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Format: md

N° C 269/40 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 10. 91

Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo sobre la responsabilidad del prestador

de servicios (*)

(91/C 269/14)

El 15 de enero de 1991, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social
sobre la propuesta mencionada arriba.

la Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 5 de junio de 1991 (ponente: Sr. Salmón).

En su 288° pleno (sesión del 3 de julio de 1991), el Comité Económico y Social ha aprobado
por 67 votos a favor, 62 en contra y dos abstenciones (voto nominal) el siguiente dictamen.

1. Introducción

1.1. La propuesta de la Comisión obedece a la comprobación de que, en la medida en que más de la mitad
del valor añadido producido cada año en la Comunidad
Europea procede de las actividades de servicios, lo que
supuso 1 396 791 milliones de ecus en 1986, numerosos
servicios pueden, si son defectuosos, perjudicar la salud
o dañar la integridad física de las personas o la integridad física de los bienes materiales de los beneficiarios
de estos servicios. Se trata de cuidados de la salud, así
como de servicios vinculados a productos, como las
reparaciones o las instalaciones en las viviendas, o
vinculados a instalaciones, como los hoteles y los centros de recreo. Asimismo se trata de servicios inmateriales, como los servicios de vigilancia y los servicios
«mixtos», como los transportes y viajes.

1.1.1. Esta propuesta se fija un objetivo digno de
aprobación pero que es difícil de lograr, sobre todo
debido al número y a la complejidad de las cuestiones
que suscita la responsabilidad del prestador de servicios
a causa de su diversidad.

1.2. _Principio_

1.2.1. La propuesta contempla que «el prestador de
servicios será responsable del daño causado por su
culpa, en el marco de la prestación del servicio, a la
salud y a la integridad física de las personas, o a la
integridad física de los bienes muebles o inmuebles,
incluidos los que sean objeto de la prestación».

1.2.2. « La carga de la prueba de la ausencia de culpa
incumbirá al prestador de servicos. »

1.2.3. « Para apreciar la culpa debe tenerse en cuenta
el comportamiento del prestador de servicios, quien
garantizará, en condiciones normales y razonablemente
previsibles, la seguridad que cabe esperar legítimamente. »

_(_ _[l]_ _)_ DO n° C 12 de 18. 1. 1991, p. 8.

_1.2A._ _«_ La mera existencia o posibilidad de un servicio más perfeccionado, en el momento de la prestación
o posteriormente, no constituirá de por sí culpa.»

1.3. _Definición del servicio_

1.3.1. En el sentido del proyecto de Directiva: «Se
entenderá por servicio cualquier prestación realizada
a título profesional o de servicio público, de forma
independiente, a título oneroso o no, que no tenga por
objeto directo y exclusivo la producción de bienes o la
transferencia de derechos reales o de propiedad intelectual. »

1.4. _Definición de daño_

1.4.1. Se entenderá por « daño » :

— « el daño directo causado por la muerte o por cualquier atentado contra la salud o la integridad física
de las personas»;

— «el daño directo causado por cualquier atentado
contra la integridad física de los bienes muebles o
inmuebles, incluidos los animales».

2. Observaciones generales

2.1. Al estimar insuficiente la información contenida
en los documentos que la Comisión consideró útil remitir, el grupo de estudio de la Sección de Industria,
Comercio, Artesanía y Servicios procedió a la audiencia
de diversas personalidades en la materia. Por consiguiente, el 9 de abril de 1991 recibió a los representantes
de las organizaciones europeas siguientes:

— OEUC, Oficina Europea de la Unión de Consumidores,

— CES, Confederación Europea de Sindicatos,

— UEAP, Unión Europea del Artesanado y de la
Pequeña y Mediana Empresa,

— UNICE, Unión de Industrias de la Comunidad
Europea,

14. 10. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 269/41

— SEPLIS, Secretaría Europea de Profesionales Liberales, y

a los profesores Roger O. Dalcq, abogado, profesor de
derecho de la responsabilidad en la UCL (Université
catholique de Louvain), y Bourgoignie, profesor, director del centro de derecho de los consumidores de la

UCL.

