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Language: es
Format: md

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# 52014DC0368

**COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT): Situación actual y perspectivas /\* COM/2014/0368 final \*/**

  

Comunicación
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones

Programa
de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT):
Situación actual y perspectivas

I.
Introducción

La
normativa de la Unión Europea desempeña un papel clave de apoyo al crecimiento
y el empleo. Las empresas necesitan a la UE para garantizar unas condiciones
equitativas y facilitar la competitividad. El público espera que la normativa
europea proteja sus intereses, tanto en lo que se refiere a la salud y la
seguridad como a la calidad del medio ambiente, el derecho a la intimidad y muchos
otros ámbitos. Una norma común de aplicación en todos los Estados miembros
puede ser mucho más sencilla y más eficaz que un complejo entramado de normas
diversas sobre la misma materia a nivel nacional y regional. El reto es que
esta legislación sea sencilla y no ir más allá de lo estrictamente necesario
para lograr los objetivos políticos, evitando que exista normativa de otros niveles
que se solape.

La
Comisión Europea está haciendo frente a este reto mediante su programa de
adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT), que establece un marco reglamentario
sencillo, claro y previsible para las empresas, los trabajadores y los ciudadanos[1].
El objetivo de este programa es reducir la burocracia, eliminar las cargas
normativas, y simplificar y mejorar el diseño y la calidad de la legislación,
de modo que se alcancen los objetivos políticos y se disfruten los beneficios
de la legislación de la UE al menor coste posible y con unas cargas
administrativas mínimas, respetando plenamente los Tratados, en especial la
subsidiariedad y la proporcionalidad. En el marco de REFIT, la Comisión está analizando
la totalidad de la legislación de la UE de manera continua y sistemática con
objeto de identificar cargas, incoherencias y medidas ineficaces, e identificar
las medidas correctivas.

En
la Comunicación de octubre de 2013 sobre REFIT[2],
la Comisión presentó un programa ambicioso. Se señalaron los ámbitos en los que
las iniciativas propuestas no iban a prosperar. Se retiraron una serie de
propuestas que llevaban largo tiempo bloqueadas en el proceso legislativo y se derogaron
varios actos legislativos. En total, se identificaron más de 100 acciones, la
mitad de las cuales eran nuevas propuestas dirigidas a simplificar y reducir la
carga reglamentaria en la legislación existente. Las otras acciones son controles
de adecuación y evaluaciones en el marco de REFIT destinadas a evaluar la
eficiencia y la eficacia de la normativa de la UE y a preparar futuras
iniciativas de reducción de la carga normativa.

La
Comisión ha cumplido su parte respecto a estos compromisos. La presente
Comunicación informa sobre la situación de la aplicación del programa REFIT e identifica
nuevas medidas. Indica la manera en que la Comisión está reforzando sus
instrumentos normativos horizontales: la evaluación de impacto, la evaluación y
las consultas a los interesados. Examina también el modo en que las
instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas de las
empresas y la sociedad civil desempeñan su función en el ejercicio de esta
responsabilidad compartida para la adecuación de la normativa. Las acciones
REFIT (retiradas, modificaciones y derogaciones) refuerzan los beneficios más
amplios que puede aportar la regulación a nivel de la UE mediante la
sustitución de 28 medidas nacionales diferentes por una medida de la UE, lo que
da lugar a un entorno normativo más sencillo para las empresas y los ciudadanos
de toda Europa.

La
Comunicación va acompañada de un cuadro de indicadores detallado en el que se
expone el estado actual de la aplicación de cada iniciativa REFIT y se indican
nuevas medidas.

El
margen para las nuevas medidas se ve influido por el calendario del presente
informe. Los nuevos compromisos se transferirán al próximo mandato y se han
examinado cuidadosamente en este contexto.

II.
Aplicación del programa de
adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT)

La rápida y exhaustiva aplicación de REFIT
es una prioridad para la Comisión y se ha avanzado considerablemente en la
preparación de propuestas, su adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo,
y su aplicación por los Estados miembros. A continuación se hace balance de
estas acciones.

·
Medidas adoptadas por la Comisión

La mayoría de las propuestas
legislativas para la simplificación y reducción de cargas identificadas en la Comunicación
REFIT del pasado mes de octubre están previstas para su adopción este año[3]. La
Comisión ya ha presentado importantes propuestas de simplificación para las
empresas, tales como la introducción de una declaración del IVA estándar para
la UE[4]
y la mejora del proceso europeo de escasa cuantía[5],
que están a la espera de una decisión del legislador.

La Comisión aprobó formalmente la retirada
de 53 propuestas pendientes, previa consulta del Parlamento Europeo y del
Consejo, incluidas nueve iniciativas REFIT, en particular las relativas a la
simplificación de las obligaciones en materia de IVA, el estatuto de la
sociedad privada europea[6],
así como sobre la protección del suelo[7].
La Comisión decidió no presentar una serie de propuestas en este mandato sobre
las que había estado trabajando[8]
y está preparando seis derogaciones, como estaba previsto[9].

Se ha empezado a trabajar en el control
de la adecuación en los ámbitos legislativos de los residuos, la protección de
las aves y los hábitats (Natura 2000), la seguridad para buques de pasaje y la
legislación alimentaria general. Ello servirá de base para nuevas iniciativas
de simplificación y reducción de la carga normativa en estos ámbitos, incluida
la reducción y la racionalización de las obligaciones de información.

Control
de la adecuación de la legislación alimentaria general:
el control de la
adecuación examinará los principios clave de la normativa marco, así como su aplicación
a través de reglamentos y medidas administrativas. Se centrará en la pertinencia,
el valor añadido de la UE, la eficacia, la eficiencia y la coherencia. También
se cubrirán los aspectos de seguridad alimentaria. El control de la adecuación
es un ejemplo de trabajo de evaluación conjunto entre la Comisión y los Estados
miembros[10].

La Comisión aplica el principio «pensar
primero a pequeña escala»[11],
y también ha adoptado medidas dirigidas a aplicar regímenes menos exigentes
para las pymes y exenciones para las microempresas, cuando proceda. 17 acciones
REFIT que figuran en el cuadro de indicadores contienen exenciones para
microempresas y regímenes menos exigentes para las pymes. Además, las tasas de registro
y autorización para las microempresas se redujeron en los ámbitos de los
productos químicos, la salud y la protección de los consumidores.

La Comunicación REFIT de octubre de 2013
reconocía que, dada la duración del proceso legislativo, deben hacerse todos los
esfuerzos posibles para aliviar de forma inmediata la carga en el marco
reglamentario actual, haciendo especial hincapié en el apoyo a las pyme. Esto
se está haciendo en el ámbito de la información alimentaria a los consumidores[12], por
ejemplo, donde los operadores de empresas alimentarias y, en particular, las pyme
tienen dificultades para identificar qué normas (de la UE o nacionales;
generales o específicas por categoría de alimentos) se aplican a su situación
particular. La Comisión ha publicado documentos de orientación y está
trabajando en una base de datos sobre los requisitos de etiquetado nacionales y
de la UE[13].
Esto debería ayudar a los operadores de las empresas alimentarias a identificar
rápidamente los requisitos que les son aplicables.

Se están tomando iniciativas adicionales
para mejorar el uso de internet para simplificar y mejorar la aplicación de los
requisitos normativos en beneficio de las administraciones, empresas y
consumidores por igual. Aprovechando la experiencia adquirida con el etiquetado
energético, que ahora se presenta de manera uniforme en las ventas en línea, se
está explorando un enfoque similar en el ámbito de la información alimentaria
facilitada a los consumidores, por ejemplo.

