Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 31997Y1203(01)

**Proyecto de comunicación interpretativa de la Comisión - Libre prestación de servicios e interés general en el sector de seguros (Texto pertinente a los fines del EEE)** 
  
*Diario Oficial n° C 365 de 03/12/1997 p. 0007 - 0027*

  

PROYECTO DE COMUNICACIÓN INTERPRETATIVA DE LA COMISIÓN LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INTERÉS GENERAL EN EL SECTOR DE SEGUROS (97/C 365/04)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

Las Terceras Directivas 92/49/CEE y 92/96/CEE (1) del Consejo completaron el establecimiento del mercado interior en el sector de seguros. Estos textos implantaron un régimen de autorización y supervisión financiera única de la empresa de seguros por el Estado miembro en que estuviese situada su sede social (Estado miembro de origen). La autorización expedida por el Estado miembro de origen permite a la empresa de seguros ejercer su actividad en toda la Comunidad Europea, ya sea al amparo del derecho de establecimiento, es decir, abriendo sucursales y agencias en todos los Estados miembros, o en régimen de libre prestación de servicios. Al ejercer sus actividades en otro Estado miembro, la empresa de seguros debe atenerse a las condiciones impuestas, por motivos de interés general, por el Estado miembro de acogida. En virtud de lo dispuesto en las Directivas, la supervisión financiera de las actividades desarrolladas por la empresa de seguros, incluidas las que ejerza en régimen de establecimiento o de libre prestación de servicios, es en cualquier caso competencia exclusiva del Estado miembro de origen de dicha empresa.

A través del diálogo mantenido con numerosos operadores económicos, la Comisión ha tenido ocasión de comprobar que las incertidumbres que subsisten, en cuanto a la interpretación de los conceptos fundamentales que son la libre prestación de servicios y el interés general, menoscaban seriamente la eficacia de los mecanismos establecidos por las Terceras Directivas de coordinación en materia de seguros, y pueden disuadir a determinadas empresas de hacer uso de las libertades consagradas por el Tratado -cuyo ejercicio están precisamente destinadas a facilitar las Terceras Directivas- y, por consiguiente, obstaculizar la libre circulación de los servicios de seguro en la Unión.

El presente proyecto de comunicación constituye la contribución de la Comisión a la reflexión que ha iniciado sobre los problemas de la libre prestación de servicios (Primera parte) y el interés general (Segunda parte) en el sector de seguros, a la luz, en concreto, de lo dispuesto en las Terceras Directivas 92/49/CEE y 92/96/CEE.

En esta reflexión, de momento, únicamente han participado los Estados miembros, concretamente a través del Comité de seguros y del Grupo técnico de interpretación para la aplicación de las Directivas del sector de seguros.

La Comisión considera ahora indispensable llevar a cabo una consulta tan amplia como sea posible sobre sus trabajos de interpretación, por lo que invita a los posibles interesados a que le remitan sus observaciones sobre el presente proyecto de Comunicación en el plazo de cuatro meses a contar desde la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Comunidades Europeas. Dichas observaciones deberán enviarse por escrito a la dirección siguiente:

Comisión Europea

Dirección General XV - Unidad C-2

Rue de la Loi/Wetstraat, 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Fax: (32-2) 295 65 00

Dirección Internet: john.mogg@dg15.cec.be

Si se estima procedente y a la vista de las contribuciones recibidas, el proyecto se convertirá en comunicación interpretativa de la Comisión, destinada a permitir que los operadores económicos y los Estados miembros conozcan la postura que la Comisión podría adoptar cuando tenga conocimiento de algún problema.

La Comisión considera oportuno recordar y sistematizar los principios que rigen el derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, según han sido sentados por el Tribunal de Justicia, y reflexionar sobre la aplicación de los mismos a las Terceras Directivas sobre el sector de seguros. Esta interpretación se basa en las disposiciones del Tratado, los textos de las Directivas comunitarias de seguros y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha establecido un número importante de principios esenciales para el respeto del libre establecimiento y la libre prestación de servicios (2).

Al publicar la presente Comunicación interpretativa, la Comisión se propone contribuir a la transparencia y clarificación de las normas comunitarias por cuya observancia ha de velar. Este texto constituye para todos los agentes interesados, esto es, las administraciones nacionales, los operadores económicos y los consumidores, un instrumento de referencia que precisa la postura de la Comisión frente al marco jurídico en el que puede ejercerse la actividad aseguradora.

Las interpretaciones y reflexiones contenidas en el presente proyecto de Comunicación, que se refieren exclusivamente a los problemas específicos del sector de seguros (3), no pretenden abarcar todas las hipótesis posibles, sino tan sólo las más frecuentes o más probables.

Dichas interpretaciones y reflexiones no representan necesariamente las posturas de los Estados miembros, a menudo muy divergentes entre sí, y, por sí mismas, no pueden generar ninguna obligación nueva.

Como es lógico, las interpretaciones de la Comisión se entienden sin perjuicio de la interpretación que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas competente en última instancia para asegurar la correcta interpretación del Tratado y del Derecho derivado, pueda hacer de los problemas planteados.

Por último, cabe precisar sin mayor dilación que las interpretaciones contenidas en el presente proyecto de Comunicación deben entenderse sin perjuicio de las interpretaciones que la Comisión pueda hacer ulteriormente de los principios de establecimiento y libre prestación de servicios, a la luz de la evolución de las tecnologías de comunicación y de su utilización en la actividad aseguradira. La política relativa a la sociedad de la información desarrollada a nivel comunitario pretende favorecer la difusión de los servicios de la misma y su circulación entre los Estados miembros, y en particular el comercio electrónico (4). Es evidente que, con el desarrollo de la sociedad de la información el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la realización de las actividades aseguradoras y financieras adquirirá, en principio una importancia preponderante y, con el tiempo, modificará previsiblemente los mecanismos de distribución de los productos de seguros en la Comunidad.

El actual marco jurídico del mercado único de seguros se basa en mecanismos en los que aún no tiene cabida la utilización de las nuevas tecnologías con vistas a efectuar actividades aseguradoras en dicho mercado.

Las iniciativas que la Comisión ha emprendido recientemente en relación con el comercio electrónico (5) y los trabajos realizados por el Comité de seguros en torno a las implicaciones de las técnicas de comercio electrónico en el ámbito de los seguros aportarán nuevos elementos que deberán tomarse en consideración al interpretar las Directivas de seguros. Por tanto, la Comisión estima que la evolución tecnológica podría, en un futuro, llevarla a modificar su interpretación o a dar una interpretación complementaria.

PRIMERA PARTE

I. LÍMITES ENTRE EL DERECHO DE ESTABLECIMIENTO Y LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (6)

1. Libre prestación de servicios

a) Carácter temporal

Los artículos 59 y siguientes del Tratado consagran el principio de la libre circulación de servicios. Este principio pasó a ser de aplicación directa e incondicional al expirar el período transitorio (7).

Cabe recordar que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la libre prestación de servicios puede conllevar el desplazamiento del proveedor del servicio, situación contemplada en el párrafo tercero del artículo 60 del Tratado, o el desplazamiento del destinatario del servicio, pero puede efectuarse también sin desplazamineto del proveedor e del destinatario (8).

La actividad ejercida en régimen de libre prestación de servicios con presencia del proveedor en el territorio del país de acogida se distingue de la ejercida en régimen de establecimiento esencialmente en que la primera es temporal, mientras que la segunda supone una instalación duradera en dicho país.

Esta distinción se desprende del propio Tratado que, en el párrafo tercero de su artículo 60, dispone que el provedor de un servicio podrá, con objeto de realizar la prestación, ejecer «temporalmente» su actividad en el Estado donde se efectúe dicha prestación.

Con arreglo a la jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia, el carácter temporal de la prestación del servicio se determinará en función de la duración de la prestación, de su frecuencia, periodicidad y continuidad (9).

b) Prohibición de la «elusión»

El Tribunal ha reconocido a los Estados miembros el derecho a tomar medidas destinadas a evitar que la libertad de prestación de servicios, garantizada por el artículo 59 del Tratado, sea utilizada por un proveedor cuyas actividades se centran, entera o principalmente, en su territorio, para sustraerse a las obligaciones profesionales que le incumbirían si estuviera establecido en él (10). El Tribunal añade que esta situación de «elusión» quedaría comprendida en el capítulo del Tratado relativo al establecimiento y no en el de la prestación de servicios (11).

El criterio de la frecuencia es importante para determinar si existe la intención de «eludir» haciendo uso del derecho garantizado en el artículo 59; sin embargo, no basta para definir la prestación de servicios (un establecimiento puede operar también de manera ocasional).

No obstante, este razonamiento sólo es aplicable a las prestaciones que comportan el desplazamiento del proveedor al Estado miembro de la prestación, contempladas en el párrafo tercero del artículo 60 del Tratado.

Así, no podría considerarse una situación en la que una empresa de seguros se viera constantemente solicitada, en su territorio, por consumidores residentes en otro Estado miembro. En este caso no se dan en el proveedor la intención de eludir.

2. Derecho de establecimiento

Si una empresa mantiene una presencia permanente en el Estado miembro donde ejerce sus actividades, estará sujeta, en principio, a las disposiciones del Tratado sobre derecho de establecimiento. El Tribunal de Justicia dictaminó que:

«[. . .] un nacional de un Estado miembro que, de manera estable y continuada, ejerce una actividad profesional en otro Estado miembro en el que, a partir de un centro de actividad profesional, se dirige, entre otros, a los nacionales de ese Estado, está comprendido dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones del capítulo relativo al derecho de establecimiento y no del relativo a los servicios» (12).

En su sentencia de 4 de diciembre de 1986 (13), en el asunto Comisión contra Alemania, el Tribunal afirmó:

«[. . .] una empresa de seguros de otro Estado miembro que mantenga una presencia permanente en el Estado miembro donde preste los servicios se regirá por las disposiciones del Tratado sobre derecho de establecimiento y ello aunque dicha presencia no haya adquirido la forma de una sucursal o agencia sino que se ejerza por medio de una simple oficina gestionada por el propio personal de la empresa, o de una persona independiente pero apoderada para actuar permanentemente por cuenta de ésta como la haría una agencia».

Así pues, el Tribunal ha reconocido que las empresas que cuenten en el territorio de otro Estado miembro, de modo permanente, con un mediador a través del cual operen en el mismo, de manera estable y continua, pueden perder el beneficio de la libertad de prestación de servicios y pasar a regirse por el derecho de establecimiento. El Tribunal desea evitar, de este modo, que se recurra de manera abusiva a la libre prestación de servicios para sustraerse a las normas que serían de aplicación en el Estado miembro de acogida si la empresa estuviera establecida en él (14).

En el sector de seguros se ha descartado el riesgo de utilización abusiva gracias a la armonización que las Directivas comunitarias han efectuado, en lo relativo al acceso a la actividad y a su ejercicio. Las normas en materia cautelar y de supervisión aplicables a las empresas de seguros son las mismas con independencia de que ejerzan su actividad en régimen de establecimiento o de libre prestación de servicios.

En lo que se refiere al sector de seguros, las Directivas comunitarias, inspirándose en la sentencia del Tribunal de 4 de diciembre de 1986, asimilan a una agencia o sucursal de una empresa de seguros «toda presencia permanente de una empresa en el territorio de un Estado miembro, aunque esta presencia no haya tomado la forma de una sucursal o agencia, y se ejerza por medio de una simple oficina administrada por el propio personal de la empresa, o de una persona independiente pero con poderes para actuar permanentemente para la empresa como lo haría una agencia» (15).

