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Format: md

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# 52014DC0249

**INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre la política de competencia 2013 /\* COM/2014/0249 final \*/**

  

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS
REGIONES

Informe sobre la política de competencia 2013

INTRODUCCIÓN - LA POLÍTICA DE
COMPETENCIA DE LA UE, UN INSTRUMENTO PARA RECUPERAR LA COMPETITIVIDAD EUROPEA

En 2013, ha habido signos
esperanzadores de que en Europa está en marcha una recuperación económica. Las
medidas políticas emprendidas a nivel de la UE contribuyeron a que se empezara
a restablecer la confianza y a crear las bases para volver a la senda del
crecimiento. No obstante, no hay que bajar la guardia. Si la UE quiere dejar atrás
las secuelas de la crisis y reactivar la economía europea, tiene que ir más
allá. Lo que Europa necesita son ajustes estructurales, una distribución
eficiente de recursos y un crecimiento de la productividad. El crecimiento
inteligente, sostenible e integrador sigue siendo el núcleo de la agenda
política de Europa para la década. Estimular la competitividad en toda la UE es
primordial para alcanzar ese objetivo.

La competitividad es un concepto
múltiple y pluridimensional. El Global Competitiveness Report del Foro
Económico Mundial la define como «el conjunto de instituciones, políticas y
factores que determinan el nivel de productividad de un país»[1]. Según
el Informe sobre la competitividad europea de la Comisión Europea, en la raíz
misma de la competitividad están los acuerdos políticos institucionales y
microeconómicos que crean las condiciones para que las empresas puedan surgir y
prosperar, y se premie la creatividad y el esfuerzo individual.[2] Los
instrumentos de la política de competencia entran de lleno en ambas
descripciones.

Además, el Estudio del Parlamento
Europeo de 2013[3]
sobre la política de competencia concluía: «La competencia desempeña un
papel crucial en el fomento de la productividad y la innovación como motores
del crecimiento económico. Esto significa que la política de competencia, que
intensifica la competencia, estimulará el crecimiento».

Este principio
se aplica a todos los instrumentos de la política de competencia. La ejecución
de la normativa de defensa de la competencia puede frustrar los intentos de las
empresas dominantes de mantener a los nuevos competidores fuera del mercado e
impedirles competir efectivamente como ellos. También puede crear las
condiciones para bajar los precios de los insumos de la industria de la UE. El
control de las fusiones puede mantener los mercados abiertos y eficientes. La
política de ayudas estatales protege el mercado interior frente a los falseamientos
y contribuye a encaminar los fondos públicos hacia objetivos que aumenten la
competitividad.

Además, la
competencia y la política de competencia son parte integrante de las
condiciones generales requeridas para que prospere la innovación. Ofrecen
incentivos a empresas innovadoras y de nueva creación, impulsan a las empresas
a ser más eficientes y fomentan las subvenciones concebidas para estimular la
I+D y la innovación.

La política de
competencia fomenta la competitividad en un contexto global. Una sana
competencia en el Mercado Único prepara a las empresas europeas para hacer
negocios y triunfar en mercados mundiales. Sustenta también una política
industrial moderna, reflejada en las disposiciones correspondientes del Tratado
de Lisboa (artículo 173 TFUE) que establecen que la acción adoptada por la UE y
los Estados miembros estará «dentro de un sistema de mercados abiertos y
competitivos».

Por otra parte,
la política de competencia es la contrapartida necesaria de la regulación del
Mercado Único. El impacto de las medidas regulatorias sobre la estrategia y las
inversiones de las empresas puede verse debilitado si no se aplican
adecuadamente las normas de competencia y del Mercado Único.

La aplicación de
las normas sobre ayudas estatales y competencia tiene también un papel
importante que desempeñar en la Estrategia Europa 2020 y en el logro de sus
iniciativas emblemáticas. En particular, las acciones de política de
competencia están contribuyendo a las iniciativas «Unión por la innovación»,
«Una política industrial para la era de la globalización», «Una Europa que
utilice eficazmente los recursos» y «Una Agenda Digital para Europa».

En 2013, todos
los instrumentos de ejecución de las normas de competencia han contribuido a
promover el crecimiento y la competitividad en la economía europea. La
ejecución de la normativa de defensa de la competencia ha desalentado y
castigado la fragmentación artificial del mercado interior. La modernización de
las ayudas estatales ha sido desarrollada para impulsar un diseño del gasto
público que fomente el crecimiento. Se han adoptado decisiones importantes en
sectores de importancia estratégica, como los servicios financieros, las
telecomunicaciones, la economía digital y la energía. La cooperación
internacional en la elaboración y aplicación de políticas de competencia ha ayudado
a hacer frente a los retos que plantea la cada vez mayor internacionalización
empresarial.

Por último, 2013
estuvo marcado por dos hitos importantes para la política de competencia de la
UE. En primer lugar, el Reglamento 1/2003[4],
cuando se adoptó, dio paso a una nueva era en la aplicación de las normas de
defensa de la competencia de la UE y ahora, después de una década, ha llevado a
un análisis y reflexión para posteriores mejoras. En segundo lugar, el 11 de
junio, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva relativa a las demandas
por daños y perjuicios[5]
– una medida largo tiempo esperada por las partes interesadas y una prioridad
política para la actual Comisión. El debate sobre estas cuestiones – y las que
se abordarán en el presente informe – ha nutrido el diálogo estructurado entre
la Comisión y el Parlamento Europeo a lo largo de todo el año (véase la
sección 8 sobre Diálogo con otras instituciones en materia de competencia
y, para más detalles, el documento de trabajo de los servicios de la Comisión
que acompaña al presente informe).

1.
FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD MEDIANTE LA LUCHA CONTRA LOS CÁRTELES

El éxito de las empresas europeas
depende en gran medida de la competitividad de sus precios. Los costes de los
insumos artificialmente aumentados por conductas contrarias a la competencia y
a las estructuras del mercado tienen efectos perjudiciales para la
competitividad de Europa en los mercados mundiales y en sus perspectivas
globales de crecimiento. Huelga decir que unos costes más elevados de los
insumos se traducen también en precios finales más elevados para los
consumidores europeos.

Una ejecución contundente de la
normativa sobre cárteles es vital a este respecto. Los cárteles suelen afectar
a los insumos y bienes intermedios y la Comisión ha centrado sus esfuerzos de
aplicación de la normativa en este ámbito. En los últimos años, varias
investigaciones han logrado desmantelar cárteles que habían exagerado los
precios de los insumos y perjudicado seriamente a la competitividad de la UE[6].

La Comisión también concluyó uno de
esos asuntos en 2013. En julio, la Comisión multó a cinco proveedores de
recambios para el automóvil, Sumitomo, Yazaki, Furukawa, S-Y Systems
Technologies (SYS) y Leoni, por un total de 141 791 000 EUR por su
participación en uno o varios cárteles para el suministro de cableado a Toyota,
Honda, Nissan y Renault. Los cárteles cubrían todo el Espacio Económico Europeo
(EEE)[7].
El cableado es un sistema de cables que transmite señales o conduce la energía
eléctrica de los ordenadores a diversos componentes del vehículo y suele
describirse como el «sistema nervioso central» del vehículo.

La aplicación de la normativa en materia de
cárteles hace más transparente el sector de servicios financieros: los asuntos
de derivados sobre tipos de interés

Los derivados sobre tipos de interés son
productos financieros utilizados por bancos o compañías para gestionar el
riesgo de las fluctuaciones de los tipos de interés. Derivan su valor del nivel
de un tipo de interés de referencia, como el Tipo interbancario de oferta de
Londres (LIBOR) – utilizado por varias divisas incluido el yen japonés (JPY) – o
el Tipo de interés de oferta en el mercado interbancario del euro (EURIBOR),
para el euro.

El cártel de derivados sobre tipos de interés
en euros (EIRD) funcionó entre septiembre de 2005 y mayo de 2008. Las partes
del procedimiento de transacción son Barclays, Deutsche Bank, RBS y Société
Générale. El cártel pretendía falsear la evolución normal de los componentes de
precios de dichos derivados. Los corredores de diferentes bancos discutieron los
tipos presentados por sus bancos para calcular el EURIBOR así como sus
estrategias de negociación y de tarificación. También se incoó un procedimiento
contra Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan y proseguirá la investigación en
relación con la conducta de estas tres sociedades en el procedimiento normal de
cártel.

En el sector de los derivados sobre tipos de
interés denominados en yenes japoneses (YIRD), la Comisión descubrió siete
infracciones bilaterales distintas que duraron entre uno y diez meses en el
periodo de 2007 a 2010. La colusión incluía negociaciones entre corredores de
los bancos participantes sobre determinados tipos del LIBOR en yenes japoneses.
Los corredores implicados también intercambiaron, en ocasiones, información
comercial sensible relacionada con las posiciones de negociación o con futuras
presentaciones de tipos del LIBOR en yenes japoneses (en una ocasión, en
relación también con futuras presentaciones de tipos del Euroyen TIBOR – Tipo
interbancario de oferta de Tokyo). Los bancos implicados en una o varias de las
infracciones son UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup y JPMorgan. El corredor
bursátil RP Martin facilitó una de las infracciones al utilizar sus contactos
con algunos bancos del grupo LIBOR en yenes que no participaron en esta
infracción, con el fin de influir en los datos que suministraban sobre el LIBOR
para el yen. En el contexto de la misma investigación, la Comisión ha incoado
también un procedimiento contra el corredor ICAP. Esa investigación continúa
según el procedimiento normal de cártel.

