Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 4 de septiembre de 2025 ([\*](#Footnote*))

« Recurso de casación — Recurso de anulación — Artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Representación de las partes no privilegiadas en un recurso directo ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea — Representación de un bufete de abogados por un socio de dicho bufete — Abogado que tiene la calidad de tercero con respecto a la parte demandante — Presunción de independencia — Desvirtuación de la presunción — Requisitos »

En el asunto C‑776/22 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 20 de diciembre de 2022,

**Studio Legale Ughi e Nunziante**, con domicilio social en Roma (Italia), representado por los Sres. L. Cascone, A. Clemente, F. De Filippis y A. Marega, avvocati,

parte recurrente,

en el que las otras partes en el procedimiento son:

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por los Sres. D. Hanf y R. Raponi y por la Sra. D. Stoyanova-Valchanova, en calidad de agentes,

parte recurrida en primera instancia,

apoyada por:

**Comisión Europea**, representada por los Sres. F. Erlbacher, P. Stancanelli y C. Urraca Caviedes, en calidad de agentes,

parte coadyuvante en casación,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente, el Sr. F. Biltgen, la Sra. K. Jürimäe y los Sres. C. Lycourgos, S. Rodin, A. Kumin y N. Jääskinen (Ponente), Presidentes de Sala, y los Sres. A. Arabadjiev, E. Regan, N. Piçarra, F. Schalin, S. Gervasoni y N. Fenger y la Sra. R. Frendo, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de febrero de 2025;

dicta la siguiente

**Sentencia**

1        Mediante su recurso de casación, Studio Legale Ughi e Nunziante, una asociación profesional italiana (en lo sucesivo, «bufete de abogados»), solicita la anulación del auto del Tribunal General de 10 de octubre de 2022, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO — Nunziante y Ughi (UGHI E NUNZIANTE) (T‑389/22, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2022:662), en el que dicho Tribunal declaró la inadmisibilidad manifiesta de su recurso de anulación de la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 8 de abril de 2022 (asunto R 407/2021‑5), relativa a un procedimiento de caducidad de la marca UGHI E NUNZIANTE (en lo sucesivo, «resolución controvertida») incoado por el bufete de abogados.

**Marco jurídico**

2        A tenor del artículo 19, párrafos primero a cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

«Los Estados miembros, así como las instituciones de la Unión [Europea], estarán representados ante el Tribunal de Justicia por un agente designado para cada asunto; el agente podrá estar asistido por un asesor o un abogado.

Los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo[, de 2 de mayo de 1992 (en lo sucesivo, “Acuerdo EEE”)], distintos de los Estados miembros, y el Órgano de Vigilancia de la [Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)], previsto por dicho Acuerdo, estarán representados de la misma manera.

Las otras partes deberán estar representadas por un abogado.

Únicamente un abogado que esté facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo [EEE] podrá representar o asistir a una parte ante el Tribunal de Justicia.»

3        El artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dispone:

«El procedimiento ante el Tribunal de Justicia se iniciará mediante una demanda dirigida al Secretario. La demanda habrá de contener el nombre y el domicilio del demandante y la calidad del firmante, el nombre de la parte o partes contra las que se interponga la demanda, el objeto del litigio, las pretensiones y una exposición sumaria de los motivos invocados.

La demanda deberá ir acompañada, si ha lugar, del acto cuya anulación se solicita o, en la hipótesis contemplada en el artículo 265 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de un documento que certifique la fecha del requerimiento previsto en [dicho artículo]. Si no se hubiesen adjuntado dichos documentos a la demanda, el Secretario invitará al interesado a presentarlos en un plazo razonable, sin que quepa oponer preclusión en caso de que se regularice la situación procesal transcurrido el plazo para recurrir.»

4        De conformidad con el artículo 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el título III de este Estatuto, al que pertenecen las disposiciones citadas en los apartados 2 y 3 de la presente sentencia, se aplicará al procedimiento ante el Tribunal General.

5        El artículo 51 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, titulado «Representación obligatoria», establece:

«1.      Las partes deberán estar representadas por un agente o un abogado en las condiciones que establece el artículo 19 del Estatuto [del Tribunal de Justicia de la Unión Europea].

2.      El abogado que represente o asista a una parte deberá presentar en la Secretaría el documento que acredite que está facultado para ejercer ante algún órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE, a menos que dicho documento haya sido ya presentado a los efectos de la apertura de una cuenta de acceso a e-Curia.

