Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**COMISIÓN** **DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS**

**Bruselas, 22.07.1998**
**COM(1998)** **474 final**

**Comunicación de la Comisión**

**al Consejo, al Parlamento Europeo y al Banco Central Europeo**

#### **`PROTECCIÓN DEL EURO`** **`LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN`**

**índice**

**1.** **INTRODUCCIÓN** **3**

**1.1. Bazas y objetivos** **3**

**1.2. Responsabilidades del BCE,** **Europoly** **la Comisión** **6**

**2.** **ÁMBITOS DE ACCIÓN PRIORITARIOS** **8**

**3.** **FORMACIÓN** **9**

**4.** **EL SISTEMA DE INFORMACIÓN** **9**

**5.** **COOPERACIÓN** **12**

**6.** **PROTECCIÓN PENAL / APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES**
**NACIONALES: INCRIMINACIÓN, SANCIONES Y ASISTENCIA**
**JUDICIAL** **13**

**7.** **EL APOYO DE LOS INSTRUMENTOS EXISTENTES** **15**

**8.** **PLAZOS** **...16**

1. INTRODUCCIÓN

**1.1. Bazas y objetivos**

La introducción en buenas condiciones de la moneda única europea, el euro, forma parte
de un proceso irreversible que requiere la instauración de un marco de protección para el
euro contra la acuñación de moneda falsa que incluya estrategias de prevención,
formación, cooperación y represión penal.

Según el Reglamento 974/98 del Consejo de 3 de mayo de 1998 [1], el 1 de enero de 2002
los billetes de banco y las monedas de euro se pondrán en circulación en los Estados
miembros que participen en el euro [2] . De acuerdo con las disposiciones del Tratado CE
(artículo 105 A), el BCE tendrá el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes
de euro. Los Estados miembros podrán realizar emisiones de moneda metálica, con
aprobación del BCE. El Instituto Monetario Europeo ha adoptado importantes iniciativas
con el fin de garantizar un elevado nivel de protección técnica de los billetes, previendo
elementos de seguridad que cuentan con los últimos progresos técnicos.

El Consejo de Gobernadores del Banco Central Europeo adoptó el 7 de julio de 1998 una
serie de orientaciones destinadas a la protección de los billetes de euro. Una
recomendación contempla más concretamente la lucha contra la acuñación de moneda
falsa y solicita al Consejo, a los Estados miembros, a Europol y a la Comisión que
adopten las medidas necesarias [3] .

Por su parte, el Parlamento Europeo, por medio de su comisión de control presupuestario,
ha solicitado a la Comisión que desarrolle iniciativas concretas a escala comunitaria con
el fin de reforzar la protección del euro. El Parlamento hace referencia, en particular, a la
experiencia adquirida en el ámbito de la protección de los intereses financieros de las
Comunidades.

Se trata ahora de precisar, a raíz de los trabajos del IME, las orientaciones esenciales en
cuanto a la protección del euro. La lucha contra la falsificación es un elemento clave en
este sentido.

Los riesgos que es necesario prevenir derivan principalmente del gran potencial de
difusión del euro, incluso fuera de la Comunidad. El euro tendrá vocación de convertirse
en moneda de transacción y reserva a escala mundial [4] .

Las condiciones de su protección deberán, pues, adaptarse concretamente a esta nueva
dimensión. Los riesgos de falsificación son cada vez mayores con la aparición de nuevos

**1** **DO** **n°L 139, 11.5.1998,** **p** **2.**

**2** **Otras formas de delincuencia, en particular el blanqueo de activos importantes en moneda nacional, pueden añadirse en la fase**
**de transición, en particular antes y durante el período de doble circulación.**

**3** **Esta recomendación será objeto de un detallado examen por parte de la Comisión.**

**Lo que implica la necesidad de establecer también una cooperación específica con los socios de la Comunidad.**

**3**

billetes o monedas. Y lo serán más aún con el lanzamiento de la nueva moneda única.

Como moneda de reserva internacional, el euro presentará un valor fácilmente
convertible y tendrá un gran atractivo para toda forma de delincuencia, incluida la
delincuencia organizada. El potencial de circulación en un territorio más amplio que
excede la jurisdicción nacional y las posibilidades de intervención territorial, limitadas al
espacio nacional, de las autoridades de cada uno de los Estados miembros, aumentan los
riesgos. Lo mismo ocurre con los progresos técnicos (fotocopia en color y offset digital),
accesibles a la delincuencia organizada internacional así como a la pequeña delincuencia
«artesana» limitada a un Estado miembro y a un pequeño grupo de individuos.

La protección del euro también deberá tener en cuenta una serie de factores específicos
como los siguientes:

- El hecho de que los ciudadanos europeos no estén familiarizados con los billetes y las
monedas. A pesar de las campañas de sensibilización, está claro que los usuarios de
billetes y monedas de euro necesitarán un período de adaptación para conocer los
nuevos billetes y monedas [5] de euro igual que conocen ahora su moneda nacional.

- Los muy diversos grados de experiencia de los servicios nacionales competentes. Está
claro que los falsificadores se determinan en función de los riesgos, pero también de
las posibilidades de circulación del billete o moneda que hayan tomado como objetivo.
En efecto, algunas monedas nacionales se falsifican muy poco.

- La inexperiencia de determinado personal y la falta de medios de detección. Existe
una necesidad de personal formado, así como de medios de control [6] y detección, en
particular en determinadas entidades financieras cuya actividad lucrativa se basa en
gran medida en la recogida, intercambio, transporte o puesta en circulación de divisas.

