Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 52000AE1413

**Dictamen del Comité Económico y Social sobre:la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 218/92 del Consejo sobre cooperación administrativa en materia de impuestos indirectos (IVA), yla Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE respecto del régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a algunos servicios prestados por vía electrónica** 
  
*Diario Oficial n° C 116 de 20/04/2001 p. 0059 - 0067*

  

Dictamen del Comité Económico y Social sobre:

- la "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 218/92 del Consejo sobre cooperación administrativa en materia de impuestos indirectos (IVA)", y

- la "Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE respecto del régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a algunos servicios prestados por vía electrónica"

(2001/C 116/14)

El 11 de septiembre de 2000, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre las propuestas mencionadas.

La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 7 de noviembre de 2000 (ponente: Sr. Walker).

En su 377o Pleno de los días 29 y 30 de noviembre de 2000 (sesión del 29 de noviembre), el Comité Económico y Social ha aprobado por 106 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones el presente dictamen.

1. Introducción

1.1. El comercio electrónico está revolucionando las empresas. La situación geográfica de la dirección de una empresa, de su centro principal de actividades y de los servicios auxiliares son cada vez menos importantes. Las fronteras nacionales carecen de importancia y la naturaleza global del mercado electrónico competitivo hace que ya no esté limitado a las tradicionales fronteras geográficas, económicas o políticas sino que será explotado por quienes estén mejor situados para beneficiarse de sus características. Esto constituye un desafío muy importante para el mundo de los sistemas fiscales nacionales con los que cada país espera gravar las ventas o los beneficios que se produzcan en su territorio. Para las administraciones fiscales, quizá sea ésta la cuestión más importante a la que tienen que hacer frente hoy día.

1.2. El comercio electrónico supone la promesa de una creación de riqueza significativa para Europa. Por tanto, es esencial que la fiscalidad no sea un obstáculo para su crecimiento, sino que, por el contrario, estimule un clima de confianza en el que esto se pueda producir, al tiempo que se protegen los intereses de todos los protagonistas. Tanto las empresas como las autoridades públicas reconocen que la existencia de un marco reglamentario claro y preciso constituye una condición previa esencial para crear el clima de confianza en el que las empresas puedan invertir y operar. Si bien unas normas rígidas pueden paralizar el proceso creativo que rige la actividad económica, la indecisión reglamentaria puede ser igualmente perturbadora.

1.3. El Consejo Europeo celebrado en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000 llegó a la conclusión de que, como parte de las medidas necesarias para que el comercio electrónico haga realidad todo su potencial en la UE, las normas sobre comercio electrónico deben ser predecibles e inspirar confianza a las empresas y a los consumidores. La propuesta de la Comisión persigue ese objetivo.

1.4. Conscientes de que la aparición del comercio electrónico, y en particular el crecimiento de Internet como vector del comercio internacional, ha planteado una serie de cuestiones para el futuro del régimen del IVA de la UE, la Comisión Europea empezó a examinar las implicaciones fiscales en 1997. En estrecha cooperación con representantes de las 15 administraciones fiscales nacionales, se examinó con todo detalle el impacto probable del crecimiento del comercio electrónico en la fiscalidad de la Comunidad. El informe provisional(1) sobre las implicaciones del comercio electrónico para el IVA y las aduanas llegaba a la conclusión de que, en muchos casos, los mecanismos y la base jurídica existentes bastarían para garantizar la percepción de los impuestos, aunque las administraciones deberían estar atentas a la probable incidencia de cambios en la estructura y el volumen de las transacciones.

1.4.1. Una de las recomendaciones fundamentales del informe provisional era, pues, que los impuestos existentes podían, y deberían, convenir, y que, por lo tanto, no era necesario establecer impuestos nuevos o especiales para el comercio electrónico. Para lograr este objetivo sería necesario modificar la actual estructura legislativa.

1.4.2. También era evidente que un enfoque únicamente legislativo de la fiscalidad del comercio electrónico no era la respuesta. El comercio electrónico es un proceso verdaderamente planetario y ninguna jurisdicción fiscal, de forma aislada, estaría en condiciones de solucionar todos los problemas que plantea. Se necesita un cierto grado de colaboración internacional. La gestión y administración eficaz de los impuestos dependerán en gran parte, entre otras cosas, de que se llegue a un consenso internacional sobre las medidas que deben adoptarse para evitar la doble imposición o exenciones de impuestos no deliberadas y, al mismo tiempo, de que se ofrezca a las empresas una seguridad y certeza suficientes en cuanto a sus obligaciones.

1.4.2.1. A tal efecto, la Comisión adoptó en junio de 1998 un conjunto de orientaciones(2) que debía sentar las bases de los progresos futuros y, más concretamente, acordar un marco para hacer progresar el debate en la Comunidad. Se pretendía también que sirviera de plataforma común de la posición que deben adoptar la UE y sus Estados miembros sobre las cuestiones de fiscalidad indirecta en la Conferencia Ministerial de la OCDE programada para octubre de este año en Ottawa. Estas orientaciones reconocían debidamente la necesidad de lograr un acuerdo internacional.