3.      Cuando la parte a la que representen sea una persona jurídica de Derecho privado, los abogados estarán obligados a presentar en la Secretaría un poder otorgado por esta última.

4.      Si no se presentara el documento mencionado en el apartado 2 o el mencionado en el apartado 3, el Secretario fijará a la parte interesada un plazo razonable para su presentación. En el caso de que no se presentaran los documentos en el plazo fijado, el Tribunal General decidirá si el incumplimiento del requisito de forma en cuestión comporta la inadmisibilidad de la demanda o del escrito de alegaciones por defecto de forma o si implica que se considere que el abogado no representa o no asiste a la parte interesada.»

6        El artículo 55 de ese Reglamento de Procedimiento, titulado «Exclusión del procedimiento», está redactado en los siguientes términos:

«1.      Si el Tribunal General estimara que el comportamiento de un agente, un asesor o un abogado ante dicho Tribunal, el Presidente, un Juez o el Secretario es incompatible con la dignidad del Tribunal o con las exigencias de una buena administración de la justicia, o que ese agente, ese asesor o ese abogado hace uso de los derechos que le corresponden por razón de sus funciones con fines distintos de aquellos para los que se le reconocen esos derechos, informará de ello al interesado. […]

2.      Por los mismos motivos, el Tribunal General podrá en cualquier momento decidir excluir del procedimiento a un agente, asesor o abogado mediante auto motivado, tras oír al interesado. Dicho auto será inmediatamente ejecutivo.

3.      Cuando un agente, asesor o abogado sea excluido del procedimiento, este se suspenderá hasta la expiración del plazo fijado por el Presidente para permitir que la parte interesada designe a otro agente, asesor o abogado.

[…]»

7        El artículo 78 de dicho Reglamento de Procedimiento, relativo a los «Anexos de la demanda», dispone:

«1.      La demanda irá acompañada, si ha lugar, de los documentos indicados en el artículo 21, párrafo segundo, del Estatuto [del Tribunal de Justicia de la Unión Europea].

[…]

5.      La demanda irá acompañada de los documentos contemplados en el artículo 51, apartados 2 y 3.

6.      Si la demanda no reuniera los requisitos enumerados en los apartados 1 a 5 del presente artículo, el Secretario fijará al demandante un plazo razonable para presentar los documentos antes mencionados. En caso de que no se efectuara la subsanación en el plazo fijado, el Tribunal General decidirá si la inobservancia de estos requisitos comporta la inadmisibilidad formal de la demanda.»

**Antecedentes del litigio**

8        Los antecedentes del litigio pueden resumirse del siguiente modo.

9        El 26 de septiembre de 2017, el bufete de abogados presentó ante la EUIPO una solicitud de caducidad de la marca denominativa de la Unión UGHI E NUNZIANTE para todos los servicios para los que se había registrado dicha marca.

10      Mediante resolución de 23 de febrero de 2021, la División de Anulación de la EUIPO estimó dicha solicitud para todos los servicios, con excepción de los «servicios jurídicos» comprendidos en la clase 45 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

11      El 1 de marzo de 2021, el bufete de abogados interpuso un recurso ante la EUIPO contra dicha resolución únicamente en la medida en que se había desestimado la solicitud de caducidad.

12      Mediante la resolución controvertida, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó dicho recurso.

**Procedimiento ante el Tribunal General y auto recurrido**

13      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 1 de julio de 2022, el bufete de abogados interpuso un recurso de anulación de la resolución controvertida.

14      Mediante el auto recurrido, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad manifiesta de dicho recurso.

15      En el apartado 5 del auto, el Tribunal General recordó, en particular, que, con arreglo al artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las partes distintas de los Estados miembros, de las instituciones de la Unión, de los Estados parte en el Acuerdo EEE y del Órgano de Vigilancia de la AELC deberán estar representadas por un abogado y que únicamente un abogado que esté facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE podrá representar a una parte ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.

16      En el apartado 6 de dicho auto, el Tribunal General puntualizó que del tenor del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular del uso del término «representadas», y del apartado 44 de la sentencia de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:555) se desprende que una «parte», en el sentido de dicha disposición, cualquiera que sea su calidad, no está autorizada para actuar por sí misma ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, sino que debe recurrir a los servicios de un tercero, aun cuando dicha parte sea un abogado facultado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

17      En los apartados 7 y siguientes de ese mismo auto, el Tribunal General recordó las razones por las que esta interpretación literal quedaba corroborada tanto por el contexto en el que se inscribe la citada disposición como por el objetivo que esta persigue.

