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# 52009DC0175

  

[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 21.4.2009

COM(2009) 175 final

LIBRO VERDE

SOBRE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO (CE) Nº 44/2001, RELATIVO A LA COMPETENCIA JUDICIAL, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL

LIBRO VERDE

SOBRE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO (CE) Nº 44/2001, RELATIVO A LA COMPETENCIA JUDICIAL, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL

El presente Libro Verde acompaña al Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «el Reglamento»)[1]. Tiene por objeto abrir una amplia consulta de las partes interesadas sobre posibles formas de mejorar la aplicación del Reglamento en relación con los puntos que se plantean en el Informe.

La Comisión invita a todos los interesados a hacerle llegar sus observaciones sobre los puntos que se abordan a continuación, así como cualquier otra contribución pertinente, a más tardar el 30 de junio de 2009, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad

Unidad E2 - Justicia Civil

1049 BruselasBÉLGICAFax: 32 22996457

E-mail: jls-coop-jud-civil@ec.europa.eu

Las contribuciones se publicarán en Internet. Le recomendamos encarecidamente que lea la declaración de privacidad específica adjunta a esta consulta para poder estar informado sobre el tratamiento que se da a sus datos personales y a sus contribuciones. Se invita a las organizaciones profesionales a registrarse en el Registro de Grupos de Interés de la Comisión[2].

1. Supresión de todas las medidas intermediarias necesarias para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en el extranjero («exequátur»)

El actual procedimiento de exequátur del Reglamento vino a simplificar el sistema de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales previsto en el Convenio de Bruselas de 1968. No obstante, en un mercado interior sin fronteras, resulta difícil justificar que los ciudadanos y las empresas tengan que perder tiempo y dinero para poder hacer valer sus derechos en el extranjero. Habida cuenta de que la práctica totalidad de las solicitudes de otorgamiento de ejecución se saldan con éxito y que solo en raras ocasiones se deniega el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones extranjeras, el objetivo de suprimir el procedimiento de exequátur en todos los asuntos en materia civil y mercantil parece pausible. En la práctica, se trataría, sobre todo, de los créditos impugnados. Con todo, la supresión del exequátur debería ir acompañada de las salvaguardas necesarias.

Por lo que respecta a los créditos no impugnados, las medidas intermedias se suprimieron sobre la base de un control, en el Estado miembro de origen, de las normas mínimas relativas a la notificación del escrito de interposición de la demanda al demandado y a la comunicación al demandado de información sobre el crédito y el procedimiento. Además, una revisión excepcional debería poner remedio a aquellas situaciones en las que no se notifique personalmente al demandado el escrito de demanda de manera que pueda organizar su defensa o en las que no pueda oponerse a la demanda por causa de fuerza mayor o debido a circunstancias extraordinarias («revisión especial»). En este sistema actual, el demandante debe someterse siempre a un procedimiento de certificación, pero este procedimiento tiene lugar en el Estado miembro de origen y no en el Estado miembro de ejecución.

Para todas los créditos, impugnados o no, el Reglamento (CE) nº 4/2009, sobre las obligaciones de alimentos[3], suprime el exequátur sobre la base de normas armonizadas en materia de ley aplicable, y la protección de los derechos de la defensa queda asegurada por el procedimiento de revisión especial que se aplica una vez dictada la resolución. El Reglamento (CE) nº 4/2009 parte, pues, del principio de que, dado el escaso número de resoluciones «problemáticas» que se presentan para obtener reconocimiento o ejecución, la libre circulación es posible siempre y cuando el demandado disponga de una vía de recurso a posteriori (revisión especial). Si se siguiera un enfoque similar en materia civil y mercantil de forma generalizada, la falta de armonización de este procedimiento de revisión especial podría introducir un cierto grado de incertidumbre en las pocas situaciones en las que el demandado no pudiera defenderse ante un órgano jurisdiccional extranjero. Convendría, por tanto, estudiar si no sería oportuno un procedimiento de revisión más armonizado.