Por último,
la legislación sobre información alimentaria a los consumidores incluye
exenciones, regímenes menos exigentes para pequeñas cantidades y minoristas[14], y
disposiciones de flexibilidad que permiten a los Estados miembros adaptar las
disposiciones en materia de etiquetado a las necesidades específicas de las pyme[15]. La
legislación también prevé una fecha de aplicación normalizada para las nuevas
medidas en cada año civil y generosas medidas transitorias. Todos estos
esfuerzos deberían facilitar una mejor aplicación, dentro del marco jurídico existente.

•
Medidas adoptadas por el legislador

Desde octubre de 2013, el legislador
(Parlamento Europeo y Consejo) ha adoptado una serie de importantes propuestas
de simplificación y reducción de la carga administrativa: la Directiva modificada
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales simplificará los
procedimientos de reconocimiento y facilitará el acceso a la información[16];
el nuevo marco jurídico para la contratación pública contiene medidas para
hacer que la contratación pública sea más fácil y menos gravosa desde el punto
de vista administrativo, y promueve la contratación electrónica. La nueva legislación
relativa a los tacógrafos reduce la carga administrativa y mejora la aplicación
mediante la introducción de «tacógrafos digitales» vinculados a los sistemas de
navegación por satélite y a las autoridades de control. Para tener en cuenta la
situación específica de los artesanos, los vehículos de menos de 7,5 toneladas que
circulen dentro de un radio de 100 kms desde la sede de actividad de los
artesanos, quedaron excluidos del ámbito de las normas sociales y en materia de
tacógrafo.

Estas propuestas deberían suponer
importantes ahorros de costes para las pyme. El Reglamento sobre la
simplificación de folletos y los requisitos de información en relación con el
mercado interior de valores[17],
por ejemplo, supondría un ahorro de un 20 % o de entre 20 000 y 60 000
EUR por folleto. La legislación sobre el tacógrafo digital[18]
supondría una reducción de costes de un 20 %, o 415 millones EUR en total.

Contratación
pública: en febrero de este año
se adoptaron nuevas directivas sobre contratación pública, que entrarán en
vigor a partir de abril de 2016. Fomentan un mayor uso de la contratación
electrónica y otras medidas para reducir la carga normativa y simplificar el
acceso de las pyme mediante menores requisitos para la presentación de
documentos auténticos y la promoción de las pequeñas parcelas de contratación. Por
ejemplo, la Comisión estima que el mayor uso de las autocertificaciones podría
reducir las cargas administrativos para las empresas en 169 millones EUR[19]. El ahorro total conseguido gracias a la
contratación electrónica podría ser de entre el 5 % y el 20 % de los
costes de contratación[20].

Al mismo tiempo, también hay casos donde
los ahorros de costes previstos en la fase de la evaluación de impacto no han
podido materializarse debido a modificaciones en el proceso legislativo, como
los relativos al registro de productores en el contexto de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos[21].
Las simplificaciones en las propuestas sobre medio ambiente relativas al
traslado de residuos y la evaluación de impacto medioambiental no fueron
respaldadas por el legislador[22].
La lucha contra las demoras en el pago en las transacciones comerciales, los requisitos
contables de las empresas, la recopilación de estadísticas[23],
la coordinación en materia de IVA y la simplificación de las obligaciones del
IVA son también ámbitos en los que los Estados miembros se han mostrado reacios
a reducir cargas, alegando motivos de subsidiariedad u otras justificaciones de
política nacional.

Además, un número de propuestas de
simplificación importantes que supondrían un considerable ahorro todavía están
pendientes de adopción por el legislador; por
ejemplo, la propuesta de la Comisión sobre un conjunto de normas comunes para
el cálculo de la base imponible del impuesto sobre sociedades, que permitiría
reducir considerablemente los costes de cumplimiento de las obligaciones
fiscales de las empresas que operan en el mercado único[24].
También existen otros casos en que los debates en curso en el proceso
legislativo podrían dar lugar a una reducción de los ahorros previstos. Por
ejemplo, el ahorro para las empresas estimado en 15 000 millones EUR al
año, incluido en la propuesta de la Comisión para una declaración normalizada
de IVA en la UE, corre el riesgo de verse considerablemente reducido si se
adoptan determinados cambios que se están debatiendo en el Consejo.

•
Medidas adoptadas por los Estados
miembros

Los Estados miembros tienen la
importante responsabilidad de la aplicación oportuna y plena de la normativa de
la UE. A ese respecto, corresponde a las autoridades de los Estados miembros utilizar
las opciones de simplificación que ofrece la legislación de la UE y garantizar
que la legislación de la UE se aplique a nivel local, regional y nacional de la
manera más eficaz y eficiente posible.
Se estima que hasta un tercio de la carga administrativa vinculada a la
legislación de la UE se deriva de las medidas nacionales de ejecución[25].

Un ejemplo
de diferencias significativas en la práctica de los Estados miembros es el
ámbito de la contratación pública, donde una reciente evaluación puso de
manifiesto que la duración habitual de un procedimiento de contratación pública
varía entre 11 y 34 semanas, mientras que el coste medio en personas/días de
trabajo varía en un factor de cuatro entre diferentes Estados miembros[26].
Otro ejemplo se refiere al proceso de evaluación de impacto ambiental, en que
la duración media del proceso en los Estados miembros varía entre menos de 5 y
27 meses, y el coste directo medio para los promotores varía entre menos de 4 000
y 200 000 EUR por proyecto.

Varias
propuestas de simplificación en los ámbitos de la vigilancia por parte de las
autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual (DPI)
y de la recogida de residuos electrónicos (RAEE) han entrado en vigor a
principios de 2014. El Reglamento DPI[27]
reducirá los costes y cargas administrativas, permitirá una mejor gestión de
riesgos y mejorará el respeto de los derechos de propiedad intelectual. La
Directiva RAEE[28]
establece una exención para los pequeños minoristas de la obligación de
recogida de los residuos eléctricos y electrónicos. Es importante que todos los
Estados miembros apliquen plenamente y aprovechen las disposiciones sobre simplificación
y reducción de cargas de estas propuestas.

Existen
no obstante ejemplos significativos en que los Estados miembros no utilizan las
opciones de simplificación que ofrece la legislación de la UE o añaden cargas a
través de la normativa nacional en ámbitos no regulados directamente por las
normas de la UE. Este es el caso, por ejemplo, del ámbito de la seguridad
alimentaria, donde no siempre se utilizan los regímenes facultativos menos
exigentes para establecimientos pequeños[29];
el ámbito del transporte de mercancías por carretera, donde algunos requisitos
nacionales para registrar el tiempo de conducción de los vehículos comerciales
ligeros en ámbitos no cubiertos por la legislación de la UE añaden carga
normativa a las pequeñas empresas[30];
y los requisitos contables de las empresas[31].
Las pyme también pueden obtener importantes beneficios mediante la plena
utilización por los Estados miembros de la flexibilidad permitida con arreglo a
la normativa sobre la información alimentaria facilitada a los consumidores. La
Comisión supervisará las prácticas de aplicación por parte de los Estados
miembros de estas y todas las demás acciones REFIT e incluirá un balance de la
situación actual en la próxima edición del cuadro de indicadores prevista para
2015[32].

