Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**Consejo de la**
**Unión Europea**

**Expediente interinstitucional:**

**2015/0288 (COD)**

**PROPUESTA**

**Bruselas, 11 de diciembre de 2015**
**(OR. en)**

**15252/15**

**JUSTCIV 291**
**CONSOM 221**

De: secretario general de la Comisión Europea,
firmado por D. Jordi AYET PUIGARNAU, director

Fecha de recepción: 10 de diciembre de 2015

A: D. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretario general del Consejo de la
Unión Europea

N.° doc. Ción.: COM(2015) 635 final

Asunto: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO relativa a determinados aspectos de los contratos de
compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes

Adjunto se remite a las Delegaciones el documento – COM(2015) 635 final.

Adj.: COM(2015) 635 final

15252/15 og
## DG D 2A ES

COMISIÓN

EUROPEA

Bruselas, 9.12.2015
COM(2015) 635 final

2015/0288 (COD)

Propuesta de

**DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**

**relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras ventas**

**a distancia de bienes**

(Texto pertinente a efectos del EEE)

{SWD(2015) 274}
{SWD(2015) 275}

# **ES ES**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**1.** **CONTEXTO** **DE** **LA** **PROPUESTA**

La Estrategia para el Mercado Único Digital [1] adoptada por la Comisión el 6 de mayo de 2015
anunciaba una iniciativa legislativa sobre una normativa armonizada para el suministro de
contenidos digitales y la compraventa en línea de bienes. Esta iniciativa consta de: i) una
propuesta sobre determinados aspectos relativos a los contratos de suministro de contenidos
digitales, y ii) una propuesta sobre determinados aspectos relativos a los contratos de
compraventa en línea [2] y otras ventas a distancia de bienes.

Como anunció la Comisión en su Programa de Trabajo para 2015, estas dos propuestas se
basan en la experiencia adquirida durante las negociaciones sobre un Reglamento relativo a
una normativa común de compraventa europea. En particular, abandonan el enfoque de un
régimen opcional y de un conjunto exhaustivo de normas. En lugar de ello, las propuestas
contienen un conjunto de normas específicas y plenamente armonizadas. Las propuestas se
basan también en una serie de modificaciones introducidas por el Parlamento Europeo en
primera lectura en relación con la propuesta de un Reglamento relativo a una normativa
común de compraventa europea, en particular limitando el alcance a la compraventa en línea y
otras ventas a distancia de bienes y ampliando el alcance a determinados contenidos digitales
suministrados a cambio de una contraprestación no monetaria.

Si bien esta exposición de motivos cubre específicamente la propuesta relativa a determinados
aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes, la parte
de esta exposición de motivos que explica las razones de la propuesta se refiere a las dos
propuestas, ya que ambas se consideran un paquete con objetivos comunes.

**•** **Motivación y objetivos de la propuesta**

El objetivo general de las propuestas consiste en contribuir a un crecimiento más rápido de las
oportunidades que brinda la creación de un verdadero Mercado Único Digital, en beneficio de
los consumidores y las empresas. Al eliminar los principales obstáculos relacionados con el
derecho contractual que entorpecen el comercio transfronterizo, la normativa presentada en
las propuestas reducirá la incertidumbre a la que se enfrentan las empresas y los consumidores
por la complejidad del marco jurídico y los costes en que incurren las empresas como
consecuencia de las diferencias en materia de derecho contractual.

El 39 % de las empresas que venden en línea pero no realizan operaciones transfronterizas
consideran que las diferencias entre las diferentes legislaciones en materia contractual
constituyen uno de los principales obstáculos para las ventas transfronterizas. [3] Esto ocurre en
particular con las formas de saneamiento de productos defectuosos como menciona el 49 %
de los minoristas que realizan ventas en línea y el 67 % de aquellos que están tratando de
vender en línea o considerando la posibilidad de hacerlo. [4] La existencia de diferentes
normativas nacionales en materia de derecho contractual ha generado para los minoristas que
venden directamente a los consumidores costes puntuales de unos 4 000 millones EUR, que
afectan sobre todo a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas (PYME). El
objetivo de estas propuestas es crear un entorno favorable para las empresas y facilitar que

1
COM(2015) 192 final http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/
2
A efectos de la presente exposición de motivos, cualquier referencia a «las ventas en línea» deberá entenderse como «en línea y otras ventas a distancia».
3
Eurobarómetro Flash 396 «Actitudes de los minoristas ante el comercio transfronterizo y la protección del consumidor» (2015).
4
Eurobarómetro Flash 413 «Empresas que operan en línea» (2015), desglose por sector (solo B2C).

# ES 2 ES

estas, en particular las PYME, realicen ventas transfronterizas. Las empresas deben contar con
seguridad jurídica y evitar los costes innecesarios causados por las diferencias entre las
normativas nacionales cuando venden bienes y contenidos digitales fuera de su mercado
nacional.

Solo el 18 % de los consumidores que utilizaron internet para fines particulares en 2014
realizaron compras en línea en otro país de la UE, mientras que el 55 % lo hizo en el ámbito
nacional. [5] Los consumidores no se sienten seguros a la hora de realizar compras
transfronterizas y creen que están más protegidos cuando compran en línea en su propio país,
en el marco de la legislación nacional que conocen. Uno de los motivos más importantes es su
incertidumbre sobre sus derechos contractuales fundamentales. Además, los diferentes
regímenes nacionales también constituyen un obstáculo para la aplicación eficiente de los
derechos de los consumidores. Como resultado de ello, los consumidores pierden
oportunidades al acceder a una gama de productos más limitada a precios menos
competitivos. Por otra parte, como los consumidores no confían en las compras en línea
transfronterizas, no pueden aprovechar las diferencias de precios existentes entre los Estados
miembros, perdiendo así importantes oportunidades potenciales.

Es necesario actuar rápidamente en relación con la compraventa en línea de bienes. Por otra
parte, la armonización de la normativa sobre las ventas a distancia puede conllevar el riesgo
de que haya normas relativas a las ventas a distancia que sean diferentes de las normas
relativas a las ventas presenciales. Teniendo en cuenta la creciente importancia del modelo de
distribución omnicanal (es decir, vender al mismo tiempo a través de múltiples canales, por
ejemplo directamente en una tienda, en línea u otro tipo de ventas a distancia), la Comisión
adoptará medidas para evitar que esto se produzca y garantizar que los consumidores y
comerciantes puedan confiar realmente en un marco jurídico coherente que sea fácil de aplicar
en cualquier país de la UE.

Por tanto, junto con la presente propuesta, la Comisión, en el contexto de su Programa de
Adecuación y Eficacia de la Reglamentación, lanzó un análisis en profundidad de la
legislación de la Unión existente en materia de derechos de los consumidores. Es probable
que los datos sobre el Análisis de Comprobación de la Adecuación relativo a la aplicación de
la Directiva sobre determinados aspectos de las compraventas presenciales y las garantías de
los bienes estén disponibles en el segundo semestre de 2016. Aunque estos datos y, por tanto,
el resultado de la Comprobación de la Adecuación sobre este aspecto todavía no están
disponibles, sus posibles conclusiones, si señalan la necesidad de una iniciativa de la
Comisión sobre las ventas presenciales de bienes, podrían contribuir a los avances realizados
por los colegisladores en la propuesta sobre ventas en línea y otras ventas a distancia de
bienes.

**•** **Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito en cuestión**

Las disposiciones sustantivas fundamentales de esta propuesta cubren las principales
diferencias entre las normas nacionales imperativas en materia de consumo tras la
implantación por los Estados miembros de las normas de armonización mínima de la
Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre
determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes [6] . Son estas diferencias
principales sobre las normas nacionales las que afectan a la decisión de los comerciantes a la
hora de realizar ventas transfronterizas de bienes y en qué medida lo hacen.

5
Encuesta de Eurostat sobre el uso de las TIC por los hogares y los particulares (2014).
6
DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.

# ES 3 ES

Si bien la propuesta se basa en las normas de la Directiva 1999/44/CE, contempla la
armonización plena de los criterios de conformidad de los bienes, de la jerarquía de las
acciones disponibles para los consumidores y de los plazos para la inversión de la carga de la
prueba, así como de las garantías legales. Se aclaran además determinados aspectos de la
actual Directiva 1999/44/CE, como el hecho de que el consumidor tendría derecho a resolver
el contrato o a una reducción del precio si el vendedor no repara o sustituye los bienes en un
plazo razonable. A diferencia de la Directiva 1999/44/CE, el consumidor también tendría
derecho a resolver el contrato en caso de defectos menores. De igual forma, a diferencia de la
Directiva 1999/44/CE, según la propuesta los consumidores no estarían sujetos a la obligación
que tienen actualmente en virtud de una serie de legislaciones nacionales de notificar al
vendedor un defecto en los bienes dentro de un plazo determinado de tiempo a partir del
momento en que lo detecten. Sin duda, uno de los cambios más importantes en relación con la
Directiva 1999/44/CE es que el plazo para la inversión de la carga de la prueba se amplía a
dos años. Al igual que la Directiva 1999/44/CE, la propuesta deja en manos de las
legislaciones nacionales las disposiciones relativas al derecho del consumidor a recibir una
compensación por las pérdidas causadas por dicha falta de conformidad.

Por otra parte, la propuesta también complementa la Directiva 2011/83/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores,
por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [7], que ya ha armonizado plenamente
determinadas normas relativas a la compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes
(principalmente los requisitos de información precontractual y el derecho de desestimiento).
La propuesta complementa también la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de
la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el mercado interior
(Directiva sobre el comercio electrónico) [8], que, entre otras cosas, establece parcialmente
normas armonizadas sobre los contratos electrónicos.

La propuesta no armonizará plenamente las normas sobre cláusulas abusivas y por tanto no
tendrá impacto alguno en la Directiva del Consejo 93/13/CEE, de 5 de abril 1993, sobre las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores [9] .

La propuesta es compatible con las normas existentes en la UE sobre la legislación aplicable y
la competencia judicial en el Mercado Único Digital [10] . El Reglamento (UE) nº 1215/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil [11] y el Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de junio de 2008, sobre la legislación aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) [12],
que establecen normas para determinar la jurisdicción competente y la legislación aplicable,
se aplican también en el entorno digital. Estos instrumentos se han adoptado muy

7
DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
8
DO L 178 de 17.7.2000, p. 1–16.
9
DO L 95 de 21.4.1993 p. 29–34.
10
Una explicación detallada de la norma de la UE sobre la legislación y jurisdicción aplicables en el Mercado Único Digital figura en el anexo 7 del Documento

de Trabajo de los Servicios de la Comisión que contiene una Evaluación de Impacto junto con las Propuestas para una Directiva del Parlamento Europeo y del

Consejo sobre determinados aspectos relativos a los contratos de suministro de contenidos digitales y para una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo

sobre determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes, SWD(2015) 275.
11
DO L 351 de 20.12.2012, p. 1-32.
12
DO L 177 de 4.7.2008, p. 6.

# ES 4 ES

recientemente, y las implicaciones de internet se tuvieron en cuenta en el proceso legislativo.
Algunas normas tienen en cuenta específicamente las transacciones por internet, en particular
las relativas a los contratos con los consumidores. El objetivo de estas normas es proteger a
los consumidores, entre otros, en el Mercado Único Digital ofreciéndoles la ventaja de la
normativa de aplicación obligada del Estado miembro en el que residen habitualmente.
Habida cuenta de que la actual propuesta sobre determinados aspectos de los contratos de
compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes pretende armonizar las normas
obligatorias fundamentales de protección de los consumidores, los comerciantes ya no tendrán
que enfrentarse a las amplias disparidades de 28 regímenes jurídicos diferentes. Junto con la
nueva normativa propuesta en materia de contratos de compraventa en línea y otras ventas a
distancia de bienes establecida en esta propuesta, la normativa existente en el derecho
internacional privado establece un marco jurídico claro para comprar y vender en un mercado
digital europeo, teniendo en cuenta los intereses tanto de los consumidores como de las
empresas. Por tanto, esta propuesta legislativa no requiere ningún cambio en el marco actual
del derecho internacional privado de la UE, y tampoco en el Reglamento (CE) nº 593/2008
(Roma I).

