Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**Asunto T‑252/04**

**Caviar Anzali SAS**

**contra**

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa ASETRA — Marca nacional e internacional figurativa anterior CAVIAR ASTARA — Motivos de denegación relativos — Riesgo de confusión — Desestimación de la oposición por no presentación de los documentos en los plazos señalados — Pruebas aportadas por primera vez ante la Sala de Recurso — Admisibilidad — Amplitud del examen efectuado por las Salas de Recurso — Artículos 62 y 74 del Reglamento (CE) nº 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 11 de julio de 2006

Sumario de la sentencia

1.     *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 62, ap. 1, y 74, ap. 2]*

2.     *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 62, ap. 1, y 74, aps. 1 y 2]*

1.     De la continuidad funcional entre las distintas instancias de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos
y Modelos) se desprende que, en el marco del reexamen que las Salas de Recurso deben hacer de las resoluciones adoptadas en
primera instancia por las unidades de la Oficina, aquéllas están obligadas a basar su resolución en todos los elementos de
hecho y de Derecho que las partes hayan alegado, bien en el procedimiento ante la unidad que haya resuelto en primera instancia,
bien en el procedimiento de recurso.

Por lo tanto, con la única salvedad del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, las
Salas de Recurso pueden estimar el recurso basándose en hechos nuevos invocados por la parte que lo haya interpuesto o incluso
en pruebas nuevas aportadas por ésta. El control que ejercen las Salas de Recurso no se limita al control de la legalidad
de la resolución impugnada, sino que, en virtud del efecto devolutivo del procedimiento de recurso, implica una nueva apreciación
del litigio en su conjunto, debiendo las Salas de Recurso reexaminar íntegramente la demanda inicial y tener en cuenta las
pruebas aportadas en el momento oportuno.

En relación con el procedimiento *inter partes,* la consecuencia de la continuidad funcional que existe entre los diferentes órganos de la Oficina no consiste en que una
parte que no haya presentado determinados elementos de hecho o de Derecho ante la unidad que resuelve en primera instancia
dentro de los plazos establecidos no esté legitimada, en virtud del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, para
invocar tales elementos ante la Sala de Recurso. Por el contrario, la consecuencia de la continuidad funcional consiste en
que tal parte está legitimada para invocar estos elementos ante la Sala de Recurso.

(véanse los apartados 31 a 33)

2.     La regla enunciada en el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, según la cual la Oficina
de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) procederá al examen de oficio de los hechos, establece dos
limitaciones. Por un lado, en el marco de procedimientos sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará
a los hechos relacionados con los motivos y las solicitudes presentadas por las partes. Por otro, el apartado 2 de dicho artículo
confiere a la Oficina, de modo facultativo, la potestad de no tener en cuenta las pruebas que las partes no hayan aportado
«en el momento oportuno».

Pues bien, de la continuidad funcional que caracteriza a la relación entre las instancias de la Oficina resulta que el concepto
de «momento oportuno» debe interpretarse, en el marco de un procedimiento de recurso ante una Sala de Recurso, en el sentido
de que se refiere al plazo establecido para la interposición del recurso, así como a los plazos señalados durante el procedimiento
de que se trate. Puesto que este concepto se aplica en el marco de cada uno de los procedimientos pendientes ante la Oficina,
el transcurso de los plazos para aportar las pruebas señalados por la unidad que resuelve en primera instancia carece de relevancia
para determinar si éstas se han aportado «en el momento oportuno» ante la Sala de Recurso. La Sala de Recurso tiene, de este
modo, la obligación de tomar en consideración las pruebas presentadas ante ella, con independencia de que hayan sido aportadas
o no ante la División de Oposición.