2.2. Para proteger a los consumidores, la legislación
nacional y comunitaria se ha desplazado del concepto
de culpa (que se refiere a la conducta) al de prevención
(que se refiere al resultado). Sin embargo esta propuesta
se basa en la culpa, pero trata de invertir la carga de
la prueba.

2.3. Con la propuesta de directiva que examinamos
se quiere atacar y destruir los principios generales del
derecho y las normas de procedimiento que son, ante
todo, la obligación de exponer los medios y de proporcionar la prueba de los hechos que se denuncian en los
procesos judiciales; la responsabilidad no se supone,
sino que debe probarse. La distinción jurídica entre
obligación de medios y de resultado está vinculada de
forma directa a la diferencia entre las prestaciones de
los que ejercen profesiones liberales, por un lado, y las
prestaciones concretas efectuadas por los fabricantes de
productos, por otro.

2.4. Debemos señalar que los profesionales, prestadores de servicios intelectuales, no niegan el principio
de su responsabilidad, sino que lo reivindican dentro
del marco jurídico que existe actualmente en todos los
Estados de la Comunidad. Las escasas divergencias
jurídicas que puedan existir no justifican una alteración
jurídica tan importante que provocará una multitud de
procesos durante años en todos los países comunitarios.
Será necesario que pasen décadas para llegar a determinar la jurisprudencia que garantice la seguridad de los
consumidores.

2.5. El objetivo «político» de la Comisión la ha
llevado a soluciones que pueden acabar con la armonía
de nuestros sistemas jurídicos.

La exigencia de los consumidores, ¿no consistía en
obtener una legislación contra las cláusulas abusivas,
armonizar el nivel de las indemnizaciones y que la
colectividad se hiciera cargo de los casos graves, aunque
poco frecuentes, en los que no exista culpa por parte del
prestador de servicios y que provocan daños corporales
irreparables ?

2.6. Por otro lado, sorprende que en el texto propuesto no se mencione la obligación de contratar un seguro
para todos los prestadores de servicios, en determinados
ámbitos.

2.7. Asimismo, cabe preguntarse si la Comisión no
sobrepasa sus competencias y la misión de la política
europea estipuladas en el Tratado de Roma al querer
uniformizar el derecho civil de los Estados miembros y

cambiar las leyes en vigor en dichos Estados para crear
un nuevo derecho civil europeo, dado que con ello se
infringe el principio fundamental de subsidiariedad.

2.8. Del examen de dicha propuesta se deduce claramente que su aplicación va a suponer un freno a toda
investigación e innovación en los sectores de actividad
de las profesiones liberales. Hará que la medicina, las
consultas jurídicas, comerciales y fiscales, y la asistencia
de arquitectos, ingenieros y contratistas de la construcción tengan un carácter defensivo. Este no es el objetivo
perseguido por los consumidores.

2.9. La propuesta en cuestión originará un aumento
del coste de las prestaciones, que los regímenes de
seguridad social y los consumidores no pueden asumir.
En efecto, los exámenes, auditorías y recursos a expertos se multiplicarán para dotar al acto del prestador de
todas las precauciones que requiere la seguridad de
su prestación, puesta en tela de juicio con demasiada
facilidad. Sobre todo, deberán preverse sobreprimas
importantes en los seguros de responsabilidad que la
Comisión no ha calculado o lo ha hecho mal (se cita
la cantidad de 250 000 dólares para un neurocirujano
en los Estados Unidos en el marco de la culpa probada;
pero ¿ cuál sería la cantidad en la situación contraria ?)

2.10. El Comité se plantea asimismo la cuestión de
cómo saber si la directiva se aplica únicamente a la
responsabilidad contractual o si se aplica también a la
responsabilidad cuasi delictiva.

3. Observaciones específicas

3.1. _Exposición de motivos_

3.1.1. La propuesta de Directiva se basa en el artículo
100 A del Acta Única: « La aproximación de las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del
medio ambiente y protección de los consumidores, se
basará en un nivel de protección elevado. » La Comisión
justifica su intervención porque, en el ámbito de que se
trata, las diferencias en los regímenes jurídicos de los
países comuntarios tienen repercusiones económicas
que pueden afectar a la competencia entre los prestadores de servicios en el mercado. La afirmación es discutible desde el momento en que suele ser posible compensar dichas diferencias mediante la libertad contractual,
con la elaboración de una legislación contra las cláusulas abusivas.