Esas decisiones envían el claro mensaje de que
la Comisión está decidida a perseguir y reprimir este tipo de cárteles en el
sector financiero. La sana competencia y la transparencia son cruciales para
que los mercados financieros trabajen adecuadamente, al servicio de la economía
real y no en interés de unos pocos.

Otra tendencia de los últimos años
ha sido la detección de cárteles en sectores de servicios. La Comisión está
tramitando una serie de asuntos en el ámbito de los servicios financieros. El 4
de diciembre, la Comisión multó a ocho bancos con un total de
1 712 468 000 EUR por participar en cárteles en mercados de productos
derivados financieros en el EEE[8].
Cuatro de ellos participaron en un cártel relacionado con los derivados sobre
tipos de interés denominados en euros. Seis de ellos participaron en uno o
varios cárteles bilaterales relacionados con los derivados sobre tipos de
interés denominados en yen japoneses. Estas colusiones están prohibidas por el
artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ambas
decisiones se adoptaron con arreglo al procedimiento de transacción, y las
multas impuestas a las partes se redujeron un 10 % dado su acuerdo de
transacción.

La Comisión tiene también varios
asuntos en curso en el sector alimentario, un ámbito que afecta directamente a
los consumidores. En noviembre, la Comisión multó a cuatro
comerciantes europeos de quisquillas del mar del Norte - Heiploeg, Klaas Puul,
Kok Seafood (todos establecidos en los Países Bajos) y Stührk (establecido en
Alemania) - con un total de 28 716 000 EUR por operar un cártel[9]. Entre junio de 2000 y enero de 2009, Heiploeg y Klaas Puul
acordaron fijar los precios y repartirse el volumen de ventas de quisquillas
del mar del Norte en Bélgica, Francia, Alemania y los Países Bajos.

Además de esas decisiones, en abril
la Comisión envió un pliego de cargos a varios proveedores de circuitos
integrados para tarjetas inteligentes por su presunta participación en un
cártel[10].
Los circuitos integrados para tarjetas inteligentes tienen innumerables
aplicaciones, tales como tarjetas SIM, tarjetas bancarias, tarjetas de
identidad y muchos otros dispositivos. La Comisión considera de manera
preliminar que algunos proveedores podrían haber coordinado su comportamiento
en el EEE para sostener los precios. La Comisión en un principio entabló
conversaciones para llegar a una transacción con algunas empresas presuntamente
implicadas. Sin embargo, posteriormente la Comisión volvió al procedimiento
normal de defensa de la competencia al no conseguirse avances.

Por último, cabe recordar que los
cárteles pueden fragmentar el mercado interior y obstaculizar la adaptación del
sector a los cambios de las condiciones del mercado. Por consiguiente, el daño
que causan no se limita a los mercados en los que operan las compañías
implicadas sino que pueden afectar a la competitividad de la economía en su
conjunto.

2. Garantizar la efectividad de la ejecución de la
normativa de defensa de la competencia y del control de las concentraciones en
interés de empresas y consumidores.

El Reglamento
1/2003, el principal instrumento de procedimiento para la aplicación de los
artículos 101 y 102 TFUE, entró en vigor el 1 de mayo de 2004. El Reglamento
marcó un punto de inflexión ya que facultó a todos los organismos de aplicación
en la UE (Comisión, autoridades nacionales de competencia y órganos
jurisdiccionales nacionales) para aplicar las normas de defensa de la
competencia de la UE a los acuerdos y prácticas capaces de incidir en el
comercio entre Estados miembros, respetando, al mismo tiempo, los derechos
fundamentales de las partes interesadas afectadas, protegidos por la Carta
Europa de Derechos Fundamentales.

Se creó la Red
Europea de Competencia (REC) y se introdujeron instrumentos de cooperación para
garantizar la aplicación efectiva y coherente de las normas comunes. Sobre esta
base, la Comisión y las Autoridades Nacionales de Competencia (ANC) han
recorrido una importante trayectoria común de aplicación de la normativa,
respaldada por una variada labor de iniciativas políticas. Desde mayo de 2004,
la Comisión ha examinado prácticas potencialmente contrarias a la competencia
prácticamente en todos los sectores económicos, y ha adoptado más de 120
decisiones. Las ANC, por su parte, han investigado más de 1 600 asuntos
durante el mismo periodo, que han dado lugar a más de 600 decisiones de
ejecución.

En 2013
la Comisión comenzó a examinar retrospectivamente la experiencia de estos 10
años para analizar el trabajo de las autoridades de competencia de la UE en los
diferentes sectores y tipos de infracción. Evaluar las prioridades y logros
pasados ayudará a reforzar la ya excelente coordinación entre la Comisión y las
ANC.

El
Reglamento 1/2003 en acción

Estructuras
de las autoridades nacionales de competencia

La
legislación de la UE depende de los Estados miembros para garantizar que haya
autoridades nacionales de competencia efectivas y bien equipadas y les deja
mucho margen en el diseño de los regímenes nacionales de aplicación de las
normas de competencia. El único requisito explícito es que los Estados miembros
designen a sus respectivas autoridades responsables para la aplicación del
artículo 101 y del artículo 102 del TFUE de manera que las disposiciones del
Reglamento se respeten efectivamente. En los últimos años, se han producido
reformas estructurales en numerosos Estados miembros. Las estructuras de las
ANC en la Red Europea de Competencia (REC) generalmente han evolucionado hacia un
mayor grado de autonomía y efectividad. No obstante, han surgido dudas en
cuanto a la independencia y recursos de algunas de las ANC. Debe evitarse un
retroceso de los logros.

Convergencia
de los organismos de ejecución

El Reglamento
dejó a los Estados miembros libertad para determinar sus propios procedimientos
y sanciones en la aplicación en su territorio de las normas de competencia de
la UE. Aparte de una obligación general de que los Estados miembros garanticen
la ejecución efectiva, en particular mediante la aplicación de los principios
de efectividad y equivalencia, la legislación de la UE no regula ni armoniza
estas cuestiones. Como resultado, la Comisión y las ANC aplican las mismas normas
sustantivas con diferentes procedimientos y sanciones. La convergencia de los
organismos de ejecución ha sido central en el trabajo de la REC durante varios
años. La REC ha presentado sobre todo informes comparativos detallados sobre
autoridades de investigación y decisorias así como una serie de recomendaciones
sobre autoridades de investigación y decisorias. Por lo que se refiere a las
sanciones por las infracciones a la legislación de competencia, la mayoría de
las ANC pueden imponer multas disuasorias civiles o administrativas y aplicar
una metodología básica similar al fijar las multas. La
reformas para aumentar la convergencia de los procedimientos se han impulsado
mediante recomendaciones por país en el marco de la Estrategia Europa 2020
(Semestre Europeo) y en el contexto de Programas de Ajuste Económico.

Convergencia
de los programas de clemencia e interfaz con otros ámbitos de la legislación

Generalmente
se reconoce que los programas de clemencia son un instrumento importante para
detectar cárteles secretos. Desde un principio, en la REC ha sido una prioridad
impulsar la convergencia y una interacción fluida en este ámbito.
Principalmente, el Programa modelo de la REC en materia de clemencia (PMC),
desarrollado en la propia REC, proporciona a los Estados miembros y a las ANC
una serie coherente de normas y procedimientos modelo en los que poder
inspirarse al redactar las medidas nacionales. Como resultado, prácticamente
todos los Estados miembros han introducido programas de clemencia y se ha producido
un proceso importante de alineamiento con el PMC. A finales de 2012 se
ratificaron algunos ajustes del PMC.

La Comisión
seguirá prestando mucha atención al funcionamiento del marco general de
aplicación pública de las normas de competencia de la UE.

La
Comisión adoptó en 2013 una iniciativa clave adicional para el entorno
regulatorio de defensa de la competencia: la propuesta de Directiva sobre cómo
pueden los ciudadanos y las empresas reclamar daños y perjuicios cuando son
víctimas de infracciones de las normas de defensa de la competencia de la UE,
tales como cárteles y abusos de posición dominante en el mercado[11]. La
propuesta se hace para eliminar una serie de dificultades prácticas a las que
se suelen enfrentar las víctimas cuando intentan obtener una compensación justa
por los daños que han sufrido como consecuencia de infracciones de la
legislación de competencia de la UE.

Suprimir obstáculos a la compensación efectiva para las víctimas de
infracciones de las normas de defensa de la competencia

La propuesta legislativa

El 11 de junio, la
Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre demandas por daños y
perjuicios ocasionados por infracciones de la legislación de competencia de la
UE. En virtud de la legislación de la UE, cualquier persona o empresa que haya
sufrido daños por una infracción de la legislación de competencia de la UE
tiene derecho al pleno resarcimiento. La propuesta tiene dos objetivos
complementarios. En primer lugar, hacer realidad el derecho de la UE al
resarcimiento en todos los Estados miembros suprimiendo las dificultades
prácticas clave a las que suelen enfrentarse los consumidores y las empresas
cuando solicitan una compensación. En segundo lugar, la propuesta pretende
optimizar la interacción de esas demandas privadas por daños y perjuicios con
la aplicación pública de las normas por parte de la Comisión y las autoridades
nacionales de competencia, para salvaguardar una sólida aplicación pública y
lograr una aplicación general más efectiva.

