Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**COMISIÓN** **DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS**

**BruseJas, 10.04.1996**
COM(96) 126 final

**XXV INFORME**

**SOBRE LA** **POLÍTICA** **DE COMPETENCIA**

**(1995)**

**(presentado por la Comisión)**

```
               ÍNDICE

Introducción

I - Normas de competencia aplicables a las empresas: artículos

   85 y 86 13

A - Garantía de los efectos benéficos del mercado interior 13

   1. Distribución de vehículos automóviles 13

   2. Restricciones al comercio paralelo 14
   3. Restricciones al acceso al mercado por parte de
      nuevos operadores 16
   4. Libro Verde sobre restricciones verticales 19
   5. Transferencias transíronterizas de créditos 19
   6. Concesión de trato favorable 21
   7. Acceso al expediente 21
B - Cooperación y competencia en un entorno económico globalizador
   y en rápida evolución 22

   1. Aplicación de los artículos 85 y 86 en el sector de

      las telecomunicaciones 22

      1.1. Alianzas estratégicas 22

      1.2. Acuerdos de acceso e interconexión 25

   2. Mercados mundiales 25

    3. Transferencia de tecnología 26

C - Transporte 2 6

   1. Transporte marítimo 26
      1.1. Consorcios de líneas marítimas 27
      1.2. Fijación de las tarifas de los tramos terrestres por
         parte de las conferencias marítimas 28

   2. Transporte aéreo 29

       2.1. Consultas sobre tarifas en la IATA 29

       2.2. Cooperación entre líneas aéreas 29

D - Redes transeuropeas y política de competencia 30
E - Competencia y medio ambiente 31
F - Mercados de productos secundarios 32
G - Profesiones liberales, 33
H - Subsidiariedad y descentralización 34

   1. Acuerdos de minimis 34

   2. Descentralización 35

I - Resumen estadístico 37

```

```
II - Monopolios estatales y derechos monopolísticos:
   artículos 37 y 90 40

A - Introducción 40

   1. Los servicios de interés económico general, una pieza
       central de la política de liberalización de la Comisión 40
   2. Las directivas derivadas del apartado 3 del artículo 90
       del Tratado CE 41
   3. Otros instrumentos a disposición de la Comisión 42

B - Telecomunicaciones 42

   1. Medidas generales 42
   2. Directiva sobre liberalización de la televisión por cable 43
   3. Directiva de liberalización de la telefonía móvil 43
   4. Directiva de liberalización total 44
   5. Procedimientos de infracción con arreglo al apartado 3
      del artículo 90 45

C - Energía " 47
D - Servicios Postales 48
E - Transporte 49

   1. Aeropuertos . 49
      1.1. Canon de aterrizaje 49
      1.2. Asistencia en escala 49

   2. Puertos 50

F - Otros monopolios estatales de carácter comercial 51

   1. Monopolios sueco y finlandés de alcoholes 51
   2. Monopolio austríaco de alcoholes 51
   3. Monopolio austríaco de la sal 52
   4. Monopolio austríaco de tabacos manufacturados 52

III - Control de las operaciones de concentración 53

A - Introducción 53

B - Investigaciones en profundidad 53

   1. Casos relativos a medios de comunicación 54

   2. Otras investigaciones en profundidad 55

C - Otros casos importantes 58
D - Intereses legítimos de los Estados miembros 59
E - Operaciones de concentración en los sectores del carbón y el
   acero " 60

F - Perrier 60
G - Resumen estadístico 61

IV - Ayudas estatales 63

A - Política general 63

   Nuevas medidas destinadas a dar cumplimiento a la obligación
   de notificación 64
   1. Recuperación de las ayudas abonadas en infracción del
      Tratado 64
   2. Cooperación entre la Comisión y los órganos
      jurisdiccionales nacionales 65

B - Concepto de ayuda 66

```

```
C - Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común 69

   1. Ayudas sectoriales 69

       1.1. Sectores a los que se aplican normas específicas 69

          1.1.1. Ayuda a la construcción naval 69
          1.1.2. Acero 69
          1.1.3. Carbón 70
          1.1.4. Sector de los vehículos automóviles 71
          1.1.5. Sector de las fibras sintéticas 73
          1.1.6. Transportes 73
          1.1.7. Agricultura 76
          1.1.8. Pesca 78

       1.2. Sectores no sujetos a directrices comunitarias
          específicas sobre ayudas estatales 78

          1.2.1. Sector bancario 78

          1.2.2. Correos 79

          1.2.3. Sector audiovisual 80

   2. Ayudas horizontales 80

       2.1. Investigación y desarrollo 80
       2.2. Ayudas al empleo y medidas sociales de carácter
          general 82
      2.3. Ayudas a la protección del medio ambiente 83
       2.4. Ayudas a pequeñas y medianas empresas (PYME) 84
      2.5. Ayudas a la exportación 85
      2.6. Ayudas de salvamento y de reestructuración 85
       2.7. Treuhandanstalt 87

   3. Ayudas regionales 87

D - Procedimientos (derechos de los denunciantes) 87

E - Estadísticas 89

V - Dimensión internacional 91

A - Espacio Económico Europeo 91
B - Países de Europa central y oriental, Estados Bálticos,
   nuevos Estados independientes y países mediterráneos 91

   1. Países de Europa central y oriental 91
   2. Estados Bálticos, Eslovenia y nuevos Estados
      independientes 92
   3. Países mediterráneos y Mercosur 93

C - América del Norte 93
D - Japón 94
E - Australia y Nueva Zelanda 95
F - Organizaciones multilaterales y otras cuestiones
   internacionales 95

   1. OCDE 95

   2. OMC 95

   3. UNCTAD 96
   4. Cooperación internacional 96

VI - Política de información 97

Anexo : Asuntos mencionados en el Informe 98

```

**Introducción**

**1.** **La existencia de un entorno competitivo como requisito** **previo para la**
**competitividad**

```
1. Por lo general, se admite que la política de competencia
desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar que la industria
de la UE continua siendo competitiva.

La política de competencia sirve para lograr una asignación óptima de
recursos, avances técnicos y la flexibilidad necesaria para adaptarse
a un entorno en evolución. En este sentido, la competencia y la
competitividad son indisociables. La experiencia demuestra que
únicamente aquellas empresas acostumbradas a una fuerte competencia y
que obtienen buenos resultados en los mercados abiertos y dinámicos
podrán hacer otro tanto a una escala aún mayor, ya sea en otras zonas
geográficas o en una economía más internacionalizada.

La política de competencia y la de competitividad no son, por ] o tanto,
contradictorias, sino que persiguen el mismo objetivo de crear las
condiciones fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de una
industria comunitaria eficaz y competitiva, ofreciendo a los ciudadanos
europeos unos productos y servicios de más calidad y contribuyendo a
la estabilidad del entorno económico.

```

**2.** **Mercado interior y política de competencia**

```
2 . La complementariedad existente entre estas dos políticas también
se refleja claramente en el objetivo comunitario de crear un mercado
interior. Por una parte, éste es condición esencial para el desarrollo
de una industria eficaz y competitiva. Por otra, la política de
competencia es un importante instrumento para construir y mantener el
mercado interior, especialmente mediante la aplicación de normas que
garanticen que los obstáculos normativos al comercio que ya han sido
suprimidos no se ven sustituidos por restricciones públicas o privadas
que a la postre producen el mismo efecto.

2.1. Factores que inciden sobre la competencia en el mercado interior

3 . Aunque casi todas las etapas legislativas definidas en el Libro
Blanco hecho público por la Comisión en 1985 sobre el mercado interior
ya han sido recogidas a escala nacional, existen indicios que sugieren
que algunos mercados de productos y servicios [1] aún continúan
fragmentados.

Se espera que la integración del mercado interior, junto con la
progresiva internacionalización, amplíe los mercados geográficos (no
necesariamente a escala comunitaria ya que los mercados de referencia
pueden constar de un grupo diferente de mercados regionales o
nacionales) . De esta forma, dicha integración puede llegar a redéfinir
los parámetros estructurales del mercado en el que se deben considerar
las repercusiones sobre la competencia de las actuaciones de operadores
públicos o privados. En esta fase inicial no se puede juzgar si ya se
ha manifestado la repercusión del mercado interior beneficiosa para la
competencia. Existen datos provisionales que demuestran que, en algunos
mercados, la competencia se produce cada vez más a un nivel
supranacional. En cambio, existen motivos que hacen suponer que otros
mercados continúan segmentados conforme a una estructura nacional. Esto

    En 1996 la Comisión pretende dar a conocer los resultados de un análisis global del
     impacto y eficacia del programa del mercado interior, con arreglo a la resolución del
     Consejo 92/1218, de 7 de diciembre de 1992.

```

```
último se puede explicar haciendo referencia a determinados factores
que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar las consecuencias de
la integración del mercado interior en términos de la expansión
geográfica de los "mercados de referencia".

4. El primer factor se refiere a la eficacia de las medidas
legislativas (y de determinadas medidas complementarias tales como la
normalización europea) a la hora de suprimir las barreras legales y
administrativas existentes para las transacciones transíronterizas . En
aquellos casos en los que el marco legislativo está incompleto o es
inadecuado, la Comisión pretende presionar para que se subsanen estas
deficiencias. También pueden darse situaciones en las que no existan
barreras de entrada pero donde subsistan discrepancias entre las
distintas soluciones nacionales que dan lugar a distintas condiciones
económicas propicias al falseamiento del comercio y la competencia (por
ejemplo, precios de productos farmacéuticos, fiscalidad, fluctuaciones
monetarias). Cuando estos factores dan lugar a diferencias en las
condiciones económicas entre los mercados nacionales haciendo que los
operadores diferencien entre estos mercados, es posible que haya que
tener este hecho en cuenta a la hora de definir el mercado de
referencia a efectos de la competencia. Las "barreras naturales" tales
como el idioma, el gusto y las costumbres, o las características
estructurales que limitan la comerciabilidad de productos o servicios,
podrán también dar pie a considerar los mercados nacionales como
entidades separadas. Estos aspectos se han suscitado durante la
investigación de la Comisión sobre las fusiones en el sector de la
radiodifusión televisiva y de los medios de comunicación, en los que
los factores culturales y lingüísticos hacen que el mercado comunitario
haya de desglosarse en una serie de mercados nacionales distintos. Esta
diversidad cultural contribuye a la riqueza de nuestra herencia europea
común y la Comisión debe tenerla en cuenta a la hora de analizar los
asuntos, aun cuando esto dé lugar a detectar con mayor frecuencia casos
de posición dominante (Nordic Satellite; RTL/Veronica/Endemol).

2.2. Función de la política de competencia

5. Al tiempo que la integración del mercado interior configura el
contexto económico en el que debe aplicarse la política comunitaria de
competencia, la aplicación de la misma contribuirá también a consolidar
el funcionamiento del mercado único. Existen tres principales áreas de
actividad: acuerdos y prácticas contrarios a la competencia, sectores
regulados o monopolísticos y ayudas estatales. Es fundamental que la
Comisión disponga de una panoplia de instrumentos de política de
competencia interdependientes. Las normas sobre competencia, el control
de. las operaciones de concentración y de las ayudas estatales y las
normas sobre liberalización persiguen el mismo objetivo de garantizar
que no se falsee la competencia en el mercado interior.

6. La Comisión desempeña una función de vigilancia al aplicar las
normas comunitarias de competencia a aquellas empresas que pretenden
suprimir los efectos beneficiosos para la competencia derivados de la
integración del mercado interior mediante actuaciones anticompetitivas
destinadas a mantener la fragmentación del mismo. Como ejemplos de
actos que suponen un peligro cabe citar las restricciones al comercio
paralelo, algunos tipos de acuerdos verticales o de sistemas de
distribución y la negativa injustificada a facilitar acceso
(indiscriminado) a ciertas infraestructuras necesarias para que los
demás puedan competir.

7. La liberalización de los mercados tradicionalmente
monopolísticos, tales como los servicios públicos, constituye un paso
fundamental para el establecimiento de un mercado interior. Goza de
gran predicamento la opinión de que sin una base sólida y competitiva
en los sectores de la energía, el transporte público y las

```

```
telecomunicaciones, la economía europea, incluyendo los consumidores
y las medianas empresas, se encontrarán en situación desfavorecida [2] .
El Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995 llegó a la conclusión
de que es fundamental introducir una mayor competencia en distintos
sectores con objeto de mejorar la competitividad y crear nuevos
empleos. Por consiguiente, la Comisión ha continuado sus esfuerzos por
abrir estos mercados a la competencia y al comercio intracomunitario,
garantizando al mismo tiempo la compatibilidad de las medidas
propuestas o adoptadas con el desempeño, por parte de los servicios
públicos, de funciones de interés económico general, tales como la
prestación de un servicio universal a todos los ciudadanos a precios
asequibles.

8. Las telecomunicaciones son un sector estratégico que presenta un
importante interés para la Unión Europea [3] . El proceso de liberalización
de este sector ha obligado a los operadores a ofrecer nuevos servicios
y recortar los precios. Tanto la industria como los consumidores se
benefician de la apertura de los mercados de las telecomunicaciones.
La introducción de la competencia en este sector es también fundamental
para facilitar la transacción a la sociedad de la información y por
ende para nuestra capacidad de sobrevivir en un mercado cada vez más
competitivo y mundial. En este sentido, la diversidad cultural y la
igualdad de acceso a los nuevos servicios son objetivos fundamentales
que no deben descuidarse.

Gran parte de la legislación a escala comunitaria ya ha sido elaborada
o está muy avanzada con vistas a una completa liberalización en 1998.
Lógicamente, esta legislación debe incorporarse a la normativa nacional
y aplicarse con objeto de garantizar el juego efectivo de la
competencia. La función de la Comisión no disminuirá una vez que estén
promulgadas las normas. Al contrario, la Comisión debe garantizar que,
una vez desaparezcan las barreras legales, éstas no se vean sustituidas
por acuerdos o prácticas de carácter similar, tales como
concentraciones contrarias a la competencia, acuerdos de reparto de los
mercados, conductas abusivas perjudiciales para los nuevos actores en
el mercado - por ejemplo, denegando el acceso indiscriminado a
infraestructuras fundamentales - o mediante ayudas estatales ilegales.
Cuando se conserven derechos exclusivos en algunos sectores reservados,
habría que evitar la filtración de subvenciones hacia sectores no
reservados al operador en cuestión.

Entretanto, este sector se prepara de cara a la aparición de nuevos
mercados. La Comisión ha tenido que estudiar nuevas alianzas de alcance
global. La valoración que la Comisión ha efectuado de estos asuntos
demuestra que las normas de competencia vigentes, si se aplican de
forma realista, son igualmente válidas en una dinámica de innovación
e internacionalización. Sin embargo, los nuevos mercados emergentes no
son un salvoconducto de cara a la autorización. A pesar de que las
alianzas deben ser autorizadas, o incluso fomentadas si son
beneficiosas para la competencia, no pueden aceptarse cuando
obstaculizan o impiden el proceso de desmonopolización. Cuando los
grandes operadores unen sus fuerzas, la Comisión debe procurar evitar
la compartimentación de los mercados.

9. El sector del transporte aéreo, en el que se alcanzará la plena

    Grupo consultivo sobre competitividad. Mejorar la competitividad europea, Segundo Informe
     al Presidente de la Comisión y a los Presidentes de üobierno y Jefes de Estado, diciembre
     de 1995 ("Informe Ciampi") . En este contexto, se afirma que "lo más importante no es que
     la propiedad - y la gestión - de los servicios públicos se desplace del Estado al sector
    privado, sino que se introduzca y se amplié la competencia siempre que sea posible".

     Libro Verde sobre la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones y redes
     de televisión por cable: primera parte (COM(94) 440, 25.10.1994) y segunda parte
     (COM(94) 682, 25.01.1995).

```

```
liberalización a finales de 1997, demuestra, en mayor medida que el de
las telecomunicaciones, que la legislación es necesaria pero no
suficiente para alcanzar un entorno plenamente competitivo. En este
sector, en el que las líneas aéreas pugnan por alcanzar o mantener una
cuota suficiente en un mercado competititvo y de reducido crecimiento,
existe el riesgo permanente de que los actuales operadores utilicen
métodos desleales con objeto de proteger sus intereses. Es
absolutamente necesario aplicar estrictamente las normas de
competencia, principalmente en los ámbitos de las ayudas estatales y
del control de las prácticas abusivas. Concretamente, se considera que
las ayudas estatales son una medida contraproducente que tiende a
proteger la ineficacia en detrimento de la eficacia, limitándose a
aplazar las necesarias reestructuraciones. Las ayudas estatales pueden
incluso utilizarse para hacer frente a nuevos competidores mediante
precios predatorios y otras medidas. Aunque la reestructuración sea
necesaria para incrementar la eficacia y la competitividad en un
mercado en expansión, la Comisión tiene que velar por que un alto grado
de concentración no dé lugar a un bloqueo de las rutas y franjas
horarias que supondría la reaparición de los obstáculos que han sido
suprimidos desde el punto de vista legal.

10. El sector energético es otro factor clave para la industria y
como tal se mencionaba en el Informe Ciampi. Sin embargo, durante este
año no se han registrado verdaderos avances en su liberalización.

11. Según el cuarto informe sobre ayudas estatales en la Unión
Europea, publicado en 1995, el importe total de ayudas nacionales
concedidas durante el período 1990 a 1992 ha disminuido, pero continúa
siendo, con cerca de 94 000 millones de ecus anuales por término medio
en toda la Comunidad, excesivamente elevado para poder alcanzar los
objetivos de la Comisión, especialmente por lo que se refiere a los
Estados miembros más ricos. La competitividad no se logra mediante
grandes cantidades de ayudas públicas, ya que éstas aplazan las
reeestructuraciones necesarias, falsean la competencia entre empresas
y regiones y suponen una carga para el erario público.

No obstante, sería ilusorio sugerir la eliminación pura y simple de
todas las ayudas estatales y, de hecho, ni los autores del Tratado ni
la Comisión se han planteado nunca esta posibilidad. Las fuerzas del
mercado por sí solas, en un mercado que no es perfecto, no permiten
alcanzar determinados objetivos fundamentales de los Estados miembros
y de la Unión Europea, tales como la cohesión económica y social, un
grado suficiente de investigación y desarrollo, la protección del medio
ambiente, el desarrollo de las PYME y la necesidad de disponer de
tiempo para efectuar los ajustes estructurales, especialmente por
motivos sociales. La Comisión considera que es esencial garantizar que,
cuando se autoricen las ayudas estatales con carácter excepcional, los
efectos negativos sobre la competencia y el comercio entre los Estados
miembros se limiten a lo estrictamente necesario y que dichos efectos
se compensen con la realización de objetivos de interés comunitario
general.

3. Cooperación internacional

12. La internacionalización cada vez mayor de la economía mundial y
la evolución del modelo de comercio moderno hacen que la cooperación
internacional entre las autoridades de competencia sea inevitable.

En primer lugar, las empresas que operan a escala mundial deben conocer
y observar las distintas prácticas y normas de competencia de los
distintos ordenamientos jurídicos, lo que supone inevitablemente un
coste para dichas empresas. Además, cuando las transacciones están
sometidas a la jurisdicción de varias autoridades de competencia,

```

```
existe un mayor peligro de que se impongan medidas contradictorias. Por
su parte, las autoridades de competencia pueden experimentar
dificultades a la hora de acceder a los datos probatorios de las
infracciones de las normas de competencia cuando estas infracciones no
son de su jurisdicción. Por otra parte, las normas tendentes a mantener
la competencia efectiva en el mercado nacional pueden ser menos
eficaces si se aplican a las prácticas contrarias a la competencia a
escala global. Por último, se suele admitir que para que la aplicación
a mayor escala de estas normas sea efectiva, ésta debe ir acompañada
de una liberalización del comercio, es decir los obstáculos de índole
privada no deben sustituir a los de carácter público que hayan sido
suprimidos.

Por todos estos motivos, tanto los sectores industriales como los
consumidores se beneficiarán de la mayor cooperación a escala
internacional.

13. A escala bilateral, el acuerdo con Estados Unidos (ratificado en
abril de 1995 por el Consejo) ya ofrece ámbitos de cooperación y sus
disposiciones sobre coordinación de las actividades de aplicación
permiten a las partes trabajar conjuntamente en cierta medida con
objeto de hacer frente a las situaciones contrarias a la competencia
que repercutan en los mercados de la UE y de los EEUU.

En un informe sobre política de competencia en el nuevo orden
comercial, elaborado por un grupo independiente de expertos a petición
del Sr. VanMiert, se recomienda con "carácter prioritario" profundizar
en el actual acuerdo UE/EEUU. Este informe formula también
recomendaciones referentes a la cooperación plurilateral, ya que el
grupo de expertos considera que los acuerdos bilaterales no pueden, por
sí solos, hacer frente a todos los problemas que podrían plantearse a
nivel internacional.

4. Función de la Comisión al aplicar las normas de competencia

14. Cabe afirmar sin temor a equivocarse que la fase de desarrollo
de la política comunitaria de competencia ha concluido. La política y
la normativa están ya suficientemente asentadas a través de la práctica
administrativa de la Comisión y de los principios desarrollados por los
tribunales europeos. Por otra parte, la Comisión dispone de recursos
limitados para hacer frente a un número de asuntos cada vez mayor. En
1995, concretamente, el número de asuntos, especialmente los referentes
a ayudas estatales y a los artículos 85 y 86 del Tratado, se incrementó
considerablemente como consecuencia de la adhesión de tres nuevos

Estados miembros.

15. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión se ha planteado la
posibilidad de centrarse en aquellos acuerdos que producen un efecto
considerable sobre la competencia y que pueden afectar de forma
importante al comercio entre Estados miembros. En este sentido, ya se
han concebido varios instrumentos y conceptos y se están efectuando
tareas preparatorias con objeto de ampliarlos y perfeccionarlos. A este
```

`respecto, es especialmente importante la aplicación del principio` _de_
_minimis_ `(tanto en el ámbito de la competencia como en el de las ayudas`
```
estatales), las exenciones por categorías (que permiten a las empresas
concluir acuerdos sin necesidad de notificarlos a la Comisión para
gozar de seguridad jurídica) y la noción del interés comunitario
exigible a las denuncias.

16. Dado que la Comisión debe tratar prioritariamente los asuntos que
producen efectos considerables sobre la competencia intracomunitaria,
el papel de las autoridades y tribunales nacionales en los asuntos de
competencia adquiere mayor relevancia. La aplicación descentralizada

```

```
de las normas de competencia constituye a menudo una forma más rápida
y eficaz de poner fin a las infracciones. La aplicación más frecuente
por parte de los tribunales y autoridades nacionales contribuye a que
los ciudadanos comunitarios recuerden que estas normas son parte del
"derecho vivo" de cada Estado miembro y tienen por objeto proteger sus
derechos.

17. Por consiguiente, la Comisión continuó fomentando la aplicación
descentralizada de las normas comunitarias de competencia,
especialmente por lo que se refiere a los asuntos relacionados con los
artículos 85 y 86. La Comisión pretende llegar a una cooperación eficaz
entre los tribunales nacionales y las autoridades de competencia y la
propia Comisión. En este sentido, están ya muy avanzadas las tareas
preparatorias de una nueva comunicación sobre cooperación entre la
Comisión y las autoridades nacionales de competencia, que vendrá a
completar la ya vigente sobre cooperación con los tribunales
nacionales.

Esta política de descentralización debe, no obstante, aplicarse gradual
y cuidadosamente. El proceso de descentralización va unido al
permanente esfuerzo de la Comisión por clarificar y simplificar las
normas sustantivas con objeto de que los Estados miembros utilicen los
mismos conceptos a la hora de aplicar la legislación comunitaria de
competencia.

18. El principio de subsidiariedad exige que sea la autoridad más
adecuada la que intervenga. Así pues, algunos asuntos que son
competencia de varias autoridades nacionales deberían ser tramitados
por la Comisión. De esta forma, cuando se trata de fusiones, es
preferible que sea únicamente la Comisión quien examine las propuestas
de las empresas en lugar de que éstas tengan que presentarlas a varias
autoridades nacionales. La Comisión comenzó en 1995 una nueva revisión
del Reglamento sobre operaciones de concentración, con objeto, entre
otras cosas, de estudiar si el criterio basado en el volumen de
negocios, aplicable a la hora de determinar los asuntos que deben ser
notificados a la Comisión y aquellos que son de competencia exclusiva
de los Estados miembros, continúa siendo adecuado.

19. En el ámbito de las ayudas estatales, el principio de
subsidiariedad exige que la Comunidad tenga competencia exclusiva, ya
que no se puede pedir a los Estados miembros que controlen sus propios
gastos en concepto de ayudas de forma ecuánime. No obstante, sí existe
una faceta que puede resolverse a nivel nacional : los tribunales
nacionales pueden actuar en virtud de denuncias presentadas por los
competidores de la empresa beneficiaría de la ayuda estatal y,
concretamente, pueden controlar si el Estado miembro ha observado los
correspondientes procedimientos de notificación y autorización. La
Comisión ha publicado una nueva comunicación al respecto cuyo objetivo
tiene tres vertientes: reforzar y descentralizar la aplicación de las
normas sobre ayudas estatales, clarificar la situación jurídica en
beneficio de todos los interesados y prestar asistencia a los órganos
jurisdiccionales.

5. Transparencia

20. Las normas de competencia son a menudo complejas dado el
complicado contexto económico, legal y político en el que se aplican,
en permanente evolución. Esto no quiere decir que no se pueda
incrementar su transparencia y hacerlas más sencillas. De hecho, la
Comisión ha descubierto varias maneras de informar mejor sobre su
política y simplificar el marco jurídico. Entre estas maneras cabe
citar: el nuevo reglamento de exención por categorías para los acuerdos
de transferencia de tecnología, que acaba de sustituir a los dos

                           10

```

```
reglamentos referentes a los conocimientos técnicos y a las licencias
de patentes; la utilización de anuncios y comunicaciones que contengan
directrices sobre la aplicación de las normas de competencia en
determinados ámbitos (transferencias transfronterizas de créditos,
servicios postales); la utilización de libros verdes destinados a
consulta pública (por ejemplo, los libros verdes cuya publicación está
prevista en 1996 referentes a restricciones verticales y a la revisión
del Reglamento sobre operaciones de concentración); y la publicación
de folletos explicativos (nuevo Reglamento sobre distribución de
vehículos automóviles). En el ámbito de las ayudas estatales la
obligación de notificarlas, tal y como se establece en el Tratado, es
fundamental con vistas a garantizar la transparencia. La Comisión ha
señalado en una comunicación que pretende hacer uso de todas las
competencias que le confiere el Tratado con objeto de que los Estados
miembros respeten dicha obligación. La Comisión ha iniciado también la
revisión y refundición de las directrices sobre ayudas regionales y ha
aprobado unas nuevas directrices sobre ayudas a la investigación y
desarrollo. Finalmente, la Comisión ha continuado informando
activamente al público sobre los asuntos de política de competencia
mediante comunicados y conferencias de prensa, a través del servicio
de información de la DG IV, mediante publicaciones como el boletín
denominado "Competition Policy Newsletter" y, en último lugar pero no
por ello menos importante, con el Informe anual sobre la política de
competencia. Todos estos medios persiguen el mismo objetivo:
incrementar la transparencia, la seguridad jurídica y la certidumbre.

6. Responsabilidad democrática

21. La política de competencia no puede limitarse a ser una labor
meramente tecnocrática o administrativa, sino que debe aspirar a
alcanzar un amplio consenso democrático. Por consiguiente, la Comisión
concede gran importancia a mantener un diálogo fructífero con las otras
instituciones de la Unión Europea en todo lo referente a su política
de competencia.

22. El Informe anual sobre la política de competencia sirve como
instrumento básico de comunicación e información a las demás
instituciones de la Unión Europea y, especialmente, al Parlamento
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social. Los intercambios
de opiniones y los debates en torno al anterior Informe permitieron a
la Comisión desempeñar sus tareas y contribuyeron a una mejor
información y difusión de la política europea de competencia. Además,
en los casos en los que resulta apropiado, la Comisión toma la
iniciativa de consultar a las otras instituciones en relación con las
nuevas propuestas normativas o con otros documentos sobre política de
competencia. Concretamente, en el contexto de la adopción de las
directivas de liberalización a tenor del artículo 90, la Comisión ha
estudiado con detenimiento las observaciones presentadas por el
Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social y el
Comité de las Regiones.

23. La Comisión también ha colaborado estrechamente con el Consejo
en distintos aspectos de su política, especialmente en los referentes
a la relación entre la política de competencia y la competitividad.

24. Los Estados miembros participaron ampliamente en el proceso de
toma de decisiones de la Comisión a través del Comité Consultivo sobre
Prácticas Restrictivas y Posiciones Dominantes, el Comité Consultivo
sobre Operaciones de Concentración y en la Conferencia de expertos
nacionales gubernamentales. Además, los funcionarios de la Comisión
mantienen contactos periódicos y consultivos de carácter informal con
sus colegas a nivel nacional.

                              íi

```

```
25. Los días 3 y 4 de abril de 1995, la Comisión organizó el primer
Foro Europeo sobre Competencia en Bruselas, centrado en el aspecto de
las restricciones verticales [4], al que asistieron más de 260
participantes pertenecientes a autoridades de competencia y órganos
jurisdiccionales de 35 países europeos. Este foro pretende fomentar el
intercambio de experiencias y los debates entre funcionarios de los
Estados miembros y de la Comunidad responsables de la aplicación del
derecho de competencia, así como incentivar la aplicación
descentralizada de dicha normativa. En 1996 está prevista la
celebración de un segundo Foro.

26. La presentación del XXV Informe anual de la Comisión sobre la
política de competencia (1995) es distinta de la de anteriores informes
anuales.

27. En los últimos años, el número de páginas del Informe de
competencia de la Comisión se ha ido incrementando hasta llegar a más
de 600 páginas en 1994. Por otra parte, la publicación "La política de
competencia de la Comunidad Europea-1994 ", que resume la política y las
decisiones de la Comisión en un formato más asequible, ha sido bien
acogida. Se ha pedido a la Comisión, especialmente por parte del Comité
Económico y Social, que presentase un documento más sucinto y de más
fácil lectura.

Así pues, la Comisión decidió presentar un informe más sucinto que los
anteriores, centrándose en los principales acontecimientos políticos
en el ámbito de la competencia, que se ilustran, cuando ello ha sido
posible, con las principales decisiones y nuevas disposiciones de la
Comisión.

Además del presente Informe anual, la Dirección General de Competencia
(DG IV) de la Comisión Europea ha elaborado un "Informe sobre la
aplicación de las normas de competencia en la Unión Europea-1995" . Este
documento de los servicios de la Comisión describe los principales
casos individuales resueltos por la Comisión. Contiene también listas
de referencia de las nuevas disposiciones y comunicaciones, de las
decisiones y comunicados de prensa de la Comisión y de las resoluciones
del Tribunal de Justicia y del de Primera Instancia. Además, describe
la aplicación de las normas de competencia en los Estados miembros.

```

**7. Estadísticas**

```
28. El número global de nuevos casos registrados se incrementó
considerablemente y ascendió de 1 081 en 1994 a 1 472 en 1995
(incluidos los asuntos de competencia, operaciones de concentración y
ayudas estatales), es decir un aumento del 36%. Los nuevos asuntos
referentes a los artículos 85 y 86 se incrementaron en más del 42%, las
notificaciones de operaciones de concentración aumentaron casi un 16%,
mientras que el número de nuevos asuntos referentes a ayudas estatales
se incrementó en un 35%. Una parte importante de este incremento,
especialmente en el ámbito de ayudas estatales y prácticas contrarias
a la competencia se debe a la adhesión a la Unión Europea el 1 de enero
de 1995 de tres nuevos Estados miembros.

29. El número total de asuntos archivados en 1995 se mantuvo
prácticamente al mismo nivel que en el año anterior: 1 210 en 1995 en
comparación con 1 200 en 1994.

     Competition Policy Newsletter, No 5, volumen 1, verano de 1995, p. 7.

                           12

```

**I -** **Normas de competencia aplicables a las empresas: artículos 85 y 86**

**A - Garantía de los efectos benéficos del mercado interior**

```
30. Garantizar que la plena realización del mercado interior confiera
a los consumidores y a la economía europea en su conjunto todos los
efectos benéficos derivados de un mercado de alcance comunitario
constituye un objetivo esencial de la política europea de competencia.

La política de competencia debe facilitar el marco adecuado que permita
a las empresas adaptarse a las nuevas posibilidades derivadas de la
supresión de las barreras nacionales. No obstante, cuando las empresas
intentan ralentizar el proceso de integración del mercado o incluso
obstruir el comercio transfronterizo mediante prácticas contrarias a
la competencia, es necesario adoptar una actitud vigilante que incluya
la imposición de sanciones severas en caso de infracciones graves de
las normas de competencia.

Los acuerdos verticales entre proveedores y distribuidores son uno de
los elementos fundamentales de la política de competencia europea en
este sector. Alguno de estos acuerdos pueden ser necesarios para
introducirse en nuevos mercados, lanzar nuevos productos o contribuir
a construir redes de distribución eficaces, beneficiando así a los
consumidores. Sin embargo pueden surgir problemas cuando no existe
suficiente competencia entre los fabricantes o entre distribuidores en
un mismo mercado o cuando los acuerdos se utilizan con fines contrarios
a la competencia, es decir para repartirse el mercado o restringir el
acceso al mismo a los nuevos operadores.

```

**1.** **Distribución de vehículos automóviles**

```
31. Dado que los vehículos automóviles son bienes de consumo
duraderos que necesitan un mantenimiento y reparación especializados,
los fabricantes cooperan con distribuidores y talleres seleccionados
con objeto de ofrecer una distribución y un servicio especializados.
Estos acuerdos de cooperación pueden incrementar la eficacia de la
distribución de los productos por lo que el carácter exclusivo o
selectivo del sistema de distribución se puede considerar indispensable
para lograr una racionalización y eficacia del sector de los vehículos
de motor.

Ésta fue y continúa siendo la justificación básica por la que se
autorizan los acuerdos restrictivos de distribución y reparación en el
sector de los vehículos automóviles. Sin embargo, la nueva exención por
categorías referente a la distribución y servicio de postventa de
vehículos automóviles [5] adoptada por la Comisión el 28 de junio de 1995
con objeto de sustituir al entonces vigente Reglamento n°123/85 [6],
contiene varias modificaciones destinadas a intensificar la competencia
en los mercados de los vehículos automóviles y las piezas de recambio
y mejorar la situación de los consumidores garantizándoles el pleno
aprovechamiento de los beneficios del mercado interior.

32. Concretamente, el nuevo Reglamento concede mayor independencia
a los distribuidores frente a los fabricantes de vehículos automóviles
y, lo que es aún más importante, permite que los distribuidores de
automóviles puedan vender automóviles de otros fabricantes siempre que

    Reglamento de la Comisión (CE) n° 1475/95, de 28 de junio de 1995, relativa a la
    aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de
    acuerdos de distribución y servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles,
    DO L 145, 29.6.1995, p. 25.

    Reglamento de la Comisión (CEE) n' 123/85, de 12 de diciembre de 1984, DO L 15 de
    18.1.1985.

                           13

```

```
lo hagan en zonas de ventas separadas, bajo gestión independiente, con
una personalidad jurídica distinta y de manera tal que se evite la
confusión entre marcas. Con objeto de garantizar la competencia
efectiva en los mercados de mantenimiento y de servicio de venta y de
postventa, los fabricantes o distribuidores de automóviles no pueden
impedir el acceso a los mercados a los fabricantes y distribuidores
independientes de piezas de recambio ni restringir el derecho de los
distribuidores a vender piezas de calidad equivalente fabricadas por
empresas de su elección no pertenecientes a la red. Además, los
fabricantes de automóviles deben suministrar a los talleres de
reparación no pertenecientes a su red la información técnica necesaria
para reparar y mantener sus coches, siempre que dicha información no
esté protegida por un derecho de propiedad intelectual.

33. Tanto las redes de distribución múltiple como la apertura del
mercado de las piezas de recambio y el incremento de la competencia en
el sector de las reparaciones contribuyen a incrementar las
posibilidades de elección de los consumidores en consonancia con los
principios del mercado único. Este mismo objetivo exige que los
consumidores puedan adquirir un automóvil y proceder a su reparación
o mantenimiento en cualquier lugar de la Unión Europea cuyos precios
o condiciones sean más favorables.

Esto es aún más importante en el sector de los vehículos automóviles,
en el que las diferencias de precios entre Estados miembros son
considerables. En su último informe semestral sobre precios de
automóviles, publicado en el mes de julio, la Comisión señalaba que las
diferencias de precios se habían incrementado considerablemente desde
el mes de noviembre de 1994 [7] . Desde principios de 1995 la Comisión ha
recibido un número cada vez mayor de denuncias procedentes de
ciudadanos de la Unión Europea, principalmente de Austria, Alemania y
Francia, que no han podido adquirir un vehículo en Italia o España,
países en los que, tras la devaluación de la moneda, los precios eran
relativamente bajos [8] .

El nuevo Reglamento prohibe expresamente las prácticas destinadas a
impedir el comercio paralelo [9] . Los distribuidores deben poder responder
a la demanda externa a sus zonas de venta y podrán, en el futuro,
utilizar ciertos medios publicitarios fuera de su territorio.

34. El 26 de septiembre de 1995, los servicios de la Comisión
publicaron un folleto en todos los idiomas comunitarios que explica el
nuevo marco reglamentario aplicable a los fabricantes, distribuidores,
fabricantes de piezas de repuesto y talleres de reparación
independientes. Este folleto informa también a los consumidores sobre
su libertad para adquirir un vehículo en cualquier lugar del a
Comunidad [10] .

