Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**Consejo de la**
**Unión Europea**
**Bruselas, 5 de septiembre de 2025**
**(OR. en)**

**12440/25**
**ADD 1**

**Expediente interinstitucional:**

**2025/0191 (NLE)**

**COLAC 127**

**POLCOM 211**

**SERVICES 47**

**FDI 42**

**PROPUESTA**

De: Por la secretaria general de la Comisión Europea, D.ª Martine DEPREZ,
directora

Fecha de recepción: 3 de septiembre de 2025

A: D.ª Thérèse BLANCHET, secretaria general del Consejo de la Unión
Europea

N.° doc. Ción.: COM(2025) 356 annex

Asunto: ANEXO

de la
Propuesta de Decisión del Consejo
relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación
provisional del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur, la
República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por otra

Adjunto se remite a las delegaciones el documento COM(2025) 356 annex.

Adj.: COM(2025) 356 annex

12440/25 ADD 1

## RELEX. 1 ES

COMISIÓN

EUROPEA

Bruselas, 3.9.2025
COM(2025) 356 final

ANNEX 1

**ANEXO**

_**de la**_

**Propuesta de Decisión del Consejo**

**relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación provisional del**
**Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte,**
**y el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa de Brasil,**

**la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por otra**

# **ES ES**

ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS,

POR UNA PARTE, Y EL MERCADO COMÚN DEL SUR, LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA

REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, POR OTRA

EL REINO DE BÉLGICA,

LA REPÚBLICA DE BULGARIA,

LA REPÚBLICA CHECA,

EL REINO DE DINAMARCA,

LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,

LA REPÚBLICA DE ESTONIA,

IRLANDA,

LA REPÚBLICA HELÉNICA,

EL REINO DE ESPAÑA,

LA REPÚBLICA FRANCESA,

LA REPÚBLICA DE CROACIA,

& /es 1

LA REPÚBLICA ITALIANA,

LA REPÚBLICA DE CHIPRE,

LA REPÚBLICA DE LETONIA,

LA REPÚBLICA DE LITUANIA,

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,

HUNGRÍA,

LA REPÚBLICA DE MALTA,

EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS,

LA REPÚBLICA DE AUSTRIA,

LA REPÚBLICA DE POLONIA,

LA REPÚBLICA PORTUGUESA,

RUMANÍA,

LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA,

LA REPÚBLICA ESLOVACA,

& /es 2

LA REPÚBLICA DE FINLANDIA,

EL REINO DE SUECIA,

Partes contratantes en el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión

Europea, en lo sucesivo denominadas «Estados miembros»,

y

LA UNIÓN EUROPEA, en lo sucesivo denominada «Unión» o «UE»,

por una parte,

Y

LA REPÚBLICA ARGENTINA,

LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL,

LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY,

LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,

Estados Partes del Mercado Común del Sur signatarios del presente Acuerdo, en lo sucesivo

denominados «Estados del MERCOSUR signatarios»,

y

& /es 3

EL MERCADO COMÚN DEL SUR, en lo sucesivo denominado «MERCOSUR»,

por otra,

denominadas conjuntamente en lo sucesivo «las Partes»,

a efectos del presente Acuerdo, MERCOSUR se refiere a la República Argentina, la República

Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay,

CONSIDERANDO los profundos vínculos históricos, culturales, políticos y económicos que unen a

sus pueblos e inspirados por sus valores comunes;

CONSIDERANDO que el MERCOSUR y la Unión Europea desean reforzar estos lazos e

intensificar sus relaciones sobre la base del diálogo y la cooperación, con vistas a establecer una

asociación estratégica;

RECORDANDO el firme compromiso de las Partes con los principios del Derecho internacional, la

Carta de las Naciones Unidas, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos y las

libertades fundamentales;

CONSIDERANDO que el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos

fundamentales, enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros

instrumentos internacionales de derechos humanos, del Derecho internacional humanitario y de los

principios del Estado de Derecho subyacen a las políticas internas e internacionales de las Partes y

constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo;

REAFIRMANDO su apoyo a las instituciones y valores democráticos, que son indispensables para

el desarrollo de sus respectivos procesos de integración y su relación mutua;

& /es 4

MOTIVADOS para contribuir al refuerzo del multilateralismo, a la paz y la seguridad

internacionales y a la promoción de un orden internacional justo y democrático;

RECONOCIENDO la importante contribución al desarme y a la no proliferación de la

proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz libre de armas nucleares, de

conformidad con el Tratado de Tlatelolco y sus protocolos adicionales, y reafirmando sus

compromisos de promover el desarme nuclear;

REAFIRMANDO los valores, objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, firmada el

26 de junio de 1945 en San Francisco, al término de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Organización Internacional (en lo sucesivo, «Carta de las Naciones Unidas»);

REAFIRMANDO el objetivo común de promover el desarrollo económico y social que subyace al

presente Acuerdo, y considerando que la liberalización del mercado debe complementarse con la

promoción del desarrollo social y la reducción de las desigualdades mediante un acceso adecuado al

empleo, la educación y la salud, y la eliminación de la pobreza extrema;

REAFIRMANDO su compromiso de reforzar y desarrollar el sistema multilateral de comercio

mediante la aplicación de normas transparentes, equitativas y no discriminatorias, con vistas a

promover un comercio internacional cada vez más dinámico y abierto que garantice una mayor

participación de los países en desarrollo en el comercio internacional, la inversión y los flujos

tecnológicos;

REAFIRMANDO su compromiso de promover el comercio internacional de manera que contribuya

al desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y medioambiental, implicando a todas

las partes interesadas pertinentes, incluida la sociedad civil y el sector privado, y de aplicar el

presente Acuerdo de manera coherente con sus leyes respectivas y sus compromisos internacionales

en materia laboral y medioambiental;

& /es 5

BASÁNDOSE en los derechos y obligaciones asumidos por las Partes en su calidad de miembros

de la Organización Mundial del Comercio («OMC»);

DESEANDO mejorar la competitividad de sus empresas, proporcionándoles un marco jurídico

previsible para sus relaciones comerciales y de inversión, prestando especial atención a las

microempresas y a las pequeñas y medianas empresas;

REAFIRMANDO la necesidad de promover el respeto de las directrices y los principios

reconocidos internacionalmente de responsabilidad social de las empresas y conducta empresarial

responsable, incluidas las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo

Económicos («OCDE») para Empresas Multinacionales, entre las empresas que operan en sus

territorios;

CONSIDERANDO que el refuerzo del sistema comercial multilateral puede lograrse a través de

negociaciones comerciales multilaterales destinadas a lograr resultados ambiciosos, globales y

equilibrados, la promoción del desarrollo económico y la mejora del bienestar humano;

TENIENDO EN CUENTA que las Partes consideran que la integración regional y el regionalismo

abierto son instrumentos importantes para el desarrollo económico y social que potencian la

integración internacional de sus economías, promueven vínculos más estrechos entre sus pueblos y

contribuyen a la estabilidad internacional;

ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN la adopción del documento de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible», adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015

(en lo sucesivo, «la Agenda 2030»), y el Acuerdo de París adoptado en virtud de la Convención

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en París el 12 de diciembre

de 2015 (en lo sucesivo, «el Acuerdo de París»), y haciendo un llamamiento para su rápida

implementación;

& /es 6

CONSCIENTES de la necesidad de promover el crecimiento y el desarrollo de las Partes y de

reducir las disparidades existentes, prestando especial atención a las necesidades y dificultades a las

que se enfrenta Paraguay como país sin litoral;

RECONOCIENDO la larga historia de la migración entre la Unión Europea y los países del

MERCOSUR, y su contribución positiva a sus relaciones, así como a su desarrollo social, cultural y

económico;

TENIENDO EN CUENTA las disposiciones acordadas internacionalmente sobre el trato especial y

diferenciado para los países en desarrollo;

RECONOCIENDO que el presente Acuerdo preserva el derecho de las Partes a regular en su

territorio de conformidad con sus disposiciones legislativas y reglamentarias internas, así como la

flexibilidad para alcanzar objetivos políticos legítimos, como los relativos a la salud pública, la

seguridad, el medio ambiente, la educación, la moral pública, y la promoción y la protección de la

diversidad cultural;

REAFIRMANDO el derecho de las Partes a explotar sus recursos naturales de conformidad con sus

propias políticas medioambientales y sus objetivos de desarrollo sostenible;

TENIENDO EN CUENTA el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad

Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados Partes,

por otra, firmado en Madrid el 15 de diciembre de 1995, así como su Declaración conjunta adjunta

sobre el diálogo político, y el objetivo de establecer una asociación basada en el diálogo político

reforzado, la liberalización del comercio, el fomento de la inversión y la profundización de la

cooperación;

CONSIDERANDO que la cooperación entre la Unión Europea y el MERCOSUR se lleva a cabo a

través de diversos instrumentos;

& /es 7

RECORDANDO la decisión de la reunión de los Jefes de Estado o de Gobierno del MERCOSUR y

de la Unión Europea de junio de 1999 en Río de Janeiro de conceder una nueva prioridad a sus

relaciones en los ámbitos político, económico, comercial, cultural y de cooperación, con el objetivo

de construir una asociación más profunda y completa entre ambas regiones, que debería basarse en

la democracia, el desarrollo sostenible y el crecimiento económico con la justicia social;

REAFIRMANDO su compromiso de seguir reforzando, liberalizando y diversificando sus

relaciones comerciales y de inversión;

CONSIDERANDO CON INTERÉS, en este contexto, el aumento de sus relaciones comerciales y

de inversión mediante el establecimiento de una zona de libre comercio de conformidad con el

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y las normas de la OMC;

DESEANDO reforzar la cooperación entre las Partes, sobre la base de un diálogo abierto y

permanente en todos los ámbitos de interés mutuo, en particular en los ámbitos político, económico,

comercial, financiero, jurídico y judicial, de libertad y seguridad, científico y tecnológico, social y

cultural;

CONSCIENTES de la importancia de implicar a la sociedad civil en el contexto de la asociación

entre las Partes;

CONSCIENTES de que, para intensificar sus relaciones en todos los ámbitos de interés común, es

esencial llevar a una nueva etapa el diálogo político existente entre las Partes;

CONSIDERANDO las experiencias específicas de integración regional de las Partes, de las que

pueden beneficiarse mutuamente en función de sus propias necesidades;

& /es 8

REAFIRMANDO la importancia de sus principios y valores compartidos en el ámbito del

desarrollo social;

CONSIDERANDO la importancia del diálogo cultural como medio para lograr un mejor

entendimiento mutuo entre las Partes, promover la diversidad cultural y fomentar los vínculos

culturales entre sus ciudadanos;

OBSERVANDO que, en caso de que decidieran, en el marco del presente Acuerdo, celebrar

acuerdos específicos en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia, que la Unión Europea

puede concluir de conformidad con el título V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de

la Unión Europea, las disposiciones de esos futuros acuerdos no serían vinculantes para Irlanda, a

menos que la Unión Europea, simultáneamente con Irlanda respecto de sus relaciones bilaterales

previas respectivas, notificase al MERCOSUR que dicho país ha quedado vinculado por esos

futuros acuerdos específicos como parte de la Unión Europea de conformidad con el Protocolo

n.º 21 sobre la posición de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia anejo al

Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; observando que

cualquier medida interna posterior de la Unión Europea que se adopte con arreglo al título V de la

tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para implementar el presente

Acuerdo no sería vinculante para Irlanda, a menos que haya notificado su deseo de participar en la

medida en cuestión o de aceptarla de conformidad con el Protocolo n.º 21; observando asimismo

que tales acuerdos futuros o medidas internas posteriores de la Unión Europea entrarían en el

ámbito de aplicación del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la

Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

RECONOCIENDO las diferencias de desarrollo económico y social entre las Partes y en el interior

de ellas;

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

& /es 9

PARTE I

PRINCIPIOS GENERALES Y MARCO INSTITUCIONAL

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES INICIALES

ARTÍCULO 1.1

Definiciones generales

A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

a) «Acuerdo Marco Interregional de Cooperación de 1995»: el Acuerdo Marco Interregional de

Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el

Mercado Común del Sur y sus Estados Partes, por otra, firmado en Madrid el 15 de diciembre

de 1995;

b) «Acuerdo Interino de Comercio»: el Acuerdo Interino de Comercio entre la Unión Europea,

por una parte, y el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa

de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por otra, cuya

conclusión está prevista;

c) «pymes»: las pequeñas y medianas empresas, que incluyen a las microempresas, las pequeñas

y medianas empresas y sus empresarios;

& /es 10

d) «tercer país»: un país o territorio que está fuera del ámbito territorial de aplicación del

presente Acuerdo;

e) «CNUDM»: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en

Montego Bay el 10 de diciembre de 1982; y

f) «OMC»: la Organización Mundial del Comercio.

ARTÍCULO 1.2

Principios generales

1. El respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades

fundamentales enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que son parte, así como el

respeto de los principios del Estado de Derecho, subyacen a las políticas internas e internacionales

de las Partes y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo.

2. Las Partes confirman su firme compromiso con los principios y objetivos compartidos

expresados en la Carta de las Naciones Unidas. La promoción del desarrollo económico y social

sostenible, así como la distribución equitativa de los beneficios del presente Acuerdo, figuran entre

los principios rectores para la implementación del presente Acuerdo.

3. Las Partes reafirman su adhesión a los principios de buena gobernanza, que comprenden

principios como la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción, el gobierno ético y

responsable, la independencia del poder judicial y la protección de los derechos de las minorías.

& /es 11

ARTÍCULO 1.3

Ámbito de aplicación

El presente Acuerdo establece una asociación entre las Partes basada en valores compartidos,

incluida la reciprocidad, y el interés común. Reforzará la asociación entre la Parte UE y la Parte

MERCOSUR y conducirá a una relación estratégica en los ámbitos político, de cooperación y

comercial, así como en otros ámbitos acordados.

ARTÍCULO 1.4

Objetivos generales

El presente Acuerdo establece:

a) un marco institucional que constituya la base de la asociación;

b) el refuerzo del diálogo político a través de nuevos mecanismos institucionales;

c) la cooperación entre las Partes destinada a contribuir a la consecución de los objetivos

generales del presente Acuerdo, aprovechando los instrumentos de cooperación innovadores

existentes o futuros que puedan aportar valor añadido a la relación; y

d) la expansión y diversificación de las relaciones comerciales birregionales de las Partes y los

objetivos y disposiciones específicos establecidos en la parte III del presente Acuerdo, que

deben contribuir a aumentar el crecimiento económico, a mejorar gradualmente la calidad de

vida en ambas regiones y a mejorar la integración de ambas regiones en la economía mundial.

& /es 12

CAPÍTULO 2

MARCO INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 2.1

Cumbre

1. El nivel más elevado de diálogo político entre la Parte UE y la Parte MERCOSUR será el

nivel de cumbre. Las cumbres se celebrarán como sea necesario y como se decida de mutuo

acuerdo.

2. Las cumbres brindarán la oportunidad de evaluar los avances en la aplicación del presente

Acuerdo, establecer los objetivos para su evolución futura y debatir otros temas de interés común.

ARTÍCULO 2.2

Consejo Conjunto

1. Se establece un Consejo Conjunto que supervisará el cumplimiento de los objetivos del

presente Acuerdo y la aplicación del mismo. El Consejo Conjunto tratará los asuntos cubiertos por

el presente Acuerdo y examinará cualquier cuestión importante que surja en el marco del presente

Acuerdo, así como las cuestiones interregionales, multilaterales o internacionales de interés común.

& /es 13

2. El Consejo Conjunto se reunirá a nivel ministerial a intervalos regulares, al menos cada dos

años o _ad hoc_, según lo mutuamente acordado. También podrá reunirse por teleconferencia,

videoconferencia o por otros medios, según lo mutuamente acordado por las Partes.

3. El Consejo Conjunto estará compuesto por representantes de cada una de las Partes a nivel

ministerial, de conformidad con las respectivas disposiciones internas de las Partes y teniendo en

cuenta los problemas específicos que se abordarán. El Consejo Conjunto se reunirá en todas las

configuraciones necesarias, de mutuo acuerdo.

4. Cuando el Consejo Conjunto aborde cualquier asunto relacionado con la parte III del

presente Acuerdo, estará compuesto por representantes de cada una de las Partes con

responsabilidad en asuntos relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Consejo Conjunto en su

configuración de comercio»).

5. El Consejo de Conjunto adoptará su propio reglamento interno y el reglamento interno del

Comité Conjunto.

6. El Consejo Conjunto estará copresidido por un representante de la Parte UE y un

representante de la Parte MERCOSUR, de conformidad con las disposiciones de su reglamento

interno y teniendo en cuenta las cuestiones específicas que deban abordarse en cada reunión.

7. El Consejo Conjunto examinará las propuestas y recomendaciones, y estará facultado para

adoptar decisiones, en particular sobre la interpretación de las disposiciones, y formular las

recomendaciones oportunas con arreglo a lo dispuesto en el presente Acuerdo. Las decisiones y

recomendaciones se adoptarán por acuerdo de las Partes y de conformidad con el reglamento

interno del Consejo Conjunto. Las decisiones serán vinculantes para las Partes, que adoptarán todas

las medidas necesarias, de conformidad con sus procedimientos internos, para ejecutarlas. Dentro

del ámbito de aplicación de la parte II del presente Acuerdo, el Consejo Conjunto estará facultado

para adoptar decisiones y formular recomendaciones de acuerdo con lo acordado mutuamente por

las Partes.

& /es 14

8. El Consejo Conjunto podrá delegar en el Comité Conjunto cualquiera de sus funciones,

incluida la facultad de adoptar decisiones vinculantes, de conformidad con el reglamento interno del

Consejo Conjunto.

ARTÍCULO 2.3

Comité Conjunto

1. Se establece un Comité Conjunto.

2. El Comité Conjunto asistirá al Consejo Conjunto en el desempeño de sus funciones.

3. El Comité Conjunto preparará las reuniones del Consejo Conjunto y será responsable de la

correcta aplicación del presente Acuerdo.

4. El Comité Conjunto estará compuesto por representantes de cada una de las Partes a nivel de

altos funcionarios, o a otro nivel que designen las Partes de conformidad con sus disposiciones

internas y teniendo en cuenta los asuntos específicos que se vayan a tratar en cada sesión.

5. Cuando el Comité Conjunto aborde cualquier asunto relacionado con la parte III del

presente Acuerdo, estará compuesto por representantes de cada una de las Partes con

responsabilidad en asuntos relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Comité Conjunto en su

configuración de comercio»).

6. Cuando el Comité Conjunto aborde cualquier asunto relacionado con la parte II del presente

Acuerdo, estará compuesto por representantes de cada una de las Partes con responsabilidad en esos

asuntos, de conformidad con las respectivas disposiciones internas de las Partes.

& /es 15

7. El Comité Conjunto estará facultado para adoptar decisiones según lo establecido en el

presente Acuerdo o cuando el Consejo Conjunto haya delegado en él tal facultad. El Comité

adoptará sus decisiones de común acuerdo entre las Partes. Las decisiones serán vinculantes para las

Partes, que adoptarán las medidas necesarias para aplicarlas. En el ejercicio de las facultades

delegadas, el Comité Conjunto adoptará sus decisiones de conformidad con el reglamento interno

del Consejo Conjunto.

8. Sin perjuicio de las disposiciones específicas del capítulo 29, cualquiera de las Partes podrá

someter al Comité Conjunto cualquier cuestión relativa a la aplicación o interpretación del Acuerdo.

9. El Comité Conjunto estará copresidido por un representante de la Parte MERCOSUR y un

representante de la parte UE, teniendo en cuenta las cuestiones específicas que vayan a tratarse en

cada sesión.

10. El Comité Conjunto se reunirá generalmente una vez al año para examinar la aplicación del

presente Acuerdo, en una fecha y con un orden del día previamente acordados por las Partes,

alternativamente en Bruselas y en un Estado del MERCOSUR signatario. También podrán

convocarse reuniones adicionales de mutuo acuerdo, a petición de la Parte UE o del MERCOSUR.

También podrá reunirse por teleconferencia, videoconferencia o por otros medios, según lo

mutuamente acordado por las Partes.

ARTÍCULO 2.4

Subcomités y otros órganos

1. El Comité Conjunto podrá crear subcomités u otros órganos para que le asistan en el

ejercicio de sus funciones y para abordar tareas o temas específicos. Podrá modificar las tareas

asignadas a cualquier subcomité o a otras estructuras creadas a tal efecto, o disolver tales

subcomités u estructuras.

& /es 16

2. El Comité Conjunto adoptará un reglamento interno en el que se determinen la composición,

las tareas y el funcionamiento de los subcomités y demás órganos.

3. La creación o existencia de subcomités no impedirá a las Partes plantear un asunto

directamente al Comité Conjunto.

4. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, los subcomités y otros órganos creados

por el presente Acuerdo o por el Comité Conjunto informarán sobre sus actividades al Comité

Conjunto periódicamente o cuando así se solicite.

5. Los subcomités que se ocupen del comercio y las cuestiones relacionadas con el comercio,

establecidos de conformidad con el artículo 9.9, apartado 4, se regirán por el artículo 9.9 e

informarán al Comité Conjunto en su configuración de comercio.

6. Se crea un Subcomité de Cooperación Internacional y Desarrollo para promover, coordinar

y supervisar la ejecución de las actividades de cooperación en los ámbitos mencionados en la parte

II del presente Acuerdo, así como el seguimiento, la supervisión y la evaluación de dichas

iniciativas de cooperación. Asistirá al Comité Conjunto en el ejercicio de sus funciones en relación

con esos asuntos.

ARTÍCULO 2.5

Comisión Parlamentaria Mixta

1. Se crea una Comisión Parlamentaria Mixta para fomentar unas relaciones más estrechas y

garantizar un diálogo regular entre el Parlamento Europeo y el Parlamento del MERCOSUR.

& /es 17

2. La Comisión Parlamentaria Mixta estará formada por miembros del Parlamento Europeo,

por una parte, y por miembros del Parlamento del MERCOSUR, por otra. Se reunirá con la

periodicidad que ella misma determine.

3. La Comisión Parlamentaria Mixta establecerá su propio reglamento interno.

4. La Comisión Parlamentaria Mixta estará presidida por turnos por el Parlamento Europeo y

por el Parlamento del MERCOSUR.

5. Se mantendrá informada a la Comisión Parlamentaria Mixta de los progresos realizados en

la aplicación del presente Acuerdo.

6. La Comisión Parlamentaria Mixta podrá hacer recomendaciones al Consejo Conjunto.

ARTÍCULO 2.6

Relación con la sociedad civil

1. Para facilitar la aplicación del presente Acuerdo, las Partes promoverán las consultas con la

sociedad civil mediante el establecimiento de un mecanismo adecuado de consulta y el fomento de

la interacción entre los representantes de su sociedad civil.

2. Las Partes promoverán el diálogo entre el Comité Económico y Social de la Unión Europea

y el Foro Consultivo Económico-Social del MERCOSUR, y fomentarán su contribución a los

mecanismos establecidos en los artículos 2.7 y 2.8.

& /es 18

ARTÍCULO 2.7

Grupos consultivos internos

1. La Parte UE y la Parte MERCOSUR designarán cada uno un grupo consultivo interno,

establecido de conformidad con las disposiciones internas de cada Parte, para asesorar a la Parte de

que se trate sobre las cuestiones cubiertas por el presente Acuerdo. Estará compuesto por una

representación equilibrada de organizaciones independientes de la sociedad civil, incluidas

organizaciones no gubernamentales, organizaciones empresariales y patronales, y sindicatos activos

en asuntos económicos, de desarrollo, sociales, de derechos humanos, medioambientales y de otra

índole.

2. Las Partes promoverán un diálogo periódico con su grupo consultivo interno y tendrán en

cuenta las opiniones o recomendaciones presentadas por sus respectivos grupos consultivos internos

sobre la aplicación del presente Acuerdo.

3. Con el fin de promover la sensibilización pública de los grupos consultivos internos, la Parte

UE y la Parte MERCOSUR pondrán cada una a disposición del público la lista de organizaciones

que participan en las consultas, así como el punto de contacto de ese grupo.

ARTÍCULO 2.8

Foro de la Sociedad Civil

1. Las Partes facilitarán la organización de un Foro de la Sociedad Civil para mantener un

diálogo público sobre la aplicación del presente Acuerdo y acordarán, en la primera reunión del

Consejo Conjunto, las directrices operativas para el desarrollo de dicho Foro.

& /es 19

2. Las Partes podrán facilitar la participación en el Foro de la Sociedad Civil por medios

virtuales.

3. El Foro de la Sociedad Civil estará abierto a la participación de organizaciones

independientes de la sociedad civil establecidas en los territorios de la Parte UE o la Parte

MERCOSUR, incluidos los miembros de los grupos consultivos internos contemplados en el

artículo 2.7. Las Partes promoverá una representación equilibrada que incluya organizaciones no

gubernamentales, organizaciones empresariales y patronales, y sindicatos, activos en cuestiones

económicas, de desarrollo, sociales, de derechos humanos, ambientales y de otra índole.

4. Los representantes de las Partes que participan en el Consejo Conjunto o el Comité

Conjunto, según proceda, participarán en una sesión de la reunión del Foro de la Sociedad Civil

para presentar información sobre la aplicación del Acuerdo y entablar un diálogo con dicho Foro.

CAPÍTULO 3

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 3.1

Cláusula de seguridad

Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que:

a) se exija a las Partes la obligación de suministrar o dar acceso a información cuya divulgación

consideren contraria a sus intereses esenciales en materia de seguridad; o

& /es 20

b) impida a cualquiera de las Partes que adopte las medidas que estime necesarias para la

protección de sus intereses esenciales de seguridad:

i) relativos a la producción o al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y al

comercio y las transacciones de otras mercancías y materiales, servicios y tecnología,

así como a las actividades económicas, realizados directa o indirectamente para asegurar

el abastecimiento de las fuerzas armadas;

ii) adoptada en tiempo de guerra u otra emergencia en las relaciones internacionales; o

iii) relativos a materiales fisionables y fusionables o los materiales de los que estos se

derivan; o

c) impida que una Parte adopte medidas en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en

virtud de la Carta de las Naciones Unida con el fin de mantener la paz y la seguridad

internacionales.

ARTÍCULO 3.2

Otros acuerdos

1. El Acuerdo Marco Interregional de Cooperación de 1995 dejará de tener efecto y será

sustituido por el presente Acuerdo a partir de la entrada en vigor de este último.

2. El presente Acuerdo sustituye al Acuerdo Marco Interregional de Cooperación de 1995. Las

referencias al Acuerdo Marco Interregional de Cooperación de 1995 que se incluyan en cualquier

otro acuerdo entre las Partes se entenderán como hechas al presente Acuerdo.

& /es 21

3. El Acuerdo Interino de Comercio dejará de tener efecto y será sustituido por el presente

Acuerdo tras la entrada en vigor de este último. Las referencias al Acuerdo Interino de Comercio en

todos los demás acuerdos entre las Partes se entenderán como hechas al presente Acuerdo.

4. Tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, cualquier decisión adoptada por el Consejo

de Comercio creado en virtud del Acuerdo Provisional sobre Comercio se considerará adoptada por

el Consejo Conjunto creado con arreglo al artículo 2.2 del presente Acuerdo. Cualquier decisión

adoptada por el Comité de Comercio establecido en virtud del Acuerdo comercial interino se

considerará adoptada por el Comité Conjunto establecido con arreglo al artículo 2.3 del presente

Acuerdo.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo:

a) las medidas temporales adoptadas de conformidad con los artículos 11.4 y 11.5 del Acuerdo

Interino de Comercio que se estén aplicando en la fecha de entrada en vigor del presente

Acuerdo seguirán siendo aplicables hasta su expiración natural;

b) las medidas de salvaguardia bilaterales adoptadas de conformidad con la sección C del

capítulo 9 del Acuerdo Interino de Comercio que se estén aplicando en la fecha de entrada en

vigor del presente Acuerdo seguirán siendo aplicables hasta su expiración natural;

c) los procedimientos de solución de diferencias ya iniciados de conformidad con los

artículos 21.7 y 18.17 del Acuerdo Interino de Comercio se considerarán, a partir de la fecha

de entrada en vigor del presente Acuerdo, una diferencia con arreglo al presente Acuerdo y

proseguirán hasta su conclusión; y

d) el resultado vinculante de cualquier procedimiento de solución de diferencias iniciado con

arreglo a los artículos 21.7 y 18.17 del Acuerdo Interino de Comercio seguirá siendo

vinculante para las Partes tras la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

& /es 22

6. Las Partes no podrán incoar procedimientos de solución de diferencias en virtud del presente

Acuerdo sobre asuntos que hayan sido objeto de un informe final del panel con arreglo al

capítulo 18 y un laudo arbitral con arreglo al capítulo 21 del Acuerdo Interino de Comercio.

7. Los períodos transitorios que hayan transcurrido, total o parcialmente, en el marco del

Acuerdo Interino de Comercio se tendrán en cuenta al calcular los períodos transitorios previstos en

las disposiciones equivalentes del presente Acuerdo. Tales períodos transitorios con arreglo al

presente Acuerdo se calcularán a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo Interino de

Comercio.

Los períodos procedimentales que ya hayan transcurrido, total o parcialmente, en el marco del

Acuerdo Interino de Comercio se tendrán en cuenta al calcular los períodos procedimentales

previstos en las disposiciones equivalentes del presente Acuerdo.

8. Las Partes podrán complementar el presente Acuerdo concluyendo acuerdos específicos

sobre cualquier campo de cooperación que entre dentro de su ámbito de aplicación. Tales acuerdos

específicos podrán disponer que serán parte integrante de las relaciones interregionales globales que

se rijan por el presente Acuerdo y estarán sujetos a un marco institucional común.

ARTÍCULO 3.3

Aplicación territorial

1. El presente Acuerdo se aplicará:

a) en los territorios en los que sean aplicables el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea, en las condiciones establecidas en dichos Tratados; y

& /es 23

b) en los territorios de la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República

del Paraguay y la República Oriental del Uruguay.

2. Las referencias al «territorio» en el presente Acuerdo incluyen el espacio aéreo y el mar

territorial tal como se establece en la CNUDM.

3. Las referencias del presente Acuerdo al «territorio» se entenderán en este sentido, salvo que

se disponga expresamente otra cosa.

4. En lo que respecta a las disposiciones relativas al tratamiento arancelario de las mercancías,

incluidas las disposiciones sobre aduanas y facilitación del comercio, asistencia administrativa

mutua en cuestiones aduaneras y normas de origen, así como la suspensión temporal de este

tratamiento, el presente Acuerdo también se aplicará a aquellas zonas del territorio aduanero de la

Unión Europea, definido en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la

Unión **[1]**, que no estén contempladas en el apartado 1, letra a), del presente artículo.

**1** DO L 343 de 29.12.2015, p. 1.

& /es 24

PARTE II

DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACIÓN

CAPÍTULO 4

OBJETIVOS DEL DIÁLOGO POLÍTICO Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ARTÍCULO 4.1

Objetivos del diálogo político

1. Las Partes convienen en que la dimensión política es una parte esencial de la asociación

establecida por el presente Acuerdo, y reforzarán y profundizarán el diálogo político periódico entre

las Partes. Las Partes acuerdan establecer una agenda política, cooperar en ámbitos de interés

común y esforzarse por coordinar sus posiciones con el fin de emprender iniciativas conjuntas en

los foros internacionales pertinentes.

2. El diálogo político entre las Partes irá encaminado a:

a) reforzar sus vínculos para contribuir a la paz, la estabilidad, la seguridad y la prosperidad, y

consolidar su asociación estratégica;

& /es 25

b) promover la paz y la seguridad internacionales, la diplomacia preventiva, las medidas de

fomento de la confianza y la resolución pacífica de conflictos mediante, entre otros, el

desarrollo de acciones conjuntas para reforzar el sistema de las Naciones Unidas y el

multilateralismo;

c) reforzar la democracia, el Estado de Derecho y la promoción y protección de los derechos

humanos y las libertades fundamentales;

d) promover el desarrollo humano y social, reafirmando su compromiso con el desarrollo

sostenible, expresado mediante la adopción de la Agenda 2030. Las Partes cooperarán para

aplicar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo, «ODS»),

reconociendo que su naturaleza amplia y ambiciosa requiere una acción, un seguimiento y una

revisión urgentes;

e) promover la igualdad de género y el respeto de todos los derechos de las mujeres y las niñas,

haciendo hincapié en la perspectiva de género, y luchar contra la discriminación y la violencia

basadas en la orientación sexual, de conformidad con el Derecho interno de cada Parte;

f) contribuir al desarme y a la no proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores,

respetando plenamente y garantizando la aplicación nacional de las respectivas obligaciones

internacionales de las Partes;

g) reforzar la cooperación en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y

las intolerancias conexas;

h) desarrollar acciones conjuntas para mejorar la cooperación en la lucha contra la trata de seres

humanos, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico ilegal de armas, el tráfico de drogas y

delitos conexos, la ciberdelincuencia y otras formas de delincuencia organizada transnacional;

& /es 26

i) promover y desarrollar acciones conjuntas para erradicar el abuso sexual de menores, lo que

incluye la lucha contra la producción y difusión de material de abuso infantil y contra los

delincuentes sexuales viajeros;

j) reforzar la cooperación en la lucha contra la corrupción, en la prevención del uso de sus

sistemas financieros para blanquear el producto de actividades delictivas y para financiar el

terrorismo, y en la detección, recuperación y devolución de activos ilícitos;

k) actuar contra la impunidad de los delitos más graves con arreglo al Derecho internacional que

preocupan a la comunidad internacional en su conjunto;

l) reforzar la cooperación en materia de prevención y erradicación de los actos terroristas, de

conformidad con los convenios internacionales en los que son parte los Estados miembros de

la Unión Europea y los Estados del MERCOSUR signatarios, con las resoluciones pertinentes

de las Naciones Unidas y con las respectivas disposiciones legislativas y reglamentarias de las

Partes;

m) intercambiar puntos de vista y mejorar el diálogo sobre cuestiones fiscales internacionales,

incluidas las normas mundiales y la transparencia;

n) actuar a favor de su respectiva integración regional, considerada como uno de los medios para

lograr un desarrollo sostenible, así como un instrumento de integración competitiva en la

economía mundial;

o) desarrollar la comprensión mutua y promover el consenso sobre cuestiones interregionales e

internacionales, en particular mediante la cooperación en foros multilaterales y el desarrollo

de iniciativas conjuntas;

p) desarrollar acciones conjuntas para reforzar el sistema de las Naciones Unidas y el

multilateralismo, con el fin de hacer frente con eficacia, eficiencia y rapidez a los retos

actuales y futuros más importantes;

& /es 27

q) establecer una amplia coordinación política a escala internacional para apoyar y reforzar

procesos para la gobernanza de Internet, en los que hay múltiples partes interesadas, que sean

multilaterales, transparentes y democráticos, con la participación de los gobiernos, el sector

privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, las comunidades técnicas y

académicas y todas las demás partes interesadas pertinentes, de conformidad con sus

respectivas funciones, responsabilidades y capacidades;

r) debatir cuestiones jurídicas y judiciales de interés mutuo; y

s) tratar otros temas acordados por las Partes.

ARTÍCULO 4.2

Objetivos de cooperación internacional y desarrollo

1. Las Partes, reafirmando la necesidad de reforzar su asociación, destacan la importancia de la

cooperación internacional y el desarrollo, y convienen en que la cooperación interregional y sus

modalidades tendrán como uno de sus principales objetivos facilitar la aplicación del presente

Acuerdo.

2. Las Partes llevarán a cabo proyectos de cooperación y actividades conjuntas mediante todos

los instrumentos y metodologías existentes y futuros y medios disponibles, incluida la cooperación

triangular. Esta cooperación podrá referirse, entre otras cosas, a lo siguiente:

a) promover la inversión y la creación de empleo mediante la movilización de recursos

financieros, entre otras cosas mediante la utilización de subvenciones y préstamos para lograr

resultados en materia de desarrollo sostenible;

b) apoyar el desarrollo de capacidades mediante cursos de formación, talleres y seminarios, y el

intercambio de expertos, estudios, investigación conjunta y buenas prácticas;

& /es 28

c) promover los conocimientos institucionales en ambas regiones a través de actividades de

cooperación;

d) promover la financiación del desarrollo mediante todos los instrumentos a disposición de cada

Parte y otras formas de mecanismos financieros innovadores;

e) promover el acceso a tecnologías innovadoras, así como la mejora de las capacidades

nacionales;

f) desarrollar acciones específicas para reducir la pobreza, luchar contra el hambre y promover

la inclusión y la cohesión sociales;

g) consolidar las redes y plataformas de cooperación regional existentes, y

h) promover la cooperación entre las administraciones e instituciones públicas de las Partes.

3. Las Partes acuerdan promover la movilización de recursos financieros para la

implementación del presente Acuerdo, en estrecha colaboración con el Banco Europeo de

Inversiones, las instituciones financieras europeas y las instituciones de los Estados del

MERCOSUR signatarios, así como las instituciones financieras internacionales y regionales.

& /es 29

ARTÍCULO 4.3

Recursos

1. Con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la cooperación establecida en el

presente Acuerdo, las Partes se comprometen a proporcionar, dentro de los límites de sus

capacidades y a través de sus propios canales, los recursos adecuados, incluidos los recursos

financieros, y a animar a las instituciones financieras públicas y privadas relacionadas con el

desarrollo de ambas regiones a cooperar activamente a tal efecto.

2. Las Partes alentarán al Banco Europeo de Inversiones y demás instituciones financieras a

que prosigan sus operaciones en los Estados del MERCOSUR signatarios, de conformidad con sus

procedimientos y criterios de financiación, con arreglo a sus respectivas disposiciones legislativas y

reglamentarias, y sin perjuicio de las competencias de sus autoridades competentes.

& /es 30

CAPÍTULO 5

COOPERACIÓN EN MATERIA DE PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS,

DERECHOS HUMANOS, ESTADO DE DERECHO

Y PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES

ARTÍCULO 5.1

Cooperación en materia de principios democráticos, derechos humanos y Estado de Derecho

1. Las Partes cooperarán en la promoción y protección de los derechos humanos, incluida la

ratificación y la implementación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, así

como en el fortalecimiento de los principios democráticos y el Estado de Derecho.

2. Esa cooperación podrá incluir:

a) la aplicación efectiva de los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que son

Partes, así como las recomendaciones emanadas de los órganos creados por los tratados de

derechos humanos de las Naciones Unidas, los procedimientos especiales del Consejo de

Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el examen periódico universal;

b) la integración de los derechos humanos en las políticas nacionales y los planes de desarrollo;

c) el refuerzo de la capacidad para aplicar principios y prácticas democráticos;

d) el intercambio de buenas prácticas sobre los planes de acción nacionales en materia de

democracia y derechos humanos;

& /es 31

e) la sensibilización y la educación en materia de derechos humanos, democracia y cultura de la

paz;

f) el fortalecimiento de las instituciones democráticas y las relacionadas con los derechos

humanos, así como los marcos jurídicos e institucionales para la promoción y protección de

los derechos humanos y el Estado de Derecho;

g) el desarrollo de iniciativas conjuntas de interés mutuo en el marco de las instituciones

pertinentes relacionadas con los derechos humanos de las Naciones Unidas y los foros

multilaterales;

h) la promoción de la democracia, el Derecho internacional, incluidos los derechos humanos, las

libertades fundamentales y el Estado de Derecho, inclusive en los foros multilaterales;

i) la colaboración y la coordinación, también en terceros países, cuando proceda, para hacer

avanzar en la práctica los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de

Derecho, en particular en lo que respecta a los derechos políticos y las libertades

fundamentales, incluido el fomento de procesos electorales transparentes, creíbles e inclusivos

en consonancia con las normas internacionales;

j) el refuerzo de la buena gobernanza a nivel nacional, regional y local, incluida la rendición de

cuentas y la transparencia de las instituciones, el apoyo a la participación de los ciudadanos y

la participación de la sociedad civil, y la lucha contra la corrupción; y

k) la promoción de la prevención del genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes

de guerra y cualquier otro delito bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

& /es 32

ARTÍCULO 5.2

Igualdad de género y mujeres, paz y seguridad

1. Las Partes promoverán la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y

las niñas. Ambas reconocen la necesidad de la igualdad de género y el empoderamiento de las

mujeres y las niñas como condición previa para lograr plenamente el desarrollo inclusivo, la

democracia y la seguridad. Las Partes estudiarán nuevos programas de cooperación y posibles

sinergias entre las respectivas políticas e iniciativas, en consonancia con las normas y compromisos

internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer (CEDAW), la Agenda 2030 y la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad.

2. Esa cooperación podrá incluir:

a) fomentar la integración efectiva de la perspectiva de género;

b) promocionar la participación y el liderazgo políticos de las mujeres, el acceso de las mujeres a

una educación de calidad, el empoderamiento económico de las mujeres, y una mayor

participación de las mujeres en la población activa;

c) reforzar las instituciones nacionales y regionales para abordar y gestionar las cuestiones

relacionadas con la violencia contra las mujeres, incluida la prevención y la protección frente

a la violencia sexual y de género, los mecanismos de investigación y rendición de cuentas, el

apoyo a las víctimas y la promoción de las condiciones de seguridad y protección de las

mujeres y las niñas;

& /es 33

d) reforzar activamente los derechos humanos de las mujeres, incluida la ausencia de

vulneraciones de los derechos humanos y cualquier tipo de violencia contra las mujeres, y el

acceso de las mujeres a la justicia;

e) apoyar el desarrollo y la ejecución de los planes de acción nacionales sobre la Resolución

1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad;

y

f) reforzar la cooperación con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y otras

organizaciones internacionales.

ARTÍCULO 5.3

Armas de destrucción masiva

1. Las Partes reconocen el papel central del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas

Nucleares, hecho en Londres el 1 de julio de 1968, y sus tres pilares igualmente importantes y que

se refuerzan entre sí: el desarme, la no proliferación y el uso pacífico de la energía nuclear.

2. Las Partes consideran que la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores,

para agentes tanto públicos como privados, representa una de las amenazas más graves para la

estabilidad y la seguridad internacionales. Las Partes acuerdan, por tanto, cooperar y coadyuvar a la

lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores, mediante el pleno

cumplimiento a nivel nacional de las obligaciones que les incumben en virtud de los tratados y

acuerdos internacionales de desarme y de no proliferación, y otras obligaciones internacionales en

la materia. Las Partes acuerdan que este apartado constituye un elemento esencial del presente

Acuerdo.

& /es 34

3. Las Partes convienen en cooperar y contribuir a la lucha contra la proliferación de armas de

destrucción masiva y de sus vectores de la siguiente forma:

a) adoptando medidas para firmar o ratificar todos los demás instrumentos internacionales

pertinentes, o adherirse a ellos, según proceda, e implementarlos en su totalidad; y

b) estableciendo un sistema eficaz de controles nacionales a la exportación, controlando las

exportaciones y el tránsito de mercancías relacionadas con las armas de destrucción masiva,

incluyendo un control del uso final para dichas armas de las tecnologías de doble uso, y

estableciendo sanciones eficaces para las infracciones a los controles a la exportación.

4. Las Partes establecerán un diálogo político periódico que acompañe y consolide estos

elementos.

ARTÍCULO 5.4

Delitos graves de alcance internacional y Corte Penal Internacional

1. Las Partes reafirman que no debe haber impunidad para los delitos más graves que

preocupan a la comunidad internacional, como los que son competencia de la Corte Penal

Internacional, y que estos delitos deben ser enjuiciados por medios nacionales e internacionales,

según proceda, de conformidad con el principio de complementariedad.

& /es 35

2. Las Partes, considerando que una Corte Penal Internacional eficaz constituye un avance

significativo para la paz y la justicia internacionales, acuerdan cooperar en la promoción de la

adhesión universal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de

julio de 1998 (en lo sucesivo, «el Estatuto de Roma»), y con este fin:

a) seguir adoptando medidas para aplicar el Estatuto de Roma y sus modificaciones, y ratificar y

aplicar los instrumentos correspondientes, como el Acuerdo sobre los privilegios e

inmunidades de la Corte Penal Internacional, adoptado en Nueva York el 9 de septiembre de

2002;

b) compartir, cuando proceda, experiencia sobre la adopción de legislación nacional destinada a

la aplicación efectiva del Estatuto de Roma; y

c) adoptar medidas para salvaguardar la integridad del Estatuto de Roma.

ARTÍCULO 5.5

Armas pequeñas y armas ligeras, y otras armas convencionales

1. Las Partes se comprometen a cooperar y a garantizar la coordinación y la

complementariedad, y a explorar posibles sinergias de sus esfuerzos destinados a regular o mejorar

la regulación del comercio internacional de armas convencionales, así como a prevenir, combatir y

erradicar el tráfico ilícito de armas, a nivel mundial, regional y subregional.

& /es 36

2. A nivel mundial, las Partes destacan el marco único que ofrece el Tratado sobre el Comercio

de Armas, adoptado en Nueva York el 2 de abril de 2013 (en lo sucesivo, «TCA»), con el fin de

lograr esta cooperación y complementariedad entre los sistemas nacionales de control de las

transferencias de armas convencionales, incluidas sus disposiciones sobre cooperación y asistencia.

También convienen en la importancia de promover la universalización y la plena aplicación del

TCA por parte de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.

3. Las Partes reconocen que la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas

pequeñas y armas ligeras, y su acumulación excesiva y propagación incontrolada en muchas

regiones del mundo, tienen numerosas y diversas consecuencias humanitarias y socioeconómicas y

suponen una grave amenaza para la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo

sostenible a nivel individual, local, nacional, regional e internacional.

4. Las Partes convienen en aplicar plenamente sus obligaciones respectivas de abordar el

tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, incluidas sus municiones, que se derivan de los

acuerdos internacionales vigentes en los que son parte y de las resoluciones del Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas, así como sus compromisos contraídos en el marco de otros

instrumentos internacionales aplicables en este ámbito, como el Programa de Acción para prevenir,

combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.

5. Las Partes reconocen la importancia de los sistemas de control interno para la transferencia

de armas convencionales, en consonancia con las normas internacionales vigentes. Las Partes

convienen en aplicar tales controles de forma responsable como contribución a la paz, la seguridad

y la estabilidad regionales e internacionales, así como a la reducción del sufrimiento humano y,

además, para prevenir el desvío de armas convencionales.

& /es 37

ARTÍCULO 5.6

Cooperación en materia de lucha antiterrorista

1. Las Partes reafirman su compromiso con la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y

manifestaciones, de conformidad con el Derecho internacional, el Derecho de los derechos humanos

y el Derecho internacional humanitario, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y sus

respectivas legislaciones.

2. Las Partes acuerdan cooperar y, cuando exista un interés común, prevenir, combatir y

tipificar como delito todos los actos terroristas, de conformidad con los instrumentos de las

Naciones Unidas en los que son parte.

3. Las Partes acuerdan no proporcionar asistencia ni refugio a los autores o instigadores de

cualquier tipo de actividad terrorista, ni a ningún otro participante en dicha actividad, de

conformidad con las Resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005) del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas. En particular, cooperarán:

a) en el marco de la plena aplicación de las Resoluciones 1267 (1999), 1373 (2001), 1624

(2005), 1904 (2009), 2178 (2014), 2253 (2015), 2322 (2016) y 2331 (2016) del Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas y demás resoluciones de las Naciones Unidas y convenios

e instrumentos internacionales y regionales pertinentes;

b) promoviendo la cooperación entre los Estados miembros de las Naciones Unidas para ejecutar

de manera efectiva la Estrategia Mundial de las Naciones Unidas contra el Terrorismo;

c) intercambiando experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la protección de los derechos

humanos, el Derecho humanitario y el Derecho internacional en la lucha contra el terrorismo;

& /es 38

d) intercambiando puntos de vista sobre los medios y métodos utilizados para luchar contra el

terrorismo, incluida la cooperación en ámbitos técnicos y en la formación, e intercambiando

experiencias y buenas prácticas relativas a la prevención del extremismo violento que

conduce al terrorismo, especialmente en el marco de la aplicación de las secciones I y IV de la

Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo con respecto a la prevención

del terrorismo; y

e) solucionando las causas estructurales que están en la raíz del fenómeno del terrorismo y el

extremismo violento.

ARTÍCULO 5.7

Cooperación en materia de consolidación y mantenimiento de la paz

1. Las Partes reafirman su compromiso de cooperar en la promoción de la paz y la seguridad

internacionales bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

2. Por lo que se refiere a las actividades de las Naciones Unidas de consolidación y

mantenimiento de la paz, las Partes entablarán un diálogo sobre cuestiones de paz y seguridad con

vistas a iniciar la cooperación en el ámbito del desarrollo de capacidades e intercambio de mejores

prácticas, entre otros.

& /es 39

ARTÍCULO 5.8

Ayuda humanitaria y gestión del riesgo de catástrofes

1. Las Partes reafirman su compromiso con el Marco de las Naciones Unidas en el ámbito de la

reducción del riesgo de catástrofes y la respuesta ante estas, y acuerdan reconocer como prioridades

la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo y el fomento de la resiliencia.

2. A los efectos establecidos en el apartado 1, las Partes estudiarán las posibilidades de

coordinar la ayuda humanitaria y las actividades de respuesta ante catástrofes.

ARTÍCULO 5.9

Cooperación en los foros y las organizaciones internacionales, regionales y multilaterales

1. Las Partes reafirman su compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Las Partes comparten el compromiso con el multilateralismo y los esfuerzos por mejorar la eficacia

de los foros y organizaciones regionales e internacionales, como las Naciones Unidas y sus

organizaciones y agencias especializadas, y otros foros multilaterales.

2. Las Partes dispondrán de mecanismos de consulta eficaces al margen de los foros

multilaterales. En las Naciones Unidas, las Partes establecerán los mecanismos de consulta

adecuados en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en las oficinas de las Naciones

Unidas, según proceda y esté acordado por las Partes.

& /es 40

ARTÍCULO 5.10

Ciberseguridad y tecnologías de la información y la comunicación

Las Partes reconocen la importancia de la cooperación y el intercambio de puntos de vista en el

ámbito de la ciberseguridad y en relación con el uso de las tecnologías de la información y de las

comunicaciones (en lo sucesivo, «TIC») en el contexto de la paz y la seguridad internacionales,

incluidas las normas, los principios de comportamiento responsable de los Estados, la aplicación del

Derecho internacional al uso de las TIC y la elaboración de medidas de fomento de la confianza y

desarrollo de las capacidades.

ARTÍCULO 5.11

Ciberdelincuencia

1. Las Partes reconocen que la ciberdelincuencia se está convirtiendo en un problema mundial

generalizado que exige respuestas multilaterales, regionales y nacionales. Las Partes reforzarán la

cooperación para prevenir y combatir la ciberdelincuencia mediante el intercambio de información

y cooperación práctica, de conformidad con sus marcos jurídicos y sus legislaciones respectivas, y

con los instrumentos internacionales aplicables relativos a la ciberdelincuencia. Las Partes se

esforzarán por colaborar, cuando proceda, en la elaboración de leyes, políticas y prácticas eficaces

para prevenir y combatir la ciberdelincuencia dondequiera que se produzca.

2. Las Partes se intercambiarán información, según proceda dentro de sus respectivos marcos

jurídicos, en ámbitos tales como la educación y formación de investigadores en ciberdelincuencia,

la realización de investigaciones sobre ciberdelincuencia y la ciencia forense digital.

& /es 41

CAPÍTULO 6

COOPERACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 6.1

Migración y protección internacional de los refugiados

1. Las Partes reafirman la importancia que conceden a la gestión eficaz de los flujos

migratorios y acuerdan reforzar su cooperación en materia de migración, sobre la base del principio

de soberanía nacional, responsabilidad compartida y cuestiones conexas, como la posible

contribución económica, social y cultural de los migrantes a los países de origen, tránsito y destino.

2. Las Partes se centrarán, en particular, en:

a) las causas profundas de la migración;

b) facilitar la circulación de sus nacionales entre sus territorios, de conformidad con la

legislación aplicable y las competencias respectivas;

c) el pleno respeto de los derechos humanos de todos los migrantes y sus familias, así como las

medidas contra el racismo y la xenofobia;

d) la integración de la perspectiva de género en la migración;

e) la reagrupación familiar, de conformidad con la legislación aplicable, incluida la legislación

internacional en materia de derechos humanos;

& /es 42

f) la cooperación birregional para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de

personas, especialmente niños y personas en situaciones vulnerables, incluidas las mujeres en

situación de riesgo, y para proteger a las víctimas, de conformidad con la Convención contra

la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en Nueva York el 15 de noviembre de

2000, y sus Protocolos adicionales sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes;

g) los intercambios regulares de información sobre medidas legislativas y administrativas

aplicables a los migrantes y experiencias sobre cuestiones migratorias;

h) las cuestiones derivadas de la aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes en

materia de protección de refugiados y solicitantes de asilo;

i) explorar oportunidades de cooperación a nivel regional en materia de reasentamiento

voluntario y otras formas de admisión humanitaria de refugiados, como parte de la

consecución de soluciones colectivas para el creciente fenómeno mundial de los grandes

movimientos de refugiados; y

j) cooperación birregional para la prevención de la migración irregular.

3. Las Partes cooperarán para garantizar una migración segura, ordenada y regular, readmitir a

sus propios nacionales en situación irregular en el territorio de la otra Parte y luchar contra la trata

de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes. También cooperarán en el intercambio de

información, junto con el intercambio de datos y estadísticas sobre migración.

& /es 43

4. Cada Estado miembro de la UE y cada Estado del MERCOSUR signatario readmitirá a sus

propios nacionales que se encuentren en situación irregular en el territorio de la otra Parte a petición

de esta última. A tal fin, se facilitarán documentos de viaje adecuados que garanticen un retorno

efectivo. Las Partes garantizarán un trato seguro y digno a los migrantes en situación irregular. El

retorno de las personas no admitidas también estará garantizado en condiciones humanas, dignas y

justas, de conformidad con la legislación aplicable, incluidas las vías de recurso previstas en la

misma.

5. A petición de una de las Partes, los Estados del MERCOSUR signatarios individualmente y

la UE o cualquiera de los Estados miembros individualmente procurarán negociar y celebrar

acuerdos específicos, con el fin de facilitar en mayor medida la cooperación entre las autoridades

competentes para la identificación y documentación de los nacionales que se encuentren de forma

irregular en el territorio de la otra Parte que deban ser readmitidos. Dichos acuerdos también

abordarían la readmisión de personas que no sean sus nacionales pero que sean titulares de un

permiso de residencia válido expedido por una de las Partes, o que hayan entrado en el territorio de

una Parte procedentes directamente del territorio de la otra Parte.

6. Las Partes promoverán el desarrollo y la aplicación de legislación y prácticas nacionales en

materia de protección internacional de los refugiados, con el fin de cumplir las disposiciones de la

Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de

julio de 1951, y de su Protocolo de 1967, y demás instrumentos regionales e internacionales

pertinentes para garantizar el respeto del principio de «no devolución». Las Partes se centrarán, en

particular, en explorar oportunidades de cooperación a nivel regional en materia de reasentamiento

voluntario y otras formas de admisión humanitaria de refugiados, como parte de la consecución de

soluciones colectivas para el creciente fenómeno mundial de los grandes movimientos de

refugiados.

& /es 44

ARTÍCULO 6.2

Cooperación jurídica y judicial

1. Las Partes convienen en desarrollar la cooperación judicial en materia civil, en particular por

lo que se refiere a la negociación, ratificación y aplicación de los convenios multilaterales sobre

cooperación judicial en materia civil, entre ellos los Convenios de la Conferencia de La Haya de

Derecho Internacional Privado en el campo de la cooperación jurídica internacional y la solución de

litigios, así como el relativo a la Protección del Niño.

2. Las Partes acuerdan reforzar la cooperación judicial en materia penal sobre la base de las

normas pertinentes de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales y regionales

como el Consejo de Europa y la Organización de los Estados Americanos, en particular en el

ámbito de la asistencia judicial mutua, la extradición y el traslado de presos.

ARTÍCULO 6.3

Cooperación en la lucha contra el problema mundial de las drogas

1. Las Partes, sobre la base del principio de responsabilidad común y compartida, cooperarán

para garantizar un enfoque equilibrado e integrado para abordar todos los aspectos del problema

mundial de las drogas, incluidos los retos como las nuevas sustancias psicotrópicas. En este sentido,

las políticas y actuaciones en este ámbito tendrán como objetivo reforzar las estructuras, reducir el

suministro, el tráfico y la demanda de estas, y enfrentarse a las consecuencias sociosanitarias de su

consumo indebido con el fin de reducir el daño, y una prevención más efectiva del desvío de los

precursores químicos utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias

psicotrópicas.

& /es 45

2. Las Partes acordarán los métodos de cooperación necesarios para lograr los objetivos

mencionados en el apartado 1. Las acciones se basarán en principios acordados de común acuerdo,

en particular en los tres tratados de las Naciones Unidas de fiscalización de drogas de 1961, 1971 y

1988, y en el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las

Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, adoptado en Nueva York el 19 de abril

de 2016.

3. Las Partes acuerdan apoyar y fomentar el desarrollo de políticas y medidas para abordar el

problema mundial de las drogas.

ARTÍCULO 6.4

Cooperación en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional,

el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

1. De conformidad con sus leyes y reglamentos internos y con los instrumentos bilaterales e

internacionales aplicables, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Transnacional, adoptada en Nueva York el 15 de diciembre de 2000, y sus protocolos, y

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York el 31 de

octubre de 2003, las Partes reforzarán su cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada

transnacional y la corrupción, incluidas las actividades de prevención e investigación, el

enjuiciamiento de los delincuentes y la asistencia judicial mutua.

& /es 46

2. Las Partes convienen en la necesidad de trabajar para prevenir y combatir de manera eficaz

el uso de sus instituciones financieras y de las actividades y profesiones no financieras designadas

para financiar el terrorismo y blanquear el producto de actividades delictivas, incluido el tráfico de

drogas, el tráfico de personas, especialmente niños, mujeres en situación de riesgo y otras personas

en situación de vulnerabilidad, el tráfico de armas y la corrupción, de conformidad con las

recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (en lo sucesivo, «GAFI») y

teniendo en cuenta la labor del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (en lo sucesivo,

«GAFILAT»).

3. Las Partes convienen en cooperar con vistas a combatir y prevenir el blanqueo de capitales y

la financiación del terrorismo, y garantizar la aplicación efectiva y plena de las recomendaciones

del GAFI, teniendo en cuenta la labor del GAFILAT. Esta cooperación se amplía al seguimiento, la

identificación, el embargo, el decomiso, la recuperación y la restitución de activos o fondos

derivados del producto de actividades delictivas.

4. La cooperación a que se refiere el apartado 3 permitirá el intercambio de información

pertinente en el marco de las disposiciones legislativas y reglamentarias de cada Parte y en

consonancia con las normas internacionales para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la

financiación del terrorismo, de conformidad con las recomendaciones del GAFI y teniendo en

cuenta la labor del GAFILAT.

5. Las Partes acuerdan, con sujeción y de conformidad con sus respectivas disposiciones

legislativas y reglamentarias e instrumentos bilaterales e internacionales aplicables, adoptar

medidas para apoyar la identificación, el seguimiento, la congelación, el embargo y el decomiso del

producto de actividades delictivas.

& /es 47

ARTÍCULO 6.5

Datos personales

1. Las Partes reconocen la importancia de promover y proteger los derechos fundamentales a la

privacidad y la protección de datos, incluidos los de seguridad y los personales, como un factor

central de la confianza de los consumidores en la economía digital y un elemento esencial para

seguir desarrollando los intercambios comerciales y la cooperación policial.

2. Las Partes cooperarán para garantizar la protección efectiva de los derechos a que se refiere

el apartado 1, también en el contexto de la prevención y la lucha contra el terrorismo y otros delitos

transnacionales. La cooperación bilateral y multilateral tendrá en cuenta los compromisos

internacionales existentes y las respectivas disposiciones legislativas y reglamentarias de las Partes,

cuando proceda. Podrá incluir el desarrollo de capacidades, la asistencia técnica y el intercambio de

información y conocimientos especializados.

ARTÍCULO 6.6

Protección consular

1. Cada Estado del MERCOSUR signatario acepta que las autoridades diplomáticas y

consulares de cualquier Estado miembro de la UE representado en el país otorguen protección a

todo ciudadano de un Estado miembro de la Unión que no cuente con representación permanente en

su territorio en disposición de proporcionar protección consular en un caso determinado, y ello en

las mismas condiciones que los ciudadanos de dicho Estado miembro de la Unión.

& /es 48

2. Cada Estado miembro de la UE acepta que las autoridades diplomáticas y consulares de

cualquier Estado del MERCOSUR signatario representado en el país otorguen protección a todo

ciudadano de un Estado del MERCOSUR signatario que no cuente con representación permanente

en su territorio en disposición de proporcionar protección consular en un caso determinado.

CAPÍTULO 7

COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

ARTÍCULO 7.1

Objetivos y métodos de trabajo

1. Las Partes reafirman su compromiso de promover un desarrollo económico sostenible e

integrador, contribuyendo a los principios establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo en 1992 (en lo sucesivo, «Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y

el Desarrollo de 1992»), respaldada por el documento final de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, incorporado en la Resolución 66/288 adoptada por

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de julio de 2012, titulada «El futuro que

queremos» (en lo sucesivo, «el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Desarrollo Sostenible de 2012 titulado "El futuro que queremos"») y la Agenda 2030. En ese

marco, las Partes cooperarán para aplicar y alcanzar los ODS, reconociendo que su carácter amplio

y ambicioso requiere una acción urgente.

& /es 49

2. Las Partes reconocen la importancia del diálogo y la cooperación como esenciales para

afrontar los retos relacionados con la consecución de los ODS, y reconocen también la importancia

de la participación de múltiples partes interesadas, incluidos el sector privado y la sociedad civil, en

la cooperación internacional.

3. Las Partes trabajarán para consolidar el crecimiento económico de manera que se reduzcan

las desigualdades y se respeten los principios del desarrollo sostenible.

4. Las Partes deben promover modelos de consumo y producción sostenibles, y sensibilizar

sobre los costes económicos y sociales de los daños medioambientales y su impacto en el bienestar

humano.

5. Las Partes promoverán el desarrollo sostenible a través del diálogo, el intercambio de

buenas prácticas, la buena gobernanza y la buena gestión financiera.

6. Las Partes comparten el objetivo común de erradicar la pobreza y apoyar un desarrollo

económico integrador, y colaborarán siempre que sea posible para alcanzar este objetivo.

7. Las Partes colaborarán para reforzar la aplicación de la Agenda 2030 y las metodologías de

seguimiento, la rendición de cuentas ante sus ciudadanos sobre la aplicación de los resultados

relacionados con el seguimiento de la Agenda 2030 y la evaluación de las acciones de cooperación,

incluidos datos cualitativos y cuantitativos que tengan en cuenta el impacto sobre el terreno.

8. Reconociendo que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas son

esenciales para el desarrollo sostenible, las Partes estudiarán nuevos programas de cooperación.

& /es 50

9. Las Partes promoverán estructuras para la cooperación Sur-Sur y triangular. Esta

cooperación implicará el establecimiento de iniciativas conjuntas con terceros países con el objetivo

de colaborar para apoyar la creación y la aplicación de estrategias multinivel para la Agenda 2030,

así como cualquier otro futuro acuerdo birregional e internacional pertinente en materia de

desarrollo sostenible.

10. Las Partes entienden el carácter global de los ODS. En este contexto, las Partes deben

fomentar las asociaciones innovadoras, que adopten un enfoque multilateral con el fin de promover

y aplicar iniciativas internacionales de desarrollo. Estas asociaciones pueden incluir al sector

privado, la sociedad civil organizada, las organizaciones filantrópicas y los entes locales y

regionales.

11. Las Partes reconocen la importancia de un enfoque global del desarrollo social, que debe ir

acompañado del desarrollo económico y la sostenibilidad medioambiental. Darán prioridad a

promover el pleno empleo, la inclusión social y la cohesión, así como la participación de la

sociedad civil. En consonancia con los objetivos del ODS 8, promoverán el trabajo decente para

todos, tal como se establece en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (en lo

sucesivo, «OIT») sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada por la

Conferencia Internacional del Trabajo en su 97.ª reunión, celebrada en Ginebra el 10 de junio de

2008 (en lo sucesivo, «Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización

equitativa»).

& /es 51

ARTÍCULO 7.2

Implementación de la cooperación UE-MERCOSUR y bilateral

1. Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán a la implementación de programas,

proyectos y actividades en el marco del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación de 1995, ni

afectarán a la cooperación bilateral en curso o futura desarrollada sobre la base de instrumentos de

programación bilaterales, tales como los programas indicativos o cualquier otro instrumento

pertinente.

2. La cooperación se llevará a cabo en consonancia con los principios y políticas pertinentes

acordados internacionalmente a los que se han adherido ambas Partes, y en consonancia con el

marco legislativo pertinente de la UE, por una parte, y del MERCOSUR y sus Estados signatarios,

por otra.

ARTÍCULO 7.3

Disposiciones de facilitación

Las Partes garantizarán, según proceda, las exenciones aduaneras y fiscales y las facilidades en

materia de visados necesarias para aplicar las iniciativas de cooperación acordadas en virtud de la

presente parte del Acuerdo y del Protocolo de Cooperación.

& /es 52

ARTÍCULO 7.4

Cooperación en materia de administración pública

Las Partes cooperarán y entablarán diálogos para identificar acciones destinadas a desarrollar

capacidades para la concepción, la aplicación efectiva y la evaluación de las políticas públicas. A

este respecto, las Partes cooperarán en asuntos relacionados con la administración pública y las

instituciones, con vistas a reforzar las capacidades institucionales, en particular promoviendo la

transferencia de conocimientos técnicos y la formación del personal público, mejorando los

procesos de gestión de las administraciones públicas y facilitando la modernización de los marcos

reguladores para la aplicación efectiva del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 7.5

Medio ambiente

1. El objetivo de la cooperación medioambiental debe ser contribuir a la protección, la

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y a la promoción del desarrollo sostenible,

mediante la coordinación, la integración y la consideración mutuamente solidaria de sus tres

dimensiones (económica, social y medioambiental), de conformidad con los principios establecidos

en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, respaldada por el

documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012

titulado «El futuro que queremos» y la Agenda 2030, y teniendo en cuenta las diferentes realidades,

capacidades y niveles de desarrollo nacionales y respetando las políticas y prioridades nacionales.

& /es 53

2. La cooperación medioambiental se centrará, en particular, en:

a) intercambiar información, conocimientos técnicos, prácticas y experiencias medioambientales

sobre programas, proyectos y reglamentos que promuevan la protección, la conservación, la

restauración y el uso sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible, en

particular con respecto a la legislación aplicable, los compromisos y los objetivos

internacionales;

b) aplicar los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente y los resultados de la Asamblea de

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, y promover los objetivos medioambientales;

c) integrar las consideraciones medioambientales en todos los sectores de cooperación;

d) la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y el reparto justo y equitativo de

los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos teniendo en cuenta

cualquier formato, mediante un acceso adecuado a dichos recursos, de conformidad con la

legislación nacional, así como la cooperación en asuntos relacionados con el agua, las

sustancias químicas, los residuos y otros ámbitos prioritarios acordados de mutuo acuerdo;

e) la cooperación y el fomento del desarrollo, la diseminación, la difusión y la transferencia de

tecnologías respetuosas con el medio ambiente a los países en desarrollo en condiciones

favorables, incluidas las condiciones de favor y preferenciales, según lo mutuamente

acordado;

f) aumentar la disponibilidad en los países en desarrollo de los medios de aplicación para la

plena consecución de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, reconociendo la

urgencia que requiere abordar su carácter amplio y ambicioso y facilitando la intervención

participativa de las partes interesadas, según proceda. En virtud del presente Acuerdo, la

cooperación en materia de medio ambiente también debe promover el desarrollo de

infraestructuras respetuosas con el medio ambiente.

& /es 54

ARTÍCULO 7.6

Desarrollo urbano sostenible

1. Las Partes reconocen la importancia de las políticas para promover el desarrollo urbano

sostenible y la necesidad de contribuir a la aplicación efectiva de la Nueva Agenda Urbana,

aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano

Sostenible (Hábitat III) y los aspectos de la Agenda 2030 pertinentes para el desarrollo urbano

sostenible.

2. Las Partes promoverán la cooperación y la asociación con la participación de todos los

agentes clave pertinentes para las políticas y prácticas en el ámbito del desarrollo urbano sostenible,

en particular sobre la manera de abordar los retos urbanos de manera integrada y global.

3. Las Partes promoverán la puesta en común de conocimientos y el intercambio de

experiencias sobre, entre otras cosas, las políticas de gestión y reducción del riesgo de catástrofes

destinadas a reforzar la resiliencia de las ciudades y los asentamientos humanos. Las Partes lo

harán, entre otras cosas, mediante el desarrollo de infraestructuras de calidad y ordenación del

territorio y la aplicación de planes de desarrollo urbano. Estos planes deben tener en cuenta temas

clave, tales como el uso eficaz de las fuentes de energía renovables, la inclusión urbana, teniendo en

cuenta los diferentes niveles de urbanización en el Sur Global, y los mecanismos de financiación de

proyectos de desarrollo urbano a nivel local, nacional y regional.

4. A tal fin, las Partes se comprometerán a expandir, siempre que sea posible, oportunidades

concretas de cooperación descentralizada entre ciudades a escala regional e internacional, con vistas

a mejorar la gobernanza urbana y el desarrollo de capacidades mediante el intercambio de

experiencias y prácticas, así como el aprendizaje mutuo, sobre soluciones sostenibles a los retos

urbanos.

& /es 55

ARTÍCULO 7.7

Cambio climático

1. Las Partes reconocen que la amenaza mundial del cambio climático requiere la cooperación

más amplia posible de todos los países para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto

invernadero y adaptarse a los efectos adversos del cambio climático de manera que no se ponga en

peligro la producción de alimentos, y que los países desarrollados sigan asumiendo el liderazgo. Las

Partes reiteran su compromiso con la aplicación del Acuerdo de París adoptado en virtud de la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York el 9

de mayo de 1992 (en lo sucesivo, «CMNUCC»), que refleja la equidad y el principio de

responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las

diferentes circunstancias nacionales.

2. Las Partes cooperarán, según proceda, en cuestiones sobre el cambio climático relacionadas

con el comercio a nivel bilateral y regional, y en los foros internacionales pertinentes. En este

contexto, reconociendo el papel del comercio en la respuesta a la amenaza urgente del cambio

climático, cada Parte seguirá siendo parte, de buena fe, de la CMNUCC y de su Acuerdo de París **[1]** .

3. Las Partes acuerdan que la segunda frase el apartado 2 constituye un elemento esencial del

presente Acuerdo.

**1** Los instrumentos internacionales a los que se hace referencia en el presente documento no
incluyen modificaciones de los mismos ni los acuerdos que los sucedan, ni decisiones,
interpretaciones o actos adoptados por los órganos que rigen dichos instrumentos, a menos
que las Partes acuerden otra cosa.

& /es 56

4. Ninguna disposición del presente artículo afectará a los derechos de una Parte a recurrir a

los procedimientos de solución de diferencias disponibles en virtud de cualquier otro acuerdo

internacional en el que las Partes sean parte, incluido el Acuerdo sobre la OMC.

5. En el ámbito de sus competencias respectivas, y sobre la base de la CMNUCC y del

Acuerdo de París, las Partes deben reforzar la cooperación y el diálogo político para impulsar la

transformación hacia un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero (en lo

sucesivo, «GEI»), de conformidad con sus responsabilidades y capacidades, e intercambiar

información y experiencias, entre otras cosas, acerca de:

a) combatir el cambio climático, guiadas por la equidad y las pruebas científicas, en particular

mediante la aplicación de sus respectivas contribuciones determinadas a nivel nacional y una

mayor colaboración en las medidas de mitigación y adaptación para la aplicación efectiva del

Acuerdo de París;

b) fomentar las asociaciones públicas y privadas que puedan apoyar eficazmente las acciones

para luchar contra el cambio climático y adaptarse a sus efectos adversos;

c) promover acciones colaborativas en materia de investigación, desarrollo, difusión, despliegue

y transferencia de tecnología con el fin de mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir

las emisiones de GEI, también a través de diálogos orientados a las empresas;

d) controlar, notificar y verificar las emisiones de GEI, y desarrollar y aplicar programas de

mitigación y adaptación;

e) cumplir los compromisos del Acuerdo de París y establecer condiciones para fomentar el

desarrollo con bajas emisiones de GEI, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos

adversos del cambio climático y fomentar la resiliencia frente al cambio climático de manera

que no se ponga en peligro la producción de alimentos, de conformidad con el artículo 2 del

Acuerdo de París;

& /es 57

f) garantizar desarrollo rápido del marco de transparencia del Acuerdo de París para las

disposiciones de actuación y apoyo, incluido el diálogo político y la cooperación en ámbitos

prioritarios acordados de mutuo acuerdo;

g) promover políticas y programas climáticos nacionales en el marco del Acuerdo de París para

la mitigación y la adaptación, en particular en lo que respecta a la deforestación y la

degradación y restauración forestales, así como medios para promover las energías

renovables, la eficiencia energética, el transporte sostenible y el desarrollo de infraestructuras

sostenibles y resilientes al cambio climático; y

h) reforzar otros ámbitos del diálogo bilateral sobre la política de mitigación del cambio

climático y adaptación al mismo o cualquier otro ámbito de interés mutuo que pueda surgir,

también en otros foros multilaterales conexos, como la Organización de Aviación Civil

Internacional, la Organización Marítima Internacional y el Protocolo de Montreal, celebrados

en Montreal el 16 de septiembre de 1987, y su enmienda de Kigali, cuando proceda.

6. A tal fin, las Partes acuerdan mejorar la cooperación y el intercambio de información y

experiencias en este ámbito, y mantener sus obligaciones existentes en virtud de la CMNUCC y del

Acuerdo de París. A tal efecto, los países desarrollados proporcionarán recursos financieros para la

mitigación y la adaptación, y movilizarán financiación para la lucha contra el cambio climático a

partir de una amplia variedad de fuentes, instrumentos y canales, teniendo en cuenta las necesidades

y prioridades de los países en desarrollo partes, así como otros medios de ejecución para la

consecución de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París.

& /es 58

ARTÍCULO 7.8

Océanos y mares

1. Las Partes reconocen la importancia de la conservación y el uso sostenible de los recursos

marinos, incluida la gestión sostenible y responsable de la pesca, la acuicultura y otras actividades

marítimas, y su contribución a la hora de ofrecer oportunidades medioambientales, económicas y

sociales para las generaciones presentes y futuras, en el contexto del uso sostenible y la

conservación de los océanos, los mares y los recursos marinos, con el objetivo a largo plazo de

mejorar el estado de los océanos, en particular reforzando el marco de las instituciones y foros

internacionales, cuando proceda.

2. En consonancia con sus obligaciones en virtud del Derecho internacional, en particular la

CNUDM, las Partes se comprometen a:

a) cooperar para alcanzar el ODS 14 («Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible») de la Agenda 2030;

b) promover una mejor cooperación y consulta, según proceda, dentro de las organizaciones,

instrumentos y organismos internacionales competentes y entre ellos, cuando proceda;

c) adoptar medidas eficaces de seguimiento, control y vigilancia para garantizar la aplicación

efectiva de las medidas de conservación de las pesquerías;

d) cooperar en las Naciones Unidas para el desarrollo de un instrumento internacional

jurídicamente vinculante en el marco de la CNUDM sobre la conservación y el uso sostenible

de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional; y

& /es 59

e) cooperar, cuando proceda, en los organismos subregionales, regionales y multilaterales

pertinentes en los que las Partes sean miembros, observadores o partes no contratantes

cooperantes, para alcanzar el ODS 14 y otros ODS conexos.

3. Las Partes acuerdan reforzar el diálogo y la cooperación en relación con:

a) apoyar la producción pesquera sostenible, los sectores de la piscicultura y, en particular, la

conservación de los recursos pesqueros, incluida la posible cooperación interregional en

varios ámbitos, en función del interés del Estado ribereño, como la cooperación científica,

tecnológica, industrial, económica y comercial, así como el desarrollo institucional y la

formación;

b) apoyar el desarrollo de una industria de la acuicultura respetuosa con el medio ambiente y

económicamente competitiva;

c) apoyar la investigación científica marina y el desarrollo de la capacidad de investigación y

tecnológica, así como promover decisiones con base científica;

d) intercambiar las mejores prácticas en materia de desarrollo sostenible de las actividades

económicas marítimas de interés para las Partes, como la energía oceánica, el transporte

marítimo, el turismo costero y marítimo o la biotecnología marina;

e) combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (en lo sucesivo, «INDNR»),

incluido, cuando proceda, el intercambio de información sobre las actividades INDNR y el

apoyo al desarrollo de la capacidad técnica y administrativa para hacer frente a la pesca

INDNR;

& /es 60

f) desarrollar medidas de conservación y herramientas de gestión basadas en zonas, incluidas las

zonas marinas protegidas, compatibles con el Derecho internacional y basadas en la mejor

información científica disponible para proteger y restaurar las zonas y los recursos costeros y

marinos;

g) reducir la presión sobre los océanos mediante, entre otras cosas, la lucha contra los desechos

marinos y la contaminación, incluidos los procedentes de fuentes terrestres y actividades

humanas marítimas;

h) promover la ordenación del espacio marino y la gestión integrada de las zonas costeras; y

i) abordar cuestiones relacionadas con el clima, como la adaptación y mitigación de las

emisiones de GEI, el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos y las costas y

la contaminación atmosférica.

ARTÍCULO 7.9

Cooperación en materia energética

1. Las Partes tratarán de facilitar el intercambio de ideas, experiencias y mejores prácticas

sobre cómo mejorar el acceso a una energía segura, sostenible y asequible, en particular mediante el

fomento de nuevas inversiones y la transferencia de tecnología entre operadores económicos

públicos y privados de las Partes, especialmente en lo que se refiere a la electricidad, los

hidrocarburos, las energías renovables, incluida la producción y el uso sostenibles, los

biocarburantes y el uso eficiente de la energía.

& /es 61

2. La cooperación en virtud del presente artículo, basada en el principio del derecho soberano

de los Estados a gestionar sus propios recursos naturales, con vistas a garantizar el acceso a una

energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, adoptará la forma, entre otras cosas, de:

a) la cooperación entre instituciones que se ocupan de cuestiones políticas, de planificación y de

modelización en el sector de la energía;

b) el intercambio de resultados, experiencias, publicaciones, información y datos científicos,

técnicos y de otro tipo en materia de investigación energética, incluido el desarrollo de bases

de datos conjuntas compartidas por los operadores de las Partes, de conformidad con las

disposiciones legislativas y reglamentarias de cada Parte;

c) la promoción de conferencias y formaciones técnicas conjuntas, también a nivel de posgrado;

d) las transferencias de tecnología, especialmente las relacionadas con las fuentes de energía

renovables;

e) la promoción de estudios de viabilidad y la ejecución de proyectos conjuntos en el sector de la

energía entre operadores económicos públicos y privados e instituciones de investigación de

las Partes;

f) la participación de operadores económicos de ambas regiones en proyectos conjuntos de

tecnología, desarrollo e infraestructuras, incluidas las redes con otros países; y

g) la racionalización y eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles

ineficientes que fomentan el consumo derrochador, teniendo plenamente en cuenta las

necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles

efectos adversos en su desarrollo de manera que se proteja a las comunidades pobres y

afectadas.

& /es 62

ARTÍCULO 7.10

Cooperación en el ámbito de las materias primas

Las Partes cooperarán en el ámbito de las materias primas con vistas a, entre otras cosas:

a) promover mercados internacionales eficientes, flexibles, competitivos y transparentes;

b) fomentar el intercambio de información de mercado en el ámbito de las materias primas;

d) promover la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de las materias primas;

e) fomentar el intercambio de información y buenas prácticas sobre el desarrollo de las políticas

interiores; y

f) promover normas de seguridad y protección del medio ambiente para las operaciones mineras

en alta mar, aumentando la transparencia y compartiendo información, en particular sobre la

seguridad de la industria y el comportamiento medioambiental.

& /es 63

CAPÍTULO 8

ASOCIACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL

ARTÍCULO 8.1

Objetivos

1. En el marco de su cooperación, las Partes reconocen que todos los pueblos tienen derecho a

buscar su desarrollo económico, social y cultural. Las Partes, reconociendo que el desarrollo social

debe progresar paralelamente al desarrollo económico, acuerdan cooperar en la mejora de la

inclusión y la cohesión sociales mediante la reducción de la pobreza, la injusticia y la desigualdad.

2. Los principales objetivos de la cooperación económica son contribuir a la expansión,

diversificación y profundización de los vínculos económicos y comerciales entre las Partes,

reforzando el sector productivo, con especial atención a las pymes, la creación de nuevas

oportunidades y el aumento de la competitividad y la innovación internacionales, y reforzar el

proceso de integración económica regional.

3. La cooperación económica debe reforzarse como forma de contribuir a aliviar las

implicaciones económicas que puedan derivarse de los cambios estructurales derivados del presente

Acuerdo.

4. Debe fomentarse cualquier medida que pueda contribuir a aumentar el desarrollo de la

integración regional o al refuerzo de las relaciones interregionales en los ámbitos social, económico

y cultural entre las Partes.

& /es 64

ARTÍCULO 8.2

Responsabilidad social de las empresas

1. Las Partes promoverán la responsabilidad social de las empresas de conformidad con

normas internacionales, como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y

la Guía de diligencia debida.

2. Las Partes apoyan la difusión y aplicación, con carácter voluntario, de los Principios

rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, haciendo hincapié en

la importancia de un debate exhaustivo con todas las partes interesadas pertinentes.

3. Las Partes promoverán la incorporación voluntaria por parte de las empresas en sus políticas

internas de principios de responsabilidad social de las empresas o de conducta empresarial

responsable, en particular fomentando la adopción de prácticas pertinentes, en consonancia con los

instrumentos internacionales mencionados en el presente artículo.

