Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**COMISIÓN** **DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS**

**COM(94) 161** **final**

**Bruselas, 05.05.1994**

**XXffl** **INFORME DE LA** **COMISIÓN**

**SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA**

**- 1993 -**

```
     XXIII INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA - CONTENIDO

                                             Páginas

INTRODUCCIÓN y VADEMÉCUM 1

PRIMERA PARTE: EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 7

Capítulo I - El esfuerzo por mantener un entorno competitivo 7

§1. Contribución de la política de competencia al crecimiento, la 7
     competitividad y el empleo
§2. Ayudas estatales . 1 5
§3. Liberalización y privatización 19
§4. Control de las operaciones de concentración 25
§5. Acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante 36
§6. Consecuencias del Tratado de Maastricht 45

Capítulo II - Dimensión internacional de la política de competencia 48

§1. Observaciones generales 48
§2. Promoción de la aplicación de la política de competencia en toda 50

     Europa
§3. Una tarea aún más difícil: fomentar la aplicación de la política de 55
     competencia en países no europeos
§4. Cooperación para la aplicación de la política de competencia en casos 59

     concretos

§5. Repercusión de la Ronda Uruguay sobre la política de competencia 61

Capítulo III - Desarrollo de la aplicación de las normas de competencia en
         algunos sectores específicos 63

§1. Servicios financieros - Seguros 63
§2. Telecomunicaciones y servicios postales 67
§3. Energía 74
§4. Transportes 77
§5. Sector audiovisual 82

Capítulo IV - La política de competencia y las demás políticas comunitarias 86

§1. Finalización del mercado interior 86

§2. Política industrial 89

§3. Medio ambiente 93

§4. Cultura 98

§5. Política comercial 101

Capítulo V - Las normas de competencia en la práctica 103

§1. Transparencia 103
§2. Subsidiariedad y aplicación descentralizada 106
§3. Mejora de los procedimientos 109
§4. Actividades de la Comisión (descripción cuantitativa) 122

```

**ir**

```
SEGUNDA PARTE: NORMAS DE COMPETENCIA APLICABLES A LAS EMPRESAS 126

Capítulo I - Principales decisiones y medidas de la Comisión 126

     A. Consideraciones generales 126

```

`1` _'"?_ `A`
```
§1. Acuerdos horizontales

§2. Acuerdos verticales 127

```

`§3.` `Abuso de posición dominante` _\2o_

```
     B. Análisis de las decisiones y medidas individuales 130

§1. Creación de empresas en participación y otras formas de cooperación 130
       Philips-Thomson-Sagem
       Alenia-Honeywell
       International Private Satellite Partners (IPSP)

       Intrax

§2. Sector de los servicios 137

       CNSD

§3. Sector audiovisual 139

       UER

       Auditel

§4. Sector de la energía 141
       Electricidade de Portugal/Proyecto Pego
       Acuerdo de colaboración logística entre REPSOL y BPMED en las

       Islas Canarias

       Disma

       Texaco Ltd

       Acuerdos sobre gasolineras en España
       Acuerdos sobre gasolineras en las Islas Canarias

§5. Sector del automóvil 152

       Acuerdos de cooperación entre Peugeot y FIAT a través de la
       filial común SEVEL

       Grupo Rover
       Distribución de piezas de repuesto de automóviles del grupo FIAT
       en Italia

§6. Sector de los transportes 156
     a) Transporte marítimo 156
         Conferencia del África Oriental

         Acuerdo Transatlántico

          Irish Club Rules
                                            161
     b) Servicios portuarios

```

```
     Sea Containers/Sealink

c) Transporte por ferrocarril

```

```
162

```

```
         Decisión sobre la estructura de tarificación en el transporte
         combinado de mercancías

     d) Transporte aéreo 163
         IATA - Normas sobre divisas

         IATA - recargo en el transporte de mercancías
         SABRE/Air France e Iberia

§7. Protección del medio ambiente 166
       Spa Monopole/GDB
§8. Asuntos relativos a la propiedad industrial 169
       Becton-Dickinson-Cyclorore
§9. Otros sectores 170
       Zera Montedison/Hinkens Stáhler
       Sistema Grundig de distribución selectiva
       Papeteries de Golbey

```

```
     C. Control de las operaciones de concentración 175

§1. Ámbito de aplicación
                                       175
     a. Dimensión comunitaria (artículo 1)
     b. Cálculo de los umbrales del volumen de negocios (artículo 5)
     c) Definición de operación de concentración (artículo 3)
§2. Evaluación de las operaciones de concentración 187
     a. Definición del mercado de productos afectado
     b. Determinación del mercado geográfico de referencia
     c. Evaluación de la compatibilidad de las operaciones
§3. Aplicación de-los artículos 9, 21 y 22 204
     a. Aplicación del artículo 9
     b. Aplicación del apartado 3 del artículo 21
     c. Aplicación del apartado 3 del artículo 22
§4. Aplicación del artículo 223 del Tratado 206

     D. Principales decisiones en el sector de la siderurgia 207

§1. Evolución 207

§2. Operaciones de concentración 207
§3. Mecanismo financiero 208

     E. Normas sustantivas y procesales 211

Aplicación de los reglamentos de exención por categorías 211
     a. Distribución de vehículos de motor

     b. Aplicación de los demás reglamentos de exención por categorías

Capítulo II - Principales sentencias del Tribunal de Justicia y del

         Tribunal de Primera Instancia 216

§1. Interpretación de la letra f) del artículo 3, del segundo párrafo del 216
     artículo 5 y del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE
§2. Concepto de empresa 218
§3. Aplicación del artículo 85 a un acuerdo horizontal sobre precios 220
§4. Interpretación del Reglamento de la Comisión n° 1984/83 222
§5. Interpretación del Reglamento de la Comisión n° 123/85 * 224
§6. Abuso de posición dominante 226
§7. Cuestiones prejudiciales 228
§8. Problemas de procedimiento 230
§9. Jurisprudencia sobre el Reglamento de control de las operaciones de 237
     concentración entre empresas

TERCERA PARTE: EMPRESAS PÚBLICAS Y MONOPOLIOS NACIONALES 241

Capítulo I - Principales acontecimientos 241

§1. Telecomunicaciones y servicios postales 241
§2. Energía 243
§3. Transportes 244

Capítulo II - Principales decisiones del Tribunal de Justicia 248

§1. Sentencias del Tribunal relativas al artículo 90 del Tratado CE 248
§2. Interpretación de la Directiva sobre terminales de telecomunicaciones 251
§3. Empresas públicas y ayudas estatales 254

```

_**\**_
```
                                          255
CUARTA PARTE: AYUDAS ESTATALES

Capítulo I - Evolución de la política de la Comisión 255

§1. Problemas de política general 255
§2. Empresas públicas y privatización 274
§3. Regímenes de ayudas horizontales 286
    Ayudas a la inversión
     Ayudas para la protección del medio ambiente y el ahorro de energía
     Ayudas a la exportación
    Ayudas a las pequeñas y medianas empresas
     Ayudas para la creación de empleo
    Ayudas de salvamento y de reestructuración
§4. Ayudas para investigación y desarrollo 303
```

`§5.` `Ayudas regionales` _^Ur_
```
§6. Ayudas a los sectores industriales sujetos a las directrices 315
     comunitarias

     a. Ayudas a la siderurgia
         Siderurgia comprendida en el ámbito de aplicación del

         Tratado CECA

         Productos siderúrgicos no comprendidos en el Tratado CECA
     b. Ayudas a la construcción naval
     c. Ayudas al sector del automóvil
     d. Ayudas al sector de las fibras sintéticas
     e. Sectores textil y de la confección
    f. Ayudas a la industria hullera
§7. Ayudas a otros sectores industriales 344
§8. Ayudas en el sector del transporte 346
§9. Ayudas en otros sectores de servicios 352
§10. Ayudas estatales en el sector agrario 356
§11. Ayudas en el sector pesquero 362

Capítulo II - Principales sentencias del Tribunal de Justicia 363

QUINTA PARTE: DIMENSIÓN INTERNACIONAL 366

```

_**>**_

```
§1. Países de la AELC 366

§2. Europa Central y Oriental 369
§3. América del Norte 371
§4. Japón y Corea 372
§5. Organizaciones multilaterales 373

SEXTA PARTE: CONTACTOS CON LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS Y CON OTROS 374

         ORGANISMOS

§1. Parlamento Europeo 374
§2. Comité Económico y Social 375
§3. Comité consultivo de acuerdos entre empresas y posiciones dominantes 376
§4. Comité consultivo sobre operaciones de concentración 377
§5. Conferencia de los expertos gubernamentales de los Estados miembros 378
§6. Contactos con las autoridades de competencia de los Estados miembros 379
    a. Acuerdos, posiciones dominantes y operaciones de concentración
     b. Ayudas
§7. Derecho de competencia de los Estados miembros, 380
§8. Otros contactos 384

```

```
                    ANEXOS

ANEXO III: DECISIONES, COMUNICACIONES Y SENTENCIAS RELATIVAS A ASUNTOS

       INDIVIDUALES 386

A. Política de competencia en relación con las empresas 386

     1. Resúmenes de los asuntos 386

B. Empresas públicas y monopolios nacionales 421

ANEXO IV: EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN Y DE LA COMPETENCIA 423

           *

A. Absorciones (inclusive fusiones y adquisiciones de participaciones 424
     mayoritarias), adquisiciones de participaciones minoritarias y
     empresas en participación en 1992/1993

B. El programa de estudios de 1993 458

C. Nota estadística sobre las operaciones de concentración notificadas 466
     con arreglo al Reglamento (CE) n° 4064/89 del Consejo

```

```
Intro .p.l

<T4> Introducción

```

##### 001

```
1. El Informe anual sobre la política de competencia ofrece a la Comisión

la posibilidad de exponer los principales acontecimientos y asuntos en este

terreno ante las distintas instituciones comunitarias - el Parlamento, el

Comité Económico y Social, los Estados miembros, - así como al sector

industrial en general, que es el directamente afectado por su aplicación, y

al público que, indirectamente, es el principal beneficiario de la aplicación

de aquélla. Al presentar este Informe en un lenguaje lo menos técnico

posible, se incrementa la transparencia, factor fundamental de cualquier

sociedad democrática a la Inora de aplicar con éxito sus líneas directrices

generales.

2. Las actividades de este año se han caracterizado por varios

acontecimientos importantes para la evolución de la Comunidad - la entrada en

vigor del Tratado de la Unión Europea, la plena ratificación del Espacio

Económico Europeo y el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y

empleo. Gracias a ello, en este Informe, además de describir la evolución y

actividades del año, se puede analizar la forma en que estos tres hitos

principales influirán sobre la política de competencia y, viceversa, la

manera en que la política de competencia es necesaria para alcanzar los

objetivos que estos tres acontecimientos han venido a establecer para la

Comunidad. Este vínculo entre los objetivos de la Comunidad y la política de

competencia establece una relación en dos direcciones. No cabe concebir que

la política de competencia pueda aplicarse sin hacer referencia a las

prioridades determinadas por la Comunidad. Pero también es necesario

comprender el modo en que una política eficaz de competencia puede

contribuir a alcanzar estas metas.

3. Aunque este principio no se discute, será necesario considerar con

detenimiento la aplicación práctica de dicha política. De hecho, se

desconocen todavía todas las repercusiones de los importantes acontecimientos

antes mencionados y se espera que este informe contribuya al rico debate

sobre cómo alcanzar el equilibrio adecuado entre la aplicación de la política

de competencia y las distintas prioridades, que suele producirse a raíz de la

publicación del Informe. A este respecto, el texto del presente año se

proyecta hacia el futuro algo más de lo habitual, en el sentido de que, en un

resumen que no pretende en absoluto ser exhaustivo, plantea algunas de las

```

```
Intro .p.2
##### 002

formas en las que la política de competencia puede adecuarse para hacer

frente a las nuevas prioridades de la Comunidad. La pormenorización de estas

consecuencias y la adaptación de la política a un mundo en el que se suceden

los cambios con rapidez constituye un proceso en permanente evolución.

Evidentemente, determinados principios subyacentes permanecen, tal y como

están consagrados en el Tratado, pero no pueden ser aplicados de forma

mecánica sin remitirse tanto al contexto en el que producen sus efectos como

a los principales objetivos y prioridades de la Comunidad.

4. Esta referencia al contexto en el que se aplica la política de

competencia no es una novedad, sino que se deriva del hecho de que la

competencia es un instrumento de la política comunitaria. Desde el inicio de

la Comunidad, la política de competencia ha contribuido a lograr objetivos

comunitarios fundamentales. Por ejemplo, ha participado en la creación de un

mercado común, en el desarrollo armonioso de las condiciones económicas y en

el rápido incremento del nivel de vida. Este cometido recibió un impulso

adicional con el Acta Única Europea, que sentaba las bases de un verdadero

mercado interior en el que el incremento de la competencia estaba considerado

como el mecanismo mediante el cual se alcanzarían muchos de los beneficios

previstos en dicho texto una vez que las barreras fiscales, administrativas y

de otro tipo desapareciesen. La Comunicación de 1990 sobre política

industrial en mercados abiertos y competitivos, que atribuye un importante

papel a la política de competencia en la mejora de la productividad de la

industria europea en un mundo en el que se suceden los cambios con rapidez y

en el que los mercados adquieren un carácter cada vez más internacional, dio

un nuevo aliento a la política de competencia.

5. El Tratado de Maastricht ha añadido nuevos objetivos, al introducir

objetivos industriales, culturales y medioambientales y profundizar en estos

ámbitos. También recogía de forma explícita el principio de subsidiariedad.

De hecho, estos tres objetivos, así como el principio citado, se estudian por

separado y con detalle en el presente informe. El Libro Blanco definió

claramente las políticas necesarias de cara al crecimiento, la competitividad

y, lo que es más importante aún, el empleo. Así pues, se estudió también la

necesidad de que la política de competencia logre estos tres objetivos y la

forma en que éstos afectan a la aplicación de dicha política. Estos

planteamientos no restan valor a la política de competencia, al contrario, le

confieren un carácter sobresaliente y un vigor y una importancia renovados.

```

```
Intro .p.3
##### 003

Una política de competencia que no repercuta sobre estos aspectos o que no se

vea influida por los mismos quedaría marginada y perdería toda su

importancia.

6. Es difícil e incluso peligroso, en un año cualquiera, destacar algunos

aspectos o políticas concretos junto con las consideraciones genéricas

primordiales que acabamos de esbozar. Por consiguiente, el hecho de que en

las siguientes observaciones no se mencione algún punto concreto no significa

que éste carezca de importancia. Se pretende más bien centrar la atención en

aquellos ámbitos que se considera están adquiriendo una mayor transcendencia.

   El primero de estos aspectos es la introducción de la competencia en

   los sectores monopolisticos, entre los cuales los avances más

   considerables se han conseguido en el sector de las comunicaciones, lo

   cual no quiere decir que en otros no se haya progresado con firmeza. Si

   esto se menciona es a causa de los beneficios que se pueden obtener al

   introducir la competencia por vez primera en estos sectores y por el

   impacto positivo sobre la competencia y el empleo que tienen las redes

   transeuropeas, tal y como se destacaba claramente en el Libro Blanco.

   En segundo lugar, figura la introducción de la competencia en otros

   sectores, fundamentalmente el de servicios, que anteriormente estaban

   muy protegidos. A pesar de que no ha habido un caso concreto comparable

   a la liberalización en el sector de las comunicaciones, se ha seguido

   avanzando en este ámbito. También en este caso el Libro Blanco destacaba

   el potencial de empleo del sector servicios.

   Por último, el tercer ámbito que cabe destacar y cuya importancia

   relativa está aumentando es la dimensión internacional de la política

   comunitaria de competencia, ésta adquirió especial relevancia durante

   este año, a raíz de la conclusión, - el 15 de diciembre, de la Ronda

   Uruguay en el marco del GATT y de la finalización del proceso de

   ratificación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y a raíz de

   su entrada en vigor a comienzos de enero de 1994. Estos acontecimientos,

   junto con la continuación de las negociaciones con los países de Europa

   Central y Oriental, constituyen etapas fundamentales para la

   liberalización del comercio internacional con la consiguiente

   modificación del entorno competitivo en el que se aplica la política de

   competencia de la Comunidad.

```

```
Intro .p.4
##### 004

   Por otra parte, habría que destacar también que la supresión de los

   obstáculos estatales al comercio, tales como los obstáculos arancelarios

   y no arancelarios, ha sido objeto de importantes progresos hasta la

   fecha y que no será necesario mantener este ritmo en el futuro. El

   avance en la liberalización de las corrientes comerciales

   internacionales o regionales tiene por lo tanto que proceder, más

   concretamente, de la desaparición de los obstáculos privados al comercio

   y demás faseamientos de la competencia.

```

```
Vade Mecum.p.5

T4> Vademécum

```

##### 005

```
7. El presente Informe consta de seis partes y de varios anexos. Este

carácter pormenorizado se explica por el afán de permitir al lector

identificar inmediatamente la información que necesita.

8. La primera parte refleja los principales acontecimientos de la política

de competencia y tiene un alcance más general que las demás. Se destaca la

evolución que ha experimentado el derecho de competencia durante 1993 y, al

mismo tiempo, intentar prever su evolución futura. Se abarcan todos los

aspectos de la política de competencia y se pretende demostrar la coherencia

entre las distintas facetas de la misma, así como con las demás políticas

comunitarias.

9. En la segunda parte se examina la aplicación de las normas de

competencia a las empresas. Se trata de los artículos 85 y 86 del Tratado

CEE, 65 y 66 del Tratado CECA y el reglamento sobre control de las

operaciones de concentración. Esta parte es más descriptiva, aunque no se

detiene en todos los asuntos en los que ha intervenido la Comisión, sino tan

sólo de aquéllos que se ha considerado interesante destacar por uno u otro

motivo. En los anexos se resumen otros asuntos. Esta parte no se limita

únicamente a analizar las decisiones de la Comisión, sino que también hace

referencia a las sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal de

Primera Instancia.

10. La tercera parte constituye una novedad en el presente Informe. Hasta

ahora, los acontecimientos producidos en el ámbito de las empresas públicas y

de los monopolios nacionales se reseñaban en la parte dedicada a las ayudas.

Se ha considerado más adecuado separar estos dos aspectos. En efecto, por una

parte, la mayor importancia de la política de competencia frente a estas

empresas justifica sin duda alguna que se les conceda un trato particular.

Por otra parte, los temas abordados en esta sección son de naturaleza mixta,

ya que se refieren tanto a actuaciones estatales como empresariales.

11. La cuarta parte se dedica al control de las ayudas e incluye también la

jurisprudencia al respecto del Tribunal de Justicia. Es esta una sección

tradicional del Informe, cuya importancia es ocioso señalar.

```

```
Vade Mecum.p.6

##### 006

12. También la quinta parte es nueva. Está dedicada a los acontecimientos

ocurridos desde el punto de vista internacional de la política de

competencia. Este aspecto adquiere, efectivamente, cada vez mayor relieve y

resulta, por lo tanto, indispensable concederle una mayor preferencia.

13. Por último, la sexta parte se refiere a las relaciones de la Comisión

con las demás instituciones comunitarias, así como con otras organizaciones

internacionales. Esta sección es, en cambio, ya habitual en el Informe, y

subraya el importante papel de los primeros destinatarios de este texto, es

decir, del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social, a la hora de

formular la política de competencia comunitaria.

14. El corpus del Informe se acompaña de numerosos anexos. En efecto, la

Comisión tiene interés en que el Informe contenga una visión lo más

exhaustiva posible de la evolución del Derecho de la competencia durante el

pasado año. Todos los textos de tipo legislativo o de gran importancia, tales

como las resoluciones del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social

relativas al anterior Informe, se recogen íntegramente (Anexos I y II) . Por

otra parte, tal y como ya se ha señalado anteriormente, el Anexo III resume

los asuntos más interesantes resueltos con arreglo a los artículos 85 y 86

del Tratado CE. Cabe también destacar la lista de comunicados de prensa

relacionados con la política de competencia que figura en el punto 2 de dicho

```

`Anexo.` `Por lo que a` _1_ `as` `ayudas se refiere, la lista de los comunicados de`

```
prensa acompaña a la lista de decisiones. Por otra parte, y con objeto de no

sobrecargar el corpus del Informe, éste no contendrá referencia alguna. El

lector que desee encontrar un texto o un documento hallará todas las

indicaciones correspondientes en los Anexos.

15. Finalmente, es necesario mencionar también el Anexo V, que contiene un

análisis de los principales acontecimientos ocurridos en los Estados miembros

y relacionados con su derecho de competencia.

16. Para concluir, hay que destacar que la DG IV ha decidido crear un

"servicio de información" con objeto de responder a cualquier pregunta del

público relacionada con la política de competencia.

```

```
l.I.§l.p.l

<T5> Primera parte

<T1> Evolución de la política de competencia

<T4> Capítulo 1

<T2> El esfuerzo por mantener un entorno competitivo

<T3> §1. Contribución de la política de competencia

          al crecimiento, la competitividad y el empleo

```

007

```
17. El actual contexto, que se caracteriza por una disminución del

crecimiento, una pérdida de competitividad de determinados sectores de la

economía europea y, ante todo, por un índice de desempleo especialmente alto,

exige una combinación de todas las políticas comunitarias para hacer frente a

estos retos económicos y sociales. La política de competencia desempeña un

cometido fundamental en la estrategia comunitaria dirigida a recuperar de

forma duradera el crecimiento y el empleo. Las prioridades que la Comisión se

ha fijado en el ámbito de la competencia se ven determinadas en gran medida

por la contribución que esta política puede aportar al objetivo comunitario

de crecimiento, competitividad y empleo, tal y como ha sido definido en el

Libro Blanco aprobado por la Comisión y presentado al primer Consejo de la

Unión Europea en diciembre de 1993 '- [1] -' .

18. El Libro Blanco establece como prioridad política para la Unión Europea

la creación de 15 millones de nuevos puestos de trabajo; reconoce que no

existe una solución milagrosa y establece las distintas áreas en las que es

necesario actuar para hacer frente al problema. Uno de los principales temas

que aparecen reiteradamente en el Libro Blanco es la necesidad de

reestructurar a fondo la economía europea si se quiere que ésta alcance los

objetivos que se ha fijado. En este sentido, el Libro Blanco destaca la

necesidad de aplicar sin titubeos las normas de competencia, incluyendo

aquéllas referentes a las ayudas estatales, al tiempo que subraya el papel

que esta política desempeña a la hora de eliminar las rigideces del mercado y

de incrementar la flexibilidad en un contexto económico cada vez más

dinámico. También la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en

(1) Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas
    para entrar en el siglo XXI. Com(93) 700 final, de 5 de diciembre de

    1993.

```

```
l.I.§l.p.2

```

008

```
diciembre hizo hincapié en esta firme aplicación de la política de

competencia.

19. De hecho, uno de los motivos que justifican la existencia de la política

de competencia es el estímulo del crecimiento, la competitividad y el empleo.

La competencia fomenta una eficaz asignación de recursos y estimula la

investigación y el desarrollo, la innovación y la inversión. Es el mecanismo

mediante el cual los recursos y los puestos de empleo se reorientan hacia

sectores en crecimiento, apartándose de aquellos cuyo futuro es menos

prometedor. La importancia de este cometido tradicional de la política de

competencia se ha incrementado en los últimos años por dos motivos. En primer

lugar, su participación en la realización del mercado interior, que creará

puestos de empleo y estimulará el crecimiento y la competitividad, goza de

            ^
gran predicamento^ [2] . En segundo lugar, ocupa un puesto central en la

política industrial comunitaria^ [3] ^. El Libro Blanco atribuye un carácter

prioritario a la realización de un auténtico mercado interior y a la eficacia

de la política industrial. Esto implica la necesidad de un nuevo vigor de la

política de competencia en aquellos ámbitos en los que complementa y

contribuye a estos objetivos.

Aunque es necesario mantener esta firme política de competencia, el Libro

Blanco plantea un nuevo reto. Es fundamental examinar en qué forma la

política de competencia puede aplicarse aún más eficazmente para que

contribuya a crear crecimiento y empleo y cómo puede contribuir o

complementar las demás políticas comunitarias contempladas en dicho Libro

Blanco. Este capítulo examinará el vínculo entre la política de competencia y

los principales cambios estructurales que necesita la economía europea si

deben cumplirse los objetivos del Libro Blanco. El presente Informe no

constituye una declaración definitiva, que exigiría efectuar un análisis más

exhaustivo y detallado, sino que recoge algunas orientaciones previas sobre

las futuras tendencias analíticas.

20. Una de las prioridades de la Comisión consiste en facilitar, mediante

una política clara y decisiones rápidas, la dinámica de las operaciones de

concentración y la cooperación entre empresas, siempre que no pongan en

peligro la eficacia de la competencia y el dinamismo del mercado. Aquéllas

pueden contribuir a la reestructuración de la economía, mientras que estas

 (2) Puntos 149 a 154 del presente Informe
 (3) Puntos 155 a 161 del presente Informe

```

```
l.I.§l.p.3

```

009

```
últimas permiten, por ejemplo, obtener importantes economías de escala que, a

su vez, facilitan el incremento de la calidad de los productos, la

investigación tecnológica y la aplicación práctica de los resultados de esta

última, así como la penetración de las empresas en nuevos mercados. El Libro

Blanco destaca el incremento de la eficacia, así como el estímulo a la

investigación, innovación y desarrollo de productos que pueden resultar de la

cooperación de las empresas y que pueden contribuir a incrementar la presión

de la competencia en el mercado. En particular, señala el modo en que la

estructura de la competencia debe ser considerada en muchos sectores desde un

punto de vista cada vez más internacional. Este equilibrio entre la eficacia

de la cooperación y el contexto verdaderamente competitivo en que se

desarrolla esta cooperación son dos elementos fundamentales que deben tenerse

en cuenta a la hora de valorar dicha cooperación según las normas de

competencia^ [4] ^.

21. El incremento de la competitividad de las empresas europeas pasa también

por una reducción de los costes y un acceso a servicios de mayor calidad en

sectores claves tales como los servicios financieros y los servicios

públicos, en particular, las telecomunicaciones, los transportes y la

energía. Sólo mediante la liberalización se alcanzarán todos los efectos

positivos sobre la productividad derivados tanto del estímulo al capital

privado para que participe en la construcción de infraestructuras, como de la

disminución del precio de bienes y servicios ofrecidos a través de estas

últimas. Estas infraestructuras, que deben completarse para crear redes

transeuropeas, sólo podrán contribuir plenamente a la reestructuración de la

economía europea y a efectuar las modificaciones fundamentales en la

inversión y los servicios si operan en un entorno liberalizado. De hecho, él

Libro Blanco concede un papel fundamental a las redes transeuropeas, y la

introducción progresiva de la competencia en estos ámbitos continúa siendo un

objetivo prioritario para la Comisión^ [5] '. No obstante, hay que tener en

cuenta que cuando se introduce por vez primera la competencia en sectores que

anteriormente estaban monopolizados, el precio de algunos bienes y servicios

puede incrementarse al eliminar las subvenciones ocultas o cruzadas.

Las directrices políticas en este campo, así como las razones por las que se

les ha concedido importancia, pueden ilustrarse mediante el estudio del

sector de las telecomunicaciones efectuado durante este año, que destacó el

(4) Puntos 74 a 89 del presente Informe.
(5) Puntos 36 a 42 del presente Informe.

```

```
x.x..,p.« 0

potencial de crecimiento del sector, su importancia para la competitividad

del resto de la industria en su calidad de aportación crucial, su relevancia

en términos de puestos de trabajo reales y potenciales, su demanda de grandes

inversiones y tecnologías avanzadas (aportación de soportes físicos y

lógicos) y, por último, su tarea social como prestador universal de servicio.

Si tuviese éxito, los estrangulamíentos resueltos gracias a la inversión en

esta y en otras redes transeuropeas tendrían un considerable efecto positivo

sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo. Sólo se puede hacer

frente a este reto mediante la coordinación de la política de competencia con

las otras políticas comunitarias necesarias pendientes de aplicación.

22. Otro ámbito destacado en el Libro Blanco por su carácter fundamental

para la creación de empleo y para él fomento de la flexibilidad es el de las

PYME. Hace tiempo que éstas reciben un trato de favor desde el punto de vista

de la aplicación de la política de competencia^'. Podrá ser necesario hacer

mayor hincapié en esta política con objeto de aprovechar aún más tanto su

potencial generador de empleo como su capacidad para asumir con rapidez

tecnologías nuevas e innovadoras y de aprovechar con rapidez las nuevas

oportunidades del mercado. De acuerdo con el Libro Blanco, la política de

ayudas estatales para las PYME, según se manifiesta en las directrices sobre

ayudas, ya concede importancia a las ayudas "blandas" destinadas a

incrementar la flexibilidad laboral (p.ej. ayudas para formación) y su

potencial técnico y comercial (ayudas "blandas" para contribuciones técnicas

y tecnológicas^ [7] M . También se concede trato de preferencia a las PYME en

cuanto a los incentivos a la inversión y las ayudas para I+D y medio

ambiente.

23. En realidad, la política de ayudas estatales en general tiene un

importante cometido que desempeñar a la hora de estimular y facilitar los

grandes cambios estructurales mencionados en el Libro Blanco( [8] *. En primer

lugar, es necesario continuar aplicando una política firme que evite que los

Estados miembros utilicen las ayudas con carácter defensivo y negativo para

resistirse a los cambios estructurales necesarios y desplazar el coste del

ajuste en términos de producción y empleo hacia otros Estados miembros. Por

<6) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 78
    79.

(7) Puntos 430 a 432 del presente Informe.
<8) Puntos 27 a 35 del presente Informe.

```

```
l.I.§l.p.5
```

011

```
otra parte, las ayudas pueden desempeñar un papel positivo en esta

reestructuración: pueden acelerar el cambio, estimular la I+D y la innovación

y aliviar las repercusiones sociales de los cambios repentinos y produndos. A

menudo se acusa a Europa de contar con una investigación básica de buen nivel

que logra unos resultados muy insatisfactorios en cuanto a la innovación, así

como con un mercado laboral rígido y con bajo potencial de creación de empleo

a pesar del crecimiento económico global a largo plazo. La política de ayudas

estatales debe ser estudiada teniendo en cuenta el Libro Blanco con objeto de

comprobar si funciona correctamente, especialmente allí donde es necesario

corregir la tendencia hacia la inversión en capital y en contra de la

inversión en recursos humanos, organizativos y tecnológicos.

Habrá que prestar especial atención a garantizar que las ayudas,

independientemente de su forma o del factor de producción al que estén

destinadas, no sirvan artificialmente de apoyo para unos puestos de trabajo

insostenibles y sin futuro a largo plazo, sino que sirvan para que la

economía se reestructure hacia unas inversiones que generen empleos viables.

Las ayudas no deben ser utilizadas para rebatir las previsiones del mercado,

ya que la intervención estatal en este sentido no siempre ha tenido éxito. En

su lugar, la política tiene que concentrarse en las medidas horizontales y en

aquellos ámbitos en los que el mercado no consigue invertir lo suficiente o

con la rapidez adecuada (especialmente I+D y medio ambiente, innovación y

formación) . De hecho, para el Libro Blanco, es primordial el papel de la

investigación, el desarrollo y la tecnología, así cómo la inversión en

capital humano y no físico con objeto de cambiar las pautas de crecimiento,

competitividad y empleo de la Comunidad. La política de competencia en todas

sus vertientes debe continuar desempeñando este cometido.

24. La política de ayudas, junto con la dirigida a las empresas, deberá ser

desarrollada y aplicada de forma coherente en aquellas áreas en las que las

normas de competencia no se aplican todavía de forma plena y efectiva. Ello

es así no sólo para los sectores monopolísticos antes mencionados sino, aún

más, para muchos de los sectores de servicios - por ejemplo, servicios

                   '
financieros y sector audiovisual^ [9] .

El hecho de que estos sectores hayan estado, durante largo tiempo, a salvo de

la competencia significa que los beneficios que se derivarán de la

(9) Puntos 117 a 122 y 143 a 146 del presente Informe.

```

```
i.r.§i.p.6
```

012

```
introducción de aquélla serán aún mayores no sólo en cuanto a la reducción de

precios para los consumidores, sino que servirán además para apuntalar, la

competitividad del resto de la industria que necesita la contribución de

estos sectores en forma de servicios innovativos a precios razonables.

Tampoco cabe pasar por alto el potencial de creación de empleo de estos

sectores de servicios. Durante mucho tiempo su contribución como porcentaje

del producto nacional bruto y al crecimiento del empleo ha sido mayor que la

de la industria. El sector de servicios, cada vez más dinámico y con el apoyo

de la aplicación eficaz de la política de competencia, continuará,

inevitablemente, siendo una de las principales fuentes de generación de

empleo. El Libro Blanco lo ilustra perfectamente mediante un ejemplo. Se

considera que el sector audiovisual da trabajo a al menos 1,8 millones de

personas. Las estimaciones recientes consideran que, a medio plazo, la parte

del consumo nacional dedicada a productos audiovisuales se duplicará. Si este

crecimiento se traduce en puestos de trabajo en Europa, podría llegar a crear

2 millones de nuevos puestos en el año 2000. La aplicación de las normas de

competencia en este sector debe, sin embargo, tener en cuenta otros objetivos

de la política comunitaria, especialmente los relacionados con el pluralismo

                                     ^
de los medios de comunicación y con la promoción cultural^ [10] .

25. Finalmente, el Libro Blanco destaca la dimensión internacional del

problema que supone incrementar el crecimiento, la competitividad y el empleo

en Europa. Ésta forma parte integrante de una economía cada vez más

internacional. Al liberar el comercio de los obstáculos y restricciones

estatales, hecho éste que ha adquirido un nuevo impulso a raíz de la

conclusión satisfactoria de la Ronda Uruguay del GATT, el papel de la

política de competencia a nivel internacional adquiere si cabe mayor

importancia^ [11] '. El desarrollo de la propia Comunidad es buen ejemplo de

cómo la política de competencia puede facilitar la integración económica.

Mientras que en la mayor parte de los países la política de competencia ha

sido considerada tradicionalmente como una prerrogativa exclusivamente

nacional, la Comunidad fue pionera a la hora de practicar una política que

intentaba resolver el impacto que el falseamiento de la competencia producía

sobre el comercio. Este enfoque, inicialmente aplicado sólo en la Comunidad,

se ha extendido gradualmente también al comercio con los principales socios

comerciales de la misma en Europa. De esta forma, la política de competencia

(10) Puntos 90, 143 a 146 y 172 a 177 del presente Informe

(11) Puntos 96, 97 y 114 a 116.

```

```
l.I.§l.p.7

```

013

```
ha desempeñado un importante cometido, contribuyendo al desarrollo del

comercio internacional y, en particular, de las posibilidades de nuestras

empresas de exportar a otros mercados que, hasta el momento, estaban cerrados

a causa de las prácticas contrarias a la competencia, las ayudas estatales o

los monopolios públicos. Sin embargo, no todo los principales socios

comerciales comunitarios han seguido la solución de aplicar la política de la

competencia con objeto de abrir sus mercados a las importaciones. Esta

política no existe, concretamente, en algunos países del Este y Sureste

asiáticos, cuyos mercados están cerrados no tanto por los obstáculos

arancelarios y no arancelarios como por las prácticas contrarias a la

competencia. El "Keiretsu" en Japón y los herméticos sistemas de distribución

existentes en varios países no son sino dos importantes ejemplos de este

fenómeno.

Para la Comunidad es prioritario establecer unas reglas que rijan estos

problemas relacionados con la competencia. Desde el punto de vista ideal,

dichas reglas deberían ser acordadas multilateralmente con objeto de que

tuvieran la mayor cobertura posible. La actual Ronda del GATT no se ocupa de

ello, aun cuando determinados códigos (en particular los códigos TRIPS y

Servicios) incluyen disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas.

La Organización Mundial del Comercio, creada como parte del paquete de la

Ronda, debería incluir aspectos de política de competencia entre sus tareas

inmediatas, centrándose especialmente en las prácticas comerciales

restrictivas y los carteles. Sin duda alguna, el objetivo debería ser llegar

a un acuerdo sobre unas normas sustantivas mínimas, y, más importante aún,

establecer unos procedimientos que garantizasen la aplicación de dichas

normas por cada una de las partes contratantes. En efecto, los efectos

positivos de la apertura del mercado sólo se podrán obtener mediante la

aplicación de dichas normas en casos concretos. Sería necesario reforzar el

derecho a recurrir ante los órganos jurisdiccionales del GATT, y consolidar

la eficacia de sus decisiones. Puede que la implantación de este tipo de

normas cueste trabajo y tiempo, pero es hora ya de empezar a hacerlo.

26. A muy corto plazo, la primera etapa consiste en acordar un sistema de

consultas y cooperación con las autoridades responsables de la competencia en

terceros países con objeto de evitar cualquier posible conflicto. La Comisión

ha concluido un acuerdo con las autoridades norteamericanas de defensa de la

competencia con objeto de limitar estos conflictos mediante un proceso de

consulta, cooperación y coordinación.

```

```
l.I.§l.p.8

```

014

```
Si se acepta este acuerdo, que actualmente está examinando el Tribunal de

Justicia, puede servir de modelo para otras negociaciones. Ya se han iniciado

las conversaciones en este ámbito con las autoridades canadienses, y en breve

podría haber nuevos candidatos. Como uno de los principales objetivos estriba

en limitar los conflictos a los que pudiera dar lugar su aplicación, estos

acuerdos sólo pueden ser firmados con las autoridades que verdaderamente

aplican las normas de competencia.

```

```
l.I.§2.p.9

<T3> §2. Ayudas estatales

```

015

```
27. El control de las ayudas estatales forma parte del marco reglamentario

fundamental que apoyará y facilitará la consecución de los objetivos del

Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo. Buena prueba de la

aceptación que el control de estas ayudas a nivel comunitario ha adquirido

estriba en que el Libro Blanco parte de su existencia. Los Jefes de Estado y

de Gobierno reunidos en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 10

y 11 de diciembre destacaron la importancia de la política de ayudas

estatales en el contexto de la estrategia del Libro Blanco. Los

acontecimientos ocurridos durante 1993 en este terreno acentúan aún más esta

importancia.

28. El control de las ayudas estatales a nivel comunitario es fundamental,

en primer lugar, para que el programa del Mercado Único tenga éxito, pues, a

su vez, es uno de los factores que incrementará la competitividad de la

Comunidad. Una de las principales funciones del control de las ayudas

estatales, al igual que de la política de competencia en general, ha sido

siempre abrir mercados y mantenerlos abiertos' [12] '. En un mercado aún más

integrado, el efecto nocivo de determinados tipos de ayudas se ve

amplificado, con lo que el control de las mismas adquiere aún mayor

relevancia. Esto es especialmente evidente en aquellas industrias que sufren

problemas estructurales crónicos, los denominados "sectores sensibles", que

están sujetos a rigurosas directrices de ayuda. En 1993, año de la recesión,

la vigilancia de las normas sobre ayudas en los sectores del acero, la

construcción naval, las fibras sintéticas y los vehículos de motor constituyó

una prioridad fundamental^ [13] '. También es necesario prestar una mayor

atención a las ayudas que pueden dar lugar a distorsiones en otros sectores.

El Tribunal de Justicia recordó a la Comisión que, en caso de duda, debe

comprobar cuidadosamente la situación del mercado antes de desestimar las

denuncias de los competidores^ [14] '. La preocupación por mantener abiertos los

mercados y profundizar en la integración existe también en muchos otros

campos relacionados con las ayudas estatales. La ayuda nacional a escala

regional se controla con objeto de contrarrestar la tendencia a favorecer las

regiones más prósperas y estimular las inversiones internas hacia las zonas

(12) Punto 157 del presente Informe.

(13) Puntos 480 a 533 del presente Informe.

(14) Punto 53 3 del presente Informe.

```

```
1.1.§2.p.10
######,01b

subdesarrolladas o en declive industrial, con objeto de integrar estas

últimas en el nivel general. Evidentemente, las ayudas estatales deben ser

también controladas cuidadosamente en aquellos mercados que se acaban de

abrir a la competencia, como el de la energía y las telecomunicaciones.

29. El Libro Blanco considera que la resistencia al ajuste estructural de

los sectores en declive a los sectores en expansión es uno de los motivos que

explican el bajo nivel de crecimiento y creación de empleo en Europa en los

últimos tiempos. La lentitud de las economías europeas a la hora de adecuar

la oferta a la demanda se debe a muchas razones: mercados cerrados, un sector

público inflado, las rigideces del mercado de trabajo, las subvenciones, etc.

Afortunadamente, la situación ha mejorado considerablemente en muchos de

estos aspectos durante los diez últimos años y continúa haciéndolo. Los

obstáculos comerciales han sido desmantelados en la Comunidad y están

desapareciendo actualmente entre la Comunidad y el resto de Europa y del

mundo. Los gobiernos han reducido, o lo están haciendo, la participación

estatal en la industria. Por lo que se refiere a las subvenciones, la

Comisión siempre se ha manifestado contra las ayudas estatales que sirven

simplemente para que las empresas eludan los procesos de reestructuración,

enfoque que ha terminado prosperando. Se pueden admitir aquellas ayudas

destinadas a aliviar la reestructuración y, en especial, las repercusiones

sociales de la misma. El acceso a las ayudas que tienen este objetivo puede

facilitar este proceso, pero no aplazarlo indefinidamente. Los

acontecimientos del pasado año - la reestructuración del sector del acero y

el enfrentamiento relacionado con las garantías automáticas de la deuda de

las empresas del sector público^ [15] ' - corroboraban esta opinión, pero no

hicieron sino confirmar lo difícil que es algunas veces aplicarla en la

práctica( [16] ).

30. El cese del despilfarro de fondos públicos en empresas que necesitan una

reestructuración produce efectos macroeconómicos beneficiosos y contribuye a

reducir el déficit presupuestario. Tal y como señala el Libro Blanco, es

condición fundamental de la estrategia de crecimiento cumplir los requisitos,

macroeconómicos de la UEM y, especialmente, la reducción de los déficit. Este

hecho, junto con el desplazamiento de la renta destinada al consumo privado

hacia la inversión, liberará los inmensos recursos necesarios para las redes

transeuropeas y la inversión en sectores en crecimiento.

(15) Punto 3 74 del presente Informe.
(16) Punto 23 del presente Informe.

```

```
1.1.§2.p.11
```

017

```
31. La Comisión siempre ha destacado su actitud positiva frente a

determinados tipos de ayuda, siempre que éstos se mantengan dentro de unos

límites y contribuyan a los objetivos comunitarios. Entre estos tipos de

ayudas figuran los incentivos para las PYME. El Libro Blanco confía en gran

medida en que las PYME contribuyan al desarrollo de Europa y en su política

de ayudas estatales, la Comisión ha reconocido esta contribución desde hace

tiempo. Sus directrices dé mayo de 1992 sobre ayudas a PYME son bastante

explícitas en lo referente, por ejemplo, a las desventajas económicas que

padecen - aspecto destacado en las cumbres de Edimburgo y Copenhague

celebradas en 1992 y 1993, respectivamente, mediante la propuesta de lanzar

una garantía para préstamos y una -línea de créditos "blandos" - y la

importancia de las ayudas "blandas" destinadas a la formación y asesoría. La

Comisión debatió el aspecto de la ayuda para formación y difusión de la

información a las PYMEs en una reunión multilateral con los Estados miembros

celebrada en diciembre^ [17] ^. En sus nuevas directrices sobre ayudas para la

protección al medio ambiente, la Comisión ha adoptado también una actitud más

favorable hacia el apoyo a las PYME.

32. Otra de las políticas tradicionales de la Comisión es la de considerar

favorablemente el apoyo a la investigación y desarrollo (I+D y protección del

medio ambiente, dos nuevas áreas a las que el Libro Blanco concede

prioridad). La Comisión autoriza las ayudas de carácter nacional destinadas a

cubrir una proporción relativamente alta del coste de los proyectos,

dependiendo de la distancia entre la I+D y el mercado, que determina

parcialmente el riesgo, y de la forma en que se concede la ayuda^ [18] ^

33. En 1993, se revisó la política referente a las ayudas para la protección

medioambiental. En las nuevas directrices^ [19] ^, se avanza aún más hacia una

ampliación de la aplicación del principio "quien contamina paga" y la

Comisión cuenta con experiencia que demuestra la importancia de incentivar

las inversiones que superan los requisitos reglamentarios. Estas inversiones

pueden, en el futuro, contar con una ayuda superior que la que simplemente

sirve para que las empresas adapten sus instalaciones de producción a las

nuevas normas. También se. incluyen actualmente las subvenciones a la compra

de productos no contaminantes, las deducciones en los nuevos impuestos

(17) Puntos 383 y 430 a 432 del presente Informe
(18) Puntos 160 y 414 a 464 del presente Informe
(19) Punto 384 del presente Informe.

```

```
1.I.§2.p.12

```

018

```
ecológicos y la ayuda para la recuperación y reciclado de residuos. Estas

directrices deberían contribuir a plasmar la esperanza que el Libro Blanco ha

puesto en el progreso medioambiental, al incrementar la transparencia y

establecer un amplio marco político para las subvenciones medioambientales.

34. Normalmente, la Comisión mantiene una actitud positiva ante las ayudas

estatales para el sector audiovisual, otra de las áreas de crecimiento

señalada en el Libro Blanco. Nunca se ha opuesto a los programas de apoyo a

la industria cinematográfica, salvo para eliminar las discriminaciones (la

discriminación contra ciudadanos comunitarios nunca puede permitirse, ni

siquiera por motivos culturales). La nueva disposición de la letra d) del

apartado 3 del artículo 92, introducida por el Tratado de la Unión Europea,

establece una excepción concreta para aquellas ayudas a las actividades

culturales y artísticas.

35. Por consiguiente, se puede observar que el control de las ayudas

estatales por parte de la Comisión avanza ya en el camino de los objetivos

fijados en el Libro Blanco y en el Tratado de la Unión Europea. La Comisión,

al mantenerse firme frente a las ayudas nocivas y antieconómicas y al

controlar otras subvenciones sólo en la medida de lo necesario para evitar

los abusos, contribuye a crear las condiciones necesarias para que esta

estrategia tenga éxito.

```

```
1.I.§3.p.13

<T3> §3. Liberalización y privatización

```

###### 019

```
36. Las normas comunitarias de competencia tiene una doble vertiente. Por

una parte, pretenden mantener un entorno competitivo que no falseen las

empresas o las intervenciones estatales. Este es el cometido de los artículos

85 y 86 del Tratado CE, del Reglamento (CEE) n° 4064/89 sobre el control de

las operaciones de concentración, de los artículos 65 y 66 del Tratado CECA,

de los artículos 92 y 93 del Tratado CE y, en cierto modo, del artículo 90 de

dicho Tratado. Por otra parte, pueden también servir para introducir más

competencia en algunos sectores en los que los Estados miembros crearon en el

pasado situaciones monopolísticas en beneficio de determinadas empresas. En

efecto, el artículo 90 del Tratado CE confiere también a la Comisión la

posibilidad de actuar contra estos Estados cuando conceden derechos

exclusivos o especiales en beneficio de determinadas empresas, infringiendo

así las disposiciones del Tratado CE. El apartado 3 del artículo 90 ofrece a

la Comisión dos mecanismos: puede, o bien adoptar directivas, es decir actos

de alcance general, o bien decisiones individuales contra un Estado miembro

concreto. Así pues, las disposiciones del Tratado que pueden ser infringidas

son, por ejemplo, las destinadas a instituir la libre prestación de

servicios, las referentes a la libertad de establecimiento o también los

artículos 85 y 86.

En cambio, el Tratado CE no entra a considerar la naturaleza pública o

privada de las empresas beneficiarías de estos privilegios. En efecto, el

artículo 222 del Tratado CE señala claramente que éste no prejuzga en modo

alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros.

Junto con este mecanismo aplicable a los Estados miembros, el apartado 2 del

artículo 90 confirma que las empresas públicas, así como aquellas que

ostenten un derecho exclusivo o especial concedido por el Estado, no gozarán

de trato privilegiado por lo que a la aplicación de las normas de competencia

se refiere. La única excepción es la de las restricciones de la competencia

que pueden autorizarse cuando son necesarias para desempeñar la misión

especial que les ha sido asignada. En efecto, algunas empresas deben

desempeñar una tarea específica en beneficio del conjunto de los usuarios.

Ésta es una misión de interés económico general, que puede motivar la

concesión de estos derechos exclusivos o especiales. El contenido de esta

misión varía según el tipo de actividad y plantea, en la práctica, problemas

```

```
1.I.§3.p.14
```

020

```
de delimitación' [20] '. La excepción incluida en el apartado 2 del artículo 90

del tratado CE demuestra que los autores del mismo no pretendieron poner en

peligro la realización de dicha misión.

37. El examen de la situación en la Comunidad de aquellos sectores en los

que existen dichos derechos exclusivos o especiales muestra que las tarifas

aplicadas son a menudo superiores a las vigentes en aquellos países en los

que estos mismos sectores están expuestos a la libre competencia. Esto es

especialmente así en los sectores del transporte, telecomunicaciones y

energía. Por otra parte, la carencia de presión competitiva no siempre incita

a las empresas a innovar tecnológicamente y, sobre todo, priva a los

consumidores de la posibilidad de elección entre distintas tecnologías. Esta

situación es perjudicial para la competitividad del conjunto de la industria

comunitaria, ya que ésta no puede gozar en estos sectores de las ventajas

derivadas de un auténtico mercado interior. Tal y como ha señalado la

Comisión en su Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, es

probable que la industria comunitaria sufra una pérdida de puestos de

trabajo. De hecho, el efecto es doble: además de las pérdidas en toda la

industria, sería conveniente que hubiese un mayor número de empresas activas

en estos sectores que son, a su vez generadores de empleo. A medio y largo

plazo, la introducción de la competencia producirá efectos beneficiosos. No

obstante, a corto plazo, dicha introducción, que a menudo implica una

privatización, con la consiguiente racionalización, puede causar una

disminución del empleo como consecuencia de la reestructuración que se

producirá al intentar anticiparse al incremento de la presión competitiva.

Es evidente también que la falta de una competencia eficaz en estos sectores

perjudica a todos los consumidores. Por una parte, el coste de estos

servicios será alto para los consumidores y, por otra, tendrán que padecer

las consecuencias de la pérdida de productividad de toda la industria

comunitaria. Por este motivo, la Comisión considera que es indispensable

introducir una mayor competencia para mejorar la productividad de la

industria comunitaria en su conjunto. El capítulo III de la primera parte del

presente Informe analiza con más detalle las evoluciones experimentadas por

estos distintos sectores.

(20) Puntos 123 a 135 del presente Informe

```

```
1.I.§3.p.15
##### 021

38. No obstante, y haciendo abstracción de peculiaridades concretas, cabe

destacar distintos aspectos comunes. En primer lugar, aunque la Comisión

dispone de las importantes facultades descritas anteriomente con arreglo al

apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE, prefiere utilizar un enfoque

consensual con objeto de efectuar una liberalización progresiva que tenga en

cuenta, en particular, los plazos necesarios para garantizar la

reestructuración tarifaria y la realización de la misión de servicio público

(es decir, indispensable para todos los usuarios). El ritmo dependerá

estrechamente de las características del sector. El mejor ejemplo de este

enfoque diferenciado es, sin duda alguna, el sector de las

telecomunicaciones. En efecto, en este sector, la evolución tecnológica ha

hecho que las situaciones de monopolio de derecho existentes en la mayor

parte de los Estados miembros hayan quedado obsoletas. Por consiguiente, la

liberalización se producirá en él más rápidamente.

39. Por otra parte, la progresiva introducción de una mayor competencia no

implica la desaparición definitiva de cualquier tipo de norma. En efecto, es

también necesario tener en cuenta los importantes objetivos que estos

sectores deben perseguir, objetivos que hacen necesario adoptar medidas

reglamentarias. De esta forma, en el sector de transporte, la competencia no

debe introducirse en detrimento de la seguridad de los pasajeros y es por

consiguiente indispensable establecer unas normas al respecto. Asimismo, en

el sector de las telecomunicaciones o del servicio postal, hay que velar por

que el denominado servicio universal se mantenga, sin menospreciar los

aspectos sociales de las telecomunicaciones, tales como la ayuda a las

personas de edad avanzada o minusválidas. Por último, por lo que a la energía

se refiere, debe mantenerse la seguridad de abastecimiento, así como el

servicio universal de electricidad. En todos los casos, no se trata de

sustituir una burocracia por otra establecida a escala comunitaria. En

efecto, la mejora de la competitividad de la industria comunitaria supone

también que ésta no deba actuar en un entorno caracterizado por una excesiva

rigidez. No obstante, es necesario elaborar a nivel comunitario unas normas

básicas tendentes a garantizar la protección de los objetivos antes citados.

Finalmente, en todos estos sectores, la principal dificultad estriba en

definir el límite entre las actividades que pueden continuar estando

reservadas a una empresa y aquellas a las que los terceros pueden tener libre

acceso, sin poner en peligro el objetivo de la integración del mercado. La

```

```
1.I.§3.p.16
##### 022

Comisión reconoce, en efecto, que algunos objetivos, legítimamente

perseguidos por los Estados, exigen que determinadas actividades queden al

margen de cualquier tipo de competencia, por lo menos de forma provisional.

En caso contrario, existe el riesgo de que algunas empresas, actuando con

arreglo a criterios estrictamente comerciales, sólo ejerzan las actividades

más rentables en detrimento de la misión de interés público que los Estados

miembros desean ver garantizada. Esta delimitación, al igual que la duración

de la protección que se conceda, debe hacerse caso por caso, según las

características de cada uno de los sectores afectados. La Comisión estima, no

obstante, que los sectores que queden así reservados deben limitarse a los

estrictamente indispensables para cumplir esta misión de servicio público.

40. Las normas de competencia del Tratado CE tendrán también que desempeñar

un importante cometido cuando se liberalicen estos "sectores. En efecto, hay

que evitar que, mediante prácticas restrictivas, abusos de posición dominante

u operaciones de concentración, las empresas presentes en estos mercados

priven a los consumidores de los beneficios derivados de la desregulación. A

este respecto, la Comisión prestará especial atención a los riesgos de

infracción del artículo 86 del Tratado CE, que sanciona los abusos de

posición dominante. En efecto, aún cuando el acceso a las infraestructuras

quede liberalizado de derecho, las empresas que hayan dispuesto anteriormente

de derechos exclusivos o especiales estarán de hecho, sin duda alguna, en

situación de fuerza en estos mercados, al menos durante un cierto período.

Por consiguiente, es necesario evitar que utilicen esta posición para

restringir la competencia, ya sea en este mercado o en cualquier otro.

Para dar respuesta a esta primera inquietud, es evidente que, cuando se

liberalice el acceso a las infraestructuras, la Comisión deberá velar

cuidadosamente por que el acceso de terceros a las ya existentes no dé lugar

a limitaciones injustificadas. La implantación de la competencia exige que

los terceros puedan disfrutar de estas infraestructuras en condiciones no

discriminatorias. La Comisión es consciente de que, en algunos casos, puede

ser difícil determinar unas tarifas justas para tal acceso. En efecto, podría

considerarse justificado que los terceros que tengan acceso a

infraestructuras ya existentes deban pagar al titular de las mismas, ya que

ha tenido y tiene que hacer frente a determinados costes de mantenimiento y

debe continuar desempeñando su misión de servicio universal, lo que le supone

costes suplementarios no repercutidos sobre terceros. El precio así exigido

```

```
1.I.§3.p.17

##### 023

no debe, en cualquier caso, impedir toda posibilidad de acceso efectivo a los

interesados. Por otra parte, hay que tener en cuenta que éstos tienen que

esforzarse por penetrar en un mercado que hasta el momento estaba cerrado.

Actualmente, la Comisión está estudiando, por ejemplo, estos aspectos en el

sector de las telecomunicaciones.

Por otra parte, existe verdaderamente riesgo de que estas empresas se sirvan

de su situación de fuerza en el sector en el que tenían un monopolio, o en el

que todavía lo tienen, para subvencionar sus actividades en otros mercados en

los que deben hacer frente a una competencia más intensa. El peligro de

subvenciones cruzadas es indudablemente mayor en los sectores que habrán de

ser liberalizados, ya que la transparencia ha brillado por su ausencia hasta

ahora en la contabilidad de estas empresas. En principio, no se puede

criticar el supuesto, contrario, es decir, la utilización parcial de los

beneficios obtenidos en sectores liberalizados para cumplir la obligación de

servicio público.

Por último, las normas establecidas en el reglamento sobre control de las

operaciones de concentración deben garantizar que aquellas empresas que gozan

de derechos exclusivos no lleguen a crear, mediante adquisiciones,

situaciones en las que es de hecho imposible la competencia por parte de

terceros. No obstante, la Comisión no tiene intención de oponerse a estas

agrupaciones cuando su objetivo real es permitir a las empresas afianzarse en

el nuevo entorno competitivo que, en algunos casos, puede tener un carácter

mundial.

41. Tal y como se ha señalado anteriormente, el Tratado CE no prejuzga en

absoluto la propiedad de estas empresas. Sin embargo, no deja de ser cierto

que el acceso de nuevos competidores al mercado, junto con el limitado margen

de crecimiento de los gastos públicos en los Estados miembros, supondrá

probablemente una cierta privatización de estos sectores, sobre todo si las

empresas privadas pueden esperar beneficiarse del entorno abierto. Es ésta,

por cierto, una de las razones por las que la Comisión pretende favorecer la

creación de auténticas redes transeuropeas en algunos sectores. El importe de

las inversiones necesarias para acceder eficazmente a estos sectores,

implicará, muy probablemente, unas formas de colaboración entre empresas del

sector privado o entre el sector público y el privado. Estas formas de

cooperación habrán de ser, sin duda alguna, examinadas en función de las

```

```
1.I.§3.p.18
##### 024

normas de competencia comunitarias, ya sea con arreglo al artículo 85 del

Tratado o con arreglo al reglamento sobre el control de las operaciones de

concentración, para evitar que den lugar a la creación de nuevos monopolios.

Hecha esta reserva, la Comisión favorecerá, muy probablemente, este tipo de

acuerdos en tanto en cuanto permiten satisfacer su objetivo fundamental de

introducir más competencia en estos sectores y permitir su desarrollo.

42. En las privatizaciones es fundamental garantizar un control estricto de

todas las ayudas, ya que éstas pueden dar a las empresas privatizadas una

ventaja injusta desde el punto de vista de la competencia que impide que esta

última se desarrolle, con lo que se pone en peligro el objetivo de la

liberalización. Las privatizaciones efectuadas mediante flotación en bolsas

de valores o mediante licitación abierta y no restringida en las que la

empresa se adjudica al mayor postor no suelen plantear problemas de ayudas

estatales. En todos los demás casos, la Comisión exige que se notifique la

venta propuesta con objeto de comprobar si se concede ayuda. El adquirente no

debe recibir los activos a un precio inferior a su valor real. Tampoco debe

continuar operando artificialmente una empresa gracias a las ayudas cuando

necesita reestructuración o, simplemente, debe ser clausurada. Los principios

que la Comisión aplica a la hora de vetar las privatizaciones con arreglo a

las normas sobre ayudas estatales se describen en el capítulo correspondiente

a las ayudas estatales( [21] ).

(21) Puntos 402 y 403 del presente Informe,

```

```
1.I.§4.p.19

<T3> §4. Control de las operaciones de concentración

<T5> a) Revisión del Reglamento: antecedentes

```

##### 025

```
43. El 21 de diciembre de 1989, tras arduas negociaciones, el Consejo aprobó

por unanimidad el Reglamento sobre operaciones de concentración, que entró en

vigor 9 meses después. Este reglamento había de ser revisado cuatro años más

tarde, es decir en 1993. Sin embargo, no llegó a revisarse por las razones

que se exponen a continuación. En el contexto de la creación del Mercado

Único, era fundamental disponer de un instrumento jurídico adecuado, tanto

para mantener la competencia efectiva que podría desaparecer a causa de las

adquisiciones de efecto transíronterizo, como para facilitar el proceso de

integración económica. Evidentemente, este objetivo.continúa vigente ya que

la realización del mercado interior, y por consiguiente la necesidad para las

empresas de estar presentes en mercados más amplios, constituye un fenómeno

que se mantendrá en el futuro dadas las distintas medidas adoptadas por la

Comunidad para ampliar el mercado interior a todos los sectores de actividad.

Algunas de ellas se mencionan en el presente Informe.

44. Salvo algunas excepciones producto de la aplicación del principio de

subsidiariedad y de la justa necesidad de que los Estados miembros puedan

proteger sus intereses legítimos compatibles con el Derecho comunitario, la

característica fundamental del Reglamento estriba en que reconoce una

competencia exclusiva a la Comunidad para valorar, desde el punto de vista de

la competencia, todas aquellas concentraciones que superen determinados

niveles de volumen de negocios. Por una parte, estos niveles no deben ser tan

altos que den lugar a la exclusión de concentraciones que tienen una

verdadera dimensión comunitaria, pero, por otra, no deben ser tan bajos que

incluyan en el ámbito de aplicación operaciones cuyo alcance es

fundamentalmente nacional. En efecto, el principio de subsidiariedad no

implica que todas las operaciones deban ser tramitadas a escala nacional,

sino, más bien, que cada operación de concentración sea examinada por la

autoridad más adecuada, que en algunos casos podrá ser la nacional y en otros

la Comisión. De acuerdo con esta aplicación del principio de subsidiariedad,

existe el requisito concomitante de hallar el nivel adecuado para los

umbrales antes mencionados que establezca el equilibrio correcto para

resolver el difícil problema de la atribución de competencias

institucionales. Al mismo tiempo, habida cuenta de la conveniencia de

```

```
1.I.§4.p.20

### 026

disponer de una norma relativamente sencilla para dirimir los conflictos de

competencia en aras de la seguridad jurídica y de la transparencia, hay que

reconocer que, aun alcanzándose el equilibrio ideal, inevitablemente

existirán ciertos casos límites excluidos de la jurisdicción comunitaria que

merecerían entrar en el ámbito del reglamento, y viceversa.

45. A la dificultad técnica de determinar los umbrales, se unía la falta de

experiencia en la aplicación práctica del Reglamento. Por consiguiente, el

Consejo asumió esta dificultad adoptando un enfoque en dos fases para la

determinación de los umbrales, y acordó revisar los establecidos inicialmente

a los cuatro años de la aprobación del texto, es decir antes de finales de

1993 (22) # Además, esta revisión había de hacerse con arreglo a una propuesta

de la Comisión que debía ser aprobada por mayoría cualificada.

46. En el momento de la aprobación del Reglamento, la propia Comisión

declaró que, al término de la fase inicial de aplicación, el umbral principal

(es decir, mundial) del volumen de negocios había de ser reducido de 5 000 a

2 000 millones de ecus y que el umbral correspondiente al volumen de negocios

comunitario, establecido en 250 millones de ecus, había también de revisarse

en función de la experiencia y de la tendencia del umbral principal. Si se

aplicase al umbral comunitario la misma reducción proporcional establecida

para el umbral principal, habría que fijar un umbral revisado para la

Comunidad de 100 millones de ecus en lugar del actualmente vigente de 250

millones de ecus. Esto no quiere decir que no quedaran operaciones

importantes por debajo de estas cantidades. Más bien, se supone que, por

debajo de dicho umbral, las concentraciones tendrían fundamentalmente

repercusión nacional y, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, sería

mejor efectuar el examen de las mismas a nivel nacional.

47. Dado que cualquier modificación de los umbrales repercutiría sobre la

atribución de competencias jurisdiccionales entre los Estados miembros y la

```

`Comisión, se consideró también adecuado` **`revisar al`** **`mismo`** `tiempo` **`el articulo`** _**9**_

```
del Reglamento, que regula aquellos casos en los que un Estado miembro puede

solicitar que la Comisión reenvíe a las autoridades nacionales competentes

determinados asuntos a pesar de que éstos estén incluidos en el ámbito de

aplicación del Reglamento sobre operaciones de concentración^ [23] ^, El reenvío

con arreglo al artículo 9 refleja la aplicación práctica del principio de

(22) Apartado 3 del artículo i.
(23) Apartado 10 del artículo 9.

```

```
1.I.§4.p.21
##### 027

subsidiariedad, aunque éste se plasme fundamentalmente a través del nivel de

los umbrales del volumen de negocios y, en particular, en la norma de los dos

                             ^
tercios aplicable al volumen de negocios nacional^ [24] .

48. Junto con los umbrales del volumen de negocios y el procedimiento de

reenvío, tanto el Consejo como la Comisión manifestaron que habría que

examinar otros aspectos de el Reglamento, entre los que se incluye la

determinación del volumen de negocios para las empresas en participación, un

concepto más concreto de los ingresos bancarios y el mecanismo de publicación

de los dictámenes del Comité consultivo.

<T5> b) Aplicación hasta la fecha

<T6> Resumen de las decisiones y perfil económico de los asuntos

49. En los tres años y tres meses que lleva en vigor el Reglamento, se han

recibido [190] notificaciones. Dado que los comentarios sobre las decisiones

individuales derivadas de estas notificaciones figuran en el presente Informe

o en los de años anteriores, se destacan a continuación únicamente las

características fundamentales.

(24) El Reglamento establece que no será necesario notificar una operación
   de concentración comprendida en el mismo cuando cada una de las
   empresas afectadas realice más de dos tercios de su volumen de negocios
   en un único y mismo Estado.

```

```
1.I.§4.p.22

```

###### 028

```
                   1990 1991 1992 1993 Total

Número de notificaciones 12 63 60 58 193

```

```
Decisiones con arreglo a la letra a)

del apartado 1 del artículo 6

Decisiones con arreglo a la letra b)

del apartado 1 del artículo 6

Decisiones con arreglo a la letra c)

del apartado 1 del artículo 6

Decisiones al apartado 2 del

artículo 8

   Sin condiciones

   Con condiciones

Decisiones al apartado 3 del

artículo 8

Reenvío con arreglo al artículo 9

```

```
                    20

    50 47 49 151

                    14

0 1

0 3

0 1

```

```
50. Se han recibido 6 solicitudes en virtud del apartado 2 del artículo 9 y

en un caso un Estado miembro solicitó que se aplicase el apartado 3 del

artículo 22, que permite examinar una operación de concentración aunque no

tenga dimensión comunitaria con arreglo al Reglamento.

51. La mayor parte de los casos notificados correspondían al sector

manufacturero, es decir, alimentación y bebidas, vehículos de motor y sector

químico, aunque también se efectuó un importante número de operaciones en el

sector de los servicios, es decir minoristas y mayoristas, informática, banca

y seguros. La mayor parte de las notificaciones, con gran diferencia, se

refería a empresas de Alemania, Reino Unido y, especialmente, Francia.

52. Reflejando los objetivos del Reglamento sobre operaciones de

concentración, casi las tres cuartas partes de las notificaciones afectaban a

```

```
1.I.§4.p.23
##### 029

empresas de otro Estado miembro o de Estados no comunitarios. Un número

semejante de asuntos correspondían a mercados cuya dimensión • geográfica

abarcaba toda la Comunidad o más de un Estado miembro.

<T6> Efectividad y eficacia de la aplicación

53. Durante los últimos tres años, la Comisión ha aplicado el Reglamento de

acuerdo con sus objetivos fundamentales: autorizar aquellas concentraciones

que dan lugar a las reorganizaciones empresariales necesarias en la Comunidad

como consecuencia de la apertura de los mercados nacionales al mercado

comunitario y mundial, prohibiendo o modificando al mismo tiempo aquellas que

pueden dar lugar a un perjuicio duradero para la competencia efectiva en el

mercado común o en parte sustancial del mismo.

54. Aunque últimamente la Comisión sólo ha adoptado una decisión de

prohibición^ [25] ^, y en otro caso' [26] ' la notificación se retiró al iniciarse

el procedimiento de la segunda fase, el alcance de la intervención de la

Comisión es mucho mayor que el aparente a simple vista según estas escuetas

estadísticas.

55. La mera existencia de una normativa comunitaria para controlar las

operaciones de concentración, junto con el considerable número de

orientaciones informales facilitadas por los servicios de la Comisión a las

empresas, ha producido un importante efecto preventivo en la Comunidad sobre

las estrategias empresariales contrarias a la competencia. Por otra parte, de

los 12 asuntos tramitados en segunda fase y finalizados mediante una decisión

con arreglo al artículo 8, tan sólo 8 se resolvieron una vez que la Comisión

impuso condiciones y obligaciones que modificaban el plan inicial de la

operación. Además, en otros 7 asuntos tramitados en la primera fase, la

Comisión resolvió el expediente una vez que las partes se comprometieron a

solucionar los aspectos problemáticos relacionados con la competencia.

56. En estos casos, se mantuvo y desarrolló la competencia principalmente

mediante tres tipos de soluciones, a saber, la supresión de obstáculos de

acceso, la eliminación de vínculos económicos, personales o estructurales y

la venta de activos o acciones.

(25) IV/M.052 - Aéroespatiale/Alenia/De Havilland.
(26) IV/M.238 - Siemens/Philips.

```

```
1.I.§4.p.24
##### 030

57. Si las partes no hubieran estado dispuestas a modificar el proyecto

inicial de la operación, él número de casos en los que se hubiera iniciado el

procedimiento o se hubiera tomado una decisión de prohibición hubiera sido

inevitablemente mayor.

58. En términos generales, se ha considerado que la aplicación del

Reglamento hasta la fecha ha tenido éxito. Tanto el sector empresarial como

los profesionales del Derecho han valorado muy positivamente la rapidez, la

seguridad jurídica y el control reglamentario único que ofrecen las

decisiones de la Comisión. Al mismo tiempo, el Reglamento crea un régimen de

acción igualitario para las operaciones de envergadura en la Comunidad, ya

que éstas están sujetas a unas mismas normas aplicadas a escala comunitaria.

Este es un nuevo ejemplo que demuestra que la creación de un verdadero

mercado interior exige, principalmente, unas normas de competencia uniformes

y eficaces.

<T6> Relaciones entre la política comunitaria y nacional de control de

              las operaciones de concentración

59. Al incrementarse la integración de los mercados comunitarios, cada vez

quedan menos mercados puramente nacionales. Esta tendencia a la integración

de los mercados nacionales favorece en sí misma a la competencia y queda

parcialmente reflejada por el alto número de decisiones de autorización.

Actualmente, casi todos los Estados miembros disponen de un mecanismo

nacional de control de las operaciones de concentración que regula aquellas

operaciones situadas por debajo del umbral establecido en el Reglamento. La

Comisión ve con buenos ojos este hecho, ya que garantiza un sistema sin

lagunas que mantiene la competencia efectiva tanto a nivel nacional como

comunitario.

60. Sin embargo, cuanto mayor es el grado de integración, es más conveniente

que las empresas puedan adecuar su estrategia de adquisición de empresas con

arreglo a una normativa común aplicable a escala comunitaria. Por

consiguiente, resulta esencial que los objetivos, los métodos y los

procedimientos de las políticas nacionales y comunitarias sobre operaciones

```

`en` _concentración_ `converian` `en la mayor` `medida` `posible. Aun cuando` `disminuyan`

```
los r.?:ü:; rales de volumen de negocios contemplados en el Reglamento, la

•necesidad imperiosa de incrementar la armonización en el mercado único

permanece. En efecto, no cabe pensar en someter todas las concentraciones a

```

```
1.I.§4.p.25

##### 031

un único control. Por consiguiente, los respectivos ordenamientos nacionales

conservarán en cualquier caso un cometido que desempeñar.

<T5> c) Alcance de la revisión del Reglamento

<T6> Umbrales y reenvío con arreglo al artículo 9

61. De acuerdo con los requisitos del Reglamento, la Comisión ha examinado

la oportunidad de revisar los umbrales de volumen de negocios y el

procedimiento de reenvío. En este sentido, la Comisión estima que existen

importantes argumentos que abogan por un recorte de los primeros.

62. Una de las consecuencias de la aparición de nuevos sistemas nacionales

de control de operaciones de concentración consiste en que se ha incrementado

el número de controles reglamentarios para aquellas concentraciones que

tienen una verdadera dimensión comunitaria pero que se sitúan por debajo de

los umbrales vigentes. Simultáneamente, por una parte, el programa del

mercado único ha dado lugar a que la actividad de fusiones transfronterizas

en la Comunidad haya experimentado un crecimiento sin parangón. Por otra

parte, la situación de crisis a la que se enfrenta la industria comunitaria

ha dado lugar también a operaciones de reestructuración entre empresas que

pueden adoptar la forma de fusiones. Mientras que el número de fusiones desde

1985 ha ascendido y descendido paralelamente al nivel global de la actividad

económica, el análisis de los datos generales obtenidos por la DG IV

demuestra que el número de fusiones transfronterizas en la Comunidad se ha

duplicado. En realidad, durante las reuniones anteriores a la notificación,

la Comisión ha descubierto que muchos de los asuntos repercutían

considerablemente sobre las condiciones de la competencia en la Comunidad,

pero quedaban por debajo de los umbrales vigentes. Por consiguiente, las

ventajas de la autoridad única y la necesidad de un régimen de igualdad de

condiciones derivadas de una mayor integración son hoy aún superiores a las

de 1989.

63. Con objeto de investigar la repercusión práctica de la reducción de los

umbrales, la Comisión efectuó una encuesta especial entre cerca de 3 00 de las

más importantes empresas comunitarias así como entre asociaciones

representativas del sector empresarial. Aunque la actividad de fusión está

sujeta a importantes fluctuaciones, los resultados del estudio^señalaban que

si se redujesen los umbrales mundial y comunitario a 2 000 y 150 millones de

```

##### " " [I S 4 P] 0 3 2

```
ecus respectivamente, la Comisión recibiría aproximadamente 110 asuntos al

año, en comparación con los 60 anuales que se notifican actualmente.

Asimismo, la inmensa mayoría de los asuntos nuevos tendrían también un

auténtico efecto transfronterizo.

64. La disminución de los umbrales cuenta también con apoyo institucional

por parte del Parlamento^ [27] ^ y del Comité Económico y Social( [28] ). Aunque el

sector industrial está en su mayoría en favor de reducir los umbrales, existe

una considerable disparidad de opiniones entre los Estados miembros: mientras

que las asociaciones industriales nacionales del norte de Europa están por lo

general a favor, las del sur de Europa mantienen una postura más reservada.

65. En concreto, entre las autoridades nacionales de competencia existen

considerables dudas no sólo respecto a la reducción de los umbrales, sino

también respecto a la introducción hoy por hoy de cualquier tipo de

modificación del texto. Consideran que la aplicación del Reglamento, que se

estima aún relativamente reciente, no ha permitido adquirir suficiente

experiencia y que, actualmente, aquellos asuntos que quedan por debajo de los

umbrales vigentes podrían ser resueltos de forma adecuada por las autoridades

nacionales. Además, destacan el hecho de que en el período transcurrido desde

la aprobación del Reglamento, la inflación ha reducido ya de hecho el nivel

real de los umbrales, subrayando al mismo tiempo el impacto de la futura

ampliación de la Comunidad.

66. Teniendo en cuenta esta disparidad de opiniones, la Comisión considera

prematuro proponer actualmente una disminución de los umbrales. La Comisión

está especialmente preocupada por el hecho de que, sin contar con una mayor

base de apoyo por parte de las autoridades nacionales y de las empresas, una

propuesta que exigiera modificar considerablemente el equilibrio

jurisdiccional entre los Estados miembros y la Comunidad puede poner en

peligro el consenso existente y el compromiso creado en torno al Reglamento.

67. Por lo que se refiere al procedimiento de reenvío, dado que actualmente,

la postura de la Comisión consiste, o bien en efectuar el reenvío a las

(27) Punto 26 de la Resolución del Decimonoveno Informe sobre la Política de
    Competencia, 24.1.1991. Anexo I del Vigésimo Informe sobre la Política
    de Competencia.
(28) Punto 1.3.2 del dictamen sobre el Vigésimo primer Informe sobre la
    Política de Competencia, 25.11.1991. Anexo I del Vigésimo segundo sobre
    la Política de Competencia.

```

```
1.I.§4.p.27
##### 033

autoridades nacionales, o bien en iniciar el procedimiento de la segunda fase

cuando se ha presentado una denuncia justificada, se estima, por lo general,

que la actual redacción del artículo 9 constituye un instrumento adecuado si

se mantienen los vigentes umbrales de volumen de negocios, aunque habría que

volver a estudiar la redacción de dicho artículo si aquéllos se redujesen.

68. Habida cuenta de que no se propone modificación alguna en este momento

de los aspectos fundamentales objeto de la revisión (es decir, umbrales y

reenvío), la Comisión considera que el estudio de cualquier otra posible

mejora que exija una modificación del Reglamento, inclusive la introducción

del concepto de ingresos bancarios para el cálculo de los umbrales, habría de

aplazarse y volverse a examinar con ocasión de cualquier propuesta de

modificación que pueda efectuar la Comisión, especialmente referente a los

umbrales, entre el momento presente y finales de 1996.

<T5> d) Conclusión

69. Aunque la Comisión mantiene que existen buenos argumentos de índole

administrativa, económica y jurídica en favor del recorte de los umbrales,

considera que la propuesta de reducirlos en este momento no sería adecuada y

podría suscitar efectos contraproducentes. Además, sería útil e interesante

disponer de mayor experiencia en la aplicación del Reglamento.

70. La Comisión considera que los argumentos en favor de reducir los

umbrales adquirirán mayor peso. Las ventajas de la autoridad única aumentarán

con las futuras fusiones transfronterizas y, al profundizar en la integración

del mercado único, la necesidad y la lógica de la reducción de los umbrales

no hará sino incrementarse y hacerse más evidente.

71. Por consiguiente, aunque no se presenta propuesta alguna, la Comisión ha

invitado al Consejo a que inicie la revisión formal a que se refiere el

apartado 3 del artículo 1 y el apartado 10 del artículo 9 del Reglamento

sobre el control de operaciones de concentración, a más tardar, a finales de

1996.

72. El Informe sobre la aplicación de dicho Rc<ú.r.¡i:;ento pi clarado por la

```

`Comisión` `se ha presentado al Consejo, al` `Pai` _i_ `amento •/` `al` `Comité Económico` `y`

```
Social.

```

```
1.I.§4.p.28

<T5> e) Mejora de la transparencia y el procedimiento

            con arreglo al Reglamento vigente

```

##### 034

```
73. En el marco del Informe sobre la revisión del Reglamento y basándose en

la experiencia práctica adquirida, la Comisión ha podido determinar algunas

mejoras que incrementarían la transparencia y la eficacia procesal. Estas

mejoras, que serán puestas en práctica por la Comisión sin modificar el

Reglamento, se refieren a los siguientes ámbitos:

     compromisos durante la primera fase : Hasta ahora, la Comisión ha

     aceptado que las partes notificantes se comprometiesen a poner

     remedio a los problemas claramente relacionados con la competencia

     durante su examen inicial de un mes de duración (Fase I) . Aunque

     este sistema es eficaz desde el punto de vista administrativo,

     tiende en cierta medida a reducir la transparencia. En particular,

     los otros competidores y empresas no disponen de la oportunidad de

     presentar sus comentarios en cuanto a la pertinencia de los

     compromisos propuestos. Se puede mejorar la transparencia publicando

     previamente dichos compromisos, aunque será necesario que éstos se

     propongan al inicio del procedimiento si se quiere mantener el plazo

     original;

     compromisos durante la segunda fase : asimismo, los compromisos que

     las partes propongan durante la Fase II estarán también por lo

     general, sujetos a publicación previa, con las salvedades que impone

     la protección de los secretos comerciales;

     orientaciones de la Comisión : con objeto de mejorar la

     transparencia, la Comisión tiene previsto publicar unas

     orientaciones que abarquen aspectos técnicos y jurídicos tales como

     la competencia (incluyendo una nueva comunicación sobre empresas en

     participación de carácter cooperativo y concentrâtivo), cálculo del

     volumen de negocios y noción de operación de concentración;

     simplificación de Xosrequisitos de AfA... _ not i g Icac ionçg

```

`correspondientes` `a` `empresas` _mn_ `_,F` `[a]` `yfc,igÁpación` `de` `nwnox`

```
     importancia ; algunas empresas en participación de m@n©r importancia

```

`entran` `dentro ámbito` _dm_ `aplicación del` `Reglamento ©implement©` `a`

```
1.I.§4.p.29
###### 035

     causa del volumen de las empresas matrices, mientras que otras no

     producen efectos directos o indirectos sobre los mercados en la

     Comunidad. La Comisión propone que se acepte que la notificación de

     dichas operaciones se efectúe de forma considerablemente

     simplificada, que baste para demostrar que no existe repercusión

     sobre las condiciones de la competencia en la Comunidad. No

     obstante, por lo general será necesario acordar previamente con la

     Comisión cuáles son los datos exigidos que se consideran superfluos,

     acuerdo al que se llegará durante las actuales reuniones

     informativas previas a la notificación que son práctica habitual;

     Comité consultivo : el Comité Consultivo, compuesto, por lo menos,

     por un representante de cada autoridad nacional competente, está

     obligado a emitir su dictamen en relación con todos los proyectos de

     decisión de la Comisión por los que se archiva el asunto cuando se

     ha iniciado el procedimiento de la segunda fase. En contraposición

     con los reglamentos de aplicación de los artículos 85 y 86 del

     Tratado CE, el Reglamento sobre control de las operaciones de

     concentración prevé la posibilidad de publicar dicho dictamen a

     petición del Comité. Aunque la Comisión no está legalmente obligada

     a publicarlo, en la práctica habitual se atiende a la solicitud y se

     publica el dictamen junto con la decisión formal en el Diario

     Oficial. Debido a la traducción, esta publicación suele producirse

     varios meses después de la decisión vinculante de la Comisión,

     cuando el asunto puede haber perdido parte de su interés inicial. Se

     puede mejorar la transparencia publicando el dictamen del Comité

     Consultivo junto con el anuncio del carácter de la decisión de la

     Comisión lo que contribuiría también a destacar la importancia de

     las opiniones de los Estados miembros.

```

```
1.I.§5.p.30

<T3> §5. Acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante

```

###### 03b

```
74. Numerosos casos, descritos en la segunda parte del presente Informe, se

examinaron con arreglo a los artículos 85 y 86 del Tratado CE. Esto se debe

al papel fundamental que deben desempeñar las normas de competencia como

instrumento de apoyo a otras políticas comunitarias. En este sentido, la

realización de un verdadero mercado interior supone no sustituir los antiguos

obstáculos públicos a los intercambios por nuevos obstáculos privados. Por

otra parte, hay que evitar que las prácticas contrarias a la competencia

disminuyan la productividad de la industria comunitaria, perjudicando así a

los consumidores europeos, al tiempo que impiden el progreso normal de la

creación de puestos de trabajo. En el Capítulo IV del presente Informe se

detalla el papel que debe desempeñar la política de competencia.

75. Cabe destacar varias tendencias, algunas de las cuales no son sino la

continuación de una evolución observada anteriormente.

76. La primera es, sin duda alguna, la aplicación cada vez más extendida de

las normas de competencia a todos los sectores de la vida económica. A este

respecto, el sector del transporte es especialmente revelador, ya que la

Comisión aplicó por vez primera las normas de competencia en el caso del

transporte por ferrocarril, al tiempo que volvía a intervenir en varias

ocasiones contra determinadas prácticas restrictivas de transportistas

marítimos. En efecto, si la aplicación de las normas de competencia en este

sector puede tener en cuenta algunas de sus peculiaridades, no es menos

cierto que también han de obtenerse las ventajas de un auténtico régimen

competitivo, más aún cuando es importante para toda la industria comunitaria.

Otro tanto ocurre con el sector de la energía, en el que varios asuntos

permitieron a la Comisión concretar su enfoque en este sector. La Comisión se

ocupó también de ciertas conductas existentes en las profesiones liberales.

Por último, las normas de competencia desempeñaron también un papel

importante en el sector audiovisual. Es probable que este papel continúe

adquiriendo importancia, dada, por una parte, la importancia de este sector

para la Comunidad y, por otra, su permanente y rápida evolución.

77. En otro orden de cosas, durante el presente año se resolvieron los

primeros asuntos relacionados con empresas en participación de carácter

cooperativo a las que se aplicaba el nuevo procedimiento aprobado a finales

```

```
1.I.§5.p.31

```

037

```
del pasado año. En efecto, la Comisión manifestó' su intención de

comprometerse a tramitar estos asuntos en un plazo de dos meses a partir de

su notificación y se ha esforzado por cumplir este compromiso^ [29] ^. Esta

modificación debe situarse en un contexto más amplio. Si bien es cierto que

hay que prohibir estrictamente los carteles, es necesario fomentar muchas dé

las formas de cooperación ente empresas, ya que sirven para incrementar la

eficacia de la industria comunitaria, al tiempo que favorecen la difusión de

nuevas tecnologías. Para la Comisión, es sin embargo más importante el efecto

que estas formas de cooperación puedan, producir sobre el mercado que el

instrumento jurídico utilizado por las partes. Ahora bien, mientras algunas

operaciones podían acogerse al procedimiento de urgencia instituido en el

Reglamento sobre control de las operaciones de concentración y otras

continuaban sujetas al procedimiento, más lento, del artículo 85 del Tratado

CE, subsistía el peligro de que las empresas organizasen su cooperación no

sólo en función de sus intereses, sino también de la posibilidad de gozar de

determinadas ventajas procesales. Evidentemente, había que evitar este hecho,

ya que podía dar lugar a la creación de situaciones en cierto modo

artificiales. Por ello, la Comisión considera que, más allá de la estructura

jurídica que elijan las partes y que no puede tampoco pasarse por alto, lo

más importante es situar estas operaciones en su contexto y prever sus

efectos sobre la competencia en los mercados afectados. Si pretenden o

producen el efecto de reducir la competencia, es necesario prohibirlas. En

cambio, la Comisión pretende fomentar todas aquellas que den lugar a una

cooperación que beneficie a todos.

78. El tercer fenómeno es el número de asuntos en los que las empresas

afectadas han preferido renunciar a prácticas consideradas contrarias a la

competencia por parte de la Comisión sin esperar a que ésta adoptase una

decisión formal. Esta situación explica el número relativamente limitado de

decisiones adoptadas durante el presente año. No obstante, el objetivo de una

política de competencia eficaz es producir un efecto directo sobre la

actuación de las empresas en lugar de multiplicar los procedimientos de larga

duración. Esto no quiere decir que el respeto de los derechos de la defensa

no quede plenamente garantizado, ya que las empresas siempre tienen la

posibilidad de negarse a modificar su conducta a falta de decisión.

(29) Puntos 193 y 194 del presente Informe.

```

```
1.I.§5.p.32

```

038

```
79. La cuarta característica es, indudablemente, el reconocimiento de la

internacionalización de los mercados y de la existencia de una competencia

mundial en gran número de sectores. El asunto Philips/Thompson/Sagem es

particularmente ilustrativo a este respecto. En efecto, aunque las sociedades

matrices de esta empresa en participación eran los principales fabricantes

comunitarios del producto en cuestión, se autorizó su acuerdo ya que el

mercado de este producto tenía un carácter manifiestamente mundial y existían

importantes competidores en terceros países. En efecto, hay que situar cada

operación en su contexto, para lo que hay que tener en cuenta todos los

elementos económicos y de hecho. Ahora bien, la evolución tecnológica, así

como la progresiva apertura de los mercados de terceros países, .debido

fundamentalmente a la liberalización derivada de los acuerdos bilaterales o

regionales firmados por la Comunidad o también a las negociaciones del GATT,

dan lugar a la ampliación de hecho de numerosos mercados. La Comisión es

consciente de ello y está decidida a tenerlo en cuenta a la hora de analizar

los acuerdos o prácticas restrictivas que examina. De esta forma, al situar

la actuación de las empresas comunitarias en este contexto más amplio, la

Comisión está en condiciones de valorar si pueden admitirse estos acuerdos,

ya que permiten mejorar la competitividad de la industria comunitaria.

80. Por último, algunos de los asuntos resueltos durante este año presentan

la característica común de referirse a situaciones relacionadas con el acceso

a infraestructuras. En efecto, existen numerosos casos en los que una

empresa, o un grupo de empresas, cuentan con un acceso privilegiado a

infraestructuras que también son indispensables para sus competidores. Tal y

como se ha señalado anteriormente, este aspecto adquiere especial importancia

en aquellos sectores en los que existían anteriormente derechos exclusivos

especiales concedidos a determinadas empresas, pero puede plantearse también

en otras circunstancias. Para que pueda existir una verdadera competencia en

estos casos, es necesario que todas las empresas competidoras puedan disponer

de un acceso objetivo e indiscriminado a las infraestructuras. Ello es

evidentemente importante en aquellos casos en los que la empresa que posee la

infraestructura se encuentra en una posición dominante, pero también cuando

se aplica el artículo 85 del Tratado CE. Buen ejemplo de esta segunda

categoría en el asunto Disma. En efecto, la Comisión intervino en este caso

para garantizar que todas las sociedades petrolíferas pudiesen gozar de un

acceso indiscriminado a las instalaciones de trasvase de carburante

directamente desde el depósito hasta los aviones, a través de canalizaciones

```

```
1.1.§5.p.33
##### 039

subterráneas, instaladas por el aeropuerto de Milán/Malpensa, a raíz de la

cooperación entre algunas empresas petrolíferas, mediante la empresa en

participación Disma.

81. Junto con las tendencias observadas en el derecho comunitario de

competencia, es necesario también destacar la evolución de las respectivas

normativas nacionales de competencia. En el marco de la política de

subsidiariedad, la Comisión fomenta la aplicación descentralizada de las

normas de competencia. Sin embargo, los Estados miembros no tienen obligación

alguna de promulgar normas nacionales al respecto que se ajusten a las

existentes en el Tratado CE. A pesar de ello se observa que las normativas

más recientes se inspiran en gran medida en los principios recogidos en los

artículos 85 y 86 del Tratado CE. Este es el caso de la ley belga, que entró

en vigor este año. La Comisión no puede sino mostrarse favorable a esta

armonización espontánea de las legislaciones de competencia. En efecto, aun

cuando textos similares puedan ser objeto de interpretaciones diferentes por

parte de las autoridades comunitarias y nacionales, ello no es óbice para que

la aproximación de las legislaciones suponga un incremento de la coherencia

en beneficio de las empresas y, por lo tanto, una mejor definición del

entorno en las que éstas deben actuar. Este fenómeno trasciende, por cierto,

las fronteras de la Comunidad, y se ha observado una evolución similar en

países que han firmado con la Comunidad acuerdos en los que las reglas de

competencia son importantes, tales como el Acuerdo sobre el Espacio Económico

Europeo o los acuerdos europeos firmados con los países de Europa Central y

Oriental (PECO).

Por lo tanto, ya no es ilusorio esperar que, en un futuro más o menos

cercano, existirá una amplia zona en la que las prácticas de las empresas se

valorarán con arreglo a principios comunes. Si se quiere garantizar el

crecimiento de la industria comunitaria, es necesario, sin embargo, continuar

avanzando. En efecto, tal y como señala el Libro Blanco sobre crecimiento,

competitividad y empleo, el incremento de la productividad de la industria

comunitaria supone que ésta puede estar presente en otros mercados sin por

ello sufrir discriminación alguna. La Comunidad, por su parte, está abierta a

las empresas de terceros países, ya que, por un lado, se atiene a las normas

establecidas en el marco del GATT y, por otro, aplica de forma eficaz sus

normas de competencia contra aquellas prácticas tendentes a compartimentar y

cerrar los mercados. En efecto, los autores del Tratado CE fueron conscientes

```

```
1.I.§5.p.34

```

040

```
de que la creación de un verdadero mercado interior exigía la supresión

simultánea de los obstáculos estatales y privados a los intercambios. A

escala internacional, y exceptuando los acuerdos antes mencionados firmados

por la Comunidad, sólo se ha utilizado el enfoque tendente a suprimir los

obstáculos estatales. El ejemplo de la Comunidad demuestra que ésto es

insuficiente y que también es necesario disponer de normas que rijan aquellas

conductas de las empresas que tengan por objeto u efecto, directo o

indirecto, garantizar la protección de la industria nacional. Además, tal y

como se explica en el capítulo siguiente, es necesario que estas normas se

apliquen de forma eficaz. En otras palabras, también es necesario crear un

verdadero "régimen de igualdad de condiciones" a escala internacional,, de tal

manera que la industria comunitaria pueda acceder efectivamente a los

mercados de terceros países sin tener que afrontar obstáculos privados que no

existen para las empresas de dichos países cuando desean penetrar en el

mercado comunitario.

<T4> Carteles de crisis

82. Una de las consecuencias de la crisis actual ha sido el resurgimiento

del .interés por los carteles de crisis (cuya última aparición remonta a

comienzos de los años 80, tras la segunda crisis del petróleo) como forma de

hacer frente al exceso de capacidad estructural. En algunos sectores, los

problemas de exceso de capacidad estructural junto con el considerable

descenso de la demanda, se han visto multiplicados tanto por la recesión

actual como por la cada vez mayor competencia mundial, que no sólo incrementa

la oferta en el mercado comunitario sino que, algunas veces, supone la salida

de la Comunidad de mercados tradicionales. En muchos casos, cuando las

empresas deben de hacer frente a considerables reducciones de la demanda, de

carácter estructural más que cíclico, recortan unilateralmente la capacidad

de producción. En una economía libre de mercado, ésta es la forma más

habitual de enfrentarse a una importante reducción de los porcentajes de

utilización de la capacidad y al descenso de la producción que supone unas

considerables pérdidas de explotación. No obstante, en algunas industrias

este mecanismo no siempre garantiza la eliminación de la capacidad menos

productiva. La competencia no sólo se ha visto falseada por las ayudas

estatales (p.ej. ayudas regionales), utilizadas para crear capacidad, sino

que cuando las industrias tienen unos costes fijos elevados y unos costes de

funcionamiento relativamente bajos, una instalación vetusta e ineficiente,

pero totalmente amortizada, puede continuar produciendo siempre que sus

```

```
1.1.§5.p.35

##### 041

costes de funcionamiento estén cubiertos. Esto puede dar lugar a importantes

disminuciones de precio que, a corto plazo pueden ser beneficiosas para los

consumidores, pero, a medio y largo plazo, socavan la capacidad de la

industria para invertir y participar en I+D. Por consiguiente, a largo plazo,

son los consumidores los perjudicados.

83. Por ello, algunos sectores desean llegar a acuerdos de reestructuración

bilateral o multilateral con objeto de reducir la capacidad y sanear la

industria a largo plazo. Estos acuerdos entran, por lo general, en el ámbito

de aplicación del artículo 85. En estos casos, la política de la Comisión ya

ha quedado claramente establecida en anteriores Informes sobre política de

competencia^ [30] ^, pero los principios no han perdido validez, por lo que vale

la pena repetirlos íntegramente.

84. La Comisión podrá otorgar una excepción a aquellos acuerdos que

restrinjan la competencia y que se refieran a todo un sector, siempre que su

único fin sea lograr una reducción coordinada del exceso de capacidad y no

limiten en cualquier otro modo la libertad decisoria de las empresas

participantes. La reorganización estructural necesaria no debe lograrse por

medios inadecuados tales como los acuerdos de fijación de precios o de

reparto de cuotas de mercado, ni debe verse entorpecida por ayudas estatales

que den lugar a una conservación artificial del exceso de capacidad.

85. No obstante, la Comisión podrá autorizar acuerdos de carácter sectorial

cuando haya comprobado que se cumplen las demás condiciones expuestas en el

apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE, y, especialmente, en las

circunstancias siguientes:

i) se puede considerar que la producción mejora cuando la reducción de la

    capacidad puede, a largo plazo, incrementar la rentabilidad y

    restaurar la competitividad, y cuando la coordinación de los cierres

    contribuye a mitigar, difuminar y reducir su impacto sobre el empleo.

    Para ello, el acuerdo debe contener un programa pormenorizado y

    vinculante de cierres para cada centro de producción que garantice,

    por una parte, que el exceso de capacidad ha quedado irreversiblemente

(30) Decimotercer Informe sobre la Política de Competencia, puntos 56-61
   Decimocuarto Informe sobre la Política de Competencia, puntos 80-85

```

```
1.I.§5.p.36
```

042

```
    desmantelado, y por otra, que durante el período de vigencia del plan

    no se crea ninguna capacidad nueva, salvo las capacidades de

    sustitución previstas en el programa de reestructuración;

ii) se puede considerar que los usuarios participan de forma equitativa en

    el beneficio resultante del acuerdo si, al término de éste, pueden

    contar con una estructura de suministro en la Comunidad, competitiva y

    económicamente saneada sin que por ello se hayan visto privados,

    durante la vigencia del plan y a pesar de los efectos de los recortes

    de capacidad, de su libertad de elección o de las ventajas de una

    competencia permanente entre las empresas participantes;

iii) las restricciones a la competencia que se derivan del acuerdo pueden

    considerarse indispensables para el objetivo de la reestructuración

    previsto cuando el acuerdo únicamente contempla la reducción del

    exceso de capacidad y se limita desde el principio al período

    necesario para la aplicación técnica del programa previsto de

    recortes. La creación de un sistema de intercambio de información que

    compruebe que las reducciones de capacidad previstas se están llevando

    a cabo será admisible, siempre que no contribuya en modo alguno a

    coordinar los criterios de utilización de la capacidad subsistente o a

    ajustar las condiciones de venta;

iv) no se ofrecerá a las partes firmantes del acuerdo la posibilidad de

    eliminar posteriormente la competencia por los siguientes motivos: en

    primer lugar, dado que la reducción sistemática del exceso de

    capacidad no es sino un elemento, aunque de gran importancia, de la

    estrategia competitiva de las empresas participantes, éstas no pueden

    reununciar a su libertad de acción en el mercado, de tal forma que

    continúe existiendo un cierto grado de competencia interna. En segundo

    lugar, la presencia en el mercado de empresas no participantes en el

    acuerdo y el hecho de que la Comunidad esté abierta a importaciones de

    terceros países, constituirá, por lo general, una fuente de

    competencia externa. Por último, ya que el acuerdo debe, en principio,

    tener una vigencia temporal limitada, la seguridad de retorno a un

    entorno competitivo completamente libre a corto plazo hará que las

    empresas afectadas tengan en cuenta, en las decisiones que tomen

    incluso durante el período de vigencia "del acuerdo, que en su debido

    momento volverán a competir plenamente entre sí.

```

```
1.I.§5.p.37
```

043

```
86. Como alternativa a estos acuerdos sectoriales, la Comisión puede también

admitir los acuerdos entre un pequeño número de empresas que establezcan una

especialización recíproca y que permitan el cierre de las instalaciones

excedentarias.

87. Independientemente del tipo de solución que se elija, la Comisión

siempre habrá de comprobar que, una vez concluido el programa de

organización, continúa existiendo un suficiente número de fabricantes

comunitarios que mantiene la competencia efectiva en la Comunidad. Esta

condición es necesaria para garantizar que la economía, en su conjunto, así

como los usuarios y consumidores en particular, se beneficiarán también de

los resultados positivos de los acuerdos.

88. Las reestructuraciones deberían permitir también estabilizar y

garantizar la situación del empleo en el sector afectado.

89. La Comisión ha mantenido esta línea en los dos casos examinados. En

primer lugar en el caso del acero' [31] ' y, en segundo lugar, publicando una

comunicación con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n° 17

por la que anunciaba su intención de adoptar una decisión favorable a un

cartel de crisis creado por los fabricantes de ladrillos en los Países Bajos.

En este Estado se ha producido una reducción estructural de la demanda de

ladrillos, concretamente de los comunes, que han sido sustituidos por una

amplia gama de materiales alternativos para la construcción y el acabado como

pueden ser el cemento, aluminio, acero, plástico y madera. Aunque la

situación cíclica del sector de la construcción ha supuesto un aumento de la

reducción de la demanda, existía, sin duda alguna, con arreglo a varios

indicadores, un exceso de capacidad estructural subyacente a largo plazo. El

descenso de los precios y las consiguientes pérdidas se vieron acentuadas por

la estructura de costes de producción, con unos costes fijos relativamente

elevados. El acuerdo original notificado a la Comisión incluía, junto con las

medidas propuestas para solucionar el exceso de capacidad estructural, varias

restricciones de la competencia que trascendían lo necesario y las

condiciones mencionadas anteriormente. Concretamente, existían pactos sobre

cuotas de producción, respaldados mediante un sistema de sanciones, que daban

(31) Puntos 481 y 482 del presente Informe.

```

```
1.1.§5.p.38

##### 044

lugar a un reparto cuantitativo de prácticamente toda la producción de

ladrillos en los Países Bajos.

A raíz del pliego de cargos presentado por la Comisión, las partes acordaron

suprimir estas restricciones. De esta forma, la Comisión pudo adoptar una

postura previa favorable, ya que las partes limitaron su acuerdo a lo

estrictamente necesario con objeto de reducir la capacidad sin pactar precios

o volúmenes de producción. Por consiguiente, el nuevo acuerdo se ajustaba a

los principios antes citados.

```

```
1.I.§6.p.39

<T3> §6. Consecuencias del Tratado de Maastricht

```

##### 045

```
90. El 1 noviembre de 1993 entró en vigor el Tratado de Maastricht. Sus

disposiciones sólo introducen dos modificaciones en las normas de competencia

del Tratado CE, relativas al control de las ayudas estatales. Por una parte,

la Comisión podrá, en principio, declarar compatibles con el Tratado CE, en

lo sucesivo, aquellas "ayudas destinadas a promover la cultura y la

conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los

intercambios y de la competencia en la Comunidad en contra del interés

común". Por otra parte, la Comisión deberá consultar al Parlamento Europeo

cuando vaya a proponer al Consejo reglamentos de aplicación de los artículos

92 y 93 del Tratado CE. Estas modificaciones no cambian en lo fundamental la

estructura del Tratado CE, lo que significa que los autores del Tratado de

Maastricht aceptan el cometido de la Comisión en su calidad de institución

encargada de aplicar las normas de competencia. Esto debe ser así, pues la

creación de una verdadera Unión Europea exige que exista un arbitro neutro

encargado de controlar la actuación de las empresas. Ello no significa, no

obstante, que no se pueda sacar ninguna otra conclusión del Tratado de

Maastricht por lo que se refiere a la política de competencia.

91. En primer lugar, este Tratado es más explícito que el Tratado CE por lo

que a determinados objetivos se refiere. El primero de éstos es la política

medioambiental. A pesar de haber sido mencionada por vez primera en el

artículo 13 0 R del Acta Única, el Tratado de Maastricht amplía indudablemente

su alcance. Por consiguiente, es necesario determinar su repercusión sobre la

aplicación de las normas de competencia.

Las nuevas directrices sobre ayudas con fines medioambientales, aprobadas por

la Comisión en 1993, reflejan ya este mayor interés por el medio ambiente. En

ellas, la Comisión reconoce el papel de las subvenciones en la política

medioambiental, puesto de actualidad en su reciente experiencia relacionada

con los programas de ayuda en los Estados miembros, que no quedaba incluida

en el antiguo marco de 1974. De esta forma, las nuevas directrices suponen

que el control de ayudas quede al servicio de la política medioambiental al

tiempo que garantizan que dichas ayudas no falsean la competencia en una

medida contraria al interés común.

Por otra parte, hay que subrayar que la Comisión sólo podrá declarar exento

un acuerdo que restrinja la competencia, pero que tenga un impacto favorable

```

```
1.I.§6.p.40
#### 046

sobre la política medioambiental, cuando reúna las cuatro condiciones

expuestas en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE. En efecto, éste no

ha sido modificado con objeto de incluir consideraciones específicas

relacionadas con el medio ambiente. Sin embargo, los términos de este

artículo son lo suficientemente amplios como para incluir los objetivos de

otras políticas, y particularmente los de la protección del medio ambiente.

                                ^
Este aspecto "se examina con mayor detalle más adelante^ [32] .

La política cultural forma parte de las novedades recogidas en el Tratado de

Maastricht. Esta novedad supone también una modificación directa de las

normas de competencia, ya que, tal y como se ha señalado anteriormente, se

establece expresamente una nueva excepción a la prohibición de ayudas.

92. El Tratado de Maastricht menciona expresamente por vez primera la

política industrial. Tal y como se explica más adelante^ [33] ^, la noción de

política industrial ya estaba presente de hecho en el enfoque aplicado por la

Comunidad en general y por la Comisión en particular.

93. Las consecuencias del Tratado de Maastricht superan, sin embargo, las

modificaciones de las políticas comunitarias que acabamos de mencionar. En

efecto, el Tratado de Maastricht supone también una evolución hacia una mayor

participación del Parlamento Europeo en el proceso decisorio, mediante el

procedimiento de codecisión, y, por consiguiente, un mayor control

democrático. La política de competencia no puede hacer caso omiso de esta

tendencia.

La Comisión es bien consciente de que es necesario obtener la adhesión de los

Estados miembros, de las empresas y de otros sectores interesados en cuanto a

la necesidad de una política de competencia eficaz. Para lograr este

objetivo, la Comisión debe plantear determinadas actuaciones. En primer lugar

ha de definir sus prioridades y aplicarlas de forma coherente y eficaz.

Cierto es que las orientaciones definidas en el Tratado de Maastricht

influirán en gran medida a la hora de elegir dichas prioridades y la Comisión

debe hacerlas públicas. A este respecto, la Comisión ha seguido organizando

reuniones anuales con las autoridades nacionales de competencia, durante las

cuales se explican y discuten estos objetivos. Por otra parte, uno de los

objetivos del presente texto consiste en informar al Parlamento Europeo y al

(32) Puntos 162 a 171 del presente Informe
(33) Puntos 155 a 161 del presente Informe

```

```
1.I.§6.p.41
##### 047

Comité Económico y Social, y por ende al público en general, sobre las

prioridades de la Comisión. Además, es necesario que la política de la

Comisión tenga la mayor transparencia posible con objeto de que los agentes

económicos conozcan perfectamente el marco en que deben actuar. En este

sentido, el presente Informe contiene un análisis más pormenorizado de las

medidas que la Comisión ha tomado o pretende tomar para alcanzar dicho

objetivo(34) #

Finalmente, es necesario que la cooperación entre la Comisión, las

autoridades nacionales y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros

funcione de forma óptima.

94. El concepto de subsidiariedad se cita a menudo entre las modificaciones

introducidas por el Tratado de Maastricht. Este principio ya existía en el

derecho de competencia comunitario, tal y como se explica más adelante* [35] ',

pero debe continuar guiando la acción de la Comisión, ya que ésta debe

concentrarse en los casos auténticamente interesantes desde el punto de vista

comunitario, al tiempo que permita que sean las autoridades o tribunales

nacionales quienes resuelvan los demás asuntos.

95. En conclusión, es innegable que el Tratado de Maastricht tendrá una

repercusión importante sobre la política de competencia. No obstante, este

proceso no será unilateral. En efecto, también la política de competencia

debe desempeñar un papel fundamental en la realización de las demás políticas

          ^
de la Comunidad^ [36] .

(34) Puntos 182 a 188 del presente Informe.
(35) Puntos 189 a 191 del presente Informe.
(36) Puntos 149 a 181 del presente Informe.

```

```
l.II.§l.p.l

<T4> Capítulo II

<T2> Dimension internacional de la política de competencia

<T3> §1. Observaciones Generales

```

048

```
96. Durante el pasado año, la dimensión internacional de la política de

competencia de la Comunidad se caracterizó por tres acontecimientos

principales, ocurridos todos ellos durante el mes de diciembre. La Comunidad

y sus Estados miembros finalizaron el proceso de ratificación del Acuerdo

sobre el Espacio Económico Europeo. Dado que los cinco Estados de la AELC

participantes ya habían hecho otro tanto, el EEE podía entrar en vigor el 1

de enero de 1994. El 15 de diciembre, tras siete años de negociaciones, a

menudo complicadas, las partes contratantes del GATT concluyeron concluir la

denominada Ronda Uruguay de negociaciones sobre comercio multilateral.

Finalmente, tuvo lugar la presentación, por parte de la Comisión, de su Libro

Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo. Tal y como se ha señalado

con anterioridad, este Libro Blanco contiene una importante declaración

relacionada con la dimensión internacional de la política de competencia.

97. Se puede considerar que estos tres acontecimientos marcan el final de

una era en la que la política comunitaria relacionada con los aspectos

internacionales de la competencia se centraba fundamentalmente en la

inclusión de normas dirigidas a prohibir las prácticas, las estructuras y las

ayudas estatales contrarias a la competencia en los acuerdos internacionales

sobre comercio. Dichos acontecimientos significaron también el inicio de unas

orientaciones basadas ante todo en tomar las medidas necesarias para que

dichas normas se apliquen de eficazmente y de forma similar a la de la

Comunidad, que ha usado las normas de competencia como instrumento para

fomentar el comercio intracomunitario.

De esta forma, se ha producido un ligero giro desde un enfoque

fundamentalmente normativo a un enfoque básicamente general. Este hecho ha

afectado a las relaciones de la Comunidad con todos sus socios comerciales,

independientemente de las normas por las que éstos se rigen. Así, la Comisión

ha utilizado las normas de los Acuerdos de libre cambio de 1972 firmados con

algunos países europeos, con objeto de garantizar la aplicación de las normas

de competencia al comercio con la Comunidad. También ha trabajado por que las

```

```
l.II.§l.p.2
##### 049

prácticas aplicadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC (OVA) sean

similares a las de la Comisión. Pero incluso con países tales como Japón, con

los que hasta el momento no se han concluido normas concretas sobre

competencia, ha intentado fomentar la aplicación eficaz de la política de

competencia con objeto de estimular las posibilidades comerciales.

```

```
1.II.§2.p.3

<T3> §2. Promoción de la aplicación de la política de competencia

                  en toda Europa

<T4> AELC

```

050

```
98. La Comisión ha redoblado sus esfuerzos por introducir cambios en las

ayudas estatales que los países de la AELC conceden infringiendo las normas

de competencia recogidas en los Acuerdos de libre cambio firmados en 1972.

Tras resolver con éxito el caso de ayudas estatales relacionado con Eurostar,

empresa en participación entre Chrysler Motors Company y Steyr

Nutzfahrzeuge^ [37] ^, la Comisión hubo de examinar otros cuatro casos de

ayudas estatales relacionados con Austria y uno más referente a Finlandia.

99. El 22 de julio de 1993, la Comisión comprobó que la ayuda prevista por

las autoridades federales y regionales austríacas para General Motors

Austria y la concedida a Steyr Nutzfahrzeuge AG, al igual que la subvención

que el ayuntamiento de Viena había concedido en mayo de 1991 y en junio de

1992 a Grundig Austria GmbH, eran incompatibles con el artículo 23 del

Acuerdo. El inciso iii) del apartado 1 de dicho artículo establece que

cualquier ayuda pública que afecte a los intercambios entre la Comunidad y

Austria, que falsee o pueda falsear la competencia favoreciendo a

determinadas empresas o productos, será incompatible con el buen

funcionamiento del Acuerdo. En virtud de una declaración efectuada por la

Comunidad en el momento del Acuerdo, la evaluación de estas prácticas se

efectuará con arreglo a criterios derivados de la aplicación del artículo 92

del Tratado CE.

Las autoridades austríacas preveían conceder a General Motors Austria una

ayuda pública del 15% para inversiones destinadas a ampliar las

instalaciones de fabricación de cajas de cambio, árboles de levas y culatas

de cilindros en su fábrica de Asperne/Viena. Sólo las cajas de cambio se

exportan a la Comunidad para su montaje por parte de General Motors,

mientras que los componentes de los motores se exportan a Hungría. Se

concede a Steyr Nutzfahrzeuge AG (filiar de MAN) situada en Steyr, una ayuda

estatal del 15,1% para la racionalización y ampliación de su fabricación de

camiones en Steyr, destinada fundamentalmente al mercado comunitario. Por lo

que se refiere a Grundig Austria GmbH, la subvención estatal concedida para

(3 7) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 344

```

```
1.II.§2.p.4
##### 051

la racionalización y ampliación de la producción de televisores es del 10%,

con un máximo de 100 millones de ATS para un programa de inversiones por un

importe de 1000 millones de ATS en su fábrica de Viena.

En cada uno de estos casos, las empresas destinatarias de las ayudas compiten

con empresas comunitarias. Según la Comisión, las ayudas no serían aceptables

con arreglo a los criterios establecidos para la aplicación de los puntos a)

y c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE y, en particular, la

aglomeración de Viena donde están situadas Grundig y General Motors no podría

ser considerada susceptible de recibir ayudas regionales.

Al no haber podido llegar a ninguna solución mutuamente satisfactoria para

las autoridades comunitarias y austríacas en el Comité mixto, ni tras los

contactos entre expertos celebrados en el plazo fijado, la Comisión remitió

al Consejo, el 22 de septiembre de 1993, tres propuestas de retirada de las

concesiones arancelarias para los correspondientes productos de General

Motors, Steyr Nutzfahrzeuge y Grundig, con arreglo al apartado 3 del artículo

27 del Acuerdo. Por lo que a General Motors y Grundig se refiere, la Comisión

propuso que se volviesen a establecer derechos de aduana a un nivel igual al

de los que hubieran sido aplicables de no haber entrado en vigor el Acuerdo

de libre cambio. Estos derechos habían de ser mantenidos hasta que el Consejo

llegase a la conclusión de que dichas ayudas no ejercían ya efectos negativos

sobre la competencia y los intercambios comerciales, o, como máximo, por un

período equivalente a la duración media de la amortización fiscal.

Actualmente, se está examinando un nuevo asunto referente a una inversión en

el sector automóvil, en este caso BMW, en la región de Steyr.

A raíz de los contactos establecidos con las autoridades austríacas, se llegó

a un acuerdo referente al caso Steyr Nutzfahrzeuge en el contexto del régimen

de ayudas con finalidad regional de Austria, que está siendo objeto del

examen para su ampliación.

En el caso de Grundig, el Consejo se pronunció por mayoría cualificada, el 21

de diciembre, en favor de la aprobación del reglamento propuesto por la

Comisión. Al día siguiente, las autoridades austríacas aceptaron proceder al

reembolso de los 67 millones de ATS que la Comisión había solicitado, con lo

que la Comunidad renunció a implantar los derechos de aduana antes

mencionados.

