Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 23.7.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 269/1 |

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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Orientaciones para garantizar el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)

(2016/C 269/01)

Índice

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| 1. | Introducción | 1 |

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| 2. | Contenido y estatuto jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales | 2 |

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| 2.1. | Contenido de la Carta | 2 |

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| 2.2. | Estatuto jurídico y aplicabilidad de la Carta | 3 |

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| 2.2.1. | Estatuto jurídico de la Carta | 3 |

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| 2.2.2. | Aplicabilidad de la Carta | 3 |

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| 3. | Ejecución de los Fondos EIE y la Carta | 3 |

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| 3.1. | Establecimiento de la estrategia de intervención de los Fondos EIE y preparación de los documentos de programación (preparación de marcos estratégicos, Acuerdos de asociación, programas, etc.) | 4 |

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| 3.2. | Establecimiento de los sistemas de gestión, seguimiento y control | 5 |

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| 3.3. | Ejecución de programas y realización de acciones concretas establecidas en una descripción del proyecto para trabajos realizados al ejecutar los Fondos EIE | 5 |

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| 3.4. | Aplicabilidad de la Carta en el contexto de la Política de cohesión: ¿por qué es relevante la Carta para las autoridades estatales que gestionan los Fondos EIE? | 6 |

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| 4. | Cómo evaluar la conformidad con la Carta: Lista de control de los Derechos Fundamentales | 6 |

Anexos

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| — | Anexo I — Ejemplos de ejecución del Derecho de la UE por parte de los Estados miembros en el contexto de los Fondos EIE |  |

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| — | Anexo II — Derechos fundamentales en la UE más allá de la Carta |  |

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| — | Anexo III — Preguntas fundamentales |  |

1.   INTRODUCCIÓN

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Carta») adquirió carácter jurídico vinculante en la UE con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, y ahora tiene la misma validez jurídica que los Tratados de la UE. Por ello, el respeto de los derechos fundamentales consagrado en la Carta es una obligación jurídica para las instituciones, órganos, organismos y oficinas de la UE en todos sus actos, así como para los Estados miembros en la ejecución del Derecho de la UE.

El propósito de esta guía es explicar a los Estados miembros la importancia de garantizar el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales en la ejecución de los Fondos EIE, así como proporcionar una herramienta práctica, la «Lista de control de los Derechos Fundamentales», para ayudar a los Estados miembros a controlar que los Fondos EIE no ejecuten medidas que vayan en contra de la Carta.

La guía contiene explicaciones sobre el contenido, el estatuto jurídico y la aplicabilidad de la Carta en general, así como en el marco de los Fondos EIE. También explica su ejecución en el contexto de los Fondos EIE y las posibles consecuencias del incumplimiento de la Carta. Estas Orientaciones también contienen recomendaciones para los agentes implicados sobre cómo llevar a cabo la evaluación de la conformidad de las acciones con la Carta e identifica acciones en el contexto de los Fondos EIE que se consideran acciones de ejecución del Derecho de la UE.

2.   CONTENIDO Y ESTATUTO JURÍDICO DE LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

2.1.   Contenido de la Carta

La Carta contiene derechos y principios relacionados con seis temas: Dignidad, Libertades, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía y Justicia, como se resume en la siguiente tabla.

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| Capítulo I «Dignidad» (artículos 1-5):   |  |  | | --- | --- | | — | dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la integridad de la persona, prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado; | |
| Capítulo II «Libertades» (artículos 6-19):   |  |  | | --- | --- | | — | derecho a la libertad y a la seguridad, respeto de la vida privada y familiar, protección de datos de carácter personal, derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, libertad de expresión y de información, libertad de reunión y de asociación, libertad de las artes y de las ciencias, derecho a la educación, libertad profesional y derecho a trabajar, libertad de empresa, derecho a la propiedad, derecho de asilo, protección en caso de devolución, expulsión y extradición; | |
| Capítulo III «Igualdad» (artículos 20-26):   |  |  | | --- | --- | | — | igualdad ante la ley, no discriminación, diversidad cultural, religiosa y lingüística, igualdad entre mujeres y hombres, derechos del niño, derechos de las personas mayores, integración de personas con discapacidad; | |
| Capítulo IV «Solidaridad» (artículos 27-38):   |  |  | | --- | --- | | — | derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa, derecho de negociación y de acción colectiva, derecho de acceso a los servicios de colocación, protección en caso de despido injustificado, condiciones de trabajo justas y equitativas, prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo, vida familiar y vida profesional, seguridad social y ayuda social, protección de la salud, acceso a los servicios de interés económico general, protección del medio ambiente, protección de los consumidores; | |
| Capítulo V «Ciudadanía» (artículos 39-46):   |  |  | | --- | --- | | — | derecho de ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales, derecho a una buena administración, derecho de acceso a los documentos, derecho a acudir al Defensor del Pueblo Europeo, derecho de petición, libertad de circulación y de residencia, protección diplomática y consular; | |
| Capítulo VI «Justicia» (artículos 47-50):   |  |  | | --- | --- | | — | derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, presunción de inocencia y derechos de la defensa, principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito. | |

