Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 28.5.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/6 |

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Dictamen del Comité de las Regiones «mercado interior, visión social y servicios de interés general»

2009/C 120/02

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

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| — | está de acuerdo con la Comisión en que el mercado interior tiene que dar competencias a los consumidores y las PYME, aprovechar la globalización para el beneficio de Europa, abrir nuevas fronteras de conocimiento e innovación, facilitar el crecimiento económico para generar puestos de trabajo y hacer competitiva a Europa de acuerdo con los objetivos de Lisboa, y abarcar una fuerte dimensión social y ambiental; |

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| — | lamenta que las declaraciones de la Comunicación sean bastante generales. Por lo tanto, llegado el momento, será preciso someter las futuras propuestas concretas de la Comisión para la consecución de los objetivos mencionados en la Comunicación a un examen minucioso, sobre todo con miras al respeto del principio de subsidiariedad; |

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| — | manifiesta su convencimiento de que el mercado interior sólo podrá funcionar bien si las empresas son competitivas y si reporta verdaderos beneficios sociales a los ciudadanos de Europa; por ello, considera esencial profundizar en la vía abierta por la Directiva de Servicios, que pretende desarrollar más plenamente la libertad de establecimiento y de prestación de servicios y, en este sentido, aumentar la competencia real y mejorar el funcionamiento del mercado único europeo. |

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| Ponente | : | Michael Schneider (DE/PPE), Secretario de Estado, Representante plenipotenciario del Estado federado de Sajonia-Anhalt ante el Gobierno federal |

Textos de referencia

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Un mercado único para la Europa del siglo XXI

COM(2007) 724 final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de Las Regiones que acompaña a la Comunicación «Un mercado único para la Europa del siglo veintiuno» — Servicios de interés general, incluidos los sociales: un nuevo compromiso europeo

COM(2007) 725 final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Oportunidades, acceso y solidaridad: hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI

COM(2007) 726 final

Observaciones generales

EL Comité de las Regiones se remite a su Dictamen prospectivo sobre el tema «El futuro del mercado único, incluido un balance de la sociedad europea», de 23 de marzo de 2007, que contiene recomendaciones importantes para el desarrollo ulterior del mercado interior.

Contexto

El mercado interior europeo desempeña un papel clave en el mundo globalizado y en el marco de la Estrategia de Lisboa, puesto que fomenta la competitividad de la economía europea y, por consiguiente, el crecimiento y el empleo. Simultáneamente contribuye a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos europeos. Por lo tanto, el mercado interior representa uno de los principales logros conseguidos por la Unión Europea hasta el momento.

En este contexto, el Comité de las Regiones acoge con satisfacción la presentación del paquete de medidas sobre el mercado interior presentado por la Comisión, en el que expone y somete a debate sus puntos de vista para el desarrollo ulterior y la futura configuración del mercado interior europeo. Es un paso importante para poder seguir afrontando los crecientes desafíos que entraña la globalización.

Comunicación «Un mercado único para la Europa del siglo XXI»

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

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| 1. | está de acuerdo con la Comisión en que el mercado interior tiene que dar competencias a los consumidores y las PYME, aprovechar la globalización para el beneficio de Europa, abrir nuevas fronteras de conocimiento e innovación, facilitar el crecimiento económico para generar puestos de trabajo y hacer competitiva a Europa de acuerdo con los objetivos de Lisboa, y abarcar una fuerte dimensión social y ambiental; |

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| 2. | lamenta que las declaraciones de la Comunicación sean bastante generales. Por lo tanto, llegado el momento, será preciso someter las futuras propuestas concretas de la Comisión para la consecución de los objetivos mencionados en la Comunicación a un examen minucioso, sobre todo con miras al respeto del principio de subsidiariedad; |

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| 3. | destaca que el principio de subsidiariedad es un elemento fundamental del sistema político y jurídico de la Unión Europea; no obstante, hace igualmente hincapié en que muchos de los retos que la UE afronta actualmente son de naturaleza global (globalización, necesidad de protección social, influencia de los mercados financieros globales, cambio climático, etc.) y que, por consiguiente, en los ámbitos en que los problemas no pueden resolverse a nivel local, regional o nacional se requieren soluciones comunes basadas en principios compartidos; |

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| 4. | manifiesta su convencimiento de que el mercado interior sólo podrá funcionar bien si las empresas son competitivas y si reporta verdaderos beneficios sociales a los ciudadanos de Europa; por ello, considera esencial profundizar en la vía abierta por la Directiva de Servicios, que pretende desarrollar más plenamente la libertad de establecimiento y de prestación de servicios y, en este sentido, aumentar la competencia real y mejorar el funcionamiento del mercado único europeo; |

