Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 16.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 214/133 |

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P9\_TA(2023)0018

Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude: informe anual 2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2023, sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude — Informe anual de 2021 (2022/2152(INI))

(2023/C 214/13)

El Parlamento Europeo,

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| — | Vistos el artículo 310, apartado 6, y el artículo 325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), |

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| — | Visto el informe de la Comisión, de 23 de septiembre de 2022, titulado «33.o Informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y la lucha contra el fraude (2021)» (COM(2022)0482) (en lo sucesivo, «Informe PIF»), |

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| — | Visto el Informe de 2021 de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Informe anual 2021 del Comité de Vigilancia de la OLAF, |

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| — | Vistos los dictámenes n.o 1/2021 del Comité de Vigilancia de la OLAF, de 4 de febrero de 2021, titulado «OLAF’s recommendations not followed by the relevant authorities» (Recomendaciones de la OLAF no seguidas por las autoridades competentes), n.o 2/2021 de 31 de mayo de 2021 sobre los «Working arrangements between OLAF and EPPO» (Acuerdos de trabajo entre la OLAF y la Fiscalía Europea), n.o 4/2021 de 18 de octubre de 2021 titulado «OLAF’s Preliminary Draft Budget for 2022» (Anteproyecto de presupuesto de la OLAF para 2022), y n.o 5/2021 de 17 de diciembre de 2021 titulado «Analysis of OLAF’s investigations lasting more than 36 months in 2019» (Análisis de las investigaciones de la OLAF que duraron más de 36 meses en 2019), |

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| — | Visto el Informe anual 2021 de la Fiscalía Europea publicado en marzo de 2022, |

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| — | Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2022, sobre las sospechas de corrupción en relación con Qatar y la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones europeas [(1)](#ntr1-C_2023214ES.01013301-E0001), |

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| — | Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2223, de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude [(2)](#ntr2-C_2023214ES.01013301-E0002) (Reglamento de la OLAF), |

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| — | Vista la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión [(3)](#ntr3-C_2023214ES.01013301-E0003), |

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| — | Visto el informe de la Comisión, de septiembre de 2021, titulado «VAT Gap Report 2021» (Informe sobre la brecha del IVA 2021), |

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| — | Vista la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal [(4)](#ntr4-C_2023214ES.01013301-E0004)(en lo sucesivo, «Directiva PIF»), |

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| — | Visto el informe de la Comisión, de 6 de septiembre de 2021, sobre la aplicación de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (COM(2021)0536), |

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| — | Visto el Reglamento (UE) 2017/1939, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea [(5)](#ntr5-C_2023214ES.01013301-E0005), |

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| — | Vista la Decisión (UE) 2019/1798 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, por la que se nombra a la Fiscal General Europea de la Fiscalía Europea [(6)](#ntr6-C_2023214ES.01013301-E0006), |

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| — | Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 16 de febrero de 2022, en los asuntos C-156/21 y C-157/21, y las conclusiones del TJUE según las cuales el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho está en consonancia con el Derecho de la Unión, lo que confirma la idoneidad de la base jurídica y la compatibilidad del régimen general de condicionalidad con el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el principio de seguridad jurídica, |

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| — | Vista la propuesta de la Comisión, de 18 de septiembre de 2022, de Decisión de Ejecución del Consejo sobre medidas para la protección del presupuesto de la Unión contra la vulneración de los principios del Estado de Derecho en Hungría (COM(2022)0485), |

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| — | Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión [(7)](#ntr7-C_2023214ES.01013301-E0007) (en lo sucesivo, «Reglamento relativo a la condicionalidad»), |

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| — | Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de marzo de 2022, titulada «Orientaciones para la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión» [(8)](#ntr8-C_2023214ES.01013301-E0008), |

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| — | Vista la Comunicación de la Comisión de 29 de abril de 2019 titulada «Estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión: medidas reforzadas para proteger el presupuesto de la UE» (COM(2019)0196), |

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| — | Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de diciembre de 2020, relativa al examen de la Unión Europea en el marco del mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) (COM(2020)0793), |

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| — | Visto el Reglamento (UE) 2021/785 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece el Programa de la Unión de Lucha contra el Fraude y se deroga el Reglamento (UE) n.o 250/2014 [(9)](#ntr9-C_2023214ES.01013301-E0009), |

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| — | Vista su Recomendación, de 17 de febrero de 2022, al Consejo y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la corrupción y los derechos humanos [(10)](#ntr10-C_2023214ES.01013301-E0010), |

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| — | Vista la Comunicación de la Comisión de 14 de abril de 2021 sobre la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025 (COM(2021)0170), |

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| — | Vista la sentencia del Tribunal General, de 1 de septiembre de 2021, en el asunto T-517/19, Homoki / Comisión Europea [(11)](#ntr11-C_2023214ES.01013301-E0011), |

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| — | Vista su Resolución, de 10 de junio de 2021, sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea y la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a la condicionalidad [(12)](#ntr12-C_2023214ES.01013301-E0012), |

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| — | Vista su Resolución, de 7 de julio de 2022, sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude: Informe anual de 2020 [(13)](#ntr13-C_2023214ES.01013301-E0013), |

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| — | Visto el artículo 54 de su Reglamento interno, |

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| — | Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0299/2022), |

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| A. | Considerando que las autoridades de los Estados miembros gestionan más del 85 % del gasto de la Unión, incluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y recaudan los recursos propios tradicionales (RPT) de la Unión, mientras que la Comisión supervisa estas dos áreas, establece normas, verifica el cumplimiento e informa al Parlamento y al Consejo de las medidas adoptadas para combatir el fraude y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión, con arreglo al artículo 325, apartado 5, del TFUE; |

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| B. | Considerando que la eficiencia del gasto público y la protección de los intereses financieros de la Unión deben ser elementos esenciales de la política de la Unión para aumentar la confianza de los ciudadanos garantizando que el dinero de los contribuyentes se gasta de forma adecuada y eficaz; |

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| C. | Considerando que la confianza en la integridad del Parlamento y en el Estado de Derecho es fundamental para el funcionamiento de la democracia europea; que es fundamental garantizar que los procesos democráticos no sean presa de intereses privados y externos y que se respeten plenamente los derechos de los ciudadanos; |

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| D. | Considerando que el Informe anual PIF se basa en la información facilitada por los Estados miembros, incluidos los datos sobre irregularidades y fraudes detectados, que se somete a análisis para identificar los ámbitos de mayor riesgo, y que describe las contramedidas adoptadas y hace posible implementar acciones más específicas tanto a escala nacional como de la Unión; |

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| E. | Considerando que, desde el 1 de enero de 2021, se aplica un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, que es ejecutable a partir de esa fecha; que, por lo tanto, desde esa fecha están sujetas a dicho régimen todas las vulneraciones en un Estado miembro de los principios del Estado de Derecho, como el fraude, que afecten o amenacen con afectar gravemente la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y los intereses financieros de la Unión de un modo suficientemente directo; |

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| F. | Considerando que el Reglamento relativo a la condicionalidad permite a la Unión adoptar medidas —por ejemplo, la suspensión de los pagos o la aplicación de correcciones financieras— para proteger el presupuesto del fraude y proteger el Estado de Derecho; |

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| G. | Considerando que el TJUE desestimó las pretensiones de dos Estados miembros al dictaminar que el Reglamento relativo a la condicionalidad está comprendido entre las competencias conferidas por las normas financieras para la ejecución del presupuesto de la Unión; |

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| H. | Considerando que la Comisión debe aplicar los mismos criterios, basados en el respeto del Estado de Derecho, con respecto a los fondos proporcionados a países no pertenecientes a la UE en el marco del presupuesto de la Unión, y adoptar una postura firme para detener cualquier transacción financiera en curso con dichos países en los casos en que estos últimos ejerzan una influencia indebida en las instituciones o los legisladores de la Unión; |

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| I. | Considerando que en 2021 la Unión completó la adopción de los programas de gasto de 2021-2027, incluido el Programa de la Unión de lucha contra el fraude, que promueve la lucha contra el fraude mediante la concesión de subvenciones para iniciativas específicas y el fomento de la financiación de plataformas y herramientas informáticas específicas para facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros y la Unión; |

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| J. | Considerando el importante papel que desempeñan los Estados miembros en la protección de los intereses financieros de la Unión; que, en lo que respecta al despliegue sin precedentes de fondos en el marco del MRR, también comparten la responsabilidad de regular y aplicar los planes nacionales de recuperación y resiliencia (PNRR); que el papel de las autoridades nacionales en lo que atañe a garantizar un nivel adecuado de protección de los intereses financieros de la Unión ha se ha acrecentado significativamente como consecuencia de ello; |

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| K. | Considerando que la aplicación del MRR aumentará la presión sobre las administraciones europeas y nacionales en los próximos años, y que coincide con los programas de gasto 2021-2027; que los Estados miembros tendrán que dominar diferentes modos de gestión vinculados a la ejecución de los distintos fondos y la Comisión tendrá que mejorar sus capacidades de control, dado que actualmente solo es capaz de controlar una fracción de los gastos; |

