Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**UNIÓN EUROPEA**

**EL PARLAMENTO EUROPEO** **EL CONSEJO**

**Bruselas, 3 de abril de 2019**
**(OR. en)**

**2015/0287 (COD)** **PE-CONS 26/19**

**JUSTCIV 38**

**CONSOM 44**

**AUDIO 21**

**DATAPROTECT 32**

**DAPIX 44**

**DIGIT 27**

**CODEC 332**

**ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS**

Asunto: DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a
determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y
servicios digitales

PE-CONS 26/19 MFG/fm

# JAI.2 ES

**DIRECTIVA (UE) 2019/…**

**DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**

**de …**

**relativa a determinados aspectos de los contratos**

**de suministro de contenidos y servicios digitales**

**(Texto pertinente a efectos del EEE)**

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo **[1]**,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario **[2]**,

**1** DO C 264 de 20.7.2016, p. 57.
**2** Posición del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2019 (pendiente de publicación en el
Diario Oficial) y Decisión del Consejo de ….

PE-CONS 26/19 MFG/fm 1

# JAI.2 ES

Considerando lo siguiente:

(1) El potencial de crecimiento del comercio electrónico en la Unión no está aún plenamente

explotado. La Estrategia para un Mercado Único Digital aborda el conjunto de los

principales obstáculos para el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo en la

Unión con el fin de desplegar este potencial. El hecho de garantizar a los consumidores un

mejor acceso a los contenidos y servicios digitales, y facilitar que las empresas suministren

contenidos y servicios digitales, puede contribuir a impulsar la economía digital de la

Unión y a estimular el crecimiento general.

(2) El artículo 26, apartados 1 y 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

(TFUE) establece que la Unión adoptará las medidas destinadas a establecer el mercado

interior o a garantizar su funcionamiento y que este implicará un espacio sin fronteras

interiores, en el que la libre circulación de mercancías y servicios esté garantizada. En el

artículo 169, apartado 1, y apartado 2, letra a), del TFUE se establece que la Unión

contribuirá a alcanzar un alto nivel de protección de los consumidores, mediante las

medidas que adopte en virtud del artículo 114 del TFUE en el marco de la realización del

mercado interior. El objetivo de la presente Directiva es lograr un equilibrio adecuado

entre alcanzar un alto nivel de protección de los consumidores y promover la

competitividad de las empresas, al mismo tiempo que se garantiza el respeto del principio

de subsidiariedad.

(3) Deben armonizarse determinados aspectos relativos a los contratos de suministro de

contenidos o servicios digitales, partiendo de la base de un alto nivel de protección de los

consumidores, a fin de lograr un auténtico mercado único digital, reforzar la seguridad

jurídica y reducir los costes de las transacciones, en particular para las pequeñas y

medianas empresas (pymes).

PE-CONS 26/19 MFG/fm 2

# JAI.2 ES

(4) Las empresas, en especial las pymes, a menudo sufren costes adicionales relacionados con

las diferencias en las normas nacionales imperativas de Derecho de los contratos con los

consumidores y con la inseguridad jurídica cuando ofrecen contenidos o servicios digitales

transfronterizos. Las empresas también deben asumir costes al adaptar sus contratos de

suministro de contenidos o servicios digitales a las normas imperativas que ya se están

aplicando en varios Estados miembros, creando diferencias en el alcance y el contenido

entre las normativas nacionales específicas que regulan dichos contratos.

(5) Los consumidores no siempre confían en las compras transfronterizas y especialmente

cuando se hacen en línea. Uno de los factores principales de la falta de confianza de los

consumidores es la incertidumbre sobre cuáles son sus derechos contractuales esenciales y

la falta de un marco contractual claro para los contenidos o servicios digitales. Muchos

consumidores experimentan problemas relacionados con la calidad o el acceso a los

contenidos o servicios digitales. Por ejemplo, cuando reciben contenidos o servicios

digitales erróneos o defectuosos, o no pueden acceder a los contenidos o servicios digitales

en cuestión. Como resultado de ello, los consumidores sufren perjuicios de carácter

económico o de otra índole.

(6) Con el fin de remediar tales problemas, tanto empresas como consumidores deben poder

basarse en derechos contractuales plenamente armonizados en determinados ámbitos

esenciales en materia de suministro de contenidos o servicios digitales en toda la Unión.

Una armonización plena de determinados aspectos normativos fundamentales reforzaría

considerablemente la seguridad jurídica para los consumidores y las empresas.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 3

# JAI.2 ES

(7) Unas normas armonizadas de Derecho de los contratos con los consumidores en todos los

Estados miembros facilitarían que las empresas, en particular las pymes, suministren sus

contenidos o servicios digitales en toda la Unión. Ofrecerían a las empresas un entorno

jurídico-contractual estable a la hora de suministrar contenidos o servicios digitales en

otros Estados miembros. Además, evitarían la fragmentación jurídica que de otro modo

surgiría con una nueva legislación nacional que regule específicamente los contenidos y

servicios digitales.

(8) Los consumidores deben gozar de derechos armonizados en materia de suministro de

contenidos y servicios digitales que proporcionen un elevado nivel de protección. Deben

tener derechos imperativos claros cuando reciban o accedan a contenidos o servicios

digitales desde cualquier lugar de la Unión. ~~Tener~~ Contar con tales derechos debe ~~a~~ umentar

su confianza a la hora de adquirir contenidos o servicios digitales. Debe contribuir además

a reducir los perjuicios que sufren actualmente los consumidores, ya que existiría un

conjunto de derechos claros que les permitirá abordar los problemas a los que se enfrentan

con los contenidos o servicios digitales.

(9) La presente Directiva debe armonizar plenamente determinadas normas esenciales que

hasta ahora no estaban reguladas a escala de la Unión ni nacional.

(10) La presente Directiva debe definir su ámbito de aplicación de manera clara e inequívoca y

establecer normas sustantivas claras para los contenidos o servicios digitales que entren

dentro de su ámbito de aplicación. Tanto el ámbito de aplicación de la presente Directiva

como sus normas sustantivas deben ser tecnológicamente neutros y tener carácter estable

frente a futuras innovaciones.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 4

# JAI.2 ES

(11) La presente Directiva debe establecer normas comunes sobre determinados requisitos

relativos a los contratos entre empresarios y consumidores para el suministro de contenidos

o servicios digitales. Con este fin, deben armonizarse plenamente las normas sobre la

conformidad de los contenidos o servicios digitales con el contrato, las medidas correctoras

en caso de falta de conformidad o de incumplimiento en el suministro y las modalidades

para exigir dichas medidas correctoras, así como sobre la modificación de los contenidos o

servicios digitales. Unas normas totalmente armonizadas respecto de algunos elementos

esenciales del Derecho de los contratos con los consumidores facilitaría a las empresas,

especialmente a las pymes, la posibilidad de ofrecer sus productos en otros Estados

miembros. Los consumidores gozarían de un alto nivel de protección y de un mayor

bienestar gracias a la plena armonización de las principales normas. En el ámbito de

aplicación de la presente Directiva, se prohíbe a los Estados miembros establecer ningún

otro requisito formal o sustantivo. Así, por ejemplo, los Estados miembros no deben

establecer normas sobre la inversión de la carga de la prueba que sean diferentes de las

establecidas en la presente Directiva, ni tampoco imponer al consumidor la obligación de

comunicar al empresario toda falta de conformidad dentro de un plazo determinado.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 5

# JAI.2 ES

(12) La presente Directiva no debe afectar al Derecho nacional en la medida en que las materias

de que se trate no estén reguladas por ella, tales como las normas nacionales relativas a la

celebración, validez, nulidad o efectos de los contratos o la legalidad de los contenidos

digitales o de los servicios digitales. La presente Directiva tampoco debe determinar la

naturaleza jurídica de los contratos de suministro de contenidos o servicios digitales, y la

cuestión de si tales contratos constituyen, por ejemplo, un contrato de compraventa, de

servicios, de alquiler o un contrato atípico, debe dejarse a la determinación del Derecho

nacional. La presente Directiva tampoco debe afectar a las normas nacionales que no se

refieran específicamente a los contratos con consumidores ni establezcan acciones

concretas a causa de determinados tipos de vicios que no fueran manifiestos en el momento

en que se celebró el contrato, a saber, disposiciones nacionales que puedan establecer

normas específicas relativas a la responsabilidad del empresario por vicios ocultos. La

presente Directiva tampoco debe afectar a las normas nacionales que establecen las

medidas correctoras de naturaleza extracontractual de que dispone el consumidor en caso

de falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales, frente a las personas que

intervengan en fases previas de la cadena de transacciones u otras personas que cumplan

las obligaciones de dichas personas.

(13) Los Estados miembros también siguen siendo libres, por ejemplo, de regular las acciones

por responsabilidad que ejercite un consumidor frente a un tercero que no sea un

empresario que suministre o se comprometa a suministrar los contenidos o servicios

digitales, tales como un desarrollador que no sean al mismo tiempo el empresario en virtud

de la presente Directiva.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 6

# JAI.2 ES

(14) Los Estados miembros también deben seguir teniendo la libertad, por ejemplo, de regular

las consecuencias de un incumplimiento en el suministro, o de una falta de conformidad de

los contenidos o servicios digitales, cuando dicho incumplimiento en el suministro o dicha

falta de conformidad se deban a un impedimento fuera del control del empresario y cuando

no pueda esperarse del empresario que hubiese evitado o superado el impedimento o sus

consecuencias, tales como en caso de fuerza mayor.

(15) Los Estados miembros también deben seguir teniendo la libertad, por ejemplo, de regular

los derechos de las partes a suspender el cumplimiento de sus obligaciones o parte de estas

hasta que la otra parte las cumpla. Así, por ejemplo, los Estados miembros deben tener la

libertad de regular si un consumidor, en los casos de falta de conformidad, ha de tener

derecho a suspender el pago del precio o parte de este hasta que el empresario haya puesto

los contenidos o servicios digitales en conformidad, o si el empresario ha de tener derecho

a retener cualquier reembolso debido al consumidor en el momento de resolución del

contrato hasta que este cumpla la obligación establecida en la presente Directiva, de

devolverle el soporte material.

(16) Los Estados miembros también deben seguir teniendo la libertad de ampliar la aplicación

de las normas de la presente Directiva a los contratos que han sido excluidos de su ámbito

de aplicación, o de regular de otro modo tales contratos. Por ejemplo, los Estados

miembros deben seguir teniendo la libertad de extender la protección que la presente

Directiva proporciona a los consumidores, también a las personas físicas o jurídicas que no

sean consumidores en el sentido de la presente Directiva, como organizaciones no

gubernamentales, empresas emergentes y pymes.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 7

# JAI.2 ES

(17) La definición de consumidor debe incluir a las personas físicas que actúan al margen de su

actividad comercial, empresa, oficio o profesión. No obstante, los Estados miembros

también deben seguir teniendo la libertad de determinar, en el caso de los contratos con

doble objeto, en los que el contrato se celebra con un objeto en parte relacionado y en parte

no relacionado con la actividad comercial de la persona, y en los que el objeto comercial es

tan limitado que no predomina en el contexto general del contrato, si dicha persona debe

ser considerada un consumidor y en qué condiciones.

(18) La presente Directiva debe aplicarse a cualquier contrato en virtud del cual el empresario

suministra o se compromete a suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor.

Los prestadores de plataformas pueden ser considerados empresarios a los efectos de la

presente Directiva si actúan con fines relacionados con sus propias actividades y en calidad

de socio contractual directo del consumidor en el suministro de contenidos o servicios

digitales. Los Estados miembros deben seguir teniendo la libertad de ampliar la aplicación

de la presente Directiva a los prestadores de plataformas que no cumplan los requisitos

para ser considerados empresarios a los efectos de la presente Directiva.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 8

# JAI.2 ES

(19) La Directiva debe abordar los problemas en las diferentes categorías de contenidos

digitales, servicios digitales y su suministro. Con el fin de cubrir los rápidos desarrollos

tecnológicos y de que el concepto de contenidos o servicios digitales mantenga un carácter

estable frente a futuras innovaciones, la presente Directiva debe aplicarse, entre otras

cosas, a programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo, archivos de audio,

archivos de música, juegos digitales, libros electrónicos u otras publicaciones electrónicas,

así como a servicios digitales que permitan la creación, el tratamiento, el acceso o el

almacenamiento de datos en formato digital, incluido el programa ( _software_ ) como

servicio, tales como el intercambio de vídeos y audio y otro tipo de alojamiento de

archivos, el tratamiento de textos o los juegos que se ofrezcan en el entorno de

computación en nube y las redes sociales. Dado que existen numerosas formas de

suministrar contenidos o servicios digitales, como la transmisión en un soporte material, la

descarga por los consumidores en sus dispositivos, la transmisión a través de la web, el

permiso para acceder a capacidades de almacenamiento de contenidos digitales o el acceso

al uso de redes sociales, la presente Directiva debe aplicarse con independencia del soporte

utilizado para la transmisión de contenidos o servicios digitales o para dar acceso a estos.

No obstante, la presente Directiva no se debe aplicar a los servicios de acceso a internet.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 9

# JAI.2 ES

(20) La presente Directiva y la Directiva (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo **[1+]**

deben complementarse mutuamente. Mientras la presente Directiva establece normas sobre

determinados requisitos relativos a los contratos de suministro de contenidos o servicios

digitales, la Directiva (UE) 2019/… **[++]** establece normas sobre determinados requisitos

relativos a los contratos de compraventa de bienes. Por consiguiente, para satisfacer las

expectativas de los consumidores y garantizar un marco legal claro y sencillo para los

empresarios de contenidos digitales, la presente Directiva debe aplicarse asimismo a

contenidos digitales suministrados en un soporte material, como DVD, CD, memorias USB

y tarjetas de memoria, así como al soporte material propiamente dicho, siempre que el

soporte material sirva exclusivamente como portador de los contenidos digitales. No

obstante, en lugar de las disposiciones de la presente Directiva sobre la obligación de

suministro del empresario y sobre las medidas correctoras que puede exigir el consumidor

en caso de incumplimiento en el suministro, deben aplicarse las disposiciones de la

Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo **[2]** sobre las obligaciones

relacionadas con la entrega de bienes y las medidas correctoras en caso de incumplimiento

en la entrega. Además, las disposiciones de la Directiva 2011/83/UE, por ejemplo sobre el

derecho de desistimiento y la naturaleza del contrato en virtud del cual se suministran

dichos bienes, deben seguir aplicándose también a los citados soportes materiales y a los

contenidos digitales suministrados en dichos soportes. La presente Directiva debe

entenderse, asimismo, sin perjuicio del derecho de distribución aplicable a dichos bienes

conforme al Derecho de propiedad intelectual.

