Source: EURLEX
Language: es
Format: md

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 25 de febrero de 2025 (
[\*1](#t-ECR_62022CJ0339_ES_01-E0001)
)

«Procedimiento prejudicial — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Artículo 4, apartado 1 — Competencia general — Artículo 24, punto 4 — Competencias exclusivas — Competencia en materia de inscripciones o validez de patentes — Acción por violación de patente — Patente europea validada en algunos Estados miembros y en un Estado tercero — Impugnación de la validez de la patente por vía de excepción — Competencia internacional del órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado la acción por violación de patente»

En el asunto C‑339/22,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Svea hovrätt, Patent‑ och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia), mediante resolución de 24 de mayo de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de mayo de 2022, en el procedimiento entre

BSH Hausgeräte GmbH

y

Electrolux AB,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente, la Sra. K. Jürimäe, los Sres. C. Lycourgos e I. Jarukaitis, la Sra. M. L. Arastey Sahún y los Sres. S. Rodin, A. Kumin, N. Jääskinen y M. Gavalec, Presidentes de Sala, y los Sres. E. Regan y Z. Csehi y la Sra. O. Spineanu‑Matei (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. N. Emiliou;

Secretaria: Sra. M. Siekierzyńska, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 22 de junio de 2023;

consideradas las observaciones presentadas:

| – | en nombre de BSH Hausgeräte GmbH, por el Sr. M. Dahlman y la Sra. T. Grennard, advokater, y por el Sr. R. Sedlmaier, Rechtsanwalt; |

| – | en nombre de Electrolux AB, por el Sr. C. Harmsen, Rechtsanwalt, y los Sres. P. Larsson, B. Rundblom Andersson y J. Westerberg, advokater; |

| – | en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Bénard y las Sras. A. Daniel y E. Timmermans, en calidad de agentes; |

| – | en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. Gustafsson y S. Noë y por la Sra. I. Söderlund, en calidad de agentes; |

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de febrero de 2024;

visto el auto de reapertura de la fase oral de 16 de abril de 2024 y celebrada la vista el 14 de mayo de 2024;

consideradas las observaciones presentadas:

| – | en nombre de BSH Hausgeräte GmbH, por el Sr. M. Dahlman y la Sra. T. Grennard, advokater, y por el Sr. R. Sedlmaier, Rechtsanwalt; |

| – | en nombre de Electrolux AB, por el Sr. C. Harmsen, Rechtsanwalt, y el Sr. B. Rundblom Andersson, advokat; |

| – | en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Bénard y las Sras. A. Daniel y E. Timmermans, en calidad de agentes; |

| – | en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. P. Němečková, el Sr. S. Noë y la Sra. I. Söderlund, en calidad de agentes; |

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de septiembre de 2024;

dicta la siguiente

Sentencia

| 1 | La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 24, punto 4, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ([DO 2012, L 351, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2012:351:TOC); en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I bis»). |

| 2 | Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre BSH Hausgeräte GmbH (en lo sucesivo, «BSH»), sociedad alemana, y Electrolux AB, sociedad sueca, en relación con la violación de una patente europea. |

Marco jurídico

Derecho de la Unión

| 3 | Los considerandos 13, 15 y 34 del Reglamento Bruselas I bis tienen el siguiente tenor:   | «(13) | Debe existir una conexión entre los procedimientos a los que se aplique el presente Reglamento y el territorio de los Estados miembros. Por consiguiente, las normas comunes sobre competencia judicial deben aplicarse, en principio, cuando el demandado esté domiciliado en un Estado miembro. |   […]   | (15) | Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción. |   […]   | (34) | Procede garantizar la continuidad entre el Convenio[, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil ([DO 1972, L 299, p. 32](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1972:299:TOC); texto consolidado en [DO 1998, C 27, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:C:1998:027:TOC)), en su versión modificada por los sucesivos convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a dicho Convenio (en lo sucesivo, “Convenio de Bruselas”)], el Reglamento (CE) n.o 44/2001 [del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ([DO 2001, L 12, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2001:012:TOC); en lo sucesivo, “Reglamento Bruselas I”),] y el presente Reglamento; a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación del [Convenio de Bruselas] y de los Reglamentos que lo sustituyen por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.» | |

| 4 | El capítulo II de este Reglamento, titulado «Competencia», contiene diez secciones. El artículo 4 del mismo Reglamento, que figura en la sección 1 del capítulo II, rubricada «Disposiciones generales», establece lo siguiente en su apartado 1:  «Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.» |

| 5 | A tenor del artículo 24 del citado Reglamento, que forma parte de la sección 6 de su capítulo II, titulada «Competencias exclusivas»:  «Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que se indican a continuación:  […]   | 4) | en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional.  Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes [(OEP)] según el Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro serán los únicos competentes en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado miembro; |   […]». |

| 6 | En virtud del artículo 27 del mismo Reglamento, que forma parte de la sección 8 de su capítulo II, titulada «Comprobación de la competencia judicial y de la admisibilidad»:  «El órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca a título principal de un litigio para el que los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro sean exclusivamente competentes en virtud del artículo 24 se declarará de oficio incompetente.» |

| 7 | En la sección 9 de ese capítulo, rubricada «Litispendencia y conexidad», los artículos 33 y 34 del Reglamento Bruselas I bis determinan las condiciones en las que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro puede suspender el procedimiento, o incluso poner fin al procedimiento iniciado ante él, o, por el contrario, continuar ese procedimiento, cuando su competencia se base, en particular, en el artículo 4 de dicho Reglamento y exista un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional de un tercer Estado en el momento en que, respectivamente, se ejercita ante él una acción que tenga el mismo objeto, la misma causa y las mismas partes que la acción que se esté tramitando ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado o se interpone ante él una demanda conexa a la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado. |

