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Language: es
Format: md

21.2.2004 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 47/23

2. ¿Se opone el artículo 3 quater de la Directiva 90/388/CEE
de la Comisión, de 28 de junio de 1990 ( [1] ), introducido
por la Directiva 96/2/CE de la Comisión, de 16 de enero
de 1996 ( [2] ), por la que se modifica la Directiva 90/388/
CEE en relación con las comunicaciones móviles y
personales, en la medida en que este artículo se refiere a
la supresión de «todas las restricciones», a que una
normativa de una autoridad nacional o de una corporación local establezca un impuesto sobre las infraestructuras de comunicaciones móviles y personales utilizadas en
el marco de la explotación de las actividades previstas por
las licencias y autorizaciones?

( [1] ) Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990,
relativa a la competencia en los mercados de servicios de
telecomunicaciones (DO L 192 de 24.7.1990, p. 10).
( [2] ) Directiva 96/2/CE de la Comisión, de 16 de enero de 1996, por
la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en relación con las
comunicaciones móviles y personales (DO L 20 de 26.1.1996,
p. 59).

**Recurso de casación interpuesto el 22 de diciembre de**
**2003 por Asian Institute of Technology (AIT) contra el**
**auto dictado el 15 de octubre de 2003 por el Tribunal de**
**Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala**
**Quinta), en el asunto T-288/02 promovido contra la**
**Comisión de las Comunidades Europeas**

**(Asunto C-547/03 P)**

(2004/C 47/38)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 22 de diciembre de 2003 un recurso de
casación formulado por Asian Institute of Technology (AIT),
representado por M [e] H. Teissier du Cros, abogado, que designa
domicilio en Luxemburgo, contra el auto dictado el 15 de
octubre de 2003 por el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas (Sala Quinta) en el asunto T-288/02,
promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas.

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

1) Anule el auto impugnado del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de fecha 15 de octubre
de 2003.

2) Devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia, para
que lo juzgue de nuevo.

3) En otro caso, abra la fase oral.

4) Tras ello, anule la decisión de la Comisión Europea de 22
o de 27 de febrero de 2002 de celebrar un contrato de
investigación con el Sr. Th. Lefevre, que dice ser Director
del «Center for Energy — Environment Research &
Development».

_Motivos y principales alegaciones_

a) Irregularidad del procedimiento

El Tribunal de Primera Instancia declaró que el recurso T-288/
02 interpuesto por el AIT era manifiestamente inadmisible,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 111 de su Reglamento
de Procedimiento. Ahora bien, la inadmisibilidad manifiesta
solamente puede oponerse al inicio del procedimiento y no
puede resultar en ningún caso de una instrucción adicional. Si
la inadmisibilidad la revelase una medida de instrucción, se
regiría por lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de
Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y no por el
artículo 111. La garantía de la inadmisibilidad no manifiesta
reside en que, a diferencia del artículo 111, en el que la
supresión de la fase oral es automática, esta supresión depende
de la discrecionalidad del Tribunal de Primera Instancia en
caso de inadmisibilidad no manifiesta. En el presente caso,
el Tribunal de Primera Instancia ha hecho depender una
inadmisibilidad manifiesta de los resultados de una instrucción
adicional, privando de esta forma al justiciable de la garantía
de que la supresión de la fase oral dependa de la discrecionalidad del Tribunal de Primera Instancia.

b) Error de apreciación sobre la admisibilidad, con arreglo al
artículo 230, párrafo cuarto, del Tratado CE

Habida cuenta de que el AIT no era el «destinatario» de la
decisión de celebrar el contrato, el Tribunal de Primera
Instancia debería haber aplicado el criterio de la jurisprudencia
Plaumann, con la flexibilidad que ha aportado el Tribunal de
Justicia a esta jurisprudencia con el propósito de ofrecer una
interpretación menos restrictiva del artículo 173, párrafo
segundo, actualmente artículo 230, párrafo cuarto, del Tratado
CE. En efecto, el «CEERD/FIHRDS», al que asignó el contrato la
Comisión, es un competidor del «CEERD/AIT», e incluso un
competidor desleal. La asignación del contrato al «CEERD/
FIHRDS» por la Comisión, que privó al AIT del disfrute de las
ventajas competitivas derivadas de que el «CEERD/AIT» es uno
de sus departamentos, le afecta de manera sustancial en
su posición competitiva. La decisión impugnada perjudica
también al derecho del AIT de utilizar su nombre y su logotipo
«CEERD», perjuicio que caracteriza a su situación con respecto
a cualquier otro operador económico. El contrato impugnado
afecta al AIT directa e individualmente, porque afecta sustancialmente a su posición competitiva, aún cuando no es un
comerciante.

