Source: EURLEX
Language: es
Format: md

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 1

I

( Comunicaciones )

COMISIÓN

NOVENO INFORME ANUAL

al Parlamento Europeo

sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario

— 1991 —

( 92 / C 250 / 01 )

COM(92 ) 136 final

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 3

INDICE

Página

I. INTRODUCCIÓN 6

II . ANÁLISIS POR SECTORES 8

A. El espacio sin fronteras 8

1 . Eliminación de las fronteras físicas 10

a ) Unión aduanera 10

b ) Libre circulación de los productos agrícolas 11

2 . Supresión de las fronteras técnicas 13

a ) La libre circulación de mercancías 13

b ) El mercado de los servicios y de los capitales 17

1 . El mercado de los servicios 17

2 . La circulación de capitales 18

c ) Libre prestación de servicios financieros, fiscalidad directa y derecho de sociedades .... 19

3 . Eliminación de las fronteras fiscales 20

4 . Libre circulación de las personas 22

a ) Prohibición de las discriminaciones — Ventajas Sociales y fiscales 22

b ) Entrada y residencia 23

c ) Igualdad de trato en materia de ejercicio de los derechos sindicales 23

d ) Acceso al empleo en la función pública 23

e ) Reconocimiento de los diplomas 23

f ) Agentes comerciales independientes 26

5 . Política de los consumidores y seguridad de los productos 26

B. Empleo y política social 27

1 . Igualdad hombres / mujeres 27

2 . La lucha contra el cáncer 28

3 . Salud y seguridad de los trabajadores migrantes 28

4 . Condiciones de trabajo 28

C. Política agrícola y política pesquera 29

1 . Política agrícola común 29

2 . Política pesquera común 33

D. Competencia 35

1 . Empresas públicas 35

2 . Monopolios comerciales 35

E. Transportes 36

1 . Por carretera 36

2 . Por vía navegable 37

N° C 250 / 4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

Página

F. Medio ambiente 38

1 . Protección de la fauna y de la flora 38

2 . Calidad del agua 38

3 . Calidad del aire 38

4 . Ruido 39

5 . Residuos y productos químicos y bioquímicos 39

G. Energía 39

1 . Productos petrolíferos 39

2 . Tránsito de electricidad — Directiva 90 / 547 / CEE 39

3 . Transparencia de precios — Directiva 90 / 377 / CEE 40

4 . Política del carbón — Decisión 89 / 296 / CECA 40

H. Dimensión exterior 40

1 . Relaciones exteriores 40

2 . Cooperación al desarrollo 40

I. Cuestiones estadísticas, administrativas y presupuestarias 40

1 . Cuestiones estadísticas 40

2 . Personal de las Comunidades 41

3 . Cuestiones presupuestarias 42

III . CUADROS, GRÁFICOS Y ESTADÍSTICAS 42

N° 1 Procedimientos de infracción incoados desde 1987 por fase de procedimiento y por Es ­
tado miembro 43

N° 2 Evolución del número de cartas de emplazamientos de 1986 a 1991 por sector de activi ­
dad 44

N° 3 Evolución del número de dictámenes motivados de 1986 a 1991 por sectores de activi ­
dad 45

N° 4 Evolución del número de recursos ante el Tribunal de Justicia de 1986 a 1991 por sector
de actividad 46

N° 5 Procedimientos de infracción incoados desde 1984 por fase de procedimiento y por sec ­
tor de actividad 47

N° 6 Procedimientos de infracción incoados desde 1984 por sector de actividad y por base
jurídica 48

N° 7 Número de procedimientos de infracción incoados desde 1984 por base jurídica y por
fases de procedimiento 49

N° 8 Número de procedimientos de infracción incoados desde 1988 por Estado miembro, base
jurídica y fase de procedimiento 50

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 5

Página

N° 9 Recursos y sentencias del Tribunal de Justicia desde 1987 51

N° 10 Sentencias del Tribunal de Justicia dictadas hasta el 31 de diciembre de 1991 y todavía
no ejecutadas 55

N° 11 Aplicación del Derecho comunitario por los órganos jurisdiccionales nacionales 70

N° 12 Estadísticas, quejas y casos detectados de oficio 73

IV . ANEXOS

1 . Anexo A : Infracciones a los Tratados y Reglamentos 78

2 . Anexo B : Infracciones a las Directivas 96

3 . Anexo C : Control de la aplicación de las Directivas sobre medio ambiente 150

N° C 250 / 6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

I. INTRODUCCIÓN

El Informe anual sobre el control de la aplicación del
Derecho comunitario ( l ) responde a una solicitud que el
Parlamento Europeo expresó en su resolución de 9 de
febrero de 1983 ( 2 ). En el punto 2 de la Declaración n°

19 relativa a la aplicación del Derecho comunitario,
aneja al Tratado sobre la Unión Europea firmado en
Maastricht el 7 de febrero de 1992, la Conferencia « in ­
vita a la Comisión a publicar periódicamente un informe
completo destinado a los Estados miembros y al Parla ­
mento Europeo ». El presente noveno Informe responde a
esa doble solicitud .

El presente Informe incluye un análisis por sectores de
actividad, seguido de cuadros y gráficos, así como de
tres Anexos :

— una exposición de las infracciones a los Tratados y

Reglamentos, al 31 de diciembre de 1991 ( Anexo A );

— una exposición de las infracciones a las Directivas, al

31 de diciembre de 1991 ( Anexo B );

— una exposición del control de la aplicación de las Di ­

rectivas sobre medio ambiente, al 31 de diciembre de

1991, con arreglo al deseo expresado por el Consejo
Europeo de Dublín de junio de 1990 ( Anexo C ).

Del presente informe se desprenden diversas constatacio ­

nes :

— la incorporación del Derecho comunitario al Derecho

nacional, y en particular la aplicación de las Directi ­
vas, constituyen una preocupación primordial de la

Comunidad, en particular en vísperas de 1993 ;

— las quejas de los ciudadanos siguen constituyendo un

importante elemento de detección de las infracciones .
Además, las preguntas planteadas por los parla ­

(*) Primer Informe anual, COM(84 ) 181 final, de 20 . 4 . 1984 .

Segundo Informe anual, COM(85 ) 149 final, de 23 . 4 . 1985 .
Tercer Informe anual, COM(86 ) 204 final, de 3 . 6 . 1986,
publicado en el DO n° C 220 de 1 . 9 . 1986 .
Cuarto Informe anual, COM(87 ) 250 final, de 24 . 8 . 1987,
publicado en el DO n° C 338 de 16 . 12 . 1987 .
Quinto Informe anual, COM(88 ) 425 final, de 13 . 9 . 1988,
publicado en el DO n° C 310 de 5 . 12 . 1988 .
Sexto Informe anual, COM(89 ) 411 final de 22 . 12 . 1989,
publicado en el DO n° C 330 de 30 . 12 . 1989 .
Séptimo Informe anual, COM(90 ) 288 final, de 22 . 5 . 1990,
publicado en el DO n° C 232 de 17 . 9 . 1990 .
Octavo Informe anual, COM(91 ) 231 final, de 31 . 7 . 1991,
publicado en el DO n° C 338 de 31 . 12 . 1991 .
( 2 ) DO n° C 68 de 14 . 3 . 1983 .

mentarlos desempeñan, a este respecto, un papel cada
vez más significativo ;

— el importante aumento de los procedimientos del ar ­

tículo 169 del Tratado CEE no debe ocultar el hecho
de que la Comisión utiliza dicho instrumento con el
fin de llegar a una regularización de las situaciones
de infracción — y en particular a una aplicación sa ­
tisfactoria de las Directivas — sin tener que recurrir
al procedimiento contencioso ante el Tribunal de
Justicia ;

— los contactos con las administraciones nacionales de ­

sempeñan a este respecto un papel cada vez más im ­

portante ;

— tal es también el caso por lo que se refiere a las acti ­

vidades destinadas a mejorar la comprensión y el co ­

nocimiento del Derecho comunitario .

La aplicación de las Directivas

En el punto 1 de la declaración anteriormente citada,
aneja al Tratado sobre la Unión Europea, « la Conferen ­
cia subraya que es esencial, para la coherencia y unidad
del proceso de construcción europea, que cada Estado
miembro incorpore íntegra y fielmente a su Derecho na ­
cional las Directivas comunitarias de las que sea destina ­
tario, en los plazos establecidos por las mismas ».

La exposición sobre las infracciones a las Directivas, que
figura en el Anexo B, así como el análisis por sectores,
ponen de manifiesto las dificultades a las que se enfren ­
tan los Estados miembros para seguir el ritmo impuesto
por la actividad legislativa de la Comunidad y, en parti ­
cular, por el vencimiento en 1991 de los plazos de incor ­
poración de más de 174 Directivas . La Comisión está
preocupada por los retrasos existentes . Además de recu ­
rrir de un modo sistemático al procedimiento del artículo

169, la Comisión incrementa sus contactos con las auto ­
ridades nacionales tanto para ayudarlas como para evitar
los importantes riesgos que comprometen la apertura de
las fronteras de aquí a 1993 .

En el análisis por sectores se incluyen diversos cuadros
en los que se indica, por sectores de actividad comunita ­
ria, el estado de aplicación de las Directivas aplicables al

31 de diciembre de 1991 ( comunicación de las medidas
de ejecución que se hayan producido hasta esa fecha ).

La situación en varios Estados miembros ha evolucio ­
nado favorablemente desde finales de año ( por ejemplo,
Italia comunicó a finales de febrero — habida cuenta del
calendario de la « Ley comunitaria » italiana — las medi ­
das de ejecución de un centenar de Directivas ), por lo

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 7

que se ha considerado conveniente reproducir aquí, res ­
pecto a las mismas Directivas, además del cuadro al 31
de diciembre de 1991, un cuadro en el que se recogen las
comunicaciones de las medidas de ejecución al 25 de
marzo de 1992 .

Estado al 31 de diciembre de 1991

— de las quejas que presentan los ciudadanos que han

sufrido algún perjuicio en algún sector incluido en el
ámbito del Derecho comunitario . El número de que ­
jas registradas sigue siendo importante, aún cuando

ha disminuido con respecto a 1990 (1 252 en 1990,
frente a 1 052 en 1991 ). Es conveniente subrayar las
garantías de discreción de que gozan las quejas (y
que, naturalmente, se aplican en el presente informe ) ;

— de los casos detectados por los servicios de la Comi ­

sión ( 381 en 1991 frente a 383 en 1990 ). Dichos ser ­
vicios explotan todas las fuentes de información de

que disponen ( reuniones con los expertos en naciona ­
les o en los órganos del Consejo, diarios oficiales de
los Estados miembros, prensa nacional o especiali ­
zada, etc .) Pero, sobre todo, es importante subrayar
que 125 de tales casos provienen directa o indirecta ­
mente de preguntas parlamentarias y otros 17 de pe ­
ticiones dirigadas al Parlamento Europeo .

El recurso al artículo 169 del Tratado CEE

El balance, a este respecto, es el siguiente :

— el volumen total de las cartas de emplazamiento ha

disminuido ( 877 en 1991 frente a 960 en 1990 ). Tal
descenso se basa en el deseo de reducir el número de
procedimientos, lo cual se produce en la agrupación
de los expedientes de infracción en función de su
identidad . Por ejemplo, varias quejas en las que se
denuncia un mismo caso de incumplimiento se agru ­
pan en un único expediente de infracción . Pero tal
descenso se debe también al hecho de que, en 1990,
la Comisión estableció un sistema reforzado de cartas
de emplazamiento por no comunicación de las medi ­
das de ejecución de las Directivas que ha dado lugar
a una importante recuperación ;

— el número total de los dictámenes motivados ha se ­

guido creciendo considerablemente en relación con
los años anteriores ( 412 en 1991 frente 251 en 1990 ).
Tal aumento se debe en gran parte al hecho de que

en cierto número de casos, no se ha dado curso a las
cartas de emplazamiento enviadas en 1990 por no co ­
municación de las medidas de ejecución de las Direc ­
tivas, por lo que los Estados miembros tienen ya que
hacer frente a un número cada vez mayor de proce ­
dimientos incoados ;

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre

de 1991

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunicado

medidas

%

Bélgica 831 733 88

Dinamarca 830 809 97

Alemania 832 773 92,9

Grecia 820 735 89,6

España 826 760 92

Francia 836 795 95

Irlanda 822 7 21 88,6

Italia 840 643 76,5

Luxemburgo 826 718 86,9

Países Bajos 831 752 90

Portugal 819 701 85,5

Reino Unido 824 781 94,7

Estado al 25 de marzo de 1992

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre

de 1991

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunicado

medidas

° / o

Bélgica 831 778 93,6

Dinamarca 830 822 99

Alemania 832 808 97

Grecia 820 769 93,7

España 826 780 94

Francia 836 808 96,6

Irlanda 822 766 93

Italia 840 773 92

Luxemburgo 826 742 89,8

Países Bajos 831 790 95

Portugal 819 739 90

Reino Unido 824 799 96,9

el número de recursos ante el Tribunal de Justicia ha
Medios de detección de las infracciones
descendido ( 64 en 1991 frente a 77 en 1990 ). Tal dis ­
minución pone de manifiesto que, a pesar del fuerte
aumento de los dictámenes motivados, se está produ ­

Al margen del seguimiento de las medidas de aplicación ciendo una regularización de las situaciones de in ­
de las Directivas, la Comisión depende, para sus activi ­ fracción antes del paso a la última fase del procedi ­
dades de control : miento .

N° C 250 / 8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

Los contactos con los Estados miembros

En 1991 se intensificaron los contactos con los Estados

miembros . La Comisión mantiene unas relaciones aún
más estrechas y permanentes que antes con las adminis ­
traciones nacionales . Tal colaboración permite resolver
un número cada vez mayor de casos de infracción . Tam ­
bién permite garantizar un seguimiento casi cotidiano de
la aplicación del Derecho comunitario y del respeto de la
obligación de comunicar las medidas nacionales de eje ­
cución de las Directivas, que incumbe a los Estados
miembros, a fin de detectar y resolver las dificultades
mediante soluciones rápidas y no contenciosas . Con tales
contactos en materia de Directivas, la Comisión tiene
como objetivo no sólo solucionar los retrasos de aplica ­
ción sino también las fechas límite todavía por venir .

Transparencia y simplificación del Derecho comunitario

— Formación

Tal como lo ha indicado el Parlamento Europeo en va ­
rias ocasiones, la situación exige realizar esfuerzos suple ­
mentarios en los sectores de :

— la transparencia y la simplificación del Derecho co ­

munitario . A fin de paliar las dificultades de aplica ­
ción del Derecho comunitario ocasionadas por la
complejidad de la legislación comunitaria, la Comi ­
sión ha puesto en marcha una doblé operación de co ­
dificación :

— la codificación constitutiva, que consiste en la

sustitución formal de antiguos textos varias veces
modificados por textos nuevos que deben ser
aprobados por el Consejo,

— la codificación informativa, que consiste en la

consolidación del texto, sin valor jurídico que, no
obstante, permitirá a las administraciones nacio ­
nales y a los agentes económicos hacer frente a la
rapidez de la evolución jurídica de determinados

sectores ;

— la formación de los juristas . La Comisión ha am ­

pliado los programas e iniciativas encaminados a

mejorar la formación de los juristas en Derecho co ­
munitario :

— el programa de intercambios de funcionarios ju ­

ristas ha quedado ya ampliado a los sectores in ­
cluidos en el mercado interior,

— los seminarios, conferencias y coloquios en todos

sectores jurídicos para los que la Comisión ha
dado una subvención,

— la generalización en todos los Estados miembros

de aquí a finales de 1992 de asociaciones de juris ­

tas .

Frente a la necesidad de acelerar el proceso de integra ­
ción jurídica de la Comunidad, la Comisión es cons ­
ciente de las dificultades de la tarea que le incumbe
como guardiana de los Tratados . La Comisión constata,
no obstante que, en 1991, se han concretado cierto nú ­
mero de elementos que pueden movilizar a los Estados
miembros con vistas a una mejor aplicación del Derecho
comunitario . Entre esos elementos cabe citar especial ­
mente a dos, relacionados, respectivamente, con la juris ­
prudencia del Tribunal de Justicia y con el Tratado sobre
la Unión Europea :

— mediante sus sentencias de 20 de noviembre de 1991

( sentencias Francovitch y Bonifaci ), el Tribunal de
Justicia estableció el principio de que los Estados

miembros están obligados a indemnizar a los particu ­
lares que sufran un perjuicio debido a la no aplica ­
ción de una Directiva, fijó las condiciones siguientes
para su aplicación ; que el resultado prescrito en la
Directiva comporte la atribución de derechos en be ­
neficio de particulares ; que el contenido de tales de ­
rechos pueda conocerse basándose en las disposicio ­
nes de la Directiva ; que exista un vínculo de causali ­
dad entre la violación de la obligación que incumbe
al Estado y el daño sufrido por las personas afecta ­
das ;

— el nuevo artículo 171 del Tratado sobre la Unión Eu ­

ropea permitirá al Tribunal, a partir del momento de
entrar en vigor el Tratado, inflingir el pago de una
cantidad global o de una multa al Estado miembro

que, condenado una primera vez por incumplimiento
de sus obligaciones, no se haya ajustado a lo dis ­
puesto en la sentencia del Tribunal .

II . ANALISIS POR SECTORES

A. EL ESPACIO SIN FRONTERAS cho desde hace tres años todas las propuestas anuncia ­
das, y aun cuando el Consejo y el Parlamento habían
aprobado, a finales de 1991, más del 82 % del programa,

La realización del espacio sin fronteras interiores se basa la responsabilidad corresponde en su mayor parte a los
principalmente en la adopción y aplicación del programa Estados miembros, que deben garantizar la incorpora ­
legislativo publicado en 1985 en el marco del Libro ción a sus leyes nacionales y la aplicación de dichas nor ­
blanco de la Comisión . Aun cuando la Comisión ha he ­ mas .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 9

A finales de 1991, se habían aprobado 213 medidas del
programa ; 173 están ya en aplicación en los Estados
miembros, mientras que 136 de entre ellas deben todavía
ser objeto de incorporación a los ordenamientos jurídi ­
cos nacionales ('). La aplicación del programa es una ta ­
rea tanto más prioritaria cuanto que determinará la su ­
presión de los controles en las fronteras intracomunita ­
rias, prevista para finales de 1992 .

La Comisión lleva a cabo la gestión de los actos aproba ­
dos en este campo, así como el control de su correcta
aplicación a nivel nacional . La crucial importancia de
este aspecto de la realización del mercado único ha indu ­
cido a la Comisión a adoptar cierto número de iniciativas
encaminadas a poner de relieve la dimensión política de
la aplicación de tales disposiciones, con vistas a la crea ­
ción del espacio sin fronteras .

El primer elemento lo constituye la transparencia de la
incorporación de las Directivas, que permite a los Esta ­
dos miembros y al público conocer la situación exacta de
la incorporación y valorar su evolución en cada Estado
miembro . La difusión de la información se lleva a cabo
mediante la publicación, desde 1989, de informes especí ­
ficos sobre el estado de aplicación de las medidas del Li ­
bro blanco, así como a través de las discusiones en el
Consejo de Ministros, en las que se hace regularmente
balance de la situación . Por otra parte, la transparencia
se complementa con la puesta a disposición del público
de dos bases de datos, la base INFO 92, que ofrece in ­
formaciones detalladas sobre la incorporación de los ac ­
tos aprobados en el marco del mercado interior, y la
base CELEX, que abarca toda la legislación comunitaria .

Los esfuerzos de la Comisión van también encaminados
a la organización de una cooperación más estrecha con
los Estados miembros, en particular a través de contactos
bilaterales y multilaterales :

— los servicios de la Comisión organizan reuniones bi ­

laterales, denominadas « reuniones paquete », para ha ­
cer balance de la incorporación y del cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 30 del Tratado CEE, y
para mantener de este modo un seguimiento perma ­

nente y común de la situación, creando una presión
suplementaria sobre los organismos responsables . En

1991 se celebraron dos reuniones de este tipo — una
con las autoridades griegas y otra con las autoridades
irlandesas — sobre la incorporación de las Directivas,
que contribuyeron sin duda a mejorar la situación ;

— se ha creado un grupo de altos funcionarios de las

administraciones nacionales cuya tarea consiste en es ­
tudiar los problemas vinculados a la realización del
objetivo 1992 . Dicho grupo, que funciona desde
1990, se reunió cinco veces en 1991 . El grupo per ­
mite el intercambio de experiencias entre los Estados
miembros, una mayor comprensión de los problemas
de cada uno de ellos y un seguimiento colec ­

tivo de la aplicación de las normas comunitarias . Di ­
cho seguimiento administrativo se complementa con
un seguimiento político que se lleva a cabo en parti ­
cular en las reuniones informales de los ministerios
responsables del mercado interior .

En el marco de la aplicación del Derecho comunitario, la
Comisión se comprometió en 1988 a realizar un trabajo
de codificación del derecho, dado que su aplicación re ­
sulta tanto más difícil cuanto que la organización de las
tareas legislativas conduce a una fragmentación de los
textos que da lugar a que éstos resulten incoherentes y
de difícil comprensión . Dicho trabajo de codificación se
ha plasmado en la adopción de una Directiva codificada
sobre los productos cosméticos ( 2 ) y en una serie de pro ­
puestas de la Comisión .

Paralelamente a esa codificación constitutiva, la Comi ­
sión anunció el desarrollo de una codificación informa ­
tiva que no tiene fuerza legal sino sólo valor indicativo .
Los usuarios podrán acceder a dichos textos codificados
a través de la base de datos INFO 92 .

La organización del trabajo de acuerdo con estas orien ­
taciones ha contribuido a la evolución positiva de la si ­
tuación de la incorporación al ordenamiento interno, que
se manifiesta sobre todo en la toma de conciencia de los

Estados miembros que deben recuperar su retraso . Du ­
rante 1991, el porcentaje de incorporación ha mejorado
considerablemente, a pesar de la entrada en vigor de nu ­
merosos actos nuevos, pasando del 72 % a finales de

1990 a más del 77 % a finales de 1991 .

No obstante, la Comisión debe ir ahora más allá del sim ­
ple control de la incorporación, por lo que intenta refor ­
zar el control de la aplicación de dichos actos . Tal activi ­
dad de vigilancia es especialmente importante para ga ­
rantizar la mutua confianza entre las administraciones .
Esto es especialmente cierto en determinados ámbitos, tal
como el de la aplicación de los actos relativos a los con ­
troles veterinarios y fitosanitarios o el de las directivas
sobre la apertura de los contratos públicos . Este es el
contexto en el que deben enmarcarse dos iniciativas ac ­
tualmente en curso :

— la organización de intercambios de funcionarios entre

las administraciones nacionales . En octubre de 1991
la Comisión sometió al Consejo un plan de acción
que abarca todos los campos del mercado interior y
que se espera que llegue a ser operativo en enero de

1993 . Dicho plan completa diversos programas espe ­
cíficos que han sido objeto de decisiones del Consejo
( en los sectores aduanero y veterinario ) o que están
en fase piloto ( en el ámbito de la fiscalidad ). Se es ­
pera que dicho plan de acción contribuya a la con ­
vergencia de los métodos nacionales de gestión de las

normas comunitarias ;

(') Véase la Comunicación de la Comisión SEC(91 ) 2491 final . ( 2 ) Todavía no aprobada formalmente par el Consejo .

N°C 250 / 10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

— la creación de redes telemáticas de intercambio de in ­

formaciones entre las administraciones, relativas en
particular a la gestión de los actos comunitarios . En
octubre de 1991, la Comisión presentó las priorida ­
des de realización de las redes y estableció las distin ­
tas prioridades . El objetivo de la Comisión consiste
en conseguir que dichas redes sean operativas a fina ­
les de 1992, a fin de garantizar la correcta aplicación
de las normas aprobadas en los sectores de la fiscali ­
dad indirecta, los controles veterinarios y fitosanita ­
rios, de las estadísticas y de las aduanas .

Ambas iniciativas ponen de manifiesto el deseo de la Co ­
misión de no limitarse al seguimiento de la adecuada in ­
corporación al ordenamiento interno, sino de ampliar su
control a la correcta aplicación de las normas comunita ­
rias por los diferentes niveles administrativos de ejecu ­
ción en los Estados miembros .

1 . ELIMINACIÓN DE LAS FRONTERAS FÍSICAS

La dimensión política del espacio sin fronteras depende
de la aprobación y aplicación del conjunto de disposicio ­
nes aduaneras, estadísticas, veterinarias y fitosanitarias
destinadas a suprimir los controles físicos en las fronteras
interiores . También depende de la aplicación dinámica
sobre todo de los artículos 30 y siguientes del Tratado
CEE, a fin de cuestionar el ejercicio de cualquier control
en las fronteras que se considera desproporcionado con
respecto a los objetivos perseguidos . El presente informe
no trata de la aplicación de las medidas adoptadas para
garantizar la libre circulación de las personas, ya que las
medidas más importantes han sido adoptadas en el
marco de convenciones internacionales .

a ) Unión aduanera

Paralelamente a los trabajos del Consejo, la Comisión ha
efectuado un análisis sistemático de los controles que
ejercen las administraciones aduaneras en las fronteras
intracomunitarias . Dicho análisis, realizado con los Esta ­
dos miembros, ha permitido detectar un importante nú ­
mero de controles realizados por motivos de verificación
técnica de los productos, de protección de la salud pú ­
blica y del medio ambiente o de protección de la seguri ­
dad .

En diciembre de 1991, la Comisión publicó una comuni ­
cación sobre la supresión de los controles en las fronteras
en la que se extraen las conclusiones de dicho análisis, e
inició los contactos apropiados con los Estados miembros
para evaluar la compatibilidad de algunos de esos con ­
troles con el Tratado o con el Derecho derivado .

Tal como si indicó en el anterior informe anual al Parla ­
mento Europeo sobre el control de la aplicación del De ­

recho comunitario, el control de la aplicación de las dis ­
posiciones comunitarias en materia de aduanas se carac ­
teriza por el hecho de que casi la totalidad de tales dis ­
posiciones se encuentran contenidas en Reglamentos .

Debido a su aplicación directa, tales Reglamentos no de ­
berían dar lugar a diferencias de aplicación por los Esta ­
dos miembros . No obstante, se ha observado que, como
consecuencia de las distintas interpretaciones que han
dado las administraciones nacionales en las instrucciones
a sus propios servicios, los agentes económicos continúan
sometidos, en ciertos casos, a tratos diferentes .

Por tales motivos, la Comisión ha iniciado un examen
detallado de tales disposiciones, a fin de poner término a
dicha situación .

Cabe resaltar que la mayoría de los procedimientos de
infracción en materia aduanera se refieren a los inter ­
cambios intracomunitarios y tienen por objeto infraccio ­
nes a los artículos 9 y siguientes del Tratado CEE relati ­
vos a la prohibición de tasas de efecto equivalente a los
derechos de aduana, así como infracciones a la Directiva
83 / 643 / CEE del Consejo, de 1 de diciembre de 1983,
relativa a la facilitación de los controles físicos y de las
formalidades administrativos en el transporte de mercan ­
cías entre Estados miembros .

Durante el año 1991, se han resuelto importantes infrac ­
ciones, como consecuencia de la acción de la Comisión,
que ha llevado a los Estados miembros interesados a
ajustarse al punto de vista de ésta . A este respecto, cabe
citar el cánon cobrado en Francia por el control infor ­
matizado de las declaraciones de aduana, la denegación
de la libertad de tránsito a las mercancías procedentes de
terceros países con destino a Andorra, los obstáculos a la
libre circulación de productos siderúrgicos planteados
por Italia y el procedimiento de control sistemático de
mercancías en aduana, también en Italia .

Por el contrario, la infracción relativa a la tasa cobrada
en las islas Canarias a la importación de harinas panifica ­
bles se resolvió en el marco de las disposiciones comuni ­
tarias adoptadas para integrar en mayor medida a las
Islas Canarias en la Comunidad [ Reglamento ( CEE ) n°

1911 / 91 del Consejo, de 26 de junio de 1991, y Decisión
91 / 314 / CEE del Consejo, de 26 de junio de 1991, por
los que se establece un programa de opciones específicas
destinadas a combatir los problemas derivados de la leja ­
nía y la insularidad de las islas Canarias ( POSEICAN )].

Los principales procedimientos de infracción en curso
afectan a Italia ( gastos de telegramas de los servicios ve ­
terinarios a cargo de los importadores de animales vivos,
respecto a los cuales se ha iniciado un procedimiento ba ­
sado en el artículo 171 del Tratado CEE, al no haber
ejecutado Italia la sentencia del Tribunal de Justicia en
favor de la Comisión ; cánones exagerados por servicios
prestados por la aduana al mismo tiempo a varias compa ­
ñías ; monopolio y aranceles de los agentes de aduana ) y
Portugal ( no admisión de los corredores de aduanas ex ­
pedidores a hacer las declaraciones en aduana y recauda ­
ción de derechos de timbre a la importación ).

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 250 / 11

Las discusiones del Consejo relativas a la importación de
material militar en franquicia de derechos de aduana no
han concluido todavía, por lo que, a este respecto, conti ­
núan en suspenso los procedimientos de infracción con ­
tra los Estados miembros afectados .

Comunicación de las medidas de ejecución del conjunto de las

Directivas aplicables en el ámbito de la unión aduanera

La Comisión no puede sino congratularse de los resultados al ­
canzados en este sector .

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre

de 1991

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunicado

medidas

%

Bélgica 17 17 100

Dinamarca 17 17 100

Alemania 17 17 100

Grecia 17 17 100

España 17 17 100

Francia 17 17 100

Irlanda 17 17 100

Italia 17 17 100

Luxemburgo 17 17 100

Países Bajos 17 17 100

Portugal 17 17 100

Reino Unido 17 17 100

b ) Libre circulación de los productos agrícolas

Uno de los principios básicos del funcionamiento de la
política agrícola común ( PAC ) y de sus organizaciones
comunes de mercado consiste en garantizar la libre cir ­
culación de los productos agrícolas ( l ) en un mercado
único .

El Tribunal de Justicia ha recordado en diversas ocasio ­
nes que los artículos 30 y 34 del Tratado forman parte
de las organizaciones comunes de mercado, incluso si, a
partir del 1 de enero de 1970 ( 2 ), su mención expresa en
el corpus de tales organizaciones comunes de mercado se
había convertido en superfluo .

Durante 1991, la Comisión continuó ejerciendo una vigi ­
lancia permanente a fin de eliminar rápidamente los obs ­
táculos a los intercambios de productos agrícolas en la
Comunidad .

(') Los productos incluidos en el Anexo II del Tratado CEE .
( J ) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto

83 / 78, Pigs Marketing Board / Redmond ; Rec . 1978-79, p . 2,
visto 55 .

La naturaleza de los obstáculos detectados y perseguidos
por los servicios de la Comisión es constante, habiendo
sido clasificados según la tipología siguiente .

Cabe observar que, entre las justificaciones que alegan
los Estados miembros al establecer los obstáculos que se
describen a continuación, el motivo más frecuentemente
mencionado es el de la protección de la salud pública,
animal y vegetal .

— Disposiciones técnicas relativas a la presentación, la

calidad y el envasado de los productos, que tienen
como consecuencia limitar y desalentar las importa ­
ciones : un caso ilustrativo de este tipo de obstáculo
lo constituye la ley italiana n° 396 de 2 de febrero de

1989 que prohibe la producción, con vistas a la co ­
mercialización en el mercado italiano, de quesos
cuyo contenido en materia grasa sea inferior al esta ­
blecido por la ley italiana . Tal ley, que tiene como
consecuencia impedir la comercialización de quesos
importados, legalmente fabricados y comercializados
en el Estado miembro de procedencia, fue condenada
por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 11 de
octubre de 1990 en el caso 210 / 89 ( 3 ). Como conse ­
cuencia de dicha sentencia, las autoridades italianas
manifestaron su intención de derogar la mencionada
normativa .

En el mismo orden de ideas, Francia ha adoptado las
medidas necesarias para ajustarse a lo dispuesto en la
sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 286 / 86
( Edam ) ( 4 ), en la que se establece que « los artículos
30 y siguientes del Tratado deben interpretarse en el
sentido de que se oponen a que un Estado miembro
aplique una ley nacional, que supedita el derecho de
utilizar la denominación de venta de un tipo de
queso al respeto de un contenido mínimo en materia
grasa, a los productos del mismo tipo importados de
otro Estado miembro, cuando tales productos hayan
sido fabricados y comercializados legalmente bajo di ­
cha denominación en dicho Estado miembro y se ga ­
rantice la adecuada información a los consumidores ».

Otro obstáculo del mismo tipo, al que las autoridades
italianas han declarado que van a renunciar, se re ­
fiere al sistema de control de la autenticidad de la
mantequilla, que se basa exclusivamente en los valo ­
res de referencia entre determinados ácidos grasos
establecidos a partir de la mantequilla indígena, sin
tener en cuenta los valores normales de las mantequi ­
llas producidas en otros Estados miembros .

En cuanto a la normativa italiana que establece para
la mantequilla un contenido máximo en materia grasa
del 82 % y que se aplica también a la mantequilla

( J ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de octubre de 1990

en el asunto 210 / 89, Comisión contra la República Italiana ;
Rec . 1990, pp . 3697 a 3709 .
( 4 ) Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 286 / 86, Mi ­

nisterio Fiscal ( Francia ) contra G. Daserbois ; Rec . 1988,
p . 4907 .

N°C 250 / 12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

importada de los demás Estados miembros, las auto ­
ridades de dicho país han informado a la Comisión
de que, en la práctica, han renunciado a ella, mien ­
tras que la Cámara de Diputados aprobaba un
proyecto de ley al respecto .

Por el contrario, las autoridades italianas no han
puesto todavía fin a las restricciones impuestas a la
comercialización o a la importación en Italia de de ­
terminadas materias grasas, relacionadas con la obli ­
gación de la presencia de un trazador, restricciones
que han sido condenadas por el Tribunal de Justi ­
cia 0 ).

Finalmente, la Comisión ha comprobado con satis ­
facción que, después de su dictamen motivado, las
autoridades helénicas han aprobado una nueva orde ­
nanza encaminada a ajustarse a lo dispuesto en la
sentencia del Tribunal en el asunto 124 / 85 que con ­
denaba la limitación por Grecia de la importación y
el comercio al por mayor de carnes frescas de la es ­
pecie bovina a determinados cortes ( 2 ).

— Los controles a la importación, que constituyen los

obstáculos más numerosos a los intercambios entre
los cuales conviene distinguir :

a ) los dobles controles y controles sistemáticos, tales

como los que se aplican en Italia respecto al pes ­
cado salado importado procedente de Grecia
acompañado de un certificado sanitario expedido
por el Estado miembro exportador o respecto a
animales vivos, carnes, productos lácteos y pro ­
ductos de la pesca con motivo de los movimientos
de huelga de los veterinarios oficiales y de su sus ­
titución por veterinarios militares ;

b ) la exigencia de certificados a expedir por el Es ­

tado miembro productor, encaminada a garantizar
que los productos de que se trata se ajustan a las
normas del Estado miembro importador, exigencia
que practica Grecia respecto de la mantequilla
pasteurizada, derogada por las autoridades heléni ­
cas tras la sentencia del Tribunal de Justicia en el

asunto 89 / 205 ( 3 );

c ) la exigencia de licencias o autorizaciones previas a

la importación practicada por Italia con respecto a
todo material vegetal sensible al fuego bacteriano,
así como respecto de la simiente destinada a la in ­
seminación artificial en el Reino Unido y en Ir ­
landa . A este respecto, conviene señalar que el
Reino Unido autoriza actualmente, por medio

(*) Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de

1990 en el asunto 67 / 88, Comisión contra República Ita ­
liana ; Rec . 1990, pp . 4285 a 4298 .
( 2 ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de

1986 en el asunto 124 / 85, Comisión contra República Helé ­
nica ; Rec . 1986, pp . 3935 a 3951 .
( 3 ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 1991

en el asunto 205 / 89, no publicada aún .

de un régimen de « general licence » la importación
de simiente recogida con posterioridad al 1 de ju ­
lio de 1990, mientras que en el caso irlandés ha
habido que someterlo al Tribunal de Justicia
( asunto 91 / 235 ). En cuanto al régimen de autori ­
zación previa a la importación de productos lác ­
teos en Dinamarca, ha quedado derogado y susti ­
tuido por un régimen de certificado conforme al
Derecho comunitario .

Cabe también resaltar que, tras la sentencia del
Tribunal de Justicia de 5 de julio de 1990 en el

asunto 304 / 88, en la que se condenaba el régimen
aplicado por Bélgica, consistente en autorizar in ­
dividualmente cada operación de importación de
carnes y de animales procedentes de los demás Es ­
tados miembros ( 4 ), las autoridades belgas han
suspendido el efecto del referido régimen y han
comenzado a aprobar las medidas legislativas ne ­
cesarias para garantizar la conformidad con la ci ­
tada sentencia ;

d ) las modalidades de control excesivas, tales como

las aplicadas por Alemania, que imponían de
forma sistemática la obligación de que los trans ­
portistas de carnes frescas de aves de corral decla ­
raran previamente la mercancía a fin de garantizar
una intervención sistemática de los veterinarios .
Tras la sentencia del tribunal de Justicia, Alemania
adoptó en un primer momento las medidas nece ­
sarias para ajustarse en la práctica a dicha senten ­
cia ( 5 ) y, posteriormente, ha introducido las modi ­
ficaciones necesarias en su normativa . Pueden
también citarse otras modalidades condenadas por
el Tribunal de Justicia, a saber la prohibición im ­
puesta por Italia de importar a través de los pues ­
tos de frontera terrestres los pomelos procedentes
de otros Estados miembros ( 6 ). La negativa por
parte de Italia de ajustarse a lo dispuesto en la
sentencia del Tribunal de Justicia ha impulsado a
la Comisión a dictar un dictamen motivado ;

e ) tras la emisión del dictamen motivado, Grecia ha

derogado la fijación de un margen máximo de be ­
neficio, el mismo tanto para los quesos importa ­
dos como para los indígenas, que comporta ele ­

mentos discriminatorios en detrimento de los pro ­
ductos importados, dado que la remuneración de
la importación está incluida en el margen de bene ­
ficios ;

f ) la prohibición de importar productos procedentes

de otros Estados miembros, tal como la estable ­
cida en Alemania con respecto a los cangrejos y
en Portugal con respecto a los cerdos, medidas

( 4 ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 1990 en el

asunto 304 / 88, Comisión contra Reino de Bélgica ; Rec .

