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# 52004DC0220

**Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relaciones sobre los objetivos de la Comisión, en el contexto de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, en lo que respecta a la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que se celebrará en Guadalajara (México) el 28 de mayo de 2004 /\* COM/2004/0220 final \*/**

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre los objetivos de la Comisión, en el contexto de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, en lo que respecta a la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que se celebrará en Guadalajara (México) el 28 de mayo de 2004

1. RELACIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LATINOAMÉRICA

La presente Comunicación recoge los objetivos de la Comisión, en el contexto de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, en lo que respecta a la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que se celebrará en Guadalajara (México) el 28 de mayo de 2004. Además, contiene referencias específicas a los países del Caribe, cuya participación en la Cumbre se considera de suma importancia para el fortalecimiento de la asociación birregional.

La Cumbre de Guadalajara será la primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en la que la Unión Europea ampliada y los países de América Latina tendrán la oportunidad de analizar el estado actual de sus relaciones birregionales.

Estas relaciones, que pretenden contribuir a la paz, la estabilidad política y el desarrollo económico de la región, revisten la mayor importancia para la Unión Europea.

La estabilidad política y social de América Latina es vital para la seguridad y la paz mundiales. La Unión Europea coadyuva a la generación y consolidación de la estabilidad estructural de América Latina a través del diálogo político, la cooperación y las relaciones económicas.

La Unión Europea tiene interés en desarrollar una asociación política con América Latina que promueva la gobernanza en el ámbito mundial y potencie el multilateralismo. Asimismo, está interesada en intensificar el diálogo con la región en lo que atañe a los asuntos esenciales debatidos en los principales actos y reuniones de la ONU. La profunda vocación multilateralista de América Latina se vio corroborada en la última cumbre de Presidentes del Grupo de Río, celebrada en Cuzco (Perú) y en la que se destacó la necesidad de «reactivar las iniciativas para reformar y actualizar el sistema de Naciones Unidas, en especial en materia de seguridad colectiva».

La Unión Europea, segundo socio comercial en importancia de América Latina, ha ido reforzando gradualmente sus vínculos económicos y comerciales con esa región, de tal modo que el intercambio comercial se ha más que duplicado en el período de 1990 a 2002. El valor de las importaciones de la Unión Europea procedentes de América Latina pasó de 26.700 a 53.700 millones de euros, y el de las exportaciones a la región de 17.100 a 57.500 millones de euros [1]. Esta evolución favorable se acentuará con la ampliación de la Unión Europea, que, a partir del 1 de mayo de 2004, constituirá un mercado integrado de 455 millones de habitantes. La Unión Europea se convertirá en el mayor mercado del mundo, lo que ofrece a los países de América Latina enormes posibilidades de venta de sus productos a una gama más extensa de consumidores.

[1] Estas cifras incluyen la Comunidad Andina, la región del Caribe, Centroamérica, Chile, Cuba, la República Dominicana, Haití, Mercosur y México.

La Unión Europea es también la fuente más importante de inversión directa del exterior (IDE) en América Latina. El flujo inversor europeo hacia América Latina alcanzó su punto álgido en 2000 y, desde entonces, ha venido disminuyendo. No obstante, el capital total europeo invertido en América Latina pasó de 176.500 millones de euros en 2000 a 206.100 millones de euros en 2002 [2].

[2] Estas cifras incluyen la Comunidad Andina, la región del Caribe, Centroamérica, Chile, Cuba, la República Dominicana, Haití, Mercosur y México.

Por último, cabe reseñar que la Unión Europea es el mayor donante de ayuda al desarrollo de América Latina. Además de las contribuciones de los Estados miembros, el presupuesto que la Comunidad Europea ha destinado a América Latina desde 1996 asciende a más de 500 millones de euros [3] anuales. Además, entre 2000 y 2003, el Banco Europeo de Inversiones invirtió 1.104 millones de euros en forma de préstamos destinados a proyectos de interés común para los países de la Unión Europea y América Latina.

[3] Estas cifras incluyen la Comunidad Andina, la región del Caribe, Centroamérica, Chile, Cuba, Mercosur y México

2. CUMBRES DE RÍO DE JANEIRO Y MADRID

Río de Janeiro

La primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea se celebró en Río de Janeiro los días 28 y 29 de junio de 1999.

Esta cumbre nacía de la voluntad política de intensificar las relaciones birregionales, y su objetivo era incrementar el entendimiento político, económico y cultural entre las dos regiones, con el propósito de construir una asociación estratégica.

Las tres dimensiones estratégicas de esta asociación son: un diálogo político fructífero, basado en el respeto del Derecho internacional y en la marcada vocación multilateral de ambas regiones; unas relaciones económicas y financieras sólidas, basadas en la liberalización extensa y equilibrada del comercio y los movimientos de capitales; y una cooperación más dinámica y creativa en los ámbitos educativo, científico, tecnológico, cultural, humano y social.

Se trata de una asociación que parte de valores y objetivos compartidos, y busca contribuir al impulso de objetivos comunes, como son el fortalecimiento de una democracia representativa y participativa y las libertades individuales, el imperio de la ley, la buena gobernanza, el pluralismo, la paz y la seguridad internacionales, la estabilidad política y la confianza entre las naciones.

Madrid

El 17 de mayo de 2002, tres años después de la Cumbre de Río de Janeiro, se celebró en Madrid la segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Esta cumbre consolidó el proceso iniciado en Río de Janeiro y ratificó el compromiso de ambas regiones de cara al desarrollo de la asociación estratégica birregional.

La decisión de emprender un diálogo político más eficaz, con el objeto de acercar más las posturas de ambas regiones en relación con asuntos de ámbito internacional, pone de relieve la dimensión estratégica de esta asociación. En la Cumbre de Madrid se fijaron nuevas formas de diálogo y de consulta, tales como reuniones periódicas de los Jefes de Misión en Nueva York, Ginebra y Viena.

Las conclusiones aprobadas en la Cumbre reflejan la coincidencia entre las dos regiones en temas tales como la seguridad, el desarme, el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada y la erradicación de las armas pequeñas.

Un resultado especialmente importante del encuentro de Madrid fue el Acuerdo de asociación con Chile, celebrado durante la Cumbre.

Los Jefes de Estado y de Gobierno destacaron también los progresos realizados en las negociaciones con Mercosur y decidieron convocar una reunión ministerial que diera un nuevo impulso a las mismas.

Uno de los temas más importantes abordados en la Cumbre fue el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y los países de la Comunidad Andina y Centroamérica. La Declaración de la Cumbre de Madrid otorgó un mandato político para la negociación de Acuerdos de diálogo político y de cooperación con estas dos regiones. El encuentro de Madrid abrió también la perspectiva de negociación de Acuerdos de asociación, incluidas zonas de libre comercio. A este respecto, se fijaron dos requisitos previos: la culminación del Programa de Doha para el Desarrollo y el logro de un grado suficiente de integración regional. En cuanto al cumplimiento de este último requisito, los acuerdos políticos y de cooperación tenían por objeto reforzar el apoyo de la UE de cara al logro de una mayor integración regional

La Cumbre vino también a confirmar el gran interés de ambas partes por intensificar la cooperación birregional. En este sentido, los Jefes de Estado y de Gobierno destacaron la importancia de los programas @LIS y ALBAN, que persiguen intensificar los vínculos entre la Unión Europea y América Latina en los ámbitos de la sociedad de la información y la educación superior.

