Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Intermedia)

de 10 de septiembre de 2025 ([\*](#Footnote*))

« Función pública — Agentes temporales — Decisión del Consejo de Administración de la EUIPO de no presentar al Consejo una propuesta de prórroga del mandato del demandante — Decisión del Consejo de no prorrogar el mandato del demandante — Derecho a ser oído — Obligación de motivación — Error manifiesto de apreciación — Responsabilidad »

En los asuntos T‑435/23 y T‑224/24,

**YL**, representado por la Sra. A. Guillerme, el Sr. T. Bontinck y la Sra. L. Bouchet, abogados,

parte demandante en los asuntos T‑435/23 y T‑224/24,

contra

**Consejo de la Unión Europea**, representado por el Sr. M. Bauer y la Sra. A.‑L. Meyer, en calidad de agentes,

parte demandada en los asuntos T‑435/23 y T‑224/24,

apoyado por

**República de Letonia**, representada por las Sras. K. Pommere y J. Davidoviča, en calidad de agentes,

por

**República de Polonia**, representada por los Sres. B. Majczyna y M. Horoszko, en calidad de agentes,

por

**República Portuguesa**, representada por las Sras. A. Pimenta, P. Barros da Costa, M. Ramos y V. Couto, en calidad de agentes,

y por

**República Eslovaca**, representada por la Sra. E. Larišová y el Sr. A. Lukáčik, en calidad de agentes,

partes coadyuvantes en el asunto T‑435/23,

y

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por las Sras. A. Lukošiūtė y E. Lekan y el Sr. G. Bertoli, en calidad de agentes,

parte demandada en el asunto T‑435/23,

apoyada por

**República de Polonia**, representada por los Sres. Majczyna y Horoszko, en calidad de agentes,

y por

**República Eslovaca**, representada por la Sra. Larišová y el Sr. Lukáčik, en calidad de agentes,

partes coadyuvantes en el asunto T‑435/23,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Intermedia),

integrado por el Sr. R. da Silva Passos, en funciones de Presidente, y el Sr. J. Svenningsen, la Sra. O. Porchia, los Sres. H. Kanninen y L. Madise, la Sra. N. Półtorak y los Sres. P. Nihoul, S. Verschuur (Ponente) y H. Cassagnabère, Jueces;

Secretaria: Sra. S. Spyropoulos, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

celebrada la vista el 10 de abril de 2025;

dicta la siguiente

**Sentencia**

1        Mediante su recurso en el asunto T‑435/23, basado en el artículo 270 TFUE, el demandante, YL, solicita, en primer lugar, la anulación, en primer término, de varias decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el 22 de noviembre de 2022, a saber, la de no presentar al Consejo de la Unión Europea una propuesta de prórroga de su mandato como director ejecutivo de la EUIPO (en lo sucesivo, «decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante»), y las de iniciar el procedimiento de selección para el puesto de director ejecutivo, que comprende las etapas y el calendario indicativo de dicho procedimiento de selección (en lo sucesivo, «decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección»), en segundo término, de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de la EUIPO el 6 de marzo de 2023 de suspender temporalmente sus competencias como autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») y como autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo (en lo sucesivo, «AFCC») (en lo sucesivo, «decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN») y, en tercer término, de la decisión del Consejo de no prorrogar su mandato, tal como se refleja en el escrito de 30 de mayo de 2023 del Presidente del Consejo al Presidente del Consejo de Administración de la EUIPO (en lo sucesivo, «decisión de no prorrogar el mandato»), y, en segundo lugar, la reparación del daño material y moral que alega haber sufrido.

2        Mediante su recurso en el asunto T‑224/24, basado en el artículo 270 TFUE, el demandante solicita la anulación de la decisión de no prorrogar el mandato y la reparación del daño material y moral que alega haber sufrido como consecuencia de dicha decisión.

**Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición de los recursos**

3        El 18 de septiembre de 2018, el demandante fue nombrado, en virtud del artículo 158, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1), director ejecutivo de la EUIPO (en lo sucesivo, «director ejecutivo»), por un período de cinco años, desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2023.

4        Mediante correo electrónico de 27 de julio de 2022, el presidente del Consejo de Administración de la EUIPO (en lo sucesivo, «Consejo de Administración») informó al demandante de que, en su próxima reunión de noviembre de 2022, el Consejo de Administración estaría obligado a adoptar una decisión sobre una eventual prórroga de su mandato. En el mismo correo electrónico, el presidente del Consejo de Administración pidió al demandante que le indicara si deseaba continuar desempeñando sus funciones en la EUIPO y si estaba disponible. Mediante correo electrónico de 3 de agosto de 2022, el demandante respondió afirmativamente.

5        El 27 de octubre de 2022, la Secretaría del Consejo de Administración comunicó al demandante el proyecto de nota MB/22/S14/4.1/EN (O), titulado «Propuesta de Prórroga del Mandato del Director Ejecutivo de la [EUIPO]», que incluía, por una parte, una evaluación de su actuación durante su primer mandato y, por otra parte, una descripción de los cometidos y retos futuros de la EUIPO. En el correo electrónico enviado con dicha propuesta, la Secretaría del Consejo de Administración indicaba que el proyecto se enviaría al presidente de dicho Consejo para su aprobación esa misma tarde. Ese mismo día, el demandante respondió con algunos comentarios sobre el proyecto.

6        El 31 de octubre de 2022, el presidente del Consejo de Administración presentó a los miembros de este la versión definitiva de la nota MB/22/S14/4.1/EN (O) (en lo sucesivo, «nota de 31 de octubre de 2022»). Esta comenzaba explicando, por una parte, que su objetivo era proporcionar a los miembros del Consejo de Administración la información pertinente para examinar el rendimiento del demandante, cuyo mandato finalizaría el 30 de septiembre de 2023, y, por otra parte, que se invitaba a los miembros del Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga del mandato del demandante para proponer al Consejo. Se añadía en esa nota que, en el supuesto de que la votación del Consejo de Administración no alcanzara la mayoría requerida, se le invitaría a adoptar una decisión sobre el inicio del procedimiento de selección mediante la publicación de la convocatoria para proveer plaza vacante para el puesto en cuestión. En la parte titulada «Conclusión» de dicha nota, se indicaba que, según el presidente del Consejo de Administración, «el examen [podía] considerarse positivo».

7        En su reunión de 22 de noviembre de 2022, el Consejo de Administración adoptó la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante. Esta decisión estaba redactada del siguiente modo:

«Decisión de no presentar al Consejo de la Unión Europea una propuesta de prórroga del mandato [del demandante] como director ejecutivo por un período adicional de cinco años, teniendo en cuenta la evaluación de su actuación durante su primer mandato y los cometidos y retos futuros de la [EUIPO]. La decisión no ha alcanzado la mayoría de dos tercios de los miembros, con once votos a favor, siete en contra y doce abstenciones.»

8        En su reunión de 22 de noviembre de 2022, el Consejo de Administración adoptó también las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección.

9        El 22 de noviembre de 2022, varios periódicos españoles informaron de que el Consejo de Administración había decidido no presentar al Consejo una propuesta de prórroga del mandato del demandante como director ejecutivo.

10      Mediante correo electrónico de 7 de diciembre de 2022, el Consejo de Administración transmitió al Consejo la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, y las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, indicando lo siguiente:

«En [la reunión de 22 de noviembre de 2022], el [Consejo de Administración] ha decidido no presentar al Consejo de la Unión Europea una propuesta de prórroga del mandato [del demandante] como director ejecutivo por un período adicional de cinco años, teniendo en cuenta la evaluación de su actuación durante su primer mandato y los cometidos y retos futuros de la [EUIPO]. Esta decisión se ha adoptado de conformidad con el artículo 158, apartado 3, del [Reglamento 2017/1001] ([d]ecisión MB-22‑19).

Por consiguiente, en la misma reunión, el [Consejo de Administración] decidió iniciar el procedimiento de selección para el puesto de director ejecutivo, vacante a partir del 1 de octubre de 2023, y aprobar la convocatoria para proveer plaza vacante ([d]ecisión MB-22‑20). La convocatoria de vacante se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea* el 8 de diciembre de 2022.

De conformidad con el artículo 158, apartado 2, del [Reglamento 2017/1001], el [Consejo de Administración] tomará una decisión en su próxima reunión de 6 de junio de 2023, a partir de una lista de [tres] candidatos como máximo para presentarla al Consejo de la Unión Europea con vistas al nombramiento de un nuevo director ejecutivo.»

11      El 8 de diciembre de 2022, se publicó en el *Diario Oficial de la Unión Europea* la convocatoria para proveer plaza vacante para el procedimiento de selección. Esta establecía, en particular, que el candidato debía estar en condiciones de cumplir un primer mandato completo de cinco años antes de alcanzar la edad de jubilación de 66 años.

12      Durante el mes de enero de 2023, el demandante adoptó la decisión de no renovar a su vencimiento los contratos de seis expertos nacionales en comisión de servicios en la EUIPO.

13      El 31 de enero de 2023, el proyecto de acta de la reunión del Consejo de Administración de 22 de noviembre de 2022 se distribuyó a las personas que participaron en dicha reunión.

14      El 3 de febrero de 2023, el demandante solicitó que se añadieran al acta de la reunión del Consejo de Administración de 22 de noviembre de 2022 las declaraciones que había realizado tras haber tenido conocimiento de la decisión negativa del Consejo de Administración sobre la eventual prórroga de su mandato.

15      Ese mismo día, los abogados del demandante solicitaron al presidente del Consejo de Administración que les indicara las medidas adoptadas en respuesta a las divulgaciones realizadas por la prensa relativas a la reunión del Consejo de Administración de 22 de noviembre de 2022 (véase el apartado 9 anterior).

16      El 17 de febrero de 2023, el demandante presentó ante el Consejo de Administración una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») contra la decisión MB-22‑19, por la que se por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, y las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, y solicitó, a este respecto, una indemnización por daños materiales por un importe de 442 561,11 euros y por daños morales por un importe de 75 000 euros.

17      El 18 de febrero de 2023, una de las abogadas del demandante transmitió, mediante correo electrónico, una copia de la reclamación presentada por este al Secretario General del Consejo, así como al Secretario General y al Director General del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión Europea.

18      El 22 de febrero de 2023, durante una conversación telefónica, el demandante indicó al presidente del Consejo de Administración que su pertenencia al subcomité preparatorio para la selección del futuro director ejecutivo no lo colocaba en una situación de conflicto de intereses.

19      El 24 de febrero de 2023, el presidente del Consejo de Administración respondió al escrito de los abogados del demandante de 3 de febrero de 2023 (véase el apartado 15 anterior) indicando que no se había producido ninguna filtración de datos.

20      El 27 de febrero de 2023, el presidente del Consejo de Administración envió una nota confidencial a los miembros de dicho Consejo con vistas a la reunión de 6 de marzo de 2023. Esta nota tenía por objeto, en primer lugar, informar al Consejo de Administración de que el demandante había presentado una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto contra la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, y las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección; en segundo lugar, que se adoptara una decisión para excluir al demandante del subcomité preparatorio relativo a la contratación de un nuevo director ejecutivo y, en tercer lugar, que se adoptara una decisión que suspendiera, de conformidad con el artículo 153, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y el artículo 4 de la decisión MB-17‑01 del Consejo de Administración, de 21 de marzo de 2017 (en lo sucesivo, «decisión MB-17‑01»), que regula la delegación de las competencias atribuidas a la AFPN y a la AFCC (en lo sucesivo, conjuntamente, «competencias de la AFPN»), la delegación en el demandante de dichas competencias y se limitaran las facultades de gestión del demandante a los asuntos de administración ordinaria para el funcionamiento de la EUIPO.

21      El 1 de marzo de 2023, el demandante envió una nota a los miembros del Consejo de Administración para dar explicaciones sobre la reclamación que había presentado el 17 de febrero de 2023 contra la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, y las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección. (véase el apartado 16 anterior) y las circunstancias correspondientes, así como para dar a conocer su punto de vista sobre la información informal que había recibido en relación con las posibles decisiones que se consideraban. En dicha nota, indicó que se sometería a la decisión del Consejo de Administración en caso de que se adoptara una moción para excluirle del subcomité preparatorio para la selección del futuro director ejecutivo (véase el apartado 20 anterior).