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| L. | Considerando que la Comisión se ha esforzado para apoyar a las autoridades nacionales en la formulación y la evaluación de PNRR, prestando especial atención a las disposiciones relativas a las medidas para proteger los recursos del MRR contra el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación; |

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| M. | Considerando que el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [(14)](#ntr14-C_2023214ES.01013301-E0014) (el Reglamento del MRR) contiene disposiciones relativas a la protección de los intereses financieros de la UE, y el Reglamento del MRR garantiza que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y la Fiscalía Europea puedan ejercer sus mandatos, y que las autoridades nacionales adopten medidas efectivas contra el fraude teniendo en cuenta cualquier riesgo identificado; |

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| N. | Considerando que la diversidad de los sistemas jurídicos y administrativos de los Estados miembros constituye una desventaja y es necesario hacerle frente adecuadamente para poder crear sistemas administrativos y de notificación más unificados, interoperables y comparables en la Unión con vistas a prevenir eficazmente las irregularidades y subsanarlas y a combatir el fraude y la corrupción; |

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| O. | Considerando que las deficiencias en la validez y comparabilidad de los datos y las tecnologías de notificación, debida entre otras cosas a los distintos niveles de digitalización en los Estados miembros, siguen mermando seriamente la calidad y fiabilidad de la información disponible; |

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| P. | Considerando que el empleo de la herramienta Arachne es voluntario y que, si bien ya se utiliza ampliamente en la política de cohesión y se está introduciendo para el gasto agrícola, hacerlo obligatorio —como ha solicitado reiteradamente el Parlamento— supondría un gran paso adelante, según la Comisión; |

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| Q. | Considerando que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) constituye una importante fuente de ingresos para los presupuestos nacionales y que los recursos propios basados en el IVA representan en torno al 10 % de los ingresos por recursos propios (12,3 % de los ingresos totales del presupuesto de la Unión en 2020 y 11 % en 2019); |

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| R. | Considerando que el plan de acción de la Comisión para una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación (COM(2020)0312) contribuye a la estrategia de la Unión de simplificar y adaptar la fiscalidad a la digitalización de la economía y la transición ecológica e identifica la lucha contra el fraude del IVA como una prioridad; |

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| S. | Considerando que el 1 de junio de 2021 la Fiscalía Europea inició por fin sus actividades operativas como pilar último de la arquitectura de la lucha contra el fraude diseñada por la Unión para reforzar la protección de sus intereses financieros; que se espera que aumente la carga de trabajo de la Fiscalía Europea; |

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| T. | Considerando que la Fiscalía Europea, a pesar de disponer de unos recursos mínimos y de sufrir una extrema presión de tiempo, ya ha demostrado sus capacidades y su rentabilidad; que el presupuesto de la Fiscalía Europea para 2021 fue inferior a 45 000 000 EUR, mientras que los jueces de la Fiscalía Europea ordenaron la incautación de más de 250 000 000 EUR en el primer año de funcionamiento de la organización, lo que demuestra que la Fiscalía Europea puede ofrecer un rendimiento masivo e inmediato de la inversión; |

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| U. | Considerando que el conocimiento que tiene la Comisión del alcance, la naturaleza y las causas del fraude es en cierta medida limitado, y que muchos fraudes potenciales no se denuncian a través del sistema de gestión de irregularidades; que la corrupción socava la confianza de los ciudadanos en la Unión y perjudica a los intereses financieros de la Unión y al conjunto de su economía, además de constituir una grave amenaza para la democracia y el Estado de Derecho en la Unión; |

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| V. | Considerando que, de conformidad con el artículo 83 del TFUE, la corrupción se encuentra entre los delitos especialmente graves que poseen una dimensión transfronteriza y afectan en diversos grados a todos los Estados miembros; que las organizaciones delictivas son especialmente activas en la interceptación de fondos europeos y pueden aprovechar la heterogeneidad de los sistemas jurídicos y administrativos de los Estados miembros para penetrar en su tejido económico, financiero, empresarial, social y político, perjudicando así la libertad económica y la libre competencia; |

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| W. | Considerando que el incremento sin precedentes del gasto de la Unión en el marco financiero plurianual 2021-2027 y el marco del plan de recuperación NextGenerationEU (NGEU) plantea riesgos considerables, incluido el potencial de uso indebido de fondos por parte de delincuentes organizados; |

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| X. | Considerando que la colaboración con los socios internacionales resulta fundamental para proteger los fondos de la Unión gastados fuera de Europa y el apartado de ingresos del presupuesto de la Unión; que la OLAF firmó acuerdos de colaboración administrativa con dos autoridades internacionales socias en 2021, a saber, la Fiscalía General de Ucrania y la Organización Mundial de Aduanas (OMA); que la OLAF organizó, en 2021, eventos en línea para establecer nuevos contactos operativos con autoridades de investigación de terceros países y para fomentar la notificación de fraudes e irregularidades a través de las delegaciones de la Unión en todo el mundo; |

1.

Acoge favorablemente el 33.o Informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la UE y la lucha contra el fraude de 2021;

2.

Es consciente de que 2021 fue un año difícil en el que el impacto de la pandemia de la COVID-19 impuso la adaptación de las estrategias de control y la concesión de prioridad a la prevención mediante medidas de mitigación concretas y acciones específicas para detectar irregularidades y fraudes;

3.

Recuerda que el 19 de febrero de 2021 entró en vigor el MRR, que constituye el pilar principal del NGEU, financiado mediante préstamos de la Comisión obtenidos en los mercados de capitales, y que tiene por finalidad financiar reformas e inversiones en los Estados miembros con carácter retroactivo desde el inicio de la pandemia en febrero de 2020;

4.

Subraya que, en 2021, diversas operaciones pudieron optar a la financiación de la UE con arreglo al MFP 2014-2020 (que concluirá en 2024), y al MFP de 2021-2027, así como en el marco del paquete de medidas de recuperación NGEU;

5.

Destaca que el nuevo MFP de 2021-2027, cuyos últimos programas se adoptaron en 2021, junto con el plan de recuperación NGEU, proporciona a la UE 1,8 billones de euros, lo que representa un volumen de recursos sin precedentes; destaca que el Parlamento (a efectos de garantizar la aprobación de la gestión), la OLAF, el TCE, la propia Comisión y, en su caso, la Fiscalía Europea pueden acceder a los datos pertinentes y verificar el uso de los fondos para complementar y reforzar las medidas de auditoría establecidas en los reglamentos en vigor;

6.

Señala que el Parlamento y su Comisión de Control Presupuestario deben desempeñar un papel importante en la gobernanza del MRR, también a través de diálogos periódicos y estructurados en los que se invite a la Comisión a debatir la aplicación del MRR, y que la Comisión debe tener en cuenta los puntos de vista que de ello se deriven;

7.

Incide en que también es necesario y cabe prever un nivel de atención y control igualmente elevado para garantizar que estos fondos puedan contribuir de la mejor manera posible a la consecución de los objetivos comunes de la Unión; recuerda la mayor presión ejercida sobre las autoridades encargadas de la gestión de los fondos de la Unión, el aumento del volumen de recursos desplegados y los mayores riesgos relacionados con su gestión (tras la introducción, en el contexto de la pandemia, de procedimientos simplificados y urgentes, que son propensos a la comisión de abusos);

8.

Considera que la mejora de la transparencia, la digitalización de la lucha contra el fraude y el refuerzo y desarrollo continuos de la evaluación y la gestión del riesgo de fraude deben procurarse en paralelo a una ejecución cabal de la arquitectura de la Unión para la lucha contra el fraude;

9.

Pide un aumento de los niveles de digitalización, interoperabilidad de los sistemas de datos y armonización de la presentación de informes, el seguimiento y la auditoría en la Unión y, a tal fin, reitera su llamamiento a la Comisión para que armonice las definiciones con el fin de obtener datos comparables en toda la Unión;

10.

Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre asistencia administrativa mutua en aquellos ámbitos del gasto de los fondos de la Unión que hasta ahora no contemplan esta práctica; anima a la Comisión a desarrollar un sistema de intercambio de información entre las autoridades competentes que haga posible el control cruzado de los registros contables relativos a las transacciones entre dos o más Estados miembros, con el fin de evitar fraudes transnacionales en el ámbito de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), de manera que se garantice la adopción de un enfoque transversal respecto a la protección de los intereses financieros de la Unión;

11.

Expresa su preocupación ante la publicación bastante tardía del Informe PIF, ya que no se publica hasta septiembre del año n+1; entiende que la principal razón de ello es que los Estados miembros envían su información con bastante retraso; pide a la Comisión que sea más proactiva a la hora de solicitar que los Estados miembros envíen su información en fecha más temprana, de modo que pueda adelantar la publicación de su informe anual, lo que permitiría una pronta aprobación de la Resolución del Parlamento, idealmente a lo largo del año n+1;

12.

