Source: EURLEX
Language: es
Format: md

[**Avis juridique important**](../../../editorial/legal_notice.htm)

*|*

# 51998AC0792

**Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad»** 
  
*Diario Oficial n° C 235 de 27/07/1998 p. 0026*

  

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad» () (98/C 235/06)

El 13 de enero de 1998, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de mayo de 1998 (ponente: Sr. Ataíde Ferreira).

En su 355° Pleno (sesión del 27 de mayo de 1998) el Comité Económico y Social ha aprobado por 102 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. El presente Dictamen se refiere a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad, presentada por la Comisión ().

1.2. Dicha propuesta se presenta tras el Libro Verde sobre la protección de los modelos de utilidad en el mercado interior () y el Dictamen que sobre él emitió el CES ().

1.3. Se trata, por tanto, de un procedimiento legislativo particularmente ponderado, en el que han intervenido los diferentes órganos competentes y varias organizaciones con intereses en la materia.

1.4. El Comité resalta, ya en este punto, la importancia que tiene la institución del modelo de utilidad para la innovación técnica e industrial y, en particular, para las PYME, así como -desde esa misma perspectiva- para el desarrollo de la Unión.

2. Observaciones generales sobre la propuesta de la Comisión

2.1. La propuesta de la Comisión se asienta, por un lado, en algunos presupuestos de carácter genérico y, por otro, en el análisis de la realidad relativa a la protección mediante el modelo de utilidad, que efectuó -a través de una consulta- en algunos Estados miembros.

2.2. El primero de los presupuestos genéricos tiene que ver con la idea de que, en este ámbito, «los derechos de protección de la propiedad intelectual otorgados por los Estados miembros pueden utilizarse [...] de manera que perjudiquen la realización de la libre circulación de mercancías» (), y encuentra eco en las letras f) y h) del artículo 3 del Tratado, que abren el camino a la aproximación de legislaciones que se pretende.

2.3. Es, pues, por esa razón que, en términos de Derecho comunitario, la Comisión fundamenta -correctamente- la propuesta en el artículo 100 A del Tratado.

2.4. La Comisión alude igualmente a la necesidad de realizar tareas tendentes a «incrementar la transparencia de la libre circulación de las mercancías resultantes de pequeñas invenciones técnicas dentro de la Comunidad y evitar los falseamientos de la competencia que son fruto de las diferencias entre las normativas nacionales o de la inexistencia de estas últimas» () y a la de «mejorar [...] el entorno jurídico de las empresas de la Comunidad que realizan una innovación y adaptación constantes, e incrementar [...] su competitividad en el mercado mundial gracias a la protección de sus invenciones mediante el modelo de utilidad, que constituye un dispositivo especialmente bien adaptado a las necesidades de las PYME» ().

2.5. A partir de la consulta mencionada en el punto 2.1, supra, la Comisión concluye que «existe una auténtica necesidad de proteger las invenciones mediante el modelo de utilidad en la Comunidad [...], puesto que la protección mediante la patente no se adapta a determinados tipos de invenciones como las pequeñas invenciones técnicas» ().

2.6. El Comité ya tuvo ocasión de pronunciarse con respecto a los estudios y consultas realizados por la Comisión y mantiene las reservas expresadas con relación a unos y otras, que, en su opinión, «no resultan tan fiables como parecen considerar sus autores» ().

2.7. En relación con el presupuesto esencial de este procedimiento legislativo -en síntesis, que es absolutamente necesario establecer normas de protección de la propiedad industrial a través de sistemas distintos del de patentes-, el Comité reitera su opinión, ya expresada en su dictamen anterior, según la cual «la enseñanza que cabe extraer de la existencia de estas patentes nacionales "de corta duración" es que la principal necesidad en Europa no es tanto la de crear una protección complementaria (modelo de utilidad) a nivel comunitario como la de aumentar la eficacia (más rápida y barata) de la protección de las patentes» (). A este respecto, el Comité destaca el esfuerzo de la Comisión por analizar la situación en que se halla la protección por medio de la patente (). Debe notarse, asimismo, la circunstancia de que la Comisión está preparando una Comunicación sobre la patente comunitaria.

2.8. El Comité reitera, una vez más, que el problema de la necesidad de un sistema de protección de las innovaciones técnicas, complementario del de las patentes de invención, debe enmarcarse en la estrategia de las políticas de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea.