22      En su reunión de 6 de marzo de 2023, el Consejo de Administración adoptó varias decisiones, entre ellas la decisión MB-23‑03, por la que se excluye al demandante del subcomité preparatorio para la selección del futuro director ejecutivo, y la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN. Poco tiempo después, esta última decisión se puso en conocimiento del personal de la EUIPO y también aparecieron artículos a este respecto en la prensa.

23      El 15 de marzo de 2023, la Secretaría General del Consejo acusó recibo del correo electrónico de 7 de diciembre de 2022, al que se adjuntaban la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, y las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección. (véase el apartado 10 anterior).

24      El 17 de marzo de 2023, el demandante, sobre la base del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, presentó una reclamación contra la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, y solicitó a este respecto una indemnización de su daño moral por importe de 50 000 euros.

25      El 22 de marzo de 2023, el Consejo envió un correo electrónico en el que solicitaba al Consejo de Administración, en la persona de su presidente, que le sometiera la evaluación realizada con arreglo al artículo 158, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 (véase el apartado 5 anterior).

26      En respuesta a dicho correo electrónico de 22 de marzo de 2023, el presidente del Consejo de Administración transmitió, el 25 de abril de 2023, la nota de 31 de octubre de 2022 (véase el apartado 6 anterior), indicando, en esencia, en el escrito de acompañamiento, que, a raíz del examen de dicha nota, el Consejo de Administración había rechazado la propuesta de prórroga de su mandato. Se precisaba que esta propuesta no había obtenido la mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo de Administración, ya que once miembros habían votado a favor de la renovación y siete en contra, mientras que doce miembros se habían abstenido.

27      La decisión de no prorrogar el mandato se reflejó en un escrito de 30 de mayo de 2023, notificado a la EUIPO ese mismo día, en el que el presidente del Consejo indicó que el Consejo había tomado en consideración la evaluación realizada por el Consejo de Administración y no se había alcanzado la mayoría simple necesaria para la aprobación de la decisión de prórroga del mandato del demandante. A tenor de dicho escrito, el Consejo instaba al Consejo de Administración a enviarle una lista de candidatos entre los que elegir al futuro director ejecutivo.

28      El 12 de junio de 2023, el Consejo de Administración aceptó añadir al proyecto de acta de la reunión del Consejo de Administración de 22 de noviembre de 2022 un resumen de las declaraciones que el demandante había solicitado añadir (véase el apartado 14 anterior).

29      El 16 de junio de 2023, el Consejo de Administración desestimó la reclamación del demandante referente a la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, y a las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección (véase el apartado 16 anterior).

30      El 17 de julio de 2023, el Consejo de Administración desestimó la reclamación del demandante contra la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN (véase el apartado 24 anterior) (en lo sucesivo, «decisión desestimatoria de la reclamación contra la decisión MB-23‑04»).

31      El 19 de julio de 2023, el Consejo nombro a [confidencial] ([1](#Footnote1)) director ejecutivo de la EUIPO.

32      El 26 de julio de 2023, el demandante interpuso el recurso en el asunto T‑435/23 contra la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, y la decisión de no prorrogar el mandato.

33      El 11 de agosto de 2023, el Consejo informó al demandante de una violación de datos personales que le afectaba, que había sido descubierta el 17 de julio de 2023. Más concretamente, una persona no autorizada había descargado, desde los servidores informáticos del Consejo, la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, la nota de 31 de octubre de 2022 y la evaluación realizada en relación con el primer mandato del demandante.

34      El 30 de agosto de 2023, el demandante presentó ante el Consejo una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto contra la decisión de no prorrogar el mandato y solicitó, a este respecto, una indemnización por daños materiales por un importe de 364 728,64 euros y por daños morales por un importe de 125 000 euros.

35      Al no haber recibido una decisión que resolviera su reclamación de 30 de agosto de 2023 contra la decisión de no prorrogar su mandato antes del plazo de cuatro meses previsto en el artículo 90, apartado 1, del Estatuto, a saber, el 30 de diciembre de 2023, el demandante consideró que la reclamación presentada había sido implícitamente desestimada por el Consejo.

36      El 6 de febrero de 2024, en el marco del asunto T‑435/23, el demandante presentó ante la Secretaría del Tribunal General un documento titulado «Escrito de adaptación», en el que solicitó que se tuviera en cuenta el hecho de que la reclamación que había presentada el 30 de agosto de 2023 había sido desestimada implícitamente el 30 de diciembre de 2023.

37      El 27 de febrero de 2024, el Consejo adoptó una decisión por la que se desestimaba expresamente la reclamación del demandante contra la decisión de no prorrogar el mandato.

38      El 22 de abril de 2024, el demandante interpuso el recurso en el asunto T‑224/24.

**Pretensiones de las partes**

39      El demandante solicita al Tribunal General que:

–        Anule la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, y la decisión de no prorrogar el mandato.

–        Condene a la EUIPO y al Consejo conjuntamente en el asunto T‑435/23 y al Consejo en el asunto T‑224/24 al pago de una indemnización por el daño material sufrido, que asciende, en cada asunto, a 364 728,64 euros, más la correspondiente contribución a la jubilación, sin perjuicio de un incremento durante el procedimiento y sin perjuicio de los intereses de demora.

–        Condene a la EUIPO, en el asunto T‑435/23, y al Consejo, en el asunto T‑224/24, al pago de una indemnización por el daño moral sufrido, que asciende a 125 000 euros, sin perjuicio de un incremento durante el procedimiento y sin perjuicio de los intereses de demora.

–        Condene a la EUIPO y al Consejo a cargar con la totalidad de las costas.

40      En el asunto T‑435/23, el Consejo, apoyado por la República de Polonia, la República Portuguesa y la República Eslovaca, así como la EUIPO, apoyada por la República de Polonia y la República Eslovaca, y, en el asunto T‑224/24, el Consejo, solicitan, en esencia, al Tribunal General que:

–        Declare la inadmisibilidad de los recursos.

–        Con carácter subsidiario, desestime los recursos por infundados.

–        Condene en costas al demandante.

41      En el mismo asunto, la República de Letonia solicita que se desestime el recurso.

**Fundamentos de Derecho**

42      Oídas las partes a este respecto, el Tribunal General decide acumular los presentes asuntos a efectos de la sentencia, con arreglo al artículo 68 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

***Sobre el fundamento jurídico de los recurso****s***

*Observaciones preliminares*

43      Procede señalar que el recurso en el asunto T‑435/23, que tiene por objeto la anulación de la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, de las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, de la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, y de la decisión de no prorrogar el mandato, se interpuso con carácter principal sobre la base del artículo 270 TFUE y, con carácter subsidiario, en la medida en que se refiere a la decisión de no prorrogar el mandato, sobre la base del artículo 263 TFUE.

44      Asimismo, ha de recordarse que el recurso en el asunto T‑435/23 se interpuso después de que el demandante hubiera presentado, ante el Consejo de Administración, las reclamaciones con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto contra la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, y la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, y que dichas reclamaciones habían sido desestimadas (véanse los apartados 16, 24, 29 y 30 anteriores), pero sin que el demandante hubiera seguido el procedimiento administrativo previo en lo que respecta a la decisión de no prorrogar el mandato.

45      El demandante explica a este respecto que la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, y la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, fueron adoptadas en el marco del Estatuto, en la medida en que el Consejo de Administración actuó como AFCC respecto a él, como prevén expresamente el artículo 153, apartado 1, letra h), del Reglamento 2017/1001 y los artículos 1 y 2 de la decisión MB-17‑01.

46      Por lo que respecta a la decisión de no prorrogar el mandato, el demandante alega que la exigencia de dirigirse a la AFPN o a la AFCC antes de presentar un recurso solo se refiere a las medidas que dicha autoridad puede modificar y que, por tanto, no era necesario presentar una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, dado que el Consejo de Administración, como AFCC, no puede volver a examinar dicha decisión.

47      En cuanto al recurso en el asunto T‑224/24, que también tiene por objeto la anulación de la decisión de no prorrogar el mandato y que también se interpuso sobre la base del artículo 270 TFUE, se recuerda que fue interpuesto después de que el demandante hubiera presentado ante el Consejo una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto y que esta había sido desestimada de manera implícita y posteriormente explícita (véanse los apartados 34 a 37 anteriores).

48      El demandante explica a este respecto que actuó así debido a la incertidumbre en cuanto a si, al adoptar la decisión de no prorrogar el mandato, el Consejo había actuado también en calidad de AFCC, de modo que, como medida complementaria y cautelar, siguió de todos modos el procedimiento administrativo previo ante el Consejo.

49      La EUIPO, apoyada por la República de Polonia y la República Eslovaca, y el Consejo, apoyado por la República de Letonia, la República de Polonia, la República Portuguesa y la República Eslovaca, alegan que los recursos en los asuntos T‑435/23 y T‑224/24 se basan erróneamente en el artículo 270 TFUE, en la medida en que todas las decisiones objeto de dichos asuntos no están comprendidas en el ámbito de aplicación del Estatuto.

50      En particular, sostienen que la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, y la decisión de no prorrogar el mandato se adoptaron en el marco de las competencias específicas atribuidas al Consejo de Administración y al Consejo, en virtud del artículo 158 del Reglamento 2017/1001, que establece un proceso *sui generis* relativo al nombramiento y a la destitución del director ejecutivo, mientras que la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, se adoptó sobre la base del artículo 153, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y de la decisión MB-17‑01, que establece un sistema distinto relativo a las competencias de la AFPN y a su ejercicio en la EUIPO, y que confiere directa y exclusivamente al Consejo de Administración la facultad de suspender la delegación de dichas competencias concedida al director ejecutivo.

51      Según la EUIPO, apoyada por la República de Polonia y la República Eslovaca, y el Consejo, apoyado por la República de Letonia, la República de Polonia, la República Portuguesa y la República Eslovaca, los recursos deberían haberse basado, por tanto, en el artículo 263 TFUE y, en la medida en que las pretensiones dirigidas contra la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, y la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, no se formularon en los plazos establecidos por dicho artículo, dichas decisiones han adquirido firmeza y, en consecuencia, no pueden impugnarse.

*Sobre la aplicabilidad del artículo 270 TFUE y de los artículos 90 y 91 del Estatuto*

52      Procede recordar que, en virtud del artículo 270 TFUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Unión y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezcan el Estatuto y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión (en lo sucesivo, «ROA») y que, en este marco, la jurisprudencia interpreta de manera extensiva el concepto de «litigio entre la Unión y sus agentes» (véase la sentencia de 5 de octubre de 2004, Sanders y otros/Comisión, T‑45/01, EU:T:2004:289, apartado 45 y jurisprudencia citada).

53      El artículo 270 TFUE instituye así un recurso judicial para los litigios en materia de función pública distinto de los de carácter general, como el recurso de anulación del artículo 263 TFUE (sentencia de 5 de mayo de 2022, Comisión/Missir Mamachi di Lusignano, C‑54/20 P, EU:C:2022:349, apartado 39).

54      A este respecto, para determinar la competencia del órgano jurisdiccional de la Unión con arreglo al artículo 270 TFUE, se han de tener en cuenta, además del tenor de este artículo, las disposiciones del Estatuto, al que remite aquel, en particular sus artículos 90 y 91, que no hacen sino aplicar lo dispuesto en el artículo 270 TFUE. El conjunto de estas disposiciones define dicha competencia tanto *ratione personae* como *ratione materiae* (véase la sentencia de 5 de mayo de 2022, Comisión/Missir Mamachi di Lusignano, C‑54/20 P, EU:C:2022:349, apartado 40 y jurisprudencia citada).

55      Por lo que respecta a la competencia *ratione personae* de los órganos jurisdiccionales de la Unión en virtud del artículo 270 TFUE, el artículo 91, apartado 1, del Estatuto indica que el Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Unión y «alguna de las personas a quienes se aplica el […]Estatuto» y que tenga por objeto la legalidad de un acto que les sea lesivo, en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto. De conformidad con esta última disposición, «las personas a las que se aplique el […] Estatuto» podrán presentar ante la AFPN reclamaciones dirigidas contra los actos que les sean lesivos (sentencia de 5 de mayo de 2022, Comisión/Missir Mamachi di Lusignano, C‑54/20 P, EU:C:2022:349, apartado 45).