Opina que, sobre todo a la luz de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la OLAF, del MRR y del Reglamento relativo a la condicionalidad, así como del inicio de las actividades operativas de la Fiscalía Europea, que completa la arquitectura antifraude de la Unión, es preciso dotar al Informe PIF anual de un carácter más holístico, a fin de ofrecer una visión de conjunto completa de las sinergias entre todos los actores pertinentes, identificar la mejor práctica y subsanar las deficiencias; reitera, por tanto, su llamamiento a la Comisión para que explore nuevas vías para lograr dicho objetivo;

Irregularidades fraudulentas y no fraudulentas detectadas

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|  | 13. | Observa que el número de casos de fraude e irregularidades denunciado por las autoridades competentes nacionales y de la UE - 11 218 en total– se mantuvo estable en 2021 en relación con 2020 (cuando se produjeron 11 755 casos en total); señala que el importe de estas irregularidades aumentó significativamente, hasta duplicarse con creces (+121 %), pasando de 1 460 000 000 EUR en 2020 a 3 240 000 000 EUR en 2021, debido a un número reducido de casos de gran envergadura en algunos Estados miembros; expresa su profunda preocupación ante el aumento de la magnitud del fraude y las irregularidades; |

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|  | 14. | Reconoce que el número de irregularidades detectadas que se denuncian como fraudulentas indica el nivel de detección y de la capacidad de interceptar posibles fraudes por parte de los Estados miembros y los organismos de la Unión, y no constituye un indicador directo del nivel de fraude que afecta al presupuesto de la Unión o a un Estado miembro específico; entiende que la detección y la notificación de una irregularidad implica que se han tomado medidas correctoras para proteger los intereses financieros de la Unión y que, cuando procede, se ha iniciado un procedimiento penal; |

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|  | 15. | Observa con preocupación que la gran mayoría de las irregularidades denunciadas (fraudulentas y no fraudulentas) se detectan durante los controles ex post, que esto da lugar a un importante desfase temporal entre el momento en que se cometen las irregularidades y aquel en el que se denuncian a la Comisión, y que el promedio de este desfase oscila entre dos años y medio y tres años; manifiesta asimismo su preocupación por el hecho de que algunos Estados miembros no notifiquen ninguna irregularidad, lo que podría indicar que los esfuerzos de detección son insuficientes; |

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|  | 16. | Es consciente de que gran parte de los gastos de la Unión siguen ciclos plurianuales, y que su ejecución aumenta progresivamente hacia el cierre de los programas, de modo que los niveles máximos en la denuncia de irregularidades suelen aparecer en los años n+2 o n+3 posteriores al último año del ciclo; señala, por tanto, que una comparación interanual de la denuncia de irregularidades no proporciona un análisis fiable de la situación en tiempo real, mientras que una perspectiva plurianual puede mitigar las distorsiones; acoge favorablemente el enfoque adoptado para atenuar este efecto, con arreglo al cual, los resultados del ejercicio declarado se comparan con el promedio quinquenal de los RPT y con la media del período de programación correspondiente para el gasto, con la excepción del gasto anual en ayuda directa a los agricultores y el sostenimiento de mercados; subraya, sin embargo, que las diferencias en el marco regulador que rige los distintos períodos de programación pueden dar lugar a que la comparación resulte estéril y anule los esfuerzos de análisis; |

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|  | 17. | Pide a la Comisión que se centre cada vez más en los problemas más graves, como las manipulaciones intencionadas en los criterios de licitación para favorecer las candidaturas de determinados licitadores, la corrupción en relación con la selección de licitadores y los conflictos de intereses en general, en lugar de en pequeños errores formales; |

Principales amenazas

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|  | 18. | Manifiesta su preocupación ante la creciente amenaza que supone para el presupuesto de la Unión la delincuencia organizada, incluidas las organizaciones de tipo mafioso y las estructuras oligárquicas; es consciente de que grupos delictivos organizados intentan infiltrarse en la economía legal y cometen irregularidades administrativas con métodos delictivos que son más perniciosos y más difíciles de investigar y remediar; señala que sus modi operandi incluyen cada vez más el recurso a intermediarios altamente cualificados que pueden llevar a cabo fraudes a los fondos de la Unión extremadamente refinados y difíciles de detectar, haciendo desaparecer el dinero a través de arquitecturas financieras complejas, en ocasiones con la ayuda de paraísos fiscales, lo que dificulta especialmente el rastreo y la recuperación de los fondos; |

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|  | 19. | Reitera su preocupación ante el hecho de que la prevalencia de grupos oligárquicos haya alcanzado en los últimos años unas proporciones hasta ahora desconocidas y porque los sistemas oligárquicos llevan con frecuencia aparejados la corrupción generalizada, el estricto control de los medios de comunicación y la capacidad de influir en el poder judicial y la fiscalía a fin de ocultar sus actividades delictivas y evitar las acciones judiciales; |

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|  | 20. | Recuerda que el fraude que afecta a los fondos europeos presenta cada vez más dimensiones transnacionales, que las organizaciones delictivas aprovechan la heterogeneidad de los sistemas jurídicos para perpetrar actividades fraudulentas contra los intereses financieros de los Estados miembros, y que la Unión, dentro de los límites establecidos por el TFUE, tiene la obligación de intervenir en las políticas de lucha contra la corrupción y de contrarrestar la corrupción con medidas para combatirla y prevenirla; pide por tanto a la Comisión que haga todo lo posible para armonizar las legislaciones penales de los Estados miembros; |

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|  | 21. | Recuerda que la falta de legislación y medidas eficaces para combatir la delincuencia organizada en muchos Estados miembros permite que exista un terreno fértil para el creciente número de actividades transfronterizas en ámbitos que afectan a los intereses financieros de la Unión; reitera, por tanto, sus anteriores llamamientos en favor de la revisión de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada [(15)](#ntr15-C_2023214ES.01013301-E0015), así como su posición acerca de la necesidad de establecer una nueva definición común de delincuencia organizada que tenga en cuenta la evolución más reciente y tome en consideración el uso de la violencia, la corrupción o la intimidación por parte de grupos delictivos para adquirir el control de actividades económicas o de procedimientos de contratación pública o para influir en procesos democráticos; pide a la Comisión que promueva las buenas prácticas de los países de la Unión que cuentan con un marco regulador avanzado para la lucha contra la delincuencia organizada; |

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|  | 22. | Subraya que la cooperación oportuna entre las autoridades policiales nacionales, así como entre dichas autoridades y los órganos y organismos de la Unión pertinentes, representa un componente esencial de una respuesta eficaz a la delincuencia transnacional para proteger los intereses financieros de la Unión; aboga, como parte de esta cooperación y respuesta, por avanzar en las políticas comunes de lucha contra la delincuencia mafiosa y seguir el ejemplo de los países más diligentes y más experimentados en este ámbito; |

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|  | 23. | Subraya que la corrupción, sobre todo la corrupción de alto nivel, también en las instituciones de la Unión, es un delito especialmente grave con potencial de extenderse a través de las fronteras, cuyo impacto afecta a los intereses financieros y a la economía de la Unión en su conjunto, representa una grave amenaza para la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en toda Europa y socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas en la Unión y en los Estados miembros; |

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|  | 24. | Manifiesta su consternación por el hecho de que al menos dos países no pertenecientes a la UE hayan podido cometer actos de corrupción de alto nivel y ejercer una influencia indebida en los diputados al Parlamento Europeo, lo que dio lugar a investigaciones penales por parte de las autoridades belgas en diciembre de 2022; destaca que estas transacciones amenazan el principio de representación democrática de los ciudadanos en la toma de decisiones de la Unión y socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión; pide, a este respecto, que la Comisión presente lo antes posible un proyecto de acuerdo interinstitucional para la creación de un órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética con la independencia necesaria y el derecho a llevar a cabo sus propias investigaciones, tal como solicitó el Parlamento desde septiembre de 2021, con el fin de superar las deficiencias del sistema actual; |

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|  | 25. | Considera que es necesaria una revisión del Estatuto de los funcionarios, y en particular de su artículo 22 quater, para adaptarlo a la Directiva (UE) 2019/1937 sobre la protección de los denunciantes de irregularidades [(16)](#ntr16-C_2023214ES.01013301-E0016) (en lo sucesivo, «Directiva sobre la protección de denunciantes»); pide a la Mesa que, entretanto, revise inmediatamente las normas internas de aplicación del artículo 22 quater, del Estatuto de los funcionarios para adaptarlas a las protecciones previstas en la Directiva sobre la protección de denunciantes; |

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|  | 26. | Pide a la Comisión que elabore un informe anual sobre la corrupción, en el mismo espíritu que el informe ya existente sobre el fraude, con el fin de proporcionar un análisis en profundidad de los enfoques, procedimientos e instrumentos utilizados por los Estados miembros en su lucha contra la corrupción y de ayudar a evaluar los ámbitos más amenazados, haciendo posible de este modo implementar medidas más específicas tanto a escala nacional como de la Unión; |

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|  | 27. | Pone de relieve el papel de la Fiscalía Europea, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), Europol y la OLAF en la lucha contra la corrupción; pide que se refuercen aún más las capacidades de la Fiscalía Europea y la OLAF, así como la cooperación entre ambos organismos; pide normas comunes de lucha contra la corrupción aplicables a los diputados al Parlamento y al personal de los órganos de la Unión; |