1.4.2.2. El principio subyacente a estas orientaciones era que el contacto entre el sistema de impuestos indirectos comunitario y los de sus socios comerciales sea neutral. En efecto, todas las prestaciones para el consumo dentro de la UE deberían estar sujetas al IVA comunitario mientras que las prestaciones a otras jurisdicciones no deberían estarlo. Esto es el reflejo del carácter del sistema de IVA de la Comunidad que es un impuesto general y comprensivo sobre el consumo.

1.4.3. El Consejo ECOFIN examinó el 6 de julio de 1998 las orientaciones de la Comisión en el que los Estados miembros se pusieron de acuerdo sobre tres principios principales:

- no es necesario prever ningún impuesto nuevo o adicional para el comercio electrónico; se deben adaptar los impuestos existentes, y en particular el IVA, para poder aplicarlos al comercio electrónico;

- a efectos de impuestos sobre el consumo, las entregas de productos en forma electrónica no deben considerarse mercancías. En el caso del régimen del IVA de la UE deben considerarse prestaciones de servicios.

- solamente las prestaciones de estos servicios consumidas en Europa deben gravarse en Europa.

1.4.3.1. El Consejo también había puesto de relieve las cuestiones siguientes:

- el problema del control y la aplicación del IVA sobre el comercio electrónico;

- la necesidad de normas para la aceptación de una facturación sin apoyo en papel;

- la necesidad de procurar que el respeto de las normas por los usuarios de terceros países, habida cuenta de los acuerdos internacionales, sea tan fácil y simple como sea posible;

- la necesidad de prever la posibilidad de cumplir por vía electrónica las obligaciones fiscales.

1.4.3.2. A nivel internacional, en las condiciones marco para la imposición del comercio electrónico adoptadas en la Conferencia de Ottawa por los representantes de los Gobiernos y los medios empresariales se convenía en que la aplicación de un régimen de impuestos sobre el consumo acorde con principios generales tradicionales en materia de fiscalidad, incluidas la neutralidad, la eficiencia, la certeza y la simplicidad. Dicho sistema está efectivamente de acuerdo con los principios aprobados por el Consejo.

1.4.4. Como primera etapa de un proceso general de consulta, más de 100 representantes de los medios empresariales europeos (incluidos representantes de PYME) celebraron en Bruselas, en enero de 1999, una mesa redonda sobre las opciones para el régimen del IVA de la UE. El principal mensaje de los medios empresariales era que la claridad de las normas fiscales aplicables al comercio electrónico es prioritaria y que es necesario garantizar la seguridad por lo que se refiere al alcance y el método de aplicación de las normas. La Comisión reconoce plenamente la importancia de eliminar las incertidumbres y distorsiones del actual régimen fiscal.

1.5. El objetivo es mejorar el funcionamiento del mercado interior sin cuestionar por ello el compromiso legal y político a largo plazo de establecer un sistema definitivo de fiscalidad y el grado de armonización necesario. La propuesta que se presenta ahora sobre la fiscalidad de determinados servicios prestados por vía electrónica es un primer paso para la ejecución de esa estrategia.

2. Las propuestas de la Comisión

2.1. IVA sobre determinados servicios prestados por vía electrónica

2.1.1. La presente propuesta se refiere a la provisión en línea de productos digitales, en particular la destinada a consumidores finales de la Unión Europea, considerada en el informe provisional como un posible problema fiscal. Se trata de un nuevo tipo de transacción comercial que no se había previsto cuando se redactó la base legislativa existente. Además, los procedimientos de conformidad, control y aplicación de los que actualmente disponen las administraciones fiscales pueden no ser los adecuados en algunos casos.

2.1.2. Las consultas emprendidas por la Comisión confirmaron que las modificaciones deberán basarse lo más posible en el funcionamiento del régimen de IVA existente. La presente propuesta se basa por lo tanto en el mantenimiento de la aplicación del sistema de repercusión para las transacciones entre empresas registradas, combinado con la imposición de una obligación de registro para los operadores que prestan servicios a personas no imponibles en la UE.

2.1.3. El enfoque seguido consiste en modificar el artículo 9 de la Sexta Directiva del IVA. Las normas actuales de este artículo, y en particular de su apartado 1 y de las letras (c) y (e) de su apartado 2, de dicha Directiva disponen que:

- las prestaciones de servicios hechas por operadores establecidos en terceros países a personas no imponibles en la UE están exentas del IVA, mientras que los operadores establecidos en la UE deben repercutir el IVA a estos servicios, dado que el lugar de prestación de los servicios es normalmente el lugar donde está establecido el prestador de servicios (estos casos no están cubiertos por la letra (e) del apartado 2 del artículo 9 y quedan incluidos en la norma básica del apartado 1 del artículo 9);

- las prestaciones hechas por operadores establecidos en la UE de los servicios contemplados en la letra (c) del apartado 2 del artículo 9 a compradores establecidos en terceros países o a sujetos pasivos establecidos en la Comunidad pero fuera del país de quien los preste pueden tener que hacerse con IVA dado que el lugar de prestación es el lugar donde se realizan materialmente estas prestaciones.