(véanse los apartados 34 y 35)

  
   
   

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 11 de julio de 2006 ([\*](#Footnote*))

«Marca comunitaria − Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria figurativa ASETRA − Marca nacional e internacional figurativa anterior CAVIAR ASTARA − Motivos
de denegación relativos – Riesgo de confusión – Desestimación de la oposición por no presentación de documentos en los plazos señalados − Pruebas aportadas por primera vez
ante la Sala de Recurso − Admisibilidad − Amplitud del examen efectuado por las Salas de Recurso − Artículos 62 y 74 del Reglamento
(CE) nº 40/94»

En el asunto T‑252/04,

**Caviar Anzali SAS,** con domicilio social en Colombes (Francia), representada por Me J.-F. Jésus, abogado,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI),** representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI fue:

**Novomarket, S.A.,** con domicilio social en Madrid,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 19 de abril de
2004 (asunto R 479/2003-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Caviar Anzali SAS y Novomarket, S.A.,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA   
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, y el Sr. R. García-Valdecasas y la Sra. I. Labucka, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de junio de 2004;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de septiembre
de 2004;

celebrada la vista el 8 de noviembre de 2005;

dicta la siguiente

**Sentencia**

**Marco jurídico**

1       Los artículos 59, 62, apartado 1, y 74 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, disponen:

*«Artículo 59*

Plazo y forma

El recurso [ante la Sala de Recurso] deberá interponerse por escrito ante la Oficina [de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos)] en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Sólo se considerará
interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso. Deberá presentarse un escrito en el que se expongan
los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución.

[...]

*Artículo 62*

Resolución sobre el recurso

1.      Examinado el fondo del recurso, la sala de recurso fallará sobre el recurso. Podrá, o bien ejercer las competencias de la
instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento.

[...]

*Artículo 74*

Examen de oficio de los hechos

1.      En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre
motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por
las partes.

2.      La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado
dentro de plazo [“en temps utile” en la versión francesa, es decir, “en el momento oportuno”].»

**Antecedentes del litigio**

2       El 18 de abril de 2001, Novomarket S.A., (en lo sucesivo, «la otra parte en el procedimiento ante la OAMI») presentó una solicitud
de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo
al Reglamento nº 40/94.

3       La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo ASETRA, que se reproduce a continuación:

4       Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 29 («caviar, pescado
y pescado en conserva, huevas de pescado y marisco en conserva; marisco en conserva»), 31 («huevas de pescado y marisco»)
y 35 («servicios de información y asesoramiento en relación con la venta al detall; importación y exportación; gestión de
negocios comerciales») del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos
y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada.

5       El 6 de mayo de 2002, Caviar Anzali SAS formuló oposición contra el registro de la marca comunitaria solicitada. La oposición
se dirigía únicamente contra una parte de los productos contemplados en la solicitud de marca comunitaria, a saber, los siguientes
productos:

–       «caviar, pescado y pescado en conserva, huevas de pescado y marisco en conserva; marisco en conserva», pertenecientes a la
clase 29;

–       «huevas de pescado y marisco», pertenecientes a la clase 31.

6       El motivo invocado para fundamentar la oposición era el riesgo de confusión, contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento nº 40/94, entre la marca solicitada y una marca anterior de la que es titular la demandante. La marca anterior
en cuestión, que fue objeto de registro en Francia con el número 92 432 018, constando como fecha de inscripción el 28 de
agosto de 1992, para el caviar (clase 29) y de registro internacional con el número 597 147, constando como fecha de inscripción
el 18 de febrero de 1993, para ese mismo producto, es la marca figurativa CAVIAR ASTARA, que se reproduce a continuación:

7       El escrito de oposición estaba redactado en francés y contenía, como prueba del registro de las marcas anteriores, una copia
del certificado de registro de 19 de noviembre de 2001 del Institut national de la propriété industrielle, organismo francés
competente para el registro de las marcas, y un extracto del registro internacional de las marcas, de 14 de noviembre de 2001,
expedido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), igualmente en lengua francesa.

8       El 18 de junio de 2002, la División de Oposición de la OAMI solicitó a la demandante que determinase, entre el inglés y el
español, la lengua que deseaba adoptar como lengua de procedimiento y le informó de que cualquier comunicación futura debía
presentarse en la lengua de procedimiento o acompañada de una traducción. En respuesta, la demandante dirigió, el 1 de julio
de 2002, un escrito de oposición redactado en inglés.