18      Así pues, basándose en concreto en el apartado 47 de la sentencia de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:555), el Tribunal General consideró, en el apartado 9 del auto recurrido, que el objetivo de la misión de representación por un abogado a la que se hace referencia en el artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se lleva a cabo en aras de una recta administración de la justicia, consiste principalmente en proteger y defender lo mejor posible los intereses del mandante, con total independencia y observando la ley y las normas profesionales y deontológicas.

19      A continuación, en el apartado 10 del auto recurrido, el Tribunal General señaló que la definición del concepto de «independencia» del abogado ha experimentado una evolución en materia de representación ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, siendo ahora el criterio predominante adoptado a este respecto la protección y la defensa de los intereses del cliente.

20      En el apartado 11 del citado auto, el Tribunal General recordó que, según reiterada jurisprudencia, la exigencia de independencia del abogado no solo se define de manera negativa, por la inexistencia de una relación laboral entre el abogado y su cliente, sino también de manera positiva, tomando como referencia la deontología.

21      En los apartados 12 y 13 de ese mismo auto, el Tribunal General puntualizó, a la luz de su propia jurisprudencia y de la del Tribunal de Justicia, en primer lugar, que esa exigencia de independencia, en el contexto específico del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, implica necesariamente la inexistencia de una relación laboral entre el abogado y su cliente; en segundo lugar, que dicha exigencia se aplica también si la parte representada es un bufete de abogados, y, en tercer lugar, que la misma exigencia no requiere la inexistencia de todo vínculo, sea cual sea, entre el abogado y su cliente, sino únicamente de aquellos vínculos que menoscaben de manera manifiesta la capacidad del abogado para llevar a cabo su misión de defensa velando, lo mejor posible, por los intereses de su cliente, y observando la ley y las normas profesionales y deontológicas.

22      En los apartados 15 y 16 del auto recurrido, el Tribunal General indicó que, en el caso de autos, la parte recurrente, que es un bufete de abogados, había designado para representarla a tres abogados que ejercían su actividad en dicho bufete en calidad de socios. El Tribunal General consideró que esta calidad no era compatible con la exigencia de independencia necesaria para representar a dicho bufete ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.

23      Por consiguiente, el Tribunal General declaró, en el apartado 17 del citado auto, que el recurso había sido firmado por abogados que no tenían la calidad de tercero independiente con respecto a la parte recurrente, de modo que el recurso no se había interpuesto de conformidad con el artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con el artículo 51, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

24      Por último, en el apartado 18 del auto recurrido, el Tribunal General consideró que el incumplimiento de la obligación de representación por un abogado facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE no figura entre los supuestos que pueden ser objeto de subsanación una vez transcurrido el plazo para recurrir, con arreglo al artículo 21, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al artículo 78, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

**Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes en el recurso de casación**

25      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de diciembre de 2022, el bufete de abogados interpuso el presente recurso de casación contra el auto recurrido, en apoyo del cual invoca tres motivos.

26      Mediante escritos presentados en la misma fecha, el bufete de abogados solicitó, por un lado, en virtud del artículo 170 *bis*, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que se admitiera a trámite el recurso de casación con arreglo al artículo 58 *bis* del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por otro lado, en virtud del artículo 95, apartado 2, del citado Reglamento de Procedimiento, que se concediera el anonimato al bufete y a los diferentes abogados mencionados en el recurso de casación.

27      Mediante resolución de 4 de enero de 2023, el Tribunal de Justicia desestimó la solicitud de anonimización.

28      Mediante auto del Tribunal de Justicia de 8 de mayo de 2023, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO (C‑776/22 P, EU:C:2023:441), se admitió a trámite el recurso de casación únicamente por lo que respecta a los motivos de casación segundo y tercero.

29      Mediante resolución del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2023, se admitió la intervención de la Comisión Europea en apoyo de las pretensiones de la EUIPO.

30      Mediante su recurso de casación, la parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

–        Con carácter principal, estime el segundo motivo de casación y, bien anule el auto recurrido, bien declare la validez de la representación procesal de la parte recurrente por los abogados designados a efectos del recurso ante el Tribunal General y, en consecuencia, devuelva el asunto a este para que se pronuncie sobre el fondo.

–        Con carácter subsidiario, estime el tercer motivo de casación y, bien anule el auto recurrido, bien declare que el bufete de abogados puede continuar el procedimiento con la asistencia de un abogado externo a la asociación de abogados que constituye y, en consecuencia, devuelva el asunto al Tribunal General para que este se pronuncie sobre el fondo.