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| 5. | opina, al igual que la Comisión, que es necesario convencer a muchos de los consumidores de la UE en su vida cotidiana de las ventajas que entraña un mercado común europeo. En efecto, la aceptación de la UE sólo aumentará cuando los ciudadanos perciban personalmente las ventajas que les aporta la Unión Europea; |

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| 6. | pide a los Estados miembros que comuniquen de manera expresa, por un lado, los aspectos vinculados al mercado interior y, por otro lado, las medidas para la protección de los consumidores, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad de los precios. En este contexto, los entes locales y regionales pueden desempeñar un papel destacado; |

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| 7. | recomienda, por ello –como ya hizo en su Dictamen prospectivo sobre el tema «El futuro del mercado único, incluido un balance de la sociedad europea»–, que la Comisión Europea, los Estados miembros y los entes regionales y locales, para responder a las preocupaciones de los ciudadanos y de las empresas, comuniquen mejor cómo gestionar el ajuste económico y social que resulta de la globalización y de la creciente competencia; |

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| 8. | acoge con agrado la intención de la Comisión de tener particularmente en cuenta las necesidades de las PYME, que hacen posible el crecimiento económico y la creación y diversificación de puestos de trabajo, en el desarrollo ulterior del mercado interior. Por este motivo se deberían tomar más medidas para facilitar el acceso de las PYME al mercado interior, ayudarlas a crecer y permitirles que exploten aún más su potencial empresarial. Los clústers y las plataformas, en particular, son un método excelente para las PYME, a nivel local, regional, nacional e incluso, cada vez más, transnacional, para ampliar su base, contactos, oportunidades de mercado, beneficios y la consiguiente creación de empleo; |

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| 9. | recomienda, por tanto, de nuevo que la Comisión Europea y los Estados miembros lleven a cabo consultas y dialoguen con los entes locales y regionales, las organizaciones empresariales y los interlocutores sociales para determinar qué obstáculos burocráticos pueden eliminarse en interés de las empresas, en especial de las PYME, que son las que en mayor medida padecen los obstáculos administrativos persistentes en el mercado único. Se deben tener en cuenta en este contexto las interacciones entre eliminación de burocracia en beneficio de las PYME y la imposición de cargas adicionales para las administraciones regionales y locales; |

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| 10. | respalda, por consiguiente, las dos iniciativas de la Comisión Europea destinadas a promover las PYME. En el marco de una reglamentación especial para las pequeñas y medianas empresas deberán adoptarse una serie de medidas para apoyar a las PYME, siguiendo el principio de «pensar primero a pequeña escala». El CDR también acoge favorablemente la propuesta de la Comisión en pro de un Estatuto de la sociedad privada europea para facilitar las actividades transfronterizas de las PYME. La simplificación prevista de las estructuras societarias es apropiada para mejorar la competitividad de las empresas europeas. Unas normas simples, eficaces y no burocráticas contribuirán directamente a restaurar unas condiciones equilibradas de competencia y la estabilidad económica. Las medidas de eficacia demostrada en este ámbito tienen una repercusión directa y positiva sobre la economía. Podrían reducirse los costes de asesoría jurídica y servicios de asesoría para la creación de empresas. Sin embargo, cuando se debatan todas estas posibilidades deberá garantizarse que las medidas de nivel europeo estarán coordinadas con las estructuras existentes en los ordenamientos nacionales del Derecho de sociedades y que se respetan las normas sociales vigentes; |

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| 11. | aplaude las observaciones de la Comisión sobre las ventajas de la globalización, pero señala que esas ventajas sólo surtirán el efecto mencionado si los demás actores del mercado mundial aceptan verdaderamente los estándares europeos. En caso contrario, los distintos estándares europeos podrán conducir también a una reducción de la competitividad de la economía europea; |

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| 12. | señala a este respecto que la UE necesita una nueva estrategia de globalización que, además de la competitividad, se apoye en los pilares del crecimiento económico sostenible, el pleno empleo, la cohesión social y una explotación sostenible de los recursos naturales. En la evaluación de las repercusiones que se lleven a cabo posteriormente también deberán tenerse en cuenta estos aspectos; |

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| 13. | destaca que, debido al aumento de la globalización y a la creciente competencia derivada de ella entre las economías del conocimiento, las empresas europeas deberán ser todavía más innovadoras y creativas para poder seguir siendo competitivas; |