- La pluralidad de los lugares de producción y de los soportes en «papel» o
«metálicos». A pesar de las condiciones uniformes de seguridad técnica previstas por
el BCE (para los billetes) y por las fábricas de moneda nacionales (para las monedas),
los Estados miembros podrán utilizar técnicas de fabricación y métodos de impresión
y acuñación diferentes.

- La variedad de las caras nacionales de las monedas. En efecto, las monedas de euro
dispondrán de una cara común y de una cara nacional, lo que aumentará las
dificultades de reconocimiento por los usuarios de los otros Estados miembros, donde
estas monedas podrán circular.

- El considerable aumento de las operaciones de cambio (período de doble
circulación) [7] . Los tenedores de monedas y billetes nacionales (incluidas la gran

la experiencia en algunos listados miembros pone de muni tiesto que la aparición de falsificaciones de monedas nuevas lia
podido conducir, en algunas regiones, a que los usuarios rechacen sistemáticamente todo intercambio o todo pago con estas
monedas.

La viabilidad de un sistema de detección de falsificaciones,sencillo y eficaz, deberá examinarse con los sectores profesionales
interesados con el fin de establecer las protecciones suplementarias previamente a la investigación policial. Cuando proceda,
deberán preverse incentivos en este sentido.

Reglamento (Œ) n° 974/98 del Consejo de 3.5.1998 relativo a la introducción del euro, DO L 139 de 11.5.1998, que fija su
duración en 6 meses como máximo. También es necesario tener en cuenta quedurantc los períodos de migración y de afluencia
turística, la demanda de cambio de divisas y el recurso al pago en efectivo son mucho más importantes y concentrados en
algunos puntos (aeropuertos, estaciones, puertos, tocos turísticos etc.).

delincuencia y el crimen organizado) deberán proceder al cambio, en breve plazo, de
sus divisas nacionales por euros.

- La circulación del euro más allá del territorio de los Estados miembros participantes.
La circulación y la utilización de la nueva moneda no se limitará a los participantes en
la tercera fase de la UEM. El conjunto de los Estados miembros de la Unión se verá
afectado, así como un gran número de terceros países [8], en particular los países
candidatos a la adhesión.

- Los límites del principio de territorialidad. La disparidad de los sistemas jurídicos y
el mantenimiento de las fronteras penales constituyen a priori un obstáculo para la
continuidad de la acción represiva y la protección homogénea de la moneda.

- Las facilidades que aporta el progreso tecnológico. El desarrollo de las técnicas de
reproducción (láser, digital), será fácilmente accesible para los «falsificadores

artesanos».

Para que estos factores, que se manifestarán en particular en la introducción de los
billetes y monedas de euro, se vean neutralizados, es necesario que la Unión esté dotada
de los medios y dispositivos necesarios que le permitan, de manera preventiva y
represiva, luchar de forma coordinada contra la falsificación.

La perspectiva de la substitución de la moneda única por las monedas nacionales, así
como la existencia de enfoques y estructuras diferentes para la prevención y la lucha
contra la falsificación en los Estados miembros, deberán conducir a la Comunidad a
adoptar las medidas necesarias para garantizar una coordinación y una cooperación
eficaces. Es importante alcanzar una situación permita garantizar una protección
equivalente de la moneda europea en todo el territorio de la Unión.

El Consejo Europeo de Madrid y posteriormente el Tratado de Amsterdam hacen de la
protección equivalente un objetivo asignado a las instituciones y a los Estados miembros
por lo que se refiere al dinero de los contribuyentes europeos que transita por el
presupuesto comunitario. El ciudadano europeo tiene derecho a esperar que las
instituciones y los Estados miembros se basen en el mismo principio para la protección
de la moneda europea.

La necesidad de determinar conceptos comunes y obligaciones recíprocas implica una
necesidad de interpretación y de resolución común de conflictos en caso de desacuerdo.
La realización de este objetivo exige la creación de instrumentos adecuados para la
protección de los intereses comunitarios sujetos a control jurisdiccional. En la medida en
que se trata de instrumentos regulados por el Tratado CE, juega la jurisdicción del
Tribunal de Justicia. En la medida en que el dispositivo comunitario deberá ser
completado por instrumentos que respondan al Título VI TUE, será necesario recurrir a
instrumentos convencionales (convenios o protocolos) que permitan el control
jurisdiccional del Tribunal de Justicia.

**Esto repercutirá ciertamente en las fuentes de fabricación de las falsificaciones. Las cifras conocidas, relativas a las**
**falsificaciones correspondientes a las comunicaciones hechas a Interpol, ponen de manifiesto que para algunas monedas**
**nacionales la falsificación toma una dimensión internacional, realizándose una parte importante de la fabricación fraudulenta**
**fuera de los países de circulación de la moneda en cuestión. La situación del dólar, moneda de reserva internacional,** **constituye**
**probablemente el ejemplo que mejor ilustra los riesgos a que se expondrá el euro.**

La prevención de la falsificación del euro representa una prioridad de primer plano que
requiere un esfucr/o de preparación intensivo desde antes de hi introducción de la
moneda única. Las estrategias de prevención deberán ser lo suficientemente disuasorias
como para desalentar a los potenciales falsificadores y dificultar, elevar el riesgo y
encarecer las operaciones de falsificación. La cooperación deberá ser suficientemente
eficaz, y la represión, homogénea.

Esta política global de prevención y de lucha contra la falsificación requiere la asociación
del conjunto de los Estados miembros, de las instituciones y órganos de la Unión, así
como de los organismos internacionales competentes. El marco jurídico deberá crearse en
el transcurso del año 2000, con el fin de que puedan instaurarse efectivamente las
estructuras adecuadas antes de la puesta en circulación de las monedas y billetes.