Sin embargo, vista la último jurisprudencia del Tribunal de Justicia (16), la Comisión opina que el Estado miembro de prestación del servicio no puede acogerse a la citada jurisprudencia para considerar «establecimiento» cualquier presencia permanente que el proveedor de servicios mantenga en su territorio y aplicarle, en toda circunstancia, las normas que regulan el derecho de establecimiento.

El Tribunal de Justicia ha reconocido recientemente que el carácter temporal de la libre prestación de servicios no excluye la posibilidad de que el proveedor de servicios se dote de una cierta infraestructura en el Estado miembro de acogida (despacho, oficina, etc.) en la medida en que sea necesaria para hacer efectiva la prestación, sin por ello quedar sujeta al régimen de establecimiento (17). El Tribunal ha manifestado que, en ese caso, el carácter temporal de la prestación de servicios deberá apreciarse en función de la duración, frecuencia, periodicidad y continuidad de la misma (18).

3. Zona «gris»

No siempre es fácil trazar la línea divisoria entre el concepto de «prestación de servicios» y el de «establecimiento»: Algunso casos son difícilmente clasificables, en especial cuando la empresa de seguros utiliza, para el ejercicio de su actividad aseguradora, una cierta infraestructura permanente en el Estado miembro de la prestación. Más en concreto, cabe citar:

a) el recurso a mediadores independientes,

b) la presencia permanente del personal propio de la empresa.

Basándose en la jurisprudencia del Tribual, los servicios de la Comisión sostienen a este respecto las interpretaciones siguientes:

a) Recurso a mediadores independientes (19)

El problema consiste en determinar el régimen aplicable a los mediadores independientes establecidos en un Estado miembro A a los que pueden recurrir las empresas de seguros de otro Estado miembro B para desarrollar sus actividades en el citado Estado miembro A; las condiciones en las que podría considerarse que dichos mediadores independientes ejercen, por sí mismos, una actividad permanente en ese Estado miembro y se podrían asimilar a un establecimiento de la empresa de seguros en el Estado miembro de acogida, en vez de considerarse que operan en régimen de libre prestación de servicios, y las consecuencias jurídicas de tal situación.

En su sentencia de 6 de octubre de 1976 en el asunto De Bloos (20), el Tribunal señaló que:

«[. . .] uno de los elementos esenciales que caracterizan a los conceptos de sucursal y de agencia es el sometimiento a la dirección y al control de la casa matriz».

Más en concreto, en la sentencia de 22 de noviembre de 1978 en el asunto Somafer (21), el Tribunal dictaminó que:

«[. . .] el concepto de sucursal, agencia, u otro tipo de establecimiento implica la existencia de un centro de operaciones que, de modo duradero, se presente ante el exterior como la extensión de una casa central, provista de una dirección y con medios materiales que le permitan negociar transacciones con terceros, de manera que éstos, aun conscientes de la posibilidad de que se establezca, en el futuro, una relación jurídica con la casa central cuyo domicilio está situado en el extranjero, quedan dispensados de tratar directamente con la misma, pudiendo celebrar transacciones en el centro de operaciones que constituye su extensión».

El Tribunal concluyó que un concesionario exclusivo no sometido al control y dirección de una sociedad no podía considerarse sucursal, agencia o establecimiento.

En su sentencia de 18 de marzo de 1981 en el asunto Blanckaert y Willems (22), el Tribunal consideró que:

«[. . .] un agente comercial (intermediario) independiente, entendiéndose por tal aquel que, en virtud de su situación jurídica, tenga libertad para organizar su actividad en lo esencial y decidir el tiempo que consagra a trabajar para una empresa que haya aceptado representar, a quien la empresa cuya representación ostenta no pueda impedir que represente, al mismo tiempo, a otras empresas de la competencia pertenecientes al mismo sector de producción o de comercialización y que, además, se limite a transmitir los pedidos a la casa central, sin participar en su liquidación ni en su ejecución, no reúne las características de una sucursal, agencia u otro tipo de establecimiento [. . .]».

Por lo demás, el señor Darmon, Abogado General, en las conclusiones sobre el asunto Shearson Lehman Hutton, presentadas el 27 de octubre de 1992 (23), escribió lo siguiente:

«El vínculo de dependencia frente a la sociedad establecida en otro Estado contratante (24) no es aquí el criterio determinante. Este criterio reside, en mi opinión, en el hecho de que el establecimiento secundario esté facultado para negociar con terceros

(24) El Abogado General emplea el término de «Estado contratante» proque el asunto considerado se refería al Convenio de Bruselas sobre la competencia judicial y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

».

Por último, en su informe sobre el Convenio de Bruselas, el Señor Jenard señala que únicamente existe agencia o sucursal «cuando la sociedad extranjera está representada por una persona con capacidad de comprometerla ante terceros» (24).

Basándose en la jurisprudencia citada, la Comisión opina que, para que pueda considerarse que los vínculos entre un mediador independiente y una empresa de seguros determinan el sometimiento de esta última al régimen de establecimiento, es necesario que el mediador cumpla todas las condiciones siguientes:

i) que esté bajo el control y la dirección de la empresa de seguros a la que representa;

ii) que pueda asumir compromisos en nombre de la empresa de seguros, y

iii) que cuente con un mandato permanente.

Así pues, sólo en el supuesto de que el mediador actúe como auténtica extensión de la empresa de seguros, puede ésta quedar sujeta al régimen aplicable al estalecimiento de una sucursal.

i) El mediador está bajo la dirección y el control de la empresa de seguros que representa

Para comprobar si se cumple este criterio, hay que examinar, en particular, si la relación establecida entre la empresa de seguros y el mediador independiente otorga a éste libertad suficiente para organizar su actividad, decidir el tiempo de trabajo que va a dedicar a dicha empresa y, sobre todo, para representar al mismo tiempo a otras empresas de seguros competidoras.

Un mandato de exclusividad, recibido por el mediador independiente de una única empresa de seguros, constituye un indicio fundamental de que el citado mediador está bajo la dirección y el control de la empresa de seguros. Ahora bien, en el sector asegurador es frecuente que los mediadores de seguros representen simultáneamente a varias empresas de seguros competidoras. En la mayor parte de los casos, estos mediadores representan a las diversas empresas en relación con distintos ramos de seguro para cada una de ellas.

En este supuesto, el mediador que trabaja para varias empresas de seguros, pero sólo ha recibido mandato de exclusividad de una de ellas, se considerará sucursal sólo de esta última empresa, pues, en virtud del mandato otorgado, el mediador queda sujeto a la dirección y el control de esa empresa.

Sin embargo, para considerar que ese mediador constituye una sucursal de la empresa de seguros en el Estado de acogida, y que, por tanto, las actividades desarrolladas por esa empresa están sujetas a las normas aplicables al régimen de establecimiento, han de cumplirse también las otras dos condiciones citadas anteriormente.

Las conclusiones que anteceden son idénticas tanto si el mediador es persona fisica como si es persona jurídica.

ii) El mediador debe poder asumir compromisos en nombre de la empresa de seguros

Para determinar si se cumple este criterio, hay que examinar, conforme a la jurisprudencia del Tribunal, si los terceros, al dirigirse al mediador, quedan dispensados de tratatar con la propia empresa aseguradora y pueden celebrar contratos con aquél.

El compromiso de la empresa de seguros para con los asegurados se deriva, ante todo, del mandato otorgado al mediador para que celebre contratos de seguro con tomadores, en nombre y por cuenta de la empresa de seguros no establecida en el Estado miembro de acogida. El objeto de una agencia o sucursal es celebrar contratos con terceros en nombre y por cuenta de la casa central, que queda directamente comprometida, puesto que la agencia se presenta como una extensión de la misma.

Sin embargo, en algunos casos, otros aspectos del mandato otorgado por la aseguradora al mediador pueden ser indicativos de que la empresa pretende comprometerse directamente frente al tomador. Una empresa de seguros puede también obligarse a través de un mediador, aunque éste no pueda firmar contratos. Por ejemplo si el mediador puede presentar una oferta perfecta en nombre de la empresa de seguros, aunque ésta conserve la facultad de firmar el contrato, podría seguir cumpliéndose el criterio de la capacidad de vinculación. Si la empresa de seguros puede rechazar la propuesta presentada pro el mediador y firmada por el cliente, no se cumplirá este criterio.

Otro caso en el que podría quedar patente la intención de la aseguradora de comprometerse directamente a través de la actividad del mediador sería aquel en que se capacita a éste para que decida sobre la aceptación y pago de un siniestro que se le reclame, en la medida en que las decisiones adoptadas por el mediador vinculan a la empresa de seguros. Ha de distinguirse esta función del mandato conferido al mediador para la simple gestión de los expedientes de siniestros, que puede comportar, en su caso, el pago de indemnizaciones en ejecución de las instrucciones dadas por la propia aseguradora.

Por tanto, es el margen de libertad que la empresa de seguros se reserva frente a la actividad que el mediador ejerce por cuenta de ella lo que permite determinar si una decisión adoptada por el mediador la compromente formalmente o no.

La Comisión considera que una empresa de seguros que decida suscribir contratos de seguro en régimen de libre prestación de servicios debe poder contar con determinados servicios, antes o después de la celebración del contrato, en el Estado miembro de prestación. Así, por ejemplo, debe poder utilizar:

- un perito local que analice los riesgos que se van a cubrir en régimen de libre prestación de servicios,

- un perito local que evalúe los daños derivados de los riesgos cubiertos por los contratos de seguro negociados en régimen de libre prestación de servicios,

- prospectores de mercado, que no celebren contratos de seguro y se limiten a remitir las propuestas de seguro de los tomadores potenciales a la empresa de seguros para su aceptación,

- servicios jurídicos locales o servicios médicos radicados en el Estado miembro de prestación,

- una estructura permanente para el cobro de las primas de los contratos de seguro suscritos en régimen de libre prestación de servicios (por ejemplo, una entidad de crédito, una empresa de factoring, etc.),

- una estructura permanente encargada únicamente de recibir las declaraciones de siniestros correspondientes a contratos celebrados en régimen de libre prestación de servicios para remitirlas a la aseguradora que deberá decidir si las acepta o no.

Por último, cabe precisar que el único mandato que puede llevar a asimilar una presencia permanente a una sucursal de la empresa de seguros en el Estado miembro de prestación del servicio es el que afecta a las actividades que componen el objeto social de la empresa, es decir, la actividad de seguro. Un mandato otorgado a persona establecidas en otro Estado miembro para la realización de actividades que no sean las de seguro en el Estado miembro de acogida. Puede darse el caso, por ejemplo, de un mandato otorgado a una sociedad de inversión para que gestione la cartera de valores de la aseguradora, o de una sociedad encargada de gestionar los inmuebles que la empresa de seguros posee en un Estado miembro y que utiliza como cobertura de las provisiones técnicas.

iii) El intermediario debe disponer de un mandato permanente

La capacidad de un mediador establecido en el Estado miembro de acogida para comprometer a la empresa de seguras debe derivarse de un mandato duradero y continuado, y no ocasional. Es este carácter de estable y continuado lo que atestigua la intención de la aseguradora de integrar en la economía del Estado miembro de acogida las actividades de seguro que ejerce en él.