**1** Directiva (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, … (DO L …).
**+** Insértese en el texto el número de serie de la Directiva que figura en el documento
PE-CONS 27/19 (2015/0288(COD)) e insértense su número, fecha, título y la referencia del
DO en la nota al pie de página.
**++** DO: Insértese en el texto el número de serie de la Directiva que figura en el documento
PE-CONS 27/19 (2015/0288(COD)).
**2** Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011,
sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del
Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).

PE-CONS 26/19 MFG/fm 10

# JAI.2 ES

(21) La Directiva (UE) 2019/… **[+]** debe aplicarse a los contratos de compraventa de bienes,

incluidos los bienes con elementos digitales. El concepto de «bienes con elementos

digitales» debe referirse a bienes que incorporen contenidos o servicios digitales o estén

interconectados con ellos de tal manera que la ausencia de dicho contenido o servicio

digital impediría que los bienes cumpliesen su función. El contenido o servicio digital

incorporado o interconectado de ese modo con los bienes debe entrar en el ámbito de

aplicación de la Directiva (UE) 2019/… **[+]** si se facilita con los bienes en virtud de un

contrato de compraventa relativo a esos bienes. Si el suministro del contenido o servicio

digital incorporado o interconectado forma o no parte del contrato de compraventa con el

vendedor es algo que depende del contenido de dicho contrato. Lo anterior se aplica

también a los contenidos o servicios digitales incorporados o interconectados cuyo

suministro se requiere expresamente en el contrato. Debe comprender asimismo aquellos

contratos de compraventa que puedan interpretarse de modo que comprendan el suministro

de contenidos o servicios digitales específicos porque estos normalmente están incluidos

en bienes del mismo tipo y el consumidor puede esperar razonablemente que lo estén dada

la naturaleza de los bienes y teniendo en cuenta toda declaración pública realizada por el

vendedor o por su cuenta, o por otras personas en fases previas de la cadena de

transacciones, incluido el productor. Si, por ejemplo, la publicidad de un televisor

inteligente indicase que incluye una aplicación de vídeo concreta, dicha aplicación

formaría parte del contrato de compraventa. Lo anterior debe aplicarse con independencia

de que el contenido o servicio digital esté preinstalado en el propio bien o tenga que

descargarse posteriormente en otro dispositivo y tan solo esté interconectado con el bien.

**+** DO: Insértese en el texto el número de serie de la Directiva que figura en el documento
PE-CONS 27/19 (2015/0288(COD)).

PE-CONS 26/19 MFG/fm 11

# JAI.2 ES

Por ejemplo, un teléfono inteligente podría presentarse con una aplicación normalizada

preinstalada que se suministrase en virtud del contrato de compraventa, como una

aplicación de alarma o una aplicación de cámara. Otro ejemplo podría ser un reloj de

pulsera inteligente. En este caso, el propio reloj sería el bien con elementos digitales, que

únicamente puede cumplir sus funciones con una aplicación que se suministra en virtud del

contrato de compraventa, pero que el consumidor tiene que descargar en un teléfono

inteligente: la aplicación sería entonces el elemento digital interconectado. Lo anterior

debe aplicarse también si el contenido o servicio digital incorporado o interconectado no es

suministrado por el propio vendedor, sino por un tercero en virtud del contrato de

compraventa. A fin de evitar la incertidumbre de empresarios y consumidores, en caso de

que se dude de si el suministro de los contenidos o servicios digitales forma parte o no del

contrato de compraventa, se debe aplicar la Directiva (UE) 2019/… **[+]** . Además, la

determinación de una relación contractual bilateral entre el vendedor y el consumidor de la

que forme parte el suministro del contenido o servicio digital incorporado o interconectado

no debe verse afectada por el mero hecho de que el consumidor deba dar su aprobación a

un acuerdo de licencia con un tercero para poder acceder al contenido o servicio digital.

**+** DO: Insértese en el texto el número de serie de la Directiva que figura en el documento
PE-CONS 27/19 (2015/0288(COD)).

PE-CONS 26/19 MFG/fm 12

# JAI.2 ES

(22) Por el contrario, si la ausencia de contenidos o servicios digitales incorporados o

interconectados no impidiera que los bienes realizaran sus funciones o si el consumidor

celebra un contrato para el suministro de contenidos o servicios digitales que no forma

parte de un contrato de compraventa de bienes con elementos digitales, ese contrato debe

considerarse independiente del contrato de compraventa de los bienes, aunque el vendedor

actúe como intermediario de ese segundo contrato con el suministrador tercero, y podría

entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Por ejemplo, si el consumidor

descarga en un teléfono inteligente una aplicación de juego desde la tienda de aplicaciones,

el contrato de suministro de la aplicación de juego es independiente del contrato de

compraventa del propio teléfono inteligente. Por lo tanto, la Directiva (UE) 2019/… **[+]** solo

debe aplicarse al contrato de compraventa del propio teléfono inteligente, mientras que el

suministro de la aplicación de juego puede entrar en el ámbito de aplicación de la presente

Directiva si se cumplen las condiciones que esta establece. Otro ejemplo sería un caso en

que se haya convenido expresamente que el consumidor compra un teléfono inteligente sin

un sistema operativo específico, y posteriormente el consumidor celebra un contrato de

suministro de un sistema operativo de un tercero. En tal caso, el suministro del sistema

operativo comprado por separado no formaría parte del contrato de compraventa y, por lo

tanto, no entraría en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2019 / … [+], pero podría

entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, si se cumplen las condiciones

que esta establece.

**+** DO: Insértese en el texto el número de serie de la Directiva que figura en el documento
PE-CONS 27/19 (2015/0288(COD)).

PE-CONS 26/19 MFG/fm 13

# JAI.2 ES

(23) Las representaciones digitales de valor, como los vales electrónicos o los cupones

electrónicos, son utilizadas por los consumidores para pagar diferentes bienes o servicios

en el mercado único digital. Tales representaciones digitales de valor son cada vez más

importantes en relación con el suministro de contenidos o servicios digitales, por lo que

deben considerarse un método de pago en el sentido de la presente Directiva. Las

representaciones digitales de valor también debe entenderse que incluyen las monedas

virtuales, en la medida en que estén reconocidas por el Derecho nacional. La

diferenciación en función de los métodos de pago podría ser motivo de discriminación y

ofrecer un incentivo injustificado a las empresas para orientarse hacia el suministro de

contenidos o servicios digitales a cambio de representaciones digitales de valor. Sin

embargo, dado que las representaciones digitales de valor no tienen otra finalidad que

servir como método de pago, no deben ser consideradas por sí mismas un contenido digital

o un servicio digital en el sentido de la presente Directiva.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 14

# JAI.2 ES

(24) A menudo, los contenidos o servicios digitales se suministran también cuando el

consumidor no paga un precio, pero facilita datos personales al empresario. Tales modelos

de negocio ya se utilizan de diferentes formas en una parte considerable del mercado. Al

tiempo que reconoce plenamente que la protección de datos personales es un derecho

fundamental, por lo que los datos personales no pueden considerarse una mercancía, la

presente Directiva debe garantizar que los consumidores, en el contexto de dichos modelos

de negocio, tengan derecho a medidas correctoras contractuales. Por consiguiente, la

presente Directiva debe aplicarse a los contratos en virtud de los cuales el empresario

suministra o se compromete a suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor y

este facilita o se compromete a facilitar datos personales. Los datos personales podrían

facilitarse al empresario en el momento en que se celebre el contrato o en un momento

posterior, por ejemplo cuando el consumidor dé su consentimiento para que el empresario

utilice los datos personales que el consumidor pueda cargar o crear con el uso de los

contenidos o servicios digitales. El Derecho de la Unión relativo a la protección de los

datos personales establece una lista exhaustiva de motivos legales para el tratamiento lícito

de los datos personales. La presente Directiva debe aplicarse a todo contrato en virtud del

cual el consumidor facilita o se compromete a facilitar datos personales al empresario. Así,

por ejemplo, la presente Directiva debe aplicarse en aquellos casos en que el consumidor

abre una cuenta en una red social y facilita un nombre y una dirección de correo

electrónico, y estos se utilizan para fines que no sean exclusivamente el suministro de los

contenidos o servicios digitales, o distintos del cumplimiento de los requisitos legales.

También debe aplicarse en aquellos casos en que el consumidor dé su consentimiento para

que cualquier material que constituya datos personales, como fotografías o mensajes que

cargue, sea tratado por el empresario con fines comerciales. No obstante, los Estados

miembros deben seguir teniendo la libertad de determinar si se cumplen los requisitos

relativos a la celebración, la existencia y la validez de un contrato con arreglo al Derecho

nacional.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 15

# JAI.2 ES

(25) Cuando el contenido digital y los servicios digitales no se suministren a cambio de un

precio, la presente Directiva no debe aplicarse a las situaciones en las que el empresario

recabe datos personales exclusivamente para suministrar contenidos o servicios digitales, o

con el único fin de cumplir requisitos legales. Esas situaciones pueden incluir, por ejemplo,

aquellos casos en los que el registro del consumidor es necesario en virtud de la legislación

aplicable por motivos de seguridad e identificación. La presente Directiva tampoco debe

aplicarse a situaciones en las que el empresario recaba únicamente metadatos tales como

información sobre el dispositivo del consumidor o el historial de navegación, excepto

cuando esta situación se considere un contrato con arreglo al Derecho nacional. Tampoco

debe aplicarse a situaciones en las que el consumidor, sin haber celebrado un contrato con

el empresario, se expone a recibir publicidad con el fin exclusivo de obtener acceso a

contenidos o servicios digitales. No obstante, los Estados miembros deben seguir teniendo

la libertad de ampliar la aplicación de la presente Directiva a tales situaciones o de regular

tales situaciones, que están excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(26) La presente Directiva debe aplicarse a los contratos para el desarrollo de contenidos

digitales personalizados en función de las exigencias específicas del consumidor, incluido

cualquier programa (software) personalizado. La presente Directiva también debe aplicarse

al suministro de archivos electrónicos requeridos en el contexto de la impresión 3D de

bienes, en la medida en que dichos archivos correspondan a la definición de contenidos o

servicios digitales en el sentido de la presente Directiva. No obstante, la presente Directiva

no debe regular los derechos u obligaciones en relación con los bienes producidos

mediante el uso de tecnología de impresión 3D.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 16

# JAI.2 ES

(27) Dado que la presente Directiva se debe aplicar a los contratos que tienen como objeto el

suministro de contenidos digitales o de un servicio digital al consumidor, no debe aplicarse

en aquellos casos en que el objeto principal del contrato sea la prestación de servicios

profesionales, como los de traducción, arquitectura, asesoramiento jurídico u otros

servicios de asesoramiento profesional que el empresario suele realizar personalmente,

independientemente de que este haya utilizado medios digitales para obtener el producto

del servicio o para entregarlo o transmitirlo al consumidor. Del mismo modo, la presente

Directiva no debe aplicarse a los servicios públicos, como los de la seguridad social o los

registros públicos cuando los medios digitales se utilicen únicamente para la transmisión o

comunicación del servicio al consumidor. La presente Directiva tampoco debe aplicarse a

los instrumentos auténticos y otros actos notariales, independientemente de si se realizan,

registran, reproducen o transmiten por medios digitales.

(28) El mercado de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la

numeración, que no conectan con recursos de numeración de asignación pública, está

evolucionando rápidamente. En los últimos años, la aparición de nuevos servicios digitales

que permiten las comunicaciones interpersonales por internet, como el correo electrónico

en línea y los servicios de mensajería en línea, ha llevado a más consumidores a utilizar

estos servicios. Por ello es necesario proteger con eficacia a los consumidores en relación

con esos servicios. Por consiguiente, la presente Directiva debe aplicarse también a los

servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 17

# JAI.2 ES

(29) La presente Directiva no debe aplicarse a la asistencia sanitaria tal como se define en la

Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo **[1]** . La exclusión de la

«asistencia sanitaria» del ámbito de aplicación de la presente Directiva debe, por tanto,

aplicarse también a cualquier contenido digital o servicio digital que constituya un

producto sanitario tal como se define en las Directivas 93/42/CEE **[2]** o 90/385/CEE **[3]** del

Consejo o en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo **[4]**, cuando dicho

producto sanitario haya sido prescrito o suministrado por un profesional sanitario, tal como

se define en la Directiva 2011/24/UE. No obstante, las disposiciones de la presente

Directiva deben aplicarse a todo contenido digital o servicio digital que constituya un

producto sanitario, como las aplicaciones sanitarias, que el consumidor pueda obtener sin

que sea prescrito o suministrado por un profesional de la salud.

**1** Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011,
relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria
transfronteriza (DO L 88 de 4.4.2011, p. 45).
**2** Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios
(DO L 169 de 12.7.1993, p. 1).
**3** Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre los productos sanitarios implantables activos
(DO L 189 de 20.7.1990, p. 17).
**4** Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre
productos sanitarios para diagnóstico in vitro (DO L 331 de 7.12.1998, p. 1).

PE-CONS 26/19 MFG/fm 18

# JAI.2 ES

(30) El Derecho de la Unión sobre servicios financieros incluye numerosas normas de

protección de los consumidores. Los servicios financieros definidos por el Derecho

aplicable a dicho sector, en particular en la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo

y del Consejo **[1]**, también comprenden los contenidos o servicios digitales relacionados con

los servicios financieros o que den acceso a ellos y, por tanto, quedan amparados por el

Derecho de la Unión en materia de servicios financieros. Por consiguiente, deben quedar

excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva los contratos relacionados con

los contenidos o servicios digitales que constituyan servicios financieros.

(31) La presente Directiva no debe aplicarse a los contenidos o servicios digitales que se

faciliten a un público general como parte de una actuación artística u otro acontecimiento,

como una proyección cinematográfica o una representación teatral audiovisual. No

obstante, la presente Directiva debe aplicarse si los contenidos o servicios digitales se

facilitan a una audiencia mediante la transmisión de señales, como los servicios de

televisión digital.