La propuesta complementa y permite a la legislación de la Unión específica del sector, como
la legislación sobre diseño ecológico [13] y sobre el etiquetado energético [14], y a sus actos de
ejecución y delegados, para introducir requisitos de durabilidad específicos de los productos,
por ejemplo requisitos de información sobre la durabilidad.

**•** **Coherencia con otras políticas de la Unión**

La Estrategia para un Mercado Único Digital pretende abordar los principales obstáculos para
el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo en el Mercado Único Digital en su
conjunto. La propuesta debe considerarse en el contexto de este enfoque de conjunto. Esto
cubre, entre otras, las iniciativas relacionadas con el papel de las plataformas, la iniciativa de
Nube Europea, la carga relativa al IVA y la entrega de paquetes. Asimismo, cubre las
iniciativas relacionadas con la aplicación/reparación, es decir la puesta en servicio de la
plataforma de Resolución de Litigios en Línea [15] así como la revisión del Reglamento (CE)
nº 2006/2004, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales
encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores [16] . En
particular, unas normas plenamente armonizadas de la Unión en materia de derecho
contractual facilitarán también la adopción de medidas de aplicación coordinadas por las
autoridades de Cooperación para la Protección de los Consumidores [17] .

13
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos

de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, DO L 285 de 31.10.2009, p. 10 – 35.
14
Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte

de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada, DO L 153 de 18.6.2010, p. 1 – 12.
15
Reglamento (UE) nº 524/2013, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento

(CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE, DO L 165, de 18.6.2013, p.1.
16
DO L 364, de 9.12.2004, p. 1.
17
La presente Directiva modificará el Reglamento sobre la cooperación para la protección de los consumidores, añadiendo una referencia a la misma en el anexo

de dicho Reglamento.

# ES 5 ES

**2.** **BASE** **JURÍDICA,** **SUBSIDIARIEDAD** **Y** **PROPORCIONALIDAD**

**•** **Base jurídica**

La base jurídica de esta propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y su principal objetivo es mejorar el establecimiento y el funcionamiento del
mercado interior.

Las diferencias existentes en las normativas contractuales de protección de los consumidores
disuade a los comerciantes de realizar ventas en línea transfronterizas, debido a que deben
adaptar sus contratos a las distintas normativas contractuales obligatorias de protección de los
consumidores en los diferentes Estados miembros a los que exportan y, por consiguiente,
incurren en costes relacionados con el derecho contractual. Los consumidores no se sienten
seguros por lo que respecta a sus derechos contractuales esenciales cuando compran en el
extranjero y por tanto prefieren hacerlo en sus propios mercados nacionales. Estos problemas
ejercen un efecto directo en el establecimiento y en el funcionamiento del mercado interior y
limitan la competencia.

Las diferencias entre las normativas nacionales imperativas que se aplican a los contratos de
compraventa de bienes de consumo en los Estados miembros se derivan principalmente de las
normativas nacionales imperativas que van más allá de las Directivas de armonización
mínima de la UE [18] [19] . Dichas diferencias existen en varios ámbitos fundamentales e implican
costes adicionales para las empresas y falta de seguridad jurídica para los consumidores.

La Directiva 1999/44/CE establece una jerarquía de las acciones disponibles para los
consumidores. Si los bienes no son conformes con el contrato, el consumidor tiene derecho a
exigir en primer lugar que los bienes sean puestos en conformidad solicitando su reparación o
sustitución. Solo como segunda medida, el consumidor podrá solicitar la resolución del
contrato o una reducción del precio. 20 Estados miembros [20] han seguido este enfoque,
mientras que otros Estados miembros han ofrecido a los consumidores la libre elección de
acciones, o han asumido la jerarquía de las acciones pero también han previsto otras, por
ejemplo el derecho a rechazar los bienes no conformes en un breve espacio de tiempo.

De conformidad con la Directiva 1999/44/CE, los Estados miembros podrán disponer que el
consumidor, para poder hacer valer sus derechos, deberá informar al vendedor de la falta de
conformidad en el plazo de dos meses desde la fecha en que se percató de dicha falta de
conformidad. A falta de notificación, los consumidores perderán su derecho a la acción.
Mientras que en 11 Estados miembros [21] los consumidores no están sujetos a dicha obligación,

18
Esa información se ha extraído de las notificaciones de los Estados miembros a la Comisión de conformidad con los artículos 32 y 33 de la Directiva

2011/83/UE en relación con la transposición de la Directiva del Consejo 93/13/CEE y la Directiva 1999/44/CE; para acceder a la notificación completa, véase:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/notifications/index_en.htm.
19
Aunque la mayoría de las diferencias en las normativas nacionales de protección de los consumidores se derivan de las distintas formas en que los Estados

miembros han implementado las directivas de armonización mínima de la UE, existe también una serie de normativas contractuales de protección de los

consumidores que no tienen su origen en la implementación del acervo comunitario en materia de consumidores. Se pueden encontrar más ejemplos específicos

en: la Evaluación de Impacto que acompaña a las Propuestas de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos relativos a los

contratos de suministro de contenidos digitales y de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos relativos a los contratos de

compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes, SWD(2015) 275, sección 1.2.«Principales diferencias entre las normativas contractuales imperativas

en materia de protección de los consumidores que afectan al comercio transfronterizo de bienes».
20
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,

Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia.
21
Alemania, Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Reino Unido y República Checa.

# ES 6 ES

en 12 Estados miembros [22] el consumidor debe notificar el defecto en un plazo de dos meses, y
en 5 Estados miembros [23] el consumidor debe hacerlo en un plazo de tiempo diferente.

De conformidad con la Directiva 1999/44/CE, un consumidor solo puede solicitar el
saneamiento si los bienes no eran conformes en el momento de la entrega. La carga de la
prueba se invierte durante los seis primeros meses, obligando al comerciante a demostrar
durante este periodo que no existía ningún defecto en el momento de la entrega. Mientras que
25 Estados miembros han seguido este enfoque, tres Estados miembros [24] han ampliado
recientemente el plazo para invertir la carga de la prueba.

La Directiva 1999/44/CE establece que el vendedor deberá responder cuando la falta de
conformidad se manifieste dentro de un plazo de dos años a partir de la entrega del bien.
Mientras que 23 Estados miembros han implementado este plazo de dos años, en un Estado
miembro [25] dicho plazo es más amplio y en dos Estados miembros [26] es ilimitado. En otros dos
Estados miembros [27] no existe un plazo específico de garantía legal, pero los derechos de los
consumidores están limitados por el plazo de prescripción (límites de tiempo establecidos en
las legislaciones nacionales durante los cuales los derechos pueden ser invocados ante un
tribunal).

En general, la propuesta eliminaría los obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales
resultantes de estas diferencias entre las normativas nacionales imperativas en materia de
derecho contractual y, más en concreto, los costes de transacción adicionales cuando se
realizan operaciones transfronterizas y la falta de confianza de los consumidores en lo que
respecta a sus propios derechos al comprar en otro país de la UE, todo lo cual incide
directamente en el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y limita la
competencia.

La propuesta garantizará un elevado nivel de protección del consumidor al establecer una
serie de normas imperativas plenamente armonizadas que mantienen, y en algunos casos
mejoran, el nivel de protección que los consumidores disfrutan en virtud de la Directiva
1999/44/CE existente.

**•** **Subsidiariedad**

La propuesta respeta el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del Tratado de
la Unión Europea.

El objetivo de la iniciativa es eliminar los obstáculos del derecho contractual para los
consumidores en el comercio en línea y ayudar a establecer un Mercado Único Digital
genuino en beneficio de las empresas y los consumidores. Los Estados miembros no pueden
lograr este objetivo de manera adecuada. La normativa sobre la compraventa de bienes
prevista en la Directiva 1999/44/CE es de armonización mínima y, por tanto, permite una
diferente implementación por los Estados miembros. Esto ha dado lugar a una fragmentación
jurídica. Solo una intervención coordinada a nivel comunitario con el fin de eliminar los
diferentes enfoques nacionales existentes sobre la legislación de la Unión Europea mediante

22
Bélgica, Croacia, Chipre, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Italia, Letonia, Malta, Portugal y Rumanía.
23
Dentro de un plazo razonable en Dinamarca y Suecia, lo antes posible en los Países Bajos e inmediatamente en Hungría (en estos países una notificación con

dos meses de antelación se considera siempre dentro del límite de tiempo); seis meses en Eslovaquia.
24
Francia, Polonia y Portugal.
25
Suecia.
26
Finlandia y los Países Bajos.
27
Irlanda y el Reino Unido.

# ES 7 ES

la armonización plena puede contribuir a la realización del mercado interior resolviendo este
problema.

La propuesta se basa en la plena armonización de determinados derechos contractuales
esenciales de los consumidores. Por ello, creará un conjunto único de normas que garanticen
el mismo nivel elevado de protección de los consumidores en el conjunto de la Unión
Europea, permitiendo al mismo tiempo que los comerciantes realicen ventas en todos los
Estados miembros ateniéndose a los mismos términos contractuales. La propuesta reduciría
significativamente los costes de cumplimiento para los comerciantes, garantizando al mismo
tiempo un elevado nivel de protección de los consumidores. Por tanto, la intervención a nivel
comunitario sería más efectiva que una intervención a nivel nacional.

El enfoque de una armonización plena ya ha demostrado tener éxito en la legislación de la UE
en materia de protección de los consumidores, por ejemplo mediante las normas de la
Directiva 2011/83/UE, garantizando una serie de derechos uniformes de los consumidores
dentro de la Unión Europea que se interpretan y aplican de manera uniforme en todos los
Estados miembros. Una iniciativa a nivel de la UE garantizará el desarrollo de los derechos de
los consumidores de forma coherente, asegurando al mismo tiempo que todos los
consumidores en la UE se beneficien del mismo nivel elevado de protección. Creará
seguridad jurídica para las empresas que desean vender sus productos en otros Estados
miembros. Este resultado solo puede lograrse mediante una intervención a nivel comunitario.

Además, una iniciativa a nivel comunitario garantizará la aplicación de los derechos de los
consumidores de forma coherente, asegurando al mismo tiempo que todos los consumidores
en la UE se beneficien del mismo nivel elevado de protección. Creará seguridad jurídica para
las empresas que desean vender sus bienes en otros Estados miembros. Dicha iniciativa
proporcionará una base jurídica consistente para la ejecución de acciones coordinadas ya que
la Directiva propuesta se incluirá en el anexo al Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la
cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de
protección de los consumidores. Además, la normativa uniforme plenamente armonizada
facilitará en gran medida la ejecución de acciones. De esta forma, la aplicación de la
legislación de la Unión en beneficio de los consumidores de la UE se vería reforzada. Este
resultado solo puede lograrse mediante una intervención a nivel de la UE.

**•** **Proporcionalidad**

La propuesta respeta el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del Tratado
de la Unión Europea, ya que no irá más allá de lo que resulte necesario para lograr los
objetivos.

La propuesta no armonizará todos los aspectos relativos a los contratos de compraventa en
línea y otras ventas a distancia de bienes. Por el contrario, se centrará en profundizar en la
armonización de los principales derechos contractuales de la UE obligatorios, específicos y
fundamentales de los consumidores que han sido identificados como obstáculos al comercio
por las partes interesadas, y son necesarios para generar confianza en los consumidores
cuando realizan compras a distancia en el extranjero. Además, la elección de la fórmula
jurídica de una directiva en lugar de un reglamento tendrá como resultado una interferencia
considerablemente menor en las legislaciones nacionales (ver «Instrumento elegido» a
continuación).

# ES 8 ES

**•** **Instrumento elegido**

La Comisión presenta un conjunto de dos directivas de armonización plena: una Directiva
sobre determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa en línea y otras ventas a
distancia de bienes y una Directiva sobre determinados aspectos relativos a los contratos de
suministro de contenidos digitales.