Conclusión

A juicio de la Comisión, sólo cuando se cumplen las condiciones antes enunciadas, debe tratarse a la empresa de seguros que utiliza mediadores establecidos de manera permanente en el Estado miembro de acogida como si dispusiera de una sucursal en dicho Estado, con las consiguientes consecuencias jurídicas. En ese supuesto, la empresa de seguros deberá atenerse al procedimiento para la apertura de una sucursal contemplado en el artículo 10 de las Primeras Directivas 73/239/CEE y 79/267/CEE del Consejo, modificado por el artículo 32 de las Terceras Directivas 92/49/CEE y 92/96/CEE (precisando que las actividades que está previsto desarrollar se ejercerán a través de un mediador independiente). En su actividad, el mediador deberá respetar las normas de interés general del Estado de acogida aplicables a las sucursales.

Por último, el hecho de que la concurrencia de tales condiciones pueda suponer la sujeción de la empresa de seguros al régimen de establecimiento no significa, sin embargo, que el mediador en sí constituya una sucursal de dicha empresa. Una sucursal es «una sede de explotación que constituya una parte, desprovista de personalidad jurídica, de una entidad de crédito» (25). El mediador, dado que se parte de la hipótesis de que es independiente, no puede constituir una «parte» de una empresa de seguros.

b) Presencia permanente del personal de la empresa de seguros

Es preciso distinguir aquí entre dos supuestos:

b.1) El personal de la empresa establecido de modo permanente en el territorio de otro Estado miembro no ejerce actividad aseguradora alguna

En este caso se trata de lo que generalmente se conoce como «oficina de representación», estructura flexible, tradicionalmente considerada de mera «prospección» y encargada de establecer contactos y estudiar hasta qué punto podría resultar rentable la implantación en el país considerado.

Este tipo de oficinas han de considerarse casos sui generis.

Los servicios de la Comisión estiman que tales oficinas no pueden considerarse en modo alguno sucursales, cuya implantación, con arreglo al artículo 10 de las Primeras Directivas, modificadas por las Terceras Directivas, está sujeta a notificación previa.

b.2) El personal de la empresa establecido de modo permanente desarrolla actividades de seguros

En este caso, la situación es clara: se considera que la empresa de seguros posee una sucursal, cuya apertura debería, a partir del 1 de julio de 1994, haberse notificado con antelación, en virtud de lo dispuesto en las Primeras Directivas, modificadas por las Terceras Directivas. En el supuesto de que la sucursal hubiera estado desarrollando su actividad de conformidad con las disposiciones en vigor en el Estado miembro de acogida antes del 1 de julio de 1994, se considerará que la notificación previa, establecida en el artículo 10 de las Primeras Directivas, ha sido efectuada y se podrán invocar los derechos adquiridos que contempla el apartado 1 del artículo 52 de la Tercera Directiva 92/49/CEE y el apartado 1 del artículo 48 de la Tercera Directiva 92/96/CEE.

II. NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE LA APERTURA DE UNA SUCURSAL O DEL PROPÓSITO DE EJERCER ACTIVIDADES EN RÉGIMEN DE LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La Comisión considera que el procedimiento de notificación previsto por las Terceras Directivas de coordinación (tanto para las sucursales como para la prestación de servicios) (26) sólo persigue un objetivo de información mutua de las autoridades de supervisión y no constituye una medida de protección de los consumidores; no puede ser entendido, en opinión de la Comisión, como una condición formal que afecte a la validez de un contrato de seguro.

III. PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE SEGURO

Las Terceras Directivas de seguros disponen que las empresas de seguros con domicilio social en un Estado miembro pueden hacer publicidad de sus servicios, por todos los medios de comunicación disponibles, en el Estado miembro de la sucursal o de prestación del servicio, siempre y cuando respeten las posibles normas que regulen la forma y el contenido de dicha publicidad adoptadas por razones de interés general (27).

La Comisión no cree posible supeditar el derecho de hacer publicidad (28) a la obligación de cumplir con el procedimiento de notificación previsto en las Terceras Directivas (artículos 34 y siguentes) para ejercer actividades aseguradoras en régimen de libre prestación de servicios.

Esta vinculación sería artificial, puesto que no se contempla expresamente en las Terceras Directivas de seguros. Efectivamente, los artículos 34 y siguientes de dichas Directivas no exigen que se notifiquen las actividades publicitarias en el Estado miembro de acogida, sino la intención de ejercer una actividad aseguradora en régimen de libre prestación de servicios en el territorio de otro Estado miembro.

La vinculación entre la publicidad y el procedimiento de notificación previsto con vistas al ejercicio de actividades en régimen de libre prestación de servicios podría, además, dar lugar a situaciones absurdas, como lo sería el caso de una entidad que se viera obligada a enviar una notificación a las autoridades de todos los Estados miembros en los que pudiera, en principio, recibirse su publicidad, cuando posiblemente dicha entidad no tuviera intención de desarrollar actividades en todos ellos.

Por consiguiente, la Comisión estima que, de conformidad con las Terceras Directivas, toda forma de publicidad, con independencia del medio utilizado (correo, fax, mensajería electrónica, etc.) está exenta del procedimiento de notificación contemplado en los artículos 34 y siguientes de dichas Directivas. Una empresa de seguros únicamente estará obligada a seguir el citado procedimiento de notificación cuando se proponga desarrollar su actividad en régimen de libre prestación de servicios en el territorio del cliente.

Las conclusiones que anteceden se refieren exclusivamente al problema de la publicidad desde una óptica formal, y han de entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a velar por la observancia, en su territorio y de conformidad con el Derecho comunitario vigente, de las normas de interés general por ellos impuestas en relación con el contenido del mensaje publicitario, con arreglo a lo prevenido en los artículos 41 de las Terceras Directivas.

SEGUNDA PARTE

IV. EL INTERÉS GENERAL EN LAS TERCERAS DIRECTIVAS DE SEGUROS. APLICABILIDAD DE LAS NORMAS DE INTERÉS GENERAL

Las Terceras Directivas de seguros, que remiten a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y contienen numerosas referencias al concepto de interés general, establecen que la empresa de seguros que se acoja al régimen de autorización única deberá respetar las normas de interés del país de acogida.

Dicho respeto se exige tanto en el marco específico de la libertad de establecimiento (apartado 4 del artículo 32.4 de la Directiva 92/49/CEE y apartado 4 del artículo 32 de la Directiva 92/96/CEE), como indistintamente (artículos 28 y 41 de la Directiva 92/49/CEE y artículos 41 y 28 de la Directiva 92/96/CEE), de forma que se engloba también la prestación de servicios.

Tras la entrada en vigor de las Terceras Directivas (1 de Julio de 1994), los Estados miembros de acogida pueden imponer a las empresas de seguros que actúen al amparo de la autorización única las mismas normas de interés general tanto si aquéllas ejercen su actividad en régimen de establecimiento (mediante sucursal) como si se acogen a la libre prestación de servicios.

Cabe destacar que el hecho de que las Terceras Directivas se refirieran al concepto de interés general en relación con la actividad ejercida en régimen de establecimiento (sucursal) suponía un avance respecto de la tendencia que se manifestaba en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en ese período.

Desde la aprobación de las Terceras Directivas de seguros, el Tribunal ha venido aplicando su jurisprudencia sobre el interés general tanto a la libertad de establecimiento como a la libre prestación de servicios.

1. La noción de interés general

a) Principios jurisprudenciales (29)

La noción de interés general surge de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. Se desarrolló, en primer lugar, en relación con la libre circulación de bienes y servicios.

En la sentencia Säger (30), el Tribunal de Justicia declaró que:

«la libre prestación de servicios, en tanto que principio fundamental del Tratado, únicamente puede restringirse mediante regulaciones justificadas por el interés general y que se apliquen a toda persona o empresa que ejerza una actividad en el territorio del Estado destinatario, en la medida en que dicho interés no se halle salvaguardado por las normas a las que el prestador está sujeto en el Estado en que se encuentra establecido. Además dichas exigencias deberán ser objetivamente necesarias para garantizar la observancia de las normas profesionales y para asegurar la protección del destinatario de los servicios y no deben excederse de lo necesario para alcanzar estos objetivos.».

En un primer momento, el Tribunal estableció, para la libre prestación de servicios, varias condiciones para que el Estado miembro de acogida pudiera exigir al proveedor de servicios el cumplimiento de uma disposición nacional que restringiera el ejercicio de una actividad en régimen de libre prestación de servicios.

Tal disposición restrictiva debe:

- referirse a un ámbito no armonizado. Por ejemplo, las normas relativas al cálculo de las provisiones técnicas y el margen de solvencia, sobre las condiciones de acceso a la actividad de seguro, sobre el control financiero y cautelar no pueden ya supeditarse al interés general de un Estado miembro. El nivel de armonización logrado por las directivas define lo que cabe denominar «el interés general comunitario»;

- perseguir un objetivo de interés general;

- no ser discriminatoria;

- ser objetivamente necesaria;

- ser porporcional al objetivo buscado;

- es preciso, asimismo, que el interés general no esté salvaguardado por las disposiciones a las que esté ya sujeto el proveedor de servicios en el Estado miembro en el que esté establecido.

Señalemos que se trata de criterios acumulativos. En consecuencia, para que una norma nacional sea conforme a los principios de la libre circulación debe cumplir todos ellos. Si alguno de ellos no se cumpliera, la disposición no se consideraría conforme al derecho comunitario.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha ido extendiendo progresivamente la noción de interés general al derecho de establecimiento (31). En un principio, el Tribunal utilizó esa noción en relación con la cualificación profesional necesaria para el ejercicio de una actividad. A este respecto, el Tribunal ha matizado el principio de no discriminación en dos aspectos:

- en primer lugar, estimó que las normas sobre igualdad de trato prohiben también cualquier forma disimulada de discriminación que, en aplicación de otros criterios de diferenciación, en la práctica logren el mismo resultado (32);

- en segundo lugar, el Tribunal se fue apartando gradualmente, en lo relativo a la cualificación profesional necesaria para comenzar a ejercer una actividad (33), de su jurisprudencia tradicional, que se limitaba a la estricta igualdad de trato; posteriormente, lo hizo igualmente en lo relativo a los requisitos para el ejercicio de una actividad en régimen de establecimiento (34). El Tribunal parte del postulado de que, en principio, cualquier restricción es contraria al artículo 52, excepto si es de interés general, necesaria y proporcionada.

En dos sentencias dictadas con posterioridad a la aprobación de las Terceras Directivas de seguros, el Tribunal consagra definitivamente el principio con arreglo al cual la libertad de establecimiento no consiste exclusivamente en respetar el principio de no discriminación, sino que supone también la prohibición de todo obstáculo que se oponga a su ejercicio, más allá del ámbito exclusivo de reconocimiento de las cualificaciones profesionales (35).

En sentencia de 30 de noviembre de 1995 (36), dictada en el asunto Gebhard, el Tribunal hizo extensivo a la libertad de establecimiento el razonamiento que ya aplicaba en materia de libre circulación de bienes y libre prestación de servicios en lo que atañe a las normas de interés general del Estado de acogida. Endicha sentencia, el Tribunal declaró que:

«las medidas nacionales que puedan obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado deben cumplir cuatro condiciones: que se apliquen de manera no discriminatoria, que se justifiquen por razones imperiosas de interés general, que garanticen la relización del objetivo que persiguen y no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo (37).».