El texto de la Carta puede consultarse en el siguiente enlace:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

Las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales ofrecen orientación acerca del significado de las disposiciones de la Carta y pueden consultarse en el siguiente enlace:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32007X1214(01)

Para contribuir a una mayor concienciación en materia de derechos fundamentales, la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) ha desarrollado una sencilla herramienta en línea denominada Charterpedia, que recopila el Derecho internacional, el Derecho de la UE y las constituciones nacionales en el ámbito de los derechos fundamentales en relación con los temas, capítulos y artículos de la Carta[(1)](#ntr1-C_2016269ES.01000101-E0001).

2.2.   Estatuto jurídico y aplicabilidad de la Carta

2.2.1.   Estatuto jurídico de la Carta

El Tratado de Lisboa otorga a la Carta el mismo valor jurídico que a los Tratados de la UE. Tiene carácter jurídico vinculante y el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Carta es un requisito legal.

De conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Carta, sus disposiciones están dirigidas a las instituciones, órganos, organismos y oficinas de la UE sujetos al principio de subsidiariedad, y a los Estados miembros en su ejecución del Derecho de la UE. De acuerdo con esto, deben respetar los derechos y observar los principios consagrados en la Carta, así como fomentar su aplicación con arreglo a sus respectivas competencias al adoptar y ejecutar normativas. El artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 51, apartado 2, de la Carta precisan que las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados.

El requisito de respetar los derechos definidos en la Carta solo es vinculante para los Estados miembros cuando actúan en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE. En relación con los Estados miembros, la Carta se aplica a todas las «manifestaciones del Estado». Por lo tanto, se aplica tanto a las autoridades centrales, como a las autoridades regionales, locales y otras autoridades públicas en la ejecución el Derecho de la UE.

En el contexto de la ejecución de los Fondos EIE, todas las acciones de los Estados miembros realizadas para ejecutar los reglamentos aplicables se encuentran en el ámbito del Derecho de la UE. La Carta puede aplicarse a beneficiarios de Fondos EIE, independientemente de su forma jurídica, a los que se haya responsabilizado, con arreglo a una medida adoptada por un Estado miembro, de prestar un servicio público controlado por el Estado y que, para este fin, tengan facultades especiales que van más allá de las que se derivarían de las normas habituales aplicables a las relaciones entre personas físicas.

Mientras que el respeto de los derechos fundamentales consagrado en la Carta es un requisito legal, no existe ninguna obligación legal en virtud de la Carta de tomar medidas activas de fomento de los derechos consagrados en la misma, pero se anima a los Estados miembros a adoptar estas medidas si lo desean.

2.2.2.   Aplicabilidad de la Carta

De conformidad con el artículo 51, apartado 1, la Carta está dirigida a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.

En consonancia con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que interpreta estas disposiciones, el concepto de «Estados miembros que aplican el Derecho de la Unión» no significa que los Estados miembros estén aplicando automáticamente el Derecho de la Unión cuando conceden ayuda en virtud de los Fondos EIE, independientemente de cuál es la «medida nacional» o «legislación nacional» que hay detrás del acto atacado por un denunciante o solicitante.

Para determinar si una normativa nacional guarda relación con la aplicación del Derecho de la Unión, según el Tribunal de Justicia, «se ha de comprobar, entre otros:

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| — | si la finalidad de la normativa nacional considerada es aplicar una disposición del Derecho de la Unión; |

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| — | el carácter de esa normativa, |

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| — | si persigue objetivos distintos de los previstos por el Derecho de la Unión, aun cuando pueda afectar indirectamente a este último, |

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| — | si existe una normativa específica del Derecho de la Unión en la materia o que la pueda afectar.» |

El razonamiento anterior sería aplicable mutatis mutandis a cualquier medida nacional de ejecución del Derecho de la UE, legislativa o no.

