Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 52006SC0761

**Informe de la Comisión - Informe sobre la política de competencia 2005 /\* SEC/2006/0761 final \*/**

  

[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 15.6.2006

SEC(2006)761 final

INFORME DE LA COMISIÓN

Informe sobre la política de competencia 2005

ÍNDICE

Presentación 7

I – Antitrust – Artículos 81, 82 y 86 CE 12

A – Normas legislativas, interpretativas y procedimentales 12

1. Abuso de posición dominante 12

2. Acuerdos y prácticas concertadas 13

2.1. Reglamentos de exención por categorías en el sector del transporte 13

2.1.1. Transporte marítimo 13

2.1.2. Transporte aéreo 14

2.2. Reglamento de exención por categorías para la distribución de vehículos de motor 15

3. Normas de procedimiento 17

3.1. Acceso al expediente 17

3.2. Tratamiento de la información sobre el mercado y de las denuncias 18

Recuadro 1: Artículos 81 y 82 CE: Interés comunitario en dar curso a las denuncias de infracción y determinación de prioridades 19

4. Examen de la legislación de la UE desde el punto de vista de la competencia 21

5. Libro Verde sobre reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia 22

B – Aplicación de los artículos 81, 82 y 86 24

1. Energía, industrias básicas, sustancias químicas y productos farmacéuticos 24

1.1. Energía 24

1.2. Industrias básicas 30

1.3. Sustancias químicas 31

1.4. Productos farmacéuticos 31

Recuadro 2: AstraZeneca: abuso de la normativa nacional en el sector farmacéutico 33

2. Información, comunicaciones y medios de comunicación 34

2.1. Comunicaciones electrónicas y servicios postales 34

2.2. Medios de comunicación 40

2.3. Industrias de la información, Internet y electrónica de consumo 43

3. Servicios 45

3.1. Servicios financieros 45

3.2. Transportes 47

3.2.1. Transporte aéreo 47

3.2.2. Transporte interior 49

3.3. Comercio y otros servicios 49

3.3.1. Profesiones 49

3.3.2. Gestión de residuos 51

4. Industria, bienes de consumo y sector manufacturero 53

4.1. Bienes de consumo y productos alimenticios 53

4.2. Industrias mecánicas y otras industrias manufactureras, incluido equipo de transporte 54

5. Cárteles 58

5.1. Resumen de la evolución de la política de cárteles 58

5.1.1. Nueva Dirección 58

5.1.2. Programa de clemencia de la Comisión 59

5.2. Asuntos 61

C – REC: Resumen de cooperación 66

1. Visión general 66

1.1. Cooperación en cuestiones de política 66

1.2. Adaptar las legislaciones nacionales para garantizar una aplicación eficiente por parte de las ANC 67

1.3. Cooperación en asuntos individuales 67

2. Aplicación de las normas de competencia de la UE por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales de la UE: Informe sobre la aplicación del artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1/2003 70

2.1. Asistencia en forma de información o de dictamen 70

2.2. Sentencias de los órganos jurisdiccionales nacionales 70

2.3. Intervención en calidad de amicus curiae 71

2.4. Financiación de la formación de los jueces nacionales en materia de normativa de competencia de la UE 71

2.5. Resumen de los dictámenes emitidos por la Comisión en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1/2003 71

3. REC: cooperación en los distintos sectores 74

D – Selección de asuntos recurridos ante los Tribunales Europeos 77

E – Estadísticas 83

II – Control de las operaciones de concentración 86

A – Normas legislativas e interpretativas 87

1. Estudio sobre la política de soluciones 87

2. Nuevas orientaciones sobre el abandono de concentraciones 89

3. Atribución simplificada de asuntos: experiencia práctica en 2005 90

3.1. Descripción estadística 90

3.2. Aspectos prácticos de la remisión previa a la notificación 91

B – Decisiones de la Comisión 92

1. Decisiones tomadas de conformidad con el artículo 8 92

2. Decisiones tomadas de conformidad con el articulo 6.1.b) y 6.2 98

3. Remisiones 101

4. Notificaciones retiradas/abandono de operaciones 106

C – Selección de asuntos ante los Tribunales Europeos 110

D – Estadísticas 115

III – Control de las ayudas estatales 117

A – Normas legislativas e interpretativas 117

1. Reglamentos, directrices y comunicaciones 117

1.1. Plan de acción de ayudas estatales 117

Recuadro 3: Plan de acción de ayudas estatales 117

1.2. Directrices sobre ayudas de finalidad regional para 2007-2013 118

1.3. Futuro Encuadramiento sobre ayudas de I+D e innovación 120

1.4. Comunicación sobre ayudas estatales al seguro de crédito a la exportación 121

1.5. Revisión de las Directrices medioambientales 122

1.6. Servicios de interés económico general 122

Recuadro 4: Servicios de interés económico general 122

2. Agricultura 124

2.1. Nuevo informe anual sobre las ayudas estatales 124

2.2. Transparencia 124

3. Carbón 125

4. Transporte 125

5. Transparencia 127

6. Ampliación 127

6.1. Ayudas existentes en los nuevos Estados miembros 127

6.2. Adhesión de Bulgaria y Rumanía 128

B – Asuntos 129

1. Ayudas de salvamento y reestructuración 129

1.1. Ayudas de salvamento 129

1.2. Ayudas de reestructuración 130

2. Construcción naval 136

3. Sector siderúrgico 139

4. Radiodifusión pública, banda ancha, industria cinematográfica 140

5. Banca 145

6. Ayudas de finalidad regional 146

7. Ayudas de investigación y desarrollo, ayudas a la innovación 150

8. Ayudas medioambientales y de ahorro energético 155

9. Ayuda a la formación, el empleo y las pequeñas y medianas empresas 158

10. Ayudas fiscales 160

11. Ayudas para reparar los perjuicios causados por desastres naturales 165

12. Otros sectores: sanidad, servicios postales, defensa 166

13. Agricultura 168

14. Pesca 172

15. Carbón 173

16. Transporte 173

16.1. Transporte ferroviario 173

16.2. Transporte combinado 174

16.3. Transporte por carretera 175

16.4. Transporte aéreo 175

C – Ejecución de las decisiones sobre ayudas estatales 178

1. Introducción 178

2. Asuntos individuales 179

D – Selección de asuntos recurridos ante los Tribunales Europeos 181

E – Estadísticas 187

IV – Actividades internacionales 189

A – Ampliación y Balcanes Occidentales 189

B – Cooperación bilateral 190

1. Introducción 190

2. Acuerdos con Estados Unidos, Canadá y Japón 190

3. Cooperación con otros países y regiones 194

C – Cooperación multilateral 196

1. Red Internacional de Competencia 196

2. OCDE 198

V – Perspectivas para 2006 203

1. Antitrust 203

2. Concentraciones 204

3. Ayudas estatales 204

4. Actividades internacionales 205

Anexo – Asuntos tratados en el informe 206

1. Artículos 81, 82 y 86 del Tratado CE 206

2. Control de concentraciones 207

3. Ayudas estatales 208

Presentación

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE COMPETENCIA

En 2005, la DG Competencia avanzó considerablemente hacia una aplicación más eficaz y mejor orientada de las normas de competencia en todos nuestros sectores de actividad.

Se puso en marcha del Plan de Acción de Ayudas Estatales (PAAE), un paquete de reformas de gran envergadura elaborado con objeto de instaurar normas más específicas en materia de ayudas estatales para fomentar unas ayudas con unos objetivos mejor definidos, por ejemplo, las ayudas destinadas a impulsar la innovación, el capital de riesgo, la investigación y el desarrollo. El objetivo final del PAAE es ofrecer una mayor capacidad de predicción en el control de las ayudas estatales, unos mejores resultados económicos y una mejor gobernanza. El control de las ayudas estatales también registró un aumento significativo de la carga de trabajo en la tramitación de asuntos, ya que en 2005 se registraron 676 nuevos asuntos (un aumento del 8% en comparación con el año anterior).

En su aplicación de la normativa antitrust, la DG Competencia concedió la mayor prioridad a descubrir, desmontar y sancionar los cárteles, la forma más perniciosa de conducta anticompetitiva. Los cárteles aumentan artificialmente el precio de los bienes y servicios, reducen el suministro y obstaculizan la innovación (de tal modo que los consumidores acaban pagando más por menos calidad), y pueden incrementar considerablemente los costes de los insumos para las empresas europeas. El éxito del programa de clemencia de la Comisión, que ha llevado a un incremento del número de cárteles investigados, es un indicio alentador de la eficacia de nuestra política. En 2005, la Comisión adoptó cinco decisiones contra cárteles; las multas impuestas ascendieron a un total de 683,029 millones de euros. Para reforzar la capacidad de lucha contra los cárteles, en 2005 se creó en la DG Competencia una Dirección dedicada a éstos.

Las demás actividades de aplicación de la normativa antitrust de la DG Competencia se caracterizaron por una atención cada vez mayor a los asuntos que suponen prácticas más perjudiciales para los consumidores. A modo de ejemplo, la Comisión sancionó a AstraZeneca por hacer un uso indebido del sistema normativo para retrasar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos que competían con su producto Losec, de gran éxito en el mercado. Además de los procedimientos formales de infracción, también se hizo uso de la nueva posibilidad brindada por el Reglamento (CE) n° 1/2003 de obtener compromisos vinculantes para las empresas con objeto de resolver problemas de competencia. Así ocurrió, por ejemplo, en relación con la política comercial de Coca-Cola.

El lanzamiento de las dos primeras investigaciones sectoriales de conformidad con el artículo 17 constituyó un hito en la aplicación del Reglamento (CE) n° 1/2003. La primera se refería al sector de los servicios financieros y la segunda al de la energía (gas y electricidad), dos sectores clave para lograr crecimiento y creación de empleo, el gran objetivo político de la Comisión. Con estas investigaciones sectoriales, la Comisión cumplía su compromiso de aplicar la normativa con un enfoque más dinámico y basado en la economía. La Comisión utilizará los resultados de estas investigaciones para determinar, si necesario, las medidas de aplicación y reglamentación en estos sectores, para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. El análisis de los resultados de estas investigaciones sectoriales y su correspondiente seguimiento serán tareas importantes para la DG Competencia a partir de 2006.

En el campo de las fusiones, en 2005 se experimentó un aumento de la actividad debido a la actual tendencia general al alza de la actividad de concentraciones y adquisiciones. Se registraron 313 notificaciones de fusiones, lo que supone un aumento del 25% en comparación con 2004. Las investigaciones de la DG Competencia también se suelen basar en unas encuestas de mercado cada vez más exhaustivas. Se hace hincapié en identificar los problemas de competencia que responden a un análisis económico sólido y se basan en hechos. Se prestó una atención particular a las fusiones que podían impedir la consecución de los objetivos de liberalización de la UE.

La mejora de la eficacia de las normas de competencia de la UE era un objetivo importante de la modernización, objetivo que sólo puede lograrse velando por el funcionamiento adecuado de la Red Europea de Competencia (REC), que agrupa a la Comisión y a las autoridades nacionales de competencia (ANC) de los Estados miembros. Su objetivo principal es garantizar la aplicación coherente y homogénea de las normas de competencia de la UE en la UE ampliada. En ese contexto, se comunicaron a la Comisión, de conformidad con el artículo 11, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 1/2003, casi 80 asuntos en los que una ANC tenía previsto adoptar una decisión de conformidad con el artículo 81 y/o 82.

La DG Competencia desempeña, en coordinación con la DG Sociedad de la información, un papel importante en la aplicación del marco regulador de las comunicaciones electrónicas adoptado por la Comisión en 2002, que se basa en los principios del derecho de competencia de la UE. Según dicho marco, la DG Competencia es responsable, junto con la DG Sociedad de la información, de revisar las notificaciones de las autoridades reguladoras nacionales de medidas reguladoras de los mercados de las comunicaciones electrónicas. En 2005, la DG Competencia tramitó 201 notificaciones de esta índole (más del doble que en 2004: 89). Las decisiones adoptadas por la Comisión sobre tales notificaciones también se han duplicado casi en 2005 en comparación con 2004, pasando de 64 a 117.

En 2005, también tomamos medidas importantes para velar por la aplicación eficaz de las decisiones de la Comisión en el campo de la competencia, según se demuestra con la apertura del procedimiento formal por incumplimiento en el asunto Microsoft (diciembre). Asimismo, en el ámbito de las ayudas estatales, la cantidad de ayuda estatal ilegal e incompatible pendiente de recuperación a tenor de las decisiones adoptadas entre 2000 y mediados de 2005 disminuyó: de un total de 9.400 millones de euros, a finales de junio de 2005 se habían recuperado efectivamente unos 7.900 millones de euros.

Además del PAAE, la DG Competencia realizó progresos importantes en lo que respecta a su ambicioso proceso de revisión de la política de competencia, que pretende ampliar la aplicación de las normas de competencia tanto para aumentar su eficacia como para fomentar la competitividad. El documento de trabajo de la DG Competencia sobre la aplicación del artículo 82 CE a las exclusiones abusivas y la adopción del Libro Verde sobre reparación de daños y perjuicios contribuirá a consolidar la cultura de competencia en la UE. Como ejemplo suplementario, la Comisión propuso derogar la exención por categorías aplicable a las conferencias marítimas que eximía a éstas de la prohibición, con arreglo a las normas de competencia de la UE, de incurrir en prácticas comerciales restrictivas. La derogación de la exención beneficiará a los exportadores de la UE ya que los precios del flete descenderán al tiempo que se mantendrán unos servicios fiables, mejorando así la competitividad de la industria de la UE.

Finalmente, en 2005 la DG Competencia también dedicó considerables recursos a apoyar las iniciativas de mejora de la normativa. Se incluyen en este capítulo el estudio de las nuevas iniciativas por parte de la Comisión con objeto de evaluar su impacto en la competencia y defenderla ante los Estados miembros. Junto con nuestra propia actividad de desarrollo de la política de competencia, estas acciones contribuyeron a mejorar la eficacia de las normas de competencia y a ofrecer transparencia y previsibilidad a la comunidad empresarial y a los consumidores.

En resumen, 2005 fue un año de importantes progresos tanto en términos de consolidación de la reforma del régimen de competencia aplicable a los ámbitos de la política antitrust y de las fusiones, como en la reforma de gran calado del capítulo de las ayudas estatales. En 2005 se realizaron avances notables en el enfoque de los problemas de competencia desde el ángulo del impacto económico, mediante los instrumentos existentes. Finalmente, en 2005 la DG Competencia lanzó nuevos proyectos importantes - especialmente investigaciones sectoriales - cuyos resultados darán lugar en los próximos años a nuevas iniciativas y medidas de aplicación que beneficiarán a los consumidores de la UE, ya sean ciudadanos o empresas, y contribuirán a la competitividad de la UE.

MENSAJE DEL CONSEJERO AUDITOR

La Comisión creó el puesto del consejero auditor para encomendar el desarrollo de los procedimientos administrativos en asuntos de defensa de la competencia y de concentraciones a una persona independiente con experiencia en temas de competencia y con la integridad necesaria para contribuir a la objetividad, transparencia y eficiencia de dichos procedimientos. El consejero auditor desempeña esta tarea de conformidad con su Mandato.

Confidencialidad y acceso al expediente en el contexto de la Comunicación relativa a las normas de acceso al expediente

En 2005, se plantearon varios problemas complicados relativos al acceso al expediente. Concretamente, en algunos casos en los que el expediente del asunto contenía miles de documentos cuya confidencialidad se había invocado de forma justificada, las solicitudes de acceso dieron lugar a retrasos en el procedimiento. Teniendo en cuenta que es necesario verificar para cada documento si el interés invocado en el acceso a efectos del derecho de defensa prevalece sobre la confidencialidad, la preparación minuciosa del acceso al expediente es esencial para el correcto desarrollo del procedimiento.

Todos los participantes tienen interés en que el procedimiento se desarrolle de forma rápida y expeditiva. Así pues, las partes que faciliten información, al igual que quienes solicitan acceso a la información confidencial, deben atenerse a los principios rectores de la confidencialidad. En particular:

- Quienes facilitan información deberían justificar sus solicitudes de confidencialidad y limitar ésta a las partes concretas respecto de las cuales puede invocarse razonablemente un riesgo de grave perjuicio. Se debe facilitar una versión no confidencial de la información y debe incluirse una descripción sucinta de cada parte de información suprimida. Es importante que las versiones no confidenciales y las descripciones de la información suprimida se presenten de modo tal que permita que cualquier parte que tenga acceso al expediente determine si es probable que la información suprimida sea pertinente para su defensa y por lo tanto si existen suficientes argumentos para solicitar que la Comisión conceda el acceso a la información en cuestión.

- Las partes que soliciten el acceso a la información confidencial deben presentar solicitudes detalladas y justificadas que demuestren claramente su interés en documentos concretos desde el punto de vista del derecho de defensa.

Decisiones de los consejeros auditores

En el curso de sus actividades relacionadas con peticiones individuales de acceso al expediente, en 2005 los consejeros auditores adoptaron 13 decisiones de conformidad con el artículo 8 de su mandato en siete casos. Según este artículo, las partes pueden solicitar el acceso a los documentos que crean necesarios para el adecuado ejercicio de su derecho a ser oídas y que no se les hayan facilitado por razones de confidencialidad. El consejero auditor puede rechazar o conceder el acceso completo o parcial a dichos documentos.

En 2005 los consejeros auditores no tuvieron que adoptar ninguna decisión con arreglo al artículo 9. De conformidad con este artículo del mandato, los consejeros auditores deciden que la Comisión puede revelar la información incluso aunque una empresa se oponga a ello, si consideran que la información no está protegida, o si el equilibrio entre el interés en revelar la información y el perjuicio que de ello pudiera resultar se inclina del lado del primero. Tal decisión puede ser recurrida ante los tribunales europeos mediante lo que se conoce comúnmente como procedimiento Akzo.

Para evitar un procedimiento engorroso, los consejeros auditores han instituido la práctica del envío de lo que se denominan “cartas previas al artículo 9”. Éstas informan a las empresas sobre la posición preliminar de los consejeros auditores antes de adoptar una decisión definitiva y jurídicamente vinculante de conformidad con el artículo 9. En 2005 se enviaron varias cartas de esta índole.

Contenido del expediente de un asunto

En 2005, los consejeros auditores reconocieron que, conforme a la jurisprudencia, las partes deberían tener derecho de acceso, previa solicitud, a todos los documentos que están objetivamente relacionados con la presunta infracción, con las excepciones normales por razones de confidencialidad o de la naturaleza interna de los documentos afectados. Sin embargo, los distintos departamentos de la Comisión pertinentes disfrutan de cierto margen discrecional en su decisión de unificar las investigaciones que consideren que están suficientemente relacionadas. Los departamentos de la Comisión correspondientes pueden decidir, por razones objetivas, si un análisis completo y exhaustivo de la conducta anticompetitiva investigada requiere o no al mismo tiempo una exploración de distintos mercados de producto o geográficos.

Informes de los consejeros auditores y audiencias orales

En 2005, los consejeros auditores elaboraron informes intermedios y/o finales en tres casos de fusión y en doce asuntos de defensa de la competencia, algunas de cuyas audiencias se habían celebrado en 2004. En 2005, se solicitaron audiencias orales en ocho asuntos de defensa de la competencia. No se celebraron audiencias en casos de fusión. El descenso del interés por las audiencias orales en los casos de fusión puede deberse al deseo de las partes de utilizar el limitado tiempo disponible para negociar remedios en vez de para cuestionar la evaluación de la Comisión ante una audiencia más amplia que también podría incluir a empresas hostiles a la concentración.

Procedimiento para las declaraciones orales

En 2005 se instauró un nuevo procedimiento para velar por que las empresas que desean cooperar con la Comisión con arreglo a la Comunicación sobre clemencia no dejen de hacerlo a consecuencia de la exhibición documental en un procedimiento civil de reparación de daños ante órganos jurisdiccionales no pertenecientes a la UE. Esto implica que los otros miembros del presunto cartel no tienen acceso a las declaraciones de las empresas de la manera habitual (es decir, mediante un CD-ROM/DVD o mediante copias impresas). En cambio, se permite que las partes tomen notas de las declaraciones grabadas de la empresa que solicita clemencia.

I – Antitrust – Artículos 81, 82 y 86 CE

A – NORMAS LEGISLATIVAS, INTERPRETATIVAS Y PROCEDIMENTALES

1. ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

1. El 19 de diciembre, la DG Competencia presentó un documento de trabajo sobre la aplicación de las normas de competencia de la UE relativas al abuso de posición dominante (artículo 82 CE)[1]. Este documento de trabajo pretende fomentar un debate sobre la mejor forma de proteger los mercados de la UE contra las conductas excluyentes de las empresas en posición dominante, que pueden limitar las presiones competitivas sobre los mercados. El documento sugiere un marco para una permanente aplicación rigurosa del artículo 82 CE, basada en los análisis económicos realizados en asuntos recientes, y establece una posible metodología para la evaluación de algunas de las prácticas abusivas más comunes, tales como los precios abusivos, las marcas únicas, la vinculación, y la denegación de suministro. Otras formas de abuso, tales como las prácticas discriminatorias y explotadoras, serán objeto de futuros trabajos de la Comisión en 2006. La DG Competencia ha invitado a presentar comentarios sobre el citado documento de trabajo antes del 31 de marzo de 2006.

2. El artículo 82 CE prohíbe los abusos de posición dominante. Éstos se suelen dividir en exclusiones abusivas, que excluyen a los competidores del mercado, y explotaciones abusivas, por las que la empresa dominante aprovecha su poder de mercado, por ejemplo aplicando precios excesivos. El documento de trabajo se ocupa solamente de las exclusiones abusivas.

3. El documento describe un marco general para analizar las prácticas de exclusión abusiva de una empresa dominante. Cuando una empresa dominante está presente en un mercado, la competencia en ese mercado ya es débil. El objeto de las normas de competencia es por lo tanto prevenir la conducta de esa empresa dominante que pueda debilitar aún más la competencia y perjudicar a los consumidores, independientemente de que ello ocurra a corto, medio o largo plazo. Para las prácticas basadas en precios, tales como los descuentos, el documento se plantea si solamente debe considerarse abusiva la conducta que pueda excluir a competidores igualmente eficientes. El documento también examina si las eficiencias deberían tomarse en consideración en el ámbito del artículo 82 CE, y, de ser así, cómo hacerlo. Si se tomaran en consideración, las eficiencias alegadas tendrían que ser mayores que el efecto restrictivo de la conducta en cuestión.

4. La DG Competencia está llevando a cabo una consulta de gran alcance sobre el documento de trabajo. Ya ha debatido el documento en la Red Europea de Competencia y ahora ha abierto la consulta al público. Como parte de este proceso de consulta, la Comisión celebrará una audiencia pública en la primavera de 2006 sobre los abusos de posición dominante y en especial sobre el marco propuesto en el documento de trabajo.

2. Acuerdos y prácticas concertadas

2.1. Reglamentos de exención por categorías en el sector del transporte

2.1 .1. Transporte marítimo

Derogación del Reglamento (CEE) n° 4056/86 del Consejo – Exención por categorías de las conferencias marítimas

5. El 14 de diciembre, la Comisión adoptó una propuesta[2] de Reglamento del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 4056/86 que aplicaba los artículos 81 y 82 CE al transporte marítimo[3]. El Consejo decidirá sobre esta propuesta por mayoría cualificada previa consulta al Parlamento Europeo.

6. El objetivo es poner fin a la exención por categorías de las conferencias marítimas que permite que las líneas marítimas se reunan en conferencias para fijarlos precios de flete y regular la capacidad. Tras un estudio de tres años, la evaluación de impacto llevada a cabo muestra que las conferencias marítimas no cumplen las cuatro condiciones acumulativas del artículo 81, apartado 3, y que es probable que la derogación de la exención por categorías dé lugar a un descenso de los precios del transporte, manteniendo unos servicios fiables y mejorando la competitividad de la industria europea, en especial la de los exportadores de la UE. La propuesta prevé un período de transición de dos años desde la adopción del Reglamento por el Consejo para las disposiciones relativas a la exención por categorías de las conferencias marítimas.

7. La propuesta también pretende modificar el Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo[4] ampliando su alcance al cabotaje y a los servicios de tramp, aplicando así las mismas normas generales de competencia a todos los sectores de actividad económica.

8. Para facilitar la transición a un régimen plenamente competitivo, la Comisión tiene previsto adoptar en 2007 las correspondientes directrices sobre la competencia en el sector marítimo.

Prórroga y modificación del Reglamento (CE) n° 823/2000 de la Comisión – Reglamento de exención por categorías de los consorcios

9. El 20 de abril, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) n° 611/2005 que modificaba el entonces vigente reglamento de exención por categorías de las compañías de transporte marítimo de línea regular (consorcios)[5]. Se prorroga el Reglamento (CE) n° 823/2000 de la Comisión hasta el 25 de abril de 2010 y se introducen dos modificaciones de escasa importancia. Las modificaciones conceden a un miembro del consorcio el derecho a retirarse de un acuerdo de consorcio sin sanción pecuniaria después de un período inicial de hasta 24 meses, lo que supone una ampliación de seis meses con respecto al régimen anterior. Además, este período inicial ahora se aplica también cuando las partes de un acuerdo existente han aceptado hacer una nueva inversión sustancial en los servicios de transporte marítimo ofrecidos por el consorcio. Esta inversión debe equivaler por lo menos a la mitad de la inversión total realizada por los miembros de consorcio. Finalmente, una de las condiciones básicas de la exención, a saber la existencia de una competencia efectiva de precios en el consorcio, se ha modificado: ahora los 'contratos confidenciales individuales' también pueden tomarse en consideración para demostrar la existencia de dicha competencia.

10. La exención por categorías de los consorcios está estrechamente ligada a la exención por categorías de las conferencias marítimas (Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo). Debido a las estrechas relaciones entre las dos exenciones por categorías, la Comisión consideró que no era necesario ni conveniente introducir modificaciones sustanciales en la exención por categorías de los consorcios antes de finalizar la revisión del Reglamento (CEE) n° 4056/86 del Consejo.

2.1.2. Transporte aéreo

Sustitución del Reglamento (CEE) n° 1617/93 de exención por categorías de la Comisión

11. La Comisión continuó el proceso de consulta iniciado en 2004 con respecto a la revisión del Reglamento (CEE) n° 1617/93 de la Comisión[6], con la publicación el 2 de marzo de un documento que examina las contribuciones recibidas con ocasión de la consulta.

12. El 15 de noviembre, la Comisión adoptó un anteproyecto de reglamento de exención por categorías con objeto de sustituir el Reglamento (CEE) n° 1617/93 de la Comisión. El proyecto debe ser discutido por el Comité consultivo de prácticas restrictivas y abusos de posición dominante. El anteproyecto de reglamento de exención por categorías establece que:

13. las consultas sobre tarifas para el transporte de personas en servicios aéreos dentro de la UE se beneficiarán de una exención por categorías hasta el 31 de diciembre de 2006; esta exención no se prorrogaría después de esa fecha;

14. las consultas sobre la asignación de franjas horarias y la fijación de horarios en aeropuertos se beneficiarán de una exención por categorías hasta el 31 de diciembre de 2006; esta exención no se prorrogaría después de esa fecha;

15. las consultas sobre tarifas de los servicios aéreos para pasajeros entre la UE y terceros países se beneficiarán de una exención por categorías condicionada a una obligación de comunicación de datos hasta el 31 de diciembre de 2008.

16. Simultáneamente a la preparación de un nuevo reglamento de exención por categorías, departamentos de la Comisión han mantenido consultas con la IATA y con varias líneas aéreas sobre el futuro de los acuerdos interlínea.

2.2. Reglamento de exención por categorías para la distribución de vehículos de motor

Las cláusulas relativas al lugar de establecimiento en los acuerdos de distribución de automóviles ya no están amparadas por la exención

17. El 1 de octubre entró en vigor la parte final de la reforma de la Comisión de las normas de competencia aplicables a la distribución de vehículos de motor: las cláusulas relativas al lugar de establecimiento en los contratos de distribución entre los fabricantes de automóviles y los distribuidores autorizados ya no están amparadas por la exención del Reglamento (CE) n° 1400/2002 de la Comisión. Estas cláusulas son disposiciones de los acuerdos de distribución de automóviles que asignan al distribuidor autorizado un determinado establecimiento principal y le prohíben operar en puntos de venta o de entrega adicionales situados en otro lugar.

18. La nueva regla se aplica a los turismos y a los vehículos comerciales ligeros. No se aplica a los sistemas de distribución exclusiva, ni a los acuerdos que solamente tienen efectos mínimos en el mercado[7]. Para los acuerdos de distribución selectiva, la nueva regla significa que las cláusulas relativas al lugar de establecimiento que prohíban a los distribuidores autorizados abrir puntos de venta o de entrega adicionales caerán fuera del 'espacio protegido' creado por el Reglamento de exención por categorías.

19. La nueva norma tiene un doble objetivo político subyacente[8]:

20. reducir las restricciones territoriales de modo que los consumidores puedan beneficiarse de la competencia efectiva entre los distribuidores autorizados, particularmente en cuanto a los precios y en las zonas en las que no tienen una verdadera oportunidad de elegir entre distribuidores autorizados de la misma marca; y

21. facilitar el desarrollo de formas innovadoras de distribución tales como los puntos de venta multimarca.

22. Al ocuparse de las cláusulas relativas al lugar de establecimiento en el ámbito del artículo 5 del Reglamento, la Comisión concedió un mayor margen para evaluar de forma individual, caso por caso, si una cláusula cumple todas las condiciones requeridas para justificar una exención de conformidad con el artículo 81, apartado 3. Los potenciales efectos positivos más probables de estas cláusulas en los sistemas de distribución selectiva consisten en que pueden impedir que terceros se aprovechen de las inversiones y esfuerzos de promoción de los distribuidores autorizados establecidos.

23. En cuanto al primer tipo de cláusulas relativas al lugar de establecimiento mencionado en el Reglamento – a saber, las cláusulas que prohíben puntos de venta adicionales – es difícil comprender el motivo por el que los fabricantes de automóviles necesitarían las restricciones de los puntos de venta adicionales para evitar los comportamientos parasitarios. El Reglamento permite a los fabricantes de automóviles exigir que los puntos de venta secundarios cumplan todas las normas cualitativas aplicables a los concesionarios en la zona donde se abrirá el punto de venta y comprobar por adelantado este cumplimiento. Así se evitará por lo general el peligro de que terceros se aprovechen de las inversiones y esfuerzos de promoción de los distribuidores autorizados establecidos. Por otra parte, es improbable que los puntos de venta secundarios aumenten los costes de transacción y logística de los fabricantes de automóviles, ya que el contrato vigente con el distribuidor autorizado continuará determinando el lugar en el que el fabricante de automóviles debe entregar los coches pedidos por el distribuidor autorizado. Esto significa que cuando los distribuidores autorizados abren un punto de venta secundario en otro Estado miembro, no es necesario un contrato adicional con el importador local, aunque por supuesto el fabricante de automóviles pueda delegar en el importador local funciones tales como la comprobación del cumplimiento de los criterios cualitativos. Las condiciones de compra y los objetivos de ventas seguirán siendo las determinadas en el acuerdo de distribución existente.

24. En cuanto al segundo tipo de cláusula relativa al lugar de establecimiento mencionado en el Reglamento - es decir, las cláusulas que prohíben a los distribuidores autorizados establecer puntos de entrega adicionales - un análisis individual de conformidad con el artículo 81 CE desembocaría muy probablemente en un resultado diferente. Puede existir un mayor riesgo de que tales puntos de entrega se utilicen (indebidamente) para aprovecharse de las inversiones, los esfuerzos de comercialización y el renombre del distribuidor autorizado establecido en el territorio de referencia. En la práctica, si los puntos de entrega se utilizan de facto para realizar “ventas” (en contraposición con meros "servicios de entrega"), un fabricante podría invocar con éxito la derogación de conformidad con el artículo 81, apartado 3, siempre que la limitación de la apertura de puntos de entrega sea la única manera de prevenir tales riesgos de comportamiento parasitario que podrían producir una desestabilización de su red de distribución.

3. NORMAS DE PROCEDIMIENTO

3.1 . Acceso al expediente

25. El 13 de diciembre, la Comisión adoptó una Comunicación sobre las normas de acceso al expediente de la Comisión en asuntos de antitrust y de concentraciones[9]. La Comunicación establece el marco para el ejercicio del derecho de acceso al expediente de conformidad con las disposiciones mencionadas expresamente en la Comunicación. No contempla la posibilidad de acceder a documentos en el contexto de otros procedimientos. El derecho de acceso al expediente descrito en la Comunicación - que es distinto del derecho general a tener acceso a los documentos conforme al Reglamento (CE) n° 1049/2001[10]- permite a las personas a quienes la Comisión ha enviado un pliego de cargos ejercer efectivamente sus derechos de defensa.

26. La finalidad de la Comunicación – que sustituye a la Comunicación sobre el acceso al expediente adoptada en 1997 – es aumentar la transparencia y la claridad del procedimiento de la Comisión en la tramitación de las solicitudes de acceso al expediente en asuntos antitrust y de concentraciones. A tal efecto, la Comunicación indica que los destinatarios de los cargos de la Comisión tienen un derecho de acceso al expediente, en formato electrónico o en papel. La Comunicación indica cuándo se concede el acceso al expediente a las partes. Especifica que el "expediente de la Comisión" incluye todos los documentos asociados al procedimiento que ha desembocado en el pliego de cargos de la Comisión. Sin embargo, las partes no tienen acceso a los documentos internos de la Comisión (incluidos los documentos intercambiados con los Estados miembros), los secretos comerciales y otra información confidencial. Según la interpretación de la Comisión, el concepto de documentos internos incluye, en principio, toda la correspondencia entre la Comisión y sus expertos externos. En cambio, sí se da acceso a los resultados de los estudios encargados en relación con el procedimiento así como a los documentos necesarios para comprender la metodología aplicada en el estudio o para probar su corrección técnica.

27. La Comunicación incluye una descripción completa del procedimiento aplicable a la información confidencial y a la concesión de acceso al expediente. También describe el procedimiento para la resolución de discrepancias sobre las solicitudes de confidencialidad, así como la función de los consejeros auditores.

28. La Comunicación contempla asimismo la cuestión del acceso a documentos concretos para los denunciantes en procedimientos antitrust y para otras partes intervinientes en procedimientos de concentración. No obstante, el alcance de este derecho es más limitado que el derecho de acceso al expediente.

3.2. Tratamiento de la información sobre el mercado y de las denuncias

29. La Comisión concede importancia a la información proporcionada por empresas y consumidores ya que esta información contribuye a garantizar la aplicación efectiva de las normas de competencia. La Comisión acoge con agrado información relativa a ámbitos en los que el mercado no funciona bien y a presuntas infracciones de las normas de competencia.