9       El 14 de octubre de 2002, la División de Oposición informó a la demandante de que disponía de un plazo que expiraba el 15
de febrero de 2003 para completar los hechos, pruebas u observaciones presentados en apoyo de su oposición. El escrito indicaba
lo siguiente:

«De no presentar ustedes hechos, pruebas o alegaciones dentro del plazo señalado, la [OAMI] dictará una resolución sobre la
oposición basándose en las pruebas de que dispone. Si dentro del plazo antes indicado no se presentan pruebas del derecho
o derechos anteriores que sirven de fundamento a la oposición o de la concurrencia de los requisitos esenciales para la aplicación
de los motivos invocados, la oposición será desestimada sin examinar el fondo del asunto.

[…]

Rogamos tomen nota de que todos los documentos deberán presentarse en la lengua de procedimiento o ir acompañados de una traducción.
La [OAMI] no tomará en consideración los documentos que no se hayan traducido a la lengua de procedimiento [...].

Se exigirá igualmente la traducción de todos los documentos o certificados ya incluidos en el expediente que no estén en la
lengua de procedimiento [...]. Tal traducción deberá presentarse en forma de documento separado, que reproduzca fielmente
la forma y el contenido del documento original. Deberá contener todos los detalles esenciales indicados en la nota explicativa
adjunta.

[...]

En su defecto, la [OAMI] no tomará en consideración los documentos no traducidos y resolverá sobre la oposición como si tales
documentos no se hubiesen presentado.»

10     El escrito de 14 de octubre de 2002 adjuntaba una nota explicativa sobre las pruebas que debían aportarse en apoyo de la oposición,
que contenía la siguiente precisión:

«Traducciones: cuando sea necesario traducir los certificados de registro (o documentos equivalentes) a la lengua de procedimiento,
la parte que formula oposición deberá traducir todos los documentos relacionados en el epígrafe [«Elementos que deben probarse»]
correspondiente al artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, incluyendo su denominación estándar, ya que es necesario
para que pueda identificarse de forma clara e inequívoca la información relativa a cada uno de ellos. Únicamente podrá omitirse
la traducción de las indicaciones administrativas que carezcan de relevancia a efectos de la oposición.»

11     La demandante no aportó ni hechos, ni pruebas, ni observaciones adicionales dentro del plazo señalado, que expiraba el 15
de febrero de 2003 (véase el apartado 9 de la presente sentencia).

12     El 10 de abril de 2003, la División de Oposición transmitió a la demandante las observaciones de la otra parte en el procedimiento
ante la OAMI, indicando:

«Rogamos tomen nota de que no pueden ya presentarse nuevas observaciones. La [OAMI] les informa de que dictará una resolución
desestimando la oposición por infundada siempre que las pruebas de los derechos anteriores no hayan sido presentadas dentro
del plazo señalado por la [OAMI]. En caso de desacuerdo con dicha conclusión, podrán interponer recurso una vez dictada la
resolución (artículo 57, apartado 2, del Reglamento nº 40/94).»

13     El 14 de abril de 2003, en respuesta al escrito de la OAMI, la demandante presentó las traducciones, al inglés, de los certificados
de registro anteriormente presentados en francés.

14     El 11 de junio de 2003, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición. Consideró que la demandante no había presentado
los documentos necesarios para justificar los derechos anteriores invocados en apoyo de la oposición. No tomó en consideración
las traducciones remitidas el 14 de abril de 2003, debido a que habían sido presentadas después de expirar el plazo señalado
para probar el fundamento de la oposición. Señaló que la demandante había elegido el inglés como lengua de procedimiento,
que sabía que debía presentar una traducción de los documentos, conforme a lo dispuesto en la regla 17, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94
(DO L 303, p. 1), y que se le había señalado un plazo para presentar los hechos, pruebas, observaciones y traducciones, conforme
a lo dispuesto en la regla 20, apartado 3, en la regla 16, apartado 3, y en la regla 17, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95.

15     El 5 de agosto de 2003, la demandante interpuso recurso contra la resolución de la División de Oposición. En apoyo del escrito
en el que exponía los motivos de su recurso, adjuntó de nuevo los certificados de registro acompañados de una traducción al
inglés.