–        Condene a la EUIPO a cargar con las costas del procedimiento de casación.

31      La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

–        Desestime el recurso de casación.

–        Condene en costas al bufete de abogados.

32      La Comisión solicita asimismo que se desestime el recurso de casación y se condene a la parte recurrente a cargar con las costas del procedimiento.

**Sobre el recurso de casación**

33      El segundo motivo invocado por la parte recurrente en apoyo de su recurso de casación se basa en la infracción del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 51 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. El tercer motivo de casación se basa en la infracción de los artículos 47 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en su caso, de los artículos 51, apartado 4, y 55, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Como se ha indicado en el apartado 28 de la presente sentencia, el recurso de casación únicamente se ha admitido a trámite por lo que respecta a los motivos de casación segundo y tercero.

***Alegaciones de las parte****s***

34      Mediante su segundo motivo de casación, la parte recurrente aduce, en esencia, que el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 51 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Este motivo se compone de dos partes.

35      Mediante la primera parte, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar, en el apartado 17 del auto recurrido, que el recurso en primera instancia no se interpuso respetando, en particular, el artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en virtud del cual únicamente un abogado que esté facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro podrá representar o asistir a una parte ante el Tribunal de Justicia. La parte recurrente sostiene que presentó todos los documentos que acreditaban que los abogados a los que había designado para representarla estaban inscritos en el colegio de abogados de Roma (Italia) y, por consiguiente, estaban facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales italianos, cumpliéndose así el requisito establecido en la citada disposición.

36      Mediante la segunda parte, la recurrente alega que el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al declarar que los abogados que son socios en un bufete carecen de la independencia necesaria con respecto a dicho bufete para poder representarlo en un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, de la sentencia de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:555).

37      En el marco de esta segunda parte, la recurrente sostiene, en primer lugar, que la jurisprudencia relativa a la «autorrepresentación» ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, mencionada en los apartados 6 y 8 del auto recurrido, no es pertinente en las circunstancias del presente asunto.

38      Considera que, con arreglo al Derecho nacional que rige en la materia, la asociación profesional denominada «Studio Legale Ughi e Nunziante» constituye un sujeto de Derecho autónomo con respecto a sus miembros. Según la parte recurrente, solo habría existido «autorrepresentación» si ella hubiera designado como abogado a su representante legal. Pues bien, en su opinión, el propio Tribunal General indicó, en el apartado 15 del auto recurrido, que no es el caso en el presente asunto.

39      En segundo lugar, la parte recurrente sostiene, en esencia, que, según la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia, no puede suponerse que un abogado que es socio en un bufete carezca de la independencia necesaria para poder representar a dicho bufete ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.

40      A este respecto, la parte recurrente comienza subrayando que, para determinar si un abogado cumple la exigencia de independencia, tal como esta ha sido interpretada en dicha jurisprudencia reciente, debe evaluarse principalmente si tal abogado está en condiciones de proteger los intereses de la parte que lo ha designado representante. Añade que la exigencia de independencia del abogado debería apreciarse de manera particular cuando la parte recurrente sea un bufete de abogados.

41      A continuación, la parte recurrente sostiene que, si bien el concepto de «abogado», en el sentido del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe interpretarse de manera autónoma, los criterios exigidos para acreditar la independencia del abogado, a saber, la inexistencia de una relación laboral y la referencia a las normas profesionales y deontológicas, deben examinarse teniendo en cuenta la legislación nacional pertinente, máxime cuando no existen normas de Derecho de la Unión en la materia.

42      A este respecto, la parte recurrente puntualiza, por un lado, que, en el ordenamiento jurídico italiano, el ejercicio de la profesión de abogado es incompatible con cualquier relación laboral que implique un vínculo de subordinación, de modo que no existe relación laboral alguna entre un bufete de abogados y un abogado que sea miembro de dicho bufete como socio. Por otro lado, el servicio prestado a la parte recurrente por sus socios se ajusta a la legislación nacional pertinente y a las normas deontológicas de la profesión de abogado, que imponen una obligación de independencia.

43      Por último, habida cuenta de las anteriores observaciones, la parte recurrente considera que, en el presente asunto, el menoscabo de la exigencia de independencia del abogado solo podría resultar de la existencia de un conflicto de intereses y de presiones o injerencias externas ejercidas sobre los tres abogados a los que designó para representarla. Por lo que respecta a un eventual conflicto de intereses, la parte recurrente opina que, en el caso específico en que un abogado socio de un bufete representa a este último, predomina la comunidad de intereses, no el conflicto.