C 47/24 ES Diario Oficial de la Unión Europea 21.2.2004

c) Con carácter subsidiario

Vulneración del derecho del AIT al recurso efectivo garantizado
por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea.

**Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2003 contra el**
**Consejo de la Unión Europea por el Parlamento Europeo**

**(Asunto C-548/03)**

(2004/C 47/39)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 23 de diciembre de 2003 un recurso contra el
Consejo de la Unión Europea formulado por el Parlamento
Europeo, representado por los Sres. Ch. Pennera y A. Neergaard, en calidad de agentes, que designa domicilio en
Luxemburgo.

El Parlamento Europeo solicita al Tribunal de Justicia que:

—
Anule la Directiva 2003/93/CE del Consejo, de 7 de
octubre de 2003, por la que se modifica la Directiva
77/799/CEE relativa a la asistencia mutua entre las
autoridades competentes de los Estados miembros en el
ámbito de los impuestos directos e indirectos ( [1] ).

—
Mantenga los efectos de la Directiva anulada hasta que el
Parlamento Europeo y el Consejo adopten, sobre una
base jurídica apropiada, una nueva regulación.

—
Condene en costas a la parte demandada.

_Motivos y principales alegaciones_

La Directiva 2003/93/CE y el Reglamento (CE) n [o] 1798/03
deben ser anulados porque deberían haberse basado en el
artículo 95 CE y no en el artículo 93 CE. La diferencia de base
jurídica no es meramente formal, sino que afecta directamente
a las prerrogativas del Parlamento Europeo: en efecto, con
arreglo al artículo 93 CE, el Consejo se pronuncia por
unanimidad, con una mera consulta al Parlamento, mientras
que, según el artículo 95 CE, se aplica el procedimiento de
codecisión.

En virtud del ámbito de aplicación que determina el Tratado,
el artículo 95 CE constituye la regla general en lo que atañe a
las disposiciones que tienen por objeto la mejora de las
condiciones del establecimiento y del funcionamiento del
mercado interior. El artículo 93 CE contiene una regulación
distinta en lo que atañe a la fiscalidad indirecta, constituyendo

una lex specialis en relación con el artículo 95 CE. El artículo 93
CE no contempla específicamente las disposiciones accesorias
referentes a las medidas administrativas en materia fiscal, tales
como la cooperación entre autoridades fiscales que permita o
facilite la recaudación del impuesto. Por consiguiente, al
adoptar la Directiva y el Reglamento se incurrió en vicio
sustancial de forma y se infringió el Tratado CE.

( [1] ) DO L 264 de 15.10.2003, p. 23.

**Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2003 contra el**
**Consejo de la Unión Europea por el Parlamento Europeo**

**(Asunto C-549/03)**

(2004/C 47/40)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 23 de diciembre de 2003 un recurso contra el
Consejo de la Unión Europea formulado por el Parlamento
Europeo, representado por los Sres. Ch. Pennera y A. Neergaard, en calidad de agentes, que designa domicilio en
Luxemburgo.

El Parlamento Europeo solicita al Tribunal de Justicia que:

—
Anule el Reglamento (CE) n [o] 1798/2003 del Consejo,
de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación
administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor
añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
n [o] 218/92 ( [1] ).

—
Mantenga los efectos del Reglamento anulado hasta que
el Parlamento Europeo y el Consejo adopten, sobre una
base jurídica apropiada, una nueva regulación.

—
Condene en costas a la parte demandada.

_Motivos y principales alegaciones_

Los motivos y principales alegaciones son idénticos a los del
asunto C-548/03.

( [1] ) DO L 264 de 15.10.2003, p. 1.