Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 51998IP0138

**Resolución sobre la competitividad de la industria europea** 
  
*Diario Oficial n° C 167 de 01/06/1998 p. 0199*

  

A4-0138/98

Resolución sobre la competitividad de la industria europea

El Parlamento Europeo,

- Visto el documento de trabajo de la Comisión «La competitividad de la industria europea» (SEC(96)2121 - C4-0025/97),

- Vista la resolución del Consejo de 21 de noviembre de 1994 sobre el fortalecimiento de la competitividad de la industria europea ((DO C 343 de 6.12.1994, pág. 1)),

- Vistas las observaciones formuladas por las partes interesadas, en particular en la audiencia del 25 de septiembre de 1997,

- Vistas sus resoluciones anteriores sobre la política industrial en la Unión,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial (A4-0138/98),

A. Considerando que la industria sigue constituyendo la base del crecimiento y del bienestar en Europa, que la mayor parte de las exportaciones europeas son productos industriales y que la industria tiene una importancia capital para muchas ramas del sector servicios con un uso intensivo de conocimientos técnicos, en cuanto compradora de sus productos,

B. Considerando que la industria suministra a los servicios los instrumentos y los métodos sobre los que se basa su productividad y que la competitividad de las empresas, derivada de su competencia para abordar estas funciones estratégicas, es, por lo tanto, determinante para el estímulo del crecimiento,

C. Considerando que este proceso pone de relieve la interdependencia existente entre el tejido industrial y las demás actividades económicas y su entorno institucional,

D. Considerando, en consecuencia, la necesidad de que Europa disponga de un tejido industrial denso, distribuido armoniosamente en el conjunto de los sectores de actividad sin subestimar la complementariedad entre las pequeñas y medianas empresas, factores de crecimiento y de empleo, y las empresas de gran envergadura, vectores de la participación activa de Europa en la mundialización de los intercambios,

E. Considerando que la competitividad requiere, además de un aparato industrial con un rendimiento intrínsecamente elevado, condiciones económicas generales de estabilidad de los precios y la moneda, así como una presión fiscal y un sistema fiscal que no se diferencien en gran medida de los imperantes en los países competidores, así como una estructura salarial eficaz y un marco favorable para un verdadero diálogo social,

F. Considerando que la industria europea refleja un dominio de los procesos de producción, una experiencia y una cualificación profesionales, una acumulación de conocimientos científicos y tecnológicos indispensables para un conjunto económico de su importancia,

G. Considerando, sin embargo, que hay que modernizar el sistema educativo europeo, fortalecer la capacidad empresarial y los conocimientos en materia de gestión, así como intensificar la investigación para poder utilizar y desarrollar mejor las nuevas tecnologías,

H. Considerando que un enfoque del fortalecimiento de la competitividad industrial europea y de la mejora de su productividad basado fundamentalmente en la flexibilidad del mercado de trabajo y en una reducción global de la masa salarial, constituye una respuesta inadecuada económica y socialmente,

I. Considerando que los mercados de Europa deben funcionar mejor, por lo que deben intensificarse las medidas en contra de las ayudas estatales distorsionadoras y de los monopolios; considerando que la competitividad debe aumentar mediante un mayor respeto de las normas de contratación pública y un mayor grado de privatización, así como mediante la continuación del proceso de liberalización y desregulación de los mercados,

J. Considerando que el fenómeno de adaptación de la industria y, de manera más general, de la economía europea a la nueva situación tecnológica y económica, representa un enorme desafío para Europa, que afecta a la sociedad en su conjunto y confiere a los responsables políticos, económicos y sociales una responsabilidad tanto mayor cuanto que esta fase de transformación de la sociedad debe desarrollarse en condiciones sociales aceptables y que reafirmen el modelo social europeo,

K. Considerando que el ritmo de adaptación es muy rápido como consecuencia del desarrollo de nuevas técnicas, de la existencia de nuevos países competitivos y de mercados más abiertos, por lo que la normativa debe basarse en principios sencillos y sostenibles a largo plazo para lograr la flexibilidad necesaria que exige una adaptación a los nuevos tiempos,

1. Se congratula por la publicación de un informe sobre la competitividad de la industria europea que proporciona una base analítica de calidad y un valioso instrumento de apreciación para la ejecución de la política industrial europea y espera que la Comisión publique periódicamente un informe de evaluación de estas características sobre las mismas bases analíticas que permita seguir la evolución de los resultados de la industria europea y juzgar la eficacia de las medidas aplicadas;

2. Constata que se sabe perfectamente cuáles son los problemas de Europa, por lo que, en este momento, lo pertinente es que se pase de la fase del análisis a la de la acción y que los Estados miembros, en particular, cumplan los compromisos contraídos en relación con el aumento de la competitividad;