2.1.3.1. Estas disposiciones falsean la competencia y sitúan a los operadores establecidos en la UE en una situación de desventaja frente a los operadores de terceros países. Por ello, la solución propuesta es la introducción de una nueva letra (f) del apartado 2 del artículo 9 que transfiere, como norma básica, la prestación de los servicios incluidos en esta propuesta al lugar donde el comprador haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente para el que se haya prestado el servicio o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Cuando el comprador es una empresa registrada establecida en un país distinto del país en el que está establecido el prestador de los servicios, el primero asumirá la responsabilidad del impuesto fiscal. Cuando las prestaciones las realicen sujetos pasivos (establecidos en la Comunidad o fuera de ella) para personas no imponibles establecidas en la Comunidad, la propuesta introduce una disposición específica por la que el lugar de la prestación se establece en el Estado miembro en el cual esté identificado el prestador de servicios a efectos del IVA (letra (f) del apartado 2 del artículo 9).

2.1.4. Los efectos de esta propuesta puede resumirse del siguiente modo:

- Para los servicios prestados por un operador de un tercer país a un comprador de la UE, se considerará que el lugar de imposición se encuentra en la UE y, por lo tanto, la transacción estará sujeta al IVA.

- Cuando estos servicios sean prestados por un operador de la UE a un comprador de un tercer país, el lugar de imposición será el lugar en el que esté establecido el comprador y no estarán sujetos al IVA.

- Cuando un operador de la UE preste estos servicios a otra empresa registrada establecida en otro Estado miembro, el lugar de prestación será el lugar en el que esté establecido el comprador.

- Cuando ese mismo operador preste estos servicios a un particular establecido en la UE o a una empresa registrada establecida en el mismo Estado miembro, el lugar de prestación será el lugar en el que esté establecido el prestador de servicios.

2.1.5. La propuesta no tiene ninguna incidencia sobre los servicios no abonados, tanto si están incluidos en la letra (f) del apartado 2 del artículo 9 o no, como el acceso gratuito a Internet y la carga de programas gratuitos. (El artículo 2 de la Sexta Directiva precisa claramente que sólo las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso estarán sujetas al impuesto sobre el valor añadido). Tampoco afecta a las transacciones que impliquen movimiento físico de mercancías aunque se realicen por vía electrónica. Su ámbito de aplicación se limita a los servicios siguientes proporcionados por vía electrónica con carácter oneroso y cubre también el suministro de los derechos de utilización de toda una gama de servicios:

- actividades culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, de ocio y otras actividades similares incluyendo las de sus organizadores y los servicios auxiliares (primer guión de la letra (c) del apartado 2 del artículo 9). Esto engloba todas las formas de radiodifusión así como otras formas de difusión y suministro de sonido e imagen por vía electrónica.

- programas informáticos: incluidos, por ejemplo, los juegos concebidos para los ordenadores;

- tratamiento de datos (tercer guión de la letra (e) del apartado 2 del artículo 9), y explícitamente servicios informáticos, incluida la recepción y la creación de sitios web o servicios similares;

- el suministro de información.

2.1.5.1. Por razones de conveniencia, en el resto del documento se denominarán de manera colectiva los servicios incluidos, todos los servicios mencionados más arriba.

2.1.6. Para facilitar la legislación propuesta, han sido necesarias una serie de medidas adicionales. El efecto de dichas medidas puede resumirse del siguiente modo:

- En las prestaciones a empresas registradas, el impuesto se cargará a estas últimas. El registro a efectos del impuesto por parte de los proveedores de terceros países sólo será necesario si las prestaciones se destinan a clientes privados.

- El registro no será necesario para los operadores establecidos en terceros países cuyo volumen de negocios anual en la UE sea inferior a 100000 euros.

- Se podrá tener un único lugar de registro (que en la práctica será normalmente el Estado miembro en el que se efectúe la primera prestación imponible). Esto permitirá al operador de terceros países cumplir con todas sus obligaciones en cuanto al IVA de la UE ante una única administración fiscal. Esta medida pone en igualdad de condiciones a los operadores de la UE y de terceros países respecto de las prestaciones a consumidores de la UE.

- También será posible realizar por vía electrónica todos los procedimientos relativos al registro y a la presentación de las declaraciones.

- Las administraciones fiscales pondrán a disposición de los operadores los elementos necesarios para identificar fácilmente el estatuto de sus clientes (es decir, si el cliente es una empresa registrada a efectos del IVA o no), lo que debería en principio permitir a un prestador de servicios, que actúe de buena fe, determinar en qué medida una transacción debe estar sujeta al impuesto sobre el valor añadido.