Mientras
que la Comisión trabaja en estrecha colaboración con los Estados miembros en la
aplicación en todos los sectores del acervo, el seguimiento del impacto
horizontal normativo se ha desarrollado paralelamente a la creciente atención
prestada a la adecuación de la normativa. Ha comenzado, por ejemplo, con el
Programa para la Reducción de las Cargas Administrativas Plus (ABR+), en cuyo
marco la Comisión está realizando un seguimiento de las opciones de aplicación
de los Estados miembros en relación con las 12 medidas prioritarias más
avanzadas[33]
adoptadas en el marco del programa de reducción de la carga administrativa
entre 2007 y 2012[34].
La finalidad de este ejercicio es compartir las mejores prácticas en materia de
aplicación y verificar si la reducción estimada de las cargas administrativas
se ha logrado sobre el terreno. Los primeros resultados indican que pueden
confirmarse las estimaciones de ahorro en algunos Estados miembros en el ámbito
de Intrastat, la encuesta sobre la producción industrial y el tacógrafo
digital. No obstante, ha habido dificultades para obtener estadísticas y datos
cuantitativos suficientes y coherentes, y se han recibido relativamente pocos
ejemplos de mejores prácticas en la aplicación y de posibilidades de una mayor
simplificación a nivel nacional. En el Grupo de Alto Nivel de Expertos
Nacionales en Reglamentación se ha expresado un firme apoyo a esta colaboración
en el seguimiento entre la Comisión y los Estados miembros del impacto práctico
de la normativa de la UE sobre el terreno. La Comisión continúa trabajando con
los Estados miembros y las partes interesadas para elaborar más información
fiable sobre el impacto de la normativa de la UE. Los resultados de este
trabajo se reflejarán en el próximo cuadro de indicadores REFIT.

III.
Futuras iniciativas REFIT

Mantener la legislación de la UE «apta
para el uso previsto» requiere esfuerzos continuados. Por esta razón, la
Comisión aplica REFIT como un programa evolutivo y ha actualizado recientemente
el ejercicio de cartografía y análisis del acervo legislativo de la UE que se
llevó a cabo por primera vez en el marco de REFIT en 2013. También se han tenido
en cuenta los comentarios y sugerencias de diversas partes interesadas en el
programa REFIT de la Comisión recibidos desde octubre de 2013[35].

Sobre la base de este análisis, la
Comisión considera que las nuevas iniciativas de simplificación y reducción de
las cargas están justificadas en varios ámbitos. Estas iniciativas incluyen la
simplificación de la legislación de la UE sobre los documentos de identidad y
de viaje, el desarrollo de una nueva arquitectura global para las estadísticas
empresariales (véase más adelante), la ampliación de la ventanilla única en el
ámbito del IVA para la facturación a los consumidores[36],
junto con el desarrollo de un portal web de la UE sobre el IVA para informar a
las empresas acerca de las normas nacionales y de la UE sobre IVA, y la
codificación de la legislación sobre listas de terceros países a efectos de la
obligación de visado[37].

Una
nueva arquitectura para las estadísticas de las empresas:
la Comisión está trabajando para modernizar el marco de referencia y simplificar
la recogida de datos para las estadísticas de las empresas. En respuesta a las
quejas del sector empresarial, se ha lanzado un proyecto sobre estadísticas
comerciales dentro de la UE (SIMSTAT). El proyecto probará nuevas técnicas de recogida
de datos que deberán facilitar un mejor uso de los datos estadísticos recogidos,
simplificando y reduciendo así las obligaciones de información para las
empresas. Este enfoque rentable puede aplicarse en otros ámbitos estadísticos
(por ejemplo, las estadísticas sobre multinacionales, el comercio internacional
de servicios y las inversiones extranjeras directas) y se desarrollará, en caso
de que las pruebas sean positivas, en el más amplio Reglamento marco de la
integración de las estadísticas empresariales (FRIBS).

La Comisión preparará derogaciones de la
legislación en otros ámbitos: el etiquetado energético[38],
los precios y condiciones de transporte[39],
la política agrícola común, y en relación con la información normalizada en el
ámbito del medio ambiente. Además, la Comisión está también estudiando el
acervo en lo que respecta a la cooperación policial y la cooperación judicial
en materia penal para identificar actos que puedan derogarse en el contexto de
la expiración del período transitorio establecido en los Tratados[40].

La Comisión considera buena gestión
legislativa retirar las propuestas que no avanzan en el proceso legislativo a
fin de permitir un nuevo comienzo o vías alternativas para alcanzar el
propósito legislativo. Un detenido examen de todas las propuestas pendientes
ante el legislador ha dado lugar a la identificación de otras propuestas que
están anticuadas o que no tienen el respaldo del legislador y cuya retirada
debe por consiguiente sugerirse. Aquí se incluyen propuestas sobre los sistemas
de indemnización de los inversores, las tasas de protección de la aviación, las
trabajadoras embarazadas[41],
un fondo de indemnización por daños derivados de la contaminación por
hidrocarburos y la exención de las microempresas de determinadas disposiciones
sobre higiene de los productos alimenticios, aunque esta última habría tenido
considerables beneficios para las pequeñas empresas[42].

Habida cuenta de las consideraciones
temporales en relación con la nueva legislatura, la actual Comisión se centrará
en los principales elementos en 2014. La Comisión ha examinado su agenda de
planificación y ha decidido mantener únicamente los elementos más esenciales.

Por último, la Comisión prevé poner en
marcha a medio plazo varias nuevas evaluaciones y comprobaciones de adecuación
de la normativa existente de la UE y de la aplicación de las normas del Tratado,
en particular en materia de protección de los consumidores en la multipropiedad,
los retrasos en el pago, el marco jurídico para el preembalaje, el sistema de
diseño en la UE, las Directivas sobre los folletos, la aplicación del principio
de reconocimiento mutuo con vistas a mejorar su funcionamiento en el mercado
interior[43],
la captura y el almacenamiento de carbono y las emisiones de CO2 de
los vehículos industriales ligeros y los turismos, las telecomunicaciones, y la
legislación sobre entrada, tránsito y residencia no autorizados[44].

En otros ámbitos clave en los que se
están preparando evaluaciones más amplias de las políticas, como el mercado
único digital, es importante identificar los obstáculos que aún persisten y
evaluar el marco regulador de los costes y el potencial de simplificación[45].
Existe un claro aspecto REFIT en estos tipos de ejercicios.

Todas las nuevas iniciativas se señalan
a título indicativo en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión y
están sujetas a confirmación en el programa de trabajo de la Comisión para
2015.

Legislación
sobre productos químicos: la
Comisión considera que es preciso un esfuerzo continuado a escala de la UE, los
Estados miembros y los interesados, para facilitar en mayor medida la
aplicación de la legislación sobre productos químicos, en especial el
Reglamento REACH, y reflexionar sobre una serie de ámbitos en los que pueden
simplificarse las normas y reducirse las cargas.
Esto debe hacerse de tal modo que se
alcance un elevado nivel de protección de la salud y el medio ambiente,
manteniendo al mismo tiempo la competitividad y la innovación de la industria
europea en este ámbito, así como la libre circulación de mercancías en el
mercado interior. La revisión de REACH efectuada por la Comisión en 2013[46]
identificó algunas necesidades de adaptación, pero llegó a una conclusión
positiva sobre su funcionamiento y sobre la falta de necesidad de su
modificación en la actualidad. Sin embargo, la Comisión reconoce la necesidad
de reducir la carga financiera y administrativa de REACH sobre las pymes y
mejorar su aplicación a todos los niveles.

