Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto T‑527/14

Paul Rosenich

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Mercado interior — Decisión de la EUIPO por la que se deniega la inscripción en la lista de representantes autorizados — Requisito relativo a la existencia de un domicilio profesional en la Unión — Artículo 93, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Libre prestación de servicios — Artículo 36 del Acuerdo EEE — Interpretación conforme»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 13 de julio de 2017

1. Acuerdos internacionales — Acuerdos celebrados por la Unión — Primacía sobre los actos de Derecho derivado de la Unión — Obligación de interpretar los actos de Derecho derivado a la luz de los acuerdos internacionales — Efecto directo — Requisitos

   (Art. 216 TFUE, ap. 2; Acuerdo EEE)
2. Acuerdos internacionales — Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo — Libre prestación de servicios — Restricciones — Prohibición — Alcance jurídico idéntico al de las disposiciones de la Unión — Interpretación uniforme — Límites

   (Art. 56 TFUE; Acuerdo EEE, preámbulo, párr. 5, y art. 36, ap. 1)
3. Acuerdos internacionales — Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo — Libre prestación de servicios — Restricciones — Prohibición — Efecto directo

   (Art. 56 TFUE; Acuerdo EEE, art. 36, ap. 1)
4. Acuerdos internacionales — Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo — Libre prestación de servicios — Restricciones — Prohibición — Requisito relativo a un domicilio profesional en la Unión exigido a los representantes autorizados ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea — Improcedencia — Justificación — Inexistencia

   [Art. 56 TFUE; Acuerdo EEE, art. 36, ap. 1; Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 93, ap. 2, letra b); Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo]
5. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Facultad del Tribunal General de modificar la resolución impugnada — Límites

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 3]

1. Del artículo 216 TFUE, apartado 2, se desprende que los acuerdos internacionales celebrados por la Unión vinculan a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros.

   De reiterada jurisprudencia resulta que, a partir de su entrada en vigor, las disposiciones de tales acuerdos forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión.

   A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la primacía de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión sobre las disposiciones de Derecho derivado de la Unión obliga a interpretar éstas, en la medida de lo posible, de conformidad con dichos acuerdos.

   Asimismo se desprende de jurisprudencia reiterada que las disposiciones de un acuerdo de esta índole pueden producir efecto directo si son incondicionales y lo suficientemente precisas. No obstante, para que el juez de la Unión pueda examinar la incompatibilidad alegada de un acto de la Unión con las disposiciones de tal acuerdo, es necesario que la naturaleza y el sistema de ese acuerdo no se opongan a ello.

   (véanse los apartados 52 a 55)
2. Por lo que respecta al Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE), sus disposiciones, incluidas las referentes a Liechtenstein, forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión.

   De conformidad con el párrafo quinto de su preámbulo, una de las principales finalidades del Acuerdo EEE es la máxima realización posible de la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales en todo el EEE, de modo que el mercado interior realizado en el territorio de la Unión se extienda a los Estados de la AELC.

   A este respecto, las normas aplicables en las relaciones entre las Partes contratantes en las materias cubiertas por el Acuerdo EEE son sustancialmente las disposiciones correspondientes del Tratado FUE y de los actos adoptados en su aplicación.

   Desde esta perspectiva, varias disposiciones del Acuerdo EEE tienen por objeto garantizar que éste se interprete de la manera más uniforme posible en todo el EEE. En este marco, corresponde al juez de la Unión velar por que las disposiciones del Acuerdo EEE que sean fundamentalmente idénticas a las del Tratado FUE se interpreten de manera uniforme dentro del ordenamiento jurídico de la Unión.

   Ya se ha declarado que las disposiciones por las que se prohíben las restricciones a la libre prestación de servicios enunciadas en el artículo 36, apartado 1, del Acuerdo EEE tienen el mismo alcance jurídico que las establecidas en el artículo 56 TFUE. De este modo, en el ámbito considerado, las disposiciones del Acuerdo EEE y las del Tratado FUE deben ser objeto de una interpretación uniforme.

   No obstante, la jurisprudencia de la Unión, relativa a las restricciones al ejercicio de las libertades de circulación dentro de la Unión, no puede transponerse íntegramente a las libertades garantizadas por el Acuerdo EEE, puesto que el ejercicio de éstas se inscribe en un contexto jurídico diferente.