Posteriormente, el Tribunal confirmó esta jurisprudencia en las sentencias dictadas en los asuntos Bosman (38) y Futura (39).

b) La noción de interés general en las Terceras Directivas de Seguros

Las Terceras Directivas de seguros hacen referencia en diversos momentos a la noción de interés general:

b.1) En el caso de creación de una sucursal, el Estado miembro de acogida dispone de un plazo de dos meses, a partir de la recepción de la comunicación que le haya enviado el Estado miembro de origen, para indicar a la empresa de seguros las condiciones en las que, por razones de interés general, deberán ejercerse sus actividades en el Estado miembro de la sucursal.

b.2) En lo que respecta a la comercialización de contratos de seguro, el Estado miembro del compromiso o de localización del riesgo debe permitir la celebración de contratos de seguro (de vida o no de vida) con empresas de seguros autorizadas en otros Estados miembros, en régimen de establecimiento o de libre prestación de servicios, siempre que dichos contratos no contravengan las disposiciones legales de interés general vigentes en (el Estado miembro del compromiso o de localización del riesgo) (artículo 28 de la Directiva 92/49/CEE y artículo 28 de la Directiva 92/96/CEE).

Las precedentes disposiciones se aplican tanto a las actividades ejercidas en régimen de establecimiento como a las ejercidas en régimen de libre prestación de servicios. Dicho de otro modo, se aplican a toda empresa de seguros que, haciendo uso de la autorización única expedida en su Estado miembro de origen, ejerza la actividad aseguradora en otros Estados miembros.

b.3) En el caso de seguros de enfermedad suscritos para reemplazar la cobertura obligatoria prestada por un régimen legal de seguridad social, el artículo 54 de la Tercera Directiva sobre seguro no de vida (Directiva 92/49/CEE) estipula que todo Estado miembro en el que los contratos de seguro de enfermedad constituyan una alternativa parcial o total a la cobertura sanitaria prestada por un régimen legal de la seguridad social, podrá exigir que el contrato cumpla las disposiciones legales que protegen, en ese Estado miembro, el interés general relativo a dicho ramo de seguro. Además, puede exigir que, con carácter previo a la comercialización, se notifiquen las condiciones de seguro aplicables (40).

b.4) Por último, una empresa de seguros autorizada en su Estado miembro de origen puede hacer publicidad de sus servicios por todos los medios de comunicación disponibles en el Estado miembro de la sucursal o de prestación de servicios, siempre y cuando respete las posibles normas que regulen la forma y el contenido de dicha publicidad, adoptadas por razones de interés general (artículo 41 de la Directiva 92/49/CEE y artículo 4 de la Directiva 92/96/CEE).

Al precisar que el ejercicio de actividades en régimen de libre prestación de servicios sólo puede verse restringido por las normas de interés general del Estado miembro de acogida en aquellas materias que no hayan sido armonizadas en el plano comunitario, las Terceras Directivas de seguros no introducen una innovación frente a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Jusiticia. Tal y como se señaló más arriba, el Tribunal ha considerado que incluso una norma no discriminatoria del país de acogida puede no aplicarse en beneficio de un proveedor de servicios, si se juzga que tal disposición no es de interés general o que, siéndolo, no es ni necesaria ni proporcional al objectio perseguido.

En cuanto a las condiciones de ejercicio de dicha actividad, las Terceras Directivas no diferencian entre sucursal y prestación de servicios (41). Las diferencias que establecen sólo afectan al procedimiento de notificación, que es más detallado para la creación de una sucursal (artículo 32 de las Directivas 92/49/CEE y 92/96/CEE) que para el ejercicio de la actividad aseguradora en régimen de libre prestación de servicios (artículos 34 y siguientes de las Directivas 92/49/CEE 92/96/CEE).

A juicio de la Comisión, tras la entrada en vigor de las Terceras Directivas, para determinar si una disposición nacional que restringe alguna de las actividades que figuran en el anexo de las Primeras Directivas es conforme con el derecho comunitario ha de analizarse la misma a la luz del concepto de interés general con independencia de que tal actividad se ejerza a través de una sucursal o en régimen de libre prestación de servicios.

El legislador comunitario no estableció ninguna distinción entre el régimen de sucursal y el de prestación de servicios (42) en el vigésimo considerando de la Directiva 92/96/CEE, en el que se dice que:

«incumbe al Estado miembro del compromiso velar para que en su territorio no haya obstáculo alguno a la comercialización de todos los productos de seguros ofrecidos en la Comunidad, siempre que éstos no sean contrarios a las disposiciones legales de interés general vigentes en el Estado miembro del compromiso.».

Dado que los considerandos de una directiva tienen un valor jurídico de carácter interpretativo, permiten al lector conocer el propósito del legislador comunitario (43).

2. Condiciones en las que pueden imponerse las normas de interés general del país de acogida

Restricciones discriminatorias

Como regla general, las restricciones discriminatorias sólo podrán imponerse si se justifican por alguna de las razones citadas en el artículo 56 del Tratado [orden público, seguridad y sanidad públicas (44)], y no por razones económicas (45). En este caso, no cabe invocar las normas de interés general.

Restricciones no discriminatorias

En cambio, la situación varía cuando se trata de una restricción no discriminatoria. De lo dispuesto en las Terceras Directivas, corroborado por la jurisprudencia del Tribunal relativa al interés general, puede deducirse que, para imponer legítimamente a una empresa de seguros comunitaria cualquier medida nacional no discriminatoria que restrinja una actividad de seguro que se beneficie del reconocimiento mutuo, tanto si se ejerce a través de una sucursal como en régimen de prestación de servicios, dicha medida ha de justificarse por razones de interés general, ser necesaria y proporcionada y no superponerse a las normas del país de origen de la empresa.

De cualquier modo, corresponde al Estado miembro que impone la restricción aportar la prueba de que al medida cumple las citadas condiciones.

El Tribunal de Justicia ha formulado algunas precisiones sobre los ámbitos de interés general y los principios que han de aplicarse.

a) Ámbitos de interés general

Hasta la fecha, el Tribunal ha reconocido que, si no se ha armonizado, los siguientes ámbitos pueden ser de interés general (46):

- las normas profesionales destinadas a proteger al destinatario de los servicios (47),

- la protección de los trabajadores (48), comprendida la seguridad social (49),

- la protección de los consumidores (50),

- la protección de la buena reputación del sector financiero nacional (51),

- la prevención del fraude (52);

- el orden social (53);,

- la protección de la propriedad intelectual (54),

- la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional (55);

- la política cultural y la salvaguarda de la diversidad cultural en el sector audiovisual (56);

- la coherencia fiscal (57);

- la seguridad viaria (58);

- la protección de los acreedores (59);

- la protección de la buena administración de justicia (60).

No se trata de una lista definitiva y el Tribunal se reserva la posibilidad de modificarla.

b) Principios que han de aplicarse

Para que sea conforme con el derecho comunitario, no basta con que la medida invocada sea reconocida como de interés general. Es preciso, además, que el Estado de acogida observe determinados principios.

Estos principios son los que ha senãlado el Tribunal en su jurisprudencia sobre el interés general (no discriminación, inexistencia de duplicación, necesidad, proporcionalidad, etc.), ya citados en la presente comunicación. Es preciso indicar además, que, con arreglo a esa misma jurisprudencia, el concepto de interés general constituye una excepción a los principios fundamentales del Tratado en materia de libre circulación y, en consecuencia, debe interpretarse restrictivamente, de manera que no se recurra al misma en exceso o de manera abusiva.

El Estado miembro de acogida debe asegurarse de que toda disposición nacional que tenga previsto aplicar sea de interés general, necesaria y proporcionada (61).

En este contexto, la inclusión de partes enteras de la legislación nacional en la lista de disposiciones de interés general podría ser un uso abusivo que de este concepto hacen algunos Estados miembros. Diversos países comunitarios tienden a calificar de normas de interés general la totalidad de su legislación sobre protección del consumidor o de su legislación tributaria y mercantil y de su legislación en materia de competencia. Sin embargo, a juicio de la Comisión, los principios de necesidad, no duplicación y proporcionalidad implican que los Estados miembros indiquen, en el momento de la aprobación, si se trata de futura legislación o, en su caso, en el momento de efectuar la comunicación de las condiciones contempladas en el apartado 4 del artículo 32 de la Directivas 92/49/CEE y 92/96/CEE, las disposiciones concretas de cada texto legislativo nacional que puedan ser de interés general.

No obstante, aunque el razonamiento y las cuestiones planteadas sean las mismas tanto si la entidad opera mediante una sucursal como si se acoge el régimen de prestación de servicios, las respuestas pueden ser distintas según el sistema empleado.

En efecto, la evaluación de la proporcionalidad de una restricción puede variar según el modo de actuación.

Es evidente que no tienen la misma naturaleza la prestación de servicios y el establecimiento y, en consecuencia, es más fácil que se considere proporcionada una restricción si afecta a un operador que actúe de forma permanente en un territorio que si afecta a este mismo operador, pero éste actúe únicamente con carácter temporal.

Además, el Tribunal ha reconocido esta diferencia al considerar que cabe aplicar al proveedor de servicios una normativa menos restrictiva y más «flexible» que la aplicable al establecimiento.

El Tribunal ha recordado de forma reiterada que un Estado miembro:

«no puede supeditar la prestación de servicios en su territorio a la observancia de todos los requisitos exigidos para el establecimiento, bajo pena de privar de eficacia las disposiciones del Tratado destinadas precisamente a garantizar la libre prestación de servicios» (62).

Además, la jurisprudencia insiste constantemente en que el párrafo tercero del artículo 60 del Tratado:

«no implica que toda normativa nacional aplicable a los nacionales de ese Estado, y que contempla normalmente una actividad permanente de las empresas establecidas en el mismo, pueda aplicarse íntegramente y de la misma manera a las actividades de carácter temporal ejercidas por empresas establecidas en otros Estados miembros» (63).

La misma restricción impuesta invocando el interés general podría, según el caso, ser considerada proporcionada respecto a una sucursal y desproporcionada respecto a un proveedor de servicios.

c) Ejemplos en el sector asegurador

Una vez establecidas las principales características del concepto de interés general, la Comisión considera oportuno dar su interpretación del mismo, aplicado al sector de seguros, con algunos ejemplos de normas nacionales cuyo respeto pueden exigir las autoridades del Estado miembro de acogida, basándose en su supuesta compatibilidad con el interés general. Una vez más, es preciso aclarar que esta interpretación se indica sin perjuicio de la que pueda dar el Tribunal de Justicia, competente en última instancia para la interpretación del Tratado y del derecho derivado. Esas normas pueden referirse, por ejemplo, a lo siguiente:

i) notificación previa de las condiciones de las pólizas

ii) operaciones de capitalización realizadas por las empresas de seguros

iii) sistemas uniformes obligatorios de bonus-malus

iv) lengua de los contratos de seguro

v) códigos de conducta profesionales

vi) tipos de interés técnico máximos en materia de seguro de vida

vii) imposición de condiciones-tipo o condiciones mínimas de seguro

viii) cláusulas que establecen franquicias obligatorias en los contratos de seguro

ix) obligación de prever un valor de rescate en los contratos de seguro de vida

x) prohibición de la técnica de aproximación al consumidor sin previo aviso (cold calling).

i) Notificación previa de las condiciones de seguro

Las Terceras Directivas prohiben de manera expresa cualquier control material previo y sistemático de las pólizas de seguro y los documentos contractuales (64), independientemente de la denomicación asignada al sistema empleado por las autoridades nacionales, y ya se trate de la autorización previa de los contratos y las tarifas, de la mera notificación sistemática con autorización previa de los contratos y las tarifas, de la mera notificación sistemática con autorización tácita o del mero depósito previo de esos documentos. En adelante, sólo está permitido el control previo y sistemático que esté expresamente contemplado en las directivas comunitarias. Es el caso, por ejemplo, del seguro obligatorio [así, el seguro obligatorio de responsabilidad civil por el uso de vehículos automóviles (65)] o de los seguros de enfermedad suscritos en sustitución de un régimen legal de seguridad social (66).