2.8.1. En este orden de cosas, importa, por tanto, sacar conclusiones de las experiencias de los grandes competidores de la Unión, con respecto a los que ésta padece considerables atrasos.

2.8.1.1. En efecto, la consideración de la experiencia norteamericana, que se mantiene sin la institución del modelo de utilidad, permite concluir que existe «la necesidad de aumentar la eficacia del sistema de patentes atenuando sus inconvenientes obvios como son, en particular, los largos plazos de examen y atribución, y los costes» ().

2.8.1.2. Por otra parte, la experiencia japonesa ilustra -como ya recalcó el Comité- que la institución en cuestión debería quedar siempre condicionada al requisito de la tridimensionalidad y sujeta a un plazo de protección significativamente inferior que el de la patente (seis años, en lugar de veinte).

2.9. El Comité advierte que las iniciativas tendentes a la aproximación legislativa en este ámbito deberían estar justificadas siempre per se, sin recurrir a los defectos y contradicciones encerrados en el sistema de patentes, que deberán ser corregidos y eliminados en el marco de ese mismo sistema, como parece ser la intención de la Comisión, plasmada en el Libro Verde sobre la Patente Europea.

2.10. Entre estos argumentos válidos por sí mismos se cuentan las circunstancias referentes a la protección de la propiedad industrial, a la protección legislativa contra la violación de los derechos de exclusiva e, indirectamente, al fortalecimiento de la innovación y el desarrollo en la Comunidad, sobre todo teniendo en cuenta el panorama internacional, que apunta a la existencia de ciclos cada vez más cortos de producción y de vida de las invenciones.

2.11. El Comité destaca, igualmente, que toda propuesta de armonización de esta institución deberá condicionarse a la armonización de plazos y procedimientos, so pena de que la armonización más sustantiva se revele inoperante.

3. La opción legislativa ínsita en la propuesta de la Comisión

3.1. La Comisión había enumerado, en el Libro Verde (), las diferentes formas de intervención posibles en este ámbito, llegando a la conclusión de que existen cuatro:

3.1.1. la armonización de los regímenes nacionales vigentes y la creación de un sistema de protección en los países que no dispongan de uno semejante;

3.1.2. el reconocimiento mutuo -posterior a esa armonización- de la protección nacional por parte de los Estados miembros;

3.1.3. la nueva creación de un sistema de protección comunitario mediante un reglamento, que tendría primacía sobre los regímenes de protección nacionales.

3.1.4. la combinación de las distintas posibilidades y, en particular, la armonización de los derechos de protección nacionales mediante una directiva y la creación de un sistema de protección uniforme mediante un reglamento.

3.2. El Comité constata que la Comisión ha limitado la iniciativa objeto de este Dictamen al primero de los objetivos referidos (cf. punto 3.1.1), al concluir que «[l]a armonización hará posible la coexistencia de regímenes nacionales de protección equivalentes» y que «[e]l solicitante de un modelo de utilidad estará seguro de hallar un derecho de protección equivalente en los demás Estados miembros y ya no se encontrará con una serie de normativas diferentes» (), si bien el Comité llama la atención sobre la necesidad de que los solicitantes presenten una solicitud distinta por cada país en el que pretenden se proteja su invención como modelo de utilidad.

3.3. El Comité considera que lo que se pretende no podrá ser alcanzado sin que, de forma concomitante, se consolide un sistema de reconocimiento mutuo de la protección nacional por los Estados miembros. A juicio del Comité, es fundamental que el proyecto de armonización de las legislaciones nacionales prevea, «con posterioridad a la armonización real, una eventual fase de reconocimiento mutuo de las legislaciones nacionales» ().

3.4. Además, el Comité entiende que, como reflexión genérica, debe reforzar dos ideas básicas que ya figuraban en su anterior dictamen sobre este tema.

3.4.1. La primera de dichas ideas reside en «el hecho de que algunos de los sistemas nacionales, que el Libro Verde agrupa bajo la etiqueta de "modelo de utilidad", no son, en realidad, sino sistemas de patentes "sin examen" (de la novedad y de la actividad inventiva), o sea, básicamente, patentes de "registro" (más que de examen previo de méritos), que pueden tener una duración inferior a la de las patentes normales (es el caso de Bélgica, Países Bajos y Francia)» (), manteniendo, sin embargo unos requisitos para la protección de las invenciones muy próximos a los exigidos para la que se articula a través de las patentes.