1990, pp . 2801 a 2812 .
( 5 ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de noviembre de

1989 en el asunto 186 / 88, Comisión contra República Fede ­
ral de Alemania ; Rec . 1999, pp . 3997 a 4007 .
( 4 ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1990 en

el asunto 128 / 89, Comisión contra República Italiana ; Rec .

1990, pp . 3239 a 3256 .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 250 / 13

contra las cuales la Comisión ha recurrido ante el

Tribunal de Justicia . Por el contrario, las autori ­
dades francesas han derogado la normativa que
prohibía la importación de cualquier molusco des ­
tinado a la inmersión o implantación en los par ­
ques conquilícolas franceses .

2 . SUPRESIÓN DE LAS FRONTERAS TÉCNICAS

La supresión de las fronteras técnicas consiste ante todo
en la aplicación del propio Tratado y del Libro blanco .

El programa del Libro blanco en este ámbito está casi
terminado desde el punto de vista legislativo ; los trabajos
han entrado ya en la fase de ejucución que implica la
incorporación, el control de la aplicación y la adaptación
de las normas . Este ámbito cuenta con un número im ­
portante de actos, ya que entre las 135 medidas aproba ­
das en el marco del Libro blanco, 78 son aplicables en
los Estados miembros . Tales normas se distribuyen entre
varios sectores, siendo el paquete más importante el de

las normas técnicas . Las citadas medidas se añaden a

todo el acervo anterior al Libro blanco .

a ) La libre circulación de mercancías

La Comisión ha proseguido su acción a fin de eliminar
las barreras técnicas a los intercambios de mercancías so ­
bre la base de tres instrumentos previstos a tal efecto en
el derecho comunitario : la prohibición de cualquier me ­
dida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas
( artículos 30 a 36 del Tratado CEE ), las normas de pre ­
vención contempladas en la Directiva 83 / 189 / CEE y la

aproximación de las legislaciones nacionales con arreglo
a los artículos 100 y 100 A del Tratado CEE .

i ) Los artículos 30 y siguientes del Tratado CEE y la apli ­

cación del principio de reconocimiento recíproco

Los artículos 30 y siguientes del Tratado CEE, tal como
han sido interpretados por el Tribunal, tienen como ob ­
jetivo eliminar cualquier medida que pueda suponer un
obstáculo al comercio intracomunitario . En virtud de la
jurisprudencia « Cassis de Dijon », cualquier producto le ­
gal y lealmente fabricado en un Estado miembro de la
Comunidad debe en principio tener acceso al territorio
de cualquier otro Estado miembro . El principio que se
desprende de dicha jurisprudencia, y que constituye el
punto de referencia de cualquier acción de la Comisión
en la materia, es el del reconocimiento recíproco, a saber
la aceptación, por cada Estado miembro, de los produc ­
tos que se ajusten a las reglas, normas y procedimientos
técnicos existentes en otro Estado miembro y que garan ­
ticen un nivel de protección equivalente al que se garan ­
tice a nivel nacional .

En este contexto, la Comisión prosigue la publicación de
comunicaciones interpretativas . Tales comunicaciones
constituyen un instrumento excepcional al servicio de los
principios de subsidiariedad y de reconocimiento recí ­
proco, permiten difundir el Derecho comunitario, dar a
conocer la jurisprudencia del Tribunal, indicar a los Es ­
tados miembros las líneas directrices que deben seguir
para legislar con una perspectiva comunitaria e

los productos importados al respeto de las normas nacio ­
nales, obstaculizando así el comercio intracomunitario .

La Comisión actúa en respuesta a las quejas que recibe,
los problemas que denuncian los diputados del Parla ­
mento Europeo o las peticiones que se presientan ante la
comisión responsable . Además, los servicios de la Comi ­
sión han desarrollado por propia iniciativa una acción de
control sobre las normativas nacionales de las que tiene
conocimiento .

En el sector de los productos industriales, la actividad de
control continúa aumentando, habiendo examinado la
Comisión en 1991 más de 1 500 expedientes con arreglo
a los artículos 30 a 36 del Tratado CEE, de los cuales,
unos 60, aproximadamente, han sido objeto del procedi ­
miento por incumplimiento contemplado en el artículo

169 del Tratado CEE .

Sus intervenciones han estado relacionadas en particular
con los contratos públicos de suministros, las normativas
nacionales de precios, la reserva de denominaciones ge ­
néricas para determinadas categorías de productos nacio ­
nales, los derechos exclusivos en materia de propiedad
industrial y comercial, las normativas nacionales en ma ­
teria de publicidad, la obligación de utilizar la lengua na ­
cional en fases anteriores a la venta al consumidor, etc .

Por otra parte, a fin de conseguir soluciones rápidas y
satisfactorias para los casos pendientes, la Comisión, si ­
guiendo con ello, además, la invitación que le hizo el
Parlamento Europeo en su Resolución de 22 de febrero
de 1991 ('), ha proseguido el diálogo permanente con los
Estados miembros gracias a las « reuniones paquete ». Este
nuevo enfoque basado en la confianza y la colaboración,
ha permitido conseguir resultados muy positivos . El ín ­
fimo número de casos llevados ante el Tribunal es una

muestra de la eficacia de dicho instrumento . En el trans ­

curso de 1991, se celebraron « reuniones paquete » con
Alemania, Italia, Francia, España, Grecia y Portugal .

La aplicación del principio del reconocimiento recíproco

ha permitido liberalizar numerosos sectores y abrirlos a
la competencia comunitaria . Así por ejemplo, un gran
número de normas y prácticas nacionales restrictivas en
los sectores alimentario, industrial y de telecomunicacio ­
nes se han adaptado a las normas del gran mercado .

Dicho principio, que traduce en términos operativos los
valores intrínsecos a la subsidiaridad, ha permitido a la para legislar con una
Comisión oponerse a miles de normas técnicas naciona ­
les que, sin ser discriminatorias, supeditaban la venta de (') DO n° C 72 de 18 . 3 . 1991 .

N°C 250 / 14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

informar a los agentes económicos de los derechos que
les concede el ordenamiento jurídico de la Comunidad .
Como continuación de la « comunicación interpretativa
marco », de 24 de octubre de 1989 ('), relacionada con la
libre circulación de los productos alimenticios dentro de
la Comunidad, la Comisión aprobó una comunicación
interpretativa específica relacionada con las denomina ­
ciones de venta de los productos alimenticios, publicada
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° C
270 de 15 de octubre de 1991 .

ii ) Las normas de prevención contempladas en la Directiva

83 / 189 / CEE

El procedimiento de información que establece la
Directiva 83 / 189 / CEE, modificada por la Directiva
88 / 182 / CEE, es un instrumento fundamental de preven ­
ción de los obstáculos a los intercambios y de informa ­
ción recíproca . Dicha Directiva obliga a los Estados
miembros a someter los proyectos de reglamentación téc ­
nica a un control previo en el marco de un procedi ­
miento de información . Con la modificación que intro ­
duce la Directiva 88 / 182 / CEE, dicho procedimiento
quedó ampliado a todos los ámbitos de las reglas técni ­
cas, a excepción de aquellas que se adopten en el marco
de la aplicación de las Directivas .

La Comisión se asegura del respeto de la obligación de
notificación, en virtud de lo dispuesto en la Directiva
83 / 189 / CEE, procediendo al análisis sistemático de las
reglamentaciones técnicas de los Estados miembros . Ac ­
tualmente se están examinando 40 textos nacionales . La

violación de la Directiva 83 / 189 / CEE se traduce en la

apertura de un procedimiento de infracción con arreglo
al artículo 169 del Tratado .

En 1991, la Comisión recibió 415 proyectos de regla ­
mentaciones técnicas nacionales, que han sido objeto de
examen con arreglo a los artículos 30 a 36 del Tratado
CEE, lo cual representa un aumento del 5 % respecto a

1990 . Entre esas 415 notificaciones, unas 170 fueron ob ­
jeto de un dictamen detallado, cuyo objetivo esencial,
que se consiguió en la casi totalidad de los casos, era
obtener la aplicación del principio de reconocimiento re ­
cíproco en el sector al que se refería la reglamentación
en cuestión e impedir así la creación de obstáculos a los
intercambios . Los Estados miembros hicieron la misma
valoración en 95 casos . Por otra parte, en cinco casos, la

Comisión pidió a los Estados miembros que pospusieran
un año la aprobación de la medida nacional notificada,
anunciando su intención de proponer cinco actos de ar ­
monización comunitaria, tres de los cuales son armoni ­
zaciones nuevas respecto a las anunciadas en el Libro
blanco .

iii ) La aplicación de las Directivas

La armonización técnica y la normalización

Habida cuenta del considerable número de actos en vi ­
gor, este sector no plantea problemas especiales desde el
punto de vista de la incorporación a los derechos nacio ­
nales, con excepción de determinados retrasos en el ám ­
bito del nuevo enfoque y en el sector alimentario .

El « nuevo enfoque »

Entre las Directivas aprobadas por el Consejo en el
marco del « nuevo enfoque », sólo son aplicables las Di ­
rectivas sobre los recipientes a presión, la seguridad de
los juguetes, la compatibilidad electromagnética y los
productos de la construcción . Las primeras Directivas so ­
bre los recipientes a presión y la seguridad de los jugue ­
tes, que están en vigor desde 1990, han sido incorpora ­
das de manera insatisfactoria, especialmente por lo que
se refiere a los recipientes a presión . Las dos Directivas
más recientes, aplicables a mediados de 1991, sólo han
sido totalmente incorporadas por cuatro Estados miem ­
bros .

Para asistir a los Estados miembros en su trabajo de in ­
corporación, la Comisión organiza reuniones de los altos
funcionarios de la normalización, a fin de examinar los
problemas de aplicación relacionados con el nuevo enfo ­
que . Por otra parte, la Comisión ha presentado al Con ­
sejo una propuesta de Reglamento relativa a la marca
CE de conformidad, a fin de conseguir la armonización
de las disposiciones de las Directivas en materia de mer ­
cado .

Aproximación de las legislaciones por sector

a ) Vehículos de motor, tractores agrícolas y forestales y

ciclomotores

En este sector, el ritmo de incorporación es bastante sa ­
tisfactorio . El nivel de incorporación de las 143 Directi ­
vas vigentes ( 99 relativas a los automóviles particulares y
vehículos utilitarios, 39 a los tractores y cinco a los ciclo ­

motores ) mejoró considerablemente a lo largo de 1991,
debido principalmente a que Grecia incorporó al Dere ­
cho nacional 18 Directivas respecto de las cuales estaban
en curso otros tantos procedimientos de infracción .

Durante 1991, la Comisión examinó 40 casos de infrac ­
ción, 37 por no comunicación de las medidas nacionales,
de los que se archivaron 24, y tres por aplicación inco ­
rrecta de las Directivas, de los que se archivaron dos .

Por lo que se refiere en particular al sector de los tracto ­
res, subsisten algunos retrasos en relación con las Direc ­
O DO n° C 271 de 24 . 10 . 1989 . tivas 89 / 680 / CEE, 89 / 681 / CEE y 89 / 682 / CEE, relati ­

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 250 / 15

vas a los dispositivos de protección de los tractores . Tres

Estados miembros ( Alemania, Bélgica y Luxemburgo ) no
han adoptado todavía las disposiciones necesarias para su
incorporación al Derecho nacional .

Entre los cinco actos aplicables en el sector de los ciclo ­
motores solamente queda por incorporar una única Di ­
rectiva por parte de Grecia ( la 89 / 235 / CEE, relativa al
nivel sonoro de los tubos de escape de los ciclomotores ),
respecto de la cual se encuentra en curso un procedi ­
miento de infracción .

b ) Productos alimenticios

El sector alimentario es aquel en el que se dan el mayor
número de retrasos de incorporación . El nivel de incor ­
poración progresa con lentitud . Tales retrasos se deben
en particular a la complejidad de las materias que abar ­
can las Directivas alimentarias . La Comisión concede es ­

pecial atención a la aplicación de las nuevas Directivas
marco y especialmente a la Directiva sobre el control ali ­
mentario, que condiciona la libre circulación de los pro ­
ductos .

A lo largo del año, los servicios responsables han exami ­
nado 106 casos de infracción . Entre los procedimientos
incoados, que afectan únicamente a casos de no comuni ­
cación, 65 se encuentran en la fase de dictamen moti ­
vado, habiéndose archivado otros 34 .

A fin de ayudar a los Estados miembros a resolver los
problemas de incorporación, los servicios responsables
multiplican los contactos con las autoridades nacionales,
en particular en los casos de las Directivas que contienen
una doble exigencia, a saber, la comercialización de los
productos conformes y la prohibición de los productos
no conformes, en fechas distintas .

c ) Productos farmacéuticos

En el sector farmacéutico, el ritmo de incorporación de
las Directivas se aceleró en 1991, por lo que la situación
resulta ya totalmente satisfactoria . Solamente Italia lleva
cierto retraso en la incorporación de la Directiva
87 / 20 / CEE relativa a los medicamentos veterinarios, vi ­
gente desde 1987 .

d ) Productos químicos

El ritmo de incorporación en este sector permanece más
bien estable, subsistiendo ciertos retrasos en la incorpora ­
ción .

Los 74 procedimientos instruidos sólo afectan a casos de
no comunicación : 37 de ellos han sido objeto de una
carta de emplazamiento, 35 se encuentran en la fase de
dictamen motivado y dos, contra la República Italiana
( relativos a los agentes de superficie no iónicos y amóni ­
cos ), han sido sometidos al Tribunal de Justicia .

e ) Mecánica, metrología, preenvasados, electrónica y

aparatos médicos

En estos sectores industriales se ha producido una im ­
portante mejora del ritmo de incorporación . Tal mejora
se debe esencialmente a los esfuerzos realizados por Por ­
tugal y Grecia para cumplir sus obligaciones de incorpo ­
ración, si bien ha contribuido a ello la mayor colabora ­
ción entre la Comisión y los Estados miembros .

El número de Directivas de armonización en estos secto ­
res es de 91 . Respecto a 86 de ellas ha finalizado el plazo
de incorporación, mientras que las otras cinco entran en
vigor a lo largo de 1992 . El número total de infracciones
en curso ha disminuido sensiblemente respecto al del año
anterior . Entre los 56 procedimientos incoados ( frente a

113 en 1990 ), 13 se iniciaron en 1991 .

Por lo que se refiere a Portugal, la Comisión ha archi ­
vado el 50 % de los procedimientos iniciados ; no obs ­
tante, a pesar del esfuerzo realizado, dicho Estado
miembro totaliza el mayor número de infracciones en
curso ( 29 ). Tal situación debe atribuirse sobre todo a las
obligaciones de incorporación del acervo comunitario,
derivadas del Acta de adhesión .

También Grecia ha realizado un gran esfuerzo, de tal
modo que a finales de 1991 sólo subsiste un procedi ­
miento . También subsiste un único procedimiento res ­
pecto a Irlanda, al haberse archivado seis infracciones en

1991 . Respecto a los demás países, los procedimientos en
curso se distribuyen del modo siguiente :

España ( 7 ), Países Bajos ( 6 ), Luxemburgo ( 4 ), Italia ( 3 ),
Alemania ( 3 ), Reino Unido ( 2 ), Bélgica ( 1 ) y Dinamarca

( 1 ). Puede observarse que Francia ha cumplido todas sus
obligaciones de incorporación y que la situación ha me ­
jorado notablemente por lo que se refiere a Italia . En el
caso de los Países Bajos, las infracciones se concentran
esencialmente en el sector de las máquinas, que plantea
dificultades especiales .

Finalmente, por lo que se refiere a la no conformidad de
las medidas de incorporación y a la aplicación incorrecta
de las Directivas, la Comisión ha proseguido seis casos
de infracción, tres de los cuales han sido archivados
( Francia, Dinamarca y Alemania ). Los procedimientos
que subsisten se refieren a la aplicación de la Directiva
73 / 23 / CEE sobre baja tensión respecto a Italia y Grecia,
así como a la incorporación parcial por Irlanda de la Di ­
rectiva 84 / 532 / CEE sobre materiales y maquinaria de
construcción . Estos casos están en vías de resolución .

N°C 250 / 16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

La apertura de la contratación pública El control de la aplicación concreta por las distintas enti ­

dades públicas interesadas en cada uno de los Estados
miembros se concentró en 1991 en el respeto de lo dis ­
puesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva

El sector de los contratos públicos representa una de las

88 / 295 / CEE relativa a la obligación que incumbe a las

prioridades centrales de la Comunidad en el ámbito del entidades adjudicadoras centrales de publicar, después de
programa de 1992 . Tal prioridad se ha plasmado en la que comience el ejercicio presupuestario, mediante un
contratos reorganización públicos de las de condiciones obras y de de suministro celebración . No de obs los ­ grupos dictamen de indicativo productos, la cuyo totalidad importe de estimado los contratos sea igual por o
tante, la aplicación de las nuevas Directivas se ha visto

superior a 750 000 ecus . Por otra parte, en el marco de

cual afectada pone por en determinados entredicho la retrasos aplicación de equilibrada incorporación de di, lo ­ la relativas continuación al control de las de acciones los plazos ya procedimentales iniciadas en 1989 refe (') ­
chas disposiciones por las administraciones nacionales y rentes a la publicación de los anuncios de licitación ( sis ­
las empresas . tema de control en cooperación con la Oficina de Publi ­

caciones Oficiales de las Comunidades Europeas ), se han
remitido a Italia dos dictámenes motivados .

En 1991, la acción de la Comisión en el ámbito de la
aplicación del Derecho comunitario en materia de con ­
tratos públicos se centró en los siguientes aspectos : La Comisión prosiguió sus acciones, iniciadas en 1990,
en particular el control en el marco de los proyectos y
programas financiados por los fondos estructurales y los
— la incorporación de las Directivas, demás instrumentos comunitarios (').

La apertura de la contratación pública

El sector de los contratos públicos representa una de las
prioridades centrales de la Comunidad en el ámbito del
programa de 1992 . Tal prioridad se ha plasmado en la
reorganización de las condiciones de celebración de los
contratos públicos de obras y de suministro . No obs ­
tante, la aplicación de las nuevas Directivas se ha visto
afectada por determinados retrasos de incorporación, lo
cual pone en entredicho la aplicación equilibrada de di ­
chas disposiciones por las administraciones nacionales y
las empresas .

— el control de la aplicación concreta por las distintas

entidades públicas nacionales afectadas, y

— la gestión de los casos concretos de infracción .

Por lo que se refiere a la incorporación de las Directivas,
la situación es la siguiente :

La Directiva 89 / 665 / CEE, relativa a las vías de recurso,
es la única Directiva del ámbito del Libro blanco que en ­
tró en vigor en 1991 . Cuatro Estados miembros han noti ­
ficado las medidas nacionales de incorporación .

En el caso de la Directiva 77 / 62 / CEE, la Comisión ha
denunciado a Portugal ante el Tribunal de Justicia por
no comunicación de las medidas nacionales . Además, se
ha remitido a España un dictamen motivado por no con ­
formidad con las medidas nacionales de incorporación
de las Directivas 77 / 62 / CEE y 71 / 305 / CEE .

Por lo que se refiere a la Directiva 88 / 295 / CEE sobre
suministro, la Comisión ha denunciado a la República
Italiana ante el Tribunal de Justicia y ha enviado un dic ­
tamen motivado a los Países Bajos por no comunicación .
También se ha iniciado un procedimiento de infracción
contra Bélgica por no conformidad de las medidas nacio ­
nales .

Por lo que se refiere a la Directiva 89 / 440 / CEE sobre
obras, se han iniciado dos procedimientos de infracción
contra Italia y los Países Bajos .

El tratamiento del seguimiento de las infracciones ha
afectado a los siguientes sectores :

— la interpretación del campo de aplicación de las Di ­

rectivas :

— concepto de entidades adjudicadoras : el procedi ­

miento de infracción contra España, relativo al
reconocimiento del « Consorci de la Vila olím ­
pica » ( entidad de Derecho público compuesta de
varios organismos ) como entidad adjudicadora

con arreglo a la Directiva 71 / 305 / CEE, ha sido
archivado,

— objeto de los contratos sometidos a las normas de

las Directivas : una infracción relativa al contrato
de leasing de un ordenador, celebrado por el Ins ­
tituto Real de Meteorología Neerlandés, sin tener
en cuenta lo dispuesto en la Directiva 77 / 62 / CEE

sobre suministro modificada por la Directiva
88 / 295 / CEE, ha sido archivada,

— sectores excluidos : además, la Comisión ha archi ­

vado el expediente contra Portugal, relativo a un
contrato público de suministro lanzado por el
ANA ( Aeroportos e Naviga^ao Aerea EP ), orga ­

nismo que debe considerarse como gerente de los
servicios de transporte con arreglo a lo dispuesto
en la letra a ) del artículo 2 de la Directiva
77 / 62 / CEE y del párrafo cuarto del artículo 3 de
la Directiva 71 / 305 / CEE ;

(') Octavo Informe anual al Parlamento Europeo sobre la apli ­

cación del Derecho comunitario, 1990 [ Punto II A.2 . a ) iii )].

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 250 / 17

— la no publicación en el Diario Oficial de las Comuni ­

dades Europeas, en particular por razones de urgencia
que no se ajustan al concepto de urgencia establecido
en las Directivas . Por otra parte, la Comisión ha con ­
tinuado su acción respecto a casos de publicación
únicamente a nivel nacional, así como respecto a
aquellos casos en los que las disposiciones nacionales
no establecen la publicación ;

— la exigencia de inscripción en una lista de empresa ­

rios autorizada . A este respecto, se ha remitido a Ita ­
lia un dictamen motivado por cuatro contratos de
obras lanzados por el « Assesorato acque ed acque ­
dotti » de Nápoles ;

— los criterios de atribución del contrato . El Gobierno

alemán se ha manifestado de acuerdo con el punto de
vista de la Comisión y ha suprimido las cláusulas pre ­
ferenciales en favor de las empresas que forman
aprendices, en particular del sexo femenino .

La responsabilidad relacionada con los produc ­

tos

La Comisión prosigue los procedimientos de infracción
contra los Estados miembros que todavía no han incor ­
porado la Directiva 85 / 374 / CEE relativa a la responsa ­
bilidad relacionada con los productos defectuosos . Dos
de dichos procedimientos, contra Francia e Irlanda, han
sido presentados ante el Tribunal de Justicia y otro, con ­
tra España, se encuentra en la fase de dictamen moti ­
vado . Por otra parte, la Comisión ha decidido presentar

ante el Tribunal de Justicia un recurso contra el Reino
Unido por aplicación incorrecta de dicha Directiva .

b ) El mercado de los servicios y de los capitales

1 . El mercado de los servicios

i ) El sector audiovisual

La incorporación de la Directiva 89 / 552 / CEE sobre te ­
levisión sin fronteras, vigente desde octubre de 1991,
tiene como objetivo garantizar la libre circulación de las
emisiones de radiodifusión televisiva, haciendo contribuir
a la realización del espacio audiovisual europeo . Hasta
ahora ha sido totalmente incorporada en cuatro Estados
miembros ( Italia, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido )
y parcialmente incorporada en Bélgica ( la comunidad
francesa ha notificado las medidas necesarias ) y en Ir ­
landa .

Las infracciones a las normas del Tratado :

Los procedimientos de infracción incoados por la Comi ­
sión tienen como objetivo suprimir las restricciones con ­
templadas en las leyes nacionales que son contrarias a lo
dispuesto a los artículos 52 y 59 del Tratado .

En su sentencia de 25 de julio de 1991 ( C-353 / 89 ), el
Tribunal establece que los Países Bajos habían incum ­
plido sus obligaciones debido a las restricciones a la re ­
transmisión por cable de programas emitidos en otros
Estados miembros que contienen mensajes publicitarios
destinados específicamente al público neerlandés, y por
obligar a los organismos de radiodifusión a gastar un de ­
terminado porcentaje de sus presupuestos con una em ­
presa pública nacional .

La Comisión ha presentado ante el Tribunal de Justicia
un recurso contra Bélgica ( comunidad flamenca ) por in ­
cumplimiento de las obligaciones comunitarias, debido
en particular a la prohibición de retransmitir por cable
programas de otros Estados miembros que no se emitan
en la lengua del Estado que efectúa la retransmisión .

Están en curso diversos procedimientos por infracción a
los artículos 52 y 59 del Tratado CEE ( comunidad fran ­
cesa de Bélgica, Francia, Grecia, Países Bajos ). Algunos
procedimientos se refieren a restricciones que utilizan
criterios de orden lingüístico, cuyo efecto restrictivo es
desproporcionado en relación con el objetivo que se per ­
sigue .

Por lo que se refiere al sector de la cinematografía, sigue
abierto un procedimiento contra España relacionado con
el sistema obligatorio de licencia para el doblaje de las
películas procedentes de terceros países, al subordinar la
concesión de tales licencias a la producción y distribu ­
ción de películas nacionales .

ii ) Propiedad intelectual

El acervo en vigor sigue siendo limitado, y está consti ­
tuido por :

— la Directiva 87 / 54 / CEE relativa a la protección jurí ­

dica de los microcircuitos, que ha sido incorporada
por todos los Estados miembros ;

— la Directiva 89 / 104 / CEE, que debió haber entrado

en vigor el 28 de diciembre de 1991, pero debido a su
relación con el Reglamento por el que se crea la
marca comunitaria, la Comisión ha propuesto pospo ­
ner la fecha de aplicación hasta el 31 de diciembre de

1992 ;

— la Directiva 91 / 250 / CEE relativa a la protección ju ­

rídica de los programas de ordenador, que los Esta ­
dos miembros deberán incorporar asimismo antes del

1 de enero de 1993 .

N°C 250 / 18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

iii ) Telecomunicaciones

Por lo que se refiere al estado de aplicación de las Direc ­
tivas 86 / 361 / CEE ( l ) y 87 / 372 / CEE ( 2 ) la Comisión tras
haber recibido en 1991 las medidas nacionales de ejecu ­
ción de parte de las autoridades belgas y españolas, deci ­
dió archivar los dos procedimientos de infracción incoa ­
dos por no comunicación .

Por lo que se refiere a la Directiva 90 / 387 / CEE ( 3 ), la
Comisión ha constatado que tres Estados miembros, Ita ­
lia, Irlanda y Grecia se encontraban en situación de in ­
fracción respecto al derecho comunitario por no comuni ­
cación de las medidas nacionales de ejecución de dicha
Directiva . No obstante, la Comisión ha decidido pospo ­
ner el procedimiento de infracción respecto a Irlanda,
dado que las medidas nacionales de ejecución se encuen ­
tran en proceso de adopción, y ha concedido también
una prórroga a Grecia y a Italia . Dado que la Directiva
91 / 287 / CEE no entró en vigor hasta el 31 de diciembre
de 1991, no se ha iniciado todavía procedimiento alguno
de infracción .

Comunicación de las medidas de ejecución del conjunto de las

Directivas aplicables en el sector de las telecomunicaciones

Los resultados alcanzados en este campo son los resultados me ­
dios . El porcentaje global del 62,5 % pone de manifiesto que la
Comisión no debe disminuir sus esfuerzos .

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre

de 1991

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunicado

medidas

%

Bélgica 4 3 75

Dinamarca 4 3 75

Alemania 4 3 75

Grecia 4 2 50

España 4 3 75

Francia 4 3 75

Irlanda 4 2 50

Italia 4 2 50

Luxemburgo 4 3 75

Países Bajos 4 2 50

Portugal 4 3 75

Reino Unido 4 3 75

( l ) Directiva del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la

primera etapa del reconocimiento mutuo de las homologa ­
ciones de equipos terminales de telecomunicaciones .
( J ) Directiva del Consejo, de 25 de junio de 1987, relativa a las

bandas de frecuencia para comunicaciones móviles terrestres
celulares paneuropeas .
( J ) Directiva establecimiento del Consejo del mercado, de 28 interior de junio de de los 1990 servicios, relativa de tele al ­

comunicaciones a efectos de suministro de una red abierta

de telecomunicaciones .

2 . La circulación de capitales

Tras la supresión, durante 1990, con arreglo a la Direc ­
tiva 88 / 361 / CEE, de todas las restricciones a la circula ­
ción de capitales que subsistían en ocho Estados miem ­
bros, este año se han realizado progresos considerables
en materia de liberalización de los movimientos de capi ­
tales en los cuatro Estados miembros ( España, Grecia,
Irlanda y Portugal ) a los que la Directiva autoriza a
mantener temporalmente determinadas restricciones .

Una etapa importante en este sentido ha sido la deroga ­
ción ( 4 ) de la Decisión de la Comisión (*) por la que se
autoriza a Grecia a adoptar determinadas medidas de
salvaguardia en el ámbito de los movimientos de capita ­
les y en el de los gastos turísticos . La Comisión ha dero ­
gado la excepción, como consecuencia de la decisión
adoptada por el Gobierno griego, de acuerdo con las
disposiciones del préstamo comunitario destinado a
apoyar la balanza de pagos, de suprimir a partir del 6 de
mayo de 1991, todas las restricciones autorizadas por di ­
cha excepción .

Así pues, ya no existen medidas de salvaguardia, y las

disposiciones de la Directiva sobre libre circulación de
capitales se aplican ya en su totalidad . Cabe resaltar que
determinadas medidas de liberalización de los movimien ­
tos de capitales han sido ya adoptadas o deberían serlo
antes de la expiración de los plazos contemplados en la
Directiva, con una anticipación variable según los países .
Las autoridades españolas han anunciado a este respecto
que concluirían la liberalización de capitales para finales
de 1991, es decir, un año antes de la expiración del plazo
fijado en la Directiva . Tal anticipación refleja la falta de
problemas de balanza de pagos debidos a los flujos de
capitales provocados por las medidas de liberalización,

así como la voluntad de los Estados miembros interesa ­
dos de seguir el ritmo acelerado de los progresos hacia la
integración financiera y monetaria, una de cuyas dimen ­
siones fundamentales la constituye la libre circulación de
capitales .

A pesar de los importantes progresos realizados en la eli ­
minación de las restricciones directas a la libre circula ­
ción de capitales, subsisten diversos obstáculos indirectos
en la casi totalidad de los países de la Comunidad . Tales
obstáculos se deben sobre todo a las medidas y prácticas
nacionales que imponen o favorecen los instrumentos y
establecimientos financieros nacionales, por medio sobre
todo de medidas fiscales o de reglas prudenciales en ma ­
teria de inversiones . Los servicios de la Comisión se ocu ­
pan actualmente de detectar tales obstáculos y de iniciar

los procedimientos necesarios para su eliminación .

( 4 ) Decisión 91 / 285 / CEE de la Comisión, de 4 de junio de

1991 .
( 5 ) Decisión 85 / 594 / CEE de la Comisión, de 22 de noviembre

de 1985, modificada en último lugar por la Decisión
90 / 663 / CEE, de 19 de diciembre de 1990 .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 250 / 19

Las acciones emprendidas con vistas a la eliminación de
las restricciones encontradas no han ido más allá de una
simple « carta de advertencia » por parte de la Comisión .
Los procedimientos de infracción incoados con anteriori ­
dad, consistentes en cartas de advertencia en relación
con las restricciones a los créditos comerciales, han re ­
sultado eficaces y han sido archivados como consecuen ­
cia de las modificaciones apropiadas en las legislaciones
nacionales .

c ) Libre prestación de los servicios financieros, fiscalidad

directa y derecho de sociedades

En este sector, la aplicación del Derecho comunitario
está a menudo relacionada con disposiciones y principios
directamente derivados del Tratado CEE y, sólo en un
número de casos relativamente limitado, con la aplica ­
ción incorrecta de las Directivas . Efectivamente, si se
agrupan los casos de los que ha tenido que ocuparse la
Comisión durante el período al que se refiere el presente
informe, según el tipo de infracción presunta o compro ­
bada, puede observarse que la mayoría de los casos de ­
ben examinarse desde el punto de vista del artículo 59
del Tratado, debido a que la libre prestación de servicios
financieros se ve obstaculizada por disposiciones de De ­
recho público, en particular de carácter fiscal, que no tie ­
nen en cuenta la nueva dimensión de la prestación de
servicios . Así, en numerosos ejemplos, las exoneraciones
o reducciones fiscales contempladas en las leyes de los
Estados miembros, no se aplican en caso de prestación
de servicios ( ventajas fiscales limitadas a los residentes ).
Un segundo tipo de casos se refiere a los obstáculos a la
inversión, como consecuencia de las leyes o las prácticas
administrativas de los Estados miembros . En un tercer
grupo, la Comisión ha examinado las disposiciones na ­
cionales que establecen desigualdades entre empresas ex ­
tranjeras establecidas en un Estado miembro, por una
parte, y las empresas establecidas con arreglo al Derecho
del Estado miembro interesado .

Uno de los ejemplos más típicos de los casos en los que
el Derecho nacional, y en particular el fiscal, no tienen
en cuenta la prestación de servicios se refiere a la deduc ­
tibilidad de las primas de seguro de las rentas imponibles
de las personas físicas . Los procedimientos de infracción
incoados contra varios Estados miembros han sido sus ­
pendidos en espera de las sentencias del Tribunal de Jus ­
ticia en los asuntos C-204 / 90 y C-300 / 90 en los que se
pone en tela de juicio la legislación belga .

Un ejemplo en el que ha sido forzoso constatar la aplica ­
ción incorrecta de una Directiva es el de la recaudación
de un derecho de inscripción anual ( denominado « con ­
cessione governativa »). Efectivamente, tal derecho no
tiene relación alguna con los gastos administrativos oca ­
sionados por la inscripción de una empresa en el registro
de comercio, de tal modo que es preciso considerarlo
como una infracción a la Directiva 69 / 335 / CEE relativa

al derecho de aportación .

Por lo que se refiere a los casos relacionados con los
obstáculos a la inversión directa en determinados Estados

miembros, inversión que normalmente equivale al esta ­
blecimiento ( por ejemplo, cuando se trata de una toma
de participación mayoritaria en una sociedad creada en
otro Estado miembro ), la Comisión ha tomado nota de
las dificultades que existen en varios Estados miembros .
Así, por ejemplo, ha recibido una denuncia relacionada
con una práctica de las autoridades británicas que puede
crear obstáculos a la inversión directa por sociedades
bajo control estatal . La negociación con dichas autorida ­
des ha permitido suprimir tales obstáculos . Los servicios
de la Comisión han iniciado un estudio general de los
obstáculos que pueden existir, en gran número de Esta ­
dos miembros, a la inversión directa . Tales estudios se
han llevado a cabo durante la mayor parte del período
de referencia, esperándose sus conclusiones en 1992 .

Un problema especial es el que se refiere a las fianzas
que exigen los poderes públicos en la mayoría de los Es ­
tados miembros en determinados sectores ( aduanas, con ­
tratos públicos, etc ). A menudo, las disposiciones nacio ­
nales establecen que tales fianzas deben provenir de una
institución establecida en el territorio del Estado miem ­
bro que exige la fianza, lo cual constituye una restricción
a la prestación de servicios por las instituciones financie ­
ras afectadas . Para superar tales dificultades, la Comisión
propuso un Reglamento del Consejo relativo a las fian ­
zas emitidas por entidades de crédito o por empresas de
seguros, sobre el que el Parlamento emitió su dictamen
en 1989 ('). La Comisión presentó al Consejo una pro ­
puesta modificada de dicho Reglamento el 31 de diciem ­
bre de 1991 ( 2 ). El Consejo ha iniciado el examen de di ­
cha propuesta modificada . Las discusiones ponen de ma ­
nifiesto que la rápida adopción de dicha propuesta se en ­
contraría con graves dificultades, por lo que la Comisión
tendrá que examinar la oportunidad de reiniciar los pro ­
cedimientos de infracción incoados en tales casos, que se
encuentran actualmente en suspenso .

Por lo que se refiere a la incorporación de las Directivas,
la situación de las relacionadas con el sector bancario es

preocupante, pues se están produciendo importantes re ­
trasos en la adopción y la comunicación de las medidas
nacionales de ejecución . Sólo la mitad, aproximada ­
mente, de las medidas que hubieran debido adoptarse
han sido efectivamente adoptadas . Las Directivas cuya
incorporación sufre un retraso más preocupante son las
relacionadas con las cuentas de los bancos y de las su ­
cursales . El ritmo de incorporación en un sector de los
seguros progresa de manera satisfactoria . Las Directivas
relativas a los valores mobiliarios están aplicándose de un
modo desigual, produciéndose ciertos retrasos en parti ­
cular en lo que se refiere a las últimas Directivas sobre el
prospecto bursátil . Por lo que se refiere al derecho de
sociedades, la Comisión vigila en particular la aplicación
del Reglamento CEE n° 2137 / 85 del Consejo, relativo a
la agrupación europea de interés económico, adoptado
por once Estados miembros .

O DO n° C 159 de 26 . 6 . 1989, p . 4 .
( 2 ) DO n° C 53 de 28 . 2 . 1991, p . 74 .

N° C 250 / 20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

La Comisión lamenta por otra parte que Alemania siga Así pues, se han reforzado las estructuras internas de los
sin ajustarse a la cuarta Directiva ( cuentas anuales ), dado servicios de la Comisión y se ha aprobado un nuevo mé ­
que la publicidad del documento contable está lejos de todo para el control de las legislaciones nacionales, en
ser satisfactoria . Por el contrario, la Comisión ha deci ­ particular en materia de IVA .
dido archivar la infracción a la séptima Directiva ( cuen ­
tas consolidadas ) incoada asimismo contra Alemania so ­
bre la base de la respuesta suministrada por dicho Estado
miembro al dictamen motivado . De este modo, se han creado grupos de trabajo ad hoc, a
fin de que, el 1 de enero de 1993, pueda llevarse a cabo
la aplicación del régimen transitorio de IVA, respetando
así totalmente el Derecho comunitario .