Para lograr estos
objetivos, la propuesta incluye normas sustantivas y de procedimiento sobre
aspectos cruciales de las demandas por daños y perjuicios, tales como el acceso
a los medios de prueba, los plazos de prescripción para interponer una demanda,
la legitimación y la carga de la prueba por lo que se refiere a la compensación
por los costes excesivos repercutidos en la cadena de distribución. La
propuesta pretende crear o aportar seguridad jurídica en lo referente a la
admisibilidad y exhibición de los medios de prueba presentados a efectos de
aplicación pública. Por ejemplo, para salvaguardar el atractivo de los
programas de clemencia, dispone que las declaraciones de empresas en las
solicitudes de clemencia nunca deberán ser exhibidas en litigios privados por
daños y perjuicios. La propuesta facilita el seguimiento de las demandas por
daños y perjuicios al establecer que las decisiones definitivas sobre las
infracciones adoptadas por las autoridades nacionales de competencia tienen
efecto probatorio.

Medidas de acompañamiento

En paralelo a la propuesta, la Comisiona adoptó una
Comunicación sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y
perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea para ofrecer orientaciones a los órganos
jurisdiccionales y a las partes en las demandas por daños y perjuicios. La
Comunicación va acompañada de una Guía práctica más exhaustiva elaborada por
los servicios de la Comisión y traducida a todas las lenguas oficiales de la
UE. Por último, la propuesta se complementa con la Recomendación de la Comisión
sobre el recurso colectivo, que recomienda que todos los Estados miembros
introduzcan mecanismos de recurso colectivo para facilitar el ejercicio de los
derechos que tienen todos los ciudadanos de la Unión en virtud del Derecho de
la Unión, incluido el derecho al resarcimiento por los perjuicios causados por
el comportamiento contrario a la competencia.

Por otra parte,
el 5 de diciembre la Comisión adoptó el paquete de la «iniciativa de
simplificación de las concentraciones». El paquete incluye la modificación del
Reglamento de Ejecución de las concentraciones[12] y la
adopción de una nueva Comunicación sobre el Procedimiento Simplificado[13]. Como
resultado, se espera que el porcentaje de asuntos tramitados por el
procedimiento simplificado aumente sustancialmente.

La
iniciativa de simplificación es un ejemplo concreto del compromiso de la
Comisión con los objetivos del programa de Adecuación y eficacia de la
normativa (REFIT),[14]
que busca promover el crecimiento y la competitividad reduciendo las cargas
regulatorias para las empresas y ciudadanos de la UE.

3. Modernización de las ayudas estatales para
encauzar los recursos públicos hacia objetivos que incrementen la
competitividad

Al igual que las
prácticas empresariales contrarias a la competencia como los cárteles, las
subvenciones gubernamentales ilegales puede desnivelar las condiciones
equitativas, levantar barreras innecesarias y derrochar el crecimiento
potencial del mercado interior. Sin embargo, el apoyo gubernamental también
puede tener un impacto positivo cuando está cuidadosamente canalizado, aborda
las deficiencias de mercado y crea incentivos para inversiones y empresas que
de otro modo no se producirían. Las «buenas» ayudas estatales pueden estimular
la innovación y el desarrollo del capital humano. La política de ayudas
estatales de la UE puede también ayudar a las autoridades nacionales a sacar el
máximo partido de los recursos menguantes en tiempos de restricciones presupuestarias.
Impulsar políticas de gasto público orientadas al crecimiento es una prioridad
clave para la UE en este contexto económico, y el principal argumento de la
estrategia de Modernización de las ayudas estatales[15]. El
proceso de reforma de la estrategia se está completando; a continuación figuran
los principales elementos en los que ha trabajado la Comisión en 2013.

Abordar los
déficits de competitividad en la UE con ayuda regional específica

En junio de 2013, la Comisión adoptó las nuevas
Directrices sobre ayudas de finalidad regional para el período 2014-2020[16]. La
adopción se produjo tras extensas consultas con las partes interesadas (Estados
miembros, autoridades regionales y locales, asociaciones empresariales, grupos
de interés, empresas individuales y ciudadanos), el Parlamento Europeo, el
Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. Las Directrices
sobre ayudas de finalidad regional ayudan a reducir los déficits de
competitividad en la UE, apoyando las inversiones productivas en proyectos con
valor añadido, especialmente en las regiones más desfavorecidas de Europa.

Adaptarse a los retos del desarrollo de
infraestructura de banda ancha: nuevas Directrices sobre ayudas estatales a la
banda ancha

En enero entraron en vigor las Directrices revisadas
para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales de la UE al sector de
la banda ancha[17].
Las Directrices ayudan a los Estados miembros a lograr los objetivos de la
Agenda Digital para Europa, refuerzan las obligaciones de acceso abierto,
mejoran la transparencia y facilitan ayuda cuidadosamente seleccionada, a la
vez que simplifican las normas para permitir decisiones más rápidas.

Además, la adopción de un Reglamento de ejecución[18]
introduce determinadas infraestructuras de banda ancha entre las nuevas
categorías de ayuda que la Comisión puede decidir eximir de la obligación de
notificación previa, contribuyendo a facilitar la ejecución de los proyectos de
banda ancha.

Promover un
marco de financiación sólido y estable: nuevas normas sobre ayudas estatales
para el acceso a financiación

Las pequeñas y
medianas empresas (PYME) son la columna vertebral de la economía europea: dos
de cada tres empleos en el sector privado, así como más de la mitad del total
del valor añadido creado por las empresas en la UE, procede de las PYME.
Son también un motor de la competitividad europea, con un papel clave en la
innovación. Pero esas empresas suelen encontrarse con dificultades para acceder
a la financiación.

Ante esta
situación, la Comisión revisó las Directrices sobre ayudas estatales para la
promoción de las inversiones de capital riesgo en las PYME. Las Directrices
sobre financiación de riesgos establecen las condiciones que los Estados
miembros deben respetar al conceder ayudas destinadas a favorecer el acceso al
capital riesgo de las PYME en sus primeras fases de desarrollo, en particular,
con vistas a garantizar que tales ayudas tengan por objetivo colmar un déficit
de capital real y demostrado y que no desplacen a los operadores financieros.
Las nuevas Directrices sobre financiación de riesgos se adoptaron en enero de
2014, tras dos consultas públicas, un taller y una reunión multilateral con los
Estados miembros.

Directrices sobre ayudas estatales de
salvamento y reestructuración para apoyar a empresas temporalmente en crisis

En noviembre, la Comisión inició una consulta
pública con vistas a revisar las Directrices sobre ayudas estatales de ayuda a
empresas no financieras en crisis. Las nuevas normas sobre salvamento y
reestructuración serán adoptadas en 2014 y mantendrán el delicado equilibrio
entre limitar la reducción de capacidad ocasionada por los problemas y
minimizar el daño económico que ocasiona mantener en el mercado empresas
inviables. Mantener con vida empresas ineficientes tiene un impacto negativo
sobre los presupuestos públicos y puede obstaculizar seriamente la
competitividad y el crecimiento económico. Los principios que inspiran las
nuevas Directrices buscan proteger los empleos y el know-how de empresas
que son viables una vez reestructuradas y aportarles el apoyo que necesitan
para reducir paulatinamente las operaciones no viables.

Estimular el
crecimiento innovador: nuevas Directrices sobre ayudas estatales de I+D+i

La Comisión también está en proceso de revisar las
Directrices sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i), con vistas a adoptar nuevas normas en 2014. La inversión en I+D es
crucial para la competitividad y es uno de los objetivos principales de la
Estrategia Europa 2020.

El nivel de investigación y desarrollo en Europa
sigue limitado por deficiencias de mercado: el marco revisado de I+D+i ayudará
a traducir las medidas de ayuda estatal en niveles más altos de investigación e
innovación, aportando más flexibilidad y menos burocracia para los Estados
miembros al ejecutar ayudas I+D+i. En particular, se hará más hincapié en
actividades próximas al mercado, tales como el desarrollo experimental
(incluidos los proyectos piloto y demostradores), infraestructuras de
investigación e innovación (incluida la innovación no tecnológica). Desde 2007,
la Comisión ha autorizado más de 200 regímenes nacionales en investigación,
desarrollo e innovación.

Las futuras Directrices sobre ayudas
estatales para la energía y el medio ambiente

La política de ayudas estatales contribuye a la
estrategia a largo plazo de la UE para la energía y el cambio climático basada
en la seguridad del suministro, la sostenibilidad y la competitividad. Y lo
hace abriendo los mercados de la energía, manteniendo condiciones equitativas y
creando incentivos y un marco adecuado para las importantes inversiones que se
necesitan en las próximas décadas. La revisión actual de la Comisión de las
Directrices sobre ayudas estatales a la energía y el medio ambiente pretende
adoptar nuevas normas en 2014. Las nuevas Directrices complementarán las
Directrices sobre ayudas estatales RCDE de mayo de 2012.

Si bien los elementos tradicionales de las ayudas de
medio ambiente se mantendrán en las nuevas Directrices, el proceso de
modernización de las ayudas estatales pretende garantizar una estrecha sinergia
con la Estrategia Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas.

El objetivo estratégico global de la revisión es
ayudar a los países de la UE a invertir mejor para cumplir los objetivos de la
política energética de la UE y facilitar un apoyo eficiente que consiga un
nivel superior de protección del medio ambiente. Esto conlleva fomentar
inversiones en eficiencia energética, un apoyo público más específico para las
fuentes de energía renovable y fomentar el uso de subsidios para mejorar las
interconexiones y desarrollar redes transfronterizas. Estos dos últimos puntos
son algunas de las principales innovaciones de las nuevas Directrices.