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| 14. | reconoce, en este contexto, que el objetivo formulado por el Consejo de aumentar el gasto de investigación en la Unión Europea al 3 % del PIB constituye un elemento básico para la competitividad y viabilidad de la economía europea; |

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| 15. | señala que la educación y la formación –y por ende el desarrollo permanente de las capacidades de las personas– constituyen  el  mayor reto al que deben hacer frente la Unión Europea, los Estados miembros y las regiones. Junto con la competencia, el espíritu de empresa, la innovación y la inversión, son una fuerza motriz que impulsa el aumento de la productividad. Por consiguiente, debe mejorarse la capacidad de inversión en capital humano de los Estados miembros y de los entes regionales y locales, a fin de dotar de contenido real al concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida; |

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| 16. | recomienda que, en particular, se dedique mayor atención a la cooperación transfronteriza en materia de investigación, desarrollo e innovación, dado que en este ámbito siguen existiendo importantes potenciales pendientes de explotación; |

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| 17. | recuerda, por lo tanto, la importancia de que los directivos, tanto en el sector público como en el privado, creen un clima de confianza para motivar a sus trabajadores en el desarrollo de sus competencias, y la necesidad de proponerse crear puestos de trabajo de alta calidad; |

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| 18. | está de acuerdo con la Comisión en que la protección de la propiedad intelectual es un elemento fundamental de un mercado interior efectivo. Una protección eficaz de la propiedad intelectual no sólo fomenta la innovación y la creatividad, sino que también estimula la competitividad y la creación de empleo; |

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| 19. | destaca, al igual que la Comisión, la importancia que tiene la dimensión medioambiental y social del mercado interior. Opina que, a la luz del cambio climático, es preciso reforzar las medidas de protección del medio ambiente. Pero también destaca que es preciso hallar las soluciones adecuadas a los costes asociados a la estrategia de sostenibilidad, para no gravar excesivamente a los ciudadanos y posibilitar a las empresas que ya han invertido en estándares medioambientales muy altos su permanencia en Europa. Una deslocalización de empresas europeas con estándares medioambientales altos a regiones fuera de Europa sin estos altos estándares medioambientales también pondría en peligro la consecución de los objetivos climáticos mundiales; |

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| 20. | coincide con la Comisión en que la movilidad de los trabajadores es un elemento esencial de la configuración del mercado interior. Aunque los Estados miembros tienen competencia para establecer su propia normativa laboral en función de sus exigencias, es importante evitar o suprimir aquellos obstáculos a la libre circulación que no estén justificados por motivos relacionados con el respeto de las libertades y los derechos fundamentales; |

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| 21. | considera, al igual que la Comisión, que el mercado interior ha modificado los hábitos de movilidad en la UE. Algunos trabajadores tienen dificultades de adaptación y ven estos procesos como una amenaza. Por ello, el Comité de las Regiones comparte la opinión de la Comisión en el sentido de que deben garantizarse los derechos de los trabajadores y, en particular, deben salvaguardarse mediante la correcta aplicación de las disposiciones del derecho laboral europeo; |

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| 22. | señala que la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea es un pilar básico de la integración. La configuración de la futura política de cohesión está estrechamente vinculada con la política en favor del crecimiento y el empleo de la UE. Precisamente, los fondos procedentes del Fondo Social Europeo eran y son un factor significativo de apoyo a los trabajadores y las empresas para la necesaria modernización del mundo del trabajo, así como para mejorar las oportunidades de integración en el mercado laboral. De este modo podrán satisfacerse mejor las exigencias de un entorno económico globalizado; |

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| 23. | celebra que la Comisión destaque en varios lugares de la Comunicación la importancia que tiene «Legislar mejor», la evaluación de impacto, la evaluación y simplificación de la legislación vigente y la reducción de la burocracia. Es preciso que la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, así como los Estados miembros y las regiones, consigan buenos resultados en este ámbito, puesto que estas mejoras legislativas benefician a los ciudadanos y a las empresas. Así conseguirán que aumente el grado de satisfacción con la cooperación europea. |

Documento adjunto «Servicios de interés general, incluidos los sociales: un nuevo compromiso europeo»

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

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| 24. | lamenta que la Comisión dedique a la cuestión esencial de los servicios de interés general únicamente un documento complementario que no responde a las expectativas formuladas -en particular, en el marco de la consulta sobre el Libro Blanco relativo a los SIG- por el Comité de las Regiones[(1)](#ntr1-C_2009120ES.01000601-E0001) y el Parlamento Europeo[(2)](#ntr2-C_2009120ES.01000601-E0002); |