```

**2.** **Restricciones al comercio paralelo**

```
35. Según uno de los principios mejor asentados del derecho
comunitario de competencia, se prohibe a los fabricantes dividir el
mercado interior mediante acuerdos privados y mantener diferencias de
precios estableciendo una protección territorial absoluta contraria a

     Comunicados de prensa de la Comisión IP/95/50, de 19.1.1995, e IP/95/768, de 24.7.1995.

     "El impacto de las fluctuaciones monetarias en el mercado interior", comunicación de la
     Comisión al Consejo Europeo, 31.10.95, punto 25.

    Véase también la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 1995 en los
```

**`asuntos C-70/93`** _**Bayerische**_ _**Motorenwerke**_ _**AG y**_ _**ALD Auto-Leasing**_ _**D GmbH y**_ **`C-266/93`**
`Bundeskartellamt` `y` _Volkswagen_ _AG, VAG Leasing_ _GmbH_ `(pendiente de` `publicación).`

```
     "Distribución de vehículos automóviles", Guía orientativa, Comisión Europea, DG IV,
     IV/9509/95. Ya se han distribuido más de 7 000 ejemplares de este folleto.

                           14

```

```
la competencia. Sin embargo, estas prácticas continúan produciéndose
y, cuando se descubren, es lógico que la Comisión actúe con firmeza.

```

_**BASF/Accinauto**_

```
36. Mediante decisión de 12 de julio de 1995 [11], la Comisión impuso una
multa de 2,7 millones de ecus al fabricante alemán de productos para
repintado de coches BASF Lacke + Farben, filial del grupo BASF, y una
multa de 10 000 ecus a su distribuidor exclusivo para Bélgica y
Luxemburgo, Accinauto S.A.. El procedimiento se inició a raíz de una
denuncia presentada por dos importadores paralelos británicos de
productos para repintado de coches de la marca Glasurit, quienes
alegaron que Accinauto, que les proveía de productos Glasurit, había
puesto fin a sus suministros durante el verano de 1990, de acuerdo con
las instrucciones de BASF. La Comisión efectuó una inspección en los
locales de BASF y Accinauto y descubrió que esta última estaba
vinculada mediante obligación contractual a transferir a BASF todos los
pedidos de clientes establecidos fuera de su territorio exclusivo. La
Comisión llegó a la conclusión de que esta obligación constituía una
restricción inaceptable de la competencia, ya que impedía a Accinauto
exportar los productos de referencia desde Bélgica al Reino Unido. De
hecho, como consecuencia de esta obligación, no era el distribuidor
exclusivo sino la propia BASF quien decidía y controlaba el suministro
a importadores paralelos de otros Estados miembros.

```

_**Productos farmacéuticos: Organon**_

```
37. Los precios de los productos farmacéuticos varían
considerablemente según los Estados miembros. Esto se debe, por lo
general, a las diferencias existentes entre los sistemas nacionales de
control de precios y de asistencia sanitaria. En varias ocasiones, el
Tribunal de Justicia ha manifestado que no deben bloquearse las
importaciones paralelas, independientemente de los factores que
determinen las diferencias de precios. Así pues, en el sector
farmacéutico, la Comisión ha aplicado reiteradamente las normas de
competencia a los acuerdos o prácticas que reducen el comercio paralelo
de productos farmacéuticos. Se considera que la actuación ilimitada de
las fuerzas del mercado en este sentido puede actuar como catalizador
de la convergencia gradual no sólo de los precios, sino también de los
mecanismos de control de los mismos. Los precios en los países más
caros deberían descender mientras que los de los países más baratos
deberían, si las empresas farmacéuticas no consiguen un rendimiento
razonable de sus inversiones, acabar por incrementarse ante el peligro
de que los productos sean retirados. Algunos Estados miembros en los
que los productos farmacéuticos tienen precios elevados llegan incluso
a estimular las importaciones paralelas con objeto de reducir los
gastos globales por estos productos.

38. Organon es una filial británica de Akzo (Países Bajos)
especializada en la fabricación y comercialización de pildoras
contraceptivas.

El 4 de mayo de 1994, Organon modificó el régimen de precios aplicable
a sus pildoras contraceptivas Mercilon y Marvelon, marca esta que
absorbe considerables cuotas de mercado en toda la Comunidad. Antes de
dicha fecha, Organon aplicaba un descuento del 12,5% a todos los
productos suministrados a sus clientes, independientemente de su
destino final. El nuevo régimen de precios establecía diferencias entre
las pildoras que se venderían en el RU y las destinadas a la
exportación. Sólo a las primeras se les aplicaba el descuento del
12,5%.

    DO L 272 de 15.11.1995, p. 16.

                           15

```

```
A raíz de varias denuncias y de la notificación de Organon de su nuevo
sistema de precios, la Comisión incoó un procedimiento contra aquella
y le envió un pliego de cargos con objeto de suspender la inmunidad
frente a las multas que suponía la notificación. Según la Comisión, el
nuevo régimen de precios, que forma parte de las relaciones comerciales
continuas entre Organon y sus vendedores al por mayor, y que por lo
tanto constituye un acuerdo en el sentido del apartado 1 del artículo
85 [X2], constituía una importante infracción de las normas de competencia
en el sentido de que creaba una discriminación en los precios de los
productos según su destino geográfico. Por consiguiente, los
consumidores ya no podían disfrutar de las ventajas del comercio
paralelo, especialmente, en los Países Bajos, en donde el sistema de
seguridad social no cubre los gastos en concepto de pildoras de la
denominación Marvelon procedentes de Holanda, mientras que el precio
de la pildora de origen británico hace que ésta pueda ser ofrecida a
un precio equivalente al precio de reembolso de la seguridad social
neerlandesa. Así los consumidores perdieron la ventaja que suponía
elegir el Marvelon del RU, no teniendo que pagar la diferencia con el
precio de reembolso.

Sin embargo, Organon decidió suprimir el nuevo régimen de precios al
que se había opuesto la Comisión y volvió a aplicar las antiguas
condiciones. Al haberse vuelto a la situación anterior, la Comisión
suspendió el procedimiento reservándose el derecho a examinar el
próximo sistema de precios que Organon está preparando.

3. Restricciones al acceso al mercado por parte de nuevos operadores

39. En un mercado interior verdaderamente competitivo, las empresas
no deben encontrar restricciones a la hora de competir con los
operadores ya implantados en él. Por consiguiente, la Comisión hace
especial hincapié en la apertura de los mercados y, de hecho, ha
intervenido cuando las empresas, ya sea mediante acuerdos restrictivos
o mediante prácticas unilaterales, han impedido a los nuevos operadores
el acceso al mercado.

40. Los nuevos operadores pueden ver restringido su acceso al mercado
mediante acuerdos verticales entre operadores ya implantados y
distribuidores. Esto suele suceder cuando un gran número de los
minoristas presentes en el mercado están vinculados mediante una
obligación de vender únicamente los productos de un fabricante con el
que han firmado un contrato o acuerdo que produce un efecto excluyente
similar sobre terceros operadores. Los asuntos relacionados con el
mercado de los helados de impulso (Unilever/Mars) son buenos ejemplos
de este tipo de acuerdos.

En otros casos, el medio para impedir que terceros operadores accedan
al mercado consiste en un acuerdo horizontal o práctica concertada
entre competidores de hecho o en potencia. Así ocurrió en el mercado
neerlandés de alquiler de grúas (Van Marwijk/FNK-SCK).

El acceso al mercado puede también bloquearse mediante el abuso de una
situación monopolística o de una posición dominante por parte de un
prestador de infraestructuras fundamentales o de servicios. La
importancia de este problema está en aumento en distintos sectores.
Cuando una empresa dominante posee o controla el acceso a unas
instalaciones esenciales para que sus competidores puedan desarrollar

     En su sentencia de 24 de octubre de 1995 en el asunto C-70/93 y C-266/93 (véase supra
     nota 9), el Tribunal ratificó su jurisprudencia anterior en el sentido de que una
     circular enviada por una empresa a sus distribuidores no constituye un acto unilateral
     que no entra en el ámbito del apartado 1 del artículo 85, sino que es un acuerdo en el
     sentido de dicha disposición, siempre que forme parte de un conjunto de relaciones
     comerciales permanentes regidas por un acuerdo general elaborado previamente.

                           16

```

```
su actividad, no puede negarles el acceso y debe concedérselo de forma
indiscriminada. Ya sea en el sector del transporte, especialmente del
transporte aéreo, en el bancario o en el de las telecomunicaciones, la
Comisión aplica este principio general del derecho comunitario de
competencia [13], para permitir el desarrollo de la misma. El asunto
relacionado con el acceso al puerto de Roscoff, Francia, (ICG/CCI
Morlaix) se refiere también a esta cuestión.

```

_**Unilever/Mars**_

```
41. Unilever es el líder de mercado en la mayor parte de los Estados
miembros de la UE en el mercado de los helados "de impulso" (es decir,
helados industriales envasados en porciones individuales, vendidos para
su consumo inmediato en lugares como quioscos de prensa, gasolineras,
etc.).

En la República de Irlanda es, con gran diferencia, el principal
fabricante de helados. Unilever suministraba congeladores a los
minoristas imponiendo la condición de exclusiva, por la que sólo se
podían almacenar en los congeladores los productos Unilever ("exclusiva
de congelador") . Además, el coste del suministro del congelador estaba
incluido en el precio de los helados cobrado a todos los minoristas,
independientemente de si contaban o no con un congelador Unilever.

A raíz de una denuncia presentada por Mars, la Comisión examinó los
acuerdos de distribución suscritos por Unilever en Irlanda, llegando
a la conclusión de que cuando un minorista sólo tiene en su punto de
venta uno o varios congeladores Unilever, el establecimiento queda en
la práctica vinculado exclusivamente a la venta de helados Unilever.
La mayor parte de todos los puntos de venta que disponían de helados
de impulso en Irlanda entraban en esta categoría. Esta exclusiva ya
había sido condenada por la Comisión en 1992 por lo que se refiere al
mercado alemán de los mismos helados [14] . Los acuerdos Unilever producían
el efecto acumulativo de restringir considerablemente la competencia
al impedir el acceso al mercado de terceros competidores. También se
consideró que los acuerdos constituían un abuso de la posición
dominante de Unilever en el mercado.

Sin embargo, la empresa aceptó modificar su actuación con objeto de
liberalizar el mercado, ampliando las posibilidades de elección de los
minoristas. Por consiguiente, la Comisión anunció que la modificación
de los acuerdos parecía reunir las condiciones necesarias para la
concesión de una exención [15] .

     Este principio general se ha visto corroborado en la sentencia del Tribunal de Justicia
```

`del 6 de abril de 1995 en los asuntos` `C-241/91` `P y` `C-242/91` `P,` _Radio_ _Telefis_ _Eireann_
_(RTE) e_ _Indépendant_ _Television_ _Publications_ _Ltd / Comisión_ _(Magill),_ `Rec.` `1995, p.` `1-743.`

```
     En 1992, la Comisión adoptó una decisión negativa contra Langnese (Unilever) y Schôller
    que cuentan con una posición duopolística en el mercado alemán de los helados de impulso.
     En este caso, la Comisión actuó contra los acuerdos de "exclusiva de puntos de venta" en
    virtud de los cuales los detallistas se comprometían a vender únicamente los productos
    del fabricante con el que había firmado un contrato. La Comisión decidió que el efecto
    acumulativo de estos acuerdos equivalía a una restricción considerable de la competencia
    por parte de Langnese y Schôller. Las partes recurrieron esta decisión que fue ratificada
    por el Tribunal de Primera Instancia en sus sentencias de 8 de junio de 1995 en los
```

`asuntos` `T-7/93` _Langnese-Iglo_ _GmbH / Comisión,_ `Rec. 1995, p.` `11-1533` `y` `T-9/93` `Schôller`
```
    Lebensmittel GmbH & Co. KG / Comisión, Rec. 1995, p. 11-1611.

    DO C 211 de 15.08.1995, p.4.

                           17

```

_**Van**_ _**Marwijk/FNK-SCK**_

```
42. En su decisión de 29 de noviembre de 1995 [16], la Comisión impuso
multas [17] a FNK y SCK por las infracciones del apartado 1 del artículo
85 producidas en el mercado neerlandés de alquiler de grúas.

FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) es una asociación
de empresas neerlandesas arrendadoras de grúas móviles. SCK (Stichting
Certificatie Kraanverhuurbedrijf) fue creada a iniciativa de FNK con
objeto de garantizar, mediante un sistema de certificación, la calidad
de las grúas y de los equipos utilizados en el sector. La mayor parte
de las empresas que participan en SCK son también miembros de FNK y
representan entre el 50% y el 80% del mercado neerlandés. Los propios
arrendadores de grúas son arredantarios a gran escala de grúas de otras
empresas de arrendamiento.

Además de los precios recomendados por FNK en concepto de alquiler de
grúas y las prácticas concertadas aplicadas entre los miembros de FNK,
la Comisión impugnó la prohibición de que las firmas titulares de un
certificado de SCK alquilasen grúas a empresas no afiliadas a esta
última. La Comisión consideró que la prohibición de alquiler de SCK
entra dentro de las prohibiciones del apartado 1 del artículo 85, ya
que el sistema de certificación de SCK no reunía las condiciones de
apertura y aceptación de otros sistemas equivalentes de garantía de
calidad. La Comisión llegó a la conclusión de que esta prohibición no
sólo restringía la libertad de actuación de las empresas afiliadas,
sino que también impedía considerablemente a los terceros el acceso al
mercado neerlandés.

En su decisión, la Comisión señalaba que aunque su política sobre
certificación admite aquellos sistemas de derecho privado destinados
a instaurar un control suplementario de la observancia de disposiciones
estatutarias, dichos sistemas deben ajustarse a las normas de
competencia.

```

_**ICG/CCI Morlaix**_

```
43. Irish Continental Group (ICG) solicitó a la Cámara de Comercio
e Industria de Morlaix (CCI Morlaix) acceso al puerto de Roscoff
(Bretaña) con objeto de iniciar un servicio de transbordador entre
Irlanda y Bretaña en verano de 1995. En aquella época, Brittany Ferries
era la única empresa de transbordadores que operaba entre dichos
destinos. Inicialmente, se llegó a un acuerdo de principio entre las
partes, tras lo cual ICG comenzó la comercialización y la admisión de
reservas en su nuevo servicio de transbordador. Sin embargo, en enero
de 1995 se suspendieron las negociaciones y no se pudo llegar a un
acuerdo definitivo entre CCI Morlaix e ICG tras la denuncia presentada
por este último ante la Comisión y la celebración de nuevas
negociaciones.

La Comisión consideró que CCI Morlaix, al ser el operador del puerto
de Roscoff, que era el único que ofrecía las instalaciones portuarias
adecuadas en Francia para los servicios de transbordador entre Bretaña
e Irlanda, disponía, aparentemente, de una posición dominante. Además,
la Comisión estimó que, al denegar injustificadamente a ICG el acceso
a las instalaciones portuarias de Roscoff, CCI Morlaix había abusado,
aparentemente, de su posición dominante. Por consiguiente, el 16 de
mayo de 1995, la Comisión adoptó medidas provisionales por las que se

     DO L 312 de 23.12.1995, p.79.

     La inmunidad frente a las multas derivada de las notificaciones efectuadas en 1992 por
     FNK y SCK fue suprimida con arreglo al apartado 6 del artículo 15 del Reglamento No 17
     mediante Decisión de la Comisión de 13 de abril de 1994, DO L 117 de 7.5.1994.

                           18

```

```
obligaba a CCI Morlaix a hacer lo necesario para permitir el acceso de
ICG al puerto de Roscoff hasta el final de la temporada de verano.

Tras la intervención de la Comisión, las partes firmaron un contrato
por una duración de cinco años referente a la utilización por parte de
ICG de las instalaciones portuarias de Roscoff, no sólo en beneficio
de ambos, sino, lo que es más importante, en beneficio de los viajeros
que disponen así de una mayor posibilidad de elección de servicios de
transporte y actividades en la zona de Roscoff.

```

**4.** **Libro Verde sobre restricciones verticales**

```
44. El derecho comunitario siempre ha prestado especial atención a
los acuerdos verticales entre proveedores y distribuidores en los
distintos Estados miembros con el telón de fondo de la integración del
mercado. Mantener canales abiertos para el comercio paralelo frente a
las restricciones de las empresas privadas siempre ha sido un elemento
fundamental de la política comunitaria. Aunque la política de
competencia respecto de las restricciones verticales ha sido correcta
hasta la fecha, se considera necesario efectuar una revisión con objeto
de comprobar que continua siendo adecuada, teniendo en cuenta las
necesidades de la distribución y de los consumidores en el futuro.

Por ejemplo, la aplicación de la tecnología de la información y de los
métodos de producción denominados "justo a tiempo" está modificando no
sólo los métodos de producción, sino también la forma y sistemas de
distribución. Las consecuencias de esto deben reflejarse plenamente en
las políticas aplicadas con objeto de no poner obstáculos a las
técnicas de distribución, muy innovadoras y en rápida evolución.

Además, las principales exenciones por categorías concedidas en el
ámbito de la restricciones verticales deben ser revisadas dentro de
poco: las ventas y compras en exclusiva en 1997 y las franquicias en
1999. Es necesario preparar estas renovaciones.

La revisión se plasmará en un Libro Verde que fijará las distintas
alternativas previstas. Este libro, con sus distintas opciones, será
sometido a una consulta pública amplia y pormenorizada entre todos los
interlocutores políticos y socioeconómicos interesados - Parlamento
Europeo, Estados miembros, fabricantes, distribuidores y consumidores  que se celebrará previsiblemente el próximo año.

```

**5. Transferencias** **trasfronterizas** **de créditos**

```
45. El sector bancario todavía no se caracteriza por su correcto
funcionamiento en el mercado interior. Los gastos en concepto de
transacciones financieras constituyen un importante factor de coste
para las empresas y pueden actuar como obstáculo importante para un
funcionamiento satisfactorio del mercado interior.

46. En el mes de septiembre, la Comisión adoptó una 'comunicación
sobre aplicación de las normas comunitarias de competencia a las
transferencias crediticias transfronterizas [18] .

Esta comunicación forma parte de un paquete de medidas adoptadas por
la Comisión en las que se incluye una propuesta de directiva cuyo
objetivo consiste en mejorar los servicios de transferencias

     DO C 251 de 27.09.1995, p. 3.

                           19

```

```
transfronterizas prestados por la banca [19] . Estos sistemas son los que
usan los bancos para transferir dinero en nombre de los clientes entre
distintos países de la Unión.

47. La comunicación actualiza y sustituye los principios de
competencia publicados en 1992. Afirma que el enfoque general de la
Comisión consistirá en considerar de forma favorable los acuerdos de
cooperación entre bancos que, concretamente, les faculten para cumplir
los requisitos contenidos en la directiva. Esta cooperación, sin
embargo, no deberá suponer la supresión de la competencia entre bancos.
Por consiguiente, la comunicación ofrece a los bancos unas directrices
en cuanto a la forma de elaborar los acuerdos de cooperación destinados
a tramitar con mayor eficacia las transferencias transfronterizas, sin
por ello infringir las normas de competencia. Así, se podrá contribuir
al desarrollo de sistemas de pago que sean más ventajosos para los
ciudadanos europeos.

48. La comunicación contempla dos aspectos de especial importancia:
acceso al mercado y competencia de precios.

Por lo que se refiere al primer aspecto, la Comisión quiere garantizar
que los bancos más pequeños no se vean excluidos de forma desleal del
acceso a sistemas a los que deben pertenecer si quieren ofrecer en la
práctica transferencias transfronterizas a sus clientes. Las
condiciones para el acceso a estos sistemas deben estar objetivamente
justificadas y aplicarse de forma indiscriminada. En cambio, la
exclusión de los nuevos competidores de un sistema que no constituye
un mecanismo esencial, por ejemplo un pequeño sistema desarrollado por
grupos de bancos, no supone ningún problema desde el punto de vista de
la competencia.

Por lo que se refiere a la competencia de precios, la comunicación
distingue entre los acuerdos de precios entre bancos y clientes y los
acuerdos de comisiones interbancarias.

Los bancos no deben celebrar acuerdos entre sí por los que se
establezca el nivel de las tarifas cobradas a los clientes o la forma
en que deben cobrarse.

El aspecto fundamental de los acuerdos interbancarios sobre precios
estriba en la valoración de las comisiones interbancarias acordados
multilateralmente, es decir, los gastos correspondientes a
transacciones acordados colectivamente y abonados por un banco (en este
caso, suele ser el banco de quien efectúa la transferencia o su banco
corresponsal) a otro banco (el banco del beneficiario). La Comisión
considera que una comisión interbancaria acordada multilateralmente
constituye una restricción de la competencia que entra dentro de la
prohibición de los acuerdos sobre precios recogida en el apartado 1 del
artículo 85. Sin embargo, se le puede conceder una exención con arreglo
al apartado 3 del mismo artículo siempre que se reúnan las condiciones
necesarias. En el caso de las transferencias transfronterizas OUR (es
decir, cuando el expedidor ha solicitado correr con los costes), el
banco de un beneficiario no puede cobrar a éste una suma adicional en
concepto de tramitación de una transferencia transfronteriza de
crédito. En este caso, los bancos pueden acordar que el banco del
beneficiario aplique una comisión interbancaria establecida
multilateralmente, siempre que dicha comisión cubra los gastos que
derivan real y necesariamente de la realización de una transferencia
transfronteriza. La comisión acordada no debe sobrepasar el gasto real
medio en que hayan incurrido los bancos del beneficiario al realizar

    Comunicación de la Comisión "Transferencias de fondos en la UE: Transparencia, resultados
    y estabilidad", COM(94)436, 19 de octubre de 1994; Bol. UE 9-1995, punto 1.3.12.

                        20

```

```
transferencias transfronterizas. Además, debe consignarse como gasto
por defecto, permitiendo la existencia de acuerdos bilaterales sobre
los importes superiores o inferiores a dicho valor.

```

**6. Concesión de trato favorable**

```
49. La Comisión continuó persiguiendo de forma activa los carteles
secretos para la fijación de precios o el reparto del mercado, que
parecen continuar existiendo en algunos de los principales sectores.

La actividad investigadora consume una parte cada vez mayor de los
recursos administrativos de la Comisión destinados a la aplicación del
derecho de competencia. En 1995, la Comisión efectuó cerca de 91
inspecciones in situ, de las que 87 lo fueron sin previo aviso.

50. Por lo general los carteles funcionan de forma secreta y los
participantes en los mismos dedican considerables esfuerzos, incluido
el uso de las tecnologías de la información, a evitar que las
autoridades los descubran.

En algunos casos, el beneficio que para los consumidores se puede
derivar del descubrimiento y prohibición de los carteles secretos
supera el interés que puede tener la Comunidad en multar a las empresas
que cooperan con la Comisión, permitiéndole descubrir y prohibir los
carteles o colaborando con ella. Por estos motivos, la Comisión está
considerando la posibilidad de conceder un trato favorable a las
empresas que cooperen en la investigación previa o en el procedimiento
relacionado con una infracción [20] . La Comisión publicó un proyecto de
comunicación que especifica las condiciones en virtud de las cuales
aquellas empresas que cooperen con la Comisión pueden quedar exentas
de las multas, o lograr una reducción muy significativa del importe de
la multa que, de no haber cooperado, se les hubiese impuesto. Antes de
aprobar esta comunicación, la Comisión invitó a todos los interesados
a presentar sus observaciones al respecto [21] .

```

**7. Acceso al expediente**

```
51. Los procedimientos de aplicación del derecho comunitario de
competencia no deben ser arbitrarios o injustos. La Comisión debe
respetar distintas salvaguardias procedimentales con objeto de proteger
los intereses de las empresas afectadas por sus decisiones. En este
sentido, cabe mencionar el respeto a los derechos de defensa,
especialmente el derecho a ser oído. Los destinatarios de las
decisiones formales y los terceros interesados disponen también, en
último término, del recurso ante los tribunales europeos.

52. El Tribunal de Primera Instancia anuló una serie de decisiones
de la Comisión, de 19 de diciembre de 1990 [22], por las que se
sancionaban las infracciones de las normas de competencia en el mercado
de la sosa. Una de estas decisiones se refería a una práctica
concertada en virtud de la cual Solvay e ICI se repartían entre ambas
el mercado europeo. Además, la Comisión consideró que, tanto Solvay
como ICI, habían abusado respectivamente en el Reino Unido e Irlanda,

     El 10 de agosto de 1993, la División de Competencia del Ministerio de Justicia de los
    EEUU lanzó su política de trato favorable a las empresas y, el 10 de agosto de 1994, hizo
     lo propio con la política de trato favorable a personas físicas.

    DO C 341 de 19.12.1995, p. 13

     DO L 152 de 15.6.1991.

                           21

```

```
de las posiciones dominantes que tenían en Europa occidental [23] .

La decisión basada en el artículo 85 fue anulada al considerarse que
la Comisión no había respetado el derecho a la defensa de las partes.
El Tribunal consideró que la Comisión debería haber concedido a Solvay,
con arreglo al procedimiento del artículo 85, el acceso a determinados
documentos que se encontraban en el expediente correspondiente al
asunto incoado contra ICI a tenor del artículo 86 [24] . Por este mismo
motivo y con el razonamiento inverso, el Tribunal falló en favor de
ICI [25] .

La Comisión está estudiando la repercusión exacta de estas decisiones
sobre su práctica habitual, teniendo también en cuenta el nuevo mandato
del Consejero Auditor que establece que cuando una empresa considere
que la Comisión no le ha facilitado todos los documentos necesarios
para su defensa, aquél deberá estudiar esta alegación y pronunciarse
sobre el fondo de la misma [26] .

```

**B -** **Cooperación y competencia en un entorno económico globalizador y en**
**rápida evolución**

```
53. El actual entorno económico se caracteriza por un elevado
incremento de la presión competitiva. Para llegar a esta situación han
tenido que concurrir varios factores: la permanente reducción de los
ciclos de vida de los productos; el crecimiento de la
internacionalización de las industrias y de los mercados y la
finalización del programa legislativo para la plena realización del
mercado interior. Estos factores económicos deben tenerse en cuenta a
la hora de aplicar las normas de competencia. A resultas de ello, el
análisis económico del mercado adquiere cada vez más importancia en los
asuntos de competencia. La Comisión ha de tener en cuenta las
características económicas específicas de un mercado concreto a la hora
de situar el asunto de turno en su auténtico contexto.

En un entorno económico que se caracteriza por unos mercados dinámicos,
la innovación y la internacionalización, a menudo es fundamental la
cooperación entre empresas con objeto de que éstas puedan seguir siendo
competitivas mediante la mejora de su investigación y desarrollo, la
reducción de costes y la concepción de nuevos productos. Sin embargo,
esta cooperación no debe llevar a situaciones contrarias a la
competencia e incompatibles con las normas del Tratado.

```

**1.** **Aplicación de los artículos 85 y 86 en el sector de las telecomunicaciones**

```
1.1. Alianzas estratégicas

54. La actual liberalización del sector de las telecomunicaciones,
junto con la cada vez mayor convergencia de las telecomunicaciones, las
tecnologías de la información y los medios de comunicación, están
incrementando considerablemente la actividad comercial en los sectores
fundamentales del mercado de la información. Los operadores presentes

     XX Informe sobre la política de comeptencia (1990), puntos 92 y 113.

     Sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 29 de junio de 1995, Asunto T-30/91
```

_Solvay/Commission,_ `Rec. 1995, p.` `11-1775.`

```
     Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, Asunto TI-36/91
```

_Imperial_ _Chemical_ _Industries_ _pic/_ _Commission,_ `Rec. 1995, p.` `11-1847.`

```
     Decisión de la Comisión de 12 de diciembre de 1994 sobre el mandato de los consejeros
     auditores en los procedimientos de competencia celebrados ante la Comisión, DO L 330 de
     21.12.1994, p.67.

                           22

```

```
en el mismo están tomando posiciones con objeto de aprovechar las
nuevas oportunidades. Esto ha dado lugar a una ola de nuevas alianzas
y colaboraciones, anunciadas o llevadas ya a la práctica [27] .

Las alianzas estratégicas entre los actuales operadores de
telecomunicaciones (OT) que se introducen en mercados mundiales son
ejemplo de estas nuevas alianzas (BT/MCI; Atlas-Phoenix). Otras
alianzas (las de conglomerados de empresas) se crean o bien entre
empresas que anteriormente no estaban presentes en el mercado de las
telecomunicaciones pero aprovechan las sinergias resultantes de la
penetración en el mercado - tales como empresas eléctricas o bancos que
disponen de importantes redes internas y de medios económicos y
conocimientos técnicos -o entre éstas y OT (Cable & Wireless and Veba;
BT-Viag; BT-BNL, Albacom) . También se están formando grandes consorcios
con objeto de ofrecer servicios de telecomunicaciones móviles vía
satélite a escala mundial (Inmarsat-P, Iridium, Globalstar y Odyssey) .

55. La aplicación de las normas básicas de competencia a estas
alianzas ha llegado a ser unos de los principales retos para la
política comunitaria de competencia durante los últimos años. La
Comisión debe velar por que el actual proceso de reestructuración dé
lugar a unas estructuras de mercado competitivas y propicias al
crecimiento. La política comunitaria de liberalizar las
telecomunicaciones da lugar al surgimiento de nuevos servicios y
productos a precios competitivos para los consumidores, costes más
bajos para la industria y nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, estos
esfuerzos serían estériles si se permitiese la aparición de acuerdos
restrictivos, de prácticas o de estructuras de mercado que eviten la
competencia en los mercados liberalizados o si se permite que los OT
actúen de forma abusiva para mantener su posición. Se puede ver así que
existe una estrecha relación entre los distintos ámbitos de la política
comunitaria y que es necesario aplicar todos los instrumentos de
competencia de forma conjunta y coherente.

56. La empresa en participación Concert, creada entre British
Telecommunications y MCI Corporation (EEUU), fue la primera alianza
estratégica importante en el sector de las telecomunicaciones de la que
se hubo de ocupar la Comisión, concediéndole finalmente una exención
con arreglo al apartado 3 del artículo 85 [28] .

Las alianzas destinadas a ofrecer nuevos servicios globales dotados de
características que ya experimentan una demanda, especialmente por
parte de las grandes empresas (por ejemplo, servicios sin
discontinuidad, de extremo a extremo, ventanilla única de contratación
y facturación, etc ...) mejorarán por lo general la calidad y
disponibilidad de los servicios avanzados de telecomunicación,
contribuyendo también a la creación de redes transeuropeas, lo que
constituye uno de los objetivos del Tratado CE (artículo 129B). Los
consumidores, las grandes empresas multinacionales y también las
pequeñas y medianas empresas innovadoras podrán beneficiarse de los
servicios globales más avanzados y de los incrementos de eficacia que
mejorarán su situación competitiva tanto en el mundo como dentro de la
Unión Europea.

No obstante, en la medida en que las alianzas ofrecen servicios
nacionales e internacionales, la indispensabilidad exigida en el
apartado 3 del artículo 85 y la posible eliminación de la competencia
a escala nacional son elementos importantes para el análisis de la

     Para mayor información sobre las decisiones y publicaciones referentes a este ámbito,
     cabe remitirse a Community Competition Policy in the Telecommunications Sector, Comisión
     Europea, Documentos Oficiales, actualizado a julio de 1995 (IV/18571/95).

    Decisión del 27 de julio de 1994, DO L 223 de 27.08.1994, p. 36; XXIV Informe sobre la
    política de competencia (1994), puntos 156-160.

                           23

```

```
Comisión. También fueron importantes para la actitud positiva de la
Comisión ante la creación de Concert la naturaleza auténticamente
global de los servicios afectados y el hecho de que los mercados de las
dos empresas matrices están abiertos a la competencia.

```

_**Atlas-Phoenix**_

```
57. El acuerdo Atlas, investigado por la Comisión durante 1995, se
diferencia de la alianza BT-MCI en dos aspectos importantes. En primer
lugar, el elemento nacional de los servicios ofrecidos es mucho mayor
que los elementos globales previstos y, en segundo lugar, los mercados
nacionales de las partes (Francia y Alemania) están menos liberalizados
que los de BT y MCI (Reino Unido y Estados Unidos).

La operación Atlas supone la creación de esta empresa en participación
entre los operadores públicos de telecomunicaciones de Francia y
Alemania, France Telecom (FT) y Deutsche Telekom (DT) . Atlas es también
el instrumento de participación de DT y FT en la segunda operación,
denominada Phoenix, con la empresa estadounidense Sprint Corporation.

Atlas se dirige a dos mercados de productos de los servicios de
telecomunicación de valor añadido, a saber, el de los servicios
avanzados de telecomunicaciones para empresas y el de los servicios
normalizados sencillos de conmutación de datos por paquetes. La alianza
Phoenix, de mayor alcance, abarcará los mismos mercados de servicios
de redes de telecomunicación de valor añadido así como el mercado de
los servicios para viajeros y el denominado de servicios de portador
a portador.

Los acuerdos Atlas y Phoenix planteaban varios problemas desde el punto
de vista de la competencia, especialmente por lo que se refiere a los
mercados nacionales de las empresas de la UE participantes en las
transacciones. FT y DT ocupan posiciones dominantes tanto de hecho como
de derecho por lo que se refiere a ciertos servicios de
telecomunicación y al suministro de infraestructura. Por consiguiente
se consideró que la competencia podía quedar eliminada y que los
efectos positivos de la futura plena liberalización estaban en peligro.
En su respuesta, las partes de las alianzas, así como los Gobiernos
francés y alemán, han efectuado ciertas modificaciones y han adquirido
determinados compromisos con vista a resolver estos problemas. Las
soluciones propuestas consisten en no integrar en Atlas las redes
nacionales públicas francesa y alemana de conmutación de datos,
conceder acceso indiscriminado a estas redes y evitar las subvenciones
cruzadas. Sin embargo, el principal compromiso adquirido por los
Gobiernos consistía en que el uso de las infraestructuras alternativas
de telecomunicaciones para la prestación de servicios liberalizados de
telecomunicación (es decir, distintos de la telefonía vocal básica)
quedará liberalizado a partir del 1 de julio de 1996. Sin esta
liberalización, la competencia en el ámbito de la comunicación de datos
quedaría también en peligro e incluso desaparecería en otros Estados
miembros por mor de la alianza entre las dos mayores organizaciones de
telecomunicación de la Unión. La plena liberalización, es decir
incluidas la telefonía vocal básica y las infraestructuras, se
producirá el 1 de enero de 1998.

Con arreglo a todo lo anterior, la Comisión manifestó que está
dispuesta, a reserva de las observaciones procedentes de terceros, a
adoptar una posición favorable respecto a los acuerdos Atlas-Phoenix [29] .

58. Otras alianzas estratégicas similares que están siendo

     Comunicaciones en virtud del apartado 3 del artículo 19 del Reglamento No 17, DO C 337
     de 15.12.1995, p. 2 y 13.

                           24

```

```
investigadas por la Comisión son Unisource y su alianza Uniworld con
AT&T.

```

_**Sistemas móviles globales**_ _**vía**_ _**satélite**_

```
59. La Comisión ha iniciado un examen exhaustivo y pormenorizado de
las alianzas estratégicas de reciente aparición que se forman con
objeto de ofrecer servicios móviles de telecomunicación vía satélite
a escala mundial.

En este mercado, que sólo cuenta con unos pocos operadores mundiales,
es fundamental proteger la competencia en los mercados posteriores, a
saber la prestación de servicios locales, la distribución y el
suministro de equipos.

Uno de los sistemas examinados, Inmarsat-P, ya ha recibido una
comunicación favorable de la Comisión [30] .

1.2. Acuerdos de acceso e interconexión

60. Un importante problema para la aplicación de las normas de
competencia comunitarias en el sector, y en general para el marco
jurídico del futuro mercado de las telecomunicaciones, es el de los
acuerdos de acceso e interconexión [31] . De hecho, el futuro entorno
multimedia desmonopolizado se caracterizará probablemente por
situaciones en las que las empresas controlarán - conjunta o
individualmente- instalaciones tales como redes, sistemas de acceso
condicional o interfaces para soportes lógicos críticos, que pueden
constituir una ruta fundamental para los usuarios.

Los acuerdos de acceso e interconexión pueden considerarse, en
principio, beneficioso para la competencia, ya que su objeto es ampliar
los servicios ofrecidos a los consumidores. Sin embargo, estos acuerdos
también pueden dar lugar a importantes prácticas colusorias y a la
compartimentación de los mercados, así como al abuso de posiciones
dominantes [32] . El acceso indiscriminado a instalaciones fundamentales en
condiciones razonables constituye un elemento fundamental en este
contexto. Por consiguiente, la Comisión pretende presentar en 1996 un
proyecto de comunicación sobre la aplicación de las normas de
competencia en este sector.

2. Mercados mundiales

```

_**ATR/BAe**_

```
61. El mercado de los aviones regionales constituye un ejemplo de
sector de dimensión mundial. Los principales fabricantes están
presentes en todos los continentes.

62. El 18 de agosto la Comisión autorizó, mediante carta
administrativa, la empresa en participación, del sector de los aviones
para transporte regional, creada entre Aérospatiale y Alenia, ya
integrada en ATR, y British Aerospace. El objetivo de la empresa
consiste en fusionar las actividades relacionadas con los aviones
regionales de las partes. La primera etapa de la cooperación afecta
principalmente a los servicios prestados directamente a los usuarios

    Comunicación con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento No 17, DO C 304 de
     15.11.1995, p. 6.

    Conclusiones del G7 y Libro Verde sobre infraestructuras de telecomunicación.

     Coudert Bros, Competition aspects of interconnection agreements in the telecommunications
     sector, Informe a la Comisión Europea, junio de 1995.

                           25

```

```
y a la realización conjunta de estudios de viabilidad de nuevos aviones
para este sector.

La autorización de la Comisión es de duración limitada, ya que finaliza
el 6 de junio del año 2000, por lo que existe la posibilidad de volver
a examinar la situación si, a raíz de los estudios de viabilidad, las
partes deciden no desarrollar, fabricar o lanzar nuevos aviones,
manteniendo su cooperación en los ámbitos de las ventas y del servicio
postventa.