16     El 19 de abril de 2004, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso interpuesto por la demandante, adoptando
la resolución R 479/2003-2 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). La Sala de Recurso consideró que la División de Oposición
podía, conforme a Derecho, desestimar la oposición sin entrar en el fondo del asunto, puesto que la demandante no había aportado
la traducción de los certificados de registro en el plazo que se le había señalado. Declaró que la demandante había sido debidamente
informada por la División de Oposición de los requisitos relativos a las traducciones y de la eventual sanción en caso de
incumplimiento de éstos, pero que ni había presentado tales traducciones en el plazo señalado ni había solicitado que se le
concediese un plazo adicional. Por último, la Sala de Recurso declaró inadmisibles las traducciones de los certificados de
registro que se habían adjuntado al escrito en el que se exponían los motivos del recurso, por haber sido presentadas después
de expirar el plazo señalado por la División de Oposición en virtud de la regla 17, apartado 2, y de la regla 20, apartado
2, del Reglamento nº 2868/95.

**Pretensiones de las partes**

17     La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

–       Anule la resolución impugnada.

–       Condene en costas a la OAMI.

18     La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

–       Desestime el recurso.

–       Condene en costas a la demandante.

–       Condene a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso al pago de las costas de la demandante en caso de anularse
la resolución impugnada.

**Fundamentos de Derecho**

19     La demandante formula fundamentalmente tres motivos de anulación en apoyo de su recurso. El primero se basa en la infracción
de las disposiciones de los Reglamentos nos 40/94 y 2868/95, relativas al efecto devolutivo del recurso ante la Sala de Recurso. El segundo se basa en la violación del
principio general de igualdad de trato. En el marco del tercer motivo, la demandante invoca la violación del principio de
buena administración y la inobservancia del «espíritu» de los Reglamentos nos 40/94 y 2868/95.

*Alegaciones de las partes*

20     En el marco de su primer motivo, la demandante estima que la resolución impugnada infringe las disposiciones relativas a la
competencia de la Sala de Recurso. Invoca el decimosegundo considerando y los artículos 57, apartado 1, y 74, apartado 2,
del Reglamento nº 40/94, así como la regla 49, apartado 2, y la regla 50, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95. De tales
disposiciones se desprende, según ella, que la Sala de Recurso desempeña una función decisoria completa y autónoma frente
a la División de Oposición. Su control no es un mero control de la legalidad de la resolución que se impugna, sino, en virtud
del efecto devolutivo del procedimiento de apelación, una nueva apreciación del litigio, por lo que la Sala de Recurso debe
reexaminar íntegramente la demanda inicial y tener en cuenta las pruebas presentadas en el momento oportuno.

21     Según la demandante, la Sala de Recurso está obligada, en virtud de la regla 49, apartado 2, y de la regla 50, apartado 1,
del Reglamento nº 2868/95, a notificar al demandante todas las irregularidades relacionadas con la transmisión de un documento
o la aportación de traducciones. Pues bien, señala que, en el caso de autos, la Sala de Recurso, que había recibido por segunda
vez las traducciones cuando se adjuntaron al escrito en el que se exponían los motivos del recurso, no le señaló ninguna dificultad.
La demandante estima que si no pudiese resolverse de nuevo sobre la demanda y los documentos, ello permitiría a la División
de Oposición adoptar una postura perjudicial para la parte que formula oposición, a la que informaría de la posibilidad de
recurrir a sabiendas de que dicho recurso ante la Sala de Recurso estaría condenado al fracaso. Al no invitar a la demandante
a subsanar la irregularidad comprobada, la Sala de Recurso la privó del ejercicio efectivo de un recurso.

22     La OAMI considera que la Sala de Recurso no cometió ningún error de Derecho al rechazar las traducciones que se le presentaron.

23     La OAMI aduce que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI – LHS (UK) (KLEENCARE)
(T‑308/01, Rec. p. II‑3253) no puede interpretarse en el sentido de que autorice a una parte a presentar hechos y pruebas
en apoyo de la oposición por primera o, en su caso, por segunda vez ante la Sala de Recurso, cuando esa parte no respetó el
plazo que se le había señalado para presentar tales hechos y pruebas ante la División de Oposición.