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|  | 28. | Destaca el hecho de que, para luchar eficazmente contra la corrupción y proteger los intereses financieros de la Unión, la Comisión y las demás instituciones y organismos de la Unión deben adoptar un enfoque coherente con respecto a la transparencia, las incompatibilidades, los grupos de presión ilegales, las situaciones de puertas giratorias y los conflictos de intereses, reforzando también al mismo tiempo los mecanismos de control interno; pide a las instituciones de la Unión que adopten urgentemente medidas para introducir períodos mínimos de incompatibilidad para los altos cargos de la Unión y los exdiputados al Parlamento, con el fin de evitar el fenómeno de las «puertas giratorias»; |

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|  | 29. | Recuerda que el debilitamiento de la independencia de las instituciones responsables de supervisar y controlar las finanzas en determinados Estados miembros perjudica gravemente los intereses financieros de la Unión y representa una amenaza para el Estado de Derecho; |

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|  | 30. | Cree que un nivel de protección mejorado y coherente para periodistas y denunciantes en toda la Unión contribuye a que se detecte la corrupción y a que se contrarreste la propagación de una subcultura de impunidad, silencio y conspiración, y que deben hacerse más esfuerzos en esta dirección; subraya el importante papel que desempeñan los medios de comunicación y los periodistas de investigación en la lucha contra la corrupción; |

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|  | 31. | Opina que las empresas offshore y las organizaciones que incluyan empresas y organizaciones offshore en sus estructuras de propiedad deben quedar excluidas del uso de los fondos de la Unión; |

Ingresos

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|  | 32. | Observa que, en 2021, por lo que se refiere a los RPT y en comparación con el promedio quinquenal, el número de irregularidades se mantuvo estable, si bien los importes afectados aumentaron en un 32 % en el caso de las irregularidades fraudulentas y en un 13 % en el de las no fraudulentas; |

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|  | 33. | Señala que las inspecciones realizadas por los servicios de lucha contra el fraude y los controles posteriores al levante fueron las herramientas de detección más eficaces en el caso de las irregularidades fraudulentas y no fraudulentas, respectivamente, y que los modi operandi más frecuentes consistieron en la infravaloración, el origen incorrecto, la descripción errónea de las mercancías y el contrabando; |

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|  | 34. | Señala que China sigue siendo el país de origen de la mayoría de los productos afectados por las irregularidades; destaca que varios de los casos investigados en los que estaban implicados productos procedentes de China son emblemáticos de los retos que plantea la iniciativa china de la Franja y la Ruta; considera con preocupación la reaparición de casos de absorción y elusión de medidas de defensa comercial y la dificultad de detectarlos; pide a la Comisión que adopte contramedidas y las aplique intensivamente para hacer frente al comercio desleal; |

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|  | 35. | Pide a la Unión y a los Estados miembros que unan sus fuerzas para hacer frente al fraude del operador desaparecido al IVA intracomunitario, que supone, según Europol, un coste anual de 50 000 000 000 EUR en pérdidas fiscales, esto es, hasta el 27 % del presupuesto anual de la Unión; opina que esta medida incrementaría significativamente los recursos disponibles para las políticas de la Unión y reduciría las contribuciones anuales de los Estados miembros al presupuesto de la Unión; |

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|  | 36. | Subraya que la brecha del IVA se debe a diversos factores, que pueden diferir en cada Estado miembro, como la falta de recursos, la limitada eficiencia digital en las administraciones tributarias o las lagunas legislativas que afectan a la eficacia de las medidas de control aplicadas para contrarrestar la evasión y la elusión fiscales; reitera su llamamiento a los Estados miembros para que refuercen la cooperación administrativa, basada en el modelo de cooperación entre los miembros de Eurofisc, y el sistema multilateral de alerta para combatir el fraude del IVA, con vistas a detectar con rapidez fraudes del tipo carrusel; |

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|  | 37. | Destaca que la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos graves contra el régimen común del IVA siempre que estén asociados al territorio de dos o más Estados miembros y conlleven una pérdida total de al menos 10 000 000 EUR, y que, al actuar como una fiscalía transnacional única, ofrece un grado de eficiencia sin precedentes en la lucha contra el fraude relacionado con el IVA; señala que, en 2021, la Fiscalía Europea investigó 91 de estos casos, que dieron lugar a unas pérdidas estimadas en 2 500 000 000 EUR; acoge favorablemente el segundo informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva PIF (COM(2022)0466), publicado el 16 de septiembre de 2022, que también examina la idoneidad del umbral del IVA de 10 000 000 EUR; |

Gastos

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|  | 38. | Señala que, según el Informe PIF 2021, el nivel de los controles y las auditorías sobre el gasto siguió siendo elevado, a pesar de la flexibilidad introducida para abordar la crisis de la pandemia de la COVID-19, y que las medidas adoptadas para mitigar los riesgos derivados de las restricciones relacionadas con la pandemia aplicadas a las auditorías y los controles fueron sólidas y eficaces; |

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|  | 39. | Pide a la Comisión que publique los informes y las conclusiones de auditoría antes de que finalice el período de ejecución, que puede durar varios años; considera que la ciudadanía tiene derecho a saber cuáles son las medidas que los Estados miembros están obligados a adoptar para proteger el presupuesto de la Unión; |

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|  | 40. | Observa que, en el caso de la agricultura, el análisis del Informe PIF 2021 confirma una incidencia muy baja de fraudes denunciados en proporción a los desembolsos para pagos directos, observándose el nivel más alto en el caso de las medidas de sostenimiento del mercado en el sector de las frutas y hortalizas y relacionadas con la promoción de los productos agrícolas; constata, no obstante, el incremento progresivo de las irregularidades fraudulentas en materia de desarrollo rural relativas al período de programación 2014-2020; |

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|  | 41. | Subraya la necesidad de una aplicación estricta del nuevo mecanismo de condicionalidad social introducido en la reciente reforma de la política agrícola común, que vincula las subvenciones al respeto de las normas laborales y de empleo; recuerda la importancia vital de este nuevo mecanismo para la protección de los intereses financieros de la Unión, y pide que adopten medidas adecuadas a este respecto los Estados miembros y la Comisión; |

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|  | 42. | Refiere que, en el caso de los Fondos EIE con los que se ejecuta la política de cohesión, el número de irregularidades fraudulentas denunciadas respecto al período de programación de 2014-2020 se mantuvo en consonancia con el número de denuncias en el período de programación de 2007-2013, mientras que disminuyó la cifra de irregularidades no fraudulentas; señala con preocupación que los importes financieros objeto de irregularidades fraudulentas vinculadas a la política de cohesión en 2021 aumentaron en un 186 % en comparación con la media quinquenal de 2017 a 2021; |

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|  | 43. | Señala con preocupación que, en el caso de los Fondos EIE, la mayoría de las irregularidades fraudulentas en materia de ética e integridad tuvieron que ver con conflictos de intereses, y subraya la importancia de que la Comisión inste a todos los Estados miembros a asegurarse de que disponen de normas rigurosas contra tales conflictos; |

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|  | 44. | Pide a la Comisión que garantice urgentemente la aplicabilidad del artículo 61 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 [(17)](#ntr17-C_2023214ES.01013301-E0017) (Reglamento Financiero) sobre conflictos de intereses para comprobar que ninguna persona o autoridad nacional que participe en la ejecución del presupuesto adopte una medida que pueda acarrear un conflicto entre sus propios intereses y los de la Unión; considera necesario que la Comisión evalúe las implicaciones prácticas de las disposiciones del artículo 61 y estudie una posible manera de avanzar; |

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|  | 45. | Observa que, en los asuntos relacionados con los Fondos EIE, las infracciones de las normas sobre contratación pública fueron las irregularidades no fraudulentas denunciadas con mayor frecuencia, pero solo en el 4 % de estos casos se detectó fraude; cree que una mayor transparencia en la contratación pública garantizaría una gestión más cabal de los recursos; considera que reducir las ofertas únicas arrojando luz sobre ellas a través de controles ex post, el fomento de la adopción de sistemas electrónicos de contratación pública y la provisión de formación sobre contratación pública a microempresas y pymes contribuiría a impulsar la participación y a facilitar el escrutinio y los controles públicos, a aumentar la competencia en los contratos públicos y a propiciar un uso más eficiente de los fondos de la Unión en la contratación pública, al tiempo que se reduciría el riesgo de fraude e irregularidades; |

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|  | 46. | Observa que el análisis de irregularidades pone de relieve riesgos en relación con la transición ecológica para las inversiones en eficiencia energética, suministro de agua potable, gestión de residuos, energía renovable (especialmente la energía solar) y prevención de riesgos; observa que los riesgos relacionados con la transición digital se refieren a servicios y aplicaciones para pymes, si se atiende al número de irregularidades, y a servicios y aplicaciones para la administración electrónica, si se tienen en cuenta los importes financieros implicados; |