ARTÍCULO 8.3

Cooperación industrial, oportunidades de negocio

y microempresas, pequeñas y medianas empresas

1. Las Partes reconocen la importancia de promover las pymes y reforzar la industria para

fomentar un crecimiento económico inclusivo y sostenible en todas las regiones, promover niveles

más elevados de cohesión social y colmar las brechas territoriales, mejorando así la equidad en las

zonas menos desarrolladas. Las Partes reconocen promover la competitividad de las pymes

contribuye positivamente a fortalecer el tejido social, mediante la creación de empleo y la reducción

de la pobreza, así como a la reducción de otras implicaciones económicas que puedan derivarse de

los cambios estructurales derivados del presente Acuerdo.

& /es 65

2. Las Partes apoyarán el empoderamiento económico de las mujeres a través del espíritu

empresarial y la creación de empresas.

3. Las Partes promoverán la cooperación industrial y reforzarán la cooperación en materia de

pymes, con vistas a mejorar la productividad y la competitividad a fin de impulsar el comercio y la

inversión entre las Partes, equilibrando al mismo tiempo las oportunidades que ofrece el presente

Acuerdo a ambas Partes.

4. Las Partes promoverán un clima atractivo y estable para crear mayores oportunidades de

negocio mutuamente beneficiosas, también para las pymes, y se comprometerán a reforzar la

cooperación con el fin de contribuir a la expansión, diversificación y profundización de los vínculos

económicos y comerciales entre las Partes.

5. Las Partes acuerdan promover el desarrollo de las pymes, tanto rurales como urbanas, y

fomentar su introducción en los mercados internacionales.

6. La aplicación del presente artículo podrá incluir las siguientes acciones, que abarcan todo

tipo de empresas, incluidas las pymes:

a) apoyar los contactos regulares entre sectores empresariales de las Partes a través de actos o

misiones entre empresas y entre agrupaciones empresariales, ferias comerciales, seminarios y

mesas redondas, con el fin de promover la identificación y difusión de información sobre

oportunidades empresariales para la inversión, la cooperación industrial y tecnológica en

ámbitos de interés mutuo, así como promover las redes de información y la cooperación entre

los operadores económicos, especialmente las pymes y las agrupaciones empresariales;

& /es 66

b) intercambiar buenas prácticas que apoyen el desarrollo industrial, los procesos de innovación

y las políticas industriales, incluido el refuerzo de las políticas industriales regionales para

mejorar la competitividad en sectores industriales de interés mutuo;

c) promover proyectos de cooperación industrial, incluidos el desarrollo tecnológico y la

innovación, en sectores de interés mutuo;

d) promover inversiones recíprocas y conjuntas, así como fomentar las empresas y agrupaciones

conjuntas y el establecimiento de procesos asociativos en sectores estratégicos;

e) crear mecanismos para apoyar el desarrollo del sector privado, facilitando el acceso a

financiación innovadora, con arreglo a las disposiciones legislativas y reglamentarias de cada

Parte, y a la cooperación industrial para impulsar la productividad, la innovación y la

competitividad, incluido el suministro de información actualizada sobre los instrumentos de

financiación disponibles para las pymes;

f) apoyar a las empresas para que se adapten a la tendencia actual de automatización e

intercambio de datos en las tecnologías de fabricación;

g) promover proyectos conjuntos entre los centros de investigación de la UE y del MERCOSUR

orientados a la tecnología, la industria y la aplicación; y

h) reforzar las cadenas de valor y suministro birregionales y mundiales, incluido el desarrollo de

proveedores para la industria.

& /es 67

7. Además de la cooperación mencionada en el apartado 4, las Partes acuerdan que la

cooperación con respecto a las pymes podrá implicar, entre otras cosas:

a) facilitar el intercambio de mejores prácticas sobre políticas y programas públicos, marcos

reglamentarios, experiencias, información y conocimientos técnicos pertinentes para

promover y apoyar el espíritu empresarial y la creación, el desarrollo y la innovación de las

pymes;

b) promover la participación de las pymes en ferias, misiones comerciales y otros mecanismos a

nivel local e internacional;

c) intercambiar buenas prácticas que apoyen el acceso de las pymes a los mercados de

contratación pública;

d) apoyarse en las asociaciones de éxito existentes y desarrollar nuevas asociaciones estratégicas

y contactos entre operadores económicos y redes empresariales a través de programas

horizontales, existentes o nuevos, de la UE o del MERCOSUR dedicados a las pymes;

e) apoyar la internacionalización de las pymes, incluida la cooperación para desarrollar sitios

web especializados;

f) promover la participación de las pymes en programas conjuntos y proyectos piloto, en

particular en sectores como la economía digital; y

g) proporcionar apoyo y conocimientos especializados en servicios de desarrollo empresarial,

incluidos sistemas de gestión de la calidad, y promover el comercio electrónico para reforzar

las pymes.

& /es 68

ARTÍCULO 8.4

Asuntos fiscales

Las Partes acuerdan cooperar a nivel birregional en materia fiscal y se comprometen a aplicar las

normas mundiales sobre transparencia e intercambio de información, así como las normas mínimas

contra la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios.

ARTÍCULO 8.5

Diálogo macroeconómico

Las Partes promoverán el intercambio de información sobre sus respectivas tendencias y políticas

macroeconómicas, así como el intercambio de experiencias con la coordinación de las políticas

macroeconómicas. A tal fin, las Partes procurarán profundizar el diálogo entre sus autoridades sobre

cuestiones macroeconómicas. La cooperación en este ámbito podrá incluir la organización de

seminarios y conferencias.

& /es 69

ARTÍCULO 8.6

Cooperación en materia de derechos de los consumidores

Las Partes reconocen la importancia de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores

y, para ello, procurarán cooperar en el ámbito de la política de los consumidores. Convienen en que

la cooperación en este campo implicará, en la medida de lo posible:

a) el intercambio de información sobre sus respectivos marcos de protección de los

consumidores, incluidas las leyes en materia de consumo, la seguridad de los productos de

consumo, las vías de recurso de los consumidores y la exigencia de cumplimiento de las leyes

en materia de consumo;

b) la promoción de la creación de asociaciones de consumidores independientes y de los

contactos entre representantes de los consumidores; y

c) el intercambio de información y la promoción de actividades conjuntas entre los organismos

de consumidores de ambas Partes, de común acuerdo.

& /es 70

ARTÍCULO 8.7

Cooperación en materia de estadísticas

Las Partes cooperarán en el ámbito de las estadísticas con el fin de garantizar la comparabilidad de

los datos estadísticos entre los Estados del MERCOSUR signatarios y entre el MERCOSUR y la

Unión Europea. Las actividades podrían desarrollarse, entre otras cosas, en forma de:

a) apoyo al refuerzo de un sistema estadístico, establecido sobre la base de estructuras

administrativas y fundamentos jurídicos que puedan satisfacer los requisitos necesarios en

materia de información estadística;

b) apoyo a la aplicación de buenas prácticas estadísticas basadas en normas reconocidas

internacionalmente;

c) desarrollo de información estadística comparable, centrada principalmente en los ámbitos del

comercio de mercancías y servicios y de la inversión extranjera directa, así como el desarrollo

de indicadores macroeconómicos comparables; y

d) intercambio de buenas prácticas y experiencias mediante, entre otras cosas, formaciones,

talleres y visitas de estudio.

& /es 71

ARTÍCULO 8.8

Investigación e innovación

1. Las Partes cooperarán en los ámbitos de la investigación científica, el desarrollo tecnológico

y la innovación sobre la base del interés común y el beneficio mutuo y de conformidad con su

legislación respectiva. Dicha cooperación tendrá por objeto promover el desarrollo sostenible, hacer

frente a los retos mundiales, lograr la excelencia científica, mejorar la competitividad regional y

reforzar las relaciones entre las Partes, teniendo en cuenta sus capacidades de investigación e

innovación y sus prioridades específicas. Las Partes fomentarán el diálogo político a nivel regional

y utilizarán sus diferentes instrumentos, incluidos los acuerdos de cooperación en materia de

ciencia, tecnología e innovación, de forma complementaria.

2. Con el fin de mejorar las condiciones de cooperación, las Partes procurarán asimismo:

a) aumentar la movilidad de investigadores, científicos, expertos, estudiantes y empresarios, así

como la circulación transfronteriza de equipos científicos;

b) facilitar el acceso recíproco a los programas de cada Parte en materia de ciencia, tecnología

e innovación, las infraestructuras e instalaciones de investigación, las publicaciones y los

datos científicos;

c) aumentar la cooperación en materia de investigación prenormativa y normalización; y

d) promover los derechos de propiedad intelectual en los proyectos de investigación e

innovación.

& /es 72

3. Las Partes promoverán las siguientes actividades, entre otras, que deberán llevar a cabo las

organizaciones gubernamentales, los centros de investigación públicos y privados, los centros de

enseñanza superior, las agencias y redes de innovación y otras partes interesadas, incluidas las

pymes:

a) iniciativas conjuntas para sensibilizar sobre los programas de ciencia, tecnología, innovación

y desarrollo de capacidades, y sobre oportunidades para participar en los programas de la otra

Parte;

b) reuniones y talleres conjuntos destinados a intercambiar información y mejores prácticas y a

determinar ámbitos de investigación conjunta;

c) acciones conjuntas de investigación en ámbitos de interés común; y

d) valoración y evaluación reconocidas mutuamente de la cooperación científica y difusión de

los resultados correspondientes.

ARTÍCULO 8.9

Cooperación en materia de competición

1. Las Partes emprenderán actividades de desarrollo de capacidades en el ámbito de la política

de la competencia, supeditadas a la disponibilidad de financiación para tales actividades con arreglo

a los instrumentos y programas de cooperación de las Partes.

& /es 73

2. La asistencia técnica se centrará en el desarrollo de capacidades institucionales y la

formación de los recursos humanos de las autoridades de competencia, a fin de ayudarles a

establecer sus respectivos regímenes de competencia y su aplicación efectiva. El objetivo será

reforzar y hacer cumplir eficazmente el Derecho de la competencia en los ámbitos de las prácticas

anticompetitivas y las concentraciones entre empresas, incluida la defensa de la competencia.

ARTÍCULO 8.10

Cooperación en materia de economía digital

1. Las actividades de cooperación en este ámbito tendrán por objeto, en particular, promover:

a) el intercambios de ideas, experiencias y prácticas en materia de políticas de tecnologías de la

información y la comunicación (en lo sucesivo, «TIC») con vistas a construir una sociedad de

la información inclusiva, con el fin de colmar la brecha digital mediante el intercambio de

principios políticos, información, experiencias y buenas prácticas para reforzar nuestra

cooperación tanto en la configuración de las políticas digitales como en los marcos

reglamentarios, la apertura de los mercados y el debate sobre la cooperación en materia de

investigación;

b) el uso de las TIC como herramientas para promover el desarrollo social, cultural y económico,

la inclusión social y la diversidad cultural, haciendo hincapié en el espíritu empresarial y el

trabajo colaborativo participativo;

c) la cooperación en los aspectos reglamentarios de las políticas de telecomunicaciones y

audiovisuales, incluido el comercio electrónico y el intercambio de información sobre normas,

evaluación de la conformidad y homologación de tipo, con la participación de la sociedad

civil y el sector privado en el proceso, cuando proceda;

d) el desarrollo del comercio electrónico como medio para contribuir al crecimiento económico;

& /es 74

e) la gestión eficiente del espectro, con el fin de maximizar su disponibilidad y optimizar su

asignación y uso;

f) las políticas y acciones conjuntas para la difusión, el uso y la transferencia de nuevas TIC,

incluida, cuando proceda, la participación de la sociedad civil y del sector privado en el

proceso;

g) la colaboración en materia de investigación e innovación en el ámbito de las TIC dentro del

marco de investigación e innovación aplicable;

h) el desarrollo de capacidades digitales a todas las edades en contextos de aprendizaje formal e

informal y la determinación de las necesidades de formación para la economía digital,

incluidos los profesionales de las TIC;

i) la formulación conjunta de acciones para promover el empleo y la inversión en las pymes y

para los trabajadores por cuenta propia, así como para satisfacer las necesidades particulares

de los grupos sociales vulnerables, aprovechando las oportunidades que ofrecen las TIC;

j) la cooperación en el ámbito de la administración electrónica y los servicios de confianza,

como la firma electrónica y la identificación electrónica, centrándose en el intercambio de

principios políticos, información y mejores prácticas sobre el uso de las TIC para modernizar

la administración pública, promover servicios públicos de calidad y mejorar la eficiencia

organizativa y la gestión transparente de los recursos públicos; y

k) una amplia coordinación política a nivel internacional para garantizar que la gobernanza

mundial de Internet siga apoyando la continuación y el desarrollo de un régimen de Internet

altamente sólido, dinámico y geográficamente diverso, basado en el documento final de la

CMSI + 10 titulado «Implementing World Summit on the Information Society outcomes: a

10-year review».

& /es 75

2. Las Partes consideran que la gestión global de Internet debe basarse en un modelo

multilateral transparente y democrático, con la plena participación, entre otros, de los gobiernos, el

sector privado, la sociedad civil, el mundo académico, la comunidad científica y tecnológica y las

organizaciones internacionales, con arreglo a sus respectivas funciones y responsabilidades. Debe

garantizar la gestión equitativa de los recursos y la libre circulación de la información, facilitar el

acceso de todos y garantizar el funcionamiento resiliente, estable y seguro de Internet, teniendo en

cuenta el multilingüismo.

3. Las Partes reafirman su compromiso de trabajar juntos en pro de una sociedad de la

información centrada en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo, y su acuerdo para seguir

coordinando posiciones para los mecanismos de seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la

Sociedad de la Información (CMSI), así como en otros foros u organizaciones relacionados con la

gobernanza de Internet.

4. Las Partes subrayan que debe hacerse todo lo posible en los foros de gobernanza de Internet

para movilizar y garantizar la participación significativa y efectiva de todos los países, en particular

de los países en desarrollo, incluidas todas las partes interesadas, en el marco de sus propias

funciones, como los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico, la

comunidad científica y tecnológica y las organizaciones internacionales.

& /es 76

ARTÍCULO 8.11

Actividades espaciales civiles

Teniendo en cuenta el impacto positivo que las actividades espaciales pueden tener en el desarrollo

económico y social y en la competitividad industrial, las Partes acuerdan promover la cooperación

en asuntos de interés común en el ámbito de las actividades espaciales civiles, de conformidad con

la observancia y el cumplimiento de los convenios internacionales y sus respectivas legislaciones y,

en particular, en los siguientes ámbitos:

a) observación de la Tierra y ciencias de la Tierra, incluida la cooperación en foros multilaterales

y, en particular, el Grupo Intergubernamental de Observación de la Tierra y el Comité sobre

Satélites de Observación de la Tierra; con vistas a abordar los retos sociales y facilitar las

asociaciones empresariales y de innovación en materia de observación de la Tierra en el

marco de Copernicus, determinando ámbitos de interés común;

b) comunicaciones por satélite; y

c) otros usos pacíficos del espacio ultraterrestre, como la ciencia, la exploración y la

sostenibilidad espaciales.

ARTÍCULO 8.12

Transporte

1. Las Partes acuerdan cooperar en los ámbitos pertinentes de la política de transporte, incluso

de cara a una política de transporte integrada, con vistas a desarrollar y apoyar un sistema de

transporte eficiente, sostenible, seguro, protegido y respetuoso con el medio ambiente, tanto para

los pasajeros como para las mercancías.

& /es 77

2. La cooperación entre las Partes tendrá por objeto promover, entre otras cosas:

a) el diálogo y el intercambio de información sobre sus respectivas políticas, normas y mejores

prácticas en materia de transporte y sobre otros temas de interés común;

b) el diálogo entre expertos y la cooperación en los foros internacionales de transporte;

c) la interconexión e interoperabilidad de las redes;

d) un enfoque de sistema de transporte multimodal;

e) sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente, seguros y protegidos;

f) soluciones de transporte hipocarbónico y sin emisiones de carbono, investigación

e innovación y soluciones inteligentes y digitales;

g) soluciones de transporte sostenible, también en relación con la movilidad urbana; y

h) la facilitación y el aumento de la eficiencia del transporte de carga en todos los modos de

transporte mediante la digitalización, la simplificación de los requisitos de notificación y la

optimización de las operaciones de transporte.

& /es 78

ARTÍCULO 8.13

Cooperación en materia de turismo

1. La cooperación entre las Partes tendrá como principal objetivo mejorar el intercambio de

información y establecer las mejores prácticas, para garantizar el desarrollo equilibrado y sostenible

del turismo y apoyar la creación de empleo, el desarrollo económico y la mejora de la calidad de

vida.

2. A efectos del apartado 1, las Partes se centrarán, entre otras cosas, en:

a) el apoyo a la creación y consolidación de productos y servicios turísticos, así como canales de

promoción turística;

b) la salvaguardia y el máximo aprovechamiento del potencial del patrimonio natural y cultural;

c) el respeto de la integridad y los intereses de las comunidades locales;

d) la mejora de la formación y la educación en los servicios turísticos, incluido el sector

hotelero; y

e) la promoción del intercambio de información y la cooperación para las industrias creativas y

la innovación en el sector turístico.

& /es 79

ARTÍCULO 8.14

Cooperación en el ámbito del desarrollo social

1. Las Partes, reconociendo que el desarrollo social va de la mano del desarrollo económico,

acuerdan dar prioridad a la mejora de la cohesión social mediante la erradicación de la pobreza, la

reducción de las desigualdades y la promoción de la inclusión social, en particular con vistas al

cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS.

2. Las Partes convienen en reforzar la cooperación en el ámbito de los asuntos sociales con el

fin de contribuir a un crecimiento y desarrollo económico sostenible e inclusivo, y promover la

cooperación y los intercambios de información en lo que se refiere, entre otras cosas, a:

a) la promoción de los derechos sociales;

b) el desarrollo de proyectos innovadores y sostenibles en los que participen grupos sociales

vulnerables, como las familias con bajos ingresos, las personas de ascendencia africana e

indígena y otras minorías, así como las personas con discapacidad, también a través de la

integración en el mercado laboral;

c) la promoción de la igualdad de género y el pleno empoderamiento de las mujeres en todos los

ámbitos;

d) el fomento de la protección de las madres y los niños, así como de los servicios de guardería

accesibles e inclusivos;

e) la promoción de programas específicos para los jóvenes, especialmente para los de los

sectores sociales vulnerables; y

f) la mejora de las condiciones de trabajo y de vida en las regiones desfavorecidas con elevada

densidad de población.

& /es 80

ARTÍCULO 8.15

Cooperación en materia de trabajo y empleo

1. En consonancia con el objetivo acordado internacionalmente de promover una globalización

justa, y teniendo en cuenta las metas del ODS 8, las Partes promoverán el pleno empleo, el trabajo

decente para todos y el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo establecidos

en los convenios de la OIT (eliminación de la discriminación, eliminación de todas las formas de

trabajo forzoso u obligatorio, abolición efectiva del trabajo infantil y libertad de asociación y

negociación colectiva), de conformidad con la Declaración de la OIT de 2008 sobre la justicia

social para una globalización equitativa y otros compromisos internacionales.

2. Las Partes acuerdan reforzar la cooperación en el ámbito del empleo y promover la

cooperación y los intercambios de información, en particular en lo que se refiere a:

a) la promoción del trabajo decente para todos, el bienestar social y la seguridad laboral, y el

respeto de los principios relativos a los derechos fundamentales en el trabajo, conforme a la

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de

1998, y de las normas laborales reconocidas internacionalmente y demás normas pertinentes

de la OIT, así como los esfuerzos sostenidos y continuados para ratificar otros instrumentos

de la OIT aún no ratificados;

b) el desarrollo y la modernización de las relaciones laborales, las condiciones de trabajo y la

salud y la seguridad en el trabajo, así como la promoción de programas en el ámbito de la

inspección laboral, la educación profesional, la formación y la promoción del empleo;

c) el desarrollo y la modernización de las relaciones y los procesos de trabajo, haciendo hincapié

en la promoción del diálogo social;

& /es 81

d) la promoción de la adecuación entre el desarrollo de capacidades y las necesidades del

mercado laboral;

e) dar prioridad a los programas de educación y formación sobre empleo y reciclaje profesional

dirigidos a los grupos sociales vulnerables;

f) la creación de empleo en las pymes;

g) el desarrollo y la modernización de los sistemas y programas de protección social;

h) la promoción de la no discriminación entre mujeres y hombres y la integración de la

perspectiva de género en el desarrollo de la política laboral; y

i) la coordinación, en los foros internacionales pertinentes, para cumplir los compromisos

internacionales.

ARTÍCULO 8.16

Cooperación en materia de educación, formación, juventud y deporte

1. Las Partes acuerdan cooperar en materia de educación formal y no formal, incluida la

educación y formación profesionales con una perspectiva de aprendizaje permanente. En estos

ámbitos, se prestará especial atención a la promoción de una educación y formación inclusiva y de

calidad para las mujeres y los grupos sociales vulnerables.

2. Con el fin de desarrollar capacidades y conocimientos especializados, las Partes promoverán

la movilidad y la cooperación de sus partes interesadas pertinentes en el ámbito de la educación

superior y la investigación, y fomentarán los vínculos entre las universidades, la investigación y las

empresas.

& /es 82

3. Las Partes promoverán los contactos interpersonales y el entendimiento mutuo a través de la

cooperación en el ámbito de la educación, la juventud y el deporte, incluido el apoyo financiero a la

movilidad de estudiantes, doctorandos, personal académico y administrativo de instituciones de

educación superior e investigadores, y acciones de desarrollo de capacidades.

ARTÍCULO 8.17

Cooperación cultural y en el ámbito audiovisual y de los medios de comunicación

1. Las Partes se comprometen a promover la cooperación en el ámbito de la cultura, incluido el

patrimonio cultural, con el debido respeto a su diversidad. De conformidad con las disposiciones

legislativas y reglamentarias respectivas de las Partes, dicha cooperación tendrá por objeto mejorar

el entendimiento mutuo y el diálogo intercultural y fomentar intercambios culturales equilibrados y

contactos con los agentes pertinentes.

2. Las Partes convienen en cooperar en foros internacionales pertinentes, como la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en lo sucesivo,

«UNESCO»), a fin de perseguir objetivos comunes y promover la diversidad cultural, en particular

mediante la aplicación de la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la

Diversidad de las Expresiones Culturales.

3. Las Partes fomentarán los intercambios de información y experiencias, y apoyarán y

facilitarán la cooperación y el diálogo entre sus instituciones y operadores pertinentes en los

ámbitos de la cultura, el sector audiovisual y los medios de comunicación.

& /es 83

ARTÍCULO 8.18

Integración regional

1. Las Partes acuerdan promover el intercambio de experiencias entre ambas regiones, con

vistas a reforzar sus respectivos procesos de integración.

2. Las Partes acuerdan, en particular, promover una cooperación más estrecha en materia de

integración entre las instituciones de las Partes, así como el intercambio de conocimientos

especializados mediante reuniones entre el personal de la Unión Europea y las instituciones del

MERCOSUR, intercambios periódicos de información, estudios, proyectos conjuntos y

formaciones.

3. Con el fin de fomentar la cooperación en materia de desarrollo regional y local, se dará

prioridad a:

a) el intercambio de información y el intercambio de conocimientos y experiencias sobre, entre

otras cosas, metodologías para la formulación de políticas de desarrollo regional y local,

gobernanza multinivel y gobernanza participativa;

b) la aplicación de políticas de desarrollo regional y local, en particular en lo que respecta a las

regiones y zonas desfavorecidas, especialmente las zonas fronterizas;

c) el fomento del desarrollo de la infraestructura y la interconectividad regionales.

4. La cooperación en materia de desarrollo regional y local podrá incluir:

a) la organización de seminarios y conferencias;

& /es 84

b) la formación y la asistencia técnica en el diseño y la ejecución de proyectos de desarrollo

regional;

c) la preparación de estudios sobre temas de interés común relacionados con la integración; y

d) la acción conjunta entre institutos y centros de educación y formación en el ámbito de la

integración.

ARTÍCULO 8.19

Aumento de la participación de los Estados del MERCOSUR signatarios

en las exportaciones de servicios a la Unión Europea

Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 4, las Partes acuerdan cooperar, en particular prestando

apoyo a la asistencia técnica, la formación y el desarrollo de capacidades, en lo que respecta, entre

otras cosas, a:

a) mejorar la capacidad de los proveedores de servicios de los Estados del MERCOSUR

signatarios para recopilar información y cumplir las reglamentaciones y normas de la Parte

UE a escala de la UE, nacional y subnacional;

b) mejorar la capacidad de exportación de los proveedores de servicios de los Estados del

MERCOSUR signatarios, prestando especial atención a las necesidades de las pymes; y

c) establecer mecanismos para promover la inversión y las empresas conjuntas entre los

proveedores de servicios de la Parte UE y los Estados del MERCOSUR signatarios.

& /es 85

PARTE III

COMERCIO Y CUESTIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO

CAPÍTULO 9

DISPOSICIONES INICIALES E INSTITUCIONALES ESPECÍFICAS DEL COMERCIO

SECCIÓN A

DISPOSICIONES INICIALES ESPECÍFICAS DEL COMERCIO

ARTÍCULO 9.1

Establecimiento de una zona de libre comercio y relación con el Acuerdo sobre la OMC

1. Las Partes en el presente Acuerdo establecen una zona de libre comercio, de conformidad

con el artículo XXIV del GATT de 1994 y el artículo V del AGCS.

2. Las Partes afirman sus derechos y obligaciones recíprocos en virtud del Acuerdo sobre la

OMC.

3. Ninguna disposición de la presente parte del presente Acuerdo se interpretará de forma que

exija a una de las Partes actuar de forma incompatible con las obligaciones contraídas en virtud del

Acuerdo sobre la OMC.

& /es 86

ARTÍCULO 9.2

Objetivos

Las disposiciones de la presente parte del presente Acuerdo tienen por objetivo:

a) un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para

impulsar el comercio y la actividad económica, promoviendo y protegiendo al mismo tiempo

nuestros valores y perspectivas compartidos sobre el papel del gobierno en la sociedad, y

preservando el derecho de las Partes a regular en todos los niveles de gobierno para alcanzar

objetivos de política pública;

b) desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes de una manera que

contribuya al desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y medioambiental, de

forma coherente con sus respectivas obligaciones internacionales en esos ámbitos y

respaldando dichas obligaciones;

c) promover una economía más sostenible, equitativa e inclusiva, a fin de mejorar el nivel de

vida, reducir la pobreza y crear nuevas oportunidades de empleo;

d) consolidar, incrementar y diversificar el comercio de mercancías agrícolas y no agrícolas

entre las Partes, mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no

arancelarios al comercio y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales;

e) facilitar el comercio de mercancías mediante, en particular, la aplicación de las disposiciones

acordadas en materia de aduanas y facilitación del comercio, normas, reglamentos técnicos y

procedimientos de evaluación de la conformidad, así como medidas sanitarias y fitosanitarias;

& /es 87

f) liberalizar y facilitar el comercio de servicios, y desarrollar un entorno propicio al aumento de

los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico y, en particular, a la

mejora de las condiciones de establecimiento de empresas entre las Partes;

g) la libre circulación de capital relacionado con inversiones directas y de pagos corrientes, de

conformidad con el capítulo 18;

h) la apertura efectiva, transparente y competitiva de los mercados de contratación pública de las

Partes;

i) promocionar la innovación y la creatividad garantizando un nivel adecuado y eficaz de

protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con las

normas internacionales vigentes entre las Partes, a fin de lograr el equilibrio entre los

derechos de los titulares del derecho y el interés público;

j) llevar a cabo las actividades económicas, en particular las relativas a las relaciones entre las

Partes, según el principio de competencia libre y no falseada;

k) establecer un marco para la participación de la sociedad civil, incluidos los empleadores, los

sindicatos, las organizaciones de trabajadores y empresas y los grupos medioambientales, para

poyar la aplicación efectiva de la presente parte del presente Acuerdo;

l) establecer un mecanismo de solución de diferencias ágil y eficaz; y

& /es 88

m) un marco regulador transparente y previsible y procedimientos eficientes para los operadores

económicos, especialmente las pymes, preservando al mismo tiempo la capacidad de las

Partes para adoptar y aplicar sus propias disposiciones legislativas y reglamentarias que

regulen la actividad económica en interés público, y para alcanzar objetivos legítimos de

política pública tales como la protección y promoción de la salud pública, los servicios

sociales, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral pública, la

protección social o de los consumidores, la protección de la privacidad y los datos, y la

promoción y protección de la diversidad cultural.

ARTÍCULO 9.3

Definiciones generales

Salvo disposición en contrario, a efectos de la presente parte del presente Acuerdo se entenderá por:

a) «mercancía agrícola»: todo producto que figure en el anexo 1 del Acuerdo sobre la

Agricultura;

b) «derecho de aduana»: todo derecho o carga de cualquier tipo aplicado a la importación de una

mercancía o que guarde relación con dicha importación, incluida cualquier forma de sobretasa

o recargo que se aplique a la importación o que guarde relación con ella **[1]**, pero quedan

excluidos:

i) los impuestos interiores u otras cargas interiores aplicados según lo dispuesto en el

artículo III del GATT de 1994;

**1** Entre otras medidas de efecto equivalente, esto incluye los derechos de importación _ad_
_valorem_, los elementos agrícolas, los derechos adicionales sobre el contenido de azúcar, los
derechos adicionales sobre el contenido de harina, los derechos específicos, los derechos
mixtos, los derechos estacionales y los derechos adicionales derivados de los regímenes de
precios de entrada.

& /es 89

ii) los derechos antidumping o compensatorios aplicados con arreglo a los artículos VI y

XVI del GATT de 1994 y el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT

de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, de

conformidad con el capítulo 16;

iii) las medidas aplicadas con arreglo al artículo XIX del GATT de 1994 y al Acuerdo sobre

Salvaguardias de la OMC, u otras medidas de salvaguardia aplicadas en virtud del

capítulo 16;

iv) las medidas autorizadas por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC o con

arreglo al capítulo 29;

v) las tasas u otras cargas aplicadas según lo dispuesto en el artículo VIII del GATT

de 1994; o

vi) las medidas adoptadas para salvaguardar la posición financiera exterior de una Parte y

su balanza de pagos, de conformidad con el artículo XII del GATT de 1994 y el

Entendimiento relativo a las disposiciones del GATT de 1994 en materia de balanza de

pagos;

c) «CCP»: Clasificación Central de Productos Provisional (Cuadernos Estadísticos, Serie M,

n.º 77, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Oficina de Estadística de las

Naciones Unidas, Nueva York, 1991);

d) «días»: los días naturales, incluidos los fines de semana y festivos;

e) «existente»: vigente en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;

f) «mercancía de una Parte»: mercancía nacional, según se entiende en el GATT de 1994, e

incluye las mercancías originarias de esa Parte;

& /es 90

g) «Sistema Armonizado» o «SA»: Sistema Armonizado de Designación y Codificación de

Mercancías, incluidas sus reglas generales de interpretación, las notas de sección y las notas

de capítulo, hecho en Bruselas el 14 de junio de 1983;

h) «partida»: los primeros cuatro dígitos del número de clasificación arancelaria en el Sistema

Armonizado;

i) «persona jurídica» significa toda entidad jurídica debidamente constituida u organizada de

otro modo con arreglo al Derecho aplicable, tenga o no fines de lucro y ya sea de propiedad

privada o pública, incluida cualquier sociedad de capital, sociedad fiduciaria, sociedad

colectiva, empresa conjunta, empresa individual o asociación;

j) «medida»: toda medida adoptada por una Parte, ya sea en forma de ley, reglamento, norma,

procedimiento, decisión, medida administrativa, requisito o práctica **[1]** ;

k) «persona física de una Parte»: en el caso de la Unión Europea, un nacional de un Estado

miembro de la Unión Europea y, en el caso del MERCOSUR, un nacional de un Estado del

MERCOSUR signatario, de conformidad con su legislación aplicable respectiva;

l) «persona»: persona física o persona jurídica; y

m) «medida sanitaria o fitosanitaria»: toda medida definida en el anexo A del Acuerdo MSF;

**1** Para mayor seguridad, el término «medida» incluye las omisiones y la legislación que no esté
plenamente implementada en el momento de la conclusión de las negociaciones del presente
Acuerdo, así como sus actos de ejecución.

& /es 91

ARTÍCULO 9.4

Acuerdos de la OMC

a) «Acuerdo Antidumping»: el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de

1994;

b) «Acuerdo sobre la Agricultura»: el Acuerdo sobre la Agricultura, que se recoge en el

anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;

c) «ESD»: el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la

solución de diferencias, que se recoge en el anexo 2 del Acuerdo sobre la OMC;

d) «AGCS»: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que se recoge en el anexo 1B

del Acuerdo sobre la OMC;

e) «GATT de 1994»: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que

se recoge en el anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;

f) «Acuerdo sobre Salvaguardias»: el Acuerdo sobre Salvaguardias, que se recoge en el

anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;

g) «Acuerdo SMC»: el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, que se recoge

en el anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;

h) «Acuerdo MSF»: el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que

se recoge en el anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;

& /es 92

i) «Acuerdo OTC»: el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que se recoge en el

anexo 1 del Acuerdo sobre la OMC;

j) «Acuerdo sobre los ADPIC»: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio, que se recoge en el anexo 1C del Acuerdo sobre la

OMC; y

k) «Acuerdo sobre la OMC»: el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización

Mundial del Comercio, celebrado el 15 de abril de 1994.

ARTÍCULO 9.5

Partes

1. La Unión Europea será responsable del cumplimiento de los compromisos de la presente

parte del presente Acuerdo.

2. Salvo disposición en contrario, cada uno de los Estados del MERCOSUR signatarios del

presente Acuerdo será responsable del cumplimiento de los compromisos de la presente parte del

presente Acuerdo.

& /es 93

ARTÍCULO 9.6

Integración regional

1. Reconociendo las diferencias en sus respectivos procesos de integración regional, y sin

perjuicio de los compromisos contraídos en virtud de la presente parte del presente Acuerdo, las

Partes fomentarán las condiciones que faciliten la circulación de mercancías y servicios entre las

dos regiones y dentro de ellas.

2. Con respecto a la circulación de mercancías, de conformidad con el apartado 1:

a) las mercancías originarias de un Estado del MERCOSUR signatario despachadas a libre

práctica en la Unión Europea se beneficiarán de la libre circulación de mercancías dentro del

territorio de la Unión Europea en las condiciones establecidas por el Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea;

b) los Estados del MERCOSUR signatarios aplicarán a las mercancías originarias de la Unión

Europea que hayan sido importadas en su territorio desde otro Estado del MERCOSUR

signatario regímenes aduaneros que no sean menos favorables que los aplicables a las

mercancías originarias de dicho Estado del MERCOSUR signatario.

El tratamiento a que se refieren las letras a) y b) del presente apartado no incluye el

tratamiento arancelario de las mercancías, el cual se rige por el capítulo 10;

c) los Estados del MERCOSUR signatarios revisarán periódicamente sus regímenes aduaneros

con el fin de facilitar la circulación de mercancías de la Unión Europea entre sus territorios, y

evitar la duplicación de procedimientos y controles cuando sea factible y conforme a la

evolución de su proceso de integración; y

& /es 94

d) los beneficios de la armonización por parte del MERCOSUR de los reglamentos técnicos y

los procedimientos de evaluación de la conformidad, los requisitos sanitarios y fitosanitarios y

los procedimientos de autorización, incluidos los certificados y controles de importación, se

extenderán, en condiciones no discriminatorias, a las mercancías originarias de la Unión

Europea si estas han sido importadas de acuerdo con las disposiciones legislativas y

reglamentarias del Estado del MERCOSUR signatario importador.

3. Con respecto a la circulación de servicios, de conformidad con el apartado 1:

a) los Estados miembros de la Unión Europea se esforzarán por facilitar, según proceda, la libre

prestación de servicios en el territorio de la Unión Europea a empresas que sean propiedad o

estén bajo el control de personas físicas o jurídicas de un Estado del MERCOSUR signatario

y estén establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea; y

b) los Estados del MERCOSUR signatarios se esforzarán por facilitar, según proceda, la libre

prestación de servicios entre sus territorios a empresas que sean propiedad o estén bajo el

control de personas físicas o jurídicas de un Estado miembro de la Unión Europea y estén

establecidas en un Estado del MERCOSUR signatario.

& /es 95

SECCIÓN B

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES ESPECÍFICAS DEL COMERCIO

ARTÍCULO 9.7

Funciones específicas del Consejo Conjunto actuando en configuración de comercio

1. Cuando el Consejo Conjunto establecido de conformidad con el artículo 2.2 aborde

cuestiones relacionadas con la presente

parte del Acuerdo, estará facultado para:

a) supervisar el cumplimiento de los objetivos de la presente parte del Acuerdo y su

implementación;

b) debatir cualquier asunto contemplado en la presente parte del Acuerdo y, sin perjuicio de lo

dispuesto en el capítulo 29, abordar cualquier cuestión importante derivada de su

implementación;

c) adoptar decisiones y formular recomendaciones oportunas a las Partes con arreglo a lo

dispuesto en la presente parte del Acuerdo;

d) adoptar, mediante decisiones, interpretaciones de las disposiciones de la presente parte del

Acuerdo, que serán vinculantes para las Partes y todos los subcomités y demás órganos

creados en virtud de la presente parte del Acuerdo, incluidos los grupos especiales creados

con arreglo al capítulo 29;

e) adoptar, en el ejercicio de sus funciones, cualquier otra acción acordada por las Partes; y

& /es 96

f) adoptar decisiones para modificar, en cumplimiento de los objetivos de la presente parte del

Acuerdo;

i) el anexo 10-A, de conformidad con el artículo 10.4, apartado 9;

ii) el apéndice 10-D-1, de conformidad con el artículo 10, apartado 6, del anexo 10-D;

iii) el apéndice 10-D-2, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del anexo 10-D;

iv) el apéndice 10-D-3, de conformidad con el artículo 5, apartado 4, del anexo 10-D;

v) el capítulo 11, de conformidad con el artículo 11.34;

vi) la sección A del anexo 13-A, de conformidad con el artículo 13.8, apartado 9;

vii) el anexo 14-A, de conformidad con el artículo 14.18;

viii) los anexos 20-A a 20-E, de conformidad con el artículo 20.26;

ix) los anexos 20-F a 20-J, de conformidad con el artículo 20.12;

x) el anexo 21-A, de conformidad con el artículo 21.39;

xi) el anexo 21-B, de conformidad con el artículo 21.39;

xii) el anexo 21-C, de conformidad con el artículo 21.39;

xiii) el anexo 21-E, de conformidad con el artículo 21.39;

& /es 97

xiv) el anexo 25-A, de conformidad con el artículo 25.7;

xv) los anexos 29-A y 29-B, de conformidad con el artículo 29.22; y

xvi) cualquier otra disposición, anexo, apéndice o protocolo cuya posibilidad de decisión

esté explícitamente prevista en la presente parte del Acuerdo.

2. Las decisiones a que se refiere el apartado 1, letra f), estarán sujetas a lo dispuesto en el

artículo 30.5, apartado 2.

3. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, 3 (tres) años después de la entrada en vigor del

presente Acuerdo, y posteriormente cada 5 (cinco) años, el Consejo Conjunto en su configuración

de comercio iniciará un proceso de revisión de la parte III del presente Acuerdo. Partiendo de los

resultados de cada revisión, el Consejo Conjunto en su configuración de comercio deliberará sobre

la necesidad de modificar la parte III del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 9.8

Funciones específicas del Comité Conjunto actuando en la configuración de comercio

1. Cuando el Comité Conjunto establecido con arreglo al artículo 2.3 aborde cuestiones

relacionadas con esta parte del Acuerdo, estará facultado para:

a) supervisar el trabajo de todos los subcomités establecidos de conformidad con la presente

parte del Acuerdo;

b) buscar la forma más adecuada de prevenir o resolver cualquier dificultad que pueda surgir en

relación con la interpretación y aplicación de la presente parte del Acuerdo o de cualquiera de

los acuerdos complementarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 29;

& /es 98

c) crear subcomités adicionales, asignar responsabilidades dentro de sus competencias a los

subcomités, decidir modificar las funciones de los subcomités que cree, incluso mediante la

asignación de otras nuevas, o disolver los subcomités;

d) preparar decisiones para su adopción por el Consejo Conjunto en su configuración de

comercio, de conformidad con los objetivos específicos de la presente parte del Acuerdo,

incluidas las modificaciones a que se refiere el artículo 9.7, apartado 1, letra f), o adoptar tales

decisiones en los intervalos entre las reuniones del Consejo Conjunto en su configuración de

comercio, o cuando el Consejo Conjunto en su configuración de comercio no pueda reunirse;

y

e) tomar cualquier otra medida apropiada en el ejercicio de sus funciones que las Partes puedan

acordar o que el Consejo Conjunto en su configuración de comercio le indique;

f) revisar la aplicación de la parte III del presente Acuerdo, también con vistas a evaluar su

impacto en el empleo, la inversión y el comercio entre las Partes; la revisión tendrá en cuenta

los puntos de vista o las recomendaciones de los agentes de la sociedad civil, incluidas las

organizaciones no gubernamentales, las organizaciones empresariales y de empleadores, los

movimientos sociales y los sindicatos, teniendo en cuenta, en particular, las disposiciones de

los artículos 2.6 a 2.8, en consonancia con las disposiciones legislativas y reglamentarias de

cada Parte;

2. Las decisiones a que se refiere el artículo 2.3, apartado 7, y el apartado 1, letra d), del

presente artículo que introduzcan modificaciones del presente Acuerdo estarán sujetas a lo

dispuesto en el artículo 30.5, apartado 2.

& /es 99

ARTÍCULO 9.9

Subcomités

1. Los subcomités establecidos en virtud del apartado 4 estarán compuestos por representantes

de la Unión Europea, por una parte, y de cada uno de los Estados del MERCOSUR signatarios, por

otra.

2. Los subcomités se reunirán al nivel adecuado a petición de una Parte y, en cualquier caso, al

menos una vez al año. En caso de reunión presencial, las reuniones se celebrarán de forma alterna

en Bruselas y en uno de los Estados del MERCOSUR signatarios. Los subcomités también podrán

reunirse por teleconferencia, videoconferencia o por otros medios, según lo mutuamente acordado

por las Partes. Los subcomités estarán copresididos por un representante de la Unión Europea y un

representante del MERCOSUR.

3. Cada subcomité acordará su calendario de reuniones y fijará su orden del día de común

acuerdo.

4. Se crean los siguientes subcomités adscritos al Comité Conjunto en su configuración de

comercio:

a) el Subcomité de Comercio de Mercancías;

b) el Subcomité de Comercio de Vinos y Bebidas Espirituosas;

c) el Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de Origen;

d) el Subcomité de Cuestiones Sanitarias y Fitosanitarias;

e) el Subcomité de Diálogos sobre Cuestiones Relacionadas con la Cadena Agroalimentaria;

& /es 100

f) el Subcomité de Comercio de Servicios y Establecimiento;

g) el Subcomité de Contratación Pública;

h) el Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual; y

i) el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible.

5. Con respecto a las cuestiones relacionadas con su ámbito de competencia, los subcomités

estarán facultados para:

a) supervisar la aplicación y garantizar el correcto funcionamiento de la presente parte del

Acuerdo;

b) adoptar por acuerdo entre las Partes decisiones y recomendaciones con respecto a todos los

asuntos que la presente parte del Acuerdo así prevea;

c) debatir las cuestiones derivadas de la aplicación de la presente parte del Acuerdo o de

cualquier acuerdo complementario con vistas a resolverlas, sin perjuicio de lo dispuesto en el

capítulo 29; y

d) proporcionar un foro para que las Partes intercambien información, debatan las mejores

prácticas y pongan en común su experiencia en materia de aplicación.

6. Las tareas de los subcomités se definen con más detalle, según proceda, en los capítulos

correspondientes de la presente parte del Acuerdo, y podrán modificarse, en caso necesario,

mediante una decisión del Comité Conjunto en su configuración de comercio.

& /es 101

7. Los subcomités llevarán a cabo el trabajo técnico preparatorio necesario para apoyar las

funciones del Consejo Conjunto en su configuración de comercio y del Comité Conjunto en su

configuración de comercio, incluso cuando estos órganos deban adoptar decisiones o

recomendaciones.

ARTÍCULO 9.10

Coordinadores de la presente parte del Acuerdo

1. La Unión Europea y cada Estado del MERCOSUR signatario designarán cada uno un

coordinador de la presente parte del Acuerdo, y lo notificarán a la otra Parte en un plazo de 30

(treinta) días a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

2. Los coordinadores:

a) prepararán el orden del día y coordinarán la preparación de las reuniones del Consejo

Conjunto en su configuración de comercio y del Comité Conjunto en su configuración de

comercio de conformidad con los artículos 9.7 y 9.8;

b) harán el seguimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo Conjunto en su configuración

de comercio o del Comité Conjunto en su configuración de comercio, según proceda;

c) actuarán como puntos de contacto para facilitar las comunicaciones entre las Partes sobre

cualquier asunto contemplado en la presente parte del Acuerdo, salvo disposición en contrario

de la presente parte del Acuerdo;

& /es 102

d) recibirán todas las notificaciones y la información presentadas en virtud de la presente parte

del Acuerdo, incluida cualquier notificación o información presentada al Consejo Conjunto en

su configuración de comercio o al Comité Conjunto en su configuración de comercio, salvo

disposición en contrario de la presente parte del Acuerdo; y

e) desempeñarán cualquier otra tarea que solicite el Consejo Conjunto en su configuración de

comercio o el Comité Conjunto en su configuración de comercio.

CAPÍTULO 10

COMERCIO DE MERCANCÍAS

ARTÍCULO 10.1

Objetivo y ámbito de aplicación

1. Las Partes establecerán una zona de libre comercio de mercancías durante un período

transitorio que comenzará en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

2. Salvo que se disponga lo contrario en la presente parte del Acuerdo, las disposiciones del

presente capítulo se aplican al comercio de mercancías de una Parte.

& /es 103

SECCIÓN A

DERECHOS DE ADUANA

ARTÍCULO 10.2

Trato nacional

Cada una de las Partes concederá trato nacional a las mercancías de la otra Parte de conformidad

con el artículo III del GATT de 1994, incluidas sus notas y disposiciones suplementarias. A tal

efecto, el artículo III del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones suplementarias se incorporan e

integran, _mutatis mutandis_, en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 10.3

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por «mercancía originaria» una mercancía que cumple

las condiciones para ser considerada originaria de una Parte con arreglo a las normas de origen

establecidas en el capítulo 11.

& /es 104

ARTÍCULO 10.4

Reducción y eliminación de derechos de aduana

1. Salvo que se disponga lo contrario en la presente del presente Acuerdo, cada una de las

Partes reducirá o eliminará sus derechos de aduana sobre las mercancías originarias de conformidad

con el anexo 10-A.

2. La clasificación de las mercancías objeto de comercio entre las Partes se regirá por la

nomenclatura arancelaria respectiva de cada una de las Partes, de conformidad con el Sistema

Armonizado. Cada una de las Partes especificará en sus respectivos apéndices del anexo 10-A la

versión del Sistema Armonizado utilizada a tal fin.

3. Una Parte puede crear una nueva línea arancelaria. En tal caso, y por lo que respecta al

comercio entre las Partes, el derecho de aduana aplicable a las mercancías correspondientes de la

nueva línea arancelaria será igual o inferior al derecho de aduana aplicable a las mercancías

correspondientes de la línea arancelaria original especificada en el anexo 10-A, y la concesión

arancelaria acordada se mantendrá sin cambios.

4. Para cada mercancía originaria de la otra Parte, en el anexo 10-A se especifica el tipo básico

de los derechos de aduana sobre las importaciones a las que se aplican las reducciones sucesivas

con arreglo al apartado 1.

& /es 105

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 3, durante un período de 2 (dos) años a

partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, la Unión Europea no aumentará los

derechos de aduana aplicados a 31 de diciembre de 2017 a las mercancías originarias de Paraguay

que estén clasificadas en las siguientes líneas arancelarias establecidas en el apéndice 10-A-1 como

mercancías «PY»: 20019030, 21012098, 21069098 y 33021029. A efectos del presente apartado, se

entenderá por «mercancías originarias de Paraguay» las mercancías que cumplan los requisitos de

origen previstos en el título II, capítulo 1, sección 2, subsecciones 2 y 3, del Reglamento Delegado

(UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE)

n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a

determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión **[1]** [, y en el título II, capítulo 2,](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1)

sección 2, subsecciones 3 a 9, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24

de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones

del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el

código aduanero de la Unión **[2]** .

6. Salvo que se disponga lo contrario en la presente parte del Acuerdo, a partir de la fecha de

entrada en vigor del presente Acuerdo una Parte no introducirá nuevos derechos de aduana ni

aumentará los derechos de aduana que ya se apliquen con arreglo a los tipos básicos establecidos en

el anexo 10-A sobre el comercio de mercancías originarias entre las Partes. Para mayor seguridad,

una Parte podrá aumentar un derecho de aduana aplicable al comercio entre las Partes establecido

en el anexo 10-A que haya sido reducido unilateralmente, hasta el nivel establecido en dicho anexo

para el año correspondiente tras la reducción unilateral.

**1** DO L 343 de 29.12.2015, p. 1.
**2** DO L 343 de 29.12.2015, p. 558.

& /es 106

7. Si una Parte reduce su tipo aplicado de nación más favorecida de derecho de aduana hasta

un nivel inferior al tipo básico especificado en el anexo 10-A para una línea arancelaria concreta, se

considerará que dicho tipo de derecho de nación más favorecida sustituye al tipo básico del

anexo 10-A, siempre y cuando sea inferior al tipo básico, a efectos del cálculo del tipo preferencial

para esa línea arancelaria. A este respecto, la Parte aplicará la reducción arancelaria al tipo aplicado

de nación más favorecida para calcular el tipo aplicable de derecho de aduana, manteniendo en todo

momento el margen de preferencia relativo para cualquier línea arancelaria. Este margen de

preferencia relativo para una línea arancelaria corresponderá a la diferencia entre el tipo básico

establecido en el anexo 10-A y el tipo del derecho aplicado a esa línea arancelaria de conformidad

con el anexo 10-A, dividida por ese tipo básico y expresada como porcentaje.

8. Cada una de las Partes podrá acelerar la eliminación de los derechos de aduana sobre las

mercancías originarias de la otra Parte, o mejorar de otro modo las condiciones de acceso a los

mercados para las mercancías originarias de la otra Parte, si su situación económica general y la

situación del sector económico de que se trate lo permiten.

9. A partir de 3 (tres) años después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, a

petición de cualquiera de las Partes, el Subcomité de Comercio de Mercancías, contemplado en el

artículo 10.14, estudiará medidas que permitan mejorar el acceso al mercado. El Consejo Conjunto

en su configuración de comercio, estará facultado para adoptar decisiones por las que se modifique

el anexo 10-A. Dichas decisiones sustituirán a cualquier tipo de derecho o categoría de

desgravación determinados en el anexo 10-A para dichas mercancías originarias.

& /es 107

ARTÍCULO 10.5

Mercancías reintroducidas después de una reparación

1. A efectos del presente artículo, «reparación» significa toda operación de transformación

efectuada a una mercancía para subsanar defectos de funcionamiento o daños materiales que

permita restablecer la función original de la mercancía o garantizar su conformidad con los

requisitos técnicos establecidos para su uso, sin lo cual la mercancía ya no podría utilizarse en

condiciones normales para los fines a los que se destina. La reparación de la mercancía incluye la

restauración y el mantenimiento, pero no incluye las operaciones o procesos que:

a) destruyan las características esenciales de una mercancía o creen una mercancía nueva o

diferente desde el punto de vista comercial;

b) transformen una mercancía no acabada en otra acabada; o

c) se utilice para mejorar el rendimiento técnico de una mercancía.

2. Una Parte no aplicará derechos de aduana a una mercancía, independientemente de su

origen, que se reintroduzca en el territorio de esa Parte tras haber sido exportada temporalmente

desde su territorio aduanero al territorio aduanero de la otra Parte para una reparación,

independientemente de si la reparación se hubiera podido llevar a cabo en el territorio aduanero de

la Parte desde la que se exportó la mercancía para una reparación conforme a la definición del

apartado 1.

3. El apartado 2 no se aplicará a las mercancías importadas en depósito aduanero en zonas

francas o de situación similar que se exporten posteriormente para una reparación y no se

reimporten en depósito aduanero en zonas francas o de situación similar.

& /es 108

4. Una Parte no aplicará derechos de aduana a las mercancías que, independientemente de su

origen, hayan sido importadas temporalmente desde el territorio aduanero de la otra Parte para un

reparación.

SECCIÓN B

MEDIDAS NO ARANCELARIAS

ARTÍCULO 10.6

Tasas y otras cargas sobre las importaciones y exportaciones

1. Cada una de las Partes se asegurará, de conformidad con el artículo VIII del GATT de 1994,

incluidas sus notas interpretativas y disposiciones suplementarias, de que todas las tasas y otras

cargas de cualquier naturaleza **[1]**, distintas de los derechos aplicados a la importación o la exportación

o en relación con ellas, se limiten al coste aproximado de los servicios prestados, no se calculen _ad_

_valorem_ y no constituyan una protección indirecta de las mercancías nacionales ni gravámenes de

carácter fiscal aplicados a la importación o a la exportación.

2. Cada una de las Partes podrá imponer cargas o recuperar costes únicamente si se prestan

servicios específicos, en particular los siguientes:

a) la presencia, cuando se solicite, del personal de aduanas fuera del horario oficial o en

instalaciones que no sean las de aduanas;

**1** Para mayor seguridad, la «tasa consular» de la República Oriental del Uruguay y la «tasa
estadística» de la República Argentina se rigen por el apartado 3.

& /es 109

b) análisis o informes periciales sobre mercancías y tasas postales para la devolución de

mercancías a un solicitante, en particular en lo que respecta a las decisiones relacionadas con

información vinculante o el suministro de información relativa a la aplicación de leyes y

normativas aduaneras;

c) el examen o muestreo de mercancías con fines de verificación, o la destrucción de

mercancías, si se generan costes distintos de los derivados de la participación del personal de

aduanas; o

d) las medidas de control excepcionales, cuando resulten necesarias debido a la naturaleza de las

mercancías o a riesgos potenciales.

3. Una Parte no exigirá formalidades consulares, incluidas tasas y cargas conexas, en relación

con la importación de mercancías de la otra Parte. Las Partes dispondrán de un período transitorio

de 3 (tres) años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo para cumplir los

requisitos del presente apartado **[1]** .

4. Cada una de las Partes publicará una lista de las tasas y cargas que imponga en relación con

la importación o exportación de mercancías.

**1** No obstante lo dispuesto en el presente apartado, el período transitorio para la República del
Paraguay será de 10 (diez) años después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

& /es 110

ARTÍCULO 10.7

Procedimientos para el trámite de licencias de importación y exportación

1. Las Partes garantizarán que todos los procedimientos para el trámite de licencias de

importación y exportación aplicables al comercio de mercancías entre las Partes se apliquen de

manera neutral y se gestionen de forma justa, equitativa, no discriminatoria y transparente.

2. Cada una de las Partes solo adoptará o mantendrá procedimientos para el trámite de

licencias como condición para la importación en su territorio desde el de la otra Parte, o para la

exportación desde su territorio al de la otra Parte, si no se dispone razonablemente de otros

procedimientos adecuados para lograr un fin administrativo.

3. Las Partes no adoptarán ni mantendrán procedimientos no automáticos para el trámite de

licencias de importación o exportación **[1]**, salvo que sea necesario para aplicar una medida que sea

compatible con la presente parte del Acuerdo. Una Parte que adopte procedimientos no automáticos

para el trámite de licencias de importación o exportación indicará claramente la medida que se

aplica mediante dicho procedimiento.

**1** A efectos del presente artículo, se entenderá por «procedimientos no automáticos para el
trámite de licencias» los procedimientos para el trámite de licencias en los que no se concede
la aprobación de la solicitud a todas las personas físicas y jurídicas que cumplen los requisitos
de la Parte afectada para participar en operaciones de importación o exportación de
mercancías sujetas a procedimientos para el trámite de licencias.

& /es 111

4. Las Partes establecerán y administrarán los procedimientos para el trámite de licencias

según lo dispuesto en los artículos 1 a 3 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de

Licencias de Importación (en lo sucesivo, «Acuerdo sobre Licencias de Importación») de la OMC.

A tal fin, los artículos 1 a 3, del Acuerdo sobre Licencias de Importación se incorporan e integran,

_mutatis mutandis_, en el presente Acuerdo, y se aplicarán a todos los procedimientos para el trámite

de licencias.

5. La Parte que introduzca o modifique un procedimiento para el trámite de licencias de

importación y exportación deberá publicar la información pertinente en un sitio web oficial.

Siempre que sea posible, esa información deberá publicarse, como mínimo, 21 (veintiún) días antes

de la fecha de aplicación de la introducción o modificación del procedimiento para el trámite de

licencias y, en cualquier caso, no más tarde de dicha fecha. La información disponible en Internet

contendrá los datos exigidos en el artículo 5 del Acuerdo sobre Licencias de Importación. Cada una

de las Partes notificará a la otra Parte toda introducción o modificación de procedimientos para el

trámite de licencias de exportación, y esa notificación contendrá la misma información a que se

refiere el artículo 5 del Acuerdo sobre Licencias de Importación.

6. A petición de una Parte, la otra Parte facilitará sin demora toda la información pertinente

relativa a cualquier procedimiento para el trámite de licencias de importación o exportación que la

Parte a la que se dirige la solicitud tenga la intención de adoptar o haya adoptado o mantenido,

incluida, _mutatis mutandis_, la información mencionada en los artículos 1 a 3 del Acuerdo sobre

Licencias de Importación.

& /es 112

ARTÍCULO 10.8

Competencia de las exportaciones

1. Las Partes afirman los compromisos expresados en la Decisión ministerial sobre

competencia de las exportaciones, de 19 de diciembre de 2015 [WT/MIN(15)/45, WT/L/980], de la

OMC (en lo sucesivo, «la Decisión ministerial sobre competencia de las exportaciones»).

2. A efectos del presente artículo, se entenderá por «subvenciones a la exportación» las

subvenciones en el sentido de los artículos 1 y 3 del Acuerdo SMC que estén supeditadas a los

resultados de exportación, incluidas las subvenciones que figuran en el anexo I del Acuerdo SMC y

las que figuran en el artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura.

3. Una Parte no mantendrá, introducirá ni reintroducirá subvenciones a la exportación para

mercancías agrícolas que se exporten o se incorporen a productos que se exporten.

4. Una Parte no mantendrá, introducirá ni reintroducirá créditos a la exportación, garantías de

créditos a la exportación, programas de seguros, empresas comerciales del Estado o ayuda

alimentaria internacional, u otras medidas que tengan un efecto equivalente a una subvención a la

exportación, sobre una mercancía agrícola que se exporte o se incorpore a una mercancía que se

exporte al territorio de la otra Parte, a menos que dichas medidas cumplan las obligaciones

contraídas por la Parte exportadora en virtud de los Acuerdos de la OMC y las decisiones de la

Conferencia Ministerial y el Consejo General de la OMC, incluida, en particular, la Decisión

Ministerial sobre competencia de las exportaciones.

& /es 113

5. Las Partes afirman los compromisos asumidos en virtud de la Declaración Ministerial de

Bali de la OMC adoptada el 7 de diciembre de 2013 (WT/MIN (13)/DEC), reforzada por la

Decisión Ministerial sobre competencia de las exportaciones, de aumentar la transparencia y

mejorar la vigilancia en relación con todas las formas de subvenciones a la exportación y créditos a

la exportación, garantías de crédito a la exportación, programas de seguros, empresas comerciales

del Estado y ayuda alimentaria internacional, así como otras medidas que tengan un efecto

equivalente a una subvención a la exportación.

6. Las Partes afirman los compromisos asumidos en virtud de la Decisión Ministerial sobre

competencia de las exportaciones con respecto a la ayuda alimentaria internacional, y trabajarán

juntos para fomentar las mejores prácticas en la entrega de ayuda alimentaria en los foros

internacionales pertinentes, intentando que la monetización de la ayuda alimentaria y la entrega de

ayuda alimentaria en especie se use únicamente en situaciones de emergencia.

ARTÍCULO 10.9

Derechos, impuestos y otras tasas y cargas sobre las exportaciones

Una Parte no introducirá ni mantendrán derechos ni cargas de ningún tipo sobre la exportación de

una mercancía a la otra Parte ni en relación con dicha exportación, salvo los dispuestos en el

anexo 10-B, 3 (tres) años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

& /es 114

ARTÍCULO 10.10

Empresas comerciales del Estado

1. Ninguna disposición de la presente parte del Acuerdo impedirá a una Parte mantener o

establecer una empresa comercial del Estado con arreglo al artículo XVII del GATT de 1994,

incluidas sus notas y disposiciones suplementarias, y al Entendimiento Relativo a la Interpretación

del Artículo XVII del GATT de 1994 de la OMC, los cuales se incorporan e integran, _mutatis_

_mutandis_, en la presente parte del Acuerdo.

2. Si una Parte solicita información a la otra Parte sobre casos individuales de empresas

comerciales del Estado, su funcionamiento o el efecto de sus operaciones en el comercio bilateral,

la Parte destinataria de la solicitud garantizará la plena transparencia, de conformidad con el

artículo XVII del GATT de 1994.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una Parte no designará ni mantendrá monopolios

designados de importación o exportación, salvo los ya establecidos por una Parte o prescritos por su

Constitución y que figuran en el anexo 10-C. A los efectos del presente apartado, se entenderá por

«monopolio de importación o exportación» el derecho exclusivo o la concesión de autoridad por

una Parte a una entidad para importar una mercancía de la otra Parte o exportarla a la otra Parte.

& /es 115

ARTÍCULO 10.11

Prohibición de restricciones cuantitativas

1. Una Parte no podrá adoptar ni mantener ninguna prohibición ni restricción sobre la

importación de mercancías de la otra Parte o sobre la exportación o la venta para la exportación de

mercancías destinadas a la otra Parte, ya sea en forma de contingentes, licencias u otras medidas,

excepto de conformidad con el artículo XI del GATT de 1994, incluidas sus notas y disposiciones

suplementarias. A tal efecto, el artículo XI del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones

suplementarias se incorporan e integran, _mutatis mutandis_, en la presente parte del Acuerdo.

2. Las Partes no podrán adoptar ni mantener requisitos relativos a los precios de exportación o

importación, salvo lo permitido en la ejecución de órdenes de establecimiento de derechos

antidumping o compensatorios o de compromisos relativos a los precios.

ARTÍCULO 10.12

Utilización de las preferencias

1. A efectos de supervisar el funcionamiento de la presente parte del Acuerdo y calcular los

índices de utilización de las preferencias, las Partes intercambiarán anualmente estadísticas de

importación durante un período que comenzará 1 (uno) año después de la fecha de entrada en vigor

del presente Acuerdo y terminará 10 (diez) años después de que se complete la eliminación

arancelaria para todas las mercancías según lo dispuesto en el anexo 10-A. Salvo decisión en

contrario del Comité Conjunto en su configuración de comercio, este período se prorrogará

automáticamente por 5 (cinco) años, y dicho Comité podrá decidir prorrogarlo nuevamente.

& /es 116

2. El intercambio de estadísticas de importación contemplado en el apartado 1 incluirá los

datos correspondientes al año más reciente disponible, incluido el valor y, cuando proceda, el

volumen, a nivel de línea arancelaria de las importaciones de mercancías de la otra Parte que se

beneficien de un trato arancelario preferencial con arreglo a la presente parte del Acuerdo y de

aquellas que reciban un trato no preferencial.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 y con arreglo a los requisitos de

confidencialidad establecidos en las disposiciones legislativas y reglamentarias de cada una de las

Partes, una Parte no estará obligada a intercambiar estadísticas de importación.

ARTÍCULO 10.13

Medidas específicas relativas a la gestión del trato preferencial

1. Las Partes cooperarán en la prevención, detección y lucha contra las infracciones de sus

disposiciones legislativas y reglamentarias, las irregularidades y el fraude relacionados con el trato

preferencial concedido en virtud del presente capítulo, de conformidad con el capítulo 11 y el

anexo 12-A.

2. Una Parte podrá decidir, de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 4,

suspender temporalmente el trato preferencial pertinente de los productos de que se trate si constata,

sobre la base de información objetiva, convincente y verificable, que:

a) se han cometido infracciones sistemáticas a gran escala de las disposiciones legislativas y

reglamentarias pertinentes, irregularidades o fraudes con el fin de obtener un trato arancelario

preferencial concedido en virtud del presente capítulo; y

b) la otra Parte se niega sistemáticamente a cumplir, o incumple de otro modo, las obligaciones a

que se refiere el apartado 1, de conformidad con el capítulo 11 y el anexo 12-A.

& /es 117

3. A efectos del presente artículo, se entenderá por «incumplimiento de las obligaciones a que

se refiere el apartado 1», entre otras cosas, una demostración clara y sistemática de:

a) incumplimiento de la obligación de comprobar el carácter originario de los productos de que

se trate, de conformidad con los procedimientos establecidos en los artículos 11.24 y 11.25;

b) negativa o retraso injustificable en la comunicación del resultado de una verificación del

origen realizada de conformidad con los artículos 11.25 y 11.26; o

c) falta de cooperación administrativa con arreglo al anexo 12-A.

4. La Parte que realice alguna de las constataciones a que se refiere el apartado 2 lo notificará,

sin demora indebida, al Comité Conjunto en su configuración de comercio y le facilitará la

información que constituya la base de su constatación.

5. Cuando se cumplan los requisitos del apartado 4, la Parte que haya realizado una

constatación entablará consultas con la otra Parte, en el seno del Comité Conjunto en su

configuración de comercio, con vistas a alcanzar una solución aceptable para ambas Partes. Si las

Partes no llegan a un acuerdo sobre una solución aceptable para ambas en un plazo de 3 (tres) meses

a partir de la fecha de la notificación, la Parte que haya hecho la constatación podrá decidir

suspender temporalmente el trato preferencial pertinente de los productos de que se trate. En tal

caso, la Parte que haya realizado la constatación notificará la suspensión temporal al Comité

Conjunto en su configuración de comercio sin demora indebida.

& /es 118

6. La decisión de suspender temporalmente el trato preferencial pertinente del producto de que

se trate con arreglo al apartado 4 solo se aplicará durante un período proporcional al impacto en los

intereses financieros de la Parte afectada y durante no más de 3 (tres) meses. Si puede determinarse

de manera objetiva y verificable que las condiciones que dieron lugar a la decisión de suspensión

persisten al expirar el período de suspensión, la Parte afectada podrá decidir renovar dicha decisión

de suspensión por un período de tiempo igual. Toda suspensión estará sujeta a consultas periódicas

en el seno del Comité Conjunto en su configuración de comercio. En caso de renovación, se

celebrarán consultas en el Comité Conjunto en su configuración de comercio al menos 15 (quince)

días antes de la expiración del período de suspensión.

7. Cada una de las Partes publicará, de conformidad con sus procedimientos internos, anuncios

destinados a los importadores sobre las notificaciones de constataciones en virtud del apartado 4 y

las decisiones de suspensión temporal a que se hace referencia en los apartados 5 y 6.

& /es 119

SECCIÓN C

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 10.14

Subcomité de Comercio de Mercancías

1. El Subcomité de Comercio de Mercancías, creado en virtud del artículo 9.9, apartado 4,

tendrá las siguientes funciones, además de las que figuran en los artículos 2.4, 9.9 y 13.14:

a) promover el comercio de mercancías entre las Partes;

b) evaluar anualmente el uso y la administración de contingentes y de las preferencias

concedidas por la presente parte del Acuerdo; y

c) debatir, aclarar y tratar cualquier cuestión técnica que pueda surgir entre las Partes sobre

cuestiones relacionadas con la aplicación de la nomenclatura arancelaria de cada una de las

Partes, definida en los apartados 3 y 4 del anexo 10-A.

& /es 120

ARTÍCULO 10.15

Subcomité de Comercio de Vinos y Bebidas Espirituosas

1. El Subcomité de Comercio de Vinos y Bebidas Espirituosas, creado en virtud del

artículo 9.9, apartado 4, tendrá las siguientes funciones, además de las que figuran en los artículos

2.4 y 9.9:

a) garantizar la notificación oportuna de las modificaciones de disposiciones legislativas y

reglamentarias relativas a las cuestiones cubiertas por el anexo 10-D que afecten a productos

vitivinícolas y bebidas espirituosas objeto de comercio entre las Partes; y

b) adoptar decisiones para determinar los pormenores de las normas establecidas en el punto 2

del apéndice 10-D-3, en particular los formularios que deben utilizarse y los detalles de la

información que debe facilitarse en el informe de análisis.

ARTÍCULO 10.16

Cooperación en materia de comercio de productos vitivinícolas y bebidas espirituosas y centros de

coordinación

1. Las Partes cooperarán en cuestiones relacionadas con el comercio de productos vitivinícolas

y bebidas espirituosas y tratarán dichas cuestiones, en particular:

a) definiciones de productos, certificación y etiquetado de productos vitivinícolas;

b) utilización de variedades de viñas en la vinificación y etiquetado de vinos; y

c) definiciones de productos, certificación y etiquetado de bebidas espirituosas.

& /es 121

2. Las Partes cooperarán estrechamente y buscarán maneras de mejorar la asistencia mutua en

la aplicación del anexo 10-D, en particular para luchar contra las prácticas fraudulentas.

3. Para facilitar la asistencia mutua entre los organismos y las autoridades de las Partes

responsables de la observancia en lo relativo a los asuntos cubiertos por el presente anexo, cada una

de las Partes designará los organismos y autoridades responsables de la aplicación y la observancia

del anexo 10-D. Si una Parte designa más de un organismo o autoridad competente, velará por que

se coordine la labor de dichos organismos y autoridades. En tal caso, una Parte designará también

una autoridad u organismo único de enlace que sirva de centro de coordinación único para la

autoridad o el organismo de la otra Parte.

4. Las Partes, a través del Subcomité de Comercio de Vinos y Bebidas Espirituosas, se

comunicarán mutuamente los datos de contacto de los organismos, autoridades y centros de

coordinación mencionados en el apartado 3 a más tardar 6 (seis) meses después de la fecha de

entrada en vigor del presente Acuerdo. Las Partes se informarán mutuamente de cualquier cambio

en los datos de contacto de estos organismos, autoridades y centros de coordinación.

& /es 122

CAPÍTULO 11

NORMAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN

SECCIÓN A

NORMAS DE ORIGEN

ARTÍCULO 11.1

Definiciones

A efectos del presente capítulo:

a) «clasificado» se refiere a la clasificación de un producto o de una materia en una sección,

capítulo, partida o subpartida determinada del Sistema Armonizado;

b) «lote» significa los productos que se expiden o bien simultáneamente de un exportador a un

destinatario o bien al amparo de un documento único de transporte que cubra su expedición

del exportador al destinatario y, en ausencia de dicho documento, al amparo de una factura

única;

& /es 123

c) «autoridad aduanera o autoridad gubernamental competente» se refiere a:

i) en la Unión Europea, los servicios de la Comisión Europea responsables de los asuntos

aduaneros, así como las administraciones aduaneras y cualquier otra autoridad de los

Estados miembros de la Unión Europea responsable de aplicar y hacer cumplir la

legislación aduanera; y

ii) en el MERCOSUR, las autoridades competentes de los Estados del MERCOSUR

signatarios o sus sucesores, que se enumeran a continuación:

A) Argentina: Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía;

B) Brasil: Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento,

Indústria, Comércio e Serviços y Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

do Ministério da Fazenda;

C) Paraguay: Subsecretaría de Estado de Comercio y Servicios del Ministerio de

Industria y Comercio; y

D) Uruguay: Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas;

d) «exportador» significa la persona establecida en una Parte que exporta el producto originario

y extiende una comunicación sobre el origen;

& /es 124

e) «materias fungibles» significa materias que son del mismo tipo y de la misma calidad

comercial, presentan características técnicas y físicas idénticas, y no pueden distinguirse unas

de otras una vez incorporadas al producto;

f) «mercancías» significa tanto materias como productos;

g) «importador» significa la persona que importa el producto originario y solicita para dicho

producto un trato arancelario preferencial;

h) «fabricación» significa toda elaboración o transformación, incluidos el montaje o las

operaciones específicas;

i) «materia» significa todo ingrediente, materia prima, componente o pieza utilizado en la

fabricación del producto; y

j) «producto» significa el producto fabricado, incluso cuando esté prevista su utilización

posterior en otra operación de fabricación.

& /es 125

ARTÍCULO 11.2

Requisitos generales

1. A efectos de la aplicación del trato arancelario preferencial por una Parte a las mercancías

originarias de la otra Parte de conformidad con la presente parte del Acuerdo, los siguientes

productos se considerarán originarios de la Unión Europea, siempre que satisfagan todos los demás

requisitos aplicables del presente capítulo:

a) productos enteramente obtenidos en la Unión Europea de conformidad con el artículo 11.4;

b) productos obtenidos en la Unión Europea exclusivamente a partir de materias originarias; o

c) productos obtenidos en la Unión Europea que incorporen materiales no originarios, siempre

que hayan cumplido las condiciones establecidas en el anexo 11-B.

2. A efectos de la aplicación del trato arancelario preferencial por una Parte a las mercancías

originarias de la otra Parte de conformidad con la presente parte del Acuerdo, los siguientes

productos se considerarán originarios del MERCOSUR, siempre que satisfagan todos los demás

requisitos aplicables del presente capítulo:

a) productos enteramente obtenidos en el MERCOSUR de conformidad con el artículo 11.4;

b) productos obtenidos en el MERCOSUR exclusivamente a partir de materias originarias; o

c) productos obtenidos en el MERCOSUR que incorporen materiales no originarios, siempre

que hayan cumplido las condiciones establecidas en el anexo 11-B.

& /es 126

3. Si un producto ha adquirido carácter de originario, las materias no originarias utilizadas en

la fabricación del producto no se considerarán no originarias si dicho producto se incorpora como

materia a otro producto.

ARTÍCULO 11.3

Acumulación bilateral del origen

1. Los productos originarios de la Unión Europea se considerarán materias originarias del

MERCOSUR cuando se incorporen a un producto obtenido en él, siempre que hayan sido objeto de

elaboraciones o transformaciones que vayan más allá de las operaciones contempladas en el

artículo 11.6.

2. Los productos originarios del MERCOSUR se considerarán materias originarias de la Unión

Europea cuando se incorporen a un producto obtenido en ella, siempre que hayan sido objeto de

elaboraciones o transformaciones que vayan más allá de las operaciones contempladas en el

artículo 11.6.

ARTÍCULO 11.4

Productos totalmente obtenidos

1. Los siguientes productos se considerarán productos totalmente obtenidos en la Unión

Europea o en el MERCOSUR:

a) los productos minerales y otras sustancias naturales extraídas de su suelo o del fondo marino;

b) los vegetales y los productos vegetales plantados o recolectados en su territorio;

& /es 127

c) los animales vivos nacidos y criados en su territorio;

d) los productos procedentes de animales vivos criados en su territorio;

e) los productos procedentes de animales sacrificados nacidos y criados en su territorio;

f) los productos de la caza y de la pesca practicadas en su territorio;

g) los productos de la acuicultura, si los peces, crustáceos, moluscos y otros invertebrados

acuáticos han nacido y han sido criados en su territorio;

h) los productos de la pesca y otros productos extraídos del mar por sus buques **[1]** ;

i) los productos elaborados en sus buques factoría a partir, exclusivamente, de los productos

mencionados en la letra h);

j) los productos minerales y otros recursos naturales inertes, tomados o extraídos del lecho

marino, del subsuelo o del fondo oceánico de:

i) la zona económica exclusiva de los Estados del MERCOSUR signatarios o de los

Estados miembros de la Unión Europea, determinada por sus disposiciones legislativas

y reglamentarias y de conformidad con la parte V de la CNUDM;

ii) la plataforma continental de los Estados del MERCOSUR signatarios o de los Estados

miembros de la Unión Europea, determinada por sus disposiciones legislativas y

reglamentarias y de conformidad con la parte VI de la CNUDM; o

**1** Este punto se entiende sin perjuicio de los derechos soberanos y de las obligaciones de las
Partes contraídas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (CNUDM), en particular en la zona económica exclusiva y la plataforma continental.

& /es 128

iii) la zona, tal como se define en el artículo 1, apartado 1, de la CNUDM, en la que una

Parte o una persona de una Parte tiene derechos exclusivos de explotación, de

conformidad con la parte XI de la CNUDM y el Acuerdo relativo a la aplicación de la

parte XI de la CNUDM;

k) los artículos usados recogidos en su territorio, aptos únicamente para la recuperación de

materias primas;

l) los desperdicios y desechos procedentes de operaciones de manufactura realizadas en su

territorio **[1]** ; o

m) las mercancías producidas en su territorio exclusivamente a partir de los productos

mencionados en las letras a) a l).

2. Las expresiones «sus buques» y «sus buques factoría» empleadas en el apartado 1, letras h)

e i), se aplicarán solamente a los buques y buques factoría que:

a) estén registrados en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado del

MERCOSUR signatario y, en su caso, dispongan de licencias de pesca expedidas por un

Estado del MERCOSUR signatario o la Unión Europea a nombre de empresas pesqueras

debidamente registradas para faenar en ese Estado miembro de la Unión Europea o en ese

Estado del MERCOSUR signatario;

**1** Las letras k) y l) se entenderán sin perjuicio de las disposiciones legislativas y reglamentarias
de cada una de las Partes relativas a la importación de las mercancías en ellas mencionadas.

& /es 129

b) enarbolen pabellón del mismo Estado miembro de la Unión Europea o Estado del

MERCOSUR signatario en el que están registrados **[1]** ; y

c) cumpla una de las siguientes condiciones:

i) que sean propiedad de una o varias personas físicas **[2]** de las Partes en, al menos, un 50 %

(cincuenta por ciento);

ii) que sean propiedad de personas jurídicas **[3]** que:

A) tengan su domicilio social o su centro de operaciones principal en una Parte; y

B) sean propiedad de personas físicas o jurídicas de las Partes en, al menos, un 50 %

(cincuenta por ciento); o

iii) que al menos dos tercios de la tripulación sean personas físicas de las Partes.

**1** Los productos de la pesca u otros productos extraídos del mar por buques fletados que
enarbole pabellón de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado del
MERCOSUR signatario se considerarán originarios del Estado miembro de la Unión Europea
o del Estado del MERCOSUR signatario en el que se flete el buque y se expida la licencia,
siempre que cumplan todos los criterios del presente apartado.
**2** A efectos del presente artículo, se aplicará la definición del artículo 18.2, letra m).
**3** A efectos del presente artículo, se aplicará la definición del artículo 18.2, letra h).

& /es 130

ARTÍCULO 11.5

Tolerancias

1. Si una materia no originaria utilizada en la fabricación de un producto no cumple los

requisitos establecidos en el anexo 11-B, el producto se considerará aun así originario de una Parte

si:

a) el valor total de las materias no originarias no excede del 10 % (diez por ciento) del precio

franco fábrica del producto; y

b) no se supera ninguno de los porcentajes del valor o peso máximo de las materias no

originarias establecidos en el anexo 3-B mediante la aplicación del presente apartado.

2. El apartado 1 no se aplica a los productos clasificados en los capítulos 50 a 63 del Sistema

Armonizado, a los cuales se les aplican las tolerancia establecidas en las notas 6 y 7 del anexo 11-A.

ARTÍCULO 11.6

Operaciones de elaboración o transformación insuficiente

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado 1, letra c), y apartado 2, letra c), un

producto no se considerará originario de una Parte si su elaboración consiste únicamente en las

siguientes operaciones realizadas con materias no originarias en esa Parte:

a) las manipulaciones destinadas a garantizar la conservación de los productos durante su

transporte y almacenamiento;

& /es 131

b) los cambios de embalaje y la separación o agrupación de envases;

c) el lavado, la limpieza o la eliminación de polvo, óxido, aceite, pintura u otros revestimientos;

d) el planchado o prensado de textiles;

e) las operaciones de pintura y pulido simples;

f) el descascarillado, blanqueo total o parcial, pulido y glaseado de cereales y arroz;

g) la coloración o aromatización de azúcar o la formación de terrones de azúcar, y la molienda

total o parcial de azúcar granulado;

h) el descascarillado, la extracción de pipas o huesos y el pelado de frutas, frutos de cáscara y

hortalizas;

i) el afilado, la simple rectificación, la separación o el simple corte;

j) el tamizado, el cribado, la selección, la clasificación, la gradación y la preparación de surtidos,

incluida la formación de juegos de artículos;

k) el simple envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches o cajas, la colocación sobre

cartulinas o tableros, así como cualquier otra operación sencilla de envasado;

l) la colocación o impresión de marcas, etiquetas, logotipos y otros signos similares en los

productos o en sus envases;

m) la simple mezcla de productos, incluso de clases diferentes, y la simple mezcla de azúcar con

cualquier otra materia;

& /es 132

n) el simple montaje de partes no originarias para formar un producto completo, o el desmontaje

de productos en sus piezas;

o) la simple adición de agua y la dilución, deshidratación o desnaturalización de productos;

p) la combinación de dos o más de las operaciones especificadas en las letras a) a o); o

q) el sacrificio de animales.

2. A efectos del apartado 1, las operaciones se considerarán simples si para su ejecución no se

requieren aptitudes específicas ni máquinas, aparatos o herramientas fabricados o instalados

especialmente a tal fin.

ARTÍCULO 11.7

Unidad de calificación

1. La unidad de calificación para la aplicación del presente capítulo será el producto concreto

clasificado según el Sistema Armonizado.

2. En el caso de un producto compuesto por un grupo o conjunto de artículos que esté

clasificado en una única partida del Sistema Armonizado, la totalidad constituirá la unidad de

calificación.

3. En el caso de un envío formado por varios productos idénticos clasificados en la misma

partida del Sistema Armonizado, cada producto se tendrá en cuenta individualmente a efectos de la

aplicación del presente capítulo.

& /es 133

ARTÍCULO 11.8

Materiales para embalaje, materiales para envasado y contenedores

1. Si, con arreglo a la regla general 5 para la interpretación del Sistema Armonizado, el

embalaje está incluido con el producto a efectos de su clasificación, también lo estará para la

determinación del origen.

2. Para determinar el origen de los productos, no se tendrán en cuenta los materiales de

embalaje ni los envases para envío que se utilizan para protegerlos durante el transporte.

