Source: EURLEX
Language: es
Format: md

6.3.2004 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 58 E/71

(2004/C 58 E/087) **PREGUNTA ESCRITA E-1476/03**

**de Michel Raymond (EDD) a la Comisión**

_(30 de abril de 2003)_

_Asunto:_ Marca «Productos de los parques naturales regionales»

El Ministerio de Ecología y Desarrollo Sostenible de Francia está estudiando la posibilidad de proceder a la
reevaluación de la marca «Producto del Parque natural …». La valorización de los productos
agroalimentarios mediante dicha identificación constituye una fuente no despreciable de puestos de
trabajo, ingresos y notoriedad.

¿En qué normativa europea es posible basarse para perpetuar el uso de una marca distintiva que permita la
valorización de estos productos?

**Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión**

_(25 de junio de 2003)_

La Comisión se congratula de todas las iniciativas cuyo objetivo sea añadir valor a los productos del sector
agroalimentario. De hecho, tales iniciativas se consideran un elemento importante para sustentar el modelo
multifuncional de agricultura europeo. Por estas razones, en su reciente propuesta de reforma de la política
agrícola común ( [1] ), la Comisión introdujo medidas específicas de apoyo a los agricultores que participan en
programas destinados a fomentar la producción de calidad.

En la actualidad, únicamente se benefician del reconocimiento comunitario unas pocas marcas distintivas,
en particular las concedidas de conformidad con los siguientes Reglamentos:

�
Reglamento (CEE) n [o] 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las
indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y
alimenticios ( [2] ),

�
Reglamento (CEE) n [o] 2082/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la certificación de las
características específicas de los productos agrícolas y alimenticios ( [1] ),

�
Reglamento (CEE) n [o] 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios ( [3] ),

�
Reglamento (CE) n [o] 1607/2000 de la Comisión, de 24 de julio de 2000, que fija determinadas
disposiciones de aplicación, en particular del título relativo a los vinos de calidad producidos en
regiones determinadas ( [4] ).

Dada la escasa información disponible, la Comisión no está en condiciones de responder de manera más
concluyente en este momento. Al no disponer de información sobre la propuesta exacta de denominación
que debe figurar en la etiqueta, las características de la protección solicitada, las características y tipos de
productos y los derechohabientes, resulta difícil determinar el marco jurídico que sería aplicable.

No obstante, la Comisión estima que en la fase inicial de designación de nuevas iniciativas debe tenerse en
cuenta, al menos, el marco jurídico general que regula la comercialización, el etiquetado y la normativa en
materia de ayudas estatales.

En relación con ello, debe hacerse referencia, en particular, a las siguientes disposiciones:

�
Directrices sobre ayudas estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE
y de determinados productos no incluidos en el mismo ( [5] ),

�
Artículo 28 del Tratado CE, incluida la reciente interpretación del Tribunal de Justicia en relación con
el caso C-6/02,

C 58 E/72 Diario Oficial de la Unión Europea ES 6.3.2004

�
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas ( [6] ),

�
Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios ( [7] ).

( [1] ) COM(2003) 23 final.
( [2] ) DO L 208 de 24.7.1992.
( [3] ) DO L 198 de 22.7.1991.
( [4] ) DO L 185 de 25.7.2000.
( [5] ) DO C 252 de 12.9.2001.
( [6] ) DO L 40 de 11.2.1989.
( [7] ) DO L 109 de 6.5.2000.

(2004/C 58 E/088) **PREGUNTA ESCRITA E-1485/03**

**de Richard Corbett (PSE) a la Comisión**

_(2 de mayo de 2003)_

_Asunto:_ Discriminación en la conexión de acciones de sociedades de crédito hipotecario/bancos

1. ¿Es consciente la Comisión de que algunos bancos y sociedades de crédito hipotecario del Reino
Unido parecen estar utilizando normativas administrativas internas para negar a los inversores que residen
en determinados Estados miembros las mismas ventajas que a los residentes en otros Estados miembros, en
cuanto a la distribución de acciones, cuando una sociedad de crédito hipotecario se transforma en sociedad
anónima? En concreto, en el Reino Unido la Bradford and Bingley Building Society ha excluido a uno de
sus inversores de la distribución de acciones durante la transformación de la sociedad en sociedad anónima
porque el inversor residía en Austria, mientras que los inversores residentes en Bélgica, Francia, Alemania,
el Reino Unido, Irlanda, España y los Países Bajos han recibido estas acciones.

2. ¿Está de acuerdo la Comisión en que esta discriminación es incompatible con el Tratado?

3. ¿Qué acción emprenderá la Comisión para rectificar esta situación?

**Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión**

_(5 de junio de 2003)_

La Comisión recibió recientemente una denuncia referente al posible trato discriminatorio en el momento
del proceso de demutualización de una entidad en el Reino Unido. Para contestar a esta denuncia la
Comisión pidió ayuda a la Autoridad de servicios financieros del Reino Unido (FSA). Según la FSA, en el
proceso de demutualización de esa entidad se asignaron a sus miembros acciones en la nueva sociedad de
responsabilidad limitada pública como compensación por renunciar a sus derechos de miembro, a
excepción de los miembros residentes en países distintos del Reino Unido y que reciben efectivo en vez de
acciones. El proceso de demutualización fue regido por los estatutos de la sociedad; se acordó entre sus
miembros; y no estaba sujeto a la jurisdicción de la FSA. Esta excepción para residentes fuera del Reino
Unido al parecer se hizo con vistas al gasto adicional percibido que supone otorgar acciones a los
residentes de fuera del Reino Unido y la información sobre esta excepción se puso a disposición de todos
los miembros antes de los acuerdos previamente mencionados.

En este caso la Comisión consideró que ni el artículo 12 del Tratado CE ni la jurisprudencia comunitaria
ofrecían una base para proseguir el asunto. La Comisión sólo puede incoar un procedimiento de infracción
sobre la base del artículo 226 del Tratado CE contra un Estado miembro si éste no cumple una obligación
conforme al Tratado CE. En este caso el asunto se refiere a los derechos concedidos entre partes privadas y
corresponde, en opinión de la Comisión, a la competencia de las autoridades y tribunales británicos.