(32) El programa ( _software_ ) libre y de código abierto, en el que el código fuente se comparte

abiertamente y los usuarios pueden acceder libremente al programa ( _software_ ) o a las

versiones modificadas de este, utilizarlo, modificarlo y redistribuirlo, puede contribuir a la

investigación y la innovación en el mercado de los contenidos y servicios digitales. Con el

fin de evitar que se impongan trabas a esta evolución del mercado, la presente Directiva

tampoco debe aplicarse al programa ( _software_ ) libre y de código abierto, siempre que este

no se suministre a cambio de un precio y que los datos personales del consumidor se

utilicen exclusivamente para mejorar la seguridad, la compatibilidad o la interoperabilidad

del programa ( _software_ ).

**1** Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002,
relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los
consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las
Directivas 97/7/CE y 98/27/CE (DO L 271 de 9.10.2002, p. 16).

PE-CONS 26/19 MFG/fm 19

# JAI.2 ES

(33) Los contenidos o servicios digitales suelen combinarse con el suministro de bienes u otros

servicios y ofrecerse al consumidor dentro del mismo contrato, que comprende un paquete

de distintos elementos, como la prestación de servicios de televisión digital y la

adquisición de equipamiento electrónico. En tales casos, el contrato entre el consumidor y

el empresario incluye elementos de un contrato de suministro de contenidos o servicios

digitales, pero también elementos de otros tipos de contratos, como los de compraventa de

bienes o de prestación de servicios. La presente Directiva debe aplicarse únicamente a los

elementos del contrato global que consistan en el suministro de contenidos o servicios

digitales. Los demás elementos del contrato deben regirse por las normas aplicables a

dichos contratos en virtud del Derecho nacional o, según corresponda, de otros actos de

Derecho de la Unión que regulen un sector o una materia específicos. Del mismo modo,

deben regirse por el Derecho nacional los efectos que pueda tener la resolución de un

elemento del paquete contratado en las demás partes del paquete contratado. No obstante,

para garantizar la coherencia con las disposiciones sectoriales de la Directiva

(UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo **[1]** que regulan los paquetes

contratados, cuando un empresario ofrece, en el sentido de esa Directiva, contenidos

digitales o un servicio digital en combinación con un servicio de comunicaciones

interpersonales basado en números o un servicio de acceso a internet, las disposiciones de

la presente Directiva sobre la modificación de los contenidos digitales no deben aplicarse a

los contenidos o servicios digitales del paquete. Las disposiciones aplicables de la

Directiva (UE) 2018/1972 deben aplicarse, en cambio, a todos los elementos del paquete,

incluidos los contenidos o servicios digitales.

**1** Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre
de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas
(DO L 321 de 17.12.2018, p. 36).

PE-CONS 26/19 MFG/fm 20

# JAI.2 ES

(34) Las disposiciones de la presente Directiva relativas a los paquetes contratados solo deben

aplicarse a los casos en que los distintos elementos del paquete sean ofrecidos por el

mismo empresario al mismo consumidor en virtud de un contrato único. La presente

Directiva no debe afectar a las normas nacionales que regulan las condiciones por las que

un contrato sobre el suministro de contenidos o servicios digitales pueda considerarse

vinculado o accesorio en relación con otro contrato que el consumidor haya celebrado con

el mismo empresario o con otro, las medidas correctoras que puedan exigirse en virtud de

cada contrato o el efecto que la terminación de un contrato tendría en el otro contrato.

(35) La práctica comercial consistente en agrupar ofertas de contenidos o servicios digitales con

el suministro de bienes u otros servicios está sujeta a lo dispuesto en la

Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo **[1]** relativa a las prácticas

comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el

mercado interior. Dicha agrupación no está prohibida en sí misma con arreglo a la

Directiva 2005/29/CE. Sin embargo, está prohibida si se considera abusiva, tras una

evaluación caso por caso con arreglo a los criterios establecidos en dicha Directiva. El

Derecho de la Unión en materia de competencia también permite abordar las prácticas de

vinculación y agrupación, cuando afectan al proceso competitivo y perjudican a los

consumidores.

**1** Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005,
relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los
consumidores en el mercado interior y que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo,
las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el
Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las
prácticas comerciales desleales») (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).

PE-CONS 26/19 MFG/fm 21

# JAI.2 ES

(36) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de otros actos de Derecho de la Unión

que regulen un sector o una materia específicos, como las telecomunicaciones, el comercio

electrónico y la protección de los consumidores. También debe entenderse sin perjuicio del

Derecho de la Unión y nacional en materia de derechos de autor y derechos afines, incluida

la portabilidad de los servicios de contenidos en línea.

(37) El ejercicio de las actividades que entran en el ámbito de aplicación de la presente

Directiva podría conllevar el tratamiento de datos personales. El Derecho de la Unión

establece un marco amplio en materia de protección de los datos de carácter personal. En

particular, la presente Directiva se entiende sin perjuicio del Reglamento (UE) 2016/679 **[1]**

así como de la Directiva 2002/58/CE **[2]** del Parlamento Europeo y del Consejo. Dicho marco

se aplica a cualquier dato personal tratado en relación con los contratos regulados por la

presente Directiva. Por consiguiente, los datos personales solo deben recogerse o tratarse

de otro modo de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y la

Directiva 2002/58/CE. En caso de conflicto entre la presente Directiva y el Derecho de la

Unión en materia de protección de datos personales, debe prevalecer el segundo.

**1** Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016,
p. 1).
**2** Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002,
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector
de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

PE-CONS 26/19 MFG/fm 22

# JAI.2 ES

(38) La presente Directiva no debe regular las condiciones para el tratamiento lícito de datos

personales, por cuanto esta cuestión está regulada, en particular, por el Reglamento

(UE) 2016/679. Por consiguiente, todo tratamiento de datos personales en relación con un

contrato que entre en el ámbito de aplicación de la presente Directiva solo es lícito si es

conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 en relación con los fundamentos

jurídicos para el tratamiento de los datos personales. Cuando el tratamiento de datos

personales esté basado en el consentimiento, en particular con arreglo al artículo 6,

apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/679, son de aplicación las disposiciones

específicas de dicho Reglamento, incluidas las relativas a las condiciones para valorar si el

consentimiento se presta libremente. La presente Directiva no debe regular la validez del

consentimiento prestado. El Reglamento (UE) 2016/679 también contiene derechos

generales como la supresión de los datos y la portabilidad de los datos. La presente

Directiva debe entenderse sin perjuicio de dichos derechos, que son de aplicación a todos

los datos personales facilitados por el consumidor al empresario o recopilados por este en

relación con todo contrato que entre en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, y

cuando el consumidor haya resuelto el contrato con arreglo a la presente Directiva.

(39) El derecho a la supresión y el derecho del consumidor a retirar su consentimiento para el

tratamiento de datos personales deben aplicarse plenamente también en relación con los

contratos regulados por la presente Directiva. El derecho del consumidor a resolver el

contrato con arreglo a la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio del derecho del

consumidor con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 a retirar cualquier consentimiento

otorgado al tratamiento de los datos personales del consumidor.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 23

# JAI.2 ES

(40) La presente Directiva no debe regular las consecuencias para los contratos sujetos a la

presente Directiva en caso de que el consumidor retire el consentimiento para el

tratamiento de sus datos personales. Esta cuestión sigue siendo competencia del Derecho

nacional.

(41) Para el empresario, existen varias maneras de suministrar los contenidos o servicios

digitales al consumidor. Resulta pertinente establecer algunas normas simples y claras

sobre las modalidades y el momento de cumplir esa obligación de suministro, que es la

principal obligación contractual del empresario, poniendo los contenidos o servicios

digitales a disposición del consumidor o facilitándole el acceso a ellos. Debe considerarse

que los contenidos o servicios digitales están disponibles o accesibles para el consumidor

cuando los contenidos o servicios digitales, o cualquier medio adecuado para acceder a

ellos o descargarlos, hayan llegado al entorno del consumidor y no sea necesario ningún

otro acto del empresario para que el consumidor pueda utilizarlos conforme al contrato.

Habida cuenta de que el empresario no es en principio responsable de los actos u

omisiones de un tercero que gestione una instalación física o virtual, por ejemplo, una

plataforma electrónica o una instalación de almacenamiento en nube, que el consumidor

elija para recibir o almacenar los contenidos o servicios digitales, debe ser suficiente que el

empresario suministre los contenidos o servicios digitales a dicho tercero. No obstante, no

puede considerarse que el consumidor haya elegido la instalación física o virtual si está

sometida al control del empresario o vinculada contractualmente a él, o cuando el

consumidor haya seleccionado dicha instalación física o virtual para recibir los contenidos

o servicios digitales pero esa opción era la única ofrecida por el empresario para recibir o

acceder al contenido digital o al servicio digital.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 24

# JAI.2 ES

Cuando no pueda considerarse que el consumidor haya elegido la instalación física o

virtual, no se debe considerar que se haya cumplido la obligación del empresario de

suministrar el contenido digital o el servicio digital si el contenido digital o el servicio

digital se suministra a la instalación física o virtual, pero el consumidor no puede recibir o

acceder al contenido digital o al servicio digital de conformidad con la presente Directiva.

En esos casos, el consumidor debe contar con las mismas medidas correctoras que si el

empresario no hubiera suministrado el contenido digital o el servicio digital. En relación

con el momento del suministro, conforme a las prácticas del mercado y las posibilidades

técnicas, y al objeto de proporcionar cierto grado de flexibilidad, los contenidos o servicios

digitales deben suministrarse sin demora indebida, salvo que las partes lo acuerden de otro

modo para tener en cuenta otros modelos de suministro.

(42) Los contenidos o servicios digitales deben cumplir los requisitos pactados entre el

empresario y el consumidor en el contrato. En particular, deben cumplir la descripción, la

cantidad (por ejemplo, el número de archivos musicales a los que se puede acceder), la

calidad (por ejemplo, la resolución de las imágenes), el idioma y la versión pactados en el

contrato. Deben poseer también la seguridad, la funcionalidad, la compatibilidad, la

interoperabilidad y demás características, según disponga el contrato. Los requisitos del

contrato deben incluir los que resulten de la información precontractual que, de acuerdo

con la Directiva 2011/83/UE, forma parte integrante del contrato. Dichos requisitos

también podrían establecerse en un acuerdo de nivel de servicio cuando, con arreglo al

Derecho nacional aplicable, dicho tipo de acuerdos forme parte de la relación contractual

entre el consumidor y el empresario.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 25

# JAI.2 ES

(43) El concepto de funcionalidad debe entenderse que se refiere a las formas en que pueden

utilizarse los contenidos o servicios digitales. Así, por ejemplo, la ausencia o la presencia

de restricciones técnicas, tales como la protección mediante la Administración de Derechos

Digitales o la codificación de la región podrían afectar a la capacidad de los contenidos o

servicios digitales de cumplir todas sus funciones teniendo en cuenta su finalidad. El

concepto de interoperabilidad se refiere a si, y en qué medida, los contenidos o servicios

digitales pueden funcionar con aparatos ( _hardware_ ) o programas ( _software_ ) distintos de

aquellos con los que se utilizan normalmente los contenidos o servicios digitales del

mismo tipo. El buen funcionamiento podría incluir, por ejemplo, la capacidad de los

contenidos o servicios digitales para intercambiar información con esos otros programas

( _software_ ) o aparatos ( _hardware_ ) y utilizar la información intercambiada.

(44) Dado que los contenidos y servicios digitales se encuentran en constante desarrollo, los

empresarios pueden convenir con los consumidores el suministro de actualizaciones y

características a medida que vayan estando disponibles. Por tanto, la conformidad de los

contenidos o servicios digitales también debe evaluarse en función de si estos están

actualizados de la forma en que se haya estipulado en el contrato. La falta de suministro de

actualizaciones que se hayan acordado en el contrato debe considerarse una falta de

conformidad de los contenidos o servicios digitales. Además, las actualizaciones

defectuosas o incompletas también deben considerarse una falta de conformidad de los

contenidos o servicios digitales, por cuanto ello supondría que dichas actualizaciones no se

realizan de la forma estipulada en el contrato.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 26

# JAI.2 ES

(45) Para ser conformes y garantizar que los consumidores no se vean privados de sus derechos,

por ejemplo en aquellos casos en que el contrato establezca cláusulas muy poco estrictas,

los contenidos o servicios digitales deben cumplir no solo los requisitos subjetivos de

conformidad, sino que además deben cumplir los requisitos objetivos de conformidad

establecidos en la presente Directiva. La conformidad debe evaluarse, considerando, entre

otros factores, el fin para el que se utilizarían normalmente los contenidos o servicios

digitales del mismo tipo. También debe poseer las cualidades y las características de

funcionamiento que normalmente presentan los contenidos o servicios digitales del mismo

tipo y que los consumidores pueden esperar razonablemente, dada la naturaleza de los

contenidos o servicios digitales y teniendo en cuenta cualquier declaración pública sobre

las características concretas de los contenidos o servicios digitales realizada por el

empresario, o en su nombre, o por otra persona en fases previas de la cadena de

transacciones.