Ya
se han aplicado una serie de medidas correctoras a estos efectos, incluida una
reducción sustancial de las tasas. Están tomándose nuevas medidas en 2014: asistencia
específica a las pyme para cumplir el plazo de registro de 2018 para pequeños
volúmenes de producción; identificación de formas más eficientes de gestión de sustancias
extremadamente preocupantes e identificación de alternativas para los productos
químicos peligrosos; mejora de la comunicación con las pyme; y análisis de los
impactos de REACH en las pyme y en la competitividad y la innovación. A medio
plazo, se están considerando otras medidas dirigidas a mejorar el proceso de
autorización de los productos químicos a fin de hacerlo más previsible para las
empresas. Entre estas medidas figuran, por ejemplo, la reducción de la
frecuencia de las modificaciones de la lista de productos sujetos a autorización;
la simplificación de los procedimientos de concesión de autorizaciones en
algunos casos de bajo riesgo; y una mayor consideración de las repercusiones
socioeconómicas al incluir nuevos productos en la lista de autorizaciones[47].

Es
importante que el sector industrial y los Estados miembros desempeñen una
función activa en la puesta en práctica de REACH. Esto podría incluir, por
ejemplo, aumentar la capacidad de los servicios de ayuda nacionales o las cámaras
de comercio que asesoran sobre la aplicación de REACH, así como asegurar un mayor
nivel de coordinación entre los Estados miembros y dentro de ellos.

En
2014 se pondrá en marcha un paquete de iniciativas sobre adecuación de la
normativa en el sector químico, incluyendo una evaluación del coste acumulativo
y un control de la adecuación de la legislación en materia de productos
químicos más importante distinta de REACH.

Las
conclusiones de los diversos capítulos de este trabajo, en particular la
evaluación en curso de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo y
los resultados de la anterior revisión de REACH, ofrecerán una imagen completa
y una perspectiva de las nuevas posibilidades para mejorar la adecuación de la
normativa en este ámbito. La Comisión invita a las partes interesadas y a los
Estados miembros a que inicien una reflexión común sobre estas cuestiones y contribuyan
a un informe recapitulativo previsto para 2016.

IV.
Acciones horizontales

REFIT
forma parte de la política más amplia sobre normativa inteligente de la
Comisión, que también incluye las herramientas de la evaluación de impacto, la
consulta de las partes interesadas y la evaluación. La Comisión se ha
comprometido a reforzar estos instrumentos y otras acciones horizontales,
incluida una mayor atención a la evaluación de los costes y los beneficios de
la legislación, y la reducción de las obligaciones administrativas, tales como
los requisitos de notificación[48].

•
Evaluación de impacto

El
sistema de evaluación de impacto de la Comisión interviene en una fase temprana
del ciclo de actuación, cuando se están elaborando nuevas propuestas, para
establecer una base de datos para la formulación informada de políticas y para
garantizar que las propuestas de la Comisión cumplen los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad. El sistema ha sido objeto de consolidación y
mejora continuas desde su creación en 2002, tales como la publicación de
directrices revisadas en 2009 y orientación complementaria en diversos ámbitos
(competitividad y microempresas, derechos fundamentales, impacto social y
territorial). La base sustentada en datos (mejores datos y asesoramiento
científico) se está reforzando continuamente en el proceso de evaluación de
impacto. Para facilitar la rápida identificación de resultados de la evaluación
de impacto, incluidos los beneficios y costes, la Comisión introdujo una ficha sinóptica
de dos páginas en sus informes de evaluación de impacto en 2013. Basándose en
la experiencia adquirida (más de 350 evaluaciones de impacto desde 2010), la
Comisión se ha comprometido a actualizar sus directrices sobre evaluación de
impacto y recabará las opiniones de las partes interesadas a través de una
consulta pública que se pondrá en marcha en junio de 2014.

•
Evaluación ex
post

Mediante
la realización de evaluaciones ex post sistemáticas de la normativa de
la UE se comprueba si se han alcanzado los resultados y repercusiones esperados
de la misma. La planificación de la evaluación se ha mejorado con la publicación
en Europa de esta planificación[49].
A fin de reforzar en mayor medida la política y las prácticas de evaluación, la
Comisión realizó una consulta pública de sus nuevas directrices de evaluación
entre noviembre de 2013 y febrero de 2014. Los resultados se tendrán en cuenta
en la próxima revisión de las directrices de evaluación[50],
que incluirán referencias a la comprobación de la adecuación realizada en 2010,
como evaluaciones políticas amplias para evaluar la coherencia y la
consistencia entre los ámbitos normativos y dentro de estos, y si un marco normativo
más amplio para la totalidad de un sector se ajusta a la finalidad perseguida. Desde
entonces se han realizado comprobaciones de la adecuación en varios ámbitos
políticos, como el medio ambiente (política del agua dulce de la UE), la
política social y de empleo (información y consulta de los trabajadores), la
política industrial (homologación de los vehículos de motor) y el transporte (mercado
interior de la aviación)
[51],
que pueden conducir a la preparación de varias propuestas legislativas para la
simplificación y la reducción de cargas[52].

•
Consultas con las partes
interesadas

El
diálogo con los ciudadanos, los interlocutores sociales y otras partes
interesadas en las empresas y la sociedad civil contribuye a garantizar que la
elaboración de la legislación de la UE sea transparente, bien orientada y
coherente. La consulta de los interlocutores sociales y otras partes
interesadas está consagrada en los Tratados y es especialmente importante en lo
que se refiere a la detección de los problemas de proporcionalidad y
subsidiariedad[53].
La Comisión realiza consultas en cada fase del ciclo de actuación. Con el fin de
reforzar la calidad, el alcance y la canalización de las consultas, la Comisión
seguirá mejorando la planificación de las mismas mediante la elaboración de
estrategias en la fase de preparación y la publicación continuada de la planificación
de la evaluación. Emitirá directrices internas para asesorar y apoyar al
personal de la Comisión que realiza consultas con las partes interesadas fuera
de las instituciones de la UE, con el fin de mejorar la calidad de dichas
consultas. Estas directrices serán objeto de una consulta pública antes de su
aprobación por la Comisión. La Comisión también continuará sus esfuerzos para
ampliar el alcance de sus consultas, mediante una mayor accesibilidad
lingüística, dentro de los límites presupuestarios. La Comisión reforzará el
uso de las consultas en las evaluaciones y controles de adecuación, aplicando
normas mínimas de consulta tal como se hace actualmente con las evaluaciones de
impacto[54].
La Comisión recomendará que las agencias apliquen las normas mínimas al
realizar consultas. La Comisión también está estudiando la forma de mejorar las
consultas públicas sobre actos de ejecución y actos delegados.

La
Comisión adoptará medidas para mejorar el intercambio de información. Las
partes interesadas ya pueden reaccionar tanto sobre la planificación de las consulta
en «Tu voz en Europa»[55]
como sobre las hojas de ruta publicadas por la Comisión como primeras
indicaciones de sus intenciones legislativas. Recientemente, se ha introducido un
sistema electrónico de alerta[56].
Se realizarán esfuerzos para mejorar los sitios web a fin de facilitar dichas
observaciones y comentarios. Las respuestas individuales recibidas de los
interesados se publicarán normalmente en el plazo de 15 días hábiles tras la
finalización de la consulta, y se publicará un informe de síntesis a más tardar
en el momento de la adopción de la propuesta por parte de la Comisión. Algunos
Estados miembros también están recogiendo sistemáticamente observaciones y
sugerencias de las partes interesadas que pueden proporcionar valiosas
aportaciones a los esfuerzos de la Comisión para la adecuación de la normativa
a nivel europeo.