30. Esta información puede proporcionarse a la Comisión de diversas maneras:

31. la mayor prioridad se concede a las denuncias informales y a las solicitudes de clemencia[11]. Los cárteles son la peor forma de actividad anticompetitiva y la Comisión dedica considerables recursos a luchar contra ellos;

32. la información sobre el mercado[12] siempre es bienvenida, independientemente de si conduce a una investigación en un caso individual. La Comisión no puede llegar a una comprensión coherente del mercado si no recopila un conjunto de informaciones de distintas fuentes;

33. también se acogen con satisfacción las denuncias formales[13] que plantean aspectos claros de interés comunitario y que contienen una adecuada información sobre sus antecedentes y contexto. Muchas decisiones importantes de la Comisión no hubieran sido posibles sin la información y el apoyo activo de un denunciante. Por lo general conviene ponerse en contacto con la DG Competencia antes de presentar una denuncia formal. Los contactos informales previos a la denuncia hacen que sea posible mantener conversaciones iniciales referentes a la información de que dispone el denunciante potencial y pueden contribuir a aclarar si es probable que un asunto sea prioritario para la Comisión.

34. Cada una de estas maneras de suministrar información es importante y puede resultar en medidas de aplicación. La Comisión considerará cuidadosamente y responderá a todas las informaciones recibidas.

RECUADRO 1: ARTÍCULOS 81 Y 82 CE: INTERÉS COMUNITARIO EN DAR CURSO A LAS DENUNCIAS DE INFRACCIÓN Y DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES SE INVITA A LOS DENUNCIANTES POTENCIALES A TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES ANTES DE PRESENTAR UNA denuncia formal a la Comisión. Autoridades y tribunales de defensa de la competencia de los Estados miembros Al considerar la posibilidad de presentar una denuncia formal a la Comisión, los consumidores y las empresas deben tener en cuenta que las autoridades de competencia de los Estados miembros también aplican el derecho de competencia de la UE y que trabajan con la Comisión en la Red Europea de Competencia (REC). Los posibles denunciantes deberían por lo tanto considerar si es probable que una autoridad de competencia del Estado miembro esté en condiciones de intervenir. Por ejemplo, cuando una presunta infracción afecta a la competencia principalmente en el territorio de un Estado miembro puede ocurrir que la autoridad nacional de la competencia (ANC) de ese país quiera ocuparse del asunto. Incluso en los casos en que un asunto surte efectos sobre la competencia en más de un Estado miembro, las ANC pueden cooperar en la obtención de pruebas en un asunto de competencia, y las autoridades de competencia de dos o tres Estados miembros pueden ocuparse conjuntamente de un asunto. Se puede encontrar más información sobre la distribución de trabajo en la REC en el sitio Internet de la Comisión[14]. Los denunciantes potenciales también deberían examinar la posibilidad de interponer una acción ante un tribunal nacional. Muchos asuntos pueden ser resueltos adecuadamente por los tribunales nacionales, entre ellos las denuncias por incumplimiento de las obligaciones contractuales, las solicitudes de nulidad con arreglo al artículo 81, apartado 2, o las solicitudes de medidas cautelares[15]. La Comisión también respalda enérgicamente el derecho de quienes se consideren perjudicados por una conducta anticompetitiva a solicitar la reparación ante los tribunales nacionales[16], y ha publicado un Libro Verde[17] que examina las posibilidades de facilitar las solicitudes de reparación. Prioridades Cualquier denunciante potencial que piense presentar una denuncia oficial a la Comisión también habrá de tener en cuenta que, aunque la Comisión estudia toda la información que se le presenta con la mayor seriedad, carece de recursos para investigar cada problema que se le comunica. La Comisión tiene que definir sus prioridades y centrar sus limitados recursos en investigar y perseguir las infracciones más graves y en tramitar los asuntos que son importantes con vistas a desarrollar la política de competencia de la UE y a garantizar la aplicación coherente de los artículos 81 y 82 CE[18]. Basándose en la información disponible, la Comisión aplica uno o varios de los siguientes criterios, según proceda en cada caso, para decidir si existe efectivamente un interés comunitario suficiente en realizar una investigación pormenorizada de una denuncia[19]: la importancia del impacto sobre el funcionamiento de la competencia en el mercado interior, según se desprenda en especial de: el ámbito geográfico o la importancia económica de la conducta objeto de la denuncia, la dimensión del mercado, o la importancia para los consumidores finales de los productos afectados o de la conducta objeto de la denuncia; o la posición de mercado de las empresas objeto de la denuncia o el funcionamiento general del mercado en cuestión; el grado o la complejidad de la investigación necesaria, la probabilidad de probar la presunta infracción y si, a la luz de estos elementos, procede realizar una investigación pormenorizada; la posibilidad de que el denunciante plantee el asunto ante un tribunal nacional de un Estado miembro, en especial teniendo en cuenta si el asunto es o ya ha sido objeto de un litigio civil o si, por su índole, puede resolverse adecuadamente por esta vía; la pertinencia de actuar a raíz de una denuncia individual referente a una o varias cuestiones jurídicas concretas que la Comisión ya está examinando en uno o varios asuntos o ya ha examinado y/o es objeto de un procedimiento ante un Tribunal comunitario; el cese o la modificación de la conducta denunciada, en especial cuando los compromisos han adquirido carácter vinculante debido a una decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1/2003 o cuando la empresa o empresas denunciadas han modificado su conducta por otras razones, siempre que ni unos considerables efectos anticompetitivos persistentes ni la gravedad de la presunta infracción confieran a la denuncia un interés comunitario a pesar del cese o de la modificación de la conducta; la importancia de otras áreas del derecho comunitario o nacional afectado por la conducta objeto de la denuncia en comparación con la importancia de los problemas de competencia planteados en la denuncia. Sin embargo, estos criterios se aplican flexiblemente. Es imposible definir normas abstractas relativas a cuándo sería correcto o no que la Comisión actuara. Siempre existirán factores, no mencionados en los puntos anteriores, que pueden incrementar o disminuir el grado de prioridad de un determinado asunto. Por otra parte, la Comisión no está obligada a dejar de lado un asunto por falta de interés comunitario. Pero cuando la Comisión crea que no hay un interés comunitario suficiente que justifique una investigación pormenorizada, desestimará por lo general la denuncia haciendo referencia a uno o varios de estos criterios. La Comisión hace lo posible por informar a los denunciantes en el plazo de cuatro meses a partir de la recepción de una denuncia acerca de si tiene o no la intención de investigar el asunto. |

- 4. EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA

35. Una acción clave identificada en la estrategia de Lisboa, que se relanzó los días 22 y 23 de marzo, consistía en mejorar el marco normativo tanto en la UE como a nivel nacional para aumentar la competitividad. Las actividades destinadas a lograr una "mejora de la legislación" comenzaron en 2002 conforme a un Plan de acción de la Comisión, que fue revisado el 16 de marzo. Este plan abarca todas las propuestas legislativas pendientes de la UE, las normas existentes (simplificación) y las nuevas propuestas legislativas y políticas. Con arreglo al Plan de acción, la Comisión adoptó en junio unas Directrices revisadas de evaluación de impacto[20], que abarcan todas las iniciativas legislativas y políticas incluidas en el Programa de trabajo anual de la Comisión. Las evaluaciones examinan opciones alternativas para solucionar un problema concreto y valoran su impacto económico, medioambiental y social.

36. Las Directrices de evaluación de impacto reconocen que "una competencia fuerte en un entorno de apoyo a las empresas es un motor clave para el crecimiento de la productividad y la competitividad"[21]. Así pues, el examen de la competencia forma parte integrante de la evaluación de impacto. Las directrices de evaluación de impacto enumeran – no exhaustivamente – los tipos de propuesta que hay que examinar en busca de posibles impactos negativos sobre la competencia (por ejemplo, las normas sobre las industrias de red liberalizadas, las medidas que tienen un impacto en las barreras de entrada y salida, las exenciones de las normas de competencia, etc.)[22].

37. El "criterio de competencia" básico aplicado en el contexto del examen de la política de competencia supone plantearse inicialmente dos preguntas fundamentales. Primero: ¿ qué restricciones de la competencia pueden derivarse directa o indirectamente de la propuesta (crea restricciones a la entrada en el mercado, afecta a la conducta empresarial, etc.)? Segundo: ¿existen medios menos restrictivos para lograr el objetivo político en cuestión? El examen de la competencia puede dar lugar a elegir unos métodos reguladores menos restrictivos o basados en el mercado para alcanzar ciertos objetivos políticos, evitando así unas restricciones innecesarias o desproporcionadas de la competencia. Esto redunda en interés tanto de los consumidores como de la industria.

5. Libro Verde sobre REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS COMUNITARIAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

38. Tanto las autoridades de competencia como los particulares que inician un procedimiento ante un tribunal nacional pueden instar la aplicación de las normas de competencia establecidas en los artículos 81 y 82 CE. Uno de los objetivos de la modernización de las normas antitrust comunitarias era revitalizar el cometido de los tribunales nacionales y de las autoridades nacionales de competencia (ANC) en la aplicación de estas normas. El Reglamento (CE) n°1/2003 pone de relieve la responsabilidad conjunta de la Comisión, los tribunales nacionales y las ANC a ese respecto y ofrece las herramientas necesarias para lograr una aplicación cada vez mayor y coherente de las normas antitrust comunitarias. Por lo que se refiere a la aplicación por las autoridades de competencia, la Comisión y las ANC cooperan ahora estrechamente en la REC (Red Europea de Competencia) para aplicar las citadas normas. Por lo que se refiere a la aplicación a instancia de particulares, el Reglamento (CE) n° 1/2003 suprimió el monopolio que la Comisión tenía para la aplicación del artículo 81, apartado 3, al facultar a los tribunales nacionales para aplicar los artículos 81 y 82 CE en su integridad. Dichos tribunales nacionales tienen competencia exclusiva para conceder la reparación de daños a las víctimas de infracciones del derecho de competencia.

39. La reparación de daños y perjuicios por infracción de la legislación antitrust es el eje del Libro Verde adoptado por la Comisión el 19 de diciembre[23]. La Comisión desea fomentar esta clase de acciones, que hasta ahora han escaseado[24], porque responden a un doble propósito. Las acciones de reparación no sólo permiten a las víctimas de infracciones de la legislación antitrust comunitaria obtener una compensación, sino que también crean un incentivo adicional para que las empresas respeten la citada legislación. Las acciones de reparación no se limitan a reforzar los efectos de las declaraciones de existencia de una infracción por las autoridades de competencia, también deben ser un medio autónomo de aplicación de la normativa. La aplicación a instancia de particulares de las normas antitrust comunitarias se convierte de esta manera en una herramienta para ampliar el ámbito de aplicación de los artículos 81 y 82 CE. Por otra parte, al estar facultados para solicitar la reparación de daños, las empresas o los consumidores europeos se hallan involucrados directamente en la aplicación de las normas de competencia. Esta experiencia de primera mano aumenta la importancia directa de las normas de competencia para las empresas y los consumidores. Al aumentar el nivel de aplicación de las normas antitrust comunitarias, las acciones de reparación de daños contribuyen al respeto de esas normas y por lo tanto a la efectividad de la competencia en Europa. Por consiguiente, son instrumentos importantes para la creación y pervivencia de una economía competitiva, un elemento clave de la estrategia de Lisboa, que aspira a que la economía de la Unión Europea crezca y cree empleo para los ciudadanos de Europa.

40. En su sentencia de 2001 en el asunto Courage/Crehan , el Tribunal de Justicia confirmó que las víctimas de una infracción de las normas antitrust comunitarias tienen derecho a solicitar la reparación de daños y que los Estados miembros tienen que establecer un marco procesal que ofrezca un sistema eficaz de compensación[25]. El objetivo fundamental del Libro Verde es identificar los principales obstáculos para la existencia de un sistema más eficaz de acciones por daños y perjuicios y fijar distintas opciones de reflexión y posible acción para facilitar las acciones de reparación de daños y perjuicios por infracción de la legislación antitrust comunitaria.

41. El Libro Verde aborda varias cuestiones clave, tales como el acceso a las pruebas, la necesidad de probar la conducta culpable, el cálculo de los daños, la posibilidad de invocar la repercusión de daños (“passing on defence”), la legitimación de los compradores indirectos, la posibilidad de interponer acciones representativas y colectivas, los costes de las acciones, la coordinación de la aplicación pública y privada y las normas sobre competencia judicial y legislación aplicable.

42. El propósito del Libro Verde es suscitar un debate relativo a la forma de incrementar el número de acciones de reparación de daños por infracciones de las normas antitrust comunitarias. La Comisión se basará en las respuestas recibidas al Libro Verde a la hora de evaluar las medidas necesarias, si es que las hay, para propiciar estas acciones de reparación.

B – APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 81, 82 Y 86

1. ENERGÍA, INDUSTRIAS BÁSICAS, SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

1.1. Energía

Investigaciones sectoriales en los sectores del gas y la electricidad

43. Por lo que se refiere a la aplicación de las normas antitrust de la UE en el sector de la energía, las medidas más importantes tomadas en 2005 fueron el lanzamiento de las investigaciones de los sectores del gas y la electricidad. El 13 de junio, la Comisión adoptó una decisión[26] por la que se iniciaba una investigación en los sectores del gas y la electricidad de conformidad con los poderes de la Comisión con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CE) N° 1/2003 del Consejo. La justificación para las investigaciones sectoriales se estableció en una Comunicación de la Comisaria responsable de la competencia, de común acuerdo con el Comisario responsable de la energía[27].

44. Las investigaciones sectoriales forman parte de los esfuerzos de la Comisión para relanzar la Estrategia de Lisboa con sus objetivos de impulsar el crecimiento económico, aumentar el empleo y transformar a la Unión Europea en "la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo". Para contribuir a la revitalización de la Estrategia de Lisboa, la Comisión decidió llevar a cabo una aplicación más dinámica de las normas de competencia, especialmente a través de estudios sectoriales, con objeto de garantizar la apertura y competitividad de los mercados en Europa, en particular en el sector de la energía[28].

45. Las investigaciones se centran en los sectores de la electricidad y el gas, recientemente liberalizados. La integración del mercado ha sido decepcionantemente lenta y no ha logrado hasta ahora hacer mella significativa en los niveles de concentración, a menudo elevados, que caracterizan a ambos sectores. En 2004 y 2005 se registraron subidas de precios significativas y los usuarios se han quejado cada vez más de la imposibilidad de obtener ofertas competitivas de los proveedores. Estos elementos sugerían que los mercados no estaban funcionando óptimamente y justificaron la apertura de una investigación de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) n° 1/2003 y el uso de los instrumentos de investigación de que dispone la Comisión.

46. En el sector de la electricidad, la investigación se centra en los mecanismos de formación de precios en los mercados mayoristas de la electricidad, en la producción y el suministro de electricidad, y en los factores que determinan las estrategias de suministro y compra de los productores. Se examina especialmente si los productores de electricidad poseen un poder de mercado significativo y pueden influir en los precios al por mayor de la electricidad. Es probable que esta evaluación incluya análisis econométricos. Además, se examinarán con atención las barreras a la entrada y a los flujos transfronterizos como los que pueden derivarse de acuerdos de suministro a largo plazo en ciertos Estados miembros, así como los regímenes jurídicos y operativos de los interconectores que enlazan las redes nacionales de electricidad.

47. En el gas, la investigación se centra en los contratos de importación a largo plazo, los acuerdos de intercambio y las barreras a los flujos transfronterizos de gas. También se investigarán atentamente los requisitos de compensación para los usuarios de la red de gas y para el almacenamiento de gas, así como los contratos a largo plazo en sentido descendente (‘downstream’) y los efectos que pueden tener en los costes de cambio de suministrador y en la entrada en el mercado.

48. Las investigaciones del gas y la electricidad examinan problemas diferentes porque la competencia en estos sectores está en fases diferentes de desarrollo y porque tienen estructuras de producción muy distintas. Sin embargo, se tendrán en cuenta los vínculos entre ambos sectores. Efectivamente, el gas es un combustible primario cada vez más importante para la producción de electricidad y unos mercados del gas más competitivos podrían tener un impacto beneficioso inmediato en los mercados de la electricidad.

49. El objetivo de la DG Competencia es identificar si se han producido infracciones de los artículos 81, 82 y 86 CE que sean la razón del funcionamiento incorrecto de los mercados de la electricidad y el gas, en cuyo caso la Comisión podría tomar las medidas correctivas necesarias. Basándose en los datos obtenidos en la investigación y en las consiguientes prioridades de aplicación, la DG Competencia se ocupará de los asuntos con arreglo a los artículos 81, 82 y 86 CE conforme vayan surgiendo. También se espera que los resultados de las investigaciones desempeñen un papel a la hora de evaluar la eficacia del marco legislativo actual a efectos de la liberalización de los mercados del gas y la electricidad.

50. Al preparar las investigaciones, la DG Competencia consultó con asociaciones industriales, grupos de consumidores, otros departamentos de la Comisión (incluida la DG Transporte y Energía), y con las autoridades nacionales de la competencia (ANC) y las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) y con sus representantes europeos para centrar la investigación y velar por su eficacia. El objetivo de la DG Competencia es garantizar la transparencia de todo el proceso. La Comisión presentó un grupo de temas que resultaban de un primer análisis de las respuestas en varios foros y, en especial, en el Consejo de Ministros de Energía de 1 de diciembre, al que la Comisión también informó sobre la aplicación del paquete legislativo para la liberalización de la energía. Los principales aspectos identificados por la DG Competencia en su documento de base[29] se refieren a los niveles actuales de concentración, la compartimentación vertical, la falta de integración del mercado, la falta de transparencia y el mecanismo de formación de precios. A principios de 2006 se presentará un informe preliminar al que seguirá una consulta pública intensiva sobre el informe. El informe final sobre la investigación del sector de la energía se prevé para finales de 2006.

51. Las investigaciones sectoriales refuerzan sustancialmente la capacidad de la Comisión de fomentar de forma dinámica la competencia en los sectores recientemente liberalizados del gas y la electricidad, pero en 2005 también se efectuaron actividades de aplicación en casos concretos destinadas a apoyar el proceso de liberalización.

Acuerdos de suministro de gas a largo plazo en mercados descendentes (‘downstream’)

52. Un problema particular planteado tras la apertura del sector del gas a la competencia en 2005 es el posible cierre del mercado en sentido descendente mediante contratos de suministro de gas a largo plazo entre los proveedores tradicionales por una parte y las empresas de distribución y los usuarios industriales y comerciales por otra.

53. Los contratos a largo plazo impiden que los clientes se cambien a proveedores alternativos dispuestos a ofrecer una mejor relación calidad-precio. En algunos casos, los contratos vigentes actualmente no vencen hasta dentro de muchos años, por lo que estos clientes no pueden beneficiarse del desarrollo de la competencia en el sector. Además, hay economías de escala significativas en el mercado del suministro de gas, debidas por ejemplo al alto coste de las compensaciones y de la flexibilidad, que disminuyen relativamente a medida que aumentan los volúmenes de gas suministrado. Los contratos a tan largo plazo en el mercado descendente del gas pueden también retrasar la capacidad de los proveedores alternativos para ganar una suficiente cuota de mercado para competir eficazmente. Tales contratos a largo plazo pueden por lo tanto cerrar los mercados y plantear problemas de competencia cuando no son imprescindibles para generar beneficios compensatorios para los consumidores.

54. La DG Competencia y las ANC y las ANR debatieron el problema de los contratos a largo plazo en los mercados descendentes en el subgrupo de Energía de la Red Europea de Competencia (REC) en dos ocasiones. El Bundeskartellamt publicó un informe sobre los contratos a largo plazo en el mercado del suministro de gas a distribuidores locales ("Stadtwerke") en Alemania. Posteriormente negoció con los 15 mayores proveedores de este mercado para que introdujesen límites definidos en la duración de sus contratos de suministro. Estas negociaciones fracasaron en septiembre, y el Bundeskartellamt anunció que iniciaría los procedimientos formales de prohibición[30]. La DG Competencia también está investigando un asunto referente a contratos de suministro de gas a largo plazo en el mercado belga.

Asuntos relativos a restricciones territoriales

55. En 2005, la DG Competencia continuó velando por que las prácticas comerciales anteriores a la liberalización de los mercados de la energía no menoscaben el proceso de liberalización. Estos esfuerzos fueron recompensados con la supresión de las restricciones territoriales de los contratos de suministro de gas concluidos por Gazprom con varios mayoristas históricos importantes en la UE. Las restricciones territoriales impiden que los importadores de gas exporten gas a otros Estados miembros y/o limitan sus incentivos para hacerlo, malogrando así la integración del mercado y la competencia entre operadores.

56. En 2003, la DG Competencia se había asegurado de que Gazprom y la empresa italiana de petróleo y gas Eni Spa [31] abandonarían tales prácticas. En febrero[32], la DG Competencia logró mejoras en los contratos de suministro de gas entre el mayorista de gas tradicional austríaco OMV y el productor ruso de gas Gazprom. Concretamente, ya no se impedirá a OMV la reventa, fuera de Austria, del gas que compra a Gazprom, y ésta podrá vender libremente a otros clientes en Austria sin tener que ofrecer primero el gas a OMV (derecho de tanteo). OMV también aceptó contribuir a incrementar la capacidad del gasoducto de TAG que transporta gas ruso a Italia a través de Austria. Este resultado es similar al alcanzado con respecto a Eni en 2003. Los compromisos ofrecidos son idénticos en contenido a los ofrecidos a la Comisión por Eni, el otro accionista del gasoducto de TAG, en octubre de 2003. En vista de estos avances, se decidió cerrar la investigación.

57. En junio[33], la DG Competencia cerró su investigación sobre los contratos de suministro de gas entre Gazprom y la principal empresa mayorista alemana E.on Ruhrgas AG , que forma parte del grupo E.on, tras obtener la supresión de las restricciones territoriales de estos contratos. Por otra parte, Gazprom ya no estará vinculada por una disposición de "cliente más favorecido" que figuraba antes en estos contratos. Estas cláusulas obligaban a Gazprom a ofrecer a Ruhrgas unas condiciones similares a las que ofrecía a los competidores de Ruhrgas en el mercado mayorista en Alemania.

58. Con el cierre de estos dos asuntos ya se han cerrado todos los asuntos que la Comisión abrió en 2001 sobre las limitaciones de las exportaciones de gas ruso (Austria, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos). Siguen abiertas las investigaciones, iniciadas también en 2001, relativas a las importaciones de gas argelino por los operadores italianos y españoles.

Marco regulador

59. Durante 2005, se desarrolló aún más el marco regulador del mercado interior de la electricidad y el gas. El 28 de septiembre el Consejo y el Parlamento adoptaron un Reglamento sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural por parte de terceros, que pretende mejorar las posibilidades de comercio transfronterizo de los nuevos participantes en el mercado[34]. A comienzos de 2006 se adoptará una directiva sobre la seguridad del suministro y el desarrollo de infraestructuras en la electricidad[35]. Se espera que proporcione un marco regulador fiable que conduzca a nuevas inversiones en producción eléctrica e infraestructuras.

60. Durante 2005, la Comisión continuó velando por que los Estados miembros apliquen las segundas Directivas del gas[36] y la electricidad[37], que constituyen las piedras angulares reguladoras del proceso de liberalización de los mercados de la energía. Se han logrado progresos significativos. Las segundas Directivas del gas y la electricidad obligaban también a la Comisión a informar, para finales de 2005, sobre los progresos hechos en la creación de un mercado interior del gas y la electricidad. La Comisión presentó su informe al Consejo de Ministros de Energía el 1 de diciembre. Este informe se ajusta al análisis de la DG Competencia en sus investigaciones sectoriales, y sugiere que se realicen estudios por países antes de decidir a finales de 2006 sobre la necesidad de un tercer paquete liberalizador.

61. El Tribunal de Justicia también aclaró algunos aspectos importantes del marco regulador cuando, el 7 de junio, dictó sentencia en el asunto VEMW [38] . Aunque se refiere específicamente a las reservas a largo plazo de capacidad de interconexión en los Países Bajos, el asunto tiene implicaciones importantes para muchas de las tradicionales reservas a largo plazo de capacidad de interconexión que continuaban existiendo después de la entrada en vigor de la primera Directiva sobre la electricidad[39].

62. El Tribunal manifestó que el acceso prioritario concedido por la legislación y la reglamentación holandesas a los contratos de suministro históricos (el 23% de la capacidad global de interconexión en este caso particular) constituía una discriminación prohibida por la Directiva de la electricidad de 1996, dado que los artículos 7 y 16 de esta Directiva exigen que se aplique el mismo trato a todos los usuarios de la red, ya sean antiguos o nuevos. El Tribunal adoptó este planteamiento basándose en el razonamiento de que cualquier otra interpretación podría poner en peligro la transición de un mercado monopolístico y compartimentado a uno abierto y competitivo. El Tribunal también consideró que los Países Bajos podrían haber solicitado una excepción conforme a la Directiva para los contratos existentes, pero que no lo hicieron en su debido momento.

63. Tras esta sentencia podrían plantearse otros asuntos ante los tribunales nacionales y las ANR podrían tomar medidas. Por lo que se refiere a la aplicación de las normas antitrust, aunque la sentencia del Tribunal no abordó explícitamente aspectos de competencia, la sentencia abre la posibilidad de que la DG Competencia pueda interponer algún recurso.

64. Es probable que la investigación sectorial proporcione a la DG Competencia una buena descripción de los hechos que rodean a las reservas a largo plazo y de la necesidad de llevar a cabo alguna investigación.

65. Finalmente, también en 2005 se inició el comercio de derechos de emisión de CO2[40]. Aunque no afecta únicamente al sector de la energía, es posible que sus efectos se hagan sentir más en los mercados de la electricidad. El sistema de comercio de las emisiones parece tener un efecto en los precios de la electricidad ya que los productores de electricidad facturan en parte el precio de los derechos de emisión en los precios que aplican a los consumidores finales. Ciertos consumidores de electricidad se han quejado de que los incrementos de precios no deberían haber ocurrido pues los derechos de emisión se asignaron en gran medida de forma gratuita.

REPSOL

66. Aunque durante 2005 la Comisión dio prioridad a los sectores recientemente liberalizados del gas y la electricidad, prosiguió su actividad contra las infracciones en otros sectores de la energía, tales como la distribución de combustibles para vehículos de motor.

67. El 20 de octubre de 2004, la Comisión publicó una Comunicación[41] de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (CE) N° 1/2003 para sondear el mercado acerca de los compromisos ofrecidos por REPSOL C.P.P. (REPSOL) conforme al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) N° 1/2003. La investigación de la Comisión de conformidad con el artículo 81 CE se centra en el uso de cláusulas de exclusividad para el suministro de combustibles para vehículos de motor en los contratos de distribución firmados por REPSOL, que dio lugar a un cierre del mercado español de las ventas al por mayor y al por menor de combustibles para vehículos de motor. Los contratos se notificaron originalmente a la Comisión, pero esta notificación expiró el 1 de mayo de 2004.

68. El 17 de junio de 2004 se envió a REPSOL una evaluación preliminar con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1/2003.

69. Esta evaluación preliminar sugiere que el acceso al mercado es difícil y que los contratos de REPSOL contribuyen de modo significativo a un posible cierre del mercado porque vinculan una parte considerable del mercado a REPSOL y son de larga duración (los contratos de "superficie" y "usufructo" en especial, que confieren a REPSOL un derecho de propiedad limitado en el tiempo, tienen duraciones de 25 a 40 años).

70. Los compromisos ofrecidos por REPSOL conceden a varios distribuidores que tienen un contrato de "superficie" o de "usufructo" (el "contrato U/S") un derecho de resolución anticipada contra el pago de una compensación a REPSOL. REPSOL tampoco celebrará ningún nuevo acuerdo de duración superior a cinco años con las estaciones DODO[42]; y hasta finales de 2006, no comprará ninguna nueva estación de servicio DODO. La aplicación de los compromisos propuestos será supervisada por un auditor designado por REPSOL.

71. Tras consultar al mercado sobre los compromisos propuestos, REPSOL presentó unos compromisos revisados y la Comisión prevé proceder a la adopción de una decisión de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1/2003, por la que estos compromisos pasarán a ser vinculantes.

1.2. Industrias básicas

Acuerdo comercial ALROSA - De Beers

72. El 3 de junio, la Comisión publicó una Comunicación[43] de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 1/2003 para sondear el mercado acerca de los compromisos[44] presentados por ALROSA y De Beers conforme al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1/2003. La investigación de la Comisión de conformidad con los artículos 81 y 82 CE y con los artículos 53 y 54 EEE se centraba en un acuerdo comercial entre estas dos empresas, que operan en la explotación minera y en el suministro de diamantes en bruto. El acuerdo se notificó originalmente a la Comisión, pero esta notificación expiró el 1 de mayo de 2004.

73. Los pliegos de cargos dirigidos a las empresas en enero y julio de 2003 constituyeron la evaluación preliminar de la Comisión con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1/2003.

74. La evaluación preliminar sugiere que De Beers ocupa una posición dominante en el mercado mundial de los diamantes en bruto. Con la firma del acuerdo comercial con ALROSA, su mayor competidor, De Beers adquiriría el control de una fuente significativa de suministro en el mercado de los diamantes en bruto y obtendría el acceso a una mayor gama de diamantes a la que de lo contrario no hubiera podido acceder. Esto, por una parte, eliminaría a ALROSA como fuente de suministro en el mercado fuera de Rusia, y aumentaría y reforzaría el poder de mercado ya existente de De Beers, impidiendo el crecimiento o el mantenimiento de la competencia en el mercado de los diamantes en bruto.

75. El análisis preliminar también señaló que, según el acuerdo comercial notificado, De Beers, el mayor productor mundial de diamantes, actuaría como distribuidor de, aproximadamente, la mitad de la producción de su principal competidor. Habida cuenta de que las cantidades afectadas por el acuerdo serían sustanciales, y de que era un acuerdo entre las dos empresas más importantes del mercado de diamantes en bruto, la competencia en dicho mercado resultaría sustancialmente debilitada por el acuerdo comercial.

76. Los compromisos presentados por ALROSA y De Beers ofrecían disminuir gradualmente el valor de las ventas de diamantes en bruto entre ellas a 700 millones de USD en 2005, 625 millones de USD en 2006, 550 millones de USD en 2007, 475 millones de USD en 2008, 400 millones de USD en 2009 y 275 millones de USD a partir de 2010. En cuanto a los precios, la clasificación y la tasación, ALROSA y De Beers celebrarían un acuerdo similar al acuerdo comercial. La aplicación de los compromisos propuestos sería supervisada por administradores designados por ALROSA y De Beers, respectivamente.

77. Tras el resultado de la consulta al mercado sobre los compromisos propuestos, la Comisión está considerando si debe proceder a la adopción de una decisión de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) N° 1/2003, por la que estos compromisos pasarían a ser vinculantes.

1.3. Sustancias químicas

78. Durante 2005 la DG Competencia examinó desde el punto de vista de la competencia varios proyectos de textos legislativos en el sector de las sustancias químicas, tales como la revisión prevista de la Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de productos fitosanitarios[45], y la propuesta de Reglamento de la Comisión relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos[46] ("REACH"), que regulará el registro de unas 30.000 sustancias químicas existentes, así como el de las que aparezcan en el futuro.

79. El examen en términos de competencia, que todavía está en curso dadas las posibles enmiendas que se deberán introducir en el texto de las propuestas durante el proceso legislativo, se ha centrado en velar por que estos textos legislativos y, en especial, los costes que suponen para el sector, no falseen la competencia.

1.4. Productos farmacéuticos

Competencia de productos genéricos

80. Una industria farmacéutica europea competitiva es una de las prioridades de la agenda de la Comisión, especialmente teniendo en cuenta la estrategia de Lisboa. Es necesario garantizar que los productos innovadores disfruten de la protección de una sólida propiedad intelectual para que las empresas puedan recuperar sus gastos en I+D y vean recompensados sus esfuerzos innovadores. Pero si las empresas intentan prorrogar ilegalmente esta protección, se desincentiva la innovación y se pueden infringir gravemente las normas de competencia de la UE. La competencia de los productos genéricos, producidos por terceros una vez que una patente ha expirado, suele fomentar más la innovación en productos farmacéuticos.

81. En el marco del asunto AstraZeneca (véase a continuación el Recuadro 2) y paralelamente al mismo, la DG Competencia tuvo indicios de un posible comportamiento anticompetitivo dirigido a excluir o retrasar la competencia de productos genéricos. Estos indicios han resultado en un mayor seguimiento de la competencia en el sector de los medicamentos genéricos.

Comercio paralelo de productos farmacéuticos

82. La Comisión considera que el comercio paralelo de productos farmacéuticos es un medio de arbitraje entre los Estados miembros que aplican precios altos y los que aplican precios bajos, que contribuye a la creación de un mercado común de productos farmacéuticos. Los Tribunales europeos han adoptado una posición estricta en lo que respecta a la aplicación del artículo 81 CE a los sistemas de cuotas de suministro que limitan o impiden el comercio entre Estados miembros, debido a que tales sistemas constituyen una conducta unilateral por parte de las empresas.

83. Sin embargo, los sistemas unilaterales de cuotas de suministro podrían caer en el ámbito de aplicación del artículo 82 CE. No obstante, es posible que haya que tener en cuenta las posibles justificaciones objetivas de estos sistemas.

