Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Ordonnance du Tribunal

**Asunto T‑78/04 R**

**Sumitomo Chemical (UK) plc**

**contra**

**Comisión de las Comunidades Europeas**

«Procedimiento sobre medidas provisionales – Reglamento (CE) nº 2032/2003 – Biocidas – Admisibilidad de la solicitud»

Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2004

Sumario del auto

1.     *Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Medidas provisionales – Requisitos para su concesión
– Urgencia –*  Fumus boni iuris *– Interés del demandante en obtener la medida solicitada*

*(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)*

2.     *Procedimiento sobre medidas provisionales – Requisitos de admisibilidad – Admisibilidad del recurso principal – Falta de pertinencia
– Límites*

*(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)*

3.     *Procedimiento sobre medidas provisionales – Requisitos de admisibilidad – Demanda – Requisitos de forma – Indicación precisa
del objeto de la demanda*

*[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 44, ap. 1, letra d), y 104, ap. 3]*

1.     El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia prevé que las demandas de medidas
provisionales deben especificar el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes
de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista *(fumus boni iuris)* la concesión de la medida provisional solicitada. Además, la parte demandante debe justificar un interés en la obtención
de las medidas solicitadas.

(véanse los apartados 22 y 52)

2.     El problema de la admisibilidad del recurso de que conoce el juez del fondo no debe examinarse, en principio, en el marco
de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de prejuzgar el fondo del asunto. No obstante, cuando lo que se plantea
es la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal al cual se acumula la demanda de medidas provisionales, puede resultar
necesario determinar si existen elementos que permitan, a primera vista, inferir la admisibilidad de dicho recurso.

(véase el apartado 23)

3.     Una demanda de medidas provisionales que no precisa su objeto no cumple los requisitos del artículo 44, apartado 1, letra d),
del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, al que remite el artículo 104, apartado 3, del mismo Reglamento,
y por tanto es inadmisible.

(véase el apartado 50)

  
   
   

AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 2 de julio de 2004[(1)](#Footnote1)
«Procedimiento sobre medidas provisionales – Reglamento (CE) nº 2032/2003 – Biocidas – Admisibilidad de la demanda»En el asunto T‑78/04 R,**Sumitomo Chemical (UK) plc,**  representada por los Sres. C. Mereu y K. Van Maldegem, abogados,

parte demandante,

contra

**Comisión de las Comunidades Europeas,** representada por el Sr. X. Lewis y la Sra. F. Simonetti, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto una demanda de suspensión de la ejecución del artículo 5, apartados 1 y 2, y de los anexos II y V del
Reglamento (CE) nº 2032/2003 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2003, relativo a la segunda fase del programa de trabajo
de diez años contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la comercialización de biocidas y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1896/2000 (DO L 307, p. 1),  
  

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

  
  

dicta el siguiente

  
  

### Auto

  
  
  
**: **Marco jurídico****

1
El 16 de febrero de 1998 el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 98/8/CE, relativa a la comercialización
de los biocidas (DO L 123, p. 1). La Directiva se propone establecer un régimen comunitario de autorización y de comercialización
de biocidas para su uso.

2
En virtud del artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8 se emprendió un programa de trabajo para la evaluación de todas
las sustancias activas en los biocidas ya comercializados a 14 de mayo de 2000 (en lo sucesivo, «sustancias activas existentes»).
La inclusión de las sustancias activas existentes en los anexos I, IA y IB de la Directiva es un requisito para la autorización
y la comercialización de los biocidas que contengan esas sustancias.

3
La primera fase de ese programa de trabajo fue puesta en práctica por el Reglamento (CE) nº 1896/2000 de la Comisión, de 7
de septiembre de 2000, relativo a la primera fase del programa contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva
98/8 (DO L 228, p. 6). Como expresa el segundo considerando del Reglamento, «la primera fase del programa de estudio tiene
por objeto permitir a la Comisión determinar las sustancias activas existentes en biocidas y especificar las que deben evaluarse
para su posible inclusión en los anexos I, IA o IB de la Directiva [98/8]».

4
Según el artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 1896/2000, cada productor de una sustancia activa existente comercializada
para su uso en biocidas la «identificará» proporcionando a la Comisión la información sobre dicha sustancia contemplada en
el anexo I del Reglamento. Además, cualquier formulador de un biocida, es decir su fabricante o su representante en la Comunidad,
podrá identificar una sustancia activa existente.