```

**3.** **Transferencia de tecnología**

```
63. Una de las tareas prioritarias que la Comisión se ha atribuido
con vistas al desarrollo del gran mercado interior consiste en fomentar
el dinamismo de la industria europea a la hora de innovar y difundir
las nuevas tecnologías. El papel fundamental que desempeñan las
transferencias de tecnologías en el desarrollo de la innovación
tecnológica para la economía de la Unión Europea y su contribución al
incremento de la competitividad de las empresas que actúan en este
espacio quedaban subrayados en el Libro Blanco de la Comisión sobre
crecimiento, competitividad y empleo.

64. El nuevo Reglamento de exención por categorías para los acuerdos
de transferencia de tecnología [33], según se propuso en 1994 y quedó
modificado a grandes rasgos en 1995 tras oír a los terceros interesados
y después de la segunda reunión del Comité Consultivo sobre acuerdos
y posiciones dominantes, debe contribuir al crecimiento económico y al
incremento de la competitividad unificando y simplificando el contenido
de los dos reglamentos sobre acuerdos de licencia vigentes [34] en un
solo texto.

65. Así, el nuevo Reglamento reduce las disparidades existentes entre
el Reglamento sobre licencias de patentes y el Reglamento sobre
licencias de conocimientos técnicos y elimina o traslada al
procedimiento de oposición varias cláusulas que, en estos Reglamentos,
impedían la exención por categorías. Además recoge nuevas cláusulas
lícitas con objeto de respetar aún más la libertad contractual de las
partes. Esta flexibilización, que beneficiará a la mayor parte de los
operadores de la Comunidad, incluye, no obstante, una advertencia clara
para aquellas empresas que gozan de una posición fuerte en el mercado.
Según el Reglamento, se suprimirá el beneficio de la exención cuando
las empresas consigan, gracias a la obtención de licencias exclusivas,
monopolizar el mercado de un producto e impedir el acceso de terceros
a las nuevas tecnologías. Al valorar esta situación, la Comisión
prestará especial atención a las situaciones en las que la cuota del
mercado del licenciatario supere un umbral del 40%,

C - Transporte

1. Transporte marítimo

66. La Unión Europea es la principal zona comercial del mundo. La
gran mayoría de su comercio con el resto del mundo (y una parte
importante del comercio efectuado dentro de la Unión) se realiza a
través del transporte marítimo. El transporte marítimo de línea, es
decir los servicios organizados de transporte marítimo, tienen especial
relevancia en este sentido.

     Reglamento adoptado por la Comisión el 31 de enero de 1996.

     Reglamento (CEE) N" 2349/84 de 23 de julio de 1984 y N' 556/89 de 30 noviembre 1988.

                           26

```

```
Por consiguiente, es esencial que la Unión Europea disponga del mejor
servicio posible de transporte marítimo al coste más bajo posible. La
política de competencia constituye un instrumento adecuado para
alcanzar este objetivo.

67. También conviene mencionar que, en los Estados Unidos, la Cámara
de Representantes ha aprobado recientemente un proyecto de ley
destinado a liberalizar el transporte marítimo de línea y a someter
este sector a un régimen legal más competitivo. Este proyecto de ley,
que está siendo examinado en el Senado, es el denominado "Ocean
Shipping Reform Act" de 1995. Si se aprueba finalmente esta norma, el
régimen legal americano se aproximará al europeo.

1.1. Consorcios de líneas marítimas

68. El nuevo Reglamento por el que se concede una exención por
categorías a los consorcios de líneas marítimas [35] es un importante
instrumento en este sentido, ya que alentará a los propietarios de
buques a mejorar y racionalizar sus operaciones, reduciendo así sus
costes y gastos de flete al tiempo que les permite ofrecer un servicio
de mejor calidad con mayor frecuencia. Esta es la segunda exención por
categorías aprobada en el sector de las líneas marítimas. El Reglamento
4056/86, que establece normas para la aplicación de los artículos 85
y 86 al transporte marítimo, ya contenía una exención por categorías
para las conferencias marítimas [36] .

69. La nueva exención por categorías entró en vigor el 22 de abril
de 1995 por un período de 5 años. Los consorcios de líneas marítimas
son acuerdos entre dos o más compañías marítimas para explotar
conjuntamente servicios de transporte de línea mediante la cooperación
en los ámbitos técnico, operativo y/o comercial, excluida la fijación
de precios. La exención por categorías abarca únicamente los servicios
internacionales de línea marítima desde o hacia uno o más puertos
comunitarios y exclusivamente para el transporte de mercancías,
fundamentalmente en contenedor. Además, abarca tanto los consorcios que
operan dentro de una conferencia marítima como los que no lo están,
pero excluye la fijación conjunta de costes de flete. Los miembros del
consorcio que deseen determinar conjuntamente las tarifas y no cumplan
las condiciones del Reglamento No 4056/86 deberán solicitar una
exención individual.

La exención por categorías abarca las siguientes actividades:
coordinación o fijación conjunta de horarios y determinación de los
puertos de escala; cesión, venta o arrendamiento recíproco de espacio
o compartimentos en los buques; utilización conjunta ("pooling") de
buques e instalaciones portuarias; utilización de una o varias oficinas
de explotación conjunta; puesta a disposición de contenedores, chasis
y otros equipos y contratos de alquiler, arrendamiento financiero o
compra de esos equipos; utilización de un sistema de transmisión de
datos informatizados o un sistema de documentación común; ajustes
temporales de capacidad [37] ; explotación o utilización conjunta de
terminales portuarias y servicios conexos; participación en uno o

     Reglamento de la Comisión (CE) No 870/95 de 20 de abril de 1995, sobre la aplicación del
     apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones
     y prácticas concertadas entre compañías de transporte marítimo de línea regular
     (consorcios) en virtud del Reglamento (CEE) No 479/92 del Consejo, DO L 89 de 21.4.1995,
     p. 7.

     Reglamento 4056/86 de 22 de diciembre 1986, DO L 378 de 31.12.1986, p. 4.

     No se incluyen los acuerdos sobre la no utilización de la capacidad existente en virtud
     de los cuales las líneas marítimas miembros del consorcio se abstienen de utilizar
     determinado porcentaje de la capacidad de los buques que operan en el marco del
     consorcio; véase artículo 4 del Reglamento n" 870/95 y Decisión de la Comisión de 19 de
     octubre de 1994 referente al Acuerdo Trans-Atlantic en la que la Comisión prohibía un
     acuerdo de no utilización de la capacidad, DO L 376 de 31.12.1994, p.l.

                           27

```

```
varios de los siguientes "pools": "pool" de tonelaje, de ingresos o de
resultados; ejercicio conjunto de los derechos de voto en conferencias
marítimas; utilización de una estructura conjunta de comercialización
y expedición de un conocimiento de embarque conjunto; cualquier otra
actividad accesoria a las mencionadas anteriormente que sea necesaria
para su realización.

70. La Comisión considera que, por lo general, los consorcios
contribuyen a mejorar la productividad y la calidad de los servicios
marítimos gracias a la racionalización que introducen en las
actividades de sus empresas integrantes y mediante las economías de
escala que permiten obtener en la operación de buques y utilización de
instalaciones portuarias. Por lo general, los usuarios del transporte
obtienen una participación equitativa en el beneficio resultante de los
consorcios cuando existe suficiente competencia en los mercados en los
que éstos operan.

Con objeto de acogerse a la exención por categorías, los consorcios
deben tener, por lo que a la gama de puertos que cubren se refiere, una
cuota de comercio directo inferior al 3 0% cuando operen dentro de una
conferencia e inferior al 35% cuando lo hagan fuera de una conferencia.
Existe un procedimiento de oposición simplificado aplicable a aquellos
consorcios cuya cuota de comercio supere el límite antes citado sin
exceder el 50% del comercio directo.

1.2. Fijación de las tarifas de los tramos terrestres por parte de las
   conferencias marítimas

71. El 8 de junio de 1994, la Comisión aprobó un informe [38] sobre sus
planes para la aplicación de las normas de competencia a los
transportes marítimos de línea que fue presentado al Consejo de
Ministros de Transportes. Este informe se centraba en el análisis de
la situación jurídica que planteaban los acuerdos de fijación de
precios celebrados por los armadores miembros de las conferencias
marítimas para los segmentos terrestres de los servicios de transporte
multimodal prestados en la Comunidad. El informe afirma que esta
práctica de las conferencias es contraria a las normas comunitarias de
competencia y que, en las condiciones actuales, no puede ser objeto de
exención alguna. Por lo tanto, en sus orientaciones propone la adopción
de un nuevo enfoque que sea compatible con la política de competencia
y permita una organización del transporte terrestre de contenedores más
eficaz y más favorable para los usuarios.

72. En el debate del Consejo de noviembre de 1994 sobre dicho
informe, el Comisario Van Miert aceptó informar al Consejo sobre la
aplicación de estas orientaciones a partir del trabajo de un "Comité
de Sabios". Este Comité, denominado Grupo Multimodal, fue constituido
en julio de 1995 y a comienzos de 1996 presentará un informe
provisional que será remitido al Consejo durante el primer semestre del
mismo año.

73. En 1994 la Comisión tomó dos decisiones de prohibición de
acuerdos de fijación de tarifas en tramos terrestres: la decisión sobre
el TAA [39] (Acuerdo Transatlántico) y la del FEFC (Far Eastern Freight
Conference) [40] . El 10 de marzo de 1995, el Tribunal de Primera Instancia
ordenó la suspensión de la decisión sobre el TAA que prohibía la
fijación conjunta de los precios de los segmentos terrestres en los

     SEC(94)933.

     Decisión de 19 de octubre de 1994, DO L 376 de 31.12.1994, p. 1.

     Decisión de 21 de diciembre de 1994, DO L 378 de 31.12.1994, p. 17.

                           28

```

```
servicios comunitarios de transporte intermodal [41] . La orden fue
recurrida ante el Tribunal de Justicia, que la corroboró el 19 de julio
de 1995 [42] .

Mientras tanto, la Comisión recibió la notificación de una versión
modificada del TAA, el Trans-Atlantic Conference Agreement (Acuerdo de
la Conferencia Transatlántica, TACA). La Comisión envió a las partes
firmantes del Acuerdo TACA un pliego de cargos en el que exponía las
razones por las que, de forma provisional, había considerado
conveniente retirar la dispensa de multas a las prácticas de fijación
de precios de segmentos terrestres en que hubiera podido incurrir el
nuevo acuerdo TACA [43] . El Tribunal de Primera Instancia desestimó la
solicitud de medidas que anularan esta decisión provisional de la
Comisión [44] .

2. Transporte aéreo

2.1. Consultas sobre tarifas en la IATA

74. El Reglamento (CEE) n° 1617/93 de 25 de junio de 1993 [45] dispone
que el apartado 3 del artículo 85 puede ser aplicado, entre otras
cosas, a la celebración de consultas sobre precios del transporte de
pasajeros y mercancías en servicios regulares entre aeropuertos de la
Comunidad. La concesión de toda excepción debe ajustarse a las
condiciones recogidas en el artículo 4 del dicho Reglamento. Por
ejemplo, la excepción sólo se concederá si las consultas permiten la
posibilidad de "interlining".

75. De acuerdo con los primeros datos recogidos por la Comisión en
1995, parece ser que, en general, los acuerdos de "interlining" en el
ámbito del transporte de mercancías son escasos, prácticamente
inexistentes. Por otro lado, suele admitirse que los precios fijados
de forma concertada por las líneas aéreas son bastante superiores a los
habituales del mercado, es decir, se produce un aumento de tarifas al
margen del juego normal de la competencia.

Por todo ello, la Comisión opina que sería conveniente modificar el
citado Reglamento con el fin de excluir de su ámbito de aplicación las
concertaciones sobre tarifas en el transporte de mercancías. A tal fin,
la Comisión ha publicado una comunicación [46] con el fin de dar la
posibilidad a las compañías aéreas y a terceros interesados de hacer
conocer su opinión. En 1996 la Comisión decidirá el curso que debe
darse a este asunto.

2.2. Cooperación entre líneas aéreas

76. La cooperación entre líneas aéreas puede facilitar la
reestructuración del transporte aéreo en Europa y contribuir a la
mejora de la calidad de los servicios en beneficio de los consumidores,
así como a un mayor control de los costes. La Comisión no tiene la
intención de entorpecer estas operaciones de reestructuración del
transporte aéreo europeo, pero cree necesario garantizar que no se
permitan restricciones de la competencia no imprescindibles y no se

```

`Asunto T-395/94 R Atlantic` _Container_ _Line_ _y otros/Comisión,_ `Rec. 1995, p.` `11-595.`

`Asunto` `C-149/95` `P (R)` _Comisión/Atlantic_ _Container_ _Line_ _y otros,_ `Rec. 1995, p.` `1-2165.`

```
    Nota de prensa de la Comisión IP/95/646, 21.06.1995.

     Sentencia del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 22 de noviembre de 1995,
```

`asunto T-395/94 R II` _Atlantic_ _Container_ _Line_ _y otros/Comisión_ `(aún sin` `publicar).`

```
    DO L 155 de 26.6.1993, p. 18.

     DO C 322 de 2.12.1995, p. 15.

                           29

```

```
excluya la posibilidad de acceso al mercado de nuevos competidores en
las rutas principales.

Las condiciones propuestas por Swissair-Sabena para la operación de
concentración entre las dos líneas aéreas y aprobadas por la Comisión,
así como las condiciones impuestas a Lufthansa y SAS antes de concederuna exención a su acuerdo de cooperación, persiguen este objetivo.

```

_**Lufthansa/SAS**_

```
77. El acuerdo general de cooperación entre Lufthansa y SAS instituye
un sistema integrado de transporte aéreo entre las dos compañías basado
en unas relaciones comerciales y operativas duraderas, y supone, entre
otras cosas, la integración de sus redes mundiales. La cooperación
comercial será especialmente intensa en las rutas comprendidas entre
Escandinavia y Alemania, zona en la que las partes van a crear una
empresa en participación.

78. La Comisión indicó [47] que, aunque el acuerdo restringe de manera
sensible la competencia en los mercados afectados, y en especial en las
rutas comprendidas entre Escandinavia y Alemania, podía concedérsele
una exención siempre que se observaran una serie de condiciones
destinadas a mantener una competencia real y potencial suficiente.

Las condiciones son esencialmente las siguientes: congelación del
número de vuelos de ambas compañías; apertura de sus programas de
fidelidad a otras compañías que no los posean; obligación de LH/SAS de
celebrar, en determinadas condiciones, acuerdos de "interlining" con
nuevos competidores; renuncia a algunos acuerdos de cooperación con
otras líneas aéreas; renuncia a algunas franjas horarias en
determinados aeropuertos congestionados con el fin de permitir el
acceso al mercado a nuevos competidores.

El 16 de enero de 1996 la Comisión adoptó una decisión de exención.

```

**D - Redes transeuropeas y política de competencia**

```
79. A lo largo de todo el año 1995, la Comisión ha reflexionado sobre
la compatibilidad de la financiación privada de las redes transeuropeas
con las normas de competencia. Estas reflexiones han sido incorporadas
al informe general sobre redes transeuropeas, que fue muy bien recibido
en el Consejo Europeo de Madrid de los días 15 y 16 de diciembre de
1995. En este informe, la Comisión desarrolló una serie de líneas
directrices para el tratamiento de los asuntos de competencia y anunció
la creación de un "punto de información"(fax: 32/2/295.65.04) para
suministrar a los responsables de proyectos informaciones
complementarias referentes a estas directrices.

80. La Comisión se propone aplicar los siguientes criterios generales
en el análisis de los expedientes: i) cuando el operador de la
infraestructura quiera dar a empresas de transporte la posibilidad de
reservar capacidad desde el momento del lanzamiento de un proyecto,
dicha posibilidad debe estar abierta a todas las empresas comunitarias
interesadas; ii) las capacidades reservadas a una empresa deben ser
proporcionales al compromiso financiero directo o indirecto suscrito
por ella y corresponder a unas necesidades operativas planificadas en
un período razonable; iii) una infraestructura recién creada no suele
estar congestionada desde su puesta en servicio. Por lo tanto, una
empresa o agrupación de empresas con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 3 de la Directiva 91/440/CEE no debería acaparar la totalidad
de la capacidad disponible. Una parte de esta siempre debe reservarse

     DO C 201 de 5.8.1995, p. 2.

                           30

```

```
con el fin de permitir la prestación de servicios por parte de otras
empresas competidoras; iv) las empresas titulares de los derechos de
utilización no pueden oponerse a la pérdida de estos derechos si no los
ejercen; v) la duración de los acuerdos de reserva de capacidad no
deben superar un período razonable, que será fijado en cada caso de
forma individual.

Esta lista de criterios no es exhaustiva y no prejuzga la decisión que
adopte finalmente la Comisión con arreglo a las características de cada
proyecto.

81. La Comisión hará lo posible para tratar rápidamente las
notificaciones de acuerdos vinculados a la financiación de las redes
transeuropeas. Su intención es que la decisión final sea adoptada en
un plazo máximo de seis meses, siempre que las partes hayan tomado
contacto con los servicios de la Comisión antes de la conclusión de ios

acuerdos.

```

_**Interconexión**_ _**de gas**_

```
82. En su Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo,
la Comisión puso de relieve la importancia de las nuevas redes de
infraestructuras europeas porque pueden contribuir a superar la
fragmentación de algunos mercados.

El 17 de mayo de 1995 la Comisión envió una carta administrativa por
la que se aprobaba el acuerdo de constitución de una empresa de
participación entre nueve importantes empresas europeas de gas para la
construcción y explotación de una interconexión marítima de gas entre
el Reino Unido y Bélgica; ésta consistiría, en particular, en un
gasoducto de alta presión que constituiría el primer enlace entre los
mercados de gas del Reino Unido y del continente.

Debido a que los terceros interesados tienen derecho a acceder, de
acuerdo con unas condiciones libremente negociadas, a una parte de la
capacidad de transporte de la citada conexión, y debido al hecho de que
este proyecto fomentará la competencia entre mercados que hasta el
momento han estado aislados, la Comisión consideró que los factores que
fomentan la competencia superan a los que la restringen. En la carta
administrativa la Comisión hizo hincapié en que, en la práctica, los
acuerdos permitirían invertir el sentido del flujo de capacidad según
lo exija la demanda.

```

**E - Competencia y medio ambiente**

```
83. En 1995, los servicios de la Comisión tuvieron la oportunidad de
recordar la política de competencia que va a aplicarse en el ámbito
del medio ambiente, en particular a través de acuerdos voluntarios [48] .

84. La política de la Comunidad en materia de medio ambiente se basa
en el principio de "quien contamina paga", cuya eficacia depende, sobre
todo, del funcionamiento del mecanismo de precios que transforma en
costes los efectos negativos de una actividad económica sobre el medio
ambiente. Para que dicho mecanismo de precios desempeñe su papel de
indicador de forma correcta, es necesario que las empresas hagan suyos
los costes ligados a la protección del medio ambiente. Ahora bien, el
principio de "quien contamina paga" no excluye la posibilidad de que,
en determinadas circunstancias, sean aceptables ayudas estatales para

    Véase el documento "Competencia y medio ambiente", presentado por la DG IV en la Mesa
     Redonda sobre el medio ambiente y la competencia, organizada por el Comité del derecho
     y de la política de competencia de la OCDE - París, mayo de 1995.

                        31

```

```
la protección del medio ambiente (véase más adelante).

Los métodos para fomentar una mejor asignación de recursos desde el
punto de vista del medio ambiente son la reglamentación pública
directa, la imposición de gravámenes, los acuerdos denominados
"acuerdos voluntarios" y la autoreglamentación. Los voluntarios son
contratos celebrados entre la industria y la administración encaminados
a un cierto número de objetivos de medio ambiente que debe perseguir
el sector de que se trate según un calendario preciso. Su contenido
puede consistir tanto en los propios objetivos como en los medios para
lograrlos.

La utilización de acuerdos voluntarios se está intensificando en la
mayor parte de los países de la OCDE, de forma paralela a una tendencia
a la desreglamentación y a una menor intervención del Estado.

Se considera que los acuerdos voluntarios, del mismo modo que la
autoreglamentación, son una solución menos burocrática y más flexible
que los enfoques tradicionales. Sin embargo, los acuerdos voluntarios
o la autoreglamentación pueden conllevar restricciones a la competencia
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del
Tratado. La Comisión está tramitando diversas denuncias a este
respecto.

85. Al analizar cada asunto, la Comisión hace un balance entre la
restricción de la competencia que conlleva un determinado acuerdo y los
objetivos medioambientales que permite alcanzar, aplicando para ello
el principio de proporcionalidad con arreglo al apartado 3 del artículo
85. Se considera que la protección del medio ambiente es un elemento
que contribuye a la mejora de la producción o de la distribución y a
la promoción del progreso económico y técnico.

La Comisión tiene la intención de seguir una política muy estricta en
lo relativo al principio de apertura de los mercados nacionales a los
operadores extranjeros. Por otro lado, seguirá muy de cerca los
problemas de acceso de terceros a un determinado sistema y vigilará los
acuerdos que supongan la retirada de un producto de un mercado.

La Comisión tiene una actitud negativa respecto a la fijación
multilateral de tarifas o precios a raíz de la puesta en práctica de
un acuerdo de medio ambiente; los asuntos se analizarán individualmente
con el fin de determinar si el acuerdo es imprescindible. En sí mismo,
un objetivo de protección del medio ambiente no justifica la
celebración de un acuerdo de precios.

```

**F - Mercados de productos secundarios**

```
86. Algunas de las denuncias recibidas por la Comisión daban parte
de un supuesto abuso de posición dominante en mercados de productos
secundarios tales como piezas de recambio, productos consumibles y
servicios de mantenimiento. Se trata de productos que se utilizan
conjuntamente con otro producto primario y que tienen que ser
técnicamente compatibles con él (por ejemplo, programas o accesorios
para ordenador). Puede suceder que, aparte de las piezas o servicios
suministrados por el proveedor primario, existan pocas alternativas,
o no existan en absoluto. Esto plantea la cuestión de si un fabricante
de productos primarios que se encuentra en una posición no dominante
puede convertirse en dominante en un mercado secundario más reducido
(éste puede ser el caso de productos secundarios compatibles con el
producto primario suministrado por un proveedor).

La cuestión es bastante compleja. Los fabricantes de productos
primarios alegan que no pueden ser dominantes en mercados secundarios

                           32

```

```
si no lo son en primarios, ya que los posibles compradores se
abstendrían de comprar los productos primarios si ven que los precios
de las piezas o servicios aumentan. Pero esto presupone que en el
mercado primario los consumidores han calculado desde el principio los
costes totales del producto primario durante toda su vida útil,
incluidos los de las piezas de recambio, productos consumibles,
posibles mejoras del equipo, servicios, etc. También presupone que no
es posible discriminar en cuanto a los precios entre los posibles
nuevos clientes y los antiguos, que ya son clientes seguros, y
presupone que estos últimos pueden cambiar de proveedor a un precio
razonable. Frente a esto, los denunciantes, que son productores de
productos consumibles o prestadores de servicios de mantenimiento,
aseguran que existe un predominio en los mercados secundarios desde el
momento en que las cuotas de mercado son elevadas; es decir, se centran
únicamente en los mercados secundarios sin analizar las posibles
consecuencias derivadas del mercado primario.

A juicio de la Comisión, ninguna de estas posturas refleja totalmente
la realidad. El predominio en el mercado debe ser definido como la
capacidad de actuar en gran parte de forma independiente de los
competidores y los consumidores. Por lo tanto, se necesita en cada caso
un examen de la situación y un análisis de las circunstancias
concretas. Cuando tenga que evaluar la existencia de posiciones
dominantes, la Comisión tendrá en cuenta todos los factores
importantes, tales como los precios y la duración del producto
primario, la transparencia de precios de los productos secundarios, el
precio de estos últimos con relación al valor del producto primario,
los costes de información y otros factores mencionados más arriba. Este
fue también el planteamiento adoptado por el Tribunal Supremo
estadounidense en su sentencia de 1992 en el asunto Kodak.

```

_**Pelikan/Kyocera**_

```
87. Ésta fue también la actitud adoptada por la Comisión cuando en
1995 desestimó la denuncia de Pelikan, fabricante alemán de cartuchos
de toner para impresora, en contra de Kyocera, un fabricante de
impresoras para ordenador y de cartuchos para dichas impresoras. De
acuerdo con la denuncia de Pelikan, Kyocera había intentado deshancarle
del mercado del toner y le acusaba, entre otras cosas, de abusar de la
posición dominante que ocupaba en el mercado secundario (aunque era
evidente que no la ocupaba en el primario). Sin embargo, aparte del
hecho de que no existían indicios de actuación contraria a la
competencia, la Comisión no consideró que Kyocera ocupara una posición
dominante en el mercado de los productos consumibles. Esto se debe a
las características especiales que imperaban en los mercados primario
y secundario. Los compradores parecían bien informados de los precios
de los productos consumibles y parecían haberlos tenido en cuenta a la
hora de adquirir la impresora. Uno de los criterios más utilizados por
los consumidores a la hora de elegir una impresora era el "coste total
por página". Esto se debe a que los costes de los productos consumibles
(fundamentalmente, de los cartuchos de toner) suponen una gran parte
del valor de una impresora durante su vida útil. Por lo tanto, si
aumentaran los precios de los productos consumibles de una determinada
marca, los consumidores tenderían a comprar otra. Por otro lado, no
parecía haber posibilidad de discriminación en cuanto a los precios
entre antiguos y nuevos clientes.

```

**G - Profesiones liberales**

```
88. La libre circulación de profesionales liberales en la Comunidad
propicia la aparición de prácticas restrictivas en este ámbito que
pueden afectar al comercie entre Estados miembros. Es probable que

                           33

```

```
aumente el número de denuncias en este ámbito. En repetidas ocasiones,
el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión una aplicación más
estricta de las normas de competencia a las profesiones liberales [49] .

```

_**Coapi**_

```
89. El 30 de enero la Comisión tomó una decisión con arreglo al
artículo 85 que constituía un caso de aplicación de las normas de
competencia en este ámbito.

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) es la
asociación profesional española del sector. Está compuesto por todos
los agentes que operan en España. Su función es asesorar al público en
general y asistir o representar a clientes en procedimientos de
derechos de propiedad industrial.

La Comisión decidió que la fijación en la junta general de COAPI de
unas tarifas mínimas obligatorias para los servicios transfronterizos
prestados por sus miembros constituía una infracción del apartado 1 del
artículo 85.

Con arreglo a la normativa comunitaria vigente, la Comisión confirmó
que la normativa nacional de acuerdo con la cual las profesiones
liberales celebran acuerdos o toman decisiones de este tipo no es
relevante desde el punto de vista del artículo 85. Aunque las propias
autoridades públicas fomenten esta práctica o deleguen en una
asociación de empresas la función de fijar los precios que vayan a
aplicar sus miembros, las actividades de la asociación a la hora de
cumplir dicha función no pueden sustraerse a la aplicación del
artículo 85 del Tratado.

```

**H - Subsidiariedad y descentralización**

```
90. En su discurso al Parlamento Europeo con ocasión del debate de
investidura de la nueva Comisión, el Presidente de la Comisión Europea
hizo hincapié en la necesidad de centrar los esfuerzos en los aspectos
esenciales: "Hacer menos, pero mejor".

En lo que se refiere a los asuntos que entran en el ámbito de
aplicación de los artículos 85 y 86, la Comisión llevó a la práctica
este principio limitando su aplicación a los acuerdos que
verdaderamente afectan a la competencia y pueden falsear el comercio
entre Estados miembros de manera apreciable. Por otro lado la Comisión,
consciente de las responsabilidades que le incumben, ya que es la única
que puede autorizar acuerdos restrictivos, estimula la
descentralización, en especial en aquellos casos que pueden dar lugar
a una decisión de prohibición.

1. Acuerdos de minimis

91. Los acuerdos cuyos efectos sobre el comercio entre Estados
miembros o sobre la competencia en general sean inapreciables, no están
incursos en la prohibición de acuerdos restrictivos del apartado 1 del
artículo 85. Sólo están prohibidos los acuerdos que influyan de forma
apreciable apreciable en las condiciones de mercado. Por esta razón,
es muy importante que la Comisión haga un análisis adecuado del mercado
en el que operan dichos acuerdos.

    Resolución sobre el XIX Informe sobre la política de competencia, punto 9 (iii) y
    Resolución sobre el XX Informe sobre la política de competencia, punto 38; respuesta de
     la Comisión en el XXI Informe sobre la política de competencia, p. 233-234.

                           34

```

```
La Comunicación de la Comisión sobre acuerdos de menor importancia
establece unos criterios cuantitativos que sirven de orientación acerca
del significado concreto del concepto de "efectos apreciables". A pesar
del reciente incremento de los umbrales [50], parece ser que convendría
llevar a cabo una nueva revisión de la normas de minimis. Por ello, la
Comisión ha comenzado una reflexión a nivel interno sobre este tema con
el fin de presentar nuevas propuestas para mantener consultas a lo
largo de 1996.

```

**2.** **Descentralización**

```
92. En su intento de tratar prioritariamente asuntos de una clara
dimensión comunitaria, la Comisión está fomentando la aplicación de la
normativa comunitaria de competencia a nivel nacional. La Comisión
considera que cuando el denunciante puede lograr una protección
adecuada de sus derechos recurriendo a los tribunales nacionales, el
asunto no tiene, en la mayoría de los casos, un interés comunitario
suficiente [51] . En sus sentencias SACEM de 24 de enero de 1995, el
Tribunal de Primera Instancia especificó en qué casos puede la Comisión
desestimar una denuncia por falta de interés comunitario suficiente [52] .
En 1995 se archivaron varios asuntos gracias a esta forma de proceder.

93. Un importante avance en el terrero de la descentralización fue
la Comunicación de la Comisión sobre cooperación entre los tribunales
nacionales y la Comisión en la aplicación de los artículos 85 y 86 [53] .
En 1995, varios tribunales nacionales de España, Francia, Alemania y
Bélgica han recurrido al mecanismo de cooperación descrito en esta
Comunicación con el fin de obtener información de la Comisión sobre
temas de competencia.

En su resolución preliminar de 12 diciembre de 1995 [54], el Tribunal de
Justicia llegó a la conclusión de que, en el ámbito de la agricultura,
deben aplicarse también los principios de cooperación entre la Comisión
y los Tribunales nacionales y que el Reglamento n° 26 determina la
medida en que deben aplicarse las normas comunitarias de competencia.
Hay que destacar que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal, el
tribunal nacional puede, en su análisis del asunto, tomar en
consideración los criterios establecidos por la jurisprudencia del
Tribunal y la práctica de la Comisión, y ello no sólo a partir de las
decisiones adoptadas, sino también a partir de los informes y
comunicaciones sobre política de competencia.

94. No sólo los tribunales, sino también las autoridades nacionales
de competencia tienen un importante papel que desempeñar en la
aplicación de la normativa comunitaria de competencia y, en general,
en el logro de unas condiciones de competencia justas y transparentes
en la Unión. Tratándose de casos en los que los efectos económicos se

    Comunicación de la Comisión sobre la actualización de la Comunicación de 1986 sobre
    acuerdos de menor importancia, DO C 368 de 23.12.1994.

    El Tribunal de Primera Instancia corroboró esta práctica por primera vez en su sentencia
```

`de 17 de septiembre de 1992, asunto T-24/90` _Automec/Commission,_ `Rec.` `1992,` `p.` `11-2223,`
```
    apartados 91-94.

    Asunto T-114/92 BENIM/Commission, Rec. 1995, p. 11-147 y asunto T-5/93
```

_Tremblay/Commission,_ `Rec. 1995, p.` `11-185.` `Refiriéndose a la sentencia` `Automec` `II, el`
```
    Tribunal de Primera Instancia indicó que, para evaluar el interés comunitario, la
    Comisión tiene que sopesar la importancia de la supuesta infracción desde el punto de
    vista del funcionamiento del mercado común, la probabilidad de existencia de infracción
    y la medida en que se requiere una labor de investigación para garantizar el cumplimiento
    de las normas de competencia. También puede tener en cuenta la Comisión el hecho de que
    un tribunal o autoridad nacionales del ámbito de la competencia estén ya tratando de la
     compatibilidad con los artículos 85 u 86 de un determinado acuerdo o práctica.

    DO C 39 de 13.2.1993, p. 6.