Comunicación de las medidas de ejecución del conjunto de las
Directivas aplicables en los sectores de las instituciones financie ­

ras, de la fiscalidad directa y del derecho de sociedades

El porcentaje del 83,8 % que se ha alcanzado para el conjunto
de este sector es correcto . No obstante, Grecia, Italia y Luxem ­
burgo deben todavía recuperar su retraso .

Los servicios de la Comisión han continuado el examen
de la conformidad de las leyes de los Estados miembros
con las disposiciones fiscales del Tratado ( artículos 95 y
96 CEE ). A este respecto, la Comisión ha incoado dos
nuevos procedimientos contra Grecia que, por una parte,
grava en mayor medida los cafés importados que los
confeccionados en el país y, por otra, somete al tipo in ­
crementado de IVA las sidras y peradas importadas,
mientras que a los productos nacionales similares se les
aplica el tipo reducido . Por otra parte, dicho Estado
miembro ha sido denunciado ante el Tribunal en el
marco de otro procedimiento relativo al impuesto espe ­
cial de consumo sobre los automóviles .

Bélgica ha sido denunciada con arreglo al artículo 95 del
Tratado CEE, por una parte, por la excesiva imposición

del vino espumoso de uva en comparación con los pro ­
ductos nacionales similares, y por otra, por la imposición
a la importación de pequeños paquetes de los demás Es ­
tados miembros . En este último caso, la infracción ha
sido archivada, al haberse ajustado Bélgica al punto de
vista de la Comisión .

Directivas
aplicables

al 31 de

diciembre

de 1991

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunicado

medidas

%

Bélgica 37 30 81

Dinamarca 36 36 100

Alemania 37 32 86,5

Grecia 36 25 69

España 37 35 94,6

Francia 37 35 94,6

Irlanda 37 30 81

Italia 37 25 67,6

Luxemburgo 37 25 67,6

Países Bajos 36 21 86

Portugal 36 32 88,8

Reino Unido 37 33 89

Por otra parte, el Tribunal ha condenado a Grecia, Es ­

3 . ELIMINACIÓN DE LAS FRONTERAS FISCALES paña e Italia por la no aplicación del artículo 95 del Tra ­

tado tal como ha sido interpretado en las sentencias
Schul y siguientes, que obligan al Estado miembro de
importación de un bien a tener en cuenta la parte de IVA
En el ámbito de la fiscalidad indirecta, 1991 se caracte ­ pagada ción . Dichos por dicho Estados bien miembros en el Estado se miembro han ajustado de exporta poste ­ ­
rizó por el acuerdo sobre supresión de los controles fis ­ riormente a lo dispuesto por el Tribunal .
cales en las fronteras entre los Estados miembros, así
como sobre la aproximación de los tipos de IVA, y de
los impuestos sobre consumos específicos, por lo que los
esfuerzos de la Comisión han dado sus frutos .

Tal como indicaba la Comisión en el anterior informe, la
vigilancia de la correcta aplicación del Derecho comuni ­
tario en los Estados miembros resulta esencial para per ­
mitir el buen funcionamiento del nuevo sistema en mate ­
ria de IVA y de impuestos sobre consumos específicos,
que entrará en vigor el 1 de enero de 1993 .

El Tribunal ha condenado asimismo a Luxemburgo y a
Bélgica por su régimen de impuestos específicos sobre la
cerveza, al no gozar las cervezas importadas de la misma
bonificación que se concede a las cervezas nacionales . Fi ­
nalmente, en el sector de las bebidas espirituosas, el Tri ­
bunal ha considerado discriminatoria y, por consiguiente,
contraria al artículo 95 del Tratado CEE, la práctica
griega consistente en gravar en mayor medida el whisky,
la ginebra, el ron, etc ., que las bebidas locales tales como
el ouzo .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 21

La Comisión tiene como tarea velar por la correcta apli ­
cación de las Directivas en materia fiscal . Por lo que se
refiere a la interpretación uniforme de las normas esta ­
blecidas por las sexta Directiva IVA, la Comisión incoó
un procedimiento contra España, Francia, Irlanda y Lu ­
xemburgo, cuyos regímenes impositivos sobre las presta ­
ciones de las agencias de publicidad pueden dar lugar a
casos de doble imposición o de no imposición cuando la
prestación se efectuó por cuenta de un sujeto pasivo es ­
tablecido en otro Estado miembro .

Por otra parte, se emitió un dictamen motivado respecto
de Francia, que excluía de la base imponible determina ­
dos impuestos, tales como la tasa EDF sobre la electrici ­
dad y el canon sobre el agua, con lo que se infringe lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 de la citada
Directiva . Al haber modificado Francia la ley en el sen ­
tido correcto, el procedimiento ha sido archivado .

A este respecto, cabe también señalar el envío de un dic ­
tamen motivado a Italia, que todavía no ha aplicado la
sentencia del Tribunal, de 28 de junio de 1988, relativa a
los porcentajes globales de compensación aplicables en
agricultura .

la Comunidad, la Comisión emitió dos dictámenes moti ­
vados contra Grecia, uno por el pago de una multa exce ­
siva por una ciudadana neerlandesa y su encarcelamiento
como consecuencia de la importación de su automóvil en
Grecia al cambiar de residencia, y el otro por incorpora ­
ción incorrecta de la Directiva 83 / 183 / CEE por las au ­
toridades griegas, que exigen diversas pruebas para de ­
terminar la residencia normal, así como el pago de una
fianza en el momento de la importación .

La Comisión ha intervenido también con éxito ante las
autoridades belgas en favor de un particular a quien se
había reclamado, al realizar su mudanza, un certificado
de residencia en Bélgica para la concesión de la franqui ­
cia sobre los bienes personales .

En este campo, ha habido varios expedientes más que
han sido llevados ante el Tribunal . El primero de ellos se
refiere a la importación en Grecia de una cámara de ví ­
deo por la que un particular tuvo que pagar una multa
especialmente elevada .

El segundo se refire a la exigencia por parte de las auto ­
ridades españolas de una factura especial para la conce ­
Otros tres casos han sido presentados ante el Tribunal, al sión de la fanquicia a los viajeros .
no haberse ajustado los Estados miembros al dictamen
motivado . Se trata de Italia, por la prórroga de la exone ­
ración del IVA concedida con motivo del terremoto ; de
Alemania, por su sistema de imposición a las agencias de El tercer procedimiento, incoado contra Francia, tiene
viaje, y de Dinamarca, por la creación de una nueva como objetivo resolver el caso de una demandante cuyo

contribución patronal del 3,05 % considerada como con ­
traria al artículo 33 de la sexta Directiva que prohibe es ­
tablecer un impuesto distinto del IVA sobre el volumen
de negocios .

También se dictó una sentencia contra España, cuya le ­
gislación establecía la exoneración del IVA para las pres ­
taciones de los anistas plásticos, los periodistas, los com ­
positores, etc . El Tribunal ha estimado tales exoneracio ­
nes contrarias al artículo 2 de la sexta Directiva .

En este contexto, es preciso igualmente indicar que se ha
archivado el procedimiento incoado con arreglo al ar ­
tículo 171 del Tratado CEE contra los Países Bajos, que
no habían adoptado las disposiciones necesarias para
ajustarse a la sentencia de 26 de marzo de 1987 relativa
a la exoneración de las prestaciones de los notarios y de
otros fedatarios públicos . La ley de finanzas neerlandesa
para 1991 puso fin a la infracción .

En relación con las Directivas fiscales que tienen por ob ­
jeto garantizar al ciudadano europeo la concesión de de ­
terminadas facilidades en sus desplazamientos dentro de

El tercer procedimiento, incoado contra Francia, tiene
como objetivo resolver el caso de una demandante cuyo
vehículo ha sido sometido a una doble imposición, de ­
bido al hecho de que está considerada como residente
francesa y belga por las autoridades respectivas de ambos
países . Dicho litigio ha sido llevado también ante el Tri ­
bunal Supremo francés .

Por otra parte, el Tribunal dictó una sentencia en favor
de la Comisión en un procedimiento contra Dinamarca,

que excluía del campo de aplicación de las franquicias
para viajeros las importaciones de más de diez litros de
gasóleo .

Finalmente, el estado de incorporación de la Directiva
del sector fiscal sigue siendo satisfactorio . Cabe no obs ­
tante resaltar que la Comisión ha demandado a Italia
ante el Tribunal con arreglo al artículo 171 del Tratado
CEE al no haber incorporado todavía dicho Estado
miembro a su Derecho interno las Directivas del Con ­
sejo, de 28 de marzo de 1983, relativas a las franquicias
concedidas a los particulares al realizar una mudanza, o
en el marco de determinadas importaciones definitivas de
bienes ( matrimonio, equipos de estudio, sustancias tera ­
péuticas, prospectos, etc .) a pesar de la anterior condena
de 24 de noviembre de 1987 por falta de incorporación .

N° C 250 / 22 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

Comunicación de las medidas de ejecución del conjunto de las

Directivas aplicables en el sector de la fiscalidad indirecta

La Comisión no puede sino congratularse del resultado alcan ­
zado en este sector ( 99 % ).

ciones nacionales que regulan la liquidación definitiva
del impuesto sobre los salarios para los trabajadores no
residentes, se han incoado varios procedimientos contra
determinados Estados miembros sobre la base del apar ­
tado 2 del artículo 7 del Reglamento ( CEE ) n° 1612 / 68,
tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia
en su sentencia de 8 de mayo de 1990 ( asunto C - 175 / 89
Biehl ). La Comisión ha decidido, por ejemplo, enviar un
dictamen motivado a Francia, Luxemburgo y los Países
Bajos .

El procedimiento de infracción incoado contra Alemania,
relativo a las disposiciones discriminatorias que suprimen
las ventajas, en el cálculo del cociente familiar, de los
hijos y otros miembros de la familia del trabajador que
residan en el extranjero, ha dado lugar al envío de un
dictamen motivado complementario .

Finalmente, la Comisión ha decidido enviar un dictamen
motivado a Alemania en relación con la aplicación de un
sistema impositivo de las rentas imponibles de los contri ­
buyentes que no vivan pero que trabajen el Alemania,
que resulta discriminatorio respecto del que se aplica a
los contribuyentes que viven y trabajan en el país .

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre

de 1991

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunicado

medidas

%

Bélgica 51 51 100

Dinamarca 55 55 100

Alemania 51 51 100

Grecia 52 52 100

España 51 49 96

Francia 52 52 100

Irlanda 52 51 98

Italia 51 49 96

Luxemburgo 51 51 100

Países Bajos 51 51 100

Portugal 51 51 100

Reino Unido 51 51 100

4 . LIBRE CIRCULACION DE LAS PERSONAS Derecho de entrada en los museos

a ) Prohibición fiscales de las discriminaciones . Ventajas sociales y En España relación con ha continuado los derechos aplicando de un entrada trato en discriminatorio los museos,

a los nacionales de otros Estados miembros en relación

con sus propios nacionales .

En el ámbito de la aplicación del Reglamento ( CEE ) n°

1612 / 68, relativo a la libre circulación de los trabajado ­
res, hay varios procedimientos de infracción en marcha La Comisión considera que tal discriminación es contra ­
contra varios Estados miembros . Por lo que se refiere a ria a los artículos 7, 48 y 59 del Tratado CEE, por lo
la igualdad de trato en materia de acceso al empleo a que se incoó un procedimiento de infracción en 1987
bordo de los buques, la Comisión ha decidido enviar un ( asunto C-352 / 87 ).
dictamen motivado a los gobiernos griego, español, belga
y británico, mientras que el procedimiento contra Italia
se encuentra ya ante el Tribunal .
A fines de 1989, España anunció su intención de estable ­
cer un trato idéntico para todos los ciudadanos de la Co ­
munidad en el contexto de la reforma de 1990 de los
El deseo de garantizar a los ciudadanos comunitarios la impuestos nacionales .
igualdad de trato en materia de ventajas sociales ( Bél ­
gica, Grecia, Luxemburgo y Francia ) ha llevado a la Co ­
misión a llevar al Gran Ducado de Luxemburgo ante el
Tribunal de Justicia a causa de las discriminaciones en En su carta de 9 de mayo de 1991, las autoridades espa ­
materia de concesión de subsidios prenatales y de mater ­ ñolas anunciaron un acuerdo ministerial para poner fin a
nidad . También se han incoado procedimientos de in ­ la discriminación a partir de junio de 1991 . Dicho
fracción contra Bélgica, Grecia y Francia . acuerdo no ha sido notificado a la Comisión, por lo que

La Comisión considera que tal discriminación es contra ­
ria a los artículos 7, 48 y 59 del Tratado CEE, por lo
que se incoó un procedimiento de infracción en 1987
( asunto C-352 / 87 ).

Por lo que se refiere a la igualdad de trato en materia de
ventajas fiscales para los trabajadores comunitarios y en
particular a los aspectos discriminatorios de las legisla ­

En su carta de 9 de mayo de 1991, las autoridades espa ­
ñolas anunciaron un acuerdo ministerial para poner fin a
la discriminación a partir de junio de 1991 . Dicho
acuerdo no ha sido notificado a la Comisión, por lo que
ésta ha decidido recurrir al Tribunal de Justicia en rela ­
ción con este asunto . La legislación griega, que imponía
un trato discriminatorio en relación con el derecho de
entrada en los museos, ha sido modificada con arreglo a
las normas comunitarias . Por consiguiente, la Comisión
ha decidido archivar el asunto correspondiente .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 23

b ) Entrada y residencia

Por lo que se refiere al respeto de las disposiciones del
Derecho comunitario relativas a la expedición de visados
a aquellos miembros de la familia de un ciudadano co ­
munitario que no sean nacionales de un Estado miembro
( los visados deben serles expedidos gratuitamente y con
todas las facilidades ), la actuación de la Comisión ha
sido fructífera, ya que de los nueve procedimientos in ­
coados, ocho han sido archivados gracias a las respuestas
satisfactorias de los Estados miembros . Por el contrario,
en el caso de Bélgica, la Comisión ha decidido recurrir
ante el Tribunal de Justicia .

Por lo que se refiere al libre paso de las fronteras, los
artículos 2 y 3 de las Directivas 68 / 360 / CEE y
73 / 148 / CEE establecen como única formalidad la pre ­
sentación del carnet de identidad o el pasaporte para en ­
trar y salir del territorio de un Estado miembro .

El problema concreto de las preguntas que plantean a los
viajeros las autoridades nacionales encargadas de los
controles de frontera, que ha sido objeto de un procedi ­
miento de infracción contra los Países Bajos, dio lugar a
una sentencia del Tribunal de Justicia ( sentencia de 30
de mayo de 1991, asunto C-68 / 89 ).

El Tribunal declara incompatible con las citadas Directi ­
vas la ley neerlandesa que establece que los nacionales de

un Estado miembro pueden ser obligados a responder a
las preguntas de los funcionarios encargados de la vigi ­
lancia de las fronteras en relación con el objeto y la du ­
ración de su viaje así como con los medios financieros de
que disponen para efectuar dicho viaje, antes de ser au ­
torizados a acceder al territorio neerlandés .

c ) Igualdad de trato en materia de ejercicio de los dere ­

chos sindicales

En su sentencia de 4 de julio de 1991 ( asunto C-213 / 90 ),
el Tribunal de Justicia establece que la ley luxembur ­
guesa por la que se niega a los trabajadores comunitarios
el derecho a voto en las elecciones de los miembros de
una cámara profesional es contraria a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 8 del Reglamento ( CEE ) n°
1612 / 68 .

A la vista de dicha sentencia, que, no obstante, no se
pronuncia sobre el derecho de los trabajadores comuni ­
tarios a ser elegidos miembros de las cámaras profesiona ­
les, la Comisión ha decidido proseguir el procedimiento
contra Luxemburgo en relación únicamente con este
punto, recurriendo al Tribunal de Justicia para que con ­
firme el derecho de elegibilidad de los trabajadores co ­
munitarios en la elección de los miembros de las cámaras

profesionales .

d ) Acceso al empleo en la función pública

Apartado 4 del artículo 48 del Tratado CEE

artículo 169 del Tratado CEE contra todos los Estados
miembros que están infringiendo las normas que afectan
a los cuatro sectores denominados « prioritarios » de la
función pública ( enseñanza pública, investigación con fi ­
nes civiles, servicios operativos de salud pública y orga ­
nismos encargados de la administración de un servicio
comercial ) O se ha plasmado en el envío de una carta de
emplazamiento, en marzo / abril de 1991, a los Gobiernos
interesados .

Dada la importancia y la complejidad del asunto, la Co ­
misión ha concedido, con carácter excepcional, un plazo
de seis meses para contestar a las cartas de emplaza ­
miento .

La Comisión ha recibido ya respuesta de todos los Esta ­
dos miembros afectados excepto de Bélgica y Luxem ­
burgo, que todavía no han contestado a las referidas car ­
tas . Algunas de esas respuestas son satisfactorias ( Reino
Unido ), mientras que otras ponen de manifiesto una evo ­
lución positiva a nivel legislativo y reglamentario nacio ­
nal ( Francia y Dinamarca ).

Finalmente, en los demás Estados miembros se observa
una reflexión cada vez más profunda, si bien todavía no
ha dado lugar a resultados concretos .

Durante el primer trimestre de 1992, la Comisión deci ­
dirá el curso que debe darse a cada procedimiento a la
vista de las respuestas, o no, de los Estados miembros a
las citadas cartas de emplazamiento .

e ) Reconocimiento de los diplomas

Al igual que los años anteriores, la Comisión ha recibido
unas cuarenta quejas relacionadas con restricciones con ­
trarias de los artículos 52 y 59 del Tratado CEE, así
como a las Directivas que facilitan el mutuo reconoci ­
miento de los diplomas con fines profesionales . Algunas
de ellas dieron posteriormente lugar a la incoación de un
procedimiento de infracción contra el Estado miembro
interesado sobre la base del artículo 169 del Tratado
CEE ; por el contrario, otras fueron archivadas por care ­
cer de fundamento .

En 1991, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu ­
ropeas dictó también diversas sentencias relacionadas con
restricciones contrarias a los artículos 52 y 59 del Tra ­
tado .

En este contexto, cabe también señalar :

— Las sentencias dictadas en febrero en los asuntos re ­

lativos a la libre prestación de servicios por los guías
turísticos ( C-l 80 / 89, Comisión contra Italia ;
C-198 / 89, Cornisón contra Grecia y C-154 / 89, Co ­
misión contra Francia ). El Tribunal declaró que

La decisión de la Comisión de 25 de julio de 1990 de
incoar los procedimientos de infracción con arreglo al O DO n° C 72 de 18 . 3 . 1988 .

N° C 250 / 24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

estos tres Estados miembros habían inclumplido las
obligaciones que les incumbían en virtud del artículo
59 del Tratado, al subordinar la prestación de servi ­
cios de los guías turísticos que viajan con un grupo
de turistas procedentes de otro Estado miembro a la
posesión de una tarjeta profesional que supone haber
pasado un examen, cuando dicha prestación consiste
en guiar a tales turistas en lugares distintos de los
museos o monumentos históricos susceptibles de ser
visitados únicamente con un guía profesional especia ­

lizado .

— La sentencia en el asunto Vlassopoulou ( C-340 / 89,

prejudicial ), en la que el Tribunal precisa su jurispru ­
dencia anterior relativa a los trabajadores por cuenta
ajena ( asunto 22 / 86, Heylens ) y la amplía explícita ­
mente a la libertad de establecimiento al constatar

que, incluso en ausencia de Directiva, el Estado
miembro de acogida debería tomar en consideración
las cualificaciones adquiridas en otros Estados miem ­
bros que posean los nacionales comunitarios, a con ­
dición de que se trate de la misma profesión .

sión contra Francia ) relacionada con la libre presta ­
ción de servicios de los abogados . La incorporación
de dicha Directiva ha sido considerada incorrecta ya
que la legislación francesa priva a los franceses que
ejerzan la profesión de abogado fuera de Francia, del
beneficio de la libre prestación de servicios en Fran ­
cia y obliga al abogado prestatario a actuar de con ­
suno con un abogado establecido, incluso ante auto ­
ridades no jurisdiccionales, así como para el ejercicio
de actividades para las que el Derecho francés no
exige la asistencia obligatoria de un abogado . Asi ­
mismo, el carácter incorrecto de la incorporación
queda de manifiesto al obligar a un abogado presta ­
tario que actúe ante un tribunal de apelación a recu ­
rrir a un abogado inscrito en el colegio al que perte ­
nece dicho tribunal para instruir o llevar a cabo las
diligencias propias de los actos de procedimiento .

— Continúan los procedimientos con arreglo al artículo

169 del Tratado CEE incoados como consecuencia

de la sentencia Cowan de 2 de febrero de 1989
( asunto 186 / 87 ) contra Bélgica, Luxemburgo y los
Países Bajos, Estados miembros cuyo sistema de in ­
demnización de las víctimas de actos de violencia
comportan discriminaciones basadas en la nacionali ­
dad . La Comisión ha decidido plantear contra esos
tres Estados miembros un recurso por incumpli ­
miento ante el Tribunal de Justicia .

— La sentencia dictada en el asunto C-89 / 294 ( Comi ­

De dicha sentencia se desprende en particular que el tario que actúe ante un tribunal de apelación a recu ­
Estado miembro de acogida debe examinar en qué rrir a un abogado inscrito en el colegio al que perte ­
medida la cualificación adquirida corresponde a la nece dicho tribunal para instruir o llevar a cabo las
que exige la normativa nacional . Sólo en la medida diligencias propias de los actos de procedimiento .
en que la correspondencia sea solamente parcial, po ­
drá el Estado miembro de acogida exigir que el inte ­
resado demuestre que ha adquirido los conocimientos
y cualificaciones que faltan . Procedimientos de infracción incoados sobre la base del ar ­
tículo 171 del Tratado CEE ( no ejecución de una sentencia
del Tribunal )

— El asunto Dennemeyer ( C-76 / 90, prejudicial ), rela ­

cionado con la libre prestación de servicios en las ac ­
tividades relativas a la conservación de los derechos
de propiedad industrial . En dicha sentencia, el Tribu ­
nal interpreta que el artículo 59 del Tratado CEE se
opone a una ley nacional que prohibe a una sociedad
que presta servicios en otro Estado miembro prestar a
los titulares de patentes en el territorio nacional servi ­
cios de vigilancia y de renovación de tales patentes
mediante el pago de los cánones por la única razón
de que dicha actividad está reservada exclusivamente
a los titulares de una cualificación profesional espe ­
cial existente en el Estado miembro de acogida, tal
como la de consejero de patentes .

— La sentencia dictada en el asunto C-90 / 167 ( Comi ­

sión contra Italia ), en la que se constata que Italia ha
inclumplido lo establecido en los artículos 48, 52 y 59
del Tratado CEE al mantener en vigor las disposicio ­
nes que reservan únicamente a los nacionales italia ­
nos la posibilidad de obtener en Italia el reconoci ­
miento de diplomas no italianos que habilitan para
ejercer profesiones de auxiliares en el sector de la sa ­
nidad, lo cual excluye, pues, a los nacionales de los
demás Estados miembros .

La sentencia dictada en el asunto C-88 / 263 ( Comisión
contra Francia ) condena a Francia por denegar el dere ­
cho de establecimiento y de libre prestación de servicios
en los territorios de Ultramar . Dado que Francia sigue
sin cumplir lo dispuesto en dicha sentencia por lo que se
refiere a determinados territorios de Ultramar, la Comi ­
sión ha incoado contra dicho país el procedimiento del
artículo 171 del Tratado CEE .

Asimismo, al no haber comunicado Francia, Italia y Gre ­
cia a la Comisión las medidas por las que modifican su
legislación en materia de prestación de servicios de guía
turístico tras las sentencias del Tribunal en la materia, se
ha incoado contra tales Estados el procedimiento de in ­
fracción del artículo 171 del Tratado CEE .

Por otra parte, la Comisión ha decidido archivar la in ­
fracción contra Grecia por incumplimiento de la senten ­
cia del Tribunal relativa a la legislación sobre las regio ­
nes fronterizas .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 25

Infracciones comprobadas

La violación de los artículos 52 y 59 del Tratado CEE ha
sido también objeto de distintos procedimientos de in ­
fracción que han alcanzado ya la fase de dictamen moti ­
vado . En este contexto, cabe señalar en particular los
procedimientos incoados contra Francia ( condiciones de
acceso a la profesíon de agente inmobiliario / tarjeta pro ­
fesional ), contra España ( guías turísticos ) e Italia ( dene ­
gación de una licencia para la apertura de una agencia
de detectives privados ).

Algunos expedientes han sido archivados, tal como el re ­

lativo al reconocimiento por Francia de un diploma belga
de enfermera graduada social .

La Comisión continúa el control del Derecho primario y
del Derecho derivado . Por lo que se refiere a las Directi ­
vas aprobadas por el Consejo sobre la base del artículo

57 del Tratado CEE a fin de garantizar la libre circula ­
ción y el mutuo reconocimiento de los diplomas o de las
cualificaciones profesionales, la Comisión ha incoado
procedimientos por no comunicación de las medidas na ­
cionales de ejecución y por incorporación incompleta o
incorrecta de tales Directivas .

En relación con el año anterior, puede observarse un au ­
mento de los procedimientos de infracción incoados, en
particular a raíz de la entrada en vigor de las Directivas
recientemente aprobadas ( arquitectos, farmacéuticos y
sistema general ).

Medidas nacionales de ejecución

Como consecuencia de los procedimientos incoados por
la Comisión por no comunicación de las medidas nacio ­
nales de ejecución, algunos Estados miembros han adop ­
tado las medidas requeridas . Puede citarse como ejemplo
a España ( Directiva sobre las comadronas, prestación de
servicios de peluquería, medidas transitorias, etc .), Bél ­
gica e Italia ( Directiva sobre los auxiliares de transporte ).

No obstante, otros Estados miembros han sido condena ­
dos por el Tribunal de Justicia por no incorporación de
determinadas Directivas . Tal es el caso de Bélgica en re ­
lación con las Directivas sobre los farmacéuticos ( asunto

167 / 90 ) y de Italia ( asunto 286 / 90 ), así como de Grecia
por las Directivas sobre los arquitectos ( asunto 309 / 90 ) y
de España en relación con la Directiva 80 / 155 / CEE so ­
bre las comadronas ( asunto 313 / 89 ). Luxemburgo ha
adoptado las medidas de ejecución necesarias para ajus ­
tarse a las Directivas sobre los farmacéuticos tras la sen ­

tencia del Tribunal en el asunto 168 / 90 .

El 4 de enero de 1991 era el plazo límite para la incor ­
poración por los Estados miembros de la Directiva
89 / 48 / CEE relativa a un sistema general de reconoci ­
miento de los diplomas de enseñanza superior que san ­

cionan formaciones profesionales de una duración mí ­
nima de tres años . La Comisión ha incoado el procedi ­
miento establecido en el artículo 169 del Tratado CEE
contra Bélgicda, Grecia, Italia, Luxemburgo y los Países
Bajos por no comunicación de las medidas nacionales de
ejecución del sistema general .

Incorporación o aplicación incorrecta de las
Directivas

También se han incoado procedimientos contra determi ­

nados Estados miembros por incorporación o aplicación
incorrecta de las Directivas . A este respecto, cabe reseñar
los casos siguientes :

— Tras haber recibido varias quejas al respecto, la Co ­

misión ha proseguido un procedimiento de infracción
contra Alemania por aplicación incorrecta de las Di ­
rectivas sobre los dentistas . En opinión de la Comi ­
sión, Alemania incumple sus obligaciones al exigir a
los dentistas que han adquirido su cualificación con
arreglo a la Directiva en otro Estado miembro que
demuestren unos conocimientos suficientes apro ­
bando unos exámenes y cumpliendo una condiciones
suplementarias no contempladas en las Directivas .

Las Directivas sobre los dentistas han dado lugar a
un procedimiento de infracción contra España, que
admite el establecimiento en su territorio de los den ­
tistas formados en los países hispanoamericanos, en
los que la formación es manifiestamente inferior a la
que establece la Directivas . En opinión de la Comi ­
sión, un Estado miembro es libre de reconocer los
diplomas de terceros países, pero a condición de que
éstos correspondan a la formación que se exige en la
Directiva sobre los dentistas .

Finalmente, la aplicación incorrecta de las mismas
Directivas ha dado también lugar a un procedimiento
de infracción contra Italia ( tratamiento de derechos
adquiridos ).

— La no conformidad de la incorporación por España

de las Directivas sobre los arquitectos ha dado lugar
a la incoación de un procedimiento de infracción por
la Comisión, dado que la legislación española que in ­
corpora tales Directivas limita el campo de actividad
de los arquitectos al del país de origen, limitando
también la duración máxima de las prestaciones de
servicios .

— Un Anexo de la Directiva 75 / 363 / CEE sobre los mé ­

dicos establece la obligación de retribuir a los médi ­
cos durante la adquisición de una formación especia ­
lizada . Dado que España y Portugal no respetan di ­
cha obligación, la Comisión ha proseguido el proce ­
dimiento de infracción por aplicación incorrecta de la
Directiva .

N° C 250 / 26 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

f ) Agentes comerciales independientes su situación mientras que continúa la falta de incorpora ­
ción en el caso español, italiano, irlandés y neerlandés .

Por lo que se refiere a la Directiva 86 / 653 / CEE relativa
a los agentes comerciales independientes, se han archi ­
vado los procedimientos contra Francia, Grecia e Italia,

al haber incorporado dichos Estados miembros la Direc ­
tiva . Por el contrario, la Comisión ha decidido enviar un
dictamen motivado a Bélgica, España y Luxemburgo por
no comunicación de las medidas nacionales de ejecución .
Por otra parte, Irlanda y el Reino Unido gozarán de una
prórroga excepcional hasta 1994 .

5 . POLITICA DE LOS CONSUMIDORES Y SEGURIDAD

DE LOS PRODUCTOS

En materia de prácticas comerciales, el estado de la in ­
corporación sigue siendo preocupante por lo que se re ­
fiere al crédito al consumo . Dos años después de la fecha
límite que establece la Directiva 87 / 102 / CEE, sólo ocho
Estados la han incorporado al Derecho nacional . Si bien
Grecia y Bélgica acaban de hacerlo, España, Italia, Ir ­
landa y Luxemburgo demuestran una inquietante caren ­
cia en un sector que, sin embargo, resulta fundamental
para los consumidores .

Por el contrario, la situación ha mejorado en lo que se
refiere a la publicidad engañosa, dado que Bélgica acaba

El año 1991 ha sido el de la consolidación de la política de tomar nuevas disposiciones para incorporar la Direc ­
de los consumidores . tiva 84 / 450 / CEE . Así pues, solamente Italia carece toda ­

vía de normas nacionales, a pesar de la sentencia dictada
por el Tribunal de Justicia en la materia .
La Directiva 88 / 378 / CEE relativa a la seguridad de los
juguetes ha sido objeto de una atención especial, dado
que se trata del primer texto « nuevo enfoque » en aplica ­
ción . Tras la incorporación por Dinamarca, los Países Por último, por lo que se refiere a la aplicación por los
Bajos e Italia, Luxemburgo sigue siendo el úncio Estado Estados miembros del Derecho comunitario, la Comisión
miembro que no ha incorporado la Directiva, dos años y ha seguido recibiendo denuncias que ponen de mani ­
medio después de la fecha límite . fiesto la dificultad de aplicar algunas de sus disposiciones

El año 1991 ha sido el de la consolidación de la política
de los consumidores .

ción . Tras la incorporación por Dinamarca, los Países Por último, por lo que se refiere a la aplicación por los
Bajos e Italia, Luxemburgo sigue siendo el úncio Estado Estados miembros del Derecho comunitario, la Comisión
miembro que no ha incorporado la Directiva, dos años y ha seguido recibiendo denuncias que ponen de mani ­
medio después de la fecha límite . fiesto la dificultad de aplicar algunas de sus disposiciones

en el caso de prácticas transfronterizas, es decir, cuando
comerciante y consumidor están establecidos en Estados
miembros diferentes . La Comisión continuará intensifi ­
Por lo que se refiere al control de la conformidad, se cando su acción para encontrar soluciones rápidamente .
han dado tres casos que han dado lugar a otros tantos
procedimientos contra Bélgica, Grecia y Portugal .

No obstante, la creación del dispositivo parece tanto más
satisfactoria cuanto que todos los Estados miembros han
designado ya a los organismos autorizados para la certi ­
ficación, si bien Bélgica, Irlanda y Luxemburgo todavía
no han comunicado nada al respecto . En relación con la
utilización de la cláusula de salvaguardia por dos Esta ­
dos miembros únicamente ( el Reino Unido y Francia ), la
situación es bastante satisfactoria, como lo demuestra la
ausencia de denuncias presentadas a la Comisión en este

sector .

Por lo que se refiere a la conformidad de los Derechos
nacionales con la Directiva 76 / 768 / CEE relativa a los
productos cosméticos, la situación es menos satisfactoria,
ya que cinco Estados miembros ( España, Francia, Gre ­
cia, Italia y Portugal ) tienen todavía una normativa que
no se ajusta a su contenido . El Tribunal de Justicia de ­
berá pronunciarse por tercera vez al haberse presentado
un recurso en relación con la normativa francesa .

En materia de información sobre los precios de los pro ­
ductos ( Directivas 88 / 314 / CEE y 88 / 315 / CEE ), Fran ­
cia, Grecia, Bélgica y el Reino Unido han regularizado

Comunicación de las medidas de ejecución del conjunto de las
Directivas aplicables en el ámbito de la política de los consumi ­

dores

Los resultados obtenidos en este campo son buenos : 93 % .

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre

de 1991

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunidado

medidas

%

Bélgica 39 37 95

Dinamarca 39 39 100

Alemania 39 39 100

Grecia 39 38 97

España 39 34 87

Francia 39 38 97

Irlanda 39 34 87

Italia 39 32 82

Luxemburgo 39 36 92

Países Bajos 39 34 87

Portugal 39 35 90

Reino Unido 39 38 97

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 27

B. EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL

Comunicación de las medidas de ejecución del conjunto de las
Directivas aplicables en el sector de la apertura de la contrata ­

ción pública

A pesar del carácter prioritario de este sector en el funciona ­
miento del espacio sin fronteras, es preciso constatar que el por ­
centaje global sólo llega al 85 % — debido en parte a Italia —
aun cuando algunos Estados miembros gozan de excepciones
( España y Portugal ).

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre

de 1991

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunicado

medidas

%

Bélgica 8 8 100

Dinamarca 8 8 100

Alemania 8 7 87,5

Grecia 6 5 83,33

España 6 6 100

Francia 8 7 87,5

Irlanda 8 8 100

Italia 8 4 50

Luxemburgo 8 7 83,33

Países Bajos 8 5 62,5

Portugal 6 4 66,6

Reino Unido 8 8 100

Comunicación de las medidas de ejecución del conjunto de las

Directivas aplicables en el sector del mercado interior

Con un porcentaje global de más del 77 %, el proceso de reali ­
zación del espacio sin fronteras es ya irreversible, a pesar del
bajo porcentaje alcanzado por Italia .

1 . IGUALDAD HOMBRES / MUJERES

En el ámbito de la aplicación de la Directiva
76 / 207 / CEE, relativa a la igualdad de trato a hombres y
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, la Co ­
misión se ha visto obligada a recurrir al Tribunal de Jus ­
ticia por un caso específico de discriminación sexual en
el ámbito de los regímenes profesionales de las indemni ­
zaciones complementarias en caso de despido de las mu ­
jeres .

Por el contrario, el procedimiento incoado contra Grecia
en 1990 por no conformidad de las medidas nacionales
de ejecución ha sido archivado, debido a la regulariza ­
ción de las situaciones en litigio .

En virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Tratado
CEE, se han incoado también dos procedimientos contra
Francia, que ha sido condenada por el Tribunal por in ­
corporación incompleta de la Directiva 76 / 207 / CEE . Se
trata del :

— mantenimiento de un sistema de contratación distinto

en función del sexo a los efectos de nombramiento en

diversos cuerpos de funcionarios ;

— mantenimiento de usos y de cláusulas en los contra ­

tos de trabajo o en los convenios colectivos que esta ­
blecen derechos especiales para las mujeres .

Como consecuencia de una cuestión prejudicial plan ­
teada por un tribunal francés, el Tribunal de Justicia
dictó el 25 de julio de 1991 una sentencia en el asunto
C-345 / 89, Stoeckel, relativa al trabajo nocturno de las
mujeres, en la que el Tribunal establece que la Directiva
76 / 207 / CEE es suficientemente precisa en el sentido de
que los Estados miembros tienen la obligación de no
convertir en principio legal dicha prohibición, incluso si
tal obligación conlleva excepciones, cuando no existe
prohibición alguna de trabajo nocturno para los hom ­
bres .

Esta interpretación de la Directiva 76 / 207 / CEE entraba,
pues, en conflicto con el Convenio n° 89 de la OIT, que
prohibe el trabajo nocturno de la mujeres en la industria .
Así pues, la Comisión solicitó a los Estados miembros
todavía vinculados por dicho convenio ( Bélgica, España,
Grecia, Francia, Italia y Portugal ) que lo denunciaran
antes del 28 de febrero de 1992 . Tal denuncia por parte
de los Estados miembros afectados no debe plantear, en
principio, ninguna dificultad .

La Comisión ha decidido también archivar otros dos

procedimientos, uno contra el Reino Unido y otro con ­
tra los Países Bajos, en el ámbito de la Directiva
79 / 7 / CEE relativa a la progresiva aplicación de la igual ­
dad de trato a hombres y mujeres en materia de seguri ­
dad social . Los otros dos procedimientos, contra Irlanda
y contra Grecia, continúan, dado que subsiste la aplica ­
ción incorrecta de la Directiva .