RECUADRO 2: ASTRAZENECA: ABUSO DE LA NORMATIVA NACIONAL EN EL SECTOR FARMACÉUTICO EL 15 DE JUNIO, LA COMISIÓN ADOPTÓ UNA DECISIÓN POR LA QUE IMPONÍA A AstraZeneca AB y a AstraZeneca Plc ("AZ") una multa de 60 millones de euros por infringir el artículo 82 CE y el artículo 54 EEE al hacer un uso ilegal de los procedimientos y normas públicos en varios Estados del EEE con objeto de excluir a las empresas genéricas y a los comerciantes paralelos de la competencia por el producto de AZ contra la úlcera llamado Losec[47]. La multa tuvo en cuenta que algunas características de los abusos – es decir, la utilización torticera de procedimientos públicos – pueden considerarse novedosas. 1. Mercado de referencia El mercado de referencia abarca los mercados nacionales de los llamados inhibidores de la bomba de protones (PPI) vendidos con receta que se utilizan para enfermedades relacionadas con la acidez gastrointestinal (tales como úlceras). El Losec de AZ fue el primer PPI. 2. Posición dominante de AZ en los mercados nacionales de referencia de los PPI Las conclusiones de la Comisión sobre la posición dominante durante los años objeto de la investigación en los países de referencia se basan entre otras cosas en las altas cuotas de mercado de AZ y en la posición que ocupa en el mercado de los PPI. La empresa que se introduce primero en un mercado farmacéutico suele poder alcanzar y mantener unos precios más altos que los de los participantes que se introducen en el mercado posteriormente. La decisión de la Comisión también examina el problema de los compradores monopsonísticos (es decir, los sistemas nacionales de salud) y de la regulación de precios. Se concluye que la capacidad de negociación de los compradores monopsonísticos se reduce considerablemente respecto a las empresas que ofrecen nuevos productos auténticamente innovadores (tales como Losec). Por otra parte, los compradores monopsonísticos no están en condiciones de controlar la entrada en el mercado. 3. Uso torticero del sistema regulador El primer abuso de AZ consistió en el uso torticero de un Reglamento del Consejo adoptado en 1992[48] por el que se creaba un certificado complementario de protección (CCP) en virtud del cual se podía prorrogar la protección de las patentes de base para los productos farmacéuticos. El abuso consistió esencialmente en una serie de declaraciones incorrectas presentadas por AZ a partir de mediados de 1993 ante las oficinas de patentes de varios países del EEE con respecto a sus solicitudes CCP para el omeprazole (la sustancia activa de su producto Losec). Gracias a esta información engañosa, AZ obtuvo una protección adicional en varios países. De este modo se retrasaba la entrada de versiones genéricas de Losec más baratas, con los consiguientes costes para los sistemas de salud y los consumidores. La Comisión concluyó que el uso de tales procedimientos y reglamentos puede ser abusivo en determinadas circunstancias, en especial cuando la facultad discrecional de las autoridades o los organismos que aplican tales procedimientos es escasa o inexistente. La existencia de remedios conforme a otras disposiciones legales no puede por sí misma excluir la aplicación del artículo 82 CE, incluso aunque aquéllas contemplen algunos aspectos de la conducta excluyente. La Comisión afirmó en su decisión que no hay motivo alguno para limitar la aplicabilidad del Derecho de competencia a situaciones en las que la conducta no infringe ninguna otra norma y en las que no existen otros remedios. 4. Uso torticero de los procedimientos de autorización de medicamentos El segundo abuso tuvo lugar a finales de la década de los años 90 y consistió en que AZ solicitó la cancelación del registro de su autorización de comercialización para las cápsulas Losec en Dinamarca, Noruega y Suecia en un momento en que las cápsulas Losec se retiraban del mercado y se lanzaban las tabletas de Losec MUPS en esos tres países. La cancelación selectiva del registro retiraba la autorización de referencia del mercado en la cual las empresas genéricas y los comerciantes paralelos tenían lógicamente que basarse en aquel momento con objeto de entrar y/o permanecer en el mercado. La Comisión concluyó que, a través de su conducta, AZ intentó ampliar de facto, lográndolo parcialmente, la protección conferida mucho más allá del período previsto en las normas aplicables. Este segundo abuso también se caracteriza por su intención excluyente en un contexto regulador caracterizado por una limitada o nula facultad discrecional de las autoridades competentes. Las empresas en posición dominante tienen la responsabilidad especial de utilizar sus autorizaciones específicas, ya sean privadas o públicas, de manera razonable respecto del acceso al mercado por parte de terceros. La Comisión observó en su decisión que los actos aislados relacionados con el lanzamiento, la retirada o las solicitudes de cancelación del registro no constituirían normalmente un abuso por sí mismos. |

2. INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

2.1. Comunicaciones electrónicas y servicios postales

Tarifas de itinerancia en la telefonía móvil

84. Con respecto a la itinerancia (es decir, las tarifas por el uso de teléfonos móviles en el extranjero), el 10 de febrero la Comisión envió pliegos de cargos a los operadores de redes móviles alemanes T-Mobile International AG & Co. KG (T-Mobile) y Vodafone D2 GmbH (Vodafone) . Los cargos se refieren a las tarifas que tanto T-Mobile como Vodafone aplicaron a los operadores de redes móviles extranjeros en concepto de la itinerancia internacional al nivel mayorista (las llamadas tarifas entre operadores). Según las conclusiones provisionales de la investigación de la Comisión sobre T-Mobile, ésta había abusado de su posición dominante en Alemania para la prestación de servicios de itinerancia internacionales a nivel mayorista en su propia red desde 1997 hasta por lo menos finales de 2003, aplicando precios injustos y excesivos. La Comisión llegó a las mismas conclusiones provisionales por lo que se refiere a las tarifas aplicadas por Vodafone desde 2000 hasta por lo menos finales de 2003.

Servicios de banda ancha

85. Por lo que se refiere a los servicios de banda ancha, en 2004 la Comisión aceptó los compromisos ofrecidos por Deutsche Telecom AG (DT) para poner fin a la conducta consistente en una compresión de los márgenes por lo que se refiere al acceso compartido al bucle local ('line sharing') en Alemania, que según las conclusiones provisionales de la Comisión equivalía a un abuso de posición dominante[49]. La solución acordada se basó en la metodología de compresión de los márgenes establecida en la decisión Deutsche Telecom [50]. Tras consultar a la autoridad nacional de reglamentación alemana (ANR) – la Bundesnetzagentur (BNetzA) – la Comisión aceptó el acuerdo que dio lugar a una disminución sustancial de las tarifas por utilización compartida. Posteriormente, varias empresas empezaron a desarrollar redes para prestar servicios de banda ancha basados en la utilización compartida. Sin embargo, en una solicitud al BNetzA de 24 de mayo, DT anunció su intención de volver a incrementar las tarifas por utilización compartida. Después de verificar que ésto hubiera llevado a una reaparición de la compresión de márgenes acaecida antes del acuerdo, los servicios de la Comisión intervinieron y pidieron a DT que cumpliera sus compromisos. Para impedir que la Comisión iniciara un procedimiento formal, DT presentó una nueva solicitud al BNetzA para aplicar las mismas tarifas que en 2004. El BNetzA – con el que los servicios de la Comisión cooperaron estrechamente en este asunto – aprobó finalmente unas tarifas al por mayor que eran inferiores a las solicitadas e inferiores a lo necesario para que DT cumpliera sus compromisos[51]. La Comisión espera que las mejores condiciones para la prestación de servicios de banda ancha mediante la utilización compartida influya positivamente en la competencia y aumente la penetración de la banda ancha en Alemania, lo que en definitiva aumentará las posibilidades de elección de los consumidores y disminuirá los precios al consumo.

Investigación del sector 3G

86. En septiembre, la Comisión concluyó su investigación sectorial de la situación competitiva en el mercado de los nuevos sistemas de comunicación móvil que pueden transmitir contenido audiovisual (3G). Los resultados de la investigación sectorial se presentaron públicamente el 27 de mayo y los participantes en el mercado formularon observaciones sobre los resultados.

87. La investigación sectorial, que era una iniciativa conjunta de la Comisión y del Órgano de Vigilancia de la AELC, se realizó en 2004 y en la primera mitad de 2005 y se inició porque la Comisión quería asegurarse de que los contenidos deportivos, que son fundamentales para el despegue de los nuevos servicios móviles, no se ven frenados por conductas contrarias a la competencia. La investigación suponía un estudio exhaustivo de la conducta de todas las partes implicadas en la adquisición, reventa y explotación de derechos sobre acontecimientos deportivos en la telefonía móvil.

88. Alrededor de 230 organizaciones respondieron a los cuestionarios enviados en 2004. Además, al revisar los datos recogidos, la DG Competencia analizó 50 casos en los que habían surgido problemas de competencia en el momento de la venta de derechos 3G.

89. Los resultados de la investigación sectorial ofrecieron a la Comisión una visión clara de la evolución actual del mercado y de los modelos de comercialización y explotación existentes en toda la cadena de valor de los contenidos deportivos para plataformas móviles. Los resultados de la investigación sectorial y las actividades de seguimiento se describen en un informe que resume las conclusiones de la investigación sectorial[52].

90. Este informe resalta varias prácticas empresariales potencialmente anticompetitivas, puestas de manifiesto durante la investigación sectorial, que pueden limitar la disponibilidad de servicios móviles deportivos innovadores para los consumidores. El informe se centra en cuatro grandes grupos de problemas de competencia descubiertos a raíz de la investigación:

91. Paquetes: situaciones en las que poderosos operadores de medios de comunicación han comprado un paquete con todos los derechos audiovisuales sobre los principales deportes para asegurarse la exclusividad sobre todas las plataformas sin intención de explotar ni de conceder sublicencias sobre los derechos para 3G.

92. Restricciones: situaciones en las que se imponen condiciones demasiado restrictivas (importantes restricciones temporales o limitaciones innecesarias de la longitud de los clips) sobre los derechos para la telefonía móvil, limitando así en la práctica la disponibilidad de contenidos para 3G.

93. Venta conjunta: situaciones en las que los derechos para 3G permanecen sin explotar debido a que los organismos de venta colectiva no consiguen vender los derechos para 3G de los clubes deportivos individuales.

94. Exclusividad: atribución exclusiva de derechos para 3G en situaciones que llevan a la monopolización del contenido de calidad por parte de operadores poderosos.

95. El informe invitaba a los operadores del mercado a revisar sus prácticas empresariales y a remediar a tiempo los posibles efectos anticompetitivos resultantes de sus prácticas empresariales. El informe también anunciaba que la DG Competencia, así como las autoridades nacionales de competencia concernidas, revisarán las situaciones potencialmente perjudiciales de dimensión nacional que se detectaron durante la investigación sectorial.

Procedimiento de consulta de conformidad con el artículo 7 de la Directiva marco (2002/21/CE)

96. Según el marco regulador de la UE de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas[53], las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) están obligadas a definir los mercados de referencia de las comunicaciones electrónicas apropiados a las circunstancias nacionales con arreglo a los principios del Derecho de la competencia.

97. Tras el procedimiento de análisis de mercado, las ANR pondrán a disposición de la Comisión todos los proyectos de medidas reguladoras relativas a la definición de los mercados de referencia, la existencia o no de un poder de mercado significativo y, eventualmente, las medidas correctoras propuestas. La Comisión puede formular observaciones, que las ANR deben tener muy en cuenta, o pedir a la ANR que retire el proyecto de medida si la definición de mercado y/o la determinación de poder de mercado significativo es incompatible con el Derecho comunitario. En 2005, la Comisión recibió 201 notificaciones de ANR (un claro aumento en comparación con las 89 notificaciones de 2004).

98. En 2005, la Comisión adoptó una decisión por la que pedía la retirada de unas medidas notificadas[54]. En ese caso – que se refería a la terminación fija al por mayor de llamadas en Alemania – la ANR había propuesto designar a Deutsche Telecom como operador con un poder significativo en el mercado de la prestación de servicios al por mayor de terminación en su propia red. La ANR concluyó que los 53 operadores fijos de red alternativos en Alemania no tenían un poder de mercado significativo, a pesar de sus posiciones de monopolio para la prestación de servicios al por mayor de terminación en sus redes respectivas, en vista del poder compensatorio de negociación de Deutsche Telecom. La Comisión consideró, sin embargo, que la ANR no había proporcionado suficientes pruebas que corroborasen el argumento del poder compensatorio de negociación.

99. La Comisión además evaluó tres notificaciones en las que la ANR consideraba que dos o más operadores se hallaban en posición de dominación colectiva en un mercado de referencia. En dos de estos casos la ANR retiró la notificación antes de que la Comisión adoptase una decisión, basándose en las preocupaciones previas formuladas por los servicios de la Comisión[55]. En el tercer caso – que se refería al mercado al por mayor del acceso y originación de llamadas a móviles en Irlanda – la Comisión no se opuso a la conclusión de la ANR relativa a la dominación colectiva.

100. Finalmente, la Comisión aceptó la propuesta de la ANR francesa de incluir en el mercado de referencia de las llamadas vocales fijas los servicios denominados de transmisión de la voz por Internet (VoIP), que permiten a los clientes llamar y recibir llamadas del mismo modo que los servicios tradicionales de telefonía[56]. La ANR francesa hizo una distinción entre los servicios puros VoIP basados en Internet que se asemejan a la mensajería instantánea y las otras comunicaciones ‘de igual a igual’ basadas en Internet tales como Skype, y los servicios VoIP prestados por los operadores de banda ancha alternativos que han invertido en desagregación del bucle local y en otros productos de acceso de banda ancha y están de esta manera en condiciones de ofrecer a sus clientes unos servicios vocales de una mayor calidad y con la misma funcionalidad que la telefonía tradicional.

Procedimientos de infracción de conformidad con el artículo 226 CE referentes a la Directiva de competencia (2002/77/CE)

101. Además de y en combinación con las normas de competencia de la UE y el procedimiento de consulta previsto en el artículo 7 de la Directiva marco, la Comisión utiliza los procedimientos de infracción de conformidad con el artículo 226 CE para asegurarse de que los Estados miembros i) transponen las directivas comunitarias al Derecho nacional y ii) lo hacen correctamente. La DG Competencia tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento por los Estados miembros de una de las directivas del marco regulador de la UE de las comunicaciones electrónicas, a saber la llamada Directiva de competencia[57]. La finalidad de esta Directiva consiste fundamentalmente en garantizar que los Estados miembros no concedan o no mantengan en vigor ningún derecho exclusivo o especial para el suministro de redes de comunicaciones electrónicas y de servicios de comunicaciones electrónicas que sea contrario al artículo 86 CE, garantizando así la existencia de unas condiciones de mercado competitivas en toda la UE.

102. La Comisión continuó sus procedimientos de infracción contra los Estados miembros que se habían retrasado en la adopción de las medidas necesarias conforme al Derecho nacional para cumplir con los requisitos de la Directiva de competencia. En 2005, la Comisión cerró los procedimientos pendientes contra Bélgica, Estonia y la República Checa después de que estos Estados miembros informaran a la Comisión de la adopción de medidas nacionales. Por otra parte, en su sentencia de 14 de abril, el Tribunal de Justicia falló que Grecia todavía no había adoptado las medidas necesarias para ajustarse a la Directiva de competencia[58]. Del mismo modo, en una sentencia de 16 de junio, el Tribunal de Justicia concluyó que Luxemburgo no había adoptado las medidas necesarias para ajustarse a esta Directiva[59]. Sin embargo, el 23 de junio Luxemburgo notificó a la Comisión unas medidas por las que la legislación de este país se ajustará a la Directiva de competencia.

103. En 2004 se puso en conocimiento de la Comisión que en Suecia seguían en vigor unas normas que obligaban a los operadores de televisión a adquirir los servicios de difusión y transmisión terrestres exclusivamente a la empresa de propiedad estatal Teracom AB . Así pues, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra Suecia[60]. La respuesta del Gobierno sueco al escrito de requerimiento de la Comisión – que se refería a servicios de difusión análogos – no contenía ningún compromiso claro de poner fin a la infracción en un plazo razonable. Por lo tanto, el 16 de marzo, la Comisión adoptó un dictamen razonado contra Suecia de conformidad con el artículo 226 CE. La Comisión concluyó que el requisito de que los operadores deban adquirir exclusivamente los servicios de difusión análogos a Teracom infringía la Directiva de competencia. La investigación ulterior durante 2005 mostró que la normativa sueca sobre servicios de difusión digitales tenía efectos similares. Los operadores que desean distribuir su programación a través de una red digital terrestre en Suecia están obligados a cooperar con Teracom en ciertos aspectos clave de la cadena de distribución digital (tales como la multiplexación). La Comisión concluyó que también se ha concedido de hecho a Teracom un derecho especial o exclusivo para los servicios de difusión digital que infringe la Directiva de competencia. Por todo ello, el 12 de octubre la Comisión envió al Gobierno sueco un escrito complementario de requerimiento.

104. Ese mismo día, la Comisión envió un escrito de requerimiento a Hungría, en el que exponía su opinión que la ley húngara de medios de comunicación es incompatible con la Directiva de competencia. Al limitar los derechos de los operadores de televisión por cable a la prestación de servicios de difusión de transmisión en un territorio que no puede abarcar más de un tercio de la población, dicha ley húngara restringe el derecho a establecer o a suministrar redes o servicios de comunicaciones electrónicas e impide una mayor consolidación del mercado de la televisión por cable. La supresión de la restricción aumentaría la competencia entre operadores de cable así como entre operadores de cable y operadores que utilizan otros tipos de infraestructura.

Servicios postales

105. La política de competencia de la UE en el sector postal se aplica en un contexto de liberalización de los mercados postales todavía incompleta. La Directiva postal[61] permite que, en la medida necesaria para garantizar el funcionamiento del servicio universal en condiciones de equilibrio financiero, los Estados miembros reserven ciertos servicios postales a los operadores universales de servicio postal, que aún constituyen una gran parte del mercado. Antes del 31 de diciembre de 2006 a más tardar, la Directiva postal obliga a la Comisión a presentar propuestas que introduzcan, si procede, la plena liberalización del mercado postal de la UE para 2009. Ciertos Estados miembros han suprimido sus monopolios o han anunciado que lo harán antes de esa fecha.

106. En este contexto, en 2005, la Comisión examinó los proyectos de ley sobre servicios postales en varios Estados miembros. La Comisión consideró que el proyecto de ley de servicios postales de la República Checa contenía disposiciones que habrían ampliado el monopolio del operador tradicional más allá del ámbito de la Directiva postal y habrían vuelto a crear un monopolio en un mercado previamente abierto a la competencia en ese Estado miembro. La Comisión considera que cuando el alcance de los derechos exclusivos no excede el ámbito de los servicios reservados, tal y como se definen en la Directiva postal, éstos pueden estar, en principio, justificados con arreglo al artículo 86, apartado 2[62]. A raíz de los posteriores contactos informales entre la Comisión y el Gobierno checo, la ley se modificó de manera tal que no se ampliase el monopolio y se permitiese un mayor desarrollo de la competencia en el mercado en cuestión.

107. Además, la DG Competencia está investigando actualmente ciertas prácticas que pueden obstaculizar la competencia en el correo transfronterizo intracomunitario, que en principio se ha liberalizado con arreglo a las normas de la UE. En la mayoría de estos casos, el comportamiento supuestamente abusivo consiste en prácticas que aprovechan la posición dominante en el mercado de los servicios monopolísticos para operar mercados adyacentes abiertos a la competencia. Es probable que tales prácticas lleguen a ser cada vez más comunes a medida que avanza la liberalización. Por lo tanto, la Comisión y las ANC deben permanecer atentas a fin de asegurarse de que los comportamientos contrarios a la competencia no anulen los beneficios del proceso gradual de liberalización decidido por el Consejo y el Parlamento.

2.2. Medios de comunicación

Bundesliga alemana

108. El 19 de enero, la Comisión adoptó una decisión referente a la Bundesliga alemana[63], que constituye la primera decisión sobre compromisos de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1/2003. La decisión declaró que los compromisos de la liga alemana de fútbol referentes a la venta conjunta y exclusiva de derechos sobre partidos de fútbol para medios de comunicación eran jurídicamente vinculantes y dio por finalizado el procedimiento.

109. Con la decisión Bundesliga , la Comisión confirmó su política antitrust en el ámbito de los medios de comunicación por lo que se refiere a la venta y adquisición de valiosos derechos audiovisuales sobre acontecimientos deportivos. A causa de la estructura del sector de los medios de comunicación, en el que un número limitado de operadores negocia una pequeña cantidad de valiosos derechos audiovisuales sobre acontecimientos deportivos, es fácil que surjan preocupaciones de competencia en este sector. En el lado del suministro, a menudo solamente hay algunos proveedores de derechos sobre acontecimientos deportivos de primera fila. La concentración en el lado del suministro se ve incrementada por la venta conjunta, es decir, la puesta en común de los derechos de los clubes y su comercialización por una sola entidad[64]. También existe una concentración sustancial en el lado de la demanda, que puede plantear preocupaciones dados sus efectos potenciales en el acceso a contenidos para otros operadores presentes en el mercado[65].

110. La Comisión realizó una evaluación preliminar el 18 de junio de 2004, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1/2003, y la comunicó a la Asociación de la liga y a la DFB. Según esta evaluación preliminar, la venta conjunta y exclusiva de derechos para la difusión por los medios de comunicación realizada por la Liga-Fussballverband planteaba varias preocupaciones desde el punto de vista de la competencia. Cabía la posibilidad de que se impidiera que los clubes de la Bundesliga negociaran independientemente con los operadores y/o con los intermediarios de derechos deportivos y en especial que tomaran decisiones comerciales independientes sobre el precio y contenido de los paquetes de derechos, excluyendo así la competencia entre los clubes para la venta de derechos. Además, puesto que el acceso a contenidos de fútbol es importante para los organismos de radiodifusión y los nuevos operadores de medios de comunicación, que compiten por los ingresos publicitarios y las suscripciones, la venta conjunta de derechos por parte de la Ligaverband podía entrañar el riesgo de perjudicar a los nuevos mercados en sentido descendente de la televisión y los medios de comunicación al restringir la oferta y cerrar el acceso.

111. Para resolver estas preocupaciones de competencia, la Ligaverband ofreció unos compromisos que modificaban perceptiblemente su política de venta conjunta[66]. Los compromisos propuestos se sometieron a la consideración del mercado en una Comunicación publicada de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 1/2003[67]. Para prevenir el riesgo de efectos de cierre de los mercados en sentido descendente, los derechos para los medios de comunicación se licitarían en condiciones no discriminatorias y transparentes. Por otra parte, si bien se reconoce la necesidad de un cierto grado de exclusividad que proteja el valor de los derechos deportivos, el riesgo de cierre del mercado a largo plazo ha sido resuelto mediante el compromiso de limitar la duración de los contratos exclusivos verticales de licencia a un máximo de tres temporadas. Según la evaluación preliminar de la Comisión, si los contratos fueran de mayor duración se correría el riesgo de crear una situación en la que el comprador podría establecer una posición dominante en el mercado que reduciría el margen para una competencia efectiva a priori en el contexto de futuras licitaciones.

112. Además, para permitir que una serie de compradores potencialmente interesados presenten una oferta por los derechos audiovisuales, la Ligaverband se comprometió a limitar el alcance de la exclusividad disgregando los derechos audiovisuales en un número razonable de paquetes separados, que estarían diseñados de tal manera que cada paquete fuera explotable individualmente por un operador. La venta de varios paquetes importantes permitiría a los operadores menos potentes y con menores medios financieros presentar una oferta por los derechos que se adaptase a sus necesidades. Algunos paquetes se destinarían a mercados especiales/plataformas: debido al fuerte valor asimétrico de los derechos para las diferentes plataformas de distribución, el acceso a los derechos deportivos puede quedar cerrado para los operadores de mercado en ciertas plataformas de mercados en desarrollo; al comprometerse a destinar los paquetes a ciertas plataformas de distribución, los operadores de televisión en abierto y de pago, los operadores de telefonía móvil y los prestatarios de servicios de Internet podrían adquirir derechos.

113. Finalmente, para limitar el riesgo de restricciones de la oferta causadas por la venta colectiva de derechos exclusivos, los clubes conservarían el derecho a vender individualmente ciertos derechos. Se introduce una cláusula que pretende garantizar la explotación máxima de los derechos y evitar la presencia de derechos no utilizados, es decir, cualquier derecho que la Ligaverband no pueda vender o que los compradores de los derechos no exploten en su totalidad. Los derechos no utilizados revertirían a los clubes para su explotación individual de forma no exclusiva.

114. La Comisión aceptó aplicar una etapa transitoria[68] a la entrada en vigor de los compromisos para velar por que los acuerdos se ajustaran a las normas sobre competencia sin poner en peligro la actividad de la liga alemana de fútbol.

115. La decisión indica que solamente se ocupa de la política de venta conjunta y exclusiva de la Ligaverband por lo que se refiere a la primera y segunda división de la liga masculina del fútbol profesional alemana y no entra en los problemas de competencia derivados de los contratos de licencia concluidos a título individual. En este sentido, la decisión pone de relieve que no se puede excluir la posibilidad de que la Comisión realice investigaciones en el futuro, en especial si un solo comprador compra más de un paquete de derechos.

116. Los compromisos ofrecidos por la Ligaverband mejoran perceptiblemente la accesibilidad del contenido para televisión, radio y, en especial, para los operadores de los nuevos mercados emergentes de los medios de comunicación. Por lo tanto, se ajustan a la política de la Comisión de velar por una disponibilidad máxima de contenidos para estimular la innovación y atenuar la tendencia a la concentración en los mercados de medios de comunicación, teniendo muy en cuenta los intereses de los espectadores.

Football Association Premier League[69]

117. En noviembre, la Comisión anunció que había recibido compromisos de la Liga de Primera División inglesa ('FA Premier League – FAPL’) por lo que se refiere a su comercialización conjunta en el Reino Unido de los derechos para los medios de comunicación sobre sus partidos de fútbol. Estos compromisos fueron consecuencia de un pliego de cargos enviado en 2002 y de una consulta pública sobre un primer grupo de compromisos presentado en abril de 2004. Los compromisos deben aplicarse a la venta de derechos de la temporada de fútbol de 2007 en adelante. Los principales elementos de los compromisos consisten en crear paquetes más pequeños y más uniformemente equilibrados de derechos de televisión, garantizar que ningún comprador pueda comprar todos los paquetes, y velar por que la venta de esos derechos se lleve a cabo de forma justa. Con este fin, la FAPL se compromete a conceder los paquetes al mejor postor independiente para cada paquete, y a velar por que el proceso sea verificado por un administrador supervisor independiente. Los compromisos incluyen otros elementos que eliminan las restricciones a la oferta para varios derechos diferentes para medios. Merced a estos compromisos la Comisión puede adoptar en 2006 una decisión de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1/2003.

2.3. Industrias de la información, Internet y electrónica de consumo

Microsoft

118. El 28 de julio, la Comisión adoptó una decisión referente al administrador supervisor en el asunto Microsoft [70]. El artículo 7 de la Decisión de la Comisión de 24 de marzo de 2004 en este asunto (la "Decisión") prevé la creación de un mecanismo adecuado para supervisar el cumplimiento de la Decisión por parte de Microsoft y el nombramiento de un administrador supervisor independiente de Microsoft. Ésta es una de las escasas ocasiones en que la Comisión utiliza un administrador para supervisar el cumplimiento de una orden de cese de conformidad con el artículo 82 CE. Los administradores se suelen utilizar para supervisar el cumplimiento en casos de concentración.

119. La responsabilidad primaria del administrador consiste en proporcionar asesoramiento pericial a la Comisión en lo que se refiere al cumplimiento de la Decisión. En especial, el administrador aconsejará a la Comisión sobre si i) Microsoft pone a disposición la información sobre interoperabilidad de forma completa, exacta y a tiempo, y no impone ninguna restricción irrazonable o discriminatoria al acceso a tal información o al uso de la misma, y ii) si la versión separada del sistema operativo para ordenadores personales clientes de Windows que Microsoft pone a disposición a raíz de la Decisión funciona perfectamente y no incluye el programa Media Player de Windows, y si los vendedores competidores de programas de reproducción tienen suficiente información para que su reproductor no esté en desventaja al funcionar con el sistema operativo dominante para ordenadores personales clientes de Microsoft, en comparación con el Media Player de Windows. Con este fin, el administrador tendrá acceso al código de origen de los sistemas operativos de Microsoft para PC y para servidor. Todos los costes relativos al nombramiento y a la remuneración del administrador correrán a cargo de Microsoft. El administrador fue nombrado el 4 de octubre de entre una lista de candidatos presentada por Microsoft.

120. Tras el rechazo de la solicitud de Microsoft de medidas cautelares el 22 de diciembre de 2004, la Comisión entabló conversaciones con Microsoft referentes a su cumplimiento de la Decisión. Por lo que se refiere a la solución de la interoperabilidad (artículo 5 de la Decisión), la Comisión se centró en la obligación de Microsoft de proporcionar información completa y exacta que permitiera a los competidores de Microsoft desarrollar sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo que interactúen con los ordenadores personales y servidores de Windows en pie de igualdad con los productos de sistema operativo para servidores de Microsoft. Para cumplir esta obligación, Microsoft hizo disponible una descripción técnica de los programas informáticos pertinentes ("protocolos") utilizados en la comunicación entre ordenadores personales y servidores de grupos de trabajo de Windows (la "documentación técnica").

121. Esta documentación técnica fue revisada por el administrador, los expertos técnicos de la Comisión y varios terceros. Todos llegaron a la conclusión de que no contenía la información suficiente para construir productos competidores interoperables de sistemas operativos de servidores de grupos de trabajo.

122. La segunda cuestión relativa al cumplimiento por Microsoft de la solución de interoperabilidad que la Comisión debatió ampliamente con Microsoft en 2005 se refiere al carácter razonable de las condiciones que Microsoft impone a los beneficiarios de esta solución para el acceso y el uso de la documentación técnica. Inicialmente, Microsoft proporcionó un grupo de acuerdos que contenían las condiciones que pretendía imponer a las empresas interesadas en la utilización de la documentación técnica. Tras las discusiones con la DG Competencia, Microsoft modificó varias veces estos acuerdos. La DG Competencia también llevó a cabo un estudio de mercado consultando a las empresas interesadas sobre las propuestas de Microsoft.

123. A la luz de los resultados de esta consulta y basándose en las opiniones de expertos sobre la documentación técnica, la Comisión decidió incoar un procedimiento contra Microsoft para obligarla a cumplir sus obligaciones derivadas de la Decisión. A tal fin, el 10 de noviembre la Comisión adoptó una Decisión de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1/2003 (la "Decisión del artículo 24, apartado 1"). Esta decisión es el primer paso de un procedimiento de conformidad con el artículo 24 del Reglamento. Mediante esta decisión, se impuso a Microsoft una multa coercitiva de 2 millones de EUR por día a partir del 15 de diciembre en caso de que no cumpliera lo establecido en el artículo 5, letras a) y c), de la Decisión, es decir, sus obligaciones de i) suministrar información completa y exacta sobre interoperabilidad; y ii) poner dicha información a disposición en condiciones razonables.

124. El 21 de diciembre, la Comisión publicó conforme al artículo 24 un pliego de cargos en el procedimiento relativo a la obligación de Microsoft de suministrar información completa y exacta sobre interoperabilidad. Los cargos de la Comisión cuentan con el respaldo de otros informes del administrador que concluyen que la documentación técnica suministrada por Microsoft en respuesta a la Decisión del artículo 24, apartado 1, era todavía incompleta e inexacta.

3. Servicios

3.1. Servicios financieros

125. Los mercados eficientes de servicios financieros son vitales para garantizar la flexibilidad y el dinamismo de la economía comunitaria, aumentando la productividad y el crecimiento y creando empleo. La política de competencia y la de mercado interior son complementarias y pueden contribuir a lograr un mercado integrado y competitivo para todos los servicios financieros. La Comisión está intensificando la competencia en los servicios financieros con la utilización selectiva de investigaciones sectoriales, asuntos individuales y un mayor desarrollo de la política de competencia en este ámbito.

Investigación sectorial de los servicios financieros

126. El 13 de junio, en virtud de las competencias que le otorga el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 1/2003, la Comisión inició investigaciones en el sector de los servicios financieros. La justificación de las investigaciones sectoriales se expuso en una Comunicación de la Comisaria de Competencia, de acuerdo con el Comisario de Mercado Interior y Servicios[71].

127. Las investigaciones estudian dos sectores importantes de los servicios financieros, la banca minorista y los seguros a las empresas, y se están llevando a cabo de forma paralela. Dentro de la banca minorista, la Comisión está examinando el ámbito de las tarjetas de pago y los productos básicos de la banca minorista, tales como cuentas corrientes y financiación de pequeñas y medianas empresas[72]. En las tarjetas de pago, la investigación se basa en el conocimiento del mercado que la Comisión ya tenía a través de asuntos.

En los productos básicos de la banca minorista, la investigación explorará, entre otras cuestiones, los bajos niveles de integración del mercado, las posibilidades efectivas de elección desde el punto de vista de la demanda y las barreras de entrada al mercado.

128. La investigación de los seguros a las empresas examinará en particular el grado de cooperación entre aseguradores y asociaciones de seguros en ámbitos tales como las condiciones de las pólizas normales[73]. Aunque en muchos casos esta cooperación puede generar eficiencia, las formas de cooperación potencialmente falseadoras pueden limitar la capacidad de la demanda de negociar los términos de la cobertura y puede también restringir la competencia y la innovación en el mercado.

129. El análisis de las investigaciones sectoriales se basará en gran medida en los datos facilitados por los operadores del mercado. Por ejemplo, en el mes de julio la Comisión llevó a cabo, con arreglo al artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, una investigación sobre las tarjetas de pago basándose en una muestra representativa de aproximadamente 200 empresas de toda la UE.

MasterCard Europe/International (tasas multilaterales de intercambio)

130. La investigación de la Comisión sobre las tasas multilaterales de intercambio (TMI) de MasterCard, iniciada el 24 de septiembre de 2003, prosiguió a lo largo de 2005. Después de que los comerciantes informaran a la Comisión de que los bancos seguían siendo reacios a revelar el nivel de las TMI, Visa y MasterCard acordaron mejorar la transparencia publicando en sus correspondientes páginas web sus TMI respectivas y las categorías de costes utilizadas para fijar estas tasas[74]. Aunque MasterCard suprimió algunas normas de la red[75] y aceptó introducir una nueva licencia para la afiliación transfronteriza de las tarjetas de débito Maestro, no se llegó a un acuerdo sobre el punto que más preocupaba a la Comisión, a saber la composición de las TMI de MasterCard.

Negociación, compensación y liquidación de valores

131. Los mercados de capitales eficientes son esenciales para lograr los objetivos de crecimiento y empleo de la Estrategia de Lisboa. Puesto que la competencia puede contribuir a fomentar esta eficiencia, es una prioridad la aplicación de las normas de competencia a este sector técnicamente complejo pero de gran importancia económica.

132. La Comisión investigó una posible infracción del artículo 82 CE en rela ción con la respuesta de Euronext a la competencia de la Bolsa de Valores de Londres en la negociación de valores holandeses. Las cuestiones investigadas eran posibles bonificaciones y comportamiento excluyente. En octubre, la DG Competencia decidió no proseguir la investigación ya que, en una fase preliminar, no se encontraron pruebas de abuso. En realidad, el descuento de precios de Euronext había beneficiado a los usuarios y la presencia continuada de la Bolsa de Londres en el mercado de negociación de acciones holandesas parecía evitar que Euronext volviera a sus niveles de precios originales.

133. Paralelamente, tras una extensa consulta con el mercado, la DG Competencia hizo público un informe encargado a la consultora London Economics sobre negociación, compensación y liquidación de valores en los mercados regulados de los 25 Estados miembros[76]. El informe describe las infraestructuras de cada uno de los mercados nacionales y examina las tendencias a nivel paneuropeo. La conclusión de que los usuarios tienen poca o ninguna opción en cuanto a la ubicación de sus acuerdos de compensación y liquidación indujo a la DG Competencia a centrar su investigación complementaria en las relaciones económicas y jurídicas entre los distintos prestadores de servicios y los usuarios. El objetivo de este trabajo en curso es determinar si una mayor competencia en estos mercados reportaría beneficios al usuario, especialmente en cuanto a menores costes.

Seguro de aviación

134. A raíz de una investigación de la Comisión para determinar si ciertas prácticas en el sector del seguro de aviación tras el 11 de septiembre de 2001 infringían el artículo 81 CE, las compañías de seguros de aviación líderes en Europa emprendieron la reforma de sus prácticas para fomentar la competencia y la transparencia[77].

135. La investigación reveló que las estructuras existentes para la cooperación entre las compañías de seguros de aviación impedían que el mercado funcionara lo mejor posible y que las salvaguardias contra la coordinación excesiva entre compañías de seguros podrían aumentar la competencia. A la vista de los compromisos ofrecidos, se cerró la investigación.

136. La International Underwriting Association de Londres y la Lloyd’s Market Association son partes de los compromisos, que prevén, entre otras cosas, una mayor transparencia en comités clave del sector con sede en Londres, incluido el comité que elabora los textos normalizados de las pólizas y cláusulas en el seguro de aviación. Además, los compromisos disponen que si se produjera una crisis imprevista causada por una guerra o por el terrorismo, las aseguradoras limitarán toda acción coordinada a lo indispensable para garantizar que sigue habiendo capacidad disponible y que los efectos sobre la competencia se limitan al estricto mínimo.

