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# 52014DC0123

**REVISIÓN ANUAL de los informes anuales de actividades de los Estados miembros sobre créditos a la exportación, de conformidad con el punto 3 del anexo I del Reglamento (UE) nº 1233/2011 /\* COM/2014/0123 final \*/**

  

REVISIÓN ANUAL

de los informes anuales de actividades de los
Estados miembros sobre créditos
a la exportación, de conformidad con el punto 3 del anexo I
del Reglamento (UE) nº 1233/2011

1.
Introducción

El Reglamento (UE)
nº 1233/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de
2011, relativo a la aplicación de determinadas directrices en materia de
créditos a la exportación con apoyo oficial, y por el que se derogan las
Decisiones 2001/76/CE y 2001/77/CE del Consejo[1],
dispone en su anexo I que cada Estado miembro debe presentar a la Comisión
un informe anual de actividades con el fin de aumentar la transparencia a
escala de la Unión. La Comisión debe preparar una revisión anual para el
Parlamento Europeo sobre la base de esta información.

La presente
revisión anual se refiere al año civil 2012. Este ejercicio abarca las
actividades de crédito a la exportación en el sentido del Reglamento (UE)
nº 1233/2011, a saber, las operaciones a «medio y largo plazo» con un
período de reembolso de dos años o más. La presente revisión no abarca las
operaciones de crédito a la exportación a corto plazo[2] ni las actividades de
algunas agencias de crédito a la exportación (ACE) fuera del ámbito de los
créditos a la exportación (como los seguros de inversiones). Cabe señalar
también que, en el caso de algunos Estados miembros, la función de la ACE la
realiza una compañía de seguros con un mandato público. En tales casos, la
gestión del programa público de crédito a la exportación está estrictamente separada
de las actividades del sector privado (evidentemente, estas últimas no están
incluidas en la presente revisión).

2. Informes
anuales de actividades recibidos para el año civil 2012

Se han recibido
informes anuales de actividades de los Estados miembros siguientes: Bélgica,
Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia,
Luxemburgo, Hungría, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía,
Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.

Estonia, Irlanda,
Grecia, Chipre, Letonia, Lituania y Malta no tenían programas de crédito a la
exportación activos en el sentido del Reglamento (CE) nº 1233/2011 durante
el año de notificación.

Croacia se adhirió
a la Unión Europea el 1 de julio de 2013.

Los Estados
miembros han utilizado plantillas de notificación (formato «lista de control»)
similares a las utilizadas en el ejercicio de notificación anterior. Si bien
algunos Estados miembros han decidido vincular su informe anual de actividades
a los informes anuales nacionales publicados para el mismo período, otros han
optado por describir sus actividades in extenso directamente en la
plantilla de notificación.

3. Análisis
de los informes anuales de actividades

a)
Información general y financiera

El marco regulador
aplicable [Reglamento (UE) nº 1233/2011] se centra en las normas relativas
a las operaciones y los programas de crédito a la exportación, pero deja a la
discreción de cada Estado miembro la decisión de aplicar o no un programa de
crédito a la exportación y, en caso de aplicarlo, cómo organizar su ACE.

En algunos Estados
miembros, la ACE es un organismo o un servicio de la administración pública. En
otros, una compañía de seguros con mandato público asume esa función bajo
supervisión de la administración pública. No es inhabitual que los Estados
miembros que ofrecen distintas categorías de apoyo al crédito a la exportación
tengan más de una ACE (por ejemplo, un organismo que preste apoyo oficial en
forma de garantía o una «simple cobertura» en forma de seguro y un segundo
organismo que ofrezca una forma de ayuda basada en el tipo de interés). La
situación no ha cambiado fundamentalmente en comparación con el año de
notificación anterior: en 2012, veinte Estados miembros de la UE aplicaban
programas de crédito a la exportación en el sentido del Reglamento (UE)
nº 1233/2011, y dichos programas estaban gestionados por un total de
veintisiete organismos y servicios de la administración pública diferentes. En
el caso de la agencia italiana de crédito a la exportación SACE, la propiedad
ha pasado del Ministerio de Economía y Finanzas a la Cassa Depositi e Prestiti
(CDP). Ahora, la CDP es también accionista mayoritario de SIMEST, la otra ACE
italiana. Tanto SACE como SIMEST continúan con su mandato de crédito a la exportación
dentro de la nueva estructura de participación.