| 8 | El artículo 63, apartado 1, del citado Reglamento, incluido en su capítulo V, titulado «Disposiciones generales», establece que, a efectos de ese Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentra su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal. |

| 9 | El artículo 73 del Reglamento Bruselas I bis, que forma parte de su capítulo VII, titulado «Relación con otros instrumentos», dispone:  «1.   El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Convenio [relativo a la Competencia Judicial, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil, hecho en Lugano el 30 de octubre de 2007 ([DO 2007, L 339, p. 3](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2007:339:TOC); en lo sucesivo, “Convenio de Lugano”)].  2.   El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Convenio [sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958].  3.   El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios y acuerdos bilaterales entre terceros Estados y un Estado miembro que se hubieran celebrado antes de la fecha de entrada en vigor del [Reglamento Bruselas I] y que se refieran a materias reguladas por el presente Reglamento.» |

Derecho sueco

| 10 | El artículo 61, párrafo segundo, de la patentlagen (1967:837) [Ley de Patentes (1967:837); en lo sucesivo, «Ley de Patentes»)] establece:  «Si se ejercita una acción por infracción de la patente y la persona contra la que se ejercita la acción alega que la patente es nula, la cuestión de la nulidad solo podrá examinarse después de que se haya ejercitado una acción de nulidad. El tribunal debe ordenar a la persona que alega la nulidad de la patente que ejercite dicha acción dentro de un determinado plazo.» |

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

| 11 | BSH es titular de la patente europea EP. 1434512, que protege una invención en el sector de las aspiradoras. Esta patente fue validada en Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, los Países Bajos, Austria, Suecia, el Reino Unido y Turquía, lo que dio lugar a la expedición de patentes nacionales en esos Estados. |

| 12 | El 3 de febrero de 2020, BSH ejercitó una acción contra Electrolux por violación de todas las partes nacionales de dicha patente europea ante el Patent‑ och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia). BSH solicitaba, en particular, que se prohibiera a Electrolux seguir utilizando la invención patentada en todos los Estados en los que había sido validada esa patente europea y que se condenara a Electrolux al pago de una remuneración razonable y de una indemnización por daños y perjuicios por la utilización supuestamente ilícita de dicha invención. |

| 13 | Electrolux solicitó la desestimación de tales pretensiones. Planteó asimismo la inadmisibilidad de las pretensiones relativas a las violaciones de las partes nacionales de la patente EP. 1434512 distintas de la parte sueca (en lo sucesivo, «patentes extranjeras»). |

| 14 | A este respecto, Electrolux alegaba que las patentes extranjeras eran nulas y que los órganos jurisdiccionales suecos no eran competentes para pronunciarse sobre su violación. Según Electrolux, la acción por violación de patente debe considerarse un litigio «en materia de […] validez de patentes», en el sentido del artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis, puesto que no cabe disociarla de la cuestión relativa a la validez de las patentes de que se trata. Por tanto, consideraba que, en virtud de esta disposición, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en los que habían sido validadas las patentes extranjeras eran competentes para conocer de las pretensiones de BSH relativas a la violación de las mencionadas patentes nacionales. Deducía de ello que el tribunal sueco ante el que se había ejercitado la acción no era competente para pronunciarse sobre la violación de dichas patentes. |

| 15 | Además, según Electrolux, el artículo 61, párrafo segundo, de la Ley de Patentes, que establece que la cuestión de la validez de una patente debe examinarse en un procedimiento distinto del procedimiento por violación de tal patente, afecta únicamente a las patentes suecas. Dado que el Derecho sueco se aplica exclusivamente a las patentes suecas, sostenía que un órgano jurisdiccional sueco no puede, sobre la base de esa disposición, conocer de un litigio en el que el demandado plantee, en el marco de una acción por violación de patente, la nulidad de una patente expedida por un Estado distinto del Reino de Suecia. Deducía de ello que BSH debía ejercitar las acciones por violación de patente relativas a las patentes extranjeras en los Estados en que había sido validadas. |

| 16 | Mediante resolución de 21 de diciembre de 2020, el Patent‑ och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil) se declaró, sobre la base de los artículos 24, punto 4, y 27 del Reglamento Bruselas I bis, incompetente para conocer de la acción por violación de las patentes validadas en los Estados miembros distintos del Reino de Suecia ejercitada por BSH. También se declaró incompetente para conocer de la acción por violación de la patente validada en Turquía (en lo sucesivo, «patente turca»), al estimar que el citado artículo 24, punto 4, es la expresión de un principio de competencia judicial reconocido a nivel internacional. |

| 17 | BSH recurrió en apelación la referida resolución ante el Svea hovrätt, Patent‑ och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia), que es el tribunal remitente. BSH alega que el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis no es aplicable a las acciones por violación de patente «puras», de modo que el tribunal ante el que se haya planteado el litigio sobre la base del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis puede conocer de una acción por violación de una patente extranjera, aun cuando no sea competente para pronunciarse sobre una acción de nulidad de dicha patente. Además, según esta parte en el litigio principal, el Patent‑ och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil) podía conocer de una acción por violación de una patente extranjera que no hubiese sido expedida o validada en un Estado miembro —como, en el caso de autos, la patente turca— por la competencia internacional que se deriva del artículo 4, apartado 1, del mencionado Reglamento. Deduce de ello que el referido tribunal era competente para pronunciarse sobre la acción por violación de patente en su totalidad, incluso en lo que respecta a la patente turca. BSH sostiene que el principio de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado del domicilio del demandado está reconocido en Derecho internacional. |