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| 25. | apoya la declaración de la Comisión de que la decisión sobre la naturaleza, el alcance, la organización y la financiación de esos servicios incumbe de modo independiente a los Estados miembros y a los entes locales y regionales; |

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| 26. | está de acuerdo con la Comisión en que los servicios de interés general son muy importantes para el bienestar de los ciudadanos, la inclusión social, la protección de la cohesión social y la mejora de la tasa de empleo; |

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| 27. | destaca, por lo tanto, que los servicios de interés económico general que no están sujetos a la normativa sectorial europea suelen estar influenciados por la cultura regional y local y los usos locales y, por lo tanto, requieren una acción regional y local apropiada; |

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| 28. | expresa su satisfacción por el nuevo artículo 14 del Tratado de Lisboa, que introduce un nuevo fundamento jurídico para los servicios de interés económico general (SIEG). En función de este fundamento jurídico, el Consejo y el Parlamento podrán establecer, mediante reglamentos y de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, los principios y las condiciones, en particular económicas y financieras, que permitirán llevar debidamente a cabo las misiones de los SIEG y pondrán fin a la inseguridad jurídica derivada del enfoque «caso por caso» preferido hasta ahora por la Comisión, ya sea en el plano legislativo (directivas sectoriales) o contencioso. Por este motivo, lamenta que la Comunicación sobre los SIG se limite a mencionar el artículo 14, sin detenerse en sus consecuencias; |

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| 29. | acoge también con satisfacción la introducción en el Tratado de Lisboa de un Protocolo sobre los servicios de interés general, en el que se pone de relieve la importancia de estos servicios. En dicho protocolo se reconocen la diversidad de los servicios de interés general y la competencia prioritaria de los Estados miembros para su prestación. El Comité de las Regiones destaca que el protocolo subraya expresamente el amplio margen de discrecionalidad de los entes regionales y locales respecto de la adaptación de los servicios a las necesidades de los usuarios, la contratación pública y la organización; |

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| 30. | considera que, pese a estar desarrollados de maneras diferentes en los Estados miembros, los SSIG son un elemento esencial del modelo social europeo y que, por este motivo, es necesario que a nivel comunitario se garantice un marco jurídico estable y transparente para el desarrollo de estos servicios, en el pleno respeto del principio de subsidiariedad y, en particular, de las competencias de los entes locales en la definición de las misiones, la gestión y la financiación de estos servicios; |

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| 31. | observa que, a pesar de la petición del Comité de las Regiones[(3)](#ntr3-C_2009120ES.01000601-E0003) y del Parlamento Europeo[(4)](#ntr4-C_2009120ES.01000601-E0004) de que la Comisión presente una propuesta legislativa que garantice una auténtica seguridad jurídica para la prestación de servicios sociales de interés general, las propuestas incluidas en la Comunicación relativa a los SIG se limitan a una serie de respuestas a las «preguntas más frecuentes», que resultan de utilidad pero no tienen valor jurídico vinculante; |

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| 32. | reconoce que, en el documento de acompañamiento, la Comisión intenta diferenciar claramente los servicios de interés económico general de los servicios no económicos de interés general. No obstante, las observaciones de la Comisión al respecto son tan generales que no siempre contribuyen a establecer una diferencia jurídicamente segura para cada caso; |

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| 33. | señala que no existe un «modelo social europeo» uniforme y que, por lo tanto, es preciso respetar y tener en cuenta la diversidad y las diferencias existentes en la organización de los servicios sociales en los distintos Estados miembros. La discrecionalidad de los Estados miembros para determinar lo que entiendan como servicios de interés económico general no debe quedar restringida por nuevos textos jurídicos vinculantes de la UE o procesos adicionales de coordinación. Tampoco se debe interpretar el nuevo artículo 14 del Tratado de Lisboa de manera restrictiva para las competencias de los Estados miembros; |

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| 34. | destaca que es preciso evitar que aumenten las obligaciones de información y los trámites burocráticos y estadísticos adicionales; |

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| 35. | señala que el Derecho comunitario afecta de muchas maneras a los regímenes nacionales de prestaciones sociales. En el pasado se ha podido observar que, con su legislación sobre contratación pública, competencia y ayudas, la UE ha afectado de forma notable a la configuración de los servicios de interés general locales, sin garantizar a los prestatarios y beneficiarios de estos servicios una auténtica seguridad jurídica; |

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| 36. | cita a este respecto como ejemplo del Derecho comunitario de contratación pública la cooperación intermunicipal. Esta entraña un gran potencial de eficiencia que puede revertir en provecho de los ciudadanos. Como instrumento de colaboración administrativa, no está sujeta por regla general a ningún requisito en materia de contratación pública, sino que, por el contrario, debería entenderse como decisión organizativa nacional no sujeta al Derecho de contratación pública y ser respetada por la Comisión; |