Las nuevas Directrices aspirarán a minimizar los
falseamientos de la competencia de las medidas de ayuda estatal de medio
ambiente y energía, en particular limitando las ayudas al mínimo e incentivando
instrumentos favorables al mercado. Las nuevas Directrices serán plenamente
coherentes con los objetivos de energía y cambio climático de la UE en la línea
de la Estrategia Europa 2020 y apoyarán a los Estados miembros en su esfuerzo
por alcanzarlos.

4. promover un sector financiero justo y estable para apoyar a la
economía real

La crisis económica que se originó en el sector
financiero ha hecho mella en la confianza en los mercados financieros. Sin
embargo, unos mercados financieros estables, seguros, abiertos, competitivos y
justos son absolutamente necesarios para mantener una fase de expansión
económica equilibrada y sostenible. La Comisión ha emprendido un esfuerzo
regulatorio de gran alcance para reducir los riesgos sistémicos e incrementar
la transparencia de los mercados financieros. No puede atacarse a la raíz de
las causas de la crisis y los retos que plantea la actual coyuntura económica
sin combinar distintos instrumentos políticos. A este respecto, la ejecución de
la normativa de defensa de la competencia para promover un sector financiero
justo y competitivo opera en conjunción con el control de las ayudas estatales
a la reestructuración bancaria. Además de la ejecución de las normas en materia
de competencia, hay propuestas legislativas cuyo objetivo es mejorar el entorno
regulatorio.

Los esfuerzos en la política de
competencia de la Comisión por un sector financiero más transparente: prestar
atención a los derivados y tipos de referencia

Gran parte del esfuerzo se ha dirigido hacia el
mercado de derivados, dada su magnitud y su papel en la cobertura de la
exposición al riesgo para las instituciones, tales como bancos, fondos de
pensiones y empresas industriales. El Reglamento de regulación de
infraestructuras del mercado europeo (EMIR), que entró en vigor el año pasado,
exige que los contratos de derivados normalizados se compensen de forma
centralizada[19].
En la revisión de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos
financieros (MIFID), la Comisión propuso que esos derivados debían negociarse
en plataformas de negociación transparentes y organizadas.[20] Los
instrumentos de la Comisión para la defensa de la competencia son
complementarios a estas medidas regulatorias. Esto significa, en particular,
que a las empresas que tengan previsto ofrecer negociación bursátil no debe
impedírseles hacerlo por el comportamiento contrario a la competencia de otros.
Esto es especialmente importante para las permutas de cobertura por
incumplimiento crediticio (CDS), dado el papel que desempeñan estos productos
en el sector financiero: en 2013, el valor nocional bruto de casi 2 millones de
contratos activos CDS superaron los 10 trillones EUR.

La Comisión inició una investigación en el mercado
de CDS en 2011, que dio lugar a que se emitiera un pliego de cargos el 1 de
julio de 2013. Los destinatarios del pliego de cargos eran el Bank of America
Merrill Lynch, Barclays, Bear Stearns, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse,
Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of
Scotland, UBS así como International Swaps and Derivatives Association (ISDA) y
el proveedor de servicios de datos Markit[21].
A raíz de la investigación, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que
esas compañías y asociaciones podrían haber coordinado su comportamiento para
impedir conjuntamente a sociedades bursátiles entrar en el mercado CDS entre
2006 y 2009, infringiendo así las normas de defensa de la competencia de la UE,
que prohíben acuerdos contrarios a la competencia, prácticas concertadas y
decisiones de asociaciones de empresas.

En paralelo, en el mes de diciembre, la Comisión
concluyó la investigación de los asuntos de defensa de la competencia relativos
a los tipos de referencia Libor, Euribor y Tibor por lo que se refiere a las
partes del procedimiento de transacción (véase la página 4). Las
investigaciones comenzaron en 2011 y la Comisión las ha tramitado con la máxima
prioridad[22].

Estos asuntos de defensa de la
competencia ponen de manifiesto tanto la importancia como la vulnerabilidad de
los tipos de referencia. Los tipos de referencia afectan al valor de numerosos
instrumentos financieros, tales como permutas de tipos de interés y acuerdos de
tipos de interés a plazo, así como contratos comerciales y no comerciales, por
ejemplo, acuerdos de suministro, préstamos e hipotecas. Desempeñan también un
papel importante en la gestión del riesgo. En septiembre, la Comisión propuso
un proyecto de Reglamento para restablecer la confianza en los tipos de
referencia[23].
El fin último de la propuesta es garantizar la integridad de los tipos de
referencia asegurando que no estén sujetos a conflictos de interés, que
reflejen la realidad económica que pretenden medir y que se utilicen
adecuadamente.

La política de ayudas estatales
marca la vía de la reestructuración disciplinada y los ajustes de balances en
el sector bancario

Sin unas normas de la UE sobre rescate y resolución,
establecidas ahora en la Directiva sobre rescate y resolución bancarios[24], las
normas sobre ayudas estatales para el sector bancario determinaron
efectivamente las condiciones para la resolución bancaria a nivel de la UE.
Desde el comienzo de la crisis, los gobiernos de la UE respondieron a las
amenazas a la estabilidad financiera aportando un ingente apoyo público a sus
respectivas instituciones bancarias. En los últimos cinco años, se ha utilizado
la política de ayudas estatales para coordinar la respuesta de los Estados
miembros, preservar unas condiciones equitativas en el sector bancario y
garantizar que los rescates se lleven a cabo en condiciones similares en toda
la Unión. Los elementos principales de las decisiones de reestructuración eran
el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo de los bancos beneficiarios,
garantizar el reparto de las cargas y eliminar falseamientos de la competencia.

La Comunicación bancaria puso al día
estas normas sobre ayudas estatales a partir del 1 de agosto[25]. Si
no hay contraorden, las nuevas normas seguirán garantizando una respuesta
política coherente a la crisis financiera en toda la UE y limitando los
falseamientos de la competencia en el mercado interior.

Durante el año, la Comisión adoptó
varias decisiones sobre reestructuración bancaria con arreglo a las nuevas
normas. El 6 de septiembre, la Comisión autorizó temporalmente como ayuda de
salvamento, con arreglo a las nuevas normas sobre ayudas estatales, garantías
estatales sobre los pasivos de nueva emisión de los dos bancos eslovenos Factor
banka d.d. y Probanka d.d. El 18 de diciembre, la Comisión autorizó decisiones
sobre medidas de ayuda estatal en favor de cinco bancos eslovenos. La Comisión
autorizó los planes de reestructuración de Nova Ljubljanska banka d.d. (NLB) y
de Nova Kreditna Banka Maribor d. d. (NKBM), debido, en particular, a que
permiten que los bancos sean viables a largo plazo sin falsear indebidamente la
competencia. La Comisión también autorizó ayudas a la liquidación ordenada de
Factor Banka d.d. y Probanka d.d., debido, en particular, a que los
falseamientos de la competencia creados por la ayuda se minimizarán con el
abandono completo del mercado de los dos bancos. Por último, la Comisión
autorizó temporalmente ayuda de salvamento en favor de Abanka Vipa d.d., por
razones de estabilidad financiera. En el contexto del Procedimiento de
Desequilibrio Macroeconómico, Eslovenia tuvo que efectuar una revisión de la
calidad de los activos y un test de resistencia del sector bancario esloveno
(AQR/ST). La evaluación de los resultados de la AQR/ST, publicada por Eslovenia
el 12 de diciembre, se incorporó en las cinco decisiones de la Comisión
adoptadas el 18 de diciembre.

Decisiones sobre
reestructuración bancaria notificadas antes del 1 de agosto de 2013

En el caso de
Hypo Alpe Adria Group (HGAA), la Comisión autorizó en agosto de 2013 un plan
según el cual las partes operativas del banco en Austria y el sudeste de Europa
se habrán vendido para mediados de 2015, como máximo, mientras que el resto no
viable se someterá a un proceso de liquidación ordenada. Hasta que se complete
el proceso de venta, Austria se compromete a una serie de restricciones de
nuevos negocios, en particular relacionadas con el control de riesgo,
garantizando así la mejora de las posibilidades de venta de las filiales y la
reducción al mínimo del falseamiento de la competencia.

En el caso de
Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), el Gobierno italiano aportó 2 000
millones EUR para cubrir un déficit de capital detectado en la prueba de
resistencia realizada en diciembre de 2011 por la Autoridad Bancaria Europea.
Tras asegurar que el modelo empresarial del banco es menos arriesgado y permite
su viabilidad a largo plazo, la Comisión autorizó el plan de reestructuración
de MPS en noviembre de 2013.

Además, el control de las ayudas
estatales es una herramienta importante para contribuir a garantizar que los
bancos vuelvan a su función económica primordial como prestadores a la economía
real, imponiendo condiciones en las decisiones de reestructuración.

En España, 2013 fue el primer año completo de
ejecución de los diversos planes de reestructuración aprobados para los bancos
que recibieron ayudas estatales en virtud del programa de asistencia financiera
de 18 meses concedido en julio de 2012. Los planes de reestructuración tenían
por objetivo encauzar a los bancos, desviándolos de actividades más arriesgadas
hacia las PYME y otros préstamos a empresas. Durante el primer semestre de
2013, se completaron los denominados ejercicios de responsabilidad subordinada
para los bancos que recibieron ayudas estatales, generando casi 13 000
millones EUR de capital en dichos bancos y reduciendo la necesidad de fondos
públicos adicionales.