```

`Asuntos` `acumulados` `C-319/93,` `C-40/94` `and` `C-224/94,` _Dijkstra/Frico_ _Domo,_ _van_
_Roessel/Campiña_ _Melkunie,_ _de_ _Bie/Campina_ _Melkunie_ `(aún sin` `publicar).`

```
                           35

```

```
hacen sentir principalmente en un único Estado miembro, las autoridades
nacionales se encuentran más cerca del mercado y, por lo tanto, en una
mejor posición para tratar el asunto.

La Comisión ha continuado la preparación de una Comunicación sobre la
cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales de defensa
de la competencia [55] . La Comunicación propugna el intercambio de
información y la celebración de consultas entre la Comisión y las
autoridades nacionales al aplicar estas últimas el apartado 1 del
artículo 85, el artículo 86 o la normativa nacional de competencia en
asuntos de dimensión comunitaria. Los Estados miembros han recibido ya
un proyecto para su estudio. Posteriormente se consultará también a los
terceros interesados a través de una propuesta de comunicación que la
Comisión piensa publicar en 1996.

95. Ahora bien, la aplicación descentralizada no debe desembocar en
divergencias en la aplicación de la política de competencia dentro de
la Unión Europea. Por ello, la Comisión considera necesario promover
también la uniformidad en el fondo y en la aplicación de las normas
nacionales de competencia. Esto no se logra mediante actos formales de
armonización, sino fomentando la comunicación y la cooperación entre
la Comunidad y las autoridades nacionales.

En la actualidad, nueve Estados miembros cuentan ya con normas de
competencia en el ámbito de los acuerdos restrictivos y abusos de
posición dominante similares a los de la Comunidad. Los demás tienen
la intención, en su mayoría, de modificar sus legislaciones nacionales
para adaptarlas al Derecho comunitario. Este proceso de "armonización
suave" es una consecuencia natural del proceso de integración, que hace
necesaria la existencia de unas normas que garanticen la igualdad en
toda la Comunidad.

     El texto de la Comisión se basó en las conclusiones de un grupo ad hoc compuesto por
     representantes de las autoridades nacionales y de la Comisión; dichas condiciones habían
     sido aprobadas en 1994 por los directores generales de competencia. Véase el XXIV Informe
     sobre la política de competencia (1994) puntos 40-42.

                        36

```

**I** **- Resumen estadístico**

_**Gráfico 1: asuntos nuevos**_

```
   600

   500

   400

```

### **•**

**n** **Asuntos incoados** **a**
**iniciativa** **de la** **Comisión**

**•** **Denuncias**

**n** **Notificaciones**

```
300 +

```

```
200 +

100 +

 (H

```

## 282 [••• ]

```
368

```

```
     266
246 236

```

```
      1991 1992 1993 1994 1995

96. Durante el año la Comisión registró 559 asuntos nuevos, entre
ellos 368 notificaciones, 145 denuncias y 46 procedimientos iniciados
de oficio. Esto supone un incremento de más del 42% en comparación con
1994 y supera en más del 32% el promedio de casos registrados en los
últimos ocho años.

Casi la mitad de este aumento (78 asuntos) se debe a la transferencia
de asuntos pendientes por parte del Órgano de Vigilancia de la AELC
tras la adhesión de Suecia, Finlandia y Francia a la Unión.

                           37

```

_**Gráfico 2 : asuntos tramitados**_

**1200**

**1000 +**

**800 +**

**600 +**

**400**

**200**

```
          1991 1992 1993 1994 1995

```

**•Decisiones formales**

**• Procedimiento informal**

```
97. Durante el año, la Comisión dio por concluidos 433 asuntos, 419
de ellos mediante procedimiento informal (carta administrativa de
compatibilidad o incompatibilidad, desestimación de la denuncia o
sobreseimiento administrativo del expediente [56] ) y 14 mediante
decisiones formales. En 1995, el número de asuntos concluidos disminuyó
en un 23,4% en comparación con 1994.

    Asuntos concluidos por no estar vigentes ya los acuerdos, por ser su impacto demasiado
     débil para merecer una investigación, por ser discutibles las denuncias o haber sido
     éstas retiradas al no revelar las investigaciones ninguna práctica contraria a la
     competencia.

                           38

```

_**Gráfico 3 : Evolución de los asuntos pendientes**_

2500

2000 +

**1500** **+**

1000 +

1178

500 +

388 399
#### **I**

558 559
# I 404

1991 1992 1993

'Asuntos nuevos ISÍSÍSI Asuntos resueltos

**1994**

'Asuntos pendientes

```
1995

```

```
98 Si se hace un balance neto de los asuntos iniciados y concluidos
en 1995 puede comprobarse que el número de casos 1995 puede comprobarse que el número de casos pendientes pendientes  a final de
año ha aumentado por primera vez desde 1988. Este aumento es, sin
embargo, bastante modesto, de un 12%, e inferior al 5% si no se tienen
en cuenta los expedientes que se han añadido a raíz de la adhesión de
los nuevos Estados miembros. El actual contingente de asuntos sigue
siendo muy inferior al de finales de la década de los ochenta (más de
3 000 asuntos pendientes) y corresponde más o menos con el número de
asuntos efectivamente tramitados.

Con todo, la Comisión pretende reducir aún más este contingente, por
ejemplo mejorando la eficacia de sus procedimientos y fomentando la
aplicación descentralizada de las normas de competencia cuando sea
posible.

                           39

```

**II - Monopolios estatales y derechos monopolísticos: artículos 37 y 90**

**A - Introducción**

**1.** **Los servicios de interés económico general, una pieza central de la política de**
**liberalización de la Comisión**

```
99. La Comisión ha continuado su política de liberalización y
apertura a la competencia de algunos sectores tradicionalmente
monopolísticos, tales como las telecomunicaciones, la energía, los
servicios postales y los transportes. Al ser éstos fundamentales para
los consumidores individuales y para la competitividad, crecimiento y
creación de empleo de la economía europea en su conjunto, toda mejora
de las condiciones de la competencia repercutirá positivamente en la
sociedad europea globalmente considerada. Por otro lado, no se puede
hablar de un verdadero mercado interior mientras estos sectores
fundamentales sigan organizándose a partir de una lógica puramente
nacional y de estructuras monopolísticas.

La importancia de estos sectores para la sociedad, así como sus
características específicas, como su organización en redes, han solido
llevar a las autoridades públicas de los Estados miembros a reconocer
unos derechos especiales o exclusivos o a permitir restricciones a la
competencia en beneficio de operadores públicos o privados como
contrapartida de la realización de determinados servicios de interés
económico general, tales como la prestación de un servicio universal
a todos los ciudadanos en unas condiciones determinadas y a precios
asequibles.

La Comisión ha reconocido siempre la legitimidad de estos objetivos de
interés económico general, pero considera que los medios que
tradicionalmente se han utilizado para lograrlos no siempre se
justifican hoy en día, debido, sobre todo, a la evolución tecnológica,
a las nuevas necesidades de los usuarios y también al mismo hecho de
la integración de las economías europeas. Esto es especialmente cierto
en el caso de la sociedad de la información, fuente de crecimiento y
de creación de nuevos servicios y de empleo en los próximos años.

Por lo tanto, a la luz de esta nueva realidad, se hace necesario hacer
una revisión de cuáles serían los instrumentos más apropiados para
garantizar unos servicios públicos de calidad para todos los
ciudadanos. La Comisión considera que, en muchos casos, la apertura a
la competencia puede mejorar la calidad de los servicios, fomentar la
innovación y la creación de empleo y hacer que disminuyan los precios
en beneficio de los consumidores. La eliminación de los obstáculos a
la libre competencia sólo es, sin embargo, un aspecto de la política
de liberalización de la Comisión. Por un lado, será necesaria la
adopción de un nuevo marco normativo para lograr unos servicios
universales en un entorno competitivo. Por otro, en los casos en que
se alegue la necesidad de restringir la competencia para garantizar el
mantenimiento de un servicio universal, la Comisión evaluará su
legitimidad con arreglo al derecho comunitario (incluidas las ayudas
estatales).

Por lo tanto, la Comisión considera que el desarrollo de la política
de competencia es perfectamente compatible con el servicio público. Por
otro lado, no está de más insistir en la idea de que la liberalización
de un sector no tiene nada que ver con la privatización de las empresas
públicas que operan en el mismo. Si bien es verdad que a veces las
normas comunitarias pueden llevar a una apertura a la competencia, son
neutras en cuanto al carácter público o privado de las empresas.

                           40

```

**2.** **Las directivas derivadas del apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE**

```
100. Para llevar a la práctica estos objetivos de apertura a la
competencia, el apartado 3 del artículo 90 del Tratado confiere a la
Comisión la facultad de adoptar decisiones o directivas de cumplimiento
obligatorio para los Estados miembros. Esta última posibilidad suscita
a veces la oposición de algunas partes.

En realidad, aunque el apartado 3 del artículo 90 da a la Comisión la
posibilidad de adoptar directivas, el Tribunal de Justicia ha precisado
que dicha disposición sólo la habilita para establecer unas normas
generales que determinen las obligaciones a las que ya están sujetos
los Estados miembros en virtud del Tratado respecto a sus empresas
públicas y a las empresas titulares de derechos especiales o
exclusivos, o para tomar medidas preventivas necesarias para desempeñar
su función de vigilancia.

La competencia limitada que confiere a la Comisión el apartado 3 del
artículo 90 es, por lo tanto, diferente y más específica que las
facultades que se reconocen al Parlamento Europeo y al Consejo, o sólo
a éste, a la hora de adoptar directivas. La Comisión no puede imponer
obligaciones nuevas a los Estados miembros, sino sólo determinar, de
una forma aplicable a todos ellos, las obligaciones concretas a que
están sujetos en virtud del Tratado. La amplitud de las facultades y
obligaciones de la Comisión depende, por lo tanto, del alcance de las
normas cuya observancia sea necesario garantizar.

La Comisión siempre ha utilizado este instrumento con prudencia. Sólo
se ha recurrido a directivas basadas en el apartado 3 del artículo 90
cuando la presencia de numerosas infracciones a normas fundamentales
del Tratado CEE las hacía necesarias para evitar una multiplicación de
los procedimientos de infracción y para garantizar un mínimo de
seguridad jurídica a los operadores [57] . Normalmente estas iniciativas
han correspondido a inquietudes expresadas por el Consejo o el
Parlamento.

La Comisión siempre ha concedido la mayor importancia a la necesidad
de utilizar este instrumento a través de un procedimiento transparente
y basado en un diálogo lo más amplio posible con las demás
instituciones de la Unión, los Estados miembros y las partes
interesadas.

Esta forma de proceder se refleja en las primeras fases de la etapa de
reflexión, ya que la Comisión suele siempre publicar libros verdes o
documentos de debate destinados a lanzar el examen de la situación
dentro de un proceso de consulta pública. A partir de los resultados
de estas consultas, de estudios realizados por especialistas y de
información recogida por la Comisión, ésta suele adoptar, en primera
lectura, un proyecto de directiva que se remite al Parlamento para que
éste haga sus observaciones, al Comité Económico y Social, al Comité

     Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia
     de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (DO L
     195 de 29.07.1980, p. 35), modificada por la Directiva 85/413/CEE de la Comisión, de 24
     de julio de 1985 (DO L 229 de 28.08.1985, p. 20) y por la Directiva 93/84/CEE de la
     Comisión de 30 de septiembre de 1993 (DO L 254 de 12.10.1993, p. 16); Directiva
     88/301/CEE de la Comisión, de 16 de mayo de 1988, relativa a la competencia en los
     mercados de terminales de telecomunicaciones (DO L 131 de 27.05.1988, p. 73); Directiva
     90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los
     mercados de servicios de telecomunicaciones (DO L 192 de 24.07.1990, p. 10), modificada
     por la Directive 94/46/CE de la Comisión de 13 de octubre de 1994 sobre las
     comunicaciones vía satélite (DO L 268 de 19.10.1994, p. 15) y por la Directiva 95/51/CE
     de la Comisión, de 18 de octubre de 1995, relativa a la supresión de las restricciones
     a la utilización de las redes de televisión por cable para la prestación de servicios de
     telecomunicaciones ya liberalizados (DO L 256 de 26.10.1995, p. 49).

                           41

```

```
de las Regiones y a los Estados miembros. El proyecto se publica
también en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas con el fin de
que los interesados emitan su parecer.

En cualquier caso, la adopción final por parte de la Comisión de una
directiva con arreglo al apartado 3 del artículo 90 nunca se lleva a
cabo sin considerar primero todas las opiniones, y especialmente las
eventuales observaciones del Parlamento Europeo, los Estados miembros,
el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones.

Los debates que durante el año 1995 han tenido lugar en torno a las
directivas sobre redes de televisión por cable, comunicaciones móviles
y liberalización total de las telecomunicaciones son buena prueba de
esta forma de proceder.

```

**3.** **Otros instrumentos a disposición de la Comisión**

```
101. El apartado 3 del artículo 90 permite también que la Comisión
adopte decisiones individuales, es decir, actos específicos de
aplicación del derecho comunitario a casos concretos, iguales en todo
punto a los que la Comisión lleva a cabo en otros ámbitos (ayudas) . El
Tribunal de Justicia controla dichos actos.

En algunos casos, la Comisión considera conveniente explicar, con el
fin de aumentar la seguridad jurídica y la transparencia, los criterios
que piensa seguir en el ejercicio de sus funciones de control de la
observancia del derecho comunitario por parte de los Estados miembros
y de los operadores de un sector concreto. El proyecto de comunicación
sobre la aplicación de las normas del Tratado al sector postal,
publicado en 1995, constituye un ejemplo de este tipo de iniciativas.

```

**B - Telecomunicaciones**

**1.** **Medidas generales**

```
102. La Comisión ha continuado, con el apoyo del Consejo y del
Parlamento Europeo, su política de liberalización del ámbito de las
telecomunicaciones.

El 25 de enero de 1995, la Comisión dio a conocer la segunda parte del
Libro Verde sobre liberalización de las insfraestructuras de
telecomunicaciones. El Libro Verde examina los criterios que deberían
informar la normativa de apertura de la competencia del sector de las
telecomunicaciones dentro del calendario acordado por el Consejo [58] .
Tras amplias consultas sobre el Libro Verde, la Comisión adoptó una
Comunicación [59] en la que se hace un resumen de la misma y se propone
una lista de las medidas que, según ella, serían necesarias para
completar la liberalización y establecer un marco normativo claro. Ello
comportaría los siguientes elementos:

   fijación de la fecha del 1 de enero de 1998 para la supresión de
   todos los derechos especiales y exclusivos aún vigentes en los
   ámbitos de la telefonía vocal pública y utilización de las redes
   a través de directivas adoptadas en virtud del artículo 90 y con
   arreglo a las normas comunitarias de competencia;

     Resolución del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a los principios y al
     calendario de la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones,
     94/C379/03, DO C 379 de 31.12.1994, p. 4.

     COM(95)158.

                           42

```

```
   garantía de la financiación del servicio universal y
   clarificación de las condiciones de acceso e interconexión,
   mediante el desarrollo de unas normas que hagan efectiva la
   Oferta de Red Abierta (ONP);
   desarrollo del marco normativo a nivel nacional y europeo; debate
   sobre las relaciones de las normas nacionales y comunitarias en
   este sector.

A lo largo del año se han debatido o aprobado tres propuestas de
directiva de la Comisión elaboradas con arreglo al apartado 3 del
artículo 90.

```

**2.** **Directiva sobre liberalización de la televisión por cable**

```
103. El 18 de octubre la Comisión adoptó una Directiva que posibilita
la utilización de las infraestructuras de televisión por cable para la
prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizados [60] . El
texto había sido hecho público para consultas el 21 de diciembre de
1994 [61] . Aunque ninguna disposición específica del Tratado le obligaba
a hacerlo, la Comisión prefiere utilizar un procedimiento transparente
y abierto para la adopción de las directivas del apartado 3 del
artículo 90. Los más de 40 comentarios escritos que se recibieron
expresaban, en su inmensa mayoría, un apoyo al texto de la Comisión.

La Directiva dispone la supresión de las restricciones sobre la
utilización de la capacidad de transmisión de las redes de televisión
por cable para todos los servicios de telecomunicaciones a partir del
1 de enero de 1996, con la excepción de la telefonía vocal pública;
también dispone que las redes de televisión por cable puedan i)
interconectarse con las redes de telecomunicaciones públicas nacionales
y ii) conectarse directamente entre sí. La Directiva exige, por otro
lado, transparencia desde el punto de vista contable y separación de
la contabilidad financiera de ambas actividades desde el momento en que
el volumen de negocios en el ámbito del mercado de las
telecomunicaciones alcance 50 millones de ecus.

Esta Directiva no es sino una primera etapa hacia el objetivo de
liberalización de las infraestructuras que deberá lograrse con la
directiva de liberalización total. Esta primera etapa permitirá también
la prestación efectiva de servicios ya liberalizados a partir del 1 de
enero de 1996.

```

**3.** **Directiva de liberalización de la telefonía móvil**

```
104. La segunda Directiva es la que afecta a la liberalización de las
comunicaciones móviles y personales. El 1 de agosto de 1995 la Comisión
publicó un proyecto para difusión y debate [62] con un período de
recepción de observaciones de dos meses. También fue remitido al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones. Los comentarios que se expresaron refrendaban
en su mayoría la redacción del texto.

    Directiva 95/51/CE de la Comisión, de 18 de octubre de 1995, por la que se modifica la
     Directiva 90/388/CEE relativa a la supresión de las restricciones a la utilización de las
     redes de televisión por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya
     liberalizados, DO L 256 de 26.10.1995, p. 49.

     XXIV Informe sobre la política de competencia (1994), punto 220.

     Propuesta de directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE de
     la Comisión en relación con las comunicaciones móviles y personales, DO C 197 de
     1.8.1995, p. 5.

                           43

```

```
En su reunión del día 20 de diciembre de 1995, la Comisión dio su
acuerdo de principio a esta Directiva, basada en el apartado 3 del
artículo 90. La adopción formal de la misma tuvo lugar el 16 de enero
de 1996 [63] . El objetivo de la Comisión es garantizar un nivel de
competencia adecuado tanto en lo que se refiere a la concesión de
licencias a los operadores como a la gestión de las redes de telefonía
móvil en la Unión Europea. Para lograr dicho objetivo debe facilitarse
la entrada de nuevos competidores al mercado y la interconexión de las
redes nacionales.

La Directiva pretende conseguir este resultado exigiendo que los
Estados miembros supriman todos los derechos preferentes o exclusivos
en el ámbito de las comunicaciones móviles y establezcan, si todavía
no lo han hecho, unos procedimientos de autorización para la concesión
de licencias. Por otro lado, la Directiva exige a los Estados miembros
que permitan la entrada de nuevos competidores al mercado de los
servicios de telecomunicaciones móviles con el fin de prestar servicios
a través de las estructuras existentes o de las denominadas
infraestructuras alternativas. Esto es imprescindible para fomentar la
competencia ya que, como señaló la Comisión en s,u Comunicación de 1992
sobre la revisión del sector de las telecomunicaciones [64], lo elevado de
las tarifas y la insuficiente accesibilidad a las infraestructuras
básicas a través de las cuales se operan u ofrecen servicios
liberalizados a terceros han hecho que el desarrollo generalizado de
los mismos se haga esperar.

Sin embargo, los Estados miembros con unas redes menos desarrolladas
(España, Grecia, Irlanda y Portugal) pueden retrasar cinco años, si lo
desean, la aplicación de esta disposición. Luxemburgo, debido al
pequeño tamaño de su red, puede hacerlo durante dos años.

El argumento jurídico que, con arreglo a la directiva, justifica la
supresión de los derechos especiales o exclusivos es que constituyen
una restricción a la libertad de prestación de servicios con arreglo
al artículo 59. Por otro lado, la Directiva se fundamenta en el
artículo 86. Así su décimo considerando afirma lo siguiente:

   "En general, los derechos exclusivos vigentes en el ámbito de las
   comunicaciones móviles se han concedido a organismos que ya
   disfrutaban de una posición dominante para la creación de redes
   terrenales, o a una de sus filiales. En tal situación, el efecto
   de estos derechos es ampliar y, por ende, reforzar la posición
   dominante de que disfrutan estas organizaciones, lo que, de
   conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
   constituye un abuso de posición dominante incompatible con el
   artículo 90."

```

**4.** **Directiva de liberalización total**

```
105. En su Resolución de 22 de diciembre de 1994, el Consejo de
Ministros reafirmó que la fecha de liberalización de las
infraestructuras de telecomunicaciones y de los servicios de telefonía
vocal pública debería ser el día 1 de enero de 1998, con períodos
transitorios para algunos Estados miembros (Grecia, España, Portugal
e Irlanda, hasta cinco años; Luxemburgo, hasta dos años). Esta
confirmación llevó a la Comisión a proponer dos medidas: una Directiva
de la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 90 encaminada a

    Directiva 96/2/CE de la Comisión, de 16 de enero de 1996, por la que se modifica la
    Directiva 90/388/CEE en relación con las comunicaciones móviles y personales, DO L 20 de
     26.1.1996, p. 59.

    Comunicación de 21 de octubre de 1992 sobre la revisión de la situación en el sector de
     las comunicaciones, SEC (92) 1048.

```

```
la liberación total de los mercados de telecomunicaciones y una
propuesta de directiva del Consejo y el Parlamento con arreglo al
artículo 100A del Tratado CE con el fin de armonizar las normas de
interconexión. Estas dos medidas reflejan la necesidad de que la
política de competencia se desarrolle en cooperación estrecha con otros
aspectos más generales de la política comunitaria de
telecomunicaciones.

106. La Directiva con arreglo al apartado 3 del artículo 90, relativa
a la liberalización de todos los servicios de telecomunicaciones,
incluida la telefonía vocal, a partir del 1 de enero de 1998, con
períodos transitorios para algunos Estados miembros, fue publicada el
10 de octubre de 1995 con el fin de lanzar el debate. Las restricciones
sobre utilización de estructuras alternativas deben suprimirse en 1996
(excepto tratándose de la telefonía vocal pública, cuya liberalización
se llevará a cabo en 199"8), y en 1997 deben establecerse unas
condiciones y normas que regulen las autorizaciones de interconexión.
La Directiva establece también los principios fundamentales que deben
informar la concesión de autorizaciones a nuevos competidores en los
mercados de la telefonía vocal y de las infraestructuras de
telecomunicaciones. Estos principios garantizan la apertura de estos
sectores a la competencia y recogen las medidas necesarias para
garantizar un servicio universal en los Estados miembros. La Directiva
dispone también que los Estados miembros deben publicar las condiciones
y procedimientos de autorización, así como las condiciones de
interconexión.

Una vez más, en esta Directiva los Estados miembros que dispongan de
unas redes poco desarrolladas o demasiado pequeñas pueden acogerse a
unos plazos superiores de cinco y dos años, respectivamente.

107. De forma paralela al establecimiento del citado marco normativo,
la Comisión ha continuado promoviendo la puesta en práctica de las
directivas vigentes del ámbito de las telecomunicaciones, especialmente
la Directiva de servicios [65] . El 4 de abril, la Comisión hizo pública
una Comunicación [66] sobre el estado y aplicación de la Directiva; esta
Comunicación reflejaba la intención de la Comisión de solventar los
problemas y lagunas de aplicación por ella descubiertos.

5. Procedimientos de infracción con arreglo al apartado 3 del artículo 90

108. Aparte de las directivas de aplicación general con arreglo al
apartado 3 del artículo 90, la Comisión está autorizada a adoptar, en
casos concretos, decisiones en contra de los Estados miembros. La
Comisión señaló su intención de hacer uso de esta facultad en caso de
que en algunos Estados miembros se adviertan supuestas discriminaciones
a operadores alternativos de telefonía móvil. Los operadores estatales
disponen ya de grandes ventajas frente a los nuevos competidores (la
red de telefonía universal, la posición dominante en el mercado y una
base de usuarios de teléfonos móviles; a menudo las autorizaciones de
prestación de servicios de telefonía móvil se han concedido sin
exigencia alguna en el proceso de selección). Por todo ello, la
Comisión ha procurado que los nuevos operadores reciban un trato

     Directiva 90/388/CEE de la Comisión relativa a la competencia en los mercados de
     servicios de telecomunicaciones, DO L 192 de 24.7.1990, p. 10. La directiva de servicios
     ordenaba la supresión de los derechos especiales y exclusivos concedidos por los Estados
     miembros para la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones distintos de la
     telefonía vocal; fue reconocida como una pieza fundamental de la normativa de la Unión
     para la liberalización del mercado europeo de las telecomunicaciones.

     Comunicación de la Comisión de 4 de abril de 1995 al Parlamento Europeo y al Consejo
     sobre el estado y aplicación de la Directiva 90/388/CEE relativa a la competencia en los
     mercados de servicios de telecomunicaciones, DO C 275 de 20.10.1995, p. 2.

                           45

```

```
equitativo en los Estados miembros. Por ejemplo, la Comisión analizó
muy de cerca el procedimiento de concurso que algunos Estados miembros
habían incluido en la selección del segundo operador. Estos concursos,
que fueron analizados de forma crítica en el Libro Verde sobre
comunicaciones móviles y personales de 1994 [67], suponen que la concesión
de segundas licencias se lleva a cabo, no sólo sobre la base de una
comparación de los elementos cualitativos intrínsecos, sino de una
oferta financiera por encima de un mínimo determinado.

```

_**Omnitel Pronto Italia**_

```
109. El 4 de octubre, la Comisión adoptó una Decisión formal con
arreglo al apartado 3 del artículo 90 [68] dirigida a Italia por
discriminación en contra de Omnitel Pronto Italia y a favor de Telecom
Italia Mobile (el operador estatal) . La discriminación, que fortalecía
la posición dominante de Telecom Italia Mobile, consistió en exigir a
Omnitel Pronto Italia el pago de una suma por la licencia GSM, sin
exigir lo mismo a Telecom Italia o compensar a Omnitel mediante una
adaptación de la normativa. La Decisión exigía al Gobierno italiano
que, bien reclamara a Telecom Italia Mobile el pago de una suma
idéntica, bien adoptará, previo acuerdo de la Comisión, unas medidas
correctivas equivalentes en términos económicos. Además, en cualquiera
de los casos, las medidas adoptadas no podrían perjudicar la
competencia ya lograda mediante la autorización del segundo operador
de telefonía GSM.

```

_**Servicios**_ _**de**_ _**Radiotelefonía**_ _**GSM en**_ _**otros Estados miembros**_

```
110. La Comisión ha tenido que actuar también frente a otros Estados
miembros (como Bélgica, España e Irlanda) con el fin de situar en pie
de igualdad a los dos operadores GSM. Por ejemplo, sólo tras la
intervención de la Comisión se logró que Bélgica se comprometiera a
cobrar a Belgacom (el operador estatal) un canon por su licencia GSM,
que ya poseía, igual a la que se reclamaba al segundo operador,
Mobistar. La Comisión sigue estudiando de cerca las condiciones de
funcionamiento de los segundos operadores en los Estados miembros.

```

_**Vebacom**_

```
111. La Comisión ha actuado también al amparo del artículo 90 en otras
áreas de las telecomunicaciones. En abril de 1995, la Comisión recibió
una denuncia al amparo del artículo 90 de Vebacom, la filial de
telecomunicaciones de VEBA AG, un holding alemán de servicios públicos.
Vebacom había solicitado repetidas veces una licencia para una red de
telecomunicaciones de banda ancha basada en la tecnología SDH
(jerarquía digital síncrona), que permitiría el envío de datos entre
3 6 diferentes unidades de la cadena pública alemana de televisión ARD.
La Comisión consideró que la denuncia estaba justificada, entre otras
cosas por que Vebacom pretendía ofrecer una servicio basado en una
nueva tecnología (SDH) con la que el titular del monopolio alemán de
las infraestructuras, Deutsche Telekom AG, no contaba. Tras unas
negociaciones informales con la Comisión, el Ministerio de Correos y
Telecomunicaciones de Alemania convino en conceder una licencia para
el establecimiento y operación de una red alternativa de
telecomunicaciones.

    Hacia un entorno para las comunicaciones personales - Libro Verde sobre un enfoque común
     en el ámbito de las comunicaciones móviles y personales en la Comunidad Europea,
     COM(94)145.

    DO L 280 de 23.11.1995, p. 49-57.

                           46

```

```
C - Energía

112. Los proyectos modificados de directivas en el ámbito de las
normas comunes que deben regular el mercado interior de la electricidad
y el gas, presentadas por la Comisión el 7 de diciembre de 1993, han
seguido siendo objeto de análisis en profundidad en el Consejo.

113. Sin embargo, en 1995 tampoco se ha avanzado de forma apreciable
en la liberalización de los mercados comunitarios de la electricidad
y el gas natural, que, con algunas excepciones, siguen estando
dominados por monopolios o titulares de derechos exclusivos. En su
reunión del 2 0 de diciembre, el Consejo de Ministros no pudo alcanzar
una posición común en relación con la propuesta de directiva para el
establecimiento de unas normas comunes en el mercado interior de la
electricidad, pero la presidencia española llegó a la conclusión de que
las negociaciones habían alcanzado la fase final y que a comienzos de
1996 sería posible tomar una decisión al respecto.

114. A comienzos de 1995 y por iniciativa del Consejo, la Comisión
examinó la posibilidad de coexistencia del método de acceso negociado
propugnado por la Comisión (en el que los consumidores y productores
negocian con su operador el acceso a la red) con el sistema denominado
de comprador único (en el que una sola entidad se encarga de las
compras, ventas y servicios públicos de todo el sistema). En su
documento de trabajo sobre la organización del mercado interior de la
electricidad [69], la Comisión llegó a la conclusión de que el modelo de
comprador único era, en su estado original, incompatible con el Tratado
y no lograría unos resultados económicos equivalentes ni una
reciprocidad entre los dos sistemas. La Comisión sugirió reelaborar el
modelo de comprador único para lograr una coexistencia entre los dos
sistemas. Estas modificaciones del sistema de comprador único
determinaban el grado de elección de todos los "consumidores idóneos",
las posibilidades de importación y exportación con arreglo a
condiciones objetivas, las medidas para garantizar la transparencia y
evitar el falseamiento de la competencia, las garantías de competencia
leal en el ámbito de la generación y, finalmente, la apertura del
mercado a productores independientes y la posibilidad de instalar
líneas directas. En su reunión de junio, el Consejo aceptó en principio
la posición de la Comisión, ya que admitió que sólo sería posible una
coexistencia de los dos sistemas si se modificaba el modelo de
comprador único. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo respecto a
las modificaciones propuestas por la Comisión.

115. En julio la presidencia española presentó un texto de compromiso
en el que se incorporaban todos los acuerdos políticos anteriormente
alcanzados en reuniones del Consejo y las conclusiones del documento
de trabajo de la Comisión del mes de marzo; el texto pretendía
solucionar algunos problemas todavía pendientes. En él se aceptaba la
coexistencia de los sistemas de acceso negociado y comprador único,
aunque modificando el segundo a la vista de una serie de exigencias.
Este texto de compromiso fue ampliamente debatido en el segundo
semestre de 1995.

116. Los dos principales temas que todavía están pendientes de
solución son el grado de apertura de mercado en función de la
definición de los consumidores idóneos y sobre todo la cuestión de si
los distribuidores se encuentran entre los consumidores idóneos que
tendrían libertad de contratación con los productores considerados más
eficaces. Por otro lado, algunos Estados miembros temen que la solución
propuesta en relación con las obligaciones de servicio público se
utilice de forma abusiva y resulte en una restricción indebida de la
competencia.

    SEC(95)464 de 22.3.1995.

                           47

```

```
117. La Comisión lamenta que todavía no se haya llegado a un acuerdo
en torno a la propuesta de directiva, sobre todo teniendo en cuenta la
importancia de la cuestión. Como ya se señaló en el informe Ciampi [70],
la ausencia de liberalización en el sector de la energía está teniendo
ya un influjo muy negativo sobre la competitividad de la economía

europea.

```

**D** **-** **Servicios Postales**

```
118. El 26 de julio la Comisión adoptó una serie de medidas entre las
que se encontraban un proyecto de directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo respecto a las normas comunes que deben regular el
desarrollo de los servicios postales y un proyecto de comunicación de
la Comisión sobre aplicación de las normas de competencia al sector
postal. Estas medidas pretenden garantizar la prestación de un servicio
universal y, de forma simultánea, la apertura del mercado postal a una
mayor competencia.

La propuesta de directiva [71], basada en el artículo 100A del Tratado CE,
consagra la existencia de un servicio universal obligatorio para todos
los habitantes de la Comunidad, que tendría unos precios asequibles,
un alto nivel de calidad y que llegaría a todos los puntos del
territorio, con un especial hincapié en zonas alejadas o periféricas
de la Comunidad. Con el fin de garantizar la viabilidad financiera del
servicio universal, la propuesta define unos criterios armonizados para
los servicios que puedan quedar reservados a los prestadores de dicho
servicio. De este modo, el correo interior de los Estados miembros con
un peso inferior a 3 50 gramos y un precio hasta 5 veces superior al de
una carta normal (normalmente, de 20 gramos), del mismo modo que el
reparto postal de publicidad y el "correo transíronterizo entrante"
podrán seguir formando parte del sector reservado hasta el 31 de
diciembre del año 2000 (con un nuevo examen del sector del reparto
postal de publicidad antes del 30 de junio de 1999) . La propuesta
establece también que los Estados miembros determinarán las tarifas del
servicio universal procurando que los precios sean asequibles y se
fijen en relación con los costes, y definirán unas normas de calidad
de los servicios nacionales que deberán ser coherentes con las medidas
comunitarias.

El proyecto de comunicación [72], que será lanzado al debate público,
completa el proyecto de directiva. En él la Comisión presenta los
principios que van a seguirse en la aplicación de las normas de
competencia del Tratado al sector postal con el fin de facilitar la
liberación progresiva y controlada de este mercado. Se describen
también las características de la futura política de análisis de las
medidas estatales que limiten la libre prestación de servicios o la
libre competencia en los mercados postales, con arreglo a lo
establecido en el Tratado. Ante todo, la Comisión aborda las cuestiones
relativas a la no discriminación en materia de acceso a la red postal,
la detección de subvenciones cruzadas, la determinación de medidas de
protección de la competencia y a la aplicación de las normas sobre
ayudas en el sector.

    Véase la anterior nota 2.

    Propuesta directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las reglas comunes
    para el desarrollo de los servicios postales comunitarios y la mejora de la calidad del
    servicio, DO C 322 de 2.12.1995, p. 22.

    Proyecto de comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la normas de competencia
    al servicio postal y en particular sobre la evaluación de determinadas medidas estatales
    relativas a los servicios postales, DO C 322 de 2.12.1995, p. 3.

                           48

```

**E** **-** **Transporte**

**1.** **Aeropuertos**

```
119. La Comisión sigue esforzándose por garantizar que las prácticas
contrarias a la competencia en el ámbito aeroportuario no pongan en
peligro la liberización del transporte aéreo en la Unión Europea. Por
ello ha proseguido la instrucción de varias denuncias y la adopción de
decisiones destinadas a lograr una competencia más eficaz en
determinados aeropuertos importantes de la Unión Europea.

1.1. Canon de aterrizaje

```

_**Aeropuerto de**_ _**Bruxelles National**_

```
120. La Comisión aprobó una Decisión con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 90 [73] con respecto al sistema de descuentos
sobre las tasas de aterrizaje, establecido en el aeropuerto de
Bruxelles-National mediante el Real Decreto de 22 de diciembre de 1989.
British Midland, la compañía aérea que había interpuesto la denuncia,
consideró que este sistema permitía a la compañía aérea Sabena, su
principal competidor en la línea Bruselas-Londres, beneficiarse de un
descuento del 18% de sus gastos de aterrizaje, mientras que ninguna
otra compañía aérea podía hacerlo.

Una vez instruida la denuncia, la Comisión consideró que este sistema
era constitutivo de medida estatal con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 90, conjuntamente con el artículo 86, puesto
que aplicaba a las compañías aéreas condiciones desiguales a
prestaciones equivalentes relacionadas con el aterrizaje y el despegue,
con lo que se falseaba la competencia. La Comisión estimó que la única
justificación posible del sistema en cuestión serían las economías de
escala equivalentes que pudiera realizar el gestor del aeropuerto. Al
no ser este el caso, la Comisión instó a las autoridades belgas a poner
fin a dicho sistema.

1.2. Asistencia en escala

121. La Comisión siguió interesándose también por las prácticas
destinadas a impedir la competencia en el sector de la asistencia en
escala (en pista, en las terminales y/o en materia de manipulación de
carga) . En 1995 se experimentaron avances positivos, dado que las
gestiones emprendidas por la Comisión ante las autoridades de los
Estados miembros se tradujeron en una apertura progresiva del mercado
(como es el caso de la República de Irlanda, en la que el mercado de
la asistencia en escala se abrió desde el 1 de enero de 1995 a un
segundo operador), o en compromisos concretos en este sentido (como en
el caso de Grecia y España, en el que las autoridades de estos países
presentaron a la Comisión las medidas que tenían la intención de
adoptar para mejorar la eficacia del sector, entre las que se incluía
un calendario de liberalización).

Por otra parte, la Comisión prosiguió la instrucción de las denuncias
interpuestas en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado
contra dos empresas aeroportuarias privadas, responsables de la gestión
de dos aeropuertos que se encuentran entre los más importantes de la
Unión: Francfurt y Milán.

122. A este respecto, se ha de señalar un nuevo elemento, que no es
otro que el acuerdo de principio alcanzado el 8 de diciembre de 1995

     DO L 216 de 12.9.1995, p. 8.

                           49

```

```
en el Consejo de transportes a propósito de la Directiva relativa a la
liberalización de los servicios de asistencia en escala en los
aeropuertos de la Comunidad. Basada en el artículo 84 del Tratado, esta
propuesta había sido presentada por la Comisión en diciembre de 1994
y nacía de la Resolución del Consejo de 24 de octubre de 1994 [74] sobre
la situación de la aviación civil europea y de la Comunicación de la
Comisión titulada "La aviación civil europea hacia mejores horizontes" .

La asistencia en escala es una actividad ligada al transporte aéreo,
indispensable para que los transportistas puedan desarrollar su tarea.
Su liberalización se inscribe en el marco de las medidas
complementarias a la realización del mercado único en el transporte
aéreo y, entre otras cosas, es consecuencia de la aprobación de la
normativa comunitaria en materia de asignación de períodos horarios y
de funcionamiento de los sistemas informatizados de reserva. Además,
se pretende que las compañías aéreas europeas puedan ajustar mejor sus
costes de explotación y adaptar con precisión sus servicios a las
necesidades de su clientela.

El texto establece un período transitorio para la adaptación del
mercado. Se prevé la existencia de varios plazos de entrada en vigor
en función de determinados umbrales de referencia. La liberalización
completa debe llevarse a cabo entre 1998 y el 2003, dependiendo del
sector y de los casos específicos.

2. Puertos

123. A raíz de la sentencia del Tribunal en el asunto "Puerto de
Genova" [75], Italia se lanzó a un proceso de reforma portuaria que
condujo en 1994 a la aprobación de la Ley n" 84.

En ella se establece el principio de apertura a la competencia del
mercado de las operaciones portuarias (carga y descarga) . No obstante,
este objetivo no se ha hecho realidad debido a que, en un determinado
número de puertos italianos, las autoridades locales se negaron
sistemáticamente a expedir las autorizaciones que los competidores
potenciales de las antiguas compañías de estibadores necesitan para
ejercer sus actividades. Ante esta situación de hecho que pone en tela
de juicio su política de competencia en el ámbito portuario, la
Comisión consideró necesario tomar determinadas medidas que se
centraron en el puerto de Genova, debido a la importancia que este
último reviste para el conjunto de la Unión, por tratarse del primer
puerto italiano.

El 21 de junio de 1995, la Comisión emplazó al Gobierno italiano para
que expidiese en el plazo de diez días una autorización de explotación
a una empresa a la que la autoridad portuaria local le denegaba este
derecho de forma arbitraria.

El 11 de julio de 1995, las autoridades italianas comunicaron a la
Comisión que se había concedido la autorización en cuestión dentro del
plazo fijado. Gracias a la misma se abre el sector de las operaciones
portuarias en el Puerto de Genova a otros prestadores de servicios. La
medida beneficiará a los usuarios del puerto, a numerosas empresas
locales, especialmente pequeñas y medianas, y, en definitiva,
potenciará el dinamismo del puerto frente a la competencia
internacional.

    DO C 309 de 5.11.1994, p. 2.