Para controlar que las pólizas comercializadas en su territorio cumplan las disposiciones de interés general aplicables a los contratos de seguro, los Estados miembros sólo pueden recurrir a sistemas de control a posteriori y no sistemáticos, y en ningún caso debe imponerse a la empresa esta exigencia como condición previa al ejercicio de su actividad. El legislador comunitario ha establecido qué sistemas de control material pueden utilizar los Estados miembros, y en qué condiciones pueden hacerlo; se trata, pues, de un aspecto armonizado en el plano comunitario.

No obstante, algunos Estados miembros, en los que existía la tradición de efectuar el control previo de las condiciones de los contratos, siguen exigiendo la notificación previa de esa información. Esos Estados miembros alegan que se trata de garantizar la protección del consumidor y dotar de transparencia a los produtos disponibles en el mercado nacional. En la mayor parte de los casos, consiste en presentar una ficha descriptiva de las condiciones de las pólizas de seguro.

La Comisión considera que seguir aplicando los citados sistemas de control previo o sistemático de las condiciones de seguro no es conforme a lo que, al respecto, disponen las Terceras Directivas. Por otro lado, la Comisión opina que los Estados miembros no pueden recurrir a la noción de interés general para justificar el mantenimiento de tales exigencias, puesto que no se cumplen las condiciones previstas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al tratarse de un ámbito ya armonizado en el plano comunitario.

ii) Operaciones de capitalización realizadas por las empresas de seguros

El régimen de autorización administrativa única para las empresas de seguros, en lo que respecta a las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de las directivas de seguros, permite a las empresas de seguro de vida ejercer en toda la Comunidad las actividades para las que están autorizadas en su Estado miembro de origen, ya sea en régimen de establecimiento o de libre prestación de servicios.

Entre las actividades que cabe incluir en el régimen de autorización administrativa única figuran las «operaciones de capitalización basadas en una técnica actuarial que suponga, a cambio de pagos únicos o periódicos fijados por adelantado, compromisos determinados en cuanto a su duración y a su importe», siempre y cuando tales operaciones se estipulen en un contrato y estén sujetas a la supervisión de las autoridades competentes en materia de seguros del Estado miembro de origen. Esta actividad, como cualquier otra inluida en el ámbito de aplicación de las Directivas sobre seguro de vida, puede ejercerse en toda la Comunidad, incluso en un Estado miembro que las prohiba a sus empresas de seguros, por ejemplo porque se consideren operaciones bancarias y se reserven a las entidades de crédito.

Por tanto, la Comisión considera que no hay razón alguna para prohibir los productos de capitalización que reúnan los requisitos previstos en la Primera Directiva sobre seguro de vida, 79/267/CEE, modificada por la Directiva 92/96/CEE, que comercialice en un Estado miembro una empresa de seguros de vida autorizada en su Estado miembro de origen para realizar ese tipo de operaciones. El hecho de que en el Estado miembro de acogida no se consideren esas operaciones propias de la actividad aseguradora y no se autorice a desarrollarla a las aseguradoras con domicilio social en el mismo, no obsta para que las empresas de seguros de otros Estados miembros sí puedan desarrollar esas actividades que, por haber sido objeto de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros, pueden acogerse al sistema de autorización administrativa única establecido por la Tercera Directiva sobre seguro de vida, 92/96/CEE (67).

Como en cualquier otra actividad aseguradora, las entidades de seguro de vida que ofrezcan productos de capitalización en un Estado miembro de acogida deberán respetar las disposiciones en vigor en ese Estado miembro que se justifiquen por razones de interés general, y referidas, en particular, al régimen fiscal aplicable a este tipo de productos y a los sistemas de publicidad.

iii) Sistemas obligatorios de coeficiente de reducción o incremento de las primas en los contratos de seguro obligatorio de automóviles (sistemas de bonus-malus)

La legislación de algunos Estados miembros establece con todo detalle los criterios aplicables en el cálculo de las primas de seguro obligatorio de responsabilidad civil por el uso de vehículos automóviles. Entre otros elementos técnicos, se prevén coeficientes de reducción o incremento de las primas (sistemas de bonus-malus). La técnica consiste en definir una escala de niveles obligatorios en la que se basa el cálculo de la prima anual. Esa escala se aplica tanto al celebrar el contrato de seguro de responsabilidad civil por el uso de vehículos automóviles, como para posteriores desplazamientos dentro de la misma, basados en la frecuencia de siniestralidad del asegurado. El incremento o reducción de la prima no es libre, sino que debe obedecer a criterios específicos definidos en la legislación del Estado miembro. Desde el punto de vista de la técnica de seguros, se trata de mecanismos de fijación de tarifas y, por tanto, son contrarios al espíritu y a la letra de las Terceras Directivas.

Los Estados miembros cuya legislación nacional impone un sistema de bonus-malus obligatorio alegan razones de prevención. Consideran que los conductores, al versoo obligados a pagar una prima mayor en caso de accidente, conducen con mayor prudencia y atención.

Ahora bien, la Tercera Directiva 92/49/CEE sobre seguro no de vida, no sólo instauró la libre fijación de tarifas y la eliminación de los controles previos o sistemáticos de las tarifas y los contratos, sino que estableció también que la supervisión financiera de la empresa de seguros es competencia exclusiva del Estado miembro de origen (68).

Si esos sistemas obligatorios de bonus-malus se consideran disposiciones de fijación de tarifas, serán contrarios a las disposiciones de la Tercera Directiva. En ese caso, la Comisión opina que no es lícito que los Estados miembros recurran a la noción de interés general para justificar el mantenimiento de la obligatoriedad de tales sistemas, pues afectan a normas que ya han sido objeto de disposiciones comunitarias.

iv) Lengua del contrato de seguro

Algunos Estados miembros exigen que los contratos de seguro suscritos o ejecutados en su territorio se redacten exclusivamente en su lengua oficial. Otras lenguas, sean o no comunitarias, sólo pueden utilizarse en traducciones, incluso aunque las partes contratantes hayan deseado utilizarlas en el contrato original.

Para justificar esta exigencia absoluta e incondicional se alega, por un lado, la soberanía lingüística de los Estados miembros, y, por otro, la protección del consumidor y el buen desarrollo del procedimiento en los litigios entablados ante los tribunales de esos Estados miembros.

La Comisión no pone en duda la soberanía lingüística de ningún Estado miembro (69).

A juicio de la Comisión, habría que distinguir entre grandes riesgos industriales y comerciales, y riesgos de masa. En el primer caso (grandes riesgos industriales y comerciales), la protección del consumidor no es un argumento válido. En cuanto a los riesgos de masa y el seguro de vida individual, las disposiciones que establecen exigencias en materia lingüística deberían tener en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar, habría que tomar en consideración los contratos de alcance internacional, es decir, aquellos en los que la legislación aplicable al contrato de seguro no es la del Estado miembro del compromiso o de localización del riesgo. Por ejemplo, habría que prever excepciones al principio de redacción del contrato en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro del compromiso o localización del riesgo cuando el tomador de seguro sea de origen extranjero. Cinco millones de ciudadanos de la Unión Europea viven en un país que no es el suyo. Estas personas estarían más protegidas si pudieran celebrar contratos en su lengua materna, y no en la del Estado miembro de residencia o de localización del riesgo objeto de la cobertura. En segundo lugar, habría que prever excepciones también en los casos en que, en virtud de las disposiciones del Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, «sobre la competencia judicial y la ejecución de las decisiones en materia civil y mercantil» (arts. 8-10), el litigio pueda entablarse ante un juez que no sea el del país del compromiso.

v) Códigos de conducta profesionales

Estos códigos de conducta, válidos en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, son también válidos, en principio, para las aseguradoras extranjeras, y su incumplimiento conlleva sanciones fundamentalmente de naturaleza comercial. Para justificar esta obligación, las partes signatarias alegan la protección del consumidor o la contribución a la disciplina del mercado.

Cabe recordar que los obstáculos de origen privado contemplados en los artíuclos 48, 52 y 59 del Tratado son diferentes de los contemplados en las normas de competencia previstas en el Tratado (artículo 85 y siguientes). En el primer caso (artículos 48, 52 59), se trata de una relación vertical entre el organismo privado del que emanan las medidas restrictivas y el Estado miembro: el poder público cede una parte de estas prerrogativas a una instancia privada que tiene una misión muy precisa y que está facultada para adoptar medidas vinculantes frente a los particulares. En cambio, en el segundo caso (artículo 85 siguientes), se trata de una relación horizontal entre operadores económicos: el origen de la restricción está exclusivamente en el acuerdo celebrado, de iure o de facto, entre empresas privadas. El único papel que puede desempeñar el Estado en este caso es el de tolerar o favorecer la restricción (70).

A juicio de la Comisión, hay que distinguir entre los códigos establecidos por las autoridades nacionales y los establecidos por las asociaciones profesionales. Los primeros señalados han de examinarse caso por caso para comprobar si son compatibles con los artículos 52 y 59 del Tratado CE y, en concreto, si se cumplen las condiciones previstas para invocar el interés general. Los segundos, esto es, los códigos de conducta establecidos por asociaciones profesionales deben, en principio, evaluarse a la luz de lo dispuesto en el Tratado CE en materia de competencia (artículos 85 y 86). En este caso, y sin perjuicio de un examen de las condiciones de aplicación del párrafo 3 de artículo 85, tales códigos de conducta no deberían poder imponerse a los operadores extranjeros la obligación de adherirse a ellos y/o de respetarlos, puesto que al no pertenecer a la asociación que los ha establecido no han podido opinar sobre el contenido y las modalidades de aplicación. Por otro lado, cabe que el contenido de dichos códigos deba analizarse también a la luz de los artículos 52 y 59 del Tratado.

vi) Tipos de interés técnico máximos en materia de seguro de vida

La Tercera Directiva 92/96/CEE sobre seguro de vida ha coordinado los principios actuariales que rigen el cálculo de las provisiones matemáticas.

En cuanto a la definición de los tipos de interés técnico, la Tercera Directiva establece (71), en primer lugar, que el Estado de origen puede fijar un tipo de interés técnico máximo que las empresas que están bajo su supervisión deberán aplicar para calcular las bases de las provisiones técnicas. En segundo lugar, el Estado miembro de origen puede exigir también a las empresas de seguros con domicilio social en su territorio la notificación sistemática de las bases técnicas utilizadas para calcular las tarifas y las provisiones técnicas.

La Comisión señala que, habida cuenta de las disposiciones de la Tercera Directiva y del régimen de supervisión, en virtud del cual la competencia para efectuar el control financiero corresponde exclusivamente al Estado miembro de origen de la empresa de seguros, ni las sucursales ni las aseguradoras que operen en régimen de libre prestación de servicios están sujetas a las disposiciones del Estado miembro de acogida sobre los tipos de interés técnico máximos. Puesto que el Estado miembro de acogida no es competente en materia de supervisión financiera, no puede imponer el cumplimiento de sus propios principios cautelares, ni comprobar dicho cumplimiento mediante sistemas de control material de las tarifas.

vii) Imposición de condiciones-tipo o condiciones mínimas de seguro

Los Estados miembros cuya normativa prevé la imposición de cláusulas obligatorias en los contratos de seguro lo justifican alegando, por un lado, el deseo de proteger a la parte más débil de la relación contractual y mantener el equilibrio en dicha relación imponiendo un determinado contenido a los derechos y obligaciones de las partes, y, por otro lado, la protección de los terceros víctimas de accidentes.