En 2013 la Comisión, junto con el
BCE y el FMI, también siguió aportando asistencia financiera a los Estados
miembros que la habían solicitado. El control de las ayudas estatales
contribuyó a los programas de ajuste económico en Irlanda, Grecia, Portugal y
Chipre. La reestructuración de los sectores bancarios, incluida la imposición
de condiciones detalladas al sector financiero, era uno de los principales
requisitos políticos exigidos a estos países.

Un Mercado Único abierto,
eficiente y seguro para los pagos

La Comisión centró también su
esfuerzo regulatorio y de ejecución en el ámbito de los pagos. Un ejemplo es la
investigación de defensa de la competencia abierta en septiembre de 2011 para
examinar la normalización del proceso de pagos por internet realizada por el
Consejo Europeo de Pagos (EPC) y archivada en junio de 2013.[26]

Tomar medidas
para que los procesos de normalización no afecten a la entrada al mercado y la
innovación

El EPC es el
órgano decisorio y de coordinación del sector bancario europeo en lo relativo a
los pagos. A la Comisión le preocupaba que, mediante sus trabajos sobre la
normalización de los pagos electrónicos y, en particular el marco para los
pagos por vía electrónica, el EPC pudiera excluir a los proveedores no
bancarios del mercado de pagos electrónicos. Los pagos por internet son vitales
para el desarrollo del comercio electrónico y el buen funcionamiento del
mercado interior en la UE.

Durante la investigación, el EPC anunció
su decisión de interrumpir el desarrollo del marco para los pagos por vía
electrónica y de cualquier otra iniciativa de normalización que tuviera el
mismo objeto o efecto. Como resultado, el denunciante en este asunto, Sofort
AG, retiró su denuncia. En estas circunstancias, la Comisión decidió archivar
su investigación.

La Directiva de servicios de pago revisada[27]
permitirá explícitamente a los agentes no bancarios operar en competencia con
los bancos en los pagos por internet y con tarjeta. En este caso, la regulación
complementó efectivamente la ejecución de la normativa de defensa de la
competencia.

Otro ejemplo de sinergia entre regulación ex-ante
y ejecución de las normas en materia competencia ex-post es la propuesta
de Reglamento sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas
en una tarjeta[28],
que tiene en cuenta dos décadas de procedimientos de competencia relacionados
con compañías de tarjetas. Las tasas de intercambio han estado con frecuencia
bajo el escrutinio de autoridades y reguladores de la competencia. La Comisión
ha adoptado varias decisiones en virtud de las normas de la UE de defensa de la
competencia, incluida la decisión MasterCard de diciembre de 2007[29].
También ha habido una serie de procedimientos nacionales, entre ellos los de Polonia,
Hungría, Italia, Letonia, Reino Unido, Alemania y Francia. No obstante, el
mercado europeo de pagos con tarjeta sigue estando bastante fragmentado y las
tasas de intercambio varían enormemente. Para dar solución a esta cuestión, la
Comisión propuso la adopción del Reglamento sobre las tasas de intercambio. El
objetivo de la propuesta es desarrollar un mercado de pagos a escala de la UE
que permita a consumidores, minoristas y otras empresas aprovechar plenamente
los beneficios del mercado interior de la UE, en consonancia con la Estrategia
Europa 2020 y con la Agenda Digital.

La prohibición prevista por la
Directiva revisada de servicios de pago que impide el cobro de recargos por
pago con tarjeta para las tarjetas reguladas por las tasas de intercambio
complementa las disposiciones de la Directiva sobre los derechos de los
consumidores,[30]
que debe ser de aplicación en toda la UE desde el 13 de junio de 2014. Las
nuevas normas impedirán que los comerciantes apliquen recargos en el pago por
cualquier medio de pago que superen el coste asumido por el comerciante por el
uso de ese medio.

5. Energía:
el sector en el que se necesita «más Europa»

La energía es uno de los sectores en
los que completar el Mercado Único aportará los mayores beneficios a las
empresas y los ciudadanos de Europa. Sin embargo, los esfuerzos de reforma
diseñados para ultimar un mercado interior de la energía, incluido el Tercer
paquete de la energía adoptado en 2007[31],
están necesitando más tiempo del esperado para tener un impacto sobre el
terreno. Los tres retos clave identificados en 2013
son la dependencia cada vez mayor de la UE de las importaciones de energía, el
aumento de los precios de la energía y la falta de inversiones.[32]
Las energías renovables desempeñan un papel fundamental en la transición a un
sistema energético competitivo, seguro y sostenible.

Los mercados de la energía son un
factor esencial en la economía europea. La energía es un insumo clave para la
industria y afecta a prácticamente cualquier aspecto de la vida cotidiana de
los consumidores. Los costes de la energía tienen un impacto considerable en la
actividad económica. El precio de la energía es una gran fuente de preocupación
para la competitividad europea, especialmente en sectores muy energívoros, y
amenaza el liderazgo de Europa de diez años en descarbonización

Hay, sin embargo, un amplio consenso
en cuanto a lo que se requiere para hacer frente a estos retos: dotar a la UE
de un marco común para la energía, investir en infraestructura de banda ancha,
aumentar la eficiencia energética y fomentar unas ayudas a las energías
renovables más eficientes y mejor integradas en el mercado.

La competencia forma parte del
arsenal de medidas que puede dar respuesta a estos retos. La legislación de la
UE en materia de energía ha contribuido al desmantelamiento de los monopolios
legales, la armonización de las normas y ha introducido medidas de apoyo a la
integración y la liberalización del mercado. La política de competencia, por su
parte, pretende garantizar que las empresas no mantengan o vuelvan a poner
barreras a la competencia. Por tanto, las medidas de ejecución, regulación y
liberalización de las normas de competencia contribuyen todas ellas a los tres
pilares de la política energética de la UE: sostenibilidad, competitividad y
seguridad de suministro.

Aun así, en algunos Estados miembros
la competencia en los mercados del gas y de la electricidad sigue siendo
limitada, no solo por la lenta aplicación de la legislación, sino también por
la naturaleza de esos sectores, que se caracterizan por las elevadas
inversiones para la entrada y la limitada capacidad de infraestructuras
físicas. Aunque los mercados de la energía de la UE siguen siendo mayormente de
carácter nacional o regional, su integración ha aumentado. Una mayor
integración podría mitigar las fluctuaciones de precios y mejorar la eficiencia
y la competencia en general.

En ese sentido, la ejecución
contundente de la normativa de defensa de la competencia sustenta la
efectividad de la regulación ex-ante y la intervención estatal debe
estar hecha a medida para limitar el impacto sobre los precios de la energía.

Desde el 1 de enero, son de aplicación las nuevas
Directrices sobre ayudas estatales a los regímenes de comercio de derechos de
emisión (RCDE). El nuevo marco permite a los Estados miembros liberar a las
industrias energívoras de los costes indirectos del CO2 en su precio
de la electricidad y da respuesta al riesgo de deslocalización en países fuera
de la UE en los que la normativa sobre medio ambiente es menos estricta[33].
En 2013 la Comisión autorizó regímenes de este tipo en cinco Estados miembros:
Bélgica, Alemania, los Países Bajos, España y el Reino Unido[34].
En cambio, los planes de las autoridades alemanas de conceder este apoyo a
determinados productores de metales no férreos se declararon incompatibles, ya
que habrían implicado graves falseamientos de la competencia en detrimento de
los productores de otros Estados miembros[35].

Promover mercados de la energía abiertos
y competitivos garantizando el acceso no discriminatorio y unas condiciones
equitativas

En 2013, las acciones de ejecución de la normativa
de defensa de la competencia han contribuido o contribuirán en el futuro a
controlar los precios de la energía, combatiendo el comportamiento abusivo o
colusorio que produce segmentación de los mercados y una distribución
ineficiente de la energía. Algunos asuntos que está investigando la Comisión
han examinado el comportamiento de compañías de los sectores del petróleo
crudo, los productos de petróleo refinado y los biocombustibles[36];
Gazprom, en relación con el suministro de gas a Europa Central y Oriental[37]; BEH,
en relación con el suministro de gas en Bulgaria[38]; y
las bolsas de electricidad[39].

En abril, la Comisión aceptó y
adoptó una decisión que convierte en vinculantes los compromisos de ČEZ,
el operador histórico de electricidad checo.[40]
En junio de 2011 se abrió una investigación pormenorizada en el sector de la
electricidad checo, tras unas inspecciones por sorpresa en 2009. Después de que
ČEZ ofreciera compromisos para disipar las dudas de la Comisión, se
realizó una prueba de mercado en julio de 2012 y su resultado se consideró
satisfactorio. ČEZ cederá entre 800 y 1 000 MW de su capacidad de
generación. Esa cesión permitirá a un nuevo operador entrar en el mercado checo
de la electricidad y competir con el operador histórico.

La Comisión incoó también un procedimiento formal
contra la bolsa de electricidad rumana OPCOM[41],
que, junto con su compañía matriz CNTEE Transelectrica, recibió un pliego de
cargos en mayo. La Comisión consideró de manera preliminar que OPCOM, el
operador de la única bolsa de electricidad en Rumanía, discrimina a las
compañías según el lugar en que estén establecidas. Las bolsas de electricidad
desempeñan un papel importante facilitando al público información sobre los
precios: las prácticas empresariales restrictivas, al aumentar los costes para
ejercer la actividad a los operadores extranjeros, limitan la liquidez y la
eficiencia de los mercados de la electricidad. El acceso a los mercados de la
energía es crucial para lograr precios de la electricidad transparentes y
fiables en el mercado mayorista y en el minorista.