2.1.7. En la actual legislación, el tipo de impuesto que se ha de aplicar a las ventas a consumidores establecidos en la Comunidad es el tipo normal de IVA aplicado por el Estado miembro en el cual está registrado el prestador de servicios. En este contexto, podría plantearse un problema respecto de la posibilidad de aplicar tipos diferentes a bienes y servicios claramente similares. La Comisión se propone examinar esta cuestión con motivo de una futura revisión del anexo H de la Sexta Directiva del IVA, que enumera las entregas de bienes y las prestaciones de servicios que pueden ser objeto de tipos reducidos de IVA.

2.2. Finalidad y contenido de la propuesta de modificación del Reglamento (CEE) n° 218/92

2.2.1. Las propuestas mencionadas más arriba exigen la modificación de la actual base legal para confirmar la validez de los números de identificación a efectos del IVA.

2.2.1.1. La redacción actual del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 218/92 permite a los Estados miembros confirmar la validez del número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de una persona determinada. No obstante, esta confirmación se limita a personas que participen en entregas de bienes o prestaciones de servicios intracomunitarias.

2.2.1.2. Dado que los servicios prestados por vía electrónica, como se define en la propuesta de modificación de la Directiva 77/388/CEE, puede que no impliquen prestaciones de servicios intracomunitarias, es necesario modificar el ámbito de aplicación del Reglamento para facilitar que los Estados miembros puedan confirmar a una persona que preste servicios por vía electrónica la validez del número de identificación a efectos del IVA de un cliente.

2.2.2. Los sujetos pasivos que provean servicios de conformidad con la letra (e) del apartado 2 del artículo 9 de la Directiva n° 77/388/CEE no tienen la obligación jurídica de confirmar que su cliente dispone de un número válido de identificación a efectos del IVA. Sin embargo, la Comisión considera que la posibilidad de comprobar los número de identificación a efectos del IVA de los clientes debe extenderse también a estos prestadores de servicios.

2.2.2.1. Al ser una medida para facilitar el comercio, es necesario que la confirmación de la validez de los números de identificación a efectos del IVA pueda hacerse por vía electrónica. Con este fin, la propuesta prevé dicha posibilidad mediante una Decisión de la Comisión adoptada en el marco del ejercicio de sus facultades de ejecución. Como el Consejo ha decidido modificar los procedimientos para el ejercicio de las facultades de ejecución conferidas a la Comisión, la oportunidad ofrecida por la necesidad de modificar el Reglamento se está utilizando para actualizar los procedimientos de comité.

2.2.2.2. La Comisión está haciendo esta propuesta en virtud del artículo 95 del Tratado, porque las medidas propuestas no constituyen disposiciones de armonización fiscal, sino que tienen como objetivo garantizar el adecuado funcionamiento del mercado interior para servicios prestados por vía electrónica. Al elegir el artículo 95 del Tratado como fundamento jurídico, la Comisión es coherente con su propuesta de Reglamento (CEE) n° 218/92, de 19 de junio de 1990 (COM(90) 183), donde ya se sugería el artículo 100 A del Tratado CE (actual artículo 95) como el fundamento jurídico adecuado. El hecho de que el contenido de esa información pueda utilizarse para una valoración fiscal correcta no significa que la fiscalidad como tal constituya el objetivo principal del Reglamento (CEE) n° 218/92 o de sus modificaciones propuestas. El fundamento jurídico para la armonización de los impuestos indirectos es el artículo 93 del Tratado CE.

3. Observaciones generales

3.1. El Comité acoge favorablemente la propuesta de la Comisión sobre el IVA y el comercio electrónico basándose en que debe contribuir significativamente a situar "en igualdad de condiciones" a las empresas proveedoras de servicios a sus clientes por vía electrónica y a los operadores de terceros países que actúen en los mismos mercados.

3.1.1. En principio, el punto de vista de las entregas al consumidor final es adecuado puesto que establece el derecho de la UE a gravar los productos digitales provistos a los consumidores de la Unión. Con las entregas cuyo volumen supere el límite de facturación se eliminaría la ventaja competitiva de la que actualmente disfrutan los proveedores de productos digitales de terceros países, exigiéndoles que apliquen el IVA comunitario a las prestaciones a clientes de la UE y situándoles así en la misma posición que los proveedores de la UE en relación con sus ventas en la Comunidad.

3.1.2. Del mismo modo, la capacidad de las empresas de la UE de prestar servicios a los clientes de terceros países sin IVA suprimirá una desventaja competitiva de gran importancia.

3.2. El Comité ha apoyado firmemente la introducción de un nuevo y definitivo régimen de IVA basado en la fiscalidad en el país de origen como la primera etapa posible y ha insistido repetidamente ante los Estados miembros para que reconozcan la importancia de esta medida y para que cesen de bloquear las iniciativas de reforma del régimen del IVA(3). Por tanto, se felicita de que la Comisión garantice que la actual propuesta no pone en entredicho el compromiso jurídico y político a largo plazo de establecer un sistema impositivo definitivo.