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|  | 47. | Pide a todos los Estados miembros que mantengan un elevado nivel de controles y seguimiento de los gastos de emergencia y que, en el caso de los controles ex post efectuados respecto de procedimientos urgentes, evalúen la contratación pública de emergencia caso por caso; pide a los Estados miembros que completen finalmente la transición hacia los procesos de contratación pública electrónica; |

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|  | 48. | Observa que, en el caso de la gestión directa, el número de irregularidades fraudulentas detectadas ha disminuido desde 2016 y que, a pesar del incremento marginal en 2021, se han mantenido estables a lo largo de los cuatro años precedentes, mientras que las irregularidades no fraudulentas han seguido disminuyendo, siendo 2021 el año con menor número de casos y menos importes afectados; valora positivamente que la recuperación se mantenga en niveles positivos; |

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|  | 49. | Recuerda que la transparencia desempeña un papel clave en la gestión de los fondos públicos como factor disuasorio y para mejorar de la confianza de los ciudadanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para reforzar la transparencia en el uso de los fondos, también en relación con la información relativa a los beneficiarios finales; |

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|  | 50. | Señala que el análisis de riesgos sigue aportando una contribución marginal a la detección del fraude; toma nota del papel significativo y creciente de la información procedente de la sociedad civil (incluida la publicada en los medios de comunicación) en este ámbito; subraya la importancia de proteger estas valiosas fuentes de información, que a menudo se enfrentan a amenazas e incluso arriesgan sus vidas; pide a la Comisión que presente lo antes posible propuestas legislativas contra las demandas estratégicas contra la participación pública (DECPP), que se utilizan a menudo para silenciar a las personas que denuncian fraudes e irregularidades, como ya solicitó el Parlamento en su Resolución de 11 de noviembre de 2021 sobre el refuerzo de la democracia y de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión: recurso indebido a acciones en el marco del Derecho civil y penal para silenciar a periodistas, ONG y a la sociedad civil [(18)](#ntr18-C_2023214ES.01013301-E0018); |

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|  | 51. | Cree que los pactos de integridad permiten reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza al fomentar el control respaldado por la sociedad civil en el ámbito de la contratación pública; pide a la Comisión que fomente la utilización de esta herramienta y la promueva en los programas de 2021-2027 actualmente en fase de diseño y evaluación, prestando apoyo y orientación a los Estados miembros de manera que estos puedan integrarlos gradualmente en dichos programas; |

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|  | 52. | Observa que, a pesar de la cifra indicada, la proporción de casos de presunto fraude que no han dado lugar a una condena sigue siendo elevada, mientras que la proporción de casos en los que se ha constatado un fraude es baja, lo que indica la necesidad de invertir más en las tareas de investigar y enjuiciar tales casos; observa que el porcentaje de casos en los que se formula una acusación sobre la base de las recomendaciones de la OLAF a los Estados miembros disminuyó a tan solo un 35 % en el período comprendido entre 2017 y 2021; pide a la OLAF y a la Comisión que realicen un seguimiento sistemático, con los Estados miembros, para averiguar por qué las recomendaciones formuladas no han dado lugar a procedimientos judiciales; |

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|  | 53. | Destaca la necesidad de abordar la falta de información sobre los propietarios y las estructuras de propiedad de las empresas o grupos de empresas con el fin de hacer más transparente la distribución actual de fondos, y de contribuir a la adopción de mejoras significativas que redunden en la detección eficiente de irregularidades; |

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|  | 54. | Pide que los Estados miembros recopilen datos sobre los destinatarios finales de los fondos y que los pongan a disposición previa solicitud; |

Apoyo informático

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|  | 55. | Acoge favorablemente las propuestas de la Comisión sobre el uso obligatorio de un único sistema informático integrado para la extracción de datos y la calificación de riesgos, sobre el alcance y la eficacia ampliados del sistema de detección precoz y exclusión (EDES), y sobre un mayor uso de la digitalización y la tecnología con el fin de reforzar la eficiencia y la calidad de los controles y auditorías; cree que estas medidas consolidarían la respuesta al aumento de los riesgos de irregularidades graves a raíz de la entrega urgente de fondos bajo presión en situaciones de emergencia; |

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|  | 56. | Hace hincapié en que EDES, al igual que la lista negra de la Unión, tiene un enorme potencial para señalar a las personas y empresas que hacen un uso indebido de los fondos de la Unión; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión [(19)](#ntr19-C_2023214ES.01013301-E0019) de modificación del Reglamento Financiero a fin de reforzar el uso del EDES no solo para la gestión directa, sino también para la gestión indirecta y compartida; |

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|  | 57. | Subraya la necesidad de hacer obligatorio el uso del sistema informático integrado único lo antes posible, sin esperar al próximo MFP, como también se indica en el Dictamen 06/2022 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 27 de octubre de 2022 [(20)](#ntr20-C_2023214ES.01013301-E0020); |

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|  | 58. | Acoge favorablemente el continuo apoyo prestado por la Comisión a los Estados miembros a través del programa de apoyo a las reformas estructurales y el Instrumento de Apoyo Técnico; expresa su apoyo a la financiación del proyecto CORE, cuyo objetivo es desarrollar un procedimiento para calcular el riesgo de corrupción en el ámbito de la contratación pública durante la pandemia y mejorar la detección temprana del riesgo de corrupción; |

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|  | 59. | Acoge favorablemente la decisión adoptada por el Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude (COCOLAF) de crear un grupo de expertos dedicado al uso de herramientas informáticas para proteger los recursos del MRR; |

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|  | 60. | Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial al servicio de la protección de los intereses financieros de la Unión; |

La arquitectura de la Unión de lucha contra el fraude: los componentes internos (OLAF, Fiscalía Europea, Europol, Eurojust, Comisión, TCE y BEI)

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|  | 61. | Subraya que la arquitectura de la Unión para luchar contra el fraude es una arquitectura institucional compuesta diseñada para detectar, prevenir y combatir el fraude y otras formas de conducta indebida que afectan a los intereses financieros de la Unión, basada en una red de cooperación a varios niveles: el primer nivel se basa en la cooperación horizontal entre las instituciones, órganos y organismos de la Unión, mientras que los demás niveles se basan en relaciones verticales entre las autoridades nacionales y de la Unión, y entre las autoridades de la Unión y las organizaciones internacionales; |

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|  | 62. | Destaca el valor añadido que aportan los organismos de la Unión de cara a la protección de los intereses financieros de la Unión y a la lucha contra el fraude, superando las limitaciones de los sistemas nacionales, en particular en lo que respecta a la delincuencia transfronteriza, tal como se desprende de los resultados operativos alcanzados por la Fiscalía Europea y la OLAF; pone de relieve el papel de la Fiscalía Europea, Eurojust, Europol y la OLAF en la lucha contra la corrupción; |

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|  | 63. | Acoge favorablemente el inicio de las actividades de la Fiscalía Europea el 1 de junio de 2021, como componente final de la arquitectura de la Unión para luchar contra el fraude que debía establecerse; observa que, en su primer semestre de actividad operativa, la Fiscalía Europea recibió 2 832 denuncias e inició 576 investigaciones; señala, en relación con los ingresos derivados de actividades delictivas, que se llevaron a cabo 81 acciones de recuperación en doce de los Estados miembros participantes, que la Fiscalía Europea solicitó la incautación de un total de 154 300 000 EUR, y que el importe de las incautaciones concedidas ascendió a 147 000 000 EUR; |

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|  | 64. | Felicita a la Fiscalía Europea por haber instaurado un nuevo clima de confianza para los ciudadanos, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen su cooperación para hacer posible la plena aplicación del mandato de la Fiscalía Europea; recuerda, a este respecto, que, por una parte, es necesario aumentar las tasas de detección de los Estados miembros y que la cooperación de la OLAF tiene un papel clave que desempeñar en las estructuras de la Unión de lucha contra el fraude; recuerda asimismo las distintas deficiencias críticas constatadas en el Reglamento sobre la Fiscalía Europea, que conviene subsanar cuanto antes; pide a la Comisión que tome medidas urgentemente en cuanto a las solicitudes formuladas por la Fiscalía Europea en relación con su ejecución presupuestaria, de manera que la Fiscalía Europea pueda llegar a ser un ministerio público plenamente eficaz e independiente; |

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|  | 65. | Toma nota de las observaciones y consideraciones expresadas por la fiscal general europea en cuanto a la necesidad de modificar el Reglamento sobre la Fiscalía Europea; pide a la Comisión que entable conversaciones con la Fiscalía Europea al objeto de determinar las mejoras necesarias para aumentar su eficacia operativa; recuerda que la Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión y que no debe equipararse a una agencia, ya que ello afectaría a su independencia y su eficacia; observa que otras varias disposiciones del Reglamento sobre la Fiscalía Europea inciden en el funcionamiento de la Fiscalía Europea y, por ende, en la protección de los intereses financieros de la Unión, y pide a la Comisión que proponga soluciones para mejorar la situación e informar al Parlamento de conformidad con el artículo 119, apartado 1, del Reglamento sobre la Fiscalía Europea; |