ARTÍCULO 11.9

Accesorios, piezas de repuesto y herramientas

Los accesorios, las piezas de repuesto y las herramientas que se expidan con un equipo, máquina,

aparato o vehículo, que sean habituales para ese producto y estén incluidos en su precio o no se

facturen por separado, se considerarán un solo producto con el equipo, la máquina, el aparato o el

vehículo en cuestión.

& /es 134

ARTÍCULO 11.10

Separación contable

1. Si en la fabricación de un producto se utilizan materias fungibles originarias y no

originarias, las materias se separarán físicamente según su origen durante el almacenamiento, a fin

de que las materias originarias mantengan su carácter originario.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la separación física de las materias fungibles

originarias y no originarias no será necesaria en la fabricación de un producto si el origen de dicho

producto se determina con arreglo al método de separación contable para la gestión de las

existencias.

3. La separación contable se registrará y aplicará según los principios contables generalmente

aceptados aplicables en la Parte en la que se fabrique el producto.

4. El método de separación contable podrá utilizarse únicamente si se puede garantizar que en

ningún momento reciben el carácter originario más productos que los que lo recibirían si los

materiales se hubieran separado físicamente.

5. Una Parte podrá exigir que la aplicación del método de separación contable esté sujeta a la

autorización previa de las autoridades competentes pertinentes. Las autoridades competentes podrán

conceder la autorización conforme a las condiciones que consideren oportunas y, en tales casos,

controlarán el uso de la autorización. Dichas autoridades podrán retirar la autorización en cualquier

momento si el beneficiario de la autorización hace un uso indebido, de la naturaleza que sea, del

método de separación contable o no cumple alguna de las demás condiciones establecidas en el

presente capítulo.

& /es 135

ARTÍCULO 11.11

Juegos o surtidos

Se considerarán originarios los juegos y surtidos, tal como se definen en la regla general 3 para la

interpretación del Sistema Armonizado, si todos los productos que entren en su composición son

originarios. Sin embargo, si un juego o surtido está compuesto por productos originarios y no

originarios, se considerará como originario en su conjunto si el valor de los productos no originarios

no excede del 15 % (quince por ciento) del precio franco fábrica del juego o surtido.

ARTÍCULO 11.12

Elementos neutros

Para determinar si un producto es originario, no será necesario determinar el origen de los

siguientes elementos utilizados en su producción:

a) la energía y el combustible;

b) las instalaciones y el equipo;

c) las máquinas y herramientas; o

d) las mercancías que no entren ni se tenga previsto que entren en la composición final del

producto.

& /es 136

ARTÍCULO 11.13

Principio de territorialidad

1. Las condiciones enunciadas en el presente capítulo relativas a la adquisición del carácter de

producto originario deberán cumplirse sin interrupción en el territorio de la Unión Europea o del

MERCOSUR.

2. Si las mercancías originarias exportadas desde la Unión Europea al MERCOSUR o a un

tercer país son devueltas, se considerarán no originarias a menos que pueda demostrarse a

satisfacción de las autoridades aduaneras que las mercancías devueltas:

a) son las mismas que fueron exportadas; y

b) no han sufrido operaciones más allá de las necesarias para conservarlas en buen estado

mientras se encontraban en ese tercer país o durante su exportación.

ARTÍCULO 11.14

Condiciones de transporte

1. Los productos declarados para su importación en una Parte serán los mismos productos que

los exportados desde la Parte en la que se consideran originarios. No deberán haber sido alterados,

transformados en modo alguno ni haber sido objeto de operaciones distintas de las destinadas a

mantenerlos en buen estado de conservación o a añadirles o colocarles marcas, etiquetas, precintos

o cualquier otro signo distintivo para garantizar el cumplimiento de los requisitos nacionales

específicos de la Parte importadora, antes de ser declaradas para su importación.

& /es 137

2. El almacenamiento de los productos o envíos y el fraccionamiento de los envíos podrán

autorizarse si se llevan a cabo bajo la responsabilidad del exportador o de un titular ulterior de las

mercancías, y si los productos quedan bajo supervisión aduanera en el país o los países de tránsito.

3. En caso de duda sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2,

las autoridades aduaneras de la Parte importadora podrán solicitar al importador pruebas del

cumplimiento, que podrán aportarse por cualquier medio, incluidos documentos contractuales de

transporte tales como conocimientos de embarque, pruebas factuales o materiales basadas en el

marcado o la numeración de los paquetes, o cualquier prueba relacionada con el propio producto.

ARTÍCULO 11.15

Exposiciones

1. Los productos originarios enviados para ser expuestos en un tercer país y vendidos después

de la exposición para ser importados en la Unión Europea o el MERCOSUR se beneficiarán en su

importación de las disposiciones de la presente parte del Acuerdo si se demuestra a satisfacción de

las autoridades aduaneras de la Parte importadora que:

a) los productos han sido expedidos por un exportador desde la Unión Europea o el

MERCOSUR al tercer país en el que tiene lugar la exposición y han sido expuestos en él;

b) los productos han sido vendidos o cedidos de cualquier otra forma por el exportador a un

destinatario en la Unión Europea o el MERCOSUR;

& /es 138

c) los productos han sido expedidos durante la exposición o inmediatamente después en el

mismo estado en el que fueron enviados a la exposición; y

d) desde el momento en que se expidieron para ser expuestos, los productos no han sido

utilizados con fines que no sean su presentación en la exposición.

2. Se extenderá una comunicación sobre el origen, de conformidad con la Sección B, y se

presentará ante las autoridades aduaneras de la Parte importadora. En ella deberán figurar el título y

la dirección de la exposición.

3. El apartado 1 se aplica a todas las exposiciones, ferias o manifestaciones públicas similares,

de carácter comercial, industrial, agrícola o artesanal, que se organicen con fines distintos de los

privados en tiendas o locales comerciales para vender productos extranjeros y durante las cuales los

productos permanezcan bajo control aduanero.

& /es 139

SECCIÓN B

PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN

ARTÍCULO 11.16

Requisitos generales

Los productos originarios de la Unión Europea, en el momento de su importación en el

MERCOSUR, y los productos originarios del MERCOSUR, en el momento de su importación en la

Unión Europea, se beneficiarán de un trato arancelario preferencial en virtud de la presente parte del

Acuerdo previa presentación de una comunicación sobre el origen de conformidad con el

artículo 11.17 y las disposiciones legislativas y reglamentarias de cada una de las Partes **[1]** .

ARTÍCULO 11.17

Condiciones para extender una comunicación sobre el origen

1. La comunicación sobre el origen contemplada en el artículo 11.16 podrá ser extendida por:

a) un exportador, de conformidad con las disposiciones legislativas y reglamentarias pertinentes

de la Parte de exportación; o

**1** El certificado de origen será válido de conformidad con las medidas transitorias que figuran
en el anexo 11-D, durante el período especificado en el mismo.

& /es 140

b) todo exportador de cualquier pequeño envío constituido por uno o varios bultos que

contengan productos originarios cuyo valor total no supere el umbral establecido en las

disposiciones legislativas y reglamentarias pertinentes de la Parte de exportación.

2. Las Partes intercambiarán información sobre las disposiciones legislativas y reglamentarias

pertinentes a que se refiere el apartado 1:

a) en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;

b) si se han introducido modificaciones en dichas disposiciones legislativas y reglamentarias,

antes de la entrada en vigor de dichas modificaciones; y

c) a petición de cualquiera de las Partes, en cualquier momento después de la entrada en vigor

del presente Acuerdo.

3. Podrá extenderse una comunicación sobre el origen si los productos en cuestión son

productos originarios de la Unión Europea o del MERCOSUR y cumplen los demás requisitos del

presente capítulo.

4. El exportador que extienda una comunicación sobre el origen deberá estar preparado para

presentar en cualquier momento, a petición de las autoridades aduaneras o de las autoridades

gubernamentales competentes de la Parte de exportación, todos los documentos oportunos que

demuestren el carácter originario de los productos en cuestión y el cumplimiento de los demás

requisitos del presente capítulo.

5. El exportador extenderá una comunicación sobre el origen en la factura, el albarán o

cualquier otro documento comercial que describa el producto originario con el suficiente detalle

para permitir su identificación, utilizando una de las versiones lingüísticas establecidas en el

anexo 11-C y de conformidad con las disposiciones legislativas y reglamentarias de la Parte de

exportación.

& /es 141

6. La comunicación sobre el origen llevará la firma manuscrita original del exportador, a

menos que las disposiciones legislativas y reglamentarias pertinentes de la Parte de exportación

dispongan otra cosa.

7. El exportador podrá extender la comunicación sobre el origen en el momento de exportar los

productos en cuestión o con posterioridad a la exportación, siempre que se remita este documento a

la Parte de importación dentro de los 2 (dos) años siguientes a la importación de los productos.

ARTÍCULO 11.18

Validez de las comunicaciones sobre el origen

1. La comunicación sobre el origen será válida durante 12 (doce) meses a partir de la fecha en

que haya sido extendida por el exportador, y se presentará dentro de ese plazo a las autoridades

aduaneras de la Parte de importación.

2. Las comunicaciones sobre el origen presentadas fuera del plazo especificado en el

apartado 1 solo podrán ser aceptadas a efectos de la aplicación del trato preferencial si la no

presentación dentro del plazo se debe a circunstancias excepcionales.

3. En otros casos de presentación tardía, las autoridades aduaneras de la Parte de importación

podrán aceptar la comunicación sobre el origen si los productos han sido presentados antes de la

fecha de expiración.

& /es 142

ARTÍCULO 11.19

Importación fraccionada

Si, a instancias de un importador y con arreglo a las condiciones establecidas por las autoridades

aduaneras de la Parte de importación, se importan fraccionadamente productos desmontados o sin

montar en el sentido de la regla general 2 a) para la interpretación del Sistema Armonizado,

clasificados en las secciones XV a XXI del Sistema Armonizado, deberá presentarse a las

autoridades aduaneras una única comunicación sobre el origen para tales productos en el momento

de la importación del primer envío escalonado.

ARTÍCULO 11.20

Exenciones de la comunicación sobre el origen

1. Los productos enviados entre particulares en paquetes pequeños o que formen parte del

equipaje personal de viajeros serán admitidos como productos originarios, sin que sea necesario

presentar una comunicación sobre el origen, si dichos productos no se importan con carácter

comercial y se ha declarado que cumplen las condiciones del presente capítulo, y si no existe

ninguna duda acerca de la veracidad de la declaración. En el caso de productos enviados por correo,

la declaración puede efectuarse en el formulario de declaración en aduana CN22/CN23 o en una

hoja de papel adjunta a ese documento.

2. Las importaciones ocasionales y que consistan exclusivamente en productos para el uso

personal de sus destinatarios o de los viajeros o sus familias no se considerarán importaciones de

carácter comercial si, por su naturaleza y cantidad, resulta evidente que no se pretende dar una

finalidad comercial a estos productos.

& /es 143

3. El valor total de los productos mencionados en el apartado 1 no superará los valores

estipulados en las disposiciones legislativas y reglamentarias de la Parte de importación. Las Partes

intercambiarán información sobre dichos valores.

ARTÍCULO 11.21

Documentos justificativos

Los documentos a que alude el artículo 11.17, apartado 4, podrán incluir:

a) una prueba directa de las operaciones efectuadas por el exportador o el proveedor para

obtener las mercancías, que figure, por ejemplo, en sus cuentas o en su contabilidad interna;

b) documentos que demuestren el carácter originario de las materias utilizadas, expedidos o

extendidos en la Unión Europea o en el MERCOSUR, si dichos documentos están utilizados,

expedidos o extendidos de conformidad con las disposiciones legislativas y reglamentarias de

esa Parte;

c) documentos que demuestren la elaboración o la transformación de las materias en la Unión

Europea o el MERCOSUR, expedidos o extendidos en la Unión Europea o el MERCOSUR,

si dichos documentos están utilizados, expedidos o extendidos de conformidad con las

disposiciones legislativas y reglamentarias de esa Parte; y

d) una comunicación sobre el origen que demuestre el carácter originario de las materias

utilizadas extendida en la Unión Europea o en el MERCOSUR de conformidad con el

presente capítulo.

& /es 144

ARTÍCULO 11.22

Obligaciones en materia de mantenimiento de registros

El exportador que extienda una comunicación sobre el origen deberá conservar, durante al menos 3

(tres) años a partir de la fecha de extensión de la comunicación sobre el origen, una copia de la

misma y de los documentos mencionados en el artículo 11.17, apartado 4. El importador conservará

la declaración de origen, o una copia de la misma si el original está en poder de la autoridad

aduanera o de la autoridad gubernamental competente, durante al menos 3 (tres) años a partir de la

fecha de importación de los productos a los que se refiere dicha declaración de origen.

ARTÍCULO 11.23

Discrepancias y errores de forma

1. Las pequeñas discrepancias entre la comunicación sobre el origen y los documentos

presentados en la aduana para cumplir las formalidades de importación de los productos no darán

lugar a la nulidad de la declaración de origen, si se establece debidamente que la comunicación

sobre el origen corresponde a los productos presentados.

2. Los errores que sean evidentemente de forma en una comunicación sobre el origen no darán

lugar a que se rechace la comunicación sobre el origen si tales errores no crean dudas sobre la

exactitud de la información contenida en ella.

& /es 145

ARTÍCULO 11.24

Cooperación entre las autoridades aduaneras y las autoridades gubernamentales competentes

1. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes de los Estados

miembros de la Unión Europea y del Estado del MERCOSUR signatario se comunicarán

mutuamente, mediante comunicación entre la Comisión Europea y la Secretaría del MERCOSUR,

las direcciones de las autoridades aduaneras o de las autoridades gubernamentales competentes

responsables de la verificación de las comunicaciones sobre el origen.

2. A fin de garantizar la correcta aplicación del presente capítulo, la Unión Europea y el

MERCOSUR se prestarán asistencia mutua, a través de sus autoridades aduaneras o de las

autoridades gubernamentales competentes, para comprobar la autenticidad de las comunicaciones

sobre el origen y la exactitud de la información facilitada en dichas comunicaciones.

3. Para prevenir, investigar y combatir las infracciones de la legislación aduanera, el anexo 12

A prevé la cooperación entre las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales

competentes, incluida la presencia de funcionarios debidamente autorizados de una Parte en el

territorio de la otra, previo consentimiento de la Parte en cuyo territorio se preste la asistencia y con

arreglo a las condiciones por ella establecidas.

& /es 146

ARTÍCULO 11.25

Verificación de las comunicaciones sobre el origen

1. Las verificaciones de las comunicaciones sobre el origen se efectuarán de manera aleatoria o

cuando las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes de la Parte de

importación alberguen dudas razonables acerca de la autenticidad de las comunicaciones, del

carácter de originario de los productos en cuestión o de la observancia de los demás requisitos del

presente capítulo.

2. A efectos de la aplicación del apartado 1, las autoridades aduaneras o las autoridades

gubernamentales competentes de la Parte de importación devolverán la comunicación sobre el

origen, o una copia de la misma, a las autoridades aduaneras o a las autoridades gubernamentales

competentes de la Parte de exportación, indicando los motivos de la solicitud de verificación. Se

incluirán los documentos o las informaciones obtenidas que permitan pensar que la información

recogida en la comunicación sobre el origen es incorrecta, para justificar la solicitud de verificación.

3. La solicitud de verificación y la respuesta consiguiente se presentarán en una lengua oficial

de la autoridad aduanera o de la autoridad gubernamental competente de la Parte de importación

que solicite la verificación, en una lengua aceptable para dicha Parte, o según lo dispuesto en el

punto 5, apartado 3, del anexo 12-A.

4. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes del país de

exportación serán las encargadas de llevar a cabo la verificación. A tal efecto, estarán facultadas

para solicitar cualquier tipo de prueba y para llevar a cabo inspecciones de la contabilidad del

exportador o cualquier otra comprobación que consideren oportuna.

& /es 147

5. Si las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes de la Parte de

importación deciden suspender la concesión del trato preferencial a los productos de que se trate a

la espera de los resultados de la verificación, propondrán al importador el levante de los productos

condicionado a cualesquiera medidas cautelares que las autoridades aduaneras o las autoridades

gubernamentales competentes consideren necesarias. Toda suspensión del trato preferencial

finalizará lo antes posible una vez que la Parte de importación haya determinado el origen de los

productos.

6. Tan pronto como sea posible, las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales

competentes de la Parte de exportación informarán a las autoridades de la Parte de importación que

haya solicitado la verificación sobre los resultados de la misma. La Parte de exportación facilitará la

siguiente información a las autoridades aduaneras o a las autoridades gubernamentales competentes

de la Parte de importación:

a) los resultados de la verificación;

b) una descripción de los productos objeto de verificación y la clasificación arancelaria

pertinente para la aplicación de las normas de origen;

c) una descripción y una explicación de la fabricación suficiente para respaldar el razonamiento

sobre el carácter originario del producto;

d) información sobre cómo se ha llevado a cabo la verificación; y

e) si procede, documentación justificativa.

& /es 148

7. Si no se recibe respuesta en un plazo de 10 (diez) meses a partir de la fecha de solicitud de

verificación, o si la respuesta no contiene información suficiente para determinar la autenticidad de

la comunicación en cuestión o el origen de los productos, las autoridades aduaneras o autoridades

gubernamentales competentes solicitantes denegarán, salvo en circunstancias excepcionales, el trato

arancelario preferencial a los productos incluidos en la comunicación sobre el origen. El período de

10 (diez) meses podrá prorrogarse de común acuerdo entre las Partes, teniendo en cuenta el número

de solicitudes de verificación y la complejidad de las mismas.

8. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes de la Parte de

importación que soliciten la verificación notificarán su decisión sobre el proceso de verificación a

las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes de la Parte de

exportación, a petición de estas.

ARTÍCULO 11.26

Consultas

1. Si, en relación con los procedimientos de verificación establecidos en el artículo 11.25, las

autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes de la Parte de importación

tienen la intención de efectuar una determinación del origen que sea acorde con la respuesta

facilitada por las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes de la Parte

de exportación de conformidad con el artículo 11.25, apartado 6, la Parte de importación notificará

su intención a la Parte de exportación en un plazo de 60 (sesenta) días a partir de la recepción de la

respuesta contemplada en el artículo 11.25, apartado 6.

& /es 149

2. A petición de cualquiera de las Partes, las Partes celebrarán consultas en un plazo de 90

(noventa) días a partir de la fecha de la notificación mencionada en el apartado 1 o en un plazo

acordado, con el fin de resolver diferencias relativas a los procedimientos de verificación. El

período de las consultas podrá prorrogarse, caso por caso, mediante acuerdo mutuo por escrito entre

las Partes.

3. Si existen diferencias en relación con los procedimientos de verificación que no puedan ser

resueltas entre las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes de la Parte

de importación que solicitan una verificación y las autoridades aduaneras o autoridades

gubernamentales competentes de la Parte de exportación responsables de llevar a cabo dicha

verificación, o si tales diferencias suscitan dudas en cuanto a la interpretación del presente capítulo,

dichas diferencias o preguntas se presentarán al Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y

Normas de Origen, a que se refiere el artículo 11.32.

4. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes de la Parte de

importación que soliciten una verificación podrán efectuar la determinación del origen previa

consulta en el Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de Origen y únicamente

con una justificación suficiente, tras haber concedido al importador el derecho a ser oído. La

determinación será notificada a la Parte exportadora.

5. Ninguna disposición del presente artículo afectará a los procedimientos ni a los derechos de

las Partes contemplados en el capítulo 29.

6. En todos los casos, las diferencias entre el importador y las autoridades aduaneras o las

autoridades gubernamentales competentes de la Parte de importación se resolverán con arreglo a la

legislación de dicha Parte.

& /es 150

ARTÍCULO 11.27

Confidencialidad

1. Las Partes mantendrán, de conformidad con su Derecho respectivo, la confidencialidad de la

información obtenida con arreglo al presente capítulo, e impedirán que se divulgue dicha

información.

2. La información obtenida por las autoridades de la Parte importadora solo podrá ser utilizada

por dichas autoridades para los fines del presente capítulo. Cada una de las Partes se asegurará de

que la información confidencial obtenida de conformidad con el presente capítulo no se utilice para

otros fines distintos de la administración o ejecución de la determinación de origen y de las

cuestiones aduaneras, salvo que la persona o Parte que haya facilitado la información

confidencialidad dé su permiso.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, la Parte importadora podrá permitir que la

información obtenida de conformidad con el presente capítulo se utilice o divulgue en todo

procedimiento administrativo, judicial o jurisdiccional incoado por incumplimiento de la normativa

aduanera por la que se aplique el presente capítulo. En tal caso, la Parte importadora notificará a la

Parte exportadora el uso o la divulgación de la información.

ARTÍCULO 11.28

Medidas y sanciones administrativas

Una Parte impondrá, de conformidad con sus disposiciones legislativas y reglamentarias, medidas y

sanciones administrativas a toda persona que redacte, o haga que se redacte, un documento que

contenga información incorrecta con el fin de obtener un trato preferencial para algún producto.

& /es 151

SECCIÓN C

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 11.29

Ceuta y Melilla

1. A efectos del presente capítulo, en el caso de la Unión Europea, el término «Parte» no

incluye a Ceuta y Melilla.

2. En el marco del presente Acuerdo, los productos originarios del MERCOSUR, cuando se

importen en Ceuta y Melilla, estarán sujetos en todos los aspectos al mismo trato aduanero que se

aplica a los productos originarios del territorio aduanero de la Unión Europea con arreglo al

Protocolo n.º 2 del Acta de Adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la Unión

Europea. El MERCOSUR otorgará a las importaciones de los productos que entran en el ámbito de

aplicación del presente Acuerdo y que son originarios de Ceuta y Melilla el mismo trato aduanero

que se otorga a los productos importados y originarios de la Unión Europea.

3. Las normas de origen y los procedimientos de origen contemplados en el presente capítulo

se aplicarán, _mutatis mutandis_, a los productos exportados desde el MERCOSUR a Ceuta y Melilla

y a los productos exportados desde Ceuta y Melilla al MERCOSUR.

4. Ceuta y Melilla serán consideradas un solo territorio.

& /es 152

5. El exportador indicará «MERCOSUR» o «Ceuta y Melilla» en el campo 2 del texto de la

comunicación sobre el origen, en función del origen del producto.

6. Las autoridades aduaneras del Reino de España serán responsables de la aplicación y

ejecución del presente capítulo en Ceuta y Melilla.

ARTÍCULO 11.30

Contingentes arancelarios

Los productos exportados en el marco de contingentes arancelarios concedidos por la Unión

Europea irán acompañados de un documento oficial expedido por los Estados del MERCOSUR

signatarios, cuyo modelo deberá ser comunicado a la Unión Europea por el MERCOSUR a más

tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo **[1]** .

ARTÍCULO 11.31

Mercancías en tránsito o depósito

El presente Acuerdo podrá aplicarse a las mercancías que cumplan lo dispuesto en el presente

capítulo y que, en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, se encuentren en tránsito o en

almacenamiento temporal en depósitos aduaneros o zonas francas de la Unión Europea o del

MERCOSUR, a condición de que se presente a las autoridades aduaneras de la Parte importadora,

en un plazo de 6 (seis) meses a partir de dicha fecha, una declaración de origen y, en su caso, los

documentos que demuestren que las mercancías cumplen lo dispuesto en el artículo 11.14.

**1** Esta disposición se aplica sin perjuicio de las demás disposiciones del presente capítulo.

& /es 153

ARTÍCULO 11.32

Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de Origen

1. El Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de Origen, creado en virtud

del artículo 9.9, apartado 4, tendrá las siguientes funciones, además de las que figuran en el

artículo 2.4, el artículo 9.9, el artículo 12.6, apartado 10, y el artículo 12.21:

a) llevar a cabo los trabajos internos preparatorios necesarios para el Comité Conjunto en su

configuración de comercio sobre:

i) la aplicación y el funcionamiento del presente capítulo; y

ii) cualquier modificación del presente capítulo propuesta por una Parte;

b) adoptar notas explicativas para facilitar la aplicación del presente capítulo; y

c) llevar a cabo, en caso necesario, las consultas previstas en el artículo 11.26.

ARTÍCULO 11.33

Notas explicativas

El Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de Origen adoptará, según proceda,

notas explicativas relativas a la interpretación, aplicación y administración del presente capítulo.

& /es 154

ARTÍCULO 11.34

Modificaciones del presente capítulo

El Consejo Conjunto en su configuración de comercio podrá modificar el presente capítulo con

arreglo al artículo 9.7, apartado 1, letra f).

CAPÍTULO 12

ADUANAS Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO

ARTÍCULO 12.1

Objetivos y ámbito de aplicación

1. Las Partes reconocen la importancia de los asuntos aduaneros y de facilitación del comercio

en el contexto evolutivo del comercio mundial.

2. Las Partes reconocen que el comercio internacional y los instrumentos y normas aduaneros

constituyen la base de los requisitos y procedimientos de importación, exportación y tránsito.

& /es 155

3. Las Partes reconocen que sus legislaciones deberán ser no discriminatorias y que los

regímenes aduaneros y demás procedimientos relativos al comercio deberán basarse en la

utilización de métodos modernos y controles efectivos para combatir el fraude, proteger la salud y

la seguridad de los consumidores y promover el comercio legítimo. Cada una de las Partes deberá

revisar periódicamente su legislación y sus regímenes aduaneros. Las Partes también reconocen que

sus regímenes aduaneros y demás procedimientos relativos al comercio no deberán generar carga

administrativa ni restringir el comercio más de lo necesario para alcanzar objetivos legítimos, y que

deben aplicarse de manera predecible, coherente y transparente.

4. Las Partes reforzarán su cooperación, a fin de garantizar que las disposiciones legislativas y

reglamentarias pertinentes, así como la capacidad administrativa de las administraciones

correspondientes, cumplan los objetivos de promover la facilitación del comercio, al tiempo que

garantizan un control efectivo de la importación, la exportación y el tránsito de mercancías en la

frontera.

5. Las Partes cooperarán con vistas a apoyar el desarrollo de la integración regional tanto en la

Unión Europea como en el MERCOSUR.

ARTÍCULO 12.2

Cooperación aduanera

1. Las Partes, a través de sus autoridades respectivas, cooperarán en asuntos aduaneros y

demás asuntos relativos al comercio para garantizar que se alcancen los objetivos enunciados en el

artículo 12.1.

& /es 156

2. La cooperación podrá incluir:

a) intercambiar información sobre legislación aduanera y demás legislación relativa al comercio,

la aplicación de esta legislación y los regímenes aduaneros; en particular en los siguientes

ámbitos:

i) la simplificación y modernización de los regímenes aduaneros;

ii) la observancia de los derechos de propiedad intelectual por parte de las autoridades

aduaneras;

iii) la libre circulación de mercancías y la integración regional;

iv) la facilitación de las operaciones de tránsito y transbordo;

v) la coordinación entre organismos en la frontera;

vi) las relaciones con la comunidad empresarial;

vii) la seguridad de la cadena de suministro y la gestión de riesgos; y

viii) la utilización de las tecnologías de la información, los requisitos en materia de datos y

documentación y los sistemas de ventanilla única, incluido el trabajo para su futura

interoperabilidad;

b) intercambiar información relativa al comercio internacional y a los instrumentos y normas

aduaneros;

& /es 157

c) colaborar en los aspectos aduaneros relacionados con garantizar y facilitar las cadenas de

suministro del comercio internacional, de conformidad con el Marco Normativo para

Asegurar y Facilitar el Comercio Global (en lo sucesivo, «el Marco SAFE») de la

Organización Mundial de Aduanas (en lo sucesivo, «OMA»);

d) desarrollar iniciativas conjuntas relacionadas con los procedimientos de importación y

exportación, incluida la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades y medidas destinadas

a prestar un servicio eficaz a la comunidad empresarial;

e) reforzar la cooperación entre las Partes en el ámbito aduanero y de facilitación del comercio

en organizaciones internacionales como la OMC, la OMA y la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (en lo sucesivo, «UNCTAD»);

f) establecer, cuando sea pertinente y apropiado, el reconocimiento mutuo de los programas de

asociación comercial y los controles aduaneros, incluidas las medidas equivalentes de

facilitación del comercio;

g) fomentar la cooperación entre las autoridades aduaneras y las demás autoridades o agencias

gubernamentales en relación con los programas de operadores económicos autorizados, por

ejemplo, armonizando los requisitos, facilitando el acceso a los beneficios y minimizando las

duplicaciones innecesarias;

h) cooperar con objeto de alcanzar un enfoque común en cuestiones relativas al valor en aduana;

y

i) cooperar para seguir reduciendo los plazos de levante y para despachar las mercancías sin

demora indebida, en particular las mercancías perecederas.

& /es 158

3. Las Partes se prestarán asistencia administrativa mutua en materia aduanera, de conformidad

con lo dispuesto en el anexo 12-A.

ARTÍCULO 12.3

Disposiciones legales y reglamentarias aduaneras y otras disposiciones legislativas y reglamentarias

comerciales

1. Las disposiciones legislativas y reglamentarias aduaneras y comerciales **[1]** de cada una de las

Partes se basarán en:

a) instrumentos y normas internacionales aplicables en el ámbito de las aduanas y el comercio,

incluidos: el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, hecho en Bali el 7 de

diciembre de 2013 (en lo sucesivo, «Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC»);

el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de

Mercancías, hecho en Bruselas el 14 de junio de 1983; el Marco SAFE y el modelo de datos

de la OMA, adoptado en junio de 2005, y, en la medida de lo posible, los elementos

sustantivos del Convenio de Kioto revisado para la Simplificación y Armonización de los

Regímenes Aduaneros, hecho en Kioto el 18 de mayo de 1973;

b) el objetivo común de facilitar el comercio legítimo mediante la observancia y el cumplimiento

efectivos de los requisitos legislativos; y

c) una legislación que sea proporcionada y no discriminatoria, evite cargas innecesarias a los

operadores económicos, prevea una mayor facilitación para los operadores con elevados

niveles de cumplimiento, incluido un trato favorable con respecto a los controles aduaneros

previos al levante de las mercancías, y garantice salvaguardias contra el fraude y las

actividades ilícitas o perjudiciales.

**1** Para mayor seguridad, la referencia a las disposiciones legislativas y reglamentarias abarca los
procedimientos consagrados en ellas.

& /es 159

2. A fin de mejorar los métodos de trabajo, así como garantizar la no discriminación, la

transparencia, la eficiencia, la integridad y la responsabilidad de las operaciones, cada una de las

Partes deberá:

a) simplificar y revisar los requisitos y formalidades cuando sea posible para que puedan

efectuarse rápidamente el levante y el despacho de las mercancías;

b) procurar seguir simplificando y normalizando los datos y documentos requeridos por las

autoridades aduaneras y otras agencias; y

c) velar por que se mantengan los mayores niveles de integridad mediante la aplicación de

medidas que reflejen los principios de los convenios internacionales pertinentes y de los

instrumentos en este ámbito.

ARTÍCULO 12.4

Levante de mercancías

1. Cada una de las Partes adoptará o mantendrá requisitos y procedimientos que:

a) prevean el levante rápido de las mercancías en un plazo no superior al necesario para

garantizar el cumplimiento de sus leyes y formalidades aduaneras y relacionadas con el

comercio;

& /es 160

b) dispongan la presentación y tramitación electrónica anticipada de la documentación y

cualquier otra información solicitada antes de la llegada de las mercancías, a fin de permitir el

levante de las mercancías en el momento de su llegada **[1]** ; y

c) permitan el levante de las mercancías antes de la determinación definitiva de los derechos de

aduana, impuestos, tasas y cargas, si dicha determinación no se hace antes o en el momento de

la llegada, o lo más rápidamente posible después de la llegada, y si se han cumplido todos los

demás requisitos reglamentarios.

2. A efectos del apartado 1, letra c), como condición para el levante, cada una de las Partes

podrá exigir una garantía por una cuantía aún por determinar en forma de fianza, depósito u otro

instrumento adecuado establecido en sus disposiciones legislativas y reglamentarias. Dicha garantía

no será superior a la cuantía que la Parte requiera para asegurar el pago de los derechos de aduana,

impuestos, tasas y cargas que finalmente deban pagarse por las mercancías cubiertas por la garantía.

La garantía se liberará cuando ya no sea necesaria **[2]** .

3. Cada una de las Partes procurará seguir reduciendo el plazo de levante y despachar las

mercancías sin demoras injustificadas.

**1** Los Estados del MERCOSUR signatarios cumplirán los compromisos del presente apartado
con arreglo al artículo 16 (Notificación de las fechas definitivas para la aplicación de la
categoría B y la categoría C) del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC.
**2** Los Estados del MERCOSUR signatarios cumplirán los compromisos del presente apartado
con arreglo al artículo 16 (Notificación de las fechas definitivas para la aplicación de la
categoría B y la categoría C) del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC.

& /es 161

ARTÍCULO 12.5

Mercancías perecederas

1. A los efectos de la presente disposición, las mercancías perecederas son aquellas que se

descomponen rápidamente debido a sus características naturales, especialmente en ausencia de

condiciones adecuadas de almacenamiento.

2. Cada una de las Partes dará la prioridad adecuada a las mercancías perecederas cuando

programe y lleve a cabo los exámenes que puedan ser necesarios.

3. A petición de un operador económico, cada una de las Partes, siempre que sea factible y

coherente con sus disposiciones legislativas y reglamentarias, deberá:

a) disponer el despacho de un envío de mercancías perecederas fuera de los horarios de trabajo

de las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes; y

b) permitir que los envíos de mercancías perecederas se despachen en los locales del operador

económico.

& /es 162

ARTÍCULO 12.6

Resoluciones anticipadas

1. A efectos del presente artículo, se entenderá por «resolución anticipada» la decisión escrita

facilitada a un solicitante antes de la importación de una mercancía objeto de la solicitud, en la que

se establece el trato que la Parte en cuestión concederá a la mercancía en el momento de la

importación con respecto a:

a) la clasificación arancelaria de la mercancía; y

b) el origen de la mercancía.

2. Cada una de las Partes emitirá, por medio de sus autoridades aduaneras, una resolución

anticipada que exponga el tratamiento que debe aplicarse a las mercancías de que se trate. Si un

solicitante presenta una petición por escrito, incluso en formato electrónico, que contenga toda la

información necesaria según las disposiciones legislativas y reglamentarias de la Parte emisora, la

resolución se emitirá de manera razonable y con un plazo determinado.

3. La resolución anticipada tendrá un período de validez de al menos 3 (tres) años a partir de su

emisión, salvo que cambien los fundamentos de Derecho, los hechos o las circunstancias que

justifiquen la resolución anticipada original.

4. Una Parte podrá negarse a emitir una resolución anticipada si la cuestión que plantea es

objeto de una revisión administrativa o judicial, o si la solicitud no corresponde a ninguno de los

usos previstos de las resoluciones anticipadas. Si una Parte se niega a emitir una resolución

anticipada, lo notificará al solicitante por escrito y sin demora, indicando los hechos pertinentes y el

fundamento de su decisión.

& /es 163

5. Las Partes publicarán, como mínimo, lo siguiente:

a) los requisitos para la solicitud de una resolución anticipada, incluida la información que ha de

presentarse y su formato;

b) el plazo en el que se emitirá la resolución anticipada; y

c) el período de validez de la resolución anticipada.

6. Si una Parte revoca, modifica o invalida una resolución anticipada, lo notificará al

solicitante por escrito, indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión. Una Parte

puede revocar, modificar o invalidar una resolución anticipada con efecto retroactivo únicamente si

la resolución se basó en información incompleta, incorrecta, falsa o engañosa.

7. Una resolución anticipada emitida por una Parte será vinculante para dicha Parte con

respecto al solicitante que la haya pedido. La Parte podrá disponer que la resolución anticipada sea

vinculante para el solicitante.

8. Previa solicitud por escrito de un solicitante, cada una de las Partes facilitará una revisión de

la resolución anticipada o de la decisión de revocarla, modificarla o invalidarla **[1]** .

9. A reserva de los requisitos de confidencialidad, los elementos sustantivos de estas

resoluciones se publicarán en línea o en otros formatos adecuados.

**1** Con arreglo a este apartado, el funcionario, oficina o autoridad que haya dictado la resolución,
una autoridad administrativa superior o independiente, o una autoridad judicial, podrá
presentar una revisión antes o después de que se haya dado curso a la resolución.

& /es 164

10. Para facilitar el comercio, el Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de

Origen, mencionado en el artículo 12.21, debatirá periódicamente las actualizaciones sobre las

modificaciones introducidas en las respectivas disposiciones legislativas y reglamentarias de las

Partes en relación con las cuestiones contempladas en el presente artículo.

11. Las Partes podrán acordar resoluciones anticipadas sobre cualquier otro asunto.

ARTÍCULO 12.7

Tránsito y transbordo

1. Cada una de las Partes garantizará la libertad de tránsito por su territorio a través de la ruta

más adecuada para el tránsito.

2. Sin perjuicio del control legítimo, cada una de las Partes concederá al tráfico en tránsito

hacia o desde el territorio de la otra Parte un trato no menos favorable que el concedido a sus

propias mercancías similares y su circulación, incluidas las importaciones y exportaciones, cuando

dichas mercancías se transporten en la misma ruta en condiciones similares.

3. Cada una de las Partes, en la medida de lo posible, aplicará a las mercancías transbordadas

regímenes aduaneros menos gravosos que los aplicados al tráfico en tránsito.

4. Cada una de las Partes establecerá regímenes de transporte en aduana que permitan que las

mercancías transiten sin necesidad de pagar derechos de aduana u otros gravámenes, a condición de

que se constituya una garantía apropiada.

5. Cada una de las Partes promoverá y aplicará regímenes de tránsito regional con vistas a

facilitar el tráfico en tránsito y reducir las barreras arancelarias.

& /es 165

6. Cada una de las Partes se basará en las normas e instrumentos internacionales relativos al

tránsito y los utilizará.

7. También podrán utilizarse regímenes de tránsito aduanero si el tránsito de mercancías

comienza o termina en el territorio de una Parte (tránsito interior).

8. Las Partes velarán por que todas las autoridades y agencias correspondientes de sus

territorios respectivos cooperen y se coordinen en las cuestiones aduaneras, con el objetivo de

facilitar el tráfico en tránsito.

ARTÍCULO 12.8

Operadores económicos autorizados

1. Cada una de las Partes establecerá o mantendrá un programa de asociación para la

facilitación del comercio destinado a los operadores que cumplan determinados criterios (en lo

sucesivo, «operadores económicos autorizados» u «OEA»).

2. Los criterios especificados que deben cumplir los operadores para ser considerados

operadores económicos autorizados (en lo sucesivo, «los criterios especificados») estarán

relacionados con el cumplimiento, o el riesgo de incumplimiento, de los requisitos especificados en

las disposiciones legislativas y reglamentarias de cada una de las Partes. Los criterios especificados,

que deberán ser publicados, podrán incluir:

a) ausencia de infracciones graves o reiteradas de las disposiciones legislativas y reglamentarias

en materia aduanera y fiscal, en particular que no haya habido condena alguna por delito

grave en relación con la actividad económica del solicitante;

& /es 166

b) que el solicitante demuestre un alto nivel de control de sus operaciones y del flujo de

mercancías, mediante un sistema de gestión de los registros comerciales y, en su caso, de los

registros de transporte, que permita la correcta realización de los controles aduaneros;

c) solvencia financiera, la cual se considerará acreditada si el solicitante tiene un buen nivel

financiero que le permita cumplir sus compromisos, teniendo debidamente en cuenta las

características del tipo de actividad de que se trate;

d) competencias o cualificaciones profesionales acreditadas directamente relacionadas con la

actividad realizada; y

e) niveles adecuados en materia de protección y seguridad.

3. Los criterios especificados no estarán concebidos ni se aplicarán de manera que permitan o

creen una discriminación arbitraria o injustificable entre operadores cuando prevalezcan las mismas

condiciones, y permitirán la participación de las pymes.

4. El programa de asociación para la facilitación del comercio incluirá al menos cuatro de las

siguientes ventajas:

a) menos requisitos en materia de documentación y datos, según proceda;

b) bajo índice de inspecciones físicas y exámenes, según proceda;

c) levante rápido, según proceda;

d) pago diferido de los derechos, impuestos, tasas y gravámenes;

& /es 167

e) utilización de garantías globales o reducción de las garantías;

f) una única declaración aduanera para todas las importaciones o exportaciones realizadas en un

período determinado; y

g) despacho de mercancías en los locales del operador económico autorizado u otro lugar

autorizado por las autoridades aduaneras.

5. Las Partes deben garantizar la coordinación entre las autoridades aduaneras y otros

organismos fronterizos en el desarrollo de sus respectivos programas de operadores económicos

autorizados a través de medios tales como la armonización de los requisitos, la minimización de las

duplicaciones innecesarias y el acceso a las ventajas relacionadas con los controles y requisitos

administrados por organismos distintos de las autoridades aduaneras.

ARTÍCULO 12.9

Ventanilla única

Cada una de las Partes se esforzará por establecer sistemas de ventanilla única que permitan a los

operadores comerciales presentar a las autoridades u organismos participantes, a través de un punto

de entrada único, los documentos y datos requeridos para la importación, la exportación o el tránsito

de mercancías.

& /es 168

ARTÍCULO 12.10

Transparencia

1. Las Partes reconocen la importancia de celebrar consultas oportunas con representantes del

sector comercial sobre las propuestas de legislación y procedimientos de una Parte relativas a

cuestiones de aduanas y facilitación del comercio.

2. Cada una de las Partes velará por que sus requisitos y regímenes aduaneros y comerciales

respectivos continúen respondiendo a las necesidades de la comunidad comercial, sigan las mejores

prácticas y sean lo menos restrictivos posible para el comercio.

3. Cada una de las Partes regulará, según proceda, la celebración de consultas periódicas entre

sus organismos fronterizos y los operadores comerciales u otras partes interesadas ubicadas dentro

de su territorio.

4. Cada una de las Partes publicará sin demora, de manera no discriminatoria y fácilmente

accesible, y en la medida de lo posible por medios electrónicos, las nuevas leyes, regulaciones y

procedimientos generales relacionados con cuestiones aduaneras y de facilitación del comercio

antes de su aplicación, así como las modificaciones e interpretaciones de dichas leyes, regulaciones

y procedimientos generales. Esto incluirá:

a) los procedimientos de importación, exportación y tránsito, incluidos los procedimientos y

horarios de funcionamiento de puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada, y los

formularios y documentos exigidos;

b) los tipos de los derechos e impuestos de cualquier clase aplicados a la importación o la

exportación o en conexión con ellas;

c) las tasas y cargas impuestas por organismos gubernamentales o en nombre de estos a la

importación, la exportación o el tránsito o en conexión con ellos;

& /es 169

d) las normas para la clasificación o la valoración de productos a efectos aduaneros;

e) las disposiciones legislativas y reglamentarias y las resoluciones administrativas de aplicación

general relacionadas con las normas de origen;

f) las restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación o tránsito;

g) las disposiciones sobre sanciones contra infracciones de las formalidades de importación,

exportación o tránsito;

h) los procedimientos de recurso;

i) los acuerdos o partes de acuerdos con cualquier país o países relativos a la importación, la

exportación o el tránsito;

j) los procedimientos relativos a la administración de contingentes arancelarios;

k) los puntos de contacto para solicitudes de información; y

l) otros anuncios pertinentes de carácter administrativo relacionados con lo anterior.

5. Cada una de las Partes garantizará que exista un período de tiempo razonable entre la

publicación de las leyes, regulaciones y procedimientos generales y tasas o cargas, nuevos o

modificados, y su entrada en vigor.

6. Cada una de las Partes pondrá a disposición en línea y actualizará, según proceda, lo

siguiente:

a) una descripción de sus procedimientos de importación, exportación y tránsito, incluidos los

procedimientos de recurso, en la que se informe sobre los pasos concretos necesarios para la

importación, la exportación y el tránsito;

& /es 170

b) los formularios y documentos exigidos para la importación en el territorio de esa Parte, la

exportación desde ella y el tránsito por ella; y

c) la información de contacto de los servicios de consulta.

7. Cada una de las Partes establecerá o mantendrá uno o varios servicios de consulta para

responder en un plazo razonable a las consultas de administraciones, operadores comerciales y otras

partes interesadas sobre cuestiones aduaneras y otras cuestiones relacionadas con el comercio. Las

Partes no exigirán el pago de una tasa por responder a consultas o proporcionar los formularios y

documentos necesarios. Los servicios de consulta responderán a las consultas y suministrarán los

formularios y documentos dentro de un plazo razonable fijado por cada una de las Partes, que podrá

variar dependiendo de la naturaleza o complejidad de la consulta.

ARTÍCULO 12.11

Valoración en aduana

El Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT (1994) regulará las normas de

valoración en aduana aplicables al comercio reciproco entre las Partes. Sus disposiciones quedan

incorporadas al presente Acuerdo y forman parte integrante del mismo.

ARTÍCULO 12.12

Gestión de riesgos

1. Cada una de las Partes adoptará o mantendrá un sistema de gestión de riesgos para el control

aduanero.

& /es 171

2. Las Partes diseñarán y aplicarán la gestión de riesgos de forma que se eviten

discriminaciones arbitrarias o injustificables, o restricciones encubiertas al comercio internacional.

3. Cada una de las Partes concentrará los controles aduaneros y otros controles fronterizos

pertinentes en los envíos de alto riesgo y acelerará el levante de los envíos de bajo riesgo. Cada una

de las Partes también podrá seleccionar, aleatoriamente, los envíos que se someterán a esos

controles en el marco de su gestión de riesgos.

4. Cada una de las Partes basará la gestión de riesgos en una evaluación del riesgo mediante

criterios de selección adecuados.

5. Las disposiciones del presente artículo serán aplicables, siempre que sea posible, a los

procedimientos administrados por otros organismos fronterizos.

ARTÍCULO 12.13

Auditoría posterior al despacho de aduana

1. Con vistas a agilizar el levante de las mercancías, cada una de las Partes adoptará o

mantendrá una auditoría posterior al despacho de aduana para asegurar el cumplimiento de las

disposiciones legislativas y reglamentarias aduaneras y otras disposiciones conexas.

2. Las Partes llevarán a cabo auditorías posteriores al despacho de aduana en función de los

riesgos.

3. Las Partes llevarán a cabo auditorías posteriores al despacho de aduana de manera

transparente. Si se realiza una auditoría y se ha llegado a resultados concluyentes, la Parte notificará

sin demora a la persona cuyo registro se audita los resultados de la auditoría, sus derechos y

obligaciones y los motivos que justifican los resultados.

& /es 172

4. Las Partes reconocen que la información obtenida en una auditoría posterior al despacho de

mercancías podrá utilizarse en otros procedimientos administrativos o judiciales.

5. Cuando sea factible, las Partes utilizarán los resultados de la auditoría posterior al despacho

de aduana para la aplicación de la gestión de riesgos.

ARTÍCULO 12.14

Agentes de aduanas

Cada una de las Partes publicará sus medidas sobre la utilización de agentes de aduanas. Cada una

de las Partes aplicará normas transparentes, no discriminatorias y proporcionadas cuando conceda

licencias a los agentes de aduanas. Las Partes no adoptarán nuevas medidas que introduzcan la

utilización obligatoria de agentes de aduanas.

ARTÍCULO 12.15

Inspecciones previas a la expedición

Una Parte no hará obligatorias las inspecciones previas a la expedición, con arreglo a la definición

del Acuerdo de la OMC sobre Inspección Previa a la Expedición, ni ninguna otra actividad de

inspección realizada en el lugar de destino, antes del despacho de aduana, por parte de empresas

privadas.

& /es 173

ARTÍCULO 12.16

Recursos

1. Cada una de las Partes establecerá procedimientos efectivos, rápidos, no discriminatorios y

fácilmente accesibles que garanticen el derecho a recurrir acciones, resoluciones y decisiones

administrativas de las autoridades aduaneras u otras autoridades competentes que afecten a la

importación o exportación de mercancías o a las mercancías en tránsito.

2. Los procedimientos de recurso podrán incluir la revisión administrativa por parte de la

autoridad supervisora y el control judicial de las decisiones tomadas a nivel administrativo, con

arreglo a las disposiciones legislativas y reglamentarias de cada una de las Partes.

3. Toda persona que haya solicitado una decisión a las autoridades aduaneras y no la haya

obtenido dentro del plazo aplicable estará legitimada para ejercer el derecho de recurso.

4. Cada una de las Partes proporcionará a la persona a quien vaya dirigida una decisión

administrativa los motivos de dicha decisión, de modo que la persona pueda presentar un recurso,

en caso necesario.

& /es 174

ARTÍCULO 12.17

Formalidades de importación, exportación y tránsito y requisitos en materia de datos y

documentación

1. Cada una de las Partes se asegurará de que las formalidades de importación, exportación y

tránsito, así como los requisitos en materia de datos y documentación:

a) se adopten y apliquen con vistas a un levante rápido de las mercancías, en particular las

mercancías perecederas, siempre que se cumplan las condiciones para el levante;

b) se adopten o apliquen de manera que se trate de reducir el tiempo y el coste que supone el

cumplimiento para los comerciantes y operadores;

c) sean la medida elegida menos restrictiva del comercio, si se dispone de dos o más medidas

alternativas razonables para cumplir el objetivo o los objetivos de política en cuestión; y

d) no se mantengan si ya no son necesarios, en su totalidad o de forma parcial.

2. El MERCOSUR trabajará para aplicar regímenes aduaneros comunes y requisitos uniformes

en materia de datos aduaneros para el levante de mercancías.

ARTÍCULO 12.18

Utilización de la tecnología de la información

1. Cada una de las Partes utilizará tecnologías de la información que agilicen los

procedimientos de levante de mercancías para facilitar el comercio entre las Partes.

& /es 175

2. Cada una de las Partes deberá:

a) facilitar por medios electrónicos las declaraciones en aduana y, siempre que sea posible, otros

documentos necesarios para la importación, el tránsito o la exportación de mercancías;

b) permitir que se presenten en formato electrónico las declaraciones en aduana y, siempre que

sea posible, los demás datos requeridos para la importación y exportación de mercancías;

c) establecer los medios que permitan el intercambio electrónico de información aduanera con su

comunidad comercial;

d) promover el intercambio electrónico de datos entre sus respectivos operadores comerciales,

administraciones aduaneras y otros organismos relacionados con el comercio; y

e) utilizar sistemas electrónicos de gestión de riesgos para la evaluación y la selección que

permitan a sus autoridades aduaneras y, cuando sea posible, los demás organismos fronterizos

centrar sus inspecciones en las mercancías de alto riesgo, y que faciliten el levante y la

circulación de mercancías de bajo riesgo.

3. Cada una de las Partes adoptará o mantendrá procedimientos que permitan la opción de pago

electrónico de los derechos, impuestos, tasas y gravámenes recaudados, en el momento de la

importación y la exportación, por las autoridades aduaneras y, cuando sea posible y aplicable, por

otros organismos fronterizos.

& /es 176

ARTÍCULO 12.19

Sanciones

1. Las Partes velarán por que sus disposiciones legislativas y reglamentarias en materia de

aduanas establezcan que las sanciones impuestas por la infracción de los reglamentos o

procedimientos de aduanas sean proporcionadas y no discriminatorias.

2. Las sanciones por infracción de las leyes, reglamentos o formalidades de aduana de una

Parte solo se impondrán a la persona responsable de dicha infracción en virtud de la legislación de

esa Parte.

3. Las sanciones impuestas dependerán de los hechos y circunstancias del caso y serán

proporcionales al grado y la gravedad de la infracción cometida. Cada una de las Partes evitará

incentivos por la evaluación y recaudación de sanciones, o conflictos de intereses en la evaluación y

recaudación de sanciones.

4. En caso de comunicación previa a una autoridad aduanera de las circunstancias de una

infracción de las leyes, reglamentos o formalidades de aduana, se anima a cada una de las Partes a

que considere este hecho como un posible factor atenuante a la hora de imponer una sanción.

5. Cuando se imponga una sanción por una infracción de las leyes, reglamentos o formalidades

de aduana, se facilitará a la persona o personas a las que se haya impuesto la sanción una

explicación por escrito en la que se especifique la naturaleza de la infracción y la ley, reglamento o

procedimiento aplicable en virtud del cual se haya prescrito el importe o el alcance de la sanción

por la infracción.

& /es 177

ARTÍCULO 12.20

Admisión temporal

1. A efectos del presente artículo, se entenderá por «admisión temporal» el régimen aduanero

en virtud del cual determinadas mercancías, incluidos sus medios de transporte, que son

introducidas en un territorio aduanero para un propósito específico quedan condicionalmente

exentas de pago de derechos e impuestos de importación, sin aplicación de prohibiciones o

restricciones de carácter económico a la importación. Estas mercancías deben estar destinadas a la

reexportación dentro de un plazo determinado y sin haber sufrido ninguna modificación, a

excepción de la depreciación normal debida al uso que se haya hecho de ellas.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo debe interpretarse en el sentido de que exime a

las mercancías importadas de cumplir requisitos comerciales de carácter no económico, en

particular medidas sanitarias y fitosanitarias.

3. Cada una de las Partes, de conformidad con su legislación, otorgará la admisión temporal

con exención condicional total de los derechos e impuestos de importación y sin aplicación de

prohibiciones o restricciones de carácter económico a la importación a las mercancías siguientes:

a) mercancías destinadas a ser presentadas o utilizadas en una exposición, feria, congreso o

evento similar;

b) material profesional de prensa, radiodifusión y televisión; material cinematográfico; cualquier

otro material necesario para el ejercicio del oficio o la actividad profesional de una persona

que visite el territorio de otro país para realizar un trabajo determinado;

c) mercancías importadas en el marco de una operación comercial, pero cuya importación no

constituya en sí misma una operación comercial;

& /es 178

d) mercancías importadas en el marco de una operación de fabricación (como placas, dibujos,

moldes, planos y modelos, para su utilización durante un proceso de fabricación); medios de

producción de sustitución;

e) mercancías importadas exclusivamente con fin educativo, científico o cultural;

f) efectos personales de pasajeros y mercancías importadas con fines deportivos;

g) material de publicidad turística;

h) mercancías importadas con fines humanitarios; y

i) animales importados para fines específicos.

3. Cada parte, para la admisión temporal de las mercancías a que se refiere el apartado 2 e

independientemente del origen de estas, aceptará los cuadernos ATA emitidos y aprobados por la

otra Parte con arreglo al Convenio Aduanero relativo al Cuaderno ATA para la Importación

Temporal de Mercancías, hecho en Bruselas el 6 de diciembre de 1961, y que hayan sido

garantizados por una asociación que forme parte de la cadena de garantía internacional, que hayan

sido certificados por las autoridades competentes y que sean válidos en el territorio aduanero de la

Parte importadora **[1]** .

**1** Esta disposición se aplicará únicamente con respecto a la Unión Europea y a los Estados del
MERCOSUR signatarios que sean partes contratantes en el Convenio relativo a la
importación temporal, hecho en Estambul el 26 de junio de 1990, y de conformidad con los
compromisos contraídos en dicho Convenio.

& /es 179

ARTÍCULO 12.21

Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de Origen

El Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de Origen, creado en virtud del

artículo 9.9, apartado 4, además de las funciones enumeradas en el artículo 2.4, el artículo 9.9, el

artículo 11.32 y el artículo 12.6, apartado 10, tendrá la función de mejorar la cooperación en el

desarrollo, la aplicación y la observancia de los procedimientos aduaneros y relacionados con el

comercio, la asistencia administrativa mutua en cuestiones aduaneras, las normas de origen y la

cooperación administrativa.

ARTÍCULO 12.22

Consejo Conjunto en su configuración de comercio

Con vistas a la aplicación de las disposiciones pertinentes del presente capítulo, el Consejo

Conjunto en su configuración de comercio estará facultado para adoptar decisiones relativas a los

programas OEA y su reconocimiento mutuo, así como a iniciativas conjuntas relativas a los

regímenes aduaneros y la facilitación del comercio.

& /es 180

CAPÍTULO 13

OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

ARTÍCULO 13.1

Objetivo

El objetivo del presente capítulo es facilitar el comercio de mercancías entre las Partes mediante la

detección, prevención y eliminación de obstáculos técnicos al comercio (en lo sucesivo, «OTC»)

innecesarios, y mejorar la cooperación entre las Partes en los asuntos cubiertos por el presente

capítulo.

ARTÍCULO 13.2

Relación con el Acuerdo OTC

1. Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo OTC, el cual queda

incorporado e integrado en el presente Acuerdo.

2. Las referencias a «el presente Acuerdo» en el Acuerdo OTC se entenderán, según proceda,

como referencias al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por

una parte, y el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa de Brasil,

la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por otra.

3. El término «Miembros» del Acuerdo OTC se entenderá como las Partes en el presente

Acuerdo.

& /es 181

ARTÍCULO 13.3

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplica a la elaboración, la adopción y la aplicación de normas,

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad que puedan afectar al

comercio de mercancías entre las Partes.

2. El presente capítulo no se aplica a:

a) las especificaciones de compra elaboradas por un organismo gubernamental para las

necesidades de producción o consumo de organismos gubernamentales; y

b) las medidas sanitarias y fitosanitarias definidas en el anexo A del Acuerdo MSF.

ARTÍCULO 13.4

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se aplicarán las definiciones siguientes:

a) las definiciones que figuran en el anexo 1 del Acuerdo OTC;

b) «declaración de conformidad del proveedor»: una atestación de parte interesada expedida por

el fabricante bajo su exclusiva responsabilidad, que está basada en los resultados de un tipo

adecuado de actividad de evaluación de la conformidad y que excluye la evaluación

obligatoria por terceros;

& /es 182

c) «ISO»: Organización Internacional de Normalización;

d) «CEI»: Comisión Electrotécnica Internacional;

e) «UIT»: Unión Internacional de Telecomunicaciones;

f) «Codex Alimentarius»: Comisión del Codex Alimentarius (en lo sucesivo, «Codex

Alimentarius»);

g) «ILAC»: Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios;

h) «IAF»: Foro Internacional de Acreditación; y

i) «Mecanismo IECEE CB»: mecanismo para el reconocimiento mutuo de certificados de

ensayo de equipos eléctricos del Sistema de mecanismos de evaluación de la conformidad de

equipos y componentes electrónicos de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

ARTÍCULO 13.5

Cooperación conjunta en iniciativas de facilitación del comercio

1. Las Partes reconocen la importancia de intensificar su cooperación con el fin de aumentar la

comprensión mutua de sus respectivos sistemas y contribuir a eliminar, o evitar la creación, de

OTC. En este sentido, las Partes llevarán a cabo, caso por caso, labores de definición, promoción,

desarrollo y aplicación, según proceda, de iniciativas de facilitación del comercio.

& /es 183

2. Una Parte podrá proponer a la otra Parte iniciativas sectoriales específicas en los ámbitos

cubiertos por el presente capítulo. Estas propuestas serán transmitidas al coordinador del capítulo de

OTC, designado de conformidad con el artículo 13.13, y podrán incluir:

a) intercambios de información sobre enfoques y prácticas reguladoras;

b) análisis conjuntos de un sector o grupo de productos;

c) iniciativas para seguir adaptando los reglamentos técnicos y los procedimientos para la

evaluación de la conformidad a las normas internacionales pertinentes;

d) la promoción del uso de la acreditación para evaluar la competencia de los organismos de

evaluación de la conformidad; y

e) la consideración del reconocimiento mutuo o unilateral de los resultados de la evaluación de

la conformidad.

3. Siempre que una de las Partes proponga una iniciativa específica de facilitación del

comercio, la otra Parte estudiará debidamente dicha propuesta y responderá en un plazo razonable.

Si la otra Parte rechaza la iniciativa propuesta, explicará los motivos de su decisión a la Parte

proponente.

4. Los términos de la labor prevista en el presente artículo serán definidos, por una parte, por la

Unión Europea y, por otra, por el MERCOSUR o los Estados del MERCOSUR signatarios que

participen en cada actividad de facilitación del comercio, en caso necesario, y podrán incluir la

creación de grupos de trabajo _ad hoc_ . A fin de aprovechar las perspectivas no gubernamentales

sobre cuestiones relacionadas con el presente artículo, cada una de las Partes podrá, según proceda

y de conformidad con sus normas y procedimientos, consultar a las diversas partes interesadas.

& /es 184

5. El Subcomité de Comercio de Mercancías, creado de conformidad con el artículo 9.9,

apartado 4, debatirá los resultados del trabajo realizado en virtud del presente artículo y podrá

estudiar las acciones adecuadas.

6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará de manera que obligue a una

Parte a:

a) desviarse de los procedimientos nacionales de preparación y adopción de medidas

reglamentarias;

b) adoptar medidas que socaven o impidan la adopción oportuna de medidas reglamentarias para

lograr sus objetivos en materia de políticas públicas; o

c) adoptar cualquier resultado normativo concreto.

7. Si se acuerdan las iniciativas a que se refiere el presente artículo y si es necesario para su

aplicación, cada una de las Partes facilitará la interacción de los equipos técnicos para mostrar sus

regímenes y sistemas de evaluación de la conformidad, con el fin de aumentar la comprensión

mutua.

8. A efectos del presente artículo, la Unión Europea actuará a través de la Comisión Europea.

ARTÍCULO 13.6

Reglamentos técnicos

1. Cada una de las Partes hará el mejor uso posible de las buenas prácticas en materia de

regulación con respecto a la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, tal como

se establece en el Acuerdo OTC, incluida, por ejemplo, la preferencia por reglamentos técnicos

basados en el rendimiento, el uso de evaluaciones de impacto o la consulta a las partes interesadas.

& /es 185

2. En particular, las Partes deberán:

a) utilizar las normas internacionales pertinentes como base para sus reglamentos técnicos,

incluidos los elementos de evaluación de la conformidad, salvo si dichas normas

internacionales son un medio ineficaz o inadecuado para alcanzar los objetivos legítimos

perseguidos; si no se utilizan normas internacionales como base para un reglamento técnico

que pueda tener un efecto significativo en el comercio, una Parte, a petición de la otra Parte,

explicará las razones por las que dichas normas se consideran inadecuadas o ineficaces para

alcanzar el objetivo legítimo perseguido;

b) al revisar sus respectivos reglamentos técnicos, además del artículo 2.3 del Acuerdo OTC y

sin perjuicio de los artículos 2.4 y 12.4 del Acuerdo OTC, aumentar la armonización de

dichos reglamentos con las normas internacionales pertinentes; las Partes tendrán en cuenta,

entre otras cosas, cualquier novedad en las normas internacionales pertinentes y si siguen

existiendo las circunstancias que dieron lugar a divergencias con respecto a alguna norma

internacional pertinente;

c) promover el desarrollo de reglamentos técnicos regionales y fomentar que estos se adopten a

nivel nacional y sustituyan a los ya existentes, con el fin de facilitar el comercio entre las

Partes;

d) permitir que transcurra un plazo prudencial entre la publicación de reglamentos técnicos y su

entrada en vigor para que los operadores económicos de la otra Parte puedan adaptarse **[1]** ;

**1** Por «plazo prudencial» se entenderá normalmente un período no inferior a 6 (seis) meses,
excepto cuando ello resulte ineficaz para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos.

& /es 186

e) llevar a cabo el análisis de impacto de los reglamentos técnicos previstos de conformidad con

sus normas y procedimientos respectivos; y

f) al elaborar los reglamentos técnicos, tener debidamente en cuenta las características y las

necesidades especiales de las pymes.

ARTÍCULO 13.7

Normas

1. Las Partes reafirman las obligaciones contraídas en virtud del artículo 4.1 del Acuerdo OTC,

particularmente en lo que respecta a tomar las medidas razonables para lograr que las instituciones

con actividades de normalización existentes en su territorio acepten y cumplan el Código de Buena

Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas que figura en el anexo 3 del

Acuerdo OTC.

2. Las normas internacionales elaboradas por la ISO, la CEI, la UIT o el Codex Alimentarius

se considerarán las normas internacionales pertinentes en el sentido de los artículos 2 y 5 y del

anexo 3 del Acuerdo OTC.

& /es 187

3. Una norma elaborada por otras organizaciones internacionales también podrá considerarse

una norma internacional pertinente en el sentido de los artículos 2 y 5 y el anexo 3 del

Acuerdo OTC, si:

a) ha sido elaborada por un organismo de normalización que pretenda llegar a un consenso:

i) entre las delegaciones nacionales de los miembros participantes de la OMC que

representen a todos los organismos nacionales de normalización de su territorio que

hayan adoptado, o tengan previsto adoptar, normas para el asunto al que se refiera la

actividad de normalización internacional; o

ii) entre los organismos gubernamentales de los miembros participantes de la OMC; y

b) ha sido elaborada de conformidad con la Decisión del Comité OTC de la OMC relativa a los

principios por los que se debe guiar la elaboración de normas, orientaciones y

recomendaciones internacionales en relación con los artículos 2 y 5 y el anexo 3 del Acuerdo

OTC.

4. Con el fin de armonizar las normas sobre una base lo más amplia posible, cada una de las

Partes, dentro de los límites de su competencia y sus recursos, alentará a los organismos de

normalización de su territorio, así como a los organismos de normalización regionales de los que

esa Parte o los organismos de normalización de su territorio sean miembros, a:

a) participar, dentro de los límites de sus recursos, en la elaboración de normas internacionales

por los organismos internacionales de normalización pertinentes;

b) cooperar con los organismos nacionales y regionales de normalización pertinentes de la otra

Parte en actividades de normalización internacional;

& /es 188

c) utilizar las normas internacionales pertinentes como base para las normas que elaboren, salvo

cuando dichas normas internacionales resulten ineficaces o inadecuadas; por ejemplo, debido

a un nivel insuficiente de protección, a factores climáticos o geográficos fundamentales o a

problemas tecnológicos fundamentales;

d) evitar la duplicación, o el solapamiento, del trabajo de los organismos internacionales de

normalización;

e) promover el desarrollo de normas a nivel regional y la adopción de dichas normas por parte

de los organismos nacionales de normalización, sustituyendo así a las normas nacionales

existentes;

f) revisar periódicamente las normas nacionales y regionales que no estén basadas en normas

internacionales pertinentes, para hacer que se armonicen en mayor medida con las normas

internacionales pertinentes; y

g) fomentar la cooperación bilateral con los organismos de normalización de la otra Parte.

5. Las Partes deberán intercambiar información a través de los coordinadores del capítulo de

OTC, designados de conformidad con el artículo 13.13, acerca de:

a) su uso de las normas como base o en apoyo de los reglamentos técnicos;

b) los acuerdos de cooperación aplicados por cualquiera de las Partes en materia de

normalización, por ejemplo sobre cuestiones de normalización en los acuerdos de libre

comercio con terceros países; y

c) sus respectivos procesos de normalización y el uso de las normas internacionales, regionales o

subregionales como base para sus normas nacionales.

& /es 189

ARTÍCULO 13.8

Procedimientos de evaluación de la conformidad y acreditación

1. Las disposiciones establecidas en el artículo 13.6 con respecto a la elaboración, adopción y

aplicación de reglamentos técnicos se aplicarán también a los procedimientos de evaluación de la

conformidad.

2. Si una Parte exige la evaluación de la conformidad como garantía positiva de que un

producto es conforme con un reglamento técnico, deberá:

a) seleccionar procedimientos de evaluación de la conformidad proporcionales a los riesgos

existentes;

b) considerar, en el proceso regulador, el uso de la declaración de conformidad del proveedor

como garantía de la conformidad, entre otras opciones, para demostrar el cumplimiento de los

reglamentos técnicos; y

c) facilitar información a la otra Parte, si esta la solicita, sobre las razones para seleccionar un

procedimiento particular de evaluación de la conformidad para productos específicos.

3. Si una Parte exige una evaluación de la conformidad por terceros como garantía positiva de

que un producto es conforme con un reglamento técnico, y no ha reservado esta tarea a un

organismo gubernamental como se especifica en el apartado 4, deberá:

a) utilizar preferentemente la acreditación para habilitar a los organismos de evaluación de la

conformidad;

& /es 190

b) hacer el mejor uso posible de las normas internacionales para la acreditación y evaluación de

la conformidad, así como de los acuerdos internacionales en los que participen los organismos

de acreditación de las Partes, por ejemplo a través de los mecanismos de la Cooperación

Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y del Foro Internacional de

Acreditación (IAF);

c) considerar la posibilidad de adherirse, o según proceda, animar a sus organismos de ensayo,

inspección y certificación a que se adhieran, a cualquier acuerdo o acuerdos internacionales

en vigor para la armonización o la facilitación de la aceptación de los resultados de la

evaluación de la conformidad;

d) en su territorio, fomentar la competencia entre los organismos de evaluación de la

conformidad designados por las autoridades para un determinado producto o conjunto de

productos con el fin de permitir a los agentes económicos elegir entre ellos;

e) garantizar que los organismos de evaluación de la conformidad sean independientes de los

fabricantes, importadores y distribuidores, en el sentido de que llevan a cabo sus actividades

con objetividad e independencia de juicio;

f) garantizar que no haya conflictos de interés entre los organismos de acreditación y los

organismos de evaluación de la conformidad, o entre las actividades de las autoridades de

vigilancia del mercado y las actividades de los organismos de evaluación de la conformidad;

g) permitir, en la medida de lo posible, que los organismos de evaluación de la conformidad

recurran a subcontratistas para realizar ensayos o inspecciones en relación con la evaluación

de la conformidad, incluidos subcontratistas situados en el territorio de la otra Parte; y

h) publicar en línea una lista de los organismos que haya designado para realizar la evaluación

de la conformidad y la información pertinente sobre el alcance de la designación de cada uno

de esos organismos.

& /es 191

4. Nada de lo dispuesto en el apartado 3, letra g), se interpretará de manera que se prohíba a las

Partes exigir a los subcontratistas que, para realizar las pruebas subcontratadas o la propia

inspección, cumplan los requisitos que se exigirían al organismo de evaluación de la conformidad

que los subcontrató.

5. Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá a las Partes solicitar que autoridades

gubernamentales específicas suyas realicen la evaluación de la conformidad de productos concretos.

En tal caso, la Parte deberá:

a) establecer las tasas de evaluación de la conformidad según el coste aproximado de los

servicios prestados y, a petición de un solicitante de evaluación de la conformidad, facilitar

los diferentes elementos incluidos en dichas tasas; y

b) en principio, hacer públicas las tasas de evaluación de la conformidad o, cuando dicha

información no se haga pública, facilitarla cuando se solicite.

& /es 192

6. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 a 5 del presente artículo, en los ámbitos

enumerados en el anexo 13-A en los que la Unión Europea acepte la declaración de conformidad

del proveedor como garantía de que un producto es conforme a un reglamento técnico, y en los que

un Estado del MERCOSUR signatario exija ensayos o certificaciones obligatorios por terceros para

dichos ámbitos, el Estado del MERCOSUR signatario aceptará, como garantía de que un producto

cumple los requisitos de los reglamentos técnicos de un Estado del MERCOSUR signatario,

certificados o, en los casos en que dicha aceptación no esté prevista en sus disposiciones legislativas

y reglamentarias pertinentes, informes de ensayo emitidos por organismos de evaluación de la

conformidad que estén situados en el territorio de la Unión Europea y que hayan sido acreditados

para los ámbitos pertinentes por un organismo de acreditación miembro de los acuerdos

internacionales de reconocimiento mutuo de la ILAC y del IAF; o aceptará certificados expedidos

con arreglo al Mecanismo IECEE CB. Para aceptar estos certificados o informes de ensayo, un

Estado del MERCOSUR signatario podrá exigir en sus disposiciones legislativas y reglamentarias

pertinentes que existan acuerdos bilaterales, incluidos memorandos de entendimiento, entre el

organismo de evaluación de la conformidad situado en el territorio de la Unión Europea y el

organismo de evaluación de la conformidad situado en el territorio del Estado del MERCOSUR

signatario.

7. Si las declaraciones de conformidad del proveedor se consideran un procedimiento de

evaluación de la conformidad válido en la Unión Europea, los informes de ensayo emitidos por

organismos de evaluación de la conformidad situados en el territorio del Estado del MERCOSUR

signatario se aceptarán como documento válido en el proceso de demostrar que un producto cumple

los requisitos del reglamento técnico de la Unión Europea. El fabricante seguirá siendo responsable

en todos los casos de la conformidad del producto.

& /es 193

8. El apartado 6 también se aplicará cuando un Estado del MERCOSUR signatario introduzca

nuevos requisitos obligatorios de ensayo o certificación por terceros para los ámbitos especificados

en el anexo 13-A, de conformidad con el apartado 10 del presente artículo. Si la Unión Europea

introduce requisitos obligatorios de ensayo o certificación por terceros para los ámbitos

especificados en el anexo 13-A, de conformidad con el apartado 10 del presente artículo, las Partes

debatirán en el Subcomité de Comercio de Mercancías, mencionado en el artículo 13.14, si es

necesario adoptar medidas para garantizar la reciprocidad en lo que respecta a la aceptación de los

informes de ensayos o certificados expedidos por organismos de evaluación de la conformidad

situados en el territorio del Estado del MERCOSUR signatario.

9. El Consejo Conjunto en su configuración de comercio podrá adoptar una decisión para

modificar la sección A del anexo 13-A.

10. No obstante lo dispuesto en el apartado 6 del presente artículo, cada una de las Partes podrán

introducir requisitos de ensayos o certificaciones obligatorios realizados por terceros en los ámbitos

especificados en el anexo 13-A para los productos que entran en el ámbito de aplicación de ese

anexo, con las siguientes condiciones:

a) que la introducción de tales requisitos o procedimientos esté justificada en virtud de los

objetivos legítimos mencionados en el artículo 2.2 del Acuerdo OTC;

b) que los motivos de la introducción de tales requisitos o procedimientos estén respaldados por

información técnica o científica fundamentada sobre el comportamiento de los productos en

cuestión;

c) que los requisitos o procedimientos no restrinjan el comercio más de lo necesario para

alcanzar el objetivo legítimo de la Parte, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no

alcanzarlo; y

& /es 194

d) que la Parte en cuestión no pueda haber previsto razonablemente la necesidad de introducir

tales requisitos o procedimientos en el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

11. El apartado 6 se entiende sin perjuicio del ejercicio, de forma no discriminatoria, de las

competencias de vigilancia del mercado por las autoridades de las Partes, incluidas las pruebas

adicionales a muestras en el punto de entrada.

ARTÍCULO 13.9

Transparencia

1. Con respecto a la preparación, adopción y aplicación de normas, reglamentos técnicos y

procedimientos de evaluación de la conformidad, cada una de las Partes:

a) tendrá en cuenta las opiniones de la otra Parte si el proceso de elaboración de un reglamento

técnico está abierto a consulta pública, total o parcialmente;

b) al elaborar reglamentos técnicos importantes y procedimientos de evaluación de la

conformidad que puedan tener un efecto significativo en el comercio, garantizará, de

conformidad con sus respectivas disposiciones legislativas y reglamentarias, la existencia de

procedimientos de transparencia que permitan a las personas de las Partes realizar

aportaciones a través de un proceso formal de consulta pública, excepto cuando surjan o

amenacen con surgir problemas urgentes de seguridad, salud, protección del medio ambiente

o seguridad nacional;

c) permitirá a las personas de la otra Parte participar en los procesos de consulta mencionados en

la letra b) en condiciones no menos favorables que las concedidas a sus propias personas y, en

la medida de lo posible, hará públicos los resultados de esas consultas;

& /es 195

d) dará, en principio, un plazo de al menos 60 (sesenta) días para que la otra Parte presente

observaciones por escrito sobre los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación

de la conformidad en proyecto, y estudiará las solicitudes razonables de ampliación del plazo

para presentar observaciones;

e) si el texto notificado no está en una de las lenguas oficiales de la OMC, facilitará una

descripción clara y completa del contenido de la medida en el formato de notificación de la

OMC;

f) si recibe de la otra Parte observaciones por escrito sobre su propuesta de reglamento técnico o

procedimiento de evaluación de la conformidad, deberá:

i) si lo solicita la otra Parte, comentar las observaciones por escrito, cuando sea posible

con la participación de su autoridad reguladora competente, en un momento en el que

sea posible tenerlas en cuenta; y

ii) responder por escrito a las observaciones, a más tardar en la fecha de la publicación del

reglamento técnico o procedimiento para la evaluación de la conformidad, cuando sea

posible;

g) en caso de solicitud de la otra Parte, informar acerca de los objetivos, la base jurídica y la

justificación de cualquier reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la

conformidad que la Parte haya adoptado o propuesto para su adopción;

h) proporcionar información acerca de la adopción y la entrada en vigor de los reglamentos

técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad y los textos definitivos adoptados

mediante una adición a la notificación original a la OMC;

& /es 196

i) estudiar toda solicitud razonable de la otra Parte, recibida antes de que finalice el período de

presentación de observaciones tras la transmisión de un reglamento técnico en proyecto, de

ampliar el plazo entre la adopción del reglamento técnico y su entrada en vigor, excepto

cuando la demora resulte ineficaz para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos; y

j) proporcionar acceso gratuito a la versión electrónica del texto notificado junto con la

notificación.

2. A efectos del apartado 1, letra d), cuando surjan o amenacen con surgir problemas urgentes

de seguridad, salud, protección del medio ambiente o seguridad nacional, se aplicarán los

artículos 2.10 y 5.7 del Acuerdo OTC.

3. Si las normas se vuelven obligatorias a raíz de la incorporación o la mención en un proyecto

de reglamento técnico o en un procedimiento de evaluación de la conformidad, deberán cumplirse

las obligaciones de transparencia relativas a la notificación de OTC establecidas en el presente

artículo y en el artículo 2 o 5 del Acuerdo OTC.

4. Cada una de las Partes se asegurará de que todos los reglamentos técnicos y procedimientos

de evaluación de la conformidad obligatorios adoptados y vigentes estén a disposición del público

en sitios web oficiales de forma gratuita. Cada una de las Partes proporcionará siempre acceso sin

restricciones a toda la información pertinente para lograr la conformidad con un reglamento técnico.

Si las normas proporcionan una presunción de conformidad con los reglamentos técnicos y esas

normas no se mencionan en ellos, cada una de las Partes garantizará el acceso a la información

sobre las normas correspondientes.

5. Cada una de las Partes, cuando la otra Parte o sus operadores económicos presenten una

solicitud razonable, facilitará sin demora indebida información sobre los reglamentos técnicos

vigentes y, cuando proceda y estén disponibles, orientaciones escritas sobre el cumplimiento de los

reglamentos técnicos.

& /es 197

ARTÍCULO 13.10

Marcado y etiquetado

1. Los reglamentos técnicos de las Partes que incluyan o aborden exclusivamente el marcado o

el etiquetado cumplirán los principios del artículo 2 del Acuerdo OTC.

2. En particular, si una Parte exige el marcado o etiquetado obligatorio de productos:

a) requerirá únicamente información que sea pertinente para los consumidores, los usuarios del

producto o las autoridades que indique la conformidad del producto con los requisitos

técnicos obligatorios;

b) si una Parte exige la aprobación previa, el registro o la certificación de las etiquetas o los

marcados de los productos como condición previa para comercializar productos que cumplen

de otro modo sus requisitos técnicos obligatorios, garantizará que las solicitudes presentadas

por los operadores económicos de la otra Parte se resuelvan sin demora indebida y de forma

no discriminatoria;

c) si la Parte exige el uso de un número de identificación único, expedirá dicho número a los

operadores económicos de la otra Parte sin demoras indebidas y de forma no discriminatoria;

& /es 198

d) siempre que no sea engañoso, contradictorio o confuso en relación con los requisitos

reglamentarios de la Parte importadora, y los objetivos legítimos en virtud del Acuerdo OTC

no se vean comprometidos por ello, la Parte permitirá:

i) información en otros idiomas, además del idioma exigido por la Parte importadora de

los productos; y

ii) nomenclaturas, pictogramas, símbolos o gráficos adoptados en normas internacionales;

e) aceptará, cuando sea posible, que el etiquetado complementario y las correcciones del

etiquetado se realicen en depósitos aduaneros u otras zonas designadas en el punto de

importación como alternativa al etiquetado en el país de origen;

f) si considera que la protección de la salud pública y del medio ambiente, la protección contra

prácticas que puedan inducir a error y cualquier otro objetivo legítimo en virtud del Acuerdo

OTC no se ven comprometidos por ello, procurará aceptar etiquetas no permanentes o

separables en lugar de etiquetas adheridas físicamente al producto, o la inclusión de la

información pertinente en la documentación adjunta.

3. El apartado 2 no se aplicará al marcado o etiquetado de los medicamentos.

4. Si una Parte considera que los requisitos de marcado o etiquetado de un producto o sector en

la otra Parte podrían mejorarse, podrá proponer una iniciativa de facilitación del comercio para

abordar sus preocupaciones de conformidad con el artículo 13.5.

& /es 199

ARTÍCULO 13.11

Cooperación y asistencia técnica

1. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos del presente capítulo, cada una de las

Partes, entre otras cosas:

a) promoverá la cooperación y las actividades y proyectos conjuntos entre sus respectivas

organizaciones, públicas o privadas, nacionales o regionales, en los ámbitos de los

reglamentos técnicos, la normalización, la evaluación de la conformidad, la metrología y la

acreditación;

b) promoverá buenas prácticas reguladoras mediante el intercambio de información,

experiencias y mejores prácticas sobre, entre otras cosas, la evaluación del impacto de la

regulación, la gestión de existencias y la evaluación de riesgos de la regulación y la consulta

pública;

c) intercambiará opiniones sobre actividades de vigilancia del mercado;

d) reforzará la capacidad técnica e institucional de los organismos nacionales de reglamentación,

metrología, normalización, evaluación de la conformidad y acreditación, apoyando el

desarrollo de sus infraestructuras técnicas, incluidos los laboratorios y equipos de ensayo, y

manteniendo la formación continua de los recursos humanos;

e) promoverá, facilitará y, siempre que sea posible, coordinará su participación en

organizaciones internacionales y otros foros relacionados con los reglamentos técnicos, la

evaluación de la conformidad, las normas, la acreditación y la metrología;

& /es 200

f) apoyará las actividades de asistencia técnica de organizaciones nacionales, regionales e

internacionales en los ámbitos de la reglamentación técnica, la normalización, la evaluación

de la conformidad, la metrología y la acreditación; y

g) se esforzará por compartir las pruebas científicas y la información técnica disponible entre las

autoridades reguladoras de las Partes, en la medida necesaria para cooperar o acometer

debates técnicos con arreglo al presente capítulo, a excepción de la información confidencial

u otra información sensible.

2. Las Partes tendrán debidamente en cuenta las propuestas de cooperación de la otra Parte con

arreglo al presente capítulo.