3.3. El Comité está de acuerdo con los objetivos de lograr simplicidad, claridad y certeza en relación con sus obligaciones jurídicas. Para las empresas, la falta de certeza constituye un riesgo y una desmotivación mayores que ninguna otra carga conocida.

3.3.1. También se muestra de acuerdo en que es necesario proteger a las empresas respetuosas de la ley frente a la competencia desleal de aquéllas que eluden sus obligaciones fiscales. Es claramente injusto que una empresa que actúe de buena fe se vea, de hecho, en una situación inferior con respecto de otras con un nivel ético más bajo. El pago de los impuestos es una obligación legal y social que no se debe intentar eludir.

3.3.2. El Comité está de acuerdo en que no son necesarias nuevas formas de imposición y que los impuestos existentes pueden y deben ser adaptados para su aplicación al comercio electrónico.

3.3.3. Subscribe el principio de que las necesarias modificaciones deberán basarse tanto como sea posible en el funcionamiento del actual régimen del IVA hasta que se pueda introducir un nuevo sistema definitivo.

3.4. En esta fase la retención de los ingresos no es un tema primordial. El volumen total de ventas de productos digitales no puede superar los 35 millones de euros anuales en el conjunto de la UE. No obstante, el potencial de crecimiento del comercio electrónico es geométrico y puede originar graves pérdidas de ingresos fiscales en una fase posterior si no se regulariza la situación. El Comité aprueba el principio de lograr una correcta estructura impositiva antes de que las pérdidas de ingresos se conviertan en un problema grave.

3.5. Es importante que estas propuestas, que constituyen un punto de partida muy útil para poder adaptar el régimen del IVA al comercio electrónico, no perjudiquen o influyan negativamente en los trabajos del Grupo de trabajo sobre impuestos al consumo de la CODEE. Como reconoce la propia Comisión, el comercio electrónico es un proceso verdaderamente planetario y los problemas que suscita se pueden resolver únicamente mediante una cooperación internacional del mayor alcance posible.

3.6. La principal preocupación en relación con estas propuestas tiene que estar ligada al tema de su fuerza ejecutoria. Esto, a su vez, va a depender de tres factores:

- La voluntad de los operadores de terceros países de someterse al registro voluntario.

- La voluntad de las autoridades fiscales de terceros países de cooperar con el procedimiento de aplicación.

- La posibilidad de garantizar la aplicación por otros medios.

3.6.1. El IVA es un tipo de impuesto que supone una carga administrativa considerable para las empresas que son operadores registrados. El rechazo a someterse a él puede proceder tanto de la renuencia a incurrir en el gasto que supone todo el trabajo de completar las declaraciones como del deseo de lograr alguna ventaja competitiva ilícita. La existencia de un solo lugar de registro simplificaría en gran medida el procedimiento para los operadores de terceros países y es evidentemente un factor clave para garantizar su cumplimiento. Se puede cuestionar si esta medida será aceptable para la mayoría de los Estados miembros, pero sin ella las posibilidades de convencer a las empresas de terceros países para que se registren en la UE se verían considerablemente reducidas.

3.6.1.1. El principal problema es posible que venga determinado por el miedo de algunos Estados miembros a perder ingresos en beneficio de los Estados que tengan tipos de IVA más bajos, puesto que la propuesta de que el registro se haga en el Estado miembro en el que se produzca la primera venta sometida al impuesto se presta claramente a manipulación y los operadores de terceros países podrán elegir, de hecho, el Estado miembro en el que deciden registrarse.

3.6.1.2. Para hacer frente a este problema se podría establecer un sistema de cámara de compensación para redistribuir los ingresos fiscales entre los Estados miembros sobre la base del consumo, pero experiencias anteriores demuestran que este tipo de acuerdos son por fuerza tan complejos que resultan inoperantes.

3.6.2. No es probable que las administraciones fiscales de los demás países estén preparadas para dedicar mucho esfuerzo a recaudar los ingresos fiscales en nombre de los Estados miembros o a perseguir a los evasores de impuestos. El nivel de cooperación en estos temas, incluso entre los Estados miembros, ha sido decepcionante.

3.6.3. No queda clara la eficacia para garantizar el cumplimiento de otras medidas que podrían introducirse y que no sean voluntarias. Como dice la Comisión, el incumplimiento de las obligaciones de autoevaluación no contribuye de ningún modo a reducir o borrar una deuda contraída en materia fiscal, pero si la deuda no está vigente es un elemento puramente formal. Dado el volumen de fraude fiscal reconocido en la UE con la legislación vigente, esta claro que no se puede confiar plenamente en el cumplimiento voluntario. Será preciso desarrollar instrumentos para la coerción directa si no se quiere que la evasión haga peligrar el sistema.