```

`Sentencia de 10 diciembre de 1991 en el asunto` `C-179/90` `Porto` _di_ _Genova/Siderúrgica_
_Gabrielli,_ `Rec. 1991, p.` `1-5889.`

```
                           50

```

```
124. Por otra parte, la Comisión mantiene abiertos sus diferentes
procedimientos de infracción en relación con Italia por lo que se
refiere a los aspectos de la organización portuaria, que sigue
planteando problemas a efectos del Derecho Comunitario.

```

**F - Otros monopolios estatales de carácter con** **eroial**

```
125. La cuestión de la adecuación de los monopolios nacionales de
carácter comercial en los nuevos Estados miembros dio lugar a numerosos
contactos entre la Comisión y los Gobiernos de estos países. El
objetivo de estos contactos era adaptar las normas que regulan estos
monopolios al acervo comunitario y especialmente al artículo 37 del
Tratado.

1. Monopolios sueco y finlandés de alcoholes

126. La adecuación de los monopolios de los alcoholes en Suecia y
Finlandia fue debatida entre la Comisión y estos nuevos Estados
miembros con objeto de proceder a la adaptación de los regímenes que
regulan estos monopolios a la normativa comunitaria. A la luz de estos
objetivos, estos dos Estados miembros aceptaron suprimir los derechos
exclusivos de importación, exportación, producción y comercialización
al por mayor, incluida la función de venta al por mayor a cafés y
restaurantes. La Comisión comprobó cómo las nuevas normas en materia
de alcoholes aprobadas por Suecia y Finlandia a finales de 1995 [76 ]
eliminaron definitivamente tales derechos exclusivos, que tendrían que
haber sido suprimidos a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre
el EEE.

Por lo que se refiere a los derechos exclusivos de venta al por menor
de alcoholes, la Comisión estima que, sin perjuicio de la posible
evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tales derechos
pueden estar justificados en el marco de la legislación comunitaria
actual, especialmente en el marco de la legítima preocupación nacional
en relación con la lucha contra el alcoholismo, siempre que quede
excluida cualquier discriminación entre productos nacionales y
productos importados de los demás Estados miembros. Para cerciorarse
de que las prácticas de los monopolios de venta al por menor se ajustan
a estos requisitos, la Comisión consideró necesario iniciar un
seguimiento detallado y periódico de su funcionamiento.

```

**2.** **Monopolio austríaco de alcoholes**

```
127. Por lo que respecta al alcohol puro y a determinadas bebidas
alcohólicas, Austria ejerce un monopolio nacional de carácter comercial
caracterizado por la existencia de derechos exclusivos de importación
y comercialización al por mayor que, a diferencia de lo que sucede con
los derechos exclusivos de venta al por menor, se consideran claramente
incompatibles con el artículo 37 del Tratado CE, entre otras
disposiciones, sin que puedan alegarse las justificaciones antes
mencionadas. Por consiguiente, tales derechos exclusivos tenían que
haber sido suprimidos antes del 1 de enero de 1995. Habida cuenta de
que, hasta el momento, no ha sido así, la Comisión se vio obligada a
incoar a Austria el procedimiento de infracción previsto en el
artículo 169 del Tratado CE.

    Por lo que respecta a Suecia, véase la Ley sobre alcoholes (1994:1738) promulgada el
     16.12.1994 y en vigor desde el 01.01.1995. En el caso de Finlandia, véase la nueva Ley
     sobre alcoholes (1143/34) aprobada el 08.12.1994 y en vigor desde el 01.01.1995.

                           51

```

**3.** **Monopolio austríaco de la sal**

```
128. Por lo que se refiere al monopolio nacional de carácter comercial
en el sector de la sal, a raíz de la intervención de la Comisión,
Austria aceptó finalmente derogar los derechos exclusivos de
importación y comercialización al por mayor de los productos
procedentes de los demás Estados miembros, que tendrían que haber sido
eliminados desde comienzos de 1995 [77] .

4. Monopolio austríaco de tabacos manufacturados

129. Caracterizado también por la existencia de derechos exclusivos
en materia de importación y comercialización, el monopolio austríaco
de tabacos manufacturados se rige por lo establecido en los apartados
1 a 3 del artículo 71 del Acta de adhesión de Austria [78] .

En virtud de lo dispuesto en este artículo, Austria está obligada a
adecuar progresivamente su monopolio de tabacos manufacturados para la
progresiva apertura, a partir de la fecha de adhesión, de contingentes
de importación de productos procedentes de los Estados miembros, de tal
forma que, a más tardar el 31 diciembre de 1997, desaparezca toda
discriminación entre los nacionales de los Estados miembros respecto
de las condiciones de abastecimiento y comercialización. La observancia
de esta obligación implica la supresión del derecho exclusivo de
importación y del derecho exclusivo de comercialización al por mayor.
Por lo que se refiere a la venta al por menor de los productos
importados dentro de contingentes, su venta a los consumidores deberá
realizarse de forma no discriminatoria.

Habiendo constatado que Austria no había adoptado las medidas
necesarias para dar cumplimiento a dichas disposiciones, especialmente
al no proceder a la apertura de los contingentes en las condiciones
establecidas, la Comisión se vio obligada a incoar el procedimiento de
infracción previsto en el artículo 169 del Tratado CE.

Por lo que se refiere a la venta al por menor de los productos
importados dentro de contingentes, la Comisión vela también por que la
venta de estos productos a los consumidores se lleve a cabo de forma
no discriminatoria. Así por ejemplo, la Comisión ha de garantizar que
los contratos de licencia y distribución entre el operador Austria
Tabakwerke y otros operadores europeos no vayan a dañar los aspectos
positivos de la adecuación del monopolio austríaco de tabacos
manufacturados y que sean compatibles con las normas de competencia del
Tratado.

     BGBL n' 518/1995, de 4.8.1995.

     DO C 241 de 29.08.1994, p. 35.

                           52

```

**Ill -** **Control de las operaciones de concentración**

**A - Introducción**

```
13 0. En 1995, las fusiones a las que se aplicó el Reglamento sobre
control de las operaciones de concentración fueron incluso más
numerosas que en 1994. La Comisión recibió 114 notificaciones (100 en
1994) y adoptó 109 decisiones definitivas (90 en 1994). La actividad
registrada en 1995 fue un 24% superior a la del año anterior, que ya
de por sí supuso un incremento del 50% en relación con la actividad
registrada en los tres años anteriores, de 1991 a 1993. A lo largo de
1995, se iniciaron 7 investigaciones de segunda fase, por 6 en el año
anterior, y se prohibieron dos operaciones, por una en 1994.

1995 supuso el quinto aniversario de la entrada en vigor del Reglamento
sobre el control de las operaciones de concentración [79] . Durante esos
cinco años, la Comisión adoptó 3 82 decisiones definitivas, lo que
supone una media aproximada de una decisión cada tres días laborables
y medio o más de 70 decisiones al año. La distribución de casos por
sectores indica la existencia de un número cada vez más importante de
notificaciones en telecomunicaciones, servicios financieros, medios de
comunicación y productos farmacéuticos.

El Reglamento de aplicación revisado [80] entró en vigor el 1 de marzo de
1995. Además, se aprobaron cuatro comunicaciones interpretativas,
publicadas a finales de 1994, sobre diversas cuestiones: distinción
entre empresas en participación de carácter concentrativo y de carácter
cooperativo, concepto de concentración, concepto de empresas afectadas
y cálculo del volumen de negocios. Estas comunicaciones se aplicaron
por primera vez en 1995 [81] .

Estas modificaciones del régimen de control de las operaciones de
concentración fueron introducidas por la Comisión a raíz de la revisión
iniciada en 1993. En 1995 se volvió a abordar la cuestión de la
revisión. La Comisión llevó a cabo una amplia ronda de consultas sobre
la reducción de los umbrales que figuran en el Reglamento y sobre otros
aspectos del mismo cuya reforma pudiera ser necesaria. Entre los
consultados figuran los Estados miembros, otras instituciones
comunitarias, determinadas empresas, asociaciones empresariales y
asesores legales. A principios de 1996 se publicó el Libro Verde [82 ]
sobre el funcionamiento del Reglamento sobre el control de las
operaciones de concentración con objeto de poner en marcha un proceso
de consultas a todos los niveles sobre estas cuestiones. Es probable
que este año se presenten propuestas legislativas.

```

**B - Investigaciones en profundidad**

```
131. Se ha dado punto final a siete investigaciones en profundidad
(segunda fase) en el marco del Reglamento sobre el control de las
operaciones de concentración. Se prohibieron dos operaciones, ambas en
el sector de los medios de comunicación, la empresa en participación
Nordic Satellite Distribution (NSD) en los países nórdicos y la
transacción RTL/Veronica/Endemol (Holland Media Groep - HMG) en los

    Reglamento (CEE) No 4064/89 del Consejo, de 21 diciembre de 1989, sobre el control de
    las operaciones de concentración entre empresas, DO L 3 95 de 3 0.12.1989, p. 1.

    Reglamento (CE) No 3384/94 de la Comisión, de 21 d*> diciembre de 1994, relativo a las
    notificaciones, plazos y audiencias contemplados en el Reglamento (CEE) No 4064/89 del
    Consejo sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, DO L 377 de
     31.12.1994. XXIV Informe sobre la política de competencia (1994), puntos 234-235.

    XXIV Informe sobre la política de competencia (1994), puntos 237-260.

     COM(96)19.

                           53

```

```
Países Bajos. Las cinco operaciones restantes fueron autorizadas, dos
incondicionalmente y tres con condiciones que eliminaron los problemas
de competencia detectados por la Comisión durante su investigación.

```

**1.** **Casos relativos a medios de comunicación**

```
132. La Comisión recibió un número creciente de notificaciones en el
sector de los medios de comunicación que reflejan unas estructuras de
titularidad en evolución y la convergencia de tecnologías que
anteriormente seguían destinos separados, como era el caso de las
telecomunicaciones y los medios de comunicación. La mayor parte de
estas operaciones no presentaron problemas de competencia, por lo que
se autorizaron tras una investigación de primera fase.

Las decisiones adoptadas en las operaciones NSD y HMG indican la
importancia que la Comisión concede.a los casos que se presentan en
este sector. Estas transacciones tuvieron consecuencias significativas
a nivel horizontal y vertical, al crearse nuevas compañías que en el
futuro restringirían el acceso a cadenas de televisión (terrestres, por
satélite o cable). En 1994, la Comisión había prohibido la empresa en
participación MSG Media Service propuesta por Bertelsmann, Kirch y
Deutsche Telekom para prestar servicios de televisión de pago en
Alemania. En su prohibición de la operación NSD, la Comisión invitó a
las partes a presentar nuevas propuestas que pudiesen ser consideradas
compatibles con el mercado común. Este hecho demuestra claramente la
voluntad de la Comisión de que se establezcan nuevas empresas en este
sector, aunque tendrán que evitar aquellos ámbitos en los que creen o
refuercen una posición dominante.

```

_**Nordic Satellite Distribution**_

```
133. El objetivo de NSD consistía en transmitir programas de
televisión vía satélite a los operadores de televisión por cable y a
los hogares que reciban televisión vía satélite en su propia antena
parabólica. No obstante, la Comisión concluyó que la creación de NSD
en la forma propuesta habría hecho que la concentración de las
actividades de sus empresas matrices crease una entidad integrada
verticalmente que habría abarcado desde la producción de programas de
televisión hasta los servicios de distribución al por menor para los
canales de televisión de pago.

Las empresas matrices de NSD son medios de comunicación de gran
influencia en la zona nórdica. Norsk Telekom A/S es el mayor operador
de cable de Noruega, ejerce actividades de distribución de televisión
de pago en este país y también controla la capacidad de satélite
adecuada para los telespectadores nórdicos. TeleDanmark A/S (TD) es el
principal operador de televisión por cable de Dinamarca. Además, junto
con Kinnevik, TD controla la mayor parte del resto de la capacidad de
satélite que se adecúa a los telespectadores nórdicos. Kinnevik, un
conglomerado sueco de empresas, es el proveedor más importante de
programas de televisión de Nordic Satellite, uno de los principales
distribuidores de televisión de pago en los países nórdicos y posee una
participación importante en la televisión por cable y en la televisión
financiada mediante publicidad en Suecia.

La Comisión llegó a la conclusión de que NSD habría supuesto la
creación o el reforzamiento de una posición dominante en tres mercados:

   el suministro de capacidad de transpondedor de televisión vía
   satélite a los países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Suecia y
   Finlandia);
   el mercado danés de explotación de redes de televisión por cable;

   y

                           54

```

```
   el mercado de distribución de televisión de pago vía satélite y
   otros canales de televisión codificados para distribución
   domiciliaria directa.

La integración vertical de la entidad habría significado que las partes
hubieran podido impedir la entrada de competidores en el mercado
nórdico de televisión vía satélite y controlar el acceso al mercado
nórdico de difusión televisiva vía satélite. Dado que los mercados
afectados se encuentran actualmente en una fase de transición, la
Comisión adoptó una serie de medidas para garantizar que no quedasen
cerrados para el futuro.

```

_**RTUVeronica/Endemol**_

```
134. A raíz de una solicitud presentada por el Gobierno neerlandés en
virtud de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento sobre control
de las operaciones de concentración, la Comisión inició el examen del
```

`caso` _RTL/Veronica/Endemol_ `.` `El artículo 22 faculta a los Estados`
```
miembros a remitir casos a la Comisión aunque no tengan dimensión
comunitaria, siempre que afecten al comercio entre Estados miembros.
A pesar de que la Comisión estimó que el mercado geográfico de
referencia era los Países Bajos, llegó a la conclusión de que la
operación de concentración afectaba a los intercambios entre los
Estados miembros puesto que influiría en las condiciones de entrada de
nuevos competidores en el mercado neerlandés de emisiones de
televisión, repercutiría en la adquisición de programas en lenguas
extranjeras y, además, porque la propia empresa en participación tiene
su sede en Luxemburgo, donde dos de sus canales gozan de "licencia"
concedida por el Gran Ducado de Luxemburgo. El análisis siguió el
procedimiento normal, salvo por lo que se refiere a las disposiciones
habituales de suspensión, que no se aplicaron. Por consiguiente, en
este caso las partes pudieron completar la operación a pesar de la
decisión de la Comisión de que la empresa en participación crearía una
posición dominante de las partes.

El caso suponía la creación de una empresa en participación, Holland
Media Groep (HMG), entre RTL, Veronica y Endemol. RTL transfirió sus
actividades de radiodifusión en los Países Bajos a HMG y,
especialmente, las dos cadenas comerciales RTL4 y RTL5. Mediante
Veronica, se introdujo un tercer canal comercial, que permitió que el
sistema público de radiodifusión de los Países Bajos participase en la
empresa en participación. La otra empresa matriz de mayor importancia,
Endemol, es el mayor productor independiente de programas de televisión
de los Países Bajos.

Como resultado de su investigación, la Comisión llegó a la conclusión
de que la nueva empresa controlaría al menos el 40% del mercado de
radiodifusión televisiva de libre acceso en los Países Bajos y más del
60% del mercado de publicidad en televisión. Además, la participación
de Endemol en HMG reforzaría su situación como principal productor
independiente de televisión. La Comisión aprobó una decisión de
prohibición e invitó a las partes a proponer medidas destinadas a
restaurar en el plazo de tres meses la competencia efectiva en los
mercados neerlandeses de publicidad en televisión y producción de
programas. La decisión de la Comisión ha sido impugnada ante el
Tribunal de Primera Instancia.

2. Otras investigaciones en profundidad

135. Todas las demás operaciones sobre las que se llevaron a cabo
investigaciones en profundidad fueron declaradas, en último término,
compatible con el mercado común. Se autorizaron sin condiciones las
```

`operaciones` _Siemens/Ital_ _tel,_ `empresa en participación establecida en`

```
                           55

```

`Italia en el sector de los equipos de telecomunicaciones, y` _Mercedes_
_Benz/Kâssbohrer,_ `adquisición por parte de Mercedes de otro fabricante`
```
alemán de autobuses y autocares. En ambos casos, las partes presentaron
determinadas alegaciones que se incluyeron en la decisión en relación
con su futura actuación comercial. Tales observaciones no eran parte
integrante del análisis de competencia de la Comisión, sino que habrían
sido ofrecidas por las partes. Por ejemplo, STET, empresa matriz de
Italtel, se comprometió a no influir en la política de adquisiciones
de Telecom Italia en favor de la empresa en participación, y Mercedes
manifestó su intención de suministrar motores a precios competitivos
a terceros fabricantes que no dispusiesen de capacidad de producción
propia.

```

`13` `6.` `En la operación` _Siemens/'Italtel_ `,` `Siemens y STET, la sociedad`
```
holding para los operadores italianos de telecomunicaciones, en la que
está incluida Italtel, tenían la intención de mancomunar en una empresa
en participación sus filiales respectivas de fabricación de equipos de
telecomunicaciones. La operación planteaba cuestiones de carácter
horizontal y vertical. Desde el punto de vista horizontal, la mayor
cuota de mercado de la empresa en participación tenía lugar en el
sector de los equipos de conmutación, en el que la penetración de ambas
partes alcanzaba conjuntamente un 50% ó un 60% del mercado italiano,
y un 3 0% de las ventas totales en la UE (tratándose de los equipos de
transmisión, las cifras eran inferiores) . Desde el punto de vista
vertical, la empresa en participación sería propiedad en parte de su
principal cliente.

A la hora de determinar que la empresa en participación propuesta era
compatible con el mercado común, la Comisión tuvo en cuenta:

   las posibles consecuencias de las nuevas tecnologías, que es
   probable provoquen cambios significativos en los mercados de
   telecomunicaciones ;
   la repercusión que las directivas de normalización y contratación
   pública tienen en la apertura de los mercados nacionales; y
   la mayor liberalización de los servicios de telecomunicaciones
   y, especialmente, la mayor liberalización de la infraestructura
   de telecomunicaciones que tendrá como consecuencia la
   internacionalización de los mercados de equipos de
   telecomunicaciones.

```

`137.` `En el caso` _Mercedes_ _Benz/Kàssbohrer_ `aunque fuese el mercado de`
```
autobuses de toda Europa el que se viera afectado, la Comisión estimó
que el mercado alemán requería específicamente una investigación en
profundidad. Se determinaron tres mercados diferenciados: los autobuses
urbanos, los autocares turísticos y los autobuses interurbanos. En
ellos, la cuota de mercado conjunta de las partes era del 44%, 54% y
74%, respectivamente. La cuota de mercado total en Alemania era del
57%. No obstante, la Comisión consideró que existían límites adecuados
a la libertad de acción de Mercedes en el mercado alemán como
consecuencia de la existencia de dos competidores alemanes y de la
posibilidad de que apareciesen otros nuevos de distintos países de
Europa. Según los clientes, era previsible que estos nuevos
competidores dieran un nuevo impulso a los fabricantes alemanes de
autobuses. Por último, la Comisión comprobó que las directivas de
contratación pública, que obligan a la realización de procedimientos
de licitación en toda la Comunidad para la mayor parte del mercado de
autobuses urbanos e interurbanos, están contribuyendo al desarrollo de
un mercado europeo más amplio.

138. En los demás casos, la autorización de la Comisión de las
operaciones respectivas se supeditó al cumplimiento de los compromisos
contraídos por las partes en el transcurso de los procedimientos.

                           56

```

`139.` `En el caso` _ABB/Daimler_ _Benz,_ `la Comisión estimó que el mercado`
```
de trenes de cercanías había seguido siendo nacional en Alemania,
aunque en otros Estados miembros la inexistencia a nivel nacional de
un sector importante de transporte por ferrocarril ya había conducido
a la aparición de mercados geográficos de mayor amplitud. La operación
propuesta habría conducido a la creación de un duopolio dominante en
el mercado alemán de trenes de cercanías. Por otra parte, la operación
de concentración también habría impedido la entrada en el mercado de
proveedores extranjeros mediante la eliminación de suministradores
alemanes independientes de componentes eléctricos. No se detectaron
problemas de competencia en relación con otros mercados de productos
afectados.

Con objeto de eliminar las reticencias de la Comisión, las partes
acordaron proceder a la venta de Kiepe Elektrik GmbH (filial de
Daimler-Benz). Kiepe Elektrik GmbH es una empresa especializada en
suministros eléctricos para trenes de cercanías. Como consecuencia de
esta venta, un productor competente de componentes eléctricos, sin
relación con las partes, permanecería en el mercado alemán y estaría
en condiciones de suministrar o cooperar con proveedores de los
componentes mecánicos de los trenes de cercanías. Kiepe es un
fabricante consolidado y eficaz que desempeñó una función importante
en la apertura del mercado alemán merced a su cooperación con la
empresa canadiense Bombardier.

La transacción fue objeto de una solicitud de reenvío presentada por
las autoridades alemanas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9
del Reglamento sobre control de las operaciones de concentración.
Aunque los problemas de competencia se centraban en dos mercados de
productos en Alemania, la operación propuesta, por la que se creaba el
mayor proveedor mundial de equipos ferroviarios, tenía consecuencias
significativas en toda Europa, por lo que se denegó la solicitud de
reenvío.

```

`140.` `En el caso` _Orkla/Volvo,_ `se autorizó una adquisición a condición`
```
de que se procediera a la enajenación de la cervecera Hansa, propiedad
de Orkla. Si no se hubiera procedido a la venta, las partes habrían
dispuesto de una cuota del 75% del mercado noruego de la cerveza;
además, se consideraba que ni el sector minorista, ni los sectores
hotelero y de restauración disponían de un poder adquisitivo que
pudiese servir de contrapeso.

```

`141.` `En el caso` _Crown_ _Cork_ _and_ _Seal/Carnaud_ _MetalBox,_ `tras una`
```
detallada investigación de segunda fase tanto de las cuestiones
horizontales como verticales que se planteaban, la Comisión llegó a la
conclusión de que el único mercado en el que la operación de
concentración propuesta podía crear una posición dominante era el de
envases de hojalata para aerosoles. Ambas partes fabrican y venden en
el Espacio Económico Europeo (EEE) envases de hojalata para aerosoles
y alimentos, además de determinados cierres para envases y latas de
bebidas, entre los que se incluyen extremos de latas de bebidas,
coronas metálicas y tapones de plástico y de aluminio. En consecuencia,
la Comisión llegó a la conclusión de que el compromiso de Crown de
vender un grupo específico que fabrica envases de hojalata para
aerosoles sería suficiente para eliminar sus reticiencias en el ámbito
de la competencia.

Las partes acordaron desprenderse de una parte sustancial de sus
actividades de fabricación de envases de hojalata para aerosoles en
cinco Estados miembros, que suponen casi el 22% del mercado de envases
de hojalata para aerosoles del EEE. De no procederse a esta
enajenación, la cuota conjunta de mercado en Europa de las dos partes
sería superior al 60%, mientras que el siguiente competidor tendría una
cuota de entre el 15% y el 20%, dándose además la circunstancia de que

                           57

```

```
la mayor parte del exceso de capacidad en este mercado se encuentra en
manos de las partes.

```

**C - Otros casos importantes**

```
142. Algunas de las operaciones de mayor importancia se autorizaron
en el plazo de un mes desde su notificación, sin llevar a cabo
investigaciones en profundidad. Varios de estos casos se inscriben en
```

`el` `sector` `farmacéutico,` `por` `ejemplo` _Glaxo/Wellcome,_
_Behringwerke/'Armour_ _Pharmaceutical,_ _Hoechst/Marion_ _Merrell_ _Dow,_ _Rhône_
_Poulenc_ _Rohrer/Fisons_ _y_ _Upjohn/Pharmacia._ `Con el fin de desterrar`
```
cualquier posible duda en cuanto a la compatibilidad, Glaxo accedió a
conceder una licencia exclusiva a un tercero para uno de los compuestos
antimigraña que están siendo desarrollados actualmente por Glaxo o
Wellcome. Se constata que las fusiones que últimamente se están
produciendo en el sector farmacéutico pretenden incrementar la gama de
productos que ofrecen las empresas y, de esa forma, que éstas sean más
competitivas a la hora de suministrar dichos productos a mayoristas,
hospitales y oficinas de farmacia. Como resultado de ello, hasta el
momento las operaciones han sido en gran parte complementarias y no han
dado lugar a problemas de competencia.

```

`143` `.` `En el caso` _Swissair/Sabena,_ `la Comisión recibió garantías de que`
```
se resolverían los problemas de competencia planteados por la operación
por la que Swissair adquirió el 49,5% de las acciones de Sabena. Esta
transacción habría creado un monopolio en el transporte aéreo entre
Suiza y Bélgica. Además, Swissair participaba en la Alianza Europea
para la Calidad junto con SAS y Austrian Airlines, mientras que SAS
había propuesto la celebración de un acuerdo de cooperación con
Lufthansa. Unida a estos acuerdos, la operación habría permitido a las
compañías aéreas que en ella participan crear una amplia red de rutas
que transportaría aproximadamente el 3 5% del tráfico de pasajeros en
Europa, es decir, el doble del siguiente competidor en el ranking. Con
el fin de autorizar la operación, la Comisión aceptó compromisos de las
dos compañías aéreas y de los Gobiernos belga y suizo para facilitar
los derechos de tráfico y las franjas horarias necesarias para que las
compañías competidoras pudiesen explotar vuelos entre Bélgica y Suiza.
Por otra parte se exigía a Swissair y Sabena que facilitasen a sus
competidores acuerdos de interlínea y la oportunidad de participar en
programas de fidelidad de la clientela. Por último, Swissair se vio
obligada a romper los vínculos que mantenía con SAS a través de la
Alianza Europea para la Calidad. Esta transacción se notificó en dos
ocasiones, la segunda de ellas a raíz de las modificaciones
introducidas en ella. En ese momento se había procedido a su plena
evaluación (incluida la consulta a los Estados miembros) sin necesidad
de iniciar la segunda fase del procedimiento.

144. La Comisión autorizó una operación por la que las empresas
```

`finlandesas` _Repola_ _Corporation_ _y_ _Kymmene_ _Corporation_ `fusionaron`
```
plenamente sus actividades. Repola y Kymmene son grandes empresas
internacionales que desarrollan su actividad en los ámbitos del papel
de imprenta y los materiales de embalaje. Los mercados afectados por
la operación eran, entre otros, los de papel prensa, papel para
revista, bolsas de papel, etc.

Por lo que se refiere a las bolsas de papel, la investigación de la
Comisión llegó a la conclusión de que existe un mercado finlandés
específico de este producto y que la operación de concentración
llevaría a la creación de una posición dominante en él. La nueva
empresa sería prácticamente el único proveedor de bolsas de papel para
los clientes finlandeses. Las partes se comprometieron a vender una
parte de su capacidad de fabricación de bolsas de papel en el mercado
finlandés.

                           58

```

```
Europa occidental es, como mínimo, el ámbito geográfico de los mercados
de papel prensa y papel para revistas, por lo que Repola/Kymmene, al
igual que todos los principales fabricantes europeos de papel,
transportan y comercializan sus productos en casi todos los Estados
miembros. Como consecuencia de la operación la nueva empresa pasará a
ser el primer fabricante europeo de papel prensa y papel de revista.
No obstante, sus cuotas conjuntas de mercado no superarán una cifra
próxima al 20% en cualquiera de los dos mercados de productos y,
además, se ha de señalar la presencia de varios competidores bien
situados.

Junto con otros cinco fabricantes finlandeses de papel, Repola forma
parte de la asociación de marketing Finnpap. Es ésta una organización
conjunta de ventas que comercializa los productos de papel de sus
miembros a nivel mundial; Kymmene no pertenece a ella y posee su propia
red de ventas. Las partes se comprometieron a no vender productos de
papel a través de la organización conjunta de ventas de Finnpap.

```

**D - Intereses legítimos de los Estados miembros**

```
145. El 6 de marzo, las autoridades del Reino Unido presentaron, ante
```

`la adquisición propuesta de` _Northumbrian_ _Water_ `por parte de` _Lyonnaise_
_des Eaux,_ `la primera solicitud con arreglo a lo dispuesto en el`
```
apartado 3 del artículo 21 del Reglamento sobre control de las
operaciones de concentración con objeto de que se reconociera un
interés legítimo. La solicitud se refería a la normativa que regula el
suministro de agua en el Reino Unido. Esta normativa consta de
disposiciones específicas sobre operaciones de concentración concebidas
para hacer posible que el sistema normativo logre su objetivo de
salvaguardar la prestación de un servicio vital y proteger al
consumidor. En consecuencia, siempre que se lleve a cabo una operación
de concentración o se espere su realización, se remitirá el caso a la
Comisión de Monopolios y Fusiones (MMC) para que analice la posibilidad
de que sea contraria al interés público. Uno de los criterios que se
utilizan para determinar si las fusiones realizadas entre compañías de
suministro de agua vulneran el interés público es el del número de
compañías bajo control independiente entre las que la autoridad
reguladora podría efectuar comparaciones a efectos de calcular la
fórmula de regulación de precios. La solicitud del Reino Unido abarcaba
estas disposiciones, dado que la remisión a la MMC es automática, es
decir, no tiene carácter discrecional.

Con el reconocimiento del interés legítimo del Reino Unido, la Comisión
establece límites específicos a las investigaciones de la MMC en estas
circunstancias. La decisión de la Comisión de 29 de marzo de 1995
reconoció la facultad de la MMC para evaluar el interés público de las
posibles operaciones de concentración, aunque señaló que en esos casos
se circunscribía a aquellas cuestiones que estuviesen directamente
relacionadas con el funcionamiento de la normativa de regulación del
agua. Se exigió a las autoridades del Reino Unido que informasen a la
Comisión de cualquier medida adoptada con arreglo a la decisión para
que pudiese valorar la oportunidad de la misma.

Poco después de la decisión de la Comisión, las autoridades del Reino
Unido remitieron la oferta pública de adquisición propuesta a la MMC.
A raíz del informe de esta Comisión, en el que se dictaminó que la
operación de concentración vulneraba el interés público, a menos que
se aplicasen reducciones considerables de precios a los consumidores,
OFWAT consultó a Lyonnaise y Northumbrian y propuso una medida que
implicaba una fórmula de reducción de precios, que posteriormente
recibió la aprobación formal de Lyonnaise. Como exige la decisión, se
informó a la Comisión de la medida propuesta por el Gobierno del Reino
Unido, sin que aquélla presentase observaciones al respecto.

                           59

```

**E - Operaciones de concentración en los sectores del carbón y el acero**

```
146. A lo largo de 1995, la Comisión adoptó siete decisiones con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 66 del Tratado CECA. Tres de
estos casos se referían a la venta al sector privado de empresas
siderúrgicas que previamente habían pertenecido al sector público: nos
```

`referimos a la adquisición de la línea de productos planos de` _RIVA,_ `una`
`empresa en participación entre` _Usinor Sacilor_ _y Hoogovens_ `para hacerse`
`con el control de la sociedad portuguesa de productos planos` _SN-Planos_
_y_ `otra empresa en participación entre` _RIVA y_ _FREIRÉ_ `que se hizo con el`
`control de` _SN-Longos._

```
F - Perrier

147. El 27 de abril, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) se
pronunció sobre dos asuntos, el primero interpuesto por los empleados
de Perrier y el otro por los de Vittel y Pierval, contra la Decisión
del 22 de julio de 1992 de la Comisión en el asunto Nestlé/Perrier. La
Comisión había aprobado la operación de concentración siempre que se
cumpliesen determinadas condiciones y obligaciones. Los puntos más
importantes de la sentencia fueron los siguientes:

   a pesar de reconocer que el Reglamento sobre control de las
   operaciones de concentración se ocupa fundamentalmente de las
   cuestiones de competencia, el TPI sostuvo que ello no excluye la
   posibilidad de que la Comisión tenga en cuenta las consecuencias
   sociales de una operación de concentración si éstas afectan al
   nivel o a las condiciones de empleo en la Comunidad Europea o en
   una parte sustancial de la misma;
   el hecho de que un tercero no haya intervenido directamente en
   el procedimiento administrativo no siempre implica que dicho
   tercero pierda la facultad de oponerse a la Decisión;
   los representantes de los trabajadores de una empresa no están
   afectados directamente, en principio, por un procedimiento de
   fusión y, por consiguiente, no están facultados para solicitar
   la anulación de una decisión, salvo de que se trate de proteger
   sus derechos procesales;
   los terceros no tienen derecho a recibir un trato idéntico al que
   se concede a las partes que participan en la operación de
   concentración en el procedimiento administrativo.

                           60

```

**G - Resumen estadístico**

_Gráfico 1 : Cifra anual de decisiones definitivas adoptadas desde 1990_

**Decisiones finales con arreglo al Reglamento sobre operaciones de**

**concentración**

```
 120

 100

  80

```

```
60

40

20

0

```

```
        60 60
                     56

1990 1991 1992 1993 1994 1995

```

_Gráfico 2 : Desglose de los tipos de operación en_ _1995_

**Tipo de operación (total 1990-95)**

Otros

OPA amistosa 7 %

5%

Empresa en
participación / control

conjunto

49%

Adquisició de

participación

majoritaria

**39%**

**61**

_**Gráfico**_ _**3 : Países de**_ _**origen**_ _**de las**_ _**empresas protagonistas**_ _**de las**_ _**transacciones**_ _**de 1995**_

**Desglose de empresas por país de origen**
**49** **(en 1995; asuntos en los que ha recaído decisión final)**

50

45 t

40 +

35 +

D UK USA F I NL CH S B E Otros

**62**

**IV - Ayudas estatales**

**A - Política general**

```
148. En julio, la Comisión publicó su Cuarto Informe sobre las ayudas
estatales en la Comunidad [83], que abarca a los años 1991 y 1992. Este
Informe constituye un instrumento cuantitativo esencial para la
definición de la política de ayudas. La tendencia a la baja, lenta pero
estable, del volumen global de las ayudas que ya se observó en el
período 1981-1990 ha podidio confirmarse a pesar de los elevados costes
de la unificación alemana, la recesión económica y la intensificación
de la competencia internacional. A pesar de todo, el volumen global de
ayudas sigue siendo elevado, ya que, por término medio, alcanza los
94 000 millones de ecus anuales para el conjunto de la Comunidad, es
decir, el 1,9% de su PIB o 704 ecus por trabajador. El Consejo de
Ministros de industria, que se reunió en noviembre, aprobó el análisis
de la Comisión según el cual, al tiempo que se tienen en cuenta otros
objetivos comunitarios, es necesario seguir reduciendo el volumen de
ayudas, reforzando los mecanismos de control y mejorando su
transparencia.

149. La obligación de notificar las ayudas impuesta por el Tratado es
un elemento fundamental para garantizar su transparencia. En una
comunicación aprobada en mayo, la Comisión recordó que tiene la
intención de hacer uso de todas las facultades que le confiere el
Tratado para hacer que los Estados miembros respeten esta obligación.
Con la publicación de una comunicación sobre cooperación entre la
Comisión y los tribunales nacionales, esta institución mostró su
voluntad de colaborar con los órganos jurisdiccionales nacionales para
que éstos puedan proteger los derechos de las empresas afectadas por
las ayudas concedidas ilegalmente a sus competidores.

150. La publicación de directrices y comunicaciones que definen los
criterios utilizados por la Comisión a la hora de analizar la
compatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común es otro
elemento importante de la política de transparencia y simplificación
de la Comisión. Todos los textos vigentes a 31 de diciembre de 1994,
entre los que se incluye un manual de procedimientos y un repertorio
de las sentencias del Tribunal de Justicia, se reúnen en la
actualización de la recopilación "Derecho de la competencia en la Unión
Europea. Volumen II: normas aplicables a las ayudas estatales". Dado
que a lo largo de los años se han ido acumulando numerosas normas, es
conveniente que se consoliden determinados textos y se revisen todos
ellos. Por ello, se está procediendo a sistematizar los textos en
materia de ayudas regionales y la Comisión aprobó unas nuevas
directrices para las ayudas destinadas a investigación y desarrollo,
cuyo proyecto fue examinado por sus servicios, con la colaboración de
expertos de los Estados miembros, en una reunión multilateral que se
celebró en abril. En esta misma reunión también se desarrolló un debate
sobre los criterios de distinción entre ayudas estatales y las
denominadas "medidas generales", que quedan al margen del apartado 1
del artículo 92, y en relación con los problemas que plantean las
ayudas concedidas en el marco de ventas de terrenos del sector público
y a las otorgadas en forma de garantía de préstamo. Se envió a todos
los Estados miembros un cuestionario detallado sobre las garantías
públicas.

151. En 1995 se celebraron otras dos reuniones multilaterales. En
julio, los expertos de los Estados miembros se ocuparon de la revisión

     Cuarto Informe de la Comisión sobre las ayudas estatales en el sector de los productos
     manufacturados y otros sectores de la Unión Europea, COM(95) 365 final.

                           63