3.2. Transportes

3.2.1. Transporte aéreo

Austrian Airlines/SAS

137. En 1999, SAS y Austrian Airlines notificaron a la Comisión un acuerdo de cooperación con el fin de obtener una exención individual. En virtud de dicho acuerdo, las partes cooperaban en todas sus rutas mundiales; la cooperación más estrecha se producía en las rutas entre Austria y los países nórdicos. Como resultado de las conversaciones con la DG Competencia, en 2002 las partes concluyeron un «acuerdo de cooperación modificado», el cual seguía sin embargo suscitando inquietudes con respecto a la competencia en las rutas Viena-Copenhague y Viena-Estocolmo. Las partes ofrecieron por ello un paquete de compromisos que incluye principalmente el acceso a franjas horarias, acuerdos interlíneas, acceso a los programas de puntos para viajeros asiduos y la reducción de frecuencias de vuelos. El 22 de septiembre, la Comisión publicó una comunicación[78] de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, en la que publicaba un breve resumen del acuerdo de cooperación y el contenido fundamental de los compromisos.

Política de aviación internacional – Aplicación del Reglamento (CE) nº 847/2004 [79]

138. El 15 de julio y el 23 de diciembre, la Comisión adoptó las cinco primeras decisiones[80] en virtud del Reglamento (CE) nº 847/2004 del Consejo sobre la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados miembros y terceros países. En estas decisiones, la Comisión expone los criterios con arreglo a los cuales evaluó los acuerdos negociados por Estados miembros con el fin de autorizar o rechazar su aplicación provisional o su celebración por los Estados miembros. Conforme a reiterada jurisprudencia[81], la Comisión declaró también en las decisiones que su facultad discrecional en virtud de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 847/2004 no le permite autorizar un resultado contrario, por lo demás, a la legislación comunitaria.

139. Según reiterada jurisprudencia, los artículos 81 y 82, leídos en relación con el artículo 10 del Tratado, prohíben a los Estados miembros promulgar o mantener vigentes medidas de carácter legislativo o reglamentario que pudieran anular la efectividad de las normas de competencia aplicables a las empresas; éste sería el caso, según resolución del Tribunal de Justicia[82], si un Estado miembro exigiera o favoreciera la adopción de acuerdos, decisiones o prácticas concertadas contrarias al artículo 81 CE, o reforzara sus efectos. Una gran proporción de los acuerdos bilaterales de servicios aéreos celebrados entre Estados miembros y terceros países exige o anima a las compañías aéreas designadas en virtud de estos acuerdos a ponerse de acuerdo o a coordinar las tarifas y/o la capacidad que operan.

140. En sus decisiones con arreglo al Reglamento (CE) nº 847/2004, la Comisión ha alegado que tales acuerdos de servicios aéreos infringen los artículos 10 y 81 CE leídos conjuntamente. En consecuencia, la Comisión ha autorizado a los Estados miembros a aplicar provisionalmente o a celebrar tales acuerdos inter alia con la condición de que las disposiciones que infringen los artículos 10 y 81 CE se adapten a la legislación comunitaria en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de notificación de las decisiones.

141. Las cinco decisiones adoptadas por la Comisión en virtud del Reglamento (CE) nº 847/2004 autorizaban la celebración o la aplicación provisional de acuerdos de servicios aéreos negociados por Estados miembros con terceros países, entre otros, con la condición de que en 45 casos se resolvieran las infracciones de los artículos 10 y 81 CE.

Negociaciones UE/EE.UU. sobre un espacio aéreo abierto

142. El 18 de noviembre, la Comisión concluyó el borrador de un nuevo acuerdo con los Estados Unidos que sustituirá a los acuerdos bilaterales existentes celebrados por los Estados miembros. La aprobación definitiva de este acuerdo en primera fase por parte del Consejo de Transportes está supeditada al resultado de un proceso normativo iniciado por el Departamento de Transportes estadounidense para ampliar las oportunidades de los ciudadanos extranjeros de invertir y participar en la gestión de compañías estadounidenses. De aprobarse el acuerdo, autorizaría a todas las compañías áreas de EE.UU. y de la UE a volar entre cualquier ciudad de la Unión Europea y cualquier ciudad de los Estados Unidos; a operar sin restricciones en cuanto al número de vuelos, la nave utilizada o las rutas elegidas, incluyendo derechos ilimitados para volar más allá de EE.UU. y de la UE a puntos de terceros países; a fijar libremente las tarifas de acuerdo con la demanda del mercado; y a celebrar acuerdos de cooperación con otras líneas aéreas, incluido el código compartido y el arrendamiento financiero. Este acuerdo creará un nuevo marco de cooperación entre la Comisión y el Departamento de Transportes estadounidense en los ámbitos de legislación y política de competencia en el sector del transporte aéreo. Para más detalles, véase también la Sección de Actividades Internacionales, parte IV.B.2.

3.2.2. Transporte interior

143. El 20 de julio, la Comisión presentó una propuesta revisada sobre las obligaciones de servicio público y contratos en el transporte de pasajeros por ferrocarril, carretera y vías navegables[83]. En 2000 y 2002 se presentaron otras propuestas pero no recibieron la necesaria aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo. La propuesta introduce la obligación de contratos de servicio público entre autoridades y operadores en la prestación del transporte de viajeros, sometiendo así las rutas de servicio público a ciertas normas, tales como la transparencia de criterios para la concesión de compensaciones por las obligaciones de servicio público, la equivalencia de costes y algunos requisitos de publicación. Introduce además la obligación de licitar las rutas regionales de autobús y locales de autobús y de tren siempre que no estén operadas por un operador interno (es decir un operador controlado o una autoridad local o regional).

3.3. Comercio y otros servicios

3.3.1. Profesiones

Introducción

144. El trabajo de la Comisión en el sector de los servicios profesionales prosiguió con la publicación del primer informe de seguimiento del Informe sobre la competencia en los servicios profesionales de 2004[84]. El informe de 2004 analizaba el margen de maniobra existente para reformar o modernizar normas profesionales específicas. Utilizaba los resultados de un amplio ejercicio de inventario emprendido por la DG Competencia sobre la regulación de los Estados miembros en este sector, centrándose en seis profesiones - abogados, notarios, ingenieros, arquitectos, farmacéuticos y contables (incluida la profesión afín de asesores fiscales) - y analizaba detalladamente cinco restricciones clave de la competencia: i) fijación de precios, ii) precios recomendados, iii) regulación de la publicidad, iv) requisitos de entrada y derechos reservados, y v) normativas que rigen la estructura empresarial y las prácticas multidisciplinares.

145. El estudio concluía que el sector de los servicios profesionales se caracterizaba por las normas restrictivas - algunas de las cuales databan de muchos años atrás - que inhibían innecesariamente la competencia y perjudicaban a los usuarios de servicios profesionales - especialmente a los consumidores. Como ejemplos se citaban la regulación de fijación de precios anticuada, la prohibición de la publicidad o la prohibición de cooperación interprofesional. El Informe de 2004 instaba a todos los afectados a que hicieran un esfuerzo conjunto para reformar o eliminar aquellas normas que no estuvieran justificadas. Se pedía a las autoridades reguladoras de los Estados miembros y a los organismos profesionales que revisaran voluntariamente las normas existentes teniendo en cuenta si eran necesarias para el interés general, proporcionadas y justificadas, y necesarias para la buena práctica de la profesión. El Informe prometía informar de los avances en 2005.

Informe de 2005 «Servicios profesionales – Prosecución de la reforma»

146. El informe de seguimiento se publicó el 5 de septiembre. Consta de dos documentos: El primero es una Comunicación de la Comisión titulada «Servicios profesionales – Prosecución de la reforma»[85] y el segundo, anexo a la Comunicación, es un documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Avances de los Estados miembros en la revisión y eliminación de las restricciones de la competencia en el ámbito de los servicios profesionales».

147. La Comunicación da una visión general de los avances logrados por cada Estado miembro en la tarea de revisión y supresión de restricciones regulatorias injustificadas desde la publicación del Informe de 2004. Proporciona también detalles de las actividades de aplicación en este sector por parte de las autoridades nacionales de competencia y de la Comisión. Saca conclusiones sobre el ritmo de la reforma y propone un camino a seguir. El documento de trabajo de los servicios de la Comisión corrobora la Comunicación y ofrece un análisis detallado de la información recabada de los Estados miembros sobre las reformas emprendidas. Hace una crítica de las justificaciones alegadas por los Estados miembros para seguir manteniendo normas restrictivas y destaca las mejores prácticas.

148. El informe se propone ofrecer un análisis equilibrado de los avances logrados comparando la actividad de reforma comunicada por los Estados miembros a lo largo de los últimos 18 meses frente a los niveles de regulación existente. El objetivo es que la actividad comunicada se considere dentro del contexto del nivel de regulación existente. Esto es importante ya que todos los Estados miembros comienzan en puntos distintos; algunos tienen niveles de regulación relativamente bajos mientras que en otros las profesiones están más estrictamente reguladas.

149. El Informe ofrece un panorama desigual por lo que se refiere a la actividad de reforma en 2004/2005. Unos cuantos países están haciendo un gran progreso mientras que en otros el proceso de reforma aún no ha comenzado.

150. El análisis de la Comisión sugiere que los avances se ven obstaculizados en la mayoría de los Estados miembros por varios factores, entre ellos la falta de apoyo político nacional y la escasa voluntad de reforma de las propias profesiones.

151. El informe señala que la mayoría de las Autoridades Nacionales de Competencia (ANC), junto con la Comisión, están participando activamente para fomentar el cambio. Se ha emprendido una serie de trabajos, entre ellos discusiones bilaterales con autoridades reguladoras nacionales y organismos profesionales, ejercicios de inventario y estudios sectoriales. Las ANC trabajan también activamente para aplicar las normas comunitarias de competencia a asuntos en sus países. Se informó de que se habían abierto 11 asuntos desde febrero de 2004 en las seis profesiones seleccionadas para el estudio.

152. Con el fin de dirigir el proceso de reforma, el informe sugiere que el problema de la modernización de las normas que afectan a las profesiones liberales debería integrarse en los programas nacionales de reforma para aplicar la Agenda de Lisboa. El informe no excluye que la Comisión tome nuevas medidas de aplicación apropiadas sirviéndose de las normas comunitarias de competencia, interviniendo, si procede, de conformidad con el artículo 86.

3.3.2. Gestión de residuos

153. En 2003, la DG Competencia decidió emprender un amplio proceso de diálogo con las ANC para señalar las cuestiones clave en materia de competencia en cuanto a los sistemas de gestión de residuos y para garantizar una política de competencia coherente entre la Comisión y las ANC en este ámbito. Las conversaciones se referían en concreto a tres tipos de residuos, de los que tratan las correspondientes Directivas CE, que son los siguientes: i) residuos de envases (Directiva sobre envases[86]), ii) vehículos al final de su vida útil o «desguace de residuos de automóvil» (Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil[87]) y iii) residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE[88]).

154. Como primer paso, en 2003 se envió un cuestionario a las ANC. En 2004, la DG Competencia elaboró un documento de debate basándose en la práctica decisoria de la Comisión[89] y en las respuestas recibidas de las ANC. El proyecto de documento se distribuyó a las ANC para consulta en diciembre de 2004. En febrero tuvo lugar una reunión con 20 ANC para discutir el proyecto de documento y aprender de la experiencia de las ANC. Tras una segunda ronda de consultas en mayo, se ultimó el documento y se publicó en la página de Internet de la DG Competencia en septiembre[90].

155. Al aplicar la política de la competencia al sector de la gestión de residuos el objetivo global es lograr la aplicación de las políticas de medio ambiente y de competencia de forma que se refuercen mutuamente, con el fin de contribuir al máximo al objetivo de la Estrategia de Lisboa de convertir la Unión Europea en la economía más dinámica, competitiva y sostenible del mundo para el año 2010, aumentando, al mismo tiempo, el bienestar de los consumidores. La aplicación de la política de competencia es importante en el ámbito de la gestión de residuos puesto que los mercados de materiales reciclados serán un importante mercado de recursos en el futuro.

156. Los mercados en cuestión son relativamente nuevos. Los mercados de residuos de envases se han ido desarrollando gradualmente desde mediados de los años noventa. Por lo que se refiere a los vehículos al final de su vida útil y a los RAEE, en la mayoría de los países los mercados se están creando o se crearán en un futuro.

157. La DG Competencia ha señalado tres problemas principales desde el punto de vista de la competencia en el ámbito de los sistemas de gestión de residuos. En primer lugar, deben evitarse las prácticas contrarias a la competencia tales como el reparto del mercado, la fijación de precios y el intercambio de otra información sensible. En segundo lugar, es importante garantizar un entorno jurídico que permita que existan diversos sistemas competidores de gestión de residuos. Por último, deben evitarse los acuerdos exclusivos de todo tipo sin una justificación económica sólida y convincente, permitiendo así que aumente la competencia y bajen los precios.

158. Los asuntos en el sector de la gestión de residuos se resolverán probablemente a nivel nacional principalmente puesto que la mayoría de los mercados de referencia parecen ser nacionales. No obstante, tanto la Comisión como las ANC seguirán controlando activamente la evolución en el sector de la gestión de residuos en el futuro.

4. INDUSTRIA, BIENES DE CONSUMO Y SECTOR MANUFACTURERO

4.1. Bienes de consumo y productos alimenticios

Coca-Cola [91]

159. El 22 de junio, la Comisión adoptó una decisión sobre unos compromisos con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1/2003, basada en el artículo 82 CE y en el artículo 54 EEE, que tenía como destinataria a The Coca-Cola Company ( TCCC ) y a sus tres embotelladores principales, Bottling Holdings (Luxemburgo) sarl, Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG y Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA (referidas colectivamente como Coca-Cola ). La decisión se refiere a algunas prácticas comerciales de TCCC y sus embotelladores en el suministro de bebidas gaseosas sin alcohol ( BGSA ) en la UE, Noruega e Islandia.

160. En su análisis preliminar dirigido a Coca-Cola el 15 de octubre de 2004, la Comisión expresó su preocupación de que TCCC y sus embotelladores respectivos pudieran haber abusado de su posición dominante conjunta en los mercados nacionales de bebidas gaseosas sin alcohol al ejercer determinadas prácticas en los canales de distribución para consumo doméstico ( canal minorista ) y para el consumo en hostelería ( canal on-premise ) en la UE, Noruega e Islandia. Las observaciones de los interesados respaldaron las dudas preliminares de la Comisión en materia de competencia.

161. Por lo que se refiere a ambos canales de distribución, las preocupaciones preliminares de la Comisión se referían a cláusulas de exclusividad, descuentos condicionados a que el cliente alcanzara trimestralmente unos umbrales de compra individualizados y diferentes para las bebidas a base de cola y las restantes, acuerdos de vinculación y acuerdos por los que se exigía a los clientes que tuvieran a la venta una gama de artículos con sabor a cola y con otros sabores. Además, en el canal minorista, TCCC y sus embotelladores aplicaron acuerdos referentes al espacio reservado en las estanterías, por lo que los supermercados reservan a los productos de la marca TCCC gran parte de su espacio destinado a las BGSA, en beneficio de las BGSA de la marca TCCC más débiles. En el canal de la hostelería, los clientes recibían una financiación inicial y devolvían el préstamo mediante la compra de productos de la marca TCCC durante varios años. Por último, TCCC y sus embotelladores imponían también ciertas restricciones de exclusividad a la instalación de equipos técnicos de venta de bebidas tales como refrigeradores o surtidores de bebidas.

162. En respuesta al análisis preliminar, Coca-Cola presentó compromisos que tenían en cuenta los problemas de competencia señalados. El 26 de noviembre de 2004, la Comisión publicó una comunicación de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 1/2003[92], por la que invitaba a los interesados a presentar sus observaciones sobre los compromisos ofrecidos por Coca-Cola. Las observaciones recibidas fueron, en conjunto, positivas, aunque sugerían cómo se podría mejorar la eficacia de los compromisos (por ejemplo, formulación más estricta, control). En respuesta a estas observaciones, Coca-Cola presentó una propuesta modificada de compromisos.

163. La Decisión de la Comisión con arreglo al artículo 9 declara que los compromisos ofrecidos por Coca-Cola son suficientes para resolver los problemas preliminares de competencia. En concreto, Coca-Cola se abstendrá de suscribir acuerdos de exclusividad salvo en circunstancias específicas y de conceder descuentos por objetivos y volumen. En el análisis preliminar se consideró que estas prácticas posiblemente dificultaban el acceso de los competidores a los mercados en igualdad de condiciones. Los compromisos, según los cuales los requisitos relativos al surtido y al espacio en estanterías se definirán por separado para ciertas categorías de marcas, resuelven el problema señalado en el análisis preliminar de que podría instrumentalizarse el poder en marcas pujantes para vender marcas menos populares. En cuanto a la financiación y a los equipos técnicos de venta, los compromisos reducen la duración de los contratos, ofrecen a los clientes la posibilidad de reembolso y resolución contractual sin penalización y liberan un determinado porcentaje del espacio en refrigeradores, resolviendo los problemas preliminares de que los acuerdos vigentes supusieran para los clientes una atadura indebida y propiciaran la exclusividad en los comercios minoristas.

164. Ante los compromisos ofrecidos, la Decisión concluyó que ya no había motivos para que la Comisión llevara a cabo más actuaciones en este asunto, sin pronunciarse sobre si existía o había existido una infracción. Al adoptar la Decisión, la Comisión hizo vinculantes los compromisos hasta el 31 de diciembre de 2010.

4.2. Industrias mecánicas y otras industrias manufactureras, incluido equipo de transporte

SEP a.o./Automobiles Peugeot SA[93]

165. El 5 de octubre, la Comisión impuso una multa de 49,5 millones de euros a Automobiles Peugeot SA y a su filial importadora Peugeot Nederland N.V. , por haber obstaculizado desde enero de 1997 hasta septiembre de 2003 las exportaciones de coches nuevos desde los Países Bajos a clientes residentes en otros Estados miembros. En los Países Bajos, los precios antes de impuestos eran en general sustancialmente más bajos que en otros Estados miembros tales como Alemania y Francia. Al implantar una estrategia para impedir a los concesionarios vender coches a clientes de otros Estados miembros, con el fin de contener las exportaciones de los concesionarios Peugeot de los Países Bajos, la empresas cometieron una infracción muy grave de la prohibición de acuerdos restrictivos establecida en el artículo 81 CE.

166. La infracción cometida por Peugeot constaba de dos medidas.

167. La primera afectaba a la parte de la remuneración de los concesionarios Peugeot en los Países Bajos, que se concedía en función del destino final del vehículo y perjudicaba a las ventas a clientes extranjeros. En concreto, se negaba la bonificación por resultados si los concesionarios vendían coches que posteriormente se matriculaban fuera de los Países Bajos.

168. El proyecto de Decisión no cuestiona la posibilidad de que el fabricante module su política comercial en función de las exigencias de los distintos mercados nacionales con el fin de obtener mejores índices de penetración en estos mercados. La Decisión tampoco cuestiona la facultad del fabricante de convenir con sus concesionarios unos objetivos de venta fijados en relación con las ventas que deben realizarse en el territorio contractual, ni su facultad de adoptar medidas de incentivo adecuadas, en particular en forma de bonificación por resultados, con el fin de incitar a sus concesionarios a incrementar su volumen de ventas en su territorio correspondiente.

169. No obstante, el sistema de bonificación aplicado por Peugeot de acuerdo con su red de concesionarios neerlandeses iba más allá de lo necesario para incitar a dichos concesionarios a dedicar sus mejores esfuerzos de venta a su territorio contractual. Estos concesionarios tenían que conseguir determinados objetivos de ventas en su territorio para tener derecho a la bonificación. Una vez que el concesionario había adquirido el derecho a una bonificación y probado, por tanto, al fabricante que se había esforzado al máximo por ampliar su territorio, la bonificación sólo se pagaba por los coches que posteriormente se matricularan en los Países Bajos y no por ventas adicionales que fueran exportaciones. Esto creaba, por tanto, una discriminación contra los clientes extranjeros. Por estos motivos, el sistema de bonificación aplicado por Peugeot en los Países Bajos no es acorde con el artículo 6, apartado 1, punto 8, del Reglamento (CE) nº 1475/95[94], que establece que la exención no será aplicable « cuando, sin razón objetivamente justificada, el proveedor otorgue a los distribuidores remuneraciones calculadas en función del lugar de destino de los vehículos automóviles revendidos o del domicilio del comprador» . Además, los elementos probatorios que constan en el expediente demostraban que la bonificación era importante económicamente para los concesionarios durante todo el período, y que su pérdida sobre las ventas a la exportación tuvo un impacto significativo en el interés de los concesionarios por vender a clientes no residentes.

170. La segunda medida consistía en que Peugeot, a través de Peugeot Nederland, ejercía presiones sobre aquellos concesionarios que se hubieran destacado por su importante actividad exportadora, por ejemplo amenazándoles con reducir el número de coches que se entregaban. Peugeot Nederland ejerció presiones directas interviniendo de vez en cuando con objeto de limitar las ventas para la exportación de algunos concesionarios. Estas presiones también consistieron en amenazas de reducciones de las entregas, en particular, de los modelos más exportados. Además de esto, algunos modelos estaban reservados estrictamente al mercado neerlandés y para Peugeot su exportación constituía un acto reprensible del que se consideraría responsable al concesionario exportador.

171. Como resultado de estas dos medidas, las exportaciones de los Países Bajos decrecieron a partir de 1997, año en el que se puso en marcha el sistema de remuneración, para disminuir drásticamente a partir de 1999. Este descenso drástico de las exportaciones no se explicaría por factores ajenos tales como cambios en el nivel de diferenciales de precios entre los Países Bajos y otros Estados miembros.

172. Al calcular el nivel de la multa, la Comisión tuvo en cuenta la naturaleza muy grave de la infracción cometida por Peugeot y su filial neerlandesa y su duración relativamente larga. Hay un recurso contra esta decisión ante el Tribunal de Primera Instancia[95].

BMW y General Motors – obstáculos injustificados a las ventas multimarca y restricciones de acceso a sus redes de talleres de reparación autorizados

173. Los asuntos BMW[96] y General Motors (Opel)[97] se iniciaron en 2003/comienzos de 2004 a raíz de denuncias formales e informales de diversas asociaciones de concesionarios. Tras investigaciones detalladas y conversaciones constructivas con las partes, a finales de 2005 la Comisión informó a los denunciantes respectivos de que, a la vista de las medidas adoptadas tanto por BMW como por GM, ya no había motivos para proseguir el procedimiento en cuanto a las dos cuestiones principales de las denuncias[98]. Estas cuestiones trataban de i) obstáculos injustificados a la distribución y servicios multimarca y ii) restricciones innecesarias para que los talleres pudieran ser miembros de la red de talleres de reparación autorizados de estos fabricantes.

174. Con el fin de solventar las dudas expresadas por la Comisión y de beneficiarse de la seguridad jurídica orecida por el Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión[99], BMW y General Motors (GM) aclararon y adaptaron sus respectivos acuerdos de distribución y servicio posventa mediante circulares a todos los miembros de sus diversas redes autorizadas de concesionarios y talleres.

175. Por lo que se refiere a la posibilidad de que los concesionarios vendan marcas competidoras de coches, BMW y GM han informado a su red respectiva que aceptan la utilización conjunta y no exclusiva de todas las instalaciones excepto la parte de la sala de exposición dedicada a la venta de sus marcas (por ejemplo, mostrador de recepción, zona para clientes, fachada exterior, oficinas). Ambos fabricantes han reconocido explícitamente el principio de coexistencia de marcas competidoras por lo que respecta a que se muestren sus respectivas marcas registradas, signos distintivos u otros elementos de identidad de la empresa dentro y fuera de los locales del concesionario. Además, permitirán que sus concesionarios utilicen infraestructuras y sistemas de gestión informáticos genéricos (multimarca), incluida la metodología contable y el marco contable, siempre que las características, funcionalidad y calidad de dichos sistemas sean equivalentes a las soluciones recomendadas por BMW y GM. GM aseguró también que los concesionarios Opel pueden crear sitios Internet multimarca y que el personal que ha recibido formación para ventas de Opel puede realizar ventas de otras marcas mientras que ya no es necesaria la formación específica de Opel para el personal encargado de la venta de marcas competidoras.

176. Tanto BMW como GM aseguraron que las obligaciones de información y control de los concesionarios no son extensivas a la información comercialmente sensible relativa a las actividades comerciales de los concesionarios con productos de proveedores competidores.

177. Dado el efecto potencialmente disuasorio de los mecanismos para establecer objetivos de ventas y evaluar los resultados de los concesionarios multimarca, GM confirmó, en primer lugar, que los objetivos de ventas se fijarán de común acuerdo con los concesionarios. En segundo lugar, los objetivos se fijarán teniendo en cuenta posibles cambios en las circunstancias individuales del negocio del concesionario (incluido el comienzo de actividades multimarca) y las condiciones del mercado local, absteniéndose al mismo tiempo de evaluar el rendimiento de los concesionarios GM por comparación entre cuotas de mercado locales y nacionales. En caso de litigio, estos objetivos están sometidos a arbitraje. En tercer lugar, no se utilizará la evolución de los resultados de un concesionario en cuanto a sus cuotas de mercado locales comparadas con las nacionales de las marcas GM para sancionar a éste.

178. Por el contrario, la Comisión no consideró que los requisitos de BMW de que los concesionarios exhibieran un mínimo de tres o cuatro coches (número que dista mucho de cubrir toda la gama de modelos de BMW) pudiera considerarse como una obligación indirecta inhibitoria de la competencia. Las salas de exposición que no alcancen un determinado tamaño puede que, en algunos casos, sencillamente no sean adecuadas para exponer una gama representativa de coches de más de una marca, sin inversión adicional.

179. En cuanto a los servicios multimarca y el acceso a la red de talleres autorizados, BMW y GM han suprimido los requisitos de sus contratos que impedían que nuevos competidores pudieran ser miembros de las redes de talleres de reparación autorizados y/o prestaran servicios a vehículos de marcas competidoras.

180. Además de aplicar los principios expuestos en los apartados 162-165, BMW y GM han suprimido todos los criterios cuantitativos (por ejemplo, objetivos mínimos de volumen de negocios y requisitos mínimos de capacidad de rendimiento) en sus contratos con los talleres. Los contratos de BMW contenían unos requisitos cada vez mayores de capacidad mínima por lo que se refiere a las zonas de trabajo, equipamiento y capacidad de almacenaje basándose en la demanda local potencial más que en el historial de pedidos reales de cada taller. Ahora, BMW sólo exige que cada taller autorizado tenga al menos tres zonas de trabajo para mecánica con su correspondiente equipamiento con el fin de garantizar la calidad del servicio. GM ha introducido en sus contratos modificaciones similares. Estos cambios permitirán a las fuerzas del mercado local determinar la densidad y ubicación de los talleres de reparación para responder a la demanda del consumidor.

181. Tanto BMW como GM han introducido una «cláusula de apertura» en sus contratos de servicios por la que los talleres autorizados tendrán libertad para comprar todos los equipos, herramientas, ordenadores y programas informáticos a otros proveedores distintos de los designados (siempre que los productos alternativos sean de funcionalidad y calidad equivalentes). Las herramientas, equipos e infraestructura informática genéricos pueden utilizarse para prestar servicio a vehículos de distintas marcas. GM aclaró que sus contratos de reparación no exigen la utilización exclusiva de talleres o equipos para clientes de Opel y redujo el número de herramientas especiales con que deben contar en sus instalaciones los talleres autorizados.

182. Con el fin de eliminar obstáculos potenciales a la compra y almacenamiento conjunto de recambios, BMW y GM aclararon que los talleres autorizados son libres de organizar compras en grupo y de almacenar conjuntamente los recambios. Acordaron suprimir el requisito por el cual cada taller autorizado debe tener su propio almacén en las instalaciones, sin perjuicio de la obligación de tener existencias únicamente de los denominados «recambios de venta en el acto» en sus locales (por ejemplo, discos de freno, bombillas o filtros, piezas que piden frecuentemente los clientes).

La convergencia de precios de los vehículos siguió mejorando en la UE ampliada

183. En marzo y agosto la Comisión publicó los informes sobre los diferenciales en los precios de los vehículos dentro de la UE basados en precios de noviembre y mayo, respectivamente. Durante el año, la dispersión de precios medida por la desviación media estándar de precios antes de impuestos entre los 25 mercados nacionales siguió disminuyendo hasta el 6,3%, frente al 6,9% en el informe de agosto de 2003. En comparación con mayo de 2004, los precios de los vehículos en mayo de 2005 han aumentado un 0,4% en la UE frente al 1,9% de inflación global durante el mismo periodo. Los Estados miembros con precios antes de impuestos tradicionalmente bajos no experimentarán, en general, aumentos significativos en los precios al consumo de los vehículos. Los precios aumentaron algo en Dinamarca (+2,4 %) y Grecia (+1,8 %), mientras que disminuyeron en Finlandia (-2 %), Estonia (-8,3 %) y Polonia (-7,6 %). Esto parece indicar que los precios de los vehículos no han seguido una tendencia de convergencia al alza hacia los niveles de precios de los países con precios elevados.

5. CÁRTELES

5.1. Resumen de la evolución de la política de cárteles

5.1.1. Nueva Dirección

184. Al tomar posesión de su cargo como Comisaria de Competencia, Neelie Kroes señaló la lucha contra los cárteles como uno de los ámbitos en los que la DG Competencia debe concentrar sus esfuerzos. Este mayor interés se ha manifestado en la creación de una nueva Dirección dentro de la DG Competencia dedicada exclusivamente a la aplicación de la legislación anticárteles. La Dirección comenzó a ser operativa el 1 de junio y se ocupa de la mayoría de los asuntos de cárteles y tiene un papel principal, en estrecha cooperación con la Dirección de Política y Apoyo Estratégico, en la elaboración de políticas en el ámbito de los cárteles.

185. La Dirección Cárteles emplea a unas 60 personas, de las que aproximadamente 40 se dedican a tramitar los asuntos. La principal tarea de esta nueva Dirección es garantizar la tramitación eficiente y fundamentada de un gran número de investigaciones de cárteles. Su tarea consiste en simplificar y acelerar la tramitación de estas investigaciones, que son por naturaleza complejas y extensas, de manera que las investigaciones iniciadas puedan terminarse en un plazo de tiempo razonable. El trabajo de la Dirección Cárteles pondrá de relieve el coste de los cárteles no sólo para el consumidor final sino también para los clientes industriales. Estos cárteles originan una pérdida de beneficios para los consumidores o para la economía y perjudican a la competitividad y al crecimiento en la UE.

186. Por lo que se refiere a los casos relacionados con cárteles, el programa de clemencia siguió originando un flujo continuo de asuntos puestos en conocimiento de la Comisión. Sin embargo, sólo un número limitado de ellos dio lugar realmente al inicio de una investigación. En 2005, la Comisión recibió 17 solicitudes de dispensa y 11 solicitudes de reducción de multas. En seis casos se concedió la dispensa condicional. Otras fuentes de información, tales como las denuncias y el seguimiento del mercado y, en particular, la cooperación con las autoridades nacionales de competencia dentro de la Red Europea de Competencia (REC), han sido de utilidad para descubrir cárteles. Por lo que se refiere a las decisiones definitivas, la Comisión adoptó cinco decisiones por las que impuso multas a 37 empresas[100] por un total de 683 millones de euros (frente a 21 empresas y un total de 390 millones de euros en multas en 2004). En ocho asuntos de cárteles se envió un pliego de cargos. Hay que señalar que tres de las cinco decisiones de cárteles adoptadas en 2005 estaban basadas en la Comunicación sobre cooperación de 1996 pero, evidentemente, este porcentaje cambiará en el futuro: la mayoría de los pliegos de cargos enviados en 2005 se referían a solicitudes instruidas con arreglo a la Comunicación sobre medidas de clemencia de 2002[101].

5.1.2. Programa de clemencia de la Comisión

187. La clemencia sigue siendo un instrumento muy importante para la aplicación de la normativa en asuntos de cartel. En virtud del programa de clemencia de la Comisión, tendrá derecho a la dispensa de las multas la primera empresa en aportar pruebas de un cartel a la Comisión, y a una reducción importante de las multas cualquier solicitante posterior. Mientras que la primera Comunicación sobre cooperación de 1996 dio lugar a más de 80 solicitudes en seis años de funcionamiento, la Comunicación sobre medidas de clemencia de 2002[102] ha incrementado el número de solicitudes (tanto de dispensa como de reducción de multas) hasta 165 en menos de cuatro años (es decir, unas tres al mes de media): 86 solicitudes de dispensa y 79 de reducción de multas.

188. No obstante, el elevado número de solicitudes recibidas no refleja el número de investigaciones de cartel que ha iniciado la Comisión desde 2002. Al decidir a qué cárteles investigar, la Comisión, en el marco de la Red Europea de Competencia, ha centrado sus esfuerzos en las infracciones que tienen un impacto como mínimo en varios Estados miembros o en el EEE en su conjunto. Algunos casos, aunque entraban formalmente en el campo de la prohibición establecida en el artículo 81 CE, se referían a infracciones de escaso tamaño, a menudo limitadas a un único Estado miembro, o incluso a una parte de un Estado miembro. En tales casos, se hacía una investigación de seguimiento de las solicitudes por parte de una autoridad nacional de competencia (ANC) en el Estado miembro en cuestión, en lugar de por la Comisión, especialmente cuando la empresa había presentado solicitudes similares a la ANC del Estado miembro. No obstante, esos asuntos se incluyen en las estadísticas anteriores ya que inicialmente la Comisión emitió una decisión de dispensa condicional en esos casos. Además, en virtud de la Comunicación de 2002, puede concederse la dispensa cuando una empresa haya facilitado elementos suficientes para que la Comisión inicie una investigación. Tales elementos pueden no ser suficientes para probar realmente la infracción y la mayoría de las veces es necesario un estudio complementario. Por tanto, al decidir en qué asuntos tomar medidas, la Comisión tiene que fijar sus prioridades. Por ejemplo, cuando las solicitudes se refieren a asuntos en los que la presunta infracción había cesado varios años antes, puede considerarse poco probable que una nueva investigación lleve a resultados concluyentes. En otros casos, los elementos presentados pueden ser demasiado escasos o imprecisos para justificar una decisión de dispensa condicional y/o la apertura de una investigación.

189. El número de solicitudes que no cumplían las condiciones substantivas para la dispensa aumentaron en 2005 en comparación con años anteriores. Se rechazaron formalmente cinco solicitudes de dispensa ya que la información facilitada a la Comisión no le permitía realizar inspecciones por sorpresa ni concluir que existía una infracción del artículo 81 CE (las empresas afectadas optaron, sin embargo, por no retirar los elementos facilitados y, en su lugar, pidieron a la Comisión que considerara la información para una reducción de la multa en el caso de que, no obstante, la Comisión les impusiera una multa en un futuro por la presunta infracción.). En un asunto en el que desde un principio era evidente que la Comisión no iniciaría una investigación, se informó a un solicitante de que la Comisión no tenía intención de dar curso a la solicitud de dispensa ya que no era probable que se cumplieran las condiciones para la inmunidad y el asunto no se prestaba a una investigación más a fondo por parte de la Comisión. En 2005 se consideró que tres solicitudes no podían acogerse al programa ya que los hechos de los que se informaba no entraban en el ámbito de aplicación material de la Comunicación sobre medidas de clemencia. La Comisión debe garantizar que no se abusa del programa de clemencia para poner en su conocimiento acuerdos que anteriormente habrían estado sujetos al sistema de notificación, suprimido con la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1/2003. Por último, la Comisión informó a una empresa a la que había concedido una dispensa condicional de que su dispensa no sería confirmada en la decisión definitiva sobre el cartel. La empresa había incumplido su obligación de cooperación al revelar a otros competidores que había solicitado la dispensa antes de que la Comisión realizara las inspecciones.