La Comisión considera que, de cualquier forma, la protección de la parte débil sólo debe imponerse si es objetivamente necesaria, como es el caso, por ejemplo, en los contratos de seguro en los que el tomador, por su naturaleza o tamaño, necesita especial protección para mantener el equilibrio contractual. Además, es preciso atender a la proporcionalidad de estas medidas y analizar si la inclusión en los contratos de seguro de cláusulas-tipo previstas por la normativa de un Estado miembro de acogida es una condición que, en la práctica, resulta más difícil de cumplir para las aseguradoras de otros Estado miembros que para las del Estado miembro de acogida. Este sería el caso, por ejemplo, si la empresa de seguros desistiera de abrirse un nuevo mercado ante el hecho de verse forzada a crear un producto de seguro completamente nuevo para poder comercializarlo sobre ese mercado, en vez de utilizar un producto ya empleado en su Estado miembro de origen.

En este mismo orden de cosas, la obligación de atenerse a condiciones-tipo o mínimas de seguro no debería impedir tampoco que se dé a los contratos una redacción diferente.

viii) Normas nacionales que establecen franquicias obligatorias en los contratos de seguro

Los Estados miembros en los que existen estas normas consideran que las franquicias obligatorias se han establecido en interés del consumidor, a fin de que pueda suscribir un seguro a un precio razonable, ya que, se alega, sin ese mecanismo, que obliga el asegurado a sufragar una parte del coste del siniestro, las tarifas aumentarían de forma desmesurada, pues la aseguradora tendría que intervenir en los siniestros de escaso coste económico. Asimismo, estos Estados miembros alegan que la franquicia obligatoria permite luchar contra el fraude en el sector de seguros, que, a su juicio, es frecuente en los siniestros de menor importancia. En este caso, las citadas normas obligatorias tienen por objeto proteger los resultados de la aseguradora frente a la acumulación de pequeños siniestros.

Ahora bien, en ambos argumentos se trasluce que la implantación de una franquicia obligatoria responde al deseo de disciplinar el mercado para evitar el exceso de competencia en las tarifas aplicadas por las aseguradoras. Cabe preguntarse también si el objetivo de una franquicia obligatoria no es, más bien, proteger los resultados de la aseguradora frente a la acumulación de pequeños siniestros, y no el interés del tomador del seguro o una cierta moralidad pública. Sin embargo, cabe recordar que el derecho comunitario excluye expresamente de las razones de interés general toda consideración que se base en motivos estrictamente económicos (72).

Por otro lado, al igual que ocurre con la imposición de cláusulas-tipo o condiciones mínimas en los contratos de seguro, la estricta aplicación de esas normas por los Estados miembros de acogida puede traer consecuencias restrictivas para las aseguradoras que ejercen en régimen de establecimiento o de libre prestación de servicios, pues no podrían comercializar contratos de seguro ya válidamente utilizados en su Estado miembro de origen y en los que no se prevén franquicias.

Por último, aún admitiendo que la introducción de franquicias venga motivada por la técnica de gestión elegida por la empresa de seguros, es preciso estudiar aún si la imposición de franquicias obligatorias, en virtud de normas imperativas, es conforme a los objetivos establecidos en las Terceras Directivas de seguros en relación con los contratos y las tarifas.

Las aseguradoras deben poder determinar libremente la conveniencia de introducir una franquicia en los contratos que comercializan. En la medida en que cumplan los requisitos de solvencia establecidos por su Estado miembro de origen, que les ha otorgado la autorización y a quien corresponde su supervisión financiera, deben poder decidir libremente si, en el Estado miembro de acogida, comercializan contratos de seguro con o sin franquicia, indicándolo claramente a los tomadores del seguro, y sin venir obligadas, a ese respecto, a cumplir las normas nacionales de carácter imperativo.

ix) Normas nacionales que imponen la obligación de prever un valor de rescate, y/o una participación en los beneficios, en los contratos de seguro de vida

Los Estados miembros aducen argumentos muy diversos para justificar la compatibilidad de estas normas con la noción de interés general. Algunos Estados miembros consideran que la obligación de fijar un valor de rescate en los contratos de seguro de vida va en interés del consumidor, que, de este modo, dispone de la libertad y flexibilidad necesarias en estos contratos, en general de larga duración, permitiéndoles disponer de sus ahorros. En cambio, en otros Estados miembros, movidos por el deseo de garantizar la estabilidad de la cartera de la aseguradora y fomentar el ahorra a largo plazo, la rescisión anticipada de un contrato de seguro de vida por el tomador del seguro va en detrimento el asegurado. En cuanto a las normas que establecen la obligación de prever en los contratos de seguro de vida una cláusula de participación en los beneficios a favor de los asegurados, los Estado miembros las justifican en aras de la protección de los intereses económicos de los asegurados.

Aunque debe estudiarse caso por caso la situación en cada Estado miembro, resulta oportuno recordar que la Tercera Directiva 92/96/CEE sobre seguro de vida establece entre los principios actuariales que el Estado miembro de origen impone a las empresas de seguros para la constitución de sus reservas matemáticas, disposiciones específicas para los contratos con valor de rescate garantizado y para los contratos que prevén la participación en los beneficios. Por otra parte, la Tercera Directiva 92/96/CEE contempla en su anexo II, entre la información que ha de facilitarse a los tomadores antes de celebrar el contrato y durante la duración del mismo la «indicación de los valores de rescate (. . .) y naturaleza de las garantías correspondientes» y los «métodos de cálculo y de asignación de las participaciones en los beneficios».

Cabe, pues, preguntarse si una normativa nacional del Estado miembro de acogida que imponga, con carácter general y absoluto, la obligación de prever un valor de rescate o una participación en los beneficios en los contratos de seguro de vida comercializados en su territorio es objetivamente necesaria y proporcional al objetivo de proteger los intereses económicos de los tomadores de seguro, o si, por el contrario, no cabe lograr tal objetivo por otros medios menos restrictivos: por ejemplo, con la obligación de informar al tomador con todo detalle antes de la celebración del contrato.

x) Prohibición de la técnica de aproximación al consumidor sin previo aviso cold calling

En lo que atañe a este extremo, el Tribunal ha reconocido ya (73) el derecho a prohibir esa práctica comercial en relación con otros productos financieros, tras haber examinado una disposición legislativa neerlandesa cuya finalidad es proteger la buena reputación y la fiabilidad del mercado financiero neerlandés. Además, a menudo se invoca también la protección del consumidor como argumento favorable a la prohibición de este técnica de comercialización. El razonamiento seguido por el Tribunal en el asunto neerlandés puede transplantarse también a los productos de seguro. Sin embargo, en lo que se refiere a los productos de seguro, no es conveniente intentar establecer una regla general sobre la compatibilidad de esta técnica comercial, sino evaluar cada caso por separado.

xi) Observaciones generales

La Comisión no puede sino recordar que las normas nacionales cuyo objetivo sea la protección del consumidor o que respondan a otras consideraciones de interés general aunque, en principio, se invoquen por razones de interés general -lo que, en general, es el caso-, deben cumplir siempre las condiciones establecidas por el Tribunal de Justicia. Dado que la aplicación imperativa de esas normas en el Estado miembro de acogida puede hacer que sea más difícil para las aseguradoras extranjeras, que operen mediante sucursal o en régimen de libre prestación de servicios, cubrir riesgos localizados en él, debe analizarse su legitimidad aplicando los criterios sobre el interés general. En cada caso habrá que analizar los objetivos perseguidos por las normas nacionales (protección del consumidor, protección de terceros perjudicados, voluntad de permitir la asegurabilidad del riesgo colectivizando su cobertura) y comprobar si se cumplen las condiciones que justifican el recurso a la noción de interés general, expuestas en el presente documento.

3. Las normas relativas a la legislación aplicable a los contratos de seguros y la noción de interés general

Las Directivas de seguros (74) prevén normas específicas para la determinación del derecho sustantivo aplicable a los contratos de seguro que cubran riesgos situados en el interior del Espacio Económico Europeo (75). Dichas normas, que permiten determinar el derecho sustantivo por el que se regirá el contrato, se aplican tanto a las actividades ejercidas en régimen de establecimiento como a las ejercidas el libre prestación de servicios.

Por regla general, y resumiendo, en los contratos de seguro no de vida que cubran «grandes riesgos», en el sentido de lo previsto en la letra d) del artículo 5 de la Primera Directiva 77/239/CEE sobre seguro no de vida (76), las partes pueden elegir libremente la legislación aplicable a los mismos. En lo que se refiere a los riesgos de masa y a los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la directivas sobre seguro de vida, las normas vigentes autorizan al Estado miembro en el que se sitúe el riesgo o compromiso objeto del contrato a aplicar a éste su propia legislación. En el caso de los contratos de seguro no de vida obligatorios, el Estado miembro que impone la obligación puede establecer que a dichos contratos se les aplique su legislación (77).

Las Segundas Directivas de seguros han previsto también normas específicas para determinar la legislación aplicable en los casos en que se reconoce a las partes contratantes la posibilidad de elección, pero ésta no se ha previsto explícitamente o no se desprende claramente de las cláusulas del contrato. Asimismo, dichas directivas prevén normas sobre la aplicación de las «leyes de policía» del fuero y del Estado miembro de localización del riesgo o compromiso, así como sobre las disposiciones de «orden público» (78).

Si, en virtud de las normas sobre conflicto de leyes previstas por las directivas de seguros, un Estado miembro aplicara a los contratos de seguros sus propias disposiciones sustantivas «imperativas», sus «leyes de policía» y sus «disposiciones de orden público», y ello comportara una restricción, dicha aplicación podría se analizada a la luz del interés general, que actúa de filtro de la legislación nacional y obliga a los poderes públicos de los Estados miembros a analizar la conformidad de su legislación nacional con los principios de libre circulación establecidos en el Tratado.

Toda norma nacional debe ser compatible con el Derecho comunitario, sea cual sea su ámbito de aplicación. En sentencia de 21 de marzo de 1972, el Tribunal manifestó que:

«La eficacia del Derecho comunitario no puede variar según los diferentes ámbitos del Derecho nacional en los que pueda producir efectos (79)».

La primacía del derecho comunitario se ejerce, pues, en su caso, frente a las normas nacionales de derecho privado.

De este modo, el Tribunal ha tenido que comprobar, en particular, la compatibilidad de las normas nacionales de Derecho civil (80) y de procedimiento civil (81) con el Derecho comunitario.

Así pues, tal y como ya se indicó más arriba, no basta con que el conjunto de la legislación sobre contratos de seguro del Estado miembro de acogida se declare, de entrada, imperativa para que los poderes públicos decidan que debe respetarse integramente (82), sino que es necesario que la citada legislación satisfaga los criterios sobre el interés general para que el Estado miembro de acogida pueda exigir su respeto a las aseguradoras que ejerzan su actividad mediante sucursal o en régimen de libre prestación de servicios.

Si la finalidad es proteger al consumidor, es muy probable que esas normas de derecho sustantivo superen con éxito la prueba del interés general, pues el Tribunal ha reconocido que la protección del consumidor es un objetivo de interés general que justifica la restricción de las libertades fundamentales. Ahora bien, no cabe presuponer que esto será siempre así. Como ya se señaló precedentemente, las normas nacionales adoptadas con la finalidad manifiesta de proteger al consumidor pueden ser examinadas por el Tribunal, que, en su caso, puede juzgarlas «improcedentes», si, por ejemplo, no son necesarias o resultan desproporcionadas.