Acciones derivadas de la Cumbre de Madrid

En Guadalajara, ambas regiones informarán sobre los progresos realizados y las medidas adoptadas, tras la Cumbre de Madrid, en el contexto de las relaciones UE-América Latina. Cabe subrayar un notable avance en el cumplimiento de los compromisos de Madrid.

La Unión Europea y Chile firmaron un Acuerdo de asociación en noviembre de 2002.

Asimismo, la Unión Europea concluyó la negociación de Acuerdos de diálogo político y de cooperación con Centroamérica y la Comunidad Andina, firmados por las partes en Roma en diciembre de 2003.

En cuanto a las negociaciones UE-Mercosur, tuvieron lugar dos reuniones ministeriales y varias rondas de negociación. En las reuniones ministeriales se acordó un programa de trabajo que permite prever la culminación de las negociaciones a finales de este año, si las circunstancias en que se desenvuelva la Cumbre son favorables.

En materia de cooperación, cabe subrayar que desde el lanzamiento del programa de becas ALBAN, en la Cumbre de Madrid, se han concedido un total de 251 becas a estudiantes latinoamericanos de tercer ciclo. Además, al amparo del programa de fomento de las tecnologías de la información, en octubre de 2003 se pusieron en marcha 19 proyectos de demostración, con la participación de 103 organizaciones de la Unión Europea y 109 de América Latina.

Se han emprendido nuevas iniciativas a escala regional y subregional.

A escala subregional, la cooperación de la UE se ha centrado fundamentalmente en el apoyo a la integración regional. A este respecto, cabe citar un proyecto de «Armonización de las normas y reglamentaciones técnicas, y los procedimientos de evaluación de la conformidad», cuyo objetivo es facilitar la libre circulación de bienes entre los países miembros de Mercosur, y entre éste y la Unión Europea; un programa de asistencia técnica en el ámbito del comercio, cuya finalidad es respaldar el proceso de creación del Mercado Común Andino; y un programa de apoyo a la integración centroamericana, cuyo objetivo específico es incrementar la capacidad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la sociedad civil para consolidar y reforzar el proceso de integración y cooperación.

En el ámbito regional, la Comisión decidió contribuir al Programa para el Desarrollo Democrático en América Latina (PRODDAL), que se inscribe en el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). La Comisión ha aprobado también un programa para la creación del Observatorio de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina: una red de organismos europeos y latinoamericanos cuyo propósito es lograr una mejor comprensión de los problemas regionales y sectoriales que afectan a dichas relaciones. La Comisión creó un espacio Web destinado a presentar y difundir los proyectos birregionales desarrollados conjuntamente por la UE y América Latina y el Caribe.

Por otra parte, conforme a la decisión adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Madrid, se organizó en Quito un seminario birregional orientado a realizar un análisis integrado de los diferentes problemas que plantean las corrientes migratorias entre las dos regiones.

La sociedad civil ha contribuido también considerablemente al fortalecimiento de las relaciones birregionales, gracias a una intensificación de los vínculos entre las organizaciones de la sociedad civil de ambas regiones y a las opiniones vertidas en la Cumbre por los representantes de dicha sociedad en relación con los aspectos más destacados de dichas relaciones.

3. PRIORIDADES DE LA COMISIÓN EN LA CUMBRE DE GUADALAJARA

La Cumbre de Guadalajara tendrá lugar en un clima económico más favorable que el de la Cumbre de Madrid en 2002, año en el que América Latina registró un crecimiento negativo (-0,4%). Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEALC), órgano de la ONU, en 2003 América Latina experimentó un crecimiento de un 1,5% y un incremento de las exportaciones de un 8%, la inflación pasó del 12,2% registrado en 2002 al 8,5% y, por primera vez en 50 años, la balanza por cuenta corriente del conjunto de América Latina arrojó superávit (0,4% del PIB).

En 2004, se prevé un crecimiento económico regional de un 3,5%, lo que pondrá fin al precedente período de seis años de «pérdidas» y abrirá gradualmente un ciclo expansionista. Por primera vez desde 1997, no se prevé un crecimiento económico negativo para ningún país de América Latina.

Ahora bien, estas cifras no dejan lugar a la complacencia. El crecimiento de 2003 fue modesto, si se compara con el crecimiento de otras regiones, como el sudeste asiático, que experimentaron un crecimiento de un 6,1% en ese mismo periodo. Al mismo tiempo, la imagen que proyecta la recuperación es desigual: así, el sólido crecimiento de Argentina y Costa Rica, por ejemplo, contrasta con el crecimiento menos acentuado de Brasil y México.

El resurgimiento de las tensiones sociales en diversos países de la región de América Latina y el aumento del número de personas que viven en condiciones de pobreza, arrojan algunas sombras sobre las posibilidades de consolidación de la tendencia de recuperación en los próximos años.

Existen, además, otros motivos de inquietud, como la creciente inestabilidad política de la región andina. Tras la crisis de octubre de 2003 y la dimisión del ex presidente Sánchez de Lozada, Bolivia atraviesa una situación crítica; la sociedad venezolana sigue amargamente dividida entre los fervientes seguidores del Presidente Chávez y quienes desean verlo fuera del poder; en Ecuador, el Presidente Gutiérrez perdió el apoyo del poderoso movimiento indígena del país; y Colombia sigue inmersa en la guerra contra las fuerzas guerrilleras y grupos paramilitares, financiados mediante extorsión, secuestros y dinero procedente del narcotráfico y que a menudo no se distinguen de los narcotraficantes.

Las economías de Centroamérica han registrado en general mejores resultados que las del resto de América Latina. Sin embargo, el desarrollo de la democracia se ve obstaculizado por la violencia delictiva y la corrupción.

En la Cumbre de Madrid, se subrayó que la prioridad fundamental de ambas regiones es potenciar el sistema multilateral, atendiendo a los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho internacional. A este respecto, es preciso destacar la importancia de la OMC en su calidad de foro principal de impulso de la liberalización del comercio y establecimiento de los necesarios principios y normas básicas reguladores del sistema de comercio internacional.