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre

de 1991

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunicado

medidas

%

Bélgica 130 95 73

Dinamarca 129 122 94,5

Alemania 130 99 76,1

Grecia 127 102 80,3

España 129 100 77,5

Francia 131 117 89,3

Irlanda 129 94 72,8

Italia 131 70 53,4

Luxemburgo 128 88 68,7

Países Bajos 130 96 73,8

Portugal 131 108 82,4

Reino Unido 129 110 85,2

N° C 250 / 28 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

Finalmente, están pendientes diversos procedimientos de
infracción por no comunicación de las medidas naciona ­
les de ejecución contra varios Estados miembros ( Bél ­
gica, Dinamarca, Grecia, Italia, Luxemburgo y los Países
Bajos ), que tienen problemas reales para la incorporación
de la Directiva 86 / 378 / CEE, cuyo objetivo consiste en
garantizar la igualdad para hombres y mujeres en los re ­
gímenes de seguridad social . Tal Directiva, que exige que
los Estados miembros eliminen ciertas discriminaciones a
más tardar el 1 de enero de 1993, debería haber sido ya
incorporada, al 30 de julio de 1989, al Derecho nacional .

No obstante, cabe resaltar que las dificultades de los Es ­
tados miembros en la materia se han visto acrecentadas
debido a que, como consecuencia de la sentencia del Tri ­
bunal de Justicia de 17 de mayo de 1990 en el asunto
C-262 / 88 ( Barber ), diversas disposiciones de dicha Di ­
rectiva se han convenido en caducas con respecto a los
trabajadores por cuenta ajena, a los que se aplica ya di ­
rectamente el artículo 119 del Tratado CEE .

Finalmente, también en el ámbito de la misma Directiva,
están pendientes de resolución por el Tribunal de Justicia
varias cuestiones de carácter prejudicial, que deberán
aclarar en particular los efectos en el tiempo y el alcance
de su sentencia Barber .

En todo caso, los días 9 y 10 de diciembre de 1991, el
Consejo Europeo de Maastricht aprobó un protocolo in ­
terpretativo del artículo 119 en relación precisamente
con las consecuencias de la sentencia Barber .

2 . LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Por lo que se refiere a la Directiva 89 / 622 / CEE, en la
que se establecen las prescripciones para el etiquetado de
los productos del tabaco, la fecha límite de incorpora ­
ción al Derecho nacional era el 1 de julio de 1990, fecha
en la que la mayoría de los Estados miembros no habían
comunicado sus medidas nacionales de ejecución .

Tras la puesta en marcha de los procedimientos de in ­
fracción, la Comisión recibió comunicaciones de casi to ­
dos los Estados miembros . España e Irlanda se han limi ­
tado a garantizar a la Comisión que se respetarán los
plazos de entrada en vigor de las disposiciones de la Di ­
rectiva ( 31 de diciembre de 1991 ). No obstante, los pro ­
cedimientos contra ambos países continúan y el envío de
los dictámenes motivados es inminente .

3 . SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES

MIGRANTES

En 1991, de los procedimientos de infracción que tienen
como objetivo garantizar la correcta aplicación de las
normas comunitarias que coordinan los regímenes nacio ­
nales de seguridad social en favor de los trabajadores mi ­
grantes, se han archivado tres y se han enviado cuatro
dictámenes motivados, por lo que se ha producido un

cierto equilibrio entre los casos archivados y el de aque ­
llos que siguen su curso .

Los casos archivados son los que se refieren a Italia, que
ha regularizado la situación en litigio relacionada con
una discriminación, debida a la nacionalidad, en el pago
de las cotizaciones reservadas a los italianos ; con Fran ­
cia, que permite actualmente la exportación de las pres ­
taciones de enfermedad, y con Bélgica, que ya no re ­
clama el reembolso de unas prestaciones familiaires com ­
plementarias pagadas a un jubilado .

Por el contrario, Italia y Bélgica continúan prohibiendo
respectivamente la exportación de las prestaciones de la
« pensión social » y la exportación del subsidio para los
minusválidos, a pesar de la abundante jurisprudencia del
Tribunal de Justicia que, en junio de 1991, confirmó una
vez más, en el asunto C-356 / 89 ( Newton ), la exportabi ­
lidad de ese tipo de prestaciones . Por consiguiente, la
Comisión ha decidido enviar sendos dictámenes motiva ­
dos a ambos países . Finalmente, se han enviado otros dos
dictámenes motivados a Francia y Bélgica por las discri ­
minaciones por motivos de nacionalidad relacionadas
con las indemnizaciones de desempleo y con las reduc ­
ciones infundadas de las pensiones de vejez .

Cabe también señalar que, el 11 de junio de 1991, el Tri ­
bunal de Justicia dictó sentencia en el asunto C-89 / 307
( Comisión contra Francia ), en la que se condena la prác ­
tica discriminatoria francesa, que consiste en reservar a
los nacionales franceses el disfrute de las ayudas del
fondo nacional de solidaridad .

En relación con este procedimiento, las autoridades fran ­
cesas han informado ya a la Comisión de que casi ha
concluido la elaboración de las medidas de ejecución
para regularizar la situación en litigio .

4 . CONDICIONES DE TRABAJO

La aplicación de la Directiva 88 / 364 / CEE relativa a la
prohibición de determinados agentes específicos o de de ­

terminadas actividades ha mejorado considerablemente,
dado que, excepto el Gran Ducado de Luxemburgo, los
Estados miembros que todavía no lo habían hecho ( seis
de los doce ) han comunicado finalmente las medidas na ­
cionales de ejecución, que están siendo examinadas por
los servicios responsables, a fin de valorar su conformi ­
dad con lo dispuesto en la Directiva .

No obstante, el número de procedimientos de infracción
por no comunicación de las medidas nacionales de ejecu ­
ción de la Directiva 86 / 188 / CEE relativa a la protección
de los trabajadores contra el ruido sigue siendo el
mismo, dado que el archivo del procedimiento contra
Italia se ve compensado por la carta de emplazamiento
enviada a Portugal, que se une así a los Países Bajos y
Luxemburgo, países que todavía no han comunicado las
medidas nacionales de ejecución .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 29

Finalmente, por lo que se refiere a la aplicación de la
Directiva 88 / 35 / CEE de la Comisión, por la que se
adapta al progreso técnico la Directiva 82 / 130 / CEE del
Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros por lo que se refiere al material
eléctrico utilizable en las minas con grisú, continúan los
procedimientos contra Dinamarca, Francia, Italia, Lu ­
xemburgo, España y los Países Bajos, debido a la no co ­
municación de las medidas nacionales de ejecución .

El 21 de diciembre de 1990 era la fecha límite para la
incorporación de la Directiva 88 / 642 / CEE relativa a la
protección de los trabajadores contra los agentes quími ­
cos, físicos y biológicos . Por consiguiente, dado que va ­
rios Estados miembros no habían comunicado las medi ­

das nacionales de ejecución, la Comisión ha incoado los
correspondientes procedimientos de infracción . En 1991,
dos de esos Estados comunicaron dichas medidas y, por
consiguiente, los respectivos procedimientos fueron ar ­
chivados .

Por el contrario, continúan los procedimientos de infrac ­
ción relacionados con los Estados miembros que llevan
retraso en la comunicación de las medidas nacionales de
ejecución ( Bélgica, Grecia, Francia, Irlanda y Portugal ).

En las empresas británicas, la existencia de representan ­
tes de los trabajadores depende del reconocimiento de
tales representantes por el empresario . Este punto consti ­
tuye la principal diferencia entre la Comunidad y el
Reino Unido por lo que se refiere a la correcta incorpo ­
ración de las Directiva 75 / 129 / CEE relativa a los despi ­
dos colectivos y la Directiva 77 / 129 / CEE relativa al
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en
caso de transferencia de empresas .

El problema es aún más complicado debido a las tradi ­
ciones británicas en materia de convenios colectivos de
trabajo, y el Gobierno británico encuentra enormes difi ­
cultades para resolver la situación en litigo en el sentido
comunitario .

Estas razones justifican la decisión que adoptó la Comi ­
sión en 1991 de llevar el asunto ante el Tribunal de Justi ­
cia, habida cuenta de la situación de infracción, y al
mismo tiempo de autorizar los contactos con las autori ­
dades británicas responsables, a fin de intentar encontrar
una solución adecuada al margen del marco jurídico .

Por el contrario, el procedimiento incoado contra Italia
por no comunicación de las medidas nacionales de ejecu ­
ción de la Directiva 75 / 129 / CEE ha tenido un desenlace
positivo, dado que la Ley n° 223, de 23 de julio de 1991,
incorpora las disposiciones de dicha Directiva, lo que
justifica el archivo del procedimiento .

Como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Jus ­
ticia en el asunto C-53 / 88 ( Comisión contra Grecia ), la
Comisión ha reiniciado los contractos con las autorida ­
des griegas a fin de garantizar la ejecución de la senten ­
cia, debido a la no conformidad con la legislación griega
con lo dispuesto en la Directiva 80 / 987 / CEE relativa a
la protección de los trabajadores en caso de insolvencia
del empresario .

Comunicación de las medidas de ejecución del conjunto de las
Directivas aplicables en el sector del empleo y de la política

social

Hasta el 31 diciembre de 1991, los Estados miembros debían
incorporar unas 23 Directivas en este sector ( l ). Se han adop ­
tado medidas de incorporación en un 86 % de los casos .

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre

de 1991

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunicado

medidas

%

Bélgica 22 20 90

Dinamarca 21 20 95

Alemania 22 21 95

Grecia 22 17 77

España 22 20 90

Francia 22 18 81

Irlanda 20 16 80

Italia 22 20 90

Luxemburgo 22 17 77

Países Bajos 22 17 77

Portugal 20 17 85

Reino Unido 22 22 100

(') El número exacto varía entre los Estados miembros debido a las ex ­

cepciones, las fechas límite y las modificaciones que se han produ ­
cido .

C. POLÍTICA AGRICOLA Y POLITICA PESQUERA

1 . POLITICA AGRÍCOLA COMÚN

a ) Normativa agrícola

Además de la actividad desarrollada por la Comisión

para eliminar los obstáculos a la libre circulación de los
productos agrarios, tal como se ha indicado en las pági ­
nas anteriores, la Comisión ha proseguido sus esfuerzos
a fin de conseguir la eficaz y correcta aplicación de las
demás disposiciones de la normativa agrícola comunita ­
ria .

En particular, la Comisión ha prestado una atención
constante al respeto de los mecanismos establecidos a fin
de controlar la producción agrícola, con objeto de ga ­
rantizar una aplicación rápida, eficaz y no discriminato ­
ria de las medidas de reforma de la política agrícola co ­
mún . ( PAC ). Esa atenta vigilancia ha permitido detectar
cierto número de casos de incumplimiento que afectan a
las medidas especiales de limitación de la - producción
( cuotas lecheras y tasas de responsabilidad de los cerea ­
les ).

Las infracciones perseguidas este año en materia de cuo ­
tas lecheras han estado una vez más relacionadas con la

N° C 250 / 30 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

recuperación parcial de la tasa suplementaria debida en
cierto número de Estados miembros en los períodos

1988 / 89 O y 1989 / 90 ( 2 ). Tal acción debe situarse en el
contexto de la decisión de la Comisión de retener los
anticipos debidos a dichos Estados miembros por los gas ­
tos del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola, ( FEOGA ) por un importe total de 57,4 millo ­
nes de ecus, decisión recurrida ante el Tribunal de Justi ­
cia por dos de esos Estados miembros . De hecho, en su
sentencia de 17 de octubre de 1991, en el asunto
C-342 / 89 ( Alemania contra Comisión ) ( } ), el Tribunal de
Justicia reconoce que la Comisión dispone de la facultad

de disminuir, en espera de la decisión definitiva sobre la
liquidación de las cuentas anuales, el pago de las canti ­
dades debidas en concepto de anticipos mensuales en
función de la situación contable de cada Estado miembro
con respecto al FEOGA, cuando la Comisión compruebe
que el organismo nacional viola el Derecho comunitario
al no retener determinados ingresos destinados al
FEOGA o que ha efectuado determinados gastos impu ­
tados al Fondo .

Desde entonces, la mayoría de los Estados miembros
( excepto Italia ) han aceptado su obligación financiera
con el presupuesto comunitario y han puesto en marcha
los procedimientos administrativos y legales para recupe ­
rar las cantidades debidas, pero, sobre todo, la Comisión
ha tenido la satisfacción de ver que el Tribunal de Justi ­
cia confirmaba su competencia de efectuar retenciones
sobre los anticipos .

En el mismo orden de ideas, la Comisión pudo compro ­
bar, al incoar el procedimiento del artículo 169 del Tra ­
tado CEE que, en Francia, no se aplicaba correctamente
la disposición por la que debe de tenerse en cuenta el
contenido en materia grasa de la leche y que, por consi ­
guiente, los productos franceses contaban con una ven ­
taja indebida . Efectivamente, en determinadas circuns ­
tancias, un aumento del contenido en materia grasa
puede dar lugar a la percepción de la tasa suplementaria .
Tras la puesta en marcha del procedimiento de infrac ­

ción, Francia se ha ajustado a las disposiciones relaciona ­
das con el contenido en materia grasa .

La Comisión se ha visto enfrentada asimismo a la no
percepción y al impago al presupuesto comunitario por
parte de Francia de la tasa de corresponsabilidad sobre
los cereales, un problema similar al existente en el sector
de las cuotas lecheras . Por consiguiente, la Comisión de ­
cidió enviar a este respecto un dictamen motivado a las
autoridades francesas que, posteriormente, decidieron re ­
gularizar la situación .

(') Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo e Irlanda .

( 2 ) Bélgica, Alemania, Italia, y Luxemburgo .
( J ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1991

en el asunto 342 / 89, República Federal de Alemania contra
Comisión, todavía no publicad . Véase también la sentencia
del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1991 en el
asunto 346 / 89, República Italiana contra Comisión, todavía
no publicada .

Paralelamente al control de la aplicación de las medidas
de estabilización de la producción agrícola, la Comisión
se ha mostrado también especialmente atenta a proseguir
las infracciones que puedan afectar al control de los gas ­
tos del FEOGA .

La Comisión se ha encargado de perseguir las carencias
de determinados Estados miembros, y en particular de
Bélgica, en relación con el control de las condiciones de
almacenamiento de la carne de vacuno de intervención,
así como de su salubridad .

Cabe observar que la posición de la Comisión a este res ­
pecto se ha visto apoyada por la sentencia del Tribunal
de Justicia de 2 de octubre de 1991 en el asunto
113 / 90 ( 4 ) en el que el Tribunal establece que la declara ­
ción de renuncia a cualquier reclamación contemplada
en la letra d ) del apartado 2 del artículo 2 del Regla ­
mento ( CEE ) n° 2173 / 79 de la Comisión, de 4 de octu ­
bre de 1979, relativo a las modalidades de aplicación de
la comercialización de las carnes de vacuno compradas
por los organismos de intervención por el que se deroga
el Reglamento ( CEE ) n° 216 / 69, no se extiende a los po ­
sible vicios ocultos que, por su propia naturaleza, esca ­
pen a toda posibilidad de control previo por parte del
interesado y conviertan al producto en no apto para el

consumo .

Es importante también señalar que la Comisión ha tenido
la satisfacción de que, en su sentencia de 16 de mayo de

1991, en el asunto 96 / 89 ( Comisión contra Países Bajos ),
el Tribunal de Justicia haya confirmado sus conclusiones
relativas a la ilegalidad de la aceptación por las autorida ­
des neerlandesas del despacho a libre práctica con una
tasa reducida limitada al 6 ° / o ad valorem de cantidades
de mandioca que salen de Tailandia sin certificado de
exportación ( s ). La Comisión procederá a la recuperación
de los recursos propios indebidamente no percibidos .

Si bien los mecanismos de control de la producción han
recibido una atención especial, no por ello la Comisión
ha descuidado el control de la aplicación de los mecanis ­
mos específicos de las organizaciones comunes de mer ­
cado . El año pasado, en dos de los recursos planteados
por la Comisión ante del Tribunal de Justicia por incum ­
plimiento por parte de la República Helénica de las nor ­
mas de la organización común del mercado de los cerea ­
les, el fallo fue favorable a aquella .

( 4 ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 1991

en el asunto 113 / 90, Gebroeders Schule AG — H. & F. Rei ­
nen KG y Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
— Estado belga, todavía no publicada .

( s ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 1991 en

el asunto 96 / 89, Comisión contra el Reino de los Países Ba ­
jos, todavía no publicada .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 31

Durante varios años, la Comisión se ha esforzado por
eliminar las disfunciones observadas en la gestión de di ­
cho mercado debido a las intervenciones estatales a tra ­
vés de un organismo, la KYDEP ( calificada como orga ­

Durante varios años, la Comisión se ha esforzado por La Comisión ha dirigido también sus esfuerzos a poner
eliminar las disfunciones observadas en la gestión de di ­ término a determinados comportamientos abusivos de los
cho mercado debido a las intervenciones estatales a tra ­ Milk Marketing Boards ( MMB ) del Reino Unido . En la
vés de un organismo, la KYDEP ( calificada como orga ­ práctica, las autoridades británicas no han adoptado las

nización cooperativa de tercer grado ) que, en determina ­ medidas necesarias para garantizar que los MMB no so ­
dos sectores ( tal como en el de los cereales forrajeros ), brepasan los derechos exclusivos de compra que les con ­
tenían como consecuencia el mantenimiento en vigor, cede la normativa comunitaria [ letra a ) del apartado 1
desde la adhesión de dicho Estado miembro, de lo que del artículo 25 del Reglamento ( CEE ) n° 804 / 68 ]. En
podría denominarse una organización nacional de mer ­ particular, el Reino Unido se ha abstenido de impedir a
cado . los MMB que restrinjan las posibilidades que ofrece la

normativa comunitaria a los productores de transformar
legalmente su leche y de comercializar sus subproductos
( por ejemplo, la leche desnatada ) al margen del poder
Los elementos reunidos por la Comisión han sido consi ­ coercitivo de los Boards .
derados suficientes para demostrar la existencia de ins ­
trucciones estatales a la KYDEP en las que se ordenaba
la compra en intervención de trigo duro degradado que Finalmente, la Comisión se ve obligada a resaltar y de ­
no respondía a los criterios de intervención (') así como nunciar seriamente la persistente negativa de Italia a
la realización de operaciones de compra de cereales fo ­ ajustarse a lo establecido en la sentencia del Tribunal de
rrajeros a precios superiores al precio de mercado, y la Justicia de 12 de febrero de 1987 en el asunto 69 / 86 en
venta con pérdidas por parte de la KYDEP de esos ce ­ la en aplicación del artículo 171 del Tratado CEE

nización cooperativa de tercer grado ) que, en determina ­
dos sectores ( tal como en el de los cereales forrajeros ),
tenían como consecuencia el mantenimiento en vigor,
desde la adhesión de dicho Estado miembro, de lo que
podría denominarse una organización nacional de mer ­
cado .

reales a los ganaderos, siendo el Estado quien cubría las
pérdidas sufridas por la KYDEP ( 2 ).

En 1991, el Tribunal de Justicia dio también la razón a
la Comisión al condenar la prohibición de exportar que,
a petición de la KYDEP en el otoño de 1985 ( J ), se im ­
puso a los agentes económicos privados .

Así pues, todavía queda un recurso pendiente, relacio ­
nado con el sistema de « contratos programas » estatales
que favorecen la exportación, a precios impuestos, de
pastas, harina y sémola elaboradas a partir de cereales
subsidiados por ayudas de Estado ocultas ( 4 ).

Como consecuencia de estas diversas condenas, las auto ­
ridades helénicas han manifestado su voluntad de coope ­
rar con la Comisión y se han comprometido firmemente
a no repetir tales prácticas ilegales por medio de la KY ­
DEP . En términos generales, la Comisión no puede sino
apoyar los esfuerzos realizados para regularizar el fun ­
cionamiento de la OCM de los cereales en Grecia . No
obstante, vista la gravedad de los hechos reconocidos por
el Tribunal de Justicia, la Comisión continuará prestando
especial atención a la evolución de la situación .

Finalmente, la Comisión se ve obligada a resaltar y de ­
nunciar seriamente la persistente negativa de Italia a
ajustarse a lo establecido en la sentencia del Tribunal de
Justicia de 12 de febrero de 1987 en el asunto 69 / 86 en

la que, en aplicación del artículo 171 del Tratado CEE,
el Tribunal condenaba a Italia por no haberse ajustado a
la sentencia dictada el 15 de noviembre de 1983 en el
asunto 322 / 82, en relación con el incumplimiento por di ­
cho Estado miembro de las reglas de control de las nor ­
mas de calidad en el sector de las frutas y hortalizas .

(') Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de noviembre de

1989 en el asunto 281 / 87, Comisión contra República Helé ­
nica ; Rec . 1989 pp . 4015 a 4028 .
O Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1990 en

el asunto 35 / 88, Comisión contra República Helénica ; Rec .

1990, pp . 3125 a 3150 .
( J ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de mayo de 1991 en

el asunto 110 / 89, Comisión contra República Helénica, to ­
davía no publicada .
( 4 ) Asunto 61 / 90, Comisión contra República Helénica, en trá ­

el asunto 35 / 88, Comisión contra República Helénica ; Rec .

A pesar de las repetidas intervenciones de la Comisión,
Italia persevera en su comportamiento y, por consi ­
guiente, obstaculiza el buen funcionamiento de la Comu ­
nidad, basado en el respeto del Derecho .

b ) Incorporación de las Directivas agrarias

En materia de armonización, los sectores agrarios abar ­
cados son los siguientes : el sector fitosanitario, las semi ­
llas y plantas, los piensos para animales y el sector veteri ­
nario .

En 1991, en el sector de la transposición de las Directi ­
vas agrarias, el número de procedimientos de infracción

incoados con arreglo al artículo 169 del Tratado pasó a
ser de 201, cifra ampliamente superior a la de los años
anteriores ( 90 en 1989 y 127 en 1990 ). El número de
dictámenes motivados emitidos ( 132 en 1991 contra 28
en 1990 ) ha sufrido un aumento todavía más espectacu ­
lar . Además, en 1991 se presentaron ante el tribunal 15
casos ( frente a tres en 1990 ) por no comunicación de las
medidas nacionales de ejecución de las Directivas agra ­
rias .

Al igual que en 1990, la situación menos favorable es la
de Italia y la de Portugal . Este último Estado miembro
sigue destacado en cabeza tanto por el número de cartas
de emplazamiento ( 39 ) como por el de dictámenes moti ­
vados ( 55 ). El elevado número de procedimientos de in ­
fracción en curso contra Portugal se debe especialmente
al hecho de que dicho Estado miembro no ha conse ­
guido incorporar un gran número de Directivas que, en

1990, pp . 3125 a 3150 .
( J ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de mayo de 1991 en

mite .

N° C 250 / 32 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

el momento de la adhesión de Portugal en 1986, forma ­
ban parte del acervo comunitario . En 1991, Portugal
hizo un gran esfuerzo para absorber el retraso en el sec ­
tor fitosanitario, de modo que, actualmente, la situación
de Portugal en dichos sectores es comparable a la de los
demás Estados miembros . Portugal ha progresado tam ­
bién sensiblemente en el sector veterinario en el que sólo
hubo que enviar en 1991 tres dictámenes motivados por
no incorporación de Directivas de dicho sector . El pro ­
blema esencial en Portugal es del retraso de Directivas
de las semillas y plantas . A pesar de que, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 344 del Acta de adhesión, Portu ­
gal gozaba en este sector de un plazo suplementario, di ­
cho Estado miembro no ha podido evitar la incoación
del procedimiento de infracción respecto a la mayoría de
las Directivas del sector . Conviene subrayar que en el
sector de los piensos para animales, Portugal es uno de
los tres Estados miembros contra los que no ha sido ne ­
cesario incoar ningún procedimiento de infracción en

1991 .

cen subsistir importantes problemas en Bélgica y Luxem ­
burgo ( 15 dictámenes motivados no regularizados en
ambos Estados miembros ).

Por lo que se refiere a las denuncias ante el Tribunal, se
han presentado 15 ( diez contra Italia, dos contra Bélgica
y Luxemburgo y una contra Irlanda ). No obstante, es
preciso señalar que en dos asuntos relacionados con Ita ­
lia y otros dos relacionados con Luxemburgo, la Comi ­
sión ha retirado tales denuncias, al haber comunicado las
medidas de incorporación dichos Estados miembros . Los
referidos asuntos eran los únicos relacionados con la in ­
corporación de Directivas en el sector de los piensos
para animales ( Italia ) y de las semillas y plantas ( Luxem ­
burgo ). Por consiguiente, por lo que se refiere a la incor ­
poración de las Directivas agrícolas, actualmente sólo
queda pendiente de resolver por el Tribunal la incorpo ­
ración de algunas Directivas veterinarias .

Es evidente que la toma de conciencia motivada por la

Además de Portugal, Italia ha sido el país que, en 1991, aproximación de la realización del gran mercado ha pro ­
al igual que en los años anteriores, ha tenido el mayor vocado en ciertos Estados miembros una sensible mejora
número de Directivas no incorporadas, lo cual ha dado del nivel de incorporación . De las cifras de 1991 se des ­
lugar a la incoación de 19 procedimientos de infracción, prende que en particular Francia y Grecia han hecho un
al envío de 17 dictámenes motivados y a la presentación gran esfuerzo por recuperar el retraso que llevaban, de
de diez denuncias ante el Tribunal de Justicia . tal modo que ambos Estados miembros forman parte ac ­

tualmente del grupo de cabeza en materia de incorpora ­
ción de las Directivas agrarias .

Italia no ha cumplido en relación con cinco Directivas lo
establecido en las sentencias del Tribunal de Justicia por
las que se condena a dicho Estado miembro por no ha ­ Por otra parte, es preciso constatar que el número de
ber rectivas tamen cumplido motivado ('). En su todos obligación por incumplimiento esos casos de incorporar, se ha del enviado artículo las citadas ya 169 un dic Di del ­ ­ procedimientos cuentran nuncia ante en el la Tribunal fase de infracción del ha dictamen aumentado no regularizados motivado claramente o que de la en se de en re ­ ­ ­
Tratado . lación con Irlanda y los Países Bajos . Además, la situa ­

Además de Portugal, Italia ha sido el país que, en 1991,
al igual que en los años anteriores, ha tenido el mayor
número de Directivas no incorporadas, lo cual ha dado
lugar a la incoación de 19 procedimientos de infracción,
al envío de 17 dictámenes motivados y a la presentación
de diez denuncias ante el Tribunal de Justicia .

Por otra parte, es preciso constatar que el número de
procedimientos de infracción no regularizados que se en ­
cuentran en la fase del dictamen motivado o de la de ­

nuncia ante el Tribunal ha aumentado claramente en re ­
lación con Irlanda y los Países Bajos . Además, la situa ­
ción con respecto a Bélgica y Luxemburgo ha llegado a
ser inquietante .

Se espera que, en un próximo futuro, sea posible realizar
progresos en la incorporación de las Directivas agrícolas,
en el marco de la aplicación de las « leyes comunitarias »
italianas .

Respecto a los Estados miembros distintos de Italia y
Portugal, el año 1991 se caracterizó por el hecho de que
la Comisión se vio obligada a enviar un importante nú ­
mero de cartas de emplazamiento a todos los Estados
miembros . El número de procedimientos incoados varía
entre diez ( España ) y 19 ( Luxemburgo ).

El aumento del número de infracciones en el conjunto de
los Estados miembros puede explicarse, por una parte,
por la aplicación de nuevos procedimientos administrati ­
vos en los servicios de la Comisión que permiten incoar

más rápidamente los procedimientos de infracción por no
comunicación de las medidas de incorporación de Direc ­
tivas y, por otra, por los problemas que los Estados
miembros encuentran al incorporar las Directivas desti ­
nadas a alcanzar los objetivos que se contemplan en el
Libro blanco . Sobre todo en el sector veterinario, las di ­
ficultades de incorporación parecen considerables .

No obstante, resulta significativo que, por lo que se re ­ En primer lugar, puede comprobarse que la incorpora ­
fiere al envío de los dictámenes motivados, las diferen ­ ción de las Directivas relacionadas con la inseminación
cias entre los Estados miembros se acentúan . A finales de artificial y la reproducción sufre importantes retrasos en

1991, Dinamarca, Alemania, Francia y el Reino Unido determinados Estados miembros . A las dificultades de in ­
no tenían ningún dictamen motivado pendiente de regu ­ corporación, ya constatadas en 1990 en el octavo In ­
larizar, y Grecia sólo unos pocos . Por el contrario, pare ­ forme, de las Directivas 87 / 328 / CEE y 88 / 407 / CEE, se

han añadido en 1991 los problemas de incorporación
(') Entretanto, Italia ha comunicado a la Comisión las medidas de las Directivas 90 / 120 / CEE ( esperma congelado de

de de dichas Directivas . bovinos ), 88 / 661 / CEE ( porcinos reproductores ),

No obstante, resulta significativo que, por lo que se re ­
fiere al envío de los dictámenes motivados, las diferen ­
cias entre los Estados miembros se acentúan . A finales de

1991, Dinamarca, Alemania, Francia y el Reino Unido
no tenían ningún dictamen motivado pendiente de regu ­
larizar, y Grecia sólo unos pocos . Por el contrario, pare ­

de ejecución de dichas Directivas .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 33

89 / 361 / CEE ( ovinos y caprinos de raza pura ),
89 / 556 / CEE ( embriones de animales domésticos de raza
bovina ), 90 / 118 / CEE ( porcinos reproductores de raza
pura ) y 90 / 119 / CEE ( porcinos reproductores de raza hí ­
brida ). Asimismo, se han producido retrasos sustanciales
en la incorporación de Directivas relativas a los inter ­
cambios de productos a base de carne ( Directivas
88 / 658 / CEE y 88 / 227 / CEE ).

No obstante, de las cifras sobre los dictámenes motiva ­
dos se desprende que determinados Estados miembros
( véase supra ) han adoptado las medidas adecuadas para
hacer frente a los problemas que plantea la incorporación
de las Directivas mencionadas . El temor, que se mencio ­
naba ya en el octavo Informe, de que determinados Esta ­
dos miembros tuvieran graves dificultades para respetar
las obligaciones impuestas por la realización del gran
mercado, se ve confirmado por la degradación de la si ­
tuación especialmente en Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y
los Países Bajos .

Dado el elevado número de Directivas agrarias « del Li ­
bro blanco » cuyo plazo de incorporación expirará en

1992, y dado que el Consejo tiene aún que adoptar un
número substancial de tales Directivas durante 1992 y te ­
niendo en cuenta el poco tiempo que queda hasta el 31
de diciembre de 1992, los Estados miembros, y especial ­
mente los que se encuentran actualmente con dificulta ­
des, deberán hacer esfuerzos considerables para cumplir
sus obligaciones .

Por lo que se refiere a la aplicación de la Directiva
83 / 189 / CEE, modificada por la Directiva 88 / 182 / CEE,
por la que se establece un procedimiento de información
en el campo de las normas y reglamentaciones técnicas,
en 1991 se examinaron 47 proyectos de reglamentación
técnica en el sector agrícola en relación con el Tratado y
con los actos del Derecho derivado . Cabe resaltar que 1 8
de esos proyectos procedían de los países de la AELC .
Estas cifras ponen de manifiesto un aumento del 17,5 %
respecto a 1990 ( 39 notificaciones de los Estados miem ­
bros y una notificación de un país de la AELC ). El análi ­
sis sistemático de los proyectos notificados en el sector
agrícola ha inducido a la Comisión a solicitar modifica ­
ciones en casi la mitad de los casos a fin de garantizar
que su adopción no crea nuevos obstáculos a la libre cir ­
culación de mercancías ( dictámenes detalladas ). En otros
casos, se ha impuesto el status quo por doce meses a par ­
tir de la notificación, bien debido a la intención de la
Comisión de presentar una propuesta al Consejo, bien
porque las medidas propuestas han sido cubiertas por
una propuesta de un acto comunitario presentado por la
Comisión al Consejo y destinado a substituir a las medi ­
das nacionales .

Además, la Comisión vela por el cumplimiento de la
obligación de notificación por los Estados miembros de
cualquier acto que contenga normas o reglas técnicas en
aplicación de la Directiva 83 / 189 / CEE, tal como ha sido
modificada, por lo que se refiere a la agricultura, por la
Directiva 88 / 182 / CEE .

Así, en el marco del control de dicha aplicación, la Co ­
misión examinó en 1991, en el sector agrícola, unos se ­
senta textos legales adoptados por los Estados miembros
que han dado lugar a diez procedimientos de infracción .
Cabe resaltar que determinados Estados miembros han
suspendido la normativa en cuestión y han enviado un
nuevo proyecto . Ese ha sido el caso, en particular, de
Dinamarca, Grecia y Portugal .

Comunicación de las medidas de ejecución del conjunto de las

Directivas aplicables en el sector agrario

La armonización en el sector agrario consta de 330 Directivas .
Si bien el porcentaje de incorporación llega la 93,5 %, no deben
olvidarse los problemas existentes en el sector veterinario, en
particular en el de la inseminación artificial y la reproducción .

Especialmente el bajo porcentaje de Portugal pone de mani ­
fiesto las dificultades de dicho país para garantizar la incorpora ­
ción de las Directivas, sobre todo de las Directivas relacionadas
con el sector de las semillas y plantas, que formaban parte del
acervo comunitario en el momento de la adhesión de Portugal a
la Comunidad .

Bélgica 330 305 92,4

Dinamarca 330 322 97,6

Alemania 330 322 97,6

Grecia 328 315 96,0

España 326 310 95,1

Francia 330 326 98,8

Irlanda 330 311 94,2

Italia 330 284 86,1

Luxemburgo 330 306 92,7

Países Bajos 330 313 94,8

Portugal 326 258 79,1

Reino Unido 330 320 97,0

2 . POLÍTICA PESQUERA COMUN

En el ámbito del régimen comunitario de conservación y
gestión de los recursos pesqueros, las medidas adoptadas
por los Estados miembros para hacer respetar las cuotas
de pesca que les han sido atribuidas siguen siendo objeto
de especial atención por parte de la Comisión . En su sen ­
tencia de 31 de enero de 1991 relativa al asunto

C-244 / 89 en el que se enfrentaban la Comisión y Fran ­
cia en relación con los casos de sobrepesca que se habían
producido en 1986, el Tribunal confirmó una vez más el
enfoque según el cual la sobrepesca es imputable a los

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre

de 1991

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunicado

medidas

%

N° C 250 / 34 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

Estados miembros cuando éstos omiten la adopción de
las medidas correspondientes . Por otra parte, el 5 de fe ­
brero de 1991 se presentó un recurso ante el Tribunal en
relación con el rebasamiento en 1986 de las cuotas de

pesca atribuidas a los Países Bajos ( asunto C-52 / 91 ).
Además, continúan los procedimientos de infracción in ­
coados contra el Reino Unido ( sobrepesca en 1985, 1986
y 1987 ), contra los Países Bajos ( sobrepesca en 1987 ),
contra España ( sobrepesca en 1988 ), contra Francia
( sobrepesca en 1988 ) y contra Dinamarca ( sobrepesca en

1988 ).

Para garantizar la coherencia del régimen de conserva ­
ción, la Comisión continúa velando por el respeto de las
medidas de control que los Estados miembros deben es ­
tablecer en su territorio y en sus aguas . A este respecto,
el Tribunal pronunció en 1991 dos importantes senten ­
cias, una el 11 de junio en el asunto C-64 / 88 en la que
se establece que Francia no ha efectuado el control del
respeto de las medidas técnicas de conservación y otra el
25 de julio en el asunto C-258 / 86, contra España, en la
que el Tribunal confirma una vez más la competencia
comunitaria para fijar el total autorizado de capturas
( TAC ) y cuotas incluso fuera de la zona de pesca de la
Comunidad y, por consiguiente, la obligación por parte
del Estado miembro interesado de aplicar a las capturas
correspondientes las medidas de control previstas en la
normativa comunitaria .

Por otra parte, han seguido su curso los procedimientos
de infracción incoados contra España ( por no verificar
las declaraciones de desembarque a partir de los datos
recogidos en el momento de la venta del pescado desem ­
barcado ), contra Francia ( por incumplimiento de la obli ­
gación de reprimir las infracciones a la normativa comu ­
nitaria en materia de diario de a bordo ), contra España
( por no cooperar con los inspectores mandados por la
Comisión ), contra Francia ( por los continuos retrasos en
la comunicación de las capturas sometidas a TAC o cuo ­
tas ) y contra Dinamarca ( por una medida nacional ex ­
cepcional que va contra el carácter imperativo de la
norma comunitaria en materia de diario de a bordo ).

La aplicación por los Estados miembros de la normativa
comunitaria por la que se establece la obligación de co ­
municar los datos previstos en el marco de la organiza ­
ción común de mercado puede considerarse que ha al ­
canzado un nivel satisfactorio .

Como consecuencia de los asuntos C-39 / 88 contra Ir ­
landa y C-200 / 88 contra Grecia, la Comisión ha archi ­
vado los respectivos expedientes .

No obstante, la sentencia dictada el 27 de noviembre de

1990 en el asunto C-209 / 88 contra Italia todavía no ha
sido íntegramente ejecutada .