Tal como se indicó
en la última revisión anual, tradicionalmente la categoría de apoyo al crédito
a la exportación más común ofrecida por las ACE europeas es la «simple
cobertura» (la operación de exportación en cuestión es financiada en realidad
por un crédito de un banco comercial para el que la ACE aporta una garantía o
una cobertura en forma de seguro), aunque algunos Estados miembros han ofrecido
también «apoyo financiero oficial» (por ejemplo, sistemas de apoyo basados en
los tipos de interés). Como consecuencia de la crisis financiera mundial de
2008 y 2009 y la crisis de la zona del euro, en los últimos años se ha hecho
más difícil obtener suficiente liquidez de los bancos comerciales. Este problema
ha sido ampliamente debatido por la comunidad internacional del crédito a la
exportación (por ejemplo, en la OCDE). No todos los Estados miembros de la UE
se ven afectados de la misma forma, pero muchos han desarrollado nuevos
instrumentos en los últimos años para paliar estos problemas. En el año de
notificación 2012, además de sus sistemas de apoyo tradicionales basados en la
simple cobertura y los tipos de interés, España puso en marcha un programa de
financiación directa[3].
El Reino Unido desarrolló un sistema de préstamos directos durante el período
de notificación, que empezó a funcionar en septiembre de 2013. Otra solución
puede consistir en instrumentos como la «garantía mejorada» (Garantie
rehaussée) introducida por Francia (este instrumento cubre específicamente
a instituciones que refinancian bancos garantes de créditos a la exportación
contra la suspensión de pagos). Bélgica ha creado la «garantía de financiación
a la exportación» (que también permite la concesión de garantías para terceros
inversores que refinancian créditos a la exportación).

Las
secciones II y IV de la plantilla de notificación utilizada para los
informes anuales de actividades, así como los informes anuales a los que hacen
referencia explícita varios Estados miembros, contienen información detallada
al respecto.

Los informes
anuales de actividades ofrecen información financiera pertinente sobre los
programas de crédito a la exportación en 2012. Cabe destacar, no obstante, que
según el Reglamento (UE) nº 1233/2011, esta notificación debe hacerse con
arreglo a los marcos legislativos nacionales respectivos de los Estados
miembros. Ello da lugar a algunas diferencias de presentación. Dicho lo cual,
la Comisión no tiene observaciones específicas sobre los aspectos financieros
de los informes anuales de actividades[4].

Los informes
anuales de actividades de cuatro Estados miembros (República Checa, Eslovaquia,
Finlandia y el Reino Unido) mencionan pasivos contingentes en referencia al
punto 1, última frase, del anexo I del Reglamento (UE)
nº 1233/2011[5].

b)
Tratamiento de los «riesgos medioambientales, que pueden acarrear otros riesgos
pertinentes»

El punto 2 del
anexo I del Reglamento (UE) nº 1233/2011 dice lo siguiente: «En el informe
anual de actividades, los Estados miembros describirán la forma en que los
riesgos medioambientales, que pueden acarrear otros riesgos pertinentes, se
tienen en cuenta en las actividades de créditos a la exportación con apoyo
oficial de sus ACE».

Todos los Estados
miembros hacen referencia explícita a esta disposición en sus informes anuales
de actividades. Todos ellos declaran examinar las solicitudes de cobertura de
los créditos a la exportación también desde el punto de vista medioambiental.
Al referirse al punto 2 del anexo I (que solo menciona explícitamente
los riesgos medioambientales), algunos Estados miembros[6] mencionan asimismo de
forma explícita los efectos sociales, y unos pocos hacen referencia también a
los derechos humanos[7],
las normas laborales fundamentales[8],
la lucha contra la corrupción[9]
y el impacto general sobre el desarrollo[10].
Finlandia ha actualizado recientemente su política sobre las revisiones de
proyectos y ofrece una explicación detallada en esta sección del informe anual
de actividades.

