Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 52013DC0160

**COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Cuadro de indicadores de la justicia en la UE Una herramienta para promover una justicia efectiva y fomentar el crecimiento /\* COM/2013/0160 draft - 2013/ () \*/**

  

Introducción

La
crisis económica y financiera por la que atraviesa la UE ha sido un catalizador
de cambios profundos. Su impacto queda patente en la reestructuración de las
economías nacionales con vistas a preparar el terreno para el crecimiento y la competitividad.

En
este proceso de reforma, los sistemas judiciales nacionales son esenciales para
restablecer la confianza y propiciar la vuelta al crecimiento. Un sistema
judicial eficiente e independiente contribuye a crear un clima de confianza y
estabilidad. Dentro de un entorno empresarial atractivo, la previsibilidad, la
puntualidad y la ejecutoriedad de las resoluciones judiciales son factores
estructurales importantes, pues mantienen la confianza a la hora de poner en
marcha una empresa, ejecutar un contrato, liquidar una deuda privada o proteger
derechos de propiedad o de otra índole.

La
experiencia en los Estados miembros en los que se están aplicando programas de
ajuste económico[1]
muestra que las deficiencias en el funcionamiento del sistema judicial agravan
la espiral de recesión y socavan la confianza de los ciudadanos y las empresas
en las instituciones judiciales. Por esta razón, en 2011, las reformas
judiciales nacionales se convirtieron en parte integrante de las medidas
estructurales de dichos programas.

La
mejora de la calidad, independencia y eficiencia de los sistemas judiciales es
también una prioridad en el Semestre Europeo, el nuevo ciclo anual de
coordinación de las políticas económicas de la UE[2].
En 2012, se comprobó que seis Estados miembros[3]
tenían ciertas dificultades por resolver, en particular en lo relativo a la
duración de los procedimientos judiciales y la organización del poder judicial.

La efectividad de los sistemas
judiciales nacionales es crucial para la UE

El
acceso a un sistema judicial efectivo es un derecho esencial en el que se
fundamentan las democracias europeas y que queda consagrado en las tradiciones
constitucionales comunes a los Estados miembros. Es primordial para la eficacia
de toda la legislación de la UE, en particular la legislación económica de la
UE que contribuye al crecimiento. Por ejemplo, los órganos jurisdiccionales
nacionales desempeñan un papel esencial en la aplicación de la normativa de
competencia de la UE[4]
y otras disposiciones legales de la UE fundamentales para el mercado único[5],
en particular en el ámbito de las comunicaciones electrónicas[6],
la propiedad intelectual[7],
la contratación pública[8],
el medio ambiente[9]
o la protección del consumidor[10].

Siempre
que un órgano jurisdiccional nacional aplica el Derecho de la UE, actúa como
«órgano jurisdiccional de la Unión» y debe proporcionar una tutela judicial
efectiva a todo ciudadano o empresa cuyos derechos garantizados por la
legislación de la UE hayan sido vulnerados. La importancia del derecho a una
tutela judicial efectiva queda consagrada en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (artículo 47).

También
son indispensables los sistemas judiciales efectivos a fin de reforzar la
confianza mutua necesaria para el desarrollo y la aplicación de los
instrumentos de la UE basados en el reconocimiento mutuo y la cooperación. De
conformidad con el artículo 67, apartado 1, del TFUE, la Unión
constituye un espacio de justicia, dentro del respeto de los distintos sistemas
y tradiciones jurídicos de los Estados miembros. Se espera de los ciudadanos,
las empresas, los jueces y las autoridades que confíen en las resoluciones
adoptadas por el sistema judicial de otro Estado miembro, las respeten, las
reconozcan y las ejecuten.

Las
deficiencias de un determinado sistema judicial nacional no son solo, por
consiguiente, un problema para el Estado miembro de que se trate, sino que
pueden afectar al funcionamiento del mercado único y, más en general, al
conjunto de la UE.

Necesidad de una visión sistemática

En
su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013[11],
la Comisión Europea ha puesto de relieve la importancia de mejorar la calidad,
independencia y eficiencia de los sistemas judiciales nacionales. Antes de
formular recomendaciones específicas por país en este ámbito, es necesario
tener una visión sistemática del funcionamiento de los sistemas judiciales en
todos los Estados miembros, una visión que tome plenamente en consideración las
diferentes tradiciones jurídicas nacionales. Con vistas a respaldar las
reformas de la justicia emprendidas en aras de un renovado crecimiento, se
precisan datos objetivos, fiables y comparables.

1.
¿Qué es el cuadro de indicadores de la justicia en la
UE?

El
objetivo del cuadro de indicadores de la justicia en la UE (en lo sucesivo, «el
cuadro de indicadores») es ayudar a la UE y a los Estados miembros a mejorar la
efectividad de la justicia, ofreciendo datos objetivos, fiables y comparables
sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales de todos los Estados
miembros. Calidad, independencia y eficiencia son las principales cualidades de
un «sistema judicial efectivo». Facilitar información sobre esas cualidades en
los distintos Estados miembros ayuda a identificar tanto posibles carencias
como buenos ejemplos, y contribuye a la definición de las políticas de justicia
a nivel nacional y de la UE.