El Tribunal también ha confirmado que, en la política de cohesión, al igual que en otros ámbitos, el concepto de «aplicar el Derecho de la Unión» requiere un cierto grado de vinculación más allá de que las cuestiones cubiertas estén estrechamente relacionadas entre sí o que alguna de ellas tenga un impacto indirecto sobre la otra.

La consecuencia de esta jurisprudencia es que será necesario examinar si en un caso práctico una medida nacional está destinada a aplicar una disposición de Derecho de la Unión o no.

La aplicación del Derecho de la UE en el contexto de la ejecución de los Fondos EIE se explica en la sección 3 más abajo y en el anexo I.

3.   EJECUCIÓN DE LOS FONDOS EIE Y LA CARTA

En el contexto de la ejecución de la política de cohesión, las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales serán aplicables en las condiciones indicadas a continuación.

El principio de no discriminación se ha reforzado en el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo[(2)](#ntr2-C_2016269ES.01000101-E0002) (en lo sucesivo, «el RDC») a través de la introducción de una comprobación ex ante de la existencia de las disposiciones para asegurar que se respeten.

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, los Estados miembros y la Comisión deben garantizar que se respeten los principios de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación en la preparación y ejecución de los programas.

En lo relativo al principio de no discriminación por razón de discapacidad y el principio de integración de personas con discapacidad, conviene especificar que la UE es Parte de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas[(3)](#ntr3-C_2016269ES.01000101-E0003). Las consecuencias jurídicas de la ratificación de la CDPD de las Naciones Unidas por parte de la Unión para la gestión de los Fondos EIE se describen en el anexo II.

El artículo 4, apartado 2 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 exige a la Comisión y los Estados miembros que garanticen que el respaldo de los Fondos EIE sea coherente con las políticas y los principios horizontales pertinentes como se establece, entre otros, en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 y las prioridades de la Unión.

El marco jurídico aplicable a la política de cohesión se ha reforzado aún más para garantizar que los Estados miembros dispongan de un sistema para gestionar reclamaciones, incluidas aquellas que aleguen una violación de la Carta de los Derechos Fundamentales.

En el contexto de los Fondos EIE, la disposición del Derecho de la UE que desencadena la aplicación de la Carta puede hallarse en los siguientes Reglamentos y Directivas de la UE:

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| 1. | El RDC. |

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| 2. | Reglamentos específicos relativos a cada Fondo. |

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| 3. | Reglamentos delegados y de ejecución de la Comisión adoptados sobre la base del RDC o los reglamentos específicos relativos a cada Fondo. |

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| 4. | Otros Reglamentos y Directivas de la UE aplicables a las acciones de los Estados miembros destinadas a ejecutar los Fondos EIE. Va más allá del propósito de estas Orientaciones identificar las medidas nacionales de ejecución del resto de Reglamentos y Directivas de la UE aplicables a las acciones de los Estados miembros destinadas a ejecutar los Fondos EIE. Sin embargo, las autoridades nacionales están obligadas a respetar la Carta también en este contexto. |

En el ámbito de los Fondos EIE, los Estados miembros están aplicando el Derecho de la UE al establecer la estrategia de intervención de los Fondos EIE y preparar los documentos de programación (1), al establecer el sistema de gestión, seguimiento y control (2), y al ejecutar programas (3) con arreglo al conjunto de Reglamentos citados en los puntos 1 a 3. Por ello, en las siguientes fases los Estados miembros deberían velar por la conformidad con la Carta
[(4)](#ntr4-C_2016269ES.01000101-E0004):

3.1.   Establecimiento de la estrategia de intervención de los Fondos EIE y preparación de los documentos de programación (preparación de marcos estratégicos, Acuerdos de asociación, programas, etc.)

Se considera que los Estados miembros actúan en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE cuando adoptan actos o elaboran documentos con arreglo a una obligación incluida en el RDC o cualquiera de sus actos delegados y de ejecución. Esto incluye, a modo de ejemplo, la preparación del Acuerdo de asociación o de programas operativos (PO).