La elección de una directiva deja libertad a los Estados miembros para adaptar la
implementación a su legislación nacional. Un reglamento exigiría un régimen mucho más
detallado y amplio que una directiva para que sus efectos fuesen directamente aplicables. En
consecuencia, la interferencia en las leyes nacionales aumentaría notablemente.

La elección de la armonización plena implicará la creación de una normativa sencilla y
moderna que elimine los obstáculos derivados del derecho contractual y cree condiciones
equitativas para las empresas, asegurando al mismo tiempo que los consumidores se
beneficien de un elevado nivel de protección en el conjunto de la UE.

Un instrumento de carácter no vinculante, como un contrato modelo voluntario, no podría
alcanzar el objetivo de mejorar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.
Los comerciantes seguirían estando obligados a cumplir las diferentes normativas nacionales
imperativas del país del consumidor, cuando en este se prevea un nivel más elevado de
protección de los consumidores que en el contrato modelo, y seguirían por tanto haciendo
frente a costes superiores relacionados con el derecho contractual.

**3.** **RESULTADOS** **DE** **LAS** **EVALUACIONES** _**EX**_ _**POST**_ **,** **LAS** **CONSULTAS** **A**
**LAS** **PARTES** **INTERESADAS** **Y** **LAS** **EVALUACIONES** **DE** **IMPACTO**

**•** **Consultas a las partes interesadas**

_Proceso de consulta_

Se ha desarrollado una extensa estrategia de consulta para garantizar una amplia participación
a lo largo del ciclo político de esta iniciativa. Esta estrategia se basó en una combinación de
consultas públicas y específicas. La Comisión ha recabado una amplia y equilibrada variedad
de opiniones sobre este asunto, brindando la oportunidad a todas las partes relevantes
(empresas, consumidores, autoridades nacionales, abogados y académicos) para expresar sus
opiniones. [28]

     - Consulta pública: Una consulta pública y abierta basada en la web llevada a cabo durante 12
semanas obtuvo un resultado de 189 respuestas de todas las categorías de partes interesadas
en el conjunto de la UE.

     - Consultas específicas: Se organizó un grupo de consulta de las partes interesadas compuesto
por 22 organizaciones en representación de una amplia variedad de intereses. El grupo se
reunió en siete ocasiones.

Además se realizaron entrevistas en profundidad con empresas entre junio y agosto de 2015,
con el fin de recabar datos sobre los costes relacionados con el derecho contractual al que se
enfrentan las empresas cuando realizan ventas en el extranjero.

28
Se puede encontrar más información sobre las consultas en el enlace: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/index_en.htm

# ES 9 ES

En el marco de la Estrategia para un Mercado Único Digital, en 2015 se utilizaron dos
encuestas, una encuesta a consumidores [29], y una encuesta a empresas [30], con el fin de recoger
datos que identificasen los principales obstáculos transfronterizos para el Mercado Único
Digital.

     - Consulta a los Estados miembros: Se organizaron tres talleres de un día de duración con los
Estados miembros entre junio y octubre de 2015. Las cuestiones relevantes también se
discutieron con las autoridades nacionales competentes en la reunión del Comité de
Cooperación para la Protección de los Consumidores (abril de 2015) y las autoridades
nacionales responsables de la política de consumo en la reunión de la Red de Política de
Consumo (mayo de 2015).

_Resumen de los resultados_

La mayoría de los encuestados por el lado de los consumidores reconoce que la armonización
puede mejorar el comercio electrónico transfronterizo, pero solo apoyarían la armonización
plena siempre y cuando no redujera los niveles existentes de protección de los consumidores
en los Estados miembros. Advierten asimismo sobre el riesgo de crear diferentes regímenes
dependiendo del canal de ventas. Las asociaciones de consumidores se oponen firmemente a
cualquier forma de aplicación de la ley del comerciante. Además, teniendo en cuenta las
diferentes características de los contratos B2B y B2C y las posibles fricciones con los
instrumentos legales ya existentes, las organizaciones de consumidores no respaldan la
inclusión de los contratos B2B en el ámbito de esta propuesta. La mayoría de empresas se
posicionarían a favor de normas armonizadas de la Unión sobre las ventas B2C de bienes. No
obstante, algunas asociaciones empresariales se muestran indecisas sobre la necesidad de
adoptar alguna acción, aunque en el caso de que se realizara alguna acción a nivel
comunitario preferirían que se tratara de la aplicación de la ley del comerciante y una
modificación del Reglamento (CE) nº 593/2008 (Roma I). Las organizaciones empresariales
recomiendan evitar en la medida de lo posible un enfoque sectorial que pudiera dar lugar a
normas diferentes para la venta en línea y fuera de línea y para bienes y contenidos digitales.
La gran mayoría de asociaciones de las profesiones del ámbito jurídico estarían a favor de
normas armonizadas de la Unión, y del mismo régimen para los contratos B2C y B2B.

En general, los Estados miembros apoyarían normas armonizadas de la Unión, pero se
muestran cautos en cuanto a la viabilidad política y a la diferenciación entre la normativa
aplicable a las ventas en línea y fuera de línea. Algunos preferirían una mejor
implementación, aplicación y evaluación de la legislación existente antes de producir nueva
legislación. La gran mayoría de Estados miembros que han contestado solo apoyan la
inclusión de contratos B2C. Además, un número importante de Estados miembros se opone
explícitamente a cualquier forma de aplicación de la ley del comerciante y, en consecuencia, a
modificar el Reglamento Roma I.

Sobre el fondo de las normas, la mayoría de asociaciones de consumidores apoyan la libre
elección de las formas de saneamiento, mientras que la mayoría de encuestados del lado de las
empresas argumentan a favor de una jerarquía de las formas de saneamiento para el
consumidor en el conjunto de la UE. Los Estados miembros están divididos: mientras que
algunos se muestran a favor de una jerarquía de las formas de saneamiento, otros respaldarían
la libre elección de las formas de saneamiento por parte del consumidor. Una mayoría de los

29
GfK para la Comisión Europea, Consumer survey identifying the main cross-border obstacles to the Digital Single Market and where they matter most, 2015.
30
Eurobarómetro Flash 413 «Empresas que operan en línea» (2015), http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf.

# ES 10 ES

encuestados pertenecientes a profesiones del ámbito jurídico están a favor de la libre elección
de las formas de saneamiento por parte del consumidor, mientras que otros prefieren mantener
una jerarquía de las formas de saneamiento, posiblemente negociables entre las partes. Por lo
que respecta a la inversión de la carga de la prueba, las organizaciones de consumidores
abogan por un plazo superior a seis meses (principalmente dos años), y la práctica totalidad
está a favor de un plazo de garantía legal más extenso. Las empresas desearían mantener el
plazo actual de seis meses para la inversión de la carga de la prueba y apoyarían la
armonización plena del plazo actual de garantía legal de dos años. En general, los Estados
miembros y las profesiones del ámbito jurídico apoyarían el mantenimiento de las normas
existentes para la inversión de la carga de la prueba y la garantía legal.

**•** **Obtención y utilización de asesoramiento técnico**

La Comisión se basó en varios estudios económicos y jurídicos, encargados para el objeto
específico de esta iniciativa o como parte de la Estrategia para un Mercado Único Digital,
incluido un estudio realizado en 2015 para identificar los principales obstáculos
transfronterizos para el Mercado Único Digital [31], estadísticas de Eurostat 2014,
Eurobarómetros y un panel de PYME [32] .

Un estudio de derecho comparado presentó una visión general de las normas imperativas
aplicables a las obligaciones contractuales en los contratos de compraventa de bienes
vendidos a distancia y en particular en línea.

**•** **Evaluación de impacto**

El Comité de Control Reglamentario formuló un dictamen inicial sobre el proyecto de
evaluación de impacto el 16 de octubre de 2015, que ha sido modificado teniendo en cuenta
los comentarios del Comité y presentado de nuevo. El Comité formuló el segundo dictamen,
que aprobó el proyecto de evaluación de impacto sujeto a comentarios el 9 de noviembre de
2015. [33]

Con las propuestas se publica un informe de evaluación de impacto revisado y un resumen. [34 ]

_Alternativas políticas examinadas_

Además de examinar las consecuencias de no cambiar la política, la evaluación de impacto
examinó las siguientes políticas alternativas: i) opción 1: normativa plenamente armonizada
específica para bienes y contenidos digitales; ii) opción 2: aplicación de la ley del comerciante
en combinación con la normativa armonizada existente sobre bienes/normativa plenamente
armonizada y específica para contenidos digitales; iii) opción 3: ningún cambio en la política

31
Véase, en particular:

GfK para la Comisión Europea, Consumer survey identifying the main cross-border obstacles to the Digital Single Market and where they matter most 2015

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/obstacles_dsm/docs/21.09_dsm_final_report.pdf

                - Estudio de Eurostat sobre el uso de las TIC en los hogares y por los particulares (2014),

               - Comparative Study on cloud computing contracts (2014) DLA Piper, p. 33 y ss.; Analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours

of a model system of consumer protection in relation to digital content contracts; Universidad de Ámsterdam: Centre for the Study of European Contract Law

(CSECL) Institute for Information Law (IViR): Amsterdam Centre for Law and Economics (ACLE) p. 32 y ss.

               - Eurobarómetro Flash 413 «Empresas que operan en línea» (2015),http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf

               - Economic study on consumer digital Content products, ICF International, 2015.
32
Un estudio de un panel de PYME realizado en 2011 dentro de la red Enterprise Europe, que recabó respuestas de 1 047 microempresas y pequeñas y medianas

empresas.
33
El dictamen del Comité de Control Reglamentario puede consultarse en el enlace: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm.
34
El informe de evaluación de impacto y su resumen pueden consultarse en el enlace: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_es.htm.

# ES 11 ES

para bienes y normativa plenamente armonizada específica para contenidos digitales; iv)
opción 4: ningún cambio en la política para bienes y armonización mínima de la normativa
para contenidos digitales; v) opción 5: un contrato modelo europeo voluntario en combinación
con un sello de confianza de la UE.

A partir de un análisis comparativo de los efectos de estas opciones, el Informe de Evaluación
de Impacto llegó a la conclusión de que la opción 1 sería la idónea para cumplir los objetivos
políticos. Esta opción reducirá los costes relacionados con el derecho contractual para los
comerciantes y facilitará el comercio electrónico transfronterizo. Las empresas podrán basarse
principalmente en su propia legislación cuando realicen ventas transfronterizas ya que la
normativa principal, relevante para el comercio transfronterizo, será la misma en todos los
Estados miembros. Si bien la nueva normativa sobre ventas de bienes en línea implicará
determinados costes puntuales de adaptación para las empresas que realizan ventas en línea,
estos costes se compensarían con el ahorro de costes resultante de la posibilidad de vender en
toda la UE sin costes adicionales relacionados con el derecho contractual, gracias a una
normativa plenamente armonizada. En particular, las pequeñas empresas resultarán
beneficiadas en relación con la situación actual, ya que el ahorro en costes generado por una
normativa transfronteriza plenamente armonizada sobre bienes será más significativo cuanto
más pequeña sea la empresa. Por tanto, la nueva normativa aportará a las empresas seguridad
jurídica y un entorno empresarial favorable. Los consumidores contarán con un conjunto claro
de derechos en el conjunto de la UE y, por tanto, tendrán más confianza cuando compren
bienes o accedan a contenidos digitales transfronterizos. Mientras que en algunos Estados
miembros el nivel de protección puede disminuir en algunos aspectos concretos, esta opción
elevará de forma significativa el nivel actual general de protección de los consumidores en la
UE en virtud de la Directiva 1999/44/CE, en particular al ampliar el plazo de inversión de la
carga de la prueba a dos años. Aunque los Estados miembros no podrán adoptar o mantener
una normativa de protección de los consumidores más protectora, en general se garantizará un
elevado nivel de protección de los consumidores, y se mejorará la aplicación transfronteriza
de la normativa. Esto creará una situación que beneficiará tanto a las empresas como a los
consumidores. La competencia aumentará, impulsando el crecimiento general del comercio y
ampliando en consecuencia la oferta a precios más competitivos para los consumidores, con
ganancias macroeconómicas significativas para la UE.