Las
principales características del cuadro de indicadores son las
siguientes:

–
Se trata de una herramienta de comparación
que abarca todos los Estados miembros[12].
Con independencia del modelo del sistema judicial nacional o de la tradición
jurídica en que se fundamente, la puntualidad, independencia, asequibilidad y
facilidad de acceso son algunos de los principales parámetros de lo que
constituye un sistema judicial efectivo. Aunque el cuadro de indicadores
compara determinados indicadores, no pretende presentar una clasificación única
general o promover un tipo concreto de sistema judicial.

–
Su propósito es presentar tendencias en
el funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales a lo largo del tiempo.
El cuadro de indicadores de 2013 es el primero que se presenta y no siempre
refleja los efectos de las reformas en curso en algunos Estados miembros[13].
Como se trata de un ejercicio periódico, esos efectos podrían ser visibles en
futuros cuadros de indicadores.

–
Se trata de un instrumento no vinculante,
que será gestionado dentro de un diálogo abierto con los Estados miembros y
cuyo objetivo es ayudar a estos y a las instituciones de la UE a definir
mejores políticas de justicia. Contribuye a determinar las cuestiones que
merecen especial atención. Si los indicadores revelan una escasa eficacia, será
necesario proceder a un análisis más profundo de las razones que explican ese
resultado y, en su caso, emprender reformas adecuadas, teniendo en cuenta que
las diferencias entre los procedimientos y marcos jurídicos pueden limitar la
comparabilidad de los datos.

–
Se trata de una herramienta evolutiva
que ampliará gradualmente los ámbitos cubiertos, los indicadores y la metodología,
con el objetivo de definir los parámetros esenciales de un sistema judicial
efectivo. En concertación con los Estados miembros, el cuadro de indicadores
podría abarcar progresivamente otros aspectos de los sistemas judiciales y
otros elementos de la «cadena judicial» por la que debe pasar cualquier persona
o empresa para obtener justicia (por ejemplo, desde la fase inicial de ingreso
en el sistema judicial hasta la fase final de ejecución de una sentencia).

Dada
la importancia de los sistemas judiciales nacionales para la economía, el ámbito
cubierto por el cuadro de indicadores de 2013 se circunscribe
fundamentalmente a los parámetros de un sistema judicial que contribuyen a
mejorar el entorno empresarial y de inversión. Se examinan indicadores de eficiencia
en causas no penales, en particular asuntos contenciosos civiles y
mercantiles, que resultan pertinentes para resolver litigios comerciales y
asuntos administrativos. La justicia administrativa desempeña un papel
importante en el entorno empresarial, por ejemplo, en lo que respecta a la
obtención de autorizaciones o en los litigios con la Administración tributaria
o con los organismos reguladores nacionales.

De
cara a la elaboración de este cuadro de indicadores, la Comisión Europea
encomendó a la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del
Consejo de Europa la recopilación de datos y la realización de un análisis[14].
La Comisión Europea ha utilizado los datos más pertinentes y significativos
para confeccionar el presente cuadro de indicadores. En él se utilizan también
datos procedentes de otras fuentes, tales como el Banco Mundial, el Foro
Económico Mundial y el World Justice Project.

2.
Indicadores del cuadro 2013 de la justicia en la UE

El
cuadro de indicadores de 2013 presenta una serie de constataciones
fundamentales basadas principalmente en los indicadores de eficiencia de los
procedimientos: duración de los mismos, tasa de resolución y número de asuntos
pendientes[15].

–
La duración del procedimiento
expresa el tiempo necesario (en días) para resolver un asunto ante un órgano
jurisdiccional, es decir, el tiempo que este tarda en emitir un fallo en
primera instancia. El indicador correspondiente al plazo de tramitación (disposition
time) representa el número de asuntos pendientes dividido por el número de
asuntos resueltos al final de un año, multiplicado por 365 días.

–
La tasa de resolución es la
relación entre el número de asuntos resueltos y el número de asuntos
ingresados. Permite valorar si un órgano jurisdiccional consigue ajustarse al
ritmo de la carga de trabajo entrante. Si la tasa de resolución es baja y la
duración de los procedimientos es larga, el sistema acumula un retraso.

–
El número de asuntos pendientes
corresponde al número de asuntos que aún tienen que tramitarse al comienzo de
un período (por ejemplo, un año). El número de asuntos pendientes influye en el
plazo de tramitación. A fin de acortar la duración de los procedimientos se
requiere, por tanto, la adopción de medidas para reducir el número de asuntos
pendientes.

El
cuadro de indicadores examina asimismo indicadores referidos a determinados
factores que pueden contribuir a reducir la duración de los procedimientos y
aumentar la calidad de la justicia: el seguimiento y la evaluación de las
actividades de los órganos jurisdiccionales, los sistemas tecnológicos de
información y comunicación (TIC) de dichos órganos, los métodos de resolución
alternativa de litigios y la formación de los jueces. Aunque varios otros
factores importantes influyen también en la duración de los procedimientos, en
particular las especificidades y complejidades de estos, los indicadores
mencionados proporcionan información útil que refleja la sensibilización de los
Estados miembros sobre la importancia de estas cuestiones y las medidas tomadas
a este respecto.