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|  | 66. | Lamenta profundamente que cinco Estados miembros, a saber, Polonia, Hungría, Suecia, Dinamarca e Irlanda, sigan rechazando participar en la Fiscalía Europea; |

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|  | 67. | Lamenta que la participación de los Estados miembros en la Fiscalía Europea no sea obligatoria; reitera su llamamiento a los mencionados Estados miembros para que se adhieran cuanto antes a la Fiscalía Europea; pide a la Comisión que incentiven la participación en la Fiscalía Europea a través de medidas positivas; |

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|  | 68. | Pone de relieve que los marcos jurídicos de la OLAF y la Fiscalía Europea establecen claramente que las dos oficinas deben colaborar estrechamente, al tiempo que respetan sus mandatos, facultades y competencias individuales; señala a este respecto que, en 2021, la OLAF inició 26 investigaciones complementarias y llevó a cabo ocho operaciones de apoyo; destaca que la OLAF remitió 167 expedientes a la Fiscalía Europea, relacionados principalmente con la gestión compartida (63) y el gasto directo (34), y el mismo número de expedientes relativos a investigaciones internas e internacionales (25 en cada caso); señala asimismo que esta transmisión dio lugar a la apertura por parte de la Fiscalía Europea de 85 investigaciones penales, y que tales casos suponen una pérdida total estimada para el presupuesto de la Unión de 2 200 000 000 EUR; alienta a la OLAF y a la Fiscalía Europea a que sigan reforzando su cooperación mutua; |

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|  | 69. | Destaca que la OLAF coopera activamente con el TCE, Eurojust y Europol; acoge favorablemente los esfuerzos conjuntos de la OLAF y Europol por evaluar las amenazas y vulnerabilidades del instrumento del MRR y su cooperación con otros servicios de la Comisión encargados de supervisarlo (la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros y la Secretaría General de la Comisión); valora positivamente el informe conjunto de la OLAF y Europol titulado «Assessing the threats to the NextGenerationEU (NGEU) Fund» (Evaluación de las amenazas para el Fondo NextGenerationEU (NGEU)); |

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|  | 70. | Valora positivamente el acuerdo de trabajo entre Europol y la Fiscalía Europea, que entró en vigor el 19 de enero de 2021; señala que el 3 de septiembre de 2021 también se firmaron acuerdos de trabajo para establecer un marco de cooperación entre la Fiscalía Europea y el TCE; |

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|  | 71. | Es consciente de que la Fiscalía Europea y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) también han firmado acuerdos de trabajo para garantizar que el BEI pueda transmitir fluidamente información que incida en el ámbito de competencias de la Fiscalía Europea antes de que la Inspección General del BEI tome medidas al respecto; |

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|  | 72. | Aboga por una cooperación más estrecha con Eurojust; acoge favorablemente la puesta en común de conocimientos especializados y los intercambios entre los asistentes a seminarios y otras presentaciones, pero cree que la contribución de Eurojust debe evaluarse y definirse en el marco de la arquitectura de lucha contra el fraude, aprovechando su complementariedad con la Fiscalía Europea y confirmando las sinergias derivadas de su cooperación con la OLAF; |

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|  | 73. | Acoge con satisfacción la puesta en marcha de la «Operación Sentinel» y el «NextGenerationEU — Law Enforcement Forum», el cual es una iniciativa conjunta, codirigida por Europol e Italia, que congrega a Europol, la Fiscalía Europea, la OLAF, Eurojust, la Agencia de la UE para la Formación Policial y los Estados miembros, facilitando un foro para el intercambio de información de inteligencia y la coordinación de operaciones encaminadas a atajar la infiltración de la delincuencia organizada en la economía legal, y a proteger el paquete de medidas de estímulo del NGEU, haciendo especial hincapié en la corrupción, la evasión fiscal, la malversación y el blanqueo de capitales; opina que el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de estrategias comunes y coordinadas revisten una importancia fundamental para atajar eficazmente la amenaza que plantea la delincuencia organizada; |

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|  | 74. | Recuerda que la OLAF no solo se creó para efectuar investigaciones internas, sino también para apoyar a los Estados miembros en investigaciones externas; recuerda que el principio de subsidiariedad impide que la OLAF lleve a cabo investigaciones cuando los Estados miembros estén en mejores condiciones de hacerlo, pero que esto no priva a la OLAF de la posibilidad de analizar asuntos recurrentes, tendencias y pautas y que su capacidad para detectar estos fenómenos ha permitido reforzar la cooperación y coronar con éxito determinadas actuaciones; |

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|  | 75. | Reconoce, en asuntos aduaneros, la coordinación operativa extremadamente estrecha entre la OLAF, la EUIPO, Interpol y la Organización Mundial de Aduanas (OMA); lamenta la debilidad de los sistemas de alerta de los Estados miembros; |

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|  | 76. | Es consciente de que, el 18 de junio de 2021, la Comisión y la Fiscalía Europea firmaron las disposiciones administrativas para la ejecución de las obligaciones mutuas de información y consulta establecidas en el artículo 103, apartado 2, del Reglamento de la Fiscalía Europea, en virtud de las cuales la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir con mayor eficacia los delitos que afectan al presupuesto de la Unión, y los departamentos de la Comisión pueden garantizar un seguimiento administrativo, financiero y disciplinario adecuado de las investigaciones de la Fiscalía Europea, incluidas las medidas de precaución para proteger el presupuesto de la Unión; |

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|  | 77. | Deplora el hecho de que, en 2021, de un presupuesto total de 44 900 000 EUR, la Fiscalía Europea se viera obligada a devolver 9 500 000 EUR (en torno al 20 %) al presupuesto de la Unión, tras haber solicitado y obtenido recursos adicionales de la autoridad presupuestaria para contratar personal estatutario, porque la Comisión no le concedió la autorización para proceder a tal contratación; |

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|  | 78. | Opina que la OLAF también debe hacer un seguimiento de sus recomendaciones financieras a fin de compararlas con los importes recuperados al final de los procedimientos llevados a cabo por la Comisión, y contribuir de este modo al seguimiento general de la recuperación de los fondos; |

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|  | 79. | Reitera su preocupación ante la escasez permanente de personal en la OLAF, la Fiscalía Europea, Europol y Eurojust, así como por su falta de recursos financieros y humanos, ya que estas instituciones necesitan un presupuesto adecuado y predecible para poder organizar y llevar a cabo su labor con tanta eficacia como le permitan sus capacidades; subraya que su carga de trabajo ha vuelto a incrementarse debido a la adopción del NGEU y a la provisión de fondos extraordinarios para apoyar a Ucrania; reitera su llamamiento para que se garantice una dotación de recursos adecuada para estos órganos y organismos de la Unión y, en este sentido, recuerda a la Comisión y al Consejo que cada euro gastado en investigación y acciones contra el fraude vuelve al presupuesto de la Unión; |

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|  | 80. | Pide a la Comisión que incremente los recursos financieros y humanos de la Fiscalía Europea y de la OLAF, de forma que puedan afrontar los retos que planteará el gasto del Fondo Europeo de Recuperación, de una magnitud excepcionalmente grande; pide a la Fiscalía Europea y a la OLAF que eviten los solapamientos de su labor y los retrasos en los procedimientos; opina que la OLAF y la Fiscalía Europea deben complementarse mutuamente y centrar sus investigaciones respectivas en aquellos ámbitos en los que la otra institución carece de competencias; |

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|  | 81. | Pide a la Comisión que cree un mecanismo para que las pymes presenten denuncias directamente a la Comisión siempre que se encuentren ante un alto nivel de corrupción, conductas impropias graves por parte de las autoridades nacionales, un tratamiento irregular o sesgado en licitaciones o en la distribución de ayudas, presiones o intimidaciones por parte de estructuras delictivas, de la delincuencia organizada o de estructuras oligárquicas, u otras vulneraciones graves de sus derechos; |

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|  | 82. | Reconoce el principio de confidencialidad de las investigaciones de la OLAF; opina, no obstante, que hay un interés público preponderante y que los ciudadanos de la Unión también tienen derecho a acceder a los informes y recomendaciones relacionados con investigaciones de la OLAF ya cerradas y procedimientos nacionales de seguimiento, tal como reconoce el TJUE en el asunto T-517/19; pide a la OLAF, por consiguiente, que establezca un mecanismo para publicar los informes y recomendaciones en los que no exista motivo legítimo para mantener el principio de confidencialidad; |

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|  | 83. | Reitera su petición de que la OLAF establezca un mecanismo por el que se dé acceso, previa solicitud, a sus informes de investigación y sus recomendaciones, que a menudo revisten un gran interés público, con el fin de aumentar la transparencia respetando al mismo tiempo la confidencialidad de sus investigaciones; |

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|  | 84. | Acoge con satisfacción la revisión específica, iniciada por la Comisión, del plan de acción que acompaña a la Estrategia de Lucha contra el Fraude de la Comisión, y pide a la Comisión que tenga en cuenta las propuestas presentadas en la presente Resolución así como en Resoluciones anteriores del Parlamento Europeo en materia de protección de los intereses financieros; |