| 18 | Electrolux recordó ante el tribunal remitente, en esencia, la postura que había expuesto ante el Patent‑ och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil) y alega que el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis se aplica a los procedimientos por violación de patente en los que se invoca la nulidad de la patente de que se trate como motivo de oposición. Sostiene que los órganos jurisdiccionales suecos no son competentes para conocer del procedimiento judicial en su conjunto, dado que las cuestiones de violación y de validez no pueden disociarse. |

| 19 | El tribunal remitente alberga dudas acerca de la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales suecos. Se pregunta, en primer lugar, si el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que la expresión «en materia de inscripciones o validez de patentes, […] independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción», también incluye la acción por violación de patente cuando el demandado ha planteado, por vía de excepción, la nulidad de la patente. En su opinión, cabe interpretar esta disposición en el sentido de que priva de competencia a los órganos jurisdiccionales nacionales para conocer de la acción por violación de todas las partes nacionales de la patente europea que no sean la validada en el Estado miembro de esos órganos jurisdiccionales cuando el demandado haya planteado, en el marco de dicha acción, una excepción de nulidad de las partes nacionales. Indica que un procedimiento único ante un solo órgano jurisdiccional reduciría el riesgo de resoluciones contradictorias, pero tal interpretación obligaría al demandante a volver a ejercitar acciones por violación de patente en otros Estados miembros. |

| 20 | El tribunal remitente expone que otra posible interpretación sería considerar que el órgano jurisdiccional nacional ante el que se haya ejercitado una acción por violación de patente en la que el demandado plantee una excepción de nulidad de las patentes extranjeras solo carecería de competencia para conocer de dicha excepción y podría, por lo tanto, pronunciarse sobre la acción por violación de patente. Estima que tal interpretación se ve corroborada, en particular, por la necesidad de interpretar el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis de manera restrictiva, como excepción a la norma general establecida en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento, y por el objetivo de este de reservar los litigios relativos a la validez de las patentes a los órganos jurisdiccionales del Estado de registro. |

| 21 | En segundo lugar, en el supuesto de que hubiera que interpretar el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis en el sentido de que, cuando se plantee una excepción de nulidad en el procedimiento relativo a la acción por violación de una patente, tal acción estará comprendida en la competencia exclusiva que establece esa disposición, el tribunal remitente se pregunta si una disposición nacional, como el artículo 61, párrafo segundo, de la Ley de Patentes, que obliga al demandado a ejercitar una acción, distinta, de nulidad de dicha patente puede excluir tal interpretación. |

| 22 | Por último, el tribunal remitente se pregunta si el hecho de que la patente europea controvertida en el litigio principal haya sido validada en un Estado tercero reviste alguna importancia en cuanto a su competencia. Indica que no está claro si el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis se aplica a los órganos jurisdiccionales de un Estado tercero, en este caso la República de Turquía, mientras que los artículos 33 y 34 de dicho Reglamento se refieren a esos órganos jurisdiccionales. En este contexto, el tribunal remitente señala que de la sentencia de 1 de marzo de 2005, Owusu ([C‑281/02](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2005%3A120&locale=es), [EU:C:2005:120](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2005%3A120)), apartados [26](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2005%3A120&anchor=#point26) y [35](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2005%3A120&anchor=#point35), podría deducirse que el artículo 4 del Reglamento Bruselas I bis también se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros. |

| 23 | En estas circunstancias, el Svea hovrätt, Patent‑ och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:   | «1) | ¿Debe interpretarse el artículo 24, punto 4, del Reglamento [Bruselas I bis] en el sentido de que los términos “materia de inscripciones o validez de patentes, […] independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción”, implican que un tribunal nacional que, en virtud del artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, se ha declarado competente para conocer de un litigio relativo a la infracción de una patente deja de ser competente para examinar la cuestión de la infracción si se invoca que la patente de que se trata es nula, o debe interpretarse esa disposición en el sentido de que el tribunal nacional solo deja de ser competente para conocer de la excepción de nulidad? |  | 2) | ¿Influye en la respuesta a la primera cuestión el hecho de que en el Derecho nacional existan disposiciones, como la del artículo 61, párrafo segundo, de la Ley de Patentes, que exijan que, para que pueda examinarse una excepción de nulidad formulada en un procedimiento por infracción, es necesario que el demandado ejercite por separado una acción de nulidad? |  | 3) | ¿Debe interpretarse el artículo 24, punto 4, del Reglamento [Bruselas I bis] en el sentido de que es aplicable en relación con un tribunal de un [Estado] tercero, es decir, en el presente caso, en el sentido de que también confiere competencia exclusiva a los tribunales de Turquía en relación con la parte de la patente europea que ha sido validada en dicho país?» | |