En un contexto de mercado único, este razonamiento adicional es indispensable para determinar si, al no existir armonización, las medidas nacionales no se mantienen, pretextando la protección del consumidor, con el solo objeto de restringir o impedir la prestación de servicios de seguro distintos o desconocidos en el territorio nacional.

Ciertamente, si para impedir que un producto de seguro comercializado en otro Estado miembro se comercializara en su propio territorio, un Estado miembro pudiera alegar que el mencionado producto no se atiene a lo dispuesto en su propia legislación, dicho Estado miembro estaría obstaculizando la competencia entre entidades aseguradoras.

4. Cómo actuar ante normas nacionales que el Estado miembro de acogida considera de interés general

Ante una norma nacional que constituye para él una restricción, a su juicio infundada, el operador económico (empresa de seguros, mediador, tomador de seguro) debe normalmente recurrir a la vía judicial o informar a la Comisión, por ejemplo, formulando una denuncia.

En la práctica, si una aseguradora estima, por ejemplo, que la normativa de un Estado miembro en el que tiene previsto ejercer su actividad comporta restricciones (por ejemplo, prevé disposiciones imperativas que deben figurar en todo contrato y que varían o se desconocen en su Estado de origen) que no pueden ser conformes a los criterios sobre el interés general, tiene diversas posibilidades:

Como es lógico, para evitar todo posible conflicto, puede adaptar sus servicios completamente a la normativa del país de acogida.

Si, no obstante, ofrece productos de seguro que no se atienen por completo a las disposiciones imperativas del país de acogida, podrá ser denunciada por las autoridades nacionales o por uno de su clientes. La aseguradora deberá hacer valer sus razones, basadas en el derecho comunitario, si llega el caso, ante un tribunal nacional o una autoridad nacional, al objeto de que se dictamine que la norma que el Estado miembro intenta imponer a la aseguradora no se atiene a los criterios establecidos por el Tribunal. Corresponde al juez nacional determinar la validez de los argumentos de las partes, tras haber formulado ante el Tribunal de Justicia, si lo considera oportuno, una cuestión prejudicial, según lo dispuesto en el artículo 177 del Tratado.

La aseguradora puede, en todo momento, informar a la Comisión; ésta, si considera infundadas las restricciones y, por tanto, contrarias al derecho comunitario, podrá incoar un procedimiento por incumplimiento contra el Estado miembro considerado, en virtud del artículo 169. En este supuesto, corresponderá a la Comisión aportar pruebas del incumplimiento que se alega (83). En su caso, será el Tribunal de Justicia el que decida, en última instancia, si la norma nacional cumple o no los criterios sobre el interés general.

(1) DO L 228 de 11. 8. 1992, p. 1, y DO L 360 de 9. 12. 1992, p. 1, respectivamente; Directivas cuya última modificación la constituye la Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 168 de 18. 7. 1995, p. 7).

(2) En los casos en los que las Directivas sobre seguros admiten diversas interpretaciones, el presente documento recoge la que, a juicio de la Comisión, es más conforme al Tratado. A ese respecto, cabe recordar que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando un texto de Derecho derivado se presta a más de una interpretación, procede dar preferencia a aquella según la cual la disposición sea conforme al Tratado, y no a la que implique su incompatibilidad con el Tratado [véase la sentencia de 4 de diciembre de 1986 en el asunto 205/84: Comisión contra Alemania (Rec. 1986, p. 3755)].

(3) En relación con el sector bancario, la Comisión ha publicado una Comunicación interpretativa sobre la libre prestación de servicios y el interés general en la Segunda Directiva bancaria [SEC(97) 1193 final de 20 de junio de 1997].

(4) Resolución del Consejo sobre las nuevas prioridades relativas a la sociedad de la información, adoptada el 8 de octubre de 1996; Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo: «Cómo extraer del sector servicios todo su potencial de empleo»[CSE(96) 6 final de 27 de noviembre de 1996]; Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social: «La transparencia de la normativa en el mercado interior», y Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica, por tercera vez, la Directiva 83/189/CEE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas [COM(96) 392 final de 30 de agosto de 1996].

(5) Comunicación de la Comisión sobre una iniciativa europea de comercio electrónico [COM(97) 157 de 15 de abril de 1997]. A este respecto, cabe recordar también que la Comisión tiene previsto presentar en breve una propuesta de Directiva del Consejo y del Parlamento sobre los contratos negociados a distancia en el sector de los servicios financieros.

(6) A los efectos de la presente Comunicación, las expresiones «Estado miembro de prestación de servicios», «Estado miembro de localización del riesgo», «Estado miembro de origen», «Estado miembro de la sucursal», etc., se emplean con arreglo a las definiciones que figuran en las Directivas 88/357/CEE, 90/916/CEE, 92/49/CEE y 92/96/CEE del Consejo.

«Estado miembro de prestación de servicios»: el Estado miembro en el cual se encuentre localizado el riesgo -según lo dispuesto en la letra d) del artículo 2 de la Directiva 88/357/CEE- cuando sea cubierto por una empresa de seguros o una sucursal situada en otro Estado miembro, o el Estado miembro del compromiso -según lo dispuesto en la letra e) del artículo 2 de la Directiva 90/619/CEE- cuando el mismo sea contraído por una empresa de seguros o una sucursal situada en otro Estado miembro [letra e) del artículo 1 de la Directiva 92/49/CEE y letra f) del artículo 1 de la Directiva 92/96/CEE].

«Estado miembro de origen»: el Estado miembro en que esté situado el domicilio social de la empresa de seguros que cubra el riesgo o asuma el compromiso [letra c) del artículo 1 de la Directiva 92/49/CEE y letra d) del artículo 1 de la Directiva 92/96/CEE].

«Estado miembro de la sucursal»: el Estado miembro en que esté situada la sucursal que cubra el riesgo o asuma el compromiso [letra d) del artículo 1 de la Directiva 92/49/CEE y letra e) del artículo 1 de la Directiva 92/96/CEE].

«Sucursal»: cualquier agencia o sucursal de una empresa de seguros. Se asimilará a una agencia o sucursal toda presencia permanente de una empresa en el territorio de un Estado miembro, aunque esta presencia no haya tomado la forma de una sucursal o agencia, y que ejerza por medio de una simple oficina administrada por el propio personal de la empresa, o de una persona independiente pero con poderes para actuar permanentemente para la empresa como lo haría una agencia [letra b) del artículo 1 de las Directivas 92/49/CEE y, así como el artículo 3 de las Directivas 88/357/CEE y 90/619/CEE].

(7) Asunto 205/84: Comisión contra Alemania (Rec. 1986, p. 3755).

(8) Asuntos 262/82 y 26/83, Luisi y Carbone (Rec. 1984, p. 377, y asunto C-76/90, Säger (Rec. 1991, p. I-195).

(9) Asunto C-55/94, Gebhard, sentencia de 30 de noviembre de 1995 (Rec. 1995, p. I-4195).

(10) Sentencia de 4 de diciembre de 1986 citada anteriormente; sentencia de 3 de diciembre de 1974, Van Binsbergen, asunto 33/74 (Rec. p. 1299); sentencia de 3 de febrero de 1993, Veronica, asunto C-148/91 (Rec. p. I-487; sentencia de 5 de octubre de 1994, TV 10, asunto C-23/93 (Rec. 1994, I-4795).

(11) Asunto 205/84, citado anteriormente, apartado 22; asunto 33/74, Van Binsbergen (Rec. 1974, p. 1299, apartado 13).

(12) Sentencia Gebhard, citada anteriormente.

(13) Asunto 205/84, (Rec. p. 3755).

(14) Asunto 205/84 (Rec. p. 3755, apartados 21 y 22); asunto C-148/91, Veronica (Rec. 1993, p. I-487).

(15) Letra b) del artículo 1 de las Directivas 92/49/CEE y 92/96/CEE, así como el artículo 3 de las Directivas 88/357/CEE y 90/619/CEE.

(16) Véase, en particular, el asunto C-55/94, Gebhard, citado anteriormente.

(17) Asunto C-55/94, Gebhard, citado anteriormente Resulta oportuno señalar que, en sus conclusiones en el asunto 205/84: Comisión contra Alemania, el Abogado General manifestó ya que el disponer de un agente o representante (en el Estado miembro de acogida) no implica necesariamente, en sí mismo, la existencia de un establecimiento.

(18) Asunto C-55/94, Gebhard, citado anteriormente.

(19) Conviene ante todo señalar que el concepto de «mediador independiente» se refiere a estructuras (personas físicas o jurídicas) jurídicamente diferenciadas de la empresa de seguros a las que ésta recurre, sea cual sea su forma o denominación. Por consiguiente, el concepto no se utiliza en la acepción más restrictiva de la Directiva 77/92/CEE del Consejo (DO L 26 de 31. 1. 1997, p. 14), relativa a los mediadores de seguros, para distinguir los agentes de seguros (personas que actúan en nombre y por cuenta, o únicamente por cuenta, de una o varias empresas de seguros) de los corredores de seguros (personas cuya actividad profesional consiste, en particular, en poner en relación a los tomadores y a las empresas de seguros, sin estar obligadas en la elección de éstas, para la cubertura de los riesgos que se hayan de asegurar, y que preparan la celebración de los contratos de seguro y ayudan, en su caso, a su gestión y ejecución, en particular en caso de siniestro).

(20) Asunto 14/76, (Rec. p. 3755). Cabe señalar que esta sentencia, así como las citadas en las notas a pie de página, 14, 15 y 16, se dictaron en asuntos relativos a la interpretación del concepto de «sucursal», en relación con el Convenio de Bruselas sobre la competencia judicial y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

(21) Asunto 33/78 (Rec. p. 2183). Véase asimismo la sentencia de 6 de abril de 1995 en el asunto C-439/93, Lloyd's Register of Shipping contra Société Campenon Bernard (Rec. 1995, p. I-961).

(22) Asunto 139/80 (Rec. p. 819).

(23) Asunto C-89/91, (Rec. p. I-165).

(24) DO C 59 de 5. 3. 1979, p. 1.

(25) Véase, a este respecto, la definición de «sucursal» dada por la Segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo (DO L 386 de 30. 12. 1989, p. 1) en el apartado 3 de su artículo 1, y la Directiva 93/22/CEE del Consejo sobre servicios de inversión en el ámbito de los valores mobiliarios (DO L 141 de 11. 6. 1993, p. 27),. en el apartado 8 de su artículo 1.

(26) Véase el artículo 10 de la Primera Directiva 73/239/CEE, modificada por el artículo 32 de la Directiva 92/49/CEE sobre seguro no de vida, y el artículo 10 de la Primera Directiva 79/267/CEE, modificada por el artículo 32 de la Directiva 92/96/CEE sobre seguro de vida, en lo que respecta al procedimiento aplicable en caso de apertura de una sucursal.

Véase los artículos 14, 16 y 17 de la Directiva 88/357/CEE, modificados por los artículos 34, 35 y 36 de la Directiva 92/49/CEE sobre seguro no de vida, y los artículos 11, 14 y 17 de la Directiva 88/357/CEE, modificados por los artículos 34, 35 y 36 de la Directiva 92/96/CEE sobre seguro de vida, en lo que respecta al procedimiento relativo a las actividades ejercidas en régimen de libre prestación de servicios comprendidas en el ámbito de aplicación de dichas Directivas.