La Comisión continúa siguiendo con una atención siste ­
mática y especial las leyes nacionales que regulan el sec ­
tor de la pesca, a fin de poder apreciar su compatibilidad

con el Derecho comunitario . A este respecto conviene se ­
ñalar que, en el asunto prejudicial C-221 / 89 ( Factortame
II ) basado en preguntas planteadas al Tribunal respecto a
la legislación británica en materia de concesión de pabe ­
llón nacional a los buques de pesca, el Tribunal dictó el
25 de julio de 1991 una sentencia muy esperada y de
gran importancia . En dicha sentencia, al igual que en la
sentencia subsiguiente dictada el 4 de octubre de 1991 en
el asunto C-246 / 89, cuyo objeto era un recurso por in ­
cumplimiento contra la misma ley británica, el Tribunal
considera que, si bien, en la actual fase del Derecho co ­
munitario, corresponde a los Estados miembros determi ­
nar las condiciones de acceso a su pabellón, éstos deben
no obstante respetar, en el ejercicio de dicha competen ­
cia, la primacía del Derecho comunitario y en particular
lo dispuesto en los artículos 7, 52 y 221 del Tratado, que
excluyen que, para denegar el acceso al pabellón, puedan
invocarse razones vinculadas a la nacionalidad de otro

Estado miembro, a la residencia o al principal lugar de
establecimiento en otro Estado miembro . Además, en su
sentencia de 4 de octubre de 1991 en el asunto C-93 / 89,
el Tribunal establece asimismo que un requisito de la le ­
gislación irlandesa por el que se obliga a los nacionales
de los demás Estados miembros a crear una sociedad de
derecho irlandés para poder obtener una licencia de
pesca infringe el artículo 52 del Tratado . Tales senten ­
cias confirman la primacía de los principios fundamenta ­
les del Tratado en materia de concesión de pabellón o de
licencia a los buques de pesca y, por consiguiente, tienen
una importancia política de primer orden con profundas
repercusiones no sólo en el sector de la pesca sino tam ­
bién en otros sectores, en particular el de los transportes .

El Tribunal todavía no se ha pronunciado respecto de los
recursos por incumplimiento presentados contra la ley
británica que inserta en las licencias de pesca ya sea con ­
diciones de nacionalidad y de residencia en cuanto a la
composición de las tripulaciones, ya sea condiciones de
retornos periódicos a los puertos británicos ( asunto
C-279 / 89 ), y contra una ley irlandesa que, al igual que
la del Reino Unido, prohibe a los buques británicos pes ­
car en aguas irlandesas a menos que hayan obtenido una
licencia de pesca que vaya acompañada de las condicio ­
nes establecidas en la citada ley británica ( asunto
C-280 / 89 ) O ­

En relación con los distintos procedimientos centrados
en la ley británica en materia de concesión de pabellón o
de licencia a los buques de pesca, la Comisión había rei ­
niciado el examen de la situación legislativa tal como se
presenta, en esta materia, en los demás Estados miem ­
bros . Dicho examen ha puesto de manifiesto que en casi
todos los demás Estados miembros las leyes están tam ­
bién repletas de requisitos más o menos similares que su ­
peditan la concesión de pabellón o de licencia a los bu ­
ques de pesca a condiciones de nacionalidad, de residen ­

(*) Véase la sentencia de 14 de diciembre de 1989, asuntos 3 / 87

y 216 / 87 .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 35

cia o de lugar principal de establecimiento, por lo que
continúan los procedimientos de infracción incoados a

este respecto .

En las citadas sentencias, el Tribunal zanja importantes
preguntas planteadas en todos esos procedimientos, por
lo que las dos preguntas que subsisten en este contexto
consisten en saber en qué medida, respetando el Tratado
y teniendo en cuenta los principios básicos y las particu ­
laridades de la política común de la pesca, puede exigirse
que exista un vínculo entre un buque de pesca y el Es ­
tado miembro bajo cuyo pabellón navega y cuyas cuotas
pesca, y en qué medida las obligaciones que se derivan
de la política estructural de la Comunidad con vistas a la
necesaria adaptación de las capacidades de la flota pes ­
quera a las posibilidades de pesca disponibles pueden
conciliarse con los principios fundamentales del Tratado .

de abolir los derechos especiales y exclusivos que son
objeto de litigio . La Comisión presta especial aten ­
ción a la aplicación efectiva por España e Italia de lo
dispuesto en la citada Directiva .

— En cuanto a la Directiva 90 / 388 / CEE de la Comi ­

sión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competen ­
cia en los mercados de servicios de telecomunicacio ­
nes ( 2 ), la mayoría de los Estados miembros han noti ­
ficado las medidas que han adoptado para ajustarse a
ella . La Comisión procede en este momento a verifi ­
car la conformidad efectiva de tales medidas con las
disposiciones de la citada Directiva . No obstante, la
Comisión ha supuesto que tres Estados miembros
( Grecia, Irlanda e Italia ) no se han ajustado todavía a
su obligación de incorporar la citada Directiva, por
lo que, con fecha 25 de abril de 1991, invitó a dichos
Estados miembros a presentar sus observaciones en el
marco del procedimiento previsto en el artículo 169
del Tratado .

Por lo que se refiere a otras medidas nacionales existen ­
tes mientos en el de sector infracción de la pesca incoados se han archivado contra Dinamarca los procedi y ­ — El sentencia 19 de marzo en el asunto de 1991 C-202, el Tribunal / 88, poniendo de
Francia debido a que la celebración bilateral de acuerdos

recurso de anulación presentado

de solapamiento pesca con con terceros la competencia países podía exclusiva dar lugar de a la un Comu cierto ­ apoyada por Bélgica, Alemania, Grecia e

tra la Comisión que tenía por objeto

nidad asunto . Por C - 146 otra / 89 parte, relativo, conviene a la ley subrayar por la que que el en Reino el parcial de la citada Directiva 88 / 30 1 /

sentencia tiene una importancia especial,

Unido amplió en 1987 su mar territorial, el Tribunal se Tribunal reconoce en ella que, de acuerdo
pronunció el 7 de julio de 1991 a través de una sentencia puesto en el apartado 3 del artículo 90
también muy importante, por la que confirma que, al la Comisión está facultada en general
aplicar el régimen de acceso específico contemplado en por vía de Directiva las obligaciones que
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6 y en el Anexo del apartado 1 del artículo 90 del Tratado
I del Reglamento ( CEE ) n° 170 / 83, el Estado miembro
estaba obligado a tomar únicamente en consideración las
líneas básicas existentes el 25 de enero de 1983, fecha de
entrada en vigor de dicho Reglamento . 2 . MONOPOLIOS COMERCIALES

— El 19 de marzo de 1991, el Tribunal de Justicia dictó

sentencia en el asunto C-202 / 88, poniendo así fin al
recurso de anulación presentado por Francia,
apoyada por Bélgica, Alemania, Grecia e Italia, con ­
tra la Comisión que tenía por objeto la anulación
parcial de la citada Directiva 88 / 30 1 / CEE . Dicha
sentencia tiene una importancia especial, dado que el
Tribunal reconoce en ella que, de acuerdo con lo dis ­
puesto en el apartado 3 del artículo 90 del Tratado,
la Comisión está facultada en general para precisar
por vía de Directiva las obligaciones que se derivan
del apartado 1 del artículo 90 del Tratado CEE .

D. COMPETENCIA

1 . EMPRESAS PUBLICAS

En lo que se refiere a las obligaciones de los Estados
miembros para con sus empresas públicas, la acción de la
Comisión se ha centrado principalmente en los aspectos
siguientes :

— En relación con la aplicación por los Estados miem ­

bros de la Directiva 8 8 / 30 1 / CEE de la Comisión, de

16 de mayo de 1988, relativa a la competencia en los
mercados de terminales de telecomunicaciones (*),
la Comisión ha podido comprobar que todos los
Estados miembros han abolido o están a punto

En materia de adaptación de los monopolios nacionales
de carácter comercial, cabe mencionar los aspectos si ­
guientes :

— Por lo que se refiere a su acción encaminada a la rea ­

lización del mercado interior de la energía, la Comi ­
sión ha incoado procedimientos de infracción contra
varios Estados miembros en los que la importación y
exportación de electricidad y de gas está sometida a
derechos exclusivos que pueden restringir el comercio
intracomunitario . En sus cartas del 9 de agosto de

1991, la Comisión hizo saber a los Estados miembros
interesados que consideraba los citados derechos ex ­
clusivos contrarios al Tratado CEE y en particular a
su artículo 37 . Así pues, los Estados miembros intere ­
sados ( Bélgica, Dinamarca, Grecia, España, Francia,
Irlanda, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido )
han sido emplazados a presentar sus observaciones .

(') DO n° L 131 de 27 . 5 . 1988, p . 73 . O DO n° L 192 de 24 . 7 . 1990, p . 10 .

N° C 250 / 36 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

— Por lo que se refiere al monopolio petrolero español,

la Comisión ha continuado velando por que las auto ­
ridades españolas cumplan su obligación de adapta ­
ción de dicho monopolio . La Comisión ha llamado
especialmente la atención del Gobierno español sobre
el hecho de que la cláusula de abastecimiento exclu ­
sivo que contiene su legislación — que reserva las es ­
taciones de servicio de la red monopolizada única ­
mente a los productos nacionales — no podrá ya
mantenerse cuando finalice el período de transición .

— Por lo que se refiere al monopolio petrolífero portu ­

Tribunal dictadas por no incorporación de las Directivas
sobre el acceso a la profesión de transportista por carre ­
tera de mercancías ( Directiva 74 / 56 1 / CEE ) y de viajeros
( Directiva 74 / 562 / CEE ) en el sector de los transportes
nacionales e internacionales y sobre el reconocimiento
mutuo de los diplomas de transportista ( Directiva
77 / 7 96 / CEE ). Los procedimientos de infracción por las
dos primeras Directivas estaban en marcha desde hace
nada menos que 16 años . La Comisión puede congratu ­
larse de que Italia haya puesto fin a esa situación de vio ­
lación grave y prolongada del Derecho comunitario, res ­
pondiendo así a los esfuerzos de la Comisión . La Comi ­
sión examinará con las autoridades italianas determina ­
dos aspectos de aplicación incorrecta de las prescripcio ­
nes en materia de acceso a la profesión que contiene la
legislación comunicada .

gués, la Comisión considera que las reformas intro ­ dos aspectos de aplicación incorrecta de las prescripcio ­
ducidas una fero situación portugués en la legislación de . En liberalización este momento portuguesa del, la mercado han Comisión conducido petrolí ana a ­ ­ nes legislación en materia comunicada de acceso . a la profesión que contiene la
liza ciertos obstáculos que continúan impidiendo que
dicha liberalización se traduzca en un aumento de las
importaciones . En cuanto a Portugal, todavía no ha incorporado la Di ­
rectiva 71 / 562 / CEE, si bien parece estar en marcha un
proyecto legislativo al respecto .

Comunicación de las medidas de ejecución del conjunto de

Directivas aplicables en el sector de la competencia

Los resultados en este sector alcanzan el 91,6 % que, no obs ­
tante, no deben ocultar los persistentes retrasos de Grecia,
Irlanda e Italia .

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre de

1991 O

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunicado

medidas

%

Bélgica 3 3 100,0

Dinamarca 3 3 100,0

Alemania 3 3 100,0

Grecia 3 2 66,6

España 3 3 100,0

Francia 3 3 100,0

Irlanda 3 2 66,6

Italia 3 2 66,6

Luxemburgo 3 3 100,0

Países Bajos 3 3 100,0

Portugal 3 3 100,0

Reino Unido 3 3 100,0

(') Las dos Directivas mencionadas en el punto D.l, y la Directiva

80 / 723 / CEE .

E. TRANSPORTES

1 . POR CARRETERA

Finalmente, Italia ha puesto fin, en sus aspectos esencia ­
les, al prolongado incumplimiento de las sentencias del

La nueva Directiva 89 / 438 / CEE, por la que se modifi ­
can las tres citadas Directivas en materia de acceso a la
profesión de transportista y de mutuo reconocimiento de
diplomas, ha sido incorporada en la mayoría de los Esta ­
dos miembros en 1991, con excepción de Francia . No
obstante, algunas de tales incorporaciones han resultado
incompletas o incorrectas, lo que ha llevado a la Comi ­
sión a proseguir el procedimiento .

La nueva Directiva 90 / 398 / CEE, relativa a la utilización
de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de
mercancías por carretera entró en vigor el 1 de enero de

1991 . Solamente Italia, los Países Bajos y Portugal no
han respetado sus obligaciones en materia de incorpora ­
ción .

En el importante campo de la seguridad en carretera, la
Comisión observa que prácticamente todos los Estados
miembros han adoptado las medidas necesarias para am ­
pliar tales obligaciones en materia de control técnico a
las camionetas y furgonetas . La única excepción la cons ­
tituye Irlanda, que ha sometido a la Comisión un
proyecto de ley que ha recibido un dictamen favorable y
que se espera sea aprobado en breve plazo .

El sector de la armonización técnica en el ámbito del
transporte por carretera es un elemento fundamental de
la política común de transportes . Una de las más recien ­
tes medidas en la materia, la Directiva 89 / 461 / CEE por
la que se establecen las dimensiones máximas autorizadas
de los vehículos articulados, ha sido puesta en aplicación
por todos los Estados miembros, excepto dos, Italia y
Luxemburgo . La Comisión ha incoado procedimientos
de infracción contra ambos Estados miembros a fin de
conseguir que se pongan próximamente en regla con sus
obligaciones comunitarias .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 37

En un sector que se encuentra a caballo entre la protec ­
ción social de los trabajadores y la seguridad en carre ­
tera, la Comisión no ha conseguido todavía que Italia,
Bélgica y Luxemburgo adopten las medidas necesarias
para la ejecución de lo dispuesto en la Directiva
88 / 599 / CEE, que establece unos procedimientos unifor ­
mes para la aplicación de los reglamentos « social carre ­
tera-tiempo de conducción y de descanso » y « tacógrafo ».
Así las cosas, la Comisión podría recurrir ante el Tribu ­
nal por incumplimiento de estos tres Estados miembros .

tercambio de los permisos de conducir, las autoridades
alemanas sustituyen el concepto de « residencia normal »
que contempla la Directiva 80 / 1263 / CEE por el con ­
cepto de « residencia permanente ». Un estudiante que
tenga su domicilio en otro Estado miembro y que se ins ­
tale en Alemania únicamente a fin de proseguir sus estu ­
dios es asimilado al estatuto de residente por las autori ­
dades alemanas, por lo que se ve obligado a cambiar su
carné de conducir nacional, cuya utilización está limitada
en Alemania a un año a partir del comienzo de su estan ­
cia .

Italia y el Reino Unido han aprobado finalmente el mo ­ Por esta razón se ha incoado un procedimiento de in ­
para delo comunitario las distintas categorías de carné de, la Directiva conducir 80 que / 1263 establece / CEE, . fracción contra Alemania .
Todos los Estados miembros expiden ya su carné de con ­
ducir de acuerdo con ese modelo uniforme .

El Tribunal de Justicia dictó una importe sentencia en
materia de transportes combinados el 7 de mayo de

1991 . Los antecedentes de dicho asunto los constituye
una queja planteada a la Comisión por una filial italiana
de una sociedad alemana que indicaba que las autorida ­
des italianas se negaban a expedirle cualquier nueva au ­
torización de transporte para tractores dedicados al
transporte combinado . El Tribunal considera que, al
mantener un régimen de autorización o de contingenta ­
ción de los transportes combinados ferrocarril / carretera
entre Estados miembros y al negarse a expedir autoriza ­
ciones a los particulares que tengan intención de efectuar
tales transportes, Italia ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de la Directiva 75 / 130 / CEE
relativa al establecimiento de normas comunes para de ­
terminados transportes combinados ferrocarril / carretera
de mercancías entre Estados miembros .

Por consiguiente, las conclusiones de dicha sentencia
aclaran las normas aplicables al transporte combinado,
favoreciendo su desarrollo, en línea con las medidas

En julio de 1991, el Consejo aprobó la nueva Directiva
91 / 439 / CEE relativa al carné de conducir . Tal Directiva
establece el reconocimiento, a partir de julio de 1996 y
sin necesidad de cambiarlos, de los carnés de conducir
expedidos por las administraciones nacionales de los Es ­
tados miembros, incluso en caso de cambio de Estado de
residencia del titular . Por otra parte, la Directiva con ­
firma, coincidiendo en ello con el punto de vista de la
Comisión, que la frecuentación de una universidad o de
una escuela en otro Estado de la Comunidad no implica
la transferencia de la residencia normal, por lo que los
estudiantes pueden conservar su permiso de conducir ob ­
tenido en el Estado miembro de origen .

A la luz de estas últimas disposiciones, y como conse ­
cuencia de las anteriores conversaciones con los servicios

de la Comisión, las autoridades alemanas, de acuerdo
con los « Lánders », van a aprobar una ley que permita
hacer una excepción en favor de los estudiantes, exi ­
miéndoles de la obligación de cambiar su carné prevista
en su ley actual .

adoptadas por el Consejo . 2 . POR VÍA NAVEGABLE

La Comisión, que tras esta sentencia pidió al Gobierno
italiano que adoptara las medidas necesarias para su apli ­
cación, sigue esperando que éste le informe del curso
que se ha dado a dicha petición .

La implantación de la Europa de los ciudadanos afecta
también a ciertos campos de la política común de trans ­
portes . En efecto, la Comisión ha recibido una queja de
un estudiante según el cual, al aplicar las normas de in ­

El 10 de diciembre, el Tribunal dictó una sentencia en la
que declara que Bélgica ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud del artículo 171 del Tratado
CEE, por no haber ejecutado la anterior sentencia de
24 de mayo de 1988 . En efecto, Bélgica sigue sin incor ­
porar al Derecho nacional la Directiva 82 / 714 / CEE por
la que se establecen las prescripciones técnicas de los
barcos de navegación interior . Entre tanto, el Gobierno
belga ha presentado a la Comisión un proyecto de ley
encaminado a aplicar las disposiciones de la Directiva . La
Comisión espera que Bélgica le dé el curso adecuado y
ponga fin a esta grave violación del derecho comunitario .

N° C 250 / 38 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

En cuanto a la Directiva 87 / 540 / CEE, en materia de ac ­ de tal modo que los casos abiertos se refieren esencial ­
ceso a la profesión de transportista por vía navegable, mente a aplicaciones defectuosas .
sigue sin ser objeto de medidas nacionales de ejecución
por todos los Estados miembros interesados, a pesar de
las administraciones iniciativas de la nacionales Comisión han y de preparado los proyectos . Al no que haber las La Directiva 79 / 409 / CEE sigue siendo la otra disposi ­
comunicado los Estados miembros las medidas adoptadas ción de Derecho comunitario del medio ambiente cuya

violación se denuncia más a menudo . Al igual que en los

para próximamente cumplir con ante sus el obligaciones Tribunal ., la Comisión recurrirá signación años anteriores de zonas, los de casos protección abiertos especial se refieren, a las a perturba la no de ­ ­

ciones o daños a zonas designadas y a la caza ilícita de
especies protegidas (').

Comunicación de las medidas de ejecución del conjunto de las

Directivas aplicables en el sector de los transportes

2 . CALIDAD DEL AGUA

Los resultados obtenidos en este sector son buenos, con una me ­
dia del 93 % y pocas diferencias entre los Estados miembros .

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre

de 1991

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunicado

medidas

° / o

Bélgica 42 39 92,9

Dinamarca 40 39 97,5

Alemania 42 40 95,2

Grecia 41 39 95,1

España 42 41 97,6

Francia 45 42 93,3

Irlanda 39 38 97,4

Italia 41 36 87,8

Luxemburgo 40 35 87,5

Países Bajos 43 40 93

Portugal 35 32 91,4

Reino Unido 40 39 97,5

F. MEDIO AMBIENTE

1 . PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y DE LA FLORA

La Directiva 85 / 337 / CEE relativa al impacto medioam ­
biental de determinados proyectos públicos y privados es
la disposición del Derecho comunitario de medio am ­
biente que ha sido objeto de un mayor número de quejas
y de casos directamente detectados en 1991 . Con excep ­
ción de Luxemburgo, que se ha retrasado en la adopción
de un proyecto de reglamento granducal, la Directiva

85 / 337 / CEE ha sido incorporada de una manera más o
menos completa en la totalidad de los Estados miembros,

El Tribunal de Justicia ha sancionado la incorporación
incorrecta de la Directiva 80 / 68 / CEE sobre aguas subte ­
rráneas por Alemania ( sentencia de 28 de febrero de

1991, asunto C - 131 / 88 ) y por Italia ( sentencia dictada el
28 de febrero de 1991, asunto C-360 / 87 ). Cabe recordar
que los Países Bajos fueron condenados por la misma ra ­
zón el 17 de septiembre de 1987 ( asunto C-291 / 84 ) y
que hasta ahora, no han comunicado todavía las medidas
nacionales de ejecución requeridas .

Asimismo, el Tribunal ha sancionado la incorporación

incorrecta de las directivas 75 / 440 / CEE y 79 / 869 / CEE
sobre aguas superficiales por Bélgica ( sentencia de 1 1 de
mayo de 1991, asunto C-290 / 89 ) y por Alemania ( sen ­
tencia de 17 de octubre de 1991, asunto C-58 / 89 ).

Finalmente, entre los numerosos procedimientos de in ­
fracción incoados contra diversos Estados miembros por
no aplicación o violación del derecho comunitario de
preservación del agua, cabe mencionar especialmente el
procedimiento incoado contra la totalidad de los Estados
miembros por no aplicación de los programas de reduc ­
ción de la contaminación del agua por 99 substancias pe ­
ligrosas que implican unos objectivos de calidad para el

agua, tal como lo exige el artículo 7 de la Directiva
76 / 464 / CEE sobre substancias peligrosas ( x ).

3 . CALIDAD DEL AIRE

De los seis Estados miembros que debían haber adoptado
medidas nacionales de ejecución de la Directiva
89 / 427 / CEE por la que se modifica la Directiva
80 / 779 / CEE sobre el dióxido de azufre y las partículas
en suspensión, únicamente Portugal ha cumplido con di ­
cha obligación en los plazos previstos . Además, Dina ­

(') Para más información véase el Anexo C del presente

Informe .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 39

marca hizo saber a su debido tiempo que su normativa
existente es ya conforme . Comunicación de las medidas de ejecución del conjunto de las

Directivas aplicables en el sector del medio ambiente

La media del 85 % de este sector es buena . No obstante, los re ­
Por otra parte, en el mes de mayo, el Tribunal de Justi ­ trasos acumulados por Italia y Grecia siguen siendo pre ­
cia sancionó a Alemania por incorporación incorrecta de ocupantes .
las Directivas 80 / 779 / CEE sobre el dióxido de azufre y
las partículas en suspensión y 82 / 884 / CEE sobre el Directivas Directivas
plomo ( asuntos C-361 / 88 y C-59 / 89 ) y, en el mes de aplicables respecto de las
octubre, a Francia por incorporación incorrecta de las diciembre al 31 de cuales comunicado se han %
Directivas 80 / 779 / CEE, 82 / 884 / CEE y 85 / 203 / CEE de 1991 medidas
sobre el dióxido de nitrógeno ( asuntos C-64 / 90,
C-13 / 90 y C - 14 / 90 ) ( l ).

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre

comunicado

Directivas
respecto de las

cuales se han

%

de 1991

medidas

Bélgica 92 75 81

4 . RUIDO

Las Directivas 88 / 180 / CEE y 88 / 181 / CEE, por las que
se modifica la Directiva 84 / 538 / CEE relativa al nivel de

potencia acústica admisible de las máquinas cortadoras
de césped, no han sido todavía incorporadas en toda la
Comunidad .

Efectivamente, todavía falten las medidas nacionales de
ejecución en una de las tres regiones de Bélgica, en Ale ­
mania, en Irlanda y en el Reino Unido . En España, sólo
la Directiva 88 / 181 / CEE ha sido incorporada .

5 . RESIDUOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Y BIOQUÍMICOS

Por lo que se refiere a la incorporación de las Directivas
90 / 219 / CEE y 90 / 220 / CEE, relativas a la utilización en
recinto cerrado y a la disminación voluntaria de los or ­
ganismos genéticamente modificados, la Comisión ha re ­
cibido oficialmente comunicación de los textos de incor ­
poración de Alemania y tiene conocimiento de la adop ­
ción de medidas nacionales de ejecución en Dinamarca y
en los Países Bajos .

Dinamarca 92 91 98

Alemania 92 84 91

Grecia 91 70 76

España 91 85 93

Francia 92 82 89

Irlanda 91 77 84

Italia 92 55 59

Luxemburgo 92 80 86

Países Bajos 92 88 95

Portugal 91 86 94

Reino Unido 91 77 85

G. ENERGÍA

1 . PRODUCTOS PETROLÍFEROS

Por lo que se refiere a la no incorporación al Derecho
interno de la Directiva 85 / 536 / CEE relativa a la utiliza ­
ción de carburantes de substitución en la gasolina, la Co ­
misión ha recurrido al Tribunal de Justicia en un proce ­
dimiento contra Italia y los Paísos Bajos y ha archivado
el procedimiento contra Bélgica .

Por lo que se refiere al procedimiento contra Portugal
por no incorporación al Derecho interno de las Directi ­
vas 75 / 339 / CEE y 75 / 405 / CEE, dicho procedimiento

ha sido archivado por la Comisión .

Además, la Comisión aprobó una prórroga por lo que se
refiere a la no incorporación al Derecho interno por
parte de Portugal de las Directivas 78 / 170 / CEE y
82 / 885 / CEE .

Por lo que se refiere a la Directiva 90 / 517 / CEE, por la
que se modifica por undécima vez la Directiva parte 82 / 885 de / CEE Portugal . de las Directivas 78 / 170 /
67 / 548 / CEE relativa a la clasificación, envase y etique ­
tado de las sustancias peligrosas, Dinamarca, Alemania y
Luxemburgo han comunicado las medidas nacionales de
2 . TRANSITO DE ELECTRICIDAD — Directiva
ejecución (').

90 / 547 / CEE

Por lo que se refiere a esta Directiva, Bélgica, Francia,
(*) Para más información véase el Anexo C del presente Alemania y los Países Bajos han procedido ya a su incor ­

Informe . poración al Derecho interno .

N°C 250 / 40 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

3 . TRANSFERENCIA DE PRECIOS — Directiva

90 / 377 / CEE

Ningún país ha incorporado todavía al Derecho interno
la citada Directiva .

4 . POLITICA DEL CARBÓN — Decisión 90 / 296 / CECA

Dado que el Gobierno alemán no ha respetado la obliga ­
ción de comunicar a la Comisión los planes de reducción
de los pagos compensatorios realizados en el marco de la
tercera ley relativa a la electricidad producida a partir del
carbón y de reestructuración, racionalización y moderni ­
zación de la industria hullera ( tal como establece la De ­
cisión 89 / 296 / CECA de la Comisión ), la Comisión ha
incoado el procedimiento del artículo 88 del Tratado
CECA y ha enviado una carta de emplazamiento a las
autoridades alemanas .

Se incoó un procedimiento similar contra España, y las
autoridades españolas han dado una respuesta satisfacto ­
ria a la carta de emplazamiento de la Comisión ( comuni ­
cación de los planes de reducción de las ayudas y de
reestructuración de la industria hullera española ).

Comunicación de las medidas de ejecución del conjunto de las

Directivas aplicables en el sector de la energía

En general los problemas de comunicación de las medidas na ­
cionales de ejecución de las Directivas en este sector no son im ­
portantes, dado que se ha alcanzado un buen porcentaje de in ­
corporación de más del 91 % .

H. DIMENSIÓN EXTERIOR

1 . RELACIONES EXTERIORES

La Comisión ha recurrido ante el Tribunal contra Grecia
por haber impedido la importación de cerillas proceden ­
tes de Suecia y de Bulgaria, utilizando un « procedi ­
miento delta » qu en ningún momento ha sido comuni ­
cado a la Comisión y que autoriza al banco nacional a
denegar las licencias de importación de los mencionados
productos . Las autoridades griegas nunca han contestado
a las solicitudes de la Comisión de que se le informe so ­
bre dicho procedimiento .

2 . COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En este sector, el control de la aplicación del Derecho
comunitario que ejerce la Comisión tiene como objetivo
esencial garantizar el respeto por los Estados miembros
de varios protocolos celebrados en el marco del Con ­
venio de Lomé, de los acuerdos celebrados con terceros
países y de los actos comunitarios que se derivan de de ­
terminados acuerdos internacionales sobre los productos
de los que la Comunidad es signataria .

I. CUESTIONES ESTADÍSTICAS, ADMINISTRATIVAS Y

PRESUPUESTARLAS

1 . CUESTIONES ESTADISTICAS

Directiva sobre las estadísticas de los transportes por

carretera

En materia de estadísticas, las obligaciones que incumben
a los Estados miembros consisten en suministrar, con una
periodicidad determinada, informaciones cuantificadas
sobre un sector determinado y de acuerdo con unas mo ­
dalidades imperativas .

La Directiva 78 / 546 / CEE del Consejo, relativa a la rela ­
ción estadística de los transportes de mercancías por ca ­
rretera en el marco de una estadística regional, tiene
como objetivo esencial la consecución de datos anuales
comparables sobre los transportes de mercancías efectua ­
dos por los vehículos matriculados en un Estado miem ­
bro en el territorio de dicho Estado miembro ( transpor ­
tes nacionales ) así como entre dicho Estado miembro y
los demás Estados miembros o los terceros países ( trans ­
portes internacionales ). Tal información es de gran utili ­
dad para el desarrollo de la política comunitaria de
transportes que requiere un buen conocimiento de la
magnitud y la evolución de los transportes de mercancías
por dicho medio de transporte ( información que se com ­
pleta con otras dos Directivas análogas relativas a los
otros dos medios de transporte interior ( ferrocarril y vías
navegables interiores ).

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre

de 1991

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunidado

medidas

%

Bélgica 14 13 92,9

Dinamarca 14 13 92,9

Alemania 14 13 92,9

Grecia 12 9 75

España 12 10 83

Francia 14 13 92,9

Irlanda 11 9 81,8

Italia 14 11 78,6

Luxemburgo 12 10 83

Países Bajos 14 12 85,7

Portugal 13 9 69

Reino Unido 11 9 81,8

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 250 / 41

Cabe señalar que el 18 de julio de 1989 el Consejo
aprobó una ampliación de dicha Directiva que permite
una mejor cobertura de la información estadística sobre
el transporte de mercancías por carretera, aumentando la
frecuencia de determinados datos a una periodicidad tri ­
mestral, y añadiendo ciertas informaciones sobre el trá ­
fico en los países terceros ( Directiva 89 / 462 / CEE del
Consejo ).

Situación del contencioso

Hace cierto tiempo pudo observarse, en relación con Ita ­
lia, la existencia de una primera infracción . Dada la im ­
portancia de la Directiva en cuestión, dicho Estado
miembro infractor fue objeto de una sentencia del Tribu ­
nal de Justicia ('), seguida de un segundo procedimiento
debido a un suministro parcial, entre tanto, de las infor ­
maciones que se exigen en dicha Directiva, que ha dado
lugar a una nueva sentencia del Tribunal de Justicia ( J ).
Las informaciones suministradas por Italia en julio de

1991 para 1989 se ajustan ahora a dicha Directiva .

En el caso de Luxemburgo, a finales de 1991 se reanudó,
gracias a la asistencia técnica de Eurostat, el suministro
de los datos relativos al primer trimestre de 1991 . El pro ­
cedimiento de infracción ha quedado suspendido hasta el
30 de junio de 1992 a fin de asegurarse, antes del cese
definitivo del procedimiento, de que dicho Estado miem ­
bro suministrará regularmente las informaciones necesa ­
rias .

Estadísticas agrícolas

Cierto número de Directivas del Consejo prescriben la
comunicación de datos estadísticos agrarios que utilizan
de modo permanente los Comités de gestión competen ­
tes . La elección de los datos, su frecuencia y los plazos
de comunicación han sido determinados, junto con les
Estados miembros, de modo que cubran lo mejor posible
las necesidades de dichos Comités . Es evidente que, para
poder determinar de una manera juiciosa las medidas
que deben adoptarse ( que, con frecuencia, tienen graves
consecuencias presupuestarias tanto a nivel nacional
como comunitario ), los datos utilizados por dichos Co ­
mités deben ser fiables y estar disponibles en los plazos
previstos .

A finales de 1988, la Comisión incoó un procedimiento
contra Italia por « falta de fiabilidad de las estadísticas
sobre la cabaña bovina ». Efectivamente, la proximidad
de tales datos estadísticos con los de los años anteriores
relativos al número de primas por vaca que amamanta a
su cría y a otros datos similares comunicados por Italia a

(') Asunto 101 / 84, de 11 de julio de 1985, Comisión contra

República Italiana .
( 2 ) Asunto C-266 / 89, de 8 de mayo de 1991, Comisión contra

República Italiana .

los Comités de gestión hacían albergar ciertas dudas so ­
bre la exactitud de los datos comunicados en aplicación
de la Directivas 73 / 132 / CEE y 78 / 53 / CEE . Desde ese
momento se han realizado grandes progresos en la ela ­
boración de las estadísticas agrarias en Italia . La Comi ­
sión espera que las incertidumbres que todavía se ciernen
sobre tales estadísticas quedarán resueltas en cuanto se
conozcan los resultados definitivos del censo agrario de

1990 .

La escasez de estadísticas agrarias de Bélgica ha obligado
a la Comisión a incoar a finales de 1991 un procedi ­
miento de infracción por « retrasos en la comunicación de
las estadísticas sobre las cabañas y sobre la producción
agrícola ». Las Directivas 76 / 630 / CEE ( ganado porcino ),
73 / 132 / CEE y 78 / 53 / CEE ( ganado bovino ), 72 / 280 /
CEE ( leche y productos lácteos ) y 82 / 177 / CEE ( gana ­
dos ovino y caprino ), son las afectadas .

2 . PERSONAL DE LAS COMUNIDADES

En materia de transferencia de los derechos a pensión
( artículo 1 1 del Anexo VIII del Estatuto de los funciona ­
rios de las Comunidades Europeas ) el procedimiento de
infracción incoado contra los Países Bajos puede ser ar ­
chivado, al haber dado las autoridades neerlandesas una
respuesta satisfactoria a la carta de emplazamiento de la
Comisión .

En el mismo contexto, y en relación con el procedi ­
miento de infracción incoado contra Bélgica, cabe seña ­
lar que, en mayo de 1991, se promulgó la ley que per ­
mite ( mediante un sistema de subrogación ) la transferen ­
cia de los derechos a pensión nacionales .

Dado que las primeras operaciones de transferencia están
ya en marcha, convendría archivar el procedimiento in ­
coado tras un período de observación inicial sobre el se ­
guimiento y aplicación de la ley .

Por lo que se refiere a la acumulación, de las ayudas fa ­
miliares que se contempla en el artículo 68 del Estatuto
de los funcionarios de las Comunidades Europeas, la
Comisión prosigue sus conversaciones con las autorida ­
des alemanas sobre la ejecución de la sentencia del Tri ­
bunal de Justicia ( asunto 189 / 85, sentencia de 7 de mayo
de 1987 ; Rec . 1987, p . 2075 ). Tras la adopción de la le ­
gislación alemana en 1987, el objeto de las conversacio ­
nes es la compensación de las Comunidades para el pe ­
ríodo de la legislación anterior, es decir del 31 de enero
de 1975 al 30 de abril de 1987 .

En el procedimiento de infracción sobre la base del ar ­
tículo 12 del Protocolo sobre los privilegios e inmunida ­

N° C 250 / 42 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

des, incoado contra España en relación con las dificulta ­
des planteadas para la importación en franquicia de au ­
tomóviles de antiguos funcionarios y agentes temporales,
las autoridades españolas han modificado la legislación
en la materia . La Comisión ha decidido enviar un dicta ­

men motivado en relación con ciertos casos individuales
incursos en el ámbito de aplicación de la legislación an ­
terior .

Dado que las autoridades belgas han aprobado unas me ­
didas fiscales que excluyen al cónyuge de un funcionario
de las Comunidades que obtenga unas rentas profesiona ­
les sometidas al impuesto belga del beneficio del con ­
ciente conyugal, sin concertarse con los organismos co ­
munitarios ( incumpliendo así lo que establece el artículo

19 del Protocolo sobre privilegios e inmunidades ), la Co ­
misión ha decidido enviar una carta de emplazamiento .

3 . CUESTIONES PRESUPUESTARIAS

Mediante sentencia de 16 de mayo de 1991 en el asunto
C-96 / 89, el Tribunal de Justicia condenó al Reino de los
Países Bajos al pago de las exacciones reguladoras agrí ­
colas correspondientes a 1983 ( así como de los intereses
de demora desde junio de 1984 ) cobradas, en el mo ­
mento del despacho a libre práctica de acuerdo con la
tasa preferencial del 6 % en lugar de la tasa normal del
72 %, de lotes de mandioca importados de Tailandia sin
certificados de exportación . Como consecuencia de dicha
sentencia, los Países Bajos han abonado a la Comisión
los recursos propios correspondientes ( es decir,
19 765 281 florines holandeses de exacciones reguladoras
agrícolas y 57 946 1 3 1 florines holandeses de intereses de
demora ).

A fin de obtener la puesta a disposición de los recursos
propios IVA (y los intereses de demora ) no abonados
por infracciones a la Directiva 77 / 388 / CEE y al Regla ­
mento ( CEE ) n° 1552 / 89, la Comisión ha emitido un
dictamen motivado contra Francia .

Comunicación de las medidas de ejecución del conjunto de las
Directivas aplicables en el campo de las cuestiones estadísticas

Los buenos resultados alcanzados por la mayoría de los Estados
miembros en este sector ( 98,5 % ) ponen de manifiesto que Italia
debe recuperar un ligero retraso .

Directivas

aplicables

al 31 de

diciembre

de 1991

Directivas
respecto de las

cuales se han

comunicado

medidas

%

Bélgica 42 38 90

Dinamarca 42 42 100

Alemania 43 43 100

Grecia 42 42 100

España 47 47 100

Francia 42 42 100

Irlanda 42 42 100

Italia 42 40 95

Luxemburgo 42 41 98

Países Bajos 42 42 100

Portugal 47 47 100

Reino Unido 42 42 100

III . CUADROS, GRÁFICOS Y ESTADISTICAS

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 43

N° C 250 / 44 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades N° C 250 / 45
Europeas

N° C 250 / 46 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades N° C 250 / 47
Europeas

N° C 250 / 48 Diario Oficial de las Comunidades 28 . 9 . 92
Europeas

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 49

7

Número de procedimientos de infracción incoados desde 1984 por base jurídica y por fase de procedimiento

960

= Tratados y Reglamentos

= Directivas I 1 (     - 3l

Cartas de

emplazamiento

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

412

Dictamen

motivado

Recurso ante

el Tribunal

66

50

25

41

k 26
26

17, 41
Sentencias

N° C 250 / 50 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 51

N° C 250 / 52 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades N° C 250 / 53
Europeas

N° C 250 / 54 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades N° C 250 / 55
Europeas

N° C 250 / 56 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 57

N° C 250 / 58 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 59

N° C 250 / 60 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 61

N° C 250 / 62 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades N° C 250 / 63
Europeas

N° C 250 / 64 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 65

N° C 250 / 66 Diario Oficial de las Comunidades 28 . 9 . 92
Europeas

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 67

N° C 250 / 68 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 69

N° C 250 / 70 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

N° 11

Aplicación del Derecho comunitario por los órganos jurisdiccionales nacionales

I. APLICACION DEL ARTÍCULO 177 DEL TRATADO Origen de las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccio
CEE l nales supremos

1 . Durante 1991 el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas recibió 153 cuestiones prejudiciales planteadas por las
jurisdicciones nacionales que encontraron alguna dificultad de
interpretación del Derecho comunitario o que tenían dudas
sobre la validez de un acto comunitario .