ARTÍCULO 13.12

Debates técnicos

1. Cada una de las Partes podrá solicitar un debate sobre cualquier preocupación que surja en

el marco del presente capítulo, incluido cualquier proyecto o propuesta de reglamento técnico o

procedimiento de evaluación de la conformidad de la otra Parte que, a juicio de la Parte, pueda tener

un efecto adverso significativo en el comercio entre las Partes. La Parte solicitante entregará su

solicitud al coordinador del capítulo OTC de la otra Parte, designado de conformidad con el

artículo 13.13, e identificará:

a) el problema;

b) las disposiciones del presente capítulo que suscitan preocupación; y

c) los motivos de la solicitud, incluida una descripción de lo que preocupa a la Parte solicitante.

& /es 201

2. Toda información o explicación solicitada de conformidad con el apartado 1 se facilitará a

más tardar 60 (sesenta) días después de la fecha de la solicitud de una Parte de conformidad con el

apartado 1. El plazo podrá prorrogarse previa justificación de la Parte requerida.

3. Si un problema ha sido previamente abordado entre las Partes en cualquier foro, una Parte

podrá solicitar directamente un debate, en persona o por videoconferencia o teleconferencia, a más

tardar 60 (sesenta) días después de la fecha de la solicitud. En tales casos, la Parte requerida hará

todo lo posible por estar disponible para dicho debate.

4. Si las Partes no han debatido en virtud del presente artículo en los doce meses anteriores, la

otra Parte no podrá denegar la solicitud. Si la Parte solicitante considera que el asunto es urgente,

podrá pedir la celebración de una reunión en un plazo más breve. En estos casos, la Parte requerida

estudiará con predisposición favorable tal solicitud. Las Partes harán todo lo posible por resolver la

cuestión de manera satisfactoria para ambas.

5. Para mayor seguridad, las Partes también podrán solicitarse mutuamente debates técnicos en

virtud del apartado 2 con respecto a los reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la

conformidad de las administraciones nacionales, regionales o locales, según el caso, a un nivel

directamente inferior al de la administración central y que pueda tener un efecto significativo en el

comercio.

6. Tras el debate técnico, las Partes podrán concluir que el problema podría resolverse mejor

mediante una iniciativa de facilitación del comercio, de conformidad con el artículo 13.5.

7. El presente artículo se entiende sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes en

virtud del capítulo 29.

& /es 202

ARTÍCULO 13.13

Coordinador del capítulo de OTC

1. Cada una de las Partes designará a un coordinador del capítulo de OTC y comunicará a la

otra Parte cualquier cambio al respecto. Los coordinadores del capítulo de OTC trabajarán

conjuntamente para facilitar la aplicación del presente capítulo y la cooperación entre las Partes en

todos los asuntos relacionados con los OTC.

2. Las funciones de los coordinadores del capítulo de OTC comprenden:

a) apoyar al Subcomité de Comercio de Mercancías, mencionado en el artículo 13.14, en el

ejercicio de sus funciones;

b) apoyar las iniciativas de facilitación del comercio y los debates técnicos, según proceda, de

conformidad con los artículos 13.5 y 13.12, respectivamente;

c) intercambiar información sobre la labor realizada en foros no gubernamentales, regionales y

multilaterales relacionados con las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos

para la evaluación de la conformidad; y

d) informar de cualquier novedad pertinente relacionada con la aplicación del presente capítulo

al Subcomité de Comercio de Mercancías, a que se refiere el artículo 13.14, cuando proceda.

3. Los coordinadores del capítulo de OTC se comunicarán entre sí mediante cualquier método

acordado que sea adecuado para el desempeño de sus funciones, tales como el correo electrónico,

las teleconferencias, las videoconferencias y las reuniones.

& /es 203

ARTÍCULO 13.14

Subcomité de Comercio de Mercancías

El Subcomité de Comercio de Mercancías, creado en virtud del artículo 9.9, apartado 4, tendrá las

siguientes funciones, además de las que figuran en los artículos 2.4, 9.9 y 10.14:

a) debatir los resultados del trabajo realizado en virtud del artículo 13.5 y estudiar las acciones

adecuadas;

b) proporcionar un foro para que las Partes debatan sobre la necesidad de adoptar medidas para

garantizar la reciprocidad de conformidad con el artículo 13.8, apartado 8;

c) fomentar la cooperación de conformidad con el artículo 13.11 y dar apoyo a los debates

técnicos, según proceda, de conformidad con el artículo 13.12;

d) esforzarse por debatir al menos una vez al año las cuestiones contempladas en el punto 2 de la

sección C del anexo 13-B; y

e) proporcionar un foro para que las Partes cooperen e intercambien información sobre cualquier

cuestión pertinente para la aplicación del anexo 13-B.

& /es 204

CAPÍTULO 14

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

ARTÍCULO 14.1

Objetivos

Los objetivos del presente capítulo son:

a) proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal en los territorios de las Partes, facilitando

al mismo tiempo el comercio entre las Partes en lo que respecta a las medidas sanitarias y

fitosanitarias (en lo sucesivo, «MSF»);

b) establecer una cooperación en la aplicación del Acuerdo MSF;

c) garantizar que las MSF no creen obstáculos injustificados al comercio entre las Partes;

d) reforzar la cooperación en cuestiones técnicas y científicas relacionadas con la adopción y

aplicación de MSF;

e) mejorar el intercambio de información y las consultas entre las Partes sobre cuestiones

sanitarias y fitosanitarias; y

& /es 205

f) establecer una cooperación relativa a los foros multilaterales que se ocupen de cuestiones

sanitarias y fitosanitarias.

ARTÍCULO 14.2

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo es aplicable a todas las MSF **[1]** que puedan afectar, directa o

indirectamente, al comercio entre las Partes.

2. El presente capítulo se aplica a la cooperación relativa a los foros multilaterales que se

ocupen de cuestiones sanitarias y fitosanitarias.

ARTÍCULO 14.3

Definiciones

1. A efectos del presente capítulo, se aplicarán las definiciones siguientes:

a) las definiciones que figuran en el anexo A del Acuerdo MSF;

b) las definiciones adoptadas por el Codex Alimentarius;

c) las definiciones adoptadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (en lo sucesivo,

«OMSA»);

**1** En caso de conflicto, el presente capítulo prevalecerá sobre otros capítulos de la presente parte
del Acuerdo cuando se apliquen a las MSF, incluso cuando dichas medidas formen parte de
una medida.

& /es 206

d) las definiciones adoptadas por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (en lo

sucesivo, «CIPF»); y

e) «zona protegida» significa una parte geográfica oficialmente definida del territorio de la

Unión Europea en la que se sabe que no se ha establecido una plaga específica regulada

a pesar de las condiciones favorables y su presencia en otras partes del territorio de la Unión

Europea.

Las zonas protegidas son zonas libres de plagas bajo control de la Unión Europea en el

territorio de la Unión Europea. Están reconocidas por el Reglamento (UE) 2016/2031 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las medidas de

protección contra las plagas de los vegetales, por el que se modifican los Reglamentos (UE)

n.º 228/2013, (UE) n.º 652/2014 y (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo

y se derogan las Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,

2006/91/CE y 2007/33/CE del Consejo **[1]** . Este concepto no se aplica fuera del territorio de la

Unión Europea. A efectos comerciales, la Unión Europea no exigirá a la otra Parte que

establezca zonas protegidas en su territorio. En tales casos, se aplicarán las condiciones de las

zonas libres de plagas. A efectos del capítulo 6 y para el reconocimiento de las zonas

protegidas, serán de aplicación las mismas condiciones que para las zonas libres de plagas.

2. En caso de divergencia entre las definiciones del anexo A del Acuerdo MSF y las

definiciones acordadas por las Partes o las definiciones adoptadas por el Codex Alimentarius, la

OMSA y la CIPF, prevalecerán las definiciones establecidas en el anexo A del Acuerdo MSF.

**1** DO L 317 de 23.11.2016, p. 4.

& /es 207

ARTÍCULO 14.4

Derechos y obligaciones

Las Partes afirman sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo MSF. Ninguna de las

disposiciones del presente capítulo afectará a los derechos ni a las obligaciones de las Partes

establecidos en el Acuerdo MSF.

ARTÍCULO 14.5

Autoridades competentes

1. A efectos del presente capítulo, la autoridad competente oficial de una Parte es la autoridad

que, de conformidad con el Derecho de una Parte, está facultada para hacer cumplir sus

disposiciones legislativas y reglamentarias que entran en el ámbito de aplicación del presente

capítulo para garantizar el cumplimiento de sus requisitos, o cualquier otra autoridad en la que

dichas autoridades hayan delegado esa facultad (en lo sucesivo, «autoridades competentes»).

2. A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada una de las Partes facilitará por

escrito a la otra Parte el nombre de las autoridades competentes mencionadas en el apartado 1,

especificando dónde se publica esta información y una descripción del reparto de competencias

entre las autoridades competentes respectivas.

3. Las Partes, de conformidad con el artículo 14.11, apartado 4, se informarán mutuamente de

cualquier cambio que se produzca en las autoridades competentes.

& /es 208

ARTÍCULO 14.6

Obligaciones generales

1. Los productos exportados desde una Parte cumplirán los requisitos sanitarios y fitosanitarios

aplicables de la Parte importadora.

2. Los requisitos sanitarios y fitosanitarios de la Parte importadora serán los mismos para todo

el territorio de la Parte exportadora, siempre que imperen en todo el territorio las mismas

condiciones sanitarias y fitosanitarias, sin perjuicio de las decisiones y medidas adoptadas de

conformidad con el artículo 14.10. Cada una de las Partes garantizará que sus MSF se apliquen de

manera proporcionada y no discriminen arbitraria o injustificadamente entre Estados miembros de

la Unión Europea o Estados del MERCOSUR signatarios en los que imperen condiciones idénticas

o similares, inclusive entre su propio territorio y el de la otra Parte. Las MSF no se aplicarán de

manera que constituyan una restricción encubierta del comercio entre las Partes.

3. Los procedimientos a que se refiere el presente capítulo se aplicarán sin demora indebida y

de manera transparente, y la información solicitada se limitará a lo necesario a efectos de

aprobación, control, inspección y verificación adecuados.

4. Cada una de las Partes garantizará que las tasas impuestas por los procedimientos de

importación para comprobar y garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y

fitosanitarios sean equitativas en comparación con las tasas cobradas por productos nacionales

similares o productos originarios de cualquier otro Miembro de la OMC, y no sean superiores al

coste real del servicio.

& /es 209

5. Salvo lo dispuesto en el artículo 14.14, al modificar los requisitos sanitarios y fitosanitarios

para la importación, cada una de las Partes y, en su caso, el MERCOSUR, concederán un período

transitorio, teniendo en cuenta la naturaleza de la modificación, a fin de evitar la interrupción o

perturbación innecesaria de los flujos comerciales de productos y permitir a la Parte exportadora

ajustar sus procedimientos de exportación con arreglo a la modificación.

6. La aplicación del presente capítulo no pondrá en peligro los requisitos sanitarios y

fitosanitarios para el comercio entre las Partes existentes en la fecha de entrada en vigor del

presente Acuerdo.

7. Sin perjuicio de disposiciones similares de otros capítulos de la presente parte del Acuerdo,

ninguna disposición del presente capítulo afectará a los derechos y obligaciones de cada una de las

Partes de proteger la información confidencial, de conformidad con las disposiciones legislativas y

reglamentarias pertinentes de cada una de las Partes. Cada una de las Partes velará por que haya

mecanismos para impedir la divulgación de la información confidencial obtenida durante los

procedimientos a que se refiere el presente capítulo.

8. Cada una de las Partes velará por que se disponga de los recursos necesarios para la

aplicación efectiva del presente capítulo.

& /es 210

ARTÍCULO 14.7

Medidas de facilitación del comercio

Aprobación de establecimientos para la importación de animales, productos animales, productos de

origen animal y subproductos animales

1. La Parte importadora podrá exigir la autorización de los establecimientos situados en el

territorio de la Parte exportadora para la importación de animales, productos animales, productos de

origen animal y subproductos animales desde dichos establecimientos.

2. La Parte importadora concederá dicha autorización sin inspección previa de los

establecimientos de forma individual si:

a) la Parte importadora ha reconocido el sistema de control oficial de la autoridad competente de

la Parte exportadora;

b) la Parte importadora ha autorizado la importación de los productos en cuestión; y

c) la autoridad competente de la Parte exportadora ha ofrecido garantías suficientes de que los

establecimientos cumplen los requisitos sanitarios de la Parte importadora.

3. La Parte exportadora solo autorizará las exportaciones desde los establecimientos

autorizados a que se refiere el apartado 1. La Parte exportadora suspenderá o retirará su autorización

a los establecimientos que no cumplan los requisitos sanitarios de la Parte importadora, y notificará

dicha suspensión o retirada a la Parte importadora.

& /es 211

4. La Parte exportadora propondrá a la Parte importadora una lista de establecimientos que

vayan a autorizarse. La lista irá acompañada de garantías de la autoridad competente de la Parte

exportadora de que los establecimientos cumplen las garantías mencionadas en el apartado 2, letra

c).

5. La Parte importadora autorizará las importaciones procedentes de establecimientos

autorizados a más tardar 40 (cuarenta) días hábiles después de la recepción de la lista y las garantías

a que se refiere el apartado 4 de la Parte exportadora. Si se solicita información adicional y, como

consecuencia de ello, no puede concederse una autorización en el plazo de 40 (cuarenta) días

hábiles, la Parte importadora informará de ello a la Parte exportadora y fijará un nuevo plazo para la

autorización. El plazo no excederá de 40 (cuarenta) días hábiles a partir de la recepción de la

información adicional.

6. La Parte importadora elaborará listas de establecimientos autorizados y las hará públicas.

7. La Parte importadora podrá denegar la autorización de establecimientos que no cumplan sus

requisitos sanitarios. En tales casos, la Parte importadora informará a la Parte exportadora sobre la

denegación y sus causas.

8. La Parte importadora podrá llevar a cabo verificaciones del sistema de control oficial de

conformidad con el artículo 14.15. En función de los resultados de las verificaciones, la Parte

importadora podrá modificar las listas de establecimientos autorizados.

Controles sanitarios y fitosanitarios de las importaciones

9. Cada una de las Partes adoptará o mantendrá procedimientos relativos a los controles

sanitarios y fitosanitarios de las importaciones que permitan agilizar el despacho de los productos

para su importación sin demora indebida.

& /es 212

10. Cada Parte simplificará, cuando proceda, los controles y verificaciones y reducirá la

frecuencia de los controles sanitarios y fitosanitarios de las importaciones realizados por la Parte

importadora a los productos de la Parte exportadora. Cada una de las Partes basará su decisión en lo

siguiente:

a) los riesgos asociados;

b) los controles efectuados por los productores o importadores validados por las autoridades

competentes de las Partes;

c) las garantías ofrecidas por las autoridades competentes de la Parte exportadora de que los

establecimientos cumplen los requisitos sanitarios de la Parte importadora; y

d) las directrices, normas y recomendaciones internacionales del Codex Alimentarius, la OMSA

o la CIPF, según proceda.

11. Cada una de las Partes podrá aplicar otros criterios para simplificar los controles y

verificaciones con arreglo al apartado 10, si no socavan los criterios comúnmente acordados que

figuran en el mismo.

12. Si los controles de las importaciones revelan un incumplimiento de los requisitos sanitarios

y fitosanitarios de importación y se rechazan productos o envíos, la Parte importadora lo notificará a

la Parte exportadora con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 14.12, lo antes posible

y a más tardar 5 (cinco) días hábiles después de la fecha de rechazo.

13. Si los controles de las importaciones revelan un incumplimiento de los requisitos sanitarios

y fitosanitarios correspondientes, las medidas adoptadas por la Parte importadora se justificarán en

función del incumplimiento detectado, y no serán más restrictivas para el comercio que lo necesario

para alcanzar el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria de la Parte.

& /es 213

Simplificación de los procedimientos de importación y aprobación del MERCOSUR

14. Las Partes reconocen los diferentes niveles alcanzados por los procesos de integración

regional en la Unión Europea, por una parte, y el MERCOSUR, por otra. Con el fin de facilitar el

comercio entre sus respectivos territorios, el MERCOSUR hará todo lo posible por adoptar

gradualmente para los procedimientos de importación y autorización de productos y

establecimientos de la Unión Europea, en su caso:

a) un único cuestionario;

b) un único certificado; y

c) una lista de establecimientos autorizados.

15. El MERCOSUR hará todo lo posible por armonizar los requisitos sanitarios y fitosanitarios

de importación, los certificados y los controles de las importaciones de cada uno de los Estados del

MERCOSUR signatarios.

ARTÍCULO 14.8

Medidas alternativas

1. A petición de la Parte exportadora, la Parte importadora examinará si excepcionalmente una

medida sanitaria y fitosanitaria alternativa a la de la Parte importadora garantiza el nivel adecuado

de protección de la Parte importadora. La medida alternativa podrá basarse en directrices, normas y

recomendaciones internacionales del Codex Alimentarius, la OMSA o la CIPF, o en MSF de la

Parte exportadora.

& /es 214

2. El artículo 14.9 no se aplicará a las MSF alternativas.

ARTÍCULO 14.9

Equivalencia

1. Una Parte exportadora podrá solicitar a la Parte importadora que determine si una o varias

MSF específicas relativas a un producto o grupo de productos, o a escala del sistema, son

equivalentes a sus propias MSF.

2. A fin de aplicar el presente artículo, el Subcomité mencionado en el artículo 14.18 formulará

recomendaciones para establecer un procedimiento para el reconocimiento de la equivalencia

basado en la Decisión sobre la aplicación del artículo 4 del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC **[1]** y sus actualizaciones

posteriores, así como en las directrices, normas y recomendaciones internacionales adoptadas en el

marco del Codex Alimentarius, la OMSA y la CIPF. Este procedimiento debe incluir un proceso en

el que las Partes celebren consultas para determinar la equivalencia de las MSF, la información que

se exigirá a las Partes, las responsabilidades de las Partes y los plazos para el reconocimiento de la

equivalencia.

3. Tras la recepción de una solicitud específica, las Partes iniciarán consultas según el

procedimiento que se establezca en virtud del apartado 2, con el fin de alcanzar un acuerdo sobre el

reconocimiento de la equivalencia.

**1** Documento G/SPS/19/Rev.2 de la OMC, de 13 de julio de 2004.

& /es 215

4. A petición de la Parte exportadora, la Parte importadora informará a la Parte exportadora de

la fase del procedimiento de evaluación de la equivalencia.

ARTÍCULO 14.10

Reconocimiento de la situación zoosanitaria y de las plagas vegetales y de las condiciones

regionales

1. Las Partes reconocen el concepto de zonificación y compartimentación, incluidas las zonas

libres de plagas o de enfermedades y las zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades, y lo

aplicarán en el comercio entre las Partes, de conformidad con el Acuerdo MSF, incluidas las

Directrices para fomentar la aplicación práctica del artículo 6 del Acuerdo sobre la Aplicación de

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias adoptadas por el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

de la OMC **[1]**, y las directrices, recomendaciones y normas pertinentes de la OMSA o de la CIPF.

2. A petición de la Parte exportadora, la Parte importadora decidirá si reconoce las zonas libres

de plagas y enfermedades, las zonas de escasa prevalencia de plagas y enfermedades y los

compartimentos de la Parte exportadora, ya sea por primera vez o después de un brote de una

enfermedad animal o de una plaga vegetal. La Parte importadora basará esta decisión en la

información facilitada por la Parte exportadora de conformidad con el Acuerdo MSF y las normas

de la OMSA y la CIPF, y tendrá en cuenta el establecimiento por la Parte exportadora de zonas

libres de plagas y enfermedades, zonas de baja prevalencia de plagas y enfermedades y

compartimentos. Las Partes seguirán los procedimientos establecidos en el anexo 14-A.

**1** Documento G/SPS/48 de la OMC, de 16 de mayo 2008.

& /es 216

3. La decisión de la Parte importadora contemplada en el apartado 2 se adoptará sin demora

indebida. Si, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.14, la Parte importadora decide

reconocer las zonas libres de plagas y enfermedades, las zonas de escasa prevalencia de plagas y

enfermedades y los compartimentos de la Parte exportadora, permitirá el comercio desde dichas

zonas o compartimentos sin demora indebida.

4. El Subcomité mencionado en el artículo 14.18 podrá definir de forma más detallada el

procedimiento establecido en el apartado 2 para el reconocimiento de zonas libres de plagas y

enfermedades, zonas de escasa prevalencia de plagas y enfermedades y compartimentos, teniendo

en cuenta el Acuerdo MSF y las directrices, normas y recomendaciones de la CIPF y de la OMSA.

Animales, productos animales, productos de origen animal y subproductos animales

5. El procedimiento para el reconocimiento de las zonas o compartimentos libres de

enfermedades para animales, productos animales, productos de origen animal y subproductos

animales se establece en los apartados 7 a 9 y en el anexo 14-A.

6. A la hora de establecer o mantener las zonas o compartimentos mencionados en el

apartado 2 para animales, productos animales, productos de origen animal y subproductos animales,

las Partes tendrán en cuenta factores como la ubicación geográfica, los ecosistemas, la vigilancia

epidemiológica y la eficacia de los controles sanitarios.

7. A más tardar 60 (sesenta) días hábiles después de la recepción de la información

mencionada en el apartado 2 de la Parte exportadora, la Parte importadora podrá:

a) oponerse explícitamente a la solicitud de reconocimiento de zonas o compartimentos libres de

enfermedades para animales, productos animales, productos de origen animal y subproductos

animales;

& /es 217

b) solicitar información adicional a la Parte exportadora; o

c) solicitar verificaciones con arreglo al artículo 14.15.

La Parte importadora evaluará toda información adicional a más tardar 30 (treinta) días hábiles

después de su recepción. Si la Parte importadora solicita que se efectúen verificaciones, se

interrumpirá el plazo para evaluar la información adicional.

8. La Parte importadora acelerará el procedimiento establecido en el apartado 7 si las zonas o

compartimentos para los que la Parte exportadora solicita el reconocimiento están oficialmente

reconocidos por la OMSA como libres de enfermedad o si han recuperado el estatus de libre de

enfermedad tras un brote.

9. Si, tras seguir el procedimiento establecido en el apartado 7, la Parte importadora decide no

reconocer las zonas o compartimentos para los que la Parte exportadora solicitó el reconocimiento,

notificará su decisión a la Parte exportadora y explicará los motivos para no reconocer las zonas o

compartimentos afectados y, previa solicitud, celebrará consultas de conformidad con el

artículo 14.13.

Vegetales y productos vegetales

10. Cada una de las Partes establecerá una lista de plagas reguladas y de vegetales y productos

vegetales regulados para los que existan requisitos fitosanitarios. La Parte importadora pondrá a

disposición de la otra Parte su lista de plagas reguladas, así como de vegetales y productos vegetales

regulados y los requisitos fitosanitarios aplicables a su importación. Los requisitos fitosanitarios de

importación aplicables a los vegetales y productos vegetales regulados se limitarán a lo necesario

para proteger la sanidad vegetal o salvaguardar el uso previsto de los vegetales y productos

vegetales. La Parte importadora informará a la otra Parte de cualquier declaración adicional

requerida.

& /es 218

11. Los requisitos fitosanitarios de la Parte importadora se establecerán teniendo en cuenta la

situación fitosanitaria en la Parte exportadora y, si así lo exige la Parte importadora, el resultado de

un análisis del riesgo de plagas (en lo sucesivo, «ARP»). El ARP se llevará a cabo de conformidad

con las correspondientes normas internacionales para medidas fitosanitarias (en lo sucesivo,

«NIMF») de la CIPF. Este análisis de riesgos tendrá en cuenta la información científico-técnica

disponible, así como el uso previsto de los vegetales y productos vegetales considerados.

12. La Parte importadora actualizará las listas mencionadas en el apartado 10 cuando la Parte

exportadora presente una solicitud de exportación de nuevos productos a la otra Parte. Cuando la

Parte importadora exija un ARP para autorizar la importación de un determinado producto, podrá

utilizarse como base, con el fin de acelerar el proceso, un ARP de los mismos productos o

productos similares que ya se haya realizado, junto con cualquier información adicional que la Parte

importadora considere necesario que se analice.

13. La Parte importadora, cuando lleve a cabo el proceso de determinación de la situación de

plagas de la Parte exportadora, tendrá en cuenta los apartados 10 a 17 del presente artículo, el

anexo 14-A y las recomendaciones de las NIMF de la CIPF.

14. Las Partes reconocen los conceptos de zonas libres de plagas, lugares de producción libres

de plagas y sitios de producción libres de plagas, así como las zonas de escasa prevalencia de plagas

especificadas en las NIMF de la CIPF, y zonas protegidas, que aplicarán en el comercio entre ellas.

15. Al establecer o mantener medidas fitosanitarias, la Parte importadora tendrá en cuenta las

zonas libres de plagas, los lugares de producción libres de plagas, los sitios de producción libres de

plagas y las zonas de escasa prevalencia de plagas, así como las zonas protegidas si son establecidas

por la Parte exportadora.

& /es 219

16. La Parte exportadora comunicará a la otra Parte las zonas libres de plagas, los lugares de

producción libres de plagas, los sitios de producción libres de plagas o las zonas de escasa

prevalencia de plagas y facilitará, previa solicitud, una explicación e información justificativa, tal

como se establezca en la NIMF pertinente o según se considere apropiado. A menos que la Parte

importadora:

a) se oponga explícitamente a la solicitud de aprobación de zonas libres de plagas, lugares de

producción libres de plagas, sitios de producción libres de plagas y zonas de escasa

prevalencia de plagas a la otra Parte o zonas protegidas si son establecidas por la Parte

exportadora;

b) solicite información adicional a la Parte exportadora;

c) solicite verificaciones con arreglo al artículo 14.15; o

d) inicie consultas de conformidad con el artículo 14.13 a más tardar 150 (ciento cincuenta) días

hábiles después de la recepción de dicha información, la situación de la Parte exportadora será

reconocida por la Parte importadora.

17. La Parte importadora evaluará toda información adicional solicitada en virtud del apartado

16 a más tardar 90 (noventa) días después de su recepción. Toda verificación solicitada por la Parte

importadora en virtud del apartado 16 se llevará a cabo de conformidad con el artículo 14.15,

teniendo en cuenta la biología de la plaga y el vegetal afectado. Si la Parte importadora solicita tales

verificaciones, se interrumpirá el plazo para evaluar la información adicional.

& /es 220

18. Si, tras seguir el procedimiento del apartado 16, la Parte importadora decide no aprobar

zonas libres de plagas, lugares de producción libres de plagas, sitios de producción libres de plagas

o zonas de escasa prevalencia de plagas o zonas protegidas si están establecidas por la Parte

exportadora para las que la Parte exportadora solicitó el reconocimiento, notificará su decisión a la

Parte exportadora y explicará los motivos por los que no las aprueba y, previa solicitud, celebrará

consultas de conformidad con el artículo 14.13.

ARTÍCULO 14.11

Transparencia e intercambio de información

1. Si una Parte lo solicita, y a más tardar 15 (quince) días hábiles después de la fecha de la

solicitud, las Partes intercambiarán información sobre:

a) los procedimientos para la autorización de importación de un producto, incluido, si es posible,

el plazo previsto;

b) los requisitos para la importación de productos específicos, incluido el modelo de certificado,

según proceda;

c) su situación de plagas, incluidos los programas de vigilancia, erradicación y contención y sus

resultados, con el fin de apoyar dicha situación de plagas y las medidas fitosanitarias de

importación;

d) la fase en que se encuentra el procedimiento de aprobación de la importación de productos

específicos; y

& /es 221

e) la relación entre una MSF y las directrices, normas y recomendaciones internacionales y, si

una MSF no se basa en directrices, normas y recomendaciones internacionales, la información

científica sobre cómo la MSF no es conforme con las directrices, normas y recomendaciones

internacionales y una explicación de los motivos de dicha medida.

2. En los casos en que las pruebas científicas pertinentes sean insuficientes, la Parte que adopte

una MSF provisional facilitará la información pertinente disponible en la que esté basada la medida

y, si se dispone de ella, información adicional para una evaluación más objetiva del riesgo, y

revisará la MSF en un plazo razonable.

3. Las Partes pondrán a disposición del público, por cualquier medio, información actualizada

sobre:

a) sus requisitos sanitarios y fitosanitarios de importación y los procedimientos de autorización;

y

b) una lista de plagas reguladas.

4. Las Partes se informarán mutuamente de:

a) cualquier cambio en la situación sanitaria y fitosanitaria que pueda afectar al comercio entre

las Partes;

b) asuntos relacionados con la elaboración y la aplicación de MSF que puedan afectar al

comercio entre las Partes; y

c) cualquier otra información pertinente para la aplicación efectiva del presente capítulo.

& /es 222

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, si las Partes han facilitado la información a

que se refiere el presente artículo mediante una notificación a la OMC o al organismo internacional

de normalización pertinente de conformidad con sus normas en la materia, o en sitios web de acceso

público y gratuito de las Partes, no será necesario el intercambio de información contemplado en el

apartado 1.

6. Cada una de las Partes designará un punto de contacto para la comunicación sobre todos los

asuntos cubiertos por el presente capítulo e informará de ello a la otra Parte a más tardar 1 (un) mes

después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. Cada una de las Partes notificará sin

demora a la otra Parte cualquier cambio en su punto de contacto.

ARTÍCULO 14.12

Notificaciones

1. Cualquier riesgo grave o significativo para la vida o la salud de las personas, los animales o

los vegetales, incluidas las emergencias de control de alimentos o piensos, se notificará a los puntos

de contacto de la otra Parte designados en el artículo 14.11 en el plazo de 2 (dos) días hábiles a

partir de la detección del riesgo.

2. Los riesgos para la vida o la salud de las personas, los animales o los vegetales que no sean

graves también se notificarán a los puntos de contacto de la otra Parte en un plazo razonable que sea

suficiente para evitar que se amenace la vida o la salud de las personas, los animales o los vegetales

o se ponga en peligro el comercio existente entre las Partes.

& /es 223

3. Las notificaciones a que se refieren los apartados 1 y 2 se realizarán a través de un sistema

establecido de notificaciones o mediante notificaciones específicas _ad hoc_, de conformidad con la

legislación de la Parte notificante. En ambos casos, la notificación se enviará a las autoridades

competentes de las Partes afectadas.

4. Si la Parte notificante adopta o mantiene alguna MSF relacionada con la notificación

(incluido el rechazo de un producto o envío), la notificación irá acompañada de una explicación de

los motivos que justifican dicha MSF.

5. La Parte notificante retirará toda notificación basada en información que posteriormente

resulte ser infundada o que se haya transmitido por error. La retirada tendrá lugar lo antes posible y

se notificará a la Parte exportadora, a fin de evitar un impacto negativo en el comercio entre las

Partes.

6. Las Partes determinarán los puntos de contacto para las notificaciones con arreglo al

presente artículo e informarán de ello a la otra Parte, si no son los mismos que los puntos de

contacto identificados con arreglo al artículo 14.11, apartado 6.

ARTÍCULO 14.13

Consultas

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 29, si las MSF o los proyectos de medidas de la

Parte importadora, o su aplicación, se consideran incompatibles con el presente capítulo, las Partes

iniciarán consultas a más tardar 60 (sesenta) días después de que la Parte exportadora haya

presentado una solicitud motivada de tales consultas.

& /es 224

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si una Parte ha efectuado una notificación de

conformidad con el artículo 14.12 o si una Parte tiene serias dudas en relación con un riesgo para la

salud pública, animal o vegetal que afecte a productos objeto de comercio entre las Partes, las

consultas se celebrarán lo antes posible, a petición de una de las Partes. Cada una de las Partes

procurará, en tales condiciones, facilitar la información necesaria para evitar una perturbación del

comercio, incluida una limitación del mismo.

3. A petición de la Parte exportadora, la Parte importadora facilitará la información necesaria

para evitar una perturbación del comercio, incluida una limitación del mismo. Esta información

incluye la información a que se refiere el artículo 14.11, apartado 1.

4. Las consultas podrán celebrarse durante un período de tiempo razonable que permita a las

Partes llegar a una solución mutuamente satisfactoria.

5. Las consultas podrán celebrarse por correo electrónico, vídeoconferencia, audioconferencia

o cualquier otro medio de comunicación del que dispongan ambas Partes. La Parte que haya

solicitado las consultas será responsable de la preparación del acta. Las actas serán aprobadas

formalmente por las partes en las consultas.

6. Si las partes en las consultas no llegan a una solución mutuamente satisfactoria, el asunto

podrá someterse al Subcomité mencionado en el artículo 14.18.

& /es 225

ARTÍCULO 14.14

Medidas de emergencia

1. Si una Parte adopta alguna medida para controlar cualquier riesgo grave para la vida o la

salud de las personas, los animales y los vegetales, dicha medida, sin perjuicio de lo dispuesto en el

apartado 2, también tendrá por objeto evitar la introducción de cualquier riesgo sanitario y

fitosanitario en el territorio de la otra Parte.

2. En caso de riesgos graves para la vida o la salud de las personas, los animales o los

vegetales, la Parte importadora podrá adoptar medidas de emergencia contra esos riesgos.

3. Por lo que se refiere a los productos en tránsito entre las Partes, la Parte importadora

considerará la solución más conveniente y proporcionada para evitar perturbaciones innecesarias

del comercio.

4. Las medidas a que se refiere el apartado 2 podrán adoptarse sin notificación previa de

conformidad con el artículo 14.12. La Parte que adopte medidas de emergencia notificará a la otra

Parte lo antes posible la adopción de dichas medidas y, en cualquier caso, a más tardar 48 (cuarenta

y ocho) horas después.

5. Cada una de las Partes podrá solicitar cualquier información relativa a la situación sanitaria

y fitosanitaria y a las medidas de emergencia adoptadas. Cada una de las Partes responderá a las

solicitudes tan pronto como esté disponible la información solicitada.

6. A petición de una de las Partes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.13, las

Partes celebrarán consultas acerca de la medida de emergencia en un plazo no superior a 15

(quince) días hábiles desde la notificación de la medida. Las Partes podrán contemplar opciones

para facilitar la aplicación o sustitución de las medidas de emergencia.

& /es 226

ARTÍCULO 14.15

Verificaciones del sistema de control oficial

1. Cada una de las Partes, dentro del ámbito de aplicación del presente capítulo, tendrá derecho

a:

a) llevar a cabo verificaciones, incluidas auditorías, del sistema de control oficial de la otra

Parte, incluidas visitas de verificación; y

b) recibir información sobre el sistema de control oficial de la otra Parte y los resultados de los

controles realizados en el marco de dicho sistema.

2. La naturaleza y la frecuencia de las verificaciones, incluidas las auditorías, serán

determinadas por la Parte importadora, teniendo en cuenta los requisitos de importación, las

características inherentes del producto de que se trate, el historial de controles de importación

anteriores y otra información disponible, como auditorías e inspecciones realizadas por la autoridad

competente de la Parte exportadora.

3. El objetivo de las verificaciones será evaluar la capacidad de las autoridades competentes de

la Parte exportadora para garantizar que los productos exportados o que vayan a exportarse cumplen

los requisitos sanitarios y fitosanitarios de la Parte importadora.

4. Las visitas de verificación se llevarán a cabo sin demora indebida y se notificarán a la Parte

exportadora al menos 60 (sesenta) días hábiles antes de que se lleven a cabo, salvo en casos de

emergencia o si las Partes deciden lo contrario. Toda modificación de la fecha de la visita será

acordada las Partes.

& /es 227

5. Las verificaciones se llevarán a cabo de conformidad con el plan de auditoría acordado por

las Partes afectadas, sobre la base de las Directrices para la formulación, aplicación, evaluación y

acreditación de sistemas de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de

alimentos **[1]** . La Parte importadora comunicará a la otra Parte los motivos de cualquier modificación

del plan de auditoría de la visita.

6. Los gastos en que incurra la Parte que lleve a cabo la verificación correrán a cargo de dicha

Parte.

7. La Parte que lleve a cabo la verificación enviará un borrador del informe sobre la

verificación a la Parte objeto de la verificación a más tardar 60 (sesenta) días hábiles después del

final de la visita de verificación. La Parte objeto de la verificación podrá formular observaciones

sobre el borrador del informe a más tardar 60 (sesenta) días hábiles después de su recepción. En

caso necesario, se adjuntarán al informe final las observaciones y un plan de acción. La Parte que

lleve a cabo la verificación enviará el informe final a la Parte objeto de la verificación a más tardar

30 (treinta) días hábiles después de la recepción de las observaciones sobre el borrador del informe.

8. Toda medida adoptada como consecuencia de las verificaciones será proporcional a las

deficiencias o riesgos detectados. Si así se solicita, se celebrarán consultas técnicas sobre la cuestión

de conformidad con el artículo 14.13.

9. Si durante las verificaciones se detecta un riesgo importante para la salud pública, animal o

vegetal, se informará a la Parte objeto de la verificación lo antes posible y, en cualquier caso, no

más tarde de 10 (diez) días hábiles tras la conclusión de la verificación.

**1** FAO, CAC/GL 26-1997.

& /es 228

ARTÍCULO 14.16

Cooperación en foros multilaterales

1. Las Partes promoverán la cooperación entre ellas en todos los foros multilaterales

pertinentes en cuestiones sanitarias y fitosanitarias, en particular en los organismos internacionales

de normalización reconocidos en el marco del Acuerdo MSF, e intercambiarán información a tal

fin.

2. El Subcomité de Cuestiones Sanitarias y Fitosanitarias a que se refiere el artículo 14.18 será

el foro para promover la cooperación contemplada en el apartado 1.

ARTÍCULO 14.17

Cooperación

1. Las Partes se esforzarán por cooperar en la aplicación del presente capítulo y optimizar sus

resultados con vistas a ampliar las oportunidades y obtener los mayores beneficios para las Partes.

Esta cooperación se desarrollará en el marco jurídico e institucional que regula las relaciones de

cooperación entre las Partes.

2. Para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado 1, las Partes tendrán en cuenta las

necesidades de cooperación identificadas por el Subcomité de Cuestiones Sanitarias y Fitosanitarias

a que se refiere el artículo 6.18.

& /es 229

ARTÍCULO 4.18

Subcomité de Cuestiones Sanitarias y Fitosanitarias

1. El Subcomité de Cuestiones Sanitarias y Fitosanitarias, creado en virtud del artículo 9.9,

apartado 4, se reunirá por primera vez a más tardar 1 (un) año después de la entrada en vigor del

presente Acuerdo.

2. El Subcomité tendrá las siguientes funciones, además de las que figuran en los artículos 2.4

y 9.9:

a) proporcionar un foro para debatir los problemas derivados de la aplicación de las MSF con

vistas a alcanzar soluciones mutuamente aceptables, siempre que las Partes hayan intentado

abordarlos en primer lugar mediante consultas técnicas de conformidad con el artículo 14.13

y, a continuación, el asunto se haya remitido al Subcomité;

b) proporcionar un foro para debatir la información intercambiada de conformidad con el

artículo 14.11;

c) promover el intercambio de información y la cooperación en foros multilaterales de

conformidad con el artículo 14.16;

d) intercambiar las listas de puntos de contacto de conformidad con el artículo 14.11, apartado 6,

para compartir información relacionada con el presente capítulo;

e) llevar a cabo los trabajos preparatorios internos que sean necesarios para que el Consejo

Conjunto en su configuración de comercio modifique el anexo 14-A;

f) formular recomendaciones para establecer un procedimiento para el reconocimiento de la

equivalencia de conformidad con el artículo 14.9, apartado 2;

& /es 230

g) poder definir más detalles sobre el procedimiento para el reconocimiento de zonas libres de

plagas y enfermedades, zonas de escasa prevalencia de plagas y enfermedades y

compartimentos de conformidad con el artículo 14.10, apartado 4; y

h) determinar las necesidades de cooperación en la aplicación del presente capítulo, de

conformidad con el artículo 14.17, apartado 2.

ARTÍCULO 14.19

Trato especial y diferenciado

De conformidad con el artículo 10 del Acuerdo MSF, si Paraguay detecta dificultades con una

medida propuesta notificada por la Unión Europea, Paraguay podrá solicitar, en sus observaciones

presentadas a la Unión Europea, de conformidad con el anexo B del Acuerdo MSF, la oportunidad

de debatir la cuestión. La Unión Europea y Paraguay, sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 14.13, entablarán consultas para llegar a un acuerdo sobre:

a) condiciones de importación alternativas que deberá aplicar la Parte importadora de

conformidad con el artículo 14.8 del presente capítulo;

b) la prestación de asistencia técnica de conformidad con el artículo 14.17 del presente capítulo;

o

c) un período transitorio de 6 (seis) meses para que las medidas propuestas se apliquen a los

productos procedentes de Paraguay, que podría prorrogarse excepcionalmente por otro

período no superior a 6 (seis) meses.

& /es 231

CAPÍTULO 15

DIÁLOGOS SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CADENA

AGROALIMENTARIA

ARTÍCULO 15.1

Objetivos

Con el fin de reforzar su confianza mutua y su comprensión respectiva, las Partes entablarán

diálogos e intercambiarán información sobre los siguientes temas:

a) bienestar animal;

b) aplicación de la biotecnología agrícola;

c) lucha contra la resistencia a los antimicrobianos; y

d) cuestiones científicas relacionadas con la seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal.

& /es 232

ARTÍCULO 15.2

Subcomité de diálogos sobre cuestiones relacionadas con la cadena agroalimentaria

El Subcomité de Diálogos sobre Cuestiones Relacionadas con la Cadena Agroalimentaria, creado

de conformidad con el artículo 9.9, apartado 4, además de las funciones enumeradas en los artículos

2.4, 9.9 y 15.7, se reunirá a nivel de expertos para llevar a cabo los diálogos a que se refiere el

artículo 15.1.

ARTÍCULO 15.3

Bienestar animal

Reconociendo que los animales son seres sintientes, el Subcomité de Diálogos sobre Cuestiones

Relacionadas con la Cadena Agroalimentaria llevará a cabo un diálogo que abarcará, entre otras

cosas, las siguientes cuestiones:

a) temas específicos sobre bienestar animal que puedan afectar al comercio mutuo;

b) intercambio de información, conocimientos especializados y experiencias en el ámbito del

bienestar animal para mejorar, en beneficio de las Partes, sus respectivos enfoques sobre las

normas reglamentarias relativas a la cría, la tenencia, la manipulación, el transporte y el

sacrificio de animales;

c) refuerzo de su colaboración en materia de investigación; y

d) colaboración en foros internacionales con vistas a promover el desarrollo de normas

internacionales sobre bienestar animal por parte de la OMSA y mejores prácticas de bienestar

animal y su aplicación.

& /es 233

ARTÍCULO 15.4

Biotecnología agrícola

El Subcomité de diálogos sobre cuestiones relacionadas con la cadena agroalimentaria llevará a

cabo un diálogo sobre biotecnología agrícola que abarcará, entre otras, las siguientes cuestiones:

a) intercambio de información sobre políticas, legislación, directrices, buenas prácticas y

proyectos sobre productos biotecnológicos;

b) debates sobre temas específicos relacionados con la biotecnología que puedan afectar al

comercio mutuo, incluida la cooperación en ensayos de organismos modificados

genéticamente (en lo sucesivo, «OMG»);

c) intercambio de información sobre temas relacionados con autorizaciones asíncronas de OMG

con el fin de minimizar el posible impacto en el comercio;

d) intercambio de información sobre las perspectivas económicas y comerciales de las

autorizaciones de OMG; y

e) intercambio de información sobre casos de presencia a bajo nivel de OMG no autorizados por

la Parte importadora pero autorizados por la Parte exportadora.

& /es 234

ARTÍCULO 15.5

Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos

El Subcomité de Diálogos sobre Cuestiones Relacionadas con la Cadena Agroalimentaria llevará a

cabo un diálogo sobre la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos que abarcará, entre otras,

las siguientes cuestiones:

a) colaboración para el seguimiento de las directrices, normas, recomendaciones y acciones

elaboradas en las organizaciones internacionales pertinentes, las iniciativas y los planes

nacionales destinados a promover el uso prudente y responsable de los antibióticos y en

relación con la producción animal y las prácticas veterinarias;

b) colaboración en la aplicación de las recomendaciones de la OMSA, la Organización Mundial

de la Salud (en lo sucesivo, «OMS») y el Codex Alimentarius, en particular el Código de

prácticas para reducir al mínimo y contener la resistencia a los antimicrobianos transmitida

por los alimentos (CAC/RCP 61-2005);

c) intercambio de información sobre buenas prácticas agrícolas;

d) promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo; y

e) la promoción de enfoques multidisciplinares para luchar contra la resistencia a los

antimicrobianos, incluido el enfoque de «Una sola salud» de la OMS, la OMSA y el Codex

Alimentarius.

& /es 235

ARTÍCULO 15.6

Cuestiones científicas relacionadas con la seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal

1. Las Partes deben fomentar la cooperación entre sus respectivos organismos científicos

oficiales responsables de la ciencia relativa a la seguridad alimentaria y a la sanidad animal y

vegetal. Esta cooperación tendrá por objetivo profundizar la información científica a disposición de

las partes para apoyar sus respectivos enfoques sobre normas reglamentarias que puedan afectar el

comercio mutuo.

2. El Subcomité mantendrá un diálogo sobre cuestiones científicas relacionadas con la

seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal que abarcará, entre otras, las siguientes

cuestiones:

a) intercambio de información científica y técnica sobre seguridad de los alimentos y los

piensos, sanidad animal y vegetal, incluida la evaluación del riesgo y la información científica

que apoye el establecimiento de límites máximos de residuos;

b) recogida de datos; y

c) colaboración en la creación de un entendimiento común sobre las normas de la OMSA, la

CIPF y el Codex Alimentarius.

& /es 236

ARTÍCULO 15.7

Disposiciones adicionales

1. Las Partes velarán por que las actividades del Subcomité a que se refiere el artículo 15.2 no

pongan en peligro la independencia de sus respectivos organismos nacionales o regionales. El

Subcomité de Diálogos sobre Cuestiones Relacionadas con la Cadena Agroalimentaria establecerá

las normas relativas a conflictos de interés para los participantes en sus reuniones.

2. Nada de lo dispuesto en el presente capítulo afectará a los derechos y obligaciones de cada

Parte para proteger la información confidencial, de conformidad con la legislación en la materia de

cada Parte. Cada una de las Partes velará por que haya mecanismos para impedir la divulgación de

la información confidencial obtenida durante el proceso establecido en el presente capítulo.

3. Respetando plenamente el derecho de las Partes a regular, ninguna disposición del presente

capítulo se interpretará en el sentido de obligar a una Parte a:

a) desviarse de los procedimientos nacionales de preparación y adopción de medidas

reglamentarias;

b) adoptar medidas que socaven o impidan la adopción oportuna de medidas reglamentarias para

lograr sus objetivos en materia de políticas públicas; o

c) adoptar cualquier resultado normativo concreto.

& /es 237

CAPÍTULO 16

DEFENSA COMERCIAL Y SALVAGUARDIAS GLOBALES

SECCIÓN A

PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 16.1

Relación con los Acuerdo de la OMC

1. El presente capítulo se aplicará sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes en

virtud del Acuerdo Antidumping, el Acuerdo SMC, el Acuerdo sobre Salvaguardias y el ESD.

2. Las Partes eximirán al comercio bilateral sujeto a un trato preferencial de la aplicación de

las salvaguardias agrícolas especiales del Acuerdo sobre la Agricultura.

3. Las normas de origen preferenciales contempladas en la presente parte del Acuerdo no se

aplicarán a las investigaciones de defensa comercial y salvaguardias globales realizadas de

conformidad con el presente capítulo.

& /es 238

ARTÍCULO 16.2

Transparencia

1. Las medidas de defensa comercial y salvaguardias deben utilizarse cumpliendo plenamente

los requisitos pertinentes de la OMC y estar basadas en un sistema justo y transparente.

2. La Parte, tras imponer una medida provisional, dará lo antes posible a las partes interesadas

pleno acceso a los hechos en los que se basan las determinaciones, la evaluación del perjuicio, los

cálculos de los márgenes de dumping y de subvención y la causalidad. Además, antes de la

determinación final, la Parte comunicará plena y significativamente todos los hechos y

consideraciones esenciales que constituyan la base de la decisión de aplicar una medida. El presente

apartado se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.5 del Acuerdo Antidumping, el

artículo 12.4 del Acuerdo SMC y el artículo 3.2 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

3. Las Partes enviarán toda la información mencionada en el apartado 2 por escrito,

preferiblemente en formato electrónico, y las partes interesadas deberán disponer de tiempo

suficiente para formular observaciones. En el caso de las Partes cuyas autoridades investigadoras

conserven expedientes electrónicos de los asuntos, toda la información a que se refiere el apartado 2

podrá ponerse a disposición en línea.

& /es 239

SECCIÓN B

MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS

ARTÍCULO 16.3

Consideraciones relativas a las medidas antidumping y compensatorias

Cada una de las Partes deberá:

a) analizar con especial atención las propuestas de compromisos de precios de los exportadores

de la otra Parte;

b) favorecer la imposición de un derecho que sea inferior al margen de dumping o subvención, si

ese nivel es suficiente para eliminar el perjuicio para la rama de producción nacional;

c) analizar con especial atención las solicitudes de prórroga de las medidas vigentes contra los

exportadores de la otra Parte; y

d) tener en cuenta la información facilitada por los usuarios industriales del producto

investigado, los importadores y, en su caso, las organizaciones de consumidores

representativas en el contexto del artículo 6.12 del Acuerdo Antidumping y del artículo 12.10

del Acuerdo SMC.

& /es 240

SECCIÓN C

SALVAGUARDIAS GLOBALES

ARTÍCULO 16.4

Transparencia sobre las salvaguardias globales

1. A petición de la Parte exportadora, y siempre que esta tenga un interés sustancial en exportar

el producto afectado, tal como se define en el apartado 3 del presente artículo, la Parte que inicie

una investigación de salvaguardia o tenga la intención de adoptar medidas de salvaguardia

provisionales o definitivas facilitará inmediatamente:

a) la información a la que se hace referencia en el artículo 12.2 del Acuerdo sobre Salvaguardias,

en el formato prescrito por el Comité sobre Salvaguardias de la OMC;

b) la versión pública de la denuncia presentada por la rama de producción nacional, si procede; y

c) el informe público en el que se presenten los resultados y las conclusiones motivadas sobre

todos los elementos pertinentes de hecho y de Derecho considerados en la investigación de

salvaguardia.

El informe público a que se refiere la letra c) del presente apartado incluirá un análisis que atribuya

el perjuicio a los factores que lo causan y establecerá el método utilizado para definir las medidas

de salvaguardia.

2. Si se facilita información con arreglo al presente artículo, la Parte importadora se ofrecerá a

celebrar consultas informales con la Parte exportadora con el fin de examinar la información

facilitada.

& /es 241

3. A los efectos del presente artículo, se considera que una Parte tiene un interés substancial si

se encuentra entre los 5 (cinco) mayores proveedores de los productos importados en cuestión

durante el período de 3 (tres) años más reciente, en volumen o en valor absoluto.

ARTÍCULO 16.5

Aplicación de las medidas definitivas

1. Al adoptar medidas de salvaguardia, las Partes se esforzarán por aplicarlas de la forma que

menos afecte al comercio bilateral.

2. La Parte importadora deberá ofrecer la celebración de consultas informales con la Parte

exportadora para examinar la cuestión a que se refiere el apartado 1. La Parte importadora no

adoptará medidas en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha en que se haya presentado la

oferta de celebrar consultas informales.

& /es 242

SECCIÓN D

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

ARTÍCULO 16.6

No aplicación de la solución de diferencias

Ninguna de las Partes podrá recurrir a la solución de diferencias con arreglo al capítulo 29 por

asunto alguno que surja en el marco del presente capítulo.

& /es 243

CAPÍTULO 17

MEDIDAS DE SALVAGUARDIA BILATERALES

SECCIÓN A

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 17.1

Ámbito de aplicación

1. Las secciones B a I del presente capítulo se aplican a las mercancías distintas de los

vehículos clasificados en las partidas 8703 y 8704 del SA.

2. Las disposiciones aplicables a los vehículos clasificados en las partidas 8703 y 8704 del SA

se detallan en el anexo 17-A.

& /es 244

SECCIÓN B

DEFINICIONES

ARTÍCULO 17.2

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se aplicarán las definiciones siguientes:

a) «autoridad investigadora competente» significa:

i) en el caso de la Unión Europea, la Comisión Europea; y

ii) en el caso del MERCOSUR, el Ministerio de Economía o su sucesor en Argentina, la

Secretaria de Comércio Exterior del Ministério do Desenvolvimento, Indústria,

Comércio e Serviços o su sucesor en Brasil, el Ministerio de Industria y Comercio o su

sucesor en Paraguay, y la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y

Finanzas o su sucesora en Uruguay;

b) «rama de producción nacional» significa el conjunto de los productores de productos

similares o directamente competidores que operen en el territorio de una Parte o, en su

defecto, aquellos cuya producción conjunta de productos similares o directamente

competidores represente normalmente más del 50 % (cincuenta por ciento) y, en

circunstancias excepcionales, no menos del 25 % (veinticinco por ciento) de la producción

total de dichos productos;

& /es 245

c) «partes interesadas» incluye:

i) exportadores o productores extranjeros o importadores de un producto objeto de

investigación, o una asociación mercantil, gremial o empresarial cuyos miembros sean

en su mayoría productores, exportadores o importadores de dicho producto;

ii) el Gobierno de la Parte exportadora; y

iii) productores del producto similar o directamente competidor en la Parte importadora o

una asociación mercantil, gremial o empresarial en la que la mayoría de los miembros

produzcan el producto similar o directamente competidor en el territorio de la Parte

importadora;

esta lista no impide a las Partes autorizar la inclusión como partes interesadas de partes

nacionales o extranjeras distintas de las mencionadas;

d) «producto similar o directamente competidor» significa:

i) un producto idéntico, igual en todos sus aspectos, al producto considerado;

ii) otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy

parecidas a las del producto considerado; o

& /es 246

iii) un producto que compita directamente en el mercado interior de la Parte importadora,

dado su grado de sustituibilidad, sus características físicas y especificaciones técnicas

básicas, sus usos finales y sus canales de distribución;

esta lista de factores no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de

ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva;

e) «perjuicio grave» significa un menoscabo general significativo de la situación de una rama de

producción nacional;

f) «amenaza de perjuicio grave» significa un perjuicio grave que es claramente inminente, sobre

la base de hechos y no simplemente de alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas; y

g) «período transitorio» significa:

i) 12 (doce) años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo; o

ii) en el caso de las mercancías distintas de los vehículos clasificados en las partidas 8703

y 8704 del SA para las que el cronograma de eliminación arancelaria de la Parte que

aplique las medidas prevea la eliminación arancelaria en 10 (diez) años o más, 18

(dieciocho) años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

& /es 247

SECCIÓN C

CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA

BILATERALES

ARTÍCULO 17.3

Aplicación de medidas de salvaguardia bilaterales

1. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones mencionados en el capítulo 16, una Parte podrá,

en circunstancias excepcionales, para mercancías distintas de los vehículos clasificados en las

partidas 8703 y 8704 del SA, aplicar medidas de salvaguardia bilaterales con arreglo a las

condiciones establecidas en la presente sección si, después de la fecha de entrada en vigor del

presente Acuerdo, las importaciones de la otra Parte de un producto con condiciones preferenciales

han aumentado en tales cantidades, absolutas o relativas a la producción o el consumo interno, y en

condiciones tales que causan o amenazan con causar un perjuicio grave a su rama de producción

nacional de productos similares o directamente competidores.

2. Para las mercancías que figuran en el apartado 1, las medidas de salvaguardia bilaterales

solo se aplicarán en la medida necesaria para prevenir o remediar el perjuicio grave o la amenaza de

perjuicio grave.

3. Las medidas de salvaguardia bilaterales se aplicarán tras una investigación realizada por las

autoridades investigadoras competentes de la Parte importadora con arreglo a los procedimientos

establecidos en el presente capítulo.

& /es 248

ARTÍCULO 17.4

Calendario para la aplicación de medidas de salvaguardia bilaterales

Las Partes no aplicarán, prorrogarán ni mantendrán en vigor una medida de salvaguardia bilateral

una vez que haya expirado el período transitorio.

ARTÍCULO 17.5

Condiciones y limitaciones

1. El MERCOSUR podrá adoptar medidas de salvaguardia bilaterales para las importaciones

procedentes de la Unión Europea:

a) como entidad única, siempre que se cumplan todos los requisitos para determinar la existencia

de perjuicio grave o amenaza de perjuicio grave causado por las importaciones de un producto

en condiciones preferenciales, sobre la base de las condiciones aplicadas al MERCOSUR; o

b) en nombre de uno o varios de los Estados del MERCOSUR signatarios, en cuyo caso los

requisitos para determinar la existencia de perjuicio grave o amenaza de perjuicio grave

causado por las importaciones de un producto en condiciones preferenciales se basarán en las

condiciones imperantes en el Estado del MERCOSUR signatario o los Estados del

MERCOSUR signatarios correspondientes de la unión aduanera; y la medida se limitará a

dicho Estado del MERCOSUR signatario o a dichos Estados del MERCOSUR signatarios. La

adopción de una medida de salvaguardia bilateral por parte del MERCOSUR en nombre de

uno o varios Estados del MERCOSUR signatarios no impedirá que otro Estado del

MERCOSUR signatario adopte posteriormente una medida relativa al mismo producto.

& /es 249

2. La Unión Europea podrá aplicar medidas de salvaguardia bilaterales para las importaciones

procedentes del MERCOSUR como entidad única o procedentes de uno o varios Estados del

MERCOSUR signatarios si el perjuicio grave o la amenaza de perjuicio grave está siendo causado

por importaciones de productos en condiciones preferenciales.

3. En caso de que la Unión Europea determine que una medida se aplicará al MERCOSUR

como entidad única, Paraguay quedará exento de la aplicación de la medida, a menos que el

resultado de una investigación demuestre que la existencia de perjuicio grave o amenaza de

perjuicio grave también está siendo causada por las importaciones de productos procedentes de

Paraguay en condiciones preferenciales.

SECCIÓN D

FORMA Y DURACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIA BILATERALES

ARTÍCULO 17.6

Forma de las medidas de salvaguardia bilaterales

Para las mercancías distintas de los vehículos clasificados en las partidas 8703 y 8704 del SA, las

medidas de salvaguardia bilaterales adoptadas con arreglo al presente capítulo consistirán en:

a) una suspensión temporal del anexo 10-A para el producto afectado, tal como se prevé en el

presente Acuerdo; o

& /es 250

b) una reducción temporal de la preferencia arancelaria para el producto afectado, de modo que

el tipo del derecho de aduana no exceda del menor de los siguientes importes:

i) el tipo del derecho de aduana de nación más favorecida aplicado al producto que esté

vigente en el momento en el que se adopte la medida; y

ii) el tipo básico del derecho de aduana sobre el producto a que se refiere el anexo 10-A.

ARTÍCULO 17.7

Margen de preferencia

Cuando expiren las medidas de salvaguardia bilaterales, el margen de preferencia será el que se

aplicaría al producto en ausencia de la medida prevista en el anexo 10-A.

ARTÍCULO 17.8

Duración de las medidas de salvaguardia bilaterales

Las medidas de salvaguardia bilaterales solo se aplicarán durante el período necesario para evitar o

remediar el perjuicio grave y facilitar el ajuste de la rama de producción nacional. Dicho período,

incluido el período de aplicación de cualquier medida provisional, no excederá de 2 (dos) años.

& /es 251

ARTÍCULO 17.9

Prolongación de las medidas de salvaguardia bilaterales

1. Las medidas de salvaguardia bilaterales podrán prorrogarse una vez por un período máximo

igual al período de aplicación inicialmente previsto, si se ha determinado, de conformidad con los

procedimientos establecidos en el presente capítulo, que la medida sigue siendo necesaria para

evitar o remediar un perjuicio grave y si la rama de producción nacional aporta pruebas de que está

ajustándose. La medida prorrogada no será más restrictiva que al finalizar el período inicial.

2. No se aplicará de nuevo ninguna medida de salvaguardia a la importación de un producto

del anexo 10-A que ya haya sido objeto de tal medida, a menos que haya transcurrido un período de

tiempo igual a la mitad de la duración total de la anterior medida de salvaguardia.

& /es 252

SECCIÓN E

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSPARENCIA

ARTÍCULO 17.10

Investigación

1. Al llevar a cabo la investigación para determinar si el aumento de las importaciones ha

causado o amenaza con causar un perjuicio grave a la rama de producción nacional a que se refiere

el artículo 17.3, la autoridad investigadora competente evaluará todos los factores pertinentes de

carácter objetivo y cuantificable que influyan en la situación de dicha rama de producción, en

particular el índice y la cuantía del aumento de las importaciones del vehículo afectado en términos

absolutos y relativos; la cuota del mercado interior absorbida por el aumento de las importaciones; y

los cambios en el nivel de ventas, incluidos los precios, la producción, la productividad, la

utilización de la capacidad, los beneficios y las pérdidas, y el empleo.

2. La autoridad investigadora competente demostrará, sobre la base de pruebas objetivas, la

existencia de un nexo causal entre el aumento de las importaciones del producto afectado y el

perjuicio grave o la amenaza de perjuicio grave. La autoridad investigadora competente evaluará

también todos los factores conocidos, distintos del aumento de las importaciones en condiciones

preferenciales del presente Acuerdo, que puedan estar causando al mismo tiempo un perjuicio a la

rama de producción nacional. Los efectos de un aumento de las importaciones de los productos

afectados procedentes de otros países no se atribuirán a las importaciones en condiciones

preferenciales.

& /es 253

3. Al llevar a cabo una investigación sobre el perjuicio a que se refiere el apartado 1, la

autoridad investigadora competente deberá recopilar datos a lo largo de un período de al menos 36

(treinta y seis) meses que finalice lo más cerca posible de la fecha de presentación de la solicitud de

iniciar una investigación.

ARTÍCULO 17.11

Iniciación de una investigación

1. Si existen suficientes indicios razonables que lo justifiquen, podrá iniciarse una

investigación de salvaguardia bilateral a petición de:

a) la rama de producción nacional o una asociación mercantil, gremial o empresarial que actúe

en nombre de los productores nacionales de los productos similares o directamente

competidores en la Parte importadora; o

b) uno o varios Estados miembros de la Unión Europea o Estados del MERCOSUR signatarios

que sean importadores.

2. La solicitud de inicio de una investigación contendrá al menos la siguiente información:

a) el nombre y la descripción de los productos importados afectados, su partida arancelaria y el

tratamiento arancelario vigente, así como el nombre y la descripción de los productos

similares o directamente competidores;

b) los nombres y direcciones de los productores o de la asociación que presente la solicitud, si

procede;

& /es 254

c) si está razonablemente disponible, una lista de todos los productores conocidos del producto

similar o directamente competidor; y

d) pruebas de que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 17.3, apartado 1, para

imponer la medida de salvaguardia.

A efectos de la letra d) del presente apartado, la solicitud de inicio de una investigación contendrá la

siguiente información:

i) el volumen de producción de los productores que presenten la solicitud o estén representados

en ella y una estimación de la producción de otros productores conocidos del producto similar

o directamente competidor;

ii) el índice y el importe del aumento de las importaciones totales y bilaterales de los productos

afectados en términos absolutos y relativos, durante al menos los 36 (treinta y seis) meses

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de inicio de una investigación, de los que

se dispone de información;

iii) el nivel de los precios de importación durante el mismo período; y

iv) si se dispone de información, datos objetivos y cuantificables relativos a productos similares o

directamente competidores, sobre el volumen de producción total y de ventas totales en el

mercado interior, existencias, precios del mercado interior, productividad, utilización de la

capacidad, empleo, beneficios y pérdidas, y cuota de mercado de las empresas solicitantes o

de las representadas en la solicitud, durante al menos los 36 (treinta y seis) meses anteriores a

la presentación de la solicitud, sobre los que se disponga de información.

& /es 255

ARTÍCULO 17.12

Información confidencial

1. Toda información que, por su naturaleza, sea confidencial, o que se facilite con carácter

confidencial, será, previa justificación al respecto, tratada como tal por las autoridades

investigadoras competentes. Dicha información no será revelada sin autorización de la parte

interesada que la haya presentado. A las partes interesadas que proporcionen información

confidencial podrá pedírseles que suministren resúmenes no confidenciales de la misma o, si

señalan que dicha información no puede ser resumida, que expongan las razones por las cuales no

es posible presentar un resumen.

2. No obstante el apartado 1, si las autoridades competentes concluyen que una petición de

confidencialidad no está justificada, y si la parte interesada no quiere hacer pública la información

ni autorizar su divulgación en términos generales o resumidos, las autoridades podrán no tener en

cuenta esa información, a menos que se les demuestre de manera convincente, de fuente apropiada,

que la información es exacta.

3. Si la información relativa a la producción, la capacidad de producción, el empleo, los

salarios, el volumen y el valor de las ventas en el mercado interno o el precio medio se presenta con

carácter confidencial, las autoridades investigadoras competentes velarán por que se presenten

resúmenes no confidenciales significativos que divulguen al menos datos agregados o, en los casos

en que la divulgación de datos agregados ponga en peligro la confidencialidad de los datos de la

empresa, índices para cada período de 12 (doce) meses objeto de investigación, a fin de garantizar

el derecho de defensa adecuado de las partes interesadas. A este respecto, deben tenerse en cuenta

las solicitudes de confidencialidad en situaciones en las que lo justifiquen determinadas estructuras

del mercado o de la rama de producción nacional. Esta disposición no impide la presentación de

resúmenes no confidenciales más detallados.

& /es 256

4. Las solicitudes de confidencialidad no estarán justificadas en lo que respecta a la

información relativa a las normas técnicas y de calidad básicas o a los usos del producto afectado.

Las peticiones de confidencialidad con respecto a la información relativa a la identidad de los

solicitantes y otras empresas manufactureras conocidas que no formen parte de la petición solo

estarán justificadas en circunstancias excepcionales, que deberán ser debidamente justificadas por

las autoridades investigadoras competentes. A este respecto, unas meras alegaciones no bastarán

para justificar las solicitudes de confidencialidad. Si no puede revelarse la identidad de los

solicitantes, las autoridades investigadoras competentes revelarán el número total de productores

incluidos en la rama de producción nacional y la proporción de la producción que representan los

solicitantes dentro de la producción total de la rama de producción nacional.

ARTÍCULO 17.13

Calendario de la investigación

El período comprendido entre la fecha de publicación de la decisión de iniciar la investigación y la

publicación de la decisión final no debe exceder de 1 (un) año. En circunstancias excepcionales,

este plazo podrá prorrogarse, pero en ningún caso podrá exceder de 18 (dieciocho) meses. Las

Partes no aplicarán medidas de salvaguardia si las autoridades investigadoras competentes no han

respetado este plazo.

ARTÍCULO 17.14

Transparencia

Cada una de las Partes establecerá o mantendrá procedimientos transparentes, eficaces y equitativos

para la aplicación imparcial y razonable de las medidas de salvaguardia, de conformidad con el

presente capítulo.

& /es 257

SECCIÓN F

MEDIDAS DE SALVAGUARDIA PROVISIONALES

ARTÍCULO 17.15

Medidas de salvaguardia provisionales

1. En circunstancias críticas en las que un retraso pueda causar un perjuicio difícil de reparar,

una Parte, tras la debida notificación, podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional con

arreglo a una determinación preliminar de que existen pruebas claras de que han aumentado las

importaciones en condiciones preferenciales y de que dichas importaciones han causado o

amenazan con causar un perjuicio grave. La duración de la medida provisional no excederá de 200

(doscientos) días, período durante el cual deberán cumplirse los requisitos del presente capítulo. Si

la determinación final concluye que no ha habido perjuicio grave ni amenaza para la rama de

producción nacional debido a las importaciones en condiciones preferenciales, se reembolsará

rápidamente el aumento del arancel o de la garantía provisional si fue percibido o impuesto en

virtud de medidas provisionales, de conformidad con la normativa nacional de la Parte pertinente.

2. No se adoptarán medidas de salvaguardia provisionales contra Paraguay, a menos que el

resultado de la determinación preliminar con arreglo al apartado 1 demuestre que la existencia de

perjuicio grave o la amenaza de perjuicio grave también está siendo causada por las importaciones

de productos procedentes de Paraguay en condiciones preferenciales.

& /es 258

SECCIÓN G

ANUNCIO PÚBLICO

ARTÍCULO 17.16

Anuncio público sobre la iniciación de una investigación

El anuncio público de iniciación de una investigación de salvaguardia incluirá la siguiente

información:

a) el nombre del solicitante;

b) la descripción completa del producto importado objeto de la investigación y su clasificación

en el Sistema Armonizado;

c) el plazo para la solicitud de audiencias;

d) los plazos para registrarse como parte interesada y para la presentación de información,

declaraciones y otros documentos;

e) la dirección en la que pueden examinarse la solicitud y otros documentos relacionados con la

investigación;

f) el nombre, la dirección postal y la dirección de correo electrónico o el número de teléfono o

de fax de la institución que puede facilitar más información; y

& /es 259

g) un resumen de los hechos en los que se basó la iniciación de la investigación, incluidos los

datos sobre importaciones que supuestamente hayan aumentado en términos absolutos o

relativos con respecto a la producción total y un análisis de la situación de la rama de

producción nacional basado en todos los elementos presentados en la solicitud.

ARTÍCULO 17.17

Anuncio público sobre la aplicación de medidas de salvaguardia bilaterales

El anuncio público de la decisión de aplicar una medida de salvaguardia provisional y de aplicar o

no una medida de salvaguardia definitiva incluirá la siguiente información:

a) la descripción completa de los productos sujetos a la medida de salvaguardia y su

clasificación arancelaria en el Sistema Armonizado;

b) información y pruebas que conduzcan a la decisión, tales como:

i) las importaciones preferenciales que están aumentando o han aumentado, cuando

proceda;

ii) la situación económica de la rama de producción nacional;

iii) la existencia de un nexo causal entre el aumento de las importaciones preferenciales de

los productos afectados y el perjuicio grave o la amenaza de perjuicio grave para la

rama de producción nacional, cuando proceda; y

iv) en caso de determinación preliminar, la existencia de circunstancias críticas;

& /es 260

c) otras constataciones y conclusiones motivadas sobre todas las cuestiones pertinentes de hecho

y de Derecho;

d) una descripción de la medida que se vaya a adoptar, cuando proceda; y

e) la fecha de entrada en vigor de la medida y su duración, cuando proceda.

SECCIÓN H

NOTIFICACIONES Y CONSULTAS

ARTÍCULO 17.18

Notificaciones

1. La Parte importadora notificará por escrito a la Parte exportadora la decisión de:

a) iniciar la investigación con arreglo al presente capítulo;

b) aplicar una medida de salvaguardia provisional; y

c) aplicar o no una medida de salvaguardia definitiva.

& /es 261

2. La Parte importadora notificará la decisión a más tardar 10 (diez) días después de su

publicación e irá acompañada del correspondiente anuncio público. Si se decide iniciar una

investigación, se incluirá en la notificación una copia de la solicitud de iniciación de la

investigación.

ARTÍCULO 17.19

Consultas

1. Si una Parte determina que se cumplen las condiciones para imponer una medida definitiva,

lo notificará por escrito y, al mismo tiempo, invitará a la otra Parte a celebrar consultas.

2. La notificación y la invitación a las consultas a que se refiere el apartado 1 se efectuarán al

menos 30 (treinta) días antes de la fecha prevista de entrada en vigor de la medida definitiva. Las

Partes no aplicarán medidas definitivas en ausencia de dicha notificación.

3. La notificación a que se refiere el apartado 1 incluirá:

a) los datos y la información objetiva que demuestren la existencia de un perjuicio grave o de la

amenaza de perjuicio grave para la rama de producción nacional causado por el aumento de

las importaciones en condiciones preferenciales;

b) la descripción completa del producto importado sujeto a la medida y su clasificación en el

Sistema Armonizado;

c) una descripción de la medida propuesta;

& /es 262

d) la fecha de entrada en vigor de la medida y su duración; y

e) la invitación a las consultas.

4. El objetivo de las consultas a que se refiere el apartado 1 será adquirir una comprensión

mutua de los hechos conocidos públicamente e intercambiar opiniones, con vistas a alcanzar una

solución mutuamente satisfactoria. Si no se llega a una solución satisfactoria en el plazo de 30

(treinta) días a partir de la notificación mencionada en el apartado 1, la Parte podrá aplicar la

medida al final del período de 30 (treinta) días.

5. En cualquier fase de la investigación, la Parte notificada podrá solicitar consultas con la otra

Parte o cualquier información adicional que considere necesaria.

& /es 263

SECCIÓN I

REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS DE LA UNIÓN EUROPEA **[1]**

ARTÍCULO 17.20

Regiones ultraperiféricas de la Unión Europea

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 17.3, si un producto originario de uno o varios

Estados del MERCOSUR signatarios se importa en condiciones preferenciales en el territorio de

una o varias regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en cantidades tan elevadas y en

condiciones tales que causen o amenacen con causar un deterioro grave de la situación económica

de la región o regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, la Unión Europea podrá adoptar

excepcionalmente medidas de salvaguardia limitadas al territorio de la región o regiones de que se

trate, a menos que se alcance una solución mutuamente satisfactoria.

**1** En la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, las regiones ultraperiféricas de la Unión
Europea son: Guadalupe, la Guayana francesa, Martinica, Mayotte, la Reunión, San Martín,
las Azores, Madeira y las islas Canarias. El presente artículo se aplicará también al país o al
territorio de ultramar que pase a tener estatuto de región ultraperiférica mediante una decisión
del Consejo Europeo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 355,
apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tras la entrada en vigor de
dicha decisión. En caso de que una región ultraperiférica de la Unión modifique su estatuto
como tal mediante el mismo procedimiento, el presente artículo dejará de ser aplicable tras la
entrada en vigor de la decisión del Consejo Europeo. La Unión Europea notificará por escrito
a la otra Parte cualquier cambio en los territorios considerados regiones ultraperiféricas de la
Unión Europea.

& /es 264

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, otras normas establecidas en el presente

capítulo aplicables a las salvaguardias bilaterales también se aplicarán a cualquier salvaguardia

adoptada en virtud del presente artículo.

3. A efectos del apartado 1, se entenderá por «deterioro grave» las dificultades importantes en

un sector de la economía que produzca productos similares o directamente competidores. La

determinación de un deterioro grave se basará en factores objetivos, incluidos los elementos

siguientes:

a) el aumento del volumen de las importaciones en términos absolutos o relativos con respecto a

la producción interna y a las importaciones procedentes de otros países; y

b) el efecto de esas importaciones en la situación de la rama de producción pertinente o del

sector económico afectado, incluido el efecto en el nivel de ventas, la producción, la situación

financiera y el empleo.

& /es 265

CAPÍTULO 18

COMERCIO DE SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTO

SECCIÓN A

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 18.1

Objetivo y ámbito de aplicación

1. Las Partes, reafirmando sus compromisos respectivos en virtud del Acuerdo sobre la OMC,

establecen las disposiciones necesarias para la liberalización del comercio de servicios y el

establecimiento.

2. Nada de lo dispuesto en el presente capítulo se interpretará en el sentido de que exija la

privatización de los servicios públicos o imponga obligación alguna con respecto a la contratación

pública.

3. Las disposiciones del presente capítulo no se aplicarán a las subvenciones o ayudas

otorgadas por las Partes, incluidos los préstamos, las garantías y los seguros con respaldo de la

administración.

4. De conformidad con las disposiciones del presente capítulo, cada una de las Partes seguirá

teniendo derecho a regular, introducir nuevas reglamentaciones o prestar servicios para cumplir sus

objetivos políticos.

5. Las disposiciones del presente capítulo no se aplicarán a los sistemas de seguridad social de

cada Parte.

& /es 266

6. Las disposiciones del presente capítulo no se aplicarán a los servicios prestados ni a las

actividades realizadas en el ejercicio de la autoridad gubernamental, es decir, cualquier servicio que

no se suministre o actividad que no se realice en condiciones comerciales ni en competencia con

uno o varios proveedores de servicios o inversores.

7. El presente capítulo se aplica a las medidas de cada Parte que afecten al comercio de

servicios y al establecimiento, con excepción de:

a) el cabotaje marítimo nacional **[1]** ;

b) los servicios internos e internacionales de transporte aéreo, programados o no, y los servicios

directamente relacionados con el ejercicio de derechos de tráfico, a excepción de:

i) los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves durante los cuales la aeronave

se encuentra fuera de servicio;

ii) la venta y comercialización de servicios de transporte aéreo;

iii) los servicios de sistemas de reserva informatizados; y

**1** Sin perjuicio del ámbito de actividades que puedan ser consideradas cabotaje con arreglo a la
legislación nacional pertinente, el cabotaje marítimo nacional en el presente capítulo abarca el
transporte de pasajeros o mercancías entre un puerto o punto ubicado en un Estado del
MERCOSUR signatario o un Estado miembro de la Unión Europea y otro puerto o punto
ubicado en el mismo Estado del MERCOSUR signatario o Estado miembro de la Unión
Europea, incluida su plataforma continental, según se establece en la CNUDM, así como el
tráfico con origen y destino en el mismo puerto o punto ubicado en el Estado del
MERCOSUR signatario o Estado miembro de la Unión Europea.

& /es 267

iv) los servicios de asistencia en tierra;

c) la navegación interior; y

d) los servicios audiovisuales.

ARTÍCULO 18.2

Definiciones

A efectos del presente capítulo:

a) «consumo en el extranjero» significa la prestación de un servicio en el territorio de una Parte

al consumidor del servicio de la otra Parte (modo 2);

b) «prestación transfronteriza de servicios» significa la prestación de un servicio desde el

territorio de una Parte al territorio de la otra Parte (modo 1);

c) «actividad económica» incluye cualquier actividad de carácter económico, con independencia

de que esté relacionada con sectores de servicios o no de servicios, con arreglo a lo dispuesto

en el artículo 18.1;

d) «empresa» significa una persona jurídica de una Parte, o una sucursal u oficina de

representación de dicha persona jurídica de una Parte, creada mediante establecimiento, tal

como se define en el presente artículo;

& /es 268

e) «entrada y estancia temporal de personas físicas» significa la entrada y estancia temporal de

personal clave, becarios con titulación universitaria, vendedores empresariales, proveedores

de servicios contractuales y profesionales independientes de una Parte en el territorio de la

otra Parte, de conformidad con la sección B del presente capítulo;

f) «establecimiento» significa:

i) la constitución, la adquisición o el mantenimiento de una persona jurídica **[1]** ; o

ii) la creación o mantenimiento de una sucursal o una oficina de representación de una

persona jurídica, dentro del territorio de una Parte con el fin de realizar una actividad

económica;

g) «inversor» de una Parte significa toda persona que tenga la intención de realizar o que realice

una actividad económica mediante establecimiento en el territorio de la otra Parte **[2]** ;

**1** Se entenderá que las palabras «constitución» y «adquisición» de una persona jurídica
engloban la participación en el capital de una persona jurídica con objeto de establecer o
mantener vínculos económicos duraderos.
**2** Si la actividad económica no es realizada directamente por una persona jurídica sino a través
de otras formas de establecimiento, como una sucursal o una oficina de representación, se
concederá al inversor (es decir, a la persona jurídica), a través de tal establecimiento, el trato
que se proporcione a los inversores conforme a la parte III del Acuerdo. Dicho trato se
ampliará al establecimiento a través del cual se realice la actividad económica y no es
necesario ampliarlo a otras partes del inversor que estén situadas fuera del territorio donde se
realiza la actividad económica.

& /es 269

h) «persona jurídica» significa toda entidad jurídica debidamente constituida u organizada de

otro modo con arreglo al Derecho aplicable, tenga o no fines de lucro y ya sea de propiedad

privada o pública, incluida cualquier sociedad de capital, sociedad fiduciaria, sociedad

colectiva, empresa conjunta, empresa individual o asociación;

i) una persona jurídica:

i) es «propiedad» de personas físicas o jurídicas de una Parte si estas tienen la propiedad

efectiva de más del 50 % de su capital social; y

ii) está «bajo control» de personas físicas o jurídicas de la otra Parte si tales personas están

facultadas para designar a la mayoría de sus directores o para dirigir legalmente sus

acciones;

j) «persona jurídica de una Parte» significa una persona jurídica que:

i) está constituida u organizada de otro modo con arreglo al Derecho de esa Parte, y se

dedica a operaciones comerciales sustantivas en el territorio de esa misma Parte o de la

otra Parte; o

ii) en el caso de un establecimiento, es propiedad o está bajo el control de:

A) personas físicas de esa Parte; o

B) personas jurídicas de esa Parte que correspondan a la definición de la letra j),

inciso i);

& /es 270

No obstante lo dispuesto en el incisos ii), las empresas navieras establecidas fuera de la Unión

Europea o del MERCOSUR y bajo el control de personas físicas con nacionalidad de un

Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado del MERCOSUR signatario,

respectivamente, se beneficiarán también de las disposiciones del presente capítulo si sus

buques están registrados de conformidad con las disposiciones legislativas y reglamentarias

en ese Estado miembro de la Unión Europea o Estado del MERCOSUR signatario y

enarbolan pabellón de un Estado miembro de la Unión Europea o un Estado del MERCOSUR

signatario **[1]** ;

k) «medida» significa cualquier medida adoptada por una Parte, ya sea en forma de ley,

reglamento, norma, procedimiento, decisión o medida administrativa, o en cualquier otra

forma;

l) «medidas adoptadas o mantenidas por una Parte» significa las medidas adoptadas por:

i) gobiernos y autoridades centrales, regionales o locales; y

ii) organismos no gubernamentales en el ejercicio de facultades delegadas en ellos por

gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales;

m) «medidas adoptadas por las Partes que afecten al establecimiento, la prestación transfronteriza

de servicios, el consumo en el extranjero y la entrada y estancia temporal de personas físicas»

incluye las medidas relativas a:

i) la compra, el pago o la utilización de un servicio;

**1** La letra j) del presente artículo no se interpretará en ningún caso de manera que una empresa
naviera constituida o establecida en un territorio sujeto a una controversia de soberanía en la
que participe la República Argentina, o constituida, establecida u organizada de otra manera
al amparo de la legislación aplicable a dicha territorio, pueda beneficiarse de las disposiciones
del presente capítulo. Esta disposición no se interpretará en el sentido de que implica la
legitimidad de la legislación aplicada a tales territorios.