3.6.3.1. Una posibilidad es, como sugiere la Comisión, mediante tarjetas de crédito, pero hay otros problemas ligados a esta posibilidad. El uso del indicador de país en el número de la tarjeta de crédito solo sería posible cuando el operador de un tercer país esté dispuesto a cooperar. Un enfoque más radical exigiría que los emisores de tarjetas de crédito graven con el IVA las transacciones cargadas a cada tarjeta. Aparte de la dificultad de su aplicación, hay numerosas objeciones que hacer a este enfoque. En primer lugar, los bancos que controlan la mayoría de las tarjetas emitidas pueden mostrarse reticentes a divulgar esta información. En algunos casos puede que en algunos Estados miembros incluso estén sujetos a restricciones de carácter legal. En segundo lugar, es muy posible que las personas dispongan de tarjetas de crédito emitidas por bancos localizados en países distintos del suyo propio. En el caso de que resultara evidente la obtención de algún tipo de ventaja comercial importante emitiendo tarjetas de crédito que no puedan ser gravadas con impuestos, habría seguramente algunas instituciones financieras situadas en lejanos paraísos fiscales que brindarían esta posibilidad. Por último, como dice la Comisión, es posible que los pagos de transacciones de comercio electrónico mediante tarjeta de crédito se vean sustituidos por otros sistemas de pago.

3.6.3.2. También está la cuestión de si las empresas de tarjetas de crédito estarían dispuestas a realizar todo el trabajo adicional que supone proporcionar esta información. Consideraciones similares a ésta son de aplicación a otros intermediarios cuyo concurso puede ser necesario, como los proveedores de servicios por Internet, las compañías telefónicas y las empresas de televisión interactiva.

3.6.3.3. Hay una amenaza implícita en el documento de la Comisión de que los operadores de terceros países que se nieguen a cumplir puedan ver suprimida la protección de sus derechos de propiedad intelectual en la UE. Esto equivaldría a incitar al fraude dado que muchos de los productos afectados por el comercio electrónico son fácilmente pirateables, pero una acción de este tipo pondría a la UE en la brecha de los acuerdos internacionales firmados sobre este tema; también se correría el riesgo de violación de las normas de la OMC.

3.6.3.4. La Comisión apunta hacia nuevos instrumentos para garantizar el cumplimiento frente a las empresas que no respeten la ley y espera que estos instrumentos estén disponibles a medida que se desarrollen los procesos tecnológicos y el comercio electrónico, pero la experiencia sugiere que la legislación, sobre todo en el terreno de los impuestos, tiende a ir por detrás de la tecnología. Son los evasores quienes se aprovechan de la tecnología más bien que el legislador.

3.6.3.5. Al igual que en otras áreas de actividad criminal, la eficacia de la prevención de la evasión de impuestos depende fundamentalmente de la expectativa razonable y realista de que el incumplimiento será descubierto. En el ámbito del comercio electrónico, la dificultad estriba en saber que la transacción se ha realizado. La proliferación del uso de ordenadores personales permite que la transacción se origine en cualquier lugar del mundo independientemente del lugar de domicilio del cliente.

3.6.3.6. El fracaso en garantizar el cumplimiento, sea voluntario o involuntario, de la inmensa mayoría de los operadores cuyas transacciones de acuerdo con esta propuesta estuvieran sujetas al IVA comunitario provocaría el desinterés de los demás operadores de terceros países que anteriormente se hayan acogido al procedimiento de registro porque los colocaría en una situación de desventaja competitiva.

3.7. Es evidente que los operadores de terceros países que decidan cumplir la obligación de la autoevaluación tendrán que disponer de los medios para poder verificar el estatuto de sus clientes. Este proceso se vería facilitado en gran medida si las administraciones fiscales nacionales publicaran directorios de los operadores registrados en términos de obligación de IVA en su jurisdicción de la misma manera que se publican las guías telefónicas o las listas de votantes. Dichos directorios podrían ser puestos al día trimestralmente.

3.8. La lista de productos incluidos en esta propuesta está lejos de ser exhaustiva y abre la posibilidad de litigios en cuanto a si un servicio específico está o no incluido en una de las categorías definidas y en caso afirmativo, en cual de ellas. Así se genera un cierto grado de incertidumbre aunque la Comisión ha manifestado su voluntad de evitarla. También está el problema de que las listas pueden quedarse obsoletas debido a los avances tecnológicos que llevan a la introducción de nuevos tipos de servicios. Sería preferible disponer de una clasificación más general. Existe una fuerte corriente de opinión en favor de sustituir las listas por otras elaboradas en términos más generales que estuvieran en mejores condiciones de enfrentarse a la evolución futura.

3.9. La propuesta de la Comisión representa una ampliación de hecho del uso del procedimiento de cobro revertido. Esto es contrario a la anterior postura de la Comisión que en general se ha manifestado en contra de la ampliación del principio de cobro revertido debido a que esto alejaría el régimen del IVA aún más del sistema definitivo de IVA en el que se está trabajando y que está basado en el origen.