Puede observarse que el número de cuestiones prejudiciales so ­
metidas al Tribunal de Justicia en los últimos años es estable,
dado que fue de 141 en 1990 y de 139 en 1989, si bien en 1988
dicho número fue ligeramente superior ( 179 ).

2 . Por tercer año consecutivo han planteado cuestiones preju ­
diciales las jurisdicciones de todos los Estados miembros . No
obstante, todavía existen disparidades según los Estados, por
ejemplo, entre Alemania, de donde proceden 50 puntos prejudi ­
ciales, e Irlanda, que en 1991 solo planteó una cuestión prejudi ­
cial ante el Tribunal . Sin embargo, las cifras de los últimos años
demuestran claramente que ya no existen, en ningún Estado,
posiciones de principio hostiles a dicho procedimiento .

3 . En los tres cuadros siguientes se presentan, respectiva ­
mente, el número de cuestiones planteadas por cada Estado, el
origen exacto de las cuestiones planteadas por las jurisdicciones
nacionales supremas, y los sectores del Derecho comunitario a
los que se refieren tales cuestiones, precisándose que éstas se
publican íntegramente en el Diario Oficial de las Comunidades

Europeas a medida que se consignan en el registro del Tribunal
de Justicia .

Número de cuestiones por Estado miembro

Alemania Bundesverwaltungsgericht
Bundesfinanzhof

Bundessozialgericht
Bundesgerichtshof
Bélgica Cour de Cassation

Francia Cour de Cassation
Conseil d' État

Irlanda Supreme Court

Italia Corte Suprema di
Cassazione

Consiglio di Stato

Luxemburgo Conseil d' État

Países Bajos Hoge Raad
Raad van State

Portugal Supremo Tribunal
Administrativo

Reino Unido House of Lords

Sectores del Derecho comunitario afectados

2

9

1

5

1

2

1

1

2

1

1

3

1

2

3

Ayudas de Estado 4
Agricultura 27

Competencia 1 3

Convenio de Bruselas 4

Derecho de sociedades 3

Medio ambiente y consumidores —

Fiscalidad 14

Libre circulación de mercancías 27

Libre circulación de las personas 9
Libre circulación de capitales 1

Política comercial 1

Política social 41

Relaciones exteriores 4

Estatuto de los funcionarios 2

Transportes 3

II . SENTENCIAS SIGNIFICATIVAS DICTADAS POR LOS

ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES COM ­
PETENTES EN ÚLTIMA INSTANCIA

Introducción

órganos
jurisdiccionales

de última
instancia (')

Estado miembro

Conjunto de

los órganos

­
jurisdicciona

les (')

Alemania 50 ( 34 ) 17 ( 12 )

Bélgica 17 ( 17 ) 1 ( 4 )

Dinamarca 2 ( 5 ) - ( ~ )

España 4 ( 6 ) - ( ~ )

Francia 24 ( 21 ) 3 ( 2 )

Grecia 2 ( 2 ) - ( 2 )

Irlanda 1 ( 4 ) 1 ( 2 )

Italia 18 ( 25 ) 3 ( 1 )

Luxemburgo 2 ( 4 ) 1 ( 2 )

Países Bajos 17 ( 9 ) 4 ( 3 ) En un apéndice al octavo Informe anual, la Comisión incluía un

estudio sobre la actitud de los órganos jurisdiccionales naciona ­

Portugal 3 ( 2 ) 2 (-) les supremos respecto al Derecho comunitario . En dicho docu ­

Reino Unido 13 ( 12 ) 3 ( 2 ) mento se describía la actitud de tales órganos respecto al princi ­

pio de primacía del Derecho comunitario sobre la ley nacional,
al del efecto directo reconocido en numerosas normas del Dere ­
(') Las cifras entre paréntesis corresponden a 1990 . cho del Tratado comunitario CEE, y . a las obligaciones derivadas del artículo 177

Países Bajos 17 ( 9 ) 4 ( 3 )

Portugal 3 ( 2 ) 2 (-)

Reino Unido 13 ( 12 ) 3 ( 2 )

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 71

El análisis que se presenta a continuación permite comprobar la
evolución de la toma en consideración del Derecho comunitario
por las más altas jurisdicciones nacionales .

La Comisión ha tenido nuevamente acceso a los datos recogidos
por el servicio de investigación y de documentación del Tribu ­
nal de Justicia de las Comunidades Europeas . La investigación
realizada ha permitido conocer en qué decisiones se ha aplicado
de un modo significativo el Derecho comunitario, precisándose
que los casos en los que un órgano jurisdiccional nacional hu ­
biera debido aplicar el Derecho comunitario no pueden ser de ­
tectados en una consulta a un banco de datos informático si la
sentencia no incluye mención alguna a una norma del Derecho
comunitario . Por otra parte, la Comisión no puede proceder a
un análisis sistemático de las miles de sentencias dictadas cada

año por los órganos jurisdiccionales nacionales superiores .

Objeto de la investigación

La investigación se ha basado en las preguntas siguientes :

1 . ¿ Algún órgano jurisdiccional contra cuyas decisiones no

quepa introducir un recurso judicial ulterior ha dejado de
plantear una cuestión prejudicial en un asunto en el que hu ­
biera debido hacerlo ?

2 . ¿ Algún órgano jurisdiccional ha constatado — contrariamente

a la norma que se indica en la sentencia dictada en el asunto
314 / 85, Foto-Frost — la invalidez de un acto de una institu ­
ción comunitaria ?

3 . ¿ Ha habido alguna decisión que, por su valor ejemplar o

carácter « rebelde », merezca ser mencionada ?

Las decisiones examinadas han sido las que se habían dictado a
finales de 1990 o a lo largo de 1991 .

Primera pregunta

En Alemania cabe resaltar una sentencia del Bundesverfassungs ­
gericht de 27 de agosto de 1991 en la que se confirma la deci ­
sión del Bundesgerichtshof de 15 de enero de 1990 de no pre ­
sentar ante el Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales relati ­
vas a la coordinación del Derecho de sociedades ( en particular,
a la compatibilidad con la Directiva 77 / 91 / CEE del Consejo de
la doctrina alemana de las « aportaciones en especie disfraza ­
das »). En dos sentencias de 17 de octubre de 1990, el Bundesfi ­
nanzhof se negaba también a plantear una cuestión prejudicial .
Los asuntos se referían a una disposición fiscal que prohibe te ­
ner en cuenta, al calcular los impuestos sobre la renta, las pérdi ­
das sufridas por alquiler de inmuebles situados fuera de Alema ­
nia ( pero dentro de la Comunidad ), mientras que se ofrece tal
posibilidad de compensación en relación con los inmuebles si ­
tuados en Alemania . Por el contrario, el Landgericht Hannover
( asunto C-83 / 91 ) planteó posteriormente varias preguntas rela ­
tivas al mismo tema .

En Portugal, el Supremo Tribunal de Justina no planteó una
cuestión prejudicial en un asunto reciente relacionado con el
Decreto Ley n° 430 / 83 que establece, para determinadas infrac ­
ciones, en caso de condena penal de ciudadanos no portugueses,
una sanción de expulsión del territorio portugués . Consciente de
la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 67 / 74, Bonsig ­
nore, el Tribunal confirmó la aplicación del Decreto Ley n°
430 / 83 en el caso de un ciudadano neerlandés condenado por
tráfico de estupefacientes .

También merece atención una importante novedad que se ha
producido en España, donde la Sala de lo Contencioso Admi ­
nistrativo del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional
han expresado sus dudas respecto a su competencia para plan ­
tear cuestiones prejudiciales destinadas a determinar la confor ­
midad de las disposiciones nacionales con el Derecho comunita ­
rio . En cuatro sentencias dictadas a finales de noviembre de

1990, relacionadas con la legislación nacional de aplicación de
la sexta Directiva IVA, la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Supremo consideraba que un órgano jusdiccional
cuya competencia se limita al examen de actos administrativos y
de disposiciones reglamentarias, pero no incluye el examen de
las disposiciones legales, no podía plantear al Tribunal una pre ­
gunta cuya respuesta pudiera inducirle a considerar la no aplica ­
ción de una disposición legal, dado que el Tribunal constitucio ­
nal es el único que puede plantear dicha pregunta . No obstante,
el Tribunal Constitucional no ha compartido tal interpretación
del alcance de sus propias competencias y, en dos sentencias que
han dado lugar a comentarios adversos de una parte de la doc ­
trina, afirma que no puede pronunciarse sobre la compatibilidad
del Derecho español con el Derecho comunitario, dado que éste
no forma parte de la Constitución española . En la sentencia del

14 de febrero de 1991, que se refería a la compatibilidad con
una decisión del Consejo de las Comunidades Europeas de una
ley nacional en materia de elección de los miembros del Parla ­
mento Europeo, el Tribunal Constitucional declara que la cues ­
tión de la posible violación de la legislación comunitaria por una
disposición legal o reglamentaria interna no pertenece al ámbito
del Derecho constitucional, dado que remite a un conflicto en ­
tre disposiciones de rango inferior a la Constitución, que debe
ser resuelto por la jurisdicción ordinaria . El Tribunal Constitu ­
cional, considerando que no forma parte de los órganos jurisdi ­
cionales que tienen por misión garantizar la aplicación uniforme
del Derecho comunitario, se ha negado a recurrir al Tribunal
con carácter prejudicial . En su sentencia, de 22 de marzo de

1991, el Tribunal constitucional confirma dicha jurisprudencia,
añadiendo que no puede controlar la ejecución del Derecho co ­
munitario por los poderes públicos españoles más que en la me ­
dida en que ello implique la violación de un derecho fundamen ­
tal .

Finalmente, conviene mencionar en este contexto la decisión del
Collége van Beroep voor het Bedrijfsleven neerlandés de 30 de
enero de 1991 . En este caso, se trataba de que el Gobierno
neerlandés, en contra de lo dispuesto en el artículo 5 de la Di ­
rectiva 88 / 301 / CEE, no había comunicado a la Comisión los
procedimientos de homologación de los aparatos terminales . El
demandante, por su parte, alegaba que el incumplimiento de tal
obligación tenía como consecuencia conferir un carácter de ile ­
galidad a los procedimientos de homologación . No obstante, el

Collége, refiréndose a la sentencia en el asunto 380 / 87, Eni ­
chem Base / Comune di Cinisello Balsamo, consideraba que ni la
redacción ni el objetivo de las referidas disposiciones permitían
considerar que el incumplimiento de la obligación de comunica ­
ción previa implicaba la ilegalidad de los procedimientos adop ­
tados . No obstante, en preciso resaltar que el problema de las
consecuencias jurídicas de la no notificación de los proyectos de
reglas técnicas ha dado lugar a cierto número de asuntos pen ­
dientes ante el Tribunal ( por ejemplo, asunto C-69 / 91, Decos ­
ter, asunto C-92 / 91, Taillandier y asunto C-93 / 91, Evrard ).

Segunda pregunta

La investigación no ha revelado ninguna decisión del tipo al que
se refiere esta pregunta .

N° C 250 / 72 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

Tercera pregunta

Por lo que se refiere a la tercera pregunta, la investigación ha
permitido tener conocimiento de varias sentencias ejemplares de
las más altas jurisdicciones, entre las cuales cabe resaltar en par ­
ticular la sentencia de la Corte Costituzionale de 18 de abril de

1991 . Tal sentencia consagra, en el orden jurídico italiano, el
derecho de un particular a invocar las disposiciones de una Di ­
rectiva que, desde el punto de vista de su contenido, aparezcan
como incondicionales y sufiencientemente precisas, contra el Es ­
tado, cuando éste no haya incorporado la Directiva al Derecho
nacional o lo haya hecho de una manera incorrecta . La Corte
Costituzionale subraya que el juez que descubre un conflicto
entre disposiciones nacionales y disposiciones comunitarias di ­
rectamente aplicables tiene la obligación de dejar inaplicadas,
por propia iniciativa, las disposiciones nacionales, sin necesidad
de plantear cuestión alguna de constitucionalidad a la que, por
principio, no habría lugar .

Finalmente, cabe mencionar :

— la sentencia de la House of Lords en el asunto Foster, dic ­

tada en consideración de la sentencia del Tribunal de Justi ­
cia de 12 de julio en el asunto C   - 188 / 89 . La House of Lords
rechaza, en particular, cualquier argumento a favor de la in ­
terpretación restrictiva de la sentencia del Tribunal de Justi ­
cia ;

— la sentencia de la Chambre Commerciale de la Cour de Cas ­

sation francesa de 4 de junio de 1991 en el asunto Doyen y
otros / Société des pompes funèbres des régions liberées, en la
que dicho Tribunal anulaba una sentencia del Tribunal de
Apelación debido a que, al aplicar el artículo 86 del Tratado
CEE sin referirse a las condiciones y criterios considerados
por el Tribunal de Justicia para aplicar dicho artículo, el
Tribunal de Apelación no fundamentó jurídicamente su de ­

cisión ;

— la sentencia del Conseil d'État francés de 8 de julio de 1991,

en el asunto Palazzi, en la que se declara la ilegalidad de un
decreto relativo al derecho de residencia, debido a su no
conformidad con los objetivos contemplados en la Directiva
64 / 221 / CEE del Consejo, relativa a la coordinación de las
medidas especiales para los extranjeros en materia de despla ­
zamiento y residencia, justificadas por razones de orden pú ­
blico, de seguridad pública y de salud pública ;

— la sentencia del Consejo de Estado neerlandés, de 4 de di ­

ciembre de 1990, en el asunto Bruin y Harteveld / Minister
van Landbouw, en la que ese órgano jurisdiccional se de ­
clara competente para verificar la legalidad de un regla ­
mento administrativo nacional respecto a un principio del
Derecho comunitario ( concretamente, el de la proporciona ­
lidad ).

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 73

N° C 250 / 74 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 75

N° C 250 / 76 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

Curso dado a las infracciones presuntas ( quejas y casos detectados de oficio ) al final de 1991, por grandes

sectores

Expedientes que
han dado luçar a
un procedimiento

de infracción

Sectores

Año
de registro
del expediente

Expedientes

archivados

Relaciones exteriores 1985 10 2

1986 12 4

1987 5 5

1988 7 1

1989 5 0

1990 2 0

1991 0 0

Mercado interior y asuntos industriales 1985 243 54

1986 186 96

1987 170 71

1988 199 120

1989 212 74

1990 210 30

1991 86 18

Competencia 1985 4 2

I 1986 11 2

1987 12 3

1988 5 12

I 1989 9 1

1990 12 0

1991 5 11

Empleo y asuntos sociales 1985 19 10

1986 44 21

1987 20 22

1988 26 27

1989 60 24

I 1990 31 56

1991 27 1

Agricultura 1985 150 50

1986 110 33

1987 102 32

1988 100 23

1989 113 30

1990 93 22

1991 97 19

Transportes 1985 8 2

1986 23 3

1987 7 8

1988 18 U

1989 20 5

1990 4 3

1991 9 1

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 77

Expedientes que
han dado luçar a
un procedimiento

de infracción

Sectores

Año
de registro
del expediente

Expedientes

archivados

Medio ambiente 1985 27 19

1986 60 45

1987 62 60

1988 105 50

1989 146 67

1990 173 8

1991 89 7

Pesca 1985 4 22

1986 3 23

1987 3 14

1988 1 3

1989 6 12

1990 0 8

1991 2 2

Instituciones financieras y derecho de sociedades 1985 23 35

1986 7 5

1987 5 5

1988 10 6

1989 11 9

1990 10 11

1991 9 1

Unión aduanera y fiscalidad indirecta 1985 25 19

1986 70 19

1987 63 39

1988 54 35

1989 65 23

1990 32 14

1991 31 12

Política de los consumidores 1985 0 0

1986 0 3

1987 1 4

1988 7 1

1989 6 0

1990 6 4

1991 7 0

Total 1985 528 236

1986 534 265

1987 456 273

1988 544 314

1989 66 7 258

1990 581 158

1991 370 73

Nota : Los casos no incluidos en esta lista continúan siendo examinados .

N° C 250 / 78 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

ANEXO A

Infracciones a los Tratados y Reglamentos

Indice

Páginas

Relaciones exteriores 81

Política económica y monetaria 81

Mercado interior y asuntos industriales 81

Competencia 85

Empleo y asuntos sociales 86

Agricultura 87

Transportes 89

Asuntos administrativos 89

Medio ambiente 90

Pesca 90

Instituciones financieras 91

Cuestiones presupuestarias 91

Unión aduanera 92

Fiscalidad indirecta 93

Empresas, turismo y economía social 95

Base jurídica

La base jurídica se deriva del número de documento ( de la base de datos Celex ) el cual se deriva del
número original del acto ; se compone ( ver cuadro ajunto ):

— de una cifra que identifica el sector documental ( Ejemplo : 1 = sector que comprende los Tratados
constitutivos de las Comunidades );

— de dos cifras que corresponden al año de referencia ( año de publicación, de la firma, etc .) ;

— de una o dos letras que identifican el tipo de documento [ Ejemplo : E ( del sector 1 ) = Tratado CEE ];

— de un número, derivado del número con el que el documento fue publicado o del número del artículo

Ejemplo : 3 80 R 2144

Sector 3 : derecho derivado

Año de publicación

Reglamento

Reglamento ( CEE ) n° 2144 / 80

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 79

Sector

Tipo de
documen ­

tación

1 TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES ;
TRATADOS DE MODIFICACIÓN O DE ADHESIÓN

A Tratado Euratom

B Tratado de adhesión Dinamarca, Irlanda, Noruega y Reino Unido

E Tratado CEE

F Tratado de fusión

H

Tratado por el que se modifican determinadas disposiciones presupuestarias

Tratado de adhesión de Grecia

K Tratado CECA

R Tratado por el que se modifican determinadas disposiciones financieras
Tratado por el que se modifican determinadas disposiciones de los estatutos
del BEI

G Tratado relativo a Groenlandia

2 DERECHO PROVENIENTE DE LAS RELACIONES EXTERIORES

DE LAS COMUNIDADES

A Acuerdos con terceros países

3 DERECHO DERIVADO

B Presupuesto

C Censura

D Decisiones ( salvo Decisiones generales CECA )

L Directivas CEE / Euratom

Recomendaciones CECA

R Reglamentos CEE / Euratom

Decisiones CECA de alcance général '

X Otros actos ( resoluciones, dictámenes, etc. ) publicados en el DO « L » (o DO
único )

Y Otros actos publicados en el DO « C »

4 DERECHO COMPLEMENTARIO

A Acuerdos internos

D Decisiones ( de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros )

X Otros actos publicados en el DO « L » (o DO único )

Y Otros actos publicados en el DO « C »

5 ACTOS PREPARATORIOS

PC Propuestas de la Comisión

AP Dictamen del PE ( previa consulta )

IP Dictamen del PE ( iniciativas )

AC Dictamen del CES ( previa consulta )

IC Dictamen del CES ( iniciativas )

CC Dictamen del Tribunal de Cuentas

BP Actos preparatorios del presupuesto

N° C 250 / 80 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

Sector Tipo de
documento

6

B

C

J

O

S

T

v

x

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

Observaciones

Conclusiones del abogado general

Sentencia

Providencia

Recurso y Sentencia

Tercería

Dictamen

Otros actos

7 MEDIDAS NACIONALES DE EJECUCIÓN

9

E

H

O

P

NB : Sectores en proyecto :

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

Preguntas escritas

Preguntas planteadas en el turno de preguntas

Preguntas orales

Peticiones

7 — Medidas nacionales de ejecución .
8 — Jurisprudencia nacional .

10 — Doctrina .

NB : A /. J ....

( A /. ./....)

Ej .: A / 39 / 83 Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 . 12 . 1987
( A / 480 / 88 )

El procedimiento del artículo 171 del Tratado CEE-A / 480 / 88 se basa en la no ejecución por el
Estado miembro de la sentencia del Tribunal dictada en el marco del procedimiento de infracción
A / 39 / 83 .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C N° 250 / 81

N° C 250 / 82 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades N° C 250 / 83
Europeas

N° C 250 / 84 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 85

N° C 250 / 86 Diario Oficial de las Comunidades 28 . 9 . 92
Europeas

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 87

N° C 250 / 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades N° C 250 / 89
Europeas

N° C 250 / 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 91

N° C 250 / 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades N° C 250 / 93
Europeas

N° C 250 / 94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 95

N° C 250 / 96 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

ANEXO B

Infracciones a las Directivas

índice de materias

Página
Cuestiones estadísticas 97

Mercado interior y asuntos industriales 97

Competencia 112

Instituciones financieras y Derecho de sociedades 112

Empleo, asuntos sociales y educación 115

Medio ambiente, protección de los consumidores y seguridad nuclear 116

Agricultura 128

Transportes 143

Energía 145

Presupuesto 146

Unión aduanera y fiscalidad indirecta 146

Telecomunicaciones, industrias de la información e innovación 149

Explicación de las referencias

78 / 546 = referencias de la Directiva

( 31 . 12 . 1989 ) = vencimiento del plazo de incorporación de la Directiva al Derecho nacio ­

nal

sin mención, = medidas no comunicadas el 31 de diciembre de 1990, lo que no excluye

que mientras tanto las medidas hayan sido incorporadas ( comunicación del
Estado miembro, en examen )

sí = medidas nacionales de ejecución comunicadas

no MNI = procedimiento de infracción incoado o seguido por no comunicación de

las medidas nacionales

no conf . = procedimiento de infracción seguido por no conformidad de las medidas

comunicadas

aplic . inc . = procedimiento de infracción seguido por aplicación incorrecta de la Direc ­

tiva

1 . 1 . 1986 = vencimiento del plazo de incorporación para un Estado miembro en parti ­

cular

A / 74 / 89 = referencias del procedimiento de infracción (. . ./ 89 = año de inicio del

procedimiento )

Asunto 171 / 88 = referencia del asunto en los registros del Tribunal de Justicia

Sentencia 1 . 3 . 1983 = fecha de la sentencia del Tribunal

D.M. = dictamen motivado

( art . 171 ) = artículo 171 del Tratado CEE

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 97

N° C 250 / 98 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 99

N° C 250 / 100 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 101

N° C 250 / 102 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades N° C 250 / 103
Europeas

N° C 250 / 104 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 105

N° C 250 / 106 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 107

N° C 250 / 108 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades N° C 250 / 109
Europeas

N° C 250 / 110 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 111

N° C 250 / 112 Diario Oficial de las Comunidades 28 . 9 . 92
Europeas

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 113

N° C 250 / 114 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 115

N° C 250 / 116 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92

Diario Oficial de las Comunidades N° C 250 / 117
, Europeas

N° C 250 / 118 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 119

N° C 250 / 120 Diario Oficial de las Comunidades 28 . 9 . 92
Europeas

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 121

N° C 250 / 122 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 123

N° C 250 / 124 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 125

N° C 250 / 126 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 127

N° C 250 / 128 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades N° C 250 / 129
Europeas

N° C 250 / 130 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 131

N° C 250 / 132 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 133

N° C 250 / 134 Diario Oficial de las Comunidades 28 . 9 . 92
Europeas

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 135

N° C 250 / 136 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 137

N° C 250 / 138 Diario Oficial de las Comunidades 28 . 9 . 92
Europeas

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 139

N° C 250 / 140 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 141

N° C 250 / 142 Diario Oficial de las Comunidades 28 . 9 . 92
Europeas

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 143

N° C 250 / 144 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 145

N° C 250 / 146 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 147

N° C 250 / 148 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C N° 250 / 149

N°C 250 / 150 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

ANEXO C

Control de la aplicación de las Directivas relativas al medio ambiente

I. INTRODUCCION

La principal observación que se desprende del examen de las
distintas quejas y casos detectados de oficio registrados por la
Comisión en el ámbito del medio ambiente en 1991 es la clarí ­
sima preponderancia que adquieren los instrumentos comunita ­
rios relacionados con el sector de la naturaleza y, ante todo, la
Directiva 85 / 337 / CEE relativa al estudio del impacto sobre el
medio ambiente .

Dicha importancia no se explica por una aplicación más co ­
rrecta de las otras disposiciones del Derecho comunitario del
medio ambiente, algo que las informaciones de las que dispone
la Comisión, si bien a menudo fragmentarias, no corroboran en
absoluto .

Lo que explica esa acusada tendencia de la evolución del con ­
tencioso de la aplicación del Derecho comunitario del medio
ambiente es más bien la especial sensibilidad de las personas y su
toma de conciencia respecto a las consecuencias que tienen las
grandes obras y equipos en el medio ambiente y en su entorno
vital . A este respecto, las quejas ( l ) ponen también de manifiesto
la importancia cada vez mayor que tiene para el público no sólo
el principio mismo de la obligación de evaluar el impacto del
proyecto sobre el medio ambiente, obligación que todavía se
desconoce con frecuencia, sino también el derecho a ser consul ­
tado antes de la puesta en marcha del proyecto, tal como se
establece en el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva
85 / 337 / CEE .

La aplicación de la Directiva relativa a la evaluación del impacto
sobre el medio ambiente debe llamar también la atención por
otras razones . Efectivamente, en 1991 se multiplicaron los casos
en los que se pusieron en práctica importantes proyectos de
equipamiento, la mayoría de las veces infraestructuras de trans ­
porte, sin tener en cuenta plenamente la Directiva 85 / 337 / CEE .

Por lo que se refiere a los demás sectores, las situaciones menos
satisfactorias se presentan, tal como indicaba la Comisión en su
octavo Informe anual, en aquellos casos en los que los instru ­
mentos comunitarios establecen obligaciones de programación,
en la medida en que pocos Estados miembros cumplen correcta ­
tamente con tales obligaciones . Así pues, no es sorprendente que
el sector del agua, en el que numerosas Directivas recurren a esa
técnica, ocupe el segundo lugar en cuanto al número de quejas
y de casos detectados de oficio registrados en 1991 .

La misma razón contribuye a situar el sector de los residuos en
el tercer lugar, aparte de los problemas de incorporación defec ­
tuosa y de aplicación insuficientemente rigurosa en gran número

(') Las estadísticas relativas al número de quejas registradas en 1991 no

son comparables a las estadísticas de los años anteriores en la medida
en enviadas que los a la criterios Comisión de contabilización en el marco de, en peticiones particular, han, de sido las modifi quejas ­
cados .

de Estados miembros, dificultades que se plantean también en el
sector del agua y, en menor medida, en el sector del aire .

En contraste con lo anterior, la aplicación de las Directivas me ­
dioambientales aplicables a productos comercializables plantea
aparentemente pocos problemas, lo que podría explicar la parte
marginal que corresponde a los sectores de la química y el ruido
en el contencioso de la aplicación del Derecho comunitario del
medio ambiente .

En general, el año 1991 no presenta signos de disminución del
volumen de quejas (') recibidas por la Comisión en el sector del
medio ambiente .

Esto no facilita precisamente la gestión de dicho contencioso, lo
cual da una idea del interés de renovar sus modos de trata ­

miento . A este respecto, las reuniones paquete ocupan un lugar
especial, dado que permiten hacer comprender mejor a las auto ­
ridades de los Estados miembros la naturaleza exacta de las difi ­

cultades y quejas que exponen los denunciantes y recibir de tales
autoridades más información pertinente, con menos riesgo de
malentendidos recíprocos . En 1991 se celebraron reuniones de
ese tipo con Bélgica, Italia, Francia e Irlanda .

II . SITUACION EN LOS DISTINTOS ESTADOS

MIEMBROS

Bélgica

Incorporación tardía de las Directivas

Cabe resaltar que la región Bruselas capital, que llevaba un re ­
traso considerable en la incorporación de Directivas, lo ha recu ­
perado en gran parte .

La región valona y la de Bruselas capital han comunicado las
medidas de incorporación de las Directivas 88 / 180 / CEE y
88 / 181 / CEE, por las que se modifica la Directiva 84 / 538 / CEE
relativa la nivel de potencia acústica admisible de las cortadoras
de césped . La región flamenca ha comunicado las medidas de
incorporación de las Directivas 90 / 219 / CEE y 90 / 220 / CEE re ­
lativas, respectivamente, a la utilización confinada y a la libera ­
ción intencional de organismos modificados genéticamente .

Por el contrario, no se ha comunicado medida alguna de incor ­
poración de la Directiva 90 / 517 / CEE por la que se modifica
por undécima vez la Directiva relativa a la clasificación, emba ­
laje y etiquetado de las sustancias peligrosas .

Conformidad de las disposiciones nacionales con las disposiciones
comunitarias

Cuando se aprueba una ley para incorporar una Directiva, tal
ley se ajusta, en general, a lo dispuesto en la Directiva . No obs ­
tante, la dificultad de distribuir las competencias entre los dis ­
tintos niveles de poder dan lugar a veces a importantes lagunas
de incorporación .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 250 / 151

Por lo que se refiere a la Directiva 79 / 409 / CEE ( conservación
de las aves silvestres ), sigue sin aplicarse una sentencia del Tri ­
bunal de Justicia, de 1987, por la que se sancionaban seis casos
de no conformidad, por lo que se ha incoado un procedimiento
de infracción basado en el artículo 171 .

Siguen sin incorporarse completamente las Directivas
84 / 360 / CEE, 85 / 203 / CEE ( dióxido de nitrógeno ), 76 / 403 /
CEE ( PCB-PCT ), 78 / 319 / CEE ( residuos tóxicos ), 78 / 176 /
CEE ( dióxido de titanio ) y 87 / 217 / CEE ( amianto ).

El 11 de junio de 1990, el Tribunal condenó a Bélgica por in ­
corporación incompleta de las Directivas 75 / 440 / CEE y
79 / 869 / CEE ( aguas superficiales destinadas al consumo hu ­
mano y análisis de dichas aguas ).

La Directiva 85 / 337 / CEE ( evaluación de impacto ) no ha sido
aún completamente incorporada en las regiones valona y fla ­
menca, aunque la ley Vlarem ha eliminado ciertos defectos . Di ­
cha Directiva no ha sido incorporada en la región de Bruselas
capital .

La Comisión desistió en el asunto a la sazón pendiente ante el
Tribunal de Justicia, relativa a la Directiva 85 / 339 / CEE ( enva ­
ses para alimentos líquidos ), dado que Bélgica adoptó las medi ­
das apropiadas en el transcurso del procedimiento .

Aplicación efectiva

En el sector del agua, la incorporación y la aplicación de la
Directiva 76 / 464 / CEE ( sustancias peligrosas vertidas en el
agua ) siguen planteando graves problemas, en particular en la
medida en que todos los ríos están contaminados . Por consi ­
guiente, mientras no se aprueben programas de reducción de las
sustancias con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Di ­
rectiva, la situación seguirá siendo preocupante .

Por lo que se refiere al agua potable, la situación de Verviers se
agrava a pesar de la sentencia del Tribunal, de 5 de julio de

1990 . La calidad del agua sigue sin ajustarse, en dicha ciudad, a
los requisitos establecidos en la Directiva 80 / 778 / CEE . Bélgica
ha comunicado un informe de aplicación respecto a la Directiva
76 / 160 / CEE relativa a las aguas de baño, pero no lo ha hecho
en relación con la Directiva 78 / 659 / CEE relativa a las aguas
aptas para la vida de los peces y con la Directiva 79 / 923 / CEE
relativa a las aguas aptas para la cría de moluscos .

En el sector del aire, no existen casos específicos dignos de
mención .

Por lo que se refiere a los residuos, cabe resaltar que se han
comunicado medidas de aplicación de todas las Directivas ex ­
cepto de la Directiva 85 / 339 / CEE relativa a los envases para
alimentos líquidos y de la Directiva 86 / 278 / CEE relativa a los
lodos de depuración para uso agrícola . En la región de Bruselas
capital siguen sin existir planes de eliminación de residuos y de
residuos tóxicos y peligrosos . Dichos planes han sido anuncia ­
dos para comienzos de 1992 .

En cuanto a la Directiva 82 / 501 / CEE (« Seveso ») la situación
mejora, pero sigue sin ser satisfactoria por lo que se refiere a los
planes de urgencia .

La Directiva 79 / 409 / CEE sobre las aves silvestres continúa
planteando problemas de aplicación efectiva en las regiones fla ­
menca y valona . En la región flamenca se observa en especial

una insuficiencia de las medidas de protección de zonas de ­
signadas y en la región valona persisten los problemas en mate ­
ria de caza y de caza con trampas, a pesar de las condenas pro ­
nunciadas contra Bélgica en 1987 por el Tribunal de Justicia .

La aplicación efectiva de la Directiva 85 / 337 / CEE sobre la eva ­
luación de impacto plantea problemas en Flandes y en Valonia,
en particular por lo que se refiere a la consulta al público y a la
evaluación por las autoridades responsables del estudio de im ­
pacto presentado por un promotor .

Dinamarca

Incorporación tardía de Directivas

Dinamarca ha cumplido sus obligaciones a este respecto y ha
comunicado los textos que incorporan al Derecho danés las Di ­
rectivas 88 / 180 / CEE y 88 / 181 / CEE por las que se modifica la
Directiva 84 / 538 / CEE relativa al nivel de potencia acústica ad ­
misible de las cortadoras de césped, así como la Directiva
90 / 517 / CEE por la que se modifica por undécima vez la Direc ­
tiva relativa a la clasificación, embalaje y etiquetado de las sus ­
tancias peligrosas .

Dinamarca ha incorporado también las Directivas 90 / 219 / CEE
y 90 / 220 / CEE relativas, respectivamente, a la utilización confi ­
nada y a la liberación intencional de organismos modificados
genéticamente .

Conformidad de las disposiciones nacionales con las disposiciones
comunitarias

En general, Dinamarca procede con seriedad a la incorporación
del Derecho comunitario del medio ambiente .

Los casos de no conformidad se derivan, la mayoría de las ve ­
ces, de una mala adaptación a las disposiciones de una directiva
de textos o procedimientos daneses preexistentes . El procedi ­
miento de infracción que la Comisión incoó a Dinamarca por
no comunicación de programas de reducción de la contamina ­
ción del agua por determinadas sustancias peligrosas, contem ­
plados en el artículo 7 de la Directiva 76 / 464 / CEE sobre sus ­
tancias peligrosas, es uno de los raros ejemplos de lo que pre ­
cede .

Aplicación efectiva

Los casos de violación de una disposición del Derecho comuni ­
tario del medio ambiente son lo suficientemente escasos como
para tener en la opinión pública danesa una repercusión que
probablemente no tendrían en otros Estados miembros .

A este respecto, la actualidad se vio marcada en 1991 en Dina ­

marca por el proyecto de construcción de un puente que uniría
a dicho Estado miembro con Suecia a través del 0resund . El
problema de la compatibilidad de dicho proyecto con las Direc ­
tivas 79 / 409 / CEE sobre las aves silvestres y 85 / 337 / CEE sobre
la evaluación de impacto ha sido objeto de un amplio debate
público en Dinamarca, y ha dado lugar, en particular, a varias
quejas presentadas ante la Comisión . No obstante, ésta todavía
no ha decidido el curso que conviene dar a dicho asunto .

N° C 250 / 152 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

Alemania

Incorporación tardía de Directivas

Alemania ha incorporado la Directiva 90 / 517 / CEE por la que
se adapta por undécima vez al progreso técnico la Directiva
67 / 548 / CEE relativa a la clasificación, embalaje y etiquetado de
las sustancias peligrosas, así como las Directivas 90 / 219 / CEE y
90 / 220 / CEE relativas, respectivamente, a la utilización confi ­
nada y a la liberación intencional de organismos modificados
genéticamente . Por el contrario, la Comisión no ha recibido to ­
davía las medidas nacionales que incorporan las disposiciones de
las Directivas 88 / 180 / CEE y 88 / 181 / CEE relativas al nivel de
potencia acústica admisible de las cortadoras de césped .

En septiembre de 1991 Alemania comunicó además las medidas
adoptadas para incorporar las disposiciones de la Directiva
88 / 610 / CEE relativa a la prevención de accidentes graves en
determinadas actividades industriales, Directiva cuyo plazo de
incorporación había expirado el 1 de junio de 1990 .

Alemania comunicó con un ligero retraso - entre dos y siete me ­
ses - la localización de las zonas de los nuevos Länder que pue ­
den ser designadas, antes de finales de 1992, en virtud de la
Directiva 79 / 409 / CEE relativa a la conservación de las aves sil ­

vestres ( Directiva 90 / 656 / CEE ).

Conformidad de las disposiciones nacionales con las disposiciones
comunitarias

Los casos de no conformidad de las disposiciones nacionales se
plantean en particular en aquellos casos en que la legislación
comunitaria se superpone a una ley nacional preexistente . Así,
por ejemplo, la Comisión estima que la ley alemana que incor ­
pora la Directiva 86 / 609 / CEE relativa a los animales de labora ­
torio no ha sido completamente incorporada al Derecho ale ­

mán .