En cuanto al control de las ayudas estatales, la Comisión
abrió una investigación pormenorizada en las concesiones de recursos hídricos a
Electricidade de Portugal (EDP) para la generación de electricidad, a fin de verificar
si el precio pagado por el operador histórico de electricidad portugués EDP en
2007 por la ampliación de su derecho a utilizar recursos hídricos públicos para
la generación de electricidad se ajustaba a las normas sobre ayudas estatales
de la UE[42].
La Comisión también ha iniciado investigaciones sobre las normas y prácticas
que rigen el otorgamiento o ampliación de concesiones similares en otros
Estados miembros.

6.
ejecución de las normas de competencia en la economía digital para respaldar la
agenda digital para Europa

La revolución digital ha entrado en tromba
prácticamente en todos los sectores de la economía, determinando la manera de
vivir y hacer negocios de particulares y empresas, trayendo gran variedad de
bienes y servicios digitales, y ofreciendo a otros sectores insumos esenciales,
ahorros prospectivos e información y canales de distribución novedosos. Los
sectores digitales son grandes motores de creatividad e innovación, al fomentar
la competitividad en toda la economía. Aunque es extremadamente difícil
identificar medidas fiables para captar la magnitud de la economía digital, su
contribución al crecimiento del PIB en los últimos años se ha hecho cada vez
más importante. Teniendo esto presente, la Comisión lanzó en 2010 su Iniciativa
Emblemática «Una Agenda Digital para Europa»[43],
que se revisó con una serie de prioridades actualizadas en diciembre de 2012.

Aunque los principios y objetivos básicos de la
política de competencia siguen siendo los mismos en todos los sectores, algunos
rasgos son muy específicos de la economía digital. Uno de ellos es que en este
sector los procesos de transformación son muy rápidos. Otro rasgo de los
mercados digitales es la velocidad del cambio tecnológico, que constantemente
trae consigo nuevos dispositivos y bienes inmateriales, como servicios,
aplicaciones y ecosistemas al mercado. Por último, los modelos empresariales y
las fuentes de ingresos cambian con más rapidez en los mercados digitales que
en ningún otro mercado.

Combinar los instrumentos de la política
de competencia para hacer frente a los retos de un mercado en rápida evolución

En mercados en rápida evolución como ICT y las
comunicaciones electrónicas, es necesaria la aplicación conjunta de la
regulación ex-ante y la ejecución de las normas de competencia ex-post
para salvaguardar el correcto funcionamiento del sector y ayudarle a que
despliegue todo su potencial de crecimiento. La vigilancia efectiva de las
empresas dominantes, así como una reacción rápida en caso de abuso, es
especialmente importante, puesto que las prácticas ilegales pueden causar la
salida anticipada del mercado de competidores pequeños e innovadores.

Facilitar la divulgación de la propiedad intelectual
y el conocimiento es también importante en las industrias digitales. Para ello,
la Comisión está revisando su marco de política de defensa de la competencia
sobre acuerdos de transferencia de tecnología. Los acuerdos que promueven la
transferencia de tecnología entre competidores o no competidores fomentan la
innovación y la competitividad. La divulgación de la tecnología puede favorecer
la competencia e incrementar la innovación continuada. Entre febrero y mayo
tuvo lugar una consulta pública sobre la revisión de las Directrices y el
Reglamento de exención por categorías existentes para acuerdos de transferencia
de tecnología (RECATT) con vistas a adoptar los textos definitivos en la
primavera de 2014.

Normas de
ejecución de la defensa de la competencia en el mercado digital en rápida
evolución: el asunto Google

A la Comisión le
preocupaba que Google pudiera estar abusando de su posición dominante en los
mercados de búsqueda en la web, publicidad en línea e intermediación de
publicidad en línea en el EEE. La Comisión consideró que tales prácticas
podrían perjudicar a los consumidores al reducir su margen de elección y ahogar
la innovación en los campos de servicios de búsqueda especializada y publicidad
en línea. Para disipar las dudas de la Comisión en materia de competencia,
Google presentó una primera serie de compromisos en abril y una serie de
compromisos revisados en octubre. La Comisión solicitó opiniones sobre los
compromisos revisados de Google mediante solicitudes formales de información. A
la vista de las opiniones recibidas, la Comisión llegó a la conclusión de que
los compromisos revisados todavía eran insuficientes para resolver
adecuadamente los problemas en materia de competencia expuestos por la Comisión
en su evaluación preliminar. La Comisión informó a Google de que si deseaba
presentar otra serie de compromisos revisados que resolvieran adecuadamente los
problemas en materia de competencia expuestos por la Comisión, solo disponía de
un plazo muy corto para hacerlo, después del cual la Comisión pasaría al
procedimiento en virtud del artículo 7 del Reglamento 1/2003.

Fomentar la conectividad y atajar la
fragmentación del Mercado Único en el sector de las telecomunicaciones

La falta de un verdadero Mercado Único para las
comunicaciones electrónicas obstaculiza el desarrollo de nuevos servicios
accesibles en todo el mercado interior en detrimento de los consumidores
europeos.

Completar el Mercado Único de las comunicaciones
electrónicas reportaría importantes beneficios a las empresas y a los
consumidores europeos. El 11 de septiembre, la Comisión adoptó un paquete
legislativo denominado «Connected Continent: Building a Telecoms Single Market»
(Un Continente Conectado: Construir un Mercado Único en el sector de las
telecomunicaciones). El paquete consta de una Comunicación sobre el Mercado
Único de las telecomunicaciones y una propuesta de Reglamento que establece
medidas relativas al Mercado Único europeo para las comunicaciones electrónicas
así como medidas para lograr un Continente Conectado; incluye además una
Recomendación de la Comisión relativa a la coherencia en las obligaciones de no
discriminación y en las metodologías de costes para promover la competencia y
potenciar el entorno de la inversión en banda ancha. [44]

En 2013 la ejecución de las normas de competencia ha
sido muy activa en el sector de las telecomunicaciones, impidiendo que los
operadores históricos protegieran su negocio mediante prácticas ilegales y
garantizando que las concentraciones no dieran lugar a precios más elevados,
peor calidad o menores niveles de innovación.

En virtud del Reglamento de concentraciones, la
Comisión está en proceso de revisión de una serie de grandes operaciones,
incluidas dos operaciones propuestas que consolidarían una red de operadores de
móviles en Irlanda y Alemania respectivamente. El 1 de octubre, Hutchison 3G UK
notificó a la Comisión su intención de adquirir el control exclusivo de
Telefónica Ireland y, el 6 de noviembre, la Comisión inició una
investigación pormenorizada de dicha fusión.[45]
De igual manera, el 31 de octubre, Telefónica Deutschland notificó a la
Comisión su intención de adquirir el control exclusivo de las operaciones
móviles de KPN en Alemania denominadas E Plus y, el 20
de diciembre, la Comisión inició una investigación pormenorizada de la
operación.[46]
Puesto que de ambas operaciones resultaría un menor número de operadores en el
mercado mayorista y en el minorista, que están ya muy concentrados, tendrán que
examinarse pormenorizadamente durante 2014.

La Comisión también analizó y aprobó sin condiciones
en fase I la adquisición por parte de Liberty Global, en 23 300 millones
USD, de Virgin Media[47]
– el mayor operador de cable en Reino Unido – y la adquisición por parte de
Vodafone, en 8 000 millones EUR, de Kabel Deutschland, el mayor operador
de cable en Alemania[48].

En el capítulo de defensa de la
competencia, el 23 de enero la Comisión impuso una multa de
66 894 000 EUR a Telefónica, y de 12 290 000 EUR a Portugal
Telecom, por acordar no competir entre sí en los mercados de telecomunicaciones
de la península ibérica[49].
Al mantener la situación existente en España y Portugal, el acuerdo contribuyó
a mantener la fragmentación en el sector de las telecomunicaciones de la UE.
Los acuerdos de inhibición de la competencia constituyen una de las
infracciones más graves contra la normativa sobre competencia de la UE, ya que
las consecuencias pueden ser unos precios más elevados y menos capacidad de elección
para los consumidores. Esa decisión específica es especialmente relevante, ya
que afectaba a un acuerdo de reparto de mercado transfronterizo.

Suprimir
los obstáculos a la innovación en la economía del conocimiento

En 2013, la Comisión ha estado trabajando en lo
referente a las patentes esenciales. Las patentes esenciales son patentes que
protegen tecnología esencial para la aplicación de un estándar del sector
desarrollado por un organismo de determinación de estándares. Es técnicamente
imposible fabricar un producto conforme a un estándar sin utilizar la
tecnología protegida por las patentes esenciales.

En mayo, la Comisión envió un pliego de cargos a
Motorola Mobility sobre un abuso potencial de patentes esenciales para
teléfonos móviles[50].
En general es una solución legítima que un titular de una patente solicite un
auto a un órgano jurisdiccional nacional en caso de infracción de patentes. Sin
embargo, cuando un estándar adecuado comprende tecnologías patentadas, el
acceso a las patentes esenciales correspondientes es una condición previa para
que cualquier compañía venda en el mercado productos conformes a un estándar. Por
consiguiente, la Comisión ha llegado a la conclusión preliminar de que
solicitar un auto puede constituir un abuso de posición dominante, cuando se
trate de patentes esenciales y el licenciatario potencial esté dispuesto a
suscribir una licencia en condiciones FRAND (condiciones justas, razonables y
no discriminatorias). En esa situación, la Comisión considera que los titulares
de patentes esenciales no deben solicitar un auto, que generalmente implica una
prohibición de vender el producto que infringe la patente.
Los
titulares de patentes esenciales conservan el derecho a solicitar un auto cuando
el licenciatario potencial rechace licencias que se consideren FRAND.