Sobre las cuestiones prejudiciales

Cuestiones prejudiciales primera y segunda

| 24 | Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado, en virtud del artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro sigue siendo competente para conocer de esa acción cuando el demandado impugna, por vía de excepción, la validez de la patente. |

| 25 | El tribunal remitente solicita también que se dilucide si el hecho de que una norma procesal nacional obligue a dicho demandado a ejercitar una acción, distinta, de nulidad de la patente influye de algún modo en la respuesta que haya que dar a esta cuestión. |

| 26 | A este último respecto, procede señalar, de entrada, que una norma nacional de este tipo no puede influir en la interpretación del artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis. En efecto, esta disposición no incluye remisión alguna al Derecho de los Estados miembros, de modo que las expresiones que contiene deben ser consideradas conceptos autónomos del Derecho de la Unión que han de ser interpretados de manera uniforme en todos los Estados miembros, con independencia de las normas o procedimientos nacionales al respecto (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2022, IRnova, [C‑399/21](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648&locale=es), [EU:C:2022:648](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648), apartado [38](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648&anchor=#point38) y jurisprudencia citada). |

| 27 | Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión hay que tener en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de abril de 2022, Berlin Chemie A. Menarini, [C‑333/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A291&locale=es), [EU:C:2022:291](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A291), apartado [34](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A291&anchor=#point34) y jurisprudencia citada). |

| 28 | En el contexto específico de la interpretación del Reglamento Bruselas I bis, se debe garantizar, además, de conformidad con el considerando 34 de dicho Reglamento, una continuidad en la interpretación de las disposiciones que sustituyeron a las que pueden calificarse de «equivalentes» en la normativa anterior, como el artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas y el artículo 22, punto 4, del Reglamento Bruselas I, a los que sustituyó el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2022, IRnova, [C‑399/21](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648&locale=es), [EU:C:2022:648](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648), apartados [29](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648&anchor=#point29) y [37](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648&anchor=#point37)). |

| 29 | En virtud del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, las personas domiciliadas en un Estado miembro están sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. El artículo 63, apartado 1, de este Reglamento precisa que se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentre su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal. |

| 30 | No obstante, dicho artículo 4, apartado 1, establece esta norma de competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio del demandado «salvo lo dispuesto» en las demás disposiciones del Reglamento Bruselas I bis. En efecto, mientras que esta norma de competencia judicial constituye, de conformidad con el considerando 15 de ese Reglamento, una norma de principio, dicho Reglamento establece una serie de excepciones. Entre ellas, el artículo 24 del mismo Reglamento prevé la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de un determinado Estado miembro en cuanto a ciertas materias contempladas en ese artículo, «sin consideración del domicilio de las partes». |

| 31 | Por lo que respecta, en particular, a las patentes, conforme al tenor del punto 4, párrafo primero, del citado artículo 24, son exclusivamente competentes «en materia de inscripciones o validez de patentes, […] independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el […] registro [de la patente] en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional» (en lo sucesivo, «Estado miembro de expedición de la patente»). |

| 32 | De conformidad con el párrafo segundo de ese punto 4, los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro son los únicos competentes en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado miembro. |

| 33 | Así, en virtud del artículo 24, punto 4, párrafo segundo, del Reglamento Bruselas I bis, una patente europea expedida por la OEP con arreglo al procedimiento previsto a este respecto en el Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, que haya sido posteriormente validada en un Estado miembro estará sujeta a las mismas normas de competencia judicial en materia de validez que una patente nacional. |

| 34 | Además, del tenor del artículo 24, punto 4, párrafo primero, del citado Reglamento, recordado en el apartado 31 de la presente sentencia, se desprende claramente que, en lo relativo a la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de que se trate, es indiferente que la cuestión de la inscripción o de la validez de la patente se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción. |

| 35 | Por consiguiente, con arreglo al mencionado artículo 24, punto 4, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de expedición de la patente son exclusivamente competentes para conocer de una impugnación en materia de inscripción o de validez de esa patente, independientemente de que tal impugnación se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción como motivo de oposición en el marco de una acción por violación de patente ejercitada ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro. |

| 36 | Esta competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de expedición de la patente para conocer de los litigios en materia de inscripción o de validez de esa patente se justifica tanto por el hecho de que la expedición de las patentes implica la intervención de la administración nacional como por el hecho de que esos órganos jurisdiccionales se encuentran en mejores condiciones para conocer de los casos en los que el propio litigio versa sobre la validez de la patente o sobre la existencia del depósito o del registro. En efecto, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se ha efectuado el registro pueden pronunciarse con arreglo a su Derecho nacional sobre la validez de las patentes expedidas en dicho Estado. El interés en una buena administración de justicia es tan importante en el ámbito de las patentes que, habida cuenta de la especificidad de la materia, varios Estados miembros han instaurado un sistema de tutela judicial específico y reservan este tipo de litigios a tribunales especializados (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2006, GAT, [C‑4/03](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2006%3A457&locale=es), [EU:C:2006:457](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2006%3A457), apartados [22](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2006%3A457&anchor=#point22) y [23](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2006%3A457&anchor=#point23)). |

| 37 | De ello resulta que, cuando se haya ejercitado ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado, en virtud del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, una acción por violación de una patente expedida por otro Estado miembro y la parte demandada impugne, por vía de excepción, la validez de esa patente, dicho órgano jurisdiccional no podrá constatar, con carácter incidental, la nulidad de dicha patente, sino que deberá declararse incompetente, de conformidad con el artículo 27 de ese Reglamento, por lo que respecta a la cuestión de la validez de esa patente, habida cuenta de la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de expedición de la patente establecida en el artículo 24, punto 4, del referido Reglamento (véase, en cuanto al artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas, la sentencia de 13 de julio de 2006, GAT, [C‑4/03](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2006%3A457&locale=es), [EU:C:2006:457](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2006%3A457), apartados [26](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2006%3A457&anchor=#point26) y [31](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2006%3A457&anchor=#point31)). |