La eliminación de barreras comerciales, gracias a disposiciones multilaterales más rigurosas y transparentes, permite que todos puedan beneficiarse de las ventajas comparativas de sus respectivas economías, favorece la integración competitiva en el comercio mundial y reduce el margen posible de proteccionismo. El Programa de Doha para el desarrollo (PDD), lanzado en 2001, beneficiará a todos los miembros de la OMC, pues incrementará el comercio internacional y el crecimiento económico. Esta nueva ronda de negociaciones favorecerá la integración de los países en desarrollo en la economía mundial, por ejemplo, mediante disposiciones de trato especial y diferencial, atendiendo a las prioridades e inquietudes de los ciudadanos e impulsando un desarrollo sostenible. Ambas regiones han apoyado la decisión de relanzar las negociaciones del PDD, adoptada en diciembre de 2003 tras el retroceso que supuso la reunión ministerial de Cancún (septiembre de 2003). Según se desprende de su Comunicación «Reviving the DDA - an EU perspective» (Relanzamiento de las negociaciones del PDD: óptica de la UE), ratificada en diciembre de 2003, y de acuerdo con declaraciones recientes de los Gobiernos de América Latina, la Comisión confía en que la Cumbre de Guadalajara dé un nuevo impulso político a las actuales negociaciones, de modo que, antes del verano, puedan cosecharse importantes frutos.

Cohesión social

Con arreglo a la CEALC, el número de personas que viven en condiciones de pobreza en América Latina alcanzó la cifra de 227 millones en 2003, esto es, el 44,4% de la población [4]. Este porcentaje es más elevado que el registrado en Europa Oriental, Oriente Medio y el Norte de África, pese a que el PIB per cápita de América Latina es mayor que el de esas regiones.

[4] «Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2003»

La inestabilidad política y las tensiones sociales están indisolublemente unidas y, en parte, se deben a las acusadas desigualdades, la extrema pobreza y marginación que existen en América Latina. La desigualdad, pobreza y marginación debilitan la democracia y constituyen un riesgo para la paz y la estabilidad. La marginación económica genera marginación política, y viceversa. La desigualdad provoca malestar y descontento social, pues pone en duda la justicia social.

Las tensiones sociales y la situación económica están también estrechamente relacionadas, ya que toda incertidumbre incide negativamente en el comportamiento de los mercados financieros y los inversores.

La resolución de estos problemas, con el objetivo de incrementar la cohesión social, constituye una prioridad fundamental de América Latina, que no puede ya aplazar la adopción de medidas drásticas de política social y fiscal que den respuesta a los signos de malestar profundo que muestra una parte importante de la población.

La Comisión confía en que en la Cumbre de Guadalajara se adopten decisiones concretas en el ámbito de la cohesión social. En el apartado 4 de la presente Comunicación se aborda más en detalle este tema.

Integración regional

A fin de aprovechar al máximo las favorables perspectivas detectadas por la ECLAC, es preciso lograr una mayor integración económica entre los países de la región.

El déficit de integración económica de América Latina queda patente si se observa la proporción del comercio intrarregional sobre el total del comercio. En el caso de América Latina, esta proporción es de un 15,4%, mientras que en Norteamérica es de un 40,3%, en Asia de un 48,9% y en Europa occidental un 67,3%.

Este déficit de integración regional efectiva constituye un serio obstáculo al desarrollo de la región. Más en concreto, si América Latina desea atraer más inversión directa del exterior (en 2003, dicha inversión ascendió a 29.000 millones de dólares, importe menor que en 2002 y considerablemente inferior a la media de 38.000 millones de dólares registrada en el periodo de 1990-1992) e incrementar su capacidad de resistencia y respuesta ante las crisis externas, es imprescindible una mayor integración.

Igualmente, tal déficit se opone a la profundización de las relaciones UE-América Latina. La UE ha apoyado y sigue apoyando los procesos de integración regional de Mercosur, Centroamérica y la Comunidad Andina. Por lo que respecta a Centroamérica y la Comunidad Andina, la Declaración de Madrid establece, como uno de los requisitos básicos para la apertura de negociaciones sobre posibles Acuerdos de asociación, la necesidad de realizar avances en la integración regional. Estos avances son también necesarios de cara a una satisfactoria conclusión de las actuales negociaciones con Mercosur.

La Cumbre de Guadalajara debe enviar un mensaje claro sobre los progresos necesarios en el ámbito de la integración regional, y dar un nuevo impulso a los procesos subregionales de integración de América Latina. En el apartado 5 se examinan más en detalle estos temas.

4. COHESIÓN SOCIAL

En la década de los noventa, los países latinoamericanos iniciaron un proceso de reestructuración económica y reformas políticas, e hicieron importantes avances en el terreno de la democracia. Sin embargo, grandes capas de la población no disfrutan aún de las ventajas de la democracia y el desarrollo. La desigualdad, la pobreza y la marginación constituyen problemas comunes a todos los países de América Latina, que impiden el desarrollo económico y generan inestabilidad y descontento en toda la región.

Es urgente afrontar estos problemas en profundidad y lograr mayor estabilidad política y social en la región.

Desigualdades y marginación en América Latina

Según el Banco Interamericano de Desarrollo [5], América Latina ostenta de manera permanente las cifras más altas de desigualdad de todas las regiones del mundo. Los desequilibrios en la distribución de la renta son obvios si se comparan con otras regiones. El coeficiente Gini, que mide las desigualdades a través de la distribución de la renta, es más elevado en América Latina (0,51) que en el Sudeste Asiático (0,37) y Europa Oriental (0,29). A finales de los años 90, el 20% de las personas más ricas de la población recibía el 60% de la renta, mientras que el 20% más pobre recibía tan sólo el 3%.

[5] El Banco Interamericano de Desarrollo elaboró un documento informativo destinado al Seminario sobre la cohesión social en América Latina y el Caribe, celebrado por la UE y dicho Banco: "Inequality, exclusion and Poverty in Latin America and the Caribbean: Implications for Development" (Desigualdad, marginación y pobreza en América Latina y el Caribe: consecuencias para el desarrollo).

El problema de las desigualdades se ve agravado por la marginación social. Las poblaciones de la región socialmente marginadas, por razón de sexo, edad, raza, pertenencia étnica discapacidad, VIH/SIDA, condición de inmigrante u otros motivos de exclusión, comparten la pobreza, sufren múltiples desventajas acumuladas, estigmas y discriminación. Los grupos socialmente marginados carecen de voz e influencia en los procesos políticos de reformas estructurales.

Coste para la región

La desigualdad y la marginación tienen un elevado coste para la región. No sólo disminuyen el ritmo de reducción de la pobreza y obstaculizan un desarrollo sostenible, sino que propulsan la inestabilidad política y social.

Nuevamente según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, las grandes desigualdades de renta pueden traducirse en niveles más altos de pobreza, ya que los pobres obtienen una proporción menor de la renta total. Si la distribución de la renta en la región de América Latina y Caribe (ALC) se correspondiera con la que cabe esperar de una región con ese grado de desarrollo, el número de pobres se reduciría a la mitad. La reducción de las desigualdades puede mejorar la contribución del crecimiento económico a la reducción de la pobreza.