3.1.2. Las diferencias que existen en la actualidad
entre los regímenes de responsabilidad no impiden que
se desarrolle el turismo en Europa, que continúe la
instalación de nacionales en los diferentes Estados
miembros y que se implanten empresas de alquiler de
automóviles en todas las ciudades europeas.

3.1.3. La teoría del «riesgo» sólo puede aplicarse a

- -onjuntos» homogéneos. No hay ninguna similitud

N° C 269/42 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 10. 91

entre los accidentes de tráfico o de trabajo y los derivados del consumo de prestaciones de servicios.

Del examen de la propuesta se deduce que su filosofía
consiste en imputar el riesgo al prestador y en ninguna
medida al consumidor.

3.1.4. La Comisión observa, a la vista de los estudios
realizados sobre las legislaciones y las jurisprudencias
nacionales en materia de responsabilidad civil de prestadores de servicios, que existe una situación en evolución
notable, favorable a las víctimas de los servicios defectuosos, pero que varia de un Estado miembro a otro.

3.1.5. La Comisión considera perjudicial el hecho de
que la evolución en favor de las víctimas se lleve a cabo
a nivel de jurisprudencia y a pesar de ello introduce un
sistema muy amplio que, desde su punto de vista, sólo
se establecerá completamente con ayuda del Tribunal
de Justicia y de la jurisprudencia futura.

3.2. _Artículo primero (texto de la propuesta)_

3.2.1. El Comité se pregunta sobre el significado de
la expresión «la integridad física» de un inmueble,
concepto que no está claro.

3.2.2. El Comité no puede sumarse al principio de
inversión de la carga de la prueba, ya que

— la prueba de un hecho negativo es casi imposible de
alegar de forma rigurosa,

— la presunción de culpa es una técnica jurídica que
engendra una gran ambigüedad en sus aplicaciones
en jurisprudencia.

Además, tal como afirmó el Comité Económico y Social
en su dictamen del 24 de abril de 1991 (*) relativo a la
«propuesta de Directiva del Consejo sobre cláusulas
abusivas en los contratos celebrados con consumidores» [doc. COM(90) 322 final - SYN 285] (ponente:
Sr. Hilkens), no es conveniente armonizar el derecho
contractual como aquél sobre el cual reposan las relaciones entre el consumidor y el prestador de servicios.

La técnica de la propuesta va en contra del apartado 2
del artículo 6 del Convenio europeo de derechos humanos y, mediante el apartado 2 del artículo 14 del Pacto
international relativo a los derechos civiles y políticos.

Los consumidores observan que esta propuesta no
supone más que una leve mejora en relación con la
jurisprudencia actual.

3.2.3. Existe una cierta falta de lógica en ese tercer
apartado al querer apreciar la culpa, puesto que es
presunta.

(!) DO n° C 159 de 17. 1. 1991, p. 34.

3.3. _Artículo 2_

3.3.1. Las organizaciones de consumidores se felicitan por la aplicación de esta propuesta al «servicio
público » y no desean que se excluyan los viajes combinados.

3.3.2. Cabe notar que los regímenes de responsabilidad sujetos a convenios internacionales que tengan en
cuenta el sistema de « falta de culpa » implican automáticamente y de forma recíproca la limitación del riesgo.

3.4. _Artículo 3_

3.4.1. Esta definición del prestador de servicios es
excesivamente amplia ya que parece incluir a todas
aquellas personas que actúan de forma independiente,
como los administradores de sociedades, los jueces, etc.
y en cierta medida los «encargados», puesto que la
relación de subordinación no es incompatible con el
mantenimiento de una cierta libertad en el desempeño
del trabajo.

3.4.2. El trabajador por cuenta ajena establecido en
la Comunidad asumía la responsabilidad del servicio
prometido por el prestador en un tercer país, en las
mismas condiciones que el representante o intermediario independiente.

3.5. _Artículo 4_

3.5.1. _{_ Qué ocurrirá con el secreto profesional en el
caso de un suicidio imputado como un daño directo
causado por el prestador ?