**1.2. Responsabilidades del BCE, Europol y la Comisión**

La protección del euro, como elemento tangible de la UEM, es principalmente una
cuestión de interés comunitario (Tratado CE), aunque por supuesto habrá que recurrir a
los instrumentos del Título VI para mejorar la protección penal de la moneda.

El planteamiento previsto por la Comisión se inspira en el enfoque adoptado para la
protección de los intereses financieros de las Comunidades. Contiene un aspecto de
prevención basado en los intercambios de información y en la cooperación entre las
autoridades competentes. Este dispositivo requiere un marco jurídico comunitario.
Contiene también un aspecto de protección penal que podrá basarse en los instrumentos
del Título VI del TUE. Este enfoque integra todos los tipos de amenaza, ya se trate de la
delincuencia organizada o de otras formas de delincuencia en materia de falsificación,
igualmente temibles.

E1BCE

El IME ha iniciado trabajos importantes con el fin de garantizar la seguridad técnica de
los billetes y monedas, y ha tomado la decisión de crear una base de datos técnicos en el
marco de un centro de análisis de la falsificación de billetes (CAC). Las monedas, que
son competencia de los Estados miembros, podrían también recogerse en la base de datos
técnica del BCE.

Esta base de datos técnica, que incluirá información sobre los billetes falsos de euro, se
administrará bajo los auspicios del BCE. Las informaciones técnicas que alimentarán la
base procederán del CAC.

El BCE y el SEBC serán responsables de la política monetaria y de la emisión y puesta
en circulación de los billetes. Por esta razón, a partir de julio de 1996, el IME quiso que
otros órganos comunitarios siguiesen con sus trabajos y los completasen. Las
informaciones que incluyen datos de carácter personal y operativo deberán ser objeto de
un tratamiento diferenciado, al margen de la base de datos técnica concebida por el IME.

Europol

El Convenio Europol, ahora ratificado por todos los Estados miembros, abre la
posibilidad de ampliar el mandato de Europol por lo que se refiere a la delincuencia

**6**

internacional organizada, tal como se recoge en el artículo 2 del Convenio [9] . Esto podría
llevar a Europol a proporcionar una contribución operativa a la lucha contra la
falsificación del euro. El Consejo adoptaría tal decisión por unanimidad, sirviéndose de
los procedimientos establecidos en el Título VI del TUE.

En el marco de su mandato, Europol también deberá administrar un sistema de
información que será alimentado, sobre una base voluntaria, por los servicios nacionales
en representación de los Estados miembros y por los funcionarios de enlace dependientes
de las unidades nacionales. El acceso directo de las unidades nacionales a los datos (datos
relativos a infracciones, acusaciones, fechas y lugares, medios utilizados, servicios en
cuestión y sus números de expedientes; datos relativos a la sospecha de pertenencia a una
organización criminal, etc.) se obtiene previa petición y por medio de los funcionarios de
enlace, así como para las necesidades de una investigación determinada (artículo 7 y 8
del Convenio).

La transmisión de estos datos estará sometida a las normas específicas de cada Estado
miembro. Europol podrá transmitir datos a Estados y órganos terceros, entre los que
figuran determinados organismos comunes e Interpol (véanse los artículos 18 y 10§4),
pero solamente en casos concretos, cuando esta medida sea necesaria para la prevención
o la lucha contra las infracciones. Salvo modificación del Convenio, estas normas
condicionan y limitan la cooperación continua y directa con el BCE y con la Comisión.

La Comisión

La función de la Comisión es complementaria de la del BCE, e integra el valor añadido
de la misión de Europol. La Comisión propone la creación de una base de datos y de un
sistema de información comunitario (véase a continuación) accesible en tiempo real a las
autoridades competentes y a Europol, con el fin de permitir a esta última proceder a los
análisis en el marco de su mandato.

El sistema de protección del euro debería enmarcarse en un enfoque integrado y global
que exija una visión continua y regular de los hechos y de los riesgos. Será necesario
incorporar permanentemente información procedente de distintas fuentes. Esencialmente,
esta información procede de los institutos de emisión, bancos centrales, bancos
comerciales, entidades financieras o de crédito así como de los servicios aduaneros y de
policía. La explotación de este conjunto de información por la Comisión permitirá
reforzar la eficacia de la prevención y mejorar el nivel de prevención y la detección de los
comportamientos irregulares.

Por esta razón, la Comisión inició, en julio de 1996, una reflexión con expertos de los
Estados miembros para evaluar los riesgos y la necesidad de disposiciones comunes para
prevenir y luchar contra la falsificación del euro. A raíz de estos trabajos, los servicios de
la Comisión establecieron un informe provisional, que se transmitió al Consejo y
contribuyó asimismo a las conclusiones del Consejo ECOFIN de 19 de mayo. Estas

Lxtracto del artículo 2 del Convenio : «... en la medida en que existan indicios concretos que revelen la existencia de una
estructura o de una organización criminal y que dos o más listados miembros se vean afectados por estas formas de
criminalidad de tal manera que, habida cuenta de la amplitud, la gravedad y las consecuencias de las infracciones, se imponga
una acción común de los Estados miembros».

conclusiones hacen hincapié en la urgencia de establecer una protección eficaz del euro,
antes de su puesta en circulación.

**2.** **ÁMBITOS DE ACCIÓN PRIORITARIOS**

Los trabajos realizados en el grupo _ad hoc_ reunido por la Comisión en el marco del
Comité consultivo de la lucha contra el fraude integran la experiencia de la Comisión, la
de los expertos de los Estados miembros, de Europol, del IME y de Interpol, con el fin de
determinar las orientaciones prioritarias.