–
Seguimiento y evaluación de las actividades de los órganos jurisdiccionales: con el fin de
mejorar la calidad y la eficiencia de los procedimientos judiciales, las
actividades de los órganos jurisdiccionales deben ser objeto de un seguimiento
a través de un sistema general y públicamente accesible de recogida de
información, así como de una evaluación periódica. Los indicadores reflejan la
disponibilidad de sistemas de seguimiento y evaluación periódica de las
actividades de los órganos jurisdiccionales.

Los sistemas de seguimiento incluyen
la publicación de un informe anual de actividad, así como la valoración del
número de asuntos ingresados, resoluciones dictadas y asuntos aplazados, y de
la duración de los procedimientos.

El indicador de evaluación de las
actividades de los órganos jurisdiccionales se basa en la existencia de lo
siguiente:

–
la definición de indicadores de desempeño
(tales como asuntos ingresados, asuntos cerrados, asuntos pendientes, asuntos
atrasados, desempeño de los jueces y del personal de los órganos
jurisdiccionales, ejecución y costes);

–
una evaluación periódica del desempeño y los
resultados;

–
la definición de normas de calidad (por
ejemplo, políticas de garantía de calidad, políticas de recursos humanos,
valores de referencia de los procedimientos, utilización de los recursos);

–
personal especializado responsable de la
política de calidad en los órganos jurisdiccionales.

–
Sistemas de TIC de los órganos
jurisdiccionales: la utilización de
tecnologías de información y comunicación es ahora imprescindible de cara a la
eficacia de la administración de justicia. Los indicadores reflejan la
disponibilidad de sistemas de TIC para el registro y la gestión de los
asuntos y para la comunicación y el intercambio de información entre los
órganos jurisdiccionales y su entorno (por ejemplo, formularios
electrónicos en línea, sitio web del órgano jurisdiccional, seguimiento en
línea de los casos, registros electrónicos, tramitación electrónica de los
demandas de escasa cuantía y del cobro de deudas no impugnadas, presentación
electrónica de demandas y videoconferencias).

–
Métodos de resolución alternativa de
litigios (RAL) en asuntos contenciosos
civiles y mercantiles: los métodos RAL, en sus diversas modalidades, pueden
complementar los procedimientos judiciales tradicionales. Este indicador
refleja la disponibilidad de tales métodos.

–
Formación de los jueces: la formación de los jueces, tanto la inicial como la formación
continua a lo largo de su carrera profesional, es un factor importante para la
calidad y la efectividad de las resoluciones judiciales. La formación puede ir
dirigida a la especialización, pero también a la mejora de las cualificaciones.
Este indicador ofrece información sobre la formación obligatoria de los jueces.

–
Recursos: el presupuesto de los órganos jurisdiccionales y el número de
jueces y abogados facilitan información sobre los recursos de que dispone el
sistema judicial.

El
cuadro de indicadores también presenta una serie de constataciones basadas en
indicadores relativos a la percepción de independencia de la justicia.
La percepción de independencia es importante para las decisiones de inversión.
El Foro Económico Mundial (FEM) proporciona, en su informe anual sobre
competitividad mundial, un «índice de independencia percibida» que es
pertinente en el contexto del crecimiento económico, ya que está basado en una
encuesta en la que ha participado una muestra representativa de empresas de
todos los países y de los principales sectores de la economía (agricultura,
industria manufacturera, industria no manufacturera y servicios)[16].
En su informe 2012-2013 sobre el índice de Estado de Derecho, el World
Justice Project (WJP) desarrolló un indicador sobre la «independencia
percibida de la justicia civil»[17],
basado en las respuestas a un sondeo general entre la población y a una
encuesta selectiva. Cabe señalar asimismo que el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea[18]
y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos[19],
al examinar la independencia del poder judicial, han subrayado lo importante
que resulta la apariencia de independencia de la justicia. Con arreglo a la
jurisprudencia de dichos Tribunales, la independencia del sistema judicial
postula la existencia de reglas precisas que permitan excluir toda duda
legítima en el ánimo de los particulares en lo que respecta a la
impermeabilidad de dicho sistema frente a elementos externos y a su neutralidad
con respecto a los intereses en litigio.

3.
Principales constataciones del cuadro de indicadores
2013 de la justicia en la UE
3.1.
Importantes disparidades en la duración de los
procedimientos

Según
una máxima del Derecho anglosajón, «aplazar la justicia equivale a denegarla».
La puntualidad de las resoluciones es esencial para las empresas y los
inversores. En sus decisiones de inversión, las empresas tienen en cuenta el
riesgo de verse implicadas en litigios comerciales, laborales o tributarios o
en insolvencias. La eficiencia del sistema judicial de un país a la hora de
tramitar los pleitos es muy importante. Por ejemplo, la ejecución legal de un contrato
de suministros o de servicios resulta más onerosa cuanto más largo sea el
litigio judicial y, más allá de un determinado período de tiempo, deja,
incluso, de tener sentido, al disminuir la probabilidad de recuperar el dinero
de los pagos y sanciones.