Asimismo, la Comisión estima que la legislación alemana sobre
la caza continúa siendo, desde varios puntos de vista, incompa ­
tible con los requisitos establecidos en la Directiva 79 / 409 / CEE
( protección de las aves ), a pesar de la condena pronunciada en

1990 por el Tribunal de Justicia ; además, la Comisión no ha
sido todavía informada de las medidas legislativas emprendidas
por Alemania para ajustarse a lo dispuesto en las sentencias del
Tribunal del 17 de septiembre de 1987 ( asunto 412 / 85 ) y de 3
de julio de 1990 ( asunto 228 / 88 ) por las que se declaraba a
varias disposiciones legislativas alemanas contrarias a lo dis ­
puesto en la Directiva 79 / 409 / CEE .

Por otra parte, Alemania ha anunciado medidas legislativas para
ajustarse a lo dispuesto en la sentencia del 30 de mayo de 1991
referente a las Directivas 80 / 779 / CEE relativa a la contamina ­
ción del aire por el SO2 y el polvo y 82 / 884 / CEE relativa a la
contaminación del aire por el plomo ( asuntos C-361 / 88 y
59 / 89 ).

Por lo que se refiere a la incorporación de las Directivas
90 / 219 / CEE y 90 / 220 / CEE relativas a los organismos modifi ­
cados genéticamente, el proceso legislativo alemán se desarro ­
llaba en paralelo con la elaboración de las dos Directivas comu ­
nitarias .

No obstante, la Comisión ha observado que cierto número de
disposiciones alemanas divergen de las disposiciones comunita ­
rias .

En febrero de 1990, Alemania aprobó una ley federal que incor ­
poraba la Directiva 85 / 337 / CEE relativa a la evaluación de im ­
pacto de determinados proyectos públicos y privados . La ley en ­
tró en vigor en agosto de 1990, con dos años, pues, de retraso
con respecto a los requisitos comunitarios (3 de julio de 1988 ).
Al examinar la ley alemana, la Comisión observó que incorpo ­
raba de una manera incompleta las disposiciones de la Directiva
y que faltaban las disposiciones de los Länder y algunas normas
de ejecución . Además, varias disposiciones de la ley alemana no
se ajustaban a las disposiciones de la Directiva .

En el sector del agua cabe mencionar la sanción por el Tribunal
de Justicia de la mala incorporación por Alemania de la Direc ­
tiva 88 / 68 / CEE sobre las aguas subterráneas en una sentencia
de 28 de febrero de 1991 ( asunto C - 1 31 / 88 ) y de las Directivas
75 / 440 / CEE y 79 / 869 / CEE relativas a las aguas superficiales
en su sentencia de 17 de octubre de 1991 ( asunto C-58 / 89 ). En
el caso de la Directiva relativa a las aguas subterráneas, Alema ­
nia ha anunciado medidas para ajustarse a lo dispuesto en la
sentencia del Tribunal .

Aplicación efectiva

Alemania no envía siempre los informes que está obligada a re ­
mitir a la Comisión en virtud de lo dispuesto en distintas Direc ­
tivas comunitarias . Así, por ejemplo, la Comisión ha iniciado di ­
versas gestiones oficiales, dado que los informes relativos al sec ­
tor de los residuos - Directivas 75 / 442 / CEE, 76 / 403 / CEE,
78 / 319 / CEE y 84 / 631 / CEE - no le han sido comunicados en
los últimos años . Asimismo, tampoco le han sido comunicados
en los últimos años los informes trienales sobre la aplicación y
los informes anuales sobre las excepciones en el ámbito de la
Directiva 79 / 409 / CEE . La Comisión no ha recibido tampoco el
informe sobre la aplicación de la Directiva relativa a los envases
para alimentos líquidos ( 85 / 339 / CEE ), que hubiera debido reci ­
bir a mediados de 1991 .

Por lo que se refiere a la aplicación de la Directiva 85 / 337 / CEE
( evaluación de impacto de determinados proyectos públicos y
privados ), la legislación alemana - incompleta - no entró en vigor
hasta el otoño de 1990 . Actualmente, la Comisión está reci ­
biendo un número considerable de quejas según las cuales no se
han realizado evaluaciones de impacto para proyectos específi ­
cos, a pesar de que tales evaluaciones sean obligatorias en virtud
de la Directiva . Tales quejas afectan también a proyectos en los
nuevos Länder, respecto de los cuales la CEE no ha previsto
período alguno de transición .

En dos casos concretos la Comisión ha realizado gestiones ofi ­
ciales ante las autoridades alemanas tras haber planteado ya en

1989 y en 1990 otros dos casos análogos . Las divergencias per ­
sisten en todos estos casos .

En el sector de los residuos, la Comisión ha puesto en conoci ­
miento de las autoridades alemanas varios casos en los que los
residuos han sido transportados a otros Estados miembros sin
que se cumplieran los requisitos comunitarios . Cabe resaltar
que, en un caso, ha sido el Ministerio de Medio Ambiente de
otro Estado miembro quien ha dirigido la queja a la Comisión .

La situación actual se debe en gran medida a que Alemania ha
definido el concepto de residuo de un modo distinto al Derecho
comunitario y a que su legislación nacional contiene varias dis

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 250 / 153

posiciones más que, en opinión de la Comisión, no se ajustan al
contenido de las distintas Directivas comunitarias aprobadas
desde 1975 por unanimidad por el Consejo . La Comisión ha
incoado un procedimiento de infracción contra Alemania por no
conformidad con el Derecho alemán de los residuos con el De ­

recho comunitario .

En el sector del agua la Comisión ha recibido numerosas quejas
que ponen en tela de juicio la calidad de las aguas potables en
particular en el sur del país . Los hechos denunciados se refieren
a la superación persistente de las concentraciones máximas ad ­
misibles contempladas en la Directiva 80 / 778 / CEE, la mayoría
de las veces por nitratos o pesticidas . A este respecto, la Comi ­
sión lamenta que las autoridades alemanas hagan a menudo
caso omiso a sus peticiones de comunicación de los resultados
de análisis de la calidad del agua potable en las localidades im ­
plicadas, o que lo hagan con mucho retraso . Por lo que se re ­
fiere en especial a los Lánder del este del país, Alemania no ha
podido alcanzar, a 31 de diciembre de 1991, los objetivos de
calidad contemplados en la Directiva sobre aguas potables, tal
como le pedía que intentara conseguir el artículo 7 de la Direc ­
tiva 90 / 656 / CEE . Por consiguiente, la aplicación efectiva de la
Directiva sobre las aguas potables corre el riesgo de no quedar
garantizada en la totalidad del este de Alemania antes del 31 de
diciembre de 1995 .

Por otra parte, la designación de aguas aptas para la vida de los
peces ( Directiva 78 / 659 / CEE ) o de aguas aptas para la cría de
moluscos ( Directiva 79 / 923 / CEE ) sigue sin llevarse a cabo en
Alemania mediante actos de obligado cumplimiento y que dis ­
pongan de una publicidad adecuada . Tampoco se han elaborado
los programas contemplados en el artículo 5 de tales Directivas .
La Comisión constata que lo mismo ocurre por lo que se refiere
a la Directiva 76 / 464 / CEE, en la medida en que siguen sin ela ­
borarse los programas de reducción de la contaminación por de ­
terminadas sustancias peligrosas con arreglo al artículo 7 .

Grecia

Incorporación de las Directivas

Si bien las autoridades griegas proceden con mayor celeridad
que hasta ahora, siguen, no obstante, sin comunicar en los pla ­
zos previstos el conjunto de las medidas de incorporación . De
todas las Directivas cuyo plazo de incorporación expira en

1991, sólo han comunicado hasta ahora las medidas relaciona ­
das con dos de ellas . Se trata de las Directivas 88 / 180 / CEE y
88 / 181 / CEE por las que se modifica la Directiva 84 / 538 / CEE
sobre las emisiones sonoras autorizadas de las cortadoras de
césped .

Conformidad de las disposiciones nacionales con las disposiciones
comunitarias

Los procedimientos contra Grecia por no conformidad de las
disposiciones nacionales aprobadas con vistas a la incorporación
de las Directivas son relativamente poco numerosos en propor ­
ción al número de Directivas incorporadas .

Grecia trascribe a menudo literalmente las Directivas al incorpo ­
rarlas al ordenamiento jurídico nacional . Esto es así tanto por lo
que se refiere al texto de cada artículo como a los anexos . En
general, la incorporación se produce por decreto del presidente
de la República o por decisión ministerial .

No obstante, habría que señalar el caso de la Directiva
85 / 337 / CEE relativa a la evaluación del impacto sobre el medio
ambiente, que todavía no ha sido correctamente incorporada en
todos sus puntos .

Aplicación efectiva

La mayoría de los problemas se presenta en el ámbito de la apli ­
cación práctica de las Directivas . Esto se debe a la insuficiencia
de la infraestructura de la política de medio ambiente a nivel
regional y local ( instrumentos de control, laboratorios, personal
especializado . . .).

La aplicación práctica de las Directivas sobre las aguas deja bas ­
tante que desear . Las aguas industriales usadas en las que se
encuentran sustancias peligrosas con arreglo a la Directiva
76 / 464 / CEE se vierten a menudo en el mar, no se miden o
inspeccionan todos los parámetros de la Directiva 76 / 160 / CEE
sobre las aguas de baño y, en un importante número de lugares
de baño, la frecuencia de las medidas no resulta satisfactoria .

Las autoridades griegas no han comunicado a la Comisión los
actos vinculantes por los que se designan las aguas aptas para la
vida de los peces o aptas para la cría de moluscos en aplicación
de las Directivas 78 / 659 / CEE y 79 / 923 / CEE . No obstante, en
el informe de aplicación comunicado en 1990 se informa de la
designación de 47 aguas aptas para la cría de moluscos, de 16
aguas ciprinícolas y de 9 aguas salmonícolas . Además, no se han
respetado en todos los casos los requisitos establecidos en la Di ­
rectiva 75 / 440 / CEE ( aguas superficiales ) y en la Directiva
80 / 68 / CEE ( aguas subterráneas ).

En el sector del aire, la mayoría de los problemas se localizan
en la región de Atenas, donde a menudo se rebasan los valores
límites de la Directiva 80 / 779 / CEE . Las medidas anunciadas
por las autoridades griegas no se han plasmado en una mejora
perceptible de la situación .

En el sector de los residuos, no existen planes de eliminación de
los residuos . Asimismo, Grecia carece de instalaciones de trata ­
miento de residuos . Muchas quejas se refieren a la existencia de
descargas salvajes o incontroladas .

Por lo que se refiere a la protección de la naturaleza, el número
de zonas de protección ( 26 ) designadas en aplicación de la Di ­
rectiva 79 / 409 / CEE sobre las aves silvestres parece insuficiente .
En la mayoría de ellas, no se han adoptado las medidas específi ­
cas necesarias para su protección . La Directiva 85 / 337 / CEE so ­
bre el estudio del impacto sobre el medio ambiente se encuentra
en los inicios de su aplicación, dado que sólo se incorporó en

1990 al Derecho nacional . Se han recibido cierto número de

quejas relacionadas con su aplicación incorrecta .

España

Incorporación de las Directivas

El esfuerzo que han realizado las autoridades españolas en los
últimos años para aplicar las Directivas comunitarias en materia
de medio ambiente ha sido bastante considerable, si se tiene en
cuenta que las competencias legislativas en este sector se repar ­
ten entre numerosas administraciones autónomas . No obstante,
existen importantes carencias en la incorporación de determina ­
das Directivas, tales como las que se refieren a la aplicación de
los principios de buenas prácticas de laboratorio en relación con
las pruebas sobre las sustancias químicas ( Directiva
87 / 18 / CEE ), la clasificación, embalaje y etiquetado de las sus ­
tancias peligrosas ( Directiva 90 / 517 / CEE ), la prevención de la
contaminación atmosférica procedente de las nuevas instalacio ­
nes de incineración de los residuos municipales ( Directivas
89 / 369 / CEE y 89 / 429 / CEE ), los valores límite y los valores
guía de calidad atmosférica por lo que se refiere al anhídrido
sulfuroso y a las partículas en suspensión ( Directiva
89 / 427 / CEE ), al nivel de potencia acústica admisible de las cor ­
tadoras de césped ( Directiva 88 / 180 / CEE ) y a la utilización

N°C 250 / 154 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

confinada y a la liberación intencional de organismos modifica ­
dos genéticamente ( Directivas 90 / 210 / CEE y 90 / 220 / CEE ).

La dispersión de competencias legislativas y administrativas y la
consiguiente falta de coordinación centralizada de las cuestiones
sobre el medio ambiente parecen ser la principal causa de los
actuales retrasos en la aplicación de las Directivas comunitarias,
tal como las autoridades españolas han reconocido en varias
ocasiones .

Conformidad parcial de las disposiciones de aplicación de los textos
comunitarios

La mayoría de las deficiencias de la legislación española que se
denunciaban en el Informe del año pasado siguen sin corregirse .
Tal como se indicaba en dicho Informe, las disposiciones espa ­
ñolas de aplicación en los sectores de la protección de la natura ­
leza, del agua y de los residuos no se ajustan plenamente a to ­
das las disposiciones de la legislación comunitaria .

En el sector del agua, si bien parecen haberse resuelto determi ­
nadas divergencias entre la Directiva 76 / 464 / CEE sobre sustan ­
cias peligrosas y la legislación española, las disposiciones espa ­
ñolas relativas a las aguas subterráneas ( Directiva 80 / 68 / CEE )
siguen ajustándose sólo parcialmente al Derecho comunitario .

En cuanto a las Directivas sobre los residuos, y en particular los
residuos tóxicos ( Directiva 78 / 319 / CEE ), la legislación espa ­
ñola no ha establecido todavía el marco reglamentario y admi ­
nistrativo necesario para el control eficaz de los residuos peli ­

grosos .

Además, determinados plazos contemplados por las disposicio ­
nes españolas no se ajustan a las disposiciones de las Directivas
correspondientes .

Este mismo problema se ha planteado a menudo en relación con
otras Directivas en materia de medio ambiente, siendo su ejem ­
plo más reciente la Directiva relativa a la vigilancia y control en
la Comunidad de los traslados transfronterizos de residuos peli ­
grosos ( 84 / 63 1 / CEE ).

La evaluación del impacto sobre el medio ambiente es otro de
los grandes sectores en los que subsisten diferencias entre la le ­
gislación comunitaria ( Directiva 85 / 337 / CEE ) y las disposicio ­
nes españolas . En el Informe del año pasado se subrayaba el
hecho de que los textos españoles no mencionan en absoluto la
mayoría de los proyectos enumerados en el Anexo II de la Di ­
rectiva . A pesar de la incoación de un procedimiento de infrac ­
ción contra España, todavía no se ha puesto remedio a esta ca ­
rencia .

Aplicación efectiva

En los dos primeros apartados - no comunicación e incorpora ­
ción incompleta - los resultados españoles han mejorado un poco
en los últimos años . Por el contrario, la aplicación insuficiente
de las Directivas en materia de medio ambiente resulta ser una
de las principales deficiencias pendientes de resolver . El cre ­
ciente número de quejas relacionadas con el medio ambiente
procedentes de España constituyó el año pasado un indicador
objetivo de la gravedad del problema .

Las quejas están relacionadas con todos los sectores y con todas
las regiones del país, y se refieren principalmente a problemas

de protección de la naturaleza, de evaluación de impacto, de
calidad de las aguas, de residuos y de contaminación atmosfé ­
rica . Muchas quejas nuevas denuncian la autorización de
proyectos de ordenación del territorio sin que se realice la eva ­
luación de impacto que exige la Directiva 85 / 337 / CEE .

Otra grave carencia en la aplicación por España de las Directi ­
vas comunitarias en materia de medio ambiente la constituye el

retraso en la comunicación de las medidas de aplicación, en par ­
ticular en el caso de las Directivas sobre residuos, sobre el agua
( no se ha recibido informe alguno sobre las aguas aptas para la
cría de moluscos, el informe sobre las aguas aptas para la vida
de los peces está incompleto, pero el informe sobre las aguas de
baño es satisfactorio ) y sobre la calidad del aire . Esta deficiencia
se debe aparentemente a la falta de información y a la insufi ­
ciencia de los recursos administrativos para la elaboración de
dichos planes .

Francia

Incorporación tardía de las Directivas

A lo largo de 1991 se incorporaron varias Directivas, en particu ­

lar las Directivas 89 / 369 / CEE y 89 / 429 / CEE, relativas a las
instalaciones de incineración de residuos municipales .

No obstante, la Comisión todavía no ha recibido comunicación
de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva
88 / 490 / CEE por la que se adapta por décima vez al progreso
técnico la Directiva 67 / 458 / CEE ( clasificación, embalaje y eti ­
quetado de las sustancias peligrosas ), que debería haber sido in ­
corporada antes del 1 de enero de 1990, y de la Directiva
90 / 517 / CEE por la que se adapta por undécima vez la misma
Directiva, así como las Directivas 90 / 219 / CEE y 90 / 220 / CEE
relativas a los organismos modificados genéticamente, cuya in ­
corporación debía haber realizado Francia antes del 23 de octu ­
bre de 1991 .

Conformidad de las disposiciones nacionales con las disposiciones
comunitarias

En el sector del agua Francia ha proseguido su esfuerzo ten ­
dente a sustituir las circulares administrativas existentes por de ­
cretos o disposiciones que responden a los requisitos de claridad
y seguridad jurídica necesarios para garantizar la correcta incor ­
poración de las Directivas comunitarias . No obstante, la práctica
de las circulares no ha desaparecido completamente, dado que
Francia fue condenada por el Tribunal de Justicia en octubre de

1991 por haber incorporado varias Directivas en materia de cali ­
dad del aire ( 80 / 779 / CEE sobre el anhídrido sulfuroso,
88 / 884 / CEE relativa al plomo en el aire y 85 / 203 / CEE relativa
al dióxido de hidrógeno ) por medio de circulares . El decreto de
incorporación, cuya publicación anunciaban las autoridades
francesas para mediados de 1991, no ha sido todavía aprobado
según las informaciones de que dispone la Comisión .

Por otra parte, en el sector del agua y de la naturaleza, subsis ­
ten casos de incorporación incorrecta, como por ejemplo la Di ­
rectiva 85 / 337 / CEE relativa a la evaluación de impacto sobre el
medio ambiente, que sigue sin incorporarse de un modo satis ­
factorio al Derecho interno francés, y la Directiva 80 / 68 / CEE
relativa a las aguas subterráneas .

Aplicación efectiva

En el sector del agua continúan produciéndose rebasamientos
de las concentraciones máximas admisibles establecidas en la

Directiva relativa a las aguas potables ( 80 / 778 / CEE ), especial ­
mente en los parámetros que se refieren a los nitratos y pestici ­
das .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 250 / 155

Por otra parte, la Comisión espera que las autoridades francesas
incrementen sus esfuerzos destinados a hacer que la totalidad de
las aguas de baño en mar y en agua dulce se ajusten a los valo ­
res imperativos que establece la Directiva 76 / 610 / CEE . Por otra
parte, el nivel de designación de aguas aptas para la vida de los
peces de acuerdo con la Directiva 7 8 / 659 / CEE sigue estando
geográficamente desequilibrado en la medida en que no se ha
producido ninguna designación en 15 de las 22 regiones metro ­
politanas .

Finalmente, la Comisión continúa recibiendo quejas por conta ­
minación de los ríos por sustancias peligrosas, lo cual parece
indicar la falta de verdaderos programas de reducción de la
contaminación por determinadas sustancias peligrosas que se
contemplan en el artículo 7 de la Directiva 76 / 464 / CEE .

En el sector de los residuos Francia parece tener ciertas dificul ­
tades para cumplir sus obligaciones en materia de elaboración
de programas y de informes sobre la aplicación de las Directi ­
vas, en particular por lo que se refiere a la Directiva
86 / 278 / CEE relativa a los lodos de depuración y a la Directiva
85 / 339 / CEE relativa a los envases para alimentos líquidos .

En el sector de la naturaleza, la Comisión continúa recibiendo
numerosas quejas relacionadas con la aplicación de la Directiva
79 / 409 / CEE, en las que se denuncia el deterioro de diversos
hábitats y la perturbación de las aves que los frecuentan, así
como la persistencia de prácticas de caza incompatibles con la
Directiva . En 1991 continuó el proceso de desaparición de am ­
plias zonas naturales de una excepcional riqueza ecológica, tales
como el Marais Poitevin . No obstante, la clasificación de diver ­
sos lugares como zonas de protección especial a lo largo de

1991 parece indicar una voluntad real por parte de las autorida ­
des francesas de poner en práctica las disposiciones del artículo
4 de la Directiva, y la Comisión no puede sino manifestar su
deseo de que tal voluntad continúe y se concrete en medidas de
protección eficaces dentro de las zonas designadas .

Por otra parte, el número de quejas en las que se denuncia la
violación de la Directiva 85 / 337 / CEE aumenta constantemente .
Tales quejas mencionan a menudo la violación tanto de la Di ­
rectiva 85 / 337 / CEE como de la Directiva 79 / 409 / CEE, con
motivo de proyectos de ordenación y de infraestructuras de
transporte que pueden deteriorar o dar lugar a la desaparición
de hábitats de especies vulnerables de aves .

Irlanda

Incorporación tardía

En 1991 persistió el problema de la incorporación tardía de las
Directivas en materia de medio ambiente, al no haberse comuni ­
cado medida alguna por lo que se refiere a las Directivas que
entraban en vigor en dicho año ( 88 / 180 / CEE y 88 / 181 / CEE
sobre las cortadoras de césped, 90 / 517 / CEE sobre las sustan ­
cias peligrosas, 90 / 219 / CEE y 90 / 220 / CEE sobre los organis ­
mos modificados genéticamente ). Además, varias Directivas que
hubieran debido incorporarse en los años anteriores siguen es ­
perando la aprobación de las disposiciones necesarias, tal como,
por ejemplo, las Directivas 87 / 101 / CEE ( aceites usados ) y
86 / 278 / CEE ( lodos de depuración ).

Conformidad parcial

La falta de conformidad entre la legislación irlandesa y varias
importantes Directivas en materia de medio ambiente continuó
siendo un problema en 1991 . Existen importantes lagunas por lo
que se refiere en particular a las siguientes Directivas :

85 / 337 / CEE ( evaluación del impacto sobre el medio ambiente ),
75 / 442 / CEE ( residuos ), 78 / 319 / CEE ( residuos tóxicos y peli ­
grosos ), 80 / 68 / CEE ( aguas subterráneas ), 76 / 464 / CEE ( sus ­
tancias peligrosas ), 79 / 923 / CEE ( aguas aptas para la cría de
moluscos y 79 / 409 / CEE ( aves silvestres ). En cada uno de estos
casos se han incoado procedimientos con arreglo al artículo 169 .

Aplicación efectiva

En el sector de las aguas, un número cada vez mayor de quejas
pone en tela de juicio la aplicación práctica de la Directiva so ­
bre aguas subterráneas ( 80 / 68 / CEE ). La ausencia de un marco
reglamentario adecuado es uno de los principales obstáculos
para dicha aplicación . La presentación de varias quejas hace
pensar que la Directiva sobre las aguas de baño ( 76 / 160 / CEE )
no se aplica a un número suficiente de zonas de baño .

La Comisión ha podido constatar que el número de designacio ­
nes con arreglo a la Directiva sobre las aguas aptas para la cría
de moluscos ( 79 / 923 / CEE ) es insuficiente, y que todavía está
por concluir la clasificación de los planes de acción previstos en
la Directiva sobre las aguas superficiales ( 75 / 440 / CEE ). Nume ­
rosas redes de distribución de agua no se ajustan a la Directiva
sobre las aguas destinadas al consumo humano ( 80 / 778 / CEE ) si
bien parecen haberse puesto en marcha importantes obras de
transformación y otras modificaciones . La aplicación de la Di ­
rectiva sobre las sustancias peligrosas ( 76 / 464 / CEE ) es objeto
de un número cada vez mayor de quejas ( falta de programas,
deficiencias del sistema de autorización . . .).

En el sector de la lucha contra la contaminación atmosférica, el
éxito de las medidas irlandesas adoptadas en 1990 parece indi ­
car una reacción satisfactoria a las numerosas quejas enviadas a
la Comisión desde 1987 respecto a la calidad del aire en Dublín
( Directiva 80 / 779 / CEE ). Es lamentable que, al parecer, no se
haya aprobado todavía programa alguno en aplicación de la Di ­
rectiva sobre las grandes instalaciones de combustión
( 88 / 609 / CEE ).

La aplicación por Irlanda de las disposiciones comunitarias rela ­
tivas a los residuos constituye un grave motivo de descontento,
debido esencialmente a la insuficiencia de un marco reglamenta ­
rio . En particular, las disposiciones relativas al establecimiento
de planes de eliminación de los residuos y a la expedición de
autorizaciones con arreglo a la Directiva sobre los residuos
( 75 / 442 / CEE ) y a la Directiva sobre residuos tóxicos
( 78 / 319 / CEE ) no se respetan plenamente . Además, el primer
programa comunicado en aplicación de la Directiva relativa a
los envases para alimentos líquidos ( 85 / 339 / CEE ) ha resultado
insuficiente . La Comisión ha incoado cierto número de procedi ­
mientos con arreglo al artículo 169 .

En el sector de la protección de la naturaleza, Irlanda no siem ­
pre respeta plenamente las disposiciones de la Directiva sobre
las aves silvestres ( 79 / 409 / CEE ) por lo que se refiere al número
de hábitats designados, y un número preocupante de quejas in ­
dica que ciertos hábitats están amenazados .

Italia

Incorporación tardía

Al igual que en otros sectores, la aplicación de las Directivas

relativas al medio ambiente se realiza en Italia mediante la « ley
comunitaria » anual . Dicha ley permite aprobar cada año decre ­
tos legislativos con un procedimiento simplificado, a fin de faci ­
litar la incorporación de Directivas .

N°C 250 / 156 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

Para el presente año, está prevista la incorporación, entre otras,
de las siguientes Directivas : 75 / 464 / CEE, 82 / 176 / CEE,
83 / 513 / CEE, 84 / 156 / CEE, 84 / 491 / CEE, 88 / 347 / CEE y
90 / 415 / CEE sobre los vertidos al agua de sustancias peligrosas ;
87 / 217 / CEE sobre el amianto ; 87 / 219 / CEE sobre el contenido
en azufre de combustibles líquidos ; 87 / 4 16 / CEE sobre el conte ­
nido en plomo de la gasolina ; 78 / 659 / CEE sobre la protección
de las aguas aptas para la vida de los peces ; 79 / 923 / CEE sobre
las aguas aptas para la cría de moluscos ; 80 / 68 / CEE Sobre las
aguas subterráneas ; 87 / 1 01 / CEE sobre la eliminación de los
aceites usados y 85 / 211 / CEE sobre la conservación de las espe ­
cies amenazadas . No obstante, es importante subrayar que, por
el momento, se trata únicamente del anuncio de la puesta en
marcha de un trabajo legislativo .

La incorporación se efectúa mediante medidas aprobadas a nivel
nacional ( central ) que contemplan en sí mismas una distribución
de competencias entre el nivel central y los niveles locales ( sobre
todo regional ). A este respecto, parece necesario obtener una
mayor información para conocer mejor el marco reglamentario
efectivo en cada sector .

Conformidad parcial

La falta de incorporación correcta de la Directiva 76 / 464 / CEE
anteriormente mencionada ilustra este problema . Otros casos
que cabe señalar se refiere a las aguas de baño ( 76 / 160 / CEE ) y
a la Directiva sobre el impacto en el medio ambiente
( 85 / 337 / CEE ) en la que el Anexo II está prácticamente pen ­
diente de incorporar . Estos hechos han dado lugar a la inco ­
ación de procedimientos de infracción .

Otro caso importante es la no aplicación de las disposiciones de
Directivas que implican la obligación de elaborar planes y pro ­
gramas ( residuos, agua ). También en estos casos se han incoado
procedimientos de infracción .

Aplicación efectiva

Las quejas relacionadas con Italia abarca a todos los sectores de
las Directivas comunitarias relativas al medio ambiente . No obs ­
tante, el sector más sensible lo constituye el impacto sobre el
medio ambiente ( Directiva 85 / 337 / CEE ), seguido por la Direc ­
tiva sobre la conservación de las aves silvestres ( 79 / 409 / CEE ) y
por las Directivas sobre los residuos ( 75 / 442 / CEE,
78 / 319 / CEE ). Es interesante notar que varias de estas quejas
proceden de miembros del Parlamento Europeo y que, a me ­
nudo, las quejas a la Comisión van acompañadas de una denun ­
cia ante los órganos judiciales nacionales .

Luxemburgo

Incorporación tardía

Luxemburgo tiene serias dificultades para incorporar en los pla ­
zos previstos algunas Directivas comunitarias sobre el medio
ambiente . A este respecto, resulta significativo que la única con ­
dena del Tribunal de Justicia contra dicho Estado miembro en
el sector del medio ambiente, dictada en 1991, se refiriera preci ­
samente a la no incorporación de la Directiva 85 / 339 / CEE so ­
bre envases para alimentos líquidos ( asunto C-252 / 89, sentencia
dictada el 25 de julio de 1991 ).

Así, Luxemburgo no ha comunicado en los plazos previstos la
incorporación de las Directivas 90 / 219 / CEE y 90 / 220 / CEE re ­
lativas, respectivamente, a la utilización confinada y a la libera ­
ción intencional de organismos modificados genéticamente .

No obstante, tales retrasos no son sistemáticos, tal como lo de ­
muestra la incorporación mediante un reglamento granducal de
5 de marzo 1990, de las Directivas 88 / 180 / CEE y 88 / 181 / CEE
por las que se modifica la Directiva 84 / 538 / CEE relativa al ni ­
vel de potencia acústica admisible de las cortadoras de césped
mientras que el plazo de incorporación no expiraba hasta el 1
de julio de 1991 . Finalmente, la Directiva 90 / 517 / CEE por la
que se adapta por undécima vez al progreso técnico la Directiva
67 / 548 / CEE ( clasificación, embalaje y etiquetado de las sustan ­
cias peligrosas ) ha sido incorporada mediante un reglamento
granducal de 23 de julio de 1991 .

Conformidad parcial

Luxemburgo incorpora lealmente y, cuando es posible, literal ­
mente el Derecho comunitario del medio ambiente . Los raros
casos de no conformidad se deben a errores en la interpretación
de las disposiciones de las Directivas .

Por el contrario, Luxemburgo no siempre consigue fácilmente
integrar de un modo eficaz el Derecho comunitario del medio
ambiente en su ordenamiento jurídico cuando existen textos na ­
cionales previos que sería necesario adaptar . Las vicisitudes de la
incorporación al Derecho luxemburgués de la Directiva
85 / 337 / CEE sobre el estudio de impacto sobre el medio am ­
biente representan un buen ejemplo de este problema . Final ­
mente, las disposiciones relativas a las tomas de muestras de la
Directiva 76 / 160 / CEE relativa a las aguas de baño siguen sin
haber sido incorporadas de modo satisfactorio .

Aplicación efectiva

Luxemburgo no consigue cumplir satisfactoriamente su obliga ­
ción de comunicar los informes previstos en diferentes Directi ­
vas, en particular en el sector de los residuos, lo que ha llevado
a la Comisión a incoar un procedimiento de infracción contra
dicho país en 1991 .

En el sector de la naturaleza, Luxemburgo debería aumentar el
número de zonas de protección especial contempladas en el ar ­
tículo 4 de la Directiva 79 / 409 / CEE sobre aves silvestres y estu ­
dia la posibilidad de designar algunas de las siete áreas que tie ­
nen algún interés para la conservación de las aves .

En el sector del agua, en Luxemburgo no está garantizada la
aplicación correcta de la Directiva 80 / 778 / CEE relativa a la ca ­
lidad de las aguas destinadas al consumo humano, ya que varias
localidades continúan recibiendo aguas potables cuya concentra ­
ción en nitratos sobrepasa la concentración máxima admisible
de 50 mg / 1 que establece dicha Directiva . Por otra parte, la Co ­
misión sigue sin recibir de las autoridades luxemburguesas infor ­
maciones precisas sobre la aplicación de las Directivas
75 / 440 / CEE relativa a la calidad de las aguas superficiales des ­
tinadas a la producción de agua potable en los Estados miem ­
bros, y 78 / 869 / CEE relativa a los métodos de medida y de
muestreo de dichas aguas, y especialmente de las disposiciones
relativas al plan de acción orgánico, a las frecuencias de mues ­
treo y de análisis y a la posibilidad de establecer excepciones .

Finalmente, las autoridades luxemburguesas no han comunicado
a la Comisión los programas que deberían elaborar con vistas a
la reducción de la contaminación de las aguas por las sustancias
peligrosas contempladas en el Anexo II de la Directiva
76 / 464 / CEE vertidas en el medio acuático .

En general, los problemas de aplicación del Derecho comunita ­
rio del medio ambiente en Luxemburgo parecen esencialmente
imputables a la reducida infraestructura administrativa del más
pequeño de los Estados miembros .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 157

Países Bajos

Incorporación tardía de las Directivas

De las cinco Directivas que debían incorporar en 1991 los Paí ­
ses Bajos, las autoridades de dicho Estado miembro han comu ­
nicado los textos de incorporación de las cuatro Directivas si ­
guientes : 90 / 219 / CEE y 90 / 220 / CEE relativas, respectiva ­
mente, a la utilización confinada y a la liberación intencional de
organismos modificados genéticamente, y las Directivas
88 / 180 / CEE y 88 / 181 / CEE por las que se modifica la Direc ­
tiva 84 / 538 / CEE relativa al nivel de potencia acústica admisible
de las cortadoras de césped .

Por el contrario, los Países Bajos llevan retraso en la incorpora ­
ción de la Directiva 90 / 517 / CEE por la que se modifica por
undécima vez la Directiva relativa a la clasificación, embalaje y
etiquetado de substancias peligrosas .

Finalmente, cabe señalar que la Directiva 80 / 68 / CEE ( aguas
subterráneas ), ya mencionada por la Comisión en su informe de

1990, no ha sido todavía incorporada al Derecho neerlandés, a
pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de 1988 . Efectiva ­
mente, aunque la decisión de residuos-protección del suelo
( Lozingen besluit bodembescherming ) entró en vigor en julio de

1990, la Comisión no tiene conocimiento de la aprobación de
las enmiendas a la ley sobre aguas subterráneas ni de los demás
actos necesarios .

Conformidad parcial

En el sector del agua, la Comisión ha hecho saber a las autori ­
dades neerlandesas que las Directivas 80 / 778 / CEE ( aguas pota ­
bles ), 76 / 160 / CEE ( aguas de baño ), 79 / 869 / CEE y
75 / 440 / CEE ( aguas superficiales ) no habían sido incorporadas
de manera satisfactoria .

En el sector del aire cabe resaltar que, hasta el momento, los
Países Bajos sólo han comunicado una circular para incorporar
las Directivas 89 / 369 / CEE y 89 / 429 / CEE ( incineración de los
residuos municipales ).

En otros sectores, cabe mencionar la incorporación incorrecta o
incompleta de las Directivas 82 / 501 / CEE ( riesgos de accidentes
graves en determinadas actividades industriales ), 85 / 337 / CEE
( evaluación de impacto ) y 79 / 409 / CEE ( aves silvestres ) a pesar
de la sentencia del Tribunal de 1987 .

Aplicación efectiva

Resulta difícil evaluar con precisión la aplicación efectiva por
parte de los Países Bajos, dado que la Comisión ha recibido po ­
cas quejas y que los informes sobre la aplicación de las Directi ­
vas son muy generales .

Por lo que se refiere a este último punto, cabe resaltar que los
Países Bajos no consiguen cumplir de un modo satisfactorio su
obligación de comunicar los informes previstos en las Directivas
75 / 442 / CEE ( residuos ), 78 / 319 / CEE ( residuos tóxicos y peli ­
grosos ), 76 / 403 / CEE ( PCB y PCT ) y 84 / 631 / CEE ( traslados
transfronterizos de residuos peligrosos ).

Las quejas recibidas por la Comisión se refieren en particular a
la falta de protección satisfactoria de los espacios verdes del país

y al no respeto de la Directiva 85 / 337 / CEE ( evaluación de im ­
pacto ) en relación con proyectos de carreteras u otras infraes ­

tructuras .

En el sector del agua cabe resaltar la falta de planes de sanea ­
miento contemplados en la Directiva 7 6 / 464 / CEE ( sustancias
peligrosas vertidas en el medio acuático ). Además, parece que
siguen ^ produciéndose rebasamientos de las concentraciones má ­
ximas admisibles que establecen las Directivas relativas a las
aguas potables, en particular por pesticidas .

Finalmente, está en curso un procedimiento de infracción por
no designación de un número suficiente de zonas de protección
especial en virtud de la Directiva 79 / 409 / CEE ( aves silvestres ).

Portugal

Incorporación tardía de Directivas

Tras su adhesión a la CEE, Portugal tenía ante sí un trabajo
considerable para incorporar las Directivas sobre medio am ­
biente . La Comisión reconoce que Portugal ha realizado un es ­
fuerzo importante para conseguir dicho objetivo . A título de
ejemplo, puede citarse la Directiva 76 / 160 / CEE ( aguas de
baño ), única Directiva cuyo período de incorporación todavía
no ha expirado pero respecto de la cual Portugal ha comuni ­
cado ya una ley marco .

No obstante, . por lo que se refiere a las Directivas sobre medio
ambiente que deberían haber sido incorporadas a más tardar en

1991, parece que sólo tres lo han sido efectivamente a la legisla ­
ción portuguesa .

Portugal ha comunicado las medidas de incorporación de las
Directivas 88 / 180 / CEE y 88 / 181 / CEE por las que se modifica
la Directiva 84 / 538 / CEE relativa al nivel de potencia acústica
admisible de las cortadoras de césped y de la Directiva
89 / 427 / CEE por la que se modifica la Directiva 80 / 779 / CEE
relativa a la calidad atmosférica por lo que se refiere al anhí ­
drido sulfuroso y a las partículas en suspensión .

Por el contrario, Portugal lleva retraso en la comunicación de
los textos de incorporación de las Directivas 90 / 219 / CEE y
90 / 220 / CEE relativas, respectivamente, a la utilización confi ­
nada y a la liberación intencional de organismos modificados
genéticamente, así como de la Directiva 90 / 517 / CEE por la que
se adapta por undécima vez la Directiva 67 / 548 / CEE relativa a
la clasificación y etiquetado de sustancias peligrosas .