Los trabajos del grupo se concentraron en determinados aspectos relativos a los soportes
de papel (billetes) y metálicos (monedas). Esencialmente, se refieren a datos útiles para
los intercambios de información, a la compilación de datos y a la cooperación entre las
autoridades competentes, con el fin de prevenir, detectar las infracciones y luchar
eficazmente contra todas actividades ilegales perjudiciales al euro. Este sistema deberá
estar instaurado antes de la puesta en circulación de los billetes y monedas de euro,
durante un período probatorio suficiente para evaluar los riesgos de mal funcionamiento.

El 1 de enero de 2002, cuando las monedas y los billetes se introduzcan simultáneamente
en todos los países participantes, las disposiciones y los medios necesarios deberán estar
en funcionamiento.

Es importante pues proseguir la reflexión sobre el marco reglamentario necesario para
reforzar la prevención, facilitar y hacer efectiva la necesaria cooperación de las
autoridades nacionales con el fin de mejorar el nivel de detección y hacer obligatoria la
comunicación de los hechos que se observen. Por lo que se refiere a la protección del
euro, las disposiciones adoptadas deberán incluir las obligaciones respectivas de los
países participantes, así como las de los otros Estados miembros de la Unión. Estas
disposiciones deberán tener en cuenta la necesaria cooperación con los organismos
internacionales y los terceros países.

El dispositivo de protección deberá incluir asimismo un sistema de cooperación que vaya
más allá de la ayuda mutua internacional clásica, concebida hasta ahora para la
cooperación entre las autoridades de Estados nacionales soberanos para la protección de
su moneda nacional.

Esto conduce a la necesidad de crear una estructura en los servicios de la Comisión. Esta
estructura comunitaria deberá ser el interlocutor de los órganos de emisión de moneda
europeos (BCE para los billetes y Estados miembros para las monedas) y de los demás
socios en la Unión (Europol) y en el plano internacional (OÍPC Interpol).

Por estas razones, es importante desarrollar iniciativas en materia de:

- formación [10 ]

10 Todas las partes interesadas, incluidas las entidades financieras y todos aquellos susceptibles de mejorar la detección en la fase
más temprana posible, deberán asociarse a estas acciones. Instauración de sistemas adecuados para fomentar la disponibilidad
de recursos y de las técnicas necesarias (p. ej., sistema de incentivos positivos).

**8**

- sistemas de información, de comunicación y de bases de datos [11 ]

- cooperación, asistencia mutua y asistencia técnica y operativa en las investigaciones [12 ]

- definición de actividades de falsificación y sanciones disuasorias.

3. FORMACIÓN

La puesta en circulación del euro requiere un enfoque en materia de formación, con el fin
de prevenir y luchar mejor contra la acuñación de moneda falsa. Se ha solicitado a la
Comisión que presente un documento de reflexión sobre la política de formación
profesional a escala comunitaria. Tal enfoque deberá basarse en una distribución
equilibrada y coherente de los esfuerzos entre los distintos niveles (Estados miembros,
Comunidad y Unión), en particular en términos de coste-eficacia, y esto de acuerdo con
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Inspirándose en las orientaciones de un documento de sesión [13] de los servicios de la
Comisión, elaborado a petición del grupo "Cooperación Policial" del Consejo, la
Comisión examina la posibilidad de lanzar una "acción piloto" que podría comenzar en
1999 y servir para el establecimiento de un "plan de acción plurianual" en materia de
formación profesional.

A nivel aduanero, también puede considerarse extender el ámbito de aplicación del
programa comunitario de formación MATTHAEUS, que cubre el capítulo de formación
de la Decisión Aduana 2000, a las actividades de lucha contra la acuñación falsa del euro.

La Comisión también tendrá en cuenta en este contexto las exigencias de la ampliación,
con el fin de integrar las acciones de formación específicas para la protección del euro en
su estrategia de preadhesión.

En la medida de los medios disponibles, los profesionales del sector privado, que pueden
desempeñar una función en la detección de las falsificaciones, podrían también asociarse
a determinadas acciones de formación específicas.

**4.** **EL SISTEMA DE INFORMACIÓN**

El trabajo de los expertos se ha centrado especialmente en el intercambio de información
y en las condiciones de este intercambio según las normas comunes, con el fin de evitar
que las comunicaciones abarquen una gama de comportamientos demasiado diferentes de
un Estado miembro a otro, lo que se prestaría mal a un análisis pertinente y a una buena
aprehensión del fenómeno en la Unión.

Condiciones de acceso a esta base, definición de la red común de información policial, estratégica y operativa, modo ele
transmisión de las informaciones (instauración de un mecanismo in formalizado de intercambio basado en lu armonización de
mensajes, garantizando la compatibilidad técnica de los sistemas).

'2 Teniendo en cuenta la mayor necesidad de coordinación a nivel europeo para la protección del euro y la necesidad de prolongar
esta cooperación con los socios exteriores de la Comunidad, habida cuenta de la dimensión internacional de la falsificación.

Como elemento preparatorio, se ha presentado al Grupo "Cooperación policial" un documento de sesión "Grupo de expertos
falsificación del euro: un enfoque en materia de formación".

Los mecanismos de protección de la moneda única contra actividades ilegales se basan
ampliamente en la información. Deben pues basarse en la recogida, compilación y
evaluación de datos relativos a los billetes y monedas falsos, así como en la información
relativa a las operaciones de fabricación, detención, transporte y puesta en circulación de
estas falsificaciones.