3.5.2. Cabe preguntarse qué significa el concepto de
integridad física de los bienes muebles o inmuebles.

_3.6. Artículo 5_

3.6.1. Dado que la relación de causalidad se aprecia
en cada país de acuerdo con teorías diferentes, se corre
el riesgo de que la aplicación de la directiva se lleve a
cabo de manera muy divergente en los diversos Estados
miembros.

3.7. _Artículo 7_

En la hipótesis de esta no limitación, ¿ se podrá exigir
a las compañías de seguros una cobertura ilimitada de
los daños?. En caso afirmativo, ¿a qué condiciones
económicas estaría smetida para los profesionales, la
colectividad y los consumidores ?

3.8. _Artículos 9 y 10_

Los plazos no parecen en absoluto razonables por su
duración.

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4. Conclusiones

Teniendo en cuenta:

4.1. Que la Comisión no ha consultado ni ha llegado
a acuerdos con el conjunto de las organizaciones representativas de la Comunidad afectadas por la propuesta
presentada al Comité;

4.2. Que el texto propuesto no responde a los deseos
de los consumidores y, en cambio, puede invertir la
actual tendencia favorable de los tribunales;

4.3. Que no va encaminado a mejorar la relación
entre clientes y pacientes, y entre profesionales y prestadores de servicios, sino todo lo contrario;

Hecho en Bruselas, el 3 de julio de 1991.

4.4. Que su base jurídica no está justificada y sobrepase la misión de la Comisión;

4.5. Que va a incrementar de forma considerable los
costes económicos de las prestaciones de servicios;

4.6. Que perjudica las legítimas aspiraciones de los
consumidores en materia de investigación, experiencias
y riesgos en los ámbitos del derecho, la construcción y
la salud;

4.7. Que en el texto no se ofrece ninguna precisión
sobre la necesidad o eventualidad de regímenes particulares o de exclusión de determinados prestadores de
servicios;

4.8. Que la Comisión no propone ninguna garantía
de seguros profesionales,

el Comité rechaza el texto.

_El Presidente_

_del Comité Económico y Social_

Francois STAEDELIN

_ANEXO_ _1_

al dictamen del Comité Económico y Social

Los consejeros siguientes, presentes o representados, votaron a favor del dictamen:

Sras./Sres. Andrade, Arena, Aspinall, Barrow, Beale, Bell, Berns, Bredima-Savopoulou, Cavaleiro Brandáo,
Ceyrac, Chevalier, Connellan, van Dam, Dawson, Delorozoy, De Tavernier, Donck, Douvis, Frerichs, Gafo
Fernández, Gardner, Germozzi, Ghigonis, Giacomelli, Giesecke, Guillaume, Hovgaard Jakobsen, Kaaris,
Kafka, Laur, Little, Lów, Lustenhouwer, Lyons, Machado von Tschusi, Matteoli, McGarry, Merce Juste,
Meyer-Horn, Mobbs, Moreland, Noordwal, Ovide Etienne, Panero Florez, Pardon, Pearson, Pelletier, R.,
Petersen, Petropoulos, Pricolo, Proumens, Rebuffel, Robinson, Romoli, Sá Borges, Sala, Salmón, Sauwens,
Schleyer, Solari, Stecher Navarra, Stokkers, Thys, Tiemann, Tukker, Tyrie, Wick.

Los consejeros siguientes, presentes o representados, votaron en contra del dictamen:

Sras./Sitas./Sres. Ataíde Ferreira, Bleser, Boisserée, Bonvicini, Vasco Cal, Carroll, Cassina, Christie, Decaillon,
d'Elia, D'Hondt, van Dijk, Draijer, Drilleaud, Dunkel, Elstner, Etty, Eulen, Flum, Forgas i Cabrera, Frandi,
Gaffron, Geuenich, Gredal, Green, Groben, Hagen, Hilkens, Jaschick, Jenkins, Kanellopoulos, de Knegt,
Landaburu de Silva, Lappas, Larsen, Liverani, Maddocks, Margalef Masia, Masucci, Mayayo Bello, Morris,
Müller, Nielsen, B., Nielsen, P., Nierhaus, Pellarini, Quevedo Rojo, Ramaekers, Rangoni Machiavelli, Santos,
Schmitz, von Schwerin, Sequeira, Silva, Smith, Theonas, Tixier, Verboven, Vidal, Wagenmans, Waldack,
Whitworth.