5
El artículo 4 del Reglamento nº 1896/2000 dispone que los productores, los formuladores y las asociaciones que deseen solicitar
la inclusión en los anexos I o IA de la Directiva 98/8 de una sustancia activa existente en uno o varios tipos de producto
notificarán dicha sustancia activa a la Comisión. El plazo para la notificación de las sustancias activas existentes terminó
el 28 de marzo de 2002. En virtud del Reglamento (CE) nº 1687/2002 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2002, por el que
se establece un período adicional en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento nº 1896/2000 (DO L 258, p. 15), ese plazo
fue prorrogado hasta el 31 de enero de 2003 para determinadas sustancias activas.

6
En virtud del artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1896/2000, tras la notificación mencionada en el apartado
anterior, debía adoptarse, conforme al procedimiento previsto en el artículo 28 de la Directiva 98/8, un Reglamento que contuviera,
en particular, una lista exhaustiva de sustancias activas existentes respecto a las que la Comisión hubiera aceptado, al menos,
una notificación.

7
El Reglamento (CE) nº 2032/2003 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2003, relativo a la segunda fase del programa de trabajo
de diez años contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8 y por el que se modifica el Reglamento nº 1896/2000
(DO L 307, p. 1), establece el concepto de «participante», definido por el artículo 2 como:«[…] el productor, formulador o asociación que hubiera presentado una notificación que ha sido aceptada por la Comisión de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento [...] nº 1896/2000 […]».

8
El artículo 3 del Reglamento nº 2032/2003 se refiere a las «sustancias activas existentes identificadas y notificadas» durante
la primera fase. En su apartado 2 dispone:«El anexo II contiene una lista exhaustiva de las sustancias activas existentes respecto a la cual:

a)
:   la Comisión hubiera aceptado al menos una notificación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento
    [...] nº 1896/2000, […]

[…]Para cada sustancia activa existente notificada, la lista especifica el tipo o tipos de producto respecto al cual hubiera
sido aceptada notificación […]»

9
El artículo 5 del Reglamento nº 2032/2003, que contiene las reglas relativas a la revisión de las sustancias activas notificadas,
establece:«1.     La revisión de una sustancia activa recogida en el anexo II respecto al producto o productos especificados será efectuada
por el Estado miembro informante designado a tal efecto sobre la base del expediente completo sobre dicha sustancia y tipo
de producto, siempre que:

a)
:   el expediente cumpla los requisitos expuestos en el anexo IV;

b)
:   el expediente completo sea presentado en el plazo de tiempo indicado en el anexo V del presente Reglamento para el tipo de
    producto [de] que se trate, junto con el resumen de expediente contemplado en la letra b) del apartado 1 del artículo 11 de
    la Directiva 98/8 […] y determinado en el anexo IV del presente Reglamento.

No obstante lo expuesto en el artículo 8 del presente Reglamento, la revisión de una sustancia activa recogida en el anexo II
sólo se efectuará en relación con el tipo o tipos de producto respecto al cual se hubiera aceptado notificación.2.       Los Estados miembros informantes designados para revisar las sustancias activas recogidas en el anexo II en relación con los
tipos de producto 8 y 14 se especifican en la parte A del anexo V.Los Estados miembros informantes designados para revisar las sustancias activas recogidas en el anexo II en relación con los
tipos de producto 16, 18, 19 y 21 se especifican en la parte B del anexo V.Un Estado miembro que hubiera manifestado su interés en una sustancia activa existente de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento [...] nº 1896/2000 no será designado Estado miembro informante para la misma sustancia.3.       No obstante lo dispuesto en el artículo 8 del presente Reglamento, un solicitante que no es participante y que desee pedir,
de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 98/8 [...] la inclusión en sus anexos I, IA o IB de una sustancia activa
existente notificada, o una sustancia sobre la cual un Estado miembro hubiera manifestado interés, en relación con un tipo
de producto especificado en el anexo V del presente Reglamento, deberá presentar un expediente completo en el plazo de tiempo
fijado en dicho anexo para la mencionada combinación de sustancias o tipos de producto.4.       La lista de autoridades competentes pertinentes a partir del 1 de julio de 2003 queda recogida en el anexo VI.»