Pregunta 1: ¿Considera que, en el mercado interior, todas las resoluciones en materia civil y mercantil deberían circular libremente, sin procedimientos intermedios (supresión del exequátur)? En caso de respuesta afirmativa ¿estima que se deberían mantener algunas salvaguardas? ¿Cuáles? |

2. Funcionamiento del Reglamento en el ordenamiento jurídico internacional

El buen funcionamiento del mercado interior y la política comercial de la Comunidad, tanto a nivel interno como a nivel internacional, requiere que la igualdad de acceso a la justicia sobre la base de normas claras y precisas en materia de competencia internacional esté asegurada no solo para los demandados sino también para los demandantes domiciliados en la Comunidad. Las necesidades en materia de competencia judicial de las personas residentes en la Comunidad en sus relaciones con partes de terceros países son similares. La respuesta a estas necesidades no debería ser diferentes en función del Estado miembro de que se trate, máxime cuando no existen normas de competencia subsidiaria en todos los Estados miembros. Un enfoque común reforzaría la protección jurídica de los ciudadanos y de los agentes económicos de la Comunidad y garantizaría la aplicación de la legislación comunitaria de carácter vinculante.

Para incluir a los demandados domiciliados en terceros países en el ámbito de aplicación personal de las normas de competencia convendría examinar en qué medida las normas de competencias especiales del Reglamento podrían, con los criterios de vinculación actuales, aplicarse a los demandados de terceros países.

Por otra parte, debería analizarse en qué medida es necesario y oportuno crear nuevos criterios de competencia para los litigios en los que esté implicado un demandado de un tercer país («competencia subsidiaria»). Las normas existentes a nivel nacional persiguen un objetivo importante: garantizar el acceso a la justicia; convendría estudiar qué normas uniformes podrían ser indicadas. A este respecto, habría que encontrar un equilibrio entre el acceso a la justicia, por una parte, y la noción de cortesía internacional, por otra. En este contexto, podrían contemplarse tres criterios: la competencia basada en el ejercicio de actividades, siempre que el litigio se refiera a tales actividades; la localización de los bienes, siempre que la demanda guarde relación con dichos bienes; y un forum necessitatis, que permitiría iniciar una acción en aquellos casos en que sea esta la única forma de garantizar el acceso a la justicia[4].

Además, si se establecen normas uniformes para las demandas interpuestas contra demandados de terceros países, aumentará el riesgo de procedimientos paralelos ante los órganos jurisdiccionales de terceros países y de los Estados miembros. Es preciso examinar, pues, en qué situaciones debe asegurarse el acceso a la justicia de los Estados miembros con independencia de los procedimientos en curso en otros países y en qué situaciones y en qué condiciones podría ser oportuno permitir a los órganos jurisdiccionales inhibirse en favor de órganos jurisdiccionales de terceros países. Tal podría ser el caso, por ejemplo, cuando las partes han celebrado un acuerdo exclusivo de elección de foro a favor de órganos jurisdiccionales de países terceros; cuando el litigio es, por otros motivos, competencia exclusiva de órganos jurisdiccionales de terceros países; o cuando ya se ha emprendido un procedimiento paralelo en un tercer país[5].

Por último, convendría preguntarse hasta qué punto la ampliación del ámbito de aplicación de las normas de competencia debería ir acompañada de normas comunes sobre el efecto de las resoluciones dictadas en terceros países. Una armonización del efecto de estas resoluciones reforzaría la seguridad jurídica, especialmente para los demandados comunitarios que son parte en procedimientos emprendidos ante órganos jurisdiccionales de terceros países. Un régimen común de reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas en terceros países les permitiría prever en qué circunstancias una resolución de este tipo podría ser ejecutada en un Estado miembro de la Comunidad, especialmente si dicha resolución es contraria a una disposición de la legislación comunitaria de carácter vinculante o si el Derecho Comunitario prevé la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros[6].

Pregunta 2:

¿Considera que las normas de competencias especiales del Reglamento podrían aplicarse a los demandados de terceros países? ¿Qué criterios de competencia suplementarios considera necesarios contra tales demandados?

¿Cómo debería tenerse en cuenta en el Reglamento la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de terceros países y los procedimientos emprendidos ante ellos?

