodistas, abordar las demandas estratégicas contra la participación pública y atajar los problemas estructurales en el panorama de los medios de comunicación en general en el marco del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación
[73](#footnote74)
, se encuentran en diferentes fases de aplicación. Los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de la mayoría de las disposiciones de dicho Reglamento a más tardar el 8 de agosto de este año y la mayoría están estudiando o adoptando legislación para adaptarse a sus requisitos. La correcta aplicación del Reglamento también ayudará a abordar algunas de las recomendaciones formuladas en el presente Informe sobre el Estado de Derecho, en particular las relativas a la independencia de los medios de comunicación públicos, determinados aspectos de la protección de los periodistas, así como la transparencia y la equidad en la asignación de publicidad estatal.

Seguimiento de los riesgos para la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación

El Media Pluralism Monitor
[74](#footnote75)
 evalúa los riesgos para la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en todos los Estados miembros de la UE y en algunos Estados candidatos a la adhesión, centrándose en la protección fundamental, la pluralidad del mercado, la independencia política y la inclusión social. Las conclusiones de 2025 han puesto de manifiesto el deterioro de las condiciones de los periodistas en varios países, con un aumento de la violencia física con ocasión de protestas, más acoso en línea y campañas de difamación por parte de políticos. La elevada concentración de la titularidad de los medios de comunicación y el dominio de unas pocas plataformas digitales conllevan riesgos cada vez mayores. El informe también confirma la grave presión económica a que está sometido el ecosistema de los medios de comunicación en toda Europa, lo que agrava las posibilidades de influencia política.

Reforzar el funcionamiento independiente de los reguladores de los medios de comunicación

Los reguladores nacionales de los medios de comunicación desempeñan un papel esencial en la defensa del pluralismo de los medios cuando gozan de una independencia funcional y ejercen sus competencias de manera imparcial y transparente. Todos los Estados miembros cuentan con legislación que define las competencias y salvaguardias de independencia de los organismos reguladores de los medios de comunicación. Tanto la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual
[75](#footnote76)
 como el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación establecen requisitos para estos reguladores, como la independencia del Gobierno, la imparcialidad, la transparencia, la rendición de cuentas, los recursos adecuados, los procesos de nombramiento y destitución y unos mecanismos de recurso eficaces.

Desde el Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, las tareas y competencias de varios reguladores nacionales de los medios de comunicación se han ampliado o se están ampliando, en parte para cumplir con el Reglamento de Servicios Digitales de la UE
[76](#footnote77)
 y el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Por ejemplo, en 
[Portugal](https://commission.europa.eu/document/5a482f87-1f24-47bd-8595-d25f1ca29c6a_en)
 y 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
 se han incrementado los recursos financieros de los reguladores y en 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
, 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
 y 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, los reguladores han contratado personal adicional. Tanto 
[España](https://commission.europa.eu/document/3457bf3b-e321-49af-80fd-de0617ef5b28_en)
 como 
[Francia](https://commission.europa.eu/document/a237330c-e02b-4298-b589-d93d4e6ceb3a_en)
 están tomando medidas para reforzar la función supervisora de las autoridades reguladoras de los medios audiovisuales. Está previsto que la legislación otorgue a los reguladores nuevas tareas de seguimiento y supervisión en 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
, 
[Finlandia](https://commission.europa.eu/document/f7ea627e-0b72-48f8-b30f-a37940fe9112_en)
, 
[Eslovenia](https://commission.europa.eu/document/bad69dda-dfac-4678-a25a-60c57a76ca52_en)
, 
[Chequia](https://commission.europa.eu/document/be724460-59e5-4be3-b882-b329d1613d9a_en)
, 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
, 
[Bélgica](https://commission.europa.eu/document/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62_en)
, 
[Luxemburgo](https://commission.europa.eu/document/38e15783-3aca-434e-83e8-26ba0a90fc7c_en)
, 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
, 
[Eslovaquia](https://commission.europa.eu/document/44d5d5ba-27d1-4797-b412-83ad2cc4cb57_en)
 y 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
. Por lo que se refiere a los países candidatos, la independencia financiera de los reguladores de los medios de comunicación ha mejorado en 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
.

En varios Estados miembros persiste la preocupación por la independencia o la imparcialidad de los reguladores. Esto incluye la insuficiencia de salvaguardias contra influencias políticas indebidas en el proceso de nombramiento o en el funcionamiento de los reguladores, como se ha visto en 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
,
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
 y 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
. En 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
, la independencia del regulador sigue siendo motivo de preocupación debido a la fórmula bipartidista de elección de los miembros del consejo de administración y su afiliación política. Persisten serias preocupaciones por la independencia del regulador de los medios de comunicación de 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, con retrasos y deficiencias en el procedimiento de selección de sus dirigentes que socavan la confianza pública en el proceso.

Aumentar la transparencia de la titularidad de los medios de comunicación

La transparencia de la titularidad de los medios de comunicación permite a los usuarios formarse una opinión con mayor conocimiento, dado que los propietarios de los medios pueden controlar las decisiones editoriales y los contenidos informativos o influir directa o indirectamente en ellos. Se ha producido una evolución positiva en 
[Croacia](https://commission.europa.eu/document/920cc4c5-ceef-4072-9d5c-95ef1bba1f78_en)
 y 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, donde se han creado o ampliado registros de propiedad en línea o se ha procedido a su supervisión efectiva. En 
[Francia](https://commission.europa.eu/document/a237330c-e02b-4298-b589-d93d4e6ceb3a_en)
, el regulador está preparando una base de datos nacional sobre la titularidad de los medios de comunicación. En 
[Letonia](https://commission.europa.eu/document/df89e669-a19b-4ac9-bdd1-d3b1e5737b28_en)
, las modificaciones de la Ley de prensa harán obligatorio el registro de los prestadores de servicios de medios de comunicación y la información sobre la titularidad real.

En otros países, la situación es desigual. En 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
, se han mejorado las normas relativas a la transparencia de la información sobre la titularidad de los medios de comunicación, pero solo en relación con los prestadores de servicios de medios de comunicación. En 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, las medidas para aumentar la transparencia sobre las estructuras de propiedad y la financiación pública del sector de los medios de comunicación solo se han aplicado en parte.

Persisten dificultades en materia de transparencia sobre la titularidad de los medios de comunicación en 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
, 
[Chequia](https://commission.europa.eu/document/be724460-59e5-4be3-b882-b329d1613d9a_en)
, 
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
, 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
 y 
[España](https://commission.europa.eu/document/3457bf3b-e321-49af-80fd-de0617ef5b28_en)
, aunque se han registrado mejoras en 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
 y también se esperan en 
[España](https://commission.europa.eu/document/3457bf3b-e321-49af-80fd-de0617ef5b28_en)
, dado que queda poco para que se adopte una nueva ley al respecto. En 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
, la elevada concentración de la titularidad de los medios de comunicación sigue afectando negativamente a su independencia.

Proteger a los medios de comunicación de la presión política e influencias indebidas

La independencia de los medios de comunicación puede verse menoscabada por la presión política e influencias indebidas. Las salvaguardias contra la politización de los medios de comunicación públicos y unas normas transparentes en materia de asignación de la publicidad estatal son importantes para evitar esta presión.

La publicidad estatal incluye todo uso de los presupuestos del Estado, por parte de autoridades o entidades públicas a todos los niveles, con fines de publicidad y campaña. Si se asignan de forma no transparente o injusta, estos recursos pueden utilizarse como herramientas de influencia política. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación aborda esta cuestión estableciendo requisitos en relación con los criterios y procedimientos de asignación e impone que las autoridades públicas divulguen los importes gastados anualmente.

Para abordar esta cuestión, se están elaborando proyectos legislativos en 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
, 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
, 
[Eslovaquia](https://commission.europa.eu/document/44d5d5ba-27d1-4797-b412-83ad2cc4cb57_en)
 y 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
. En 
[Austria](https://commission.europa.eu/document/f9790196-3452-4a1c-a7dc-eaea3c676099_en)
, aunque se siguen aplicando correctamente las normas sobre transparencia de la publicidad estatal, la asignación justa de la misma sigue siendo un tema de debate. No se han adoptado ni están previstas medidas para regular la distribución de la publicidad estatal entre los medios de comunicación en 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
. En 
[Rumanía](https://commission.europa.eu/document/fcab6924-01cf-4514-9f68-3989759718e9_en)
, la financiación de los medios de comunicación privados por parte de partidos políticos y autoridades estatales ha dado lugar a un aumento de la publicidad política no transparente. Entre los países candidatos, en 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
 se siguen observando deficiencias en cuanto a la asignación justa de la publicidad estatal y otros recursos estatales. En 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
, la reintroducción de la publicidad financiada por el Estado ha suscitado críticas por parte de expertos en medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

Aunque cada Estado miembro es responsable de la financiación de los medios de comunicación públicos
[77](#footnote78)
, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación tiene por objeto garantizar su funcionamiento independiente. Para ello, exige que se dispongan salvaguardias para que cuenten con recursos económicos adecuados, sostenibles y previsibles y promueve la transparencia en los nombramientos y ceses de la dirección. En 
[Chequia](https://commission.europa.eu/document/be724460-59e5-4be3-b882-b329d1613d9a_en)
, se han aprobado reformas destinadas a reforzar la independencia de los organismos públicos de radiodifusión nacionales, aclarando la misión de los medios de comunicación públicos y otorgándoles recursos económicos más sostenibles. En 
[Portugal](https://commission.europa.eu/document/5a482f87-1f24-47bd-8595-d25f1ca29c6a_en)
, se ha firmado un nuevo contrato con el prestador del servicio público de medios de comunicación y se han incrementado sus recursos.

Todavía están en curso o en preparación reformas en 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
, 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
, 
[Finlandia](https://commission.europa.eu/document/f7ea627e-0b72-48f8-b30f-a37940fe9112_en)
, 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
, 
[Letonia](https://commission.europa.eu/document/df89e669-a19b-4ac9-bdd1-d3b1e5737b28_en)
, 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
, 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
, 
[Bulgaria,](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
 
[Francia](https://commission.europa.eu/document/a237330c-e02b-4298-b589-d93d4e6ceb3a_en)
, 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
, 
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
 y 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
. En 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, los nuevos procedimientos de nombramiento de los órganos administrativos introdujeron cambios positivos, al tiempo que persisten las preocupaciones en relación con el marco legislativo y la independencia política de los medios de comunicación públicos. En 
[Eslovaquia](https://commission.europa.eu/document/44d5d5ba-27d1-4797-b412-83ad2cc4cb57_en)
, también persiste la preocupación por la ley de julio de 2024 por la que se disuelve el organismo público de radiodifusión y se crea una nueva entidad. En 
[Rumanía](https://commission.europa.eu/document/fcab6924-01cf-4514-9f68-3989759718e9_en)
, 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
 y 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
, todavía no se han abordado las preocupaciones anteriormente expresadas en relación con la gobernanza independiente y la independencia editorial de los medios de comunicación públicos. En 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
 y 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, ha aumentado la preocupación por la independencia del organismo público de radiodifusión.

Acceso a la información

El derecho de acceso a la información que obra en poder de las autoridades públicas es fundamental para que los periodistas realicen su labor de investigación. También es un importante instrumento de transparencia y rendición de cuentas de que disponen la sociedad civil y la ciudadanía en general. 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
, 
[Luxemburgo](https://commission.europa.eu/document/38e15783-3aca-434e-83e8-26ba0a90fc7c_en)
, 
[Bélgica](https://commission.europa.eu/document/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62_en)
, 
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
, 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
, 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
 y 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
 han adoptado medidas adicionales, aunque en muchos casos está por verificar la eficacia de los cambios legislativos en la práctica.

En otros Estados miembros en los que anteriormente se habían detectado problemas, como 
[Finlandia](https://commission.europa.eu/document/f7ea627e-0b72-48f8-b30f-a37940fe9112_en)
 y 
[Rumanía](https://commission.europa.eu/document/fcab6924-01cf-4514-9f68-3989759718e9_en)
, se han realizado algunos esfuerzos, mientras que en 
[España](https://commission.europa.eu/document/3457bf3b-e321-49af-80fd-de0617ef5b28_en)
 no se han adoptado nuevas medidas. En 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
, las normas que regulan la divulgación de determinada información judicial relativa a procesos penales siguen siendo motivo de preocupación para los periodistas. En 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
, el marco jurídico sobre el acceso a la información está pendiente de modificación y su aplicación efectiva plantea importantes retos.

Mejorar la seguridad y la protección de los periodistas y hacer frente a las amenazas jurídicos y los procesos judiciales abusivos contra la participación pública

Los periodistas se siguen enfrentando a amenazas físicas y jurídicas y su seguridad se ve aún más comprometida por las campañas de difamación en línea de que son objeto en algunos Estados miembros. A raíz de la Recomendación de la Comisión de 2021 sobre la seguridad de los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación
[78](#footnote79)
, varios Estados miembros y países candidatos elaboraron planes de acción específicos y adoptaron medidas para crear estructuras de apoyo que promuevan la seguridad de los periodistas.

Las demandas estratégicas contra la participación pública (DECPP) son una forma particular de acoso destinada a silenciar a periodistas y defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones de interés público, con la intención de crear un efecto disuasorio sobre la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión. Desde mayo de 2024, se dispone de legislación de la Unión para combatir las DECPP transfronterizas
[79](#footnote80)
 y se anima a los Estados miembros a que armonicen las salvaguardias para abarcar también los casos nacionales. Además, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación prevé la protección de las fuentes periodísticas y las comunicaciones confidenciales, en particular frente al uso de herramientas de vigilancia intrusiva.

La legislación de la UE y la Recomendación de la Comisión que aborda específicamente las DECPP
[80](#footnote81)
 han contribuido a estimular nuevas medidas legislativas a escala nacional. 
[Bélgica](https://commission.europa.eu/document/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62_en)
 ha adoptado medidas para reforzar la protección jurídica de los periodistas, como la despenalización de la difamación y la introducción de sanciones más severas para los delitos cometidos contra periodistas. 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
 e 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
 también han empezado a introducir garantías procesales específicas e 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
 está revisando su legislación sobre difamación. En
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
, la Asociación de Periodistas ha sido designada punto de contacto nacional para las cuestiones relacionadas con las DECPP. En
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
, el Gobierno tiene intención de limitar la gravedad de la sanción por el delito de difamación. Por otra parte, la reforma del régimen de difamación está estancada en 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
 y no ha avanzado en 
[Eslovaquia](https://commission.europa.eu/document/44d5d5ba-27d1-4797-b412-83ad2cc4cb57_en)
.

Más en general, en lo que respecta a la seguridad de los periodistas, se han producido avances positivos en algunos Estados miembros, entre otras cosas en respuesta a las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024. En 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, prosiguen los esfuerzos de sensibilización sobre las DECPP contra periodistas. En 
[Luxemburgo](https://commission.europa.eu/document/38e15783-3aca-434e-83e8-26ba0a90fc7c_en)
, el Gobierno se ha comprometido a reforzar la protección de los periodistas y en 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
, se ha encomendado a la autoridad nacional reguladora de los medios de comunicación que supervise la seguridad de los periodistas. En 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
, las autoridades siguen aportando una respuesta institucional y policial rápida y eficaz a los nuevos casos de violencia verbal y física contra periodistas. Por otra parte, los procesos de reforma están pendientes en 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
 y 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
, a pesar de la preocupación por la seguridad de los periodistas y sus condiciones de trabajo. En 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, la seguridad de los periodistas se ha convertido en una fuente de preocupación creciente. 

