Source: EURLEX
Language: es
Format: md

[**Avis juridique important**](../../../editorial/legal_notice.htm)

*|*

# 52002AR0134

**Dictamen del Comité de las Regiones sobre:la Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones — La eEurope 2002: Creación de un marco comunitario para la explotación de la información del sector público, yla Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización y explotación comercial de los documentos del sector público** 
  
*Diario Oficial n° C 073 de 26/03/2003 p. 0038 - 0040*

  

Dictamen del Comité de las Regiones sobre:

- la "Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones - La eEurope 2002: Creación de un marco comunitario para la explotación de la información del sector público", y

- la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización y explotación comercial de los documentos del sector público"

(2003/C 73/10)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la "Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones - La eEurope 2002: Creación de un marco comunitario para la explotación de la información del sector público" (COM(2001) 607 final) y la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización y explotación comercial de los documentos del sector público" (COM(2002) 207 final - 2002/0123 (COD));

vista la decisión del Consejo de 24 de julio de 2002 de consultarle sobre este asunto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión tomada por su Mesa de 12 de marzo 2002 de encargar a la Comisión de Cultura y Educación la preparación del dictamen sobre este asunto;

visto el Libro Verde "La información del sector público: un recurso clave para Europa" (COM(1998) 585 final);

visto su dictamen (CDR 190/1999 fin)(1) sobre La información del sector público: un recurso clave para Europa - Libro Verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información (COM(98) 585 final);

visto el "Proyecto de plan de acción eEurope 2002 - Una sociedad de la información para todos" (COM(2000) 330 final);

vista la "Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones - Introducción de las comunicaciones móviles de tercera generación en la Unión Europea: Situación actual y perspectivas de futuro" (COM(2001) 141 final);

visto el programa plurianual comunitario de estímulo al desarrollo y el uso de contenidos digitales europeos en las redes mundiales y de fomento de la diversidad lingüística en la sociedad de la información eContent (Decisión no 48/2001/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2000)(2);

vista la "Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información" (2001/29/CE);

vista la "Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de las bases de datos" (96/9/CE);

visto el estudio elaborado para la Comisión Europea sobre la explotación comercial de la información del sector público (octubre de 2000) por Pira International;

visto su proyecto de Dictamen (CDR 134/2002 rev.) aprobado por la Comisión de Cultura y Educación el 30 de septiembre de 2002 (ponente: Doña Adela María Barrero Flórez, Directora General de Asuntos Europeos, Gobierno del Principado de Asturias (E/PSE)),

ha aprobado el presente Dictamen en su 47o Pleno, celebrado los días 20 y 21 de noviembre de 2002 (sesión del 21 de noviembre).

1. Puntos de vista del Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones destaca

1.1. el fuerte impacto positivo que el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento produce en la calidad de vida de los ciudadanos, en la competitividad de las empresas, en la creación de empleo y en la calidad de los servicios públicos;

1.2. el papel predominante que desempeña la explotación y reutilización de la información en el desarrollo de la denominada sociedad de la información y del conocimiento;

1.3. el gran potencial económico y, por ende, de creación de empleo de la valiosa información que crea, recopila y explota el sector público al constituir una base esencial para muchos productos de información digital del sector de los contenidos así como una importante materia prima para nuevos servicios de valor añadido, tanto del sector público como del privado, que utilicen diversos canales incluida la Internet inalámbrica;

1.4. que las entidades locales y regionales figuran entre los principales productores, recopiladores, poseedores y suministradores de la información del sector público y, por tanto, les es de gran interés e importancia una correcta y amplia recopilación y explotación de la misma;

1.5. las limitadas posibilidades actuales de explotación de la información del sector público en Europa debido, en gran medida, a la falta de claridad y coherencia de las normas y prácticas que rigen en toda la Unión Europea así como a las insuficiencias de carácter informativo del propio sector público;

1.6. la general incertidumbre sobre las condiciones de uso y explotación de la información que maneja el sector público en la Unión Europea y que imposibilita, en gran medida, a las empresas del sector de los contenidos hacer una explotación transfronteriza de la misma;

1.7. la importancia que para las entidades locales y regionales tiene la difusión y reutilización de la información de acceso general para el mejor ejercicio de su misión de servicio público como responsables políticos más cercanos al ciudadano, a las organizaciones y a las empresas;

1.8. las diferentes tradiciones culturales y administrativas entre los Estados miembros y, en su seno, entre los entes territoriales, a la hora de recoger y organizar la información del sector público y que, en todo caso, la cuestión del acceso a la información del sector público es una competencia nacional, regional y local;

1.9. la fuerte repercusión que tiene en el desarrollo económico y social de la sociedad actual una utilización y explotación de la información del sector público más eficaz y amplia tanto por parte del propio sector público como por parte de los ciudadanos, empresas y organizaciones;

1.10. la importancia y necesidad de contar con normas y prácticas comunes en materia de reutilización y explotación de la información del sector público que garanticen la aplicación de las mismas condiciones básicas a todos los agentes del mercado de la información europeo, el logro de una mayor transparencia en relación con las condiciones de reutilización de esta información y la supresión de los falseamientos del mercado interior;

1.11. que los documentos objeto de estudio en el proyecto de dictamen forman parte de un paquete de medidas políticas que se está desarrollando en relación con el establecimiento de un conjunto mínimo de normas que regulen la explotación comercial y no comercial de la información del sector público de los Estados miembros.