¿En qué condiciones las resoluciones de órganos jurisdiccionales de terceros países deberían ser reconocidas y ejecutadas en la Comunidad, especialmente cuando se trate de legislación comunitaria de carácter vinculante o cuando tengan competencia exclusiva los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros?

3. Elección del foro

Convendría dar el mayor efecto posible a los acuerdos de elección de foro concluidos por las partes, sobre todo si tenemos en cuenta la pertinencia práctica que tienen en el comercio internacional. Habría que examinar, por tanto, hasta qué punto y de qué forma podría reforzarse el efecto de estos acuerdos conforme al Reglamento, en particular en los casos de procedimientos paralelos.

Una solución podría consistir en liberar al órgano jurisdiccional designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro de la obligación que le incumbe de suspender el proceso con arreglo a la norma de litispendencia[7]. Esta opción presenta sin embargo un inconveniente: hace posible procedimientos paralelos que pueden conducir a resoluciones inconciliables.

Otra alternativa sería invertir la norma de prioridad en el caso de acuerdos exclusivos de elección de foro. En esta opción, el órgano jurisdiccional que designe el acuerdo de elección de foro tendría prioridad para establecer su competencia y cualquier otro órgano jurisdiccional al que se hubiera sometido el asunto tendría que suspender el proceso hasta que se establezca la competencia del órgano elegido. Esta solución se aplica ya en el contexto del Reglamento cuando ninguna de las partes está domiciliada en un Estado miembro. Alinearía en gran medida las normas comunitarias internas con las normas internacionales, pero presentaría un inconveniente en caso de invalidez del acuerdo de elección de foro, ya que una parte debería intentar establecer en primer lugar la invalidez del acuerdo ante el órgano designado en el mismo antes de poder someter el asunto a los órganos que serían competentes de no existir el acuerdo.

También se podría contemplar la posibilidad de mantener la norma de litispendencia actual, en cuyo caso convendría favorecer una comunicación y una cooperación directas entre ambos órganos jurisdiccionales, fijando al mismo tiempo un plazo para que el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda decida sobre la cuestión de la competencia e imponiéndole la obligación de informar regularmente sobre el curso del procedimiento al tribunal ante el que se formuló la segunda demanda. Si se optara por esta solución, habría que velar por que el demandante no se vea privado de un foro legítimo por razones ajenas a su voluntad.

La eficiencia de los acuerdos de elección de foro podría reforzarse igualmente concediendo daños y perjuicios en caso de infracción de tales acuerdos, a raíz por ejemplo de un retraso o de la aplicación de cláusulas relativas al incumplimiento de los contratos de préstamo.

Otra solución podría consistir en excluir la aplicación de la norma de litispendencia en aquellos casos en que los procedimientos paralelos consistan, por una parte, en un procedimiento sobre el fondo y, por otra, en un procedimiento tendente a obtener una decisión declarativa (negativa) o, al menos, a asegurar la suspensión de los plazos de prescripción de la demanda sobre el fondo en caso de que no prospere la demanda de decisión declarativa.

Por último, se podría evitar la incertidumbre que rodea la cuestión de la validez del acuerdo de elección de foro prescribiendo, por ejemplo, una cláusula tipo de elección de foro, que permitiría al mismo tiempo acelerar la decisión sobre la competencia[8]. Está opción se podría combinar con algunas de las soluciones a las que se ha hecho referencia: la aceptación de procedimientos paralelos o la inversión de la norma de prioridad podrían limitarse a los casos en los que el acuerdo de elección de foro es conforme al formulario normalizado prescrito por el Reglamento.