3.10. El Comité acoge con especial satisfacción la declaración de que la Comisión "seguirá trabajando con el fin de garantizar que se eliminen todos los aspectos de la fiscalidad europea que puedan obstaculizar el crecimiento del comercio electrónico." El Comité considera que es un requisito indispensable para la fiscalidad del comercio electrónico.

3.11. La propuesta se refiere al uso de "toda la diligencia posible". El Comité considera que esto podría ser un requisito muy costoso si se interpreta con demasiada rigidez. También muestra su preocupación porque las diferencias entre los Estados miembros en la interpretación y aplicación de este término pueden acarrear una fragmentación mayor del sistema y aumentar las dificultades para los operadores transfronterizos. El Comité considera que el requisito de ejercer "toda la diligencia posible" será menos perjudicial.

4. Observaciones específicas

4.1. Esta propuesta es la más reciente en una serie de enmiendas al artículo 9 de la Sexta Directiva del IVA, cuyo efecto acumulativo se manifiesta en un grado de complejidad que no es en absoluto deseable. Mientras que una modificación importante de la Sexta Directiva puede no ser necesaria en el contexto de un inminente nuevo régimen definitivo, es preciso reconocer que este sistema definitivo lleva gestándose mucho tiempo. Debido a la resistencia de los Estados miembros a llegar a un acuerdo sobre los cambios en el régimen del IVA, la creación de un nuevo sistema definitivo en un futuro inmediato se debe contemplar con un cierto grado de escepticismo. Si se va a dilatar mucho todavía la aparición de este nuevo sistema, el Comité abogaría por que, sin cuestionar la obligación de un nuevo sistema definitivo y sin aplazar de nuevo su aplicación, se modifique profundamente la redacción del artículo 9 como parte de una modernización global del actual sistema.

4.2. La propuesta permite algunas transacciones transfronterizas libres de impuestos, extremo que el Comité acoge con satisfacción, pero es necesario poner mayor énfasis en la letra (e) del apartado 2 del artículo 9 y no sólo en el comercio electrónico. Para la provisión transfronteriza de todos los servicios y productos digitales, el apartado 2 del artículo 9 debería ser la referencia por defecto y no el apartado 1 del mismo artículo.

4.3. El hecho de añadir la letra (f) del apartado 2 del artículo 9 para cubrir los productos con normas diferentes de las de la letra (e) del apartado 2 de dicho artículo puede crear complejidad administrativa y distorsión en favor de los proveedores de terceros países en los que se prestan servicios "asociados" o compuestos con elementos incluidos en otros subapartados.

4.3.1. Los servicios de radiodifusión y teledifusión no han sido incluidos como elemento específico en la letra (f) del apartado 2 del artículo 9, lo que resulta bastante extraño si se tiene en cuenta el preámbulo. Los servicios de teledifusión incluidos en la letra (c) del apartado 2 del artículo 9 estarán incluidos en la nueva letra (f) del apartado 2 de dicho artículo. Con esto parece que se incluyen ciertos aspectos de la radiodifusión pero no todos. Este ámbito requiere una nueva redacción que determine claramente qué elementos están incluidos en la letra (f) del apartado 2 del artículo 9. El problema se eliminaría en gran parte si los productos digitales y los servicios de radiodifusión estuvieran sujetos a la misma normativa.

4.3.2. El proceso de datos sigue incluido en la letra (e) del apartado 2 del artículo 9, pero cuando este servicio se presta por vía electrónica pasa a ser un servicio recogido en la letra (f) del apartado 2 del artículo 9. Una gran parte del proceso de datos se hace mediante ordenadores (procesadores de datos) y su inclusión en ambos subapartados va a crear sin duda dificultades.

4.3.2.1. La letra (f) del apartado 2 del artículo 9) define los servicios informáticos como "incluidos la recepción y la concepción de sitios web o servicios similares". Sin una definición más clara habrá importantes diferencias de interpretación. Por ejemplo, el alquiler de ordenadores podría estar incluido aquí o en la letra (e) del apartado 2 del artículo 9, mientras que el mantenimiento de los equipos informáticos podría estar incluido aquí o en la letra (c).

4.4. Se pueden producir situaciones anómalas cuando un servicio proporcionado por medios electrónicos esté sujeto a un diferente tipo impositivo que el que se aplica a un servicio idéntico proporcionado por medios convencionales como, por ejemplo, que el servicio convencional esté sujeto a un tipo reducido en determinados Estados miembros mientras que el servicio electrónico esté sujeto al tipo estándar.

4.5. El Comité señala que el límite de facturación de 100000 euros se aplicará a los operadores de terceros países antes de que el registro sea obligatorio. Considera que el falseamiento de la competencia entre proveedores comunitarios y no comunitarios se reducirá aún más si este nivel fuera estándar en todos los Estados miembros para los operadores tanto propios como extraños.