La no introducción de cambios en la política no contribuiría a lograr los objetivos del
Mercado Único Digital, y podría tener un impacto económico negativo en relación con la
situación actual.

La opción 2 generaría mayores incentivos para el suministro transfronterizo, ya que los
comerciantes podrían vender sus productos a otros países basándose exclusivamente en su
propia legislación. Los consumidores podrían beneficiarse en cierta medida de una mayor
oferta y de precios más bajos. En algunos casos podrían beneficiarse de un nivel de protección
de los consumidores potencialmente más elevado al amparo de la ley del comerciante, si se
aplica a aspectos específicos más allá de su propia legislación nacional. Sin embargo, como
resultado de la aplicación de la ley del comerciante a las ventas en línea de bienes y la
correspondiente derogación del Reglamento (CE) nº 593/2008 (Roma I), los consumidores
europeos dejarían de beneficiarse del nivel más elevado de protección que les brindaría su
propia legislación nacional si esta va más allá que la Directiva 1999/44/CE, además de la ley
del comerciante. Esto podría afectar negativamente a la confianza de los consumidores en las
compras transfronterizas. Además, es muy probable que este cambio no se limitara a los
comerciantes de la UE y, en consecuencia, implicaría la eliminación de la protección ofrecida

# ES 12 ES

por la normativa contractual imperativa en materia de consumo en las transacciones con
comerciantes de terceros países.
Las opciones 3 y 4 no eliminarían los obstáculos relacionados con el derecho contractual al
comercio transfronterizo de bienes.

La opción 5 podría ayudar a las empresas a vender bienes en el conjunto de la UE y ofrecería
un nivel satisfactorio de protección de los consumidores, dependiendo en gran medida de las
normas aplicables al contenido del contrato modelo a acordar por la industria y del grado de
uso y aceptación del sello de confianza por las empresas de la UE. Los consumidores podrían
confiar más en la compra a comerciantes extranjeros a los que la UE haya concedido el sello
de confianza. Sin embargo, los comerciantes seguirían estando obligados a cumplir las
diferentes normas nacionales imperativas del país del consumidor, cuando estas prevean un
nivel más elevado de protección de los consumidores que el contrato modelo, y podrían seguir
enfrentándose a costes relacionados con el derecho contractual.

_Principales efectos de la propuesta_

La evaluación de impacto considera el efecto de ambas propuestas, la Directiva relativa a
determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales y la Directiva
relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras ventas a
distancia de bienes.

Las dos propuestas eliminarán las barreras al comercio en línea transfronterizo relacionadas
con el derecho contractual, tanto para los consumidores como para los comerciantes. La
eliminación de estos obstáculos supone un incentivo para el comercio transfronterizo: si
desaparecieran las barreras relacionadas con el derecho contractual, 122 000 empresas más
venderían en línea a otros países. Las ventas en el interior de la UE se incrementarían en unos
mil millones EUR. El incremento de la competencia minorista en línea propiciará la bajada de
los precios en todos los Estados miembros, con un promedio del -0,25 % a nivel comunitario.
Como resultado de esta reducción de los precios y de la mayor confianza de los consumidores
generada por una normativa uniforme de la Unión, aumentará la demanda de los
consumidores. El consumo de los hogares, reflejo del bienestar de los consumidores, se
incrementaría en todos los Estados miembros con una media en la UE de +0,23 %, lo que
corresponde a aproximadamente 18 000 millones EUR. Entre 7,8 y 13 millones de
consumidores más empezarían a realizar compras en línea en otros países. El importe medio
del gasto anual por cada comprador transfronterizo también aumentaría en 40 EUR. Este
incremento de la oferta y la demanda tendrá efectos directos en las variables
macroeconómicas en cada Estado miembro y en el conjunto de la UE. La previsión es que el
PIB real de la UE aumente de forma permanente en torno a los 4 000 millones EUR al año.

_A quienes afectaría y cómo_

Las empresas deberán asumir los costes de cumplimiento de la nueva Directiva, pero
finalmente se beneficiarán más de la normativa plenamente armonizada para exportar bienes y
contenidos digitales en toda la UE. Una vez implementada la nueva normativa, las empresas
en gran medida no tendrán que adaptar sus términos contractuales a las leyes de otros Estados
miembros, con independencia de en cuántos Estados miembros realicen sus ventas. Las
PYME no quedarán exentas de la nueva legislación: las exenciones disminuirían la confianza
de los compradores al realizar compras en ellas. No hay ninguna justificación para reducir la
protección de los consumidores cuando compran a PYME en lugar de hacerlo a vendedores

# ES 13 ES

más grandes. Además, una exención menoscabaría las ventajas para las PYME de contar con
un conjunto único de normas aplicadas en toda la UE. Por el contrario, la iniciativa será
particularmente beneficiosa para las PYME, que son las más afectadas por los costes de
adaptación de sus contratos a las normas de obligado cumplimiento de otros Estados
miembros y quedan confinadas con mayor frecuencia a su mercado nacional que sus
competidores más grandes. El comercio transfronterizo es una vía importante para que puedan
beneficiarse de las ventajas de las economías de escala. Las PYME se enfrentan a un
problema a la hora de captar clientes, lo que resultaría más fácil de afrontar en el contexto del
comercio en línea, ya que internet permite vender en línea con costes inferiores a los del
comercio fuera de línea

En cuanto a los bienes en particular, las empresas que actualmente solo realizan ventas
presenciales no tendrán que incurrir en coste alguno de adaptación. Las empresas que ya
venden o que desean vender en línea a consumidores en otros Estados miembros se
beneficiarán directamente del ahorro de costes resultante de una normativa plenamente
armonizada de la Unión. Las empresas que actualmente realizan ventas en línea y presenciales
no tendrán que asumir costes adicionales derivados de los diferentes regímenes, ya que no es
probable que se produzca una fragmentación entre la normativa sobre las ventas de bienes en
línea y presenciales o probablemente no tendría un impacto significativo. De producirse
dichos costes, serían limitados y solo durante un breve periodo transitorio. Según los
representantes del comercio minorista, las empresas omnicanal podrían en realidad afrontar
las diferencias transitorias entre los regímenes en línea y presenciales para los bienes
mediante la aplicación de las respectivas normas estándar más elevadas a todas sus ventas,
operando así bajo un único modelo de negocio.

Para las empresas, la aplicación de la nueva normativa implicará un cierto número de
obligaciones en sus relaciones con los consumidores. No obstante, muchas de estas
obligaciones ya están incluidas en las legislaciones nacionales, en distintos grados y alcances
debido a la armonización mínima de la legislación de la UE y, por tanto, las empresas ya están
familiarizadas con este aspecto. En particular, en relación con la ampliación del plazo para la
inversión de la carga de la prueba de seis meses a dos años, no se prevé que tenga un impacto
muy significativo para las empresas, habida cuenta de que los datos recientes revelan que, en
la práctica, solo una minoría de estas insisten en que los consumidores demuestren la
responsabilidad del comerciante dentro del plazo completo de dos años de garantía legal y
que, a menudo, la inversión de la carga de la prueba opera de hecho a lo largo de todo el plazo
de dos años de garantía legal, con un cambio muy limitado en el comportamiento de los
comerciantes antes o después de los seis meses en este aspecto [35] .

El nivel de protección de los consumidores aumentará en comparación con el nivel existente
en la UE. Esto afecta en particular a la ampliación del plazo para la inversión de la carga de la
prueba hasta dos años armonizándolo con el plazo de garantía legal. En comparación con sus
normativas nacionales, todos los consumidores de la UE se beneficiarán en este aspecto de un
nivel más elevado de protección de los consumidores (excepto en el caso de dos Estados
miembros donde el nivel seguirá siendo el mismo). Este nivel más elevado de protección
facilitará que los consumidores ejerzan sus derechos y se prevé que potencie de forma
significativa la confianza de los consumidores, algo particularmente relevante para las
compras transfronterizas dada la presencia del componente de distancia. Por lo que respecta al
nivel de protección de los consumidores en otros aspectos, como la obligación del consumidor
de notificar el defecto al vendedor y el derecho del consumidor a resolver el contrato aunque

35
«Consumer market study on the functioning of Legal and Commercial Guarantees for consumers in the EU» (2015, sin publicar).

# ES 14 ES

la no conformidad sea menor, en comparación con las normas nacionales actuales, en la
mayoría de los casos la propuesta dará lugar a un nivel de protección más elevado, mientras
que en un número limitado de Estados miembros, determinados derechos adicionales en
algunos aspectos individuales pueden ser inferiores. Sin embargo, en conjunto se garantizará
un nivel elevado de protección de los consumidores y de aplicación de las normas. Además,
no solo los consumidores tendrán acceso a una oferta más amplia de productos de los
comerciantes en el conjunto de la UE a precios competitivos, sino que también podrán
beneficiarse de productos de mejor calidad y más duraderos, en consonancia con el Paquete
de Economía Circular de la Comisión Europea.

**•** **Derechos fundamentales**

La propuesta para las ventas en línea y otras ventas a distancia de bienes tendrá un impacto
positivo en una serie de derechos tutelados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, en particular el artículo 38 sobre la protección de los consumidores y el
artículo 16 sobre la libertad de empresa.

Un conjunto de normas plenamente armonizadas para las ventas en línea de bienes garantizará
un alto nivel de protección de los consumidores en el conjunto de la UE, de conformidad con
el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al otorgar a los
consumidores derechos claros y específicos cuando compren bienes en línea en su país o en
otros Estados miembros. Sin embargo, estas normas sustituirán a la actual normativa nacional
existente para los bienes, lo que podría reducir el nivel de protección del que disfrutan los
consumidores en algunos Estados miembros.

Un conjunto de normas plenamente armonizadas para la venta en línea de bienes también
contribuirá a lograr el objetivo del artículo 16, ya que facilitará que las empresas puedan
vender productos en el conjunto de la UE, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Por
tanto, reforzarán su capacidad para expandir su actividad.

Finalmente, unos derechos contractuales claros podrían ayudar a cumplir el objetivo del
artículo 47 (Derecho a una tutela judicial efectiva), ya que podrían aumentar la capacidad de
ejercer el derecho a una tutela judicial efectiva ante los tribunales. La nueva normativa
debería aclarar las formas de saneamiento disponibles en caso de litigio.

**4.** **REPERCUSIONES** **PRESUPUESTARIAS**

La propuesta no tendrá repercusiones presupuestarias.

**5.** **OTROS** **ELEMENTOS**

**•** **Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e**
**información**

Los Estados miembros deberán enviar a la Comisión las medidas de aplicación de la Directiva
sobre determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa en línea y otras ventas a
distancia de bienes. Estas medidas establecerán el texto de la legislación adoptada por los
Estados miembros. La Comisión supervisará estas medidas para garantizar que cumplen la
Directiva.

# ES 15 ES

**•** **Documentos explicativos**

De conformidad con la Declaración Política Conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los
Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, los Estados miembros
se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos
casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los
elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de
transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la
transmisión de tales documentos está justificada.

**•** **Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta**

La propuesta consta de 21 artículos. Muchas de estas disposiciones tienen su origen en la
Directiva 1999/44/CE o en la propuesta de Reglamento relativo a una normativa común de
compraventa europea.

El artículo 1 establece el objeto y el ámbito de aplicación de la Directiva precisando que la
misma establece determinadas normas relativas a la conformidad, los saneamientos y las
modalidades para el ejercicio de dichos saneamientos. Durante la realización de la evaluación
de impacto que acompaña a las propuestas no se identificaron problemas B2B; en
consecuencia, la Directiva no trata sobre estos asuntos. La Directiva no se aplica a bienes
como los DVD y los CD que incorporan contenido digital de tal manera que los bienes solo
funcionan como soporte del contenido digital, ni tampoco a los contratos en línea para la
prestación de servicios. Sin embargo, se aplica a bienes como aparatos domésticos o juguetes
si el contenido digital está insertado de forma que funciona como un accesorio de las
funciones principales de los bienes y opera como parte integrante de los mismos. Asimismo,
si un contrato de compraventa se refiere tanto a la compraventa de bienes como a la
prestación de servicios, esta Directiva se aplica exclusivamente a la parte relacionada con la
compraventa de bienes.