Pregunta 3: ¿Cuál de las soluciones propuestas u otras posibles soluciones es, en su opinión, la más indicada para reforzar la eficacia de los acuerdos de elección de foro en la Comunidad? |

4. Propiedad industrial

La posibilidad de ejecutar o de impugnar de forma efectiva los derechos de propiedad industrial en la Comunidad es de importancia capital para el buen funcionamiento del mercado interior. El Derecho material de propiedad intelectual forma parte ya, en gran medida, del acervo comunitario[9]. La Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual[10], tiene por objeto aproximar determinadas cuestiones procedimentales a fin de garantizar el respeto de dichos derechos. Para subsanar la falta de seguridad jurídica y reducir los elevados costes que ocasiona la duplicación de procedimientos ante los tribunales nacionales, la Comisión ha propuesto la creación de una estructura jurisdiccional integrada mediante el establecimiento de un sistema unificado de solución de litigios en materia de patentes europeas que sería competente para las acciones de infracción y validez tanto de las patentes europeas como de las futuras patentes comunitarias en todo el territorio del mercado interior[11]. Además, el 20 de marzo de 2009, la Comisión adoptó una Recomendación al Consejo sobre las directrices de negociación con vistas a la celebración de un Acuerdo internacional entre la Comunidad, sus Estados miembros y otros Estados contratantes del Convenio sobre la Patente Europea[12]. A la espera de la creación del Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes, determinadas deficiencias del sistema actual pueden ser detectadas y resueltas en el marco del Reglamento (CE) nº 44/2001.

En lo que respecta a la coordinación de los procedimientos paralelos de infracción, podría reforzarse la comunicación y la interacción entre los órganos jurisdiccionales a los que se ha sometido paralelamente un asunto y/o excluir la aplicación de esta norma en caso de resolución negativa de naturaleza declarativa ( cf. supra el punto 3).

Por lo que hace a la coordinación de los procedimientos de infracción e invalidez, se han propuesto varias soluciones para contrarrestar las prácticas de «torpedeo» en el estudio general, al que remitimos para más información. Sin embargo, la creación de un Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes podría solucionar estos problemas, sin necesidad de modificar el Reglamento.

En caso de que se considere oportuno acumular las acciones entabladas contra varios infractores de la patente europea pertenecientes a un grupo de empresas que actúa de manera coordinada, se podría establecer una norma específica que permita someter los procedimientos de infracción de determinados derechos de propiedad industrial entablados contra varios demandados a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté domiciliado el demandado que se encargue de coordinar las actividades o que esté más involucrado en la infracción. Como ha dictaminado el Tribunal de Justicia, esta solución presenta el inconveniente de que la fuerte base fáctica de la norma podría dar lugar a una multiplicación de posibles criterios de competencia, lo que afectaría a la previsibilidad de las normas de competencia establecidas en el Reglamento y, por consiguiente, vulneraría el principio de seguridad jurídica. Además, podría favorecer la búsqueda de un foro de conveniencia (forum shopping) . Otra alternativa sería reformular la norma relativa a la pluralidad de demandados a fin de fortalecer el papel de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté domiciliado el principal responsable.

Pregunta 4: ¿Cuáles son, en su opinión, las deficiencias del sistema actual de resolución de litigios sobre patentes que convendría abordar en primer lugar en el marco del Reglamento (CE) nº 44/2001 y cuáles de las soluciones a las que se ha hecho referencia permitirían respetar mejor, en el marco del Reglamento, los derechos de propiedad industrial, tanto desde el punto de vista de los titulares como de los demandantes que los impugnan? |

5. Litispendencia y conexidad

En lo que respecta al funcionamiento general de la norma de litispendencia, convendría examinar si los problemas actuales podrían abordarse reforzando la comunicación y la interacción entre los órganos jurisdiccionales que conocen de procedimientos paralelos y/o excluyendo la aplicación de la norma en caso de resolución negativa de naturaleza declarativa ( cf. supra el punto 3).

En lo tocante a la norma de conexidad, cabe preguntarse hasta qué punto sería oportuno permitir la acumulación de las acciones interpuestas por y/o contra varias partes sobre la base de normas uniformes. El riesgo de conflictos de competencia negativos podría soslayarse merced a la creación de un mecanismo de cooperación y comunicación entre los tribunales afectados e imponiendo al órgano que se inhibió la obligación de reabrir el asunto si el tribunal al que se sometió el asunto en primer lugar también se inhibe. En el artículo 30, apartado 2, debería precisarse que la autoridad encargada de la notificación y el traslado es la autoridad que recibe en primer lugar los documentos. Del mismo modo, habida cuenta de la importancia de la fecha y la hora de recepción, las autoridades encargadas de la notificación y el traslado y los órganos jurisdiccionales, según el caso, deben tomar nota de la fecha y la hora exactas en que reciben los documentos a efectos de notificación y traslado o en las que se presentó al órgano jurisdiccional el escrito de demanda.