```

```
1.II.§2.p.5
##### 052

En cuanto a General Motors, el Consejo se pronunció también por mayoría

cualificada en favor del reglamento propuesto por la Comisión, en virtud del

cual se aplicará un derecho de aduana del 4,9% a las importaciones

procedentes de Austria de las cajas de cambios F15 fabricadas por General

Motors Austria.

100. Todos los casos resueltos hasta el momento con arreglo a las normas de

competencia incluidas en los Acuerdos de libre cambio de 1972 han puesto de

relieve las dificultades inherentes a las normas de procedimiento de dichos

Acuerdos. Por lo que a cinco de los países de la AELC se refiere, estas

dificultades deberían desaparecer en cuanto a los futuros asuntos de

competencia, con la entrada en vigor del Espacio Económico Europeo el 1 de

enero de 1994. No obstante, por lo que a otros países se refiere, la

Comunidad ha decidido que para que la política de competencia sea más eficaz

es necesario disponer de procedimientos más viables.

<T4> Países de Europa Central y Oriental

101. En el caso de los Acuerdos europeos e interinos firmados con

determinados países de Europa Central y Oriental( [38] ', este nuevo enfoque no

sólo ha supuesto la aprobación de normas sustantivas de competencia más

profundas. El aspecto más innovador de las disposiciones relacionadas con la

competencia recogidas en estos Acuerdos estriba en que prevén la promulgación

de unas normas de aplicación en un plazo de tres años a partir de la entrada

en vigor de los Acuerdos. Estas normas de aplicación deberían instituir unos

procedimientos de vigilancia efectivos y razonablemente eficaces.

De esta forma, la Comisión y las autoridades competentes de los países

correspondientes han comenzado a preparar esta normativa a través de comités

mixtos creados para cada uno de los acuerdos interinos. Es importante

destacar que no se considera necesario aprobar unas normas de competencia que

se superpongan a la normativa de las partes interesadas, tal y como se

                    ^'
señalaba en el anterior informe' [3] .

102. En el ámbito de las normas de competencia aplicables a las empresas, los

asuntos deberían tramitarse principalmente con arreglo a las normativas

vigentes en la Comunidad y en el país asociado, siendo competentes para su

(38) Puntos 563 y 564 del presente Informe.
(39) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 113

```

```
1.II.§2.p.6
```

053

```
aplicación las autoridades correspondientes. Por consiguiente, es posible que

se plantee el caso de que ambas autoridades tengan competencia sobre un mismo

asunto. También es probable que, cuando sólo haya una autoridad competente,

las medidas adoptadas por ésta puedan afectar a intereses importantes de la

parte cuya autoridad nacional carece de competencia..También es posible que

un caso escape a la competencia de las autoridades de ambas partes. Son

precisamente estas situaciones las que hacen necesaria la adopción de normas

de aplicación.

Con arreglo a estas orientaciones, las autoridades polacas, y más

concretamente la Oficina de defensa de la competencia, y la Comisión, han

elaborado conjuntamente un proyecto que ha sido presentado a los

copresidentes del Comité mixto Comunidad-Polonia para su examen y debate. La

Comisión pretende utilizar este mismo enfoque en sus tareas con los demás

países con objeto de establecer unas normas de procedimiento similares.

103. Por lo que se refiere a las ayudas estatales, los progresos alcanzados

han sido menores. La Comisión considera que las normas de procedimiento

podrían basarse en una clasificación de las ayudas en tres categorías : las

sujetas a la obligación de transparencia financiera, las que deberían ser

notificadas a la otra parte y las que no están sujetas a la obligación de

notificación pero podrían ser objeto de discusión a solicitud de la otra

parte. Durante el período a que nos referimos, se iniciaron las primeras

tareas con vistas a elaborar un inventario de las ayudas concedidas por

algunos de estos países. Este inventario podría servir de guía para la

elaboración de las normas de aplicación.

104. Habida cuenta que los Acuerdos europeos contienen una disposición

referente a la aproximación de legislaciones, los seis países interesados

comenzaron a aproximar sus legislaciones de competencia a la de la Comunidad.

No existe plazo previsto para alcanzar este objetivo pero debe ser

prioritario, sobre todo para facilitar la definición de las normas de

aplicación de los acuerdos, ya que la puesta en práctica de dichas normas se

basa principalmente en las normas nacionales. Para ello, es necesario

colaborar técnicamente con los países interesados.

Esta colaboración técnica podría utilizarse también para la elaboración de un

informe sobre la situación de las ayudas estatales, los monopolios

nacionales, las empresas públicas y las beneficiarías de derechos especiales

```

```
1.II.§2.p.7
##### **05**

o exclusivos. Este informe facilitará la aplicación práctica de los acuerdos,

de las disposiciones sobre el ajuste progresivo de los monopolios estatales

de carácter comercial y de los principios de los artículos 90 y 92 del

Tratado CE.

Por lo que a esta cooperación técnica se refiere, la Comisión y las

autoridades de los países afectados han mantenido frecuentes contactos.

Algunos de estos países presentaron una solicitud para que dicha cooperación

se produzca en el marco del programa Phare y sea, por consiguiente,

financiada a cargo del presupuesto de este último. No obstante, al tener que

hacer frente a un número cada vez mayor de solicitudes de cooperación

técnica, sin disponer de los efectivos necesarios para ello, la Comisión se

ha visto obligada a encomendar parcialmente esta tarea a consultoras

externas. Es evidente que la cooperación técnica constituye el medio más

idóneo de ayuda para los países en cuestión a la hora de poner en práctica

una política de competencia activa.

```

```
1.II.§3.p.8

<T3> §3. Una tarea aún más difícil: fomentar la aplicación de la

          política de competencia en países no europeos

```

##### 055

```
105. En Europa el deseo de la Comunidad de fomentar la aplicación de la

política de competencia se ha visto favorecido en gran medida por el hecho de

que se han negociado o se están negociando nuevos acuerdos con casi todos los

países europeos no pertenecientes a la Comunidad. La mayor parte de estos

acuerdos, cuando no todos, incluyen disposiciones relacionadas con el ámbito

comercial y han permitido a la Comunidad aplicar su enfoque bidireccional

para la liberalización deï* comercio. Este enfoque consiste en eliminar no

sólo los obstáculos a los intercambios de índole estatal, sino también los

derivados de las prácticas privadas de las empresas.

106. Esta situación no existe por lo que se refiere a la mayoría de los

socios comerciales de la Comunidad no pertenecientes al continente europeo.

Las relaciones comerciales con estos países se verán afectadas, lógicamente,

por el nuevo Acuerdo del GATT. No obstante, este Acuerdo no ofrece al GATT un

enfoque bidireccional para la liberación del comercio. Por consiguiente,

durante el pasado año se han vuelto a alzar voces pidiendo la inclusión de

las normas de competencia en el GATT como parte de las tareas pendientes tras

la Ronda Uruguay. Estas peticiones proceden de grupos privados tales como el

"International Antitrust Code Working Group", compuesto por expertos en

política de competencia procedentes de Europa, los Estados Unidos y Japón,

que publicaron en julio en Munich a un "Proyecto de Código Internacional de

Competencia en forma de Acuerdo Comercial Plurilateral relativo a una

organización comercial multilateral del GATT". También los gobiernos les

prestan cada vez mayor atención. Así, los comités de la OCDE sobre derecho y

política de competencia y sobre comercio han organizado una serie de

reuniones conjuntas con objeto de discutir la convergencia de las políticas

mercantiles y de competencia.

107. Aunque un instrumento multilateral de política de competencia firmado en

el marco del GATT parece ofrecer las mejores posibilidades para tratar las

prácticas contrarias a la competencia que restringen el comercio

internacional, parece obvio que esta solución requerirá discusiones

complicadas y, por consiguiente, probablemente duraderas. En su Libro Blanco,

la Comisión recomienda que la elaboración de estas normas multilaterales

constituya una prioridad de la Comunidad, pero no pretende esperar de brazos

```

```
1.II.§3.p.9
#### 056

cruzados los resultados. Por este motivo, entre tanto, está centrando su

atención en algunos de los principales socios comerciales de la Comunidad con

objeto de encontrar los medios necesarios para ocuparse de aquellas prácticas

y estructuras contrarias a la competencia que crean obstáculos al comercio

con dichos países.

108. El Acuerdo firmado en 1991 entre la Comisión y el Gobierno de los

Estados Unidos contenía ya una disposición destinada a resolver este tipo de

problemas. El artículo V de dicho Acuerdo contiene una disposición llamada de

cortesía positiva. Con arreglo a esta disposición, cuando intereses

importantes de una de las partes se vean afectados por prácticas contrarias a

la competencia en el territorio de la otra parte, la primera podrá solicitar

a la segunda que examine dichas prácticas. La parte en cuyo territorio se

desarrollan presuntamente estas prácticas podrá investigar el asunto y tomar

cualquier medida que considere conveniente.

Obviamente, este procedimiento se puede aplicar, concretamente, cuando las

prácticas contrarias a la competencia en un país crean obstáculos para el

acceso al mercado de las importaciones procedentes de otro. En caso

contrario, estas prácticas podrían no ser examinadas, bien porque el país en

donde supuestamente existe el problema no conoce su existencia, bien porque,

de conocerla, no figura entre sus prioridades.

109. Por consiguiente, se pretende que este procedimiento sirva no sólo para

estimular la aplicación de la política de competencia general, sino también

para centrar especialmente dicha aplicación en aquellos casos que son de

especial interés para otros países. Esto es especialmente importante cuando

un país cuenta con una compleja normativa sobre competencia, así como una

política activa de aplicación de la misma, pero se concentra en las prácticas

contrarias a la competencia cuya impacto fundamental es nacional, dejando sin

resolver los que repercuten fundamentalmente en otros países. Esto se debe a

que, por lo general, los países consideran que el objetivo de su política de

competencia estriba en incrementar al máximo su bienestar nacional, en lugar

del bienestar mundial.

Aunque, por ahora, la Comisión no ha firmado con otros países ningún acuerdo

similar al firmado con Estados Unidos, esto no significa que no pueda

utilizar el instrumento de la cortesía positiva con otros de sus socios

comerciales más importantes. De hecho, una disposición de ese tipo se ha

```

```
1.II.§3.p.10
##### 057

incluido en la recomendación revisada del Consejo de la OCDE, de 21 de mayo

de 1986, referente al comercio internacional. Por consiguiente, la Comisión

ha invitado a cualquier persona que pudiera verse afectada por prácticas

contrarias a la competencia en otros países de la OCDE a que lo pongan en

conocimiento de la Comisión para que ésta pueda plantear el problema en

virtud de las disposiciones de cortesía positiva.

110. En otros casos, la Comisión ha recurrido a medios aun menos formales con

objeto de estimular la aplicación de la política de competencia entre sus

socios comerciales. Así, el 4 de noviembre la Comisión organizó un seminario

sobre política de competencia en Tokio, junto con la Comisión japonesa de

Defensa de la Competencia, organismo responsable de la aplicación de la

política de competencia en Japón. El objetivo de dicho seminario era comparar

los enfoques comunitario y japonés frente a determinados aspectos que son de

particular interés para el comercio internacional. En este sentido, se

debatieron temas relacionados con la distribución, las fusiones y

adquisiciones, la liberalización y la dimensión internacional de la política

de competencia. Los intervinientes en nombre de la Comisión subrayaron, en

particular, la forma en que se había utilizado la política de competencia en

la Comunidad con objeto de eliminar los obstáculos de índole privada al

comercio intercomunitario y de establecer un régimen de igualdad en la CE.

Asimismo, afirmaron que se debería seguir una línea semejante por lo que al

comercio internacional se refiere. Se ha decidido organizar una segunda

conferencia sobre el mismo tema en Europa durante el año 1994.

111. Finalmente, es necesario mencionar que en algunos países, y en

particular en Estados Unidos y Japón, se han producido durante el período que

nos ocupa acontecimientos políticos que han dado lugar a una aplicación más

estricta de la política de competencia. Desde la entrada en funciones del

nuevo gobierno estadounidense a comienzos de año, la política de competencia

de dicho país parece haber dado un giro hacia una vigilancia más estricta,

incluso en ámbitos prácticamente olvidados durante doce años. De esta forma,

el fiscal general adjunto decidió nuevamente comenzar a aplicar la

legislación sobre competencia a las restricciones verticales.

En Japón, el nuevo gobierno que entró en funciones a mediados del período que

nos ocupa, hizo de la desregulación una de las piezas claves de su política

económica. Esta liberalización se compaginará con una mayor aplicación de la

```

```
1.II.§3.p.11
##### 058

Ley sobre monopolios, mediante, entre otras cosas, una reducción del número

de sectores excluidos.

En algunos otros países, por ejemplo, Turquía, la República de Corea, Taiwan

y varios países de América Central y del Sur, se está produciendo una

evolución similar. La Comisión ve con buenos ojos esta evolución e intenta

fomentarla siempre que puede. La Comisión cree firmemente que mediante una

política de competencia activa pueden abrirse los mercados de todo el mundo y

crear un régimen de igualdad para las empresas comunitarias y cualesquiera

otras.

```

```
1.II.§4.p.12

<T3> §4. Cooperación para la aplicación de la política de

               competencia en casos concretos

```

##### 059

```
112. Todas las iniciativas políticas antes mencionadas, emprendidas durante

el período que nos ocupa, deberían contribuir a reforzar la aplicación de las

normas de competencia entre los principales socios comerciales de la

Comunidad, especialmente contra las prácticas de índole privada que afectan

al comercio con la Comunidad. En algunos casos, estas prácticas privadas o

cambios estructurales pueden entrar también dentro del ámbito de aplicación

de las normas de competencia de la Comunidad. Por lo tanto, sería importante

cooperar con las autoridades de competencia de los terceros países

interesados con objeto de garantizar que ambas partes siguen un enfoque

coherente. Esta cooperación es interesante para las autoridades competentes

ya que puede evitar una duplicación de tareas y de costes. También es

interesante para las empresas que son objeto de vigilancia ya que la

cooperación puede evitar la imposición de dos tipos de soluciones cuyo efecto

combinado podría ser superior a lo estrictamente necesario para resolver

cualquier problema de competencia que se plantee.

Tanto el Acuerdo CE-EEUU de 23 de septiembre de 1991, como la recomendación

de 1986 de la OCDE sobre cooperación relativa a las prácticas comerciales

restrictivas, constituyen un marco para dicha cooperación. No obstante, los

requisitos de confidencialidad tales como los recogidos en el artículo 2 0 del

Reglamento n° 17, reducen considerablemente las posibilidades de efectuar un

intercambio útil de información y, por lo tanto de cooperación entre las

autoridades interesadas.

113. Por este motivo, la Comisión y el Departamento estadounidense de

Justicia decidieron en diciembre del pasado año preguntar a una empresa que

estaba siendo investigada por ambas autoridades si estaba de acuerdo en

renunciar al amparo de los requisitos de confidencialidad, permitiendo así a

la DG IV y a la División de Competencia del Departamento de Justicia que

intercambiasen información y cooperasen en este caso concreto.

En su solicitud, la Comisión señalaba- que la información que pudiera recibir

del Departamento de Justicia no se usaría directamente en los procedimientos

basados en el Reglamento n° 17. Sin embargo, la Comisión se reservaba el

derecho de obtener dicha información por sus propios medios. La Comisión

```

```
1.II.§4.p.13

#### 060

señalaba también que pediría al Departamento de Justicia que garantizase que

cualquier información que la Comisión pudiese enviar a dicho Departamento no

sería revelada a terceros, salvo cuando dicha información pudiera ser

comunicada de haber sido obtenida por dicho órgano.

La Comisión pretende utilizar este mismo procedimiento para solicitar

excepciones concretas al principio de confidencialidad en otros casos que

considere conveniente. La Comisión está convencida de que, mientras no se

modifiquen los requisitos de confidencialidad vigentes, estas renuncias

constituyen un instrumento muy útil para facilitar la cooperación con otras

autoridades de competencia, en beneficio tanto de las empresas afectadas como

de las propias autoridades.

```

```
1.II.§5.p.14

<T3> §5. Repercusión de la Ronda Uruguay sobre

                la política de competencia

```

##### 061

```
114. Tal y como se ha manifestado anteriormente, la Ronda Uruguay no

proporcionaba una solución global para los problemas del mercado

internacional que se puedan derivar de las estructuras y prácticas de índole

privada. Ello no significa, empero, que la Ronda carezca de importancia a la

hora de aplicar las normas de competencia. El Acta Final que se acordó en

principio durante el mes de diciembre en Ginebra contenía un importante

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias por el cual las normas

del GATT en este ámbito se acercaban a las disposiciones de la Comunidad

sobre ayudas estatales, aunque siguen persistiendo algunas diferencias entre

los dos regímenes. Además, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

(GATS) incluye una cláusula de cortesía positiva que se introdujo por

iniciativa de la Comunidad.

115. Cabe hacer mención especial de las negociaciones de la Ronda Uruguay en

el ámbito de las ayudas estatales.

La versión final de acuerdo incluye elementos nuevos en este ámbito,

principalmente por lo que se refiere a "lista verde" de las subvenciones

consideradas "no recurribles". En el ámbito de las ayudas a la investigación

y desarrollo, el acuerdo considera "no recurribles" aquellas ayudas cuya

intensidad es claramente más elevada que las admitidas en las directrices

comunitarias sobre investigación básica y sobre investigación aplicable y

desarrollo.

En cuanto a las ayudas a la protección del medio ambiente, sólo figuran en la

lista verde cuando se refieren a inversiones para la adaptación de las

instalaciones a nuevas reglamentaciones, y bajo determinadas condiciones

relativas, concretamente, a su intensidad (20% de los costes de adaptación).

Cabe también señalar que las ayudas al desarrollo de las regiones menos

prósperas figuran también en la "lista verde".

116. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) es el primer

instrumento legal consensuado multilateralmente que incluye una cláusula de

cortesía positiva. El artículo IX del Acuerdo reconoce en primer lugar que

```

```
1.II.§5.p.15

##### 062

algunas prácticas mercantiles de los prestadores de servicios pueden

restringir la competencia y por lo tanto el comercio de- servicios.

Posteriormente establece un procedimiento con arreglo al cual cada miembro, a

petición de cualquier otro miembro, efectuará consultas con objeto de

eliminar las prácticas mercantiles restrictivas. Aunque la única obligación

consiste "prestar una atención plena y bien predispuesta a dicha solicitud" y

en "cooperar mediante el suministro de la información públicamente disponible

que no tenga carácter confidencial", este procedimiento parece constituir una

oportunidad interesante para contribuir a controlar en mayor medida el sector

servicios en los mercados de los socios comerciales de la Comunidad.

```

```
l.III.Sl.p.l

<T4> Capítulo III

<T2> Desarrollo de la aplicación de las normas de competencia

              en algunos sectores específicos

<T3> §1. Servicios financieros - Seguros

```

#### 063

```
117. Siguiendo la tónica general, en la Comunidad Europea, los mercados de

servicios -sector en el que la apertura a la competencia sería

particularmente ventajosa- han estado protegidos de la competencia durante

mucho tiempo debido a la falta de movilidad de los servicios entre mercados,

por un lado, y de los operadores dentro de dichos mercados, por otro.

El sector de los servicios desempeña un papel fundamental en la economía. En

la actualidad, constituye el sector de actividad más importante con más del

50% de la producción total de la economía comunitaria. Dentro de él, los

servicios financieros cuentan con un peso considerable. Así pues, constituye

uno de los sectores más importantes de la economía en términos de

contribución a la riqueza global.

En ese contexto, las normas de competencia están destinadas a adquirir una

importancia creciente. Son varias las medidas legislativas^ que han

contribuido a modificar la situación en el sector: progresivamente, está

surgiendo un auténtico mercado interior.

118. El escaso nivel de competencia en el sector de los servicios parece

deberse a dos factores determinantes : la propia naturaleza de dichos

servicios y las legislaciones nacionales.

Según un reciente estudio de la Comisión' [2] ', antes del lanzamiento del

(1) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 42 a

    48.

(2) "Los servicios comerciales en la economía comunitaria". Economía Europea

   Suplemento A, mayo de 1993.

```

```
l.III.§l.p.2

#### 064

programa de 1992, el nivel de competencia en los sectores bancario y de

seguros era particularmente reducido debido a los dos factores mencionados.

Además, la imperfecta difusión de la información relativa a la calidad de los

servicios, así como la reputación ya adquirida confieren ventajas a las

empresas ya establecidas.

Evidentemente, esta apreciación global debe matizarse de acuerdo con la

naturaleza de las operaciones : dentro del sistema financiero unos mercados

son más competitivos que otros (por ejemplo, el de los créditos

hipotecarios).

Desde mediados de los años ochenta, los mercados de servicios de la Comunidad

vienen registrando importantes cambios, no sólo debidos al programa del

mercado interior (libre establecimiento y liberalización de los movimientos

de los factores de producción) sino, asimismo, al progreso tecnológico. La

incidencia de ambos elementos es particularmente importante en el sector

bancario.

119. Por lo que respecta a la aplicación concreta de las normas de

competencia al sector financiero, cabe señalar que dicho sector presenta

ciertas particularidades y, en concreto,:

   la importancia económica de este sector no se limita a su peso económico

   directo. Por un lado, debido a los efectos cruzados, el buen

   funcionamiento del sector financiero es un factor que determina la

   competitividad de los demás sectores productivos y el bienestar de los

   consumidores. Por otro lado, desde una perspectiva macroeconómica, el

   papel institucional del sector bancario es el de enlace con la política

   monetaria ;

   por lo que respecta a algunos productos, el funcionamiento de este

   mercado presenta la particularidad de facilitar el contacto de los

   operadores financieros al margen de su voluntad. Estos cumplen las

   órdenes de sus clientes y por lo tanto no hay una relación directa entre

   la oferta y la demanda; por ejemplo, cuando un operador extiende un

   cheque en favor de otra parte, el banco del acreedor está obligado a

   entrar en contacto con el banco del deudor;

```

```
l.III.§l.p.3

#### 065

   Los operadores pueden participar en el mercado de un determinado

   producto, simultáneamente desde la perspectiva de la oferta y de la

   demanda. Tomando como ejemplo un medio de pago cualquiera, cada banco

   interviene en el mercado como acreedor y deudor. Esta particularidad

   implica que cada operador contribuye a la vez y en todo momento en la

   determinación de la oferta y la demanda en el mercado.

120. Para lograr el desarrollo de una política de competencia que se base

efectivamente en la situación real del mercado en el sector, es fundamental

evaluar correctamente los elementos mencionados.

En la actualidad, están pendientes varios asuntos sobre la compatibilidad de

determinadas actuaciones de los bancos con las normas de competencia. Por

otro lado, la cuestión de la utilización de las tarjetas bancarias de pago

está siendo analizada en profundidad por la Comisión que, a continuación,

deberá definir su actitud al respecto.

121. Los casos de ayuda estatal están relacionados, a menudo, con bancos

estatales en calidad de prestamistas, inversores' [3] ' o bien como entidades de

depósito que compiten con los bancos privados por el ahorro^ [4] ^.

122. En el sector de los seguros, la Comisión aprobó a finales del año pasado

el Reglamento (CEE) 3932/92 ( [5] ) de la Comisión de 21 de diciembre de 1992,

por el que se eximía de la prohibición del apartado 1 del artículo 85 a

determinadas categorías de acuerdos en el sector de los seguros. Dicho

Reglamento entró en vigor el 1 de abril de 1993. Las asociaciones y empresas

que antes de la entrada en vigor del Reglamento habían notificado acuerdos

incluidos en estas categorías (algo más de 200) recibieron una carta de los

servicios de la Comisión invitándoles a comprobar la conformidad de sus

acuerdos con el Reglamento en el plazo de seis meses. Además, se informaba a

las partes de que a falta de una solicitud explícita en el plazo mencionado,

se consideraría que las asociaciones o empresas no deseaban que se diera

(3) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 221
(4) Puntos 540 y 541 del presente Informe.
(5) DO L 398 de 31.12.1992 y puntos 274 a 288 del presente Informe.

```

```
l.III.§l.p.4
#### 066

curso de forma individual a sus antiguas notificaciones. En algunos casos,

las asociaciones han informado ya a la Comisión de la supresión de sus

acuerdos. En otros, los acuerdos se están modificando de forma que cumplan

las condiciones de exención fijadas por el Reglamento. Son numerosos los

casos en que no se ha producido reacción alguna ante la carta enviada, por lo

que las notificaciones han sido o van a ser archivadas.

```

```
1.III.§2.p.5

T3> §2. Telecomunicaciones y servicios postales

<T4> - Telecomunicaciones

```

#### 067

```
123. En octubre de 1992, la Comisión publicó el "Informe sobre la situación

```

`del sector de los servicios de telecomunicación de` `1992"` _^'_ `con arreglo a lo`

```
                                  '
dispuesto en la Directiva de la Comisión 90/388/CEE' [7] . Con su publicación

se iniciaba un periodo de intensas consultas destinadas a comprobar si los

derechos exclusivos que aún existían para la prestación de servicios de

telefonía pública vocal aún se justificaban y considerar la mejor forma de

crear el entorno competitivo adecuado para los servicios de

telecomunicaciones.

Durante la consulta, la Comisión escuchó a más de 130 organizaciones y

empresas en cinco sesiones diferentes y recibió más de 80 comentarios por

escrito sobre el "Informe de 1992". Participaron en la consulta operadores de

telecomunicaciones, usuarios, prestadores de servicios y candidatos a

introducirse en el mercado, fabricantes de equipos, sindicatos y asociaciones

de consumidores de toda la Comunidad.

De las cuatro posibilidades propuestas en el Informe de 1992^ [8] ', la Comisión

mostró su preferencia por la apertura a la competencia de los servicios de

telefonía vocal intracomunitaria (cuarta posibilidad). No obstante, tras las

diferentes consultas, la posibilidad más aceptada fue la tercera, es decir,

la apertura a la competencia de todos los servicios de telefonía vocal. Así

pues, este nuevo enfoque parece ir mucho más lejos de lo previsto en un

principio, pero su preparación requerirá más tiempo y un marco más amplio de

medidas de apoyo.

Se trata de un gran avance en el proceso de consecución de un auténtico

mercado único en un sector cuya importancia se ha puesto de relieve

repetidamente en el presente Informe. Los consumidores europeos, todos ellos

usuarios de servicios de telecomunicaciones, serán los primeros en

(6) SEC(92) 1048 final.

(7) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 33 a

    36.

(8) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 511.

```

```
1.III.§2.p.6
#### 068

beneficiarse de estos avances. Además, la industria comunitaria contará así

con medios de comunicación más eficaces y económicos. Por último, este sector

está llamado a tener un crecimiento importante y a convertirse en generador

neto de empleo a condición de que su desarrollo tecnológico sea

satisfactorio.

124. Basándose en las conclusiones derivadas de las consultas, el 28 de

abril de 1993, la Comisión aprobó una "Comunicación al Consejo y al

Parlamento Europeo sobre la consulta relativa al Informe sobre la situación

del sector de los servicios de telecomunicación" (COM(93)159 final). Una

semana antes, el Parlamento Europeo había discutido la cuestión y aprobado

una resolución que respaldaba la postura de mayor liberalización sostenida

por la Comisión.

En su Comunicación, la Comisión fija la liberalización plena de los servicios

de telecomunicaciones en todos los Estados miembros para el 1 de enero de

1988. Siempre que se justifique, los países con problemas específicos

contarán con un periodo transitorio adicional de dos años. Se preveía

asimismo la publicación de un Libro Verde sobre las telecomunicaciones

móviles y personales para finales de 1993 así como otro más sobre

infraestructura de las redes públicas de telecomunicaciones antes de 1995.

La Comunicación recoge todas las cuestiones que se plantearon durante las

consultas, en particular, las relacionadas con el servicio universal, las

adaptaciones necesarias para lograr un mercado competitivo y la situación de

las regiones periféricas y de las redes de pequeñas dimensiones o menos

desarrolladas.

La Comunicación propone medidas especiales en el contexto de los marcos

comunitarios de apoyo, la obtención de fondos adicionales procedentes de los

recursos propios, la aceleración del desarrollo de redes y del servicio

universal en las regiones periféricas. La Comunicación hace hincapié en la

necesidad de aprobar rápidamente las propuestas pendientes sobre la

aplicación de la oferta de red abierta a la telefonía vocal, el

reconocimiento mutuo de licencias y en el ámbito de las comunicaciones vía

satélite que antes estaban excluidas de la competencia.

```

```
1.III.§2.p.7
##### 069

La Comunicación sugiere la utilización de infraestructura alternativa y de

redes de televisión por cable para los servicios de telecomunicaciones ya

liberalizados. Esta medida contribuiría a reforzar la aplicación de la

legislación existente, objetivo que, a su vez, fue considerado prioritario en

la consulta.

125. En su reunión de 16 de junio de 1993, el Consejo aprobó una resolución

en la que se apoyaban ampliamente las propuestas de la Comunicación de la

Comisión de 28 de abril de 1993, en lo relativo a los objetivos, principios y

calendario de la legislación necesaria. El punto más importante de la

resolución adoptada por los doce Estados miembros fue el acuerdo de

liberalizar los servicios públicos de telefonía vocal a más tardar el 1 de

enero de 1998, como proponía la Comisión.

No obstante, el Consejo consideraba que España, Portugal, Grecia e Irlanda,

debían estar autorizados a ampliar, en su caso, el plazo hasta el 2003. La

Comisión se ha comprometido a ayudar a estos países a desarrollar sus redes y

a efectuar las adaptaciones necesarias. A petición de Luxemburgo, el Consejo

consideró que en los casos en que fuera necesario, debía concederse a las

redes de muy pequeñas dimensiones una ampliación del plazo hasta el año 2000.

La propuesta de la Comisión sobre la utilización de infraestructura

alternativa para los servicios de telecomunicaciones ya liberalizados no

figuraba en la resolución del Consejo, a pesar de que había sido respaldada

por Francia, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido. La Comisión está

estudiando las repercusiones de ' la liberalización de la infraestructura

alternativa, que incluye las redes de televisión por cable.

La resolución del Consejo reconocía la importancia de preservar la

estabilidad financiera del sector, mantener el empleo, desarrollar la

formación, canalizar los recursos comunitarios hacia las regiones

periféricas, fomentar la creación de redes transeuropeas con objeto de

reforzar la cohesión económica y social y formular un enfoque coherente de

las infraestructuras. Asimismo, planteaba la posibilidad de financiar el

servicio universal cobrando el acceso a este último. El Consejo exponía

asimismo la necesidad de ir reequilibrando progresivamente las tarifas,

manteniendo el equilibrio entre liberalización y armonización, reconociendo

la importancia de la cooperación entre los operadores de telecomunicaciones,

```

```
1.III.§2.p.8

```

070

```
solicitando a los terceros países la igualdad en el acceso al mercado y

coordinando las medidas nacionales y comunitarias con arreglo al principio de

subsidiariedad^ [9] '.

Así pues, el enfoque global adoptado, que incluye medidas de liberalización y

armonización, demuestra que la liberalización de un sector de la economía no

lleva consigo la supresión de toda norma sino que, por el contrario, hace

necesaria la creación de un marco reglamentario que evite distorsiones

perjudiciales.

126. El Comité Económico y Social apoyó la mayor parte de las iniciativas de

la Comisión y el Consejo, aunque preguntándose si la fecha del 2003 fijada

para la liberalización total en determinados países no era demasiado

      ^
tardíaí [10] .

127. A petición de la Presidencia belga, la Comisión elaboró una

comunicación sobre el servicio universal en la que se ponía de relieve la

importancia de este último y se reconocía, al mismo tiempo, la positiva

contribución de la competencia en la prestación del servicio universal(- [1] - [1] ).

Por otro lado, se prestaba particular atención a la necesidad de

reequilibrar las tarifas.

En la comunicación se abordaban asimismo otros dos temas. En primer lugar,

recurriendo a la legislación sobre la oferta de red abierta se definía el

ámbito de aplicación del servicio universal. En segundo lugar, se trataba la

cuestión fundamental de cómo financiar un servicio universal cuando,

normalmente, la prestación de un servicio a un particular de forma

comercial, no se realizaría exclusivamente con la actuación de las fuerzas

del mercado. Se consideró que las tarifas y los gastos de acceso pagados por

los nuevos operadores tenían también un papel importante que desempeñar.

Asimismo se preveía la obtención de fondos dentro de los marcos comunitarios

de apoyo de los fondos estructurales, sujetos a prioridades nacionales, para

los problemas específicos de las regiones periféricas en relación con el

servicio universal.

(9) Resolución del Consejo de 22.7.1993-DO C 213 de 6.8.1993.
(10) Dictamen del CES 1166/93 sobre los documentos COM(93)159 y SEC(92)1048

   de 24.11.1993.

(11) COM(93)543.

```

```
1.III.§2.p.9

##### 071

El Consejo, inspirándose esencialmente en la comunicación de la Comisión,

aprobó el 7 de diciembre una resolución sobre los principios del servicio

universal en el ámbito de las telecomunicaciones en la que señalaba que el

desarrollo del servicio universal constituye un factor clave para el futuro

progreso de las telecomunicaciones, e invitaba a los Estados miembros a

adoptar el marco reglamentario adecuado y. a fijar los objetivos necesarios a

fin de garantizar el servicio universal en su territorio. La resolución

reconoce que, en numerosos casos, las fuerzas del mercado garantizarán la

realización del servicio universal sobre bases comerciales. Según la

resolución, los servicios de telefonía vocal cuya prestación lleve aparejadas

pérdidas deberán poder financiarse mediante subvenciones cruzadas, tasas de

acceso u otros mecanismos compatibles con las normas de competencia del

Tratado.

128. En 1998, la Comisión tomará las medidas necesarias para realizar la

programación y los ajustes estructurales en las regiones periféricas de forma

que se logre la liberalización plena, decidir el marco reglamentario

aplicable a las infraestructuras públicas y garantizar la total

liberalización de los servicios públicos de telefonía vocal.

129. La liberalización ha impulsado a las empresas presentes en el sector o

deseosas de acceder a él a concluir ciertos acuerdos con objeto de adaptarse

a la nueva situación. Los acuerdos cubren diversas formas de cooperación que

van desde la alianza estratégica a la filial común cooperativa, llegando en

algunos casos a la fusión. Las normas de competencia, en particular, los

artículos 85 y 86 del Tratado, así como el Reglamento sobre el control de las

concentraciones, constituyen un instrumento indispensable para distinguir las

operaciones que conllevan un incremento de la competencia en el sector de las

que, por el contrario, están destinadas a mantener posiciones ya adquiridas y

a frenar el proceso de liberalización.

<T4> - Servicios postales

130. En el sector de correos, la Comisión intentó mantener el impulso logrado

el año anterior con la adopción del Libro Verde sobre el desarrollo del

mercado único de los servicios postales. El principal acicate en la

elaboración del informe fue la importancia concedida por la Comunidad al

```

```
1.III.§2.p.10
##### 072

logro de unos servicios de calidad, mediante la combinación de una serie de

medidas de armonización y liberalización. Tampoco en este caso habría que

infravalorar el papel del sector postal en el logro de la cohesión económica

y social dentro de la Comunidad.

131. Tras la publicación en 1992 del Libro Verde sobre los servicios

postales' [12] ', el 2 de junio de 1993, la Comisión aprobó una Comunicación al

Consejo y al Parlamento Europeo^ [13] ', titulada Líneas Directrices para el

Desarrollo de los Servicios Postales Comunitarios.

La Comunicación recoge las diversas tendencias manifestadas durante la

consulta pública que se realizó tras la publicación del Libro Verde y

propone una serie de orientaciones para el futuro desarrollo de los

servicios postales en la Comunidad.

Al finalizar el periodo de consulta pública, los servicios de la Comisión

habían recibido unas doscientas contribuciones por escrito, que se

resumieron en el Anexo a la Comunicación.

En términos generales, las directrices están relacionadas con la definición

de un servicio postal universal a escala comunitaria, el mantenimiento de un

sector reservado, la fijación de unas normas de calidad del servicio, la

adopción de medidas de fomento de la armonización, la separación de las

competencias reglamentarias y las funciones operativas, los gastos

terminales y aspectos internacionales del servicio postal.

Más en concreto, las directrices son un reflejo del consenso alcanzado en

torno al concepto básico de servicio universal y proponen una definición que

refleje las obligaciones a las que están sujetos los Estados miembros en

virtud del Convenio de la Unión Postal Universal. Asimismo, las directrices

recogen el acuerdo sobre la necesidad de mantener un área reservada en

beneficio del servicio universal pero advierten sobre divergencias en cuanto

a la repercusión que tendrán algunas medidas específicas de liberalización

tales como las aplicadas a los servicios postales nacionales,

transfronterizos y directos sobre la viabilidad económica del servicio

universal, así como en los problemas relacionados con el control.

(12) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 38.

(13) COM(93) 247 final.

```

```
1.III.§2.p.11
```

073

```
132. A este respecto, la Comisión, aún manteniendo su preferencia por la

liberalización, se ha comprometido a analizar más en profundidad las

implicaciones de estas medidas en la prestación de un servicio universal.

Las directrices respaldan asimismo las posturas adoptadas en el Libro Verde

en relación,' por un lado, con la necesidad de ampliar y acentuar la

separación existente entre las funciones reglamentarias y las operativas

dentro del sector postal y, por otro, con la importancia de introducir un

sistema de gastos terminales basado en los costes con vistas a lograr un

desarrollo racional de los servicios de correos en la Comunidad.

Las consultas pusieron de manifiesto que las propuestas de armonización de la

Comisión gozaban de amplio respaldo. Las directrices prestan particular

atención a la necesidad de introducir medidas de mejora de la calidad del

servicio mediante la fijación de normas a escala comunitaria, el seguimiento

de los avances logrados en este campo, así como la publicación de resultados.

Asimismo, proponen que se refuerce la armonización de las condiciones de

venta y la normalización técnica en la manipulación, transporte y entrega del

correo.

```

```
1.III.§3.p.12

T3> §3. Energía

```

##### **07**

```
133. La creación de un mercado interior en el sector de la energía, con

arreglo al Artículo 7 A del Tratado de la Unión, continúa siendo una de las

prioridades de la Comisión, a pesar de lo difícil que resulta la introducción

de una dinámica competitiva en un sector como éste que se ha mantenido tanto

tiempo al margen de la competencia y de la aplicación de las disposiciones

del Tratado.

Las propuestas de Directiva efectuadas en 1992 por la Comisión basándose en

el apartado 2 del artículo 57 y en los artículos 66 y 100 A relativas a las

normas comunes para un mercado interior de la electricidad( [14] ) y del

gas' [15] ', siguen siendo objeto de un amplio debate.

En las conclusiones del Consejo de 3 0 de noviembre de 1992 se señalaba la

necesidad de que los mercados de la electricidad y el gas fueran "más

abiertos, transparentes y competitivos". Al mismo tiempo que indicaba que

los obstáculos al mercado interior aún debían eliminarse y que aún era

necesario progresar, el Consejo invitaba a la Comisión a "prever

modificaciones a estas propuestas a la luz de los trabajos llevados a cabo

por el Consejo y del dictamen del Parlamento Europeo".

El Consejo de 25 de junio de 1993 ratificó estas conclusiones. El Parlamento

Europeo emitió su dictamen durante la sesión plenaria de 17 de noviembre de

1993. Teniendo en cuenta los debates en el seno del Consejo, así como las

numerosas enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo, el 10 de diciembre

de 1993, la Comisión presentó al Consejo unas propuestas modificadas de

Directiva relativas al gas y la electricidad. Las principales modificaciones

introducidas fueron las siguientes:

   por un lado, la posibilidad de que los productores de gas y

   electricidad negocien el acceso a la red; esta posibilidad sustituye al

   acceso regulado establecido en las propuestas iniciales. Esta nueva

   posibilidad se complementa con unos mecanismos de arbitraje en caso de

   que surjan problemas en la negociación o en la ejecución del contrato

   que, sin embargo, no pueden suplantar a las vías de recurso que brinda

   el Derecho comunitario;

(14) Propuesta de Directiva del Consejo (DO C65 de 14.3.92, p.4).
(15) Propuesta de Directiva del Consejo (DO C65 de 14.3.92,p.5).

```

```
1.III.§3.p.13
```

075

```
   por otro, ía inclusión en las propuestas de un programa de trabajo

   concreto que permitirá a la Comisión elaborar las propuestas de

   armonización que requiere el correcto funcionamiento del mercado sin

   interferir en la aplicación del Derecho comunitario.

Además, en el sector eléctrico, las propuestas modificadas incluyen

procedimientos de licitación para la concesión de nuevas capacidades de

transporte y producción destinadas a las redes, como alternativa al sistema

de licencias previsto inicialmente. Asimismo, se establece un sistema de

licencias transparente y no discriminatorio destinado a los autoproductores o

productores independientes. Por último, se simplifican las normas de

funcionamiento de las redes. En el Libro Blanco sobre el crecimiento, la

competitividad y el empleo, la Comisión se compromete a impulsar la

construcción de nuevas redes interconectadas en los sectores del gas y de la

electricidad de la Unión europea, utilizando, si llega el caso, la

financiación comunitaria (ayudas y préstamos). No obstante, la Comisión se

asegurará de que las condiciones de utilización y de acceso a estas nuevas

redes, así como las ya existentes, sean conformes con los principios que

emanan del Tratado CE y, en su caso, con las propuestas de directiva

mencionadas anteriormente.

133 bis. Por otro lado, la Comisión continúa con su política de creación

de un mercado intracomunitario de la energía más competitivo y abierto,

mediante la aplicación de las normas de competencia. En esta línea, la

Comisión autorizó un acuerdo notificado el 26 de enero de 1993, celebrado

entre Electricidade de Portugal, National Power PLC (UK), Empresa Nacional de

Electricidad, S.A. (España) y Electricité de France, relativa a la

adquisición y explotación de una central térmica de carbón en Pego (Portugal)

compuesta de dos unidades. El acuerdo en cuestión, especialmente tras las

modificaciones introducidas por las partes a petición de la Comisión, se

orienta hacia la liberalización de la producción de electricidad, tal como

establecen las propuestas de directiva mencionadas anteriormente.

134. Por lo que respecta al sector petrolero y,en particular, al transporte,

la distribución y la venta de carburantes para automóviles y reactores, la

Comisión mantuvo su política de liberalización efectiva de los mercados. En

este sentido, tuvo que controlar la conformidad con los reglamentos

aplicables en la materia de los acuerdos sobre estaciones de servicio

celebrados entre las refinerías españolas y las gasolineras de la antigua red

```

```
1.III.§3.p.14

##### 076

de monopolio, recientemente suprimida' [16] ' y del establecimiento en el Reino

Unido de un sistema de franquicia^ [17] ' para las estaciones de servicio

integradas en comercios que ofrecen productos usuales de consumo.

Asimismo, la Comisión autorizó un acuerdo relacionado con la explotación

conjunta por parte de British Petroleum y Repsol S.A de unas instalaciones

logísticas destinadas al almacenamiento y manipulación de productos

petrolíferos en las Islas Canarias' [18] ' y un acuerdo por el que se creaba una

empresa en participación encargada de la distribución de carburante para

reactores en el nuevo aeropuerto de Milán. Al evaluar estos acuerdos, la

Comisión tuvo en cuenta si se daban o no unas condiciones objetivas y no

discriminatorias para el acceso de terceros a la red, puesto que dicho acceso

es una condición indispensable para la participación en el mercado.

13 5. En diciembre, tras largas negociaciones con el Consejo y el Parlamento

Europeo que le llevaron a modificar la propuesta inicial presentada en

diciembre de 1992 ' [19] ', la Comisión aprobó una Decisión con el acuerdo

unánime del Consejo por la que se establecían nuevas normas para la

autorización de ayudas a la industria comunitaria del carbón por el periodo

comprendido entre 1994 y 2002, fecha en que está prevista la expiración de

dichas ayudas CECA. Las nuevas directrices sobre ayudas^ [20] ' se asemejan más

al código al que sustituyen que las de la propuesta inicial en la medida en

que ya no se fija un límite máximo en los costes de producción que pueden

subvencionarse de forma que queden equiparados" a los precios del mercado

mundial. En un principio, se propuso restringir las ayudas a la producción a

la cobertura estricta de la diferencia entre los costes medios comunitarios

de producción y los precios del mercado mundial. No obstante, la novedad que

introducen las nuevas directrices es la obligación de notificar y aprobar la

ayuda antes de su concesión. Aparte del carbón, las demás decisiones sobre

ayudas estatales de la Comisión en el sector de la energía están relacionadas

con las energías renovables^ [21] '. Con la adopción del programa ALTENER se dio

                                           '
un nuevo impulso al desarrollo de las fuentes de energía renovables' [22] .

(16) Punto 226 del presente Informe.

(17) Punto 225 del presente Informe.

(18) Punto 226 del presente Informe.
(19) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 4 00

(2 0) Recogido en el anexo II del presente Informe.

(21) Puntos 532 y 533 del presente Informe.

(22) Decisión del Consejo 93/500/CEE de 13.9.1993, DO L 235 de 18.9.1993.

```

```
1.III.§4.p.15

T3> §4. Transportes

<T4> - Transporte aéreo

```

##### _077_

```
136. Desde un punto de vista reglamentario, el transporte aéreo comunitario

constituye desde el 1 de enero de 1993 un mercado único que se inscribe en un

sistema ampliamente liberalizado' [23] '. A partir de ahora, los transportistas

tendrán acceso a la práctica totalidad de los enlaces intracomunitarios.

Además, las tarifas aéreas ya no estarán sujetas a control previo alguno, lo

que aumentará considerablemente la posibilidad de adoptar estrategias

comerciales dinámicas y contribuirá a reforzar la competencia en el sector.

Mientras la liberalización del mercado interior favorece el desarrollo de la

competencia, el entorno renovado del sector mantiene algunas formas de

cooperación entre compañías aéreas. Efectivamente, la cooperación puede

seguir considerándose positiva en la medida en que los usuarios puedan

beneficiarse de ella y en que pueda mejorar la posición competitiva de las

empresas que la practican, en particular, los transportistas de pequeña

envergadura que no disponen de una red extensa. Además, la Comisión a

adoptado nuevas exenciones por categorías' [24] ' relativas a la planificación

conjunta de los horarios, la utilización conjunta de servicios aéreos en

líneas de reciente creación o de escasa densidad de tráfico, la asignación de

periodos horarios en los aeropuertos y la consulta relativa a las tarifas con

objeto de desembocar en la concesión de facilidades de "interlining"' [25] '. No

obstante, la Comisión ha manifestado su intención de controlar estrechamente

el desarrollo del sistema de "interlining", con objeto de examinar si puede

mantenerse la exención de las consultas relativas a las tarifas. Por último,

se ha modificado la exención por categoría relativa a los sistemas

informatizados de reserva' [26] ', tras la adopción por el Consejo de las nuevas

normas relativas al funcionamiento de dichos sistemas' [27] '.

(23) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 58.
(24) Reglamento CEE n° 1617/93 de la Comisión (DO L 155 de 26.6.1993 y DO L

   177 de 29.6.1993) .

(25) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, puntos 73 a 74.
(26) Reglamento (CEE) n° 1618/93 de la Comisión (DO L 155 de 26.6.1993) y n°
   3652/93 (DO L 333 de 31.12.1993).
(27) Reglamento (CEE) n° 3089/93 del Consejo (DO L 278 de 11.11.1993).

```

```
1.III.§4.p.16

```

078

```
137. Por otro lado, la Comisión ha podido constatar que la intensificación de

la competencia en el sector del transporte aéreo sacaba a la luz situaciones

de monopolio en los servicios de asistencia en escala en la mayoría de los

aeropuertos europeos. Teniendo en cuenta que las restricciones de competencia

derivadas de esta situación pueden menoscabar los efectos positivos de la

liberalización de los transportes, la Comisión, tras recibir numerosas

quejas, decidió emprender, basándose en un documento de trabajo aprobado el

15 de diciembre de 1993, un amplio proceso de consultas con el Parlamento

Europeo, las autoridades nacionales, los operadores del sector y las

instituciones y partes interesadas. En principio, la consulta debería

permitir a la Comisión decidir el tipo de medidas que deben adoptarse así

como la naturaleza del instrumento jurídico a utilizar. Actualmente, la

Comisión está analizando las consideraciones presentadas en el proceso de

consulta en el cuadro de los objetivos señalados en el XXII Informe sobre

este particular.

Estas medidas podrían consistir, por un lado, en medidas para la supresión

del monopolio en todos los tipos de servicios (con la total liberalización de

algunos de ellos) y, por otro, en medidas que garantizaran la existencia de

una auténtica competencia, como por ejemplo, procedimientos imparciales de

autorización y de licitación o incluso condiciones de acceso transparentes y •

no discriminatorias para los nuevos participantes.

Así pues, los principios básicos aplicados en este importante sector son

representativos de aquellos que rigen normalmente la actuación de la Comisión

en los sectores en que se da una situación de monopolio.

138. Por otro lado, Noruega y Suecia celebraron con la Comunidad un acuerdo

mediante el cual dichos países se integran en el mercado interior comunitario

de la aviación civil y que lleva aparejado asimismo la aplicación de las

normas de competencia' [28] '. Posteriormente, el acuerdo fue actualizado con

objeto de adaptarlo a la evolución del marco reglamentario comunitario' [29] ^.

13 9. En un contexto comunitario e internacional de recesión e incluso de

pérdidas en el sector del transporte aéreo, la Comisión se vio enfrentada a

algunos importantes casos de ayuda estatal a compañías nacionales de

(28) DO L 200 de 18.7.1992.

(29) DO L 212 de 23.8.1993.

```

```
1.III.§4.p.17

```

079

```
bandera. Dichos casos, en particular los relativos a Air France y Air Lingus,

se exponen más adelante' [30] '.

<T4> - Transporte marítimo

140. En este sector, la Comisión siguió aplicando los artículos 85 y 86 del

Tratado CE, lo que le permitió precisar el alcance del Reglamento de exención

por categorías (CEE) N 4056/86. Además, es posible que el año próximo elabore

un documento en el que se expongan los principios que considera fundamentales

para la aplicación de las normas de competencia a este sector.

141. La Comisión aprobó asimismo un proyecto de Reglamento de exención por

categorías que precisa las categorías de acuerdos de consorcio en el tráfico

de línea que pueden autorizarse en virtud de lo dispuesto en el apartado 3

del artículo 85. Esta propuesta va a ser objeto de consultas con los sectores

interesados según las modalidades previstas por el Reglamento de

habilitación' [31] '.

Los consorcios son acuerdos entre transportistas operadores de buques con

objeto de establecer, en distintos grados, una cooperación para la

explotación en común de un servicio de transporte marítimo de línea con

arreglo a una serie de estipulaciones técnicas, operativas y comerciales.

Por las razones ya aducidas en su comunicación de junio de 1990' [32] ', la

Comisión es partidaria de esta forma moderna de organización de los

transportes marítimos de línea surgida con la aparición de los contenedores.

Efectivamente, el desarrollo de los servicios mediante contenedores y la

magnitud de las inversiones necesarias, por lo que a buques se refiere, para

explotar dichos servicios, han incrementado la necesidad de una cooperación

entre armadores que ha adoptado usualmente la forma de consorcios.

Partiendo de la constatación de que dichos acuerdos son muy variados, ya que

el grado de cooperación y la amplitud de la actividad conjunta difieren en

función de las necesidades de los operadores y de las circunstancias del

(30) Puntos 536 a 539 del presente Informe

(31) DO L 55 de 29.2.1992.

(32) COM(90) 260 de 18.6.1990.

```

```
1.III.§4.p.18

```

080

```
tráfico en cuestión, la Comisión ha querido elaborar un marco legal de

exención por categorías a la vez equilibrado y flexible, que tenga en cuenta,

asimismo, las características especiales del transporte marítimo. Este marco

debería permitir a los armadores operar conforme a lo estipulado en los

distintos acuerdos con plena seguridad jurídica, al tiempo que se garantiza

una participación equitativa de los cargadores en el beneficio resultante.

Según el proyecto de Reglamento, la exención por categorías, prevista por un

periodo inicial de cinco años, se aplicará tanto a los consorcios que operen

dentro de una conferencia marítima como aquellos que se mantengan al margen

de ella.

Las condiciones fijadas para el nuevo Reglamento de exención por categorías

se inspiran en las orientaciones publicadas anteriormente' [33] ', que se han

adaptado a fin de lograr que los consorcios operen en un entorno en el que

estén sujetos a una competencia efectiva.

Para ello, el proyecto de Reglamento prevé como condición la existencia de

una cuota máxima de tráfico para que el consorcio pueda beneficiarse

automáticamente de las exenciones por categorías.

Este proyecto de Reglamento que en diciembre fue objeto de un primer examen

por parte de los Estados miembros en el marco del Comité Consultivo, se

publicó a principios de 1994 a fin de que los terceros interesados puedan

pronunciarse al respecto.

<T4> Transporte por ferrocarril

142. Tradicionalmente, este sector estaba muy regulado, puesto que cada

empresa ferroviaria mantenía el monopolio sobre su territorio. El 1 de enero

de 1993 entraba en vigor la Directiva del Consejo N 91/440 de 29 de julio de

1991 (34) relativa al desarrollo de los ferrocarriles comunitarios. Dicha

directiva constituye un jalón muy importante en la liberalización del sector

ferroviario, puesto que autoriza a las compañías ferroviarias a utilizar,

bajo determinadas condiciones, las infraestructuras ferroviarias situadas en

(33) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, Anexo II.4
(34) DO L 237 de 24.8.1991,p.25.

```

```
1.III.§4.p.19

###### 081

Estados miembros distintos de aquel en que se hallan establecidas, con vistas

a la explotación de trenes internacionales de pasajeros y de mercancías.

Así pues, la explotación de la infraestructura ferroviaria, cuya importancia

es comparable a la de un puerto o un aeropuerto, no puede dejarse en manos de

un único gestor.

Estas nuevas condiciones de funcionamiento del mercado facilitan de forma

incuestionable el libre juego de la competencia entre las empresas

ferroviarias existentes y deben facilitar asimismo el acceso a dicho mercado

de nuevos participantes.

Esto no es óbice para que determinadas formas de cooperación entre empresas

ferroviarias puedan seguir resultando necesarias. La Decisión de exención

adoptada por la Comisión el 24 de febrero de 1993 en el sector del transporte

combinado de mercancías se sitúa dentro de este contexto y ya ha permitido a

la Comisión precisar determinados principios que se irán consolidando a

medida que se traten otros asuntos en curso.

En general, en los próximos años, la Comisión tiene previsto emprender una

política activa a fin de dinamizar este tipo de transporte y aumentar su

competitividad, particularmente frente al transporte por carretera.

```

```
1.III.§5.p.20

<T3> §5. Sector audiovisual

```

##### 082

```
143. El sector audiovisual es, sin lugar a duda, un sector clave para la

mejora de la productividad de la industria comunitaria. No obstante, conviene

establecer una distinción entre la situación en que se encuentra el subsector

de la televisión y el de la producción y distribución de películas.

El primero es un subsector en plena expansión que cuenta con un número cada

vez mayor de cadenas de televisión. Las formas que adoptan dichas cadenas son

distintas a las de las clásicas, puede tratarse de cadenas temáticas, cadenas

de peaje o incluso de las denominadas "pay per view" en las que el espectador

sólo paga por el programa que ha visto. Esta evolución es posible gracias a

un progreso tecnológico constante. Así, con la introducción de la compresión

digital, debería aumentar considerablemente el número de cadenas de

televisión por satélite. El progreso tecnológico es asimismo una de las

causas de la creciente mundialización de la competencia.

Por lo que respecta al segundo subsector, en la mayoría de los países de la

Comunidad se registra un fenómeno de disminución de la frecuentación de salas

de cine, así como una enorme competencia con los productores y distribuidores

extracomunitarios. Podemos decir que la evolución en el subsector de la

televisión no es ajena a la de la industria del cine.

La competencia existente a escala mundial, hace más imperiosa la necesidad de

asegurar, en la medida de lo posible, una auténtica igualdad de condiciones

("level playing field") a fin de garantizar que la industria comunitaria

pueda acogerse en los terceros países a condiciones no discriminatorias en

comparación con aquellas de las que se benefician dichos países en la

Comunidad.

144. La expansión del sector televisivo no es únicamente un fenómeno

generador de empleo en sí mismo, sino que además repercute en el conjunto de

la industria comunitaria. Efectivamente, como se expone en el Libro Blanco

sobre el crecimiento, la productividad y el empleo, la difusión de

información es . un instrumento indispensable para que las empresas puedan

adaptarse rápidamente a un entorno competitivo.

```

```
1.III.§5.p.21

```

083

```
No obstante, el sector de la televisión constituye un caso particular ya que

la apertura a la competencia es sólo un fenómeno de reciente aparición,

registrado una vez que las técnicas modernas han permitido una zona de

difusión de programas mucho más amplia. La evolución tecnológica actual

podría conducir a una auténtica individualización de los programas de

televisión en la que cada espectador tendría la posibilidad de seleccionar

las emisiones de su interés.

145. Por último, es necesario tener en cuenta asimismo los aspectos relativos

al pluralismo en los medios de comunicación. A este respecto, la Comisión

aprobó un Libro Verde' [35] ' basándose en el cual inició, en 1993, un amplio

proceso de consultas con todas las partes interesadas. El objetivo del Libro

Verde es examinar si, teniendo en cuenta los objetivos del mercado interior,

es necesario proponer a escala comunitaria una armonización de las

reglamentaciones específicas sobre propiedad de los medios de comunicación,

establecidas por los Estados miembros con objeto de garantizar su pluralismo.

La Comisión se pronunciará sobre la necesidad de una acción comunitaria de

aquí a la primavera de 1994. Cabe señalar que el control sobre las

concentraciones constituye un instrumento eficaz de vigilancia de la

evolución en el sector, aunque durante el año ninguno de los casos

notificados en virtud de ese Reglamento ha tenido relación con el sector

audiovisual. Asimismo, hay que recordar que una de las excepciones al

principio de "autoridad única" ("one stop shop") se aplica al sector de los

medios de comunicación. En efecto, aunque normalmente las concentraciones que

reúnen los requisitos relacionados con los límites máximos se examinan

exclusivamente a la luz del Reglamento sobre concentraciones, el apartado 3

del artículo 21 de dicho Reglamento concede a los Estados miembros la

posibilidad de intervenir para prohibir las concentraciones que constituyan

una amenaza para la pluralidad de los medios de comunicación, incluso aunque

éstas no creen una posición dominante que pueda restringir la competencia en

el sentido del Reglamento.

146. El interés por fomentar la competencia en el sector de la televisión

unido a la novedad de la situación explican la actitud que la Comisión ha

adoptado este año y que intentará mantener en un futuro. En efecto,

(35) "Pluralismo y concentración de los medios de comunicación en el mercado

   interior-Evaluación de la necesidad de una acción comunitaria" COM (92)

   480 final.

```

```
1.III.§5.p.22

```

084

```
repetidamente, la Comisión ha tenido que juzgar acuerdos entre cadenas de

televisión que, en realidad, pretendían garantizar derechos exclusivos a las

partes impidiendo al mismo tiempo el acceso de terceros a la retransmisión o

distribución de imágenes. En todos esos casos, la Comisión intentó que las

partes modificaran sus acuerdos de manera que' permitieran el acceso de

terceros a los mercados de forma no discriminatoria. A este respecto, el

asunto EBU-Eurovision System reviste particular interés. Este asunto está

relacionado con la adquisición conjunta de los derechos de radiodifusión de

determinadas manifestaciones. En un principio, el acuerdo sólo concedía

derechos a los miembros de un organismo denominado Eurovisión. Ahora bien,

```

`únicamente las cadenas públicas` _ó_ `privadas con obligación de servicio público`

```
podían pertenecer a dicho organismo. Así pues, el mecanismo establecido

impedía que las cadenas privadas retransmitiesen las manifestaciones. La

Comisión únicamente concedió la exención al acuerdo una vez que las partes

hubieron aceptado ampliar el acuerdo, en cierta medida, a terceros.

El enfoque de este asunto es similar al aplicado en otros sectores donde se

plantea el problema del acceso a infraestructuras indispensables.

147. Por el contrario, la industria cinematográfica se halla en una situación

mucho más difícil. Hace años, la Comisión aprobó la creación de una empresa

en común -United International Pictures (UIP)- creada por tres productores

americanos para la distribución conjunta de sus películas. Este año se ha

solicitado la renovación de la exención. A pesar de todo, también en este

sector, la Comisión se propone garantizar la igualdad de condiciones en el

acceso al mercado de terceros.

<T4> - Ayudas estatales

148. Como ya se ha señalado anteriormente, la Comisión se ha mostrado siempre

partidaria de la concesión de ayudas a la producción audiovisual

(largometrajes y producciones de televisión), por parte de los Estados

miembros, especialmente habida cuenta de la situación tan difícil por la que

atraviesa el sector y de la importancia cultural de éste. Sólo ha intervenido

```

```
1.III.§5.p.23

```

085

```
contra las infracciones a otras disposiciones del Tratado tales como la

discriminación de los ciudadanos de otros Estados miembros' [36] ^.

Por otro lado, tras las denuncias presentadas por varias cadenas de

televisión privadas, la Comisión está controlando en varios países (España,

Francia y Portugal) la financiación de las cadenas públicas. La Comisión ha

encargado asimismo a unos expertos independientes un estudio para poder

evaluar cuáles son los diferentes privilegios y obligaciones que determinan

la financiación de la radiodifusión pública y privada en los Estados miembros

y cuáles son sus posibles repercusiones transnacionales.

(36) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 441   444.

```

```
l.IV.§l.p.l

<T4> Capítulo IV

                                «

<T2> La política de competencia y las demás políticas comunitarias

```

08o

```
149. Siendo la política de competencia un instrumento complementario a otras

políticas comunitarias, resulta imprescindible dedicar un capitulo a su

función en el logro de las mismas. Además de los aspectos que se tratarán a

continuación, la política de competencia también guarda relación con otras

políticas que no se abordan en el presente Informe, como la política regional

o la política de protección de los consumidores. Se ha optado por comentar

los ámbitos más decisivos en el año en curso, sin menoscabo de la importancia

concedida a la relación entre política de competencia y otras políticas que

no se mencionan.

<T3> §1. Finalización del mercado interior

150. El año 1993 supuso el inicio de una nueva etapa en el desarrollo del

mercado interior. De conformidad con el artículo 7 A del Tratado CE (antiguo

artículo 8 A del Tratado CE, introducido por el Acta Única Europea), se han

adoptado prácticamente todas las medidas destinadas a establecer el mercado

interior antes del 1 de enero de 1993. Esta labor legislativa ha permitido

suprimir las fronteras interiores a la libre circulación de bienes, servicios

y capitales. No obstante, la Comisión es consciente de que la labor

legislativa no es suficiente para convertir en realidad un espacio en el que

la competencia actúa libremente a través de las fronteras interiores. La

necesidad de prestar una atención permanente al funcionamiento de las normas

básicas llevó a la Comisión a aprobar el Programa Estratégico para el Mercado

Interior '- [1] -' .

151. El programa estratégico precisa las orientaciones y las medidas

necesarias para garantizar el funcionamiento del mercado interior y para

permitir la competencia a escala comunitaria' [2] ^. Se presta especial atención

a la interacción entre política de competencia y creación del mercado

(1) COM(93) 632 final de 22.12.1993.

(2) El informe anual sobre el mercado interior describe las principales

   medidas comunitarias que influyen en el funcionamiento del mercado
   interior. La primera edición se publicó en marzo de 1994.

```

```
l.IV.§l.p.2

```

087

```
interior, que resulta del objetivo fundamental común a ambas : aumentar la

capacidad de creación de riqueza de la economía comunitaria, mediante un

mejor reparto y un uso más eficaz de los recursos productivos. La aplicación

estricta de normas de competencia es el complemento indispensable de la labor

de supresión de los obstáculos legales y administrativos a los intercambios

comerciales en la Unión; permitirá evitar que la dinámica de competencia, que

ha de ser el motor de las ventajas económicas que aporta la realización de un

mercado único, no se vea perturbada con actuaciones de empresas o de

autoridades nacionales contrarias a la competencia. Una política de

competencia decidida impedirá que actuaciones de este tipo pongan en peligro

la labor de las empresas que Lrat*an de aprovechar la apertura creada por el

mercado interior.

152. En primer lugar, los Estados miembros pueden desear conceder ayudas a

empresas que se enfrenten con la acentuación de la competencia generada por

el Programa del Mercado Interior, a lo que podrían añadirse actuaciones

similares por parte de otros Estados miembros más ricos que desearan proteger

a sus empresas. La reacción en cadena desembocaría en una carrera que, en

definitiva, beneficiaría a los Estados más ricos y que ya partían de una

situación más avanzada. Por esta razón, resulta imprescindible que la

Comisión siga desempeñando su función arbitral y aplique rigurosamente los

principios del Tratado, a fin de mantener la disciplina en los regímenes de

ayudas y garantizar la cohesión.

Por otra parte, puede que surja cierta resistencia a la liberalización

indiscriminada de la competencia a escalas nacional y comunitaria en sectores

cuya organización se ha basado, tradicionalmente, en derechos exclusivos o

especiales. Ese es el caso de algunas infraestructuras básicas como los

transportes, la energía y las telecomunicaciones. Sin embargo, esta política

resulta perjudicial a largo plazo para los intereses de estos Estados y de

toda la Comunidad, ya que sin la presión de la competencia las empresas no se

ven empujadas a mejorar su productividad; la falta de eficacia resultante es

perjudicial para estas empresas y para la colectividad. Además, dado que las

demás empresas de estos Estados precisan acceder a estas infraestructuras, su

```

```
l.IV.§l.p.3

```

083

```
competitividad queda penalizada respecto a las empresas de otros Estados

miembros o de terceros países. También en este caso la liberalización

progresiva de estos sectores emprendida por la Comisión tiene como objetivo

crear condiciones equitativas para el aprovechamiento de las ventajas de un

auténtico mercado interior.

153. En segundo lugar, las empresas pueden desear protegerse de competidores

de otras regiones. En este caso no serían actuaciones de los Estados sino de

particulares, que tratarían de lograr sus objetivos mediante acuerdos o, en

su caso, abusos de posición dominante. Deben impedirse estas conductas, que

obstaculizan que las empresas capitalicen al máximo sus ventajas competitivas

y, además, frenan el desarrollo de determinadas regiones al obstaculizar un

mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas regionales. Una vez más,

la política de competencia, al sancionar severamente este tipo de

actuaciones, puede contribuir a lograr la cohesión económica y social sin la

cual no es posible un funcionamiento a largo plazo del mercado interior. Esa

es también la finalidad que persigue el control de las concentraciones, que

trata de evitar que las empresas se sitúen, mediante adquisiciones, en una

posición en la que no pueda afectarles la competencia de otras empresas.

154. La política de competencia seguirá siendo un instrumento fundamental

para garantizar que la finalización del mercado interior aporta a la

industria comunitaria y a los consumidores todos los beneficios del gran

mercado. Como ejemplo pueden citarse los distintos reglamentos de exención

por categoría aprobados para acuerdos de distribución exclusiva o de compra

exclusiva. No se trata de una idea nueva, sino que una de las principales

razones de que en el Tratado CE se incluyeran normas de competencia fue la

voluntad de garantizar que los obstáculos de carácter político, cuya

supresión preveía el Tratado CE, no quedaran sustituidos por obstáculos de

carácter privado.

```

```
1.IV.§2.p.4

<T3> §2. Política industrial

```

089

```
155. Alguna vez en el pasado se ha opuesto política industrial a política de

competencia. Para aclarar el alcance real de este supuesto conflicto,

previamente debería definirse qué se entiende por política industrial. Todos

los Estados cuentan con una política industrial, pero bajo este nombre se

esconden realidades muy distintas, que van desde los Estados que intervienen

en todos los ámbitos, hasta aquellos que se limitan a prestar funciones

básicas (educación, seguridad, etc.). Es cierto que la política de

competencia no puede concebirse en un Estado totalmente intervencionista,

pero todas las demás formas de organización de la economía le dejan un margen

de actuación más o menos amplio, que le permite influir en la política

industrial.

156. La Comisión expresó por vez primera su posición en relación con la

política industrial en la comunicación "Política industrial en mercados

                '
abiertos y competitivos"' [3] . Los autores del Tratado de Maastricht se

inspiraron en ideas similares y recogieron en un nuevo título XIII

- "Industria" - los objetivos de la política industrial: crear las

condiciones para el rápido desarrollo de una industria comunitaria eficaz. No

se trata de que la Comunidad sustituya a las empresas, sino de actuar de

catalizador para fomentar innovaciones y de crear un entorno adecuado y

estable. En este sentido, el principal logro ha sido sin duda alguna la

realización del mercado interior, que permitirá que la industria comunitaria

realice economías de escala, al mismo tiempo que queda sujeta a una mayor

presión competitiva, lo que necesariamente ha de redundar en un aumento de su

productividad.

Este enfoque general se plasma en actuaciones más concretas. En este sentido,

la Comisión ha aprobado documentos 'de carácter sectorial, en los que se

insiste en la función de la competencia. También en el Libro Blanco sobre

crecimiento, competitividad y empleo se proponen varias medidas.

(3) COM(90)556.

```

```
1.IV.§2.p.5
##### 090

A título de ejemplo pueden citarse las medidas de fomento de

infraestructuras, en particular redes transeuropeas, la aceleración del

progreso técnico, en particular en el ámbito de la biotecnología o la

apertura de los mercados en favor de terceros países.

157. En este sentido, la Comisión considera que la política de competencia,

lejos de ser contraria a la política industrial, es un instrumento

indispensable de la misma, y que ambas son complementarias. El Tratado de

Maastricht aplica el mismo enfoque. Por una parte, la política de competencia

sigue siendo un objetivo fundamental, como recuerda el apartado g del

artículo 3; por otra, el nuevo artículo 130 menciona que la actuación de la

Comunidad para favorecer la competitividad de la industria comunitaria debe

realizarse "dentro de un sistema de mercados abiertos y competitivos". Por

último, el artículo 3 A confirma que la política económica de la Comunidad se

llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía de

mercado y de libre competencia. El Tratado enumera varias medidas que pueden

ser adoptadas, especialmente por parte de la Comisión, y en todas ellas la

política de competencia desempeña una importante función.

158. El Tratado prevé en primer lugar acelerar la adaptación de la industria

a los cambios estructurales, lo cual exige que las empresas aprovechen el

mercado interior para integrarse. La integración puede conducir a

concentraciones y el Reglamento sobre control de las operaciones de

concentración es un instrumento muy útil para que la Comisión controle las

fusiones de empresas, a fin de evitar que desemboquen en situaciones

perjudiciales para el mercado, pero, sobre todo, para autorizar todas las

operaciones que no conlleven tal peligro. El debate sobre la disminución de

los umbrales ha puesto de relieve que las empresas prefieren tratar con una

única autoridad de competencia que adaptarse a las exigencias de varias

autoridades nacionales.

Existen otras formas de cooperación entre empresas que pueden ser

beneficiosas sin que necesariamente conduzcan a una fusión completa, como la

creación de empresas en participación o la simple celebración de acuerdos de

cooperación. Estas formas de cooperación pueden aportar ventajas a los

```

```
1.IV.§2.p.6
##### 091

participantes y ayudarles a hacer frente a la competencia, que, cada vez más,

es de ámbito mundial. EÍ apartado 3 del artículo 85, permite autorizar este

tipo de acuerdos aún siendo restrictivos de la competencia. Esta posibilidad

se ha aplicado numerosas veces este año. No obstante, es necesario que la

Comisión actúe siempre con celeridad, ya que la rápida evolución de las

situaciones exige que las empresas apliquen inmediatamente sus decisiones.

Consciente de esta necesidad, para los asuntos estructurales la Comisión se

ha comprometido a adoptar su postura en un corto plazo de tiempo.

159. Por otra parte, el Tratado de Maastricht prevé el fomento de las

pequeñas y medianas empresas. Tal como se indica en otro lugar del presente

Informe, éstas gozan de un trato preferente en cuanto al control de las

ayudas estatales.

En relación con las normas de competencia aplicables a las empresas, debe

recordarse que la Comisión aplica un trato favorable a las pequeñas y

medianas empresas y ha decidido que como norma general no se ocupará de las

actuaciones de las empresas de tamaño muy reducido. Cabe destacar que con

frecuencia la aplicación de las normas de competencia tiene como consecuencia

la prohibición de acuerdos o prácticas perjudiciales para* las pequeñas y

medianas empresas.

160. Por último, la política industrial de la Comunidad incluye también el

fomento de la investigación y el desarrollo. En sus directrices de 1986' [4] '

la Comisión estableció una política clara y de apoyo a las actividades de

I+D. Basándose en el artículo 85 del Tratado CE, la Comisión está dispuesta a

autorizar acuerdos que impliquen una restricción de la libertad de actuación

de las partes cuando ello sea un medio necesario para llegar a innovaciones

tecnológicas que aporten un beneficio general. Este año se adoptó una

decisión en el asunto Becton-Cyclopore, particularmente ilustrativo de este

enfoque. Por otra parte, cabe recordar que desde 1984 la Comisión dispone de

un Reglamento de exención por categoría que autoriza determinados acuerdos de

investigación y desarrollo en común. Dicho Reglamento se completó con otro

que entró en vigor este año y que exime de determinadas condiciones a este

(4) DO C 83 de 11.4.1986. También puntos 454 a 464 del presente Informe

```

```
1.IV.§2.p.7
##### 092

tipo de acuerdos, incluso cuando las empresas decidan explotar conjuntamente

los resultados de su investigación creando a tal fin una filial común para

comercializar los productos.

161. Una parte importante del entorno de las empresas lo constituyen

servicios como los transportes y las telecomunicaciones, tratados en otro

capítulo del presente Informe, así como la existencia de mano de obra

cualificada. De ahí que las infraestructuras bien desarrolladas y los

sistemas de formación eficaces y constantemente actualizados sean importantes

instrumentos de la política industrial. La financiación pública de

infraestructuras accesibles a todos los prestadores de servicios no se

considera, en general, una ayuda estatal.

```

```
  IV.§3.p.8

<T3> §3. Medio ambiente

```

093

```
162. Este año supuso un importante avance en la aplicación de la política de

competencia al ámbito del medio ambiente. La entrada en vigor del Tratado de

Maastricht dio mayor relieve a los aspectos medioambientales, ya que el

apartado 2 de su artículo 130 R establece que "las exigencias de la

protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la

realización de las demás políticas de la Comunidad". El principio de

integración de las consideraciones medioambientales en otras políticas

comunitarias también fue un elemento básico del Quinto Programa de Actuación

Comunitaria sobre medio ambiente titulado "Hacia un desarrollo

sostenible" ' [5] ', que se llenó de contenido en la Comunicación del mes de

junio sobre "Integración de los objetivos medioambientales en otras

políticas" ' [6] ^ . De ahí que la política de competencia, al igual que

cualquier otra política comunitaria, deba tener en cuenta las

consideraciones medioambientales.

163. Sin embargo, la relación entre medio ambiente y política de competencia

no es unidireccional, sino que la correcta aplicación de esta última puede

contribuir en gran medida al logro de los objetivos medioambientales' [7] '.

164. En primer lugar, una de las bases de la política comunitaria de medio

ambiente es el principio "quien contamina, paga", cuya aplicación permite al

precio - expresión, en coste, de las consecuencias nocivas para el medio

ambiente de un determinado proceso o producto - desempeñar su función de

señal, base de la economía de mercado. De esta forma se fomenta que las

empresas expresen en términos financieros sus costes medioambientales. Así,

la presión de la competencia será uno de los mecanismos que incitará a las

empresas a reducir las emisiones, utilizando técnicas de producción y de

eliminación de residuos menos contaminantes. A largo plazo, el incentivo de

los precios estimula la investigación sobre productos o tecnologías de

producción respetuosos del medio ambiente, con lo que la economía se sitúa

en una senda estructural menos contaminante.

165. La función atribuida a la competencia y a la economía de mercado puede

encontrarse en toda la política de medio ambiente. En su Comunicación sobre

(5) COM(92)23.

(6) SEC(93) 785/5 de 28.5.1993.

(7) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 75-77

```

```
1.IV.§3.p.9

#### **09**

"Competitividad Industrial y protección del medio ambiente"' [8] ', la Comisión

pedía una política de competencia vigilante y afirmaba que, siempre que sea

posible, la integración de la competitividad y la protección del medio

ambiente deberá lograrse con soluciones basadas en la libre competencia en el

mercado, lo cual implica que en la política medioambiental deberá concederse

especial importancia a los instrumentos de mercado. Otras políticas

medioambientales recientes responden a esta misma filosofía. El Libro Verde

sobre reparación del daño ecológico' [9] ' sitúa la responsabilidad de los daños

al medio ambiente en el contaminador y el consumidor. El proyecto de

directiva sobre la prevención y el control integrados de la

contaminación' [10] ' reconoce la función de la competencia al decidir cuáles

son las mejores tecnologías disponibles par cumplir las normas establecidas.

166. En las nuevas directrices sobre ayudas a la protección del medio

ambiente, que fijan los principios por los que la Comisión evaluará las

ayudas estatales para la protección del medio ambiente, se avanza un paso

más en la aplicación del principio "quien contamina, paga"' [1:L] ^. Las

subvenciones para los gastos derivados del tratamiento de la contaminación

no son una aplicación directa del principio, que exigiría que fuera el

contaminador quien cargara con todos estos gastos. Sin embargo, esta otra

alternativa también resulta aceptable. Desde la aprobación de las primeras

directrices, en 1974, se reconoció la dificultad de aplicar este principio

de forma total e inmediata; desde entonces se han reducido progresivamente

los niveles de subvención. Las directrices todavía recortan más la ayuda

para adaptaciones de plantas existentes, pero, partiendo de que las

subvenciones representan la alternativa subóptima, permiten un porcentaje

superior de ayuda (hasta el 30 %) para inversiones que superen

considerablemente los requisitos medioambientales actuales. Al establecer

normas más claras en ésta y otras áreas, las nuevas directrices contribuirán

a mejorar la eficacia de la política medioambiental de los Estados miembros.

167. Tan importante como la política sobre ayudas estatales es la

cooperación entre empresas cuyos efectos puedan precisar un análisis a la

luz de las normas de competencia. Por ejemplo, cada vez son más los Estados

miembros que, con objeto de garantizar que los residuos y otros productos se

reciclen o reutilicen al finalizar su ciclo de vida, han elaborado normas

(8) SEC(92) 1986 final.

(9) COM(93) 47 de 14.5.1993.
(10) COMÍ93) 423 de 14.9.1993.

(11) Puntos 419 a 426 del presente Informe

```

```
1.IV.§3.p.10
#### 095

que imponen el tratamiento de los embalajes de forma diferenciada del sistema

público de eliminación de basuras domésticas' [12] ^.

168. A menudo la cooperación es la única vía con que cuentan las empresas

para poder cumplir estas normas y para ello organizan sus propios sistemas de

recogida y recuperación. Actualmente se están investigando varios asuntos

importantes. El DSD (Duales System Deutschland) autoriza a las empresas

participantes que abonen una tasa a colocar en sus productos el "Grüne

Punkt", que indica que el embalaje será tratado selectivamente y podrá

recliclarse. Se han presentado varias denuncias al respecto, que plantean

cuestiones importantes, tales como la necesidad de contar con un único

sistema, con el consiguiente riesgo de poder monopolístico, y la obligación

impuesta de hecho a los fabricantes, sobre todo de fuera de Alemania, de

participar en el sistema para poder acceder al mercado. En otras palabras, se

trata de dilucidar si el sistema constituye una barrera a la entrada de

nuevos competidores.

Cuestiones similares se plantearon en otro asunto sujeto a investigación, a

saber, el sistema de embalajes de plástico reutilizables empleados en el

transporte de frutas y verduras frescas. IFCO (International Fruit Container

Organisation, organismo creado por comerciantes de productos alimenticios) se

compromete, en contrapartida de una tasa, a fabricar, suministrar, recoger y

lavar estos embalajes, de forma que puedan reutilizarse. Los comerciantes de

productos alimenticios informaron a sus proveedores de frutas y verduras que

"siempre que fuera posible comprarían productos suministrados con embalajes

IFCO" y notificaron el sistema a la Comisión. El sistema IFCO fue denunciado

tanto por parte de agrupaciones nacionales y europeas de fabricantes de

envases de cartón como por los productores de frutas y verduras. La Comisión

todavía está analizando el asunto pero a inicios de junio de 1993 emitió un

comunicado de prensa para aclarar una cuestión concreta. La carta por la que

los comerciantes informaban a sus proveedores de la existencia del sistema

IFCO difería de la notificación de dicho sistema, ya que de la primera podía

deducirse que los comerciantes únicamente aceptarían las paletas IFCO,

mientras que, según la notificación, los comerciantes simplemente se

```

_12)_ `El Tribunal de Justicia confirmó que los obstáculos a la libre`
```
   circulación de bienes, a los efectos del artículo 30, pueden
   justificarse por razones medioambientales, en particular cuando no se
   hayan adoptado todavía medidas comunitarias (asunto 240/83 Rec 532 y
   asunto 302/86 Rec 4607).

```

```
1.IV.§3.p.11

#### 096

comprometían a promover los citados embalajes, utilizando el mínimo número

necesario para asegurar la puesta en marcha del sistema IFCO. El comunicado

de prensa de la Comisión informaba al público en general de que, en respuesta

a su solicitud, los comerciantes habían remitido una segunda carta a los

proveedores, aclarando este aspecto' [13] '.

169. En este año se llegó a una decisión en otro caso, interesante para poder

de relieve el enfoque aplicado por la Comisión en un ámbito tan complejo. Se

trata de los acuerdos entre productores de agua embotellada para normalizar

las botellas de forma que pueda cumplirse la legislación sobre su

                                       ^
reutilización cuando no existe un sistema para su reciclado' [14] . Las

botellas normalizadas presentan varias ventajas, sobre todo en el comercio al

por menor y en la recogida selectiva. Con la nueva legislación alemana, la

participación en el sistema de botellas normalizadas, aún no siendo una

obligación jurídica para acceder al mercado alemán, se convirtió en la

práctica en una necesidad real. Tras un pliego de cargos en que la Comisión

puso de relieve la discriminación en el acceso al sistema para los

fabricantes de agua mineral no alemanes, lo que impedía seriamente su entrada

en el mercado alemán, el sistema se modificó. La situación era distinta

varios años antes, cuando la Comisión rechazó una queja similar dado que

entonces existían otras posibilidades en la distribución de agua mineral y

para acceder al mercado no era preciso participar en el sistema.

170. Este asunto muestra claramente que la Comisión analizará en detalle

cualquier acuerdo entre empresas, a fin de comprobar su carácter

indispensable para el logro de los objetivos medioambientales. La Comisión

pondrá especial cuidado en comprobar que tales acuerdos no impiden la entrada

en el mercado a nuevos participantes y que cuando para acceder al mercado se

exija la participación en el sistema, debido a que no existe otra

alternativa, esta participación se concede sin discriminación. A este

respecto el problema de la participación se trata de forma similar al del

acceso a instalaciones básicas en sectores regulados o en transportes (por

ejemplo, puertos) ' [15] ' . La Comisión, al analizar cada caso concreto, sopesará

la restricción a la competencia que origina el acuerdo y los objetivos

medioambientales que éste contribuye a obtener, y, a partir de este análisis

de proporcionalidad, decidirá sobre la autorización.

(13) IP (93)430 de 3.6.1993.
(14) Punto 24 0 del presente Informe.
(15) Punto 234 del presente Informe.

```

```
1.IV.§3.p.12

##### 097

171. Respecto al medio ambiente debe citarse, por último, la importancia que

el Libro Blanco le concede en el nuevo modelo de desarrollo para la

Comunidad. La infrautilización de los recursos basados en el trabajo

contrasta con la subreutilización de los recursos medioambientales y los

medios de producción intensivos en capital. La senda de desarrollo propuesta

se basa en elementos ya establecidos para la politicarde medio ambiente, pero

a los que se aplica un nuevo enfoque y un renovado vigor. La importancia de

la competencia en el logro de un desarrollo sostenible, y las consecuencias

que éste tiene en la aplicación de la política de la competencia, ponen de

nuevo de relieve la influencia mutua entre medio ambiente y competencia

descrita en este capítulo.

```

```
1.IV.§4.p.13

<T3> §4. Cultura

```

#### 098

```
172. El Tratado de Maastricht dedica un título a la cultura, lo que

constituye una novedad respecto a anteriores tratados. Esta nueva política

comunitaria tiene una repercusión directa sobre las normas de competencia. En

efecto, el apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE establece ahora que

podrán considerarse compatibles con el mercado común y, por consecuente, ser

autorizadas, las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación

del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la

competencia en la Comunidad en contra del interés común. Esta importante

nueva disposición permitirá a la Comisión conseguir un equilibrio entre el

fomento de la cultura y el patrimonio y el mantenimiento del libre comercio y

de la competencia en el mercado único.

173. Debe valorarse positivamente que se haya introducido en el Tratado un

fundamento jurídico explícito para autorizar ayudas estatales de carácter

cultural, pero de ello no debe deducirse que en el pasado la Comisión

aplicara una política distinta. De hecho, la práctica constante de la

Comisión ha sido autorizar las ayudas estatales destinadas a promover la

cultura y la conservación del patrimonio, siempre que no se falseara

indebidamente la competencia y se respetaran plenamente otras normas del

mercado. La postura de la Comisión respecto al cine y la televisión quedó

establecida en el Informe del pasado año' [16] ).

Existen multitud de subvenciones culturales locales, regionales y nacionales

que no falsean la competencia ni afectan a los intercambios entre Estados

miembros de forma significativa. En estos casos, no se aplica el artículo 92

del Tratado CE y no existe fundamento para la intervención de la Comisión.

Cuando una subvención falsea la competencia, éste se analiza a la luz de las

correspondientes políticas nacionales y comunitarias y de sus repercusiones

sobre los competidores de los beneficiarios. En el análisis se presta

especial atención al principio de proporcionalidad. La Comisión debe

preguntarse si la subvención va más allá de lo necesario para el logro de sus

objetivos y si el perjuicio causado a los competidores no sobrepasa el

beneficio buscado con las medidas aplicadas.

```

`(16)` `Vigésimo` `segundo Informe sobre la política de competencia` `(13552)` _,_

`puntos` `64` _-66._

```
1.IV.§4.p.14
##### 099

174. Con frecuencia se argumenta que la cultura no es un producto como los

demás. Tal vez sea así, pero los artistas, productores, distribuidores y,

evidentemente, todos cuantos participan en el proceso de creación cultural y

de conservación del patrimonio se ven obligados a menudo a competir entre sí

por audiencias, anunciantes y mercados. Consecuentemente, tiene la misma

importancia en este ámbito que en cualquier otro que la Comisión asegure que

se evitarán los falseamientos indebidos de la competencia y las

antieconómicas carreras de subvenciones.

En los últimos años la Comisión ha adoptado varias decisiones que aclaran su

postura sobre las ayudas• de carácter cultural. El mantenimiento de la

diversidad cultural ha sido invocado para justificar ayudas a la industria

del cine, subvenciones a la producción de programas de televisión en lenguas

regionales, el fomento de las artes plásticas y las ayudas a la exportación

de libros en lenguas de escasa difusión en el país destinatario. Se han

encontrado métodos para proteger la cultura sin discriminar. La citada

modificación del Tratado aclara la situación, pero no supondrá ningún cambio

fundamental en la política aplicada.

175. La protección de la cultura también se tenía presente al aplicar las

normas de competencia relativas a las empresas. Aunque en el texto de los

artículos 85 y 86 del Tratado CE no hay una referencia específica al

respecto, la Comisión tiene en cuenta este aspecto cuando trata asuntos que

afectan a este sector. No se trata de elaborar una política cultural ni de

efectuar juicios de valor mediante la aplicación de estas disposiciones, sino

de analizar la actuación de las empresas teniendo presentes las repercusiones

que ésta puede tener para la política cultural comunitaria.

176. El primer ejemplo de esta preocupación fue mencionado al tratar el

sector audiovisual. La actuación de la Comisión en este sector, como en los

demás, se propone ante todo evitar que se falsee la competencia y que

determinadas empresas traten de excluir a las demás con actuaciones

contrarias a la competencia. Así, la actividad de la Comisión ha logrado

garantizar una cierta pluralidad en los medios de comunicación, lo cual

constituye un medio eficaz para fomentar la cultura europea. Al impedir que

determinados agentes económicos del sector limiten,el acceso de los demás a

```

```
1.IV.§4.p.15
###### 100

determinadas imágenes, la Comisión garantiza la mayor difusión posible de la

información, contribuyendo con ello, indirectamente, a su difusión en toda la

Comunidad.

177. El segundo ejemplo tal vez sea aún más claro. Actualmente la Comisión

está tratando varios asuntos relativos a los sistemas de precio de venta al

público de los libros. Se trata de mecanismos creados por editores en varios

Estados miembros con la finalidad de evitar una fuerte competencia de precios

entre editores y entre librerías. Sin prejuzgar en absoluto la decisión final

a que se llegue, la Comisión ha destacado varias veces que, desde la óptica

de las normas de competencia, estos sistemas de precios del sector podrían

aceptarse siempre que fueran individuales y puramente verticales. En otras

palabras, aunque la Comisión no puede aceptar precios, métodos de fijación de

precios o condiciones de venta fijados colectivamente por todos los editores,

sí puede autorizar un sistema con arreglo al cual un editor individual fija

las condiciones de venta y el precio de venta al público de sus libros en las

librerías. Al efectuar este análisis, la Comisión es consciente de que es

preciso proporcionar una cierta protección a aquellos editores cuyos libros

tengan una tirada más limitada y que este factor influye en la aplicación de

las normas de competencia. En efecto, un sistema de precios impuesto de forma

individual permite proteger a librerías que ofrezcan gamas de libros más

específicos y, por tanto, de menor tirada. Ese es otro ejemplo en que la

Comisión aplica las normas de competencia teniendo en cuenta las

preocupaciones propias de la política cultural.

```

```
1.IV.§5.p.16

<T3> §5. Política comercial

```

101

```
178. Hace tiempo que se viene debatiendo sobre la relación entre política de

competencia y política comercial, y en concreto sobre las medidas

antidumping. Incluso se ha llegado a proponer que estas últimas sean

sustituidas por normas de competencia. Este enfoque sólo considera en las

normas antidumping los aspectos de su aplicación frente a actuaciones que se

produzcan en el interior de la Comunidad.

La Comisión no comparte este enfoque y en el Libro Blanco sobre "Crecimiento,

competitividad y empleo" destacaba que era preciso proteger la industria

comunitaria de las prácticas desleales que efectúan en la Comunidad empresas

situadas en terceros países, mediante una intensificación de las normas

antidumping. De ahí que no resulte procedente en la actualidad sustituir

estas medidas de política comercial por normas de competencia.

179. Ello no significa que las normas de competencia no estén llamadas a

desempeñar en el futuro una importante función en este ámbito, ya que la

aplicación de medidas antidumping no permite a la industria comunitaria

acceder a mercados de terceros países en los que la organización de los

fabricantes nacionales excluye, en la práctica, a las empresas extranjeras.

Por otra parte, las medidas antidumping consistentes en compromisos de los

productores o en la fijación de contingentes pueden tener el paradójico

efecto de incrementar los beneficios de las empresas de terceros países, que

pasan a vender sus productos en la Comunidad a precios más elevados. Para

llegar a una solución definitiva de estos problemas de la industria

comunitaria, hay que recurrir a otros medios.

180. La Comisión considera que estos medios son las normas de competencia, ya

que el ejemplo de la Comunidad muestra que éstas son el complemento

indispensable de la supresión de los obstáculos políticos a los intercambios.

De ahí la importancia que la Comunidad ha atribuido siempre a la sanción de

aquellas conductas de los agentes económicos que obstaculizan la integración

de los mercados. Sin embargo, actualmente las medidas de liberalización del

comercio mundial sólo se refieren a obstáculos de tipo político, sin tener en

cuenta las barreras a los intercambios creadas por particulares. La Comisión

considera que si se quiere situar a la industria comunitaria en igualdad de

```

```
1.IV.§5.p.17
##### 102

condiciones con sus competidores, es imprescindible establecer normas de

competencia a escala internacional, y, sobre todo, aplicarlas eficazmente.

181. Para lograrlo existen diversas fórmulas, que la Comisión no considera

excluyentes. La solución mas ambiciosa es adoptar un código internacional de

la competencia, con medios eficaces para garantizar su respeto. Por otra

parte, la Comisión también trata de que los acuerdos que celebra con terceros

países contengan normas de competencia. Por último, ha celebrado o prevé

celebrar con las autoridades responsables de la competencia de terceros

países varios acuerdos al respecto. Todo ello son condiciones previas e

indispensables para que la industria comunitaria pueda acceder libremente a

los mercados de terceros países. La nueva situación impediría que las

empresas de estos terceros países obtuvieran los importantes beneficios que

actualmente consiguen con el bloqueo de sus mercados; no podrían seguir

practicando una competencia desleal en la Comunidad, ya que de seguir con su

política de ventas a muy bajo precio sus productos podrían ser reexportados

al mercado de origen o las empresas comunitarias podrían vender a precios más

bajos que ellas en su país de origen. De esta forma se suprimirían las

condiciones económicas que posibilitan el dumping.

```

```
l.V.§l.p.l

<T4> Capítulo V

<T2> Las normas de competencia en la práctica

<T3> §1. Transparencia

```

###### 103

```
182. En los últimos años la Comisión ha realizado un especial esfuerzo para

proporcionar, a las empresas y al público en general, un fácil y efectivo

acceso a la información necesaria para la comprensión de la política de

competencia comunitaria y, en el caso de las empresas, para su cumplimiento

diario. En cuanto a las ayudas -estatales, es crucial que los gobiernos y

autoridades locales cuenten con la información que permita asegurar que las

subvenciones incluidas en sus planes cumplan las normas comunitarias

sustantivas y de procedimiento. En el ámbito de la política de competencia,

la Comisión ha considerado prioritario proporcionar información clara, ya que

la política de competencia comunitaria sólo contará con el apoyo de los

empresarios, las administraciones y el público en general si existe una

amplia comprensión de la misma. Para lograr este objetivo es imperativo que

la actuación comunitaria revista una total transparencia.

En 1993, la Comisión siguió adoptando diversas medidas en este sentido.

183. En primer lugar, en la Dirección General de Competencia se creó un

servicio de información, al que pueden dirigirse las empresas y los

ciudadanos, cuyo objeto es informar tanto de aspectos generales de la

política de competencia como de disposiciones concretas. Este servicio se

encuentra en Bruselas y puede accederse a él por teléfono (32 2 2 95 00 94) o

por telefax (32 2 295 54 37) .

184. En segundo lugar, la Comisión siguió tratando de aumentar la gama de

publicaciones y otras fuentes de información a disposición del público.

Además de publicar en el Diario Oficial el texto completo de las decisiones

adoptadas por la Comisión con arreglo a los artículos 85 y 86 del Tratado CE,

se informa de todos los acontecimientos importantes en asuntos concretos o de

política general, mediante comunicados de prensa que pueden consultarse

libremente en la base de datos RAPID, a la que puede accederse por

suscripción en la Comisión. Un resumen de dichos comunicados se publica

```

```
l.V.§l.p.2

##### 104

mensualmente en el Boletín de las Comunidades Europeas y anualmente en el

Informe de Competencia. Por último, por primera vez en 1993 la Comisión

publicó un extenso comunicado de prensa recogiendo su actividad en la

aplicación de las normas de competencia en el primer semestre del año. A

inicios de 1994 se publicó un segundo comunicado relativo al segundo semestre

del año.

Se están ultimando otros proyectos. Se están preparando diversos folletos

sobre la política de competencia, que estarán disponibles en el curso de

1994. Además se prevé publicar un boletín trimestral que, con un formato de

fácil acceso, pondrá al día a las empresas y a la profesión jurídica sobre

los últimos acontecimientos.

185. En tercer lugar, la Comisión ha adoptado varias medidas destinadas a

aumentar la información que recibe de los sectores implicados y de los

consumidores, acerca de los asuntos que esté considerando. Así, en las

concentraciones y en las empresas en participación estructurales a las que se

aplica el apartado 1 del artículo 85, en cuanto se recibe la notificación la

Comisión publica un anuncio breve en la serie C del Diario Oficial, en el que

se describe someramente la operación y se solicitan observaciones de terceros

interesados. Debe recordarse que cuando la Comisión estudia la posibilidad de

aplicar una excepción formal o una decisión negativa, también publica un

anuncio, con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento 17/62, en

el que se describe la operación y sus posibles efectos sobre el mercado e

invita a terceros interesados a presentar sus observaciones, antes de adoptar

una decisión final.

186. En cuarto lugar, la Comisión ha aplicado una política de invitar a las

empresas y a sus representantes a ponerse en contacto con la Dirección

General de Competencia para mantener consultas antes de la notificación o la

presentación de la denuncia. Tales contactos constituyen actualmente el

procedimiento habitual para los asuntos a los que se aplica el Reglamento de

Concentraciones y los afectados valoran positivamente el sistema. La Comisión

sigue informando a las empresas de esta posibilidad, en particular en los

casos de empresas en participación estructurales en las que los nuevos plazos

internos aplicados por la Comisión imponen una estrecha colaboración entre

ésta y las empresas.

```

```
V

```

```
l.V.Sl.p.3
##### 105

187. Por último, debe mencionarse especialmente la transparencia en el ámbito

de las ayudas estatales. En 1993 se publicaron nuevas directrices por las que

se establecen los principios en que se basará la Comisión para evaluar la

compatibilidad de las ayudas estatales para protección del medio

ambiente ' [17] ^. La Comisión también aprobó un anuncio que normaliza los

formatos de las notificaciones y los requisitos de información sobre planes

de ayuda autorizados' [18] '. Los servicios de la Comisión mantuvieron dos

reuniones multilaterales con expertos de los doce Estados miembros.

188. La Comisión también remitió instrucciones a sus servicios para

garantizar una mayor transparencia* de la legislación. El activo diálogo con

los medios económicos y profesionales interesados y, de forma más general,

con los ciudadanos europeos exige informarles mejor de los trabajos

preparatorios previos a la adopción de la legislación.

La Comisión sólo está legalmente obligada a publicar los proyectos de los

textos legislativos que elabora cuando se trata de reglamentos de exención

por categorías' [19] ^. En el futuro, la Comisión se compromete a publicar

todas las propuestas de directiva o de reglamento del Consejo, así como

todos los proyectos de directiva, de reglamento o de comunicación

interpretativa o política que prevea adoptar en relación con las normas de

competencia aplicables a las empresas.

La publicación se efectuará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas

y, excepto para los reglamentos de exención por categorías, en el momento en

que la Comisión remita los textos a los Estados miembros. Este procedimiento

permitirá a la Comisión conocer la respuesta de los medios interesados

cuando celebre la reunión de consulta con las autoridades nacionales.

(1?) Punto 384 del presente Informe.
(18) Punto 385 del presente Informe,
(19) Reglamentos de habilitación del Consejo: artículos S y 6 del Reglamento
   n» lS»/€5/CEE (DO 36 de €.3.1965, p> S33) f Artículos 5 y 6 del Reglamento
   CEE n* 2821/71 (DO L 285 de 2S.12.1971, p.46) .

```

```
l.V.§2.p.4

<T3> §2. Subsidiariedad y aplicación descentralizada

```

##### 106

```
189. Las normas que han de garantizar el mantenimiento y el desarrollo de una

competencia leal, efectiva y sin falseamientos, tanto a nivel comunitario

como en cada uno de los Estados miembros, se inspiraron desde el primer

momento en el principio de subsidiariedad instaurado en la letra b del nuevo

artículo 3 del Tratado CE. En lo que se refiere a carteles y posiciones

dominantes, los artículos 85 y 86 del Tratado CE han coexistido siempre con

disposiciones análogas de derecho nacional. Sólo se aplican las normas de

competencia comunitarias a los acuerdos y actuaciones que puedan afectar al

comercio entre Estados miembros. La legislación comunitaria ha encontrado una

solución similar para diferenciar las competencias de la Comunidad y de los

Estados miembros en materia de concentraciones, ya que el Reglamento (CEE)

n° 4064 únicamente somete al control de la Comisión aquellas operaciones que

tienen una dimensión comunitaria' [20] '.

Si bien de esta forma el principio de subsidiariedad ha quedado firmemente

establecido en la política de competencia, su aplicación no siempre ha sido

satisfactoria, ya que a veces ha faltado una adecuada delimitación de las

competencias de la Comisión y de los Estados miembros. Ese es el caso por

ejemplo de la línea de separación que traza el Reglamento (CEE) n° 4064/89

entre los ámbitos de aplicación respectivos del derecho comunitario y del

derecho interno de los Estados miembros. La experiencia adquirida en la

aplicación de dicho Reglamento muestra que muchas operaciones que no llegan

al umbral vigente revisten un auténtico carácter europeo y, por tanto,

deberían someterse al control comunitario' [21] '.

Para conseguir este objetivo, la Comisión seguirá insistiendo en la

conveniencia de que en 1996 se revisen los umbrales de volumen de negocios

establecidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 4064/89, que determinan

la dimensión comunitaria de una concentración.

190. En cuanto a los artículos 85 y 86, el mismo texto de los artículos

impide a la Comisión intervenir en caso de carteles o de abusos de posición

dominante cuyos efectos previsibles queden limitados al territorio de un solo

(20) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 120
(21) Véase el capítulo dedicado a las concentraciones.

```

```
l.V.§2.p.5
##### 107

Estado miembro. Se trata de un ámbito reservado a la aplicación del derecho

interno por parte de las autoridades nacionales. Por el contrario, en caso de

carteles y abusos de posición dominante que tengan efectos en varios Estados

miembros y que, en consecuencia, afecten a los intercambios

intracomunitarios, no existe jurisdicción exclusiva de la Comunidad ni

competencias exclusivas de la Comisión. Las autoridades nacionales pueden

aplicar también su derecho interno y en tanto la Comisión no inicie un

procedimiento incluso podrán recurrir a las prohibiciones previstas en el

apartado 1 del artículo 85 y en el artículo 86. No obstante, sólo la Comisión

podrá autorizar excepciones individuales en virtud del apartado 3 del

artículo 85 (artículo 9 del Reglamento n° 17).

Ello exige una cooperación constante y estrecha entre la Comisión y las

autoridades de los Estados miembros, a fin de evitar procedimientos paralelos

que podrían desembocar en decisiones incoherentes e incluso contradictorias.

Es preciso también buscar un mejor reparto de la carga de trabajo entre la

Comunidad y los Estados miembros en materia de protección de la competencia.

La Comisión considera que los carteles y abusos de posición dominante que,

aun afectando en gran medida a los intercambios intracomunitarios repercutan

básicamente en un solo mercado nacional, deberían ser tratados por la

autoridad del Estado miembro afectado, en el marco de sus competencias

subsidiarias con arreglo al apartado 3 del artículo 9 del Reglamento n° 17.

En virtud de esta disposición, las autoridades nacionales podrían aplicar las

prohibiciones del apartado 1 del artículo 85 y del artículo 86, bien solas,

bien paralelamente a disposiciones análogas de derecho interno. De forma

inversa, los asuntos con una repercusión importante en la competencia en toda

la Comunidad o en una parte de la misma que supere ampliamente el territorio

de un solo Estado miembro serían tratadas únicamente por la Comisión.

Tal reparto de tareas no afectaría a la competencia exclusiva de la Comisión,

prevista en el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n° 17, de

autorización de excepciones individuales en virtud del apartado 3 del

artículo 85. Sólo debería permitirse que los tribunales y autoridades

nacionales de los Estados miembros aplicaran esta disposición en acuerdos que

no plantearan problemas importantes para la competencia y mediante

reglamentos de exención por categoría. En los demás casos, sujetos a un

```

```
l.V.§2.p.6
###### 108

análisis individual, la dispensa a la prohibición de carteles presupone

valorar situaciones complejas y ejercer un amplio poder discrecional, en

particular cuando se consideran distintos objetivos del Tratado CE, función

que debe corresponder necesariamente a la Comisión.

191. La solución preconizada se inserta perfectamente en la política de mayor

descentralización en la aplicación de los artículos 85 y 86 que la Comisión

practica desde hace varios años. Un primer paso en esta dirección fue la

adopción de una comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y

                 ^
los tribunales nacionales^ [22] . En lo sucesivo, la Comisión tratará de

incrementar la cooperación con las autoridades competentes de los Estados

miembros a fin de sentar las bases para que éstas apliquen regularmente el

Derecho comunitario. La conferencia anual de Directores Generales de

Competencia celebrada en Bruselas el 15 de octubre de 1993 se dedicó

únicamente a este asunto y continúan los trabajos en un grupo ad hoc formado

por representantes de las autoridades nacionales y de la Comisión. La misión

de este grupo de trabajo es analizar las medidas que deben adoptarse para:

   garantizar en toda la Comunidad una política de competencia más eficaz

   en relación con las empresas,

   asociar en mayor medida a las autoridades de los Estados miembros a la

   aplicación de esta política,

   mejorar los procedimientos comunitarios, y

   lograr un mejor reparto de los asuntos entre la Comisión y los Estados

   miembros.

La Comisión considera que dichos objetivos pueden lograrse sin modificar el

Reglamento n° 17. Las medidas concretas precisas para ello serán objeto de

una comunicación que se publicará en el Diario Oficial.

```

`(22) DO C` `3 9 da` `13.2. 1993, p.` _6,_ `Vigésimo` `seçrando`
```
   de aonraetencia. "ounto 299,

```

```
l,V.§3.p.7

<T3> §3. Mejora de los procedimientos

```

###### 109

```
192. La Comisión sigue estudiando la posibilidad de simplificar y acelerar

sus procedimientos. Para ello es necesario, por un lado, normalizar las

solicitudes, notificaciones e informes procedentes de las partes, así como

las cartas remitidas por la Dirección General de Competencia, y, por otro

lado, mejorar los flujos de información que constituyen la base de las

decisiones de la Comisión. En el curso del pasado año se lograron

considerables avances tanto el control de las ayudas estatales^ [23] ' como en

la aplicación de los artículos 85 y 86.

<T4> - Empresas en participación estructurales de carácter cooperativo

<T5> a) Objetivos

193. La Decisión de 23 de diciembre de 1992, dotó a la Comisión de nuevas

normas internas destinadas a acelerar el tratamiento de las empresas en

participación (EP) estructurales de carácter cooperativo^ [24] '. Esta

categoría incluye las EP de carácter cooperativo cuya creación implica

importantes cambios en la organización de sus fundadores. La EP debe ser más

que un simple instrumento jurídico creado para coordinar las políticas

comerciales de los interesados. La EP debe tener su propio peso, resultado de

la acumulación de un número significativo de activos cedidos por las empresas

matrices. Generalmente son EP de producción y EP de fabricación y

comercialización de determinados productos.

Esta aceleración del procedimiento de la Comisión era necesaria para

garantizar a las empresas la seguridad jurídica que precisan cuando efectúan

inversiones importantes en aplicación de una estrategia industrial y

comercial a medio o largo plazo. Para ello, las nuevas normas internas de la

Comisión prevén que los servicios de la DG IV, en el plazo de dos meses a

(23) Punto 385 del presente Informe.
(24) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 122 a
   124.

```

```
l.V.§3.p.8

```

110

```
partir de la notificación completa del acuerdo, deben informar a los

interesados del resultado de un primer examen y, en su caso, de la duración

probable del procedimiento administrativo que prevén iniciar.

194. Para respetar este plazo extremadamente corto, las medidas internas

adoptadas por la Comisión deben acompañarse con otras medidas que regulen las

relaciones externas entre los servicios competentes de la Comisión y las

empresas. Se trata, fundamentalmente, de garantizar un procedimiento

administrativo eficaz para las EP estructurales de carácter cooperativo

notificadas a la Comisión. El número creciente de este tipo de notificaciones

justifica todavía más esta necesidad. La Comisión únicamente podrá efectuar

una valoración económica y jurídica seria en un plazo de dos meses si cuenta,

desde el inicio de la investigación, con una información completa sobre los

distintos aspectos que debe considerar y, en particular, sobre las

actividades de las empresas participantes y de los grupos a las que

pertenecen, sobre su dimensión y cuota de mercado, el carácter, la función y

la importancia de la EP, así como sobre la estructura de la competencia en

los mercados afectados.

<T5> b) Medidas previstas

195. No era posible lograr este objetivo con la práctica administrativa

habitual, basada en las normas de procedimiento vigentes, que eran las que

hasta finales de 1992 se aplicaban también en los casos de EP estructurales

de carácter cooperativo.

La redacción actual del formulario A/B es excesivamente vaga para orientar a

las partes notificantes sobre las cuestiones básicas de las que depende la

valoración de una EP a los efectos de los apartados 1 y 3 del artículo 85.

Demasiado a menudo el procedimiento administrativo se prolonga

innecesariamente debido a que los servicios de la Comisión deben remitir un

nuevo cuestionario a las empresas interesadas y esperar la respuesta.

Para efectuar un correcto análisis de la estructura de los mercados afectados

y de las condiciones de competencia en los mismos, dichos servicios con

frecuencia también deben solicitar información a terceras empresas, lo que

redunda en mayores retrasos en el procedimiento. La publicación del contenido

```

```
l.V.§3.p.9

###### 111

esencial de la notificación que prevé el apartado 3 del artículo 19 del

Reglamento 17 no aporta solución alguna al problema, ya que sólo puede tener

lugar al final de la investigación, al presuponer que la Comisión ya ha

adoptado una posición (aunque provisional) sobre el asunto. Esta publicación,

destinada a suscitar la presentación de observaciones por parte de los

competidores y socios comerciales de las empresas interesadas, así como de

los consumidores y sus organizaciones, se produce demasiado tarde para que

pueda servir de ayuda en la instrucción previa del expediente.

196. La solución del problema reside en un cambio tanto de la práctica

administrativa como de determinadas normas en las que ésta se basa. El

tratamiento aplicado a las EP estructurales de carácter cooperativo debe

inspirarse en el de las operaciones de concentración que también requieren un

estudio económico y jurídico rápido. A este respecto es fundamental contar

con una actitud abierta y cooperativa por parte de las empresas afectadas.

A fin de lograr acelerar los procedimientos, la Comisión aceptaría que sus

servicios mantuvieran contactos con las empresas previamente a la

notificación ya que estas reuniones preparatorias pueden contribuir a una

mejor planificación de la investigación por parte de la DG IV. Por otro lado,

la Comisión ha ampliado también a las EP estructurales de carácter

cooperativo la práctica de publicar un resumen de la notificación en el

Diario Oficial, en breve plazo tras la recepción de la misma. Esta

publicación - que se inspira en la prevista en el apartado 3 del artículo 4

del Reglamento CEE n° 4064/89 - tiene por objeto suscitar las observaciones

de terceros interesados. Es importante que los servicios de la Comisión

dispongan de esta información desde el inicio de la investigación.

Lógicamente, la publicación habrá de respetar los legítimos intereses de las

empresas implicadas y, en consecuencia, la Comisión deberá limitarse a una

somera descripción objetiva del acuerdo, sin pronunciarse sobre sus méritos.

También será necesario el consentimiento de las partes.

Las medidas descritas deben completarse con otras disposiciones que, por una

parte, garanticen el efecto útil de la notificación, y, por otra,

simplifiquen el procedimiento administrativo. Para lograr este doble

objetivo, la Comisión se propone aprobar un nuevo reglamento que sustituya al

```

```
l.V.§3.p.lO

```

112

```
Reglamento n° 2 7 y que contenga disposiciones análogas en gran medida a las

del Reglamento CEE n° 2367/90 sobre notificación de las operaciones de

concentración y elaborar un nuevo formulario A/B a semejanza del modelo de

formulario CO.

197. Dada la importancia que tienen estas medidas tanto para las empresas

como para los servicios encargados de la aplicación de las normas de

competencia, la Comisión está efectuando amplias consultas con los Estados

miembros y los medios interesados. También ha solicitado la opinión del

Órgano de Vigilancia de la AELC (ESA - EFTA Surveillance Authority) . A

inicios del mes de diciembre tuvo lugar un primer intercambio de opiniones en

una Conferencia con expertos gubernamentales a la que asistieron

representantes de la ESA como observadores, mientras proseguían,

paralelamente, las consultas con los medios económicos. La Comisión espera

poder aprobar el nuevo Reglamento y el nuevo formulario A/B en el primer

semestre de 1994, tras una segunda lectura de los textos en la Conferencia de

expertos gubernamentales.

La Comisión también se propone acelerar sus procedimientos en otros ámbitos,

además de las empresas en participación de carácter cooperativo. La

experiencia que adquirirán sus servicios al aplicar las normas citadas será

decisiva para conocer en qué medida el nuevo sistema de tramitación de los

asuntos estructurales puede ampliarse a otros asuntos individuales.

<T4> - Derecho a ser oído

198. Dentro de la actual revisión de los procedimientos de aplicación de las

normas de competencia, en 1993 la Comisión concedió una importancia especial

a garantizar el derecho a ser oído. En este sentido, ha estudiado cómo

mejorar los procedimientos, partiendo de tres objetivos fundamentales.

Primero, que las empresas sujetas a procedimientos en relación con las normas

de competencia tengan las máximas posibilidades para expresar su punto de

vista sobre cualquier objeción que plantee la Comisión; segundo, que la

Comisión aplique estos procedimientos de forma justa y objetiva, y que así lo

perciban las empresas afectadas; tercero, que las trabas administrativas para

las empresas afectadas y para la Comisión se reduzcan al mínimo.

