Source: EURLEX
Language: es
Format: md

25.1.2003 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 19/23

con normas o prácticas administrativas del ordenamiento
interno como las descritas en los puntos III y IV de la
presente resolución y, en particular, con normas o
prácticas administrativas que

—
impidan a un centro italiano con forma jurídica de
sociedad de capital, cuyo centro de actividad principal esté situado en el Reino Unido, ejercer en el
Estado de acogida una actividad consistente en
organizar e impartir estudios dirigidos a la preparación de exámenes universitarios, actividad para cuyo
ejercicio la sociedad está debidamente autorizada y
acreditada por las instituciones públicas británicas;

—
produzcan efectos discriminatorios con respecto a
las entidades nacionales que desarrollan actividades
análogas;

—
prohíban o perjudiquen gravemente al centro italiano de la citada sociedad a la hora de adquirir, en
otro Estado miembro y a título oneroso, servicios
preparatorios del ejercicio de la actividad antes
descrita;

— desincentiven a los estudiantes de matricularse en
estos estudios;

—
impidan la formación profesional de los estudiantes
matriculados, así como la obtención de un título
que pueda atribuir a su titular ya sea ventajas para
acceder a una actividad profesional o ventajas para
ejercerla con mayor provecho en otros Estados
miembros?

2) La Directiva 89/48( [1] ) del Consejo, en la interpretación de
su artículo 2 que se solicita al Tribunal de Justicia,
¿confiere derechos que pueden ser invocados con anterioridad a la obtención de un título en el sentido de lo
dispuesto en el artículo 1 de dicha Directiva? Y, en caso
de respuesta afirmativa a la anterior pregunta, la Directiva
89/48, a la luz de lo declarado por el Tribunal de Justicia
en la sentencia de 7 de marzo de 2002, Comisión/
República de Italia( [2] ) (C-145/99, Rec. p. I-0000), ¿es
compatible con normas o prácticas del ordenamiento
jurídico nacional que

— sometan el reconocimiento de títulos de formación
superior que sancionan formaciones profesionales
de una duración mínima de tres años a la simple
discrecionalidad de la administración pública;

—
admitan el reconocimiento de los títulos expedidos
por universidades reconocidas en Gran Bretaña sólo
si se han obtenido tras asistir regularmente a la
totalidad de los estudios en territorio extranjero,
excluyéndose así los títulos expedidos sobre la

base de períodos de estudio cursados en centros
extranjeros que operan en Italia, aun cuando estén
autorizados y acreditados por las autoridades públicas pertinentes del Estado miembro de origen;

—
impongan la presentación de un certificado de
la representación diplomática-consular en el país
extranjero en el que se ha expedido el título en que
se haga constar la efectiva estancia del interesado en
el lugar de que se trate durante todo el período de
los estudios universitarios;

— limiten el reconocimiento de los títulos «exclusivamente» al ejercicio deuna profesión ya desempeñada
en el país de procedencia, excluyendo así cualquier
reconocimiento a los fines delacceso a una profesión
regulada aunque no ejercida previamente?

3) ¿Cuál es el significado y el alcance de la expresión
«interrupción perjudicial de la formación profesional», en
la interpretación de la Decisión 63/266 ( [3] )? En esta
acepción, ¿queda comprendido el establecimiento, a nivel
nacional, de un sistema permanente de información
por parte de la Administración Pública que ponga de
manifiesto que los títulos académicos expedidos por una
universidad, aunque esté legalmente reconocida en Gran
Bretaña, no pueden ser reconocidos por el ordenamiento
jurídico nacional si se han obtenido sobre la base de
períodos de estudio cursados en el territorio nacional?

( [1] ) DO L 19 de 24.01.1989, p. 16.
( [2] ) DO C 109 de 4.5.2002, p. 2.
( [3] ) DO 63 de 20.4.1963, p. 1338.