44      La EUIPO, apoyada por la Comisión, cree que debe desestimarse el segundo motivo de casación.

45      La EUIPO comienza aduciendo que, contrariamente a lo que alega la parte recurrente, el Tribunal General no puso en duda, en el auto recurrido, el hecho de que los abogados designados por dicha parte estuviesen facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales italianos.

46      A continuación, recuerda que del tenor del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que una parte debe estar «representada», lo que implica que no está autorizada para actuar por sí misma, sino que debe recurrir a los servicios de un tercero. En su opinión, esto queda confirmado por el contexto en el que debe interpretarse esta disposición, ya que una parte y su representante no pueden ser la misma persona. Además, la EUIPO subraya que el objetivo de la representación obligatoria por un abogado es, por un lado, impedir que las partes privadas ejerciten acciones judiciales por sí mismas y, por otro lado, garantizar que las personas jurídicas sean defendidas por un representante que tenga una separación suficiente respecto de ellas. Pues bien, la EUIPO considera que el auto recurrido se basa principalmente en el hecho de que, dado que los abogados encargados de representar a la parte recurrente ante el Tribunal General eran los socios de esta, dichos abogados no podían ser considerados terceros independientes.

47      Por último, la EUIPO puntualiza que la exigencia de independencia del abogado debe interpretarse, por un lado, de manera negativa, entendiéndose que prohíbe la existencia de una relación laboral entre el abogado y su cliente y, por otro lado, de manera positiva, es decir, tomando como referencia la disciplina profesional. Esta exigencia no debe entenderse como la inexistencia de todo vínculo, sea cual sea, entre el abogado y su cliente, sino únicamente de aquellos vínculos que menoscaben de manera manifiesta la capacidad del abogado para llevar a cabo su misión de defensa velando, lo mejor posible, por los intereses de su cliente. En el presente asunto, la EUIPO considera que la calidad de socios de los tres abogados designados para representar al bufete de abogados, parte recurrente ante el Tribunal General, implica que aquellos ejercen en dicho bufete relevantes funciones administrativas y financieras. En su opinión, esta circunstancia compromete claramente la independencia de estos abogados y menoscaba de manera manifiesta la capacidad de estos para ejercer su misión, ya que la calidad de abogado no confiere en sí misma al representante designado una independencia suficiente en el sentido del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

48      La Comisión, que interviene en apoyo de la EUIPO, aduce asimismo que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la representación procesal de una persona jurídica por abogados que no tengan una separación suficiente respecto de dicha persona y cuyos intereses se confunden con los de esta no es conforme con las exigencias del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este caso, el hecho de que los abogados que firmaron el recurso en nombre del bufete de abogados, parte recurrente ante el Tribunal General, tengan la calidad de socios en dicho bufete implica, según la Comisión, que no existe, entre esa parte y sus representantes, un grado de separación suficiente.

***Apreciación del Tribunal de Justici****a***

49      Procede recordar que el artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al procedimiento ante el Tribunal General de conformidad con el artículo 53 de dicho Estatuto, establece dos requisitos distintos y acumulativos en relación con la representación ante los órganos jurisdiccionales de la Unión de las partes no contempladas en los párrafos primero y segundo del citado artículo 19, denominadas partes «no privilegiadas». Según el primer requisito, establecido en el artículo 19, párrafo tercero, dichas partes deberán estar «representadas por un abogado». Según el segundo requisito, establecido en el párrafo cuarto del mismo artículo, únicamente un abogado que esté facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE podrá representar o asistir a una parte ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.

*Sobre la primera parte del segundo motivo de casación, basada en la infracción del artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*

50      Por lo que respecta al segundo requisito acumulativo en relación con la validez de la representación de una parte no privilegiada ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, establecido en el artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativo a la facultad del abogado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que del tenor de esta disposición resulta que el sentido y el alcance de dicho requisito deben interpretarse mediante la remisión al Derecho nacional de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA, C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73, apartado 56, y de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, apartado 40 y jurisprudencia citada).

51      En el presente asunto, es manifiesto que los abogados designados por la parte recurrente estaban facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales italianos, respetando las normas nacionales que rigen en la materia.