3.4.1.1. A este respecto, el Comité reitera que los modelos de utilidad deberán individualizarse en cuanto institución autónoma, insertándose en un marco global de protección de la propiedad industrial, en lugar de constituir una válvula de escape para colmar las eventuales deficiencias (de coste y lentitud) del sistema de patentes.

3.4.2. En segundo lugar, el Comité hace hincapié en que los objetivos de la propuesta legislativa que se examina -de dinamización del mercado interior y corrección de distorsiones de la competencia- no se alcanzarán a través de medidas de este tenor, en cuanto que aquellos objetivos dependen de armonizaciones legislativas más profundas y, esencialmente, más vastas.

3.4.3. Por ello, el Comité pone el acento en que es fundamental que cualesquiera medidas que se adopten en este campo tengan en cuenta una serie de requisitos esenciales de muy diversa índole:

3.4.3.1. relativos al ámbito de protección: los modelos de utilidad deberán considerarse como el instrumento más indicado para proteger las invenciones más simples;

3.4.3.2. de orden procedimental: la protección mediante el modelo de utilidad deberá ser obtenida de forma rápida y económica, ya que el nivel de protección jurídica que confiere no es compatible con procedimientos lentos y costosos; y

3.4.3.3. desde el punto de vista de la seguridad jurídica: el alcance de la protección deberá ser claro, ya frente a los infractores ya frente a terceros de buena fe.

4. Observaciones específicas sobre la propuesta de la Comisión

4.1. Artículo 1

La Comisión comienza definiendo el modelo de utilidad como el «derecho registrado que confiere una protección exclusiva para las invenciones técnicas» (), enunciando a continuación las denominaciones con las que se conoce esa realidad en los diferentes Estados miembros.

4.1.1. El Comité advierte sobre la circunstancia de que en esa realidad aparentemente única se encuadran realidades tan diversas que -según la propia Comisión- deberán ser enmarcadas en tres grupos distintos; circunstancia que, por sí sola, ilustra la necesidad de obtener una completa y clara definición de las normas en cuestión. En tal medida, el elenco de las realidades referidas en el artículo 1 debería figurar simplemente como anexo interpretativo, por estar destinado, justamente, a clarificar las normas internas que deberán ser armonizadas y no a proporcionar definición alguna del instituto de referencia.

4.1.2. Además, el Comité destaca el reducido alcance de la definición propuesta y, en consecuencia, recomienda que, de mantenerse la actual redacción del artículo 1, se integren directamente en el concepto las nociones de «actividad inventiva» y «aplicabilidad industrial», por ser éstos los verdaderos conceptos operativos, como, por lo demás, reconoce la Comisión en el artículo 3 del texto propuesto.

4.2. Artículo 4

El Comité considera que la redacción propuesta para la letra d) del apartado 2 del artículo 4 resulta excesivamente lata y, consecuentemente, estima que, en la línea de la normativa adoptada a propósito de la patente europea, la exclusión deberá limitarse a los programas de ordenador en cuanto tales.

4.3. Artículo 5

En lo tocante al requisito de la «novedad», el Comité constata el esfuerzo de la Comisión por adaptar este concepto a la noción de «estado de la técnica» (novedad absoluta) y dotar a esta noción de operatividad, recurriendo a conceptos claros y precisos.

4.4. Artículo 6

Por lo que respecta al requisito de la «actividad inventiva» -también él relacionado con el concepto de «estado de la técnica»- el Comité observa que se elevan los requisitos de «eficacia particular» y «ventaja práctica o industrial» a la condición de requisitos de concesión del modelo de utilidad, ya que no se puede pasar por alto que, en este ámbito, se trata ante todo de proteger invenciones que se destinan a aplicaciones prácticas significativas, principalmente en los ámbitos de la construcción mecánica, la industria eléctrica, la mecánica de precisión, la óptica y la construcción de automóviles. La Comisión debería formular este requisito de manera que garantizase lo mejor posible la seguridad jurídica, tanto para el solicitante como para terceros interesados.