Estos datos están incluidos esencialmente en dos grandes categorías:

 - La información técnica referente a la recogida de datos, a los métodos de fabricación
y a las particularidades técnicas de las falsificaciones. Será el centro de análisis de las
falsificaciones (CAC), bajo los auspicios del BCE, quien tendrá que tratar este tipo de
información. El mismo enfoque está en curso de evaluación para las monedas.

 - Las informaciones administrativas, aduaneras y policiales, para la recogida de datos
en materia de falsificación de moneda tanto a nivel estratégico como operativo.

La explotación sistemática y metódica de la información proporciona una visión global y
facilita la definición de los circuitos o redes de falsificación. Es importante reunir y pedir
todos los detalles obtenidos desde el inicio de la investigación, la información o la
denuncia, hasta el cierre de la investigación, el recurso al juez y la aplicación de las
sanciones. Esto permitirá efectuar una política de prevención eficaz basada en elementos
de información actualizados de forma continua.

Es necesario definir normas comunes de intercambio y obligaciones regulares de
comunicación, por medio de una red de transmisión de mensajes. La tecnología de la red
AFIS Mail, que se utiliza con éxito desde hace más de una década en lo que se refiere a la
aplicación SCENT (Secure Enforcement Network) por las autoridades competentes de
los Estados miembros y de la Comisión encargadas de la lucha contra el fraude en
materia aduanera y agrícola, constituye a este respecto una pista interesante para el
intercambio rápido de informaciones.

La base de datos debe ser de fácil utilización y de acceso directo, con el fin de permitir el
cotejo inmediato de información a efectos operativos.

El sistema debe ser, en la medida de lo posible, compatible con los sistemas de
información existentes en los Estados miembros y con el sistema Europol. El sistema de
la Comisión que deberá establecerse habrá de adaptarse a las técnicas y a los métodos de
trabajo de los servicios de investigación nacionales. Deberán definirse normas de acceso.
El sistema se alimentará y actualizará continuamente, tendrá una función técnica,
operativa y estratégica, facilitará la adición de las distintas informaciones y dará una
visión global. Permitirá también la realización en tiempo real de intervenciones eficaces y
coordinadas a escala comunitaria, evitando, en particular, el riesgo de que distintos
servicios de investigación investiguen sobre un mismo asunto sin saberlo.

La organización del sistema de información en sus distintos componentes requerirá,
aparte de la utilización de los marcos nacionales, el establecimiento de un marco jurídico
adecuado a escala comunitaria. Las necesidades han sido claramente definidas por los
trabajos del grupo de expertos. Una normativa comunitaria deberá proporcionar el marco
jurídico necesario para la recogida y el intercambio de información entre las autoridades
responsables de la protección de la moneda única en la lucha contra la falsificación.

**10**

El acervo comunitario en materia de protección de los intereses financieros, que prevé un
conjunto de disposiciones para la definición de los conceptos, la recogida y el intercambio
de información para la cooperación, constituye un marco de referencia útil [14] . Ya funciona
un sistema de información en todos los ámbitos del presupuesto. Incluye por una parte la
base comunitaria IRENE, que contiene datos sensibles sobre los casos de fraude e
irregularidades comunicados por los Estados miembros. En la actualidad, los Estados
miembros no tienen acceso a esta. En el ámbito de la asistencia mutua entre las
autoridades aduaneras de los Estados miembros y de la Comisión (Regí. CE n° 515/97),
existe, por otra parte, el SID (Sistema de Información Aduanera), que constituye una base
de fácil utilización, constantemente actualizada y abierta a los Estados miembros y a la
Comisión. Esta base, administrada por la Comisión, contiene también datos sensibles
cubiertos por las normas relativas a la protección de dichos datos.

En este orden de cosas, no hay que olvidar que el Título V del Reglamento (CE) n°
515/97 del Consejo de 13 de marzo de 1997 relativo a la asistencia mutua entre las
autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la
Comisión con el fin de garantizar la correcta aplicación de las normativas aduanera y
agrícola, ofrece la posibilidad de almacenar, con vistas a la prevención, la investigación y
la lucha contra las irregularidades en el ámbito aduanero, incluidas las vinculadas a la
acuñación de moneda de euro falsa, información útil en la base de datos central SID
(Sistema de Información Aduanera). SID ofrece por otro lado la ventaja de poder integrar
las imágenes electrónicas que resultan indispensables en el marco de la lucha contra la
acuñación de moneda falsa.

Inspirándose en estos ejemplos que ya han sido probados, la normativa deberá incluir:

- Una definición del conjunto de las actividades que contribuyen a la falsificación de la
moneda [15], con el fin de permitir un intercambio de información homogéneo.

- La obligación para los Estados miembros de comunicar todas las informaciones
pertinentes relativas a la falsificación del euro.

- El establecimiento de un sistema informatizado dotado de una red de transmisión de
mensajes y de una base de datos central con un acceso directo para las autoridades

Reglamentos existentes en los distintos ámbitos presupuestarios sectoriales : Reglamento (CHE, EURATOM) n° 1552/89 del
Consejo (DO L 155 de 7.6.1989) modificado por el Reglamento (EURATOM, CE) n° 1355/96 del Consejo (DO L 175 de
13.7.1996) para los recursos propios ; Reglamento (CEE) N° 729/70 del Consejo (DO L 94 28.4.1970), Reglamento (CEE) n°
4045/89 del Consejo (DO L 388 31.12.1989), Reglamento (CEE) n° 595/91 del Consejo (DO L 67 de 14.3.1991) para el
FEOGA-GARANTÍA ; Reglamento (CEE) n° 4253/88 (DO L 374 31.12.1988), Reglamentos (CE) n° 1681/94 (Fondo
Estructural, DO L 178 de 12.7.1994) y 1831/94 de la Comisión (Fondo de Cohesión, DO 191 de 27.7.1994) ; Reglamento (CE)
n° 515/97 del Consejo (asistencia mutua, DO L 82 de 22.3.1997, anteriormente Reglamento (CEE) n° 1468/81 del Consejo (DO
L 144 2.6.1981).