La arquitectura de la Unión de lucha contra el fraude: los componentes externos (Estados miembros, AFCOS, NAFS, UAFP, Estado de Derecho)

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|  | 85. | Subraya el importante papel que desempeñan los Estados miembros en la protección de los intereses financieros de la Unión; es consciente de que, con arreglo al nuevo modelo de ejecución adoptado con el MRR, los Estados miembros tienen una mayor responsabilidad en lo que atañe a la prevención y la lucha contra el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación; opina, sin embargo, que la protección a escala europea también resulta fundamental para la protección de los intereses financieros de la Unión, y cree que una cooperación eficiente entre la Unión y las autoridades nacionales es esencial para una ejecución adecuada; |

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|  | 86. | Pide a los Estados miembros que participan en la Fiscalía Europea que le ofrezcan el apoyo necesario (con personal de apoyo y unas condiciones de trabajo adecuadas para los fiscales europeos delegados, acceso a las bases de datos, personal policial, cooperación rápida de las autoridades fiscales y aduaneras, etc.), a fin de que pueda optimizar su eficiencia en la protección de los presupuestos de la Unión y de los Estados miembros; |

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|  | 87. | Alienta a los Estados miembros a que adopten un enfoque proactivo con respecto a la protección de los intereses financieros de la Unión mediante la utilización de datos de todas las fuentes disponibles, el análisis de datos y el intercambio de información, también con las autoridades policiales y la Comisión, a fin de detectar y abordar a tiempo nuevos riesgos y tendencias en materia de fraude; |

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|  | 88. | Acoge con satisfacción el análisis del Informe PIF de 2021 y pide a las autoridades nacionales que lo tengan en cuenta en sus actividades de control; |

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|  | 89. | Reitera su preocupación por la sobrecarga burocrática que han de soportar las autoridades nacionales; pide a la Comisión que aspire siempre a reducir el número de indicadores requeridos con fines de auditoría y control, a la hora de determinar qué indicadores y datos son realmente pertinentes, necesarios y proporcionados; |

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|  | 90. | Pide a la Comisión que, en el marco de la revisión del Reglamento Financiero, refuerce las disposiciones relativas a los conflictos de intereses, a fin de incluir también la preparación del presupuesto por los funcionarios; |

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|  | 91. | Pide a Irlanda y Polonia que comiencen a cooperar inmediatamente con la Fiscalía Europea sobre la base de los tratados y la legislación en vigor en materia de asistencia mutua en asuntos jurídicos y subraya que la actual falta de cooperación es contraria a los deberes de cooperación leal (artículo 13 del TFUE) y al objetivo específico así como a las obligaciones conexas de los Estados miembros en materia de protección eficaz de los intereses financieros de la Unión (artículo 325 del TFUE); |

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|  | 92. | Cree que una legislación, unos mecanismos de control y una digitalización de datos y sistemas de información desiguales y fragmentarios en los distintos Estados miembros de la Unión representan un obstáculo a la protección efectiva de los intereses financieros de la Unión, obstaculizan la comparabilidad e impiden la evaluación y la cartografía del alcance, la naturaleza y las causas del fraude en la Unión; destaca que, en particular, la diversa aplicación de la Directiva PIF, combinada con las normas establecidas en el artículo 25 del Reglamento sobre la Fiscalía Europea, hace imposible que la Fiscalía Europea ejerza sus competencias en algunos Estados miembros (por ejemplo, en relación con el contrabando y las situaciones en las que se solapan la financiación nacional y de la Unión), creando lagunas en la arquitectura de lucha contra el fraude; |

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|  | 93. | Subraya la necesidad de una transparencia completa en la notificación de las transferencias y los préstamos previstos en el marco del MRR, a fin de que la Fiscalía Europea o la OLAF puedan perseguir cualquier fraude potencial en relación con los intereses financieros de la Unión; pide a la Comisión que conceda al Parlamento Europeo un acceso pleno a toda la información pertinente; |

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|  | 94. | observa que la transposición de la Directiva PIF constituye una condición previa para que la Fiscalía Europea y sus socios puedan llevar a cabo investigaciones y actuaciones judiciales de manera efectiva; acoge favorablemente el primer informe de la Comisión sobre la transposición de la Directiva, publicado el 6 de septiembre de 2021; observa que, desde entonces, y a pesar de la transposición de la Directiva por todos los Estados miembros, la Comisión ha incoado procedimientos de infracción contra 17 Estados miembros por no transponer correctamente la Directiva PIF [(21)](#ntr21-C_2023214ES.01013301-E0021); |

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|  | 95. | Recuerda que se incoaron 18 procedimientos de infracción por transposición incorrecta de la Directiva (UE) 2018/843 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo [(22)](#ntr22-C_2023214ES.01013301-E0022); señala que el plazo para la transposición de la Directiva sobre la protección de denunciantes finalizó el 17 de diciembre de 2021, y que, para esa fecha, solo cinco Estados miembros la habían transpuesto, mientras que otros cuatro adoptaron legislación específica en 2022; anima a la Comisión a adoptar todas las medidas adicionales necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo por parte de los Estados miembros; |

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|  | 96. | Observa con preocupación que la Comisión ha incoado procedimientos de infracción contra 15 Estados miembros por no haber transpuesto la Directiva sobre la protección de denunciantes; |

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|  | 97. | Recuerda que una lucha eficaz contra el blanqueo de dinero resulta fundamental para proteger los intereses financieros de la Unión y para garantizar la plena recuperación de los fondos; |

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|  | 98. | Manifiesta su preocupación ante la falta general de acción de muchos Estados miembros, que impide la creación de unas condiciones de competencia más equitativas en el ámbito de la lucha contra el fraude; |

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|  | 99. | Es consciente de que, el 1 de enero de 2021, entró en vigor el Programa de la Unión de lucha contra el fraude (PULF), sucesor de Hércules III [(23)](#ntr23-C_2023214ES.01013301-E0023); observa que el nuevo PULF rediseña y fusiona los recursos que financian el Programa Hércules III, el sistema de información antifraude (AFIS) y el sistema de gestión de irregularidades (SGI) con el fin de mejorar la coordinación y las sinergias; señala que la OLAF desempeña un papel fundamental en su ejecución; |

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|  | 100. | Recuerda que los servicios de coordinación contra el fraude (AFCOS) constituyen un requisito en todos los Estados miembros, y que deben facilitar la eficacia de la cooperación y del intercambio de información con la OLAF; lamenta, sin embargo, que no todos los Estados miembros confíen efectivamente a sus AFCOS la coordinación de la lucha contra el fraude y la corrupción que afectan a los intereses financieros de la Unión; sostiene que puede lograrse una coordinación eficaz a escala nacional y de la Unión mediante la adopción de una estrategia nacional de lucha contra el fraude (NAFS) que asigne tareas y defina claramente procesos y responsabilidades; |

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|  | 101. | Valora positivamente que el estímulo de la Comisión a los Estados miembros para adoptar una NAFS haya dado lugar a un incremento constante del número de estrategias adoptadas; señala que, a finales de 2021, 17 Estados miembros habían adoptado o actualizado una NAFS (frente a 10 en 2019 y 14 en 2020); observa que, de los diez Estados miembros que aún no han adoptado una NAFS, cuatro informaron de que se encuentran en proceso de elaboración de una estrategia, o a punto de adoptarla; lamenta que, a pesar de las mejoras en comparación con 2020, seis Estados miembros aún disten mucho de adoptar una NAFS; |

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|  | 102. | Insiste en que, incluso en los Estados miembros en los que tales estrategias se han adoptado ya, es necesaria una revisión para reflejar el nuevo panorama de la lucha contra el fraude, incluidos los nuevos retos, así como la evolución de los sistemas; destaca que la Fiscalía Europea lleva en funcionamiento desde junio de 20211 y que el Reglamento del MRR se adoptó en febrero de 2021, y que existe la oportunidad de reflejar nuevos riesgos significativos, como los asociados con la pandemia de COVID-19 y la ejecución de los planes de recuperación y resiliencia; |

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|  | 103. | Observa que, en el Informe PIF 2021, la Comisión recomendó a los Estados miembros adoptar o revisar una NAFS para tener en cuenta los riesgos relacionados con el MRR; es consciente de que los servicios de la Comisión también deben fomentar la adopción de NAFS por parte de los Estados miembros con arreglo al punto 37 del Plan de acción sobre la Estrategia de la Comisión contra el Fraude [(24)](#ntr24-C_2023214ES.01013301-E0024); pide a la Comisión y a la OLAF que consideren la provisión de apoyo y asesoramiento a los Estados miembros de un modo más estructurado, adoptando a tal efecto un enfoque transversal, y que, a tal fin, actualicen las directrices AFCOS, formuladas inicialmente en 2015, que ya no son adecuadas para ayudar eficazmente a las autoridades nacionales a desarrollar un servicio de coordinación bien estructurado; pide, además, a la Comisión que presente a la autoridad de aprobación de la gestión una explicación detallada de los trabajos en curso a este respecto; |