(46) El criterio de razonabilidad en relación con cualquier referencia en la presente Directiva a

lo que pueda esperar razonablemente una persona debe determinarse objetivamente

teniendo en cuenta la naturaleza y la finalidad de los contenidos o servicios digitales, las

circunstancias del caso y los usos y prácticas de las partes implicadas. En particular, debe

determinarse objetivamente lo que se considera un plazo razonable para subsanar la falta

de conformidad de los contenidos o servicios digitales, teniendo en cuenta la naturaleza de

la falta de conformidad.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 27

# JAI.2 ES

(47) Durante el período de tiempo que el consumidor pueda esperar razonablemente, el

empresario debe facilitar al consumidor actualizaciones, en particular, actualizaciones de

seguridad, con el fin de mantener la conformidad y seguridad de los contenidos o servicios

digitales. Por ejemplo, en lo que respecta a los contenidos o servicios digitales, cuya

finalidad es limitada en el tiempo, la obligación de facilitar actualizaciones debe limitarse a

ese período de tiempo, mientras que para otros tipos de contenidos o servicios digitales, el

período durante el cual deben facilitarse actualizaciones al consumidor podría ser igual al

período de responsabilidad por falta de conformidad o ampliarse más allá del mismo, que

podría ser el caso, en particular, de las actualizaciones de seguridad. El consumidor debe

seguir siendo libre de decidir si instalar dichas actualizaciones. Si el consumidor decide no

instalar las actualizaciones, no debe esperar que los contenidos o servicios digitales sigan

siendo conformes. El empresario debe informar al consumidor de que la decisión de este

último de no instalar las actualizaciones necesarias para mantener la conformidad de los

contenidos o servicios digitales, incluidas las actualizaciones de seguridad, repercutirá en

la responsabilidad del empresario por la conformidad de aquellas características de los

contenidos o servicios digitales cuya conformidad deben mantener las correspondientes

actualizaciones. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones establecidas en el

Derecho de la Unión o nacional de facilitar actualizaciones de seguridad.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 28

# JAI.2 ES

(48) El Reglamento (UE) 2016/679 o cualquier otra norma del Derecho de la Unión en materia

de protección de datos debe aplicarse plenamente al tratamiento de datos personales en

relación con los contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Además, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la protección de los

derechos, obligaciones y acciones extracontractuales que se recogen en el Reglamento

(UE) 2016/679. Los hechos que den lugar a una falta de cumplimiento de los requisitos

previstos en el Reglamento (UE) 2016/679, incluidos principios básicos como los relativos

a la minimización de datos, la protección de datos desde el diseño y la protección de datos

por defecto, pueden considerarse asimismo, dependiendo de las circunstancias del caso,

una falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales con los requisitos

subjetivos u objetivos de conformidad establecidos en la presente Directiva. Un ejemplo

podría ser el caso de un empresario que asuma expresamente una obligación en el contrato,

o el contrato pueda interpretarse de esa manera, lo que también está relacionado con las

obligaciones del empresario en virtud del Reglamento (UE) 2016/679. En tal caso, un

compromiso contractual de este tipo puede formar parte de los requisitos subjetivos de

conformidad. Un segundo ejemplo podría ser el caso en que el incumplimiento de las

obligaciones en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 pudiera al mismo tiempo tener

como consecuencia que los contenidos o servicios digitales no sean aptos para los fines

previstos y, por tanto, constituyan una falta de conformidad con el requisito objetivo de

conformidad que exige que los contenidos o servicios digitales sean aptos para los fines

para los que se utilizarían habitualmente contenidos o servicios digitales del mismo tipo.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 29

# JAI.2 ES

Este sería el caso, por ejemplo, de un empresario de un programa ( _software_ **)** de cifrado de

datos que no aplicara las medidas apropiadas exigidas por el Reglamento (UE) 2016/679

para garantizar que, tal como se haya diseñado, los datos personales no se revelen a

destinatarios no autorizados, con lo que el programa ( _software_ **)** de cifrado no sería apto

para la finalidad prevista, que es la transmisión segura de datos por parte del consumidor a

su destinatario previsto. Por último, podría haber casos en los que el incumplimiento, por

parte del empresario, de sus obligaciones en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 también

pueda constituir una falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales con el

requisito objetivo de conformidad que exige que los contenidos o servicios digitales posean

las características que son las normales para los contenidos o servicios digitales del mismo

tipo y que el consumidor puede razonablemente esperar. Por ejemplo, si el empresario de

una aplicación de compra en línea no adopta las medidas previstas en el Reglamento

(UE) 2016/679 para la seguridad del tratamiento de los datos personales del consumidor y,

como consecuencia de ello, los datos de la tarjeta de crédito del consumidor quedan

expuestos a programas maliciosos o programas espía, esa omisión también podría

constituir una falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales en el sentido de

la presente Directiva, ya que el consumidor puede razonablemente esperar que una

aplicación de este tipo tenga habitualmente características que impidan que se revelen los

datos de los pagos. Cuando los hechos que den lugar a un incumplimiento de los requisitos

del Reglamento (UE) 2016/679 constituyan también una falta de conformidad de los

contenidos o servicios digitales con los requisitos subjetivos u objetivos de conformidad

establecidos en la presente Directiva, el consumidor debe tener derecho a las medidas

correctoras por falta de conformidad previstas en la presente Directiva, a menos que el

contrato ya sea nulo o anulable en virtud del Derecho nacional.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 30

# JAI.2 ES

(49) Con el fin de garantizar la suficiente flexibilidad, las partes deben tener la posibilidad de

apartarse de los requisitos objetivos en materia de conformidad. Tal divergencia con dichos

requisitos solo debe ser posible si el consumidor ha sido específicamente informado al

respecto y lo acepta por separado de otras declaraciones o acuerdos y con un

comportamiento activo e inequívoco. Ambas condiciones podrían cumplirse, por ejemplo,

marcando una casilla, apretando un botón o activando una función similar.

(50) Al aplicar lo dispuesto en la presente Directiva, los empresarios deben hacer uso de

normas, especificaciones técnicas abiertas, buenas prácticas y códigos de conducta, incluso

en relación con el formato comúnmente utilizado y de lectura mecánica para recuperar el

contenido que no sean los datos personales facilitados o creados por el consumidor al

utilizar el contenido o servicio digital, así como la seguridad de los sistemas de

información y los entornos digitales, tanto si se han establecido a nivel internacional, a

nivel de la Unión o a nivel de un sector industrial específico. En este contexto, la Comisión

podría abogar por el desarrollo de normas internacionales y de la Unión y la elaboración de

un código de conducta por las asociaciones de empresarios y otras organizaciones

representativas que podrían apoyar la aplicación uniforme de la presente Directiva.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 31

# JAI.2 ES

(51) Muchos tipos de contenidos o servicios digitales se suministran de forma continua a lo

largo del tiempo, como el acceso a servicios en nube. Por ello es necesario garantizar que

los contenidos o servicios digitales sean conformes durante la vigencia del mismo. Las

interrupciones a corto plazo del suministro de contenidos o servicios digitales deben

tratarse como casos de falta de conformidad cuando dichas interrupciones sean notables o

recurrentes. Además, dada la mejora frecuente de los contenidos y servicios digitales, en

particular mediante actualizaciones, la versión de los contenidos o servicios digitales

suministrados al consumidor debe ser la más reciente que esté disponible en el momento de

celebrar el contrato, salvo que las partes lo hayan acordado de otro modo.

(52) Para trabajar adecuadamente, los contenidos o servicios digitales deben integrarse

correctamente en el entorno del aparato (hardware) y programa (software) del consumidor.

Una falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales derivada de una

integración incorrecta debe considerarse una falta de conformidad de los propios

contenidos o servicios digitales, si fueron integrados por el empresario o bajo su

responsabilidad, o por el consumidor siguiendo las instrucciones del empresario y su

incorrecta integración se deba a deficiencias en las instrucciones de integración, por

ejemplo por ser incompletas o adolecer de falta de claridad que hagan que las instrucciones

de integración sean difíciles de utilizar para el consumidor medio.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 32

# JAI.2 ES

(53) Las restricciones del uso por el consumidor de los contenidos o servicios digitales de

conformidad con la presente Directiva podrían derivarse de las limitaciones impuestas por

el titular de los derechos de propiedad intelectual de conformidad con el Derecho en

materia de propiedad intelectual. Dichas restricciones pueden derivarse del acuerdo de

licencia del usuario final en virtud del cual se suministren al consumidor los contenidos o

servicios digitales. Este puede ser el caso cuando, por ejemplo, el acuerdo de licencia de un

usuario final prohíba al consumidor utilizar determinadas características relacionadas con

la funcionalidad de los contenidos o servicios digitales. Tal restricción podría hacer que los

contenidos o servicios digitales incumplan los requisitos objetivos de conformidad

establecidos en la presente Directiva, si se refiere a características que suelen encontrarse

en contenidos o servicios digitales del mismo tipo y que el consumidor puede

razonablemente esperar. En tales casos, el consumidor debe poder exigir las medidas

correctoras por falta de conformidad previstas en la presente Directiva, frente al

empresario que suministró los contenidos digitales. El empresario solo ha de poder eludir

esta responsabilidad si cumple las condiciones para establecer una excepción a los

requisitos objetivos de conformidad establecidos en la presente Directiva, a saber, solo si,

antes de la celebración del contrato, el empresario informa específicamente al consumidor

de que una determinada característica de los contenidos o servicios digitales se aparta de

los requisitos objetivos de conformidad y el consumidor acepta de forma expresa y por

separado dicha divergencia.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 33

# JAI.2 ES

(54) Por otra parte, los vicios jurídicos constituyen una cuestión de especial importancia para

los contenidos o servicios digitales, que están sujetos a derechos de propiedad intelectual.

Las restricciones relativas al uso por el consumidor de los contenidos o servicios digitales

de conformidad con la presente Directiva podrían derivarse de una vulneración de los

derechos de terceros. Esta vulneración de los derechos de terceros podría impedir

efectivamente que el consumidor disfrute de los contenidos o servicios digitales o de

algunas de sus características, por ejemplo, cuando el consumidor no puede acceder de

ningún modo a los contenidos o servicios digitales o cuando el consumidor no puede

acceder lícitamente a los contenidos o servicios digitales. Ello puede deberse a que el

tercero obligue debidamente al empresario a dejar de vulnerar esos derechos y dejar de

ofrecer los contenidos o servicios digitales en cuestión o que el consumidor no pueda

utilizar los contenidos o servicios digitales sin incumplir la ley. En caso de que una

vulneración de los derechos de terceros dé lugar a una restricción que impida o limite el

uso de los contenidos o servicios digitales con arreglo a los requisitos subjetivos y

objetivos de conformidad, el consumidor debe tener derecho a las medidas correctoras por

falta de conformidad, a menos que el Derecho nacional disponga la nulidad del contrato o

su rescisión, por ejemplo por incumplimiento de la garantía jurídica por evicción.

(55) El empresario debe ser responsable frente el consumidor en caso de falta de conformidad

de los contenidos o servicios digitales, y de cualquier incumplimiento en el suministro de

contenidos o servicios digitales. Puesto que los contenidos o servicios digitales pueden

suministrarse a los consumidores mediante uno o varios actos individuales de suministro, o

de forma continua a lo largo de un período de tiempo, es conveniente que el plazo

pertinente a los efectos de establecer la conformidad de los contenidos o servicios digitales

se determine a la luz de esos distintos tipos de suministro.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 34

# JAI.2 ES

(56) Los contenidos o servicios digitales pueden suministrarse a los consumidores mediante un

único acto de suministro, por ejemplo cuando se descarga un libro electrónico y se

almacena en un dispositivo personal. Del mismo modo, el suministro puede consistir en

una serie de actos individuales de esa naturaleza, por ejemplo cuando el consumidor recibe

un enlace para descargar un nuevo libro electrónico cada semana. El elemento distintivo de

esta categoría de contenidos o servicios digitales es el hecho de que los consumidores

tienen posteriormente la posibilidad de acceder a los contenidos o servicios digitales y de

utilizarlos indefinidamente. En tales casos, la conformidad de los contenidos o servicios

digitales debe valorarse en el momento del suministro y, por tanto, el empresario debe ser

considerado responsable únicamente por la falta de conformidad que exista en el momento

en que tenga lugar el único acto de suministro o cada acto individual de suministro. A fin

de garantizar la seguridad jurídica, los empresarios y los consumidores deben poder

basarse en un período mínimo armonizado durante el cual el empresario debe ser

considerado responsable de una posible falta de conformidad. En relación con los contratos

que prevean un único acto de suministro o una serie de actos individuales de suministro de

contenidos o servicios digitales, los Estados miembros deben velar por que el empresario

sea responsable durante como mínimo dos años a partir del momento del suministro si, con

arreglo a su Derecho nacional respectivo, el empresario solo es responsable de cualquier

falta de conformidad que se manifieste dentro de un período de tiempo posterior al

suministro.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 35

# JAI.2 ES

(57) Los contenidos o servicios digitales también pueden suministrarse a los consumidores de

forma continua a lo largo de un período de tiempo. El suministro continuo puede incluir

aquellos casos en los que el empresario pone un servicio a disposición de los consumidores

durante un período determinado o un período indefinido, como un contrato de

almacenamiento en nube de dos años o un registro como miembro de una plataforma de

medios sociales por un período indefinido. El elemento distintivo de esta categoría es el

hecho de que los contenidos o servicios digitales están disponibles o son accesibles para

los consumidores únicamente durante el período determinado del contrato o mientras esté

en vigor el contrato indefinido. Por lo tanto, está justificado que, en tales casos, el

empresario solo tenga que ser responsable de la falta de conformidad que aparezca durante

ese período de tiempo. El suministro continuo no debe implicar necesariamente un

suministro a largo plazo. Casos como la retransmisión en línea de un videoclip deben

considerarse un suministro continuo durante un período de tiempo, independientemente de

la duración real que tenga el archivo audiovisual. Casos en los que determinados elementos

de los contenidos o servicios digitales estén disponibles periódicamente o en varias

ocasiones durante el período determinado del contrato o durante el tiempo en que el

contrato indefinido esté en vigor, también deben considerarse un suministro continuo

durante un período de tiempo, por ejemplo, cuando el contrato estipule que una copia de un

programa ( _software_ **)** antivirus se puede utilizar durante un año y se actualizará

automáticamente el primer día de cada mes de dicho período, o que el empresario

publicará actualizaciones cada vez que nuevas características de un juego digital se hagan

accesibles, y los contenidos o servicios digitales solo estarán disponibles o accesibles para

los consumidores durante el período determinado del contrato o mientras esté en vigor el

contrato indefinido.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 36

# JAI.2 ES

(58) Los Estados miembros deben ser libres de regular los plazos de prescripción nacionales.

No obstante, dichos plazos de prescripción no deben impedir que los consumidores ejerzan

sus derechos durante todo el período en el que el empresario sea responsable de una

posible falta de conformidad. Aunque la presente Directiva no debe armonizar, por lo

tanto, la fecha de inicio de los plazos de prescripción nacionales, es preciso garantizar que

esos plazos sigan permitiendo a los consumidores exigir medidas correctoras por cualquier

falta de conformidad que se manifieste al menos durante todo el período en el que el

empresario sea responsable de una posible falta de conformidad.