190. Por lo que se refiere a las solicitudes de reducción de las multas, las estadísticas facilitadas deberían considerarse teniendo en cuenta que normalmente en una única investigación más de una empresa solicita una reducción de las multas.

191. Los tres años de experiencia de trabajo con la Comunicación de la Comisión de 2002 suscitan una serie de observaciones generales. La inmunidad se concede a empresas que reúnen las condiciones y obligaciones establecidas en la Comunicación sobre medidas de clemencia. Las empresas a las que se concede la dispensa condicional deben cooperar total y permanentemente con la Comisión. Esta obligación de cooperación incluye, entre otras cosas, la obligación de no comunicar la solicitud a terceros sin el consentimiento previo de la Comisión, la de reunir y facilitar a la Comisión toda la información posible sobre el presunto cartel y la de responder a todas las preguntas que pueda formular la Comisión, lo que incluye la posibilidad de tomar declaración oral a los trabajadores de la empresa. En algunos casos se utiliza un procedimiento sin papeles (por ejemplo, grabaciones de las declaraciones orales de las empresas) puesto en marcha por la Comisión que sirve únicamente para evitar que los solicitantes de dispensa se encuentren en situación de desventaja frente a otros participantes en el cartel ante la jurisdicción civil. No obstante, siempre deberán facilitarse los documentos preexistentes que sean relevantes para la infracción.

192. Que pueda considerarse o no que un elemento de prueba tiene un valor añadido significativo - y, por tanto, dar derecho a una reducción de la multa - depende de los elementos de hecho del asunto y de la contundencia de las pruebas que obren ya en poder de la Comisión. Si la información facilitada por el solicitante de la dispensa y las inspecciones siguen siendo insuficientes para probar la infracción, nuevos elementos de prueba facilitados por un solicitante de una reducción de la multa pueden permitir a la Comisión probar realmente la infracción. También puede haber un valor añadido significativo cuando el solicitante de clemencia no aporte nuevos elementos de prueba pero corrobore las pruebas existentes y esto sea necesario para probar la infracción. Aún cuando la Comisión haya sido ya capaz de determinar la existencia de una infracción, los elementos de prueba adicionales pueden tener todavía un valor añadido significativo si repercuten directamente en la gravedad o duración del presunto cartel. Las decisiones de la Comisión en los asuntos Tabaco crudo en Italia y Sustancias químicas para la industria del caucho que se tratan más adelante aclararon algunos aspectos del concepto de valor añadido significativo. Otras decisiones en virtud de la Comunicación de 2002 que se dictarán a lo largo de 2006 lo aclararán aún más.

193. La tarea de la Comisión en los años venideros es mantener y reforzar la eficacia de su política de clemencia. El objetivo es garantizar la disuasión efectiva de los cárteles, permitir su rápida investigación y garantizar que los cárteles se castiguen severamente con el fin de garantizar un entorno competitivo en beneficio de los consumidores.

5.2. Asuntos

Ácido monocloroacético[103]

194. El 19 de enero, la Comisión multó a tres empresas químicas, Akzo, Hoechst y Atofina (ahora llamada Arkema) por un importe total de casi 217 millones de euros por su participación en un cartel en el mercado del ácido monocloroacético (MCAA). Otra empresa, Clariant, que en 1997 adquirió la actividad de MCAA de Hoechst, se libró de una multa gracias a su cooperación con la Comisión en virtud de la Comunicación sobre medidas de clemencia.

195. El MCAA, un ácido orgánico reactivo, es un producto químico intermedio empleado en la fabricación de detergentes, adhesivos, auxiliares textiles y espesantes utilizados en alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. Los participantes en el cartel contaban con más del 90% del mercado europeo de MCAA. Se repartieron el mercado durante al menos 15 años (desde 1984 hasta 1999) mediante un sistema de asignación de clientes y de volúmenes. Se reunían de dos a cuatro veces al año, de forma rotatoria en sus respectivos países. A partir de 1993, el cartel se formalizó con la participación de AC Treuhand, una agencia estadística suiza, que organizaba reuniones legales cerca del aeropuerto de Zurich que, de hecho, servían como pretexto para que los participantes se reunieran extraoficialmente para discutir los acuerdos del cartel.

196. Clariant, Atofina y Akzo cooperaron con la Comisión con arreglo a la Comunicación sobre cooperación. La Comunicación sobre cooperación de 1996 era de aplicación puesto que la investigación comenzó antes de la introducción de la Comunicación de 2002. Clariant aportó pruebas decisivas del cartel (que pusieron en marcha la investigación) y se le concedió la dispensa total. Atofina fue la segunda empresa que confesó y se le concedió una reducción del 40% del importe de las multas. Akzo fue la tercera empresa en colaborar con la Comisión y obtuvo una reducción del 25 %. Al calcular el importe de las multas, la Comisión también tuvo en cuenta la duración de la infracción, el gran tamaño y los recursos globales de algunas de las empresas y el hecho de que algunas de ellas habían sido destinatarias de decisiones anteriores de la Comisión por las que se declaraban infracciones del mismo tipo. Por estas razones, a Akzo, el mayor productor de MCAA, se le impuso la multa individual más elevada, de 84,38 millones de euros, seguida de Hoechst con 74,03 millones de euros, y Atofina con 58,5 millones de euros.

Hilo industrial[104]

197. El 14 de septiembre la Comisión impuso multas a fabricantes de Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia, Suiza y Reino Unido por un total de 43,497 millones de euros por participar en cárteles en el mercado del hilo industrial. El hilo industrial se utiliza en una serie de sectores para coser o bordar distintos productos, tales como prendas de vestir, artículos de decoración, asientos de vehículos y cinturones de seguridad, artículos de cuero, colchones, calzado y cuerdas.

198. En diversas inspecciones realizadas por sorpresa en los locales de varios productores comunitarios de productos textiles y artículos de mercería en noviembre de 2001 y en la investigación posterior, la Comisión encontró pruebas de que las empresas habían tomado parte en los tres acuerdos de cartel y prácticas concertadas siguientes: un cartel en el mercado del hilo destinado a clientes industriales en el Benelux y en los países nórdicos, entre enero de 1990 y septiembre de 2001; un cartel en el mercado del hilo destinado a clientes industriales en el Reino Unido entre enero de 1990 y septiembre de 1996; y un cartel en el mercado del hilo para clientes de la industria del automóvil en el EEE desde mayo/junio de 1998 al 15 de mayo de 2000.

199. En estos tres mercados, los fabricantes de hilo participaron en reuniones regulares y mantuvieron contactos bilaterales para pactar los aumentos de precios y/o los precios indicativos, intercambiar información sensible sobre listas de precios y/o precios para clientes individuales y evitar rebajar los precios del proveedor dominante con el fin de asignar clientes.

200. Participaron las siguientes empresas: Ackermann Nähgarne GmbH & Co, Amann und Söhne GmbH, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread N.V., Bieze Stork B.V., Bisto Holding B.V., Coats Ltd, Coats UK Ltd, Cousin Filterie SA, Dollfus Mieg et Cie SA, Donisthorpe & Company Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc, Oxley Threads Ltd, Perivale Gütermann Ltd, Zwicky & Co AG.

201. Las infracciones cometidas por las destinatarias fueron consideradas «muy graves» ya que tenían por objeto la fijación de los precios, restringiendo así la competencia y afectando al comercio entre Estados miembros.

Tabaco crudo en Italia[105]

202. El 20 de octubre, la Comisión impuso multas por valor de 56,05 millones de euros a cuatro sociedades italianas transformadoras de tabaco (Deltafina, Dimon – que ahora se llama Mindo –, Transcatab y Romana Tabacchi), por ponerse de acuerdo durante un periodo de más de seis años (1995–2002) sobre los precios pagados a los productores de tabaco y a los intermediarios y sobre la asignación de proveedores de tabaco en Italia. También son destinatarios de la Decisión Universal Corporation (la empresa matriz norteamericana de Deltafina y el mayor comerciante de tabaco mundial) y Alliance Once International Inc., la empresa resultante de la fusión de las compañías matrices de Transcatab y Dimon y el segundo comerciante de tabaco mundial.

203. La Decisión impone además multas de 1.000 euros a las asociaciones de transformadores y productores (APTI y UNITAB) por sus actividades de fijación de precios en la negociación de acuerdos para todo el sector.

204. Es la segunda vez que la Comisión adopta una decisión por la que impone multas en el sector del tabaco crudo. En octubre de 2004, la Comisión impuso multas a asociaciones de transformadores y productores en España[106].

205. Éste es el primer caso en el que se ha aplicado la Comunicación sobre medidas de clemencia de 2002. Las multas impuestas a Mindo/Dimon y Transcatab incluyen reducciones del 50 % y del 30 %, respectivamente. A Deltafina se le concedió una dispensa condicional al comienzo del procedimiento en virtud de la Comunicación sobre medidas de clemencia. No obstante, la Decisión denegó a Deltafina el beneficio de la dispensa debido a un incumplimiento grave de sus obligaciones de cooperación (Deltafina informó a sus competidores de que había solicitado clemencia, revelando así la existencia de una investigación en su contra antes de que la Comisión pudiera realizar inspecciones por sorpresa). Sin embargo, basándose en las circunstancias específicas del presente asunto, la contribución real de Deltafina para establecer la infracción de los transformadores justificó una reducción del 50% de la multa impuesta.

Sacos industriales[107]

206. El 30 de noviembre, la Comisión impuso multas a 16 fabricantes de sacos industriales de plástico por un importe total de 290,71 millones de euros por su participación en un cartel en Alemania, Benelux, Francia y España. Los participantes en el cartel tenían aproximadamente el 75% del mercado de sacos industriales en esos países en 1996. Estos fabricantes pactaron precios y cuotas de venta por zona geográfica, se repartieron los pedidos de los grandes clientes mediante sistemas de asignación, organizaron la presentación conjunta a licitaciones e intercambiaron información sobre sus volúmenes de venta y precios, algunos de ellos durante más de 20 años, desde 1982 a 2002. El cartel estaba organizado a dos niveles: a nivel global, dentro de la asociación profesional «Valveplast», en la que los participantes se reunían tres o cuatro veces al año, y los subgrupos regionales y funcionales que también celebraban reuniones regularmente.

207. Los sacos industriales de plástico se emplean para embalar numerosos productos, sobre todo industriales, pero también productos destinados a los consumidores, tales como materias primas, fertilizantes, productos agrícolas, piensos para animales o materiales de construcción.

208. Las investigaciones se iniciaron a raíz de la información facilitada a la Comisión por uno de los participantes en el cartel, British Polythene Industries (BPI), al amparo de la Comunicación sobre cooperación de 1996. En junio de 2002, la Comisión llevó a cabo inspecciones sorpresa en las instalaciones de la mayoría de los participantes en el cartel. A BPI se le concedió la dispensa total de las multas por ser el primero en facilitar pruebas que permitieran a la Comisión organizar las inspecciones. A varias empresas se les redujeron las multas en virtud de la Comunicación sobre cooperación como recompensa por la información facilitada (Trioplast, Bischof + Klein, Cofira-Sac) o por no negar los hechos establecidos en el pliego de cargos que se les dirigía (Nordfolien, Bonar Technical Fabrics y Low & Bonar). Circunstancias agravantes llevaron a incrementar las multas de Bischof + Klein (destrucción de un documento durante la inspección) y UPM-Kymmene (infracción reiterada del mismo tipo).

Sustancias químicas para la industria del caucho[108]

209. El 21 de diciembre, la Comisión multó a cuatro empresas por un importe de 75,86 millones de euros por haber creado un cartel en el mercado de las sustancias químicas para la industria del caucho. Las compañías implicadas acordaron intercambiar información sobre precios y/o subir los precios de ciertas sustancias químicas para la industria del caucho (antioxidantes, antiozonizantes y aceleradores primarios) en los mercados del EEE y de todo el mundo.

210. Las sustancias químicas para la industria del caucho son sustancias sintéticas u orgánicas que mejoran la producción y las características de los productos de caucho, utilizadas en una gama amplia de aplicaciones, de las cuales la más importante son los neumáticos para coches y otros vehículos. En 2001, el valor del mercado del EEE se estimaba en unos 200 millones de euros y el valor a nivel mundial en 1.500 millones de euros.

211. La investigación del sector de las sustancias químicas para la industria del caucho comenzó tras una solicitud de dispensa condicional de las multas presentada por Flexsys en abril de 2002. Posteriormente, la Comisión llevó a cabo inspecciones en los locales de Bayer, Crompton Europe y General Química en septiembre de 2002. Tras estas inspecciones, Crompton (ahora Chemtura), Bayer y General Química solicitaron acogerse a la clemencia.

212. Aunque hay varios indicios de que ya en los años 70 existían actividades colusorias en el sector de las sustancias químicas para la industria del caucho, al menos esporádicamente, la Comisión sólo tuvo pruebas suficientemente firmes de la existencia del cartel durante el período que abarca los años 1996 a 2001 en el caso de Flexsys, Bayer y Crompton (ahora Chemtura) (incluida Crompton Europe y Uniroyal Chemical Company) y en 1999 y 2000 en el caso de General Química. Repsol YPF SA y Repsol Química SA no participaron por sí mismas en los acuerdos en cuestión, pero son consideradas, sin embargo, responsables del comportamiento de su filial General Química.

C – REC: RESUMEN DE COOPERACIÓN

1. VISIÓN GENERAL

213. 2005 fue el primer año completo de aplicación del nuevo sistema creado por el Reglamento (CE) nº 1/2003, y durante el mismo se intensificó la cooperación entre las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros (ANC) y la Comisión. Los mecanismos que establece el Reglamento para garantizar la aplicación efectiva de la legislación funcionaron sin problemas a lo largo del año.

1.1. Cooperación en cuestiones de política

214. En 2005, la REC se ha utilizado como un foro para que las autoridades de competencia comunitarias discutan las cuestiones de política general. El trabajo se ha desarrollado en cuatro foros distintos.

215. En primer lugar, el Director General de la DG Competencia y los jefes de todas las ANC se reunieron con el fin de discutir importantes cuestiones de la política de competencia; esta reunión está previsto que se celebre una vez al año. En 2005, la discusión giró en torno a la revisión de la política del artículo 82.

216. En segundo lugar, las ANC y la Comisión se reunieron en las denominadas «reuniones plenarias» en las que se tratan cuestiones generales de interés común relacionadas con la política antitrust y en las que se intercambian experiencias y know-how; estas discusiones e intercambios fomentan la creación de una cultura común en materia de competencia dentro de la Red; por ejemplo, se produjo un fructífero debate sobre las investigaciones sectoriales y el procedimiento oral para las declaraciones de las empresas en el contexto del programa de clemencia. Las reuniones plenarias permiten también las discusiones preliminares entre miembros de la Red sobre propuestas políticas de la Comisión tales como el Libro Verde sobre reparación de daños y perjuicios.

217. En tercer lugar, hay seis grupos de trabajo que tratan cuestiones específicas. En 2005, un grupo de trabajo se dedicó a cuestiones transitorias originadas por el nuevo sistema de aplicación de la legislación; otro se dedicó a solventar los posibles problemas surgidos por las discrepancias entre diversos programas de clemencia; el tercer grupo de trabajo trató cuestiones relacionadas con la heterogeneidad de procedimientos y sanciones en los Estados miembros; el cuarto grupo trató la información y comunicación sobre la REC; el quinto se dedicó a cuestiones relacionadas con el abuso de posición dominante y el sexto está compuesto por economistas jefes de competencia de las agencias de la REC. Estos grupos de trabajo ofrecen un foro excelente para intercambiar experiencias sobre cuestiones concretas y desarrollar buenas prácticas.

218. Por último, hubo 13 subgrupos sectoriales de la REC dedicados a sectores particulares[109]. Algunos de ellos programaron reuniones regulares mientras que otros se comunicaban principalmente por medios electrónicos; pueden tratar cualquier cuestión de sectores específicos y permiten un útil intercambio de experiencias y buenas prácticas; por ejemplo, en 2005, el subgrupo de Telecomunicaciones analizó la conducta predatoria en los mercados de telecomunicaciones y el subgrupo de Energía se ocupó de los contratos de suministro de gas de larga duración. Los subgrupos sectoriales garantizan la buena coordinación ascendente y conducen a un planteamiento común y una mayor coherencia en la aplicación de la legislación comunitaria de competencia, más allá de los asuntos individuales.

1.2. Adaptar las legislaciones nacionales para garantizar una aplicación eficiente por parte de las ANC

219. El año 2005 fue también testigo de importantes trabajos legislativos en los Estados miembros para garantizar el eficiente funcionamiento del Reglamento (CE) nº 1/2003. Además de las obligaciones legales que emanan de la aplicación del Reglamento (CE) nº 1/2003, en la nueva legislación nacional puede observarse un nivel significativo de convergencia de las legislaciones nacionales hacia la legislación de la UE. Esto se refleja, por ejemplo, en la supresión del sistema de notificación en gran número de Estados miembros; hoy día, en todos los Estados miembros salvo en ocho, el ordenamiento jurídico nacional de competencia es conforme con el sistema de aplicación directa del artículo 81, apartado 3, introducido por el Reglamento (CE) nº 1/2003; de esos ocho Estados miembros, tres están considerando modificar sus ordenamientos. También se ha producido un ajuste con los poderes de investigación de la Comisión, por ejemplo en el ámbito de las inspecciones de domicilios particulares. Además, ha habido convergencia en los tipos de decisiones que pueden tomas las ANC: ahora hay más ANC competentes para adoptar medidas cautelares y aceptar compromisos.

220. La adopción de programas nacionales de clemencia es otra tendencia muy pronunciada: mientras que sólo tres Estados miembros tenían un programa de clemencia en 2000, ahora son ya 19. Al menos tres de las autoridades que todavía no cuentan con este tipo de programa (España, Italia, Portugal, Eslovenia, Malta, Dinamarca) están considerando la posibilidad de introducirlo. Es una evolución muy significativa para la aplicación de la legislación anticartel en la Comunidad, puesto que los programas de clemencia son la piedra angular de la detección eficiente de los cárteles. Esto facilitará asimismo enormemente la decisión de posibles solicitantes de acogerse al beneficio de los programas de clemencia, ya que ahora pueden estar protegidos en casi toda la UE.

1.3. Cooperación en asuntos individuales

221. La cooperación en asuntos individuales entre los miembros de la REC se organiza en torno a las dos obligaciones principales de las ANC de informar a la Comisión: al comienzo del procedimiento (artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1/2003) y antes de la decisión definitiva (artículo 11, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1/2003). En el primer supuesto, se facilita la rápida reasignación de asuntos en los pocos casos en los que resulte necesario, mientras que el segundo desempeña un importante papel en la aplicación coherente de la legislación comunitaria.

Asignación de asuntos

222. La Comisión fue informada de unas 180 nuevas investigaciones de asuntos iniciadas por las ANC. Basándose en esta información, si es necesario, se discute el reparto de tareas para conseguir la organización del trabajo compartido más eficiente en un asunto concreto dentro de la REC.

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223. Las experiencias de trabajo compartido dentro de la Red han confirmado que el planteamiento flexible y pragmático introducido por el Reglamento y la Comunicación sobre la cooperación en la Red funciona muy bien en la práctica. No obstante, también es importante señalar que, como vaticinaba la Comunicación[110], las situaciones en las que los asuntos cambian de mano son escasas en relación al número total de asuntos tramitados por los miembros de la REC. A juzgar por la experiencia adquirida en 2005, existen dos ámbitos principales en los que puede decirse que el reparto de tareas en la REC ha desempeñado un papel importante.

224. En el primero de ellos, el reparto de tareas en la REC afectaba a las fases incipientes de asuntos de cartel en los que, como primera medida, debían organizarse inspecciones. Esta situación se caracteriza por la necesidad extrema de confidencialidad y rapidez.

225. Puede citarse un ejemplo relacionado con la investigación en el sector del vidrio plano[111]. Esta investigación se debe a que varias ANC tenían noticia de un cartel para fijar los precios. Considerando que el presunto ámbito del asunto podría requerir que la Comisión tomara medidas, las ANC informaron a la Comisión en una fase muy temprana, sugiriéndole que se hiciera cargo del asunto. Basándose en la información recibida con arreglo al artículo 12, la Comisión organizó las inspecciones. En estos momentos, está estudiando las pruebas reunidas. Éste es un ejemplo excelente de cómo la estrecha cooperación dentro de la REC contribuye a la aplicación eficiente de la normativa. La Comisión y las ANC de los Estados miembros cooperaron también en fases iniciales de diversos asuntos en los que se habían recibido solicitudes paralelas de clemencia.

226. El segundo supuesto se refería a una serie de denuncias recibidas por la Comisión, por una ANC o por ambas[112] y que han sido objeto de un seguimiento, o lo están siendo, por parte de una autoridad de competencia idónea.

Aplicación coherente

227. Para garantizar la aplicación coherente de los artículos 81 y 82 CE, el artículo 11, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1/2003 exige que las ANC informen a la Comisión no más tarde de 30 días antes de adoptar una decisión de prohibición o una decisión por la que se acepten compromisos. De conformidad con el artículo 11, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1/2003, las ANC podrán consultar a la Comisión cualquier caso de aplicación del Derecho comunitario.

228. En 2005, la Comisión recibió información en virtud del artículo 11, apartado 4, de decisiones previstas en casi 80 asuntos, procedentes de 18 ANC distintas. Estos asuntos se referían a gran variedad de infracciones en diversos sectores de la economía.

[pic]

229. La Comisión no inició el procedimiento en ninguno de estos asuntos. En una serie de casos, los servicios de la DG Competencia a distintos niveles entablaron conversaciones con las ANC, hicieron observaciones y asesoraron a la autoridad de manera informal. Estas observaciones, que no representan una posición oficial de la Comisión, se consideran correspondencia interna entre autoridades de competencia y no son accesibles a las partes en virtud del Reglamento (CE) nº 1/2003. Si una autoridad nacional de competencia se basara en estas observaciones para plantear nuevas objeciones contra las empresas tendría que enviar otro pliego de cargos (o su equivalente nacional) y dar a las partes la posibilidad de ser oídas. En 2005, esto no se produjo.

230. Las conversaciones abiertas y constructivas que tuvieron lugar entre autoridades de competencia de la UE en 2005 han permitido una aplicación coherente y sin problemas de la normativa comunitaria de competencia.

2. APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA UE POR PARTE DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DE LA UE: INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO (CE) Nº 1/2003

2.1. Asistencia en forma de información o de dictamen

231. El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1/2003 ofrece a los jueces nacionales la opción de solicitar a la Comisión que les remita la información que obre en su poder o les transmita sus dictámenes sobre cuestiones relativas a la aplicación de las normas de competencia comunitarias. En 2005 la Comisión facilitó información en respuesta a tres solicitudes de información y emitió seis dictámenes; tres en respuesta a solicitudes de órganos jurisdiccionales belgas, uno de un órgano jurisdiccional lituano y dos españoles (véanse más abajo los resúmenes de estos dictámenes). A finales de año seguían pendientes tres solicitudes recibidas en 2005.

232. Con el fin de reforzar la aplicación coherente de la legislación comunitaria de competencia y de evitar dictámenes contradictorios entre la Comisión y las ANC, se acordó que, tan pronto como un órgano jurisdiccional nacional solicitara a la Comisión o a una ANC un dictamen sobre la aplicación de la legislación comunitaria de competencia, la Comisión y la ANC de dicho Estado miembro se informarían mutuamente.

233. Además, en aras de una mayor transparencia, se decidió que los dictámenes emitidos por la Comisión sobre la aplicación de las normas de competencia de la UE a petición de un órgano jurisdiccional nacional de conformidad con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1/2003, fueran públicos. Los dictámenes figurarán en el sitio Internet de la DG Competencia una vez que la sentencia en el asunto sobre el que se había solicitado el dictamen haya sido notificada a la Comisión, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1/2003. Los dictámenes sólo podrán consultarse si no existe impedimento legal, en particular por lo que se refiere a las normas de procedimiento del órgano jurisdiccional solicitante.

2.2. Sentencias de los órganos jurisdiccionales nacionales

234. El artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1/2003 obliga a los Estados miembros de la UE a remitir a la Comisión una copia del texto de cualquier sentencia de los tribunales nacionales en la que se pronuncien sobre la aplicación de los artículos 81 u 82 del Tratado CE. La Comisión recibió copias de 54 sentencias transmitidas en 2005, que se colocaron en el sitio Internet de la Dirección General de Competencia siempre que la autoridad que las remitía no las hubiera considerado confidenciales (las sentencias confidenciales simplemente se enumeran). La mayoría de esas sentencias (43) era consecuencia de acciones privadas, que en la mayor parte de los casos pretendían anular acuerdos por ser incompatibles con las normas de competencia de la UE. Sólo 10 sentencias fueron dictadas por tribunales de apelación en revisión de decisiones administrativas de las ANC.

2.3. Intervención en calidad de amicus curiae

235. El artículo 15, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1/2003 permite a la Comisión y a las ANC presentar observaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre cuestiones relativas a la aplicación de las normas comunitarias de competencia. En 2005, la Comisión no utilizó este mecanismo.

2.4. Financiación de la formación de los jueces nacionales en materia de normativa de competencia de la UE

236. Proseguir la formación y educación de los jueces nacionales en materia de legislación comunitaria de competencia es muy importante para garantizar tanto una aplicación efectiva como coherente de esta normativa. En 2005, la Comisión cofinanció 12 proyectos de formación y comprometió casi 600 000 euros para la formación de jueces nacionales de los 25 Estados miembros de la UE.

2.5. Resumen de los dictámenes emitidos por la Comisión en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1/2003

Bélgica

La Comisión recibió del Tribunal de Apelación de Bruselas las tres solicitudes de dictamen siguientes:

237. En primer lugar, el Tribunal de Apelación preguntó si era compatible con el artículo 81 CE que una cervecera concluyera un acuerdo de compra exclusiva de cinco años para bebidas distintas de la cerveza en 1997, tras haber concluido un acuerdo de compra exclusiva de diez años con el mismo comprador en 1993. De ser considerados los acuerdos incompatibles con el artículo 81 CE, el Tribunal pedía asesoramiento en cuanto al alcance de la nulidad en virtud del artículo 81, apartado 2, CE.

238. Por lo que se refiere a la cuestión de la compatibilidad con el artículo 81 CE, el dictamen remitía a la sentencia Delimitis del Tribunal Europeo de Justicia (TJCE) y a las comunicaciones de minimis de la Comisión. El dictamen llamaba la atención sobre los reglamentos de exención por categorías de la Comisión pertinentes (en concreto, el Reglamento (CE) nº 1984/83 (hasta el 31 de mayo de 2000) y el que lo sustituyó, el Reglamento (CE) nº 2790/1999). Por último, por lo que se refiere al alcance del artículo 81, apartado 2, CE, el dictamen recordó la jurisprudencia relevante del TJCE, en particular la sentencia Courage .

239. En segundo lugar, el Tribunal de Apelación preguntó si en virtud de los artículos 81 y 82 CE, un acuerdo entre el organizador de una exposición de camiones y los importadores y distribuidores que presentan sus camiones en la exposición podía incluir una prohibición de participar en cualquier acontecimiento similar en Bélgica durante un periodo de seis meses antes de la exposición.

240. El dictamen fija el marco analítico en virtud del artículo 81 CE, subrayando las directrices sobre la aplicación del artículo 81, apartado 3, así como la práctica decisoria de la Comisión en el ámbito de las exposiciones. Destaca la necesidad de definir el mercado geográfico de referencia para evaluar si la cláusula inhibitoria de la competencia podía cerrar el mercado a los competidores. El dictamen aclaraba también la relación entre el artículo 81 CE y el artículo 82 CE y señalaba que las eficiencias pueden ser tenidas en cuenta en las evaluaciones en aplicación del artículo 82 CE.

241. Por último, el Tribunal de Apelación preguntó si los criterios establecidos por una sociedad de gestión colectiva para otorgar el estatuto de «grand organisateur» a determinados usuarios comerciales y el descuento del 50 % concedido a dichos usuarios eran compatibles con el artículo 82 CE o si esto suponía una discriminación ilegal en el sentido de dicha disposición.

242. El dictamen, por referencia a la jurisprudencia sobre sociedades de gestión colectiva, establece diversos elementos que pueden ser tenidos en cuenta para determinar si los criterios o su aplicación podrían constituir una infracción del artículo 82 CE.

España

243. Se realizó una petición de dictamen en relación con un litigio entre un proveedor en el mercado mayorista español de productos petrolíferos y un operador de una estación de servicio. El Tribunal español preguntaba si el tipo y el tamaño de la red del proveedor en España podrían afectar al comercio interestatal y producir una restricción de la competencia y si la relación contractual entre las partes podría beneficiarse de una exención en virtud del artículo 81, apartado 3.

244. El dictamen exponía la línea de pensamiento de la Comisión en cuanto a la evaluación de la compatibilidad de tales acuerdos de suministro exclusivo con las normas comunitarias de competencia. Ponía de relieve que una red de contratos de suministro exclusivo puede dar lugar a problemas de exclusión y explicaba cómo evaluar la posible exclusión del mercado remitiendo a la jurisprudencia del TJCE ( Delimitis ), a las directrices y comunicaciones de la Comisión así como a la Comunicación publicada de conformidad con el artículo 27, apartado 4, relativa al asunto COMP/38.348 ( REPSOL ). El dictamen remitía a las Directrices de la Comisión sobre la aplicación del artículo 81, apartado 3, para evaluar si el contrato reúne las condiciones del artículo 81, apartado 3.

245. En un asunto similar, un Tribunal español preguntó si un acuerdo entre un proveedor mayorista de productos petrolíferos y un operador de una estación de servicio era compatible con el artículo 81 CE. En concreto, pedía aclaraciones sobre si una cláusula inhibitoria de la competencia y una cláusula de imposición del precio de reventa eran compatibles con el artículo 81 CE, si el acuerdo en cuestión podría beneficiarse de los reglamentos de exención por categorías y si el operador de la estación de servicio podría ser considerado un agente.

246. El dictamen declaraba que una restricción especialmente grave en la imposición del precio de reventa excluye la posibilidad de una exención por categorías y señalaba que las cláusulas que establecen una restricción especialmente grave en la imposición del precio de reventa son nulas al no formar parte de un auténtico contrato de agencia. El dictamen subrayaba los criterios para evaluar si un minorista es un agente con arreglo a las normas de competencia comunitarias remitiendo a las Directrices de la Comisión. El dictamen, además, explicaba cómo analizar la posible exclusión del mercado y cómo evaluar si el acuerdo podría beneficiarse de una exención en virtud del artículo 81, apartado 3, remitiendo a la jurisprudencia del TJCE (Delimitis) , a las directrices y comunicaciones de la Comisión así como a la Comunicación publicada de conformidad con el artículo 27, apartado 4, relativa al asunto COMP/38.348 (REPSOL) . Por último, el dictamen señalaba que corresponde al juez concluir si una cláusula que pudiera considerarse nula puede ser separada del contrato o si debe prescindirse de la totalidad del contrato.

Lituania

247. El Tribunal de Distrito de Vilnius preguntó si era compatible con el artículo 86, apartado 1, CE, leído conjuntamente con el artículo 82 CE, que un ayuntamiento realizara un procedimiento de licitación para la concesión de un derecho exclusivo de recogida de residuos durante 15 años. El actor en la acción legal pendiente ante el tribunal había alegado que esta exclusividad a largo plazo concedería al concesionario la oportunidad de cobrar precios excesivos a algunos clientes.

248. El dictamen trata la cuestión de la existencia de una posición dominante en el sector de la gestión de residuos con arreglo al artículo 82 CE, remitiendo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre gestión de residuos ( Københavns [113] y Dusseldorp [114]) y a la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia[115]. El dictamen destaca las condiciones que deben reunirse para que exista una infracción del artículo 86, apartado 1, leído conjuntamente con el artículo 82 CE, es decir, que el abuso fuera inevitable por parte del concesionario o, al menos, el resultado probable de las condiciones de la licitación. Por último, el dictamen señala que una infracción de las normas de competencia puede justificarse con arreglo al artículo 86, apartado 2, CE, remitiendo a la sentencia Københavns .

3. REC: COOPERACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES

Grupo de trabajo de la REC de información y comunicación sobre la REC

249. El grupo de trabajo de la REC de información y comunicación sobre la REC estableció su mandato y comenzó su trabajo sobre las siguientes cuestiones: una descripción general de la REC; las estadísticas sobre el funcionamiento de la REC que se publicarán en la página Internet de la DG Competencia; la estructura de las páginas de Internet dedicadas a la REC; un logotipo para la REC y un texto con las preguntas más frecuentes. El sitio Internet de la DG Competencia se está modernizando y, de manera provisional, las cifras sobre los asuntos antitrust tramitados por las autoridades REC (nuevas investigaciones y decisiones previstas) se publican mensualmente desde septiembre en la sección «Últimas noticias» del sitio Internet de la DG Competencia.

Grupo de trabajo de la REC sobre abuso de posición dominante

250. El grupo de trabajo de la REC sobre abuso de posición dominante se reunió en cinco ocasiones entre febrero y abril. En estas reuniones, se trataron tipos concretos de abuso - conducta predatoria, negativa a negociar y compresión de márgenes, descuentos, vinculación, precios excesivos y discriminación - con ayuda de algunos asuntos presentados por las ANC. En general, las discusiones mostraron que las distintas prácticas de aplicación de la normativa tienen mucho en común y que las cuestiones que se plantean son las mismas o similares.

Grupo de trabajo de la REC de economistas jefes de competencia

251. La primera reunión del grupo de trabajo de la REC de economistas jefes de competencia se celebró el 30 de septiembre. Se discutió el análisis económico de una serie de asuntos nacionales y comunitarios seleccionados sobre concentraciones y antitrust. Al entablar un contacto más estrecho entre economistas de las ANC y la Comisión, este subgrupo pretende desarrollar asesoramiento técnico y un planteamiento conjunto en la aplicación a la política de competencia de herramientas de modelización. Como paso siguiente, en marzo de 2006 se discutirán en una reunión ad hoc los métodos de trabajo para los economistas de las autoridades de competencia.

Subgrupo de la REC sobre telecomunicaciones y servicios postales

252. Durante 2005, las ANC tuvieron un alto grado de actividad dentro del sector de las telecomunicaciones y servicios postales y presentaron a la REC gran número de asuntos nuevos y decisiones previstas. Raros eran los asuntos relacionados con el artículo 81 CE. La gran mayoría de ellos, como se esperaba, se referían a tentativas de abuso de posición dominante en el mercado por parte del operador tradicional, a menudo instrumentalizando el poder de mercado desde los mercados ascendentes (acceso) a los mercados descendentes (servicios) tales como la banda ancha o la telefonía vocal. Es interesante señalar que casi el 50% de todos los asuntos relativos al artículo 82 en la REC en el sector de las telecomunicaciones tenían que ver con la compresión de márgenes, tema también de la primera reunión del subgrupo de telecomunicaciones. En el sector postal, la mayoría de los asuntos se refería asimismo a diversos abusos que pretendían instrumentalizar el poder de mercado o vincular mercados monopolísticos con mercados liberalizados. El gran número de asuntos nacionales en curso muestra que existe un amplio campo para la aplicación de las normas antitrust además de la regulación específica del sector.

