Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto C‑144/23

KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o.

contra

Republika Slovenija

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de octubre de 2024

«Procedimiento prejudicial — Artículo 267 TFUE — Alcance de la obligación de remisión de los órganos jurisdiccionales nacionales que resuelven en última instancia — Procedimiento de autorización para interponer un recurso de casación ante el órgano jurisdiccional supremo de un Estado miembro — Petición formulada por la parte que solicita la autorización para interponer un recurso de casación de que se plantee al Tribunal de Justicia una cuestión relativa a la interpretación del Derecho de la Unión — Normativa nacional en virtud de la cual el recurso de casación se autoriza cuando suscite una cuestión jurídica importante para garantizar la seguridad jurídica, la aplicación uniforme del Derecho o el desarrollo de este — Obligación del órgano jurisdiccional supremo nacional de examinar, en el marco del procedimiento de autorización para interponer un recurso de casación, si procede plantear una petición de decisión prejudicial — Motivación de la resolución denegatoria de la solicitud de autorización para interponer un recurso de casación»

1. Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Cuestiones de interpretación — Obligación de remisión — Alcance — Procedimiento de autorización para interponer un recurso de casación ante el órgano jurisdiccional supremo de un Estado miembro — Denegación de una solicitud de autorización, sin apreciación previa, de la obligación de ese órgano jurisdiccional de plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la cuestión de Derecho de la Unión invocada en apoyo de dicha solicitud. — Improcedencia

   (Art. 267 TFUE, párr. 3)

   (véanse los apartados 31 a 39, 45, 46, 54 a 56 y 58 a 60 y el punto 1 del fallo)
2. Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Cuestiones de interpretación — Obligación de remisión — Procedimiento de autorización para interponer un recurso de casación ante el órgano jurisdiccional supremo de un Estado miembro — Denegación de una solicitud de autorización que contiene una petición de que se plantee al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre la interpretación o la validez de una disposición del Derecho de la Unión — Obligación de motivación de la decisión de no plantear dicha cuestión prejudicial

   (Art. 267 TFUE, párr. 3; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)

   (véanse los apartados 62 a 65 y el punto 2 del fallo)

Resumen

En respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče (Tribunal Supremo, Eslovenia), el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, declara que un procedimiento de autorización para interponer un recurso de casación ante el órgano jurisdiccional supremo nacional no dispensa a este de su obligación de examinar, en el marco de ese procedimiento, si procede plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre una cuestión de Derecho de la Unión invocada en apoyo de la solicitud de autorización para interponer dicho recurso de casación.

La sociedad KUBERA compró en Turquía latas de Red Bull producidas en Austria y las transportó por barco hasta el puerto de Koper (Eslovenia) para su importación. Mediante dos resoluciones de 5 de octubre de 2021, la Administración tributaria eslovena decidió incautar estas latas, con arreglo al Reglamento n.o 608/2013, (
[1](#t-ECR_62023CJ0144_RES_ES_01-E0001)
) a la espera del resultado del procedimiento judicial incoado por la sociedad Red Bull con el fin de proteger sus derechos de propiedad intelectual relativos a dichas latas. Tras haber agotado la vía administrativa, KUBERA interpuso sendos recursos contra dichas resoluciones ante el Upravno sodišče (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Eslovenia), que los desestimó mediante dos sentencias.

KUBERA presentó entonces, ante el órgano jurisdiccional remitente, dos solicitudes de autorización para interponer un recurso de casación contra dichas sentencias, alegando que el litigio principal suscita una cuestión de interpretación del Reglamento n.o 608/2013 (
[2](#t-ECR_62023CJ0144_RES_ES_01-E0002)
) que, a su juicio, constituye una cuestión jurídica importante que justifica la concesión de la autorización para interponer los recursos de casación. Asimismo, solicitó al órgano jurisdiccional remitente que, en el supuesto de que no suscribiera la interpretación que ella propone de dicho Reglamento, planteara esta cuestión al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial.

Según la normativa nacional aplicable, el recurso de casación se autoriza cuando el asunto planteado ante el Tribunal Supremo suscite una cuestión jurídica importante para garantizar la seguridad jurídica, la aplicación uniforme del Derecho o el desarrollo de este. Esta normativa enuncia los supuestos concretos que corresponden a dicha hipótesis. Aun considerando que, en el caso de autos, las pretensiones de KUBERA de que se autorice la interposición de sus recursos de casación no cumplen estos requisitos, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, (
[3](#t-ECR_62023CJ0144_RES_ES_01-E0003)
) le obliga, para pronunciarse sobre dichas solicitudes de autorización para interponer un recurso de casación, a examinar la petición de KUBERA de plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial planteada por dicha sociedad. Asimismo, desea saber si, en el supuesto de que decidiera que no procede plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial, está obligado, en virtud del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a motivar su resolución desestimatoria de la solicitud de autorización para interponer un recurso de casación.