Cuando los Estados miembros elaboran este tipo de documentos, deben asegurarse, con ayuda de la «Lista de control de los Derechos Fundamentales», de que el contenido del documento es conforme con las disposiciones de la Carta. El contenido del documento debe respetar los derechos protegidos por la Carta y observar los principios que esta contiene.

En este contexto, los derechos y principios más relevantes son los siguientes: igualdad ante la ley, no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, integración de personas con discapacidad, derecho a la propiedad y protección del medio ambiente.

3.2.   Establecimiento de los sistemas de gestión, seguimiento y control

Se considera que los Estados miembros actúan en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE cuando establecen las estructuras y los procedimientos que requiere el RDC para la gestión, el seguimiento y el control de los Fondos EIE o, si no se requieren de forma explícita, cuando establecen dichas estructuras para la ejecución del RDC, Reglamentos específicos relativos a los Fondos o cualquiera de sus actos delegados y de ejecución. Esto incluye la designación de las autoridades y los organismos intermedios, los acuerdos de trabajo entre ellos, el establecimiento del Comité de Seguimiento y la adopción de manuales de procedimientos.

Al hacerlo, las autoridades de los Estados miembros deben asegurarse de que se respeten los derechos y principios de la Carta. En este contexto, las disposiciones más relevantes son los artículos 7, 8 y 41 y 47 de la Carta.

El artículo 47 reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, incluido el derecho a ser oído. El artículo 7 versa sobre el respeto de la vida privada y familiar. El artículo 8 trata sobre la protección de los datos de carácter personal, mientras que el artículo 41 trata de la obligación de la administración a motivar sus decisiones.

El derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial debe garantizarse en todos los procedimientos que se realicen para dar cumplimiento a las disposiciones del RDC, los Reglamentos específicos relativos a los Fondos o sus actos delegados y de ejecución.

Por ejemplo, en el caso del TJUE C-562/12 Liivimaa Lihaveis MTÜ vs. Eesti-Läti programmi 2007-2013, el Seirekomitee (Comité de Seguimiento) ha estado siguiendo la ejecución del programa de cooperación transfronteriza entre Estonia y Letonia: el Seirekomitee, un organismo formado por representantes de ambos Estados miembros, tomó las decisiones finales acerca de la evaluación cualitativa de las aplicaciones del proyecto en virtud de dicho programa. El Comité también adoptó un manual del programa, que estipulaba que sus decisiones no podían estar sujetas a apelación ante un órgano jurisdiccional nacional. Aunque la adopción de un manual del programa no se establecía de forma explícita ni en la legislación aplicable del período de programación 2007-2013 ni en ninguna disposición de aplicación de la UE, el TJUE concluyó que era evidente que el manual se había adoptado con la intención de aplicar el Derecho de la UE y que era vinculante para cualquier persona que deseara obtener ayuda con arreglo a dicho programa. Por este motivo, se consideró que la Carta, incluido el artículo 47, era aplicable en este caso. El TJUE sostuvo que excluir del manual del programa la revisión judicial ante un órgano jurisdiccional nacional de una sentencia de denegación de concesión no es conforme con el artículo 47.

En relación con la organización de la asociación, los derechos y principios más relevantes de la Carta incluyen los siguientes: no discriminación, diversidad lingüística, igualdad entre mujeres y hombres e integración de las personas con discapacidad, mientras que en lo relativo a la formulación de normas de afiliación, por ejemplo, sería necesario prestar especial atención a los derechos y principios de no discriminación, diversidad lingüística e igualdad entre mujeres y hombres.

En lo que respecta a las funciones y obligaciones del Comité de Seguimiento, en el marco del establecimiento de un sistema de gestión, seguimiento y control, los derechos y principios más relevantes de la Carta incluirían los de protección de los datos de carácter personal, no discriminación, diversidad lingüística, igualdad entre mujeres y hombres, integración de personas con discapacidad, igualdad ante la ley y derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

3.3.   Ejecución de programas y realización de acciones concretas establecidas en una descripción del proyecto para trabajos realizados al ejecutar los Fondos EIE

La ejecución de los programas requiere acciones de la autoridad de gestión y los organismos intermedios[(5)](#ntr5-C_2016269ES.01000101-E0005):. Estas acciones, como por ejemplo lanzar convocatorias de propuestas, seleccionar operaciones, firmar acuerdos de subvención, realizar el seguimiento de la ejecución, comprobar las reclamaciones de pago de los beneficiarios, realizar verificaciones in situ, supervisar el trabajo de los organismos intermedios, enviar reclamaciones de pago o preparar y presentar informes, son acciones de aplicación del Derecho de la UE.