24     La OAMI estima que los plazos fijados en virtud de las reglas 16, 17, 20 y 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95 son plazos
perentorios. Según ella, cuando, como en el caso de autos, el incumplimiento de tal plazo se sanciona con la pérdida de un
derecho, debido a su carácter perentorio, no puede hacer uso de la facultad discrecional que el artículo 74, apartado 2, del
Reglamento nº 40/94 le concede para aceptar o rechazar pruebas que no hayan sido presentadas dentro de plazo. Sostiene que
dicho análisis se consagra en el propio texto del artículo 74, apartado 2, antes citado, que, según ella, únicamente es aplicable
cuando las pruebas no se hayan presentado «en el momento oportuno» y no cuando se hayan presentado «fuera de plazo».

25     La OAMI considera que la interposición de un recurso ante las Salas de Recurso no puede tener como efecto la reapertura de
los plazos concedidos por la División de Oposición. Afirma que dicha solución implicaría una prolongación de los procedimientos
que vulneraría el principio de seguridad jurídica, del que forma parte, según ella, la conclusión de los procedimientos dentro
de un plazo razonable. Según la OAMI, la interposición de un recurso no puede tener un efecto retroactivo que permita eliminar
las consecuencias del incumplimiento de un plazo originalmente establecido en primera instancia. De lo contrario, se privaría
de efecto a las disposiciones relativas a los plazos. Esta interpretación es conforme, según ella, a la jurisprudencia sentada
por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI – Educational Services
(ELS) (T‑388/00, Rec. p. II‑4301, apartado 29).

26     La OAMI justifica asimismo la inadmisibilidad de las traducciones por la necesidad de observar los principios de respeto del
derecho de defensa del solicitante y de igualdad de armas entre las partes. Estima, por una parte, que el derecho de defensa
del solicitante del registro exige que desde el inicio del procedimiento de oposición se le dé la oportunidad de asegurarse
de la existencia y del alcance exacto de la protección del derecho anterior invocado en apoyo de la oposición, circunstancia
que, según ella, no se dio en el caso de autos. Por otra parte, considera que se violaría el principio de igualdad de armas
entre las partes si, una vez desestimada la oposición, la parte que formula oposición pudiese subsanar *a posteriori* la falta de transmisión de documentos. Afirma que la parte que formula oposición no puede justificar su negligencia por la
necesidad de que se respete su derecho a ser oída. En efecto, según la OAMI, dicho derecho se agota con la expiración de los
plazos fijados por ella, salvo circunstancias extraordinarias, como la imposibilidad material de presentar un hecho o una
prueba durante el plazo fijado o la revelación de nuevos hechos y pruebas durante el procedimiento.

27     Según la OAMI, el hecho de que exista una continuidad funcional entre la División de Oposición y las Salas de Recurso no permite
limitar el derecho de defensa de la otra parte en el procedimiento ante la OAMI. Al contrario, según ella, la continuidad
funcional exige que se adopten normas de procedimiento idénticas en relación con los plazos, lo que implica que las consecuencias
jurídicas del incumplimiento de un plazo subsisten ante la Sala de Recurso.

28     La OAMI niega que la regla 49, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95 obligue a la Sala de Recurso a notificar a la demandante
la irregularidad relativa a las traducciones. Según ella, se desprende de la jurisprudencia sentada por la sentencia del Tribunal
de Primera Instancia de 13 de junio de 2002, Chef Revival USA/OAMI − Massagué Marín (Chef) (T‑232/00, Rec. p. II‑2749), que
la obligación de notificar las irregularidades de un escrito de oposición únicamente se refiere a las irregularidades que
afectan a la admisibilidad del recurso, con exclusión de las relativas al fondo del asunto. La OAMI señala que las Divisiones
de Oposición y las Salas de Recurso no están obligadas a informar a la parte que formula oposición de una irregularidad relativa
a la prueba del derecho anterior o a su traducción, que son requisitos de fondo de la oposición.