   (véanse los apartados 56 a 59, 61 y 62)
3. El artículo 56 TFUE, que recoge, al igual que el artículo 36, apartado 1, del Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE), la libre prestación de servicios, es lo suficientemente preciso e incondicional, de modo que tiene efecto directo. Por lo que respecta a la naturaleza y al sistema del Acuerdo EEE, ni la Sala de Recurso ni la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea formularon alegaciones que demostrasen que los particulares no pueden invocarlo directamente. Por el contrario, dicha posibilidad se deriva del párrafo octavo del preámbulo del Acuerdo EEE, que subraya la importancia del papel que los particulares desempeñan en el EEE mediante el ejercicio de los derechos que les confiere dicho Acuerdo y mediante la defensa judicial de esos derechos. Además, ha de señalarse que el Tribunal de Justicia ya ha controlado la compatibilidad de un acto de la Unión con respecto al Acuerdo EEE.

   (véase el apartado 65)
4. El artículo 56 TFUE no sólo obliga a eliminar toda discriminación en perjuicio del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro por razón de su nacionalidad, sino también a suprimir cualquier restricción que, pese a aplicarse indistintamente a los prestadores de servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, pueda prohibir, obstaculizar o hacer menos atractivas las actividades del prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios análogos.

   De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el hecho de exigir a un agente de propiedad industrial, autorizado ante la oficina de patentes de otro Estado miembro y que desee prestar servicios, que posea un domicilio profesional estable en el Estado miembro de acogida o que designe a un representante domiciliado constituye una restricción a la libre prestación de servicios.

   El requisito relativo a un domicilio profesional dentro de la Unión que ha de cumplir un representante autorizado, establecido en el artículo 93, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, constituye, por lo tanto, una restricción a la libre prestación de servicios dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

   No obstante, las medidas nacionales que pueden obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado FUE se consideran compatibles con éste si reúnen cuatro requisitos: que se apliquen de manera no discriminatoria, que estén justificadas por razones imperiosas de interés general, que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

   Si bien es cierto que la interpretación conforme de los textos de Derecho derivado de la Unión no puede servir de fundamento a una interpretación contra legem de dichos textos, éste no es el caso en lo que respecta al requisito de que un representante autorizado tenga su domicilio profesional dentro de la Unión.

   En efecto, no se deprende del Reglamento n.o 207/2009 en su versión aplicable antes de la entrada en vigor del Reglamento 2015/2424, ni de los elementos de hecho y de Derecho presentados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que la voluntad particular del legislador de la Unión fuera excluir a las personas con domicilio profesional en un Estado de la Asociación Europea de Libre Comercio perteneciente al EEE, como Liechtenstein, del acceso a la lista de los representantes autorizados.

   La intención del legislador de la Unión fue más bien la de garantizar una determinada calidad y cierta fiabilidad en las comunicaciones entre la Oficina y las partes interesadas. Pues bien, un objetivo como éste no requiere necesariamente que el interesado tenga un domicilio profesional en el territorio de la Unión.

   Esta interpretación viene corroborada por el Reglamento 2015/2424, por el que las remisiones al territorio de la Unión fueron sustituidas por remisiones al territorio del EEE en lo que respecta, en particular, a los requisitos para la inscripción en la lista de representantes autorizados del artículo 93 del Reglamento n.o 207/2009. Si bien se trata de una modificación con un impacto práctico considerable, no parece en modo alguno que se derive de una voluntad de cambio de política respecto de los Estados de la AELC pertenecientes al EEE. En efecto, por una parte, dicha modificación no figura en la proposición de ley COM(2013) 161 final de la Comisión, de 27 de marzo de 2013, y tan sólo ha sido introducida posteriormente en el proceso legislativo. Por otra parte, el legislador no ha esclarecido en modo alguno su actuación en el preámbulo del Reglamento 2015/2424. De este modo, dicha modificación debe considerarse una adaptación de orden técnico, que únicamente tiene por objeto alinear el Derecho derivado de la Unión sobre las obligaciones que se derivan del Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo.

   (véanse los apartados 66 a 69 y 83 a 86)
5. La facultad de reforma reconocida al Tribunal General con arreglo al artículo 65, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea no le faculta para proceder a una apreciación sobre la que la Sala de Recurso todavía no se ha pronunciado. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de reforma debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal General, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar.

   (véase el apartado 89)

[Top](#document1)