Los consejeros siguientes, presentes o representados, se abstuvieron:

Sres. Bordes-Pages y Pompen.

l ^ C M ^ ^ L^^r^o^c^id^l^C^ornun^d^Euroo^^ 1 ^ 1 0 ^ 1

Al termino de la votación nominal sobre le dictamen en su conjunto, la categona«consumidores»,que voto
en contra del dictamen, bizo la siguiente declaración

«El dictamen retle^a una actitud poco constructivaemcomprensible Los representantes de los consumidores
bandestacadorepetidas veces la necesidad de crear un instrumento comunitario que protéjalas victimas
de servicios de^ectuosos,debidoalas graves carencias actuales délos sistemas de protección tnclusosila
propuestade Directiva norespondeplenamenteala expectativas de los consumidoresysu redacción debe
mejorarse, representa para estos un paso importante bacía una protección adecuada de los derecbos de los
consumidores

t^or otro lado, el dictamen constituye una ruptura importante con la tradición delComite,que siempre ba
comentado las iniciativas comunitarias destmadasame^orar la protección de las victimas A este respecto, su
contenido se oponeadictamenes anteriores del Comité en los que, por una parte, se reconoció el principio
de responsabilidad sin culpa durante los debates sobre la responsabilidad derivada de productos defectuosos
y, por otra, se pidió una iniciativa comunitaria sobre la segundad de los servicios durante los trabados sobre
la propuesta de Directiva relativaala segundad general de los productos

Las enmiendas propuestas constituyen una base mínima para bacer que el dictamen contenga un razonamiento
mndicocorrectoysea aceptable desde el punto de vista de los consumidores Asimismo, debería expresarse
deforma clara que el Comité desea que la Directiva en cuestión sea una directiva de armonización mínima,
permitiendoalos Estados manteneroadoptar legislaciones mas protectoras

El dictamen es retrogrado en una sociedad europea en la que cada vez se admite mas la noción de
responsabilidad del prestatario por la introducción de un nesgo en el mercado

Ademas, ensu anteproyecto de dictamen,elponentedel^arlamentoEuropeooptaporunplanteamiento
mucbo mas progresista,dado que pideala Comisión que revise el textoeincluya un sistema de responsabilidad
objetivo

Es esencial que el Comité Economicoy^ocial,en el que anteriormente se ba demostrado un gran espíritu
de dialogo entre los diferentes interlocutores de la vida economicaysocial,continué r e d a n d o dicbo espíritu
constructivo »

El grupo de representantes de los consumidores proponeala Comisión que procedaauna profunda retlexion
ymodi^ique su propuestaat^m de establecer un sistema de responsabilidad que

— prevea normas claras para prevenir los litigios no justificados,

— de muestras de una toma en consideración equitativa de los intereses de prestadores de servicios y
consumidores,

— contnbuyaadesarrollar el principio de prevencionemicie la retlexion sobre la segundad de los servicios,y

— pueda garantizar de t^ormapraticayeñcaz la indemnización de las victimas de servicios defectuosos ^

^ras^res AtaideEerreira, r^oisseree, ^onvicini, Elstner, Credal, Etill^ens, lascbícle Landaburu de ^ilva,
^.angonimacbíavelli

14. 10. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 269/45

_ANEXO 3_

La siguiente enmienda (contradictamen), que obtuvo más de una cuarta parte de los votos emitidos, fue
rechazada durante el debate.

Sustituyase el texto de los puntos 1 al 4.8 por el siguiente:

«La Sección aprueba la propuesta de la Comisión a reserva de las siguientes observaciones generales y
específicas:

I. Introducción

El objetivo de la propuesta es ofrecer una mejor protección de la integridad física del consumidor y de sus
propiedades. Por tanto, la propuesta de Directiva no engloba las prestaciones de servicio que no puedan
atentar contra la salud o la integridad física de las personas o contra la integridad física de la propiedad
privada (asesoramiento económico, jurídico, bancario). En este dictamen, se parte de la base de que
necesariamente el ámbito médico y el sector de la construcción deberían quedar fuera del ámbito de aplicación
de la Directiva. Los representantes de la Comisión han asegurado, lo cual es digno de elogio, que, en principio,
la Comisión no tiene nada en contra de la exclusión de estos dos sectores y que ya ha puesto en marcha
trabajos y reflexiones. Según la propuesta de Directiva, en caso de daños, sigue rigiendo el principio de la
responsabilidad de la culpa: no obstante, la carga de la prueba se invierte en beneficio de la víctima de la
prestación de un servicio, la cual con frecuencia no posee conocimientos específicos. De ese modo, la
propuesta de Directiva se limita únicamente a proteger la integridad física de las personas y la integridad
física de su propiedad privada.