10
El artículo 6, que contiene las reglas para la elaboración del expediente completo, dispone:«1.     En la elaboración del expediente completo se hará todo lo posible por, *inter alia,* evitar la duplicación de experimentos con animales vertebrados y establecer, si procede, un expediente completo colectivo.2.       Antes de empezar la constitución del expediente completo, un participante:

a)
:   informará al Estado miembro informante sobre cualquier experimento con animales vertebrados que ya hubiera realizado;

b)
:   tomará contacto con el Estado miembro informante para asesorarse acerca de la aceptabilidad de los motivos alegados para evitar
    determinados estudios;

c)
:   informará al Estado miembro informante de la eventual intención de proseguir nuevos experimentos con animales vertebrados
    a efectos de constituir el expediente completo;

d)
:   cuando sea informado por el Estado miembro informante de que otro participante ha notificado su intención de efectuar los
    mismos experimentos, hará lo que esté en su mano por cooperar con aquél en la realización de experimentos comunes.

El asesoramiento facilitado por los Estados miembros informantes de conformidad con la letra b) del primer párrafo no predeterminará
el resultado de la comprobación de los expedientes a que se refiere el apartado 1 del artículo 9.3.       Un Estado miembro informante podrá difundir la referencia de los experimentos con animales vertebrados efectuados en relación
con una sustancia activa recogida en el anexo II del presente Reglamento, excepto cuando dicha referencia deba ser tratada
de forma confidencial con arreglo al artículo 19 de la Directiva 98/8 [...]. Esta referencia podrá incluir el nombre de la
sustancia activa de que se trata, los parámetros de los experimentos y la dirección de contacto del propietario de la información.4.       Cuando entre en conocimiento de un Estado miembro informante que más de un participante desea la revisión de una determinada
sustancia activa, informará de ello a estos participantes.5.       Cuando los participantes deseen efectuar la revisión de la misma sustancia activa en relación con el mismo tipo o tipos de
producto, harán lo posible por presentar un expediente completo colectivo, sin por ello dejar de respetar la legislación comunitaria
de competencia.Cuando, en dichas circunstancias, un expediente colectivo no hubiera sido presentado, cada expediente deberá exponer detalladamente
los esfuerzos realizados para procurar la cooperación y las razones que explican la no participación.[…]»

11
El artículo 7, titulado «Presentación del expediente completo», ordena:«Los participantes presentarán al Estado miembro informante al menos un ejemplar del expediente completo en pap0el y uno en
formato electrónico.[...] el participante deberá también presentar un ejemplar del resumen de expediente en papel […]»

12
El artículo 8 establece las reglas relativas a la incorporación, sustitución o retirada de participantes. Prevé lo siguiente:«1.     Si, por mutuo acuerdo, un productor, formulador o asociación se une o sustituye a un participante en la presentación del expediente
completo, todas las partes en el acuerdo informarán conjuntamente a la Comisión y al Estado miembro informante, adjuntando
las cartas de acceso que procedan.La Comisión informará de forma correspondiente a cualquier otro participante que deseara la revisión de la misma sustancia
activa en relación con el mismo tipo o tipos de producto.[…]3.       La Comisión informará a los Estados miembros si se presentara una situación en la que todos los participantes encargados de
una combinación de sustancias activas o tipos de producto se hubieran retirado. Esta información se dará también a conocer
mediante procedimientos electrónicos.4.       En el plazo de tres meses a partir de la publicación de la información a que se refiere el apartado 3, los productores, formuladores,
asociaciones y demás personas que deseen actuar como participantes respecto a la combinación de sustancias activas existentes
o tipos de producto, informarán de ello a la Comisión.En el mismo plazo de tiempo mencionado en el primer párrafo, un Estado miembro podrá también manifestar a la Comisión su interés
en la inclusión en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8 [...] de la combinación de sustancias activas existentes o tipos
de producto, cuando existan utilizaciones que el Estado miembro considera fundamentales, en particular para la protección
de la salud humana, animal o del medio ambiente. Se supondrá que, al manifestar tal interés, el Estado miembro ha asumido
el papel del participante.En los casos contemplados en los párrafos primero y segundo, el plazo de tiempo aplicable especificado en el anexo V podrá,
en su caso, prolongarse, y designarse un Estado miembro informante distinto.5.       Si la Comisión no recibe respuesta conforme de conformidad con el apartado 4, se tomarﾡ la decisión de no incluir la sustancia
activa existente en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8 [...] en el contexto del programa de revisión respecto al tipo
o tipos de producto de que se trate.»  
****Hechos y procedimiento****

13
La demandante produce y comercializa 18 sustancias activas y biocidas que las contienen. En lo que atañe a ocho de esas sustancias
activas, la demandante es el único notificante que ha sido aceptado por la Comisión y que por ello ha obtenido la condición
de «participante», conforme al artículo 2 del Reglamento nº 2032/2003.