| 38 | No obstante, se plantea la cuestión de si, en tal supuesto, el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado sigue siendo competente para conocer de esta acción por violación de patente o si debe declararse incompetente para conocer de la totalidad del litigio relativo a la patente expedida por otro Estado miembro. |

| 39 | A este respecto, es preciso señalar que, de conformidad con el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis, la norma de competencia exclusiva que en él se establece se refiere únicamente a los litigios «en materia de inscripciones o validez de patentes». |

| 40 | El Tribunal de Justicia ya ha precisado que esta disposición no afecta, en particular, a la acción por violación de una patente, aunque el examen de tal acción implique un análisis en profundidad del alcance de la protección conferida por esa patente a la luz del Derecho de patentes del Estado en cuyo territorio se haya expedido (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de noviembre de 1983, Duijnstee, [288/82](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1983%3A326&locale=es), [EU:C:1983:326](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1983%3A326), apartados [22](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1983%3A326&anchor=#point22) y [23](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1983%3A326&anchor=#point23), y de 8 de septiembre de 2022, IRnova, [C‑399/21](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648&locale=es), [EU:C:2022:648](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648), apartado [48](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648&anchor=#point48)). |

| 41 | De ello resulta que la norma de competencia exclusiva establecida en el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis solo afecta a la parte del litigio relativa a la validez de la patente. Por tanto, el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado que sea competente, en virtud del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, para conocer de una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro no perderá esa competencia por el mero hecho de que el demandado impugne, por vía de excepción, la validez de la patente. |

| 42 | La interpretación del artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis expuesta en el apartado anterior de la presente sentencia se ve corroborada por el sistema de dicho Reglamento y por los objetivos que persiguen tanto el Reglamento como la disposición. |

| 43 | En efecto, en primer lugar, el concepto de «litigio en materia de […] validez de patentes», en el sentido del artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis, debe interpretarse de manera estricta, habida cuenta de que establece una competencia exclusiva que constituye una excepción a la norma general de la competencia del foro del lugar del domicilio del demandado, establecida en el artículo 4 de dicho Reglamento (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de noviembre de 1983, Duijnstee, [288/82](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1983%3A326&locale=es), [EU:C:1983:326](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1983%3A326), apartado [23](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1983%3A326&anchor=#point23), y de 8 de septiembre de 2022, IRnova, [C‑399/21](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648&locale=es), [EU:C:2022:648](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648), apartado [39](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648&anchor=#point39) y jurisprudencia citada). |

| 44 | Por lo demás, una interpretación con arreglo a la cual el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado pierde su competencia para conocer de una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro por el mero hecho de que el demandado impugne, por vía incidental, la validez de esa patente implicaría, como señaló el Abogado General, en esencia, en los puntos 69 y 70 de sus conclusiones de 22 de febrero de 2024, que la excepción prevista en el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis se convertiría en la regla en una gran parte de los litigios en materia de patentes. |

| 45 | En efecto, como observó el Tribunal de Justicia en el apartado 17 de su sentencia de 13 de julio de 2006, GAT ([C‑4/03](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2006%3A457&locale=es), [EU:C:2006:457](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2006%3A457)), la cuestión de la validez de una patente se suscita con mucha frecuencia como motivo de oposición en el marco de las acciones por violación de patente. Por tanto, la aplicación de la norma general de competencia judicial prevista en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis se limitaría a los litigios en los que no se hubiera planteado tal motivo de oposición, a pesar de que dicha norma es la expresión de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio del demandado, competencia que, como resulta del considerando 15 de ese Reglamento, constituye el principio en el que se fundamentan las normas de competencia contenidas en dicho Reglamento. |

| 46 | En segundo lugar, del citado considerando 15 se desprende que el Reglamento Bruselas I bis pretende garantizar la seguridad jurídica a través de un alto grado de previsibilidad de las normas de competencia. Pues bien, no podría alcanzarse tal objetivo si se admitiera que, en función de la defensa elegida por el demandado, y, en su caso, en el momento en que este lo considerase oportuno —en particular en el supuesto de que las normas procesales del foro autoricen que se plantee ese motivo de oposición en cualquier fase del procedimiento—, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro perdería su competencia para pronunciarse sobre la acción debidamente ejercitada ante él. En efecto, como subrayó el Abogado General en los puntos 73 y 74 de sus conclusiones de 22 de febrero de 2024, esa interpretación del artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis tendría como consecuencia que, durante todo el procedimiento, existiría el riesgo de que ese órgano jurisdiccional tuviera que declararse incompetente. |

| 47 | Además, dado que, en virtud del artículo 27 del Reglamento Bruselas I bis, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro está obligado a declararse incompetente como consecuencia de la competencia exclusiva de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, sin poder remitirle el asunto, tal interpretación conllevaría que el demandado, planteando una excepción de nulidad de una patente expedida en un Estado miembro distinto del de su domicilio, pudiese poner fin al procedimiento por violación de patente, aun cuando tal procedimiento se hubiese iniciado debidamente contra él ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro de su domicilio. |

| 48 | En tercer lugar, la interpretación del artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis expuesta en el apartado 41 de la presente sentencia responde plenamente al objetivo de esta disposición —consistente, como se ha señalado en el apartado 36, en reservar los litigios que versan en sí mismos sobre la inscripción o la validez de una patente a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de expedición de la patente, que, por proximidad material y jurídica, se encuentran en mejores condiciones para conocer de esos litigios—, sin ir más allá de lo necesario para alcanzar tal objetivo. |