Otra posibilidad sería prever una ampliación limitada de la norma prevista en el artículo 6, apartado 1, de modo que se pueda autorizar la acumulación cuando el órgano jurisdiccional sea competente para un determinado quórum de demandados.

Pregunta 5: ¿Cómo podría mejorarse la coordinación de los procedimientos paralelos (litispendencia) ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes? ¿Considera que debería preverse la acumulación de las acciones interpuestas por y/o contra varias partes a nivel comunitario sobre la base de normas uniformes? |

6. Medidas provisionales

En el Informe se llama la atención sobre una serie de dificultades que plantea la libre circulación de las medidas provisionales.

Por lo que hace a las medidas ex parte[13] , conviene precisar que tales medidas pueden ser reconocidas y ejecutadas en virtud del Reglamento, siempre que el demandado tenga la posibilidad de impugnarlas posteriormente, particularmente a la luz de lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4, de la Directiva 2004/48/CE.

Por otra parte, la cuestión de la atribución de competencia en relación con las medidas provisionales ordenadas por un órgano jurisdiccional que no tenga competencia para conocer sobre el fondo podría abordarse de forma diferente a como se hace actualmente según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En concreto, podría suprimirse el requisito de existencia de una «vinculación real» si el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales son competentes para conocer sobre el fondo está facultado para revocar, modificar o adaptar una medida provisional dictada por los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que sea competente en virtud del artículo 31. El papel del tribunal al que se somete la solicitud consistiría en prestar asistencia en el procedimiento sobre el fondo «habilitando medios de reparación», especialmente en aquellos casos en que no esté garantizada en todos los Estados miembros una protección efectiva, sin interferir con la competencia del órgano competente sobre el fondo. Cuando dicha asistencia deje de ser necesaria, este último podría revocar la medida extranjera. También en este caso sería conveniente que existiera una adecuada comunicación entre los tribunales implicados. De esta forma, los solicitantes podrían buscar una protección provisional eficaz acudiendo a los órganos disponibles en Europa.

Por lo que hace al requisito de garantía del reembolso de anticipos, convendría especificar que dicha garantía no debe consistir necesariamente en un pago provisional o en una garantía bancaria. Cabe la posibilidad de que esta dificultad sea subsanada en el futuro por la jurisprudencia.

Por último, si se suprime el exequátur, debería adaptarse el artículo 47 del Reglamento. A este respecto, su redacción podría inspirarse en la del artículo 18 del Reglamento (CE) nº 4/2009.

Pregunta 6: ¿Considera que la libre circulación de medidas provisionales puede mejorarse de la forma propuesta en el Informe y en el presente Libro Verde? ¿Cree que existen otras fórmulas para ello? |

7. Correlación entre el Reglamento y el arbitraje

El arbitraje reviste una importancia capital para el comercio internacional. Convendría conferir a los acuerdos del arbitraje el mayor efecto posible y promover el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales. En términos generales, la Convención de Nueva York de 1958 funciona de forma satisfactoria y goza de la apreciación de los profesionales del Derecho. Lo más indicado sería, por tanto, no cambiar nada del modo en que funciona la Convención o, al menos, tomarla como base de cara a la adopción de nuevas medidas. Ello no debería ser óbice, sin embargo, para abordar determinados aspectos específicos del Reglamento relativos al arbitraje, no con vistas a regular esta figura, sino, sobre todo, para asegurar que las resoluciones puedan circular fluidamente en Europa y para impedir los procedimientos paralelos.

En concreto, una supresión (parcial) de la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del Reglamento permitiría mejorar la correlación entre el arbitraje y los procedimientos judiciales. De esta forma, podrían entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento los procedimientos judiciales que apoyen soluciones arbitrales. Una norma específica de atribución de competencia en este tipo de procedimientos reforzaría la seguridad jurídica. En este sentido, se ha propuesto, por ejemplo, dar competencia exclusiva en este tipo de procedimientos a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que tiene lugar el arbitraje, solución que podría estar eventualmente sujeta a un acuerdo entre las partes[14].