Los procesos de
evaluación medioambiental suelen dar lugar a una decisión de denegación o de
concesión efectiva del apoyo al crédito a la exportación[11]. Muchos Estados
miembros hacen referencia a los procedimientos que figuran en la Recomendación
de la OCDE sobre los enfoques comunes en materia de créditos a la exportación
con apoyo oficial y el deber de diligencia medioambiental y social (los
«enfoques comunes»)[12].

c)
Observancia de las ACE respecto de los objetivos y las obligaciones de la Unión

En el punto 3
del anexo I se pide a la Comisión que evalúe en su revisión anual «la
observancia de las ACE respecto de los objetivos y las obligaciones de la
Unión».

i) Observancia
de las obligaciones con arreglo al Derecho internacional y el Derecho de la UE
sobre competencia

No se han producido
diferencias en el marco de la OMC en relación con los programas europeos de
crédito a la exportación.

En 2012 la Comisión
no ha recibido ninguna queja relativa a posibles incumplimientos de la
legislación de la UE en relación con las agencias de crédito a la exportación.

ii) Observancia
de los objetivos de la Unión

El Tratado de la
Unión Europea (TUE) enumera los objetivos generales de la Unión en su
artículo 3 y los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión
en su artículo 21.

Por lo que respecta
a la política comercial común de la UE, la referencia a los principios y
objetivos de la acción exterior de la Unión se hace en el artículo 206 y
en el párrafo primero del artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, que dicen lo siguiente:

Artículo 206

Mediante el establecimiento de una unión aduanera de conformidad con
los artículos 28 a 32, la Unión contribuirá, en el interés común, al desarrollo
armonioso del comercio mundial, a la supresión progresiva de las restricciones
a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras directas,
así como a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo.

Artículo 207

La política comercial común se basará en principios
uniformes, en particular por lo que se refiere a las modificaciones
arancelarias, la celebración de acuerdos arancelarios y comerciales relativos a
los intercambios de mercancías y de servicios, y los aspectos comerciales de la
propiedad intelectual e industrial, las inversiones extranjeras directas, la
uniformización de las medidas de liberalización, la política de exportación,
así como las medidas de protección comercial, entre ellas las que deban
adoptarse en caso de dumping y subvenciones. La política comercial común se
llevará a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior
de la Unión.

En ninguno de estos
dos artículos se mencionan específicamente los créditos a la exportación. Estas
disposiciones son de naturaleza general y la medida en que pueden traducirse en
normas vinculantes que sean directamente pertinentes para la actividad de las
agencias públicas especializadas en ámbitos bastante técnicos, como los
créditos a la exportación, depende de disposiciones específicas.

La Comisión
considera, no obstante, que estas disposiciones del Tratado pueden servir de
base para evaluar las políticas aplicadas a las operaciones de crédito a la
exportación.

La información
reflejada en los informes anuales de actividades pone de manifiesto que los
Estados miembros en general aplican políticas en materia de créditos a la
exportación y el medio ambiente[13],
lucha contra la corrupción y prácticas sobre préstamos viables relacionadas con
los países de renta baja. Las tres recomendaciones pertinentes de la OCDE[14] (Recomendación de la
OCDE sobre corrupción y créditos a la exportación con apoyo oficial;
Recomendación de la OCDE sobre los enfoques comunes en materia de créditos a la
exportación con apoyo oficial y el deber de diligencia medioambiental y social;
y Principios y directrices para promover prácticas sostenibles en los créditos
a la exportación con apoyo oficial concedidos a países de renta baja)
desempeñan un papel importante, pero no exclusivo. Las aplican incluso, o en
principio tienen previsto aplicarlas, los Estados miembros que no son miembros
de la OCDE. Muchos Estados miembros afirman en sus informes que, por ejemplo,
la aplicación que hacen de los «enfoques comunes» va más allá del alcance
definido por la OCDE, o que sus respectivas legislaciones o prácticas nacionales
son, en sustancia, más ambiciosas que las recomendaciones de la OCDE[15]. En algunos casos, las
propias ACE en cuestión han desarrollado instrumentos pertinentes (por ejemplo,
una política sobre responsabilidad social de las empresas o un código ético)[16].