| 49 | En particular, como puso de manifiesto el Abogado General en los puntos 75 y 77 de sus conclusiones de 22 de febrero de 2024, esta interpretación, a diferencia de la que se menciona en el apartado 44 de la presente sentencia, permite al titular de una patente europea que considere que un mismo demandado viola la patente en varios Estados miembros acumular todas sus acciones por violación de patente y obtener una reparación global ante un único foro, evitando así, en particular, el riesgo de resoluciones divergentes. |

| 50 | Por último, la interpretación del artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis expuesta en el apartado 41 de la presente sentencia no queda desvirtuada por el hecho de que su aplicación pueda dar lugar a la separación del procedimiento por violación de patente —que seguirá pendiente ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado— y del procedimiento relativo a la validez de la patente expedida en otro Estado miembro —respecto al cual son exclusivamente competentes, con arreglo a dicha disposición, los órganos jurisdiccionales de este último Estado—. |

| 51 | En efecto, como señaló, en esencia, el Abogado General en los puntos 79 a 94 de sus conclusiones de 22 de febrero de 2024, tal separación no implica que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado que conoce de la acción por violación de patente deba ignorar que el demandado haya ejercitado debidamente en otro Estado miembro una acción de nulidad de la patente expedida en ese otro Estado miembro. Si lo estima justificado, en particular cuando considere que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro (véase, por analogía, la sentencia de 12 de julio de 2012, Solvay, [C‑616/10](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2012%3A445&locale=es), [EU:C:2012:445](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2012%3A445), apartado [49](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2012%3A445&anchor=#point49)), el órgano jurisdiccional que conoce de la acción por violación de la patente podrá suspender, en su caso, el procedimiento, lo que le permitirá tener en cuenta, a efectos de pronunciarse sobre la acción por violación de la patente, la resolución dictada por el órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado la acción de nulidad. |

| 52 | Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado, en virtud del artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro seguirá siendo competente para conocer de esa acción cuando el demandado impugne, por vía de excepción, la validez de la patente, mientras que la competencia para pronunciarse sobre dicha validez corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro. |

Tercera cuestión prejudicial

| 53 | Mediante su tercera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta si el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros y les confiere, por consiguiente, competencia exclusiva para apreciar la validez de una patente expedida o validada en esos Estados. |

| 54 | A tenor del artículo 24, punto 4, de dicho Reglamento, son exclusivamente competentes, en particular, en materia de validez de las patentes, sin consideración del domicilio de las partes, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de expedición de la patente. Como se desprende del apartado 33 de la presente sentencia, esta disposición no distingue, a este respecto, entre una patente nacional expedida en un Estado miembro y una patente europea validada en un Estado miembro. |

| 55 | Del tenor del artículo 24, punto 4, del mencionado Reglamento se desprende que esta disposición se refiere a la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para conocer de los litigios en materia de inscripciones o validez de patentes expedidas por dichos Estados miembros. En efecto, como señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 23 de sus conclusiones de 5 de septiembre de 2024, el régimen establecido por el Reglamento Bruselas I bis, al igual que los actos que lo precedieron, es un régimen de competencia interno de la Unión Europea, que persigue objetivos propios, como el buen funcionamiento del mercado interior y el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia. |

| 56 | A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis no puede considerarse aplicable en una situación en la que las patentes de que se trate no se han expedido o validado en un Estado miembro, sino en un Estado tercero (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2022, IRnova, [C‑399/21](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648&locale=es), [EU:C:2022:648](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648), apartado [35](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648&anchor=#point35)). |

| 57 | Por tanto, procede declarar que el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis no se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros ni, por consiguiente, confiere competencia alguna, exclusiva o no, a esos órganos jurisdiccionales por lo que respecta a la apreciación de la validez de una patente expedida o validada en ese Estado. |

| 58 | Dicho esto, a la vista de las dudas que el tribunal remitente ha manifestado en relación con la interpretación del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis y con el fin de proporcionar una respuesta útil a dicho tribunal, es preciso determinar además si, cuando se haya ejercitado ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, sobre la base del mencionado artículo 4, apartado 1, una acción por violación de una patente expedida o validada en un Estado tercero en cuyo marco se haya suscitado, por vía de excepción, la cuestión de la validez de la patente, ese órgano jurisdiccional es competente, con arreglo al citado artículo 4, apartado 1, para pronunciarse sobre tal excepción. |

| 59 | A este respecto, hay que recordar que, para estar comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis, se requiere que la relación jurídica de que se trate presente un elemento de extranjería. Este puede resultar tanto del lugar del domicilio del demandado como del objeto del litigio, que puede estar situado en un Estado tercero, puesto que tal relación jurídica puede plantear, ante el órgano jurisdiccional de un Estado miembro, cuestiones relativas a la determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales en el orden internacional (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2022, IRnova, [C‑399/21](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648&locale=es), [EU:C:2022:648](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648), apartados [27](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648&anchor=#point27) a [29](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A648&anchor=#point29)). |