Subgrupo de la REC sobre energía

253. 2005 fue un año muy importante para la cooperación de las autoridades de competencia del sector energético, ya que este sector no sólo fue una prioridad para la Comisión sino también para muchas de las ANC. Tras su creación en 2004, el subgrupo de la REC sobre energía se reunió tres veces en 2005. Hubo dos reuniones técnicas en abril y julio y una reunión de alto nivel entre los responsables de las autoridades de competencia y los reguladores de la energía en noviembre. Las reuniones del subgrupo se centraron en las investigaciones en curso o ya concluidas en los sectores del gas y de la electricidad realizadas por la Comisión y por determinadas autoridades nacionales. En la reunión de noviembre, los responsables de las ANC y los reguladores de la energía corroboraron firmemente las conclusiones iniciales de la DG Competencia en la investigación sectorial expuestas en el documento de discusión. El subgrupo debatió también las definiciones de mercados en los mercados mayoristas de electricidad. Se presentaron a la Comisión algunos asuntos muy señalados en el sector energético tramitados a nivel nacional, relacionados con cuestiones de gran importancia tales como la compatibilidad con la legislación comunitaria de competencia de los contratos de suministro exclusivo de gas de larga duración o la fijación de precios excesivos en el sector eléctrico.

Subgrupo de la REC de transporte ferroviario – Red de Competencia en el sector del Transporte Ferroviario (RTCN)

254. En marzo, la RTCN se reunió por tercera vez. Tras conversaciones anteriores, fue posible tener un primer intercambio de puntos de vista con los organismos reguladores del ferrocarril sobre cómo reforzar la cooperación entre las ANC y los organismos reguladores por lo que se refiere a la apertura del mercado del transporte ferroviario. Este intercambio de puntos de vista tendrá lugar una vez al año. Su objetivo es señalar los puntos conflictivos en materia de competencia y liberalización tanto en los mercados de flete de mercancías como de transporte ferroviarios y decidir qué autoridad es la más adecuada para actuar. La cooperación en la RTCN y con los organismos reguladores del ferrocarril ya ha resultado ser muy fructífera. El reto es seguir explorando caminos y decidir las acciones concretas que facilitarían significativamente la entrada de nuevos competidores y mejorar la competencia en el sector.

Subgrupo de la REC de medio ambiente

255. En 2005, el subgrupo de la REC de medio ambiente discutió el documento de la DG Competencia sobre cuestiones de competencia en los sistemas de gestión de residuos publicado en septiembre en el sitio Internet de la DG Competencia. El documento estudia los problemas en materia de antitrust que puedan surgir en lo referente a los sistemas de gestión de residuos, especialmente en cuanto a residuos de envases, desguace de residuos de automóvil y residuos de aparatos electrónicos.

Subgrupo de la REC de expertos en valores

256. La tercera reunión anual del subgrupo de la REC de expertos en valores tuvo lugar en septiembre. Los contactos regulares facilitan la convergencia en la aplicación de la normativa de competencia a este sector a nivel nacional y comunitario. La consolidación fue un tema importante en esta reunión en la que las ANC compartieron sus experiencias recientes. Como nueva iniciativa, se presentó un modelo teórico preliminar de los efectos sobre el bienestar social de la consolidación en el sector de la liquidación.

D – SELECCIÓN DE ASUNTOS RECURRIDOS ANTE LOS TRIBUNALES EUROPEOS

max.mobil [116]

257. Mediante sentencia de 22 de febrero, el Tribunal de Justicia (TJCE) anuló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPICE) en el asunto T-54/99 max.mobil/Comisión , reconociendo así un derecho general de los denunciantes a impugnar la negativa de la Comisión a intervenir en virtud del artículo 86, apartado 3, CE. En su sentencia, el Tribunal de Justicia determinó que los denunciantes en virtud del artículo 86, apartado 3, no pueden impugnar decisiones de la Comisión de no incoar un procedimiento contra un Estado miembro puesto que no puede considerarse que tal acto produzca efectos jurídicos vinculantes. Con ello, el Tribunal de Justicia confirmó la práctica de la Comisión de tramitar las denuncias del artículo 86, apartado 3, CE, de manera similar a las del artículo 226 CE.

Syfait (Glaxo Grecia) [117]

258. Mediante sentencia de 30 de mayo, el Tribunal de Justicia declaró la inadmisibilidad de una petición de decisión prejudicial de la Comisión de Defensa de la Competencia griega sobre una interpretación del artículo 82 CE referente al comercio paralelo de productos farmacéuticos. El Tribunal de Justicia consideró que la Comisión de Defensa de la Competencia griega no es un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 CE. El Tribunal llegó a esta conclusión basándose en una serie de elementos considerados en conjunto, entre otros, la falta de garantías suficientes de la plena independencia de la Comisión de Defensa de la Competencia y, lo que es más importante, la circunstancia de que un organismo de defensa de la competencia puede ser privado de su competencia en virtud de una Decisión de la Comisión, con arreglo al artículo 11, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo.

Grafitos especiales [118]

259. Mediante sentencia de 15 de junio, que trata en gran medida de multas, el Tribunal de Primera Instancia confirmó en esencia las conclusiones y el razonamiento de la Comisión en su Decisión de 17 de diciembre de 2002 relativa a dos cárteles en el sector de los granitos especiales.

260. El TPICE confirmó que, por lo que se refiere al concepto de «empresa», la Comisión puede en general suponer que una filial propiedad al cien por cien sigue las instrucciones de su empresa matriz sin necesidad de verificar si la empresa matriz ha ejercido de hecho ese poder.

261. El TPICE falló que, para evaluar el peso respectivo de los participantes en el cartel mundial de fijación de precios y, en consecuencia, para calcular la cuantía de base de la multa que se impondrá a cada uno de ellos, la Comisión puede utilizar el volumen de negocios mundial del producto y las cuotas de mercado como referencia. El TPICE, no obstante, redujo la cuantía de base impuesta a una de las empresas ya que la cifra de negocios utilizada por la Comisión era materialmente errónea.

262. El TPICE confirmó que, según el principio de territorialidad, no existe conflicto en el ejercicio por parte de la Comisión y de las autoridades norteamericanas para imponer multas a empresas que infrinjan las normas de competencia del EEE y de los EE.UU. La Comisión, por tanto, no infringe el principio de « non bis in idem » al imponer multas a empresas por una infracción cuando ya se hayan impuesto sanciones en los EE.UU. por la misma infracción aún cuando la Comisión considere las cuotas de mercado mundial y el volumen de negocios mundial al fijar las multas.

263. Por lo que se refiere a las circunstancias atenuantes, el TPICE confirmó que la Comisión no está obligada a reducir una multa porque se ponga fin a una infracción manifiesta tanto si esto ocurre antes como después de la investigación.

264. No obstante, se han concedido reducciones de las multas por tres motivos. En primer lugar, el TPICE encontró un error material en el volumen de negocios de uno de los destinatarios. En segundo lugar, el TPICE consideró que la conducta de uno de los miembros del cartel no se distinguía tan claramente de la conducta de los otros dos; por tanto, la Comisión redujo el nivel del incremento correspondiente impuesto a esa compañía por circunstancias agravantes del 50% al 35%. En tercer lugar, el TPICE dictaminó que, cuando una empresa se disuelve antes de la adopción de una decisión de prohibición, el límite máximo de la multa debe aplicarse individualmente a las entidades separadas resultantes; por tanto, el TPICE redujo el importe de la multa impuesta al destinatario más pequeño. Una de las empresas ha recurrido la sentencia[119].

Tubos preaislados [120]

265. Mediante su sentencia de 28 de junio, el Tribunal de Justicia desestimó todos los recursos contra las sentencias del TPICE de 20 de marzo de 2002[121] relativas a la Decisión de la Comisión en el asunto de los tubos preaislados. Por primera vez, el Tribunal de Justicia confirmó la legalidad del método utilizado por la Comisión para fijar las multas descrito en las Directrices sobre multas de 1998[122].

266. El Tribunal de Justicia dictaminó que la aplicación de dicho método no es contraria al principio de protección de la confianza legítima. El Tribunal subrayó que la Comisión goza de amplia discreción en el ámbito de la política de competencia, especialmente en lo que respecta a la determinación del importe de las multas. La adecuada aplicación de las normas comunitarias de competencia requiere que la Comisión pueda en cualquier momento ajustar el nivel de las multas a las necesidades de dicha política. Las empresas implicadas en un procedimiento administrativo en el que puedan imponerse multas no pueden tener confianza legítima en que la Comisión no supere el nivel de las multas impuestas anteriormente o en que se utilice un método concreto para el cálculo de las multas.

267. Además, el Tribunal de Justicia consideró que el nuevo método para calcular las multas expuesto en las Directrices era razonablemente predecible para las empresas, como los demandantes, en el momento en el que se cometieron las infracciones. Por tanto, no se infringió el principio de irretroactividad. Además, el Tribunal Europeo declaró que al exponer en las Directrices el método que proponía aplicar al cálculo de las multas, la Comisión se mantuvo dentro de su marco legal y no excedió la discreción que le otorgaba el legislador.

Acero inoxidable (extra de aleación) [123]

268. Mediante sentencias de 14 de julio, el Tribunal de Justicia desestimó los recursos interpuestos contra las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 2001[124], que confirmaban en gran medida la Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 1998[125], por la que multaba a seis fabricantes de productos planos de acero inoxidable, que representan más del 80 % de la producción europea, por una infracción del artículo 65 del tratado CECA. La infracción consistía en una subida concertada de los precios del acero inoxidable que resultaba de un cambio en el método para calcular el «extra de aleación».

269. El Tribunal de Justicia confirmó que la Comisión no puede presumir que una empresa matriz que ha adquirido una filial a otra de las partes y expresamente asume la responsabilidad por los actos de dicha filial, haya renunciado al ejercicio de su derecho de defensa por lo que se refiere a la conducta anterior de la filial, antes de la transmisión de las actividades de ésta última. Además, reiteró que la admisión expresa de una infracción, más allá del mero reconocimiento de la naturaleza de los hechos, puede dar lugar a una reducción adicional en virtud de la Comunicación sobre cooperación de 1996.

SAS [126]

270. Mediante sentencia de 18 de julio, el TPICE desestimó todos los motivos aducidos por SAS por los que solicitaba la anulación o la reducción de la cuantía de la multa impuesta por la Decisión de la Comisión de 18 de julio de 2001, que consideraba que SAS y Maersk Air habían infringido el artículo 81 CE al celebrar una serie de acuerdos de reparto de mercado.

271. El TPICE consideró que la Comisión estaba en lo correcto al considerar la infracción como «muy grave» a efectos de imposición de la multa, teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción (que es un criterio esencial), su ámbito geográfico (ya que cubre rutas desde y hacia Dinamarca) y sus efectos significativos en el mercado. Por lo que se refiere a la duración, el TPICE decidió que la Comisión consideró acertadamente la fecha en que se celebró el acuerdo como el inicio de la infracción, aún cuando la infracción no se produjera hasta más tarde. El Tribunal decidió también que, a afectos de las circunstancias atenuantes, la voluntad de cooperar de una compañía es irrelevante; lo único que cuenta es el grado real de cooperación.

Cartel de las cervezas de Luxemburgo [127]

272. Mediante sentencia de 27 de julio, el TPICE confirmó en su totalidad la Decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 2001 por la que se imponían multas a un cartel de larga duración establecido gracias a un acuerdo expreso relativo a la cerveza en Luxemburgo. Además, el TPICE confirmó que, según reiterada jurisprudencia, no es necesario demostrar los efectos cuando el objeto de la infracción es la restricción de la competencia. El TPICE consideró que, a efectos de fijar las multas, esta infracción podría haber sido calificada de muy grave ya sólo por la naturaleza de la misma, y habría sido así aún cuando sólo afectara a un Estado miembro, en este caso Luxemburgo.

Daimler Chrysler [128]

273. En su sentencia de 15 de septiembre, el TPICE confirmó en parte la Decisión de la Comisión de 10 de octubre de 2001 en el asunto Mercedes-Benz [129] en el que la Comisión consideró que DaimlerChrysler AG había infringido las normas comunitarias de competencia, directamente o a través de sus filiales belgas y españolas. La Decisión impuso una multa de más de 71 millones de euros a DaimlerChrysler por tres infracciones distintas. En primer lugar, DaimlerChrysler había dado instrucciones a sus agentes de ventas alemanes de vender coches nuevos únicamente a clientes en su propio territorio contractual para evitar que compitieran con otros miembros de la red y exigir a clientes de fuera de su territorio el pago de un depósito del 15 % del precio del vehículo al encargar un coche nuevo. En segundo lugar, DaimlerChrysler fue sancionada por impedir a sus agentes alemanes y a sus distribuidores españoles suministrar vehículos a empresas de arrendamiento financiero cuando no hubiera un cliente identificado, impidiéndoles así disponer de automóviles inmediatamente para futuros contratos de arrendamiento financiero. En tercer lugar, DaimlerChrysler tomó parte, a través de su filial belga participada al cien por cien, en acuerdos para limitar los descuentos a los compradores de coches nuevos en Bélgica.

274. Como consecuencia del recurso interpuesto por DaimlerChrysler, el TPICE anuló las decisiones por lo que se refiere a las dos primeras infracciones, referentes a Alemania y España.

275. En cuanto a la presunta conducta contraria a la competencia de DaimlerChrysler en Alemania, el TPICE consideró que los acuerdos de distribución celebrados por DaimlerChrysler en Alemania se ajustan a la definición de verdaderos contratos de agencia y no entran, por tanto, en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE. En particular, el TPICE llegó a esta conclusión tras considerar que los agentes alemanes no adquirían la propiedad de los vehículos que vendían en nombre de DaimlerChrysler a los consumidores finales. Además, el TPICE consideró que ni las inversiones específicas de mercado de los agentes señaladas en la Decisión de la Comisión ni las demás obligaciones de servicio que tenían impuestas, tales como servicios de garantía y posventa, entrañaban riesgos empresariales de tal magnitud que la relación comercial equivaliera a un acuerdo dentro del ámbito de aplicación del artículo 81.

276. Por lo que se refiere a la conducta de DaimlerChrysler en España, el TPICE consideró que en virtud de la legislación española toda empresa de arrendamiento financiero debe tener un tomador identificado del contrato de arrendamiento financiero en el momento de la adquisición del vehículo. El tipo de conducta sancionada por la Comisión, por tanto, derivaba de la legislación nacional aplicable y no se debía a la ejecución de un acuerdo contrario a las normas comunitarias de competencia.

277. El TPICE confirmó la multa de 9,8 millones de euros por la participación de DaimlerChrysler, a través de su filial belga participada al 100 %, en un acuerdo para fijar los precios minoristas con sus distribuidores belgas. Este acuerdo pretendía limitar la competencia de precios en Bélgica introduciendo medidas de detección y disuasorias contra los descuentos superiores al 3 %, concretamente en la clase E.

Cartel de las cervezas belgas [130]

278. Mediante sentencias de 25 de octubre y de 6 de diciembre, el TPICE confirmó la Decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 2001 en el asunto del cartel de las cervezas belgas al desestimar los argumentos aducidos por Danone y Haacht. Sólo la multa de Danone ha sido reducida ligeramente porque una de las circunstancias consideradas agravantes por la Comisión no tenía un vínculo causal con la ampliación del cartel.

279. La sentencia tiene particular importancia por lo que se refiere a la circunstancia agravante de la reincidencia. El TPICE consideró que la reincidencia justifica un incremento muy significativo de la multa. Según el Tribunal, existe reincidencia cuando hay decisiones anteriores de la Comisión que concluyen que existe una infracción pero que no imponen una multa y confirmó que las decisiones adoptadas hace mucho tiempo pueden constituir una base adecuada para evaluar la reincidencia. El TPICE confirmó también que no existe obligación de definir un mercado de referencia respecto de las infracciones por objeto, y que las respuestas a solicitudes de información que se limitan a proporcionar lo que la empresa está obligada a comunicar no son acreedoras de una reducción por cooperación. Por tanto, responder a las preguntas formuladas por la Comisión en la solicitud de información en cuanto a las fechas de las reuniones y a la identidad de los asistentes no da derecho a una reducción de la multa.

Vitaminas [131]

280. Mediante sentencia de 6 de octubre, el TPICE anuló la Decisión de la Comisión de 21 de noviembre de 2001 en el asunto de las vitaminas por lo que se refiere a Sumitomo Chemical Co Ltd y Sumika Fine Chemicals Ltd, destinatarias de una Decisión que declaraba una infracción de las normas de competencia. No obstante, la Comisión no impuso una multa a estas dos empresas ya que la infracción que cometieron había prescrito.

281. El TPICE declaró que, en estas circunstancias, la Comisión tiene derecho a adoptar una decisión por la que se declare la existencia de una infracción pasada siempre que tenga un interés legítimo para hacerlo. En el caso de autos, el TPICE declaró que no puede deducirse de la Decisión si la Comisión se había preguntado en realidad si tenía un interés legítimo en declarar, a través de una decisión, la existencia de unas infracciones a las que las demandantes ya habían puesto fin y que, además, la Comisión tampoco ha probado ante el Tribunal que tal interés legítimo existiera.

Fosfato de zinc [132]

282. En cuatro sentencias dictadas el 29 de noviembre, el TPICE confirmó en su totalidad la evaluación de la Comisión y desestimó todas las peticiones de anulación o reducción de las multas impuestas en un cartel por fijación de precios y reparto del mercado del fosfato de zinc, pigmento mineral contra la corrosión muy utilizado en la fabricación de pinturas industriales. El TPICE consideró que, dadas la gravedad y la duración de la infracción, las multas estaban justificadas y habían sido calculadas de forma adecuada.

283. Las compañías afectadas eran PYME y las multas suponían un porcentaje significativo de su volumen de negocios global. El TPICE confirmó la clasificación de la infracción como «muy grave», la duración del cartel de más de cuatro años y el «trato diferenciado»aplicado a las empresas.

284. En el asunto Britannia , el TPICE declaró que, al calcular el límite del 10 % del volumen de negocios, la Comisión no estaba obligada, como establece el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 17, a referirse al volumen de negocios del ejercicio económico anterior a la decisión por la que se impone la multa ya que, en el momento de referencia, el volumen de negocios de Britannia era igual a cero, puesto que dejó de ejercer actividades económicas. En lugar de esto, el TPICE declaró que, en este asunto concreto, la Comisión tenía razón al recurrir al volumen de negocios más reciente que corresponda a un año entero de actividad económica, es decir, el ejercicio económico que finalizaba el 30 de junio de 1996 y no el 30 de junio de 2001.

E – ESTADÍSTICAS

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II – Control de las operaciones de concentración

285. El número de fusiones y adquisiciones notificadas a la Comisión aumentó considerablemente en 2005, hasta alcanzar la cifra de 313 asuntos, frente a los 249 registrados el año anterior.

286. En total, la Comisión adoptó 296 decisiones finales. Hubo 291 decisiones de autorización previa investigación inicial (de «Fase I»). De éstas, 15 fueron autorizaciones con compromisos, y 167 (57%) se adoptaron siguiendo el procedimiento simplificado. La Comisión adoptó cinco decisiones previa investigación detallada («Fase II»). De éstas, hubo dos autorizaciones sin compromisos y tres con compromisos; no hubo prohibiciones. Asimismo, la Comisión remitió siete asuntos a las autoridades nacionales de defensa de la competencia con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo («Reglamento de concentraciones»)[133]. La Comisión recibió asimismo 14 solicitudes con arreglo al artículo 4, apartado 4, del Reglamento de concentraciones, 27 solicitudes con arreglo al artículo 4, apartado 5, y cuatro con arreglo al artículo 22. Para más detalles sobre el curso dado a estas solicitudes, véase la Sección 3.

287. Pese al elevado número total de notificaciones, tan sólo se adoptaron cinco decisiones con arreglo al artículo 8 del Reglamento de concentraciones. No se adoptaron decisiones de prohibición con arreglo al artículo 8, apartado 3. Por otra parte, tres notificaciones fueron retiradas por las partes notificantes en la Fase II.

288. El porcentaje de concentraciones notificadas que fueron objeto de una decisión de prohibición sigue siendo bajo, con una media situada en torno al 1% o, si se incluyen las notificaciones retiradas en Fase II, al 2%. Como puede observarse en el siguiente cuadro, no se aprecia tendencia alguna al alza o a la baja del riesgo de decisión de prohibición (o de retirada en la Fase II) corrido por una parte notificante.

Cuadro 1 – Prohibiciones y retiradas en Fase II, 1995-2005

- 1.2. Directrices sobre ayudas de finalidad regional para 2007-2013

317. La compatibilidad de las ayudas regionales con el Tratado CE se rige por las Directrices de la Comisión sobre ayudas de finalidad regional. Las vigentes directrices sobre este tipo de ayudas se adoptaron en 1998 por un periodo ilimitado. En abril de 2003, la Comisión decidió aplicar las directrices hasta 2006 y, a continuación, emprender su modificación para el período posterior a esa fecha «en el momento adecuado, de modo que los Estados miembros y la propia Comisión dispongan del tiempo necesario para elaborar, notificar y aprobar los mapas de ayudas regionales para el período posterior al 1 de enero de 2007, antes de finales de 2006». Las nuevas Directrices se aplicarán durante todo el próximo periodo de programación de Fondos Estructurales, esto es, de 2007 a 2013.

318. A fin de preparar las nuevas Directrices, la Comisión emprendió un amplio proceso de consulta a partir de abril de 2003. Se enviaron a los Estados miembros dos documentos de debate que también publicados en el sitio de la DG Competencia en Internet. En julio se remitió a los Estados miembros y se publicó en el sitio de la DG Competencia en Internet un borrador de las nuevas líneas directrices elaborado por la DG Competencia. En febrero y septiembre se celebraron dos reuniones multilaterales con expertos de los Estados miembros, los países del EEE, Rumania y Bulgaria, y se mantuvieron numerosos encuentros a todos los niveles con representantes de las regiones interesadas. Se recibieron en total más de 500 observaciones de interesados. El Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social emitieron sendos dictámenes sobre la modificación de las Directrices, los cuales fueron tomados en consideración en muy amplia medida. El 15 de diciembre, el Parlamento Europeo adoptó un informe por iniciativa propia sobre las Directrices, al cual también se atendió de forma muy amplia.

319. La Comisión adoptó las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional el 21 de diciembre. El texto provisional figura en el sitio de la DG Competencia en Internet[165] y el texto definitivo se publicará en el Diario Oficial.

320. En la elaboración del proyecto de nuevas Directrices fueron de fundamental importancia dos principios:

321. la necesidad de hacer una sólida contribución a la política de cohesión de la UE garantizando el máximo de coherencia posible con la normativa sobre Fondos Estructurales;

322. la necesidad de atender a las conclusiones de los sucesivos Consejos Europeos en los que se abogaba por la reducción y mejor utilización de las ayudas, de acuerdo con la orientación general establecida en el Plan de acción de ayudas estatales.

323. Con arreglo a estos principios, las tres características fundamentales de las nuevas directrices son:

324. la necesidad de reorientar las ayudas regionales a las regiones menos favorecidas de una UE compuesta por 25 (pronto 27) Estados miembros, permitiendo al mismo tiempo un grado de flexibilidad suficiente para que los propios Estados miembros designen otras regiones subvencionables en función de las circunstancias locales en cuanto a prosperidad y desempleo;

325. la necesidad de aumentar la competitividad global de la UE, de sus Estados miembros y de sus regiones mediante unos máximos de intensidad de ayuda claramente diferenciados y equilibrados, de reflejar la importancia de cada problema regional y de atender a los efectos de desbordamiento sobre regiones no asistidas; y

326. la necesidad de garantizar una transición sin dificultades entre el sistema actual y el nuevo planteamiento, de modo que se disponga de tiempo suficiente para efectuar ajustes y los logros alcanzados en el pasado no se vean en peligro.

327. En aquellas regiones que no puedan optar a ayudas con arreglo a las Directrices sobre ayudas de finalidad regional podrán concederse otras formas de ayuda al desarrollo regional (ayudas de I+D, al capital riesgo, a la formación, al medio ambiente, etc.). Tal como se anunciaba en el Plan de acción de ayudas estatales, estas medidas de ayuda horizontal se están reformando de modo que ofrezcan a los Estados miembros un amplio margen para aplicar los objetivos de competitividad regional y empleo establecidos en los Reglamentos sobre Fondos Estructurales y resuelvan las deficiencias concretas del mercado que puedan producirse en esas regiones.

1.3. Futuro Encuadramiento sobre ayudas de I+D e innovación

328. El vigente Encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo[166] debía expirar el 31 de diciembre[167], pero se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2006[168]. En el Plan de acción de ayudas estatales, la Comisión decidió estudiar «la necesidad de ampliar el alcance del Encuadramiento para abarcar determinados tipos de ayuda a ciertas actividades innovadoras, no amparados aún por las directrices o reglamentos existentes, creando así un Encuadramiento sobre I+D e innovación»[169].

329. Tras la adopción por la Comisión de un documento de consulta sobre innovación, no fue posible introducir un Encuadramiento común para I+D e innovación antes de finales de 2005. A principios de 2006 está previsto un primer intercambio de puntos de vista con los Estados miembros de cara a la adopción en torno al verano de 2006 del futuro Encuadramiento sobre ayudas de I+D+i. En consecuencia, la Comisión decidió aplicar el actual Encuadramiento sobre I+D hasta la entrada en vigor del nuevo documento, el 31 de diciembre de 2006 a más tardar.

330. En septiembre, la Comisión inició una consulta pública sobre medidas que permitieran mejorar las ayudas estatales a la innovación. Entre las mejoras propuestas, recogidas en un proyecto de Comunicación sobre ayudas estatales a la innovación[170], figura introducir normas sobre las ayudas de financiación de la innovación, establecer criterios que ayuden a las autoridades públicas a orientar más eficazmente las ayudas, clarificar la normativa a fin de aumentar la seguridad jurídica y simplificar el marco reglamentario.

331. En la Comunicación se recaban comentarios sobre una serie de medidas concretas para las cuales la Comisión podría autorizar ayudas estatales por medio de normas y criterios ex ante. A partir de la consulta, que la Comisión estudia en la actualidad, se introducirán nuevas disposiciones en la normativa vigente sobre ayudas estatales. Las disposiciones no sólo permitirán a los Estados miembros que las apliquen obtener más rápidamente la autorización de las ayudas estatales a la innovación, sino que además les ayudarán a aplicar los fondos públicos con mayor eficacia.

332. Durante la consulta, la Comisión manifestó con claridad que las ayudas estatales no son la respuesta a todos los problemas de la UE en materia de competitividad o innovación. Pese a reconocer que, en el intento de fomentar el crecimiento y el empleo, la política de ayudas estatales puede emplearse de manera proactiva a fin de apoyar la innovación, dirigiéndola a deficiencias del mercado que le impidan generar innovación de modo natural, la Comisión subraya asimismo que, para que las empresas adopten una actitud más favorable a la innovación, lo necesario es, ante todo y sobre todo, una competencia efectiva. La competencia crea incentivos naturales para que las empresas propongan nuevas ideas y productos, obliga a adaptarse a los cambios y castiga el inmovilismo y el atraso. Garantizar la competencia como motor de la innovación es por tanto de la máxima importancia.

333. De acuerdo con el análisis detallado de los efectos económicos de las ayudas que establece el Plan de acción de ayudas estatales, la Comunicación introduce una metodología clara para la elaboración de medidas de ayuda estatal para actividades innovadoras. Los principios son que las ayudas estatales pueden autorizarse i) cuando el instrumento de ayuda vaya dirigido a una deficiencia de mercado claramente definida; ii) cuando las ayudas estatales sean el instrumento más adecuado (lo que no siempre ocurre, pues en ocasiones pueden ser preferibles políticas estructurales o medidas legislativas); iii) cuando las ayudas tengan efecto incentivador de la innovación y sean proporcionadas al objetivo fijado y iv) cuando el nivel de falseamiento de la competencia sea limitado.

334. Las propuestas sobre ayudas a la innovación abarcan cuatro grandes ámbitos: nuevas empresas innovadoras; capital riesgo; integración de la innovación en la normativa vigente sobre ayudas estatales a la investigación y desarrollo (I+D); intermediarios de innovación; formación y movilidad entre el personal de investigación universitaria y las PYME; y polos de excelencia para proyectos de interés europeo común.

1.4. Comunicación sobre ayudas estatales al seguro de crédito a la exportación

335. El 31 de diciembre expiró la Comunicación sobre la aplicación de la normativa en materia de ayudas estatales al seguro de crédito a la exportación a corto plazo[171]. Tras la realización de un estudio sobre la situación del mercado del reaseguro privado en el ámbito del seguro de crédito a la exportación, y previa consulta a los Estados miembros y demás partes interesadas, la Comisión decidió no cambiar la definición de riesgos negociables recogida en la modificación de 2001. Sin embargo, y dada la inexistencia o insuficiencia de la cobertura de seguro del crédito a la exportación que en la mayoría de los Estados miembros ofrecen las aseguradoras privadas a las PYME con un volumen de exportaciones limitado, la Comisión decidió considerar temporalmente no negociables los riesgos de estas empresas relacionados con la exportación. De este modo se atiende también a la necesidad de que el mercado privado se adapte a las mayores dimensiones del mercado creado tras la ampliación de la UE. La nueva disposición será aplicable desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, durante los próximos tres años la Comisión evaluará la situación del mercado para las PYME con un volumen de exportaciones reducido. En caso de que la cobertura de seguro de crédito a la exportación para dichas PYME esté suficientemente disponible en el mercado privado, la Comisión modificará esta Comunicación y considerará «negociables» sus riesgos relativos a la exportación. La Comisión publicó en diciembre la versión definitiva de la Comunicación[172]. Al mismo tiempo, decidió prorrogar la validez de la Comunicación de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2010.

1.5. Revisión de las Directrices medioambientales

336. La Comisión ha iniciado la revisión de las actuales directrices[173], aplicables hasta finales de 2007, con vistas a la elaboración de nuevas Directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente. En agosto, como punto de partida, la Comisión publicó un cuestionario[174] e invitó a todos los Estados miembros y demás interesados a poner en común su experiencia de las actuales directrices. El cuestionario recogía una amplia gama de preguntas, como por ejemplo: ¿Debe introducirse una exención por categoría para las ayudas medioambientales? ¿Qué categorías de ayuda debe incluir? ¿Debe reforzarse el principio «quien contamina paga» y autorizarse menos ayudas para empresas que contaminan? ¿Debe introducirse la posibilidad de conceder ayudas de innovación en materia de medio ambiente? Etc. La Comisión analizará las respuestas e incorporará las conclusiones en el borrador de nuevas Directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente, que se debatirán con los Estados miembros a lo largo de 2006.

1.6. Servicios de interés económico general

RECUADRO 4: SERVICIOS DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL Una de las primeras iniciativas emprendidas dentro del Plan de acción de ayudas estatales fue el lanzamiento en julio de un importante conjunto de medidas sobre ayudas estatales y financiación de los servicios públicos. El conjunto de medidas adoptadas por la Comisión garantizará una mayor seguridad jurídica para la financiación de servicios de interés económico general. Las medidas garantizarán que las empresas puedan recibir ayudas públicas que cubran todos los costes en que incurran, incluido un beneficio razonable, cuando realicen tareas de servicio público, tal y como las autoridades públicas las hayan definido y se las hayan encomendado, sin que por ello exista una compensación excesiva que pueda falsear la competencia. Puede aceptarse la compensación necesaria para la prestación del servicio público, pero no existe justificación alguna para una compensación excesiva o para el subsidio indirecto de mercados adyacentes. Las medidas únicamente son aplicables a las empresas que realicen actividades económicas, toda vez que las ayudas financieras otorgadas a entidades que no realizan actividades de este tipo (por ejemplo, regímenes básicos obligatorios de seguridad social) no constituyen ayudas estatales. Las medidas consisten en una Decisión de la Comisión[175], un Marco comunitario[176] sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público y una modificación de la Directiva de la Comisión sobre transparencia financiera[177]. Se trata de un importante conjunto de medidas, máxime dado que, conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de julio de 2003 en el asunto Altmark[178], la compensación por un número elevado de pequeños servicios puede considerarse ayuda estatal. Las medidas adoptadas ofrecen una solución pragmática y no burocrática al problema, al eximir a las ayudas estatales de la obligación de notificación siempre y cuando la cantidad de la compensación se mantenga dentro de ciertos umbrales no sea de importe superior al necesario. La Decisión de la Comisión (basada en el artículo 86, apartado 3) especifica las condiciones bajo las cuales la compensación otorgada a las empresas por la prestación de servicios públicos será compatible con la normativa de la UE en materia de ayudas estatales y no deberá notificarse previamente a la Comisión. La Decisión es aplicable a las compensaciones de hasta 30 millones de euros al año, siempre cuando el volumen de negocio anual de los beneficiarios sea inferior a 100 millones de euros. También podrán acogerse a la Decisión las compensaciones otorgadas a hospitales y viviendas sociales por servicios de interés económico general con independencia de su importe, así como las compensaciones por servicios de transporte aéreo y marítimo a islas y por los aeropuertos y puertos cuyo volumen de pasajeros no alcancen determinados umbrales. Los hospitales y viviendas sociales quedan totalmente exentos de dicha obligación porque la explotación de un hospital o la inversión inmobiliaria en viviendas social dan lugar a importes de ayuda por empresa muy elevados. De otro modo, las ayudas casi siempre superarían los umbrales y deberían notificarse a la Comisión prácticamente todos los hospitales. Ello daría lugar a enormes trámites burocráticos. Como es lógico, ello no implica que los Estados miembros tengan libertad para conceder ayudas estatales: la exención de notificación que la Decisión reconoce a los hospitales únicamente se aplica cuando se cumplen todas las condiciones; en particular, no debe haber compensación excesiva y la misión de servicio público debe estar claramente definida. Los Estados miembros continuarán siendo responsables de definir el contenido de la obligación de «servicio público», así como su calidad y el modo en que pretendan prestarlos. El Marco de la Comisión especifica las condiciones bajo las cuales las compensaciones ñeque no queden cubiertas por la Decisión serán compatibles con la normativa sobre ayudas estatales. Dichas compensaciones deberán notificarse a la Comisión debido al mayor riesgo de falseamiento de la competencia que comportan. No se justifican y son incompatibles con la normativa comunitaria en materia de ayudas estatales las compensaciones que superen los costes del servicio público o sean utilizadas por las empresas en otros mercados abiertos a la competencia. La modificación introducida en la Directiva de la Comisión sobre transparencia especifica que las empresas que reciban una compensación y desarrollen a la vez actividades de servicio público y en otros mercados deben disponer de cuentas separadas para cada actividad, de modo que pueda supervisarse cualquier posible subvención indirecta. |

2. Agricultura

2.1. Nuevo informe anual sobre las ayudas estatales

337. El 1 de marzo marcó el comienzo de una nueva era en la información anual sobre el gasto de ayudas estatales en el sector agrícola. Ahora los Estados miembros deben de comunicar su gasto anual en medidas de ayudas estatales en el sector agrícola en un nuevo formato electrónico simplificado y unificado que facilita la comparación entre Estados miembros, el cálculo del gasto total, la identificación de los tipos de gasto, etc. El formato unificado mejorará notablemente la transparencia. Hasta ahora la disciplina en la información facilitada difería en gran medida entre Estados miembros. A pesar de la incoación de procedimientos de infracción, algunos Estados miembros no remitieron nunca informes anuales, o lo hicieron sólo parcialmente y fueron de calidad muy desigual, con lo que resultaba muy difícil realizar análisis y comparaciones.