II. Observaciones generales

1. El objetivo de asegurar al consumidor una protección mejor y uniforme en el ámbito de la seguridad
de los servicios atiende a distintas razones:

a) En el marco del mercado interior, los consumidores deberán poder disfrutar del mismo nivel de protección
en todas partes e independientemente del Estado miembro en el que se encuentren. Sin embargo, los
regímenes de responsabilidad obligada de cada uno de los Estados miembros presentan diferencias entre
sí, en algunos aspectos, en concreto, en lo referido al fundamento de la responsabilidad, a la carga de la
prueba, a la relación de causalidad y a la protección de terceros.

b) En este ámbito, no se ha aún adoptado ningún tipo de medidas comunitarias, en tanto que las medidas
para el sector de la seguridad de los productos son ya relativamente numerosas (Directiva sobre
responsabilidad del producto, normalización, propuesta de Directiva relativa a la seguridad de los
productos en general, etc.). Sin embargo, una medida semejante para el sector de la prestación de servicios
está más justificada que para el de la producción, ya que los servicios apenas si pueden ser controlados
oficialmente antes de su prestación y el peligro de accidente aumenta debido a la complejidad creciente
de la técnica. En este contexto, hay que subrayar el efecto disuasorio que se espera tenga esta Directiva.

c) El consumidor y el prestador de servicios no aportan en sus relaciones mutuas los mismos requisitos, de
modo que además se puede producir un desequilibrio en la relación entre derechos y obligaciones de las
partes contratantes (condiciones marco, información deficiente del consumidor sobre las características,
la esencia y las condiciones de aplicación del servicio prestado y sobre los productos utilizados en el
contexto de la prestación de servicios, etc.). Sobre todo, los consumidores, a menudo, no disponen de los
conocimientos específicos correspondientes.

2. En numerosos ordenamientos jurídicos nacionales ya está arraigado el principio de la inversión de la
carga de la prueba, a nivel de disposiciones jurídicas (horizontales o verticales), pero sobre todo a nivel de
jurisprudencia; por tanto, la reglamentación prevista por la propuesta de Directiva no trastrocará en modo
alguno las normativas en vigor, sino que creará una base común para la responsabilidad resultando así una
mayor seguridad jurídica tanto para el consumidor como para el prestador de servicios. Con la introducción
de este marco de protección, no tienen por qué producirse cargas económicas suplementarias, ya que los
prestadores de servicios ya están ampliamente cubiertos contra ese riesgo.

III. Observaciones especiales

1. Según la exposición de motivos, la propuesta de Directiva representa una solución mínima, Je nodo
que los Estados miembros podrán mantener o recoger aquellas disposiciones legales que garanticen un alto
nivel de protección de los consumidores.

1.1. Debería insistirse explícitamente en dicho carácter mínimo añadiendo un artículo que estipule la
posibilidad de mantener o recoger disposiciones legales más favorables.

N° C 269/46 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 10. 91

2. La reglamentación propuesta está en consonancia con las tradicionales disposiciones jurídicas de los
Estados miembros relativas a la responsabilidad de la culpa; sin embargo, aligera la carga de la prueba a la
víctima, que, a menudo, sin disponer de conocimientos específicos correspondientes ni de medios económicos
tiene que hacer frente a un servicio sobre el que no se le ha informado apenas o en absoluto (las relaciones
personales son cada vez más escasas en las prestaciones de servicios) y del que a menudo no queda nada una
vez causado el daño. El concepto de culpa debe definirse en relación con la noción de expectativa legítima
que ya existe en algunas normativas nacionales (por ejemplo, en Francia y el Reino Unido) y que, en adelante,
posibilita la prestación de servicios que entrañan peligro. La víctima sigue teniendo que probar el daño y la
relación de causalidad (lo cual ya no es nada fácil en sí). Por su parte, el prestador de servicios debe probar
que está libre de culpa. Los mecanismos dispuestos por la Comisión excluyen el uso inadecuado del derecho
de indemnización.