Es también posible recurrir a disposiciones que obligan a las entidades financieras a detener e incautar las falsificaciones, a informar
a la policía, y cuando proceda, al banco central.

La necesidad y la utilidad de tal planteamiento se han demostrado en la protección de los intereses financieros, donde el sistema
de información, comunicación y cooperación administrativa y asistencia mutua se basa en el concepto de irregularidad tal como
se define en el artículo 1 del Reglamento (CE, EURATOM) n° 2988/95 del Consejo (DO I. 312 23.12.95). Para aplicar el
sistema de información y cooperación administrativa y la asistencia mutua, los Estados miembros designan a las autoridades
nacionales competentes.

Véase también el Reglamento (CE) n" 3295/94 del Consejo por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a
libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de
marca y las mercancías piratas (DO L 341 de 22.12.94), donde se da una definición de las mercancías con usurpación de marca
o mercancías piratas, entre otras cosas para facilitar el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades
aduaneras nacionales y la Comisión.

**11**

nacionales. Este sistema, actualizado regularmente, tendría como objetivo la
prevención, la ayuda a la investigación y la represión de la falsificación monetaria, y
debería por tanto incluir datos estratégicos, datos operativos y datos judiciales
adecuados. Deberá tratarse de un sistema de fácil utilización, interactivo y de acceso
directo para las autoridades habilitadas.

Disposiciones sobre las modalidades de intercambio de información (y de acceso a
las bases) con los órganos comunitarios o de la Unión, las organizaciones
internacionales (OIPC-Interpol) y los terceros países. Las condiciones de acceso
pueden diferenciarse en función de la misión respectiva de las distintas autoridades. Es
útil recordar que con arreglo al párrafo 3 del artículo 29, del Reglamento (CE) n°
515/97 del Consejo de 13 de marzo de 1997, puede decidirse, a propuesta de la
Comisión, permitir a organizaciones internacionales o regionales (p. ej. Europol)
acceder a la base de datos SID en la medida en que se celebre paralelamente un
protocolo con estas organizaciones.

Disposiciones sobre la protección de los datos personales que pueden inspirarse en lo
previsto en el marco del Reglamento (EURATOM, CE) n° 2185/96 del Consejo [16] para
la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los
fraudes y otras irregularidades. Las disposiciones del Tratado de Amsterdam (véase,
en particular, el artículo 286 TCE) consagran estos principios y la aplicación a la
Comisión de las normas comunitarias relativas a la protección de los datos.

La obligación para los bancos comerciales y las entidades financieras de comunicar
las falsificaciones detectadas a las autoridades competentes, obligación acompañada,
en su caso, de una sanción administrativa [17] .

5. COOPERACIÓN

El paso de la protección de intereses nacionales a la protección de un interés comunitario
implica también la instauración de una cooperación y una coordinación entre los órganos
nacionales, con la ayuda de las instituciones y órganos de la Unión.

Desde siempre, y en todos los países, la fabricación de moneda falsa se ha considerado
una actividad delictiva que afecta a la base del Estado. Un convenio internacional [18] de
1929 sobre la represión de la acuñación de moneda falsa, preconiza la creación de
estructuras centrales especializadas para prevenir y combatir este tipo de actividad ilegal.
Estos servicios especializados deben comunicarse directamente entre si y comunicarse
información relativa a falsificaciones.

1 6 DO L 292 DE 15.11.1996. Véase también el Reglamento (CE) n° 515/97 del Consejo antes citado.

1 ' Mejorar las acciones a este nivel puede favorecer la detección precoz de las falsificaciones. Estas acciones, si bien son de
carácter preventivo, pueden hacer más eficaz la represión en la medida en que pueden resultar instrumentos útiles para una
represión eficaz y rápida permitiendo la transferencia rápida de información a las autoridades competentes en la fase más
temprana posible o más cercana al delito inicial. Una información de vuelta regular a estos operadores podría estimularles a
mejorar y desarrollar el dispositivo de detección precoz.

1 8 Convenio firmado en Ginebra el 20 de abril de 1929. Sociedad de las Naciones, Recopilación de los Tratados, vol. CXI1 n° 2623
p371.

12

Con vistas a la entrada en circulación del euro, es importante mejorar las redes existentes
reforzándolas. Un elemento esencial sería ofrecer ayuda administrativa y operativa de la
Comisión. Tal estructura comunitaria realizaría la comunicación y la cooperación con los
puntos de contacto de los Estados miembros y con las autoridades responsables de la
emisión de los billetes y monedas, así como con Europol y la OIPC-Interpol.

Esta cooperación permitirá mejorar el nivel de análisis tanto desde el punto de vista
estratégico como operativo y reforzar los medios de lucha contra la falsificación, en
particular, en el marco de estrategias comunes.

Desde el punto de vista operativo, la eficacia de las operaciones de campo depende en
general de la fiabilidad de las informaciones, de la rapidez de su intercambio entre los
puntos de contacto habilitados y de la calidad de la cooperación entre las autoridades.

El establecimiento de las condiciones para una cooperación más amplia basada en la
lealtad y la confianza de los servicios es una necesidad imperativa.