(59) Debido a la naturaleza específica y a la gran complejidad de los contenidos y servicios

digitales, así como a un mejor conocimiento y acceso a conocimientos prácticos,

información técnica y asistencia en alta tecnología del empresario, este se encuentra en una

mejor posición que el consumidor para conocer los motivos de la falta de suministro o de

conformidad de los contenidos o servicios digitales. El empresario también está

probablemente en una mejor posición para evaluar si el incumplimiento en el suministro o

la falta de conformidad se debe a la incompatibilidad del entorno digital del consumidor

con los requisitos técnicos de los contenidos o servicios digitales. Por tanto, en caso de

conflicto, si bien corresponde al consumidor aportar pruebas de que los contenidos o

servicios digitales no son conformes, el consumidor no ha de tener que demostrar que la

falta de conformidad existía en el momento del suministro de los contenidos o servicios

digitales o, en caso de suministro continuo, durante la vigencia del contrato.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 37

# JAI.2 ES

En su lugar, debe ser el empresario quien demuestre la conformidad de los contenidos o

servicios digitales en ese momento o durante ese período. Esa carga de la prueba debe

recaer en el empresario si la falta de conformidad se manifiesta en el plazo de un año a

partir de la fecha de suministro, cuando el contrato prevea un único acto de suministro o

una serie de actos individuales de suministro, o durante el período de vigencia del contrato,

cuando el contrato prevea un suministro continuo a lo largo de un período de tiempo. No

obstante, cuando el empresario demuestre que el entorno digital del consumidor es

incompatible con los requisitos técnicos, de los cuales el empresario haya informado al

consumidor de forma clara y comprensible antes de la celebración del contrato, el

consumidor debe tener la carga de demostrar que la falta de conformidad de los contenidos

o servicios digitales existía en el momento del suministro de los contenidos o servicios

digitales cuando el contrato prevea un único acto de suministro o una serie de actos

individuales de suministro, o cuando el contrato prevea un suministro continuo a lo largo

de un período de tiempo, durante la vigencia del contrato.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 38

# JAI.2 ES

(60) Sin perjuicio del derecho fundamental al respeto de la vida privada, incluida la

confidencialidad de las comunicaciones, y a la protección de los datos de carácter personal

del consumidor, este debe cooperar con el empresario para que este último pueda

determinar si el motivo de la falta de conformidad radica en el entorno digital del

consumidor utilizando los medios disponibles técnicamente que sean menos intrusivos para

el consumidor. Esto puede realizarse a menudo, por ejemplo, facilitando al empresario

informes sobre incidentes generados automáticamente o datos de la conexión a internet del

consumidor. Solo en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas en las que,

pese al mejor uso de todos los demás recursos, no haya otra manera posible, los

consumidores pueden considerar necesario permitir el acceso virtual a su entorno digital.

No obstante, cuando el consumidor no coopere con el empresario y el consumidor haya

sido informado de las consecuencias de la falta de cooperación, debe corresponder al

consumidor demostrar no solo que los contenidos o servicios digitales no son conformes,

sino también que los contenidos o servicios digitales no eran conformes en el momento del

suministro de contenidos o servicios digitales cuando el contrato prevea un único acto de

suministro o una serie de actos individuales de suministro o, cuando el contrato prevea un

suministro continuo a lo largo de un período de tiempo, durante la vigencia del contrato.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 39

# JAI.2 ES

(61) Cuando el empresario haya incumplido el suministro de contenidos o servicios digitales, el

consumidor debe pedir al empresario que suministre los contenidos o servicios digitales.

En tales casos, el empresario debe actuar sin demora indebida o dentro de un plazo

adicional acordado expresamente por las partes. Considerando que los contenidos o

servicios digitales se suministran en formato digital, el suministro no debe requerir, en la

mayor parte de las situaciones, ningún plazo adicional para poner los contenidos o

servicios digitales a disposición del consumidor. Por tanto, en estos casos, la obligación del

empresario de suministrar los contenidos o servicios digitales sin demora indebida ha de

significar tener que suministrarlos inmediatamente. Si, a continuación, el empresario

incumple el suministro de los contenidos o servicios digitales, el consumidor debe tener

derecho a resolver el contrato. En circunstancias específicas, como cuando esté claro que el

empresario no va a suministrar los contenidos o servicios digitales, o cuando sea

primordial para el consumidor que el suministro se efectúe en un momento determinado, el

consumidor debe tener derecho a resolver el contrato sin pedir previamente al empresario

que suministre los contenidos o servicios digitales.

(62) En caso de falta de conformidad, los consumidores deben tener derecho a que los

contenidos o servicios digitales sean puestos en conformidad, a que se les aplique una

reducción proporcionada del precio, o a resolver el contrato.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 40

# JAI.2 ES

(63) Dependiendo de las características técnicas de los contenidos o servicios digitales, el

empresario debe poder elegir una manera concreta de poner los contenidos o servicios

digitales en conformidad, por ejemplo haciendo actualizaciones o poniendo una nueva

copia de los contenidos o servicios digitales a disposición del consumidor.

(64) Dada la diversidad de los contenidos y servicios digitales, no es conveniente establecer

plazos fijos para el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones en

relación con dichos contenidos o servicios digitales. Tales plazos no tendrían en cuenta esa

diversidad y podrían ser demasiado cortos o demasiado largos, según el caso. Es por lo

tanto más adecuado requerir que los contenidos o servicios digitales sean puestos en

conformidad dentro de un plazo razonable. Ese requisito no debe impedir que las partes

acuerden un plazo determinado para que los contenidos o servicios digitales sean puestos

en conformidad. Los contenidos o servicios digitales deben ser puestos en conformidad sin

cargo alguno. En particular, el consumidor no debe incurrir en ningún coste asociado al

desarrollo de una actualización de los contenidos o servicios digitales.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 41

# JAI.2 ES

(65) Cuando la puesta en conformidad de los contenidos o servicios digitales resulte jurídica o

prácticamente imposible, o cuando el empresario se niegue a poner los contenidos o

servicios digitales en conformidad porque ello le supondría unos costes desproporcionados,

o cuando el empresario no haya podido poner los contenidos o servicios digitales en

conformidad en un plazo razonable, sin cargo alguno y sin causar mayores inconvenientes

al consumidor, el consumidor tendrá derecho a s la reducción del precio o la resolución del

contrato. En determinadas situaciones, está justificado que el consumidor tenga derecho a

una reducción del precio o a resolver el contrato inmediatamente, por ejemplo cuando el

empresario no haya logrado poner en conformidad los contenidos o servicios digitales

previamente o cuando no quepa esperar que el consumidor mantenga su confianza en la

capacidad del empresario de poner los contenidos o servicios digitales en conformidad

debido al carácter grave de la falta de conformidad. Por ejemplo, el consumidor debe tener

derecho a pedir directamente una reducción del precio o la resolución del contrato cuando

se le suministre un programa ( _software_ ) antivirus que esté infectado con un virus y que

constituiría un caso de falta de conformidad de carácter grave. Lo mismo debe aplicarse

cuando esté claro que el empresario no va a poner los contenidos o servicios digitales en

conformidad en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 42

# JAI.2 ES

(66) En una situación en la que el consumidor tiene derecho a una reducción del precio pagado

por los contenidos o servicios digitales durante un período de tiempo, el cálculo de dicha

reducción del precio debe tener en cuenta la disminución del valor de los contenidos o

servicios digitales debido tanto a la falta de conformidad como al tiempo durante el cual el

consumidor no haya podido disfrutar de los contenidos o servicios digitales en

conformidad.

(67) Cuando los contenidos o servicios digitales se suministren a cambio de un precio, el

consumidor debe tener derecho a resolver el contrato solo si la falta de conformidad no es

de carácter leve. No obstante, cuando los contenidos o servicios digitales no se suministren

a cambio de un precio, sino a cambio de que el consumidor facilite datos personales, el

consumidor debe tener derecho a resolver el contrato también en aquellos casos en que la

falta de conformidad sea de carácter leve, ya que no dispone de una corrección consistente

en la reducción del precio. En los casos en que el consumidor pague un precio y facilite

datos personales, el consumidor debe tener derecho a todas las medidas correctoras

disponibles en caso de falta de conformidad. En particular, siempre que se cumplan todas

las demás condiciones, el consumidor debe tener derecho a que los contenidos o servicios

digitales sean puestos en conformidad, a que se reduzca el precio en relación con el

importe pagado por los contenidos o servicios digitales, o a resolver el contrato.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 43

# JAI.2 ES

(68) Si el consumidor resuelve el contrato, el empresario debe reembolsar el precio pagado por

el consumidor. No obstante, es necesario equilibrar los intereses legítimos de

consumidores y empresarios cuando los contenidos o servicios digitales se suministran

durante un período de tiempo y solo son conformes durante una parte de ese período. Por

consiguiente, tras la resolución del contrato, el consumidor solo debe tener derecho a la

parte del precio pagado que corresponda y sea proporcional a la duración del período en

que los contenidos o servicios digitales no hayan sido conformes. El consumidor también

debe tener derecho a cualquier parte del precio pagado por adelantado por cualquier

período de tiempo restante tras la resolución del contrato.

(69) Cuando el consumidor facilite datos personales al empresario, el empresario debe respetar

las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2016/679. Esas obligaciones también

deben cumplirse en los casos en que el consumidor pague un precio y facilite datos

personales. En el momento de la resolución del contrato, el empresario también debe

abstenerse de utilizar cualquier contenido, que no sean datos personales, que haya sido

facilitado o creado por el consumidor al utilizar los contenidos o servicios digitales

suministrados por el empresario. Esos contenidos pueden incluir imágenes digitales,

archivos de vídeo y audio y contenidos creados en dispositivos móviles. No obstante, el

empresario debe tener derecho a seguir utilizando los contenidos facilitados o creados por

el consumidor en los casos en que dichos contenidos no tengan ninguna utilidad fuera del

contexto de los contenidos o servicios digitales suministrados por el empresario, solo se

refieran a la actividad del consumidor, hayan sido agregados con otros datos por el

empresario y no puedan desagregarse o requieran para ello esfuerzos desproporcionados, o

hayan sido generados conjuntamente por el consumidor y otros, y otros consumidores

puedan seguir haciendo uso de los mismos.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 44

# JAI.2 ES

(70) El consumidor podría verse disuadido de exigir medidas correctoras por falta de

conformidad de los contenidos o servicios digitales si se ve privado de acceso a contenidos

que no sean los datos personales que el consumidor haya facilitado o creado mediante el

uso de los contenidos o servicios digitales. Para garantizar que los consumidores puedan

gozar de una protección efectiva en relación con el derecho a resolver el contrato, el

empresario, previa solicitud del consumidor, debe poner dicho contenido a disposición de

este tras la resolución del contrato.

(71) El consumidor debe poder recuperar los contenidos dentro de un plazo razonable, sin

impedimentos por parte del empresario, en un formato de lectura mecánica comúnmente

utilizado y sin cargo alguno, a excepción de los gastos generados por su propio entorno

digital, por ejemplo los costes de conexión a la red, ya que estos no están relacionados

específicamente con la recuperación de los contenidos. No obstante, la obligación del

empresario de poner dichos contenidos a disposición no debe aplicarse cuando dichos

contenidos solo tengan utilidad en el contexto de los contenidos o servicios digitales, solo

se refieran a la actividad del consumidor cuando utiliza contenidos o servicios digitales, o

hayan sido agregados con otros datos por el empresario y no puedan desagregarse o

requieran para ello esfuerzos desproporcionados. En tales casos, los contenidos no tienen

ninguna utilidad ni interés práctico relevantes para el consumidor, a la vez que se tienen en

cuenta los intereses del empresario. Por otra parte, la obligación del empresario de poner a

disposición del consumidor, en caso de resolución del contrato, cualquier contenido que no

sean datos personales y que haya sido facilitado o creado por el consumidor debe

entenderse sin perjuicio del derecho del empresario a no revelar determinados contenidos

de conformidad con el Derecho aplicable.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 45

# JAI.2 ES

(72) En el momento de la resolución del contrato, el consumidor no debe estar obligado a pagar

por el uso de los contenidos o servicios digitales durante un período en el que los

contenidos o servicios digitales no sean conformes con el contrato, dado que ello le

privaría de una protección efectiva. Sin embargo, el consumidor también debe abstenerse

de utilizar los contenidos o servicios digitales y de ponerlos a disposición de terceros, por

ejemplo, eliminando los contenidos digitales o cualquier copia utilizable, o haciendo que

los contenidos o servicios digitales no sean accesibles.

(73) El principio de la responsabilidad del empresario por daños y perjuicios es un elemento

esencial de los contratos de suministro de contenidos o servicios digitales. Por tanto, el

consumidor debe tener derecho a reclamar una indemnización en concepto de perjuicios

causados debido a una falta de conformidad o a un incumplimiento en el suministro de

contenidos o servicios digitales. La indemnización debe situar al consumidor en una

posición lo más parecida posible a aquella en la que se encontraría si los contenidos o

servicios digitales se hubieran suministrado debidamente y hubieran estado en

conformidad. Dado que ese derecho a indemnización por daños y perjuicios ya existe en

todos los Estados miembros, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las

normas nacionales sobre compensación de los daños y perjuicios causados a los

consumidores por el incumplimiento de dichas normas.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 46

# JAI.2 ES

(74) La presente Directiva también debe abordar las modificaciones, como actualizaciones y

mejoras, que los empresarios efectúen de los contenidos o servicios digitales suministrados

al consumidor o puestos a su disposición durante un período de tiempo. Considerando la

rápida evolución de los contenidos y servicios digitales, dichas actualizaciones, mejoras o

modificaciones similares pueden resultar necesarias y suelen ser ventajosas para el

consumidor. Algunas modificaciones, como las estipuladas en el contrato como

actualizaciones, pueden formar parte del compromiso contractual. Se pueden requerir otras

modificaciones para cumplir los requisitos objetivos de conformidad de los contenidos o

servicios digitales, como se establecen en la presente Directiva. Sin embargo, otras

modificaciones que se aparten de los requisitos objetivos de conformidad y que puedan

preverse en el momento de la celebración del contrato, tendrían que ser expresamente

aceptadas por el consumidor en el momento de la celebración del contrato.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 47

# JAI.2 ES

(75) Además de las modificaciones destinadas a mantener la conformidad, el empresario debe

poder, en determinadas condiciones, modificar las características de los contenidos o

servicios digitales siempre que el contrato establezca un motivo válido para dicha

modificación. Esos motivos válidos podrían comprender casos en los que la modificación

sea necesaria para adaptar los contenidos o servicios digitales a un nuevo entorno técnico o

a un mayor número de usuarios, o se justifique por otras importantes razones operativas.