La desigualdad y la marginación social impiden a amplios sectores de la sociedad contribuir al crecimiento a través del consumo, el ahorro y la inversión. Esta situación pone límites a la expansión de los mercados internos. La desigualdad y la marginación reducen el crecimiento, pues limitan la posibilidad de que las personas y las regiones pobres aumenten su productividad y sus ingresos, y reducen la competencia, la competitividad en el ámbito internacional y el uso eficiente de los recursos.

La mejora de las perspectivas de crecimiento de América Latina exige aumentar la baja productividad de los trabajadores pobres y marginados, que en muchos países constituyen más de la mitad de la mano de obra. Así, por ejemplo, según cálculos aproximados de las repercusiones que el desarrollo de las posibilidades educativas y laborales de grupos marginales puede tener sobre el empleo, el PIB de Bolivia podría incrementarse en un 36%, el de Brasil en un 13% y el de Guatemala en un 14%.

La desigualdad y la marginación social se consideran, tanto en ALC como en otras regiones, conectadas a la agitación social y las amenazas a la seguridad pública, especialmente en países de gran diversidad étnica o racial. La falta de atención directa a los problemas de desigualdad y marginación social puede traducirse en inestabilidad social y política, y bajo crecimiento. La desigualdad y la marginación están estrechamente vinculadas, formando un círculo vicioso al que se agregan el aumento de la pobreza, la reducción del crecimiento y las crisis sociales y políticas.

Iniciativa de la Comisión

En la última reunión ministerial celebrada entre la UE y el Grupo de Río (Vouliagmeni, marzo de 2003), la Comisión propuso otorgar a la cohesión social un espacio central en las relaciones birregionales entre la UE y América Latina, así como en la Cumbre de Guadalajara. La Comisión anunció la organización de un seminario, entre la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo, dedicado a la cohesión social. Asimismo, anunció que tenía previsto aprobar un programa regional orientado a promover el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre ambas regiones.

En el contexto de la Cumbre de Guadalajara y en estrecha cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión propone que los Jefes de Estado y de Gobierno adopten decisiones concretas dirigidas a:

A. Alentar a los países de América Latina a aplicar políticas sólidas y eficaces que aumenten la cohesión social, a través de la reducción de la pobreza, las desigualdades y la marginación.

A este respecto, cabe considerar tres capítulos:

Gobernanza democrática

Con arreglo a la última encuesta del Latinobarómetro, sólo uno de cada cinco latinoamericanos confía en su sistema judicial, únicamente un 17% confía en su Parlamento o Congreso, y tan sólo un 11% confía en los partidos políticos. Se tiene la percepción de que la democracia no ha sabido facilitar el acceso a los bienes públicos, tales como la igualdad ante la ley. No es posible desarrollar sociedades integradas si grandes capas de la población se sienten excluidas del sistema político. Entre las medidas que deberían adoptar los Gobiernos de ALC, en este sentido, figuran la mejora del funcionamiento de los sistemas electorales, la garantía de independencia judicial, la mejora del funcionamiento de los partidos políticos y una mayor representatividad de éstos.

Política social

Según señala el Banco Interamericano de Desarrollo, en la última década se han hecho grandes progresos en el desarrollo de programas sociales. No obstante, las reformas sociales se han enfrentado a problemas de aplicación y no han logrado aumentar de forma significativa el acceso a servicios sanitarios, tales como el agua potable y la sanidad alimentaria, o de educación y vivienda de calidad para los pobres, de tal modo que, en la práctica, han sido muchos los excluidos.

Es urgente, por tanto, adoptar políticas sólidas y eficaces dirigidas a aumentar las posibilidades de acceso a servicios sanitarios, educación y vivienda de calidad, mejorar los sistemas de protección social y aplicar medidas de empleo tendentes a reducir la segregación y discriminación en los mercados de trabajo.

Es necesario que las políticas y programas sociales no se dirijan exclusivamente a lograr el acceso universal a los servicios, sino que incluyan entre sus objetivos la equidad e igualdad en la educación, la salud y la vivienda, especialmente en lo que atañe a los pobres y marginados. Las desigualdades se plantean no sólo entre quienes tienen acceso a los servicios y quienes no, sino también entre quienes tienen acceso a buenos servicios y quienes tan sólo disfrutan de servicios de escasa calidad.

Deben introducirse mejoras en la gestión de la política social y aumentar la eficacia y eficiencia del gasto público.

Finanzas públicas y política fiscal

Las desigualdades pronunciadas están estrechamente vinculadas a políticas fiscales injustas e ineficientes. La política fiscal adquiere especial importancia en los países ALC, por su potencial de cara al desarrollo de verdaderos sistemas de gobierno democrático que se dirijan también de manera efectiva a los pobres y desfavorecidos. La debilidad del Estado se considera una de las deficiencias más graves de la región y, sin embargo, el gasto público de esos países es bajo, en parte debido a la escasa capacidad institucional para hacer pagar los impuestos y la ineficaz recaudación fiscal. Frente a las economías industrializadas, los ingresos públicos de los países ALC se basan más en los impuestos sobre el valor añadido que en el impuesto sobre la renta y el patrimonio, lo que dificulta el desempeño de la función redistributiva que correspondería al sistema fiscal.

Los Gobiernos de los países ALC deben plantearse la introducción de reformas fiscales dirigidas a ampliar la base tributaria y, en particular, favorecer la equidad y permitir un nivel de gasto social adecuado.

B. Incitar a la comunidad internacional, incluidas las instituciones financieras internacionales, a apoyar las medidas más arriba mencionadas.

La cooperación internacional debe respaldar estos esfuerzos, si bien respetando el principio de responsabilidad, con arreglo al cual son los países afectados (sus Gobiernos y empresas, y la sociedad civil) los que deben dirigir la búsqueda de una mayor cohesión social. Los países ALC deben incluir en sus planes nacionales todas las medidas de reducción de la pobreza, las desigualdades y la marginación social; y la ayuda y cooperación internacional debe basarse en estos planes. Los programas de reforma que cuentan con ayuda de la comunidad internacional y, en particular, de las instituciones financieras internacionales deben examinarse cuidadosamente para analizar sus efectos sobre la cohesión y la estabilidad sociales. Además, debe existir más y mejor coordinación entre todos los donantes, incluidos los Estados miembros.

Las instituciones financieras y los donantes internacionales deben apoyar políticas monetarias y fiscales más anticíclicas, orientadas a hacer frente a las consecuencias negativas de las recesiones, así como inversiones sociales tendentes a reducir las desigualdades a largo plazo. Para que las economías en desarrollo aumenten su cohesión social, adoptando medidas de lucha contra la pobreza, la marginación y las desigualdades, y sentando así los cimientos de un crecimiento sostenido y estable, es preciso que las instituciones financieras internacionales presten atención a estos aspectos a la hora de negociar los objetivos de estabilidad macroeconómica de cada país.