14
En lo relativo a las 18 sustancias activas antes mencionadas, del anexo II del Reglamento nº 2032/2003 resulta que la notificación
fue aceptada para el tipo de producto 18 (insecticidas). La notificación fue también aceptada para una de esas mismas sustancias
activas, a saber, la permetrina, para el tipo de producto 8 (protectores para maderas). Conforme a la parte B del anexo V
del Reglamento nº 2032/2003, respecto a las sustancias activas cuya notificación haya sido aceptada para el tipo de producto 18,
los expedientes completos deben presentarse a la autoridad competente del Estado miembro informante no antes del 1 de noviembre
de 2005 y a más tardar el 30 de abril de 2006. Con arreglo a la parte A del anexo V del mismo Reglamento, respecto al tipo
de producto 8, los expedientes completos deben presentarse a la autoridad competente del Estado miembro informante a más tardar
el 28 de marzo de 2004.

15
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de febrero de 2004 la demandante interpuso
al amparo del artículo 230 CE, párrafo cuarto, un recurso dirigido a la anulación de los artículos 3, 4, apartado 2, 5, apartado
3, 10, apartado 2, párrafo segundo, 11, apartado 3, 13, y 14, apartado 2, y del anexo II del Reglamento nº 2032/2003.

16
Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de marzo de 2004 la demandante
solicitó al amparo de los artículos 242 CE y 243 CE la suspensión de la ejecución del artículo 5, apartados 1 y 2, y de los
anexos II y V del Reglamento nº 2032/2003, por una parte, y la adopción de «cualquier otra medida provisional que [el juez
de medidas provisionales] estima[ra] apropiada», por otra.

17
En virtud del artículo 105, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demandante solicitó
al juez de medidas provisionales que accediera con urgencia a su demanda, antes de que la Comisión presentara sus observaciones.

18
Mediante auto de 26 de marzo de 2004 (T‑78/04 R, no publicado en la Recopilación), el Presidente del Tribunal de Primera Instancia
ordenó, con arreglo al artículo 105, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la suspensión de la ejecución del anexo V
del Reglamento nº 2032/2003 en la medida en que obliga a la demandante a presentar un expediente completo de la sustancia
activa permetrina antes del 28 de marzo de 2004.

19
La Comisión presentó sus observaciones escritas sobre la demanda de medidas provisionales el 1 de abril de 2004.

20
La comparecencia ante el juez de medidas provisionales tuvo lugar el 14 de mayo de 2004.  
****Fundamentos de Derecho**** 

21
En virtud de lo dispuesto por los artículos 242 CE y 243 CE, por una parte, y por el artículo 225 CE, apartado 1, por otra,
el Tribunal de Primera Instancia podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución
del acto impugnado o las medidas provisionales necesarias.

22
El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento prevé que las demandas de medidas provisionales deben especificar
las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que justifiquen
a primera vista *(fumus boni iuris)* la concesión de la medida provisional solicitada. Estos requisitos son acumulativos, de manera que una demanda de suspensión
de la ejecución debe ser desestimada cuando no se dé alguno de ellos [auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de
octubre de 1996, SCK y FNK/Comisión, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, apartado 30].**Sobre la admisibilidad del recurso en el fondo**

23
Según una reiterada jurisprudencia, el problema de la admisibilidad del recurso de que conoce el juez del fondo no debe examinarse,
en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de prejuzgar el fondo del asunto. No obstante,
cuando lo que se plantea es la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal al cual se acumula la demanda de medidas provisionales,
puede resultar necesario determinar si existen elementos que permitan, a primera vista, inferir la admisibilidad de dicho
recurso (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 1988, Distrivet/Consejo, 376/87 R, Rec. p. 209, apartado
21, y auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 11 de abril de 2003, Solvay Pharmaceuticals/Consejo, T‑392/02 R,
Rec. p. II‑1825, apartado 53).

24
En el presente asunto, este juez de medidas provisionales considera que debe comprobarse si el recurso de anulación interpuesto
por la demandante es de naturaleza manifiestamente inadmisible.