Dichas modificaciones suelen ser a favor del consumidor, ya que mejoran los contenidos o

servicios digitales. En consecuencia, las partes del contrato deben poder incluir en él

cláusulas que permitan al empresario realizar modificaciones. A fin de equilibrar los

intereses de los consumidores y de las empresas, dicha posibilidad del empresario debe

acompañarse del derecho del consumidor a resolver el contrato cuando dichas

modificaciones afecten negativamente al uso de los contenidos o servicios digitales o a su

acceso de manera notable. Debe valorarse de forma objetiva en qué medida las

modificaciones afectan al uso de los contenidos o servicios digitales o a su acceso por parte

del consumidor, teniéndose en cuenta la naturaleza y la finalidad de los contenidos o

servicios digitales y la calidad, funcionalidad, compatibilidad y otras características

principales que sean normales en los contenidos o servicios digitales del mismo tipo. Las

normas establecidas en la presente Directiva relativas a dichas actualizaciones, mejoras o

modificaciones similares no deben sin embargo afectar a situaciones en las que las partes

concluyan un nuevo contrato para el suministro de los contenidos o servicios digitales, por

ejemplo como consecuencia de la distribución de una nueva versión de los contenidos o

servicios digitales.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 48

# JAI.2 ES

(76) Debe informarse a los consumidores de las modificaciones de forma clara y comprensible.

Cuando una modificación afecte negativamente y de manera notable al acceso a los

contenidos o servicios digitales o a su uso por parte del consumidor, debe informarse al

consumidor de una manera que permita almacenar la información en un soporte duradero.

Un soporte duradero debe permitir al consumidor almacenar la información durante el

tiempo necesario para proteger sus intereses derivados de su relación con el empresario.

Dichos soportes deben incluir, en particular, el papel, los DVD, los CD, las memorias

USB, las tarjetas de memoria o los discos duros, así como los correos electrónicos.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 49

# JAI.2 ES

(77) Cuando una modificación afecte negativamente, de manera notable, al acceso a los

contenidos o servicios digitales o a su uso por parte del consumidor, este debe tener el

derecho a resolver el contrato sin cargo alguno, como consecuencia de dicha modificación.

De forma alternativa, el empresario puede decidir permitir que el consumidor mantenga el

acceso a los contenidos o servicios digitales sin costes adicionales, sin la modificación y de

conformidad, en cuyo caso el consumidor no debe tener derecho a resolver el contrato. No

obstante, si los contenidos o servicios digitales que el empresario ha permitido mantener al

consumidor ya no son conformes a los requisitos subjetivos y objetivos de conformidad, el

consumidor debe poder recurrir a las medidas correctoras por falta de conformidad

previstas en la presente Directiva. Si los requisitos que permiten la modificación tal como

se establecen en la presente Directiva no se cumplen y la modificación da lugar a una falta

de conformidad, los derechos del consumidor a que los contenidos o servicios digitales se

pongan en conformidad, a reducir el precio o a resolver el contrato, como se establece en la

presente Directiva, no deben verse afectados. Del mismo modo, cuando tras una

modificación se produzca una falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales

que no sea el resultado de dicha modificación, el consumidor seguirá teniendo derecho a

exigir las medidas correctoras previstas en la presente Directiva por falta de conformidad

de dichos contenidos o servicios digitales.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 50

# JAI.2 ES

(78) La falta conformidad de los contenidos o servicios digitales finales suministrados al

consumidor se debe con frecuencia a una de las transacciones de una cadena que une al

diseñador original con el empresario final. Mientras que el empresario final debe ser

responsable frente al consumidor en caso de falta de conformidad, es importante garantizar

que el empresario tenga los mismos derechos frente a las diferentes personas en la cadena

de transacciones para poder cubrir la responsabilidad hacia el consumidor. Esos derechos

deben limitarse a las transacciones comerciales y, por consiguiente, no deben amparar las

situaciones en las que el empresario es responsable frente al consumidor por falta de

conformidad de los contenidos o servicios digitales compuestos por programas ( **software)**,

o basados en estos, que se hayan suministrado sin el pago de un precio bajo una licencia

gratuita y de código abierto por una persona en anteriores fases de la cadena de

transacciones. No obstante, debe corresponder a los Estados miembros con arreglo a su

Derecho nacional aplicable identificar a las personas en la cadena de transacciones contra

las que puede dirigirse el empresario, así como las modalidades y condiciones de dichas

acciones.

(79) Las personas o las organizaciones que según el Derecho nacional tienen un interés legítimo

en proteger los derechos contractuales de los consumidores y en materia de protección de

datos deben tener derecho a iniciar procedimientos para garantizar que se apliquen las

disposiciones nacionales por las que se transponga la presente Directiva a Derecho interno,

ya sea ante una autoridad administrativa o un órgano jurisdiccional competente para

decidir sobre las reclamaciones o iniciar los procedimientos judiciales oportunos.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 51

# JAI.2 ES

(80) Ninguna de las disposiciones de la presente Directiva debe aplicarse en perjuicio de la

aplicación de las normas del Derecho internacional privado, en particular los Reglamentos

(CE) n.º 593/2008 **[1]** y (UE) n.º 1215/2012 **[2]** del Parlamento Europeo y del Consejo.

(81) El anexo del Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo **[3]** debe

modificarse para incluir una referencia a la presente Directiva, con el fin de facilitar la

cooperación transfronteriza en la aplicación de la presente Directiva.

(82) El anexo I de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo **[4]** debe

modificarse para incluir una referencia a la presente Directiva, con el fin de garantizar que

se protegen los intereses colectivos de los consumidores previstos en la presente Directiva.

**1** Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio
de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO L 177
de 4.7.2008, p. 6).
**2** Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1).
**3** Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2017, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación
de la legislación en materia de protección de los consumidores y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.º 2006/2004 (DO L 345 de 27.12.2017, p. 1).
**4** Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009,
relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los
consumidores (versión codificada) (DO L 110 de 1.5.2009, p. 30).

PE-CONS 26/19 MFG/fm 52

# JAI.2 ES

(83) Los consumidores deben poder gozar de los derechos que dispone la presente Directiva tan

pronto como empiecen a aplicarse las correspondientes medidas nacionales de

transposición. Por lo tanto, dichas medidas nacionales de transposición deben aplicarse

asimismo a los contratos de duración determinada o indefinida que se hayan celebrado

antes de la fecha de aplicación y que prevean el suministro de contenidos o servicios

digitales durante un período de tiempo, ya sea de forma continua, ya sea a través de una

serie de actos individuales de suministro, pero solo en lo que respecta a los contenidos o

servicios digitales suministrados a partir de la fecha de aplicación de las medidas

nacionales de transposición. No obstante, con el fin de garantizar un equilibrio entre los

intereses legítimos de consumidores y empresarios, las medidas nacionales de

transposición de las disposiciones de la presente Directiva sobre la modificación de los

contenidos o servicios digitales y el derecho de repetición solo deben aplicarse a los

contratos celebrados después de la fecha de aplicación con arreglo a la presente Directiva.

(84) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los

Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos **[1]**, los Estados

miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las medidas de

transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación

entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos

nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador

considera que la transmisión de dichos documentos está justificada.

**1** DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 53

# JAI.2 ES

(85) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el

Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo **[1]**, emitió su dictamen

el 14 de marzo de 2017 **[2]** .

(86) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, contribuir al correcto

funcionamiento del mercado interior abordando de forma coherente los obstáculos

relacionados con el Derecho contractual con que se encuentra el suministro de contenidos

o servicios digitales y evitar al mismo tiempo la fragmentación jurídica, no pueden ser

alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros sino que, con el fin de

garantizar la coherencia global de las normas nacionales mediante una normativa

contractual armonizada que facilite además acciones coordinadas de aplicación, pueden

lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el

principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la

presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(87) La presente Directiva respeta los derechos y libertades fundamentales y observa los

principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la

Unión Europea, en particular los de sus artículos 16, 38 y 47.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

**1** Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación
de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
**2** DO C 200 de 23.6.2017, p. 10.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 54

# JAI.2 ES

_Artículo 1_

_Objeto y finalidad_

La finalidad de la presente Directiva es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior,

proporcionando a la vez un alto nivel de protección de los consumidores, a través del

establecimiento de normas comunes sobre determinados requisitos relativos a los contratos

celebrados entre empresarios y consumidores para el suministro de contenidos o servicios digitales,

en particular normas sobre:

–
la conformidad de los contenidos o servicios digitales con el contrato,

–
las medidas correctoras en caso de falta de conformidad o incumplimiento del suministro y

las modalidades para exigirlas, y

–
la modificación de los contenidos o servicios digitales.

_Artículo 2_

_Definiciones_

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) «contenido digital»: los datos producidos y suministrados en formato digital,

PE-CONS 26/19 MFG/fm 55

# JAI.2 ES

2) «servicio digital»:

a) un servicio que permite al consumidor crear, tratar, almacenar o consultar datos en

formato digital, o

b) un servicio que permite compartir datos en formato digital cargados o creados por el

consumidor u otros usuarios de ese servicio, o interactuar de cualquier otra forma

con dichos datos,

3) «bienes con elementos digitales»: todo objeto mueble tangible que incorpore contenidos o

servicios digitales o esté interconectado con ellos de tal modo que la ausencia de dichos

contenidos o servicios digitales impediría que los bienes realizasen sus funciones,

4) «integración»: la conexión e incorporación de los contenidos o servicios digitales con los

componentes del entorno digital del consumidor para que los contenidos o servicios

digitales se utilicen con arreglo a los requisitos de conformidad previstos por la presente

Directiva,

5) «empresario»: toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, incluso a

través de otra persona que actúe en su nombre o por su cuenta, con un propósito

relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión, en relación con los

contratos regulados por la presente Directiva,

PE-CONS 26/19 MFG/fm 56

# JAI.2 ES

6) «consumidor»: toda persona física que, en relación con los contratos regulados por la

presente Directiva, actúa con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio

o profesión,

7) «precio»: el dinero o una representación digital de valor, pagadero a cambio del suministro

de los contenidos o servicios digitales,

8) «datos personales»: los datos personales definidos en el artículo 4, punto 1, del

Reglamento (UE) 2016/679,

9) «entorno digital»: el apartado (hardware), programa ( _software_ ) y cualquier conexión a la

red que el consumidor utilice para acceder a los contenidos o servicios digitales o para

hacer uso de ellos,

10) «compatibilidad»: la capacidad de los contenidos o servicios digitales de funcionar con los

aparatos ( _hardware_ ) o programas ( _software_ ) con los cuales se utilizan normalmente los

contenidos o servicios digitales del mismo tipo, sin necesidad de convertir los contenidos o

servicios digitales,

11) «funcionalidad»: la capacidad de los contenidos o servicios digitales de realizar sus

funciones teniendo en cuenta su finalidad,

12) «interoperabilidad»: la capacidad de los contenidos o servicios digitales de funcionar con

aparatos ( _hardware_ ) o programas ( _software_ ) distintos de aquellos con los cuales se utilizan

normalmente los contenidos o servicios digitales del mismo tipo,

PE-CONS 26/19 MFG/fm 57

# JAI.2 ES

13) «soporte duradero»: todo instrumento que permita al consumidor o al empresario

almacenar información dirigida personalmente a esa persona de forma que en el futuro

pueda recuperarla fácilmente durante un período de tiempo acorde con los fines de dicha

información y que permita la reproducción de la información almacenada sin cambios.

_Artículo 3_

_Ámbito de aplicación_

1. La presente Directiva se aplicará a todo contrato en virtud del cual el empresario

suministra o se compromete a suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor y

este paga o se compromete a pagar un precio.

La presente Directiva también se aplicará cuando el empresario suministre o se

comprometa a suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor y este facilite o se

comprometa a facilitar datos personales al empresario, salvo cuando los datos personales

facilitados por el consumidor sean tratados exclusivamente por el empresario con el fin de

suministrar los contenidos o servicios digitales con arreglo a la presente Directiva o para

permitir que el empresario cumpla los requisitos legales a los que está sujeto, y el

empresario no trate esos datos para ningún otro fin.

2. La presente Directiva también se aplicará cuando se desarrollen contenidos o servicios

digitales de conformidad con las especificaciones del consumidor.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 58

# JAI.2 ES

3. A excepción de los artículos 5 y 13, la presente Directiva también se aplicará a todo

soporte material que sirva exclusivamente como transmisor de contenidos digitales.

4. La presente Directiva no se aplicará a los contenidos o servicios digitales que estén

incorporados a los bienes o interconectados con ellos, en el sentido del artículo 2, punto 3,

y que se suministren con los bienes con arreglo a un contrato de compraventa relativo a

dichos bienes, con independencia de si dichos contenidos o servicios digitales son

suministrados por el vendedor o por un tercero. En caso de duda respecto de si el

suministro de un contenido o servicio digital incorporado a un bien o interconectado con él

forma o no parte del contrato de compraventa, se presumirá que el contenido o servicio

digital está comprendido en el contrato de compraventa.

5. La presente Directiva no se aplicará a los contratos relacionados con:

a) la prestación de servicios distintos de los servicios digitales, independientemente de

que el empresario haya utilizado formas o medios digitales para obtener el producto

del servicio o para entregarlo o transmitirlo al consumidor,

b) servicios de comunicaciones electrónicas, tal como se definen en el artículo 2,

punto 4, de la Directiva (UE) 2018/1972, con la excepción de los servicios de

comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, definidos en el

artículo 2, punto 7, de dicha Directiva,

c) asistencia sanitaria, tal como se definen en el artículo 3, letra a), de la

Directiva 2011/24/CE,

PE-CONS 26/19 MFG/fm 59

# JAI.2 ES

d) servicios de juego, esto es, servicios que impliquen apuestas de valor pecuniario en

juegos de azar, incluidos aquellos con un elemento de destreza, como las loterías, los

juegos de casino, los juegos de póquer y las apuestas, por medios electrónicos o

cualquier otra tecnología destinada a facilitar la comunicación y a petición individual

del receptor de dichos servicios,

e) servicios financieros, tal como se definen en el artículo 2, letra b), de la

Directiva 2002/65/CE,

f) el programa ( _software_ ) ofrecido por el empresario bajo una licencia gratuita o de

código abierto, cuando el consumidor no pague ningún precio y los datos personales

facilitados por el consumidor sean tratados exclusivamente por el empresario con el

fin de mejorar la seguridad, compatibilidad o interoperabilidad de ese programa

( _software_ ) concreto,

g) el suministro de los contenidos digitales cuando estos se pongan a disposición del

público en general por un medio distinto de la transmisión de señales como parte de

una actuación o acontecimiento, como las proyecciones cinematográficas digitales,

h) el contenido digital proporcionado de conformidad con la Directiva 2003/98/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo **[1]** por organismos del sector público de los Estados

miembros.