C. Intensificar la cooperación entre la Unión Europea y América Latina en materia de cohesión social.

El principio de cohesión social ocupa un lugar fundamental en el conjunto de valores de la Unión Europea. Esta es también la razón por la que los Consejos Europeos de Lisboa y Feira hicieron del impulso a la cohesión social un elemento esencial de la estrategia de la Unión para lograr el objetivo de llegar a ser la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo antes de 2010.

La ampliación de la UE a diez nuevos Estados miembros el 1 de mayo de 2004 exigirá renovados esfuerzos en la búsqueda de la cohesión social dentro de la Unión. La Unión Europea ha desarrollado políticas sociales y métodos de trabajo que han resultado satisfactorios. La experiencia adquirida por la Comisión Europea y los Estados miembros a este respecto puede ser de gran utilidad para América Latina.

La cooperación entre la Unión Europea y América Latina debe centrarse en compartir esa experiencia y en la transferencia de conocimientos técnicos europeos. Debe dedicarse atención a las experiencias de desarrollo, aplicación y evaluación de las políticas sociales y fiscales en pro de la cohesión social.

Antes de la Cumbre, se pedirá a la Comisión que apruebe un programa, por un importe de 30 millones de euros, dirigido a facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos entre las Administraciones públicas de ambas regiones en los ámbitos sanitario, educativo, fiscal y judicial. El programa fomentará el desarrollo de redes de organismos públicos competentes en esos ámbitos de la política.

Al plantearse una posición europea con respecto a problemas como la pobreza y la marginación social, el Consejo Europeo de Bruselas optó por basarse en la estrategia europea para el empleo, que se viene aplicando desde 1997. De este modo, aprobó lo que se conoce como método abierto de coordinación, que permite el diálogo, el intercambio de experiencias, la fijación de objetivos comunes y la evaluación de políticas en ámbitos apropiados para la lucha contra la marginación. La Comisión alienta a los países de América Latina a abrir procesos regionales similares, que generarán una nueva dinámica de diálogo e intercambio entre los países de la región, lo que les permitirá aprender de los éxitos y fracasos de cada uno de ellos. Si los países de América Latina decidieran establecer un mecanismo de este tipo, la Comisión estaría dispuesta a facilitar apoyo técnico y financiero. Es preciso destacar aquí también la importancia del diálogo social.

Grupo de trabajo

Estos objetivos han sido examinados por el grupo de trabajo sobre la cohesión social, creado por la Comisión y el Banco Interamericano de Desarrollo tras el seminario sobre la cohesión social celebrado en Bruselas en junio de 2003. En dicho grupo han participado otras instituciones, tales como PDNU y CEALC, y diversos expertos de América Latina, el Caribe y Europa.

El grupo se reunió dos veces (México, octubre de 2003 y Bruselas, febrero de 2004) y aprobó un conjunto de recomendaciones, en las que se basan las propuestas de la Comisión más arriba señaladas. Estas propuestas han sido remitidas a los altos funcionarios responsables de preparar la Cumbre. En caso de aprobarse, las recomendaciones se entregarán a los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Guadalajara.

La Comisión alienta a los Jefes de Estado y de Gobierno a que adopten estas propuestas en la Cumbre. Ello permitiría disponer de una agenda para la cohesión social basada en directrices claras, y de un renovado apoyo político a la elaboración de políticas orientadas al logro de una mayor cohesión social.

5. INTEGRACIÓN REGIONAL

Importancia de la integración regional en América Latina

Otro aspecto esencial que la Comisión desea plantear en la Cumbre de Guadalajara es la importancia de intensificar la integración regional en toda América Latina. La Comisión considera que profundizar en el proceso de integración regional de toda América Latina no constituye un fin en sí mismo. Económicamente, ello contribuirá a que la región aproveche su potencial y facilitará la integración de los distintos países en los mercados internacionales. Políticamente, permitirá que América Latina adquiera mayor influjo en la escena mundial.

A la UE no le son indiferentes los logros en el terreno de la integración regional: un socio fuerte al otro lado del Atlántico, con el que poder seguir desarrollando una alianza estratégica, no presenta sino ventajas.

La propia experiencia de la UE ha demostrado que la integración regional tiene notables ventajas económicas: los grandes mercados resultan más atractivos para la inversión del exterior, la integración económica aumenta la competitividad y dota a la región de mayor capacidad de resistencia ante las crisis económicas externas.

La integración económica es también importante para la estabilidad y la prevención de conflictos. Una mayor cooperación puede servir de catalizador de la democracia y la mejora de los derechos humanos. La integración regional ofrece a los países la oportunidad de llegar a ser socios más activos e influyentes, en lugar de espectadores secundarios de los acontecimientos mundiales, políticos, económicos y sociales.

La inexistencia de un sistema de integración regional que abarque, de manera efectiva, toda la región de América Latina ha hecho que surjan iniciativas subregionales. Además del ejemplo de Mercosur, cabe referirse también a subregiones caracterizadas por inestabilidad política, conflictos internos y externos, y extremada pobreza y marginación social, tales como Centroamérica y la Comunidad Andina.

La UE ha respaldado siempre estas iniciativas de integración regional y está convencida de que pueden contribuir de manera importante a la estabilidad política, al desarrollo económico y social, y a la cohesión social de cada subregión. Considera que los progresos hacia una mayor integración son signo de madurez política y económica, y son indicativos de la capacidad de emprender reformas, por lo que seguirá colaborando en estos procesos y apoyándolos.

El respaldo de la UE al proceso de integración subregional se ha dirigido hacia el desarrollo de los recursos humanos y las instituciones, el apoyo a la creación de uniones aduaneras y la elaboración de políticas comunes. Además del papel fundamental desempeñado por la Comisión, han existido intercambios también con otras instituciones europeas, como el Parlamento, el Tribunal de Justicia y el Comité Económico y Social. La convergencia macroeconómica es un aspecto de la integración económica que aún plantea dificultades a las subregiones de América Latina. La Comunidad está dispuesta a seguir apoyando los esfuerzos de convergencia macroeconómica de América Latina mediante asistencia técnica.

El objetivo no ha sido nunca ni será recomendar el modelo europeo, sino compartir, en su caso, la experiencia europea con las partes interesadas de América Latina.

En lo que atañe a Centroamérica y la Comunidad Andina, los Jefes de Estado y de Gobierno confirmaron en la Cumbre de Madrid la importancia de que se produzcan avances significativos en sus respectivos procesos de integración. Al fijar la hoja de ruta de las futuras relaciones con esas dos regiones, la Declaración de Madrid supeditó toda posible medida orientada a la celebración de un Acuerdo de asociación (incluida una zona de libre comercio) a la plena realización del Programa de Doha para el Desarrollo y al logro de un grado satisfactorio de integración en ambas regiones.