56      Por lo que respecta a la competencia *ratione materiae*, es jurisprudencia reiterada que está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 270 TFUE y del artículo 91, apartado 1, del Estatuto todo litigio entre un funcionario y la institución de la que depende cuando ese litigio tenga su origen en la relación de empleo que vincula al funcionario con la institución (véase la sentencia de 5 de mayo de 2022, Comisión/Missir Mamachi di Lusignano, C‑54/20 P, EU:C:2022:349, apartado 42 y jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, el auto de 11 de julio de 1996, Gomes de Sá Pereira/Consejo, T‑30/96, EU:T:1996:107, apartado 24 y jurisprudencia citada).

57      En el caso de autos, procede hacer constar lo siguiente.

58      En primer lugar, por lo que respecta a la competencia *ratione personae*, del artículo 158, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 se desprende que el director ejecutivo se contrata como agente temporal, de conformidad con el artículo 2, letra a), del ROA. Asimismo, procede señalar que el director ejecutivo forma parte del personal de la EUIPO, al que, como se desprende del artículo 143, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, se aplican el Estatuto y el ROA y las normas de desarrollo de estas disposiciones. Además, del artículo 153, apartado 1, letra h), del Reglamento 2017/1001 y de los artículos 1 y 2 de la decisión MB-17‑01 se desprende que el Consejo de Administración es designado como AFCC del director ejecutivo, con arreglo al artículo 6, párrafo primero, del ROA, por lo que respecta a las modalidades de ejercicio de las competencias de director ejecutivo a efectos del funcionamiento de la EUIPO.

59      Además, el artículo 1 del contrato de trabajo firmado entre la EUIPO y el demandante establece expresamente que este fue contratado como agente temporal con arreglo al artículo 2, letra a), del ROA.

60      Por lo que respecta a la competencia *ratione materiae*, procede recordar, por una parte, que la suspensión de la delegación en el director ejecutivo de las competencias de la AFPN es decidida por el Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 153, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y con el artículo 4 de la Decisión MB-17‑01, y, por otra parte, que el procedimiento de prórroga del mandato del director ejecutivo es un procedimiento por etapas en el que participan tanto el Consejo de Administración como el Consejo, y mediante el que el primero lleva a cabo una evaluación en la que se analizan la actuación del director ejecutivo y los cometidos y retos futuros de la EUIPO, de conformidad con el artículo 158, apartado 3, del Reglamento 2017/2001, y el segundo, teniendo en cuenta esa evaluación, puede prorrogar el mandato del director ejecutivo sobre la base del artículo 158, apartado 4, de dicho Reglamento.

61      Por lo que respecta a la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, ha de señalarse que tiene por objeto suspender las competencias atribuidas a la AFPN que el Consejo de Administración delegó en el demandante en su condición de director ejecutivo. Así pues, en la medida en que el litigio concierne a dicha decisión, se refiere a la relación de empleo que une al demandante con la EUIPO.

62      Por lo que respecta al procedimiento de prórroga del mandato del director ejecutivo, procede añadir que, si bien es cierto que este último no tiene una relación laboral formal con el Consejo, no es menos cierto que dicha institución adopta una decisión que, cualquiera que sea su contenido, tiene consecuencias sobre la relación de empleo entre el director ejecutivo y su empleador, la EUIPO, y, por tanto, sobre su contratación como agente temporal. Así pues, debe considerarse que el Consejo es la AFCC del director ejecutivo en lo que respecta al procedimiento de prórroga de su mandato (véase, por analogía, el auto de 11 de julio de 1996, Gomes de Sá Pereira/Consejo, T‑30/96, EU:T:1996:107, apartado 29).

63      En segundo lugar, procede señalar que la EUIPO no ha logrado explicar en qué medida las características de las funciones del director ejecutivo, en particular por su definición en el artículo 157 del Reglamento 2017/1001, implicaban que una decisión sobre la eventual prórroga de su mandato no estaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 270 TFUE, a pesar de su condición de agente temporal. En efecto, dicho artículo no establece ninguna distinción en función de la naturaleza de las funciones o del nivel de las responsabilidades desempeñadas por la persona de que se trate.

64      En tercer lugar, debe indicarse que los principios establecidos en el asunto que dio lugar al auto de 13 de junio de 2022, Mendes de Almeida/Consejo (T‑334/21, EU:T:2022:375), relativo a los fiscales europeos, no son aplicables en el caso de autos.

65      En efecto, contrariamente a lo que ocurre con el director ejecutivo (véase el apartado 58 anterior), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, punto 4, y 12 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO 2017, L 283, p. 1), los fiscales europeos no forman parte del personal de la Fiscalía Europea y, por consiguiente, no están comprendidos en el ámbito de aplicación del Estatuto (auto de 13 de junio de 2022, Mendes de Almeida/Consejo, T‑334/21, EU:T:2022:375, apartado 37).

66      Habida cuenta de estos elementos, ha de considerarse que el demandante actúa, a efectos de los presentes recursos, en su condición de agente de la Unión, en el sentido del artículo 270 TFUE, y de persona a la que se aplica el Estatuto en el sentido de los artículos 90 y 91 de este. Además, dado que el litigio tiene por objeto la suspensión de algunas de las facultades del demandante como director ejecutivo y la falta de prórroga de su mandato, tiene su origen en la relación laboral que le unía a la EUIPO.

67      De ello se deduce que el Tribunal General es competente para conocer de los presentes recursos con arreglo al artículo 270 TFUE.

*Sobre el respeto del procedimiento administrativo previo*

68      Procede recordar que, en virtud del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, las personas a las que se aplique el Estatuto podrán presentar ante la AFPN reclamaciones dirigidas contra los actos que les sean lesivos, bien se hayan producido por resolución de dicha autoridad, bien por la falta de adopción por su parte de medidas que hubieran debido tomarse según el Estatuto. Por otra parte, del artículo 91, apartado 2, del Estatuto se desprende que un recurso ante el Tribunal General solo podrá ser admitido si previamente se ha presentado ante la AFPN una reclamación a tenor de lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto dentro del plazo previsto y si respecto de esta reclamación se ha adoptado una decisión denegatoria, ya sea implícita o explícita.

69      Por lo que se refiere al asunto T‑224/24, debe señalarse que el demandante interpuso el recurso en dicho asunto después de haber presentado ante el Consejo una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto y después de que dicha reclamación fuera desestimada.

70      Por consiguiente, procede concluir que se respetó el procedimiento administrativo previo ante el Consejo, el cual, dada la especificidad del procedimiento de prórroga del mandato del director ejecutivo, tal como se desprende del apartado 60 anterior, es, a efectos de dicho procedimiento, la AFCC competente para pronunciarse sobre la reclamación presentada por el demandante.

71      Por lo que se refiere al asunto T‑435/23, debe señalarse que el demandante presentó reclamaciones ante el Consejo de Administración contra la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, contra las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, y contra la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, e interpuso su recurso después de que se desestimaran las correspondientes reclamaciones (véase el apartado 44 anterior).

72      Por consiguiente, se respetó el procedimiento administrativo previo ante la AFCC competente antes de interponer el recurso de anulación en el asunto T‑435/23, en la medida en que este se refiere a la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, a las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, y a la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN.

73      Por lo que respecta a la observancia del procedimiento administrativo previo en relación con la decisión de no prorrogar el mandato en el marco del recurso en el asunto T‑435/23, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la admisibilidad de un recurso se aprecia en el momento de su presentación, por lo que solo puede permitirse a una parte demandante adaptar sus pretensiones y motivos, de modo que tengan en cuenta la adopción durante el procedimiento de nuevos actos, si su pretensión de anulación del acto inicialmente recurrido fuera admisible en la fecha de su presentación (véase el auto de 21 de noviembre de 2019, ZW/BEI, T‑727/18, no publicado, EU:T:2019:809, apartado 27 y jurisprudencia citada).

74      Pues bien, en el caso de autos, sin que sea necesario pronunciarse sobre la cuestión de si el documento presentado por el demandante el 6 de febrero de 2024 puede considerarse un escrito de adaptación en el sentido del artículo 86, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, basta con señalar que, en la fecha de interposición del recurso en el asunto T‑435/23, a saber, el 26 de julio de 2023, el demandante aún no había presentado la reclamación contra la decisión de no prorrogar el mandato, ya que dicha reclamación no se presentó hasta el 30 de agosto de 2023. De ello se desprende que, en el momento de la interposición del recurso en el asunto T‑435/23, la pretensión del demandante de que se anulara dicha decisión no era admisible debido a la inobservancia del procedimiento administrativo previo.

75      En cualquier caso, esta conclusión es irrelevante en el caso de autos, habida cuenta de que, en el apartado 70 anterior, se ha declarado que el demandante había respetado el procedimiento administrativo previo antes de interponer el recurso en el asunto T‑224/24 contra la decisión de no prorrogar el mandato.

76      De ello resulta que, si bien las pretensiones de anulación de la decisión de no prorrogar el mandato son inadmisibles en el asunto T‑435/23, no sucede lo mismo, en cambio, con las formuladas contra dicha decisión en el asunto T‑224/24.

***Sobre las pretensiones de anulació****n***

77      En apoyo de las pretensiones de anulación en el asunto T‑435/23, el demandante invoca, en primer lugar, la ilegalidad de la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, y de las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, y, en segundo lugar, la ilegalidad de la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN.

78      En apoyo de sus pretensiones de anulación en el asunto T‑224/24, el demandante invoca la ilegalidad de la decisión de no prorrogar el mandato.

79      Para empezar, es preciso examinar las pretensiones de anulación en el asunto T‑435/23 en la medida en que se dirigen contra, por una parte, la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, y, por otra parte, las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección; a continuación, analizar las pretensiones de anulación en el asunto T‑224/24, que tienen por objeto la decisión de no prorrogar el mandato, y, por último, pronunciarse sobre las pretensiones de anulación en el asunto T‑435/23 en la medida en que se dirigen contra la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN.

*Sobre las pretensiones de anulación en el asunto T*‑*435/23 en la medida en que se dirigen contra la decisión MB-22*‑*19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante*

80      El demandante solicita la anulación de la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, que considera un acto impugnable.

81      A tal efecto, el demandante alega que, al adoptar una decisión mediante la cual el Consejo de Administración indicó al Consejo que no le proponía prorrogar su mandato, sin tener, no obstante, competencia para ello, la EUIPO impidió *de facto* dicha prórroga y adoptó así una decisión lesiva.

82      Sin embargo, la EUIPO, apoyada por la República de Polonia y la República Eslovaca, solicita que se declare la inadmisibilidad de la pretensión del demandante, en la medida en que, a su entender, la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, materializa la evaluación prevista en el artículo 158, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 y, por lo tanto, solo tiene valor consultivo, ya que el Consejo es el único competente para adoptar un acto de carácter decisorio por lo que respecta a la prórroga de tal mandato.

83      Por lo que atañe a la admisibilidad de la pretensión de anulación de la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, es jurisprudencia reiterada que constituyen actos que pueden ser objeto de un recurso de anulación todos los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión, cualesquiera que sean su naturaleza o su forma, destinados a producir efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica. A este respecto, en principio, constituyen actos impugnables las medidas que fijan definitivamente la postura de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión al finalizar un procedimiento administrativo y que tienen como finalidad producir efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante, con exclusión de las medidas de trámite, cuyo objetivo es preparar la decisión definitiva, que carecen de tales efectos (véase, en ese sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, apartado 70 y jurisprudencia citada).

84      A este respecto, procede recordar que, de conformidad con el artículo 158, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, en el marco del procedimiento de prórroga del mandato del director ejecutivo, el Consejo de Administración solo procederá una evaluación en la que se analizarán la actuación del director ejecutivo y los cometidos y retos futuros de la EUIPO, mientras que, de conformidad con el artículo 158, apartado 4, de dicho Reglamento, el Consejo debe, teniendo en cuenta dicha evaluación, adoptar la decisión sobre la eventual prórroga.