La supresión de la exclusión del arbitraje permitiría asimismo que para la adopción de medidas provisionales en apoyo del arbitraje se apliquen todas las normas de competencia del Reglamento (no solo el artículo 31). Las medidas provisionales ordenadas por los órganos jurisdiccionales son en efecto importantes para garantizar la eficacia del arbitraje, particularmente con vistas a la constitución del tribunal de arbitraje.

Por otra parte, la supresión de esta exclusión permitiría el reconocimiento de las resoluciones sobre la validez de un acuerdo de arbitraje y facilitaría el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones que incorporan una sentencia arbitral. También aseguraría el reconocimiento de una resolución por la que se revoca una sentencia arbitral[15]. De esta forma se podrían evitar los procedimientos paralelos entre órganos jurisdiccionales y tribunales arbitrales en aquellos casos en que el acuerdo se considere inválido en un Estado miembro y válido en otro.

Desde un punto de vista más general, cabría contemplar la coordinación de las acciones relativas a la validez de un acuerdo de arbitraje entabladas ante un órgano jurisdiccional y un tribunal arbitral. En este sentido, se podría, por ejemplo, dar prioridad a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que tenga lugar el arbitraje cuando se vaya a decidir sobre la existencia, la validez y el alcance de un acuerdo de este tipo. Esta opción podría combinarse a su vez con una cooperación reforzada entre los órganos jurisdiccionales que conocen del asunto e incluir la fijación de un plazo para impugnar la validez del acuerdo. Una norma de conflicto uniforme relativa a la validez de los acuerdos de arbitraje que remitiera, por ejemplo, a la ley del Estado en que tiene lugar el arbitraje permitiría reducir el riesgo de que un acuerdo se considere válido en un Estado miembro e inválido en otro. De esta forma se podría mejorar, a nivel comunitario, la eficacia de los acuerdos de arbitraje en relación con lo dispuesto en el artículo II, apartado 3, de la Convención de Nueva York.

Además, en lo tocante a la cuestión del reconocimiento y la ejecución, las sentencias arbitrales que tienen fuerza ejecutiva conforme a la Convención de Nueva York podrían beneficiarse del amparo de una norma que permitiría denegar la ejecución de una resolución que fuera irreconciliable con dicha sentencia. Otra solución, que podría combinarse con la anterior, sería dar al Estado miembro en que se dictó una sentencia arbitral competencia exclusiva para certificar su fuerza ejecutiva y su equidad procesal, permitiendo así la libre circulación de la sentencia en la Comunidad. También se podría recurrir a la posibilidad que reconoce el artículo VII de la Convención de Nueva York a fin de facilitar a nivel de la UE el reconocimiento de las sentencias arbitrales (cuestión que podría ser objeto igualmente de un instrumento comunitario separado).

Pregunta 7: ¿Qué acción le parece más indicada a nivel comunitario: reforzar la eficacia de los acuerdos de arbitraje; asegurar una adecuada coordinación entre los procedimientos judiciales y arbitrales; mejorar la eficacia de las sentencias arbitrales? |

- 8. Otras cuestiones

8.1. Ámbito de aplicación

En lo que respecta al ámbito de aplicación, a raíz de la adopción del Reglamento (CE) nº 4/2009, sobre las obligaciones de alimentos, estas obligaciones deberían añadirse a la lista de exclusiones. En cuanto al artículo 71, que regula la relación entre el Reglamento y los convenios sobre materias particulares, se ha propuesto reducir, en la medida de lo posible, su ámbito de aplicación.

8.2. Competencia

Habida cuenta de la importancia que reviste el domicilio como principal factor de vinculación a la hora de establecer la competencia, convendría estudiar la conveniencia de definir un concepto autónomo.