Conformidad parcial

Los instrumentos preferentemente utilizados para incorporar las
Directivas sobre el medio ambiente son la ley y el decreto ley,
que, a menudo, deben completarse con « portaría ». La falta de
esta legislación complementaria plantea a veces problemas .

En el sector del aire, Portugal ha comunicado una ley marco
que tiene como objetivo incorporar la mayoría de las Directivas
en su totalidad . No obstante, los valores límite y guía están to ­
davía pendientes de regulación por portaría . Dado que la ley
marco deroga la legislación existente, la Comisión constata que
existe actualmente un vacío jurídico .

En el sector del agua, Portugal ha comunicado también una ley
marco que tiende a incorporar todas las Directivas sobre medio
ambiente . Aunque los valores límite y guía están contemplados

N°C 250 / 158 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

en ella, Portugal no ha procedido a designar las zonas a las que
se aplican dichos valores . Por el contrario, Portugal informa ya
a la Comisión sobre la calidad de las aguas de baño, aun
cuando jurídicamente todavía no está obligado a ello .

En el caso de varias Directivas, en particular en materia de
ruido, Portugal se ha limitado a referirse a una Directiva sin
transcribir su texto . La Comisión estima que dicha técnica no es
aceptable en la medida en que no permite a los administrados
conocer sus derechos y obligaciones .

Finalmente, cabe resaltar que la Directiva 85 / 337 / CEE sigue sin
ser incorporada de un modo correcto al Derecho portugués . La
legislación portuguesa excluye de su campo de aplicación, entre
otros, determinados proyectos de equipamiento para obras, en
el momento en que las autoridades portuguesas tienen proyec ­
tado renovar una gran parte de la red de carreteras del país .

Aplicación efectiva

La aplicación efectiva constituye el principal problema para la
puesta en práctica del Derecho comunitario del medio ambiente
en Portugal . A esta situación contribuye en gran medida la falta
de una infraestructura satisfactoria . No obstante, parece obser ­
varse una lenta mejora, gracias en particular a las intervenciones
de los Fondos estructurales y de otros instrumentos financieros
de la CEE .

Los problemas se plantean en todos los sectores .

En el sector del aire, la Comisión recibe un número cada vez
mayor de quejas relacionadas con la contaminación industrial
en zonas residenciales, vinculada a menudo a una mala planifi ­
cación . No obstante, se espera que la nueva ley de ordenación
del territorio permita evitar este tipo de problemas en el futuro .

En el sector del agua, la insatisfactoria aplicación de la Direc ­
tiva 76 / 464 / CEE ( sustancias peligrosas en el medio acuático )
plantea graves problemas, en particular por lo que se refiere a la
contaminación de los ríos por la industria textil . Cabe subrayar,
a este respecto, la insuficiencia de programas de saneamiento, al
margen de algunas zonas prioritarias tales como el Ave y del
programa ENVIREG relativo a las aguas usadas municipales en

zonas costeras .

En materia de residuos, tanto su eliminación como la instalación
de depósitos municipales siguen llevándose a cabo sin cumplir lo
dispuesto en la Directiva 75 / 442 / CEE . El primer programa en
materia de envases para alimentos líquidos no se ajusta a los
requisitos establecidos en la Directiva 85 / 339 / CEE . Las autori ­
dades portuguesas han anunciado un nuevo programa para el
inicio del año próximo .

Si bien en determinados sectores, como el turismo, parece ir au ­
mentando en Portugal la conciencia de la importancia de la pro ­
tección de la naturaleza, la falta de incorporación correcta de la
Directiva 85 / 337 / CEE relativa a la evaluación del impacto so ­
bre el medio ambiente de determinados proyectos públicos o
privados agrava los problemas .

Finalmente, Portugal tiene dificultades para presentar los infor ­
mes de aplicación que contemplan las Directivas 75 / /44 2 /CE
( residuos ), 76 / 403 / CEE ( PCB y PCT ), 84 / 631 / CEE ( traslados
transfronterizos de residuos peligrosos ), 79 / 409 / CEE ( aves sil ­
vestres ) y 78 / 659 / CEE ( aguas aptas para la vida de los peces ).

Reino Unido

Incorporación tardía

El Reino Unido no ha comunicado las medidas de incorpora ­
ción de las siguientes Directivas : 90 / 219 / CEE y 90 / 220 / CEE
relativas, respectivamente, a la utilización confinada y a la libe ­
ración intencional de organismos modificados genéticamente,
88 / 180 / CEE y 88 / 181 / CEE por las que se modifica la Direc ­
tiva 84 / 538 / CEE relativa al nivel de potencia acústica admisible
de las cortadoras de césped, y 90 / 517 / CEE por la que adapta
por undécima vez al progreso técnico la Directiva 67 / 548 / CEE
relativa a la aproximación de las normas legales, reglamentarias
y administrativas relacionadas con la clasificación, embalaje y
etiquetado de las sustancias peligrosas .

Conformidad parcial

Todavía subsisten importantes carencias en la incorporación de
las Directivas sobre medio ambiente . Por ejemplo, las siguientes
Directivas no han sido incorporadas correctamente :
85 / 337 / CEE ( evaluación de impacto ), 85 / 203 / CEE ( dióxido de
nitrógeno ), 84 / 360 / CEE ( adaptación de las instalaciones ya
existentes a los cambios tecnológicos ), 79 / 409 / CEE ( aves silves ­
tres ), 76 / 464 / CEE ( sustancias peligrosas vertidas en el medio
acuático ) y 80 / 778 / CEE ( agua potable ), respecto de las cuales
se han incoado los correspondientes procedimientos de infrac ­
ción .

Aplicación efectiva

En el sector del agua existen serios problemas por lo que se
refiere a la aplicación de las Directivas 76 / Í60 / CEE ( aguas de
baño ) y 80 / 778 / CEE ( agua potable ). La aplicación de la Direc ­
tiva 76 / 464 / CEE relativa a la contaminación causada por deter ­
minadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático ha
dado también lugar a un procedimiento de infracción .

Por lo que se refiere a la Directiva relativa a las aguas de baño,
se ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia ( asunto
C-56 / 90 ) en relación con la calidad de las aguas de baño de
Blackpool, Formby y Southport . Además, se ha incoado un pro ­
cedimiento de infracción por no conformidad con las disposicio ­
nes de la Directiva . Un centenar de zonas de baño están todavía
pendientes de designación por las autoridades británicas .

Por otra parte, se ha presentado ante el Tribunal de Justicia un
recurso relacionado con la falta de incorporación de lo dis ­
puesto en la Directiva 80 / 778 / CEE ( agua potable ) en Irlanda
del Norte y sobre los niveles de plomo y de nitratos del agua
potable en el Reino Unido ( asunto C-337 / 89 ). La Comisión ha
incoado también procedimientos de infracción relativos, en ge ­
neral, a la calidad del agua potable en el Reino Unido y a las
normas por las que se incorpora al Derecho interno del Reino
Unido la citada Directiva . En particular, la Comisión se muestra
preocupada por el hecho de que el Gobierno del Reino Unido
ha autorizado la concesión de determinadas excepciones, en re ­
lación con lo dispuesto en la Directiva, a las compañías distri ­
buidoras de agua .

Por lo que se refiere a la Directiva 76 / 464 / CEE ( sustancias pe ­
ligrosas ), la Comisión ha incoado procedimientos de infracción
por no haber elaborado los programas necesarios para reducir la
contaminación de las aguas de superficie, de las aguas territoria ­
les, de las aguas costeras y de las aguas subterráneas, con arre ­
glo al artículo 7 .

28, 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 250 / 159

Una parte considerable de las quejas recibidas en 1991 se refe ­
rían a la evaluación de impacto . La Comisión incoó procedi ­
mientos en relación con la incorporación de la Directiva
85 / 337 / CEE relativa a la evaluación de impacto sobre el medio
ambiente y a su aplicación en casos específicos . Se espera que
dichos procedimientos, junto a los anteriormente incoados, re ­
suelvan algunas cuestiones importantes, por ejemplo, la de saber
si la Directiva se aplica a todos los proyectos cuyo desarrollo
fue aprobado con posterioridad al 3 de julio de 1988, tal como
alega la Comisión, o si solamente se aplica a los proyectos apro ­
bados tras la entrada en vigor de las normas nacionales de in ­
corporación, tal como alega el Reino Unido .

En el sector del aire, se han incoado varios procedimientos de
infracción al no haber creado el Reino Unido suficientes centros

de medición tal como exige la Directiva 85 / 203 / CEE relativa a
las normas de calidad del aire por lo que se refiere al dióxido de
nitrógeno, y al no haber incorporado correctamente la citada
Directiva .

Por lo que se refiere al sector de la naturaleza, subsiste el pro ­
blema general de falta de designación de áreas de protección
especial . A este respecto, la Comisión ha decidido recurrir ante
el Tribunal de Justicia por no designación de áreas de protec ­
ción especial en relación con algunas de las especies de aves que
se recogen en el Anexo I de la Directiva 79 / 409 / CEE relativa a
la conservación de las aves silvestres, así como por lo dispuesto
en la Wildlife and Countryside Act de 1981, en la que, contra ­
riamente a lo que dispone la Directiva, se establece un sistema
de licencias que permiten matar o capturar determinadas aves en
cualquier época del año .

En el sector de los residuos, uno de los puntos frecuentemente
mencionados en las quejas se refiere a la contaminación del
agua, en particular a las aguas subterráneas, por diversos tipos
de residuos . La Comisión está actualmente evaluando la situa ­

ción .

III . SITUACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES

Aire

Medidas adoptadas por el Consejo y por la Comisión en 1991

El 4 de marzo de 1991 fue aprobado el Reglamento ( CEE ) n°
594 / 91 del Consejo (') relativo a las sustancias que agotan la
capa de ozono . Dicho Reglamento se aplica a la importación,
exportación, producción y consumo de clorofluorocarbonos de
los demás clorofluorocarbonos totalmente halogenados, de los
halones, del tetracloruro de carbono y del 1,1,1-tricloroetano,
así como a las informaciones que los Estados miembros deberán
comunicar sobre tales sustancias y sobre las sustancias de transi ­
ción .

Tras la decisión adoptada por la Comunidad en octubre de

1990 de estabilizar de aquí al año 2000 las emisiones de dióxido
de carbono a su nivel de 1990, la Comisión aprobó en septiem ­
bre una comunicación al Consejo relativa a una estrategia co ­
munitaria de limitación de las emisiones de gas carbónico y de
mejora de la eficacia energética . Según cual sea la reacción del
Consejo a dicha comunicación, la Comisión podría someter
propuestas de textos legislativos apropiados para conseguir que
la Comunidad dé ejemplo a nivel internacional por lo que se

refiere a la protección eficaz del medio ambiente y a la gestión
inteligente de los recursos naturales .

Incorporación tardía

De las seis Directivas en materia de medio ambiente que entra ­
ban en vigor en 1991, sólo una se refería a la calidad del aire .
Se trata de la Directiva 89 / 427 / CEE por la que se modifica la
Directiva 80 / 779 / CEE relativa a los valores límite y a los valo ­
res guía de calidad atmosférica por lo que se refiera al anhídrido
sulfuroso y a las partículas en suspensión . La Directiva
80 / 779 / CEE deja a los Estados miembros cierta libertad para
elegir los métodos de muestreo y análisis . La Directiva
89 / 427 / CEE modifica el Anexo IV de la Directiva
80 / 779 / CEE por la que se establecen los valores límite aplica ­
bles cuando se haya elegido el método gravimétrico de muestreo
y análisis . Por consiguiente, los Estados miembros que, como

Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, el Reino Unido e Ir ­
landa (y quizá Grecia ), no aplican el método gravimétrico no
estarán obligados a adoptar medidas para incorporar la Direc ­
tiva 89 / 427 / CEE . Por el contrario, Dinamarca ha hecho saber
que su legislación actual se ajusta ya a la nueva Directiva, mien ­
tras que Portugal es el único, entre los demás Estados miembros
interesados, que ha comunicado las medidas de ejecución a la
Comisión .

Conformidad parcial

En mayo de 1991, Alemania fue condenada por el Tribunal de
Justicia en los asuntos C-361 / 88 y C-59 / 89 por haber incorpo ­

rado incorrectamente ( es decir, únicamente por medio de circu ­
lares y de medidas adminsitrativas ) las Directivas 80 / 779 / CEE
( anhídrido sulfuroso y partículas en suspensión ) y 82 / 884 / CEE
( plomo ). El Gobierno alemán ha anunciado ya que adoptará
medidas de incorporación de carácter legislativo .

En octubre de 1991, Francia fue condenada por dicho Tribunal
de Justicia en los asuntos C-64 / 90, C - 13 / 90 y C - 14 / 90 por ha ­
ber incorporado incorrectamente ( es decir, únicamente mediante
circular ) las Directivas 80 / 779 / CEE relativa a los valores límite
y a los valores guía de calidad atmosférica por lo que se refiere
al anhídrido sulfuroso y a las partículas en suspensión,
82 / 884 / CEE relativa al valor límite del plomo de la atmósfera y
85 / 203 / CEE relativa a las normas de calidad del aire por lo que
se refiere al dióxido de nitrógeno .

Algunos Estados miembros sólo han incorporado hasta ahora
parcialmente las Directivas 89 / 369 / CEE relativa a la prevención
de la contaminación atmosférica procedente de las nuevas insta ­
laciones de incineración de residuos municipales y 89 / 429 / CEE
relativa a la reducción de la contaminación atmosférica causada
por las instalaciones existentes de incineración de los residuos
municipales .

Aplicación

La aplicación de la Directiva 80 / 779 / CEE relativa a los valores
límite y a los valores guía de calidad atmosférica por lo que se
refiere al anhídrido sulfuroso y a las partículas en suspensión
continúa planteando dificultades . En Atenas, por ejemplo, las
medidas adoptadas no han dado lugar a una mejora perceptible
de la situación . Sin embargo, se han realizado progresos en Ir ­
landa, donde las autoridades aprobaron en 1990 determinadas
medidas como consecuencia de las muchas quejas recibidas por
la Comisión desde 1987 respecto a la calidad del aire en Dublín .
Tales medidas parecen aportar una solución satisfactoria a los
problemas planteados en las citadas quejas .

Sólo algunos Estados miembros han comunicado a la Comisión
los programas contemplados en el artículo 3 de la Directiva
(') DO n° L 67 de 14 . 3 . 1991, p . 1 . 88 / 609 / CEE relativa a la limitación de las emisiones de deter ­

N° C 250 / 160 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

minados agentes contaminantes en la atmósfera procedentes de
las grandes instalaciones de combustión .

Todavía no se ha recibido ninguno de los informes contempla ­
dos en el artículo 16 de la misma Directiva .

Las Directivas : 82 / 884 / CEE relativa al valor límite del plomo
contenido en la atmósfera, 85 / 203 / CEE relativa a la calidad del
aire por lo que se refiere al dióxido de nitrógeno y 80 / 779 / CEE
relativa a los valores límite de calidad atmosférica por lo que se
refiere al anhídrido sulfuroso y a las partículas en suspensión,
establecen que los Estados miembros informarán anualmente a
la Comisión de los rebasamientos de los valores límite conside ­

rados . Cada año, algunos Estados miembros notifican los reba ­
samientos y otros hacen saber que la situación es satisfactoria .
No obstante, un importante número de Estados miembros no
notifican nada en absoluto .

Si bien ese silencio no contraviene las disposiciones de las Di ­
rectivas, la Comisión no puede saber en tales casos, si no ha
habido rebasamiento o si ha habido rebasamientos que no han
sido señalados . Así pues, la Comisión se dirigirá eventualmente
a los Estados miembros a fin de clarificar la situación .

Química y bioquímica

Incorporación tardía

Varios Estados miembros tienen todavía dificultades para incor ­
porar las Directivas por las que se modifica la Directiva base
67 / 548 / CEE relativa a la clasificación, embalaje y etiquetado de
las sustancias peligrosas . Se trata, en particular, de la décima y
undécima modificaciones de dicha Directiva ( 88 / 490 / CEE y
90 / 517 / CEE, respectivamente ). Se han incoado una serie de
procedimientos de infracción sobre la base del artículo 169 del
Tratado CEE .

Por lo que se refiere a las Directivas 90 / 219 / CEE y
90 / 220 / CEE relativas a la utilización confinada y a la libera ­
ción intencional de organismos modificados genéticamente,
cuyo plazo de incorporación expiraba en octubre de 1991, la
gran mayoría de los Estados miembros no ha comunicado a la
Comisión las medidas de incorporación .

La Directiva 87 / 18 / CEE relativa a las buenas prácticas de labo ­
ratorio se encuentra en el mismo caso, lo cual ha hecho necesa ­
rio la apertura de procedimientos de infracción .

Conformidad parcial

Los problemas de incorporación incompleta o incorrecta en este
sector afectan sobre todo a la Directiva 82 / 50 1 / CEE relativa a
los riesgos de accidentes graves en determinadas actividades in ­
dustriales, y a sus modificaciones . Se trata en particular, de ca ­
sos de divergencias entre las disposiciones comunitarias y deter ­
minadas disposiciones nacionales anteriores a la legislación co ­
munitaria .

Aplicación efectiva

El sector químico se caracteriza por una intensa discusión de los
problemas de gestión de las medidas comunitarias en el marco
de las reuniones Comisión expertos nacionales . Ello permite
abordar y resolver que gran parte de las dificultades que se
derivan de la aplicación de las Directivas en este sector .

Las quejas enviadas a la Comisión afectan esencialmente al res ­
peto de las obligaciones de los fabricantes y de las autoridades
públicas contemplados en los artículos 5, 7 y 8 de la Directiva

82 / 50 1 / CEE ( informaciones y planes de urgencia ), y a la obli ­
gación de notificar los accidentes .

Agua

Entre los progresos comunitarios en el sector del agua de 1991
cabe mencionar la adopción de la Directiva 9 1 / 27 1 / CEE rela ­
tiva al tratamiento de las aguas urbanas residuales . Este nuevo
instrumento establece un programa definido y con un calendario
preciso a fin de instalar progresivamente los equipamientos que
respondan adecuadamente a los problemas de tratamiento de las
aguas usadas urbanas en función de las dimensiones de las aglo ­
meraciones . La Directiva 91 / 676 / CEE relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación por los nitratos a partir de
fuentes agrícolas aprobada en diciembre de 1991 exige la vigi ­
lancia de las aguas y la designación de zonas vulnerables, que
deberán llevarse a cabo de aquí a finales de 1993 . Deberán ela ­
borarse y aplicarse programas de acción para reducir la conta ­
minación . La Directiva establece en particular que el vertido de
efluentes de ganadería en zona vulnerable no podrá exceder de
una cantidad correspondiente a 170 kg de nitrógeno por hectá ­
rea y año .

Incorporación tardía de las Directivas

En el sector del agua, el recurso por determinados Estados
miembros a circulares para incorporar las Directivas ha sufrido
un cierto retroceso . Por el contrario, la Comisión observa con
satisfacción una tendencia a la conversión en textos que ofrecen
mayor garantía de transparencia, de seguridad jurídica y de ca ­
rácter coercitivo, de las disposiciones del Derecho comunitario
hasta ahora transcritas únicamente en circulares .

Conformidad parcial

Si bien la circular de incorporación tiende, afortunadamente, a
escasear cada vez más, la Comisión observa, por el contrario, la
persistencia de circulares interpretativas contra legem, sobre todo
en el sector de las aguas potables ( Directiva 80 / 778 / CEE ), que
toleran relanzamientos de las concentraciones máximas admisi ­
bles al margen de los casos previstos por la Directiva .

Por lo que se refiere a las incorporaciones incorrectas, la Direc ­
tiva 80 / 68 / CEE ( aguas subterráneas ), cuya incorporación es de ­
ficiente en varios Estados miembros, ocupa un lugar especial . A
este respecto, debe mencionarse especialmente la sentencia dic ­
tada el 28 de febrero de 1991 en el asunto C - 131 / 88 ( Comisión
contra Alemania ) en el que el Tribunal de Justicia de las Comu ­
nidades Europeas precisa la interpretación de varios artículos y
la forma en que deben incorporarse al Derecho nacional .

Así, del párrafo 19 de dicha sentencia se desprende que un texto

nacional no incorpora fielmente el apartado 1 del artículo 4 de
la Directiva 80 / 68 / CEE si no incluye una prohibición general y
absoluta de los vertidos directos en las aguas subterráneas de las

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 250 / 161

sustancias mencionadas en la lista I del Anexo de dicha Direc ­

tiva .

Sobre la base de dicha sentencia, la Comisión procede a un
nuevo examen de los textos de incorporación de los demás Esta ­
dos miembros y podría verse obligada a incoar recursos por in ­
cumplimiento contra alguno de ellos .

Es preciso citar asimismo la sentencia dictada el mismo día, por
razones análogas, contra Italia ( asunto C-360 / 87 ) en la medida
en que el Tribunal condena en ella como incompatible con la
Directiva sobre las aguas subterráneas la disposición de la ley
italiana n° 319, de 10 de mayo de 1976, en la que se establece
que el solicitante de una autorización de vertido en las aguas
subterráneas gozará de una autorización provisional cuando su
solicitud de concesión de la autorización no haya sido denegada
en un plazo de seis meses .

También subsisten problemas de mala incorporación de otras
Directivas pero, en general, afectan a un número menor de Es ­
tados miembros . Entre tales Directivas, cabe citar las relativas a
las aguas superficiales (7 5 / 440 / CEE y 79 / 869 / CEE ), por cuya
mala incorporación Bélgica y Alemania han sido condenadas
por el Tribunal de Justicia ( sentencia de 11 de mayo de 1991 en
el asunto C-290 / 89 y sentencia de 17 de octubre de 1991 en el
asunto C-58 / 89, respectivamente ).

Aplicación efectiva

La aplicación efectiva del Derecho comunitario del agua no está
a la altura de las ambiciones de la política común de preserva ­
ción y de calidad de las aguas .

La mayoría de los Estados miembros no lleva a cabo las activi ­
dades de programación contempladas en varias Directivas .

El caso de la Directiva 7 6 / 464 / CEE sobre sustancias peligrosas
es significativo, dado que la Comisión se ha visto obligada a
incoar procedimientos de infracción contra la totalidad de los
Estados miembros por no comunicación de los programas de
reducción de la contaminación en relación con 99 sustancias pe ­
ligrosas incluidas en la lista I del Anexo de dicha Directiva pero
que todavía no han sido objeto de una reglamentación especí ­
fica comunitaria .

Otro ejemplo lo constituye la Directiva 75 / 440 / CEE sobre las
aguas superficiales, en la medida en que sólo un Estado miem ­
bro, Francia, comunicó por primera vez en 1991 los planes de
acción orgánica y los mapas de objetivos de calidad en aplica ­
ción de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 de la citada
Directiva .

Lo mismo ocurre con las Directivas 78 / 659 / CEE sobre aguas
aptas para la vida de los peces y 79 / 923 / CEE sobre aguas aptas
para la cría de moluscos, respecto de los cuales existe además
un problema general de designación insuficiente o sin la publici ­
dad adecuada . No obstante, es preciso añadir que algunos Esta ­
dos miembros realizaron ciertos progresos en 1991 .

Mientras que todos los Estados miembros comunican los infor ­
mes relativos a las aguas de baño ( 76 / 160 / CEE ), no ocurre lo
mismo con los informes relativos a las aguas aptas para la vida
de los peces ( 78 / 659 / CEE ) y a las aguas aptas para la cría de
moluscos ( 79 / 923 / CEE ).

No obstante, se espera que este punto específico quede resuelto
a medio plazo con la aplicación de la Directiva 91 / 692 / CEE,
que tiene como objetivo la normalización y la racionalización
de los informes relativos a la aplicación de determinadas Direc ­
tivas relacionadas con el medio ambiente . Se espera que el prin ­
cipio de cuestionarios elaborados por la Comisión, contemplado
en la Directiva, mejore la cantidad, la calidad y la normaliza ­
ción de la información comunicada .

Por lo que se refiere a la Directiva 80 / 778 / CEE sobre las aguas
potables, cabe señalar la persistencia del problema de los rebasa ­
mientos de determinadas concentraciones máximas admisibles,
sobre todo de nitratos y pesticidas .

Finalmente, los Estados miembros deberán proseguir sus esfuer ­
zos a fin de conseguir que todas sus aguas de baño se ajusten a
la Directiva 76 / 160 / CEE . A este respecto, la adopción de la
Directiva sobre aguas municipales contribuirá, en un plazo más
o menos largo, a disminuir la contaminación del litoral y de
otras aguas de baño .

Ruido

La estrategia de las Directivas de la Comunidad en el sector del
ruido se ha concentrado en la fijación de niveles de emisión
para los nuevos productos .

El principal problema es la incorporación tardía de determina ­
das Directivas .

Hasta el momento, las Directivas 88 / 180 / CEE y 88 / 181 / CEE,
por las que se modifica la Directiva 84 / 538 / CEE relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estadas miembros rela ­
tivas al nivel de potencia acústica admisible de las cortadoras de
césped, no han sido todavía incorporadas por Alemania y el
Reino Unido ni por la región de Flandes en Bélgica .

La Comisión ha archivado el procedimiento de infracción que
incoó en 1990 contra Bélgica al haber concedido dicho Estado
miembro a sus aeropuertos regionales un plazo superior al pre ­
visto en la Directiva 80 / 51 / CEE relativa al ruido de los aviones

subsónicos . En efecto, el plazo suplementario ¡lícito ha trascu ­
rrido ya, por lo que la reglamentación belga aplicable ya no per ­
mite tales excepciones .

Residuos

En 1991, los Estados miembros hubieran debido comunicar a la
Comisión los informes sobre la aplicación de las Directivas so ­
bre residuos ( 78 / 176 / CEE relativa a los residuos procedentes
del dióxido de titanio, 84 / 63 1 / CEE relativa a la vigilancia y
control en la Comunidad de los traslados transfronterizos de
residuos peligrosos, 85 / 339 / CEE relativa a los envases para ali ­
mentos líquidos y 86 / 278 / CEE relativa a la protección del me ­
dio ambiente, y en particular de los suelos, cuando se utilicen
lodos de depuración en agricultura ). La mayoría de los Estados
miembros siguen sin cumplir dicha obligación .

La sentencia del Tribunal de 11 de junio de 1991 anuló la Di ­
rectiva 89 / 428 / CEE por base jurídica inapropiada . Como con ­
secuencia de dicha sentencia, la Comisión ha preparado una
nueva propuesta de Directiva en la que se establecen las modali ­
dades de armonización de los programas de reducción, con vis ­
tas a su supresión, de la contaminación provocada por los resi ­
duos de la industria del dióxido de titanio .

N°C 250 / 162 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28 . 9 . 92

Incorporación tardía

La Directiva 86 / 278 / CEE relativa a la protección del medio
ambiente, y en particular de los suelos, cuando se utilicen lodos
de depuración en agricultura, continúa sin ser incorporada por
siete Estados miembros .

Conformidad parcial

Continúan planteándose problemas de no conformidad parcial
de textos de incorporación de la Directiva marco 7 5 / 442 / CEE,
de la 7 8 / 319 / CEE ( residuos peligrosos ), de la 76 / 403 / CEE
( PCB-PCT ), de la 84 / 63 1 / CEE ( traslado de residuos ) y de la
85 / 339 / CEE sobre los envases para alimentos líquidos . El con ­
trol de la conformidad parcial resulta aún más difícil debido a
que todas estas Directivas han sido ya modificadas ( por ejem ­
plo, la Directiva marco por la Directiva 91 / 156 / CEE ), o se en ­
cuentran en proceso de revisión más o menos avanzada .

Por esta razón, resulta delicado proseguir con los procedimien ­
tos de infracción, dado que el tratamiento de algunos puntos
suscita ciertas dudas .

La Comisión ha presentado una solicitud de anulación de la Di ­
rectiva marco 91 / 156 / CEE por base jurídica inadecuada, al ha ­
ber decidido el Consejo basarla en las disposiciones del artículo

130 S en vez de en las del artículo 100 A, tal como proponía la
Comisión .

Aplicación efectiva

Los principales puntos que continuaron planteando problemas
en 1991 fueron la falta de informes de los Estados miembros, el
carácter insatisfactorio de los planes y programas, la importante
cuestión de los traslados transfronterizos de residuos, que no
tienen en cuenta la Directiva que les es aplicable, y el desarrollo
de las descargas salvajes . Finalmente, es preciso resaltar ante
todo que no es seguro que la eliminación de los residuos se lleve
a cabo en toda la Comunidad sin riesgos para el hombre y para
el medio ambiente, tal como lo exigen las normas jurídicas co ­
munitarias desde 1975 .

Naturaleza

En 1991, se han producido importantes avances en el sentido de
la ampliación de la normativa comunitaria de protección de la
naturaleza .

En marzo, la Comisión presentó una nueva propuesta de Direc ­
tiva del Consejo relativa a la conservación de los hábitats natu ­
rales y seminaturales para la fauna y la flora salvajes (').

Dicha versión, en la que se afina la propuesta original realizada
en 1988, ha sido objeto de intensas negociaciones en el segundo
semestre de 1991, con vistas a su adopción bajo la égida de la
presidencia neerlandesa . Si fuera adoptada, tal propuesta au ­
mentaría considerablemente el papel de la Comunidad en el
marco de los convenios de Berna y de Bonn y subrayaría la vo ­
luntad de la Comunidad de reconocer y proteger un patrimonio
natural común .

(') DO n° C 75 de 20 . 3 . 1991, p . 12 .

Por otra parte, los Anexos I y III de la Directiva 79 / 409 / CEE
relativa a la conservación de las aves silvestres han sido modifi ­
cados por la Directiva 91 / 244 / CEE . Además, el Anexo II de la
Directiva 79 / 409 / CEE ha sido objeto de una propuesta de mo ­
dificación a fin de añadir 5 especies en la parte 2, lo que tendría
por efecto hacer ilícita su caza [ COM(91 ) 42 final ].

A finales de año, la Comisión aceptó proponer una nueva nor ­
mativa ampliada del comercio de las especies silvestres a fin de
poner al día y ampliar la normativa comunitaria actual que
aplica el CITES ( Convention on International Trade in
Endangered Species ).

Incorporación tardía

En 1991, continúa el proceso de incorporación de la Directiva
85 / 337 / CEE, en particular en varios países del sur de la Comu ­
nidad . No obstante, Luxemburgo no ha completado todavía su
dispositivo de incorporación, aunque haya remitido a la Comi ­
sión un proyecto de reglamento al respecto .

Conformidad parcial

Por lo que se refiere a la protección de las aves silvestres, tal
como se indicaba ya en el octavo Informe anual, uno de los
principales problemas de incorporación de la Directiva
79 / 409 / CEE reside en las reglamentaciones nacionales de la
caza . La situación no ha cambiado notablemente, tal como lo
demuestra la existencia de varios procedimientos en curso, in ­
cluidos procedimientos por falta de ejecución de sentencias del
Tribunal de Justicia .

Asimismo, subsiste el problema de disposiciones nacionales que

autorizan excepciones incompatibles con la Directiva, si bien la
propuesta de modificación del Anexo II anteriormente mencio ­

nada puede también considerarse como un intento de la Comi ­
sión de facilitar el recurso a las excepciones .

Aparte de clarificar lo que debe hacerse para aplicar las disposi ­
ciones de la Directiva relativa a los hábitats designados, la sen ­
tencia Leybucht que se menciona infra sugiere también que el
régimen jurídico de protección de los hábitats es probablemente
inadecuado en varios Estados miembros .

Por lo que se refiere a la evaluación de impacto sobre el medio
ambiente, la Comisión continúa examinando en profundidad las
legislaciones nacionales, y ha observado, que en su mayoría, los
Estados miembros no han incorporado de un modo totalmente
satisfactorio la Directiva 85 / 337 / CEE, habiéndose incoado va ­
rios procedimientos de infracción contra los Estados miembros
afectados .

Aplicación efectiva

Por lo que se refiere a la protección de los hábitats en el marco
de la Directiva 79 / 409 / CEE, el Tribunal de Justicia dictó una
importante sentencia el 28 de febrero de 1991 en el asunto
C-57 / 89 ( Comisión contra Alemania ).

Si bien el asunto se refería a una zona de protección especial
determinada, la de la bahía de Ley, el Tribunal aprovechó la
ocasión para aclarar por primera vez las obligaciones de los, Es ­
tados miembros respecto de tales zonas, estableciendo que sólo
un interés general superior podía justificar la reducción de la
superficie de las zonas de protección especial .

28 . 9 . 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 250 / 163

Conviene asimismo resaltar que la decisión final del Tribunal en
este caso concreto se vio claramente influida por la integración
de medidas compensatorias de conservación en el proyecto de
equipamiento contemplado .

Dicha sentencia fue dictada en un creciente contexto de preocu ­
pación de la Comisión frente al carácter insuficiente de las de ­
signaciones de zonas de protección especial en la Comunidad y
en presencia de la continuación de la destrucción de hábitats,
como consecuencia a veces de programas que reciben ayuda fi ­
nanciera de la Comunidad .

En 1991, la Comisión incoó varios nuevos procedimientos de
infracción y continuó haciendo avanzar los que se habían ins ­
truido con anterioridad . La protección de los hábitats ocupó un
lugar destacado en el orden del día de varias reuniones paquete
con Estados miembros y fue objeto de una mayor coordinación
a nivel interno de la Comisión en relación con los Fondos es ­

tructurales .

Por lo que se refiere a la evaluación de impacto sobre el medio
ambiente, en 1991 prosiguió la tendencia al aumento de las que ­
jas relacionadas con la violación de la Directiva 85 / 337 / CEE,
que se convierte así en uno de los textos, o quizá en el texto
comunitario cuya violación más frecuentemente se denuncia .

Resulta extremadamente preocupante constatar que las dificul ­
tades de aplicación de la Directiva parecen afectar especial ­
mente no a pequeños proyectos sino a proyectos de ordenación
de importancia nacional, o incluso europea, y en particular a los
grandes proyectos de infraestructuras de transporte, tales como
grandes enlaces por autopista o redes de trenes de alta veloci ­
dad . Por razón de su magnitud, tales proyectos tienen una inci ­
dencia importante sobre el medio ambiente, y resulta esencial
que los Estados miembros respeten los objetivos de la Directiva
y se esfuercen realmente en buscar las soluciones menos perjudi ­
ciales para el medio ambiente, en vez de considerar la evalua ­
ción de impacto como una simple formalidad en el proceso de
autorización .

IV . CONCLUSIÓN

Las conclusiones del análisis del control de la aplicación del De ­
recho comunitario del medio ambiente en 1991 no difieren sus ­

tancialmente de las del octavo Informe .

Mientras que el desarrollo del Derecho comunitario progresa y
se consolida, tal como demuestra la aprobación en 1991, entre
otras, de la Directiva 91 / 271 / CEE ( aguas usadas municipales ) o
de la Directiva 91 / 157 / CEE ( pilas y acumuladores ) así como la
continuación de los trabajos sobre los proyectos de Directiva
sobre hábitats o sobre contaminación por nitratos a partir de
fuentes agrarias, la aplicación por el resto de los Estados miem ­
bros del Derecho existente sigue siendo globalmente insufi ­
ciente .

Es verdad, no obstante, que muchos Estados miembros no esca ­
timan esfuerzos para, a pesar de las dificultades reales, recupe ­
rar el retraso que llevan, que data a veces de hace varios años .
También se observa una clara tendencia al abandono de técnicas

de incorporación jurídicamente discutibles, tales como la circu ­
lar .

A pesar de ello, cierto número de Estados miembros parecen
persistir en atribuir un carácter facultativo o indicativo a las fe ­
chas límite de incorporación de las Directivas sobre medio am ­
biente . No es excepcional que los textos de incorporación esta ­
blezcan excepciones cuyo origen se buscaría en vano en la Di ­
rectiva incorporada o que una excepción rigurosa contemplada
en el Derecho comunitario se incorpore con gran flexibilidad al
Derecho nacional . Algunas disposiciones de Directivas que exis ­
ten desde hace más de diez años continúan siendo letra muerta .
Las medidas que implica la ejecución de las sentencias del Tri ­
bunal de Justicia no se adoptan en absoluto de un modo siste ­
mático, en algunos casos ni siquiera después de que se haya dic ­
tado una segunda sentencia sobre la base del artículo 171 del
Tratado CEE ( véase al respecto el cuadro distribuido en la pá ­
gina 70 del presente Informe ).

Excepto por lo que se refiere a las aguas de baño, la comunica ­
ción a la Comisión de los informes previstos en un gran número
de Directivas constituye más bien la excepción que la regla . En
este contexto, la Comisión estima que la aplicación de la nueva
Directiva sobre los informes, aprobada a finales de 1991, deberá
implicar a medio plazo un aumento significativo, tanto cuantita ­
tivo como cualitativo, de la información sobre medio ambiente a
nivel comunitario . No obstante, en la medida en que la mayoría
de esos nuevos informes sólo estarán disponibles a partir de

1996 / 1997, la información de la Comisión deberá proseguir
mientras tanto sobre las bases actualmente vigentes, tal como
especifica el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva sobre los
informes .

La Comisión espera asimismo una contribución positiva a medio
plazo de las iniciativas que probablemente le induzcan a adoptar
las investigaciones que ha llevado a cabo en el campo de la res ­
ponsabilidad por daños al medio ambiente y de los trabajos que
continúa realizando en materia de acceso a la justicia .

Por otra parte, se intentará conseguir una cooperación más es ­
trecha entre la Comisión y los Estados miembros y una mejora
de la eficacia de las funciones de control de la Comisión, a fin
de conseguir una mayor eficacia en la aplicación del Derecho
comunitario .

Finalmente, la Comisión quisiera subrayar hasta qué punto, a
diferencia de lo que ocurre en otros campos del contencioso del
Derecho comunitario, la evolución del Derecho del medio am ­
biente tiene repercusiones cada vez más amplias y más profun ­
das en la población .