| 60 | Pues bien, consta que la relación jurídica controvertida en el litigio principal, objeto de la tercera cuestión prejudicial, contiene elementos de extranjería vinculados, por una parte, al domicilio del demandante, dado que este está situado en un Estado miembro distinto del Estado del domicilio del demandado, y, por otra parte, a su objeto, puesto que la patente controvertida en el litigio principal fue validada en un Estado tercero, concretamente en Turquía. Por tanto, esta relación jurídica está comprendida en el ámbito de aplicación del referido Reglamento. |

| 61 | De ello se deduce que, en virtud de la norma general establecida en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio del demandado son, en principio, competentes para conocer de una acción por violación de patente ejercitada contra el demandado por el titular de una patente expedida o validada en un Estado tercero que tenga su domicilio en otro Estado miembro. Además, la competencia del órgano jurisdiccional del Estado miembro ante el que se haya ejercitado la acción se extiende, en principio, en virtud de esta norma general, a la cuestión de la validez de esa patente suscitada por vía de excepción en el marco de la acción por violación de patente. |

| 62 | No obstante, procede señalar que ese principio de competencia del órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya planteado el litigio para conocer de la parte relativa a la validez de una patente expedida o validada en un Estado tercero puede verse limitado por normas especiales como las establecidas en el artículo 73 del Reglamento Bruselas I bis. |

| 63 | Así, en virtud del artículo 73, apartado 1, del referido Reglamento, los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes del Convenio de Lugano son exclusivamente competentes para conocer de las cuestiones relativas a la validez de una patente expedida en alguno de esos Estados contratantes, ya que este Convenio contiene, en su artículo 22, punto 4, una norma análoga a la que figura en el artículo 24, punto 4, de dicho Reglamento. |

| 64 | Asimismo, un convenio bilateral celebrado entre un Estado miembro y un Estado tercero en las condiciones previstas en el artículo 73, apartado 3, del mismo Reglamento puede estipular que los órganos jurisdiccionales de ese Estado tercero tengan competencia exclusiva para conocer de litigios relativos a la validez de patentes expedidas en este último Estado. |

| 65 | Por otro lado, en las condiciones previstas en los artículos 33 y 34 del Reglamento Bruselas I bis, el órgano jurisdiccional de un Estado miembro cuya competencia se base en el artículo 4 de ese Reglamento puede verse obligado a reconocer la competencia de los órganos jurisdiccionales de Estados terceros y a suspender el procedimiento, o incluso a poner fin al procedimiento iniciado ante él, cuando ya exista un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional de un tercer Estado en el momento en que se ejercita ante él una acción que tenga el mismo objeto, la misma causa y las mismas partes que la acción que se esté tramitando ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado o se interpone ante él una demanda conexa a la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado. |

| 66 | Sin perjuicio de que el tribunal remitente compruebe este extremo, no parece que en el caso de autos deba tenerse en cuenta ninguna limitación establecida por esas normas especiales. En efecto, la República de Turquía no es un Estado contratante del Convenio de Lugano y los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no contienen indicación alguna en cuanto a la existencia de un convenio aplicable entre el Reino de Suecia y ese Estado tercero o de un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional de dicho Estado tercero, en el sentido de los artículos 33 y 34 del Reglamento Bruselas I bis. |

| 67 | Por otro lado, como señaló el Abogado General en el punto 23 de sus conclusiones de 22 de febrero de 2024, el Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, no contiene ninguna disposición que defina o limite expresamente las competencias de los órganos jurisdiccionales de las partes contratantes para conocer de litigios transfronterizos relativos a la patente europea. |

| 68 | Dicho esto, hay que determinar si la competencia, basada en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro para conocer de la cuestión de la validez de una patente expedida o validada en un Estado tercero, cuando tal cuestión se suscite por vía de excepción en el marco de una acción por violación de patente ejercitada ante dicho órgano jurisdiccional, está limitada por el Derecho internacional general. |

| 69 | A este respecto, es preciso recordar que las normas y los principios del Derecho internacional general vinculan, como tales, a las instituciones de la Unión y forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de febrero de 2018, Western Sahara Campaign UK, [C‑266/16](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A118&locale=es), [EU:C:2018:118](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A118), apartado [47](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A118&anchor=#point47), y de 7 de mayo de 2020, Rina, [C‑641/18](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A349&locale=es), [EU:C:2020:349](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A349), apartado [54](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A349&anchor=#point54) y jurisprudencia citada). De ello se desprende que los actos adoptados en ejercicio de las competencias de la Unión, como el Reglamento Bruselas I bis, deben interpretarse, y su ámbito de aplicación circunscribirse, a la luz de esas normas y principios (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de noviembre de 1992, Poulsen y Diva Navigation, [C‑286/90](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1992%3A453&locale=es), [EU:C:1992:453](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1992%3A453), apartado [9](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1992%3A453&anchor=#point9), y de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, [C‑402/05 P y C‑415/05 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2008%3A461&locale=es), [EU:C:2008:461](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2008%3A461), apartado [291](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2008%3A461&anchor=#point291)]. |

| 70 | Pues bien, por una parte, procede indicar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, motivada por la situación del domicilio del demandado en el territorio de dicho Estado miembro, para pronunciarse sobre un litigio que, por su objeto, esté vinculado, al menos parcialmente, a un Estado tercero, no es contraria al principio de Derecho internacional del efecto relativo de los tratados (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de marzo de 2005, Owusu, [C‑281/02](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2005%3A120&locale=es), [EU:C:2005:120](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2005%3A120), apartados [30](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2005%3A120&anchor=#point30) y [31](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2005%3A120&anchor=#point31)). |