Además, debería considerarse la posibilidad de establecer una competencia no exclusiva basada en la localización de los bienes muebles en relación con la posesión o los derechos reales relativos a dichos bienes. En cuanto a los contratos de trabajo, convendría examinar hasta qué punto es preciso autorizar la acumulación de acciones de conformidad con el artículo 6, apartado 1. En lo tocante a las competencias exclusivas, debería estudiarse si es oportuno autorizar la elección de foro en los contratos de arrendamiento de oficinas. En lo que respecta a los contratos de arrendamiento de viviendas de vacaciones, quizá convendría prever cierto grado de flexibilidad, a fin de evitar que el litigio se tramite en un foro que, por su lejanía, no resulte apropiado para ninguna de las partes. Convendría asimismo plantearse la cuestión de si resulta oportuno ampliar el ámbito de aplicación de la competencia exclusiva en el Derecho de sociedades (artículo 22, apartado 2) a otras materias relativas a la organización y a la toma de decisiones internas en una empresa. También debería contemplarse la posibilidad de establecer una definición uniforme de «domicilio» de una empresa. En relación con el artículo 65, sería conveniente estudiar si resulta oportuno establecer una norma uniforme en materia de intervención de terceros, que se limitaría eventualmente a las demandas contra terceros extranjeros. Otra posibilidad sería mantener las diferentes normas procedimentales nacionales, pero modificando la redacción del artículo 65 a fin de facilitar que las legislaciones nacionales evolucionen hacia una solución común. Además, si se impusiera al órgano jurisdiccional que conoce de la demanda interpuesta contra un tercero en un procedimiento de intervención la obligación de verificar la admisibilidad de la litis denuntiatio , se reduciría la incertidumbre que se plantea a la hora de apreciar el efecto de la resolución de este órgano en el extranjero.

En el ámbito marítimo, convendría analizar hasta qué punto sería apropiada la acumulación de los procedimientos tendentes a la constitución de un fondo de responsabilidad y de los procedimientos de responsabilidad individual sobre la base del Reglamento. En cuanto a la fuerza vinculante que un convenio atributivo de competencia recogido en un conocimiento de embarque tiene para el tercero titular de este documento, los agentes del ramo han sugerido que el transportista bajo conocimiento debería estar obligado por un convenio de esta naturaleza y, al mismo tiempo, debería poder invocarlo ante el tercero titular, a menos que el conocimiento de embarque no sea suficientemente claro sobre este extremo.

Por lo que hace al crédito al consumo, convendría analizar la posibilidad de alinear la redacción del artículo 15, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento con la definición de crédito al consumo que recoge la Directiva 2008/48/CE[16].

En lo que respecta a los trabajos en curso en la Comisión en materia de recursos colectivos[17], cabría preguntarse si son necesarias normas de competencia específicas para este tipo de recursos.

8.3. Reconocimiento y ejecución

Por lo que hace al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, sería conveniente analizar hasta qué punto es oportuno abordar la cuestión de la libre circulación de los documentos públicos[18]. En el Derecho de familia [Reglamentos (CE) nº 2201/2003 y (CE) nº 4/2009], la resolución de un litigio que se haga constar en documento público se reconoce automáticamente en los demás Estados miembros. La cuestión que se plantea es saber si un «reconocimiento» sería indicado en todos o solo en algunos asuntos en materia civil o mercantil, teniendo en cuenta los efectos jurídicos específicos de este tipo de documentos.

Por otra parte, la libre circulación de las resoluciones que imponen pagos a título de sanciones podría mejorarse si se asegura que el importe de la sanción sea fijado por el órgano jurisdiccional de origen o por una autoridad del Estado miembro de ejecución. Debería analizarse igualmente hasta qué punto el Reglamento debería permitir no solo la recuperación de este tipo de pagos por parte del acreedor, sino también del tribunal o de las autoridades fiscales.

Por último, la tutela jurídica en la fase de ejecución podría mejorarse si se estableciera un formulario normalizado común, disponible en todas las lenguas comunitarias oficiales, con un extracto de la resolución[19]. Un formulario de esta índole haría innecesario traducir el texto íntegro de la resolución y garantizaría que las autoridades encargadas de la ejecución dispusieran de toda la información pertinente (p. ej. en lo que respecta a los intereses). Los costes de ejecución podrían reducirse suprimiendo la obligación de designar un domicilio a efectos de traslado y notificación o de nombrar un mandatario ad litem[20] . Habida cuenta del ejercicio de armonización de la legislación comunitaria actualmente en curso, especialmente del Reglamento (CE) nº 1393/2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil[21], este requisito parece hoy obsoleto.