85      Pues bien, la circunstancia de que, en el caso de autos, el Consejo de Administración titulara la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, «decisión de no presentar al Consejo de la Unión Europea una propuesta de prórroga del mandato del [demandante]» y presentara, en su escrito de 7 de diciembre de 2022 al Consejo, la partida del director ejecutivo y la contratación de un sucesor en términos irreversibles (véanse los apartados 7 y 10 anteriores) carece por sí sola de pertinencia en cuanto a la cuestión de la admisibilidad de las pretensiones de anulación contra dicha decisión.

86      En efecto, del artículo 158, apartados 3 y 4, del Reglamento 2017/1001 se desprende claramente que el procedimiento de prórroga del mandato del director ejecutivo se desarrolla en dos etapas, la primera de las cuales consiste en la realización de una evaluación por el Consejo de Administración y la segunda en la adopción de una decisión por el Consejo, que tiene en cuenta dicha evaluación pero no está vinculado por ella (véase el apartado 60 anterior).

87      Pues bien, cuando la adopción de actos o de decisiones se produce al término de un procedimiento que consta de varias fases de elaboración, solo las medidas que fijan definitivamente la postura de la institución constituyen actos impugnables, con exclusión de las medidas intermedias que las precedieron y que tenían por objeto prepararlas (véase la sentencia de 2 de febrero de 2022, LU/BEI, T‑536/20, no publicada, EU:T:2022:40, apartado 38 y jurisprudencia citada).

88      Dado que, en el caso de autos, la decisión final relativa a la eventual prórroga del mandato del director ejecutivo debe ser adoptada por el Consejo a la luz del procedimiento recordado en el apartado 86 anterior, la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, es un acto de trámite, en la medida en que no produce ningún efecto jurídico obligatorio que pueda afectar a los intereses del demandante (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión, 60/81, EU:C:1981:264, apartado 9, y de 18 de noviembre de 2010, NDSHT/Comisión, C‑322/09 P, EU:C:2010:701, apartado 45 y jurisprudencia citada), y en que no puede afectar a la libertad de elección del Consejo en cuanto a la prórroga del mandato del demandante.

89      Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación del demandante de que la transmisión tardía de la nota de 31 de octubre de 2022 al Consejo (véase el apartado 26 anterior) no dejó a este otra opción que la de no prorrogar su mandato. En efecto, el demandante no ha aportado, en cualquier caso, ningún dato que permita concluir que el período restante entre dicha transmisión, el 25 de abril de 2023, y el final de su mandato, el 30 de septiembre de 2023, no era suficiente para permitir al Consejo formarse su propia apreciación.

90      Por consiguiente, procede concluir que la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, no produce ningún efecto jurídico obligatorio que pueda afectar a los intereses del demandante, de modo que la pretensión de anulación de dicha decisión es inadmisible.

*Sobre las pretensiones de anulación en el asunto T*‑*435/23 en la medida en que se dirigen contra las decisiones MB-22*‑*20 y MB-22*‑*21, relativas al procedimiento de selección*

91      El demandante alega que las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, lesionan sus intereses, ya que están intrínsecamente vinculadas a la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, en la medida en que, para que se publique una convocatoria para proveer plaza vacante, es necesario que exista la certeza de que un puesto está vacante o lo será a corto plazo.

92      A este respecto, procede recordar que, en virtud del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, la demanda debe contener una exposición sumaria de los motivos invocados. Dicha exposición debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal General resuelva el recurso, en su caso sin disponer de información adicional. Por ello, la demanda debe concretar en qué consiste el motivo sobre el que se apoya el recurso, de tal manera que su simple mención abstracta no cumple los requisitos exigidos por el Reglamento de Procedimiento [véase la sentencia de 4 de julio de 2017, Systema Teknolotzis/Comisión, T‑234/15, EU:T:2017:461, apartado 139 (no publicado) y jurisprudencia citada]. En efecto, de la demanda debe desprenderse de manera inequívoca lo que la parte demandante ha pretendido sostener (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de marzo de 2019, Pethke/EUIPO, T‑169/17, no publicada, EU:T:2019:135, apartado 115).

93      Pues bien, procede señalar que el demandante no ha formulado ninguna alegación dirigida específicamente a impugnar la legalidad de las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de junio de 2018, Winkler/Comisión, T‑369/17, no publicada, EU:T:2018:334, apartado 54).

94      Además, al ser preguntado a este respecto en la vista, el demandante confirmó que consideraba que las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, eran ilegales, y se refirió, con carácter general, a la argumentación que había formulado en el marco de la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato. Ahora bien, en ningún lugar de la demanda se adapta dicha argumentación a las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección.

95      Así pues, procede declarar que no se cumplen los requisitos del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, puesto que tal referencia general a otras partes de la demanda obliga al Tribunal General a intentar identificar las alegaciones que, en su opinión, pueden referirse a la supuesta ilegalidad de las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección (véase, en este sentido, el auto de 6 de junio de 2024, Lucaccioni/Comisión, T‑516/23, no publicado, EU:T:2024:386, apartado 24), de modo que de la demanda no se desprende de manera inequívoca lo que el demandante pretendió sostener a este respecto.

96      Por último, en el supuesto de que el demandante pretendiera alegar que la ilegalidad de las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, se derivaba directamente de la ilegalidad de la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, tampoco se cumplen los requisitos del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, puesto que, a falta de toda explicación al respecto (véase el apartado 93 anterior), no se ha demostrado que los vicios de que supuestamente adolece esta última decisión (véase el apartado 80 anterior) también podían poner en cuestión la legalidad de las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, dada la diferente naturaleza de dichas decisiones.

97      Habida cuenta de lo anterior, procede declarar la inadmisibilidad de las pretensiones de anulación en el asunto T‑435/23 en la medida en que se refieren a las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, puesto que, con independencia de si constituían actos impugnables, no se cumplen los requisitos del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento.

*Sobre las pretensiones de anulación en el asunto T*‑*224/24 en la medida en que se refieren a la legalidad de la decisión de no prorrogar el mandato*

98      En el marco del motivo único del asunto T‑224/24, el demandante solicita la anulación de la decisión de no prorrogar el mandato alegando, en primer lugar, que esta no respeta el procedimiento establecido en el artículo 158 del Reglamento 2017/1001, por cuanto adolece de incompetencia del autor del acto y de una vulneración del derecho a ser oído, en segundo lugar, adolece de un error manifiesto de apreciación, y, en tercer lugar, vulnera los principios de no discriminación, de igualdad de trato y de protección de la confianza legítima.

99      Por lo que respecta a la supuesta vulneración del derecho a ser oído con arreglo al artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que procede examinar antes de nada, el demandante alega que no se le dio la oportunidad de presentar sus observaciones antes de la adopción de la decisión de no prorrogar el mandato.

100    El Consejo sostiene que no se produjo una vulneración del derecho a ser oído y formula, en este marco, varias alegaciones.

101    En primer término, el Consejo alega que el derecho a ser oído no se aplica en el caso de autos, puesto que el procedimiento de nombramiento del director ejecutivo y el de la prórroga de su mandato no están comprendidos en el ámbito de aplicación del Estatuto ni en el del ROA. Afirma que, en cambio, actuó como autoridad política al pronunciarse sobre la posible prórroga de un mandato que implica «una responsabilidad particular de alto nivel en el sistema institucional de la Unión», en cuyo marco evaluó los cometidos y retos futuros de la EUIPO y decidió la elección de la persona que consideraba mejor situada para hacerles frente en los próximos cinco años.

102    El Consejo añade que el procedimiento relativo a una eventual prórroga del mandato del director ejecutivo se asimila al procedimiento de selección de un nuevo director ejecutivo, con la única diferencia de que, en el procedimiento relativo a una eventual prórroga del mandato, el Consejo de Administración no está obligado a elaborar una lista de candidatos. Dicho esto, en su opinión, en ambos casos, el candidato no seleccionado no dispone de ningún derecho a ser oído.

103    En segundo término, el Consejo considera que el demandante fue oído adecuadamente, dado que, en primer lugar, de conformidad con sus obligaciones derivadas del artículo 157 del Reglamento 2017/1001, como director ejecutivo, informaba regularmente al Consejo de Administración de sus actividades y, en segundo lugar, participó activamente en la preparación de la nota de 31 de octubre de 2022. Según el Consejo, el demandante admitió los hechos y los datos recabados por el Consejo de Administración y presentados al Consejo en el marco de la evaluación realizada con arreglo al artículo 158, apartado 3, de dicho Reglamento.

104    En tercer término, el Consejo alega que el resultado del procedimiento no habría sido diferente en el supuesto de que el demandante hubiera sido oído, ya que es difícil ver qué datos adicionales que pudieran modificar sustancialmente la decisión de no prorrogar el mandato habría podido aportar, en la medida que, en el caso de autos, debía realizarse una elección binaria entre prorrogar o no prorrogar el mandato del demandante a la luz de la evaluación de la actuación anterior del director ejecutivo y de los cometidos y retos futuros de la EUIPO.

105    A este respecto, procede recordar, con carácter preliminar, que el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que el derecho a una buena administración incluye, en particular, el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente.

106    El derecho a ser oído exige que se permita a los destinatarios de decisiones que afecten sensiblemente a sus intereses expresar útilmente su punto de vista acerca de los datos tenidos en cuenta en su contra para fundamentar el acto controvertido en el marco de un intercambio escrito u oral iniciado por la administración (sentencia de 19 de diciembre de 2019, Probelte/Comisión, T‑67/18, EU:T:2019:873, apartado 86 y jurisprudencia citada; véanse también, en este sentido, las sentencias de 10 de enero de 2019, RY/Comisión, T‑160/17, EU:T:2019:1, apartado 45 y jurisprudencia citada, y de 9 de febrero de 2022, Van Walle/ECDC, T‑33/20, no publicada, EU:T:2022:60, apartado 133 y jurisprudencia citada).

107    Por otra parte, el derecho a ser oído exige que la administración preste toda la atención necesaria a las observaciones formuladas de este modo por el interesado, examinando minuciosa e imparcialmente todos los elementos relevantes del asunto de que se trate, y debe permitir a la administración una instrucción del expediente que haga posible adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa y motivarla, de manera que se permita, en su caso, al interesado ejercer válidamente su derecho a recurrir (véase la sentencia de 10 de enero de 2019, RY/Comisión, T‑160/17, EU:T:2019:1, apartados 26 y 27 y jurisprudencia citada).

108    En primer lugar, por lo que respecta a la aplicabilidad, en el caso de autos, del derecho a ser oído, procede recordar que este derecho se aplica a cualquier procedimiento incoado contra una persona que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses, aun cuando la normativa aplicable no lo prevea (sentencia de 8 de mayo de 2019, PT/BEI, T‑571/16, no publicada, EU:T:2019:301, apartado 164 y jurisprudencia citada).

109    A este respecto, ha de señalarse que, mediante correo electrónico de 3 de agosto de 2022, el demandante confirmó expresamente su voluntad de mantener su puesto en la EUIPO y su disponibilidad para ello (véase el apartado 4 anterior), de manera que la decisión de no prorrogar su mandato debe considerarse adoptada después de una solicitud por su parte de que se prorrogara su mandato (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de septiembre de 2024, Kirimova/EUIPO, T‑727/20 RENV, EU:T:2024:646, apartados 76 y 77 y jurisprudencia citada).

110    Pues bien, dado que una decisión de no prorrogar el mandato conduce inevitablemente a la no renovación del contrato del demandante como agente temporal de la EUIPO (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de octubre de 2022, Van Walle/ECDC, T‑83/21, no publicada, EU:T:2022:626, apartado 33 y jurisprudencia citada), esta decisión le afecta desfavorablemente, por lo que es aplicable el derecho a ser oído.

111    Las alegaciones formuladas por el Consejo no desvirtúan esta conclusión.

112    Para empezar, el hecho de que el Consejo actuara como «autoridad política» que se pronuncia sobre la eventual prórroga del mandato de un agente que ejerce «una responsabilidad particular de alto nivel en el sistema institucional de la Unión» carece de pertinencia, ya que el Derecho de la Unión no prevé tales excepciones al derecho a ser oído.