Todos
los gráficos presentan datos de 2010, salvo que se indique lo contrario. Los
Estados miembros que figuran a la derecha de los gráficos sin valor numérico
son aquellos con respecto a los cuales no se ha podido disponer de datos.
Excepto el gráfico 4, todos los gráficos se refieren a procedimientos en
primera instancia. En principio, la calidad y la eficiencia de un sistema
judicial deben ya ser patentes en primera instancia, al ser esta una etapa
obligatoria para todos aquellos que recurran a un órgano jurisdiccional.

Gráfico 1:
Tiempo necesario para resolver asuntos no penales\* (en días) (fuente:
estudio de la CEPEJ[20])

\* Los asuntos no penales incluyen los
civiles y mercantiles, los relativos a la ejecución de actos, al registro de
propiedad y al registro de sociedades, y los asuntos de Derecho administrativo.

Gráfico 2:
Tiempo necesario para resolver asuntos contenciosos civiles y mercantiles\*
(en días) (fuente: estudio de la CEPEJ)

Los asuntos contenciosos
civiles (y mercantiles) se refieren a litigios entre partes, por ejemplo en
relación con contratos y procedimientos de insolvencia. Por el contrario, los
asuntos civiles (y mercantiles) no contenciosos se refieren a procedimientos de
jurisdicción voluntaria, por ejemplo, órdenes de pago no impugnadas.

Gráfico 3:
Tiempo necesario para resolver asuntos administrativos\* (en días)
(fuente: estudio de la CEPEJ)

\* Los asuntos de Derecho
administrativo se refieren a litigios entre los ciudadanos y las autoridades
locales, regionales o nacionales. En algunos países, estos asuntos son
competencia de los tribunales administrativos especiales, en tanto que en otros
los tramitan los tribunales civiles.

Gráfico 4:
Tiempo necesario para resolver asuntos de insolvencia\* (en años)
(fuente: estudio de la CEPEJ/Banco Mundial: Doing Business)

\* Tiempo necesario para
que los acreedores recuperen sus créditos. El período de tiempo se mide desde
el impago de la empresa hasta el pago de una parte o la totalidad de la deuda
frente al banco. Se toman en consideración las posibles tácticas dilatorias de
las partes, como la interposición de recursos dilatorios o las solicitudes de
prórroga. Los datos se han recopilado a partir de las respuestas a un
cuestionario presentadas por profesionales locales del ámbito concursal y se
han sometido a verificación a través de un estudio de las disposiciones legales
y reglamentarias, así como de la información pública, sobre los sistemas
concursales.

Ø Los anteriores gráficos muestran importantes disparidades en la
duración de los procedimientos: en al menos un tercio de los Estados miembros,
la duración de los procedimientos es dos veces superior, como mínimo, a la de
la mayoría de los Estados miembros[21].

La
duración de los procedimientos está ligada al ritmo al que los órganos jurisdiccionales
pueden resolver los asuntos, la «tasa de resolución», y al número de casos que
todavía están a la espera de ser resueltos (casos pendientes). Cuando la tasa
de resolución es prácticamente del 100 % o superior, ello significa que
los sistemas judiciales pueden resolver, como mínimo, tantos asuntos como
ingresan. Cuando la tasa de resolución está por debajo del 100 %, ello
significa que los órganos jurisdiccionales resuelven menos casos de los que
ingresan, por lo que, al final del año, se acumulan casos sin resolver, que
constituyen los casos pendientes. Si esta situación persiste durante varios
años, puede ser indicio de un problema más sistémico, ya que los atrasos se
acumulan, agravando aún más la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales
y provocando un aumento adicional de la duración de los procedimientos.

Gráfico 5:
Tasa de resolución de asuntos no penales (en % – los valores superiores
al 100 % indican que se resuelven más casos de los que ingresan, mientras
que los valores inferiores al 100 % indican que se resuelven menos casos
de los que ingresan) (fuente: estudio de la CEPEJ)

Gráfico 6:
Tasa de resolución de asuntos contenciosos civiles y mercantiles (en %)
(fuente: estudio de la CEPEJ)

Gráfico 7:
Tasa de resolución de asuntos administrativos (en %) (fuente: estudio de
la CEPEJ)

Ø Los gráficos anteriores indican que algunos Estados miembros
pueden experimentar dificultades para resolver determinadas categorías de
asuntos.

Los
gráficos 8 a 10 siguientes muestran el número de asuntos pendientes al
comienzo del año de referencia (1 de enero de 2010). Esos asuntos pendientes
son el resultado del desempeño de los órganos jurisdiccionales durante el año
anterior. Por ese motivo, las bajas tasas de resolución de asuntos registradas en
2010, tal como muestran los anteriores gráficos 5 a 7, aún no se reflejan en
los gráficos 8 a 10 relativos al número de asuntos pendientes. Todo aumento de
este número de asuntos pendientes al final del año se pondrá de manifiesto en
los ejercicios futuros.

Gráfico 8:
Número de asuntos pendientes no penales (por cada 100 habitantes)
(fuente: estudio de la CEPEJ)

Gráfico 9:
Número de asuntos contenciosos civiles y mercantiles pendientes (por
cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ)

Gráfico 10: Número de asuntos administrativos pendientes
(por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ)

Ø
Los anteriores gráficos muestran la existencia
de un número particularmente elevado de asuntos pendientes en varios Estados
miembros.

