Source: EURLEX
Language: es
Format: md

[**Avis juridique important**](../../../editorial/legal_notice.htm)

*|*

# 51996IP0255

**Resolución sobre el Libro Verde "Los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información" (COM(95)0382 - C4-0354/95)** 
  
*Diario Oficial n° C 320 de 28/10/1996 p. 0177*

  

A4-0255/96

Resolución sobre el Libro Verde «Los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información» (COM(95)0382 - C4-0354/95)

El Parlamento Europeo,

- Vistos los artículos 7 A, 52 y siguientes, 59 y siguientes y 100 A del Tratado CE,

- Visto el Libro Verde de la Comisión «Los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información» (COM(95)0382 - C4-0354/95),

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación (A4-0255/96),

A. Considerando que es indispensable que la Unión Europea tenga urgentemente un enfoque uniforme sobre los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información, con objeto de garantizar la protección eficaz de estos derechos a escala comunitaria y a escala de las instancias internacionales;

B. Considerando que es absolutamente necesario y urgente completar o revisar las medidas destinadas a proteger los derechos de autor en la perspectiva de la sociedad de la información,

C. Convencido de que es necesario establecer cuanto antes la nueva reglamentación,

D. Teniendo en cuenta que los textos aprobados hasta ahora, si bien no cubren todos los aspectos nuevos del problema, son de buena calidad y son puntos de referencia indispensables para la solución de algunos problemas fundamentales,

E. Convencido de que es necesario elaborar orientaciones y normas de cara a una verdadera armonización europea que pueda adaptarse a los nuevos desarrollos técnicos veloces e imprevisibles,

F. Considerando que es primordial que el proceso de armonización vaya acompañado de la valorización de algunos logros típicamente europeos, como el derecho moral de los autores,

G. Convencido de que las disposiciones que se han de adoptar en el ámbito de los derechos de autor y de los derechos afines han de garantizar también la protección de los derechos y de las libertades fundamentales,

H. Considerando que la sociedad de la información debe desarrollarse respetando la pluralidad de culturas y lenguas y garantizando un acceso adecuado a todos los ciudadanos,

1. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por identificar y presentar los problemas fundamentales que plantean los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información y desea que se profundice el estudio de estos temas; estima, en particular, que es necesario encontrar un justo equilibrio entre la defensa de los derechos de autor y el interés por una utilización razonable por parte de los consumidores;

2. Pide a la Comisión que tome debidamente en consideración los aspectos jurídicos de la protección de los derechos de autor y de los derechos afines, basándose en el principio general de que la protección de dichos derechos es una condición esencial para el desarrollo armonioso de la sociedad de la información;

3. Llama la atención sobre los problemas que se derivan de la relación entre el tradicional derecho de autor sobre una obra de arte y los nuevos derechos que aparecen con el desarrollo de la tecnología de la información, y particularmente sobre el riesgo de que se pueda ver debilitada la posición del autor de una obra original;

4. Considera que es necesario y urgente poner en marcha medidas de armonización de las legislaciones, con fundamento jurídico en los artículos 100 A y 57 del Tratado CE, con objeto de remover los obstáculos que impiden el funcionamiento del mercado único en este sector específico;

5. Señala que es indispensable conseguir a nivel europeo una amplia y óptima armonización, basada en el principio de subsidiariedad y que dé especial importancia a los aspectos culturales de la sociedad de la información, de conformidad con el apartado 4 del artículo 128 del Tratado CE;

6. Estima que el criterio fundamental sobre el que hay que basarse consiste en que la protección jurídica otorgada a una obra resulte eficaz independientemente de las modalidades tecnológicas de difusión;

7. Considera que la Comisión debe realizar un seguimiento activo de los trabajos que están llevando a cabo los organismos internacionales y vincular, en particular, la reflexión realizada en el ámbito del procedimiento de consulta con las propuestas presentadas por la Organización Internacional de Comercio y los nuevos problemas relativos a la tecnología digital en el seno de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ante las cuales la Unión Europea debe presentarse con una sola voz;