Las responsabilidades de las autoridades de certificación en virtud del artículo 126 RDC también suponen tomar medidas de aplicación del Derecho de la UE. También las autoridades de auditoría, cuando preparan una estrategia de auditoría, llevan a cabo la auditoría o preparan un dictamen e informes de auditoría.

Además, como se expone en el capítulo 2.2, Estatuto jurídico de la Carta, esta podría aplicarse a determinados beneficiarios si se cumplen las condiciones mencionadas en el capítulo 2.2 (los Estados miembros adoptan una medida que hace a estos beneficiarios, independientemente de su forma jurídica, responsables de prestar un servicio público controlado por el Estado. Para este fin concreto, disponen de facultades especiales que van más allá de las que se derivarían de las normas habituales aplicables a las relaciones entre personas físicas)[(6)](#ntr6-C_2016269ES.01000101-E0006).

Al desarrollar su cometido, las autoridades nacionales deben asegurarse de que se respeten los derechos y principios de la Carta y, en este contexto, los derechos y principios más relevantes de la Carta son el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la protección de los datos de carácter personal, la igualdad ante la ley y la igualdad de mujeres y hombres, la no discriminación y los derechos del niño, la integración de personas con discapacidad y un nivel elevado de protección del medio ambiente, diversidad lingüística, seguridad en el trabajo, libertad de expresión e información, libertad de reunión y de asociación, derecho a la educación, libertad de empresa, derecho a la propiedad, protección en caso de devolución, expulsión y extradición, respeto de la vida privada y familiar.

3.4.   Aplicabilidad de la Carta en el contexto de la Política de cohesión: ¿por qué es relevante la Carta para las autoridades estatales que gestionan los Fondos EIE?

La violación de un derecho fundamental consagrado en la Carta está sujeta a revisión judicial por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Las disposiciones del Derecho de la UE y la legislación nacional basada en el Derecho de la UE deben interpretarse de forma coherente con las obligaciones de la Carta, a fin de dar efecto a los derechos garantizados en virtud de la misma. Cuando un órgano jurisdiccional nacional alberga dudas en cuanto a la aplicabilidad de la Carta o la correcta interpretación de sus disposiciones, puede (y, en el caso de un órgano jurisdiccional nacional de última instancia, debe) plantear al TJUE una cuestión prejudicial. La respuesta del TJUE permite al órgano jurisdiccional nacional decidir sobre el caso. Los órganos jurisdiccionales nacionales utilizan este procedimiento de forma habitual. Ayuda a desarrollar jurisprudencia relacionada con la Carta y refuerza el papel de estos órganos en su defensa.

La Comisión, como guardiana de los Tratados, tiene el poder de intentar poner fin a las violaciones de la Carta. Puede iniciar procedimientos por incumplimiento en contra de los Estados miembros por la no conformidad con la Carta.

Puesto que la Carta se aplica a los Estados miembros solo cuando ejecutan el Derecho de la Unión, la Comisión no puede iniciar procedimientos por incumplimiento por la no conformidad de la legislación nacional con la Carta, si dicha legislación nacional no aplica el Derecho de la UE. Cuando la Carta no sea aplicable, los derechos fundamentales siguen estando garantizados en el ámbito nacional con arreglo a las constituciones o tradiciones constitucionales de los Estados miembros y los convenios internacionales que han ratificado, cuya observación está garantizada por los órganos jurisdiccionales nacionales.

Además, en el contexto de los Fondos EIE, el artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 requiere que las operaciones financiadas con Fondos EIE cumplan con el Derecho aplicable de la UE y la legislación nacional relacionada con su ejecución. Si un Estado miembro no respeta la Carta al realizar acciones o aplicar medidas de ejecución del Derecho de la UE, podría constituir una irregularidad de un operador económico (artículo 2, apartado 36, del RDC). Por ello, la Comisión, cuando proceda, hará uso de los medios de que dispone para asegurar que los Fondos de la UE se utilizan de conformidad con la Carta, en los casos en que sea aplicable, incluidas las interrupciones de los plazos de pago, suspensiones de pagos y correcciones financieras, así como procedimientos por incumplimiento en virtud del artículo 258 TFUE.

