Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 19.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 69/12 |

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Recurso interpuesto el 31 de enero de 2005 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-36/05)

(2005/C 69/22)

Lengua de procedimiento: español

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 31 de enero de 2005 un recurso contra el Reino de España formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por D. Ramón Vidal y D. Wouter Wils, agentes de su Servicio Jurídico, que designa domicilio en Luxemburgo.

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

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| 1. | Declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 1 y 5 de la Directiva 92/100/CEE[(1)](#ntr1-C_2005069ES.01001201-E0001) del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, al eximir de la obligación de remunerar a los autores por los préstamos públicos de obras amparadas por derechos de autor los préstamos concedidos por la práctica totalidad, sino la totalidad, de las categorías de establecimientos. |

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| 2. | Condene en costas al Reino de España. |

Motivos y principales alegaciones:

El artículo 1 de la Directiva 92/100/CEE obliga a los Estados miembros a reconocer a los autores el derecho exclusivo de autorizar el préstamo de sus obras. El artículo 5(1) de la Directiva permite que los Estados miembros pueden prever excepciones a este derecho exclusivo, siempre y cuando al menos los autores obtengan una remuneración por los préstamos no autorizados. Con arreglo al artículo 5(3) de la Directiva, los Estados miembros únicamente pueden «eximir» del pago de dicha remuneración a «determinadas categorías de establecimientos».

Los artículos 17 y 19 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) reconocen, en principio, el derecho exclusivo de los autores a autorizar los préstamos de sus obras. No obstante, el artículo 37.2 de la LPI vacía de contenido ese derecho al exceptuar prácticamente todos, si no todos, los préstamos tanto de la obligación de obtener la autorización previa de los autores como de la obligación de satisfacerles una remuneración. La Comisión considera, por ello, que el artículo 37.2 de la LPI es contrario a las obligaciones que incumben al Reino de España en virtud del artículo 1 en relación con el artículo 5(1) y 5(3) de la Directiva.

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