```

```
l.V.§3.p.ll
```

113

```
A pesar de que los procedimientos actuales siempre han funcionado bien y han

sido muy pocos los asuntos en que han surgido problemas, algunos aspectos

pueden mejorarse, fundamentalmente en lo que se refiere a la información a

las partes sobre las pruebas documentales en poder de la Comisión (acceso a

la información) y a la función del Consejero Auditor.

<T4> - Acceso a la información

199. Para garantizar el derecho a ser oído es fundamental que las partes

tengan acceso a toda información relevante^ [25] ^. En los últimos años los

Tribunales Europeos han insistido* repetidamente en los aspectos que deben

tenerse presentes al proporcionar esta información:

   Garantizar que todos los documentos en que se basa la Comisión al

   formular su pliego de cargos están a disposición de las partes

   interesadas(26).

   Garantizar que, como parte del ejercicio efectivo del derecho a ser

   oído, la Comisión no sólo facilita los documentos empleados como prueba

   contra la empresa, sino también aquellos documentos favorables, a la

   misma^ [27] ^.

   Dispensar un especial cuidado al tratamiento de la información

   confidencialí [28] '. El artículo 20 del Reglamento n° 17 establece que

   "sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones de los artículos

   19 y 20, la Comisión y las autoridades competentes de los Estados

   miembros, así como sus funcionarios y otros agentes, estarán obligados a

   no divulgar las informaciones que hayan recogido en aplicación del

   presente Reglamento» las cuales, por su propia naturaleza, se hallan

   amparadas por el secreto profesional."

   La Comisión ha destacado^ [29] ) lo difícil que resulta en algunos casos

(25) Asunto 85/76, Hoffmann-La Roche, (1979), Rec. 461, fundamentos 9-11.
(26) Por ejemplo, VBVB y VBBB/ Comisión, asuntos 43 y 63/82 (1984) Rec. 19 y
   A2KÔ, asunto 62/86, (1991) Rec. I 3359.
(27) Asunto T-7/89 Hercules / Comisión (1991), Rec-lI/1711, fundamento 54 y
   asunto T-10/89 Hoechst / Comisión (1992) Rec. II / 629, fundamento 54.
(28) A2K0 / secreto profesional, asunto 53/85, (1986) Rec. 1985, fundamentos
   26 a 30. Decimosexto informe de Competencia, punto 126 y BAT / Comisión,
   asuntos acumulados 142 y 156 /84 (1987) Rec. 4487, fundamento 21.
(29) Decimoctavo Informe sobre la política de competencia, punto 43.

```

```
l.V.§3.p.l2
```

114

```
   compaginar esta exigencia con la de acceso a toda la información

   relevante. La información confidencial no sólo incluye los secretos

   comerciales sino también otros documentos a los que la empresa no desea

   que tengan acceso las partes o terceros interesados. Aunque es necesario

   dispensar una amplia protección a la información confidencial, este

   carácter confidencial no debe impedir el acceso a la misma en aquellos

   casos excepcionales en que la Comisión considere que constituye la

   prueba de que se ha cometido una infracción a la normativa

   comunitaria' [30] ^. No obstante, en principio, dada la necesidad de

   garantizar la confidencialidad de la información proporcionada, la

   Comisión considera que el acceso a la documentación que se le remite

   con arreglo a los poderes que le confiere el Reglamento n°17 deberá

   limitarse a los documentos que las empresas precisen para ejercitar

   efectivamente el derecho a ser oídas. Estos documentos incluyen los que

   contienen información favorable a las partes afectadas.

200. En el Undécimo Informe sobre la política de competencia, de 1981 ( [31] ),

la Comisión afirmaba su disposición a permitir el acceso de las empresas a

los expedientes, y en el Duodécimo Informe^ [32] ' sentaba las normas que

habrían de regular este acceso:

"Se informará a las empresas del contenido del expediente de la Comisión,

mediante un anexo al pliego de cargos o a la carta por la que se decide no

dar curso a la denuncia en el que se enumerarán todos los documentos que

contiene el expediente y se indicarán aquellos o las partes de los mismos

que se encuentran a su disposición.

Se invitará a las empresas a consultar estos documentos en los locales de la

Comisión. Si únicamente desean consultar alguno de ellos, la Comisión podría

remitir una copia. La Comisión considera confidenciales y, consecuentemente

no podrá proporcionar a las empresas, los siguientes documentos:

i) documentos o partes de los mismos que contentan información

   confidencial sobre secretos comerciales de las empresas,

ii) documentos internos de la administración: notas, borradores u otros

   documentos de trabajo,

(30) Hoffmann-La Roche, asunto 85/87, (1979) Rec. 461 fundamentos 13-14.

(31) Puntos 22-25

(32) Puntos 34-35.

```

```
l.V.§3.p.13

```

115

```
iii) cualquier otra información confidencial, como documentos que permitieran

   identificar a los denunciantes si éstos desean permanecer en el

   anonimato, e información remitida a la Comisión de forma confidencial.

Cuando una empresa efectúe una solicitud justificada para consultar un

documento no accesible, la Comisión le proporcionará un resumen no

confidencial."

En el Decimoctavo Informe la Comisión desarrolló estas normas con respecto a

los asuntos de carteles con numerosos implicados, especificando que "el

acceso de las partes a los documentos podrá efectuarse mediante el acceso al

expediente o el envío de una copia del mismo, según las circunstancias".

En CBR y otros / Comisión( [33] ), el Tribunal de Primera Instancia afirmó que

el procedimiento de acceso al expediente en los asuntos de competencia tiene

por objetivo que los destinatarios de un pliego de cargos puedan examinar las

pruebas que figuran en el expediente de la Comisión, de forma que se

encuentren en condiciones de expresar su opinión sobre las conclusiones a que

ha llegado la Comisión en su pliego de cargos a partir de estas pruebas.

201. Partiendo de la experiencia adquirida desde el Decimoctavo Informe y de

las orientaciones de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia al

respecto, la Comisión ha decidido consolidar y aclarar su actuación en este

ámbito.

En primer lugar, la Comisión ha llegado a la conclusión de que remitir junto

con el pliego de cargos una copia de todos los documentos o datos a los que

tienen acceso las empresas es preferible a ofrecer la posibilidad de examinar

el expediente en los locales de la Comisión. Dado que las empresas

prácticamente siempre efectúan una copia de dichos documentos, la remisión de

la copia supone un ahorro de tiempo y de gastos y en el futuro esa será la

actuación habitual.

En segundo lugar, el envío de una lista de todos los documentos contenidos en

el expediente de la Comisión, indicando a cuáles o a qué partes tienen acceso

las empresas, aunque no es indispensable para garantizar que éstas recibirán

todos los documentos necesarios para remitir sus observaciones a la Comisión,

resulta sumamente útil. Así, en el futuro, el pliego de cargos se acompañará

(33) Sentencia en los asuntos T-10, 11, 12 y 15/92 (1992) Rec. - II 2667,

   fundamento 3 8.

```

```
l.V.§3.p.l4
```

116

```
de los documentos accesibles a las empresa de que se trate y de una lista de

los documentos que contiene el expediente de la Comisión, indicando su número

dentro del expediente, su naturaleza y la posibilidad de acceder a los

mismos.

En tercer lugar, la Comisión ha observado que la descripción, realizada en el

Duodécimo Informe, de documentos a que pueden acceder las empresas era

imprecisa y ha generado bastante confusión, en particular en los asuntos en

que intervienen varias empresas. La confusión se originaba en parte por la

imprecisión del término "expediente". Cuando en 1982 apareció por vez primera

la expresión, "el expediente" se refería a los documentos que dentro de la DG

IV pasaban de la Dirección de inspección a la Dirección de operaciones,

responsable de seguir con el asunto. De ahí que el expediente no contuviera

más que la información necesaria y relevante para continuar con el asunto y

el acceso al mismo se refiera a un pequeño número de documentos, ya que

aquellos innecesarios o irrelevantes ya habían sido separados del expediente

en la Dirección de inspección. En 1984 se modificó el sistema y las

direcciones operativas la DG IV pasaron a ser responsables de todos los

aspectos de la preparación de los asuntos; el término "expediente" pasó a

designar todos los documentos en poder de la Comisión que se habían recogido

durante la investigación.

202. Casi siempre la Comisión recoge mucha información durante su

investigación; sólo una pequeña parte se utiliza como prueba de la existencia

de infracción y la mayoría puede no guardar relación con el asunto. Además,

los datos recogidos al amparo de los poderes que el Reglamento n° 17 confiere

a la Comisión pueden ser confidenciales. Muchos documentos serán

confidenciales para algunas empresas pero no para otras. La experiencia de

los últimos años muestra que al haberse modificado la naturaleza del

expediente, que ahora contiene muchos documentos irrelevantes, no es efectivo

aplicar la división efectuada en el Duodécimo Informe entre tipos de

```

```
l.V.§3.p.l5

```

117

```
documentos a que pueden acceder las empresas, muy especialmente en los

asuntos que afectan a un número elevado de empresas' [34] '.

En estos casos la Comisión ha aplicado las orientaciones sobre acceso a los

expedientes formuladas por los Tribunales Europeos en los asuntos antes

citados. La Comisión adjunta al pliego de cargos una copia de todos los

documentos en que se basa para afirmar que se ha producido una infracción,

así como cualquier documento que, tras un análisis cuidadoso del expediente,

aporte dados que contradigan la posición de la Comisión (denominados

documentos "exculpatorios"). Si a continuación una empresa solicita

razonadamente a la Comisión que analice de nuevo el expediente para ver si

contuviera cualquier otro documento específico que considera podría ser útil

en su defensa, la Comisión deberá acceder a esta petición y remitir dichos

documentos. En cualquier caso, antes de permitir el acceso al expediente, la

Comisión tendrá especial cuidado en respetar el legítimo interés de las

empresas en la protección de sus secretos comerciales. En cuanto a otras

informaciones de carácter confidencial, la Comisión garantizará que se

respetará el anonimato de aquellos informantes que así lo deseen y que no se

facilitará información comercial sensible si ello conlleva unos efectos

negativos sobre el suministrador de la misma.

Dada esta experiencia y la necesidad de aplicar un único procedimiento, en lo

sucesivo ésta será la actuación habitual de la Comisión, ya que está

convencida de su viabilidad y eficacia y de que permite que las empresas

ejerciten plenamente su derecho a ser oídas.

<T4> - Función del Consejero Auditor

203. En 1982 se creó la figura del Consejero Auditor^ [35] ', cargo que fue

recibido positivamente y que en general se considera una aportación

importante a los mecanismos que garantizan el tratamiento equitativo y

objetivo de los asuntos por parte de la Comisión, que las empresas perciben

como una garantía al respecto.

(34) El derecho de la Comisión a excluir los documentos irrelevantes ha sido

   expresamente reconocido por el Abogado General Warner en el asunto
   30/78, Distillers Company, (1980) Rec. 2267, 2295.
(35) Duodécimo Informe sobre la política de competencia, puntos 36-37. En
   1990, tras la aprobación del Reglamento de Concentraciones, se revisó el
   mandato del Consejero Auditor (Vigésimo Informe sobre la política de
   competencia, Anexo).

```

```
l.V.§3.p.l6

```

118

```
Esta fue la opinión expresada en varias ocasiones por los participantes en la

conferencia sobre procedimientos organizada por la Comisión en septiembre de

1993.

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas en la conferencia, así como la

modificación del procedimiento de acceso al expediente antes descrita, la

Comisión ha reconsiderado la función del Consejero Auditor .

204. Si bien el sistema de normas que garantiza a los interesados y a

terceros el derecho a ser oídos en general ha funcionado satisfactoriamente,

hay que reconocer que puede mejorarse. En efecto, la Comisión podría aumentar

la eficacia de sus procedimientos y la seguridad jurídica ofrecida a los

agentes económicos transfiriendo la capacidad decisoria en materia de

derechos de defensa al nivel más adecuado, a saber, el Comisario encargado de

la competencia, con delegación al Consejero Auditor.

205. De esta forma se ampliaría considerablemente la función del Consejero

Auditor, que cubriría los ámbitos siguientes:

   Plazo para contestar al pliego de cargos. Cuando una empresa considere

   que el plazo que se le concede para contestar al pliego de cargos es

   demasiado corto, el Consejero Auditor decidirá si procede conceder una

   prórroga.

   Acceso a la información relevante. Las empresas deben confiar en que la

   Comisión cumple sus funciones respecto al acceso a la información, de

   forma cuidadosa, equitativa y objetiva, y que, respetando la obligación

   de confidencialidad, permite el acceso a todos los documentos favorables

   a la empresa interesada para preparar su defensa. En este sentido el

   Consejero Auditor puede cumplir una función importante. Aunque no es

   posible ni adecuado que realice el análisis inicial del expediente para

   determinar qué documentos pueden y deben remitirse a las empresas

   afectadas( [36] *, el Consejero Auditor debería actuar como arbitro una vez

   remitidos dichos documentos y abierto el acceso al expediente. Si la

   empresa, a partir de la lista de documentos enviada junto con el pliego

(36) Puntos 199 a 202 del presente Informe.

```

```
l.V.§3.p.17

```

119

```
   de cargos y de su propio conocimiento del caso, cree, de forma

   fundamentada, que deberían remitírsele documentos adicionales,

   corresponderá al Consejero Auditor analizar cualquier petición en este

   sentido y decidir si procede acceder a la misma. Para que el Consejero

   Auditor pueda cumplir su función cualquier solicitud de este tipo deberá

   razonarse y precisarse.

   Derecho de los terceros interesados a ser oídos. Parecería oportuno que

   el Consejero Auditor también decidiera sobre la intervención de terceros

   interesados en los procedimientos relativos a otras personas, empresas o

   asociaciones de empresas. Con arreglo a las normas actuales, las

   personas físicas o morales que justifiquen un interés suficiente tienen

   derecho a ser oídas. El Consejero Auditor es quien mejor puede decidir

   sobre estas peticiones.

   Audiencias. El derecho a ser oído es uno de los principios fundamentales

   del Derecho comunitario. No obstante, los reglamentos que concretan este

   derecho^ [37] ^ parten del principio de que las partes y terceros

   interesados presentan sus observaciones por escrito dentro del plazo que

   les impone la Comisión y las audiencias sólo se prevén a título

   complementario. Aparte de los casos en que la Comisión se propone

   imponer multas, las personas, empresas o asociaciones de empresas

   afectadas por el procedimiento que desean expresar verbalmente su punto

   de vista deben demostrar un interés específico. "A contrario", ello

   supone que en algunos casos carece de interés que las partes tengan la

   posibilidad de intervenir oralmente; así ocurre cuando ya han podido

   exponer por escrito su punto de vista y la situación real y jurídica no

   ha variado desde entonces. Respecto al derecho de terceros interesados a

   ser oídos,

(37) Artículo 7 del Reglamento n° 99/63/CEE
   Artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 1630/69
   Artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 4260/88
   Artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 4261/88
   Apartado 1 del artículo 13 y artículo 15 del Reglamento (CEE) n°
   2367/90.

```

```
l.V.§3.p.l8

###### 120

   en general basta con que tengan la posibilidad de presentar

   observaciones escritas^ [38] ', aunque, excepcionalmente, pueden tener un

   interés legítimo en exponer verbalmente su punto de vista. Además nada

   impide a la Comisión, "ex officio", conceder a terceros interesados la

   posibilidad de exponer su punto de vista en el curso de una audiencia.

   Siendo el Consejero Auditor el responsable de organizar las audiencias,

   es lógico que también se le confíe la decisión sobre las personas que

   serán oídas.

   Secretos comerciales y otras informaciones confidenciales. Por último,

   en el ejercicio de las mencionadas funciones, correspondería al

   Consejero Auditor decidir qué datos, del expediente de la Comisión,

   facilitados por una empresa, pueden comunicarse a otras empresas o

   publicarse. El acceso de terceros interesados a los datos reunidos en el

   expediente de la Comisión queda limitado por la obligación que a ésta le

   incumbe de respetar el legítimo interés de las empresas a que no se

   difundan sus secretos comerciales. Se trata de un principio general del

   Derecho comunitario que se recoge en todos los reglamentos en materia de

   competencia. La Comisión únicamente permite acceder a otros datos

   confidenciales suministrados por empresas cuando su conocimiento es

   indispensable para que otras personas o empresas ejerciten su derecho a

   ser oídas. El principal objetivo de la Comisión es proteger la

   información comercial sensible cuya divulgación tendría un importante

   efecto negativo para quien la ha suministrado.

El Consejero Auditor parece ser la persona más adecuada para decidir sobre

los datos que pueden ponerse en conocimiento de terceros interesados,

respetando el procedimiento fijado por el Tribunal de Justicia en su

sentencia AZKO( [3] [ 9] )

206. Se prevé que a inicios de 1994 se modificará el mandato del Consejero

                             '
Auditor a fin de recoger estas modificaciones^ [40] .

(38) TJCE, FEDETAB, asuntos acumulados 209*215 y 218/78, Rec. 1980, p. 3125,

   3232.

(39) Asunto 53/85, (1986) Rec. 1985.

(40) El ... 1994, la Comisión decidió modificar el mandato del Consejero
   Auditor consecuentemente. El nuevo mandato se publicó en el DO C . de
   ... 1994, p.

```

```
l.V.§3.p.l9

<T4> - Normalización de los plazos de respuesta

```

121

```
207. A fin de llegar a un equilibrio entre, por una parte, el respeto de los

derechos de la defensa y la obligación de la Comisión de poner fin a la

infracción, y, por otra parte, los problemas de efectivos de la Comisión y de

disponibilidad de los directivos y abogados de las empresas afectadas, la

DG IV ha decidido normalizar los plazos de respuesta al pliego de cargos,

La primera situación es la del procedimiento principal. En asuntos de mediana

importancia el plazo será de dos meses en general y de tres meses para los

asuntos complejos. Estos plazos se*p [r] °l° [n] cj [ar] án automáticamente dos semanas si

incluyen el período de Navidad o de Pascua. También se concederá

automáticamente una prórroga de un mes si el plazo incluye total o

parcialmente el mes de agosto. Así pues, en los casos complejos el plazo

máximo será de cuatro meses durante los períodos de vacaciones. No obstante

- y ello constituye una novedad -, estos plazos relativamente largos no

podrán, en principio, ampliarse.

La segunda situación corresponde a los procedimientos acelerados, por

ejemplo, la adopción de medidas cautelares. En estos casos es imperativo

proceder rápidamente, en interés de las partes afectadas. De ahí que

únicamente se conceda el plazo de dos semanas previsto en el artículo 11 del

Reglamento n° 99/63, sin posibilidad de prórroga.

```

```
l.V.§4.p.20

<T3> §4. Actividades de la Comisión (descripción cuantitativa)

```

##### 122

```
208. En fecha 31 de diciembre de 1993, el personal de la dirección General de

Competencia estaba formado por 411 personas, 51 % de la categoría A (entre

ellos, 24 expertos nacionales destacados en la Comisión). El 44 % del

personal trabaja en los artículos 85 y 86 del Tratado CE, el 12 % en el

control de concentraciones, el 3 % en el artículo 90 del Tratado, el 21 % en

ayudas estatales, el 9 % en relaciones internacionales y coordinación y el

11 % en procesamiento de datos, documentación y otros trabajos horizontales.

Desde diciembre de 1992 el personal ha aumentado en un 1 %, debido a la

atribución de nuevos empleos y al nuevo procedimeinto de conversión de

créditos en empleos.

<T5> a) Artículos 85 y 86 del Tratado CE

A 1 de enero de 1994, en la DG IV estaban en curso 1231 casos de aplicación

de los artículos 85 y 86 del Tratado CE, lo cual supone una reducción de más

de 300 asuntos respecto a 1 de enero de 1993. La razón de ello es el esfuerzo

de la DG IV por concluir los asuntos del llamado "backlog". De estos asuntos

- todos ellos registrados desde hacía varios años -, la mitad había quedado

sobrepasada, por ejemplo por carecer de vigencia el acuerdo notificado. La

otra mitad incluía notificaciones de acuerdos de seguros que resultaron

conformes al Reglamento de exención por categoría adoptado por la Comisión a

finales de diciembre de 1992. Prácticamente concluido el ejercicio "backlog",

en los próximos años no se prevé que el número de asuntos en curso se reduzca

más sino que incluso puede que aumente, debido a que, por ejemplo, el

tratamiento más rápido de las notificaciones, en particular de empresas en

participación estructurales de carácter cooperativo, podría incitar a las

empresas a notificar sus acuerdos con más frecuencia.

                                     >

La reducción del número de asuntos en curso ha afectado principalmente a los

asuntos notificados. El peso relativo de las denuncias y de los

procedimientos "ex officio" ha aumentado ligeramente a consecuencia de ello.

A 1 de enero de 1994 las notificaciones suponían algo más del 60 % (749), las

denuncias algo más del 2 5% (335) y los demás casos son procedimientos "ex

officio". El número de denuncias es similar al de 1992, sin que se observe

ninguna repercusión de la sentencia Automec II (asunto 24/90 de 18 de

septiembre de 1992) en que el Tribunal de Primera Instancia indicó que la

```

```
l.V.§4.p.21
##### 123

Comisión dispone de un margen de discrecionalidad considerable para no

aceptar las denuncias. La Comisión hace un uso moderado de este margen; si

bien es cierto que actualmente tiende con más frecuencia a encauzar a los

denunciantes hacia las autoridades nacionales o los tribunales nacionales,

especialmente si considera que esta vía les permitirá resolver el problema,

sigue tratando con la máxima atención las denuncias que considera revisten un

interés comunitario importante. Por otra parte, el tratamiento de las

denuncias, que por definición, implican la existencia de posturas

contrapuestas, exige más tiempo que el tratamiento de las notificaciones. A

este respecto es ilustrativo que mientras en 1993 el número total de asuntos

archivados (832) fue dos veces superior al de asuntos presentados (404), las

denuncias muestran una relación inversa: 37 asuntos archivados (cinco de

ellos mediante decisión formal) y 107 asuntos presentados.

En 1993 se archivaron doce asuntos mediante decisión formal. Aparte de los

rechazos definitivos de denuncias ya mencionados (cinco en total) hubo tres

prohibiciones (Zera/Montedison-Hinkens/Stâler, AICAI/CNSD y Auditel), tres

sanciones (Eurovision, Estructuras de tarifas en transporte combinado y

Grundig) y una decisión negativa (Institute of London Underwriters). Por el

contrario, en el asunto Sealink se rechazó la solicitud de medidas

cautelares.

Desde inicios de 1993 se han notificado unas 2 5 empresas en participación

estructurales de carácter cooperativo, que se han tratado por el

procedimiento acelerado. Debe recordarse que con arreglo al mismo la DG IV

informa a las partes de su valoración (provisional o definitiva) en un plazo

de dos meses a partir de la fecha de notificación, plazo que no empieza a

correr hasta que no se dispone de la notificación completa. El nuevo

formulario de notificación A/B cuyo proyecto está siendo objeto de consultas

con las autoridades nacionales y los medios interesados, tiene por objeto que

las empresas puedan remitir en el momento de la notificación los datos que

solicita la DG IV. En lo sucesivo las notificaciones de empresas en

participación estructurales de carácter cooperativo serán sistemáticamente

analizadas en una publicación denominada "Allied/Carlsberg" (es decir, una

comunicación en el DO en la que se invitará a terceros interesados a formular

sus observaciones, a semejanza de la práctica habitual con arreglo al

Reglamento de concentraciones).

```

```
l.V.§4.p.22
##### 124

Entre los 25 asuntos notificados desde inicios de 1993, algunos siguen en

curso al haber solicitado la DG IV a las partes notificantes que completaran

la información proporcionada. La mayoría de los demás casos pudo tramitarse

en el plazo de dos meses. En seis casos la DG IV efectuó una valoración

provisional dentro de este plazo; en tres de ellos remitió una "carta de

apercibimiento" a las partes (Potacan, Pasteur-Mérieux y Coca Cola/Netslé).

En otros dos publicó en el DO una comunicación en virtud del apartado 3 del

artículo 19 del Reglamento 17 expresando su posición favorable (Eurosport

Mark III e International Private Satellite Partners). En un último caso,

informó a las partes de su intención de proceder a publicar dicha

comunicación (Fujitsu + AMD).

<T5> b) Fusiones

Con arreglo al Reglamento 4064/89 relativo a concentraciones, en 1993 se

archivaron 58 asuntos (60 en 1992) . La mayoría de ellos (50) se autorizaron

finalizada la primera fase (46 en 1992), tres finalizada la segunda (5 en

1992) - mientras que en la autorización de Pilkington/SIV no se impusieron

condiciones, la Comisión las impuso en la de KNP/Bührmann/URG y

Kali+Salz/MDK/Treuhand - y los cuatro restantes se consideraron de naturaleza

no concentrativa (9 en 1992) y tres de ellos se trataron con arreglo al

artículo 85 mediante procedimiento acelerado (Philips-Thomson-Sagem, Pasteur
Mérieux/Merck y BT/MCI). Un asunto se remitió a las autoridades nacionales

(McCormick).

De los 50 asuntos concluidos en la primera fase, 24 se consideraron empresas

en participación de carácter concentrativo. Este número es similar al de

empresas en participación de carácter estructural analizadas con arreglo al

artículo 85 del Tratado CE.

Por último, la Comisión autorizó nueve concentraciones en virtud del artículo

66 del Tratado CECA.

```

```
l.V.§4.p.23

<T5> c) Ayudas

```

##### 125

```
En 1993 se decidió archivar 43 5 asuntos (502 en 1992) . Se trata en primer

lugar de 399 decisiones de no plantear objeciones (455 en 1992). A

continuación, en los casos en que se inició el procedimiento previsto en el

apartado 2 del artículo 93, se llegó a 19 decisiones finales positivas (31 en

1992) y 7 decisiones finales negativas, incluidas dos parcialmente negativas

o condicionadas (6 en 1992). Por último, otras diez medidas (mismo número en

1992), entre ellas las decisiones de llevar el asunto al Consejo con arreglo

al artículo 95 del Tratado CECA, una medida cautelar con arreglo al artículo

88. del Tratado CECA (ILVA) y una medida apropiada con arreglo al apartado 1

del artículo 93.

En unos treinta asuntos (mismo número en 1992), la Comisión incoó el

procedimiento del apartado 2 del artículo 93.

El pasado año se registraron 561 nuevos asuntos (558 en 1992): 475 ayudas

notificadas (452 en 1992), 85 ayudas no notificadas (102 en 1992) y 1 ayuda

existente (8 en 1992). La reducción del número de ayudas no notificadas es un

hecho esperanzador, en la medida en que indica que los Estados miembros

respetan mejor las obligaciones que les impone el apartado 3 del artículo 93

del Tratado CE de notificar a la Comisión cualquier proyecto de ayuda.

Las cifras citadas se refieren únicamente a las ayudas tratadas por la DG

I V [(4D. ]

(41) En el anexo III.C del presente Informe figura un cuadro con los datos
   estadísticos globales relativos a la actividad de la DG IV y de otras DG
   que tratan asuntos de ayudas (DG VI, DG VII y DG VIII).

```

```
2.I.A.§1. p.l

<T5> Segunda parte

<T1> Normas de competencia aplicables a las empresas

<T4> Capitulo I

<T2> Principales decisiones y medidas de la Comisión

<T9> A. Consideraciones generales

<T2> §1. Acuerdos horizontales

```

##### 126

```
209. Los acuerdos horizontales, es decir, los celebrados entre empresas que

se encuentran en la misma fase de producción y comercialización de un

producto, puedan adoptar formas muy diversas. Así, esta categoría general

comprende tanto los acuerdos entre fabricantes para fijar el precio de venta

de sus productos o repartirse el mercado, como los que tienen por objeto

fomentar, en común, la investigación y el desarrollo de nuevos productos.

La Comisión está decidida a actuar enérgicamente frente a aquellos carteles

que impidan que los consumidores se beneficien del libre juego de la

competencia. Esta postura se ha plasmado este año en las investigaciones que

se están realizando en diversos sectores económicos con respecto a empresas

cuyo objetivo principal era repartirse el mercado. No obstante, cabe señalar

que la investigación y sanción de estas prácticas exige un esfuerzo

significativo por parte de la Comisión, sobre todo en términos de recursos

humanos. De ahí la duración, en ocasiones muy larga, de estos procedimientos.

A pesar de ello, la Comisión está dispuesta a emplear todos los medios

necesarios para luchar de forma eficaz contra este tipo de acuerdos, que se

pretende eliminar por completo.

210. Por el contrario, la Comisión sigue una política diferente con respecto

a los acuerdos que tienen por objeto crear formas de colaboración entre

empresas que permitan mejorar su productividad, en beneficio de la

colectividad. El ejemplo más claro de este tipo de colaboración es la que

lleva a las partes a crear una empresa en participación. Si bien en algunos

casos estas operaciones pueden encubrir un cartel, la Comisión es partidaria

de estos acuerdos por las ventajas que presentan, y ha introducido un

```

```
2.I.A.§1. p.2
##### 127

procedimiento acelerado para examinar estos asuntos' [1] '. Como ya se ha

expuesto, se trata también de evitar que las partes opten por una forma

jurídica determinada por la ventajas de procedimiento que ofrece ante la

Comisión, en lugar de por su funcionamiento. A la hora de evaluar la

compatibilidad de estas formas de cooperación con las normas de competencia

comunitarias, • el factor determinante no ha de ser tanto la naturaleza del

acuerdo como sus efectos en el mercado.

<T3> §2. Acuerdos verticales

211. El apartado 1 del articulo 85 del Tratado CE no establece diferenciación

alguna entre los acuerdos horizontales y los verticales. Estos últimos se

definen como acuerdos entre empresas que se encuentran en fases distintas del

proceso de producción y comercialización de un producto. Desde que comenzó a

aplicarse el Reglamento n° 17, el Tribunal de Justicia ha declarado que los

acuerdos verticales pueden infringir lo dispuesto en el artículo 85 del

Tratado CE. Con posterioridad a esta sentencia, la Comisión ha adoptado

numerosas decisiones con respecto a este tipo de acuerdos. No obstante,

también se han aprobado varios reglamentos de exención por categorías con

respecto a los mismos. Es indiscutible que los acuerdos verticales

constituyen un instrumento adecuado para el acceso de determinadas empresas a

nuevos mercados. Los acuerdos de distribución pueden contribuir a aumentar la

competencia entre productos de distintas marcas, sin que sea necesaria una

inversión sustancial por parte de un nuevo competidor. Esta repercusión

positiva de tales acuerdos justifica la postura favorable a los mismos que se

refleja en los reglamentos de exención por categorías. Con todo, estos

acuerdos pueden utilizarse también como instrumento para obstaculizar el

acceso a un mercado. Por esta razón, la Comisión ha actuado siempre con

cautela a este respecto. Buen ejemplo de ello es el asunto Grundig, zanjado

este año. En este caso, la Comisión autorizó la prórroga de la exención

individual con respecto a la red selectiva creada por Grundig para la venta

de determinados aparatos electrónicos. En su análisis, la Comisión tuvo en

cuenta la repercusión que este acuerdo podría tener sobre los consumidores,

pero también la existencia de una intensa competencia entre las distintas

marcas en el mercado.

(1) Punto 77 del presente Informe.

```

```
2.I.A.§1. p.3
#### 128

212. Para comprender esta postura, que es también la del Tribunal de

Justicia, conviene inscribir las normas de competencia del Tratado CE en su

contexto global. Su objetivo no es únicamente proteger el sistema económico,

sino también contribuir a la creación de un auténtico mercado interior. Se

trata de evitar que los obstáculos comerciales de naturaleza pública, que se

han suprimido progresivamente, sean sustituidos por obstáculos privados. Por

ello, la postura de la Comisión en materia de acuerdos verticales ha

consistido siempre en un análisis en dos etapas basado en la estructura del

artículo 85 del Tratado CE. En primer lugar, se considera que el carácter

exclusivo de la relación contractual entre un fabricante y un distribuidor

constituye una restricción de la competencia, puesto que limita la libertad

de acción de las partes en el territorio de referencia. En una segunda fase,

puede concederse una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del

Tratado CE, cuando el acuerdo no contenga ninguna cláusula que otorgue una

protección territorial absoluta al distribuidor ni surta este efecto en la

práctica. Nos hallamos, por tanto, ante el objetivo fundamental de los

autores del Tratado, que es garantizar una auténtica circulación de

mercancías en el mercado interior. Por consiguiente, el análisis efectuado

por la Comisión va más allá del estudio de las ventajas de los acuerdos

verticales desde el punto de vista de la competencia. Un asunto zanjado este

año ilustra especialmente este aspecto. Se trata del asunto Zera-Montedison,

en el que la combinación de un acuerdo de exclusiva y de los procedimientos

nacionales de homologación impedían en la práctica cualquier importación

paralela en Alemania. La Comisión intervino porque este resultado es

contrario a la plena realización del mercado interior, dado que, a través del

acuerdo, las partes pretendían aprovechar las diferencias entre las

legislaciones nacionales para eliminar la posibilidad de que los consumidores

obtuvieran precios más ventajosos en otros Estados miembros.

<T3> §3. Abuso de posición dominante

213. El análisis de las decisiones de la Comisión y de las sentencias del

Tribunal de Primera Instancia viene a confirmar una tendencia que ya se había

manifestado con anterioridad. Se observa cada vez con mayor frecuencia que

una serie de actuaciones que, en principio, se aceptan cuando las realizan

empresas con cuotas de mercado limitadas, pueden plantear problemas cuando se

trata de empresas en posición dominante. Por lo tanto, estas actuaciones han

de ser objeto de especial atención si se quiere evitar la infracción de lo

dispuesto en el artículo 86 del Tratado CE.

```

```
2.I.A.§1. p.4
##### 129

Se puede ir incluso más allá y afirmar que, en determinadas circunstancias,

la empresa que se encuentra en una posición dominante está obligada a

```

`cooperar con sus competidores. Como ya se ha` `expuesto` _^_ _,_ `la empresa que`

```
dispone de una infraestructura indispensable ha de permitir," en algunos

casos, que otras empresas accedan a la misma de forma no discriminatoria, con

objeto de garantizar una competencia efectiva. Si se optara por cualquier

otra solución, se estaría manteniendo la situación privilegiada de la empresa

en posición dominante, lo que frustraría en la práctica cualquier intento de

acceder al mercado por parte de otras empresas. Por consiguiente, si bien es

cierto que el artículo 86 del Tratado CE no prohibe la existencia de

posiciones dominantes, no lo es menos que el concepto de abuso se define de

forma muy amplia y limita considerablemente los privilegios de la empresa en

posición dominante.

Este distinto planteamiento cuando la empresa se encuentra en una posición

dominante no puede calificarse de discriminatorio. Si se toma en

consideración la repercusión que este tipo de actuaciones puede tener sobre

la competencia, resulta innegable que, por su posición de fuerza en el

mercado, la actuación de la empresa dominante tiene consecuencias de mucho

mayor alcance que la de una empresa pequeña. Por tanto, resulta justificado

exigir a la primera una mayor cautela.

(2) Punto 40 del presente Informe.

```

```
2.I.B.§1. p.l

<T9> B. Análisis de las decisiones y medidas individuales

```

##### 130

```
<T3> §1. Creación de empresas en participación y otras formas de cooperación

214. Los primeros casos de aplicación del nuevo procedimiento de urgencia con

respecto a empresas en participación de carácter cooperativo han finalizado

este año. Cabe recordar que, además de las modificaciones introducidas el año

pasado en determinados reglamentos de exención por categorías, la Comisión

había declarado que intentaría dar una orientación a las empresas sobre la

compatibilidad de sus acuerdos con el artículo 85 del Tratado CE en el plazo

de dos meses a partir de la notificación. En algunos de los asuntos que

figuran a continuación se ha seguido ya el procedimiento de urgencia. Como ya

se ha expuesto, se ha aplicado este procedimiento en 25 asuntos' [3] '. En el

presente capítulo tan sólo se analizan una parte de los mismos; otros se

resumen en el anexo III.A.l del presente Informe.

<T6> Philips-Thomson-Sagem

215. La Comisión autorizó la creación de una empresa en participación

denominada Fiat Panel Display BV (FPD) conforme al artículo 85 del Tratado de

Roma. Las sociedades matrices de la empresa en participación son Philips

Electronics N.V., Thomson Consumer Electronics S.A. y Sagem.

FPD se dedicará al desarrollo, diseño, fabricación y venta de pantallas de

cristal líquido de matriz activa (AM-LCD). Las AM-LCD se utilizan, entre

otras cosas, en monitores de televisión, pantallas de proyección para

consumidores y profesionales y monitores de datos gráficos.

Las AM-LCD pertenecen a un grupo de tecnologías denominadas pantallas de

                                      >

cristal líquido (LCD) que, a su vez, constituyen una de las tecnologías

alternativas, en varios grados de desarrollo, que se conocen como tecnologías

de pantalla plana.

(3) Punto 208 del presente Informe.

```

```
2.I.B.§1. p.2

```

131

```
FPD será la primera empresa europea con la capacidad necesaria para producir

series muy grandes de pantallas. Se esperaba que FPD iniciara la producción a

gran escala este año. FPD contará con sus propios departamentos de

desarrollo de procesos y productos, instalaciones y personal. Su producción

se venderá en todo el mundo.

El capital social de FPD se repartirá entre Philips (80%), Thomson (10%) y

Sagem (10%). Pese a su participación mayoritaria, Philips no podrá tomar en

solitario una serie de decisiones estratégicas sin el apoyo de, por lo menos,

otro de los accionistas. Además, las partes prevén que otras empresas

adquieran participaciones de FPD.

El acuerdo de creación de FPD fue notificado inicialmente el 8 de diciembre

de 1992 de conformidad con el Reglamento sobre control de las operaciones de

concentración. Sin embargo, en su decisión formal de 18 de enero de 1993, la

Comisión declaró que FPD no era una operación de concentración en el sentido

del artículo 3 de dicho Reglamento. Más adelante, y a petición de las partes,

la notificación inicial se transformó en una notificación conforme al

artículo 4 del Reglamento n° 17 del Consejo.

Por consiguiente, la Comisión evaluó la empresa en participación propuesta a

la luz del artículo 8S del Tratado CE, y llegó a la conclusión de que la

empresa en participación de carácter cooperativo notificada quedaba

comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85.

Esta conclusión se apoyaba fundamentalmente en que, dadas las actividades

restantes de las empresas matrices en el sector de AM-LCD, en materia de LCD

en general, y en relación con otros tipos de pantallas planas y tubos de

rayos catódicos (sector en el que Thomson y Philips son importantes

competidores a escala mundial), ha de considerarse que dichas empresas son

competidores potenciales, o incluso reales, entre sí y con respecto a la

empresa en participación.

No obstante, la Comisión consideró que, en este caso, se cumplían los

requisitos para conceder una exención individual a FPD.

En concreto, la Comisión tuvo en cuenta que la empresa en participación

permitirá a las empresas matrices desarrollar y mantener en Europa la

```

```
2.I.B.§1. p.3
##### 132

producción a gran escala de productos de una tecnología nueva y avanzada, en

un ámbito en el que la competencia de los proveedores extranjeros

(principalmente, Japón) es muy fuerte y en el que resulta esencial fabricar

y comercializar los productos dentro de plazos estrictos, a una escala

rentable y en el que el marco técnico e industrial es incierto.

Por otra parte, las pantallas fabricadas por FPD no se venderán al gran

público, sino a fabricantes de electrónica de consumo, automóviles y equipos

de telecomunicaciones, quienes las integrarán en grupos de productos ya

existentes o en otros completamente nuevos, con el fin de ampliar la gama de

productos que ofrecen a los consumidores.

Se trata de un factor importante, ya que estos compradores pueden representar

un contrapeso eficaz con respecto a la empresa en participación.

Finalmente, la Comisión llegó a la conclusión de que la empresa en

participación no permitirá a las empresas matrices eliminar la competencia en

el ámbito de las pantallas, en general, ni en el de las AM-LCD, en

particular,. Con respecto a estas últimas, puede afirmarse que se incorporará

una nueva tecnología a la producción en la CE. Lo que es más importante, se

trata de un mercado de dimensiones mundiales. Por consiguiente, es en este

contexto en el que ha de considerarse la posición de la empresa en

participación en la Comunidad. De este modo, puede preverse que la nueva

entidad no disfrutará de una posición dominante en el mercado.

Por las razones expuestas y por la urgencia de este asunto, que forma parte

de un proyecto más amplio que cuenta con el apoyo de la Comisión dentro del

programa ESPRIT III, se puso fin al procedimiento mediante el envío de una

carta administrativa a las partes.

Este importante asunto es uno de los primeros en los que se ha aplicado la

nueva normativa sobre el tratamiento de las empresas en participación

estructurales de carácter cooperativo.

```

```
2.I.B.§1. p.4

<T6> Al en i a-Honeywe11

```

##### 133

```
216. Con arreglo al nuevo procedimiento de urgencia para el análisis de las

empresas en participación estructurales de carácter cooperativo, la Comisión

autorizó también la creación en Italia de una empresa de este tipo entre

Alenia Spa, empresa italiana especializada en el sector de la aeronáutica, y

Honeywell INC, empresa estadounidense fabricante de ordenadores, de

conformidad con el artículo 85 del Tratado de Roma. La nueva empresa,

denominada Space Controls Alenia-Honeywe11 (SCAH), se dedicará al diseño,

desarrollo, fabricación, venta y mantenimiento de cuatro productos de control

espacial con la tecnología de Honeywell. Dichos productos se venderán a

subcontratistas, quienes los integrarán en subconjuntos. Por último, los

contratistas principales integrarán los subconjuntos para formar un satélite

completo.

El capital social de SCAH corresponderá en un 60% a Alenia y un 40% a

Honeywell. El consejo de administración de SCAH estará formado por 5

miembros, 3 designados por Alenia y 2 por Honeywell. Aunque las resoluciones

sobre las actividades ordinarias de la empresa se adoptarán por mayoría

simple, se requerirá unanimidad con respecto al plan estratégico y a los

presupuestos de funcionamiento e I+D.

Pese a que la empresa en participación presentaba todas las características

de una empresa normal, la Comisión consideró que las empresas matrices la

utilizarían como instrumento para lograr una serie de objetivos estratégicos.

Así, Alenia intensificará su integración vertical como contratista en el

sector de los satélites, y Honeywell accederá al mercado espacial europeo.

Por consiguiente, la Comisión evaluó la empresa en participación con arreglo

al artículo 85 del Tratado CE y llegó a la conclusión de que procedía emitir

una declaración negativa con respecto a la creación de SCAH, puesto que las

empresas matrices no son competidores reales ni potenciales éh el sector de

los satélites, en general, ni en el de los componentes, en particular. Ambas

empresas operan en distintos niveles del mercado.

Con todo, la Comisión se opuso a una serie de cláusulas inhibitorias de la

competencia que surtirán efecto tras la resolución del contrato, y solicitó a

```

```
2.I.B.§1. p.5 134

las partes que las modificaran o suprimieran. No se trataba de restricciones

accesorias del acuerdo, puesto que no eran necesarias para llevar a cabo la

operación. Tras atender las partes a la solicitud de la Comisión, se les

envió una carta administrativa.

<T6> International Private Satellite Partners (IPSP)

217. La Comisión ha enviado una carta de intenciones a las empresas matrices

de IPSP, empresa en participación bajo la forma de sociedad limitada

constituida con arreglo al derecho estadounidense. Las empresas matrices de

IPSP son, por una parte, filiales de sociedades especializadas en la

fabricación y lanzamiento de satélites y, por otra, filiales de sociedades de

telecomunicaciones. Los objetivos de IPSP son dos. En primer lugar, ofrece a

las empresas servicios internacionales de telecomunicaciones con empresas de

Europa y América del Norte, mediante el empleo centralizado de su propio

sistema de satélites. En segundo lugar, ofrecerá una gran capacidad de

transmisión a otras empresas, en la medida en que IPSP y sus socios no

utilicen plenamente la capacidad de los satélites.

El desarrollo del primero de estos dos mercados obedece a la necesidad de las

empresas multinacionales de disponer de medios de telecomunicación rápidos

entre sus distintas filiales. IPSP únicamente participará en el segundo

mercado si la demanda de servicios en el primero es más baja de lo previsto.

En su carta de intenciones, cuyo envío forma parte del nuevo procedimiento de

urgencia relativo a las empresas en participación estructurales de carácter

cooperativo, la Comisión informó a las partes de su conclusión inicial,

conforme a la cual podía concederse una declaración negativa para los

acuerdos notificados de conformidad con el artículo 85 del Tratado de Roma. A

continuación, publicó una comunicación con arreglo al apartado 3 del

artículo 19 del Reglamento n" 17.

<T6> INTRAX

218. La Comisión dio vía libre al acuerdo de creación de la empresa en

participación Intrax B.V., entre PTT Telecom B.V., el organismo público de

telecomunicaciones de los Países Bajos, y Nederlands Omroepproduktie Bedrijf

N.V. (NOB), el mayor proveedor neerlandés de servicios de televisión. El

objetivo de la empresa en participación es prestar servicios de "recogida de

```

```
2.I.B.§1. p.6
##### 135

información por satélite" dentro y fuera de los Países Bajos; estos servicios

requieren la utilización de equipos móviles que permitan una rápida grabación

audiovisual y la transmisión de señales de televisión vía satélite desde

lugares aislados no enlazados con la red terrestre. Este asunto se notificó

antes de que la Comisión introdujera el nuevo procedimiento de urgencia.

Este asunto ilustra un fenómeno de creciente difusión: la asociación entre

organismos públicos de telecomunicaciones y empresas externas al sector, para

desarrollar de forma conjunta actividades comerciales no estrictamente

vinculadas con las telecomunicaciones. En todos estos asuntos, la Comisión

debe examinar -además de la compatibilidad de la empresa en participación de

carácter cooperativo con las normas de competencia- si los derechos

especiales o exclusivos del organismo de telecomunicaciones en cuestión, que

continúan existiendo, pueden tener el efecto de situar a la empresa en

participación en una posición competitiva indebidamente privilegiada.

En este caso, la Comisión se cercioró de que los proveedores de servicios de

recogida de información por satélite que desearan competir con Intrax en el

mercado neerlandés no encontrarían obstáculos considerables para el acceso a

dicho mercado.

   En los Países Bajos, el enlace ascendente de señales de televisión con

   satélites, actividad tradicionalmente reservada en exclusiva a los

   organismos de telecomunicaciones, se liberalizó en 1991 por lo que

   respecta a la recogida de información por satélite.

   Además, y por lo que atañe a la capacidad de los satélites, PTT Telecom

   ha garantizado a la Comisión que, en su calidad de signatario de los

   consorcios internacionales de utilización de satélites gestionados por

   los organismos de telecomunicaciones, como Eutelsat, dará a Intrax el

   mismo trato que a los demás competidores.

   Aun cuando realicen el enlace ascendente en los Países Bajos, estas

   empresas pueden obtener libremente un segmento espacial en los satélites

   de Eutelsat a través de los demás signatarios, por lo menos en Francia,

   Alemania y Reino Unido. Una tercera alternativa es la de adquirir dicha

   capacidad en satélites independientes que no pertenecen a los consorcios

   gestionados por organismos de telecomunicaciones.

```

```
2.I.B.§1. p.7

```

13b

```
   Fuera de los Países Bajos, Intrax estará sujeta a las mismas

   restricciones operativas relativas al enlace ascendente y a la capacidad

   de satélite que sus competidores.

Habida cuenta de todo ello, la Comisión publicó su posición favorable a la

operación en el Diario Oficial, y no recibió observación alguna. Tras

celebrar consultas con las autoridades nacionales competentes, la Comisión ha

puesto fin al procedimiento mediante el envío de una carta administrativa

(equivalente a una declaración negativa).

```

```
2.I.B.§2. p.8

<T3> §2. Sector de los servicios :

<T6> CNSD

```

##### 137

```
219. El 30 de junio de 1993, la Comisión adoptó por primera vez una decisión

en la que declaraba que la fijación, por parte de una asociación profesional,

de la tarifa que debían aplicar obligatoriamente sus miembros por los

servicios prestados constituía una infracción de las normas de competencia

comunitarias, aun cuando dichas actividades se consideren una profesión

liberal.

La Comisión recibió varias denuncias de empresas comunitarias, en las que

exponían los obstáculos encontrados en Italia para efectuar las operaciones

de despacho de aduanas.

Una de las denuncias hacía referencia, entre otras cosas, a la decisión del

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (Consejo Nacional de Agentes

de Aduanas) de 21 de marzo de 1988, en la que se fijaba la tarifa que debían

aplicar los agentes por la prestación de servicios vinculados al despacho de

aduanas.

En Italia, la actividad profesional de los agentes de aduanas se rige por la

Ley n 1612 de 22 de diciembre de 1960, así como por varias disposiciones que

la desarrollan.

Para ejercer la actividad de agente de aduanas de forma autónoma, es preciso

obtener una autorización e inscribirse en el registro nacional. La gestión de

este último corresponde al Consejo Nacional (CNSD), que es quien fija las

tarifas de los agentes. De este modo, y conforme a las sugerencias de los

consejos de cada departamento, el Consejo Nacional fijó la tarifa de 21 de

marzo de 1988, que sustituía a la aprobada el 16 de abril de 1970 y a todos

los incrementos de esta última realizados entre 1970 y 1988, mediante la

aplicación de un coeficiente de aumento.

A continuación figuran las restricciones de la competencia derivadas de la

decisión del CNSD de 21 de marzo de 1988, que afectaron al mercado de

servicios prestados por los agentes de aduanas a las empresas importadores y

exportadoras italianas:

```

```
2.I.B.§2. p.9

##### 138

   fijación de tarifas mínimas y máximas, con carácter obligatorio, para

   cada una de las operaciones realizadas por los agentes de aduanas;

   establecimiento de modalidades obligatorias de facturación de dicha

   tarifa, como la facturación individual.

A pesar de que las tarifas fijadas por el CNSD se aprueban a continuación

mediante decreto ministerial, ello no impide que los actos del CNSD se

consideren decisiones de empresas. Así lo pone de manifiesto el hecho de que

las decisiones por las que se establecen excepciones a la tarifa no requieran

la aprobación del Ministerio, lo que demuestra que su fijación se hace con

carácter autónomo.

La decisión de la Comisión fue recurrida ante el Tribunal de Primera

Instancia.

En la actualidad, la Comisión está analizando la conformidad de la Ley

italiana N 1612 de 22 de diciembre de 1960 con el Derecho comunitario y, en

concreto, con el apartado f) del artículo 3 y con el artículo 5, en conexión

con el artículo 85 del Tratado CE, y ha decidido enviar una carta de

apercibimiento a la República italiana. Se pretende determinar si esta Ley

infringe lo dispuesto en el Tratado CE, al obligar al CNSD a celebrar

acuerdos contrarios a la competencia.

```

```
'i, U7*,S.T, O, 10

<T3> §3. Sector audiovisual :

<T6> UER

```

##### 139

```
220. La Comisión concedió una exención al sistema Eurovisión, gestionado por

la Unión Europea de Radiodifusión (UER), con arreglo al apartado 3 del

artículo 85 del Tratado CE.

La UER es la asociación de los organismos de radiodifusión europeos que

prestan servicios de interés público. La mayoría de sus miembros son

entidades públicas de televisión y radio. Aunque también participan en la

asociación, algunas entidades privadas, han de cumplir una serie de

obligaciones que reflejan su función de interés público. No pueden ser

miembros de la asociación las cadenas puramente comerciales.

El sistema Eurovisión, gestionado por la UER y por sus miembros, consiste en

el intercambio de programas de televisión -principalmente deportivos- y la

adquisición en común de derechos de radiodifusión y otros derechos afines. La

adquisición en común de derechos de radiodifusión de acontecimientos

deportivos internacionales restringe la libre competencia, dado el poder

adquisitivo global del que disponen los miembros de la UER durante las

negociaciones conjuntas. No obstante, este sistema aporta una serie de

ventajas -como la racionalización y la reducción de los costes- que permiten

a sus miembros, sobre todo a los de países pequeños, transmitir un mayor

número de programas deportivos de calidad superior. Además, la cooperación

entre los miembros facilita la radiodifusión transfronteriza, lo que

contribuye al desarrollo de un auténtico mercado europeo de la radiodifusión.

Los miembros de la UER aceptaron también permitir a los no integrantes de la

misma el acceso mediante contrato a los programas deportivos en cuestión,

conforme al nuevo sistema de reglas presentado a la Comisión el 26 de febrero

de 1993. Dichas reglas permiten el acceso de estas entidades no sólo a las

transmisiones en diferido y de partes de programas, sino también a la

transmisión en directo de partes de acontecimientos deportivos que los

miembros de la UER no retransmitan en directo. A petición de la Comisión, se

han introducido bastantes mejoras en dichas reglas, cuya versión anterior

había sido criticada por las entidades perjudicadas. De este modo, se ha

facilitado el acceso de los terceros.

```

```
2.I.B.§3. p.11

<T6> AUDITEL

```

##### 140

```
221. El 24 de noviembre de 1993, la Comisión adoptó una decisión en la que

declaraba incompatible con las normas de competencia comunitarias el convenio

celebrado entre los socios de Auditel, en el que se comprometían a utilizar

exclusivamente los datos sobre audiencia televisiva en Italia suministrados

por dicha sociedad.

La decisión hacía referencia a la notificación, presentada por la sociedad

S.R.L. Auditel, del sistema creado por dicha empresa en Italia para la

recogida y difusión de datos sobre audiencia televisiva.

Los accionistas de S.R.L. Auditel se dividen en tres grupos:

       la cadena de televisión pública,

       las cadenas de televisión privadas, y

       las asociaciones de los siguientes operadores: anunciantes,

       agencias de publicidad, organizaciones de técnica publicitaria y

       agencias especializadas en medios publicitarios.

Los dos primeros grupos se harían cargo de los gastos de la operación.

La cláusula 11 del convenio de constitución de Auditel establecía que, en sus

actividades, los socios se comprometían, en lo que respecta a la medición de

los índices de audiencia (índices para un período de tiempo determinado), a

utilizar exclusivamente los datos de Auditel, con el único objetivo de evitar

polémicas sobre audiencia y perturbaciones en la información que proporcionan

al público la prensa, la radio o la televisión.

En la práctica, el objetivo de la cláusula 11 era evitar una guerra de

índices de audiencia entre las principales cadenas de televisión italianas.

Este acuerdo constituye una restricción de la competencia, pues suprime la

libertad de los miembros de utilizar datos de otra procedencia. Los usuarios

de la publicidad y los operadores se basan precisamente en estos datos a la

hora de decidir el importe de su presupuesto publicitario, su distribución

                                      >

entre los distintos medios y la elección entre medios del mismo tipo.

Así, se denegó la exención solicitada, por considerarse que la restricción

que imponía la cláusula 11 no era imprescindible y suprimía por completo la

competencia a este respecto. Poco antes de la adopción de esta decisión,

S.R.L. Auditel suprimió la cláusula 11 del convenio.

```

```
2.I.B.§4. p.12

<T3> §4. Sector de la energía

<T6> Electricidade de Portugal/Proyecto Pego

```

141

```
222. El 26 de enero de 1993, Electricidade de Portugal S.A. (EDP) notificó a

la Comisión una serie de acuerdos celebrados en 1992 entre EDP, National

Power PLC, Electricité de France y Empresa Nacional de Electricidad, S.A. y

sus respectivas filiales, relativos a la adquisición y explotación de una

central técnica de carbón en Pego.

La notificación se refería a un proyecto de adquisición y explotación

-conforme al sistema de construcción, propiedad, explotación y cesión- de una

central térmica de carbón (formada por dos unidades) en Pego, Portugal; la

empresa de generación, controlada conjuntamente por National Power PLC (Reino

Unido), Electricité de France, Empresa Nacional de Electricidad S.A. (España)

y Electricidade de Portugal S.A., se comprometía a adquirir el proyecto de

EDP y suministrarle energía de las unidades 1 y 2.

Se prevé que la central tendrá una capacidad instalada de 614 megawatios y

que cada una de las unidades tendrá una capacidad de 307 megawatios. La

selección de la empresa de generación se ha efectuado mediante licitación

internacional.

Tras examinar los acuerdos notificados, la Comisión informó a las partes en

marzo de 1993 de que consideraba inaceptable la cláusula de suministro

exclusivo durante 28 años, puesto que durante todo el período de vigencia de

los contratos la empresa de generación no podría suministrar electricidad a

consumidores distintos de EDP en Portugal y en otros Estados miembros. Como

consecuencia del intercambio de opiniones que siguió a dicha carta, EDP

propuso modificaciones sustanciales y se comprometió a llevarlas a la

práctica.

Las principales modificaciones eran las siguientes:

   la capacidad y la producción de la central eléctrica se ofrecerán en

   exclusiva a EDP durante los 15 primeros años;

```

```
2.I.B.§4. p.13
##### 142

   durante los 13 años restantes, se seguirá un sistema de "preferencia",

   en virtud del cual la empresa de generación podrá vender a terceros,

   fuera del sistema de franquicia, si dispone de un exceso de capacidad

   que no necesita la red. Conforme a este sistema, la empresa de

   generación competirá con la red para buscar otros mercados (ya sea

   dentro del sistema libre portugués o en otro Estado miembro).

El 30 de septiembre de 1993, la Comisión publicó una Comunicación con arreglo

al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento N 17 del Consejo, en la que

anunciaba que, habida cuenta de estas modificaciones y de la evolución

prevista de las condiciones de suministro eléctrico en Portugal como

consecuencia de los decretos leyes 99/91 y 7/91, la Comisión tenía la

intención de adoptar una decisión favorable con respecto a dichos acuerdos.

No se recibieron observaciones de terceros.

Tras el examen llevado a cabo por la Dirección General de Competencia de la

Comisión, se llegó a la conclusión de que la concesión de una exención por la

Comisión de conformidad con el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE

estaba justificada, dadas las modificaciones sustanciales introducidas por

las partes en los acuerdos notificados inicialmente y las posibilidades

jurídicas para introducir la competencia en el sector de la energía creadas

por el nuevo régimen vigente en Portugal en esta materia (decretos leyes

99/91 y 7/91).

Los acuerdos son el reflejo de la política portuguesa de abrir a la

competencia el sector de la generación de electricidad, mediante un proceso

de convocatoria de ofertas.

En el nuevo régimen jurídico se distinguen dos tipos de sistemas de

suministro de electricidad: el que abastece al mercado de franquicia y el que

abastece al mercado libre.

Los clientes en franquicia (que pueden comprar electricidad de una única

fuente) se diferenciarán de los clientes del mercado libre (que pueden

comprar de cualquier fuente disponible) a través de un umbral de consumo de

electricidad.

```

```
2.I.B.§4. p.14
###### 143

En el actual sistema de franquicias, EDP (que tiene una obligación de

servicio público) desempeña las funciones de generación, transmisión,

distribución y suministro. Conforme a los acuerdos Pego, la empresa de

generación se integrará plenamente en el sistema de franquicia.

El sistema de mercado libre, que prevé el libre acceso a los sistemas de

transmisión y distribución, se encuentra en fase de desarrollo. Desde la

aprobación del Decreto Ley 99/91, en el que se establecían las líneas

generales de la futura organización del sector de la electricidad en

Portugal, una serie de pequeños productores y autoproductores han conseguido

obtener una cuota de mercado total* de cerca del 5%. A muy largo plazo, se

espera que el sistema de mercado libre cubra del 20% al 25% del mercado. La

posibilidad de crear este sistema se hará realidad sobre todo cuando otros

productores puedan producir energía más barata que EDP.

Cabe señalar que los clientes tendrán plena libertad para dejar un sistema y

acceder a otro. Al principio, sólo los principales consumidores podrán

pasarse del sistema existente al de mercado libre. Las empresas de

distribución podrán comprar una parte de sus necesidades (en principio, del

10% al 15%) en el sistema libre. Asimismo, los generadores podrán construir

sus propias líneas de transmisión. Este sistema ofrece condiciones de

competencia tanto en la generación como en el suministro de electricidad. Los

clientes del mercado libre podrán contratar libremente sus necesidades de

electricidad con distintos generadores o con otros proveedores que puedan

competir por su clientela. Además, estos clientes tendrán la posibilidad de

acceder de modo abierto y transparente a las redes existentes de transmisión

y distribución.

Conforme al sistema de "preferencia" previsto en el acuerdo, una vez

transcurrido los 15 primeros años y durante los 13 restantes, la empresa de

generación podrá suministrar electricidad a consumidores distintos de EDP,

tanto en Portugal como en otros Estados miembros.

La notificación examinada se tramitó mediante carta administrativa, ya que se

consideraron cumplidos los requisitos del apartado 3 del artículo 85 del

Tratado CE.

```

```
2.I.B.§4. p.15

<T6> Acuerdo de colaboración logística entre REPSOL y BPMED

                en las Islas Canarias

```

###### 144

```
El 14 de abril de 1993, la Comisión concedió una exención mediante carta

administrativa al acuerdo notificado por REPSOL S.A. y BPMED S.A. el 2 de

marzo de 1993, relativo a la explotación conjunta por ambas empresas de

instalaciones logísticas destinadas al almacenamiento y manipulación de

productos petrolíferos. A través de la nueva empresa, Terminales

Canarios S.A., controlada conjuntamente por REPSOL S.A. y BPMED S.A. al 50%,

se ofrecen nuevos medios de almacenamiento y transporte de productos

petrolíferos en las Islas Canarias, no solamente para las dos empresas

citadas, sino también para terceras empresas.

Dadas las peculiaridades de este mercado, abastecido casi exclusivamente por

la única refinería que existe en las Islas Canarias, la Comisión consideró

que este acuerdo favorecía la presencia de nuevos operadores, al aumentar las

instalaciones logísticas disponibles y, sobre todo, la importación de

productos petrolíferos de la península y de otros Estados miembros.

```

```
2.I.B.§4. p.16

<T6> Disma

```

##### 145

```
223. En virtud de un acuerdo entre determinadas empresas petrolíferas y la

sociedad gestora del aeropuerto de Milán Malpensa, se creó una empresa en

participación, DISMA, encargada de la instalación y puesta en marcha de

equipos de almacenamiento y transporte de carburante a los puntos de

suministro en el nuevo aeropuerto. Con objeto de garantizar el acceso no

discriminatorio de otras empresas petrolíferas a este mercado, la Comisión

exigió y logró que se introdujeran determinadas modificaciones.

En el acuerdo se prevé la creación, en el aeropuerto, de una nueva

instalación fija para el abastecimiento de los aviones, que estará formada,

fundamentalmente, por un depósito de carburante y lubricante directamente

conectado por tuberías subterráneas a los puntos de suministro. Este sistema

permite transportar el carburante directamente del depósito a los aviones, a

través de conexiones especiales instaladas a tal fin y de aparatos de bombeo,

sin que sea preciso recurrir a los tradicionales camiones cisterna. Una vez

instalado, este equipo será el único medio para repostar a disposición de las

líneas aéreas en el nuevo aeropuerto de Milán Malpensa.

224. En un primer momento, la Comisión observó que las características

tecnológicas de las instalaciones de Disma permitirían almacenar y

transportar carburante con una serie de ventajas desde el punto de vista de

la legislación comunitaria sobre medio ambiente, en particular, en lo

relativo al tráfico y a la contaminación atmosférica. Además, estas ventajas

no redundan únicamente en beneficio de las empresas petrolíferas, sino

también en el de las compañías aéreas y sus usuarios.

Con todo, la versión inicial de los acuerdos notificada a la Comisión

contenía una serie de cláusulas que impedían a las compañías petrolíferas que

no fueran miembros de DISMA acceder en condiciones no discriminatorias a los

servicios de la empresa en participación. Por una parte, existían obstáculos

casi insuperables que impedían en la práctica la cesión de participaciones de

DISMA a terceros, lo que imposibilitaba su acceso al mercado; por otra parte,

los miembros fundadores habían convenido en fijar tarifas bastante más

elevadas para los terceros. De este modo, los usuarios de las instalaciones y

servicios de DISMA que no eran miembros de ésta se veían obligados a aceptar

condiciones no equitativas por prestaciones equivalentes, lo que les situaba

en una posición de desventaja competitiva.

```

```
2.I.B.§4. p.17
##### 146

Habida cuenta de todo ello y de la importancia creciente que tendrá el

aeropuerto de Milán Malpensa para el transporte aéreo en la Comunidad

Europea, materia que está siendo objeto de una liberalización progresiva, la

Comisión inició un procedimiento dirigido a eliminar estos obstáculos de

acceso no justificados y garantizar la neutralidad y la igualdad de trato

entre los usuarios de las instalaciones de DISMA, puesto que todas las

compañías petrolíferas, sean o no miembros de la empresa en participación,

han de utilizar dichas instalaciones para abastecer a sus clientes. A

continuación, los miembros de DISMA propusieron un baremo único de precios,

con tarifas decrecientes en función del volumen de carburante. La

degresividad del baremo puede justificarse por la existencia de costes fijos

vinculados a las prestaciones a cada cliente.

Por último, las partes aceptaron facilitar la participación de terceras

empresas en el capital de DISMA, en cuanto entre en funcionamiento el sistema

estático para repostar del aeropuerto de Milán Malpensa.

Tras llegar a la conclusión de que los acuerdos relativos a la empresa en

participación DISMA son ya compatibles con el mercado común, la Comisión

adoptó una postura favorable frente a los mismos y puso fin al procedimiento

mediante carta administrativa equivalente a una exención.

```

```
2.I.B.§4. p.18

<T6> Texaco Ltd

```

##### 147

```
225. TEXACO LIMITED notificó en noviembre de 1992 un acuerdo de creación de

un sistema de franquicia para la explotación de gasolineras. La empresa

solicitaba una declaración de conformidad con el Reglamento (CE)

N 4087/88/CEE, en la que se concediera una exención por categorías de

acuerdos de franquicia a los contratos celebrados con los encargados de la

gestión de las gasolineras y de los establecimientos integrados en la mismas.

El objetivo de TEXACO no era únicamente vender el combustible y los productos

petrolíferos comercializados con su nombre, en cuyo caso habría sido de

aplicación el Reglamento (CEE) N 1984/83/CEE, relativo a la aplicación del

apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos

de compra en exclusiva. TEXACO pretendía también organizar una red de

gasolineras y tiendas de productos alimenticios, tabaco, prensa y artículos

relacionados con los automóviles, mediante la utilización de un nombre común

y una presentación uniforme de los establecimientos, lo que incluía también

la prestación de conocimientos técnicos específicos y asistencia comercial y

técnica.

La Comisión consideró que los contratos examinados cumplían todos los

requisitos establecidos en el artículo 1 del Reglamento N 4087/88/CEE. En

dichos contratos se estipulaba la obligación de utilizar un nombre o

distintivo común, la disposición uniforme de los establecimientos y la cesión

por parte del franquiciador al franquiciado de conocimientos técnicos

importantes, lo que incluía la formación y la información necesarias sobre

dirección, gestión administrativa y financiera, promoción, almacenamiento y

presentación de los productos a los consumidores. Por otra parte, la

obligación de vender únicamente combustible de marca TEXACO estipulada en los

contratos se ajusta a los criterios establecidos en el Reglamento para la

concesión de la exención.

Por lo que se refiere a las tiendas, la Comisión aceptó la obligación de los

franquiciados de disponer en todo momento de determinados productos de marca

conforme a la lista elaborada por TEXACO. Para cada categoría de productos en

venta, el franquiciado está obligado a ofrecer el producto de la marca

designada por TEXACO, pero queda en libertad de ofrecer otros productos

competidores, siempre que cumplan unos criterios mínimos de calidad. El

```

```
2.I.B.§4. p.19
##### 148

franquiciador puede exigir que se reserve una parte de los estantes de la

tienda a la exposición de los productos de marca.

Además, TEXACO creó un sistema de compra centralizada de estos productos,

conforme al cual esta empresa negocia las condiciones de compra con los

fabricantes y los mayoristas e informa de quiénes ofrecen las condiciones más

ventajosas. Es evidente que la compañía petrolífera puede obtener condiciones

de compra mucho más favorables que las que podría lograr cada franquiciado

por su cuenta. Si éstos deciden participar en el sistema, están obligados a

adquirir todos los productos seleccionados de los proveedores designados por

TEXACO. No obstante, quedan en libertad de adquirir los demás productos de

otros proveedores de su elección.

Tras varias conversaciones con la Comisión, TEXACO precisó que este sistema

de compra era optativo y que no se vinculaba de forma automática al contrato

de franquicia. Se trata de un sistema que ofrece una serie de ventajas, como

bonificaciones y descuentos, pero el franquiciado puede optar en todo momento

por participar en el mismo o por abandonarlo.

Tras estas precisiones, la Comisión llegó a la conclusión de que el acuerdo

notificado por TEXACO, incluidas las cláusulas relativas a la distribución de

combustible, se ajustaba a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) N 4087/88/CEE.

```

```
2.I.B.§4. p.20
##### 149

<T6> Acuerdos sobre gasolineras en España

226. Por lo que respecta a la aplicación del Reglamento n° 1984/83 (relativo

a los contratos de compra en exclusiva) a las gasolineras, la Comisión ha

aclarado en varias ocasiones determinados aspectos relativos al alcance de

esta exención y, sobre todo, a las restricciones de la competencia que

constituyen un obstáculo para su aplicación.

En el caso concreto de la reciente desaparición del monopolio petrolífero

```

`español` _^_ _,_ `la Comisión examinó las relaciones contractuales entre las`

```
refinerías españolas y los distribuidores de la antigua red del monopolio,

negociadas cuando dicha red estaba reservada por imperativo legal a los

productos de las refinerías españolas. Se trata de contratos de

abastecimiento en exclusiva con una duración de 10 años a partir de la fecha

de desaparición del monopolio.

La Comisión consideró que estos contratos no eran compatibles con el

Reglamento (CEE) n° 1984/83, ya que, dada la dependencia jurídica y económica

de los distribuidores, la fijación de una fecha de entrada en vigor de los

contratos distinta del momento de la firma equivalía en la práctica a una

duración indeterminada o superior al límite de diez años contemplado en el

Reglamento. La Comisión se oponía también a que la exclusiva del

abastecimiento abarcara no solamente el combustible, sino también los

lubricantes vendidos en las gasolineras.

Las refinerías españolas se declararon dispuestas a modificar los contratos

para hacerlos compatibles con el Reglamento mencionado y, a tal fin,

estipularon que la exclusiva de diez años comenzará en el momento de la firma

del contrato y se referirá únicamente al combustible para automóviles, salvo

que el proveedor haya puesto a disposición del distribuidor una instalación

de engrasado. Habida cuenta de todo ello, la Comisión decidió archivar este

asunto mediante carta administrativa equivalente a una exención.

(4) Punto 362 del presente Informe

```

```
2.I.B.§4. p.21
##### 150

<T6> Acuerdos sobre gasolineras en las Islas Canarias

226bis. Como consecuencia de la denuncia presentada por la Asociación de

distribuidores de productos derivados del petróleo de las Islas Canarias

contra Texaco Petrolífera S.A., en la que se ponía en tela de juicio la

compatibilidad de los contratos en exclusiva firmados por esta empresa en las

Islas Canarias con las normas comunitarias aplicables( [5] ', la Comisión envió

un pliego de cargos a Texaco Petrolífera S.A. el 23 de diciembre de 1991. En

opinión de la Comisión, los acuerdos de exclusiva celebrados por esta empresa

con los propietarios de gasolineras en las Islas Canarias constituían una

infracción de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE,

ya que determinadas cláusulas (como las relativas a la duración y alcance de

la exclusiva de venta de combustible para automóviles y los mecanismos de

fijación del precio de venta al público de los " productos) excedían los

límites fijados en el Reglamento (CEE) n° 1984/83.

El 28 de enero de 1992, Texaco Petrolífera S.A. respondió al pliego de cargos

de la Comisión.

Al mismo tiempo, la Comisión dirigió solicitudes de información, con arreglo

```

`al artículo 11 del Reglamento` `n°` `17 del Consejo de 6 de febrero de` `1962` _^^,_

```
a todas las compañías petrolíferas que habían celebrado contratos en

exclusiva con distribuidores de las Islas Canarias semejantes a los de Texaco

Petrolífera S.A. Era el caso de las empresas Shell España S.A., Distribuidora

Industrial S.A. (DISA) y Mobil Oil España S.A.

Como consecuencia de la intervención de la Comisión en este asunto, tanto

Texaco Petrolífera S.A. como las demás compañías que habían celebrado tales

contratos se declararon dispuestas a adaptarlos a las normas comunitarias

aplicables. Para ello, dichas compañías propusieron (y los distribuidores lo

aceptaron) firmar anexos de los contratos en los que se modificaran las

cláusulas rechazadas por la Comisión.

(5) Reglamento (CEE) n° 1984/83 de la Comisión de 22.06.1983, relativo a la
   aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas
   categorías de acuerdos de compra en exclusiva.

(6) Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado,
   modificado y completado por los Reglamentos n" 59, 118/63 CEE y
   2822/71 CEE.

```

```
2.I.B.§4. p.22
```

**15** **1**

```
El 8 de febrero de 1993 se decidió archivar este asunto, dado que la mayoría

de los distribuidores interesados habían firmado dichos anexos y expresado

así su voluntad de continuar sus relaciones comerciales con la compañía de su

elección durante un período no superior a diez años y en las condiciones

previstas en el Reglamento 1984/83. En vista de esta situación, no era

necesario seguir examinando este asunto a escala comunitaria, por lo que las

autoridades nacionales competentes decidieron tramitar ellas mismas la

denuncia.

Por lo tanto, serán las autoridades españolas en materia de competencia

quienes analizarán la situación dé los distribuidores que rechazaron la

prórroga de los contratos propuestos por las compañías. Habida cuenta de la

aplicabilidad directa del apartado 1 del artículo 85, el denunciante puede

plantear ante los tribunales nacionales los problemas de compatibilidad con

el derecho comunitario de los contratos en exclusiva no susceptibles de

exención en virtud del Reglamento (CEE) n° 1984/83. Este asunto representa un

ejemplo práctico de la política de subsidiariedad y descentralización seguida

por la Comisión.

```

```
2.I.B.§5. p.23

##### 152

<T3> §5. Sector del automóvil

<T6> Acuerdos de cooperación entre Peugot y FIAT

            a través de la filial común SEVEL

227. La Comisión continuó examinado los acuerdos celebrados por FIAT y

PEUGEOT para la producción conjunta de vehículos destinados a segmentos

concretos del mercado automovilístico. Los acuerdos hacen referencia a la

construcción de tres tipos de vehículos por parte de dos filiales comunes.

SEVEL Val di Sangro fabrica vehículos industriales medianos, mientras que

SEVEL NORD fabrica vehículos industriales ligeros y polivalentes.

Los vehículos industriales medianos son el resultado de la cooperación

inicial derivada del acuerdo celebrado el 29 de junio de 1978, relativo a la

fabricación de los vehículos J5 Peugeot, C2 5 Citroën y Ducato Fiat. No

obstante, cada una de las partes realizaba de forma independiente la

distribución de dichos vehículos. La Comisión autorizó este acuerdo mediante

carta administrativa, pues tenía por objeto fomentar la investigación y el

desarrollo de un nuevo producto. A continuación se celebró un segundo

acuerdo, con el fin de permitir a las empresas sustituir dichos vehículos por

productos nuevos, mejor adaptados a la evolución del mercado. La Comisión

tiene la intención de autorizar la ampliación de la cooperación a los nuevos

productos mediante decisión formal, que incluirá en todo caso varias

condiciones para garantizar una auténtica competencia entre FIAT y PEUGEOT en

la distribución de estos vehículos en todo el mercado común. La Comisión ya

ha publicado una comunicación en el Diario Oficial de las Comunidades

Europeas, con el fin de conocer la opinión de los círculos interesados.

Por otra parte, la fabricación en común de vehículos polivalentes y vehículos

industriales ligeros constituye un nuevo ámbito de cooperación que ha sido

objeto de un acuerdo más reciente. Dicha cooperación se refiere tanto al

chasis, adaptable a todos los modelos, como a los motores de estos vehículos

y a su carrocería. Tras un análisis en profundidad de la notificación,

presentada a todos los efectos necesarios por ambas sociedades matrices, la

Comisión ha llegado a la conclusión de que este acuerdo puede acogerse a lo

dispuesto en el Reglamento N 418/85 que, de conformidad con el apartado 3 del

artículo 85 del Tratado CE, declara exentos determinados acuerdos de

investigación y desarrollo en común. Por lo tanto, las dos empresas podrán

continuar con la investigación iniciada en común y encargar a SEVEL NORD la

fabricación de los vehículos.

```

```
2.I.B.§6. p.24

<T6> Grupo Rover

```

##### 153

```
228. Entre 1986 y 1990, el Grupo Rover aplicó en el Reino Unido un sistema de

fijación de limites máximos a los descuentos que podían ofrecerse a los

clientes en relación con algunos de sus modelos. Los concesionarios oficiales

Rover podían aplicar el margen habitual del 15%, pero se suprimía el otro

margen del 2% (pagado por cumplimiento de las normas sobre concesionarios) en

caso de que un concesionario concediera descuentos superiores a un

determinado nivel. Esta práctica era claramente contraria a las normas de

competencia comunitaria, puesto que restringía la competencia de precios

entre concesionarios.

La dirección de Rover puso fin a esta práctica, y, a continuación, notificó

las modificaciones introducidas a la Oficina de Defensa de la Competencia del

Reino Unido y a la Comisión. Para remediar esta situación, Rover informó a

sus concesionarios de que se abandonaba la anterior política de descuentos.

Además, se comprometió a reembolsarles cualquier margen que les hubiera sido

retenido. Por último, y tras consultarlo con la Comisión, Rover se

comprometió a aportar 1 millón de libras esterlinas para la financiación de

dos proyectos en beneficio de los compradores de vehículos de motor en el

Reino Unido. Ello no impide a los clientes individuales exigir una

compensación de Rover o de cualquiera de sus concesionarios, como tampoco

impide a las autoridades nacionales del Reino Unido adoptar las medidas

pertinentes conforme a la legislación nacional.

En vista de todo ello, la Comisión no tiene la intención de iniciar un

procedimiento formal en este asunto.

```

```
2.I.B.§5. p.25

<T6> La Comisión clarifica el sistema de distribución de piezas de

        repuesto de automóviles del grupo FIAT en Italia

```

##### 154

```
229. Como consecuencia de la denuncia presentada por CICRA (Asociación

italiana de constructores de piezas de repuesto y accesorios), la Comisión se

dirigió a FIAT Auto para persuadir a la empresa de que modificara su sistema

de distribución de piezas de repuesto de vehículos en Italia.

Conforme a la legislación italiana, los fabricantes de automóviles pueden

adquirir el monopolio legal de las piezas de repuesto de carrocería si

solicitan su registro como diseños industriales. FIAT Auto hizo uso de esta

posibilidad, por lo que legalmente era la única empresa que podía suministrar

determinadas piezas de repuesto. Por otra parte, los descuentos autorizados a

los distribuidores de repuestos de todos los productos FIAT estaban

estrechamente vinculados a los descuentos concedidos con respecto a las

piezas comprendidas en el monopolio legal. Además, dichos descuentos

dependían también de un umbral de compras aceptado por cada distribuidor.

Junto a la red de distribución de automóviles, organizada de conformidad con

el Reglamento N 123/85 de la Comisión, FIAT había creado un sistema de

distribución en exclusiva formado por 315 concesionarios especializados en la

distribución de piezas de repuesto. De este modo, la empresa superó los

límites de un sistema homogéneo de distribución exclusivo y selectivo y

perdió la posibilidad de acogerse a la exención contemplada en dicho

Reglamento, por lo menos por lo que respecta a las piezas de repuesto. Este

Reglamento de exención por categorías no contempla la distribución de piezas

de repuesto, salvo cuando se vincula a la distribución de automóviles.

Tras la intervención de la Comisión, FIAT decidió modificar a partir del 1 de

enero de 1994 su sistema de descuentos, para ajustarlos a las normas de

competencia. En concreto, la empresa dejará de aplicar el descuento'calculado

para disuadir a los concesionarios de vender a clientes que no pertenecen a

su zona, suprimirá el límite mínimo de 99 millones de liras italianas que

debía alcanzarse para obtener determinados descuentos y desvinculará por

completo los descuentos concedidos por las piezas protegidas por un derecho

de diseño industrial y los previstos para las demás piezas de repuesto.

Estos descuentos surtían el efecto de limitar las posibilidades de terceros

de acceder al mercado de repuestos de FIAT.

```

```
2.I.B.§5. p.26
##### 155

Además, FIAT decidió abandonar la red de distribuidores especializados en la

venta de piezas de repuesto. Estos distribuidores eran aproximadamente 750 en

Italia, de los cuales 315 habían obtenido la denominación de "distribuidor

autorizado FIAT", tras aceptar vincularse al fabricante mediante un contrato

de concesión en exclusiva denominado "CSR". Dado el elevado número de

contratos, la Comisión concedió a FIAT un plazo de cinco años para rescindir

aquellos que lleguen a su fecha de expiración. Esta nueva política de FIAT

supone un avance hacia un aumento de la competencia en el mercado de piezas

de repuesto, ya que a partir de ahora los fabricantes independientes de

piezas de repuesto podrán acceder a una clientela de distribuidores que hasta

ahora estaba fuera de su alcance.

```

```
2.I.B.§6. p.27

<T3> §6. Sector de los transportes

<T5> a) Transporte marítimo

<T6> Conferencia del África Oriental

```

_**i**_ **b o**

```
230. En septiembre de 1993, la Comisión archivó el procedimiento iniciado en

1991 contra la Conferencia marítima que efectúa el tráfico entre Europa y

África Oriental (EAC) y las compañías marítimas que la integran, en relación

con la duración del plazo de preaviso estipulado para retirarse de la

conferencia.

La Comisión intervino en este asunto como consecuencia de la denuncia

presentada en junio de 1989 por la Compagnie maritime belge (CMB) contra la

EAC, porque le obstaculizaba la creación de un servicio no integrado en la

conferencia. El origen del litigio entre las partes se remonta al momento en

que CMB decidió suspender el servicio en cuestión como miembro de la

conferencia y continuar prestándolo fuera de la misma, mediante la oferta de

un nuevo servicio de línea regular que competía directamente con el de la

EAC.

La EAC entabló diversas acciones judiciales, así como un procedimiento de

arbitraje, para impedir la puesta en funcionamiento de este servicio antes

del 31 de diciembre de 1990, fecha en la que consideraba que el preaviso

efectuado por la CMB liberaría a esta compañía de las diversas obligaciones y

restricciones geográficas de transporte estipuladas en el acuerdo de

conferencia.

CMB alegaba que la cláusula del acuerdo de conferencia relativa a la duración

del preaviso para retirarse de la misma no podía acogerse a la exención por

categorías concedida a las conferencias marítimas^ [7] '. La duración mínima

estipulada en dicha cláusula era de doce meses, y la expiración tenía que

coincidir con el final de un año natural.

(7) Artículo 3 del Reglamento n° 4056/86 del Consejo, DO L 378 de

   31.12.1985.

```

```
2.I.B.§6. p.28
##### 157

La Comisión observó que el preaviso establecido podía limitar, durante un

período de hasta dos años menos un día, la libertad de acción de las

compañías pertenecientes a la conferencia que desearan retirarse de la misma

para ofrecer un servicio como agente externo.

La Comisión aceptó que la exigencia de un plazo de preaviso para retirarse de

una conferencia constituye una cláusula habitual, puesto que las conferencias

establecen cierta cooperación de horarios y capacidad que puede resultar

alterada por la retirada de uno de sus miembros. Sin embargo, en este caso

concreto, la Comisión consideró que la duración del plazo de preaviso

estipulada en el acuerdo de conferencia era excesiva y constituía una

restricción de la competencia que no cumplía los requisitos para acogerse a

la exención por categorías concedida a las conferencias marítimas o a una

exención individual. Por consiguiente, dicha cláusula era nula de pleno

derecho en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 85 del

Tratado CEE.

231. En opinión de la Comisión, las cláusulas sobre preaviso en los acuerdos

de conferencia están estrechamente vinculadas a la existencia de una

competencia efectiva fuera de la misma, ejercida por empresas ajenas a la

conferencia (los "outsiders" u operadores externos), competencia que

constituye el contrapeso de la exención por categorías concedida a las

conferencias marítimas. La Comisión considera que su obligación es velar por

que las actividades de los operadores externos no se vean obstaculizadas por

prácticas restrictivas de conferencias marítimas acogidas a la exención, así

como garantizar que las compañías integradas en una conferencia puedan

convertirse, en un plazo razonable, en operadores externos de servicios que

compitan directamente con los de la conferencia.

La Comisión considera que el plazo de preaviso que ha de observar un miembro

para retirarse de una conferencia sin sanción alguna no debería exceder de

seis meses, o incluso de un plazo inferior en algunos casos, y que el

preaviso ha de poder darse en todo momento.

La EAC modificó su acuerdo de conferencia en la dirección señalada por la

Comisión, por lo que ésta decidió archivar el procedimiento sin adoptar una

decisión formal.

```

```
2.I.B.§6. p.29

<T6> Acuerdo Transatlántico

```

##### 153

```
232. Prácticamente todas las líneas marítimas que prestan servicios entre

Europa y Estados Unidos son partes en este acuerdo, cuyo objetivo es congelar

la capacidad en dichas rutas.

Según las líneas marítimas, este tráfico se ha caracterizado en los dos

últimos años por el exceso de capacidad y las graves pérdidas registradas por

la mayoría de sus miembros.

El acuerdo entró en vigor el 31 de agosto de 1992, y permite a los miembros

del TAA fijar precios en común, tanto en relación con el sector del

transporte marítimo como para el segmento del transporte fluvial. Además, el

TAA establece un programa de gestión de la capacidad de los miembros que les

permite reducir en un 25% la capacidad ofrecida anteriormente a los

transportistas, al no utilizar parte del espacio disponible en los barcos.

Este programa se aplica únicamente en las rutas hacia el oeste, por lo que

afecta fundamentalmente a las exportaciones comunitarias a Estados Unidos.

La Comisión ha recibido numerosas denuncias de transportistas (usuarios del

transporte) en relación con este acuerdo. Cuando los miembros del TAA

anunciaron un incremento considerable de las tarifas para 1993 (entre el 30%

y el 100%), las asociaciones de transportistas británicos y franceses

solicitaron a la Comisión la adopción de medidas cautelares consistentes en

la suspensión de la aplicación del acuerdo.

El 14 de abril de 1993, la Comisión remitió a los miembros del TAA un pliego

de cargos con vistas a adoptar medidas cautelares como la suspensión del

acuerdo. La respuesta escrita del TAA y la audiencia administrativa pusieron

de manifiesto que el perjuicio grave e irreparable sufrido por los

denunciantes no era de la suficiente entidad para justificar esta decisión.

El 10 de diciembre de 1993, la Comisión envío a los miembros del TAA un

pliego de cargos sobre el fondo del asunto, con vistas a la prohibición del

acuerdo. Dicho pliego se basa en presuntas infracciones de los artículos 85 y

86 del Tratado CE.

```

```
2.I.B.§6. p.30

<T6> Irish Club Rules

```

#### 159

```
233. La Comisión recibió una solicitud de exención individual con arreglo al

artículo 12 del Reglamento n° 4056/86 con respecto a un acuerdo sobre

consultas, denominado "the Irish Club Rules", celebrado por seis compañías

marítimas europeas de dimensiones pequeñas y medianas a escala mundial que

prestan servicios de línea para el transporte de mercancías entre la Europa

continental, por una parte, e Irlanda e Irlanda del Norte, por la otra.

Conforme a las partes, este acuerdo no constituye un acuerdo de conferencia

ni un consorcio.

Dentro del procedimiento de oposición, la Comisión publicó una comunicación

en junio de 1991 con arreglo al apartado 2 del artículo 12 de los Reglamentos

n° 4056/86 y n° 1017/68, en la que resumía el contenido fundamental del

acuerdo y de la solicitud de exención.

Como consecuencia de esta publicación, se recibieron numerosas observaciones

de terceros interesados que se oponían a la concesión de una exención

individual para dicho acuerdo en su versión inicial. Por ello, en septiembre

de 1991 la Comisión envío una carta a Irish Club Rules en aplicación del

apartado 3 del artículo 12, en la que le expresaba sus dudas sobre la

aplicabilidad del apartado 3 del artículo 85, porque el ámbito de aplicación

del acuerdo comprendía también el transporte terrestre.

Durante los contactos subsiguientes con las partes, la Comisión les informó

también de que no podía concederse una exención a Irish Club Rules sobre la

base del argumento de estabilidad, que en el Reglamento n° 4056/86 se

considera suficiente únicamente para las conferencias marítimas; dicho

acuerdo no puede desempeñar el papel estabilizador previsto en el octavo

considerando del Reglamento n° 4056/86, función que se deriva principalmente

de una cooperación entre compañías marítimas en materia de fletes que se

traduzca en la adopción de una tarifa común, inexistente en el caso que nos

ocupa.

```

```
2.I.B.§6. p.31

##### 160

Con el fin de tener en cuenta las dudas y objeciones de la Comisión, las

partes notificaron en mayo de 1993 una versión modificada del acuerdo. Tras

analizar dichas modificaciones, la Comisión publicó una comunicación( [g] ), de

conformidad con el apartado 3 del artículo 23 del Reglamento n° 4056/86, en

la que anunciaba su intención de adoptar una decisión favorable con respecto

a Irish Club Rules. Esta comunicación contiene un resumen de las dudas más

importantes, las modificaciones introducidas en el acuerdo y los principales

motivos considerados por la Comisión para conceder una exención individual.

Dado que, tras la segunda publicación, no se aportó ningún otro elemento que

pudiera modificar su conclusión, la Comisión decidió archivar el expediente.

A tal efecto, se envío a las partes del acuerdo Irish Club Rules una carta

administrativa de cierre del procedimiento con arreglo al apartado 3 del

artículo 85.

(8) DO C 263 de 29.9.1993, p.6

```

```
2.I.B.§6. p.32

<T5> b) Servicios portuarios

<T6> Sea Containers/Sealink

```

161

```
234. La Comisión denegó las medidas cautelares solicitadas por Sea Containers

(empresa dedicada, entre otras actividades, al transporte en transbordadores

de alta velocidad entre Gran Bretaña y Francia e Irlanda) contra Stena

Sealink (empresa británica de transporte por transbordador que es también la

entidad gestora del puerto de Holyhead, en Gales), tras celebrar ambas

empresas una serie de acuerdos como consecuencia de la intervención de la

Comisión.

En abril de 1993, Sea Containers denunció ante la Comisión que Stena Sealink

se negaba a concederle acceso al puerto de Holyhead para iniciar un servicio

de transporte por transbordador de alta velocidad, protegiendo así sus

propios servicios frente a la competencia. Sea Containers solicitó a la

Comisión que adoptara medidas cautelares contra Stena Sealink y obligara a

esta última a concederle acceso al puerto. En julio de 1993, la Comisión

remitió a Stena Sealink un pliego de cargos en el que le comunicaba que su

actuación constituía un abuso de su posición dominante como empresa titular y

gestora del puerto, en infracción de las normas de competencia comunitarias

y, en particular, del artículo 86 del Tratado CE. La Comisión anunciaba su

intención de adoptar medidas cautelares contra Stena Sealink para garantizar

el acceso de Sea Containers al puerto de Holyhead.

En octubre de 1993, Stena Sealink permitió el acceso de Sea Container al

puerto en unas condiciones que. la Comisión juzgó razonables y no

discriminatorias. Sea Containers aceptó la oferta, tras conocer que la

Comisión consideraba que ya no se cumplían los requisitos necesarios para la

adopción de medidas cautelares (es decir, la urgencia derivada de la

probabilidad de que se causase un perjuicio grave e irreparable al

solicitante).

La Comisión decidió adoptar una decisión formal en este asunto para aclarar

la situación jurídica a ambas empresas y a los terceros interesados. En su

decisión, la Comisión afirmaba que Sea Containers no podía obtener por la vía

de las medidas cautelares más de lo que ofrecía Sealink. Con todo, la

Comisión precisó que, en un principio, Sealink había abusado de su posición

dominante en el puerto de Holyhead; en su opinión, cuando una empresa que es

```

```
2.I.B.§6. p.33
##### 162

titular y usuaria de una instalación esencial, como un puerto, niega a sus

competidores el acceso a la misma, o tan sólo lo permite en condiciones menos

favorables que las que aplica a sus propios servicios, está infringiendo el

artículo 86 del Tratado CE, siempre que ello repercuta en el comercio entre

Estados miembros.

Cuando una empresa se encuentra en una posición como la de Sealink, en el

caso que nos ocupa, no cabe esperar que cumpla satisfactoriamente su

obligación de permitir el acceso en condiciones no discriminatorias ni que

resuelva sus conflictos de intereses si no se toman medidas para separar la

gestión de las instalaciones de su utilización. Estas medidas podrían

consistir, por ejemplo, en atribuir a personas distintas la competencia de la

gestión del puerto y la de gestión del servicio de transbordador, la

aprobación de normas de funcionamiento no discriminatorias, y la introducción

de un procedimiento de consultas con otros usuarios del puerto y un régimen

de arbitraje independiente en caso de conflicto.

<T5> c) Transporte por ferrocarril

<T6> Decisión sobre la estructura de tarificación

          en el transporte combinado de mercancías

235. La Comisión adoptó una decisión en la que autorizaba el acuerdo

celebrado entre las principales empresas ferroviarias de la Comunidad para

establecer un marco de tarificación común. En el ámbito del transporte

combinado de mercancías (es decir, la utilización de diversos modos de

transporte, como el ferrocarril y el transporte marítimo), las empresas

ferroviarias tan sólo ofrecen sus servicios directamente a los transportistas

en casos excepcionales. La comercialización de prestaciones de transporte

                                      >

combinado se efectúa a través de operadores especializados, independientes de

las empresas ferroviarias, o a través de filiales de éstas.

En el acuerdo celebrado por las empresas ferroviarias se establece un marco

de tarificación común para la venta de la tracción ferroviaria a los

operadores. El acuerdo contiene una tabla de coeficientes que han de tenerse

en cuenta a la hora de fijar los precios, pero no hace referencia a estos

últimos como tales.

```

```
2.I.B.S6. p.34

###### 163

236. La Comisión consideró que este acuerdo restringiría la competencia, ya

que, de no ser por el mismo, las empresas ferroviarias podrían adoptar sus

propias tarifas para atraer el tráfico realizado en rutas competidoras de

transporte combinado. Por otra parte, la Comisión concluyó que el acuerdo no

podía calificarse de técnico en el sentido del artículo 3 del Reglamento

n° 1017/68 del Consejo, en el que se autorizan los acuerdos que tienen por

único objeto y efecto la aplicación de mejoras técnicas o la cooperación

técnica.

Con todo, la Comisión llegó a la conclusión de que los efectos negativos del

acuerdo resultarán compensados por la mayor facilidad para establecer precios

internacionales y por que los operadores que contratan los servicios de

empresas ferroviarias podrán comparar más fácilmente los distintos

itinerarios y, de este modo, beneficiarse de la competencia entre las

distintas rutas internacionales. Además, la existencia de unas tarifas

comunes válidas durante varios años ofrecerá a los operadores una mayor

estabilidad a la hora de realizar sus inversiones.

Por todo ello, la Comisión decidió autorizar el acuerdo durante cinco años,

con una serie de condiciones que han de garantizar a los operadores de

transporte combinado que no se verán expuestos a actuaciones abusivas por

parte de las empresas ferroviarias.

<T5> d) Transporte aéreo

<T6> IATA - Normas sobre divisas

237. Las normas que regulan las condiciones de emisión de billetes de avión

figuran en varias resoluciones adoptadas por las conferencias de la IATA

sobre coordinación de tarifas. En una de estas resoluciones se restringió la

libertad de los pasajeros de adquirir billetes fuera del país de partida.

Se informó a la IATA de que la Comisión consideraba que esta norma equivalía

a una segmentación del mercado y podía impedir a los usuarios obtener las

mejores condiciones de transporte. Por tanto, la adopción de dicha resolución

por las compañías aéreas integrantes de IATA restringía la competencia en la

Comunidad, con lo que quedaba comprendida en el ámbito de aplicación del

apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE.

```

```
2.I.B.§6. p.35
##### 164

Tras varios contactos con la IATA, la resolución fue modificada en una de sus

conferencias, de tal forma que ya no se aplica a los viajes en la CE, Noruega

y Suecia.

<T6> IATA - Recargo en el transporte de mercancías

238. Conforme al Reglamento (CEE) n° 1617/93 de la Comisión, se autorizan las

consultas anuales sobre tarifas del transporte de mercancías entre las

compañías aéreas que asisten a las conferencias de la IATA sobre coordinación

de tarifas, porque se considera que tales consultas - pero no el acuerdo

sobre las mismas - pueden contribuir a la aceptación generalizada de los

acuerdos de "interlining", en beneficio de transportistas y usuarios del

transporte aéreo.

En el curso del año, la IATA adoptó en dos ocasiones resoluciones en las que

se imponía un recargo fijo de 15 centavos USA por kilo en todas las

operaciones de transporte de mercancías en todo el mundo. El incrementos de

ingresos en la Comunidad de los transportistas que aplicasen el recargo se

estimó en 100 millones de ecus. La IATA afirmaba que la fijación del recargo

quedaba comprendida en el ámbito de aplicación de la exención por categorías,

ya que el recargo formaba parte de una tarifa sujeta a acuerdos de

"interlining".

La Comisión rechazó que pudiera concederse la exención por categorías a un

recargo global cuyo principal objeto es aumentar los ingresos, y no facilitar

el "interlining", y que no refleja la distinta evolución de los costes de

cada transportista. Aunque se considerara incluido en la exención por

categorías, el recargo surtía efectos contrarios a lo dispuesto en el

apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

La Comisión manifestó a la IATA que consideraba que su resolución no cumplía

los requisitos necesarios para acogerse a la exención por categorías o a una

exención individual, tras lo cual la IATA renunció a su primer intento de

imponer el recargo.

En una conferencia posterior, la IATA adoptó de nuevo una resolución para

imponer un recargo en condiciones ligeramente diferentes. En la nueva

resolución se otorgaba mayor libertad a cada transportista para la aplicación

```

```
2.I.B.§6. p.36
##### 165

de la resolución. Sin embargo, las observaciones procedentes del mercado

revelaron que la mayoría de los transportistas consideraban que el recargo

era vinculante, y que su principal objetivo no era facilitar los acuerdos de

"interlining", sino aumentar los ingresos. En vista de ello, la Comisión no

modificó su postura, hecho del que informó a la IATA. Ante la reacción de la

Comisión, IATA decidió retirar el recargo.

<T6> SABRE/Air France e Iberia

239. La Comisión recibió una denuncia del sistema informatizado de reservas

(SIR) SABRE relativa a la negativa de las filiales de dos importantes

compañías aéreas (Air France e Iberia) de la Comunidad a participar en la

medida necesaria en sus actividades de distribución. El denunciante alegaba

que un SIR no está en condiciones de competir de forma efectiva en los

mercados nacionales en los que opera si no puede distribuir los servicios de

las compañías aéreas nacionales. Los SIR facilitan información sobre

horarios, disponibilidad de plazas y tarifas del transporte aéreo. Las dos

compañías aéreas nacionales son accionistas de un SIR competidor.

Las compañías aéreas alegaron que su propio SIR, que controla más del 80% de

sus mercados nacionales respectivos, ofrece todos los medios de distribución

que necesitan. Además, afirmaron que SABRE, que es un sistema "controlado"

(el sistema de reservas internacionales de su titular, American Airlines,

está integrado en el propio SIR), incurría en un trato discriminatorio al

ofrecer servicios de mayor calidad a American Airlines que a las demás

compañías.

Finalmente, se llegó a un acuerdo entre las partes en virtud del cual las

filiales nacionales de Air France e Iberia aceptaron participar en SABRE.

Como consecuencia de las denuncias, tanto en la modificación del Código de

conducta de los SIR^ [9] ' como en la revisión de la exención por categorías de

los SIR^ [10] ' se han reforzado los requisitos relativos a la participación de

las compañías matrices en SIR competidores y al funcionamiento no

discriminatorio de los sistemas pertenecientes a compañías aéreas.

(9) Reglamento n° 3089/93 del Consejo, DO L 278 de 11.11.1993. p.l.
(10) Reglamento n° 3652/93 de la Comisión, DO L 333 de 31.12.1993, p. 37

```

```
2.I.B.§7. p.37

<T3> §7. Protección del medio ambiente

<T6> Spa Monopole/GDB

```

### 166

```
240. En la junta general de Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) celebrada

del 2 9 de abril de 1993 se adoptó por unanimidad la decisión de permitir el

acceso de los productores de agua mineral de otros Estados miembros a su

fondo en común de envases de vidrio retornable. Tras ello, la Comisión

decidió dar por concluido el procedimiento contra GDB iniciado en 1989 con

arreglo a los artículos 85 y 86 del Tratado CE, tras la denuncia presentada

por un productor de agua belga que deseaba utilizar los envases GDB para

vender sus productos en Alemania. Dicha denuncia ha sido retirada.

La empresa belga de aguas minerales SPA presentó en-1989 una denuncia formal,

ante la negativa de GDB a permitirle el acceso a un fondo en común alemán de

botellas y otros envases de vidrio retornable. Cabe señalar que la Comisión

rechazó en diciembre de 1987 una denuncia similar presentada por empresas de

agua mineral de Bélgica y Francia. En aquel momento, la Comisión consideró

que el acuerdo del GDB y la subsiguiente exclusión de los productores de agua

extranjeros no tenían un efecto negativo considerable sobre la situación de

terceros, ni sobre el comercio intracomunitario, dado que el mercado alemán

estaba abierto o otros tipos de envase, como el PVC o el vidrio no

retornable. De hecho, hasta 1988 las exportaciones de agua mineral a Alemania

procedentes de Francia y Bélgica experimentaron un rápido aumento. Sin

embargo, la Comisión declaró su intención de reconsiderar la situación en el

caso de que se adoptasen medidas legales obligatorias con respecto al uso de

botellas no retornables de agua mineral. Las botellas de plástico de PVC/PET

constituían el envase más utilizado en las exportaciones de agua mineral a

Alemania hasta finales de 1989.

Mediante un pliego de cargos enviado en diciembre de 1992, la Comisión

solicitó al GDB que permitiese el acceso al fondo en común a los productores

de agua mineral del resto de la Comunidad, con el argumento de que las

condiciones del mercado alemán de agua mineral habían experimentado una

transformación tal que la única manera que tenían los productores no alemanes

de mantener la competitividad en el mismo era disponer de la posibilidad de

envasar el producto en botellas de GDB, con lo que el acceso al fondo en

común era un factor fundamental para ellos. La transformación operada

```

```
2.I.B.§7. p.38
##### 167

consistía en que la normativa alemana en materia de residuos que entró en

vigor en 1989 tuvo como consecuencia la desaparición de las botellas de

plástico no retornable del mercado. El envasado por otros medios, como el

plástico reciclable o las botellas de vidrio no retornable, no ha sustituido

a las botellas de plástico no retornable hasta un grado suficiente. Además,

tras la entrada en vigor de la nueva normativa de envasado (VerpackVO) a

principios de 1993, no se permite la venta en botellas de vidrio no

retornable y otros materiales, a menos que exista un sistema de reciclado.

Los productores y distribuidores de envases no reutilizables están obligados

a cobrar un suplemento. Por otro lado, las botellas de vidrio retornable

compiten directamente con los envases de GDB. Sin embargo, la creación de un

nuevo fondo en común de botellas no es una alternativa realista para las

empresas ajenas a GDB, ya que la mayor parte de los mayoristas de agua

mineral y supermercados no desean introducir un segundo fondo, que supondría

importantes costes de manipulación y almacenaje.

Cabe señalar que, en este caso, la Comisión no puso en entredicho la

legislación alemana en materia de contaminación. Con todo, declaró que, en

vista de la evolución del mercado alemán de agua mineral desde 1990 - en

particular, la adopción de una normativa obligatoria en materia de

utilización de botellas retornables de agua mineral, en conexión con la

reacción de los minoristas a dicha legislación y sus efectos en las

exportaciones comunitarias a Alemania -, el acuerdo GDB y su aplicación

práctica podrían obstaculizar el acceso al mercado. Así, impedía el acceso de

productores de agua extranjeros al mercado alemán, restringiendo la

competencia y afectando de forma considerable al comercio interestatal en el

sentido de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE. Más aún, en vista de la

posición dominante de GDB en el mercado de envases de agua mineral, su

negativa a permitir a los demás productores comunitarios el acceso al fondo,

posibilidad que era esencial para poder competir de forma efectiva en el

mercado de agua mineral, constituía una abuso de posición dominante en el

sentido del artículo 86 del Tratado CEE.

Conforme al sistema modificado, los productores de agua de otros Estados

miembros que deseen acceder al fondo de GDB han de firmar un contrato

("Beitrittsvertrag") con GDB. En el mismo se estipula, entre otras novedades,

que el nuevo miembro acepta las normas y estatutos de GDB y se compromete a

utilizar las botellas únicamente para las exportaciones al mercado alemán.

```

```
2.I.B.§7. p.39
###### 168

Los productores de agua extranjeros deben utilizar etiquetas que indiquen

claramente a los consumidores alemanes el origen del agua mineral y el lugar

en que fue embotellada. En opinión de la Comisión, ello basta para evitar

cualquier confusión que pueda derivarse de la utilización de botellas de GDB

por productores de otros Estados miembros.

```

```
2.I.B.§8. p.40

<T3> §8. Asuntos relativos a la propiedad industrial

<T6> Becton-Dickinson - Cyclopore

```

##### 169

```
241. La Comisión envió una carta administrativa de exención con respecto al

acuerdo de • licencia celebrado ente CYCLOPORE, empresa independiente

establecida en Bélgica y estrechamente relacionada con una universidad (UCL),

y la empresa estadounidense de suministros médicos BECTON DICKINSON AND

COMPANY INC., acuerdo que incluía la obligación de suministro y compra en

exclusiva.

Cyclopore produce membranas conforme a una licencia de patente otorgada por

UCL. La membrana es una película transparente muy fina con un mínimo de

100 000 poros por centímetro cuadrado. Becton Dickinson ha desarrollado una

técnica para soldar las membranas en productos de cultivo de tejidos. Estos

productos se utilizan específicamente para el cultivo in vitro de células de

mamíferos e insectos.

Conforme al acuerdo, Cyclopore concede a Becton Dickinson la exclusiva

mundial de fabricación y venta de sus membranas para su utilización en el

cultivo de tejidos, con la condición de que Becton Dickinson adquiera una

cantidad mínima, y Becton Dickinson se compromete a adquirir exclusivamente

de Cyclopore todas sus membranas microporosas para su utilización en el

cultivo de tejidos. En el acuerdo se impone también a Cyclopore la obligación

de suministro en exclusiva. Tras la intervención de la Comisión, esta

obligación se ha limitado, de tal forma que, transcurridos cinco años,

Cyclopore podrá vender a otros clientes sus membranas para el cultivo de

tej idos.

Este acuerdo reviste especial interés porque garantiza la comercialización de

tecnología procedente de un centro universitario, permitiendo al mismo tiempo

el acceso de los competidores a un producto innovador después de un período

transitorio.

```

```
2.I.B.§9. p.41

<T3> §9. Otros sectores

<T6> Zera Montedison/ Hinkens Stâhler

```

##### 170

```
242. En una decisión adoptada conforme al artículo 85 del Tratado CE, la

Comisión declaró que se infringe el derecho comunitario cuando un fabricante

concede a su distribuidor una protección territorial absoluta solicitando, en

virtud del acuerdo que les vincula, la homologación en distintos Estados

miembros de productos que a menudo presentan diferencias insignificantes. Esa

diferenciación de productos impide las importaciones paralelas que no cumplen

los requisitos de homologación en el Estado destinatario.

En el caso que nos ocupa, las sociedades Farmoplant y Montedison Deutschland

recurrieron a esta vía para conceder a su distribuidor exclusivo en Alemania,

entre 1983 y 1988, una protección territorial absoluta para el herbicida

Digermin. De este modo, las empresas mencionadas impidieron las importaciones

paralelas en el mercado alemán de Digermin, producto que se vendía en los'

demás Estados miembros a un precio netamente inferior (pero no homologado en

su misma composición por las autoridades alemanas).

De conformidad con la legislación alemana, un producto sólo puede ser

importado en Alemania si el importador demuestra a las autoridades

competentes que es idéntico al producto homologado en Alemania. Las

modificaciones, incluso mínimas, de la composición pueden impedir la

importación del producto fabricado legalmente en otro Estado miembro.

La Comisión concluyó que las partes habían infringido lo dispuesto en el

artículo 85 del Tratado CE al conceder, medíante su diferenciación, una

protección territorial absoluta en Alemania al producto fitosanitario

Digermin, con el fin de protegerlo frente a las importaciones paralelas

procedentes de otros Estados miembros.

Este asunto puede considerarse ejemplar en la medida en que la diferenciación

de productos se practica también en otros sectores sujetos a exigencias

oficiales de homologación. Teniendo en cuenta la ausencia de reconocimiento

recíproco de las homologaciones nacionales y de un sistema uniforme de

homologación a escala europea, las empresas pueden utilizar las disposiciones

```

```
2.I.B.S9. p.42

```

171

```
nacionales vigentes para obstaculizar, e incluso impedir, la circulación de

un producto entre Estados miembros, modificando mínimamente su composición o

su marca. Las diferencias de precios entre Estados miembros no redundan, por

lo tanto, en beneficio de los consumidores.

<T6> Sistema Grundig de distribución selectiva

243. El 21 de diciembre de 1993, la Comisión Europea adoptó una decisión por

la que, en virtud del apartado 3 del artículo 8 5 del Tratado CEE, prorrogaba

la exención concedida al sistema Grundig de distribución selectiva.

La empresa alemana Grundig es uno de los fabricantes europeos del sector de

la electrónica de consumo. Desde 1984, la dirección industrial corre a cargo

de la empresa neerlandesa Philips Electronics, que recientemente ha

conseguido el control de la totalidad de Grundig mediante la compra de las

participaciones de los demás accionistas.

Grundig explota un sistema de distribución selectiva, esto es, distribuye sus

productos por medio de mayoristas y minoristas especializados que selecciona

según ciertos criterios (cualificación del personal de venta y capacidad de

asesorar al consumidor, presentación de los servicios y demostración de su

funcionamiento, prestación de servicio postventa, etc) . En este caso, el

contrato contenía dos cláusulas que ya se declararon restrictivas de la

competencia en la primera decisión de exención. Se trataba, por una parte, de

la obligación impuesta a mayoristas y minoristas de disponer de existencias

de todos los productos Grundig y, por otra parte, de la obligación de los

minoristas de presentar una selección representativa de estos productos.

Conforme a la práctica y a la jurisprudencia reiteradas de la Comisión y del

Tribunal de Justicia, estos sistemas son compatibles con las normas

comunitarias de competencia en la medida en que puedan justificarse por el

carácter específico de los productos de que se trate. Habida cuenta de esta

situación, la Comisión concedió ya una exención al sistema Grundig el 10 de

julio de 1985, que expiró el 28 de marzo de 1989. A solicitud de Grundig, la

exención se prorrogó hasta 1999.

```

```
2.I.B.§9. p.43
##### 172

Con todo, con el fin de mejorar los derechos de los consumidores, la Comisión

pidió a Grundig que modificara las condiciones de garantía de sus productos y

que asegurara que los consumidores pueden solicitar los servicios de garantía

en su Estado miembro de residencia, aun cuando hubieran comprado el producto

en otro Estado miembro. Para ello, Grundig se propone crear una garantía

contractual total y uniforme a escala europea destinada a los consumidores y,

a tal fin, ha emprendido la creación de una red técnica. Hasta el

establecimiento total de dicha red, Grundig se ha comprometido a prestar

gratuitamente los servicios de garantía en las regiones transfronterizas.

```

```
2.I.B.§9. p.44

##### 173

<T6> Papeteries de Golbey

244. La Comisión examinó una serie de acuerdos notificados por Norske

Skogindustrier AS, E. Holtzmann & Co AG, SA Papeteries Matussiere et Forest y

Papeteries de Golbey SA, relativos a la creación de una empresa en

participación (Golbey) para la construcción y explotación de una nueva

fábrica de papel en Golbey (Francia), así como para la distribución del papel

(papel prensa) producido por la empresa en participación y la adquisición de

materias primas (papel usado y madera) por dicha empresa.

En los acuerdos notificados inicialmente se atribuían a la empresa en

participación todas las funciones empresariales, se estipulaba que las

empresas matrices pondrían a su disposición todos sus recursos para la

comercialización y distribución de su producción y se establecía una división

territorial del mercado a largo plazo entre Norske y Holtzmann con respecto a

los productos de Golbey (mediante cláusulas de exclusiva).

La Comisión observó que, en virtud de los acuerdos, las partes podrían

coordinar sus estrategias de competencia y repartirse el mercado, lo que

restringiría la competencia y afectaría al comercio entre Estados miembros.

La Comisión expresó sus dudas a las partes y les solicitó que modificaran las

cláusulas relativas a la comercializadión y distribución de la producción de

Golbey. Ante la actitud de la Comisión, las partes se comprometieron a

modificar el sistema de distribución, de manera que Papeteries de Golbey

funcionara en el futuro únicamente como una empresa en participación de

producción.

La única repercusión de la empresa en participación, de haber alguna, será el

aumento de la competencia entre los grupos europeos; el aumento de la

capacidad incrementará la oferta en relación con la demanda y contribuirá al

mantenimiento de precios bajos.

Por lo que se refiere a la producción, tanto las partes como los consumidores

resultarán beneficiados. Gracias al intercambio de conocimientos técnicos

especializados entre las partes, la nueva planta de Golbey emplea una

avanzada tecnología de destintado de papel usado, y los procesos de

fabricación no son nocivos para el medio ambiente.

```

```
2.I.B.§9. p.45
###### 174

Tras tomar en consideración las modificaciones introducidas en los acuerdos

iniciales, que limitan el riesgo de reparto de mercado y la restricción de la

competencia, la Comisión informó a las partes mediante carta administrativa

de que la operación podía acogerse a una exención en virtud del apartado 3

del artículo 85.