La Cumbre de Madrid dejó claro que la intensificación de las relaciones de la UE con Centroamérica y la Comunidad Andina debe producirse en un marco birregional. La Comisión sigue opinando que, dadas las diferencias existentes en cuanto a peso económico y desarrollo, a largo plazo sólo son sostenibles acuerdos birregionales (y no bilaterales), los únicos, por otra parte, que ofrecen ventajas a ambas regiones. En este sentido, los Acuerdos de diálogo político y cooperación recientemente celebrados con Centroamérica y la Comunidad Andina constituyen un importante avance y ponen de manifiesto el compromiso de la UE y sus regiones socias de América Latina de trabajar conjuntamente para impulsar los actuales procesos de integración.

Los Gobiernos que participan en los procesos de integración de Centroamérica y la Comunidad Andina han expresado su compromiso de avanzar hacia modelos de mayor integración. Ahora bien, las medidas de integración adoptadas en la práctica no siempre se corresponden con los compromisos políticos adquiridos. A veces, se opta por la bilateralidad con terceros países, por ejemplo, a través de zonas de libre comercio, en detrimento del proceso de integración. El debate político que ha tenido lugar recientemente en la Comunidad Andina muestra que las opiniones sobre la utilidad de una mayor integración varían. En Centroamérica, el debate se desarrolla en torno al tipo de modelo de integración que debe adoptarse.

Centroamérica

Centroamérica ha hecho grandes progresos en materia de resolución de conflictos, democracia y desarrollo económico en la pasada década. Además, desde 2002, el relanzamiento del proceso de integración regional constituye una prioridad para los Gobiernos centroamericanos. La UE goza de credibilidad añadida en esta subregión por su respaldo político al proceso de pacificación y retorno a la democracia en el contexto del Diálogo de San José (iniciado en 1984), y por el importante volumen de la ayuda de cooperación al desarrollo aportada en las dos últimas décadas. Es necesario aprovechar este capital para contribuir a facilitar la integración regional de Centroamérica.

Aunque el proceso de integración de Centroamérica se remonta a 1950, las primeras cuatro décadas se caracterizaron por significativos estancamientos y retrocesos. Sin embargo, desde la creación, en 1993, de un nuevo marco de integración, a saber, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el proceso de integración regional ha avanzado constantemente, aprovechando la estabilidad brindada por la resolución de los conflictos internos existentes en diversos países. Los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica reconocieron la necesidad de adoptar nuevas medidas que permitieran la integración económica y, en marzo de 2002, se comprometieron a aprobar un plan de acción para la plena implantación de una unión aduanera en Centroamérica, no más tarde de diciembre de 2003. Este objetivo no ha podido cumplirse, debido en parte a la proliferación de negociaciones comerciales con numerosos terceros países, en particular el Acuerdo de Libre Comercio (ALCCA) recientemente celebrados con Estados Unidos. No obstante, se han realizado otros progresos: armonización del 92% de las partidas arancelarias, firma de un tratado de inversión y servicios, e implantación de un mecanismo de resolución de controversias. En la Cumbre Presidencial de Belice, celebrada el 19 de diciembre de 2003, se renovó el compromiso de construir una unión aduanera antes de finales de 2004. Será preciso avanzar también en la eliminación de obstáculos no arancelarios, la implantación de una administración aduanera común y normas comunes, etc. Por otro lado, la experiencia demuestra que para que el proceso de integración regional avance realmente es preciso prestar particular atención a la aplicación y el cumplimiento efectivo de las medidas adoptadas. La inexistencia de una integración regional real queda también patente a través de los datos macroeconómicos; es preciso mejorar indicadores tales como el volumen de comercio intrarregional.

La subregión de Centroamérica parece haber dejado atrás la época de conflictos internos e inestabilidad política. Existe un gran compromiso de integración regional, ya que ésta se considera necesaria para aumentar la competitividad e impedir que se produzcan conflictos. Sin embargo, dos países albergan aún dudas en cuanto al modelo de integración económica (Costa Rica), por un lado, y en cuanto a la conveniencia de la integración económica (Panamá, que aún no ha confirmado su deseo de adherirse a la unión aduanera, debido a la gran importancia del sector servicios en su economía). Desde la óptica institucional, cabe reseñar que no todos los países pertenecen al Parlacen y a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).

Comunidad Andina

En relación con la Comunidad Andina, la UE ha respaldado el proceso de integración regional desde sus comienzos. La celebración del Pacto Andino, en 1969, marcó el inicio de la integración regional en esta zona, la primera de este tipo en América Latina. La región andina fue también la primera región de América Latina con la que la UE celebró un Acuerdo de cooperación (1983).

Durante los 35 años de su existencia, el proceso ha registrado altibajos. Un importante paso adelante fue el Protocolo de Trujillo, de 1996, que transformó el Pacto Andino en la Comunidad Andina, creó toda una serie de instituciones regionales y amplió el contenido de la agenda, hasta entonces principalmente económico y comercial, para incluir la cooperación en asuntos políticos y sociales. Es importante señalar que, junto a la implantación de una política exterior común y el lanzamiento de la Zona de Paz Andina, entre los objetivos del Protocolo de Trujillo figuraba la creación de un mercado común antes de 2005.

Los países andinos, con agendas a menudo dominadas por importantes problemas internos, no han sido siempre capaces de comprender las ventajas a largo plazo derivadas de la integración regional, y, en consecuencia, el proceso de integración avanza lentamente. No obstante, en los últimos años se han adoptado importantes iniciativas políticas en ámbitos tales como la prevención de conflictos, la cooperación transfronteriza, la lucha contra el narcotráfico y el contrabando de armas. Asimismo, se han hecho significativos esfuerzos a fin de que la Comunidad Andina sea una realidad para sus ciudadanos: introducción de un pasaporte andino, creación de grupos de trabajo para la defensa del consumidor y los pueblos indígenas, y elecciones directas al Parlamento Andino (aún no vigentes en todos los países de la CAN).

La Comunidad Andina se enfrenta a especiales dificultades en el ámbito de la integración económica, que a menudo se ve obstaculizada por las diferencias estructurales existentes entre los distintos países, así como por la falta de voluntad política. A mediados de los años noventa, se liberalizó el comercio interno entre cuatro de los cinco países que conforman la CAN (exceptuado Perú) y, en junio de 2003, en la Cumbre de Quirama, quedó ratificado que la formación de un mercado común sigue siendo objetivo de los cinco países andinos. De este modo, en 2003, el proceso registró un notorio avance gracias a la decisión de armonizar el arancel externo común en un 62% para el conjunto de los cinco países (hasta un 95% si se excluye Perú). Sin embargo, la entrada en vigor de esta decisión ha sido aplazada recientemente. Estos cinco países han aprobado un código aduanero común, que está previsto que entre en vigor a principios de 2005, pero no existe aún una administración aduanera común. El comercio intrarregional se ha incrementado ligeramente, si bien todavía es escaso (10%-12%), lo que demuestra que aún persisten importantes obstáculos. Por otra parte, diversas iniciativas adoptadas individualmente por países miembros de la Comunidad Andina de cara a la celebración de acuerdos de libre comercio al margen de dicha Comunidad suponen un riesgo para el proceso de integración.