3. En lo que al texto de la propuesta de Directiva se refiere, indudablemente convendría realizar algunas
mejoras desde el punto de vista de la forma jurídica; a este respecto, el Comité Económico y Social presenta
una alternativa fundamental:

3.1. Cabría preguntarse qué alternativas existen en relación con el principio de la responsabilidad relativa
a la inversión de la carga de la prueba y habría que reflexionar sobre la posibilidad de prever una
responsabilidad independiente de la culpa, como es el caso en la Directiva sobre responsabilidad de los
productos. Dicha posibilidad ofrecería la ventaja de un trato único de las deficiencias tanto de prestaciones
de servicios como de productos. Las organizaciones de consumidores apoyan esta solución.

3.2. Habría que considerar además, si no debería crearse un seguro obligatorio para el prestador de
servicios, y si no debería prescindirse de la exigencia de inmediatez del daño que podría dificultar la valoración
uniforme a nivel de jurisprudencia del daño que deba ser reparado.

3.3. Además, tal y como ya se ha indicado debería recalcarse el carácter mínimo de la medida, mencionado
en punto III. 1.

4. El sector de la construcción y el ámbito médico deberían estar regulados por una directiva especial. Se
ruega a la Comisión que presente las propuestas oportunas tan pronto como sea posible.

4.1. Resulta imposible establecer una lista exhaustiva de las prestaciones de servicios cubiertas por
la directiva propuesta, entre otros, afecta a los sectores siguientes: transportes, hostelería, reparaciones,
renovaciones, limpiezas, suministro de gas y electricidad, instalaciones sanitarias y eléctricas, cuidados del
cabello, etc.

4.2. Así pues, los servicios afectados son numerosos, y de uso cotidiano por el consumidor.

4.3. Dichos servicios pueden entrañar tres tipos de riesgos:

— peligro para el consumidor por un producto ofrecido o utilizado en el marco de la prestación de un
servicio (por ejemplo, comida en un restaurante, reparación de productos),

— peligro en instalaciones (edificios, equipos, máquinas) propiedad del prestador del servicio y a las que se
recurre para la prestación del servicio,

— peligro en la misma prestación del servicio, es decir, en la simple actividad de una persona (cuidado de
niños, etc.).»

_Resultado de la votación_

Votos a favor: 73; votos en contra: 81; abstenciones: 2.

14. 10. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 269/47

_ANEXO 4_

al dictamen del Comité Económico y Social

Las siguientes enmiendas, que obtuvieron más de una cuarta parte de los votos emitidos, fueron rechazadas
durante el debate.

Página 4, punto 2.3

Sustituyase por el siguiente texto:

«Este enfoque tiene el efecto no deseado de pretender que las empresas lleven a cabo una prueba negativa.
Desde un punto de vista legal, la propuesta tiene un fallo ya que no reconoce la importancia en muchos
casos de un fallo/culpa para probar la causalidad. Lo que es más importante, en la práctica esta propuesta
será difícil que tenga éxito, hará poco para mejorar la seguridad y aumentará el número de litigios. _»_

_Exposición de motivos_

La presente enmienda tiende a evitar, como la precedente, las fórmulas exageradas y la suposición de
intenciones.

_Resultado de la votación_

Votos a favor: 55; votos en contra: 63; abstenciones: 4.

Página 4, punto 2.5

Sustituyase el segundo párrafo por el siguiente texto:

«Los consumidores (los supuestos beneficiarios de la propuesta) consideran que ésta no va suficientemente
lejos, ya que no contribuye en absoluto a la armonización de los importes de las indemnizaciones y tampoco
facilita el acceso a la justicia de las víctimas.»

_Exposición de motivos_

Se ha comprobado que, si bien los consumidores reconocen la necesidad de una iniciativa comunitaria en
este sentido, consideran que ésta no va suficientemente lejos en la puesta a punto de mecanismos prácticos
de mejora de su protección y de eliminación de las distorsiones de la competencia.