La
Comisión tiene también la intención de presentar sugerencias para ampliar sus
contactos con los interlocutores sociales y otras partes interesadas, en
particular las pyme, mediante el contacto directo en conferencias celebradas en
los Estados miembros y mediante consultas a través de las asociaciones de pyme
europeas y nacionales y la Red Europea para las Empresas.

•
Medición de los costes y beneficios normativos

La
medición de los costes y beneficios es un aspecto importante de la normativa
inteligente. La Comisión ha publicado recientemente los resultados de un
estudio externo sobre los métodos de evaluación de los costes y beneficios de
la normativa, que supondrá una aportación para la actualización de las directrices
sobre la evaluación de impacto[57].
La medición de los costes y beneficios normativos es esencial en las
comprobaciones de la adecuación y en las evaluaciones ex post.

Con
el fin de evaluar la diversidad de costes normativos en que incurren sectores
industriales específicos, la Comisión realiza evaluaciones del coste
acumulativo. Ya se han realizado dos ECC sobre los sectores del acero y del
aluminio[58],
se ha iniciado una ECC en el sector de la industria química, y se han previsto para
la industria maderera, la industria cerámica y del vidrio y el sector de la
construcción. Las ECC proporcionan evaluaciones a nivel sectorial sobre una
gran variedad de factores de coste fundamentales. Dado su limitado ámbito, y
dado que se centran más en los costes de la reglamentación que en los
beneficios, las ECC no pueden constituir la única base para las recomendaciones
de políticas. Sus resultados se tendrán en cuenta en las evaluaciones, las comprobaciones
de la adecuación y las evaluaciones de impacto.

La
medición de los costes normativos a escala de la UE presenta problemas
particulares, dado que los costes estimados de las propuestas legislativas de
la Comisión se ven modificados en el proceso legislativo y dependen de la
aplicación de los Estados miembros. Esto implica que la evaluación de los
costes y los beneficios debe ser actualizada por el Parlamento y el Consejo
cuando las propuestas se modifican en el ciclo legislativo[59].
Además, la exactitud de medición de los costes y beneficios en las evaluaciones
de impacto y en las evaluaciones ex post depende de la calidad de los
datos facilitados por los Estados miembros, los interlocutores sociales y las
partes interesadas.

La evaluación ex-post de los costes reales puede arrojar
una desviación significativa con respecto a la evaluación ex-ante. Los
costes pueden estar sobrestimados, al igual que el ahorro de costes[60]. En su trabajo de evaluación ex-post, la Comisión considera cada vez más la medida en que los costes y
beneficios reales se ajustan a las estimaciones de anteriores evaluaciones de
impacto.

•
Requisitos de información

La reducción de la carga normativa puede
alcanzarse mejorando la eficiencia, la coherencia y la congruencia, así como
reduciendo los requisitos de información[61].
Al hacer nuevas propuestas, la Comisión se esfuerza por reducir al mínimo los
requisitos de presentación de informes y busca la armonización de diferentes
requisitos. Las acciones tendentes a racionalizar y consolidar las obligaciones
de información deberían contar con la colaboración del Parlamento y el Consejo,
dado que los requisitos de información suelen añadirse en el proceso
legislativo[62].
También deberían realizarse revisiones a cabo a escala nacional, regional y
local a fin de identificar las obligaciones que exceden de los requisitos
establecidos en la legislación de la UE.

Por lo que respecta a la información a la
Comisión y por la Comisión, esta ha llevado a cabo revisiones en los ámbitos
del medio ambiente[63]
y de la salud y la seguridad en el trabajo[64].
Entre los ámbitos donde se han modernizado los requisitos de información,
figuran la política de cohesión y la energía[65].
Este trabajo puede ampliarse a otros ámbitos en 2015.

V.
Adecuación de la normativa: un
objetivo común

La
Comisión acoge con satisfacción el interés en REFIT de los Estados miembros y
las partes interesadas y, en particular, el apoyo del Consejo Europeo y del
Parlamento Europeo[66].

Desde
la publicación del programa REFIT de la Comisión el pasado mes de octubre, los
Estados miembros y las partes interesadas han recibido un gran número de
observaciones, sugerencias y aportaciones[67],
que se han estudiado durante la actualización del análisis realizado en el
marco de REFIT en 2014 y se han publicado en el sitio web de la Comisión sobre
normativa inteligente para inspirar nuevas reflexiones, debates y medidas conjuntas[68].

La
Comisión también acoge con satisfacción la confirmación por las partes
interesadas de las empresas y la sociedad civil de que la adecuación de la
normativa es necesaria e importante. Como respuesta a las preocupaciones
expresadas por algunos interesados, la Comisión reconfirma que REFIT no
cuestiona los objetivos políticos establecidos, ni se hace a expensas de la
salud y la seguridad de los ciudadanos, los consumidores, los trabajadores o el
medio ambiente. Es importante aumentar la
sensibilización, de modo que todos los interesados pueden ver los beneficios
derivados de REFIT, a saber, que la Comisión está intentando garantizar
que las medidas legislativas de la UE se adopten de manera eficaz, eficiente y
al nivel correcto, demostrando claramente el valor añadido de la UE.

La
experiencia con la aplicación REFIT ha puesto de manifiesto que la adecuación
de la normativa solo puede alcanzarse conjuntamente por las instituciones
europeas, los Estados miembros (a nivel nacional, regional y local) y las
partes interesadas de las empresas y la sociedad civil. Debería darse prioridad a la
adecuación de la normativa y todas las instituciones de la UE deberían evaluar
las repercusiones de sus opciones políticas tanto en la fase de preparación
como en el proceso legislativo. La cooperación con los Estados miembros es
esencial para recoger datos y evaluar si la legislación de la UE ha tenido los
efectos esperados. Los parlamentos nacionales también desempeñan un papel a la
hora de hacer aportaciones a la Comisión en las primeras fases del ciclo de
elaboración de políticas, y analizando las propuestas de la Comisión con
arreglo al mecanismo de control de la subsidiariedad[69].
Las aportaciones de los interlocutores sociales, las partes interesadas, las
ONG y el público en general son también esenciales para mantener el impulso de
la normativa inteligente.

Este
esfuerzo conjunto se ha visto apoyado en los últimos años por las contribuciones
al programa de normativa inteligente de dos Grupos de alto nivel sobre la
mejora de la reglamentación y las cargas administrativas. La Comisión considera
que este apoyo y estos conocimientos pueden ser más útiles si se combinan en un
grupo único, con un mandato revisado para evaluar el impacto de la normativa de
la UE sobre el terreno en los Estados miembros, que contribuya a los resultados
anunciados anualmente en el cuadro de indicadores REFIT. Este trabajo podría
también agilizar la identificación de ámbitos normativos preparados para la
evaluación, y contribuir a las evaluaciones y comprobaciones de la adecuación
sobre cuestiones clave seleccionadas. En los próximos meses se presentará una
propuesta para la creación de un nuevo Grupo de alto nivel destinado a
acompañar los futuros trabajos.

VI.
Conclusiones y perspectivas

La
Comisión ha actuado en lo que respecta a sus compromisos sobre adecuación de la
normativa desde diciembre de 2012. La presente Comunicación expone los
resultados alcanzados en el marco del REFIT y señala las áreas donde deben
concentrarse los esfuerzos futuros.

Varias
lecciones pueden extraerse de la experiencia en la aplicación de REFIT hasta
ahora.