El deber de las autoridades nacionales de garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales es especialmente relevante en lo referente a las reclamaciones que reciben los Estados miembros relacionadas con posibles violaciones de la Carta. Relacionada con la cuestión de realizar el seguimiento de la aplicación y ejecución de la Carta en los Estados miembros está la obligación de dichos Estados derivada del artículo 74, apartado 3, del RDC, de establecer mecanismos eficaces para analizar las reclamaciones relacionadas con los Fondos EIE presentadas por personas físicas o jurídicas. Las reclamaciones relacionadas con los Fondos EIE también pueden dirigirse directamente a la Comisión.

4.   CÓMO EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LA CARTA: LISTA DE CONTROL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Se invita a las autoridades nacionales responsables de la ejecución de los Fondos EIE a evaluar exhaustivamente si las acciones y medidas (previstas o ya adoptadas) se encuentran en el ámbito del Derecho de la UE y a comprobar si pueden afectar a los derechos fundamentales consagrados en la Carta.

Como herramienta práctica para ayudarles a realizar esta evaluación, se propone la siguiente lista de control opcional.

I.   COMPROBAR si la acción o medida nacional prevista es la medida de aplicación del Derecho de la UE y, por consiguiente, entra en el ámbito de aplicación de la Carta

Nota: esta comprobación no es necesaria para acciones y documentos que, según se indica en estas Orientaciones, aplican el Derecho de la UE

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| a) | Debe comprobarse si existe alguna obligación en el Derecho de la UE, además de la Carta, aplicable a la acción o medida nacional. |

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| b) | Si existe alguna obligación en el Derecho de la UE, debe comprobarse si la acción o medida nacional está destinada a ejecutarla. |

II.   COMPROBAR si existe una posible violación de los derechos fundamentales

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| 1. | ¿A qué derechos fundamentales afecta? (Analizar la acción o medida prevista en contra de los derechos fundamentales de la Carta, así como las «Preguntas fundamentales» del anexo III ofrece una primera indicación de a qué derechos fundamentales afecta) |

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| 2. | ¿Se trata de derechos absolutos? (Como, por ejemplo, la prohibición de la tortura y la prohibición de la esclavitud y la servidumbre). |

Si se determina que la acción o medida analizada limita un derecho absoluto, debería descartarse ya en esta fase, ya que los derechos absolutos no pueden limitarse y no es necesario un análisis más profundo con arreglo a los puntos 3-6.

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| 3. | ¿Cuál es el efecto de la acción o medida prevista teniendo en cuenta los derechos fundamentales? Este paso pretende identificar, para todas las partes interesadas, cualquier efecto positivo (fomento de los derechos fundamentales) o negativo (limitación de los mismos). |

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| 4. | ¿Tiene la acción o medida prevista un efecto tanto positivo como negativo, en función de los derechos fundamentales afectados (por ejemplo, un efecto negativo en la libertad de expresión y positivo en la propiedad intelectual)? |

Si el análisis revela que la acción o medida prevista no tendría una incidencia importante en los derechos fundamentales o solo efectos positivos, no se requiere un análisis más profundo con arreglo a los puntos 5 y 6. Si identifica efectos negativos, considere lo siguiente:

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| 5. | ¿Prevería la legislación de forma clara y predecible la limitación de los derechos fundamentales o el efecto negativo sobre los mismos? |

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| 6. | Esta limitación o efecto negativo:   |  |  | | --- | --- | | — | ¿Cumplirían realmente un objetivo del interés general de la Unión o protegerían los derechos y libertades de los demás? (Este paso debería identificar qué objetivo de interés general o protección de derechos y libertades de los demás.) |  |  |  | | --- | --- | | — | ¿Serían necesarios para lograr el objetivo deseado? (Este paso debe analizar si la medida es adecuada y efectiva para lograr el objetivo perseguido sin ir más allá de lo necesario para conseguirlo. ¿Por qué no existe una medida igual de efectiva, pero que suponga una menor injerencia?) |  |  |  | | --- | --- | | — | ¿Serían proporcionales al objetivo perseguido? |  |  |  | | --- | --- | | — | ¿Se ajustarían al contenido esencial de los derechos fundamentales en cuestión? | |

Si todas estas preguntas pueden responderse afirmativamente, la limitación del derecho fundamental afectado puede considerarse legítima.