4.4.
   Otras cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales

Contar con un sistema de contrapoderes institucionales que funcione correctamente es un componente fundamental del Estado de Derecho. Garantiza el funcionamiento, la cooperación y la rendición de cuentas de los órganos del Estado, de modo que el poder ejercido por uno de ellos esté sujeto al control de otros.

Debates y reformas constitucionales para reforzar el sistema de contrapoderes institucionales

En algunos Estados miembros se están tomando medidas para reforzar el sistema constitucional de contrapoderes institucionales. En 
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
, las autoridades estatales adoptaron una serie de iniciativas para dar seguimiento a las propuestas de la Comisión Estatal sobre el Estado de Derecho. En 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
, la reforma constitucional que limita las competencias del presidente en el proceso de nombramiento de un Gobierno provisional está sujeta a un nuevo control de constitucionalidad. En 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
, prosigue el debate parlamentario sobre el proyecto de reforma constitucional dirigido a mejorar la estabilidad del Gobierno e introducir la elección directa del primer ministro. En 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
, una reforma legislativa que eleva el umbral para que la ciudadanía pueda solicitar directamente una investigación judicial ha suscitado las críticas de algunas partes interesadas por su posible repercusión en el enjuiciamiento de delitos de alto nivel.

El sistema de contrapoderes institucionales es especialmente importante en tiempos de crisis, en los que pueden resultar necesarias medidas de emergencia. En esos casos, son importantes garantías como limitar estas medidas en el tiempo, asegurar que sean estrictamente necesarias y proporcionadas y garantizar mecanismos de supervisión y control. En 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
, el Gobierno ha presentado una propuesta de modificación de la Constitución con el fin de establecer un marco para afrontar mejor las crisis graves. Por otro lado, en 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
, el Gobierno sigue haciendo un amplio uso de sus competencias de emergencia, socavando la seguridad jurídica y afectando al funcionamiento de las empresas en el mercado único.

La inclusividad, la calidad y la transparencia del proceso legislativo

La existencia de un proceso transparente, de rendición de cuentas, democrático y pluralista para la adopción de leyes es esencial para una buena labor legislativa y para la seguridad jurídica. Varios Estados miembros han adoptado medidas para mejorar la consulta de las partes interesadas en el proceso legislativo. 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
 ha introducido el uso sistemático de una plataforma en línea, que ha contribuido de forma significativa a mejorar la consulta a las partes interesadas. En 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
, un proceso de reflexión detectó ámbitos susceptibles de mejora en el proceso de consulta. Los Estados miembros también están estudiando la mejora de la calidad del proceso legislativo. En 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
, se han modificado las normas del proceso legislativo para dar al Parlamento más tiempo para analizar las propuestas legislativas. En 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, se mantiene la tendencia positiva de evitar el recurso a los procedimientos legislativos acelerados y se está respetando el plazo legal establecido para las consultas públicas, si bien podrían mejorarse más la participación y la transparencia en el proceso legislativo.

En otros Estados miembros, sigue habiendo deficiencias en cuanto a la participación de las partes interesadas en el proceso legislativo. En 
[Eslovaquia](https://commission.europa.eu/document/44d5d5ba-27d1-4797-b412-83ad2cc4cb57_en)
, siguen suscitando preocupación las prácticas de elusión de la participación de las partes interesadas en la elaboración de la legislación y el recurso frecuente a procedimientos acelerados. En 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
, no se han dado nuevos pasos con vistas a la introducción de un marco formal para la participación pública en el proceso legislativo, aunque el Gobierno ha declarado su intención de crear un nuevo ministerio dedicado a la consulta pública. En 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
, la aplicación de las normas relativas a la elaboración de la legislación sigue planteando problemas y persiste la preocupación por la calidad del proceso legislativo.

En 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
, se siguen planteando retos en relación con la calidad del proceso legislativo, incluida la eficacia de las consultas públicas, lo cual es también un problema en 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
. En 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
, sigue habiendo deficiencias en la aplicación de procesos para una elaboración de políticas inclusiva y basada en datos contrastados. En 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, la baja frecuencia de las sesiones y la falta de un verdadero debate político en el Parlamento han seguido obstaculizando su eficacia y su función de supervisión.

Cambios importantes en los tribunales supremos y constitucionales en el sistema de contrapoderes

Las jurisdicciones constitucionales desempeñan un papel clave para la aplicación efectiva del Derecho de la Unión y para garantizar la integridad de su ordenamiento jurídico y son agentes clave del sistema de contrapoderes institucionales. Si bien el establecimiento, la composición y el funcionamiento de las jurisdicciones constitucionales son competencia de los Estados miembros, estos están obligados a ejercer dicha competencia ateniéndose al Derecho y los valores de la UE.

En algunos Estados miembros, las sentencias del Tribunal Constitucional han tenido importantes repercusiones para los contrapoderes institucionales. En 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
, el Tribunal Constitucional revisó los resultados electorales de varios colegios electorales y constató que la elección de dieciséis diputados al Parlamento había sido ilegal. Esto dio lugar a un nuevo cálculo de los escaños y de los partidos representados en el Parlamento. En 
[Rumanía](https://commission.europa.eu/document/fcab6924-01cf-4514-9f68-3989759718e9_en)
, las elecciones presidenciales se repitieron en 2025 tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular la primera vuelta de las elecciones. En 
[Chequia](https://commission.europa.eu/document/be724460-59e5-4be3-b882-b329d1613d9a_en)
, se han aplicado límites constitucionales a una técnica procesal que permite modificaciones tardías que no guardan relación con el fondo de una propuesta legislativa. En 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
, aún no han entrado en vigor las leyes que abordan las graves preocupaciones relacionadas con el Tribunal Constitucional y el Gobierno está trabajando en una propuesta revisada.

En 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
, el Tribunal Constitucional ha seguido funcionando eficazmente, mientras que en 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
 se ha reforzado el papel del Tribunal Constitucional en el seguimiento y la ejecución de sus resoluciones. En 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
, se creó una profunda crisis institucional y política a raíz de la decisión del Parlamento de declarar unilateralmente la jubilación de un juez del Tribunal Constitucional, lo que suscitó preocupación por el respeto de la independencia del Tribunal. En 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, es motivo de preocupación el hecho de que sigan vacantes cuatro puestos en el Tribunal Constitucional, ya que ello ha afectado negativamente a la eficiencia del Tribunal.

Defensores del Pueblo, instituciones nacionales de derechos humanos y otras autoridades independientes

Las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH)
[81](#footnote82)
, los defensores del pueblo
[82](#footnote83)
, los organismos de igualdad y otras autoridades independientes desempeñan un papel importante en el fomento del respeto del Estado de Derecho y son un elemento esencial del sistema de contrapoderes institucionales. En algunos Estados miembros se están realizando esfuerzos por reforzar estas instituciones. En 
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
, el Instituto de Derechos Humanos ha adoptado medidas para abordar sus problemas de gobernanza y en 
[Lituania](https://commission.europa.eu/document/8db3f59c-a364-4aca-aa3b-4223cb268f8d_en)
 se ha ampliado el mandato de los Defensores del Pueblo Parlamentarios, con recursos reforzados. En 
[Luxemburgo](https://commission.europa.eu/document/38e15783-3aca-434e-83e8-26ba0a90fc7c_en)
, sigue en curso una reforma para adscribir la Comisión Consultiva de Derechos Humanos al Parlamento en lugar del Ministerio de Estado. En 
[Austria](https://commission.europa.eu/document/f9790196-3452-4a1c-a7dc-eaea3c676099_en)
, el Gobierno se ha comprometido en su programa a garantizar la transparencia y la objetividad de los nombramientos para altos cargos de autoridades independientes, que siguen siendo un ámbito susceptible de politización. En 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
, algunas autoridades independientes y reguladoras siguen funcionando con mandatos caducados y se han reanudado los procedimientos de renovación. En 
[Croacia](https://commission.europa.eu/document/920cc4c5-ceef-4072-9d5c-95ef1bba1f78_en)
, se han adoptado medidas significativas para mejorar el seguimiento de las recomendaciones del Defensor del Pueblo y sobre el acceso a la información.

En otros Estados miembros, las INDH, los defensores del pueblo y otras autoridades independientes siguen enfrentándose a retos. En 
[Bélgica](https://commission.europa.eu/document/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62_en)
, el Instituto Federal de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por el presupuesto del organismo interfederal para la igualdad. El Instituto de Derechos Humanos de 
[Rumanía](https://commission.europa.eu/document/fcab6924-01cf-4514-9f68-3989759718e9_en)
 se enfrenta a graves problemas de escasez de recursos humanos y financieros.

Por lo que se refiere a los cuatro Estados miembros que aún tenían que establecer una INDH en consonancia con los Principios de París de las Naciones Unidas, 
[Chequia](https://commission.europa.eu/document/be724460-59e5-4be3-b882-b329d1613d9a_en)
 ha creado ya una institución nacional de derechos humanos. Sin embargo, en 
[Rumanía](https://commission.europa.eu/document/fcab6924-01cf-4514-9f68-3989759718e9_en)
 no se ha adoptado aún una decisión definitiva sobre la acreditación de las instituciones nacionales de derechos humanos. En 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
, si bien cinco proyectos de ley siguen pendientes en el Parlamento, no se han adoptado medidas concretas para fundar una institución nacional de derechos humanos. En 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
, el Gobierno ha estado trabajando en la creación de una institución nacional de derechos humanos, pero todavía no se ha presentado un proyecto legislativo al Parlamento.

Por lo que se refiere a los países candidatos, en 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
 se está elaborando una nueva ley sobre la Oficina del Defensor del Pueblo para que esta se atenga plenamente a los Principios de París y obtenga la acreditación de categoría A.

Cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de los órganos jurisdiccionales nacionales

Desde 2022, los capítulos por país incluyen cifras sobre el cumplimiento de las sentencias principales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), un indicador importante del funcionamiento del Estado de Derecho en un país. Los resultados varían de un Estado miembro a otro. En el conjunto de la UE, alrededor del 45,7 % de las sentencias principales que ha dictado el TEDH en los diez últimos años en relación con los Estados miembros aún no se han cumplido, lo que supone un ligero aumento con respecto al año pasado
[83](#footnote84)
.

En 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
, se han modificado las normas procesales para que el director del Ministerio Fiscal o una persona condenada puedan solicitar la reapertura de un asunto tratado en el sistema de justicia penal, con el fin de dar cumplimiento a una sentencia firme del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, se ha introducido en el Código Procesal Civil un nuevo motivo para la reapertura de los procesos, lo que permite revisar un asunto a raíz de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declare la vulneración del derecho a un proceso equitativo. En 
[Bélgica](https://commission.europa.eu/document/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62_en)
, el cumplimiento por parte de las autoridades públicas de las sentencias firmes de los tribunales nacionales sigue siendo un problema y prosigue la supervisión de los problemas estructurales detectados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Marco propicio para la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos son cruciales para defender los valores de la UE. Actúan como guardianes, llamando la atención sobre las amenazas al Estado de Derecho, promoviendo los valores democráticos y contribuyendo a garantizar que quienes ejercen el poder rindan cuentas. La Comisión ha ayudado a los Estados miembros a aplicar la Recomendación sobre compromiso cívico, que subraya la necesidad de proteger y capacitar a las organizaciones de la sociedad civil para garantizar un espacio cívico próspero
[84](#footnote85)
.

La mayoría de los Estados Miembros sigue garantizando un marco propicio y alentador para la sociedad civil, y el espacio de la sociedad civil sigue considerándose «abierto». Algunos Estados miembros han adoptado nuevas medidas para mejorarlo. En 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
, se han adoptado nuevas medidas para mejorar el marco en el que opera la sociedad civil, y las partes interesadas consideran que, si bien el compromiso del Gobierno con la sociedad civil y las mejoras en su financiación se encuentran en una fase temprana, se está avanzando en una buena dirección general. 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
 está aligerando las obligaciones de información de las organizaciones de la sociedad civil. En 
[España](https://commission.europa.eu/document/3457bf3b-e321-49af-80fd-de0617ef5b28_en)
, se ha presentado una proposición de ley orgánica para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana a fin de dar respuesta a preocupaciones previamente comunicadas por las partes interesadas. También se han tomado medidas para mejorar el acceso a la financiación en 
[Austria](https://commission.europa.eu/document/f9790196-3452-4a1c-a7dc-eaea3c676099_en)
, donde la aplicación de la reciente reforma del régimen tributario de las organizaciones de la sociedad civil ha dado resultados positivos, y en 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
, donde entró en vigor un nuevo marco jurídico en 2025. En 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
, el Gobierno tiene la intención de establecer un nuevo modelo de financiación. En 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
, se han adoptado medidas para abordar los obstáculos jurídicos al acceso a la financiación y la Comisión Electoral tiene la revisión de la legislación vigente en una fase avanzada de preparación.

Sin embargo, se mantiene la tendencia observada en informes anteriores de aumento de los retos a que se enfrenta la sociedad civil, con nuevas restricciones legales, financiación insuficiente o agresiones físicas y verbales. En 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
, el deterioro del entorno para las organizaciones de la sociedad civil y la inseguridad jurídica dificultan aún más el espacio cívico. El trabajo parlamentario sobre un nuevo proyecto de ley relativo a la «transparencia en la vida pública» se ha pospuesto hasta el otoño y, en su forma actual, tendría consecuencias significativas para las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, en particular al restringir su acceso a la financiación. En 
[Eslovaquia](https://commission.europa.eu/document/44d5d5ba-27d1-4797-b412-83ad2cc4cb57_en)
, el entorno de la sociedad civil se enfrenta a cada vez más presiones y las nuevas obligaciones de notificación y divulgación de información han introducido una carga adicional para las organizaciones de la sociedad civil.

Las partes interesadas han expresado su preocupación por los nuevos obstáculos al derecho de manifestación en 
[Bélgica](https://commission.europa.eu/document/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62_en)
. En 
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
, el espacio para las organizaciones de la sociedad civil se ha reducido y se ve afectado por una combinación de recortes en la financiación y riesgos de nuevos obstáculos jurídicos. En 
[Alemania](https://commission.europa.eu/document/88f3fdf4-5c1e-4ac1-a45e-47af7f93f45f_en)
, la falta de medidas sobre la exención fiscal de las organizaciones sin ánimo de lucro sigue generando obstáculos en la práctica. En 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
, una nueva ley de seguridad destinada a luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada y mejorar la seguridad interior ha suscitado la preocupación de las partes interesadas por su posible repercusión en el espacio cívico y en el ejercicio de las libertades fundamentales, mientras que el Gobierno opina que las nuevas disposiciones logran el equilibrio entre el derecho de reunión pacífica y el derecho a la libre circulación y la libertad personal. En 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, se ha iniciado la evaluación del marco normativo actual en materia de registro, pero todavía es necesario estructurar una participación regular y sostenida con las organizaciones de la sociedad civil. En 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
, las modificaciones recientes de la legislación y la Constitución, así como su aplicación en la práctica, han generado inseguridad jurídica para los organizadores de asambleas públicas destinadas a promover la igualdad y la diversidad y los participantes en ellas. Por lo que se refiere a los países candidatos, las organizaciones de la sociedad civil de 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
 siguen teniendo, en términos generales, libertad para operar, pero persisten las dificultades, en particular en lo que respecta a los requisitos de registro y la limitada financiación pública. En 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
, las organizaciones de la sociedad civil funcionan en un entorno en general propicio, pero persisten algunos retos. En 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
, el Gobierno ha puesto en marcha medidas para mejorar la cooperación con la sociedad civil, que ha puesto de manifiesto retos, como la incitación al odio en línea. En 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a una presión y unos ataques cada vez mayores.