4.6. El Comité acoge favorablemente la propuesta de permitir a los operadores que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales por medios electrónicos, incluida la verificación del estatuto en relación al IVA del cliente y el pago de los impuestos. El Comité considera, en particular, que la verificación electrónica del estatuto en relación con el IVA del cliente es una condición indispensable para el comercio electrónico Considera que este tipo de facilidades debería ampliarse a todos los proveedores registrados y no sólo a los que participan en el comercio electrónico.

4.6.1. El Comité observa que algunos Estados miembros pueden pedir excepciones de este requisito durante un periodo transitorio porque las autoridades fiscales no estén aún equipadas con la tecnología necesaria. Un periodo de transición ampliado durante el cual algunos Estados miembros no pusieran en práctica un sistema electrónico crearía de nuevo diferencias entre los Estados miembros que minarían la continuidad del sistema. Tampoco animaría a los operadores de terceros países a registrarse en esos países. El Comité espera que cualquier excepción concedida en este contexto se limite al menor tiempo posible.

4.7. El Comité toma nota de que la Comisión se propone revisar el anexo H de la Sexta Directiva del IVA, que enumera las entregas de bienes y las prestaciones de servicios que pueden ser objeto de tipos reducidos de IVA. Si bien esto es obviamente necesario, es dudoso que los Estados miembros acepten mayores restricciones en su capacidad de aplicar tipos impositivos reducidos.

4.8. La progresión geométrica del comercio electrónico plantea problemas para el gravamen de bienes y servicios. El inmenso volumen de transacciones transfronterizas de bienes es posible que cree graves dificultades para los servicios de aduanas que tienen que aplicar el IVA a las mercancías en la frontera. En algunos Estados miembros ya ha sido necesario elevar el umbral del valor unitario que debe estar sujeto a IVA. Es posible que sean necesarios nuevos aumentos de este umbral y puede que haya que encontrar otro sistema de gravar las transacciones transfronterizas de bienes.

4.9. Existe el riesgo de un elemento de doble imposición para los clientes europeos. Cuando se pide a un proveedor de un tercer país que cobre el impuesto de ventas en el país de origen en las exportaciones y los registros para la autoevaluación del IVA comunitario, no se propone ningún mecanismo para recuperar o compensar el impuesto extranjero en contraste con la situación existente en cuanto a los dividendos extranjeros.

4.10. El Comité se muestra de acuerdo con la decisión de la Comisión de utilizar el artículo 95 del Tratado como fundamento jurídico del Reglamento propuesto.

5. Conclusiones

5.1. El comercio electrónico es un negocio planetario y sólo mediante la máxima cooperación internacional podemos hacer frente de manera eficaz a los desafíos fiscales que plantea.

5.2. El Comité está de acuerdo con la Comisión en la necesidad de eliminar las actuales desventajas competitivas para los operadores europeos frente a los operadores de terceros países, la necesidad de proteger a las empresas que cumplen sus compromisos fiscales frente a los operadores que evaden dichas responsabilidades y la necesidad de modificar el régimen del IVA para afrontar los nuevos retos que presenta el comercio electrónico.

5.3. El Comité subscribe el principio de que, en términos generales, las características de la fiscalidad tienen que ser: neutralidad, eficacia, certeza y simplicidad.

5.4. El Comité está de acuerdo en que no es necesario contemplar nuevas formas de imposición y que los impuestos existentes pueden y deben ser adaptados para su aplicación al comercio electrónico.

5.5. El Comité lamenta el largo tiempo necesario para introducir un nuevo régimen definitivo del IVA y saluda que la Comisión asegure que está completamente comprometida con este proyecto.

5.6. El Comité aprueba la propuesta de permitir a los operadores presentar declaraciones a efectos del IVA, efectuar pagos, comprobar el estatuto de sus clientes en materia de IVA y proporcionar cualquier otro tipo de información requerida por las autoridades fiscales por medios electrónicos, y espera que cualquier excepción concedida a los Estados miembros en relación con su obligación de facilitar esta posibilidad a los operadores de su jurisdicción no se prolongue innecesariamente.

5.7. El Comité acoge con satisfacción la voluntad manifestada por la Comisión de garantizar que se eliminen todos los aspectos de la fiscalidad europea que puedan obstaculizar el crecimiento del comercio electrónico.

5.8. La propuesta de la Comisión encaja perfectamente con los principios del IVA; si el IVA tiene que seguir siendo el impuesto europeo estándar sobre el consumo aplicable a todas las formas de comercio, se debería introducir algo en línea con la propuesta. Desgraciadamente caben dudas acerca de la posibilidad de cumplimiento de las propuestas de la Comisión y de su aceptación por parte de los Estados miembros en su forma actual.

Bruselas, 29 de noviembre de 2000.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) Documento XXI/98/0359 de 3.4.1998.

(2) COM(1998) 374 final.

(3) DO C 82 de 19.3.1996, p. 49; DO C 296 de 29.9.1997, p. 51; DO C 101 de 12.4.1999, p. 73; DO C 116 de 28.4.1999, p. 14.

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