52      Por consiguiente, al declarar, en el apartado 17 del auto recurrido, que el recurso en primera instancia no se había interpuesto de conformidad con el artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General incurrió en error de Derecho.

53      Por lo tanto, debe estimarse la primera parte del segundo motivo de casación.

*Sobre la segunda parte del segundo motivo de casación, basada en la infracción del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*

54      Por lo que respecta al primer requisito acumulativo en relación con la validez de la representación de las partes no privilegiadas ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, establecido en el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativo a la obligación de dichas partes de estar «representadas por un abogado», según reiterada jurisprudencia, a falta de remisión por esta disposición al Derecho de los Estados miembros, el concepto de «abogado» debe interpretarse de manera autónoma y uniforme en toda la Unión, teniendo en cuenta tanto el tenor de dicha disposición como su contexto y su objetivo (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA, C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73, apartado 57, y de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, apartado 43).

55      En este marco, el Tribunal de Justicia ha declarado, en primer lugar, que tanto del tenor de la citada disposición, en particular del uso del término «representadas», como del contexto en el que esta se inscribe se desprende que una «parte», en el sentido de dicha disposición, cualquiera que sea su calidad, no está autorizada para actuar por sí misma ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, sino que debe recurrir a los servicios de un tercero, que solo puede ser un «abogado» (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA, C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73, apartados 58 y 60, y de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, apartados 44 y 45).

56      Esta interpretación es conforme con el objetivo del requisito establecido en el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consiste, por un lado, en impedir que las partes privadas ejerciten acciones judiciales por sí mismas sin recurrir a un intermediario y, por otro, en garantizar que las personas jurídicas sean defendidas por un representante que tenga una separación suficiente respecto de la persona jurídica a la que representa (sentencias de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA, C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73, apartado 61, y de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, apartado 46).

57      En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que la misión de representación que incumbe a un «abogado», en el sentido del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, consiste principalmente en proteger y defender lo mejor posible los intereses del mandante, con total independencia y observando la ley y las normas profesionales y deontológicas (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA, C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73, apartado 62, y de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, apartado 47).

58      Como el Abogado General señaló en esencia en los puntos 46 a 52 de sus conclusiones, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el primer requisito acumulativo, establecido en el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consiste en la obligación de que las partes no privilegiadas estén «representadas por un abogado», impone que se respeten dos exigencias.

59      En primer término, como se desprende del apartado 55 de la presente sentencia, dicho requisito prohíbe a las partes no privilegiadas que se «autorrepresenten» ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, es decir, esas partes no pueden, en ningún caso, representarse a sí mismas.

60      Habida cuenta de que ni Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia establecen excepción alguna a esta prohibición, la presentación de una demanda firmada por el propio demandante no puede ser suficiente para la interposición de un recurso, y ello aun cuando el demandante sea un abogado facultado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales nacionales (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA, C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73, apartado 59, y de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, apartado 44).

61      En segundo término, dicho requisito obliga a los representantes de las partes no privilegiadas a respetar la exigencia de independencia, como se desprende del apartado 57 de la presente sentencia.

62      Esta exigencia se define tanto de manera negativa como positiva. De manera negativa, se define por la inexistencia de toda relación laboral, caracterizada por la existencia de un vínculo de subordinación, entre el representante designado por una parte y esta. De manera positiva, dicha exigencia se refiere a la deontología y a la disciplina profesional (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA, C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73, apartado 63, y de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, apartado 49).

63      Además, esa misma exigencia no debe entenderse como la inexistencia de todo vínculo, sea cual sea, entre el representante designado por una parte y esta, sino únicamente de aquellos vínculos que menoscaben de manera manifiesta la capacidad de aquel para llevar a cabo su misión de representación en los términos expuestos en el apartado 57 de la presente sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73, apartado 64).

64      Cualquier abogado, independientemente de la forma en que ejerza la profesión, siempre que esté autorizada por la ley y las normas profesionales y deontológicas, goza, con la salvedad que se expone en el apartado siguiente, de la presunción de independencia que se deriva del primer requisito acumulativo establecido en el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

65      No obstante, como se desprende del apartado 62 de la presente sentencia, la exigencia de independencia, impuesta a los representantes de las partes no privilegiadas en el contexto específico de dicha disposición, presupone necesariamente la inexistencia de toda relación laboral, caracterizada por la existencia de un vínculo de subordinación, entre la parte y el representante al que esta ha designado. Por lo tanto, la presunción de independencia a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior no se aplica cuando existe tal relación laboral. Así sucede, en particular, en el supuesto de que unos abogados que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, ejercen su profesión como asalariados del bufete que los emplea, representen a este ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. Lo mismo ocurre en el supuesto de que juristas de empresa (*in-house lawyers*), miembros de un colegio de abogados de un Estado miembro y facultados, en virtud del Derecho nacional de dicho Estado miembro, para representar ante los órganos jurisdiccionales nacionales a la persona jurídica a la que están ligados mediante una relación laboral, tengan que representar a esa persona ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.