Sistemas nacionales de contrapoderes institucionales en el uso de programas informáticos de vigilancia intrusivos («programas espía»)

Aun cuando el uso de programas espía esté justificado por motivos de seguridad nacional, e incluso en casos que se sitúen fuera del ámbito del Derecho de la UE, los sistemas nacionales de contrapoderes institucionales han de garantizar la existencia de salvaguardias. Deben respetarse derechos fundamentales como la protección de los datos personales, la libertad de recibir y comunicar información y la libertad de expresión, así como el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. La legislación de la UE en materia de protección de datos ofrece un mecanismo global de supervisión y salvaguardias y es aplicable en situaciones en las que se utilizan programas espía por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. También la Comisión de Venecia ha examinado el uso de programas espía, su regulación y los mecanismos de supervisión aplicables
[85](#footnote86)
.

En el Informe sobre el Estado de Derecho en 2025 se sigue examinando la evolución de la situación e informando al respecto, y las denuncias de uso ilegal de programas espía han puesto el foco en los contrapoderes nacionales. En 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
, la investigación judicial eximió de responsabilidad a todos los organismos y funcionarios estatales griegos en el caso del uso del programa espía Predator, mientras que todavía no se ha adoptado un decreto presidencial destinado a proteger la privacidad de las comunicaciones frente al software de seguimiento. Informes sobre periodistas víctimas del programa espía Paragon en 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
 recogieron las preocupaciones de las partes interesadas y dieron lugar a una investigación de la Comisión Parlamentaria para la Seguridad de la República, que en junio de 2025 publicó un informe en el que afirma que no ha detectado ningún uso del programa espía por parte de los servicios de inteligencia italianos contra periodistas italianos. En 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
, la comisión de investigación sobre el uso del programa «Pegasus» prosigue sus actividades. En 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
, no se han abordado las preocupaciones relacionadas con las garantías procesales y la supervisión efectiva en caso de medidas de vigilancia secreta al margen de los procesos penales. En 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, la sociedad civil ha informado de que las autoridades serbias utilizaron programas espía para vigilar ilegalmente a periodistas, activistas medioambientales y otras personas.

4.5.
   Aspectos del mercado único en los cuatro pilares

Un sistema judicial eficaz, la lucha contra la corrupción, la buena gobernanza, la seguridad jurídica y un proceso legislativo sólido tienen importantes repercusiones económicas. Configuran el entorno empresarial y orientan las decisiones de inversión, influyen en el buen funcionamiento del mercado único y, en última instancia, afectan al crecimiento económico y a la creación de empleo.

Sobre la base de los nuevos datos del Eurobarómetro presentados en el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE de 2025, los capítulos por país informan de la percepción de las empresas sobre la independencia de la contratación pública y las autoridades nacionales de competencia. Estas autoridades son de vital importancia para el funcionamiento del mercado único. Por lo que respecta a los organismos de supervisión de la contratación pública de primera instancia, el nivel de independencia percibida es mayor en 
[Austria](https://commission.europa.eu/document/f9790196-3452-4a1c-a7dc-eaea3c676099_en)
, 
[Finlandia](https://commission.europa.eu/document/f7ea627e-0b72-48f8-b30f-a37940fe9112_en)
 e 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
, y menor en 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
, 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
 y 
[Croacia](https://commission.europa.eu/document/920cc4c5-ceef-4072-9d5c-95ef1bba1f78_en)
. En cuanto a las autoridades nacionales de competencia, el nivel de independencia percibida es mayor en 
[Austria](https://commission.europa.eu/document/f9790196-3452-4a1c-a7dc-eaea3c676099_en)
, 
[Finlandia](https://commission.europa.eu/document/f7ea627e-0b72-48f8-b30f-a37940fe9112_en)
 y 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
, y menor en 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
, 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
 y 
[Croacia](https://commission.europa.eu/document/920cc4c5-ceef-4072-9d5c-95ef1bba1f78_en)
.

En lo que atañe al nivel percibido de protección de las inversiones, manifestaron su confianza más de dos terceras partes de las empresas encuestadas en 
[Luxemburgo](https://commission.europa.eu/document/38e15783-3aca-434e-83e8-26ba0a90fc7c_en)
, 
[Irlanda](https://commission.europa.eu/document/55a936a2-0b7f-45aa-9bf2-e12486b33c42_en)
, 
[Finlandia](https://commission.europa.eu/document/f7ea627e-0b72-48f8-b30f-a37940fe9112_en)
, 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
, 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
, 
[Suecia](https://commission.europa.eu/document/72c47621-433b-4def-8aa0-d0cb2daafaf5_en)
, 
[Austria](https://commission.europa.eu/document/f9790196-3452-4a1c-a7dc-eaea3c676099_en)
, 
[Eslovenia](https://commission.europa.eu/document/bad69dda-dfac-4678-a25a-60c57a76ca52_en)
 y 
[los Países Bajos](https://commission.europa.eu/document/02c5f8a3-cb3c-466f-92f0-5233129091df_en)
, mientras que en 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
 y 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
 expresaron su confianza menos de una tercera parte. En el caso de los países candidatos, más de la mitad de las empresas encuestadas expresaron su confianza en la protección de las inversiones en 
[Montenegro](https://commission.europa.eu/document/4e4b66a5-a08e-4261-a33c-ba083c4d1c08_en)
 y 
[Serbia](https://commission.europa.eu/document/298f86d5-723b-4d3e-90b4-98ea24d9c885_en)
, y menos de la mitad en 
[Albania](https://commission.europa.eu/document/3732ae59-5ab4-48a6-a3e6-0ef9aa593863_en)
 y 
[Macedonia del Norte](https://commission.europa.eu/document/ede31053-efc6-4dd0-89ed-c9224f7eeb70_en)
.

Por lo que se refiere al funcionamiento del sistema judicial, un aspecto clave desde la perspectiva del mercado único es la especialización de los órganos jurisdiccionales y los jueces para tramitar asuntos mercantiles, incluidos asuntos transfronterizos de alto valor. En 
[Alemania](https://commission.europa.eu/document/88f3fdf4-5c1e-4ac1-a45e-47af7f93f45f_en)
, han entrado en vigor nuevas normas para la creación de tribunales mercantiles especializados, con el objetivo de ofrecer a las empresas procedimientos más especializados y eficientes para litigios de gran valor. En 
[Letonia](https://commission.europa.eu/document/df89e669-a19b-4ac9-bdd1-d3b1e5737b28_en)
, el Tribunal económico especializado sigue trabajando con eficiencia a pesar del aumento general de los asuntos y la reducción temporal de los jueces en activo. En 
[Polonia](https://commission.europa.eu/document/bac7fb6c-b5f2-4593-b62a-b9a4b87269e4_en)
, se encuentra en proceso de constitución un Tribunal de protección de los consumidores digitales y la competencia, mientras que en 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
 el proyecto legislativo para crear un nuevo tribunal mercantil se encuentra ahora en el Parlamento. En 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
, los representantes de las empresas consideran que la entrada en funcionamiento del Tribunal mercantil debería ser una prioridad, ya que los retrasos en la administración de justicia son un factor disuasorio para el crecimiento de las empresas, lo que afecta especialmente a las pymes.

Otros ámbitos relacionados con la justicia que benefician a las empresas son la disponibilidad de mecanismos alternativos de resolución de litigios y los costes de estos últimos. Las empresas respaldan los esfuerzos por promover el recurso a la resolución alternativa de litigios en 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
, lo que incluye la modernización de la ley de arbitraje. En 
[Finlandia](https://commission.europa.eu/document/f7ea627e-0b72-48f8-b30f-a37940fe9112_en)
, las partes interesadas del sector empresarial han señalado que el marco jurídico es favorable en lo que respecta a la protección de las inversiones, pero que el elevado coste de los litigios en materia de propiedad intelectual podría obstaculizar el acceso a la justicia. Las elevadas tasas judiciales y la ausencia de un límite máximo para estas pueden afectar al acceso a la justicia en 
[Austria](https://commission.europa.eu/document/f9790196-3452-4a1c-a7dc-eaea3c676099_en)
, también para las empresas. En 
[Estonia](https://commission.europa.eu/document/a240f7e5-028d-4448-938f-33df5887531c_en)
, un proyecto de ley que prevé un aumento de las tasas afectaría a los asuntos relacionados con las empresas.

Los problemas de eficiencia de la justicia pueden afectar especialmente a las empresas, cuyas decisiones de inversión se basan en una tramitación rápida de los litigios. Así sucede en 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
, donde las partes interesadas consideran que los retrasos e ineficiencias de los tribunales merman la confianza de las empresas. Del mismo modo, en 
[Portugal](https://commission.europa.eu/document/5a482f87-1f24-47bd-8595-d25f1ca29c6a_en)
, las partes interesadas consideran que los problemas de eficiencia del sistema judicial pueden obstaculizar la inversión. En 
[Eslovaquia](https://commission.europa.eu/document/44d5d5ba-27d1-4797-b412-83ad2cc4cb57_en)
, se considera que la lentitud de los procedimientos administrativos constituye un obstáculo para las empresas y afecta a su capacidad para obtener los permisos y autorizaciones necesarios.

La ejecución efectiva y oportuna de las resoluciones judiciales vinculantes también es esencial para las empresas que operan en todo el mercado único de la UE. En los capítulos por país también se presenta información sistemática sobre los mecanismos existentes para ayudar a cumplir las sentencias de los tribunales supremos de lo contencioso-administrativo en cada Estado miembro.

Por lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
 ha introducido un sistema de gestión específico para reducir la burocracia y mejorar la normalización en el ámbito de la concesión de licencias, que pretende actuar como protección contra posibles prácticas corruptas. En 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
, las empresas que son miembros de la Cámara de Comercio se han comprometido a aplicar medidas de lucha contra la corrupción. En 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
, donde las partes interesadas del sector empresarial consideran que la contratación pública es muy propensa a la corrupción, los esfuerzos del Gobierno por mejorar la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia en la contratación pública deberían contribuir a mejorar el entorno empresarial. En 
[Italia](https://commission.europa.eu/document/9ccf6a60-8e2f-4193-868b-30a24c9e37e0_en)
, la contratación pública se ha digitalizado mediante una plataforma interinstitucional destinada a combatir específicamente los intentos de infiltración de la delincuencia organizada a través de la corrupción. Por otra parte, en 
[Eslovaquia](https://commission.europa.eu/document/44d5d5ba-27d1-4797-b412-83ad2cc4cb57_en)
, las empresas consideran que se está deteriorando el clima empresarial, incluida una tendencia negativa de las condiciones de política económica que afectan a sus operaciones. En 
[Eslovenia](https://commission.europa.eu/document/bad69dda-dfac-4678-a25a-60c57a76ca52_en)
, algunos representantes de la comunidad empresarial han manifestado su preocupación por la influencia indebida y el conflicto de intereses en las empresas públicas. En 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
, los acuerdos marco celebrados por centrales de compras han permitido a algunos operadores económicos convertirse en líderes de mercado o adquirir una posición dominante a expensas de sus competidores.

Un entorno mediático regido por unas normas claras y transparentes no solo protege la integridad del espacio democrático, sino que también apoya el funcionamiento del mercado único garantizando unas condiciones de competencia equitativas para los prestadores de servicios de medios de comunicación. Los retos económicos a los que se enfrentan los medios de comunicación constituyen un fenómeno mundial que también se percibe en toda Europa. Además de la transparencia de la titularidad de los medios de comunicación y la asignación transparente y equitativa de la publicidad estatal a los distintos medios de comunicación, también es importante en este sentido que los sistemas de financiación del sector de los medios de comunicación sean transparentes. Este tipo de regímenes de financiación siguen teniendo efectos positivos en 
[Austria](https://commission.europa.eu/document/f9790196-3452-4a1c-a7dc-eaea3c676099_en)
, mientras que su presupuesto ha aumentado significativamente en
[Lituania](https://commission.europa.eu/document/8db3f59c-a364-4aca-aa3b-4223cb268f8d_en)
 y se prevén reformas de los mecanismos de apoyo a los medios de comunicación en 
[Dinamarca](https://commission.europa.eu/document/e4ce4501-599e-41b0-aba6-7d61cf4e97f2_en)
 y 
[Portugal](https://commission.europa.eu/document/5a482f87-1f24-47bd-8595-d25f1ca29c6a_en)
.

Unos contrapoderes institucionales eficaces favorecen la seguridad jurídica y un entorno normativo estable, fundamental para que las empresas operen en condiciones previsibles. Las empresas han acogido con satisfacción los esfuerzos de simplificación legislativa emprendidos en 
[Francia](https://commission.europa.eu/document/a237330c-e02b-4298-b589-d93d4e6ceb3a_en)
. En 
[Malta](https://commission.europa.eu/document/82ce49b6-12b2-4440-bae9-18a3a929007c_en)
, si bien se suele consultar a las partes interesadas del sector empresarial sobre la legislación pertinente, estas han señalado que la lentitud de los procesos legislativos o los cambios repentinos en la legislación afectan a las empresas. La imprevisibilidad legislativa, los problemas de calidad de la legislación y la carga normativa siguen constituyendo preocupaciones importantes para las empresas y las organizaciones de la sociedad civil en 
[Rumanía](https://commission.europa.eu/document/fcab6924-01cf-4514-9f68-3989759718e9_en)
. Las empresas han indicado que una legislación inestable y en rápida evolución representa un obstáculo importante para las empresas en 
[Grecia](https://commission.europa.eu/document/f2eb4e57-317a-4be4-8baa-b667c9f801d9_en)
 y 
[Bulgaria](https://commission.europa.eu/document/bf8ab464-f2c9-4ddc-a3bd-cda819467b8b_en)
. En 
[Chipre](https://commission.europa.eu/document/6c1e2a03-88fe-4f93-9d05-d1e40d480eac_en)
, las empresas y los inversores consideran problemáticos los retrasos en el proceso legislativo y en la adopción de actos de ejecución. En 
[Hungría](https://commission.europa.eu/document/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en)
, las empresas han manifestado su preocupación por las consecuencias sobre la seguridad jurídica del uso frecuente por Gobierno de los poderes de emergencia, así como por la calidad de la legislación en general. Las empresas extranjeras que operan en sectores estratégicos han expresado su preocupación por la falta de imparcialidad y la arbitrariedad en las decisiones normativas.

Las partes interesadas también han puesto de relieve algunos obstáculos relacionados con la protección de las inversiones transfronterizas. En 
[Croacia](https://commission.europa.eu/document/920cc4c5-ceef-4072-9d5c-95ef1bba1f78_en)
, las partes interesadas del sector empresarial han señalado como principales retos para la inversión la eficiencia y la calidad del sistema judicial, así como la calidad y los frecuentes cambios de la legislación. En 
[Letonia](https://commission.europa.eu/document/df89e669-a19b-4ac9-bdd1-d3b1e5737b28_en)
, los inversores extranjeros han indicado que algunos avances, como la gestión de contratos públicos a gran escala, afectan negativamente al entorno empresarial. Las partes interesadas del sector empresarial también se ven afectadas por la forma en que se llevan a cabo las consultas. En 
[Bélgica](https://commission.europa.eu/document/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62_en)
 y 
[Chequia](https://commission.europa.eu/document/be724460-59e5-4be3-b882-b329d1613d9a_en)
, las partes interesadas del sector empresarial han informado en general que están satisfechas con su participación en la preparación de la legislación. En 
[Rumanía](https://commission.europa.eu/document/fcab6924-01cf-4514-9f68-3989759718e9_en)
, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas consideran que las consultas públicas siguen siendo en muchos casos un ejercicio puramente formal, con plazos muy cortos y sin posibilidad de enviar comentarios, a pesar de las obligaciones legales existentes. En 
[Lituania](https://commission.europa.eu/document/8db3f59c-a364-4aca-aa3b-4223cb268f8d_en)
, las partes interesadas del sector empresarial consideran que la brevedad de los plazos para las consultas públicas afecta negativamente a la protección de los inversores.