*Apreciación del Tribunal de Primera Instancia*

29     El artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 establece que la Sala de Recurso podrá, o bien ejercer las competencias
de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento.
Se desprende de dicha disposición y del sistema del Reglamento nº 40/94 que la Sala de Recurso dispone de las mismas competencias
para resolver sobre un recurso que la instancia que adoptó la resolución impugnada y que su examen se extiende a la totalidad
del litigio, tal como se presenta el día en que ella se pronuncia.

30     Resulta asimismo de dicho artículo y de una jurisprudencia reiterada que existe una continuidad funcional entre las distintas
unidades de la OAMI, a saber, el examinador, la División de Oposición, la División de Administración de Marcas y de Cuestiones
Jurídicas y las Divisiones de Anulación, por una parte, y las Salas de Recurso, por otra (véase la sentencia KLEENCARE, antes
citada, apartado 25, y la jurisprudencia citada).

31     De esta continuidad funcional entre las distintas instancias de la OAMI se desprende que, en el marco del reexamen que las
Salas de Recurso deben hacer de las resoluciones adoptadas en primera instancia por las unidades de la OAMI, aquéllas están
obligadas a basar su resolución en todos los elementos de hecho y de Derecho que las partes hayan alegado, bien en el procedimiento
ante la unidad que haya resuelto en primera instancia, bien en el procedimiento de recurso [sentencias del Tribunal de Primera
Instancia KLEENCARE, antes citada, apartado 32; de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI – Dann y Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec.
p. II‑287, apartado 18, y de 9 de noviembre de 2005, Focus Magazin Verlag/OAMI – ECI Telecom (Hi‑FOCuS), T‑275/03, Rec. p. II‑0000,
apartado 37].

32     Por lo tanto, con la única salvedad del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, las Salas de Recurso pueden estimar
el recurso basándose en hechos nuevos invocados por la parte que lo haya interpuesto o incluso en pruebas nuevas aportadas
por ésta [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2003, Audi/OAMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167,
apartado 81, y KLEENCARE, antes citada, apartado 26]. El control que ejerce las Salas de Recurso no se limita al control de
la legalidad de la resolución impugnada, sino que, en virtud del efecto devolutivo del procedimiento de recurso, implica una
nueva apreciación del litigio en su conjunto, debiendo las Salas de Recurso reexaminar íntegramente la demanda inicial y tener
en cuenta las pruebas aportadas en el momento oportuno.

33     Contrariamente a lo que sostiene la OAMI en relación con el procedimiento *inter partes,* la consecuencia de la continuidad funcional que existe entre los diferentes órganos de la OAMI no consiste en que una parte
que no haya presentado determinados elementos de hecho o de Derecho ante la unidad que resuelve en primera instancia dentro
de los plazos establecidos no esté legitimada, en virtud del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, para invocar
tales elementos ante la Sala de Recurso. Por el contrario, la consecuencia de la continuidad funcional consiste en que tal
parte está legitimada para invocar estos elementos ante la Sala de Recurso (sentencia del Tribunal de Primera Instancia Hi-FOCuS,
antes citada, apartado 37). La tesis de la OAMI equivaldría a negar la competencia general de la Sala de Recurso para pronunciarse
sobre el litigio.

34     La regla enunciada en el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, según la cual la OAMI procederá al examen de oficio
de los hechos, establece dos limitaciones. Por un lado, en el marco de procedimientos sobre motivos de denegación relativos
de registro, el examen se limitará a los hechos relacionados con los motivos y las solicitudes presentadas por las partes.
Por otro, el apartado 2 de dicho artículo confiere a la OAMI, de modo facultativo, la potestad de no tener en cuenta las pruebas
que las partes no hayan aportado «en el momento oportuno».