113    A continuación, carece asimismo de pertinencia la cuestión de si el procedimiento de nombramiento del director ejecutivo y de prórroga de su mandato, tal y como está previsto en el artículo 158, apartados 2 y 4, del Reglamento 2017/1001, está comprendido en el ámbito de aplicación del Estatuto y del ROA. En efecto, como se ha indicado en el apartado 108 anterior, el derecho a ser oído se aplica a todo procedimiento incoado contra una persona que pueda terminar en un acto que le sea lesivo, con independencia de que el procedimiento de que se trate esté previsto en el Estatuto o en el ROA o de que la normativa aplicable así lo establezca.

114    Por último, procede desestimar la alegación del Consejo según la cual el demandante no disponía de ningún derecho a ser oído, dado que el procedimiento relativo a una eventual prórroga del mandato del director ejecutivo se asimila al procedimiento de selección de un nuevo director ejecutivo.

115    A este respecto, basta con señalar que un procedimiento de selección de un nuevo director ejecutivo en virtud del artículo 158, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 solo implica la apreciación de la aptitud de los diferentes candidatos a la luz de los requisitos de selección. En cambio, en primer término, un procedimiento relativo a una eventual prórroga del mandato del director ejecutivo llevado a cabo en virtud del artículo 158, apartados 3 y 4, de dicho Reglamento implica, por una parte, una evaluación de la actuación del director ejecutivo en funciones durante su mandato y, por otra parte, la adopción de una decisión teniendo en cuenta dicha evaluación y los cometidos y retos futuros de la EUIPO. En segundo término, este procedimiento se caracteriza por dar lugar a la adopción de una medida individual en el sentido del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales.

116    En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación del Consejo de que, en cualquier caso, el demandante tuvo la oportunidad de exponer su punto de vista, procede señalar que el interés del demandante en ser oído se manifestó sobre todo una vez que, al final de la reunión del Consejo de Administración de 22 de noviembre de 2022, resultó que no había mayoría en dicho Consejo a favor de una prórroga de su mandato. En efecto, con anterioridad a ese momento, el demandante solo tenía conocimiento de la nota de 31 de octubre de 2022, que tenía un contenido positivo respecto a él e incluía una recomendación, por parte del presidente del Consejo de Administración, de prorrogar su mandato. Por lo tanto, el Consejo debía permitir al demandante ejercer eficazmente su derecho a ser oído en un momento oportuno entre la reunión del Consejo de Administración de 22 de noviembre de 2022 y la adopción de la decisión de no prorrogar el mandato.

117    Por la misma razón, contrariamente a lo que sostiene el Consejo, el intercambio regular entre el Consejo de Administración y el demandante en relación con sus actividades como director ejecutivo y la colaboración del demandante en la nota de 31 de octubre de 2022 no le permitieron dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre la posibilidad de que no se prorrogara su mandato, como exige la jurisprudencia citada en el apartado 106 anterior.

118    En efecto, el derecho a ser oído exige que el interesado tenga la posibilidad de manifestar su punto de vista acerca de los datos tenidos en cuenta en su contra para fundamentar el acto controvertido (véase el apartado 106 anterior). Pues bien, aunque el demandante pudo presentar observaciones sobre la nota de 31 de octubre de 2022, que le era favorable, procede señalar que, para adoptar la decisión de no prorrogar el mandato, el Consejo también tuvo en cuenta la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, respecto de la que el demandante no fue oído.

119    Habida cuenta de lo anterior, procede declarar que no se respetó el derecho a ser oído.

120    En tercer lugar, por lo que respecta a la cuestión de si el resultado del procedimiento habría podido ser diferente si se hubiera oído al demandante, debe recordarse que, incluso en el caso de que se hubiera vulnerado el derecho a ser oído, para que pueda estimarse el motivo es necesario que, de no haberse producido tal irregularidad, el procedimiento hubiera podido llevar a un resultado diferente (véase la sentencia de 6 de febrero de 2007, Wunenburger/Comisión, T‑246/04 y T‑71/05, EU:T:2007:34, apartado 149 y jurisprudencia citada). Ahora bien, en este contexto, no puede exigirse a una parte demandante que invoca la vulneración de su derecho a ser oída que demuestre que la decisión de la institución de la Unión de que se trate habría tenido un contenido diferente, sino únicamente que tal hipótesis no queda completamente excluida (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de septiembre de 2024, Kirimova/EUIPO, T‑727/20 RENV, EU:T:2024:646, apartado 78 y jurisprudencia citada).

121    A este respecto, contrariamente a lo que alega el Consejo, el demandante habría podido proporcionarle explicaciones o aclaraciones en cuanto a la falta de prórroga de su mandato. En efecto, aun cuando una decisión sobre la eventual prórroga del mandato del director ejecutivo refleja no solo cualidades personales y logros de dicho director, sino también consideraciones de carácter general, e incluso político, ello no pone en cuestión el hecho de que se trata, por definición, de asuntos sobre los que el demandante habría podido formular explicaciones potencialmente pertinentes. Por consiguiente, no puede excluirse que el procedimiento hubiera podido llevar a un resultado diferente.

122    Además, de los autos se desprende que los Estados miembros, que están representados tanto en el Consejo de Administración como en el Consejo, tenían, en la fase de la evaluación con arreglo al artículo 158, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, opiniones divergentes sobre la eventual prórroga del mandato del demandante. En efecto, en el Consejo de Administración había once votos a favor de tal prórroga, siete votos en contra y doce abstenciones. Pues bien, dado que el Consejo adopta la decisión en virtud del artículo 158, apartado 4, del Reglamento 2017/1001 por mayoría simple, no puede excluirse que el número de Estados miembros requerido para inclinar la mayoría a favor del demandante hubiera cambiado después de que dichos Estados hubieran tenido conocimiento de las observaciones adicionales que el demandante debería haber podido presentar en un momento oportuno entre la reunión del Consejo de Administración de 22 de noviembre de 2022 y la adopción de la decisión de no prorrogar el mandato.

123    Habida cuenta de lo anterior, procede anular la decisión de no prorrogar el mandato, sin que sea necesario pronunciarse sobre las demás alegaciones formuladas por el demandante en el marco del motivo único en el asunto T‑224/24.

*Sobre las pretensiones de anulación en el asunto T*‑*435/23 en la medida en que se dirigen contra la decisión MB-23*‑*04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN*

124    El demandante solicita que se declare la ilegalidad de la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, que conlleva la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN que se le había concedido y una limitación de sus facultades a la gestión de los asuntos de administración ordinaria para el funcionamiento de la EUIPO, puesto que dicha decisión vulnera, a su juicio, en primer lugar, su derecho a ser oído, en segundo lugar, el artículo 157 del Reglamento 2017/1001, y, en tercer lugar, el artículo 4 de la decisión MB-17‑01 y el principio de proporcionalidad.

125    Procede examinar primero esta última alegación.

–       *Sobre el alcance de la decisión MB-23*‑*04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN*

126    Ha de recordarse que, en la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, tras indicar que el Consejo de Administración había decidido suspender la delegación en el demandante de las competencias de la AFPN, se declara que «el Consejo de Administración decidió limitar [las] facultades [del demandante] a la gestión de los asuntos de administración ordinaria para el funcionamiento de la EUIPO, sin incidencia en el futuro de la [EUIPO], ni obligación para el próximo director ejecutivo».

127    Sin embargo, en la decisión desestimatoria de la reclamación contra la decisión MB-23‑04, se indica que solo se ha suspendido la delegación de las competencias del demandante de la AFPN y que cualquier otra competencia atribuida a este último, en particular en virtud del artículo 157 del Reglamento 2017/1001, sigue en vigor.

128    Procede considerar, habida cuenta de la decisión desestimatoria de la reclamación contra la decisión MB-23‑04, cuya motivación debe tenerse en cuenta para apreciar la legalidad de la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN [véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de septiembre de 2011, Adjemian y otros/Comisión, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, apartado 32 y jurisprudencia citada, y de 23 de marzo de 2022, NV/eu-LISA, T‑661/20, EU:T:2022:154, apartados 31 y 33 (no publicados) y jurisprudencia citada], que solo se suspendió la delegación en el demandante de las competencias de la AFPN. Además, procede señalar que el demandante solo impugna la legalidad de dicha suspensión.

–       *Sobre la admisibilidad de las pretensiones de anulación en el asunto T*‑*435/23 en la medida en que se dirigen contra la decisión MB-23*‑*04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, y sobre el interés del demandante en ejercitar la acción*

129    En el caso de autos, la EUIPO niega la existencia de un acto lesivo y de un interés en ejercitar la acción, que constituyen requisitos que debe cumplir la admisibilidad de cualquier recurso de anulación.

130    Por lo que se refiere a la existencia de un acto lesivo, en primer lugar, debe considerarse que, habida cuenta de la naturaleza y de la amplitud de las competencias de la AFPN, al suspender la delegación de estas últimas, la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, produjo efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a los intereses del demandante modificando sustancialmente su situación jurídica (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de octubre de 2002, Pflugradt/BCE, T‑178/00 y T‑341/00, EU:T:2002:253, apartado 81, y de 1 de septiembre de 2021, KN/CESE, T‑377/20, EU:T:2021:528, apartado 74).

131    En segundo lugar, en la decisión desestimatoria de la reclamación contra la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, el Consejo de Administración alega una pérdida de confianza en la capacidad del demandante para ejercer su función de AFPN de manera imparcial y objetiva en interés de la EUIPO, invocando cinco incidentes relacionados con comportamientos del demandante, lo que puede acarrear consecuencias importantes para el interesado, tanto en el plano profesional como en el personal (véase, por analogía, la sentencia de 15 de junio de 2000, F/Comisión, T‑211/98, EU:T:2000:153, apartados 30 y 31).

132    De ello se deduce que la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, puede ser lesiva para el demandante en el sentido del artículo 91, apartado 1, del Estatuto.

133    Por lo que respecta al interés en ejercitar la acción, la EUIPO alega que el demandante ha perdido su interés en ejercitar la acción, dado que la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, era válida hasta el final de su mandato y ya no está en vigor. Por lo tanto, a su juicio, el demandante ya no puede obtener beneficio alguno de su anulación.

134    El demandante sostiene que la anulación de la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, que refleja un juicio de valor por parte del Consejo de Administración y recibió mucha atención interna y externa, podría contribuir a su rehabilitación y constituir una forma de reparación del daño moral que sufrió.

135    A este respecto, aunque de la jurisprudencia se desprende que el interés en ejercitar la acción debe subsistir hasta que se dicte la resolución judicial so pena de sobreseimiento, lo que supone que el recurso debe poder procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto (sentencia de 7 de junio de 2007, Wunenburger/Comisión, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, apartados 42 y 43), el Tribunal de Justicia ha reconocido que el interés en ejercitar la acción de la parte demandante no desaparece necesariamente por el hecho de que el acto impugnado por este haya cesado de producir efectos durante la sustanciación del recurso. En efecto, una parte demandante puede seguir teniendo interés en obtener una declaración de ilegalidad de dicho acto para el período en el que era aplicable y produjo sus efectos, declaración que conserva al menos un interés como fundamento de un eventual recurso de responsabilidad (véase la sentencia de 12 de diciembre de 2024, Nemea Bank/BCE y otros, C‑181/22 P, EU:C:2024:1020, apartado 41 y jurisprudencia citada).

136    En el caso de autos, procede señalar que, el 1 de octubre de 2023, finalizó el mandato del demandante, de modo que la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, dejó de producir efectos jurídicos a su respecto. No obstante, ha de subrayarse, por una parte, que las pretensiones indemnizatorias en el asunto T‑435/23 se basan parcialmente en la supuesta ilegalidad de dicha decisión y, por otra parte, que el perjuicio que el demandante alega haber sufrido a este respecto está vinculado al menoscabo de su reputación profesional.

137    De ello se deduce que la anulación de la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, puede procurar un beneficio al demandante, por lo que este ha preservado su interés en ejercitar la acción contra dicha decisión y las alegaciones que ha formulado a este respecto deben examinarse, comenzando por las relativas a la infracción del artículo 4 de la decisión MB-17‑01 y a la vulneración del principio de proporcionalidad.