5.CONCLUSIÓN

El Informe sobre el Estado de Derecho de este año confirma la trayectoria positiva observada en varios Estados miembros y muestra que el ciclo anual del Estado de Derecho estimula las reformas. Como en años anteriores, se han llevado a cabo reformas nacionales en ámbitos como la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y los contrapoderes institucionales. Aunque no se avanza por igual en todos los ámbitos y persisten problemas en algunos Estados miembros, el compromiso general con el proceso sigue siendo sólido y se han aplicado en su totalidad o en parte un número considerable de las recomendaciones de 2024.

La inclusión de una dimensión del mercado único aporta mayor valor al informe y, con el tiempo, puede desarrollarse más. Esta dimensión subraya cómo los retos relacionados con el Estado de Derecho pueden tener una repercusión directa en la confianza económica, la seguridad jurídica y el funcionamiento eficaz del marco económico de la Unión. Un entorno jurídico previsible y transparente favorece el comercio transfronterizo, la confianza de los consumidores y la confianza de los inversores. El refuerzo del Estado de Derecho mejora la resiliencia y la integridad del mercado único. En consonancia con las Orientaciones políticas, la Unión establecerá un vínculo más estrecho entre las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho y el apoyo financiero. También garantizará que el futuro presupuesto a largo plazo cuente con sólidas salvaguardias en materia de Estado de Derecho.

Paralelamente, el Informe sobre el Estado de Derecho se complementará con iniciativas adicionales. En 2025, la Comisión presentará el Escudo Europeo de la Democracia. Su objetivo será potenciar unas democracias fuertes y resilientes en la UE a través de medidas que refuercen la conciencia situacional y la capacidad de respuesta, fortalezcan las instituciones democráticas, unas elecciones justas y unos medios de comunicación libres, e impulsen la resiliencia de la sociedad y la participación de la ciudadanía. Paralelamente, la primera estrategia para la sociedad civil de la UE promoverá y protegerá el papel de las organizaciones de la sociedad civil en toda la Unión.

Con el comienzo del nuevo ciclo anual, la Comisión invita al Consejo y al Parlamento Europeo a que prosigan los debates tanto generales como específicos por país sobre la base del informe. Alienta un mayor diálogo a escala nacional, con la participación de los parlamentos, la sociedad civil, el poder judicial y el público en general. La Comisión mantiene su compromiso de apoyar a los Estados miembros en la aplicación de las recomendaciones de este año y trabajar colectivamente para salvaguardar los valores fundamentales de la Unión.

:   [(1)](#footnoteref2)
     
       Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2024-2029.
:   [(2)](#footnoteref3)
     
       Se han registrado avances significativos o la plena aplicación en el 18 % de las recomendaciones y algunos avances en el 39 % de estas. Se han observado avances limitados en el 14 % de las recomendaciones. No se observan avances en el resto.
:   [(3)](#footnoteref4)
     
       Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia se incluyeron en 2024. Estos países han sido elegidos por los avances que han realizado en sus respectivos procesos de adhesión o por su nivel de preparación en materia de Estado de Derecho.
:   [(4)](#footnoteref5)
     
       Comunicación «Semestre Europeo 2025 — Paquete de primavera», COM (2025) 200 final.
:   [(5)](#footnoteref6)
       Comunicación «El mercado único: nuestro mercado interno europeo en un mundo incierto. Una Estrategia para hacer que el mercado único sea sencillo, fluido y fuerte», COM(2025) 500 final. Además, la red SOLVIT ayuda a la ciudadanía y las empresas que se mueven a través de las fronteras de la Unión a resolver de modo informal los problemas causados por la aplicación incorrecta del Derecho de la UE por parte de las autoridades públicas.
:   [(6)](#footnoteref7)
       Por ejemplo, en el Consejo informal de Asuntos Generales del 3 de septiembre de 2024.
:   [(7)](#footnoteref8)
       Se elaboró un cuestionario complementario al cuestionario ordinario. Además de las «preguntas de referencia», que recogen los aspectos más pertinentes de la dimensión del mercado único, se incluyeron asimismo algunas opciones adicionales para que los Estados miembros y las partes interesadas aporten su contribución, si procede.
:   [(8)](#footnoteref9)
     
       Cuando proceda y no esté previsto en los planes de recuperación y resiliencia, y de forma complementaria al Informe sobre el Estado de Derecho, las recomendaciones específicas por país de 2025 del Semestre Europeo piden a los Estados miembros que aumenten la eficacia de los sistemas judiciales y refuercen la lucha contra la corrupción.
:   [(9)](#footnoteref10)
     
       Estos temas fueron planteados por los Estados miembros o las asociaciones empresariales en el proceso de consulta.
:   [(10)](#footnoteref11)
     
       Basado en el cuadro de indicadores de la justicia de 2025 (
    <https://commission.europa.eu/document/51b21eff-a4b0-4e73-b461-06bd23b43d4e_en>
    ).
:   [(11)](#footnoteref12)
     
       Comunicación «La ruta hacia el próximo marco financiero plurianual», COM (2025) 46 final.
:   [(12)](#footnoteref13)
     
       Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, p. 1-10 (en lo sucesivo «Reglamento sobre condicionalidad»).
:   [(13)](#footnoteref14)
     
       Comunicación «La ruta hacia el próximo marco financiero plurianual», COM (2025) 46 final.
:   [(14)](#footnoteref15)
     
       Durante el último año, los intercambios de buenas prácticas incluyeron temas como iniciativas para promover una cultura del Estado de Derecho, la dimensión del Estado de Derecho en el mercado único y medidas para aumentar la resiliencia de los sistemas judiciales nacionales (
    <https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/annual-rule-law-cycle/network-national-contact-points-rule-law_en>
    ).
:   [(15)](#footnoteref16)
     
       En este contexto, en el Consejo de Asuntos Generales tuvieron lugar un debate horizontal sobre la evolución general del Estado de Derecho en septiembre de 2024 y debates específicos por país en noviembre de 2024 y enero y mayo de 2025.
:   [(16)](#footnoteref17)
     
       Los ministros de Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia asistieron a un intercambio de puntos de vista sobre la evolución general de la situación del Estado de Derecho en sus países, celebrado en el Consejo de Asuntos Generales de 24 de septiembre de 2024.
:   [(17)](#footnoteref18)
     
       En marzo de 2025, el Consejo de Justicia debatió sobre la independencia judicial y de qué forma el conjunto de instrumentos de la UE podría promoverla de la manera más eficaz. En octubre de 2024, el Consejo de Justicia debatió cómo fomentar el acceso a la justicia en el contexto del Estado de Derecho y la competitividad.
:   [(18)](#footnoteref19)
     
       Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de junio de 2025, sobre el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2024 [2024/2078 (INI)], así como debates plenarios específicos sobre el Informe sobre el Estado de Derecho en 2024 (9 de octubre de 2024), Malta (23 de octubre de 2024), Eslovaquia (12 de febrero de 2025), Hungría (2 de abril, 21 de mayo y 18 de junio de 2025) y España (18 de junio de 2025).
:   [(19)](#footnoteref20)
     
       Para más información, véase el sitio web del Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales: (
    <https://www.europarl.europa.eu/committees/es/libe/working-groups/drfmg>
    ).
:   [(20)](#footnoteref21)
       «Evaluación de los informes anuales de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea», aprobado el 22 de enero de 2025, y «La dimensión económica del Estado de Derecho», aprobado el 30 de abril de 2025.
:   [(21)](#footnoteref22)
     
       «La perspectiva local y regional en la aplicación del Estado de Derecho en la Unión Europea», dictamen aprobado el 1 de abril de 2025.
:   [(22)](#footnoteref23)
     
       Para más información, véase el sitio web de los diálogos nacionales sobre el Estado de Derecho (
    <https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/annual-rule-law-cycle/national-rule-law-dialogues_en>
    ).
:   [(23)](#footnoteref24)
     
       Por ejemplo, en España, el Plan de Acción por la Democracia incluye la propuesta de celebrar un debate parlamentario anual para evaluar el cumplimiento del Estado de Derecho y los derechos fundamentales por parte del Gobierno. En Irlanda se han desarrollado iniciativas para promover una cultura del Estado de Derecho en la educación superior.
:   [(24)](#footnoteref25)
     
       Esta campaña se ha publicado en la Zona de aprendizaje de la UE y se ha distribuido a más de 140 000 centros escolares (
    <https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/what-rule-law_es>
    ).
:   [(25)](#footnoteref26)
       Reunión de puntos de contacto nacionales para el Estado de Derecho, 22 de octubre de 2024.
:   [(26)](#footnoteref27)
       Reglamento (UE) 2024/1083 de 11 de abril de 2024.
:   [(27)](#footnoteref28)
       La mayoría de las disposiciones del Reglamento serán directamente aplicables en la Unión en agosto de 2025. No obstante, algunas disposiciones específicas tienen una fecha de aplicación diferente: algunas ya son aplicables y la disposición sobre el derecho de personalización entrará en vigor en mayo de 2027.
:   [(28)](#footnoteref29)
     
       Directiva (UE) 2024/1069 relativa a la protección de las personas que se implican en la participación pública frente a pretensiones manifiestamente infundadas o acciones judiciales abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública»). y la Recomendación (UE) 2022/758 de la Comisión, de 27 de abril de 2022. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esta Directiva a más tardar el 7 de mayo de 2026.
:   [(29)](#footnoteref30)
     
       Véase el documento SWD (2024) 292 sobre el seguimiento de la Recomendación (UE) 2022/758 de la Comisión, de 27 de abril de 2022.
:   [(30)](#footnoteref31)
     
       Entre estos mecanismos se encuentran los puntos focales, que actúan como ventanilla única a la que pueden dirigirse las víctimas de DECPP para buscar apoyo.
:   [(31)](#footnoteref32)
       Propuesta de Directiva sobre la lucha contra la corrupción, COM(2023) 234 final, de 3 de mayo de 2023.
:   [(32)](#footnoteref33)
     
       En el período de notificación se celebraron dos reuniones, en octubre de 2024 y junio de 2025. La red reúne a representantes de los Estados miembros, profesionales, la sociedad civil, organizaciones internacionales e instituciones y agencias de la UE.
:   [(33)](#footnoteref34)
       
    <Comisión de Venecia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, CEPEJ y GRECO.>
:   [(34)](#footnoteref35)
     
       Sentencia de 25 de febrero de 2025, asuntos acumulados C-146/23 y C-374/23, en la que se aclara que, en virtud del artículo 19, apartado 1, del TUE, las normas para determinar la retribución de los jueces deben ser objetivas, previsibles, estables, transparentes y estar establecidas por la ley.
:   [(35)](#footnoteref36)
     
       Sentencia de 6 de marzo de 2025, asuntos acumulados C-647/21 y C-648/21, según la cual una normativa que permite tomar la decisión de apartar a un juez de asuntos que tiene atribuidos es contraria al artículo 19, apartado 1, del TUE si no se basa en criterios objetivos y precisos establecidos por la ley o establece garantías contra decisiones arbitrarias.
:   [(36)](#footnoteref37)
       Sentencia de 14 de noviembre de 2024, asunto C-197/23, según la cual el Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que impida a un órgano jurisdiccional de apelación controlar la reasignación de un asunto a otro juez en primera instancia.
:   [(37)](#footnoteref38)
     
       Sentencia de 7 de noviembre de 2024, asunto C-326/23. Véase el Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Polonia, p. 4.
:   [(38)](#footnoteref39)
     
       Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2024-2029.
:   [(39)](#footnoteref40)
     
       El procedimiento fue iniciado por el Parlamento Europeo en 2018. El procedimiento iniciado en 2017 por la Comisión en relación con Polonia se cerró en 2024 sobre la base de la evaluación de la Comisión de que ya no existía un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de este país.
:   [(40)](#footnoteref41)
     
       El 17 de diciembre de 2024, la Comisión concluyó que las medidas adoptadas por el Consejo en 2022 debían seguir en vigor, ya que las modificaciones de los «fideicomisos de interés público» no subsanaban adecuadamente las preocupaciones del Consejo [véase C(2024) 9140 final]. El 13 de diciembre de 2023, la Comisión ya había concluido que las medidas adoptadas por el Consejo debían mantenerse, puesto que Hungría no había adoptado ninguna nueva medida para subsanar las preocupaciones pendientes [C(2023) 8999 final].
:   [(41)](#footnoteref42)
     
       Véanse los artículos 3 y 4, apartado 2, del Reglamento sobre condicionalidad.
:   [(42)](#footnoteref43)
     
       La metodología puede consultarse aquí: 
    <https://commission.europa.eu/document/72742fd9-3ce0-4d23-9086-58f885f84cdd_en>
    .
:   [(43)](#footnoteref44)
     
       En función del progreso realizado en las distintas subpartes de cada recomendación y de si se habían aplicado las recomendaciones del informe de 2023, la Comisión realizó una valoración en cada caso utilizando las siguientes categorías: no ha avanzado, no ha seguido avanzando, ha avanzado poco, ha avanzado, ha seguido avanzando, ha avanzado significativamente y ha aplicado plenamente.
:   [(44)](#footnoteref45)
     
       Los principios sobre cuya base se han elaborado las recomendaciones son los mismos que los de años anteriores [véase COM(2022) 500 final, pp. 3 y 4]. Las recomendaciones se entienden sin perjuicio de cualquier procedimiento que la Comisión pueda incoar con arreglo a otros instrumentos normativos.
:   [(45)](#footnoteref46)
     
       Entre las fuentes utilizadas se incluyen las aportaciones escritas recibidas de los Estados miembros, las contribuciones recibidas durante la consulta dirigida a las partes interesadas, la información elaborada por organizaciones internacionales, como el Consejo de Europa, la OCDE y las Naciones Unidas, y las aportaciones recibidas durante las visitas a los países. Estas fuentes sirven de base para la evaluación de la Comisión, pero las conclusiones de la Comisión siguen siendo de su propia responsabilidad.
:   [(46)](#footnoteref47)
     
       En particular, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE proporciona datos comparativos y fiables sobre la eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE. Su objetivo es ayudar a la UE y a los Estados miembros a mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales nacionales.
:   [(47)](#footnoteref48)
     
       Las aportaciones de los Estados miembros pueden consultarse aquí: 
    <https://commission.europa.eu/publications/2025-rule-law-report-input-member-states-and-enlargement-countries_en>
    . Puede encontrarse información sobre las visitas a los países en los respectivos capítulos sobre cada uno de ellos. Durante estas visitas a los países, celebradas en línea, la Comisión conversó con las autoridades nacionales de los Estados miembros, incluidas las autoridades judiciales e independientes, las autoridades policiales y otras partes interesadas, como asociaciones de periodistas y representantes de la sociedad civil.
:   [(48)](#footnoteref49)
     