& /es 271

ii) en conexión con la realización de una actividad económica, el acceso a servicios que

esas Partes deben obligatoriamente ofrecer al público en general, así como su

utilización; y

iii) el acceso, incluso mediante el establecimiento, de personas de una Parte al territorio de

la otra Parte para llevar a cabo una actividad económica en dicho territorio;

n) «persona física» significa toda persona que tenga la nacionalidad o la residencia permanente **[1]**

de uno de los Estados del MERCOSUR signatarios o de uno de los Estados miembros de la

Unión Europea con arreglo a su legislación respectiva;

o) «sector» de una actividad económica significa:

i) con referencia a un compromiso específico, uno, varios o todos los subsectores de ese servicio

o no servicio, según lo especificado en los compromisos específicos contenidos en los

anexos 18-A a 18-E; o

ii) en caso contrario, la totalidad de ese sector de servicios o sector no de servicios, incluidos

todos sus subsectores;

p) «proveedor de servicios» significa toda persona que desee prestar o preste un servicio **[2]** ; y

q) «prestación de un servicio» incluye la producción, distribución, comercialización, venta y

entrega de un servicio.

**1** Si una Parte concede sustancialmente a sus residentes permanentes el mismo trato que a las
personas físicas que tengan la nacionalidad de dicha Parte, sus residentes permanentes estarán
cubiertos por la definición de personas físicas en lo que respecta a las medidas que afecten al
comercio transfronterizo de servicios, al consumo en el extranjero y al establecimiento.
**2** Si el servicio no es prestado directamente por una persona jurídica, el trato concedido en
virtud del presente capítulo se extenderá a la sucursal u oficina de representación a través de
la cual se presta el servicio, y no será necesario extenderlo a ninguna parte del proveedor
situada fuera del territorio en el que se preste el servicio.

& /es 272

ARTÍCULO 18.3

Acceso a los mercados

1. Con respecto al acceso a los mercados mediante el establecimiento, la prestación

transfronteriza de servicios, el consumo en el extranjero y la entrada y estancia temporal de

personas físicas conforme a lo dispuesto en la sección B, cada Parte concederá a las empresas, los

inversores, los servicios y los proveedores de servicios de la otra Parte un trato no menos favorable

que el previsto en los términos, limitaciones y condiciones acordados y especificados en los

compromisos específicos incluidos en los anexos 18-A a 18-E.

2. En los sectores en que se contraigan compromisos de acceso a los mercados, las medidas

que ninguna de las Partes mantendrá ni adoptará, ya sea sobre la base de una subdivisión regional o

de la totalidad de su territorio, a menos que se especifique lo contrario en los anexos 18-A a 18-E,

se definen del modo siguiente:

a) limitaciones del número de proveedores de servicios o empresas en forma de contingentes

numéricos, monopolios o derechos exclusivos, o mediante la exigencia de una prueba de

necesidades económicas;

b) limitaciones del valor total de las transacciones o los activos en forma de contingentes

numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

c) limitaciones del número total de operaciones o de la cuantía total de la producción, expresadas

en unidades numéricas determinadas, en forma de contingentes o mediante la exigencia de

una prueba de necesidades económicas;

d) limitaciones a la participación del capital extranjero expresadas como límite porcentual

máximo a la tenencia de acciones por extranjeros, o como valor total de las inversiones

extranjeras individuales o agregadas;

& /es 273

e) medidas que restrinjan o exijan determinados tipos de entidades jurídicas o de empresas

conjuntas a través de las cuales un inversor o proveedor de servicios de la otra Parte puede

realizar una actividad económica; o

f) limitaciones al número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado

sector o que una empresa pueda emplear y que sean necesarias para la realización de la

actividad económica y estén directamente relacionadas con ella, en forma de contingentes

numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas.

3. Las pruebas de necesidades económicas se describirán de forma concisa y clara, indicando

los elementos que las hacen incompatibles con el presente artículo y especificando los criterios en

los que se basa la prueba.

ARTÍCULO 18.4

Trato nacional

1. En los sectores que figuran en los anexos 18-A a 18-E, y con sujeción a las condiciones y

salvedades establecidas en ellos, con respecto a todas las medidas que afecten al establecimiento **[1]**, la

prestación transfronteriza de servicios, el consumo en el extranjero y la entrada y estancia temporal

de personas físicas conforme a lo dispuesto en la sección B, cada Parte concederá a las empresas,

los inversores, los servicios y los proveedores de servicios de la otra Parte un trato no menos

favorable que el que conceda a sus propias empresas, inversores, servicios y proveedores de

servicios similares.

**1** La obligación establecida en el presente apartado se aplica también a las medidas que regulan
la composición de los consejos de administración de una empresa, como los requisitos de
nacionalidad y residencia.

& /es 274

2. Una Parte podrá cumplir lo dispuesto en el apartado 1 otorgando a las empresas, los

inversores, los servicios y los proveedores de servicios de la otra Parte un trato formalmente

idéntico o formalmente diferente al que otorgue a sus propias empresas, inversores, servicios y

proveedores de servicios similares.

3. Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos

favorable si modifica las condiciones de competencia a favor de las empresas, los inversores, los

servicios o los proveedores de servicios de la Parte, en comparación con las empresas, los

inversores, los servicios o los proveedores de servicios similares de la otra Parte.

4. No se interpretará que los compromisos específicos asumidos en virtud del presente artículo

obligan a cualquier Parte a compensar desventajas competitivas intrínsecas que resulten del carácter

extranjero de las empresas, los inversores, los servicios o los proveedores de servicios pertinentes.

ARTÍCULO 18.5

Lista de compromisos específicos

1. En los anexos 18-A a 18-E figuran los sectores liberalizados por cada Parte en virtud del

presente capítulo, así como las limitaciones de acceso a los mercados y trato nacional, establecidas

mediante reservas, aplicables a los servicios, los proveedores de servicios, las empresas y los

inversores de la otra Parte en esos sectores.

2. Las Partes no aplicarán restricciones de acceso a los mercados ni de trato nacional distintas

de las que figuran en los anexos 18-A a 18-E.

& /es 275

SECCIÓN B

ENTRADA Y ESTANCIA TEMPORAL DE PERSONAS FÍSICAS

QUE PRESTEN SERVICIOS Y PARA ACTIVIDADES EMPRESARIALES

ARTÍCULO 18.6

Ámbito de aplicación

1. La presente sección se aplica a las medidas de una Parte relativas a la entrada y la estancia

temporal en su territorio de personal clave, becarios con titulación universitaria, vendedores

empresariales, proveedores de servicios contractuales y profesionales independientes de la otra

Parte, de conformidad con los apartados 2 y 3.

2. Las disposiciones de la presente sección no se aplican a las medidas que afecten a personas

físicas cuya intención sea acceder al mercado de trabajo de una Parte, ni a las medidas de las Partes

en materia de ciudadanía, residencia o empleo con carácter permanente.

3. Las disposiciones de la presente sección no impedirán a ninguna de las Partes aplicar las

medidas necesarias para regular la entrada, la estancia temporal y el movimiento ordenado de

personas físicas en su territorio o para proteger la integridad de sus fronteras, si tales medidas no

anulan ni menoscaban los beneficios que corresponden a cualquiera de las Partes en virtud de un

compromiso específico **[1]** .

**1** No se considerará que el mero hecho de exigir un visado a las personas físicas de
determinados países y no a las de otros anula o menoscaba las ventajas resultantes de un
compromiso específico.

& /es 276

4. Con sujeción a los artículos 18.17 y 18.18, ninguna disposición de la presente sección

impedirá a una Parte exigir que las personas físicas posean las cualificaciones o la experiencia

profesional necesarias en el territorio donde se preste el servicio para el sector de la actividad en

cuestión.

ARTÍCULO 18.7

Definiciones

1. A efectos de la presente sección, se aplicarán las definiciones siguientes:

a) «vendedores empresariales»: las personas físicas que sean representantes de una persona

jurídica de una de las Partes y deseen entrar y permanecer temporalmente en el territorio de la

otra Parte a fin de negociar la venta de servicios o mercancías o alcanzar acuerdos para vender

servicios o mercancías en nombre de ese proveedor; No se dedican a realizar ventas directas

para el público en general ni reciben remuneración de una fuente situada en la Parte

anfitriona, y no son comisionistas;

b) «proveedores de servicios contractuales»: las personas físicas empleadas por una persona

jurídica de una Parte que no esté establecida en el territorio de la otra Parte y que haya

celebrado un contrato para suministrar servicios cuyo consumidor final se encuentre en esta

última Parte y que exijan una presencia temporal de sus empleados en dicha Parte para

cumplir el contrato de suministro de servicios **[1]** ;

**1** El contrato de servicios al que se refiere la letra b) será un contrato de buen fe y cumplirá los
requisitos de las disposiciones legislativas y reglamentarias de la Parte en la que se ejecute el

contrato.

& /es 277

c) «becarios con titulación universitaria»: personas físicas empleadas por una persona jurídica de

una Parte durante al menos 1 (un) año, que poseen un título universitario y se trasladan

temporalmente a una empresa en el territorio de la otra Parte a fin de desarrollarse

profesionalmente o formarse en técnicas o métodos empresariales **[1]** ;

d) «profesionales independientes»: las personas físicas que se dediquen a prestar un servicio y

estén instaladas como trabajadores por cuenta propia en el territorio de una Parte, que no se

hayan establecido en el territorio de la otra Parte y que hayan celebrado un contrato para

prestar servicios a un consumidor final en el territorio de la otra Parte que exija su presencia

temporal en dicha Parte para cumplir el contrato de prestación de servicios **[2]** ;

e) «personal clave»: las personas físicas empleadas en una persona jurídica de una de las Partes

que no sea una organización sin ánimo de lucro, y que están encargadas del establecimiento o

del control, la administración y el funcionamiento adecuados de una empresa, y está formado

por:

i) «personas en visita de negocios»: personas físicas que ocupan un cargo directivo y son

responsables de la creación de una empresa; no se dedican a transacciones directas con

el público en general y no reciben remuneración de una fuente situada en la Parte

anfitriona; y

**1** A efectos de la autorización previa, podrá exigirse a la empresa de acogida que presente un
programa de formación en el que figure la duración de la estancia y demuestre que el fin de la
estancia es la formación. Las autoridades competentes podrán exigir que la formación esté
relacionada con el título universitario que se haya obtenido.
**2** El contrato de servicios al que se refiere la letra d) será un contrato de buen fe y cumplirá los
requisitos de las disposiciones legislativas y reglamentarias de la Parte en la que se ejecute el

contrato.

& /es 278

ii) «personas desplazadas en un marco intraempresarial»: personas físicas que han estado

empleadas por una persona jurídica de una Parte, o han sido socias de ella, durante al

menos 1 (un) año, que son trasladadas temporalmente a una empresa o un domicilio

social de esa persona jurídica situada en el territorio de la otra Parte y que pertenecen

a una de las categorías siguientes:

A) directivos:

personas físicas que ocupan cargos superiores en una persona jurídica, que se

encargan fundamentalmente de la gestión de la empresa y están sujetas a la

supervisión o dirección general principalmente del consejo de administración o de

los accionistas de la empresa, o sus equivalentes, incluidas:

–
la dirección de la empresa o un departamento o subdivisión de esta;

–
la supervisión y control del trabajo de otros empleados que ejercen

funciones de supervisión, técnicas o de gestión; o

–
la facultad personal de contratar y despedir o recomendar la contratación, el

despido u otras medidas relativas al personal;

B) especialistas:

personas físicas que trabajan en una persona jurídica y poseen conocimientos

especializados esenciales para la actividad económica, las técnicas o la gestión de

la empresa.

& /es 279

ARTÍCULO 18.8

Personal clave y becarios con titulación universitaria

Para cada sector en el que se hayan contraído compromisos para el establecimiento enumerados en

los anexos 18-B y 18-E, y con sujeción a las reservas enumeradas en los anexos 18-C y 18-E, cada

una de las Partes permitirá a los inversores de la otra Parte emplear en su empresa a personas físicas

de esa otra Parte, si tales empleados son personal clave o becarios con titulación universitaria, tal

como se definen en el artículo 18.7. La entrada y estancia temporal de personal clave y becarios con

titulación universitaria:

a) tendrá la duración necesaria para el cumplimiento del contrato, o bien una duración de hasta 3

(tres) años en el caso de las personas desplazadas en un marco intraempresarial si esta es

inferior;

b) será de 60 (sesenta) días como máximo en cualquier período de 12 (doce) meses en el caso de

las personas en visita de negocios; y

c) será de 1 (un) año como máximo en el caso de los becarios con titulación universitaria.

& /es 280

ARTÍCULO 18.9

Vendedores empresariales

Para cada sector en el que se hayan contraído compromisos para la prestación transfronteriza de

servicios y para el establecimiento, enumerados en los anexos 18-A, 18-B y 18-E, y con sujeción a

las reservas enumeradas en los anexos 18-C y 18-E, cada una de las Partes permitirá la entrada y

estancia temporal de vendedores empresariales durante un período máximo de 90 (noventa) días en

cualquier período de 12 (doce) meses **[1]** .

ARTÍCULO 18.10

Proveedores de servicios contractuales y profesionales independientes

1. Para los sectores especificados en los anexos 18-D y 18-E y con sujeción a las reservas

enumeradas en ellos, cada una de las Partes permitirá la prestación de servicios en su territorio por

proveedores de servicios contractuales de la otra Parte, mediante la presencia de personas físicas,

siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) la persona jurídica que emplee a la persona física deberá haber obtenido un contrato de

servicios por un período no superior a 12 (doce) meses;

b) las personas físicas que entren en la otra Parte deberán tener una formación o experiencia

adecuada y pertinente para el servicio que se vaya a prestar;

**1** El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones derivados de los
acuerdos bilaterales de exención de visados entre cada uno de los Estados del MERCOSUR
signatarios y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

& /es 281

c) la persona física no recibirá remuneración por la prestación de un servicio aparte de la

remuneración pagada por el proveedor de servicios contractuales durante la estancia de la

persona física en la otra Parte;

d) la entrada y estancia temporal de personas físicas en el territorio de la Parte de que se trate

tendrá una duración acumulada no superior a 6 (seis) meses en cualquier período de 12 (doce)

meses, o la duración del contrato si esta es inferior; y

e) el acceso concedido conforme a lo dispuesto en el presente artículo se refiere únicamente al

servicio objeto del contrato, y no da derecho a la persona física a ejercer la titulación

profesional de la Parte en la que se presta el servicio.

2. Para los sectores especificados en los anexos 18-D y 18-E y con sujeción a las reservas

enumeradas en ellos, cada una de las Partes permitirá la prestación de servicios en su territorio por

profesionales independientes de la otra Parte, mediante la presencia de personas físicas, siempre que

se cumplan las siguientes condiciones:

a) las personas físicas deberán haber obtenido un contrato de servicios por un período no

superior a 12 (doce) meses;

b) las personas físicas que entren en la otra Parte deberán tener una formación y una

cualificación profesional adecuada y pertinente para el servicio que se vaya a prestar;

c) la entrada y estancia temporal de personas físicas en la Parte de que se trate tendrá una

duración acumulada no superior a 6 (seis) meses en cualquier período de 12 (doce) meses, o la

duración del contrato si esta es inferior; y

& /es 282

d) el acceso concedido conforme a lo dispuesto en el presente artículo se refiere únicamente al

servicio objeto del contrato, y no da derecho a la persona física a ejercer la titulación

profesional de la Parte en la que se presta el servicio.

SECCIÓN C

MARCO REGULADOR

SUBSECCIÓN 1

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL

ARTÍCULO 18.11

Reconocimiento mutuo

1. Nada de lo dispuesto en el presente capítulo impedirá a las Partes exigir que las personas

físicas posean las cualificaciones o la experiencia profesional necesarias especificadas en el

territorio en el que se preste el servicio para el sector de actividad en cuestión.

2. A efectos del cumplimiento, total o parcial, de sus normas o criterios para la autorización,

concesión de licencias o certificación de inversores y proveedores de servicios, una Parte podrá

reconocer la formación o la experiencia obtenida, los requisitos cumplidos o las licencias o

certificaciones concedidas en la otra Parte. Este reconocimiento, que podrá efectuarse mediante

armonización o por otro procedimiento, podrá basarse en un acuerdo o convenio o podrá ser

otorgado de forma autónoma.

& /es 283

ARTÍCULO 18.12

Transparencia

1. Cada una de las Partes publicará con prontitud y, salvo en situaciones de emergencia, a más

tardar en la fecha de su entrada en vigor, todas las medidas pertinentes de aplicación general que se

refieran o afecten al presente capítulo.

2. Las medidas a que se refiere el apartado 1 incluirán medidas aplicables a todos los modos de

suministro, incluido el proceso de entrada y estancia temporal de las categorías de personas físicas

definidas en el artículo 18.7. La información sobre estas medidas se mantendrá actualizada. Cada

una de las Partes facilitará el acceso a la información pertinente indicando a la otra Parte dónde

pueden encontrarse las publicaciones y los sitios web pertinentes.

3. Si la publicación de las medidas a que se refiere el apartado 1 no es factible, dichas medidas

se harán públicas de otro modo.

4. Cada una de las Partes responderá sin demora a todas las solicitudes de la otra Parte de

información específica sobre cualquiera de sus medidas de aplicación general pertinentes a que se

refiere el apartado 1, incluidas las medidas relativas a la entrada y estancia temporal de los

proveedores de servicios a que se refiere el apartado 2.

5. Cada una de las Partes establecerá uno o varios servicios de consulta para proporcionar

información específica a los prestadores de servicios de la otra Parte, previa solicitud, sobre

cualquiera de sus medidas de aplicación general a que se refiere el apartado 1. Las Partes se

notificarán mutuamente estos servicios de consulta a más tardar un año después de la entrada en

vigor del presente Acuerdo. Los servicios de consulta no estarán obligados a ser depositarios de las

leyes y reglamentaciones.

& /es 284

6. Ninguna disposición del presente capítulo impondrá a ninguna Parte la obligación de

facilitar información confidencial cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para hacer

cumplir las leyes o ser de otra manera contraria al interés público, o pueda lesionar los intereses

comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.

SUBSECCIÓN 2

NORMATIVA NACIONAL

ARTÍCULO 18.13

Ámbito de aplicación

1. La presente subsección solo será aplicable a los sectores en los que una Parte haya contraído

compromisos específicos enumerados en los anexos 18-A a 18-E y en la medida en que dichos

compromisos específicos sean aplicables.

2. La presente subsección no será aplicable a las medidas que constituyan limitaciones con

arreglo a los artículos 18.3 y 18.4.

3. En los sectores en los que se contraigan compromisos específicos enumerados en los

anexos 18-A a 18-E, cada una de las Partes velará por que todas las medidas de aplicación general

que afecten al comercio de servicios y al establecimiento se administren de manera razonable,

objetiva e imparcial.

4. Cada una de las Partes cumplirá lo dispuesto en la presente subsección en lo que respecta a

las medidas relativas a los requisitos y procedimientos de concesión de licencias y a los requisitos y

procedimientos de cualificación.

& /es 285

5. La presente subsección será aplicable a las medidas de cada Parte relativas a los requisitos y

procedimientos de concesión de licencias y cualificación que afecten a:

a) la prestación transfronteriza de servicios;

b) el establecimiento en su territorio de una empresa definida en el artículo 18.2; o

c) la estancia temporal en su territorio de categorías de personas físicas definidas en el artículo

18.2.

ARTÍCULO 18.14

Definiciones

A efectos de la presente subsección, se entenderá por:

a) «autoridad competente», cualquier gobierno o autoridad central, regional o local u organismo

no gubernamental en el ejercicio de facultades delegadas por gobiernos centrales, regionales o

locales y que pueda adoptar una decisión relativa a la autorización para prestar un servicio, o

relativa a la autorización de establecimiento de una empresa para realizar una actividad

económica;

b) «procedimientos para el trámite de licencias», las normas administrativas o de procedimiento

que debe cumplir un proveedor de servicios o un inversor que solicite una autorización para

prestar un servicio o establecer una empresa, a fin de demostrar que cumple los requisitos

para la concesión de licencias;

& /es 286

c) «requisitos para la concesión de licencias», los requisitos sustantivos distintos de los

requisitos de cualificación que debe cumplir un proveedor de servicios o un inversor para

obtener, de una autoridad competente, una decisión relativa a la autorización para prestar un

servicio o a la autorización para establecer una empresa con el fin de llevar a cabo una

actividad económica, incluida la decisión de modificar o renovar dicha autorización;

d) «procedimientos de cualificación», las normas administrativas o procedimentales que una

persona física deberá cumplir para demostrar la conformidad con los requisitos de

cualificación, con el fin de obtener autorización para prestar un servicio; y

e) «requisitos de cualificación», los requisitos sustantivos relativos a la competencia de una

persona física para prestar un servicio y que deben demostrarse con el fin de obtener

autorización para prestar un servicio.

ARTÍCULO 18.15

Condiciones para la concesión de licencias

1. Las medidas de cada una de las Partes relativas a los requisitos para la concesión de

licencias se basarán en criterios que sean:

a) proporcionados a la consecución de un objetivo de política pública;

b) claros e inequívocos;

c) objetivos; y

d) publicados con antelación.

& /es 287

2. Las licencias serán concedidas por la autoridad competente en cuanto se haya determinado,

a la luz de un examen adecuado, que se cumplen las condiciones para obtenerlas.

3. Si el número de licencias disponibles para una determinada actividad está limitado debido

a la escasez de recursos naturales o capacidades técnicas disponibles, cada una de las Partes

seleccionará a los candidatos mediante un procedimientos de selección imparcial y transparente que

proporcione, en particular, la publicidad adecuada sobre el inicio, el desarrollo y la finalización del

procedimiento. Sin perjuicio de las disposiciones especificadas en el presente artículo, cada una de

las Partes podrá tener en cuenta objetivos de política pública a la hora de establecer las normas para

los procedimientos de selección.

ARTÍCULO 18.16

Procedimientos para el trámite de licencias

1. Los procedimientos para el trámite de licencias serán claros y se harán públicos con

antelación. Cada una de las Partes velará por que los procedimiento para el trámite de licencias

utilizados por las autoridades competentes, así como sus decisiones, sean objetivos e imparciales

con respecto a todos los solicitantes.

2. Los procedimientos de concesión de licencias no serán disuasorios ni complicarán o

retrasarán indebidamente la prestación del servicio.

& /es 288

3. Las tasas de trámite de licencias **[1]** impuestas a los solicitantes por sus solicitudes deberán ser

razonables y no restringir por sí mismas la prestación del servicio. En la medida de lo posible,

dichas tasas deben ser proporcionales al coste de los procedimientos para el trámite de licencias en

cuestión.

4. Las autoridades competentes de las Partes facilitarán, en la medida de lo posible, un

calendario indicativo para la tramitación de las solicitudes. Las solicitudes se tramitarán en un plazo

razonable. El plazo solo empezará a contar desde el momento en que las autoridades competentes

hayan recibido toda la documentación. Si la complejidad del asunto lo justifica, la autoridad

competente podrá ampliar el plazo una sola vez y por un tiempo razonable. La ampliación y su

duración estarán debidamente motivadas y serán notificadas al solicitante, en la medida de lo

posible, antes de que expire el plazo original.

5. En caso de que se presente una solicitud incompleta, el solicitante deberá ser informado lo

antes posible de la necesidad de aportar cualquier documentación adicional. En tal caso, las

autoridades competentes podrán suspender el plazo a que se refiere el apartado 4 hasta que hayan

recibido toda la documentación.

6. Si una solicitud es denegada por incumplir los procedimientos o trámites requeridos, se

informará al solicitante de la denegación y de las vías de recurso disponibles lo antes posible.

**1** Las tasas de trámite de licencias no incluyen los pagos de subastas, licitaciones u otras formas
no discriminatorias de adjudicación, ni contribuciones bajo mandato para la prestación de
servicios universales.

& /es 289

ARTÍCULO 18.17

Requisitos de cualificación

1. Los requisitos de cualificación se basarán en criterios que sean:

a) proporcionados a la consecución de un objetivo de política pública;

b) claros e inequívocos;

c) objetivos; y

d) publicados con antelación.

2. Si una Parte impone requisitos de cualificación para la prestación de un servicio, se

asegurará de que existen procedimientos adecuados para la verificación y evaluación de las

cualificaciones de los proveedores de servicios de la otra Parte. Si la autoridad competente de una

Parte considera que el hecho de ser miembro de una asociación profesional pertinente en el

territorio de otra Parte es indicativo del nivel de competencia o del alcance de la experiencia del

solicitante, este hecho se tendrá debidamente en cuenta.

3. Para la prestación de servicios profesionales, el alcance de los exámenes y de cualquier otro

requisito de cualificación por parte de una autoridad competente estará relacionado con el derecho a

ejercer una profesión para la que se solicita autorización, a fin de evitar que las personas de la otra

Parte tengan restricciones indebidas para presentar solicitudes.

& /es 290

4. Siempre y cuando el solicitante haya presentado todos los justificantes necesarios de sus

cualificaciones, la autoridad competente, al verificar y evaluar dichas cualificaciones, detectará

cualquier deficiencia e informará al solicitante de los requisitos para satisfacerla. Estos requisitos

podrán incluir cursos, exámenes y formación. El hecho de que un solicitante de una Parte presente

pruebas de cualificaciones obtenidas en el territorio de un tercer país no constituirá en sí mismo una

razón _a priori_ para que la autoridad competente de la otra Parte rechace la solicitud y se abstenga de

realizar una evaluación de las cualificaciones presentadas.

5. Si se requieren exámenes, cada una de las Partes velará por que se programen a intervalos

con una frecuencia razonable. Se concederá a los solicitantes de exámenes un plazo razonable para

presentar sus solicitudes.

6. Una vez que se hayan cumplido los requisitos de cualificación y cualesquiera otros

requisitos reglamentarios aplicables, cada una de las Partes deberá garantizar que se permita al

proveedor de servicios prestar el servicio sin demora indebida.

ARTÍCULO 18.18

Procedimientos de cualificación

1. Los procedimientos de cualificación se basarán en criterios que sean:

a) claros e inequívocos;

b) objetivos; y

c) publicados con antelación.

& /es 291

2. Cada una de las Partes velará por que los procedimiento de cualificación utilizados por las

autoridades competentes, así como sus decisiones, sean imparciales con respecto a todos los

solicitantes.

3. En principio, no se exigirá a los solicitantes que se dirijan a más de 1 (una) autoridad

competente para los procedimientos de cualificación.

4. Si existen plazos específicos para la presentación de las solicitudes, se concederá a los

solicitantes un plazo razonable para dicha presentación. La autoridad competente iniciará la

tramitación de las solicitudes sin demoras injustificadas. En la medida de lo posible, la autoridad

competente aceptará las solicitudes en formato electrónico en las mismas condiciones de

autenticidad que las solicitudes presentadas en papel.

5. Las copias autenticadas deberán ser aceptadas por la autoridad competente, cuando sea

posible, en lugar de los documentos originales.

6. Si la autoridad competente deniega la solicitud, informará de ello al solicitante, por escrito

en la medida de lo posible, sin demora indebida. Informará al solicitante, previa petición, de los

motivos de la denegación de la solicitud y señalará las deficiencias y las formas de subsanarlas.

Informará al solicitante del plazo para interponer un recurso contra la decisión, si está disponible.

Permitirá al solicitante volver a presentar una solicitud en un plazo razonable.

7. Cada una de las Partes velará por que la tramitación de las solicitudes, incluida la

verificación y la evaluación de cualificaciones, se realice en un plazo razonable a partir de la fecha

de presentación de una solicitud completa. Cada Parte procurará establecer un plazo normal para la

tramitación de las solicitudes.

& /es 292

8. Cada una de las Partes garantizará que las tasas relativas a los procedimientos de

cualificación sean proporcionales a los costes en los que incurran las autoridades competentes y no

restrinjan por sí mismas la prestación del servicio.

ARTÍCULO 18.19

Revisión de decisiones administrativas

Cada una de las Partes mantendrá o instituirá tribunales o procedimientos judiciales, de arbitraje

o administrativos que proporcionen, a solicitud de un inversor o un proveedor de servicios afectado

de la otra Parte, una revisión rápida de las resoluciones administrativas que afecten al

establecimiento, la prestación transfronteriza de servicios o la estancia temporal de personas físicas

para la prestación de servicios, y, si está justificado, medidas correctoras apropiadas para dichas

decisiones. Si tales procedimientos no son independientes del organismo encargado de la decisión

administrativa de que se trate, cada una de las Partes se asegurará de que los procedimientos

permitan, de hecho, una revisión objetiva e imparcial.

& /es 293

SUBSECCIÓN 3

SERVICIOS POSTALES

ARTÍCULO 18.20

Ámbito de aplicación

1. La presente subsección establece los principios del marco regulador de los servicios postales

con respecto a los cuales cada Parte ha contraído compromisos específicos, enumerados en los

anexos 18-A y 18-E, de conformidad con la presente subsección.

2. La presente subsección no exige que una Parte liberalice los servicios reservados a 1 (uno) o

más operadores designados enumerados en los anexos 18-A y 18-E.

ARTÍCULO 18.21

Definiciones

A efectos de la presente subsección, se entenderá por:

a) «requisitos esenciales»: razones generales de carácter no económico para imponer

condiciones a la prestación de servicios postales, y pueden incluir la confidencialidad de la

correspondencia, la seguridad de la red en lo que respecta al transporte de mercancías

peligrosas, la protección de datos, la protección del medio ambiente y la planificación

regional;

& /es 294

b) «licencia»: toda forma de autorización o permiso **[1]** que establezca derechos y obligaciones

específicos del sector postal, concedida a un proveedor individual por una autoridad

reguladora o cualquier otro organismo competente, y que sea necesaria antes de prestar un

servicio determinado;

c) «envío postal»: un envío presentado en la forma definitiva en que deba ser transportado por

un proveedor de servicios de servicios postales, público o privado, y puede incluir, por

ejemplo, una carta, un paquete, un diario o un catálogo;

d) «servicio postal» **[2]** : los servicios consistentes en la recogida, la clasificación, el transporte y la

entrega de envíos postales, con independencia del destino (nacional o extranjero), de la

rapidez del servicio (prioritario, no prioritario, urgente, o de otro tipo) o del operador (público

o privado);

e) «autoridad reguladora»: el organismo o los organismos independientes encargados de la

regulación de los servicios postales mencionados en la presente subsección; y

f) «servicio universal»: la prestación permanente de un servicio postal de calidad específica en

todos los puntos del territorio de una Parte a precios asequibles para todos los usuarios.

**1** Para mayor seguridad, esto incluye la adjudicación de una concesión, registro, declaración,
notificación o licencias individuales.
**2** Los «servicios postales» abarcan las CCP, CCP 7511 y CCP 7512.

& /es 295

ARTÍCULO 18.22

Prevención de las prácticas anticompetitivas en el sector postal

Cada una de las Partes velará por que un prestador de servicios postales sujeto a una obligación de

servicio universal o a un monopolio postal no incurra en prácticas anticompetitivas, tales como:

a) utilizar los ingresos derivados de la prestación de este servicio para subvencionar la prestación

de un servicio postal urgente o algún servicio postal no universal, y

b) diferenciar entre clientes, como empresas, remitentes de envíos masivos o agrupadores de

correo con respecto a las tarifas u otros términos y condiciones para la prestación de un

servicio sujeto a una obligación de servicio universal o a un monopolio postal, si tal

diferenciación no está basada en criterios u objetivos imparciales.

ARTÍCULO 18.23

Servicios universales

Cada una de las Partes tiene derecho a definir el tipo de obligación de servicio universal que desea

mantener y a decidir su ámbito de aplicación y ejecución. Cada una de las Partes podrá adoptar las

medidas necesarias para salvaguardar la aplicación, el desarrollo y el mantenimiento del servicio

postal universal. Tales medidas y obligaciones no se considerarán contrarias a la competencia _per se_

si se aplican de manera transparente, no discriminatoria y proporcionada.

& /es 296

ARTÍCULO 18.24

Licencias para la prestación de servicios postales

1. Cada una de las Partes podrá exigir licencias para la prestación de servicios postales.

Siempre que sea posible, debe concederse las licencias mediante un procedimiento de autorización

simplificado, de conformidad con las disposiciones legislativas y reglamentarias nacionales.

2. Las licencias podrán exigir el cumplimiento de requisitos esenciales, incluidas las normas de

calidad y el respeto de los derechos exclusivos y especiales de operadores designados de servicios

reservados o de servicios postales universales.

3. Si una Parte exige una licencia:

a) publicará en una forma fácilmente accesible:

i) los derechos y obligaciones derivados de la licencia;

ii) los criterios, términos y condiciones de la concesión de licencias; y

iii) en la medida de lo posible, el plazo normalmente necesario para tomar una decisión

relativa a una solicitud de licencia;

b) los procedimientos para otorgar una licencia serán transparentes, no discriminatorios,

proporcionados y basados en criterios objetivos; y

& /es 297

c) las posibles tasas de trámite de licencias **[1]** impuestas a los solicitantes por sus solicitudes

deberán ser razonables y no restringir por sí mismas la prestación del servicio.

4. El estado de una solicitud de licencia y los motivos de la denegación de una licencia se

comunicarán al solicitante previa petición. Cada una de las Partes, de conformidad con sus

disposiciones legislativas y reglamentarias, mantendrá o establecerá un procedimiento para que los

solicitantes interpongan un recurso contra la denegación de una licencia a un organismo nacional

independiente. Dicho procedimiento será transparente, no discriminatorio y estará basado en

criterios objetivos.

ARTÍCULO 18.25

Independencia del organismo regulador

Cada una de las Partes podrá designar un organismo regulador, ya sea específico o no del sector de

los servicios postales. El organismo regulador será jurídicamente independiente de los proveedores

de servicios postales y no les tendrá que rendir cuentas. Las decisiones del organismo regulador y

los procedimientos aplicados serán imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado.

**1** Las tasas de trámite de licencias no incluyen los pagos de subastas, licitaciones u otras formas
no discriminatorias de adjudicación, ni contribuciones bajo mandato para la prestación de
servicios universales.

& /es 298

SUBSECCIÓN 4

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

ARTÍCULO 18.26

Ámbito de aplicación

1. La presente subsección establece los principios del marco regulador de los servicios de

telecomunicaciones, distintos de la radiodifusión **[1]**, con respecto a los cuales cada Parte haya

contraído compromisos específicos de conformidad con el presente capítulo.

2. Ninguna disposición de la presente subsección se interpretará en el sentido de:

a) exigir a una Parte que autorice a un proveedor de servicios de telecomunicaciones de la otra

Parte a establecer, construir, adquirir, arrendar, explotar o suministrar redes o servicios de

transporte de telecomunicaciones distintos de los previstos en los anexos 18-A, 18-B, 18-C y

18-E; o

**1** Por «radiodifusión» se entiende la radiocomunicación en la que las transmisiones están
destinadas a su recepción directa por el público en general, y pueden incluir la transmisión de
sonido y la transmisión de televisión. Los proveedores de servicios de radiodifusión se
considerarán proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones, y sus
redes se considerarán redes públicas de transporte de telecomunicaciones, en la medida en que
dichas redes se utilicen también para prestar servicios públicos de transporte de
telecomunicaciones.

& /es 299

b) exigir a una Parte que obligue a los proveedores de servicios bajo su jurisdicción a establecer,

construir, adquirir, arrendar, explotar o suministrar redes o servicios de transporte de

telecomunicaciones que no se ofrezcan al público en general.

ARTÍCULO 18.27

Definiciones

A efectos de la presente subsección, se entenderá por:

a) «instalaciones esenciales de telecomunicaciones» **[1]** : instalaciones de una red pública de

transporte de telecomunicaciones y un servicio público de transporte de telecomunicaciones:

i) que sean suministradas exclusiva o predominantemente por un único proveedor o por un

número limitado de proveedores; y

ii) cuya sustitución a fin de prestar un servicio no sea viable económica o técnicamente;

b) «interconexión»: el enlace con proveedores de redes de transporte de telecomunicaciones o de

servicios de transporte de telecomunicaciones con objeto de que los usuarios de un proveedor

de servicios de telecomunicaciones puedan comunicarse con los usuarios de otro proveedor de

servicios de telecomunicaciones y acceder a los servicios de telecomunicaciones prestados por

otro proveedor de servicios de telecomunicaciones;

**1** En el caso de la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, se entenderá
por «instalaciones esenciales de telecomunicaciones» las instalaciones de una red pública de
transporte de telecomunicaciones y un servicio público de transporte de telecomunicaciones
con arreglo a las definiciones contempladas en su legislación nacional.

& /es 300

c) «licencia»: toda forma de autorización, incluidos los procedimientos de registro, declaración o

notificación u otros, tal como se definan en las disposiciones legislativas y reglamentarias de

una Parte, que establezca derechos y obligaciones específicos del sector de las

telecomunicaciones concedidos a un proveedor individual de servicios de telecomunicaciones

por una autoridad reguladora que sea necesaria para la prestación de un servicio de

telecomunicaciones;

d) «proveedor principal»: en el sector de las telecomunicaciones, proveedor de redes o servicios

de transporte de telecomunicaciones capaz de incidir sustancialmente en las condiciones de

participación, en lo relativo al precio y la oferta, en el mercado correspondiente de servicios

de telecomunicaciones, bien por su control sobre las instalaciones esenciales o el uso de su

posición en el mercado;

e) «red pública de transporte de telecomunicaciones»: la infraestructura pública de

telecomunicaciones que permite las telecomunicaciones entre dos o más puntos terminales

definidos de una red;

f) «servicio público de transporte de telecomunicaciones»: todo servicio de transporte de

telecomunicaciones que una Parte prescriba, expresamente o de hecho, que se ofrezca al

público en general;

g) «autoridad reguladora»: el organismo o los organismos encargados de la regulación de las

telecomunicaciones mencionadas en la presente subsección;

h) «proveedor de servicios»: toda persona a la que se haya concedido una licencia para prestar

servicios de telecomunicaciones;

i) «servicios de telecomunicaciones»: todos los servicios consistentes en la transmisión y

recepción de señales electromagnéticas, con exclusión de los servicios que suministren los

contenidos transmitidos o ejerzan control editorial sobre ellos; y

& /es 301

j) «servicio universal»: el conjunto de servicios de calidad específica que debe ponerse a

disposición de todos los usuarios en el territorio de una Parte independientemente de su

localización geográfica y a un precio asequible.

ARTÍCULO 18.28

Autoridad reguladora

1. Cada una de las Partes velará por que su autoridad reguladora de servicios de

telecomunicaciones sea jurídicamente distinta y funcionalmente independiente de todo proveedor de

servicios de telecomunicaciones.

2. La autoridad reguladora tendrá facultades y recursos suficientes para regular el sector. Las

competencias de la autoridad reguladora se harán públicas de forma clara y fácilmente accesible, en

particular si esas tareas están asignadas a más de un organismo.

3. Las decisiones de la autoridad reguladora y los procedimientos aplicados serán imparciales

con respecto a quienes operen en el mercado.

4. El proveedor de servicios de telecomunicaciones afectado por una decisión de una autoridad

reguladora tendrá derecho a recurrir dicha decisión ante un organismo nacional de recurso que sea

independiente de las partes implicadas y de la autoridad reguladora. Si el organismo de recurso no

tiene carácter judicial, se darán por escrito las razones de la decisión, y sus decisiones también

estarán sujetas a reconsideración por parte de una autoridad judicial o administrativa nacional

imparcial e independiente.

& /es 302

ARTÍCULO 18.29

Licencias para la prestación de servicios de telecomunicaciones

1. Cada una de las Partes garantizará que, siempre que sea posible, se concedan las licencias

mediante un procedimiento simplificado.

2. Cada una de las Partes garantizará que se hagan públicas las condiciones para la concesión

de derechos de uso de números y frecuencias.

3. Si una Parte exige una licencia:

a) se harán públicos todos los criterios de concesión de licencias;

b) será público el plazo razonable normalmente necesario para tomar una decisión sobre la

concesión de una licencia, tras la presentación de la solicitud completa;

c) si se deniega la concesión de una licencia, los motivos de dicha denegación se comunicarán

por escrito al solicitante, previa petición; y

d) el solicitante de una licencia podrá recurrir a un organismo nacional de recurso para

determinar si se ha denegado indebidamente una licencia.

& /es 303

ARTÍCULO 18.30

Prácticas anticompetitivas

Cada una de las Partes adoptará o mantendrá medidas adecuadas con el fin de impedir que los

proveedores de servicios de telecomunicaciones que, individual o conjuntamente, sean proveedor

principal **[1]**, empleen o sigan empleando prácticas anticompetitivas. Estas prácticas anticompetitivas

pueden incluir un abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o

recomendaciones individuales o concertadas que tengan por efecto restringir, limitar, obstaculizar,

distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado correspondiente.

ARTÍCULO 18.31

Acceso a las instalaciones esenciales de telecomunicaciones

Cada una de las Partes garantizará que un proveedor principal **[2]** de su territorio conceda a los

proveedores acceso a sus instalaciones esenciales de telecomunicaciones con condiciones

razonables y no discriminatorias **[3]**, incluido en relación con las tarifas, las normas técnicas, las

especificaciones, la calidad y el mantenimiento.

**1** En el caso de la República Oriental del Uruguay, el ámbito de aplicación del presente artículo
se aplicará a todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones.
**2** En el caso de la República Oriental del Uruguay, el ámbito de aplicación del presente artículo
se aplicará a todos los proveedores.
**3** A efectos de la presente subsección, se entiende que la expresión «no discriminatorias» se
refiere al trato nacional tal como se define en el artículo 18.4, además de reflejar el uso con
relación a este sector específico, entendiéndose como las «condiciones no menos favorables
que las concedidas en circunstancias similares a cualquier otro usuario de redes o servicios
públicos de transporte de comunicaciones similares».

& /es 304

ARTÍCULO 18.32

Interconexión

1. Cada una de las Partes garantizará que todo proveedor autorizado a prestar servicios de

telecomunicaciones en su territorio tenga derecho a negociar la interconexión con otros proveedores

de redes públicas de transporte de telecomunicaciones y servicios públicos de transporte de

telecomunicaciones. En principio, la interconexión debe ser acordada sobre la base de

negociaciones comerciales entre los proveedores correspondientes.

2. Cada Parte garantizará que los prestadores de servicios de telecomunicaciones que

adquieran información de otro prestador de servicios de telecomunicaciones durante el proceso de

negociación de acuerdos de interconexión utilicen dicha información únicamente para el propósito

para el que fue facilitada y respeten en todo momento la confidencialidad de la información

transmitida o almacenada.

3. La interconexión con un proveedor principal **[1]** deberá estar garantizada en todos los puntos

de la red en los que sea técnicamente posible. Esta interconexión se facilitará:

a) en términos y condiciones, incluidas las normas y especificaciones técnicas, y con tarifas que

no sean discriminatorios, y será de una calidad no inferior a la facilitada para sus propios

servicios similares del proveedor principal, o para servicios similares de proveedores de

servicios no afiliados, o para sus filiales u otras sociedades afiliadas;

**1** En el caso de la República Oriental del Uruguay, el ámbito de aplicación del presente artículo
se aplicará a todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones.

& /es 305

b) de manera oportuna, en los términos y condiciones, incluidas las normas y especificaciones

técnicas, que sean transparentes y razonables, tengan en cuenta la viabilidad económica y sean

suficientemente pormenorizadas para que el proveedor no deba pagar por componentes o

instalaciones de la red que no necesite para el suministro del servicio; y

c) a petición de otro proveedor de servicios de telecomunicaciones, y previa evaluación, si

procede, por parte de la autoridad reguladora, en cualquier punto técnicamente viable, además

de los puntos terminales de la red ofrecidos a la mayoría de los usuarios, con tarifas

razonables.

4. Se pondrán a disposición del público las normas aplicables a la interconexión con un

proveedor principal.

5. Los proveedores principales harán públicos sus acuerdos de interconexión o sus ofertas de

interconexión de referencia cuando proceda.

6. Cada una de las Partes garantizará que todo proveedor de servicios de telecomunicaciones

que solicite la interconexión con un proveedor principal tenga derecho a interponer un recurso, en

cualquier momento o después de un plazo razonable que se haya dado a conocer públicamente, ante

un organismo nacional independiente para resolver los litigios relativos a los términos, condiciones

y tarifas adecuados para la interconexión. Dicho organismo nacional independiente podrá ser la

autoridad reguladora a que se refiere el artículo 18.28.

& /es 306

ARTÍCULO 18.33

Recursos escasos

Cada una de las Partes aplicará sus procedimientos para la concesión de derechos de uso de recursos

escasos, tales como frecuencias, números y derechos de paso, de manera objetiva, oportuna,

transparente y no discriminatoria. En la medida de lo posible, cada Parte hará público el estado

actual de las bandas de frecuencias asignadas, pero no será preciso indicar de forma detallada de las

frecuencias para usos gubernamentales específicos.

ARTÍCULO 18.34

Servicio universal

1. Cada Parte tendrá derecho a definir el tipo de obligación de servicio universal que desea

mantener, así como el ámbito de aplicación y ejecución. Cada una de las Partes administrará las

obligaciones de servicio universal de manera transparente, objetiva, no discriminatoria y

proporcionada.

2. Si la designación de un proveedor de servicio universal está abierta a varios proveedores de

servicios de redes o servicios de telecomunicaciones, tales procedimientos estarán abiertos a todos

los proveedores de servicios. La designación se hará por medio de un mecanismo eficaz,

transparente y no discriminatorio.

& /es 307

ARTÍCULO 18.35

Confidencialidad de la información

Cada una de las Partes garantizará la confidencialidad de las telecomunicaciones y los datos de

tráfico asociados a estas transmitidos mediante redes o servicios públicos de transporte de

telecomunicaciones, con sujeción a la obligación de que las medidas aplicadas con tal fin no

constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificable o una restricción encubierta del

comercio de servicios.

ARTÍCULO 18.36

Diferencias entre proveedores

Cada una de las Partes velará por que, en caso de que surja una diferencia entre proveedores, la

autoridad reguladora **[1]** de que se trate emita, a petición de cualquiera de las partes en la diferencia,

una decisión vinculante para resolverla en el plazo más breve posible.

**1** Para mayor seguridad, en el caso del MERCOSUR, esta hace referencia a la autoridad
reguladora de cada Estado del MERCOSUR signatario.

& /es 308

ARTÍCULO 18.37

Servicios de itinerancia móvil internacional

1. Cada una de las Partes procurará cooperar para promover tarifas transparentes y razonables

de los servicios de itinerancia internacional, con el fin de promover el crecimiento del comercio

entre las Partes y mejorar el bienestar de los consumidores.

2. Cada una de las Partes garantizará que los proveedores de servicios de telecomunicaciones

que presten servicios de itinerancia móvil internacional para voz, mensajería de texto y datos

presten dichos servicios:

a) con una calidad similar a la proporcionada a sus propios clientes minoristas en su país de

establecimiento; y

b) con información clara y fácilmente disponible sobre el acceso a los servicios y sus precios.

3. Las Partes cooperarán para supervisar la consecución de los apartados 1 y 2, así como para

otras cuestiones relacionadas con los servicios de itinerancia móvil internacional que puedan surgir.

4. El presente artículo no obliga a ninguna de las Partes a regular las tarifas o condiciones de

los servicios de itinerancia móvil internacional.

& /es 309

SUBSECCIÓN 5

SERVICIOS FINANCIEROS

ARTÍCULO 18.38

Ámbito de aplicación

La presente subsección se aplicará a las medidas adoptadas por una Parte que afecten a la prestación

de servicios financieros.

ARTÍCULO 18.39

Definiciones

1. A efectos de la presente subsección, se entenderá por:

a) «servicio financiero»: todo servicio de carácter financiero ofrecido por un proveedor de

servicios financieros de una de las Partes; los servicios financieros comprenden las

actividades siguientes:

i) servicios de seguros y relacionados con seguros;

A) seguros directos (incluido el coaseguro):

1) seguros de vida; y

2) seguros distintos de los seguros de vida;

& /es 310

B) reaseguro y retrocesión;

C) actividades de intermediación de seguros, por ejemplo las de los corredores y

agentes de seguros; y

D) servicios auxiliares de los seguros, como los prestados por consultores y actuarios

y los servicios de evaluación de riesgos e indemnización de siniestros; y

ii) servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros):

A) aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público;

B) préstamos de todo tipo, incluidos créditos personales, créditos hipotecarios,

factoraje ( _factoring_ ) y financiación de transacciones comerciales;

C) arrendamiento financiero ( _leasing_ );

D) todos los servicios de pago y transferencia monetaria, incluidas las tarjetas de

crédito, de pago y similares, los cheques de viaje y los giros bancarios;

E) garantías y compromisos;

F) transacciones por cuenta propia o por cuenta de clientes, ya sea en bolsa, en un

mercado paralelo o de otro modo, de lo siguiente:

1) instrumentos del mercado monetario (cheques, letras, certificados de

depósito, etc.);

2) divisas;

& /es 311

3) productos derivados, incluidos los futuros y las opciones (pero sin limitarse

a estos);

4) instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por ejemplo, permutas

financieras (swaps) y acuerdos a plazo sobre tipos de interés;

5) valores transferibles; y

6) otros instrumentos y activos financieros negociables, incluidos los lingotes;

G) participación en emisiones de valores de todo tipo, incluidas la suscripción y la

colocación en calidad de agente (de manera pública o privada) y la prestación de

servicios relacionados con dichas emisiones;

H) corretaje de cambios;

I) administración de activos, por ejemplo, la administración de fondos en efectivo o

de carteras de valores, la gestión de inversiones colectivas en todas sus formas, la

administración de fondos de pensiones y los servicios de custodia, depósito y

fiduciarios;

J) servicios de pago y compensación respecto de activos financieros, incluidas las

acciones y obligaciones, los productos derivados y otros instrumentos

negociables;

K) suministro y transferencia de información financiera, y procesamiento de datos

financieros y software relacionado, por parte de proveedores de otros servicios

financieros; y

& /es 312

L) servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios financieros

auxiliares respecto de cualquiera de las actividades enumeradas en las letras A) a

K), con inclusión de informes y análisis de crédito, estudios y asesoramiento sobre

inversiones y carteras de valores, y asesoramiento sobre adquisiciones y sobre

reestructuración y estrategia de las empresas;

b) «proveedor de servicios financieros»: toda persona física o jurídica de una Parte, excepto las

entidades públicas, que desee prestar o preste servicios financieros;

c) «nuevo servicio financiero»: un servicio de naturaleza financiera, incluidos los servicios

relacionados con productos existentes y nuevos o con la forma de distribución de un producto,

que no es prestado por ningún proveedor de servicios financieros de ninguna de las Partes,

pero es prestado en el territorio de la otra Parte;

d) «organismo de autorregulación»: organismo no gubernamental, incluidas organizaciones o

asociaciones, que ejerza una autoridad reguladora o supervisora sobre proveedores de

servicios financieros, por delegación de una Parte;

e) «entidad pública»:

i) una administración, un banco central o una autoridad monetaria de una Parte, o una

entidad que sea propiedad o esté controlada por una Parte, cuya actividad principal sea

llevar a cabo funciones gubernamentales o actividades con fines gubernamentales, con

exclusión de las entidades cuya actividad principal sea el suministro de servicios

financieros en condiciones comerciales; o

ii) una entidad privada que desempeñe las funciones normalmente desempeñadas por un

banco central o una autoridad monetaria, mientras ejerza esas funciones.

& /es 313

2. A efectos de la presente subsección y únicamente en relación con los servicios

contemplados en ella, se entenderá por «servicios prestados en el ejercicio de la autoridad

gubernamental»:

a) las actividades realizadas por un banco central o una autoridad monetaria o por cualquier otra

entidad pública en aplicación de políticas monetarias o cambiarias;

b) las actividades que formen parte de un sistema legal de seguridad social o de planes de

jubilación públicos; y

c) otras actividades realizadas por una entidad pública por cuenta del gobierno, con su garantía,

o utilizando sus recursos financieros.

Si una Parte permite que cualquiera de las actividades mencionadas en las letras b) o c) sea llevado

a cabo por sus proveedores de servicios financieros en competencia con una entidad pública o un

proveedor de servicios financieros, los «servicios financieros» incluirán tales actividades, que

entrarán entonces en el ámbito de aplicación del presente capítulo.

3. La definición general de «servicios prestados en el ejercicio de la autoridad gubernamental»

incluida en el artículo 18.1, apartado 6, del presente capítulo no se aplicará a los servicios

contemplados en la presente subsección.

ARTÍCULO 18.40

Excepción cautelar

1. Nada de lo dispuesto en la presente parte del Acuerdo se interpretará de manera que se

impida a las Partes adoptar medidas por razones de prudencia, tales como:

a) la protección de inversores, depositantes, participantes en el mercado financiero, tenedores o

beneficiarios de pólizas o personas acreedoras de obligaciones fiduciarias a cargo de un

proveedor de servicios financieros; o

& /es 314

b) asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de cualquiera de las Partes.

2. Si esas medidas no son conformes a las disposiciones de la presente subsección, no podrán

utilizarse como medio de eludir los compromisos u obligaciones contraídos por las Partes en virtud

de la presente subsección.

3. Nada de lo dispuesto en la presente parte del Acuerdo se interpretará de manera que se

obligue a una Parte a divulgar información relacionada con los asuntos y cuentas de clientes

particulares o cualquier información confidencial o de dominio privado en poder de entidades

públicas.

ARTÍCULO 18.41

Efectividad y transparencia de la reglamentación en el sector de los servicios financieros

1. Cada una de las Partes hará todo lo posible por proporcionar con antelación a todas las

personas interesadas cualquier medida de aplicación general que la Parte se proponga adoptar. Esas

medidas se difundirán:

a) por medio de una publicación oficial; o

b) a través de algún otro medio escrito o electrónico.

2. Las autoridades financieras correspondientes de cada una de las Partes informarán a las

personas interesadas de los requisitos para rellenar las solicitudes relativas a la prestación de

servicios financieros.

3. A petición del interesado, la autoridad financiera correspondiente le informará de la

situación de su solicitud. Cuando la autoridad requiera del solicitante información adicional, se lo

notificará sin demora injustificada.

& /es 315

4. Cada una de las Partes hará todo lo posible por garantizar que las normas acordadas

internacionalmente para la regulación y la supervisión en el sector de los servicios financieros y la

lucha contra la evasión y el fraude fiscales se desarrollen y apliquen en su territorio. Entre estas

normas acordadas internacionalmente se incluyen las adoptadas por el G20, el Consejo de

Estabilidad Financiera, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la Asociación Internacional

de Inspectores de Seguros, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, el Grupo de

Acción Financiera Internacional, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información

con Fines Fiscales de la OCDE y las Normas Internacionales de Información Financiera. A tal fin,

las Partes cooperarán e intercambiarán información y experiencias sobre estas cuestiones.

ARTÍCULO 18.42

Nuevos servicios financieros

1. Cada una de las Partes permitirá a los proveedores de servicios financieros de la otra Parte,

establecidos en su territorio, prestar en su territorio cualquier nuevo servicio financiero dentro del

ámbito de aplicación de los subsectores de servicios financieros comprometidos en los anexos 18-A,

18-B, 18-C y 18-E y con sujeción a los términos, limitaciones, condiciones y cualificaciones allí

establecidos.

2. Los nuevos servicios financieros se prestarán según lo dispuesto en las disposiciones

legislativas y reglamentarias de la Parte en cuyo territorio se prevea prestar, y estará sujeto a la

aprobación, regulación y supervisión de las autoridades competentes de dicha Parte.

& /es 316

ARTÍCULO 18.43

Reconocimiento de medidas de prudencia

1. Una Parte podrá reconocer las medidas de prudencia de la otra Parte al determinar cómo se

aplicarán sus propias medidas relativas a los servicios financieros. Este reconocimiento, que podrá

efectuarse mediante armonización o por otro procedimiento, podrá basarse en un acuerdo o

convenio o podrá ser otorgado de forma autónoma.

2. La Parte que sea parte en un acuerdo o convenio con un tercer país del tipo al que se refiere

el apartado 1, actual o futuro, brindará las oportunidades adecuadas para que la otra Parte negocie

su adhesión a tales acuerdos o convenios, o para que negocie con ella otros comparables, en

circunstancias en que exista equivalencia en la reglamentación, supervisión, aplicación de dicha

reglamentación y, si corresponde, procedimientos concernientes al intercambio de información

entre las partes en el acuerdo o convenio. Cuando una Parte otorgue el reconocimiento de forma

autónoma, brindará a la otra Parte oportunidades adecuadas para que demuestre que existen esas

circunstancias.

& /es 317

ARTÍCULO 18.44

Organismos de autorregulación

1. Si una Parte exige la afiliación o el acceso a un organismo de autorregulación, o la

participación en él, para que los proveedores de servicios financieros de la otra Parte puedan

suministrar servicios financieros en condiciones de igualdad con los proveedores de servicios

financieros de dicha Parte, o si esta ofrece, de forma directa o indirecta, al organismo de

autorregulación privilegios o ventajas por el suministro de servicios financieros, dicha Parte velará

por que los organismos de autorregulación observen la aplicación del artículo 18.4 a los

proveedores de servicios financieros establecidos en el territorio de dicha Parte.

2. Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en el presente artículo impide que un organismo de

autorregulación a que se refiere el apartado 1 adopte sus propios requisitos o procedimientos no

discriminatorios. En tanto en cuanto dichas medidas sean adoptadas por organismos no

gubernamentales, y no sean adoptadas en relación con el ejercicio de poderes delegados por

gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales, no se considerarán medidas de una Parte y

no entrarán en el ámbito de aplicación del presente capítulo.

ARTÍCULO 18.45

Sistemas de pago y compensación

Sobre la base de los requisitos reglamentarios y de conformidad con el artículo 18.4, cada una de las

Partes concederá a los proveedores de servicios financieros de la otra Parte establecidos en su

territorio acceso a los sistemas de pago y compensación administrados por entidades públicas y a

financiación y refinanciación oficial disponible en el curso de operaciones comerciales normales. El

presente artículo no tiene por objeto otorgar acceso a los servicios del prestamista de última

instancia (el banco central nacional u otra autoridad monetaria) de ninguna de las Partes.

& /es 318

SUBSECCIÓN 6

COMERCIO ELECTRÓNICO

ARTÍCULO 18.46

Objetivo y ámbito de aplicación

1. Las Partes, reconociendo que el comercio electrónico aumenta las oportunidades

comerciales en numerosas actividades económicas, acuerdan promover su desarrollo entre ellas,

inclusive cooperando en las cuestiones planteadas por el comercio electrónico con arreglo a lo

dispuesto en la presente subsección.

2. La presente subsección será aplicable a las medidas que afecten al comercio por medios

electrónicos.

3. Las Partes reconocen el principio de neutralidad tecnológica en el comercio electrónico.

4. Las disposiciones de la presente subsección no se aplicarán a los servicios de juegos de azar,

servicios de radiodifusión, servicios audiovisuales, servicios de notarios o profesiones equivalentes

y servicios de representación jurídica.

& /es 319

ARTÍCULO 18.47

Definiciones

A efectos de la presente subsección, se entenderá por:

—
a) «consumidor»: toda persona física o persona jurídica, si así lo establecen las disposiciones

—
legislativas y reglamentarias nacionales de cada Parte que utilice o solicite un servicio

público de transporte de telecomunicaciones, definido en el artículo 18.27, letra e), con fines

ajenos a su actividad comercial, empresarial o profesional;

b) «comunicación comercial directa»: cualquier forma de publicidad mediante la cual una

persona comunica mensajes comerciales directamente a usuarios finales a través de una red

pública de telecomunicaciones y, a efectos del presente Acuerdo, incluye al menos el correo

electrónico y los mensajes de texto y multimedia (SMS y MMS);

c) «servicio de autenticación electrónica»: todo servicio que permita confirmar:

i) la identificación electrónica de una persona; o

ii) el origen y la integridad de los datos en formato electrónico;

d) «firma electrónica»: datos en forma electrónica anejos a otros datos electrónicos o asociados

de manera lógica con otros datos electrónicos y que cumplen los requisitos siguientes:

i) son utilizados por una persona física para confirmar los datos electrónicos con los que

están relacionados;

ii) están vinculados a los datos electrónicos con los que están relacionados de forma que

cualquier alteración posterior de los datos sea detectable; y

& /es 320

iii) son utilizados por una persona jurídica para asegurarse del origen y la integridad de los

datos electrónicos con los que están relacionados; y

e) «usuario final»: toda persona que utilice o solicite un servicio de telecomunicaciones

disponible al público, ya sea como consumidor o con fines comerciales, empresariales o

profesionales.

ARTÍCULO 18.48

Derechos de aduana sobre las transmisiones electrónicas

1. Ninguna de las Partes impondrá derechos de aduana a las transmisiones electrónicas entre

una persona de una Parte y una persona de la otra Parte.

2. Para mayor seguridad, el apartado 1 no impedirá que una Parte grave las transmisiones

electrónicas con impuestos, tasas u otros gravámenes internos, siempre que dichos impuestos, tasas

o gravámenes se impongan de conformidad con la presente parte del Acuerdo.

ARTÍCULO 18.49

Principio de autorización previa no requerida

1. Las Partes se esforzarán por no exigir autorización previa para la prestación de un servicio

por medios electrónicos únicamente porque el servicio se preste por medios electrónicos, ni adoptar

o mantener ningún otro requisito que tenga un efecto equivalente.

& /es 321

2. El apartado 1 no se aplicará a los servicios de telecomunicaciones definidos en el

artículo 18.27, letra i), ni a los servicios financieros definidos en el artículo 18.39, apartado 1, letra

a).

3. Para mayor seguridad, nada impedirá a una Parte adoptar o mantener medidas incompatibles

con el apartado 1 para alcanzar un objetivo legítimo de política pública con arreglo al:

a) artículo 18.1, apartado 4;

b) artículo 18.40;

c) artículo 28.1; y

d) artículo 28.2.

ARTÍCULO 18.50

Celebración de contratos por medios electrónicos

Cada una de las Partes velará por que su ordenamiento jurídico permita la celebración de contratos

por medios electrónicos, y por que sus disposiciones legislativas y reglamentarias relativas a los

procesos contractuales no creen obstáculos para el uso de contratos electrónicos ni den lugar a que

dichos contratos se vean privados de efecto y validez jurídicos por haberse realizado por medios

electrónicos, a menos que esté previsto en sus disposiciones legislativas y reglamentarias **[1]** .

**1** El presente artículo no se aplicará a los contratos que creen o transfieran derechos sobre
bienes inmuebles; los contratos que requieran por ley la intervención de los tribunales, las
autoridades públicas o profesionales que ejerzan una función pública; los contratos de crédito
y caución y las garantías presentadas por personas que actúan por motivos ajenos a su
actividad comercial, empresarial o profesional; y los contratos regidos por el Derecho de
familia o de sucesiones.

& /es 322

ARTÍCULO 18.51

Servicios de firma y autenticación electrónicas

1. Las Partes no negarán el efecto jurídico ni la admisibilidad como prueba en procedimientos

judiciales de los servicios de firma electrónica y autenticación electrónica por estar en formato

electrónico.

2. Las Partes no adoptarán ni mantendrán medidas que regulen los servicios de firma

electrónica y autenticación electrónica que:

a) prohíban a las partes de una transacción electrónica determinar de común acuerdo los métodos

electrónicos adecuados para su transacción; o

b) impidan que las partes de una transacción electrónica tengan la oportunidad de demostrar ante

las autoridades judiciales o administrativas que sus transacciones electrónicas cumplen todos

los requisitos legales respecto a los servicios de firma electrónica y autenticación electrónica.

ARTÍCULO 18.52

Comunicaciones comerciales directas no solicitadas

1. Cada una de las Partes procurará proteger eficazmente a los usuarios finales frente a las

comunicaciones comerciales directas no solicitadas.

& /es 323

2. Cada una de las Partes se esforzará por garantizar que las personas no envíen

comunicaciones comerciales directas a consumidores que no hayan dado su consentimiento **[1]** para

recibir dichas comunicaciones.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, cada una de las Partes permitirá a las personas que

hayan recogido, de conformidad con sus disposiciones legislativas y reglamentarias, los datos de

contacto de un consumidor en el contexto de la venta de un producto o servicio, enviar

comunicaciones comerciales directas a dicho consumidor para sus productos o servicios similares

propios.

4. Cada una de las Partes se esforzará por garantizar que las comunicaciones comerciales

directas sean claramente identificables como tales, indiquen claramente en nombre de quién se

mandan y contengan la información necesaria para que los usuarios finales puedan pedir que cesen

gratuitamente y en cualquier momento.

ARTÍCULO 18.53

Protección de los consumidores

1. Las Partes reconocen la importancia de adoptar y mantener medidas transparentes y

efectivas para proteger a los consumidores, en particular de prácticas comerciales fraudulentas y

engañosas, cuando realicen transacciones de comercio electrónico.

**1** El consentimiento se definirá de conformidad con las disposiciones legislativas y
reglamentarias de cada Parte.

& /es 324

2. A efectos del apartado 1, las Partes adoptarán o mantendrán medidas que contribuyan a la

confianza de los consumidores, incluidas medidas que prohíban prácticas comerciales fraudulentas

y engañosas. Dichas medidas preverán, entre otras cosas:

a) el derecho de los consumidores a una información clara y exhaustiva sobre el servicio y su

proveedor;

b) la obligación de los comerciantes de actuar de buena fe y de atenerse a las prácticas honestas

del mercado, también en respuesta a las preguntas de los consumidores;

c) la prohibición de cobrar a los consumidores por servicios no solicitados o durante un período

de tiempo no autorizado por el consumidor; y

d) acceso a vías de recurso para que los consumidores puedan reclamar sus derechos, también en

lo que se refiere a su derecho a reparación por servicios pagados y no prestados según lo

acordado.

3. Las Partes reconocen la importancia de la cooperación entre sus respectivas agencias de

protección de los consumidores y demás órganos pertinentes en actividades relacionadas con el

comercio electrónico, con el fin de proteger a los consumidores y aumentar su confianza.

& /es 325

ARTÍCULO 18.54

Cooperación reguladora en materia de comercio electrónico

1. Las Partes mantendrán la cooperación y el diálogo sobre cuestiones de regulación planteadas

por el comercio electrónico según condiciones decididas de común acuerdo, que abordarán, entre

otras, las siguientes cuestiones:

a) el reconocimiento y la facilitación de servicios interoperables y transfronterizos de firma y

autenticación electrónicas;

b) la responsabilidad de los proveedores de servicios intermediarios respecto a la transmisión y

el almacenamiento de información;

c) el tratamiento de las comunicaciones comerciales directas;

d) la protección de los consumidores en el ámbito del comercio electrónico;

e) la promoción de comercio sin papel; y

f) cualquier otra cuestión pertinente para el desarrollo del comercio electrónico.

2. La cooperación a que se refiere el apartado 1 se centrará en el intercambio de información

sobre las respectivas disposiciones legislativas y reglamentarias de las Partes relativas a estas

cuestiones, así como en la aplicación de dichas disposiciones legislativas y reglamentarias.

& /es 326

ARTÍCULO 18.55

Entendimiento sobre servicios informáticos

1. Las Partes acuerdan que, a efectos de la liberalización del comercio de servicios con arreglo

a los artículos 18.3 y 18.4, los siguientes servicios se considerarán servicios informáticos y servicios

conexos, independientemente de que se presten a través de una red, incluido Internet:

a) consultoría, estrategia, análisis, planificación, especificación, diseño, desarrollo, instalación,

implementación, integración, ensayo, depuración, actualización, apoyo, asistencia técnica o

gestión de o para ordenadores o sistemas informáticos;

b) programas de informática definidos como conjuntos de instrucciones necesarias para que los

ordenadores funcionen y se comuniquen (dentro de sí y entre ellos), además de consultoría,

estrategia, análisis, planificación, especificación, diseño, desarrollo, instalación,

implementación, integración, prueba, depuración, actualización, adaptación, mantenimiento,

soporte, asistencia técnica, gestión o uso de o para programas de informática;

c) servicios de tratamiento de datos, almacenamiento de datos, alojamiento de datos o bases de

datos;

d) servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos de oficina, incluidos los

ordenadores; y

e) servicios de formación del personal de los clientes relacionada con programas informáticos,

ordenadores o sistemas informáticos que no estén clasificados en ninguna otra parte.

2. Para mayor seguridad, los servicios habilitados por los servicios informáticos y servicios

conexos no se considerarán necesariamente servicios informáticos y servicios conexos en sí

mismos.

& /es 327

SECCIÓN D

DISPOSICIONES FINALES Y EXCEPCIONES

ARTÍCULO 18.56

Puntos de contacto

1. A más tardar un 1 (un) año después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, cada Parte

designará puntos de contacto y notificará a la otra Parte sus datos de contacto con vistas a:

a) facilitar el suministro a la otra Parte de información relativa a la aplicación del presente

capítulo, por ejemplo:

i) los aspectos comerciales y técnicos de la prestación de servicios; y

ii) el registro, el reconocimiento y la obtención de cualificaciones profesionales; y

b) estudiar cualquier otra cuestión relativa a la aplicación del presente capítulo remitida por una

Parte.

2. Cada una de las Partes notificará sin demora a la otra Parte cualquier cambio en los puntos

de contacto.

& /es 328

ARTÍCULO 18.57

Subcomité de Comercio de Servicios y Establecimiento

1. El Subcomité de Comercio de Servicios y Establecimiento, creado en virtud del artículo 9.9,

apartado 4, tendrá las siguientes funciones, además de las que figuran en los artículos 2.4 y 9.9:

a) llevar a cabo los trabajos técnicos preparatorios en caso de revisión del presente capítulo de

conformidad con el artículo 18.58; y

b) debatir temas pertinentes para el comercio de servicios y establecimiento, incluidas las

oportunidades para la expansión de la inversión mutua en los sectores de servicios y en los

demás sectores.

2. El Subcomité podrá invitar, _ad hoc_, a representantes de entidades pertinentes con los

conocimientos especializados necesarios sobre las cuestiones que deban tratarse.

ARTÍCULO 18.58

Cláusula de revisión

A la luz de sus objetivos, el presente capítulo podrá revisarse como muy pronto 3 (tres) años

después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, o en el contexto de una revisión

general del presente Acuerdo.

& /es 329

ARTÍCULO 18.59

Denegación de ventajas

Las Partes podrán denegar las ventajas del presente capítulo a:

a) la prestación de un servicio, si se establece que el servicio se presta desde o en el territorio de

un tercer país; o

b) una persona jurídica, si establece que es una persona jurídica de un tercer país.

CAPÍTULO 19

TRANSFERENCIAS O PAGOS POR TRANSACCIONES POR CUENTA CORRIENTE,

MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y MEDIDAS TEMPORALES DE SALVAGUARDIA

ARTÍCULO 19.1

Cuenta de capital

Con respecto a las transacciones por cuenta de capital y cuenta financiera de la balanza de pagos,

cada Parte permitirá la libre circulación de capital a efectos del establecimiento de inversiones

directas, tal como se dispone en el capítulo 18. Estos movimientos incluirán la liquidación o

repatriación de dicho capital.

& /es 330

ARTÍCULO 19.2

Cuenta corriente

Cada una de las Partes permitirá, en moneda libremente convertible y de conformidad con el

Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, adoptado en la Conferencia Monetaria y

Financiera de las Naciones Unidas, celebrada en Bretton Woods, New Hampshire, el 22 de julio de

1944 (en lo sucesivo, «Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional»), todos los pagos

y transferencias relativos a las transacciones por cuenta corriente de la balanza de pagos que entren

en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 19.3

Aplicación de disposiciones legislativas y reglamentarias relativas a transferencias

o pagos para transacciones de cuenta corriente y movimientos de capital

Nada de lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 se interpretará de manera que impida a una Parte

aplicar de manera equitativa y no discriminatoria, y de manera que no constituya una restricción

encubierta de las transferencias o pagos para transacciones por cuenta corriente o de los

movimientos de capital, sus disposiciones legislativas y reglamentarias relativas a:

a) quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores;

b) emisión, negociación o comercio de valores;

& /es 331

c) delitos o faltas **[1]** ;

d) información financiera o contabilización de transferencias si son necesarias para ayudar a las

autoridades responsables del cumplimiento de la legislación o de la reglamentación

financiera; o

e) satisfacción de resoluciones judiciales en un procedimiento contencioso.

ARTÍCULO 19.4

Medidas temporales de salvaguardia

Si, en circunstancias excepcionales, las transferencias o los pagos para operaciones por cuenta

corriente o movimientos de capital causan o amenazan con causar dificultades graves para el

funcionamiento de la unión económica y monetaria de la Unión Europea, la Unión Europea podrá

adoptar las medidas de salvaguardia estrictamente necesarias para hacer frente a dichas dificultades

o a la amenaza de que se produzcan durante un período no superior a 6 (seis) meses.

**1** Para mayor seguridad, esto incluye disposiciones legislativas y reglamentarias sobre el
blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo.

& /es 332

ARTÍCULO 19.5

Restricciones para proteger la balanza de pagos

1. Si, en circunstancias excepcionales, una Parte experimenta graves dificultades de balanza de

pagos, incluido en relación con el funcionamiento de la política monetaria o cambiaria, o

dificultades financieras externas o la amenaza de tales dificultades, podrá adoptar o mantener

medidas restrictivas con respecto a las transferencias o pagos por operaciones por cuenta corriente o

movimientos de capital.

2. Las medidas a que se refiere el apartado 1:

a) no serán discriminatorias con respecto a las aplicadas a terceros países en situaciones

similares;

b) serán compatibles con el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, según

proceda;

c) evitará dañar innecesariamente los intereses comerciales, económicos y financieros de la otra

Parte; y

d) serán temporales, proporcionales y estrictamente necesarios para hacer frente a las

dificultades, y se eliminarán progresivamente a medida que mejore la situación a que se

refiere el apartado 1. Si surgen circunstancias extremadamente excepcionales que hagan que

una Parte desee prolongar dichas medidas más allá de un período de 1 (un) año, informará a la

otra Parte de que va a introducir la prolongación.

& /es 333

ARTÍCULO 19.6

Disposiciones finales

1. Ninguna disposición del presente capítulo se interpretará como una limitación de los

derechos de los operadores económicos de las Partes a acogerse a un trato más favorable que pueda

estar previsto en cualquier acuerdo bilateral o multilateral existente en el que las Partes sean partes.

2. Las Partes llevarán a cabo consultas mutuas con el fin de facilitar los movimientos de capital

que entren en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo entre ellas, con el fin de fomentar los

objetivos del presente Acuerdo.

CAPÍTULO 20

CONTRATACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 20.1

Objetivos

Las Partes reconocen la contribución de la licitación pública transparente, competitiva y abierta al

desarrollo económico, y establecen como objetivo la apertura efectiva de sus respectivos mercados

de contratación pública.

& /es 334

ARTÍCULO 20.2

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

a) «mercancías o servicios comerciales»: las mercancías o los servicios de un tipo generalmente

vendido o puesto a la venta en el mercado comercial para compradores no gubernamentales, y

normalmente adquiridos por estos, con fines no gubernamentales;

b) «servicio de construcción»: todo servicio que tiene por objeto la realización, por cualquier

medio, de obras civiles o de construcción, con arreglo a la división 51 de la Clasificación

Central de Productos;

c) «subasta electrónica»: un proceso iterativo que implica el uso de medios electrónicos para que

los proveedores presenten nuevos precios, o nuevos valores de elementos cuantificables de la

oferta distintos del precio relacionados con los criterios de evaluación, o ambos, que den lugar

a una clasificación o reclasificación de las ofertas;

d) «por escrito» o «escrito»: toda expresión en palabras o cifras que pueda ser leída, reproducida

y comunicada posteriormente, que puede incluir información transmitida y almacenada

electrónicamente;

e) «licitación restringida»: todo método de contratación pública por el que la entidad contratante

se ponga en contacto con uno o varios proveedores de su elección;

f) «medida»: cualquier ley, reglamento, procedimiento, instrucciones o prácticas

administrativas, o cualquier acción de una entidad contratante relativa a una contratación

pública cubierta;

& /es 335

g) «lista de uso múltiple»: la lista de los proveedores que una entidad contratante haya

determinado que reúnen las condiciones para figurar en ella y que la entidad contratante tenga

la intención de utilizar más de una vez;

h) «negociación»: forma de llevar a cabo el procedimiento de contratación sujeta a los principios

de transparencia y no discriminación, que está limitada a situaciones específicas en las que las

entidades contratantes están autorizadas a negociar con los proveedores cuando se cumplen

determinadas condiciones;

i) «anuncio de contratación pública prevista»: anuncio publicado por una entidad contratante en

el que se invita a los proveedores interesados a presentar una solicitud de participación, una

oferta, o ambas;

j) «condición compensatoria»: medidas usadas para fomentar el desarrollo local o mejorar las

cuentas de la balanza de pagos mediante el uso de contenido nacional, la concesión de

licencias de tecnología, los requisitos de inversión, el comercio de compensación o requisitos

análogos;

k) «licitación pública»: método de contratación mediante el cual todos los proveedores

interesados pueden presentar una oferta;

l) «entidad contratante»: entidad contemplada en los apéndices de los anexos 20-A a 20-E;

m) «proveedor cualificado»: proveedor al que una entidad contratante reconoce que cumple las

condiciones de participación;

n) «licitación selectiva»: método de contratación mediante el cual la entidad contratante solo

invita a presentar una oferta a proveedores cualificados;

o) «servicios»: incluye los servicios de construcción, salvo disposición en contrario;

& /es 336

p) «norma»: todo documento aprobado por un organismo reconocido en el que se establecen,

para uso general y reiterado, normas, directrices o características de productos o servicios o de

los procedimientos y métodos de producción correspondientes, cuyo cumplimiento no sea

obligatorio; también puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos,

embalaje, marcado o etiquetado aplicables a una mercancía, servicio, proceso o método de

producción, o tratar exclusivamente esos aspectos;

q) «proveedor»: persona o personas que suministran o pueden suministrar mercancías o

servicios; y

r) «especificación técnica»: condición de licitación que:

i) estipula las características de las mercancías o los servicios que se deban suministrar,

como calidad, rendimiento, seguridad y dimensiones, o los procedimientos y métodos

para su producción o suministro; o

ii) estipula los requisitos relativos a terminología, símbolos, embalaje, marcado y

etiquetado aplicables a un bien o servicio.

ARTÍCULO 20.3

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplica a las contrataciones públicas cubiertas. Se entiende por

«contratación pública cubierta» la contratación pública con fines oficiales:

a) de bienes, servicios, o cualquier combinación de ambos:

i) según lo especificado en los apéndices de cada Parte de los anexos 20-A a 20-E; y

& /es 337

ii) no adquiridos con miras a la venta o reventa comercial, o para su uso en la producción o

el suministro de bienes o servicios para la venta o reventa comercial;

b) por cualquier medio contractual, incluidos los siguientes: la compra; el arrendamiento

financiero; y el alquiler o la compra a plazos, con o sin opción de compra;

c) cuyo valor sea igual o mayor que el umbral relevante especificado en los apéndices de cada

Parte de los anexos 20-A a 20-E, en el momento de la publicación de un aviso de conformidad

con el artículo 20.13;

d) por una entidad contratante, según lo especificado en los apéndices de cada Parte de los

anexos 20-A a 20-E; y

e) que no esté excluida de otro modo de la cobertura.

2. Excepto cuando se disponga lo contrario en los apéndices de cada Parte de los anexos 20-A

a 20-E, el presente capítulo no se aplicará a:

a) la adquisición o el arrendamiento de tierras, edificios existentes u otros bienes inmuebles ni

a los derechos correspondientes;

b) los acuerdos no contractuales ni ninguna forma de asistencia que preste una Parte, incluidos

acuerdos de cooperación, subvenciones, préstamos, aportaciones de capital, garantías,

incentivos fiscales, y suministro de bienes y servicios por parte del Estado a entidades del

gobierno estatal, regional o local;

& /es 338

c) la contratación o adquisición de servicios de organismos fiscales o de depositario, servicios de

liquidación y gestión para instituciones financieras reguladas, o servicios relacionados con la

venta, amortización y distribución de deuda pública, incluidos préstamos, bonos, obligaciones

y otros valores del Estado;

d) los contratos de empleo público; o

e) las contrataciones públicas realizadas:

i) con el propósito específico de prestar ayuda internacional, incluida la ayuda al

desarrollo;

ii) con arreglo a una condición o un procedimiento específico de un acuerdo internacional

relativo al estacionamiento de tropas;

iii) con arreglo a una condición o un procedimiento específicos de un acuerdo internacional

relativo a la ejecución conjunta por los países signatarios de un proyecto; o

iv) con arreglo a una condición o un procedimiento específico de una organización

internacional o financiado por subvenciones, préstamos u otra ayuda internacional

cuando el procedimiento o la condición aplicable sea contrario a lo dispuesto en el

presente capítulo.

3. Cada Parte especificará en cada uno de los apéndices de los anexos 20-A a 20-E la siguiente

información:

a) en los apéndices 20-A-1, 20-B-1, 20-C-1, 20-D-1 y 20-E-1, las entidades de la administración

central cuya contratación pública esté cubierta por el presente capítulo;

& /es 339

b) en los apéndices 20-A-2, 20-B-2, 20-C-2, 20-D-2 y 20-E-2, las entidades de la administración

subcentral cuya contratación pública esté cubierta por el presente capítulo;

c) en los apéndices 20-A-3, 20-B-3, 20-C-3, 20-D-3 y 20-E-3, todas las demás entidades cuya

contratación pública esté cubierta por el presente capítulo;

d) en los apéndices 20-A-4, 20-B-4, 20-C-4, 20-D-4 y 20-E-4, las mercancías cubiertas por el

presente capítulo;

e) en los apéndices 20-A-5, 20-B-5, 20-C-5, 20-D-5 y 20-E-5, los servicios, distintos de los

servicios de construcción, cubiertos por el presente capítulo;

f) en los apéndices 20-A-6, 20-B-6, 20-C-6, 20-D-6 y 20-E-6, los servicios de construcción

cubiertos por el presente capítulo; y

g) en los apéndices 20-A-7, 20-B-7, 20-C-7, 20-D-7 y 20-E-7, las notas generales.