```

```
 .I.C.Sl.a.p.l

<T9> C. Control de las operaciones de concentración

```

##### 175

```
245. El análisis del presente capítulo tiene como finalidad, en primer lugar,

definir las operaciones que han sido declaradas comprendidas en el Reglamento

(CEE) n° 4064/89 sobre el control de las operaciones de concentración entre

empresas. En segundo lugar, se trata de examinar cómo han sido aplicados los

criterios de evaluación de la compatibilidad de estas operaciones con el

Reglamento í [1] ' .

<T3> §1. Ámbito de aplicación

246. Para que una adquisición entre dentro del ámbito de aplicación del

Reglamento sobre control de las operaciones de concentración, las partes

deben cumplir determinados requisitos en cuanto a su volumen de negocios y,

muy especialmente, en cuanto a su volumen de negocios dentro de la

Comunidad ' [2] '. A partir de este momento su operación podrá ser examinada

como una concentración.

<T5> a. Dimensión comunitaria (artículo 1)

247. Uno de los objetivos fundamentales de los umbrales de volumen de

negocios establecidos en el artículo 1 del Reglamento es actuar de filtre

para determinar qué transacciones son de interés comunitario. Por ejemplo,

en el asunto Fletcher Challenge/Methanex, dos empresas, una neozelandesa y

otra comunitaria, pasaron a ejercer el control conjunto de una empresa

canadiense, pero el volumen de negocios de las partes en la CE alcanzaba los

umbrales del artículo 1. Este caso ilustra la necesidad de que las

operaciones de estas características sean examinadas por la Comisión,

porque, de hecho, la creación de la empresa en participación tenía

repercusiones significativas para la CE.

(1) En el Anexo figura una lista de las decisiones adoptadas sobre la base
   del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración

   entre empresas.
(2) Actualmente, el volumen de negocios mundial acumulado de todas las
   empresas participantes debe ser superior a 5 000 millones de ecus, y el
   volumen de negocios en la Comunidad de al menos dos de las empresas
   participantes, superior a 250 millones de ecus.

```

```
2.I.C.§l.a.p.2
##### 176

248. Las reglas del artículo 1 también tienen como finalidad establecer una

línea divisoria clara entre, por un lado, los asuntos que son competencia de

la Comisión y, por otro, los que corresponde examinar a los Estados miembros,

con objeto de salvaguardar el principio de autoridad única. El apartado 3 del

artículo 22 del Reglamento precisa este principio al establecer que un Estado

miembro podrá pedir a la Comisión que examine las repercusiones en su

territorio de una operación de concentración sin dimensión comunitaria, en la

medida en que afecte también al comercio entre Estados miembros. Por lo

tanto, previa solicitud, la Comisión puede actuar en lugar de la autoridad

competente de un Estado miembro y aplicar el Reglamento sobre operaciones de

concentración para evaluar las repercusiones de una operación -que en

principio no ha de ser notificada- en el territorio de dicho Estado miembro.

249. Por vez primera desde la entrada en vigor del Reglamento, se recibió una

petición con arreglo al apartado 3 del artículo 22 en el asunto British

Ai rways/Dan Ai r. Como la adquisición de British Airways no incluía las

operaciones de vuelos charter de Dan Air, el volumen de negocios atribuible a

esta última no alcanzaba el umbral comunitario y, por lo tanto, se trataba de

un caso que correspondía examinar a las autoridades nacionales. No obstante,

a raíz de una solicitud formulada por el Gobierno belga, la Comisión examinó

las repercusiones de la operación en Bélgica.

```

```
2.I.C.§l.b.p.3

<T5> b. Cálculo de los umbrales de volumen de negocios (artículo 5)

```

##### 177

```
  250. El apartado 4 del artículo 5 describe la forma de determinar el grupo

 al que pertenece una empresa afectada a efectos del cálculo del volumen de

 negocios. Con respecto a las empresas públicas, lo dispuesto en el artículo 5

 ha de interpretarse en combinación con el considerando 12 del Reglamento, que

 establece que, para evitar toda discriminación entre los sectores público y

 privado, se han de tomar en consideración "las empresas que constituyen un

 conjunto económico dotado de un poder de decisión autónomo..." para calcular

 el volumen de negocios de las empresas públicas. En el asunto

 Alean/Inespal/Palco, Inespal, filial propiedad al 100% del INI, un holding

 público español, proyectaba la venta del 50% de su participación en su

  filial, Palco, a la empresa Alean. A tenor de lo dispuesto en el considerando

  12, el cálculo del volumen de negocios de Inespal debía incluir únicamente el

 del INI^ [3] ), no el del conjunto de las empresas de propiedad estatal. La

 misma norma fue aplicada en el asunto Kali+Salz/MdK/Treuhand, que consistió

  en la obtención del control conjunto de la empresa productora de potasa MdK

 por parte de Kali & Salz, filial de BASF, y el Treuhand. El Treuhand es un

 organismo público encargado de la reestructuración de las antiguas empresas

 estatales de la RDA. La Comisión consideró que, en aquel caso, el Treuhand

 actuaba como una empresa con interés directo en la operación, pero, al mismo

  tiempo, no excluía la posibilidad de considerar las distintas divisiones

 organizativas de dicho organismo (hasta el nivel de dirección) como unidades

 económicas con poder de decisión autónomo en el sentido del considerando 12.

  Incluso asumiendo esta hipótesis, el volumen de negocios atribuible a la

 dirección responsable de las industrias extractoras excedía del umbral de

v [ volumen de negocios comunitario. ]

  251. Además, al examinar si se alcanzan los umbrales del Reglamento, es

 necesario determinar el volumen de negocios desde un punto de vista

 geográfico, tanto entre la CE y el resto del mundo como entre los distintos

 Estados miembros. Sin embargo, en el caso de la compra, por parte de Alcatel

  (3) En esta misma idea de independencia económica se basa también la
    Comisión a la hora de evaluar las operaciones de concentración entre
    entidades públicas.

```

```
2.I.C.§l.b.p.4
##### 178

Cable S.A., de la división de sistemas submarinos de telecomunicación (es

decir, las actividades de instalación de cables submarinos) de la empresa STC

Limited, resultaba extremadamente difícil hacerlo.

252. La Comisión rechazó el enfoque de las partes, que consistía en tomar

como volumen de negocios en la CE el generado por todos los contratos en

relación con los cuales el cable instalado tuviera como mínimo un punto de

amarre en territorio comunitario y, por lo tanto, al menos un operador de

telecomunicaciones (OT) comunitario obtuviera beneficios del tráfico basado

en el sistema. Se desestimó este criterio porque la actividad de las partes

era la instalación de cables submarinos y no la consiguiente prestación de

servicios por parte del OT.

253. Normalmente, los cables se instalan en aguas internacionales y se venden

a consorcios internacionales compuestos en su mayor parte por OT. Los

circuitos que contienen estos cables se distribuyen proporcionalmente entre

los OT, en función de su respectiva participación en el consorcio de compra.

La Comisión concluyó que, al calcular el volumen de negocios desde el punto

de vista geográfico, era importante determinar dónde tenía lugar la

competencia con respecto a los contratos, y el lugar de establecimiento de

los compradores del t cable fue considerado un criterio sustitutivo suficiente

en este caso concreto. Además, como había más de un comprador por cable, el

volumen de negocios generado por un contrato se atribuía a los operadores en

función de su respectiva participación en el consorcio.

```

```
2.I.C.§l.c.p.5

<T5> c. Definición de operación de concentración (artículo 3)

```

#### 179

```
254. Para que una operación de concentración entre en el ámbito de aplicación

del Reglamento, es necesario que dos o más sociedades adquieran el control

exclusivo o en común de otra empresa. La diferencia entre control exclusivo y

control conjunto también tiene repercusiones sobre la forma de cálculo del

volumen de negocios. Tratándose del control conjunto, debe tomarse en '

consideración el volumen de negocios de todas las empresas participantes,

mientras que en el caso del control exclusivo, sólo se tiene en cuenta el de

la empresa que lo ejerce.

<T6> Control exclusivo

255. Con frecuencia, el control exclusivo se deriva de la adquisición, por

parte de una empresa, de más del 50% del capital de otra. En ausencia de

otros elementos de hecho o de derecho, es irrelevante, para determinar si se

ha obtenido el control, que la participación adquirida sea del 50% más una

acción, como en el asunto Crédit Lyonnaise/BFG Bank, o del 100%, como en el

asunto Sara Lee/BP Food Division. El control exclusivo puede obtenerse

también mediante la compra de activos, especialmente, como ilustra el asunto

Zürich/MMI, cuando la compra afecta a una parte de la empresa sin

personalidad jurídica.

256. En consonancia con una práctica consolidada' [4] ', la Comisión, en los

asuntos VW AG/VAG UK y West LB/Thomas Cook, estimó que la adquisición por una

de las partes del control exclusivo de una empresa, ejercido con anterioridad

en común, constituía una operación de concentración en el sentido del

Reglamento.

257. En el asunto Société Générale de Belgique/Générale de Banque, la

Comisión concluyó que el aumento de la participación de la primera en la

segunda, que pasó del 2 0,94% al 2 5,96%, le confería el control exclusivo

sobre esta última. Para llegar a esta conclusión, la Comisión hizo una

proyección de las presencias en la futura Asamblea General de Générale de

Banque bajo la hipótesis de la participación de todos los accionistas con más

del 0,06% del capital. De ahí dedujo que la participación de Société Générale

(4) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, punto 149, Vigésimo
   segundo" Informe sobre la política de competencia, punto 228.

```

```
2.I.C.§l.C.p.6
##### 180

de Belgique en la Générale de Banque le conferiría en la Junta General, con

toda probabilidad, la mayoría de los votos de los accionistas presentes y

representados y que, habida cuenta de la dispersión del capital, esta mayoría

perduraría. La Comisión también examinó si las disposiciones de la

legislación belga destinadas a garantizar la autonomía de la función

bancaria, contenidas en un Protocolo, dificultarían el control de hecho que

normalmente se deriva de la mayoría en la Junta General de accionistas.

Concluyó que ello no era así, una vez analizadas la concurrencia de

competencias, habida cuenta de los poderes otorgados al Consejo de

Administración. Efectivamente, éste puede estar compuesto en su mayoría por

representantes de los accionistas signatarios del acta separada del Protocolo

sobre la función bancaria. La Société Générale de Belgique se incluía entre

estos signatarios.

<T6> Control conjunto

258. El control conjunto puede ser consecuencia de una participación idéntica

de cada una de las partes en la empresa en participación. En este caso, no es

necesario que existan reglas estatutarias particulares o un pacto de

accionistas concreto. No obstante, en caso de existir las primeras o el

segundo, estos textos deben confirmar, como en los asuntos Matra/Cap Gemini

Sogeti, Alean/Inespal/Palco o Rhône-Poulenc/Snia(II), que ninguna de las

partes puede actuar independientemente de la(s) otra(s) dentro de la empresa

en participación, dado que, por ejemplo, todas disponen del mismo número de

representantes en los órganos de representación o de dirección, y ninguno de

los representantes tiene voto preferente.

259. La clave para determinar el carácter conjunto del control consiste en

investigar si las distintas partes deben necesariamente consultarse > a la hora

de adoptar decisiones estratégicas de la empresa en participación. Por lo

tanto, no es necesario que cada una de ellas tenga la misma participación en

el capital social o los mismos poderes. En el asunto Ericsson/Hewlett

Packard, Ericsson tenía el 6 0% del capital y el derecho a designar a cuatro

consejeros, mientras que Hewlett Packard, con el 40%, podía designar a tres;

sin embargo, todas las decisiones importantes exigían la unanimidad. Del

mismo modo, en el asunto Aegon/Scottish Equitable, Aegon contaba, en una

primera fase, con el 100% del capital y el 40% de los derechos de voto, y el

```

```
2.I.C.§l.c.p.7

```

181

```
otro socio, Trustco, el 60% de los derechos de voto; sin embargo, las

decisiones estratégicas y comerciales, así como la designación de los

consejeros, exigían el común acuerdo( [5] ^.

260. No obstante, los derechos de cada una de las partes han de ser

suficientes y mucho más amplios que los conferidos por lo general a los

accionistas minoritarios de una empresa. En el asunto Sita-RP/Scori, la

Comisión estimó que los derechos otorgados a determinados socios eran

insuficientes para atribuirles el control conjunto, dado que no tenían ningún

derecho de veto en materia de política comercial, estratégica, presupuestaria

ni de planificación de la empresa. Del mismo modo, en el asunto Dasa/Fokker,

la participación del Estado neerlandés fue considerada insuficiente para

ejercer el control conjunto, teniendo en cuenta que aquél no podía por sí

solo bloquear una decisión y que había autolimitado su derecho de oposición,

aunque los casos en los que Dasa podía actuar de modo autónomo -es decir, sin

el apoyo de un miembro independiente o del Estado neerlandés- fueran

limitados.

261. El control conjuntó no exige necesariamente que las partes que lo

ejerzan ostenten la totalidad del capital de la empresa en participación; un

pacto de accionistas, como en los asuntos Costa Crociere/Chargeurs/Accor o

BHF/CCF/Charterhouse puede suplir esta condición.

262. En consonancia con una práctica consolidada' [6] ^ que se ajusta a lo

dispuesto en el apartado 41 de la Comunicación de la Comisión sobre las

operaciones de concentración y de cooperación con arreglo al Reglamento (CEE)

```

`n° 4064/89 del` `Consejo` _^ ',_ `la creación simultánea, y en el contexto de la`

```
misma operación, de varias empresas en participación entre las mismas partes

se considera una sola operación de concentración. Este principio fue aplicado

en el asunto Harrisons & Crosfield/Akzo.

(5) Véanse también los asuntos Jcsat/Sajac y Costa Crociere/Chargeurs/Accor.
(6) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 229.
(7) DO C 203 de 14.8.1990 y Vigésimo Informe sobre la política de
   competencia, punto 25.

```

```
2.I.C.§l.c.p.8

##### 182

263. En el asunto Fortis/CGER-ASLK, un análisis del conjunto de las

circunstancias de hecho y de derecho llevó a la Comisión a concluir que la

operación desembocaba en el control único de la división de seguros y en el

control conjunto de la división de banca. Gracias a esta operación, Fortis,

controlada por el grupo belga AG y el neerlandés Amev, adquirió el 49,9% de

ASLK-CGER Banque y ASLK-CGER Assurance. Esta participación le fue cedida por

ASLK Holding NV/CGER Holding SA ("Holding"), el holding bancario de interés

público del Estado belga, que se reserva también el 49,9%. El resto está en

régimen de autocontrol o de participación cruzada de ASLK/CGER Assurance en

ASLK/CGER Banque.

264. Desde el principio se tuvo en cuenta la igualdad de participación y

representación de las dos partes en las nuevas entidades, así como el

espíritu de asociación que les animaba, plasmado en la creación de un "Comité

de concertación". No obstante, en la división de seguros (sector en el que

tradicionalmente predominaba FORTIS), la regla de la mayoría simple en el

mecanismo de voto del Consejo, combinada con un "voto de calidad" de Fortis

en caso de desacuerdo persistente en el "Comité de concertación", llevó a

reconocer la existencia de un control exclusivo por parte de esta última

(poder decisorio). Por el contrario, en la división de banca (sector en el

que tradicionalmente predominaba ASLK/CGER), además de los nueve votos de

Fortis (un voto doble) y de los ocho de Holding, Fortis debía asegurar el

acuerdo sobre sus propuestas de decisiones estratégicas de los seis miembros

del Comité de dirección (cuya composición está sometida a la aprobación de la

Comisión bancaria) para alcanzar la mayoría cualificada exigida, de 15 votos

sobre 23. Como no puede excluirse la posibilidad de que uno de los miembros

del Comité de dirección votase junto con Holding contra una propuesta de

Fortis, y que ésta, por lo tanto, debía tener tal posibilidad en cuenta al

presentar sus propuestas al Consejo de Administración, se concluyó que Fortis

y Holding ejercían un control conjunto.

```

```
2.I.C.§l.c.p.9
###### 183

265. En el asunto Philips/Grundig, la Comisión consideró que, antes de la

operación, Grundig estaba bajo control conjunto de Philips y tres bancos.

Para concluir que había control conjunto de los tres bancos, en ausencia de

pacto expreso entre ellos, la Comisión se basó fundamentalmente en el hecho

de que los tres debían aprobar la designación de uno de los dos consejeros

delegados de la sociedad gerente de Grundig -el otro lo nombraba Philips-,

que, lógicamente, los bancos apoyarían sus propuestas dado que no conocían

bien el sector y que su naturaleza -se trataba de entidades financieras- y

sus objetivos les llevarían a un comportamiento similar.

<T6> Operación de concentración entre empresas públicas

       pertenecientes a un mismo organismo de Derecho público

266. En consonancia con su práctica en el ámbito de la CECA, y de conformidad

con el considerando 12 del Reglamento, la Comisión confirmó que las

operaciones de concentración entre empresas públicas pertenecientes a un

mismo organismo de Derecho público (Estado, entidades regionales o locales)

entran dentro del ámbito del Reglamento, siempre y cuando dichas empresas

constituyan cada una unidad económica dotada de un poder de decisión

autónomo. Este principio fue aplicado en el asunto CEA-Industrie/France

Telecom/Finmeccanica/SGS-Thomson. En el asunto Fortis/ASLK-CGER, excluyendo

la existencia de riesgo de coordinación de la actuación competitiva, la

Comisión estimó que, aunque era propiedad del Estado, la "Office Central de

Crédit Hypothécaire" estaba gestionada, a la espera de su cesión, por el

"Crédit Communal", una entidad de crédito dependiente de los municipios y las

entidades provinciales.

<T6> Empresa en participación de carácter concentrativo

267. El apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 define los

dos requisitos necesarios para que la creación de una empresa en

participación ("EP") pueda ser considerada constitutiva de concentración. En

los términos del primero de estos dos requisitos, calificado de requisito

positivo por la citada Comunicación de la Comisión, la EP debe ejercer con

carácter permanente todas las funciones propias de una entidad económica

independiente. Según el segundo requisito, calificado de requisito negativo

en el mismo texto, la EP no debe implicar coordinación de la actuación

competitiva, ni entre las empresas matrices ni entre éstas y la EP. En caso

```

```
2.I.C.§l.c.p.lO

de no cumplirse uno de los dos requisitos, el acuerdo de las partes puede ser

analizado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 85 del Tratado. En

principio, se someterá al procedimiento acelerado establecido para este tipo

de operaciones^ [8] '.

<T8> Primer requisito: entidad económica autónoma

            establecida con carácter permanente

268. En el asunto Philips/Thomson/Sagem, las partes habían creado una empresa

en participación para la fabricación de pantallas de cristal líquido,

principalmente para satisfacer sus propias necesidades de suministro. Aunque

la Comisión no 'se pronunciara expresamente sobre la cuestión de la

independencia, de su decisión se deduce que, si bien las partes sólo iban a

adquirir cerca del 30% de la producción de la empresa en participación, no

podía excluirse que este procentaje aumentara en el futuro. En estas

condiciones, la independencia de la EP podía verse en peligro. Este enfoque,

que se ajusta a lo dispuesto en el apartado 16 de la citada Comunicación y a

la práctica de la Comisión en la materia (véase el asunto Flachglas/Vegla)

también fue aplicado en el asunto British Telecom/MCI.

269. En el asunto Pasteur-Mérieux/Merck, las dos empresas matrices, que

ocupaban respectivamente el tercero y el décimo puesto en el mercado mundial

de vacunas humanas, reagruparon sus actividades en Europa Occidental.

Pasteur-Mérieux (PM) aportaba a la EP el conjunto de su infraestructura de

distribución en la zona considerada, de forma que la EP podía encargarse de

la distribución del conjunto de los productos previamente distribuidos por

separado por las partes. Como contrapartida, habida cuenta de que el ámbito

de actividad de la EP se limitaba exclusivamente a Europa Occidental, las

partes no le transferían ni las actividades de investigación y desarrollo

(I+D), ni las actividades de producción, ni la totalidad de los derechos de

propiedad industrial. El conjunto de estos elementos condujo a la Comisión a

la conclusión de que la EP no tenía autonomía, y el asunto fue examinado a la

luz de lo dispuesto en el artículo 85 del Tratado CE.

(8) Puntos 193 y 194 del presente Informe.

```

```
2.I.C.§l.c.p.ll
##### 185

Por otro lado, las empresas matrices debían conservar íntegramente la

totalidad de las actividades de I+D. La EP sólo podía acceder a ellas a

través de un Comité de Desarrollo; por lo tanto, sus competencias se

limitaban a la emisión de "recomendaciones" sobre las investigaciones que se

debían realizar para la mejora de los productos ya comercializados. En cuanto

a los productos nuevos, la EP no disponía de poder de decisión autónomo,

salvo cuando debía adoptarse una decisión de carácter comercial en relación

con su territorio, nunca en la fase anterior de la investigación.

Reconociendo al mismo tiempo que las características específicas del sector

podían dificultar la transferencia de las actividades de I+D, la Comisión

observó que, por las razones que se acaban de exponer, la EP no ejercería una

influencia dominante en todas las fases del proceso de I+D. Habida cuenta de

la importancia de estas actividades en el sector de las vacunas, la

conclusión fue que la inexistencia de influencia dominante no permitiría a la

EP actuar como una entidad autónoma en el mercado.

La Comisión llegó a la misma conclusión con respecto al proyecto de no

transferir las actividades de producción a la EP, mientras que las

posibilidades de ésta de acceder a proveedores independientes resultaban

extremadamente limitadas, tanto desde el punto de vista jurídico como desde

la perspectiva económica.

Por último, ni PM ni Merck cederían las patentes de los productos existentes;

las de los futuros productos sólo se cederían en la medida en que la

fabricación y la venta fuera del territorio de la CE resultara posible para

las empresas matrices. La Comisión concluyó que estas disposiciones

permitirían a las empresas matrices reincorporarse al mercado en caso de

disolución de la EP.

<T8> Segunda condición: falta de coordinación

              de la actuación competitiva

270. En 1991 (en el asunto Thomson/Pilkington) y, posteriormente, en 1992 (en

el asunto Del Monte/Royal Food/Angelo American), la Comisión sostuvo que una

presencia residual muy limitada de las empresas matrices en el mismo mercado

que la EP no es suficiente, por lo general, para que exista coordinación de

la actuación competitiva y que, por consiguiente, no constituye un obstáculo

a la aplicación del Reglamento sobre operaciones de concentración. Durante

```

```
2.I.C.§l.c.p.l2

##### 186

1993, la Comisión reafirmó esta posición en repetidas ocasiones. En los

asuntos Aegon/Scottish Equitable y Toyota Motor Corp./Walter Frey/Toyota

France, Allied Signal/Knorr-Bremse y FORTIS/ASLK-CGER, una de las empresas

fundadoras operaba de forma marginal en el mismo mercado que la EP sin que

ello fuera óbice para calificar la operación como de carácter concentrativo.

La coordinación de la actuación competitiva puede derivarse asimismo de la

actividad de las empresas matrices en mercados de productos afines, ligados

al mercado en el que opera la EP. La Comisión decide caso por caso, basándose

en una evaluación específica. De este modo, en el asunto

Philips/Thomson/Sagem, la Comisión estimó que el grado de interdependencia

existente entre los mercados de los distintos tipos de pantallas (plasma,

cristal líquido, tubos catódicos, etc.) era tal que la coordinación de la

actuación competitiva era extremadamente probable, tanto entre las empresas

fundadoras como entre éstas y la EP. Por el contrario, en su decisión en el

asunto Harrisons & Crosfield/Akzo, la Comisión concluyó que, aunque la EP y

las empresas matrices producían en parte los mismos productos, la existencia

de un riesgo de coordinación no era previsible, dado que los productos de la

EP y los de sus empresas matrices estaban destinados a aplicaciones muy

diferentes.

271. En el asunto Sita/RPC/Scori, las empresas matrices adquirieron el

control conjunto de una empresa existente (Scori) que operaba en el sector de

tratamiento de residuos industriales especiales, aunque ya operaban en el

mismo mercado de producto y geográfico a través de una filial común

(denominada Teris). En esta ocasión, la Comisión observó que, teniendo en

cuenta el hecho de que Scori y Teris estarían sujetas con carácter permanente

a una dirección económica única, independientemente de la estructura jurídica

del grupo, no había coordinación posible entre estas dos empresas en

participación. En la misma decisión, la Comisión sostuvo que el hecho de que

                                      >

Scori, en cuanto a una parte de su actividad, actuase por cuenta de una de

las empresas matrices, en calidad de gestora, no podía dar lugar a una

coordinación de la actuación competitiva al no disponer Scori de ninguna

autonomía real en ese ámbito.

```

```
2.I.C.§2.a.p.13

<T3> §2. Evaluación de las operaciones de concentración

```

##### 187

```
2 72. La evaluación de las operaciones de concentración consta generalmente de

tres fases: definición del mercado de producto, determinación del mercado

geográfico de referencia y juicio de compatibilidad de la operación con el

mercado común. Los mercados de productos y geográfico de referencia

establecen el contexto en el que analizar el poder en el mercado de la nueva

entidad. La Comisión, en sus decisiones con arreglo al artículo 6, puede

dejar abierta la precisión del mercado de producto o geográfico de referencia

si comprueba que ni siquiera partiendo de la definición de mercado más

precisa posible se crea o refuerza una posición dominante.

<T5> a. Definición del mercado de productos

273. Las decisiones adoptadas muestran que la metodología de la Comisión se

basa claramente en el criterio de sustituibilidad desde el punto de vista de

la demanda y en la definición del mercado de productos como aquel que incluye

"todos aquellos productos que el consumidor considera intercambiables o

sustituibles entre sí debido a las características, precios y uso previsto de

los mismos". Este enfoque implica una evaluación económica objetiva. En

algunas ocasiones, la Comisión considera conveniente distinguir distintos

mercados de producto para el mismo grupo de productos, que corresponden a

distintas categorías de clientes cuya demanda presenta diferentes

características. La Comisión también puede investigar si es conveniente

integrar la sustituibilidad desde el punto de vista de la oferta (facilidad

que tienen otros fabricantes para cambiar su producción hacia los productos

fabricados por las sociedades objeto de concentración) en la definición del

mercado de productos. Por último, la Comisión también examina a veces datos

sobre los precios (niveles, elasticidad y correlaciones) para determinar

hasta qué punto pueden complementar las investigaciones basadas en los demás

criterios.

274. En algunas decisiones, se ha utilizado el criterio de la sustituibilidad

desde el punto de vista de la demanda para definir mercados de productos. En

el asunto Procordia/Erbamont, se consideró que medicinas diferentes

pertenecían a mercados de productos distintos no sólo por sus propiedades

```

```
2.I.C.§2.a.p.14

##### 188

intrínsecas, sino también porque servían para tratar enfermedades

diferentes ^ [9] ' .

275. Algunas decisiones hacen referencia a la existencia de distintas

categorías de clientes o segmentos de mercado. En el asunto Costa

Crociere/Chargeurs/Accor, la Comisión se centró en el mercado de cruceros

como segmento distinto dentro del mercado de viajes organizados, porque

observó que una proporción significativa de clientes (cerca de la mitad)

constituía un mercado "cautivo" de los cruceros y no mostraba reacción

cuando los precios sufrían aumentos significativos (aunque la Comisión no

llegó a investigar la posibilidad de que existiera discriminación en cuanto

a los precios por parte de los organizadores de cruceros frente a estos

clientes "cautivos"). En el asunto Nestlé/Italgel, el mercado de helados

resultó estar dividido en tres segmentos distintos, correspondientes a tres

categorías de productos: "de impulso", para consumo en el hogar y del sector

de la restauración. En el asunto Ericsson/Hewlett Packard, los sistemas de

gestión de redes de telecomunicación mostraban una evolución, como

consecuencia de la liberalización del sector, para hacer frente a la gran

variedad de clientes que estaban surgiendo al margen de los tradicionales,

pertenecientes al sector público.

276. Por lo general, la Comisión considera el criterio de sustituibilidad

desde el punto de vista de la oferta en su evaluación de la posible posición

dominante (es decir, como competencia potencial). A veces este criterio se

tiene en cuenta en la definición del mercado de productos, pero,

generalmente, no es condición suficiente para ampliar la definición del

mercado de referencia. Así, en el asunto KNP/BT/VRG, el del cartón para

artes gráficas fue considerado un mercado separado por las características

de su uso final y por su precio más elevado, a pesar de la existencia de

maquinaria de finalidad múltiple que permite a los fabricantes producir

tanto cartón para artes gráficas como cartón para envasado.

277. El factor precio también ha sido tomado en consideración en algunas

decisiones. En el asunto Costa Crociere/Chargeurs/Accor se intentó

investigar la elasticidad precio: una amplia encuesta, dirigida a clientes y

operadores y agencias de viajes, reveló que un aumento del precio de los

 9) Véanse también los asuntos Costa Crociere/Chargeurs/Accoi
```

`Thomson/Short,` `Rhône Poulenc/SNIA` `II,` `Fletcher` `Challenge/.Me` `t.` _h^.ner:_
```
   KNP/BT/VRG Y Zurich/MMI.

```

_2.:_ `I.C.§2.a.p.15`

##### 189

```
cruceros en un 10% reduciría la demanda más o menos a la mitad, pero no

afectaría a la otra mitad. En el asunto Thomson/Shorts, los misiles de muy

corto, de corto y de medio alcance fueron considerados constitutivos de

mercados de productos distintos, entre otras razones, porque a mayor alcance,

los precios aumentaban significativamente.

<T5> b. Determinación del mercado geográfico de referencia

278. En los distintos mercados de productos considerados, la Comisión ha

observado la existencia de mercados locales, nacionales, regionales,

comunitarios y mundiales. La determinación del mercado geográfico de

referencia en el que compiten los proveedores constituye una evaluación

económica objetiva (véase la letra a) del apartado 1 del artículo 2 ) .

279. El Reglamento define el mercado geográfico de referencia como "un

territorio sobre el que las empresas en cuestión intervienen en la oferta y

la demanda de bienes y servicios, en el que las condiciones de competencia

son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de los territorios

vecinos en particular por las condiciones de competencia notablemente

diferentes de las de dichos territorios"^ [10] '.

En las decisiones se hace hincapié en las características de la oferta y la

demanda. Entre los factores considerados en el análisis de las condiciones de

competencia en los mercados geográficos se cuentan estos dos indicadores

generales, así como otros que ejercen una influencia decisiva en la

delimitación del mercado. Los indicadores generales incluyen la distribución

geográfica de las cuotas de mercado y los precios relativos, así como la

localización de los principales proveedores. Desde el punto de vista de la

demanda, que no se verá directamente influida por la normativa del mercado

interior, la Comisión analiza los factores que determinan las preferencias

del consumidor, tales como las diferencias lingüísticas y culturales, la

fidelidad a una marca y las pautas que rigen la decisión definitiva del

consumidor a la hora de comprar. Desde el punto de vista de la oferta, sobre

la que la normativa del mercado interior sí puede ejercer una influencia

significativa, la Comisión examina las barreras de acceso al mercado (cuotas,

aranceles, normas técnicas y preferencias de contratación pública), los

(10) Véase el apartado 7 del artículo 9

```

```
2.I.C.§2.b.p.16

##### 190

costes de transporte, los sistemas de distribución y las cifras generales

sobre flujos comerciales.

280. El uso de indicadores generales se pone de manifiesto en algunas

decisiones. En el asunto Rhône Poulenc/SNIA II, la ausencia de diferencias en

el precio de un producto intermedio (fibras textiles de nylon) sirvió para

determinar un mercado geográfico que abarcaba todo el territorio de Europa

Occidental. Por el contrario, en el asunto Nestlé/Italgel, las diferencias de

precios entre países llevaron a determinar un mercado geográfico

predominantemente nacional con respecto a un bien de consumo (el helado). En

el asunto Harrisons/Crosfield/AKZO, se concluyó que el mercado geográfico de

los tres grupos de productos industriales era de dimensión comunitaria,

debido, entre otras razones, a la presencia de importantes proveedores en

varios Estados miembros con elevadas cuotas de mercado. En el asunto

Thomson/Shorts, la presencia de un proveedor nacional de equipamiento de

defensa se consideró suficiente para establecer un mercado nacional, y la
ausencia de proveedores nacionales indicaba una competencia internacional o

incluso mundial^ [11] '.

281. En lo que respecta a factores específicos de la demanda, en casos

relacionados con productos de consumo final se tomó en consideración la

existencia de preferencias inherentes al consumidor y las repercusiones de la

publicidad. Así, en el asunto Nestlé/Italgel, los mercados de helados se

consideraron fundamentalmente nacionales al existir perfiles de consumidores

y hábitos de consumo nacionales, además de darse el fenómeno de la fidelidad

a una marca nacional. En el asunto Cpsta Crociere/Chargeurs/Accor, se

determinó que los mercados de cruceros y de viajes organizados eran de

dimensión nacional teniendo en cuenta, entre otras razones, las diferencias

nacionales que presentaban las pautas de consumo (los cruceros son mucho más

populares en Francia y en Alemania que, por ejemplo, en España), la necesidad

de publicar prospectos en varios idiomas, y la existencia de campañas

publicitarias destinadas a audiencias nacionales. También aquí las pautas de

compra demostraron ser un factor importante para delimitar los mercados

geográficos. El caso de los productos intermedios lo ilustra el asunto

KNP/BT/VRG, en el que el mercado de distribución y de servicio técnico de

prensas de imprenta resultó ser nacional, sobre todo porque los consumidores

(impresores) insisten en que los distribuidores cuentan con una red de

(11) Véanse también los asuntos Fletcher Challenge/Methanex, KNP/BT/VRG y
   Costa Crociere/Chargeurs/Accor.

```

```
2.I.C.§2.b.p.17

```

191

```
servicio local de mantenimiento y reparación muy desarrollada; asimismo, en

el asunto Pilkington-Techint/SIV, los breves plazos de respuesta y la calidad

del servicio local en lo que respecta al suministro de determinados tipos de

vidrio utilizado en el sector de la construcción parecía sugerir la

existencia de mercados nacionales o incluso regionales. En cambio, en el

asunto Continental/Kalicko/DG-Bank/Benecke, la política de compras a escala

europea puso de manifiesto unos mercados comunitarios de componentes de

automóvil. En cuanto a los bienes de consumo, las zonas de captación locales

constituían los mercados geográficos de referencia en los dos asuntos

examinados en relación con el comercio al por menor, Kingfisher/Party y

Ahold/Jerónimo Mart ins /Inovacât».

282. En lo que respecta a factores específicos de la demanda, la presencia de

flujos comerciales significativos fue tomada en consideración para indicar la

existencia de mercados de productos industriales por lo menos de dimensión

comunitaria en varios asuntos: Harrisons & Crosfield/AKZO, Fletcher

Challenge/Methanex y Rhône Poulenc/SNIA II. Por el contrario, en el asunto

Kali und Salz/MdK/Treuhand, el insignificante nivel de importaciones de

potasa en Alemania mostró la existencia de un mercado distintió. El reducido

volumen de comercio transnacional (menos del 10% del consumo total) llevó a

la conclusión de que los mercados de un bien de consumo (helado) eran de

dimensión nacional en el asunto Nestlé/Italgel.

283. En cuanto a las barreras de acceso a los mercados (otro factor desde el

punto de vista de la oferta), en los asuntos Harrisons & Crosfield/AKZO Y

Fletcher Challenge/Methanex, la existencia de un arancel comunitario externo

mostró que se trataba de mercados comunitarios de productos industriales. En

sentido contrario, en el asunto DASA/Fokker, la ausencia de obstáculos puso

de relieve la dimensión mundial de los mercados de aeronaves. Las normas

técnicas y la regulación pública también constituyen barreras de acceso a los

mercados. Ambos factores fueron tomados en consideración para demostrar la

existencia de mercados nacionales en el sector farmacéutico -asunto Gehe

AG/OCP SA- y en el sector de seguros -asuntos Zurich/MMI Y Fortis/CGER-. Por

otro lado, la armonización de normas técnicas sirvió de criterio para indicar

que los mercados de productos electrónicos eran de dimensión comunitaria en

el asunto Philips/Grundig. En el asunto American Cyanamid/Shell, se aludió al

problema de cómo estimar el plazo en el que desaparecerán las barreras

reglamentarias como consecuencia de la entrada en vigor de la normativa del

mercado interior; los regímenes reglamentarios nacionales, que fomentan la

```

```
2.I.C.§2.b.p.18
##### 192

comercialización nacional de productos de protección de los cultivos, fueron

sustituidos en julio de 1993 por directivas comunitarias que establecen el

mutuo reconocimiento de las autorizaciones nacionales, pero se sostuvo que

ello no facilitaría a corto plazo el flujo comercial de estos productos en la

       '
Comunidad^ [12] .

284. Los elevados costes de transporte se consideraron el factor que podía

reducir la dimensión de los mercados geográficos de productos petroquímicos

líquidos en el asunto Fletcher Challenge/Methanex, de cartón para envasado en

el asunto KNP/BT/VRG, y de productos industriales de caucho en el asunto

Synthomer/Yule Catto. Por el contrario, en el asunto Pilkington-Techint/SIV,

los mercados de ciertos tipos de vidrio plano se consideraron comunitarios,

porque los costes de transporte resultaron ser relativamente reducidos con

respecto a los productos transportados, de alto valor añadido. Las

diferencias nacionales en los canales de distribución de componentes de los

sistemas de escape para automóviles apuntaron a la existencia de mercados

nacionales en los asuntos Arvin/Sogefi y Knorr-Bremse/Allied Signal.

<T5> c. L/UÍCÍO de compatibilidad de las operaciones

285. En 1993, la Comisión autorizó 49 fusiones notificadas en la primera fase

del procedimiento, al no surgir serias dudas respecto de su compatibilidad

con el mercado común (decisiones con arreglo a la letra b) del apartado 1 del

artículo 6) . En un asunto examinado en la primera fase, British Airways/Dan

Air, la Comisión analizó por vez primera las repercusiones de una operación

de concentración de dimensión no comunitaria sobre la competencia en el

territorio de un Estado miembro, en respuesta a la solicitud presentada por

Bélgica en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 del

Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración entre

empresas. En cuatro casos, la Comisión inició la segunda fase del

procedimiento con objeto de llevar a cabo una investigación exhaustiva de

operaciones que planteaban serias dudas (decisiones con arreglo a la letra c)

del apartado 1 del artículo 6). De estos cuatro casos, la Comisión autorizó

una fusión (Pilkington-Techint/SIV) sin imponer condiciones ni obligaciones,

porque concluyó que no se creaba ni reforzaba una posición dominante

(decisión con arreglo al primer párrafo del apartado 2 del artículo 8) . En

otros dos casos (Kali+Salz/MdK/Treuhand), la Comisión estimó que la fusión

(12) Véase también el asunto Hoechst/Schering,

```

```
2.I.C.§2.c.p.19

#### 193

llevaría a una posición dominante. No obstante, las partes contrajeron

ciertos compromisos y, como consecuencia de ello, finalmente se adoptó una

decisión de compatibilidad sujeta a una serie de condiciones y obligaciones

(decisión con arreglo al segundo párrafo del apartado 2 del artículo 8) . En

el primero de estos dos casos, la Comisión fijó un criterio según el cual, en

situaciones excepcionales, puede considerarse que una fusión no provoca una

posición dominante si ésta se habría creado o reforzado igualmente de no

producirse la fusión. El último de los cuatro asuntos que pasaron a la

segunda fase (Mannesmann/Vallourec/Ilva) seguía pendiente a finales de 1993.

286. En la decisión sobre eí^ asunto Nestlé/Perrier, adoptada en 1992, la

Comisión interpretó el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento sobre el

control de las operaciones de concentración en el sentido de que abarcaba

también las posiciones dominantes colectivas u oligopolísticas. Durante 1993,

la posibilidad de que se creara o reforzara una posición dominante colectiva

fue objeto de análisis en una serie de casos, de los cuales cuatro se

analizan a continuación (Rhône-Poulene/SNIA, Allied Signal/Knorr Bremse,

Kali+Salz/MdK/Treuhand y Pilkington-Techint/SIV) . En su evaluación, la

Comisión examinó las estructuras y condiciones de mercado con el fin de

determinar: (i) la probabilidad de una actuación incompatible con las normas

de la competencia por parte de los miembros del grupo oligopolistic©, proceso

que puede requerir la evaluación de una serie de factores, entre los que

destacan la transparencia del mercado, las respectivas posiciones de las

partes en el mismo o los posibles vínculos estructurales; y (ii) las posibles

limitaciones a esta actuación ejercidas por elementos competitivos externos

al grupo oligopolístico.

<T6> RHÔNE POULENC/SNIA (primera fase)

287. Rhône-Poulenc y SNIA crearon una empresa en participación, Europa, a la

que aportaban todas sus actividades en el ámbito de las fibras de nylon para

aplicaciones textiles. Las dos empresas ya habían puesto en común sus

actividades en sectores afines (fibras para alfombras, aplicaciones textiles

e industriales) en una empresa en participación autorizada por la Comisión el

10 de agosto de 1992< [13] ).

(13) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 258.

```

```
2.1.C.§2.c.p.20
### 194

288. Aunque Europa tendrá una cuota de mercado significativa en el sector de

las fibras de nylon para aplicaciones textiles en la CEE (cerca del 42%), la

Comisión consideró que la operación no llevaría a la creación de una posición

de dominio individual, habida cuenta de una serie de factores: presencia de

poderosos competidores, en especial Du Pont, el líder mundial en el sector,

con una cuota de mercado del 23% en la CE, exceso de capacidad productiva y

falta de vínculos a largo plazo entre proveedores y clientes.

289. A la luz del significativo aumento del grado de concentración del

mercado comunitario de fibras textiles de nylon como consecuencia de la

operación, gracias a la cual Du Pont y Europa alcanzaban una cuota de mercado

combinada de cerca del 66%, la Comisión también examinó si la concentración

podía crear o reforzar una posición dominante oligopolística, y llegó a la

conclusión de que las características estructurales del mercado hacían poco

probable la aparición de una actuación paralela derivada de una situación de

interdependencia oligopolística. Se apreciaban las siguientes

características:

   no se trata de un producto homogéneo;

   el entorno competitivo no es estable, debido a que la innovación es un

   factor esencial y en continua evolución en este sector, lo que conduce

   al desarrollo de nuevos productos que generalmente no están patentados;

   los precios son, por lo general, escasamente transparentes, debido a las

   negociaciones individuales entre proveedores y clientes;

   el exceso de capacidad estructural que caracteriza el mercado y las

   presiones competitivas procedentes del exterior de la CE limitan la

   capacidad de las partes de aumentar los precios; y

   no hay vínculos duraderos entre proveedores y clientes.

290. En el pasado, la presencia de las partes en el mercado de las fibras

textiles de nylon era enormemente competitiva, lo que permitió reducir los

precios en los últimos años. Estos antecedentes llevaron a la Comisión a

concluir que antes de la operación no existía una posición dominante

```

```
2.I.C.§2.c.p.21

##### 195

oligopolística. A la luz de los elementos señalados, no estaba previsto que

la situación competitiva cambiara como consecuencia de la operación de

concentración.

<T6> ALLIED SIGNAL/KNORR BREMSE (primera fase)

291. Knorr Bremse, una empresa alemana, y el grupo estadounidense Allied

Signal crearon una empresa en participación de ámbito mundial en la que

agruparon sus actividades en el sector de los sistemas de frenado neumático

para camiones medianos y pesados, autobuses y remolques. Los sistemas de

frenado neumático constan de dos partes: el sistema de mando, que genera y

controla la fuerza de frenado, y el freno propiamente dicho, que aplica la

fuerza de frenado a la rueda. Fueron objeto de la operación de concentración

los dos componentes, así como otros productos afines.

292. La Comisión analizó las repercusiones de la operación sobre los

siguientes productos del mercado: componentes de sistemas de mando de frenado

neumático, incluido el ABS, para vehículos comerciales de más de seis

toneladas, frenos neumáticos para vehículos comerciales de más de seis

toneladas, componentes del control de nivelación, cilindros, servoembragues,

y mercado independiente de piezas de repuesto de los componentes de los

sistemas de frenado neumático.

293. En lo que respecta a los componentes de los sistemas de mando, en todos

los mercados, a excepción del mercado de ABS, la empresa en participación

reforzaría la posición de las partes frente al actual líder del mercado,

Wabco, que pertenece al grupo Westinghouse; en cuanto a los compresores y

secadores de aire, la empresa en participación se situaría a la cabeza del

mercado, con una cuota próxima al 50%. Habida cuenta de la presencia de Wabco

y otros importantes competidores con capacidad técnica y buena reputación en

materia de innovación en todas las áreas relacionadas con los componentes de

los sistemas de mando, el poder adquisitivo de los fabricantes de camiones y

la posible competencia de empresas de sectores afines, la Comisión concluyó

que la operación de concentración no crearía ni reforzaría una posición

dominante singular para la empresa en participación.

```

```
2.I.C.§2.C.p.22

###### 196

2 94. Pero la operación resultaría en un aumento del nivel de-concentración en

el mercado de componentes, con cuotas de mercado combinadas de la empresa en

participación y Wabco de más de dos tercios, repartidas de forma más

equitativa que antes dé la operación. Como consecuencia de ello, la Comisión

examinó si la operación crearía o reforzaría una posición dominante

oligopolísitca en dichos mercados. A pesar del alto grado de concentración,

la Comisión llegó a una conclusión negativa, basándose en los siguientes

argumentos :

   la falta de transparencia de los precios, derivada del hecho de que los

   proveedores negocian individualmente con los fabricantes de vehículos,

   la importancia de criterios distintos al de los precios y la falta de

   estabilidad del entorno competitivo, ante el rápido progreso tecnológico

   que experimenta el sector, dificultarían extremadamente un

   comportamiento coordinado; y

   el poder adquisitivo de los fabricantes de camiones y la competencia

   potencial de empresas de mercados adyacentes limitaría en la práctica el

   poder de la empresa en participación y de Wabco en el mercado

   considerado.

2 95. En cuanto al mercado independiente de piezas de repuesto de componentes

de los sistemas de frenado neumático, a pesar de que aumentaría el grado de

concentración, la Comisión concluyó que no se crearía ni reforzaría una

posición dominante individual ni oligopolística, porque la libertad de los

fabricantes para aumentar los precios en dicho mercado resultaría limitada

por los precios de venta de las piezas de repuesto que fijan los propios

concesionarios de los fabricantes de camiones. En otros mercados afectados

por la operación, la concentración no plantearía serias dudas en cuanto a su

compatibilidad con el mercado común, habida cuenta de la reducida cuota de

mercado de las partes y de la presencia de poderosos competidores.

296. Sin perjuicio de su decisión de autorizar la concentración en

consideración a los factores favorables que presentaba el caso, la Comisión

acordó vigilar estrechamente la evolución de la competencia en los mercados

de componentes de vehículos, teniendo en cuenta que el proceso de

concentración se estaba acentuando.

```

```
2.I.C.§2.c.p.23

<T6> KALI+SALZ/MdK/Treuand (segunda fase)

```

##### 197

```
2 97. Este asunto se refería a la operación de fusión de las actividades

relativas a la sal y a la potasa de las empresas Kali+Salz (K+S), filial de

BASF, y MdK, empresa estatal de la antigua RDA. La operación consistía en la

creación de una empresa en participación entre K+S y el único accionista de

MdK, el Treuhand, organismo público encargado de la privatización de MdK.

2 98. El centro de gravedad de la concentración reside en el ámbito de los

productos basados en la potasa utilizados en la agricultura. La Comisión

examinó las repercusiones de la operación en dos mercados geográficos

distintos de potasa de uso agrario, el mercado alemán y el mercado

comunitario excluida Alemania.

299. En lo que respecta al mercado alemán de potasa de uso agrario, la

Comisión observó que, como consecuencia de la concentración, la posición

dominante de K+S se vería reforzada. La competencia fuera del grupo K+S/MdK

sería insignificante, y el acceso de nuevas empresas al mercado sería poco

probable, teniendo en cuenta la existencia de importantes barreras.

300. No obstante, la Comisión concluyó que el reforzamiento de la posición

dominante de K+S en el mercado alemán se produciría también si no tuviera

lugar la operación de concentración que, por lo tanto, no podía considerarse

la causa del deterioro de la estructura del mercado. En consonancia con esta

línea argumentai, una fusión que normalmente llevaría a la creación o el

reforzamiento de una posición dominante, podía, en casos excepcionales, no

producir tales efectos, si se dan los siguientes factores:

   de no ser por su adquisición, la empresa adquirida se vería obligada a

   abandonar el mercado a corto plazo;

   la cuota de mercado de la empresa adquirida acrecería a la empresa

   adquiriente; y

   no existía otra alternativa de adquisición menos restrictiva de la

   competencia.

```

```
2.I.C.§2.C.p.24
##### 198

El caso presentaba los elementos, suficientes para concluir que se complían

estas tres condiciones. Este resultado sería, además, coherente con el

objetivo fundamental de reforzar la cohesión económica y social de la

Comunidad a que hace referencia el considerando 13 del Reglamento sobre

control de las operaciones de concentración. La Comisión, por consiguiente,

decidió que, a este respecto, la operación era compatible con el mercado

común.

301. En lo que respecta al mercado comunitario excluida Alemania, K+S y SCPA,

proveedor francés, controlarían, como consecuencia de la operación, cerca del

60% de las ventas de potasa. La Comisión determinó que la oferta fuera de

este grupo dominante estaba fragmentada, y que los restantes productores no

parecían capaces de limitar el poder del grupo en el mercado.

302. Además, las características estructurales del mercado -un producto

homogéneo, condiciones de mercado transparentes y falta de innovación

tecnológica- y los antecedentes de la actuación anterior de K+S y SCPA

también sugerían que la operación llevaría a una situación de dominación

colectiva por parte de K+S/MdK y SCPA. No obstante, característica específica

del caso y, al mismo tiempo, argumento principal para demostrar la ausencia

de competencia real entre los miembros del grupo dominante•era la existencia

de vínculos excepcionalmente estrechos entre K+S y SCPA. En concreto, las dos

empresas tenían una empresa en participación en Canadá denominada Potacan,

con un volumen de producción equivalente a una gran parte de la producción

total de SCPA. La empresa en participación revestiría una especial

importancia para SCPA en el futuro, porque, sus reservas de potasa se iban a

agotar próximamente. La cooperación entre K+S y SCPA en el cartel de

exportación Kali Export GmbH, con sede en Viena, parecía también restringir

la competencia efectiva entre las empresas dentro de la Comunidad. Por

último, K+S y SCPA mantenían desde hace tiempo estrechos vínculos en lo que

respecta al suministro de potasa, como consecuencia de los cuales K+S no

actuaba de forma significativa como competidor independiente en el mercado

francés.

303. Con el fin de afianzar los vínculos entre K+S y EMC/SCPA y, de este

modo, paliar los efectos negativos de la concentración en el mercado

comunitario excluida Alemania, las partes ofrecieron los siguientes

compromisos :

```

```
2.I.C.§2.c.p.25

##### 199

   K+S y la empresa en participación creada entre K+S y el Treuhand se

   retirarían del cartel de exportación Kali Export GmbH;

   K+S establecería su propia red de distribución para los productos

   derivados de la potasa en la CE, especialmente en Francia; y

   K+S modificaría la estructura de Potacan de tal modo que cada miembro

   pudiera comercializar de forma independiente en la Comunidad la potasa

   obtenida de Potacan.

304. La Comisión estimó que''-los dos primeros compromisos despejaban las

dudas que surgían con respecto a los vínculos de K+S y SCPA en el cartel de

exportación y a los suministros en el mercado francés. Por lo tanto, vinculó

su decisión a una serie de obligaciones para garantizar que las partes

cumplieran estos compromisos. En cuanto al tercero, la Comisión decidió no

imponerlo como una obligación formal, teniendo en cuenta que un compromiso

satisfactorio con respecto a Potacan sólo resultaría posible con el acuerdo

de EMC. La empresa en participación Potacan ya ha sido objeto de un

procedimiento conforme al artículo 85 del Tratado en el que, al contrario que

en el procedimiento relativo a la fusión, EMC también es parte interesada. En

caso de que K+S no logre llegar a un acuerdo con EMC a pesar de actuar con

toda la diligencia debida en este sentido, habrá de encontrarse una solución

en el marco del procedimiento del artículo 85.

<T6> KNP/BT/VRG (segunda fase)

305. Este caso se refería a la fusión entre dos grupos neerlandeses de

fabricantes de papel, cartón y envases, KNP y BT, y un distribuidor

neerlandés de papel y sistemas de impresión, VRG. La operación suscitaba un

problema de posición dominante en los mercados de distribución y servicio

técnico de prensas de imprenta en Bélgica y los Países Bajos.

306. En cuanto a la transformación de papel viejo en cartón y a la

distribución de papel para artes gráficas, 'la Comisión concluyó que la fusión

no llevaría a una posición dominante. Aunque las partes alcanzarían cuotas de

mercado superiores al 2 5% en algunos segmentos de estos mercados, no se

crearía ni reforzaría una posición dominante, teniendo en cuenta, entre otros

factores, la presencia de otros competidores significativos, las

```

```
2.I.C.§2.c.p.26

```

200

```
posibilidades de sustitución y las opiniones de los clientes consultados por

la Comisión en el sentido de que se podría disponer rápidamente de fuentes de

suministro alternativas.

307. Con respecto a las prensas de imprenta, con anterioridad a la fusión,

las empresas BT y VRG distribuían y prestaban el servicio técnico en

exclusiva de prensas de imprenta fabricadas por los dos principales

proveedores europeos, Heidelberg y MAN-Roland, respectivamente, y competían

entre sí en Bélgica y los Países Bajos. Como resultado de la fusión, la nueva

entidad tendría una cuota de mercado de más de dos tercios en cada uno de los

dos países considerados.

308. Con objeto de determinar si la operación daría lugar a una posición

dominante con respecto a las prensas de imprenta, la Comisión analizó los

siguientes factores:

   los distribuidores de otras prensas de imprenta, como la empresa

   japonesa Komori, que actualmente compiten con las partes en Bélgica o

   los Países Bajos, tienen una presencia muy reducida en el mercado. No

   disponen de una red de servicio amplia, y las prensas que distribuyen no

   cuentan con la arraigada reputación de las de Heidelberg y MAN-Roland en

   Europa ;

   En lo que se refiere al mantenimiento y al servicio postventa, los

   escasos proveedores independientes existentes en Bélgica y los Países

   Bajos no podrían limitar de forma significativa el poder de la entidad

   fusionada en el mercado, teniendo en cuenta su reducido tamaño y su

   falta de capacidad tecnológica;

   El acceso satisfactorio a los mercados belga y neerlandés de

   distribución de prensas de imprenta dependería de la calidad y la

   reputación del producto. Dado que existen muy pocas marcas arraigadas,

   la posibilidad de acceder al mercado de distribución es extremadamente

   limitada;

```

```
2.I.C.§2.c.p.27

##### 201

   los clientes son pequeñas empresas y están muy dispersos, de modo que es

   poco probable que pudieran restringir el poder de las partes en el

   mercado. Además, les resultaría difícil cambiar de fabricante de prensas

   de imprenta si no estuvieran satisfechos con el servicio ofrecido por

```

`las` `partes.` _t_

```
309. A la luz de las consideraciones expuestas, la Comisión llegó a la

conclusión de que la operación llevaría a una posición dominante en los

mercados de distribución y servicio técnico de prensas de imprenta en Bélgica

y los Países Bajos. Teniendo en cuenta la estructura de los mercados

considerados, cabe presumir que esta posición dominante no desaparecería

prontamente, sino que sería duradera e impediría significativamente el

desarrollo de una competencia efectiva.

310. No obstante, las partes contrajeron un compromiso con la Comisión para

poner fin a su relación de distribución bien con Heidelberg o con MAN-Roland

en Bélgica y los Países Bajos. Además, se comprometieron a desprenderse de

los activos relacionados con la distribución y el servicio técnico de las

prensas de imprenta, dando así por terminada la relación, incluida la

transferencia de personal y de los contratos para la prestación del servicio

técnico, de tal manera que el comprador tuviera la garantía de poder

establecerse como distribuidor independiente en los mercados belga y

neerlandés.

311. De conformidad con estos compromisos, la combinación de las actividades

de distribución y de prestación del servicio técnico que se derivaría de la

fusión no va a tener lugar. Por consiguiente, la Comisión declaró la

operación compatible con el mercado común, siempre que se cumplan las

obligaciones aceptadas por las partes.

```

```
2.I.C.§2.c.p.28

<T6> PILKINGTON-TECHINT/SIV (segunda fase)

```

##### 202

```
312. Este asunto se refería a la adquisición del control conjunto, por parte

de Pilkington y Techint, de SIV, un fabricante de vidrio plano y de seguridad

para automóviles que anteriormente había sido propiedad del Estado italiano.

313. La Comisión analizó las repercusiones de la operación de concentración

en el mercado de vidrio flotado en dos niveles: (i) nivel 1, que corresponde

a la producción y venta de vidrio flotado primario, en bruto; (ii) nivel 2,

en el que el vidrio flotado en bruto se somete a un tratamiento posterior

antes de la venta y distribución al usuario final (sector del automóvil o

comercio en general).

314. Como consecuencia de la operación de concentración, el suministro de más

del 90% del mercado comunitario de vidrio flotado correría a cargo de cinco

productores: St. Gobain, líder del mercado, seguido de Pilkington/SIV, las

empresas de capital estadounidense PPG y Guardian, y la de capital japonés

Glaverbel. Habida cuenta de las cuotas de mercado y de la solidez de los

demás productores, especialemnte de St. Gobain, la Comisión concluyó que la

concentración no supondría la creación o el reforzamiento de una posición

dominante individual por parte de Pilkington/SIV. No obstante, la adquisición

de SIV por parte de Pilkington-Techint acentuaría el grado de concentración

en un sector que de antemano ya estaba muy concentrado y en el que, además,

existían importantes obstáculos de acceso. Por consiguiente, la Comisión

también examinó si la operación notificada crearía o reforzaría una posición

dominante colectiva por parte del grupo oligopolistic^ formado por los. cinco

productores.

315. Con respecto a la posible creación o reforzamiento de una posición

dominante colectiva, la Comisión estimó que la competencia fuera del grupo de

los cinco productores comunitarios no sería considerable, y que las

posibilidades de acceder al mercado a medio plazo eran muy reducidas. Pero

llegó a la conclusión de que una serie de características, que se exponen a

continuación, mermaban la posibilidad de que los miembros del grupo pudieran

concertar prácticas contrarias a la competencia. Se trata de las siguientes:

   creciente exceso de capacidad productiva combinada con una reducida

   elasticidad precio;

   innovación y diferenciación del producto;

```

```
2.I.C.§2.C.p.29

```

203

```
- • asimetrías en la posición en el mercado y en el grado de integración

   vertical de los cinco productores;

   insuficiente transparencia de los precios y del volumen de ventas;

   fuerte incentivo para concertar prácticas debido a las características

   económicas de la producción de vidrio flotado: costes variables

   relativamente reducidos y, como consecuencia de ello, elevados

   beneficios marginales por ventas adicionales;

   considerable poder adquisitivo de los fabricantes de vehículos.

316. Al evaluar la posible creación o reforzamiento de una posición dominante

colectiva, la Comisión también examinó el funcionamiento de las empresas en

participación creadas entre los cinco productores de vidrio flotado en la

Comunidad. Se consideró que la más importante de ellas era Flovetro, una

empresa en participación que, tras la operación, sería gestionada

conjuntamente por Pilkington/SIV y St. Gobain. La Comisión concluyó que el

hecho de que Flovetro siguiera funcionando no supondría un obstáculo a la

competencia efectiva, al tratarse de una empresa en participación dedicada

exclusivamente a la producción, cuyo volumen representaba un porcentaje muy

pequeño de las ventas comunitarias. Además, en Flovetro no participaban los

otros tres productores de vidrio flotado, y en el sector no existían más

vínculos de producción.

317. Habida cuenta del conjunto de las consideraciones expuestas, la

adquisición de SIV por parte de Pilkington/Techint fue declarada compatible

con el mercado común.

```

```
2.I.C.§3.a.p.30

<T3> §3. Aplicación de los artículos 9, 21 y 22

<T5> a. Aplicación del artículo 9

```

204

```
318. Las autoridades alemanas solicitaron a la Comisión la remisión del

asunto McCormick/CPC/Rabobank/Ostmann. Como norma general, cuando se cumplen

los requisitos del artículo 9, la Comisión puede, o bien tramitar el asunto

directamente, o bien remitirlo a las autoridades competentes del Estado

miembro afectado, tomando en consideración el interés público de garantizar

que no se falsee la competencia en el mercado común.

La Comisión había previsto no remitir el asunto, teniendo en cuenta el riesgo

que presentaba para el mercado alemán y los efectos que podía tener para

otros mercados de la Comunidad. Pero esta opción quedó excluida como

consecuencia de un error en el cálculo de los plazos legales establecidos en

```

_el_ `apartado 1 del artículo 10, en su primera frase. No obstante, seguía`

```
existiendo la posibilidad de remisión conforme al artículo 9, a tenor de lo

dispuesto en el apartado 6 del artículo 10 en combinación con la letra a) del

apartado 4 del artículo 9. La Comisión, por lo tanto, consideró pertinente

remitir el caso a las autoridades competentes de la República Federal de

Alemania con objeto de que llevaran a cabo un juicio de compatibilidad

exhaustivo.

319. En cuanto al fondo, algunos factores sugerían que el mercado de hierbas

y especias era de dimensión nacional, especialmente en el caso de Alemania.

La estabilidad de la demanda y la saturación del mercado alemán, junto con

las características específicas del sistema de distribución y

comercialización y el coste relativamente elevado que suponía acceder al

mercado, representaban una considerable barrera de acceso al mercado alemán.

320. Conforme a la práctica de la Comisión, la remisión de un asunto que

afecta a la totalidad de un mercado nacional sólo tendría lugar en

circunstancias excepcionales, cuando el mercado de que se trate constituya

una parte sustancial del mercado común. En este caso concreto, el hecho de

que las hierbas y especias requieran un sistema de distribución y de servicio

postventa específico y muy amplio, como consecuencia de lo cual existen en

Alemania más de 85 000 puntos de venta, indicaba que las condiciones locales

```

```
2.I.C.§3.a.p.31

```

205

```
constituían un factor crucial. Desde esta perspectiva, las autoridades

alemanas estaban probablemente en una buena posición para llevar a cabo una

investigación exhaustiva.

<T5> b. Aplicación del apartado 3 del artículo 21

321. La primera aplicación del apartado 3 del artículo 21, que concederá los

Estados miembros la facultad de adoptar las medidas pertinentes para proteger

intereses legítimos con respecto a las operaciones de concentración cubiertas

por el Reglamento, se refiere al asunto IBM FRANCE/CGI, que recibió el visto

bueno de la Comisión el 19 de mayo de 1993. La operación consistía en una

oferta pública de intercambio como consecuencia de la cual IBM FRANCE obtuvo

el control de la sociedad anónima francesa COMPAGNIE GENERALE DE

L'INFORMATIQUE (CGI). Las autoridades francesas informaron a la Comisión de

que habían adoptado determinadas medidas con respecto a dos filiales de la

CGI < que formaban parte de la concentración y trabajaban con el Ministerio de

Defensa. El objetivo de dichas medidas era la protección de intereses

legítimos franceses relacionados con la seguridad pública, de conformidad con

lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 21.

<T5> c. Aplicación del apartado 3 del artículo 22

322. La primera solicitud conforme al apartado 3 del artículo 22 del

Reglamento, que concede a los Estados miembros la facultad de solicitar a la

Comisión que examine una operación de concentración sin dimensión

comunitaria, relativa al asunto British Airways/Dan Air, planteó algunas

cuestiones nuevas que, en su mayor parte, se derivaban del hecho de que,

aunque el procedimiento es básicamente el mismo que en el caso de las

operaciones notificadas, no se produce tal notificación. En este asunto, la

Comisión consideró que la solicitud, formulada por Bélgica, no contenía

suficientes datos para proceder a una investigación; por lo tanto, el plazo

no comenzó a contar hasta que el Gobierno belga facilitó información

adicional.

323. En cuanto a una cuestión de fondo, ha de señalarse que, a tenor de lo

dispuesto en el apartado 3 del artículo 22, la Comisión sólo puede intervenir

"en la medida en que dicha concentración afecte al comercio entre Estados

```

```
2.I.C.§3.C.p.32

###### 206

miembros", y que su ámbito de actuación está limitado al territorio del

Estado miembro de que se trate. A este respecto, la adquisición de los

servicios de Dan Air, excluidos los vuelos charter, afectaba claramente al

transporte aéreo entre Bélgica y el Reino Unido. No obstante, la única ruta

afectada era la de Bruselas-Londres, y la Comisión concluyó que la operación

no crearía ni reforzaría posición dominante alguna.

<T3> §4. Aplicación del artículo 223 del Tratado

324. El 17 de marzo, las autoridades francesas comunicaron a la Comisión que,

en virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del Tratado, habían solicitado a

las partes de una operación de concentración que no notificaran una operación

de dimensión comunitaria llevada a cabo en el sector de motores para misiles.

325. La Comisión indicó que, en su opinión, un Estado miembro podía invocar

el artículo 223 en este sentido con respecto a operaciones de concentración

limitadas a actividades militares sin aplicación civil. Pero, en este caso,

el Estado miembro debía facilitar a la Comisión la labor de verificar el

cumplimiento de los requisitos de aplicación de la letra b) del apartado 1

del artículo 223 y comprobar que la operación no tenía repercusiones para los

proveedores de las empresas implicadas, los posibles consumidores intermedios

ni los consumidores finales -ministerios de defensa- de otros Estados

miembros. Por otro lado, se reservaba el derecho de aplicar las disposiciones

del párrafo primero del artículo 225 del Tratado.

326. El 20 de octubre, las autoridades francesas facilitaron los elementos

necesarios: razones por las cuales era imprescindible no notificar la

operación con el fin de proteger los intereses esenciales de la seguridad del

país, naturaleza precisa de la actividad como prueba de que entraba dentro

del ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 223, ausencia de efectos

colaterales sobre los productos no militares y repercusiones de la operación

para los proveedores, consumidores intermedios y ministerios de la defensa de

los demás Estados miembros. El 29 de octubre, la Comisión comunicó que no

tenía ninguna observación que formular.

```

```
2.I.D.p.l

<T9> D. Principales decisiones en el sector de la siderurgia

<T3> §1. Evolución

```

207

```
327. La crisis del sector siderúrgico siguió sintiéndose acusadamente en

1993, con un total de cincuenta y cinco expedientes tramitados. El número de

acuerdos de especialización y de empresas en participación aumentó; en

cambio, se redujo significativamente el de operaciones de concentración.

Fueron adoptadas seis decisiones con arreglo al artículo 66 del Tratado CECA,

mientras que nueve casos quedaron resueltos mediante carta de exención

conforme a la Decisión 25/67. [ v] Por otro lado, catorce casos se resolvieron

mediante carta administrativa conforme al artículo 65 del Tratado CECA.

<T3> §2. Operaciones de concentración

<T5> a) Mannesmann - Hoesch

328. La Comisión autorizó la creación de una empresa en participación,

Mannesmann Hoesch Prázisrohr GmbH, por parte de Mannesmannrohren Werke AG y

Hoesch AG, así como la adquisición por parte de Mannesmannrôhren Werke del

50% del capital de la empresa Gebr. Fuchs GmbH, filial de Hoesch.

Esta decisión se refiere exclusivamente a los productos CECA, aunque también

se adoptó una decisión análoga, con arreglo al Reglamento (CEE) n° 4064/89,

sobre los aspectos de la operación relacionados con los productos CEE.

<T5> b) Sollac - Bamesa

329. La Comisión autorizó a Usinor Sacilor la adquisición, a través de su

filial Sollac, de una participación del 30% en la empresa distribuidora de

productos CECA Barcelonesa de Metales (Bamesa).

<T5> c) Profilarbed - Unimetal

330. La Comisión autorizó la concentración de las actividades de producción

de perfiles pesados y alambrón y de distribución de Arbed y Usinor Sacilor,

en el sector de los productos largos. Esta operación permite completar el

proceso de racionalización e integración de las producciones iniciado cuando

se obtuvo la autorización de Europrofil.

```

```
2 .1. D . p . 2

<T5> d) Ensidesa - Velasco

```

##### 208

```
331. La Comisión autorizó a Ensidesa la adquisición de una participación en

la sociedad de cartera Cosimet, que, junto con la familia Riberas, controla

el grupo español de distribución de productos CECA Velasco.

<T5> e) Thyssen Kohletechnik RAG - Fechner

332. La Comisión autorizó la creación, por parte de Thyssen Schachtbau

Kohletechnik GmbH (grupo Thyssen Schachtbau GmbH, Mûlheim/Ruhr) y Bruno

Fechner GmbH & Co. KG (grupo Ruhrkohle AG), de una empresa en participación

denominada Micro Carbon Brennstofftechnik GmbH, así como la adquisición, por

parte de esta última, de la sociedad Techno Carbon GmbH. La nueva empresa

producirá y venderá carbón pulverizado para los hornos de cemento y de cal.

<T5> f) Laubag - Espag

333. La Comisión autorizó a Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG) la adquisición

de la totalidad del capital de Energiewerke Schwarze Pumpe AG (ESPAG),

importante distribuidor de briquetas de lignito. Como consecuencia de la

operación, el Treuhand, propietario de las dos empresas, dividirá LAUBAG en

dos sociedades, una de las cuales reagrupará las actividades rentables bajo

el nombre de "Braunkohlenwerke Brandenburg-Sachsen AG", con vistas a su

futura privatización.

<T3> §3. Mecanismo financiero

334. Con el fin de combatir la crisis siderúrgica, la Comisión propuso un

conjunto de iniciativas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53 del

Tratado CECA.

Tres grupos de empresas, formados por numerosas sociedades, que operan en los

subsectores de flejes y bandas anchas laminados en caliente, chapa en cuarto

y perfiles pesados, notificaron unos acuerdos en virtud de los cuales, de

conformidad con lo dispuesto en la letra a) del artículo 53 del Tratado CECA,

establecerán un mecanismo financiero común^ [1] ', cuyas características

esenciales son las siguientes:

(1) Decisión de la Comisión de 21.12.1993 (DO L 6 de 8.1.1994)

```

```
2.I.D.p.3

###### 209

   Los participantes en el mecanismo que no tengan previsto cerrar o

   reducir sus capacidades de producción contribuirán a financiar la

   reducción de capacidades de las partes que opten por el cierre; la

   reducción de capacidad prevista se cifra en 2,5 millones de toneladas

   para los perfiles pesados, 6 millones de toneladas para los flejes y las

   bandas anchas laminados en caliente y 2 millones de toneladas para las

   chapas en cuarto.

   El cierre de las instalaciones se considerará definitivo cuando se

   realice con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Decisión

   n° 3010/91/CECA de la Comisión^ [2] '. La reinstalación en otro lugar,

   desde el cual la eventual^ exportación al mercado comunitario resultase

   improbable, podrá asimilarse al cierre definitivo.

   Las partes cesantes se comprometen a no incrementar, durante cinco años,

   su capacidad residual de producción de los productos objeto de un

   mecanismo financiero, so pena del pago de una multa de 100 ecus por

   tonelada de crecimiento de capacidad, que se haría efectiva a las demás

   partes. Los aumentos de capacidad derivados de obras de mantenimiento o

   de inversiones corrientes de productividad estarán limitados a un 2%

   anual durante un periodo de cinco años. Las inversiones en nuevas

   tecnologías no quedan excluidas, siempre y cuando estén destinadas a

   sustituir una capacidad existente y no supongan un aumento neto de la

   misma.

   El programa de cierre individual de capacidad de producción será

   notificado a la Comisión, haciendo mención de las instalaciones a cuyo

   cierre se deberá proceder en principio antes del 31 de diciembre de

   1994.

La Comisión supeditó su autorización al cumplimiento de una serie de

condiciones para garantizar la competencia en el mercado común. Las, empresas

no podrán establecer, en relación con el mecanismo financiero, ningún acuerdo

o práctica concertada, ni efectuar declaración unilateral alguna en lo

relativo a los precios, los porcentajes de utilización de las capacidades o

al nivel de producción con que contará cada una de las partes tras el cierre.

(2) DO L 286 de 16.10.1991.

```

```
2.I.D.p.4

```

210

```
Durante la vigencia del mecanismo, los miembros se abstendrán de participar

en ninguna práctica concertada o acuerdo de intercambio de información que

pueda restringir la competencia, sin informar previamente a la Comisión. Por

otro lado, cada empresa deberá notificar su programa de cierre en un plazo de

tres meses a partir de la fecha de notificación de la Decisión de 27 de

octubre de 1993, y todas ellas habrán de someterse a los controles que la

Comisión considere necesarios.

```

```
2.I.E.a.p.1

<T9> E. Normas sustantivas y procesales

<T3> Aplicación de los reglamentos de exención por categorías

<T5> a) Distribución de vehículos de motor

<T6> Reglamento (CEE) n° 123/85

```

**21 1**

```
335. Por vez primera, los 23 principales fabricantes europeos y japoneses

presentaron en 1993 datos semestrales sobre los precios de sus automóviles.

Esta nueva práctica es resultado de una iniciativa emprendida por la Comisión

en 1992 para lograr una mayor transparencia de los precios de los automóviles

en la CE [( 3 )] .

Los fabricantes facilitaron información (el 1 de mayo y el 1 de noviembre de

1993) sobre los precios de los modelos más vendidos, 55 europeos y 17

japoneses, indicando los precios recomendados de venta al público, ajustados

en función de las distintas opciones y expresados en la moneda local con y

sin impuestos.

La principal conclusión que ha de extraerse es que en 1993 hubo importantes

fluctuaciones de los tipos de cambio, que no pueden pasarse por alto.

Destacan los casos de España, Portugal e Italia, que sufrieron sendas

devaluaciones y registraron los precios de mercado más reducidos en este

periodo; en Alemania, con un marco fuerte, se registraron los más elevados.

Dicho esto, cabe formular algunas observaciones:

   En noviembre, las diferencias de precios fueron, en términos generales,

   ligeramente superiores que en mayo. Aproximadamente el 80% de los

   automóviles europeos y el 90% de los modelos japoneses mostraron

   diferencias de precios por debajo del 20%.

   No obstante, dejando al margen las fluctuaciones monetarias (utilizando

   el tipo del ecu vigente en mayo para el análisis de noviembre), se

   manifestó con toda claridad la tendencia de los fabricantes a reducir

   las diferencias de los precios de casi todos sus modelos.

(3) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 2 90

```

```
2.I.E.a.p.2

```

212

```
   Por segmentos de mercado, no se produjo entre mayo y noviembre

   prácticamente ninguna alteración en los puestos que ocupan los

   automóviles que acaparan el mayor porcentaje de la cuota de mercado

   global del sector (o sea, los segmentos B, C y D) . Los automóviles

   medianos y grandes (segmentos C y D) mostraron disparidades de precios

   poco significativas (el 85% de los modelos registraba diferencias

   inferiores al 20%), mientras que los pequeños y muy pequeños (segmentos 
   B y A) presentan las diferencias más pronunciadas (sólo el 67% y el 58%,

   respectivamente, de todos los modelos registran diferencias por debajo

   del 20%).

   La Comisión observó, entre mayo y noviembre de 1993, una tendencia

   general a la baja en los precios de los automóviles (tomando como

   referencia los precios recomendados de venta al público y los tipos de

   cambio del ecu correspondientes).

Cada seis meses se realizará un informe de estas características sobre los

precios de los automóviles en la Comunidad, lo que permitirá a la Comisión

avanzar en su esfuerzo por fomentar la transparencia de precios. Gracias a

estos informes, se podrán evaluar las tendencias y divergencias de los

precios, que se espera se reduzcan como consecuencia de la iniciativa puesta

en marcha en mayo de 1992, y tomarse en consideración estas tendencias en las

reflexiones en torno al futuro del Reglamento (CEE) n° 123/85, que expirará

en junio de 1995.

En 1992, y dentro de su iniciativa para hacer frente a las diferencias de

precios entre los Estados miembros, la Comisión pidió a los fabricantes de

automóviles que confirmasen a sus distribuidores que podían vender a usuarios

finales y a distribuidores autorizados de otros Estados miembros. Los

fabricantes han cooperado con esta iniciativa, remitiendo circulares a sus

distribuidores, y, a juzgar por el número significativamente reducido de

denuncias presentadas por los usuarios en 1993, la iniciativa fue de gran

utilidad.

No obstante, la Comisión siguió recibiendo denuncias de usuarios en relación

con la negativa de los distribuidores de cumplir los servicios de garantía de

automóviles importados de otros Estados miembros. Estas dificultades se

resolvieron gracias a la intervención de la Comisión y de los fabricantes,

que recordaron a sus distribuidores su obligación de hacerlo en virtud de lo

dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 123/85.

```

```
2.I.E.a.p.3

```

213

```
Por otro lado, la Comisión confirmó a los fabricantes que el Reglamento (CEE)

n° 123/85 sólo es aplicable a los vehículos de tres o más ruedas, de forma

que no afecta a la distribución de motocicletas en la Comunidad^ [4] '. Los

fabricantes pueden adaptar sus contratos de distribución a las disposiciones

del Reglamento (CEE) n° 1983/83 sobre distribución exclusiva para acogerse a

la exención por categorías o bien presentar una solicitud de exención

individual si consideran que este texto no responde a las exigencias de la

distribución de motocicletas.

336. Además, durante 1993, la Comisión siguió velando por que los

intermediarios que operan en el mercado común no queden excluidos del

suministro de vehículos, siempre y cuando demuestren suficientemente que

actúan como proveedores de servicios por cuenta de terceros.

Por otro lado, la Comisión se pronunció sobre la aplicabilidad del Reglamento

n° 123/85 a las cláusulas contractuales que restringen la libertad de los

concesionarios para suministrar a las sociedades de arrendamiento financiero.

El problema se plantea en dos cuestiones prejudiciales que el Tribunal está

examinando conforme al artículo 177 del Tratado CE. Considerando que el punto

12 del artículo 13 -que asimila las actividades de arrendamiento financiero

(leasing) a la distribución- afecta exclusivamente a las relaciones entre

fabricantes y concesionarios, la Comisión llegó a la conclusión de que el

Reglamento (CEE) n° 123/85, en su redacción actual, no es aplicable cuando se

trata de relaciones entre concesionarios y sociedades de arrendamiento

financiero.

(4) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 123.

```

```
2.I.E.b.p.4

<T5> b) Aplicación de los demás reglamentos de exención por categorías

<T6> Compra exclusiva

```

214

```
337. En lo que respecta a la aplicación del Reglamento (CEE) n° 1984/83 a las

estaciones de servicio, la Comisión tuvo ocasión de clarificar y especificar

en varios casos algunos aspectos sobre el alcance de la exención y,

especialmente, sobre las restricciones de la competencia que obstaculizan su

aplicación.

En concreto, la Comisión examinó las relaciones contractuales negociadas por

las refinerías españolas con las estaciones de servicio de la antigua red

monopolística, cuando ésta estaba aún reservada por ley a los productos de

las refinerías españolas' [5] '.

<T6> Acuerdos de especialización y de investigación y desarrollo

338. En 1993, la Comisión recibió una sola notificación en virtud del

procedimiento de oposición previsto en el artículo 4 del Reglamento (CEE)

n° 417/85 sobre los acuerdos de especialización( [fi] ). El plazo de seis meses

aún no ha expirado, y el asunto sigue bajo examen.

En cuanto al Reglamento (CEE) n [c] 418/85 relativo a los acuerdos de

investigación y desarrollo, hasta la fecha sigue utilizándose muy poco el

procedimiento de oposición previsto en su artículo 7. En 1993 no se recibió

notificación alguna en virtud de este artículo.

<T6> Acuerdos de licencias de patentes y de conocimientos tecnológicos

339. A lo largo del año, la Comisión recibió una sola solicitud de aplicación

del procedimiento de oposición previsto en el artículo 4 del Reglamento (CEE)

n° 556/89( [7] V relativo a los acuerdos de conocimientos tecnológicos y de

licencias mixtas de patentes y de conocimientos tecnológicos. El plazo de

(5) Véase el punto 226 del presente Informe.

(6) DO C 53 de 22 de febrero de 1985.

(7) DO L 61 de 4 de marzo de 1989.

```

```
2.I.E.b.p.5
```

215

```
seis meses aún no ha expirado, y prosigue pues el examen del asunto. La

Comisión no recibió notificación alguna en virtud del artículo 4 del

```

`Reglamento n°` `2349/84` _(_ _[Q]_ _'_ `sobre las licencias de patentes.`

```
Por otro lado, la Comisión archivó el procedimiento mediante carta

administrativa en dos asuntos notificados en 1990 y 1991, respectivamente,

con arreglo a los dos Reglamentos, después de que las partes modificaran sus

acuerdos para hacerlos compatibles con el artículo 85.

<T6> Acuerdos de franquicia

```

_**\**_

```
340. Durante 1993, la Comisión recibió tres solicitudes de aplicación del

procedimiento de oposición previsto en el artículo 6 del Reglamento (CEE)

n° 4087/88 [ ( 9 )] .

En uno de los tres asuntos, la Comisión observó que el acuerdo en cuestión no

afectaba seriamente a la competencia en el mercado común ni al comercio entre

Estados miembros. Por consiguiente, el procedimiento no era aplicable, al no

entrar el acuerdo dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo

85 del Tratado CE. La instrucción de las dos otras notificaciones está en

curso.

Por otro lado, la Comisión dio por finalizado el examen de dos notificaciones

(10) recibidas en 1992 en virtud del artículo 6 del Reglamento (CEE) n°

4087/88. En el primer caso, la Comisión concluyó que el acuerdo no afectaba

significativamente a la competencia en el mercado común. En el segundo,

consideró que el acuerdo reunía los requisitos de obtención de una exención

por categorías después de que las partes hubieran suprimido la limitación de

la facultad del franquiciado en cuanto a la fijación de los precios de venta

de los productos objeto de la misma y previsto expresamente la libertad del

franquiciado de comprar los productos a los otros titulares. Cabe también

                                       ^
hacer mención del asunto Texaco, que se analiza más adelante' [11] .

(8) DO L 219 de 16 de agosto de 1984.

(9) DO L 359 de 28 de diciembre de 1988.

(10) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 273.
(11) Véase el punto 225 del presente Informe.

```

```
2.II.p.l

<T4> Capítulo II

<T2> Principales sentencias del Tribunal de Justicia

            y del Tribunal de Primera Instancia

```

216

```
341. El presente Informe recoge un total de 12 sentencias y 5 resoluciones.

<T3> §1. Interpretación de la letra f) del artículo 3, del segundo párrafo

         del artículo 5 y del apartado 1 del artículo 85

                  del Tratado CE

342. En sus importantes sentencias de 17 de noviembre, Meng, Ohra y Reiff,

sendas cuestiones prejudiciales, el Tribunal fijó los límites de su

jurisprudencia en lo que respecta a la interpretación de la letra f) del

artículo 3 (letra g) desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión

Europea), y de los artículos 5 y 85 del Tratado CE.

Los asuntos Meng y Ohra se referían a las normativas alemana (Meng) y

neerlandesa (Ohra), que prohibían la concesión de ventajas financieras por

parte de las compañías de seguros (Ohra) o de los mediadores de seguros (Ohra

y Meng), que normalmente consistían en la cesión a sus clientes, por parte de

los mediadores, de la totalidad o de una parte de su comisión.

El asunto Reiff hacía referencia a la normativa alemana sobre fijación de

tarifas de transporte de mercancías por carretera de largo recorrido.

343. En los tres casos, el Tribunal aplicó a los hechos la fórmula que

sintetiza su anterior jurisprudencia, ya sentada en su sentencia de 21 de

septiembre de 1988 en el asunto Van Eycke (asunto 267/68, considerando 16,

Rec. p. 4791) . De este modo, rechazó la interpretación según la cual se

consideraban incompatibles con las citadas disposiciones cualesquiera

normativas estatales que tuvieran los mismos efectos contrarios a la

competencia que un acuerdo prohibido por el artículo 85, cuando no existía

acuerdo alguno entre empresas.

```

217

```
En la fórmula sintética de que se sirvió el Tribunal, el primer elemento

consiste en recordar que, en principio, el artículo 85 del Tratado se aplica

exclusivamente a actuaciones de empresas, no a medidas legales o

reglamentarias de ios Estados miembros. Por este motivo, en el asunto Meng,

el Tribunal observó, a título preliminar, que las medidas impugnadas eran de

carácter estatal, habida cuenta del rango administrativo y de los poderes de

control y reglamentarios dé quien emanaban, la oficina federal de control de

seguros.

Partiendo de aquí, el segundo paso del razonamiento consistió en una

matización. El artículo 85, en^combinación con el artículo 5 del Tratado CE,

impone a los Estados miembros la obligación de no adoptar o mantener en vigor

medidas, incluso de naturaleza legal o reglamentaria, que puedan eliminar la

eficacia de las normas de competencia aplicables a las empresas. Esto ocurre

en dos supuestos : o bien el Estado impone o favorece la conclusión de

acuerdos incompatibles con el artículo 85, o refuerza los efectos de tales

acuerdos, o bien retira a su propia reglamentación su carácter estatal,

delegando en operadores privados la responsabilidad de adoptar decisiones de

intrevención en materia económica.

344. Con el fin de ofrecer, sobre la base de esta argumentación, una

respuesta útil al tribunal de reenvío, el Tribunal comenzó por examinar, en

el asunto Reiff, si en el caso de la reglamentación alemana se podía concluir

que existía acuerdo en el sentido del artículo 85 del Tratado CE. Según esta

normativa, las tarifas son fijadas por comisiones formadas por personas

propuestas por los ramos que participan en el sector del transporte por

carretera. Efectivamente, el Tribunal había señalado anteriormente que la

designación, por parte de la autoridad pública, de personas propuestas por

organizaciones profesionales no constituye un obstáculo a la existencia de un

acuerdo, siempre y cuando estas personas hayan negociado y concluido un

acuerdo sobre precios en su calidad de representantes de las organizaciones

               '
que les hayan propuesto' [12] . Pero, en este caso, el Tribunal determinó que

los miembros de las comisiones de tarifas actuaban en calidad de expertos,

independientes de las empresas o asociaciones que les hubieran propuesto para

su nombramiento por parte del Ministerio de Transportes, y que, para la

fijación de tarifas, tenían la obligación de tener en cuenta intereses de

otros sectores. Así, el Tribunal dio una respuesta negativa a esta cuestión.

(12) 30.1.1985, BNIC/clair, asunto 123/83, Rec. p. 391

```

```
2.II.p.3

```

218

```
En cuanto al reforzamiento de los efectos de un acuerdo, el Tribunal, en el

asunto Meng, descartó el argumento según el cual la normativa impugnada había

reforzado el alcance de un acuerdo destinado a prohibir las cesiones de

comisiones en el sector de los seguros de vida haciéndolo aplicable a otros

ramos de seguros. El Tribunal estimó que una normativa aplicable a un sector

determinado no refuerza los efectos de un acuerdo existente previamente,

salvo si se limita a recoger los elementos de un acuerdo entre los operadores

del sector.

Por último, la sentencia en el asunto Reiff constituye una verificación, por

parte del Tribunal, de que los poderes públicos no han delegado sus

competencias en operadores económicos privados. También en este punto dio el

Tribunal una respuesta negativa, observando que la normativa alemana de

fijación de tarifas de transporte por carretera confiere al Gobierno federal

la misión de aproximar las condiciones de competencia de los distintos medios

de transporte, para evitar la competencia desleal entre el transporte por

carretera, el ferroviario y el fluvial. A tal fin, el Ministerio federal de

Transporte puede participar personalmente o mediante representante en las

reuniones de las comisiones de tarifas si considera que las tarifas fijadas

por una comisión no responden al interés general.

<T3> §2. Concepto de empresa

345. Con respecto a dos litigios (asuntos acumulados C-159 y 160/91) que

enfrentaban respectivamente a Christian Poucet con la Caisse Mutuelle

régionale du Languedoc-RoussilIon (Calmurac) y la AGF, y a Daniel Pistre con

la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des

artisans (Concava), el Tribunal tuvo ocasión de pronunciarse, mediante una

sentencia dictada el 17 de febrero, sobre si un organismo encargado de la

gestión de un régimen especial de seguridad social debe ser considerado una

empresa en el sentido de los artículos 85 y 86 del Tratado CE.

```

```
2.II.p.4

```

219

```
Para responder a esta cuestión, el Tribunal se remitió a su sentencia de 23

de abril de 1991^ [13] ', en la que precisaba la definición, fijada con

anterioridad, del concepto de empresa: "En el contexto del Derecho de

competencia, el concepto de empresa abarca cualquier entidad que ejerza una

actividad económica, independientemente de su estatuto, jurídico y de su modo

de financiación".

Asimismo, el Tribunal observó que los regímenes de seguridad social en

cuestión perseguían un objetivo social y obedecían al principio de

solidaridad, y que el sistema de afiliación obligatoria a estos regímenes es

indispensable para la aplicación de dicho principio y para su equilibrio

financiero.

Sobre la base de estas consideraciones, el Tribunal concluyó que las cajas de

seguro de enfermedad o los organismos que colaboran en la gestión del

servicio público de seguridad social cumplen una función de carácter

exclusivamente social. Esta actividad se basa, efectivamente, en el principio

de solidaridad nacional, y carecen de fin lucrativo alguno. Las prestaciones

abonadas constituyen prestaciones legales e independientes del importe de las

cotizaciones. De ello se deriva que esta actividad no es una actividad

económica y que, por lo tanto, los organismos que se encargan de ella no

constituyen, en lo que atañe a esta actividad, empresas en el sentido de los

artículos 85 y 86 del Tratado CE.

(13) Hôfner y Elser, C-41/90, Rec. p. 1979

```

```
2. II.p.5

```

220

```
<T3>§3. Aplicación del artículo 85 a un acuerdo horizontal sobre precios

346. El 31 de marzo, el Tribunal dictó sentencia en relación con un recurso

contra una Decisión de la Comisión^ [14] ', que había observado que 40

productores de pasta de madera y tres de sus asociaciones profesionales

habían infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del

Tratado CE, al acordar los precios (precios anunciados o precios reales de '

transacción) (asuntos acumulados "pastas de madera", Ahlstrôm Osakeyhtiô y

otros). En este asunto, el Tribunal de Justicia ya había dictado sentencia

sobre la competencia de la Comunidad para aplicar las normas de competencia a

                          '
empresas situadas fuera de su territorio^ [15] .

El Tribunal anuló varios apartados de la Decisión impugnada por dos razones

principales: violación del derecho de defensa e incapacidad de la Comisión de

demostrar válidamente la existencia de una concertación sobre los precios

anunciados.

En opinión del Tribunal, el sistema de anuncios trimestrales de los precios

vigentes en el mercado de la pasta de madera no infringía por sí mismo lo

dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE.

Por otro lado, la Comisión no pudo demostrar válidamente que había habido

concertación previa, y el Tribunal investigó si el sistema de anuncios

trimestrales de los precios, la simultaneidad o casi simultaneidad de los

anuncios y el paralelismo de los precios anunciados, factores que se habían

observado en el periodo 1975/83, constituían indicios serios, precisos y

concordantes de la existencia de concertación previa. Ahora bien, de los dos

informes técnicos que el Tribunal encomendó, se deriva lo siguiente:

   estos elementos podían explicarse por factores distintos al de la

   existencia de concertación

   la explicación de que la uniformidad de los precios se debe al

   funcionamiento normal del mercado es más verosímil que la basada en la

   concertación.

(14) 85/202/CEE, de 19.12.1984.

(15) Sentencia de 27.9.1988 - Rec. p. 5193

```

```
2.II.p.6
###### 221

Habida cuenta de que la Comisión no pudo determinar que los precios estaban

concertados, el Tribunal declaró nulo el apartado 1 del artículo 1 de la

Decisión.

Por consiguiente, anuló también las disposiciones del compromiso que figuraba

en el anexo de la Decisión, en la medida en que imponen otras obligaciones

distintas a las que se derivan de las declaraciones de infracción realizadas

por la Comisión que no han sido invalidadas por el Tribunal.

Por el contrario, el Tribunal declaró válido el resto de la Decisión, que

determinaba :

   la existencia de concertación para la fijación de los "precios

   recomendados KEA" por parte de los miembros de esta asociación (no se

   había impuesto ninguna multa);

   la participación de la asociación finlandesa Fincell en la concertación

   (se mantuvo la multa);

   la presencia de cláusulas de prohibición de exportar y de revender en

   los contratos (multa reducida a 20 000 ecus como consecuencia de la

   cesación de la infracción).

```

```
2.II.p.7

<T3> §4. Interpretación del Reglamento de la Comisión n° 1984/83

```

##### 222

```
   relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado

           a determinadas categorías de acuerdos

                de compra exclusiva

347. En su sentencia Petrogal (asunto C-39/92), dictada por reenvío de

cuestión prejudicial por parte del "Tribunal Civel da Comarca" de Lisboa el

10 de noviembre, el Tribunal se pronunció sobre la interpretación que debía

hacerse de un punto concreto del Reglamento (CEE) n° 1984/83 de la Comisión,

de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo

85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva.

En cuanto al fondo, el asunto enfrentaba a la empresa portuguesa Petrogal con

el propietario de una estación de servicio que en 1990 había rescindido

voluntariamente un contrato firmado en 1982 por un periodo de duración de

quince años, por el cual se había comprometido a comprar carburantes a

Petrogal. Según el tribunal de reenvío, la apreciación jurídica de esta

actuación dependía de la interpretación de las disposiciones del Reglamento

(CEE) n° 1984/83 en relación con los denominados acuerdos de estaciones de

servicio.

El artículo 10 de este Reglamento declara inaplicable el apartado 1 del

artículo 85 del Tratado CE a los acuerdos de estaciones de servicios que

define. Para optar a la exención por categorías, los acuerdos deben respetar

las condiciones enunciadas en los artículos 11 a 13 del Reglamento. De

conformidad con la letra c) del apartado 1 del artículo 12, un acuerdo no

podrá acogerse a la exención cuando se celebre por una duración indeterminada

o por más de diez años. Por consiguiente, el contrato impugnado, cuya

duración prevista era de quince años, entraría en el ámbito de aplicación de

esta disposición.

No obstante, el Reglamento (CEE) n° 1984/83 contiene una disposición

particular con respecto a España y Portugal, según la cual, contrariamente a

los demás requisitos previstos por sus artículos 10 a 13, el relativo a la

duración máxima de los acuerdos definidos en el artículo 10 no es aplicable a

los acuerdos vigentes en estos Estados en la fecha de su adhesión a la

Comunidad.

```

```
2.II.p.8

```

223

```
     ;. ^ oc...-. .v d estos acuerdos pueden optar a la exención prevista por

•.O \., : .v amento,;2--) n° 1984/83, siempre y cuando sus condiciones se hayan

ajumada a. laí£ exigencias de los artículos 10 a 13 del Reglamento, a

e^ercióii ¿¿ 1;?. relativa a su duración.

```

```
2.II.p.9

<T3> §5. Interpretación del Reglamento (CEE) n° 123/85 de la Comisión,

           de 12 de diciembre de 1984 (automóviles)

      y de la Comunicación de la Comisión, de la misma fecha,

               relativa a este Reglamento

            Concepto de intermediario autorizado

348. En su sentencia de 22 de abril, en el asunto T-9/92 (Peugeot) f el

Tribunal tuvo ocasión de precisar el concepto de intermediario autorizado.

El origen del asunto arranca de la denuncia presentada en 198 9 por la

sociedad Ecosystem contra Peugeot y tres de sus revendedores autorizados en

Bélgica, en relación con las importaciones paralelas de vehículos efectuadas

por Ecosystem en su calidad de mandatario por cuenta de usuarios finales

franceses. La Comisión, en un primer momento, adoptó medidas provisionales

sobre la denuncia de Ecosystem, y, posteriormente, la Decisión de 4 de

diciembre de 1991, impugnada en el recurso' [16] '.

En esta Decisión se concluye que el envío de una circular, por parte de

Peugeot, a sus concesionarios en Francia, Bélgica y Luxemburgo el 9 de mayo

de 1989, y el cumplimiento de lo dispuesto en la misma por parte de estos

últimos, que tuvo como efecto poner fin a los suministros de vehículos

Peugeot a Ecosystem, es incompatible con el apartado 1 del artículo 85, y

excede del ámbito de la exención del Reglamento (CEE) n° 123/85, relativo a

la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a determinadas

categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa

de vehículos automóviles.

En apoyo de su recurso, PEUGEOT invocaba fundamentalmente el punto 11 del

artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 123/85, que permite obtener la exención

incluso en el caso de que el distribuidor se comprometa a no vender vehículos

a usuarios finales recurriendo a los servicios de un intermediario, salvo

cuando estos usuarios hayan dado al intermediario un mandato escrito previo

para comprar el vehículo y hacerse cargo de su entrega.

```

`(16) Decisión de 4.12.1991, DO L` _66_ `de 11.3.1992, p. 3`

`2.II.p.10` 225

```
Además, PEUGEOT se refería a la Comunicación de la Comisión de 12 de

diciembre de 1984, relativa al Reglamento (CEE) n° 123/85, que precisa que se

puede obligar a las empresas de la red de distribución a no vender ningún

vehículo nuevo de la gama objeto de un acuerdo a un tercero o por medio de un

tercero cuando éste se presente como revendedor autorizado de vehículos

nuevos o ejerza una actividad equivalente a la reventa (punto 3).

Al rechazar el recurso, el Tribunal precisó el concepto de "intermediario

autorizado por escrito", estableciendo que la sola condición que el

Reglamento impone al intermediario es un mandato escrito previo expedido por

el usuario final. De ello se deriva que, si el intermediario tiene un mandato

debidamente expedido, el Reglamento no puede denegarle esta titularidad

alegando exclusivamente que ejerce su actividad a título profesional. En esta

ocasión, el Tribunal recordó que tal exclusión tendría como efecto

obstaculizar las importaciones paralelas y sería incompatible con el objetivo

de la plena realización del mercado único.

Además, el Tribunal consideró que los demandantes no podían invocar la citada

Comunicación, dado que, al no tratarse de un acto interpretativo, no podría

modificar el Reglamento en cuanto al concepto de intermediario.

```

```
2.II.p.11

<T3> §6. Abuso de posición dominante

```

##### 226

```
349. El asunto de las planchas de yeso (asunto T-65/89, BPB y British Gypsum)

ofreció al Tribunal la ocasión de juzgar varias prácticas como abuso de

posición dominante mediante una sentencia dictada el 1 de abril.

Estaban implicadas en el asunto dos empresas en posición dominante: BPB,

holding británico de un grupo que controla cerca de la mitad de la capacidad

de producción de planchas de yeso en la Comunidad, y su filial, British

Gypsum.

El 5 de diciembre de 1988, la Comisión estimó que British Gypsum había

abusado de su posición dominante en el suministro de planchas de yeso en el

Reino Unido y que BPB, a través de su filial British Gypsum, también había

abusado de la posición dominante que ocupaba en el suministro de estos

productos en Irlanda e Irlanda del Norte.

BPB y British Gypsum interpusieron un recurso para anular esta decisión con

carácter subsidiario a la reducción de las multas impuestas.

El Tribunal rechazó los motivos alegados por los recurrentes, que -además de

la violación del derecho de defensa (véase la letra c) del apartado 8)
invocaban diferentes abusos de posición dominante.

En primer lugar, el Tribunal admitió que las campañas de promoción

consistentes en el pago de dinero, propias de los sistemas verticales de

distribución -incluso acompañadas, en contrapartida, de un compromiso de

compra exclusiva, por parte del beneficiario del pago, a su proveedor
constituyen prácticas corrientes, y que, en un mercado caracterizado por una

competencia eficaz, tales contratos pueden beneficiar a las dos partes y no

pueden estar en principio prohibidos. Por el contrario, señaló que estas

consideraciones no pueden aceptarse sin reservas en el caso de un mercado en

el que, como consecuencia -precisamente- de la posición dominante ejercida

por uno de los operadores, la competencia ya esté restringida.

```

```
2.II.p.12

##### 227

En efecto, una empresa en posición dominante tiene una especial

responsabilidad, que consiste en no obstaculizar la competencia efectiva y

real en el mercado común. En opinión del Tribunal, este es el motivo por el

cual British Gypsum abusó de su posición, al imponer a los consumidores un

vínculo consistente en una obligación o una promesa de suministrarse, en lo

que respecta a la totalidad o una parte considerable de sus necesidades, a

través de la empresa, aun en el supuesto de que lo hagan a solicitud propia;

esta práctica constituye un obstáculo inaceptable al acceso a este mercado.

Remitiéndose a la sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 1979 ( [17] ), el

Tribunal estimó que puede haber explotación abusiva sin comisión de falta

alguna, como consecuencia del carácter objetivo de este concepto, si bien

consideró inaplicable el argumento de los demandantes, según el cual British

Gypsum jamás tuvo la intención de restringir la competencia.

Además, la facultad de romper en todo momento las relaciones contractuales

con una empresa en posición dominante tampoco impide calificar su actuación

de abusiva, habida cuenta de que una empresa en posición dominante dispone de

un poder que puede permitirle imponer a sus clientes no sólo la conclusión,

sino también el mantenimiento de este tipo de contratos.

Seguidamente, el Tribunal admitió otro abuso referente a los criterios de

prioridad en la satisfacción de los pedidos en situaciones de escasez. Sin

embargo, no se impuso multa alguna por esta actuación.

Por último, el Tribunal recordó el principio de que a las empresas en

posición dominante no les está prohibido defender sus propios intereses,

siempre y cuando las medidas que adopten en este sentido no tengan por objeto

reforzar tal posición o abusar de ella.

Pero, en su opinión, las prácticas de British Gypsum en Irlanda e Irlanda del

Norte, como proveedor en posición dominante en virtud de la cual el cliente

se encuentra en situación de dependencia más o menos pronunciada, tenían

claramente por objeto penalizar a los comerciantes que pretendían importar

planchas de yeso y disuadirles de hacerlo, consolidando de este modo aún más

su posición.

(17) Hoffmann-La Roche, asunto 85/76, Rec. 1979, p. 461.

```

```
2.II.p.13

<T3> §7. Cuestiones prejudiciales - Exigencia específica

           de precisión en el ámbito de la competencia

350. En dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de las

disposiciones del Tratado en materia de competencia, el Tribunal declaró que

no le correspondía pronunciarse al respecto.

a) La primera declaración en este sentido la emitió en una sentencia de 26

   de enero de 1993, Telemarsicabruzzo y otros, dictada en una cuestión

   prejudicial reenviada por el Vice Pretore de Frascati (Italia).

   Las cuestiones planteadas por este tribunal se referían a la

   interpretación de las disposiciones del Tratado sobre competencia,

   especialmente del apartado 3 de su artículo 85 y del artículo 86, y su

   objeto era que el Tribunal examinara la compatibilidad con el Derecho

   comunitario de la normativa italiana por la cual el Gobierno se reserva

   el uso de determinados canales de radiodifusión televisiva, impidiendo

   de esta forma el acceso del sector privado a los mismos.

   Su origen se sitúa en un litigio que enfrentaba a las sociedades

   propietarias de emisoras de televisión con los ministerios italianos de

   Correos y Telecomunicaciones y de Defensa. En su argumentación, el juez

   nacional se limitó a explicar que el artículo 86 del Tratado prohibe

   cualquier forma de monopolio, sin precisar los elementos de hecho y de

   derecho que permitieran definir el objeto de las cuestiones planteadas.

   Ante tales circunstancias, el Tribunal recordó la exigencia'que incumbe

   al juez nacional de definir el contexto material y normativo en el que

   se inscriben las cuestiones formuladas o, al menos, de explicar las

   hipótesis materiales sobre las que se basan. Precisó que estas

   exigencias eran especialmente pertinentes en el ámbito de la

   competencia, que se caracteriza por situaciones de hecho y de derecho

   complejas.

   Además, si bien el expediente remitido por el tribunal nacional y el

   procedimiento ante el Tribunal ponían de manifiesto cierta inforisiací 'a.

   ésta, por • ser demasiado parcial, no permitía al Tribunal intarp:a [c] a:.<aa

   adecuadamente las normas comunitarias 'con respecto a la situación

   planteada.

```

```
2.II.p.14

##### 229

b) El segundo asunto' [18] ' quedó resuelto el 26 de abril de 1993 por simple

   resolución, sin procedimiento oral, y las cuestiones prejudiciales

   fueron declaradas manifiestamente inadmisibles.

   En la resolución, el Tribunal se pronuncia sobre cuestiones planteadas

   por el juez administrador de la liquidación de la sociedad Monin

   Automobiles. Esta sociedad importaba vehículos japoneses en Francia, y

   sus actividades se veían limitadas por la política de regulación

   nacional del Estado francés, cuya finalidad es restringir la importación

   de automóviles de origen asiático, como consecuencia de lo cual los

   cinco principales fabricantes japoneses se reparten la cuota. Monin

   había presentado denuncias ante la Comisión por violación de los

                                     ^
   artículos 30 y 85 del Tratado CE, que ésta desestimó^ [19] .

   Entretanto, Monin quebró. El juez administrador de la liquidación de la

   empresa sometió varias cuestiones prejudiciales al Tribunal, con el

   objetivo fundamental de saber si la mencionada política francesa y la

   posición adoptada por la Comisión a este respecto eran compatibles con

   el Derecho comunitario.

   Pero no se definía el contexto material y normativo en el que se

   enmarcaban estas cuestiones. El Tribunal recordó que esta definición

   constituye una obligación, especialmente tratándose de materias de la

   competencia, que se caracteriza por situaciones de hecho y de derecho

   complejas. Considerando que, por este motivo, no le resultaba posible

   establecer una relación entre las cuestiones prejudiciales y el objeto

   del asunto en cuanto al fondo, el Tribunal las declaró inadmisibles.

(18) Asunto C-386/92, Monin Automobiles.
(19) Sentencia del Tribunal de 18.9.1992 en el asunto T-28/92, Asia Motors y

   otros, Rec. II, p. 2285.

```

```
2.II.p.15

<T3> §8. Problemas de procedimiento

<T5> a) Limitación en el procedimiento ante la Comisión

           de la jurisprudencia del asunto Orkem

```

230

```
351. La sentencia del Tribunal de 10 de noviembre, dictada como resultado de

una cuestión prejudicial que reenvió el "Arrondissementsrechtbank Amsterdam",

se refería a la extensión de la jurisprudencia del asunto Orkem a los

procedimientos ante los tribunales civiles nacionales( [2] °). En la sentencia

Orkem, el Tribunal había fallado que el respeto del derecho de defensa,

principio fundamental del ordenamiento jurídico comunitario, excluía la

posibilidad de que la Comisión pudiera obligar a una empresa, mediante una

decisión de petición de información con arreglo al apartado 5 del artículo 11

del Reglamento n° 17, a facilitar respuestas por las que la empresa se vería

obligada a admitir la existencia de una infracción, cuya prueba corresponde

establecer a la Comisión.

En la sentencia Postbank, el Tribunal, en primer lugar, observó que la

aplicación de los artículos 85 y 86 por parte de las autoridades nacionales

se rige en principio por las normas del Derecho nacional, aunque -sin

perjuicio del respeto de los principios fundamentales del Derecho

comunitario- las garantías de la defensa pueden diferir de las aplicables en

los procedimientos comunitarios.

Después, basándose en las diferencias existentes entre un procedimiento

administrativo, como en el caso de la sentencia Orkam, y un procedimiento que

se refiere exclusivamente a relaciones privadas entre particulares,

procedimento que, ni directa ni indirectamente, puede concluir con la

imposición de una sanción por parte de una autoridad pública, el Tribunal

consideró que el Derecho comunitario no exige que le sea reconocida a una

parte en un procedimiento de esta naturaleza la facultad de omitir respuestas

por las que se vería obligada a admitir la existencia de una violación de las

normas de competencia.

(20) Tribunal de Justicia, 18 de octubre de 1989, Orkem, asunto 374/87, Rec.
   p. 3283.

```

##### 231

```
loi otro lado, con respecto al argumento según el cual esta respuesta

permitiría a la Comisión, mediante un procedimiento nacional, obtener

información que no hubiera podido obtener directamente, el Tribunal estimó

que la Comisión -al igual que una autoridad nacional- no podría utilizar esta

información (que puede recibir legítimamente de cualquier parte interesada)

ni como medio de prueba de una infracción de las normas de competencia en el

contexto de un procedimiento que pueda concluir con la imposición de

sanciones, ni como indicio justificativo de la apertura de una investigación

previa a tal procedimiento.

Desde este punto de vista, [4] '- la sentencia contiene dos precisiones

interesantes. Por un lado, refleja la preocupación legítima del Tribunal por

que la Comisión no pueda recabar por otras vías información que no haya

podido obtener directamente. Por otro, confirma la voluntad del Tribunal de

mantener una distinción clara entre los procedimientos nacionales y los

comunitarios, voluntad que ya puso de manifiesto en su sentencia de 16 de

julio de 1992 en el asunto C-67/91, denominado "de los bancos

españoles" ^ [21] '. La sentencia Postbank es incluso más restrictiva para la

Comisión que la de los bancos españoles para las autoridades nacionales,

dado que esta última admitía, bajo determinadas condiciones, que la

información en poder de la Comisión y dirigida a las autoridades nacionales

fuera considerada por éstas un indicio válido para justificar la apertura de

un procedimiento nacional.

<T5> b) Pliego de cargos insuficientemente claro 
      infracción determinada a partir de documentos posteriores

352. En su sentencia de 31 marzo, citada en el apartado 2, relativa a ios

asuntos acumulados sobre "pastas de madera" (A. Ahlstróm Osakeyhtió y

otros), el Tribunal concluyó que se daban varias violaciones del derecho de

defensa.

En primer lugar, consideró que el pliego de cargos de la Comisión no había

sido formulado con la suficiente claridad, de modo que los interesados no

pudieron tener conocimiento efectivo de las actuaciones que les eran

(21) Rec. 1992, p. 1-4785.

```

```
2.II.p.17
```

_**O**_ **3** **'**

```
imputadas (sobre los precios de transacción), dejando al margen el hecho de

que éstos no lograran ejercer su defensa con eficacia durante el

procedimiento administrativo.

Por otra parte, el Tribunal anuló el artículo I [o] del apartado 3 de la

Decisión impugnada, en la medida en que se refiere a la infracción con

respecto a los precios de transacción cometida por los miembros de una de las

asociaciones denunciadas. La Comisión se vio obligada a basar su

argumentación en documentos obtenidos con posterioridad a la presentación del

pliego de cargos, de forma que los miembros de esta asociación no pudieron

expresar su punto de vista sobre estos documentos.

Por último, el Tribunal anuló el artículo I [o] del apartado 4 de la Decisión en

lo que respecta al productor St. Anne, habida cuenta de que, en el momento de

la presentación del pliego de cargos, a esta empresa le resultó imposible

conocer el cargo sobre su participación en las reuniones en las que se

organizó el acuerdo restrictivo.

<T5> c) Derecho de audiencia

353. En su sentencia en el asunto de las planchas de yeso (1 de abril, asunto

T-65/89, BPB y British Gypsum), al que ya se ha hecho referencia en el

apartado 4, el Tribunal precisó qué documentos puede la Comisión decidir no

comunicar a las partes, de conformidad con las normas sobre acceso al

expediente.

El Tribunal recuerda que, según estas normas, las empresas reciben por lo

general, junto con el pliego de cargos, una relación de todos los documentos

que obran en poder de la Comisión, con la indicación de a cuáles pueden

acceder, total o parcialmente. Esta posibilidad se les ofrece para que puedan

pronunciarse oportunamente sobre las conclusiones a las que haya llegado la

Comisión. Son considerados confidenciales y, por consiguiente, no accesibles,

los documentos internos de la Comisión, tales como las notas, los borradores

u otros documentos de trabajo. Entre las demás informaciones confidenciales

se cuentan las que permiten identificar a los demandantes que desean que no

se revele su identidad, así como los datos facilitados a la Comisión a

condición de que se respete su carácter secreto.

```

```
2.II.p.18

##### 233

En este asunto, el Tribunal consideró que los demandantes no habían

demostrado que no se hubieran cumplido las normas de acceso al expediente. En

su opinión, la correspondencia con terceras empresas, sobre todo, no debía

ponerse en conocimiento de los demandantes. Efectivamente, una empresa

destinataria de un pliego de cargos, que se encuentre en una posición

dominante en un mercado, podría adoptar medidas de represalia contra empresas

competidoras, proveedores o clientes que hubieran colaborado en la

instrucción del caso por parte de la Comisión.

<T5> d) Desestimación de la denuncia - inadmisibilidad de recursos

         contra la comunicación de observaciones previas

354. El 29 de marzo, mediante resolución, el Tribunal se pronunció sobre esta

cuestión en el asunto T-2/92, Rendo II, que hacía referencia a una denuncia

presentada contra determinadas actuaciones de la SEP, sociedad neerlandesa

encargada de estructurar la cooperación entre las empresas de producción de

electricidad en los Países Bajos, y de algunas de estas empresas. El 16 de

enero de 1991, la Comisión había adoptado una decisión sobre algunos de los

aspectos planteados en la denuncia, que los recurrentes sometieron sin éxito

        '
al Tribunal' [22] . El nuevo recurso se refería a una carta enviada el 20 de

noviembre de 1991 a los demandantes por un director de la Dirección General

de Competencia, en la que éste les comunicaba que por el momento no se podía

dar curso a su denuncia, les explicaba la decisión adoptada con anterioridad

y les recordaba los procedimientos en curso.

Contra este recurso, la Comisión invocó una excepción de inadmisibilidad,

alegando que la carta no era impugnable en el sentido del artículo 173 del

Tratado CE.

El Tribunal examinó la carta punto por punto, y llegó a la conclusión de que

no podía asimilarse a una Comunicación con arreglo al artículo 6 del

Reglamento n° 99/63/CEE de la Comisión, habida cuenta de que no indicaba a

los demandantes los motivos por los que se desestimaba su denuncia ni les

concedía plazo alguno para presentar sus observaciones.

[22) Sentencia de 18.11.1992, en el asunto T-16/91, Rendo NV y otros, Rec. p.
   11-2417.