**1** Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003,
relativa a la reutilización de la información del sector público (DO L 345 de 31.12.2003,
p. 90).

PE-CONS 26/19 MFG/fm 60

# JAI.2 ES

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo, cuando un único

contrato entre el mismo empresario y el mismo consumidor incluya en un paquete

elementos del suministro de contenidos o servicios digitales y elementos del suministro de

otros servicios o bienes, la presente Directiva solo se aplicará a los elementos del contrato

relativos a los contenidos o servicios digitales.

El artículo 19 de la presente Directiva no se aplicará cuando un paquete en el sentido de la

Directiva (UE) 2018/1972 incluya elementos de un servicio de acceso a internet, tal como

se define en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento

Europeo y del Consejo **[1]**, o un servicio de comunicaciones interpersonales basado en

numeración, según la definición del artículo 2, punto 6, de la Directiva (UE) 2018/1972.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 2, de la Directiva

(UE) 2018/1972, se regirán por el Derecho nacional los efectos que la resolución de un

elemento de un paquete contratado pueda tener en los demás elementos del paquete

contratado.

**1** Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre
de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y
se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los
usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el
Reglamento (UE) n.º 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de
comunicaciones móviles en la Unión (DO L 310 de 26.11.2015, p. 1).

PE-CONS 26/19 MFG/fm 61

# JAI.2 ES

7. En caso de conflicto de cualquiera de las disposiciones de la presente Directiva con una

disposición de otro acto de la Unión que regule un sector u objeto específicos, la

disposición de ese otro acto de la Unión prevalecerá sobre la presente Directiva.

8. El Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales se aplicará a

cualesquiera datos personales tratados en relación con los contratos contemplados en el

apartado 1.

En particular, la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el

Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE. En caso de conflicto entre las

disposiciones de la presente Directiva y el Derecho de la Unión en materia de protección

de datos personales, prevalecerá el segundo.

9. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del Derecho de la Unión y nacional en

materia de derechos de autor y derechos afines, incluida la Directiva 2001/29/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo **[1]** .

10. La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de regular los

aspectos del Derecho contractual en general, como pueden ser las normas sobre la

celebración, la validez, la nulidad o los efectos de los contratos, incluidas las

consecuencias de la terminación de un contrato en tanto en cuanto no estén reguladas en la

presente Directiva, o el derecho a indemnización por daños y perjuicios.

**1** Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001,
relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos
afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001,
p. 10).

PE-CONS 26/19 MFG/fm 62

# JAI.2 ES

_Artículo 4_

_Nivel de armonización_

Los Estados miembros no podrán mantener o introducir, en su Derecho nacional, disposiciones que

se aparten de las establecidas en la presente Directiva, en particular disposiciones más o menos

estrictas para garantizar un diferente nivel de protección de los consumidores, salvo que se disponga

de otro modo en la presente Directiva.

_Artículo 5_

_Suministro de contenidos o servicios digitales_

1. El empresario suministrará los contenidos o servicios digitales al consumidor. A menos

que las partes lo hayan acordado de otro modo, el empresario suministrará los contenidos o

servicios digitales sin demora indebida tras la celebración del contrato.

2. El empresario deberá haber cumplido su obligación de suministro cuando:

a) el contenido digital o cualquier medio adecuado para acceder al contenido digital o

descargarlo sea puesto a disposición del consumidor o sea accesible para él, o para la

instalación física o virtual elegida por el consumidor para ese fin,

b) el servicio digital sea accesible para el consumidor o para la instalación física o

virtual elegida por el consumidor a tal fin.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 63

# JAI.2 ES

_Artículo 6_

_Conformidad de los contenidos o servicios digitales_

Los empresarios suministrarán a los consumidores contenidos o servicios digitales que cumplan los

requisitos establecidos en los artículos 7, 8 y 9, según sean de aplicación, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 10.

_Artículo 7_

_Requisitos subjetivos para la conformidad_

Para estar en conformidad con el contrato, los contenidos o servicios digitales, en particular, cuando

sea de aplicación:

a) serán acordes a la descripción, la cantidad y la calidad, y poseerán la funcionalidad,

compatibilidad, interoperabilidad y demás características, según disponga el contrato,

b) serán aptos para los fines específicos para los que el consumidor los necesite y que este

haya puesto en conocimiento del empresario como muy tarde en el momento de la

celebración del contrato, y respecto de los cuales el empresario haya expresado su

aceptación,

c) se suministrarán junto con todos los accesorios, instrucciones, también en materia de

instalación, y asistencia al consumidor según disponga el contrato, y

d) se actualizarán según disponga el contrato.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 64

# JAI.2 ES

_Artículo 8_

_Requisitos objetivos para la conformidad_

1. Además de cumplir cualesquiera requisitos subjetivos para la conformidad, los contenidos

o servicios digitales:

a) serán aptos para los fines a los que normalmente se destinen contenidos o servicios

digitales del mismo tipo, teniendo en cuenta, cuando sea de aplicación, toda norma

vigente de la Unión o nacional, toda norma técnica existente o, a falta de dicha

norma técnica, todo código de conducta específico de la industria del sector,

b) presentarán la cantidad y poseerán las cualidades y características de funcionamiento,

en particular respecto de la funcionalidad, compatibilidad, accesibilidad, continuidad

y seguridad, que presentan normalmente los contenidos o servicios digitales del

mismo tipo y que el consumidor pueda razonablemente esperar, dada la naturaleza de

los contenidos o servicios digitales y teniendo en cuenta cualquier declaración

pública realizada por el empresario, o en su nombre, o por otras personas en fases

previas de la cadena de transacciones, especialmente en la publicidad o el etiquetado,

a menos que el empresario demuestre que:

i) desconocía tal declaración pública y no cabía razonablemente esperar que la

conociera,

PE-CONS 26/19 MFG/fm 65

# JAI.2 ES

ii) en el momento de la celebración del contrato, la declaración pública había sido

corregida del mismo modo en el que había sido realizada o de modo similar, o

iii) la declaración pública no pudo influir en la decisión de adquirir los contenidos

o servicios digitales,

c) en su caso, se suministrarán junto con cualesquiera accesorios e instrucciones que el

consumidor pueda razonablemente esperar recibir, y

d) serán conformes con la versión de prueba o vista previa de los contenidos o servicios

digitales, puestos a disposición por el empresario antes de la celebración del contrato.

2. El empresario velará por que se comuniquen y suministren al consumidor las

actualizaciones, incluidas las relativas a la seguridad, que sean necesarias para mantener la

conformidad de los contenidos o servicios digitales durante el período:

a) en que deban suministrarse los contenidos o servicios digitales con arreglo al

contrato, cuando este prevea el suministro continuo durante un período, o

b) que el consumidor pueda razonablemente esperar habida cuenta del tipo y la

finalidad de los contenidos o servicios digitales, y teniendo en cuenta las

circunstancias y la naturaleza del contrato, cuando este establezca un único acto de

suministro o una serie de actos de suministro separados.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 66

# JAI.2 ES

3. En caso de que el consumidor no instale en un plazo razonable las actualizaciones

proporcionadas por el empresario de conformidad con el apartado 2, el empresario no será

responsable de ninguna falta de conformidad causada únicamente por la ausencia de la

correspondiente actualización, siempre que:

a) el empresario hubiese informado al consumidor acerca de la disponibilidad de la

actualización y de las consecuencias en caso de que el consumidor no la instalase, y

b) el hecho de que el consumidor no instalase la actualización o no lo hiciese

correctamente no se debiera a deficiencias en las instrucciones de instalación

facilitadas por el empresario.

4. Cuando el contrato prevea el suministro continuo de contenidos o servicios digitales a lo

largo de un período, estos serán conformes durante todo ese período.

5. No habrá falta de conformidad en el sentido de lo dispuesto en los apartados 1 o 2 cuando,

en el momento de la celebración del contrato, el consumidor hubiese sido informado de

manera específica de que una determinada característica de los contenidos o servicios

digitales se apartaba de los requisitos objetivos de conformidad establecidos en los

apartados 1 o 2 y el consumidor hubiese aceptado de forma expresa y por separado dicha

divergencia en el momento de la celebración del contrato.

6. Salvo que las partes lo hayan acordado de otro modo, los contenidos o servicios digitales

se suministrarán de conformidad con la versión más reciente de los contenidos o servicios

digitales disponibles en el momento de la celebración del contrato.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 67

# JAI.2 ES

_Artículo 9_

_Integración incorrecta de los contenidos o servicios digitales_

Toda falta de conformidad derivada de la integración incorrecta de los contenidos o servicios

digitales en el entorno digital del consumidor será considerada una falta de conformidad de los

contenidos o servicios digitales si:

a) los contenidos o servicios digitales fueron integrados por el empresario o bajo su

responsabilidad, o

b) estaba previsto que los contenidos o servicios digitales fueran integrados por el consumidor

y su incorrecta integración se debió a deficiencias en las instrucciones de integración

proporcionadas por el empresario.

_Artículo 10_

_Derechos de terceros_

Cuando una restricción derivada de la vulneración de derechos de terceros, en particular de los

derechos de propiedad intelectual, impida o limite el uso de los contenidos o servicios digitales de

conformidad con los artículos 7 y 8, los Estados miembros velarán por que el consumidor pueda

exigir las medidas correctoras por falta de conformidad previstas en el artículo 14, salvo que el

Derecho nacional prevea en estos casos la nulidad o la rescisión del contrato de suministro de

contenidos o servicios digitales.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 68

# JAI.2 ES

_Artículo 11_

_Responsabilidad del empresario_

1. El empresario será responsable por cualquier incumplimiento en el suministro de

contenidos o servicios digitales de conformidad con el artículo 5.

2. Cuando un contrato establezca un único acto de suministro o una serie de actos

individuales de suministro, el empresario será responsable por cualquier falta de

conformidad, con arreglo a los artículos 7, 8 y 9, de los contenidos o servicios digitales que

exista en el momento del suministro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8,

apartado 2, letra b).

Si, en virtud del Derecho nacional, el empresario solo es responsable por una falta de

conformidad que se manifieste en un período de tiempo posterior al suministro, dicho

período no será inferior a dos años a partir del momento del suministro, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 8, apartado 2, letra b).

Si, en virtud del Derecho nacional, los derechos previstos en el artículo 14 también están

sujetos o solo están sujetos a un plazo de prescripción, los Estados miembros velarán por

que dicho plazo de prescripción permita al consumidor exigir las medidas correctoras

contempladas en el artículo 14 por toda falta de conformidad que exista en el momento

indicado en el párrafo primero y que se manifieste dentro del plazo indicado en el párrafo

segundo.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 69

# JAI.2 ES

3. Cuando el contrato establezca el suministro continuo durante un período, el empresario

será responsable por una falta de conformidad con arreglo a los artículos 7, 8 y 9 que se

produzca o se manifieste dentro del período durante el cual deben suministrarse los

contenidos o servicios digitales con arreglo al contrato.

Si, con arreglo al Derecho nacional, los derechos previstos en el artículo 14 también están

sujetos o solo están sujetos a un plazo de prescripción, los Estados miembros velarán por

que dicho plazo de prescripción permita a los consumidores exigir las medidas correctoras

establecidas en el artículo 14 por cualquier falta de conformidad que se produzca o se

manifieste durante el período indicado en el párrafo primero.

_Artículo 12_

_Carga de la prueba_

1. La carga de la prueba respecto a si los contenidos o servicios digitales se suministraron de

conformidad con el artículo 5 recaerá en el empresario.

2. En los casos contemplados en el artículo 11, apartado 2, la carga de la prueba respecto a si

los contenidos o servicios digitales suministrados eran conformes en el momento del

suministro recaerá en el empresario por toda falta de conformidad que se manifieste en el

plazo de un año a partir del momento de suministro de los contenidos o servicios digitales.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 70

# JAI.2 ES

3. En los casos contemplados en el artículo 11, apartado 3, la carga de la prueba respecto a si

los contenidos o servicios digitales eran conformes dentro del período durante el cual se

hayan de suministrar los contenidos o servicios digitales con arreglo al contrato recaerá en

el empresario cuando la falta de conformidad se manifieste dentro de ese período.

4. Los apartados 2 y 3 no se aplicarán cuando el empresario demuestre que el entorno digital

del consumidor no es compatible con los requisitos técnicos de los contenidos o servicios

digitales, y cuando el empresario informe al consumidor sobre dichos requisitos de forma

clara y comprensible antes de la celebración del contrato.

5. El consumidor cooperará con el empresario en la medida de lo razonablemente posible y

necesario para establecer si la causa de la falta de conformidad de los contenidos o

servicios digitales en el momento indicado en el artículo 11, apartados 2 o 3, según sea de

aplicación, radica en el entorno digital del consumidor. La obligación de cooperar se

limitará a los medios técnicos disponibles que sean menos intrusivos para el consumidor.

Cuando el consumidor se niegue a cooperar, y siempre que el empresario haya informado

al consumidor de dicho requisito de forma clara y comprensible antes de la celebración del

contrato, la carga de la prueba respecto a si la falta de conformidad existía o no en el

momento indicado en el artículo 11, apartados 2 o 3, según sea de aplicación, recaerá en el

consumidor.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 71

# JAI.2 ES

_Artículo 13_

_Medidas correctoras por incumplimiento de suministro_

1. Cuando el empresario no haya cumplido el suministro de los contenidos o servicios

digitales de conformidad con el artículo 5, el consumidor pedirá al empresario que

suministre los contenidos o servicios digitales. Si el empresario no suministra entonces los

contenidos o servicios digitales sin demora indebida, o en un período de tiempo adicional

según acuerdo expreso de las partes, el consumidor tendrá derecho a resolver el contrato.