**Recurso interpuesto el 29 de noviembre de 2002 contra**
**el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades**
**Europeas**

**(Asunto C-433/02)**

(2003/C 19/40)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 29 de noviembre de 2002 un recurso contra el
Reino de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. K. Banks, en calidad de
agente, que designa domicilio en Luxemburgo.

C 19/24 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 25.1.2003

La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que:

—
declare que, al no haber adoptado las disposiciones
relativas a los derechos de préstamo público establecidas
en la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de
noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y
préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor
en el ámbito de la propiedad intelectual ( [1] ), el Reino de
Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben
en virtud de los artículos 1 y 5 de dicha Directiva, y

—
condene en costas al Reino de Bélgica.

_Motivos y principales alegaciones_

A pesar de que Bélgica estableció un derecho de remuneración
del autor en el caso de que éste no pueda prohibir el préstamo,
no ha sido adoptada ninguna de las medidas de ejecución
previstas en el artículo 63 de la Ley de 30 de junio de 1994,
relativa a los derechos de autor y otros derechos afines y nunca
ha llegado a fijarse la cuantía de las remuneraciones.

Las autoridades belgas se refieren, sin razón, a una dificultad
para distinguir las categorías de establecimientos que pueden
quedar exentos en virtud del artículo 5, apartado 3, de la
Directiva. Si las circunstancias que se dan en el Estado miembro
de que se trata no permiten efectuar una distinción válida entre
las categorías de establecimientos, la solución consiste en
obligar a todos los establecimientos afectados a pagar dicha
remuneración.

( [1] ) DO L 346, de 27.11.1992, p. 61.

**Recurso interpuesto el 2 de diciembre de 2002 contra**
**Irlanda por la Comisión de las Comunidades Europeas**

**(Asunto C-436/02)**

(2003/C 19/41)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 2 de diciembre de 2002 un recurso contra
Irlanda formulado por la Comisión de las Comunidades
Europeas, representada por el Sr. Knut Simonsson, en calidad
de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.

La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

1) Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que
le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la
Directiva 95/21/CE( [1] ), de 19 de junio de 1995, relativa

al control del Estado del tráfico marítimo, al no haber
llevado a cabo un total anual de inspecciones correspondiente, como mínimo, al 25 % del número de buques que
haya entrado en sus puertos durante los años 1999 y
2000.

2) Condene en costas a Irlanda.

_Motivos y principales alegaciones_

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 95/21/CE, en su
versión aplicable en la época de los hechos, obliga a los Estados
miembros a llevar a cabo inspecciones del 25 %, como
mínimo, de los buques que hayan entrado en sus puertos
durante un año determinado. Se desprende claramente de los
hechos que Irlanda incumplió dicha obligación en los años
1999 y 2000 dado que en ellos únicamente realizó inspecciones correspondientes al 7,5 % y al 14,6 %, respectivamente,
del número de buques que entró en sus puertos.

( [1] ) Directiva 95/21/CE del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre el
cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de
trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos
comunitarios o las instalacionessituadas en aguas bajo jurisdicción
de los Estados miembros (control del Estado del puerto) DO
L 157, de 07.07.1995, p. 1.

**Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2002 contra la**
**República Francesa por la Comisión de las Comunidades**
**Europeas**

**(Asunto C-439/02)**

(2003/C 19/42)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 4 de diciembre de 2002 un recurso contra
la República Francesa formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por los Sres.
K. Simonsson y W. Wils, en calidad de agente, que designa
domicilio en Luxemburgo.

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

1) Declare que la República Francesa ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5,
apartado 1, de la Directiva 95/21/CE del Consejo, de
19 de junio de 1995, sobre el control de los buques por
el Estado del puerto ( [1] ), al no haber llevado a cabo un
número total anual de inspecciones correspondiente
como mínimo al 25 % del número de buques que hayan
entrado en sus puertos en 1999 y 2000.

2) Condene en costas a la República Francesa.