66      Salvo en los casos en que existe una relación laboral, caracterizada por la existencia de un vínculo de subordinación entre la parte y el representante al que esta ha designado, se aplica la presunción de independencia, que solo puede desvirtuarse cuando de elementos concretos se desprenda que existe entre dichas personas vínculos que menoscaben de manera manifiesta la capacidad del representante para llevar a cabo su misión de velar, lo mejor posible, por los intereses de su cliente o que dicho representante no observa las normas profesionales y deontológicas nacionales aplicables (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73, apartado 64).

67      En el presente asunto, el Tribunal General consideró, en el apartado 16 del auto recurrido, que «la calidad de socios de los abogados del bufete de abogados, recurrente en el presente asunto,» no era «compatible con la exigencia de independencia necesaria para representar a dicho bufete ante el Tribunal General». De ello dedujo, en el apartado 17 de dicho auto, que «habida cuenta de que el recurso fue firmado por abogados que no tienen la calidad de tercero independiente con respecto a la parte recurrente», el recurso en primera instancia no se había interpuesto de conformidad con el artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con el artículo 51, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

68      Ahora bien, cuando unos abogados tienen, de un modo que es conforme con la ley y con las normas profesionales y deontológicas aplicables, la calidad de socios en el bufete de abogados al que representan ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, no puede considerarse que esta circunstancia sea, en sí, incompatible con la exigencia de independencia. En efecto, por un lado, tal circunstancia no puede equipararse a aquella en la que existe una relación laboral, en el sentido de la jurisprudencia expuesta en el apartado 62 de la presente sentencia. Por otro lado, a falta de elementos concretos que acrediten que existen vínculos entre el bufete y el socio al que aquel ha designado como su representante que menoscaban de manera manifiesta la capacidad de este último para llevar a cabo su misión de representación velando, lo mejor posible, por los intereses de la parte de que se trate o que demuestren que dicho socio no respeta las normas profesionales y deontológicas nacionales aplicables, no puede considerarse que queda desvirtuada la presunción de independencia del abogado asociado.

69      Al no haber tenido en cuenta el alcance de la exigencia de independencia resultante del primer requisito acumulativo establecido en el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General incurrió en error de Derecho.

70      Por último, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, cualquier circunstancia relacionada con la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto ante el Tribunal General, como la representación de una persona jurídica por un abogado para interponer dicho recurso, puede constituir un motivo de orden público que el juez de la Unión está obligado a plantearse de oficio (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de febrero de 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑256/22 P, EU:C:2024:125, apartados 34 y 36 y jurisprudencia citada). El hecho de que tal recurso no se haya interpuesto de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, constituye una circunstancia de esa índole.

71      Sin embargo, la obligación del juez de la Unión de plantearse de oficio un motivo de orden público no puede obviar el respeto del derecho de defensa. Por consiguiente, en principio, el juez de la Unión no puede fundamentar su decisión en un motivo de Derecho examinado de oficio, aunque sea de orden público, sin haber instado previamente a las partes a formular sus observaciones sobre dicho motivo (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 2009, Reexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, apartados 40 a 42 y 57 y jurisprudencia citada).

72      En el presente asunto, procede observar que el Tribunal General se limitó a constatar, en los apartados 15 a 19 del auto recurrido, que la parte recurrente era un bufete de abogados que había designado para representarlo a tres abogados que ejercían su actividad en dicho bufete, en calidad de socios, y a extraer de ello la conclusión, jurídicamente errónea, de que esos abogados no podían representar al citado bufete en condiciones compatibles con el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incompatibilidad que, por otra parte, según el Tribunal General, no podía subsanarse una vez transcurrido el plazo para recurrir.