4. Cuando una entidad contratante, en el contexto de una contratación pública cubierta, exija a

personas no cubiertas en el marco de los apéndices de una Parte de los anexos 20-A a 20-E que

contraten en su nombre, se aplicará _mutatis mutandis_ el artículo 20.6.

& /es 340

ARTÍCULO 20.4

Valoración de los contratos

1. Al calcular el valor de una contratación pública con miras a determinar si se trata de una

contratación pública cubierta, las entidades contratantes:

a) no fraccionará una contratación en contrataciones separadas ni seleccionará o utilizará un

método de valoración determinado para calcular el valor de la contratación con la intención de

excluirla total o parcialmente de la aplicación de la presente parte del Acuerdo; y

b) incluirá el cálculo del valor total máximo de la contratación a lo largo de toda su duración,

independientemente de que se adjudique a uno o varios proveedores, teniendo en cuenta todas

las formas de remuneración, con inclusión de:

i) primas, derechos, comisiones e intereses; y

ii) cuando la contratación pública contemple la posibilidad de incluir opciones, el valor

total de estas.

2. Si una convocatoria de licitación para una contratación da lugar a la adjudicación de más de

un contrato o a la adjudicación fraccionada de contratos (ambas en lo sucesivo, «contratos

iterativos»), la base para calcular el valor total máximo estimado será:

a) el valor de los contratos iterativos del mismo tipo de bien o servicio adjudicados durante los

12 (doce) meses anteriores o el ejercicio fiscal precedente de la entidad contratante, ajustado,

cuando sea posible, en función de los cambios previstos para los 12 (doce) meses siguientes

en la cantidad o el valor del bien o del servicio que se contrata; o

& /es 341

b) el valor estimado de los contratos iterativos del mismo tipo de bien o servicio que se vayan a

adjudicar durante los 12 (doce) meses siguientes a la adjudicación del contrato inicial o al

ejercicio fiscal de la entidad contratante.

3. Cuando se trate de contratos de compra a plazos o de arrendamiento, financiero o no, de

bienes o servicios, o de contratos en los que no se especifique un precio total, la base para la

valoración será la siguiente:

a) en el caso de contratos suscritos por un plazo determinado:

i) si el plazo del contrato es de 12 (doce) meses o menos, el valor total máximo estimado

durante su período de vigencia; o

ii) si el plazo del contrato es superior a 12 (doce) meses, el valor total máximo estimado,

con inclusión del valor residual estimado;

b) en el caso de contratos suscritos por un plazo indeterminado, el pago mensual estimado

multiplicado por 48 (cuarenta y ocho); y

c) en caso de duda sobre si el contrato está suscrito por un plazo determinado o indeterminado,

se aplicará la letra b).

& /es 342

ARTÍCULO 20.5

Excepciones por razones de seguridad y de carácter general

1. Nada de lo dispuesto en el presente capítulo se interpretará de manera que se impida a una

Parte adoptar acciones o no revelar información que considere necesaria para proteger sus intereses

esenciales en materia de seguridad en relación con la adquisición de armas, municiones, productos

de defensa o material de guerra, o cualquier otra contratación pública indispensable para la

seguridad nacional o para fines de defensa nacional.

2. A condición de que dichas medidas no se apliquen de forma que constituyan un medio de

discriminación arbitraria o injustificable entre las Partes cuando prevalezcan las mismas

condiciones, o una restricción encubierta del comercio entre las Partes, ninguna disposición del

presente capítulo será interpretada en el sentido de impedir que las Partes adopten o mantengan

medidas:

a) relacionadas con artículos fabricados o servicios prestados por personas físicas con

discapacidad, instituciones de beneficencia o trabajo penitenciario;

b) necesarias para proteger la moral, el orden o la seguridad públicos;

c) necesarias para proteger la salud o la vida de las personas, de los animales o de los vegetales,

incluidas medidas medioambientales; o

d) necesarias para proteger la propiedad intelectual;

& /es 343

ARTÍCULO 20.6

No discriminación

1. Con respecto a cualquier medida relativa a la contratación pública cubierta:

a) la Unión Europea, incluidas sus entidades contratantes, concederá inmediata e

incondicionalmente a los bienes y servicios de los Estados del MERCOSUR signatarios y a

los proveedores de los Estados del MERCOSUR signatarios que ofrezcan dichos bienes y

servicios un trato no menos favorable que el concedido a sus bienes, servicios y proveedores

nacionales;

b) cada Estado del MERCOSUR signatario, incluidas sus entidades contratantes, concederá

inmediata e incondicionalmente a los bienes y servicios de la Unión Europea y a los

proveedores de la Unión Europea que ofrezcan dichos bienes y servicios un trato no menos

favorable que el concedido a sus bienes, servicios y proveedores nacionales.

& /es 344

2. Con respecto a cualquier medida relativa a las contrataciones públicas cubiertas, la Unión

Europea y cada Estado del MERCOSUR signatario, incluidas sus respectivas entidades

contratantes:

a) no darán a un proveedor establecido localmente un trato menos favorable que el otorgado a

otro proveedor establecido localmente, en razón del grado de afiliación o propiedad extranjera

de personas de la otra Parte **[1]** **[2]** ; o

b) no concederán un trato discriminatorio a un proveedor establecido localmente sobre la base de

que los bienes o servicios ofrecidos por dicho proveedor para una contratación pública

particular son bienes o servicios de la otra Parte.

3. El presente artículo no se aplicará a los derechos de aduana ni a ninguna otra medida de

naturaleza equivalente que repercuta en el comercio exterior, ni a otros reglamentos y medidas de

importación que afecten al comercio de servicios, distintos de los que regulan específicamente la

contratación pública cubierta por el presente capítulo.

**1** No obstante lo dispuesto en el artículo 20.3, apartado 1, en el caso de la Unión Europea y
Argentina, el apartado 2, letra a), se aplicará a todas las contrataciones realizadas en
Argentina con respecto a proveedores de la Unión Europea que sean personas jurídicas
establecidas en Argentina, y en la Unión Europea con respecto a los proveedores de Argentina
que sean personas jurídicas establecidas en la Unión Europea. Esto sigue estando sujeto a las
excepciones por razones de seguridad y de carácter general definidas en el artículo 20.5.
**2** No obstante lo dispuesto en el artículo 20.3, apartado 1, en el caso de la Unión Europea y
Brasil, el apartado 2, letra a), se aplicará a todas las contrataciones realizadas en Brasil con
respecto a proveedores de la Unión Europea que sean personas jurídicas establecidas en
Brasil, y en la Unión Europea con respecto a los proveedores de Brasil que sean personas
jurídicas establecidas en la Unión Europea. Esto sigue estando sujeto a las excepciones por
razones de seguridad y de carácter general definidas en el artículo 20.5.

& /es 345

ARTÍCULO 20.7

Uso de medios electrónicos

1. Cada una de las Partes llevará a cabo la contratación pública cubierta por medios

electrónicos en la mayor medida posible, y cooperará en el desarrollo y la ampliación del uso de

medios electrónicos en los sistemas de contratación pública.

2. Si una entidad contratante lleva a cabo una contratación pública cubierta mediante medios

electrónicos:

a) se asegurará de que la contratación se realice utilizando sistemas de tecnología de la

información y programas informáticos, incluidos los relacionados con la autentificación y el

cifrado de la información, generalmente disponibles e interoperables con otros sistemas y

programas generalmente disponibles; y

b) mantendrá mecanismos que garanticen la integridad de las solicitudes de participación y de

las contrataciones, incluidos mecanismos relativos a los plazos y a la recepción y que impidan

un acceso inapropiado a las mismas.

ARTÍCULO 20.8

Ejecución de la contratación publica

La entidad contratante llevará a cabo las contrataciones públicas cubiertas de una manera

transparente e imparcial que evite conflictos de intereses, prevenga prácticas corruptas y sea

coherente con el presente capítulo, utilizando los métodos siguientes: licitación pública, licitación

selectiva o licitación restringida. Cada una de las Partes adoptará o mantendrá sanciones contra las

prácticas corruptas de conformidad con su legislación.

& /es 346

ARTÍCULO 20.9

Normas de origen

A efectos del artículo 20.6, la determinación del origen de las mercancías se efectuará de forma no

preferencial.

ARTÍCULO 20.10

Denegación de ventajas

Sin perjuicio de los plazos del procedimiento de contratación, y previa notificación a un proveedor

de servicios de la otra Parte y, si así se solicita, consultas con un proveedor de servicios de la otra

Parte, una Parte podrá denegar las ventajas del presente capítulo a dicho proveedor si dicho

proveedor es una persona jurídica de la otra Parte que no realiza operaciones comerciales

sustanciales en el territorio de esa otra Parte.

ARTÍCULO 20.11

Condiciones compensatorias

Con respecto a las contrataciones públicas cubiertas, las Partes no solicitarán, tendrán en cuenta,

impondrán ni exigirán condición compensatoria alguna.

& /es 347

ARTÍCULO 20.12

Publicación de información sobre la contratación pública

1. Cada una de las Partes:

a) publicará sin demora las leyes, reglamentos, resoluciones judiciales, resoluciones

administrativas de aplicación general, cláusulas contractuales normalizadas exigidas por ley o

por reglamentos e incorporadas como referencia en las comunicaciones y la documentación

relativos a los procedimientos de la contratación cubierta, y cualquier modificación de los

mismos, en medios de comunicación oficiales, electrónicos o impresos, que tengan una

amplia difusión y sean fácilmente accesibles para el público;

b) facilitará, si así lo solicita la otra Parte, información adicional sobre la aplicación de dichas

disposiciones;

c) enumerará, en los apéndices 20-F-1, 20-G-1, 20-H-1, 20-I-1 y 20-J-1, los medios electrónicos

o impresos en los que la Parte publique la información descrita en la letra a);

d) enumerará, cuando esté disponible en los apéndices 20-F-2, 20-G-2, 20-H-2, 20-I-2 y 20-J-2,

los medios electrónicos en los que la Parte publique los anuncios exigidos por el

artículo 20.13, el artículo 20.15, apartado 4, y el artículo 20.23, apartado 2.

2. Cada Parte notificará sin demora a la otra Parte cualquier modificación de la información

enumerada en sus apéndices de los anexos 20-F a 20-J. El Consejo Conjunto en su configuración de

comercio modificará en consecuencia los anexos 20-F a 20-J, de conformidad con el artículo 9.7,

apartado 1, letra f).

& /es 348

ARTÍCULO 20.13

Publicación de los anuncios

Anuncio de contratación pública prevista

1. Para cada contratación cubierta, salvo en las circunstancias descritas en el artículo 20.20, la

entidad contratante publicará un anuncio de contratación pública prevista, al que se podrá acceder

directamente por medios electrónicos, de forma gratuita, a través de un punto de acceso único, para

la Unión Europea a escala europea y para los Estados del MERCOSUR signatarios a nivel nacional

o una vez establecido dicho punto único de acceso a nivel del MERCOSUR. El anuncio de

contratación pública prevista seguirá estando fácilmente accesible al público, al menos hasta la

expiración del plazo indicado en el anuncio. Cada Parte incluirá el medio electrónico en sus

apéndices de los anexos 20-F a 20-J. Cada anuncio incluirá la información que figura en el

anexo 20-O.

Resúmenes de anuncios

2. Para cada procedimiento de contratación previsto, la entidad contratante publicará, al mismo

tiempo que la publicación del anuncio de contratación pública prevista, un resumen del anuncio que

sea fácilmente accesible en una de las lenguas de la OMC en las que el Acuerdo sobre la OMC es

auténtico. Este anuncio recogerá la información que figura en el anexo 20-K.

Anuncio de contratación pública programada

3. Se anima a las entidades contratantes a publicar lo antes posible en cada ejercicio fiscal, en

el medio impreso o electrónico apropiado que figura en los apéndices de los anexos 20-F a 20-J, un

anuncio relativo a sus futuros planes de contratación pública. El anuncio deberá incluir el objeto de

la contratación y la fecha prevista de publicación del anuncio de la contratación pública prevista.

& /es 349

4. Las entidades contratantes de los apéndices 12-A-2, 12-A-3, 12-B-2, 12-B-3, 12-C-2, 12-C

3, 12-D-2, 12-D-3, 12-E-2 y 12-E-3 de los anexos 20-A a 20-E podrá utilizar un anuncio de

contratación pública programada como si fuera un anuncio de contratación pública prevista, a

condición de que el anuncio incluya toda la información citada en el anexo 20-O que esté

disponible, así como una indicación de que los proveedores interesados deben manifestar a la

entidad contratante su interés por la contratación.

ARTÍCULO 20.14

Condiciones de participación

1. Las entidades contratantes limitarán las condiciones para participar en una contratación

pública a aquellas que sean esenciales para garantizar que el proveedor tenga la facultad jurídica, la

solvencia financiera y la capacidad comercial y técnica para hacerse cargo de la contratación

pública de que se trate.

2. Al estudiar si un proveedor cumple las condiciones de participación, la entidad contratante

evaluará la solvencia financiera y la capacidad comercial y técnica del proveedor sobre la base de

sus actividades comerciales dentro y fuera del territorio de la Parte de la entidad contratante.

3. La entidad contratante podrá exigir a un proveedor que demuestre la experiencia previa

pertinente; no podrá, no obstante, condicionar la participación de un proveedor en un procedimiento

de contratación a que una entidad contratante de una Parte haya adjudicado previamente a dicho

proveedor uno o varios contratos o que el proveedor tenga experiencia previa de trabajo en el

territorio de una Parte dada.

4. Para realizar esta evaluación, la entidad contratante se basará en las condiciones que hubiera

especificado previamente mediante anuncios o en el pliego de condiciones.

& /es 350

5. La entidad contratante podrá excluir a un proveedor por los siguientes motivos:

a) quiebra;

b) declaraciones falsas;

c) deficiencias significativas en el cumplimiento de cualquier requisito u obligación de fondo

dimanante de uno o varios contratos anteriores;

d) sentencias firmes por delitos graves u otras infracciones graves;

e) otras sanciones que excluyan al proveedor de las contrataciones con entidades de una Parte;

f) falta profesional grave que ponga en tela de juicio la integridad de los proveedores; o

g) impago de impuestos.

6. Los proveedores de las Partes cumplirán las condiciones de participación establecidas por

una entidad contratante, tal como se establece en los apartados 1, 2 y 3, mediante la presentación de

la documentación solicitada en la oferta o mediante documentación equivalente.

& /es 351

ARTÍCULO 20.15

Cualificación de los proveedores

Licitación selectiva

1. Cuando una entidad contratante tenga la intención de utilizar el método de la licitación

selectiva:

a) incluirá en el anuncio de contratación pública prevista al menos la información especificada

en las letras a), b), c), i), j) y k) de: el anexo 20-O e invitará a los proveedores a presentar una

solicitud de participación; y

b) facilitar a los proveedores cualificados, al comienzo del plazo de presentación de ofertas, al

menos la información especificada en las letras d) a h) del anexo 20-O.

2. La entidad contratante reconocerá como proveedor cualificado a cualquier proveedor

nacional y a cualquier proveedor de la otra Parte que cumpla las condiciones para la participación

en un procedimiento de contratación pública dado, a menos que la entidad contratante especifique

en el anuncio de contratación pública prevista cualquier limitación en el número de proveedores a

los que se permitirá presentar ofertas y los criterios para seleccionar dicho número limitado de

proveedores.

3. En caso de que el expediente de licitación no esté a disposición pública en la fecha de

publicación del anuncio mencionado en el apartado 1, la entidad contratante se asegurará de que

dicho expediente se ponga al mismo tiempo a disposición de todos los proveedores cualificados

seleccionados con arreglo al apartado 2.

& /es 352

Listas de uso múltiple

4. Si la legislación de una Parte dispone que las entidades contratantes pueden mantener una

lista de uso múltiple de proveedores, se asegurará de que un anuncio en el que se invita a los

proveedores interesados a formar parte de la lista:

a) se publique anualmente; y

b) cuando se publique por medios electrónicos, esté disponible de forma continua, en el medio

adecuado enumerado en los apéndices de los anexos 20-F a 20-J. El anuncio incluirá la

información que figura en el anexo 20-L.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 4, cuando el período de validez de una lista de uso

múltiple sea de tres años o menos, la entidad contratante podrá publicar el anuncio mencionado en

el apartado 4 una sola vez, al comienzo del período de validez de la lista, a condición de que el

anuncio:

a) indique el período de validez y que no se publicarán nuevos anuncios; y

b) se publique por un medio electrónico y sea accesible de manera permanente durante su

período de validez.

6. Las entidades contratantes permitirán que los proveedores soliciten en cualquier momento

su inclusión en una lista de uso múltiple e incorporarán en la lista a todos los proveedores

cualificados dentro de un plazo razonablemente breve.

& /es 353

7. Cuando un proveedor no incluido en una lista de uso múltiple presente una solicitud de

participación en una contratación basada en una lista de uso múltiple junto con todos los

documentos requeridos en ella dentro del plazo establecido en el anexo 20-M, la entidad contratante

examinará la solicitud. La entidad contratante no dejará de considerar al proveedor para la

contratación alegando falta de tiempo para examinar la solicitud, a menos que, en casos

excepcionales, debido a la complejidad de la contratación, la entidad no pueda completar el examen

de la solicitud dentro del plazo establecido para la presentación de las ofertas.

Entidades enumeradas en los apéndices de los anexos 20-A a 20-F

8. Las entidades contratantes comprendidas en los apéndices de los anexos 20-A a 20-F podrán

utilizar un anuncio por el que se invite a los proveedores a solicitar que se los incluya en una lista de

uso múltiple como anuncio de la contratación pública prevista, a condición de que:

a) el anuncio se publique de conformidad con el apartado 4 e incluya la información que figura

en el anexo 20-L, toda la información que figura en el anexo 20-O de que se disponga y una

indicación en la que se especifique que constituye un anuncio de contratación pública

prevista, o que únicamente los proveedores comprendidos en la lista de uso múltiple recibirán

otros anuncios de la contratación pública cubierta por la lista de uso múltiple; y

b) la entidad contratante facilite sin demora a los proveedores que hayan manifestado interés en

un procedimiento de contratación pública determinado suficiente información para que

puedan valorar su interés en tal procedimiento, en particular toda la información restante

requerida en el anexo 20-D, en la medida en que se disponga de ella.

& /es 354

9. Un proveedor que haya solicitado su inclusión en una lista de uso múltiple de conformidad

con el apartado 6 podrá ser autorizado por una entidad contratante contemplada en los apéndices de

los anexos 20-A a 20-F a presentar ofertas en una contratación determinada, si hay tiempo

suficiente para que la entidad contratante examine si cumple las condiciones de participación.

Información sobre las decisiones de las entidades contratantes

10. Las entidades contratantes comunicarán sin demora a los proveedores que presenten una

solicitud de participación en una contratación pública o una solicitud de inclusión en una lista de

uso múltiple su decisión con respecto a una u otra solicitud.

11. La entidad contratante informará sin demora al proveedor y, a petición de este, le facilitará

sin demora una explicación por escrito de los motivos de su decisión, si la entidad:

a) rechaza la solicitud de un proveedor de participar en una contratación pública o de ser

incluido en una lista de uso múltiple;

b) deja de reconocer a un proveedor como cualificado; o

c) elimina a un proveedor de una lista de uso múltiple.

& /es 355

ARTÍCULO 20.16

Especificaciones técnicas

1. Ninguna entidad contratante preparará, adoptará ni aplicará ninguna especificación técnica,

ni prescribirá ningún procedimiento de evaluación de la conformidad que tenga el propósito o el

efecto de limitar la competencia, crear obstáculos innecesarios al comercio internacional o

discriminar entre proveedores.

2. Al establecer las especificaciones técnicas de las mercancías o servicios objeto de

contratación, la entidad contratante, según proceda:

a) formulará las especificaciones técnicas en términos de rendimiento y requisitos funcionales,

en lugar del diseño o de las características descriptivas; y

b) basará las especificaciones técnicas en normas internacionales, cuando estas existan; o, de lo

contrario, en reglamentos técnicos nacionales, en normas nacionales reconocidas o en códigos

de construcción; cada referencia irá acompañada de la mención «o equivalente».

3. Cuando se usen el diseño o las características descriptivas en las especificaciones técnicas,

la entidad contratante debería indicar, cuando proceda, que considerará las ofertas de bienes o

servicios equivalentes que se pueda demostrar que cumplen los requisitos de la contratación,

mediante la inclusión en el pliego de condiciones de la expresión «o equivalente» u otra similar.

4. La entidad contratante no prescribirá especificaciones técnicas que exijan determinadas

marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales, patentes, derechos de autor, diseños o

tipos particulares, ni determinados orígenes, productores o proveedores, o hagan referencia a ellos,

a menos que no haya otra manera suficientemente precisa o inteligible de describir los requisitos

exigidos para la contratación, y a condición de que, en tales casos, la entidad haga figurar en el

pliego de condiciones la expresión «o equivalente» u otra similar.

& /es 356

5. La entidad contratante no buscará ni aceptará, de forma que impida la competencia,

asesoramiento que pueda utilizarse para elaborar o adoptar especificaciones técnicas para una

contratación específica de una persona que pueda tener un interés comercial en la contratación.

6. Para mayor seguridad, una Parte, incluidas sus entidades contratantes, podrá, conforme al

presente artículo, elaborar, adoptar o aplicar especificaciones técnicas con el fin de promover la

conservación de los recursos naturales o proteger el medio ambiente.

ARTÍCULO 20.17

Pliego de condiciones

1. La entidad contratante facilitará a los proveedores un pliego de condiciones que incluya toda

la información necesaria para que estos puedan elaborar y presentar ofertas acordes a las

condiciones de dicho pliego de condiciones. Salvo que ya se haya facilitado en el anuncio de

contratación pública prevista, el pliego de condiciones incluirá una descripción completa de los

siguientes elementos:

a) la contratación, con inclusión de la naturaleza y la cantidad de las mercancías o servicios que

se contratarán, o, si no se conoce la cantidad, la cantidad estimada y los requisitos que deban

cumplirse, incluidas las especificaciones técnicas, los certificados de evaluación de la

conformidad, los planos, los diseños o las instrucciones;

b) cualquier condición de participación de proveedores, incluida una lista de información y

documentos que los proveedores deban presentar en relación con esas condiciones;

& /es 357

c) todos los criterios de evaluación que se examinarán para la adjudicación del contrato y, salvo

en casos en que el único criterio sea el precio, la importancia relativa de esos criterios;

d) cuando la entidad contratante realice la contratación por medios electrónicos, los requisitos de

autentificación y cifrado o los relativos a equipos destinados a la presentación de información

por medios electrónicos;

e) cuando la entidad contratante celebre una subasta electrónica, las reglas con arreglo a las

cuales se celebrará, incluida la especificación de los elementos de la oferta relacionados con

los criterios de evaluación;

f) cuando haya una apertura pública de las ofertas, la fecha, hora y lugar de dicha apertura; y

cuando proceda, las personas autorizadas a estar presentes;

g) cualquier otro término o condición, incluidas las condiciones de pago y cualquier limitación

de la forma en que podrán presentarse las ofertas, por ejemplo, en papel o por medios

electrónicos; y

h) las fechas aplicables a la entrega de las mercancías o la prestación de los servicios.

2. Al establecer en el pliego de condiciones las fechas de entrega de las mercancías o de la

prestación de los servicios que se contratan, la entidad contratante tendrá en cuenta factores tales

como la complejidad de la contratación, el grado previsto de subcontratación y el tiempo que, con

criterio realista, se estime necesario para la producción, despacho de almacén y transporte de las

mercancías desde los diferentes lugares de suministro, o para la prestación de los servicios.

3. Entre los criterios de evaluación establecidos en el anuncio de contratación pública prevista

o en el pliego de condiciones pueden constar los precios y otros factores de coste, la calidad, la

perfección técnica, las características medioambientales y las condiciones de entrega.

& /es 358

4. La entidad contratante facilitará sin demora el pliego de condiciones a todo proveedor que

participe en la contratación, si así lo solicita dicho proveedor, y responderá a cualquier solicitud

razonable de información pertinente por parte de un proveedor que participe en la contratación,

siempre que dicha información no le confiera una ventaja con respecto a sus competidores en la

contratación y que la solicitud se haya presentado dentro de los plazos aplicables.

5. Cuando, antes de la evaluación de las ofertas de conformidad con el artículo 20.22, una

entidad contratante modifique o corrija los criterios o requisitos establecidos en el anuncio de

contratación pública prevista o en el pliego de condiciones facilitado a los proveedores

participantes, transmitirá por escrito todas las modificaciones siguientes:

a) a todos los proveedores participantes en el momento en que se modifique la información, si

dichos proveedores son conocidos, y, en los demás casos, de la misma forma que para la

información original; y

b) con antelación suficiente para que dichos proveedores puedan introducir modificaciones y

volver a presentar las ofertas modificadas, según corresponda.

6. Las entidades contratantes podrán exigir a los proveedores participantes que aporten

garantías para mantener la oferta, y al proveedor seleccionado que proporcione una garantía para la

ejecución.

& /es 359

ARTÍCULO 20.18

Plazos

Las entidades contratantes, de acuerdo con sus propias necesidades, darán tiempo suficiente para

que los proveedores puedan preparar y presentar solicitudes de participación y ofertas adecuadas,

teniendo en cuenta factores tales como la naturaleza y complejidad de la contratación, el grado

previsto de subcontratación, y el tiempo necesario para transmitir las ofertas desde el extranjero o

dentro del territorio nacional cuando no se utilicen medios electrónicos. Estos plazos, incluidas las

eventuales prórrogas, serán los mismos para todos los proveedores interesados o participantes. Los

plazos aplicables se establecen en el anexo 20-M.

ARTÍCULO 20.19

Negociaciones

1. Si la legislación de una Parte establece que las entidades contratantes pueden llevar a cabo la

contratación mediante negociaciones, las entidades contratantes podrán hacerlo en los siguientes

casos:

a) en el contexto de procedimientos de contratación para los que hayan indicado su propósito de

hacerlo en el anuncio de procedimiento de contratación pública prevista; o

b) si de la evaluación efectuada se desprende que ninguna oferta es claramente la más ventajosa

según los criterios concretos de evaluación establecidos en los anuncios o en el pliego de

condiciones.

& /es 360

2. Las entidades contratantes:

a) se asegurarán de que toda eliminación de proveedores que participen en las negociaciones se

lleve a cabo de conformidad con los criterios de evaluación establecidos en los anuncios o en

el pliego de condiciones; y

b) cuando las negociaciones hayan concluido, ofrecerá a los demás proveedores un mismo plazo

para presentar ofertas nuevas o revisadas.

ARTÍCULO 20.20

Licitación restringida

1. Siempre y cuando el procedimiento de licitación no se utilice para evitar la competencia o

proteger a los proveedores nacionales, la entidad contratante podrá adjudicar contratos mediante

licitación restringida en las siguientes circunstancias:

a) cuando:

i) no se haya presentado ninguna oferta o cuando ningún proveedor haya solicitado

participar;

ii) no se haya presentado ninguna oferta que se ajuste a los requisitos esenciales del pliego

de condiciones;

iii) ningún proveedor cumpla las condiciones de participación; o

& /es 361

iv) haya habido colusión en la presentación de ofertas,

a condición de que no se modifiquen sustancialmente los requisitos del pliego de condiciones;

b) en el caso de obras de arte, o por razones relacionadas con la protección de derechos

exclusivos de propiedad intelectual, tales como patentes o derechos de autor, o información

reservada, o cuando no haya competencia por razones técnicas, las mercancías o servicios

solo puedan ser suministrados por un proveedor determinado y no exista otra alternativa o

sustituto razonable;

c) para los suministros adicionales del proveedor original de mercancías y servicios no incluidos

en el procedimiento de contratación inicial, cuando un cambio del proveedor de las

mercancías o los servicios adicionales:

i) no pueda hacerse por razones económicas o técnicas, tales como requisitos de

intercambiabilidad o interoperabilidad con equipos, programas informáticos, servicios o

instalaciones existentes objeto de la contratación pública inicial; y

ii) causaría problemas significativos o una duplicación sustancial de costes para la entidad

contratante;

d) para mercancías adquiridas en un mercado de productos básicos;

e) en caso de que una entidad contratante adquiera un prototipo o una primera mercancía o

primer servicio desarrollado por petición propia en el marco de un contrato particular y a

efectos de investigación, experimentación, estudio o desarrollo original; cuando se hayan

cumplido dichos contratos, las posteriores contrataciones de mercancías o servicios estarán

sujetas a lo dispuesto en el presente capítulo;

& /es 362

f) en la medida en que sea estrictamente necesario si, por razones de extrema urgencia debidas a

acontecimientos que la entidad contratante no podía prever, no es posible obtener las

mercancías o los servicios a tiempo mediante licitación abierta o licitación selectiva;

g) cuando se adjudique un contrato a un ganador de un concurso de proyectos, siempre que el

concurso se haya organizado de manera coherente con los principios del presente capítulo y

los participantes sean juzgados por un jurado independiente con vistas a la adjudicación al

ganador de un contrato de proyecto; o

h) para las compras realizadas en condiciones excepcionalmente ventajosas que solo se producen

a muy corto plazo, como las cesiones inusuales por parte de personas jurídicas que

normalmente no son proveedores, o las cesiones de activos de empresas en liquidación o

administración judicial.

2. La entidad contratante mantendrá registros o elaborará informes escritos que señalen la

justificación específica de todo contrato adjudicado según lo dispuesto en el apartado 1.

ARTÍCULO 20.21

Subastas electrónicas

Cuando una entidad contratante se proponga realizar una contratación cubierta utilizando una

subasta electrónica, antes de iniciar dicha subasta proporcionará a cada participante:

a) el método de evaluación automática, incluida la fórmula matemática, que está basada en los

criterios de evaluación establecidos en el pliego de condiciones y que se utilizará en la

clasificación o reclasificación automática durante la subasta;

& /es 363

b) los resultados de cualquier evaluación inicial de los elementos de su oferta cuando el contrato

se adjudique según la oferta más ventajosa; y

c) cualquier otra información pertinente relativa al desarrollo de la subasta.

ARTÍCULO 20.22

Tramitación de ofertas y adjudicación de contratos

1. Las entidades contratantes recibirán, abrirán y tratarán todas las ofertas de conformidad con

unos procedimientos que garanticen la equidad e imparcialidad del proceso de contratación pública,

así como la confidencialidad de las ofertas.

2. La entidad contratante no penalizará a ningún proveedor cuya oferta se reciba una vez

vencido el plazo fijado para la recepción de ofertas si el retraso es responsabilidad exclusiva de la

entidad contratante.

3. A fin de que una oferta pueda ser tomada en consideración a efectos de adjudicación, se

presentará por escrito y cumplirá, en el momento de la apertura, los requisitos esenciales

establecidos en el pliego de condiciones y, en su caso, en los anuncios, y procederá de un proveedor

que reúna las condiciones para la participación.

4. Salvo que una entidad contratante decida no adjudicar un contrato por motivos de interés

público, la entidad adjudicará el contrato al proveedor que la entidad haya determinado que tiene

capacidad para cumplir lo estipulado en el contrato y que, únicamente sobre la base de los criterios

de evaluación establecidos en los anuncios y en el pliego de condiciones, haya presentado la oferta

más ventajosa, o cuando el único criterio sea el precio, el precio más bajo.

& /es 364

5. Cuando una entidad contratante reciba una oferta cuyo precio sea anormalmente más bajo

que los precios de las demás ofertas presentadas, podrá verificar con el proveedor si este reúne las

condiciones de participación y tiene capacidad para cumplir lo estipulado en el contrato.

6. Ninguna entidad contratante utilizará opciones, cancelará una contratación pública o

modificará contratos concedidos de tal manera que eluda las obligaciones derivadas del presente

capítulo.

7. Cada una de las Partes podrá disponer que si, por razones imputables al proveedor

seleccionado, el contrato no se celebra en un plazo razonable, o si el proveedor seleccionado no

cumple la garantía para la ejecución del contrato a que se refiere el artículo 20.17 o no cumple las

condiciones del contrato, el contrato podrá adjudicarse al proveedor que haya presentado la

siguiente oferta más ventajosa.

ARTÍCULO 20.23

Transparencia de la información sobre contratación pública

1. La entidad contratante informará sin demora a los proveedores participantes de las

decisiones que adopte sobre las adjudicaciones de contratos y, si así lo solicita un proveedor, lo hará

por escrito. A reserva de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 20.24, la entidad

contratante proporcionará, previa petición, a los proveedores cuyas ofertas no hayan sido elegidas,

una explicación de las razones por las cuales no eligió sus ofertas y las ventajas relativas de la oferta

del proveedor adjudicatario.

& /es 365

2. Tras la adjudicación de cada contrato cubierto por el presente capítulo, la entidad contratante

publicará lo antes posible, de conformidad con los plazos establecidos en la legislación de cada

Parte, un anuncio en los medios impresos o electrónicos apropiados enumerados en los apéndices de

los anexos 20-F a 20-J. Cuando solo se utilice un medio electrónico, la información permanecerá

fácilmente disponible durante un período de tiempo razonable. En el anuncio figurará, como

mínimo. la información siguiente:

a) una descripción de las mercancías o los servicios contratados, que podrá incluir la naturaleza

y la cantidad de las mercancías adquiridas, así como la naturaleza y el alcance de los servicios

contratados;

b) el nombre y la dirección de la entidad contratante;

c) el nombre del adjudicatario;

d) el valor de la oferta seleccionada o el valor más alto y más bajo de las ofertas tomadas en

consideración para la adjudicación del contrato;

e) la fecha de adjudicación; y

f) el tipo de método de contratación utilizado y, si se utilizó la licitación restringida, una

descripción de las circunstancias que justificaron el uso de dicho método.

3. Cada una de las Partes comunicará a la otra Parte los datos estadísticos comparables de que

disponga y que sean pertinentes para los contratos públicos contemplados en el presente capítulo.

& /es 366

ARTÍCULO 20.24

Divulgación de información

1. A petición de una Parte, la otra Parte facilitará sin demora toda la información pertinente

sobre la adjudicación de una contratación cubierta, a fin de determinar si la contratación se llevó a

cabo de conformidad con las normas del presente capítulo. En caso de que la comunicación de

dicha información perjudicara a la competencia en licitaciones futuras, la Parte que reciba la

información no la revelará a ningún proveedor, excepto después de haber consultado a la Parte que

proporcionó la información y con el acuerdo de esta.

2. No obstante cualquier otra disposición del presente capítulo, las Partes, incluidas sus

entidades contratantes, no facilitarán a ningún proveedor información que pueda perjudicar a la

competencia leal entre proveedores.

3. Ninguna de las disposiciones del presente capítulo se interpretará en el sentido de exigir que

una Parte, incluidas sus entidades contratantes, autoridades y órganos de revisión, divulgue

información confidencial, si esa divulgación pudiera:

a) constituir un obstáculo para la exigencia del cumplimiento de la ley;

b) ir en detrimento de la competencia leal entre proveedores;

c) causar perjuicio a los intereses comerciales legítimos de particulares, incluida la protección de

la propiedad intelectual; o

d) ser por otros motivos contraria al interés público.

& /es 367

ARTÍCULO 20.25

Procedimientos internos de revisión

1. Cada una de las Partes establecerá o mantendrá procedimientos de revisión administrativa o

judicial rápidos, efectivos, transparentes y no discriminatorios mediante los cuales un proveedor

pueda impugnar:

a) una infracción del capítulo; o

b) el incumplimiento de las medidas de una Parte por las que se aplica el presente capítulo, si el

proveedor no tiene derecho a impugnar directamente una infracción del capítulo con arreglo a

la legislación de una Parte,

que surja en el contexto de una contratación cubierta en la que el proveedor tenga o haya tenido

algún interés. Las normas de procedimiento aplicables a todas las impugnaciones constarán por

escrito y estarán públicamente disponibles.

2. Cada Parte podrá prever en su legislación que, en caso de que un proveedor presente una

reclamación en el contexto de una contratación pública cubierta, la Parte afectada animará a su

entidad contratante y al proveedor a resolver la reclamación mediante consultas. La entidad

contratante examinará de forma imparcial y oportuna dicha reclamación de manera que no afecte a

la participación del proveedor en contrataciones en curso o futuras, ni a los derechos del proveedor

de solicitar medidas correctoras de conformidad con el procedimiento de revisión administrativa o

judicial.

3. Se concederá a cada proveedor un período de tiempo suficiente para preparar y presentar

una impugnación, que en ningún caso podrá ser inferior a 10 (diez) días contados a partir del

momento en que el proveedor haya tenido conocimiento del fundamento de la impugnación o en

que razonablemente debería haber tenido conocimiento.

& /es 368

4. Cada Parte establecerá o designará por lo menos una autoridad administrativa o judicial

imparcial, independiente de sus entidades contratantes, que recibirá y examinará los recursos de

cualquier proveedor que surjan en el contexto de una contratación pública cubierta.

5. Cuando un organismo distinto de la autoridad citada en el apartado 4 examine inicialmente

una impugnación, la Parte se asegurará de que el proveedor pueda recurrir la decisión inicial ante

una autoridad judicial imparcial que sea independiente de la entidad contratante cuya contratación

pública sea objeto de la impugnación. El organismo de recurso que no sea un tribunal estará sujeto a

control de la legalidad u ofrecerá garantías procesales que establezcan que:

a) la entidad contratante responderá por escrito a la impugnación y dé a conocer todos los

documentos pertinentes al órgano de revisión;

b) los participantes en el procedimiento tendrán derecho a ser oídos antes de que el órgano de

revisión adopte una decisión sobre la impugnación;

c) los participantes en el procedimiento tendrán derecho a ser representados y acompañados;

d) los participantes en el procedimiento tendrán acceso a todos los procedimientos;

e) los participantes en el procedimiento tendrán derecho a solicitar que los procedimientos sean

públicos y que puedan presentarse testigos; y

f) las decisiones o recomendaciones relativas a impugnaciones de proveedores se redactarán de

forma oportuna, por escrito, y explicando sus motivos.

& /es 369

6. Cada una de las Partes adoptará o mantendrá procedimientos relativos a:

a) medidas provisionales rápidas para que el proveedor siga teniendo la posibilidad de participar

en la contratación. Estas medidas provisionales podrán dar lugar a una suspensión del proceso

de contratación. Los procedimientos podrán prever la posibilidad de que, al decidir si deben

aplicarse esas medidas, se tengan en cuenta las consecuencias adversas para los intereses

considerados, incluido el interés público. Se consignará por escrito la justa causa para no

adoptar esas medidas; y

b) medidas correctivas o una compensación por los daños o perjuicios sufridos, que podrá

limitarse a los costes de la preparación de la oferta o a los costes relacionados con la

impugnación, o a ambos, si el órgano de revisión determina que se ha producido una

infracción o un incumplimiento según lo dispuesto en el apartado 1.

ARTÍCULO 20.26

Modificaciones y rectificaciones de la cobertura

1. Una Parte podrá proponer la modificación o rectificación de sus respectivos anexos 20-A a

20-E.

Modificaciones

2. Cuando una Parte tengan la intención de modificar los anexos a que se refiere el apartado 1,

esa Parte:

a) lo notificará por escrito a la otra Parte; y

& /es 370

b) propondrá en la notificación una propuesta a la otra Parte de efectuar los ajustes

compensatorios apropiados para mantener un nivel de cobertura comparable al existente antes

de la modificación.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, letra b), las Partes no tendrán que realizar ajustes

compensatorios si la modificación se refiere a una entidad respecto a la cual las Partes hayan

eliminado efectivamente su control o influencia.

4. La otra Parte podrá oponerse a la modificación si:

a) el ajuste propuesto de conformidad con el apartado 2, letra b), no es adecuado para mantener

un nivel comparable a una cobertura acordada mutuamente; o

b) la modificación cubre a una entidad sobre la que la Parte haya eliminado efectivamente su

control o influencia con arreglo al apartado 3.

La otra Parte se opondrá por escrito en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días a partir de la

recepción de la notificación a que se refiere el apartado 2, letra a). Si no se presentan

objeciones en el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días tras la recepción de la notificación, se

considerará que la Parte está de acuerdo con la propuesta de modificación.

Rectificaciones

5. Los siguientes cambios en los anexos de las Partes se considerarán rectificaciones de

carácter puramente formal, siempre que no afecten a la cobertura mutuamente acordada prevista en

el presente capítulo:

a) el cambio del nombre de una entidad;

& /es 371

b) la fusión de dos o más entidades mencionadas en un apéndice; y

c) la separación de una entidad que figure en un apéndice en 2 (dos) o más entidades, todas las

cuales se añaden a las entidades que figuran en el mismo apéndice.

La Parte que efectúe dicha rectificación de carácter puramente formal no estará obligada a

establecer ajustes compensatorios.

6. En el caso de las rectificaciones propuestas de los anexos de una Parte, la Parte notificará las

rectificaciones propuestas a la otra Parte cada 2 (dos) años a partir de la fecha de entrada en vigor

del presente Acuerdo.

7. En el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días tras la recepción de la notificación, una Parte podrá

notificar a la otra Parte una objeción a una rectificación propuesta. Si una Parte presenta una

objeción, indicará las razones por las que cree que la rectificación propuesta no es un cambio

conforme al apartado 5 y describirá los efectos de la rectificación propuesta sobre la cobertura

acordada mutuamente establecida en el presente capítulo. Si no se presentan objeciones por escrito

en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días tras la recepción de la notificación, se considerará que la

Parte está de acuerdo con la rectificación propuesta.

Consultas y solución de diferencias

8. Si la otra Parte se opone a la propuesta de modificación o rectificación, las Partes tratarán de

resolver la cuestión mediante consultas. Si no se llega a un acuerdo en un plazo de 60 (sesenta) días

a partir de la recepción de la objeción, la Parte que desee modificar o rectificar sus anexos podrá

someter el asunto al procedimiento de solución de diferencias establecido en el capítulo 29, a menos

que las Partes acuerden ampliar el plazo.

& /es 372

9. El procedimiento de consulta contemplado en el apartado 8 se entenderá sin perjuicio de las

consultas previstas en el capítulo 29.

10. Si una Parte no se opone a la modificación propuesta con arreglo a los apartados 2 y 3 o a la

rectificación propuesta con arreglo al apartado 5, o si la modificación o las rectificaciones se

acuerdan entre las Partes mediante consultas o existe una solución definitiva sobre el asunto con

arreglo al capítulo 29, el Consejo Conjunto en su configuración de comercio modificará el anexo

pertinente para reflejar la modificación o las rectificaciones acordadas o los ajustes compensatorios

acordados.

ARTÍCULO 20.27

Subcomité de Contratación Pública

1. El Subcomité de Contratación Pública, creado en virtud del artículo 9.9, apartado 4, tendrá

las siguientes funciones, además de las que figuran en los artículos 2.4 y 9.9:

a) revisar la apertura mutua de los mercados de contratación pública;

b) intercambiar información relativa a las oportunidades de contratación pública en cada Parte,

incluidos los intercambios de datos estadísticos sobre contratación pública; y

c) debatir el alcance y los medios de la cooperación en materia de contratación pública entre las

Partes a que se refiere el artículo 20.28.

& /es 373

ARTÍCULO 20.28

Cooperación en materia de contratación pública

1. Las Partes cooperarán para lograr la aplicación efectiva del presente capítulo. Las Partes

utilizarán los instrumentos, recursos y mecanismos disponibles y existentes.

2. En particular, las actividades de cooperación en este ámbito se llevarán a cabo, entre otras, a

través de:

a) intercambio de información, buenas prácticas, datos estadísticos, expertos, experiencias y

políticas en ámbitos de interés mutuo;

b) intercambio de buenas prácticas relativas al uso de prácticas de contratación sostenibles y

otros ámbitos de interés mutuo;

c) promoción de redes, seminarios y talleres sobre temas de interés mutuo;

d) transferencia de conocimientos, incluidos los contactos entre expertos de la Unión Europea y

de los Estados del MERCOSUR signatarios; y

e) intercambio de información entre la Unión Europea y los Estados del MERCOSUR

signatarios, con vistas a facilitar el acceso a los mercados de contratación pública de los

proveedores de las Partes, en particular para las pymes.

& /es 374

CAPÍTULO 21

PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN A

DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 21.1

Disposiciones generales

1. Cada una de las Partes afirma los derechos y obligaciones recíprocos en virtud de la OMC,

el Acuerdo sobre los ADPIC y cualquier otro acuerdo multilateral relacionado con la propiedad

intelectual en el que sea Parte.

2. Cada una de las Partes tendrá libertad para determinar el método adecuado para aplicar las

disposiciones del presente capítulo dentro de su propio ordenamiento jurídico y sus prácticas

legales, de manera coherente con los objetivos y principios del Acuerdo sobre los ADPIC y del

presente capítulo.

& /es 375

ARTÍCULO 21.2

Objetivos

Los objetivos del presente capítulo son:

a) facilitar el acceso, la producción y la comercialización de productos y servicios innovadores y

creativos, así como fomentar el comercio y la inversión, entre las Partes, contribuyendo a una

economía más sostenible, equitativa e inclusiva para las Partes;

b) lograr un nivel adecuado y efectivo de protección y observancia de los derechos de propiedad

intelectual que ofrezca incentivos y recompensas a la innovación, contribuyendo al mismo

tiempo a la transferencia y difusión efectivas de la tecnología, y favoreciendo el bienestar

social y económico y el equilibrio entre los derechos de los titulares y el interés público; y

c) fomentar medidas que ayuden a las Partes a promover la investigación y el desarrollo, así

como el acceso al conocimiento, incluido a un dominio público rico.

ARTÍCULO 21.3

Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. A efectos de la presente parte del Acuerdo, «derechos de propiedad intelectual» se refiere a

todas las categorías de propiedad intelectual sujetas a las secciones 1 a 7 de la parte II del Acuerdo

sobre los ADPIC y a los artículos 21.9 a 21.43 del presente Acuerdo.

& /es 376

2. La protección de la propiedad intelectual incluye la protección contra la competencia desleal

a la que se hace referencia en el artículo 10 _bis_ del Convenio de París para la Protección de la

Propiedad Industrial, hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo

el 14 de julio de 1967 (en lo sucesivo, «Convenio de París»).

3. Ninguna disposición del presente capítulo impedirá que una Parte adopte las medidas

necesarias para impedir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por parte de los titulares

de derechos, o el recurso a prácticas que restrinjan injustificadamente el comercio o afecten

negativamente a la transferencia internacional de tecnología, siempre que dichas medidas sean

compatibles con el presente capítulo.

4. Las Partes no estarán obligadas a conceder mediante su legislación su legislación una

protección más amplia que la exigida por el presente capítulo. El presente capítulo no excluye que

una de las Partes aplique, mediante su legislación, normas más estrictas para la protección y la

observancia de los derechos de propiedad intelectual, siempre que no contravengan el presente

capítulo.

ARTÍCULO 21.4

Principios

1. Cada una de las Partes reconoce que la protección y la observancia de los derechos de

propiedad intelectual pueden y deben llevarse a cabo de manera que favorezcan el progreso

económico, social y científico. Cada una de las Partes garantizará la observancia de los derechos de

propiedad intelectual dentro de su propio su propio ordenamiento jurídico y sus prácticas legales.

2. Al formular o modificar sus disposiciones legislativas y reglamentarias, cada Parte podrá

establecer excepciones y flexibilidades permitidas por los instrumentos multilaterales de los que las

Partes sean signatarias.

& /es 377

3. Las Partes reafirman las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la

competencia.

4. Las Partes apoyan la consecución de los ODS de las Naciones Unidas.

5. Las Partes apoyan la Resolución WHA 60.28 de la Asamblea Mundial de la Salud y el

Marco de Preparación para una Gripe Pandémica adoptado en la sexagésima cuarta Asamblea

Mundial de la Salud.

6. Las Partes reconocen la importancia de promover la aplicación de la Estrategia Mundial y el

Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, adoptados por la

Asamblea Mundial de la Salud el 24 de mayo de 2008 (Resolución WHA 61.21 modificada por la

Resolución WHA 62.16).

7. Las Partes afirman las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, adoptadas en 2007

por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo,

«OMPI»).

8. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté supeditada a la concesión

o registro del derecho, cada una de las Partes hará todo lo posible por garantizar que los

procedimientos de concesión o registro del derecho favorezcan la concesión o el registro en un

plazo razonable, a fin de evitar una restricción infundada del período de protección.

& /es 378

ARTÍCULO 21.5

Trato nacional

Cada una de las Partes concederá a los nacionales **[1]** de la otra Parte un trato no menos favorable que

el que otorgue a sus propios nacionales en lo relativo a la protección **[2]** de la propiedad intelectual

contemplada en el presente capítulo, a reserva de las excepciones previstas en los artículos 3 y 5 del

Acuerdo sobre los ADPIC **[3]** .

**1** A efectos del presente capítulo, se entenderá por «nacional», con respecto al derecho de
propiedad intelectual pertinente, una persona de una Parte que cumpliría los criterios de
elegibilidad para acogerse a la protección prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC o los
acuerdos multilaterales suscritos y administrados bajo los auspicios de la OMPI, en los que
una Parte es una parte contratante.
**2** A los efectos del artículo 21.5, «protección» comprende los aspectos relativos a la existencia,
adquisición, ámbito de aplicación, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad
intelectual, así como las cuestiones relativas al ejercicio de los derechos de propiedad
intelectual de que trata específicamente el presente capítulo.
**3** En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y
los organismos de radiodifusión, esta obligación solo se aplica a los derechos previstos en el
presente capítulo.

& /es 379

ARTÍCULO 21.6

Protección de la biodiversidad y el conocimiento tradicional

1. Las Partes reconocen la importancia y el valor de la biodiversidad y sus componentes y de

los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados de las comunidades indígenas y

locales **[1]** . Además, las Partes afirman sus derechos soberanos sobre sus recursos naturales y sus

derechos y obligaciones establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, hecho

en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 (en lo sucesivo denominado, «CDB») con respecto al acceso

a los recursos genéticos, y a la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la

utilización de esos recursos genéticos.

2. Las Partes afirman, reconociendo el carácter especial de la biodiversidad agrícola, sus

características distintivas y los problemas que requieren soluciones distintivas, que el acceso a los

recursos genéticos para la alimentación y la agricultura será objeto de un tratamiento específico de

conformidad con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y

la Agricultura, hecho en Roma el 3 de noviembre de 2001 (en lo sucesivo, «Tratado Internacional

sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura»).

3. Las Partes podrán revisar de común acuerdo el presente artículo en función de los resultados

y conclusiones de los debates multilaterales.

**1** A efectos del artículo 21.6, las «comunidades indígenas y locales» podrán incluir a los
descendientes de africanos esclavizados y a los pequeños agricultores.

& /es 380

ARTÍCULO 21.7

Agotamiento

Cada Parte tendrá libertad para establecer su propio régimen de agotamiento de los derechos de

propiedad intelectual, conforme al Acuerdo sobre los ADPIC.

ARTÍCULO 21.8

Acuerdo sobre los ADPIC y salud pública

1. Las Partes reconocen la importancia de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC

y la Salud Pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 (en lo sucesivo, «Declaración de Doha»)

por la Conferencia Ministerial de la OMC. Para la interpretación y aplicación de los derechos y las

obligaciones con arreglo al presente capítulo, las Partes se asegurarán de la coherencia con la

Declaración de Doha.

2. Cada una de las Partes aplicará el artículo 31 _bis_ del Acuerdo sobre los ADPIC, así como su

anexo y el apéndice de su anexo, que entraron en vigor el 23 de enero de 2017.

& /es 381

SECCIÓN B

NORMAS REFERENTES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SUBSECCIÓN 1

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS **[1]**

ARTÍCULO 21.9

Acuerdos internacionales

Cada una de las Partes afirma sus derechos y obligaciones en virtud de los siguientes acuerdos

internacionales, teniendo en cuenta que los acuerdos no son vinculantes para aquellos que no son

parte en ellos:

a) el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, hecho en Berna

el 9 de septiembre de 1886, en su versión modificada de 28 de septiembre de 1979 (en lo

sucesivo, «el Convenio de Berna»);

b) la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los

productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 18 de mayo

de 1964 (en lo sucesivo, «la Convención de Roma»);

**1** Las Partes tendrán libertad, en sus disposiciones legislativas y reglamentarias, para utilizar
diferentes nombres para los derechos establecidos en la presente subsección, siempre que se
garantice el nivel de protección acordado.

& /es 382

c) el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas,

con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, adoptado en

Marrakech el 27 de junio de 2013;

d) el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996;

e) el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, hecho en Ginebra el

20 de diciembre de 1996; y

f) el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, hecho en Pekín el

24 de junio de 2012.

ARTÍCULO 21.10

Autores

Cada una de las Partes otorgará a los autores el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

a) la reproducción de sus obras de forma directa o indirecta, temporal o permanente, de forma

total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma;

b) cualquier forma de distribución pública del original de sus obras o copias de estas mediante

venta u otro modo de transferencia de la propiedad;

c) cualquier comunicación al público de sus obras, mediante procedimientos por cable o

inalámbricos; y

d) la puesta a disposición del público de sus trabajos de tal manera que cualquier persona pueda

tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que elija.

& /es 383

ARTÍCULO 21.11

Artistas intérpretes o ejecutantes

Cada una de las Partes otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo de

autorizar o prohibir:

a) la grabación de sus actuaciones;

b) la reproducción directa o indirecta, temporal o permanente, por cualquier medio y en

cualquier forma, de la totalidad o de una parte de las grabaciones de sus actuaciones;

c) la puesta a disposición del público, mediante venta o de otro modo, de las grabaciones de sus

actuaciones;

d) la emisión inalámbrica y por cable, si está previsto en las disposiciones legislativas y

reglamentarias de una Parte, y la comunicación al público de sus actuaciones, salvo cuando la

propia actuación ya constituya en sí misma una actuación transmitida por radiodifusión o se

haga a partir de una grabación; y

e) la puesta a disposición del público de sus grabaciones o actuaciones de tal manera que

cualquier persona pueda tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que elija.

& /es 384

ARTÍCULO 21.12

Productores de fonogramas

Cada una de las Partes otorgará a los productores de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar

o prohibir:

a) la reproducción de sus fonogramas de forma directa o indirecta, temporal o permanente, de

manera total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma;

b) la distribución pública, mediante venta o de otro modo, de sus fonogramas, incluidas las

copias de estos; y

c) la puesta a disposición del público de sus fonogramas de tal manera que cualquier persona

pueda tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que elija.

ARTÍCULO 21.13

Organismos de radiodifusión

Cada una de las Partes podrá establecer en sus disposiciones legislativas y reglamentarias lo que

debe considerarse un organismo de radiodifusión, y otorgará a los organismos de radiodifusión el

derecho exclusivo a autorizar o prohibir:

a) la grabación de sus emisiones;

& /es 385

b) la reproducción directa o indirecta, temporal o permanente, por cualquier medio y en

cualquier forma, de la totalidad o de una parte de las grabaciones de sus emisiones;

c) la puesta a disposición del público, mediante procedimientos por cable o inalámbricos, de las

grabaciones de sus emisiones, con independencia de que estas se transmitan por

procedimientos alámbricos o inalámbricos, cable o satélite incluidos, de tal forma que

cualquier persona del público pueda tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que

elija;

d) la puesta a disposición pública, mediante venta o de otro modo, de las grabaciones de sus

emisiones **[1]** ; y

e) la radifusión inalámbrica de sus emisiones o, si así lo establecen las disposiciones legislativas

y reglamentarias de la Parte, la retransmisión por cable, así como la comunicación al público

de sus emisiones cuando tal comunicación se haga en lugares accesibles al público a cambio

del pago de una cantidad en concepto de entrada **[2]** .

**1** Las letras c) y d) del artículo 21.13 no se aplicarán a una Parte en la medida en que dicha
Parte no establezca en sus disposiciones legislativas y reglamentarias los derechos
establecidos en dichas letras. En tal caso, las demás Partes podrán excluir a los organismos de
radiodifusión de dicha Parte de la protección concedida en el artículo 21.13, letras c) y d), y la
obligación prevista en el artículo 21.5 no se aplicará con respecto a los derechos previstos en
el artículo 21.13, letras c) y d).
**2** Cada una de las Partes podrá conceder derechos más amplios en lo que respecta a la
comunicación al público por parte de los organismos de radiodifusión.

& /es 386

ARTÍCULO 21.14

Derecho a remuneración por radiodifusión y comunicación

al público de fonogramas publicados con fines comerciales

1. Cada una de las Partes establecerá un derecho destinado a garantizar que el usuario abone

una remuneración a los intérpretes y a los productores de fonogramas si un fonograma publicado

con fines comerciales, o una reproducción de dicho fonograma, se utiliza para la emisión

inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación pública **[1]** .

2. Cada una de las Partes dispondrá que la remuneración a que se refiere el apartado 1 sea

reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante, por el productor de un fonograma o por

ambos. Las Partes podrán promulgar legislación nacional que, en ausencia de un acuerdo entre el

artista intérprete o ejecutante y el productor del fonograma, fije los términos en los que los artistas

intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas se repartan la remuneración.

**1** Cada una de las Partes podrá conceder derechos más amplios, en lugar del derecho a
remuneración o además de ese derecho, en lo que respecta a la radiodifusión y comunicación
al público de los fonogramas publicados con fines comerciales, a los artistas intérpretes o
ejecutantes y a los productores de fonogramas.

& /es 387

ARTÍCULO 21.15

Plazo de protección

1. Los derechos del autor de una obra literaria o artística en el sentido del artículo 2 del

Convenio de Berna se mantendrán durante la vida del autor y durante al menos 50 (cincuenta) años

tras el fallecimiento del autor o, si las disposiciones legislativas y reglamentarias de la Parte así lo

establecen, durante 70 (setenta) años tras el fallecimiento del autor. Con respecto a las obras

fotográficas y cinematográficas, cada una de las Partes establecerá el plazo de protección de

conformidad con sus disposiciones legislativas y reglamentarias.

2. En el caso de una obra común a varios autores, los plazos a que se refiere el apartado 1 se

calcularán a partir de la muerte del último autor superviviente.

3. En el caso de obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección durará al menos 50

(cincuenta) años después de que la obra se haya puesto a disposición del público de forma lícita o,

si así lo establecen las disposiciones legislativas y reglamentarias de la Parte, 70 (setenta) años

después de que la obra se haya puesto a disposición del público de forma lícita. No obstante la

primera frase, si el seudónimo adoptado por el autor no deja lugar a dudas sobre su identidad, o si el

autor revela su identidad durante el período mencionado en la primera frase, el plazo de protección

aplicable será el establecido en el apartado 1.

4. Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre una interpretación o ejecución

distinta de la fijada en un fonograma expirarán como mínimo 50 (cincuenta) años después de la

fecha de la interpretación o ejecución.

& /es 388

5. Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas no

expirarán durante al menos 50 (cincuenta) años después de que la grabación haya sido publicada de

forma lícita o comunicada al público de forma lícita o, si así lo establecen las disposiciones

legislativas y reglamentarias de la Parte, 70 (setenta) años después de que la grabación haya sido

publicada de forma lícita o comunicada al público de forma lícita **[1]** . Cada Parte podrá adoptar, de

conformidad con sus disposiciones legislativas y reglamentarias, medidas eficaces para garantizar

que los beneficios generados durante los 20 (veinte) años de protección más allá de 50 (cincuenta)

años se repartan equitativamente entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores.

6. El plazo de protección de los derechos de los organismos de radiodifusión será de al menos

20 (veinte) años a partir de la primera emisión o, si las disposiciones legislativas y reglamentarias

de una Parte así lo establecen, de 50 (cincuenta) años a partir de la primera emisión.

7. Los plazos establecidos en el presente artículo se calcularán a partir del 1 (uno) de enero del

año siguiente al de su hecho generador.

8. Cada una de las Partes podrá establecer plazos de protección superiores a los previstos en el

presente artículo.

**1** Cada una de las Partes podrá disponer que la publicación o comunicación lícita al público de
la grabación de la interpretación o ejecución o del fonograma tenga lugar en un plazo
determinado a partir de la fecha de la interpretación o ejecución (en el caso de los artistas
intérpretes o ejecutantes) o de la fecha de la grabación (en el caso de los productores de
fonogramas).

& /es 389

ARTÍCULO 21.16

Derecho de participación

1. Cada una de las Partes podrá establecer, en beneficio del autor de artes plásticas o gráficas

un derecho de participación definido como un derecho inalienable e irrenunciable, incluso por

adelantado, a percibir un porcentaje sobre el precio obtenido en cualquier reventa de que sea objeto

la obra tras la primera cesión realizada por el autor.

2. El derecho al que se hace referencia en el apartado 1 será aplicable a todos los actos de

— —
reventa en los que participen como vendedores, compradores o intermediarios profesionales

del mercado del arte, tales como salas de ventas, galerías de arte y, en general, cualquier marchante

de obras de arte.

3. Cada una de las Partes podrá disponer que el derecho contemplado en el apartado 1 no se

aplique a las operaciones de reventa si el vendedor compró la obra directamente al autor menos de 3

(tres) años antes de la reventa y el precio de reventa no excede de un importe mínimo.

4. Cada una de las Partes podrá disponer que los autores que sean nacionales de la otra Parte y

sus derechohabientes disfruten del derecho de participación de conformidad con el presente artículo

y con las disposiciones legislativas y reglamentarias de la Parte de que se trate, siempre que las

disposiciones legislativas y reglamentarias del país del que el autor o su derechohabiente sean

nacionales permitan la protección del derecho de participación en dicho país para los autores de la

Parte de que se trate y a sus derechohabientes.

& /es 390

ARTÍCULO 21.17

Cooperación en materia de gestión colectiva de derechos

1. Las Partes promoverán la cooperación, la transparencia y la no discriminación de las

sociedades de gestión colectiva, en particular en lo que se refiere a los ingresos que recaudan, las

deducciones que aplican a tales ingresos, la utilización de los cánones recaudados, la política de

distribución y su repertorio, inclusive en el entorno digital.

2. Si una sociedad de gestión colectiva establecida en el territorio de una Parte representa a

otra sociedad de gestión colectiva establecida en el territorio de otra Parte mediante un acuerdo de

representación, la primera Parte procurará garantizar que la sociedad de gestión colectiva

representante:

a) no discrimine a los miembros con derecho de la sociedad representada; y

b) pague las sumas adeudados a la sociedad representada de forma precisa, periódica, diligente y

plenamente transparente, y facilite a la sociedad representada información sobre las sumas de

los ingresos recaudados en su nombre y las deducciones efectuadas.

ARTÍCULO 21.18

Excepciones y limitaciones

1. Cada una de las Partes restringirá las excepciones y limitaciones a los derechos establecidos

en la presente subsección a determinados casos especiales que no entren en conflicto con la

explotación normal de la obra u otra prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses

legítimos de los titulares de los derechos.

& /es 391

2. Cada una de las Partes eximirá del derecho de reproducción a los actos de reproducción

provisional que sean transitorios o accesorios, que formen parte integrante y esencial de un proceso

tecnológico y cuya única finalidad sea permitir:

a) una transmisión en una red entre terceros por un intermediario; o

b) un uso lícito de una obra u otra prestación que deba realizarse y que no tengan una

importancia económica independiente.

ARTÍCULO 21.19

Protección de las medidas tecnológicas

1. Cada una de las Partes proporcionará una protección jurídica adecuada y vías de recurso

efectivas contra la elusión de las medidas tecnológicas efectivas que utilicen los titulares de

derechos en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud de la presente subsección y que

restrinjan actos que no estén autorizados por los titulares de derechos afectados ni permitidos por la

ley.

2. Cada Parte podrá, si su legislación lo permite, garantizar que los titulares de derechos

pongan a disposición del beneficiario de una excepción o limitación los medios para beneficiarse,

en la medida necesaria, de dicha excepción o limitación.

& /es 392

ARTÍCULO 21.20

Obligaciones relativas a la información para la gestión de derechos

1. A efectos del presente artículo, «información para la gestión de derechos» significa toda

información facilitada por los titulares de derechos que identifique la obra u otra prestación

contemplada en la presente subsección, el autor o cualquier otro derecho habiente, o la información

sobre los términos y condiciones de utilización de la obra u otra prestación, así como cualesquiera

números o códigos que representen dicha información.

2. Cada una de las Partes proporcionará la protección legal adecuada contra cualquier persona

que, a sabiendas y sin autorización, realice cualquiera de los siguientes actos, si esa persona sabe,

o tiene motivos razonables para saber, que al hacerlo está induciendo, permitiendo, facilitando

o encubriendo una infracción de cualquier derecho de autor o derecho conexo:

a) la supresión o alteración de toda información para la gestión electrónica de derechos; y

b) la distribución, importación para distribución, radiodifusión, comunicación o puesta

a disposición del público de obras u otros objetos protegidos de conformidad con la presente

subsección a raíz de las cuales se haya suprimido o alterado sin autorización la información

electrónica para la gestión de derechos.

3. El apartado 1 es aplicable cuando alguno de los elementos de información a que se refiere

dicho apartado vaya asociado a una copia de una obra u otra prestación contemplada en la presente

subsección o aparezca en relación con la comunicación al público de tal obra o prestación.

4. Las Partes velarán por que las obligaciones establecidas en el presente artículo no

perjudiquen a los usos no infractores.

& /es 393

SUBSECCIÓN 2

MARCAS

ARTÍCULO 21.21

Acuerdos internacionales

Cada una de las Partes deberá:

a) cumplir el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios

para el Registro de las Marcas, hecho en Niza el 15 de junio de 1957 (en lo sucesivo,

«Clasificación de Niza») **[1]** ; y

b) hacer todo lo posible por adherirse al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo el

Registro Internacional de Marcas, hecho en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado por

última vez el 12 de noviembre de 2007.

**1** Esta obligación solo se aplica a las marcas registradas después de la fecha de adopción de los
criterios de clasificación de Niza o de adhesión al instrumento.

& /es 394

ARTÍCULO 21.22

Procedimiento de registro

1. Cada una de las Partes establecerá un sistema de registro de marcas en el que toda decisión

final negativa, incluida la denegación parcial del registro, expedida por la administración de marcas

pertinente, deberá notificarse por escrito, debidamente motivada y recurrible.

2. Cada una de las Partes preverá la posibilidad de oponerse a las solicitudes de registro de

marcas o, en su caso, al registro de marcas. Estos procedimientos de oposición tendrán carácter

contradictorio.

3. Cada una de las Partes pondrá a disposición pública una base de datos electrónica de

solicitudes y registros de marcas.

ARTÍCULO 21.23

Derechos conferidos por una marca

La marca registrada conferirá a su titular un derecho exclusivo. El titular podrá impedir que, en el

tráfico económico, terceros que no tengan autorización del titular hagan uso de:

a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los

que la marca esté registrada; y

& /es 395

b) cualquier signo que sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o

servicios que sean idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada

la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público, que incluye el riesgo de

asociación entre el signo y la marca.

ARTÍCULO 21.24

Marcas notoriamente conocidas

1. El artículo 6 _bis_ del Convenio de París se aplicará _mutatis mutandis_ a los servicios. Al

determinar si una marca es notoriamente conocida, cada una de las Partes tendrá en cuenta el

conocimiento de la marca en el sector pertinente del público, incluido el conocimiento en la Parte

de que se trate que se haya obtenido como resultado de la promoción de la marca.

2. El artículo 6 _bis_ del Convenio de París se aplicará _mutatis mutandis_ a mercancías o servicios

que no sean similares a aquellos para los cuales una marca ha sido registrada, a condición de que el

uso de esa marca en relación con esas mercancías o servicios indique una conexión entre dichas

mercancías o servicios y el titular de la marca registrada, y a condición de que sea probable que ese

uso perjudique los intereses del titular de la marca registrada.

& /es 396

3. A fin de dar efecto a la protección de las marcas notoriamente conocidas a las que se hace

referencia en el artículo 6 _bis_ del Convenio de París y en los apartados 2 y 3 del artículo 16 del

Acuerdo sobre los ADPIC, cada una de las Partes tendrá debidamente en cuenta los principios

establecidos en la Recomendación Conjunta sobre las disposiciones de protección de las marcas

notoriamente conocidas, adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la

Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI en el 34.º período de sesiones de las

Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrado del 20 al 29 de septiembre de 1999.

ARTÍCULO 21.25

Solicitudes de mala fe

Cada una de las Partes establecerá que una marca pueda declararse nula si la solicitud de registro de

la misma ha sido presentada de mala fe por el solicitante. Cada una de las Partes podrá disponer

también que se deniegue el registro de esa marca.

ARTÍCULO 21.26

Excepciones a los derechos conferidos por una marca

1. Cada una de las Partes establecerá excepciones limitadas a los derechos conferidos por una

marca, como el uso leal de los términos descriptivos, incluidas las indicaciones geográficas, y podrá

establecer otras excepciones limitadas, si dichas excepciones tienen en cuenta los intereses

legítimos del titular de la marca y de terceros.

& /es 397

2. La marca no conferirá al titular el derecho a prohibir a un tercero el uso de los siguientes

elementos cuando se utilicen de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y

comercial:

a) su propio nombre o dirección, si dicho tercero es una persona física;

b) indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen

geográfico, a la época de la obtención de la mercancía o de la prestación del servicio, o a otras

características de estos; o

c) la marca, si es necesaria para indicar la finalidad prevista de un producto o servicio, en

particular en el caso de accesorios o piezas de recambio.

SUBSECCIÓN 3

DISEÑOS

ARTÍCULO 21.27

Acuerdos internacionales

Cada una de las Partes hará todo lo posible para adherirse al Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de

La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales, hecha en Ginebra

el 2 de julio de 1999.

& /es 398

ARTÍCULO 21.28

Protección de diseños registrados

1. Cada una de las Partes establecerá la protección de los diseños creados independientemente

que sean nuevos y originales **[1]** **[2]** . Esta protección se otorgará mediante el registro y conferirá

derechos exclusivos a sus titulares de conformidad con lo dispuesto en la presente subsección.

2. El titular de un diseño registrado tendrá derecho a impedir que terceros sin su

consentimiento fabriquen, ofrezcan en venta, vendan, comercialicen, importen, exporten, almacenen

dicho producto o usen artículos que porten o incorporen el diseño protegido, si tales actos tienen

propósitos comerciales.

ARTÍCULO 21.29

Plazo de protección

La duración de la protección otorgada, incluidas las renovaciones, equivaldrá, como mínimo, a 15

(quince) años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

**1** A efectos del presente artículo, una Parte podrá considerar que un diseño que tenga carácter
singular es original.
**2** Argentina establecerá la protección de los diseños creados independientemente que sean
nuevos u originales.

& /es 399

ARTÍCULO 21.30

Protección de diseños no registrados

Cada una de las Partes podrá establecer medios jurídicos para impedir el uso de diseños no

registrados.

ARTÍCULO 21.31

Excepciones y limitaciones

1. Cada una de las Partes podrá establecer excepciones limitadas de la protección de los

diseños, a condición de que tales excepciones no contravengan de manera injustificada la

explotación normal de los diseños protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos

intereses del titular del diseño protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

2. La protección de los diseños no se extenderá a los diseños dictados esencialmente por

consideraciones técnicas o funcionales.

ARTÍCULO 1.32

Relación con los derechos de autor

Cada una de las Partes garantizará, en la medida en que esté previsto en sus disposiciones

legislativas y reglamentarias, que un diseño también pueda acogerse a protección en virtud de su

legislación sobre derechos de autor a partir de la fecha en que el diseño se haya creado o fijado en

cualquier soporte. Cada una de las Partes determinará el alcance y las condiciones de esta

protección, incluido el nivel de originalidad requerido.

& /es 400

SUBSECCIÓN 4

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

ARTÍCULO 21.33

Protección de las indicaciones geográficas

1. La presente subsección se aplica al reconocimiento y la protección de las indicaciones

geográficas originarias de los territorios de las Partes.

2. Las Partes adoptarán las medidas necesarias para aplicar la protección de las indicaciones

geográficas a que se refiere el apartado 1 en sus territorios, determinando el método adecuado para

dicha aplicación en su propio ordenamiento jurídico y sus prácticas legales.

3. Las indicaciones geográficas de una Parte solo estarán sujetas al presente artículo si están

protegidas como indicaciones geográficas en el territorio de la Parte de origen con arreglo a su

sistema de registro y protección de las indicaciones geográficas.

4. Cada una de las Partes, tras haber examinado la legislación de la otra Parte que figura en el

anexo 21-A y las indicaciones geográficas del anexo 21-B, y haber completado un procedimiento de

oposición o una consulta pública relacionada con las indicaciones geográficas del anexo 21-B, se

compromete a proteger, desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, dichas

indicaciones geográficas de conformidad con el nivel de protección establecido en la presente

subsección, incluido el nivel específico de protección establecido en el artículo 21.35, apartado 8, y

en el apéndice 21-B-1.

& /es 401

5. Cada una de las Partes podrá proteger las indicaciones geográficas de productos distintos de

los productos alimenticios agrícolas, los vinos, las bebidas espirituosas o los vinos aromatizados en

sus disposiciones legislativas y reglamentarias. Las Partes reconocen que las indicaciones

geográficas que figuran en el anexo 21-D están protegidas como indicaciones geográficas en el país

de origen.

ARTÍCULO 21.34

Adición de nuevas indicaciones geográficas

A petición de una Parte, y una vez completadas las etapas descritas en el artículo 21.33, apartado 4,

el Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual a que se refiere el artículo 21.59 podrá

recomendar al Consejo Conjunto en su configuración de comercio que adopte una decisión, de

conformidad con el artículo 9.7, apartado 1, letra f), para añadir nuevas indicaciones geográficas al

anexo 21-B, también con el fin de transferir las indicaciones geográficas del anexo 21-C al

anexo 21-B.

& /es 402

ARTÍCULO 21.35

Alcance de la protección de las indicaciones geográficas

1. Cada una de las Partes proporcionará, de conformidad con sus disposiciones legislativas y

reglamentarias, los medios jurídicos para que las partes interesadas impidan:

a) el uso de una indicación geográfica de la otra Parte que figure en las partes 1 y 2 del

anexo 21-B para cualquier producto perteneciente a la clase de producto pertinente, tal como

se especifica en la sección 3 del anexo 1-B, y que:

i) no sea originario del lugar de origen especificado en el anexo 21-B para la indicación

geográfica de que se trate; o

ii) sea originario del país de origen especificado en el anexo 21-B para dicha indicación

geográfica, pero no haya sido producido o fabricado de conformidad con las

disposiciones legislativas y reglamentarias de la otra Parte que se aplicarían si el

producto estuviera destinado a su consumo en la otra Parte;

b) la utilización de cualquier medio en la designación o presentación de una mercancía que

indique o sugiera que la mercancía en cuestión proviene de una zona geográfica distinta del

verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error sobre el origen geográfico

de la mercancía;

c) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del

artículo 10 _bis_ del Convenio de París;

& /es 403

d) cualquier utilización comercial directa o indirecta de una denominación protegida para

productos comparables que no cumplan las especificaciones de producto de la denominación

protegida, o que aproveche la reputación de una indicación geográfica;

e) el uso de una indicación geográfica no originaria del país indicado por la indicación

geográfica incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la

indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo»,

«estilo», «imitación» o similares; y

f) cualquier uso indebido, imitación o uso engañoso de un nombre protegido de una indicación

geográfica; o cualquier indicación falsa o engañosa de un nombre protegido de una indicación

geográfica; o cualquier práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el verdadero

origen, procedencia y naturaleza del producto.

2. En cuanto a la relación entre las marcas y las indicaciones geográficas:

a) si una indicación geográfica está protegida en virtud de la presente subsección, cada una de

las Partes denegará el registro de una marca para el mismo producto o un producto similar

cuyo uso infrinja la presente subsección, siempre que se haya presentado una solicitud de

registro de la marca después de la fecha de solicitud de protección de la indicación geográfica

en el territorio de que se trate; las marcas registradas que infrinjan el presente apartado serán

invalidadas de conformidad con el Derecho de las Partes;

b) en el caso de las indicaciones geográficas que figuren en el anexo 21-B en la fecha de entrada

en vigor del presente Acuerdo, la fecha de presentación de la solicitud de protección a que se

refiere la letra a) será la fecha de publicación del procedimiento de oposición o de la consulta

pública en los territorios respectivos;

& /es 404

c) en el caso de las indicaciones geográficas contempladas en el artículo 21.34, la fecha de

presentación de la solicitud de protección será la fecha de envío de una solicitud a otra Parte

para proteger una indicación geográfica;

d) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e), cada una de las Partes protegerá las indicaciones

geográficas a que se refiere el anexo 21-B también si existe una marca previa; se entenderá

por «marca previa» una marca que haya sido solicitada, registrada o establecida mediante el

uso, si las disposiciones legislativas y reglamentarias de la Parte de que se trate prevén esa

posibilidad, de buena fe en el territorio de una Parte antes de la fecha de presentación de la

solicitud de protección de la indicación geográfica a que se refiere el apartado 1 por la otra

Parte en virtud del presente Acuerdo;

dicha marca previa podrá seguir utilizándose, renovándose y sometiéndose a modificaciones

que puedan requerir la presentación de nuevas solicitudes de marca, no obstante la protección

de la indicación geográfica, siempre que no existan causas de nulidad o revocación de la

marca en la legislación sobre marcas con arreglo a la cual se haya registrado o establecido la

marca;

ni la marca previa ni la indicación geográfica se utilizarán de manera que induzcan a error al

consumidor en cuanto a la naturaleza del derecho de propiedad intelectual de que se trate; y

e) una Parte no estará obligada a proteger una indicación geográfica a la luz de una marca

famosa, reputada o notoria, si la protección puede inducir a error al consumidor en cuanto a la

verdadera identidad del producto.

3. Nada de lo dispuesto en la presente subsección impedirá la utilización por una Parte, con

respecto a cualquier producto, de la denominación habitual de una variedad vegetal o de una raza

animal en el territorio de esa Parte **[1]** .

**1** Las Partes definen en el apéndice 21-B-1 las variedades vegetales y las razas animales cuya
utilización no se impedirá.

& /es 405

4. Ninguna disposición de la presente subsección impedirá que una Parte utilice un

componente individual de un término multicomponente que esté protegido como indicación

geográfica en el territorio de dicha Parte si dicho componente individual es un término habitual en

el lenguaje común como nombre común de la mercancía asociada **[1]** .

5. Nada de lo dispuesto en la presente subsección obligará a una Parte a proteger una

indicación geográfica que sea idéntica al término utilizado habitualmente en el lenguaje corriente

como denominación común del producto asociado en el territorio de esa Parte.

6. Si una traducción de una indicación geográfica es idéntica a un término habitual en lenguaje

corriente como denominación común de un producto en el territorio de una de las Partes, o contiene

dicho término, o si una indicación geográfica no es idéntica pero contiene dicho término, la presente

subsección no irá en perjuicio del derecho de ninguna persona a utilizar dicho término en asociación

con dicho producto.

7. Con respecto a las indicaciones geográficas homónimas:

a) en el caso de las indicaciones geográficas homónimas existentes o futuras de las Partes para

productos pertenecientes a la misma categoría de productos **[2]**, ambas coexistirán _per se_, y cada

Parte determinará las condiciones prácticas en las que las indicaciones homónimas en

cuestión se diferenciarán entre sí, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un trato

equitativo a los productores afectados y de que no se induzca a error a los consumidores; y

**1** Las Partes definen en el apéndice 21-B-1 los términos para los que no se solicita ni se concede
protección.
**2** De conformidad con la Clasificación de Niza y sus modificaciones.

& /es 406

b) si una Parte, en el contexto de las negociaciones con un tercer país, propone proteger una

indicación geográfica de dicho tercer país, y el nombre sea homónimo de una indicación

geográfica de la otra Parte, esta última será informada y tendrá la oportunidad de formular

observaciones antes de que el nombre pase a estar protegido.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21.35, apartados 1 a 7, se define un nivel

específico de protección para los siguientes casos de indicaciones geográficas que figuran en el

anexo 21-B **[1]** :

a) «Genièvre», «Jenever» o «Genever»: la protección de la indicación geográfica «Genièvre»,

«Jenever» o «Genever» no impedirá a los utilizadores anteriores del término «Ginebra» en el

territorio de Argentina que hayan utilizado el término de buena fe y de manera continua

durante al menos 5 (cinco) años antes de la publicación a efectos de oposición de la

indicación geográfica «Genièvre», «Jenever» o «Genever» en Argentina, y a los utilizadores

anteriores del término «Genebra» en el territorio de Brasil que hayan utilizado el término de

buena fe y de manera continua antes de la publicación a efectos de oposición de la indicación

geográfica «Genièvre», «Jenever» o «Genever» en Brasil, seguir utilizando el término, a

condición de que estos productos no se comercialicen utilizando gráficos, nombres, imágenes

o banderas como referencias al verdadero origen de la indicación geográfica, y a condición de

que el término aparezca en caracteres sustancialmente menores, aunque legibles, que el

nombre de marca y se diferencie de él de manera no ambigua en cuanto al origen del

producto;

**1** Para mayor certeza, el nivel específico de protección de cada Estado del MERCOSUR
signatario, tal como se define en el artículo 21.35, apartado 8, solo se aplica a los utilizadores
anteriores que formen parte de la lista de utilizadores anteriores de ese Estado del
MERCOSUR signatario en concreto.