       Las aportaciones de las partes interesadas pueden consultarse aquí: 
    <https://commission.europa.eu/document/522cf36e-c82d-413a-8d43-fda1f37e3ae2_en>
    .
:   [(49)](#footnoteref50)
     
       Las aportaciones del Consejo de Europa pueden consultarse aquí: 
    <https://commission.europa.eu/document/e2050d5c-8874-4138-ac67-b018ff9f278e_en>
    .
:   [(50)](#footnoteref51)
       El artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales.
:   [(51)](#footnoteref52)
       Como la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, la Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea, la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos de lo Contencioso-Administrativo de la Unión Europea, el Consejo de la Abogacía Europea y de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa.
:   [(52)](#footnoteref53)
     
       Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2025, gráficos 50 y 52.
:   [(53)](#footnoteref54)
     
       El TJUE ha reconocido que, cuando un Consejo del Poder Judicial participa en un proceso de nombramiento en el que intervienen órganos políticos, puede contribuir a que dicho proceso sea más objetivo. Véase, por ejemplo, la sentencia de 2 de marzo de 2021, A.B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos).
:   [(54)](#footnoteref55)
     
       Véase en particular la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Consejo de Europa.
:   [(55)](#footnoteref56)
     
       Véanse sentencias como la de 15 de julio de 2021, asunto C-791/19, Comisión/Polonia; la de 20 de abril de 2021, asunto C-896/19, Repubblika contra Il-Prim Ministru; y la de 2 de marzo de 2021, asunto C-824/18, A.B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos).
:   [(56)](#footnoteref57)
     
       Véase la recopilación de dictámenes e informes de la Comisión de Venecia relativos a los fiscales [
    <https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2022)023-e>
    ].
:   [(57)](#footnoteref58)
     
       El Tribunal de Justicia ha recordado este principio en los asuntos que se refieren a la sala disciplinaria del Tribunal Supremo polaco (sentencia de 5 de junio de 2023, asunto C-204/21, Comisión Europea/Polonia) y a la Inspección Judicial rumana (sentencias de 11 de mayo de 2023, asunto C-817/21, Inspecția Judiciară, y de 18 de mayo de 2021, asuntos acumulados C-83/19 etcétera, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» y Otros/Inspecţia Judiciară y Otros).
:   [(58)](#footnoteref59)
     
       Sentencia de 25 de julio de 2018, asunto C-216/18 PPU, LM, apartado 67.
:   [(59)](#footnoteref60)
     
       TJUE, sentencia de 25 de febrero de 2025, asuntos acumulados C-146/23 y C-374/23, en la que el Tribunal aclara que, en virtud del artículo 19, apartado 1, del TUE, las normas detalladas para determinar la retribución de los jueces deben ser objetivas, previsibles, estables, transparentes y estar establecidas por la ley.
:   [(60)](#footnoteref61)
     
       
    [Consejo de Europa, Convenio para la protección de la profesión de la abogacía](https://rm.coe.int/native/0900001680b4c020)
    , CM(2024)191-add1final.
:   [(61)](#footnoteref62)
     
       Transparencia Internacional (2025) (
    <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>
    ).
:   [(62)](#footnoteref63)
     
       Ocho Estados miembros se encuentran entre los veinte primeros, tres menos que el año anterior. Cuatro Estados miembros (Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Suecia) tienen una puntuación de 80/100 o superior en el índice, mientras que otros (los Países Bajos, Irlanda, Estonia y Alemania) puntúan por encima de 70/100.
:   [(63)](#footnoteref64)
     
       Pueden observarse puntuaciones inferiores a 50 en Grecia (49), Eslovaquia (49), Croacia (47), Rumanía (46), Bulgaria (43) y Hungría (41).
:   [(64)](#footnoteref65)
     
       Pueden observarse puntuaciones inferiores a 50 en Montenegro (46), Albania (42), Macedonia del Norte (40) y Serbia (35).
:   [(65)](#footnoteref66)
     
       Los Estados parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción están obligados, de conformidad con los principios fundamentales de sus ordenamientos jurídicos, a desarrollar y aplicar o mantener políticas contra la corrupción eficaces y coordinadas que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del Estado de Derecho, la buena gestión de los asuntos públicos y la propiedad pública, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Todos los Estados miembros y la UE son partes en el Convenio. Véase también la Declaración de Kuala Lumpur, sobre las estrategias de lucha contra la corrupción.
:   [(66)](#footnoteref67)
     
       En la actualidad, veintiún Estados miembros cuentan con estrategias o programas específicos de lucha contra la corrupción; casi todos los demás tienen componentes anticorrupción en otras estrategias y planes de acción nacionales.
:   [(67)](#footnoteref68)
     
       Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la corrupción, por la que se sustituyen la Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo y el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2023) 234 final].
:   [(68)](#footnoteref69)
     
       Véase Consejo de Europa, Recomendación Rec (2000)10 sobre códigos de conducta de los funcionarios públicos.
:   [(69)](#footnoteref70)
     
       En diciembre de 2023, la Comisión propuso la Directiva sobre la representación de intereses en nombre de terceros países con el fin de establecer normas estrictas de transparencia y rendición de cuentas en el mercado interior para las actividades de representación de intereses, incluidas las actividades de los grupos de interés, cuando procedan de Gobiernos de terceros países, y facilitar el ejercicio de tales actividades en todos los Estados miembros (C/2023/8626).
:   [(70)](#footnoteref71)
     
       Véase el Informe de la Comisión sobre la incorporación y la aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937, de 3 de julio de 2024.
:   [(71)](#footnoteref72)
     
       Véase también la Recomendación (UE), de 12 de diciembre de 2023, sobre procesos electorales inclusivos y resilientes en la Unión y con vistas a reforzar el carácter europeo y el desarrollo eficiente de las elecciones al Parlamento Europeo.
:   [(72)](#footnoteref73)
     
       En noviembre de 2024, la Comisión Europea publicó un estudio externo con el fin de detectar ámbitos comunes de alto riesgo de corrupción en toda la Unión, que presentó a la red (
    <https://home-affairs.ec.europa.eu/news/commission-presents-new-study-areas-most-risk-corruption-2024-11-04_en>
    ).
:   [(73)](#footnoteref74)
       En el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación figuran disposiciones específicas sobre la asignación transparente y equitativa de la publicidad estatal, la transparencia de la titularidad de los medios de comunicación, el funcionamiento independiente de los prestadores del servicio público de medios de comunicación y la disponibilidad de recursos económicos suficientes para cumplir su función de servicio público. También introduce medidas para proteger las fuentes periodísticas y las comunicaciones confidenciales.
:   [(74)](#footnoteref75)
       Publicado por el Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación.
:   [(75)](#footnoteref76)
       Directiva (UE) 2018/1808, de 14 de noviembre de 2018.
:   [(76)](#footnoteref77)
       Reglamento (UE) 2022/2065, de 19 de octubre de 2022.
:   [(77)](#footnoteref78)
     
       Siempre que se respeten las normas comerciales y de competencia de la UE. Véase el Protocolo anejo a los Tratados (n.º 29) sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros.
:   [(78)](#footnoteref79)
       Recomendación de la Comisión de 16 de septiembre de 2021.
:   [(79)](#footnoteref80)
       Directiva (UE) 2024/1069 relativa a la protección de las personas que se implican en la participación pública frente a pretensiones manifiestamente infundadas o acciones judiciales abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública»).
:   [(80)](#footnoteref81)
     
       Recomendación C(2022) 2428 final de la Comisión, de 27 de abril de 2022. La Recomendación, que versa sobre los casos nacionales, y la Directiva, que abarca los asuntos transfronterizos, son complementarias.
:   [(81)](#footnoteref82)
     
       Los Principios de París de las Naciones Unidas, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 (Resolución A/RES/48/134), establecen los principales criterios que deben cumplir las INDH. Las INDH se acreditan periódicamente ante la Subcomisión de Acreditación de la Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
:   [(82)](#footnoteref83)
     
       Véanse los Principios de la Comisión de Venecia para los Defensores del Pueblo.
:   [(83)](#footnoteref84)
     
       El año pasado, la cifra fue del 44 %. Red Europea de Cumplimiento (2025), aportación escrita.
:   [(84)](#footnoteref85)
     
       Recomendación (UE) 2023/2836 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2023, sobre la promoción del compromiso y la participación efectiva de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de elaboración de políticas públicas.
:   [(85)](#footnoteref86)
     
       
    [Report on a rule of law and human rights compliant regulation of spyware, adopted by the Venice Commission at its 141st Plenary Session (Venice, 6-7 December 2024) - Venice Commission of the Council of Europe](https://www.coe.int/en/web/venice-commission/-/cdl-ad-2024-043-e)
     [«Informe sobre una regulación de los programas espía que respete el Estado de Derecho y los derechos humanos, adoptado por la Comisión de Venecia en su 141.ª sesión plenaria (Venecia, 6 y 7 de diciembre de 2024) — Comisión de Venecia del Consejo de Europa» disponible en inglés].

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![european flag](./../../../images/eclogo.jpg)COMISIÓN EUROPEA

Estrasburgo, 8.7.2025

COM(2025) 900 final

ANEXO

de la

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Informe sobre el Estado de Derecho en 2025  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

{SWD(2025) 901 final} - {SWD(2025) 902 final} - {SWD(2025) 903 final} - {SWD(2025) 904 final} - {SWD(2025) 905 final} - {SWD(2025) 906 final} - {SWD(2025) 907 final} - {SWD(2025) 908 final} - {SWD(2025) 909 final} - {SWD(2025) 910 final} - {SWD(2025) 911 final} - {SWD(2025) 912 final} - {SWD(2025) 913 final} - {SWD(2025) 914 final} - {SWD(2025) 915 final} - {SWD(2025) 916 final} - {SWD(2025) 917 final} - {SWD(2025) 918 final} - {SWD(2025) 919 final} - {SWD(2025) 920 final} - {SWD(2025) 921 final} - {SWD(2025) 922 final} - {SWD(2025) 923 final} - {SWD(2025) 924 final} - {SWD(2025) 925 final} - {SWD(2025) 926 final} - {SWD(2025) 927 final} - {SWD(2025) 928 final} - {SWD(2025) 929 final} - {SWD(2025) 930 final} - {SWD(2025) 931 final}

Recomendaciones para Bélgica

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Bélgica:

·Ha seguido avanzando en los esfuerzos por subsanar las deficiencias estructurales en materia de recursos en el sistema judicial, teniendo en cuenta las normas europeas sobre recursos para el sistema judicial.

·Ha seguido avanzando en la mejora de la eficacia de la justicia, en particular para reducir la duración de los procesos sobre la base de datos estadísticos exhaustivos.

·Ha avanzado en el refuerzo del marco de integridad mediante la adopción de normas sobre obsequios y beneficios aplicables a los diputados y avances limitados en cuanto a las normas sobre puertas giratorias para el Gobierno y sus gabinetes.

·No ha seguido avanzando en la finalización de la reforma legislativa de la actividad de los grupos de interés, estableciendo un marco que incluya un registro de transparencia y una huella legislativa, que abarque tanto a los diputados como a los miembros del Gobierno.

·Ha seguido avanzando en el refuerzo del marco para el acceso a los documentos oficiales, en particular con mejoras en los procedimientos de solicitud y recurso, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.

·Ha avanzado poco en cuanto a las medidas para garantizar el cumplimiento por parte de las autoridades públicas de las sentencias firmes de los órganos jurisdiccionales nacionales y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, además de recordar los compromisos contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia, se recomienda a Bélgica que:

·Siga subsanando las deficiencias estructurales en materia de recursos en el sistema judicial, teniendo en cuenta las normas europeas sobre recursos para el sistema judicial.

·Siga mejorando la eficacia de la justicia, en particular para reducir la duración de los procesos sobre la base de datos estadísticos exhaustivos.

·Refuerce el marco de integridad, en particular mediante la adopción de normas sobre obsequios y prestaciones aplicables a los diputados y normas sobre puertas giratorias para el Gobierno y sus gabinetes.

·Complete la reforma legislativa sobre las actividades de los grupos de interés, estableciendo un marco que incluya un registro de transparencia y una huella legislativa, que abarque tanto a los diputados como al Gobierno.

·Prosiga los esfuerzos para reforzar el marco de acceso a los documentos oficiales, en particular mejoras en los procedimientos de solicitud y recurso, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.

·Adopte medidas para garantizar el cumplimiento por parte de las autoridades públicas de las sentencias firmes de los órganos jurisdiccionales nacionales y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

  

Recomendaciones para Bulgaria

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Bulgaria:

·No ha seguido avanzando en la adopción de medidas para adaptar el marco legislativo a fin de evitar la comisión de servicio de jueces a largo plazo para cubrir puestos vacantes, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de comisión de servicio de jueces.

·No ha seguido avanzando en los proyectos de modificaciones legislativas destinadas a mejorar el funcionamiento de la Inspección del Consejo Superior de la Magistratura y evitar el riesgo de influencia política, en particular mediante la participación de los órganos judiciales en la selección de sus miembros.

·No ha avanzado, tras la sentencia de inconstitucionalidad del procedimiento, en los planes de adopción de un mecanismo que introduzca salvaguardias en el procedimiento de nombramiento de los miembros del Consejo Superior de la Fiscalía elegidos por el Parlamento, garantizando su independencia y teniendo en cuenta las normas europeas, en particular teniendo en cuenta el papel del Consejo en el nombramiento y destitución del fiscal general.

·Aún no ha avanzado para garantizar la mejora de la eficacia de las investigaciones y un sólido historial de enjuiciamientos y sentencias firmes en casos de corrupción de alto nivel y ha seguido avanzando en las reformas institucionales de la Comisión Anticorrupción.

·Ha avanzado poco en la mejora de la integridad de los altos cargos de la Administración, teniendo en cuenta las normas europeas, en particular garantizando la existencia de normas claras en materia de integridad para el Gobierno, así como de un mecanismo de sanción adecuado.

·Ha seguido avanzando en el impulso de los trabajos destinados a mejorar la transparencia en la asignación de publicidad estatal, en particular en lo que se refiere a la publicidad estatal contratada a través de intermediarios, como las agencias de medios de comunicación.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, además de recordar los compromisos contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia y las recomendaciones específicas por país pertinentes en el marco del Semestre Europeo, se recomienda a Bulgaria que:

·Adopte medidas para adaptar el marco legislativo a fin de evitar la comisión de servicio de jueces a largo plazo para cubrir puestos vacantes, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de comisión de servicio de jueces.

·Impulse los proyectos de modificaciones legislativas destinadas a mejorar el funcionamiento de la Inspección del Consejo Superior de la Magistratura y evitar el riesgo de influencia política, en particular mediante la participación de los órganos judiciales en la selección de sus miembros.

·Reinicie el proceso de reforma del Consejo Superior de la Magistratura, en particular de su composición, a fin de garantizar su independencia y eficacia, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los consejos del poder judicial.

·Garantice un sólido historial de investigaciones, enjuiciamientos y sentencias firmes en casos de corrupción de alto nivel y adopte nuevas medidas para garantizar el desempeño eficaz de la Comisión Anticorrupción.

·Mejore la integridad de los altos cargos de la Administración, teniendo en cuenta las normas europeas, en particular garantizando la existencia de normas claras en materia de integridad para el Gobierno, así como de un mecanismo de sanción adecuado.

·Complete los trabajos destinados a mejorar la transparencia en la asignación de publicidad estatal, en particular en lo que se refiere a la publicidad estatal contratada a través de intermediarios, como las agencias de medios de comunicación.