25
La Comisión alega que el recurso principal es inadmisible. En ese sentido considera que la posición de la demandante respecto
al Reglamento nº 2032/2003 es casi idéntica a la de Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH & Co. KG en relación
con el Reglamento nº 1896/2000. Pues bien, el juez comunitario declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto por esa
sociedad contra ese último Reglamento (auto del Tribunal de Primera Instancia de 29 de abril de 2002, Bactria/Comisión, T‑339/00,
Rec. p. II‑2287, confirmado en casación por auto del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2003, Bactria/Comisión, C‑258/02 P,
Rec. p. I‑0000). Según la Comisión, el Reglamento nº 2032/2003 puede aplicarse en principio a un número indeterminado de operadores
económicos y no a una categoría cerrada que agrupe solamente a quienes sean participantes en la fecha de adopción de ese Reglamento.
La Comisión señala que, en virtud del artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 2032/2003, un productor, un formulador o una
asociación que aún no sea participante puede unirse a un participante en la presentación de un expediente completo. De modo
similar, según el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 2032/2003, un productor, un formulador o una asociación puede
actuar como participante conforme a los requisitos enunciados por esa regla. Por último, el artículo 5, apartado 3, del Reglamento
nº 2032/2003 permite que un solicitante que no sea participante pida la inclusión de una sustancia activa existente en el
anexo I, IA o IB de la Directiva 98/8. Ese solicitante está sometido a determinadas normas del Reglamento nº 2032/2003, como
la relativa al plazo fijado en el anexo V, con arreglo al artículo 5, apartado 3.

26
La demandante afirma que su recurso de anulación es admisible.

27
A este respecto, debe recordarse que el artículo 230 CE, párrafo cuarto, atribuye a los particulares el derecho a impugnar
cualquier decisión que, aunque revista la forma de un reglamento, les afecte directa e individualmente. El objetivo de esta
disposición es, principalmente, evitar que, mediante la mera elección de la forma de reglamento, las instituciones comunitarias
puedan excluir el recurso de un particular contra una decisión que le afecta directa e individualmente, y precisar de este
modo que la elección de la forma no puede cambiar la naturaleza de un acto (véanse, en particular, la sentencia del Tribunal
de Justicia de 17 de junio de 1980, Calpak y Società Emiliana Lavorazione Frutta/Comisión, asuntos acumulados 789/79 y 790/79,
Rec. p. 1949, apartado 7; las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 7 de noviembre de 1996, Roquette Frères/Consejo,
T‑298/94, Rec. p. II‑1531, apartado 35, y de 11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health/Consejo, T‑13/99, Rec. p. II‑3305,
apartado 81, y Alpharma/Consejo, T‑70/99, Rec. p. II‑3495, apartado 73).

28
En el auto de 29 de abril de 2002, Bactria/Comisión, antes citado (confirmado en casación por el auto de 12 de diciembre de
2003, Bactria/Comisión, antes citado), el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto
por la demandante contra el Reglamento nº 1896/2000, al estimar, en especial, que ese Reglamento, según su redacción, podía
aplicarse a un número indeterminado de operadores económicos que tuvieran interés en la identificación y notificación de las
sustancias activas existentes y los biocidas que las contengan.

29
En el presente asunto, el Reglamento nº 2032/2003 impone un conjunto de obligaciones, en especial en sus artículos 6 y 7 relativos
a la elaboración y la presentación de un expediente completo, a los productores, formuladores o asociaciones que hayan presentado,
antes del 28 de marzo de 2002, o en su caso antes del 31 de enero de 2003, una notificación que haya sido aceptada por la
Comisión conforme al artículo 4, apartado 2, del Reglamento nº 1896/2000.

30
Así pues, a diferencia del asunto que dio origen al auto de 29 de abril de 2002, Bactria/Comisión, antes citado, en el presente
caso el Reglamento nº 2032/2003 se aplica a una categoría de operadores económicos determinados que, según el artículo 2 del
Reglamento, son denominados «participantes». Además, como la demandante señala en su demanda de medidas provisionales, el
Reglamento nº 2032/2003 permite identificar a esos participantes, pues se observa que, en una nota a pie de página en el anexo II
del Reglamento, se indica que «los datos de los participantes para contactos se exponen en http://ecb.jrc.it/biocides».

31
En sus observaciones escritas la Comisión hace referencia al artículo 8, apartados 1 y 4, así como al artículo 5, apartado
3, del Reglamento nº 2032/2003, para demostrar que el Reglamento se dirige no obstante a un círculo «abierto» de operadores
económicos.

32
En cuanto al artículo 8, apartado 1, éste prevé la posibilidad de que un formulador o una asociación que aún no sea participante
se una o sustituya a un participante en la presentación de un expediente completo por «mutuo acuerdo» entre las partes.