& /es 407

b) «Queso Manchego»: la protección de la indicación geográfica «Queso Manchego» para

quesos elaborados en España de conformidad con las especificaciones técnicas aplicables, con

leche de oveja, no impedirá a los utilizadores anteriores del término «Queso Manchego» en el

territorio de Uruguay que hayan utilizado el término de buena fe y de manera continua

durante al menos 5 (cinco) años antes de la publicación a efectos de oposición de la

indicación geográfica «Queso Manchego», si está relacionado con quesos elaborados con

leche de vaca, seguir utilizando este término, a condición de que estos productos no se

comercialicen utilizando gráficos, nombres, imágenes o banderas como referencias a la

indicación geográfica europea protegida, y a condición de que el término aparezca en

caracteres sustancialmente menores, aunque legibles, que el nombre de la marca, y se

diferencie de él de manera no ambigua en cuanto al origen y la composición del producto;

c) «Grappa»: la protección de la indicación geográfica «Grappa» no impedirá a los utilizadores

anteriores del término «Grappamiel» o «Grapamiel» en el territorio de Uruguay que hayan

utilizado el término de buena fe y de manera continua antes de la publicación a efectos de

oposición de la indicación geográfica «Grappa», seguir utilizando este término, a condición

de que estos productos no se comercialicen utilizando gráficos, nombres, imágenes o banderas

como referencias a la indicación geográfica europea protegida, y a condición de que el

término aparezca en caracteres sustancialmente menores, aunque legibles, que el nombre de la

marca, y se diferencie de él de manera no ambigua en cuanto al origen del producto;

& /es 408

d) «Steinhäger»: la protección de la indicación geográfica «Steinhäger» no impedirá a los

utilizadores anteriores del término «Steinhäger» en el territorio de Brasil que hayan utilizado

el término de buena fe y de manera continua antes de la publicación a efectos de oposición de

la indicación geográfica «Steinhäger», seguir utilizando este término, a condición de que estos

productos no se comercialicen utilizando gráficos, nombres, imágenes o banderas como

referencias a la indicación geográfica europea protegida, y a condición de que el término

aparezca en caracteres sustancialmente menores, aunque legibles, que el nombre de la marca,

y se diferencie de él de manera no ambigua en cuanto al origen del producto;

e) «Parmigiano Reggiano»:

i) la protección de la indicación geográfica «Parmigiano Reggiano» no impedirá a los

utilizadores anteriores del término «Parmesão» en el territorio de Brasil y del término

«Parmesano» en los territorios de Argentina, Paraguay y Uruguay que hayan utilizado

estos términos de buena fe y de manera continua antes de la publicación a efectos de

oposición de la indicación geográfica «Parmigiano Reggiano», seguir utilizando estos

términos, a condición de que estos productos no se comercialicen utilizando gráficos,

nombres, imágenes o banderas como referencias a la indicación geográfica europea

protegida, y a condición de que el término aparezca en caracteres sustancialmente

menores, aunque legibles, que el nombre de la marca, y se diferencie de él de manera no

ambigua en cuanto al origen del producto;

& /es 409

ii) la protección de la indicación geográfica «Parmigiano Reggiano» no impedirá a los

utilizadores anteriores del término «Reggianito» en el territorio de Argentina que hayan

utilizado este término de buena fe y de manera continua antes de la publicación a

efectos de oposición de la indicación geográfica «Parmigiano Reggiano», y en los

territorios de Paraguay y Uruguay que hayan utilizado este término de buena fe y de

manera continua durante al menos 5 (cinco) años antes de la publicación a efectos de

oposición de la indicación geográfica «Parmigiano Reggiano», seguir utilizando este

término, a condición de que estos productos no se comercialicen utilizando gráficos,

nombres, imágenes o banderas como referencias a la indicación geográfica europea

protegida, y a condición de que el término aparezca en caracteres sustancialmente

menores, aunque legibles, que el nombre de la marca, y se diferencie de él de manera no

ambigua en cuanto al origen del producto;

f) «Fontina»: la protección de la indicación geográfica «Fontina» no impedirá a los utilizadores

anteriores del término «Fontina» en los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

que hayan utilizado el término de buena fe y de manera continua durante al menos 5 (cinco)

años antes de la publicación a efectos de oposición de la indicación geográfica «Fontina»,

seguir utilizando este término, a condición de que estos productos no se comercialicen

utilizando gráficos, nombres, imágenes o banderas como referencias a la indicación

geográfica europea protegida, y a condición de que el término aparezca en caracteres

sustancialmente menores, aunque legibles, que el nombre de la marca, y se diferencie de él de

manera no ambigua en cuanto al origen del producto;

& /es 410

g) «Gruyère» (Francia):

i) la protección de la indicación geográfica «Gruyère» (Francia) no impedirá a los

utilizadores anteriores de los términos «Gruyère» y «Gruyere» en los territorios de

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que hayan utilizado el término de buena fe y de

manera continua durante al menos 5 (cinco) años antes de la publicación a efectos de

oposición de la indicación geográfica «Gruyère» (Francia), seguir utilizando este

término, a condición de que estos productos no se comercialicen utilizando gráficos,

nombres, imágenes o banderas como referencias a la indicación geográfica europea

protegida, y a condición de que el término aparezca en caracteres sustancialmente

menores, aunque legibles, que el nombre de la marca, y se diferencie de él de manera no

ambigua en cuanto al origen del producto;

ii) la protección de la indicación geográfica «Gruyère» (Francia) no impedirá a los

utilizadores anteriores de los términos «Gruyerito» y «Gruyer» en el territorio de

Uruguay que hayan utilizado el término de buena fe y de manera continua durante al

menos 5 (cinco) años antes de la publicación a efectos de oposición de la indicación

geográfica «Gruyère» (Francia), seguir utilizando este término, a condición de que estos

productos no se comercialicen utilizando gráficos, nombres, imágenes o banderas como

referencias a la indicación geográfica europea protegida, y a condición de que el

término aparezca en caracteres sustancialmente menores, aunque legibles, que el

nombre de la marca, y se diferencie de él de manera no ambigua en cuanto al origen del

producto;

& /es 411

h) «Grana Padano»: la protección de la indicación geográfica «Grana Padano» no impedirá a los

utilizadores anteriores del término «Grana» en el territorio de Brasil que hayan utilizado el

término de buena fe y de manera continua durante al menos 5 (cinco) años antes de la

publicación a efectos de oposición de la indicación geográfica «Grana Padano», seguir

utilizando este término, a condición de que estos productos no se comercialicen utilizando

gráficos, nombres, imágenes o banderas como referencias a la indicación geográfica europea

protegida, y a condición de que el término aparezca en caracteres sustancialmente menores,

aunque legibles, que el nombre de la marca, y se diferencie de él de manera no ambigua en

cuanto al origen del producto; y

i) «Gorgonzola»: la protección de la indicación geográfica «Gorgonzola» no impedirá a los

utilizadores anteriores del término «Gorgonzola» en el territorio de Brasil que hayan utilizado

el término de buena fe antes de la publicación a efectos de oposición seguir utilizando el

término, a condición de que estos productos no se comercialicen utilizando gráficos, nombres,

imágenes o banderas como referencias al origen genuino de la indicación geográfica, y a

condición de que el término aparezca en caracteres sustancialmente menores, aunque legibles,

que el nombre de la marca, y se diferencie de él de manera no ambigua en cuanto al origen del

producto.

9. Los utilizadores anteriores a que se refiere el apartado 8, letras a) a i), se enumeran en el

anexo 21-E. La sucesión de utilizadores anteriores y sus efectos se determinarán con arreglo a las

disposiciones legislativas y reglamentarias nacionales de cada Estado del MERCOSUR signatario.

10. Las indicaciones geográficas protegidas que figuran en el anexo 21-B no se convertirán en

genéricas en los territorios de las Partes.

11. Nada de lo dispuesto en el presente capítulo creará obligación alguna para las Partes de

proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas en su lugar de origen o hayan dejado

de estarlo.

& /es 412

12. El presente capítulo no afectará al derecho de cualquier persona a hacer un uso comercial

del nombre de esa persona o del nombre de su predecesor en la actividad comercial, excepto si ese

nombre se usa de manera que induzca a error al público.

ARTÍCULO 21.36

Derecho de uso de las indicaciones geográficas

1. Todo operador que comercialice productos agrícolas, alimentos, vinos, vinos aromatizados o

bebidas espirituosas que se ajusten a las especificaciones correspondientes podrá utilizar una

indicación geográfica contemplada en la presente parte del Acuerdo.

2. Una vez que una indicación geográfica esté protegida por la presente parte del Acuerdo, el

uso de la misma no estará sujeto a ningún registro de usuarios o nuevas cargas.

ARTÍCULO 21.37

Garantía de cumplimiento de la protección

Cada una de las Partes proporcionará los medios jurídicos para que las partes interesadas soliciten la

garantía de cumplimiento de la protección prevista en el artículo 21.35 a través de acciones

administrativas y judiciales adecuadas en el marco de su propio ordenamiento jurídico y sus

prácticas legales.

& /es 413

ARTÍCULO 21.38

Importación, exportación y comercialización

La importación, la exportación y la comercialización de los productos que lleven los nombres

enumerados en el anexo 21-B cumplirán las disposiciones legislativas y reglamentarias que se

apliquen en el territorio de la Parte en cuyo mercado se introduzcan los productos.

ARTÍCULO 21.39

Cooperación y transparencia en materia de indicaciones geográficas

1. El Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual a que se refiere el artículo 21.59

supervisará el correcto funcionamiento de la presente subsección y podrá examinar cualquier

cuestión relacionada con su aplicación y funcionamiento. Sus responsabilidades serán las

siguientes:

a) intercambiar información sobre las novedades legislativas y de política en materia de

indicaciones geográficas y sobre cualquier otro asunto de interés mutuo en el ámbito de las

indicaciones geográficas; y

b) cooperar en el desarrollo de denominaciones alternativas para productos que eran

comercializados por productores de una Parte con términos correspondientes a indicaciones

geográficas de la otra Parte, especialmente en casos sujetos a una eliminación progresiva.

2. El Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual podrá recomendar al Consejo Conjunto

en su configuración de comercio que modifique, de conformidad con el artículo 9.7, apartado 1,

letra f):

a) el anexo 21-A en lo que respecta a las referencias al Derecho aplicable en las Partes;

& /es 414

b) el anexo 21-B en lo que respecta a las indicaciones geográficas y el intercambio de

información a tal efecto;

c) el anexo 21-C en lo que respecta a las indicaciones geográficas; y

d) el anexo 21-E en lo que respecta a los utilizadores anteriores.

3. Cada Parte notificará a la otra si una indicación geográfica enumerada en el anexo 21-B deja

de estar protegida en su territorio. Tras dicha notificación, el Consejo Conjunto en su configuración

de comercio modificará el anexo 21-B de conformidad con el artículo 9.7, apartado 1, letra f), para

poner fin a la protección en virtud de la presente parte del Acuerdo. Solo la Parte de la que es

originario el producto tiene derecho a solicitar el fin de la protección en virtud de la presente

subsección de una indicación geográfica enumerada en el anexo 21-B.

4. El MERCOSUR notificará a la Unión Europea si, tras la entrada en vigor del presente

Acuerdo, identifica utilizadores anteriores adicionales que cumplan los requisitos específicos

establecidos en el artículo 21.35, apartado 8, letras a) a i). Tras dicha notificación y siempre que las

Partes acuerden que los utilizadores anteriores adicionales propuestos cumplen los requisitos

mencionados, el Consejo Conjunto en su configuración de comercio modificará el anexo 21-E con

arreglo al artículo 9.7, apartado 1, letra f), añadiendo dichos utilizadores anteriores adicionales.

5. Las Partes, directamente o a través del Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual, se

mantendrán en contacto para tratar cualquier cuestión relacionada con la implementación y el

funcionamiento de la presente subsección. En particular, una Parte podrá solicitar de la otra

información relativa a las especificaciones de los productos y sus modificaciones, y a los puntos de

contacto para el control.

6. Las especificaciones de un producto a las que se hace referencia en la presente subsección

serán las aprobadas, incluida cualquier modificación también aprobada, por las autoridades de la

Parte en el territorio del que sea originario el producto.

& /es 415

7. Las Partes podrán poner a disposición del público las especificaciones, o un resumen de

estas, correspondientes a las indicaciones geográficas de la otra Parte protegidas con arreglo a la

presente subsección en portugués, español o inglés.

SUBSECCIÓN 5

PATENTES

ARTÍCULO 21.40

Tratados internacionales

Cada una de las Partes hará todo lo posible por adherirse al Tratado de Cooperación en materia de

Patentes, hecho en Washington el 19 de junio de 1970 **[1]** .

**1** En el caso de la Unión Europea, esta disposición puede cumplirse mediante la adhesión de sus
Estados miembros.

& /es 416

SUBSECCIÓN 6

OBTENCIONES VEGETALES

ARTÍCULO 21.41

Acuerdos internacionales

Cada una de las Partes protegerá los derechos sobre las obtenciones vegetales con arreglo al

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, hecho en París el 2 de

diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, y el 23 de octubre de 1978

(acto de 1978 de la UPOV) o el 19 de marzo de 1991 (acto de 1991 de la UPOV), y cooperará para

promover la protección de las obtenciones vegetales.

& /es 417

SUBSECCIÓN 7

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

ARTÍCULO 21.42

Alcance de la protección de los secretos comerciales

1. En cumplimiento de su obligación en virtud del artículo 21.1, apartado 1, de acatar el

Acuerdo sobre los ADPIC y, en particular, su artículo 39, apartados 1 y 2, cada una de las Partes

establecerá procedimientos y recursos judiciales civiles adecuados para que cualquier poseedor de

secretos comerciales impida la obtención, utilización o divulgación de un secreto comercial cuando

se lleve a cabo de forma contraria a los usos comerciales honestos y obtenga reparación en caso de

que se produzcan.

2. A efectos de la presente subsección, se entenderá por:

a) «secreto comercial»: la información que:

i) sea secreta en el sentido de que no sea, en su conjunto o en la configuración y reunión

precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes

a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni

fácilmente accesibles para estas;

ii) tenga un valor comercial por su carácter secreto; y

iii) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla

secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control; y

& /es 418

b) «poseedor de un secreto comercial»: cualquier persona física o jurídica que ejerza legalmente

el control de un secreto comercial.

3. A efectos de la presente subsección, las Partes considerarán contrarias a los usos

comerciales honestos al menos las siguientes formas de comportamiento:

a) la obtención de un secreto comercial sin el consentimiento del poseedor de dicho secreto,

cuando se lleve a cabo mediante el acceso no autorizado, la apropiación o la copia de

documentos, objetos, materiales, sustancias o ficheros electrónicos que estén legalmente bajo

el control del poseedor del secreto comercial, y que contengan el secreto comercial o a partir

de los cuales pueda deducirse el secreto comercial;

b) la utilización o divulgación de un secreto comercial, cuando se lleve a cabo sin el

consentimiento de su poseedor, por parte de una persona con respecto de la cual se haya

constatado que:

i) obtuvo el secreto comercial de forma ilícita;

ii) incumplió un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el

secreto comercial; o

iii) incumplió una obligación contractual o de cualquier otra índole de limitar la utilización

del secreto comercial; y

c) la obtención, utilización o revelación de un secreto comercial por una persona que, en el

momento de la obtención, utilización o revelación, supiera, o debiera haber sabido en las

circunstancias del caso, que el secreto comercial se había obtenido directa o indirectamente de

otra persona que lo utilizaba o revelaba de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto la

letra b).

& /es 419

4. No se exigirá a las Partes que consideren que cualquiera de los siguientes comportamientos

son contrarios a los usos comerciales honestos con arreglo a la presente subsección:

a) el descubrimiento o la creación independientes por parte de una persona de la información

pertinente;

b) la ingeniería inversa de un producto por parte de una persona que se halle legalmente en

posesión del mismo y que esté libre de toda obligación válida para limitar la adquisición de la

información pertinente;

c) la adquisición, utilización o divulgación de información exigida o permitida por el Derecho de

la Parte pertinente; o

d) el uso por parte de los trabajadores de su experiencia y las competencias adquiridas

honestamente en el ejercicio normal de sus funciones.

5. Ninguna de las disposiciones de la presente subsección se entenderá como una restricción de

la libertad de expresión e información, incluida la libertad de los medios de comunicación, con

arreglo a la protección dentro de la jurisdicción de cada una de las Partes.

ARTÍCULO 21.43

Procedimientos y recursos judiciales civiles de secretos comerciales

1. Cada una de las Partes velará por que cualquier persona que participe en el procedimiento

judicial civil a que se refiere el artículo 21,42, o que tenga acceso a documentos que formen parte

de dichos procedimientos judiciales, no esté autorizada a utilizar o divulgar cualquier secreto

comercial o presunto secreto comercial que las autoridades judiciales competentes hayan

identificado, respondiendo a una solicitud debidamente motivada de una parte interesada, como

confidencial y del que haya tenido conocimiento a raíz de dicha participación o acceso.

& /es 420

2. En los procedimientos judiciales civiles a que se refiere el artículo 21.42, cada Parte

establecerá que sus autoridades judiciales estén facultadas al menos para:

a) ordenar medidas provisionales, según lo establecido en sus disposiciones legislativas y

reglamentarias, para prevenir la obtención, utilización o divulgación del secreto comercial de

un modo contrario a los usos comerciales honestos;

b) formular requerimientos a fin de evitar la obtención, utilización o divulgación del secreto

comercial de un modo contrario a los usos comerciales honestos;

c) ordenar a la persona que supiera o debiera haber sabido que estaba adquiriendo, utilizando o

divulgando un secreto comercial de manera contraria a los usos comerciales honestos, que

pague al poseedor del secreto comercial una indemnización por daños y perjuicios adecuada

al perjuicio realmente sufrido como resultado de dicha adquisición, utilización o divulgación

ilícita del secreto comercial;

d) adoptar medidas específicas para preservar el carácter confidencial de cualquier secreto

comercial o presunto secreto comercial aportado en procedimientos civiles relativos a la

presunta obtención, utilización y divulgación de un secreto comercial de forma contraria a los

usos comerciales honestos; entre tales medidas específicas podrán figurar, de conformidad

con la legislación de la Parte, restringir el acceso a determinados documentos en su totalidad o

en parte, limitar el acceso a las audiencias y a las correspondientes actas o transcripciones, y

dar acceso a una versión no confidencial de la resolución judicial en la que los pasajes que

contengan secretos comerciales se hayan suprimido u ocultado; y

e) imponer sanciones a las partes, u otras personas sujetas a la jurisdicción del tribunal, por

violación de las órdenes judiciales relativas a la protección de un secreto comercial o presunto

secreto comercial dictadas en dichos procedimientos.

& /es 421

3. Las Partes no tendrán la obligación de facilitar los procedimientos y recursos judiciales a

que se refiere el artículo 21.42 si la conducta contraria a los usos comerciales honestos se lleva a

cabo, de conformidad con la legislación de esa Parte, para revelar una falta, una irregularidad o una

actividad ilegal o a efectos de proteger un interés legítimo reconocido por la legislación.

SECCIÓN C

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SUBSECCIÓN 1

PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 21.44

Obligaciones generales

1. Cada Parte reafirma sus compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, y

en particular en virtud de su parte III, y garantizará la observancia de los derechos de propiedad

intelectual e industrial de conformidad con su Derecho y con su propio ordenamiento jurídico y

prácticas legales.

2. A efectos de la presente sección, se entenderá por «derechos de propiedad intelectual», salvo

disposición en contrario, los derechos de propiedad intelectual definidos en el artículo 21.3,

apartado 1, con excepción de los derechos a que se refieren los artículos 21.42 y 21.43.

& /es 422

3. Los procedimientos **[1]** adoptados, mantenidos o aplicados para implementar la presente

sección serán eficaces, justos y equitativos, y no serán innecesariamente complicados o costosos, ni

implicarán plazos irrazonables o retrasos injustificados, y tendrán un efecto disuasorio frente a

nuevas infracciones. Cada una de las Partes tendrá en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre

la infracción, los derechos de todas las partes implicadas, los intereses de terceros y las medidas,

recursos y sanciones aplicables.

4. Las Partes aplicarán los procedimientos a que se refiere el apartado 3, relativos la

observancia de los derechos de propiedad intelectual, de forma que impidan la creación de

obstáculos al comercio legítimo y establezcan salvaguardias contra su abuso.

5. Los artículos 21.44 a 21.58 no crean obligación alguna para que las Partes establezcan un

sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del sistema

para la observancia de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de las Partes para hacer

cumplir su legislación en general.

ARTÍCULO 21.45

Personas legitimadas para solicitar procedimientos

Cada una de las Partes reconocerá como mínimo a las siguientes personas como legitimadas para

solicitar la aplicación de los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad

intelectual a que se refieren la presente sección y la parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, de

conformidad con la legislación donde tenga lugar el procedimiento:

a) los titulares de derechos de propiedad intelectual;

**1** A efectos de la presente sección, los «procedimientos» incluyen las medidas y los recursos.

& /es 423

b) los licenciatarios exclusivos, siempre y cuando estén autorizados por los titulares de los

derechos; y

c) los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual a los que se haya

reconocido legal y expresamente el derecho a representar a los titulares de derechos de

propiedad intelectual.

ARTÍCULO 21.46

Pruebas

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes estén

facultadas para ordenar, a petición de cualquiera de las Partes que haya presentado pruebas

razonablemente disponibles para respaldar sus alegaciones de que su derecho de propiedad

intelectual ha sido o va a ser infringido, dictar medidas cautelares rápidas y eficaces para proteger

pruebas pertinentes con respecto a la supuesta infracción, sin perjuicio de que se garantice la

protección de toda información confidencial **[1]** .

2. Las medidas provisionales a que se refiere el apartado 1 podrán incluir la descripción

detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías presuntamente

infractoras y, en los casos en que proceda, de los documentos relacionados.

3. En los casos de falsificación de marcas o de piratería lesiva de derechos de autor a escala

comercial **[2]**, cada una de las Partes adoptará las medidas necesarias para permitir que las autoridades

judiciales competentes ordenen, si procede, a instancia de una parte y si fuera necesario para

determinar la existencia y el alcance de una infracción, la comunicación de los documentos

bancarios, financieros o comerciales pertinentes bajo el control de la parte contraria, sin perjuicio de

la protección de la información confidencial.

**1** A efectos del presente artículo, la «información confidencial» podrá incluir datos personales.
**2** Una Parte podrá ampliar la aplicación del presente apartado a otros derechos de propiedad
intelectual.

& /es 424

4. Cada una de las Partes garantizará que las autoridades judiciales tengan competencia para

supeditar las medidas de conservación de pruebas a la presentación, por parte del solicitante, de una

fianza adecuada o seguro equivalente destinado a asegurar la eventual indemnización del perjuicio

sufrido por el demandado.

5. Si las medidas de protección de pruebas son revocadas o dejan de ser aplicables debido a

una acción u omisión del solicitante, o si se comprueba posteriormente que no ha habido infracción

o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán

facultadas para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a este de manera

adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas.

ARTÍCULO 21.47

Derecho de información

1. Cada una de las Partes se asegurará de que, en los asuntos relativos a una infracción de

derechos de propiedad intelectual, y en respuesta a una solicitud justificada y proporcionada del

demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar al infractor, o a cualquier otra

persona, que facilite datos pertinentes sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o

los servicios infractores.

2. A efectos del presente artículo:

a) «cualquier otra persona» significa toda persona que:

i) haya sido hallada en posesión de las mercancías infractoras a escala comercial;

ii) haya sido hallada utilizando los servicios infractores a escala comercial;

& /es 425

iii) haya sido hallada prestando a escala comercial servicios utilizados en las actividades

infractoras; o

iv) haya sido señalada por la persona a la que se hace referencia en los incisos i) a iii) como

implicada en la producción, fabricación o distribución de las mercancías el suministro

de los servicios;

b) la «información pertinente» podrá incluir información sobre toda persona implicada a escala

comercial en la infracción o presunta infracción, y sobre los medios de producción y las redes

de distribución de las mercancías o servicios.

3. El presente artículo se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones legislativas que:

a) otorguen al titular el derecho a recibir información más amplia;

b) regulen la utilización de la información que se comunique con arreglo al presente artículo en

procedimientos civiles;

c) regulen la responsabilidad por abuso del derecho de información;

d) ofrezcan la posibilidad de negarse a facilitar información que obligaría a la persona a que se

refiere el apartado 1 a admitir su propia implicación o la de sus parientes cercanos; o

e) rijan la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los

datos personales.

& /es 426

ARTÍCULO 21.48

Medidas provisionales y cautelares

1. Cada una de las Partes establecerá que sus autoridades judiciales estén facultadas para

ordenar medidas provisionales y cautelares rápidas y eficaces, incluso un mandamiento judicial

cautelar, contra una parte o, en su caso, contra un tercero sobre el cual la autoridad judicial

competente ejerza jurisdicción, para evitar una infracción de un derecho de propiedad intelectual y,

en particular, evitar que mercancías infractoras entren en los circuitos comerciales.

2. También podrá dictarse un mandamiento judicial cautelar para ordenar la incautación o

entrega de mercancías sospechosas de infringir un derecho de propiedad intelectual, a fin de

impedir su introducción o circulación en los circuitos comerciales.

3. Cada una de las Partes garantizará que, en el caso de una presunta infracción cometida a

escala comercial, si el solicitante justifica circunstancias que puedan poner en peligro el cobro de la

indemnización por daños y perjuicios, las autoridades judiciales puedan ordenar el embargo

preventivo de los bienes muebles e inmuebles del supuesto infractor, incluido el bloqueo de sus

cuentas bancarias y otros activos. A tal efecto, cada una de las Partes garantizará que las autoridades

competentes puedan ordenar la transmisión de documentos bancarios, financieros o comerciales o el

acceso adecuado a la información pertinente.

4. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las

pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado

suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o

va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o

garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

& /es 427

ARTÍCULO 21.49

Medidas correctoras

1. Sin perjuicio de cualesquiera daños y perjuicios adeudados al titular del derecho a causa de

la infracción, y sin indemnización de ninguna clase, cada una de las Partes garantizará que las

autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a petición del solicitante, la destrucción o al

menos la retirada definitiva de los circuitos comerciales de las mercancías que dichas autoridades

hayan constatado que infringen un derecho de propiedad intelectual. Dichas mercancías podrán

utilizarse para el interés público. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar

que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de

las mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de

forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Al examinar tales solicitudes,

las autoridades judiciales competentes deberán tener en cuenta tanto la necesidad de que las

medidas ordenadas sean proporcionales a la gravedad de la infracción, como los intereses de

terceros.

2. Las autoridades judiciales competentes de cada Parte estarán facultadas para ordenar que

estas medidas sean ejecutadas a expensas del infractor, excepto si se alegan razones concretas para

que no sea así.

& /es 428

ARTÍCULO 21.50

Mandamientos judiciales

Cada Parte se asegurará de que, si una resolución judicial constata una infracción de un derecho de

propiedad intelectual, las autoridades judiciales competentes puedan dictar contra el infractor o, en

su caso, contra un tercero con respecto al cual la autoridad judicial pertinente ejerza su jurisdicción,

un mandamiento judicial destinado a prohibir la continuación de la infracción.

ARTÍCULO 21.51

Medidas alternativas

Cada una de las Partes podrá disponer que, cuando proceda y a solicitud de la persona a la que se

puedan aplicar las medidas que se establecen en los artículos 21.49 o 21.50, las autoridades

judiciales puedan ordenar el pago de una reparación pecuniaria a la parte perjudicada, en lugar de la

aplicación de las medidas establecidas en los artículos 21.49 o 21.50, si se constata que la primera

actuó de manera no intencionada y sin negligencia, o si la ejecución de las medidas en cuestión

pudiera causarle un perjuicio desproporcionado, o si la parte perjudicada pudiera ser

razonablemente resarcida mediante una reparación pecuniaria **[1]** .

**1** Al decidir qué es «razonablemente resarcida», el juez puede tener en cuenta el interés público.

& /es 429

ARTÍCULO 21.52

Daños y perjuicios

1. Cada una de las Partes garantizará que las autoridades judiciales estén facultadas, a petición

de la parte perjudicada, para ordenar al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para

saberlo, haya realizado una actividad que infrinja los derechos de propiedad intelectual, que pague

al titular del derecho una indemnización apropiada para compensar el perjuicio real sufrido como

consecuencia de la infracción del derecho de propiedad intelectual. Al fijar la indemnización por

daños y perjuicios, las autoridades judiciales competentes:

a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas

negativas, entre ellas el lucro cesante, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera

beneficios ilegítimos **[1]** obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los

factores económicos, como el perjuicio moral causado al titular del derecho por la infracción;

o

b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, determinar la

indemnización de daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de

elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si

el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en

cuestión.

**1** «Beneficios ilegítimos» son los derivados de la infracción, de conformidad con el Derecho de
una Parte.

& /es 430

ARTÍCULO 21.53

Costas procesales

Cada una de las Partes establecerá que, cuando proceda, sus autoridades judiciales estén facultadas

para ordenar que, al concluir los procedimientos judiciales civiles relacionados con la observancia

de los derechos de propiedad intelectual, la parte perdedora pague a la parte ganadora las costas o

tasas judiciales, así como cualquier otro gasto contemplado en el Derecho de dicha Parte.

ARTÍCULO 21.54

Publicación de las resoluciones judiciales

Cada una de las Partes garantizará que sus autoridades judiciales puedan ordenar la publicación de

la resolución en casos de infracción de un derecho de propiedad intelectual, a menos que ello no sea

proporcional a la gravedad de la infracción.

ARTÍCULO 21.55

Presunción de autoría o propiedad

Cada una de las Partes, al menos en las medidas provisionales solicitadas en procedimientos civiles

relativos a los derechos de autor y derechos conexos, establecerá la presunción de que, salvo prueba

en contrario, la persona o entidad cuyo nombre se indique como autor o titular del derecho conexo

de la obra o del trabajo de forma habitual es el titular designado del derecho de dicha obra o dicho

trabajo.

& /es 431

ARTÍCULO 21.56

Sensibilización pública

Las Partes adoptarán las medidas necesarias para sensibilizar a la opinión pública sobre la

protección de la propiedad intelectual, incluidos los proyectos educativos y de difusión sobre el uso

de los derechos de propiedad intelectual, así como sobre su observancia.

SUBSECCIÓN 2

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TRANSFRONTERIZO

ARTÍCULO 21.57

Coherencia con el GATT y el Acuerdo sobre los ADPIC

A la hora de implementar medidas fronterizas para garantizar la observancia por parte de sus

autoridades aduaneras de los derechos de propiedad intelectual, estén o no contemplados en el

presente capítulo, cada una de las Partes garantizará la coherencia con sus obligaciones en virtud del

GATT y del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular con el artículo V del GATT y con el

artículo 41 y la sección 4 de la parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.

& /es 432

ARTÍCULO 21.58

Medidas en frontera

1. Con respecto a las mercancías bajo control aduanero, cada una de las Partes adoptará o

mantendrá procedimientos con arreglo a los cuales un titular de derechos podrá presentar solicitudes

en las que pida a las autoridades aduaneras que suspendan el levante o retengan mercancías

sospechosas, como mínimo, de falsificación de marcas, piratería lesiva de derechos de autor y

derechos conexos a escala comercial o que infrinjan indicaciones geográficas (en lo sucesivo,

«mercancías sospechosas»).

2. Las Partes no estarán obligadas a aplicar los procedimientos de la presente subsección a las

mercancías en tránsito.

3. Cada una de las Partes fomentará el uso de sistemas electrónicos para la gestión por parte de

sus autoridades aduaneras de las solicitudes concedidas o registradas.

4. Cada una de las Partes velará por que las autoridades aduaneras informen al solicitante, en

un plazo razonable, de si han concedido o registrado la solicitud.

5. Cada una de las Partes dispondrá que dicha aplicación o registro se aplique a los envíos

múltiples cuando así se permita de conformidad con las disposiciones del Derecho de la Parte.

6. Cada una de las Partes podrá disponer que sus autoridades aduaneras estén facultadas, con

respecto a las mercancías bajo control aduanero, para suspender el levante de las mercancías

sospechosas o retenerlas por iniciativa propia.

7. Cada una de las Partes garantizará que las autoridades aduaneras puedan utilizar análisis de

riesgos para detectar mercancías sospechosas.

& /es 433

8. Cada una de las Partes podrá disponer de procedimientos administrativos o judiciales, de

conformidad con el Derecho de la Parte, que permitan la destrucción de mercancías sospechosas, si

los interesados aceptan o no se oponen a su destrucción. Si no se destruyen dichas mercancías, cada

Parte se asegurará de que se aparten de los canales comerciales de manera que se evite cualquier

perjuicio para el titular de los derechos.

9. Las Partes no estarán obligadas a aplicar el presente artículo a las importaciones de

mercancías comercializadas en otro país por los titulares del derecho o con su consentimiento. Una

Parte podrá excluir de la aplicación del presente artículo las mercancías sin carácter comercial que

vayan dentro del equipaje personal de los viajeros.

10. Cada una de las Partes garantizará que las autoridades aduaneras de cada Parte mantengan

un diálogo regular y promuevan la cooperación con las partes interesadas pertinentes y con otras

autoridades responsables de la observancia de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere

el apartado 1.

11. Las Partes cooperarán con respecto al comercio internacional de mercancías sospechosas y,

en particular, compartirán información sobre dicho comercio.

12. Sin perjuicio de otras formas de cooperación, el anexo 12-A se aplicará a las infracciones de

la legislación sobre derechos de propiedad intelectual cuya aplicación sea competencia de las

autoridades aduaneras de conformidad con el presente artículo.

& /es 434

SECCIÓN D

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 21.59

Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual

1. El Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual, creado en virtud del artículo 9.9,

apartado 4, tendrá las siguientes funciones, además de las que figuran en los artículos 2.4, 9.9 y

21.39:

a) intercambiar información:

i) sobre el marco jurídico relativo a los derechos de propiedad intelectual y las normas

pertinentes de protección y la observancia; y

ii) relacionadas con el dominio público en los territorios de las Partes; y

b) intercambiar experiencias sobre:

i) avances legislativos;

ii) la observancia de los derechos de propiedad intelectual; y

iii) observancia a nivel central y subcentral por parte de las autoridades aduaneras,

policiales, administrativas y judiciales.

& /es 435

ARTÍCULO 21.60

Cooperación

1. Con el fin de facilitar la implementación del presente capítulo, las Partes cooperarán:

a) en el seno del Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual;

b) en foros internacionales;

c) a través de diversas agencias; o

d) por otros medios que se consideren apropiados.

2. Los ámbitos de cooperación incluyen las siguientes actividades:

a) coordinación para impedir las exportaciones de mercancías falsificadas, incluso con otros

países;

b) asistencia técnica, desarrollo de capacidades, intercambio y formación del personal;

c) protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual y difusión de información

al respecto entre los círculos empresariales y la sociedad civil, entre otros;

d) fomento de la sensibilización pública y de los titulares de derechos, y mejora de la

cooperación institucional, en especial entre las oficinas de propiedad intelectual;

& /es 436

e) fomento activo de la concienciación y educación del público en general sobre las políticas

relativas a los derechos de propiedad intelectual;

f) colaboración con las pymes, también en actos o reuniones centrados en ellas, en relación con

el uso, la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual;

g) aplicación del CDB y de los instrumentos conexos, así como de los marcos nacionales sobre

el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos, innovaciones y prácticas

tradicionales asociados; y

h) facilitación de iniciativas voluntarias de las partes interesadas para reducir la vulneración de

los derechos de propiedad intelectual, también a través de Internet y en otros mercados.

CAPÍTULO 22

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

ARTÍCULO 22.1

Principios generales

1. Las Partes reconocen que las pymes contribuyen significativamente al comercio, el

crecimiento económico, el empleo y la innovación. Las Partes afirman su intención de apoyar el

crecimiento y el desarrollo de las pymes mejorando su capacidad para participar en las

oportunidades creadas por el presente Acuerdo y beneficiarse de ellas.

& /es 437

2. Las Partes reconocen la importancia de reducir los obstáculos no arancelarios que suponen

una carga desproporcionada para las pymes. También reconocen que, además de las disposiciones

del presente capítulo, existen otras disposiciones del presente Acuerdo que tratan de mejorar la

cooperación entre las Partes sobre cuestiones de interés para las pymes o que, de otro modo, pueden

resultar especialmente beneficiosas para las pymes.

ARTÍCULO 22.2

Intercambio de información

1. Cada Parte creará o mantendrá su propio sitio web de acceso público que contenga

información relativa a la presente parte del Acuerdo e incluya:

a) el texto de la presente parte del Acuerdo, incluidos todos los anexos, las listas arancelarias y

las normas de origen específicas por productos;

b) un resumen de la presente parte del Acuerdo; y

c) información concebida para las pymes, que contenga:

i) una descripción de las disposiciones de la presente parte del Acuerdo que la Parte

considere pertinente para las pymes; y

ii) cualquier información adicional que la Parte considere de utilidad para las pymes que

estén interesadas en beneficiarse de las oportunidades que establece la presente parte del

Acuerdo.

& /es 438

2. En el sitio web al que se refiere el apartado 1, cada Parte incluirá enlaces a:

a) el sitio web equivalente de la otra Parte;

b) los sitios web de sus propias autoridades gubernamentales y de otras entidades apropiadas que

la Parte considere que podrían proporcionar información útil a las personas interesadas en

comerciar, invertir o hacer negocios en el territorio de esa Parte, incluida la información

disponible relacionada con lo siguiente:

i) los tipos de derechos de aduana y contingentes arancelarios preferenciales y de nación

más favorecida, las normas de origen y las tasas aduaneras u otras tasas impuestas en la

frontera;

ii) los reglamentos y procedimientos aduaneros para la importación, la exportación y el

tránsito, así como otros formularios y documentos requeridos;

iii) los reglamentos y procedimientos relativos a los derechos de propiedad intelectual;

iv) los reglamentos técnicos, incluidos, en su caso, los procedimientos obligatorios de

evaluación de la conformidad;

v) los enlaces a las listas de organismos de evaluación de la conformidad, tal como se

establece en el capítulo 13;

vi) las medidas sanitarias y fitosanitarias relativas a la importación y la exportación, tal

como se establece en el capítulo 14;

vii) la contratación pública, las normas de transparencia y la publicación de anuncios de

contratación, así como otras disposiciones pertinentes contenidas en el capítulo 20;

& /es 439

viii) los procedimientos de registro de empresas; y

ix) cualquier otra información que los coordinadores de pymes acuerden que puede resultar

de utilidad a las pymes;

c) una base de datos que pueda consultarse electrónicamente por código de la nomenclatura

arancelaria y que incluya la información a que se refiere la letra b), inciso i), así como la

siguiente información:

i) los impuestos especiales;

ii) impuestos (impuesto sobre el valor añadido o impuesto sobre las ventas);

iii) otras medidas arancelarias;

iv) el aplazamiento u otros tipos de ayuda que den lugar a la reducción, devolución o

dispensa de derechos de aduana;

v) los criterios utilizados para determinar el valor en aduana de las mercancías;

vi) si procede, los requisitos de marcado del país de origen, incluida la colocación y el

método de marcado;

vii) la información necesaria para los procedimientos de importación; y

viii) la información relacionada con medidas no arancelarias.

& /es 440

3. Cada Estado del MERCOSUR signatario hará todo lo posible por garantizar que, a más

tardar 3 (tres) años después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, estén implantados los sitios

web y la base de datos a que se refieren los apartados 1 y 2, con toda la información posible sobre el

acceso a sus mercados.

4. Cada una de las Partes actualizará, periódicamente o a petición de la otra Parte, la

información y los enlaces a que se refieren los apartados 1 y 2.

5. Cada una de las Partes garantizará que la información establecida en el presente artículo se

presente de forma que sea fácil de usar para las pymes. Cada una de las Partes procurará, si es

posible, hacer que la información esté disponible en inglés.

6. Las Partes no aplicará ninguna tasa por el acceso a la información facilitada de conformidad

con los apartados 1 y 2 a ninguna persona de una Parte.

ARTÍCULO 22.3

Coordinadores de pymes

1. Cada Parte comunicará a la otra Parte, a través de los coordinadores de pymes, su

coordinador de pymes responsable de desempeñar las funciones enumeradas en el presente artículo,

así como cualquier cambio en los datos de contacto de su coordinador de pymes. Los coordinadores

de pymes:

a) elaborarán un plan de trabajo para llevar a cabo las tareas a que se refiere el presente artículo;

& /es 441

b) llevarán a cabo su trabajo a través de los canales de comunicación acordados por los

coordinadores de pymes, que pueden incluir el correo electrónico, la reunión presencial, la

reunión o la comunicación por conferencia telefónica o videoconferencia o la comunicación

por otros medios; y

c) informarán periódicamente sobre sus actividades al Comité Conjunto en su configuración de

comercio para su análisis.

2. Las tareas de los coordinadores de pymes serán las siguientes:

a) velar por que se tengan en cuenta las necesidades de las pymes en la aplicación de la presente

parte del Acuerdo;

b) supervisar la aplicación del artículo 22.2, con el fin de garantizar que se mantenga actualizado

y pertinente para las pymes;

c) recomendar información adicional que pueda incluirse en los sitios web de las Partes a que se

refiere el artículo 22.2;

d) cooperar e intercambiar información para que las pymes de la Unión Europea y del

MERCOSUR aprovechen las nuevas oportunidades que ofrece la presente parte del Acuerdo

para aumentar el comercio y la inversión;

e) tratar cualquier asunto pertinente para las pymes en relación con la implementación de la

presente parte del Acuerdo;

f) participar, si procede, en el trabajo de los subcomités establecidos de conformidad con el

artículo 9.9, cuando dichos subcomités consideren cuestiones de interés para las pymes;

& /es 442

g) intercambiar información para asistir al Comité Conjunto en su configuración de comercio en

el seguimiento y la aplicación de la presente parte del Acuerdo en lo que se refiere a las

pymes; y

h) estudiar cualquier otra cuestión que surja en virtud de la presente parte del Acuerdo relativa a

las pymes.

3. Los coordinadores de pymes podrán cooperar con expertos y organizaciones externas, según

proceda, para desarrollar sus actividades.

ARTÍCULO 22.4

No aplicación de la solución de diferencias

Ninguna de las Partes podrá recurrir a la solución de diferencias con arreglo al capítulo 29 por

asunto alguno que surja en el marco del presente capítulo.

& /es 443

CAPÍTULO 23

COMPETENCIA

ARTÍCULO 23.1

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

a) «prácticas anticompetitivas»: cualquier conducta o acto definido con arreglo a la legislación

en materia de competencia de una Parte que esté sujeto a la imposición de sanciones;

b) «autoridades de competencia»:

i) en el caso de la Unión Europea, la Comisión Europea; y

ii) en el caso del MERCOSUR, las autoridades competentes de cada uno de los Estados del

MERCOSUR signatarios;

& /es 444

c) «legislación en materia de competencia»:

i) en el caso de la Unión, los artículos 101, 102 y 106 del Tratado de Funcionamiento de la

Unión Europea; el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004,

sobre el control de las concentraciones entre empresas **[1]** ; y los reglamentos de ejecución **[2]**

relativos a dichos artículos y dicho Reglamento; y

ii) en el caso del MERCOSUR, la legislación en materia de competencia de cada uno de

los Estados del MERCOSUR signatarios y los respectivos reglamentos de ejecución;

d) «concentraciones entre empresas»: cualquier transacción o acto tal como se defina en la

legislación en materia de competencia de una Parte; y

e) «medidas de ejecución»: cualquier aplicación de la legislación en materia de competencia en

una investigación o un procedimiento efectuados por las autoridades de competencia de una

de las Partes.

**1** DO CE L 24 de 29.1.2004, p. 1.
**2** Para mayor seguridad, la legislación en materia de competencia de la Unión Europea se aplica
al sector agrícola de acuerdo con el Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE)
n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347
de 20.12.2013, p. 671).

& /es 445

ARTÍCULO 23.2

Principios

1. Las Partes reconocen la importancia de la competencia libre y no falseada en sus relaciones

comerciales. Las Partes son conscientes de que las prácticas anticompetitivas, así como las

concentraciones entre empresas que impidan significativamente una competencia efectiva, pueden

afectar al correcto funcionamiento de los mercados y a los beneficios de la liberalización del

comercio.

2. Serán incompatibles con la presente parte del Acuerdo, en la medida en que puedan afectar

al comercio entre las Partes:

a) los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas

concertadas entre empresas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la

competencia **[1]**, de acuerdo con la legislación respectiva en materia de competencia de cada

Parte;

b) todo abuso por parte de una o más empresas de una posición dominante, tal como se define en

la legislación respectiva en materia de competencia de cada Parte; y

c) concentraciones entre empresas que impidan significativamente una competencia efectiva, tal

como se defina en la legislación respectiva en materia de competencia de cada Parte.

**1** Para mayor seguridad, este punto no se interpretará en el sentido de que limita el alcance del
análisis que debe llevarse a cabo en el caso de los acuerdos entre empresas, las decisiones de
asociaciones de empresas y las prácticas concertadas entre empresas con arreglo a la
legislación respectiva en materia de competencia de cada Parte.

& /es 446

3. Las Partes reconocen la importancia de aplicar la legislación en materia de competencia de

manera transparente, oportuna y no discriminatoria, respetando los principios de equidad

procedimental con respecto a todas las partes interesadas, incluidos los derechos de defensa de las

partes investigadas.

ARTÍCULO 23.3

Implementación

1. Cada una de las Partes adoptará o mantendrá en vigor una legislación global en materia de

competencia que aborde eficazmente las prácticas anticompetitivas y las concentraciones entre

empresas a que se refiere el artículo 23.2, apartado 2, y respete los principios establecidos en el

artículo 23.2, apartado 3. Cada una de las Partes establecerá o mantendrá autoridades de

competencia designadas y adecuadamente equipadas para la implementación transparente y efectiva

de su legislación en materia de competencia.

2. Las autoridades de competencia de cada Parte designarán un centro de coordinación y se lo

comunicarán mutuamente. Los centros de coordinación podrán comunicar e intercambiar

información sobre la aplicación de los artículos 23.5, 23.6 y 23.7.

ARTÍCULO 23.4

Empresas públicas y empresas con privilegios exclusivos o especiales

1. Ninguna disposición del presente capítulo impedirá a una Parte designar o mantener

empresas estatales, empresas con privilegios exclusivos o especiales o monopolios con arreglo a su

Derecho respectivo.

& /es 447

2. Las entidades a que se refiere el apartado 1 estarán sujetas a la legislación en materia de

competencia, a condición de que la aplicación de dicha legislación no impida el cumplimiento, de

hecho o de derecho, de las tareas específicas de interés público que les haya asignado una Parte.

ARTÍCULO 23.5

Intercambio de información no confidencial y cooperación en materia de ejecución

1. Con el fin de facilitar la aplicación efectiva de la legislación en materia de competencia de

cada Parte, las autoridades de competencia podrán intercambiar información no confidencial.

2. La autoridad de competencia de una Parte podrá solicitar a la autoridad de competencia de la

otra Parte que coopere con respecto a las medidas de ejecución. Esta cooperación no impedirá que

las Partes tomen decisiones autónomas.

3. Una Parte no estará obligada a comunicar información a la otra Parte en virtud del presente

artículo. No obstante la frase anterior, si una Parte facilita información a la otra Parte en virtud del

presente artículo, podrá exigir que dicha información se utilice con arreglo a las condiciones que

especifique.

& /es 448

ARTÍCULO 23.6

Consultas

1. Una autoridad de competencia de una Parte podrá solicitar consultas con una autoridad de

competencia de la otra Parte si considera que sus intereses se ven afectados de forma sustancial y

adversa por:

a) prácticas anticompetitivas que sean o hayan sido cometidas por una o más empresas situadas

en el territorio de la otra Parte;

b) concentraciones entre empresas a que se refiere el artículo 23.2, apartado 2; o

c) las medidas de ejecución de la autoridad de competencia de la otra Parte.

2. El inicio de las consultas a que se refiere el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de

cualquier medida adoptada por una autoridad de competencia de una Parte en virtud de su

legislación en materia de competencia o de la autonomía de su toma de decisiones.

3. Las autoridades de competencia consultadas con arreglo al apartado 1 podrán adoptar las

medidas correctoras que considere oportunas, compatibles con sus disposiciones legislativas y

reglamentarias y sin perjuicio de su facultad discrecional para hacer cumplir la legislación en

materia de competencia.

& /es 449

ARTÍCULO 23.7

No aplicación de la solución de diferencias

Ninguna de las Partes podrá recurrir a la solución de diferencias con arreglo al capítulo 29 por

asunto alguno que surja en el marco del presente capítulo.

CAPÍTULO 24

SUBVENCIONES

ARTÍCULO 24.1

Principios

Cada Parte podrá conceder subvenciones si son necesarias para alcanzar un objetivo de política

pública. No obstante, las Partes son conscientes de que determinadas subvenciones pueden

distorsionar el correcto funcionamiento de los mercados y mermar los beneficios de la

liberalización del comercio.

& /es 450

ARTÍCULO 24.2

Cooperación

1. Las Partes reconocen la necesidad de cooperar, tanto a nivel multilateral como regional,

para:

a) buscar formas eficaces de coordinar sus posiciones y propuestas relativas a subvenciones en el

marco de la OMC;

b) explorar formas de mejorar la transparencia en relación con las subvenciones; y

c) intercambiar información sobre el funcionamiento de sus sistemas de control de las

subvenciones.

2. El Consejo Conjunto en su configuración de comercio podrá estudiar formas de mejorar la

comprensión de las Partes del impacto de las subvenciones en el comercio.

3. Las Partes revisarán el funcionamiento de su cooperación a más tardar 3 (tres) años después

de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y, posteriormente, a intervalos regulares. Las

Partes se consultarán mutuamente sobre la manera de mejorar su cooperación, a la luz de la

experiencia adquirida y de cualquier iniciativa sobre normas en materia de subvenciones

desarrolladas en el contexto de la OMC.

4. Los detalles de dicha cooperación podrán establecerse en un acuerdo administrativo.

& /es 451

CAPÍTULO 25

EMPRESAS PÚBLICAS,

EMPRESAS CON PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS O ESPECIALES

ARTÍCULO 25.1

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se aplicarán las definiciones siguientes:

a) «actividades comerciales»: actividades realizadas por una empresa, con la finalidad de

obtener beneficios, cuyo resultado final sea la producción de una mercancía o el suministro de

un servicio que se venderán en el correspondiente mercado en cantidades y a precios

determinados por la empresa **[1]** ;

b) «consideraciones comerciales»: el precio, la calidad, la disponibilidad, la comerciabilidad, el

transporte y los demás términos y condiciones de compra o venta; o los otros factores que se

tendrían normalmente en cuenta en las decisiones comerciales de una empresa privada que

opere con arreglo a los principios de la economía de mercado en la actividad o el sector

correspondientes;

c) «empresa con privilegios exclusivos especiales»: toda empresa pública o privada, también una

filial, a la que una Parte haya concedido, de hecho o de derecho, privilegios exclusivos o

especiales;

**1** Para mayor seguridad, se excluyen las actividades realizadas por una empresa que opere: a)
sin ánimo de lucro; o b) con intención de cubrir costes.

& /es 452

d) «privilegios exclusivos o especiales»: derechos o privilegios, concedidos por una Parte a una

única empresa o a un número limitado de empresas autorizadas a suministrar una mercancía o

un servicio, que no se conceden con arreglo a criterios objetivos, proporcionales y no

discriminatorios, teniendo en cuenta la normativa sectorial específica en virtud de la cual se

ha concedido el derecho o privilegio, afectando así sustancialmente a la capacidad de

cualquier otra empresa para suministrar la misma mercancía o servicio en la misma zona

geográfica en condiciones sustancialmente equivalentes **[1]** ;

e) «servicio suministrado en el ejercicio de facultades gubernamentales»: servicio suministrado

en ejercicio de facultades gubernamentales tal como se define en el artículo I, apartado 3, letra

c), del AGCS y, si procede, en el artículo 1, letras b), c) y d), del Anexo sobre Servicios

Financieros del AGCS; y

f) «empresa pública»: toda empresa que sea propiedad de una Parte o esté controlada por ella **[2]** .

**1** Para mayor seguridad, la concesión de una licencia a un número limitado de empresas para
asignar un recurso escaso mediante criterios objetivos, proporcionales y no discriminatorios
no es por sí misma un privilegio exclusivo ni especial.
**2** A efectos de la presente definición, «ser propiedad» y «estar controlada» se refiere a las
situaciones en las que una Parte posee más del 50 % del capital social o controla el ejercicio
de más del 50 % de los derechos de voto, o ejerce de otro modo un grado equivalente de
control sobre la empresa con arreglo a las normas de gobernanza de dicha empresa.

& /es 453

ARTÍCULO 25.2

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplica a las empresas públicas y a las empresas dedicadas a

actividades comerciales a las que una Parte haya concedido, de hecho o de derecho, privilegios

exclusivos o especiales. Si una empresa combina actividades comerciales y no comerciales, solo

estarán cubiertas por el presente capítulo sus actividades comerciales.

2. El presente capítulo no se aplicará a la contratación de mercancías o servicios adquiridos por

una Parte con fines oficiales y no destinados a la reventa comercial ni a su utilización en la

producción o el suministro de mercancías o servicios para la venta comercial, independientemente

de si dicha contratación constituye una «contratación pública cubierta» en el sentido del

artículo 20.3.

3. El presente capítulo no es aplicable a los servicios suministrados en ejercicio de facultades

gubernamentales.

4. El presente capítulo no será aplicable a las empresas públicas o las empresas con privilegios

exclusivos o especiales si, en cualquiera de los 3 (tres) ejercicios fiscales consecutivos anteriores,

los ingresos anuales procedentes de las actividades comerciales contempladas en el presente

capítulo de la empresa en cuestión fueron inferiores a 200 (doscientos) millones de derechos

especiales de giro.

5. El presente capítulo no se aplicará a las actividades comerciales de las empresas públicas y

empresas con privilegios exclusivos o especiales con respecto a sectores o subsectores para los que

no se hayan contraído compromisos específicos con arreglo a los apéndices 25-A-1 y 25-A-2, ni a

sectores o subsectores para los que se efectúen compromisos específicos sujetos a limitaciones de

conformidad con los apéndices 25-A-1 y 25-A-2, en la medida de dichas limitaciones y con

sujeción a las condiciones establecidas en ellos.

& /es 454

6. El presente capítulo no se aplicará a las empresas públicas del sector de la defensa.

7. El presente capítulo no se aplicará a las empresas públicas ni a las empresas con privilegios

exclusivos o especiales a que se refieren los apéndices 25-A-1 y 25-A-2. El artículo 25.4 no se

aplicará a las empresas públicas que figuran en el apéndice 25-A-1.

ARTÍCULO 25.3

Disposiciones generales

1. Cada una de las Partes afirma sus derechos y obligaciones en virtud del artículo XVII del

GATT de 1994, el Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII del GATT de 1994,

y el artículo VIII del AGCS.

2. Ninguna disposición del presente capítulo impide a las Partes establecer o mantener

empresas públicas, designar o mantener monopolios o conceder privilegios exclusivos o especiales

a empresas.

& /es 455

ARTÍCULO 25.4

Consideraciones comerciales

1. Cada una de las Partes garantizará que sus empresas públicas y empresas con privilegios

exclusivos o especiales, cuando participen en actividades comerciales en el territorio de una Parte,

actúen con arreglo a consideraciones comerciales en sus compras o ventas de mercancías o

servicios, excepto para cumplir su mandato o finalidad públicos **[1]** según lo dispuesto en el Derecho

de una Parte.

2. El apartado 1 no impide que estas empresas:

a) adquieran o suministren mercancías o servicios en condiciones diferentes, incluidas las

referentes al precio, si dichas condiciones diferentes son acordes con consideraciones

comerciales; o

b) se nieguen a comprar o a suministrar mercancías o servicios, si esa negativa es acorde con

consideraciones comerciales.

**1** Para mayor seguridad, el concepto de «mandato o finalidad públicos» incluye, entre otras
cosas, las actividades de los bancos nacionales en relación con la compra de mercancías y
servicios con arreglo a la legislación federal en materia de contratación pública, y las políticas
de préstamo en apoyo de viviendas asequibles, exportaciones o importaciones,
microempresas, pequeñas y medianas empresas y agricultores, o cualquier tarea asignada por
una Parte a sus empresas públicas y empresas a las que una Parte haya concedido privilegios
exclusivos o especiales. El concepto de «mandato o finalidad públicos» incluye también las
actividades realizadas por una entidad o fideicomiso público en relación con la seguridad
social o los planes públicos de jubilación.

& /es 456

ARTÍCULO 25.5

Transparencia

1. Una Parte que tenga motivos para creer que sus intereses se están viendo perjudicados por

las actividades comerciales de una empresa pública o de una empresa con privilegios exclusivos o

especiales de la otra Parte podrá solicitar a la otra Parte que facilite información por escrito sobre

las actividades comerciales de dicha empresa que estén sujetas a las disposiciones del presente

capítulo. La Parte requerida facilitará, en la medida de lo posible, una respuesta oportuna.

2. Las solicitudes de información a que se refiere el apartado 1 indicarán la empresa, las

mercancías, los servicios y los mercados de que se trate e indicarán los intereses en virtud del

presente capítulo que la Parte solicitante considere perjudicados.

ARTÍCULO 25.6

Cooperación

Las Partes cooperarán:

a) estudiando la posibilidad de contraer compromisos adicionales sobre las empresas públicas y

empresas con privilegios exclusivos o especiales; y

b) intercambiando experiencias en el desarrollo de mejores prácticas en materia de gobernanza

empresarial de las empresas públicas.

& /es 457

ARTÍCULO 25.7

Modificación del anexo 25-A

El anexo 25-A estará sujeto a revisión por el Consejo Conjunto en su configuración de comercio 5

(cinco) años después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, con vistas a estudiar la

posibilidad de contraer compromisos adicionales. El Consejo Conjunto en su configuración de

comercio podrá adoptar una decisión para modificar el anexo 25-A según proceda.

CAPÍTULO 26

COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ARTÍCULO 26.1

Objetivos y ámbito de aplicación

1. El objetivo del presente capítulo es mejorar la integración del desarrollo sostenible en las

relaciones comerciales y de inversión entre las Partes, en particular mediante el establecimiento de

principios y acciones relativos a los aspectos laborales **[1]** y medioambientales del desarrollo

sostenible de especial importancia en el contexto del comercio y la inversión.

**1** A efectos del presente capítulo, se entenderá por «laborales» los objetivos estratégicos de la
Organización Internacional del Trabajo en el marco del Programa de Trabajo Decente, que se
expresan en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa.

& /es 458

2. Las Partes recuerdan el Programa 21 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptado en

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río

de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo de 1992, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y el Plan de

Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, de 2002, la Declaración

Ministerial del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas titulada «Creación de un

entorno a escala nacional e internacional que propicie la generación del empleo pleno y productivo

y el trabajo decente para todos, y sus consecuencias sobre el desarrollo sostenible», de 2006, la

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, y el Documento

final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 titulado «El

futuro que queremos» y los ODS de la Agenda 2030.

3. Las Partes reconocen que la dimensión económica, social y medioambiental del desarrollo

sostenible son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y afirman su compromiso de promover

el desarrollo del comercio internacional de manera que contribuya al objetivo del desarrollo

sostenible, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

4. En consonancia con los instrumentos mencionados en el apartado 2, las Partes promoverán

el desarrollo sostenible mediante:

a) el desarrollo de relaciones comerciales y económicas de manera que contribuya al objetivo de

alcanzar los ODS y apoye sus respectivas normas y objetivos laborales y medioambientales,

en un contexto de relaciones comerciales que sean libres, abiertas, transparentes y respetuosas

de los acuerdos multilaterales en los que sean parte;

b) el respeto de sus compromisos multilaterales en los ámbitos laborales y medioambientales; y

& /es 459

c) la mejora de la cooperación y la comprensión de sus respectivas políticas y medidas laborales

y medioambientales relacionadas con el comercio, teniendo en cuenta las diferentes

realidades, capacidades, necesidades y niveles de desarrollo nacionales, y respetando las

políticas y prioridades nacionales.

5. Reconociendo las diferencias en sus niveles de desarrollo, las Partes convienen en que el

presente capítulo incorpora un enfoque cooperativo basado en valores e intereses comunes.

ARTÍCULO 26.2

Derecho a regular y niveles de protección

1. Las Partes reconocen el derecho de cada una de ellas a determinar sus políticas y prioridades

de desarrollo sostenible, a establecer los niveles internos de protección medioambiental y laboral

que considere adecuados y a adoptar o modificar sus disposiciones legislativas y reglamentarias y

sus políticas. Tales niveles, disposiciones legislativas y reglamentarias y políticas serán compatibles

con el compromiso de las Partes con los acuerdos internacionales y las normas laborales a que se

refieren los artículos 26.4 y 26.5.

2. Cada Parte se esforzará por mejorar sus disposiciones legislativas y reglamentarias y sus

políticas pertinentes a fin de garantizar unos niveles elevados y efectivos de protección

medioambiental y laboral.

3. Ninguna de las Partes deberá debilitar los niveles de protección otorgados en sus

disposiciones legislativas y reglamentarias en materia medioambiental o laboral con la intención de

fomentar el comercio o la inversión.

4. Las Partes no establecerán dispensas ni excepciones, ni ofrecerán establecerán dispensas ni

excepciones, de sus disposiciones legislativas y reglamentarias en materia medioambiental o laboral

con el fin de fomentar el comercio o la inversión.

& /es 460

5. Una Parte no dejará, a través de un curso de acción o inacción sostenida o recurrente, de

aplicar efectivamente sus disposiciones legislativas y reglamentarias en materia medioambiental

o laboral con el objetivo de fomentar el comercio o la inversión.

6. Una Parte no aplicará sus disposiciones legislativas y reglamentarias en materia

medioambiental y laboral de una manera que constituya una restricción encubierta del comercio o

una discriminación injustificable y arbitraria.

ARTÍCULO 26.3

Transparencia

1. Cada Parte velará, de conformidad con el capítulo 27, por que la elaboración, la

promulgación y la aplicación de lo siguiente se lleve a cabo de manera transparente, garantizando la

sensibilización y fomentando la participación del público, de conformidad con sus normas y

procedimientos:

a) las medidas destinadas a proteger el medio ambiente y las condiciones laborales que puedan

afectar al comercio o a la inversión; y

b) las medidas comerciales o de inversión que puedan afectar a la protección del medio ambiente

o a las condiciones laborales.

& /es 461

ARTÍCULO 26.4

Normas y acuerdos multilaterales en materia laboral

1. Las Partes afirman el valor de una mayor coherencia de las medidas en materia de trabajo

decente, que incluya normas laborales básicas y altos niveles de protección laboral, junto con su

aplicación efectiva, y reconocen el papel beneficioso que dichos ámbitos pueden tener sobre la

eficiencia económica, la innovación y la productividad, incluso en los resultados de las

exportaciones. En este contexto, también reconocen la importancia del diálogo social sobre

cuestiones laborales entre los trabajadores, los empresarios, así como entre sus organizaciones

respectivas, y los gobiernos, y se comprometen a fomentar dicho diálogo.

2. Las Partes reafirman su compromiso de promover el desarrollo de su comercio internacional

de forma que propicie el trabajo decente para todos, en particular las mujeres y los jóvenes. En este

contexto, cada Parte reafirma su compromiso de promover y aplicar efectivamente los convenios y

protocolos de la OIT ratificados por los Estados del MERCOSUR signatarios y por los Estados

miembros de la Unión Europea y clasificados como actualizados por la OIT.

3. De conformidad con la Constitución de la OIT y la Declaración de la OIT relativa a los

principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada en Ginebra

el 18 de junio de 1998 (en lo sucesivo, «Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos

fundamentales en el trabajo»), cada una de las Partes respetará, promoverá y aplicará con eficacia

las normas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente, tal como se definen en los

convenios fundamentales de la OIT, que son:

a) la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva;

b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

& /es 462

c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y

d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

4. Cada una de las Partes hará esfuerzos continuados y sostenidos para ratificar los convenios

fundamentales de la OIT, los protocolos y otros convenios pertinentes de la OIT en los que aún no

sea parte y que estén clasificados como actualizados por la OIT. Las Partes intercambiarán

información regularmente sobre sus avances respectivos en este ámbito.

5. Las Partes recuerdan que entre los objetivos de la Agenda 2030 figura la eliminación del

trabajo forzoso, y subrayan la importancia de la ratificación y la aplicación efectiva del Protocolo de

2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso.

6. Las Partes se consultarán y cooperarán, según proceda, sobre cuestiones laborales de interés

común relacionadas con el comercio, incluido en el contexto de la OIT.

7. Recordando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en

el trabajo y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, las

Partes señalan que la vulneración de los principios y derechos fundamentales en el trabajo no podrá

invocarse ni utilizarse de otro modo como ventaja comparativa legítima y que las normas laborales

no deben emplearse con fines de proteccionismo comercial.

& /es 463

8. Las Partes promoverán el trabajo decente, tal como se define en la Declaración de la OIT

sobre la justicia social para una globalización equitativa. Cada Parte prestará especial atención a:

a) el desarrollo y la mejora de medidas para la seguridad y la salud en el trabajo, incluida la

indemnización en caso de lesiones o enfermedades profesionales, tal como se definen en los

convenios de la OIT y otros compromisos internacionales en la materia;

b) unas condiciones laborales decentes para todos en lo que respecta, entre otras cosas, a salarios

y retribuciones, horario laboral y otras condiciones laborales;

c) la inspección laboral, en particular mediante la aplicación efectiva de las normas pertinentes

de la OIT en materia de inspecciones laborales; y

d) la no discriminación en lo relativo a las condiciones laborales, también para los trabajadores

migrantes.

9. Cada una de las Partes garantizará que los procedimientos administrativos y judiciales estén

disponibles y sean accesibles para permitir la adopción de medidas eficaces contra las infracciones

de los derechos laborales a que se refiere el presente capítulo.

& /es 464

ARTÍCULO 26.5

Acuerdos multilaterales sobre medio ambiente

1. Las Partes reconocen que el medio ambiente es una de las tres dimensiones del desarrollo

sostenible (económico, social y medioambiental) y que las tres deben abordarse de manera

equilibrada e integrada. Además, las Partes reconocen la contribución que el comercio puede

aportar al desarrollo sostenible.

2. Las Partes reconocen la importancia de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (en lo sucesivo,

«PNUMA») y de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (en lo sucesivo, «los

AMUMA») como respuesta de la comunidad internacional a los retos medioambientales mundiales

o regionales, y subrayan la necesidad de reforzar el apoyo mutuo entre las políticas comerciales y

medioambientales.

3. Cada una de las Partes afirma su compromiso de promover y aplicar eficazmente los

AMUMA, protocolos y modificaciones de los mismos en los que sea parte.

4. Las Partes intercambiarán con regularidad información sobre sus avances respectivos en lo

que respecta a la ratificación de los AMUMA, incluidos sus protocolos y modificaciones.

5. Las Partes se consultarán y cooperarán, según proceda, sobre cuestiones medioambientales

de interés común relacionadas con el comercio en el contexto de los AMUMA.

6. Las Partes reconocen su derecho a invocar el artículo 28.2 en relación con las medidas

medioambientales.

& /es 465

7. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a una Parte adoptar o mantener medidas

para aplicar los AMUMA en los que sea parte si tales medidas son compatibles con el artículo 26.2,

apartado 6.

ARTÍCULO 26.6

Comercio y cambio climático

1. Las Partes reconocen la importancia de alcanzar el objetivo último de la CMNUCC a fin de

abordar la urgente amenaza del cambio climático, y reconocen el papel del comercio a tal efecto.

2. De conformidad con el apartado 1, cada una de las Partes:

a) aplicará efectivamente la CMNUCC y el Acuerdo de París establecido en virtud de esta; y

b) de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo de París, promoverá la contribución positiva del

comercio a la trayectoria hacia un desarrollo resiliente al cambio climático y con bajas

emisiones de gases de efecto invernadero, y a aumentar la capacidad de adaptación a los

efectos adversos del cambio climático de manera que no se ponga en peligro la producción de

alimentos.

3. Las Partes cooperarán, según proceda, en cuestiones sobre el cambio climático relacionadas

con el comercio a nivel bilateral, regional y en los foros internacionales, en particular en la

CMNUCC.

& /es 466

ARTÍCULO 26.7

Comercio y biodiversidad

1. Las Partes reconocen la importancia de la conservación y el uso sostenible de la diversidad

biológica de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el

5 de junio de 1992, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de

Fauna y Flora Silvestres, firmada en Washington D. C. el 3 de marzo de 1973 (en lo sucesivo,

«CITES»), el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la

Agricultura, y las decisiones adoptadas en virtud del mismo, así como el papel que puede

desempeñar el comercio a la hora de contribuir a los objetivos estos instrumentos.

2. De conformidad con el apartado 1, cada una de las Partes:

a) promoverá el uso de la CITES como instrumento para la conservación y el uso sostenible de

la biodiversidad, en particular mediante la inclusión de especies animales y vegetales en los

apéndices de la CITES cuando el estado de conservación de esas especies se considere en

situación de riesgo debido al comercio internacional;

b) implementará medidas eficaces que conduzcan a una reducción del comercio ilegal de flora y

fauna silvestre, en consonancia con los acuerdos internacionales en los que sea parte;

c) fomentará el comercio de productos basados en recursos naturales obtenidos mediante el uso

sostenible de los recursos biológicos, o que contribuyan a la conservación de la biodiversidad,

de conformidad con sus disposiciones legislativas y reglamentarias; y

& /es 467

d) promoverá la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los

recursos genéticos y, si procede, medidas para el acceso a dichos recursos y el consentimiento

fundamentado previo.

3. Las Partes también intercambiarán información sobre iniciativas y buenas prácticas en

materia de comercio de productos basados en recursos naturales con el objetivo de conservar la

diversidad biológica, y cooperarán, según proceda, a nivel bilateral, regional y en foros

internacionales en las cuestiones contempladas en el presente artículo.

ARTÍCULO 26.8

Comercio y gestión forestal sostenible

1. Las Partes reconocen la importancia de la gestión forestal sostenible y el papel del comercio

en la consecución de dicho objetivo, y de la restauración forestal para la conservación y el uso

sostenible.

2. De conformidad con el apartado 1, cada una de las Partes:

a) fomentará el comercio de productos procedentes de bosques gestionados de forma sostenible

y explotados de conformidad con las disposiciones legislativas y reglamentarias del país de

explotación;

b) promoverá, según proceda y con su consentimiento fundamentado previo, la inclusión de las

comunidades locales forestales y los pueblos indígenas en las cadenas de suministro

sostenibles de madera y productos forestales no madereros, como medio para mejorar sus

medios de subsistencia y promover la conservación y el uso sostenible de los bosques;

c) aplicará medidas para luchar contra la tala ilegal y el comercio conexo;

& /es 468

d) intercambiará información sobre iniciativas relacionadas con el comercio acerca de gestión

forestal sostenible, gobernanza forestal y conservación de la cubierta forestal, y cooperará

para maximizar el impacto y garantizar el apoyo mutuo de sus respectivas políticas de interés

común; y

e) cooperará, según proceda, a nivel bilateral, regional y en los foros internacionales, en

cuestiones relativas al comercio y la conservación de la cubierta forestal, así como a la gestión

forestal sostenible, en consonancia con la Agenda 2030.

ARTÍCULO 26.9

Comercio y gestión sostenible de la pesca y la acuicultura

1. Las Partes reconocen la importancia de conservar y gestionar de forma sostenible los

recursos biológicos marinos y los ecosistemas marinos, así como de promover una acuicultura

responsable y sostenible, y el papel del comercio en la consecución de estos objetivos y su

compromiso común con la consecución del ODS n.º 14 de la Agenda 2030, en particular sus metas

4 y 6.

2. De conformidad con el apartado 1 y de manera compatible con sus compromisos

internacionales, cada Parte:

a) implementará medidas de conservación y gestión a largo plazo y explotación sostenible de los

recursos marinos vivos de conformidad con el Derecho internacional consagrado en la

CNUDM y en otros instrumentos pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricultura (en lo sucesivo, «FAO») de los que sea parte;

& /es 469

b) actuará de conformidad con los principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable

de la FAO, adoptado mediante la Resolución 4/95, de 31 de octubre de 1995 (en lo sucesivo,

«Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO»);

c) participará y cooperará activamente en las organizaciones regionales de ordenación pesquera

y en otros foros internacionales pertinentes de los que sea miembro, observador o parte no

contratante colaboradora, con el fin de lograr una buena gobernanza de la pesca y una pesca

sostenible, en particular mediante el control eficaz, el seguimiento y la ejecución de medidas

de gestión y, en su caso, la aplicación de sistemas de documentación o certificación de las

capturas;

d) implementará, de conformidad con sus compromisos internacionales, medidas globales,

eficaces y transparentes para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y

excluir del comercio internacional los productos que no cumplan dichas medidas, y cooperará

a tal fin, en particular facilitando el intercambio de información;

e) trabajará con vistas a coordinar las medidas necesarias para la conservación y el uso

sostenible de las poblaciones de peces transzonales en las zonas de interés común; y

f) promoverá el desarrollo de una acuicultura sostenible y responsable, teniendo en cuenta sus

aspectos económicos, sociales y medioambientales, incluso con respecto a la aplicación de los

objetivos y principios contenidos en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la

FAO.

& /es 470

ARTÍCULO 26.10

Información científico-técnica

1. A la hora de establecer o implementar medidas destinadas a proteger el medio ambiente

o las condiciones laborales que puedan afectar al comercio o la inversión, cada Parte se asegurará

de que la evidencia técnica y científica en la que se basen procede de órganos científicos y técnicos

reconocidos, y de que las medidas se basan en normas, directrices o recomendaciones

internacionales pertinentes, cuando estas existan.

2. En los casos en los que las pruebas científicas sean insuficientes o no concluyentes y exista

un riesgo de degradación medioambiental grave o un riesgo para la salud y la seguridad en el

trabajo en su territorio, las Partes podrán adoptar medidas basadas en el principio de precaución.

Dichas medidas se basarán en la información pertinente disponible y estarán sujetas a revisión

periódica. La Parte que adopte dichas medidas procurará obtener la información científica nueva o

adicional necesaria para una evaluación más concluyente y revisará dichas medidas según proceda.

3. Si una medida adoptada de conformidad con el apartado 2 tiene un impacto en el comercio o

la inversión, una Parte podrá solicitar a la Parte que adopte la medida que facilite información que

indique que las pruebas científicas o la información son insuficientes o no concluyentes en relación

con el asunto en cuestión y que la medida adoptada es coherente con su propio nivel de protección,

y podrá solicitar que se debata la cuestión en el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible a

que se refiere el artículo 26.14.

4. Las medidas a que se refiere el presente artículo no se aplicarán de manera que constituyan

un medio de discriminación arbitraria o injustificable o una restricción encubierta del comercio

internacional.

& /es 471

ARTÍCULO 26.11

Comercio y gestión responsable de las cadenas de suministro

1. Las Partes reconocen la importancia de una gestión responsable de las cadenas de suministro

mediante prácticas de conducta empresarial responsable y responsabilidad social de las empresas y

las prácticas de responsabilidad social de las empresas basadas en orientaciones internacionales

acordadas.

2. De conformidad con el apartado 1, cada una de las Partes:

a) apoyará la difusión y el uso de los instrumentos internacionales pertinentes que haya

respaldado o apoyado, como la Declaración tripartita de principios sobre las empresas

multinacionales y la política social de la OIT, adoptada en Ginebra en noviembre de 1977, el

Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Principios rectores sobre las empresas y los

derechos humanos de las Naciones Unidas refrendados por el Consejo de Derechos Humanos

en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, y las Líneas Directrices de la OCDE para

Empresas Multinacionales: Recomendaciones para una conducta empresarial responsable en

el contexto global, anejas a la Declaración de la OCDE sobre Inversiones Internacionales y

Empresas Transnacionales, hecha en París el 21 de junio de 1976;

b) promoverá la adopción voluntaria por parte de las empresas de la responsabilidad social de las

empresas o de las prácticas empresariales responsables, de conformidad con las directrices y

principios a que se refiere la letra a); y

c) proporcionarán un marco político de apoyo para la aplicación efectiva de los principios y

directrices a que se refiere la letra a).

& /es 472

3. Las Partes reconocen la utilidad de las directrices internacionales para sectores específicos

en los ámbitos de la responsabilidad social de las empresas y la conducta empresarial responsable y

promoverán un trabajo conjunto a este respecto. Por lo que se refiere a la Guía de diligencia debida

de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de

zonas de conflicto y de alto riesgo y sus suplementos, las Partes que se adhieran a dicha Guía o la

apoyen también promoverán su adopción.

4. Las Partes intercambiarán información y mejores prácticas y, si

procede, cooperarán en las cuestiones contempladas en el presente artículo, también en los foros

regionales e internacionales pertinentes.

ARTÍCULO 26.12

Otras iniciativas en materia de comercio e inversión que favorecen el desarrollo sostenible

1. Las Partes confirman su compromiso de aumentar la contribución del comercio y la

inversión a la consecución del objetivo de desarrollo sostenible en sus dimensiones económica,

social y medioambiental.

2. De conformidad con el apartado 1, cada una de las Partes:

a) promoverá los objetivos del Programa de Trabajo Decente, de conformidad con la

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, en particular

un salario mínimo vital, la protección social inclusiva, la salud y seguridad en el trabajo y

otros aspectos relacionados con las condiciones laborales;

& /es 473

b) fomentará el comercio y la inversión en mercancías y servicios, así como el intercambio

voluntario de prácticas y tecnologías que contribuyan a mejorar las condiciones sociales y

medioambientales, incluidas las de especial importancia para la mitigación del cambio

climático y la adaptación al mismo, de manera coherente con la presente parte del Acuerdo; y

c) cooperarán, según proceda, a escala bilateral, regional y en los foros internacionales en las

cuestiones contempladas en el presente artículo.

ARTÍCULO 26.13

Cooperación en materia de comercio y desarrollo sostenible

1. Las Partes reconocen la importancia de trabajar juntas para alcanzar los objetivos del

presente capítulo. Pueden trabajar juntas, entre otras cosas, en:

a) los aspectos laborales y medioambientales del comercio y el desarrollo sostenible en los foros

internacionales, incluidos, en particular, la OMC, la OIT, el PNUMA, la UNCTAD, el Foro

Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y los AMUMA;

b) el impacto de la legislación y las normas laborales y medioambientales en el comercio y la

inversión;

c) el impacto de la legislación sobre comercio e inversión en el trabajo y el medio ambiente; y

d) los regímenes voluntarios de garantía de la sostenibilidad, como los regímenes de comercio

justo y ético y etiquetas ecológicas, mediante el intercambio de experiencias e información

sobre dichos regímenes.

& /es 474

2. A fin de alcanzar los objetivos del presente capítulo, las Partes también podrán colaborar en

los aspectos relacionados con el comercio de:

a) la aplicación de los Convenios fundamentales, prioritarios y otros Convenios actualizados de

la OIT;

b) el Programa de Trabajo Decente de la OIT, incluidas las interrelaciones entre el comercio y el

empleo pleno y productivo, el ajuste del mercado laboral, las normas fundamentales del

trabajo, el trabajo digno en las cadenas mundiales de suministro, la protección social y la

inclusión social, el diálogo social, el desarrollo de las capacidades y la igualdad de género;

c) la aplicación de los AMUMA y el apoyo mutuo a la participación en ellos;

d) el régimen dinámico internacional del cambio climático en el marco de la CMNUCC, en

particular la aplicación del Acuerdo de París;

e) el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, hecho en

Montreal el 16 de septiembre de 1987, y cualquier enmienda del mismo ratificada por las

Partes, en particular las medidas para controlar la producción, el consumo y el comercio de

sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) e hidrofluorocarburos (HFC), y la promoción

de alternativas respetuosas con el medio ambiente, así como medidas para hacer frente al

comercio ilegal de sustancias reguladas por dicho Protocolo;

f) la responsabilidad social de las empresas, la conducta empresarial responsable, la gestión

responsable de las cadenas de suministro mundiales y la rendición de cuentas, en particular en

lo relativo a la aplicación, el seguimiento y la difusión de los instrumentos internacionales

pertinentes;

g) la buena gestión de los productos químicos y los residuos;

& /es 475

h) la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, y la distribución justa y

equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, también

mediante un acceso adecuado a dichos recursos, tal como se contempla en el artículo 26.7;

i) luchar contra el tráfico de especies silvestres, a que se refiere el artículo 26.7;

j) la promoción de la conservación y la gestión sostenible de los bosques con vistas a reducir la

deforestación y la tala ilegal, a que se refiere el artículo 26.8;

k) iniciativas públicas y privadas que contribuyan al objetivo de detener la deforestación,

incluidas las que vinculan la producción y el consumo a través de las cadenas de suministro,

en consonancia con los ODS 12 y 15 de la Agenda 2030;

l) la promoción de prácticas pesqueras sostenibles y el comercio de productos pesqueros

gestionados de manera sostenible, a que se refiere el artículo 26.9; y

m) iniciativas de consumo y producción sostenibles coherentes con el ODS n.º 12 de la Agenda

2030, incluidas, entre otras, la economía circular y otros modelos económicos sostenibles

destinados a aumentar la eficiencia de los recursos y reducir la generación de residuos.

& /es 476

ARTÍCULO 26.14

Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible y puntos de contacto

1. El Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible, creado en virtud del artículo 9.9,

apartado 4, tendrá las siguientes funciones, además de las que figuran en los artículos 2.4 y 9.9:

a) facilitar y supervisar las actividades de cooperación emprendidas en virtud del presente

capítulo;

b) llevar a cabo las tareas mencionadas en los artículos 26.16 a 26.18; y

c) llevar a cabo el trabajo interno preparatorio necesario para el Comité Conjunto en su

configuración de comercio, también en lo que respecta a los temas de debate con los grupos

consultivos internos a que se refiere el artículo 2.7.

2. El Subcomité publicará un informe después de cada una de sus reuniones.

3. Cada una de las Partes designará un punto de contacto dentro de su administración para

facilitar la comunicación y la coordinación entre las Partes sobre cualquier asunto relacionado con

la aplicación del presente capítulo.

ARTÍCULO 26.15

Solución de diferencias

1. Las Partes harán todos los esfuerzos necesarios para resolver cualquier desacuerdo sobre la

interpretación o la aplicación del presente capítulo mediante el diálogo, las consultas, el intercambio

de información y la cooperación.

& /es 477

2. Cualquier plazo establecido en los artículos 26.16 y 26.17 podrá ser ampliado por acuerdo

mutuo de las Partes.

3. Todos los plazos establecidos en el presente capítulo se contarán en días naturales a partir

del día siguiente al acto o hecho al que se refieran.

4. A efectos del presente capítulo, las Partes en una diferencia con arreglo al presente capítulo

serán las establecidas en el artículo 29.3.

5. Ninguna de las Partes podrá recurrir a la solución de diferencias con arreglo al capítulo 29

por asunto alguno que surja en el marco del presente capítulo.