El trabajo en el ámbito de las patentes esenciales
también afectó a Samsung.[51]
En septiembre, Samsung ofreció compromisos para dar respuesta a los problemas
de competencia señalados por la Comisión en su pliego de cargos de diciembre de
2012. Según los compromisos ofrecidos, Samsung propone durante un periodo de
cinco años no solicitar autos sobre la base de ninguna de sus patentes
esenciales, presentes y futuras, relacionadas con tecnologías aplicadas en
smartphones y tabletas contra ninguna compañía que acuerde respetar un proceso
especificado para determinar tasas de derechos FRAND adecuadas, ya sea por un
órgano jurisdiccional o un tribunal de arbitraje.

7.
Cooperación internacional en política de
competencia para responder a los retos de la globalización

La interdependencia cada vez mayor
de las economías mundiales es una tendencia irreversible: la inversión
extranjera directa había superado el 30 % del PIB mundial antes de la
crisis, y el comercio mundial ha crecido una media del 5,3 % anual durante
las dos últimas décadas. Han aparecido nuevos gigantes económicos mientras que
los grandes agentes en el entorno mundial han hecho importantes inversiones recíprocas
en sus economías.

La globalización de la economía
exige una cooperación más estrecha entre las autoridades de competencia, no
solo en Europa, sino también en todo el mundo. La cooperación internacional
entre las agencias de competencia asiste en la gestión efectiva de los retos de
la globalización y promueve la convergencia sobre los principios y prácticas de
competencia aplicados en todo el mundo. Es esencial garantizar la cooperación
entre las distintas autoridades y la coherencia en el resultado de sus
actividades de aplicación de las normas. Animada por el Parlamento Europeo, la
Comisión siguió entablando diálogos políticos multilaterales y bilaterales con
las autoridades de otras jurisdicciones con el fin de promover la convergencia
en las normas de competencia, tanto sustantivas como de procedimiento. La Comisión
siguió también cooperando estrechamente con numerosas agencias de competencia
en actividades de aplicación cotidiana de la normativa.

Cooperación bilateral y multilateral
para una ejecución más efectiva de las normas de competencia

El 8 de julio, la UE inició negociaciones con los
Estados Unidos sobre un Acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y
la Inversión (ATCI) y, el 25 de marzo, con Japón sobre un Acuerdo de libre
comercio. Ambas negociaciones incluyen disposiciones relativas a la competencia
que la Comisión sigue con mucha atención.

En cuanto a las relaciones bilaterales con
organismos de ejecución de las normas de competencia de terceros países, en
2013 la Comisión centró sus esfuerzos mayoritariamente en los principales
socios comerciales de la UE, tanto los tradicionales como las grandes economías
emergentes. A este respecto, en 2013 se mantuvieron diálogos de alto nivel con
representantes de algunas agencias de competencia con las que la UE suscribió
un acuerdo de cooperación o un Memorándum de entendimiento.

Al margen de la Conferencia BRICS de 22 de noviembre
en Delhi, la DG Competencia firmó un Memorándum de entendimiento para la
Cooperación en el ámbito de la legislación de competencia con la Comisión India
de Competencia. El 17 de mayo, se firmó el Acuerdo de Cooperación entre la UE y
Suiza. Un aspecto innovador de este último y el motivo por el que se le
califica de acuerdo de segunda generación es que permitirá a ambas agencias de
competencia intercambiar información que hayan obtenido en sus respectivas
investigaciones. El acuerdo entrará en vigor una
vez haya sido aprobado por el Parlamento Europeo y el Parlamento suizo.

También han progresado satisfactoriamente las
negociaciones sobre un acuerdo similar entre la UE y Canadá. Además, la
Comisión siguió acometiendo actividades de cooperación técnica con otras
autoridades de competencia de terceros países, en particular de China y la
India.

La Comisión siguió supervisando estrechamente la
ejecución de las disposiciones de los anexos del acero y la construcción naval
incluidas en el Acta de adhesión de Croacia[52]
y el 1 de julio Croacia se convirtió en miembro de la UE. En cuanto a las
negociaciones de adhesión con países candidatos, en 2013 hubo progresos
considerables en el examen de la legislación de Montenegro y la identificación
de criterios para la apertura de las negociaciones del capítulo de competencia.

La Comisión también prosiguió su
compromiso activo con foros internacionales en materia de competencia tales
como la Comisión de Competencia de la OCDE, la Red Internacional de Competencia
(RIC) y Unctad. En 2013, la Comisión siguió copresidiendo el Grupo de trabajo
de concentraciones de la Red Internacional de Competencia y uno de los
subgrupos del Grupo de trabajo de cárteles. En 2013 la Comisión también lideró
el proyecto (junto con la Federal Comisión Federal de Comercio de Estados
Unidos) de los proyectos del Grupo de Dirección de la RIC sobre procesos de
investigación en actividades de ejecución de las normas de competencia.

8. DIÁLOGO EN MATERIA DE
COMPETENCIA CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES

Diálogo estructurado con el Parlamento
Europeo

La DG Competencia mantiene un diálogo estructurado
permanente sobre cuestiones de competencia con el Parlamento Europeo, y, en
particular, con su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON).

En 2013, el vicepresidente Almunia visitó ECON en
dos ocasiones en el contexto del diálogo estructurado: el 28 de mayo, para la
presentación del Informe anual sobre la política de competencia 2012, y el 26
de noviembre, para una actualización de decisiones clave y evolución de la
política en 2013, con la vista puesta en los resultados del trabajo del
Parlamento en el ámbito de la competencia en 2014.

El vicepresidente asistió también a la Comisión de
Política Regional el 30 de mayo para hablar sobre las Directrices de ayudas de
finalidad regional, que estaba examinado dicha Comisión.

En 2013 se adoptaron dos Resoluciones relativas a
los informes anuales sobre la política de competencia. En junio, el Parlamento
adoptó su Resolución sobre el informe Sánchez Presedo, relativo al Informe
anual sobre la política de competencia 2011. El Informe anual sobre la política
de competencia 2012 se envió a la Comisión ECON el 14 de mayo, para que los MPE
pudieran preparar el diálogo con el comisario. La Resolución sobre el informe
Tremosa i Balcells se adoptó el 10 de diciembre.

En los últimos años, el Parlamento ha mostrado su
preocupación por el tema de las multas por infracciones en materia de
competencia: la Comisión considera que las Directrices sobre multas ofrecen
suficiente seguridad jurídica a las empresas y flexibilidad a la Comisión si se
requiere una modificación; esta estructura ha sido defendida en numerosas
ocasiones por los órganos jurisdiccionales europeos.

Diálogo
estructurado con el Parlamento Europeo sobre modernización de las ayudas
estatales

El Parlamento
fue consultado formalmente por el Consejo en el proceso de adopción de los
Reglamentos de procedimiento y de ejecución, piedras angulares de la
Modernización de las ayudas estatales, que era prioritario para la DG
Competencia durante 2013. El Parlamento adoptó sus dos Resoluciones en julio,
tras un trabajo pormenorizado sobre las dos propuestas. Al igual que la
Comisión ECON, la Comisión TRAN emitió un dictamen sobre el Reglamento de
ejecución. Además de su papel formal en el proceso legislativo, en su revisión
de las Directrices en el ámbito de las ayudas estatales, la Comisión tomó en
cuenta los mensajes clave del Parlamento. Según informó el vicepresidente
Almunia a los MP durante el diálogo estructurado el 26 de noviembre, el proceso
de Modernización de las ayudas estatales estará completado en 2014 con la
adopción del resto de las Directrices sobre ayudas estatales.

En paralelo y
tras la adopción de los Reglamentos de procedimiento y de ejecución en julio,
prosiguieron los trabajos de revisión y actualización de la legislación sobre
ayudas estatales. Hubo una tercera consulta pública sobre el proyecto de
Comunicación del Cine el 6 de mayo, a la que siguió el texto definitivo de la
Comunicación el 14 de noviembre. ECON fue informada de dicha iniciativa, así
como del inicio de la consulta pública relativa a las Directrices sobre las
ayudas estatales a aeropuertos y líneas aéreas (Directrices sobre aviación) el
3 de julio, la consulta de minimis el 17 de julio, la consulta pública
sobre el Reglamento General de Exención por Categorías el 29 de julio y las
Directrices de salvamento y reestructuración el 14 de noviembre.

El 16 de mayo se
envió a ECON un documento informativo sobre las Directrices relativas a las
ayudas de finalidad regional.

Ese fue otro
ámbito en el que el personal de la COMP informó a los MP y al personal del
Parlamento. La Comisión REGI presentó una pregunta oral con debate sobre las
Directrices de finalidad regional, en el contexto de los debates paralelos
sobre los nuevos mapas de ayudas regionales y el próximo periodo de
programación para los Fondos Estructurales.