Los derechos
humanos desempeñan un papel importante en las políticas de crédito a la
exportación de muchos Estados miembros: el nuevo interés por los derechos
humanos expresado en la nueva versión de los «enfoques comunes» adoptada por la
OCDE en 2012 es, en general, muy apreciado. Varios Estados miembros informan de
que apoyan activamente el trabajo de la OCDE sobre la aplicación práctica de
esta nueva dimensión de los derechos humanos en los enfoques comunes[17] o destacan que aplican
consideraciones relativas a los derechos humanos con independencia del alcance
de los enfoques comunes[18].

Las políticas de
los Estados miembros relacionadas con actividades de crédito a la exportación
no se limitan a los cuatro ámbitos de actuación ya mencionados, sino que incluyen
también la transparencia (política de apertura y confidencialidad), el diálogo
con la sociedad civil, la contribución al desarrollo sostenible, la
responsabilidad social de las empresas (ya sea en forma de política en materia
de responsabilidad social de las empresas para la propia ACE o fomentando los
esfuerzos de los exportadores en este ámbito) y la promoción del respeto de las
Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales y las normas de
trabajo fundamentales expresadas en instrumentos básicos de la OIT.

En resumen, la
Comisión toma nota de que todos los Estados miembros han desarrollado políticas
de acompañamiento de la gestión de sus programas de crédito a la exportación en
consonancia con los objetivos de la UE. Las recomendaciones políticas
elaboradas en la OCDE —la única organización internacional que ha elaborado
normas especializadas sobre créditos a la exportación— son de uso común, pero
las actividades pertinentes de los Estados miembros van claramente más allá.

Por ejemplo, el
informe anual de actividades de Finlandia menciona entre sus principios
medioambientales el apoyo a los esfuerzos internacionales encaminados a
conseguir un conjunto común de normas para las ACE en asuntos medioambientales,
con el fin de facilitar la igualdad de oportunidades de competencia en este
ámbito para los exportadores de países diferentes. En opinión de la Comisión,
esta posición tiene de por sí —más allá del ámbito medioambiental— mucho
mérito: La competencia internacional entre los exportadores debe basarse en la
calidad y el precio de los productos o los servicios en cuestión y no en las
condiciones del paquete de financiación del crédito a la exportación ni en el
contenido de las políticas aplicadas a los créditos a la exportación.

En general, sería
también aconsejable utilizar el trabajo de las instituciones de vigilancia
internacionales (incluidas las Naciones Unidas) como orientación para el
desarrollo de nuevas políticas.

Es difícil
establecer una referencia precisa para medir el «cumplimiento» de la
legislación de la UE. Dicho esto, la Comisión ve una clara disposición general
de los Estados miembros a aplicar políticas a sus programas de crédito a la
exportación cuyos objetivos están en consonancia con la redacción general de
los artículos 3 y 21 del TUE. En opinión de la Comisión Europea, dicha
disposición se observa, en particular, respecto a los objetivos siguientes: establecer
un mercado interior (artículo 3, apartado 3; tal como se ha indicado, todos
los programas de crédito a la exportación deben ser compatibles con la
legislación aplicable) y —a nivel internacional— afirmar y promover el
comercio libre y justo (artículo 3, apartado 5), consolidar y respaldar
los derechos humanos [artículo 21, apartado 2, letra b)], fomentar la integración
de todos los países en la economía mundial [artículo 21, apartado 2, letra
e)] y contribuir a elaborar medidas internacionales de protección y mejora
de la calidad del medio ambiente y de la gestión sostenible de los recursos
naturales mundiales, para lograr el desarrollo sostenible [artículo 21,
apartado 2, letra f)].

La Comisión ha
tomado nota de la Resolución adoptada en julio de 2013 por el Parlamento
Europeo sobre el primer ejercicio de notificación con arreglo al Reglamento
(UE) nº 1233/2011. Obviamente, habría sido difícil aplicar el contenido de
dicha Resolución con carácter retroactivo al ejercicio de notificación de 2012
(el plazo de presentación de los informes anuales de actividades de los Estados
miembros concluía a finales de julio de 2013). Desde entonces, la Comisión ha
llamado la atención de los Estados miembros sobre esta Resolución de cara a
futuros ejercicios de notificación

[1]               DO L 326 de 8.12.2011, p. 45.