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|  | 104. | Es consciente de que, en su Informe PIF de 2020, la Comisión formuló recomendaciones específicas a los Estados miembros encaminadas a reforzar la cooperación y los marcos de control interno; señala que se llamó la atención respecto a la evaluación y la gestión de riesgos, la recogida y el análisis de datos sobre irregularidades y fraudes, y el uso de sistemas de información y seguimiento integrados e interoperables para la ejecución de las actividades financiadas con cargo al MRR y al presupuesto de la Unión; lamenta que no todos los Estados miembros hayan aplicado tales recomendaciones y observa que algunos de ellos se han negado sistemáticamente a hacerlo; pide a la Comisión que refuerce sus acciones de seguimiento respecto a aquellos Estados miembros que no hayan aplicado las recomendaciones en materia de PIF; |

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|  | 105. | Acoge con satisfacción la adopción del Reglamento relativo a la condicionalidad; recuerda que dicho Reglamento entró en vigor el 1 de enero de 2021; celebra las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2022, relativas a los recursos interpuestos por dos Estados miembros contra el mecanismo de condicionalidad, y sus conclusiones, en las que confirma que la Unión tiene efectivamente competencias respecto del Estado de Derecho en los Estados miembros y que el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho es acorde con el Derecho de la Unión; |

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|  | 106. | Recuerda que la cooperación ineficaz o inoportuna o la falta de cooperación de los Estados miembros con la Fiscalía Europea y la OLAF constituye un motivo de actuación con arreglo al Reglamento relativo a la condicionalidad; insta, por tanto, a la Fiscalía Europea y a la OLAF a que denuncien cada caso de incumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros de informar, asistir, emprender las acciones y las medidas de precaución pertinentes y de garantizar el seguimiento apropiado y oportuno de los informes y recomendaciones; |

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|  | 107. | Señala que el Reglamento relativo a la condicionalidad es un instrumento permanente cuya aplicación trasciende a los límites de un MFP determinado, y que es aplicable en todos los ámbitos como requisito previo para acceder a todos los fondos de la Unión; |

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|  | 108. | Recuerda que la observancia del Estado de Derecho y del artículo 2 del TUE constituye un requisito previo para acceder a los fondos, que el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho es plenamente aplicable a los recursos del MRR, tal como se dispone explícitamente en el artículo 8 del Reglamento del MRR, y que no pueden financiarse medidas con arreglo al MRR que sean contrarias a los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE; |

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|  | 109. | Considera que el Reglamento relativo a la condicionalidad es suficiente y capaz de prevenir o corregir un retroceso democrático, pero solo si se utiliza de forma oportuna y en unas condiciones estrictas y claras y está seguido por un control estricto de la aplicación de las medidas correctoras nacionales; |

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|  | 110. | Lamenta profundamente que, en virtud del mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, la Comisión presentara a Hungría, a modo de medidas correctoras, un conjunto de diecisiete condiciones que no bastan para subsanar las graves violaciones del Estado de Derecho; lamenta que la Comisión no solicitara cambios y garantías más sustanciales con miras a restablecer la independencia del poder judicial, reducir el nivel de corrupción y garantizar una protección adecuada de los intereses financieros de la Unión; |

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|  | 111. | Mantiene que el cumplimiento por parte de los Estados miembros de los principios del Estado de Derecho constituye un requisito previo para una buena gestión financiera, en general, y para una gestión eficiente y eficaz de los recursos de la Unión, en particular; por lo tanto, considera que las vulneraciones de tales principios constituyen un grave peligro para los intereses financieros de la Unión; acoge favorablemente las sentencias del TJUE [(25)](#ntr25-C_2023214ES.01013301-E0025) que han puesto de relieve recientemente la clara relación existente entre, por una parte, el respeto de los principios del Estado de Derecho y, por otra, la ejecución eficiente del presupuesto de la Unión; reitera que únicamente mediante el refuerzo de la arquitectura de lucha contra el fraude de la Unión podrá procurarse de manera efectiva y eficiente la protección de los intereses financieros de la Unión, y potenciarse esta mediante la superación de los límites inherentes de los sistemas nacionales, que constituyen un obstáculo al abordar los delitos financieros, que se han convertido en una forma de conducta indebida cada vez más transnacional; considera que solo una revisión judicial efectiva puede garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión, como señaló el TJUE, y en concreto, que el gasto «no puede asegurarse plenamente a falta de una tutela judicial efectiva destinada a garantizar el respeto del Derecho de la Unión; debiendo precisarse que la existencia de dicha tutela, tanto en los Estados miembros como en el ámbito de la Unión, por órganos jurisdiccionales independientes es inherente a un Estado de Derecho» [(26)](#ntr26-C_2023214ES.01013301-E0026); |

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|  | 112. | Destaca los efectos perjudiciales que tiene la corrupción en los derechos de los ciudadanos; reitera una vez más su recomendación de que la Unión debería pasar a ser miembro del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dado que no hay obstáculos jurídicos para su adhesión plena; pide a la Comisión, por consiguiente, que recomiende que el Consejo celebre un acuerdo internacional con el GRECO para definir las condiciones de su adhesión; pide al Consejo que adopte una posición clara sobre la adhesión de la Unión al GRECO, clarificando si existe algún tipo de oposición concreta y, de ser así, por parte de qué Estado o Estados miembros; |

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|  | 113. | Recuerda que, para proteger de forma eficaz los intereses financieros de la Unión, es preciso establecer unas reglas más coherentes y sistemáticas en materia de transparencia, incompatibilidades, conflictos de intereses, grupos de presión ilegales y puertas giratorias; subraya la necesidad de reforzar el Registro de transparencia de la Unión; pide a la Comisión que refuerce sus mecanismos de control interno, en particular mediante el establecimiento de un mecanismo interno de lucha contra la corrupción para las instituciones de la Unión; |

Dimensión exterior de la protección de los intereses financieros de la Unión

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|  | 114. | Señala que debe prestarse más atención al control de los fondos para la asistencia en países no pertenecientes a la Unión en el marco del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVCDCI-Europa Global); observa que esta obligación reviste especial importancia habida cuenta de la pandemia de la COVID-19 y la respuesta de la Unión a la guerra en Ucrania; recuerda que, en conjunto, la Unión dedica en torno al 10 % de su presupuesto a la acción exterior; |

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|  | 115. | Pide a la Comisión que actualice el sistema de denuncia de fraude en relación con los fondos utilizados en países no pertenecientes a la Unión; observa que el nuevo sistema debe tener en cuenta los problemas específicos a los que se enfrenta la Unión cuando gasta dinero fuera del territorio de la Unión; |

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|  | 116. | Toma nota del informe del TCE sobre la ejecución del presupuesto de la Unión de 2021 en cuanto a que, en el caso del IVCDCI-Europa Global con arreglo al presupuesto general de la Unión), de las 67 transacciones examinadas, 32 (el 48 %) estaban afectadas por errores y que, a pesar del tamaño limitado de la muestra, los resultados de la auditoría confirman que el riesgo de error en esta rúbrica del MFP es elevado, y que se cuantificaron 24 errores que repercutieron en el presupuesto de la Unión; señala, además, que las categorías de error más comunes en el caso de «Vecindad y resto del mundo» (rúbrica 6) fueron las correspondientes a los gastos no realizados, los costes no subvencionables, la ausencia de documentos justificativos y los errores en la contratación pública; |

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|  | 117. | Recomienda que se suspenda el apoyo presupuestario en países no pertenecientes a la Unión, incluidos los países candidatos, en los que las autoridades se abstengan claramente de adoptar auténticas medidas contra la corrupción generalizada, al tiempo que se garantiza que la ayuda llegue a la población civil a través de canales alternativos; pide que se conceda una mayor prioridad a la lucha contra la corrupción en las negociaciones de preadhesión y que se haga hincapié en el refuerzo de capacidades, por ejemplo a través de órganos especializados en la lucha contra la corrupción; pide a la Comisión que envíe señales claras a los países candidatos en los que un retroceso por lo que respecta a las normas del Estado de Derecho esté poniendo en peligro o retrasando la adhesión a la Unión; lamenta que, según el Informe Especial n.o 01/2022 del TCE, el apoyo financiero de la Unión por valor de 700 000 000 EUR a la mejora del Estado de Derecho en los Balcanes Occidentales entre 2014 y 2020 ha tenido poco impacto en reformas fundamentales; |

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|  | 118. | Destaca que la colaboración con los socios internacionales resulta fundamental para proteger los fondos de la Unión gastados fuera de Europa y el apartado de ingresos del presupuesto de la Unión; acoge con satisfacción los acuerdos de cooperación administrativa que la OLAF firmó en 2021 con dos autoridades internacionales asociadas, la Fiscalía General de Ucrania y la OMA; celebra que la OLAF organizara en 2021 eventos en línea para establecer nuevos contactos operativos con autoridades de investigación de terceros países y para fomentar la notificación de fraudes e irregularidades a través de las delegaciones de la Unión en todo el mundo; |

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|  | 119. | Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. |

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