Demandas por daños y perjuicios [53]

El vicepresidente Almunia optó por presentar primero
la propuesta de la Comisión sobre demandas por daños y perjuicios a los MEP de
ECON en una reunión abierta de coordinadores en Estrasburgo el 11 de junio, a
la que siguió inmediatamente después la adopción por el Colegio. La Comisión
adoptó la propuesta sobre la base de los artículos 103 y 114 del TFUE, lo que
llevó a la Comisión a transmitir la propuesta al Parlamento Europeo y al
Consejo según el procedimiento legislativo ordinario. El 18 de septiembre, los
servicios de la Comisión asistieron al taller sobre la propuesta organizado por
el ponente ECON, y el primer intercambio de puntos de vista tuvo lugar el 17 de
octubre para responder preguntas.

Acuerdo suizo

Los servicios de la DG Competencia informaron en
primer lugar al Parlamento Europeo sobre las negociaciones con la autoridad de
competencia suiza sobre un acuerdo de segunda generación en noviembre de 2010.
En junio de 2013, el Consejo solicitó formalmente al Parlamento que diera su
consentimiento al acuerdo. La DG Competencia ha trabajado con el ponente,
participando en talleres para asistentes, una sesión pública, y una reunión con
representantes de los grupos parlamentarios.

Continuar estrechando la comunicación de
la DG Competencia con la Comisión ECON

Como en años anteriores, la DG Competencia organizó
un seminario para asistentes y consejeros políticos de ECON que abarcaba los
temas principales del Informe anual sobre la política de competencia 2012 que
se celebró el 17 de mayo en las oficinas de la DG Competencia. Al seminario
siguió una sesión informativa pormenorizada para los asistentes de los ponentes
sobre aplicación de las normas de defensa de la competencia y de ayudas
estatales en el sector del transporte y sobre las ayudas estatales a los
bancos, y una sesión informativa de alto nivel para los MP del grupo de trabajo
de competencia de ECON sobre las principales cuestiones políticas.

En julio, la Comisión adoptó una nueva Comunicación
bancaria para actualizar las Directrices publicadas en 2008 al comienzo de la
crisis financiera y reflejar la experiencia adquirida entre tanto. La Comisión
también preparó un documento sobre las cuestiones clave para la Comisión
Económica y Financiera (EFC), que se envió al Presidente de ECON.

La DG Competencia continuó la práctica de informar
regularmente a las comisiones parlamentarias competentes de las consultas
públicas y de la adopción de nuevas Directrices y documentos políticos.

El personal de la DG Competencia se reunió bilateralmente
con numerosos MP en 2013, en relación con el trabajo del Parlamento en los
diversos expedientes de competencia. Los servicios de la Comisión prepararon
respuestas a 366 preguntas parlamentarias escritas, y a 21 peticiones en las
que la DG Competencia era la responsable.

La DG Competencia y la Comisión ECON prosiguieron su
intercambio de información en lo relativo a los estudios; los servicios de la
DG Competencia informaron a la Secretaría de ECON en julio sobre los estudios
encargados por la DG en 2013.

Colaboración de la DG
Competencia con el CESE y el CDR

La Comisión también informó al Comité
Económico y Social Europeo (CESE) y al Comité de las Regiones (CDR) de las
principales iniciativas políticas. Asimismo participó en reuniones de grupos de
estudio y de sección. El 1 de febrero, el vicepresidente Almunia asistió al
Pleno del CdR sobre la reforma de las ayudas estatales y la revisión de las
Directrices sobre ayudas de finalidad regional 2014-2020.

[1]
Foro Económico Mundial: Global Competitiveness Report 2013-2014 (Informe sobre
la competitividad mundial), disponible en
http://www3.weforum.org/docs/WEF\_GlobalCompetitivenessReport\_2013-14.pdf

[2]
SEC(2011) 1188 final, Parte 1: Documento de trabajo de la Comisión, Informe de
2011 sobre la competitividad europea.

[3]
The Contribution of Competition Policy to Growth and the EU2020 Strategy,
IP/A/ECON/ST/2012-25, disponible en http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/492479/IPOL-ECON\_ET(2013)492479\_EN.pdf

[4]
Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002,
relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los
artículos 81 y 82 del Tratado.

[5]
COM(2013) 404 final: Propuesta de Directiva relativa a determinadas normas por
las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las
disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la
Unión Europea, disponible en http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html.

[6]
Algunos ejemplos notables son las multas impuestas a fabricantes de vidrio para
automóviles, DRAM (circuitos integrados de memoria utilizados en ordenadores
personales, servidores y terminales), y caucho sintético.

[7]
Asunto AT.39748 – Cableado para el sector del automóvil.

[8]
Asunto 39861 – Derivados sobre tipos de interés en yenes (YIRD) y asunto 39914
– Derivados sobre tipos de interés en euros.

[9]
Asunto AT.39633 – Shrimps

[10]
Asunto 39574 – Smart card chips

[11]
COM(2013) 404 final: Propuesta de Directiva relativa a determinadas normas por
las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las
disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la
Unión Europea.

[12]
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1269/2013 de la Comisión, de 5 de
diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 802/2004,
por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo sobre el
control de las concentraciones entre empresas.

[13]
Comunicación sobre un procedimiento simplificado para la tramitación de
determinadas concentraciones con arreglo al Reglamento de concentraciones.

[14]
COM(2013) 685 final: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones,
Adecuación y eficacia de la normativa (REFIT): Resultados y próximas etapas en http://ec.europa.eu/refit.

[15]
COM(2012) 209 final: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones -
Modernización de las ayudas estatales en la UE.

[16]
Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 (DO
C 209 de 23.7.2013, p. 1).

[17]
Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas
estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (DO C 25 de 26.1.2013,
p. 1).

[18]
Reglamento (UE) nº 733/2013 del Consejo, de 22 de julio de 2013, por
el que se modifica el Reglamento (CE) n° 994/98 sobre la aplicación de los
artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a
determinadas categorías de ayudas estatales horizontales.

[19]
http://ec.europa.eu/internal\_market/financial-markets/derivatives/index\_en.htm

[20]
http://ec.europa.eu/internal\_market/securities/isd/mifid/index\_en.htm

[21]
Asunto AT.39745 – CDS – Information market

[22]
Asunto 39861 – Derivados sobre tipos de interés en yen (YIRD) y asunto 39914 –
Derivados sobre tipos de interés en euros.

[23]
La propuesta abarca gran variedad de tipos de referencia, no sólo los tipos de
interés de referencia como el LIBOR, sino también tipos de referencia de las
materias primas, tipos de referencia para los instrumentos financieros, tales
como derivados energéticos y de divisas, tipos de referencia utilizados en
contratos financieros y tipos de referencia utilizados para medir los
resultados de los fondos de inversiones.

[24]
http://ec.europa.eu/internal\_market/bank/crisis\_management/#maincontentSec2

[25]
http://europa.eu/rapid/press-release\_IP-13-672\_es.htm

[26]
Asunto AT.39876 – EPC online payments

[27]
COM(2013) 547 final: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se
modifican las Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009/110/CE, y se deroga la
Directiva 2007/64/CE.

[28]
COM(2013) 550 final: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una
tarjeta.

[29]
Asunto AT.34579 – MasterCard I

[30]
Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los
consumidores.

[31]
El tercer paquete de la energía adoptado en 2007 identificó comportamientos
contrarios a la competencia a los que dar solución con arreglo a las normas de
la UE en materia de competencia.

[32] Véase la
Contribución de la Comisión al Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013, en
la dirección http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2\_es.pdf

[33]
Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto
del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero,
DO C 158 de 5.6.2012, p. 4.

[34]
Asunto SA.37017, SA.36103, SA.37084, SA.36650 y SA.35543.

[35]
Asunto SA.30068 – Ayuda a los productores de metales no férreos para los costes
del CO2
en los precios de la electricidad.

[36] Asunto
AT.40054 – Oil and Biofuel Markets, véase MEMO/13/435 de 14 de mayo de 2013
[NB: el número y el nombre del asunto todavía no están publicados en la página
web].

[37]Asunto
AT.39816 – Upstream Gas Supplies in Central and Eastern Europe, véase
MEMO/12/937 de 4 de septiembre de 2012.

[38] Asunto
AT.39767 – BEH electricity, véase IP/121307 de 3 de diciembre 2012.

[39] Asunto
AT.39952 – Power Exchanges, véase MEMO 12/78 de 7 de febrero de 2012.

[40]
Asunto AT.39727 – ČEZ

[41]
Asunto AT.39984 – OPCOM / Romanian Power Exchange.

[42]
Asunto SA.35429 – Extension of use of public water resources for hydro
electricity generation.

[43]
COM(2010) 245 final/2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Una
Agenda Digital para Europa.

[44]
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connected-continent-single-telecom-market-growth-jobs

[45]
Asunto M.6992 – Hutchison 3G UK / Telefónica Ireland.

[46]
Asunto M.7018 – Telefónica Deutschland / E-Plus.

[47]
Asunto M.6880 – Liberty Global / Virgin Media.

[48]
Asunto M.6990 – Vodafone / Kabel Deutschland.

[49]
Asunto AT.39839 Telefónica y Portugal Telecom.

[50]
Asunto AT.39985 – Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents.

[51]
Asunto AT.39939 – Samsung - Enforcement of UMTS standards essential patents.

[52]
Acta de adhesión al Tratado de adhesión de Croacia.

[53]
COM(2013) 404 final: Propuesta de Directiva relativa a determinadas normas por
las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las
disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la
Unión Europea.

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