Pregunta 8: ¿Piensa que las sugerencias aquí propuestas permitirían mejorar la aplicación del Reglamento? |

[1] DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.

[2] (http://ec.europa.eu/transparency/regrin). Este Registro se creó en el marco de la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia, con vistas a poner a disposición de la Comisión y del público en general información sobre los objetivos, la financiación y las estructuras de los grupos de interés.

[3] DO L 7 de 10.1.2009, p. 1.

[4] Véase la norma de forum necessitatis que se recoge en el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 4/2009. Esta norma garantiza que, cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente de conformidad con el Reglamento, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros puedan, en casos excepcionales, conocer del litigio si no cabe la posibilidad razonable de iniciar o tramitar una acción o ello resulta imposible en un tercer país con el cual el litigio guarda una estrecha relación.

[5] En relación con estas cuestiones, véase al estudio sobre competencia subsidiaria al que se hace referencia en el Informe, así como los trabajos realizados por el Grupo Europeo de Derecho Internacional Privado (GEDIP), en especial en su sesión de Bergen de septiembre de 2008 (http://www.gedip-egpil.eu/gedip\_documents.html).

[6] Esta cuestión suscita preocupación, por ejemplo, en el contexto de las vías de recurso colectivo de los consumidores, en aquello casos en que empresas comunitarias son parte en acciones colectivas entabladas en terceros países (p. ej. los Estados Unidos).

[7] En virtud de la norma de litispendencia, cuando se formulen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se haya formulado la segunda demanda deberá suspender de oficio el proceso hasta que se declare competente el órgano jurisdiccional ante el cual se interpuso la primera.

[8] Con respecto a la validez del acuerdo, algunas voces proponen una norma de conflicto armonizada para asegurar la aplicación uniforme de las normas del Reglamento. Cabe destacar que la cuestión de la ley aplicable a los acuerdos de elección de foro está excluida del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 593/2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I).

[9] Los derechos de propiedad intelectual también incluyen los derechos de autor, que no se abordan en el presente documento. En tanto que derechos no sujetos a registro, los derechos de autor no están cubiertos por la norma de competencias exclusivas del Reglamento.

[10] Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, DO L 157 de 30.4.2004, p. 45.

[11] COM(2007) 165.

[12] SEC(2009) 330.

[13] En el contexto de las medidas provisionales se entiende por «medidas ex parte» las órdenes temporales dictadas por un tribunal a instancia de una parte y sin oír a la otra.

[14] Si se sigue este planteamiento, la determinación de la sede del arbitraje debería hacerse atendiendo a criterios uniformes. El estudio general sugiere remitirse al acuerdo entre las partes o a la decisión del tribunal arbitral. Si no pudiera determinarse la sede de esta forma, se propone remitir la cuestión a los órganos jurisdiccionales que serían competentes para conocer el litigio en virtud del Reglamento de no existir un acuerdo de arbitraje.

[15] Este extremo reviste particular importancia, por ejemplo, cuando la revocación de la sentencia arbitral obedece al incumplimiento de disposiciones vinculantes de la legislación comunitaria (p. ej. del Derecho de competencia).

[16] Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, DO L 133 de 22.5.2008, p. 66.

[17] Véanse el Libro Verde sobre recurso colectivo de los consumidores, COM(2008) 794 de 27.11.2008, y el Libro Blanco titulado «Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia», COM(2008) 165 de 2.4.2008.

[18] En su Resolución de 18 de diciembre de 2008, el Parlamento Europeo hacía referencia a un documento público europeo.

[19] Véase, por ejemplo, el Reglamento (CE) nº 4/2009.

[20] Se entiende por «mandatario ad litem» el representante designado para actuar en nombre de una parte en los procedimientos jurídicos.

[21] DO L 324 de 10.12.2007, p. 79.

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