[2]               Esas operaciones están sujetas a la Comunicación de la
Comisión con arreglo al apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE por la que se
aplican los artículos 92 y 93 del Tratado al seguro de crédito a la exportación
a corto plazo.

[3]               Los «préstamos directos» constituyen una categoría de
crédito a la exportación en la que la financiación procede directamente de una
ACE y no de un banco comercial.

[4]               Según el anexo I, punto 1, el presente proceso
de notificación se lleva a cabo sin perjuicio de las prerrogativas de las
instituciones de los Estados miembros que supervisan los programas nacionales
de crédito a la exportación.

[5]               Sus declaraciones con respecto a la mencionada frase del
Reglamento («Cuando puedan surgir pasivos contingentes de las actividades de
crédito a la exportación con apoyo oficial, dichas actividades se incluirán
como parte del informe anual de actividades») son las siguientes: República
Checa: Garantías bancarias emitidas en CZK: 2 168 millones
(aproximadamente 86,2 millones EUR) notificados en el total de compromisos
fuera del balance Finlandia: A. Garantías de créditos a la exportación:
el Estado finlandés cubre el posible déficit. B. Financiación del crédito a la
exportación: el Estado finlandés cubre el déficit y garantiza la financiación.
C. Sistema de igualación de intereses: responsabilidad del Estado finlandés. Eslovaquia:
Garantías bancarias emitidas en millones EUR notificadas en el total de
compromisos fuera del balance (a 1 de enero de 2012: 90,39 millones EUR, a 31
de diciembre de 2012: 47,69 millones EUR). Reino Unido: (remite a su
Informe y Balance Anual, cuya página 140 contiene una sección entera con
información sobre los pasivos contingentes de los ejercicios presupuestarios
que finalizan el 31 de marzo de 2012 y el 31 de marzo de 2013) e indica como
total para el 31 de marzo de 2013: 17 600 millones GBP antes del
reaseguro y 12 200 millones GBP netos después del reaseguro.

[6]               Por ejemplo, Bélgica, la República Checa, Dinamarca,
Alemania, Francia, los Países Bajos, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia.

[7]               Finlandia y Suecia.

[8]               Los Países Bajos y Finlandia.

[9]               Por ejemplo, Dinamarca, los Países Bajos, Finlandia y
Suecia.

[10]             Bélgica, Alemania y Finlandia.

[11]             La ayuda puede estar vinculada a determinadas condiciones,
generalmente relacionadas con la aplicación de medidas paliativas y de
cumplimiento de las normas. Esta ayuda condicional exige que la evaluación
global del impacto del proyecto se considere «aceptable». Bélgica, Dinamarca,
España, Italia, Luxemburgo, Hungría, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia
hacen referencia explícita a la cobertura condicional en sus informes. El
concepto también se refleja en la Recomendación de la OCDE sobre los enfoques
comunes en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial y el deber de
diligencia medioambiental y social.

[12]             Por ejemplo, España, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos,
Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y el Reino Unido.

[13]             A propósito de las políticas medioambientales, véase el
punto 3, letra b).

[14]             Según la OCDE, las recomendaciones no son jurídicamente
vinculantes, pero la práctica les otorga gran fuerza moral, ya que reflejan la
voluntad política de los países miembros y se espera que estos hagan todo lo
posible por aplicarlas plenamente. En consecuencia, los países miembros que no
tienen intención de aplicar una recomendación suelen abstenerse en el momento
de su adopción.

[15]             Por ejemplo, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Alemania,
Francia, Austria y Finlandia. Los Países Bajos y Suecia.

[16]             Por ejemplo, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Eslovenia y
Suecia.

[17]             Por ejemplo, Italia.

[18]             Por ejemplo, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia, los
Países Bajos, Austria y Suecia. Suecia incluso aplica, además del control
general de las operaciones, un sistema de evaluación adicional de las
operaciones que intrínsecamente conllevan riesgos para los derechos humanos /
las operaciones en países/sectores de alto riesgo.

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