2. El apartado 1 no se aplicará, y el consumidor tendrá derecho a resolver el contrato de

inmediato, cuando:

a) el empresario haya declarado, o así se desprenda claramente de las circunstancias,

que no suministrará los contenidos o servicios digitales,

b) el consumidor y el empresario hayan acordado, o así se desprenda claramente de las

circunstancias que concurran en la celebración del contrato, que para el consumidor

es esencial que el suministro se produzca en un momento determinado y el

empresario no suministre los contenidos o servicios digitales en ese momento como

muy tarde.

3. Cuando el consumidor resuelva el contrato con arreglo a los apartados 1 o 2 del presente

artículo, se aplicarán en consecuencia los artículos 15 a 18.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 72

# JAI.2 ES

_Artículo 14_

_Medidas correctoras por falta de conformidad_

1. En caso de falta de conformidad, el consumidor podrá exigir que los contenidos o servicios

digitales sean puestos en conformidad, que se le aplique una reducción proporcionada del

precio o que se resuelva el contrato de conformidad con las condiciones establecidas en el

presente artículo.

2. El consumidor tendrá derecho a exigir que los contenidos o servicios digitales sean puestos

en conformidad, salvo que resulte imposible o que ello suponga al empresario costes

desproporcionados, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, y entre ellas:

a) el valor que tendrían los contenidos o servicios digitales si no hubiera existido falta

de conformidad, y

b) la relevancia de la falta de conformidad.

3. El empresario pondrá los contenidos o servicios digitales en conformidad con arreglo al

apartado 2 en un período razonable de tiempo a partir del momento en que el consumidor

haya informado al empresario sobre la falta de conformidad, sin cargo alguno y sin

mayores inconvenientes para el consumidor, habida cuenta de la naturaleza de los

contenidos o servicios digitales y la finalidad que tuvieran los contenidos o servicios

digitales para el consumidor.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 73

# JAI.2 ES

4. El consumidor podrá exigir una reducción proporcionada del precio con arreglo al

apartado 5, si los contenidos o servicios digitales se suministran a cambio del pago de un

precio, o bien la resolución del contrato con arreglo al apartado 6, en cualquiera de los

casos siguientes:

a) la medida correctora consistente en poner los contenidos o servicios digitales en

conformidad resulta imposible o desproporcionada con arreglo al apartado 2,

b) el empresario no ha puesto los contenidos o servicios digitales en conformidad con

arreglo al apartado 3,

c) subsiste la falta de conformidad pese al intento del empresario de poner los

contenidos o servicios digitales en conformidad,

d) la falta de conformidad es de tal gravedad que se justifica la reducción inmediata del

precio o la resolución del contrato, o

e) el empresario ha declarado, o así se desprende claramente de las circunstancias, que

no pondrá los contenidos o servicios digitales en conformidad en un plazo razonable

o sin inconvenientes significativos para el consumidor.

5. La reducción del precio será proporcionada a la disminución del valor de los contenidos o

servicios digitales suministrados, en comparación con el valor que tendrían los contenidos

o servicios digitales si fueran conformes.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 74

# JAI.2 ES

Cuando el contrato estipule que los contenidos o servicios digitales se suministren durante

un período a cambio del pago de un precio, la reducción en precio se aplicará al período

durante el cual los contenidos o servicios digitales no hayan sido conformes.

6. Cuando los contenidos o servicios digitales se suministren a cambio del pago de un precio,

el consumidor tendrá derecho a resolver el contrato solo si la falta de conformidad no es

leve. La carga de la prueba de que la falta de conformidad es leve corresponderá al

empresario.

_Artículo 15_

_Ejercicio del derecho de resolución_

El consumidor ejercerá el derecho a resolver el contrato mediante una declaración al empresario en

la que exprese su decisión de resolverlo.

_Artículo 16_

_Obligaciones del empresario en caso de resolución_

1. En caso de resolución del contrato, el empresario reembolsará al consumidor todos los

importes pagados con arreglo al contrato.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 75

# JAI.2 ES

No obstante, en los casos en los que el contrato establezca el suministro de los contenidos

o servicios digitales a cambio del pago de un precio y durante un período, y los contenidos

o servicios digitales hayan sido conformes durante un período anterior a la resolución del

contrato, el empresario reembolsará al consumidor únicamente la parte proporcional del

precio pagado correspondiente al período durante el cual los contenidos o servicios

digitales no fuesen conformes, y toda parte del precio pagado por el consumidor como

avance de cualquier período restante del contrato en caso de que este no hubiese sido

resuelto.

2. En relación con los datos personales del consumidor, el empresario cumplirá las

obligaciones aplicables de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679.

3. El empresario se abstendrá de utilizar cualquier contenido distinto de los datos personales,

que el consumidor hubiese facilitado o creado al utilizar los contenidos o servicios

digitales suministrados por el empresario, salvo cuando dicho contenido:

a) no tenga ninguna utilidad fuera del contexto de los contenidos o servicios digitales

suministrados por el empresario,

b) esté exclusivamente relacionado con la actividad del consumidor durante el uso de

los contenidos o servicios digitales suministrados por el empresario,

c) haya sido agregado con otros datos por el empresario y no pueda desagregarse o solo

pueda desagregarse realizando esfuerzos desproporcionados, o

PE-CONS 26/19 MFG/fm 76

# JAI.2 ES

d) haya sido generado conjuntamente por el consumidor y otras personas, y otros

consumidores puedan continuar haciendo uso del contenido.

4. Salvo en las situaciones contempladas en el apartado 3, letras a), b) o c), el empresario

pondrá a disposición del consumidor, previa petición de este último, contenidos, que no

sean datos personales, que el consumidor haya facilitado o creado al utilizar los contenidos

o servicios digitales suministrados por el empresario.

El consumidor tendrá derecho a recuperar dichos contenidos digitales sin cargo alguno y

sin impedimentos por parte del empresario, en un plazo razonable y en un formato

utilizado habitualmente y legible electrónicamente.

5. El empresario podrá impedir cualquier uso posterior de los contenidos o servicios digitales

por parte del consumidor, en particular haciendo que los contenidos o servicios digitales

sean inaccesibles para el consumidor o inhabilitando la cuenta de usuario del consumidor,

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4.

_Artículo 17_

_Obligaciones del consumidor en caso de resolución del contrato_

1. Tras la resolución del contrato, el consumidor se abstendrá de utilizar los contenidos o

servicios digitales y de ponerlos a disposición de terceros.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 77

# JAI.2 ES

2. Cuando los contenidos digitales se hayan suministrado en un soporte material, el

consumidor, a solicitud y a expensas del empresario, devolverá el soporte material a este

último sin demora indebida. Si el empresario decide solicitar la devolución del soporte

material, dicha solicitud se realizará en el plazo de catorce días a partir de la fecha en que

se hubiese informado al empresario de la decisión del consumidor de resolver el contrato.

3. Al consumidor no se le podrá reclamar ningún pago por cualquier uso realizado de los

contenidos o servicios digitales durante el período previo a la resolución del contrato,

durante el cual los contenidos o servicios digitales no hayan sido conformes.

_Artículo 18_

_Plazos y modalidades de reembolso por parte del empresario_

1. Todo reembolso que el empresario deba realizar al consumidor con arreglo al artículo 14,

apartados 4 y 5, o al artículo 16, apartado 1, debido a la reducción del precio o a la

resolución del contrato se ejecutará sin demora indebida y, en cualquier caso, en un plazo

de catorce días a partir de la fecha en la que el empresario haya sido informado de la

decisión del consumidor de reclamar su derecho a una reducción del precio o a resolver el

contrato.

2. El empresario efectuará dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por

el consumidor para la adquisición de los contenidos o servicios digitales, salvo que el

consumidor lo hubiese acordado expresamente de otro modo, y siempre que no suponga

ningún gasto para el consumidor.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 78

# JAI.2 ES

3. El empresario no podrá imponer al consumidor ningún cargo por el reembolso.

_Artículo 19_

_Modificación de los contenidos o servicios digitales_

1. Cuando el contrato establezca que el suministro de los contenidos o servicios digitales, o el

acceso a estos por parte del consumidor, se haya de garantizar durante un período de

tiempo, el empresario podrá modificar los contenidos o servicios digitales más allá de lo

necesario para mantener la conformidad de los contenidos o servicios digitales con arreglo

a los artículos 7 y 8, si se cumplen los siguientes requisitos:

a) el contrato permite tal modificación y proporciona una razón válida para realizarla,

b) tal modificación se realiza sin costes adicionales para el consumidor,

c) el consumidor es informado de forma clara y comprensible acerca de la

modificación, y

d) en los casos contemplados en el apartado 2, se informa al consumidor, con una

antelación razonable y en un soporte duradero, de las características y el momento de

la modificación y de su derecho a resolver el contrato con arreglo al apartado 2, o

sobre la posibilidad de mantener los contenidos o servicios digitales sin tal

modificación con arreglo al apartado 4.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 79

# JAI.2 ES

2. El consumidor tendrá derecho a resolver el contrato si la modificación afecta

negativamente a su acceso a los contenidos o servicios digitales o a su uso, salvo si dicho

efecto negativo es mínimo. En tal caso, el consumidor tendrá derecho a resolver el contrato

sin cargo alguno en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la información o a

partir del momento en que el empresario modifique los contenidos o servicios digitales, si

esto ocurriera de forma posterior.

3. En caso de que el consumidor resuelva el contrato de conformidad con el apartado 2 del

presente artículo, los artículos 15 a 18 se aplicarán en consecuencia.

4. Los apartados 2 y 3 del presente artículo no se aplicarán si el empresario ha dado al

consumidor la posibilidad de mantener, sin costes adicionales, los contenidos o servicios

digitales sin la modificación, y los contenidos o servicios digitales siguen siendo

conformes.

_Artículo 20_

_Derecho de repetición_

Cuando el empresario sea responsable ante el consumidor de algún incumplimiento en el suministro

de contenidos o servicios digitales o de alguna falta de conformidad resultante de una acción u

omisión de una persona en fases previas de la cadena de transacciones, el empresario podrá

emprender acciones contra la persona o personas responsables en la cadena de transacciones

comerciales. El Derecho nacional determinará quién es el responsable y las acciones y condiciones

de ejercicio correspondientes.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 80

# JAI.2 ES

_Artículo 21_

_Aplicación_

1. Los Estados miembros garantizarán la existencia de medios adecuados y efectivos para

asegurar el cumplimiento de la presente Directiva.

2. Los medios mencionados en el apartado 1 incluirán disposiciones por las que uno o más de

los organismos siguientes, según determine el Derecho nacional, puedan emprender

acciones en virtud del Derecho nacional ante los órganos jurisdiccionales o ante los

organismos administrativos competentes para garantizar la aplicación de las disposiciones

nacionales de transposición de la presente Directiva:

a) organismos públicos o sus representantes,

b) organizaciones de consumidores con un interés legítimo en la protección de los

consumidores,

c) organizaciones profesionales con un interés legítimo para actuar,

d) entidades, organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, activas en el ámbito de

la protección de los derechos y libertades de los titulares de los datos, tal como se

definen en el artículo 80 del Reglamento (UE) 2016/679.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 81

# JAI.2 ES

_Artículo 22_

_Carácter imperativo_

1. Salvo que se establezca de otro modo en la presente Directiva, no será vinculante para el

consumidor ninguna cláusula contractual que, en perjuicio del consumidor, excluya la

aplicación de las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva, no aplique

o modifique los efectos de dichas medidas antes de que el consumidor ponga en

conocimiento del empresario el incumplimiento del suministro o la falta de conformidad o

antes de que el empresario ponga en conocimiento del consumidor la modificación de los

contenidos o servicios digitales con arreglo al artículo 19.

2. La presente Directiva no impedirá a los empresarios ofrecer a los consumidores

condiciones contractuales que garanticen mayor protección que la otorgada por la presente

Directiva.

_Artículo 23_

_Modificación del Reglamento (UE) 2017/2394 y de la Directiva 2009/22/CE_

1. En el anexo del Reglamento (UE) 2017/2394 se añade el punto siguiente:

«26 _bis_ . Directiva (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, relativa

a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y

servicios digitales (DO L …, p. …) **[+]** .».

**+** DO: Insértense en el texto el número de serie, la fecha y la referencia del DO de la presente
Directiva.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 82

# JAI.2 ES

2. En el anexo I de la Directiva 2009/22/CE se añade el punto siguiente:

«16 _bis_ . Directiva (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, relativa

a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y

servicios digitales (DO L …, p. …) [+] [] .».

_Artículo 24_

_Transposición_

1. A más tardar el … [primer día del mes correspondiente al mes siguiente al período de dos

años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], los Estados miembros

adoptarán y publicarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente

Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Los Estados miembros aplicarán dichas medidas a partir del … [primer día del mes

correspondiente al mes siguiente al período de dos años y seis meses después de la entrada

en vigor de la presente Directiva].

Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas incluirán una referencia a la

presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los

Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

 DO: Insértense en el texto el número de serie, la fecha y la referencia del DO de la presente
Directiva.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 83

# JAI.2 ES

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las medidas de Derecho

interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

2. Lo dispuesto en la presente Directiva se aplicará al suministro de contenidos o servicios

digitales que tenga lugar a partir del … [primer día del mes correspondiente al mes

siguiente al período de dos años y seis meses después de la entrada en vigor de la presente

Directiva], con excepción de los artículos 19 y 20, que solo se aplicarán a los contratos

celebrados a partir de esa fecha.

_Artículo 25_

_Revisión_

A más tardar el …, [cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva] la Comisión

revisará la aplicación de la presente Directiva y presentará un informe al Parlamento Europeo, al

Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. El informe examinará, entre otras cuestiones, el

supuesto de armonización de las normas aplicables a los contratos de suministro de contenidos o

servicios digitales distintos a los previstos en esta Directiva, incluidos los suministrados a cambio

de anuncios publicitarios.

PE-CONS 26/19 MFG/fm 84

# JAI.2 ES

_Artículo 26_

_Entrada en vigor_

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el _Diario Oficial de la_

_Unión Europea_ .

_Artículo 27_

_Destinatarios_

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en …, el

_Por el Parlamento Europeo_ _Por el Consejo_

_El Presidente_ _El Presidente_

PE-CONS 26/19 MFG/fm 85

# JAI.2 ES