```

```
2.II.p.19

```

234

```
La carta tampoco constituye una nueva Decisión de la Comisión que surta

efectos jurídicos y, por lo tanto, pueda ser objeto de un recurso de

anulación. Su contenido se limita a recoger algunos datos y a formular

apreciaciones que en ningún caso dan lugar a un acto decisorio nuevo. Además,

no indica de ningún modo que el órgano colegiado de los miembros de la

Comisión haya deliberado una segunda vez sobre la denuncia y adoptado una

nueva Decisión al respecto.

Por tanto, el Tribunal parece establecer un nuevo criterio formal de

admisibilidad de denuncias: no se puede impugnar un acto que no constituya

formalmente una Decisión de la Comisión.

Por otro lado, el Tribunal desechó rápidamente el segundo argumento de la

Comisión, según el cual los demandantes más bien deberían haber solicitado a

la Comisión una Comunicación conforme al artículo 6 del Reglamento

n° 99/63/CEE, siguiendo un procedimiento precontencioso, y después una

decisión en la que constara la desestimación definitiva de la denuncia. A

este respecto, consideró que la admisibilidad del recurso no dependía de la

presentación de cualesquiera otros recursos por parte de los demandantes.

<T5> e) Desestimación de la denuncia 
          Legalidad de los motivos de desestimación 
             Error manifiesto de apreciación

355. Para determinar el alcance de la sentencia del Tribunal de 26 de junio

en el asunto T-7/92, Asia Motors, cabe recordar que, en 1988, varios

importadores de vehículos japoneses en Francia habían presentado una denuncia

ante la Comisión, alegando que los importadores oficiales de las cinco

principales marcas japonesas se habían comprometido con el Gobierno francés a

limitar sus ventas al 3% del mercado francés, y que habían acordado el

reparto de esta cuota.

La Dirección General de Competencia reaccionó enviado sendas cartas a los

importadores en virtud del artículo 11 del Reglamento n° 17. Éstos no

respondieron, porque el Ministerio francés de Industria les había dado

instrucciones en este sentido. Entonces, los servicios de la Comisión

solicitaron información a las autoridades francesas, que respondieron que sus

preguntas se referían a los elementos de la normativa francesa y que los

importadores no disponían de ninguna autonomía en la gestión de la cuota.

```

```
2 .11. p . 2 O
```

235

```
Ante esta situación, la Comisión desestimó la denuncia de los importadores

paralelos mediante Decisión adoptada el 5 de diciembre de 1991, alegando que

las actuaciones objeto de la misma se derivaban directamente de la política

de las autoridades públicas francesas, de forma que los importadores

oficiales no disponían de ningún margen de maniobra. Además, la posible

aplicación del artículo 85 no resolvería la situación de los demandantes,

teniendo en cuenta que la normativa francesa no permitía que importadores

distintos de los denunciados participaran en el reparto.

El Tribunal estimó que algunos de los elementos sometidos por los demandantes

a la apreciación de la Comisión constituían, a primera vista, indicios serios

de la existencia de una autonomía real en la actuación de los cinco

importadores objeto de la denuncia en lo que respecta al reparto del mercado.

A la vista de tales elementos de prueba, que afectaban principalmente a los

concesionarios de Martinica, el Tribunal concluyó que la Decisión contenía un

error manifiesto de apreciación de los hechos.

Asimismo, el Tribunal consideró que el segundo motivo de desestimación estaba

mal fundado, dado que los importadores paralelos tenían la posibilidad de

importar sus vehículos en Francia y, por tanto, de ser admitidos en la cuota

del 3%. La prohibición del acuerdo restrictivo de reparto de la cuota les

habría dado, en consecuencia, acceso al mercado francés.

A raíz de esta sentencia, la primera que anula una decisión de desestimación

de denuncia, la Comisión volvió a solicitar información al Gobierno francés y

a los importadores de las marcas japonesas admitidas en Francia, con arreglo

al artículo 11 del Reglamento n° 17.

<T5> f) Imputabilidad de la infracción a la empresa matriz

                por prácticas de su filial

356. Su sentencia de 1 de abril, en el asunto T-65/89, BPB y British Gypsum

(planchas de yeso), algunos de cuyos elementos ya han sido analizados

(apartado 6 y letra c) del apartado 8), permitió al Tribunal recordar la

jurisprudencia según la cual la actuación de una filial puede ser imputada a

la empresa matriz cuando la primera no determine con autonomía su línea de

actuación en el mercado, sino que se limite a aplicar las instrucciones

dictadas por la segunda.

```

```
2.II.p.21

##### 236

Más concretamente en lo que respecta a Irlanda del Norte, ni la posición

dominante ni el abuso de la misma en el mercado podían ser atribuidos

específicamente a una u otra filial de BPB. En este mercado, British Gypsum

comercializa planchas de yeso producidas por la filial irlandesa de BPB, si

bien esta filial incrementaba sus suministros a British Gypsum en una medida

directamente dependiente de la eficacia de los abusos cometidos por British

Gypsum en Irlanda del Norte. Por este motivo, estaba justificado imputar a

BPB las prácticas de British Gypsum en Irlanda del Norte e imponerle la multa

objeto del litigio.

```

```
2.II.p.22

<T3> §9. Jurisprudencia sobre el Reglamento

```

##### 237

```
     de control de las operaciones de concentración entre empresas

<T4> Recursos interpuestos por órganos representativos

           del personal de las empresas implicadas

El 22 de julio de 1992, la Comisión decidió que la adquisición de la empresa

Perrier por parte del grupo Nestlé era compatible con el mercado común, a

condición de que Nestlé vendiera algunas de sus aguas de manantial, que antes

habían sido propiedad de Perrier, a un competidor autorizado por la Comisión.

El personal empleado en estos manantiales, inquieto por su situación laboral,

interpuso el 3 de febrero de 1993, a través de sus comités representativos,

un recurso de anulación contra la Decisión de la Comisión. En otro acto

separado, se solicitó también, de conformidad con los artículos 185 y 186 del

Tratado CE, la suspensión de la Decisión en lo relativo a la exigencia de

ceder los manantiales en cuestión (asunto T-12/93 R, Comité Central

d'Entreprise de Vittel).

En su resolución de 2 de abril de 1993, segunda decisión de un juez

comunitario sobre operaciones de concentración reguladas por el Reglamento

n° 4064/89, el presidente del Tribunal estimó que el recurso interpuesto por

los comités no era manifiestamente inadmisible. A este respecto, se remitió

al apartado 4 del artículo 18 del Reglamento n° 4064/89, que confiere al

personal de las empresas afectadas el derecho a ser oído. No obstante, el

presidente consideró prematuro pronunciarse sobre la solicitud de suspensión,

dado que la cesión debía ser aprobada por varias autoridades francesas. En

estas condiciones, ordenó, a título cautelar, la suspensión de la Decisión

hasta que la Comisión informara del curso de estas actuaciones.

En junio de 1993, la Comisión comunicó al Tribunal que los obstáculos a la

cesión de los manantiales habían sido suprimidos y que se cumplían todos los

requisitos para la misma. El presidente, por lo tanto, pudo pronunciarse

sobre la demanda sobre medidas cautelares presentada por los comités de

personal.

```

```
2.II.p.23

```

238

```
En su resolución de 6 de julio de 1993, consideró que el perjuicio social que

alegaba el personal no era grave ni irreparable. El personal no había

demostrado por qué el traspaso de su empresa afectaría a su situación

laboral. Según la Directiva 77/187 sobre el mantenimiento de los derechos de

los trabajadores en caso de traspasos de empresas, los derechos y

obligaciones del cedente de una relación laboral existente en la fecha de la

cesión se transfieren al concesionario. Por otro lado, la legislación

francesa permite denunciar el convenio colectivo aplicable incluso fuera del

contexto de la cesión. El perjuicio alegado -la pérdida de las ventajas

previstas por este convenio- no podía, pues, derivarse de la Decisión

impugnada.

Por consiguiente, el presidente desestimó la demanda de medidas cautelares.

<T4> Inadmisibilidad de recursos de accionistas minoritarios

           para la reapertura de un procedimiento

El 28 de octubre, e] Tribunal dictó su primera sentencia sobre operaciones de

concentración reguladas por el Reglamento n° 4064/89. La cuestión planteada

era de procedimiento. El Tribunal juzgó inadmisible el recurso interpuesto

por accionistas minoritarios de la empresa de seguros italiana Generali

contra la denegación de reapertura del procedimiento por el cual la Comisión

adoptó una Decisión conforme a la letra a) del apartado 1 del artículo 6 del

Reglamento. Según esta Decisión, el aumento de la participación de Mediobanca

en el capital de Generali, que pasó del 5,98% al 12,84%, no entra dentro del

ámbito de aplicación del Reglamento, teniendo en cuenta que Mediobanca, a

raíz de la operación, no estaría en situación de ejercer una influencia

decisiva sobre Generali.

El 26 de junio de 1992, los accionistas minoritarios solicitaron la

reapertura del procedimiento, a raíz de la publicación, en un diario italiano

del 19 de marzo de 1992, del texto del acuerdo de 1985, hasta entonces

secreto, celebrado entre Generali, Mediobanca y Lazard, cuya filial, Eurolux,

era el segundo accionista más importante de Generali.

```

```
2.II.p.24

#### 239

Mediante carta de 31 de julio de 1992, la Dirección General de Competencia

desestimó la denuncia porque, entre otras razones, la Comisión tenía

conocimiento del acuerdo de 1985 y lo había tomado en consideración al

adoptar su Decisión.

En primer lugar, el Tribunal observó que el Reglamento n° 4064/89 no contiene

ninguna disposición que prevea expresamente la posibilidad de solicitar a la

Comisión la reapertura de un procedimiento. No obstante, la letra a) del

apartado 5 de su artículo 8 permite a la Comisión revocar una Decisión por la

que una operación de concentración haya sido declarada compatible con el

mercado común, especialmente si la Decision se basa en datos inexactos u

obtenidos fraudulentamente.

A continuación, el Tribunal consideró que el recurso era inadmisible, porque

los demandantes no eran los destinatarios de la Decisión cuya retirada

solicitaban; su solicitud de reapertura del procedimiento implicaba la

anulación de la Decisión, resultado del mismo, y los recursos interpuestos

por terceros sólo son admisibles si aquéllos están individual y directamente

afectados por la Decisión.

El Tribunal estimó que sólo circunstancias excepcionales pueden permitir

considerar a un accionista directa e individualmente afectado por un acto que

pueda influir en las relaciones entre los accionistas de una empresa.

Este caso no cumplía este requisito. En primer lugar, la conclusión extraída

por la Comisión en el sentido de que el aumento de la participación de

Mediobanca en el capital de Generali no entraba dentro del ámbito de

aplicación del Reglamento no modificó el alcance o la solidez de los derechos

de los accionistas. En segundo lugar, esta consideración alcanza tanto a los

demandantes como al resto de los accionistas de la empresa, que en total son

unos 140 000. Por último, no es exacto que, si hubieran solicitado intervenir

en el procedimiento que condujo a la adopción de la decisión -lo habrían

hecho si hubieran conocido los elementos que salieron a la luz

posteriormente- habrían dispuesto de una vía de recurso judicial, posibilidad

que pondría de manifiesto que estaban individualmente afectados por la

```

```
2.II.p.25

```

240

```
Decisión. El Tribunal consideró que la seguridad jurídica de los agentes

económicos y la brevedad de los plazos previstos por el Reglamento n° 4064/89

exigen que toda solicitud de reapertura del procedimiento, motivada por el

descubrimiento de un supuesto hecho nuevo, se presente en un plazo razonable.

En su opinión, la solicitud, del 26 de junio de 1992, se presentó demasiado

tarde, teniendo en cuenta que los propios solicitantes declararon haber

tenido conocimiento del supuesto hecho nuevo a finales de marzo o principios

de abril de 1992.

```

```
3.1.§l.p.l

<T5> Tercera parte

<T1> Empresas públicas y monopolios nacionales

<T4> Capítulo 1

<T2> Principales acontecimientos

```

##### 241

`356.` `En la primera parte del presente` `Informe` _^'_ `se trataron los principios`

```
que habían guiado a la Comisión al abordar la liberalización de determinados

sectores. En este capítulo se expondrán las medidas adoptadas.

<T3> §1. Telecomunicaciones y servicios postales

<T4> - Legislación comunitaria

358. El principal logro del presente año ha sido sin duda alguna la

resolución de 22 de julio de 1993 del Consejo de Ministros en la que se

decidió que la liberalización de los servicios telefónicos públicos tendría

```

`lugar a más tardar el 1 de enero de` `1999` _^_ _._ `El Consejo de Ministros`

```
estimaba de esta forma que la aplicación efectiva de la legislación

comunitaria existente en materia de servicios de telecomunicaciones era uno

de los principales objetivos de la política comunitaria en este ámbito.

359. Con arreglo a este objetivo, a lo largo del año la Comisión prosiguió

los contactos bilaterales con determinados Estados miembros sobre la

aplicación de la Directiva 90/388/CEE, de 28 de junio de 1990, relativa a la

competencia en los servicios de telecomunicaciones. El principal objeto de

estos contactos es el alcance del servicio telefónico reservado, que la

Directiva define de forma muy estricta, lo que implica que la telefonía

ofrecida a grupos cerrados de usuarios no puede quedar sujeta a un régimen de

monopolio.

360. A consecuencia de tales contactos bilaterales, el 15 de enero de 1993,

Alemania liberalizó los servicios telefónicos ofrecidos a las "Corporate

(1) Puntos 36 a 42 del presente Informe.

(2) Puntos 123 a 129 del presente Informe.

```

##### 3.1.§1.p.2 242

```
Networks" mientras que Irlanda se comprometía, mediante una carta de fecha 22

de julio de 1993, a atenerse estrictamente a la definición de la Comisión. En

carta de fecha 15 de junio de 1993, el Gobierno belga confirmó que autorizaba

el tráfico telefónico entre terceros mediante enlaces fijos siempre que no

consistiera en la conmutación de voz entre dos puntos de terminación de la

red pública conmutada o que no se ofreciera al público; también era preciso

que entre los terceros existiera un vínculo más estrecho que la simple

necesidad de comunicación telefónica, por ejemplo que fueran matriz y filial.

En carta de fecha 16 de septiembre de 1993, Dinamarca se comprometió a

liberalizar completamente el tráfico telefónico mediante enlaces fijos en

1994, en lugar de definir los servicios de telefonía reservados y

liberalizados. La Comisión sigue atenta a la aplicación de este aspecto de la

Directiva y seguirá actuando si se presentan denuncias.

La Comisión también tuvo que precisar la aplicación de las normas de

competencia en el sector de las telecomunicaciones móviles, excluido del

ámbito de aplicación de la Directiva. Tal exclusión no significa que los

Estados miembros puedan ampliar a la radiotelefonía móvil el monopolio de su

operador público. Tras la incoación de un procedimiento respecto a Italia,

éste país se comprometió el 1 de octubre de 1993 a conceder una segunda

licencia para la explotación de la radiotelefonía GSM en su territorio. Se

incició un procedimiento similar respecto a Bélgica y se está debatiendo el

asunto con Irlanda.

La Comisión también solicitó a los Estados miembros que proyectaban iniciar

procedimientos para la concesión de nuevas autorizaciones de operadores

móviles que le presentaran las condiciones previstas al respecto, a fin de

evitar futuras impugnaciones por falta de objetividad o por efectos

discriminatorios. Mediante carta de 31 de marzo de 1993, la Comisión remitió

al Gobierno neerlandés numerosas observaciones sobre el anteproyecto que

había presentado.

361. Por último, el 1 de diciembre, la Comisión adoptó en primera lectura un

proyecto de directiva' [3] ' por la que se modifican las Directivas 88/301/CEE y

90/388/CEE, que se propone ampliar al sector de las comunicaciones por

satélite la liberalización realizada en materia de terminales y de servicios

de telecomunicaciones. Antes de aprobar formalmente el proyecto, la Comisión

decidió esperar las observaciones eventuales del Consejo, Parlamento y Comité

Económico y Social.

(3) SEC (93) 1891 final.

```

```
3.I.§2.p.3
```

243

```
<T3> §2. Energía

<T4> - Monopolio español del petróleo

362. Con la entrada en vigor, el 14 de enero de 1993, de la Ley n° 34 de 22

de diciembre de 1992, por la que se regula el sector del petróleo, dejó de

existir legalmente el monopolio español del petróleo, creado en 1927. De esta

forma desaparecía la última traba legal subsistente, a saber, los derechos

exclusivos de comercialización al por menor de que gozaban la antigua

empresa gestora del monopolio (CAMPSA) y, por extensión, las refinerías

españolas, en la red monopolizada de estaciones de servicio. Habida cuenta

del alcance de la nueva Ley, la Comisión decidió archivar el procedimiento de

infracción en curso.

No obstante, la Comisión velará por que el efecto útil de la norma adoptada

no quede neutralizado y por que las restricciones legales a la competencia

existentes hasta ahora no sean sustituidas por otras de carácter

contractual^ [4] ' o contrarias a la apertura efectiva de este mercado.

<T4> Derechos exclusivos de importación y exportación de

                electricidad y de gas

363. La Comisión recibió las respuestas de las autoridades nacionales a los

seis dictámenes motivados enviados en noviembre de 1992. La Comisión había

continuado los procedimientos de infracción del artículo 169 del Tratado CE

respecto a disposiciones de la legislación francesa, italiana, española,

neerlandesa, danesa e irlandesa, que contienen derechos exclusivos de

importación y exportación de electricidad y de gas.

Algunos de estos Estados miembros manifestaron su intención de abrir un

período de reflexión y debate que condujera a modificar la legislación en el

sentido de una mayor liberalización del sector. No obstante, ninguno de

ellos ha presentado ún proyecto concreto de supresión de los monopolios

denunciados.

A partir de estas respuestas y teniendo en cuenta la posible evolución de

los Estados miembros, la Comisión finalmente decidió a inicios de 1994

recurrir al Tribunal de Justicia.

(4) Punto 226 del presente Informe.

```

```
3.I.§3.p.4

<T3> §3. Transportes ( [5] )

<T4> - Transportes marítimos

<T7> España

```

##### 244

```
364. En lo que respecta a las nuevas discriminaciones por nacionalidad por

parte de la empresa pública de transporte marítimo Transmediterránea citadas

en el Informe precedente' [6] ^, tras la carta de emplazamiento de fecha 24 de

noviembre, fundada en el artículo 90 del Tratado CE en relación con el

artículo 7, el Gobierno español comunicó finalmente a la Comisión que a

partir de junio de 1992 ponía fin a la discriminación denunciada. Según las

precisiones comunicadas, en lo sucesivo la reducción antes reservada a

determinadas categorías de beneficiarios de nacionalidad española se aplicará

indistintamente a los ciudadanos de todos los Estados miembros.

<T4> - Transporte aéreo. Asistencia en escala

365. La apertura del sector del transporte aéreo a una mayor competencia tras

el tercer conjunto de medidas de liberalización obliga a las empresas de

transporte a mejorar la calidad de sus servicios y a controlar más

atentamente que nunca sus costes. Los servicios de asistencia en escala

ofrecidos a estas empresas en los aeropuertos, como la gestión de equipajes,

la recepción de pasajeros y su transporte desde los terminales hasta los

aviones, los servicios de restauración ofrecidos durante el vuelo, el

suministro de carburante a las aeronaves, el mantenimiento de las mismas,

etc. constituyen una importante parte de los costes de las compañías aéreas,

así como un elemento clave para su imagen comercial.

Ahora bien, a diferencia del transporte aéreo, en la mayoría de Estados

miembros el sector de los servicios de asistencia en escala sigue controlado

por empresas que actúan al abrigo de la competencia y que, por tanto, pueden

exigir precios excesivos en relación con la calidad del servicio ofrecido.

Así ocurre en particular cuando la legislación permite que los aeropuertos se

(5) Puntos 13 6 a 142 del presente Informe.
(6) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 253.

```

```
3.I.§3.p.5
##### 245

reserven la prestación exclusiva de estos servicios o la concesión del

derecho exclusivo a una empresa, con frecuencia el transportista dominante en

el mercado nacional. Los límites a la autoasistencia existentes en numerosos

aeropuertos constituyen una manifestación particularmente grave del carácter

contrario a la competencia del actual sistema^ [7] '

366. Un ejemplo de estas restricciones es la negativa de las autoridades

alemanas a que la compañía aérea British Midlands recibiera los servicios de

asistencia en escala en el aeropuerto de Francfort que la compañía SAS estaba

dispuesta a proporcionarle^ [8] '.

Esta prohibición se sustenta en disposiciones nacionales que prevén que las

compañías extranjeras no pueden prestar tales servicios excepto si en su país

de origen conceden las mismas condiciones a los transportistas alemanes. Las

autoridades alemanas invocaban al respecto que Lufthansa sufre restricciones

similares en Dinamarca y en los demás países nórdicos.

Siendo la exigencia de reciprocidad a un operador comunitario claramente

ilegal, tras una intervención de la Comisión, las autoridades alemanas

aceptaron que el denunciante recibiera los servicios de asistencia en escala

prestados por SAS.

367. En 1993 la Comisión recibió numerosas denuncias sobre los servicios de

asistencia en escala prestados en varios aeropuertos alemanes, italianos,

portugueses y españoles. Las denuncias ponen de relieve la importancia del

problema y el peligro de que los efectos positivos esperados de la

liberalización del transporte aéreo queden comprometidos por las

restricciones de la competencia en la asistencia en escala.

368. En este sentido, la Comisión ha constatado que España no ha puesto fin

a la discriminación practicada en materia de bonificación de tarifas de los

servicios de asistencia en tierra de la que sólo se benefician las compañías

```

`aéreas` `españolas` _O)_ `.`

```
(7) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 518.
(8) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 520.
(9) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 521.

```

`3.1.§3.p.6` _r\_ _A '_
24b

```
Consecuentemente, la Comisión ha dirigido al Gobierno español una carta de

emplazamiento denunciando las bonificaciones que Iberia, en su calidad de

concesionaria de estos servicios en todo el territorio nacional, se ve

obligada a acordar. Las medidas de las autoridades españolas que obligan a

Iberia a conceder estas bonificaciones deben considerarse contrarias a las

disposiciones del apartado 1 del artículo 90 del Tratado CE, en relación con

los artículos 7 (prohibición de discriminaciones basadas en la nacionalidad),

59 (prohibición de restricciones a la libre prestación de servicios) y 86

(prohibición de actuaciones abusivas de las empresas, en particular aplicar

condiciones desiguales para prestaciones equivalentes).

369. Independientemente de la instrucción normal de los casos individuales,

la Comisión considera que la amplitud del problema exige la adopción de

medidas generales' [10] ^.

<T4> Puertos

370. El Gobierno danés no dio respuesta a la petición de permitir el acceso

al puerto de Rodby a una empresa que deseaba establecer un enlace marítimo

con el puerto alemán de Puttgarden^ [1]] -' . Consecuentemente, la Comisión adoptó

una decisión con arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado C E ' [1 2] ^ .

371. Tras la abolición formal, mediante un decreto ley, del monopolio de las

operaciones portuarias que poseían las empresas y grupos portuarios en

Italia^ [13] ', la Comisión observó que dicho decreto ley no se convertía en

ley en los plazos fijados, a resultas de lo cual el Gobierno italiano se

había visto obligado a prorrogar sus efectos con la adopción sucesiva, hasta

esta fecha, de una serie de decretos-ley.

Tras la sentencia del Tribunal de fecha 10 de diciembre de 1991 (asunto C
179/90, Porto di Genova), en la que se declara la incompatibilidad del

citado monopolio con las disposiciones del apartado 1 del artículo 90 del

Tratado CE en relación con los artículos 30, 48 y 86 y transcurridos varios

meses del inicio del procedimiento de infracción' [14] ', no se ha llegado a

ninguna solución satisfactoria.

(10) Punto 13 7 del presente Informe.
(11) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 522
(12) Anexo III.B del presente Informe.
(13) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 524
(14) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 524

```

```
3.I.§3.p.7
```

247

```
La Comisión considera que el recurso repetido a medidas de urgencia de

carácter temporal no genera condiciones de seguridad jurídica, las únicas que

pueden permitir a los agentes económicos interesados, italianos o de otros

Estados miembros, entrar en el mercado efectuando las inversiones necesarias.

Consecuentemente, esta situación de incertidumbre ha dejado hasta ahora sin

efectos la exigencia de instaurar una competencia efectiva entre las empresas

que actúan en el puerto.

```

```
3.11.§l.p.l

<T4> Capítulo II

<T2> Principales decisiones del Tribunal de Justicia

```

243

```
<T3> §1. Sentencias del Tribunal relativas al artículo 90 del Tratado CE

372. En su sentencia de 19 de mayo de 1993 en el asunto C-320/91, Corbeau, el

Tribunal de Justicia tuvo ocasión de precisar las condiciones de aplicación

de los apartados 1 y 2 del artículo 90 del Tratado CE. El apartado 1 del

artículo 90 obliga a los Estados miembros a no promulgar ni mantener ninguna

norma contraria a las del Tratado CE en beneficio de empresas públicas o de

empresas a las que concedan derechos exclusivos. El apartado 2 de dicho

artículo prevé que las empresas encargadas de la gestión de servicios de

interés económico general quedarán sometidas a las normas del Tratado CE, en

especial a las normas de competencia, en la medida en que la aplicación de

dichas normas no impida, de derecho o de hecho, el cumplimiento de la misión

específica a ellas confiada.

En el origen de la sentencia se encuentra la actividad de una persona que, en

Lie ja y en su zona limítrofe, prestaba un servicio de recogida de correo en

el domicilio del expendedor y de distribución del mismo antes del mediodía

del día siguiente, siempre que los destinatarios se situaran dentro del

perímetro de la ciudad. Si los destinatarios residían fuera de este

perímetro, se procedía a la recogida de la correspondencia en el domicilio

del expendedor y a su envío por correo.

Estas actividades fueron denunciadas y juzgadas por el Tribunal Correccional

de Lieja, por infracción, sancionadas penalmente, de la legislación belga

sobre monopolio postal, según la cual la Administración de Correos, persona

jurídica de derecho público, posee en Bélgica el derecho exclusivo de

recoger, transportar y distribuir todo tipo de correspondencia. No obstante,

el Tribunal se preguntaba si tal monopolio era compatible con el artículo 90

del Tratado CE.

En su respuesta, el Tribunal constataba en primer lugar que la Administración

de Correos belga era una empresa beneficiaría de un derecho exclusivo en el

sentido del apartado 1 del articulo 90. Ahora bien, la posesión de un

monopolio legal sobre una parte sustancial del mercado común puede dar lugar

```

```
3.H.S1.P.2 2 4 9

a una posición dominante, en el sentido del artículo 86. El Tribunal

recordaba que si bien este artículo se refiere a abusos de empresas y no a

disposiciones de los Estados, los Estados miembros deben abstenerse de

adoptar medidas que puedan limitar el efecto útil de la disposición.

El Tribunal considera que el apartado 1 del artículo 90 debe interpretarse

teniendo en cuenta el apartado 2 del mismo artículo, del que recuerda el

contenido. En este caso concreto, el Tribunal considera que la Administración

de Correos asume un servicio de interés económico general, en el sentido del

apartado 2 del artículo 90, consistente en la obligación de asegurar la

recogida, transporte y distribución de correo, en beneficio de todos los

usuarios, en todo el territorio del Estado miembro afectado, con tarifas

uniformes y en condiciones cualitativas similares, sin tener en cuenta las

situaciones particulares y la rentabilidad económica de cada operación

particular.

A continuación el Tribunal examina en que medida para que el titular del

derecho exclusivo pueda cumplir su misión de interés general es necesaria una

restricción de la competencia o incluso su total supresión, y si es preciso

que goce de condiciones económicas aceptables.

El Tribunal estima que para que la empresa que presta un servicio de interés

económico general pueda cumplir su misión de forma rentable, debe tener la

posibilidad de compensar las pérdidas que tenga en un sector con los

beneficios que obtiene en otro. Esta razón justifica que en los sectores

económicos rentables se limite la competencia de los particulares, que

podrían ofrecer mejores condiciones que la empresa que asume el servicio de

interés general, al no tener que compensar las pérdidas que originan los

sectores no rentables.

Sin embargo el Tribunal considera que la eliminación de la competencia no se

justifica cuando se trata de servicios específicos, disociables del servicio

de interés general, que respondan a necesidades particulares de los agentes

económicos y que exigen determinadas prestaciones suplementarias que el

servicio postal no ofrece, como la recogida a domicilio, una mayor rapidez o

```

```
3.II.§1.p.3
###### 25ü

fiabilidad en la distribución o incluso la posibilidad de variar el

destinatario una vez efectuada la expedición, siempre que tales servicios no

pongan en peligro el equilibrio económico del servicio de interés general

asumido por el titular del derecho exclusivo.

De la sentencia resulta que cualquier ampliación de un derecho exclusivo que

no se justifica por el apartado 2 del artículo 90 coloca al beneficiario en

una situación de abuso (monopolización) contraria al artículo 86.

Por otra parte, la sentencia confirma la aplicabilidad directa del apartado 2

del artículo 90, invitando al juez de reenvío a su aplicación.

```

##### 3.II.§2.p.4 25 1

```
<T3> §2. Interpretación de la Directiva sobre terminales de

                 telecomunciaciones

El 27 de octubre el Tribunal de Justicia emitió tres sentencias en las que

interpretaba el artículo 6 de la Directiva de la Comisión 88/3 01/CEE, de 16

de mayo de 1988, relativa a la competencia en los mercados de terminales de

telecomunicaciones, que prevé que a partir del 1 de julio de 1989 los Estados

miembros deben garantizar que la formalización de las especificaciones

técnicas, el control de su aplicación y la homologación de los materiales

serán efectuados por una entidad independiente de las empresas públicas o

privadas que ofrecen bienes o servicios competidores en el ámbito de las

telecomunicaciones. Dos de estas sentencias estaban originadas por cuestiones

prejudiciales planteadas por tribunales franceses (asunto C-69/91 Decoster y

asunto C-922/91, Taillandier). En la tercera sentencia, la cuestión

prejudicial había sido planteada por un tribunal belga (asuntos acumulados C
46/90 y C-93/91, Lagauche, Evrard y otros). La totalidad de los asuntos se

refería a procesos contra vendedores de terminales de telecomunicaciones

(telecopiadoras o teléfonos inalámbricos) sin homologar, que habían alegado

ante tribunales nacionales la incompatibilidad de las leyes nacionales que

exigían tal homologación con el Tratado CE y la Directiva, al no existir una

entidad independiente competente para conceder dichas homologaciones.

En el momento de los hechos, en Francia las homologaciones eran concedidas

por la Dirección de Regulación General del Ministerio de Correos y

Telecomunicaciones, mientras que la explotación comercial era asumida por

France Telecom, dependiente del mismo Ministerio. Así, en las dos primeras

sentencias el Tribunal de Justicia tuvo que pronunciarse sobre si la

separación administrativa dentro de un mismo ministerio era suficiente para

el cumplimiento del artículo 6 de la Directiva. El Tribunal declaró que dos

direcciones distintas de una misma administración no podían considerarse

independientes, ya que de lo contrario se perjudicaba la uniformidad de la

aplicación de la Directiva en todos los Estados miembros. Se planteó también

si para garantizar la independencia sería suficiente depender de dos

administraciones distintas o de dos ministerios, sin que pudiera responderse

afirmativamente a ello. En cualquier caso, quedó de manifiesto que las

sentencias Decoster y Taillandier exigían analizar de nuevo las medidas

adoptadas por los Estados miembros para cumplir con la citada disposición.

```

```
3.II.§2.p.5
##### 252

En la tercera sentencia, en los asuntos acumulados Lagauche - Evrard, el

Tribunal no examinó la cuestión de independencia orgánica puesto que el

Gobierno belga admitió en el curso de la audiencia que en Bélgica no se había

efectuado esta división de actividades.

No obstante, la sentencia es interesante por los efectos jurídicos que el

Tribunal concede a la fecha de 1 de julio de 1989 mencionada en el artículo 6

de la Directiva de la Comisión. El Tribunal consideró, por una parte, que el

artículo 90 del Tratado CE, en relación con el artículo 86, no se opone a que

una misma entidad acumule funciones reguladoras y operativas, siempre que se

limite a instruir las solicitudes de autorización presentadas en el

ministerio, al no ser ésta más que una función accesoria al ejercicio del

poder ministerial. Por otra parte, en lo que se refiere a los aparatos a los

que es de aplicación la Directiva 88/301/CEE y siempre que sea con

posterioridad al 1 de julio de 1989, el artículo 6 de la Directiva se opone a

la obligación de que los terminales tengan que ser homologados por una

empresa pública que ofrece bienes o servicios en el ámbito de las

telecomunicaciones.

Por tanto, el Tribunal consideró que en determinadas condiciones (función

subsidiaria del operador, posibilidad de recurso) la acumulación de funciones

era compatible con el Derecho comunitario antes del 1 de julio de 1989, y

dejaba de serlo a partir de esta fecha. De ahí podría desprenderse que una

directiva fundamentada en el apartado 3 del artículo 90 podría ir más allá de

la simple precisión de las obligaciones que ya se desprenden del Tratado CE.

Al señalar las diferencias entre las situaciones jurídicas antes y después de

la entrada en vigor del artículo 6 de la Directiva 88/301/CEE, la sentencia

Lagauche se opone a una interpretación restrictiva del apartado 3 del

artículo 90. Aunque la concesión de funciones reguladoras a un operador no se

opone, en sí, al artículo 90 en relación con el artículo 86, la Cotltisión, en

el cumplimiento de la misión que le confiere el apartado 3 del artículo 90,

es competente para prohibir tal acumulación de actividades si, bajo

supervisión del Tribunal de Justicia, estima que en determinados casos la

acumulación puede ser contraria al Tratado CE.

```

##### 3.II.§2.p.6 253

```
La sentencia Lagauche destaca así los poderes de la Comisión para adoptar

medidas cautelares que garanticen la igualdad de oportunidades en los

mercados en que actúan empresas públicas o empresas que gocen de privilegios

y recuerda la especial responsabilidad de la Comisión de cumplir, en estos

mercados, la misión que le confiere el apartado 3 del artículo 90.

```

```
3.II.§3.p.7

<T3> §3. Empresas públicas y ayudas estatales

<T4> - Comunicación sobre las empresas públicas

```

##### 254

```
373. Tras un recurso interpuesto por Francia( [15] ), el fallo del Tribunal de

Justicia dejó sin efecto la Comunicación de 1991 de la Comisión sobre

empresas públicas, en la que se solicitaba a los Estados miembros que

remitieran a la Comisión informes anuales sobre sus relaciones financieras

con las grandes empresas públicas del sector manufacturero^ [16] '.

La Comisión basaba su petición en el artículo 5 de su Directiva 80/723/CEE

sobre transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros

y las empresas públicas. El apartado 2 del citado artículo establece que la

Comisión puede solicitar a los Estados miembros que faciliten datos

financieros sobre determinadas empresas cuando lo considere necesario. La

Comisión argumentaba que el apartado 2 del artículo 5 proporcionaba una base

jurídica suficiente para la exigencia de información contenida en la

Comunicación de 1991. La Comunicación se limitaba a concretar una obligación

existente de facilitar datos cuando se solicitaran.

Por el contrario, el Tribunal consideró que el apartado 2 del artículo 5 no

imponía el suministro de informes regulares sobre todas las empresas

manufactureras de propiedad pública y de una determinada talla, que era lo

que la Comisión exigía a los Estados miembros en su Comunicación. La

Comunicación imponía a los Estados miembros una nueva obligación legal, que

carecía de la base jurídica apropiada, y, por tanto era nula de pleno

derecho. El Tribunal indicaba que esta nueva obligación que modificaba las

exigencias del apartado 2 del artículo 5 sólo podía exigirse al amparo del

apartado 3 del artículo 90 del Tratado, que también constituía la base

jurídica de la directiva original.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal, la Comisión ha incorporado la

exigencia de proporcionar información en una nueva directiva que modifica la

de 1980 y ha publicado de nuevo la Comunicación en forma de declaración de

principios sobre los flujos financieros a las emrpesas públicas, eliminando

                 '
la exigencia de información^ [17] .

(15) Sentencia de 16 de junio de 1993, Asunto C-325/91 Francia /Comisión,
   pendiente de publicación.
(16) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia,
   puntos 167 a 172.
(17) Puntos 3 99 y 400 del presente Informe.

```

```
4.I.§1.1

<T5> Cuarta parte

<T1> Ayudas estatales

<T4> Capítulo I

<T2> Principales decisiones y medidas tomadas por la Comisión

<T3> §1. Problemas de política general

<T4> - Evolución global

```

##### 255

```
374. En 1993, la aplicación de la política en materia de ayudas estatales

sufrió el influjo de la crisis del sector siderúrgico. El declive que la

actividad siderúrgica viene experimentando desde hace ya largo tiempo se vio

agravado por una de las mayores recesiones desde los años treinta, por la

presión de las importaciones y por el deterioro de las condiciones de

exportación, haciéndose patente la necesidad de proceder sin demora a nuevas

               ^
reducciones de capacidad^ [1] . La Comisión se mostró dispuesta a asumir la

coordinación de tales reducciones de capacidad y, en el mes de marzo, el

Consejo se comprometió a respaldar con fondos comunitarios el coste de los

cierres. Sin embargo, hubo antes que resolver una serie de casos de ayudas

que los Estados miembros deseaban conceder a empresas siderúrgicas del sector

público. La tarea de la Comisión consistió en garantizar que, a cambio de las

ayudas, los productores contribuyesen equitativamente a la reestructuración.

Finalmente, se llegó a un acuerdo en diciembre y el Consejo dio su visto

bueno para que fuese otorgado un importe total de 6 800 millones de ecus en

concepto de ayudas a seis productores, a cambio de una reducción de capacidad

de 5,5 millones de toneladas. Para hacerse una idea de la dificultad que

entrañó este primer paso en la reestructuración, basta con decir que el

Consejo de Industria tuvo que reunirse varias veces y que, en julio, la

Comisión se vio por primera vez obligada a llegar al extremo de tomar medidas

cautelares, en virtud del artículo 88 del Tratado CECA, para impedir a Italia

cancelar deudas de Uva, uno de los seis beneficiarios de las ayudas, por

importe de 4 000 millones de ecus, operación que, según alegó insistentemente

el Gobierno italiano, no constituía en absoluto una ayuda.

(1) Puntos 2 9 y 481 del presente Informe.

```

```
4.I.§1.2

##### 256

375. Las ayudas a la industria del automóvil tuvieron también que someterse

una vez más a un intenso control( [2] '. Muchos de los casos correspondían a

medidas de salvamento y de reestructuración. Debido al crecimiento del exceso

de capacidad, las ayudas a la inversión concedidas por Austria al sector del

automóvil fueron igualmente objeto de una cuidadosa supervisión, dando lugar

a la imposición de derechos compensatorios( [3] ). En el sector de la

construcción naval, la situación no permitió poner fin al régimen especial de

                                     '
ayudas, y la Sexta Directiva se prorrogó un año más^ [4] . Las medidas de

salvamento y reestructuración, unidas a paquetes de ayudas, estuvieron

también a la orden del día en muchos otros sectores, desde la construcción

mecánica a las compañías aéreas^ [5] ^. Como siempre, fueron los casos de

privatización y aquellos que afectaban a empresas públicas los que plantearon

mayores problemas en relación con el control de las ayudas. No obstante, los

```

`logros habidos en materia de avales` `estatales` _^'_ `y el nuevo texto jurídico`

```
fundamental en relación con las obligaciones de notificación de las empresas

públicas' [7] ^ facilitarán, en principio, dicho control en el futuro. El

Tribunal de Justicia reiteró, asimismo, el deber de la Comisión de realizar

un análisis completo del impacto de las ayudas previstas sobre las empresas

         '
competidoras( [8] .

3 76. Una parte más rutinaria, aunque no menos importante, del control de las

ayudas estatales consiste en procesar notificaciones de ayudas que plantean

menos problemas para la competencia y que, por consiguiente, pueden aprobarse

con relativa facilidad siempre que se respeten determinados límites y

condiciones, con frecuencia establecidos en las directrices correspondientes.

La Comisión es también la única autoridad supervisora de tales ayudas y los

Estados miembros requieren su consentimiento para concederlas. La Comisión

tiene el deber de otorgar la autorización reglamentaria en un plazo

razonable' [9] '. En un período de recesión, es especialmente importante

responder con rapidez.

377. En relación con las ayudas regionales, y de acuerdo con la práctica ya

establecida, la Comisión siguió limitando la extensión de las zonas

(2) Puntos 505 y siguientes del presente Informe.
(3) Punto 506 del presente Informe.
(4) Punto 497 del presente Informe.
(5) Puntos 531 y siguientes y 536 y siguientes del presente Informe.

(6) Puntos 386 y 401 del presente Informe.

(7) Punto 399 del presente Informe.

(8) Punto 3 95 del presente Informe.
(9) Sentencia de 11 de diciembre de 1973, asunto 120/72, Lorenz/Alemania,

   Rec. [1973] 1471, 1481 (apdo.4).

```

```
4.I.§1.3
```

257

```
asistidas y manteniendo diferenciales entre las zonas más y menos

desarrolladas' [10] '. Asimismo, la Comisión siguió analizando las ayudas para

proyectos de inversión con gran intensidad de capital.

378. Los incentivos para la creación efectiva de empleo, la formación y el

desarrollo de las pequeñas empresas se evaluaron con toda la benevolencia que

merecen' [11] '. Tras la elaboración de las directrices sobre ayudas a las PYME

en 1992 (12) / ]_ a comisión ha finalizado prácticamente la revisión de los

regímenes de ayudas para dichas empresas. En lo que respecta a otro ámbito de

creciente importancia, el medio ambiente, la Comisión fijó nuevas directrices

                                              '
sobre ayudas, mucho más i.detalladas y completas que las anteriores^ [13] .

Asimismo, la Comisión siguió trabajando para garantizar condiciones

equitativas a las empresas de seguro de crédito a la exportación que cubren

riesgos comerciales a corto plazo en los intercambios entre países de la

Comunidad y de la OCDE, con independencia de que pertenezcan al sector

público o cuenten con su apoyo, o sean privadas. Cabe esperar que se aprueben

directrices al respecto en breve' [14] '. También se prosiguió el análisis del

posible falseamiento de la competencia provocado por las ayudas en otros

sectores de servicios financieros y en la televisión. En este último sector,

la Comisión encomendó la realización de un estudio a escala europea que le

permita evaluar las denuncias de las cadenas privadas, cada día más

numerosas' [1] ^'.

379. En el plano internacional, las ayudas estatales ocuparon un lugar

destacado en las negociaciones para la adhesión de los países nórdicos, esto

es, Finlandia, Noruega y Suecia, amén de Austria( [16] '. Entretanto, tras la

entrada en vigor del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, el 1 de enero de

1994, el Órgano de Vigilancia de la AELC se encargará de aplicar las normas

comunitarias en materia de ayudas estatales a estos países, además de

Islandia. Ante la necesidad de cooperar estrechamente con este Órgano, la

Comisión ha tomado disposiciones, en virtud del Protocolo 2 7 del Acuerdo,

para estudiar los casos pendientes en colaboración con el mismo e informarle

de las decisiones finales antes de que se publiquen' [17] '. Los Acuerdos

```

```
(10

(11

(12

(13

(14

(15

(16

(17

```

```
Puntos 465 y 466 del presente Informe.
Puntos 430 y 439 del presente Informe.
Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 342
Punto 384 del presente Informe.
Punto 427 del presente Informe.
Punto 546 del presente Informe.
Punto 561 del presente Informe.

Punto 557 del presente Informe.

```

```
4.I.§1.4

##### 258

Europeos firmados con varios países de Europa Central y Oriental contienen

                               '
también disposiciones en materia de ayudas estatales ( [18] . La Comisión

participó en las conversaciones de la OCDE que condujeron a la adopción de un

acuerdo internacional sobre la construcción naval y está presente en las

actuales negociaciones para la firma de un acuerdo multilateral sobre el

sector siderúrgico. Asimismo, desempeñó un papel activo en las negociaciones

del nuevo código de subvenciones del GATT' [19] '.

380. El mercado único, ya existente, y el proyecto de unión económica y

monetaria hacen que el control de las ayudas estatales sea más importante que

nunca y obligan, en mayor medida, a la Comisión a utilizar sus limitados

recursos con eficacia. A las innovaciones en materia procesal descritas en el

Informe del pasado año^ [20] ' se añadió la adopción de formularios normalizados

para la notificación de ayudas' [21] '. La tendencia hacia la codificación de

las prácticas hasta ahora seguidas se mantuvo con las nuevas directrices

sobre ayudas para el medio ambiente. Estas directrices fomentan la

transparencia y certidumbre de las actuaciones y propician la confianza en

una aplicación coherente de las normas. Asimismo, facilitan la evaluación de

compatibilidad de muchos casos individuales de concesión de ayuda sin

demasiada complejidad. La Comisión debate con los Estados miembros las nuevas

medidas previstas y otros asuntos generales en las reuniones multilaterales

periódicas. En 1993 tuvieron lugar dos reuniones de este tipo^ [22] '. Además,

se creó un "comité de sabios", compuesto por destacados especialistas de la

economía de la empresa y el Derecho de competencia, para debatir la política

en materia de ayudas estatales y ofrecer sus ideas al respecto. La

publicación de la nueva recopilación de la normativa sobre ayudas estatales,

anunciada el pasado año, tuvo que aplazarse hasta 1994, para incluir los

últimos documentos (directrices sobre ayudas para el medio ambiente, guía de

procedimientos, etc.).

381. El 1 de agosto, se confirieron al Tribunal de Primera Instancia de la

Comunidad Europea competencias para pronunciarse sobre los recursos

presentados por las empresas en relación con las decisiones de ayudas

(18) Puntos 101 y 563 del presente Informe.
(19) Punto 114 del presente Informe.
(20) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 337.
(21) Punto 3 85 del presente Informe.
(22) Punto 382 del presente Informe.

```

```
4.1.§1.5

##### 259

estatales. En esa fecha, se transfirieron al Tribunal de Primera Instancia

11 casos pendientes ante el Tribunal de Justicia que aún no habían entrado en

la fase de informe. Los recursos presentados ante el Tribunal de Justicia en

relación con las decisiones del TPI se referirán exclusivamente a aspectos de

Derecho. El Tribunal de Justicia seguirá siendo competente para conocer de

los recursos presentados por los Estados miembros y pronunciarse con carácter

prejudicial en virtud del artículo 177 del Tratado CE.

<T4> - Reuniones multilaterales

382. En el mes de junio, tuvo lugar una reunión de expertos gubernamentales

de los Estados miembros y funcionarios de la Comisión^ [23] ' para debatir las

propuestas modificadas de directrices sobre ayudas para el medio ambiente y

el seguro de crédito a corto plazo a la exportación^ [24] ', así como los nuevos

documentos sobre ayudas al sector turístico y las actividades de I+D y los

tipos de interés de referencia empleados al calcular las intensidades de

ayuda. La acogida del proyecto totalmente nuevo de directrices sobre ayudas

para el medio ambiente fue relativamente favorable y, por consiguiente, la

                          '
Comisión aprobó las citadas directrices^ [25] . En lo que respecta al seguro de

crédito a la exportación, el debate se centró en puntos de fondo que estaban

pendientes. Asimismo, se mantuvo durante la reunión un interesante debate

preliminar sobre las ayudas al sector turístico y sobre la postura de la

Comisión con respecto a las ayudas para I+D consistentes en préstamos

reembolsables si el proyecto sale adelante pero no si fracasa. Por último,

los Estados miembros acogieron favorablemente la propuesta de modificar con

mayor frecuencia los tipos de interés de referencia utilizados al calcular la

intensidad de las ayudas para adaptarlos a las fluctuaciones de los tipos de

interés del mercado. En consecuencia, la Comisión revisó los mencionados

tipos con efectos desde el 1 de julio de 1993, en lugar de proceder a la

habitual revisión anual( [26] '.

383. En diciembre, con ocasión de una segunda reunión multilateral, se

discutió la posibilidad de perfeccionar el sistema de tipos de interés de

(23) Punto 583 del presente Informe.
(24) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 339 y

   340.

(2 5) Punto 384 del presente Informe.
(26) Punto 3 98 del presente Informe.

```

```
4.I.§1.6
#### 260

referencia. Las delegaciones se declararon partidarias de que, en lo

sucesivo, los tipos de referencia para el año siguiente se basaran en la

media del período trimestral de septiembre a noviembre, en lugar de la media

anual, y de que, en el curso del año, el tipo de referencia se revisara si la

variación de los tipos en los que se basara excedía de un 15 %, en lugar de

los dos puntos porcentuales anteriores. La Comisión aprobó posteriormente

              '
estas modificaciones^ [27] .

La reunión giró también en torno a la cooperación con el Órgano de Vigilancia

de la AELC, en virtud del Acuerdo del Espacio Económico Europeo. Los

participantes coincidieron en que debería invitarse a dicho Órgano a asistir

a las futuras reuniones multilaterales en calidad de observador y en que la

Comisión debería enviarle todos los meses una lista de los asuntos de ayudas

pendientes. Asimismo, se estudió la tramitación de denuncias presentadas por

las empresas y los Estados miembros en la Comunidad y la AELC en relación con

ayudas estatales concedidas en uno u otro grupo de países( [28] '.

A continuación, el debate se centró en la definición de "ayudas blandas", es

decir, de las ayudas para formación, asesoramiento y fines similares, que

están ya sujetas a límites elevados debido a su incidencia positiva en la

competitividad global de las pequeñas y medianas empresas. El documento

elaborado a este respecto fue acogido favorablemente por la mayor parte de

las delegaciones y, una vez se hayan pulido las definiciones, se volverá a

tratar del tema en la próxima reunión multilateral. Por último, los

participantes examinaron los resultados obtenidos por la Comisión al exigir

la devolución de las ayudas concedidas ilegalmente y que no podían disfrutar

de una exención. De un cuadro que recogía los casos en que se había ordenado

la devolución se desprendía que una de las causas principales de los retrasos

registrados a la hora de recuperar la ayuda eran los conflictos con las

normas procesales nacionales' [29] '. Para evitar tales conflictos, es necesario

que los Estados miembros inicien inmediatamente el procedimiento para

recuperar la ayuda, aun cuando se recurra la decisión, puesto que las

acciones legales contra las decisiones de la Comisión no tienen efectos

suspensivos.

(27) Punto 398 del presente Informe.

(28) Punto 98 del presente Informe.
(2 9) El cuadro se reproduce en el anexo ... al presente Informe. Véase
   también punto 3 96 del presente Informe.

```

```
4.I.§1.7

<T4> - Ayudas para la protección del medio ambiente

```

##### 261

```
384. Las nuevas directrices sobre ayudas para el medio ambiente, aprobadas

por la Comisión en diciembre, determinarán las actuaciones futuras en este

ámbito' [30] '. Las anteriores directrices al respecto prácticamente no se

habían modificado desde que se adoptaron en 1974 ' [31] ' . Muchas de las ayudas

no entraban en el ámbito de aplicación de las mismas y habían de evaluarse de

forma específica. Las nuevas directrices incluyen las modificaciones

introducidas en la práctica de la Comisión y constituyen un marco de

referencia más completo y manejable, al mismo tiempo que permiten avanzar

hacia una total aplicación del principio de responsabilidad de "quien

contamina paga" y reflejar el énfasis que el Quinto Programa de Acción para

el Medio Ambiente pone en un "desarrollo sostenible" al objeto de evitar los

problemas medioambientales.

Las directrices establecen los principios o normas a los que deberán atenerse

los distintos instrumentos financieros utilizados en materia de política

medioambiental. Las disposiciones más estrictas se refieren a las ayudas a la

inversión, las cuales quedan sujetas a las siguientes normas:

   para las inversiones destinadas a adaptar instalaciones ya existentes a

   las nuevas normas o requisitos legales impuestos para proteger el medio

   ambiente, las empresas pueden recibir ayudas equivalentes a un 15 %

   bruto( [32] ^ del coste de la inversión estrictamente necesaria para ello.

   Por instalaciones existentes se entienden aquellas que tengan ya un

   mínimo de dos años cuando las nuevas normas o requisitos entren en

   vigor. Las instalaciones más recientes no pueden dar lugar a la

   concesión de ayuda. Las ayudas pueden otorgarse durante un período

   limitado antes o después de la fecha en que se introduzcan las nuevas

   normas ;

(30) DO ... y punto 166 del presente Informe.
(31) Cuarto Informe sobre la política de competencia, puntos 175-179; Décimo
   Informe sobre la política de competencia, puntos 222-226; Decimosexto
   Informe sobre la política de competencia, punto 259. A la espera de que
   se adopten las nuevas directrices, la normativa existente, que, en
   principio expiraba al término de 1992, se prorrogó, en diciembre de 1992
   (Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 448) y
   junio de 1993, al primer y segundo semestre de 1993, respectivamente.
(32) Es decir, sin impuestos. De acuerdo con las anteriores directrices,
   podía concederse a tal fin una ayuda del 15 % neto (es decir, una vez
   deducidos los impuestos).

```

```
4.1.§1.8
### 262

   para las inversiones en instalaciones nuevas o ya existentes que hagan

   posible un mayor control de la contaminación o permitan alcanzar un

   nivel de protección superior al de las normas medioambientales

   obligatorias, las empresas pueden recibir hasta un 30 % bruto del coste

   de la inversión estrictamente necesaria para ello. En el supuesto de que

   coexistan varias normativas, por ejemplo, normas comunitarias y

   disposiciones específicas nacionales o locales, debe superarse la más

   estricta de ellas. El nivel real de la ayuda debe ser proporcional a la

   mejora ambiental conseguida y a la inversión que haya sido necesaria; el

   30 % es un límite máximo. Asimismo, pueden concederse ayudas por un

   importe bruto de hasta un 30 % para las inversiones totalmente

   voluntarias que contribuyan a proteger al medio ambiente, si no existen

   normas o requisitos obligatorios aplicables a las empresas;

   las pequeñas y medianas empresas pueden recibir diez puntos porcentuales

   más en concepto de ayuda, que se añaden a los límites antes señalados;

   en las zonas asistidas, el nivel máximo de ayuda corresponde al

   porcentaje máximo permitido para las ayudas destinadas a la protección

   del medio ambiente o al porcentaje de ayuda regional autorizado por la

   Comisión en relación con la zona considerada, si éste es mayor;

   si un proyecto de inversión permite, por un lado, atenerse a las normas

   y, por otro, superar su alcance, los límites se aplicarán por prorrateo.

Además de las inversiones, las directrices se refieren a las siguientes

actividades :

   la divulgación de información;

   la asistencia en materia de formación y asesoramiento en beneficio de

   empresas concretas puede dar lugar a la concesión de ayudas de hasta un

   50 % para las PYME, con arreglo a lo establecido en las directrices

   sobre ayudas a estas empresas' [33] ', o hasta el porcentaje de ayuda

   regional permitido, si éste es mayor, en las zonas asistidas;

(33) DO C 213 de 19.8.1993.

```

```
4.1.§1.9
#### 263

   los incentivos para adquirir productos que no sean nocivos para el medio

   ambiente;

   la recogida, tratamiento y reciclado de residuos y la reducción de

   impuestos ecológicos para evitar pérdidas excesivas de competitividad.

Las directrices se aplican a todos los sectores, incluidos aquellos que están

sujetos a normas comunitarias específicas en materia de ayudas estatales si

éstas no disponen lo contrario, como ocurre con determinadas inversiones en

la agricultura. Asimismo, se aplicarán a las ayudas para el ahorro de

energía, con la diferencia de que, en este caso, se tomarán en consideración

las reducciones de costes logradas por las empresas.

Las directrices surtirán efecto desde el 1 de enero de 1994 hasta finales de

1999, momento en que concluirá el Quinto Programa para el Medio Ambiente,

pero se revisarán en 1996. Al objeto de adaptar los regímenes de ayuda para

la protección del medio ambiente a las nuevas normas, y en virtud de lo

dispuesto en el apartado 1 del artículo 93, la Comisión revisará antes del 30

de junio de 1995 todos los regímenes existentes que no se notifiquen de nuevo

voluntariamente. La Comisión ha decidido también realizar un seguimiento de

la aplicación de las directrices en 1994 para determinar si debe o no

imponerse a los Estados miembros la obligación de notificar todos los casos

importantes de concesión de ayudas al amparo de regímenes autorizados.

<T4> - Notificaciones e informes normalizados

385. La Comisión ha adoptado un sistema de notificaciones e informes

normalizados que permitirá facilitar la labor de los Estados miembros y

mejorar la información de que dispone aquélla en relación con las ayudas

estatales.. En lo sucesivo, los proyectos de ayudas habrán de notificarse con

arreglo a un cuestionario normalizado en el que se especifican los datos que

la Comisión considera necesarios para su examen. El nuevo sistema permitirá

reducir considerablemente las solicitudes de información complementaria y

acelerar así el proceso decisorio. Con fines también de simplificación

administrativa, la Comisión ha resuelto dispensar a los Estados miembros de

la obligación de notificar la refinanciación de regímenes autorizados por un

tiempo indefinido o por un período determinado que aún no haya concluido, si

el nuevo presupuesto anual no supera en más de un 20 % el notificado en un

principio. Además, merced a la introducción de un sistema de presentación de

```

```
4.I.§1.10

### 264

informes normalizados con arreglo a una estructura concreta, la Comisión

podrá verificar con mayor eficacia, a efectos de lo dispuesto en el apartado

1 del artículo 93, si un régimen previamente autorizado con determinadas

condiciones de carácter socioeconómico sigue cumpliendo los requisitos

necesarios para disfrutar de alguna de las exenciones previstas en el

artículo 92. A fin de reducir la labor administrativa de los Estados

miembros, sólo se exigirán informes normalizados detallados en relación con

un número muy restringido de regímenes importantes de ayudas. Los informes

correspondientes a los demás regímenes únicamente deberán contener algunos

datos concretos.

<T4> - Conclusiones que pueden extraerse de la práctica de la Comisión

        y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

<T5> a) Aspectos materiales

<T6> Avales otorgados por las autoridades públicas

386. Las autoridades públicas apoyan con frecuencia a las empresas avalando

los préstamos que éstas obtienen. Estos avales constituyen en general ayuda

estatal, ya que, sin ellos, la empresa se vería en la imposibilidad de lograr

la financiación necesaria y tendría que abandonar el proyecto correspondiente

o, incluso, entrar en liquidación. La Comisión aprueba muchos de los

programas de avales de préstamos y de los avales a empresas concretas que le

son notificados, requisito al que están sujetos en virtud del apartado 3 del

artículo 93 del Tratado CE y de acuerdo con las cartas de 198 9 a los Estados

miembros. La Comisión insiste siempre en que, como condición, el aval sólo

pueda hacerse efectivo una vez que el acreedor haya recuperado la mayor parte

posible de la deuda mediante la enajenación de los activos del deudor y, en

su caso, mediante la liquidación de la empresa.

387. Los avales sobre préstamos otorgados por las autoridades públicas pueden

falsear seriamente la competencia si no se atienen a dicha condición y si

```

```
4.1.§1.11
#### 265

no se notifican. En el caso EFIM' [3 4] ', en el que las garantías se derivaban

del artículo 2362 del Código Civil italiano, los bancos terminaron por seguir

prestando fondos a empresas públicas que padecían serias dificultades

financieras, al estar convencidos de que el Estado pagaría todas las deudas

acumuladas. Este tipo de intervención proporciona un flujo continuo de

financiación . a empresas que deberían ser objeto de una adecuada

reestructuración o racionalización, en detrimento de sus competidores, que no

reciben ayuda alguna. Además, en ese mismo caso, no se consideró que la

situación de liquidación de las empresas en cuestión fuese condición

suficiente para que los acreedores pudiesen ejecutar la garantía estatal. En

el acuerdo al que llegaron f-inalmente la Comisión y las autoridades

italianas, se autorizaron los pagos correspondientes a la garantía

establecida por el artículo 2362 del Código Civil italiano, ya que las

autoridades italianas se comprometieron a reducir, antes de 1996, la deuda de

determinadas empresas públicas a un nivel aceptable para un inversor que

actuase en una economía de mercado y a vender acciones de dichas sociedades,

anulando así los efectos del mencionado artículo en el futuro.

<T6> Factores que determinan la clasificación de una medida como ayuda

    estatal en virtud del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE

<T4> - Ventajas financieras

388. Varios de los casos en los que la Comisión hubo de pronunciarse en 1993

ilustran el principio con arreglo al cual una medida constituye ayuda

otorgada por los Estados a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del

artículo 92 cuando proporciona una ventaja financiera con respecto a las

condiciones normales de mercado.

En el caso relativo al gas en los Países Bajos^ [35] ', el Gobierno neerlandés

había notificado a la Comisión, tal como disponía la decisión adoptada por

(34) Punto 401 del presente Informe (§ 2). En los anexos III.C figura una
   lista de todas las decisiones adoptadas por la Comisión durante el año
   en relación con ayudas estatales. La lista se subdivide por tipos de
   decisión. Se mencionan, asimismo, los posibles comunicados de prensa
   relativos al caso y el Diario Oficial en el que se han publicado las
   decisiones o comunicaciones pertinentes, siempre que éste se conozca en
   la fecha de redacción.

(35) Punto 533 del presente Informe.

```

```
4.I.§1.12
#### 266

ésta en 1992' [36] ', su intención de conceder rebajas a los productores

neerlandeses de amoniaco en determinados períodos de 1992 y 1993, cuando los

precios de este producto eran tan bajos que los productores de toda Europa

registraban pérdidas y tenían que cerrar fábricas. La Comisión estimó que la

reducción de precios era una práctica comercial normal por parte del

proveedor Gasunie, empresa perteneciente en un 50 % al sector público y que

ocupa una posición de monopolio, puesto que, de pasarse por alto la caída de

precios y las consiguientes dificultades financieras de sus clientes, Gasunie

hubiese visto peligrar sus mercados futuros. Asimismo, existía el riesgo de

que los clientes recurriesen a materias primas de sustitución. Los precios a

los que Gasunie vendía el gas a proveedores de otros Estados miembros

permitían a éstos reducir de forma semejante el precio de sus ventas a

productores de amoniaco.

También se consideraron como prácticas comerciales normales los contratos que

la compañía de ferrocarriles alemana, Deutsche Bundesbahn, celebra con

empresas que se ocupan de construir o mantener vías muertas y por los que se

conceden a estas empresas líneas de crédito u otro tipo de ayuda a tal

efecto ( [37] ) . La Comisión comprobó que DB recuperaba los gastos que le

ocasionaban en cada caso concreto tales incentivos a través de las tarifas

de transporte que posteriormente cobraba a la empresa y que el sistema no

recibía subvenciones por otros cauces.

389. En una serie de casos de concesión de subvenciones para la protección

del medio ambiente, la Comisión estudió si estas medidas conferían una

ventaja financiera al beneficiario. Se consideró que no era así en el caso

de los pagos efectuados a empresas que se encargaban de recuperar aceites

residuales en Dinamarca, ya que estos pagos equivalían claramente a una

remuneración por los servicios prestados^ [38] '. Por otra parte, en relación

con un programa danés por el que se compensaba a las empresas que utilizan

materias primas recicladas, por la mayor cantidad de residuos que este

proceso genera, aplicándoles un tipo inferior del impuesto sobre la recogida

de residuos, la Comisión consideró que este trato fiscal podía conllevar una

ventaja financiera para los beneficiarios con respecto al sistema tributario

general y que, por consiguiente, entraba en el ámbito de aplicación del

               ^
apartado 1 del artículo 92 ( [39] .

(36) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 434
   437.

(37) Punto 534 del presente Informe.
(38) Punto 421 del presente Informe.
(39) Punto 420 del presente Informe.

```

```
4.I.§1.13

<T4> - Selectividad

```

#### 267

```
390. Ante una serie de programas daneses de creación de empleo, la Comisión

tuvo que determinar si se trataba de programas de ayuda a los que era de

aplicación el apartado 1 del artículo 92 o si eran "medidas generales". Para

que el apartado 1 del artículo 92 sea de aplicación a un determinado programa

por el que se subvenciona a empresas al objeto de que desarrollen actividades

concretas, dicho programa ha de "favorecer", es decir, beneficiar

especialmente, a ciertas empresas o sectores. En otras palabras, ha de haber

una selección o discriminación de los beneficiarios. No es necesario que este

grupo de favorecidos esté definido en las normas del programa o que sea

fácilmente identificable. Basta con que el programa pueda beneficiar de forma

especial a ciertas empresas, aun cuando éstas no puedan determinarse de

antemano, y ello ocurre sobre todo cuando las autoridades que lo aplican

disponen de facultades discrecionales para seleccionar a los beneficiarios o

fijar el nivel de la subvención. La Comisión adoptó dos decisiones sobre

variantes de un mismo programa por el que se concedían a las empresas

subvenciones salariales si contrataban a desempleados de larga duración( [4] °).

En el primero de estos casos, se consideró que el Estado miembro carecía

prácticamente o por completo de facultades discrecionales: el programa se

aplicaba automáticamente a toda empresa y persona desempleada que cumpliese

los requisitos, que, en lo esencial, como por ejemplo las condiciones del

contrato de trabajo, eran precisos y estaban perfectamente definidos. Se

estimó, pues, que se trataba de una medida general y no de un régimen de

ayuda. Sin embargo, una vez se hubo modificado dicho régimen, se consideró

que el grado de discreción era mayor y que el régimen podía resultar

selectivo, lo que lo incluía en el ámbito de aplicación del apartado 1 del

artículo 92. Las autoridades podían conceder libremente las subvenciones

tanto por contratos de trabajo breves e intermitentes, sin condiciones

claras, como por contratos de trabajo fijo.

<T4> - Exacciones

391. Las exacciones son impuestos específicos sobre la producción o venta de

determinados bienes o servicios. El producto de tales impuestos -que debe

incluirse entre los "fondos estatales" a que se refiere el apartado 1 del

(40) Punto 441 del presente Informe

```

```
4.I.§1.14
#### 268

artículo 92- puede servir para financiar ayudas estatales de diversas

finalidades en el sector en el que se recaude el impuesto. Estos regímenes

plantean una serie de problemas, tal como se refleja en las decisiones

aprobadas en 1993. En primer lugar, de acuerdo con toda una serie de

sentencias del Tribunal de Justicia y de decisiones de la Comisión, ni las

importaciones pueden estar sujetas a tales exacciones ni las exportaciones

pueden disfrutar de una desgravacion, ya que en ambos casos el régimen sería

incompatible con el Derecho comunitario.

392. La segunda conclusión que cabe extraer de las diversas decisiones en

materia de exacciones es que el régimen no deja de ser ayuda estatal por el

mero hecho de que sea el propio sector el que lo financie^ [41] ). La Comisión,

que suele ser contraria a los regímenes de ayuda sectoriales, se muestra, sin

embargo, menos rigurosa si la medida no beneficia directamente a empresas

concretas del sector, sino que sirve para fomentar actividades que redundan

en beneficio de todo él, tales como investigación, formación, ferias

comerciales, mantenimiento o mejora de la calidad media, etc. Así pues, en

1993, la Comisión declaró inaplicable lo dispuesto en el apartado 1 del

artículo 92 a las exacciones para respaldar el sector danés de la peletería y

el británico de la lana' [42] ', así como el sector francés de la construcción

mecánica (COREM). Como ya es habitual, se aprobaron también varios regímenes

                       '
de exacciones en el sector agrario( [43] . Por otro lado, se adoptó una actitud

mucho más estricta frente a los regímenes de ayudas sectoriales por los que

se concedían subvenciones directas financiadas por el Ministerio de

Hacienda' [44] '.

<T4> - Ventas de terrenos para desarrollo industrial o comercial

               por las autoridades públicas

3 93. La venta de terrenos para desarrollo industrial o comercial por parte

de autoridades públicas a precios inferiores a los del mercado puede

constituir otra forma de ayuda a las empresas' [45] '. La Comisión suele

instruir numerosas denuncias relativas a supuestas ventas subvencionadas de

terrenos. Si bien los terrenos sólo representan en general una pequeña parte

(41) Véase asunto 78/76, Steinige und Weinlig/Alemania, considerando 22.

(42) Punto 528 del presente Informe.

(43) Punto 551 del presente Informe.

(44) Punto 453 del presente Informe.
(45) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, punto 239; Vigésimo
   segundo Informe sobre la política de competencia, punto 345.

```

```
4.1.§1.15

```

269

```
de los costes de inversión' [46] ', los precios subvencionados podrían acabar

con el frágil equilibrio existente entre los diferenciales de incentivos

regionales, provocando así una quiebra de la política regional. La Comisión

está estudiando la posibilidad de recomendar a los Estados miembros que sigan

un código de conducta en este ámbito. En los casos en los que se adoptó una

decisión formal en 1993, se llegó, tras realizar una detenida valoración de

los terrenos, a la conclusión de que los precios finales de venta se situaban

dentro de la gama de lo que podían considerarse precios de mercado. En lo que

respecta a la adquisición por parte de Sony de un extenso terreno próximo a

la Postdamer Platz de Berlín' [47] ', se consideró que el precio era inferior a

la valoración oficial efectuada con posterioridad, pero que estaba dentro del

margen de desviación admisible en las valoraciones de terrenos una vez se

habían efectuado los oportunos reajustes por la subida registrada en los

precios de los terrenos, la obligación de preservar un edificio declarado de

interés histórico y dedicar parte del terreno a actividades culturales, así

como otras posibles restricciones en materia de edificación desconocidas en

el momento de la venta. Asimismo, se adoptó una decisión con respecto a la

venta de terrenos en Friedberg, Hesse, a la empresa farmacéutica

Fresenius' [48] '. Tras una evaluación oficial, la empresa se comprometió a

pagar por el terreno 280 000 ecus más de lo convenido inicialmente. Si bien

el precio de venta seguía siendo un 10 % inferior al valor de tasación, la

Comisión tomó en consideración el hecho de que el terreno había estado en

venta durante algún tiempo antes de que se encontrase comprador. Podía,

pues, considerarse que el precio acordado correspondía al valor de mercado y

que equivalía, aproximadamente, al precio que se hubiese obtenido en una

subasta pública.

<T4> - Otro factor que impide automáticamente a los regímenes de ayuda

     disfrutar de excepciones: la infracción de otras disposiciones

                 del Derecho comunitario

3 94. Los regímenes de ayuda no pueden en modo alguno acogerse a excepciones

si infringen otras disposiciones del Derecho comunitario, como las relativas

a la libertad de establecimiento, según quedó demostrado con el régimen de

ayudas a la inversión del País Vasco español' [49] '. Ningún Estado miembro

puede, dentro de un régimen de ayuda, discriminar a los nacionales de

(46) En las normas de coordinación en materia de ayudas regionales de 1971 se
   estiman en un 5 %, aproximadamente; DO C 111 de 4.11.1971.
(47) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 264.

(48) DO C 21 de 25.1.1994.

(49) Punto 473 del presente Informe.

```

```
4.I.§1.16

```

270

```
otros Estados miembros que residan en su territorio. Este principio se ha

aplicado en reiteradas ocasiones a regímenes de apoyo a la industria

cinematográfica' [50] '. Tampoco en las privatizaciones están permitidas las

condiciones discriminatorias, razón por la cual se negó inicialmente la

autorización para un programa portugués de privatización' [51] '.

<T5> b) Aspectos de procedimiento

<T6> Procedimiento del apartado 2 del artículo 93 y conciliación

 de los derechos de los competidores y del posible beneficiario de la ayuda

3 95. En sus sentencias en los asuntos Cook' [52] ' y Matra' [53] ', el Tribunal de

Justicia confirmó las circunstancias en las que la Comisión está obligada a

incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del

Tratado CE para permitir a terceros interesados, en general, las empresas

competidoras, presentar sus observaciones sobre los proyectos de ayuda' [54] '.

En el asunto Cook, el Tribunal declaró que, cuando la situación del mercado

afectado tuviese alguna trascendencia para la decisión de la Comisión, ésta

debía realizar un análisis del mercado antes de autorizar la ayuda sin incoar

el procedimiento del apartado 2 del artículo 93. En el mencionado asunto, y

ante la denuncia de un competidor, en la que se alegaba claramente que la

ayuda agravaría el exceso de capacidad y perjudicaría su posición en el

mercado, la Comisión debía haber efectuado dicho análisis a través del

procedimiento del apartado 2 del artículo 93, puesto que no disponía de los

datos necesarios para formarse un juicio fundado (sobre la existencia de un

exceso de capacidad) por sí misma. En el asunto Matra, por el contrario, el

Tribunal consideró acertada la decisión de la Comisión de no incoar el

procedimiento en relación con el proyecto de ayuda a una nueva planta para la

fabricación de furgonetas de Ford/Volkswagen en Portugal, ya que se podía

analizar con precisión el mercado sin necesidad de recurrir a dicho

procedimiento.

(50) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 442.
(51) Punto 416 del presente Informe.
(52) Punto 553 del presente Informe.
(53) Punto 553 del presente Informe.
(54) Véase también asunto 84/82, República Federal de Alemania/Comisión
   ("plan Claes"), sentencia de 20 de marzo de 1984.

```

```
4.1.§1.17

<T6> Cobro de intereses por las ayudas no recuperadas

```

##### 271

```
396. En las decisiones en las que ordena la recuperación de las ayudas

concedidas ilegalmente y que no pueden disfrutar de una excepción, la

Comisión suele ahora exigir que se cobren intereses por la ayuda, a contar,

en general, desde la fecha en que haya sido otorgada. Esta práctica, que se

anunció ya formalmente en la carta relativa a las multas por falta de

notificación de ayudas enviada a los Estados miembros en marzo de 1991' [55] ',

fue confirmada por la nueva decisión sobre la recuperación de la ayuda

concedida a British Aerospace con ocasión de la absorción del grupo

Rover' [56] '. No obstante, la\ Comisión estimó que la práctica de cobrar

intereses a contar desde la fecha de concesión de la ayuda no debía

aplicarse retroactivamente a los casos en los que se había adoptado una

decisión antes de que se enviase la carta de marzo de 1991. En esos casos,

sólo se cobrarían intereses a partir de la fecha en que la decisión ordenase

recuperar el principal. En el asunto BAe/Rover, se exigieron,, pues,

intereses a contar desde la fecha, de agosto de 1990, en que comenzó a

surtir efecto la decisión inicial, la cual fue anulada por el Tribunal de

Justicia por motivos de procedimiento.

<T6> Inclusión de una cláusula de reserva en las disposiciones legales

         sobre ayudas para evitar el incumplimiento de la

                obligación de notificación

397. La obligación de notificar los proyectos de ayuda por adelantado a la

Comisión, contenida en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE, supone

que los planes de ayuda no pueden "ejecutarse" antes de que la Comisión haya

dado su consentimiento. Por "ejecutar" no sólo se entiende la concesión

efectiva de la ayuda al beneficiario, sino también el otorgamiento de

facultades para conceder la ayuda sin ningún otro trámite. En 198 9, la

Comisión envió a los Estados miembros una carta en la que aclaraba este

pormenor. Con todo, los Estados miembros incumplen aún, en ocasiones, la

obligación de notificación, al notificar las disposiciones legales por las

que se confiere, sin ninguna reserva sobre la facultad de conceder ayudas,

lo cual da lugar a que, pese a no haberse hecho uso aún de la misma, la

ayuda se considere no notificada. Para evitar esta infracción técnica, y con

frecuencia no intencionada, la Comisión recomienda a las autoridades de los

(55) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 159 y

   anexo II.7.

(56) Punto 515 del presente Informe.

```

```
4.I.§1.18

#### 272

Estados miembros que incluyan una cláusula de reserva en las disposiciones

legales por la que el organismo que conceda la ayuda no pueda efectuar los

pagos hasta que la Comisión haya dado su visto bueno.

Tanto las Administraciones centrales como las regionales se atienen cada vez

más a esta práctica. Por ejemplo, en 1993, la región italiana de Emilia
Romana estableció normas generales por las que no sólo se dispone que la

concesión de ayudas está subordinada a la aprobación de la Comisión, sino

también que las normativas correspondientes a todos los programas de ayuda

deben incluir una cláusula en la que se señale que las medidas no podrán

llevarse a efecto en tanto no se haya publicado en el boletín oficial de la'

región la autorización de la Comisión.

<T6> Tipos de interés de referencia utilizados para calcular

                  el valor de la ayuda

3 98. La determinación del valor de la ayuda contenida en la financiación

otorgada implica la comparación con un tipo de interés de referencia y la

deducción de los beneficios financieros que pueden obtenerse en el futuro a

ese tipo. Los futuros pagos en concepto de impuestos también han de ser

deducidos al evaluar el valor neto (es decir, después de impuestos) de la

ayuda, incluidas las subvenciones. Al realizar estos cálculos, la Comisión se

vale de un tipo de interés de referencia estándar para cada Estado miembro,

que se fija una vez al año. El método para fijar dichos tipos de referencia

fue establecido en el anexo a las normas de coordinación en materia de ayudas

regionales de 1979' [57] ', si bien en la actualidad sirve para calcular el

valor de las ayudas en la mayoría de sectores sujetos a control, incluidas

las P Y M E ' [5 8] ', la protección del medio ambiente' [59] ' y los regímenes de

minimis ' [60] ' . Con arreglo al método de 1979, los tipos de referencia se

basaban en la media de un tipo básico específico durante el año anterior y

sólo podían modificarse durante el año en curso si el tipo básico corriente

se desviaba del tipo de referencia en más de dos puntos porcentuales. Debido

a la rápida caída de los tipos de interés en los últimos meses de 1992 y en

1993, la Comisión estimó que los tipos de referencia para 1993 de algunos

Estados miembros eran muy superiores a los

(57) DO C 31 de 31.12.1979.

(58) DO C 217 de 19.8.1992, p. 2; Vigésimo segundo Informe sobre la política
   de competencia, puntos 78 y 342.

(59) Punto 384 del presente Informe.

(60) Punto 431 del presente Informe.

```

```
4.1.§1.19
```

273

```
del mercado, lo que originaba una sobrevaloración de la subvención contenida

en la financiación. En consecuencia, decidió revisar los tipos de referencia

de todos los países correspondientes al segundo semestre, fijándolos en la

media del tipo básico registrada durante el trimestre de marzo a mayo de

1993. Asimismo, la Comisión decidió que, al objeto de que los tipos de

referencia se adaptasen en mayor medida a la evolución de los tipos de

interés en el futuro, los tipos de referencia para 1994 y los años siguientes

se basarían en la media del tipo básico durante el trimestre de septiembre a

noviembre del año anterior y se revisarían en el transcurso del año si

durante un trimestre se producía una desviación entre el tipo básico

corriente y el de referencia -que excediese de un 15 % de este último.

```

```
4.I.§2.20

<T3> §2. Empresas públicas y privatización

<T4> Empresas públicas

<T7> - Comunicación relativa a las empresas públicas

```

274

```
399. Con arreglo a lo previsto' [61] ', el Tribunal de Justicia dictó

sentencia' [62] ' en relación con el recurso que había presentado Francia por

considerar que la obligación de información impuesta a los Estados miembros

por la comunicación de la Comisión relativa a las empresas públicas' [63] '

carecía de fundamento jurídico. Al establecer la obligación de presentar

informes anuales en los que se dejase constancia de las transferencias

financieras a las principales empresas públicas del sector de manufacturas,

la Comisión se amparaba en el artículo 5 de la Directiva 80/723/CEE,

relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados

miembros y las empresas públicas.

El Tribunal falló à favor del recurrente y anuló la comunicación, alegando

que la obligación de información general y sistemática que deseaba imponer

la Comisión iba más allá de lo previsto por el artículo 5 de la mencionada

Directiva, en el que se exigía la presentación de determinados datos

financieros sobre empresas públicas concretas siempre que fuese necesario.

La nueva obligación de información hubiese constituido una reforma a la

Directiva de 1980, por lo que no podía introducirse mediante una

comunicación.

A raíz de esta sentencia, la Comisión decidió incorporar las obligaciones de

información establecidas anteriormente en la comunicación de 1991 en una

directiva de modificación' [64] '. La nueva directiva impone a los Estados

miembros la obligación de facilitar a la Comisión datos financieros en

relación con las empresas públicas del sector de manufacturas cuyo volumen

de negocios anual exceda de 250 millones de ecus.

Dado que, por lo demás, la Comunicación de 1991 se limitaba a exponer las

disposiciones legales y prácticas existentes para evaluar los flujos

(61) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 529.
(62) Asunto C-325/92, República Francesa/Comisión. Punto 373 del presente

   Informe.

(63) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 170.

(64) DO L 254 de 12.10.1993.

```

```
4.1.§2.21

##### 275

financieros entre las autoridades y las empresas públicas, la Comisión envió

a los Estados miembros una versión modificada de la comunicación de

199l' [65] ', junto con la directiva.

<T7> Francia

<T8> Bull

400. En octubre, la Comisión decidió' [66] ' incoar el procedimiento de examen

previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado en relación con la

empresa Bull, fabricante francés de ordenadores. Esta decisión, con arreglo a

la cual la Comisión estudiará el pago, que no había sido notificado a la

Comisión, por parte del Estado francés de un anticipo de 380 millones de ecus

sobre una futura aportación de capital, viene motivada por la decisión' [67] '

adoptada en julio de 1992, por la que se declaró que una anterior aportación

de capital a Bull, por importe de 600 millones de ecus, era constitutiva de

     '
ayuda' [68] .

Lo más destacable de este segundo caso de aportación de capital era que

ninguno de los accionistas minoritarios de Bull pertenecientes al sector

privado (NEC e IBM) participaba en la concesión del anticipo, cuando sí

habían tomado parte en la aportación de capital de 1992. Ello había llevado a

las autoridades francesas a afirmar en 1992 que la recapitalización se atenía

a lo señalado en la comunicación de 1984 relativa a la participación de las

autoridades públicas en el capital de empresas, según la cual la

participación de accionistas privados en la ampliación de capital demostraba

que no existía ayuda alguna. No obstante, este argumento no fue aceptado por

la Comisión, ya que el Estado francés había tomado la decisión dé invertir en

Bull antes de la adquisición de acciones en la misma por parte de NEC e IBM y

estas inversiones no eran significativas en términos económicos.

Antes de que finalizase el año, la Comisión envió una carta a las autoridades

francesas en relación con una nueva aportación de capital a Bull, por valor

de 1 3 00 millones de ecus, acordada por el Estado francés y France Télécom en

diciembre.

(65) DO C 307 de 13.11.1993.

(66) DO C 346 de 24.12.1993.

(67) DO C 244 de 23.9.1992.

(68) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 425

```

```
4.1.§2.22

<T7> Italia

<T8> EFIM

```

##### 276

```
401. La Comisión adoptó dos decisiones finales parciales' [69] ' referentes a

EFIM, el holding estatal italiano actualmente en fase de liquidación' [70] '.

Dichas decisiones, aprobadas en agosto y septiembre, se referían al elemento

de ayuda que contenía la garantía global de las deudas de EFIM derivada del

artículo 2362 del Código Civil italiano.

La Comisión consideró que el pago, por el Estado italiano, de las deudas de

las empresas en liquidación integradas en el grupo EFIM constituía ayuda

estatal, puesto que, a raíz de la decisión IOR/Finalp ' [71] ', un inversor que

actuase en una economía de mercado no hubiese asumido el mayor riesgo que

representa la responsabilidad ilimitada, derivada del artículo 2362 del

Código civil italiano en caso de participación del 100 %, sin un

correspondiente aumento del rendimiento de la inversión. Además, dicho

inversor hubiese tomado medidas para limitar los riesgos a los que se

exponía, tales como la venta de activos o la puesta en marcha de un plan de

reestructuración, al comprobar que las deudas aumentaban sin visos de que el

proceso fuese a invertirse.

Dado que EFIM no proporcionaba a su accionista (el Estado italiano) un

rendimiento mayor, ni tan siquiera suficiente, y que su dirección (en

definitiva, el Estado italiano) no tomó medidas correctoras para contener el

aumento de las deudas, el reembolso de las deudas del grupo por parte del

Estado no podía considerarse la actuación normal de un inversor en una

economía de mercado y, por tanto, era constitutivo de ayuda.

Si bien los fondos estaban destinados a empresas en liquidación, la referida

intervención falseaba la competencia, ya que las sociedades en liquidación

habían obtenido préstamos de la banca y prestado, a su vez, tales fondos a

las empresas en funcionamiento del grupo. El reembolso de dichas deudas

externas por el Estado hubiese supuesto la cancelación de las deudas

intragrupales de las empresas en funcionamiento y, por tanto, la concesión a

(69) DO C 267 de 2.10.1993 y DO C 349 de 29.12.1993.
(70) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 475
   478.

(71) DO L 183 de 3.7.1992.

```

```
4.1.§2.23

```

277

```
estas empresas de una ventaja que provocaba un continuo falseamiento de la

competencia.

No obstante, la Comisión estimó que el reembolso de las deudas, en aplicación

de lo previsto en el artículo 2362 del Código Civil italiano, era compatible

con el mercado común a tenor de lo dispuesto en la letra c del apartado 3 del

artículo 93, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno italiano en el que éste

se comprometía a:

   congelar las deudas, a 31 de diciembre de 1993, de determinadas

   sociedades holding y subholding íntegramente propiedad del Tesoro

   italiano;

   reducir el endeudamiento de dichas sociedades a niveles similares a los

   de empresas comparables del sector privado, a más tardar para 1996;

   reducir la participación del Estado en dichas sociedades, al término del

   proceso de reducción del endeudamiento, de modo que lo dispuesto en el

   artículo 2362 del Código Civil italiano en relación con la

   responsabilidad ilimitada no fuese de aplicación;

   someter a supervisión el programa de reducción de deudas, junto con los

   planes de reestructuración industrial y financiera de las sociedades, lo

   cual se llevaría a cabo en colaboración con la Comisión.

A juicio de la Comisión, los planes de reestructuración industrial y

financiera ayudarían a estas empresas públicas italianas a ser competitivas,

y la posterior venta de parte de las acciones del Tesoro en las empresas

impediría, al cancelar la garantía ilimitada, que se les otorgasen en el

futuro subvenciones encubiertas a través de préstamos bancarios no

respaldados por sus resultados. La decisión de autorizar el reembolso de sus

créditos a los acreedores no se refería a las continuas ayudas concedidas a

Alumix, asunto cuya instrucción aún no ha concluido.

<T4> - Privatizaciones

402. La Comisión se mantuvo firme en la aplicación de los principios que ha

```

```
4.1.§2.24

```

278

```
venido desarrollando con los años' [72] ' a la privatización de empresas

públicas. Si bien en algunos países el proceso de privatización estaba

llegando a su fin, en otros, apenas comenzaba o se reanudaba tras una

interrupción. La Comisión envió una carta a estos últimos en la que exponía

su planteamiento al respecto. Así, se puso en contacto con los gobiernos

belga, italiano y francés para tratar de sus respectivos planes generales de

privatización y solicitó a las autoridades neerlandesas y españolas que le

facilitasen una serie de datos sobre la venta de empresas concretas.

Asimismo, adoptó una decisión definitiva con respecto al programa de

privatización de Portugal.

403. En pro de una mayor transparencia, conviene señalar una vez más los

principios generales que la Comisión aplica a las privatizaciones, los cuales

han ido desarrollándose con los años a partir del estudio de expedientes

individuales.

Cabe recordar que, con arreglo a lo previsto en el artículo 222 del

Tratado CE, el Derecho comunitario no establece distinciones en función del

régimen de propiedf-.d, público o privado, de las empresas. Por consiguiente,

las ayudas a la privatización como tales no pueden sustraerse al principio

básico de incompatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común

establecido en el apartado 1 del artículo 92.

Cuando la privatización se lleva a cabo por medio de la venta de acciones en

bolsa, se considera en general que se ha efectuado en condiciones de mercado

y que no supone la concesión de ayuda. Antes de la emisión de acciones,

pueden condonarse o reducirse las deudas sin que ello haga suponer que se ha

concedido ayuda, siempre que el producto de la emisión supere la reducción de

la deuda.

Si la empresa no se privatiza mediante la venta de acciones en bolsa, sino a

través de una operación de compraventa, es decir, mediante la venta de la

empresa íntegramente o por partes a otras empresas, han de concurrir las

siguientes condiciones para que, sin ulterior examen del caso, pueda

considerarse que no ha habido concesión de ayuda:

(72) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, puntos 248 y
   siguientes; Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia,
   puntos 464 y siguientes.

```

```
4.I.§2.25

##### **27***

   que la empresa se saque a subasta pública, transparente y no

   condicionada a otras obligaciones, tales como la adquisición de activos

   distintos de aquellos a los que se refiera la oferta o la continuación

   de determinadas actividades;

   que la empresa se venda al mejor postor;

   que los ofertantes dispongan de tiempo suficiente para realizar una

   valoración adecuada de los activos antes de presentar su oferta.

Las privatizaciones ppr emisión de acciones o subasta pública en las

condiciones señaladas no han de notificarse previamente a la Comisión para

que determine la existencia de ayuda, pero los Estados miembros pueden

hacerlo si creen conveniente contar con la mayor seguridad jurídica que

ofrece una aprobación formal. En los demás casos, las operaciones de

compraventa deben examinarse para ver si suponen la concesión de ayuda, por

lo que han de notificarse. Ello se aplica en particular a los siguientes

casos :

   ventas previa negociación con un único adquirente potencial o un número

   restringido de ofertantes;

   ventas previa condonación de deudas por el Estado, otras empresas

   públicas o cualquier organismo público;

   ventas previa capitalización de deudas o ampliación de capital;

   ventas en condiciones inusuales en las transacciones similares entre

   operadores del sector privado.

En ningún caso puede haber discriminación alguna basada en la nacionalidad de

los adquirentes potenciales de las acciones o los activos de que se trate.

Toda venta que no pueda considerarse efectuada en condiciones comerciales

normales debe ir precedida por una valoración realizada por expertos

independientes. Todas las privatizaciones' [73] ' en sectores sensibles (fibras

(73) Puntos 480 y siguientes del presente Informe

```

```
4.1.§2.26

```

280

```
sintéticas, textil, industria del automóvil, etc.) han de notificarse

previamente a la Comisión.

404. En 1993, se adoptaron decisiones sobre programas u operaciones concretas

de privatización en los siguientes Estados miembros:

<T7> Alemania

405. La Comisión siguió estudiando detenidamente las operaciones del

Treuhandanstalt en la antigua República Democrática Alemana. Con arreglo a su

decisión de noviembre de 1992' [74] ', la Comisión examinó varias transacciones

de dicho organismo por el procedimiento acelerado acordado con el Gobierno

alemán. Asimismo, la Comisión se centró en los nuevos modelos de financiación

y privatización desarrollados por el Treuhandanstalt. Una de las

características de las privatizaciones germano-orientales es la magnitud de

la reestructuración y las enormes aportaciones de fondos que requiere el

proceso. La Comisión ha intentado evitar que tales operaciones den a las

nuevas empresas una ventaja artificial sobre sus competidores, especialmente

en sectores que registran un exceso de capacidad. Así pues, algunas de las

disposiciones financieras se modificaron para solventar las objeciones

inicialmente formuladas por la Comisión. Además, en varios casos, la Comisión

tuvo que comprobar si la financiación concedida en conexión con la

privatización estaba siendo utilizada para ofrecer precios de venta más bajos

que los competidores, según se había aducido. A continuación se relacionan

los principales asuntos de los que la Comisión hubo que ocuparse en 1993.

406. La Comisión aprobó el proyecto de ayuda para la privatización del

productor de abonos Stickstoff-Werke AG de Piesteritz (Sajonia-Anhalt). La

absorción de la mayoría de los activos de la sociedad por SKW-Stickstoffwerke

Piesteritz GmbH, filial del adquirente (SKW-Trostberg AG), abrió el camino

para la total privatización de la empresa. Durante el proceso de

reestructuración, el Treuhandanstalt cubrirá, dentro de determinados límites,

el 95 % de las pérdidas y, en total, se concederán garantías y créditos por

valor de 280 millones de ecus. Dado que la reestructuración supondrá una

reducción de la capacidad de producción de la empresa y su retirada de

sectores en los que, de forma general, existe un exceso de capacidad, y que

(74) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 19,
   349 y 466. Véase también Vigésimo primer Informe sobre la política de
   competencia, punto 249.

```

```
4.I.§2.27

##### 281

al mismo tiempo permitirá restablecer su rentabilidad, la Comisión estimó que

la ayuda era compatible con el mercado común.

407. La Comisión autorizó la concesión de dos lotes de ayudas a Buna AG

(Sajonia-Anhalt), la segunda empresa química del nuevo estado federado, cuyas

plantas están situadas en el centro germano-oriental de productos químicos de

Halle-Merseburg. La primera de las ayudas consistía en una garantía para

inversiones de 228 millones de ecus y en préstamos de tesorería por valor de

54 millones de ecus. Posteriormente, la Comisión aprobó una nueva serie de

préstamos por importe de 115 millones de ecus. Ante la reestructuración de

Buna y la consiguiente.reducción de la capacidad de producción de la empresa

para restablecer su rentabilidad y mejorar sus perspectivas de privatización,

la Comisión consideró que la ayuda era compatible con el mercado común.

408. Asimismo, la Comisión autorizó la concesión de ayuda a la refinería de

Leuna por parte del Treuhandanstalt y del estado federado de Sajonia-Anhalt.

El contrato de privatización celebrado entre el Treuhandanstalt y el grupo

TED encabezado por Elf estipula la adquisición combinada de activos de la

refinería existente de Leuna Werke AG y de las acciones de la sociedad de

distribución Minol AG' [7 5] ', la construcción de una nueva refinería y la

explotación de la antigua refinería por una filial de Elf. La Comisión no se

opuso a que el Treuhandanstalt cubriese, por un importe máximo de

380 millones de ecus, las pérdidas que registraría la antigua refinería hasta

que la nueva entrase en funcionamiento. El sistema de seguimiento previsto

permitirá asegurarse de que la ayuda no redunda en beneficio de Elf ni de sus

filiales. La Comisión aprobó también la concesión por el estado federado de

Sajonia-Anhalt de ayudas a la inversión, por valor de 500 millones de ecus,

para contribuir a la construcción de la nueva refinería.

409. Se autorizó igualmente la concesión de ayuda por el Treuhandanstalt a

Sachsische Olefinwerke de Bóhlen (Sajonia) como medida de acompañamiento a su

reestructuración. La empresa produce principalmente etileno, propileno y

otros monomeros, y estaba previsto otorgarle 115 millones de ecus en

garantías y 127 millones de ecus en préstamos. En vista de la reducción de

capacidad y dado que la reestructuración mejorará las posibilidades de

privatización, la Comisión declaró que la ayuda era compatible con el mercado

común.

(75) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 264.

```

```
4.1.§2.28

##### 282

410. La Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo

93 en relación con la supuesta utilización indebida de la ayuda concedida por

el Treuhandanstalt a Leuna AG para la fabricación y comercialización de

caprolactama, una materia prima para la producción de nylon y otras fibras

sintéticas ' [76] ' .

A raíz de las denuncias presentadas por otros fabricantes, la Comisión

estudió los precios a los que Leuna vende el mencionado producto en la

Comunidad y la financiación recibida por la empresa del Treuhandanstalt.

Basándose en la información disponible, la Comisión llegó a la conclusión de

que Leuna vendía el producto a un precio inferior al coste de producción y

mantenía la fabricación de un producto sin ninguna perspectiva de

rentabilidad, dado el exceso general de capacidad que registra el sector en

la Comunidad.

411. Por otra parte, la Comisión cerró el procedimiento del apartado 2 del

artículo 93 del Tratado incoado en 1992' [77] ' en relación con la supuesta

utilización indebida de la ayuda concedida a Buna por el Treuhandanstalt para

la producción y comercialización de acetato de butilo, producto empleado en

la industria de la pintura. La Comisión estimó que la ayuda del

Treuhandanstalt no debía servir para mantener la fabricación de un producto

sin ninguna perspectiva seria de rentabilidad. Dado que incluso los

productores más eficientes de acetato de butilo sufrían pérdidas en un

mercado ya saturado, la continua financiación a fondo perdido de tal

actividad por parte de Buna no podía considerarse sino una utilización

inadecuada de la ayuda que el Treuhandanstalt fue autorizado a proporcionar a

la empresa. No obstante, al decidir Buna suspender la producción de acetato

de butilo en el mes de julio, la Comisión sobreseyó el procedimiento' [78] '.

412. La Comisión autorizó la prórroga de una garantía por valor de 114

millones de ecus y un préstamo de 46 millones de ecus concedidos por el

Treuhandanstalt al fabricante de maquinaria y plantas de procesamiento SKET,

hasta finales de junio de 1993, fecha en que había de fijarse un plan de

reestructuración en el que se especificase la reducción de capacidad y

plantilla necesaria.

(76) DO C 220 de 14.8.1993.

(77) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 416

(78) DO C 16 de 19.1.1994.

```

```
4.1.§2.29

```

283

```
Posteriormente, la Comisión accedió a que la garantía y el préstamo se

prorrogasen de nuevo hasta finales de mayo de 1994 y a que se concediesen

préstamos adicionales por un importe total de 72 millones de ecus.

El objeto de la ayuda era facilitar la reestructuración de SKET, poniendo fin

a las actividades no rentables y transfiriendo las restantes a seis filiales

independientes. La reestructuración es una condición previa para la

privatización de estas empresas.

413. La Comisión cerró el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del

Tratado incoado en 1991' [79] ' en relación con la ayuda otorgada por el

Treuhandanstalt y el estado federado de Turingia para la privatización y

reestructuración de Carl Zeiss Jena, Jenoptik y Jenaer Glaswerk. El Gobierno

alemán había modificado previamente el proyecto de ayuda y descartado la

posibilidad de que ésta fuera ilimitada. La Comisión consideró que la

concesión de los restantes 960 millones de ecus en concepto de ayuda estaba

justificada' [80] '.

414. Se autorizó la concesión por parte del Treuhandanstalt de una ayuda por

valor de 794 millones de ecus para la privatización parcial de Mitteldeutsche

Kali AG, antigua empresa productora de potasa de Alemania Oriental. Tras una

subasta pública, Mitteldeutsche Kali ha sido adquirida por el productor de

Alemania Occidental Kali und Salz AG, filial de BASF. Kali und Salz contará

con el 51 % de las acciones de la nueva empresa, Mitteldeutsche Kali GmbH, y

el Treuhandanstalt con el restante 49 %. La fusión con Kali und Salz se

examinó a la luz de lo dispuesto en el Reglamento sobre control de

concentraciones y fue autorizada simultáneamente' [81] '. La ayuda, consistente

en una aportación de capital de 53 9 millones de ecus, la condonación de

préstamos bancarios por importe de 160 millones de ecus, una cantidad de

hasta 70 millones de ecus para cubrir futuras pérdidas y de 24 millones de

ecus para sufragar los costes de la reducción de plantilla, está destinada a

reestructurar la empresa, de forma que su capacidad de producción quede

reducida a una tercera parte y su personal a una décima parte (3 000

trabajadores), tan sólo, en relación con 1989. Kali und Salz AG está

reduciendo asimismo, en gran medida, su capacidad de producción, por lo que,

en 1994, la capacidad

(79) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 2 50

(80) DO C 97 de 6.4.1993.

(81) Punto 2 97 del presente Informe.

```

```
4.I.§2.30

```

284

```
combinada de la nueva empresa representará sólo un 56 % de la de las dos

empresas iniciales (3,1 millones de toneladas en 1994 frente a 5,5 millones

en 1989).

415. La Comisión aprobó la concesión de ayuda por valor de 130 millones de

ecus para la privatización de Neptun Industry Rostock GmbH. El antiguo

astillero había abandonado ya la construcción de nuevos barcos y, con arreglo

al contrato de venta, debía también poner fin a sus actividades de

reparación, prosiguiendo únicamente diversas actividades de ingeniería. La

ayuda estaba destinada a la reestructuración e inversión e incluía

48 millones de ecus en concepto de ayuda regional.

<T7> Portugal

416. En julio, la Comisión decidió cerrar el procedimiento del apartado 2 del

artículo 93 del Tratado C E ' [8 2] ' que había incoado en relación con una

cláusula discriminatoria contenida en la Ley 11/90 de 5 de abril de 1990,

basada en la nacionalidad de los adquirentes potenciales de acciones de las

empresas objeto de privatización (posibilidad de limitar el número de

acciones que pueden ser suscritas por sociedades extranjeras) ' [83] ', tras

comprobar que dicha cláusula no estaba relacionada con la concesión de

ayudas.

La Comisión optó, pues, por aprobar el mencionado programa de

privatizaciones, a efectos de lo previsto en el artículo 92 del Tratado,

siempre que se cumpliesen las siguientes condiciones:

   notificación previa, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del

   artículo 93 del Tratado CE, de los casos de privatización en los que las

   autoridades portuguesas se propongan recurrir al procedimiento

   restringido o la venta directa;

(82) DO C 253 de 17.9.1993.

(83) DO C 26 de 29.1.1993 y Vigésimo segundo Informe sobre la política de
   competencia, punto 465.

```

```
4.1.§2.31

```

285

```
   envío a la Comisión, antes del 30 de junio del año siguiente, de un

   informe anual que dé cuenta de la evolución del programa de

   privatización.

En consecuencia, la Comisión prosiguió por separado las diligencias del

procedimiento del artículo 16 9 incoado en relación con la referida cláusula

de nacionalidad.

```

```
4.I.§3.1

<T3> §3. Regímenes de ayudas horizontales

<T4> - Ayudas a la inversión

<T5> Revisión de los regímenes vigentes con arreglo al apartado 1

             del artículo 93 del Tratado CE

```

#### 286

```
417. En 1993, la Comisión concluyó prácticamente los trabajos iniciados en

1990(84) p a r a suprimir los regímenes generales de ayudas a la inversión, es

decir, aquellos que ofrecen ayudas para inversiones a empresas de cualquier

dimensión, incluidas las situadas fuera de las zonas asistidas. Tal como se

señala en las directrices sobre ayudas a las pequeñas y medianas

empresas' [85] ', dichos regímenes son contrarios tanto a la cohesión económica

y social, como a la política en materia de PYME.

418. Así, en Bélgica, a raíz de la decisión de la Comisión relativa a la

derogación de la ley de expansión económica de 1959, la región de Flandes

adoptó las disposiciones reglamentarias necesarias para dar cumplimiento a

dicha decisión.

(84) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, puntos 171 y 247;
   Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, puntos 240 y
   241; Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia,
   punto 454.
(85) DO C 213 de 19.8.1992, p. 2.

```

```
4.1.§3.2
```

287

```
<T4> - Ayudas para la protección del medio ambiente y el ahorro de energía

419. Las antiguas directrices sobre ayudas para la protección del medio

ambiente se prorrogaron durante un semestre, hasta finales de 1993, fecha en

que la Comisión aprobó otras nuevas' [86] '. Entretanto, se aprobó un número

considerable de regímenes y ayudas concretas, muchos de ellos con fines no

contemplados en la antigua normativa, tales como medidas voluntarias para

reducir la contaminación más allá de lo exigido legalmente.

420. En febrero, la Comisión autorizó, en virtud de lo previsto en la letra

```

`c) del apartado 3` _de\_ `artículo 93, los incentivos fiscales ofrecidos en`

```
Dinamarca a las empresas que utilicen, como mínimo, un 50 % de materias

primas recicladas para su producción. El impuesto sobre la recogida de

residuos cobrado a las empresas se había incrementado y el incentivo venía

motivado por el hecho de que las empresas que empleaban materias recicladas

se encontraban con cantidades mucho mayores de residuos que las que

utilizaban materias primas sin reciclar. En términos generales, la reducción

fiscal ponía a las empresas beneficiarías en régimen de igualdad con las

demás a efectos del impuesto sobre residuos y permitía fomentar el uso de

materias recicladas. La mayor parte de las empresas beneficiarías eran PYME.

421. Asimismo, la Comisión aprobó un régimen modificado para retribuir a las

empresas que recogen aceites usados en Dinamarca. La Comisión consideró que,

en este caso, los pagos constituían claramente una remuneración por los

servicios prestados y no una ayuda. El régimen formaba parte de las

disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a la directiva del Consejo

sobre gestión de los aceites usados' [87] '.

    si

422. En septiembre' [88] ', la Comisión autorizó un régimen de ayudas

introducido en Bélgica por las autoridades de la región de Flandes para

respaldar las inversiones que permiten reducir la contaminación, ahorrar

energía o materias primas o disminuir los efectos nocivos de los productos

(86) Puntos 166 y 3 84 del presente Informe

(87) DO L ... de ...

(88) Punto 432 del presente Informe.

```

```
4.1.§3.3
##### 283

sobre el medio ambiente. Para ser subveneionable, la inversión debía permitir

a la empresa superar los requisitos legales en materia de control de la

contaminación u obtener resultados excepcionales en materia de ahorro de

energía o materias primas, seguridad de los productos, etc. A partir de un

presupuesto anual de 18 millones de ecus, aproximadamente, podían concederse

ayudas por el equivalente a un 2 0 % bruto de los costes de inversión.

423. En febrero, la Comisión aprobó un proyecto de ayuda para un programa de

inversiones de dos sociedades belgas, Solvic & Cié CNC y Solvay Interox S.A.,

cuyo objeto es reducir los efectos perjudiciales para el medio ambiente de

los métodos de fabricación empleados por las empresas y los productos

comercializados por las mismas (policloruro de vinilo, peróxido de hidrógeno

y perboratô de sodio). Los nuevos procedimientos desarrollados por ambas

sociedades son de carácter innovador y van más allá de lo exigido por la

legislación vigente. Su incidencia en la capacidad de producción de las

fábricas será nula.

Las mencionadas ayudas incluyen una prima de 5 millones de ecus en favor de

Solvic & Cié CNC y una prima de 3,6 millones de ecus, junto con una exención

de la contribución urbana durante un período de cinco años, destinada a

Solvay Interox S.A.. El equivalente neto de subvención de las ayudas era

inferior al 10 % en ambos casos.

424. En septiembre, la Comisión autorizó la concesión de ayudas a la empresa

química Phenolchimie, radicada en Doel (Flandes Oriental).

La empresa tenía previsto instalar una turbina de gas con un generador y una

caldera de recuperación de vapor, con vistas a la producción combinada de

electricidad y vapor. El proyecto permitía reducir de forma considerable las

emisiones de C0 2 .

Del coste total de la inversión, que ascendía a 31 millones de ecus, las

autoridades regionales de Flandes sólo tomaron en consideración la parte

directamente relacionada con el ahorro de energía y la protección del medio

ambiente, esto es, 21 millones de ecus, concediendo a la empresa una

subvención inferior a 3 millones de ecus.

La inversión permitía superar los requisitos legales impuestos por los

poderes públicos con vistas a eliminar la contaminación atmosférica y de otro

```

```
4.I.Í3.4 2 8 9

tipo, y no suponía aumento alguno de la capacidad de producción de la empresa

beneficiaría.

425. La Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del

artículo 93 del Tratado CE en relación con dos decretos del Gobierno regional

valón relativas a energías renovables y medio ambiente. Ambos textos

planteaban una serie de problemas, debido tanto a su fundamento jurídico,

como al hecho de que ofrecían la posibilidad de conceder ayudas no sólo a las

empresas que instalasen nuevos equipos para ahorrar energía o reducir las

emisiones contaminantes, sino también a los propios fabricantes de equipos.

426. La Comisión decidió, asimismo, incoar el procedimiento del apartado 2

del artículo 93 del Tratado en relación con el proyecto de la provincia

italiana de Trento de conceder ayudas a Cartiere del Garda, fabricante de

papel cuché de imprenta establecido en Riva del Garda' [89] '. La ayuda, por

valor de 100 millones de ecus, estaba destinada a resarcir a la empresa de

los gastos de inversión adicionales que habría de sufragar si, por motivos de

protección del medio ambiente, se decidiese a ampliar sus instalaciones no en

Riva sino en Mori, localidad situada a veinte kilómetros de distancia.

La Comisión optó finalmente por prohibir que se concediese tal ayuda' [90] ', al

considerar que iba en contra del principio de "quien contamina paga",

establecido en el apartado 2 del. artículo 130 R del Tratado CE, y del

objetivo de cohesión, y que hubiese afectado al comercio en una medida

contraria al interés común, dado el actual exceso de capacidad del sector.

(89) DO C 75 de 17.3.1993.

(90) DO L 273 de 5.11.1993.

```

```
4.1.§3.5

<T4> - Ayudas a la exportación

```

##### 290

```
427. A lo largo del año, se siguió trabajando intensamente en un proyecto de

comunicación relativa a la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE

al seguro de crédito a la exportación a corto plazo' [91] '. Los debates con los

expertos nacionales mantenidos con motivo de una reunión multilateral en

junio y de diversas reuniones del Grupo del Consejo sobre crédito a la

exportación permitieron aclarar los puntos pendientes, en particular la

posibilidad de que los Estados ofrezcan un reaseguro a sus aseguradores de

crédito a la exportación. La comunicación exigirá a los Estados miembros que

supriman por completo las posibles subvenciones concedidas a una serie

limitada de actividades (riesgos comerciales a corto plazo o

"comercializables") que, en la actualidad, corren a cargo sobre todo de

aseguradores privados u organismos oficiales de crédito a la exportación que

actúan por cuenta propia. La Comisión espera poder hacer pública la

comunicación en 1994.

428. La Comisión siguió estudiando los regímenes en los que se ofrecen

garantías u otros incentivos para reducir los riesgos de las inversiones en

los países de Europa Central y Oriental. En marzo, se aprobó un régimen por

el que el Estado neerlandés garantiza los préstamos subordinados concedidos

por el Nationale Investeringsbank a empresas de Europa Oriental en las que

empresas de su país tengan una participación del 40 % como mínimo. Las

obligaciones financieras contraídas por el Gobierno neerlandés en virtud de

dicho régimen ascienden a un total de 68 millones de ecus, aproximadamente.

En junio, la Comisión aprobó la Ley italiana n° 100, de 1990, en la que se

establecen medidas para fomentar la participación empresarial en las empresas

en participación creadas en Europa Oriental. Las empresas que accedan a este

tipo de agrupaciones pueden recibir préstamos bonificados, a través de la

sociedad pública SIMEST. El régimen cuenta con un presupuesto de unos

135 millones de-ecus.

429. Las ayudas para mejorar el volumen de exportación de las pequeñas y

(91) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 166;
   Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 339;
   punto 3 82 del presente Informe.

```

```
4.1.§3.6
##### 291

medianas empresas pueden autorizarse, siempre que se concedan exclusivamente

para formación, asesoramiento, participación en ferias comerciales y

actividades similares y que no constituyan realmente una subvención de las

exportaciones. En tales casos, el apoyo no ha de limitarse necesariamente a

los mercados no comunitarios. En 1993 se aprobaron varios regímenes por los

que se otorgaban ayudas de este tipo, incluidos el régimen británico de

exacciones para el sector de la lana' [92] ' y un régimen de Irlanda del Norte.

<T4> - Ayudas a las pequeñas y medianas empresas

430. Tal como se esperaba' [93] ', la aprobación de las directrices sobre ayudas

a las PYME y las consiguientes modificaciones de procedimiento facilitaron

considerablemente la tramitación de los regímenes de ayuda destinados a estas

empresas' [94] '. En general, los Estados miembros adaptaron sus regímenes,

tanto los nuevos como los que fueron objeto de una notificación de

renovación, a las definiciones e intensidades de ayuda fijadas en las

directrices, ya fuera por iniciativa propia o después de que la Comisión les

instase a ello. Muchos más regímenes de lo que hasta ahora era habitual

pudieron tramitarse por el procedimiento de examen sumario, cuyo ámbito de

aplicación se amplió el año pasado' [95] '. Asimismo, en muchos casos, la

Comisión señaló a los Estados miembros que habían notificado regímenes cuya

ayuda estaba por debajo del límite de minimis y que no requerían una

autorización formal. Gran parte de estos regímenes tenían como destinatarias

empresas artesanas o cooperativas en España e Italia. Entre las actividades

contempladas en estos regímenes de ayuda, muchos de los cuales están

cofinanciados por los fondos estructurales comunitarios, ocupaban un lugar

destacado la formación y el asesoramiento ("ayudas blandas"). Algunos de los

regímenes de ayuda a las PYME más importantes se enumeran a continuación.

431. En marzo, la Dirección General de Competencia envió a los Estados

miembros una nota explicativa referente a las normas de minimis' [96] ', en la

que se señalaba qué categorías de ayudas se encontraban dentro del límite de

minimis y podían concederse sin notificación, se especificaban las normas en

materia de acumulación de la ayuda de minimis con otras correspondientes a

regímenes autorizados otorgadas en el mismo trienio, se indicaba cómo

(92) Punto 52 8 del presente Informe.
(93) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 467.
(94) Punto 159 del presente Informe.
(95) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 348.
(96) Anexo II.B del presente Informe.

```

```
4.1.§3.7
##### 292

convertir las ayudas no consistentes en subvenciones en equivalente de

subvención en efectivo, y se sugerían posibles métodos para que los Estados

miembros supervisasen la correcta aplicación de estas normas.

432. La Comisión aprobó un régimen belga de ayuda a las PYME, establecido

mediante un decreto de las autoridades de la región de Flandes y que ofrece

también ayudas para la protección del medio ambiente y el ahorro de

energía' [97] '. La ayuda se concederá para inversiones, así como para

asesoramiento y formación. El régimen se atiene tanto a la definición como a

las intensidades de ayuda de las directrices. En circunstancias

excepcionales, podrá otorgarse la garantía de las autoridades regionales,

siempre que concurran las condiciones señaladas por la Comisión, a saber, la

remuneración de la garantía y el recurso a la misma única y exclusivamente

cuando se hayan agotado todos los demás medios de cobro con cargo al

beneficiario y a los demás garantes.

433. En Dinamarca se aprobó un régimen para mejorar la calidad de la gestión

de las PYME de los sectores de fabricación y servicios, mediante

asesoramiento y formación. El régimen va dirigido a proyectos destinados

principalmente a mejorar la gestión y desarrollar los recursos humanos, de

acuerdo con el denominado "concepto de calidad total", y no a desarrollar

productos o procesos de producción específicos. Su presupuesto para el

período 1993-1995 es de 32 millones de ecus y la intensidad máxima de la

ayuda, del 50 %.

434. La Comisión autorizó una ampliación del régimen especial de reservas

para amortización acelerada introducido en Alemania en favor de las PYME. El

actual sistema permite a las empresas muy pequeñas deducir de los beneficios

imponibles, durante el primer año, un 20 % más de los costes de inversión

que el porcentaje normal de amortización. Con arreglo al régimen ampliado,

estas mismas empresas pueden constituir, dos años antes de la inversión,

como máximo, una reserva libre de impuestos en relación con un máximo del

45 % de los costes de inversión previstos. Este préstamo de dos años libre

de impuestos a la empresa tendrá un valor neto de entre un 2 % y un 3 % de

la inversión y, añadido a la amortización acelerada habitual, se mantendrá

por debajo de los límites de ayuda a las PYME fijados en las directrices. El

régimen ampliado entrará en vigor en 1995 y ofrecerá 450 millones de ecus

 97) Punto 422 del presente Informe

```

```
4.1.§3.8

adicionales para las inversiones de las pequeñas empresas.