·Refuerce la calidad del proceso legislativo garantizando el uso de consultas públicas y evaluaciones de impacto para las iniciativas legislativas del Parlamento.

Recomendaciones para Chequia

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Chequia:

·Ha avanzado en la adopción de medidas para abordar la remuneración de los jueces, del personal judicial y de la fiscalía, teniendo en cuenta las normas europeas sobre recursos y remuneración del sistema judicial.

·Ha seguido avanzando en la adopción de medidas para reducir la duración de los procesos y garantizar la independencia de la investigación y el enjuiciamiento en los casos de corrupción de alto nivel.

·Ha aplicado plenamente la parte de la recomendación que preconizaba que se complementaran las normas vigentes sobre la actividad de los grupos de interés para reforzar el marco de integridad de todos los diputados y no ha avanzado en el refuerzo de las normas vigentes sobre puertas giratorias.

·No ha seguido avanzando en la reforma de la transparencia de la información sobre la titularidad de los medios de comunicación.

·Ha aplicado plenamente la recomendación relativa a la existencia de normas o mecanismos para proporcionar a los medios de comunicación públicos una financiación adecuada para la realización de su función de servicio público, garantizando al mismo tiempo su independencia.

·Ha aplicado plenamente la recomendación de seguir impulsando los cambios legislativos para crear una institución nacional de derechos humanos que tenga en cuenta los Principios de París de las Naciones Unidas.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, además de recordar los compromisos contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia, se recomienda a Chequia que:

·Adopte medidas para reducir la duración de los procesos y garantizar la independencia de la investigación y el enjuiciamiento en los casos de corrupción de alto nivel.

·Adopte más medidas para reforzar el marco de integridad de todos los diputados al Parlamento, en particular complementando las normas vigentes en lo que respecta a las puertas giratorias.

·Reinicie la revisión de la legislación sobre conflictos de intereses, también en lo que respecta a la titularidad real.

·Impulse nuevas reformas relativas a la transparencia de la información sobre la titularidad de los medios de comunicación.

Recomendaciones para Dinamarca

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Dinamarca:

·Ha avanzado poco para completar la revisión del sistema de asistencia jurídica gratuita, teniendo en cuenta las normas europeas en este ámbito.

·No ha avanzado en la introducción de normas sobre las «puertas giratorias» para ministros y sobre las actividades de los grupos de interés, ni en la garantía de un control adecuado de las declaraciones de patrimonio presentadas por personas a las que se hayan encomendado altos cargos de la Administración.

·Ha seguido avanzando en el proceso de reforma de la Ley de acceso a los documentos administrativos públicos con el fin de reforzar el derecho de acceso a los documentos, en particular limitando los motivos de denegación de las solicitudes de divulgación, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, se recomienda a Dinamarca que:

·Redoble los esfuerzos por completar la revisión del sistema de asistencia jurídica gratuita, teniendo en cuenta las normas europeas en este ámbito.

·Introduzca normas sobre las «puertas giratorias» para ministros y sobre las actividades de los grupos de interés, ni en la garantía de un control adecuado de las declaraciones de patrimonio presentadas por personas a las que se hayan encomendado altos cargos de la Administración.

·Siga avanzando en el proceso de reforma de la Ley de acceso a los documentos administrativos públicos con el fin de reforzar el derecho de acceso a los documentos, en particular limitando los motivos de denegación de las solicitudes de divulgación, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.

Recomendaciones para Alemania

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Alemania:

·Ha seguido avanzando en la adopción de medidas para garantizar un nivel adecuado de remuneración de jueces y fiscales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre remuneración del sistema judicial.

·No ha seguido avanzando en el refuerzo de la «huella legislativa» mediante la divulgación de todas las aportaciones de los representantes de intereses a la legislación y la ampliación del ámbito de aplicación a la fase parlamentaria del procedimiento legislativo.

·Ha seguido avanzando en el refuerzo de las normas vigentes sobre las puertas giratorias, aumentando la duración de los períodos de incompatibilidad de los ministros federales y los secretarios de Estado parlamentarios federales.

·Ha avanzado poco en el impulso del plan de creación de una base jurídica para el derecho a la información de la prensa en lo que respecta a las autoridades federales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a los documentos oficiales.

·No ha avanzado en el impulso del plan para adaptar el estatuto de exención tributaria de las organizaciones sin ánimo de lucro con el fin de abordar los problemas que las normas actualmente aplicables presentan para su funcionamiento en la práctica, teniendo en cuenta las normas europeas sobre financiación de las organizaciones de la sociedad civil.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, se recomienda a Alemania que:

·Adopte medidas para aumentar los recursos del poder judicial y aborde los retos de contratación, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de recursos del sistema judicial.

·Se esfuerce por reforzar la «huella legislativa» a fin de contar con un registro público integral en el que se documenten las aportaciones de los grupos de interés y amplíe el ámbito de aplicación a la fase parlamentaria del procedimiento legislativo.

·Avance en la creación de una base jurídica para el derecho a la información de la prensa en lo que respecta a las autoridades federales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a los documentos oficiales.

·Adopte medidas para adaptar el estatuto de exención fiscal de las organizaciones sin ánimo de lucro con el fin de abordar los retos que las normas actualmente aplicables presentan para su funcionamiento en la práctica, teniendo en cuenta las normas europeas sobre financiación de las organizaciones de la sociedad civil.

  

Recomendaciones para Estonia

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Estonia:

·Ha avanzado en la reforma del Consejo de Administración de los Órganos Jurisdiccionales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los consejos del poder judicial.

·Ha seguido avanzando en los esfuerzos por garantizar una aplicación práctica coherente y eficaz del derecho de acceso a la información, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.

·Ha aplicado plenamente la recomendación de garantizar la realización de consultas públicas eficaces como parte del proceso legislativo.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, se recomienda a Estonia que:

·Siga reformando el Consejo de Administración de los Órganos Jurisdiccionales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los consejos del poder judicial.

·Siga avanzando para garantizar que el ejercicio en la práctica del derecho de acceso a la información sea coherente y eficaz, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.

  

Recomendaciones para Irlanda

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Irlanda:

·Ha seguido avanzando en el impulso de los expedientes legislativos destinados a reducir los costes de los litigios para garantizar un acceso efectivo a la justicia, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los costes desproporcionados de los litigios y su repercusión en el acceso a la justicia.

·Ha seguido avanzando en el refuerzo del marco deontológico existente, especialmente las competencias de supervisión y garantía del cumplimiento de la Comisión de Normas de la Función Pública y ha avanzado un poco en el refuerzo y la digitalización del sistema de declaraciones de patrimonio.

·Ha seguido avanzando en la reforma de la Ley de difamación para mejorar el entorno profesional de los periodistas, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la protección de los periodistas.

·Ha avanzado en la garantía de la existencia de normas o mecanismos para proporcionar a los medios de comunicación públicos una financiación adecuada para la realización de su función de servicio público, garantizando al mismo tiempo su independencia.

·Ha seguido avanzando en la resolución de los obstáculos jurídicos relacionados con el acceso a la financiación de las organizaciones de la sociedad civil, como parte de la reforma de la Ley electoral.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, se recomienda a Irlanda que:

·Impulse los trabajos legislativos destinados a reducir los costes de los litigios para garantizar un acceso efectivo a la justicia, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los costes desproporcionados de los litigios y su repercusión en el acceso a los tribunales.

·Siga reforzando el marco deontológico existente, especialmente las competencias de supervisión y garantía del cumplimiento de la Comisión de Normas de la Función Pública y reforzando y digitalizando el sistema de declaraciones de patrimonio.

·Complete la reforma para proporcionar a los medios de comunicación públicos una financiación adecuada para la realización de su función de servicio público, garantizando al mismo tiempo su independencia.

·Finalice la reforma de la Ley de difamación para mejorar el entorno profesional de los periodistas, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la protección de los periodistas.

·Siga abordando los obstáculos jurídicos relacionados con el acceso a la financiación de las organizaciones de la sociedad civil, como parte de la reforma de la Ley electoral.

Recomendaciones para Grecia

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Grecia:

·Ha seguido avanzando en su esfuerzo por establecer un historial sólido de enjuiciamientos y sentencias firmes en casos de corrupción, en particular de alto nivel.

·Ha avanzado significativamente en el proceso de adopción de salvaguardias legislativas y no legislativas para mejorar la protección de los periodistas, en particular en lo que se refiere a las demandas abusivas contra periodistas y a su seguridad, en consonancia con el Memorando de Entendimiento adoptado y teniendo en cuenta las normas europeas sobre la protección de los periodistas.

·Ha seguido avanzando en la intensificación de los esfuerzos para garantizar en la práctica la consulta efectiva y oportuna de las partes interesadas sobre los proyectos legislativos, en particular respetando el plazo legal para la consulta pública.

·Ha avanzado poco en la evaluación del marco jurídico vigente para el registro de las organizaciones de la sociedad civil y el establecimiento de un diálogo estructurado.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, además de recordar los compromisos contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia y las recomendaciones específicas por país pertinentes en el marco del Semestre Europeo, se recomienda a Grecia que:

·Prosiga los esfuerzos para establecer un historial sólido de enjuiciamientos y sentencias firmes en casos de corrupción, en particular la de alto nivel.

·Mejore el régimen de los grupos de interés, en particular revisando la definición de grupo de interés y garantizando su aplicación efectiva.

·Siga reforzando las salvaguardias legislativas y no legislativas para mejorar la seguridad y la protección de los periodistas, en particular en lo que se refiere a las demandas abusivas, en consonancia con el Memorando de Entendimiento adoptado y teniendo en cuenta las normas europeas sobre la protección de los periodistas.

·Desarrolle un diálogo estructurado regular y sostenido con las organizaciones de la sociedad civil y simplifique los requisitos de registro de las organizaciones de la sociedad civil con vistas a mantener un marco abierto para que funcionen.

·

Recomendaciones para España

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, España:

·Ha seguido avanzando en cuanto al refuerzo del estatuto del fiscal general del Estado, pero no en lo que respecta a la disociación en el tiempo del mandato de este con el del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal.

·Ha avanzado significativamente en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los consejos del poder judicial.

·Ha avanzado en la aprobación de la ley sobre la actividad de los grupos de interés, que incluye el establecimiento de un registro público obligatorio de grupos de interés.

·Ha seguido avanzando para solucionar los escollos relativos a la duración de las investigaciones y enjuiciamientos con el fin de aumentar la eficiencia en la sustanciación de los asuntos de corrupción de alto nivel, en particular mediante la finalización de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

·Ha avanzado con el refuerzo de las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo de la independencia y la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses.

·No ha seguido avanzando en la mejora del acceso a la información, en particular mediante la reforma de la Ley sobre secretos oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, además de recordar los compromisos contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia y las recomendaciones específicas por país pertinentes en el marco del Semestre Europeo, se recomienda a España que:

·Siga reforzando el estatuto del fiscal general del Estado, pero no en lo que respecta a la disociación en el tiempo del mandato de este con el del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal.

·Impulse el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de los jueces-miembros del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los consejos del poder judicial.

·Continúe el procedimiento para la aprobación de la ley sobre la actividad de los grupos de interés, que incluye el establecimiento de un registro público obligatorio de grupos de interés.

·Redoble los esfuerzos para solucionar los escollos relativos a la duración de las investigaciones y enjuiciamientos con el fin de aumentar la eficiencia en la sustanciación de los asuntos de corrupción de alto nivel, en particular mediante la finalización de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

·Impulse el expediente legislativo para robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo de la independencia y la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses.

·Avance en la mejora del acceso a la información, en particular mediante la reforma de la Ley sobre secretos oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.

Recomendaciones para Francia

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Francia:

·Ha seguido avanzando en la finalización de los proyectos en curso destinados a la plena digitalización de los procesos judiciales civiles y penales.

·Ha seguido avanzando para garantizar que las normas sobre las actividades de los grupos de interés se apliquen de manera coherente a todos los agentes pertinentes, especialmente a los altos cargos de la Administración.

·Ha avanzado significativamente en la mejora de la transparencia de la titularidad de los medios de comunicación, en particular en lo relativo a las estructuras accionariales complejas, sobre la base de las garantías jurídicas existentes.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, se recomienda a Francia que:

·Se esfuerce por finalizar los proyectos en curso destinados a la plena digitalización de los procesos judiciales civiles y penales.

·Siga garantizando que las normas sobre las actividades de los grupos de interés se apliquen de manera coherente a todos los agentes pertinentes, especialmente a los altos cargos de la Administración, e impulsando el proceso legislativo sobre los proyectos de ley relativos a las actividades de los grupos de interés.

·Complete las reformas en curso para mejorar la transparencia de la titularidad de los medios de comunicación, en particular en lo relativo a las estructuras accionariales complejas, sobre la base de las garantías jurídicas existentes.

Recomendaciones para Croacia

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Croacia:

·Ha avanzado en la revisión del Código Procesal Penal y la Ley de la Oficina para la Represión de la Corrupción y la Delincuencia Organizada, en consonancia con la Estrategia de lucha contra la corrupción, con el fin de aumentar la eficacia de las investigaciones y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción.

·Aún no ha avanzado en la intensificación de los esfuerzos para reforzar el marco jurídico y los mecanismos de supervisión para garantizar una asignación justa y transparente de la publicidad estatal a escala nacional, regional y local, incluido el procedimiento de licitación pública.

·Ha avanzado en la recomendación de proseguir los esfuerzos para abordar la cuestión de las demandas estratégicas contra la participación pública dirigidas contra periodistas, en particular revisando las disposiciones legales sobre difamación y fomentando un uso más amplio de las normas procesales que permiten desestimar demandas sin fundamento, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la protección de los periodistas.

·Ha avanzado significativamente en la mejora del seguimiento de las recomendaciones y en la garantía de una respuesta más sistemática a las solicitudes de información del Defensor del Pueblo.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, además de recordar los compromisos contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia, se recomienda a Croacia que:

·Adopte medidas para seguir mejorando la eficiencia de la justicia, en particular en lo que se refiere a la duración de los procesos en asuntos contenciosos mercantiles y civiles.

·Revise el Código Procesal Penal y la Ley de la Oficina para la Represión de la Corrupción y la Delincuencia Organizada en consonancia con la Estrategia de lucha contra la corrupción, con el fin de aumentar la eficacia de las investigaciones y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción.

·Intensifique los esfuerzos para reforzar el marco jurídico y los mecanismos de supervisión para garantizar una asignación justa y transparente de la publicidad estatal a nivel nacional, regional y local, incluido el procedimiento de licitación pública.

·Prosiga los esfuerzos para abordar la cuestión de las demandas estratégicas contra la participación pública dirigidas contra periodistas, en particular revisando las disposiciones legales sobre difamación y fomentando un uso más amplio de las normas procesales que permiten desestimar demandas sin fundamento, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la protección de los periodistas.

  

Recomendaciones para Italia

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Italia:

·Ha seguido avanzando en la continuación de los esfuerzos para seguir mejorando el nivel de digitalización de los tribunales penales y las fiscalías.

·Ha avanzado en la aprobación de la propuesta legislativa sobre conflictos de intereses y ha avanzado poco en la adopción de normas exhaustivas sobre la actividad de los grupos de interés para establecer un registro operativo de estos grupos, incluida la huella legislativa.