2. Recomendaciones del Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones

2.1. coincide con la Comunicación en que un mejor acceso y utilización de la información del sector público constituiría un valioso activo para los ciudadanos, las empresas y las administraciones, quienes podrían extraer un enorme beneficio de la disponibilidad de información del sector público a través de Internet;

2.2. comparte la convicción de la Comisión de que la información del sector público presenta un considerable potencial económico al constituir una base esencial para muchos productos de información digital que podría ser una materia importante para nuevos servicios y, en particular, para la Internet inalámbrica;

2.3. coincide con el proyecto de Directiva en que una mínima armonización de las normas y prácticas de los Estados miembros sobre reutilización de la información del sector público contribuirá a la creación de mejores condiciones de explotación, lo cual repercutirá, por una parte, en un impulso considerable de la actividad económica y de la creación de empleo y, por otra, en un mejor uso de esa información en beneficio de los ciudadanos quienes tendrán a su disposición diversos productos de información de valor añadido que el sector público no puede ofrecer por sí mismo;

2.4. acoge favorablemente el que la Directiva se circunscriba a la armonización mínima necesaria para proporcionar a los agentes del mercado seguridad jurídica y transparencia, contribuyendo así a la reducción o supresión de los principales obstáculos con que tropieza la industria, al tiempo que deja suficiente margen de maniobra a los Estados miembros en su aplicación y, como principio general, deja a cada organismo del sector público la decisión de la reutilización de la información de carácter general;

2.5. considera desafortunado el título de la propuesta de Directiva por cuanto, como bien recoge el título de la Comunicación, lo que es preciso regular es la explotación de la información del sector público y no la explotación de los documentos del sector público, la cual está tipificada por la legislación de algunos Estados miembros;

2.6. considera que la Directiva debería referirse, tanto en su ámbito de aplicación como en los supuestos de exclusión de éste, no sólo a la información contenida en los documentos conservados por los organismos del sector público sino también a los producidos por éstos;

2.7. asimismo, considera que, en concordancia con el objeto y ámbito de aplicación, la definición de "reutilización" recogida en el proyecto de Directiva debería incluir solamente la "explotación" y no meramente el "uso" de la información del sector público;

2.8. acoge favorablemente que, en su ámbito de aplicación, se respeten las normativas de los Estados miembros en la definición de los documentos de acceso general y que, en todo caso, se garantice la protección de la intimidad y de los derechos de propiedad intelectual de terceros;

2.9. considera que se debería puntualizar la definición de los documentos para tener presentes las diferencias que, en ámbitos como la protección de datos, se producen cuando se trata de una cesión masiva de documentos o de uno solo;

2.10. considera que, además de los tipos de información del sector público que quedan excluidos por el proyecto de Directiva de su ámbito de aplicación, se debería excluir aquellos documentos producidos o conservados por los órganos políticos de las administraciones públicas que, de acuerdo con la legislación nacional, deban ser excluidos;

2.11. apoya la reutilización de la información de acceso general del sector público, tanto para fines comerciales como no comerciales al tiempo que acoge favorablemente que la propuesta de Directiva intente reducir al mínimo la carga administrativa suplementaria que la puesta a disposición de dicha información pueda acarrear a los organismos públicos;

2.12. propone que se incluyan en la Directiva condiciones aplicables a la utilización de la información del sector público por parte de las empresas comerciales. Se trata, en particular, de establecer la obligación para estas empresas de mantener la calidad y actualidad de la información, garantizar su correcta utilización y no dar lugar a errores de interpretación. Se debe procurar que la información mantenga su autenticidad e indicar debidamente la fuente cuando se utilice;

2.13. considera que, en el marco de las propuestas de actuación de experimentación y diálogo contempladas por la Comunicación, se debería dar prioridad al apoyo y fomento de la experimentación, desde y por los diferentes niveles del sector público, sobre la estandarización de formatos electrónicos y la normalización de estructuras de metadatos, cuestiones de gran repercusión práctica para aquella información disponible en formato electrónico que podrían evitar la necesidad de suministrarla en todos los formatos preexistentes;

2.14. se muestra conforme con el principio de tarificación recogido en la propuesta de Directiva por cuanto permite que cada organismo público, si así lo estima necesario o conveniente, repercuta, a través de una tarifa exigida por la reutilización de la información, el coste de producción, reproducción y difusión de la misma. Ahora bien, dado que se trata de información de acceso general de los organismos del sector público, considera inapropiado que el principio de tarificación permita incluir un margen de beneficio;

asimismo, se muestra preocupado por los importes económicos que alcancen en el mercado los productos obtenidos de la explotación de la información del sector público por parte del sector privado y que puedan reducir de forma importante su utilización generalizada;

2.15. se muestra de acuerdo con la propuesta de Directiva en que han de evitarse, con carácter general, conductas que puedan constituir un abuso de posición dominante al tiempo que acoge muy favorablemente que, con carácter excepcional, puedan permitirse acuerdos exclusivos para la explotación de la información de los organismos públicos cuando tales acuerdos sean necesarios para garantizar las prestaciones de servicios de interés general;

2.16. muestra su preocupación por que la falta de consideración de disposiciones o plazos transitorios en la propuesta de Directiva pueda afectar a convenios o contratos de reutilización o explotación firmados entre organismos públicos y empresas privadas que sean de aplicación en el momento de entrada en vigor del proyecto de directiva;

2.17. propone la determinación de indicadores objetivos que permitan analizar adecuadamente la repercusión global de la Directiva en las revisiones que se realicen tras la entrada en vigor de la misma;

2.18. acoge favorablemente la creación de un Grupo de Promoción de los Datos Públicos Digitales que actúe como plataforma de coordinación e instrumento de sondeo y, llamando la atención sobre la importancia de que se considere a los entes descentralizados interesados en la puesta en práctica del método abierto de coordinación, insta a que en el mencionado Grupo participen las autoridades locales y regionales.

Bruselas, 21 de noviembre de 2002.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Albert Bore

(1) DO C 57 de 29.2.2000, p. 11.

(2) DO L 14 de 18.1.2001.

[Top](#document1)