338. Los nuevos informes son un ejemplo más de las notables iniciativas que se están adoptando en favor de la simplificación en el ámbito de las ayudas estatales. Como consecuencia de ello, los 25 Estados miembros, salvo Luxemburgo y Portugal, facilitaron datos pormenorizados de su gasto de ayudas estatales en 2004.

2.2. Transparencia

339. De conformidad con lo dispuesto en el Anexo IV, parte 4, punto 4, del Tratado de adhesión relativo a las ayudas estatales en el sector agrícola, los nuevos Estados miembros pudieron comunicar a la Comisión todos los regímenes de ayuda y ayudas individuales concedidas antes de la adhesión y que siguieran siendo aplicables después de la misma, con el fin de que la Comisión los considerara como ayudas existentes en el sentido de lo dispuesto en el artículo 88.1 CE. Hasta el final del tercer año después de la adhesión los nuevos Estados miembros deberán, en caso necesario, modificar estas medidas para ajustarse a las directrices aplicadas por la Comisión. Después de esa fecha cualquier ayuda que se considere incompatible con tales directrices será considerada ayuda nueva.

340. El Tratado de adhesión dispone que la Comisión publicará una lista de medidas de ayuda que haya autorizado como ayudas existentes. El 17 de junio la Comisión publicó una lista de medidas que ayuda vigentes en el Diario Oficial[179], e hizo público el texto completo de todas las medidas de ayuda estatal existentes notificadas por los diez nuevos Estados miembros en el sitio web de la DG de Agricultura. En total se han publicado 451 medidas de ayuda, lo que constituye un gran paso a la hora de ofrecer mayor transparencia en el ámbito de las ayudas estatales. Habida cuenta de que estas medidas de ayuda estatal no han de someterse a una evaluación completa por parte de la Comisión, de no ser por esta iniciativa sería muy difícil que la opinión pública tuviese conocimiento del contenido de las medidas de ayuda estatal que se aplican en los nuevos Estados miembros. Esta mayor transparencia mejora, entre otras cosas, la seguridad jurídica de los agricultores en los nuevos Estados miembros, ya que ahora, tanto ellos como sus representantes, pueden comprobar con mayor facilidad si las medidas de ayuda estatal que reciben quedan amparadas por un régimen vigente.

341. El número de las medidas comunicadas por cada nuevo Estado miembro es el siguiente: República Checa (63), Lituania (30), Letonia (33), Eslovaquia (32), Estonia (23), Malta (19), Hungría (108), Chipre (70), Polonia (51) y Eslovenia (22). La Comisión ha publicado en el sitio web de la DG de Agricultura[180] el texto completo de las medidas de ayuda vigentes.

3. CARBÓN

342. La ampliación de la UE ha aumentado el número de países productores de carbón de tres (Alemania, Reino Unido, España) a 7, con la llegada de Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría. A pesar del pronunciado incremento que se ha producido recientemente en el precio del mercado al contado de carbón, los sectores hulleros de Alemania, España y Hungría siguen sin ser competitivos sin la concesión de cuantiosas ayudas públicas a la producción hullera actual. La situación es mejor en el Reino Unido, Polonia, la República Checa y Eslovaquia, ya que las subvenciones sólo se destinan a cubrir el pasivo heredado y los costes de las inversiones iniciales.

343. En junio, la Comisión aprobó los planes de reestructuración a largo plazo de los sectores hulleros de Alemania, Polonia y Hungría. Estos planes se notificaron en 2004 y abarcan el periodo 2004 - 2010. La Comisión, tras incoar el procedimiento de investigación formal, aprobó en diciembre el plan de reestructuración de la industria hullera de España para el periodo 2003 - 2005. En 2005 Eslovaquia presentó su plan de inversiones iniciales para el periodo 2005 - 2010.

344. En 2005, la Comisión adoptó también una serie de decisiones de ayuda estatal individual. Adoptó cuatro decisiones por las que se autorizaba la concesión de ayudas estatales a la mina eslovaca HBP para cubrir el pasivo heredado, autorizó ayuda de inversión para la mina Lignin Hodin en la República Checa, autorizó ayudas estatales destinadas a varias minas checas para cubrir pasivo heredado y autorizó la ayuda estatal anual destinada al sector hullero alemán para 2005.

4. TRANSPORTE

345. Uno de los objetivos principales de la política común de transportes es el fomento de modos de transporte respetuosos con el medio ambiente con objeto de reducir los efectos negativos del transporte.

346. En este sentido, la revitalización del sector ferroviario se considera un elemento esencial en la política común de transportes de la UE. Se ha de conseguir que el transporte por ferrocarril sea lo suficientemente competitivo para que siga desempeñando un papel significativo en el sistema de transporte de una UE ampliada. En enero de 2007 toda la red de carga de la UE, tanto a escala nacional como internacional, se habrá abierto completamente a la competencia. La llegada de nuevas empresas de ferrocarriles debería hacer el sector más competitivo y fomentar la reestructuración de las compañías nacionales.

347. En este contexto, en 2006 se elaborarán unas Directrices específicas para el sector ferroviario. El objetivo principal de estas Directrices consiste en establecer un enfoque común por lo que respecta a las ayudas públicas al sector ferroviario. Tanto desde una perspectiva jurídica como política, es necesario que las autoridades nacionales, las empresas y los individuos conozcan de forma clara y transparente las normas aplicables a este sector en este nuevo entorno de mayor competencia. Esta iniciativa potenciará significativamente la transparencia y la seguridad jurídica.

348. Por otra parte, por lo que respecta a la legislación, tras la consulta realizada a los Estados miembros en abril, la Comisión publicó en junio un anteproyecto de modificación del Reglamento de minimis incluyendo en su ámbito de aplicación al sector del transporte (excepto por lo que se refiere a las ayudas concedidas para la adquisición de vehículos por parte de las empresas de transporte por carretera) y excluyendo al sector hullero. A partir de julio la Comisión fue recibiendo las observaciones de todos los interesados. Por último, a raíz de la publicación del Libro Verde sobre la eficiencia energética y de la adopción de una propuesta de Directiva relativa al fomento de coches verdes en la contratación pública, las ayudas estatales destinadas a mejorar el rendimiento energético en los diferentes modos de transporte juegan un papel cada vez más importante. La Comisión ha aprobado los regímenes de ayudas destinados a tal efecto para Alemania y la República Checa. A lo largo de la revisión que se está llevando acabo de las directrices medioambientales, este aspecto desempeñará una función capital.

349. En cuanto al sector aéreo, el 6 de septiembre la Comisión adoptó una Comunicación relativa a las Directrices sobre la financiación de aeropuertos y las ayudas estatales de puesta en funcionamiento destinadas a compañías aéreas que operen desde aeropuertos regionales[181]. Tras una consulta pública de gran alcance, la Comisión ha adoptado nuevas normas que fomentarán el desarrollo de los aeropuertos regionales. Estas normas establecen las condiciones en las que se pueden conceder ayudas de puesta en funcionamiento a las compañías aéreas para que exploten nuevas rutas a partir de aeropuertos regionales. La prestación de nuevos servicios aéreos regionales promoverá la movilidad en la UE y el desarrollo regional. La claridad de las normas adoptadas garantiza igualdad de trato para los aeropuertos públicos y privados y vela por que las compañías aéreas beneficiarias de ayuda no resultan indebidamente favorecidas. Con estas Directrices se asesora también a los aeropuertos de los Estados miembros sobre la financiación pública de los primeros, estableciendo un marco jurídico estable para los acuerdos suscritos entre los aeropuertos y las compañías aéreas. Las nuevas Directrices potenciarán la transparencia y evitarán toda discriminación en los acuerdos celebrados entre los aeropuertos regionales y las compañías aéreas en relación con las ayudas de puesta en funcionamiento.

5. TRANSPARENCIA

350. La Comisión sigue publicando dos ediciones al año del marcador de ayudas estatales. En la actualización de otoño de 2005[182] se analizó en qué medida han alcanzado los Estados miembros los objetivos de Lisboa que se fijaban la meta de conceder menos ayudas, aunque mejor orientadas. En ella se ofrece una panorámica general del importe y tipo de las ayudas estatales susceptibles de falsear la competencia otorgadas por los Estados miembros en 2004 y se analizan las tendencias subyacentes. Por vez primear se presentan datos completos relativo a los 25 Estados miembros de la UE. En esta actualización se prestaba también especial atención a las ayudas estatales destinadas al medio ambiente y el ahorro energético. La actualización de la primavera de 2005[183] se concentraba en analizar cómo ha abordado la Comisión una serie de asuntos de ayudas concedidas a radiodifusores de servicio público e incluía una exhaustiva sección consagrada a la recuperación de ayudas ilegales. Un marcador en línea[184] incluye las versiones electrónicas de éste y otros marcadores anteriores, así como una serie de indicadores clave y un amplio ramillete de estadísticas.

351. A raíz de un análisis en profundidad, se ha previsto llevar a cabo una remodelación exhaustiva del Registro de ayudas estatales de la Comisión[185], que debería ser plenamente operativa a mediados de 2006. En el Registro se recoge información detallada sobre todos los asuntos de ayudas estatales que han sido objeto de una decisión definitiva de la Comisión desde el 1 de enero de 2000. Se actualiza diariamente con lo que se asegura que la opinión pública dispone de puntal acceso a las decisiones sobre ayudas estatales más recientes.

6. AMPLIACIÓN

6.1. Ayudas existentes en los nuevos Estados miembros

352. El Tratado de adhesión de 2003 establece que las siguientes medidas de ayuda se considerarán, desde el momento de la adhesión, ayudas existentes en el sentido de lo dispuesto en el artículo 88, apartado 1, del Tratado CE:

353. Las medidas de ayuda efectivamente aplicadas antes del 10 de diciembre de 1994;

354. Las medidas de ayuda que figuran en el apéndice al Tratado de adhesión (la “lista del Tratado”);

355. Las medidas de ayuda aplicadas antes de la adhesión y que siguieran en vigor después de la misma, que la autoridad de control de ayudas estatales del nuevo Estado miembro haya evaluado y declarado compatibles con el acervo y con respecto a las cuales la Comisión no haya formulado objeciones basadas en serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común (“procedimiento transitorio”).

356. Todas las medidas que constituyan ayudas estatales y que no cumplan las condiciones arriba mencionadas serán consideradas, desde el momento de la adhesión, nuevas ayudas a efectos de la aplicación del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE.

357. Al amparo del procedimiento transitorio, los diez nuevos Estados miembros tenían la posibilidad de presentar medidas entre principios de 2003 y la fecha de adhesión. A finales de 2005, la Comisión había finalizado su evaluación preliminar de todas las medidas presentadas, con lo que se ponía fin al procedimiento transitorio para los diez nuevos Estados miembros. En total se comunicaron 559 medidas de ayuda. La Comisión adoptó una decisión preliminar sobre 344 medidas (62 %) y las 215 medidas restantes (38 %) bien fueron retiradas por los nuevos Estados miembros por considerarse no aplicables o por no haber entrado en vigor antes de la adhesión, bien se les aplicaron distintos procedimientos tales como los aplicables al sector hullero. De las 344 medidas sobre las que se adoptó una decisión preliminar, 335 (97 %) fueron aceptadas como ayuda existente. La Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal en las nueve medidas restantes (3 %).

6.2. Adhesión de Bulgaria y Rumanía

358. Con arreglo al Informe global de seguimiento sobre el grado de preparación a la adhesión a la UE publicado en octubre, tanto Bulgaria como Rumanía han seguido avanzando en la adopción y aplicación de la normativa de la UE y han alcanzado un grado considerable de aproximación. Se instó a ambos países a que intensificaran sus esfuerzos en el ámbito de la política de competencia, especialmente por lo que respecta a la aplicación de la normativa de ayudas estatales. La Comisión proseguirá su tarea de seguimiento intensivo hasta la adhesión y tiene la intención de presentar en abril/mayo de 2006 un informe de seguimiento al Consejo y al Parlamento. En ese momento, la Comisión podría recomendar que el Consejo posponga la adhesión de Bulgaria y Rumanía hasta el 1 de enero de 2008, si existe un riesgo elevado de que uno de estos Estados no alcance claramente el nivel de preparación para poder cumplir los requisitos para su incorporación antes de la fecha de adhesión del 1 de enero de 2007, en una serie de ámbitos importantes.

359. El Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía de 2005 establece condiciones para que las medidas de ayudas estatales se consideren ayudas existentes a partir de la fecha de adhesión similares a las aplicadas a la adhesión de los diez nuevos Estados miembros en 2004. No se han adjuntado medidas de ayuda existentes al Tratado de adhesión de Rumanía, ni se aplicará el procedimiento transitorio hasta que la Comisión no llegue a la conclusión de que la trayectoria de aplicación de la normativa de ayudas estatales por parte de Rumanía ha alcanzado un nivel satisfactorio. En el caso de Bulgaria, tres son las medidas que se han incluido en el Tratado de adhesión y que, por lo tanto, se considerarán ayudas existentes tras la adhesión. En octubre, Bulgaria presentó a la Comisión su primera solicitud con arreglo al procedimiento transitorio en virtud del Anexo V § 2.1(c) del Tratado de adhesión. A finales de 2005, no se había adoptado decisión alguna por lo que respecta a su posible clasificación como ayuda existente.

B – ASUNTOS

1. AYUDAS DE SALVAMENTO Y REESTRUCTURACIÓN

1.1. Ayudas de salvamento

360. La Comisión autorizó ayudas de salvamento a favor de cinco empresas en 2005[186]. Las ayudas de salvamento consistían en préstamos o garantías de préstamos. SVZ [187] (21 millones de euros), MG Rover [188] (6,5 millones de libras esterlinas) y CMS [189] (2,5 millones de euros) se encontraban en procedimientos de insolvencia cuando notificaron ayudas de salvamento a la Comisión. Las causas de sus dificultades financieras fueron diversas. SVZ , empresa alemana que opera en el tratamiento de residuos peligrosos, tuvo que hacer frente a costes adicionales inesperados en el establecimiento de un proyecto piloto con vistas a lograr un tratamiento más eficaz de residuos, lo que provocó su insolvencia. En el caso de MG Rover , fabricante británico de automóviles con 6.100 empleados, las dificultades no sólo procedieron de unas condiciones de mercado adversas, sino también de su incapacidad para ofrecer al mercado modelos nuevos, atractivos y tecnológicamente avanzados. En cuanto a CMS , un fabricante italiano de ordenadores, el principal problema parecía ser la competencia procedente de países con un nivel salarial más bajo. HCM [190] (2,95 millones de euros), un productor polaco de zinc, tuvo que hacer frente a un incremento inesperado de los precios de coque y a pérdidas cambiarias significativas como consecuencia de la apreciación del zloty polaco con respecto al dólar estadounidense. Por último, se concedieron 2 millones de euros a favor de Ernault [191], un fabricante francés de máquinas herramienta.

361. En el caso de MG Rover , la ayuda pretendía dar a los administradores designados un plazo de una semana para analizar cualquier posible perspectiva de venta de los activos como empresa en plena actividad después de que fracasaran las negociaciones para la creación de una empresa en participación con Shanghai Automotive Industry Corp . Cuando ello se reveló imposible, los administradores no volvieron a solicitar nuevas ayudas. Las autoridades del Reino Unido centraron en cambio toda su energía en ofrecer ayuda a la región con el fin de dar una respuesta a la desaparición de MG Rover (véase más adelante en ayudas de reestructuración).

362. En cuatro de los casos, y de conformidad con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis[192], el Estado miembro en cuestión se comprometió a facilitar a la Comisión un plan de reestructuración creíble o un plan de liquidación en el plazo de seis meses. No obstante, el Reino Unido se comprometió a presentar a la Comisión la prueba de que la ayuda se había devuelto o había sido exigida mediante procedimientos ejecutivos en el mismo periodo de seis meses. La Comisión lo aceptó, ya que este compromiso va más allá de lo exigido en las Directrices. Las autoridades francesas ya han notificado la ayuda de reestructuración concedida a Ernault , que está siendo investigada actualmente por la Comisión.

1.2. Ayudas de reestructuración

Seguimiento de Alstom (Francia) [193]

363. El 7 de julio de 2004, la Comisión autorizó a Francia a conceder ayuda de reestructuración a Alstom. Esta autorización se supeditó al cumplimiento de una serie de condiciones, que seguirán vigentes hasta julio de 2008. A lo largo de 2005, la Comisión llevó a cabo un seguimiento minucioso de la aplicación correcta y puntual de estas condiciones. En primer lugar, se comprobó que la empresa aplicaba el plan operativo de reestructuración, indispensable para hacerla competitiva y viable a largo plazo. En segundo lugar, la Comisión hizo el seguimiento de la ejecución de las desinversiones exigidas por la decisión. En la verificación de determinadas desinversiones, la Comisión contó con la ayuda de un administrador fiduciario que llevó a cabo un seguimiento detallado de los procesos de venta e informó periódicamente de ello a la Comisión. En tercer lugar, la Comisión verificó la ejecución de las medidas destinadas a lograr que el mercado francés de material ferroviario fuese más competitivo. Por último, se verificó el cumplimiento de las restantes condiciones: ausencia de precios predatorios, prohibición de ayudas adicionales, prohibición de grandes adquisiciones en el sector del transporte, celebración de asociaciones industriales.

Frucona (República Eslovaca) [194]

364. El 5 de julio, la Comisión decidió incoar un procedimiento de investigación formal con respecto a una amortización por parte de la Agencia tributaria eslovaca de la deuda fiscal de Frucona Kosice, a.s. en el marco del llamado "acuerdo con los acreedores". Se trata de una forma de procedimiento colectivo de insolvencia supervisado por un tribunal y consiste en un acuerdo entre la empresa endeudada y sus acreedores mediante el cual éstos son reembolsados parcialmente por el deudor y renuncian al resto de lo que se les adeuda. La Comisión albergaba dudas de que la Agencia tributaria eslovaca actuase en este procedimiento en los mismos términos que un acreedor privado cuyo objetivo es obtener condiciones lo más ventajosas posibles por lo que se refiere al grado de satisfacción y al calendario de pago. Entre otras cosas, la Agencia tributaria no hizo uso de su prerrogativa como acreedor separado cuyas deudas por cobrar están garantizadas y no inició un procedimiento de insolvencia, que con toda probabilidad le habría reportado un reembolso más elevado. La Comisión concluyó que la medida en cuestión constituía ayuda estatal y planteó dudas sobre su compatibilidad ne calidad de ayuda de salvamento y reestructuración de acuerdo con las Directrices de 1999, que son de aplicación en este asunto.

AB Vingriai (Lituania) [195]

365. El 1 de junio, la Comisión autorizó a Lituania a conceder 7 millones de LTL en concepto de ayuda de reestructuración a AB Vingriai , una empresa que fabrica máquinas herramienta para cortar metales. En su decisión, basada en las Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración, la Comisión tuvo en cuenta el hecho de que tanto la pesada carga de la deuda, como la pérdida de mercados y el exceso de plantilla eran todos ellos factores heredados de un periodo en el que la economía lituana seguía en proceso de transición. Asimismo señaló que la empresa había llevado a cabo un ajuste duro (del 90 %) pero correcto de la plantilla a la caída de la demanda y a la menor necesidad resultante de la ejecución de procesos de producción eficientes. Por último, la Comisión verificó la propia contribución del receptor al coste de reestructuración y analizó el aspecto comercial del plan de reestructuración. Aunque este último conlleva ciertos riesgos, parece viable y capaz por tanto de restaurar la viabilidad a largo plazo.

Chemische Werke Piesteritz GmbH (Alemania) [196]

366. El 2 de marzo, la Comisión dio por concluida una investigación de tres años de duración sobre la ayuda concedida a Chemische Werke Piesteritz (CWP), un fabricante de ácido fosfórico y fosfatos situado en el Estado federado de Sajonia-Anhalt, Alemania. La Comisión concluyó que un importe de 6,7 millones de euros concedido a la empresa en 1997 y 1998 para su reestructuración constituía ayuda estatal incompatible con el mercado común y ordenó su recuperación. La Comisión consideró que el plan de reestructuración de CWP de 1996 no era adecuado. Esta decisión se adoptó a raíz de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2001 por la que el Tribunal anulaba la Decisión inicial de 1997 en la que la Comisión autorizó la ayuda.

Euromoteurs[197] y Ernault[198] (Francia)

367. El 19 de enero, la Comisión inició un procedimiento de investigación formal respecto de la ayuda de reestructuración concedida a Euromoteurs , un fabricante francés de motores, y el 6 de septiembre abrió un procedimiento de investigación formal en relación con la ayuda de reestructuración concedida a Ernault , un fabricante francés de máquinas herramienta (torres). Ambas empresas habían experimentado un descenso brutal de sus ventas a lo largo del tiempo, a lo que hay que añadir que Euromoteurs padecía también exceso de capacidad. La Comisión dudaba de que el plan de reestructuración fuera a restaurar la viabilidad de las empresas, de que la ayuda se circunscribiese al mínimo necesario y de que se fuera a evitar el falseamiento indebido de la competencia. En el caso de Euromoteurs , la Comisión se preguntó también si la empresa había recibido ayuda ilegal e incompatible al amparo del régimen francés de exención fiscal prevista por el artículo 44 septies del Código General de Impuestos[199], que aún no había reembolsado.

Imprimerie Nationale (Francia) [200]

368. El 20 de julio, la Comisión autorizó una ayuda de reestructuración de 197 millones de euros en favor de Imprimerie Nationale (IN), una empresa de titularidad pública que opera en el sector de la impresión. Al tiempo que disfrutaba de un monopolio legal para determinados documentos fiduciarios oficiales, IN operaba también en varios mercados abiertos a la competencia, entre los que se encontraban fundamentalmente los de impresión continua, impresión en rotativa e impresión sobre hojas. La empresa entró en crisis a raíz del bache en que se sumió el sector de la impresión a partir de 2001. En febrero de 2004, la Comisión autorizó una ayuda de salvamento en favor de IN a condición de que las autoridades francesas presentasen un plan de reestructuración en el plazo de seis meses.

369. La ayuda se autorizó a cambio de la adopción de importantes medidas compensatorias para atenuar sus posibles efectos adversos sobre los competidores de IN. Entre otras cosas, resultaba esencial evitar cualquier riesgo de que la ayuda pudiese agravar las restricciones de la competencia derivadas del monopolio legal de que gozaba IN en el mercado fiduciario. En consecuencia, las autoridades francesas propusieron las contrapartidas oportunas, entre las que se incluía el establecimiento de una lista exhaustiva de los productos cubiertos por el monopolio y, para descartar cualquier riesgo de subvención cruzada, la separación legal del monopolio de las actividades competitivas de la empresa antes del 1 de julio de 2007. Antes de esta separación, un experto independiente analizará la contabilidad y las medidas de asignación de costes de IN y confirmará que no se produce subvención cruzada.

370. El plan de reestructuración presentado por las autoridades francesas debería permitir que IN volviese a centrarse en su actividad tradicional, es decir, la de impresión de seguridad (para los mercados de impresión de documentos fiduciarios e impresión continua). Por otra parte, el plan de reestructuración también contemplaba que la empresa abandonase completamente algunas de sus áreas de negocio más importantes, tales como la de rotativa, impresión sobre rojas, VPC, catálogos o ediciones técnicas. También implicaba la reorganización y racionalización de los restantes recursos de la empresa. Un expediente de regulación de empleo hará posible que se reduzca la plantilla en dos tercios. La rentabilidad debería recuperarse antes de 2008. Por consiguiente, la Comisión consideró probable que el plan de reestructuración restaurase la viabilidad a largo plazo de la empresa. Además, llegó a la conclusión de que la ayuda se limitaba al mínimo necesario para restaurar la situación financiera de la empresa y no falseaba indebidamente la competencia. Por tanto, la ayuda fue declarada plenamente compatible con las Directrices de 1999 sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis.

British Energy plc (Reino Unido) [201]

371. El 22 de septiembre 2004, la Comisión autorizó la ayuda de reestructuración que el Reino Unido había previsto conceder a British Energy plc (BE) e impuso tres condiciones para la autorización.

372. El 7 de marzo de 2003, las autoridades británicas habían notificado un plan de reestructuración en favor de BE. El plan pretendía restaurar la viabilidad a largo plazo de esta empresa. Desde septiembre de 2002, BE venía arrastrando dificultades debido principalmente al pronunciado descenso de los precios mayoristas de la electricidad a raíz de la introducción de los nuevos acuerdos de intercambio entre Inglaterra y Gales.

373. El 23 de julio de 2003, la Comisión puso en marcha un estudio en profundidad que pretendía determinar si el plan era compatible con las normas sobre ayudas estatales de la UE. Durante esta investigación, la Comisión no solo recibió contribuciones del Reino Unido y de BE, sino también de más de 20 terceros interesados. Muchos de ellos subrayaron la importancia de la existencia de BE como fuente básica de generación eléctrica. No obstante, algunos competidores manifestaron su preocupación de que la compañía pudiera hacer uso de la ayuda para otros fines distintos de asumir sus responsabilidades civiles históricas en materia de energía nuclear, tales como realizar nuevas inversiones en instalaciones de generación eléctrica más eficientes o ganar cuotas de mercado de forma agresiva ofreciendo precios anormalmente bajos en los segmentos del mercado más rentables.

374. Tras haber analizado toda la información que recibió, la Comisión llegó a la conclusión de que la ayuda podía ser considerada compatible con las normas de la UE y, en particular, estimó que la financiación de las responsabilidades civiles en materia nuclear por parte del Reino Unido era compatible con las disposiciones de las Directrices de 1999 sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración. La Comisión consideró también que la renegociación de los acuerdos de suministro de combustible y de gestión de residuos de combustible de BE con BNFL se había realizado en condiciones de mercado.

375. Con objeto de garantizar que no se materializan las dudas suscitadas por los competidores de BE, la Comisión decidió imponer tres condiciones previas a la autorización de la ayuda. En primer lugar, British Energy tendrá que separar legalmente sus divisiones de generación nuclear, generación no nuclear y comercial. Se prohíbe la existencia de subvenciones cruzadas entre estas tres divisiones. Toda la ayuda deberá dirigirse exclusivamente a la división de generación nuclear. En segundo lugar, durante seis años se prohibirá a la empresa que incremente su capacidad de generación. No obstante, de esta prohibición queda excluida la electricidad generada a partir de fuentes renovables de energía, ya que la UE favorece el incremento de la cuota de mercado de este tipo de energía. En tercer lugar, durante seis años quedará prohibido ofrecer tarifas por debajo de los precios del mercado mayorista a sus clientes directos. Estas tres condiciones, que se refuerzan entre sí, garantizan que BE no desvía la ayuda recibida del Estado para fines distintos de la financiación de sus responsabilidades civiles en materia de energía nuclear.

Grupo Biria (Alemania) [202]

376. El 20 de octubre, la Comisión inició una investigación formal respecto de dos garantías concedidas en 2003 y 2004 en favor de empresas del Grupo Biria , un fabricante alemán de bicicletas, así como en relación a una participación pública en otra empresa del grupo en 2001. La Comisión tenía dudas de que las dos garantías hubieran sido concedidas de conformidad con un régimen regional de ayudas autorizado, como alegaban las autoridades alemanas. La Comisión consideró que las empresas se encontraban en crisis en el momento en que se concedieron las garantías y tenía dudas de que se cumpliesen las condiciones para la concesión de ayuda de reestructuración. Por lo que se refiere a la participación pública, la Comisión, habida cuenta de la difícil situación económica de la empresa, dudaba de que se cumpliese el principio del inversor privado, como alegaba Alemania.

Konas (República Eslovaca) [203]

377. El 9 de noviembre, la Comisión decidió incoar el procedimiento del artículo 88.2, respecto de una condonación por parte de la Agencia tributaria eslovaca de las deudas fiscales de Konas s.r.o. al amparo del denominado “acuerdo con los acreedores”. Este asunto es similar a otro (Frucona, Eslovaquia) en el que la Comisión inició una investigación formal. En primer lugar, la Comisión concluyó que la condonación de deudas fiscales era constitutiva de ayuda estatal, de conformidad con el principio del inversor privado. Varios fueron los factores que llevaron a la Comisión a concluir que la Agencia tributaria no actuaba como un acreedor privado diligente (garantías disponibles pero no empleadas, no utilización de las prerrogativas de un acreedor especial, permanente inaplicación de los procedimientos de ejecución fiscal). La Comisión, en aplicación de las Directrices de 1999 sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, planteó dudas de que la ayuda fuera compatible como ayuda de reestructuración y, en particular, tenía dudas de que el beneficiario en cuestión presentase un verdadero plan de reestructuración. En este contexto, la Comisión señaló que, aunque algunas condiciones para autorizar ayudas de reestructuración podrían ser menos estrictas en caso de PYME en una región beneficiaria de ayuda, los Estados miembros no están exentos de la obligación de supeditar las ayudas de reestructuración a la ejecución de un plan de reestructuración, que será objeto de un seguimiento adecuado.

Paquete de ayudas en favor de MG Rover (Reino Unido) [204]

378. A raíz de la quiebra de MG Rover (véase también el punto 1.1. sobre ayudas de salvamento) y la crisis en su cadena de suministro, las autoridades del Reino Unido propusieron medidas destinadas a volver a concentrar el programa de los Fondos Estructurales en prioridades que tuviesen una relación directa con la creación de puestos de trabajo, la salvaguardia del empleo y el aumento del PIB merced a una reestructuración que permita a la empresa decantarse por una producción de alto valor añadido. El presupuesto global de las propuestas británicas ascendía a unos 87 millones de GBP. Entre las medidas propuestas y desarrolladas se encontraban la ayuda de consultoría para ayudas a las PYME en la cadena de suministro de Rover ; la ayuda para la creación de un fondo de préstamo a corto plazo y un fondo de garantía de préstamos; la creación de un régimen de subvención de los salarios, que se emplearía como incentivo para las empresas que buscan actualmente trabajadores cualificados; y la creación de un fondo de crédito del Fondo Social Europeo con el fin de prestar ayuda a los parados de más de 50 años.

379. Desde la perspectiva de las ayudas estatales, todas las medidas anteriores se llevaron a la práctica al amparo de regímenes de ayuda autorizados, y de conformidad con los Reglamentos de exención por categorías para las PYME, la formación, el empleo y la regla de minimis . En consecuencia, habida cuenta de que ya no era necesario proceder a la notificación previa a la Comisión, las autoridades británicas pudieron poner en práctica rápidamente el paquete de ayudas con el fin de poner freno a la crisis.

Huta Stalowa Wola S.A (Polonia) [205]

380. El 23 de noviembre, la Comisión abrió una investigación formal respecto de la ayuda de reestructuración concedida a Huta Stalowa Wola S.A , una empresa polaca de fabricación de maquinaria. Según las autoridades polacas, la ayuda se concedió antes de la adhesión y no puede considerarse que siga siendo de aplicación después de la adhesión. Las autoridades polacas notificaron el caso por razones de seguridad jurídica. La evaluación de la Comisión llevó a la conclusión de que no todas las medidas se concedieron antes de la adhesión. Algunas de ellas (la cancelación de deudas públicas) se concedieron después de la adhesión sin la autorización de la Comisión.

Chemobudowa Kraków (Polonia) [206]

381. El 21 de diciembre, la Comisión abrió una investigación formal respecto de la ayuda de reestructuración concedida a Chemobudowa Kraków , una empresa constructora polaca. Las medidas de ayuda notificadas son: un préstamo de unos 2,5 millones de euros y un aplazamiento de pago de una deuda pública de unos 170.000 euros. Por otra parte, las autoridades polacas informaron a la Comisión de unas 18 medidas de ayudas estatales concedidas en el periodo comprendido entre agosto de 2001 y agosto de 2004. Las autoridades polacas alegan que una parte de ellas es de minimis y que el resto cumplen el principio del inversor privado, es decir, que no son constitutivas de ayuda estatal. Habida cuenta de la información facilitada, los servicios de la Comisión albergan serias dudas sobre la viabilidad de la empresa para el futuro y sobre su propia contribución a la reestructuración.

2. CONSTRUCCIÓN NAVAL

Ayudas a la innovación

382. En marzo, la Comisión autorizó regímenes de ayudas a la innovación en el sector de la construcción naval para Alemania[207], Francia[208] y España[209]; los primeros en su género después de la entrada en vigor en enero de 2004 del nuevo Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval (“el Marco”)[210]. Todos los regímenes anteriores mantienen una estructura similar por lo que se refiere a la elegibilidad de los beneficiarios y proyectos, los costes subvencionables y los requisitos procedimentales (por ejemplo, un experto independiente en el ámbito de la construcción naval evalúa el proyecto innovador). Las condiciones de aplicación pormenorizadas de las disposiciones sobre ayudas a la innovación del Marco de la construcción naval se derivan de la estrecha cooperación entre la Comisión y la industria europea.

383. Las ayudas a la innovación podrán otorgarse a empresas que operen en la construcción, la reparación y la transformación de buques y deberán destinarse a contribuir a la aplicación industrial de productos y procesos cuya ejecución comporte un riesgo de deficiencia tecnológica o industrial, y que sean nuevos desde el punto de vista tecnológico o representen una mejora sustancial en relación con la situación actual del sector de la construcción naval de la UE.

384. El régimen alemán cuenta con un presupuesto total cercano a los 27 millones de euros para el periodo 2005 a 2008. El régimen francés posee un presupuesto anual de 25 millones de euros. Ambos expirarán a más tardar seis años después de su aprobación por parte de la Comisión. El régimen español expirará el 31 de diciembre de 2006. Además de las ayudas a la innovación, el régimen español contempla ayudas a las empresas de construcción naval, ayudas a la inversión regional y de investigación y desarrollo. Para todos los tipos de ayuda, el presupuesto total del régimen asciende a unos 20 millones de euros al año.

Mecanismo Defensivo Temporal

385. Formando parte de una respuesta a las prácticas desleales llevadas a cabo por Corea en el sector de la construcción naval, el Consejo adoptó en 2002 un mecanismo defensivo temporal (TDM) para la construcción naval como medida excepcional y temporal[211]. El mecanismo, que expiró inicialmente el 31 de marzo de 2004, fue prorrogado por el Consejo hasta el 31 de marzo de 2005.

386. Sobre esta base, en enero y febrero, la Comisión autorizó los regímenes nacionales de ayudas de Alemania[212], Finlandia[213] y Polonia[214]. Al amparo de estos regímenes, los contratos para la construcción de portacontenedores, buques cisterna de transporte de refinados, buques cisterna para productos químicos, y buques de transporte de gas natural licuado acordados hasta el 31 de marzo, podían acogerse a la concesión de ayudas directas de hasta el 6% del valor contractual antes de las ayudas, si se demostraba de forma concreta que se había competido en relación con ese contrato, con un astillero surcoreano que ofrecía precios más bajos. Estos regímenes, así como los demás regímenes TDM aprobados por la Comisión, expiraron el 31 de marzo.