Hacia la celebración de Acuerdos de asociación con Centroamérica y la Comunidad Andina

La Declaración de Madrid abrió la vía a la negociación de Acuerdos de asociación con la Comunidad Andina y Centroamérica, aunque con dos requisitos previos, a saber, la plena realización del Programa de Doha para el Desarrollo y un grado suficiente de integración regional. Vistos los progresos antes mencionados, y corroborando los signos positivos recogidos en la Declaración de Madrid, la Comisión cree que la Cumbre de Guadalajara debe contribuir a crear las condiciones para la apertura de negociaciones de Acuerdos de asociación, incluidas zonas de libre comercio. En este sentido, ambas partes deben esforzarse por lograr que el Programa de Doha progrese tanto como sea posible en 2004, de cara a una rápida conclusión del mismo, ya que toda posible futura zona de libre comercio se basará en los resultados de dicho Programa. A continuación, el incremento de la integración regional será el elemento que marque el inicio de las negociaciones.

Al objeto de impulsar el proceso y hacer el uso más eficiente posible de los escasos recursos y tiempo disponibles, la Comisión propone comenzar ya a preparar el terreno para la apertura de negociaciones mediante un seguimiento conjunto de los progresos registrados en el ámbito de la integración regional. De este modo, la Comisión confía en que la perspectiva de negociar Acuerdos de asociación, incluidas zonas de libre comercio entre las dos regiones, constituya para esas regiones un incentivo importante que las aliente a proseguir sus propios procesos de integración regional.

La Comisión cree que es importante fijar un conjunto claro de criterios que sirvan para evaluar el progreso de ambas regiones, comprobando si su cumplimiento es satisfactorio.

A juicio de la Comisión, podría considerarse que se ha alcanzado un grado de integración regional suficiente para abrir negociaciones con vistas a la creación de zonas de libre comercio si se cumplen los siguientes criterios:

1. Un marco institucional plenamente operativo. Ello supone, entre otras cosas, verificar la existencia de mecanismos efectivos de impulso del proyecto de integración regional y garantía de aplicación y cumplimiento de las decisiones: un mecanismo para la resolución de controversias, la participación de todos los países en todas las instituciones y la creación y aplicación de mecanismos financieros sostenibles que respalden el desarrollo institucional.

2. La creación de una unión aduanera compatible con el artículo XXIV del GATT y notificada a la OMC (arancel externo común, administración aduanera común y política de comercio exterior común). Además, habrá que comprobar la eficacia de la unión aduanera, siendo un posible indicador la progresión del comercio intrarregional.

3. La reducción de los obstáculos no arancelarios al comercio intrarregional. Cada vez son más los obstáculos no arancelarios que se oponen al comercio. Debe, por tanto, prestarse especial atención a la existencia de normas efectivas orientadas a la eliminación de tales obstáculos (a través de la armonización o el reconocimiento mutuo), en especial en lo que atañe a las normas y reglamentaciones técnicas, así como en los ámbitos sanitario y fitosanitario. Asimismo, será necesario animar a estos países a que adopten regímenes normativos regionales en materia de servicios y de inversión, al objeto de facilitar las futuras negociaciones de zonas de libre comercio con la Unión Europea, y comprobar si existe legislación sobre protección de los derechos de la propiedad intelectual y sobre contratación pública, y si se registran avances en la implantación de una política regional de competencia.

A fin de acelerar el proceso y preparar el terreno para la apertura del proceso de negociación, la Comisión propone lanzar un proceso de seguimiento del avance en materia de integración regional, conforme a lo anteriormente expuesto, a través del marco institucional existente. Funcionarios de ambas partes podrían reunirse de forma periódica para analizar el estado de la integración y determinar si los progresos alcanzados permiten iniciar negociaciones. Este procedimiento sería paralelo, pero independiente, para la Comunidad Andina y Centroamérica.

En consonancia con las conclusiones de Madrid, las futuras zonas de libre comercio se basarán en los resultados del Programa de Doha para el Desarrollo. Tanto la UE como Centroamérica y la Comunidad Andina tienen interés en no escatimar energía para hacer progresar las negociaciones de dicho Programa. Toda zona de libre comercio deberá agregar valor añadido al régimen multilateral.

Por último, en lo que atañe al futuro inmediato de las relaciones comerciales entre la UE y Centroamérica y la Comunidad Andina, la Comisión desea recordar que dichas relaciones se basan actualmente, en ambas regiones, en el régimen de lucha contra las drogas del SPG, que ofrece posibilidades de acceso al mercado de la UE extremadamente ventajosas. El sistema se ha hecho más atractivo como consecuencia de la modificación recientemente introducida en el SPG, con arreglo a la cual la aplicación del mecanismo de graduación se limita a los principales beneficiarios del SPG. La decisión de prorrogar un año el actual régimen de SPG supone que el régimen preferencial aplicable a los países andinos y centroamericanos permanecerá estable hasta finales de 2005. La Comisión está reformando actualmente el SPG de la CE y estudia la forma de seguir otorgando acceso preferencial a los productos importados de Centroamérica y los países andinos a partir de 2005.

Mercosur

La Unión Europea ha favorecido y respaldado la intensificación del proceso de integración regional en Mercosur, por tanto ha apoyado la iniciativa de Mercosur desde el principio, en 1991. La UE sigue trabajando para fortalecer la relación con Mercosur y favorecer la profundización del proceso interno de Mercosur, al objeto de ayudar a que éste cree un auténtico mercado común. Parte del trabajo que desarrollan conjuntamente la UE y Mercosur, así como parte de las negociaciones para un Acuerdo de asociación UE-Mercosur, responden al propósito de reforzar el programa interno de Mercosur a fin de que pueda culminar su mercado común antes del 1 de enero de 2006.

Las negociaciones UE-Mercosur deberán desembocar en una asociación entre dos regiones integradas. La formación de una asociación interregional se planteó, por primera vez, poco después de la creación de Mercosur y la definición de objetivos firmes de gran integración para la creación de un mercado común en Mercosur.

La dimensión interregional de este acuerdo plantea nuevos desafíos a ambas partes, ya que se trata de definir las reglas de juego entre dos socios que, internamente, están aún desarrollando sus propias normas intrarregionales. También en este caso cabe señalar que la integración de Mercosur está estrechamente conectada con las negociaciones en curso; el éxito de las negociaciones y la aplicación del acuerdo exigen avances en el proceso de integración. Se trata de avances principalmente en relación con los aspectos institucionales y comerciales del Acuerdo de asociación que actualmente se negocia.