En
primer lugar, la normativa inteligente y la adecuación de la normativa
requieren un firme compromiso político y el correspondiente ajuste de políticas
y procesos a todos los niveles: en la Comisión, entre las instituciones
europeas y en los Estados miembros. La adecuación de la normativa no es un
ejercicio único de «parcheo» ni un ejercicio de comprobación de actuaciones.
Exige que las administraciones cuenten con un mandato y puedan impulsar sus
políticas sobre una base fáctica, con la participación activa de los
interlocutores sociales y las partes interesadas en todas las etapas del ciclo
de elaboración de políticas, desde la evaluación de impacto hasta la evaluación
ex post.

En
segundo lugar, es preciso controlar los procesos normativos. El Comité de
evaluación de impacto aporta una importante función de control de calidad. Ha
contado con el apoyo de normas de procedimiento que garantizan que solo las
propuestas acompañadas de una sólida evaluación de impacto puedan presentarse
para su examen por el Colegio. El Parlamento Europeo y cada vez más el Consejo
ofrecen otro nivel de control, evaluando la solvencia de la evaluación de
impacto de la Comisión. Esta es una situación única: pocos reguladores o
administraciones aplican o están sujetos a los mismos niveles de control de
calidad y escrutinio que la Comisión Europea. Algunos sugieren que debería
establecerse una entidad adicional externa para el control de calidad. La
Comisión no apoya esta idea, puesto que interferiría con su función legislativa
y de elaboración de políticas: para presentar propuestas acertadas y
equilibradas, la Comisión debe realizar sus propias evaluaciones de impacto.
Una vez que la Comisión ha publicado sus evaluaciones, están disponibles para
el control y comentario públicos.

En
tercer lugar, la experiencia ha puesto de manifiesto que la cuantificación de
los costes y beneficios es un componente necesario de la evaluación normativa.
No obstante, los límites de la cuantificación también deben reconocerse. La
Comisión estudia de manera sistemática los costes y beneficios en sus
evaluaciones de impacto, que cubren los impactos económicos, sociales y
medioambientales de forma integrada, y los cuantifica cuando es posible. El
cálculo de los costes y de los beneficios no es una ciencia exacta. A menudo no
se dispone de los datos necesarios. Los costes y beneficios esperados de la
opción preferida resultante de la evaluación de impacto aumentarán o
disminuirán en función de las opciones del Parlamento Europeo y el Consejo en
el proceso legislativo, y de los Estados miembros en la aplicación. Los costes
reales solo pueden calcularse a posteriori. En consecuencia, uno de los
puntos centrales de REFIT debería ser la cuantificación de los costes y
beneficios en la medida de lo posible durante el ciclo normativo, mediante la
aplicación de marcos sólidos de seguimiento y evaluación, revisados y ajustados
con cada revisión importante de la legislación, lo que garantizará la
disponibilidad de los datos necesarios para evaluar los beneficios y costes
reales.

En
cuarto lugar, la necesidad de seguridad jurídica y previsibilidad, junto con el
tiempo que lleva modificar la legislación a nivel de la UE, son argumentos en
contra de soluciones rápidas y sistemas fáciles de reducción legislativa. Cada
cambio tiene un coste, y el coste transitorio del cambio no siempre es tenido
en cuenta suficientemente. Los costes de transición deben sopesarse
cuidadosamente en relación con los costes de la falta de acción.

En
quinto lugar, la detección de la carga innecesaria y el coste que deberán
asumir aquellos directamente afectados por la legislación puede ser un
importante complemento de la evaluación cuantitativa. La consulta y debate son,
pues, esenciales.

Teniendo
en cuenta estas observaciones, y de cara al futuro, la Comisión continuará
dando prioridad a la adecuación de la normativa, y mantendrá el impulso de la
misma. Seguirá centrándose en los ámbitos de
importante valor añadido de la UE, respetando los principios de subsidiariedad
y proporcionalidad. En los próximos meses,
la Comisión completará los preparativos de la revisión de sus directrices sobre
la evaluación de impacto, la consulta de las partes interesadas y la evaluación,
e implantará firmemente REFIT en sus procedimientos y prácticas.

La
Comisión seguirá colaborando estrechamente con el Parlamento y el Consejo para garantizar
que los beneficios de la simplificación y la reducción de la carga se confirmen
en el proceso legislativo, y pide al legislador y a todos los Estados miembros que
desarrollen la capacidad suficiente para contribuir a estos esfuerzos en sus
respectivos ámbitos, y que realicen evaluaciones de impacto previas de las modificaciones
importantes a las propuestas de la Comisión en el proceso legislativo[70].

La
Comisión seguirá asimismo trabajando con los Estados miembros y las partes
interesadas, sobre todo en el marco del Programa ABR+, para confirmar la
previsión de ahorro de costes, para identificar las mejores prácticas en cuanto
a la aplicación, y para mejorar la calidad y la
recogida de datos sobre los costes y los beneficios normativos, necesarios para
evaluar las repercusiones de la normativa de la UE sobre el terreno[71].

Debería
reforzarse la cooperación entre la Comisión Europea y los Estados miembros en
cuanto a la evaluación de los costes y beneficios normativos. Es preciso
reforzar la colaboración en cuanto a la evaluación de la aplicación de la
legislación de la UE a nivel nacional, regional y local.

Los
nuevos mandatos del Parlamento y de la Comisión, a partir de este año,
representan una oportunidad para que todas las instituciones de la UE refuercen
su compromiso para con la normativa inteligente y la adecuación de la
normativa.

La
Comisión pide aportaciones, datos y pruebas de los interlocutores sociales y las
partes interesadas sobre el estado actual y las perspectivas de REFIT incluidas
en la presente Comunicación y en el documento de trabajo que la acompaña.

[1]               SWD (2013) 401 final, de 1 de agosto de 2013.

[2]               COM(2013) 685 final, de 2 de octubre de 2013.

[3] De un total de 23 propuestas a que se comprometió la Comisión
para simplificar y reducir la carga normativa, se adoptaron 2 en 2013 y está
prevista la adopción de más de 15 en 2014.

[4] COM(2013)721.

[5] COM(2013)794.

[6] La propuesta sobre una sociedad unipersonal, adoptada el 9 de
abril de 2014, recoge elementos esenciales de esta propuesta anterior.

[7] Entre otras propuestas retiradas en el marco de REFIT, figuran
propuestas relativas a: la información al público sobre medicamentos; un
reglamento relativo a las estadísticas europeas sobre seguridad frente a la
delincuencia; la protección jurídica de los dibujos y modelos; la patente
comunitaria (propuesta convertida en cooperación reforzada); y los permisos de
conducir con la funcionalidad de una tarjeta de conductor.

[8] En los ámbitos de la seguridad y salud laboral para los peluqueros,
los problemas musculoesqueléticos, el humo del tabaco ambiental y los agentes
carcinógenos y mutágenos.

[9] Esto incluye la legislación relativa a la clasificación, el
envasado y el etiquetado de preparados peligrosos, la cooperación científica
sobre cuestiones relacionadas con productos alimenticios, las estadísticas
sobre siderurgia, la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera
y la retroadaptación de los retrovisores de los vehículos pesados de transporte
de mercancías.

[10] Este trabajo es objeto de seguimiento por el Grupo de alto nivel
para la mejora de la regulación, en el que participan expertos nacionales en
reglamentación. Este Grupo trabaja con la Comisión para revisar y desarrollar
el programa de normativa inteligente a nivel nacional y de la UE.