35     Pues bien, de la continuidad funcional que caracteriza a la relación entre las instancias de la OAMI resulta que el concepto
de «momento oportuno» debe interpretarse, en el marco de un procedimiento de recurso ante una Sala de Recurso, en el sentido
de que se refiere al plazo establecido para la interposición del recurso, así como a los plazos señalados durante el procedimiento
de que se trate. Puesto que este concepto se aplica en el marco de cada uno de los procedimientos pendientes ante la OAMI,
el transcurso de los plazos para aportar las pruebas señalados por la unidad que resuelve en primera instancia carece de relevancia
para determinar si éstas se han aportado «en el momento oportuno» ante la Sala de Recurso. La Sala de Recurso tiene, de este
modo, la obligación de tomar en consideración las pruebas presentadas ante ella, con independencia de que hayan sido aportadas
o no ante la División de Oposición.

36     No puede aceptarse la tesis de la OAMI según la cual el concepto de «fuera del momento oportuno» no coincide con el de «fuera
de plazo» y la existencia de un plazo señalado por la División de Oposición en virtud de la regla 22, apartado 1, del Reglamento
nº 2868/95 impide la aplicación del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, oponiéndose a la facultad discrecional
que dicha disposición confiere a la OAMI. En efecto, en primer lugar, se desprende de la jurisprudencia que el artículo 74,
apartado 2, del Reglamento nº 40/94 confiere a la OAMI una facultad de apreciación respecto a la consideración de los elementos
presentados tras la finalización de un plazo [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI
(HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, apartado 57]. En segundo lugar, la tesis de la OAMI equivaldría a conceder primacía
a una interpretación de una regla del reglamento de ejecución que es contraria a los claros términos del reglamento general.

37     En el caso de autos, no se discute que, si bien la demandante presentó la traducción a la lengua de procedimiento de los certificados
de registro invocados después de expirar el plazo que le había señalado la División de Oposición, aportó no obstante dichos
documentos como anexo a su escrito en el que exponía los motivos del recurso ante la Sala de Recurso.

38     Por lo tanto, dado que la demandante aportó los documentos controvertidos, como anexo de su escrito ante la Sala de Recurso,
dentro del plazo de cuatro meses establecido en el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, su presentación no puede considerarse
tardía con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Así pues, la Sala de Recurso no podía negarse a tomarlos
en consideración (véase, en este sentido, la sentencia Hi-FOCuS, antes citada, apartado 38).

39     En tales circunstancias, carece de pertinencia la referencia efectuada por la OAMI a la sentencia Chef, antes citada, en la
que no se trataba de pruebas aportadas ante la Sala de Recurso, sino de la cuestión de si la División de Oposición estaba
obligada a señalar al oponente la irregularidad consistente en la no presentación, dentro del plazo concedido a tal fin, de
la traducción del certificado de registro de la marca nacional anterior. Además, en aquel asunto, puesto que el oponente tampoco
presentó la traducción una vez expirado el plazo, el Tribunal de Primera Instancia no estimó necesario pronunciarse sobre
la cuestión de si los hechos o las pruebas aportados después de la expiración de un plazo establecido por la OAMI pueden o
no ser tenidos en cuenta por ésta a los efectos del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, y en qué medida (sentencias,
antes citadas, Chef, apartados 63 a 65, e Hi-FOCuS, apartado 39).

40     No procede tampoco considerar a estos efectos la alusión de la OAMI a la sentencia ELS, antes citada, relativa a la aportación
de pruebas del uso de la marca anterior antes de la expiración del plazo establecido por la OAMI ante la División de Oposición,
puesto que si las pruebas se presentan ante la Sala de Recurso dentro de plazo, ésta está obligada a considerarlas al examinar
el recurso (sentencias, antes citadas, KLEENCARE, apartado 32, e Hi-FOCuS, apartado 40).

41     Contrariamente a lo que afirma la OAMI, la admisión de pruebas nuevas ante la Sala de Recurso no constituye en absoluto una
vulneración del derecho de defensa del solicitante de registro cuando éste puede cerciorarse de la existencia y el alcance
exacto de la protección del derecho anterior que se invoca en apoyo de la oposición. Si tales documentos únicamente son objeto
de los debates en la fase del procedimiento de recurso, no se lesiona el derecho de defensa del solicitante de registro siempre
que éste pueda impugnar la existencia o el alcance de los derechos anteriores ante la Sala de Recurso, con arreglo al artículo
61, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