33
El artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 2032/2003 dispone que un productor, un formulador o una asociación puede actuar
como participante cuando, en relación con una combinación determinada de sustancia activa y tipo de producto, se hayan retirado
todos los participantes.

34
Es cierto pues, como alega la Comisión, que en virtud del artículo 8, apartados 1 y 4, del Reglamento nº 2032/2003 el número
y la identidad de los participantes pueden en principio modificarse.

35
Sin embargo, como expuso la demandante en la comparecencia, también resulta de esas normas que la modificación eventual del
número y la identidad de los participantes depende por entero de las decisiones tomadas por éstos, quienes deben previamente,
bien aceptar que nuevas empresas les sustituyan o se unan a ellos, bien decidir retirarse completamente del programa de revisión.
Atendiendo a esos elementos, no puede excluirse que el número y la identidad de los operadores económicos afectados por el
Reglamento nº 2032/2003 puedan ser considerados suficientemente identificables en el momento de la adopción del Reglamento
con el efecto de conferir a la demandante la condición de parte individualmente afectada por ese Reglamento.

36
En lo que se refiere al artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 2032/2003, de esta norma resulta que un operador económico
que no sea participante puede solicitar la inclusión de una sustancia activa existente que haya sido notificada en el anexo I,
IA o IB de la Directiva 98/8, en cuyo caso deberá presentar un expediente completo en los plazos fijados en el anexo V del
Reglamento. No obstante, nada indica que en ese supuesto el operador económico de que se trate adquiera la condición de «participante»
en virtud del Reglamento nº 2032/2003 ni que esté sometido a las mismas obligaciones que los participantes. En efecto, si
bien es verdad que ese operador debe atenerse a los mismos plazos para la presentación del expediente completo, el Reglamento
nº 2032/2003 impone únicamente a los participantes un conjunto de obligaciones relativas, en especial, a la elaboración del
expediente completo (véase el artículo 6 del Reglamento nº 2032/2003). La Comisión parece compartir este análisis, al señalar
en sus observaciones escritas que el solicitante está sometido «al menos a algunas normas del Reglamento, por ejemplo, el
plazo fijado en el anexo V según prevé el artículo 5, apartado 3».

37
A las anteriores observaciones se añade el hecho de que la demandante ha expuesto un conjunto de argumentos tendentes a demostrar
que el Reglamento nº 2032/2003 le afecta individualmente, sin que hayan sido rebatidos por la Comisión. En particular, la
demandante ha explicado que participó en la adopción del Reglamento nº 2032/2003 dado que la preparación y la presentación
de sus datos en el expediente de notificación de cada una de sus combinaciones de sustancia activa y tipo de producto eran
condición previa necesaria para el inicio del programa de revisión en virtud del Reglamento nº 1896/2000. Esas actuaciones
permitieron que la Comisión identificara a continuación las sustancias activas y los tipos de producto que formaban parte
del programa de revisión en virtud del Reglamento nº 2032/2003, que figuran en el anexo II de éste. Además, la demandante
está amparada por la especial protección concedida, en virtud del artículo 12 de la Directiva 98/8, a los datos presentados
en su notificación y su expediente completo para cada una de las combinaciones notificadas de sustancia activa y tipo de producto,
que los Estados miembros han de respetar (sentencia Alpharma/Consejo, antes citada). La demandante también ha expuesto que
dispone de determinadas garantías procedimentales derivadas de la Directiva 98/8, del Reglamento nº 1896/2000 y del Reglamento
nº 2032/2003, que la individualizan a los fines del procedimiento principal (sentencia Alpharma/Consejo, antes citada). Es
más, la demandante se diferencia de todos los demás operadores económicos en la medida en que es titular de derechos exclusivos
preexistentes de propiedad intelectual que el Reglamento nº 2032/2003 lesiona. (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de
mayo de 1994, Codorníu/Consejo, C‑309/89, Rec. p. I‑1853). Por último, según la demandante la Comisión estaba obligada a tener
en cuenta los intereses de todos los «participantes», puesto que conocía su identidad y su situación jurídica, por un lado,
y las notificaciones aceptadas eran las únicas razones para la adopción del Reglamento nº 2032/2003, por otro (sentencia del
Tribunal de Primera Instancia de 14 de septiembre de 1995, Antillean Rice Mills y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑480/93
y T‑483/93, Rec. p. II‑2305).