[11]
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/think-small-first/.

[12] Reglamento nº 1169/2011, de aplicación a partir de diciembre de
2014, con la excepción del etiquetado obligatorio sobre las propiedades
nutritivas, que comenzará a aplicarse a partir de diciembre de 2016.

[13]
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed\_legislation\_en.htm.

[14] Las exenciones cubren, por ejemplo, los alimentos vendidos directamente
en la explotación o por pequeños minoristas locales. Se aplican regímenes
simplificados en otros casos pertinentes para las pymes: así por ejemplo, la
información nutricional puede basarse en cálculos a partir de datos
generalmente establecidos y aceptados, evitando costosos análisis de
laboratorio.

[15] Estas disposiciones permiten a los Estados miembros, por ejemplo,
exigir que la información sobre alergenos o intolerancia de los alimentos no
envasados y en restaurantes solo se proporcione verbalmente o previa petición.

[16] Directiva 2013/55/UE, publicada el 28 de diciembre de 2013 (DO
L 354).

[17] Reglamento Delegado (UE) nº 862/2012 de la Comisión.

[18] Reglamento (UE) n° 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 4 de febrero de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por
carretera, por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 3821/85 del Consejo
relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y
se modifica el Reglamento (CE) n° 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en
el sector de los transportes por carretera.

[19] Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE: la adopción de las
declaraciones de los interesados como prueba preliminar y el enfoque del
«licitador ganador» respecto de las pruebas documentales reduciría las cargas
administrativas asociadas a las licitaciones públicas en un 80 %. Véase
también la evaluación de impacto:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1585&from=EN.

[20] Los Órganos de Contratación y las entidades que ya han realizado
la transición hacia la contratación electrónica suelen comunicar ahorros de
entre el 5 y el 20 %; la experiencia también muestra que los costes de
inversión pueden reducirse rápidamente. Dado el tamaño del mercado de la contratación
en la UE, cada 5 % de ahorro podría aportar cerca de 100 000 millones
EUR a los fondos públicos. (Estrategia en pos de la contratación pública
electrónica – COM(2012)179final).

[21] Directiva 2012/19/UE: se esperaba que la interoperabilidad y la
transferencia de datos entre los registros nacionales de productores propuestas
generasen unos ahorros de costes a los productores de unos 66 millones EUR al
año. Este aspecto de la propuesta de la Comisión no fue adoptado por el
legislador.

[22] El legislador se opuso a la adopción de una ventanilla única
obligatoria para coordinar e integrar los procedimientos de evaluación y las
medidas para acelerar la toma de decisiones en virtud de la Directiva relativa
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente (2011/92/UE), limitando así los beneficios de
la eficiencia para las empresas. Igualmente, se opuso a la adopción de un
intercambio electrónico de datos obligatorio en el ámbito del traslado de
residuos , que habría supuesto un ahorro estimado de 44 millones EUR anuales
para las empresas.

[23] Véase la sección III: Una nueva arquitectura para las
estadísticas de las empresas de la UE.

[24] La propuesta de la Comisión relativa a una base imponible
consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) — COM(2011)121 — se
encuentra pendiente en el procedimiento legislativo desde marzo de 2011.

[25] COM(2009)544: «Programa de Acción para la Reducción de las Cargas
Administrativas en la Unión Europea - Planes de reducción sectoriales y
acciones en 2009».

[26]
http://ec.europa.eu/internal\_market/publicprocurement/docs/modernising\_rules/executive-summary\_en.pdf.

[27] Reglamento (UE) nº 608/2013.

[28] Directiva 2012/19/UE.

[29] La legislación sobre seguridad alimentaria de la UE permite a las
autoridades de los Estados miembros adoptar regímenes menos gravosos para
determinadas inversiones aplicables a las pequeñas empresas en el sector de
transformación de la carne.

[30] La legislación de la UE exige el registro de los tiempos de
conducción para los vehículos comerciales ligeros a partir de 3,5 toneladas y
exime a los artesanos en desplazamientos locales en vehículos de hasta 7,5
toneladas, mientras que algunas normativas nacionales exigen el registro del
tiempo de conducción a partir de 2,8 toneladas.

[31] Directiva 2006/46/CE.

[32] La primera edición del cuadro de indicadores REFIT presentado en
relación con esta Comunicación no incluye aún información sobre la aplicación
en los Estados miembros.

[33] 1) Ampliar a más pymes la posibilidad de beneficiarse de unos
regímenes simplificados de contabilidad y auditoría — Directiva 2006/46/CE, de
14 de junio de 2006; 2) Permitir a los Estados miembros eximir a las
microempresas de algunas disposiciones de las Directivas contables — Directiva
2012/6/UE, de 14 de marzo de 2012; 3) Simplificar y racionalizar el sistema de
notificación de los traslados de residuos — Carta de recomendación de la
Comisión a los Estados miembros de julio de 2010; 4) Solo la empresa ganadora
debe presentar los documentos que demuestren la idoneidad como licitador en un
procedimiento de adjudicación de contratos — COM (2011) 896; 5) Reducir el
número de consultados en la elaboración de estadísticas sobre el comercio
intracomunitario — Reglamento (CE) nº 638/2004, de 31 de marzo de 2004; 6)
Reducir los requisitos de información en la producción industrial de la UE —
Reglamento nº 3924/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, y
Reglamento (CE) nº 36/2009 de la Comisión, de 11 de julio de 2008; 7) Suprimir
los requisitos adicionales en las facturas y permitir un mayor uso de la
facturación electrónica - Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de
2010; 8) Suprimir, en el procedimiento de devolución del IVA, la obligación de
cumplimentar formularios impresos en la lengua del Estado miembro de devolución
— Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008; 9) Tacógrafo
digital (en particular, introducción de los tacógrafos digitales y
simplificación del uso de los tacógrafos digitales, teniendo en cuenta la
futura ampliación de la exención de las pequeñas empresas artesanas de los
requisitos de tacógrafo y otras simplificaciones — Reglamento (CEE)
nº 3821/85, de 19 de julio de 2011; 10) Suprimir la notificación de las
tarifas de transporte/hacer menos estricta la obligación de conservar
documentos justificativos a bordo — Reglamento (CE) nº 569/2008 del Consejo
(por el que se modifica el Reglamento 11/60), de 12 de julio de 2008; 11)
Simplificar las obligaciones para el transporte de mercancías por carretera y
para el transporte de viajeros por carretera — Reglamento (CE) nº 1071/2009 de
21.10.2009 y Reglamento (CE) nº 1072/2009 de 21.10.2009; y 12) Simplificar el
etiquetado de los huevos — Reglamento nº 1308/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

[34] Véase el informe final del programa de reducción de cargas
administrativas [en SWD(2012) 423 final].

[35] La Comisión ha recibido comentarios y sugerencias de las
autoridades de los Estados miembros (FI, DE, NL, UK) del mundo empresarial, los
sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil. Las aportaciones pueden
consultarse en el sitio web de la Comisión sobre normativa inteligente:
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index\_en.htm

[36] El objetivo de la iniciativa es reducir los obstáculos al comercio
transfronterizo y proteger los ingresos por IVA de los Estados miembros,
haciendo que el sistema del IVA de la UE sea más sencillo, neutro y sólido.

[37] Otras iniciativas incluyen la revisión de la legislación sobre
cuestiones nucleares, una propuesta en el ámbito de los documentos
provisionales de viaje y la revisión de los reglamentos relativos a la
importación de productos textiles y de productos de doble uso.