El artículo 2 contiene una lista de definiciones de los términos que se emplean en la Directiva.
Algunas definiciones provienen del acervo actual (por ejemplo, la definición de
«consumidor» y de «bienes») y, dado que se refieren a los mismos conceptos, deben aplicarse
e interpretarse de manera coherente con el acervo. Otras definiciones tienen su origen en la
Directiva 2011/83/CE o en la propuesta de Reglamento relativo a una normativa común de
compraventa europea.

El artículo 3 establece que la presente Directiva es una Directiva de armonización plena. Los
Estados miembros no podrán adoptar ni mantener leyes que no alcancen o que superen los
requisitos contenidos en esta Directiva. El objetivo del artículo 3, junto con el artículo 1, es
también determinar que los Estados miembros tienen margen para legislar sobre los aspectos
no incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva.

El artículo 4 establece los criterios de conformidad que deben cumplir los bienes para ser
conformes con el contrato. Los bienes deben fundamentalmente corresponder a lo prometido
en el contrato. Asimismo precisa que, como norma por defecto, la conformidad de los bienes
debería evaluarse no solo en relación con los términos contractuales, sino que también debe
aplicarse una combinación de criterios subjetivos y objetivos con el fin de proteger los
intereses legítimos de ambas partes en un contrato de compraventa. Dichos criterios objetivos
adicionales se establecen en los artículos 5, 6 y 7.

# ES 16 ES

El artículo 5 establece los criterios objetivos para la conformidad de los bienes. A falta de
términos contractuales explícitos que especifiquen los criterios de conformidad, los bienes
deben ser conformes con estos criterios objetivos.

El artículo 6 explica que una falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalación de
los bienes se presumirá equiparable a la falta de conformidad de los bienes si el motivo de la
instalación incorrecta es imputable al vendedor.

El artículo 7 contiene un requisito de conformidad adicional relativo a los defectos legales que
puedan tener los bienes. De acuerdo con esta norma, los bienes deben estar libres de derechos
de terceros, incluidos los basados en propiedad intelectual.

El artículo 8 especifica en qué momento deben darse las condiciones de falta de conformidad
para que el vendedor sea responsable del incumplimiento. Por lo general, se trata del
momento en el que se transfiere el riesgo, de forma similar a la Directiva 2011/83/UE, cuando
el consumidor o un tercero designado por este, incluido un transportista contratado por el
consumidor, adquiere la posesión material de los bienes. En los casos en que los bienes
precisen de instalación, el momento para establecer la conformidad es cuando se completa la
instalación o una vez que el consumidor haya dispuesto de un plazo razonable para la
instalación, pero en ningún caso después de los 30 días siguientes al momento de
transferencia del riesgo. Finalmente, el artículo 8, apartado 3, invierte la carga de la prueba en
ausencia de falta de conformidad al vendedor durante un plazo de dos años.

El artículo 9 enumera las formas de saneamiento en caso de falta de conformidad disponibles
para el consumidor mediante la armonización plena del orden en el que podría llevarse a cabo
el saneamiento. En primer lugar, el consumidor tendría derecho a la reparación o sustitución
de los bienes en un plazo de tiempo razonable y sin mayores inconvenientes. En segundo
lugar, el consumidor tendría derecho a una reducción del precio o a resolver el contrato si la
falta de conformidad no ha sido o no puede ser saneada mediante reparación o sustitución. El
artículo dispone asimismo sobre el derecho del consumidor a retener la ejecución hasta que
los bienes sean puestos en conformidad.

El artículo 10 impone al vendedor la obligación, al subsanar una falta de conformidad
mediante la sustitución de los bienes, de recuperar los bienes sustituidos a sus expensas. El
vendedor podrá recuperar los bienes defectuosos e instalar los nuevos por sí mismo o
encomendar a un tercero que lo haga a sus expensas. El artículo aclara también que el
consumidor no estaría obligado a pagar el uso realizado de los bienes sustituidos antes de la
sustitución.

El artículo 11 precisa que el consumidor puede decidir entre la reparación y la sustitución,
salvo que la opción elegida fuera desproporcionada en comparación con la otra opción
disponible, imposible o ilegal. Además, establece los criterios para evaluar si la opción
elegida es desproporcionada en comparación con la otra opción disponible.

El artículo 12 ofrece orientación sobre cómo calcular la reducción del precio.

El artículo 13 regula las modalidades del ejercicio del derecho a resolver el contrato y las
consecuencias de dicho ejercicio. El derecho a resolver el contrato por falta de conformidad es
el último recurso aplicable si otras formas de saneamiento de la falta de conformidad no son
viables o han fracasado. El consumidor debe disfrutar de este derecho también en los casos en
que la falta de conformidad sea de escasa importancia. El artículo especifica que el contrato
puede resolverse por cualquier medio de notificación del consumidor, y que la resolución solo

# ES 17 ES

debe ser parcial si se refiere únicamente a parte de los bienes entregados en virtud del
contrato. No obstante, si la falta de conformidad justifica la resolución del contrato en su
totalidad, dicho saneamiento no debe limitarse únicamente a la resolución parcial. El artículo
13 regula además la restitución como consecuencia de la resolución, estableciendo que el
vendedor debe reembolsar el precio pagado a sus expensas en un plazo de 14 días, y que el
consumidor debe devolver los bienes defectuosos a expensas del vendedor. Finalmente, este
artículo regula las obligaciones del consumidor bajo determinadas condiciones restringidas de
pagar el valor monetario de los bienes cuando estos no puedan devolverse, y también de pagar
en cierta medida la reducción del valor de los bienes.

El artículo 14 mantiene el límite temporal de dos años para la disponibilidad de los recursos
previstos en la presente Directiva. Dado que en algunos Estados miembros los derechos
disponibles para los consumidores en virtud del artículo 9 pueden estar sujetos a un plazo de
prescripción, dicho periodo no puede expirar con antelación.

El artículo 15 establece requisitos de transparencia para las garantías comerciales expedidas
por los vendedores, por ejemplo en cuanto a la forma de entrega y el contenido del documento
de garantía. Además, precisa que la garantía es vinculante para el vendedor de acuerdo con las
condiciones enunciadas en la publicidad, en la información precontractual y en el documento
de garantía. Aclara que si las condiciones enunciadas en la publicidad difieren de las incluidas
en el documento de garantía, deben prevalecer las que sean más ventajosas para los
consumidores.

El artículo 16 dispone que el vendedor podrá emprender acciones, en caso de una acción u
omisión, contra la persona responsable de un eslabón anterior de la cadena de transacciones
que generó la responsabilidad para el vendedor por la falta de conformidad ante el
consumidor. Las legislaciones nacionales de los Estados miembros determinarán las
modalidades para ejercer este derecho.

El artículo 17 obliga a los Estados miembros a asegurarse de la existencia de medios
adecuados y efectivos para garantizar el cumplimiento de la presente Directiva.

El artículo 18 confirma el carácter imperativo de las disposiciones del derecho contractual en
materia de consumo de esta Directiva mediante la cláusula habitual, aclarando que cualquier
desviación de los requisitos contenidos en la Directiva en perjuicio del consumidor no es
vinculante para este.

El artículo 19 establece modificaciones en otros textos legislativos de la UE. Modifica la
Directiva 1999/44/CE para evitar solapamientos entre los dos instrumentos. El artículo 19
añade también una referencia a la Directiva en el anexo al Reglamento (CE) nº 2006/2004 con
el fin de facilitar la cooperación transfronteriza en la aplicación de la presente Directiva.
Añade además una referencia a la Directiva en el anexo 1 de la Directiva 2009/22/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación
en materia de protección de los intereses de los consumidores [36] para garantizar la protección
de los intereses colectivos de los consumidores prevista en la presente Directiva.

El artículo 20 establece el plazo para la transposición por los Estados miembros.

El artículo 21 fija la fecha de entrada en vigor de la Directiva.

36
DO L 110 de 1.5.2009, p. 30.

# ES 18 ES

El artículo 22 especifica los destinatarios de la Directiva.

# ES 19 ES

2015/0288 (COD)

Propuesta de

**DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**

**relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras ventas**
**a distancia de bienes**

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo [37],

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) Para seguir manteniendo la competitividad en los mercados internacionales, la Unión
debe dar una respuesta satisfactoria a los múltiples desafíos planteados en la actualidad
por una economía cada vez más basada en la tecnología. La Estrategia para un
Mercado Único Digital [38] establece un amplio marco que facilita la integración de la
dimensión digital en el Mercado Único. El primer pilar de la Estrategia trata la
fragmentación del comercio intracomunitario abordando los principales obstáculos
para el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo.

(2) Para lograr un Mercado Único Digital, es necesario armonizar determinados aspectos
relativos a los contratos de compraventa de bienes, partiendo de la base de un alto
nivel de protección de los consumidores.

(3) El comercio electrónico es el principal motor del crecimiento en el marco del Mercado
Único Digital. Sin embargo, su potencial de crecimiento está lejos de ser aprovechado
en su totalidad. Con el fin de fortalecer la competitividad de la Unión e impulsar el
crecimiento, la Unión necesita actuar con rapidez y estimular a los agentes
económicos para desarrollar todo el potencial ofrecido por el Mercado Único Digital.
El potencial del Mercado Único Digital solo puede aprovecharse plenamente si todos
los participantes del mercado disfrutan de acceso fácil a la compraventa en línea de

37
DO C […], […], p. […].
38
COM(2015) 192 final.

# ES 20 ES

bienes y pueden participar con confianza en el comercio electrónico. Las normas de
derecho contractual sobre cuya base los participantes del mercado realizan
transacciones son uno de los factores clave que conforman las decisiones
empresariales sobre si ofrecer bienes en línea a otros países. Estas normas también
influyen en la disposición de los consumidores de aceptar y confiar en este tipo de

compras.

(4) Si bien la compraventa de bienes en línea constituye la amplia mayoría de las ventas a
distancia en la Unión, la presente Directiva debe cubrir todos los canales de venta a
distancia, incluyendo los pedidos telefónicos y por correo, con el fin de evitar
cualquier distorsión no justificada de la competencia y crear unas condiciones de
competencia equitativas para todas las empresas que realizan ventas a distancia.

(5) La normativa de la Unión aplicable a la compraventa en línea y otras ventas a
distancia de bienes aún está fragmentada, aunque las normas sobre requisitos de
información precontractual, el derecho de desestimiento y las condiciones de entrega
ya han sido plenamente armonizadas. Otros elementos contractuales fundamentales
como los criterios de conformidad o las formas de saneamiento de los bienes no
conformes con el contrato y las modalidades para su ejercicio están sujetos a una
armonización mínima en la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo [39] . Los Estados miembros pueden ir más allá de las normas de la Unión e
introducir reglas que garanticen un nivel incluso más elevado de protección de los
consumidores. Al hacerlo, han actuado sobre diferentes elementos y en distintos
grados. Por ello, las disposiciones que transponen la legislación de la Unión sobre el
derecho contractual en materia de consumo difieren significativamente en la
actualidad en cuanto a los elementos esenciales de un contrato de compraventa, como
en lo relativo a la ausencia o la existencia de una jerarquía de las formas de
saneamiento, el plazo de garantía legal, el alcance de la inversión de la carga de la
prueba o la notificación del defecto al vendedor.

(6) Las disparidades existentes pueden afectar negativamente a las empresas y a los
consumidores. De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo [40], las empresas que dirijan sus actividades a los consumidores
de otros Estados miembros deben tener en cuenta la normativa contractual obligatoria
en materia de consumo del país de residencia habitual del consumidor. Dado que esta
legislación difiere entre los Estados miembros, las empresas podrían tener que asumir
costes adicionales. En consecuencia, muchas empresas podrían preferir seguir
operando a nivel nacional o exportar solo a uno o dos Estados miembros. Esa elección
de minimizar la exposición a los costes y riesgos asociados al comercio electrónico
transfronterizo se traduce en la pérdida de oportunidades para la expansión comercial
y las economías de escala. Las pequeñas y medianas empresas resultan especialmente
afectadas.