73      Pues bien, el Tribunal General debería, primero, haber comprobado, empleando eventualmente las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, si existía una relación laboral entre esos tres abogados y el bufete de abogados, en el sentido del apartado 65 de la presente sentencia. A falta de tal relación laboral, solo la existencia de elementos concretos que acreditasen que los vínculos entre el bufete de abogados y los abogados asociados que lo representaban podían menoscabar de manera manifiesta la capacidad de estos para llevar a cabo su misión o que demostrasen que dichos abogados no observaban las normas profesionales y deontológicas nacionales aplicables hubiera permitido declarar la falta de independencia, a efectos del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

74      Por otra parte, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 71 de la presente sentencia, el Tribunal General, antes de pronunciarse al respecto, debería haber instado a la parte recurrente a presentar observaciones, con el fin de garantizar la efectividad del derecho de defensa de esta.

75      Por último, si el Tribunal General consideraba que no se cumplía la exigencia de independencia, debería haber instado a la parte recurrente, antes de declarar la inadmisibilidad del recurso, a designar a un nuevo abogado.

76      En efecto, habida cuenta de la gravedad de las consecuencias que se derivan de una infracción del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por lo que respecta al demandante, a saber, la irremediable declaración de inadmisibilidad del recurso, el demandante debe poder designar a un nuevo abogado, tras ser puesto en situación de conocer los elementos que justifican, según el Tribunal General, una decisión de inadmisibilidad y presentar observaciones sobre ellos.

77      De hecho, del artículo 78, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, en relación con el artículo 51, apartados 2 a 4, de este se desprende que una parte no debe ser sancionada con la inadmisibilidad de su recurso sin haber sido invitada previamente a subsanar la situación, debido a que su demanda no reúne los requisitos enumerados en el artículo 78, apartados 1 a 5, de dicho Reglamento de Procedimiento. Del artículo 55, apartados 1 y 3, del citado Reglamento de Procedimiento resulta también que lo mismo se aplica en caso de que el comportamiento de un abogado sea considerado incompatible con la dignidad del Tribunal General o con una buena administración de la justicia durante el procedimiento. En efecto, en tales supuestos, esas disposiciones garantizan la continuidad del procedimiento, al prever que la parte interesada pueda, según el caso, presentar los documentos requeridos o designar a un nuevo representante, en un plazo razonable fijado por la Secretaría.

78      Debe señalarse igualmente que el artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no fija de manera taxativa los supuestos de subsanación de un recurso.

79      El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de considerar, sin que el artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo impida, que procede instar al demandante a subsanar la demanda si esta se ha presentado firmada por el propio demandante (véase, en este sentido, el auto de 5 de diciembre de 1996, Lopes/Tribunal de Justicia, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, apartado 3).

80      Además, como el Abogado General señaló en el punto 108 de sus conclusiones, de la práctica actual de los Estados miembros se desprende que, en el supuesto de que el Derecho nacional establezca que la validez de los actos procesales de una parte se ve afectada por la inobservancia de las normas relativas a la exigencia de independencia del representante de dicha parte, este incumplimiento puede, al menos, subsanarse en el curso del procedimiento.

81      En consecuencia, debe estimarse la segunda parte del segundo motivo de casación y el segundo motivo en su totalidad.

82      Por lo tanto, sin que sea necesario examinar el tercer motivo de casación, procede anular el auto recurrido.

**Sobre el recurso ante el Tribunal General**

83      Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se anule la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando el estado de este así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este resuelva.

84      En el presente asunto, el Tribunal de Justicia dispone de los elementos necesarios para resolver definitivamente la cuestión de si el recurso se interpuso de conformidad con el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con el artículo 51, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. En efecto, resulta que el recurso fue interpuesto, en nombre de la parte recurrente, por abogados de los que cabe suponer, según lo enunciado en el apartado 68 de la presente sentencia, que satisfacían la exigencia de independencia, en el sentido del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Habida cuenta de que ningún elemento de los autos permite desvirtuar dicha presunción ni siquiera dudar de que los abogados que representan a la parte recurrente no cumplan esa exigencia, ha de considerarse que el recurso responde a dicha exigencia.

85      Como el estado del litigio no permite resolverlo en todo lo demás, procede devolver el asunto al Tribunal General.

**Costas**

86      Dado que procede devolver el litigio al Tribunal General, ha de reservarse la decisión sobre las costas relativas al recurso de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:

1)      **Anular el auto del Tribunal General de 10 de octubre de 2022, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO — Nunziante y Ughi (UGHI E NUNZIANTE) (T**‑**389/22, EU:T:2022:662).**

2)      **Devolver el asunto al Tribunal General.**

3)      **Reservar la decisión sobre las costas.**

Firmas

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[\*](#Footref*)      Lengua de procedimiento: italiano.

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