En
conclusión, cabe señalar lo siguiente:

Ø
En algunos Estados miembros se conjugan varios
factores desfavorables: largos procedimientos en primera instancia, junto con
bajas tasas de resolución y/o un gran número de asuntos pendientes. Estas
situaciones merecen una atención especial y un minucioso análisis, ya que
podrían ser indicios de deficiencias más sistémicas que requieran medidas
correctoras.

Ø
La reducción de la excesiva duración de los
procedimientos debería constituir una prioridad con vistas a mejorar el entorno
empresarial y la capacidad de atraer inversiones.

3.2.
El seguimiento y la evaluación contribuyen a
reducir la duración de los procedimientos y aumentar la calidad de la justicia

La
ausencia de un seguimiento y una evaluación fiables puede dificultar la mejora
del funcionamiento de un sistema judicial. La insuficiente calidad de las
resoluciones judiciales puede incrementar los riesgos de la actividad para las
grandes empresas y las PYME y afectar a las decisiones de los consumidores.
Puede dar lugar a decisiones precipitadas o menos previsibles, a procedimientos
incomprensibles o a una justicia inaccesible. Con vistas a una gestión temporal
eficaz de los asuntos judiciales es necesario que los órganos jurisdiccionales,
el poder judicial y todos los usuarios de la justicia puedan estar informados
sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales mediante un sistema de
seguimiento periódico. La definición de unas políticas de calidad y la
evaluación de las actividades de los órganos jurisdiccionales son herramientas
que permiten aumentar la calidad de la justicia, a fin de mejorar el acceso a
la misma, la confianza en ella, y la previsibilidad y puntualidad de las
resoluciones judiciales.

Gráfico 11:
Existencia de un seguimiento de las actividades de los órganos jurisdiccionales[22] (fuente: estudio de la CEPEJ)

Gráfico 12: Existencia de una evaluación de las actividades de los
órganos jurisdiccionales (fuente: informe de la CEPEJ de 2012)

De los anteriores gráficos
se desprende lo siguiente:

Ø una gran mayoría de Estados miembros dispone de un sistema
completo de seguimiento, pero varios Estados miembros acusan un retraso o no
facilitan datos.

Ø Varios Estados miembros no realizan evaluaciones periódicas de las
actividades de los órganos jurisdiccionales y, en más de la mitad de los
Estados miembros, no se han definido unas normas de calidad.

3.3.
Los sistemas tecnológicos de información y
comunicación ayudan a reducir la duración de los procedimientos y a facilitar
el acceso a la justicia

Los
sistemas TIC para el registro y la gestión de los asuntos son instrumentos
imprescindibles a disposición de los órganos jurisdiccionales para una gestión
temporal eficaz de los asuntos, ya que ayudan a mejorar la rapidez con que
dichos órganos los tramitan y, por tanto, a reducir la duración total de los
procedimientos.

Gráfico 13: Sistemas TIC para el registro y la gestión de asuntos
(indicador ponderado – min = 0, máx = 4)[23] (fuente: estudio de la CEPEJ)

Ø
El gráfico anterior revela que la gran mayoría
de los Estados miembros cuentan con un sistema bien desarrollado de registro y
gestión de asuntos; sin embargo, en varios Estados miembros el desarrollo de
ese sistema acusa un retraso.

Los
sistemas TIC para la comunicación entre los órganos jurisdiccionales y las
partes (por ejemplo, presentación de demandas por vía electrónica) pueden
contribuir a reducir los retrasos y los costes para los ciudadanos y las
empresas, al facilitar el acceso a la justicia. Los sistemas TIC también
desempeñan un papel cada vez más importante en la cooperación transfronteriza
entre autoridades judiciales, facilitando de este modo la aplicación de la
legislación de la UE.

Gráfico 14:
Comunicación electrónica entre órganos jurisdiccionales y partes (indicador
ponderado – min = 0, máx = 4) (fuente: estudio de la CEPEJ)

Gráfico 15: Tramitación
electrónica de las demandas de escasa cuantía\* (0 = disponible en el 0 %
de los órganos jurisdiccionales; 4 = disponible en el 100 % de los órganos
jurisdiccionales) (fuente: estudio de la CEPEJ)

\* El concepto de «demanda de escasa cuantía» hace referencia
a los asuntos civiles en los que el valor monetario de la demanda es
relativamente bajo (el valor varía en función de los Estados miembros).

Gráfico 16:
Tramitación electrónica del cobro de deudas no impugnadas (0 = disponible en el
0 % de los órganos jurisdiccionales; 4 = disponible en el 100 % de
los órganos jurisdiccionales) (fuente: estudio de la CEPEJ)

Gráfico 17:
Presentación de demandas por vía electrónica (0 = disponible en el 0 % de
los órganos jurisdiccionales; 4 = disponible en el 100 % de los órganos
jurisdiccionales) (fuente: estudio de la CEPEJ)

Ø Los anteriores gráficos muestran grandes disparidades entre los
Estados miembros en el desarrollo de sistemas TIC para el intercambio de
información entre los órganos jurisdiccionales y las partes.