·Aún no ha avanzado en el abordaje de forma eficaz y rápida la práctica de canalizar las donaciones a través de fundaciones y asociaciones políticas e introducir un registro electrónico único para la información sobre la financiación de partidos y campañas.

·Ha avanzado en la garantía de la existencia de normas o mecanismos para proporcionar a los medios de comunicación públicos una financiación adecuada para la realización de su función de servicio público y garantizar su independencia.

·No ha seguido avanzando en el proceso legislativo relativo al proyecto de reforma de la difamación, la protección del secreto profesional y las fuentes periodísticas, evitando el riesgo de efectos negativos en la libertad de prensa y teniendo en cuenta las normas europeas sobre la protección de los periodistas.

·No ha seguido avanzando en la intensificación de los esfuerzos para crear una institución nacional de derechos humanos con arreglo a los Principios de París de las Naciones Unidas.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, además de recordar los compromisos contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia y las recomendaciones específicas por país pertinentes en el marco del Semestre Europeo, se recomienda a Italia que:

·Complete el sistema digital de gestión de asuntos para los tribunales penales y las fiscalías.

·Apruebe la propuesta legislativa sobre conflictos de intereses y se esfuerce por adoptar normas exhaustivas sobre la actividad de los grupos de interés para establecer un registro operativo de estos grupos, incluida la huella legislativa.

·Intensifique los esfuerzos para abordar de forma eficaz y rápida la práctica de canalizar las donaciones a través de fundaciones y asociaciones políticas e introducir un registro electrónico único para la información sobre la financiación de partidos y campañas.

·Avance en el trabajo legislativo en curso para garantizar la existencia de normas o mecanismos para proporcionar a los medios de comunicación públicos una financiación adecuada para la realización de su función de servicio público y garantizar su independencia.

·Continúe el proceso legislativo, ya tramitándose, sobre el proyecto de reforma de la difamación, la protección del secreto profesional y las fuentes periodísticas, al tiempo que se evita el riesgo de efectos negativos en la libertad de prensa y garantizar que tenga en cuenta las normas europeas sobre la protección de los periodistas.

·Intensifique los esfuerzos para crear una institución nacional de derechos humanos que tenga en cuenta los Principios de París de las Naciones Unidas.

Recomendaciones para Chipre

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Chipre:

·Ha seguido avanzando en los planes para aprobar normas con el objetivo de establecer una distinción más clara entre las funciones de asesoramiento y fiscales del fiscal general del Estado y ha avanzado poco en la adopción de medidas para establecer una revisión efectiva de sus decisiones de no formular acusación o de sobreseer, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de independencia y autonomía de la fiscalía.

·Ha avanzado significativamente en los esfuerzos para garantizar que la recientemente creada Autoridad Independiente de Lucha contra la Corrupción disponga de los recursos humanos y técnicos necesarios para ejercer eficazmente sus competencias.

·Ha avanzado significativamente en la garantía de la aplicación efectiva de las normas sobre la declaración del patrimonio para los cargos electos a fin de establecer la presentación periódica y completa, junto con verificaciones efectivas, periódicas y completas.

·Ha avanzado poco en la adopción de legislación para garantizar una distribución justa y transparente de los gastos publicitarios por parte del Estado y de las empresas públicas.

·Ha avanzado poco en el proceso destinado a reforzar las normas y mecanismos para mejorar la gobernanza independiente de los medios de comunicación públicos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación públicos.

·Ha avanzado significativamente para garantizar la consulta efectiva y oportuna de las partes interesadas en el proceso legislativo y subsanar las deficiencias.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, además de recordar los compromisos contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia, se recomienda a Chipre que:

·Siga avanzando con la reforma en curso de la Oficina Jurídica y la creación de la Fiscalía General del Estado y establezca una revisión efectiva de las decisiones de no formular acusación o de sobreseer, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía.

·Avance en las reformas legislativas para reforzar la Autoridad Independiente contra la Corrupción y prosiga los esfuerzos para garantizar que dispone de los recursos humanos y técnicos necesarios para desempeñar eficazmente sus funciones.

·Apruebe normas legislativas para garantizar una distribución justa y transparente de los gastos publicitarios por parte del Estado y de las empresas públicas.

·Refuerce las normas y mecanismos para mejorar la gobernanza independiente de los medios de comunicación públicos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación públicos.

·Garantice que la reforma en curso de la Oficina de Auditoría introduzca salvaguardias en el procedimiento de nombramiento para aumentar la independencia del auditor general y del auditor general adjunto.

Recomendaciones para Letonia

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Letonia:

·No ha avanzado en la adopción de medidas para que se fijen garantías adecuadas contra influencias políticas indebidas en el actual procedimiento de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, teniendo en cuenta las normas europeas sobre nombramientos judiciales.

·Ha avanzado en la prosecución de la aplicación efectiva de la legislación sobre la actividad de los grupos de interés, en particular la creación de un registro especial de estos grupos.

Sobre esta base, y teniendo en cuenta otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, y además de recordar los compromisos pertinentes contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia, se recomienda a Letonia que:

·Adopte medidas para que se fijen garantías adecuadas contra influencias políticas indebidas en el procedimiento de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, teniendo en cuenta las normas europeas sobre nombramientos judiciales.

·Garantice la aplicación efectiva de la legislación sobre la actividad de los grupos de interés, también en lo que atañe a al registro especial provisional de grupos de interés.

·

Recomendaciones para Lituania

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Lituania:

·Ha seguido avanzando en la conclusión de la reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita, en particular reduciendo la carga administrativa y garantizando unas condiciones adecuadas para la participación de los prestadores de asistencia jurídica gratuita, teniendo en cuenta las normas europeas sobre asistencia jurídica gratuita.

·Ha seguido avanzando en la mejora de la transparencia del sistema de nombramientos de cargos judiciales, en particular para el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta las normas europeas sobre nombramientos judiciales.

·Ha seguido avanzando en la prosecución de los esfuerzos por proporcionar recursos humanos y financieros adecuados al sistema judicial, teniendo en cuenta las normas europeas sobre recursos para el sistema judicial.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, se recomienda a Lituania que:

·Concluya la reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita, en particular garantizando unas condiciones adecuadas para la participación de los prestadores de asistencia jurídica, teniendo en cuenta las normas europeas sobre asistencia jurídica gratuita.

·Intensifique los esfuerzos para mejorar la transparencia del sistema de nombramientos para los cargos judiciales, en particular para el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta las normas europeas sobre nombramientos judiciales.

  

Recomendaciones para Luxemburgo

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Luxemburgo:

·Ha avanzado hacia la plena digitalización de los procesos civiles, penales y contencioso-administrativos.

·Ha avanzado significativamente en la intensificación de los esfuerzos para aumentar la información contenida en el registro de transparencia, en particular incluyendo toda la información establecida en el Reglamento interno del Parlamento.

·Ha avanzado en el impulso de la reforma del marco jurídico de la divulgación de documentos oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.

·Ha aplicado plenamente la recomendación sobre la mejora del proceso de toma de decisiones legislativas, en particular en el Parlamento, aumentando la transparencia y la participación de las partes interesadas en las consultas públicas.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, se recomienda a Luxemburgo que:

·Se esfuerce por lograr la plena digitalización de los procesos civiles, penales y contencioso-administrativos.

·Complete la reforma del marco jurídico de la divulgación de documentos oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.

  

Recomendaciones para Hungría

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Hungría:

·No ha avanzado en la mejora de la transparencia de los sistemas de asignación de asuntos en los órganos jurisdiccionales de primera instancia, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de asignación de asuntos.

·Ha avanzado significativamente en el aumento de la remuneración de los jueces, los fiscales y el personal de la administración de justicia y de la fiscalía teniendo en cuenta las normas europeas sobre recursos y remuneración del sistema judicial.

·Aún no ha avanzado en la adopción de reformas exhaustivas sobre la actividad de los grupos de interés y las puertas giratorias, ni en la mejora del sistema de declaraciones de patrimonio previendo una supervisión y una garantía del cumplimiento efectivos.

·No ha avanzado en el establecimiento de un historial sólido de investigaciones, enjuiciamientos y sentencias firmes en casos de corrupción de alto nivel.

·No ha avanzado en la introducción de mecanismos que mejoren la independencia funcional de la autoridad reguladora de los medios de comunicación, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia de los reguladores de los medios de comunicación.

·No ha avanzado en la aprobación de normas legislativas para garantizar una distribución justa y transparente de los gastos publicitarios por parte del Estado y de las empresas públicas.

·No ha avanzado en el refuerzo de las normas y mecanismos para mejorar la gobernanza independiente y la independencia editorial de los medios de comunicación públicos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación públicos.

·No ha avanzado en la eliminación de los obstáculos que afectan a las organizaciones de la sociedad civil ni en el fomento de un espacio cívico seguro y propicio, incluido mediante la derogación de la legislación que obstaculiza su capacidad para trabajar, en particular el impuesto sobre la inmigración.

Sobre esta base, y teniendo en cuenta otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, además de recordar la obligación de cumplir las sentencias del TJUE relacionadas con el Estado de Derecho y los procedimientos de infracción relacionados con el Estado de Derecho mencionados en el capítulo sobre el país, la evaluación de la Comisión en el marco del régimen general de condicionalidad, las preocupaciones pertinentes planteadas en el procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE, iniciado por el Parlamento Europeo, los compromisos pertinentes contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia y las recomendaciones específicas por país pertinentes en el marco del Semestre Europeo, se recomienda a Hungría que:

·Mejore la transparencia de los sistemas de asignación de asuntos en los tribunales de primera instancia, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de asignación de asuntos.

·Adopte medidas para garantizar que el incremento en curso de la remuneración de los jueces, los fiscales y el personal de la administración de justicia y de la fiscalía se lleve a cabo de una forma estructurada, teniendo en cuenta las normas europeas sobre recursos y remuneración del sistema judicial.

·Presente reformas legislativas exhaustivas sobre la actividad de los grupos de interés y las puertas giratorias, y siga mejorando el sistema de declaraciones de patrimonio, previendo una supervisión y una garantía del cumplimiento efectivos.

·Establezca un historial sólido de investigaciones, enjuiciamientos y sentencias firmes en casos de corrupción de alto nivel.

·Introduzca mecanismos para mejorar la independencia funcional de la autoridad reguladora de los medios de comunicación, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia de los reguladores de los medios de comunicación.

·Adopte medidas para garantizar una distribución justa y transparente de los gastos publicitarios por parte del Estado y de las empresas estatales.

·Refuerce las normas y mecanismos para mejorar la gobernanza independiente y la independencia editorial de los medios de comunicación públicos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación públicos.

·Garantice que no existan obstáculos a la labor de las organizaciones de la sociedad civil, en particular derogando la legislación que entorpezca su capacidad de trabajo y fomente un espacio cívico seguro y propicio.

  

Recomendaciones para Malta

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Malta:

·Ha seguido avanzando en el proyecto de reforma aprobado por el Gobierno para implicar al poder judicial en el procedimiento de nombramiento del presidente del Tribunal Supremo.

·Ha seguido avanzando en la intensificación de los esfuerzos para mejorar la eficiencia de la justicia, en particular para reducir la duración de los procesos.

·Ha seguido avanzando en los esfuerzos para abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones de casos de corrupción de alto nivel, pero no ha realizado avances en la intensificación de los esfuerzos para establecer un historial sólido de sentencias firmes.

·No ha avanzado en la adopción de salvaguardias legislativas y de otro tipo para mejorar el entorno de trabajo de los periodistas, y ha realizado avances limitados en el acceso a los documentos oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la protección de los periodistas y sobre el acceso a los documentos oficiales.

·No ha avanzado en el refuerzo de las normas y mecanismos para mejorar la gobernanza independiente y la independencia editorial de los medios de comunicación públicos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación públicos.

·No ha avanzado en la intensificación de las medidas para crear una institución nacional de derechos humanos que tenga en cuenta los Principios de París de las Naciones Unidas.

·Ha realizado poco en la introducción de un marco para la participación pública en el proceso legislativo.

Sobre esta base, y teniendo en cuenta otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, y además de recordar los compromisos pertinentes contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia, se recomienda a Malta que:

·Prosiga la reforma en curso para hacer que el poder judicial participe en el procedimiento de nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, teniendo en cuenta las normas europeas sobre nombramientos judiciales.

·Se esfuerce por mejorar la eficiencia de la justicia, en particular para reducir la duración de los procesos.

·Intensifique los esfuerzos para abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones de casos de corrupción de alto nivel y establecer un historial sólido de sentencias firmes.

·Adopte más salvaguardias legislativas y de otro tipo para mejorar el entorno de trabajo de los periodistas, incluido el acceso a documentos oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la protección de los periodistas y sobre el acceso a los documentos oficiales.

·Refuerce las normas y mecanismos para mejorar la gobernanza independiente y la independencia editorial de los medios de comunicación públicos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación públicos.

·Siga tomando medidas para crear una institución nacional de derechos humanos que tenga en cuenta los Principios de París de las Naciones Unidas.

·Introduzca un marco para la participación pública en el proceso legislativo.

  

Recomendaciones para los Países Bajos

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, los Países Bajos:

·Ha avanzado en cuanto a la escasez de personal y las difíciles condiciones de trabajo en el sistema judicial.

·Ha avanzado significativamente en la revisión de las normas sobre puertas giratorias aplicables a antiguos ministros y secretarios de Estado, incluido un período de incompatibilidad de dos años y restricciones a las actividades remuneradas.

·Ha avanzado poco en el establecimiento de normas de transparencia más estrictas sobre las actividades de los grupos de interés para los miembros del Gobierno y del Parlamento.

·Ha avanzado en la mejora de la gobernanza de los medios de comunicación públicos y su capacidad para defender las normas periodísticas, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación públicos.

·Ha avanzado en la garantía de un seguimiento adecuado de las recomendaciones de la Comisión Estatal sobre el Estado de Derecho, reforzando la protección jurídica de la ciudadanía.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, se recomienda a los Países Bajos que:

·Prosigan los esfuerzos para mejorar las difíciles condiciones de trabajo en el sistema judicial y abordar la escasez de recursos humanos.

·Establezcan normas de transparencia más estrictas sobre las actividades de los grupos de interés para los miembros del Gobierno y del Parlamento.

·Prosigan la reforma prevista de los medios de comunicación públicos para mejorar su gobernanza y su capacidad para defender las normas periodísticas, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación públicos.

·Den seguimiento a la propuesta de la Comisión Estatal sobre el Estado de Derecho de reforzar la cultura del Estado de Derecho, en particular mediante el establecimiento de un diálogo estructurado entre las potencias estatales basado en una «agenda sobre el Estado de Derecho».

  

Recomendaciones para Austria

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Austria:

·No ha avanzado en la solución de la necesidad de que el poder judicial participe en los procedimientos de nombramiento de los presidentes de los tribunales de lo contencioso-administrativo, teniendo en cuenta las normas europeas sobre nombramientos judiciales y la selección de los presidentes de los tribunales.

·Ha avanzado poco en la reforma para crear un Ministerio Fiscal federal independiente, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y la autonomía de la fiscalía, en particular para garantizar el funcionamiento independiente de la fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción.

·Ha avanzado poco en la introducción de normas eficaces sobre la declaración de bienes e intereses de los diputados al Parlamento, incluidos mecanismos eficaces de supervisión y sanción.

·No ha avanzado en la adopción de la propuesta legislativa para reforzar el régimen de la actividad de los grupos de interés, incluido un registro de transparencia.