Apreciación del Tribunal de Justicia

En primer lugar, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, se opone a que un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno decida, en un procedimiento de examen de una solicitud de autorización para interponer un recurso de casación cuyo resultado depende de la importancia de la cuestión jurídica planteada por una de las partes del litigio para la seguridad jurídica, para la aplicación uniforme del Derecho o para el desarrollo de este, denegar dicha solicitud de autorización sin haber examinado si estaba obligado a plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre la interpretación o la validez de una disposición del Derecho de la Unión invocada en apoyo de dicha solicitud.

El Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que, si bien corresponde a los Estados miembros determinar cómo organizan su Administración de Justicia, al ejercer esta competencia deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión. Así, aunque el Derecho de la Unión no se opone, en principio, a que los Estados miembros establezcan procedimientos de autorización para interponer recursos de casación u otros sistemas de selección o de «filtrado» de los recursos interpuestos ante los órganos jurisdiccionales supremos nacionales, la aplicación de tales procedimientos o sistemas debe respetar las exigencias que se derivan de ese Derecho, en particular del artículo 267 TFUE.

A este respecto, la obligación impuesta a los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial se inscribe en el marco de la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia y tiene principalmente como razón de ser impedir que se consolide en un Estado miembro una jurisprudencia nacional que no se atenga a las normas del Derecho de la Unión. Tal órgano jurisdiccional nacional solo podrá quedar dispensado de esta obligación en tres situaciones: cuando constate que la cuestión suscitada no es pertinente, que la disposición del Derecho de la Unión controvertida ya ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia o que la interpretación correcta del Derecho de la Unión es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable. (
[4](#t-ECR_62023CJ0144_RES_ES_01-E0004)
) Por lo tanto, cuando concurre alguna de esas situaciones, (
[5](#t-ECR_62023CJ0144_RES_ES_01-E0005)
) dicho órgano jurisdiccional no está obligado a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, aun cuando la cuestión relativa a la interpretación o a la validez del Derecho de la Unión le haya sido sometida por una parte del procedimiento del que conoce

Por otra parte, el Tribunal de Justicia señala que la existencia de un procedimiento de autorización para interponer un recurso de casación no puede transformar el órgano jurisdiccional inferior cuya resolución puede impugnarse en el marco de tal recurso de casación en un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno y sobre el que pesa, en consecuencia, la obligación de someter el asunto al Tribunal de Justicia establecida en el artículo 267 TFUE, párrafo tercero. En cambio, esta obligación recae sobre un órgano jurisdiccional supremo nacional como el órgano jurisdiccional remitente.

Este último indica, no obstante, que, según su interpretación de la normativa nacional aplicable, no está obligado a apreciar, en la fase de examen de la solicitud de autorización para interponer un recurso de casación, si, en el procedimiento de casación, procede plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la cuestión de Derecho de la Unión invocada en apoyo de dicha solicitud. Cuando no se autoriza el recurso de casación, la resolución desestimatoria pone fin definitivamente al procedimiento. En tal caso, la interpretación del Derecho de la Unión adoptada por el órgano jurisdiccional inferior podría imponerse en el ordenamiento jurídico nacional, aun cuando la cuestión planteada en apoyo de la solicitud de autorización para interponer un recurso de casación habría justificado que se planteara una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.

El Tribunal de Justicia señala que tal normativa o práctica nacional puede dar lugar a una situación en la que una cuestión relativa a la interpretación o a la validez de una disposición del Derecho de la Unión, aunque haya sido planteada ante el Tribunal Supremo, no se someta al Tribunal de Justicia, incumpliéndose la obligación que el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, impone a dicho órgano jurisdiccional nacional. Pues bien, esa situación puede comprometer la eficacia del sistema de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, así como, en particular, la consecución del objetivo de impedir que se consolide en un Estado miembro una jurisprudencia nacional que no se atenga a las normas del Derecho de la Unión. (
[6](#t-ECR_62023CJ0144_RES_ES_01-E0006)
)

No obstante, el Tribunal de Justicia insta al órgano jurisdiccional remitente a que verifique la posibilidad de interpretar la normativa nacional aplicable de conformidad con las exigencias del artículo 267 TFUE. (
[7](#t-ECR_62023CJ0144_RES_ES_01-E0007)
) En efecto, esta normativa no parece prohibir a dicho órgano jurisdiccional que aprecie, en el procedimiento de examen de una solicitud de autorización para interponer un recurso de casación, si la cuestión relativa a la interpretación o a la validez de una disposición del Derecho de la Unión invocada en apoyo de dicha solicitud exige plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia o si, por el contrario, está comprendida en alguna de las excepciones a la obligación de remisión. En particular, los supuestos que enuncia dicha normativa, que se refieren exclusivamente a situaciones que se caracterizan, en esencia, por divergencias en la jurisprudencia nacional o por la inexistencia de jurisprudencia del órgano jurisdiccional supremo nacional, no parecen tener carácter exhaustivo.