(27) Artículo 41 de la Tercera Directiva 92/49/CEE sobre seguro no de vida y de la Tercera Directiva 92/96/CEE sobre seguro de vida.

(28) Se entiende por publicidad «toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones» [Directiva 84/450/CEE del Consejo, sobre publicidad engañosa (DO L 250 de 19. 9. 1983, p. 17)].

(29) El análisis de la Comisión está, lógicamente, sujeto a variaciones en función de la evolución de la jurisprudencia del Tribunal en la materia.

(30) Sentencia de 25 de julio de 1991, asunto C-76/90, Säger, Rec. 1991, p. I-4221.

(31) Sentencia de 30 de noviembre de 1995, asunto C-55/94, Gebhard, antes citada.

(32) Véase, por ejemplo, la sentencia de 12 de abril de 1994, asunto C-1/93, Halliburton, Rec. p. I-1137, o la sentencia de 13 de julio de 1993, asunto C-330/91, Commerzbank, Rec. p. I-4017.

(33) Asunto C-340/89, Vlassopoulou, sentencia de 7 de mayo de 1991, Rec. p. I-2357. Véase también la sentencia de 7 de mayo de 1992, Colegio Oficial, asunto C-104/91, Rec. p. I-3003.

(34) Asunto C-19/92, Kraus, sentencia de 31 de marzo de 1993, Rec. p. I-1663; véase el considerando 2.

(35) Asunto C-55/94, Gebhard, citado anteriormente; sentencia 15 de diciembre de 1995, asunto C-415/93, Bosman, Rec. 1995, p. I-4921.

(36) Asunto C-55/94, citado anteriormente.

(37) Resulta oportuno indicar que la sentencia dictada en el asunto Gebhard se refiere a un ámbito (acceso a la actividad profesional de abogado) en el que la armonización de las condiciones de acceso y de ejercico son muy limitadas, si se compara con el ejercicio de la actividad de seguro. En este último sector, las citadas condiciones han sido objeto de una gran armonización, por lo que la posibilidad de recurrir a normas de interés general son mucho menores.

En cambio, por lo que se refiere a la legislación aplicable al contrato de seguros, ámbito no armonizado por el derecho derivado comunitario, los Estados miembros disponen de un margen discrecional mucho mayor. Es en este ámbito en el que cabe aplicar los criterios sobre el interés general.

(38) Sentencia de 15 de diciembre de 1995, asunto C-415/93, Bosman, REc. 1995, p. I-4921.

(39) Sentencia de 15 de mayo de 1997, asunto C-250/95, Futura, aún sin publicar.

(40) Cabe recordar al respecto que, cuando la técnica del seguro de enfermedad es análoga a la del seguro de vida, el apartado 2 del artículo 54, de la Tercera Directiva 92/49/CEE fija ya las condiciones que pueden exigirse a las aseguradoras que desarrollen esa actividad.

En lo que atañe al seguro obligatorio de accidentes laborales, los Estados miembros afectados pueden exigir a las empresas de seguros el cumplimiento de las cumplimiento de las disposiciones específicas previstas por su legislación nacional en relación con ese seguro, salvo en lo concerniente a las disposiciones sobre control financiero, que que son siempre de la exlusiva competencia del Estado miembro de origen (artículo 55 de la Directiva 92/49/CEE).

(41) Cabe precisar que la aplicación del principio de autorización única y control por el país de origen no afecta a la aplicación de otros ámbitos del ordenamiento jurídico nacional del Estado miembro de acogida, como, por ejemplo, las legislaciones en materia fiscal, de seguridad social o laboral, en virtud de las cuales puede darse un tratamiento diferenciado a las empresas comunitarias, según la modalidad escogida para ejercer sus actividades, esto es, si se trata de una libre prestación de servicios o de una sucursal. De cualquier modo, la comptibilidad de esas disposiciones con el derecho comunitario se apreciará siempre con arreglo a los criterios jurisprudenciales establecidos en relación con el interés general, es decir, ninguna discriminación ni duplicación, necesidad, proporcionalidad, etc.

(42) Cabe recordar que la idea de aplicación del principio de reconocimiento mutuo de manera uniforme para las sucursales y los proveedores de servicios no supone una innovación introducida por las Terceras Directivas de seguros, sino que figura también en las demás directivas sobre los servicios financieros: Segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo (DO L 386 de 30. 12. 1989, cua última modificación la constituye la Directiva 92/30/CEE (DO L 110 de 28. 4. 1992, p. 52), Directiva 93/22/CEE del Consejo sobre los servicios de inversión en valores mobiliarios (DO L 141 de 11. 6. 1993, p. 27).

(43) Véase, en particular, la sentencia de 11 de abril de 1973, Michel, asunto 76/72, Rec. p. 457; asunto C-238/4, García, Rec. 1996, p. I-1673.

(44) Véase, en última instancia, la sentencia de 4 de mayo de 1993, asunto C017/92, Federación de Distribuidores Cinematográficos, Rec. p. I-2239.

(45) Asunto 352/85, Rec. 1988, p. 2085; asunto C-17/92, Rec. 1993, p. I-2239; asunto C-483/93, Svenssonn, Rec. 1995, p. I-3955.

(46) A la lista deben añadirse, con mayor motivo, las disposiciones del artículo 56, a saber, el orden público, la seguridad pública y la sanidad pública.

(47) Ssentencia de 18 de enero de 1979, Van Wesemael, asunto 110/78 y 111/78, Rec. p. 35.

(48) Sentencia de 17 de diciembre de 1981, Webb, ya citada.

(49) Sentencia de 28 de marzo de 1996, asunto C-272/94, Guiot, Rec. 1996, p. I-1905.

(50) Sentencia de 4 de diciembre de 1986, Comisión contra Alemania, ya citada.

(51) Sentencia de 10 de mayo de 1995, Alpine Investments BV, asunto C-384/93, ya citada.

(52) Asunto C-275/92, Schindler, Rec. p. I-1039.

(53) Ibid.

(54) Asunto 62/79, Coditel, Rec. p. 881.

(55) Asunto C-180/89, Comisión contra Italia, Rec. 1991, p. 709.

(56) Sentencias de 25 de julio de 1991, Collectieve Antennevoorziening Gouda (asunto C-288/89, Rec. p. I-4007) y Comisión contra Países Bajos (asunto C 353/89, Rec. p. I-4069); sentencia de 3 de febrero de 1993, Veronica Omroep Organisatie (asunto C-148/91, Rec. p. I-487).

(57) Asunto C-204/90, Bachmann, Rec. p. 249.

(58) Asunto C-55/93, Johannis Gerrit, Rec. 1994 p. I-4837.

(59) Sentencia de 12 de diciembre de 1996, asunto C-3/95, Reisebüro Broede, aún sin publicar.

(60) Ibid.

(61) Véase en relación con la libre circulación de mercancías, las sentencias de 6 de mayo de 1986, en el asunto 304/84, Muller, Rec. 1986, p. 1511, considerando 25, y de 14 de julio de 1994, asunto C-17/93, Van der Veldt, Rec. 1994, p. I-3537.

(62) Sentencia de 25 de julio de 1991, Säger, ya citada. Véase también la sentencia de 26 de febrero de 1991, Comisión contra Grecia, asunto C-198/89 Rec. p. I-735.

(63) Sentencia de 4 de diciembre de 1986, Comisión contra Alemania, ya citada. Véase también la sentencia de 17 de diciembre de 1981, Webb, asunto 279/80, Rec. p. 3305.

(64) Apartado 3 del artículo 6 y artículos 29 y 39 de la Directiva 92/49/CEE y apartado 3 del artículo 5 y artículos 29 y 39 de la Directiva 92/96/CEE.

(65) Apartado 2 del artículo 30 de la Directiva 92/49/CEE.

(66) Apartado 1 del artículo 54 de la Directiva 92/49/CEE.

(67) Este misma conclusión es válida, mutatis mutandis, en lo que respecta a las operaciones contempladas en el apartado 2 del artículo 1 de la Primera Directiva 79/267/CEE sobre seguro de vida y enumeradas en los puntos V (operaciones tontinas) y VII (gestión de fondos colectivos de jubilación) del anexo de esas misma Directiva.

(68) Apartado 3 de artículo 6 y artículos 29 y 39 de la Directiva 92/49/CEE y apartado 3 del artículo 5 y artículos 29 y 39 de la Directiva 92/96/CEE.

(69) Véase el apartado 2 de la Comunicación COM(93) 456 final de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 10 de noviembre de 1993, sobre el empleo de las lenguas para la información de los consumidores en la Comunidad.

(70) Véase el asunto 229/83, Centres distributeurs E. Leclerc, Rec. 1985, p. 1; asunto 83/231, H. Cullet, Rec. 1985, p. 305; asunto 209 a 213/84, Asjes, Rec. 1986, p. 1425. Sentencia de 17 de junio de 1997, asunto C-70/95, Sodemare, aún sin publicar.

(71) Véase la letra B del apartado 1 del artículo 17 de la Primera Directiva 79/267/CEE, modificada por el artículo 18 de la Terzera Directiva 92/96/CEE.

(72) Véase la nota a pie de página 46.

(73) Asunto C-384/93, Alpine Investments bv contra Minister van Financiën, Rec. 1995, p. I-1141.

(74) Véase: Seguro no de vida: artículos 7 y 8 de la Segunda Directiva 88/357/CEE, modificada por la Tercera Directiva 92/49/CEE.

Seguro de vida: artículo 4 de la Segunda Directiva 90/619/CEE.

(75) Cabe señalar que el Convenio de Roma sobre la legislación aplicable a las obligaciones contractuales (DO L 226 de 9. 10. 1980, p. 1) excluye de su ámbito de aplicación los contratos de seguro que cubran riesgos situados en el territorio de los Estados miembros (apartado 3 del artículo 1.3).

(76) Letra d) del artículo 5 de la Directiva 73/239/CEE, introducido por la Directiva 88/357/CEE, modificada a este respecto por la Directiva 90/618/CEE (DO L 330 de 29. 11. 1990, p. 44).

(77) Apartado 4 del artículo 8 de la Segunda Directiva 88/357/CEE.

(78) Seguro no de vida: letra h) del apartado 1 del artículo 7 de la Segunda Directiva 88/357/CEE.

(79) Sentencia de 21 de marzo de 1972, SAIL, asunto 82/71, Rec. 1972, p. 119. Véase, asimismo, la sentencia Hubbard, de 1 de julio de 1993, asunto C-20/92, Rec. 1993, p. I-3777.

(80) Sentencias de 30 de marzo de 1993, Konstantinidis, asunto C-168/91, Rec. 1993, p. I-1191; sentencia de 24 de enero de 1991 Alsthom Atlantique, asunto C-339/89, Rec. 1991, p. I-107; sentencia de 13 de octubre de 1993, Motorradcenter, asunto C-93/92, Rec. 1993, p. I-5009.

(81) Véanse las sentencias de 10 de febrero de 1994, Mund & Fester, asunto C-398/92, Rec. 1994, p. I-467; de 26 de septiembre de 1996, Data Delecta, asunto C-43/95, Rec. 1996, p. I-4661; de 1 de febrero de 1996, Perfili, asunto C-177/94, Rec. 1996, p. I-161. Véase, asimismo, la sentencia Hubbard (nota a pie de página 65).

(82) Véase la letra b) del punto 2.

(83) Sentencia de 17 de noviembre de 1992, Comisión contra Países Bajos, asunto C-157/91, Rec. 1992, p. I-5899.

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