–       *Sobre la procedencia de las pretensiones de anulación en el asunto T*‑*435/23 en la medida en que se dirigen contra la decisión MB-23*‑*04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN*

138    Como se ha indicado en el apartado 124 anterior, el demandante alega, en particular, que la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, infringe el artículo 4 de la decisión MB-17‑01 y vulnera el principio de proporcionalidad, ya que el Consejo de Administración solo puede decidir suspender la delegación de las competencias de la AFPN en circunstancias excepcionales que, en su opinión, no son aplicables al caso de autos.

139    Más concretamente, el demandante hace referencia a los cinco incidentes invocados en la decisión desestimatoria de la reclamación contra la decisión MB-23‑04 para justificar la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN que se le había concedido (véase el anterior apartado 131), a saber, en primer lugar, la transmisión, por correo electrónico de uno de sus abogados, al secretario general del Consejo y al secretario general de la Comisión, con copia al director general del servicio de auditoría interna de esta última, de una copia de su reclamación contra la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, y las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección; en segundo lugar, su solicitud de que se modificara el contenido del acta de la reunión del Consejo de Administración de 22 de noviembre de 2022; en tercer lugar, el escrito de 3 de febrero de 2023 de sus abogados al presidente del Consejo de Administración, mediante el que se preguntaba por las medidas adoptadas en respuesta a la divulgación, en diferentes periódicos españoles, del resultado de la reunión de dicho Consejo de 22 de noviembre de 2022; en cuarto lugar, la falta de declaración de conflicto de intereses por su parte en cuanto a su participación en el subcomité preparatorio para la selección del futuro director ejecutivo, y, en quinto lugar, su decisión de no renovar a su vencimiento, en enero de 2023, los contratos de seis expertos nacionales en comisión de servicio en la EUIPO.

140    Según el demandante, los incidentes mencionados en el apartado 139 anterior no constituyen circunstancias excepcionales en el sentido del artículo 4 de la decisión MB-17‑01 y no pueden justificar la legalidad de la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN que se le había concedido.

141    En sus escritos, la EUIPO, apoyada por la República de Polonia y la República Eslovaca, no refuta las alegaciones formuladas por el demandante en relación con esos cinco incidentes, pero afirma, de manera general, que determinadas acciones y declaraciones del demandante, así como determinados incidentes causados por él, generaron un riesgo para la gestión de la EUIPO.

142    Además, la EUIPO invoca otros incidentes que indica que se produjeron a raíz de la adopción de la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, y de la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, que, a su juicio, demuestran la actitud vindicativa y antagonista del demandante respecto del Consejo de Administración.

143    La EUIPO afirma que, para empezar, el demandante intentó utilizar los recursos de la EUIPO para impugnar la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, y las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, y para obtener acceso a documentos confidenciales, solicitando al personal de la EUIPO que le preparara un análisis de una eventual reclamación contra esas decisiones, incluido un posible conflicto de intereses de algunos miembros del Consejo de Administración, y que investigara la tributación de la indemnización por daños y perjuicios pagada a raíz de una resolución amistosa o sobre la base de una sentencia. Además, expresó abiertamente su falta de confianza en la fiabilidad y la profesionalidad del personal de la secretaría del Consejo de Administración. Por último, sopesó adoptar represalias individuales contra la responsable del servicio de relaciones institucionales estudiando la posibilidad de no confirmarla en su puesto al final de su período de prueba y al negarse, después de haberlo aprobado inicialmente, a participar en la reunión anual de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) de 2023.

144    Según la EUIPO, los hechos mencionados en el apartado 143 anterior, considerados conjuntamente, demuestran que la independencia y la objetividad del demandante como director ejecutivo estaban comprometidas, reduciendo así considerablemente la confianza del Consejo de Administración en su capacidad para gestionar objetivamente las competencias de la AFPN.

145    A este respecto, procede recordar, con carácter preliminar, que el artículo 4 de la decisión MB-17‑01 y el artículo 153, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento 2017/1001 establecen que la delegación en el director ejecutivo de las competencias de la AFPN puede suspenderse temporalmente cuando así lo exijan «circunstancias excepcionales».

146    En este marco, el Consejo de Administración dispone de una amplia facultad de apreciación a la hora de evaluar el requisito relativo a las circunstancias excepcionales, ya que la decisión de suspender las competencias de la AFPN se adopta en el marco de la organización de sus servicios. Habida cuenta del alcance de esta facultad de apreciación, el control del Tribunal General sobre el cumplimiento del requisito relativo a las circunstancias excepcionales debe limitarse a la cuestión de si la EUIPO se mantuvo dentro de los límites razonables y no hizo uso de su facultad de apreciación de manera manifiestamente errónea (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 7 de junio de 2018, OW/AESA, T‑597/16, no publicada, EU:T:2018:338, apartados 41 y 42).

147    En este contexto, la decisión desestimatoria de la reclamación contra la decisión MB-23‑04 indica, de manera general, que determinadas actuaciones y declaraciones del demandante, así como determinados incidentes causados por él, como solicitudes al personal de la EUIPO de dar prioridad a sus intereses personales, recurriendo a dicho personal para obtener, en su propia ventaja, acceso a documentos e información, menoscabaron el papel legítimo del Consejo de Administración, lo que suscitó serias dudas en cuanto a su lealtad hacia la EUIPO en general y el Consejo de Administración en particular y provocó una pérdida de confianza en su capacidad para ejercer su función de AFPN de manera imparcial y objetiva en interés de la EUIPO.

148    Según la resolución desestimatoria de la reclamación contra la decisión MB-23‑04, esta conclusión resulta, en particular, de los cinco incidentes mencionados en el apartado 139 anterior.

149    A este respecto, por lo que atañe al primer incidente antes mencionado (véanse los apartados 17 y 139 anteriores), procede recordar, con carácter preliminar, el derecho legítimo de todo miembro del personal de la EUIPO, como el director ejecutivo, a presentar una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto contra una decisión que le sea lesiva, derecho que, por otra parte, se reconoce expresamente en la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, al igual que en el escrito de contestación de la EUIPO.

150    Así pues, la transmisión de la reclamación contra la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, y las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, al secretario general del Consejo, que se reprocha al demandante en este contexto, no puede considerarse inadecuada, dado que corresponde al Consejo adoptar, teniendo en cuenta la evaluación realizada por el Consejo de Administración en virtud del artículo 158, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, la decisión final sobre la eventual prórroga del mandato del demandante (véase el apartado 84 anterior), y que, por tanto, el demandante tenía un interés legítimo en asegurarse de que el Consejo estaba al corriente de las supuestas ilegalidades de que adolecían dichas decisiones.

151    En cuanto a la transmisión de la reclamación contra la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, y las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, al secretario general y al director general del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión, que también se reprocha al demandante en este contexto, procede señalar que la Comisión tiene, en virtud del artículo 154, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, dos representantes en el Consejo de Administración, de modo que, en cualquier caso, iba a ser informada de la presentación de dicha reclamación y que, por tanto, dicha transmisión a la Comisión no tuvo ninguna consecuencia práctica.

152    Por lo que respecta al segundo incidente mencionado (véanse los apartados 14 y 139 anteriores), en la decisión desestimatoria de la reclamación contra la decisión MB-23‑04 se indica que el demandante intentó influir en el contenido del acta de la reunión del Consejo de Administración de 22 de noviembre de 2022 y eludir el procedimiento de su adopción, solicitando que se añadieran al acta declaraciones realizadas por él en dicha reunión, que no se correspondían con las grabaciones.

153    Pues bien, basta con señalar que de los autos se desprende que, el 12 de junio de 2023, es decir, antes de la adopción de la decisión desestimatoria de la reclamación contra la decisión MB-23‑04, el Consejo de Administración completó el acta con un resumen de las declaraciones cuya inclusión había solicitado el demandante, de modo que la EUIPO reconoció la legitimidad de las solicitudes de este último.

154    Por lo que respecta al tercer incidente mencionado (véanse los apartados 9, 15 y 139 anteriores), procede recordar que, en la decisión desestimatoria de la reclamación contra la decisión MB-23‑04, se reprocha al demandante haber solicitado al presidente del Consejo de Administración, mediante escrito de sus abogados de 3 de febrero de 2023, que notificara al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) la divulgación, en diferentes periódicos españoles, del resultado de la reunión de dicho Consejo de 22 de noviembre de 2022 como violación de datos personales, en virtud del artículo 34, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39). Más concretamente, se alega que dicho escrito fue enviado tardíamente, a saber, más de dos meses después de que se celebrara dicha reunión, y que esa divulgación no constituye una violación de datos personales.

155    A este respecto, procede recordar que, en el escrito de 3 de febrero de 2023, los abogados del demandante sostuvieron que la divulgación en cuestión constituía, por una parte, un incumplimiento de la obligación de confidencialidad que incumbe a los miembros del Consejo de Administración en virtud del artículo 15 del reglamento interno del Consejo de Administración y, por otra parte, una violación de los datos personales en el sentido del artículo 3, punto 16, del Reglamento 2018/1725.

156    Pues bien, en la decisión desestimatoria de la reclamación contra la decisión MB-23‑04, no se discute que el resultado de la reunión del Consejo de Administración de 22 de noviembre de 2022 había sido divulgado a la prensa española antes incluso de que el demandante fuera informado de ello, ni que ello era contrario al artículo 15 del reglamento interno del Consejo de Administración. Sin embargo, sin abordar la cuestión de si dicha divulgación constituye una violación de la seguridad de los datos personales en el sentido del artículo 3, punto 16, del Reglamento 2018/1725, se afirma en esa decisión que la divulgación de este tipo de información, incluidas las prórrogas de mandatos como el controvertido, es una práctica consolidada del Consejo de Administración establecida por el propio demandante y que no se trataba de datos personales.

157    Pues bien, como sostiene el demandante sin ser contradicho por la EUIPO, la divulgación de que se trata no puede compararse con la de otros agentes o funcionarios de la EUIPO cuyos nombramientos se comunicaron al público después de haber adquirido firmeza y que habían sido informados de ello, puesto que, en el caso de autos, se trata de una decisión del Consejo de Administración que era negativa y que fue divulgada en una fase prematura, es decir, antes de la decisión definitiva del Consejo sobre la eventual prórroga de su mandato y antes incluso de que él hubiera sido informado oficialmente de ello. Así pues, no puede considerarse inapropiado que el demandante denunciara dicha divulgación ante el presidente del Consejo de Administración.

158    Por lo que respecta al cuarto incidente mencionado (véanse los apartados 18, 21 y 139 anteriores), procede recordar que, después de que el demandante indicara, durante una conversación telefónica con el presidente del Consejo de Administración, el 22 de febrero de 2023, que consideraba que no se encontraba en una situación de conflicto de intereses, precisó, en su nota de 1 de marzo de 2023 dirigida a los miembros del Consejo de Administración (véase el apartado 21 anterior), que, si dicho Consejo decidía excluirle del subcomité preparatorio para la selección del futuro director ejecutivo, lo aceptaría. En efecto, no presentó ninguna reclamación contra la decisión MB-23‑03, por la que se le excluyó de dicho subcomité.

159    De ello se deduce que el único reproche que se hace al demandante consiste en que tuvo una opinión divergente de la del presidente del Consejo de Administración en lo que respecta a la existencia de un conflicto de intereses, lo que, sin embargo, no puede constituir un comportamiento inadecuado por su parte.

160    Por lo que respecta al quinto incidente mencionado (véanse los apartados 12 y 139 anteriores), el demandante indicó, sin que la EUIPO lo contradijera, que la no renovación de los contratos de seis expertos nacionales en comisión de servicios en la EUIPO no estaba motivada por el hecho de que esos expertos nacionales procedieran de Estados miembros que no habían apoyado la prórroga de su mandato, sino por razones presupuestarias. Por consiguiente, no existe ninguna prueba de que el demandante actuara de manera inadecuada en lo que respecta a dicha falta de renovación.

161    De ello resulta que ninguno de los cinco incidentes mencionados en el apartado 139 anterior indica un comportamiento inadecuado por parte del demandante, de modo que estos no pueden dar lugar a circunstancias excepcionales en el sentido del artículo 4 de la decisión MB-17‑01.