(7) Aunque los consumidores disfrutan de un alto nivel de protección cuando compran en
línea o realizan otras compras a distancia en el extranjero como resultado de la
aplicación del Reglamento (CE) nº 593/2008, la fragmentación también afecta
negativamente a los niveles de confianza de los consumidores en el comercio

39
Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de

consumo, DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.
40
Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 junio 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) DO L

177 de 4.7.2008, p. 6.

# ES 21 ES

electrónico. Si bien son varios los factores que contribuyen a este recelo, la
incertidumbre sobre los derechos contractuales esenciales figura entre las
preocupaciones principales de los consumidores. Esta incertidumbre existe con
independencia de si los consumidores están protegidos o no por la normativa
contractual imperativa en materia de consumo de su propio Estado miembro en el caso
de que un vendedor realice allí sus actividades transfronterizas o si los consumidores
celebran o no contratos transfronterizos con un vendedor sin que el vendedor
correspondiente desarrolle actividades comerciales en el Estado miembro del
consumidor.

(8) Con el fin de solventar estos problemas, las empresas y los consumidores deben poder
confiar en un conjunto de normas plenamente armonizadas y específicas para la
compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes. Son necesarias normas
uniformes en relación con varios elementos esenciales de la normativa contractual en
materia de consumo que, bajo el actual enfoque de armonización mínima, han
generado disparidades y obstáculos al comercio en el conjunto de la Unión.

(9) Una normativa contractual en materia de consumo plenamente armonizada facilitará
que los comerciantes ofrezcan sus productos en otros Estados miembros. Las empresas
reducirán sus costes, puesto que ya no necesitarán tener en cuenta diferentes
normativas imperativas en materia de consumo. Disfrutarán de mayor seguridad
jurídica cuando vendan a distancia a otros Estados miembros en un entorno de derecho
contractual estable.

(10) Es posible que una mayor competencia entre los minoristas se traduzca en una mayor
oferta a precios más competitivos para los consumidores. Los consumidores se
beneficiarán de un alto nivel de protección y de un mayor bienestar gracias a una
normativa específica plenamente armonizada. Esto a su vez reforzará su confianza en
el comercio transfronterizo a distancia, y en particular en el comercio en línea. Los
consumidores comprarán con más confianza a distancia en otros países sabiendo que
disfrutarán de los mismos derechos en el conjunto de la Unión.

(11) La presente Directiva cubre las normas aplicables a la compraventa en línea y otras
ventas a distancia solo en relación con los elementos contractuales fundamentales para
superar los obstáculos relacionados con el derecho contractual en el Mercado Único
Digital. Con este fin, las normas sobre requisitos de conformidad, las formas de
saneamiento disponibles para los consumidores por falta de conformidad de los bienes
con el contrato y las modalidades para su ejercicio deben estar plenamente
armonizadas, y el nivel de protección de los consumidores debe incrementarse con
respecto a la Directiva 1999/44/CE.

(12) Cuando un contrato incluya elementos tanto de compraventa como de prestación de
servicios, la Directiva solo debe aplicarse a la parte relativa a la compraventa de los
bienes en línea según el enfoque adoptado por la Directiva 2011/83/UE.

(13) La presente Directiva no debe aplicarse a bienes como los DVD y los CD que
incorporan contenidos digitales de tal manera que los bienes solo funcionan como
soporte de dichos contenidos digitales. Sin embargo, la presente Directiva debe
aplicarse a los contenidos digitales integrados en bienes como aparatos domésticos o
juguetes si los contenidos digitales están insertados de forma que funcionan como un

# ES 22 ES

accesorio de las funciones principales de los bienes y operan como parte integrante de
los mismos.

(14) La presente directiva no debe afectar a la normativa contractual de los Estados
miembros sobre aspectos no regulados por la misma. Los Estados miembros deben
también tener libertad para establecer condiciones más detalladas en relación con los
aspectos regulados en la presente Directiva, siempre que no estén plenamente
armonizados en la misma: esto afecta a los plazos limitados para ejercer los derechos
de los consumidores, las garantías comerciales y el derecho a recurrir del vendedor.

(15) Cuando se refiere a los mismos conceptos, las normas de la presente Directiva deben
aplicarse e interpretarse de forma coherente con lo dispuesto en la Directiva
1999/44/CE y la Directiva 2011/83UE del Parlamento Europeo y del Consejo [41] tal
como son interpretadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.

(16) Por razones de claridad jurídica, la Directiva incluye una definición de contrato de
compraventa. Esta definición mantiene que los contratos en los que los bienes hayan
de ser producidos o fabricados, incluso de acuerdo con las especificaciones del
consumidor, también se incluyen en el ámbito de aplicación de la Directiva.

(17) Para aportar una mayor claridad y seguridad a vendedores y consumidores, la
Directiva debe definir el concepto de contrato. Esta definición sigue las tradiciones
comunes de todos los Estados miembros al requerir un acuerdo destinado a generar
obligaciones u otros efectos legales para que un contrato exista.

(18) Con el fin de equilibrar el requisito de seguridad jurídica con una flexibilidad
adecuada de las normas legales, cualquier referencia a lo que se puede esperar de o por
una persona en esta Directiva debe entenderse como una referencia a lo que puede
esperarse razonablemente. El criterio de razonabilidad debe ser objetivamente
determinable teniendo en cuenta la naturaleza y la finalidad del contrato, las
circunstancias del caso y los usos y prácticas de las partes implicadas. En particular, el
momento razonable para proceder a una reparación o sustitución debe ser
objetivamente determinable, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes y la falta de
conformidad.

(19) Con el fin de aportar claridad sobre lo que un consumidor puede esperar de los bienes
y cuál sería la responsabilidad del vendedor en caso de no entregar lo que se espera,
resulta esencial armonizar plenamente la normativa para determinar la conformidad
con el contrato. La aplicación de una combinación de criterios subjetivos y objetivos
debe salvaguardar los intereses legítimos de las dos partes de un contrato de
compraventa. La conformidad con el contrato debe evaluarse teniendo en cuenta no
solo los requisitos que realmente se hayan establecido en el contrato (así como en la
información precontractual que forma parte integral del contrato), sino también
determinados requisitos objetivos que constituyen el nivel habitualmente esperado de
los bienes, en particular en términos de idoneidad para el fin, embalaje, instrucciones
de instalación y calidades normales, así como las capacidades de funcionamiento.

41
Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la

Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la

Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.

# ES 23 ES

(20) Un gran número de bienes de consumo debe instalarse antes de que el consumidor
pueda utilizarlos de forma provechosa. Por tanto, cualquier falta de conformidad
resultante de una instalación incorrecta de los bienes debe considerarse como una falta
de conformidad con el contrato cuando la instalación la realice el vendedor o se haga
bajo su control, así como en el caso de que los bienes fueran instalados por el
consumidor, debiéndose la instalación incorrecta a unas instrucciones de instalación
incorrectas.

(21) La conformidad debe cubrir los defectos materiales y los defectos legales. Los
derechos de terceros y otros defectos legales pueden impedir de forma efectiva que el
consumidor disfrute de los bienes conformes al contrato, cuando el titular del derecho
le obligue debidamente a dejar de infringir dichos derechos. Por lo tanto, el vendedor
debe garantizar que los bienes están libres de cualquier derecho de terceros que
impidan al consumidor disfrutar de los bienes de conformidad con el contrato.

(22) Si bien debe garantizarse la libertad contractual en relación con los criterios de
conformidad con el contrato, con el fin de evitar la elusión de la responsabilidad por la
falta de conformidad y garantizar un alto nivel de protección de los consumidores,
cualquier exención de las normas imperativas sobre criterios de conformidad y de
instalación incorrecta, que sea perjudicial para los intereses del consumidor, será
válida solo cuando el consumidor haya sido informado expresamente de ello y haya
consentido expresamente a ello en el momento de la celebración del contrato.

(23) Garantizar una mayor durabilidad de los bienes de consumo es importante para lograr
patrones de consumo más sostenibles y una economía circular. De forma similar,
resulta esencial mantener los productos no conformes fuera del mercado de la Unión
reforzando la vigilancia del mercado y ofreciendo incentivos adecuados a los
operadores económicos para aumentar la confianza en el mercado único. Con este fin,
una legislación de la Unión específica sobre los productos es el enfoque más
apropiado para introducir requisitos de durabilidad y otros requisitos relativos a los
productos en relación con tipos o grupos específicos de productos, utilizando criterios
adaptados a este fin. La presente Directiva, por tanto, debe ser complementaria a los
objetivos perseguidos en la Unión. En la medida en que la información específica
sobre la durabilidad se indique en cualquier declaración precontractual que forme
parte de los contratos de compraventa, el consumidor deberá poder confiar en ella
como parte de los criterios de conformidad.

(24) La mejora de la seguridad jurídica tanto para los consumidores como para los
vendedores requiere una clara indicación del momento en que debe evaluarse la
conformidad de los bienes con el contrato. Para garantizar la coherencia entre la
presente Directiva y la Directiva 2011/83/UE, resulta oportuno señalar como momento
de transferencia del riesgo el momento de la evaluación de la conformidad de los
bienes. No obstante, en los casos en que los bienes deben ser instalados, debe
adaptarse el momento adecuado.

(25) La posibilidad opcional para los Estados miembros de mantener las obligaciones de
notificación para los consumidores puede suponer que estos pierdan la oportunidad de
una subsanación suficientemente fundamentada debido al retraso o la falta de
notificación, especialmente en transacciones transfronterizas en las que es aplicable la
legislación de otro Estado miembro y el consumidor desconoce dicha obligación de
notificación en virtud de esa legislación. Por tanto, no debe imponerse a los

# ES 24 ES

consumidores la obligación de notificación. En consecuencia, los Estados miembros
deben abstenerse de introducir o mantener un requisito por el que el consumidor deba
notificar al vendedor la falta de conformidad dentro de un plazo determinado.

(26) Con el fin de que las empresas puedan basarse en un conjunto único de normas en el
toda la Unión, es necesario armonizar plenamente el plazo durante el cual la carga de
la prueba de la falta de conformidad se invierte a favor del consumidor. En los dos
primeros años, para acogerse a la presunción de falta de conformidad, el consumidor
solo deberá establecer que el bien no es conforme, sin necesidad de demostrar que la
falta de conformidad existía realmente en el momento pertinente para establecer la
conformidad. Para aumentar la seguridad jurídica en relación con las formas
disponibles de saneamiento de la falta de conformidad con el contrato y para eliminar
uno de los principales obstáculos que inhiben el Mercado Único Digital, debe
establecerse un orden plenamente armonizado en el que pueden ejercerse las formas de
saneamiento. En particular, el consumidor debe poder elegir entre la reparación o la
sustitución como primer saneamiento, lo que contribuiría a mantener la relación
contractual y la confianza mutua. Además, permitir que los consumidores requieran la
reparación fomentaría el consumo sostenible y podría contribuir a una mayor
durabilidad de los productos.

(27) La elección del consumidor entre la reparación y la sustitución solo debe limitarse
cuando la opción elegida resulte desproporcionada en comparación con la otra opción
disponible, imposible o ilegal. Por ejemplo, podría resultar desproporcionado solicitar
la sustitución de bienes por motivo de un rasguño menor si dicha sustitución genera
costes significativos cuando el rasguño podría repararse fácilmente.

(28) Si el vendedor no lleva a cabo el saneamiento mediante la reparación o la sustitución
sin mayores inconvenientes para el consumidor y en un plazo razonable, el
consumidor tendrá derecho a una reducción del precio o a resolver el contrato. En
particular, cualquier reparación o sustitución debe realizarse correctamente en dicho
plazo razonable. Debe determinarse objetivamente qué se entiende por plazo
razonable, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes y la falta de conformidad. Si
una vez transcurrido el plazo razonable el vendedor no ha logrado subsanar la falta de
conformidad, el consumidor no debe estar obligado a aceptar otras alternativas
ofrecidas por el vendedor en relación con la misma falta de conformidad.