En estas circunstancias, parece que dicha normativa puede interpretarse en el sentido de que el criterio de la importancia de la cuestión jurídica suscitada para la seguridad jurídica, la aplicación uniforme del Derecho o el desarrollo de este incluye el supuesto de que la parte del litigio que solicita la autorización para interponer un recurso de casación plantee una cuestión relativa a la interpretación o a la validez de una disposición del Derecho de la Unión que no esté comprendida en ninguna de las excepciones a la obligación de remisión y que, por consiguiente, exige que se plantee una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.

El Tribunal de Justicia subraya, además, que corresponde a un órgano jurisdiccional supremo nacional que conoce de tal solicitud de autorización y que se encuentra en la obligación de plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia decidir si procede plantearla en la fase del examen de dicha solicitud de autorización o en una fase posterior. Si decide plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia en la fase de examen de dicha solicitud, le corresponde suspender la tramitación de esta última a la espera de la decisión prejudicial y aplicar, a continuación, dicha decisión en su apreciación de si procede autorizar la interposición del recurso de casación.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que del sistema instaurado por el artículo 267 TFUE, interpretado a la luz del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales, se deduce que, cuando un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno considera que queda dispensado de esta obligación porque concurre una de las tres excepciones a la obligación de remisión, la fundamentación de su resolución debe poner de manifiesto bien que la cuestión de Derecho de la Unión que se haya planteado no es pertinente para la solución del litigio, bien que la interpretación de la disposición del Derecho de la Unión de que se trate se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, o bien, a falta de tal jurisprudencia, que la interpretación del Derecho de la Unión se impone al órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia con tal evidencia que no deja lugar a ninguna duda razonable. El Tribunal de Justicia deduce de ello que, dado que, sin perjuicio de la aplicación de un motivo de inadmisibilidad de carácter meramente procesal, tal órgano jurisdiccional nacional no puede denegar una solicitud de autorización para interponer un recurso de casación que suscite una cuestión relativa a la interpretación o a la validez de una disposición del Derecho de la Unión sin apreciar previamente si está obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia o si esta cuestión está comprendida en alguna de las tres excepciones a la obligación de remisión, dicho órgano jurisdiccional nacional debe, cuando deniegue tal solicitud de autorización al amparo de una de esas excepciones, exponer los motivos por los que no ha iniciado el procedimiento prejudicial.

---

(
[1](#c-ECR_62023CJ0144_RES_ES_01-E0001)
) Reglamento (UE) n.o 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1383/2003 del Consejo ([DO 2013, L 181, p. 15](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2013:181:TOC)). Véase el artículo 17 de dicho Reglamento.

(
[2](#c-ECR_62023CJ0144_RES_ES_01-E0002)
) En el caso de autos, la cuestión de si dicho Reglamento se aplica a una situación en la que las mercancías importadas son producidas por el titular de los derechos de propiedad industrial relativos a estas.

(
[3](#c-ECR_62023CJ0144_RES_ES_01-E0003)
) Con arreglo a esta disposición, cuando se plantee una cuestión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.

(
[4](#c-ECR_62023CJ0144_RES_ES_01-E0004)
) Sentencias de 6 de octubre de 1982, Cilfit y otros ([283/81](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1982%3A335&locale=es), [EU:C:1982:335](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1982%3A335)), apartado [21](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1982%3A335&anchor=#point21), y de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi ([561/19](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2021%3A799&locale=es), [EU:C:2021:799](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2021%3A799)), apartado [33](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2021%3A799&anchor=#point33).

(
[5](#c-ECR_62023CJ0144_RES_ES_01-E0005)
) Estas tres situaciones en las que los órganos jurisdiccionales nacionales que resuelven en última instancia no están sujetos a la obligación de remisión prejudicial se denominarán en lo sucesivo «excepciones a la obligación de remisión».

(
[6](#c-ECR_62023CJ0144_RES_ES_01-E0006)
) Esta interpretación no queda desvirtuada por la jurisprudencia derivada de las sentencias de 15 de marzo de 2017, Aquino ([C‑3/16](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A209&locale=es), [EU:C:2017:209](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A209)), apartado [56](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A209&anchor=#point56), y de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi (C‑561/19, antes citada), apartado 61, según la cual un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno puede abstenerse de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia por motivos de inadmisibilidad propios del procedimiento del que conoce, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad. A diferencia de tales motivos, un criterio de autorización para interponer un recurso de casación como el establecido en la normativa nacional aplicable requiere que el órgano jurisdiccional supremo examine la importancia de la cuestión jurídica suscitada en apoyo de la solicitud de autorización de tal recurso de casación para la seguridad jurídica, para la aplicación uniforme del Derecho o para el desarrollo de este.

(
[7](#c-ECR_62023CJ0144_RES_ES_01-E0007)
) El Tribunal de Justicia se remite, a este respecto, a las indicaciones facilitadas en la resolución de remisión sobre la evolución de la jurisprudencia del Ustavno sodišče (Tribunal Constitucional, Eslovenia). En particular, de una resolución de dicho órgano jurisdiccional de 31 de marzo de 2022 se desprende que la petición de una de las partes del litigio de que se plantee al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE presentada en el marco de la solicitud de autorización para interponer un recurso de casación debe tramitarse desde la etapa del examen de esta última solicitud.

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