```

`de la norma de` _minimis,_ `de las directrices sobre las ayudas a la`
```
pequeña y mediana empresa y de un proyecto de directrices para las
ayudas estatales en favor de las artes y la cultura, referido más
expecíficamente al sector audiovisual. En diciembre, estos expertos
debatieron sobre el futuro control de las ayudas en el sector de las
fibras sintéticas, un primer proyecto de directrices horizontales de
ayudas regionales destinadas a los grandes proyectos de inversión y los
problemas relacionados con la definición y recogida de los tipos de
referencia y actualización cuya función es determinante a la hora de
calcular las ayudas.

152. En 1995, la Comisión adoptó un número récord de decisiones en
materia de ayudas estatales, debido en parte a la adhesión de los tres
nuevos Estados miembros. Muchas de las ayudas que ha debido examinar
están destinadas a amortiguar las consecuencias sociales de las
reestructuraciones en determinados sectores. Por otra parte, la
Comisión pretende controlar mejor las ayudas en aquellos sectores que
se han mantenido durante mucho tiempo al margen de la competencia
internacional y las concedidas mediante formas poco transparentes, que,
a menudo, han escapado a todo tipo de control. El hecho de que las
empresas sean más sensibles a las ayudas que reciben sus competidores
y de que conozcan mejor las posibilidades que les ofrecen las normas
comunitarias en la materia para garantizar una competencia justa les
lleva a interponer un número cada vez mayor de denuncias a la Comisión,
aunque también a presentar con mayor frecuencia recursos ante el
Tribunal de Primera Instancia contra decisiones de la Comisión de
aprobar ayudas destinadas a sus competidores.

Nuevas medidas destinadas a dar cumplimiento a la obligación de notificación

153. La Comisión siguió empeñada en potenciar la observancia de la
obligación contraída por los Estados miembros de notificarle todos los
proyectos de ayudas estatales. En efecto, la experiencia ha demostrado
que esta obligación, cuyo fundamento jurídico se encuentra en el
Tratado CE (apartado 3 del artículo 93) ha de ir acompañada, si quiere
ser de utilidad, de una serie de medidas de incitación o, incluso, de
sanción.

1. Recuperación de la ayudas abonadas en infracción del Tratado

154. La Comisión dio muestras una vez más de la importancia que
concede al sistema de control a priori de las ayudas estatales y a su
manifestación concreta, es decir, a la norma de la obligación de
notificación previa. Por ello, en mayo aprobó una comunicación [84], en la
que se detallan los principios que pretende aplicar a la hora de
ejecutar su política de recuperación de las ayudas abonadas en
infracción de esta obligación.

Esta comunicación se inscribe en un contexto más amplio destinado, por
una parte, a lograr un mayor cumplimiento por parte de los Estados
miembros de lo dipuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado
CE y, por otra, a incitar a los operadores económicos a que presten
mayor atención a la legalidad de las ayudas que se les concedan. Sin
embargo, esta problemática no es nueva, dado que la Comisión ya se
había ocupado de ella al solicitar la devolución de las ayudas
incompatibles e ilegales [85], posición que había sido confirmada e

     DO C 156 de 27.6.1995, p. 5.

     Comunicación de la Comisión sobre las ayudas abonadas en infracción del Tratado, DO C 318
     de 24.11.1983.

                           64

```

```
incluso reforzada por el Tribunal de Justicia [86] . Recientemente, el
Tribunal de Primera Instancia ha corroborado una vez más su apoyo a la
política de la Comisión en este ámbito. En su sentencia de 13 de
```

`septiembre en los asuntos acumulados T-244/93 y` `T-486/93,` _Textilwerke_
_Deggendorf_ _GmbH/Comisión,_ `el TPI respaldó la decisión de la Comisión`
```
de supeditar su autorización a la concesión de un nuevo paquete de
ayudas a la devolución de una ayuda anterior concedida a la misma
compañía que había sido declarada incompatible, puesto que de la
decisión de la Comisión se deducía claramente que la acumulación de la
ayuda incompatible y el nuevo paquete de ayudas haría que la totalidad
de ellas fuese incompatible.

No obstante, la eficacia de la única medida cautelar provisional de
suspensión utilizada en este caso era escasa en la medida en que sólo
tenía consecuencias en el futuro, es decir, que no producía efecto
inmediato alguno sobre la parte (o la totalidad) de la ayuda ya
abonada. Por consiguiente, estos medios no bastaban para afrontar y
resolver el problema del posible falseamiento de la competencia cuyas
consecuencias podrían mantenerse hasta la decisión definitiva de la
Comisión. De esta forma, aunque en último término tuvieran que devolver
el importe percibido, las empresas que hubieran recibido una ayuda
ilegal gozaban de ventajas en relación con sus competidores, tanto en
términos financieros como de prórroga de su período de solvencia, en
el caso de las empresas en crisis.

Es en este contexto en el que se encuadra la nueva comunicación de la
Comisión. En ella se dispone que, en determinados casos, la Comisión
se reserva el derecho, mediante una decisión provisional de medidas
cautelares y tras haber emplazado al Estado miembro en cuestión a que
exprese su punto de vista y se plantee como alternativa la concesión
de una ayuda de salvamento, de ordenar al Estado miembro la
recuperación de la ayuda o la parte de la misma que ya haya sido
abonada en infracción del Tratado. La recuperación ha de llevarse a
cabo de conformidad con lo dispuesto en el Derecho nacional y al
importe que se haya de recuperar se deberán sumar los intereses de
demora, devengados a partir de la fecha de concesión de la ayuda
ilegal. A este respecto, se ha de señalar la introducción de otra
novedad, que consiste en que los intereses no se deberán calcular sobre
la base del tipo legal, sino a partir del tipo de mercado, es decir,
el tipo de referencia utilizado por la Comisión en el marco de las
ayudas regionales [87] . En el caso de que el Estado miembro no dé
cumplimiento a esta decisión de medidas cautelares, la Comisión podrá
acudir directamente al Tribunal de Justicia siguiendo un procedimiento
similar al establecido en el segundo párrafo del apartado 2 del
artículo 93 del Tratado CE, pudiendo recurrir al procedimiento de
urgencia.

2. Cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales
   nacionales

155. Con la misma voluntad de reforzar el respeto de la legalidad en
la Comunidad, la Comisión adoptó en octubre una comunicación relativa
a la cooperación entre la Comisión y los tribunales nacionales en el

```

`Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de marzo de 1990, en el asunto C 142/87` _Reino_
_de Bélgica/Comisión_ _(Tubemeuse)_ `,` `Rec. 1990, p.` `1-959` `y sentencia del Tribunal de Justicia`
`de 14 de febrero de 1990 en el asunto C 301/87` _República_ _franciesa/Comisión_ _<Boussac),_
```
     Rec. 1990, p. 1-307.

    Véase la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros, carta SG(95) D/1971 de
     22.2.1995. El Tribunal de Primera Instancia ha confirmado muy recientemente la
     posibilidad de que la Comisión solicite el pago de intereses sobre los importes
```

`recuperados:` `sentencia de 0 de junio de 1995 en el asunto T 459/93` _Siemens_ _SA,_ `Rec. 1995,`
```
     p. 11-1675.

                           65

```

```
ámbito de las ayudas estatales [88] . Este texto no tiene carácter
imperativo o limitativo alguno, sino que más bien aspira a dar un nuevo
impulso a las relaciones entre el ejecutivo comunitario y las
jurisdicciones nacionales y a llamar la atención de estas últimas sobre
la importante función que pueden desempeñar en la salvaguardia rápida
de los derechos de terceros y en el respeto de determinadas
obligaciones procesales por parte de los Estados miembros. Por lo
tanto, esta comunicación también se inscribe en la tendencia general
desarrollada en el punto anterior.

Este documento recuerda que, aunque la Comisión es el órgano
comunitario encargado de la aplicación y el desarrollo de la política
de ayudas en interés comunitario, son los tribunales nacionales los que
están obligados a tutelar, hasta la decisión definitiva de la Comisión,
los derechos de los demandantes frente al posible desconocimiento, por
parte de las autoridades estatales, de la prohibición contemplada en
la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE [89] . A tal
fin, se insta a los tribunales nacionales a que hagan uso de todos los
medios oportunos y apliquen todas las disposiciones pertinentes de
Derecho nacional y, especialmente, adopten medidas provisionales por
las que se ordene el bloqueo o la devolución de las ayudas abonadas
ilegalmente o concedan indemnizaciones por daños y perjuicios a las
partes cuyos intereses se hayan lesionado.

Para lograr estos objetivos, la Comisión se propone colaborar con los
tribunales nacionales, especialmente de la siguiente forma:

   aplicando y mejorando la política de transparencia mediante la
   publicación de información en materia de ayudas estatales,
   facilitando información de carácter procesal sobre los asuntos
   pendientes,
   facilitando datos factuales, estadísticos y analíticos.

B - Concepto de ayuda

156. La interpretación del concepto de ayuda que se define en los
Tratados es a menudo la parte más difícil del análisis de las medidas
examinadas por la Comisión. Los criterios que determinan la presencia
de ayudas en las medidas adoptadas por los Estados miembros en relación
con sus empresas revisten especial importancia, no sólo para las
autoridades administrativas de estos últimos, que están encargadas de
su notificación, sino también para los tribunales nacionales, que
pueden verse en la circunstancia de tener que determinar si ha de ser
notificada una medida que haya sido impugnada delante de los mismos.
Varias decisiones adoptadas por la Comisión en 1995 permiten deslindar
mejor el concepto de ayuda contemplado por las normas de competencia.

157. a) Para que sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 92 la medida ha de proporcionar a una empresa un beneficio
económico que no habría obtenido en el curso de operaciones comerciales
normales. La Comisión estima que se cumple esta condición si una
empresa adquiere un solar o un terreno industrial de propiedad pública
a un precio inferior al de mercado. Por consiguiente, la Comisión
decidió incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del
artículo 93 en relación con la adquisición por parte de la empresa
```

_Siemens Nixdorf_ _AG/Mainz_ `de un solar público a un precio que se calculó`
```
entre 5,5 y 21,5 millones de DM por debajo de su precio de mercado. El
mismo razonamiento se sigue si el Estado adquiere un solar a una

    DO C 312 de 23.11.1995, p.

```

`Sentencia del Tribunal de Justicia de 21.11.1991 en el asunto C` `354/90,` _Fédération_
_nationale_ _du commerce extérieur_ _des produits_ _alimentaires_ _et Syndicat_ _national_ _des_
_négociants_ _et transformateurs_ _de_ _saumon/Estado_ _francés,_ `Rec. 1991, p.` `1-5527,` `punto 14.`

```
                           66

```

```
empresa por un precio superior al de mercado. Habida cuenta de que la
Comisión no estaba segura de si el precio pagado por un terreno vendido
```

`por la compañía siderúrgica española` _Tubacex_ `a las autoridades públicas`
```
correspondía al valor de mercado, esta institución decidió incoar el
procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 93.

158. La financiación pública de los costes aparejados a la preparación
de un solar de construcción o industrial o precisos para establecer
conexiones a diversos servicios públicos no se inscribe en el ámbito
de aplicación del apartado 1 del artículo 92, si la empresa paga por
el uso de la infraestructura mediante gravámenes directos o indirectos.
Habida cuenta de que la preparación de los terrenos de Villey, Meurtheet-Moselle, para el establecimiento de una nueva fábrica de la empresa
```

`papelera` _Kimberly-Clark_ `sólo benefició a esta empresa, especialmente`
```
por ser propietaria y única usuaria de las instalaciones creadas, la
financiación pública parcial de dicha preparación fue constitutiva de
ayuda a la empresa mencionada. En este contexto, la Comisión también
tuvo en cuenta que un inversor en una economía de mercado no habría
llevado a cabo esta obra, dado que el precio de venta del terreno ni
siquiera habría cubierto la financiación parcial de la misma.

159. Son constitutivos de ayuda estatal los fondos públicos que se'
faciliten a una empresa (pública) en condiciones más favorables que las
que un inversor privado que operase en condiciones normales de mercado
ofrecería a una empresa privada en un contexto financiero y competitivo
comparable. En aquellos casos en los que la adquisición por parte del
Estado de una participación en una empresa pueda ir acompañada de otros
tipos de intervención pública que hayan de ser notificados a la
Comisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93,
se presume la existencia de ayuda estatal. De acuerdo con su
Comunicación sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado
CE a las participaciones de las autoridades públicas [90], la Comisión
pidió al Gobierno español que le informase por adelantado de cualquier
```

`adquisición realizada por el` _Instituto_ _de Fomento_ _de_ _Andalucía._

```
Habida cuenta de que la inyección de capital prevista por el estado de
Baviera para cubrir las pérdidas acumuladas de las empresas
```

`siderúrgicas` _Neue_ _Maxhütte_ _Stahlwerke_ _GmbH y Lech-Stahlwerke_ _GmbH_
```
coincidiría con la venta de sus acciones en esta empresas, con lo que
eliminaría, incluso a largo plazo, toda perspectiva de rentabilidad a
la concesión de estos fondos, la Comisión decidió que estas inyecciones
de capital eran constitutivas de ayuda estatal. Por motivos similares,
la Comisión decidió que las inyecciones de capital efectuadas por el
Estado italiano a través de su sociedad holding industrial ENI en la
```

`empresa de fertilizantes` _Enichem_ _Agricultura_ _S.p.A._ `en el período`
```
1991-1994 constituían ayuda estatal, dado que se llevaron a efecto
antes de que se estableciera un plan de reestructuración exclusivamente
para evitar la quiebra de la empresa y, por consiguiente, sin
perspectivas de obtener una rentabilidad razonable. Por otra parte, la
Comisión estimó que, en estas circunstancias, el período de cinco años
durante el cual la empresa había sufrido elevadas pérdidas era
demasiado prolongado para un inversor privado en una economía de
mercado, que habría liquidado o reestructurado totalmente la empresa
mucho antes. Por consiguiente, las inyecciones de capital que se han
de llevar a cabo en el marco de un plan de reestructuración elaborado
posteriormente también serán constitutivas de ayuda estatal y, además,
la Comisión consideró que los resultados positivos que se esperaba
obtener de la aplicación del plan eran demasiado escasos si se les
comparaba con la inyección total de capital.

Sin embargo, si la inyección de capital efectuada por el Estado en una

    Véase la Comunicación de la Comisión de 1983, Boletín CE 9-1984, puntos 3.4 y 4.4.

                           67

```

```
empresa va acompañada de otra efectuada por un inversor privado en
igualdad de condiciones, y la participación de este inversor privado
en la empresa es económicamente significativa, la Comisión estima que
la intervención pública no constituye ayuda estatal. Por consiguiente,
la Comisión decidió que la inyección de capital y los préstamos
facilitados por las autoridades de Valonia (Bélgica) a la empresa
textil EM-Filature se basaban en consideraciones comerciales normales
y no consituían ayuda estatal, dado que esta intervención se realizó
conjuntamente con una inyección de capital efectuada por inversores
privados gracias a la cual se convirtieron en accionistas mayoritarios
de la empresa y que determinados accionistas privados ofrecieron
préstamos en condiciones similares. Por razones similares, la Comisión
consideró que la aportación de capital efectuada por el Estado
```

`portugués en la empresa de reparación naval` _Lisnave_ `en relación con una`
```
reestructuración de la empresa no era constitutiva de ayuda estatal
según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92.

160. b) De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 92, la ayuda se ha de conceder a determinadas empresas (o a
la producción de determinados productos) para que sea constitutiva de
ayuda estatal. Las medidas generales de política económica, fiscal o
social no se encuadran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del
artículo 92 y, en caso necesario, se habrá de aplicar el procedimiento
oportuno establecido en los artículos 101 y 102 a las ventajas
competitivas que las empresas de un Estado miembro obtengan como
consecuencia de las diferencias existentes en tales medidas generales.

Por consiguiente, el apartado 1 del artículo 92 no se aplica a las
medidas generales aplicables a todas las empresas de un Estado miembro
que cumplan unos requisitos objetivos y no discriminatorios. A la luz
de estas consideraciones, la Comisión estimó que la ayuda concedida por
el Gobierno alemán a los trabajadores de la empresa Maschinenfabrik
Sangerhausen GmbH para cubrir la deuda en concepto de seguridad social
en relación con la liquidación de la empresa no constituían ayuda
estatal, puesto que este tipo de ayudas se concede automáticamente a
cualquier empresa que sea objeto de liquidación en Alemania. De modo
similar, la Comisión consideró que la suspensión del reembolso de la
```

`deuda concedida a la empresa` `siderúrgica española` _Tubacex_ `no`
```
constituía, en sí misma, una ayuda estatal, sino una medida general
adoptada en el marco de la legislación española sobre insolvencia, que
se aplica como norma general a todas las empresas. Sin embargo, de los
criterios anteriores también se deduce que, si los requisitos objetivos
que se exigen en el marco de un régimen abierto a todas las empresas
tienen como consecuencia que sólo algunas de ellas puedan beneficiarse
de la medida, la Comisión estima que nos encontramos ante un caso de
ayuda estatal.

Si la medida es aplicable a todas las empresas, pero confiere a las
autoridades que la gestionan facultades discrecionales, también puede
existir ayuda estatal. Por consiguiente, la Comisión estimó que el
régimen finlandés de ayuda al empleo al que pueden acogerse todas las
empresas de cualquier sector industrial y todas las regiones del país
era constitutivo de ayuda estatal, puesto que las autoridades del
mercado laboral podían decidir discrecionalmente el nivel de ayuda y
la duración del período subvencionado para cada desempleado contratado

por una empresa.

161. c) Para que sean constitutivas de ayuda estatal con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 92, las ventajas financieras
de que gocen determinadas empresas habrán de ser concedidas por un
Estado miembro o a través de recursos estatales. El apartado 1 del
artículo 92 se aplica a las ayudas concedidas por cualquier autoridad
central, regional o local y cualquier organismo público o privado

                               68

```

```
establecido o designado por el Estado para gestionar la ayuda [91] . Aun en
el caso de que la ayuda no se conceda a través de un organismo
establecido o designado por el Estado, podrá existir ayuda estatal si
la contribución financiera otorgada a la empresa o empresas
beneficiarías es impuesta por el Estado.

162. d) Para que exista ayuda ha de resultar afectado el comercio
entre Estados miembros de forma apreciable. La Comisión consideró que,
```

`a pesar de que la empresa alemana` _Leuna-Werke_ _GmbH_ `no exporta`
```
mercancías a otros Estados miembros, esta condición se cumplía en
relación con la ayuda que se le había concedido, dado que cabe la
posibilidad de que le permita incrementar su producción para el mercado
interior, con lo que se reducirían las posibilidades de vender
productos importados de otros Estados miembros.

```

**C - Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común**

**1.** **Ayudas sectoriales**

```
1.1. Sectores a los que se aplican normas específicas

```

_**1.1.1.**_ _**Ayuda a**_ **`la`** _**construcción**_ _**naval**_

```
163. El 21 de diciembre, el Consejo aprobó el Reglamento CE/3094/95 [92],
por el que se aplica un Acuerdo de la OCDE con relación a las
condiciones normales de competitividad en el sector comercial de la
construcción y reparación de buques, incluida la eliminación de las
subvenciones a la producción. El nuevo Reglamento será aplicable a
partir de la entrada en vigor del Acuerdo de la OCDE, que debía haberse
producido el 1 de enero de 1996, pero, desgraciadamente, a pesar de que
la Unión Europea lo ratificó en diciembre, se postergó su entrada en
vigor como consecuencia de los retrasos producidos en el proceso de
ratificación de otras partes signatarias. Por consiguiente, el Consejo
decidió que debían seguir aplicándose provisionalmente y, como fecha
límite, hasta el 1 de octubre de 1996, las normas de la Séptima
Directiva sobre ayudas a la construcción naval [93] . En caso de que el
Acuerdo de la OCDE no haya entrado en vigor antes del 1 de junio de
1996, la Comisión presentará las oportunas propuestas al Consejo para
que éste pueda determinar la línea a seguir antes del 1 de octubre de
1996. En estas circunstancias, la Comisión decidió mantener el límite
máximo común de ayudas a la producción a partir del 1 de enero de 1996
en el 9% para los grandes buques y en el 4,5%, para aquellos con un
coste inferior a 10 millones de ecus y para las actividades de
transformación.

```

_**1.1.2.**_ _**Acero**_

```
164. A lo largo de 1995 la Comisión continuó su vigilancia sobre la
aplicación de las normas comunitarias relativas a las ayudas a la
siderurgia [94] . Esta aplicación estricta de las normas aplicables tuvo
como consecuencia la adopción de una serie de decisiones negativas,
entre las que se incluye la obligación de recuperar ayudas concedidas
ilegalmente.

```

`Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto` `78/76,` _Steinike_ _und_ _Weinlig/Bundesamt_ _für_
_Ernâhrung_ _und_ _Forstwirtschaft,_ `Rec. 1977, p. 575.`

```
    DO L 332 de 30.12.1995.

     Directiva 90/684/CEE del Consejo, cuya modificación más reciente la constituye la
     Directiva 94/73/CE.

     Decisión 3855/91/CECA ds la Comisión.

                           69

```

```
El Consejo dio su aprobación unánime a la concesión de excepciones
especiales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 95 del Tratado
CECA en relación, respectivamente, a las ayudas a la producción y al
cierre en el sector de la minería del hierro en Austria, en noviembre,
y, en diciembre, a la privatización de la empresa siderúrgica pública
de Irlanda.

Mediante la presentación al Consejo de informes semestrales se llevó
a cabo un seguimiento pormenorizado de seis casos anteriores de
aplicación del artículo 95 del Tratado CECA. Se trata de los asuntos
Uva en Italia, CSI y Sidenor en España, EKO Stahl y SEW Freital en
Alemania y de Siderurgia Nacional en Portugal.

En marzo, la Comisión propuso la conveniencia de modificar las
disposiciones de las normas comunitarias sobre ayudas a la siderurgia
relativas a las ayudas para proteger el medio ambiente, de modo que se
ajusten a las directrices comunitarias revisadas sobre ayudas estatales
destinadas a la protección ambiental en el marco del Tratado CE con el
fin de garantizar que la industria siderúrgica reciba el mismo trato
que los demás sectores industriales. Se está a la espera de recibir la
autorización del Consejo.

```

_**1.1.3.**_ _**Carbón**_

```
165. La Decisión N° 3632/93/CECA [95], de 28 de diciembre de 1993,
establece las normas comunitarias sobre las ayudas estatales para la
industria del carbón en el período que media entre 1994 y el 2002.

El 4 de abril, la Comisión autorizó [96] una ayuda financiera por un total
de 3.384,2 millones de ecus, concedida por Alemania para 1995 en
concepto de compensación a los generadores de electricidad en el marco
de la tercera Ley de producción de electricidad a partir de carbón
comunitario, una ayuda para el mantenimiento de la mano de obra que
ejerce su actividad en el interior de las minas ("Bergmannsprámie"),
y otra ayuda para cubrir los costes excepcionales de una serie de
empresas carboneras producidos por deudas heredadas.

El 19 de julio, la Comisión emitió un dictamen favorable sobre el plan
de reestructuración presentado por las autoridades francesas y autorizó
una ayuda [97], por un total de 912,8 millones de ecus, destinada a cubrir
las pérdidas de funcionamiento para 1994, una ayuda para cubrir las
deudas heredadas como consecuencia de la modernización, la
racionalización y la reestructuración de la industria del carbón y otra
destinada a investigación y desarrollo. En esa misma reunión, la
Comisión autorizó una nueva ayuda alemana, por un total de 196,9
millones de ecus, para el suministro de carbón de coque y coque al
sector siderúrgico comunitario [98] .

El 26 de julio, la Comisión autorizó [99] a Francia la concesión de una
ayuda, por un total de 668,1 millones de ecus, destinada a cubrir las
pérdidas de funcionamiento registradas en 1995, una ayuda para cubrir
las deudas heredadas como consecuencia de la modernización, la
racionalización y la reestructuración de la industria del carbón y otra
destinada a investigación y desarrollo.

    DO L 329 de 30.12.1993, p. 12.

    Decisión 95/464/CECA, DO L 267 de 9.11.1995, p. 42.

    Decisión 95/465/CECA, DO L 267 de 9.11.1995, p.46.

    Decisión 95/499/CECA, DO L 287 de 30.11.1995, p.53.

    Decisión 95/519/CECA, DO L 299 de 12.12.1995, p. 18.

                           70

```

```
Mediante la Decisión de la Comisión de 3 de noviembre de 1994 [100], la

Comisión autorizó al Reino Unido la concesión de una ayuda total de
2 594,4 millones de ecus destinada a cubrir las deudas heredadas en
1995.

Se recibieron notificaciones de ayudas para el año 1995 remitidas por
las autoridades portuguesas y españolas y otra notificación de las
autoridades alemanas. Todas ellas están siendo analizadas por los
servicios de la Comisión para determinar su compatibilidad o no con la
Decisión 3632/93/CECA.

```

_**1.1.4.**_ _**Sector**_ _**de loa vehículos**_ _**automóviles**_

```
166. Mediante su sentencia de 29 de junio de 1995 [101], el Tribunal de
Justicia mantuvo, contra lo dispuesto en la Decisión de la Comisión por
la que se prorrogan las Directrices de la CE relativas a las ayudas
estatales al sector de los vehículos automóviles por un período
ilimitado, que dichas directrices habían dejado de estar en vigor desde
el 1 de enero de 1995. Con objeto de evitar el vacío legal que podía
crear la sentencia, la Comisión se vio obligada a actuar de modo
extraordinario decidiendo el 5 de julio de 1995 prorrogar
retroactivamente desde el 1 de enero de 1995 estas Directrices
comunitarias y, al mismo tiempo, proponiendo a los Estados miembros su
reintroducción por un período de dos años, que, a más tardar,
comenzaría el 1 de enero de 1996.

Posteriormente, el Gobierno español recurrió ante el Tribunal la
primera decisión de la Comisión y, al contrario que los demás Estados
miembros, también se opuso a la propuesta de reintroducción de las
mismas por un período de dos años. Como consecuencia de esta oposición,
la Comisión se vio obligada a incoar el procedimiento establecido en
el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE con el fin de analizar la
compatibilidad de todos los regímenes de ayuda a que se podrían acoger
las empresas automovilísticas en España. El 20 de diciembre, la
Comisión aprobó una decisión definitiva por la que se obliga a España
a dar cumplimiento, al igual que ya habían hecho los demás Estados
miembros, a lo dispuesto en las Directrices que acababan de ser
reintroducidas.

Basándose en su decisión de 5 de julio, la Comisión siguió aplicando
a lo largo de todo 1995 las Directrices sobre ayudas estatales a la
industria del automóvil. Esta institución recibió nueve notificaciones
sobre la base de regímenes autorizados y dos notificaciones basadas en
regímenes ad hoc. La Comisión aprobó una decisión por la que se
autorizan seis ayudas notificadas. Asimismo, la Comisión adoptó una
decisión provisional por la que se ordenaba al Gobierno alemán que
facilitase, en un plazo determinado, toda la información necesaria para
```

`que se pudiera valorar la ayuda concedida a los nuevos proyectos de` _VW_
_Sachsen,_ `que quedaron al margen de una decisión anterior de` `1994` `[102]` `.`

```
167. A la hora de evaluar concesiones concretas basadas en regímenes
```

`de ayuda regional (por ejemplo` _FORD Genk),_ `la Comisión siguió fiel a`
```
sus criterios según los cuales las ayudas regionales que se concedan
en este sector deben guardar proporción con la dificultad real que se
plantea a los inversores a nivel regional. No obstante, debe indicarse
que, en general, la Comisión ha permitido intensidades de ayuda más
elevadas para fabricantes de automóviles para contribuir a proyectos
de inversión situados en las regiones más desfavorecidas de la UE.

```

```
100

101

102

```

```
Decisión 95/995/CECA, DO L 379 de 31.12.1995, p. 6.

```

`Asunto` `C-135/93` _España/Comí_ _s_ _ion,_ `Rec. 1995, p.` `1-1651.`

```
XXIV Informe sobre la política de competencia, punto 367 y Anexo II.E., p. 2.6.

                    71

```

```
168. Por lo que se refiere a los casos de ayuda de salvamento y
reestructuración, la Comisión aprobó decisiones definitivas sobre los
```

`casos de ayuda relativos a` _DAF_ _Bélgica,_ _DAF Países_ _Bajos_ _y_ _SEAT-_
_Volkswagen._ `Con arreglo a lo dispuesto en las normas vigentes, estas`
```
decisiones implicaron una recuperación de parte de la ayuda, en el caso
de la quiebra de DAF, y una reducción significativa de la capacidad de
producción en el caso de SEAT. Por otra parte, la Comisión decidió
incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 93
del Tratado CE en relación con la ayuda concedida por las autoridades
```

`españolas a` _Santana_ _Motor,_ _S.A._

```
169. A la hora de evaluar casos de ayudas destinadas a investigación
y desarrollo, la Comisión, al tiempo que reconoce las consecuencias
positivas que las actividades de I+D podrían tener en el desarrollo
económico, tiene en cuenta el riesgo de que se falsee la competencia
y garantiza que tales ayudas sólo se concedan a aquellos proyectos
genuinamente innovadores a nivel europeo. Asimismo, comprueba que se
cumplen las intensidades máximas establecidas en las Directrices
comunitarias sobre ayudas destinadas a I+D. Como estas condiciones se
```

`cumplían en los casos` _Opel Austria_ _y Ford Valencia,_ `la Comisión`
```
autorizó las ayudas propuestas para tales proyectos.

170. En ambos casos también se incluían ayudas destinadas a proyectos
de inversión cuyo objetivo consistía en reducir la contaminación
ambiental. En consonancia con las Directrices relativas a los vehículos
automóviles y las relativas a las ayudas estatales destinadas a la
protección ambiental, este tipo de ayuda se puede autorizar si se
destina exclusivamente a cubrir costes extraordinarios de inversión que
se necesiten para reducir o eliminar la contaminación o adaptar los
métodos de producción para proteger el medio ambiente y si no se
superan los límites de intensidad de ayuda establecidos en estas
últimas directrices, es decir, un 15% para aquellos proyectos cuyo
objetivo es ajustarse a las nuevas normas y un 30% para aquellos otros
que las superen claramente o para las medidas voluntarias. Tanto en los
casos Opel Austria y Ford Valencia, como en el anteriormente mencionado
de Ford Genk, la Comisión autorizó las ayudas propuestas al cumplirse
todas estas condiciones.

171. En varios casos, la Comisión había exigido a las autoridades
nacionales que supervisasen la realización de la inversión que podría
acogerse a las ayudas, solicitando a los Estados miembros que enviasen
informes anuales sobre el resultado de las inversiones y los abonos de
las ayudas. La experiencia ya ha desmostrado la importancia de seguir
de cerca estos proyectos, si tenemos en cuenta que la ejecución de
grandes programas plurianuales de inversión provoca un sinfín de
cambios que podrían exigir modificaciones de los pagos de ayuda. A lo
largo de 1995, este control a posteriori se llevó a cabo en los casos
```

_Ford/VW_ _Setubal_ `y Fiat` _Mezzogiorno_ `y en los de` _Chrysler_ `y` _SNF_ `en`
```
Austria, en los que la Unión Europea había logrado con este país
acuerdos sobre reducciones de ayudas. En su decisión sobre el caso
```

_NedCar,_ `la Comisión había exigido a las autoridades neerlandesas que`
```
notificasen las normas sobre asignación de costes entre modelos
antiguos y nuevos, para que pudiese garantizar que no se concede ningún
tipo de ayuda a Volvo y Mitsubishi mediante normas inadecuadas [103] . El
análisis de las normas de asignación de costes para 1994 y 1995 puso
de relieve que no incluían elementos de ayuda estatal. Por último, en
```

`el caso` _Rover_ `de ayuda a la reestructuración, que data de un período`
`anterior al establecimiento de las Directrices, y en el caso` _Opel_
_Eisenach_ `de ayuda regional, se dio por terminado el proceso de`
```
evaluación a posteriori, una vez que se cumplieron todas las
condiciones de las decisiones.

103 XXIV Informe sobre la política de competencia, puntos 367 y Anexo II.E, punto 2.6.

                           72

```

_**1.1.5.**_ _**Sector**_ _**de las fibras**_ _**sintéticas**_

```
172. Desde 1977, la ayuda a este sector ha sido objeto de un control
complementario mediante las Directrices relativas a las ayudas
destinadas al sector de las fibras sintéticas. En abril, la Comisión
pidió a un consultor independiente que evaluase los efectos de dichas
Directrices y, si se seguía considerando necesaria la introducción de
un nuevo control, qué forma debía adoptar. Los consultores presentaron
su informe en octubre y la Comisión decidirá su postura a principios
de 1996. Por otra parte, la Comisión prorrogó en abril el período de
vigencia de las Directrices [104] actuales por un nuevo período de nueve
meses hasta el 31 de marzo de 1996 [105] .