38
Por otra parte, la Comisión no discute que a la demandante le afecte directamente el Reglamento nº 2032/2003, pues éste se
refiere directamente a un conjunto de sustancias activas que ella produce y en relación con las que el mismo Reglamento impone
el cumplimiento de diversas formalidades.

39
En razón de lo antes expuesto, no puede excluirse que la demandante sea directa e individualmente afectada por el Reglamento
nº 2032/2003, y que por tanto sea admisible su recurso de anulación contra éste en virtud del artículo 230 CE, párrafo cuarto.**Sobre la admisibilidad de la demanda de medidas provisionales**

40
La Comisión alega que la demanda de medidas provisionales es inadmisible a causa de la falta de identidad entre las reglas
impugnadas por el recurso de anulación y aquellas cuya suspensión de ejecución se solicita. Esa discordancia constituye una
infracción de una forma sustancial prevista por el artículo 104, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. Según la Comisión,
aunque el juez comunitario no haya aplicado siempre estrictamente la regla que exige que sea exactamente la misma medida la
que es objeto de un recurso de anulación y de una demanda de suspensión de la ejecución, no deja de ser cierto que la suspensión
de una medida que no sea objeto de un recurso de anulación debe seguir siendo excepcional.

41
En la comparecencia la demandante afirmó que su demanda de medidas provisionales es admisible.

42
Merece recordarse que el artículo 104, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento prevé que toda demanda
de suspensión de la ejecución de un acto de una institución presentada con arreglo al artículo 242 CE sólo es admisible si
el demandante ha impugnado ese acto mediante un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.

43
Tratándose de una demanda dirigida a que se ordene una de las medidas provisionales previstas por el artículo 243 CE, resulta
del artículo 104, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento que esa demanda es admisible cuando existe
un nexo suficientemente estrecho entre la medida provisional solicitada y el objeto del recurso principal. No obstante, la
regla enunciada en el artículo 104, apartado 1, párrafo primero, se aplica a una demanda de medidas provisionales cuando tiene
por objeto, fundamentalmente, el mismo resultado que una demanda de suspensión de la ejecución, salvo circunstancias excepcionales
(véase en ese sentido el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 22 de noviembre de 1995, Atlantic Container
Line y otros/Comisión, T‑395/94 R II, Rec. p. II‑2893, apartado 39).

44
A este respecto, se ha de precisar que la finalidad del procedimiento de medidas provisionales es garantizar la plena eficacia
de la sentencia sobre el fondo al objeto de evitar una laguna en la protección jurisdiccional que depara el juez comunitario
[véanse en ese sentido los autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 3 de mayo de 1996, Alemania/Comisión, C‑399/95 R,
Rec. p. I‑2441, apartado 46; de 29 de enero de 1997, Antonissen/Consejo y Comisión, C‑393/96 P(R), Rec. p. I‑441, apartado
36; de 25 de marzo de 1999, Willeme/Comisión, C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857, apartado 62, y el auto del Presidente del Tribunal
de Primera Instancia de 7 de mayo de 2002, Aden y otros/Consejo y Comisión, T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, apartado 45].

45
Pues bien, es preciso señalar que en el presente asunto el recurso principal pretende la anulación de los artículos 3, 4,
apartado 2, 5, apartado 3, 10, apartado 2, párrafo segundo, 11, apartado 3, 13, y 14, apartado 2, y del anexo II del Reglamento
nº 2032/2003.

46
En cambio, de la introducción y de las pretensiones de la demanda de medidas provisionales resulta que la demandante solicita
la suspensión de la ejecución del artículo 5, apartados 1 y 2, y de los anexos II y V del Reglamento nº 2032/2003. Es cierto
que el punto 54 de la demanda de medidas provisionales expone que, «por los motivos antes mencionados, el demandante solicita
al Tribunal de Primera Instancia la inmediata suspensión de la ejecución del articulo 5, apartados 2 y 3, y de los anexos II
y V del Reglamento [nº 2032/2003], que imponen los plazos de presentación del expediente completo de sus combinaciones de
sustancia activa y tipo de producto». Sin embargo, de las explicaciones y de los argumentos jurídicos presentados por la demandante
en su demanda y en la comparecencia resulta con claridad que la referencia expresada, sólo en ese pasaje, al artículo 5, apartados
2 y 3, del Reglamento nº 2032/2003 constituye una errata y debe entenderse como referencia al artículo 5, apartados 1 y 2,
del mismo Reglamento.

47
Se sigue de ello que la única regla que se impugna en el procedimiento principal, por un lado, y cuya suspensión de ejecución
se solicita, por otro, es el anexo II del Reglamento nº 2032/2003.