·Ha avanzado poco en la adopción de medidas para garantizar una aplicación y un cumplimiento adecuados en lo que respecta a la distribución equitativa de la publicidad estatal.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, se recomienda a Austria que:

·Resuelva la necesidad de que el poder judicial participe en los procedimientos de nombramiento de los presidentes de los tribunales de lo contencioso-administrativo, teniendo en cuenta las normas europeas sobre nombramientos judiciales y la selección de los presidentes de los tribunales.

·Impulse la reforma para crear una fiscalía federal independiente, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y la autonomía de la fiscalía, en particular para garantizar el funcionamiento independiente de la fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción.

·Impulse los esfuerzos para introducir normas eficaces sobre la declaración de bienes e intereses de los diputados al Parlamento, incluidos mecanismos eficaces de supervisión y sanción.

·Adopte la propuesta legislativa para reforzar el marco de la actividad de los grupos de interés, incluido un registro de transparencia.

·Adopte medidas para garantizar una aplicación y un cumplimiento adecuados en lo que respecta a la distribución equitativa de la publicidad estatal.

  

Recomendaciones para Polonia

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Polonia:

·Ha avanzado significativamente en la separación de la función del ministro de Justicia de la del fiscal general y en la garantía de la independencia funcional del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno.

·Ha avanzado poco en la normalización del sistema en línea para las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos y los diputados y no ha avanzado en la introducción de normas sobre los grupos de interés.

·Ha avanzado en la garantía de unas investigaciones y enjuiciamientos independientes y eficaces, el abordaje del amplio ámbito de aplicación de la inmunidad de los altos cargos y la eliminación las cláusulas de impunidad introducidas previamente en la legislación con el fin de permitir un historial sólido de casos de corrupción de alto nivel.

·Ha seguido avanzando para garantizar el respeto de procedimientos justos, transparentes y no discriminatorios para la concesión de licencias de explotación a los medios de comunicación.

·Ha seguido avanzando para garantizar un marco legislativo eficaz para la gobernanza independiente y la independencia editorial de los medios de comunicación públicos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación públicos.

·Ha seguido avanzando en la mejora del marco en el que opera la sociedad civil.

Sobre esta base, y teniendo en cuenta otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, y, además de recordar la obligación de cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE relacionadas con el Estado de Derecho y los procedimientos de infracción relacionados con el Estado de Derecho a que se refiere el capítulo sobre el país, así como recordar los compromisos pertinentes contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia, se recomienda a Polonia que:

·Siga avanzando en la aplicación del Plan de Acción sobre el Estado de Derecho, también en lo que respecta al Consejo Nacional del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional.

·Impulse la reforma para separar la función del ministro de Justicia de la del fiscal general y garantizar la independencia funcional del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno.

·Introduzca normas sobre la actividad de los grupos de interés y un sistema normalizado en línea para las declaraciones de patrimonio de los funcionarios y los diputados, garantizando al mismo tiempo una verificación eficaz.

·Siga garantizando investigaciones y enjuiciamientos en materia de corrupción independientes y eficaces, abordando el amplio ámbito de aplicación de la inmunidad de los altos cargos y eliminando las cláusulas de impunidad con el fin de permitir un historial sólido de casos de corrupción de alto nivel.

·Impulse las reformas para garantizar el respeto de procedimientos justos, transparentes y no discriminatorios para la concesión de licencias de explotación a los medios de comunicación.

·Impulse las reformas para garantizar un marco legislativo eficaz para la gobernanza independiente y la independencia editorial de los medios de comunicación públicos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación públicos.

·Siga mejorando el marco en el que opera la sociedad civil, teniendo en cuenta las normas europeas sobre las organizaciones de la sociedad civil.

Recomendaciones para Portugal

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Portugal:

·Ha avanzado significativamente en la dotación adecuada de personal para el sistema judicial, en concreto en lo que se refiere al personal de la Administración de Justicia, y ha seguido avanzando en la mejora de su eficiencia, en particular de los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos y tributarios.

·Ha avanzado en la adopción de medidas para garantizar la adecuación de la legislación procesal penal general con el fin de abordar eficazmente los procesos penales complejos.

·Ha avanzado significativamente en la dotación de recursos suficientes para prevenir, investigar y enjuiciar la corrupción y ha seguido avanzando en la dotación de recursos suficientes para el nuevo mecanismo de lucha contra la corrupción.

·Ha avanzado significativamente en la garantía del seguimiento y la verificación efectivos de las declaraciones de patrimonio por parte de la Entidad de Transparencia.

·No ha avanzado en la finalización de las reformas para mejorar la transparencia de la elaboración de la legislación, en particular en lo que se refiere a la aplicación de los instrumentos de evaluación de impacto.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, además de recordar los compromisos contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia y las recomendaciones específicas por país pertinentes en el marco del Semestre Europeo, se recomienda a Portugal que:

·Se esfuerce por mejorar la eficiencia del sistema judicial, en particular de los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos y tributarios.

·Siga tomando medidas para garantizar la adecuación de la legislación procesal penal general con el fin de abordar eficazmente los procesos penales complejos.

·Adopte normas sobre la regulación de los grupos de interés, incluida la creación de un registro público exhaustivo de los grupos de interés.

·Finalice las reformas para mejorar la transparencia del proceso de elaboración de las normas, en particular en lo que se refiere a la aplicación de los instrumentos de evaluación de impacto.

  

Recomendaciones para Rumanía

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Rumanía:

·Ha avanzado significativamente en el proceso iniciado con vistas a tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre las leyes judiciales, en particular mediante consultas y evaluaciones con vistas a seguir mejorando las leyes judiciales cuando se presente la próxima oportunidad.

·Ha seguido avanzando para garantizar que el sistema judicial cuente con suficientes recursos humanos, en particular el Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta las normas europeas sobre recursos para el sistema judicial.

·Ha seguido avanzando en la adopción de medidas, en particular a nivel operativo, para garantizar la investigación y el enjuiciamiento eficaces de infracciones penales en el poder judicial, también en lo que respecta a los delitos de corrupción, teniendo en cuenta las normas europeas.

·No ha avanzado en la introducción de normas sobre las actividades de los grupos de interés para los diputados.

·No ha avanzado en el refuerzo de las normas y mecanismos para mejorar la gobernanza independiente y la independencia editorial de los medios de comunicación públicos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación públicos.

·Ha avanzado en la garantía de una consulta pública eficaz antes de la adopción de legislación.

·No ha avanzado en el proceso de obtención de la acreditación para dos instituciones nacionales de derechos humanos, teniendo en cuenta los Principios de París de las Naciones Unidas.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, además de recordar los compromisos contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia y las recomendaciones específicas por país pertinentes en el marco del Semestre Europeo, se recomienda a Rumanía que:

·Impulse medidas legislativas para reforzar las salvaguardias a fin de garantizar la independencia de los fiscales de alto rango y para la organización y el funcionamiento de la policía judicial.

·Adopte medidas para garantizar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de las infracciones penales en el poder judicial, también en lo que respecta a los delitos de corrupción.

·Introduzca normas sobre la actividad de los grupos de interés para los diputados y garantice la eficacia del sistema de declaración de patrimonio.

·Intensifique los esfuerzos dirigidos a reforzar las normas y mecanismos para mejorar la gobernanza independiente y la independencia editorial de los medios de comunicación públicos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación públicos.

·Intensifique los esfuerzos para abordar el uso frecuente de decretos gubernamentales de emergencia y garantice la eficacia de las consultas públicas antes de la adopción de la legislación.

·Impulse el proceso de obtención de la acreditación para dos instituciones nacionales de derechos humanos, teniendo en cuenta los Principios de París de las Naciones Unidas.

  

Recomendaciones para Eslovenia

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Eslovenia:

·Ha aplicado plenamente la recomendación de finalizar el proceso legislativo para modificar las normas sobre investigaciones parlamentarias con garantías adecuadas para la independencia de los jueces y fiscales, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de independencia judicial.

·Ha avanzado significativamente en la adopción de nuevas medidas para garantizar que la reforma de los nombramientos judiciales contenga salvaguardias adecuadas para la independencia judicial, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de independencia judicial.

·Ha aplicado plenamente la recomendación de finalizar las medidas para aumentar la remuneración de los jueces y los fiscales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre recursos y remuneración del sistema judicial.

·Ha aplicado plenamente la recomendación de completar la adopción de la nueva estrategia y plan de acción de lucha contra la corrupción y comenzar su aplicación, y ha seguido avanzando en la adopción de medidas para garantizar un historial de investigaciones, enjuiciamientos y sentencias firmes en delitos de corrupción, en particular los casos de alto nivel.

·Ha seguido avanzando en la aplicación de la recomendación de avanzar en el proceso de adopción de salvaguardas legislativas y no legislativas para mejorar la protección de los periodistas, sobre todo en línea, teniendo en cuenta las normas europeas que regulan dicha protección.

·Ha avanzado en la garantía de la existencia de normas o mecanismos para proporcionar a los medios de comunicación públicos una financiación adecuada para la realización de su función de servicio público, garantizando al mismo tiempo su independencia.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, además de recordar los compromisos contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia, se recomienda a Eslovenia que:

·Adopte nuevas medidas para garantizar un historial de investigaciones, enjuiciamientos y sentencias firmes de delitos de corrupción, también en casos de alto nivel.

·Siga avanzando con el proceso de adopción de salvaguardas legislativas y no legislativas para mejorar la protección de los periodistas, teniendo en cuenta las normas europeas que regulan dicha protección.

·Complete las reformas para garantizar la existencia de normas o mecanismos para proporcionar a los medios de comunicación públicos una financiación adecuada para la realización de su función de servicio público, garantizando al mismo tiempo su independencia.

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Recomendaciones para Eslovaquia

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Eslovaquia:

·No ha avanzado en la introducción de medidas para garantizar que los miembros del Consejo Judicial, en particular los que no son elegidos por los jueces, estén sujetos a garantías suficientes de independencia en lo que respecta a su cese, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia de los consejos del poder judicial.

·Ha avanzado poco para garantizar que existan garantías suficientes, y que se respeten debidamente al someter a los jueces a la responsabilidad penal por el delito de «abuso de Derecho» en lo que respecta a sus resoluciones judiciales.

·Ha avanzado en el refuerzo de la legislación sobre conflictos de intereses y no ha avanzado en la formulación de propuestas para regular la actividad de los grupos de interés y las declaraciones de patrimonio.

·No ha avanzado en la garantía de una investigación y enjuiciamiento efectivos e independientes de los casos de corrupción de alto nivel con vistas a establecer un historial sólido, en particular evitando toda injerencia indebida en estos casos y restringiendo el uso de las facultades del fiscal general de anular las decisiones finales de investigación y de acusación.

·No ha avanzado en el refuerzo de las normas y mecanismos para restaurar y garantizar aún más la gobernanza independiente y la independencia editorial de los medios de comunicación públicos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación públicos.

·No ha seguido avanzando en el proceso de establecimiento de salvaguardias legislativas y de otro tipo para mejorar la seguridad física y el entorno de trabajo de los periodistas, incluida la reforma de la legislación sobre difamación, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la protección de los periodistas.

·No ha avanzado en la garantía de una consulta pública eficaz y la participación de las partes interesadas en el proceso legislativo, en particular evitando un uso excesivo del procedimiento acelerado.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, además de recordar los compromisos contraídos en el marco del plan de recuperación y resiliencia y las recomendaciones específicas por país pertinentes en el marco del Semestre Europeo, se recomienda a Eslovaquia que:

·Introduzca medidas para aportar garantías suficientes de independencia en lo que respecta a la destitución de los miembros del Consejo Judicial, en particular los no elegidos por los jueces, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de independencia de los consejos judiciales.

·Garantice que existan garantías suficientes y que se respeten debidamente al procesar a los jueces por el delito de prevaricación judicial.

·Presente propuestas para regular la actividad de los grupos de interés, refuerce el sistema de declaración y verificación del patrimonio y prosiga la reforma de las normas sobre conflictos de intereses.

·Garantice la investigación y el enjuiciamiento efectivos e independientes de los casos de corrupción de alto nivel para establecer un historial sólido, en particular evitando toda injerencia indebida y restringiendo el uso de las facultades del fiscal general de anular las decisiones finales de investigación y de acusación.

·Refuerce las normas y mecanismos para restaurar y garantizar aún más la gobernanza independiente y la independencia editorial de los medios de comunicación públicos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación públicos.

·Impulse el proceso de establecimiento de salvaguardias legislativas y de otro tipo para mejorar la seguridad física y el entorno de trabajo de los periodistas, incluida la reforma de la ley sobre la difamación, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la protección de los periodistas.

·Garantice una consulta pública eficaz y la participación de las partes interesadas en el proceso legislativo, en particular abordando la cuestión del uso frecuente del procedimiento acelerado.

  

Recomendaciones para Finlandia

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Finlandia:

·Ha aplicado plenamente la recomendación de proseguir la labor del grupo de trabajo «Garantías del Estado de Derecho y Desarrollo del Sistema Judicial» con vistas a reforzar la independencia del sistema judicial y aumentar la calidad de la protección jurídica.

·Ha avanzado poco en la reforma del sistema de nombramiento de jueces legos, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de independencia judicial.

·Ha avanzado poco en la adopción de legislación sobre el tráfico de influencias y en la propuesta de una revisión del delito de soborno en el extranjero.

·Ha avanzado poco en el refuerzo del marco de integridad y rendición de cuentas aplicable a los ministros y otras personas a las que se hayan encomendado funciones ejecutivas de alto nivel mediante la adopción de un código de conducta que les sea aplicable.

·Ha seguido avanzando en el impulso de la reforma de la Ley sobre la apertura de las actividades gubernamentales para garantizar un acceso efectivo y más amplio a los documentos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, se recomienda a Finlandia que:

·Avance en la reforma del sistema de nombramiento de jueces legos, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de independencia judicial.

·Impulse la revisión del delito de soborno en el extranjero.

·Prosiga los esfuerzos para reforzar el marco de integridad y rendición de cuentas aplicable a los ministros y otras personas a las que se hayan encomendado funciones ejecutivas de alto nivel mediante la adopción de un código de conducta que les sea aplicable.

·Avance en la reforma de la Ley sobre la apertura de las actividades gubernamentales a fin de garantizar un acceso efectivo a los documentos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.

  

Recomendaciones para Suecia

De forma general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2024, Suecia:

·No ha avanzado en garantizar que el sistema de nombramiento de jueces legos salvaguarde su independencia, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de independencia judicial.

·No ha avanzado para garantizar el seguimiento adecuado de la evaluación de las normas sobre puertas giratorias.

·No ha seguido avanzando en el refuerzo de la lucha contra el soborno en el extranjero, modificando las definiciones jurídicas existentes y mejorando el enjuiciamiento y las sentencias firmes en los casos de este tipo de soborno.

·Ha avanzado significativamente en la prosecución de los esfuerzos para garantizar que las reformas del marco jurídico para la financiación y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil no afecten indebidamente a la participación de la sociedad civil.

Habida cuenta de lo que antecede, así como de otros acontecimientos que tuvieron lugar en el período de referencia, se recomienda a Suecia que:

·Garantice que el sistema de nombramiento de jueces legos salvaguarde su independencia, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de independencia judicial.

·Refuerce la lucha contra el cohecho internacional, en particular mediante la modificación del marco jurídico vigente y la mejora de la garantía del cumplimiento.

·Garantice el seguimiento adecuado de la evaluación de las normas sobre puertas giratorias.

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