Source: EURLEX
Language: es
Format: md

C 289/32 ES Diario Oficial de la Unión Europea 29.11.2003

La demandante alega, en primer lugar, que las ventajas
financieras se concedieron al licitador elegido en detrimento
de los demás licitadores. Según la demandante, el licitador
agraciado también tuvo un acceso privilegiado a informaciones
esenciales. La demandante alega, en particular, que los demás
licitadores no tuvieron acceso a determinadas informaciones
técnicas esenciales sobre la situación actual de la base de datos
del proyecto CORDIS.

Además, la demandante sostiene que los criterios aplicados
con ocasión de la adjudicación no concuerdan con los
expresados en el pliego de condiciones y que la Comisión ha
utilizado de forma discriminatoria los criterios publicados en
el pliego de condiciones para seleccionar la oferta que presenta
la mejor relación calidad/precio.

**Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2003 contra**
**la Comisión de las Comunidades Europeas por Masdar**
**(U.K.) Ltd**

**(Asunto T-333/03)**

(2003/C 289/66)

_(Lengua de procedimiento: inglés)_

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 30 de septiembre de 2003 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por Masdar (U.K.) Ltd, Eversley, Hampshire, (Reino
Unido), representada por Philip Bentley QC y Patrick Green,
Barrister.

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

—
Ordene a la demandada pagar a la demandante:

i) la cantidad de 448 947,78 euros;

ii) intereses de dicha cantidad hasta el 31 de julio de
2003 por importe de £ 98 121,24 más los intereses
desde el 1 de agosto de 2003 hasta la fecha de la
sentencia;

iii) compensación por los daños materiales, lucro
cesante y daños no materiales por importe de
£ 1 532 931,09.

— Condene en costas a la Comisión.

_Motivos y principales alegaciones_

Según la demandante, su pretensión surge a raíz de dos
contratos TACIS entre la Comisión y un contratista en
relación con dos proyectos en Moldavia y Rusia. El contratista
subcontrató con la demandante la prestación de algunos de los
servicios. Cuando la demandante descubrió lo que consideró
irregularidades por parte del contratista, informó a los servicios
de la Comisión. Asumiendo que se le pagarían los servicios
prestados, la demandante llevó a cabo los servicios necesarios
para la conclusión de los proyectos a los que se referían los
contratos. Posteriormente, la Comisión cesó todo pago al
contratista y emitió órdenes de pago para la recuperación de
los importes abonados al contratista.

La demandante alega que la negativa de la Comisión a pagar la
cantidad de 448 947,78 euros es ilícita y le ha causado
pérdidas adicionales. La demandante aduce que la Comisión se
ha beneficiado de los servicios prestados por la demandante,
pero no ha pagado a nadie por tales servicios. La demandante
alega que la Comisión está obligada a pagarle por los servicios
prestados en virtud de los principios de enriquecimiento
injusto, gestión de negocios, expectativas legítimas y de los
principio generales de responsabilidad por culpa. Además, la
demandante reclama intereses y una indemnización por pérdidas derivadas de la negativa supuestamente ilegal de la
Comisión a pagar a la demandante por los servicios.

**Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 2003 contra**
**la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,**
**dibujos y modelos) por EURO EXPRESS GmbH**

**(Asunto T-334/03)**

(2003/C 289/67)

_(Lengua de procedimiento: alemán)_

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 29 de septiembre de 2003 un
recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado
Interior (marcas, dibujos y modelos) formulado por EURO
EXPRESS GmbH, Bonn (Alemania), representada por Gabriele
Lindhofer, abogado.

29.11.2003 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 289/33

La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia

que:

—
Anule la resolución dictada el 20 de junio de 2003 por la
Sala Cuarta de Recurso de la Oficina de Armonización
del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), en el
asunto R 348/2002-4, en la medida en que llega a la
conclusión de que la marca comunitaria n [o] 1.575.521 no
cumple los requisitos del artículo 7, apartado 1, letras b)
y c), del Reglamento n [o] 40/94.