162    En cuanto a los incidentes invocados por la EUIPO en su escrito de contestación, (véanse los apartados 142 y 143 anteriores), el demandante alega que se trata de nuevos elementos que no figuran en la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN.

163    A este respecto, procede recordar que, en principio, la motivación debe ser notificada al interesado al mismo tiempo que la decisión lesiva. Solo si concurren circunstancias excepcionales pueden tenerse en cuenta razones adicionales, aportadas durante el procedimiento, para apreciar la legalidad de dicha decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartados 51 y 52 y jurisprudencia citada).

164    La EUIPO sostiene que los incidentes invocados en su escrito de contestación explican mejor los que figuran en la decisión desestimatoria de la reclamación contra la decisión MB-23‑04, sin precisar, sin embargo, a qué aspectos de la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, se refieren dichos elementos.

165    En este contexto, ha de constatarse que, además de los cinco incidentes específicos mencionados en el anterior apartado 139, la decisión desestimatoria de la reclamación contra la decisión MB-23‑04 se refiere únicamente a determinadas actuaciones y declaraciones por parte del demandante, como solicitudes al personal de la EUIPO de dar prioridad a sus intereses personales, recurriendo a dicho personal para obtener, en su propio beneficio, acceso a documentos e información (véase el apartado 147 anterior).

166    Pues bien, en primer lugar, esta referencia general a las actuaciones del demandante es incompleta y no permitió al demandante comprender que se refería al reproche de la EUIPO de que «expresó abiertamente su falta de confianza en la fiabilidad y la profesionalidad del personal de [dicha] Secretaría» (véase el apartado 143 anterior), lo que equivale a una falta de motivación a este respecto (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 55 y jurisprudencia citada).

167    En segundo lugar, lo mismo puede decirse del reproche según el cual el demandante adoptó represalias contra el responsable del Servicio de Relaciones Institucionales (véase el apartado 143 anterior).

168    Además, por lo que respecta a dichas represalias, el demandante explicó, sin que la EUIPO le contradijera, que de los informes de evaluación de dicho responsable se desprendía que su actuación y su conducta planteaban problemas ya desde 2022, que su participación en la reunión anual de la INTA había sido rechazada principalmente para reducir costes y que, en cualquier caso, la EUIPO no había participado finalmente en dicha reunión.

169    En tercer lugar, por lo que respecta al incidente relativo a una supuesta petición del demandante al personal de la EUIPO de que se le preparara un análisis de una eventual reclamación contra la MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, y de las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, y de que se investigara la tributación de la indemnización por daños y perjuicios abonada a raíz de una resolución amistosa o sobre la base de una sentencia (véase el apartado 143 anterior), no puede excluirse que la referencia a determinadas actuaciones y declaraciones como solicitudes al personal de la EUIPO que se hace en la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, se refiera a este incidente.

170    Sin embargo, únicamente en supuestos excepcionales puede completarse la motivación de una decisión impugnada mediante explicaciones facilitadas durante el procedimiento de recurso (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 59). A este respecto, basta con señalar que ningún elemento de los autos permite concluir que las circunstancias del asunto fueran tales que la EUIPO no podía indicar suficientemente de qué «solicitudes al personal» se trataba en el presente asunto.

171    En cualquier caso, ha de señalarse que la EUIPO no aportó ninguna prueba en apoyo de sus alegaciones, mientras que, en la vista oral, el demandante las rebatió explícitamente y explicó que se había puesto en contacto con un abogado externo a tal efecto.

172    Además, aun suponiendo que las solicitudes del demandante al personal de la EUIPO se tuvieran en cuenta en la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, procede señalar que esta no contiene ningún elemento que permita concluir que la suspensión de la delegación en el demandante de las competencias de la AFPN sea una medida proporcionada por ese incidente solo, ya que todos los demás incidentes y comportamientos reprochados no pueden justificar dicha suspensión, como se desprende de las consideraciones antes expuestas.

173    Habida cuenta de lo anterior, procede estimar la alegación del demandante relativa a la infracción del artículo 4 de la decisión MB-17‑01 y, por consiguiente, anular la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, sin que sea necesario pronunciarse sobre las demás alegaciones formuladas por el demandante.

***Sobre las****pretensiones de indemnizació****n***

174    En concepto de daño material, el demandante solicita al Tribunal General que condene a la EUIPO y al Consejo conjuntamente en el asunto T‑435/23 y al Consejo en el asunto T‑224/24 al pago de una indemnización que asciende, en cada asunto, a 364 728,64 euros. A este respecto, el demandante alega, en esencia, que las decisiones adoptadas por la EUIPO y el Consejo que dieron lugar a que no se prorrogara su mandato como director ejecutivo provocaron ese daño.

175    En concepto de daño moral, el demandante solicita que se condene a la EUIPO en el asunto T‑435/23 y al Consejo en el asunto T‑224/24 al pago de la cantidad de 125 000 euros, en la medida en que la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, y la decisión de no prorrogar el mandato y la divulgación de determinada información perjudicaron su reputación profesional.

176    A este respecto, procede recordar que la admisibilidad de un recurso de indemnización interpuesto ante el Tribunal General con arreglo al artículo 270 TFUE y al artículo 91 del Estatuto está supeditada al desarrollo regular del procedimiento administrativo previo y al cumplimiento de los plazos que este establece (véase el auto de 7 de febrero de 2017, Stips/Comisión, T‑593/16, no publicado, EU:T:2017:71, apartado 23 y jurisprudencia citada).

177    El procedimiento administrativo previo difiere en función de que el daño cuya reparación se solicita resulte de un acto lesivo en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto o de un comportamiento de la administración que no tenga carácter decisorio (auto de 14 de diciembre de 2022, Baert/Comisión, T‑111/22, no publicado, EU:T:2022:823, apartado 66).

178    En el primero de los casos mencionados en el apartado 177 anterior, incumbe al interesado presentar a la AFPN dentro del plazo prescrito una reclamación contra el acto de que se trate. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, las pretensiones de indemnización de un perjuicio material o moral deben desestimarse cuando se hallen íntimamente relacionadas con unas pretensiones de anulación que hayan sido declaradas, a su vez, inadmisibles o infundadas (véase la sentencia de 24 de noviembre de 2021, CX/Comisión, T‑743/16 RENV II, no publicada, EU:T:2021:824, apartado 417 y jurisprudencia citada).

179    En el segundo de los casos mencionados en el apartado 177, por el contrario, el procedimiento administrativo debe comenzar por la presentación de una solicitud, conforme al artículo 90, apartado 1, del Estatuto, para que se conceda una indemnización, y debe continuar, en su caso, con la presentación de una reclamación contra la decisión denegatoria de la solicitud (véase la sentencia de 24 de marzo de 2021, BK/EASO, T‑277/19, no publicada, EU:T:2021:161, apartado 124 y jurisprudencia citada).

180    Deben apreciarse a la luz de estas consideraciones las pretensiones de indemnización formuladas por el demandante, en primer lugar, en el asunto T‑435/23 y, en segundo lugar, en el asunto T‑224/24.

*Sobre las pretensiones de indemnización formuladas en el asunto T*‑*435/23*

–       *Sobre el daño material*

181    Por lo que respecta al daño material, procede señalar que la pretensión de indemnización está estrechamente vinculada a las pretensiones de anulación de la decisión de no prorrogar el mandato y de la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, y de las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, que, no obstante, son inadmisibles (véanse los apartados 74, 90 y 97 anteriores). De ello se deduce que también procede declarar la inadmisibilidad de dicha pretensión.

–       *Sobre el daño moral*

182    Por lo que respecta al daño moral, procede recordar que la pretensión de indemnización se basa, por una parte, en la ilegalidad de la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, y de las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, y en la divulgación del resultado de la votación del Consejo de Administración en la prensa y, por otra parte, en la ilegalidad de la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, así como en la comunicación del contenido de dicha decisión al personal de la EUIPO y su posterior divulgación a la prensa.

183    En la medida en que la pretensión de indemnización se basa en la ilegalidad alegada de la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, y de las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, procede declararla inadmisible por las razones mencionadas en el apartado 178 anterior, en la medida en que las pretensiones de anulación de dichas decisiones son igualmente inadmisibles (véanse los apartados 90 y 97 anteriores).

184    Además, en la medida en que la pretensión de indemnización se basa en la divulgación en la prensa española del resultado de la votación en el Consejo de Administración (véase el anterior apartado 9), el perjuicio alegado debe considerarse la consecuencia de un comportamiento de la EUIPO distinto de la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, y de las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección.

185    Pues bien, en este contexto, procede señalar que, si bien el demandante, en la reclamación de 17 de febrero de 2023 que dirigió a la EUIPO contra la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, y las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, solicitó expresamente la indemnización del daño moral derivado de la divulgación en la prensa española del resultado de la votación en el Consejo de Administración, no es menos cierto que, a raíz de la denegación de dicha solicitud el 16 de junio de 2023, no presentó una reclamación contra dicha decisión denegatoria, de conformidad con el artículo 90, apartado 2, del Estatuto (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2021, BK/EASO, T‑277/19, no publicada, EU:T:2021:161, apartado 125 y jurisprudencia citada).

186    Así pues, dado que el demandante no se ha atenido a las dos fases del procedimiento administrativo previo mencionadas en el apartado 179 anterior, procede declarar la inadmisibilidad de esta pretensión de indemnización.

187    Por otra parte, en la medida en que la pretensión de indemnización ligada al daño moral se basa en la supuesta ilegalidad de la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, está estrechamente vinculada a la pretensión de anulación de dicha decisión, que es admisible y está fundada (véanse los apartados 137 y 173 anteriores).

188    A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, cuando las pretensiones de indemnización se basan en la ilegalidad del acto anulado, la anulación pronunciada por el Tribunal General puede constituir, por sí misma, una reparación adecuada, y en principio suficiente, de todo daño moral que pueda haber causado dicho acto, salvo que la parte demandante demuestre haber sufrido un daño moral que no pueda ser reparado totalmente por dicha anulación (véanse, en este sentido, el auto de 3 de septiembre de 2019, FV/Consejo, C‑188/19 P, no publicado, EU:C:2019:690, apartado 26, y la sentencia de 28 de abril de 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, apartado 86).

189    Pues bien, procede señalar que el demandante no formula ninguna alegación específica que demuestre que su daño moral no puede repararse íntegramente mediante la anulación de la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN.

190    Además, por lo que respecta al supuesto daño moral derivado de la comunicación al personal de la EUIPO del contenido de la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, y su posterior divulgación a la prensa, procede señalar que, si bien el demandante, en la reclamación de 17 de marzo de 2023 que dirigió al Consejo, solicitó expresamente la indemnización de su daño moral derivado de esos hechos, que no guardan relación directa con el recurso de anulación interpuesto contra dicha decisión, no es menos cierto que, a raíz de la denegación de dicha solicitud el 17 de julio de 2023, el demandante no presentó una reclamación contra dicha decisión denegatoria, de conformidad con el artículo 90, apartado 2, del Estatuto (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2021, BK/EASO, T‑277/19, no publicada, EU:T:2021:161, apartado 125 y jurisprudencia citada). Así pues, dado que el demandante no se ha atenido a las dos fases del procedimiento administrativo previo mencionadas en el apartado 179 anterior, procede declarar la inadmisibilidad de esta pretensión de indemnización.

191    Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar las pretensiones de indemnización en el asunto T‑435/23.

*Sobre las pretensiones de indemnización formuladas en el asunto T*‑*224/24*

–       *Sobre el daño material*

192    Por lo que respecta al daño material, procede recordar que la pretensión de indemnización está estrechamente vinculada a la pretensión de anulación de la decisión de no prorrogar el mandato, que es admisible y está fundada (véase el apartado 123 anterior).

193    En este contexto, el demandante alega que perdió la posibilidad de que su mandato fuera prorrogado hasta el momento de su jubilación, con las consecuencias materiales que de ello se derivan.

194    A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que, para ser tenida en cuenta, la pérdida de oportunidad debe ser real y definitiva (véase la sentencia de 14 de diciembre de 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, apartado 83 y jurisprudencia citada).