4.4.1. El Comité subraya, por lo tanto, que la protección de los modelos de utilidad debe condicionarse a la verificación de tres requisitos esenciales:

4.4.1.1. el de la novedad, entendida como novedad absoluta, por referencia al estado de la técnica;

4.4.1.2. el de la aplicabilidad industrial, entendido en su sentido más lato; y

4.4.1.3. el de la actividad inventiva, enfocado desde la doble perspectiva de la «eficacia particular» (facilitar la aplicación o utilización) o de la «ventaja práctica o industrial».

4.5. Artículo 8

El Comité opina que la redacción propuesta no salvaguarda convenientemente la necesidad de regular el pago de las tasas de la prórroga de los modelos de utilidad, prevista en el artículo 19.

4.6. Artículo 10

El Comité entiende que es fundamental que, además de la indicación del origen de la adquisición del derecho al modelo de utilidad, también sea obligatoria la indicación del plazo de esa concesión, si fuese temporal.

4.7. Artículo 12

El Comité subraya el acierto de imponer particulares cuidados a los solicitantes en la descripción de la invención, pues es esta descripción la que permitirá a un experto en la materia (versado en el estado de la técnica) verificar, en su caso, la aplicabilidad práctica de aquélla (cf. artículo 24).

4.8. Artículo 13

En cuanto al número de reivindicaciones, el Comité señala que se ha perdido la oportunidad de proceder a «una limitación del número de reivindicaciones» (), cuya conveniencia reconoció la propia Comisión. Además, el Comité estima que la Comisión debería clarificar si se veda o no a los Estados la posibilidad de limitar el número de reivindicaciones permitidas a los solicitantes o si, por el contrario, la única forma de llenar de contenido el vago concepto usado en el artículo 13 -«lo estrictamente necesario, habida cuenta de la naturaleza de la invención»- es a través de la oposición de terceros a «reivindicaciones excesivas».

4.9. Artículo 16

El Comité considera que, si bien el informe de búsqueda se considera como una facultad de los solicitantes de modelos de utilidad, se deberían clarificar las circunstancias en que los solicitantes podrán pedir un informe de búsqueda, ya que se deberá evitar la posibilidad de que tales informes sean utilizados principalmente por los solicitantes con un mayor poder económico, así como las circunstancias en que, en nombre de la supervivencia del sistema, la verificación de dichos informes revista un carácter excepcional.

4.9.1. Por otra parte, el Comité desea hacer hincapié en que los Estados miembros deberían establecer, en las respectivas legislaciones nacionales, la obligatoriedad del informe de búsqueda cuando se interponga una acción judicial con objeto de hacer valer los derechos conferidos por el modelo de utilidad, pues se justifica concebir este informe de búsqueda como obligatorio y no como meramente facultativo.

4.10. Artículos 17 y 18

El Comité considera que la cuestión relativa a los derechos de prioridad y prioridad interna, por referirse a los efectos de la solicitud y no a la solicitud en sí misma, debería figurar en un capítulo adicional y no en los relativos a la solicitud y a los efectos del modelo.

4.10.1. De hecho, éste es precisamente uno de los efectos más relevantes de la Directiva propuesta, en la medida en que concede al solicitante de un modelo de utilidad un derecho de prioridad para presentar una solicitud de modelo de utilidad con relación a una misma invención en uno o varios Estados miembros.

4.11. Artículo 19

La duración de la protección propugnada parece excesiva ante los datos que la Comisión proporciona con respecto al ciclo de vida de las invenciones, sobre todo cuando aquella duración se considera independientemente de la explotación económica de la invención; en cambio, hay que tener en cuenta que la armonización implica reducciones en el plazo de protección en algunos Estados miembros.

4.11.1. Esta reflexión podrá aparecer como especialmente preocupante si se piensa que el solicitante podrá obtener, fácilmente, dos prórrogas por períodos iguales y sucesivos de dos años, hasta un máximo total de diez. A este respecto, el Comité indica que debería examinarse la obligatoriedad de que los Estados miembros incrementaran el importe de las tasas de renovación a partir de los seis años.

4.12. Artículo 20

Por lo que atañe a los derechos de exclusiva conferidos, su alcance parece adecuado, como también lo parecen las limitaciones legales que se le imponen, si bien es cierto que la posibilidad de que los Estados miembros establezcan limitaciones adicionales puede, en cierta medida, ser contradictoria con los efectos pretendidos por la Directiva propuesta.