—
Publique la marca comunitaria n [o] 1.575.521, con arreglo
al artículo 40 del Reglamento n [o] 40/94.

—
Con carácter subsidiario, devuelva el asunto a la Sala de
Recurso para que ésta resuelva.

—
Condene en costas a la parte demandada.

_Motivos y principales alegaciones_

Marca comunitaria de Marca denominativa «EUROPREque se trata: MIUM», solicitud n [o] 1.575.521

Productos o servicios: Productos y servicios de las clases 16, 20, 35 y 39 (papel, artículos de madera, publicidad,
transporte y almacenaje de mercancías)

Resolución impugnada Denegación de registro del examiante la Sala de Recurso: nador

Resolución de la Sala de Desestimación

Recurso:

Motivos de recurso: — La marca posee el carácter
distintivo necesario.

—
No existe ningún imperativo
de disponibilidad de la
marca, dado que no es descriptiva.

**Recurso interpuesto el 25 de septiembre de 2003 contra**
**la Comisión de las Comunidades Europeas por Eridania**
**Sadam S.p.A. y otros**

**(Asunto T-338/03)**

(2003/C 289/68)

_(Lengua de procedimiento: italiano)_

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 25 de septiembre de 2003 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por Eridania Sadam S.p.A. y otros, representados y
defendidos por los Sres. Gualtiero Pittalis, Ivano Vigliotti, Gian

Michele Roberti, Paolo Ziotti y la Sra. Alessandra Franchi,
abogados.

Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia

que:

—
Anule el artículo 1, letra c), del Reglamento (CE) n [o] 1158/
2003 de la Comisión, de 30 de junio de 2003, por el que
se fijan los precios de intervención derivados del azúcar
blanco para la campaña de comercialización 2003/04 en
todas las zonas de Italia.

—
Subsidiariamente, declare, conforme al artículo 241 CE,
ilegítimo e inaplicable el artículo 2 del Reglamento (CE)
n [o] 1260/2001 del Consejo, de 19 de junio de 2001, por
el que se establece la organización común de mercados
en el sector del azúcar.

— Condene en costas a la Comisión.

_Motivos y principales alegaciones_

Mediante el presente recurso, las empresas demandantes
impugnan el Reglamento (CE) n [o] 1158/2003 de la Comisión,
de 30 de junio de 2003, por el que se fijan los precios de
intervención derivados del azúcar blanco para la campaña de
comercialización 2003/04 ( [1] ).

En apoyo de su recurso, las demandantes alegan los siguientes
motivos.

En primer lugar, las demandantes sostienen que el Reglamento
impugnado es contrario, desde distintos puntos de vista, a
la normativa básica que estableció el Consejo mediante el
Reglamento (CE) n [o] 1260/2001 del Consejo, de 19 de junio
de 2001 ( [2] ). En particular, lamentan que el Reglamento impugnado haya calificado erróneamente a Italia de «zona deficitaria»
por lo que se refiere al abastecimiento de azúcar y le haya
aplicado, en consecuencia, el régimen de los precios derivados
(regionalización). Esta calificación que, a juicio de las demandantes, se basa en un análisis equivocado de la situación
económica, se traduce en un perjuicio para ellas, ya que la
introducción de los precios derivados implica un incremento
de los costes de producción de las empresas azucareras
que operan en el territorio italiano. En concreto, según las
demandantes, la Comisión no tomó en consideración, al
calcular el abastecimiento interno italiano, las cantidades de
azúcar blanco que se habían importado de los Estados
balcánicos gravadas con un arancel igual a cero, importaciones
que modifican considerablemente los presupuestos de funcionamiento de la organización común del mercado, ocasionando
desequilibrios significativos que se ven acrecentados al aplicar
la regionalización al mercado italiano.

Las demandantes consideran, por tanto, que el artículo 1,
letra c), del Reglamento impugnado adolece de un vicio en sus
presupuestos y potencialmente se opone a los principios
comunitarios en los que se basa la Política Agrícola Común y
a las normas que regulan la OCM del azúcar, así como a los
principios de proporcionalidad y de no discriminación.