ARTÍCULO 26.16

Consultas

1. Una Parte podrá solicitar consultas con la otra Parte respecto a la interpretación o aplicación

del presente capítulo mediante la entrega de una solicitud por escrito al punto de contacto de la otra

Parte designado de conformidad con el artículo 26.14, apartado 3. La solicitud presentará

claramente el asunto en cuestión y proporcionará un breve resumen de las alegaciones basadas en el

presente capítulo, incluida la indicación de las disposiciones pertinentes de la misma y una

explicación de cómo afecta a los objetivos del presente capítulo, así como cualquier otra

información que la Parte considere pertinente. Las consultas comenzarán inmediatamente después

de que una Parte entregue una solicitud de consultas y, en cualquier caso, a más tardar 30 (treinta)

días después de la fecha de recepción de la solicitud.

& /es 478

2. Las consultas se celebrarán presencialmente o, si las Partes así lo acuerdan, por

videoconferencia u otros medios electrónicos. Si las consultas tienen lugar presencialmente, se

celebrarán en el territorio de la Parte a la que se le hace la solicitud, a menos que las Partes

acuerden otra cosa.

3. Las Partes celebrarán las consultas con el fin de llegar a una solución de la cuestión que sea

satisfactoria para ambas Partes. En los asuntos relacionados con los acuerdos multilaterales

mencionados en el presente capítulo, las Partes tendrán en cuenta la información de la OIT o de las

organizaciones u organismos pertinentes responsables de los AMUMA ratificados por ambas

Partes, con el fin de promover la coherencia entre el trabajo de las Partes y dichas organizaciones.

Si procede, las Partes podrán acordar buscar el asesoramiento de esas organizaciones u organismos,

o de cualquier otro experto u órgano que consideren apropiado.

4. Si una Parte considera que el asunto debe seguir debatiéndose, podrá solicitar por escrito

que se convoque el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible y notificar la solicitud al punto

de contacto designado de conformidad con el artículo 26.14, apartado 3. Dicha solicitud no podrá

presentarse antes de 60 (sesenta) días a partir de la fecha de recepción de la solicitud con arreglo al

apartado 1. El Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible se reunirá con prontitud y procurará

alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes.

5. El Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible tendrá en cuenta cualquier opinión sobre

el asunto facilitada por los grupos consultivos internos a que se refiere el artículo 2.7, así como

cualquier asesoramiento especializado.

6. Toda resolución a que lleguen las Partes se pondrá a disposición pública.

& /es 479

ARTÍCULO 26.17

Grupo de expertos

1. Si, en el plazo de 120 (ciento veinte) días a partir de una solicitud de consultas con arreglo al

artículo 18.16, no se ha alcanzado una solución mutuamente satisfactoria, una Parte podrá solicitar

la creación de un grupo de expertos para examinar el asunto. Toda solicitud de este tipo se

presentará por escrito al punto de contacto de la otra Parte designado de conformidad con el

artículo 26.14, apartado 3, e indicará los motivos por los que solicita la creación de un grupo de

expertos, incluida una descripción de las medidas en cuestión y de las disposiciones pertinentes del

presente capítulo que considere aplicables.

2. Salvo disposición en contrario del presente artículo, se aplicarán los artículos 29.9, 29.11,

29.12, 29.26 y 29.27, así como el reglamento interno del anexo 29-A y el código de conducta del

anexo 29-B.

3. El Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible establecerá, en su primera reunión tras la

entrada en vigor del presente Acuerdo, una lista de al menos 15 (quince) personas que estén

dispuestas a formar parte del grupo de expertos y puedan hacerlo. La lista estará compuesta por 3

(tres) sublistas: 1 (una) sublista propuesta por la UE, 1 (una) sublista propuesta por el MERCOSUR

y 1 (una) sublista de personas que no sean nacionales de ninguna de las Partes. Cada Parte

propondrá al menos 5 (cinco) personas para su sublista. Las Partes también seleccionarán al menos

a 5 (cinco) personas para la lista de personas que no sean nacionales de ninguna de las Partes. El

Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible garantizará que la lista se mantenga actualizada y

que el número de expertos se mantenga en un mínimo de 15 (quince) personas.

& /es 480

4. Las personas a las que se refiere el apartado 3 deberán tener conocimientos especializados o

experiencia en las cuestiones de que trata el presente capítulo, tales como la legislación laboral o

medioambiental, o en la solución de diferencias derivadas de acuerdos internacionales. Deberán

actuar a título personal y ser independientes, y no deberán aceptar instrucciones de ninguna

organización ni de ningún gobierno sobre cuestiones relacionadas con el desacuerdo ni estar

adscritas al gobierno de ninguna de las Partes. Además, cumplirán lo dispuesto en el anexo 29-B.

5. Cada grupo de expertos estará formado por 3 (tres) miembros, a no ser que las Partes

acuerden otra cosa. El presidente formará parte de la sublista de personas que no sean nacionales de

ninguna de las Partes. Se creará un grupo de expertos de conformidad con los procedimientos

establecidos en el artículo 21.9, apartados 1 a 4. Los expertos serán seleccionados de entre las

personas pertinentes que figuren en las sublistas a que se refiere el apartado 3 del presente artículo,

de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 29.9, apartados 2, 3 y 4.

6. A menos que las Partes acuerden otra cosa dentro de un plazo de 7 (siete) días a partir de la

fecha de establecimiento del panel de expertos, tal como se define en el artículo 29.9, apartado 5,

los términos del mandato serán:

«examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del capítulo 26 del Acuerdo de Asociación entre

la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur, la

República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República

Oriental del Uruguay, por otra, el asunto mencionado en la solicitud de establecimiento del grupo

de expertos y emitir un informe, de conformidad con el artículo 26.17, con sus conclusiones y

recomendaciones para la resolución del asunto».

7. Por lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con el respeto de los acuerdos

multilaterales a que se refiere el presente capítulo, los dictámenes de expertos o la información

solicitada por el grupo de expertos de conformidad con el artículo 29.12 deben incluir información

y asesoramiento de los órganos pertinentes de la OIT o de los AMUMA. Toda información obtenida

con arreglo al presente apartado será comunicada a ambas Partes para que formulen observaciones

al respecto.

& /es 481

8. El grupo de expertos interpretará las disposiciones del presente capítulo de conformidad con

las normas consuetudinarias de interpretación del Derecho internacional público.

9. El grupo expertos presentará a las Partes un informe provisional en un plazo de 90 (noventa)

días a partir del establecimiento del grupo de expertos, y un informe final a más tardar 60 (sesenta)

días después de la emisión del informe provisional. En esos informes figurarán las constataciones

de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes y la fundamentación de sus

constataciones y recomendaciones. Cualquiera de las Partes implicadas podrá presentar

observaciones por escrito sobre el informe provisional al grupo de expertos en un plazo de 45

(cuarenta y cinco) días a partir de la fecha de emisión del informe provisional. Tras considerar tales

observaciones escritas, el grupo de expertos podrá modificar el informe y realizar cualquier otro

examen que considere apropiado. Si considera que los plazos fijados en el presente apartado no

pueden cumplirse, el presidente del grupo de expertos deberá notificarlo a las Partes por escrito,

indicando las razones del retraso y la fecha en la que el grupo de expertos prevé emitir su informe

provisional o final.

10. Las Partes pondrán el informe final a disposición del público dentro de un plazo de 15

(quince) días a partir de su presentación por el panel de expertos.

11. Las Partes debatirán las medidas adecuadas que deberán llevarse a cabo, teniendo en cuenta

el informe y las recomendaciones del grupo de expertos. A más tardar 90 (noventa) después de que

el informe se haya hecho público, la Parte demandada informará a su grupo consultivo interno

mencionado en el artículo 2.7 y a la otra Parte de sus decisiones sobre las acciones o medidas que

implementará. El Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible supervisará el seguimiento del

informe del grupo de expertos y de sus recomendaciones. Los grupos consultivos internos a que se

refiere el artículo 2.7 podrán presentar observaciones al Subcomité de Comercio y Desarrollo

Sostenible a este respecto.

& /es 482

ARTÍCULO 26.18

Revisión

1. A fin de facilitar la consecución de los objetivos del presente capítulo, las Partes debatirán, a

través de las reuniones del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible, su aplicación efectiva,

incluida una posible revisión de sus disposiciones, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la

experiencia adquirida, la evolución de las políticas en cada Parte, la evolución de los acuerdos

internacionales y las opiniones presentadas por las partes interesadas.

2. El Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible podrá recomendar a las Partes

modificaciones de las disposiciones pertinentes del presente capítulo que reflejen el resultado de los

debates mencionados en el apartado 1.

& /es 483

CAPÍTULO 27

TRANSPARENCIA

ARTÍCULO 27.1

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

a) «decisión administrativa»: una decisión que afecta a los derechos u obligaciones de una

persona en un caso particular, y abarca una acción administrativa o la no adopción de una

medida o decisión administrativa con arreglo a lo dispuesto en las disposiciones legislativas y

reglamentarias de la Parte;

b) «persona interesada»: toda persona física o jurídica que pueda verse afectada por una medida

de aplicación general; y

c) «medidas de aplicación general»: disposiciones legales o reglamentarias, decisiones

judiciales, procedimientos o resoluciones administrativas de aplicación general que puedan

incidir en cualquier cuestión contemplada en la presente parte del Acuerdo.

& /es 484

ARTÍCULO 27.2

Objetivos

Reconociendo el impacto que su entorno regulador pueda tener en el comercio y la inversión entre

las Partes, cada una de ellas procurará promover un entorno regulador transparente y predecible, así

como procedimientos eficientes para los operadores económicos, especialmente las pymes, de

conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo.

ARTÍCULO 27.3

Publicación

1. Cada una de las Partes garantizará que toda medida de aplicación general con respecto a

cualquier asunto que entre dentro del marco de aplicación de la presente parte del Acuerdo:

a) se publique sin demora a través de un medio de comunicación designado oficialmente y,

siempre que sea factible, por vía electrónica, o se ponga a disposición de cualquier otra forma

que permita a cualquier persona familiarizarse con él;

b) ofrezca una explicación de su objetivo y razón de ser; y

c) deje tiempo suficiente entre su publicación y su entrada en vigor, salvo cuando ello no sea

posible por razones de urgencia.

& /es 485

2. En la medida de lo posible, al adoptar o modificar disposiciones legales o reglamentarias

importantes de aplicación general con respecto a cualquier asunto cubierto por la presente parte del

Acuerdo, cada Parte, de conformidad con sus normas y procedimientos respectivos:

a) publicará previamente el proyecto de ley o reglamento o los documentos de consulta que

informen pormenorizadamente del objetivo y la razón de ser de dicha ley o reglamento;

b) dará a las personas interesadas y a la otra Parte la posibilidad razonable de formular

observaciones sobre dicho proyecto de ley o reglamento o dichos documentos de consulta; y

c) procurará tener en cuenta las observaciones recibidas sobre dicho proyecto de ley o

reglamento o dichos documentos de consulta.

ARTÍCULO 27.4

Solicitudes de información

1. A más tardar 3 (tres) años después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo,

cada Parte establecerá o mantendrá mecanismos adecuados para recibir y responder a las consultas

de cualquier persona sobre cualquier medida de aplicación general propuesta o en vigor y cómo se

aplicaría con respecto a cualquier asunto contemplado en la presente parte del Acuerdo.

2. A petición de una de las Partes, la otra Parte facilitará sin demora información y responderá

a las preguntas relativas a cualquier medida de aplicación general o a cualquier propuesta de

adopción o modificación de toda medida de aplicación general con respecto a cualquier asunto que

entre dentro del ámbito de aplicación de la presente parte del Acuerdo y que la Parte solicitante

considere que podría afectar al funcionamiento de la presente parte del Acuerdo.

& /es 486

ARTÍCULO 27.5

Administración de las medidas de aplicación general

1. Cada una de las Partes administrará de manera objetiva, imparcial y razonable todas las

medidas de aplicación general con respecto a cualquier asunto que entre dentro del ámbito de

aplicación de la presente parte del Acuerdo.

2. Al aplicar medidas de aplicación general a personas, mercancías o servicios de la otra Parte

en casos específicos, cada Parte:

a) procurará facilitar a las personas a las que afecten directamente los procedimientos

administrativos **[1]** un aviso previo razonable, de conformidad con sus disposiciones legislativas

y reglamentarias, cuando se inicien los procedimientos administrativos, incluida una

descripción de la naturaleza de los mismos, una declaración de la autoridad judicial en virtud

de la cual se inician los procedimientos y una descripción general de cualquier asunto en

cuestión; y

b) ofrecerá a dichas personas interesadas una posibilidad razonable de presentar elementos

factuales y argumentos que apoyen su postura antes de adoptar una decisión administrativa

definitiva, en la medida en lo que lo permitan el tiempo, la naturaleza del procedimiento y el

interés público.

**1** Para mayor certeza, en el caso de los asuntos cubiertos por el capítulo 23, dichas personas
serán los destinatarios de una decisión de una autoridad de competencia de una Parte.

& /es 487

ARTÍCULO 27.6

Revisión y recurso

1. Cada Parte establecerá o mantendrá tribunales, o procedimientos judiciales, arbitrales

o administrativos a efectos de la rápida revisión o recurso y, si está justificado, la corrección de las

decisiones administrativas con respecto a cualquier asunto cubierto por la presente parte del

Acuerdo. Las Partes velarán por que sus procedimientos de revisión o recurso se lleven a cabo de

manera no discriminatoria e imparcial por tribunales que sean independientes de la autoridad

encargada de la ejecución administrativa y que estén compuestos por personas que no tengan

ningún interés sustancial en el resultado del asunto.

2. Cada una de las Partes garantizará que las partes en los procedimientos a que se refiere el

apartado 1 tengan derecho a:

a) una oportunidad razonable de apoyar o defender sus respectivas posiciones; y

b) una resolución basada en elementos de prueba y en el expediente presentado o, cuando lo

exija su legislación, en el expediente compilado por la autoridad administrativa.

3. Cada una de las Partes velará por que la resolución a que se refiere el apartado 2, letra b), a

reserva de una recurso o revisión con arreglo a lo dispuesto en su legislación, sea ejecutada por la

autoridad encargada de la ejecución administrativa y rija su práctica con respecto a la decisión

administrativa en cuestión

& /es 488

ARTÍCULO 27.7

Calidad, desempeño y buenas prácticas en materia de regulación

1. Las Partes reconocen los principios de buenas prácticas reguladoras y promoverán la calidad

y el desempeño normativos. En particular, las Partes se esforzarán por:

a) fomentar el uso de evaluaciones de impacto normativo a la hora de desarrollar iniciativas

importantes; y

b) establecer o mantener procedimientos para promover la evaluación retrospectiva periódica de

las medidas de interés general.

2. Las Partes se esforzarán por cooperar en los foros regionales y multilaterales y por promover

las buenas prácticas reguladoras y la transparencia en relación al comercio y la inversión

internacionales en las materias que entran dentro del ámbito de aplicación de la presente parte del

Acuerdo.

ARTÍCULO 27.8

Relación con otros capítulos

El presente capítulo será aplicable sin perjuicio de las normas específicas establecidas en otros

capítulos de la presente parte del Acuerdo.

& /es 489

CAPÍTULO 28

EXCEPCIONES

ARTÍCULO 28.1

Excepciones relativas a la seguridad

Ninguna disposición de la presente parte del Acuerdo se interpretará en el sentido de que:

a) se exija a las Partes la obligación de suministrar o dar acceso a información cuya divulgación

consideren contraria a sus intereses esenciales en materia de seguridad; o

b) impida a una Parte la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de sus

intereses esenciales de seguridad:

i) relativos a la producción o al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y al

comercio y las transacciones de otras mercancías y materiales, servicios y tecnología,

así como a las actividades económicas, realizados directa o indirectamente para asegurar

el abastecimiento de las fuerzas armadas;

ii) relativos a materiales fisionables y fusionables o los materiales de los que estos se

derivan; o

iii) adoptada en tiempo de guerra u otra emergencia en las relaciones internacionales; o

& /es 490

c) impida que una Parte adopte medidas en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en

virtud de la Carta de las Naciones Unida con el fin de mantener la paz y la seguridad

internacionales.

ARTÍCULO 28.2

Excepciones generales

1. A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma que

constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan

las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición

de los capítulos 10, 12 y 25 será interpretada en el sentido de impedir que las Partes adopten o

apliquen las medidas que figuran en el artículo XX del GATT de 1994. Con este fin, el artículo XX

del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones suplementarias se incorporan e integran, _mutatis_

_mutandis_, en la presente parte del Acuerdo.

2. A condición de que las medidas enumeradas a continuación no se apliquen de forma que

constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países cuando

prevalezcan condiciones similares, o una restricción encubierta a la liberalización de las inversiones

o el comercio de servicios, nada de lo dispuesto en los capítulos 18 y 25 se interpretará como un

impedimento para la adopción o aplicación por cualquiera de las Partes de medidas:

a) necesarias para proteger la seguridad y la moral públicas, o para mantener el orden público **[1]** ;

**1** Las excepciones de seguridad pública y de orden público únicamente podrán invocarse
cuando se plantee una amenaza verdadera y suficientemente grave para uno de los intereses
fundamentales de la sociedad.

& /es 491

b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar

los vegetales;

c) relativas a la conservación de recursos naturales no renovables, a condición de que tales

medidas se apliquen conjuntamente con restricciones sobre los inversores internos o sobre la

oferta o el consumo internos de servicios;

d) necesarias para proteger el patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico;

e) necesarias para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos que no sean incompatibles

con las disposiciones de la presente parte del Acuerdo, con inclusión de los relativos a:

i) la prevención de prácticas engañosas y fraudulentas **[1]** o los medios para hacer frente a los

efectos del incumplimiento de los contratos;

ii) la protección de la vida privada de las personas en relación con el tratamiento y la

difusión de datos personales y la protección del carácter confidencial de los registros y

las cuentas personales; o

iii) la seguridad.

**1** Para mayor seguridad, esto incluye la normativa contra el blanqueo de capitales y la
financiación de la lucha contra el terrorismo.

& /es 492

3. Ninguna disposición del capítulo 18 se interpretará en el sentido de impedir la adopción o

ejecución de una medida que aplique un requisito impuesto o ejecutado por un órgano

jurisdiccional, un tribunal administrativo o una autoridad de competencia para subsanar una

infracción de las disposiciones legislativas y reglamentarias en materia de competencia.

4. Para mayor certeza, las Partes entienden que, en la medida en que dichas medidas pudieran

no ser conformes a las disposiciones de los capítulos 10, 12 y 25:

a) las medidas a que se refiere el artículo XX, letra b), del GATT de 1994 comprenden las

medidas medioambientales necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o

vegetal;

b) el artículo XX, letra g), del GATT de 1994, se aplica a las medidas para la conservación de

los recursos naturales vivos y no vivos no renovables; y

c) las medidas adoptadas para aplicar acuerdos medioambientales multilaterales pueden incluirse

en el artículo XX, letras b) o g), del GATT de 1994.

5. Antes de que una Parte adopte cualquier medida en virtud el artículo XX, letras i) y j),

del GATT de 1994, facilitará a la otra Parte toda la información pertinente, con vistas a encontrar

una solución aceptable para ambas Partes. Si no se alcanza un acuerdo a los 30 (treinta) días de

haber facilitado la información, la Parte podrá aplicar las medidas pertinentes. Cuando

circunstancias excepcionales y críticas requieran una actuación inmediata, la Parte que tenga la

intención de adoptar las medidas podrá aplicar las medidas necesarias para hacer frente a las

circunstancias sin notificación previa, e informará inmediatamente de ello a la otra Parte.

& /es 493

ARTÍCULO 28.3

Fiscalidad

1. Nada de lo dispuesto en la presente parte del Acuerdo afectará a los derechos y las

obligaciones de la Unión Europea, de sus Estados miembros o de los Estados del MERCOSUR

signatarios adquiridos en virtud de cualquier convenio fiscal. En caso de incompatibilidad entre la

presente parte del Acuerdo y un convenio fiscal, prevalecerán las disposiciones del acuerdo fiscal

por lo que respecta a la incompatibilidad.

& /es 494

2. A condición de que las medidas enumeradas a continuación no se apliquen de forma que

constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre países cuando prevalezcan

condiciones similares, o una restricción encubierta del comercio o la inversión, nada de lo dispuesto

en la presente parte del Acuerdo se interpretará de manera que se impida a las Partes adoptar,

mantener o cumplir cualquier medida destinada a garantizar la imposición o recaudación equitativa

o efectiva de impuestos directos **[1]** que:

a) distinga entre contribuyentes que no se encuentren en la misma situación, en particular en lo

que respecta a su lugar de residencia o al lugar de inversión de su capital; o

**1** Para mayor seguridad, las Partes entienden que tales medidas incluyen medidas incompatibles
con el artículo 18.4 destinadas a garantizar la imposición o recaudación equitativa o efectiva
de impuestos directos, adoptadas por una Parte en el marco de su sistema fiscal que:
i) sean aplicables a inversores y prestadores de servicios no residentes en reconocimiento
del hecho de que la obligación fiscal de los no residentes se determina con respecto a
elementos imponibles cuya fuente o emplazamiento se halle en el territorio de la Parte;
ii) sean aplicables a los no residentes con el fin de garantizar la imposición o recaudación
de impuestos en el territorio de la Parte;
iii) se apliquen a los no residentes o a los residentes con el fin de prevenir la elusión o
evasión fiscal, con inclusión de las medidas de cumplimiento;
iv) sean aplicables a los consumidores de servicios prestados en o desde el territorio de otra
Parte con el fin de garantizar la imposición o recaudación, con respecto a tales
consumidores, de impuestos derivados de fuentes que se hallen en el territorio de la
Parte;
v) establezcan una distinción entre los inversores y prestadores de servicios sujetos a
impuestos sobre elementos imponibles en todos los países y los demás inversores y
prestadores de servicios, en reconocimiento de la diferencia existente entre ellos en
cuanto a la naturaleza de la base impositiva; o
vi) determinen, asignen o repartan ingresos, beneficios, ganancias, pérdidas, deducciones o
créditos de personas residentes o sucursales, o entre personas vinculadas o sucursales de
la misma persona, con el fin de salvaguardar la base imponible de la Parte;
Los términos o conceptos fiscales que figuran en la presente nota a pie de página se
determinan según las definiciones y conceptos fiscales, o las definiciones y conceptos
equivalentes o similares, con arreglo al Derecho interno de la Parte que adopte la medida.

& /es 495

b) tenga por objeto evitar el fraude o la evasión fiscal de conformidad con las disposiciones de

cualquier convenio fiscal o legislación fiscal nacional.

3. A efectos del presente artículo, se entenderá por:

a) «residencia»: residencia a efectos fiscales; y

b) «convenio fiscal»: un convenio destinado a evitar la doble imposición o cualquier otro

acuerdo o mecanismo internacional relacionado total o principalmente con la fiscalidad del

que sean parte la Unión Europea o sus Estados miembros o un Estado del MERCOSUR

signatario.

ARTÍCULO 28.4

Divulgación de información

1. Nada de lo dispuesto en la presente parte del Acuerdo se interpretará en el sentido de que se

obligue a una Parte a hacer disponible información confidencial cuya divulgación impediría exigir

el cumplimiento del Derecho o sería contraria de cualquier otra forma al interés público, o que

perjudicaría los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas, públicas o privadas,

excepto cuando un grupo especial solicite dicha información confidencial en los procedimientos de

solución de diferencias con arreglo al capítulo 29. En tales casos, el grupo especial se asegurará de

la plena protección de la confidencialidad.

2. Cuando una Parte facilite al Comité información que considere confidencial en virtud de sus

disposiciones legislativas y reglamentarias, la otra Parte tratará dicha información como

confidencial, a menos que la Parte que la presenta acuerde otra cosa.

& /es 496

ARTÍCULO 28.5

Exenciones de la OMC

Si una obligación prevista en la presente parte del Acuerdo es sustancialmente equivalente a una

obligación contenida en el Acuerdo de la OMC, cualquier medida adoptada de conformidad con una

exención aprobada con arreglo al artículo IX, apartados 3 y 4, del Acuerdo de la OMC se

considerará conforme con la disposición sustancialmente equivalente de la presente parte del

Acuerdo.

& /es 497

CAPÍTULO 29

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

SECCIÓN A

OBJETIVO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 29.1

Objetivo

El objetivo del presente capítulo es establecer un mecanismo efectivo y eficiente para:

a) evitar y resolver las diferencias entre las Partes relativas a la interpretación y aplicación de la

parte III del presente Acuerdo con vistas a alcanzar, si es posible, una solución de mutuo

acuerdo; y

b) preservar el equilibrio de las concesiones otorgadas por la parte III del presente Acuerdo,

cuando proceda.

& /es 498

ARTÍCULO 29.2

Definiciones

A efectos del presente capítulo y de los anexos 29-A, 29-B y 29-C se entenderá por:

a) «asesor»: la persona designada por una parte para que la asesore o la asista en relación con el

procedimiento de arbitraje;

b) «panel arbitral»: panel creado con arreglo al artículo 29.9;

c) «árbitro»: persona que sea miembro de un panel arbitral;

d) «asistente»: persona que, con arreglo a las condiciones de designación de un árbitro, realice

una investigación o preste asistencia al árbitro;

e) «candidato»: persona cuyo nombre figura en la lista de árbitros mencionada en el artículo

29.8, apartado 3, y que está siendo considerada para su posible designación como miembro de

un panel arbitral establecido en virtud del artículo 29.9;

f) «parte demandante»: la parte que solicita la creación de un panel arbitral de conformidad con

el artículo 29.7;

g) «experto»: persona con conocimientos y experiencia especializados y reconocidos en un

ámbito determinado que sea solicitada por un panel arbitral o un mediador para que emita un

dictamen, o cuyo dictamen en ese ámbito es presentado a alguna de las Partes o solicitado por

alguna de las Partes;

& /es 499

h) «mediador»: persona que lleva a cabo una mediación de conformidad con el artículo 29.6;

i) «representante de una parte»: empleado de un servicio, organismo gubernamental o cualquier

otra entidad pública de una Parte, o cualquier otra persona designada por estos, que representa

a la Parte a los efectos de una diferencia en el marco del presente Acuerdo; y

j) «personal»: con respecto a un árbitro, las personas, distintas de los asistentes, que estén bajo

su dirección y control.

ARTÍCULO 29.3

Partes en la diferencia

1. A efectos del presente capítulo, la Unión Europea y el MERCOSUR o uno o varios de los

Estados del MERCOSUR signatarios podrán ser partes en una diferencia. Las partes en la diferencia

se denominarán en lo sucesivo «parte» o «partes».

2. La Unión Europea podrá iniciar un procedimiento de solución de diferencias contra el

MERCOSUR en relación con una medida que afecte a la Unión Europea o a uno o varios de sus

Estados miembros, si la medida en cuestión es una medida del MERCOSUR.

3. La Unión Europea podrá iniciar un procedimiento de solución de diferencias contra uno o

varios Estados del MERCOSUR signatarios en relación con una medida que afecte a la Unión

Europea o a uno o varios de sus Estados miembros, si la medida en cuestión es una medida de los

Estados del MERCOSUR signatarios.

& /es 500

4. El MERCOSUR podrá iniciar un procedimiento de solución de diferencias contra la Unión

Europea en relación con una medida que afecte al MERCOSUR o a todos los Estados del

MERCOSUR signatarios, si la medida en cuestión es una medida de la Unión Europea **[1]** o de uno o

varios Estados miembros de la Unión Europea.

5. Uno o varios Estados del MERCOSUR signatarios podrán iniciar un procedimiento de

solución de diferencias contra la Unión Europea en relación con una medida que afecte al Estado

del MERCOSUR signatario o a los Estados del MERCOSUR signatarios, si la medida es una

medida de la Unión Europea o de uno o varios Estados miembros de la Unión Europea.

6. Si más de un Estado del MERCOSUR signatario inicia un procedimiento de solución de

diferencias contra la Unión Europea sobre el mismo asunto, se aplicará _mutatis mutandis_ el

artículo 9 del ESD **[2]** .

**1** Para mayor seguridad, «una medida de la Unión Europea» a que se refiere el presente artículo
también abarcaría una medida de uno o varios Estados miembros de la Unión Europea.
**2** Para mayor certeza, el artículo 9, apartado 3, del ESD no impedirá que un Estado del
MERCOSUR signatario designe a un miembro del panel arbitral de la sublista a que se refiere
el artículo 29.8, apartado 3, letra b), del presente capítulo distinto del que haya actuado o esté
actuando como árbitro en un panel establecido para examinar una reclamación de otro Estado
del MERCOSUR signatario sobre el mismo asunto.

& /es 501

ARTÍCULO 29.4

Ámbito de aplicación

Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a cualquier diferencia:

a) relativa a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la parte III del presente

Acuerdo (en lo sucesivo, «disposiciones contempladas»), salvo que se disponga expresamente

lo contrario; o

b) relativa a la alegación de una parte de que una medida aplicada por la otra parte anula o

menoscaba sustancialmente cualquier beneficio que le corresponda en virtud de las

disposiciones contempladas de una manera que afecta negativamente al comercio entre las

partes, independientemente de que dicha medida entre en conflicto o no con las disposiciones

de la parte III del presente Acuerdo, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

& /es 502

SECCIÓN B

CONSULTAS Y MEDIACIÓN

ARTÍCULO 29.5

Consultas

1. Las Partes procurarán resolver cualquier diferencia relativa al supuesto incumplimiento de

las disposiciones contempladas a que se refiere el artículo 29.4, letra a), o relativa a la supuesta

anulación o menoscabo sustancial a que se refiere el artículo 29.4, letra b), iniciando consultas de

buena fe con el fin de alcanzar una solución de mutuo acuerdo. En este contexto, se prestará más

atención a los retos específicos de los países en desarrollo sin litoral.

2. Una Parte solicitará consultas a través de una solicitud escrita dirigida a la otra parte y al

Comité Conjunto en su configuración de comercio, indicando el motivo de la solicitud, incluida la

identificación de la medida en cuestión y, en el caso de una diferencia a que se refiere el

artículo 29.4, letra a), las disposiciones contempladas que considere aplicables y no cumplidas por

la otra parte, o, en el caso de una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra b), los beneficios

que considere que han sido anulados o sustancialmente menoscabados como consecuencia de la

medida en cuestión de una manera que afecte negativamente al comercio entre las partes.

& /es 503

3. Las consultas se celebrarán en un plazo máximo de 15 (quince) días a partir de la fecha de

recepción de la solicitud y tendrán lugar, salvo que las partes acuerden lo contrario, en el territorio

de la parte consultada. Las consultas se considerarán concluidas en un plazo máximo de 30 (treinta)

días tras la fecha de recepción de la solicitud, salvo que ambas partes acuerden continuar las

consultas. Las consultas, y en particular las posiciones adoptadas por las partes durante las

consultas, serán confidenciales y sin perjuicio de los derechos de las partes en cualquier

procedimiento ulterior.

4. Las consultas sobre cuestiones urgentes, incluidas las relativas a productos perecederos u

otras mercancías o servicios que pierdan rápidamente su calidad, estado actual o valor comercial en

un breve período de tiempo, se celebrarán a más tardar 15 (quince) días después de la fecha de

recepción de la solicitud y se considerarán concluidas en esos 15 (quince) días, a menos que ambas

partes acuerden continuar las consultas.

5. Durante las consultas, cada una de las partes facilitará información objetiva que permita un

examen completo de la manera en que la medida en cuestión podría afectar, en el caso de una

diferencia a la que se refiere el artículo 29.4, letra a), a la aplicación de la parte III del presente

Acuerdo o, en el caso de una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra b), anular o

menoscabar sustancialmente los beneficios que correspondan a la parte solicitante en virtud de la

parte III del presente Acuerdo de una manera que afecte negativamente al comercio entre las partes.

6. Si las consultas no se celebran en el plazo establecido en los apartados 3 o 4, según el caso,

o si las consultas concluyen y no se llega a una solución de mutuo acuerdo, la parte que haya

solicitado las consultas podrá recurrir a la constitución de un panel arbitral de conformidad con el

artículo 29.7.

& /es 504

7. Las solicitudes de consultas relativas a una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra

a), se entenderán sin perjuicio del derecho de la parte solicitante a solicitar, simultáneamente o

posteriormente, consultas relativas a una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra b), en

relación con la misma medida, y viceversa.

ARTÍCULO 29.6

Mediación

Una parte podrá solicitar, con arreglo al anexo 29-C, iniciar un procedimiento de mediación relativo

a cualquier medida de una parte que afecte de forma negativa al comercio entre las partes. La

mediación solo podrá iniciarse por consenso de las partes.

& /es 505

SECCIÓN C

ARBITRAJE

ARTÍCULO 29.7

Incoación del proceso de panel arbitral

1. Si las partes no han podido resolver la diferencia mediante consultas de conformidad con el

artículo 29.5, o si la parte demandante considera que la parte demandada no ha cumplido una

solución mutuamente acordada durante las consultas, la parte demandante podrá solicitar la

constitución de un panel arbitral mediante una solicitud escrita dirigida a la parte demandada y al

Comité Conjunto en su configuración de comercio.

2. La parte demandante expondrá los motivos de la solicitud, incluida la identificación de la

medida en cuestión, y explicará, en caso de diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra a), de

qué modo dicha medida constituye una infracción de las disposiciones contempladas de una manera

que presente claramente la base jurídica de la reclamación o, en el caso de una diferencia a que se

refiere el artículo 29.4, letra b), de qué manera la medida en cuestión anula o menoscaba

sustancialmente los beneficios que corresponden a la parte demandante en virtud de la parte III del

presente Acuerdo.

3. Las solicitudes de constitución de un panel arbitral relativo a una diferencia a que se refiere

el artículo 29.4, letra a), se entenderán sin perjuicio del derecho de la parte demandante a solicitar,

simultáneamente o posteriormente, la constitución de un panel arbitral relativo a una diferencia a

que se refiere el artículo 29.4, letra b), en relación con la misma medida, y viceversa.

& /es 506

4. Si la parte demandante, al mismo tiempo y con respecto a la misma medida, ha solicitado la

constitución de un panel arbitral relativo tanto a una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra

a), como a una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra b), se creará un único panel arbitral

que llevará a cabo un único arbitraje respecto de ambas diferencias. En caso de arbitrajes

posteriores sobre la misma medida, el arbitraje posterior se remitirá al mismo panel que la

diferencia anterior, siempre que sea posible.

ARTÍCULO 29.8

Nombramiento de los árbitros

1. Los árbitros deberán tener conocimientos especializados o experiencia en Derecho y

comercio internacional. Los árbitros que no sean nacionales de una parte serán juristas.

2. Los árbitros:

a) serán independientes;

b) actuarán a título personal;

c) no aceptarán instrucciones de ninguna organización ni Gobierno y no estarán vinculados a

ningún Gobierno ni organización gubernamental de una Parte en el presente Acuerdo; y

d) cumplirán las disposiciones del anexo 29-B.

& /es 507

3. En el plazo de 6 (seis) meses a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité

Conjunto en su configuración de comercio establecerá una lista de al menos 32 (treinta y dos)

personas dispuestas y capacitadas para ejercer de árbitro. La lista estará compuesta por las

siguientes 3 (tres) sublistas:

a) una sublista de 12 (doce) personas propuestas por la Unión Europea;

b) una sublista de 12 (doce) personas propuestas por el MERCOSUR; y

c) una sublista de 8 (ocho) personas, propuestas por ambas Partes, que no sean nacionales de

ninguna de las Partes y que actuarán como presidente del panel arbitral.

4. El Comité Conjunto en su configuración de comercio velará por que la lista a que se refiere

el apartado 3 del presente artículo contenga el número requerido de personas. El Comité Conjunto

en su configuración de comercio podrá modificar la lista de árbitros, de conformidad con la regla 25

del reglamento interno que figura en el anexo 29-A.

5. Si, en el momento de la constitución de un panel arbitral concreto de conformidad con el

artículo 29.9, no se ha establecido la lista prevista en el apartado 3 del presente artículo o, una vez

establecida, no todas las personas incluidas en una determinada sublista pueden ejercer de árbitro en

una diferencia, el copresidente del Comité Conjunto en su configuración de comercio de la parte

demandante elegirá por sorteo a los árbitros según lo dispuesto en las reglas 10, 26 y 28 a 31 del

reglamento interno que figura en el anexo 29-A.

& /es 508

ARTÍCULO 29.9

Constitución del panel arbitral

1. El panel arbitral estará compuesto por 3 (tres) árbitros.

2. A más tardar 10 (diez) días después de la fecha de recepción de la solicitud por escrito de

constitución de un panel arbitral de conformidad con el artículo 29.7, apartado 1, las partes se

consultarán para acordar su composición **[1]** . Las partes podrán tener en cuenta los conocimientos

especializados pertinentes para el objeto de la diferencia a la hora de seleccionar a los árbitros. El

panel arbitral estará siempre presidido por una persona que no sea nacional de ninguna de las

Partes.

3. Si no se llega a un acuerdo sobre la composición del panel arbitral en el plazo establecido en

el apartado 2 del presente artículo, cada parte designará a un miembro del panel arbitral de la

sublista de esa parte a que se refiere el artículo 29.8, apartado 3, a más tardar 10 (diez) días después

del vencimiento del plazo establecido en el apartado 2 del presente artículo. Si una parte no nombra

a un árbitro en ese plazo, el copresidente del Comité Conjunto en su configuración de comercio de

la parte demandante o su representante seleccionará por sorteo al árbitro de la sublista de esa parte,

a más tardar 5 (cinco) días después de la expiración del plazo mencionado en la frase anterior.

**1** Para mayor seguridad, al acordar la composición del panel arbitral con arreglo al presente
apartado, las Partes podrán acordar seleccionar como árbitros a personas que no estén
incluidas en la lista de árbitros establecida de conformidad con el artículo 29.8, apartado 3.

& /es 509

4. Durante el período mencionado en el apartado 2 del presente artículo, las partes procurarán

llegar a un acuerdo sobre el presidente del panel arbitral. Si no consiguen llegar a un acuerdo,

cualquiera de las partes solicitará al copresidente del Comité Conjunto en su configuración de

comercio de la parte demandante que seleccione por sorteo al presidente del panel arbitral a partir

de la sublista mencionada en el artículo 29.8, apartado 3, a más tardar 5 (cinco) días después de

dicha solicitud.

5. La fecha de constitución del panel arbitral será aquella en la que todos los árbitros

seleccionados hayan aceptado el nombramiento de conformidad con el reglamento interno

establecido en el anexo 29-A.

6. Si una parte considera que un árbitro no cumple lo dispuesto en el anexo 29-B, se aplicarán

los procedimientos establecidos en el anexo 29-A.

7. Si un árbitro no puede participar en el procedimiento, se retira o necesita ser sustituido, se

seleccionará un nuevo árbitro de conformidad con los procedimientos de selección establecidos en

el presente artículo y en el reglamento interno establecido en el anexo 29-A. El procedimiento de

arbitraje se suspenderá durante ese período hasta un máximo de 25 (veinticinco) días.

8. Las Partes aceptarán como vinculantes, _ipso facto_ y sin necesidad de un acuerdo especial, la

autoridad de cualquier panel arbitral establecido de conformidad con el presente capítulo.

ARTÍCULO 29.10

Decisión sobre la urgencia

Si una parte así lo solicita, el panel arbitral decidirá, en un plazo de 10 (diez) días a partir de su

constitución, si el asunto se refiere a cuestiones de urgencia.

& /es 510

ARTÍCULO 29.11

Audiencias

Las audiencias de los paneles arbitrales estarán abiertas al público, a menos que las partes en la

diferencia decidan lo contrario. Las audiencias del panel arbitral estarán total o parcialmente

cerradas al público cuando las observaciones o alegaciones de una de las partes contenga

información que dicha parte haya designado como confidencial.

ARTÍCULO 29.12

Información y asesoramiento técnico

1. El panel arbitral podrá solicitar, de conformidad con el anexo 29-A, el dictamen de expertos,

u obtener información de cualquier fuente que se considere pertinente.

2. Los dictámenes de los expertos, así como la información obtenida de cualquier fuente

pertinente, no serán vinculantes.

3. Los expertos deberán ser personas de nivel profesional y experiencia en el ámbito de que se

trate. El panel arbitral consultará a las Partes antes de designar a dichos expertos.

4. El panel arbitral fijará un plazo razonable para la presentación de la información o el

informe de los expertos.

& /es 511

5. Las personas de las Partes estarán autorizadas a presentar escritos _amicus curiae_ a los

paneles arbitrales de conformidad con las condiciones establecidas en el anexo 29-A. Dichas

condiciones garantizarán que los escritos _amicus curiae_ no supongan una carga indebida para las

partes en la diferencia, ni retrasen indebidamente ni compliquen los procedimientos del panel

arbitral.

6. Toda la información obtenida en virtud del presente artículo será comunicada a cada una de

las partes, que podrán presentar observaciones al respecto.

ARTÍCULO 29.13

Derecho aplicable y normas de interpretación

1. En el caso de una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra a), el panel arbitral

resolverá la diferencia de conformidad con las disposiciones contempladas.

2. En todas las diferencias a que se refiere el artículo 29.4, el panel arbitral interpretará las

disposiciones contempladas de conformidad con las reglas consuetudinarias de interpretación del

derecho internacional público. Cuando una obligación en virtud del presente Acuerdo sea idéntica a

una obligación en virtud del Acuerdo sobre la OMC, el panel arbitral tendrá en cuenta toda

interpretación pertinente establecida en las resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias de

la OMC.

& /es 512

ARTÍCULO 29.14

Laudo arbitral

1. El panel arbitral presentará a las Partes un informe arbitral provisional a más tardar 90

(noventa) días después de la fecha de su constitución. En el informe provisional de arbitraje se

expondrán las constataciones de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones contempladas, cuando

proceda, y la fundamentación básica de las constataciones y recomendaciones que formule el panel

arbitral.

2. Si el panel arbitral considera que el plazo mencionado en el apartado 1 no puede cumplirse,

su presidente deberá notificarlo por escrito a las partes y al Comité Conjunto en su configuración de

comercio, indicando las razones del retraso y la fecha en la que el panel de arbitraje prevea emitir su

informe arbitral provisional. El informe arbitral provisional no deberá ser presentado en ningún caso

en un plazo superior a 120 (ciento veinte) días a partir de la fecha de constitución del panel arbitral.

3. En casos de urgencia, tales como los relativos a mercancías perecederas u otras mercancías

o servicios que pierdan rápidamente su calidad, estado actual o valor comercial en un breve período

de tiempo, el panel arbitral hará todo lo posible por presentar su informe arbitral provisional en un

plazo de 45 (cuarenta y cinco) días y, en cualquier caso, a más tardar 60 (sesenta) días después de la

fecha de constitución del panel arbitral.

& /es 513

4. Una parte podrá solicitar por escrito al panel arbitral que revise aspectos concretos del

informe arbitral provisional a más tardar 14 (catorce) días después de su recepción o, en casos de

urgencia, como los relativos a mercancías perecederas o mercancías o servicios estacionales, a más

tardar 7 (siete) días después de su recepción. Tras considerar cualquier observación escrita

presentada por las partes sobre el informe arbitral provisional, el panel arbitral podrá modificarlo y

realizar cualquier otro examen que considere apropiado.

5. Si no se presenta ninguna solicitud por escrito de reconsideración de aspectos concretos del

informe arbitral provisional dentro del plazo mencionado en el apartado 4, el informe arbitral

provisional pasará a ser el laudo final.

6. El panel arbitral entregará su laudo arbitral a las partes y al Comité Conjunto en su

configuración de comercio a más tardar 120 (ciento veinte) días después de su constitución. Si el

panel arbitral considera que no puede cumplirse ese plazo, su presidente lo notificará por escrito a

las partes y al Comité Conjunto en su configuración de comercio, exponiendo los motivos del

retraso. El laudo arbitral no deberá ser dictado, en ningún caso, en un plazo superior a 150 (ciento

cincuenta) días a partir de la fecha de constitución del panel arbitral.

7. En casos de urgencia, tales como los relativos a mercancías perecederas u otras mercancías

o servicios que pierdan rápidamente su calidad, estado actual o valor comercial en un breve período

de tiempo, el panel arbitral hará todo lo posible por dictar el laudo arbitral a más tardar 60 (sesenta)

días después de la fecha de su constitución. El laudo arbitral no se dictará en ningún caso en un

plazo superior a 75 (setenta y cinco) días después de esa fecha.

& /es 514

8. En el laudo arbitral se expondrán las constataciones de hecho, la aplicabilidad de las

disposiciones contempladas, cuando proceda, y la fundamentación básica de las constataciones y

recomendaciones. El laudo arbitral incluirá un análisis suficiente de los argumentos presentados por

las partes y responderá claramente a las preguntas y observaciones de ambas partes, incluidas las

formuladas en relación con el informe arbitral provisional.

9. El panel arbitral hará una evaluación objetiva del asunto planteado, incluida una evaluación

objetiva de los hechos del caso y de los argumentos y pruebas presentados por ambas partes, y:

a) en el caso de una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra a), la aplicabilidad de las

disposiciones contempladas y la conformidad con dichas disposiciones; o

b) en caso una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra b), la existencia de una anulación

o menoscabo sustancial de cualquier beneficio obtenido por la parte demandante en virtud de

las disposiciones cubiertas de una manera que afecta negativamente al comercio entre las

partes.

10. En el caso de una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra b), a menos que las partes

acuerden otra cosa, el panel arbitral:

a) determinará si la medida en cuestión anula o menoscaba sustancialmente algún beneficio

obtenido por la parte demandante en virtud de las disposiciones contempladas, de una manera

que afecta negativamente al comercio entre las partes;

b) en su caso, determinará el nivel de los beneficios obtenidos por la parte demandante en virtud

de las disposiciones contempladas que hayan sido anulados o menoscabados sustancialmente

de una manera que afecta negativamente al comercio entre las partes;

& /es 515

c) si ha constatado que la medida en cuestión anula o menoscaba sustancialmente algún

beneficio obtenido por la parte demandante en virtud de las disposiciones contempladas, de

una manera que afecta negativamente al comercio entre las partes, recomendará a la parte

demandada que realice un ajuste mutuamente satisfactorio; la parte demandada no está

obligada a retirar la medida en cuestión; y

d) si procede, y si así lo solicitan ambas partes, indicará formas y medios para lograr un ajuste

mutuamente satisfactorio como, por ejemplo, mediante una compensación; estas indicaciones

no serán vinculantes para las partes.

11. El panel arbitral hará todo lo posible para adoptar las decisiones por consenso. No obstante,

cuando no pueda llegarse a una decisión por consenso, el asunto en cuestión se decidirá por

mayoría. Los árbitros no emitirán opiniones discrepantes o aparte y mantendrán la confidencialidad

en lo que respecta a las votaciones.

12. El Comité Conjunto en su configuración de comercio hará público el laudo arbitral del panel

arbitral en su totalidad, a menos que las partes decidan, de común acuerdo, no hacer públicas las

partes del mismo que contengan información confidencial.

13. El laudo arbitral será vinculante para las partes a partir de la fecha en que se dicte y no se

podrá recurrir.

14. El laudo arbitral no podrá aumentar ni reducir los derechos y obligaciones previstos en las

disposiciones contempladas. El laudo arbitral no se interpretará en el sentido de que confiere

derechos o impone obligaciones a las personas.

15. Los apartados 2, 4, 6, 8 y 11 serán aplicables a los laudos del panel arbitral a que se refieren

los artículos 29.18, 29.19, 29.20 y 29.21.

& /es 516

ARTÍCULO 29.15

Retirada, solución de mutuo acuerdo o suspensión de una diferencia

1. La parte demandante podrá, con el consentimiento de la parte demandada, retirar su

reclamación antes de que se haya dictado el laudo arbitral.

2. Si las partes llegan a una solución de mutuo acuerdo en cualquier momento antes o después

de la emisión del laudo arbitral, ambas partes lo notificarán por escrito al Comité Conjunto en su

configuración de comercio.

3. El panel arbitral, a petición de ambas partes, suspenderá su labor en cualquier momento,

antes de que se haya dictado el laudo arbitral, por un período acordado por las partes y no superior a

12 (doce) meses consecutivos. Dentro de ese período, el panel arbitral reanudará su labor

únicamente a petición escrita de ambas partes. La solicitud será notificada al Comité Conjunto en su

configuración de comercio. El procedimiento se reanudará a partir de la fase en que se suspendió 20

(veinte) días después de la fecha de recepción de la solicitud. Si la labor del panel arbitral se ha

suspendido durante más de 12 (doce) meses, la autoridad del panel arbitral expirará, sin perjuicio

del derecho de la parte demandante a solicitar en un momento posterior la constitución de un panel

arbitral sobre el mismo asunto.

& /es 517

ARTÍCULO 29.16

Solicitud de aclaración

A más tardar 10 (diez) días después de la recepción del laudo arbitral, una parte podrá presentar al

panel arbitral, con copia a la otra parte y al Comité Conjunto en su configuración de comercio, una

solicitud por escrito de aclaración relativa a aspectos específicos de cualquier constatación o

recomendación del laudo arbitral que la parte solicitante considere ambigua. La otra parte en la

diferencia podrá presentar observaciones sobre dicha solicitud al panel arbitral a más tardar 5

(cinco) días después de su recepción. El panel arbitral responderá a la solicitud de aclaración del

laudo arbitral a más tardar 15 (quince) días después de su recepción. Las solicitudes de aclaración

no se utilizarán como medio para revisar el laudo arbitral.

ARTÍCULO 29.17

Cumplimiento del laudo arbitral

1. La parte demandada adoptará las medidas necesarias para cumplir con prontitud y de buena

fe el laudo arbitral.

2. Si el panel arbitral concluye que la medida en cuestión anula o menoscaba sustancialmente

algún beneficio obtenido por la parte demandante en virtud de las disposiciones contempladas, de

una manera que afecta negativamente al comercio entre las partes, las partes celebrarán consultas

con el objetivo de alcanzar una solución de mutuo acuerdo. Las Partes procurarán dar preferencia a

una solución que amplíe efectivamente el acceso al mercado mediante medidas que incluyan la

reducción de aranceles o la eliminación de barreras no arancelarias.

& /es 518

ARTÍCULO 29.18

Plazo razonable para el cumplimiento

1. Si resulta impracticable cumplir inmediatamente el laudo arbitral, la parte demandada

dispondrá de un plazo razonable para hacerlo. En tal caso, la parte demandada notificará a la parte

demandante y al Comité Conjunto en su configuración de comercio, a más tardar 30 (treinta) días

después de la recepción del laudo arbitral, la duración del plazo razonable que necesitará para el

cumplimiento.

2. Si las partes no han alcanzado un acuerdo sobre la duración del plazo razonable para

cumplir el laudo arbitral, la parte demandante, a más tardar 20 (veinte) días después de la recepción

de la notificación realizada en virtud del apartado 1 por la parte demandada, solicitará por escrito al

panel arbitral original que determine la duración de este plazo razonable. Esta solicitud será

notificada a la otra parte y al Comité Conjunto en su configuración de comercio. El panel arbitral

entregará su decisión a las partes y al Comité Conjunto en su configuración de comercio a más

tardar 20 (veinte) días después de la fecha de presentación de la solicitud.

3. La parte demandada informará por escrito a la parte demandante de sus avances en el

cumplimiento del laudo arbitral al menos 1 (un) mes antes de la expiración del plazo razonable.

4. El plazo razonable podrá ampliarse por mutuo acuerdo de las partes.

& /es 519

ARTÍCULO 29.19

Revisión de cualquier medida adoptada para cumplir el laudo arbitral

1. Antes de que expire el plazo razonable a que se refiere el artículo 29.18, la parte demandada

notificará a la otra parte y al Comité Conjunto en su configuración de comercio cualquier medida

que haya adoptado para cumplir el laudo arbitral.

2. Si las partes discrepan sobre la existencia o la conformidad de la medida notificada por la

parte demandada en virtud del apartado 1 con el laudo arbitral o con las disposiciones

contempladas, la parte demandante podrá presentar una solicitud al panel arbitral original para que

se pronuncie sobre el asunto. La solicitud indicará la medida específica en cuestión y explicará en

qué sentido no cumple el laudo arbitral o es incompatible con las disposiciones contempladas de tal

forma que presente claramente el fundamento jurídico de la reclamación. El panel arbitral entregará

su decisión a las partes a más tardar 45 (cuarenta y cinco) días después de la fecha de presentación

de la solicitud.

ARTÍCULO 29.20

Medidas correctoras temporales en caso de incumplimiento

1. Si la parte demandada no ha notificado la medida que haya adoptado para cumplir el laudo

arbitral o las disposiciones contempladas en el plazo razonable determinado con arreglo al

artículo 29.18, o si el panel arbitral emite una decisión con arreglo al artículo 29.19, apartado 2, en

el sentido de que no existe ninguna medida adoptada de cumplimiento o de que la medida notificada

de conformidad con el artículo 29.19, apartado 1, es incompatible con el laudo arbitral o con las

obligaciones de la parte demandada en virtud de las disposiciones contempladas, la parte

demandada, si así lo solicita la parte demandante, presentará una oferta de compensación temporal.

& /es 520

2. La Parte demandante podrá, previa notificación a la parte demandada y al Comité Conjunto

en su configuración de comercio, suspender concesiones u otras obligaciones en virtud de las

disposiciones contempladas si:

a) la parte demandante decide no solicitar una oferta de compensación temporal con arreglo al

apartado 1; o

b) se presente dicha solicitud y no se llegue a un acuerdo sobre la compensación en un plazo de

30 (treinta) días a partir de:

i) el final del plazo razonable determinado de conformidad con el artículo 29.18; o

ii) la entrega de un laudo arbitral con arreglo al artículo 29.19, apartado 2, en el que se

declare que no existe ninguna medida de cumplimiento o que la medida notificada de

conformidad con el artículo 29.19, apartado 1, es incompatible con el laudo arbitral o

con las disposiciones contempladas.

3. La suspensión de concesiones u otras obligaciones no superará el nivel equivalente a la

anulación o menoscabo sufrido como consecuencia del incumplimiento del laudo arbitral por la

parte demandada. La parte demandante notificará a la otra parte las concesiones u otras

obligaciones que tenga intención de suspender 30 (treinta) días antes de la fecha en la que vaya a

entrar en vigor la suspensión.

4. Al estudiar qué concesiones u otras obligaciones deben suspenderse, la parte demandante

debe tratar en primer lugar de suspender concesiones u otras obligaciones dentro del mismo sector o

sectores que aquellos afectados por la medida que se haya considerado no conforme con las

disposiciones cubiertas o que haya anulado o menoscabado sustancialmente los beneficios

obtenidos por la Parte demandante en virtud de la parte III del presente Acuerdo de una manera que

afecta negativamente al comercio entre las Partes.

& /es 521

5. En el caso de una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra a), la suspensión de

concesiones podrá aplicarse a sectores distintos del sector o sectores en los que el panel arbitral

haya constatado la anulación o el menoscabo, en particular si la parte demandante considera que

dicha suspensión es efectiva para inducir el cumplimiento.

6. En el caso de una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra b), si la parte demandante

considera que la suspensión de concesiones en el mismo sector o sectores que aquellos afectados

negativamente por la medida en cuestión no es factible o eficaz, podrá tratar de aplicarlas a otros

sectores. En tal caso, la parte demandante tendrá en cuenta:

a) el comercio en el sector afectado negativamente por la medida en cuestión y la importancia de

dicho comercio para esa parte;

b) los elementos económicos más amplios relacionados con la anulación o el menoscabo

sustancial; y

c) las consecuencias económicas más generales de la aplicación de la suspensión de concesiones,

incluida la adopción de medidas correctoras temporales difundida por múltiples sectores para

tener en cuenta la diferente dimensión económica de los sectores implicados.

7. En caso de diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra b), la parte demandante seguirá

concediendo a la parte demandada, en el sector sujeto a las medidas correctoras en cuestión, un trato

significativamente más favorable que el que concedió a esa parte antes de la entrada en vigor del

presente Acuerdo.

En particular, cuando se adopte una medida correctora temporal mediante la suspensión de

concesiones arancelarias, la parte demandante dará prioridad a las mercancías que estén sujetas a la

plena liberalización arancelaria.

& /es 522

En el caso de las mercancías sujetas a contingentes arancelarios, las medidas correctoras temporales

se aplicarán de tal manera que al menos el 50 (cincuenta) por ciento del volumen contingentario

especificado en el anexo 10-A, correspondiente a la parte demandada, no se vea afectado y sea

plenamente accesible con arreglo a las condiciones de la parte III del presente Acuerdo.

En el caso de las mercancías sujetas a liberalización por etapas y para las que el período de

reducción de aranceles hasta la plena liberalización sea superior a 11 (once) años, las medidas

correctoras temporales en forma de suspensión de concesiones arancelarias no superarán el 50 % (el

cincuenta) por ciento de la diferencia entre, por una parte, el tipo establecido en el anexo 10-A

aplicable en el momento pertinente y, por otra, el tipo arancelario no preferencial aplicado de la

parte que realiza la suspensión, hasta que el comercio de las mercancías de que se trate esté

totalmente liberalizado.

8. En el caso de una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra b), en el que esté

implicado un país en desarrollo sin litoral, la parte demandante estudiará qué medidas adicionales

podría adoptar que sean adecuadas a las circunstancias de dicho país, teniendo en cuenta no solo el

alcance comercial de las medidas objeto de la reclamación, sino también el impacto de cualquier

medida correctora temporal en los retos económicos específicos de dicho país.

& /es 523

9. Si la parte demandada considera que el nivel notificado de suspensión de concesiones u

otras obligaciones supera el nivel equivalente a la anulación o menoscabo causado como

consecuencia del incumplimiento por parte de la parte demandada del laudo arbitral, podrá

presentar una solicitud por escrito al panel arbitral inicial para que se pronuncie sobre el asunto.

Dicha solicitud será notificada a la parte demandante y al Comité Conjunto en su configuración de

comercio a más tardar 30 (treinta) días después de la fecha de recepción de la notificación a que se

refiere el apartado 2. En el plazo de 10 (diez) días a partir de la fecha de recepción de la solicitud

para el panel arbitral, la parte demandante presentará un documento en el que se indique la

metodología utilizada para calcular el nivel de suspensión de concesiones u otras obligaciones. El

panel arbitral entregará su decisión a más tardar 30 (treinta) días después de la fecha de recepción

de la solicitud. Durante ese período, la parte demandante no suspenderá ninguna concesión ni otras

obligaciones.

10. La suspensión de concesiones u otras obligaciones será temporal y no sustituirá al objetivo

de pleno cumplimiento del laudo arbitral y de las disposiciones contempladas. Las concesiones u

otras obligaciones solo se suspenderán hasta que:

a) en el caso de una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra a), toda medida que el panel

de arbitraje haya considerado incompatible con las disposiciones contempladas haya sido

retirada o modificada de forma que haga a la parte demandada cumpla dichas disposiciones;

b) en el caso de una diferencia a que se refiere el artículo 29.4, letra b), toda medida que el panel

de arbitraje haya constatado que anula o menoscaba sustancialmente un beneficio obtenido

por la parte demandante en virtud de las disposiciones cubiertas, de una manera que afecta

negativamente al comercio entre las partes, haya sido retirada o modificada para eliminar

dicha anulación o menoscabo sustancial;

c) las partes hayan acordado que la medida notificada de conformidad con el artículo 29.19,

apartado 1, hace que la parte demandada cumpla el laudo arbitral o las disposiciones

contempladas; o

& /es 524

d) las Partes hayan llegado a una solución de mutuo acuerdo conforme a lo dispuesto en el

artículo 29.24.

11. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en caso de diferencia a que se refiere el

artículo 29.4, letra b), la compensación podrá formar parte de un ajuste mutuamente satisfactorio

como solución final de la diferencia.

ARTÍCULO 29.21

Revisión de las medidas tomadas a efectos de cumplimiento tras la adopción

de medidas correctoras temporales por incumplimiento

1. La parte demandada notificará a la parte demandante y al Comité Conjunto en su

configuración de comercio cualquier medida que haya adoptado para cumplir el laudo arbitral tras

la suspensión de concesiones u otras obligaciones o tras la aplicación de una compensación

temporal, según sea el caso. Excepto en los casos previstos en el apartado 2, la parte demandante

pondrá fin a la suspensión de concesiones u otras obligaciones en un plazo máximo de 30 (treinta)

días a partir de la entrega de la notificación. Si se ha aplicado una compensación, y con excepción

de los casos contemplados en el apartado 2, la parte demandada podrá poner fin a la aplicación de

dicha compensación en un plazo máximo de 30 (treinta) días tras su notificación de que ha

cumplido el laudo arbitral.

& /es 525

2. Si las partes discrepan sobre si la medida notificada hace que la parte demandada cumpla el

laudo arbitral o las disposiciones contempladas, cualquiera de las partes podrá, a más tardar 30

(treinta) días después de la notificación de la medida, solicitar por escrito al panel arbitral que se

pronuncie sobre el asunto. Esta solicitud será notificada a la otra parte y al Comité Conjunto en su

configuración de comercio. El panel arbitral notificará su decisión a las partes y al Comité Conjunto

en su configuración de comercio a más tardar 45 (cuarenta y cinco) días después de la recepción de

la solicitud. Se pondrá fin a la suspensión de concesiones u otras obligaciones o la compensación,

según corresponda, si el panel de arbitraje determina que la medida adoptada a efectos de

cumplimiento se ajusta al laudo arbitral y a las disposiciones contempladas. Si procede, la parte

demandante ajustará el nivel de suspensión de concesiones u otras obligaciones al nivel

determinado por el panel arbitral.

3. También se pondrá fin a la suspensión de concesiones u otras obligaciones o a la

compensación, según el caso, si no se presenta solicitud alguna al panel arbitral de conformidad con

el apartado 2.

ARTÍCULO 29.22

Anexos

1. Los anexos 29-A, 29-B y 29-C forman parte integrante del presente capítulo.

2. Las diferencias contempladas en el presente capítulo se llevarán a cabo de conformidad con

los anexos 29-A y 29-B.

3. El Comité Conjunto en su configuración de comercio podrá modificar los anexos 29-A y 29

B.

& /es 526

SECCIÓN D

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 29.23

Elección de foro

1. Las diferencias relacionadas con la misma cuestión que surjan en virtud de las disposiciones

contempladas y del Acuerdo sobre la OMC, o de cualquier otro acuerdo en el que las partes

pertinentes sean parte, podrán resolverse con arreglo al presente capítulo, al ESD o a los

procedimientos de solución de diferencias de ese otro acuerdo, a discreción de la parte demandante.

2. A efectos del presente artículo:

a) un procedimiento de solución de diferencias conforme al Acuerdo sobre la OMC se

considerará incoado cuando una Parte solicite la constitución de un panel arbitral en virtud del

artículo 6 del ESD;

b) un procedimiento de solución de diferencias conforme a cualquier otro acuerdo se considerará

incoado cuando una Parte solicite la constitución de un panel o tribunal de solución de

diferencias en virtud de lo dispuesto en dicho acuerdo; y

c) un procedimiento de solución de diferencias conforme al presente capítulo se considerará

incoado cuando una Parte solicite la constitución de un panel arbitral en virtud del artículo

29.7.

& /es 527

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4,

cuando la Unión Europea o el MERCOSUR o uno o varios de los Estados del MERCOSUR

signatarios hayan solicitado el establecimiento de un panel en virtud del artículo 6 del ESD o de las

disposiciones pertinentes de otro acuerdo en el que sean parte las partes pertinentes, o de un panel

arbitral de conformidad con el artículo 29.7, dicha parte no podrá iniciar otro procedimiento sobre

el mismo asunto en ninguno de los demás foros, excepto en los casos en que el órgano competente

del foro elegido no haya adoptado una decisión sobre el fondo del asunto por motivos

jurisdiccionales o de procedimiento distintos de la conclusión del procedimiento a raíz de una

solicitud de retirada o suspensión del procedimiento.

4. Una vez que el MERCOSUR haya solicitado la constitución de un panel arbitral con arreglo

al artículo 29.7, ningún Estado del MERCOSUR signatario iniciará otro procedimiento sobre el

mismo asunto en ningún otro foro. Una vez que la Unión Europea haya solicitado la constitución de

un panel arbitral en virtud del artículo 29.7 contra el MERCOSUR, la Unión Europea no iniciará

otro procedimiento contra uno o varios de los Estados del MERCOSUR signatarios en ningún otro

foro, si la medida impugnada de esos Estados del MERCOSUR signatarios es una medida de

ejecución de la medida impugnada del MERCOSUR y la Unión Europea alega el incumplimiento

de una obligación sustancialmente equivalente.

5. Dos o más diferencias se refieren al mismo asunto cuando afectan a las mismas partes en la

diferencia, hacen referencia a la misma medida y tratan del supuesto incumplimiento de una

obligación sustancialmente equivalente **[1]** .

**1** Para mayor seguridad, a efectos del presente artículo, no se considerarán relativas al mismo
asunto dos o más diferencias que afecten a las mismas partes en la diferencia y que se refieran
a la misma medida, pero que no se refieran a una supuesta infracción de las disposiciones
cubiertas, del Acuerdo de la OMC o de cualquier otro acuerdo en el que las partes pertinentes
sean parte.

& /es 528

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo

impedirá que las Partes suspendan las obligaciones autorizadas por el Órgano de Solución de

Diferencias de la OMC o autorizadas en virtud de los procedimientos de solución de diferencias de

otro acuerdo internacional en el que sean parte las partes en la diferencia. No se invocará el

Acuerdo sobre la OMC ni los demás acuerdos internacionales entre las partes para impedir que una

Parte suspenda obligaciones al amparo del presente capítulo.

ARTÍCULO 29.24

Solución de mutuo acuerdo

1. Las partes podrán llegar a una solución de mutuo acuerdo en cualquier momento con

respecto a cualquier diferencia contemplada en el artículo 29.4. Las Partes acordarán un plazo para

la aplicación de dicha solución.

2. Si se llega a una solución de mutuo acuerdo durante el procedimiento de arbitraje, las Partes

notificarán conjuntamente la solución al presidente del tribunal de arbitraje. Tras esta notificación,

se dará por concluido el procedimiento de arbitraje.

3. Cada Parte adoptará las medidas necesarias para aplicar la solución de mutuo acuerdo en el

plazo acordado.

4. La solución podrá ser adoptada por medio de una decisión del Consejo Conjunto en su

configuración de comercio. La conclusión de la solución de mutuo acuerdo entre las partes podrá

estar sujeta a la conclusión de los procedimientos internos necesarios. Las soluciones de mutuo

acuerdo se pondrán a disposición del público sin contener información que cualquiera de las partes

haya designado como confidencial.

& /es 529

5. La parte que aplique la solución de mutuo acuerdo informará por escrito a la otra parte,

dentro del plazo acordado, de cualquier medida que haya adoptado para aplicar la solución de

mutuo acuerdo.

ARTÍCULO 29.25

Plazos

1. El panel arbitral o el mediador podrá proponer en cualquier momento a las partes que

modifiquen cualquier plazo a que se hace referencia en el presente capítulo, exponiendo los motivos

de tal propuesta.

2. Cualquier plazo establecido en el presente capítulo podrá ser ampliado por acuerdo mutuo

de las partes.

ARTÍCULO 29.26

Confidencialidad

Las deliberaciones del panel arbitral serán confidenciales. El panel arbitral y las partes tratarán

como confidencial la información presentada por una parte al panel arbitral que dicha parte haya

designado como confidencial. Cuando dicha parte facilite una versión confidencial de sus escritos al

panel arbitral, también facilitará, a petición de la otra parte, un resumen no confidencial de la

información contenida en esas comunicaciones que pueda hacerse público.

& /es 530

ARTÍCULO 29.27

Costes

1. Cada una de las Partes asumirá los gastos propios en que incurran con motivo de su

participación en un procedimiento de arbitraje o de mediación.

2. Las partes **[1]** asumirán conjuntamente y por partes iguales los gastos derivados de cuestiones

de organización, incluidos la remuneración y los gastos de los árbitros y del mediador, según lo

dispuesto en el anexo 29-A.

**1** Para mayor certeza, estos costes deben repartirse de forma conjunta y equitativa entre, por una
parte, la Unión Europea y, por otra, los Estados MERCOSUR signatarios del que sean partes
en la diferencia y el MERCOSUR, si este último es también parte en la diferencia.

& /es 531

PARTE IV

DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO 30

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 30.1

Entrada en vigor

1. El presente Acuerdo entrará en vigor entre la Parte UE y la Parte MERCOSUR el primer día

del mes siguiente a la fecha en que se hayan notificado mutuamente por escrito la finalización de

sus respectivos procedimientos internos necesarios a tal efecto.

2. Las notificaciones se enviarán al Secretario General del Consejo de la Unión Europea y al

Gobierno de la República del Paraguay, o sus sucesores, que serán los depositarios del presente

Acuerdo.

& /es 532

ARTÍCULO 30.2

Aplicación antes de la entrada en vigor

1. El presente Acuerdo podrá aplicarse de forma provisional. La aplicación provisional podrá

tener lugar entre, por una parte, la Unión Europea y, por otra, el MERCOSUR y/o uno o varios de

los Estados del MERCOSUR signatarios, de conformidad con sus respectivos procedimientos

internos.

2. La aplicación provisional del presente Acuerdo y de sus partes comenzará el primer día del

segundo mes siguiente a la fecha en que:

a) la Unión Europea haya notificado la finalización de sus procedimientos internos, indicando

las partes del presente Acuerdo que serán aplicadas provisionalmente; y

b) tras una notificación de la Unión Europea, el MERCOSUR y/o el Estado o Estados del

MERCOSUR signatarios pertinentes, según proceda, hayan notificado la finalización de sus

procedimientos internos o la ratificación del presente Acuerdo y hayan confirmado su acuerdo

de aplicar provisionalmente las partes del presente Acuerdo propuestas por la Unión Europea.

3. Las notificaciones serán enviadas a los depositarios del presente Acuerdo.

4. El Consejo Conjunto y otros órganos creados en virtud del presente Acuerdo podrán ejercer

sus funciones durante el período en el que el presente acuerdo y sus partes se apliquen de modo

provisional. Cualquier decisión adoptada durante este período en el ejercicio de sus funciones se

aplicará exclusivamente entre las Partes que apliquen el presente Acuerdo provisionalmente, y

dejará de ser efectiva entre la Parte o las Partes que dejen de aplicar provisionalmente el presente

Acuerdo y el resto de la Parte o las Partes.

& /es 533

5. Cuando, de conformidad con el presente artículo, el presente Acuerdo o determinadas

disposiciones del mismo se apliquen provisionalmente, toda referencia a la fecha de entrada en

vigor se entenderá hecha a la fecha a partir de la cual tenga lugar dicha aplicación.

6. Cuando, de conformidad con el presente artículo, el presente Acuerdo o determinadas

disposiciones del presente Acuerdo sean aplicadas provisionalmente por la Unión Europea y uno o

varios Estados del MERCOSUR signatarios, toda referencia al MERCOSUR se entenderá hecha al

Estado o Estados del MERCOSUR signatarios que hayan aceptado aplicar provisionalmente el

presente Acuerdo.

7. Las modificaciones del presente Acuerdo o de sus partes también podrán aplicarse

provisionalmente según lo dispuesto en el presente artículo. Si dichas modificaciones se adoptan

durante la aplicación provisional del presente Acuerdo, se aplicarán al MERCOSUR y/o a un

Estado del MERCOSUR signatario tras su acuerdo para aplicar provisionalmente el presente

Acuerdo y sus partes con arreglo al apartado 2, y seguirán siendo válidas tras la entrada en vigor del

presente Acuerdo.

ARTÍCULO 30.3

Referencias a leyes y otros acuerdos

1. Salvo disposición en contrario, cuando se haga referencia a las leyes y los reglamentos de

una Parte, se entenderá que tales leyes y reglamentos incluyen sus modificaciones.

2. Salvo disposición en contrario, toda referencia o incorporación por medio de una referencia

en el presente Acuerdo a otros acuerdos o instrumentos jurídicos, en su totalidad o en parte, se

interpretará en el sentido de que incluye los anexos, protocolos, notas a pie de página, notas

interpretativas y notas explicativas relacionados.

& /es 534

3. Salvo disposición en contrario, cuando en el presente Acuerdo se mencionen o se

incorporen, total o parcialmente, acuerdos internacionales, se entenderá que se incluyen sus

modificaciones o los acuerdos que los sucedan y que entren en vigor para ambas Partes en la fecha

de la firma del presente Acuerdo o con posterioridad a dicha fecha. Si se plantea alguna cuestión

relativa a la ejecución o la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo como consecuencia

de tales modificaciones o acuerdos sucesores, las Partes, a petición de una de ellas, podrán celebrar

consultas en caso necesario a través del Consejo Conjunto para encontrar una solución satisfactoria

para ambas. Como resultado de estas consultas, las Partes podrán, mediante decisión del Consejo

Conjunto, modificar el presente Acuerdo en consecuencia.

4. El apartado 3 se aplicará _mutatis mutandis_ si la modificación o el acuerdo sucesor de un

acuerdo internacional mencionado o incorporado en el presente Acuerdo, en su totalidad o en parte,

ha entrado en vigor para la Unión Europea y uno o varios Estados del MERCOSUR signatarios.

ARTÍCULO 30.4

Cumplimiento de las obligaciones

1. Sobre la base de los principios de respeto mutuo, asociación equitativa y respeto del

Derecho internacional, cada Parte adoptará todas las medidas generales o específicas necesarias

para cumplir sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo.

2. Si una de las Partes considera que la otra Parte ha incumplido alguna de las obligaciones

contempladas en el título III del presente Acuerdo, serán aplicables los mecanismos específicos

previstos en dicha parte del Acuerdo.

& /es 535

3. Si cualquiera de las Partes considera, sobre la base de la situación de hecho, que la otra Parte

ha violado alguna de las obligaciones descritas como elementos esenciales en el artículo 1.2,

apartado 1, el artículo 5.2, apartado 2, y el artículo 7.7, apartado 3, podrá adoptar medidas

apropiadas al respecto.

Notificará inmediatamente a la otra Parte este hecho y las medidas adoptadas. Una Parte podrá

solicitar que se celebren consultas urgentes sobre el asunto con vistas a buscar una solución de

mutuo acuerdo. Las Partes afectadas procurarán celebrar consultas antes de que se adopten las

medidas adecuadas. La Parte notificante que adopte las medidas presentará toda la información

pertinente necesaria para un examen exhaustivo de la situación.

A efectos del presente apartado, las «medidas adecuadas» podrán incluir la suspensión, total o

parcial, del presente Acuerdo. La suspensión del presente Acuerdo es una medida de último recurso

y solo puede imponerse en caso de violaciones especialmente graves y sustanciales de los elementos

esenciales establecidos en el artículo 1.2, apartado 1, el artículo 5.2, apartado 2, y el artículo 7.7,

apartado 3. En tal caso, las Partes quedarán exentas de la obligación de ejecutar el presente

Acuerdo, total o parcialmente, en sus relaciones mutuas durante el período de suspensión. Dicha

suspensión se aplicará durante el período mínimo necesario para resolver el asunto de una manera

aceptable para las Partes.

& /es 536

4. Si una de las Partes considera, sobre la base de la situación de hecho, que la otra Parte ha

incumplido alguna de las obligaciones del presente Acuerdo, excepto las que entran en el ámbito de

aplicación de los apartados 2 y 3, lo notificará a la otra Parte. Las Partes intensificarán sus esfuerzos

para consultar y cooperar con el fin de resolver las cuestiones de manera oportuna y amistosa, y

celebrarán consultas bajo los auspicios del Consejo Conjunto con vistas a alcanzar una solución

mutuamente aceptable. El Consejo Conjunto podrá pedir al Comité Mixto que se reúna en un plazo

de quince días para celebrar consultas urgentes. Cada una de las Partes proporcionará la

información pertinente necesaria para un examen exhaustivo. Si el Consejo Conjunto no logra

alcanzar una solución aceptable para ambas Partes dentro de noventa días a partir de la fecha de

notificación, la Parte notificante podrá adoptar medidas apropiadas al respecto. A efectos del

presente apartado, las «medidas apropiadas» podrán abarcar únicamente la suspensión de las partes

I, II y IV del presente Acuerdo. En tal caso, la Parte notificante y la Parte notificada quedarán

exentas de la obligación de ejecutar las partes suspendidas del presente Acuerdo en sus relaciones

mutuas durante el período de suspensión.

5. Las «medidas apropiadas» a que se refieren los apartados 3 y 4 se adoptarán respetando

plenamente el Derecho internacional y serán proporcionadas respecto del incumplimiento de las

obligaciones derivadas del presente Acuerdo. Se deberá otorgar prioridad a aquellas medidas

apropiadas que menos perturben el funcionamiento del presente Acuerdo.

6. La suspensión de la ejecución de cualquier parte del presente Acuerdo en relación con un

Estado del MERCOSUR signatario no implicará la suspensión de la ejecución del presente Acuerdo

en relación con los demás Estados del MERCOSUR signatarios, salvo cuando la suspensión total

del presente Acuerdo con arreglo al apartado 3 sea adecuada para subsanar una violación de los

elementos esenciales establecidos en el artículo 1.2, apartado 1, y en el artículo 5.2, apartado 2. A la

hora de determinar si procede suspender el presente Acuerdo en su totalidad, la Parte UE tendrá en

cuenta las medidas adoptadas por el MERCOSUR contra el Estado del MERCOSUR signatario que

haya cometido la infracción.

& /es 537

7. La suspensión del presente Acuerdo en caso de violación del elemento esencial establecido

en el artículo 7.7, apartado 3, cometida por un Estado del MERCOSUR signatario no implicará la

suspensión de la ejecución del presente Acuerdo en relación con los demás Estados del

MERCOSUR signatarios.

ARTÍCULO 30.5

Modificaciones

1. Las Partes podrán acordar, por escrito, modificar el presente Acuerdo. Las modificaciones

entrarán en vigor después de que las Partes intercambien por escrito notificaciones que certifiquen

que han finalizado sus respectivos procedimientos y requisitos internos aplicables necesarios para la

entrada en vigor de la modificación, o en otra fecha que acuerden.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Consejo Conjunto en su configuración de

comercio y el Comité Conjunto, según proceda, podrán decidir la modificación de los anexos de la

parte III del presente Acuerdo o de otras partes de la misma si así lo dispone el presente Acuerdo.

Dicha decisión podrá disponer que las modificaciones se apliquen a partir de la fecha acordada por

las Partes o tras la notificación del cumplimiento de los requisitos legales de una o varias Partes, si

procede.

ARTÍCULO 30.6

Adhesión de nuevos Estados miembros a la Unión Europea

1. La Unión Europea notificará a la Parte MERCOSUR toda solicitud de adhesión de un tercer

país a la Unión Europea.

& /es 538

2. Durante las negociaciones entre la Unión Europea y el país candidato a la adhesión, la

Unión Europea:

a) facilitará, a petición de la Parte MERCOSUR y en la mayor medida posible, información

sobre cualquier asunto contemplado en el presente Acuerdo; y

b) tendrá en cuenta las preocupaciones expresadas por la Parte MERCOSUR.

3. El Comité Conjunto examinará los efectos en el presente Acuerdo de la adhesión de un

tercer país a la Unión Europea con suficiente antelación con respecto a dicha fecha de adhesión.

4. En la medida necesaria, las Partes, antes de la entrada en vigor del acuerdo sobre la adhesión

de un tercer país a la Unión Europea, establecerán mediante decisión del Consejo Conjunto los

ajustes o disposiciones transitorias necesarias en relación con el presente Acuerdo.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, la parte III del presente Acuerdo se aplicará

entre el nuevo Estado miembro de la Unión Europea y la Parte MERCOSUR a partir de la fecha de

adhesión de dicho nuevo Estado miembro a la Unión Europea.

ARTÍCULO 30.7

Adhesión de Estados Partes al MERCOSUR

1. El MERCOSUR notificará a la Parte UE toda solicitud de adhesión de un tercer país al

MERCOSUR.

& /es 539

2. Durante las negociaciones entre el MERCOSUR y el país candidato a la adhesión, el

MERCOSUR:

a) facilitará, a petición de la Parte UE y en la mayor medida posible, información sobre

cualquier asunto contemplado en el presente Acuerdo; y

b) tendrá en cuenta las preocupaciones expresadas por la UE.

3. Cualquier Estado Parte del MERCOSUR que no sea Parte en el presente Acuerdo en la

fecha de su firma («Estado Parte del MERCOSUR solicitante») podrá adherirse al presente Acuerdo

mediante un protocolo de adhesión celebrado por la Parte UE y el Estado Parte del MERCOSUR

solicitante. El protocolo de adhesión incorporará los resultados de las negociaciones de adhesión y,

en caso necesario, los ajustes recomendados por el Comité Conjunto de conformidad con el

apartado 4. El presente Acuerdo se modificará de conformidad con el artículo 30.5, apartado 1, para

reflejar las condiciones de adhesión acordadas en el protocolo de adhesión entre la Parte UE y el

Estado Parte del MERCOSUR solicitante.

4. Durante las negociaciones del protocolo de adhesión a que se refiere el apartado 3, el

MERCOSUR podrá acompañar a la delegación del Estado Parte solicitante del MERCOSUR y,

antes de la conclusión de las negociaciones, cualquiera de las Partes podrá solicitar una reunión del

Comité Conjunto para examinar los posibles efectos sobre el presente Acuerdo de la adhesión del

Estado Parte de MERCOSUR solicitante y, si fuera necesario, recomendar ajustes.

& /es 540

ARTÍCULO 30.8

Anexos, apéndices y protocolos

Los anexos, apéndices y protocolos del presente Acuerdo formarán parte integrante del mismo.

ARTÍCULO 30.9

Derechos privados

1. Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará de forma que conceda derechos o

imponga obligaciones a personas, distintos de los creados entre las Partes en virtud del Derecho

internacional público.

2. Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que permita su

invocación directa en los ordenamientos jurídicos internos de las Partes. Un Estado Parte del

MERCOSUR signatario del presente Acuerdo podrá disponer otra cosa en virtud de su Derecho

interno.

ARTÍCULO 30.10

Duración de la validez

El presente Acuerdo tendrá una validez indefinida.

& /es 541

ARTÍCULO 30.11

Denuncia

1. La Parte UE o la Parte MERCOSUR podrán notificar por escrito a la otra Parte su intención

de denunciar el presente Acuerdo.

2. La denuncia surtirá efecto nueve meses después de la notificación a que se refiere el

apartado 1.

ARTÍCULO 30.12

Lenguas auténticas

El presente Acuerdo se redacta en las lenguas alemana, búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca,

eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, irlandesa, letona,

lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, siendo cada uno de estos textos

igualmente auténtico.

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