3.4.
Los métodos de resolución alternativa de
litigios ayudan a reducir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales

Una
mediación eficaz y otros métodos de resolución alternativa de litigios (RAL)
hacen posible un rápido arreglo entre las partes sobre una base voluntaria,
reducen el número de asuntos pendientes y pueden, por tanto, tener una
importante incidencia positiva en la carga de trabajo de los órganos
jurisdiccionales, lo que, a su vez, permite a estos atenerse más a plazos
razonables. Los métodos de RAL de alta calidad pueden constituir una
alternativa creíble a los procedimientos judiciales tradicionales y contribuir
a una cultura de resolución pacífica de conflictos.

Gráfico 18:
Disponibilidad de métodos de resolución alternativa de litigios (fuente:
estudio de la CEPEJ)

Ø
El gráfico anterior pone de manifiesto que, en
casi todos los Estados miembros, existen métodos de RAL, si bien a menudo
resulta imposible disponer de datos sobre su utilización en litigios
comerciales.

Ø
Los Estados miembros deben fomentar la
disponibilidad y la calidad de la mediación y otros métodos de RAL.

3.5.
Promover la formación de los jueces puede
contribuir a mejorar la efectividad de la justicia

Las
políticas de formación pueden formar parte de las normas de calidad del poder
judicial. La formación, tanto inicial como permanente, es importante para
mantener o aumentar los conocimientos y competencias de los funcionarios de
justicia. La formación es particularmente importante si se tiene en cuenta el
continuo desarrollo de la legislación nacional y de la UE, la creciente presión
para satisfacer las expectativas de los usuarios finales y la tendencia hacia
la gestión profesional dentro del poder judicial. Aunque la formación
voluntaria de los jueces es una práctica habitual en algunos Estados miembros,
la formación obligatoria de los mismos refleja el compromiso de promover la
actualización de sus conocimientos y aptitudes.

Gráfico 19: Formación obligatoria de los jueces (fuente: informe
de la CEPEJ de 2012)[24]

Ø El gráfico anterior muestra que las políticas en materia de
formación continua obligatoria para los jueces varían considerablemente entre
los Estados miembros.

3.6.
Recursos

Para
garantizar la calidad, independencia y eficiencia de un sistema judicial
nacional, se necesitan los oportunos recursos financieros y humanos, teniendo
en cuenta las distintas tradiciones jurídicas. En este contexto, también puede
influir en los datos la naturaleza contradictoria o inquisitiva de un sistema
judicial. Invertir en un sistema judicial bien organizado puede contribuir de
forma significativa a un crecimiento sostenible.

Gráfico 20:
Presupuesto de los órganos jurisdiccionales\* (en euros por habitante) (fuente:
estudio de la CEPEJ)

\*Presupuesto
anual aprobado (no el ejecutado realmente) para el funcionamiento de todos los
órganos jurisdiccionales (civiles, mercantiles y penales, sin el Ministerio
Fiscal y sin la asistencia jurídica gratuita), independientemente de la fuente
de dicho presupuesto. En lo que respecta a los Estados miembros de la UE cuyo
presupuesto total anual aprobado para el conjunto de los órganos
jurisdiccionales no pueda separarse de las cifras correspondientes al
Ministerio Fiscal (Bélgica, Alemania, España, Grecia, Francia, Luxemburgo y
Austria), el gráfico refleja el importe total (en el caso de Bélgica, España y
Austria, la cifra también incluye la asistencia jurídica gratuita). Cuando
procede, el presupuesto anual aprobado para el funcionamiento de todos los
órganos jurisdiccionales incluye el presupuesto a nivel nacional y a nivel de
los entes regionales o federales.

Gráfico 21:
Número de jueces\* (por cada 100 000 habitantes) (fuente: estudio de la
CEPEJ)

\* Se incluyen los jueces que trabajan
a tiempo completo, más, en su caso, los «Rechtspfleger» (secretarios
judiciales), que están facultados para dictar resoluciones o sentencias por sí
mismos.

Gráfico 22:
Número de abogados\* (por cada 100 000 habitantes) (fuente: estudio de la
CEPEJ)

\* El abogado es una persona
cualificada y autorizada con arreglo a la legislación nacional para defender a
sus clientes y actuar en su nombre, ejercer la profesión jurídica, intervenir
ante los órganos jurisdiccionales, y aconsejar y representar a sus clientes en
asuntos jurídicos (Recomendación Rec (2000) 21 del Comité de Ministros del
Consejo de Europa, sobre la libertad de ejercicio de la profesión de abogado).

Ø
Los anteriores gráficos muestran diferentes
planteamientos en relación con los recursos financieros y humanos de los sistemas
judiciales, incluso entre los Estados miembros en los que la duración de los
procedimientos es similar.