```

293

```
435. La Comisión aprobó también la ampliación del régimen de préstamos para

aportación de capital que permite a las pequeñas y medianas empresas de los

nuevos estados federados de Alemania obtener préstamos subordinados a largo

plazo. Si bien, inicialmente, estaba previsto que el régimen, que fue

instituido tras la reunificación, se suprimiera al término de 1993, se ha

prorrogado hasta finales de 1995. El régimen ofrece ahora préstamos a los

nuevos socios que deseen invertir capital en una empresa existente, y no sólo

para el comienzo de las actividades o los proyectos de expansión. Antes de

autorizar el régimen ampliado, la Comisión se aseguró de que la ayuda estaba

principalmente destinada a la inversión y no a la aportación de capital

circulante o a medidas de salvamento, así como que se observaban los niveles

máximos de ayuda a las PYME de la región. A este régimen se destinarán unos

52 0 millones de ecus al año.

436. La Comisión aprobó, asimismo, una serie de programas de ayuda de menor

importancia a las PYME en los estados de Alemania Oriental, como, por

ejemplo, un régimen de ayuda a la inversión en Turingia para las empresas de

nueva creación o las PYME con problemas para adaptarse a las nuevas

condiciones del mercado. Con arreglo a este régimen, únicamente pueden

recibir ayudas las empresas con perspectivas de viabilidad positivas, las

cuales han de quedar plasmadas en un plan de actividad consistente. La

intensidad máxima de ayuda autorizada será el nivel más alto de ayuda

regional autorizado por la Comisión para Turingia, en la actualidad un 3 5 %,

más el 15 % adicional para las PYME que autorizan las directrices sobre

ayudas a las PYME en las zonas asistidas a las que sea de aplicación lo

dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. El

régimen contará con un presupuesto anual de 7 millones de ecus. Además se

aprobó un régimen para respaldar a las pequeñas empresas manufactureras de

Turingia que se enfrentan con serias dificultades financieras debido, sobre

todo, a la magnitud de la deuda heredada en el proceso de privatización y a

la lenta recuperación de sus mercados. La ayuda se reserva a las empresas con

buenas perspectivas situadas en las zonas del estado federado que registran

las mayores tasas de desempleo, y está destinada en gran parte a reajustar la

antigua deuda mediante préstamos a tipos de interés ligeramente ventajosos.

El régimen contará con una dotación de 17 millones de ecus en 1993 y

52 millones de ecus en 1994-1996.

```

```
4.1.§3.9
##### 294

437. El régimen francés de deducciones fiscales por ampliación de capital,

aprobado el año pasado únicamente para 1992' [98] ', fue aprobado de nuevo en

1993. Si bien disfrutaban del derecho a deducción empresas de mayores

dimensiones que las PYME, de acuerdo con la definición comunitaria, las

cifras correspondientes a 1992 mostraban que, en la práctica, las empresas

que recurrían a tal sistema eran muy pequeñas. Este hecho, unido a la escasa

cuantía de la ayuda por empresa y a la expiración del régimen al término de

1993, persuadió a la Comisión de pasar por alto el incumplimiento del

programa, en su momento, de las directrices sobre ayudas a las PYME.

438. Se adoptó una postura similar en relación con la Ley italiana 317, de 5

de octubre de 1991. En mayo, la Comisión aprobó el paquete de medidas de

ayuda a las PYME contenido en dicha Ley, después de que las autoridades

italianas hubieron reducido el nivel de la ayuda a la inversión fuera de las

zonas asistidas al máximo autorizado por las directrices sobre ayudas a las

PYME' [99] '. En julio, se promulgó un decreto de modificación por el que se

fijaban los nuevos porcentajes de ayuda a la inversión, además de

introducirse otras enmiendas, y se adaptaba la definición de las pequeñas y

medianas empresas a la contenida en las directrices. La Comisión no solicitó

que se recuperasen las ayudas concedidas ilegalmente después de que, a

finales de abril de 1992, expirase su autorización inicial de un año, ya que,

según mostraban los informes pormenorizados facilitados por las autoridades

italianas, en la práctica las ayudas concedidas no rebasaban los límites de

las directrices y representaban un importe sumamente reducido, al estar muy

repartidas en toda la industria.

(98) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 469
(99) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 471

```

```
4.I.§3.10

<T4> - Ayudas para la creación de empleo

```

##### 295

```
439. En 1993, frente a la crisis económica, que generaba un número de

desempleados en constante aumento, la Comisión prestó especial atención a los

incentivos económicos creados por los Estados miembros con vistas a fomentar

la contratación de desempleados, especialmente cuando su integración en el

mercado laboral es más difícil, como ocurre con los jóvenes y los

desempleados de larga duración. Si tales incentivos se aplican de forma

general y automática, pueden quedar excluidos de lo dispuesto en el apartado

1 del artículo 92.

Si bien mantiene una postura globalmente favorable a dichas medidas, la

Comisión intenta, no obstante, asegurarse de que, a la luz de sus condiciones

de aplicación, son realmente instrumentos de creación de empleo y no de

simple ayuda para sufragar los costes laborales de la empresa. En este último

caso, se trataría de ayudas de funcionamiento a través de las cuales podrían

mantenerse a flote empresas con un exceso de capacidad, lo que daría lugar a

un traspaso e intensificación del problema del desempleo en otros Estados

miembros.

440. La Comisión autorizó la aplicación, en la región valona de Bélgica, de

un proyecto de decreto por el que se establece la concesión de ayuda a las

PYME que contraten entre uno y cinco desempleados para trabajar en "proyectos

de desarrollo", es decir, de estudio e investigación en determinados ámbitos,

tales como la concepción de nuevos productos, la protección del medio

ambiente, el uso racional de la energía y el fomento de las energías

alternativas, así como el respeto de normas de calidad más estrictas que las

legalmente impuestas. Las ayudas consistirán en subvenciones salariales

decrecientes y no podrán superar el 50 % del coste del proyecto, salvo cuando

las beneficiarías sean pequeñas empresas, de acuerdo con la definición dada

en las directrices comunitarias sobre ayudas a las PYME, y contraten a

determinadas categorías de parados cuya integración o reintegración en el

mercado laboral resulte especialmente difícil.

Estas ayudas, que se refieren únicamente a programas de estudio o

investigación y no a una actividad de producción, se sitúan en los límites

fijados por las directrices sobre ayudas a las PYME. La excepción prevista en

relación con la contratación, por pequeñas empresas, de

```

```
4.I.§3.11
##### 296

desempleados en situación especialmente difícil está justificada por la seria

preocupación que suscita la inserción profesional de esta categoría de

desempleados y, además, por la dimensión de las empresas beneficiarías.

441. La Comisión aprobó tres importantes regímenes para la creación de empleo

en Dinamarca, a través de los cuales se espera reducir el número de parados

en 100 000 personas por año durante el período 1994-rl996. Dos de los

programas habían sido ya autorizados en febrero y abril en una versión

ligeramente distinta y fueron notificados de nuevo en diciembre. El coste

anual de estos regímenes es de 2 000 millones de ecus. Dos de ellos ofrecen

subvenciones salariales a las empresas y organismos que contraten a

desempleados, el tercero ofrece subvenciones a los desempléados que creen su

propia empresa.

442. Con arreglo al más importante de dichos programas, toda empresa que

contrate a un desempleado (en la práctica, toda persona sin empleo desde hace

más de un año) tiene derecho a una ayuda de 5,5 ecus por hora, esto es, un

42 %' aproximadamente del sueldo medio en Dinamarca. La subvención puede

concederse por un paríodo máximo de 12 meses, de modo que la ayuda no supera

los 9 300 ecus por persona. La plantilla de la empresa ha de registrar un

aumento neto y, en el supuesto de que se conceda una subvención salarial

durante más de seis meses, el trabajador debe permanecer en la empresa

durante un determinado período una vez se ponga fin a la subvención o recibir

una formación. El segundo régimen es similar, salvo que va dirigido a los

grupos de desempleados con mayores problemas para hallar un trabajo fijo,

tales como los inmigrantes, y que serán más bien los organismos que presten

servicios públicos los que contraten a estos trabajadores. En virtud del

mismo, la subvención puede llegar a un 70 %, aproximadamente, del sueldo

medio y concederse por un período de 12 meses. Las condiciones en materia de

permanencia del trabajador al finalizar la subvención o de formación son las

mismas. Por último, el tercer régimen ofrece ayudas del 50 % del subsidio

máximo de desempleo durante un período máximo de dos años y medio a los

desempleados que creen su propia empresa. Basándonos en el actual subsidio

máximo de desempleo, la ayuda puede alcanzar unos 19 000 ecus por persona.

La Comisión estimó que todos estos programas estaban sujetos à lo dispuesto

en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE, ya que las autoridades

disponían de ciertas facultades discrecionales, sobre todo en relación con la

```

```
4.1.§3.12
##### 297

duración y el nivel de las subvenciones concedidas, así como las condiciones

de contratación de los trabajadores en virtud de los dos primeros regímenes.

En febrero, la Comisión había considerado la versión del primer régimen

entonces notificada como una "medida general" no sujeta a lo dispuesto en el

apartado 1 del artículo 92, dado que sus condiciones, en particular las

referentes a la contratación, no dejaban en absoluto, o prácticamente, margen

para el ejercicio de facultades discrecionales, descartándose así la

posibilidad de una aplicación selectiva del régimen. En las decisiones

posteriores, se consideró que, en cualquier caso y a pesar del factor

discrecional de la ayuda, estos programas se ajustaban a la política

comunitaria en materia v de creación de empleo y podían, por tanto, disfrutar

de una exención.

443. En junio, la Comisión decidió archivar el procedimiento incoado en

relación con el proyecto italiano de conceder ayudas de intensidad muy

elevada a toda empresa dirigida o controlada mayoritariamente por mujeres, y

autorizar su aplicación' [100] '. Las autoridades italianas limitaron el alcance

del régimen, de modo que las ayudas quedasen reservadas para las pequeñas

empresas, según se definen en las directrices sobre ayudas a las PYME, y

reducidas a las intensidades máximas fijadas en dichas directrices, es decir,

a importes que permitiesen considerarlas ayudas de minimis (durante tres

años, 50 000 ecus por empresa en concepto de ayudas a la inversión y

50 000 ecus por otros conceptos, esto es, un importe total máximo de

100 000 ecus).

El régimen así modificado responde a dos objetivos frente a los cuales la

Comisión muestra, en general, una actitud favorable, a saber, el fomento del

empleo de mujeres y de la igualdad de oportunidades para éstas, por un lado,

y el desarrollo de las PYME, por otro.

(100) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia,
       punto 474.

```

```
4.I.§3.13

<T4> - Ayudas de salvamento y de reestructuración

```

##### 298

```
444. La recesión dio lugar a numerosos nuevos casos de ayudas estatales para

el salvamento y la reestructuración de empresas en dificultades financieras.

Al estudiar estos casos y pronunciarse sobre otros que se habían planteado en

años anteriores, la Comisión aplicó los principios perfectamente establecidos

que rigen tales ayudas y cuyo objeto es evitar que los competidores se vean

indebidamente perjudicados por la operación' [101] '. La Comisión establece una

distinción entre el salvamento, que constituye una medida de sostenimiento en

tanto se decide sobre el futuro de la empresa en dificultades -cierre o

reestructuración-, y la reestructuración. Para rescatar empresas, los

gobiernos pueden recurrir a préstamos puente a corto plazo a tipos de mercado

o garantías de préstamos. La financiación puente no debe, en principio,

concederse por más de seis meses, si bien la Comisión reconoce que este

período puede prolongarse, a instancia del Estado miembro interesado, hasta

que se haya llevado a cabo un examen con arreglo al procedimiento del

apartado 2 del artículo 93 ' [1 0 2] ' . Las ayudas de reestructuración deben

restablecer la viabilidad de la empresa a través de un plan consistente cuya

ejecución se someta a la oportuna supervisión, pero, además de esta condición

sine qua non, la reestructuración ha de contribuir a reducir el exceso de

capacidad del sector si es que existe, como ocurre en la mayoría de los

casos. De lo contrario, los competidores que tengan que financiar su

reestructuración con sus propios recursos se verán perjudicados. Aun en los

casos en que el sector considerado no registre un exceso de capacidad, las

ayudas de reestructuración deberían ir condicionadas a una cierta

contribución al interés común, si bien ésta no tiene por qué consistir en una

reducción adicional de capacidad o de cuotas de mercado.

Muchos de los asuntos que se plantearon en 1993 se referían a las industrias

siderúrgica y del automóvil y a otros sectores sensibles, así como a las

privatizaciones, especialmente en Alemania Oriental. Éstos se presentan en la

sección correspondiente. A continuación expondremos algunos de los demás

casos.

445. En Alemania Occidental, la Comisión autorizó una ayuda a la empresa

fabricante de máquinas herramienta Berstorff Machinenbau GmbH consistente en

(101) Octavo Informe sobre la política- de competencia, puntos 227 y

        228.

(102) Punto 52 7 del presente Informe.

```

```
4.1.§3.14
##### 299

una garantía de crédito concedida por las autoridades de Baja Sajonia en

virtud de un régimen aprobado. Berstorff, establecido en Hanóver, fabrica

máquinas herramienta que se utilizan para la producción de caucho y productos

sintéticos. La garantía cubría el 80 % de un préstamo de 8 millones de ecus

concedido a la empresa en condiciones de mercado. La empresa estaba llevando

a cabo un plan de reestructuración elaborado por un consultor independiente

que le permitiría restablecer su viabilidad en un futuro próximo. Sus

dificultades se debían a la pérdida de mercados en Europa Central y Oriental.

446. Asimismo, la Comisión autorizó al Gobierno del estado bávaro a

garantizar, hasta finales de 1993, un préstamo de 9 millones de ecus

concedido a una fábrica de celulosa, Bayerische Zellstoff GmbH, Kelheim. La

empresa se había declarado en quiebra como consecuencia de las dificultades

iniciales planteadas por un nuevo proceso que evita la utilización de

sulfúrico y cloro y resulta, por tanto, menos nocivo para el medio ambiente.

447. Las autoridades bávaras fueron también autorizadas a conceder una

subvención de intereses en relación con un préstamo de 15,5 millones de ecus

otorgado por bancos privados a dos fabricantes de máquinas herramienta, Maho

AG y Deckel AG, cuyas actividades se hallaban en fase de reestructuración y

fusión. La subvención de intereses, por valor de 1,3 millones de ecus, era la

única financiación pública concedida con vistas a la operación de salvamento

y reestructuración, que afectaba a las plantillas de ambas empresas, sus

proveedores y acreedores de la banca privada. Los bancos privados condonaron

una deuda de 52 millones de ecus, las ventas de terrenos reportaron otros

15,5 millones de ecus y los accionistas aportaron una cantidad similar de

nuevo capital.

448. La Comisión cerró el procedimiento del apartado 2 del artículo 93

incoado en relación con la ayuda concedida por el Gobierno vasco para la

reestructuración de Esmaltaciones San Ignacio S.A., fabricante de cocinas de

acero esmaltado, botellas de gas y calderas industriales establecido en

Vitoria (Álava). La Comisión había incoado el procedimiento en julio de

1992(103).

(103) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia,

        punto 423.

```

```
4.I.§3.15
```

300

```
La ayuda consistía en una garantía de 7 años sobre un préstamo de 7 millones

de ecus a tipos de interés de mercado. El préstamo garantizado serviría a la

empresa para financiar parte de un programa de reestructuración que implicaba

una fuerte reducción de plantilla.

En su decisión final, la Comisión reconoció que el plan de reestructuración

revisado presentado por las autoridades españolas podía restablecer la

viabilidad a largo plazo de la empresa. La reestructuración suponía el cierre

de las líneas de producción deficitarias y la reducción de la capacidad

restante en un 13 %, aproximadamente. La Comisión tomó, asimismo, en

consideración la escasa intensidad de ayuda que representaba la garantía de

un préstamo a tipos de interés de mercado, dado que éste estaba totalmente

garantizado por activos y el beneficiario contaba con un sólido programa de

reestructuración.

44 9. La Comisión cerró también el procedimiento del apartado 2 del

artículo 93 incoado, en julio de 1990' [104] ', en relación con la ayuda

concedida por las autoridades españolas para la venta de determinados activos

del grupo de construcciones mecánicas Cenemesa a Asea Brown Boveri (ABB).

Pese a que el grupo no estaba bajo su control, el Estado español había

participado activamente en la búsqueda de un comprador para el mismo y en

agosto de 1989 aceptó la oferta de adquisición de ABB. En virtud del acuerdo,

el Estado se comprometió a que los acreedores del grupo pertenecientes al

sector público desistirían de reclamar unos 230 millones de ecus en concepto

de deudas, y renunciarían unilateralmente a las hipotecas sobre los activos,

accediendo además a sufragar los costes de un plan de jubilación anticipada

para unos 1 700 empleados.

La Comisión consideró que, al renunciar al cobro de las deudas y

comprometerse a financiar los despidos, el Estado español no había actuado

como un acreedor privado sino como un donante de ayuda. En su opinión, el

acuerdo entre ABB y el Estado español no formaba parte de un proceso normal

de liquidación y ABB se había visto beneficiada al adquirir los activos del

grupo Cenemesa, esto es de empresas en funcionamiento, sin tener que absorber

las deudas que normalmente van unidas a tal adquisición.

(104) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, punto 275

```

```
4.1.§3.16
###### 301

No obstante, de acuerdo con la información facilitada por ABB y corroborada

por las autoridades españolas, estaba previsto reestructurar las anteriores

actividades industriales del grupo, ahora en manos de ABB, con arreglo a un

plan que podía considerarse satisfactorio desde el punto de vista

comunitario. El programa de reestructuración ha reducido la capacidad de

producción en todas las ramas de actividad en un promedio de más del 50 %.

Esta intervención ha eliminado el exceso de capacidad en el mercado español,

ofreciendo a las líneas de actividad españolas de ABB la posibilidad de ser

rentables y viables. ABB ha aportado considerables fondos y conocimientos

técnicos para restablecer la viabilidad de dichos activos.

Por último, la Comisión tomó en consideración el hecho de que el plan de

reestructuración permitiría salvar puestos de trabajo en zonas con problemas

específicos de subdesarrollo y crisis industrial.

450. La Comisión cerró el procedimiento' [105] ' del apartado 2 del artículo 93

incoado en julio de 1992 ' [1 0 6] ' en relación con una propuesta del Gobierno

vasco de conceder ayuda, consistente en una garantía de 33 millones de ecus,

para la reestructuración de La Papelera Española, grupo de empresas que

produce y procesa pasta y papel.

El Gobierno español había presentado un plan revisado de reestructuración

elaborado por las autoridades vascas y el grupo beneficiario, a través del

cual parecía probable que el grupo restableciese su rentabilidad para 1995

mediante el aumento de la productividad y calidad y la reducción de la

capacidad. La Comisión tomó también en consideración la escasa intensidad de

ayuda que representaba la garantía.

451. La Comisión hizo extensivo el examen iniciado en marzo de 1992 y ya

ampliado en septiembre del mismo año' [107] ' a la posible ayuda adicional

concedida a la empresa de construcciones mecánicas CMF Sud SpA y su sucesora,

CMF SpA. La Comisión está estudiando la ayuda anterior y la nueva a la luz

del programa de reestructuración de las actividades del grupo que se está

debatiendo con las autoridades italianas.

(105) DO C 123 de 5.5.1993.

(106) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia,
        punto 422.
(107) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia,
        punto 426.

```

```
«.I..3.X7 3 0 2

A raíz de la ampliación del procedimiento en septiembre de 1992, las

autoridades italianas informaron a la Comisión de una reorganización de CMF

Sud SpA a través de la cual la sociedad holding IRITECNA crearía una nueva

sociedad, CMF SpA, a la que la primera traspasaría su línea de actividad

principal por una cantidad simbólica que se había fijado inicialmente en

100 000 ecus.

Posteriormente, CMF Sud SpA entraría en liquidación voluntaria e IRITECNA

haría frente a todas sus obligaciones en la liquidación.

La Comisión estimó que la aportación de capital a la nueva empresa, el

traspaso a la misma de la línea de actividad principal de la antigua empresa

por una cantidad simbólica y la garantía de reembolso de todas las deudas de

esta última con motivo de su liquidación, constituían medidas de ayuda.

452. La Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 en

relación con la financiación concedida en 1991 a Avenir Graphique, una

imprenta de Torcy (Marne la Vallée), por tres bancos propiedad del Estado.

Los bancos renunciaron posteriormente a la mayor parte de sus derechos,

cuando Avenir Graphique fue absorbida por otro grupo editorial.

453. La Comisión adoptó una decisión final' [108] ' con respecto al régimen

establecido por la región italiana de Lazio para ayudar al sector de la

cerámica. En diciembre de 1992' [109] ' se había incoado el procedimiento del

apartado 2 del artículo 93 en relación con las ayudas al funcionamiento y la

inversión, por valor de 3,5 millones de ecus, concedidas a fabricantes de

aparatos sanitarios y loza.

La Comisión declaró que era incompatible con el mercado común, y por tanto no

podía concederse, ninguna ayuda que rebasase los límites fijados en sus

directrices sobre ayudas a las pequeñas y medianas empresas' [110] ', pero sí

podían autorizarse las que se mantuvieran por debajo de tales límites.

(108) DO L 238 de 23.9.1993.
(109) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia,
       punto 42 9.
(110) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia,
       punto 342.

```

415418
#### 303

```
<T3> §4. Ayudas para investigación y desarrollo

<T4> Evolución general

454. La Comisión considera que el texto original de las directrices sobre

ayudas estatales para I+D' [1 1 1] ' sigue constituyendo un instrumento adecuado

de cara al control de tales ayudas.

455. Durante la reunión multilateral celebrada en el mes de junio, los

servicios de la Comisión debatieron con los expertos de los Estados miembros

las condiciones de las^ ayudas consistentes en un anticipo reembolsable en

caso de que la investigación obtenga buenos resultados. La mayor parte de los

Estados miembros cuentan con regímenes de este tipo.

De acuerdo con su práctica administrativa, la Comisión acepta que el anticipo

cubra inicialmente el 40 % de los costes de los proyectos de investigación

aplicada o desarrollo. Si los proyectos producen los resultados apetecidos,

la ayuda se reembolsa, de modo que la intensidad efectiva de la misma no

exceda del 25 % en equivalente bruto de subvención.

Al término de los debates se llegó a la conclusión de que no había motivos

suficientes para que la Comisión modificase de momento su política en

relación con este tipo de ayudas.

456. Todas las ayudas autorizadas en 1993 se ampararon en la excepción

prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 92, salvo dos proyectos

EUREKA (HDTV EU 95 y JESSI EU 127), que se acogieron a lo dispuesto en la

letra b) del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE. A continuación se

resumen algunas de las decisiones más importantes.

<T7> Bélgica

457. En marzo, y con motivo de la f ederalización del Estado belga, la

Comisión autorizó el régimen de ayudas para investigación y desarrollo de la

región valona, que sustituye a dos programas nacionales ("IRSIA industrie" y

"Prototypes") ya aprobados por la Comisión. El presupuesto de 1993 ascendía a

(111) DO C 83 de 11.4.1986.

```

```
4.1.§4.19

##### **30**

73 millones de ecus y estaba destinado a financiar todas las fases de la

investigación realizada por institutos públicos y empresas.

La ayuda a la investigación básica consiste en una subvención del 50 % (60 %

para las PYME). La ayuda para investigación aplicada y desarrollo viene

constituida por un anticipo del 40 % (50 % para las PYME) que debe

reembolsarse en caso de éxito, de forma que la intensidad real quede reducida

a un 2 5 % (35% para las PYME) . No está previsto reembolso alguno en el

supuesto de que la investigación fracase.

<T7> Alemania

458. La Comisión aprobó una ayuda estatal a la investigación dentro del

proyecto "VERBMOBIL". Esta medida consistente en una subvención, está

destinada a las universidades, los institutos de investigación y las empresas

que trabajan en un proyecto para posibilitar de que las máquinas reconozcan

expresiones no programadas y las traduzcan de forma automática.

El responsable científico del programa es el centro alemán de inteligencia

artificial. El importe de la ayuda asciende a 30 millones de ecus para un

período de 4 años y su intensidad es del 47 % bruto. Dado su carácter de

investigación básica, y habida cuenta de que se respetaban los criterios de

complementariedad e interés común, la Comisión aplicó la excepción prevista

en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE.

459. La Comisión dio, asimismo, luz verde al programa de investigación

"Arbeit und Technik". Este régimen, que cuenta con un presupuesto de unos

163 millones de ecus para el período 1993-1996, permite financiar la

investigación fundamental e industrial encaminada a proteger la salud de los

trabajadores mediante una reducción de las tareas peligrosas y la

introducción de dispositivos de seguridad, así como a adaptar el trabajo y la

tecnología al individuo. Las dos terceras partes del presupuesto están

destinadas a institutos científicos y el resto, a empresas, cuyos costes

pueden financiarse en un 50 % (60 % en la antigua RDA).

460. La Comisión no opuso ninguna objeción a un programa de investigación

conjunta reservado para las PYME. Este régimen, que abarca el período

comprendido entre 1993 y el año 2000, dispone de un presupuesto global de

```

```
4.1.§4.20

```

305

```
150 millones de ecus y sus objetivos son, por un lado, el acceso de las PYME

a la investigación realizada tanto a nivel nacional como internacional y, por

otro, el intercambio de investigadores entre la industria y los centros

públicos de investigación. La intensidad admitida es del 35 % (40 % en la

antigua RDA) del coste del proyecto, con un máximo de 155 000 (210 000) ecus

por empresa para la colaboración nacional y 260 000 (310 000) ecus para la

colaboración internacional. En lo que respecta al intercambio de

investigadores, la intensidad máxima es del 40 % (50 %) del salario bruto.

461. La Comisión aprobó una prórroga, durante 1993, del principal programa de

investigación en el sector del transporte, "Verkehrsforschung", el cual había

sido aprobado inicialmente en 1989 y 1990' [112] '. La mayor parte del

presupuesto, que ascendía a 82 millones de ecus, estaba destinada a proseguir

los trabajos sobre el tren de suspensión magnética "Transrapid", asignándose

una dotación menor a la investigación básica en otros aspectos del

funcionamiento de los trenes de alta velocidad, el transporte público urbano,

el transporte de mercancías y las "cadenas de transporte".

462. Asimismo, se aprobaron dos importantes programas de investigación sobre

tecnología del láser y "microsistemas", esto es, sistemas capaces de detectar

y procesar estímulos y reaccionar ante los mismos, con posibles aplicaciones

para la atención sanitaria, la protección del medio ambiente y los

transportes. El programa referente a la tecnología del láser dispone de un

presupuesto de 84 millones de ecus hasta 1997 y el relativo a la tecnología

de microsistemas cuenta con una dotación de 13 0 millones de ecus para el

período 1994-1999. De acuerdo con las directrices en materia de ayudas de I+D

y con la práctica establecida, los porcentajes de ayuda pueden incrementarse

en 10 puntos porcentuales para las pequeñas y medianas empresas y las

empresas de los nuevos estados federados alemanes (15 puntos porcentuales

para las PYME de estos estados).

<T7> Francia

463. En enero, febrero y abril, la Comisión aprobó la refinanciación anual de

cuatro regímenes franceses orientados a la investigación, el desarrollo y la

innovación.

!112) Decimonoveno Informe sobre la política de competencia,
       punto 145; Vigésimo Informe sobre la política de competencia,
       punto 197.

```

```
4.1.§4.21
```

30o

```
Entre ellos figuraba el programa ATOUT-PUMA, destinado esencialmente a las

PYME y que respalda, mediante subvenciones y anticipos reembolsables, los

proyectos de I+D encaminados a integrar materiales avanzados en las

tecnologías industriales. El segundo régimen, denominado "Fonds de la

Recherche et de la Technologie (FRT)", ayuda a las empresas en sus proyectos

de investigación fundamental o industrial básica mediante subvenciones que

pueden llegar al 50 % del coste del proyecto.

El tercer régimen, denominado "GRANDS PROJETS INNOVANTS", va dirigido a las

empresas industriales que trabajan en campos tecnológicos muy específicos,

tales como las máquinas inteligentes y flexibles, los vehículos no

contaminantes y económicos, el TAV del futuro o los grandes procesos

industriales innovadores.

El último de los programas se refiere a la Agence Nationale pour la

Valorisation de la Recherche (ANVAR) y abarca todas las fases de la I+D, con

cierto predominio de la investigación aplicada. La ayuda a las empresas se

concede en forma de anticipos reembolsables en caso de éxito (85 % del

presupuesto) y de subvenciones directas (estudios de viabilidad).

Globalmente, la contribución pública a los cuatro regímenes aprobados fue de

536 millones de ecus en 1993.

<T7> Reino Unido

464. En el mes de mayo, la Comisión autorizó la concesión de una ayuda

estatal para investigación a la empresa Shorts pie de Belfast (Irlanda del

Norte), con vistas al diseño y desarrollo de un nuevo avión de negocios

llamado Learjet 45. La contribución pública consiste en un anticipo

reembolsable en caso de éxito, que se ha fijado en la comercialización de 101

aviones. El anticipo cubre el 25 % de los costes de la empresa.

Aun cuando no sea de aplicación a este proyecto el acuerdo firmado en julio

de 1992 entre la CE y EE UU y relativo al comercio de aviones civiles de gran

capacidad' [113] ', las condiciones de la ayuda se atienen a lo estipulado en

dicho acuerdo.

(113) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia,

        punto 3 56.

```

```
4.1.§5.p.l

<T3> §5. Ayudas regionales

<T4> Observaciones generales

```

307

```
465. Mediante el control de las ayudas con finalidad regional otorgadas por

los Estados, la Comisión siguió intentando reforzar la cohesión económica y

social entre los Estados más desarrollados y los menos favorecidos de la

Unión, para reforzar los efectos de los fondos estructurales' [1] '. Este

objetivo de cohesión se conseguirá autorizando mayores niveles de ayuda

nacional en las regiones menos desarrolladas. En otras palabras, las regiones

menos desarrolladas tendrán la posibilidad de ofrecer mayores niveles de

ayuda, para atraer así la inversión, que las más desarrolladas. Además, en

las regiones más prósperas, en las que los problemas de desarrollo son, en

términos relativos, menos graves, las ayudas de finalidad regional deberán

concentrarse en las zonas más necesitadas, al tiempo que se reduce su ámbito

global de cobertura. Asimismo, las distintas formas de ayuda en las zonas no

asistidas de los países en desarrollo deben controlarse estrictamente y los

incentivos a la inversión limitarse a las pequeñas y medianas empresas o

concederse únicamente con una finalidad especial, como por ejemplo, la

protección del medio ambiente' [2] '.

466. Al presentar sus propuestas de revisión de los reglamentos relativos a

los fondos estructurales' [3] ', la Comisión se comprometió a lograr una mayor

coherencia entre las políticas estructurales y las políticas de ayudas

estatales. Por otro lado, la adopción de un calendario común para determinar

las condiciones que hacen a una región elegible en el marco de estas dos

políticas, asegura una creciente coherencia entre ellas al cuidar de que las

zonas elegibles para una ayuda de los Fondos Estructurales lo sean también

para ayudas regionales nacionales que pueda conceder un Estado Miembro. Por

supuesto, según el artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2081/93 del Consejo de

20 de Julio de 1993, las acciones que se financien mediante Fondos

Estructurales deben ajustarse a las disposiciones de las políticas

comunitarias, incluyendo las reglas de defensa de la competencia.

(1) Vigésimo Primer Informe sobre la política de competencia, puntos 54 a

    56.

(2) Punto 419 y siguientes y 430 y siguientes del presente Informe.

(3) COM(93)67 final, p.15.

```

```
4.1.§5.p.2

```

308

```
467. La Comisión siguió trabajando en la elaboración de una estrategia para

hacer frente al importante falseamiento de la competencia que pueden originar

las ayudas a la inversión intensiva en capital' [4] '. Basándose en los datos

facilitados por los Estados miembros, la Comisión estuvo analizando la

posibilidad de calcular el importe de la ayuda en función del valor añadido,

como alternativa al criterio de la relación entre el coste de la inversión y

la creación de empleo! Sin embargo, este método de cálculo no parece viable a

corto plazo. A continuación, se exponen las principales decisiones adoptadas

con respecto a los programas nacionales de ayuda regional.

<T7> Bélgica

468. La Comisión inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del

Tratado CE con relación a un régimen de ayudas en favor de las empresas que

participan en la realización de programas industriales europeos objeto de

acuerdos internacionales específicos. Además de las irregularidades de

procedimiento detectadas, el régimen establecía la posibilidad de conceder

ayudas a la producción en las regiones que podían optar a las ayudas

regionales con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del

Tratado, mientras que dichas ayudas sólo son admisibles, en determinadas

condiciones, en las regiones que pueden beneficiarse de ayudas en virtud de

lo dispuesto en la letra a) del apartado 3, del artículo 92.

                   Dinamarca

469. La Comisión autorizó la creación de seis polos industriales dentro de

las zonas asistidas de Bornholm, Nordjylland y Storestram. El nivel de las

ayudas destinadas a los mencionados polos industriales, que adoptan

fundamentalmente la forma de amortizaciones aceleradas, se mantiene dentro de

los límites ya autorizados por la Comisión para las zonas en cuestión. Con

objeto de canalizar más fondos de inversión hacia la zona de Bornholm, las

autoridades danesas decidieron que, en ella, la concesión de deducciones

fiscales a los empresarios y pequeñas empresas con objeto de fomentar la

inversión no estaría sujeta a la condición exigida normalmente de ser socio

activo de la empresa a la que se destina la inversión. Esta medida fue

asimismo aprobada por la Comisión.

 (4) • Vigésimo Primer Informe sobre la política de competencia, punto 164

```

```
4.I.§5.p.3

<T7> Alemania

```

309

```
470. La Comisión aprobó el Plan General del principal programa de ayudas

regionales, denominado Programa Conjunto del Gobierno Central y de los

Estados Federados para 1993 (Gemeinschaftsaufgabe) que, en comparación con

años anteriores, había sufrido muy pocos cambios. Siguiendo la tendencia

adoptada tras la reunificación y que probablemente se mantendrá en el futuro,

aproximadamente el 89 % de los 5.200 millones de ecus concedidos en concepto

de ayudas dentro del programa de 1993 se destinaban a los nuevos estados

federados.

471. La Comisión autorizó la introducción de una serie de mejoras en los

incentivos regionales concedidos en los nuevos estados federados. El régimen

especial de amortización acelerada de la inversión aplicado en esa zona se

ampliará hasta finales de 1996' [5] ' con una aportación adicional de unos 5.400

millones de ecus a la economía de los nuevos estados. El programa, de avales

aprobado en 1991 para la inversión en los estados de la antigua República

Democrática Alemana' [6] ' se amplió a los casos de reestructuración en zonas en

que el desempleo alcanza niveles particularmente elevados. Por último, la

Comisión autorizó la venta de terrenos industriales de propiedad estatal en

los nuevos estados federados por la mitad de su valor de mercado y permitió a

las autoridades de Berlín la subvención de los arrendamientos de edificios

con finalidad comercial o industrial en las zonas asistidas de la ciudad (en

las zonas no asistidas, sólo las PYME pueden gozar de alquileres más bajos).

472. La Comisión archivó el procedimiento incoado con arreglo al apartado 2

del artículo 93 en relación con la concesión de una ayuda en el marco del

programa de ayudas a la inversión para los nuevos estados federados,

denominado "ERP-Aufbauprogramm", en el antiguo Berlín occidental' [7] '. Las

autoridades alemanas habían accedido a interrumpir la concesión de ayudas a

las empresas de Berlín occidental en el marco del programa y, por otro lado,

las ayudas ya concedidas no superaban los límites fijados en las Directrices

(5) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 484
(6) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 285.
(7) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punfo 485

```

```
4.1.§5.p.4

###### 310

sobre ayudas a las PYME. Por lo que respecta a la disposición contenida en el

programa de desgravaciones a la inversión en los nuevos estados federados' [8] '

en la que se reconoce a las empresas establecidas en dicho territorio antes

de la unificación el derecho a solicitar un porcentaje mayor que las empresas

instaladas posteriormente, la Comisión solicitó al Gobierno alemán su

supresión, aduciendo su carácter discriminatorio, antes del 30 de junio de

1994.

<T7> España

473. En el mes de mayo, la Comisión adoptó una decisión definitiva negativa

en relación con un régimen de ayudas fiscales a la inversión en el País

Vasco' [9] '. En su decisión, la Comisión ratificaba la postura que había

adoptado al incoar el procedimiento' [10] ', basada en la infracción al

artículo 52 del Tratado CE sobre libertad de establecimiento. De hecho, la

mencionada discriminación es uno de los elementos esenciales por los que la

Comisión considera que el régimen en cuestión se inscribe en el ámbito de

aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE y no constituye una

medida de carácter general.

Así, se solicitó a las autoridades competentes que pusieran fin a la

infracción del artículo 52 antes del 31 de diciembre de 1993. Además, la

Comisión decidió que durante el periodo transitorio hasta la supresión de la

discriminación, las autoridades españolas debían velar por que las ayudas se

concedieran dentro de las zonas establecidas y de acuerdo con los límites

máximos de las ayudas nacionales de carácter regional en el plazo de dos

meses a partir de la notificación de la Decisión.

<T7> Francia

474. La Comisión decidió no plantear objeción alguna a la política de

crédito aplicada por el Institut d'Émission des Départements d'Outre-Mer

(IEDOM) . Esta política se concretaba en acuerdos de redescuento por los que

el IEDOM se comprometía a refinanciar a un tipo reducido algunas

(8) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 483 y

   486.

(9) DO L 134 de 3.6.1993, p. 25.
(10) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 292.

```

```
4.I.§5.p.5
```

311

```
aportaciones efectuadas por las entidades de crédito de los departamentos de

ultramar a las empresas locales.

La Comisión consideró que dichas medidas constituían ayudas que beneficiaban,

por un lado a las entidades de crédito, disminuyendo el coste de sus

recursos, y por otro, a las empresas, que obtienen créditos a un precio

inferior.

No obstante, la Comisión decidió no plantear objeciones al respecto,

basándose en que dichas ayudas se destinaban a regiones desfavorecidas .que

podían acogerse a la excepción prevista en la letra a) del apartado 3 del

artículo 92 del Tratado CE con respecto a las cuales el Consejo reconocía la

necesidad de medidas específicas en su Decisión de 22 de diciembre de 1989

por la que se instituía el programa POSEIDOM' [11] '.

<T7> Italia

475. La Comisión aprobó algunas medidas adoptadas por las autoridades

sicilianas, para la aplicación anticipada o sustitución de los programas

nacionales de ayuda en el Mezzogiorno, cuyo pago estaba registrando un

considerable retraso.

Este retraso supone un gasto importante para los inversores que, con objeto

de realizar las inversiones previstas y a la espera del abono de las ayudas,

se ven obligados a solicitar de los bancos préstamos al tipo de mercado.

El programa en cuestión incluye préstamos con bonificación de intereses en

favor de las PYME y el anticipo de las ayudas adeudadas a las empresas en

virtud de lo dispuesto en la Ley 64/86, respetando los límites autorizados

por la Comisión para la intervención extraordinaria en el Mezzogiorno.

476. Por razones parecidas, es decir, a fin de paliar los retrasos en el pago

de las ayudas concedidas en virtud de la Ley nacional 488/92 en materia de

intervención extraordinaria en el Mezzogiorno, la Comisión autorizó la

concesión a las PYME por parte de la región de Cerdeña de préstamos con

bonificación de intereses. En caso de que estas ayudas vengan a sumarse a

(11) DO L 339, de 30.12.1989, p. 39,

```

```
4.I.§5.p.6
```

312

```
otras concedidas en virtud de otros programas regionales, nacionales o

comunitarios, deberán respetarse los límites máximos autorizados por la

Comisión en la región.

477. La Comisión sobreseyó el procedimiento incoado en septiembre de

1992' [12] ', en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 93 del

Tratado CE, en relación con determinadas ayudas previstas por la Ley

italiana n° 102, de 2 de mayo de 1990, en la que se establecían una serie de

disposiciones para la reconstrucción y el desarrollo de la Valtellina.

Las ayudas consistían en subvenciones, abono de intereses, préstamos con

bonificación de intereses, garantías y ventajas fiscales en favor de las

empresas de la Valtellina y zonas limítrofes afectadas por las inundaciones

de 1987.

En el curso del procedimiento, las autoridades italianas se comprometieron a

modificar el régimen en cuestión de forma que éste se aplicara

exclusivamente a las PYME, se respetaran los límites máximos fijados por la

Comisión, las ayudas a la producción se transformaran en ayudas a la

inversión y, en cualquier caso, no se superara el nivel de las ayudas "de

minimis"' [13] '. Habida cuenta de las modificaciones propuestas, la Comisión

las declaró compatibles con el mercado común.

<T7> Portugal

478. En el mes de julio, la Comisión autorizó las ayudas previstas por el

Programa RETEX, notificado por las autoridades portuguesas. Dicho programa

incluye diversos tipos de medidas, que en su mayor parte constituyen ayudas

en el sentido del artículo 92 del Tratado CE y están destinadas a favorecer

la diversificación económica de las regiones afectadas por la

reestructuración de la industria textil y de la confección. Las ayudas

adoptan tres formas distintas: subvenciones a fondo perdido, préstamos con

un tipo de interés cero y participación pública procedente de un fondo de

capital de riesgo. En la mayoría de los casos, se destinan al sector de

(12) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 497.
(13) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 337
   Punto 431 del presente Informe.

```

```
4.I.§5.p.7

```

313

```
servicios y están relacionadas con los gastos no vinculados directamente a la

producción.

Las medidas individuales del programa establecen diversas intensidades de

ayuda. Las ayudas pueden acumularse entre sí, cuando se aplican a la

subvención de los mismos gastos, hasta una intensidad máxima de un 75 %

(bruto). Por otro lado, pueden acumularse a otras ayudas que no estén

incluidas en el programa, como por ejemplo, las fiscales. No obstante, la

suma de las ayudas previstas y las ayudas fiscales tampoco podrá superar un

75 % (bruto).

El presupuesto nacional previsto en el programa para la financiación de las

ayudas mencionadas en el periodo 1993-1997 es de 48 millones de ecus (a

precios de 1993). Dichas ayudas se inscriben en el marco del programa

comunitario RETEX y, a tal título, pueden acogerse a una cofinanciación de

los fondos estructurales.

<T7> Reino Unido

479. En el mes de julio, la Comisión decidió no plantear objeción alguna en

relación con el nuevo mapa de regiones asistidas en el Reino Unido. Dicho

mapa, que sustituye al aprobado en diciembre de 1984, está compuesto por

zonas de empleo ("Travel to Work Areas-TTWA") y sus subdivisiones.

Como en el mapa anterior, las zonas asistidas se reparten en dos categorías:

las "Development Areas" (zonas de desarrollo) en las que la ayuda puede

alcanzar un 3 0 % en ENS y las "Intermediate Areas" (zonas intermedias) en las

que el ENS se limita a un 2 0 %.

El principal programa en vigor en las zonas asistidas del Reino Unido es el

"Regional Selective Assistance", que se aprobó al mismo tiempo que el

anterior mapa de zonas asistidas; la ayuda se concede en forma de subvención

en capital y su intensidad se halla dentro de los límites máximos mencionados

anteriormente.

Algunas zonas de empleo se han subdividido, concediéndose a una de las partes

el estatuto de "Development Area" y a la otra el de "Intermediate Area".

```

```
4.I.§5.p.8
```

314

```
Dichas zonas son, concretamente, Birmingham, Blaenau, Gwent, Abergavenny,

Pontyridd, Rhondda, Wirrai y Chester.

Las zonas de empleo, de las que el nuevo mapa recoge únicamente una parte,

son las siguientes: Newport, Shotton, Flint y Rhyl, Wrexham, Dorcester y

Weymounth, Cardiff (parte del objetivo 2) y Londres (una mínima parte, que

representa el 0,5 % de la población total del Reino Unido) . Esta zona de

Londres se incluyó en el mapa de regiones asistidas debido a su gran

concentración de desempleo, provocada por el constante deterioro de su tejido

industrial.

El nuevo mapa refleja un cambio importante en relación con el anterior, que

consiste en la inclusión de las zonas asistidas de una parte importante del

condado de Kent (las zonas de empleo de Thanet, Dover, Deal, Folkestone,

Sittingbourne y Sheerness) tras la pérdida anticipada de empleos relacionados

con las actividades portuarias, los servicios de enlace por transbordador con

el continente y los servicios de aduana, todo ello debido a la puesta en

marcha del túnel bajo el Canal de la Mancha.

El porcentaje de población cubierta (un 35,15 % del total) sólo es

ligeramente inferior al anterior (en 0,15 puntos).

```

```
4.1.§6.p.l

<T3> §6. Ayudas a los sectores industriales

            sujetos a las directrices comunitarias

<T4> Observaciones generales

```

315

```
480. En 1993, se hizo más patente que nunca la necesidad de establecer un

estricto control de las ayudas en los sectores que adolecen de graves

problemas estructurales' [14] '. Es precisamente en los momentos de recesión

cuando las normas. o directrices especiales de ayuda para dichos sectores

demuestran su utilidad. Al igual que a mediados de los años ochenta, la

Comisión inició una reestructuración metódica del sector siderúrgico y trató

                          '
de evitar una carrera de subvenciones' [15] . La diferencia es que, en la

actualidad, las Directrices sobre ayudas a la Siderurgia ya no autorizan la

concesión de ayudas a la reestructuración, salvo para el cierre de

instalaciones por lo que, en numerosos casos, fue necesario obtener el

acuerdo del Consejo con arreglo al artículo 95 del Tratado CECA. En los

sectores de la construcción naval, las fibras sintéticas y los vehículos de

motor, la firme aplicación de las normas sobre ayudas por parte de la

Comisión creó unas condiciones equitativas mientras las empresas emprendían

la reestructuración.

<T5> a) Ayudas a la siderurgia

<T6> - Siderurgia comprendida en el ámbito de aplicación del Tratado CECA

481. A finales de año, la Comisión consiguió suprimir algunas de las trabas

al indispensable recorte de capacidades en el sector siderúrgico comunitario,

al lograr que el Consejo accediera a que determinados Estados miembros se

acogieran a las excepciones especiales previstas en el artículo 95 del

Tratado CECA con vistas a otorgar ayudas en apoyo de la reestructuración y,

en determinados casos, de la privatización de las empresas siderúrgicas

estatales con pérdidas. En este contexto se trataros seis casos relativos a

seis empresas de cuatro Estados miembros: U v a en Italia, CSI y SIDENOR en

(14) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 375 y

   Puntos 2 9 y 3 74 del presente Informe.
(15) Decimoquinto Informe sobre la política de competencia, punto 177 y
   siguientes.

```

```
4.I.§6.p.2
```

316

```
España' [16] ', EKO Stahl y SEW Freital en la antigua RDA y Siderurgia Nacional

en Portugal.

Con la resolución de estos asuntos se suprimió uno de los obstáculos que

impedían que las empresas siderúrgicas privadas ampliaran las reducciones

voluntarias de capacidad, que el Consejo se comprometió a respaldar mediante

la concesión de fondos adicionales para hacer frente a las indemnizaciones

por despido y de préstamos CECA a las empresas siderúrgicas que efectuaran

reducciones de capacidad de forma voluntaria.

La línea de actuación seguida por la Comisión en los seis asuntos

relacionados con el artículo 95 del Tratado CECA iba encaminada a comprobar

la viabilidad de los planes de reestructuración (en algunos casos con la

ayuda de expertos independientes), garantizar que las ayudas se limitarían a

lo estrictamente necesario y que no afectarían a las condiciones de

comptencia dentro de la Comunidad de forma contraria al interés común,

requiriendo contrapartidas, en forma de reducciones de capacidad para

contribuir al necesario ajuste del sector. Con objeto de conceder un trato

equitativo por lo que respecta a este último aspecto, la Comisión fijó un

coeficiente reducción de capacidad/importe de la ayuda de 750.000 toneladas

anuales por 1 000 millones de ecus de ayuda. Este coeficiente se consideró el

adecuado, habida cuenta de la actual situación del mercado.

Tras largas y, en algunos casos, espinosas negociaciones con los Estados

miembros afectados y un año de infructuosos debates en el seno del Consejo de

Industria, este último, el 17 de diciembre, aceptó una serie de propuestas

modificadas, dejando a la Comisión vía libre para adoptar decisiones con

vistas a la autorización de estos paquetes de ayuda a principios de 1994.

482. El Consejo y la Comisión hicieron hincapié en la finalidad y

excepcionalidad de dichas decisiones y advirtieron que ya no se concederían

más ayudas que no se atuvieran a las Directrices sobre siderurgia. Además, la

autorización se supeditaba al cumplimiento de una serie de condiciones muy

importantes, por ejemplo una reducción de capacidad de 5,5 millones de

toneladas anuales en el sector de los productos laminados en caliente. Para

garantizar el carácter definitivo e irreversible de las reducciones de

(16) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos .392 a
   398.

```

```
4.I.§6.p.3
```

317

```
capacidad, se prevé el desmantelamiento o la venta de las instalaciones para

su utilización fuera de la Comunidad. Por otro lado, las capacidades

restantes no deben dar lugar a un aumento de la producción, aparte de las

mejoras de productividad, como mínimo durante cinco años a partir del momento

del último cierre de capacidad o del pago de la última ayuda según las

inversiones previstas por el plan. Otro de los requisitos es que las

empresas beneficiarías deberán soportar un nivel mínimo de cargas financieras

del 3,5 % del volumen de negocios, no tendrán derecho a deducciones fiscales

sobre antiguas pérdidas y deberán ejecutar dentro del plazo fijado a tal fin

todas las medidas establecidas en los planes de reestructuración.

A fin de garantizar que se cumplen todos los requisitos necesarios, los

planes de reestructuración serán sometidos a un estrecho control durante los

próximos cinco años. Para ello, los Estados miembros deberán enviar a la

Comisión informes semestrales y, en caso necesario, trimestrales, con

información detallada sobre la empresa beneficiaría y su reestructuración,

amén de datos que permitan a la Comisión evaluar si se cumplen todos los

requisitos. Habrá que prestar particular atención a las reducciones de

capacidad y empleo, a las inversiones, al cumplimiento del calendario de

cierres, a la producción y sus repercusiones, a los resultados en los

mercados financieros, cuando proceda, a la privatización y creación de nuevas

empresas, a las fuentes y condiciones para una posible refinanciación y por

último, al logro de la viabilidad.

Con objeto de evaluar la precisión de los datos facilitados, la Comisión

podrá realizar las comprobaciones necesarias de acuerdo con el artículo 47

del Tratado CECA y, en caso de denuncia, contra una empresa subvencionada,

por aplicar precios inferiores a los habituales, podrá iniciar una

investigación con arreglo al artículo 60 del Tratado CECA.

Cada seis meses, la Comisión presentará al Consejo un informe para mantenerle

informado de la evolución de la cuestión. Con el acuerdo de los Gobiernos

afectados, la Comisión podrá designar asesores independientes para ayudarle

en su labor de vigilancia. La Comisión cuenta con las atribuciones necesarias

para ordenar la suspensión o la devolución de las ayudas si considera que las

condiciones no se han respetado. En caso de que los Estados miembros no se

avengan a esta decisión, se podrá aplicar el artículo 88 del Tratado CECA.

```

```
4.I.§6.p.4
```

318

```
Asimismo, en caso de que observara que no se logra restablecer la viabilidad,

la Comisión podrá exigir la adopción de nuevas medidas para consolidar la

reestructuración.

Las reducciones de capacidad comprometidas por los Gobiernos autorizados a

conceder las ayudas facilitarán un mayor esfuerzo de reestructuración. La

Comisión ha estimado la reducción total necesaria de capacidad para

restablecer unas condiciones de viabilidad del mercado siderúrgico

comunitario en 19 millones de toneladas/año en el sector de los productos

laminados en caliente, y en 30 millones de toneladas/año en la producción de

acero. Un representante especial de la Comisión, Fernand Braun, ha sido el

encargado de determinar en cooperación con la industria los posibles recortes

que podría ser necesario efectuar. En noviembre, la Comisión accedió a

conceder fondos CECA para préstamos a las empresas que contribuyan a un fondo

común de reestructuración con cargo al cual podrán cubrirse algunos de los

costes originados por el cierre.

A continuación, se exponen los casos relacionados con el artículo 95 del

Tratado CECA, así como otros asuntos de interés tratados a lo largo del año.

<T7> Bélgica

483. La Comisión procedió a una investigación en relación con la concesión de

un préstamo puente por valor de 12,5 millones de ecus a la empresa Forges de

Clabecq por parte de Société Wallonne pour la Sidérurgie, una empresa holding

propiedad íntegra del Gobierno de la Región Valona' [17] '. El caso fue

archivado una vez que las autoridades regionales propusieron aumentar el tipo

de interés del préstamo un 0,5 % hasta el 9,3 %, un nivel que incluiría una

prima de riesgo apropiada y que, por lo tanto, representarían un tipo de

interés comercial razonable para una empresa productora de acero en las

actuales condiciones de mercado' [18] '.

<T7> Alemania

484. Una de las dos ayudas autorizadas por el Consejo en diciembre con

arreglo al artículo 95 del Tratado CECA correspondía a la reestructuración de

(17) DO C 248 de 11.9.1993

(18) DO C 71 de 9.3.1994.

```

```
4.I.§6.p.5
```

319

```
Sâchsische Edelstahlwerke, en Freital, Sajonia. La ayuda ascendía a unos 177

millones de ecus, de los cuales la Comisión podía autorizar 37 en virtud de

lo dispuesto en el artículo 5 de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia

y el artículo 92 del tratado C E ' [1 9] ' . En mayo, la Comisión había propuesto ya

la adopción de una decisión favorable con respecto a los 140 millones de ecus

restantes, habida cuenta de la importante reducción de capacidad (un 53 %)

registrada en el sector de los productos acabados laminados en caliente, que

ascendía a 160.000 toneladas/año.

485. La segunda decisión adoptada por el Consejo en diciembre, estaba

relacionada con EKO Stahl, (Eisenhüttenstadt, Brandeburgo). Se autorizaba la

concesión por parte del Treuhand de una ayuda de 428 millones de ecus a la

mencionada empresa para la cobertura de los costes de reestructuración y

parte de los costes de inversión para la construcción de un nuevo tren de

laminación en caliente para flejes que, durante cinco años a partir del pago

de la última ayuda correspondiente al programa o, en caso de que éste se

produjera más tarde, del último cierre de capacidad relacionado con dicha

ayuda, limitaría su capacidad a 900.000 toneladas anuales. Se decidió que el

60 % de EKO Stahl pasaría a manos de una empresa siderúrgica italiana del

sector privado, Riva. A pesar de la capacidad adicional creada por el nuevo

tren de laminación de EKO Stahl, en términos netos, la industria siderúrgica

de Alemania Oriental estaba registrando una reducción capacidad de 462.000

toneladas anuales en comparación con las cifras de 1990 (año de su

integración en la Comunidad). La~ reducción incluía el cierre, autorizado en

diciembre, de un tren de laminación con una capacidad de 320.000 toneladas

anuales en una planta de Hennigsdorf, ya en manos de la empresa italiana

Riva. Se concedió una ayuda adicional de 158 millones de ecus para la

inversión en EKO Stahl procedentes de los programas regionales de ayuda a la

inversión, autorizados en virtud del artículo 5 de las Directrices sobre

ayudas a la siderurgia.

En el mes de abril, la Comisión se pronunció en contra de un programa

anterior de reestructuración de EKO Stahl, para cuya financiación hubiesen

sido necesarios unos 1 000 millones de ecus de ayuda. Este programa se basaba

en el concepto de "autonomía" y se hacía recurso al capital privado.

(19) DO C 302 de 9.11.1993

```

```
4.1.§6.p.6
```

320

```
En noviembre de 1993 y respondiendo a una nueva propuesta del Gobierno

alemán, la Comisión consideró que, en comparación con la ayuda estatal

propuesta (464,7 millones de ecus), la reducción de capacidad de productos

laminados en caliente (142.000 toneladas anuales) que se ofrecía como

contrapartida no justificaba una propuesta al Consejo autorizando la ayuda

otorgada en virtud de lo dispuesto en el artículo 95 del Tratado CECA. Según

la Comisión, para ajustarse con el nivel de ayuda fijado, la reducción de

capacidad debía situarse en unas 350.000 toneladas anuales.

486. Como ya había hecho en 1992 con los principales programas de ayuda

regional' [20] ', la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de las

Directrices sobre ayudas a la siderurgia, autorizó la posible concesión de

ayudas en el marco de los principales regímenes ERP ("European Recovery

Programe")' [21] ' a la industria siderúrgica de los huevos estados federados

antes de finales de 1994' [22] '. A lo largo del año, autorizó asimismo la

concesión de varias ayudas regionales a la inversión con arreglo al artículo

5 de las mencionadas Directrices en el territorio de la antigua RDA, que

ascendían a 18 y 12 millones de ecus, respectivamente, a las empresas

Hennigsdorfer Elektrostahlwerke y Brandemburger Elektrostahlwerke, que habían

sido adquiridas por Riva el año anterior' [23] ', así como una serie de ayudas a

una serie de empresas de tratamiento de chatarra en los nuevos estados

federados.

487. La Comisión inició una investigación con arreglo al apartado 4 del

artículo 6 de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia en relación con

una ayuda de 17 millones de ecus que el Gobierno del estado federado de Baja

Sajonia tenía previsto conceder a la empresa Georgmarienhütte, en Baja

Sajonia, anteriormente denominada Klóckner Edelstahl, para cubrir los costes

derivados de la construcción de un nuevo horno eléctrico de arco' [24] '. La

ayuda fue notificada para su autorización a título de ayuda de I+D, pero la

Comisión se preguntaba si no habría que considerarla más bien una ayuda a la

inversión.

(20) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 386 y

   391.

(21) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 468.

(22) DO....

(23) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 388 y

   DO ....

(24) DO C 71, 9.3.1994.

```

```
4.I.§6.p.7

<T7> España

```

##### 321

```
488. En diciembre, el Consejo dictaminó favorablemente la concesión de una

ayuda por valor de 505 millones de ecus en apoyo del programa de

reestructuración de la empresa de aceros especiales Sidenor. La

reestructuración llevará aparejado un cierre de capacidades de producción de

laminados en caliente cifrado en 379.000 toneladas anuales. El aplazamiento

del plan, previsto en principio para noviembre de 1992, hizo necesaria la

introducción de ciertas modificaciones' [25] '.

489. Al mismo tiempo, «se dictaminó favorablemente una ayuda de 2 817

millones de ecus para la reestructuración de la empresa de propiedad estatal

Corporación de la Siderurgia Integral (CSI). En noviembre de 1992, la

Comisión había rechazado una versión anterior del plan de reestructuración en

el que, como contrapartida a una ayuda de 3.592 millones de ecus, se proponía

una reducción neta de la capacidad de laminado en caliente (teniendo en

cuenta la inversión propuesta en una acería compacta de producción de flejes

en Sestao) que sólo ascendía a 1,3 millones de toneladas anuales y que no se

completaría hasta 1997' [26] '. El plan modificado, aprobado por el Consejo,

reducía el importe de la ayuda otorgada en virtud del artículo 95 del Tratado

CECA, anticipaba el cierre del tren de laminado en caliente de Ansio a

finales de 1995, como muy tarde, y disociaba la inversión en Sestao del plan

de reestructuración subvencionado, supeditando el proyecto a una intervención

del sector privado efectiva, y mayoritaria a largo plazo, que no contaría con

ayuda estatal. Así se ampliaba la reducción de la capacidad de laminado en

caliente prevista en el plan de reestructuración subvencionado a 2,3 millones

de toneladas anuales.

<T7> Italia

490. En el mes de julio, la Comisión inició un procedimiento en virtud de lo

dispuesto en el apartado 4 del artículo 6 de la Decisión 3855/91/CECA en

relación con un proyecto presentado por las autoridades italianas en abril

con vistas a reducir en 4.000 ecus las deudas del grupo siderúrgico estatal

(25) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 393
(26) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 394

```

```
4.1.§6.p.8
##### 322

Uva antes de constituirse en una nueva empresa pública denominada Nuova

Siderúrgica' [27] '. La Comisión comprobó que el grupo estaba atravesando una

situación económica y financiera extremadamente delicada y que, en 1991 y

1992, había registrado importantes pérdidas, acompañadas de un aumento

considerable del endeudamiento. En 1993, la coyuntura siguió deteriorándose.

A pesar de la gravedad de la situación, el grupo Uva pudo continuar

ejerciendo sus actividades gracias a intervenciones financieras públicas y,

en particular, a la pasividad de su único accionista, el Estado, que le ha

permitido incrementar su endeudamiento mediante la garantía explícita

prevista en el artículo 2362 del Código Civil italiano, que correspondía a un

mecanismo de crédito.

491. Con el mismo motivo, la Comisión aprobó, por primera vez, medidas

provisionales basadas en el artículo 88 del Tratado CECA, por las que

ordenaba al Gobierno italiano que renunciara a la aplicación del plan para

condonar la mayor parte de la deuda de la siderurgia italiana. La Decisión

emplazaba asimismo al Gobierno italiano a presentar sus observaciones en un

plazo de quince días antes de que la Comisión tomara una decisión motivada de

declaración de infracción. Antes de finales de junio, las autoridades

italianas informaron a la Comisión de su decisión de plegarse a sus

exigencias.

492. El plan definitivo de reestructuración de Uva, aprobado en diciembre,

incluía la cancelación de 1.579 millones de ecus de deuda, antes de que los

activos de la empresa se escindieran para formar dos nuevas empresas

dedicadas a dos líneas de actividad diferentes: Uva Laminati Piani, en el

sector de los productos .planos, y Acciai Speciali Terni, en el del acero

inoxidable, respectivamente, y antes de proceder a su privatización. El resto

de la deuda de Uva, estimada en 5 400 millones de ecus a finales de 1993, se

transferiría a los compradores o sería cubierta por el precio de venta. La

ayuda al grupo estatal Uva incluía asimismo una aportación de capital de 351

millones de ecus y 643 millones de ecus en concepto de gastos de

reestructuración y de liquidación. En total, la ayuda ascendía a 2 573

millones de ecus. Se acordó, como contrapartida, una reducción de capacidad

de laminado en caliente de 1,2 millones de toneladas anuales, así como el

cierre de dos hornos de recalentamiento en Taranto, el cierre definitivo del

(27) DO C 213 de 6.8.1993.

```

```
4.1.§6.p.9

```

323

```
tren de laminación de banda ancha de Bagnoli y, por último, el compromiso por

parte de la empresa que adquiriera las instalaciones de Taranto de eliminar

otras 500 000 toneladas anuales de capacidad en los seis meses posteriores a

la privatización' [28] '.

<T7> Portugal

4 93. Dentro de las ayudas globales dictaminadas en diciembre, el Consejo

dictaminó favorable y unánimemente la concesión de una ayuda a la

reestructuración de 3 06,3 millones de ecus a la empresa estatal Siderurgia

Nacional. La empresa, por su parte, se comprometía a reducir su capacidad de

producción de laminado en caliente en 140.000 toneladas anuales en sus

plantas de Maia y Seixal. El plan de reestructuración incluía, asimismo,

ayudas para la cobertura de los costes por despido y para las inversiones en

protección ambiental, que la Comisión examinará por separado con arreglo a

las Directrices sobre ayudas a la siderurgia. En la decisión se tuvo en

cuenta la situación específica de Portugal, pequeño Estado miembro con una

sola compañía siderúrgica de envergadura' [29] '.

<T6> Productos siderúrgicos no comprendidos en el Tratado CECA

<T7> Alemania

494. La Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del

Tratado CE en relación con la propuesta de otorgar una ayuda regional a la

inversión por valor de 186.000 ecus a Berg-Spezial-Rohr GmbH, empresa de

fabricación de tubos soldados situada en Siegen. La mencionada inversión

contribuiría a un incremento de las capacidades en un sector que adolece -de

capacidad excedentaria dentro de la Comunidad' [30] '.

495. Por otro lado, la Comisión autorizó una ayuda a la inversión por valor

de 9 millones de ecus en concepto de subvenciones y deducciones fiscales, así

( 2 8) DO. . .

(29) DO...

(30) DO C 122 de 4.5.1993.

```

```
4.1.§6.p.10

```

324

```
como una garantía de préstamo de 15,5 millones de ecus a la empresa

productora de tuberías Klôckner Rohrwerk Muldenstein GmbH de Sajonia

Hanhalt' [31] '. La empresa estaba reduciendo su capacidad global en un 25 %, y

en un 80 % en las conducciones de pequeño diámetro.

<T7> España

496. Acatando la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Cook' [32] ',

en la que se consideraba que la Comisión no había actuado correctamente al

desestimar una denuncia presentada en relación con la concesión de una ayuda

a PYRSA, empresa española de fabricación de molduras de acero, sin haber

procedido a investigar la situación del mercado, la Comisión inició un

procedimiento con relación a dicha ayuda, que consistía en subvenciones por

valor de 1,4 millones de ecus y en un aval y una bonificación de intereses

sobre un préstamo de 3,8 millones de ecus' [33] '.

(31) DO...
(32) Puntos 3 95 y 553 del presente Informe
(33) DO C 281 de 19.10.1993.

```

```
4.I.§6.p.11

<T5> b) Ayudas a la construcción naval

<T6> Observaciones generales

```

325

```
497. El 16 de diciembre de 1993, el Consejo aprobó la Directiva 93/115/CE por

la que se ampliaba el plazo de vigencia de la Séptima Directiva del Consejo

sobre ayudas a la construcción naval (90/684/CEE) por un periodo adicional de

doce meses, hasta el 31 de diciembre de 1994. Basándose en el informe

presentado por diversos expertos, la Comisión mantuvo el límite máximo de

ayudas a la producción para 1994 en un 9 % en los buques de gran tamaño y en

un 4,5 % en los buques cuyo valor contractual es inferior a 10 millones de

ecus, así como para la transformación naval.

498. En el marco de la OCDE, continuaron las negociaciones sobre la creación

de un nuevo instrumento que pusiera freno a las prácticas abusivas en el

ámbito de la construcción naval' [34] '. Dichas negociaciones tuvieron por

objeto tanto las ayudas directas como las indirectas, tales como las ayudas a

la producción, los planes nacionales de crédito, las restricciones sobre

derechos de tráfico de los buques construidos fuera del territorio nacional

así como la financiación de la exportación' [35] '.

499. En su sentencia con relación a dos quejas elevadas por Bélgica contra

las decisiones por las que se le exigía la reducción de las subvenciones

sobre los préstamos a armadores belgas para que construyan de sus buques en

astilleros del país, el Tribunal de Justicia confirmó que las ayudas a las

compañías de navegación que encargaran buques debían estar sujetas a los

mismos límites máximos fijados para la construcción naval' [36] '.

<T6> Decisiones sobre casos individuales

<T7> Bélgica

500. En el mes de octubre, la Comisión autorizó un programa de ayudas a la

reestructuración en favor de Boelwerf, el astillero más importante de la

(34) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, punto 9.

(3 5) Punto 575 del presente Informe.

(36) Punto 555 del presente Informe.

```

```
4.I.§6.p.12
#### 326

región flamenca. La empresa realizará una reducción del empleo del 40 %, así

como una disminución de la capacidad de construcción naval del 50 %, a través

del cierre definitivo de sus instalaciones de Hoboken. El programa incluye 53

millones de ecus en concepto de ayudas de funcionamiento de conformidad con

el límite máximo de ayuda aplicable en virtud de la Séptima Directiva y 26

millones a título de ayudas al cierre para cubrir las indemnizaciones por

despido.

<T7> Alemania

501. La Comisión autorizó la concesión de una ayuda a la producción por valor

de 790 millones de ecus destinada a los astilleros -Warnow Werft, Peene

Werft, Elbe Werft Bolzenburg, y Volkswerft- situados, todos ellos, en el

estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental (antigua RDA). La

Directiva 92/68/CEE establece una excepción con respecto a la Séptima

Directiva, en virtud de la cual los astilleros de los nuevos estados

federados podrán recibir un máximo de ayuda a la producción del 36 % del

volumen de negocios anual por un periodo de tres años que finaliza en

1993 ' [37] ' . La Decisión con respecto al astillero MTW quedó aplazada hasta

evaluar si el traslado de sus instalaciones impediría que pudiera acogerse a

la excepción de 1992. La Comisión aprobó asimismo tramos de inversión y

ayudas al cierre para los cuatro astilleros mencionados después de comprobar

que sus planes de inversión cumplían la reducción de capacidad del 40 % con

relación a los niveles de 1990.

502. En el mes de abril, la Comisión tomó una decisión negativa con respecto

a una ayuda a Bremer Vulkan para la adquisición de una empresa especializada

en electrónica naval propiedad de Krupp' [38] '. La Comisión concluyó que se

había concedido a Bremer Vulkan una ayuda estatal ilegal por valor de 65

millones de ecus cuando ésta adquirió una participación mayoritaria en Krupp

Atlas Elektronik, a través de HIBEG, un organismo de inversión propiedad del

estado federado de Bremen. En la Decisión se solicitaba a Bremer Vulkan la

devolución de la ayuda a HIBEG que, a cambio de la participación, pagó a

Krupp 65 millones de ecus más que el valor de mercado de las acciones que

Krupp había adquirido de Bremer Vulkan. HIBEG pudo realizar esta operación

gracias al aval concedido por el estado federado de Bremen.

(37) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 376
(38) DO L 185 de 28.7.1993.

```

```
4.I.§6.p.13

<T7> España

```

327

```
503. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Séptima Directiva,

hasta el 1 de enero de 1992, España quedaba exenta de la aplicación de las

normas sobre ayudas a la producción establecidas en el Capítulo II de la

misma Directiva (a excepción del apartado 5 del artículo 4), a condición de

que, entre 1991 y 1992, llevara a cabo un programa de reestructuración que

permitiera que su industria naviera operara con el mismo nivel de ayudas que

los demás Estados miembros. De acuerdo con el apartado 2 del artículo 9 de la

Directiva, el plan de reestructuración ha sido objeto de informes de control

periódicos elaborados por un consultor independiente designado conjuntamente

por el Gobierno español y la Comisión. En el último informe, que data de

1992, se concluía que, en conjunto, se habían logrado los objetivos fijados

en el plan de reestructuración, si bien el rendimiento de los astilleros por

separado había sido irregular, lo que unido a la incertidumbre sobre la

posibilidad de nuevos pedidos planteaba serias dudas sobre su futuro nivel de

competitividad. En tales circunstancias, el artículo 9 contiene medidas

adicionales para consolidar la reestructuración. En la actualidad la Comisión

analiza con las autoridades españolas los datos obtenidos por los expertos.

<T7> Reino Unido

504. La Comisión autorizó la concesión, por parte del Gobierno británico, de

una ayuda a la producción de 9 millones de ecus (7 millones de UKL) al

astillero Swan Hunter, para que este último pudiera competir por dos o tres

contratos para la construcción de buques mercantes en 1994 y 1995 (en caso de

que la ayuda también se autorizara el año próximo), facilitando así la venta

del astillero y evitando su cierre. Swan Hunter no había llegado nunca a

cerrar sus instalaciones para la construcción de buques mercantes, pero a

partir de 1986 no se le había permitido acogerse al fondo de intervención

para la construcción naval en el Reino Unido. El Gobierno británico garantizó

que se trataba de una operación excepcional, que la concesión de la ayuda se

realizaría con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4 y 12 de la Séptima

Directiva ampliada y que no sentaría precedente con respecto a los demás

astilleros militares. Teniendo en cuenta los mencionados compromisos del

Gobierno británico, la Comisión consideró pertinente la concesión de este

pequeño volumen de ayuda al astillero Swan Hunter.

```

```
4.I.§6.p.14

<T5> c) Ayudas al sector del automóvil

```

328

```
505. La política de control de las ayudas a la inversión en el sector del

automóvil llevada a cabo por la Comisión se vio plenamente avalada una vez

que el Tribunal de Justicia hubo respaldado su decisión de autorizar ciertas

ayudas a Ford y Wolkswagen para la construcción de una nueva planta para

fabricar furgonetas en Portugal' [39] '.

506. En el mes de diciembre, el Consejo fijó un derecho compensatorio del

4,9 % sobre las cajas de cambios importadas en la CE procedentes de una nueva

planta de General Motors en Viena, para cuya construcción la empresa había

recibido ayudas a la inversión. En las negociaciones emprendidas en el marco

del Acuerdó de Libre Comercio entre Austria y la CE no se llegó a una

solución que satisficiera a ambas partes. Otro caso relacionado también con

el sector del automóvil, el de la empresa Steyr Nutzfahrzeuge AG, quedó

archivado, una vez que la ayuda se hubo reducido a un nivel que la Comisión

consideró adecuado en relación con el de otras zonas similares de la

Comunidad.

507. A continuación, se exponen las decisiones tomadas por la Comisión con

arreglo a las Directrices sobre ayudas al sector de los vehículos de motor.

Cabe señalar que, en diciembre de 1992, la Comisión procedió a la revisión de

dichas directrices, si bien no introdujo en ellas ningún cambio' [40] '.

<T7> Bélgica y los Países Bajos

508. En el mes de octubre, la Comisión incoó el procedimiento previsto en el

apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE con respecto a la supuesta

concesión de una ayuda estatal por parte del Gobierno neerlandés y la Región

de Flandes a la empresa de fabricación de camiones DAF. En los últimos años,

la situación financiera de DAF se había ido deteriorando, y la empresa había

solicitado a las autoridades el aplazamiento del reembolso del préstamo o

bien la renegociación de éste último y la concesión de nuevos créditos. Las

autoridades flamencas y neerlandesas no notificaron las operaciones. De no

(39) Punto 553 del presente Informe.
(40) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, puntos 250 y 251, DO

   C 36, p. 2. 1993.

```

```
4.I.§6.p.15 _

                                        v.' Z. 7

cancelarse y devolverse las ayudas íntegramente a sus respectivos gobiernos,

dichas operaciones serán objeto de una investigación más en profundidad en el

marco del procedimiento pertinente.

Tras la quiebra de DAF en marzo de 1993, se creó la nueva empresa DAF Trucks

N.V., que adquirió los activos principales de la antigua DAF. Aunque las

autoridades flamencas y neerlandesas acordaron con los accionistas privados

que la participación pública quedaría reducida a menos del 50 %, en realidad,

ésta se mantuvo en un 61 %. El Gobierno de los Países Bajos y la Región

Flamenca contribuyeron con 72 millones de ecus y 24 millones de ecus,

respectivamente, de t capital en acciones y con 21 millones de ecus y 9

millones de ecus en préstamos de riesgo. Para evaluar en qué medida las ayuda

mencionadas constituyen ayudas estatales, el plan estratégico de la nueva

empresa se analizará a la luz de las disposiciones sobre ayudas de salvamento

y reestructuración contenidas en las Directrices sobre las ayudas al sector

de los vehículos de motor. La Comisión examinará asimismo si la venta de los

activos de la antigua empresa DAF a la nueva, sin dejar una posibilidad de

acceso a nuevos compradores, provocó una reducción de los precios por debajo

del valor de mercado.

En caso de que su análisis confirmara que, efectivamente, se otorgó una ayuda

estatal incompatible con el mercado común, la Comisión deberá decidir si la

nueva empresa está obligada a reembolsar cualquiera de las ayudas, incluidas

las concedidas a la antigua empresa DAF, que nunca fueron devueltas.

<T7> Alemania

509. En el mes de junio, la Comisión autorizó las garantías sobre préstamos

comerciales por valor de 77 millones de ecus, concedidas por el

Treuhandanstahlt a Sáchsische Automobilbau GmbH (SAB). Esta empresa es una de

las incluidas en el vasto proyecto de Volkswagen para la modernización de la

producción de automóviles en los nuevos estados federados.

Para este proyecto, las autoridades habían concedido ayudas directas e

indirectas estimadas aproximadamente en 670 millones de ecus, que abarcaban

la cobertura por parte del Treuhandastalt de algunas pérdidas de explotación

de SAB. La Comisión consideraba que las garantías ofrecidas por este

organismo a SAB contenían elementos de ayuda estatal. Aunque las garantías

```

```
4.I.§6.p.16

```

330

```
constituían ayudas de salvamento, cumplían los requisitos establecidos por la

Comisión para las ayudas en general y para aquellas relacionadas con el

sector del automóvil, conforme a la definición de las directrices

sectoriales. La concesión de garantías estaba asimismo en consonancia con la

postura de la Comisión con respecto a la concesión de garantías a las

empresas propiedad del Treuhandastalt, en los casos en que una financiación

prolongada de éstas por parte del mencionado organismo fuera objeto de

investigación, tras la incoación del procedimiento previsto en el apartado 2

del artículo 93' [41] '. De hecho, este procedimiento, iniciado en diciembre de

1991 (42) / reveló que para incrementar su flujo de tesorería, SAB había

tenido que recurrir a los mercados financieros, por lo que el pago de las

ayudas relacionadas con el proyecto Volkswagen se suspendieron a la espera de

una decisión definitiva. La decisión sobre este proyecto para los nuevos

estados federados se tomará próximamente.

510. En octubre, la Comisión aprobó la concesión de una ayuda regional a

Saginaw, una filial al 100 % de Adam Opel AG, para apoyar su plan de

inversión en Kaiserlautern. El proyecto consistía en la instalación de una

línea de producción y control para motores Diesel por parte de Saginaw en la

planta de Opel en Kaiserlautern, en sustitución de una antigua línea de

motores. El proyecto cubrirá el periodo comprendido entre 1993 y 1996 y su

coste global será de 260 millones de ecus, de los cuales, 220 podrán

subvencionarse a título de ayuda de finalidad regional. La ayuda consistía en

una subvención al proyecto de 33 millones de ecus, que se pagarán entre 1994

y 1996, lo que representa un equivalente neto de subvención del 14 %. Antes

de autorizarla, la Comisión sopesó las ventajas que supondría para el

desarrollo regional con respecto a los posibles efectos negativos para el

sector en su conjunto, como por ejemplo, la creación de una importante

capacidad excedentaria. La Comisión llevó a cabo un análisis para tratar de

determinar las desventajas netas desde el punto de vista regional que

Saginaw/Opel encontraría al invertir en la zona asistida de Kaiserlautern.

Las desventajas se consideraron proporcionales a la ayuda regional propuesta.

Por otro lado, no pareció que el proyecto fuera a tener una repercusión

negativa sobre el sector a escala comunitaria, ya que, en parte, la nueva

producción sustituirá a las importaciones extracomunitarias de motores por

parte de la empresa. Por todo ello, la ayuda era compatible con los criterios

 (41) Punto 405 del presente Informe.
 (42) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 235

```

```
4.1.§6.p.17
##### 331

para la concesión de ayudas regionales establecidos en las directrices.

511. También en octubre, la Comisión había aprobado una ayuda regional en

favor de MAN Nutzfahrzeuge destinada a su plan de inversión en Salzgitter. El

proyecto incluía la ampliación de las instalaciones y la introducción de

nuevo equipamiento con objeto de incrementar la fabricación de autobuses y de

sus componentes, El proyecto abarca el periodo comprendido entre 1991 y 1994

y su coste total es de 48 millones de ecus, de los cuales 46 son

subveneionables a título de ayuda de finalidad regional.

La ayuda propuesta, que adoptaba la forma de subvención al proyecto de

1,6 millones de ecus representaba un equivalente bruto de subvención del

2,8 %..

Al aprobar la ayuda estatal, la Comisión concluyó que el proyecto se atenía a

los criterios para la concesión de ayudas regionales establecidos en la

Directrices sobre ayudas al sector de los vehículos de motor. Además, la

Comisión se muestra satisfecha de que el proyecto vaya a contribuir a

resolver los serios problemas de desempleo existentes en la región, sin

provocar por ello un importante aumento de la capacidad excedentaria,

especialmente, teniendo en cuenta la creciente demanda en Alemania Oriental,

donde las antiguas capacidades para la producción de autobuses han ido

desapareciendo en su mayor parte.

<T7> España.

512. En el mes de abril, la Comisión decidió autorizar la concesión de una

ayuda estatal a Cádiz Electrónica S.A., filial al 100 % de Ford Motor

Company. El proyecto incluía la instalación de maquinaria más adecuada a fin

de racionalizar la fabricación de los actuales módulos electrónicos y crear

instalaciones para la fabricación de módulos electrónicos para sistemas

avanzados de frenado. La inversión se valoraba en 46 millones de ecus y

llevaba consigo la creación de 150 puestos de trabajo. La ayuda al proyecto

consistía en una subvención regional de 12 millones de ecus por parte de la

Administración central. Al evaluar esta ayuda, la Comisión no aplicó

estrictamente los criterios con que suele juzgar los proyectos definitivos

sobre ensamblado de vehículos o fabricación de motores,puesto que esto

supondría un tratamiento injusto con respecto a las ayudas a los proyectos de

```

```
4.I.§6.p.18

```

332

```
los productores de piezas sueltas que, según las directrices sobre ayudas, no

requieren notificación. Dado que el aumento de la producción se limitaba a la

nueva producción de módulos electrónicos ABS que se utilizan exclusivamente

en . los sistemas ABS de los vehículos de la marca Ford y que la ayuda

notificada era muy inferior al límite fijado para las zonas asistidas, no era

probable que se produjera un falseamiento de la competencia.

513. En el mes de julio, la Comisión aprobó una ayuda regional a SEAT en

apoyo de sus proyectos de inversión en Arazuri, Pamplona. El origen de estos

proyectos estaba en la decisión del Grupo Volkswagen de centralizar la

producción del modelo Polo en una sola planta y utilizar las capacidades que

quedaran disponibles en Wolfsburg como consecuencia del traslado para

incrementar la producción de los modelos Golf y Vento. El coste total del

proyecto se elevaba a 375 millones de ecus, de los cuales 367 podían

subvencionarse a través de una ayuda regional. En principio, la inversión

incrementaría los puestos de trabajo, que pasarían de 1 425 a 4 369, la

empresa recibiría subvenciones a la inversión y ayudas al empleo por valor de

36 millones de ecus y el equivalente bruto de subvención de la ayuda sería

del 8 %. Al aprobar la ayuda estatal la Comisión consideró que el proyecto

reunía los requisitos para la concesión de ayudas regionales establecidos en

las Directrices, ya que la ayuda compensaba estrictamente las desventajas

regionales de SEAT al invertir en la región asistida de Navarra. Sin embargo,

teniendo en cuenta los demás cambios de capacidad llevados a cabo por el

mismo fabricante dentro de su grupo en el segmento de mercado considerado, la

inversión de SEAT en Arazuri llevaría aparejado un aumento de capacidad. Por

lo tanto, con objeto de evitar un falseamiento de la competencia, la Comisión

solicitó a las autoridades españolas que garantizaran que la intensidad

nominal real de la ayuda no rebasaría el 9,7 % de los gastos subveneionables,

porcentaje equivalente al nivel de la desventaja regional neta.

<T7> Francia

514. En el mes de junio, la Comisión aprobó la concesión de una ayuda estatal

a Renault y PSA para un proyecto conjunto de I+D en relación con el automóvil

y la seguridad en carretera denominado "Véhicule et Sécurité Routière". El

proyecto, que se centraba en la seguridad activa y pasiva en el automóvil y

la prevención de accidentes y que estaba dividido en cuatro subproyectos,

constituía un complemento a los programas Prometheus de Eureka y Drive

```

```
4.I.§6.p.19

```

333

```
Research de la Comunidad. El proyecto de investigación, de una duración de

cinco años, tendrá un coste aproximado de 99 millones de ecus y será

coordinado por la empresa conjunta GIE PSA Renault; además, está prevista la

participación de varios fabricantes de componentes. La ayuda en forma de

subvenciones, que se concederá en el marco de dos planes gestionados por los

Ministerios de Investigación y Ciencia y Comercio e Industria, ascenderá a 32

millones de ecus y cubrirá el 50 % del gasto subvencionable en investigación

básica y el 25 % en investigación aplicada, lo que supondrá un promedio de

intensidad del 32 %. Al aprobar la ayuda estatal la Comisión concluyó que el

proyecto reunía los requisitos establecidos en las Directrices comunitarias

sobre vehículos de motor y de I+D. En concreto, se respetaban los límites

fijados en las últimas directrices aprobadas.

<T7> Reino Unido

515. En marzo de 1992, la Comisión inició el procedimiento previsto en el

apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE en relación con una ayuda no

notificada concedida por las autoridades del Reino Unido a British Aerospace

para la adquisición del grupo Rover que rebasaba los límites fijados por la

Comisión en 1988' [43] '. En julio de 1990, la Comisión había tomado ya una

decisión por la que desautorizaba la ayuda, pero ésta fue anulada por el

Tribunal de Justicia en febrero de 1992 por razones de procedimiento,

aduciendo que la Comisión no había dado a las autoridades británicas la

oportunidad de responder con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del

artículo 93. En marzo de 1993, la Comisión tomó una nueva decisión de acuerdo

con el procedimiento del apartado 2 del artículo 93, en la que consideraba

que las concesiones financieras adicionales acordadas por las autoridades

británicas a British Aerospace en 1988 constituían una ayuda estatal

incompatible con el mercado común' [44] '. Además, la Comisión decidió que los

beneficiarios no sólo debían proceder al reembolso de la ayuda, sino a la

devolución de los intereses correspondientes. Más adelante, las autoridades

británicas confirmaron que British Aerospace había devuelto la ayuda y los

intereses, que ascendían en total a 73 millones de ecus, al Ministerio de

Comercio e Industria. Los intereses cubrían el periodo comprendido entre el

18 de agosto de 1990 (fecha en que el principal empezaba a devengar intereses

con arreglo a la decisión de 1990) y el 23 de mayo de 1993. Eligiendo como

(43) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 413
(44) DO L 143 de 15.6.93.

```

```
4.1.§6.p.20
##### 334

fecha inicial la mencionada, en vez de aquella en que la ayuda había sido

concedida, la Comisión aceptaba la petición de las autoridades británicas y

de los beneficiarios de la ayuda de que la nueva política en este ámbito

emprendida en marzo de 1991, por la que los intereses de las ayudas que deban

reembolsarse empezarán a devengarse a partir de la fecha efectiva de su pago,

no se aplicara retroactivamente. La Comisión valoró positivamente el hecho de

que la empresa y las autoridades británicas hubieran acatado la nueva

decisión' [45] '.

516. En el mes de junio, la Comisión autorizó la concesión de una ayuda

regional a Leyland Daf Vans (LDV) para un proyecto de inversión con vistas a

la recuperación de la empresa. El proyecto, que tendrá una duración de cinco

años, supondrá un gasto total de inversión de 34 millones de ecus, de los que

2 7 podrían subvencionarse a través de una ayuda regional. Las subvenciones a

conceder de 6,4 millones de ecus, suponen una intensidad inferior al 15 % de

equivalente neto en subvención, es decir, por debajo del límite máximo de las

ayudas regionales fijado en el 20 %. Basándose en los criterios para la

concesión de tales ayudas, la Comisión llegó a la conclusión de que, al

invertir en unas instalaciones obsoletas y de dimensiones excesivas, la

empresa tenía que hacer frente a una desventaja neta de funcionamiento

importante. Por ello, la ayuda regional no causaría un grave falseamiento de

la competencia en un segmento del mercado sin capacidad excedentaria

estructural a escala comunitaria. La ayuda regional contribuiría asimismo a

frenar posibles pérdidas de empleo en la zona de Birmingham, en la que el

nivel de desempleo es bastante elevado. De acuerdo con los criterios

aplicados para la reestructuración, la Comisión concluyó que la ayuda a la

recuperación de las actividades relacionadas con la fabricación de furgonetas

de la antigua Leyland DAF, no permitiría a LDV incrementar su pequeña cuota

de mercado a expensas de los competidores no beneficiarios de ayudas. LDV no

sólo estaba diversificando sus actividades, sino concentrando las ventas de

furgonetas en un segmento de mercado muy especializado dentro del Reino

Unido, abasteciendo fundamentalmente a clientes con un parque móvil bastante

amplio. Por lo tanto, la repercusión de la ayuda de reestructuración

concedida a LDV sobre los demás productores de furgonetas comunitarios no

será demasiado importante.

(45) Punto 396 del presente Informe

```

```
4.I.§6.p.21
```

33b

```
<T5> d) Ayudas al sector de las fibras sintéticas

517. El 1 de enero de 1992, entraban en vigor las nuevas directrices sobre

ayudas al sector de las fibras sintéticas. Dichas directrices, que serán de

aplicación hasta el 31 de diciembre de 1994, exigen la notificación de todo

proyecto de concesión de ayudas, de cualquier naturaleza, a los productores

de fibras sintéticas, tal como queda definido en las directrices. En

principio, Alemania sólo aceptó las Directrices por un año, aunque en

diciembre de 1993 informó que ampliaba el plazo para cubrir asimismo 1994.

Todos los demás Estados miembros habían aceptado ya las directrices por dos

años.

Con arreglo a las Directrices, la autorización de la ayuda sé subordina a una

reducción significativa de las capacidades de producción por parte de la

empresa beneficiaría. Para determinar la importancia de la reducción en cada

caso, la comisión evalúa, entre otras cosas, la intensidad y la localización

de la ayuda, la magnitud de la inversión, así como la posible contribución de

ésta a la cohesión comunitaria y su repercusión en el promedio de utilización

de capacidades al que tiende el beneficiario de la ayuda, el grupo industrial

al que pertenece y el sector en general.

<T7> Alemania

518. La Comisión inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del

Tratado con relación a cuatro casos de ayudas a empresas situadas en los

nuevos estados federados, concretamente:

(i) Márkische Faser AG (Brandeburgo), con respecto a algunas cuestiones

relacionadas con la privatización de la empresa' [46] ', la adquisición de

bienes inmobiliarios y algunas aportaciones de capital.

(ii) Rhône-Poulenc Rhotex GmbH (Brandeburgo) (3,75 millones de ecus de ayuda

para la nueva planta de texturacion de hilo de filamentos de poliamida para

uso textil).

(iii) SST Garngesellschaft GmbH (Turingia) (2,5 millones de ecus de ayuda

(46) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 402

```

```
4.I.§6.p.22

para la nueva planta de producción de fibra discontinua de poliéster.

```

#### 336

```
(iii) Textilwerke Deggendorf GmbH (Turingia) (22 millones de ecus de ayuda

para una nueva planta para la fabricación de hilo de filamentos de poliamida

y de poliéster para uso textil.

519. Dos de los casos se cerraron con la autorización de la ayuda. En el caso

de Rhône Poulenc Rhotex, la ayuda fue autorizada, al constatarse que la

empresa estaba reduciendo de forma significativa sus capacidades para este

tipo de proceso no sólo en el territorio de la antigua RDA, sino en las

empresas del grupo en general. Igualmente, la Comisión consideró que la ayuda

a SST Garngesellshaft podía autorizarse teniendo en cuente que constituía un

elemento específico del plan a través del cual se quería lograr la

reestructuración del sector de la fibra sintética en la antigua RDA,

reduciendo la capacidad de producción a 143 075 toneladas anuales.

<T7> Francia

520. Acatando la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de marzo de 1993,

por la que se anulaba la decisión inicial de la Comisión de autorizar la

ayuda' [47] ', la Comisión inicoó el procedimiento del apartado 2 del artículo

93 del Tratado CE en relación con la concesión de unos 30 millones de ecus a

Allied Signal Fibers Europe SA, de Meurthe-et-Moselle, para la construcción

de una nueva planta para la producción de hilo de filamentos de poliéster

para uso industrial.

<T7> Irlanda

521. La Comisión autorizó la concesión de una ayuda por valor de 180 000 ecus

a Wellman International Ltd (Cavan), un empresa productora de fibra de

poliéster y poliamida, para la transformación del equipo actual y la

concepción de nuevos procedimientos que permitan el ahorro de energía. Las

razones aducidas por la Comisión para la autorización de la ayuda fueron que

la inversión iría acompañada de una reducción de capacidad significativa,

según las directrices, en particular, teniendo en cuenta su intensidad y la

zona de localización.

(4 7) Punto 554 del presente Informe

```

```
4.1.§6.p.23

<T7> Portugal

```

337

```
522. La Comisión autorizó una ayuda de 2 millones de ecus a la empresa Textil

Antonio Falcâo Lda, de Braga, para una nueva máquina de extrusión de hilo de

poliamida y poliéster. Al haber sido notificada antes de la entrada en vigor

de las nuevas Directrices, la ayuda fue evaluada de acuerdo con las

anteriores, que expiraban a finales de 1992. La Comisión decidió autorizar la

ayuda, considerando adecuada la localización de la inversión y escasa su

repercusión en el comercio intracomunitario.

<T7> Reino Unido

523. La Comisión inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 en

relación con la propuesta de conceder una ayuda de 1 millón de ecus a la

empresa Abingdon Carpets pic para unas instalaciones de fabricación de hilo

de polipropileno creadas en su fábrica de alfombras de Gwent en 1989. Aunque

la empresa había solicitado la ayuda para su proyecto en 1988, las

autoridades británicas no notificaron la propuesta hasta septiembre de 1993.

524. De acuerdo con las Directrices, que exigen la notificación de toda

propuesta para la concesión de ayuda a los productores de fibras sintéticas,

La Comisión recibió notificación de una propuesta para la concesión de una

ayuda de 1,2 millones de ecus a Bonard Textiles Ltd, Tayside, para la

adquisición de nuevo equipamiento con vistas a incrementar la capacidad de

producción de cinta de polipropileno. El 23 de abril de 1993, la Comisión

decidió no plantear objeciones dado que este producto no constituye una fibra

en el sentido de las directrices.

```

```
4.1.§6.p.24

<T5> e) Sectores textil y de la confección

```

338

```
525. Aunque las actuales normas sobre ayudas a los sectores textil y de la

confección, que datan de 1977, no exigen específicamente, como en el caso de

las fibras sintéticas, la notificación por separado de cada una de de ayudas

concedidas dentro de un programa autorizado, por ejemplo, en el marco de la

política regional o para las PYME, en un sector como éste, que adolece de

graves problemas de ajuste estructural, es necesario ejercer un control

estricto de las ayudas y proceder a la notificación individual de aquellas

que puedan repercutir en un aumento de las capacidades. A continuación, se

exponen los casos que la Comisión tuvo que tratar en 1993 y que le fueron

notificados integrando otros planes generales o constituyendo en sí mismos

programas sectoriales especiales.

526. La Comisión autorizó un proyecto de ayuda de unos 4 millones de ecus y

de una intensidad del 8 % en favor de la empresa Sofisilk, en Mouscron

(Hainaut), Bélgica. La ayuda consistía en una subvención y una bonificación

de intereses.

La ayuda prevista no llevará consigo un aumento de los productos textiles en

el mercado, ya que Sofisilk no tiene ninguna capacidad para el hilado o

tejido, sino que sólo interviene en las últimas fases del proceso. Así pues,

respeta todos los requisitos establecidos por la Comisión en materia textil,

así como las condiciones fijadas para un régimen de ayuda regional para la

provincia de Hainaut aprobado por la Comisión en 1975.

52 7. La Comisión inició una investigación con arreglo al procedimiento del

apartado 2 del artículo 93 del Tratado en relación con una ayuda ofrecida por

el estado federado de Baja Sajonia a Nino Textil AG, en Nordhorn. Las

autoridades de dicho estado propusieron pagar la garantía bancaria de 13

millones de ecus que la Comisión había autorizado en 1990 y renunciar a

exigir su reembolso a Nino.

La Comisión consideró que proceder al pago de la garantía sin exigir el

reembolso del préstamo constituía una nueva ayuda que debía notificarse en

virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado.

```

```
4.1.§6.p.25
##### 339

No obstante, durante el procedimiento, la Comisión permitió que la empresa

recibiera una nueva garantía bancaria provisional para un préstamo reducido

al mínimo necesario para que Nino pudiera seguir funcionando durante otros

seis meses hasta que la Comisión tomara una decisión definitiva, con arreglo

al procedimiento del apartado 2 del artículo 93. Sin esta ayuda, la empresa

no hubiera podido sobrevivir durante este periodo' [48] '. Si al cabo de ios

seis meses el procedimiento del apartado 2 del artículo 92 no hubiera

concluido, la Comisión consideraría la posibilidad de ampliar la garantía

mientras durara el procedimiento.

528. La Comisión autorizó un programa existente destinado a la mejora de las

actividades de exportación de la industria textil de la lana en el Reino

Unido. El programa corre a cargo del British National Wool Textile Export

Cooperation y sus beneficiarios son, en su mayor parte, pequeñas y medianas

empresas. El régimen se financia mediante una exacción pagada por las

empresas que llevan a cabo actividades específicas en los sectores de

tratamiento de la lana, está íntegramente autofinanciado y su presupuesto es

muy pequeño. No existe ningún gravamen sobre las importaciones y las

exportaciones no están exentas del pago del impuesto. Así pues, el régimen

puede considerarse compatible.

529. La Comisión inició una investigación con arreglo al apartado 2 del

artículo 93 del Tratado en relación con una ayuda a la inversión por valor de

76 millones de ecus destinada a Hualon Corporation, empresa radicada en

Belfast.

El plan de inversión, que se desarrollará en cuatro fases durante el periodo

1993-2000, prevé la construcción de edificios y la instalación de una planta

para el hilado, el teñido y el acabado de 23 000 toneladas de poliéster,

poliamida y polialgodón.

La ayuda no entraba dentro del ámbito de aplicación de las Directrices sobre

ayudas al sector de las fibras sintéticas, ya que las actividades de Hualon

se situarían en una fase posterior a la producción. Sin embargo, la ayuda

estaba cubierta por las directrices para el sector textil fijadas por la

Comisión en 1971 y 1977, por las que se establece que ninguna ayuda puede

(48) Punto 444 del presente Informe

```

`4.1.` `§6.` `p.` `26` `"7` _A_ _Pi_

```
provocar un aumento de capacidades y que se deberá tener en cuenta la

situación global del sector dentro de la Comunidad. Aunque el nivel de la

ayuda (38 %) era inferior al límite fijado para la región, la Comisión señaló

.que, habida cuenta de que la inversión no se completaría hasta el 2 001, por

el momento no se podía evaluar si las ventajas de esta ayuda de finalidad

regional (creación de 1 800 puestos de trabajo en Irlanda del Norte)

compensarían los efectos negativos sobre el sector textil en cuestión.

```

```
4.I.§6.p.27

<T5> f) Ayudas a la industria hullera

```

##### 341

```
530. En aplicación de lo dispuesto en la Decisión n° 2 0 6 4 / 8 6 / C E C A ' [4 9] ',

relativa al régimen comunitario de las intervenciones de los Estados miembros

en favor de la industria hullera, a lo largo de 1993, la Comisión veló por

que las medidas financieras previstas en favor del sector respetaran

rigurosamente estas reglas.

Las medidas financieras se han sido autorizadas en la medida en que cumplían

los objetivos y criterios de aplicación de tales disposiciones y los

objetivos específicos previstos en los artículos 3 y 4 del Tratado CECA.

En este contexto, la Comisión aprobó mediante decisión los proyectos de ayuda

para el año 1993 de la República Federal de Alemania, el 24 de diciembre de

1 9 9 2 [ (50)] [ (51)] / d e [ Bélgica, el 24 de febrero de] [ 1993'] [52] [',] [ de Francia el 18 ]

de mayo de 1993' [53] ' y de Portugal el 7 de diciembre de 1993' [54] '.

Mediante sus decisiones de 23 de diciembre de 1992' [55] ' ' [56] ', dirigidas al

Gobierno español, la Comisión autorizó las medidas financieras en favor de la

industria hullera española para el año 1993. A través de dichas decisiones,

la Comisión regulaba otras intervenciones financieras para los años 1991 y

1992 que el Gobierno se proponía efectuar, una vez tomadas las medidas de

reestructuración, racionalización y modernización del sector minero, así como

la intervención financiera que constituyen los montantes compersatorios que

se pagarán a los productores de electricidad en el marco del régimen de ayuda

OFICO en. el año 1992.

El Reino Unido omitió notificar las ayudas a la producción en favor de la

industria hullera para el ejercicio 1993/94. Esta falta de notificación se

inscribe en la política del Gobierno británico de limitar la concesión de

(49) DO L 177 de 1.7.1993, p.l.
(50) DO L 58 de 11.0.1993, p. 60.
(51) DO L 59 de 12.03.1993, p.33.

(52) DO 1 85 de 6.4.1993.

(53) DO L 198 de 7.8.1993, p.33.
(54) DO L 23 de 28.1.1994, p.30.
(55) DO L 57 de 10.03.1993, p.24.
(56) DO L 57 de 10,03.1993, p.26.

```

```
4.1.§6.p.28

```

342

```
ayudas a los costes por despido y otros costes sociales vinculados a la

reestructuración, racionalización y modernización de la industria hullera.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión n° 2064/86/CECA,

La Comisión presentó al Consejo el informe anual sobre la aplicación de tales

normas en 1992' [57] ' .

Previendo que el vigente régimen comunitario de intervenciones financieras de

los Estados miembros en favor de la industria hullera (Decisión n°

2064/86/CECA) expiraba el 31 de diciembre de 1993, el 28 de diciembre la

Comisión aprobó la Decisión n° 3632/93' [58] ' por la que se establecía un nuevo

régimen de ayudas a la industria hullera comunitaria que debía entrar en

vigor el 1 de enero de 1994.

Por último, el 25 de marzo de 1993, la Comisión aprobó el informe sobre el

mercado de combustibles sólidos en la Comunidad en 1992 y sus perspectivas

para 1993' [59] ' . La revisión de dicho informe' [60] 'fue aprobado por la Comisión

el 23 de septiembre de 1993.

(57) COM(93)589 final de 26.11.1993.

(58) DO L 329 de 30.12.1993.

(59) SEC(93) 441 final de 25.3.1993.

(60) SEC(93) 1399 final de 23.9.1993

```

```
       Ayudas al sector hullero

Ayudas a la producción corriente en 1992 y 1993

```

```
en millones de ecus

```

```
Bélgica

```

```
Portugal

```

```
Comunidad

```

```
Francia

```

```
R F Alemania

```

```
España

```

```
Reino Unido

```

```
 1992

 782,8

1787,7

 65,6

 67,1

2703,2

 14,64

2491,4

5194,6

 28,14

```

```
1992

 
 
 
 
```

```
 1993

 692,2

1513,3

 24,9

 61,6

  0,6

2292,6

 14,33

2582,2

4874,8

 30,47

```

```
4^

o^

•d

Osi

```

```
 1992

33,5

33.5

153,67

 7,4

40,9

187,61

```

```
 1993

 139,4

1513,3

 61,6

1714,3

 26,66

2566,7

4281,0

 66,58

```

```
 1992

 177,7

1787,7

 65,6

2031,0

 28,15

2466,7

4497,7

 62,34

```

```
 1993

355,4

 24,9

380,3

 20,56

 15,5

395,8

 21,39

```

```
1992

379,7

 66,3

446,0

23,94

17,3

463,3

 24,87

```

```
1993

191,3

191,3

 21,33

 
191,3

21,33

```

```
1992

186,9

186,9

 19,72

 
186,9

 19,72

```

```
1993

 6,1

 0,6

 6,7

27,73

 
 6,7

27,73

```

```
1992

 5,0

 0,8

 5,8

26,36

 
 5,8

26,36

```

```
1993

 
 .

 
 
```

```
Ayudas con arreglo a la

Decisión 2064/86/CECA

1. Intervenciones directas

  - artículo 3

  - artículo 4

  - artículo 5

  - artículo 6

  - Otros

  TOTAL

ecus/tonelada beneficiaria

2. Intervenciones indirectas

  TOTAL

ecus/tonelada beneficiaria

```

```
1993

 
 .

 
 
```

```
4.1.§7.p.26

<T3> §7. Ayudas a otros sectores industriales

```

##### 344

```
531. En 1993, la mayor parte de las ayudas a sectores industriales no sujetos

a directrices fueron ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en

dificultad, tal como se menciona anteriormente' [1] '. También se evaluaron

algunos regímenes de apoyo a sectores industriales específicos financiados

mediante impuestos especiales. Los problemas que generan estos regímenes se

describen en la sección introductoria de este capítulo' [2] '. Los demás

asuntos, relativos al sector de la energía, se mencionan a continuación.

<T4> - Energía

532. En julio, la Comisión autorizó al Gobierno británico a mantener un

impuesto especial sobre el precio de la electricidad para fomentar la

producción de energías renovables en Inglaterra y en el País de Gales. Este

impuesto, denominado "Fossil Fuel Levy", se introdujo en 1990, coincidiendo

con la privatización de gran parte del sector de la electricidad en el Reino

Unido, y se utilizó principalmente para contribuir a los gastos de

almacenamiento y gestión de residuos de las centrales nucleares. Aunque este

impuesto especial también constituye una ayuda a la electricidad producida

con fuentes de energía renovables, la Comisión, al autorizarlo en 1990' [3] ',

limitó su aplicación hasta 1998, en atención a su componente nuclear.

Para las energías renovables, que requieren un apoyo a más largo plazo, esta

fecha constituía un obstáculo al desarrollo, por lo que la Comisión amplió

este plazo, siempre que se tratara de energía renovable, y autorizó al Reino

Unido a mantener este impuesto más allá del año 2000 para financiar una

capacidad adicional de 90 000 MW de energía renovable en Inglaterra y en el

País de Gales. En su momento álgido, el impuesto oscilará en torno a 240

millones de ecus anuales para el fomento de energías renovables. En julio y

agosto, la Comisión autorizó asimismo regímenes para subvencionar

electricidad producida con fuentes de energía renovables en Irlanda del Norte

y Escocia. Estos dos últimos regímenes abarcan una capacidad total de 3 00 MW.

(1) Véase punto 444 del presente Informe.
(2) Véase punto 3 91 del presente Informe.
(3) Vigésimo Informe sobre la política de competencia, punto 293.

```

```
4.1.§7.p.27

###### 345

Las ayudas para electricidad producida con energías renovables no se

contabilizan en el máximo del 20 % de demanda de electricidad que la Comisión

aplica al evaluar las subvenciones y demás acuerdos destinados a proteger los

hidrocarburos nacionales' [4] '.

533. En 1992,. la Comisión decidió que la nueva tarifa para el suministro de

gas aplicada por Gasunie a los productores de amoniaco en los Países Bajos no

constituía ayuda, pero solicitó del Gobierno neerlandés que notificara las

condiciones de una cláusula de revisión por la que el productor podía obtener

descuentos sobre los precios de tarifa' [5] '. Estas rebajas no debían situar

los precios por debajo de los aplicados al gas exportado de los Países Bajos

para ser utilizado como materia prima.

En 1993, las autoridades neerlandesas notificaron a la Comisión que Gasunie

deseaba conceder a los productores neerlandeses de amoniaco un descuento de

0,88 céntimos por metro cúbico de marzo a octubre de 1992 y 0,58 céntimos por

metro cúbico de mayo a julio de 1993. En estos dos períodos, se registró una

reducción considerable, de hasta un 20 %, en los precios del amoniaco,

principal materia prima para la producción de abonos nitrogenados. Las

rebajas se situaron en torno al 6 y al 3,8 % respectivamente del precio de

tarifa y, con todo, los precios se situaron por encima de los aplicados por

Gasunie para el suministro a los distribuidores belgas, alemanes y franceses.

La Comisión consideró que estas rebajas constituían una actuación comercial

normal de Gasunie. Ante la caída de los precios, debida en parte a

importaciones a bajo precio procedentes de los países de Europa Oriental, los

clientes de Gasunie tuvieron que cerrar fábricas de amoniaco para contener

las fuertes pérdidas. Las rebajas no supusieron una ventaja en términos de

competencia para los productores neerlandeses sobre los productores

extranjeros de amoniaco, ya que los precios de exportación del gas neerlandés

seguían siendo inferiores a los que se facturó a los productores

neerlandeses.

(4) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 146

   y 433.
(5) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, 434-437.