4.13. Artículo 21

En cuanto al agotamiento comunitario y al no agotamiento internacional de los derechos, la doctrina consagrada no merece reparo alguno, por ser conforme con la jurisprudencia comunitaria en esta materia.

4.14. Artículo 22

A juicio del Comité, la Comisión debería considerar obligatoria la posibilidad que se confiere a los Estados miembros de dejar sin efecto un modelo de utilidad cuando se haya concedido una patente de invención correspondiente al mismo objeto.

4.14.1. De hecho, sólo ese mecanismo aseguraría una efectiva armonización, ya que las consecuencias de esa opción legislativa no se quedan en el plano de la doble acción de protección (piénsese en las reglas relativas a la prioridad, por ejemplo).

4.14.2. Además, parece adecuado «forzar» al solicitante a conservar únicamente la protección por medio de la patente, dado que los mayores costes asociados a ella serán compensados por las características de este tipo de protección, principalmente en términos de seguridad jurídica.

4.15. Artículo 23

En opinión del Comité, al elenco de causas de extinción de los modelos de utilidad habría que añadirle -en línea con lo expuesto en el punto anterior y por las razones aducidas- la extinción por superveniencia de patente sobre la misma invención. Por otro lado, el Comité estima que la falta de pago de las tasas no debería ser considerado como causa de extinción, sino como un simple incumplimiento de los presupuestos de la concesión. Con todo, de adoptarse esta idea, el Comité recomienda que las tasas de prórroga pasen a inscribirse en el elenco de las tasas referidas en el apartado 2 del artículo 8.

4.16. Artículo 24

El Comité, aun aceptando la doctrina expresada en el texto propuesto para este artículo, recomienda a la Comisión modificaciones en su redacción, sobre todo en las letras en que figuran los motivos sobre los que podrá asentarse la solicitud de nulidad de los modelos de utilidad.

4.17. Artículo 25

Por lo que se refiere a las fechas para la incorporación de la Directiva propuesta, el Comité no puede por menos de señalar que tal incorporación debería depender de la armonización, por realizar, en la protección a través de patentes, al ser ésta -como es obvio- la piedra de toque de todo este problema.

5. Conclusiones

5.1. Los modelos de utilidad son un instrumento adecuado para la protección de la propiedad industrial y, como tal, contribuyen al desarrollo de la Unión Europea, en la medida en que potencian las inversiones en investigación y desarrollo.

5.2. La coexistencia de diversos sistemas nacionales de protección de la propiedad industrial mediante el modelo de utilidad puede ser perjudicial para la realización de la libre circulación de mercancías y constituir un mecanismo que distorsione la competencia.

5.3. Los modelos de utilidad son el sistema ideal para proteger las invenciones no patentables y, en esa medida, son un instrumento jurídico particularmente apropiado para las PYME.

5.4. La propuesta de la Comisión parece conveniente para realizar los objetivos que se propone, si bien es susceptible de mejoras técnicas, tal y como se refiere en el presente Dictamen.

5.5. Además, la propuesta deberá ser tomada en consideración conjuntamente con las tendentes a regular la protección que se articula mediante el sistema de patentes, habida cuenta de las similitudes entre los dos sistemas de referencia.

Bruselas, el 27 de mayo de 1998.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 36 de 3.2.1998, p. 13.

() COM(97) 691 final, DO C 36 de 3.2.1998.

() COM(95) 370 final.

() DO C 174 de 17.6.1996.

() COM(97) 691 final, DO C 36 de 3.2.1998, punto 3.

() COM(97) 691 final, DO C 36 de 3.2.1998, punto 6.

() DO C 174 de 17.6.1996, punto 5.5.

() DO C 174 de 17.6.1996, punto 5.3.3.

() COM(97) 314 final («Fomentar la innovación mediante la patente - Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa»), DO C 129 de 27.4.1998.

() DO C 174 de 17.6.1996, punto 2.8.

() COM(95) 370 final, p. 7 y ss.

() COM(97) 691 final, punto 10.

() DO C 174 de 17.6.1996, punto 6.11.

() DO C 174 de 17.6.1996, punto 5.3.1.

() COM(97) 691 final, punto 1.

() COM(95) 370 final, p. 81, cuarto párrafo de la letra g).

[Top](#document1)