8. Apoya la inclusión sistemática, en los acuerdos bilaterales celebrados entre la Comunidad y los terceros países, de cláusulas que garanticen un nivel equivalente de protección de los derechos de autor y de los derechos afines en dichos países y alienta a la Comisión a que controle su efectiva aplicación;

9. Pide que se preste mayor atención a los problemas relativos a la protección de los derechos de los ciudadanos en cuanto a la reserva y a la libre circulación de la información que puedan presentarse en el desarrollo de la sociedad de la información;

10. Señala los riesgos que para los usuarios pueden presentar las nuevas tecnologías destinadas a contribuir a la definición y protección de las obras protegidas, y pide a la Comisión que cuide de que la aplicación de estas tecnologías esté en armonía y sea compatible con la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular del derecho a la protección de la vida privada y de los datos de carácter personal;

11. Opina que es necesario perseguir constantemente un equilibrio correcto entre la defensa de la propiedad intelectual y el interés general, favoreciendo en la medida más amplia posible el acceso de los ciudadanos a la información, elemento esencial de la democracia;

12. Pide a las instituciones de la Unión Europea y a las de los Estados miembros que tomen las medidas apropiadas para permitir el acceso de los ciudadanos en igualdad de condiciones a las obras y servicios que se consideren de interés público;

13. Considera que, respecto a las bibliotecas públicas y a los servicios de interés público en general, es importante que se garantice la aplicación de normas específicas análogas a las que se aplican a los libros, con objeto de favorecer la máxima difusión con fines de orden cultural y científico y de tener en cuenta de este modo la misión de servicio público de los establecimientos de que se trate;

14. Pide que se reflexione sobre las consecuencias generales que se derivan de la relación entre los derechos exclusivos, que son el núcleo fundamental del derecho de autor, y la política de competencia, especialmente por lo que se refiere a las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia pronunciada en el asunto Magill ((Sentencia del 6.4.1995, asuntos acumulados C-241/91 y C-242/91.));

15. Opina que, por lo que se refiere al derecho aplicable, no cabe referirse solamente al derecho vigente en el país en el que se origina el servicio sino que se debe evaluar detalladamente la aplicación de la ley del país de recepción, con el fin de no debilitar la protección de las obras y en particular el contenido de los derechos y el modo de ejercerlos; recuerda que toda disposición relativa al derecho aplicable habrá de respetar el principio de seguridad jurídica;

16. Opina que, por lo que se refiere al derecho de reproducción, éste puede aplicarse a los procedimientos de digitalización, sobre la base del concepto incluido en el artículo 9 del Convenio de Berna;

17. Opina que se deben estudiar más profundamente los temas relativos a la identificación del derecho aplicable a la difusión «en línea» de obras protegidas, y que se debe evitar una solución de tipo general en contradicción con los principales textos internacionales, en particular, el Convenio de Berna, el Convenio de Roma y TRIPS;

18. Está de acuerdo con el punto de vista de la Comisión respecto de la inaplicabilidad del principio de agotamiento comunitario en la difusión de obras incorporadas a servicios sujetos a protección;

19. Señala que es necesario profundizar la reflexión sobre los derechos específicos que se ponen de manifiesto en la sociedad de la información, a la luz del procedimiento de consulta, con objeto de establecer, por una parte, los nuevos derechos que se han de reconocer a los autores y a los titulares de derechos afines y, por otra, la posición jurídica adecuada de los derechohabientes que participan en el proceso de preparación y coordinación para la creación de obras multimedia;

20. Recuerda a la Comisión el principio según el cual el autor y el titular de los derechos afines deben decidir si aceptan y en qué condiciones la utilización de sus obras sobre la base de licencias contractuales;