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| 37. | hace hincapié en que el Derecho comunitario de contratación pública reviste una gran importancia, sobre todo para los entes regionales y locales. Por desgracia, la Comunicación interpretativa sobre la adjudicación de contratos públicos por debajo de los umbrales muestra, por el lado de la Comisión, una falta de sensibilidad hacia los intereses de los entes regionales y locales. Por consiguiente, en futuros debates sobre este tema, es necesario hallar soluciones políticas que garanticen seguridad jurídica en este ámbito para los entes regionales y locales; |

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| 38. | exhorta a la Comisión a que, independientemente del resultado del procedimiento que se acaba de citar, se plantee la posibilidad de flexibilizar o retirar los requisitos incluidos en la Comunicación interpretativa. |

Comunicación «Oportunidades, acceso y solidaridad: hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI»

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

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| 39. | considera que en las disposiciones del Tratado de Reforma de Lisboa también se pone de relieve la creciente importancia de la política social europea al definir, en su artículo 2, nuevos objetivos sociales para la UE: «La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño». Oportunidades para una Europa más social figuran también en la Carta de los Derechos Fundamentales, en el carácter vinculante de la «cláusula social transversal» y en el Protocolo sobre los servicios de interés general. El Tratado ofrece igualmente oportunidades para garantizar una «cooperación reforzada», que los Estados miembros pueden fomentar y utilizar en el ámbito social[(5)](#ntr5-C_2009120ES.01000601-E0005); |

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| 40. | está de acuerdo con la Comisión en que, gracias a las mejoras conseguidas en materia de oportunidades, acceso y solidaridad, se puede estimular el bienestar en Europa para afrontar los desafíos cambiantes. En este contexto, considera correcto que la Comisión mencione los siguientes ámbitos: los jóvenes, las carreras profesionales, una vida larga y sana, la igualdad de género, la inclusión activa y la no discriminación, la movilidad y la integración satisfactoria, así como la participación, la cultura y el diálogo; |

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| 41. | está de acuerdo con la opinión de la Comisión de que no existe un concepto único válido para toda Europa que permita hacer realidad el papel central que debe desempeñar la igualdad de oportunidades en el marco de la visión social para la Europa del siglo XXI, y que en muchos ámbitos de la política social, la variedad de instrumentos y prácticas políticas, así como la heterogeneidad de organismos nacionales, obstaculizan la armonización. Rechaza, por lo tanto, la postura de que desafíos similares o idénticos son también automáticamente desafíos comunes que requieren una intervención común precisamente a nivel comunitario; |

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| 42. | está de acuerdo con la Comisión en que es preciso buscar en primer lugar las soluciones económicas y sociales innovadoras necesarias en los niveles local, regional y nacional, y destaca el importante papel que desempeñan en este contexto los entes locales y regionales y los interlocutores sociales; |

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| 43. | destaca que la Comisión debe limitarse estrictamente a ejercer las competencias que le asigna el Tratado, que se traducen básicamente en una competencia de apoyo y de complemento de las actividades de los Estados miembros; |

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| 44. | reconoce la gran importancia de la educación y la cualificación de los jóvenes como condición necesaria de la creación de empleo, la integración social y, por ende, la realización del mercado interior; |

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| 45. | rechaza expresamente la opinión emitida por la Comisión en su Comunicación en el sentido de que existe un «sistema europeo de educación y formación» y subraya que la UE tiene la estricta obligación de respetar la competencia de los Estados miembros a la hora de determinar los planes de estudios y la organización de sus sistemas de enseñanza; |

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| 46. | reconoce que, con el debido respeto de las competencias previstas en el Tratado, la UE puede desempeñar un papel importante en el intercambio de experiencias y buenas prácticas, en el apoyo a los niveles local, regional y nacional y en la sensibilización de la opinión pública; |

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| 47. | acoge con agrado, en el contexto de los objetivos perseguidos, el intercambio de experiencias y mejores prácticas a escala europea con la participación de los entes locales y regionales; |

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| 48. | toma nota de que, ante los problemas de aplicación que existen en los desafíos planteados a muchos Estados miembros, la Comisión ha propuesto examinar y adaptar el marco jurídico existente en materia de igualdad de género y de lucha contra las discriminaciones. Rechaza, no obstante, la extensión de las normas pertinentes a otros ámbitos. |

Bruselas, 12 de febrero de 2009.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Luc VAN DEN BRANDE

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