_Resultado de la votación_

Votos a favor: 42; votos en contra: 75; abstenciones: 5.

Página 5, punto 2.8

Suprímase y sustituyase por el siguiente texto:

« Parece muy posible que esta propuesta tenga peores efectos sobre las empresas que un régimen estricto de
responsabilidad. Para poder refutar las alegaciones contra ellas, las empresas y los profesionales tendrán que
mantener un registro detallado de cualquier transacción, por pequeña que sea, durante cinco años o más, de
forma que puedan demostrar que no tienen culpa. Tal burocracia no será beneficiosa para nadie.»

_Exposición de motivos_

El texto del proyecto de dictamen se basa en una interpretación errónea tanto del ámbito de aplicación como
del alcance de las disposiciones contenidas en la propuesta.

_Resultado de la votación_

Votos a favor: 32; votos en contra: 64; abstenciones: 13.

N° C 269/48 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 10. 91

Página 5, punto 2.9

Suprímase la última frase y sustituyase por el siguiente texto:

«Se corre el peligro de asistir a un importante aumento de las primas de seguro a fin de hacer frente a un
eventual incremento de las solicitudes de indemnización. Si bien dichos aumentos son aceptables para mejorar
la protección de las víctimas de servicios defectuosos, la propuesta, al suscitar un alza de los precios, no
facilita el tratamiento de los litigios por servicios defectuosos.»

_Exposición_ _de motivos_

La referencia a la situación americana no tiene ningún sentido ya que las prácticas judiciales en Estados
Unidos son considerablemente diferentes.

_Resultado de la votación_

Votos a favor: 44; votos en contra: 66; abstenciones: 16.

Dictamen sobre la segunda modificación a la propuesta de Quinta Directiva del Consejo
basada en el artículo 54 del Tratado CEE, referente a la estructura de las sociedades anónimas

y a los poderes y obligaciones de sus órganos

(91/C 269/15)

El 13 de febrero de 1991, de conformidad con el artículo 54 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social
sobre la propuesta mencionada arriba.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos
en la materia, aprobó su dictamen el 5 de junio de 1991 (ponente: Sr. Bell).

En su 288° pleno (sesión del 3 de julio de 1991), el Comité Económico y Social ha aprobado
por una gran mayoría, 5 votos en contra y 27 abstenciones el siguiente dictamen.

1. Introducción

La propuesta está estrechamente vinculada a otra propuesta en trámite relacionada con la Segunda Directiva,
sobre la cual el Comité ha preparado también un dictamen (*), y con la propuesta de modificación para una
Decimotercera Directiva que actualmente está siendo
examinada por el Consejo de Ministros y sobre la cual
el Comité ha aprobado un dictamen el 28 de febrero
de 1991 ( [2] ).

2. Observaciones generales

2.1. El Comité está de acuerdo con el impulso general
que la Comisión quiere dar a la reducción de los obstáculos existentes en materia de ofertas públicas de adquisición (OPA) con el fin de crear un «terreno de juego
al mismo nivel» para las operaciones relacionadas con
las OPA en todos los Estados miembros de la Comu
nidad.

_i_ _[1]_ _)_ Dictamen adoptado el 3 de julio de 1991.
( [2] ) DO n° C 102 de 18. 4. 1991, p. 49.

2.2. Sin embargo, las OPA no necesariamente suponen beneficios para las sociedades o los accionistas
si se producen sin una causa justificada. Las OPA
innecesarias pueden perjudicar la planificación a largo
plazo y la investigación y el desarrollo, pueden tener
efectos indeseables en las regiones, pueden poner en
peligro los puestos de trabajo y pueden provocar inestabilidad financiera. Los casos extremos de adquisiciones
de sociedades, como los que se han dado en los Estados
Unidos, no son beneficiosos y los cambios en el régimen
legal de la Comunidad no deberían fomentar dicha
actividad.

2.3. El Comité manifiesta asimismo su preocupación
por el hecho de que debe existir un equilibrio adecuado
entre el régimen de OPA de la Comunidad y los de los
países exteriores. Si bien debe fomentarse la inversión
extranjera en la Comunidad, esto no debería ser de
naturaleza unilateral. La Comunidad ha de contar con

medios para impedir OPA hostiles procedentes de países