En los Estados miembros, las estructuras están creadas. Queda por establecer el marco
jurídico que permita los ajustes organizativos necesarios en la Unión y crear las
condiciones para una cooperación eficaz, estrecha y regular entre los distintos cuerpos de
intervención nacionales, así como entre estos últimos, las instituciones y los órganos de
la Unión competentes.

El dispositivo reglamentario deberá incluir :

- La obligación de cooperación y asistencia [19] entre las autoridades nacionales
competentes, la Comisión, Europol y el BCE.

- Disposiciones sobre la cooperación y la asistencia mutua administrativa entre la
Comunidad y los terceros países (cláusulas específicas en los acuerdos de asociación,
cooperación o asociación entre la Comunidad y los terceros países).

- La creación de un foro especializado para garantizar una concertación eficaz entre las
autoridades nacionales, las instituciones y los órganos europeos.

 - Una aclaración del papel operativo de asistencia de la Comisión, inspirándose en el
artículo 7 del protocolo n° 2 sobre la protección de los intereses financieros, así como
en el de Europol sobre la base de las nuevas disposiciones del título VI, artículo 30, ct
al. del Tratado de Amsterdam.

6. PROTECCIÓN PENAL / APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES :

INCRIMINACIÓN, SANCIONES Y ASISTENCIA JUDICIAL

Paralelamente a la preparación del conjunto del dispositivo reglamentario (definición de los
conceptos, recogida de datos, intercambio de informaciones y cooperación), se elaborará un

**19** **Sobre la base de los Reglamentos** **existentes,** **véanse la notas de pie de página** **n°** **15,** **16 y** **17.**

**13**

capítulo penal relativo a las incriminaciones, a las sanciones [20] y a la asistencia judicial, con
el fin de lograr el objetivo de una protección equivalente en toda la Unión.

La cuestión de la definición y los derechos de la víctima, así como de su representación en
el marco de las actuaciones penales, actualmente regulada por los Derechos nacionales,
deberá también ser objeto de un examen con el fin de encontrar una solución adaptada a los
intereses monetarios de la Comunidad.

Incriminaciones

La existencia de sistemas jurídicos diferentes, en particular, en materia de derecho penal
material, debe conducir en primer lugar a la aproximación de las incriminaciones relativas a
las actividades de falsificación monetaria.

Esta cuestión ya se planteó en los mismos términos para la definición del blanqueo en la
elaboración de la Directiva comunitaria [21], para la definición de irregularidad en el marco
del Reglamento sobre la protección de los intereses financieros, o más concretamente aún
para la definición del fraude en el contexto del Convenio sobre la protección penal de los
intereses financieros.

La persecución de este objetivo tiene por objeto responder al hecho de que, ante actividades
delictivas perjudiciales para los intereses comunitarios, los Estados miembros aisladamente
no están en condiciones de garantizar una protección equivalente en toda la Comunidad. La
creación de definiciones comunes facilitará la explotación de la información, la cooperación
internacional en materia penal y la aplicación de las sanciones.

Es importante destacar la necesidad de una definición común de las infracciones penales del
conjunto de las actividades que contribuyen a la falsificación de billetes y monedas. Los
hechos relativos a la fabricación de moneda falsa, o los hechos que preceden, acompañan o
suceden, deben acotarse de manera uniforme, teniendo en cuenta los progresos técnicos de
fotocopia o reproducción digital. De la definición precisa de los elementos constitutivos de
las infracciones dependerá la eficacia y la homogeneidad de un sistema de protección que
debería tener un nivel equivalente en toda la Comunidad. La definición contenida en el
convenio de Ginebra de 20 de abril de 1929 constituye a este respecto un punto de partida
interesante.

Sanciones disuasorias

Según el primer balance efectuado por el I ME, todo indica que por lo que se refiere a las
sanciones, las penas máximas varían sensiblemente de un Estado miembro a otro. Tal
situación no permite garantizar una protección equivalente en toda la UEM. Es importante
llevar a cabo una reflexión en la materia con el fin de establecer una disuasión que se sitúe
al mismo nivel.

La experiencia y los resultados obtenidos en los ámbitos de la protección de los intereses
financieros podrían servir de referencia. La creación de incriminaciones específicas

**I il** **Reglamento (CM)** **n°** **974/98 del Consejo relativo a la introducción del** **euro** **se limita en** **electo** **a prever que los listados miembros**
**garantizarán sanciones adecuadas contra la acuñación de** **moneda** **falsa y la** **falsificación**

**2 1** **Directiva** **91/308/Clih:** **el** **Consejo** **de** **10** **de junio de** **1991,** **IX)** **I.** **166 de** **28.6.1991 ; Reglamento (Cl) 2088/95 el Consejo** **de** **18**
**de diciembre de** **1995.** **IX)** **I.** **312** **de 23** **12.95,** **Convenio** **de 26 de julio de** **1995.** **IX) C** **316** **de** **27** **11.95.**

**14**

relativas a las actividades de acuñación de moneda falsa sobre la base de la definición
común de falsificación del euro anteriormente mencionada, podría inicialmente completarse
en la Unión con el establecimiento de un umbral mínimo de pena que permitiría,
evidentemente, reducir los riesgos vinculados a la existencia de zonas de menor represión.

Asistencia judicial

Es necesario prever un capítulo de asistencia judicial para garantizar una represión eficaz y
homogénea en el conjunto de la Unión. Las orientaciones del convenio de Ginebra en
materia de cooperación judicial para la lucha contra la acuñación de moneda falsa podrían
también servir de marco de referencia [22] para desarrollar la reflexión y emprender las
iniciativas necesarias.