| 71 | Por otra parte, es preciso señalar que la competencia de los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado debe ejercerse respetando el principio de no injerencia, en virtud del cual un Estado no puede inmiscuirse en los asuntos que son esencialmente de la competencia nacional de otro Estado. |

| 72 | En el ejercicio de sus competencias, un Estado puede expedir, validar y registrar títulos de propiedad intelectual que, en el territorio de ese Estado, confieran a su titular derechos exclusivos de propiedad intelectual, como una patente. Del Informe del Sr. P. Jenard sobre el Convenio, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil ([DO 1979, C 59, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:C:1979:059:TOC); texto en español en [DO 1990, C 189, p. 122](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:C:1990:189:TOC)), se desprende asimismo que una de las razones por las que el artículo 16, punto 4, de dicho Convenio —que coincide con el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis— confirió competencia exclusiva a los órganos jurisdiccionales del Estado contratante que hubiese expedido la patente para pronunciarse sobre los litigios en materia de inscripción o validez de esta reside en el hecho de que «la concesión de una patente nacional depende de la soberanía nacional». Además, como se ha señalado en el apartado 36 de la presente sentencia, esta competencia exclusiva se justifica tanto por el hecho de que la expedición de las patentes implica la intervención de la administración nacional como por el hecho de que esos órganos jurisdiccionales se encuentran en mejores condiciones para conocer de los casos en los que el propio litigio versa sobre la validez de la patente o sobre la existencia del depósito o del registro. |

| 73 | Pues bien, dado que una resolución judicial que anula una patente afecta a la existencia o, en caso de anulación parcial, al contenido de esos derechos exclusivos, únicamente los órganos jurisdiccionales competentes de ese Estado pueden dictar tal resolución. En efecto, del principio de no injerencia mencionado en el apartado 71 de la presente sentencia se desprende que solo los órganos jurisdiccionales del Estado tercero de expedición o de validación de una patente son competentes para declarar la nulidad de la patente mediante una resolución que pueda conllevar la modificación del registro nacional de ese Estado en lo que atañe a la existencia o al contenido de dicha patente. |

| 74 | En cambio, el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado, como en el litigio principal, sobre la base del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, una acción por violación de patente en cuyo marco se suscite, por vía de excepción, la cuestión de la validez de una patente expedida o validada en un Estado tercero es competente para pronunciarse sobre esta cuestión si no resulta aplicable ninguna de las limitaciones contempladas en los apartados 63 a 65 de la presente sentencia, dado que la resolución de ese órgano jurisdiccional solicitada al respecto no puede afectar a la existencia o al contenido de la patente en ese Estado tercero ni conllevar la modificación del registro nacional de ese Estado. |

| 75 | En efecto, como señaló el Abogado General en el punto 62 de sus conclusiones de 22 de febrero de 2024 y como indicaron las partes en el litigio principal y la Comisión Europea en la vista celebrada el 14 de mayo de 2024 ante el Tribunal de Justicia, tal resolución solo produce efectos inter partes, es decir, tiene un alcance limitado a las partes del procedimiento. Así pues, cuando la cuestión de la validez de una patente expedida en un Estado tercero se haya suscitado por vía de excepción en el marco de una acción por violación de esa patente ejercitada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, mediante dicha excepción solo se pretende obtener una resolución por la que se desestime la acción y no una resolución que conlleve la anulación total o parcial de dicha patente. En particular, la referida resolución no podrá incluir en ningún caso una orden dirigida a la autoridad administrativa responsable de la llevanza del registro nacional del Estado tercero de que se trate. |

| 76 | De todas las consideraciones anteriores se desprende que procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros ni les confiere, por consiguiente, competencia alguna, exclusiva o no, para apreciar la validez de una patente expedida o validada en esos Estados. Si un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conoce, sobre la base del artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, de una acción por violación de una patente expedida o validada en un Estado tercero en cuyo marco se ha suscitado, por vía de excepción, la cuestión de la validez de esa patente, dicho órgano jurisdiccional será competente, con arreglo al mencionado artículo 4, apartado 1, para pronunciarse sobre tal excepción, sin que su decisión al respecto pueda afectar a la existencia o al contenido de la patente en ese Estado tercero o conllevar la modificación del registro nacional de ese Estado. |

Costas

| 77 | Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. |

|  | En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: |

|  | | 1) | El artículo 24, punto 4, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,  debe interpretarse en el sentido de que  el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado, en virtud del artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro seguirá siendo competente para conocer de esa acción cuando el demandado impugne, por vía de excepción, la validez de la patente, mientras que la competencia para pronunciarse sobre dicha validez corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro. | |

|  | | 2) | El artículo 24, punto 4, del Reglamento n.o 1215/2012  debe interpretarse en el sentido de que  no se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros ni les confiere, por consiguiente, competencia alguna, exclusiva o no, para apreciar la validez de una patente expedida o validada en esos Estados. Si un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conoce, sobre la base del artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, de una acción por violación de una patente expedida o validada en un Estado tercero en cuyo marco se ha suscitado, por vía de excepción, la cuestión de la validez de esa patente, dicho órgano jurisdiccional será competente, con arreglo al mencionado artículo 4, apartado 1, para pronunciarse sobre tal excepción, sin que su decisión al respecto pueda afectar a la existencia o al contenido de la patente en ese Estado tercero o conllevar la modificación del registro nacional de ese Estado. | |

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|  | Firmas |

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(
[\*1](#c-ECR_62022CJ0339_ES_01-E0001)
) Lengua de procedimiento: sueco.

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