```

_**1.1.6.**_ _**Transportes**_

```
173. En 1995 aumentó significativamente (de 29 a 52) el número de
expedientes de ayudas al sector de transportes. A este aumento hay que
añadir la creciente complejidad de los asuntos y la ampliación del
ámbito de vigilancia de la aplicación de los artículos 92 y 93. A
medida que avanza la liberalización de los mercados de transporte, se
acentúa la presión comercial sobre los operadores en toda la Comunidad.
La próxima culminación del proceso de liberalización de la aviación
civil incluirá la concesión de derechos de cabotaje a las empresas
europeas de transporte a partir de marzo de 1997. Las directivas
recientemente aprobadas sobre tarifas de utilización de
infraestructuras y acceso a las redes ferroviarias en este sector
suponen un paso adelante en el camino iniciado con la Directiva 91/440.
La aplicación de estas nuevas disposiciones está siendo ampliada a las
líneas nacionales del transporte marítimo. Se trata simplemente de unos
pocos ejemplos de la evolución hacia un mercado único de los servicios
de transporte.

174. Como las operaciones comerciales avanzan hacia nuevas aéreas,
debe intensificarse el control del apoyo financiero público para
garantizar el mantenimiento de la igualdad de condiciones para todas
las empresas, tanto públicas como privadas. En el caso de los
transportes, no se debería autorizar ninguna ventaja que provoque una
reducción de la estructura normal de costes de una empresa y proceda
de una iniciativa estatal, salvo que responda a las necesidades de
coordinación del transporte o se trate de compensar por la dispensa de
las obligaciones de servicio público. Además, el desarrollo del
transporte como una actividad económica o como un proyecto concreto de
interés común europeo podría acogerse a una exención.

175. A lo largo del año pasado, los servicios de la Comisión fueron
consultados sobre varios asuntos (Ferrovie dello Stato, enlace fijo de
Óresund) por parte de los Estados miembros con objeto de aclarar si las
inversiones públicas en infraestructura habían de considerarse ayudas
estatales. Los gobiernos han utilizado siempre las intervenciones
financieras como un instrumento esencial de su política de desarrollo
de las infraestructuras. En principio, siempre y cuando el acceso y el
uso sean públicos y generales, estas intervenciones no constituirán
ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 92 sino que,
normalmente, serán consideradas de interés público. Para que haya
falseamiento de la competencia, lo que calificaría la intervención de
ayuda estatal, las ventajas derivadas de la infraestructura han de
tener carácter selectivo en cuanto a los destinatarios, que serán
empresas específicas: por ejemplo, instalaciones especiales para el uso
exclusivo de una empresa o restricciones discriminatorias al acceso a
dichas infraestructuras.

     DO C 346 de 30.12.1992

     DO C 142 de 8.6.1995.

                           73

```

```
En términos económicos, las autoridades públicas proporcionan en
general estos bienes y servicios debido a la incapacidad del sistema
de precios para hacerlo con eficacia. Bienes como las infraestructuras
tienden a ser indivisibles y consumibles colectivamente por todos los
ciudadanos independientemente de que paguen o no por su utilización.
La realización de estas tareas públicas por parte del Gobierno
beneficia a la sociedad en general y no a una empresa o industria
específica (principio de no exclusión). Por lo tanto, el apoyo público
a las infraestructuras no será, en general, constitutivo de ayuda, sino
que más bien se tratará de una medida de carácter general derivada de
la soberanía del Estado sobre la política económica, la ordenación
territorial y el desarrollo.

176. Durante 1995 se presentaron varias denuncias en relación con el
apoyo público prestado a los puertos. Se plantea la cuestión de si el
apoyo financiero a las actividades portuarias puede ser examinado en
el contexto del artículo 92.

177. En 1995, la Comisión basó sus decisiones sobre ayudas estatales
en el sector de la aviación civil en los principios desarrollados en
las nuevas Directrices adoptadas en noviembre de 1994 [106] . En las
Directrices se parte del creciente carácter competitivo del mercado de
los servicios de transporte aéreo tras la entrada en vigor del tercer
paquete de liberalización en 1993. En 1994, la Comisión autorizó la
concesión de sendas ayudas de reestructuración pagaderas a plazos en
favor de TAP y Air France. En ambos casos la autorización de la
Comisión estaba condicionada al cumplimiento de una serie de
compromisos y planes de reestructuración. En 1995, la Comisión verificó
dicho cumplimiento con ayuda de expertos independientes. Dado que tanto
TAP [107] como Air France [108] cumplían satisfactoriamente ambos requisitos,
no se planteó ninguna objeción al pago del segundo tramo de la ayuda.

178. También en 1994, la Comisión decidió que la suscripción, por
parte de la entidad pública francesa CDC-P, de bonos emitidos por Air
France constituía ayuda ilegal, incompatible con el mercado común, por
lo que solicitó su reembolso. En octubre de dicho año, Francia y Air
France recurrieron contra la Decisión de la Comisión ante el Tribunal
de Primera Instancia. El 4 de abril de 1995 [109], la Comisión decidió
modificar su decisión inicial y pedir a Francia que garantizase que la
ayuda y los intereses devengados quedarían depositados en una cuenta
bancaria bloqueada hasta que el Tribunal resolviera el asunto. La razón
económica de este mecanismo estriba en privar a Air France del uso del
importe de la ayuda hasta el término del procedimiento ante el
Tribunal.

179. El cuatro de mayo de 1995 [110], la Comisión estudió las
transaccciones económicas incluidas en el acuerdo entre Swissair y
Sabena para la adquisición por parte de la primera de una participación
estratégica (49,5%) en Sabena. Con arreglo a la operación, Sabena había
de emitir nuevas acciones por un importe de 9 500 millones de BEF, de
los que 6 000 millones serían suscritos por Swissair y el resto por
Bélgica y por un grupo de inversores de este país. La Comisión señaló
que cuando es necesario incrementar la participación pública en una
empresa, la aportación de capital no constituye ayuda siempre que la
inversión pública vaya acompañada por una inyección considerable de
capital de un accionista privado. La suscripción de las nuevas acciones

     XXIV Informe sobre la política de competencia, punto 375,

     DO C 154, de 21.6.95.

     DO C 295, de 10.11.95.

     DO L 219, de 15.9.95.

     DO L 239, de 7.10.95, p. 19.

                           74

```

```
por parte de Swissair, al mismo precio y en las mismas condiciones que
Bélgica y los inversores belgas, fue admitida como prueba de que la
operación constituía una transacción económica normal y no ayuda
estatal.

180. El 10 de mayo de 1995, La Comisión decidió no plantear objeciones
al plan del gobierno alemán de contribuir a los fondos de pensiones en
beneficio de los trabajadores de Lufthansa como parte del programa de
privatización de la empresa iniciado en 1992. Dicho plan estaba
relacionado con las cargas impuestas a Lufthansa a raíz de su retirada
obligatoria de un fondo complementario de pensiones gestionado por la
entidad pública VBL a la que, en su calidad de empresa pública, había
estado obligada a pertenecer. La Comisión estimó que un inversor
privado que se hallase en la misma situación que el Estado alemán,
obligado a desprenderse del control de Lufthansa, hubiera actuado de
la misma manera con objeto de rentabilizar al máximo el valor final de
su participación.

181. El 19 de julio de 1995, la Comisión estudió una inyección de
capital por un importe de 3 00 millones de FF a la empresa AOM, por
parte de su matriz, la empresa de propiedad estatal Crédit Lyonnais.
Tras analizar el plan de reestructuración de la línea aérea, la
Comisión llegó a la conclusión de que era probable que AOM volviese a
ser rentable a corto plazo y que el valor neto actual del flujo de
efectivos en el futuro era superior al de la inversión. Se consideró
que la operación equivalía a una transacción económica normal y que no
constituía ayuda estatal ya que un inversor privado en una economía de
mercado hubiera efectuado la inversión en AOM de hallarse en las mismas

circunstancias.

182. El 29 de noviembre de 1995, la Comisión adoptó una decisión
definitiva negativa respecto del mecanismo excepcional de depreciación
de las aeronaves registradas en Alemania y utilizadas para actividades
comerciales internacionales. En determinados casos el mecanismo
permitía una depreciación excepcional de hasta el 3 0% del coste total
de adquisición. La Comisión estimó que el sistema equivalía a una ayuda
y que no entraba en el ámbito de aplicación de los apartados 2 y 3 del
artículo 92.

183. Asimismo, la Comisión ha adoptado varias decisiones referentes
a ayudas en el sector marítimo. Las orientaciones de la Comisión de
1989 para el examen de las ayudas de Estado en favor de las compañías
navieras de la Comunidad están siendo examinadas en el contexto de la
revisión global de la política comunitaria sobre el transporte
marítimo. La Comisión presentó los resultados en un documento
estratégico que las Instituciones Europeas, los Estados miembros y
otros interesados serán invitados a debatir y comentar.

184. Concretamente, la Comisión decidió que un acuerdo entre
autoridades regionales y locales del País Vasco y la empresa Ferries
del Golfo de Vizcaya no contenía elementos de ayuda estatal. La
decisión final, tras la apertura del procedimiento con arreglo al
apartado 2 del artículo 93, se adoptó el 6 de junio de 1995.

185. Se plantearon serias dudas en cuanto a la compatibilidad con el
Tratado de la ayuda concedida a la empresa naviera, propiedad del
Estado francés, Compagnie Générale Maritime (CGM). El 31 de octubre de
1995 la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del
artículo 93, ampliándolo posteriormente el 20 de diciembre de dicho
año. La ayuda asciende aproximadamente a 330 millones de ecus.

186. La Comisión ha examinado varios expedientes de ayudas estatales
al sector del transporte terrestre teniendo especialmente en cuenta el
proceso de liberalización del cabotaje que se desarrolla gradualmente

                           75

```

```
desde el 1 de enero de 1995 [111] y que supone la apertura de los mercados
locales a la competencia comunitaria.

187. El 18 de agosto de 1995, la Comisión presentó un recurso ante el
Tribunal de Justicia contra la República italiana por no haber adoptado
las medidas necesarias para ajustarse a la decisión de la Comisión, de
9 de junio de 1993, por la que se declaraba que un crédito fiscal
concedido a los transportistas profesionales por carretera de Italia
era incompatible con el mercado común y se instaba a las autoridades
italianas a recuperar los importes abonados.

Además, este régimen que había sido considerado simple ayuda de
funcionamiento y que estaba inicialmente previsto para el año fiscal
1992, fue prorrogado por las autoridades italianas para 1993 y 1994,
con un presupuesto de 558 millones de ecus. El 4 de octubre de 1995,
la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del
artículo 93 del Tratado contra dichas prórrogas y solicitó la
suspensión inmediata de la ayuda.

188. • En el sector de la navegación interior, sigue su curso la labor
de saneamiento estructural para reducir el exceso de capacidad derivado
del desguace de buques iniciada en 1990 con arreglo al Reglamento (CE)
n' 1101/89 del Consejo, de 27 abril de 1989. Dado el gran excedente de
varaderos, la Comisión presentó al Consejo el 23 de mayo de 1995 una
propuesta por la que se modifica el Reglamento citado y se recomienda
una iniciativa de desguace a gran escala entre los años 1996-1998,
cofinanciada por la Comunidad, los Estados miembros afectados y
representantes del sector. Esta iniciativa constituye una medida
complementaria importante del proceso de liberalización progresiva del
mercado fluvial, al que también aludía una propuesta de la Comisión del
23 de mayo de 1995.

189. Durante 1995, la Comisión examinó a tenor de los artículos 92 y
93 varias operaciones efectuadas por empresas ferroviarias. Por lo que
se refiere a la venta en el Reino Unido de las empresas de equipos
móviles de ferrocarril (ROSCOs), la Comisión decidió el 2 9 de noviembre
que las garantías concedidas a los compradores rentabilizaban al máximo
la venta y, por consiguiente, no constituían ayuda estatal.

Asimismo, el 18 de octubre del mismo año, la Comisión decidió que no
constituía ayuda estatal una garantía en favor de Ferrovie dello Stato
S. p. A. concedida por el gobierno italiano para cubrir un préstamo por
un importe de 3 72 millones de ecus para efectuar inversiones en
infraestructuras en el enlace ferroviario de alta velocidad entre

Brenner y Verona.

```

_**1.1.7.**_ _**Agricultura**_

```
190. En cierto modo, la adhesión de los tres nuevos Estados miembros
(Austria, Suecia y Finlandia) ha modificado los datos sobre ayudas
estatales en el sector agrícola. El Acta de adhesión ha previsto un
procedimiento específico para cada Estado miembro en cuanto a las
ayudas existentes en el momento de la adhesión y durante un determinado
período transitorio. Tal y como establece el Acta de adhesión, los
nuevos Estados miembros comunicaron a la Comisión antes del 3 0 de abril
de 1995 sus regímenes de ayudas, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 93 del Tratado CE, en el sector agrícola. Además, el 13
de febrero de 1995 la Comisión adoptó dos decisiones por las que se
aprueban los programas austríaco y finlandés de aplicación de los
artículos 138 a 140 del Acta de adhesión, que prevén la concesión de
ayudas nacionales transitorias y decrecientes para productos agrícolas.

111 Reglamento 3118/93 del Consejo, DO L 279 de 12.11.1993

                           76

```

```
Estas decisiones fueron modificadas posteriormente a la vista de nuevos
elementos.

191. En términos generales, corresponde a la Comisión oponerse a
aquellas ayudas nacionales otorgadas por cualquier Estado miembro que
contengan medidas de apoyo que puedan perturbar los mecanismos del
mercado comunitario y, al tratarse de ayudas de funcionamiento, no
tengan efectos duraderos sobre el desarrollo del sector del que se
trate.

192. En lo que respecta a las ayudas a la inversión en el sector de
la producción primaria y, en particular, a la aplicación del apartado
1 del artículo 12 del Reglamento (CEE)n' 2328/91 del Consejo, relativo
a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias [112], la evaluación
de las ayudas comunitarias y nacionales debería ir acompañada, en la
medida de lo posible, de un examen paralelo de los expedientes en los
plazos fijados para las ayudas estatales; este procedimiento permitiría
remitir al Estado miembro de que se trate una única carta en virtud de
los artículos 92 y 93 del Tratado y del Reglamento n" 2328/91.

193. En cuanto a las ayudas a la inversión destinadas a mejorar las
condiciones de transformación y comercialización de productos
agrícolas, la política comunitaria se rige por el Reglamento (CEE) N"
866/90 del Consejo [113], que autoriza también a los Estados miembros a
conceder ayudas, bajo determinadas condiciones, conforme a lo dispuesto
en los artículos 92 y 93 del Tratado. No obstante, esta facultad está
limitada por los criterios de selección previstos en el citado texto,
aplicados por la Comisión por analogía en la evaluación de las ayudas
estatales.

Hasta 1994, los criterios de selección para estas inversiones,
denominados "límites sectoriales", estaban fijados en la Decisión
90/342/CEE de la Comisión de 7 de junio de 1990 [114] pero, la Decisión
94/173/CEE de la Comisión, de 22 de marzo de 1994 [115], los ha
modificado. En 1994, la Comisión informó a los Estados miembros de que
seguía aplicando, en lo que respecta a las ayudas estatales, los
límites sectoriales previstos en el punto 2 del Anexo de la Decisión
de 1990 [116] . En 1995, la Comisión ha matizado su posición para aplicar
los límites previstos en la Decisión de 1994, siempre que fueran menos
severos [117] . Una vez finalizados los trabajos preparatorios con los
Estados miembros, la Comisión adoptó el principio de aplicar a las
ayudas estatales, a partir del 1 de enero de 1996, los criterios
contenidos en la Decisión de 22 de marzo de 1994, en vez de los fijados
en su Decisión de 7 de junio de 1990 [118] .

194. Asimismo, la Comisión decidió en principio revisar su política
sobre créditos de gestión subvencionados en el sector agrícola [119] .

    DO L 218 de 6.8.1991, p. 1,

    DO L 91 de 26.4.1990, p. 1.

    DO L 163 de 29.6.1990, p. 71.

    DO L 79 de 23.3.1994, p. 29.

    DO C 189 de 12.7.1994, p. 5.

    DO C 71 de 23.3.1995, p. 6.

     DO C 29 de 2.2.1996, p. 4.

     DO C 44 de 16.2.1996, p. 2.

                           77

```

_**1.1.8.**_ **`Pesca`**

```
195. En 1995, la Comisión registró 37 nuevos expedientes de ayuda
notificados y otros 20 de ayudas no notificadas o notificadas demasiado
tarde, así como tres nuevos casos de ayudas existentes en este sector.
Decidió no formular objeciones a la concesión de ayudas en el caso de
22 expedientes, uno de los cuales se remontaba a 1994. Por otro lado,
decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 93 del Tratado CE con respecto a dos ayudas, una concedida por
Italia y la otra por Alemania. En el mismo período, la Comisión decidió
archivar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93
incoado con respecto a una ayuda concedida en Italia, notificada en
1993.

1.2. Sectores no sujetos a directrices comunitarias específicas sobre
   ayudas estatales

196. Desde hace algunos años, se registra en Europa un gran movimiento
de liberalización, privatización y reordenación de sectores nacionales
en situación monopolística. Este movimiento, asociado al proceso de
armonización de las directrices comunitarias, ha inducido a la Comisión
a estudiar la forma de aplicar la normativa comunitaria en materia de
ayudas estatales a determinados sectores específicos como bancos o
correos. Estos sectores, aunque teóricamente deben estar sujetos al
mismo tratamiento que los demás (sobre todo, en lo que respecta al
principio del "inversor privado en una economía de mercado"), no por
ello dejan de presentar una serie de características específicas que
justifican su consideración, por parte de la Comisión, a la hora de
aplicar la normativa sobre ayudas estatales.

```

_**1.2.1.**_ _**Sector**_ _**bancario**_

```
197. Este sector presenta una serie de características específicas
debido, en particular, a consideraciones de orden social y jurídico
(protección del ahorro), macroeconómico y financiero (necesaria
estabilidad del sector, buen funcionamiento del sistema de pagos),
político e internacional (posibles repercusiones como, por ejemplo,
manifestaciones de "pánico" en otras entidades del mismo país o en
otros países por mor de la enorme interdependencia que registran
sectores como el bancario, sobre todo en casos de quiebra de una
entidad de gran tamaño). Por este motivo, hay autoridades específicas
encargadas de la supervisión de este sector en los distintos Estados
miembros.

```

`Tras el caso Banesto en 1994, el asunto` _Crédit_ _Lyonnais_ `constituye un`
```
buen ejemplo de la forma en la que han de aplicarse las normas sobre
ayudas estatales teniendo en cuenta al mismo tiempo la especial
sensibilidad del sector. Este asunto, desde el punto de vista
cuantitativo, es el más importante de todos los asuntos tratados por
la Comisión hasta el momento: el volumen global de la ayuda asciende
a 45 000 millones de FF (7 500 millones de ecus). Además, el Crédit
Lyonnais estaba situado a finales de 1993 a la cabecera de los bancos
europeos en cuanto a balance total, lo que constituye un ejemplo de
quiebra de un banco de gran tamaño, con todas las consecuencias que
ello hubiera podido tener sobre el conjunto del sistema financiero y
bancario francés e incluso europeo.

El principio mantenido por la Comisión, tras consultar a un grupo de
expertos de alto nivel, fue aplicar al sector bancario las normas de
fondo y de procedimiento en materia de ayudas estatales teniendo en
cuenta la especificidad del sector. Además, el respeto a las normas
tiene como efecto evitar que determinadas entidades de crédito,
sirviéndose del apoyo implícito o explícito del Estado, en la medida
en que se trata de entidades públicas o demasiado importantes para ser

                           78

```

```
dejadas a merced de una quiebra, se comporten imprudentemente. En
efecto, esta actitud puede implicar la necesidad de recurrir al apoyo
estatal y, por lo tanto, un falseamiento de la competencia que hubiera
podido ser evitado. Aunque la intervención del Estado se considerara
necesaria para evitar consecuencias indeseables para las demás
entidades y los mercados financieros, la Comisión consideró que era
imprescindible asegurar que la solución definitiva falseara la
competencia lo menos posible. Por último, le entidad en quiebra debe
ofrecer contrapartidas suficientes para compensar los efectos negativos
de la intervención estatal sobre los demás operadores del mercado. Por
este motivo, la decisión adoptada finalmente por la Comisión condiciona
la aprobación de la ayuda al Crédit Lyonnais, a la venta de una parte
importante de su red internacional, a su contribución a los costes del
mecanismo de separación de activos mediante, una cláusula de retorno a
la prosperidad, a una separación neta entre Crédit Lyonnais y la
estructura de disociación y la probable privatización del banco en el
plazo de cinco años.

```

_**1.2.2.**_ _**Correos**_

```
198. La Comisión considera que se trata de un sector esencial que
representa un instrumento ineludible para el desarrollo de las
actividades sociales y económicas de un país. No obstante, al mismo
tiempo ha de tener en cuenta el hecho de que el Tribunal de Justicia
ha reconocido la aplicación de las normas de competencia a este
sector [120], sin perjuicio del principio contenido en el apartado 2 del
artículo 90 del Tratado CE.

Los servicios de correos, sobre todo los públicos, semipúblicos o
aquellos que disfrutan de derechos especiales y exclusivos, mantienen
todavía relaciones privilegiadas con el Estado. De esta situación se
deriva un apoyo financiero directo (subvenciones) o indirecto
(deducciones fiscales) a menudo poco transparente. Por un lado, la
Directiva de la Comisión sobre transparencia de las relaciones
financieras entre el Estado y las empresas públicas es de aplicación
en este sector [121], lo que implica obligaciones contables y financieras
especiales. Por otro lado, estas intervenciones financieras directas
o indirectas constituyen ayudas estatales que la Comisión tiene el
deber de supervisar, tanto en lo que respecta a la obligación de
notificación previa de los proyectos de ayuda que incumbe a los Estados
miembros como en cuanto a la revisión permanente de los regímenes
vigentes que la Comisión debe llevar a cabo con objeto de salvaguardar
el desarrollo progresivo y el funcionamiento del mercado común.

```

`A este respecto, el asunto de las` _Actividades_ _del_ _servicio_ _de_ _correos_
_francés_ _en materia_ _de competencia_ `resulta interesante desde dos puntos`
```
de vista, en la medida en que hace referencia tanto a la aplicación de
las normas sobre ayudas estatales (artículos 92-93) como a las
disposiciones aplicables a las empresas responsables de la gestión de
servicios de interés económico general (apartado 2 del artículo 90).
Este asunto representa la primera aplicación conjunta, por parte de la
Comisión, de estas dos disposiciones. La Comisión consideró que las
ventajas fiscales de que disfruta el servicio de correos no superan los
costes adicionales ocasionados por la presión a la que está sometido
para cumplir correctamente su misión de servicio público y no beneficia
a sus actividades en el marco de la competencia (es decir, las
actividades no reservadas al servicio de correos en aplicación de la

    Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 febrero de 1992 en los asuntos acumulados C```

`48/90 y C-66/90` _Nederland_ _en PTT Nederland_ _and PTT_ _Post/Comisión,_ `Rec. 1992, p.` `1-565;`
`sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto` `C-320/91` `Paul` _Corbeau,_ `Rec. 1993,`
```
     p. 1-2563.

    Directiva de la Comisión 80/723/CEE de 25.6.1980 mollificada por la Directiva 84/413/CEE,
    DO L 229 de 28.8.1985, p. 20.

                           79

```

```
legislación francesa). Por lo tanto, la Comisión decidió que estas
ventajas fiscales no eran constitutivas de ayudas estatales conforme
a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE.

```

_**1.2.3.**_ _**Sector**_ _**audiovisual**_

```
199. La Comisión reconoce que las industrias cinematográfica y de
producción televisiva en Europa son un componente esencial de la
diversidad cultural europea. Así, ha aceptado la promoción de la
diversidad cultural como justificación para la concesión de ayudas
estatales a la industria cinematográfica y a la producción de programas
de televisión. No obstante, a la hora de evaluar las ayudas estatales
en este sector, la Comisión garantizará que no falseen indebidamente
la competencia y que no se produzca discriminación por razones de
nacionalidad o cualesquiera otros obstáculos a la libre circulación de
bienes, servicios, personas e ideas en todo el territorio de la Unión
Europea. La Comisión aspira a lograr un equilibrio entre las exigencias
de promoción cultural y del patrimonio común y la apertura del comercio
y la competencia en el mercado único.
Para aclarar su política en este ámbito, la Comisión está trabajando
en unas directrices sobre ayudas estatales a la cultura, las artes y
el sector audiovisual, que fueron debatidas con los Estados miembros
en una reunión multilateral que se celebró en el mes de junio. En
general, los Estados miembros mostraron su apoyo a las directrices.

200. A la luz de las denuncias presentadas por cadenas de televisión
privadas, que alegan que los organismos públicos de radiodifusión
reciben ayudas estatales que falsean la competencia en el mercado
europeo de la televisión, en 1993 la Comisión encomendó a una empresa
de consultoria un estudio de la situación con especial atención a las
obligaciones de servicio público impuestas a los organismos públicos
de radiodifusión, a los costes y a las ayudas que reciben dichos
organismos. La Comisión recibió el informe definitivo en octubre de
1995 y lo ha enviado a los Estados miembros para que presenten sus
observaciones. En lo que respecta a los nuevos Estados miembros y a los
Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE, la Comisión
ha convocado una licitación para realizar un estudio similar. Una vez
que reciba los comentarios de los Estados miembros sobre el primer y
se complete el segundo, la Comisión examinará los casos pendientes e
impulsará un debate sobre las perspectivas de futuro.

2. Ayudas horizontales

2.1. Investigación y desarrollo

201. El 20 de diciembre de 1.995, la Comisión aprobó las nuevas
"Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de investigación y
desarrollo".

La revisión de las Directrices vigentes desde 1986 se inscribe en el
nuevo contexto de competencia tanto comunitaria como internacional. En
la versión revisada se han tenido en cuenta las recomendaciones del
Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, así como las
consecuencias de los acuerdos derivados de las negociaciones
multilaterales de la Ronda Uruguay. Además, el texto aclara
determinadas prácticas no explícitas que la Comisión ha desarrollado
desde la entrada en vigor de las Directrices de 1986.

En efecto, aunque, como norma general, el nivel de ayuda admisible se
mantiene en el 25% para los proyectos de desarrollo precompetitivo, más
próximas al mercado, y en el 50% para los proyectos de investigación
fundamental, se establece un sistema de bonificaciones para los
proyectos de PYME (+10 puntos), las regiones subvencionadas (+5 o 10
puntos) y los proyectos correspondientes a las prioridades del programa
marco comunitario de I+D (+15 puntos).

                           80

```

```
Por otro lado, la intensidad admisible también será bonificada (10
puntos) para proyectos que cumplan al menos unos de los siguientes
criterios: cooperación transfronteriza entre empresas independientes,
amplia difusión de los resultados de la investigación y cooperación
entre las universidades y la industria. Se admitirá un incremento de
25 puntos para los proyectos incluidos entre las prioridades del
programa marco comunitario de I+D que establezcan también una
colaboración transfronteriza entre empresas o entre empresas y
organismos públicos de investigación así como una amplia difusión de
los resultados.

Este sistema de bonificaciones permitirá ajustar el importe admisible
de la ayuda sobre la base del interés común, y deberá respetar en
cualquier circunstancia los índices máximos del Código de Subvenciones
de la OMC.

Con objeto de tomar en consideración la competencia extracomunitaria
y las nuevas posibilidades previstas por el Acuerdo sobre Subvenciones
y Medidas Compensatorias de la OMC, las nuevas directrices establecen
que las empresas europeas podrán acogerse al importe máximo de las
ayudas aceptado por la OMC (50% para las actividades de investigación
precompetitiva y 75% para las actividades de investigación industrial
fundamental) en los siguientes casos: acumulación entre ayuda estatal
y subvención comunitaria, proyecto importante de interés común europeo
(excepción prevista en la letra b) del apartado 3 del artículo 92),
proyectos o programas que incluyan actividades similares a otras
desarrolladas por empresas situadas fuera de la Unión Europea que hayan
recibido durante los últimos tres años o vayan a recibir una ayuda de
intensidad admitida por la OMC para estos dos tipos de investigación.

Con las nuevas Directrices, a fin de reducir la carga burocrática para
los Estados miembros y la Comisión, teniendo en cuenta la experiencia
adquirida, no será necesario notificar el aumento del presupuesto anual
(inferior al 100% del importe inicial) o la prolongación de un régimen
autorizado, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones.

En principio, no se deberá notificar la concesión de una ayuda a un
proyecto individual integrado en un régimen de ayudas de investigación
y desarrollo que haya sido autorizado por la Comisión. Las Directrices
de 1995 introducen un criterio diferente de notificación de los
"grandes casos individuales" relativo al importe de la ayuda abonada
(5 millones de ecus) y al coste del proyecto (25 millones de ecus).

Las nuevas Directrices también hacen referencia a las diferentes
situaciones en las que la financiación pública de las actividades de
investigación y desarrollo realizadas por centros de enseñanza superior
o de investigación públicos sin fines lucrativos, en solitario o por
cuenta de empresas o en colaboración con éstas, no entra dentro del
ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE.

Por otro lado, el texto precisa los factores que la Comisión tomará en
consideración a la hora de evaluar si las ayudas de investigación y
desarrollo propuestas por un Estado miembro impulsan a las empresas a
llevar a cabo actividades suplementarias en este ámbito, además de las
que desarrollan normalmente en el marco de sus actividades cotidianas
(efecto de estímulo de las ayudas de I+D).

En lo que respecta a las PYME, se presumirán la necesidad de la ayuda
y su efecto de estímulo, mientras que, en lo que respecta a las grandes
empresas que emprendan una investigación próxima al mercado, la
Comisión deberá verificar estos factores con especial cuidado.

                           81

```

```
2.2. Ayudas al empleo y medidas sociales de carácter general

202. La persistencia de las elevadas tasas de desempleo en la
Comunidad fue el problema económico y social más importante que la
Comisión se vio obligada a afrontar en 1995. En un esfuerzo por paliar
esta grave situación, los Estados miembros intensif ican sus iniciativas
para fomentar el empleo y, en su Libro Blanco sobre crecimiento,
competitividad y empleo, la Comisión determina varias vías para
impulsar el empleo en armonía con la política comunitaria sobre
competencia.

La mayor parte de las medidas adoptadas por los Estados miembros para
poner en práctica sus políticas de empleo son, por naturaleza, de
carácter general y no contienen.elementos constitutivos de ayudas, bien
porque no favorecen a determinadas empresas o bien porque no afectan
a los intercambios entre Estados miembros conforme a lo dispuesto en
el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE. Por ejemplo, la nueva
legislación danesa sobre energía, que introduce nuevos impuestos, o
sube los existentes, sobre las emisiones de C0 2 y S0 2 aplicables a la
industria prevé que una parte de los ingresos derivados de estos
impuestos sea reembolsada a la industria en forma de una reducción
general de sus contribuciones sociales. Como todas las empresas se
benefician de esta reducción de forma automática y sobre la base de
criterios objetivos, la Comisión no consideró que constituía ayuda
estatal a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92.

Sólo las iniciativas que, de forma selectiva, reducen los costes
laborales de determinadas empresas o sectores para fomentar la creación
de puestos de trabajo, mantener el nivel de empleo o contratar a
determinadas categorías de desempleados falsean o pueden falsear la
competencia porque favorecen a los destinatarios frente a sus
competidores. Así, la Comisión concluyó que un régimen sueco de ayudas
al empleo, disponible únicamente para empresas de hasta 500 empleados,
constituía ayuda estatal en beneficio de estas empresas y en perjuicio
de los competidores con más de 500 trabajadores.

203. Debido al considerable aumento del número de ayudas al empleo,
la Comisión consideró conveniente precisar su política en este ámbito,
plasmada en las correspondientes Directrices sobre ayudas [122] . Por lo que
se refiere a las medidas de apoyo a la formación, este aspecto se
tratará indirectamente en las Directrices más genéricas que distinguen
entre ayudas estatales y medidas generales, ya que las medidas de apoyo
a la formación pueden definirse, en muchos casos, como medidas
generales. El principal objetivo sobre ayudas estatales de las
Directrices es informar a los Estados miembros e interesados sobre los
principios que aplicará la Comisión para determinar la existencia y la
compatibilidad de las ayudas al empleo con el mercado común y para
garantizar la coherencia entre las normas de competencia y las
recomendaciones sobre la política de empleo formuladas en el Libro
Blanco sobre Crecimiento, Compatetividad y Empleo. Las Directrices
confirman el enfoque positivo que normalmente adopta la Comisión con
respecto a las ayudas estatales para la creación de empleo, en
particular cuando la ayuda se concede a PYME o a empresas situadas en
regiones que pueden acogerse a ayudas regionales, siempre y cuando la
medida lleve a un aumento neto del número de puestos de trabajo en la
empresa afectada. De forma similar, la Comisión adoptará en principio
una posición favorable cuando la ayuda se conceda a empresas que
contraten a personas con especiales dificultades para encontrar un
puesto de trabajo permanente, como desempleados de larga duración o
jóvenes. En su evaluación, la Comisión también tendrá en cuenta las
posibles contrapartidas que ofrezcan las empresas cuando reciban ayudas

     DO C 334 de 12.12.1995, p. 4.

                           82

```

```
distintas a las citadas, por ejemplo de formación. Además, en
consonancia con los principios generales que rigen su política sobre
ayudas estatales, la Comisión examinará siempre si la ayuda es
necesaria para contratar a un desempleado y reviste carácter temporal.

No obstante, no todas las ayudas al empleo gozarán de una actitud
favorable por parte de la Comisión. En opinión de ésta, algunas ayudas
al empleo, por su efecto perjudicial, real o potencial, sobre la
competencia en el mercado común son contrarias al interés común y solo
podrán ser aprobadas, si acaso, en un número limitado de casos. Así,
las Directrices confirman la actitud negativa de la Comisión con
respecto a las ayudas para mantener puestos de trabajo en una empresa.
De hecho, las ayudas para mantener puestos de trabajo constituyen
ayudas de funcionamiento y, en general, frustran o retrasan los
necesarios cambios estructurales para restablecer la viabilidad
económica de una empresa o sector, manteniendo artificialmente en
funcionamiento actividades que no son rentables. A juicio de la
Comisión, los efectos negativos de estas ayudas pesan más que las
posibles ventajas a corto plazo que pueda suponer el mantenimiento de
un determinado nivel de empleo. Además, la Comisión adoptará
generalmente una actitud desfavorable con respecto a las ayudas para
la creación de empleo destinadas exclusivamente a uno o más sectores
especialmente sensibles que registren exceso de capacidad o atraviesen
una crisis. Los efectos negativos que estas medidas pueden tener sobre
las empresas competidoras del mismo sector en otros Estados miembros
y el riesgo de que la ayuda se limite a trasladar un problema de
desempleo a otros Estados miembros prevalecen sobre la reducción de las
tasas de desempleo en el Estado miembro que conceda la ayuda. Por lo
tanto, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artículo 93 con respecto a una ayuda de empleo concedida
al sector del calzado en Italia dentro de un régimen general de ayudas
a sectores en crisis.

No obstante, las ayudas para mantener puestos de trabajo podrán ser
aprobadas si se conceden a empresas situadas en regiones que, debido
a sus graves problemas socioeconómicos, pueden acogerse a ayudas
regionales conforme a la letra a) del apartado 3 del artículo 92 o si
se conceden en el contexto de un plan de salvamento o de
reestructuración [123] . Además, podrán autorizarse ayudas sectoriales en
regiones con elevadas tasas de desempleo o subsectores en crecimiento
económico y que generen empleo.

204. Con objeto de reflejar la necesidad urgente de abordar la crisis
de empleo en la Unión Europea y de apoyar el fomento de políticas
estructurales de empleo, en particular mediante la intervención activa
en los mercados laborales, la Comisión está examinando la posibilidad
de adoptar un procedimiento acelerado para la notificación de regímenes
de ayudas al empleo y a la formación. Conforme a este procedimiento,
la Comisión decidirá sobre las ayudas notificadas en el plazo de 20
días laborables.

2.3. Ayudas a la protección del medio ambiente

205. La política de la Comunidad en este ámbito se basa en el
principio de que la empresa contaminante debe pagar por el perjuicio
que causa al medio ambiente. En principio, las ayudas a las empresas
para la protección del medio ambiente son incompatibles con el
principio de quien contamina paga. No obstante, ha de reconocerse que,
en determinados casos, estas ayudas pueden ser necesarias como
incentivo para que las empresas adopten medidas de protección del

     Directrices comunitariaa sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de
     empresas en crisis, DO C 36« de 23.12.1994.

                           83

```

```
entorno que excedan de las obligatorias por ley o para mantener la
competitividad de la industria cuando se impongan nuevas exigencias al
respecto. Así, puede justificarse la concesión de ayudas para la
protección del medio ambiente en determinadas circunstancias. No
obstante, es evidente que estas ayudas pueden falsear la competencia
entre empresas en el mercado común y que sólo se justifican cuando los
efectos beneficiosos sobre el medio ambiente compensen los efectos
negativos sobre la competencia.

206. Las Directrices comunitarias [124] sobre ayudas estatales en favor
del medio ambiente tienen como objetivo buscar un equilibrio entre la
citada política de competencia y las consideraciones de política
medioambiental. Así, las Directrices confirman el principio de quien
contamina paga pero, al mismo tiempo establecen que en determinadas
condiciones estas ayudas podrán ser autorizadas.

En consonancia con estos principios, las Directrices establecen que,
aunque las ayudas de funcionamiento son consideradas normalmente
incompatibles con el mercado común, la Comisión podrá autorizarlas en
casos excepcionales en forma de deducción de los impuestos sobre el
medio ambiente y otras medidas compensatorias, siempre y cuando la
ayuda sea necesaria para lograr los objetivos ambientales perseguidos.
Por lo tanto, la Comisión concluyó que la deducción de los nuevos
```

`impuestos sobre las emisiones de` _C0_ _2_ _y_ _S0_ _2_ _en favor_ _de empresas_ _con un_
_alto_ _consumo_ _de energía_ _en Dinamarca_ _y los_ _Países_ _Bajos,_ _así_ _como_ _la_
_deducción_ _del impuesto_ _sobre_ _aguas subterráneas_ _y residuos_ _en favor_ _de_
_determinadas_ _empresas_ _en los Países_ _Bajos_ `podían ser autorizadas porque`
```
constituían el precio inevitable de encontrarse entre los primeros
países que han introducido un impuesto que será beneficioso para el
medio ambiente. Sin algunas deducciones, estos impuestos dañarían
seriamente la competitividad de las empresas con elevado consumo de
energía en los países que han introducido el impuesto, en este caso
Dinamarca y los Países Bajos, de forma que sería impracticable. No
obstante, para garantizar que estas deducciones fiscales no falseen
indebidamente la competencia y para ofrecer un incentivo para que los
destinatarios de estas ayudas introduzcan medidas para reducir la
contaminación, la Comisión exigirá en todos los casos que la deducción
fiscal sea temporal y, en principio, decreciente.

2.4. Ayudas a pequeñas y medianas empresas (PYME)

207. En 1995, la Comisión siguió aplicando al análisis de las ayudas
en favor de las PYME los criterios de las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas, adoptadas
por la Comisión el 20 de mayo de 1992 [125] . Estas Directrices establecían
que la Comisión revisaría su aplicación en el plazo de tres años a
partir de su publicación. Por lo tanto, los servicios de la Comisión
presentaron a los expertos de los Estados miembros, en una reunión
multilateral celebrada en julio, las conclusiones de esta revisión y
propusieron los cambios que consideran necesarios a la luz de dicha
revisión. El objetivo de la Comisión sigue siendo el de autorizar las
ayudas que tengan carácter estimulante y que respondan a las
desventajas específicas de las PYME limitando en la medida de lo
posible el falseamiento de la competencia. En el debate se abordó
principalmente la necesidad de precisar y simplificar las normas, la
```

`actualización de la regla de` _minimis_ `y la posibilidad de tomar en`
```
consideración los gastos de las inversiones ligadas a la transferencia
de tecnología.

```

**124** **DO C 72 de** **1 0 . 3 . 1 9 9 4 .**

**125** **DO C 213 de 1 9 . 8 . 1 9 9 2,** **p .** **2 .**

**84**

```
2.5. Ayudas a la exportación

208. Las ayudas a la exportación, ligadas a la cantidad [126] de
mercancías vendidas en otros Estados miembros de la CE o del EEE o
estrechamente vinculadas a la comercialización y venta de mercancías
en estos países, como las destinadas al establecimiento o
funcionamiento de redes de distribución o de agencias de venta de
bienes y servicios en la Comunidad y el EEE, son claramente
incompatibles con el objetivo de construir un mercado interior. Estas
ayudas no fomentan ningún objetivo comunitario que pueda justificar los
efectos directamente nocivos para la competencia que provocan. Por
consiguiente, la Comisión no autorizará ayudas a la exportación. No
obstante, en consonancia con su enfoque favorable con respecto a las
ayudas financieras a las PYME, habida cuenta sobre todo de sus
limitaciones en cuanto a los conocimientos técnicos y de sus
dificultades a la hora de obtener financiación externa, la Comisión
podrá autorizar ayudas blandas en favor de PYME que se refieren al
desarrollo de los mercados de exportación, por ejemplo, las ayudas para
servicios de consultoría y estudios de mercado, siempre y cuando se
trate de una operación no recurrente limitada al acceso a nuevos
mercados. En las mismas circunstancias, la Comisión podrá autorizar
ayudas a PYME para su participación en ferias comerciales.