3. Observa el carácter contrastado de las conclusiones de la Comisión, de las que se desprende que, a pesar de los juicios negativos de que es frecuentemente objeto, la industria europea continúa teniendo resultados notables en los ámbitos tradicionales de su competencia (ingeniería y metalurgia, química e industria farmacéutica), aunque se encuentren generalmente por debajo de los de sus homólogos japoneses y estadounidenses y a pesar de que esta tendencia no parece haberse modificado en los últimos años;

4. Subraya la influencia de las variaciones de los tipos de cambio en la competitividad de las empresas europeas, ya sea en Europa en los años 1992-1993 o frente al dólar en la última década, y considera que, en este sentido, la adopción de una moneda única tendrá un efecto estabilizador y positivo;

5. Toma nota de la ausencia de verdaderas debilidades sectoriales crónicas, excepto el retraso persistente en el ámbito de las tecnologías de la información y, en menor grado, en las biotecnologías; se muestra, no obstante, preocupado por las disfunciones estructurales que afectan tanto a las empresas como al entorno institucional, las rigideces de todo tipo, las dificultades y la lentitud de adaptación de las empresas y de la sociedad europea, a las transformaciones tecnológicas y a sus repercusiones;

6. Señala la estrecha correlación existente entre la productividad observada en la economía europea y los índices de inversión, tanto pública como privada, cuyo bajo nivel en la última década constituye manifiestamente una de las mayores desventajas;

7. Se pregunta, por lo que se refiere al nivel de la productividad en Europa, por un lado, por el peso de la fiscalidad que grava sobre las empresas y la fuerza de trabajo y, por otro, sobre la eficacia de los medios empleados por las empresas europeas para incrementar su productividad, a la vez que se constata que, a crecimiento igual, los Estados Unidos crean más empleos tanto de poco como de mucho valor añadido que Europa;

8. Observa que, a pesar de la existencia de un importante potencial de investigación diversificado y complementario, Europa obtiene resultados mediocres en materia de innovación, que es esencial para su competitividad, lo que se traduce en un retroceso en el ámbito de las patentes;

9. Reconoce la influencia de las exigencias medioambientales en la competitividad como factor de estimulación de la investigación, de la innovación y de la mejora de la calidad de los productos, pero considera asimismo que la obligación medioambiental representa una carga financiera neta que sólo se puede aceptar en los costes de producción en la medida en que los demás competidores estén sometidos a ella de igual modo y que se inscriba en una acción más global de desarrollo sostenible;

10. Señala que las estructuras industriales de Europa, más allá de la imbricación de las economías como resultado del desarrollo de los intercambios comerciales en el mercado interior, siguen estando marcadas por características específicas nacionales que sólo parecen evolucionar lentamente y que reflejan la dificultad europea para el tránsito hacia un modelo organizativo orientado a la globalización de los mercados;

11. Considera que el análisis de la Comisión muestra la necesidad de establecer unas condiciones marco mejores para elevar el grado de competitividad de la industria y acelerar la necesaria reestructuración económica;

12. Pide, por lo tanto, a la Comisión que elabore una serie de propuestas que siente las bases de una verdadera política industrial europea que se apoye, en particular, en medidas que inciten a la inversión pública y privada, la creación de mecanismos de ayuda (del tipo CECA) en favor de los sectores industriales innovadores, creadores de empleo y/o en fase de reconversión, y al desarrollo de capital riesgo;

13. Recuerda que la política industrial de la Unión debe favorecer que entre sus objetivos se tenga en cuenta una perspectiva a largo plazo, así como contribuir a la cohesión económica y social;

14. Considera en este sentido que es indispensable velar por la creación de un entorno financiero más propicio para las empresas, que se verá simplificado por la introducción del euro, facilitando, en particular la capitalización bursátil, organizando una estructura de fiscalidad propicia a la financiación interna y al empleo, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de financiación, en particular para las pequeñas y medianas empresas y, por último, favoreciendo tipos de interés ex post más bajos;

15. Apoya firmemente el principio de una coordinación y de una armonización de las políticas fiscales, en particular, en sus aspectos relativos a las diferentes formas de imposición de las empresas con el fin de evitar cualquier competencia fiscal salvaje nacional y/o regional, que daría lugar no sólo a deslocalizaciones de empresas sino también a un empobrecimiento fiscal de las colectividades, perjudicial a medio y largo plazo para el entorno económico y social en Europa;

16. Insiste en el papel y la responsabilidad del poder público, nacional y europeo, en materia de financiación y de ayuda a la financiación de las infraestructuras de transporte y de telecomunicaciones puestas a disposición de las empresas, y reitera, en esta ocasión, sus solicitudes en materia de financiación de las redes transeuropeas en el sentido de que la financiación de las infraestructuras de telecomunicaciones debe ir acompañada de la necesaria adaptación a las nuevas tecnologías;