21. Considera que es de fundamental importancia que el derecho moral de los autores siga siendo un símbolo distintivo de la legislación europea y de la de los Estados miembros; por ello, se protegerá la posibilidad de ejercer estos derechos personalmente;

22. Considera que hay que seguir realizando una reflexión cuidadosa para:

- definir el conjunto de problemas planteados por las redes como por ejemplo Internet;

- verificar si la legislación actual en los distintos sectores afectados (como por ejemplo en el ámbito de la protección de los datos personales) se adapta a la especificidad de las redes;

- buscar soluciones eficaces bien a través de la legislación a través de códigos de buena conducta, de convenios internacionales o de todos estos medios conjuntamente;

23. Opina que por lo que respecta al derecho de comunicación al público, el problema que cabe afrontar es la delimitación del uso de dicho concepto en el contexto digital, delimitando de manera clara su ámbito, demasiado amplio respecto al ámbito tradicional;

24. Estima que es necesario profundizar y precisar el derecho de comunicación al público, según se contempla en el Convenio de Berna, con el fin de que sea aplicable a todas las transmisiones digitales interactivas;

25. Considera que la definición de radiodifusión televisiva debe ampliarse con objeto de incluir todas las clases de transmisión que, a pesar de que se activen a petición individual, se encaminan a un público potencial masivo;

26. Manifiesta su perplejidad frente a la posibilidad de crear un derecho exclusivo específico para la radiodifusión digital, ya que ello podría llevar a soluciones basadas en diferentes enfoques según las tecnologías de difusión;

27. Pide a la Comisión que tenga en cuenta debidamente los problemas relacionados con la titularidad de los derechos, con vistas a una normativa eficaz que abarque los cambios que se están produciendo;

28. Lamenta que hasta ahora no se haya reanudado el procedimiento de toma de decisiones relativo a la directiva sobre la copia privada, indispensable para armonizar los regímenes que deberían regular en todos los Estados miembros las copias que se podrían efectuar en diferentes clases de soportes utilizados para la duplicación;

29. Pide a la Comisión que siga con la mayor atención y, si procede, proponga la intervención con normas específicas de regulación, el desarrollo de las tecnologías tendentes a la creación de sistemas de identificación y protección de las obras protegidas, con el fin de facilitar las operaciones de adquisición de los derechos; pide al Consejo y a la Comisión que junto a los trabajos en curso en el seno del Consejo de Europa promuevan internacionalmente la celebración de un acuerdo multilateral que combata la piratería; que los sistemas técnicos de identificación facilitarán la explotación normal de las obras digitales y ayudarán a luchar contra la piratería, e insiste además en el valor de la investigación pública, en el ámbito de la información, sobre la gestión de los derechos de autor y de los criterios internacionales aceptables para todas las partes interesadas;

30. Considera que deben realizarse estudios y experimentos encaminados a verificar la posibilidad de adoptar sistemas electrónicos de identificación de las obras que puedan hacer necesaria la gestión colectiva e individual de los derechos, partiendo de la consideración de que el acceso del público a los contenidos depende de la racionalización de los regímenes de adquisición y gestión de los propios derechos, que, en cualquier caso, no debe anular la responsabilidad individual de los derechohabientes;

31. Considera que la «ventanilla única» puede ser un instrumento útil, a pesar de que conlleva riesgos;

32. Considera que la función cada vez mayor y autónoma de las empresas de gestión colectiva de los derechos debe profundizarse y definirse, sin crear distorsiones de las normas de competencia, con la mayor transparencia posible;

33. Señala que es necesario introducir en los ordenamientos jurídicos nacionales normas comunes armonizadas en las que se prevean sanciones civiles y penales contra quienes produzcan, comercialicen, posean, utilicen, elaboren, vendan o instalen instrumentos, y contra quienes ofrezcan, soliciten, hagan publicidad o presten servicios que puedan interferir en los sistemas de protección;

34. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros.

[Top](#document1)