Las condiciones de la cooperación judicial en el ámbito de la protección del euro deben
definirse más allá del proyecto de convenio relativo a la ayuda mutua judicial actualmente
en curso de negociación, en particular, en los puntos que se refieren al reconocimiento y a
la incautación de los medios de prueba, al papel de la Comisión y el BCE en la asistencia a
las autoridades nacionales y a la asistencia judicial directa.

**7.** **EL APOYO DE LOS INSTRUMENTOS EXISTENTES**

Las posibles sinergias y la complementariedad entre el marco comunitario, las
instituciones, los instrumentos intergubernamentales y los organismos internacionales
existentes deben evaluarse con precisión. El trabajo de los expertos puso de manifiesto
que las estructuras de cooperación contra la falsificación ya existentes a escala
internacional pueden desempeñar un papel importante, en particular en el marco de las
relaciones con los terceros países en los que la divisa europea circulará o constituirá una
moneda de transacción y reserva internacional.

El intercambio de información relativa a la falsificación del euro y la cooperación con el
conjunto de los.países del mundo deberán, por lo tanto, intensificarse, en particular a
través de los organismos internacionales competentes. Esta cooperación será completada
y concretada mediante cláusulas específicas integradas en los convenios de cooperación
entre la Comunidad y los terceros países (véase supra).

La entrada en vigor del convenio Europol [23] está prevista para el mes de octubre de 1998.
El Consejo podría eventualmente decidir por unanimidad extender el mandato de Europol
a la acuñación de moneda falsa. En este contexto, podría contribuir a la lucha contra la
delincuencia organizada transnacional en cooperación con la Comisión, el BCE y los
Estados miembros.

**2 2** **La extradición (artículos 8, 9,** **10,** **16),** **la transmisión directa de las comisiones rogatorias entre** **autoridades** **judiciales (artículo** **16).**

**2** **-** **DO C** **316 Dli** **27.11.1995.** **lil** **inicio de la actividad de** **liuropol** **se supedita a la instauración de una serie de instrumentos que**
**condicionan el propio funcionamiento de la** **oficina,** **listos instrumentos se contemplan en el artículo** **45§4** **del Convenio**
**(reglamento interno, estatuto del** **personal.** **Reglamento financiero, protocolo sobre los privilegios e inmunidades,** **etc.).** **la**
**diversidad de estos instrumentos impide formular una previsión sobre la fecha de inicio de las actividades de la oficina liuropol.**

**15**

La protección del euro deberá también apoyarse en los demás instrumentos
internacionales existentes tales como el Convenio de Ginebra [24], con el fin de proteger los
intereses monetarios de la Comunidad fuera de la Unión en todo el mundo [25] .

La OIPC (Interpol) recibe comunicaciones sobre falsificaciones de carácter internacional,
en virtud de un sistema de notificación a partir de las unidades Interpol nacionales. Sobre
esta base, elabora estadísticas anuales relativas a la falsificación de las divisas que
circulan en otros países. La protección del euro debe pues poder beneficiarse, al igual que
los Estados miembros para su moneda nacional antes de la introducción del euro, de la
ayuda de la OIPC-Interpol. Esta última tendrá en cuenta la existencia de la UËM y
considerará a los Estados miembros que participen en el euro como un sólo y mismo
espacio monetario.

8. PLAZOS

La programación de estas acciones debe estar coordinada con las etapas de la UEM.

El BCE decidió la instauración de la base de datos técnicos.

La Comisión, de acuerdo con su enfoque y con las conclusiones del Consejo de 19 de
mayo de 1998, preparará la creación de los medios necesarios para la protección del euro
antes de la entrada en circulación, el 1 de enero de 2002, de los billetes y monedas.

A este respecto, la Comisión :

- Proseguirá con los expertos la evaluación de la situación y de las necesidades de
información y cooperación entre las autoridades competentes.

**•** Presentará iniciativas a nivel legislativo que completarán, en particular, la acción del
BCE. Estas iniciativas conducirán a:

    - la instauración de un dispositivo destinado a facilitar los intercambios de
información y la organización de una cooperación estrecha y regular para la
prevención y la lucha contra la acuñación de moneda falsa, y a

    - la aproximación necesaria de las normas y el refuerzo de la asistencia judicial en
materia penal con el fin de garantizar una represión equivalente [26] .

Examinará la posibilidad de iniciar, durante el ejercicio 1999, una acción piloto en
materia de formación dirigida al conjunto de los participantes en el sistema de
prevención, detección y represión de la acuñación de moneda falsa, como
complemento a las políticas nacionales de formación profesional. Esta acción
permitirá determinar orientaciones para una política de formación plurianual.

2 Véase la nota de pie de página 13.

2 5
En los acuerdos celebrados entre la Comunidad y los países terceros socios podrán integrarse cláusulas especificas con el lin de
intensificar la cooperación.

Es necesario ser consciente de que una acción legislativa de la Comisión basada en el tercer pilar en materia de cooperación
judicial presupone la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam que otorga un poder de iniciativa a la Comisión.

16

La Comisión considera que es necesario un período probatorio suficiente para comprobar
la viabilidad de los medios técnicos y estructuras que deben establecerse. Propone a tal
efecto establecer un plazo para la adopción de los instrumentos legislativos, que no
supere el año 2000. Ello permitirá la instauración y el "rodaje" de los sistemas de
protección a partir del 1 de enero de 2001.

*** ***

**17**

##### ISSN 0257-9545

## COM(98) 474 final

# **DOCUMENTOS**

### ES 09 10 01 06 N° de catálogo : CB-CO-98-492-ES-C ISBN 92-78-38602-2

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