3.7.
Disparidad en la percepción de independencia

La
percepción de independencia del poder judicial es también un factor propicio
para el crecimiento. Dado que la independencia del poder judicial garantiza la
previsibilidad, seguridad, equidad y estabilidad del sistema jurídico en el que
operan las empresas, la percepción de una falta de independencia puede
desincentivar las inversiones. Por regla general, no solo debe hacerse
justicia, también ha de verse que se hace justicia. La independencia del poder
judicial es también un requisito que se deriva del derecho a la tutela judicial
efectiva consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Gráfico 23:
Independencia judicial (percepción – cuanto más elevado es el valor, más fuerte
es la percepción) (fuente: Foro Económico
Mundial)[25]

Gráfico 24:
Independencia de la justicia civil (percepción – cuanto más elevado es el
valor, mejor es la percepción) (fuente: World
Justice Project)

Ø
Aunque varios Estados miembros figuran entre
los diez primeros países del mundo en lo que respecta a la percepción de
independencia judicial, los anteriores gráficos muestran que esta percepción
entre las empresas usuarias de la administración de justicia es relativamente
limitada en determinados Estados miembros. Estas constataciones merecen una
atención especial y una evaluación más detenida para conocer los motivos de esa
falta de confianza en ciertos Estados miembros.

4.
Seguimiento de los resultados del cuadro de
indicadores de 2013
4.1.
Seguimiento en el contexto de las reformas
judiciales en los Estados miembros

Los
principales resultados del cuadro de indicadores de 2013 ponen de relieve los
ámbitos prioritarios en los que se deben tomar medidas. La Comisión plasmará
dichas prioridades en las actuaciones siguientes:

–
Los problemas mostrados por el cuadro de
indicadores se tendrán en cuenta al preparar el próximo análisis específico por
país en el marco del Semestre Europeo de 2013. Asimismo, servirán de guía para
los trabajos relativos a los programas de ajuste económico.

–
La Comisión ha propuesto que se destinen
recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo a
las reformas de los sistemas judiciales en el próximo marco financiero
plurianual.

4.2.
Corregir las carencias de datos

La
elaboración del cuadro de indicadores de 2013 ha puesto de manifiesto la
dificultad de reunir datos fiables y comparables. La comparabilidad de los
datos es un reto, ya que el sistema y los procedimientos judiciales nacionales
varían considerablemente y algunos Estados miembros no utilizan definiciones
normalizadas para el seguimiento de los datos.

Pese a
que la media en la UE es satisfactoria por lo que respecta a la existencia de
sistemas de seguimiento, algunos Estados miembros no recopilan los datos de tal
forma que sea posible su evaluación objetiva y su comparación con otros Estados
miembros. Además de la dificultad de obtener datos comparables, en casi todos
los Estados miembros faltan algunos datos sobre cuestiones tales como los
costes del procedimiento, las medidas provisionales, los casos de mediación y
los procedimientos de ejecución.

En
vista de la importancia del correcto funcionamiento de los sistemas judiciales
nacionales para la consecución de los objetivos de la Unión, todos los Estados
miembros deben, con carácter prioritario, tomar medidas de cara a la
recopilación de datos imparciales, fiables, objetivos y comparables y a su
puesta a disposición en apoyo de este ejercicio. Desarrollar la recogida de
tales datos beneficiará mutuamente a los Estados miembros y a las autoridades
judiciales nacionales con vistas a definir mejor las políticas de justicia.

A este
respecto, la CEPEJ desempeña un papel de particular trascendencia y la Comisión
subraya la importancia de que todos los Estados miembros cooperen con ella en
el suministro de datos.

La
Comisión examinará también posibles maneras de mejorar la recogida de datos; en
particular, se propone:

–
recurrir a estudios de campo específicos sobre
la forma en que funcionan en la práctica los sistemas judiciales al aplicar
determinados actos normativos de la UE relacionados con el crecimiento, y a
encuestas cualitativas Eurobarómetro para recoger opiniones de los profesionales
del Derecho y diversos usuarios finales;

–
examinar, junto con las redes de jueces y
autoridades judiciales, cómo podría mejorarse a nivel nacional la calidad y
disponibilidad de datos comparables, entre otras cosas en lo que se refiere a
la independencia estructural del poder judicial;

–
estudiar con Eurostat cómo mejorar la recogida
de datos comparables en relación con los indicadores más significativos.

4.3.
Medidas ulteriores

La
calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales son elementos
estructurales importantes para la estabilidad social y un crecimiento
sostenible en todos los Estados miembros y resultan fundamentales para la
aplicación efectiva del Derecho de la UE. Partiendo de este cuadro de
indicadores, la Comisión invita a los Estados miembros, al Parlamento Europeo[26]
y a todas las partes interesadas a un diálogo abierto y a una colaboración
constructiva con vistas a la mejora constante de los sistemas judiciales
nacionales en la UE, en el contexto del Semestre Europeo, de la estrategia de
crecimiento «Europa 2020», del refuerzo del mercado único y de la Agenda de los
Ciudadanos de la UE.

A más
largo plazo, la Comisión tiene el propósito de iniciar un debate más amplio
sobre el papel de la justicia en la UE y organizará, los días 21 y 22 de
noviembre de 2013 una conferencia de alto nivel, «les Assises de la justice»,
que congregará a altos responsables políticos a nivel europeo y nacional,
jueces de los tribunales supremos y otros órganos jurisdiccionales, autoridades
judiciales, profesionales del Derecho y todas las partes interesadas. Esta
reflexión conjunta es indispensable para crear un verdadero espacio europeo de
justicia, que responda a las expectativas de los ciudadanos y contribuya a un
crecimiento sostenible basado en el Estado de Derecho y otros valores en los
que se fundamenta la Unión.

[1]               Grecia, Irlanda, Letonia y Portugal.