(29) Considerando que el derecho a resolver el contrato debido a la falta de conformidad es
una forma de saneamiento importante aplicable cuando la reparación o la sustitución
no sean factibles o hayan fracasado, el consumidor también debe poder acogerse al
derecho a resolver el contrato en los casos en que la falta de conformidad sea de escasa
importancia. Esto debe suponer un fuerte incentivo para subsanar todos los casos de
falta de conformidad en una fase temprana. Para que el derecho de rescisión sea
efectivo para los consumidores, en situaciones en las que el consumidor adquiera
múltiples bienes, siendo algunos de ellos accesorios del articulo principal que el
consumidor no habría adquirido sin este, y la falta de conformidad afecte al artículo
principal, el consumidor debe tener derecho a resolver el contrato también en relación
con los elementos accesorios, aunque estos sean conformes con el contrato.

(30) Cuando el consumidor resuelva el contrato debido a una falta de conformidad, la
presente Directiva solo prescribe los principales efectos y modalidades del derecho de
resolución, en particular la obligación para las partes de restituir lo que hayan recibido.

# ES 25 ES

De esta forma, el vendedor estará obligado a reembolsar el precio recibido del
consumidor y el consumidor a restituir los bienes.

(31) Para garantizar la efectividad del derecho de resolución para los consumidores y evitar
un enriquecimiento injustificado por su parte, la obligación del consumidor de pagar
por la reducción del valor de los bienes debe limitarse a aquellas situaciones en las que
la disminución exceda del uso normal. En cualquier caso, el consumidor no vendrá
obligado a pagar un precio superior al acordado por los bienes. En situaciones en las
que la devolución de los bienes sea imposible debido a su destrucción o pérdida, el
consumidor debe pagar el valor monetario de los bienes destruidos. Sin embargo, el
consumidor no vendrá obligado a pagar el valor monetario cuando la destrucción o
pérdida se deban a la falta de conformidad de los bienes con el contrato.

(32) Para aumentar la seguridad jurídica de los vendedores y la confianza en general de los
consumidores en las compras transfronterizas, es necesario armonizar el plazo durante
el cual el vendedor será responsable de cualquier falta de conformidad que exista en el
momento en que el consumidor adquiere la posesión material de los bienes.
Considerando que la gran mayoría de los Estados miembros han previsto un plazo de
dos años al implementar la Directiva 1999/44 y en la práctica los participantes del
mercado lo consideran un plazo razonable, este plazo debe mantenerse.

(33) Para garantizar una mayor sensibilización de los consumidores y una aplicación más
sencilla de la normativa de la Unión sobre los derechos en materia de consumo en
relación con bienes no conformes, la Directiva debe armonizar el plazo de tiempo
durante el cual la carga de la prueba se invierte a favor del consumidor con el plazo de
tiempo durante el cual el vendedor será responsable de cualquier falta de conformidad.

(34) Para garantizar la transparencia, deben establecerse determinados requisitos de
transparencia para las garantías comerciales. Además, para mejorar la seguridad
jurídica y evitar que los consumidores sean inducidos a error, la presente Directiva
establece que cuando las condiciones de la garantía comercial incluidas en la
publicidad o en la información precontractual sean más favorables para el consumidor
que las enunciadas en el documento de garantía, prevalecerán las condiciones que sean
más ventajosas.

(35) Considerando que el vendedor debe responder ante al consumidor por cualquier falta
de conformidad de los bienes resultante de una acción u omisión del vendedor o de un
tercero, se justifica que el vendedor emprenda acciones contra la persona responsable
anterior en la cadena de transacciones. No obstante, la presente Directiva no debe
afectar al principio de libertad contractual entre el vendedor y las otras partes en la
cadena de transacciones. Los detalles sobre el ejercicio de ese derecho, en particular
contra quiénes y cómo se deben emprender dichas acciones, deben ser establecidos por
los Estados miembros.

(36) Las personas o las organizaciones que según la legislación nacional tienen un interés
legítimo en proteger los derechos contractuales de los consumidores deben tener
derecho a iniciar procedimientos, ante un tribunal o una autoridad administrativa
competentes, para decidir sobre las reclamaciones o iniciar los procedimientos legales
oportunos.

# ES 26 ES

(37) Ninguna de las disposiciones de la presente Directiva debe ser obstáculo a la
aplicación de las normas del derecho internacional privado, en particular el
Reglamento (CE) nº 593/2008 y el Reglamento (CE) nº 1215/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo [42] .

(38) La Directiva 1999/44/CE debe modificarse para excluir los contratos de compraventa
a distancia de su ámbito de aplicación.

(39) El Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo [43], debe
modificarse para incluir una referencia a la presente Directiva en su anexo con el fin
de facilitar la cooperación transfronteriza en la aplicación de la misma.

(40) La Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [44] debe modificarse
para incluir una referencia a la presente directiva en su anexo, con el fin de garantizar
que se protegen los intereses colectivos de los consumidores previstos en la misma.

(41) De conformidad con la Declaración Política Conjunta, de 28 de septiembre de 2011,
de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos [45], los
Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de
transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que
expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes
de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente
Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está
justificada.

(42) Dado el objetivo de la presente Directiva, a saber, contribuir al correcto
funcionamiento del mercado interior abordando de forma coherente los obstáculos
relacionados con el derecho contractual para las ventas de bienes, no puede ser
alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede alcanzarse
mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De
conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la
presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(43) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios
reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y, en especial, sus artículos 16, 38 y 47.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

_Artículo 1_

**Objeto y ámbito de aplicación**

42
Reglamento (CE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones

judiciales en materia civil y mercantil (refundido) DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.
43
Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2013, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales

encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores, DO L 165 de 18.6.2004, p. 1.
44
Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses

de los consumidores, DO L 166 de 1.5.2009, p. 30.
45
DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.

# ES 27 ES

1. La presente Directiva establece algunos requisitos sobre determinados aspectos de
los contratos de compraventa a distancia celebrados entre el vendedor y el
consumidor, en particular las normas sobre la conformidad del producto, los
saneamientos en caso de no conformidad y las modalidades para el ejercicio de
dichos saneamientos.

2. La presente Directiva no se aplicará a los contratos de servicios a distancia para la
prestación de servicios. No obstante, en el caso de los contratos que contemplen tanto
la compraventa de bienes como la prestación de servicios, esta Directiva se aplicará a
la parte relativa a la compraventa de bienes.

3. La presente Directiva no se aplicará a ningún soporte duradero que incorpore
contenidos digitales cuando el soporte duradero se haya utilizado exclusivamente
como soporte para el suministro de los contenidos digitales al consumidor.

4. En la medida en que no esté regulado por la presente Directiva, esta no afectará al
derecho contractual nacional en general, como pueden ser las normas sobre la
celebración, la validez o los efectos de los contratos, incluidas las consecuencias de
la resolución de un contrato.

_Artículo 2_

**Definiciones**

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

(a) «contrato de compraventa»: todo contrato en virtud del cual el vendedor transfiere o
se compromete a transferir la propiedad de los bienes, incluidos los bienes que hayan
de fabricarse o producirse, al consumidor, y el consumidor paga o se compromete a
pagar su precio;

(b) «consumidor»: toda persona física que, en los contratos regulados por la presente
Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o
profesión;

(c) «vendedor»: toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe,
incluso a través de otra persona que actúe en su nombre o siguiendo sus
instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresa,
oficio o profesión en relación con contratos regulados por la presente Directiva;

(d) «bienes»: todo artículo mueble material, excepto los siguientes:

a) los artículos vendidos por una autoridad judicial tras un embargo u otro
procedimiento,

b) el agua, el gas y la electricidad, a menos que estén envasados para la
venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas;

e) «contrato de compraventa a distancia»: todo contrato de compraventa celebrado
siguiendo un plan organizado a distancia sin la presencia física simultánea del

# ES 28 ES

vendedor y del consumidor, por medio del uso exclusivo de uno o más medios de
comunicación a distancia, incluido internet, hasta el momento en que se celebra el
contrato, con inclusión de ese momento;

f) «soporte duradero»: todo instrumento que permita al consumidor o al vendedor
almacenar la información que se le transmita personalmente de forma que pueda
recuperarla fácilmente en el futuro en un plazo de tiempo acorde con los fines de
dicha información y que permita la reproducción de la información almacenada sin
cambios;

g) «garantía comercial»: todo compromiso asumido por un comerciante o un productor
(el garante) frente al consumidor, además de sus obligaciones legales con respecto a
la garantía de conformidad, de reembolsar el precio pagado, sustituir o reparar los
bienes o prestar un servicio relacionado con los mismos si no cumplen las
especificaciones o cualquier otro requisito no relacionado con la conformidad
enunciados en el documento de garantía o en la publicidad correspondiente
disponible en el momento o antes de la celebración del contrato;

h) «contrato»: acuerdo que genera obligaciones u otros efectos jurídicos;

i) «reparación»: en caso de falta de conformidad, poner el bien de consumo en un
estado que sea conforme al contrato de venta;

j) «sin cargo»: libre de los gastos incurridos necesariamente para que los bienes sean
puestos en conformidad, especialmente los gastos de envío, así como los costes
relacionados con la mano de obra y los materiales.

_Artículo 3_

**Nivel de armonización**

Los Estados miembros no podrán mantener o introducir disposiciones contrarias a las fijadas
en la presente Directiva, en particular disposiciones más o menos estrictas para garantizar un
nivel diferente de protección de los consumidores.

_Artículo 4_

**Conformidad con el contrato**

5. El vendedor garantizará, de conformidad con el contrato, que los bienes se
entregarán, cuando proceda:

a) en la cantidad, con la calidad y la descripción requeridas por el contrato, lo que
incluye, cuando el vendedor presente una muestra o un modelo al consumidor,
que los bienes poseerán la calidad de y se corresponderán con la descripción de
esta muestra o modelo;

b) aptos para el uso concreto requerido por el consumidor que este haya puesto en
conocimiento del vendedor en el momento de la celebración del contrato y el
vendedor haya aceptado, y

# ES 29 ES

c) con las cualidades y prestaciones indicadas en cualquier declaración
precontractual que forme parte de las cláusulas contractuales.

6. Para ser conformes con el contrato, los bienes deberán satisfacer también los
requisitos de los artículos 5, 6 y 7.

7. Cualquier acuerdo que establezca excepciones a la aplicación de los artículos 5 y 6
en detrimento del consumidor solo será válido si, en el momento de la celebración
del contrato, el consumidor conocía las condiciones específicas de los bienes y los
aceptó como conformes con el contrato en el momento de su celebración.

_Artículo 5_

**Requisitos para la conformidad de los bienes**

Los bienes, cuando proceda:

a) serán aptos para todos los fines a los que ordinariamente se destinen bienes del
mismo tipo;

b) serán suministrados con los accesorios, incluido el embalaje, las instrucciones
de instalación o de otro tipo que el consumidor pueda esperar, y

c) tendrán las cualidades y capacidades de rendimiento normales en bienes del
mismo tipo y que el consumidor pueda esperar dada la naturaleza de los bienes
y teniendo en cuenta cualquier declaración pública realizada por el vendedor o
en nombre de este u otras personas en fases anteriores de la cadena de
transacciones, incluido el productor, a menos que el vendedor demuestre:

i) que desconocía y no cabía razonablemente esperar que conociera tal
declaración;

ii) que la declaración había sido corregida en el momento de celebrar el
contrato, o

iii) que la declaración no pudo influir en la decisión de adquirir los bienes.

_Artículo 6_

**Instalación incorrecta**

Cuando los bienes hayan sido instalados incorrectamente, cualquier falta de conformidad
derivada de dicha instalación incorrecta será considerada como falta de conformidad de los

bienes con el contrato si:

a) los bienes fueron instalados por el vendedor o bajo su responsabilidad, o

b) estaba previsto que los bienes o los contenidos digitales fueran instalados por el
consumidor y su incorrecta instalación se debió a una deficiencia en las
instrucciones de instalación.