195    Para determinar la realidad de la pérdida de oportunidad, hay que examinar si se ha demostrado de modo suficiente en Derecho que se ha privado al demandante no necesariamente de la prórroga de su mandato, prórroga que nunca podrá probar que se habría producido, sino de una oportunidad seria de que se prorrogara su mandato, con la consecuencia, para él, de un perjuicio material consistente en una pérdida de ingresos (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, no publicada, EU:T:2022:808, apartado 86 y jurisprudencia citada).

196    La existencia de esa oportunidad seria no depende del grado de probabilidad de que se haya concretado esa oportunidad, elemento que se tiene en cuenta posteriormente, si se reconoce tal existencia, para determinar la extensión del perjuicio material sufrido y de su indemnización (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de junio de 2006, Girardot/Comisión, T‑10/02, EU:T:2006:148, apartado 119).

197    En el caso de autos, procede señalar que la pérdida de oportunidad del demandante era real, en la medida en que el resultado del procedimiento de prórroga de su mandato habría podido ser diferente de no haberse vulnerado el derecho a ser oído (véanse los apartados 121 y 122 anteriores), de modo que ha quedado acreditado de modo suficiente en Derecho que se le privó de una oportunidad seria de que su mandato fuera prorrogado.

198    Por otra parte, procede señalar que la pérdida de oportunidad del demandante es definitiva, ya que el Consejo nombró, el 19 de julio de 2023, a [confidencial] nuevo director ejecutivo, de modo que se cubrió el puesto al que el demandante presentó su candidatura (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de junio de 2006, Girardot/Comisión, T‑10/02, EU:T:2006:148, apartado 50).

199    Por lo que respecta a la reparación de la pérdida de oportunidad, de la jurisprudencia se desprende que, para determinar la cuantía de la indemnización que ha de abonarse por ese concepto, es preciso, tras haber identificado el carácter real y definitivo de la oportunidad de la que se ha privado al funcionario o agente, fijar la fecha a partir de la cual habría podido disfrutar de esa oportunidad, para cuantificar posteriormente la oportunidad y precisar, por último, qué consecuencias económicas ha tenido para el funcionario dicha pérdida de oportunidad (véase la sentencia de 15 de diciembre de 2021, HB/BEI, T‑757/19, no publicada, EU:T:2021:890, apartado 114 y jurisprudencia citada).

200    Además, según la jurisprudencia, siempre que ello sea posible, la oportunidad de que se haya privado a un funcionario debe determinarse objetivamente, mediante un coeficiente matemático resultante de un análisis preciso. No obstante, cuando tal oportunidad no pueda cuantificarse de esta manera, se admite que el perjuicio sufrido pueda fijarse *ex æquo et bono* (véase la sentencia de 15 de diciembre de 2021, HB/BEI, T‑757/19, no publicada, EU:T:2021:890, apartado 115 y jurisprudencia citada).

201    En el caso de autos, aun cuando el demandante haya dado una evaluación numérica del importe que debe servir de base para el cálculo de la indemnización vinculada a la pérdida de oportunidad, correspondiente a la retribución neta que habría percibido en caso de prórroga de su mandato hasta su jubilación, menos el importe total de los derechos a pensión que habría percibido durante ese período, el Tribunal General no puede fijar un coeficiente matemático que refleje la oportunidad del demandante, en la medida en que los elementos de análisis aportados por las partes a este respecto carecen de la precisión suficiente para permitirle determinar dicho coeficiente (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de octubre de 2018, Fernández González/Comisión, T‑162/17 RENV, no publicada, EU:T:2018:711, apartado 120, y de 13 de junio de 2019, CC/Parlamento, T‑248/17 RENV, no publicada, EU:T:2019:418, apartado 74).

202    Por consiguiente, haciendo uso de la facultad del Tribunal General de evaluar *ex aequo et bono* el daño sufrido, debe concederse al demandante una suma a tanto alzado como reparación de la pérdida de oportunidad que ha sufrido como consecuencia de la ilegalidad cometida por el Consejo.

203    Así pues, en las circunstancias del caso de autos, se hará una justa apreciación del daño material sufrido por el demandante condenando al Consejo a abonarle, *ex aequo et bono*, la cantidad a tanto alzado de 25 000 euros. Conforme a lo solicitado por el demandante en este sentido, esta cantidad deberá incrementarse con los intereses de demora devengados desde el pronunciamiento de la presente sentencia hasta la fecha de pago del importe total adeudado, a un tipo igual al aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a sus operaciones principales de refinanciación en vigor el primer día del mes de vencimiento del pago, incrementado en tres puntos y medio porcentuales.

–       *Sobre el daño moral*

204    Por lo que respecta al daño moral, procede señalar que las pretensiones de indemnización que tienen por objeto la reparación del daño moral por importe de 125 000 euros se basan, en primer lugar, en diferentes comportamientos de la EUIPO, a saber, la adopción de la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, y de las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección; en segundo lugar, en una violación de los datos personales que se descubrió el 17 de julio de 2023 y, en tercer lugar, en las repercusiones que tuvo la decisión de no prorrogar el mandato del demandante como director ejecutivo en su reputación profesional.

205    A este respecto, en primer término, en la medida en que la pretensión de indemnización se basa en la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, y en las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, procede desestimarla, por cuanto dichas decisiones no fueron adoptadas por el Consejo, sino por la EUIPO.

206    En segundo término, en la medida en que la violación de la seguridad de los datos personales es consecuencia de un comportamiento del Consejo que no tiene carácter decisorio, procede señalar que, si bien el demandante, en su reclamación de 30 de agosto de 2023 que dirigió al Consejo contra la decisión de no prorrogar el mandato, solicitó expresamente la indemnización del daño moral derivado de esos hechos, que no guardan relación directa con las pretensiones de anulación formuladas contra dicho acto, no es menos cierto que, a raíz de la denegación de dicha petición el 27 de febrero de 2024, no presentó una reclamación contra dicha decisión denegatoria, de conformidad con el artículo 90, apartado 2, del Estatuto (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2021, BK/EASO, T‑277/19, no publicada, EU:T:2021:161, apartado 125 y jurisprudencia citada).

207    Así pues, dado que el demandante no se ha atenido a las dos fases del procedimiento administrativo previo mencionadas en el apartado 179 anterior, procede declarar la inadmisibilidad de esta pretensión de indemnización.

208    Además, en la medida en que la pretensión de indemnización se basa en la ilegalidad de la decisión de no prorrogar el mandato, procede señalar que el demandante no formula ninguna alegación específica que demuestre que su daño moral no puede repararse íntegramente mediante la anulación de dicha decisión.

209    Habida cuenta de todas estas consideraciones, procede desestimar la totalidad de las pretensiones formuladas en relación con la reparación del daño moral en el asunto T‑224/24.

210    En vista de lo anterior, procede anular la decisión MB-23‑04, relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN, en la medida en que suspende temporalmente la delegación en el demandante de competencias de la AFPN, y la decisión de no prorrogar el mandato. Además, procede condenar al Consejo a abonar al demandante la cantidad de 25 000 euros, más los intereses de demora devengados desde el pronunciamiento de la presente sentencia hasta la fecha de pago del importe total adeudado, a un tipo igual al aplicado por el BCE a sus operaciones principales de refinanciación en vigor el primer día del mes de vencimiento del pago, incrementado en tres puntos y medio porcentuales. Se desestiman los recursos en todo lo demás.

**Costas**

211    A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por otro lado, según el artículo 134, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, si son varias las partes que han visto desestimadas sus pretensiones, el Tribunal General decidirá sobre el reparto de las costas. Además, con arreglo al artículo 135, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General podrá imponer una condena en costas parcial o total a una parte, aunque sea la vencedora, si así lo justificase su actitud, incluso con anterioridad a la interposición del recurso, y en particular si hubiera causado a la otra parte gastos que el Tribunal considere abusivos o temerarios. Según la jurisprudencia, el Tribunal General puede imponer una condena en costas parcial o total a una parte, aunque sea la vencedora, cuando una institución u organismo de la Unión haya favorecido, con su comportamiento, el nacimiento del litigio [véase la sentencia de 8 de julio de 2015, European Dynamics Luxembourg y otros/Comisión, T‑536/11, EU:T:2015:476, apartado 391 (no publicado) y jurisprudencia citada].

212    En el caso de autos, es cierto que se han desestimado parcialmente las pretensiones del demandante, en la medida en que se desestiman tanto las pretensiones de anulación formuladas en el marco del asunto T‑435/23 contra la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga de su mandato, las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, y la decisión de no prorrogar el mandato como las pretensiones de indemnización presentadas en el marco del mismo asunto y la pretensión de indemnización del daño moral formulada en el asunto T‑224/24, de modo que la EUIPO y el Consejo pueden ser considerados partes vencedoras a este respecto.

213    No obstante, se permite al Tribunal General condenar en costas a una institución cuya decisión no se ha anulado por las deficiencias de esta última que hayan podido dar lugar a que una parte demandante interponga un recurso (véase la sentencia de 22 de abril de 2016, Italia y Eurallumina/Comisión, T‑60/06 RENV II y T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, apartado 245 y jurisprudencia citada).

214    Pues bien, la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, y las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, dan erróneamente la impresión de que el Consejo de Administración adoptó una decisión definitiva de no prorrogar el mandato del demandante (véanse los apartados 83 y 84 anteriores). En efecto, la decisión MB-22‑19, por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante, se titula «decisión de no presentar al Consejo de la Unión Europea una propuesta de prórroga del mandato del [demandante]», mientras que, mediante las decisiones MB-22‑20 y MB-22‑21, relativas al procedimiento de selección, el Consejo de Administración inició el procedimiento de selección del sucesor del demandante. Esta impresión errónea pudo inducir al demandante a interponer los recursos contra dichas decisiones.

215    Asimismo, por lo que respecta a la decisión de no prorrogar el mandato, era legítimo que el demandante solicitara la anulación de dicha decisión tanto en el marco del recurso en el asunto T‑435/23 como en el del asunto T‑224/24.

216    Habida cuenta de estas circunstancias, el Tribunal General estima que una justa apreciación de las circunstancias del caso de autos lleva a condenar a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las del demandante en el asunto T‑435/23 y al Consejo a cargar con sus propias costas en los asuntos T‑435/23 y T‑224/24 y con las del demandante en el asunto T‑224/24.

217    Por otra parte, en virtud del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la República de Letonia, la República de Polonia, la República Portuguesa y la República Eslovaca, que han intervenido como coadyuvantes en el litigio en el asunto T‑435/23, cargarán con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Intermedia),

decide:

1)      **Acumular los asuntos T**‑**435/23 y T**‑**224/24 a efectos de la sentencia.**

2)      **Anular la decisión MB-23**‑**04 del Consejo de Administración de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 6 de marzo de 2023, en la medida en que suspende temporalmente las competencias de YL atribuidas a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y a la autoridad facultada para celebrar contratos de trabajo.**

3)      **Anular la decisión del Consejo de la Unión Europea de no prorrogar el mandato de YL como director ejecutivo de la EUIPO, tal como se refleja en el escrito de 30 de mayo de 2023 del Presidente del Consejo al Presidente del Consejo de Administración de la EUIPO.**

4)      **Condenar al Consejo a abonar a YL la cantidad de 25 000 euros, más los intereses de demora devengados desde el pronunciamiento de la presente sentencia hasta la fecha de pago del importe total adeudado, a un tipo igual al aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a sus operaciones principales de refinanciación en vigor el primer día del mes de vencimiento del pago, incrementado en tres puntos y medio porcentuales.**

5)      **Desestimar los recursos en todo lo demás.**

6)      **Condenar a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las de YL en el asunto T**‑**435/23.**

7)      **Condenar al Consejo a cargar con sus propias costas en los asuntos T**‑**435/23 y T**‑**224/24, y con las de YL en el asunto T**‑**224/24.**

8)      **La República de Letonia, la República de Polonia, la República Portuguesa y la República Eslovaca cargarán con sus propias costas.**

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| da Silva Passos | Svenningsen | Porchia |

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| Kanninen | Madise | Półtorak |

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| Nihoul | Verschuur | Cassagnabère |

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de septiembre de 2025.

Firmas

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[\*](#Footref*)      Lengua de procedimiento: inglés.

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[1](#Footref1) Datos confidenciales ocultos.

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