17. Considera que la simplificación administrativa y, de manera más general, la mejora del entorno administrativo de las empresas bajo todas sus formas (desde la creación de empresas a la recaudación fiscal, pasando por la aplicación del Derecho social y la recopilación de estadísticas), no se ha sometido lo suficientemente a una reflexión global por parte de las autoridades públicas nacionales y europeas y propone una orientación hacia la búsqueda de una mejor realización de los objetivos de las administraciones de cara a las empresas, en términos de «misión de servicio público»;

18. Considera que, en materia de I+D, el gasto público de investigación industrial debe orientarse más hacia una aplicación comercial y mantener su volumen, aplicándolo en primer lugar a la investigación comunitaria y a las políticas de investigación nacionales que deben estar realmente coordinadas entre los Estados miembros para que las sinergias puedan actuar habida cuenta del aumento constante de las masas críticas de los proyectos de investigación;

19. Alienta decididamente la creación de estructuras europeas, de origen privado, público o mixto (de las que Eureka es tan sólo una de las configuraciones posibles), que puedan reunir a socios industriales en torno a grandes proyectos de investigación cooperativa;

20. Considera que la Unión puede hacer que la integración industrial avance significativamente dotando a los grupos europeos de estructuras jurídicas adecuadas, entre ellas la adopción de un estatuto de sociedad europea, que constituiría un primer paso psicológicamente decisivo en el reconocimiento de la dimensión europea de las empresas;

21. Opina que la política de competencia es parte integrante de la política industrial en la medida en que garantiza a las empresas condiciones de desarrollo iguales para todos y que debe armonizarse con la política de investigación y de innovación por cuanto ésta responde a una estrategia industrial y debe reafirmarse a través de la política comercial de la Unión (como se ha hecho recientemente en el caso de la fusión MacDonnell-Douglas/Boeing);

22. Considera que la política de competencia debe favorecer la concentración de las empresas europeas en la medida en que de ello depende su competitividad en los mercados mundiales;

23. Considera que es indispensable incluir cláusulas sociales y ambientales mínimas en el comercio mundial bilateral y multilateral para combatir el dumping social y ambiental; considera además que es indispensable establecer una mejor y mayor coordinación en lo que se refiere a la certificación de los productos comercializados en el mercado de la Unión Europea;

24. Considera que la apertura de los mercados y la mundialización de los intercambios hace necesario reforzar el derecho de la propiedad intelectual para las empresas europeas mediante la adopción de legislaciones a nivel internacional, concebidas como instrumentos económicos al servicio de la competitividad de las empresas;

25. Considera, por otro lado, que la actividad de las firmas europeas en los grandes mercados internacionales sigue estando sometida, a pesar de las normas de la OMC, a numerosas restricciones directas e indirectas, que exigen acciones más concretas y enérgicas por parte de la Comisión, ya sea en materia de incoación sistemática de procedimientos de infracción, de ampliación de acuerdos existentes con naciones hoy excluidas (como China) o de limitación de acuerdos bilaterales y de regímenes preferenciales;

26. Considera que los mercados de trabajo deben adaptarse e ir parejos a la evolución de la sociedad, y que las incitativas emprendidas en materia de reducción del tiempo de trabajo adoptadas en los diferentes Estados miembros deben analizarse por sus repercusiones económicas y sociales a largo plazo;

27. Reafirma su convencimiento de que uno de los medios para solucionar de manera duradera el problema del desempleo en Europa reside en la cualificación de la mano de obra y en su actualización permanente; la educación y la formación profesional deben someterse a profundos cambios debido a la necesidad continua de renovación de los conocimientos, que tienden a acercar cada vez más la función educativa a la vida de las empresas, lo que podría llevar a considerar la formación permanente como una parte integrante del tiempo de trabajo y a aproximarla al lugar de trabajo;

28. Espera que las empresas europeas den muestra de un mayor dinamismo para adaptarse a los cambios estructurales mediante nuevos métodos de trabajo y una mayor capacidad para ocupar una posición competitiva a escala europea y mundial;

29. Señala que las empresas europeas deben tener en cuenta en mayor medida las modificaciones del proceso de organización industrial, derivadas tanto de la presión ejercida por la competencia internacional como de las implicaciones resultantes de las nuevas tecnologías, para lo cual deberán recurrir a instrumentos de gestión empresarial como el «benchmarking» o las técnicas de comercialización industrial, que se basan en una colaboración entre empresas a todos los niveles;

30. Subraya la contribución positiva de la empresas públicas a la competitividad industrial de la Unión y a la realización de sus misiones de interés general;

31. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a la UNICE, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.

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