# ES 30 ES

_Artículo 7_

**Derechos de terceros**

En el momento adecuado para establecer la conformidad con el contrato como se determina
en el artículo 8, los bienes deben estar libres de cualesquiera derechos de terceros, incluido
por motivos de propiedad intelectual de forma que los bienes puedan utilizarse de
conformidad con el contrato.

_Artículo 8_

**Requisitos para la conformidad de los bienes con el contrato**

8. El vendedor será responsable de cualquier falta de conformidad con el contrato que
exista cuando:

a) el consumidor o un tercero indicado por el consumidor y diferente del
transportista haya adquirido la posesión material de los bienes; o

b) los bienes sean entregados al transportista elegido por el consumidor, si dicho
transportista no fue propuesto por el vendedor o si el vendedor no propone un
medio de transporte.

9. En los supuestos en que los bienes fueran instalados por el vendedor o bajo su
responsabilidad, el momento en que se complete la instalación se considerará como
el momento en que el consumidor ha adquirido la posesión material de los bienes. En
caso de que se hubiera previsto que los bienes fueran instalados por el consumidor,
se considerará el momento en que el consumidor haya tenido un tiempo razonable
para la instalación, pero en ningún caso más tarde de 30 días después del momento
indicado en el apartado 1, como el momento en que el consumidor ha adquirido la
posesión material de los bienes.

10. Se presumirá que cualquier falta de conformidad con el contrato que se manifieste
dentro de los dos años siguientes al momento indicado en los apartados 1 y 2 existía
en el momento indicado en los apartados 1 y 2, salvo que dicha presunción sea
incompatible con la naturaleza de los bienes o con la naturaleza de la falta de
conformidad.

_Artículo 9_

**Formas de saneamiento del consumidor por la falta de conformidad con el contrato**

11. En caso de falta de conformidad con el contrato, el consumidor podrá exigir que los
bienes sean puestos en conformidad por el vendedor, sin cargo alguno, mediante la
reparación o la sustitución del bien de conformidad con el artículo 11.

12. Toda reparación o sustitución deberá llevarse a cabo en un plazo razonable y sin
mayores inconvenientes para el consumidor, habida cuenta de la naturaleza de los
bienes y de la finalidad para la que el consumidor requiriera los bienes.

# ES 31 ES

13. El consumidor podrá exigir una reducción proporcionada del precio de conformidad
con el artículo 12 o resolver el contrato de conformidad con el artículo 13 si:

a) la reparación o sustitución son imposibles o ilegales;

b) el vendedor no ha llevado a cabo la reparación o la sustitución en un plazo
razonable;

c) la reparación o la sustitución causarían inconvenientes mayores para el
consumidor; o

d) el vendedor ha declarado, o así se desprende de las circunstancias, que el
vendedor no pondrá los bienes en conformidad con el contrato en un plazo
razonable.

14. El consumidor tendrá derecho a retener el pago de cualquier parte pendiente del
precio hasta que el vendedor haya puesto los bienes en conformidad con el contrato.

15. El consumidor no podrá exigir el saneamiento si ha contribuido a la falta de
conformidad con el contrato o a sus efectos.

_Artículo 10_

**Sustitución de los bienes**

16. Si el vendedor subsana la falta de conformidad con el contrato mediante la
sustitución, el vendedor deberá recuperar los bienes sustituidos a sus expensas, salvo
que las partes hayan acordado otra cosa una vez que la falta de conformidad con el
contrato haya sido puesta en conocimiento del vendedor por el consumidor.

17. Cuando el consumidor haya instalado los bienes de forma consistente con su
naturaleza y finalidad, antes de que la falta de conformidad con el contrato se ponga
de manifiesto, la obligación de recuperar los bienes sustituidos incluirá la retirada de
los bienes no conformes y la instalación de los bienes sustituidos, o la asunción del
coste correspondiente.

18. El consumidor no será responsable de ningún pago por el uso hecho del objeto
sustituido durante el periodo previo a la sustitución.

_Artículo 11_

**Opción del consumidor entre reparación o sustitución**

El consumidor podrá elegir entre la reparación o la sustitución, salvo cuando la opción elegida
resultara imposible, ilegal o, en comparación con la otra opción, imponga costes
desproporcionados para el vendedor, teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluidos:

a) el valor que tendrían los bienes en caso de que no hubiese falta de conformidad
con el contrato;

b) la relevancia de la falta de conformidad con el contrato;

# ES 32 ES

c) si se podría completar la subsanación alternativa sin inconveniente importante
para el consumidor.

_Artículo 12_

**Reducción del precio**

La reducción del precio será proporcionada a la disminución del valor de los bienes recibidos
por el consumidor en comparación con el valor que tendrían los bienes si fueran conformes
con el contrato.

_Artículo 13_

**Derecho del consumidor a resolver el contrato**

19. El consumidor ejercerá su derecho a resolver el contrato mediante notificación al
vendedor por cualquier medio.

20. Cuando la falta de conformidad con el contrato se refiera solo a algunos de los bienes
entregados en virtud del contrato y haya motivos para la resolución de un contrato de
conformidad con el artículo 9, el consumidor podrá resolver el contrato solo respecto
de dichos bienes y cualesquiera otros bienes que el consumidor hubiera adquirido
como un accesorio de los bienes no conformes.

21. Cuando el consumidor resuelva el contrato en su conjunto o respecto de algunos de
los bienes entregados en virtud del contrato de conformidad con el apartado 2:

a) el vendedor reembolsará al consumidor el precio pagado sin demora indebida
y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días desde la recepción
de la notificación, y asumirá el coste del reembolso;

b) el consumidor restituirá al vendedor, a expensas de este último, los bienes sin
demora indebida y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días
desde que envíe la notificación de resolución;

c) cuando no se puedan devolver los bienes debido a su destrucción o pérdida, el
consumidor pagará al vendedor el valor monetario que tendrían los bienes en la
fecha en que se realice la devolución, si el consumidor los hubiera conservado
hasta esa fecha sin destrucción o pérdida, salvo que la destrucción o pérdida
hayan sido causadas por la falta de conformidad de los bienes con el contrato, y

d) el consumidor pagará cualquier disminución en el valor de los bienes solo en la
medida en que dicha disminución del valor exceda la depreciación por un uso
regular. El pago por la disminución del valor no excederá del precio pagado
por los bienes.

_Artículo 14_

**Plazos**

# ES 33 ES

El consumidor podrá exigir el saneamiento por la falta de conformidad de los bienes con el
contrato cuando la falta de conformidad se manifieste dentro de un plazo de dos años desde el
momento pertinente para establecer la conformidad. Si, con arreglo a la legislación nacional,
los derechos previstos en el artículo 9 están sujetos a un plazo de prescripción, este no podrá
ser inferior a dos años desde el plazo pertinente para establecer la conformidad con el

contrato.

_Artículo 15_

**Garantías comerciales**

22. Cualquier garantía comercial será vinculante para la persona que la ofrezca en las
condiciones establecidas en:

a) la información precontractual facilitada por el vendedor, incluida cualquier
declaración precontractual que forme parte de las cláusulas contractuales;

b) la publicidad disponible en el momento de la celebración del contrato o antes
de la misma; y

c) el documento de garantía.

Si el documento de garantía es menos ventajoso para el consumidor que las
condiciones enunciadas en la información precontractual facilitada por el vendedor o
en la publicidad, la garantía comercial será vinculante según las condiciones
enunciadas en la información precontractual o publicidad relativa a la garantía
comercial.

23. El documento de garantía se pondrá a disposición en un soporte duradero y estará
redactada de manera clara y comprensible. Incluirá lo siguiente:

a) una declaración clara de los derechos legales del consumidor establecidos en la
presente Directiva, y una declaración clara de que la garantía comercial no
afectará a estos derechos, y

b) los términos de la garantía comercial que excedan de los derechos legales del
consumidor, información sobre la duración, la transferibilidad, el alcance
territorial y la existencia de cargas en las que podría incurrir el consumidor
para acogerse a la garantía comercial, el nombre y la dirección del garante, y si
se trata de una persona distinta al garante, aquella a quien deben dirigirse las
reclamaciones y el procedimiento que deberá seguir la reclamación.

24. El incumplimiento del apartado 2 no afectará al carácter vinculante de la garantía
comercial para el garante.

25. Los Estados miembros pueden establecer normas adicionales sobre garantías
comerciales siempre que dichas normas no reduzcan la protección prevista en este
artículo.

# ES 34 ES

_Artículo 16_

**Derecho de recurso**

Cuando el vendedor sea responsable ante el consumidor de la falta de conformidad con el
contrato resultante de una acción u omisión de una persona que le preceda en la cadena de
transacciones, el vendedor podrá emprender acciones contra la persona responsable en la
cadena contractual. La legislación nacional determinará quién es el responsable y las acciones
y condiciones de ejercicio correspondientes.

_Artículo 17_

**Aplicación**

1. Los Estados miembros garantizarán la existencia de medios adecuados y efectivos
para garantizar el cumplimiento de la presente Directiva.

2. Los medios mencionados en el apartado 1 incluirán disposiciones por las que uno o
más de los organismos siguientes, según determine la legislación nacional, podrán
adoptar acciones en virtud de la legislación nacional ante los tribunales o ante los
organismos administrativos competentes para garantizar la aplicación de las
disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva:

a) organismos públicos o sus representantes;

b) organizaciones de consumidores con un interés legítimo en la protección de los
consumidores;

c) organizaciones profesionales con un interés legítimo en la adopción de medidas.

_Artículo 18_

**Carácter imperativo**

Cualquier acuerdo contractual que vaya en perjuicio del consumidor, excluya la aplicación de
las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva, no aplique o modifique los
efectos de las mismas antes de que el consumidor ponga la falta de conformidad con el
contrato en conocimiento del vendedor, no será vinculante para el consumidor salvo que las
partes del contrato excluyan, no apliquen o modifiquen los efectos de los requisitos
establecidos en los artículos 5, y 6 de conformidad con el artículo 4.

_Artículo 19_

**Modificaciones a la Directiva 1999/44/CE, Reglamento (CE) nº 2006/2004 y Directiva**
**2009/22/CE**

26. El artículo 1 de la Directiva 1999/44/CE queda modificado como sigue:

# ES 35 ES

a) el apartado 1 se sustituye por el siguiente:

«1. La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas de los Estados miembros sobre determinados aspectos de los **contratos de**
compraventa de bienes de consumo y de las garantías asociadas, **que no sean contratos de**
**compraventa a distancia**, con el fin de garantizar un nivel mínimo uniforme de protección de
los consumidores en el marco del mercado interior.»

b) el apartado 2 queda modificado como sigue:

i) el punto f) se sustituye por el siguiente:

«f) reparación: en caso de falta de conformidad, poner el bien de consumo en un estado que
sea conforme al contrato de venta;»

ii) se añade el punto siguiente:

«g) "contrato de compraventa a distancia": todo contrato de compraventa celebrado siguiendo
un plan organizado a distancia sin la presencia física simultánea del vendedor y del
consumidor, por medio del uso exclusivo de uno o más medios de comunicación a distancia
hasta el momento en que se celebra el contrato, con inclusión de ese momento».

27. En el anexo del Reglamento (CE) nº 2006/2004 se añade el punto siguiente:

«22. Directiva (UE) N/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo de XX/XX/201X, sobre
determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa en línea y otras ventas a
distancia de bienes, (DO...)»

28. En el anexo I de la Directiva 2009/22/CE se añade el punto siguiente:

«16. Directiva (UE) N/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo de XX/XX/201X, relativa
a determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de
bienes, (DO...)»

_Artículo 20_

**Transposición**

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar [fecha de
dos años después de su entrada en vigor].

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada

referencia.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de
derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

# ES 36 ES

_Artículo 21_

**Entrada en vigor**

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el
_Diario Oficial de la Unión Europea_ .

_Artículo 22_

**Destinatarios**

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

_Por el Parlamento Europeo_ _Por el Consejo_
_El Presidente_ _El Presidente_

# ES 37 ES