```

```
4.1.§8.p.l

<T3> §8. Ayudas en el sector del transporte

<T5> a) Transporte terrestre

```

##### 346

```
534. Las ayudas estatales para el mantenimiento de los servicios públicos

esenciales son un elemento vital de la política común de transporte. El

artículo 77 del Tratado autoriza las ayudas destinadas a compensar las

obligaciones de servicio público. Por lo que se refiere al tráfico por

ferrocarril, el Reglamento 1893/91' [6] ' permite, desde el 1 de julio de 1992,

la celebración por las autoridades competentes de contratos que garanticen la

prestación de servicios. La Comisión examinará la forma en que se ha hecho

uso de esta nueva posibilidad para garantizar su plena eficacia.

A la luz de lo dispuesto en la Directiva 91/440' [7] ', en materia de separación

contable entre los costes de infraestructura y las actividades de transporte,

se puso de manifiesto el tema general del pago de los costes de

infraestructura, especialmente para el transporte de mercancías. Con arreglo

al apartado 3 del artículo 93 del Tratado, el Reino Unido notificó su

intención de instituir subvenciones para el transporte de mercancías y un

sistema de tasas por la utilización de vías. Tras examinar estos regímenes,

la Comisión decidió no plantear objeciones, dado que contribuyen al objetivo

de la Comisión de aprovechar mejor el ferrocarril para el transporte de

mercancías.

La Comisión decidió que no constituyen ayuda estatal las ventajas financieras

concedidas por los ferrocarriles alemanes (DB) a algunas empresas para

estimular la construcción de apartaderos o mantener los existentes. La

Comisión consideró que estos acuerdos (préstamos y puesta a disposición de

material y de personal) fueron financiados íntegramente al margen de los

costes relativos al transporte de mercancías pagados posteriormente a DB por

la empresa constructora, por lo que se ajustaban al principio del inversor

privado.

Por lo que se refiere al transporte por vía navegable, el Reglamento 3690/92

de la Comisión'^' introduce cambios en las condiciones financieras de las

acciones de desguace para retirar más buques de las flotas y poder reducir el

(6) DO L 169, 29.6.1991, pág. 1.

(7) DO L 237, 24.8.1991, pág.25.

(8) DO L 374/22, 22.12.1992, pág. 22

```

```
4.I.§8.p.2 _
```

347

```
exceso de capacidad en este sector. Estas medidas entraban en vigor el 1 de

enero de 1993.

La Comisión, tras incoar el procedimiento en virtud del apartado 2 del

artículo 93, adoptó una decisión negativa respecto del Decreto italiano de 28

de enero de 1992 que establecía un crédito fiscal para los transportistas por

carretera italianos. La Comisión decidió que esta ayuda era incompatible con

el Tratado, ya que no cumplía ninguno de los requisitos de exención que

establecen los apartados 2 y 3 del artículo 93 del Tratado o el Reglamento

(CEE) 1107/70 del Consejo.

En 1991, la Comisión incoó este mismo procedimiento con respecto a un

proyecto de ley del Gobierno italiano que incluía ayudas públicas para la

reestructuración del sector italiano del transporte por carretera. En marzo

de 1993, la Comisión decidió ampliar el procedimiento a otra ley italiana,

aprobada en febrero de 1992, que contenía las mismas ayudas estatales que

dieron lugar al inicio del procedimiento en 1991.

Por último, en mayo de 1993, la Comisión autorizó un programa español de

ayudas por un importe máximo de 81 millones de ecus destinado a mejorar el

sector del transporte por carretera durante el período 1993-1995. Se tuvo

especialmente presente que el programa permitirá reducir la sobrecapacidad

del sector en al menos un 8 %.

<T5> b) Transporte marítimo

535. La Comisión está examinando varios asuntos que incluyen ayudas estatales

y sigue revisando las Orientaciones para el examen de las ayudas estatales a

las compañías marítimas de la Comunidad, aprobadas en 1989, a la luz de lo

acaecido desde entonces.

La Comisión también emprendió un estudio sobre la transparencia de las

relaciones financieras entre las autoridades públicas y los puertos, que

concluirá antes de finales de año.

Este año, la Comisión adoptó decisiones sobre varios casos de ayudas

estatales relacionados con el transporte marítimo y los puertos. En julio,

aprobó una nueva ayuda estatal provisional para fomentar el transporte

```

```
4.1.§8.p.3
```

348

```
marítimo en los Países Bajos. El presupuesto previsto para el año civil 1993

es de 27 millones de ecus. La medida sólo se aplicará durante un año.

La Comisión autorizó dos regímenes de ayudas estatales para el transporte

marítimo en Alemania. Uno de ellos autoriza contribuciones financieras para

armadores con buques de construcción reciente que naveguen bajo pabellón

alemán. Este régimen, aprobado en diciembre, sólo se aplicará en 1993 y 1994

y su importe total para los dos años asciende aproximadamente a 110 millones

de ecus.

En octubre, la Comisión aprobó unas ayudas para la privatización de Deutsche

Seereederei Rostock, por un importe de 170 millones de ecus, destinadas a

mantener los niveles de empleo en el estado federado de Mecklemburgo
Pomerania occidental.

La Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto de

unas ayudas propuestas por las autoridades vascas para una nueva línea

marítima entre Bilbao y Portsmouth. El procedimiento permitirá a la Comisión

determinar si la ayuda, que asciende a 8,5 millones de ecus, es compatible

con el mercado común.

Por lo que se refiere a los puertos, la Comisión autorizó en julio el pago de

ayudas para apoyar la reestructuración del sector portuario italiano (70

millones de ecus), pero inició el procedimiento del apartado 2 del

artículo 93 respecto de unas ayudas de 34 millones de ecus destinadas a

reducir los déficit comerciales de las compañías portuarias.

La Comisión consideró que el apoyo financiero de 3 millones de ecus concedido

por las autoridades españolas para los puertos de recreo catalanes son

compatibles con el mercado común a efectos del artículo 92.

<T5> c) Transporte aéreo

536. Desde la entrada en vigor, el 1 de enero de 1993, de los Reglamentos

2407/92, 2408/92 y 2409/92' [9] ', que representan la tercera y última fase de

medidas de liberalización en el transporte aéreo comunitario, es

imprescindible un enfoque más riguroso para evaluar las ayudas a los

transportistas aéreos comunitarios.

(9) DO L 240, 24.8.1992

```

```
4.1.§8.p.4
##### 349

La Comisión decidió considerar compatible con el mercado común, en virtud de

la letra a) del apartado 3 del artículo 92, una ayuda notificada por el

Gobierno portugués destinada a compensar el déficit acumulado de TAP para el

período 1978-1991, debido a las obligaciones de servicio público en las rutas

hacia las regiones autónomas de Azores y de Madeira' [1] ^*'. La ayuda ascendía a

178 millones de ecus aproximadamente (163 millones para la liquidación de la

deuda y 5 millones de aportación de capital) . Por otra parte, en la misma

Decisión, la Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93

respecto del nuevo método adoptado por las autoridades portuguesas para

compensar las pérdidas sufridas por TAP en el cumplimiento de sus

obligaciones de servicio público en estas mismas rutas. De acuerdo con este

método, la compensación se calcula sobre la base de la diferencia entre las

tarifas impuestas a TAP y las tarifas que TAP aplicaría si tuviese en cuenta

sus intereses comerciales. El procedimiento se incoó porque este método, amén

de no ser transparente, encierra el riesgo de que la compensación sea

superior al déficit.

También se incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto de

ayudas no notificadas en el contexto de la privatización y venta de la

academia de pilotos RLS a KLM' [11] '. El Gobierno neerlandés vendió dicha

academia de pilotos a KLS (propiedad al 100 % de KLM) por el importe

simbólico de un florín neerlandés y se comprometió a cubrir su déficit de

explotación en los cinco años siguientes a la privatización. La Comisión

incoó el procedimiento porque duda que el precio de venta de un florín

neerlandés refleje el valor real de mercado del centro y alberga serias dudas

en cuanto a la compatibilidad con el mercado común de las ayudas consistentes

en cubrir los déficit de explotación.

537. En noviembre, la Comisión inició el procedimiento previsto en el

apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE en relación con la suscripción por

parte de una filial de la Caisse des Dépôts et Consignations - Participations

de las obligaciones emitidas por Air France en el mes de marzo. La emisión de

224 millones de ecus incluye dos tipos de obligaciones: obligaciones

reembolsables en acciones (112 millones de ecus) y el resto en títulos

subordinados con un tipo de interés progresivo que incluyen cupones de

suscripción de acciones.

(10) DO C 178, 30.6.1993.

(11) DO C 293, 29.10.1993

```

```
,, § s . P, 3 5 0

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento refleja sus dudas sobre

el carácter comercial de la operación que, habida cuenta de la situación

financiera de Air France, parece ser una ayuda estatal a efectos del Tratado.

Por consiguiente, la Comisión habrá de comprobar si la operación financiera

está relacionada con un plan de reestructuración presentado por la compañía

francesa a finales de 1992 para recuperar su viabilidad. Asimismo, estudiará

la incidencia de la ayuda en la, competencia comunitaria, teniendo presente la

posición competitiva de Air France en el sector del transporte aéreo y, en

particular, en su mercado nacional.

538. En diciembre, la Comisión decidió autorizar la aportación de capital de

216 millones de ecus del Gobierno irlandés a Aer Lingus. Esta operación, que

deberá realizarse en tres tramos, permitirá a Aer [ v] Lingus aplicar un plan

global de reestructuración. La Comisión considera que la compañía podrá

recuperar su viabilidad comercial en los próximos dos años.

Ante la competencia creciente en el sector del transporte aéreo, a raíz de la

entrada en vigor de los Reglamentos 2407/92, 2408/92 y 2409/92 ("tercer

paquete") el 1 de enero de 1993, la Comisión considera necesario un control

más estricto de las ayudas estatales para evitar efectos contrarios al

interés común.

En general, las compañías aéreas que reciben ayuda estatal deben competir de

forma equitativa y libre en el mercado único, teniendo en cuenta la demanda

existente y el crecimiento futuro del mercado. Ahora bien, sería injusto que

se les concediera una mayor posibilidad de competencia frente a los demás

transportistas de la Comunidad.

La Comisión exige el compromiso firme de que no se utilizarán las ayudas

estatales para permitir a Aer Lingus competir en condiciones desiguales en el

mercado común.

En este caso, el compromiso del Gobierno irlandés, contraído para toda la

duración del programa de reestructuración, incluye los siguientes puntos:

```

```
4.I.§8.p.6

##### 351

   se llevará a cabo el programa de reducción de costes según lo previsto;

   el Gobierno irlandés informará periódicamente a la Comisión sobre la

   evolución financiera y económica de Aer Lingus y de la aplicación del

   programa ;

   Aer Lingus no ampliará su flota operativa;

   el Gobierno irlandés no concederá más ayudas a Aer Lingus;

   en caso de que se cree antes de que finalice el período de

   reestructuración, la filial de bajo coste Aer Lingus Express, ésta

   operará en el marco de la flota operativa de Aer Lingus;

   los vuelos en Europa, los vuelos transatlánticos y, si se crea, Aer

   Lingus Express, se englobarán en entidades jurídicas independientes y se

   operarán como tales, con una contabilidad auditada por separado que

   permita un análisis transparente de sus operaciones;

   Aer Lingus no ampliará las plazas ofrecidas a la venta para el público

   en los servicios regulares de las rutas Irlanda/Reino Unido y de la ruta

   Dublin/Londres (Heathrow) por encima de los límites especificados,

   teniendo en cuenta los niveles de tráfico alcanzados en el año anterior

   a la notificación;

   Aer Lingus utilizará estos fondos exclusivamente con fines de

   reestructuración y no adquirirá acciones de ninguna compañía aérea

   comunitaria.

539. La. Comisión emitió dos Recomendaciones en virtud del apartado 1 del

artículo 93 del Tratado destinadas a los Gobiernos alemán y portugués' [12] '

para suprimir las exenciones fiscales concedidas a TAP y el sistema de

amortización excepcional en favor de las compañías aéreas alemanas. Ante la

negativa del Gobierno alemán a suprimir dicho sistema, la Comisión incoó el

procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto de este privilegio

fiscal' [13] '.

La Comisión está actualizando sus directrices para la evaluación de los

regímenes de ayuda en favor de las compañías aéreas comunitarias. La Comisión

tendrá presentes las conclusiones del "comité de sabios". Por consiguiente,

las nuevas directrices se publicarán cuando finalice la labor de este comité

sobre el futuro de la aviación civil comunitaria.

(12) DO C 163, 15.6.1993

(13) DO C 16, 19.1.1994.

```

```
4.1.§9.p r l

<T3> §9. Ayudas en otros sectores de servicios

<T4> - Servicios financieros

```

#### **7 52**

```
540. La liberalización de los servicios de correos y financieros siguió dando

lugar a denuncias de competidores privados contra los bancos estatales y

administraciones de correos. Las reclamaciones se refieren a los privilegios

especiales de que disfrutan los operadores del sector público, a las

aportaciones de fondos públicos en la privatización de estas empresas y a la

ampliación de sus actividades a mercados reservados hasta entonces al sector

privado.

541. De acuerdo con las orientaciones del Libro Verde sobre servicios

postales' [14] ', la Comisión siguió examinando las medidas adoptadas por las

autoridades belgas respecto del OCP (Office des Chèques Postaux), así como la

situación del OCCH (Office Central de Crédit Hypothécaire) y las

disposiciones que aprobó el Gobierno francés en 1990 sobre la fiscalidad

aplicable a los servicios financieros de Correos.

(14) COM(92) 476 final de 11.6.1992

```

```
4.1.§9.p.2

<T4> Apuestas hípicas

```

óbó

```
542. En diciembre de 1990, la Comisión incoó el procedimiento del apartado 2

del artículo 93 del Tratado CE respecto de algunas ayudas financieras

concedidas a Pari Mutuel Urbain (PMU).

Tres de estas ayudas no fueron suspendidas a raiz del inicio del

procedimiento, por lo que la Comisión adoptó en junio de 1991 una Decisión

provisional por la que emplazaba a las autoridades francesas a que las

suspendiesen en un plazo de quince días.

Una de las peculiaridades del sector de las apuestas hípicas es que la

competencia y los intercambios entre Estados miembros sólo se han

desarrollado en los últimos años. Las empresas en competencia son escasas y

los intercambios se refieren ante todo a apuestas hechas en un Estado miembro

sobre carreras hípicas de otros Estados miembros y al intercambio de imágenes

televisadas de las mismas. Por estos motivos, la Comisión experimentó ciertas

dificultades para formular una evaluación con fundamento respecto de las

posibles ayudas estatales en las medidas adoptadas por el Gobierno francés en

favor de PMu' [15] '.

En septiembre, la Comisión archivó el procedimiento del apartado 2 del

artículo 93 del Tratado adoptando una Decisión cuyo contenido esencial es el

siguiente.

De las tres medidas que indujeron a la Comisión a adoptar una decisión

provisional, dos deben considerarse ayudas incompatibles. En particular, PMU

deberá reembolsar los importes de que se benefició gracias a la exención de

la contribución empresarial para construcción de viviendas sociales. La otra

medida, consistente en una dispensa de la norma del mes vencido para la

deducción del IVA, aunque constituye una ayuda incompatible, se viene

compensando mediante un depósito permanente de las sociedades de carreras en

el Tesoro, por lo que se anula su incidencia en la competencia y en los

intercambios. Las demás medidas deben considerarse parte de la tesorería

normal de PMU, por lo que no plantean objeciones a la luz del apartado 1 del

artículo 93 del Tratado CE.

(15) Ver anexo III.A.1. apartado c) del presente Informe.

```

```
4.I.§9.p.3

<T4> - Sector de la edición

```

##### 354

```
543. En mayo, la Comisión autorizó cuatro regímenes de ayuda de la

Coopérative d'exportation du livre français (CELF) para fomentar la venta de

libros franceses en países no francófonos. Pese a tratarse de subvenciones a

la exportación de libros -en cantidades reducidas-, se justificó su

autorización por motivos culturales, ya que todos los editores de libros

franceses de la Comunidad pueden acogerse a estos regímenes. La Société

internationale de diffusion et d'édition (SIDE) interpuso un recurso contra

esta Decisión ante el Tribunal de Primera Instancia' [16] '.

<T4> - Industria audiovisual

544. En junio, la Comisión aprobó una propuesta del Gobierno francés cuyo

objeto es ampliar a la venta de cintas de vídeo grabradas un régimen de

impuestos especiales sobre el precio de las entradas de cine y los ingresos

de las cadenas de televisión. La recaudación de este gravamen se destina a

financiar la producción cinematográfica y de programas de televisión de

calidad' [17] '. Las ventas de cintas de vídeo representan una parte creciente

de los ingresos del sector cinematográfico, por lo que el Gobierno francés

abogaba por que este medio de distribución participara en el sistema de apoyo

a la industria. En 1992, la Comisión aprobó un régimen de ayudas a la

industria cinematográfica alemana que incluía un impuesto especial sobre las

cintas de vídeo grabadas' [18] '.

545. En octubre, la Comisión aprobó una subvención de 6 millones de ecus

concedida por el estado federado de Brandeburgo a los estudios Baselberg. Los

antiguos estudios "Ufa/Defa", en los que se rodaron muchas de las películas

alemanas más famosas anteriores a la guerra, fueron comprados al

Treuhandanstalt por un consorcio internacional que tiene previsto

convertirlos en un centro moderno de producción de películas europeas. La

subvención del estado federado se destinó a inversiones en los estudios de

sonido.

546. Cuatro cadenas privadas de televisión de España, Francia y Portugal

denunciaron a la Comisión la supuesta competencia desleal de las empresas

(16) Asunto T-49/93, DO C 272 de 8.10.1993.
(17) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 444.
(18) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 442.

```

```
4.I.§9.p.4
```

355

```
públicas de radiodifusión, que reciben subvenciones e incurren en prácticas

anticompetitivas. Estas cadenas consideran que la financiación de las

empresas estatales de radiodifusión, mediante cánones, aportaciones de

capital y otros pagos, constituye una compensación excesiva por las

obligaciones de servicio público que pueden serles impuestas, y representan

por tanto ayudas estatales que pueden falsear la competencia. Para colaborar

en el análisis de estas reclamaciones, la Comisión ha solicitado de

consultores independientes que realicen un estudio sobre el equilibrio

adecuado entre los derechos y obligaciones y los recursos financieros de las

cadenas de televisión públicas y privadas, respectivamente, en la Comunidad

Europea. El estudio concluirá a mediados de 1994.

```

```
4.I.§10.p.1
#### 356

<T3> §10. Ayudas estatales en el sector agrario

547. En el sector agrario, la actividad de la Comisión está determinada en

gran parte por las disposiciones de la Política Agrícola Común, cuyos

principios figuran en numerosos Reglamentos del Consejo. Por lo que se

refiere a las organizaciones comunes de mercados, se trata ante todo de

reglamentos, en principio exhaustivos, relativos a los distintos productos y

que excluyen medidas de apoyo adicionales a los mercados nacionales mediante

ayudas estatales. En cuanto a las medidas sobre estructuras agrarias y medio

ambiente, la política de la Comisión en materia de evaluación de las ayudas

estatales, con arreglo a los artículos 92 y 93 del Tratado CE, también viene

determinada en gran parte por los Reglamentos del Consejo. En este contexto,

es especialmente importante la aprobación del Reglamento (CEE) 2078/92 del

Consejo sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de

protección del medio ambiente y conservación del espacio natural' [19] '. Este

Reglamento, en el que se establece que los Estados miembros pueden conceder

ayudas estatales adicionales con requisitos distintos y por importes

superiores a los que dispone la normativa, constituye una de las medidas

complementarias de la reforma de la PAC de 1992. Para evaluar estos regímenes

de ayudas estatales, la Comisión debe tener en cuenta los criterios básicos

que figuran en el Reglamento. Con respecto a los aplicados anteriormente, en

virtud del Reglamento (CEE) 2328/91 del Consejo, que marcaba la pauta en

materia de requisitos medioambientales, cabe destacar los siguientes cambios:

   también podrán concederse ayudas para mantener determinadas prácticas

   agrarias, incluso si no existe un peligro inmediato de desaparición

   los programas de ayuda podrán abarcar regiones enteras y no deberán

   limitarse exclusivamente a las zonas sensibles en términos ambientales

   la ayuda (por ejemplo, prima por hectárea) puede considerarse un

   incentivo y, en este caso, será superior a las pérdidas de ingresos o a

   los posibles costes adicionales que requiera el cumplimiento de las

   normas sobre protección del medio ambiente.

No se ha definido aún la totalidad de los nuevos parámetros que establece

esta normativa. Ahora bien, es obvio que ya existe una amplia gama de

;i9) DO L 215 de 30.7.1992, p. 85. Asimismo, Punto 384 del presente Informe

```

```
4.I.§10.p.2

posibilidades para acogerse a ventajas medioambientales.

```

357

```
Las ayudas estatales relacionadas con el medio ambiente pueden generar

ingresos adicionales en el sector agrario, en los Estados miembros que estén

dispuestos a ofrecer a sus agricultores las nuevas posibilidades que brinda

el Reglamento (CEE) 2078/92, al margen de las que contienen las medidas

cofinanciadas por la Comunidad.

548. Como ya se ha mencionado, la Comisión suele plantear objeciones a las

ayudas que constituyen medidas de apoyo a mercados nacionales de productos

sujetos a las distintas organizaciones comunes de mercado. Estas ayudas

nacionales por unidad de producto o insumo suelen perturbar los mecanismos

del mercado comunitario y, en su calidad de ayudas de funcionamiento, no

tienen efectos duraderos para el desarrollo del sector considerado. Así pues,

la Comisión aprobó dos decisiones finales denegatorias respecto de dos

regímenes de ayuda italianos, uno sobre ayudas a los productores de aceite de

oliva, que rebasaba el importe total de ayuda que autoriza la organización de

mercado de las materias grasas y aceites, y otro sobre ayudas para el

almacenamiento privado de frutos de cascara.

La Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado

respecto del supuesto uso incorrecto de un régimen aprobado en 1992' [20] ' para

la exportación de champiñones irlandeses. La Comisión consideró que esta

ayuda era contraria a la organización de mercados de las frutas y verduras y

constituía una ayuda de funcionamiento sin efectos duraderos para el

desarrollo del sector. De acuerdo con los datos que obraban en poder de la

Comisión, la ayuda se basaba en la cantidad de champiñones exportados y

reducía los costes de los exportadores. Por consiguiente, se consideró que

esta ayuda no se ajustaba al régimen del que dependía, que había sido

aprobado. Su objetivo era evitar despidos masivos en las pequeñas y medianas

empresas, que registraron importantes pérdidas como consecuencia de la

depreciación de la libra. La Comisión no planteó objeciones en 1992 respecto

de este régimen, por considerar que productos como los champiñones, para los

que existe una organización común de mercados, no podían acogerse a apoyos

directos para evitar infracciones a dicha organización.

(20) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 470.

```

```
4.I.§10.p.3
```

358

```
Otro motivo por el que se incoó el procedimiento en este asunto fue que uno

de los requisitos para la concesión de la ayuda constituía una medida de

efecto equivalente a una restricción cuantitativa del comercio, en infracción

de los artículos 30 y siguientes del Tratado. De acuerdo con los datos de que

dispuso la Comisión, la ayuda sólo se concedía a los productores que

compraban abono a una o varias de las cinco empresas irlandesas de

fertilizantes. Este asunto es un buen ejemplo de cómo la Comisión, al

analizar las ayudas estatales, ha de tener presentes las demás disposiciones

del Tratado. Debe considerarse que una ayuda es incompatible con el artículo

92 si los requisitos para su concesión son contrarios a cualquier otra

disposición de la normativa comunitaria.

Otro asunto relacionado con una organización común de mercado en el que la

Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del

Tratado CEE fue el de la ayuda (en forma de transferencia de activos a una

nueva cooperativa que había de llamarse Milk Marque) del Milk Marketing Board

de Inglaterra y Gales, que constituye en la actualidad un monopolio virtual

en materia de recogida y comercialización de leche.

Sobre la base de esta transferencia, Milk Marque expedirá a los productores

de leche certificados de asociación, que no podrán ser cedidos y que los

productores que no se adhieran a la nueva cooperativa podrán canjear por

efectivo en el quinto aniversario de su fundación. Milk Marque abonará un

interés anual del 7% tras una moratoria de un año.

La Comisión consideró que estos acuerdos, que probablemente subestiman el

valor de los activos que han de ser transferidos a Milk Marque, no reflejan

condiciones normales de mercado, y en cambio infringen el principio de

mercado abierto que establece la sentencia del Tribunal de Justicia en el

asunto 177/78 (Pigs and Bacon Commission - Me Carren and Company Ltd). Los

productores de leche que no quieran adherirse a Milk Marque serán inversores

a la fuerza de la nueva cooperativa, que no se constituirá de forma

auténticamente voluntaria. Por consiguiente, la Comisión hubo de considerar

que la medida constituía una infracción de la organización de mercado de la

leche y otros productos lácteos.

549. En el sector vinícola, la Comisión incoó el procedimiento del apartado 2

del artículo 93 contra una ayuda alemana para destilación adicional de

```

`4.1.§10.p.4` 359

```
vino en Renania-Palatinado superior a las cantidades que establece esta

organización común de mercado. Posteriormente, en febrero de 1993, el Consejo

decidió autorizar esta ayuda en virtud del tercer párrafo del apartado 2 del

artículo 93 del Tratado CE, alegando la concurrencia de circunstancias

excepcionales, criterio que la Comisión no puede invocar al evaluar las

ayudas estatales.

No obstante, cabe observar que no es éste el único caso en que la Comisión,

tras recurrir el Consejo a esta disposición del Tratado para autorizar ayudas

en el sector vinícola, decide incoar el procedimiento' [21] '. En 1992 y 1993,

el Consejo aprobó cuatro decisiones sobre ayudas en el sector vinícola en las

que invocó circunstancias "excepcionales".

550. Por lo que se refiere a las ayudas a la inversión para la mejora de las

condiciones de transformación y comercialización de productos agrarios, la

política comunitaria figura en el Reglamento (CEE) 866/90 y se define con más

precisión en la Decisión de la Comisión de 7 de junio de 1990 sobre los

criterios de selección para estas inversiones, denominados "límites de

sector". Aunque el Reglamento (CEE) 866/90 del Consejo autoriza la

introducción por los Estados miembros de ayudas en condiciones distintas,

mediante los artículos 92 y 93 del Tratado CE, esta libertad queda limitada

por los criterios de selección que establece el Reglamento mencionado y que

se aplican, por analogía, a la evaluación de las ayudas estatales.

Esta práctica de la Comisión se explica porque estos "límites de sector" se

crearon para tener en cuenta la situación comunitaria del mercado de los

productos de referencia, y no para reflejar la prioridad relativa en la

utilización de los fondos comunitarios. Así pues, por motivos de coherencia

de la política comunitaria, no sería adecuado fomentar inversiones en

sectores que no pueden acogerse a ayudas como consecuencia de la política

comunitaria estructural y de mercados permitiendo, por otro parte, la

concesión de ayudas estatales.

La Comisión tuvo que examinar varios asuntos relacionados con ayudas para

modernización de empresas en sectores excluidos (molinos de cereales,

transformación de semillas oleaginosas) de los nuevos estados federados de

Alemania. La Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del

artículo 93 del Tratado CEE, por considerar injustificado que se aceptara una

(21) Por ejemplo, Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia,

   punto 503.

```

```
4.I.§10.p.5

#### 360

excepción a los límites mencionados anteriormente invocando la situación

especial de estos territorios. Ahora bien, en principio podrán autorizarse

estas excepciones en casos específicos, siempre que exista una justificación

sólida, basada en un análisis económico que refleje el interés comunitario.

Esa derogación tuvo lugar cuando la Comisión no hizo ninguna objeción a una

ayuda a la inversión para una fábrica de piensos, que normalmente se

consideraba como un sector excluido (excepto para aquellas fábricas de

pequeño tamaño); esta derogación se consintió porque las autoridades danesas

pudieron asegurar que la medida, que se localizaba en la isla de Bornholm no

tenía ningún impacto sobre el comercio intra-comunitario.

Estas garantías se basaban en las circunstancias particulares del caso y en

especial, en la situación geográfica de la inversión y su aislamiento del

resto de mercados comunitarios relevantes.

551. En el caso de las ayudas financiadas mediante exacciones parafiscales

(impuestos especiales obligatorios), la Comisión debe evaluar tanto la ayuda

como su modo de financiación. El caso de un régimen alemán de ayudas

financiado mediante exacciones parafiscales ("Absatzfondsgesetz") puso de

manifiesto nuevos aspectos en el examen de este tipo de ayudas. La Comisión

no planteó objeciones respecto de este régimen, aunque en el caso de algunos

productos (por ejemplo, semillas oleaginosas), sólo se gravaba la parte de la

producción que se acogía a ayudas (en este caso, la producción de aceité). La

ayuda sólo se utilizó para promocionar los distintos tipos de aceite en el

mercado nacional. Por consiguiente, no se consideró ayuda indirecta de

funcionamiento la exención del impuesto sobre la producción tratándose de

exportación o de usos ajenos a la producción de aceite.

Por lo que se refiere a las ayudas financiadas mediante exacciones

parafiscales que gravan productos importados de otros Estados miembros, la

política de la Comisión, que se basa en la jurisprudencia del Tribunal de

Justicia, consiste en considerarlas en principio incompatibles con el mercado

común por su modo de financiación. Sólo en caso de que se produzca una

transformación substancial de estos productos tras la importación, que

modifique el origen del producto, y que la exacción grave exclusivamente los

productos transformados, podrá considerarse esta financiación compatible con

el mercado común.

```

```
4.1.§10.p.6
#### 361

Por consiguiente, la Comisión archivó el procedimiento del apartado 2 del

artículo 93 del Tratado respecto de una ayuda para investigación financiada

mediante una exacción parafiscal que gravaba frutas y verduras transformadas.

En este caso, se había incoado el procedimiento porque se gravaban productos

frescos importados de los demás Estados miembros. Al modificar las

autoridades neerlandesas las normas que regulaban la recaudación de la

exacción, pudo comprobarse que sólo gravaba las frutas y verduras

transformadas sujetas a un proceso de elaboración substancial que otorgaba a

los productos finales el origen neerlandés.

En cambio, de conformidad con el apartado 1 del artículo 93 del Tratado, la

Comisión recomendó al Gobierno francés que suprimiera la concesión de las

ayudas de la Association nationale interprofessionnelle des vins de table et

vins de pays de France. Estas ayudas eran incompatibles, ya que se

financiaban mediante una cotización que gravaba la comercialización de los

productos en el mercado nacional y la exportación. Los productos importados

de los demás Estados miembros también estaban sujetos a este gravamen en

ambas fases.

En este caso, la Comisión no pudo considerar que la mezcla de vinos de mesa

franceses y vinos importados de los demás Estados miembros constituyera una

transformación substancial que modificara el origen de los vinos procedentes

de los demás Estados miembros.

Además, la Comisión observó que los vinos de mesa destinados a su

transformación en Francia no están sujetos a impuesto, mientras que los vinos

de mesa sí deben abonar la cotización al ser exportados, independientemente

de que se destinen o no a la transformación. Se consideró por consiguiente

que esta cotización equivale a un derecho de aduana a la exportación.

```

```
4.I.§11.p.1

<T3> § 11. Ayudas en el sector pesquero

```

#### 362

```
552. En 1993, la Comisión registró 23 nuevos regímenes de ayuda y otros dos

regímenes notificados después de su aprobación por los Estados miembros

correspondientes.

La Comisión decidió no oponerse a la aplicación de 21 de estos regímenes.

En el transcurso de 1993, la Comisión decidió incoar el procedimiento del

apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE respecto de una medida de ayuda

danesa y otra italiana. Durante el mismo período, la Comisión decidió

archivar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto de tres

medidas de ayuda adoptadas por Francia e Italia.

El cuadro siguiente refleja la evolución del número de regímenes de ayuda

aplicados en el sector pesquero y de la acuicultura examinados por la

Comisión y el número de decisiones por ella adoptadas sobre la compatibilidad

de dichas medidas con las normas de competencia y con la normativa pesquera

comunitaria. Las cifras se refieren a los datos disponibles en la fecha de la

decisión, por lo que no coinciden necesariamente con el número de casos

registrados o examinados.

                            Decisión de la Comisión

```

```
Archivo del
procedimiento

   2

   4

   9

   3

```

```
Apertura del
procedimiento
del apartado 2
del artículo 93

    2

    7

    10

    2

```

```
Año

1990

1991

1992

1993

```

```
Total

23

45 [(22) ]

33(23)

25 [(24) ]

```

```
  Sin

Objeciones

 12

 18

 28

 21

```

```
Decisión
negativa

  1

```

```
(22) Posteriormente se retiraron siete medidas de ayuda antes de que hubiera
   comenzado el procedimiento.
(23) Posteriormente se retiró una medida de ayuda antes de que hubiera
   comenzado el procedimiento.

(24) Posteriormente se retiraron cinco medidas de ayuda antes de que hubiera
   comenzado el procedimiento.

```

```
4.II.p.l

<T4> Capítulo II

<T2> Principales sentencias del Tribunal de Justicia

<T3> § 1. Ponderación de los derechos de terceros

             y posibles beneficiarios de ayudas

           en la decisión de incoar el procedimiento

          del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE

```

#### 363

```
553. Las terceros interesados pueden alegar un perjuicio por la decisión de

no incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 ya que no se

respeta su derecho a ser oídos. Por lo que se refiere a los posibles

beneficiarios de ayudas, la apertura del procedimiento del apartado 2 del

artículo 93 tiene efectos jurídicos importantes, dado que supone la

                '
suspensión de la ayuda' [25] . El Tribunal confirmó en dos sentencias' [26] ' el

alcance de las obligaciones de la Comisión respecto de terceros y posibles

beneficiarios de ayudas al decidir si incoa o no el procedimiento del

apartado 2 del artículo 93.

En la sentencia Cook, el Tribunal anuló la decisión de la Comisión de

autorizar varias ayudas concedidas a PYRSA, empresa española de productos de

fundición, que hubiesen incrementado su capacidad de producción.

El Tribunal consideró que la Comisión decidió no plantear objeciones por no

existir exceso de capacidad en ese subsector. Sin embargo, la Comisión no

disponía en aquel entonces de las cifras y estadísticas necesarias que

demostraran la fiabilidad de dicho análisis.

Por consiguiente, resultaba especialmente difícil para la Comisión determinar

si la ayuda podía considerarse compatible con el mercado común, por lo que

hubiese correspondido incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93

del Tratado para comprobar el fundamento de su evaluación.

;25) Rec. 1992, 1-4117; Vigésimo segundo Informe sobre la política de
   competencia, punto 532 y asunto C-47/91, República Italiana / Comisión
   (Italgrani), sentencia de 30 de junio de 1992.
;26) Cook/Comisión, asunto C-198/91, sentencia de 19 de mayo de 1993;
   Matra/Comisión, asunto C-225/91, sentencia de 15 de junio de 1993.

```

```
4.II.p.2
#### 364

En cambio, en el asunto Matra, el Tribunal ratificó la decisión de la

Comisión por la que aprobaba la concesión, por el Gobierno portugués, de

ayudas regionales a Volkswagen y Ford para la construcción de una fábrica de

vehículos polivalentes en Setúbal. La Comisión no incoó el procedimiento,

basándose en el informe de un consultor en el que se indicaba que no existe

exceso de capacidad. En estas circunstancias, al no albergarse serias dudas

sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado común, no era preciso

incoar el procedimiento, si se tenía el convencimiento de que podían

aplicarse las excepciones del apartado 2 del artículo 93.

<T3> § 2. Valor jurídico de las directrices sobre ayudas

                 y de su interpretación

554. En la sentencia CIRFS/Comisión de 24 de marzo de 1993' [27] ', el Tribunal

confirmó el carácter vinculante de las normas que establecen la práctica de

la Comisión en el control de las ayudas, siempre que hayan sido notificadas a

los Estados miembros y aceptadas por éstos con arreglo al apartado 1 del

artículo 93 del Tratado.

El Tribunal consideró que la Comisión cometió un error de interpretación en

cuanto al ámbito de aplicación de las directrices sobre ayudas en el sector

de las fibras sintéticas, al aducir que la ayuda a un proyecto de inversión

de Allied Signal no requería notificación por tratarse de fibras sintéticas

para fines industriales. La Comisión se remitió en este caso a la

interpretación adoptada en una decisión anterior, por la que aprobó una ayuda

a un productor alemán de fibras sintéticas. No obstante, el Tribunal

consideró que un acto de alcance general no podía modificarse implícitamente

por medio de una decisión individual; por consiguiente, anuló la decisión de

la Comisión de no incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del

Tratado contra la ayuda concedida por Francia a la empresa Allied Signal.

La Comisión ya ha decidido incoar al respecto el procedimiento del apartado 2

del artículo 93' [2 8] '.

(27) CIRFS/Comisión (Allied Signal), asunto C 373/89, sentencia de 24 de

   marzo de 1993.

(28) Punto 52 0 del presente Informe.

```

```
4.II.p.3

<T3> Ayudas a armadores que efectúen pedidos de buques

              que deben incluirse en los

         límites de las ayudas a la construcción naval

```

#### 365

```
555. El Tribunal desestimó dos recursos de anulación presentados por el

Gobierno belga contra decisiones de la Comisión sobre ayudas en forma de

créditos bonificados concedidos a armadores para la construcción de buques

en astilleros belgas' [29] '. El equivalente de subvención de estos créditos

rebasaba el límite máximo de ayuda establecido por la Comisión de conformidad

con el apartado 1 del artículo 4 de la Sexta Directiva del Consejo sobre

ayudas a la construcción naval' [30] '. En las susodichas decisiones, la

Comisión instaba al Gobierno belga a revisar las condiciones de los créditos

impugnados para que su equivalente de subvención se ajustara a los límites

establecidos para el año 1989.

En su recurso, el Gobierno belga aducía que parte de las ayudas concedidas no

constituía un apoyo a los astilleros, sino una ayuda de funcionamiento al

transporte marítimo bajo pabellón belga, por lo que cabía examinar la

compatibilidad de dichas ayudas a la luz de las excepciones que establecen

las letras a), b) y c) del artículo 92 del Tratado.

556. En su sentencia, el Tribunal confirmó que las ayudas concedidas a los.

armadores para comprar buques eran ayudas en favor de los astilleros, por lo

que estaban totalmente sujetas a las normas sobre el límite máximo común.

Asimismo, confirmó que las Directivas del Consejo basadas en la letra d) del

apartado 2 del artículo 93 ya incorporan lo dispuesto en las letras a), b) y

c) .

(29) Bélgica/Comisión, asuntos acumulados C-356/90 y C-180/91, sentencia de
   18 de mayo de 1993.
(30) Directiva 87/167/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1987.

```

```
5.§l.p.l

<T5> Quinta parte

<T1> Dimensión internacional

<T3> § 1. Países de la AELC

```

### 366

```
556. En el referéndum de 6 de diciembre de 1992, los suizos decidieron que su

país no se integrase en el Espacio Económico Europeo. El Acuerdo hubo de

modificarse en consecuencia y se firmó un protocolo adicional, que no altera

ninguna de las disposiciones sobre competencia. Liechtenstein también ha

decidido no unirse al EEE por el momento, si bien podrá hacerlo más adelante.

Todos los demás países participantes consiguieron ultimar los procesos

respectivos de ratificación durante el año 1993, por lo que el EEE entró en

vigor el 1 de enero de 1994.

La aplicación de las normas de competencia en los países de la AELC

corresponderá a su Órgano de Vigilancia. En 1993, se estableció una estrecha

colaboración entre la Comisión y el Comité Preparatorio de la AELC para el

Órgano de Vigilancia con el fin de cumplir lo mejor posible el nuevo cometido

que supone la entrada en vigor del EEE.

Por otra parte, el 15 de diciembre, con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo

sobre el EEE, la Comisión aprobó nuevos formularios de notificación que las

empresas deberán utilizar para notificarle sus acuerdos o proyectos de

concentración' [31] '.

<T4> -Los acuerdos de libre cambio de 1972

558. La Comisión siguió aplicando las normas de competencia que figuran en

los acuerdos de libre cambio de 1972, especialmente en materia de ayudas

estatales ' [32] ' .

Dado que el Acuerdo sobre el EEE sólo abarca las ayudas estatales y las

prácticas contrarias a la competencia, concedidas y aplicadas,

respectivamente, después del 1 de enero de 1994, la Comisión tiene previsto

examinar los sucesos anteriores y proponer al Consejo que adopte, si procede,

las medidas pertinentes.
(31) DO L 336 de 31.12.. 1993.
(32) Punto 98 y 101 a 104 del presente Informe.

```

```
5.§l.p.2

<T4> - Acuerdos sectoriales en el ámbito de la aviación

```

#### 367

```
559. El acuerdo que la Comunidad celebró con los Reinos de Noruega y Suecia

entró en vigor el 6 de julio de 1992 y fue modificado el 10 de septiembre de

1993 para ampliar a estos dos países la aplicación del denominado "tercer

paquete" en el sector de la aviación civil. Aunque, en un principio, se

estableció que el Acuerdo expiraría en la fecha de entrada en vigor del EEE,

las tres partes se percataron de que surgiría un problema. Por el momento, el

EEE no incluye el "tercer paquete" en el acervo comunitario que define el

Anexo 13. Esta incorporación se producirá posteriormente, por lo que se

decidió mantener en v^gor el acuerdo con Noruega y Suecia en lo que respecta

al tercer paquete, en principio hasta que se produzca dicha incorporación.

560. Tras la decisión de Suiza de no participar en el Acuerdo sobre el EEE,

El Gobierno suizo manifestó su voluntad de suscribir un acuerdo similar al de

Noruega y Suecia en materia de aviación civil. Además, el Gobierno suizo

solicitó un acuerdo en materia de transporte por carretera. En septiembre, la

Comisión recomendó al Consejo que le diera un mandato para iniciar las

negociaciones correspondientes, que deberían responder a un enfoque doble, es

decir, abarcar las cuestiones relacionadas con los transportes y con la

competencia. El mayor problema será la aplicación de las normas resultantes.

A diferencia del acuerdo con Noruega y Suecia, que siempre se pensó limitar a

un período concreto, en el caso de Suiza podría mantenerse en vigor

indefinidamente, por lo que resulta más apremiante el tema de la aplicación.

<T4> -Negociaciones sobre la adhesión

561. La labor en materia de competencia efectuada en el contexto del Espacio

Económico Europeo fue de gran utilidad en las negociaciones con Austria,

Finlandia, Noruega y Suecia para la ampliación de la Comunidad.

La aceptación del acervo comunitario no plantea mayores dificultades, pero

las negociaciones pusieron de manifiesto dos temas especialmente delicados

para los países candidatos: se trata de la adaptación de los monopolios

```

```
5.§l.p.3

#### 368

estatales de carácter comercial y de los regímenes de ayuda de finalidad

regional. Estos países alegaron imperativos de sanidad pública que han de

tenerse presentes en el caso de los monopolios de alcoholes y bebidas

alcohólicas, y las especificidades de las zonas de poca densidad de población

en las regiones septentrionales.

Tras un canje de cartas entre la Comisión y las autoridades suecas y

finlandesas, respectivamente, se estableció la supresión de los derechos

exclusivos de importación, producción y comercialización al por mayor de los

monopolios de alcoholes de estos países. Por lo que respecta a los derechos

exclusivos en el comercio al por menor, el acervo comunitario actual no

requiere la eliminación de los monopolios estatales existentes, sino la

supresión de todos los factores discriminatorios en su funcionamiento. La

Comisión recordó que estos principios deberían aplicarse en cuanto entre en

vigor el Acuerdo sobre el EEE.

562. Con arreglo a las conclusiones de la cumbre de Copenhague, la Comisión

analizó en los dictámenes sobre las solicitudes de adhesión de Chipre y Malta

la situación de la competencia en estos dos países.

```

#### 369

```
<T3> § 2. Europa Central y Oriental

563. En 1993, la Comunidad y los Estados miembros celebraron un acuerdo

europeo con Rumania. Este país también suscribió un acuerdo provisional con

la Comunidad. Además, la Comunidad mantuvo sus programas de asistencia

técnica para que estos países de Europa Central y Oriental puedan cumplir las

obligaciones de los acuerdos provisionales y europeos en lo que respecta a la

armonización de sus normas de competencia con las comunitarias y puedan

adquirir la experiencia necesaria para la aplicación de las mismas.

564. Prosiguieron las negociaciones sobre los acuerdos de asociación y

cooperación con Rusia y varias repúblicas de la antigua Unión Soviética. La

Comisión ha propuesto que se incluya un artículo sobre competencia en el

acuerdo con Rusia, que se halla en una fase más avanzada. El proyecto de

acuerdo no propone la creación de una zona de libre cambio con la Federación

Rusa, por lo que no pareció adecuado incluir un artículo sobre competencia

tan ambicioso como el de los acuerdos europeos.

<T4> • Otros países

565. También se iniciaron conversaciones sobre posibles acuerdos comerciales

con los Estados bálticos y Eslovenia. Se prevé la introducción de

disposiciones sobre competencia similares a las de los acuerdos de asociación

con los PECO. En efecto, para los agentes económicos/ puede ser beneficioso

en sus relaciones comerciales que el mayor número posible de países socios de

la Comunidad posea un cuerpo coherente de normas de competencia y aplicación

de las mismas.

566. Por lo que se refiere a las relaciones con Israel, la adaptación del

acuerdo de 1975 suponía la consolidación de las normas sobre competencia,

especialmente para incluir las actividades de servicio y definir mejor las

condiciones de aplicación de los principios establecidos.

```

```
5.§2.p.5
```

370

```
567. Por último, en el caso de los acuerdos euromagrebíes, que han de ser

negociados con Marruecos y Túnez, en materia de normas de competencia podría

adoptarse el enfoque seguido con los PECO. Uno de los principales argumentos

en favor de esta solución radica en el interés mutuo de las partes

contratantes en que la posible adopción de medidas comerciales

proteccionistas se sustituya por una aplicación armonizada de las normas de

competencia.

568. Por otra parte, el acuerdo celebrado en 1964 entre la Comunidad y

Turquía, completado mediante un protocolo adicional en 1973, establecía la

creación de una Unión Aduanera tras un período transitorio de 22 años a

partir de esta última fecha. Se han iniciado las conversaciones para preparar

el paso a esta nueva etapa, que debería iniciarse en 1995. Es obvio que las

normas de competencia constituyen un elemento importante de la negociación,

ya que permiten garantizar que no se producirá un falseamiento de los

intercambios por la actuación de las empresas, lo cual es imprescindible dado

que el Tratado prevé la supresión de todas las restricciones aduaneras.

```

```
5.§3.p.6
##### 371

<T3> § 3. América del Norte

569. Tanto la Comisión como las autoridades de defensa de la competencia de

Estados Unidos siguieron aplicando el acuerdo que la Comisión y el Gobierno

estadounidense celebraron el 23 de septiembre de 1991' [33] '.

Se recibieron treinta y seis notificaciones y se enviaron otras treinta y

tres. Se trataba básicamente de concentraciones, adquisiciones y, en algunos

casos, de acuerdos de fijación de precios y autorizaciones.

En principio, la aplicación del convenio debía evaluarse a más tardar 24

meses tras su entrada en vigor, es decir, antes del 23 de diciembre de 1993,

pero se decidió aplazar la revisión a la espera de la decisión del Tribunal

de Justicia en el asunto C-327/91 (Francia/Comisión) ' [34] ' . Cabe observar al

respecto que el abogado general encargado del caso emitió dictamen a finales

de 1993 y propone que se anule el acuerdo. No se ha determinado aún la fecha

de la sentencia del Tribunal.

La DG IV y las autoridades estadounidenses celebraron dos reuniones

bilaterales, el 2 0 de septiembre en Bruselas y el 9 de diciembre en París. Se

debatieron las prioridades en materia de aplicación de las normas de

competencia, haciéndose hincapié en los puntos que el nuevo Gobierno

estadounidense considera prioritarios, se procedió a un intercambio de

opiniones sobre determinados aspectos internacionales de la política de

competencia y se estudiaron las posibilidades de una cooperación más estrecha

en algunos casos específicos.

Hubo otros contactos, al margen de las reuniones internacionales de la OCDE o

en relación con casos específicos de aplicación de estas normas.

570. En 1993, la DG IV y la Oficina canadiense de Defensa de la Competencia

no celebraron ninguna reunión bilateral oficial, debido principalmente a

cambios de personal en este órgano. Ahora bien, se produjeron los contactos

informales que requiere la aplicación cotidiana de las normas de competencia.

(33) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, puntos 64 y

   362.

(34) Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 64.

```

```
5.§4.p.7

<T3> § 4. Japón y Corea

```

##### 372

```
571. Las relaciones con el Servicio japonés de Defensa de la Competencia

entraron en una nueva fase tras el seminario conjunto sobre política de

competencia en la CE y en Japón, organizado por ambas instituciones y

celebrado en Tokio el 4 de noviembre. Ante el éxito del seminario, se decidió

organizar un nuevo seminario en Bruselas en 1994' [35] '. En una reunión

informal celebrada en París el 9 de diciembre, se decidió que este seminario

se centraría en los problemas de aplicación de las normas de competencia

entre la CE y Japón.

Antes del seminario, se celebró el 2 de noviembre, también en Tokio, la

octava reunión bilateral entre la Comisión y el Servicio japonés de Defensa

de la Competencia. Se trataron varios temas de mutuo interés, incluido el

intercambio de estudios sectoriales realizados por el Servicio (automóviles,

piezas de automóvil, papel y vidrio plano) . Uno de los objetos de estos

estudios es examinar si las prácticas contrarias a la competencia de algunos

países pueden generar obstáculos para el acceso al mercado japonés. La

Comisión está analizando estos estudios y, si procede, pedirá al Servicio

japonés de Defensa de la Competencia que aclare algunas dudas.

572. El 13 de diciembre, una delegación del Servicio coreano de Defensa de la

Competencia celebró en Bruselas su primera reunión bilateral con la DG IV. Se

trató principalmente de facilitar información sobre la forma en que la CE

aplica sus normas de competencia, para que las autoridades coreanas puedan

inspirarse en la experiencia comunitaria al aplicar sus propias normas en el

mercado nacional.

(35) Punto 110 del presente Informe

```

```
5.§5.p.8

<T3> § 5. Reuniones multilaterales

<T4> OCDE

```

373

```
573. En 1993, el Comité de la OCDE sobre derecho y política de competencia

celebró varias reuniones. Además, se organizaron algunas sesiones conjuntas

entre los grupos de trabajo de este Comité y el Comité de comercio sobre la

relación entre la política comercial y de competencia. La Comisión participó

de forma activa en estos debates, ya que pueden considerarse una fase

preliminar de la posible negociación, en el marco del GATT, sobre normas

internacionales de competencia. También se habló de restricciones verticales

y horizontales en el Comité de la OCDE sobre derecho y política de

competencia.

574. La Comisión participó en las actividades del Comité sobre industria

relativas a las subvenciones para ajustes estructurales. En este contexto, se

elaboraron y actualizaron este año conceptos y métodos comunes para la

evaluación de las ayudas públicas a la industria, con el fin de realizar un

cuestionario detallado destinado a los países miembros de la OCDE. Este

cuestionario representa una etapa importante del proyecto que llevará a la

cuantificación del coste neto de las ayudas a la industria.

575. La Comisión siguió participando en las conversaciones de la OCDE sobre

normas de competencia en el sector de la construcción naval' [36] '.

<T4> UNCTAD

576. El grupo intergubernamental de expertos (GIE) sobre prácticas

comerciales restrictivas de la UNCTAD celebró su duodécima reunión en

Ginebra, del 18 al 22 de octubre de 1993.

(36) Punto 498 del presente Informe

```

```
6.§1. p.l _
```

374

```
<T5> Sexta parte

<T1> Contactos con las instituciones comunitarias y

                con otros organismos

<T3> §1. Parlamento Europeo

577. A lo largo de 1993, el Parlamento manifestó un vivo interés por los

problemas de competencia. Sus observaciones constructivas son de gran ayuda

para la Comisión, que siempre intentará mantener un diálogo regular con el

Parlamento sobre la política de competencia.

El 8 de Febrero de 1994, el Parlamento aprobó su resolución sobre el Vigésimo

segundo Informe sobre la política de competencia. Esta resolución, así como

la respuesta de la Comisión, figuran en los anexos al presente Informe' [1] '.

El Parlamento adoptó otras dos resoluciones relacionadas con la competencia

y, en concreto, con los siguientes aspectos:

   construcción naval (aprobada el 16 de noviembre de 1993) y

   situación de DAF/LEYLAND (aprobada el 11 de febrero de 1993) .

578. En el transcurso de 1993, los miembros del Parlamento presentaron 159

preguntas escritas relacionadas con la competencia (frente a 141 en 1992),

así como 29 preguntas para las que se solicitaba respuesta oral (66 en 1992).

(1) Anexo I.A.

```

```
6.§2. p.2

<T3> §2. Comité Económico y Social

```

375

```
579. El 24 de noviembre, el Comité Económico y Social emitió su dictamen

sobre el Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia. En el

Anexo I.B. figura dicho dictamen, así como la respuesta de la Comisión.

El 30 de junio de 1993, el Comité se pronunció también sobre las ayudas

estatales a la construcción naval.

580. La Comisión agradece al Comité Económico y Social sus valiosas

aportaciones y confía en que las relaciones entre ambas instituciones

continuarán siendo igualmente fructíferas.

```

```
6.§3. p.3

<T3> §3. Comité consultivo de acuerdos entre empresas y

                posiciones dominantes

```

#### 376

```
581. En 1993, el Comité consultivo se reunió en seis ocasiones para examinar

anteproyectos de decisión de la Comisión sobre aplicación de los artículos 85

y 86 del Tratado CE, dos de ellos relativos a medidas cautelares.

En total, el Comité ha emitido siete dictámenes. También ha sido consultado

en 13 asuntos en los que la Comisión había decidido enviar a las empresas

afectadas una carta administrativa de compatibilidad, previa publicación de

una comunicación de acuerdo con el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento

n° 17. Asimismo, el Comité ha sido debidamente informado de *la instrucción de

varios asuntos importantes.

En el ámbito legislativo, el Comité ha celebrado, en sus diversas

composiciones, cuatro reuniones. Tres de ellas se dedicaron a analizar

anteproyectos de reglamento por los que se modifican los reglamentos de

exención por categorías vigentes en el ámbito del transporte aéreo. La otra

reunión se dedicó a debatir el texto de un nuevo reglamento de exención por

categorías relativo a los consorcios en el ámbito del transporte marítimo.

```

```
6.§3. p.4

<T3> §4. Comité consultivo sobre operaciones de concentración

```

377

```
582. El Comité consultivo sobre operaciones de concentración se reunió en

cinco ocasiones. Asimismo, emitió dictámenes sobre los proyectos de decisión

en los asuntos KNP/Bührmann Tetterode/VRG, Pilkington-Techint/SIV,

Kali+Salz/MDK/Treuhand y Mannesmann/Vallourec/ILVA.

El Comité celebró dos reuniones con expertos gubernamentales de los Estados

miembros en relación con la revisión del Reglamento (CE) n° 4064/89. A la

hora de redactar su informe al Consejo' [2] ', la Comisión se ha basado en gran

medida en los resultados de este intercambio de opiniones.

La conferencia de Directores Generales de competencia, celebrada el 15 de

octubre de 1993, se dedicó por entero a los problemas que plantea la

cooperación entre la Comisión y las autoridades competentes de los Estados

miembros. Esta materia continuará debatiéndose en el seno de un grupo de

trabajo formado por expertos.

(2) Punto 43 del presente Informe.

```

```
6.§5. p.5
```

378

```
<T3> §5. Conferencia de los expertos gubernamentales de los Estados miembros

583. El 7 de diciembre de 1993 se celebró en Bruselas la conferencia n° 44 de

expertos gubernamentales en materia de restricciones de competencia, durante

la cual se analizaron los anteproyectos de un nuevo reglamento de la Comisión

relativo a la forma, el contenido y demás aspectos de las solicitudes y

notificaciones presentadas en aplicación del Reglamento n° 17, así como de un

nuevo formulario A/B. Se acordó proceder a una segunda lectura de estos

textos, tan pronto como la Comisión finalice las consultas con los círculos

económicos y profesionales interesados.

```

```
6.§6.a. p.6
##### 379

<T3>§6. Contactos con las autoridades de competencia de los Estados miembros

<T5> a) Acuerdos, posiciones dominantes y operaciones de concentración

584. Conforme a un principio jurídico general consagrado en todos los

reglamentos de aplicación de los artículos 85 y 86, la Comisión aplica los

diversos procedimientos en estrecha y constante cooperación con las

autoridades competentes de los Estados miembros. Estos contactos -que fueron

también muy numerosos durante 1993- no sirven únicamente para intercambiar

opiniones sobre los asuntos concretos analizados por la Comisión, sino que

permiten también evaluar las posibilidades de cooperar en la fase de

investigación y, en su caso, de un reparto del trabajo, conforme a los

principios de subsidiariedad y descentralización' [3] '.

585. Conforme a este principio, la Comisión decidió delegar en los Estados

miembros una serie de verificaciones que debían realizarse en las empresas

del sector óptico y que fueron realizadas en parte por las autoridades

nacionales, en virtud del artículo 13 del Reglamento n° 17, y en parte por la

Comisión, conforme al artículo 14. En un asunto relativo a la distribución de

artículos de oficina, la Comisión solicitó a las autoridades de tres Estados

miembros que efectuaran en su lugar la investigación, en sus respectivos

territorios, de las prácticas restrictivas denunciadas. En dos asuntos que

dieron lugar a la incoación de un procedimiento por infracción de los

artículos 85 y 86, relativos a los sectores de productos alimenticios y

materiales de construcción, la Comisión separó del conjunto de hechos

averiguados en su investigación aquellos que presentaban un carácter

nacional, para que conocieran de ellos las autoridades competentes de los

Estados miembros.

<T5> b) Ayudas

586. La Comisión organizó dos reuniones multilaterales con funcionarios de

los ministerios nacionales competentes en materia de ayudas, con el fin de

debatir la política de ayudas estatales. Estas reuniones se recogen también

en el presente Informe' [4] '.

(3) Véase, a este respecto, el apartado 2 del capítulo 5 de la primera

   parte del presente Informe.
(4) Puntos 382 y 383 del presente Informe.

```

```
6.§7. p.7

<T3> §7. Derecho de competencia en los Estados miembros

```

380

```
587. Por lo que se refiere a la evolución de las normas sobre competencia en

los Estados miembros, sigue observándose la tendencia a adaptar las

disposiciones nacionales a las normas sobre competencia de la Comunidad

Europea. A tal fin, en varios Estados miembros se han aprobado nuevas normas

que sustituyen, modifican o completan la legislación vigente. En otros

Estados miembros se están preparando proyectos legislativos en este sentido.

588. El 1 de abril de 1993, entró en vigor en Bélgica la Ley de 5 de agosto

de 1991 sobre protección de la competencia económica, junto con las

disposiciones que la desarrollan. En esta ley, cuyo tenor literal sigue de

cerca al de los artículos 85 y 86 del Tratado CE, se prohiben los acuerdos

horizontales -con la posibilidad de conceder exenciones- y los abusos de

posición dominante, y se prevé un procedimiento de control de las operaciones

de concentración entre empresas. La aplicación de la Ley corresponde a

diversos órganos. Las actividades de investigación se atribuyen al Servicio

de Competencia, adscrito al Ministerio de Economía. La adopción de decisiones

corresponde al Consejo de Competencia, formado por seis jueces y seis

expertos en la materia. Los recursos han de presentarse ante el Tribunal de

segunda instancia de Bruselas, que es también competente para resolver

cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Ley a instancia de

otros tribunales. El Ministerio de Economía puede aprobar reglamentos de

exención por categorías. Se atribuyen también funciones consultivas a un

Comité paritario de competencia.

589. En Portugal se han refundido en una sola ley los decretos leyes sobre

protección de la competencia y control de las operaciones de concentración

entre empresas. Al mismo tiempo, se introdujeron modificaciones importantes

en las disposiciones vigentes. La nueva ley no contiene -al igual que las

normas sobre competencia del Tratado CE- disposiciones sobre prácticas

restrictivas de la competencia de empresas individuales. Se han suprimido las

anteriores disposiciones sobre prácticas desleales y discriminatorias, así

como sobre la denegación de venta. La prohibición de los abusos de posición

dominante horizontal se ha completado con la prohibición de la explotación

abusiva de relaciones de dependencia económica. Se ha dado una nueva

formulación a las normas sobre control de operaciones de concentración, con

el fin de adaptarlas a los principios del Reglamento (CE) n° 4064/89 del

```

```
6.§7. p.8

###### 381

Consejo. Por último, en la nueva Ley se prohiben las ayudas estatales que

restrinjan la competencia de forma significativa o la obstaculicen de

cualquier otro modo. El Ministerio de Comercio examina las ayudas a petición

de las empresas interesadas y, en su caso, propone al ministerio competente

la adopción de las medidas necesarias para restablecer la libre competencia.

590. En los Países Bajos se está preparando una reforma en profundidad de la

Ley sobre competencia económica de 1956. Se trata de sustituir el texto

vigente, basado en el control de posibles abusos, por una norma moderna en la

que se prohiban los acuerdos horizontales y el abuso de posición dominante,

semejante en gran medida a los artículos 85 y 86 del Tratado CE. Por otra

parte, se está examinando la conveniencia de adoptar disposiciones legales

sobre control de operaciones de concentración entre empresas. El proyecto de

ley se ha remitido ya a los organismos consultivos para que se pronuncien al

respecto. Anticipándose a la próxima reforma, el Gobierno ha intensificado el

control de determinados acuerdos horizontales. Mediante decretos leyes se han

prohibido los acuerdos sobre precios, reparto de mercado y licitaciones. Tan

sólo se conceden dispensas a la prohibición en casos excepcionales, cuando se

demuestre que el acuerdo reviste un interés público.

591. En Irlanda se está preparando una modificación de la Ley de competencia

de 1991, con el fin de aumentar la eficacia en su aplicación. El Ministerio

de Asuntos Empresariales y Empleo ha aprobado un reglamento en el que se

duplican los umbrales para la notificación de operaciones de concentración.

Las autoridades de competencia han aprobado exenciones por categorías para

los acuerdos de distribución y compra en exclusiva celebrados con

gasolineras. Estas disposiciones se ajustan en gran medida a los Reglamentos

(CE) de exención por categorías n° 1983/83 y n° 1984/83.

592. En Dinamarca, se ha encargado a una comisión la elaboración de un

proyecto de ley de competencia basada en el principio de prohibición; la

comisión ha de pronunciarse también sobre las ventajas e inconvenientes de

reformar la legislación vigente, y examinar la posibilidad de introducir un

control de las operaciones de concentración entre empresas.

593. El Gobierno del Reino Unido sigue adelante con sus planes de reformar

las disposiciones sobre abuso de posición económica. En la actualidad se está

```

```
6.§7. p.9

```

382

```
consultando con los círculos interesados un documento oficial que contiene

diversas opciones para el legislador.

Las nuevas disposiciones se aprobarán conjuntamente con normas prohibitivas

de los acuerdos horizontales, tan pronto como lo permita el calendario

parlamentario.

594. La Comisión considera muy positiva esta evolución, vinculada en parte a

la liberalización de los mercados y la eliminación de las excepciones

sectoriales, porque contribuye de forma sustancial a la armonización de las

políticas de competencia de la Comunidad y los Estados miembros y a la

creación de los presupuestos necesarios para una estrecha cooperación de las

autoridades de competencia y una aplicación descentralizada de las normas.

Este objetivo, perseguido con empeño por la Comisión, encuentra cada vez

mayor eco. En otros dos Estados miembros (Francia y Portugal) se han creado

los presupuestos legales para la aplicación de los artículos 85 y 86 del

Tratado CE por las autoridades nacionales de competencia. Esta posibilidad

aún no existe en Dinamarca, Irlanda, Italia, Países Bajos y Reino Unido. La

Comisión hará lo posible por que en dichos Estados miembros se aprueben las

disposiciones correspondientes.

595. Las autoridades nacionales de competencia legalmente facultadas aplican

cada vez con mayor frecuencia las prohibiciones contenidas en los

artículos 85 y 86. En 1993, se comunicaron a la Comisión 9 asuntos de este

tipo (2 en Alemania, 6 en España, 8 en Francia y 2 en Portugal) . En la

mayoría de estos asuntos, las prohibiciones de Derecho comunitario se

aplicaron conjuntamente con las prohibiciones establecidas en las normas de

competencia nacionales. En los dos asuntos examinados en Alemania, se aplicó

exclusivamente la interdicción del apartado 1 del artículo 85, porque el

Derecho nacional atribuye facultades muy limitadas a las autoridades de

competencia para el control de los posibles abusos en el sector económico

afectado (energía).

596. Cada vez son más las sentencias de los tribunales nacionales en las que

se aplican las normas de competencia comunitarias. En los informes

presentados por los Estados miembros a la Comisión con respecto a 1993 se

registran 60 sentencias de este tipo, de las cuales 3 7 destacan por su

especial relevancia. Al no disponer las autoridades nacionales de competencia

```

```
6.§7. p.10
```

383

```
de estadísticas globales, cabe que el número real de sentencias sea superior.

Esta tendencia hace que la Comisión se reafirme en su política de aplicación

normativa descentralizada.

597. Pueden consultarse los pormenores de la evolución del Derecho de

competencia en los Estados miembros en los informes sobre cada país

publicados en el anexo.

```

```
6.§8. p.11

<T3> §8. Otros contactos

```

384

```
598. Además de los contactos mencionados en el presente Informe, durante el

proceso de elaboración de proyectos legislativos y documentos generales la

Comisión recibe comentarios y mantiene contactos con organizaciones que

representan a los consumidores, empresarios y otros colectivos importantes.

Así, la Comisión mantiene contactos periódicos con la Oficina europea de

uniones de consumidores (EBUC), la Mesa redonda europea y la Unión de

confederaciones empresariales e industriales europeas (UNICE). La Comisión

mantiene también contactos con las cámaras de comercio de los Estados

miembros y de los principales socios comerciales de la Comunidad, como

Estados Unidos.

Varios funcionarios de la Comisión han intervenido a título personal en

conferencias relacionadas con la competencia, lo que, por un lado, contribuye

a aumentar la transparencia de la política comunitaria y, por otro lado,

permite obtener información de las empresas y otros círculos sobre la

repercusión de esta política en el mercado. La Comisión considera que los

contactos con los consumidores, empresarios y otros colectivos son una buena

forma de obtener información sobre la repercusión de su política de

competencia.

599. Por otra parte, la Comisión respondió al cuestionario enviado por el

Sr. Charié, Presidente del Grupo de Trabajo de la Asamblea Nacional francesa

sobre perturbaciones de la competencia, al que informó sobre el progreso de

los trabajos realizados en las materias recogidas en el cuestionario y, en

particular, el abuso de dependencia económica, posiciones dominantes,

transparencia de tarifas y denegación de ventas. El Informe Charié refleja en

gran medida las observaciones de la Comisión.

<T4> Organizaciones nacionales

600. En el curso de este año, la Comisión se ha reunido también con las

organizaciones nacionales de empresarios de Alemania, España, Francia,

Irlanda y Reino Unido. La Comisión invita a las organizaciones empresariales

y otros grupos interesados a que se pongan en contacto con los servicios

competentes, si desean tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista

sobre cuestiones generales.

```

```
6.§8. p.12
```

385

```
601. Por último, se dio respuesta a una consulta de la Cámara de los Lores

británica sobre la normativa de competencia y, en particular, los

procedimientos en asuntos individuales con arreglo a los artículos 85 y 86.

```

### A N E X O S

```
Anexo III.A.l.p.l

 <T4> Anexo III

<T2> Decisiones, comunicaciones y sentencias relativas a

                asuntos individuales

<T9> A. Política de competencia en relación con las empresas

<T3> 1. Resúmenes de los asuntos

<T4> a) Acuerdos restrictivos

<T5> * Acuerdos horizontales

```

#### 386

```
<T6> International Secutities Market Associaton (ISMA) (anteriormente AIBD)

1. Este caso se refiere a la notificación, efectuada por ISMA, de su

reglamento de régimen interno. ISMA es una asociación de operadores o

intermediadores de valores mobiliarios internacionales, en su mayor parte

"Eurobonos", que cuenta con cerca de 900 bancos miembros. La mayor parte de

las normas notificadas se refieren a acuerdos previstos por ISMA con objeto

de regular el funcionamiento de mercado (armonización de los procedimientos

de conciliación y arbitraje y procedimientos para validar el incumplimiento

de las entregas, etc.). La mayor parte de las normas notificadas no

planteaban problema alguno desde el punto de vista de la competencia, aunque

se solicitó que se efectuasen algunas modificaciones de poca importancia en

las referentes a la afiliación.

ISMA cuenta con un subgrupo denominado "Council of Reporting Dealers" (CRD),

que tiene aproximadamente 100 miembros. Se denomina "creadores de mercado" a

aquellos operadores que emprenden la "creación de un mercado" en un sector

concreto de los valores mobiliarios, es decir, negociando mediante la

cotización de un precio de compra y otro de venta de dicho valor durante un

período concreto y con una cantidad mínima en otros mercados. El término

"reporting dealer" se utiliza por lo general para designar a aquellos

creadores de mercado que son también miembros del CRD, del que también pueden

ser miembros los agentes de bolsa. El cometido de estos agentes consiste en

poner en contacto un comprador con un vendedor y en pactar la transacción

entre ambos. Básicamente, existen dos tipos de agentes de bolsa, en primer

```

```
Anexo III.A.1.p.2

```

387

```
lugar el que se limita a poner a las partes en contacto actuando por cuenta

de las mismas; y, en segundo lugar el "matched principal" que participa como

comitente en operaciones "back-to-back" con el comprador y el vendedor. No

revela el nombre de los intervinientes y no tiene valores en su cartera. Las

normas notificadas se refieren exclusivamente a ésta última categoría de

agentes.

El 14 de diciembre de 1991 se publicó una comunicación en virtud del apartado

3 del artículo 19, por la que se manifestaba que la Comisión pretendía

adoptar una decisión favorable en cuanto a los estatutos. Posteriormente, la

Comisión recibió dos denuncias que argumentaban que las normas n° 931 y n°

932 infringían el artículo 85 del Tratado CE. La primera establecía que los

agentes "efectuarán transacciones únicamente entre "reporting dealers" y

deberán comprometerse a no efectuar transacciones con, o entre otras, partes.

Con arreglo a la norma 932, los "reporting dealers" estaban obligados a

operar únicamente con agentes de bolsa que se hubiesen comprometido a acatar

la norma 931. Como resultado de dichas denuncias, aparecieron nuevos hechos

que llevaron a la Comisión a reconsiderar su valoración de ambas normas y a

concluir que :

a) la norma 931 constituía una restricción considerable de la competencia

con arreglo al apartado 1 del artículo 85, en el sentido de que prohibía a

los agentes efectuar transacciones con operadores que no fuesen creadores de

mercado miembros de un CRD y les impedía efectuar transacciones con sus

clientes (mucho de los cuales no eran creadores de mercado miembros de un

CRD) . Uno de los objetos, así como el efecto de esta prohibición, estriba en

facilitar el mantenimiento de unos precios artificialmente altos y en

incrementar los precios ofrecidos a los operadores que no son creadores de

mercado de un CRD y al "inversor final". No podía justificarse la concesión

de una exención dado que la restricción sólo beneficiaba a los creadores de

mercado de los CRD al tiempo que producía efectos perjudiciales para los

demás participantes en el mercado.

b) La norma 932 constituía también una considerable restricción de la

competencia, ya que tenía por objeto reforzar el efecto restrictivo de la

norma 931, al evitar que los creadores de mercado de un CRD efectuasen

transacciones con agentes que no estuviesen dispuestos a limitar su actividad

exclusivamente a los creadores de mercado de un CRD. No se podía conceder una

```

```
Anexo III.A.I.p.3
```

**`7`** **88**

```
exención ya que esta restricción sólo beneficia a los creadores de mercado de

un CRD.

A raíz de una carta informal que recogía las objeciones planteadas a las

normas 931 y 932, ISMA decidió suprimirlas. La Comisión envió así una carta

administrativa por la que confirmaba que el reglamento de régimen interno se

ajustaba al apartado 1 del artículo 85. Esta carta no prejuzgaba el aspecto

de los subcomités del CRD, sus normas y estructura, e incluía la advertencia

habitual en cuanto a la modificación de las circunstancias.

```

```
III.A.1.p.4

<T6> Acriss

2. El 29 mayo de 1993, la Comisión publicó una comunicación en virtud del

apartado 3 del artículo 19 del Reglamento del Consejo n° 17, referente a una

notificación de ACRISS (Asociación de Empresas del Sector de Alquiler de

Automóviles-Sistemas Uniformes). La notificación se refería a la constitución

de la asociación, código de conducta, sistema de clasificación de

automóviles, normas sobre equipamiento especial y resguardo tipo de alquiler,

todo ello en relación con el alquiler de automóviles en la Comunidad a través

de un sistema informático de reservas (CRSs).

Actualmente, ACRISS está formada por las 5 principales empresas de alquiler

de automóviles que operan en la Comunidad: Avis, Budget, Hertz, Europcar

Interrent y EuroDollar. No obstante, el sistema está abierto a todas las

empresas del ramo.

Los sistemas informatizados de reservas (SIR), que se utilizan en el sector

aeronáutico' [1] ', también funcionan actualmente en el sector del alquiler de

automóviles de la Comunidad. ACRISS ha elaborado un código de conducta para

uso de las empresas de alquiler de automóviles que operan a " través de los

servicios del SIR. Las reglas se basan principalmente en el código de

conducta elaborado por la Comisión para su utilización en el sistema de

distribución y ventas de billetes de avión a través del SIR. El código

pretende garantizar que el SIR se utilice de forma leal, no discriminatoria y

transparente. La Comisión ha llegado a la conclusión de que los acuerdos

entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado

CE, dado que la disponibilidad de la información sobre el mercado a través de

un SIR permite a las empresas de alquiler de automóviles estar informadas de

forma permanente sobre los precios de sus competidores y las condiciones de

oferta.

No obstante, la Comisión considera que, en general, los acuerdos contribuyen

a incrementar la competencia en el sector y ha decidido enviar a las partes

una carta administrativa.

En su valoración, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta el hecho de

(1) Declarada exenta del apartado 1 del artículo 85 por el Reglamento de
   exención por categorías de la Comisión 83/91 (1991, DO L 10/9).

```

```
III.A.1.p.5
```

389

```
que todas las empresas de alquiler de automóviles pueden participar, mediante

una tarifa razonable, y que se facilita al consumidor comunitario una

información de fácil acceso, completa y precisa, sobre un servicio de

alquiler de automóviles a precios competitivos.

No obstante, teniendo en cuenta que este hecho constituye una innovación en

el mercado de alquiler de automóviles en la Comunidad, la Comisión tiene

especial interés en que estos acuerdos no impidan a todas las partes

interesadas ejercer su derecho a oponerse a cualquier acto perjudicial,

recurriendo a un arbritaje o apelación independiente. Además, la Comisión

intervendrá inmediatamente si existen pruebas de una coordinación de precios

entre las empresas participantes o cualquier indicio de que se está actuando

de forma concertada con objeto de restringir la competencia en algún modo.

También cabe esperar que no se limitará la diversidad de la información

ofrecida y, en la medida de lo técnicamente posible, incluida en el SIR. Por

último, si las empresas participantes desean efectuar concesiones

suplementarias a sus clientes, como por ejemplo, descuentos, ofertas

especiales etc., sin que éstas aparezcan en el SIR, deberán poder hacerlo

libremente.

```

```
Anexo III.A.l.p.6 _ _
```

390

```
T6> UTC (Pratt & Whitney) / MTu' [2] '

3. La Comisión autorizó, mediante el envío de una carta administrativa a

los grupos United Technologies (división Pratt & Whitney) de Estados Unidos

(P&W) y MTU Motoren- und Turbinen-Union de Alemania, el acuerdo de

cooperación firmado entre ambas empresas pertenecientes al sector de los

motores para aviones comerciales.

Mediante este acuerdo de cooperación, ambos grupos imcrementan la parte

correspondiente a MTU de los programas existentes y reparten entre las dos

sociedades las tareas referentes a los futuros programas de fabricación de

motores. De esta forma, MTU consolidará su actividad en el suministro de

componentes, y en la revisión y reparación de motores, comprometiéndose a

compartir con P&W los riesgos e ingresos derivados de la realización de

dichos programas.

El proyecto inicial comunicado a la Comisión anunciaba una colaboración de

carácter "estratégico" de alcance general que trascendía el marco de

proyectos industriales concretos. No obstante, tras la publicación de la

parte fundamental del contenido del acuerdo notificado y las observaciones

efectuadas por terceros, las partes se comprometieron, a petición de la

Comisión, a limitar la aplicación de su cooperación en el ámbito de los

grandes motores a proyectos concretos. A partir de ahora, estos proyectos se

refieren a unos tipos concretos de motores de aviones comerciales.

La 'Comisión considera que, con estas condiciones, la cooperación ofrece

ventajas para la competencia, ya que prevé importantes intercambios de

tecnología avanzada. No obstante, ante semejantes acuerdos-marco la Comisión

confirma su intención de eximir únicamente proyectos concretos de

cooperación, especialmente cuando los mercados afectados se caracterizan por

una estructura oligopolística.

A través de esta carta administrativa, la Comisión ha valorado por primera

vez unos acuerdos de cooperación en este sector. Se prevé volver a examinar

la situación del acuerdo en este mercado concreto tras un período inicial de

diez años.

(2) Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, Anexos
   III.A.1.

```

```
III.A.1.p.7

T6> Datacentralen - Maersk Data

```

###### **39 1**

```
4. Datacentralen A/S ("Datacentralen"), empresa propiedad del Estado danés,

y Maerst Data A/S ("Maersk"), empresa perteneciente al grupo danés A. P.

Meller, que desarrolla sus actividades a escala mundial en los sectores

naviero, manufacturero, de la aviación, petrolífero y comercial, comunicaron

un conjunto de acuerdos para la creación de dos empresas en participación al

50%, Dan Computer Management A/S ("DCM") y Dan Software International A/S

("DSI"). Una vez completada la notificación con información sobre varios

aspectos, la Comisión pudo archivar el expediente enviando una carta

administrativa de declaración negativa en el plazo de dos meses previsto en

el procedimiento de urgencia.

Datacentralen y Maersk son dos empresas de servicios informáticos dedicadas al

desarrollo de sistemas (análisis, diseño, programación, comprobación) y a la

producción o "gestión de instalaciones" ("FM") de equipos informáticos.

Fundamentalmente, Datacentralen ofrece FM a empresas del sector público. Sus

actividades en el exterior consisten básicamente en el desarrollo de sistemas

fuera de la Comunidad. Maersk suministra servicios informáticos específicos al

grupo A.P. Moller. Al igual que DC, no desarrolla actividades de FM en la

Comunidad, salvo en Dinamarca.

El principal objeto de los acuerdos estriba en cumplir una decisión del

Gobierno danés con vistas a la privatización de Datacentralen. De esta forma,

DCM absorbe las actividades de FM de Datacentralen y Maersk, pero reserva

servicios para el grupo A.P.Móller. Se pretende que DSI funcione como una

empresa en participación de exportación de sistemas.

Las partes cuentan con cuotas de mercado mínimas en el conjunto de la

Comunidad y la Comisión consideró que la conjunción de la cartera de clientes

y de los conocimientos técnicos de Maersk y Datacentralen, por lo que a FM se

refiere, difícilmente produciría un impacto considerable sobre la posibilidad

de que las empresas radicadas fuera de Dinamarca logren contratos en dicho

país.

```

```
III.A.l.a) p.8

<T6> * Acuerdos BP/Montedipe

```

392

```
5. Montedipe (MD) acordó vender y BP acordaba adquirir la división de MD de

venta y distribución de productos de acetileno fabricados por MD en Porto

Margher y Priolo. MD continuará fabricando exclusivamente para BP.

El acuerdo establecía la transferencia de todo su fondo de comercio, otros

activos y todo el pasivo, así como el personal comercial perteneciente a la

actividad en funcionamiento de MD. MD se comprometió también a no competir

directamente o a través de sus filiales con BP en este sector, durante un

período de cinco años.

El acuerdo de compraventa incluía el cumplimiento por parte de MD y BP de

determinados acuerdos secundarios referentes entre otras cosas, a la

fabricación, contra el pago de un canon, de los citados productos de

acetileno por parte de MD para ser vendidos por BP. Una proporción de

monómero de acetato de vinilo se venderá a los asociados de MD.

```

_*****_

```
Los acuerdos secundarios establecen, entre otras cosas, lo siguiente:

   MD deberá transformar las materias primas suministradas por BP durante

   un período inicial de 10 años y tendrá derecho a ampliar dicho plazo

   hasta cinco períodos más de un año cada uno. Se prevé que, para

   entonces, las fábricas habrán finalizado su vida económica útil. MD

   tiene la obligación de asignar toda su capacidad de "producción- a BP y de

   utilizar las instalaciones a pleno rendimiento.

   BP está facultada para exigir a MD que cierre temporalmente las

   fábricas, así como a cerrarlas incluso permanentemente y, en caso

   necesario, a desmantelarlas. >

   Se establece además que la responsabilidad del funcionamiento de las

   fábricas corresponde a MD, que deberá indemnizar a BP de todos y cada

   uno de los riesgos y accidentes medioambientales derivados . del

   funcionamiento, así como del manejo, distribución y almacenamiento de

   las materias primas y de los productos acabados.

```

```
III.A.l.a) p.9
```

393

```
   El coste de transformación por parte de MD será igual a los costes fijos

   y variables de esta última, más el reembolso de los costes de capital

   convenidos y un elemento de beneficio o cobro del servicio (canon).

   También se acordó que las cantidades de etileno que sean necesarias para

   su transformación por parte de MD en acetaldehido serían suministradas

   por MD desde su planta de etileno situada en Priolo. Este acuerdo,

   basado en una relación en plano de igualdad, deberá perdurar mientras

   esté vigente la cláusula anterior.

La Comisión afirmó que los acuerdos entre algunas empresas del grupo BP y

otras del grupo ENI eran acuerdos entre competidores que restringían la

competencia entre sí, ya que daban lugar a una coordinación de la actuación

competitiva entre las partes por lo que se refiere al suministro y producción

de los productos en cuestión. Por consiguiente, entraban dentro del ámbito de

aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE.

La restricción de la competencia era considerable, especialmente por lo que

al acetato de etilo se refiere, ya que BP contaba en 1991 con una cuota

relativamente importante del mercado comunitario.

No obstante, la Dirección General de la Competencia consideró que las partes

habían aducido justificaciones razonables y suficientes para que la Comisión

pudiese conceder una exención. Se consideró, concretamente, que los acuerdos

ofrecían ciertas ventajas, especialmente medioambientales, ya que los

conocimientos técnicos adquiridos por Montedipe en cuanto a los requisitos

legales y técnicos de la legislación italiana de protección medioambiental

permitirían resolver eficazmente los problemas ecológicos. No se trataba de

determinar si los conocimientos técnicos de MD eran preferibles a los de BP

sino que, dado que, por una parte, MD había sido el anterior usuario de las

instalaciones, ya no se planteaban los aspectos de reparto de

responsabilidades desde el punto de vista medioambiental y, por otra parte,

que MD utilizaba otras unidades de producción en el mismo lugar, con lo que

se evitaba el reparto de responsabilidades medioambientales entre diferentes

fábricas.

Se consideró que la notificación podía quedar resuelta mediante una carta

administrativa de archivo del expediente.

```

```
III.A.l.a) p.10

T6> * Bioetanol

```

394

```
6. La Dirección General de Competencia hubo de examinar las condiciones de

comercialización de los aditivos para carburantes. Se efectuaron inspecciones

en distintas compañías petrolíferas con objeto de aclarar los motivos por los

que éstas se negaban a comprar un nuevo producto aparecido en el mercado, el

bioetanol. Las empresas alegaron argumentos técnicos y comerciales para

justificar su negativa, y la investigación de la Comisión no reveló elemento

alguno que sugiriese la existencia de una concertación ilegal. Por

consiguiente, la Comisión decidió finalizar la instrucción del asunto.

<T6> * Agencia Internacional de la Energía

7. El 12 de diciembre de 1983, la Comisión adoptó una decisión de exención,

con arreglo al apartado 3 del artículo 8 5 del Tratado CE, y por un período de

10 años, de unas prácticas acordadas entre empresas petrolíferas, prácticas

necesarias para permitir la aplicación del sistema de reparto urgente de

petróleo establecido en el marco de la Agencia Internacional de la Energía.

Las empresas afectadas solicitaron una prórroga de la exención, que vencía el

31 de diciembre de 1993, por un período de diez años. Por consiguiente, la

Comisión inició el procedimiento y, antes de tomar una decisión en virtud del

apartado 3 del artículo 85 del Tratado, publicó una Comunicación en el Diario

Oficial con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n° 17/62.

```

```
III.A.l.a) p.11

T6> Empresa en participación Solvay-Asahi

```

395

```
8. Se envío una carta administrativa por la que se archivaba el expediente

en el caso de una empresa en participación entre Solvay y Asahi Glass

referente a una mina de trôna y a una planta de sosa natural situadas en

Estados Unidos, que eran antes propiedad de Tennelo. Solvay, el mayor

fabricante europeo de sosa sintética, adquirió el capital en aciones de una

empresa estadounidense en mayo de 1992, con lo que adquirió una cuota del 80%

en las actividades de trona y sosa. El 2 0% restante correspondía a Asahi

Glass. La producción de la mina se reparte entre Solvay y Asahi en proporción

a sus intereses.

Los acuerdos de venta complementarios mencionaban expresamente que no

afectaban a Europa. No obstante, Asahi Glass es propietaria de uno de los

principales clientes de Solvay consumidores de sosa natural en el Benelux. Su

participación del 20% le confiere acceso a las sosa natural procedente de

Estados Unidos. Tras obtener garantías por parte de Solvay de que no existía

acuerdo o compromiso alguno referente al reparto de clientes en la CE, la

Comisión pudo archivar el expediente.

```

```
III.A.l.a) p.12

<T6> Enimont-Orkem

```

396

```
9. En 1989, Enimont (actualmente Enichem) y Orkem (actualmente Elf Atochem)

llegaron a un acuerdo sobre la base de una transferencia recíproca de

actividades entre ambos grupos.

A raíz de este acuerdo, Orkem cedió a Enimont, en particular, las actividades

desarrolladas en los sectores del polietileno de baja densidad radicular

explotado en las dos instalaciones de Dunkerque y Carling Saint-Avoid, así

como del polietileno estándar de baja densidad lineal producido en Dunkerque.

Enimont, por su parte, cedía a Orkem, en particular, la sociedad Vedril que

fabrica en Rho (Italia) metacrilato de metilo y polimetacrilato de metilo,

así como la sociedad Vedril Deutschland GmbH que 'explota una planta de

polimetacrilato de metilo en Stókstadt, (Alemania). Además, Enimont cedía

también a Orkem las instalaciones de producción de polimetacrilato de metilo

situadas en Porto Marghera (Italia).

Por otra parte, Enimont y Orkem habían previsto explotar, mediante una

entidad común, la planta de craqueo de Dunkerque, compartiendo la propiedad

de la sociedad Stocknord que explota en dicho lugar los medios de

almacenamiento necesarios, así como las prestaciones y servicios

correspondientes.

Estos acuerdos, y en particular el intercambio cruzado de actividades, tiene

como objetivo facilitar a cada una de las partes la especialización en sus

puntos fuertes: el polietileno para Enimont, los metilmetacrilatos para

Orkem. A raíz de este intercambio, las dos partes dejaban de ser competidoras

en los mercados en cuestión, ya que el polietileno y los metilmetacrilatos

son productos completamente diferentes.

A raíz de la reorganización del sector químico público francés de 1990, las

actividades de Orkem se redistribuyeron entre las respectivas filiales

químicas, Atochem y Total-Chimie, de los grupos Elf-Aquitaine y Total-CFP. De

esta forma, las actividades químicas de Orkem quedaron agrupadas con las de

Atochem. Ahora bien, mientras Orkem había decidido desvincularse

completamente de las actividades transferidas a Enimont (el polietileno),

Atochem, por su parte, ya desarrollaba su actividad en este sector.

```

```
III.A.l.a) p.13
```

397

```
Tras la intervención de Atochem en la negociación, los acuerdos referentes al

craqueador a vapor de Dunkerque (que atribuían a Enimont la facultad de

aumentar su parte en la propiedad y explotación del 50% al 100%) se

modificaron para garantizar a Atochem un derecho de propiedad y de

explotación del craqueador a vapor de un 30%.

En 1991, Enichem sucedió a Enimont y, desde hace algún tiempo, está

estudiando un programa de racionalización de sus propias actividades.

Con arreglo a este programa y al interés de Elf Atochem por consolidar su

presencia en el sector del polietileno, en 1993 se decidió poner fin a una

parte de los acuerdos antes firmados entre Orkem y Enimont. Concretamente,

las instalaciones industriales de producción de polietileno de baja densidad

lineal de Carling (que antes habían sido transferidas por Orkem a Enimont)

vuelven a ser transferidas a Elf Atochem.

La Comisión consideró que estos acuerdos, en su conjunto, constituyen una

cooperación que entra en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo

8 5 del Tratado CE.

No obstante, estos acuerdos han permitido una racionalización de la

producción en los sectores afectados y la organización más eficaz de la

distribución en unos mercados geográficos más grandes en relación con los

explotados anteriormente por cada una de las partes.

De esta forma, las partes pueden ofrecer a los usuarios una gama más amplia

de productos complementarios, concentrando sus esfuerzos en las actividades

en las que obtienen mejores resultados, mejorando por consiguiente sus

productos.

Por lo tanto, la Comisión archivó el asunto mediante carta administrativa.

```

```
III.A.l.p.14

<T6> Abim Card

```

398

```
10. El 6 de agosto de 1992, cuatro compañías petrolíferas, Aral Ag, BP Oil

Intrenational Ltd., Italiana Petroli S.p.A. y Mobil Petroleum Company, Inc.

(los "participantes") notificaron su intención de suscribir un acuerdo por el

cual cada una de ellas emitiría individualmente su propia tarjeta comercial

internacional para la adquisición sin dinero en metálico de carburante y

productos y servicios afines ("tarjetas comerciales") por parte de los

operadores de transportes y fletes ("clientes comerciales") en todas las

estaciones de servicio repartidas por Europa y designadas por cada

participante. Esta operación facilitará la aceptación recíproca de Tarjetas

Comerciales emitidas por cada participante en la llamada Red "ROUTEX".

Los aspectos técnicos de la Operación se recogen en acuerdos complementarios,

entre los cuales figuran un contrato de compraventa y otro de gestión de

marca registrada.

La operación pretendía responder al crecimiento del transporte

transíronterizo por carretera en Europa, derivado de la ampliación a toda

Europa de las actividades de los operadores de transportes y fletes, y hacer

frente a la demanda cada vez mayor de los clientes comerciales para disponer

de un medio sencillo y adecuado de compra de carburante sin pagar en metálico

en cualquier lugar de Europa. Dado que ninguno de los participantes se

encontraba en una situación que le permitiera ofrecer un conjunto de

estaciones de servicio que, por su número y localización, pudiesen responder

a la demanda de los clientes comerciales, cada participante acordó aceptar

las tarjetas comerciales de los demás con carácter recíproco. Los

participantes consideraron que este acuerdo de aceptación internacional de

las tarjetas les capacitaría para desarrollar una red viable que contase con

un tamaño suficiente para hacer frente a las expectativas de los clientes

comerciales suministrándoles un servicio y una cobertura a escala pan
europea .

La cooperación establece que cada participante aceptará determinadas

obligaciones, a. saber: i) llevar a la práctica la operación en cada uno de

los países europeos en los que el participante disponga de puntos autorizados

de suministro; ii) poner todos los medios a su alcance para promover las

```

```
III.A.l.p.15 3 9 9

tarjetas comerciales; iii) emitir una tarjeta comercial identificada mediante

una marca registrada común y iv) reconocer las tarjetas comerciales emitidas

por los demás participantes.

Al integrarse en la operación, cada participante acordó también promover la

aceptación de la tarjeta para camiones UTA (Union Tank Eckstein GmbH) en las

estaciones de servicio que determinasen, y conceder al mercado UTA unas

condiciones similares para el combustible diesel.

Salvo algunos acuerdos .transitorios de duración limitada, se suprimieron

algunas restricciones de la competencia a petición de la Comisión. Los

servicios de la Comisión se centraron especialmente en el hecho de que no

figurasen en los acuerdos ningún descuento acordado de forma conjunta entre

los participantes y UTA, que no se concediesen rebajas acordadas

conjuntamente a los clientes comerciales, o que no se incluyese en los

acuerdos una gama de productos autorizada conjuntamente, y que los

distribuidores pudiesen determinar libremente si los costes adicionales

derivados del pago mediante tarjeta deberían correr a cargo de los clientes.

En octubre de 1993 se presentaron los acuerdos definitivos, una vez

modificados, y se archivó el asunto mediante carta administrativa.

```

```
Anexo III.A.I.p.16
```

400

```
<T6> Reglamento de coordinación de la programación MPEAA/NOS y NOS

11. Este asunto se refiere a determinadas normas por las que se coordina la

compra y producción de programas de televisión por parte de las

organizaciones públicas neerlandesas de radiodifusión. Estas últimas cooperan

a través de una organización central de radiodifusión, "NOS", que aplica

dicho sistema de coordinación de la programación.

Los principales suministradores de programas de televisión a las

organizaciones públicas neerlandesas de radiodifusión son los grandes

productores americanos. El de abril de 1989, la Motion Picture Export

Association of America (MPEAA), asociación de productores y distribuidores de

películas, junto con sus empresas miembros, presentó una denuncia ante la

Comisión contra las normas antes citadas. El 20 de septiembre de 1990, NOS

notificó a la Comisión sus normas de coordinación de la programación.

Tras la publicación de una comunicación con arreglo al apartado 3 del

artículo 19 del Reglamento n° 17, relacionada con estas normas, el sistema ha

sido declarado exento mediante carta administrativa de 1 de marzo de 1993 . La

exención se basa en que este sistema ofrece ventajas en cuanto a la

organización y eficiencia de costes para el funcionamiento del sistema

público neerlandés de radiodifusión. Los denunciantes no presentaron objeción

alguna al archivo del asunto mediante carta administrativa.

```

```
Anexo III.A.1.p.17 .

<T6> BSB/Football Association

12. Tras publicar una Comunicación con arreglo al apartado 3 de artículo 19

del Reglamento n° 17 del Consejo, la Comisión archivó el expediente relativo

a los acuerdos firmados entre la English Football Association (FA), la BBC .y

BSkyB (antes BSB).

En virtud de sus acuerdos con la FA, la BBC y BSkyB habían obtenido la

exclusiva de la cobertura televisada de los partidos de fútbol de las

temporadas 1988/89 a 1992/93. Estos acuerdos abarcaban todos los partidos

nacionales e internacionales cuyos derechos de retransmisión televisiva

correspondían a la FA, es decir los partidos de copa nacional organizados por

la FA (FA Cup y Charity Shield), así como los partidos internacionales en los

que participaba la selección nacional inglesa. BBC y BSB, que habían

efectuado una oferta conjunta de compra de dichos derechos, se los

repartieron retransmitiéndolos de forma alternativa.

La Comisión consideró que la concesión de unos derechos exclusivos a BBC y

BSkyB entraba dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85.

En efecto, para que todas las cadenas tengan una oportunidad real de acceder

a partidos de fútbol que atraigan a un numeroso público, sería necesario, por

lo general, que la duración de los contratos se limitase a una temporada. En

este caso, no obstante, la exención se justificaba por el hecho de que BSB

(hoy BSkyB), cuyas actividades sólo se iniciaron en 1990, necesitaba un

contrato de mayor duración para facilitar su penetración en el nuevo mercado

(en expansión) de la retransmisión en directo vía satélite. Esta valoración

no prejuzga la posición que la Comisión podría adoptar posteriormente frente

a cualquier nuevo contrato firmado por las partes.

Inicialmente, BBC y BSB (actualmente BSkyB) habían obtenido también una

autorización exclusiva de retransmisión de los partidos de fútbol jugados en

el extranjero, que se condicionaba, con arreglo al artículo 14 de los

estatutos de la UEFA, a la autorización previa de la FA. Esta cláusula, que

era -la que suscitaba las mayores objeciones en la denuncia planteada por

Indépendant Television Association, fue retirada de los acuerdos en 1992 a

petición de la Comisión. A la espera de la decisión de la Comisión sobre el

```

```
Anexo III.A.1.p.18

```

402

```
artículo 14 de los estatutos de la UEFA, la FA se comprometió a no efectuar

discriminación alguna entre BBC y BSkyB, por- una parte, y los demás

candidatos a la retransmisión de partidos jugados en el extranjero (por

ejemplo, sociedades miembros de ITV) por otra.

```

```
Anexo III.A.1.p.19

<T6> BBC Enterprises

```

403

```
13. En diciembre de 1991, BBC Enterprises Limited, filial de British

Broadcasting Corporation "BBC", presentó a la Comisión una solicitud de

declaración negativa, o de exención, con arreglo a la normativa comunitaria

de competencia, para un acuerdo tipo de licencia de derechos de autor,

destinado a facilitar la retransmisión de programas de televisión del Reino

Unido a los suscriptores en Irlanda de servicios de radiodifusión (redes de

cable y "multipoint microwave distribution systems, "MMDS").

Los licenciadores participantes en el acuerdo con BBC Entreprises Limited son

los otros radiodifusores y organizaciones de radiodifusión vía terrestre del

Reino Unido que representan a los titulares de derechos de autor y derechos

afines de los servicios de radiodifusión de programas de televisión en el

Reino Unido, incluidos Independent Televisión Association, Chanel 4 y la

Association de Gestion Internationale Collective des Oeuvres Audiovisuelles,

"AGICOA", de Suiza. Los licenciatarios con los que se han concluido acuerdos

hasta la fecha son varias empresas de televisión por cable y empresas que

proponen el suministro de servicios de MMDS en Irlanda, incluidas Cablelink

Limited en Dublin y Cork Communications Limited.

La Comisión consideró que el acuerdo contenía restricciones que entraban en

el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85. En su valoración de

la solicitud de exención en virtud del apartado 3 del artículo 83, la

Comisión aceptó la opinión de las partes notificantes de que la licencia

colectiva era el medio más efectivo para que un operador de cable o de

sistemas MMDS se cerciorase de no infringir los derechos de autor o afines a

la hora de retransmitir programas de televisión a sus suscriptores.

A pesar de ello, y teniendo en cuenta, que, anteriormente, en algunos Estados

miembros, determinados radiodifusores habían quedado excluidos de acuerdos

similares, la Comisión debía verificar que dichos riesgos quedaban en este

caso reducidos al mínimo para proteger la competencia. De esta forma, las

partes modificaron el acuerdo a solicitud de la Comisión, para garantizar un

acceso suficiente a los radiodifusores que no son actualmente partes

firmantes del acuerdo.

```

```
Anexo III.A.1.p.20
###### **40**

Tras la publicación de una Comunicación' [3] ' con arreglo al apartado 3 del

artículo 19 del Reglamento del Consejo n° 17/62' [4] ', que no dio lugar a que

se presentase observación alguna, la Comisión anunció a las partes

notificantes, el 8 de julio de 1993, mediante carta administrativa que se

cumplían los requisitos necesarios para la exención.

(3) DO C 105, 16.4.1993.

(4) DO 13, 21.2.1962.

```

```
Anexo III.A.1.p.21

T6> Philips/Matsushita - DCC

```

405

```
14. El 14 de noviembre de 1991, Philips International BV "Philips", notificó

a la Comisión, solicitando una exención o declaración negativa, una serie de

acuerdos referentes a una licencia de patente relacionada con el desarrollo y

explotación del casette compacto digital "DCC" y del reproductor de DCC. El

DDC es un nuevo tipo de sistema de reproducción y grabación en casette de

cinta magnética que ofrece un sonido digital, en contraposición con el actual

sonido analógico de las casettes tradicionales. Las otras empresas

principales firmantes de los acuerdos son Matsushita Electric Industrial

Company Ltd. y Sony Corporation, ambas japonesas, junto con Thomson Consumer

Electronics SA, empresa perteneciente al grupo francés Thomson. Además, se

notificó también un memorándum de acuerdo referente a la prevención de la

piratería de derechos de autor entre Philips y la International Federation of

the Phonographic Industriy, "IFPI", que representa a la industria musical

internacional.

A pesar de que los acuerdos contenían restricciones de la competencia que

entraban en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del

Tratado, a saber, la puesta en común de patentes y conocimientos técnicos,

así como normalización de las especificaciones, la Comisión opinó que

existían motivos suficientes para conceder una exención con arreglo al

apartado 3 del artículo 85.

Tras la publicación de una Comunicación con arreglo al apartado 3 del

artículo 19 del Reglamento del Consejo n° 17/62, que no suscitó observación

alguna, la Comisión comunicó a Philips, el 29 de abril de 1993, mediante

carta administrativa, que se reunían los criterios necesarios para la

exención.

```

```
Anexo III.A.1.p.22 . _ ^
```

406

```
<T4> b) Abusos de posición dominante :

<T6> Compromiso IBM

15. La Comisión continúa efectuando el seguimiento del compromiso ofrecido

por IBM el 1 de agosto de 1984.

Este compromiso establece que se facilitará información sobre el interfaz

para la conexión de los productos de los competidores a los productos del

Sistema/370 de IBM y al SNA (System Network Architecture).

Desde su lanzamiento, se han producido un total de 189 solicitudes

procedentes de 23 competidores, que contienen 1 487 preguntas individuales.

De estas empresas, siete han firmado y recibido información con arreglo a los

acuerdos de revelación de información técnica.

```

```
Anexo III.A.1.p.23

<T4> c) Decisiones de desestimación de denuncias

<T6> Excelvisión - France Télécom

```

407

```
16. La Comisión rechazó formalmente, mediante decisión, una denuncia

presentada en 1987 por la empresa francesa Exelvision contra France Télécom

por un abuso de posición dominante consistente en el ofrecimiento, por parte

de esta última, de terminales gratuitos de Minitel destinados a prestar a los

usuarios finales servicios de videotex con valor añadido.

El denunciante era un fabricante de terminales de características similares a

los ofrecidos por Trance Télécom.

La valoración del caso se complicaba aún más, dada la modificación del marco

reglamentario en Francia y en toda la CEE, por lo que se refiere a la

prestación de servicios de valor añadido, ocurrida desde la presentación de

la denuncia. Así, mientras que en 1987 la prestación de servicios de valor

añadido era todavía un monopolio en Francia, en 1988 se produjo su

liberalización.

En su razonamiento, la Comisión estimó que, durante un período limitado de

tiempo, la oferta efectuada por France Télécom a los usuarios finales de

terminales básicos de Minitel de forma gratuita constituía una promoción

destinada, como muchas otras, a garantizar un rápido despegue del servicio

videotex que lo haría atractivo para los posibles prestadores de servicios y

usuarios finales. Así sucedió de hecho, y actualmente cerca del 90% de los

terminales de videotex en la CEE están instalados en Francia. Además, muchos

países siguen, en mayor o menor medida, la estrategia francesa.

En cuanto al período siguiente a la liberalización de servicios de vidéotex,

la Comisión consideró si la conducta de France Télécom equivalía a un abuso

de posición dominante al intentar eliminar un competidor mediante una acción

predatoria. Así, la Comisión tuvo en cuenta que France Télécom no era quien

fabricaba de hecho los terminales, sino que los compraba en grandes

cantidades mediante contratos públicos de suministro, en los que nunca

participaba el denunciante, y que desde 1989 en adelante France Télécom

introdujo un canon de alquiler mensual de los nuevos terminales de Minitel y

dejó de adquirir los antiguos modelos.

```

```
Anexo III.A.1.p.24

```

408

```
Según el resultado de la valoración, no se podía considerar que hubiese

existido abuso de posición dominante, ya que no se probó la existencia de la

intención de eliminar a Exelvision y no existía indicio alguno de la

aplicación de unos precios inferiores a los costes medios variables tanto por

lo que se refiere a todo el servicio videotex como a los nuevos terminales de

Minitel.

```

```
Anexo III.A.1.p.25

<T6> Tierce Ladbroke (B)/PMU-DSV-Sociétès de coursés français

```

409

```
17. En 1990, el Tiercé Ladbroke, filial belga del grupo más importante de

corredores de apuestas ingleses, presentó una denuncia ante la Comisión por

infracción de los artículos 85 y 86 del Tratado CE contra:

   la agrupación de interés económico Pari Mutuel Urbain (PMU), organismo

   corredor de apuestas creado en virtud de la ley francesa por las 10

   sociedades francesas de carreras hípicas autorizadas para aceptar

   apuestas mutuas fuera de los hipódromos,

   las propias 10 sociedades de carreras,

   el Pari Mutuel International S.A. (PMI), filial del PMU, encargada de la

   explotación de sus derechos en el extranjero,

   la Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH (DSV), de Colonia,

   sublicenciataria de PMU en Alemania.

Esta denuncia tenía un doble objeto:

1. Las 10 sociedades de carreras titulares de los derechos de propiedad

   intelectual sobre las carreras que organizan habrían infringido el

   artículo 86 del Tratado CE al negarse a transmitir a Ladbroke en

   Bélgica, las imágenes, el sonido y los comentarios televisados de las

   carreras francesas. Ahora bien," las carreras francesas constituyen el

   objeto de una parte fundamental de las apuestas a tanto fijo que

   Ladbroke ofrece a los apostadores belgas. En cambio, las 10 sociedades

   francesas de carreras suministran estas imágenes, sonido y comentarios a

   las agencias francesas de PMU, así como a DSV (a través de PMI), que a

   su vez los retransmite a los apostadores alemanes.

   En primer lugar, la Comisión consideró que el mercado afectado no era el

   mercado belga de las apuestas sobre carreras hípicas, sino el de la

   retransmisión televisada en Bélgica de las imágenes, sonido y

   comentarios de las carreras hípicas en general. Por otra parte, llegó a

   la conclusión de que no estaba demostrado que ninguna sociedad de

   carreras, considerada individualmente, ni tampoco el PMU, PMI o DSV,

   estuviese en posición dominante en este mercado. Además, consideró que

   Ladbroke no había aportado prueba alguna de que, consideradas

```

```
Anexo III.A.1.p.26
```

410

```
   conjuntamente, las 10 sociedades de carreras ostentasen una posición

   dominante colectiva.

   Aun suponiendo que esta posición dominante existiese, la Comisión

   manifestó que las sociedades francesas de carreras eran libres, en cada

   mercado, de elegir si concedían o no licencias de explotación de sus

   derechos. Hasta el momento estas sociedades han elegido no difundir

   ellas mismas en el mercado belga las imágenes, el sonido y los

   comentarios televisados de las carreras hípicas que organizan. La

   situación sería diferente si estas sociedades decidieran conceder

   licencias a determinados apostadores y las denegasen a otros. En este

   caso, este comportamiento podría ser una discriminación con•arreglo al

   artículo 86.

2. Ladbroke discutía, en virtud del artículo 85 del Tratado CE, la validez

   de las disposiciones de los acuerdos que prohiben a PMU y a DSV la

   retransmisión a otros países de ' las imágenes, sonido y comentarios

   televisados que reciben de las sociedades francesas de carreras.

   La Comisión consideró que, en la situación actual del derecho

   comunitario, estas restricciones corresponden a los derechos de los que

   dispone el licenciatario y que, por lo tanto, no entran en el ámbito de

   aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE.

Por consiguiente, la Comisión decidió desestimar la denuncia.

```

```
Anexo III.A.1.p.27

<T6> Ladbroke Racing Ltd (UK)/PMU-Sociedades de carreras francesas

```

**41** **1**

```
18. En 1989, Ladbroke Racing Ltd, principal corredor de apuestas inglés,

presentó una denuncia por infracción de los artículos 85 y 86 y del Tratado

CE contra las 10 sociedades de carreras francesas - cinco de la región

parisiense y otras tantas de provincias - autorizados por el Decreto francés

de 11/07/1930 a aceptar apuestas mutuas fuera del hipódromo por haber

confiado conjuntamente la organización a un organismo único, la AIE, Pari

Mutuel Urbain (PMU).

La Ley de 16 de abril de 193 0 y su Decreto de aplicación de 11 de julio de

193 0 autorizaban, en efecto, a cinco sociedades de carreras parisinas y cinco

sociedades de provincias a aceptar conjuntamente y en común apuestas mutuas

fuera del recinto de sus hipódromos. Las 10 sociedades autorizadas

encomendaron la gestión de sus apuestas a la "Société du PMU, s.à.r.l.". La

Ley de 2 3 de diciembre de 1964 estableció que las sociedades de carreras eran

las únicas encargadas de aceptar apuestas correspondientes a carreras

extranjeras. El Decreto de 14 de noviembre de 1974 obligó a las sociedades de

carreras a recurrir únicamente al PMU para la aceptación de apuestas fuera

del hipódromo. El Decreto de 13 de septiembre de 1985 dispuso que cualquier

aceptación de apuestas correspondientes a carreras corridas en Francia sólo

podría ser efectuada por una sociedad de carreras en el recinto de su

hipódromo o por el PMU.

La Comisión desestimó la denuncia de Ladbroke contra las sociedades de

carreras en la medida en que aquélla impugnaba la elección entre 1962 y 1974,

de un operador común, PMU, para la organización de sus apuestas fuera del

hipódromo. En efecto, la designación de un único operador, encargado de

globalizar las apuestas, calcular las relaciones y pagar a los ganadores,

constituye para ellas una obligación legal derivada del decreto de 193 9 que

autoriza las apuestas mutuas fuera del hipódromo. Por otra parte, antes de la

publicación del decreto de 1974, que hacía obligatoria la intervención del

PMU, Ladbroke no solicitó en ningún momento a las sociedades de carreras que

se le designara en lugar del PMU. Por último, con arreglo al decreto de 193 0,

se prohibía a las sociedades de carreras elegir un operador individual, tal y

como mantiene Ladbroke.

Asimismo, la Comisión consideró que la aprobación del decreto de 193 9 no

```

```
Anexo III.A.1.p.28

```

412

```
constituía una regularización legislativa a posteriori de acuerdos o

prácticas concertadas contempladas en el artículo 8 5 del Tratado constitutivo

de là CE, ya que éste no existía en dicha fecha.

Por último, la Comisión estimó que los acuerdos concluidos por las sociedades

de carreras para la organización de las apuestas mutuas (elaboración de un

calendario de carreras, etc.) son también consecuencia lógica del decreto de

1930. Por lo que a los demás aspectos de la denuncia Ladbroke se refiere, la

Comisión se remitió a los otros procedimientos que se están tramitando

actualmente.

```

```
Anexo III.A.1.p.29

<T6> Tiercé Ladbroke (B)/PMU francés y belga

```

413

```
19. En 1991, Tiercé Ladbroke, filial belga del principal grupo inglés de

corredores de apuestas, presentó ante la Comisión una reclamación contra el

PMU francés (AIE Pari Mutuel Urbain) y el PMU belga, integrado por la

a.s.b.l. Pari Mutuel Unifié belge y la Société coopérative auxiliare PMU

belga, creada por éste para la aceptación de apuestas mutuas en Bélgica. El

reclamante alegaba que estas dos empresas habían concluido los días 2 5 de

mayo de 1990 y 18 de marzo de 1991, unos acuerdos que permitían, desde el 20

de marzo de 1991, a los apostantes de 17 departamentos del norte de Francia

efectuar, 4 veces al mes y en oficinas del PMU francés, apuestas mutuas

correspondientes a' las carreras organizadas en Bélgica por las sociedades de

carreras de este país.

El sistema es el siguiente': el PMU francés acepta las apuestas en sus centros

de Francia y las totaliza. Posteriormente, se transfieren al sistema

totalizador belga que retiene el 35% de su importe con arreglo a la

legislación belga. De este 35%, el 26% queda en manos del PMU belga y el 9%

se devuelve al PMU francés el cual, a su vez, guarda, junto con las

sociedades de carrera un 5%, mientras que el 4% restante se destina al

Gobierno francés, mientras que en las carreras francesas el porcentaje

conservado por el PMU y las sociedades de carreras es del 10% y la retención

estatal del 18%.

En Francia, al igual que en Bélgica, los PMU son creación de las sociedades

de carreras y están autorizados por la ley a aceptar apuestas

correspondientes a carreras nacionales según el principio de las apuestas

mutuas. Mientras en Francia sólo se autoriza las apuestas mutuas, y, por

consiguiente, el PMU francés disfruta de una posición de monopolio, en

Bélgica los corredores de apuestas están autorizados a aceptar no sólo

apuestas a tanto fijo, sino también apuestas mutuas en el interior de los

hipódromos, bajo el control de las sociedades de carreras a las que pagan un

canon. Además, se les autoriza, y son los únicos que pueden hacerlo, a

aceptar apuestas a un tanto fijo convencional.

Por 3.0 que se refiere a la dimensión geográfica del mercado afectado, éste

abarca, según la Comisión, tanto Francia como Bélgica, ya que las normas

nacionales sobre aceptación de apuestas de ambos Estados producen el efecto

```

```
Anexo III.A.1.p.30

```

414

```
no sólo de establecer unas condiciones homogéneas de competencia en cada uno

de dichos Estados sino también de diferenciarlas de las de todos los demás

Estados miembros.

Teniendo en cuenta las disposiciones legales actualmente vigentes en el

mercado francés, en donde sólo se pueden efectuar apuestas en el PMU francés,

no puede existir ni abuso de posición dominante en el sentido del artículo 86

del Tratado CE, ni restricción de la competencia con arreglo al apartado 1

del artículo 8 5 del Tratado CE, por el simple motivo de que no puede existir

competencia alguna.

Por último, por lo que se refiere al mercado belga, habida cuenta de la falta

de posición- dominante del PMU belga, éste no pudo infringir^ el artículo 86

del Tratado. Además, el hecho de comercializar en el extranjero el soporte de

apuestas que constituyen las carreras que sus miembros (es decir las

sociedades de carreras) organizan, debe considerarse como una mera venta de

servicios de un Estado miembro a otro, venta que aún pudiendo afectar al

comercio entre los Estados miembros, no tiene por objeto ni produce el efecto

de impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado común, de tal

forma que no infringe tampoco el apartado 1 del artículo 85.

```

```
Anexo III.A.1.p.31

<T6> Tiercé Ladbroke (B)/PMU belga

```

415

```
20. En 1992, Tiercé Ladbroke, filial belga del grupo inglés de corredores de

apuestas más importante, presentó ante la Comisión una denuncia contra la

empresa PMU Belge, integrada por a.s.b.l. Pari Mutuel Unifié Belge y Société

Coopérative Auxiliare PMU Belge, a la que las sociedades de carreras belgas

confían las apuestas mutuas efectuadas fuera del hipódromo en relación con

las carreras que ellas organizan.

La empresa reclamante alegaba que el PMU Belge, que la había autorizado a

actuar de agente en las apuestas mutuas para las carreras hípicas belgas de

1982 a 1988, se negaba a acreditarla nuevamente para esa función.

Con anterioridad (diciembre de 1991), PMU Belge y cuatro directivos de

sociedades de carreras miembros de dicha empresa se hicieron con el control

de una empresa competidora de Tiercé Ladbroke, Tiercé Franco-Belge, a la que

PMU Belge siguió autorizando como agente en el mencionado tipo de apuestas.

Según Tiercé Ladbroke, al obrar de ese modo, PMU Belge la eliminaba del

mercado de apuestas para las carreras belgas, dejándole sólo, en virtud de la

legislación belga, la posibilidad de tomar apuestas para las carreras

extranjeras.

Tiercé Ladbroke llegaba a la conclusión de que PMU Belge, que, en su opinión,

disfrutaba de un monopolio para las apuestas efectuadas fuera del hipódromo

en relación con las carreras belgas, abusaba de esa posición dominante, en el

sentido de lo dispuesto en el artículo 86 CEE.

La Comisión considera que, en cualquier caso, tal monopolio dejó de existir

desde el momento en que el Tribunal de Apelación de Bruselas (en Sentencia de

11.5.93) reconoció a la Société de l'Hippodrome d'Ostende el derecho a

confiar las apuestas para las carreras que ella organiza a un agente que no

fuera PMU Belge. La Société de l'Hippodrome d'Ostende hizo, además, uso

inmediato de esa posibilidad, en la temporada de verano de 1993, confiando

las apuestas para sus carreras a Tiercé Ladbroke.

Por otra parte, la Comisión considera que PMU Belge (y su filial, Tiercé

```

```
Anexo III.A.1.p.32

```

416

```
Franco-Belge) no ocupaba una posición dominante en el mercado afectado, esto

es, el de las apuestas en Bélgica para las carreras hípicas,

independientemente del lugar en que éstas tengan lugar y del tipo de apuesta.

En realidad, es Tiercé Ladbroke la que ocupa la posición más preponderante.

Por último, la Comisión considera que, aun suponiendo que PMU Belge y Tiercé

Franco-Belge hubieran ocupado una posición dominante, la negativa a acreditar

a Ladbroke no hubiera afectado al comercio entre los Estados miembros, ya que

la realización de apuestas en la frontera franco-belga no reviste mucha

importancia y las apuestas a que se refiere la empresa denunciante se toman

en agencias belgas para carreras belgas y no conllevan transferencias

financieras entre Bélgica y otros Estados miembros.

Por todo ello, la Comisión ha desestimado la reclamación de Tiercé Ladbroke.

```

```
Anexo III.A.1.p.33

<T6> MTVE/VPL-IFPI

```

417

```
21. En junio de 1992 la Comisión recibió una denuncia de MTV Europa "MTVE",

emisora paneuropea de televisión vía satélite, que emite vídeos de música

pop, contra la empresa Video Performance Limited "VPL", así como contra la

International Federation of the Phonographic Industry "IFPI" y las cinco

principales compañías mundiales discográficas: Sony, Polygram, Warner, BMG, y

Thorn/EMI, las llamadas "grandes".

VPL concede licencias y administra derechos de difusión y ejecución de vídeos

musicales con arreglo a la legislación del RU para sus miembros, entre los

que se incluyen las cinco grandes. IFPI es una asociación internacional de

productores de discos y vídeos que coordina las actividades de sus miembros,

incluidas las grandes, en las distintas sociedades nacionales recaudadoras a

las que pertenecen.

MTVE denunciaba: a) que la existencia de VPL y su actividad como licenciadora

de los derechos de autor de vídeos musicales de sus miembros en la CEE y sus

actividades conjuntas con IFPI, que facultan a las compañías discográficas a

conceder licencias paneuropeas a través de acuerdos conjuntos de venta (el

80% en nombre de las cinco grandes) infringía el apartado 1 del artículo 85

y; b) que VPL e IFPI ocupaban conjuntamente una posición dominante en la

Comunidad, en el sentido del artículo 86, ya que pueden ejercer un control

absoluto sobre las licencias de los vídeos musicales de sus miembros. Según

MTVE, han abusado de esta posición dominante en el mercado correspondiente al

imponer precios injustos a MTV por las licencias de transmisión paneuropea de

vídeos musicales.

MTVE había firmado inicialmente un acuerdo con VPL/IFPI en 1987 sobre los

derechos antes descritos. Este acuerdo se renovó en 1990, pero debía

finalizar el 31 de julio de 1992 y MTVE temía que VPL e IFPI no estaban

dispuestas de renovarlo. Por consiguiente, junto con la denuncia solicitó a

la Comisión que adoptase medidas cautelares por las que se exigiese a VPL e

IFPI que llegasen a un nuevo acuerdo con MTVE. No obstante, a raíz de la

intervención de la Comisión, VPL e IFPI aceptaron prorrogar el acuerdo con

MTVE hasta el 31 de julio de 1993 (posteriormente se prorrogó hasta el 31 de

julio de 1994).