Para ilustrar el uso de esta lista de control, más abajo se ofrece un ejemplo concreto de cómo se utiliza basado en los hechos del caso C-401/11 Blanka Soukupová vs. Ministerstvo zemědělství y la evaluación del Tribunal de Justicia en su sentencia de 11 de abril de 2013.

El Estado miembro en cuestión había establecido un plan de ayuda por cese anticipado de la actividad para agricultores cofinanciado por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA). El concepto de «edad de jubilación» para poder participar en este plan fue definido por la legislación nacional. La legislación nacional determinó una edad de jubilación que variaba en función del sexo del solicitante y, en el caso de las mujeres, del número de hijos criados.

Si se aplica la lista a este caso concreto, deben analizarse las siguientes preguntas:

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|  | 1. | ¿A qué derechos fundamentales afecta?  El plan de ayuda por cese anticipado de la actividad afecta al principio de igualdad de trato y no discriminación consagrado en los artículos 20, 21, apartado 1, y 23 de la Carta. |

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|  | 2. | ¿Se trata de derechos absolutos?  No, los derechos consagrados en los artículos 20, 21, apartado 1, y 23 de la Carta no son derechos absolutos. |

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|  | 3. | ¿Cuál es el efecto de la acción o medida prevista teniendo en cuenta los derechos fundamentales? Este paso pretende identificar, para todas las partes interesadas, cualquier efecto positivo (fomento de los derechos fundamentales) o negativo (limitación de los mismos).  Debido a que la «edad de jubilación normal» se determina de modo distinto en función del sexo del solicitante para optar a la ayuda al cese anticipado de la actividad agraria y que, en el caso de las solicitantes mujeres, depende del número de hijos criados por la solicitante, el plan de ayuda por cese anticipado de la actividad tiene un impacto negativo en el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres y deja a las agricultoras en situación de desventaja respecto a los agricultores. |

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|  | 4. | ¿Tiene la acción o medida prevista un efecto tanto positivo como negativo, en función de los derechos fundamentales afectados?  La acción prevista solo tiene un efecto negativo en el derecho afectado, en especial para las mujeres que han criado más hijos. Las mujeres que han criado más hijos disponen objetivamente de un plazo más corto que los hombres y mujeres que han criado menos hijos para presentar la solicitud de registro en el plan de ayudas al cese anticipado de la actividad. |

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|  | 5. | ¿Prevería la legislación de forma clara y predecible la limitación de los derechos fundamentales o el efecto negativo sobre los mismos?  Sí, el concepto de «edad de jubilación normal» se definió en la legislación nacional. |

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|  | 6. | Esta limitación o efecto negativo:   |  |  | | --- | --- | | — | ¿Cumple realmente un objetivo del interés general de la Unión o protege los derechos y libertades de los demás?  No, la diferencia de trato no cumple ningún objetivo de interés general de la Unión ni protege los derechos y libertades de los demás. |  |  |  | | --- | --- | | — | ¿Son necesarios para lograr el objetivo deseado? (Este paso debe analizar si la medida es adecuada y efectiva para lograr el objetivo perseguido sin ir más allá de lo necesario para conseguirlo. ¿Por qué no existe una medida igual de efectiva, pero que suponga una menor injerencia?);  No, la medida no es necesaria para lograr el objetivo deseado, que es incitar a estos agricultores a que, con independencia de su sexo y del número de hijos que hayan criado, abandonen prematuramente y de modo definitivo sus actividades agrarias, a fin de garantizar una mayor viabilidad de las explotaciones agrarias. Dichos agricultores, tanto hombres como mujeres, pueden solicitar dicha ayuda siempre que hayan abandonado definitivamente toda actividad agraria con fines comerciales tras haberla ejercido durante los diez años anteriores a la cesión de su explotación y no sean menores de cincuenta y cinco años, pero no tengan aún la edad de jubilación normal en el momento de dicha cesión. El objetivo deseado también podría haberse logrado evitando hacer una distinción basada en el sexo o el número de hijos criados. |   Puesto que las preguntas no pueden responderse afirmativamente, la limitación del derecho fundamental afectado (igualdad de trato) no puede considerarse legítima y constituye una violación de los artículos 20, 21, apartado 1, y 23 de la Carta. |

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