209. Las empresas europeas no sólo compiten dentro de la CE y del EEE,
sino que también lo hacen para las inversiones en mercados extranjeros
como Europa oriental, Rusia y sureste asiático. En opinión de la
Comisión, las ayudas para inversiones en mercados extranjeros pueden
falsear la competencia y afectar a los intercambios dentro de la
Comunidad y, por lo tanto, entran dentro del ámbito de aplicación de
las normas sobre ayudas estatales del Tratado CE. A la Comisión le
preocupa que estas ayudas puedan conducir a deslocalizaciones y que se
concedan sobre todo en las regiones centrales y más desarrolladas de
la Comunidad, en contra de los esfuerzos de la política de cohesión
para reducir las diferencias entre las regiones más y menos prósperas
de la Comunidad. Por otro lado, estas ayudas pueden ayudar a los países
de Europa oriental, los Estados Bálticos y Rusia en sus procesos de
conversión a una economía de mercado y, por lo tanto, pueden estar
justificadas en determinados casos. Para establecer una política clara
en este ámbito, la Comisión decidió, en una serie de regímenes de
internacionalización, incoar el procedimiento previsto en el apartado 2
del artículo 93 e instar a los Estados miembros y terceros interesados
para que presentaran sus observaciones.

210. La Comisión ha proseguido sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo
con los Estados miembros en torno a una Comunicación sobre el seguro
de crédito a la exportación a corto plazo que exigirá que los Estados
miembros retiren el apoyo público a las compañías de seguro de crédito
a la exportación en lo que respecta a los riesgos comerciales a corto
plazo. La Comisión espera que los problemas pendientes se resuelvan a
lo largo de 1996 de forma que pueda adoptarse la citada Comunicación.

2.6. Ayudas de salvamento y de reestructuración

211. La Comisión continuó aplicando las nuevas Directrices
comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración
de empresas en crisis [127] . De no haber un control estricto, estas ayudas
pueden ser utilizadas por los Estados miembros para mantener
artificialmente a flote empresas aquejadas de grandes problemas, con
el riesgo de frustar o retrasar indebidamente los necesarios cambios

     La Comisión está considerando la posibilidad de incluir a tal fin una exención explícita
     en la regla "de minimis", que está siendo objeto de revisión.

     DO C 368 de 23.12.1994, p. 12.

                           85

```

```
estructurales en el mercado interior y de desviar el peso de dichos
ajustes a empresas viables. No obstante, consideraciones de política
social o regional pueden justificar la concesión de ayudas de
salvamento y de reestructuración, y el principal objetivo de las
Directrices es establecer un equilibrio entre estas consideraciones y
el desarrollo de un mercado común con una competencia libre y exenta
de falseamientos.

212. El objetivo de las ayudas de salvamento es mantener una empresa
temporalmente en funcionamiento mientras se elabora un plan de
reestructuración adecuado. Por lo tanto, tales ayudas sólo pueden
concederse durante un período limitado de tiempo, generalmente inferior
a seis meses. La Comisión concluyó que la garantía de 18 meses
```

`concedida por el Gobierno español a la empresa` _Gutiérrez_ _Asunce_
_Corporación_ _(Guascor)_ `sobre unos préstamos comerciales no cumplían los`
```
requisitos para obtener una ayuda de esta índole.

213. Conforme a las Directrices, la Comisión supedita la aprobación
de las ayudas de reestructuración a unas condiciones estrictas, entre
las que destaca la de que se trate, en principio, de una operación no
recurrente. Además, la ayuda ha de estar vinculada a un plan de
reestructuración que pueda restablecer la viabilidad a largo plazo de
la empresa en un plazo razonable de tiempo y sobre la base de
perspectivas realistas en cuanto a sus futuras condiciones de
funcionamiento, de forma que no resulte necesario conceder nuevas
ayudas. A juicio de la Comisión, se trata de una condición sine qua non
para la autorización de las ayudas de reestructuración [128] . En un asunto
en el que determinados regímenes de garantía y de préstamos blandos
establecidos en Alemania para el salvamento y la reestructuración de
empresas en crisis no excluía, en principio, la concesión reiterada de
ayudas en beneficio de la misma empresa para las mismas operaciones,
la Comisión se reservó el derecho de examinar las ayudas
individualmente. De forma similar, el plan de reestructuración de
```

_SANTANA Motor_ _S.A.,_ `filial de SUZUKI Motor Corporation Group, estaba`
```
poco definido y no era convincente; además, su objetivo no era
restablecer la viabilidad de la empresa a largo plazo, por lo que la
Comisión no pudo autorizar la ayuda que el Gobierno español pretendía
conceder conforme a dicho plan y decidió iniciar el procedimiento
previsto en el apartado 2 del artículo 93 CE.

214. Para compensar en la medida de lo posible los posibles efectos
negativos sobre los competidores, las ayudas de reestructuración a
empresas que operan en sectores que registran un exceso de capacidad
estructural han de cumplir la condición de que la empresa beneficiaría
reduzca su capacidad productiva de forma efectiva e irreversible.
Cuando aprobó la ayuda de reestructuración concedida a la empresa
```

`italiana de fertilizantes` _Enichem_ _Agricultura_ _S.p.A.,_ `la Comisión hizo`
```
hincapié en la reducción irreversible de la capacidad productiva de la
empresa y decidió, además, que esta condición debía respetarse hasta
que los efectos de la ayuda sobre la situación competitiva en la
Comunidad fueran imperceptibles. No obstante, la Comisión no pudo
```

`aprobar una garantía estatal en favor de la empresa española` _Guascor_
```
porque el plan de reestructuración de la empresa no parecía fijar
reducciones de la capacidad productiva por lo menos en uno de sus
sectores de producción en los que hay exceso de capacidad en la CE.

La Comisión no puede por sí misma imponer como condición la
privatización de una empresa que recibe ayudas de reestructuración. No
obstante, un compromiso por parte de un Estado miembro de privatizar
la empresa beneficiaría de la ayuda puede ser un elemento decisivo para

129 Véanse también las Directrices comunitarias aplicables a las ayudas estatales en el
     sector de la aviación, DO C 350 de 10.12 .1994,p. 5.

                           86

```

```
la Comisión a la hora de valorar la futura viabilidad de la empresa sin
necesidad de recibir nuevas ayudas. Por lo tanto, en su decisión sobre
la compatibilidad de la ayuda de reestructuración a la empresa italiana
```

`de fertilizantes` _Enichem_ _Agricultura_ _S.p.A.,_ `la Comisión tuvo en cuenta`
```
el compromiso ofrecido por el Gobierno italiano de privatizar la

empresa.

2.7. Treuhandanstalt

215. En el mes de enero, la Comisión fijó las condiciones aplicables
en 1995 para las ayudas a la privatización de empresas en los nuevos
estados federados. Dichas condiciones habían sido fijadas previamente
```

`en` `1991` `[129]` `y en` `1992` `[130]` `.` `A raíz de la disolución del` _Treuhandanstalt_ `la`
```
Comisión decidió que los procedimientos y los criterios de evaluación
aplicables a las privatizaciones en 1995 debían estar más en
consonancia con los aplicables con respecto a otros Estados miembros.
A partir de 1995, año de transición, no existirían normas especiales.

La Comisión examinó algunos casos individuales de ayudas concedidas
para privatizar empresas en los nuevos estados federados. El más
importante, con gran diferencia frente al resto, hacía referencia a la
```

`privatización de las instalaciones petroquímicas de` _BSL_ `(Buna,`
```
Sâchsische Olefinwerke, Leuna) de Dow Chemical. En noviembre, la
Comisión adoptó una decisión definitiva autorizando una ayuda de 5 000
millones de ecus (9 500 millones de DM) para la reestructuración de BSL
como un complejo integrado.

3. Ayudas regionales

216. La Comisión prosiguió su revisión de los regímenes vigentes de
sus modalidades y de los mapas de las regiones que pueden optar a
ayudas de finalidad regional (conforme a los principios de reducción
de la cobertura de población y de coherencia con los mapas de los
Fondos Estructurales). Se adoptaron decisiones con respecto a los
Países Bajos, Bélgica (salvo Hainaut), España e Italia. De este modo,
prácticamente ha concluido la campaña global de revisión de los mapas
regionales; solo queda un país pendiente de revisar su mapa. Por lo que
respecta a los tres países adheridos a la Comunidad el 1 de enero de
1995 (Austria, Suecia y Finlandia), la Comisión ha aceptado los mapas
elaborados por el Órgano de Vigilancia de la AELC en el marco del
Espacio Económico Europeo en 1994. Asimismo, la Comisión siguió
examinando, de conformidad con los artículos 92 y 93 del Tratado, la
compatibilidad de las intervenciones de los Fondos Estructurales en
función de los distintos objetivos e iniciativas comunitarias.

```

**D - Procedimientos (derechos de los denunciantes)**

```
217. En su sentencia de 28 de septiembre de 1995 en el asunto T-95/94
```

_SYTRAVAL/Comisión,_ `el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión`
```
de la Comisión de 31 de diciembre de 1993 por la que se desestimaba una
denuncia de una supuesta ayuda estatal en favor de "Sécuripost", filial
del servicio de correos público francés, que opera en mercados
competitivos. El Tribunal consideró que la Comisión no había razonado
suficientemente la desestimación de una serie de alegaciones de los
denunciantes en relación con el trato preferente dado a Sécuripost por
parte del Estado a través del servicio de correos.

    XXI Informe sobre la política de competencia, punto 249.

    XXII Informe sobre la política de competencia, punto 349.

                           87

```

```
La importancia de esta sentencia reside en las manifestaciones del
Tribunal con respecto a los derechos de los denunciantes en
procedimientos sobre ayudas estatales. El Tribunal declara
taxativamente que la Comisión ha de examinar con imparcialidad y de
forma exhaustiva todas las alegaciones formuladas por denunciantes y
no puede imponer al denunciante la carga de la prueba sobre la
existencia e incompatibilidad de una ayuda. De lo contrario, se
exigiría a los denunciantes la obtención de información en apoyo de sus
alegaciones que en muchos casos no podrían obtener sin la Comisión como
intermediaria. Por consiguiente, la Comisión no puede alegar que la
argumentación es insuficiente o que no puede ser analizada a causa de
la escasa información facilitada por el denunciante. Las conclusiones
```

`del asunto` _SYTRAVAL_ `confirman la sentencia del Tribunal de Primera`
`Instancia de 18 de septiembre de 1995 en el asunto T-49/93` _SIDE/_
_Comisión._

```
218. El procedimiento de examen de las ayudas estatales por parte de
la Comisión consta de dos fases: examen previo de la medida e inicio
del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 CE en los
asuntos en los que la Comisión, a raíz del examen previo, sigue
teniendo dudas en cuanto a la compatibilidad de aquélla con el mercado
común. Mientras el Tratado establece un procedimiento para invitar a
los terceros interesados para que presenten sus observaciones en el
procedimiento incoado conforme al apartado 2 del artículo 93, no ocurre
lo mismo con respecto al examen previo. Cuando la compatibilidad de una
ayuda con el mercado común puede determinarse sin proceder a nuevos
exámenes, no parece necesario que intervengan terceros antes de la
decisión de la Comisión. Por lo tanto, la práctica sistemática de la
Comisión ha consistido en no conceder el derecho a audiencia a
terceros, incluidos los denunciantes, durante el examen previo. El
Tribunal Europeo de Justicia ha corroborado esta posición en una serie
de sentencias [131] . No obstante, además de la exigencia de examinar
imparcialmente y de forma exhaustiva todas las alegaciones formuladas
por el denunciante y de exponer las razones en que basó su decisión en
el asunto SYTRAVAL el Tribunal de Primera Instancia impone además a la
Comisión, en determinadas circunstancias, la obligación de iniciar un
procedimiento contradictorio con los denunciantes en los casos que
impliquen dificultades en cuanto a la calificación de determinadas
medidas como ayudas estatales incluso antes de haberse iniciado el
procedimiento del apartado 2 del artículo 93 . Como su sentencia parece
imponer obligaciones suplementarias a la Comisión en su examen de las
denuncias cuando los casos plantean dudas en cuanto a la existencia de
ayuda, y parece también contravenir la jurisprudencia consolidada del
Tribunal Europeo de Justicia, la Comisión ha recurrido esta sentencia
ante este último.

```

`Véase,` `en particular, el asunto 84/82` _Alemania/Comisión,_ `Rec. 1984, p. 1451.`

```
                           88

```

**E** **- Estadísticas**

```
219. A lo largo del año, la Comisión registró 680 notificaciones de
nuevas ayudas o de modificaciones de ayudas existentes y 113 casos de
ayudas no notificadas [132] . Asimismo, en 504 casos decidió no formular
objeciones. En 57, decidió incoar el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE o en el apartado 4 del
artículo 6 de la Decisión 3855/91/CECA como resultado de estos
procedimientos. Adoptó 22 decisiones definitivas positivas, 9 negativas
y 5 condicionales. Por último, propuso la adopción de las medidas
apropiadas previstas en el apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE
con respecto a 6 casos.

```

_**Gráfico**_ _**1 :**_ _**Asuntos nuevos**_ _**en**_ _**1995**_

**900**

**•** **Reexamen de la ayuda**

**•Ayuda sin notificar**

**a** **Ayuda notificada**

**1994** 1995

```
    Estas cifras no abarcan las ayudas en los sectores de la agricultura, la pesca, los
    transportes y el carbón.

                           89

```

_Gráfico_ _2_

700

400 1

300

**200** **I**

100

**0**

**1991**

**Decisiones adoptadas** **por la** **Comisión**

```
1992 1993

```

```
         619

1994 1995

```

_Cuadro_ _1 :_ _Decisiones_ _por_ _Estado miembro_

```
 Austria 22

 Bélgica 15

 Dinamarca 17

 Alemania 209

 Grecia 9

 España 110

 Finlandia 2

 Francia 51

 Irlanda 3

 Italia 93

 Luxemburgo 1

 Países Bajos 34

 Portugal 12

 Suecia 6

 Reino Unido 35

 UNIÓN EUROPEA 619

' l I II

                           90

```

**V -** **Dimension** **internacional**

**A - Espacio Económico Europeo**

```
220. Desde la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia a la Unión
Europea, el 1 de enero de 1995, Noruega e Islandia son los únicos
países de la AELC signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo (Acuerdo EEE). A ellos se sumó Liechtenstein el 1 de mayo de
1995.

Las normas de cooperación en materia de competencia derivadas del
Acuerdo EEE y completadas por los mecanismos de concertación informal,
pero sistemática, establecidos en un acuerdo entre la Comisión y el
Órgano de Vigilancia de la AELC [133], siguen vigentes en las relaciones
con estos tres países.

Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del
Acta de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea [134],
los expedientes relativos a los nuevos Estados miembros pendientes de
tramitación ante el Órgano de Vigilancia de la AELC fueron traspasados
a la Comisión (casi 80 expedientes relativos a los artículos 53 y 54
del Acuerdo EEE y unos 4 00 expedientes de ayudas).

```

**B -** **Países de Europa central y oriental, Estados** **Bálticos,** **nuevos Estados**
**independientes y países mediterráneos**

**1.** **Países de Europa central y oriental**

```
221. En el contexto de la estrategia previa a la adhesión de los seis
PECO asociados [135], el Consejo Europeo de Essen de diciembre de 1994
subrayó la importancia no sólo de la política de competencia sino
también de la necesidad de garantizar su cumplimiento. Entre otras
misiones, encomendó a la Comisión el desarrollo, junto con los Estados
miembros, de un programa de formación sobre la política de competencia.
La Comisión y las autoridades de los Estados miembros se han reunido
en varias ocasiones y han logrado mejorar la coordinación de sus
actividades y emprender una importante iniciativa conjunta. En el mes
de septiembre, funcionarios de los seis PECO asociados y de los Estados
Bálticos participaron en un curso colectivo de formación, durante dos
semanas, en la DG IV (financiado por el programa PHARE) y,
posteriormente, cada uno de ellos visitó a las autoridades nacionales
responsables de la competencia en un Estado miembro de la Unión. La
iniciativa tuvo una excelente acogida entre los participantes.

Hasta ahora, la asistencia técnica dentro del programa PHARE ha girado
fundamentalmente en torno a los aspectos de la normativa de defensa de
la competencia. En 1996, la atención se centrará en los monopolios, los
derechos exclusivos y las ayudas estatales, dedicándose una especial
atención al cumplimiento efectivo de la legislación.

    XXII Informe sobre la política de competencia, puntos 85 a 89 y XXIV Informe, punto 399.

    DO C 241 de 29.8.1994.

    Los Acuerdos Europeos con Rumania, la República Checa, Bulgaria y la República Eslovaca
    entraron en vigor el 1 de febrero de 1995; los suscritos con Polonia y Hungría entraron
    en vigor el 1 de febrero de 1994. Las normas básicas sobre competencia recogidas en los
     acuerdos son las del Tratado de Roma,- véase el XXIV Informe sobre la política de
     competencia, p. 2 83, punto 4 01.

                           91

```

```
El Libro Blanco de la Comisión [136], que ofrece una serie de orientaciones
para la integración de los PECO, resalta la importancia de una política
de competencia viable para las economías en proceso de transición y
establece cuatro pilares (defensa de la competencia, fusiones, ayudas
estatales y monopolios públicos y derechos exclusivos) para la
aproximación de las normas que los países asociados deben adoptar en
estos ámbitos. Se ha avanzado significativamente en el ámbito de la
defensa de la competencia; todos los países asociados menos uno
disponen ya de autoridades competentes en la materia. Hasta el momento
de su adhesión, estos países aceptarán el acervo comunitario y,
entretanto, se está prestando asistencia técnica.
Por lo que respecta a las normas de aplicación de los acuerdos
europeos, las relativas a la competencia aplicables a las empresas se
encuentran en proceso de adopción por parte de los consejos de
asociación. En cuanto a las ayudas estatales, se está debatiendo un
conjunto de normas. Un país ha dado su acuerdo a estas normas y ha
iniciado el proceso formal de adopción. Otro país ha anunciado su
acuerdo.
La Comisión ha desarrollado varias iniciativas para difundir su
política de competencia entre todos los agentes económicos de estos
países. En la conferencia de Brno, celebrada en abril de 1995, el
Director General de Competencia habló al numeroso público, entre el que
se encontraban funcionarios de competencia y representantes del mundo
económico, de la dimensión internacional de la política de competencia
y de la importancia que reviste la cooperación entre las diversas
autoridades responsables en este ámbito. En la conferencia de Visegrado
celebrada entre el 19 y el 21 de junio de 1995, responsables de los
servicios de competencia de los PECO y funcionarios de la DG IV
abordaron problemas específicos que, desde el punto de vista de la
competencia, plantean las economías en proceso de transición, así como
la interacción de las políticas de defensa de la competencia y de
ayudas estatales; se llegó a un acuerdo en torno a un programa de
acción común. Entre otras cosas, se acordó establecer una red para el
intercambio electrónico de datos. En otoño, el Director General de
Competencia visitó Bulgaria y abordó cuestiones relativas a las ayudas
estatales y los monopolios.

2. Estados Bálticos, Eslovenia y nuevos Estados independientes

222. En el contexto de la estrategia previa a la adhesión de los
Estados Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), los acuerdos de libre
cambio, que contienen las mismas normas de competencia que los acuerdos
europeos celebrados con los PECO, entraron en vigor el 1 de enero de
1995. Estos acuerdos serán sustituidos próximamente por los acuerdos
europeos firmados en el mes de junio de 1995; ahora estos tres Estados
han de cumplir las mismas condiciones para integrarse en la estrategia
previa a la adhesión que las establecidas por la Unión Europea con
respecto a los PECO. En cuanto a las normas de aplicación, se ha
propuesto a los Estados Bálticos el mismo marco jurídico que el
relativo a los PECO. Un país ha notificado su acuerdo básico en torno
a las normas aplicables a las empresas y a las ayudas estatales. Las
negociaciones con Eslovenia para la firma de un acuerdo europeo siguen

su curso.

Se han suscrito acuerdos de asociación y cooperación con Rusia,
Ucrania, Bielorrusia, Kazajistan, Kirguizistán y Moldavia; aunque las
normas sobre competencia son menos rigurosas que las contenidas en los
acuerdos con los PECO, los acuerdos también contienen una cláusula
sobre aproximación de las legislaciones. Ya se ha iniciado la
cooperación, en concreto mediante la prestación de asistencia técnica
dentro del programa TACIS. En este contexto, se financió una

    Libro Blanco de la Comisión. Preparación de los países asociados de Europa central y
    oriental para su integración en el mercado interior de la Unión (mayo de 1995),
    refrendado por el Consejo Europeo de Cannes en junio de 1995.

                        92

```

```
conferencia internacional organizada por las autoridades rusas
responsables de la competencia en otoño de 1995 en Moscú, a la que
asistió el Director General Adjunto de Competencia. En mayo y diciembre
se reunió un grupo de trabajo con Rusia para estudiar la forma de
comenzar la aplicación práctica del acuerdo de asociación y
cooperación.

3. Países mediterráneos y Mercosur

223. Se han suscrito acuerdos de asociación con Túnez, Marruecos e
Israel, y se están negociando acuerdos similares con Jordania, Egipto
y Líbano. Estos acuerdos contienen, o está previsto que contengan,
normas de competencias similares a las previstas en los acuerdos
europeos. El acuerdo para establecer una unión aduanera con Turquía,
que ya ha sido firmado y está en proceso de ratificación, contiene
obligaciones extremadamente rígidas en cuanto a aproximación de la
normativa, especialmente la de competencia, que deben cumplirse en
períodos específicos.

Cabe señalar que detrás de todos estos acuerdos bilaterales se observa
un importante movimiento de armonización, lo que está en consonancia
con las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos sobre
política de competencia en el nuevo orden comercial (véanse los
apartados siguientes).

Las negociaciones con Mercosur, incluidos algunos aspectos de la
competencia, están ya en marcha.

```

**C - América del Norte**

```
224. El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Estados Unidos sobre
aplicación de sus legislaciones de competencia fue aprobado por el
Consejo Europeo el 10 de abril de 1995. Al mismo tiempo, el Consejo
aprobó el texto de una carta dirigida a Estados Unidos aclarando la
interpretación comunitaria de determinadas disposiciones del Acuerdo [137] .

Esta carta, que refleja el texto de las declaraciones formuladas por
la Comisión al Consejo, aclaraba dos aspectos.

En primer lugar, la información a la que hacen referencia las
disposiciones del artículo 20 del Reglamento n°17 o las
correspondientes disposiciones contenidas en otros Reglamentos del
ámbito de la competencia, no deberá ser comunicada por la Comisión a
las autoridades estadounidenses de defensa de la competencia salvo
acuerdo expreso de la fuente interesada.

En segundo lugar, cada parte garantiza la confidencialidad de toda la
información facilitada con este carácter por la otra parte y hará uso
de todos los medios legales a su disposición para impedir que esta
información sea revelada. La Comisión, tras remitir una comunicación
a las autoridades estadounidenses, informará a los Estados miembros
cuyos intereses se vean afectados por notificaciones presentadas a la
Comisión por las autoridades estadounidenses de defensa de la
competencia y, tras consultar con estas últimas, también informará a
dichos Estados miembros sobre cualquier iniciativa de cooperación o
coordinación de actividades relacionadas con el cumplimiento efectivo
de la legislación. A este último respecto, no obstante, la Comisión
respetará la petición de las autoridades estadounidenses de no difundir
información que suministren cuando resulte necesario para garantizar
su confidencialidad.

    DO L 95 de 27.4.1995 rectificado por DO L 131 de 15.6.1995.

                           93

```

```
La aprobación del Acuerdo por parte de los Estados miembros ha dado el
impulso político y la seguridad jurídica que se requieren para redoblar
los esfuerzos de cooperación entre la CE y Estados Unidos.

A lo largo del año, las notificaciones de Estados Unidos a la CE
conforme al Acuerdo han mantenido una pauta constante con un total de
35 (21 del Ministerio de Justicia y 14 de la Comisión Federal de
Comercio); 21 casos se refirieron a operaciones de concentración. Las
notificaciones de la CE a Estados Unidos se reanudaron a partir del 10
de abril tras una breve interrupción como consecuencia de la
incertidumbre en torno a la legalidad del acuerdo conforme al Derecho
comunitario [138] . La CE notificó a Estados Unidos 43 casos, 3 0 de los
cuales afectaban a operaciones de concentración.

Las reuniones bilaterales de alto nivel que se celebran dos veces al
año entre la Comisión y las autoridades estadounidenses de defensa de
la competencia se reanudaron el 13 de noviembre tras una interrupción
de dos años. Los debates se centraron en la eficacia de la cooperación
bilateral y se determinaron algunas áreas de debate para el futuro.
También se abordó la futura cooperación bilateral y multilateral en el
contexto del informe del grupo de expertos sobre política de
competencia en el nuevo orden comercial y de la adopción, por parte de
Estados Unidos, de la ley de asistencia internacional en materia de
defensa de la competencia en 1994. Una parte importante de la reunión
se dedicó a los mercados innovadores y a su relación con la política
de competencia.

El 23 de enero, el Consejo autorizó a la Comisión la apertura de
negociaciones con Canadá para la firma de un acuerdo de cooperación
bilateral en el ámbito de la competencia [139] . Una primera ronda de
negociaciones a este respecto tuvo el lugar el 27 de enero de 1995; se
avanzó significativamente en la definición de un borrador de acuerdo,
que fue debatido por el grupo de asuntos económicos del Consejo el 6
de marzo. Se espera que las negociaciones concluyan en el primer
trimestre de 1996.

El 14 de noviembre se celebró una reunión informal entre la Comisión
y el servicio canadiense de política de competencia para intercambiar
puntos de vista sobre la reciente evolución de dicha política en la UE
y Canadá.

D - Japón

225. Durante 1995, las relaciones entre la DG IV y el servicio japonés
de defensa de la competencia mantuvieron su buen rumbo.

El 22 de noviembre se celebró en Tokio el tercer seminario organizado
conjuntamente por ambas autoridades. Este seminario abordó la función
de la política de competencia en una economía internacionalizada y su
ámbito de aplicación.

La reunión bilateral anual entre la DG IV y el servicio japonés de
defensa de la competencia se celebró el 24 de noviembre. Ambas partes
hicieron referencia a cuestiones relativas a las relaciones bilaterales
y a temas de interés común como la liberalización y la
internacionalización de las normas de competencia. También se
comunicaron recíprocamente las principales evoluciones en el plano
legislativo y en el ámbito de la aplicación de la normativa de
competencia.

13B XXIV Informe sobre la. política de competencia, punto 413.

139 XXIV Informe sobre la política de competencia, punto 414.

                           94

```

```
Por otro lado, se intensificaron los contactos formales e informales
con las autoridades japonesas. Así, en el contexto del "Plan de
liberalización" adoptado por el Gobierno japonés en el mes de mayo, la
DG IV pudo transmitir a este Gobierno sus reivindicaciones en materia
de competencia, en el sentido de una aplicación más amplia y más
rigurosa de la normativa, la supresión de prácticamente todas las
excepciones a estas normas y el reforzamiento del servicio de defensa
de la competencia.

```

**E - Australia y Nueva Zelanda**

```
226. Durante 1995 tuvieron lugar varios contactos bilaterales con
Australia. Los temas abordados en estas reuniones informales incluyen
los recientes acontecimientos en la UE y Australia en el ámbito de la
competencia, sobre todo en lo que respecta a la liberalización, y la
reforma de la ley australiana de competencia.

```

**F - Organizaciones multilaterales y otras cuestiones internacionales**

```
1. OCDE

227. La DG IV participó activamente en los trabajos de la OCDE
relativos a la competencia. Los temas más importantes hacen referencia
a la convergencia de las legislaciones, la cooperación internacional
y las relaciones entre la política de competencia y el comercio
internacional, en el contexto de la liberalización de los intercambios.
También se abordó la aplicación de las normas de competencia en
sectores liberalizados (telecomunicaciones y transporte marítimo) ; por
último, se profundizó en determinados aspectos específicos o
sectoriales de la aplicación de la política de competencia (empresas
en quiebra y exigencias de rentabilidad, integración vertical en el
sector cinematográfico, política de competencia y política del medio
ambiente).

La DG IV representa a la Comisión en el grupo de trabajo de
subvenciones públicas del Comité de Industria de la OCDE. Gracias a su
pericia, el grupo siguió contribuyendo al estudio que está llevando a
cabo la OCDE sobre las subvenciones públicas al sector de
transformación.

2. OMC

228. Prosiguen activamente las negociaciones en los ámbitos
sectoriales en los que no se pudo llegar a un acuerdo al concluir la
Ronda Uruguay, especialmente en materia de servicios de
telecomunicaciones de base. En el marco de estas negociaciones, la
Unión Europea presentó un proyecto de oferta que insiste sobre todo en
un calendario de liberalización externa compatible con el proceso de
liberalización llevado a cabo en la Unión Europea y en las garantías
sobre independencia de los órganos reguladores.

En el ámbito de las ayudas estatales, todos los Estados miembros se
mostraron de acuerdo con la propuesta de la Comisión para establecer
un procedimiento conjunto de notificación y comunicación a la Comisión
y a la OMC que modifica el sistema normalizado vigente de notificación
y presentación de informes anuales sobre ayudas estatales [140] . Como
resultado de esta modificación, la notificación de las ayudas, tal y
como exige el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de
la OMC, y la presentación del informe anual se llevan a cabo en una
sola fase. La Comisión confía en que este nuevo procedimiento alivie

    Carta de la Comisión D/20500 de 2.8.1995 que substituye la carta de la Comisión
    SG(94) D/2484 de 22.2 1994.

                           95

```

```
la carga administrativa que recae sobre los Estados miembros y
garantice un elevado grado de transparencia.

3. UNCTAD

229. La DG IV continúa estrechamente vinculada a los trabajos de la
UNCTAD sobre las prácticas comerciales restrictivas. En concreto,
participó en la tercera conferencia de Naciones Unidas encargada de
revisar el conjunto de los principios y normas acordados por la UNCTAD
en esta materia.

4. Cooperación internacional

230. El grupo de expertos creado por el Sr. Van Miert en 1994 para
debatir las perspectivas de una cooperación más estrecha entre las
diversas autoridades responsables de la competencia presentó su informe
en julio de 1995 [141], formulando una serie de recomendaciones. Tras
examinar brevemente la posibilidad de establecer una autoridad
internacional de defensa de la competencia y un código mundial en este
ámbito, el grupo abandonó esta idea al considerarla poco realista a
corto o medio plazo. En cambio, consideró idóneo comenzar con la
adopción de un conjunto de normas de competencia adecuado por parte de
aquellos países que aún no lo tengan. A este respecto, el grupo
recomendó que los países que ya posean experiencia en este ámbito
presten asistencia a los demás.

El grupo propuso un enfoque paralelo, que es el resultado de una
combinación de dos ideas. En primer lugar, recomienda que se refuerce
la cooperación bilateral entre las autoridades de competencia,
estableciéndose como prioridad una profundización en la cooperación con
Estados Unidos y una ampliación de la cooperación bilateral a otros
países.

En segundo lugar, la principal recomendación del grupo consistió en la
elaboración de un marco de cooperación multilateral, dado que, en su
opinión, la cooperación bilateral, incluso reforzada, no puede resolver
todos los problemas que afrontan las autoridades de competencia ni
impulsar de forma eficaz el cumplimiento efectivo de las normas de
competencia en terceros países. Un acuerdo multilateral incluiría todos
los elementos que ya están incorporados en los acuerdos bilaterales,
a los que se les añadiría un conjunto de normas mínimas de competencia,
un instrumento vinculante de cortesía internacional y un mecanismo
efectivo y progresivo de resolución de conflictos.

El 17 de julio la Comisión autorizó la presentación del informe al
Consejo y al Parlamento con objeto de iniciar los debates con los
principales socios de la Unión y en las organizaciones internacionales
correspondientes.

En una reunión celebrada entre los directores generales de competencia
de los Estados miembros el 17 de octubre de 1995, se acordó la creación
de un grupo de trabajo para estudiar los aspectos técnicos de algunas
de las recomendaciones del grupo.

Este informe también ha sido presentado al Parlamento Europeo, al
Comité del artículo 113 del Consejo y a los miembros de la OCDE. La
reacción inicial ha sido positiva.

     La política de competencia en el nuevo orden comercial. Fortalecimiento de la cooperación
    y de las normas internacionales. COM(95) 359 final.

                        96

```

**VI - Política de información**

```
231. Durante 1995, la Comisión siguió informando activamente al
público sobre la política de competencia. Igual que en años anteriores,
los comunicados de prensa sobre asuntos de competencia representaron
casi un tercio del total. Con sus limitados recursos, el servicio de
```

`información de la DG IV` _{Cellule_ _Information)_ `respondió a lo largo del`
```
año a más de 1000 preguntas del público, facilitando documentación u
ofreciendo asesoramiento. Desde finales de 1995, debido a la falta de
recursos, la mayor parte de las peticiones de información se contestan
mediante un modelo de carta que contiene una lista actualizada de las
```

_Publicaciones_ _comunitarias_ _sobre competencia_ _disponibles_ _al_ _público_ _[1]_ _*_ _[2 ]_
```
(que incluye estudios y discursos del personal de la DG IV). Durante
1995, en colaboración con la Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, la DG IV publicó varias recopilaciones sobre la^
```

`normativa de competencia, mientras que la` _EC Competition_ _Policy_
_Newsletter,_ `que se publica tres veces al año (en la actualidad se`
```
imprimen 17 000 copias), se ha consolidado como una de las principales
fuentes de información en este ámbito. Se están preparando otras
publicaciones nuevas para 1996, y la DG IV proyecta introducir datos
en EUROPA, la red interna de las instituciones europeas en World Wide
Web [143] .

     Para más información y para obtener la última lista de esta publicación, póngase en
     contacto con la Cellule Information de la DG IV, C150 00/158, Wetstraat, 200 rue de la
     Loi, Bruxelles B-1049 Bruselas, teléfono: ( + 32-2) 295 76 20, fax: ( + 32-2) 295 54 37,
     Correo electrónico: X400: c=BE;a=RTT; p=CEC,-o=DG4,-s = INF04, Internet: Info4@dg4.cec.be

     http://www.cec.lu

                           97

```

_**Anexo : Asuntos mencionados en el Informe**_

_**1.**_ _**Artículos**_ _**85 y 86 y Artículo**_ _**90**_

```
 Case Paragraph numbers

 Aeropuerto de Bruxelles National 120

 Atlas-Phoenix 57

 ATR/BAe 61-62

 BASF/Accinauto 36

 Coapi 89

 Gas Interconnector 82

 ICG/CCI Morlaix 40,43

 Inmarsat-P 59

 Lufthansa/SAS " 77-78

 Omnitel Pronto Italia 109

 Organon 37-38

 Pelikan/Kyocera 87

 TACA . 73

 Unilever /Mars 40, 41

 Van Marwijk/FNK-SCK 40,42

 Vebacom 111

```

_2._ _Control_ _de las operaciones_ _de_ _concentración_

```
 Case Paragraph numbers

 ABB/Daimler benz 139

 Crown Cork and Seal/Carnaud MetalBox 141

 Glaxo/Wellcome 142

 Lyonnaise des Eaux/Northumbrian Water 145

 Mercedes Benz/Kássbohrer 135,137

 Nordic Satellite Distribution 133

 Orkla/volvo 140

 Perrier 147

 Repola Corporation/Kymmene 144

 RTL/Veronica/Endemol 134

 Siemens/Italtel 135-136

 Swissair/Sabena 76,143

                               98

```

_**3.**_ _**Ayudas**_ _**estatales**_

Case Paragraph numbers

Air France 177, 178

AOM 181

```
 BSL (Buna, Sâchsiche Olef inwerke, Leuna) 215

 CGM 185

 Chrysler 171

 Correos francés 198

 Crédit Lyonnais 197

 DAF Belgium 168

 DAF Netherlands 16 8

 EM-Filature 159

 Enichem Agricultura S .p.A. 159, 214

 Ferries Golfo De Viscaya 184

 Ferrovie dello Stato S.p.A. 189

 Fiat Mezzogiorno 171

 Ford Genk 167

 Ford Valencia 169

 Ford/VW Setubal 171

 Guascor (Gutierrez Asunce Corporación) 212

 Impuestos energía en los Países Bajos 206

 Instituto de Fomento de Andalucía 159

 Kimberley-Clark 158

 Lech-Sthlwerke GmbH 159

 Legislación danesa sobre energía 202, 206

 Leuna-Werke GmbH 162

 Lisnave 159

 Lufthansa 180

 Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH 160

 NedCar-Volvo/Mitsubishi 171

 Opel Austria 169

 Opel Eisenach 171

 Régimen sueco de ayudas al empleo 202

 ROSCOS 189

 Rover _^ 171

 Santana Motor SA 213

 SEAT -Volkswagen 168

 Sector del calzado en Italia 203

 Siemens Nixdorf AG/Mainz 157

 SNF I 171 I

                           99

```

```
Swissair-Sabena 179

Sytraval 217

TAP . 177

Textilwerke Deggendorf GmbH/Comisión 154

Tubacex 157, 160

                          100

```

**ISSN 0257-9545**

**COM(96)** **126 final**

##### **DOCUMENTOS**

**ES** **08**

**N*** **de catálogo :** **CB-CO-96-135-ES-C**

**ISBN 92-78-01871-6**

**Oficina de Publicaciones Oficiales** **de las** **Comunidades Europeas**

**L-2985** **Luxemburgo**

###### **_no/)_**