[38] Etiquetado energético de frigoríficos (Directiva 2003/66),
lavavajillas domésticos (Directiva 1999/9) y lavadoras (Directiva 1995/12) tras
la adopción de las nuevas medidas de aplicación.

[39] Reglamento n° 11 relativo a la supresión de discriminaciones en
materia de precios y condiciones de transporte, en aplicación del apartado 3 de
artículo 79 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, de 16
de agosto de 1960.

[40] Protocolo nº 36 sobre las disposiciones transitorias,
artículo 10.

[41] COM(2008)600/4.

[42] COM(2007)90 final.

[43] A raíz de la invitación del Consejo en diciembre de 2013 a
informar sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo para
mediados de 2015 (véase:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\_data/docs/pressdata/en/intm/139846.pdf).

[44] Otros ámbitos incluyen las normas de comercialización de la carne
de vacuno, las normas relativas al etiquetado de la carne de vacuno, el
programa para las regiones ultraperiféricas, la Directiva sobre calidad de los
combustibles (una vez transpuesta y aplicada plenamente), las reservas de
petróleo, el Reglamento sobre el control de la pesca, la seguridad nuclear, la
normalización, la contaminación por amianto, la experimentación con animales,
la evaluación estratégica medioambiental, los riesgos de inundación, los
compuestos orgánicos volátiles, los seguros (una vez se adquiera suficiente
experiencia con la aplicación), la formación, la cualificación y las licencias
en el transporte por carretera, el transporte marítimo y la seguridad, la
recepción portuaria de desechos generados por buques, la facturación
electrónica del IVA y la miniventanilla única, así como los sectores de la
construcción y la industria del vidrio y la cerámica.

[45] Esto incluirá el examen de la legislación sobre servicios en
línea: Directiva 98/84/CE relativa a la protección jurídica de los servicios de
acceso condicional o basados en dicho acceso y Directiva 2000/31/CE relativa a
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la
información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

[46] COM(2013) 49, acompañado del SWD(2013) 25.

[47] Véanse los documentos de trabajo adjuntos para más información.

[48] Véase el COM(2012) 746.

[49] Véase el sitio web de la Comisión sobre normativa inteligente: http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/index\_en.htm.

[50] Se han recibido 53 respuestas de las autoridades públicas, partes
interesadas y ciudadanos en el contexto de esta consulta pública, que se
publicarán junto con un informe de síntesis en el sitio web de la Comisión
sobre normativa inteligente: http://ec.europa.eu/smart-egulation/evaluation/consultation/index\_en.htm.

[51] Informes finales disponibles en la dirección http:ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/documents\_en.htm.

[52] Por ejemplo, la comprobación de la adecuación en el ámbito de la
información y consulta de los trabajadores podría llevar a la consolidación de tres
directivas; la comprobación de la adecuación en el ámbito de la homologación de
los vehículos de motor irá seguida de una revisión de la Directiva marco
2007/46/CE; véanse las indicaciones completas en el cuadro de indicadores REFIT.

[53] La consulta se establece en el artículo 11 del TUE y en el
Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad. La consulta de los interlocutores sociales en el contexto de
la política social se establece en los artículos 153, 154 y 155 del TFUE y
proporciona asimismo oportunidades para su participación en REFIT.

[54]   Se excluyen los marcos de consultas que se establecen en los
Tratados, otras normativas de la UE o los acuerdos internacionales (por
ejemplo, consultas de los interlocutores sociales).

[55] http://ec.europa.eu/yourvoice/index\_es.htm.

[56] Las suscripciones pueden hacerse en la siguiente dirección: https://webgate.ec.europa.eu/notifications/homePage.do?locale=en.

[57] El estudio sobre evaluación de los costes y beneficios de la
normativa puede consultarse en: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission\_guidelines/docs/131210\_cba\_study\_sg\_final.pdf.

[58] Véase http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp\_en.pdf y: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item\_id=7124&lang=en&title=Final-report.

[59] Un ejemplo donde se puede garantizar esto son las normas para la
importación de vegetales y productos vegetales en la UE, en que las
modificaciones que se están debatiendo a la propuesta de la Comisión en el
procedimiento legislativo amenazan con aumentar los costes para las empresas
(COM(2013)267 - Propuesta de la Comisión de un Reglamento relativo a las
medidas de protección contra las plagas de los vegetales).

[60] Los costes reales determinados a
posteriori pueden diferir de las estimaciones ex-ante debido a los
adelantos tecnológicos y a la eficiencia y la innovación empresarial. En el
ámbito del acero, por ejemplo, los costes de protección del medio ambiente por
tonelada de producto han permanecido estables o han disminuido a lo largo de
los últimos 20 años, a pesar de los mejores resultados medioambientales del
sector. (Evaluación de los costes acumulativos en el sector del acero: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp\_en.pdf).

[61] Los requisitos de
información están a menudo ligados, de manera que, por ejemplo, la obligación
de que la Comisión informe al Consejo o el Parlamento puede suponer
obligaciones adicionales de información para las autoridades de los Estados
miembros, las partes interesadas y las empresas.

[62] El Reglamento sobre disposiciones comunes para la política de
cohesión enumera 28 requisitos específicos de información en 11 ámbitos; seis
de ellos exigen la presentación de informes periódicos. El texto final de la Directiva relativa al cumplimiento de la
normativa sobre desplazamiento de trabajadores incluye requisitos de
información adicionales para los Estados miembros, añadidos en el proceso
legislativo (véase el cuadro de indicadores REFIT).

[63] Se han logrado avances
significativos en la racionalización de los flujos de información,
anteriormente no interrelacionados, en el ámbito del agua (entre la Directiva
sobre la estrategia marina, la Directiva marco sobre el agua y las Directivas
sobre hábitats y sobre aves), de modo que los datos y la información solo
deberán comunicarse una vez para cumplir los requisitos establecidos en las
diferentes directivas, reduciéndose significativamente la carga administrativa.
Los
resultados de un ejercicio piloto separado dirigido a reducir los requisitos de
información en el ámbito de las aguas residuales urbanas se traducirán en unos
requisitos de información más sencillos y eficaces.

[64] Desde 2007, los Estados
miembros presentan un único informe a la Comisión, en lugar de distintos
informes sobre la aplicación práctica de las 24 directivas en materia de salud
y seguridad en el trabajo (Directiva 2007/30/CE, por la que se modifica la
Directiva marco 89/391/CEE).

[65] En 2013, la Comisión llevó a cabo un ejercicio de análisis de
todas las obligaciones de información en los ámbitos de la energía y la
política de cohesión, a fin de simplificar y racionalizar los requisitos. Solo
en el ámbito de la energía, este ejercicio permitió fusionar 43 obligaciones de
información en 14.

[66] Véanse las conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 y 25
de octubre de 2013, las conclusiones del Consejo de Competitividad de diciembre
de 2013 y la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre
el proceso de consulta sobre las diez medidas más gravosas para las pymes y la
reducción de la carga de la normativa de la UE para estas empresas.

[67] Se han recibido aportaciones, en particular, de Finlandia,
Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido.

[68] http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index\_en.htm.
(pendiente de verificación)

[69] Previsto por el Protocolo nº 2 de los Tratados.

[70] Véase también el análisis de las modificaciones en el proceso
legislativo de simplificación y reducción de las cargas en el cuadro de
indicadores REFIT que acompaña a la presente Comunicación.

[71] Según las estimaciones, un tercio de la carga normativa de la
legislación de la UE está relacionado con la aplicación nacional.

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