[2]               Comunicación de la Comisión, Estudio Prospectivo
Anual sobre el Crecimiento 2013, COM(2012) 750 final.

[3]               Bulgaria, Italia, Letonia, Polonia, Eslovenia y
Eslovaquia.

[4]               Por ejemplo: Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo,
de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre
competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003,
pp. 1-25).

[5]               Por ejemplo: Directiva 2000/31/CE sobre el comercio
electrónico (DO L 178 de 17.7.2000, pp. 1-16).

[6]               Por ejemplo: Directiva marco 2002/21/CE sobre redes
y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108 de 24.4.2002,
pp. 33-50).

[7]               Por ejemplo: Directiva 2004/48/CE relativa al
respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157 de 30.4.2004,
pp. 45-86).

[8]               Por ejemplo: Directiva 2007/66/CE sobre la mejora
de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de
contratos públicos (DO L 335 de 20.12.2007, pp. 31-46).

[9]               El papel de los órganos jurisdiccionales nacionales
se pone de relieve en la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la
legislación ambiental comunitaria [COM(2008) 773 final].

[10]             Por ejemplo: Directiva 2011/83/UE sobre los derechos
de los consumidores (DO L 304 de 22.11.2011, pp. 64-88).

[11]             COM(2012) 750 final.

[12]             Si no se dispone de datos nacionales, este hecho se
menciona en los correspondientes gráficos.

[13]             Muchos Estados miembros están en fase de
instrumentación de las medidas destinadas a mejorar el funcionamiento de sus
sistemas judiciales. En doce Estados miembros estas reformas se llevan a cabo
en el marco de las iniciativas e instrumentos de la UE (programas de ajuste
económico, recomendaciones específicas por país dentro del Semestre Europeo y
mecanismo de cooperación y verificación).

[14]             El estudio completo sobre el funcionamiento de los
sistemas judiciales y la economía de los Estados miembros de la UE, realizado
en 2012 por la CEPEJ para la Comisión Europea, está disponible en el sitio web
de la DG Justicia http://ec.europa.eu/justice/index\_es.htm

[15]             Se trata de indicadores normalizados definidos por la
CEPEJ. Su definición e interrelación puede encontrarse en http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default\_en.asp

[16]             El indicador del FEM se basa en las respuestas a la
siguiente pregunta: «¿En qué medida está el sistema judicial en su país libre
de cualquier influencia de los miembros del gobierno, los ciudadanos o las
empresas?». La encuesta se realizó entre 2010 y 2011, dependiendo del país, y a
ella respondió una muestra representativa de empresas de todos los países y de
los principales sectores de la economía (agricultura, industria manufacturera,
industria no manufacturera y servicios). La encuesta se realizó por diferentes
medios, incluidas entrevistas personales con directivos de empresas,
entrevistas telefónicas y correo, ofreciéndose asimismo la opción de responder
en línea. Véase http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/

[17]             El subindicador relativo a la justicia civil de WJP
muestra en qué medida se percibe que la justicia civil está libre de cualquier
influencia indebida del gobierno. Se basa en las respuestas a: 1) un sondeo
general entre la población llevado a cabo por empresas locales de sondeo
reconocidas a partir de una muestra representativa de 1 000 personas en
las tres principales ciudades de cada país (según el país, los datos se
recopilaron en 2009, 2011 o 2012); y 2) una encuesta selectiva a partir de
cuestionarios con respuesta obligatoria enviados a profesionales y personas de
la esfera académica expertos en Derecho civil (los datos se recopilaron en
2012).
Los datos están disponibles bajo el indicador 7.4 en:
http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/WJP\_Index\_Report\_2012.pdf

[18]             Por ejemplo, C-506/04, Wilson, Rec. 2006, p. I-8613.

[19]             Por ejemplo, Cooper/Reino Unido [GC],
nº 48843/99, TEDH 2003-XII; Campbell y Fell/Reino Unido, nº 7819/77 y
7878/77, 28 de junio de 1984, serie A nº 80.

[20]             Estudio sobre el funcionamiento de los sistemas
judiciales y la economía en los Estados miembros de la UE, realizado en 2012
por la CEPEJ para la Comisión Europea.  http://ec.europa.eu/justice/index\_es.htm

[21]             Considerando los gráficos 1, 2 y 3 conjuntamente.

[22]             Los indicadores de los gráficos 11 a 22 abarcan todos
los órganos jurisdiccionales.

[23]             Los gráficos 13 y 14 muestran indicadores compuestos
elaborados a partir de varios indicadores de las TIC, cada uno de los cuales
mide la disponibilidad de tales sistemas en una escala entre 0 y 4 (0 =
disponible en 0 % de los órganos jurisdiccionales; 4 = disponible en el
100 % de los órganos jurisdiccionales).

[24]             Los tres Estados miembros que figuran en el extremo
derecho del gráfico no imponen una formación obligatoria a los jueces.

[25]             Respondió a la encuesta una muestra representativa de
empresas de todos los países y de los principales sectores de la economía (agricultura,
industria manufacturera, industria no manufacturera y servicios).

[26]             En particular, la Comisión de Asuntos Jurídicos
(JURI), la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
(LIBE) y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON).

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