Aspectos políticos e institucionales

El primer objetivo de un diálogo político intensificado entre la UE y Mercosur se vería realizado con la creación de nuevos mecanismos institucionales ya previstos en el proyecto de capítulo del Acuerdo dedicado al diálogo político. Además, la CE se felicita de la iniciativa de Mercosur en el sentido de designar como Presidente de su Coreper a una figura política muy conocida, como es el Presidente Duhalde. Esta designación favorece el objetivo general de seguir reforzando las instituciones de Mercosur. Dentro de este mismo espíritu, la potenciación de la Secretaría de Mercosur, la creación de un Tribunal Arbitral Permanente y los esfuerzos de racionalización del proceso decisorio de Mercosur constituyen importantes avances. La Comisión confía en que estas mejoras institucionales facilitarán la aplicación de las decisiones y garantizarán que los compromisos políticos se traduzcan en una verdadera integración regional.

Aspectos comerciales

La UE considera que la plena realización de la unión aduanera de Mercosur es esencial para que el acuerdo sea posible. Además, la integración de Mercosur debe orientarse a la creación de un mercado único, que lleve a la libre circulación de bienes, servicios y capitales. Para que las negociaciones interregionales culminen con éxito es preciso que estén en vigor las normas intrarregionales correspondientes a los ámbitos objeto de dichas negociaciones. La UE seguirá negociando con Mercosur en relación con cada uno de esos ámbitos, de modo que el acuerdo sea realmente ambicioso y completo, sin limitarse a los respectivos compromisos adquiridos en el marco de la OMC.

Con esta finalidad, el programa de trabajo acordado el 12 de noviembre de 2003, con ocasión de la última reunión ministerial UE-Mercosur dedicada a las negociaciones comerciales, prevé varias rondas generales de negociación y dos encuentros ministeriales. Con arreglo a dicho programa, el futuro capítulo general sobre el comercio incluirá un acuerdo de libre comercio de bienes y servicios. Asimismo, abordará, entre otras cosas, el acceso al mercado y las normas en materia de contratación pública, inversión, derechos sobre la propiedad intelectual, política de competencia, asuntos sanitarios y fitosanitarios, obstáculos técnicos al comercio, acuerdos sobre el comercio de vino y bebidas espirituosas, medidas que faciliten el comercio, medidas de defensa comercial, un mecanismo de resolución de controversias, etc. Gracias al impulso político de la reunión ministerial, y en las circunstancias apropiadas, los grupos podrán conseguir los necesarios avances en los distintos ámbitos, de manera que las negociaciones podrían quizás culminar para octubre del presente año.

La Comisión confía en que los Jefes de Estado y de Gobierno promuevan nuevos avances en el programa de trabajo sobre las negociaciones UE-Mercosur para la celebración de un Acuerdo de asociación, según lo acordado, el 12 de noviembre de 2003, en la última reunión ministerial UE-Mercosur dedicada a las negociaciones comerciales. En las circunstancias apropiadas, ello permitirá culminar las negociaciones para octubre de este año.

Caribe

Al igual que en América Latina, la Unión Europea ha respaldado sistemáticamente la integración regional del Caribe. La Comunidad y Mercado Común del Caribe (CARICOM), creada en 1973, decidió en 1989 constituir la Economía y Mercado único de la CARICOM (CSME). Una vez concluida, la CSME conllevará la libre circulación de bienes, servicios, capitales y trabajadores, así como el derecho de establecimiento dentro de la CARICOM, y disposiciones legales y reglamentarias armonizadas en materia de comercio. La fecha prevista para la plena realización de la CSME es el 31 de diciembre de 2005. Al mismo tiempo, la CARICOM continúa el proceso para una mayor integración con la República Dominicana: en 2001, se hizo efectiva una zona de libre comercio entre ambas.

La contribución de la UE al desarrollo e intensificación de la integración regional del Caribe se realiza a través de su ayuda financiera regional, al amparo del programa indicativo regional del 9º FED (2003-2007), que se destina a los procesos intra e interregionales de integración y que incluye un Acuerdo de asociación económica (AAE) con la región. Las negociaciones del AAE se iniciarán en abril de 2004. Los AAE son nuevos acuerdos comerciales compatibles con la OMC y cuya finalidad es eliminar paulatinamente las barreras comerciales de la región e intensificar la cooperación en todos los ámbitos que afecten al comercio. El AAE es vital para consolidar e impulsar la integración en el área del Caribe y, en consecuencia, constituye la base de unas relaciones económicas más intensas entre la UE, por un lado, y una región caribeña más fuerte y competitiva, por otro.

6. CONCLUSIÓN

La Comisión otorga gran importancia al éxito de la Cumbre de Guadalajara, primera en la que participará la Unión Europea ampliada. La Comisión ha emprendido iniciativas, negociado acuerdos, aprobado programas y organizado y cofinanciado seminarios y reuniones, a fin de garantizar el éxito.

No obstante, el éxito de la Cumbre dependerá, en gran medida, de la capacidad de los Jefes de Estado y de Gobierno para adoptar decisiones concretas y trascendentes que impriman un nuevo impulso a las relaciones y tracen su futuro rumbo.

En la presente Comunicación, la Comisión aduce que tales decisiones deben centrarse ante todo en la cohesión social y la integración regional, dos aspectos que son de vital importancia para el desarrollo y la estabilidad de ambas regiones, así como para el fortalecimiento de las relaciones entre ellas.

La Comisión propone que los Jefes de Estado y de Gobierno adopten decisiones concretas dirigidas a lo siguiente:

Cohesión social:

- Alentar a los países de América Latina a adoptar políticas sólidas y eficientes, en materia de gobernanza democrática, asuntos sociales, finanzas públicas y fiscalidad, con el objetivo de incrementar la cohesión social mediante una reducción de la pobreza, las desigualdades y la marginación.

- Incitar a la comunidad internacional, incluidas las instituciones financieras internacionales, a respaldar esas medidas de cohesión social.

- Intensificar la cooperación entre la Unión Europea y América Latina en el ámbito de la cohesión social.

- Adoptar las propuestas del grupo de trabajo sobre la cohesión social, creado por la Comisión y el Banco Interamericano de Desarrollo tras el Seminario sobre la cohesión social que tuvo lugar en junio de 2003 en Bruselas, con vistas a elaborar una agenda de la cohesión social basada en directrices claras.

Integración regional:

- Ratificar los signos positivos transmitidos, en principio, por la Declaración de Madrid en relación con el proceso de integración de Centroamérica y de la Comunidad Andina, y contribuir a crear las condiciones necesarias para la apertura de negociaciones de Acuerdos de asociación; incluidas zonas de libre comercio, que se basarán en los resultados del Programa de Doha para el Desarrollo. A continuación, el incremento de la integración regional será el elemento que marque el inicio de las negociaciones.

- Impulsar los avances en el programa de trabajo para la negociación de un Acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur, acordado el 12 de noviembre de 2003 durante la última reunión ministerial UE-Mercosur dedicada a las negociaciones comerciales. En las circunstancias apropiadas, ello permitirá culminar las negociaciones antes de octubre de este año.

La Comisión confía en que sus propuestas sobre estos dos aspectos sean acogidas favorablemente por los Jefes de Estado y de Gobierno, y queden reflejadas en las conclusiones de la Cumbre.

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