48
Conforme al artículo 104, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, debe declararse pues la inadmisibilidad
de la demanda dirigida a la suspensión de la ejecución del artículo 5, apartados 1 y 2, y del anexo V del Reglamento nº 2032/2003.

49
Es verdad que la demandante solicita también en su demanda de medidas provisionales, con referencia al artículo 243 CE, «cualquier
otra medida provisional que el [juez de medidas provisionales] estime apropiada para mantener la posición de las partes demandantes
mientras el litigio no haya sido resuelto completamente en el procedimiento [principal]».

50
Sin embargo, la demandante no presenta ninguna explicación que pueda esclarecer esta parte de su demanda, que es de carácter
vago e impreciso. A falta de más amplias precisiones sobre su objeto, tal demanda no cumple los requisitos del artículo 44,
apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento, al que remite el artículo 104, apartado 3, del mismo Reglamento, y
por tanto es inadmisible (véase en este sentido el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 12 de febrero
de 1996, Lehrfreund/Consejo y Comisión, T‑228/95 R, Rec. p. II‑111, apartado 58).

51
Dadas esas circunstancias, el presente examen ha de limitarse al problema de si está justificado ordenar la suspensión de
la ejecución del anexo II del Reglamento nº 2032/2003.

52
Hay que destacar a este respecto que, para obtener las medidas provisionales, la parte demandante debe justificar un interés
en la obtención de las medidas solicitadas (véanse en este sentido el auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal
de Justicia de 19 de mayo de 1989, Caturla-Poch/Parlamento, C‑107/89 R, Rec. p. 1357, y el auto del Presidente del Tribunal
de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1996, Moccia Irme/Comisión, T‑164/96 R, Rec. p. II‑2261, apartado 26). Así pues,
debe desestimarse toda demanda de medidas provisionales que no pueda tener como efecto modificar la situación jurídica del
demandante y carezca por ello de utilidad práctica para éste [véanse en este sentido el auto del Presidente de la Sala Segunda
del Tribunal de Justicia de 31 de julio de 1989, S./Comisión, C‑206/89 R, Rec. p. 2841, apartado 14; el auto del Presidente
del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 1997, Moccia Irme/Comisión, C‑89/97 P(R), Rec. p. I‑2327, apartado 45, y el auto
del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 16 de enero de 2004, Arizona Chemical y otros/Comisión, T‑369/03 R, Rec.
p. II‑0000, apartado 62].

53
En el presente asunto resulta del artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 2032/2003 que el anexo II, titulado «Sustancias
activas existentes y tipos de producto incluidos en el programa de revisión», contiene una enumeración de las sustancias activas
existentes y de los tipos de producto para los que al menos ha sido aceptada por la Comisión una notificación conforme al
artículo 4, apartado 2, del Reglamento nº 1896/2000 o para los que un Estado miembro ha manifestado interés con arreglo al
artículo 5, apartado 3, de ese Reglamento.

54
En lo que atañe a las 18 sustancias activas producidas y comercializadas por la demandante, el anexo II menciona su número
«CE», su número «CAS» y precisa que han sido notificadas para el tipo de producto 18, y en lo que se refiere a la permetrina,
para el tipo de producto 8.

55
El anexo II constituye pues una simple enunciación de hechos, que no impone por sí misma ninguna obligación a la demandante.
Merece también observarse que en la comparecencia la demandante no dio ninguna explicación que pueda demostrar que la suspensión
de la ejecución del anexo II podría modificar su situación. Así pues, nada permite concluir que la suspensión de la ejecución
de ese anexo sería de utilidad alguna para la demandante.

56
Dado que la demandante no ha justificado interés alguno en obtener como medida provisional la suspensión de la ejecución del
anexo II del Reglamento nº 2032/2003, ha de desestimarse la demanda de suspensión de la ejecución de ese anexo.

57
De lo anterior resulta que la presente demanda de medidas provisionales debe ser desestimada, sin que sea preciso examinar
si concurren los demás requisitos para obtener la suspensión de la ejecución y las medidas provisionales solicitadas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
resuelve:****1)
:   Desestimar la demanda de medidas provisionales.**

**2)
:   Reservar la decisión sobre las costas.****Dictado en Luxemburgo, a 2 de julio de 2004.

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| El Secretario | El Presidente |

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| H. Jung | B. Vesterdorf |

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[1](#Footref1) –
:   Lengua de procedimiento: inglés.

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