```

```
Anexo III.A.1.p.34

```

418

```
El 11 de mayo de 1993, la Comisión rechazó la solicitud de medidas cautelares

presentada por MTVE, alegando que, dada la prórroga del acuerdo, no existía

riesgo de daños serios e irreparables para MTVE que pudiesen justificar la

adopción de tales medidas.

Habida cuenta de ello, la Comisión no investigó la existencia, o los indicios

de existencia, de infracción a las normas de competencia comunitarias.

Actualmente, la Comisión procede a estudiar el fondo de la denuncia

presentada por MTVE.

```

```
Anexo III.A.1.p.35

<T6> Pentos

```

419

```
22. La Comisión denegó la concesión de medidas cautelares a raíz de la

presentación de una denuncia por Pentos Retailing Group, librero minorista

del RU, referente a los Net Book Agreements (NBA).

Los NBA establecen una condiciones tipo uniformes de venta que los editores

británicos deben imponer a los vendedores minoristas para la reventa de

libros a precio neto. Tras la decisión de la Comisión de 12 de diciembre de

1988 de no conceder una exención a la NBA' [5] ' y la sentencia del Tribunal de

Primera Instancia, de 9 de julio de 1992, que ratificaba dicha decisión' [6] ',

Pentos presentó una denuncia a la Comisión, alegando que el hecho de que los

NBA continuasen vigentes, y en particular la aplicación de la cláusula

referente a la reimportación de otros Estados miembros de libros editados en

el RU (cláusula de circunvención), le impedía tomar medidas de promoción de

precios, afectando así negativamente a sus ventas.

La Comisión estimó que, por lo que se refiere a la cláusula de circunvención,

no se podía descartar que hubiese indicios de infracción del artículo 85. No

obstante, la Comisión consideró que no se cumplía el requisito de producir un

daño serio e irreparable ya que Pentos no había aportado pruebas suficientes

al respecto.

(5) Décimo octavo Informe sobre la Política de Competencia, punto 52.
(6) Vigésimo sengundo Informe sobre la Política de Competencia, punto 318.

```

```
III.A.1.p.36

<T6> Inspección CECA

```

420

```
Al igual que otros años, la inspección CECA procedió a una serie de controles

de la producción de carbón y acero sujetas a exacción (artículo 49/50 CECA).

Se efectuaron 103 . visitas de control de la producción declarada en las

oficinas centrales y fábricas de empresas del sector del carbón y el acero.

```

```
III.B.l.p.l

<T9> B. Empresas públicas y monopolios nacionales

<T4> Decisiones con arreglo al artículo 90 del Tratado

<T6> Puerto de Rodby' [7] '

```

###### 421

```
El 21 de diciembre la Comisión adoptó una decisión con arreglo al apartado 3

del artículo 90 del Tratado CE por la que se exigía al Reino de Dinamarca que

pusiese fin a una infracción del apartado 1 del artículo 90, en conexión con

el artículo 86 del Tratado CE, correspondiente a una negativa a conceder

acceso a las instalaciones portuarias situadas en Redby (Dinamarca).

Las autoridades danesas se habían negado a permitir a Euro-Port A/S, filial

de STENA Rederi AB, el acceso a las instalaciones portuarias existentes en

Rodby o, alternativamente, a que construyese nuevas instalaciones en unos

terrenos adyacentes al puerto. Euro-Port A/S deseaba penetrar en el mercado

de servicios de transbordador en la línea Radby/Puttgarden (Alemania). El

puerto de Rodby es propiedad y está gestionado por DSB, empresa ferroviaria

propiedad del Estado, que posee el derecho exclusivo de organizar el tráfico

ferroviario en Dinamarca. DSB presta también servicios de transbordador desde

dicho puerto en colaboración con Deutsche Bundesbahn, empresa pública

alemana.

La Comisión consideró que una empresa propietaria y gestora de unas

instalaciones fundamentales, es decir, unas infraestructuras sin las cuales

sus competidores no pueden ofrecer sus servicios a los clientes, y que se

niega a concederles acceso a dichas instalaciones está abusando de su

posición dominante. Más concretamente, una empresa que posee y gestiona unas

instalaciones portuarias fundamentales desde las que presta un servicio de

transporte marítimo no puede, sin motivos objetivos, negar a una naviera que

desee operar en la misma línea marítima el acceso a dichas instalaciones sin

infringir el artículo 86. Además, el apartado 1 del artículo 90 prohibe a los

Estados miembros situar a una empresa en una situación en la que no se podría

haber situado ella misma por su propia conducta sin infringir el artículo 86.

Por consiguiente, cuando un Estado miembro se niega a conceder acceso a unas

instalaciones portuarias fundamentales y ha reforzado los efectos de dicha

(7) Decisión de la Comisión 94/119/CE, DO L 55, 26.2.94.

```

```
III.B.l.p.2

```

422

```
negativa al denegar también la autorización para la construcción de un nuevo

puerto, está infringiendo el apartado 1 del artículo 90 en conexión con el

artículo 86.

Tras examinar las alegaciones de las partes, la Comisión consideró que no

existían motivos objetivos que justificasen la doble negativa de las

autoridades danesas y que, en efecto, impedía a los competidores de DSB la

penetración en el mercado de 'los servicios de transbordador entre Dinamarca y

Alemania, fortaleciendo así la posición dominante conjunta de DSB y Deutsche

Bundesbahn en la línea Rodby/Puttgarden, infringiendo el apartado 1 del

artículo 90 en conexión con el artículo 86.

```

```
Anexo IV.A. p.1

<T5> Anexo IV

<T1> Evolución de la concentración y de la competencia

<T4> Introducción

```

###### 423

```
23. Tal y como se explicaba en el Vigésimo segundo Informe anual, la

Comisión puso fin en 1992 a la recopilación directa de datos mediante la base

DOME, que servía de fuente para la preparación de la información estadística

en el presente anexo. A partir de este año, la información contenida en esta

sección de nuestro informe anual procederá de bases de datos externas. La

mayor parte de la información presentada a continuación procede de la base de

datos AMDATA, perteneciente a Acquisitions Monthly and Computasoft Ltd, a la

que están suscritos los servicios de la Comisión. Los datos de AMDATA se han

completado con información sobre empresas en participación suministrada por

KPMG' [1] '. Este complemento era necesario con objeto de mejorar nuestra

cobertura de estos tipos de operaciones a las que no se dedica concretamente

AMDATA.

Las características de las bases de datos AMDATA y DOME han sido objeto de un

estudio comparativo efectuado por la Dirección General de Asuntos Económicos

y Financieros y publicado en European Economy. Desde el punto de vista del

presente informe es importante destacar las siguientes características de

AMDATA en comparación con DOME.

a) AMDATA tiene una cobertura mucho mayor que DOME. Así queda reflejado en

   el gran número de operaciones que engloba en comparación con DOME (véase

   gráfico 1). Además, AMDATA no sólo reseña la operación propiamente dicha

   sino un gran número de variables y características de la misma, entre

   las que se incluye su valor (aunque no siempre).

b) Tal y como refleja el gráfico 1, a pesar de las diferencias de cobertura

   de las dos bases de datos, la comparación temporal de las operaciones de

   concentración y de la mayoría de las adquisiciones suministrada por DOME

   sigue una pauta temporal similar a la suministrada por AMDATA en cuanto

(1) Agradecemos a KPMG su amabilidad al suministrar esta información.

```

```
Anexo IV.A. p.2

   al número y valor de este tipo de operaciones' [2] '.

```

**42 4**

```
c) AMDATA suministra información detallada sobre la nacionalidad del

   adquirente y sobre las empresas adquiridas. Gracias a esto se puede

   conocer mejor el flujo transfronterizo de la actividad adquisitiva.

d) AMDATA suministra también información detallada sobre la SIC (Standard

   Industrial Classification) de la operación lo que facilita el análisis

   sectorial de las transacciones.

Con objeto de mantener cierta continuidad en la presente publicación, se ha

intentado conservar en la presentación un formato lo más parecido posible al

antiguo en la medida en que lo permitían las diferentes fuentes estadísticas.

Se ha mantenido también el período anual, por lo que los datos recogidos a

continuación abarcan el período del 1 de junio de 1992 al 31 de mayo de 1993.

La fecha de cada una de las operaciones corresponde a la fecha en que se

anunció la transacción según la información de AMDATA.

Finalmente, cabe recordar que el objetivo del presente anexo siempre ha sido,

y lo continuará siendo en un futuro próximo, suministrar una descripción de

las principales pautas de la evolución de las fusiones y operaciones de

concentración en la CE. No se pretende analizar en profundidad las causas de

dicha evolución. Nuestro objetivo principal es meramente descriptivo.

<T9>A. Absorciones (inclusive fusiones y adquisiciones de

        participaciones mayoritarias), adquisiciones de participaciones

        minoritarias y empresas en participación en 1992/1993

<T4> Panorama general

24. El cuadro 1 refleja la evolución entre 1987/1988 y 1992/1993 de las

fusiones y adquisiciones de participaciones mayoritarias, así como de las

adquisiciones minoritarias y de las empresas en participación. La primera

parte del cuadro abarca los datos relativos a la agricultura, minería,.

```

_\2)_ `La` `comparación` `de` `datos` `correspondientes` `a` `adquisiciones` `de`
```
   participación minoritaria y a empresas en participación no es posible

   dado que la cobertura de este tipo de operaciones por parte de AMDATA y

   KPMG es relativamente reciente.

```

```
FUSIONES Y ADQUISICIONES^pE^PARTICIPACIONES

```

`MAYORITARIAS: CIFRAS` `DE` `DOME` `Y` `AMDATA` GRÁFICO

```
rt>

x
O

<
 1

```

_**-o**_

DOME: _H°_ de Operaciones

1000

_**-JK**_

```
N [£] de Operaciones (x1000) Vol. en 10 000 millones
```

`de` `ecus:` `AMDATA` `«` _~_

```
               15

               10

```

```
800

600

400

200 t
```

_**.Xr**_

```
-K

```

`0` 0

87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93

```
        —AMDATA: N [£] Oper. — [ . — DOME: N- Oper. — & - - AMDATA: Vol. en ecus

```

```
Fuentes: Bases de datos AMDATA Y DOME 4^

                                                                                CJ"í

```

```
Anexo IV.A. p.4
```

426

```
servicios públicos, construcción y manufacturas, mientras que la segunda se

refiere a la información sobre servicios. Los sectores de actividad se

definen mediante un dígito según la SIC británica. Con dos dígitos, esta

clasificación es casi equivalente al código NACE. Los espacios en blanco

significan que no se dispone de información en ambas fuentes.

Las operaciones se clasifican según su dimensión geográfica. Se han

establecido cinco categorías : las transacciones nacionales son las

operaciones entre empresas del mismo país. Las transacciones comunitarias

abarcan las operaciones en las que participan empresas de, como mínimo, dos

Estados miembros distintos. Por lo que se refiere a las adquisiciones de

participaciones mayoritarias y minoritarias, se ha diferenciado las

operaciones extracomunitarias según la nacionalidad del adquirente y de la

empresa objeto de la operación. "CE-internacional" abarca aquellas

operaciones en las que empresas comunitarias adquieren empresas de origen no

comunitario. Las transacciones "internacional-CE" son aquellas operaciones en

las que el adquirente es una empresa no comunitaria que adquiere una o varias

empresas comunitarias. La última categoría (no CE) se refiere a aquellas

operaciones en las que no participó ninguna empresa comunitaria.

25. Tal y como muestran el gráfico 1 y el cuadro 1, durante el pasado año se

mantuvo la tendencia descendente de las concentraciones, tendencia que se

había iniciado en 1990/1991. Tanto el número de operaciones como el valor

total de las transacciones han registrado un descenso más acusado que el del

año anterior. La disminución del número de transacciones tiene un carácter

general y afecta prácticamente a todos los sectores. En el sector de

manufacturas, existe un descenso del número de fusiones y adquisiciones

mayoritarias de, aproximadamente, el 12 %. El subsector que ha experimentado

la mayor contracción en las actividades de concentración fue el del metal,

ingeniería y automóviles con un descenso del 15 % en 1992/1993. No'obstante,

este sector se mantuvo en 1991/1992 al mismo nivel que en 1990/1991. Todos

los subsectores de manufacturas experimentaron en 1992/1993 un ritmo de

transacciones similar al de 1988/1989, inmediatamente antes del máximo del

año siguiente. En la agricultura, la minería y los servicios públicos, el

porcentaje de disminución de las concentraciones fue más elevado que en los

sectores manufactureros.

```

```
Cuadro 1

```

Anexo IV/A-3. p. 5

```
Operaciones de concentración por sector y área geográfica 1987/1988 - 1992/1993

```

Fusiones y adquisiciones de participaciones mayoritarias
Código SIC
(1 dígito) Oper. Oper. CE/ Intern./ No
Nac. Ccm. intern. CE CE
Años

Oper.
Nac.

```
 0

 0

 9

 9

 14

 0

 0

 8

 9

 18

 1

 0

 12

 25

 29

```

Oper.
Can.

```
 2

 0

 7

 15

 11

```

Adquisiciones de participaciones minoritarias

Empresas en participación

Intern./
Œ

```
 21

 20

 21

 24

 30

 38

```

94

152

236

278

243

245

```
139

250

467

491

453

354

125

235

302

315

280

299

 6

 12

30

37

32

26

```

Oper.
Can.

```
 12

 22

 17

 34

 30

 46

 28

 34

 3

 19

 13

 14

```

CE/

intern.

Intern./

CE

```
 40

 90

 65

 75

129

176

138

```

_77_

```
 21

 60

 54

 51

 8

 19

 13

 9

```

Oper.
Nac.

Oper.
Ccm.

CE/

intern.

Oper.
Ccm.

```
 6

 21

 10

 20

 16

 6

 37

105

163

157

113

132

 50

160

208

231

204

163

 50

182

252

235

192

147

 4

 12

36

35

 27

 24

```

TOTAL

CE/

intern.

No

CE

No

CE

```
 26

 87

 84

 68

 65

 15

166

131

 21

 60

 81

 60

 3

 10

 9

 8

```

CE/
intern.

```
 0

 0

 2

 10

 11

```

Intern./ No

Œ CE

Oper.
Nac.

```
 6

 11

 35

33

30

 16

 26

 38

 44

 49

 71

 51

 84

195

247

280

239

208

399

568

715

655

696

582

385

676

```

_777_

```
858

876

730

 59

 81

107

 97

133

110

```

Intern./

CE

No

CE

```
 3

 12

 7

 7

 14

 14

 17

32

 73

150

154

140

```

36

80

172

105

249

243

```
21

63

84

144

138

138

 1

 3

 9

19

13

12

```

Agricultura

1987/1988 6

1988/1989 11

1989/1990 35

1990/1991 33

1991/1992 27

1992/1993 13

```
Energ i a/Agua
1987/1988 26

1988/1989

1989/1990

1990/1991

1991/1992

1992/1993

Miner/Quím.
1987/1988 84

1988/1989 195

1989/1990 247

1990/1991 271

1991/1992 230

1992/1993 194

```

Met/Ing/Autcm

1987/1988 399

1988/1989 568

1989/1990 715

1990/1991 647

1991/1992 687

1992/1993 564

Mamrfactur.

1987/1988 385

1988/1989 675

1989/1990 777

1990/1991 846

1991/1992 851

1992/1993 701

```
Construcción

1987/1988 59

1988/1989 80

1989/1990 107

1990/1991 92

1991/1992 127

1992/1993 106

```

```
 6

 21

 10

 18

 11

 5

 37

105

151

134

 92

 94

 50

160

178

182

169

123

 50

180

249

209

164

122

 4

 12

 35

 25

 16

 15

```

```
 20

 16

 16

 12

 17

 18

 72

 94

117

```

_77_

```
 88

 73

102

148

130

130

122

118

 85

131

114

104

 98

118

```

```
 1

 4

 5

 10

 9

 16

22

 58

 79

107

 79

91

37

102

208

178

176

136

 40

104

167

147

117

120

 0

 5

 16

 9

 12

 12

```

```
 3

 12

 7

 6

 11

 11

 17

 32

 47

 62

 61

 63

 36

 80

107

 83

 69

102

 21

 63

 62

 79

 48

 69

```

```
5

7

12

```

```
0

2

14

10

```

```
Cuadro 1 (continuación)

```

Fusiones y adquisiciones de participaciones mayoritarias
Código SIC

Anexo IV/A-3. p. 6

```
Operaciones de concentración por sector y área geográfica 1987/1988 - 1992/1993

```

Intem./
CE

```
91

142

258

258

177

219

 8

 41

 67

111

125

 86

167

219

302

366

248

269

 0

 27

 58

 40

 45

```

_77_

266

429

685

775

595

651

Adquisiciones de participaciones minoritarias

Enpresas en participación

(1 dígito) Oper.
Nac.
Años

Distr./Hoteles

1967/1988 399

1988/1989 602

1989/1990 744

1990/1991 570

1991/1992 768

1992/1993 508

Transp./Com.

1987/1988 78

1988/1969 113

1989/1990 152

1990/1991 164

1991/1992 159

1992/1993 138

```
Banca/Fin/Seg.,
1987/1968 540

1988/1989 704

1989/1990 859

1990/1991 800

1991/1992 683

1992/1993 606

Otros servicios

1987/1988 134

1938/1989 203

1989/1990 173

1990/1991 167

1991/1992 123

1992/1993 132

Totales

1987/1968 2110

1988/1989 3187

1989/1990 3853

1990/1991 3638

1991/1992 3720

1992/1993 3004

```

No

CE

```
 0

 6

 16

 2

  0

  0

  1

 18

 67

 54

```

No

CE

```
 13

 73

 74

 41

```

19

48

60

54

```
 32

108

 77

 82

 1

 18

 17

 22

  0

  0

 65

 247

 228

 199

```

Oper.
Nac.

```
399

602

745

584

780

523

 78

114

152

169

171

144

540

708

863

833

756

686

134

203

173

173

131

150

1151

1627

1933

1759

1838

1503

```

No

CE

16

41

51

109

123

92

```
 3

 19

 31

 72

 80

 79

 17

 53

 96

183

156

135

 0

 3

 9

 23

 33

 45

```

36

116

187

387

392

351

Oper.
Con.

```
 0

 0

 4

 10

 8

 2

 2

 21

 27

 17

  0

  4

  2

 44

 82

 58

```

Oper.
Can.

```
 8

 29

 16

 15

```

6

10

19

13

```
 41

125

 47

 18

 9

 9

 4

 15

  0

  0

 110

 266

 151

 149

```

Oper.
Nac.

Œ/

intem.

```
 1

 2

 4

 13

 10

  0

  2

  3

 17

 47

 49

```

Intem./
CE

```
 8

 12

 12

  0

  0

  0

 25

 45

 42

```

CE/
intem.

Intem./
CE

```
39

 75

30

30

```

19

49

67

30

```
 58

130

 87

 67

 8

 13

 16

 24

  0

  0

 322

 612

 470

 363

```

Oper.
Con.

```
48

121

222

190

147

127

 9

 24

 59

 43

 48

 50

 41

125

249

312

210

157

 5

 12

 29

 25

 30

 34

```

103

282

559

570

435

368

TOTAL

CE/
intem.

Oper.
Nac.

```
 0

 1

 14

 12

 15

```

1

0

5

12

6

```
 4

 4

 33

 73

 80

 0

 0

 6

 8

 18

  0

  9

  5

 93

 163

 196

```

Oper.
Con.

```
48

121

214

157

121

104

```

9

24

53

33

23

33

```
 41

123

206

168

136

122

 5

 12

 20

 15

 22

 15

 252

 761

1122

 947

 760

 634

```

Œ/
intem.

```
79

85

110

70

53

82

```

6

15

10

23

23

20

```
121

139

122

106

 76

 82

 19

 28

 17

 13

 20

 499

 659

 655

 550

 497

 537

```

Intern./

CE

```
12

57

109

108

87

103

```

2
26
38
37
33
33

```
46

80

122

122

 73

108

 8

 22

 10

 16

 30

 160

 447

 768

 729

 605

 656

```

No

Œ

```
 16

41

38

36

44

44

```

3

19

12

22

14

17

```
 17

 53

 64

 69

 63

 51

 3

 8

 4

 13

 19

 114

 310

 356

 376

 326

 381

```

Fuente: AMDATA (adquisiciones) y KPMG (enpresas en participación).

**4^**
Nota: Los valores de las enpresas en participación correspondientes a 1990/199V abarcan únicamente desde enero a mayo de 1991.
**hO**

**oo**

```
Anexo IV.A. p.7

```

429

```
26. En el sector servicios la evolución no ha sido tan uniforme. Por

ejemplo, el sector de la distribución y el turístico alcanzaron en 1991/1992

un alto nivel de concentraciones, inferior, sin embargo, a las cifras de

1989/1990. No obstante, en 1992/1993 las fusiones y las adquisiciones de

participaciones mayoritarias descendieron considerablemente, en un 22 % con

relación a las cifras de 1991/1992. El sector bancario y financiero

experimentó también una reducción del número de transacciones, aunque en

menor medida (6 %) . El único subsector en el que se incrementaron las

concentraciones fue el de "otros servicios", que alcanzó un número de

transacciones similar al de 1990/1991 (e incluso mayor si se contabilizan las

adquisiciones de participaciones minoritarias). Se incluyen en este sector

los servicios de salud y sanidad, la educación, investigación y desarrollo y

los servicios recreativos, culturales y personales.

Esta contracción de las concentraciones sigue pautas muy distintas según la

naturaleza geográfica de las operaciones. En el sector de las manufacturas,

las operaciones transfronterizas con participación de empresas comunitarias

(es decir, operaciones intracomunitarias o transacciones entre empresas

europeas y no europeas) han descendido menos que las operaciones nacionales

(10 y 18 % respectivamente) . No obstante, la evolución de las operaciones

transfronterizas no ha sido uniforme. En realidad, las operaciones

intracomunitarias descendieron más que las nacionales, registrando una

reducción del 2 0 % con relación a las cifras del pasado año. En cambio, el

número de operaciones en las que participaban empresas europeas y no europeas

refleja una cierta resistencia al descenso, con unas disminuciones situadas

entre el 3 y el 4 %.

Esta tendencia aparece con mayor claridad aún en el sector servicios. En este

caso, las operaciones nacionales descendieron el pasado año un 2 0 %, mientras

que las transfronterizas se incrementaron en un 9 %. También en este caso se

debe al incremento del número de operaciones entre empresas comunitarias y no

comunitarias, número que aumentó considerablemente, mientras que las

operaciones intracomunitarias descendieron en un 9 %.

Las cifras correspondientes a las transacciones entre empresas no

comunitarias reflejaron considerables incrementos en el sector de las

manufacturas durante los últimos 2 años. El sector del metal, ingeniería y

automóviles explica este ascenso de las H fusiones extracomunitarias. Aunque la

```

```
Anexo IV.A. p.8
```

430

```
cobertura de este tipo de operaciones por parte de la base de datos no es

comparable con su cobertura comunitaria, los datos del cuadro 1 parecen

sugerir que la contracción de las concentraciones ha sido más importante en

Europa que en el resto del mundo durante los pasados años.

<T4> Distribución por sectores de las fusiones y adquisiciones

             de participaciones mayoritarias

27. El cuadro 2 refleja con detalle la distribución por sectores de las

fusiones y adquisiciones de participaciones mayoritarias en las que

intervinieron empresas de la Comunidad y que tuvieron lugar durante

1992/1993. Las tres primeras columnas reflejan la información sobre la

dimensión geográfica de estas operaciones mientras que la cuarta columna, así

como las restantes, reflejan las figuras globales correspondientes al período

1987/1988 a 1992/1993.

En este cuadro se incluyen únicamente las fusiones y adquisiciones de

participaciones mayoritarias resultantes de la suma de las siguientes

categorías suministradas por AMDATA: ofertas públicas, ofertas privadas,

compras de la empresa por parte de la dirección, enajenaciones y absorciones

      ^
inversas' [3] .

La primera parte del cuadro refleja el número de operaciones de estos tipos

que se produjeron en los sectores de la agricultura, minería y servicios

públicos, construcción y manufacturas. Esta última categoría se ha dividido a

su vez en tres grupos: minerales y química; metal, ingeniería y vehículos de

motor, y manufacturas en general. La segunda parte del cuadro incluye todos

los sectores de los servicios divididos en cuatro subgrupos: distribución y

hoteles, transportes y comunicación, sector bancario y financiero y seguros y

otros servicios.

Tal y como se reflejaba ya en el cuadro 1, el grupo de manufacturas en

general y el de metal, ingeniería y vehículos de motor son los dos subgrupos

que registraron el mayor número de fusiones y adquisiciones de

participaciones mayoritarias en 1992/1993, característica que se ha mantenido

(3) La definición de estas categorías se recoge más adelante en la sección
   sobre distribución por dimensión y tipo de la oferta.

```

Anexo IV.A. p.9

Cuadro 2

```
                FUSIONES Y ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES MAYORITARIAS CLASIFICADAS POR SUBSECTORES

```

###### 431

```
     TOTALES
1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 1991/1992

```

```
Dimensión geográfica y año
Destino SIC (2 dígitos)

```

```
1992/1993
Nacional Comunidad CE/no CE Total

```

```
Agricultura y Horticultura 11 1 5 17
Productos forestales 1 0 0 1

Pesca 1 0 3 4

AGRICULTURA 13 1 8 22

Carbón y combustibles sólidos 2 0 5 7
Petróleo y gas natural 7 2 13 22
Transformación del petróleo 5 1 1 7
Producción de combustible nuclear 2 0 3 5
Electricidad/Gas y otra energía 24 1 11 36
Suministro de agua 2 t 1 1 4
ENERGÍA Y AGUA 42' 5 34 81

Menas metalíferas 1 1 6 8

Manufactura del metal 37 9 17 63
Extracción de otros minerales 15 3 12 30

Productos minerales no metálicos 76 35 30 141
Industria química 64 45 97 206
Fabricación de fibras artificiales 1 1 2 4
MINERALES/QUÍMICA 194 94 164 452

Manufactura de otros prod, de metal 87 15 23 125
Ingeniería mecánica 225 47 95 367
Maquin. de of ic./equ. de proc. datos 18 2 15 35
```

**`Ingeniería eléctrica`** **`y`** **`electrónica`** **`127`** **`34`** _**77**_ _**228**_
```
Vehículos de motor y recambios 38 14 12 64
Otos equipamientos de transporte 38 3 11 52
Ingeniería de precisión 31 8 21 60
METAL/INGENIERÍVAUTCMÓVILES 564 123 254 941

Industria alimenticia 114 29 35 178
Azúcar y derivados 104 15 54 173
Industria textil 44 16 11 71
Piel y artículos de piel 4 0 4 8
Vestido y calzado 69 9 14 92
Madera y muebles de madera 52 6 14 72
Manufactura y productos de papel 239 29 56 324
Procesamiento de caucho y plástico 52 15 37 104
Otras industrias manufactureras 23 3 13 39

MANUFACTURAS 701 122 238 1061

Construcción/ingeniería civil 106 15 17 138
CONSTRUCCIÓN 106 15 17 138

```

```
 14

,1
 2

 16

 10

 42

 6

 0

 2

 2

 53

 6

 23

 9

 69

107

 2

215

 85

184

 35

187

 26

 30

 41

588

 76

 71

 46

 2

 40

 54

170

 71

 30

560

 69

 69

```

```
 21

  0

  1

 22

 9

 24

 17

  1

 8

 18

```

_77_

_7_

```
 65

 30

 141

 204

 5

452

 131

302

 58

308

 67

 49

 60

975

 140

146

 78

 9

 97

117

304

157

 42

1090

104

104

```

```
 39

  1

  5

 45

 9

 30

 14

  1

 12

 9

 75

 9

 96

 35

 166

 283

 5

594

 146

445

 50

353

 87

 65

 83

1229

195

184

 94

 13

101

110

386

174

 50

1307

164

164

```

```
 38

  2

  5

 45

  7

 20

 15

  2

 30

 14

 10

 108

 23

 192

 252

 4

 589

 154

392

 36

320

 80

 64

 91

1137

235

215

 74

 15

 98

91

381

148

 49

1306

134

134

```

```
 36

  0

  1

 37

  5

 35

 16

  3

 39

 4

 102

 17

 58

 36

 145

 226

 7

489

 156

415

 34

321

 80

 73

 75

1154

217

203

 111

 7

 76

101

337

136

 42

1230

161

161

```

```
Total 1620 360 715 2695 1501 2720 3414 3299 3173

```

```
    Anexo IV.A. p.10

Cuadro 2 (continuación)

                FUSIONES Y ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES MAYORITARIAS CLASIFICADAS PCR SUBSECTORES

```

432

```
      TOTALES

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 1991/1992

```

```
Dimensión geográfica y año
Destino SIC (2 dígitos)

```

```
1992/1993

Nacional Ccmunidad Œ/no CE Total

```

```
Distribución/mayoristas 262 73 125 460

Tratamiento de residuos 10 0 1 11

Distribución - minoristas (nacional) 95 10 10 115

Distribución - minoristas (otros) 78 6 17 101

Hoteles y catering 56 14 31 101
Reparación de productos y vehículos 7 1 1 9
DISTRIBUCIÓN/HOTELES 508 104 185 797

Trans. Gen./Cooriicación 9 0 1 10

Ferrocarril 3 0 1 4

Otro transporte terrestre 36 6 7 49
Transporte marítimo 11 3 5 19
Transporte aéreo 12 3 4 19
Servicios carpí ementar i os de transp. 17 3 6 26
Otros servie, de trans./almacenan. 49 18 26 93
Serv. postal/teleccm. 1 0 3 4
TRANSPCRTE/TELECCMUNICACICNES 138 33 53 224

Bancos e inst. fin. 123 28 43 194

Seguros (sin seguridad social) 48 15 21 84
Servicios a empresas 333 66 110 509

Arrendamientos de bienes muebles 29 7 8 44

Transacciones inmobiliarias 73 6 8 87

BANCA/FINANZA/SEGUROS 606 122 190 918

Servicios sanitarios 33 5 16 54

Educación 10 0 6 16

Investigación y desarrollo 8 3 5 16
Servie, médicos y sanit.;veterinar. 13 1 3 17
Otros servicios públicos 0 0 2 2
Servicios culturales y de ocio 63 5 15 83
Servicios personales 5 1 3 9

OTROS SERVICIOS 132 15 50 197

TOTALES 1384 274 478 2136

Fuente: AMDATA

```

```
 288

  8

 89

```

_**77**_

```
 70

 15

 547

  0

  0

 39

 6

  7

 13

 36

  0

 95

 78

 44

498

 62

 66

 748

 20

 12

 8

 12

 2

 46

 66

 159

1549

```

```
 480

  6

 114

 135

 116

 12

 863

  3

  3

 56

 21

 17

 11

 67

  0

 178

 195

 81

 608

 92

 70

1046

 48

 10

 12

 32

  0

 74

 66

 242

2329

```

```
 614

 11

 141

 227

 155

 25

1173

 15

  2

 47

 33

 25

 18

 110

  3

 253

 242

 94

 773

 104

 96

1309

 23

 38

 31

 13

 25

 96

 17

 243

2978

```

```
 455

  3

 140

 185

 103

 13

 899

 15

  0

 62

 21

 23

 15

 108

 13

 257

 280

 98

 685

 53

 78

1194

 57

 16

 16

 15

  8

 87

 10

 209

2559

```

```
 526

 18

 256

 136

 75

 14

1025

  4

  2

 68

 29

 21

 30

 72

 12

 238

 243

 73

 535

 39

 78

 968

 49

 11

 19

  5

  1

 75

 14

 174

2405

```

```
Anexo IV.A. p.11

```

433

```
constante desde 1987/1988. La distribución geográfica de estas operaciones

presenta, no obstante, importantes diferencias. Mientras que en estos dos

subsectores el número de operaciones transfronterizas es aproximadamente el

mismo, el número de transacciones nacionales en las manufacturas en general

es mucho más elevado que en el metal/ingeniería/vehículos.

Los subsectores que registraron la frecuencia más alta de operaciones durante

el pasado año fueron los de las manufacturas en general, el papel y sus

derivados, la alimentación y el azúcar. A pesar del descenso general del

número de transacciones, las concentraciones en el subsector del papel se

mantuvieron, en 1992/1993, en un nivel alto. Como consecuencia, ha

incrementado su parte relativa dentro del grupo de manufacturas, al

corresponderle más del 30 % de todas las transacciones en dicho grupo. El

porcentaje en los subsectores de la alimentación y el azúcar descendió

considerablemente por lo que al número de transacciones se refiere, pero

mantuvo su importancia relativa que es mayor que la de 1987/1988.

En el sector del metal, la ingeniería y los vehículos de motor, cabe destacar

que los dos subsectores principales -ingeniería mecánica y eléctrica e

ingeniería electrónica- han seguido una evolución diferente. En 1987/1988

ambos subsectores experimentaron aproximadamente el mismo número de

transacciones. Desde dicha fecha, las concentraciones en el sector de la

ingeniería mecánica aumentaron con más rapidez que en el sector de la

ingeniería eléctrica y electrónica. Cabe también destacar que las

transacciones nacionales son más frecuentes en el sector mecánico que en el

de la ingeniería eléctrica.

A pesar de su pequeño número, el incremento de las transacciones en el

subsector de la "electricidad, gas y otras energías" es muy considerable.

En el sector servicios, existe una gran concentración de transacciones en dos

subsectores que representan aproximadamente el 50 % del número total de

fusiones y adquisiciones mayoritarias de participaciones. Estos subsectores

son el de la distribución mayorista y el de servicios a empresas en el grupo

financiero.

Casi todos los subsectores han seguido la tendencia general de las

concentraciones durante los últimos años, con un máximo en torno a 1989/1990

y 1990/1991, seguido del actual declive. Esto supone una distribución muy

```

```
Anexo IV.A. p.12
```

434

```
estable de las operaciones por sector en este periodo con unos pocos

acontecimientos dignos de mención:

a) en primer lugar, el declive relativo de los servicios a empresas frente

   a la distribución mayorista, aunque el primero se mantiene todavía en

   cabeza en cuanto al número de transacciones registradas;

b) el subsector bancario ha incrementado su importancia relativa con

   firmeza durante los últimos años, pero, en 1992/1993, experimentó una

   drástica disminución del número de transacciones;

c) todos los demás servicios financieros (es decir, seguros, arrendamiento

   de bienes muebles y sector inmobiliario) han registrado un mayor número

   de transacciones en 1992/1993 que en el año anterior, aunque este

   incremento fuese relativamente pequeño;

d) la distribución minorista al extranjero experimentó un nivel

   excepcionalmente bajo de concentraciones en 1991/1992, por lo que el

   considerable incremento del pasado año debe considerarse como la

   recuperación de un nivel normal de las actividades de concentración;

e) la distribución minorista nacional experimentó un nivel excepcionalmente

   alto de transacciones en 1991/1992, pero durante el año siguiente las

   operaciones de concentración en este subsector disminuyeron hasta

   alcanzar el nivel de los años anteriores.

Para finalizar esta sección, el cuadro 3 refleja la distribución por países

de todas las operaciones intracomunitarias, es decir tanto nacionales como a

escala comunitaria, efectuadas en 1992/1993.

El Reino Unido registra el mayor número de transacciones en 6 de los 10

sectores económicos incluidos en el cuadro (agricultura; metal e ingeniería;

manufacturas en general; distribución y hoteles; banca y seguros y otros

servicios). Alemania cuenta con el mayor número de transacciones en 4'

sectores (energía y servicios públicos; minerales y química; construcción y

transporte y comunicaciones). Este elevado nivel de las operaciones de

concentración en Alemania parece reflejar la influencia de la reunificación

alemana habida cuenta de la naturaleza de los _sectores en los que Alemania

```

```
 Anexo IV.A. p.13
```

435

```
 ocupa el primer lugar. El tercer país en relación con el número total de

 operaciones de dimensión intracomunitaria fue Francia.

Cuadro 3

            FUSIONES Y ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES MAYORITARIAS DE DIMENSIÓN INTRACOMUNITARIA

                       POR SECTOR Y PAÍS DESTINATARIO - 1992/1993

Nacional/Comunidad 92/93
```

**País de destino** **B** **DK** **Irl** **F . D** **fir** **I** **Lux** **NL** **PT** **SP** **UK** **Total**
**Destino** **SIC**

**Agricultura** **2** **1** **1** **1** **1** **0** **0** **0** **2** **0** **3** **3** **14**
**Energía y** **agua** **2** **0** **0** **4** **2** **2** **0** **2** **0** **4** **0** **2** **11** **47**
**Min/Química** **13** **11** **3 31 87** **1** **31** **2** **11** **1** **29** **68** **288**
**Metal/Irg/Auton.** **13** **41** **2 131 185** **1** **64** **1** **45** **0** **13** **191** **687**
**Manufacturas** **2 7 3 2** **13 158 184** **3** **9** **3** **1** **60** **4** **40** **2 0 8 8 2 3**
**Construcción** **6** **4** **1 11 47** **0** **2** **0** **6** **0** **1** **43** **121**
**Distrib/Hoteles** **20** **19** **4** **82 199** **1** **13** **0** **40** **4** **24** **206** **612**
**Transport/Ccm.** **9** **12** **1 28 45** **1** **17** **0** **25** **0** **6** **27** **171**
**Banca/Fin/Segur.** **43** **38** **7 125 114** **2** **70** **3** **74** **4** **45** **203** **728**
**Otros servicios** **5** **3** **1 20 39** **0** **10** **0** **6** **1** **3** **59** **147**

**TOTALES** **140** **161** **33 591 923** **9** **302** **7** **273** **14** **166** **1019** **3638**

**Fuente:** **AMMTA**

```
Anexo IV.A. p.14

<T4> Distribución geográfica de las operaciones de concentración

```

##### 436

```
28. Gracias a la base de datos AMDATA podemos suministrar un desglose

detallado de la distribución geográfica de las operaciones de concentración.

En la presente sección, las operaciones intracomunitarias están separadas de

aquellas en las que han participado empresas comunitarias y no comunitarias.

<T5> Operaciones intracomunitarias

29. El cuadro 4 refleja la distribución de fusiones y adquisiciones de

participaciones mayoritarias en las que han participado únicamente empresas

de los Estados miembros. La diagonal de dicho cuadro muestra las operaciones

de alcance exclusivamente nacional, mientras que los demás datos se refieren

a operaciones a escala comunitaria, es decir operaciones entre empresas

pertenecientes como mínimo a dos Estados miembros distintos. Este cuadro

incluye todas las operaciones efectuadas durante 1992/1993 en todos los

sectores (agricultura; minería y servicios públicos; manufacturas y

servicios).

Según el cuadro 4, los tres países que son objeto más a menudo de fusiones y

adquisiciones de participaciones mayoritarias a escala nacional y comunitaria

(RU, Alemania y Francia) han sido también los países en los que se ha

originado el mayor número de ofertas de adquisición de empresas dentro de la

Comunidad. El RU ocupa el primer lugar en ambos casos. En 1992/1993 se

efectuaron más operaciones de este tipo en el RU que en cualquier otro lugar

de la Comunidad. Contabilizando únicamente el número de operaciones

nacionales efectuadas en el Reino Unido se obtiene un resultado superior al

de operaciones efectuadas en cualquier otro lugar de la Comunidad: se

efectuaron 92 9 operaciones exclusivamente nacionales en el RU, mientras que

el total de operaciones nacionales más el total de transacciones comunitarias

que tenían como objetivo Alemania (que ocupa el segundo lugar) fue únicamente

de 92 3. Francia ocupa el tercer lugar en cuanto a la actividad de las

operaciones de concentración en 1992/1993, en las dos vertientes, activa y

pasiva, de dichas operaciones.

No obstante, el cuadro refleja algunas diferencias considerables entre estos

tres países. El número de ocasiones en las que el RU aparece como país de

origen de la empresa adquirente en la transacción es algo mayor que el número

de casos en los que las empresas de dicho país son las adquiridas en la

```

Anexo IV.A. p . 1 5

Cuadro 4

437

```
   DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES MAYORITARIAS DE DIMENSIÓN INTRACCMUNITARIA

                    (Nacional y CE) (Todos los sectores) - 1992/1993

País de destino B DK Irl F D Gr I Lux NL PT SP UK Total
País de origen

```

Bélgica 7 8 1 0 8 3 0 0 3 4 0 3 3 103
Dircrrarca 1 134 0 3 3 1 1 0 1 1 2 16 163

Irlande 1 0 2 5 0 . 2 0 0 0 4 0 1 19 52

Francia 19 3 0 477 3 4 2 2 5 1 11 2 28 2 3 6 2 5

Alanania 5 13 0 26 801 0 8 2 14 0 8 16 893

Grecia 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 5

Italia 1 1 "0 18 6 1 249 1 1 1 8 2 289
Luxemburgo 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 6
Países Bajos 2 2 4 1 7 2 9 0 3 0 215 1 7 9 2 9 8
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5
España 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 89 1 9 8
Reino Unido 12 5 6 48 43 1 16 0 23 1 17 929 1101

```
TOTALES 140 161 33 591 923 9 302 7 273 14 166 1019 3638

Fuente: AMDATA

```

```
Anexo IV.A. p.16
```

438

```
operación (1 101 y 1 019 respectivamente). Por consiguiente, cabe afirmar que

el RU es un "país adquirente" en el ámbito comunitario ya que el balance neto

por lo que al número de operaciones es negativo, es decir con más

adquisiciones de empresas extranjeras por parte de empresas del RU, que de

empresas británicas por empresas extranjeras^ [4] '. A pesar de todo, en el RU

la proporción de transacciones nacionales en relación con la de operaciones

comunitarias es relativamene elevada: por cada oferta efectuada por una

empresa del RU para una empresa extranjera de otro Estado miembro, hay 5,4

operaciones en las que sólo participan empresas británicas.

Francia siguió una pauta diferente, al menos en 1992/1993. Al igual que en el

RU, las empresas francesas son más frecuentemente adquirentes de empresas

extranjeras .de otros países comunitarios que objeto de las operaciones de

                      ^
concentración intracomunitarias' [5] . Ahora bien, las operaciones nacionales

son relativamente menos importantes en Francia (en comparación con las

comunitarias) que en el RU: por cada operación transfronteriza se produjeron

3,2 operaciones en las que sólo participaban empresas francesas.

También Alemania presenta unas características distintas. Las empresas de

dicho país han hecho más ofertas por empresas alemanas que por empresas de

otros Estados miembros. En este sentido, la situación en Alemania es

diferente de la existente en el RU y en Francia. Sin embargo, al igual que en

el RU, las operaciones nacionales (801) fueron relativamente mucho más

importantes que las adquisiciones de empresas extranjeras por parte de

sociedades alemanas (92) o que las adquisiciones de empresas alemanas por

empresas extranjeras (122).

El resto de los Estados miembros sigue aproximadamente estas tres pautas.

Bélgica, Grecia y los países de la Península Ibérica suelen ser sujeto pasivo

(4) Evidentemente, el balance real neto debería efectuarse en función del
   valor de las operaciones, pero teniendo en cuenta el gran número de
   casos en que se desconoce dicho valor, se considera que el número de
   operaciones constituye un indicador mejor. Por lo que se refiere al RU y
   a las operaciones de dimensión comunitaria, el balance en cuanto al
   valor es también muy negativo. El valor de las ofertas efectuadas por
   empresas británicas fue de 7 700 millones de ecus, mientras que el valor
   de las ofertas que tenían como objetivo empresas británicas fue

   únicamente de 2 600 millones de ecus.

(5) No obstante, el balance en términos de valor agregado de las ofertas
   está, en el caso francés, más o menos equilibrado.

```

`Anexo` `IV.A.` `p.` `17` _A_ _-r_ _r\_
439

```
de las operaciones más que activo fuera de sus respectivos países pero dentro

de la Comunidad. En este sentido, se parecen a Alemania. Al igual que en

Francia, el porcentaje de operaciones nacionales en relación con las

comunitarias es proporcionalmente menor comparado con otros países. Cabe

decir lo contrario de Italia, por ejemplo, en donde el 82 % de todas las

operaciones intracomunitarias fueron exclusivamente nacionales.

<T5> Operaciones CE/no CE

30. Los cuadros 5 y 6 completan la descripción de las actividades

transnacionales de concentración. El cuadro 5 refleja la distribución de las

adquisiciones de participaciones mayoritarias por parte de empresas europeas

en países no comunitarios según la nacionalidad de las empresas objeto de la

operación. El cuadro 6 refleja la nacionalidad de origen de las empresas no

comunitarias que se fusionaron o adquirieron participaciones mayoritarias en

empresas comunitarias.

Según refleja el cuadro 5, Norteamérica fue el lugar de destino preferente de

las empresas comunitarias que adquirieron o se fusionaron con empresas no

comunitarias. En cuanto a los compradores, también el RU fue el país

comunitario más activo, seguido de Francia y Alemania. Pero también en este

caso estos países siguen pautas distintas. Aproximadamente un 50 % de las

empresas británicas que adquirieron empresas no comunitarias lo hicieron en

Estados Unidos o Canadá. Por otra parte, los países de destino de las

empresas alemanas o francesas están más repartidos entre América del Norte y

Europa Occidental (no comunitaria) y Oriental.

Es de destacar que, según el cuadro 5, el quinto país comunitario en donde se

efectuaron más operaciones fue Dinamarca, cuyas operaciones se dirigieron, en

un 50 % aproximadamente, hacia los países escandinavos' [6] '. También es de

destacar la relativamente elevada actividad de las empresas italianas en

América Latina.

El cuadro 6 muestra que Alemania fue, en 1992/1993, el país favorito de

destino de los fondos no comunitarios destinados a adquirir empresas

comunitarias. En 88 casos, empresas norteamericanas adquirieron

```

_[6)_ `De hecho, Dinamarca representa un tercio de todas las adquisiciones`
```
   comunitarias efectuadas en los países escandinavos.

```

```
Cuadro 5

País destinatario

País de origen

Bélgica

Dinamarca

Irlanda

Francia

Alemania

Grecia

Italia

Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
España

Reino Unido

```

```
DISTRIBUCIÓN POR REGIONES MUNDIALES DE U S FUSIONES Y ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES MAYORITARIAS DE EMPRESAS NO COMUNITARIAS
               POR PARTE DE EMPRESAS COMUNITARIAS (Todos los sectores) - 1992/1993

```

_**<**_

```
   •d

   H
   00

-4^

O

```

```
EEUU/Can Escandinavia Resto de Eur.

            Occid.

```

```
Lejano Oriente América Latina Oriente Medio Europa Oriental Australia Asia Africa Internacional TOTAL

```

```
 10

37

 8

85

98

 2

33

 2

53

 0

 5

201

```

```
0

1

0

1

2

0

0

0

3

0

o

14

```

```
 1

2

0

6

3

 0

 1

 0

6

 0

 0

15

```

```
1

0

0

5

0

0

10

 1

 1

0

2

5

```

```
4

4

 1

19

25

 1

7

 0

9

 0

 0

 9

```

```
 4

 7

 6

 24

 25

 1

 10

 0

 14

 0

 2

102

```

```
0

21

 1

4

12

 0

 2

 0

 8

 0

 0

15

```

```
0

 1

0

19

27

0

2

 1

 5

 0

 0

25

```

```
TOTALES 195 63 80 34 25 79 21 15 12 534

Fuente: AMDATA

```

Anexo IV.A. p . 1 9, . „
###### 441

Cuadro 6

```
             DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL PAÍS DE ORIGEN DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES MAYORITARIAS

         DE EMPRESAS COMUNITARIAS POR PARTE DE EMPRESAS NO COMUNITARIAS (Todos los sectores) - 1992/1993

País destinatario B DK Irl F D Gr I Lux NL PT SP IX Total

País de origen

```

EEUU/Canadá 5 6 3 35 88 2 19 1 19 0 20 75 273

Escandinavia 2 16 0 5 26 0 7 0 11 0 12 12 91

Eur. Occid. 4 3 0 21 62 1 13 0 16 4 10 11 145

Caribe 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4
Lejano Oriente 1 1 0 11 15 0 4 0 1 0 3 26 62
América Latina 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 7

Oriente Medio 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 1 8

Eur. Orient. 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5

Australasia 0 0 1 1 4 0 0 0 4 0 0 5 15

Asia 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5

Africa 0 0 0 2 3 0 0 0 1 1 2 5 14

Internacional 0 0 1 3 3 1 2 . 0 3 0 5 9 27

```
TOTALES 12 27 5 81 214 4 47 1 56 5 58 146 656

Fuente: AMDATA

```

```
Anexo IV.A. p.20
```

442

```
participaciones mayoritarias en empresas alemanas. En segundo lugar se

encuentra Europa occidental con 62 casos, cifra que se puede calificar de

importante. Tal y como cabía esperar, la mayor parte de las operaciones

corresponde a estas dos regiones del mundo, seguidas de los países

escandinavos. El Lejano Oriente fue el cuarto inversor más importante, pero

teniendo en cuenta la dimensión de las economías asiáticas como Japón, esto

supone un nivel relativamente bajo de operaciones de concentración con

empresas comunitarias. Así se demuestra claramente si se compara la cifra

correspondiente a los países escandinavos (91 operaciones) con la

correspondiente al Extremo Oriente (62 operaciones).

El desglose por sectores de las fusiones y adquisiciones de participaciones

mayoritarias por parte de empresas extranjeras en empresas no comunitarias

refleja que existe una tendencia a concentrar las adquisiciones en los

sectores del metal, la ingeniería y los vehículos automóviles y en el sector

de las manufacturas (118 operaciones cada uno) seguido por el sector de la

distribución y hoteles y el sector bancario, financiero y de seguros (con 82

operaciones cada uno). Estas cifras se atienen a la pauta general de la

distribución sectorial de las operaciones reflejada en el cuadro 2. No

obstante, la distribución por regiones del mundo refleja ciertas diferencias.

En las concentraciones entre empresas norteamericanas y comunitarias, existe

una diferencia considerable en el número de operaciones efectuadas en el

sector del metal, la ingeniería y los vehículos de motor (50 operaciones) y

el de las manufacturas en general (33 operaciones, cifra similar a la del

sector químico, 31; de distribución y hoteles, 30; y bancario, 30). Cuando

las empresas comunitarias adquieren o se fusionan con empresas de Europa

oriental, el sector que registra un mayor número de operaciones es el de las

manufacturas en general (31), seguido por el de metal y la ingeniería y el de

la distribución y hoteles (18 y 10 respectivamente). El número de operaciones

en las que han participado empresas de Europa occidental del sector'bancario,

financiero y de seguros se limita a 5. En cambio, el sector financiero cuenta

con el número más alto de operaciones de concentración dirigidas hacia

empresas de Australasia. Por lo que se refiere a las empresas de Europa

occidental, las pertenecientes a los sectores de las manufacturas, del metal

e ingeniería y al sector químico (con 18, 17 y 18 operaciones

respectivamente) fueron objeto de las operaciones con mayor frecuencia que

las del sector servicios (12 en el sector de la distribución y 10 en el

sector financiero).

Por último, 19 empresas escandinavas del sector del metal y la ingeniería y

```

```
Anexo IV.A. p.21

```

443

```
15 del sector de la distribución y hoteles fueron objeto de las

transacciones.

La distribución sectorial de las operaciones de concentración en las que una

empresa comunitaria fue el destino de una operación de una empresa no

comunitaria refleja ciertas diferencias con relación a la distribución

sectorial de las operaciones intracomunitarias examinadas anteriormente en el

cuadro 3. En primer lugar, existieron más operaciones de concentración en el

sector del metal y la ingeniería en 1992/1993 que en el sector general de las

manufacturas (136 y 120 operaciones respectivamente). Esta situación es

diametralmente opuesta a la existente por lo que a las transacciones

intracomunitarias se refiere, en las que las manufacturas en general ocupan

el primer lugar de los sectores objeto de las transacciones. El número de

operaciones que tenían como objetivo el sector financiero fue también

relativamente elevado cuando las empresas ofertantes no eran comunitarias, en

comparación con el número de casos en los que todas las firmas participantes

eran europeas (17 % y 20 % respectivamente) . Otro tanto cabe decir de los

sectores químico, minero, de servicios públicos y agrícola. El gran número de

operaciones de concentración en las que participaban empresas extranjeras que

adquirían empresas comunitarias en el sector del metal y la ingeniería se

debe en gran parte al elevado número de transacciones de estos tipos en las

que empresas alemanas eran el objetivo de la transacción (56 casos, que

representan el 41,2 % de las transacciones en dicho sector). La gran

importancia de Alemania en la distribución geográfica de las transacciones

determina en gran medida la distribución sectorial (Alemania atrajo un 32,6 %

de este tipo de operaciones) . También fue muy importante la actividad en el

sector alemán de la distribución en el que se produjeron 4 8 casos de empresas

no comunitarias cuyo objetivo eran empresas alemanas de dicho sector. En

Francia, la distribución fue aproximadamente la misma entre los cinco

sectores principales. Es de destacar el caso de Bélgica en el que el número

de operaciones en que empresas no comunitarias efectuaron transacciones cuyo

objetivo eran empresas belgas fue considerablemente menor que el número de

transacciones en las que la empresa autora de la oferta era comunitaria.

<T4> Flujo de las actividades de concentración

31. Al determinar la nacionalidad de la empresa autora de la oferta y de la

empresa destinataria de la misma en cada operación, se pueden describir con

detalle los distintos flujos de las actividades de concentración entre los

```

```
Anexo IV.A. p.22

```

444

```
diferentes países. La combinación de esta información con la dimensión

geográfica de las operaciones sirve para determinar pautas o características

de cada Estado miembro por lo que se refiere a su situación en el flujo

internacional de operaciones de concentración. En la presente sección, se

definirán tres indicadores que contribuirán a determinar la pauta para cada

país.

   El primero se refiere a la cualidad de cada Estado miembro como

   ofertante o destinatario de las operaciones de dimensión

   intracomunitaria y extracomunitaria. Esta clasificación se basa en la

   propensión de cada país de efectuar ofertas (o de recibirlas) para, o

   por parte de, empresas situadas dentro o fuera de la CE.

   El segundo indicador, el índice de balance neto, es una especie de

   balance externo para cada país que mide la diferencia entre el número de

   transacciones transfronterizas en las que dicho país aparece como

   ofertante y destinatario de la operación.

   Por último, el índice de "apertura" refleja la proporción entre las

   transacciones nacionales y transnacionales « en las que participan

   empresas de un determinado Estado miembro. Los gráficos 2 y 3 resumen

   las características de los Estados miembros basándose en estos índices.

32. Con objeto de identificar el papel de cada Estado miembro como país

ofertante o destinatario, se han dividido los datos correspondientes de las

últimas dos filas de los cuadros 3 y 6. Se puede observar que el número de

operaciones en las que el ofertante es comunitario es mucho mayor que el de

operaciones en que el ofertante no lo es. Por ejemplo, se efectuaron 3 638

operaciones intracomunitarias y sólo 656 transacciones por las que empresas

extracomunitarias adquirían compañías comunitarias. Esto quiere decir que por

cada empresa no comunitaria que adquiere una comunitaria hay 5,55

transacciones en las que empresas comunitarias adquieren participaciones

mayoritarias en otras empresas de la Comunidad. Se puede caracterizar así a

los distintos Estados miembros según su propensión a ser destinatarios de

operaciones procedentes del interior o del exterior de la Comunidad. Aquellos

países cuya proporción es inferior a 5,55 serían, en este caso, países con

propensión a ser objeto de ofertas por parte de empresas no comunitarias en

mayor medida que la media comunitaria. Por otra parte, si la proporción es

```

```
Anexo IV.A. p.23
```

445

```
superior a 5,55 cabe afirmar que las empresas de dicha nacionalidad son, en

términos relativos, destinatarias de ofertas efectuadas por empresas

comunitarias en mayor medida que la media de la CE. Según este método,

resulta que Grecia, Portugal, España, Alemania y los Países Bajos son los

Estados miembros más abiertos relativamente a las operaciones de

concentración procedentes del exterior que del interior de la Comunidad. En

los demás Estados miembros sucede lo contrario, ocupando Bélgica el primer

lugar con 11,7 operaciones intracomunitarias por cada transacción en la que

la empresa ofertante no es comunitaria.

Se puede hacer un análisis similar con los cuadros 4 y 5 con objeto de medir

la propensión relativa de las empresas comunitarias de cada Estado miembro a

efectuar ofertas en operaciones de concentración dentro de la Comunidad o

fuera de la misma. Para ello, se puede dividir dato por dato la información

contenida en las últimas columnas de ambos cuadros. Por término medio, cada

vez que una empresa comunitaria absorbe a una empresa no comunitaria, hay

6,81 operaciones entre empresas de la Comunidad. Aquellos países cuya

proporción es inferior a 6,81 muestran una propensión a absorber empresas no

comunitarias más alta que la media comunitaria. Si la proporción es superior

a 6,81 cabe afirmar que dicho país tiene una tendencia relativamente mayor a

la media comunitaria a ser ofertante en transacciones intracomunitarias que

en transacciones CE/no CE. Según esta clasificación, Portugal, España,

Alemania, Italia, Francia'y Bélgica tienen una propensión relativamente mayor

a efectuar sus ofertas dentro de la Comunidad mientras que Grecia, los Países

Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Irlanda y el Reino Unido tienden a dirigir sus

ofertas más hacia el exterior que hacia el interior de la Comunidad.

Estos criterios describen los Estados miembros según su participación en las

concentraciones sea intra o extracomunitaria, tal y como se describe en el

gráfico 2. Evidentemente, cuanto menor sea la actividad de concentración

global en un país determinado, más inestable es la situación del mismo en el

gráfico. En este sentido, la situación de países tales como Grecia, Portugal

o Luxemburgo debe considerarse como muy inestable ya que el pequeño número de

operaciones registrado en dichos países puede hacer que su posición fluctúe

en gran medida de un año a otro.

```

```
      ESTADOS, MIEMBROS. pE^LA^CE .COMO ORIGEN, 0. DESTINO

                  pa.í.ses. .comjunit.ac.ins.y no comunitarios

```

_**ù**_

```
Portugal * B
        España

```

```
 GRÁFICO 2

Bélgica

```

```
 Origen

interno

  ó.8

 Origen

externo

```

```
     Alemania.

            Media CE

         Países.Ba jos

    a Grecia

Destinó' externo

```

```
      s... Re i no Unido

 ® Dinamarca

```

_m_ `Luxemburgo`

```
 _L_

5. o 5
            Destinó"interno

                     Fuente: Cuadros 3, 4, 5 y 6

```

```
  Italia

Irlanda

```

```
Francia

```

```
  3>

ON

```

```
Anexo IV.A. p.25
```

447

```
El gráfico 3 contiene más información sobre las características de los

Estados miembros por lo que se refiere a las operaciones de concentración

internacionales. El índice de balance neto se ha calculado para cada Estado

miembro tomando la diferencia entre el número de transacciones

transfronterizas ^ [7] ^ en las que las firmas de dicho país han sido

destinatarias de ofertas procedentes del exterior y las ocasiones en que han

sido ofertantes en operaciones extracomunitarias, y dividiendo dicho

resultado por el número total de transacciones internacionales en dicho país.

Tan sólo cinco países registran un balance negativo, es decir, como países

cuyas empresas son más frecuentemente adquirentes de empresas situadas en

otros países comunitarios o no comunitarios que destinatarias de las ofertas

efectuadas por empresas extranjeras. Irlanda y el Reino Unido presentan el

balance más negativo seguidos por Dinamarca, Francia y los Países Bajos. Por

otra parte, Portugal, España, Grecia, Bélgica y Alemania, seguidos por

Italia, tienen un balance neto positivo del número de operaciones en el que

han participado empresas no pertenecientes a sus respectivos países.

El gráfico 3 incluye también un índice de apertura. Este índice mide la

importancia relativa de las operaciones de concentración transfronteriza en

un país, en comparación con el número de operaciones nacionales. Se calcula

hallando la diferencia entre todas las operaciones internacionales y

nacionales, dividida por la suma de ambas. Los países pequeños tales como

Luxemburgo, Portugal, Grecia e Irlanda tienden a ser muy abiertos, como cabía

esperar, mientras que los países grandes tales como Alemania tienen tendencia

a ser menos abiertos. No obstante, es interesante destacar algunas

excepciones. En particular, Dinamarca tiene un índice negativo que demuestra

que la actividad interna de concentraciones es muy importante en relación con

las operaciones internacionales. También cabe señalar que Francia tiene un

índice negativo, pero muy pequeño en términos absolutos (si se compara, por

ejemplo, con Italia), que refleja cierto equilibrio entre el número de

operaciones transfronterizas y nacionales en las que han participado empresas

francesas. Existen algunas diferencias importantes entre los países que

tienen balances netos positivos e índices de apertura positivos. Por ejemplo,

el balance neto es aproximadamente el mismo en España y Portugal. No

(7) Tanto comunitarias como no comunitarias, pero excluyendo las
   transacciones nacionales.

```

BALANCE NETO _E_,INDKE DE # APERTURA^ DE LOS,PAISES # COMUNITARIOS

EN CUANTO A FUSIONAS, .X AD.QJUJSJ£JPNES. PE .ÇARUQIPACJJWS MAYORITARIAS

**3>**

**X**

o
GRÁFICO 3

```
    BÉLGICA

   DINAMARCA

    IRLANDA

    FRANCIA

    ALEMANIA

      6R.E.CÍ.A

     ITALIA

  LUXEMBURGO

 PAÍSES BAJOS

    PORTUGAL

```

ESPAÑA

REINO UNIDO

**•0,6** **-0,4** **-0,2** **O** **0,2** **0,4** **0,6** **0,8** **1,2**

Balance neto índice de apertura

4 ^
**Fuente:** **AMDATA**
4*>

OO

```
Anexo IV.A. p.2 7
```

449

```
obstante, el índice de apertura en España es menos de la mitad del portugués,

lo que muestra una actividad de operaciones de concentración nacionales mucho

más importante en España que en Portugal.

<T4> Distribución de las operaciones de concentración

            según el tipo y el valor de las ofertas

33. La base de datos AMDATA no suministra información sobre el volumen de

negocios de las empresas participantes en las operaciones de concentración, a

diferencia de la base DOME que sí lo hacía. Por consiguiente, no es posible

dar información sobre la dimensión de las empresas participantes en las

operaciones. Sin embargo, AMDATA suministra alguna información que puede

darnos una idea en cuanto a la distribución según la dimensión de las

operaciones, en lugar de según la dimensión de las empresas participantes.

AMDATA recoge información sobre el valor de la oferta de cada operación. Sin

embargo, según muestra el cuadro 7, en un gran porcentaje de operaciones se

desconoce el valor de la oferta. Sólo se dispone de este valor para un tercio

de todas las transacciones en las que han participado firmas europeas (es

decir, transacciones nacionales y comunitarias y transacciones en las que

participaba una empresa comunitaria y otra no comunitaria). El porcentaje de

datos no disponibles sobre el valor no es el mismo en todos los sectores. El

problema se agudiza en las operaciones intracomunitarias efectuadas en el

sector de la construcción, respecto del cual sólo se conoce el valor de la

oferta de, aproximadamente, una de cada seis operaciones. Por otra parte, el

problema es menos importante en las operaciones CE/no CE efectuadas en el

sector de la energía y el agua cuyo valor sólo se desconoce en 13 de las 34

operaciones efectuadas en total.

Las transacciones intracomunitarias suelen ser de menores dimensiones que

aquellas en las que participan empresas comunitarias y de terceros países.

Por ejemplo, en el sector de las manufacturas en general, el valor del 6 5 %

de las transacciones comunitarias era inferior a 10 millones de ecus mientras

que dicho porcentaje era del 43 % por lo que se refiere a las operaciones

CE/no CE. No obstante, el valor del 56 % de las transacciones CE/no CE en

dicho sector oscilaba entre 10 y 500 millones de ecus, mientras que tan sólo

un 34 % de las operaciones intracomunitarias correspondía a dicha gama de

valores. No obstante, el valor de dos operaciones intracomunitarias excedió

los 200 millones de ecus.

```

Anexo IV.A. p . 2 8

_Cuadro_ _7_

```
        DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN SEGÚN SU VALOR Y EL SECTOR DE ACTIVIDAD - 1992/1993

```

450

```
Valor de la oferta

en MilIones de Ecus

Destino

Agricultura
         intra CE

         CE/no CE
Energía y Agua

         intra CE

         CE/no CE
Min/Quím.

         intra CE

         CE/no CE
Metal/Ing/Autcm.

         intra CE

        CE/no CE

Manufacturas

         intra Œ

        CE/no Œ

Construcción

         intra CE

        CE/no Œ

Distrib./Hoteles

         intra CE

        CE/no CE
```

Transp./Ccm.
```
         intra CE

        CE/no CE

Banca/F i n/Seguros
         intra CE

        CE/no CE

Otros servicios

         intra CE

        CE/no CE

```

```
Sin datos < 10M < 50M < 100M < 200M < 500M < 9O0M Superior Totales

```

```
 1

 1

 3

 5

30

25

52

31

59

24

 5

 1

54

18

13

 5

59

21

15

 7

```

```
 0

 0

 0

 3

 9

10

12

10

 9

11

 2

 2

9

8

3

3

24

8

2

3

```

```
 14

 8

 47

 34

288

164

687

254

823

238

121

 17

612

185

171

 52

728

191

147

47

```

```
 7

 6

 31

 13

 187

 102

466

 171

600

156

 98

 10

398

130

129

 35

469

126

 97

 28

```

```
 6

 1

 8

 5

55

 15

151

36

144

29

 16

 4

138

27

24

 9

143

28

32

 8

```

```
 0

 0

 4

 4

 5

 5

 3

 4

 5

 8

 0

 0

 6

 2

 1

 0

25

4

 1

 1

```

```
TOTALES 3259 879 429 128 78 41 4828

Fuente: AMDATA

```

```
Anexo IV.A. p.29
###### 451

La distribución de la dimensión de las operaciones por sector de actividad y

por valor de la oferta refleja algunos hechos interesantes. La envergadura de

las operaciones en el sector de la energía y el agua está por encima de la

media. Por lo que se refiere a las transacciones intracomunitarias, el valor

de la oferta del 31 % de todas aquellas operaciones para las que se dispone

de información fue superior a 200 millones de ecus. En las operaciones CE/no

CE, dicho porcentaje asciende hasta el 3 8 %, contándose tres operaciones en

las que el valor de la oferta fue superior a 900 millones de ecus. También el

valor de las ofertas de los sectores químico y extractivo fue superior ' a la

media. El valor de la oferta de 4 7 operaciones de dimensión extracomunitaria

fue superior a 50 millones de ecus y 7 operaciones superaron la barrera de

los 500 millones de ecus. El sector financiero, el del metal y la ingeniería

y el de las manufacturas en general ocupan los puestos siguientes por lo que

se refiere a la envergadura media de las transacciones.

El cuadro 8 refleja la distribución de las operaciones de concentración

(excluyendo las empresas en participación y las adquisiciones de

participaciones minoritarias, al igual que en los cuadros anteriores) según

el tipo de operación. Las ofertas públicas son aquellas transacciones en las

que cualquiera de las empresas destinatarias de la oferta cotiza en una de

las bolsas de valores existentes en el mundo. El grupo de adquisiciones

privadas incluye cualquier transacción en las que la empresa adquirida no

cotiza en una bolsa de valores y al mismo tiempo la operación no está

incluida en ninguna otra categoría. Las adquisiciones de la empresa por parte

de la dirección de la misma son aquellas operaciones en las que el adquirente

es propiedad, total o parcialmente, de miembros de la dirección de la empresa

adquirida. Las enajenaciones son, según AMDATA, aquellas adquisiciones en las

que la empresa adquirida está inscrita en el registro mercantil del Reino

Unido. Por último, las absorciones inversas son aquellas operaciones en las

una empresa que cotiza en bolsa adquiere una empresa que no cotiza y la

emisión de acciones que constituye la contraprestación de la operación da por

resultado que la empresa que no cotiza adquiere el control de la que

cotiza( [8] ) .

(8) AMDATA incluye las "alianzas estratégicas", participaciones
   (minoritarias) y las "desconcentraciones" como categoría suplementarias
   no incluidas en el concepto general de adquisición de participaciones
   mayoritarias. Las participaciones minoritarias se recogen en la sección
   siguiente.

```

```
Cuadro 8

Tipo ote oferta

Destino SIC

Agricultura
Energía y Agua
Min/Quím.
Metal/Ing/Autcm.

Manufacturas

Construcción

Distrib./Hoteles
Transp./Ccm.
Banca/Fin/Seguros

Otros servicios

```

```
                  DISTRIBUCIÓN DE OPERACIONES POR TIPO DE OFERTA Y SECTOR DE ACTIVIDAD - 1992/1993

                       Ccnpras por parte
 Ofertas públicas Adquisiciones privadas de la dirección Enajenaciones Absorciones inversas Totales

Intra CE CE/no CE Intra Œ CE/no Œ Intra CE CE/no CE Intra Œ CE/no CE Intra CE CE/no CE Intra CE Œ/no Œ

```

```
  X
  O

```

_**<**_

```
  u>

  o

On

```

**ro**

```
 9

38

209

492

617

94

467

140

532

107

```

```
 1

 0

30

117

97

 19

65

20

80

 16

```

```
3

 4

37

61

80

 7

63

 9

55

21

```

```
 1

7

16

16

19

 0

20

3

23

6

```

```
 1

 5

12

17

29

 1

17

 2

60

 3

```

```
0

3

12

5

3

 1

8

3

9

4

```

```
 6

24

133

230

214

 15

156

45

156

37

```

```
 14

47

288

687

823

121

612

171

728

147

```

```
 8

34

164

254

238

 17

185

 52

191

 47

```

```
TOTALES 147 48 2705 1016 445 13 340 111 3638 1190

Fuente: AMDATA

```

```
Anexo IV.A. p.31
```

453

```
El cuadro 8 muestra que las adquisiciones privadas son, con mucho, el tipo de

operación más frecuente, con 3 821 operaciones de un total de 4 828

operaciones intracomunitarias y CE/no CE. Las adquisiciones privadas son

especialmente frecuentes en las operaciones CE/no CE ya que tan sólo 184

operaciones de concentración extracomunitaria pertenecen a las demás

categorías. Por otra parte, las absorciones inversas son muy escasas,

habiéndose registrado tan sólo tres casos en 1992/1993. Las adquisiciones por

parte de la dirección fueron relativamente frecuentes en la categoría

intracomunitaria, representando más del 12 % del número total de operaciones.

La mayor parte de los. 184 casos de operaciones extracomunitarias se

concentraron en la categoría de las enajenaciones. Estas operaciones fueron

relativamente frecuentes en los sectores de la distribución y financiero. Las

ofertas públicas de dimensión intracomunitaria fueron especialmente

importantes en el sector bancario, financiero y de seguros, con 6 0

operaciones.

Cabe señalar que la clasificación de AMDATA por tipos de operación es mucho

más detallada que la que suministraba DOME, que sólo contemplaba tres tipos

de operaciones: fusiones y adquisiciones de participaciones mayoritarias,

adquisiciones de participaciones minoritarias y empresas en participación.

También cabe destacar que AMDATA no incluye las fusiones en una categoría

separada. Incluso cuando dos empresas se fusionan para constituir una nueva,

con la consiguiente desaparición de las empresas originales, AMDATA no

incluye una categoría separada que abarque las fusiones. Si dos empresas se

fusionan para constituir una nueva, desapareciendo las empresas existentes

originalmente, AMDATA determina que al menos una de las empresas tiene cierto

control o prioridad sobre alguna de las demás, como si de una absorción o

adquisición de participaciones mayoritarias se tratase. Para esta base de

datos, siempre existe (como mínimo) una empresa ofertante y una empresa

objeto de la oferta^ [9] '. Además, gracias a este método estadístico se ha

podido efectuar el análisis geográfico de los flujos de operaciones de

concentración basándose en la nacionalidad de las empresas ofertantes y

destinatarias de las operaciones.

(9) Aunque esto pueda ser problemático^en algunas ocasiones, y por lo tanto
   cuestionable, es cierto también que el número de fusiones "puras" es
   proporcionalmente muy pequeño.

```

```
Anexo IV.A. p.32

<T4> Adquisiciones de participaciones minoritarias

              y empresas en" participación

```

454

```
34. Los cuadros 1 y 9 reflejan la evolución de las adquisiciones de

participaciones minoritarias' [10] ' durante el último año en comparación con el

período de 1987/1988 a 1991/1992. Al revés de lo que ocurría con las fusiones

y las adquisiciones de participaciones mayoritarias, las de participaciones

minoritarias no han disminuido muy drásticamente con relación a los datos de

1991/1992. Las operaciones nacionales y comunitarias internacionales

aumentaron en relación con las cifras de 1991/1992. La evolución fue

relativamente similar en los sectores de manufacturas y servicios. El número

de operaciones de este tipo se incrementó ligeramente en los sectores del

metal, ingeniería y vehículos de motor, así como en el sector financiero y de

otros servicios. La mayor concentración de adquisiciones de participaciones

minoritarias se produjo en el sector bancario, el de seguros y financiero, en

el que se registraron 80 operaciones nacionales y 39 transfronterizas con la

participación de empresas comunitarias. Este elevado nivel de actividad ya se

manifestaba en años anteriores, aunque dada la insuficiente cobertura

temporal de este tipo de operaciones por parte de AMDATA en los años

anteriores a 1990/1991, no permite efectuar comparaciones a largo plazo.

El cuadro 9 resume la actividad internacional de adquisiciones de

participaciones minoritarias en las que participaron empresas comunitarias.

Las transacciones intracomunitarias fueron mucho más numerosas que las

transacciones en las que participaban empresas no comunitarias. El país en el

que se registró el mayor número de operaciones nacionales en 1992/1993 fue

Francia, seguido de Italia. En el Reino Unido y en Alemania, países que

cuentan con un nivel muy alto de actividades de concentración en lo que a las

adquisiciones de participaciones mayoritarias se refiere, el número de

adquisiciones de participaciones minoritarias fue bastante pequeño.

También Francia fue el país en el que se originó un mayor número de ofertas

en operaciones transfronterizas de este tipo, registrando 16 operaciones

intraeuropeas y 14 operaciones con empresas de países no comunitarios.

(10) AMDATA define las adquisiciones de participaciones minoritarias como
   aquellas operaciones en las que el adquirente no posee más del 50 % del
   adquirido. Los umbrales definidos para su inclusión en esta categoría
   son o bien que la proporción de participaciones adquiridas sea superior
   al 30 % o que, si este porcentaje es inferior, el valor de la
   transacción sea superior a 10 millones de UKL.

```

```
Cuadro 9

País de destino

País de origen

Bélgica

Dinamarca

Irlanda

Francia

Alemania

Italia

Luxenburgo
España

Reino unido

Países Bajos

Total Intra CE

EEUU/Canadá

Escandí revia

Eur. Occid.

Lejano Oriente

Oriente Medio

Eur. Oriental

Internacional

Total Resto del Mundo

```

```
               PAÍSES DE ORIGEN Y DESTINO DE LAS ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES MINORITARIAS - 1992/1993

B DK Irl F Gr I Lux NL PT ES UX Total I EEUU/Can Escan. Eur.Occ. Lej.Orie Amér.Lat. Eur.Occ. Otros Total TOTAL

```

_V_

```
u>

```

```
1

0

0

3

11

0

0

 1

o

0

```

```
0

14

 1

1

0

0

0

0

0

0

```

```
 1

0

 0

77

0

 2

 0

 0

 5

 1

```

```
0

0

0

5

2

41

0

0

3

 1

```

```
1

0

0

0

1

o

o

0

3

15

```

```
0

1

0

3

2

3

0

15

3

0

```

```
0

0

0

1

3

0

0

0

14

0

```

```
11

15

3

93

19

46

 1

17

28

21

```

```
3

2

14

12

3

 1

12

2

49

```

```
11

 18

 5

107

31

49

 1

 18

41

 23

304

```

```
14 16 1 86 16 0 52 1 20 3 27 18 254 | 10

                             14

                              5

                             10

                              7

                              1

                              2

                              3

```

```
0

1

3

5

1

0

0

0

10

```

```
2 0 10 4 0 5 0 5 1

```

```
42

```

**`TOTAL CE+resto del`** **`nuxto`** **`16 18 1`** **`96 20 0`** 57 1 25 4 32 26 296

Fuente: AM3ATA

**en**
**On**

```
Anexo IV.A. p.34
###### 456

También Francia fue muy frecuentemente el destinatario de este tipo de

operaciones con ofertas procedentes de otras empresas tanto comunitarias como

no comunitarias (19 operaciones). Cabe también señalar que España, con 17

operaciones internacionales fue frecuentemente otro país destinatario. En

tercer lugar figura Italia, con 16 operaciones.

Los datos correspondientes a las empresas en participación se limitan a los

recogidos en el cuadro 1. Estos datos han sido amablemente suministrados por

KPMG. Estas series temporales incluyen datos correspondientes a tres tipos de

acuerdos :

a) Acuerdos entre dos o más empresas, que no eran filiales de la misma

   empresa matriz, para crear algo nuevo, que podría ser una nueva empresa,

 , un campo de prospección petrolífera o cualquier cosa siempre que sea

   nueva e independiente.

b) Acuerdos por los que se crea un consorcio que efectuará adquisiciones o

   suministrará bienes o servicios de forma permanente o a largo plazo.

c) Acuerdos por los que dos empresas separadas fusionan algunas de sus

   filiales.

Esto significa que las categorías incluidas en el cuadro 1 bajo distintos

encabezamientos no siempre son excluyentes recíprocamente. Además, hay que

tener en cuenta que las empresas en participación se contabilizan cada vez

que una empresa sale de sus fronteras nacionales. Esto quiere decir que si

una empresa en participación está formada por tres empresas de las cuales dos

salen de sus propias fronteras, la operación se contibiliza dos veces.

La base de datos KPMG no recoge información sobre las empresas en

participación nacionales, tal y como se ha señalado anteriormente. Asimismo,

las operaciones CE/no CE se contabilizan sin hacer referencia a la

nacionalidad de las empresas ofertantes o destinatarias, dado que es más

difícil, o incluso algunas veces imposible, de determinar en este tipo de

operaciones.

```

```
Anexo IV.A. p.3 5
```

457

```
El cuadro 1 refleja que el número de empresas en participación

intracomunitarias en el sector de las manufacturas se incrementó

considerablemente durante el pasado año, sin llegar a superar, el nivel de

1992/1992. No obstante, las operaciones CE/no CE en el sector de las

manufacturas continuaron su tendencia decreciente iniciada en 1991/1992. Cabe

señalar que en el sector de las manufacturas las empresas en participación

entre empresas comunitarias y no comunitarias son mucho más frecuentes que

las operaciones intracomunitarias. El sector del metal, la ingeniería y los

vehículos de motor abarcó gran parte de las empresas en participación

intracomunitarias y extracomunitarias en las manufacturas, seguido por el

sector de minerales y productos químicos y las manufacturas en general.

La evolución en el sector servicios fue más uniforme, habiendo disminuido

todos los tipos de operaciones. El número de empresas en participación de

carácter intracomunitario se ha reducido a un tercio de la cifra

correspondiente a 1991/1992 en el sector servicios. Esta disminución también

ha sido constante aunque menos pronunciada en el ámbito CE/no CE.

La mayor parte de las operaciones de este tipo corresponden al sector

bancario, seguros y financiero, con 85 empresas en participación en las que

tomaban parte empresas comunitarias creadas en 1992/1993. También es

importante destacar el elevado nivel de creación de empresas en participación

observado por KPMG fuera de la Comunidad.

```

```
IV.B. p . 1

<T9> B. El programa de estudios de 1993

```

458

```
35. Durante 1993, la DG IV encargó ocho estudios. Uno de ellos, titulado

"Análisis de los problemas técnicos y económicos para la aplicación de las

normas de competencia al sector eléctrico" será publicado, pero no así otros

dos: el primero se refiere a las diferencias de precio de los artículos

electrónicos de consumo. El segundo aborda el tema de las subvenciones

recíprocas. Durante el pasado año se encargaron cinco estudios de carácter

confidencial, que han servido de instrumento para el trabajo de la DG IV.

Habida cuenta del carácer confidencial de los mismos, no se puede ofrecer un

resumen en la presente sección.

<T4> Resumen de los estudios destinados a su publicación

<T5> - Análisis de los problemas técnicos y económicos para

    la aplicación de las normas de competencia al sector eléctrico

36. El problema de la discriminación de precios en el sector eléctrico se

aborda en cuatro capítulos. La primera parte estudia el problema desde un

punto de vista metodológico que determina la organización del resto del

informe. El segundo capítulo presenta las distintas variantes de bienes y

servicios que pueden ser objeto de discriminación respecto a los precios;

asimismo, introduce los conceptos de coste a los que se puede recurrir para

analizar la discriminación. La tercera sección se dedica a caracterizar la

discriminación de precios mediante un análisis de costes. Por último, el

cuarto capítulo examina como se puede explicar la discriminación de precios

por una conducta económica normal, o como dicha discriminación puede estar

justificada por una conducta regulada.

El primer capítulo examina el problema de la discriminación de precios en el

sector eléctrico. Se señalan los tres tipos de discriminación que contempla

normalmente la teoría económica. Se llega a la conclusión de que todos ellos

son pertinentes a la hora de analizar el sector eléctrico. Asimismo, el

capítulo introduce la distinción entre mercado regulado y no regulado; se

afirma que, si el mercado regulado constituye actualmente el marco natural en

el que se deben examinar los problemas de discriminación en el sector

eléctrico, también es necesario definir las prácticas discriminatorias que

```

```
IV.B. p . 2

```

459

```
podrían ser producto de una conducta económica normal. Estas últimas están en

función del tipo de competencia existente en el mercado. Desde este punto de

vista, y en las actuales circunstancias, el sector eléctrico es relativamente

simple, ya que es comparable al caso simple del monopolio. Las prácticas

discriminatorias existentes en los mercados regulados pueden tener su origen

en muy distintos motivos. Entre éstos cabe efectuar la distinción, reconocida

explícitamente en la práctica reglamentaria americana, entre discriminación

justificada e injustificada. La justificación se basa en un incremento de la

eficiencia económica, de tal forma que las discriminaciones que no suponen

semejante incremento se denominan injustificadas. Partiendo de estas

nociones, se deduce que el estudio de la discriminación puede desglosarse en

cinco aspectos, que contribuyen individualmente a definir el carácter de las

prácticas discriminatorias. El primero se refiere a la caracterización

jurídica de la discriminación; en efecto, esta caracterización podría ser

diferente de la que se efectúa normalmente desde el punto de vista económico.

Este aspecto de índole jurídica no se aborda en el presente informe. El

segundo tema es de la caracterización económica de una práctica

discriminatoria en el sector de la electricidad. Para esta caracterización es

necesario definir los bienes y sus variantes así como las categorías de coste

utilizadas. El tercer y cuarto aspectos se refieren a la caracterización de

las discriminaciones resultantes, respectivamente, de una conducta económica

normal y de una conducta reglamentada. En este último aspecto, adquiere

especial importancia la cuestión del nivel de discriminación que puede quedar

justificado por el incremento de la eficacia económica. Por último, el quinto

aspecto es la caracterización numérica del efecto de una discriminación en

términos de eficiencia económica (medida en función del bienestar). Por

definición, este aspecto debe ser objeto de estudios individuales y no puede

ser abordado en este informe. Sin embargo, se llega a la conclusión de que

estos estudios deberían poder efectuarse en el ámbito de la electricidad

siempre que nos atengamos a una conducta económica normal de un monopolio y a

una conducta reglamentada.

El segundo capítulo define el mercado en el que se deben abordar los aspectos

de discriminación, así como las categorías de coste que pueden utilizarse en

el análisis. Para evitar cualquier discusión técnica o matemática, todo el

estudio se basa en ejemplos. Cabe destacar que, en la mayor parte de los

casos (con la excepción de la interruptibilidad definida en términos de

potencia y energía), esto no constituye una restricción a la mayor parte de

```

```
IV.B. p.3
#### 460

los conceptos. Los conceptos aquí presentados mediante ejemplos pueden

extrapolarse a casos auténticos utilizando los instrumentos de cálculo

adecuados. Se define el mercado de la electricidad como aquel que incluye el

suministro de electricidad y los servicios de transporte de electricidad.

Este suministro y estos servicios se comercializan de distintas maneras.

Pueden diferenciarse por su localización geográfica, su volumen, su

regularidad y su interruptibilidad. Pueden estar agrupados (suministro

compuesto de producción y transporte) o separados (servicio de transporte

independiente de la producción). Se pueden señalar distintas categorías de

coste con objeto de justificar las diferencias de precio. Se introducen las

categorías de coste imputado, coste diferencial y coste marginal.

El tercer capítulo se ocupa de la caracterización económica de la

discriminación. Si esta noción no plantea excesivas dificultades al aplicarse

a los modelos estilizados habituales de la teoría económica, a partir del

momento en que es necesario referirse a los costes reales, surgen

dificultades de aplicación. Se analizan las distintas variantes de

suministros y servicios presentados en el capítulo 2. Se recurre a los

conceptos de coste introducidos en dicho capítulo. Las conclusiones en cuanto

a la existencia de una discriminación pueden divergir considerablemente según

el contexto en el que se concluyan las transacciones y según los tipos de

coste utilizados. Los costes marginales se prestan menos a efectuar una

discriminación; no obstante, plantean problemas de aplicación práctica y son

a veces de difícil interpretación y comprobación. Los costes marginales

eliminan algunas de estas dificultades, pero introducen un grado de libertad

que puede servir para introducir discriminación. La caracterización de la

designación plantea, por lo tanto, dificultades de uniformización de los

métodos de evaluación de coste utilizados. Es necesario, por lo menos, pedir

a todas las empresas que justifican la diferencia de precios mediante las

diferencias de los costes marginales, que demuestren, en este aspecto, que

utilizan un método de cálculo de costes correcto y no discriminatorio por lo

que a sus distintas transacciones se refiere. Cuando el cálculo del coste

marginal está armonizado a nivel nacional o comunitario, la situación es

mejor. Estas observaciones se aplican en mayor medida a los costes imputados.

Por definición, éstos se prestan más fácilmente a prácticas discriminatorias.

De hecho, salvo que se pueda confirmar mediante otros enfoques (coste

marginal o diferencial), la justificación de las diferencias de precios

mediante las diferencias de costes imputados carece de fundamento económico.

Los costes

```

```
IV.B. p . 4
###### 461

imputados ofrecen una gran ventaja puesto que son los más fáciles de

comprobar mediante datos contables. También en este caso parece necesario,

por lo menos, que cualquier justificación de las diferencias de precios

basada en las diferencias de los costes imputados sea objeto de un

procedimiento formal y no discriminatorio. La situación ideal consiste en que

los procedimientos de imputación de costes puedan ser objeto de una cierta

armonización entre las empresas de los países miembros.

El cuarto capítulo se refiere a la caracterización de las discriminaciones

resultantes de una conducta económica normal y de una conducta reglamentada.

La primera abarca una amplia gama de posibilidades de discriminación. En la

práctica, si se quiere evitar que el recurso a la conducta económica normal

permita explicar prácticamente cualquier tipo de discriminación, parece

importante definir, tanto desde el punto de vista jurídico como mediante

valores cuantificados de bienestar, las discriminaciones que, aun siendo

compatibles con la conducta económica normal, constituyen de hecho un abuso

de posición dominante. El concepto de precio excesivo podría facilitar

considerablemente esta caracterización.

Igualmente, la conducta reglamentada puede abarcar un gran número de

prácticas discriminatorias. También en este caso parece fundamental poder

caracterizar, bien desde el punto de vista jurídico, bien mediante valores

cuantificados de bienestar, lo que se puede considerar como exigencias

reglamentarias aceptables. Dentro de estas obligaciones reglamentarias

aceptables, las discriminaciones prácticas deben poder justificarse en

términos de eficiencia económica. Esto se puede conseguir parcialmente

partiendo de análisis sin cuantificar.

<T4> Resumen de los estudios no destinados a su publicación

<T5> Estudio sobre los precios de la electrónica de consumo

37. Este estudio fue efectuado por el "International Economics Research

Centre" de la Universidad de Sussex (Reino Unido). El estudio consiste en una

combinación de fuentes de datos con objeto de comparar los precios

comunitarios de varios artículos de electrónica de consumo: reproductores de

discos compactos, aparatos de televisión en color, cámaras de video y

magnetoscopios. Como conclusión principal, el estudio afirma que existen

considerables diferencias de precios en algunos productos concretos según los

```

```
IV. B . p . 5
###### 462

mercados y que determinados mercados comunitarios parecen tener unos precios

considerablemente más elevados que otros. Por otra parte, se observa una

considerable convergencia media de los precios si se tienen únicamente en

cuenta los precios de Francia, Alemania y Reino Unido. Aunque el estudio no

tiene un carácter exhaustivo, ilustra las diferencias de precios y los

problemas de cuantificación de los mismos.

El estudio abarca los precios del Reino Unido, Francia y Alemania de forma

bastante exhaustiva e incluye también información sobre los Países Bajos,

Dinamarca, Bélgica, España, Grecia e Italia, así como sobre Japón.

En el Reino Unido, Francia y Alemania es difícil encontrar diferencias

importantes de precio (IVA incluido) de aquellos productos cuyos modelos

idénticos están en venta en varios países. No obstante en algunos casos

existen una considerables diferencias de precios entre los tres países. El

muestreo sugiere que, por lo que a los radiocasetes se refiere, los precios

eran más elevados en Francia que en los otros dos países. Los tipos de cambio

vigentes en el otoño de 1992 supusieron un incremento de los precios

franceses, que se situaron un 20 % por encima de los precios vigentes en el

Reino Unido.

La semejanza relativa de los precios en estos tres Estados miembros no se

extiende a toda la Comunidad.

En Italia, Grecia, Dinamarca y España (en menor medida), los precios solían

ser considerablemente más elevados que en Francia, Alemania y el Reino Unido.

En Dinamarca, por ejemplo, los precios son un 50 % más altos por lo que a los

magnetoscopios, radiocasetes y aparatos de televisión se refiere, a pesar de

que los tipos de IVA aplicados en Dinamarca no son mucho más elevados.

En este orden de cosas, y por lo que a los precios medios se refiere, existen

ciertas diferencias concretas en algunos modelos. Existen diferencias de

precios según las marcas: por ejemplo, algunas de ellas parecen ser

relativamente más caras en determinados mercados, aun cuando el nivel general

de precios en dichos mercados no sea excepcional. Un muestreo muy simple de

los precios en el mercado japonés no indica a primera vista que muchos de los

artículos vendidos en la Comunidad sean más caros que en Japón.

El estudio destaca también algunos problemas técnicos a la hora de efectuar

```

```
IV.B. p.6

##### 463

las comparaciones de precios. Por ejemplo, abundaban las diferencias técnicas

en todos los productos, salvo en los puramente de sonido, y dado que no

siempre se disponía de modelos idénticos, no era fácil establecer las

equivalencias exactas de precios. Además, las diferencias en cuanto a las

condiciones de garantía complicaban aún más la comparación. Asimismo, los

datos correspondientes a las diferencias medias entre mercados dependen en

gran medida del enfoque de muestreo y del método de cálculo de las medias.

<T5> Asignación de costes y subvenciones cruzadas

38. Este estudio examina el aspecto de las subvenciones cruzadas entre

distintas actividades de una misma empresa que repercuten sobre la política

de competencia.

Las subvenciones cruzadas dentro de una empresa pueden surgir cuando existen

costes comunes a dos o más actividades. La asignación de dichos costes entre

estas actividades puede repercutir sobre la competencia. Asimismo, las

subvenciones cruzadas pueden surgir en un contexto monopolístico. En estas

circunstancias, el monopolio que actúa también en un mercado competitivo

puede absorber parte de los costes de dicho mercado en el sector

monopolístico, falseando así la competencia en el sector competitivo. El

monopolio puede también encontrarse en situaciones en las que existen costes

comunes considerables.

Estos aspectos son de especial interés para las autoridades de competencia,

especialmente cuando se están suprimiendo los derechos exclusivos a los

monopolios, abriéndose a la competencia mercados que antes estaban cerrados.

Cuando un monopolio efectúa subvenciones cruzadas desde las actividades

exclusivas hacia actividades sujetas a la competencia, surge un problema que

afecta claramente a la política de competencia. No obstante, la existencia de

costes comunes al compartir activos puede dar lugar a incrementos de

productividad. Sin embargo, se pueden plantear problemas relacionados con la

competencia cuando la asignación de costes es inadecuada.

39. El estudio examina tres métodos de asignación de costes en estas

circunstancias. Estos tres métodos son: coste totalmente distribuido, coste

```

```
IV.B. p.7
```

464

```
diferencial y coste independiente. Todos ellos pueden servir para detectar

las subvenciones cruzadas. Todos estos métodos dependen en gran medida de la

base utilizada para su cálculo. Por lo general, las empresas eligen entre

estos tres métodos, dependiendo en gran medida de la información que desean

generar, del contexto del mercado de la empresa de que se trate y de la

normativa vigente.

40. El sistema de contabilización de costes de las redes propias del Estado

suele ser poco riguroso, situación que cambiará con la liberalización de los

mercados. Cuando estas empresas estatales sean privatizadas, el aspecto de la

contabilización de las subvenciones cruzadas adquirirá mayor importancia, ya

que la empresa pretenderá eliminar cualquier subvenciones cruzadas

redistributiva o las utilizará como obstáculo de acceso. En algunos casos,

los sistemas contables de este tipo de empresas vienen impuestos por una

autoridad nacional reglamentaria.

41. El estudio destaca el vínculo entre los principios que rigen la política

de precios y los sistemas contables de costes comunes y subvenciones cruzadas

en las redes. Este vínculo existe especialmente en aquellos casos en que se

han impuesto limitaciones a los precios, como pueden ser los de

"universalidad", "precios asequibles" o "media geográfica". En estas

circunstancias, el estudio admite la posibilidad de que existan

contradicciones cuando dichas redes deban hacer frente a la aparición de

nuevos competidores.

42. El estudio demuestra la importancia de las subvenciones cruzadas y de la

asignación de costes por lo que al mercado único se refiere. La respuesta a

estos temas de sectores tales como el de la energía y las telecomunicaciones

podría influir sobre la integración económica. Por consiguiente, se considera

que, desde el punto de vista normativo, es importante hacer frente a estos

problemas.

43. Se sugieren y examinan algunas de las posibles soluciones políticas a

los problemas de contabilidad y de cruce de subvenciones. La separación

estructural de las actividades en cuestión podría ser una solución, pero con

el riesgo de perder economías de alcance. Asimismo, la reglamentación

pormenorizada de los sistemas contables podría ser una solución, pero

impondría también costes económicos.

```

```
IV. B . p . 8
##### 465

44. Los resultados del estudio sugieren que la mejor solución consistiría en

recurrir a amplias declaraciones de principios y obligar a las empresas a

mantener unos registros contables de gestión que, por su naturaleza, bastasen

para demostrar que la actividad de la empresa no infringe dichos principios.

El estudio afirma que, una vez sentados dichos principios generales, deberían

ser reforzados mediante el control de los métodos de asignación existentes,

mediante un mayor desarrollo del "principio del inversor en una economía de

mercado" y por la aplicación de las normas de competencia.

<T4> Estudios confidenciales

   Estudio del plan de reestructuración de la Corporación Siderúrgica

   Integral (CSI) española.

   Estudio del plan de reestructuración de la empresa española de aceros

   especiales Sidenor.

   Estudio sobre el mercado de la construcción naval en 1993.

   Reducciones de capacidad previstas en los astilleros de la antigua RDA.

   Examen de las prácticas de la gestión colectiva de los derechos

   consustanciales a la distribución por cable en Bélgica.

```

```
IV.C. p.l
###### 466

<T9> C. Nota estadística sobre las operaciones de concentración

    notificadas con arreglo al Reglamento (CE) N° 4064/89 del Consejo

<T3> §1. Introducción

45. El Reglamento (CE) N° 4064/89 del Consejo, sobre el control de las

operaciones de concentración entre empresas, entró en vigor en septiembre de

1990. Según la costumbre establecida en los dos anteriores Informes sobre

política de competencia, la Comisión ha elaborado un análisis estadístico

pormenorizado de los asuntos tramitados en aplicación de dicho Reglamento

hasta septiembre de 1993. Para una mayor coherencia, se ha utilizado la misma

metodología que el pasado año.

46. Los cuadros que se presentan más adelante ofrecen una descripción

estadística de los asuntos clasificados según el tipo de concentración, su

dimensión geográfica, los sectores económicos implicados y la nacionalidad de

las empresas.

47. Se han excluido de la relación los asuntos notificados oficialmente a la

Comisión pero no incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento. También

se han excluido las notificaciones anuladas o retiradas.

48. Los asuntos han sido agrupados en tres periodos (1990/91, 1991/92 y

1992/93). Cada grupo incluye las notificaciones realizadas o las decisiones

tomadas desde el 21 de septiembre hasta el 20 de septiembre del año

siguiente. Esta clasificación, determinada por la fecha de entrada en vigor

del Reglamento, no coincide exactamente con los períodos utilizados en la

parte A del presente Anexo.

<T3> §2. Tipo de operación y dimensión geográfica de las

           operaciones de concentración (cuadro 1)

49. El cuadro 1 refleja el desglose de las operaciones efectuadas en

1990/91, 1991/92 y 1992/93, clasificadas por tipo de operación y dimensión

geográfica.

50. Existen seis tipos diferentes de concentración. Las "adquisiciones de

participaciones mayoritarias" abarcan los asuntos en los que una o más

```

```
IV.C. p.2

###### 467

empresas adquieren valores o activos mediante contratos o por algún otro

medio, pasando así a ejercer un control directo o indirecto de la totalidad o

de parte de una o varias empresas. Sin embargo, los asuntos en los que la

adquisición tiene lugar mediante oferta pública por los valores de la empresa

adquirida han sido excluidos de este grupo. Los casos de oferta pública se

han dividido entre aquellos en los que la empresa adquirida se opuso a la

oferta y aquellos en los que ésta había sido concertada. El epígrafe "otros"

incluye un acuerdo de intercambio de acciones en 1990/91 y otro en 1992/93,

así como una desconcentración en 1991/92.

51. Por lo que se refiere a la dimensión geográfica, se han utilizado los

mismos cuatro grupos del año pasado: acuerdos nacionales, que afectan a dos o

más empresas del mismo país (no necesariamente un Estado miembro), acuerdos

de dimensión comunitaria, que afectan a empresas de al menos dos Estados

miembros diferentes, acuerdos entre al menos una empresa de un Estado miembro

y al menos una empresa de un Estado no comunitario y, por último, acuerdos

extracomunitarios, en los que participan empresas de al menos dos Estados no

comunitarios, sin participación de empresas de los Estados miembros.

52. En 1992/93 el número de casos comprendidos en el ámbito de aplicación

del Reglamento descendió relativamente en comparación con el año anterior (52

y 57 asuntos respectivamente). Esto no debe sorprendernos, habida cuenta del

clima económico menos positivo existente actualmente.

53. Las empresas en participación y las adquisiciones de participaciones

mayoritarias fueron nuevamente, y con mucha diferencia, el tipo de

operaciones más común representando, respectivamente, el 51 % y el 35 % de

todos los casos notificados en 1992/93. Parece que el fuerte.incremento del

porcentaje de asuntos correspondientes a empresas en participación

experimentado en 1991/92 en comparación con 1990/91 (49 % y 32 %

respectivamente) se ha estabilizado actualmente en torno a un 50 % de todos

los casos, dado que la cifra correspondiente a 1992/93 sólo experimenta un

incremento marginal (51 %) . Por lo que sé refiere a los demás tipos de

operaciones de concentración, a saber ofertas públicas hostiles, concertadas,

fusiones y otros, el número de casos continúa siendo pequeño y comparable al

de años anteriores.

54. Por lo que se refiere a la dimensión geográfica de las operaciones, la

característica más importante de las estadísticas del presente año parece ser

```

```
IV.C. p.3

##### 468

el considerable incremento de las operaciones de dimensión exclusivamente

comunitaria en las que no participaron empresas no comunitarias. En 1991/92,

estas operaciones representaban el 33 % del total, pero en 1992/93 esta cifra

aumentó hasta representar más de la mitad del total (51 %) . Esta cifra

refleja un incremento de la integración transfronteriza dentro de la

Comunidad. La contrapartida al incremento de las operaciones exclusivamente

comunitarias fue una fuerte, disminución del número de operaciones en las que

participaban empresas comunitarias y no comunitarias. Estas operaciones

pasaron de 20 en 1991/92 a tan sólo 10 en 1992/93.

<T3> §3. Sectores económicos afectados por las operaciones (Cuadro 2)

55. Los asuntos notificados han sido clasificados por sectores de actividad

económica de acuerdo con el código NACE correspondiente a la principal

actividad económica de la concentración resultante de la operación. Este

desglose sectorial queda completado con otro basado en la dimensión

geográfica de la concentración.

56. En 1992/93 hubo un mayor número de casos en el sector de servicios en

comparación con las manufacturas en general. Se invierte así la situación

existente durante los dos años anteriores. Mientras que las actividades

manufactureras, a saber las categorías genéricas números 1, 2 y 3 de la

clasificación NACE, representaron el 62% y el 58 % del total de operaciones

en 1990/91 y 1991/92 respectivamente, estos grupos representaron menos de la

mitad de todas las operaciones notificadas en 1992/93 (23 operaciones, lo que

equivale al 44%). El incremento de las actividades del sector servicios se

explica en gran medida por el fuerte incremento del número de operaciones en

el sector de las actividades inmobiliarias y los servicios informáticos y

profesionales, así como por la perseverancia del alto número de operaciones

en el sector del transporte, las comunicaciones y los servicios financieros.

En 1992/93 el primero de dichos sectores registró nueve operaciones, en

comparación con las tres del año anterior, mientras que el segundo sector fue

el que registró un mayor número de operaciones en 1992/93 con un total de 13

casos.

```

```
IV.C. p.4
```

469

```
<T3> §4. Operaciones según la nacionalidad de las empresas (Cuadro 3)

57. El cuadro 3 incluye los datos relativos a la nacionalidad de las

empresas implicadas en las operaciones. Como en un mismo acuerdo pueden

participar dos o más empresas de un mismo país o de diferentes países, la

información puede presentarse de distintas maneras. Para simplificar el

análisis y facilitar la comparación entre los últimos tres años, el cuadro 3

establece un desglose según la nacionalidad de las empresas participantes en

las operaciones contempladas en el Reglamento. Los países se clasifican según

el número de operaciones en las que ha participado una empresa de dicho país;

los países están divididos en dos grupos : comunitarios y no comunitarios.

58. Como cabía esperar por lo general, existe una correlación relativamente

importante entre la frecuencia de la nacionalidad de las empresas y la

importancia económica del país respectivo. Los cinco mayores Estados miembros

encabezan la lista de países comunitarios, mientras que Estados Unidos

encabeza la de países no comunitarios.

59. En 1992/93, al igual que ocurrió en otros años anteriores, Francia,

Alemania y el Reino Unido registran el mayor número de casos. También este

año las empresas francesas se muestran especialmente activas en su

participación en fusiones y adquisiciones durante 1992/93 y durante los tres

años registran el mayor número de operaciones (80) en comparación con el

Reino Unido (64) y Alemania (59) . Las empresas italianas y españolas han

descendido en comparación con 1991/92 (8 y 5 operaciones respectivamente, por

16 y 11 durante el año anterior). En 1992/93 las empresas de los Países Bajos

fueron relativamente más activas con 8 operaciones, en comparación con las

tres registradas durante cada uno de los años anteriores.

<T3> §5. Análisis de los asuntos que dieron lugar a decisión con arreglo

        a los apartados 2 ó 3 del artículo 8 (Cuadro 4)

60. El cuadro 4 refleja con detalle las decisiones individuales tomadas con

arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 8 del Reglamento. Aunque gran

parte de los casos notificados contemplados en el Reglamento se tramitan por

lo general en el plazo de un mes mediante una decisión con arreglo a la letra

b) del apartado 1 del artículo 6, cuando la operación propuesta plantea

serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común, la Comisión

```

```
IV. C . p . 5

```

470

```
inicia la segunda fase del análisis, más exhaustiva, mediante un decisión con

arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 6. Por lo general^ [1] ) este

procedimiento concluye con una decisión en virtud de los apartados 2 ó 3 del

artículo 8.

61. El número de casos que han dado lugar a decisión con arreglo al

artículo 8 es relativamente pequeño como para poder extraer un gran número de

conclusiones generales. No obstante, el número de casos que han llegado a la

segunda fase del procedimiento parece mantenerse relativamente estable, con

cuatro casos al año, aproximadamente (cuatro en 90/91, tres en 91/92 y cuatro

en 92/93) . Esto corresponde a algo menos del 10 % de todos los casos

contemplados en el Reglamento. No obstante, cabe señalar que estas

estadísticas sólo tienen en cuenta aquellos casos resueltos durante el año

correspondiente y que, a finales del período 1992/93, la Comisión inició la

segunda fase del procedimiento en otros tres asuntos que constarán en las

estadísticas correspondientes a 1993/94.

62. El estudio de las decisiones individuales del cuadro 4 demuestra que son

relativamente pocos los casos en los que están implicadas empresas en

participación (sólo dos casos de 11) y que, con una excepción, todos los

casos correspondían al sector de las manufacturas.

(1) Esta norma tiene una única excepción: la del asunto N° IV/M.23 8
   Siemens/Philips, en el que las partes retiraron su notificación una vez
   que la Comisión decidió iniciar la segunda fase del procedimiento.

```

```
IV. C . p . 6
###### 471

Cuadro 1 Operaciones según tipo de concentración y dimensión geográfica

```

```
Tipo de concentración

Acquisición de
participación mayoritaria

Oferta pública concertada

Oferta pública hostil

Empresa en part./Control

Fusión

Otros

Total

Tipo de concentración

Acquisición de
participación mayoritaria

Oferta pública concertada

Oferta pública hostil

Empresa en part./Control

Fusión

Adquisición cruzada

de acciones

Adquisición de
participación minoritaria

Total

```

```
 A B C

 5 15

 1 1

 1 0 0

11 26 11

```

```
  1990/91

A B C D Total

5 11 8 2 26

       1 15

   0 0

7 18 16 6 47

  1992/93

```

```
D Total

0 19

1 3

0 0

2 26

0 2

0 1

4 52

```

```
  1991/92

A B C D Total

6 6 9 1 22

```

```
 0 0 1

 3 10 9

 1 0 0

 0 1 0

10 19 20

```

```
0 1

6 28

1 2

0 1

8 57

```

```
A= nacional, B= Comunidad, C= Comunidad + no CE, D= no Comunidad

Fuente: Base de datos MTF

```

```
  IV. c p.7

Cuadro 2 Operaciones según sector económico y dimensión geográfica

```

472

```
  1992/93

 A B C D Total

```

0 1 3 1 5

**4** **3** **5** **0** **12**

0 5 1 0 6

0 1 0 0 1

0 5 1 0 6

3 8 0 2 13

4 3 1 1 9

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

11 26 11 4 52

```
Código NACE

1. Alimentación,

  industria textil y

  de la confección

```

```
  1990/91 1991/92

A B C D Total C D Total

```

```
1

```

```
2. Madera, papel, refino 3 6 1 " 1 11

  de productos químicos,

  metal y maquinaria

```

```
     1 1 4

     7 3 18

     5 2 11

       2 12

 1 1 1

 0 0

10 19 20 8 57

```

```
3. Equipamiento y 2 3 6

  suministros electric.

  y del transporte

4. Suministros públicos 0 1 0

  básicos y

  construcción

5. Comercio al por mayor 0 4 1

  hoteles/restaurantes

6. Transport., comunic. 0 3 0

  y servicios finane.

7. Activ. inmobiliarias, 0 0 5

  servicios informât.

  y profesionales

8. Educación y sanidad 0 0 0

  pública

```

```
2 13

```

```
9. Servicios prestados a 0

  la comunidad, servie,

  sociales y personales

```

```
1 1

```

```
Total 7 18 16 6 47

```

```
A= nacional, B= Comunidad, C* Comunidad + no CE, D= no Comunidad

Fuente: Base de datos MTF

```

```
IV. c. p.8

```

473

```
Cuadro 3 Operaciones según la nacionalidad de las empresas participantes

```

```
1991/92

 23

 31

 25

 16

 11

  3

  5

  1

  2

 13

 12

  6

  2

  2

  2

  1

  1

 159

 57

```

```
1992/93

 30

 17

 20

  8

  5

  8

  4

  3

  2

  1

  1

 119

 52

```

```
TOTAL

 80

 64

 59

 30

 21

 14

 10

 4

 4

 1

 1

 0

 34

 17

 17

 8

 5

 4

 2

 1

 1

 1

 1

 1

 1

```

```
Francia

Reino Unido

/Alemania

Italia

España

Países Bajos

Bélgica

Portugal

Dinamarca

Irlanda

Luxemburgo

Grecia

EEUU

Suecia

Suiza

Japón

Canada

Sudáfrica

Kuwait

Australia

Austria

Finlandia

Hong Kong

Nueva Zelanda

Islas Vírgenes

```

```
1990/91

 27

 16

 14

  6

  5

  3

 ' 1

 14

  3

  5

  5

  1

```

```
Total empresas 101

Total operaciones 47

```

```
Cuadro 4 Desglose de las decisiones definitivas en los procedimientos iniciados

           en virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento del Consejo 4064/89 vo

            I I 1
            | 1990/91 | 1991/92 |
        |, 1 ! 1
            | Decisiones del apartado 2 | Decisiones del apart. 3| Decisiones del apartado 2 | Decisiones del apart. 3|
            | del artículo 8 | del artículo 8 | del artículo 8 | del artículo 8 |

```

`I` _''_ `I` `I` `I` `l` `I` `I`
```
            | Con condiciones | Sin condiciones | | Con condiciones | Sin condiciones | |

```

```
Número de casos

Tipo de

operación

Dimensión

geográfica

Código NACE

Nacionalidad

de las empresas

```

```
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |

| Adquisición de | Adquisición de | - | Oferta concertada | - | Adquisición de |
| participaciones | participación | | Oferta hostil | | participación |
| mayoritarias(2) | mayoritaria | I I I mayoritaria |
| Empresa en | | | | | |
| participación/ | | I I I I
| control (1) | | | | | |

| Nac. (1) | No CE | - | Comunidad (1) | - | Comunidad/no CE (1) |
| Com. (2) | | | Comunidad/ | | |
I I I | no CE (lf | | |

| 31 (2) | 29 | - | 159 | - | 35 |
| 32 (1) | | | 55 | | |

| Francia/Italia | Suecia/Suiza | - | Bélgica/Francia | - | Canada/Francia/ |
| (2) | | - | Francia/Suiza | - | Italia |
```

`|` `Alemania/Alemania|` `|` `|` `|` `|` `|` **4^**

```
Número de casos

Tipo de

operación

Dimensión

geográfica

Código NACE

Nacionalidad

de las empresas

```

```
r i
| 1992/93 |

I 1 I
| Decisiones del apartado 2 | Decisiones del apart. 3|
| del artículo 8 | del artículo 8 |
| f 1 1
| Con condiciones | Sin condiciones | |

| 2 | 1 | 0 |

| Adquisición de | Empresa en | - |
| participaciones | participación/ | |
| mayoritarias(1) | control | |
| Fusiones (1) | | |

| Nacional | Nacional | - |

| Com/no CE | | |

[ 211-247 | 272 | - |

| Holanda/Holanda/ | Alemania/Alemania | - |

| Holanda | | |
|Inglaterra/América| | |

Códigos NACE

159 Aguas minerales

29 Fabricación de maquinaria y equipos N.E.C.

31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos N.E.C.

32 Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones

35 Fabricación de otros equipamientos de transporte

55 Hoteles y restaurantes

211 Papel

247 Fabricación de fibras de nylon

272 Tubos de acero

Fuente : Base de datos MTF

```

```
  H
  O

```

**4^**

**en**

**`IV.`** **`c`** **p . 1 1**

###### 476

```
 Cuadro 5: Iniciación de procedimientos en virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 6

                 1990/91 1991/92 1992/93

 Número de casos

```

```
Adquisición de

participación

mayoritaria (1)

Empresa en

participación/

Control (2)

Fusión (1)

Nacional (2)

Comunidad (2)

211

241

261

272

Alemania/Alemania

Holanda/Holanda/Holanda

Aleman i a/F ranci a/

   Italia

Inglaterra/I talia

```

```
 Adquisición de

 participación

 mayoritaria (1)

 Empresa en

 participación/

 Control (1)

 Oferta concertadaO )

 Oferta hostil (1)

 Nacional (1)

 Comunidad (1)

 Comunidad/no

 Comunidad (2)

 55

 159

 247

 272

 Aleman i a/Aleman i a

 Francia/Bélgica

 Suiza/Francia

América/Inglaterra

```

```
Tipo de operación

D i mens i ón

geográfica

Código NACE

Pais

159 Aguas minerales

211 Papel

```

```
Adquisición de

participación

mayoritaria (4)

Empresa en

participación/

Control (1)

Nacional (1)

Comunidad (2)

Comunidad/no

Comunidad (1)

no Comunidad

no Comunidad (1)

314 <2)

32

295

353

Alemania/Alemania

Francia/1 tal i a (2)

Francia/Canadá/

Italia

Sui za/Suecia

```

```
241 Derivados de la potasa

247 Fabricación de fibras de nylon

261 Vidrio plano

272 Tubos de acero

295 Máquinas de embalaje y productos alimenticios

314 Fabricación de acumuladores, pilas y baterías de pilas eléctricas

353 Fabricación aeronáutica y espacial

55 Hoteles y restaurantes

```

# **M»**

**ISSN** **0257-9545**

**COM(94) 161** **final**

## **DOCUMENTOS**

#### **ES 08**

**N° de catálogo** **: CB-CO-94-174-ES-C**

**ISBN 92-77-67847-X**

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas

L-2985 Luxemburgo