42     En el caso de autos, en su escrito de 4 de octubre de 2002 presentado ante la División de Oposición, la otra parte en el procedimiento
ante la OAMI presentó sus aclaraciones en cuanto al fondo del litigio antes incluso de que esta última solicitase a la demandante
que aportase las pruebas de la oposición en la lengua de procedimiento y no se quejó de la falta de comprensión de los certificados
redactados en francés y presentados por la demandante. En vista de lo anterior, la OAMI no puede afirmar que la otra parte
en el procedimiento ante la OAMI no estaba en condiciones de cerciorarse de la existencia y el alcance exacto de la protección
de los derechos anteriores invocados en apoyo de la oposición. Procede concluir que, en el presente litigio, la admisibilidad
de las traducciones, en la fase del procedimiento de recurso, no lesionó el derecho de defensa de la otra parte en el procedimiento
ante la OAMI ni atentó contra el principio de igualdad de armas entre las partes.

43     Por otro lado, no puede acogerse la alegación de la OAMI según la cual el procedimiento de registro de las marcas comunitarias
sufriría una prolongación considerable si las partes aún pudiesen presentar hechos o pruebas por primera vez ante la Sala
de Recurso. Al contrario, el hecho de haber rechazado la traducción adicional presentada ante la Sala de Recurso tuvo como
consecuencia la prolongación de dicho procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia Hi-FOCuS, antes citada, apartado 42).

44     De ello se deduce que al no tomar en consideración los documentos que la demandante presentó ante ella dentro del plazo establecido
en el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso incumplió las obligaciones que le incumben a efectos del examen
del riesgo de confusión en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento e infringió el artículo 74 de
dicho Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia Hi-FOCuS, antes citada, apartado 43).

45     Procede, no obstante, examinar las conclusiones que deben sacarse de este error de Derecho. En efecto, según una jurisprudencia
consolidada, una irregularidad de procedimiento sólo supone la anulación en su totalidad o en parte de una decisión si se
prueba que sin esa irregularidad la decisión impugnada habría podido tener un contenido diverso (sentencias del Tribunal de
Justicia de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros/Comisión, 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartado 47, y
de 23 de abril de 1986, Bernardi/Parlamento, 150/84, Rec. p. 1375, apartado 28; sentencias del Tribunal de Primera Instancia
de 6 de julio de 2000, Volkswagen/Comisión, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, apartado 283, y de 5 de abril de 2006, Degussa/Comisión,
T‑279/02, Rec. p. II‑0000, apartado 416). Asimismo, se desprende del apartado 2 del artículo 63, en relación con el apartado
3 de ese mismo artículo del Reglamento nº 40/94, que tanto la anulación como la modificación de una resolución de las Salas
de Recurso sólo son posibles si la resolución adolece de ilegalidad de fondo o de forma [sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, apartado 46].

46     En el caso de autos, no puede excluirse que las pruebas que la Sala de Recurso se negó indebidamente a tomar en consideración
pudiesen modificar el contenido de la resolución impugnada y no corresponde al Tribunal de Primera Instancia sustituir a la
OAMI a la hora de apreciar los elementos del litigio.

47     Procede, por tanto, anular la resolución impugnada, sin que sea necesario pronunciarse sobre los demás motivos.

**Costas**

48     A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados
por la OAMI, procede condenarla al pago de las costas, conforme a lo solicitado por la demandante.

49     Debe desestimarse la solicitud de la OAMI de que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, Novomarket,
sea condenada al pago de las costas de la demandante en caso de anulación de la resolución impugnada. En efecto, el Reglamento
de Procedimiento no prevé la posibilidad de condenar al pago de las costas de la instancia a una parte que no haya intervenido
ante el Tribunal de Primera Instancia, como es el caso de Novomarket en el presente asunto.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

decide:

1)      **Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI) de 19 de abril de 2004 (asunto R 479/2003-2).**

2)      **Condenar en costas a la OAMI.**

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| Cooke | García-Valdecasas | Labucka |

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de julio de 2006.

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| El Secretario |  | El Presidente |

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| E. Coulon |  | R. García-Valdecasas |

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[\*](#Footref*) Lengua de procedimiento: francés.

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