Plazo de entrega de tres años

387. En 2005, la Comisión autorizó dos solicitudes de ampliación del plazo de entrega de tres años impuesto como condición para recibir ayudas de funcionamiento ligadas a contratos de conformidad con el Reglamento (CE) del Consejo nº 1540/1998 sobre ayudas a la construcción naval[215]. En un asunto griego[216], se demostró que el retraso en el programa de trabajo de Neorion Shipyards S.A. era considerable, justificable y había sido causado por circunstancias excepcionales e imprevistas ajenas a la empresa (los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos y las guerras de Afganistán e Iraq que tuvieron como consecuencia un descenso en las reservas de los cruceros de lujo). Además, la Comisión se mostró de acuerdo en que la ampliación del plazo era razonable[217]. En un asunto portugués, se autorizó la ampliación a favor de Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A . debido a la complejidad tecnológica del buque (por ejemplo, debido a la necesidad de aplicar nuevos estándares de fabricación de acero de conformidad con los requisitos del armador del buque).

Ayudas al desarrollo

388. En aplicación del Marco sobre la construcción naval, el 2 de febrero la Comisión autorizó ayudas de desarrollo que los Países Bajos concedieron a BV Scheepswerf Damen Gorinchem para la construcción, por una parte, de dos remolcadores destinados a Ghana[218] y, por otra, de tres buques de búsqueda y salvamento para Vietnam[219]. Además, el 16 de marzo y el 9 de noviembre se autorizaron dos proyectos de desarrollo para España: la construcción en Astilleros de Huelva, S.A. de un remolcador para Bangladesh[220] y la construcción en Astilleros Zamacona S.A. de un remolcador destinado a Mauritania[221].

389. Entre otras condiciones, las ayudas concedidas en concepto de ayuda al desarrollo a un país en vías de desarrollo, han de tener un contenido de desarrollo claro para ser compatibles con el mercado interior. En todos los casos anteriormente mencionados, la Comisión estuvo de acuerdo en que los buques entregados estaban equipados con tecnología de vanguardia, lo que les permitía llevar a cabo operaciones tales como el atraque de buques de gran tonelaje, la asistencia a buques en dificultades, la extinción de incendios o la prevención de catástrofes naturales.

Regímenes de garantía de financiación de la construcción naval

390. La Comisión confirmó su práctica en relación con el tratamiento de los regímenes de garantía de financiación en el ámbito de la construcción naval. En abril prohibió un régimen italiano[222] y en julio autorizó un régimen en los Países Bajos[223] al considerar que no contenía elementos de ayuda. La prohibición del régimen de ayudas italiano reiteraba la aplicación estricta por parte de la Comisión de las normas de competencia en el sector de la construcción naval. La ejecución de este régimen de garantías habría tenido una incidencia muy negativa sobre los astilleros europeos competidores, dado que no imponía una prima correcta y no incluía una diferenciación de riesgos adecuada.

391. Las dos decisiones se basaron en la autorización por parte de la Comisión de un régimen alemán de 2003 de garantías de financiación de buques[224]. Este régimen aplica correctamente la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía[225], al aplicar primas adecuadas y diferenciar el nivel de las mismas en función del riesgo.

Astilleros polacos

392. El 1 de junio, la Comisión decidió incoar el procedimiento contemplado en el artículo 88.2 respecto de la ayuda de reestructuración a los principales astilleros polacos de Gdynia, Gdansk[226] y Szczecin[227]. Estos tres astilleros iniciaron su reestructuración en 2002 y recibieron ayudas de varias autoridades polacas, tanto a escala central como local. Habida cuenta de que el proceso de reestructuración se llevó a cabo parcialmente antes de la adhesión de Polonia a la UE, que tuvo lugar el 1 de mayo de 2004, la Comisión tuvo que determinar, en primer lugar, si era competente para ocuparse de estos asuntos. La Comisión no es competente, de conformidad con el Tratado CE o el Acta de adhesión, para investigar u ordenar la recuperación de las ayudas concedidas antes de la adhesión que no sean aplicables después de la misma (las denominadas “ayudas concedidas anteriormente”).

393. Las medidas en relación con las cuales la Comisión no es competente para actuar constituyen ayudas concedidas anteriormente, y no pueden ser recuperadas al beneficiario mediante una decisión de la Comisión. No obstante, se tendrá en cuenta en la evaluación definitiva de compatibilidad y, en particular, en el contexto del criterio según el cual la ayuda se ha de limitar al mínimo necesario para restaurar la viabilidad de la empresa. Las restantes medidas constituyen ayudas nuevas.

394. La Comisión planteó serias dudas con respecto a la compatibilidad de esta ayuda con las Directrices de 1999 sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, que son de aplicación a estos asuntos. En concreto, la Comisión dudaba de que la reestructuración puesta en marcha pudiera restaurar la viabilidad a largo plazo de los astilleros, ya que consistía fundamentalmente en reestructuración de la deuda y ayuda de liquidez. Por otra parte, la Comisión no tenía claro si se habían llevado a cabo reducciones de la capacidad para compensar el falseamiento de la competencia y si la contribución a las actividades de reestructuración de los propios beneficiarios o de fuentes privadas externas, bastaba para indicar la confianza del mercado en el actual proceso de reestructuración.

3. SECTOR SIDERÚRGICO

395. La Comisión ha adoptado varias decisiones en relación con la reestructuración del sector siderúrgico en los nuevos Estados miembros. Aunque, como regla general, las normativa de la CE prohíbe las ayudas de reestructuración al sector siderúrgico, dos Protocolos al Tratado de adhesión (sobre la reestructuración de los sectores siderúrgicos checo (nº 2) y polaco (nº 8)) establecen una excepción a esta regla. Los Protocolos permiten la concesión de ayudas estatales de reestructuración al amparo de un plan nacional de reestructuración, que deberá restaurar la viabilidad de los productores siderúrgicos para el 2006. La Comisión es la encargada de supervisar la ejecución del plan[228].

Huta Czestochowa (Polonia)

396. En su decisión de 5 de julio[229], la Comisión decidió que la reestructuración de Huta Czestochowa , el segundo productor siderúrgico polaco, no era constitutiva de ayuda estatal, con lo que se allanaba el camino para la venta de la empresa. La venta forma parte de la reestructuración y sirve para pagar a los acreedores de la empresa. La Comisión abrió una investigación porque la reestructuración de la empresa requería una condonación significativa de la deuda por parte, entre otros, de los acreedores públicos, aunque la empresa no podía acogerse a ayudas estatales con arreglo al Protocolo siderúrgico antes mencionado. Sobre la base de un detallado análisis de todas las deudas y condonaciones, la Comisión concluyó que la condonación de deudas públicas constituía un comportamiento normal de mercado y no era por tanto constitutivo de ayuda estatal. No obstante, la Comisión decidió también que otra ayuda de reestructuración de unos 4 millones de euros concedida anteriormente era ilegal y debía ser recuperada.

397. En este asunto, la Comisión aplicó de forma aún más estricta la prueba del inversor privado. La empresa había previsto una reestructuración general en 2003, incluida una condonación parcial de las deudas públicas y comerciales. No obstante, según la jurisprudencia establecida, en caso de que un deudor que atraviese dificultades financieras proponga reprogramar la deuda para evitar su liquidación, cada acreedor público ha de sopesar detenidamente al menos la ventaja que implica aceptar la cuantía ofrecida con arreglo al plan de reestructuración frente al importe que se podría recuperar tras la posible liquidación de la empresa[230]. Si la liquidación procura una cuantía superior a la reestructuración, la condonación de deudas públicas será constitutiva de ayuda estatal. La decisión establecía que esta evaluación puede considerar un supuesto realista de insolvencia, teniendo en cuenta que estos procedimientos de insolvencia llevan mucho más tiempo y resultan más costosos que los de reestructuración. Teniendo esto en cuenta y tras una evaluación pormenorizada de todas las deudas y condonaciones, la Comisión concluyó que la condonación de deudas públicas constituía un comportamiento normal de mercado y, por lo tanto, no era constitutiva de ayuda estatal.

Dos decisiones relativas a modificaciones introducidas en los planes nacionales de reestructuración

398. La Comisión adoptó dos decisiones por las que acepta una modificación del actual proceso de reestructuración del sector siderúrgico en los nuevos Estados miembros, Polonia y la República Checa. La primera se refería al productor siderúrgico checo Válcovny Plechu Frýdek-Místek [231] y la segunda a Mittal Steel Poland [232], el mayor productor de acero de Polonia.

4. RADIODIFUSIÓN PÚBLICA, BANDA ANCHA, INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA

Banda ancha

399. Partiendo de las primeras decisiones en materia de ayudas públicas a los servicios de banda ancha, que se adoptaron en 2004, la Comisión autorizó una serie de proyectos que recibían financiación pública destinada a la infraestructura y los servicios de banda ancha. El objetivo de los proyectos del Reino Unido[233], España[234] y Austria[235], es prestar servicios de banda ancha en zonas rurales y aisladas en las que no se disponía de tales servicios. La contribución pública ayudará a colmar la brecha digital existente entre las zonas que cuentan con conexiones de alta velocidad a Internet y las que carecen de ellas. En consecuencia, es coherente con las políticas de la UE[236]. En estos asuntos, la Comisión consideró que, si bien existía ayuda estatal, las autoridades demostraron la necesidad de la intervención, que se llevó a cabo de forma proporcionada, incluido un sinnúmero de salvaguardias. Por consiguiente, la Comisión llegó a la conclusión de que la ayuda estatal no falseaba la competencia en sentido contrario al interés común, por lo que era compatible con lo dispuesto en el artículo 87.3.c). Merece la pena señalar que la utilización de procedimientos de licitación abiertos y no discriminatorios, ha desempeñado una función esencial a la hora de desterrar el exceso de compensación y de lograr un resultado proporcionado en estos asuntos.

400. En un asunto francés relativo a la financiación de una infraestructura abierta de banda ancha en el Lemosín [237], las autoridades regionales estaban a favor del establecimiento de una infraestructura y un servicio mayorista abiertos en una zona geográfica en la que se estimaba que la oferta de cobertura y servicios no era satisfactoria. La Comisión aceptó que la medida se ajustaba a la definición de servicio de interés económico general y, puesto que se reunían los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en su sentencia Altmark [238], la financiación pública otorgada no constituía ayuda estatal. UPC France ha interpuesto un recurso contra esta resolución ante el Tribunal de Primera Instancia[239].

401. El 20 de octubre, la Comisión inició una investigación formal para determinar si la financiación pública destinada a una red de acceso de fibra óptica en la ciudad neerlandesa de Appingedam se ajustaba a las normas sobre ayudas estatales de la UE[240]. Era la primera ocasión en que la Comisión abría una investigación formal en relación con la financiación pública para el desarrollo de servicios de banda ancha, a raíz de las dudas surgidas en cuanto a la compatibilidad de la medida. Es probable que la evolución del asunto incida en proyectos similares existentes en toda Europa.

Televisión Digital Terrestre (DVB-T) (Austria y Alemania)

402. La transición de la radiodifusión analógica a la digital (‘transición digital’) presenta grandes ventajas por lo que se refiere a un uso más eficiente del espectro y mayores posibilidades de transmisión. Ello conducirá a la prestación de servicios nuevos de mejor calidad y a una mayor elección para los consumidores, lo que contribuirá al logro de los objetivos de Lisboa. Algunos Estados miembros han puesto en marcha programas de apoyo para el despliegue de la radiodifusión digital.

403. El 16 de marzo, la Comisión adoptó su primera decisión en relación con las ayudas públicas a la radiodifusión digital a propósito del Digitalisierungsfonds [241] austriaco . La Comisión decidió no plantear objeciones una vez que las autoridades austriacas habían modificado sustancialmente la medida durante el proceso de notificación. Las modificaciones garantizaban que la medida se ajustara al principio de neutralidad tecnológica, es decir, que no favoreciera de manera innecesaria e injustificada a la transmisión digital terrestre (DVB-T) en detrimento de las plataformas de televisión competidoras. La medida constaba de diversos elementos: ayuda económica destinada a proyectos piloto y actividades de investigación en relación con la transmisión digital de televisión, incentivos económicos para los consumidores que adquieran receptores digitales, subvenciones a empresas para desarrollar servicios digitales innovadores y subvenciones a las empresas de radiodifusión para compensar los costes adicionales de transmisión cuando coexistan simultáneamente la radiodifusión de televisión analógica y digital (“fase simulcast”).

404. El 9 de noviembre, la Comisión adoptó una decisión final negativa respecto de las subvenciones concedidas a DVB-T en el Estado federado alemán de Berlín-Brandenburgo[242]. A este respecto, decidió que las subvenciones por valor de 4 millones de euros concedidas a las empresas comerciales de radiodifusión para la utilización de la red DVB-T, eran incompatibles con el mercado común y ordenó la recuperación de la parte de la ayuda que ya había sido abonada a las empresas de radiodifusión (aproximadamente la mitad del total).

405. Sin notificar a la Comisión, el ente que gestiona los medios de comunicación de Berlín-Brandenburgo (‘ Mabb ’) concedió la subvención a empresas comerciales, entre las que se encuentran RTL y ProSiebenSat.1 , para sufragar una parte de sus costes de transmisión a través de la red DVB-T puesta en marcha en noviembre de 2002. A cambio, las empresas de radiodifusión se comprometieron a utilizar la red DVB-T licenciada a la empresa T-Systems durante al menos cinco años. A raíz de las denuncias interpuestas por los operadores de cable, la Comisión había abierto una investigación formal en julio de 2004. Como consecuencia de esta investigación, la Comisión llegó a la conclusión de que la subvención del Mabb infringía las normas sobre ayudas estatales del Tratado CE. La ayuda no se basaba en ningún coste específico de transición y se decidió después de que se hubiera pactado la transición. Se concedieron diversas ayudas sin justificación objetiva alguna a las empresas de radiodifusión, que ya se beneficiaban de la obtención gratuita de licencias digitales que les permitía una mayor capacidad de transmisión a menor coste por canal. Las subvenciones también favorecían indirectamente a la red DVB-T frente a las plataformas de televisión competidoras, como son las de cable y vía satélite, ignorando el principio de neutralidad tecnológica.

406. En la decisión, la Comisión reconoció que, la transición digital podría retrasarse si se dejaba enteramente a las fuerzas del mercado, y que la intervención pública podría ser beneficiosa. Corresponde a los Estados miembros demostrar que la ayuda es el instrumento más adecuado, se circunscribe al mínimo necesario y no falsea indebidamente la competencia. En el caso de Berlín-Brandenburgo no se cumple ninguna de estas condiciones. La Comisión reconoció la existencia de determinadas deficiencias de mercado, pero consideró que la ayuda no era el instrumento más adecuado ni resultaba necesaria para resolver estos problemas. Las autoridades alemanas, FAB Fernsehen aus Berlin y MaBB interpusieron un recurso contra la decisión.

Descodificadores digitales (Italia)

407. El 21 de diciembre, la Comisión abrió una investigación formal respecto de las subvenciones para descodificadores digitales concedidas por Italia en 2004 y 2005. Las medidas consisten en la concesión de más de 200 millones de euros de ayudas públicas a los compradores de descodificadores que reciben programas en tecnología digital terrestre.

408. Aunque la Comisión fomenta la transición a la televisión digital y valora la interoperabilidad, la contribución pública ha de evitar el falseamiento innecesario de la competencia entre las plataformas terrestre, por cable y vía satélite. En este caso, las subvenciones no eran neutras desde un punto de vista tecnológico, ya que no se ofrecían a los descodificadores que utilizaban la radiodifusión vía satélite. Como consecuencia de ello, es posible que se haya falseado la competencia, especialmente en el mercado de televisión de pago en el que se había facilitado la introducción de operadores terrestres.

409. Además de las cuestiones relativas a la transición digital y la neutralidad tecnológica, la decisión aborda también los aspectos de la aplicabilidad de la excepción contemplada en el artículo 87.2,a), a las medidas que no poseen carácter social y la calificación como ayuda estatal de las ventajas concedidas indirectamente a las empresas.

Regímenes de cánones de licencias

410. Los entes públicos de radiodifusión de Francia, Italia y España reciben el producto del canon de licencia para financiar sus obligaciones de servicio público. Estos mecanismos de canon de licencia constituyen ayuda existente, puesto que se establecieron antes de que entrara en vigor el Tratado CEE en los países en cuestión y sus características esenciales se han mantenido sin cambios desde entonces.

411. En el curso de un procedimiento de ayudas existentes destinado a garantizar que los regímenes de cánones de licencias vigentes en estos países siguen siendo compatibles con el mercado común, la Comisión recomendó formalmente la adopción de las medidas oportunas[243] que fueron aceptadas por los tres países. Estas recomendaciones pretendían velar por el cumplimiento de los siguientes principios: los operadores públicos y privados de radiodifusión han de competir en igualdad de condiciones en mercados comerciales como el de publicidad en televisión, la financiación de los operadores públicos de radiodifusión no debe superar el mínimo estrictamente necesario para garantizar la ejecución adecuada de su misión de servicio público, no debe beneficiar indebidamente las actividades comerciales (subvenciones cruzadas) y debe ser transparente. Por otra parte, en el caso español, las autoridades nacionales se comprometieron a eliminar en el futuro la garantía ilimitada del Estado de que goza el ente público de radiodifusión. Habida cuenta de los compromisos de los tres Estados miembros, la Comisión archivó los tres asuntos.

Solicitud de información sobre ayudas existentes

412. El 3 de marzo, la Comisión solicitó aclaraciones[244] a Alemania, Irlanda y a los Países Bajos, respecto de la función y la financiación de los entes públicos de radiodifusión. Tras haber analizado las alegaciones de diversos demandantes, la Comisión considera, de forma preliminar, que el actual sistema de financiación en los Estados miembros ya no se ajusta a lo dispuesto en las normas de la UE, que obligan a los Estados miembros a abstenerse de conceder subvenciones que puedan falsear la competencia (artículo 88 CE).

413. Estas investigaciones reflejan la política general de la Comisión a este respecto, que consiste en garantizar la transparencia necesaria para evaluar la proporcionalidad de la financiación pública y evitar que se den subvenciones cruzadas a actividades que no estén relacionadas con las funciones de servicio público establecidas en su Comunicación del 2001 sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión[245]. Las investigaciones no cuestionan la prerrogativa de los Estados miembros para organizar y financiar los servicios públicos de radiodifusión, como se reconoce en el Protocolo del Tratado de Ámsterdam sobre tales servicios.

414. En consonancia con el enfoque adoptado en las investigaciones ya realizadas de regímenes similares de financiación en Francia, Italia, España y Portugal, la Comisión ha solicitado a Alemania, Irlanda y a los Países Bajos que apliquen estos mismos principios, a saber, una definición clara de la obligación de servicio público, la separación de la contabilidad distinguiendo entre servicio público y otras actividades, y mecanismos adecuados para evitar el exceso de compensación de las actividades de servicio público. Los Estados miembros también han de garantizar que las actividades comerciales llevadas a cabo por los operadores públicos de radiodifusión se ajustan a los principios de mercado. Por último, debería existir una autoridad nacional independiente que supervise el cumplimiento de estas normas.

415. Las denuncias interpuestas en Alemania y los Países Bajos han suscitado también otras cuestiones, como la de la financiación de las actividades en línea de los organismos públicos de radiodifusión. La Comisión no cuestiona que los operadores públicos de radiodifusión ofrezcan servicios en línea como parte de su misión de servicio público. No obstante, definir el alcance de estas actividades en línea y determinar si pueden ser financiadas con fondos públicos, son dos cuestiones que no competen a los propios organismos públicos de radiodifusión sino al Estado miembro de que se trate, con objeto de garantizar que sólo se incluyen aquellos servicios que cubren las mismas necesidades democráticas, sociales y culturales de la sociedad que los organismos públicos de radiodifusión tradicionales.

416. Los tres Estados miembros han remitido sus primeras observaciones sobre estos puntos de vista preliminares. La Comisión ha empezado a negociar con los tres Estados miembros qué cambios se han de introducir en los sistemas nacionales de radiodifusión para aclarar la función y la financiación de los entes públicos de radiodifusión. Si los Estados miembros adoptan estas medidas, la Comisión archivará formalmente los asuntos.

Financiación de un nuevo canal internacional de noticias francés [246]

417. El 7 de junio, la Comisión autorizó, en aplicación del artículo 86.2, la financiación del nuevo canal internacional de noticias puesto en marcha por las autoridades francesas. Estas trataron de demostrar mediante un estudio pormenorizado, que el proyecto cumpliría los criterios establecidos en la sentencia Altmark del TJCE y, por consiguiente, que el proyecto no implicaba la existencia de ayudas estatales. La Comisión concluyó que los resultados del estudio no resultaban lo suficientemente convincentes y, en particular, consideró que no existían referencias adecuadas para evaluar los costes previstos de los nuevos canales. Por tanto, no era posible concluir que el presupuesto previsto reflejase los costes de una empresa bien gestionada y equipada adecuadamente.

418. La Comisión concluyó, por lo tanto, que la financiación del proyecto implicaba ayuda estatal. No obstante, sostuvo que el proyecto ofrecía las garantías oportunas de que se cumplirían los principios del artículo 86.2. A este respecto, la Comisión tuvo que tener en cuenta las especificidades del proyecto, es decir, que las empresas matrices del nuevo canal serían el operador público de radiodifusión francés, France Télévision , y el principal operador comercial de radiodifusión francés, TF1. Entre otras cosas, el proyecto incluía normas detalladas en caso de que el canal obtuviese beneficios, con el fin de evitar que las empresas matrices se quedasen con una parte de ellos. La Comisión estimó que el proyecto presentaba salvaguardias suficientes frente al riesgo de que el canal no se comportase de conformidad con las condiciones normales de mercado en el ámbito comercial (es decir, de la publicidad) y en relación con sus accionistas.

5. BANCA

Hessicher Investitionsfonds (Alemania)[247]

419. El 6 de septiembre, la Comisión autorizó la cesión del Hessicher Investitionsfonds (HIF), un fondo especial del Estado federado de Hesse, en calidad de participación sin derecho a voto, al Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), un banco público regional alemán. La cesión no condujo a una inyección de liquidez o a una entrada de ingresos para Helaba . No obstante, la cesión del Fondo fortalecería la propia base de capital de Helaba . La Comisión concluyó que la remuneración aceptada por el Estado federado de Hesse en concepto de los activos, equivalía al rendimiento normal de una inversión que cabría esperar de un inversor privado. Por consiguiente, la operación no era constitutiva de ayuda estatal en el sentido de lo dispuesto en el artículo 87.1.

Ampliación de capital en dos bancos alemanes

420. El 6 de septiembre, la Comisión autorizó ampliaciones de capital por un valor total de unos 1.200 millones de euros procedentes de sus accionistas públicos para los bancos regionales alemanes HSH Nordbank [248] (556 millones de euros) y BayernLB [249] (640 millones de euros). Las ampliaciones de capital pretendían reforzar el núcleo de recursos propios de los dos bancos y tuvieron lugar tras la abolición el 18 de julio, del mecanismo de garantía de derecho público para los bancos regionales alemanes y después de la recuperación de la ayuda estatal concedida a HSH y B ayernLB (y a otros cinco bancos regionales), declarada ilegal e incompatible por la Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2004. La Comisión evaluó si el capital se facilitó en condiciones que un inversor privado hubiera considerado aceptables al facilitar fondos a una empresa privada comparable cuando el inversor privado opera en condiciones normales de economía de mercado (es decir, lo que se conoce con el nombre del principio del inversor privado en una economía de mercado). La Comisión llegó a la conclusión de que el rendimiento que se esperaba obtener de las inversiones era conforme, sin duda, a lo que aceptaría un inversor privado y que, por tanto, las inversiones no eran constitutivas de ayuda estatal.

6. AYUDAS DE FINALIDAD REGIONAL

Ayudas individuales de finalidad regional

421. En su análisis de los asuntos de ayudas individuales de finalidad regional, que hayan sido autorizados al margen de cualquier régimen, en aplicación directa de las disposiciones del Tratado CE, la Comisión tiene en cuenta un riesgo más elevado de falseamiento de la competencia si se compara con las ayudas basadas en regímenes autorizados de ayudas de finalidad regional. De conformidad con el capítulo 2 de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional[250], y para justificar la compatibilidad de las ayudas ad-hoc de finalidad regional con el mercado interior, el impacto positivo en el desarrollo de la región de que se trate deberá compensar de forma patente el falseamiento de la competencia causado por la ayuda.

Ayuda al desarrollo regional en favor de SABIC (Países Bajos) [251]

422. El 2 de febrero, la Comisión autorizó una ayuda de inversión por importe de 4,2 millones de euros en favor de SABIC, un fabricante de productos químicos establecido en Arabia Saudí, con el fin de que instalase en los Países Bajos su centro de operaciones en Europa. A pesar de tratarse de una ayuda ad-hoc, la Comisión consideró que era compatible con el mercado común, ya que las autoridades neerlandesas demostraron que la inversión tendría una incidencia importante en toda la región, que cuenta tradicionalmente con una estrecha vinculación a la industria química. El hecho de que la inversión se destinara a la sede principal en lugar de a mejorar la capacidad de producción no cambió esta evaluación. Asimismo, se cumplían todas las demás condiciones de la Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional.

Lignit Hodonín (República Checa) [252]

423. El 20 de julio, la Comisión autorizó una ayuda individual de finalidad regional a Lignit Hodonín , empresa operadora de una mina de lignito en la República Checa situada en una zona beneficiaria de ayuda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.3.a). La ayuda de 155,5 millones de CZK (5 millones de euros) se destina a la inversión para la apertura de nuevos yacimientos de lignito que garantizarán 350 empleos directos en una región fundamentalmente agrícola que sufre una situación de desempleo elevado y dificultades estructurales. Debido a las especificidades del comercio de lignito y a un nivel relativamente bajo de producción por parte de Lignit Hodonín , la magnitud de las consecuencias negativas en la competencia y el comercio entre los Estados miembros son bastante limitadas en este caso concreto. La Comisión autorizó la ayuda ad-hoc por considerarla compatible con el mercado común, ya que sus consecuencias positivas sobre la cohesión social y el desarrollo económico de la región compensan el falseamiento de la competencia.

Kronoply (Alemania) [253]

424. En 2001, al amparo del Marco multisectorial de 1998, la Comisión autorizó una ayuda a la inversión de unos 35 millones de euros en favor de la planta de producción de Kronoply, que fabrica tableros de partículas orientadas (OSB) para la construcción y está situada en la región alemana de Brandenburgo. En 2003, las autoridades alemanas notificaron un aumento en el importe de la ayuda de unos 4 millones de euros y alegaron que la decisión inicial de la Comisión se había basado en información incorrecta sobre las condiciones de mercado y solicitó una nueva evaluación y un incremento del nivel máximo de la ayuda.

425. La Comisión abrió una investigación formal en 2004, al albergar serias dudas de que las ayudas supusieran un incentivo y fueran necesarias, dado que la planta ya se había acabado. En la decisión final adoptada el 21 de septiembre, la Comisión mantuvo su posición de que la planta de producción de Kronoply constituía una entidad económica viable porque había seguido funcionando después de la autorización del importe de ayuda inferior en 2001.

426. Habida cuenta de que en este caso la concesión de nuevas ayudas no supondría nuevos incentivos para el desarrollo regional, la Comisión concluyó que no eran de aplicación las excepciones contempladas en el artículo 87.2 y 3. Por consiguiente, la medida de ayuda adicional notificada era constitutiva de ayuda de funcionamiento incompatible, por lo que no debía ser ejecutada.

E-Glass (Alemania) [254]

427. En diciembre de 2003, las autoridades alemanas notificaron, de conformidad con el Marco multisectorial de 1998, una ayuda de inversión destinada a E-Glass AG , Osterweddingen, Sajonia-Anhalt (Alemania), región beneficiaria de ayuda con arreglo al artículo 87.3.a). El objetivo del proyecto de inversión es construir un nuevo centro de producción de vidrio flotado bruto. El 20 de abril de 2004 la Comisión autorizó el proyecto de ayuda con unos costes subvencionables de 121 millones de euros y una intensidad bruta de la ayuda del 35 %.

428. En el otoño de 2004, las autoridades alemanas informaron a la Comisión de que la notificación original contenía información errónea en relación con los propietarios de E-Glass . Esta información se empleó en la motivación de la decisión para definir a los beneficiarios y el mercado de referencia. Habida cuenta de que la nueva información podría incidir en el máximo autorizado de intensidad de la ayuda, ha de ser considerada un factor determinante para la decisión en el sentido de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de procedimiento[255]. En consecuencia, la Comisión tuvo que incoar el procedimiento de investigación formal para determinar si es necesario revocar la decisión anterior y adoptar una nueva decisión correcta. En abril la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal y espera llegar a una decisión definitiva en la primera mitad de 2006.

Glunz (Alemania) [256]

429. El 25 de julio de 2001, la Comisión adoptó una decisión de no plantear objeciones a la concesión de una ayuda de 69,8 millones de euros a Glunz AG y OSB Deutschland GmbH para la creación de un centro de transformación de madera, que consta de plantas combinadas que producen OSB (tableros de partículas orientadas) y tableros aglomerados. El proyecto de inversión se localiza en Nettgau, Sajonia-Anhalt (Alemania), una región beneficiaria de ayuda en virtud del artículo 87.3.a). La evaluación se basó en el Marco multisectorial de 1998.

430. En su sentencia de 1 de diciembre de 2004, el TPI anuló la decisión en un procedimiento iniciado por un competidor. La razón principal residía en que la Comisión sólo analizó datos sobre la utilización de la capacidad, sin tener en cuenta también si el mercado de referencia se encontraba en crisis mediante la utilización de datos sobre el consumo aparente. Tras realizar un análisis detallado, el 20 de julio la Comisión decidió adoptar una nueva decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, entre otras cosas, porque se planteaban dificultades para evaluar la intensidad de la ayuda máxima autorizada y para definir los mercados de referencia.

Exención del impuesto sobre transacciones inmobiliarias para empresas inmobiliarias en Berlín (Alemania) [257]

431. El 23 de noviembre, la Comisión prohibió, al amparo de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, la aplicación de un régimen de ayudas en Alemania, destinado a liberar del pago del impuesto sobre transacciones inmobiliarias a las empresas inmobiliarias de la zona del mercado laboral de Berlín en caso de fusiones y adquisiciones. El objetivo declarado de este régimen es remodelar el mercado inmobiliario de la región del mercado laboral de Berlín, que se caracteriza por un exceso de oferta. Habida cuenta de que el régimen no se destina específicamente a las denominadas zonas desfavorecidas en las que existen elevados niveles de exclusión social, la Comisión consideró que una exención fiscal que abarque todo el territorio de Berlín es desproporcionadamente amplia, y el falseamiento de la competencia resultante no puede justificarse al amparo de lo dispuesto en el artículo 87.1 CE. Aquellas partes del régimen que se destinaban específicamente a otros nuevos Estados federados alemanes (Brandenburgo, Mecklenburgo-Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia) ya habían sido aprobadas por la Comisión.

432. Luchar contra las carencias físicas y rehabilitar los barrios degradados son prioridades políticas cada vez más urgentes de la UE. En este sentido, la Comisión ha autorizado regímenes de ayuda en el ámbito de la rehabilitación urbana basándose directamente en el artículo 87.3.c), al amparo de los objetivos de la UE de cohesión social y económica que pretenden reducir las disparidades entre las diferentes regiones. En estas decisiones, la Comisión ha reconocido que, incluso en las ciudades más prósperas de la UE, subsisten “zonas desfavorecidas” caracterizadas por la exclusión social y un entorno físico insuficiente, en el plano de las infraestructuras, la vivienda y los servicios sociales. En el asunto que nos ocupa, sin embargo, el análisis de la Comisión puso de manifiesto que el régimen propuesto por Alemania no guardaba proporción con el objetivo perseguido, ya que podrían acogerse todas las inmobiliarias que tuviesen propiedades inmobiliarias en la región del mercado laboral de Berlín, cuando en realidad sólo algunos barrios necesitaban ser rehabilitados.

433. En diciembre de 2004, la Comisión decidió no plantear objeciones a aquellas partes del régimen que se circunscribían al resto de los nuevos Estados federados alemanes. El régimen se autorizó teniendo especialmente en cuenta las dificultades existentes en estos nuevos Estados federados, el escaso falseamiento de la competencia y las consecuencias positivas que se espera lograr en el mercado inmobiliario.

Modificaciones de los mapas nacionales de ayudas estatales de finalidad regional de Finlandia [258] y Grecia [259]

434. De conformidad con el punto 5.6 de las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional, Finlandia y Grecia notificaron la introducción de ajustes en los tipos de intensidad de las ayudas para algunas de sus regiones, lo que demuestra que sus datos socioeconómicos habían empeorado en relación con otras regiones similares.

435. La Comisión aceptó en el caso de Finlandia un incremento de la intensidad de las ayudas para la región de Vakka-Suomi, a la que se aplica lo dispuesto en el artículo 87.3.c), del 16% ENS[260] al 20% ENS y, en el caso de Grecia, un incremento de la intensidad de las ayudas para las regiones de Drama y Kavala, a las que se aplica lo dispuesto en el artículo 87.3.c), del 33.2 % al 50 % ENS y del 45.5 % al 50 % ENS, dependiendo del tipo de proyecto. Estos mapas de ayudas estatales de finalidad regional modificados se mantendrán en vigor hasta finales de 2006, momento en que se revisarán los mapas nacionales de ayudas estatales de finalidad regional de todos los Estados miembros.

7. AYUDAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, AYUDAS A LA INNOVACIÓN

Ayuda individual de I+D a BIAL (Portugal) [261]

436. El 5 de julio, la Comisión decidió no oponerse a una ayuda individual de I+D en favor de Portela & Cª, SA (más conocida como “BIAL”), empresa portuguesa del sector farmacéutico.

437. Las autoridades portuguesas concedieron una subvención de 45,2 millones de euros a BIAL destinada a un proyecto de I+D para el desarrollo de fármacos que actúan en el ámbito del sistema nervioso central. El proyecto se desarrolla por espacio de cinco años (2004-2008) y consiste en el ensayo de nuevos fármacos en animales y humanos. Además, consta de actividades de investigación industrial y de desarrollo precompetitivo que se han de llevar a cabo tanto en Portugal como en el extranjero.

438. La Comisión concluyó, entre otras cosas, que las fases del proyecto y los costes subvencionables eran conformes a los criterios de las directrices de I+D, que la intensidad de la ayuda era compatible con los umbrales aplicables y que la ayuda producía un claro efecto incentivador, especialmente si tenemos en cuenta los elevados riesgos inherentes a un programa tan ambicioso.

Ayuda de I+D al sector aeronáutico (Italia) [262]

439. A raíz de una denuncia, la Comisión decidió investigar 13 proyectos de I+D en el sector aeronáutico italiano, financiados en aplicación de la Ley italiana 808/85 y autorizados por la Comisión en 1986. En octubre de 2003, la Comisión decidió incoar el procedimiento en relación con seis proyectos. Las dudas que albergaba se referían especialmente a las fases de investigación, a las intensidades de la ayuda, y a su efecto incentivador.

440. Lejos de despejar las incertidumbres suscitadas por los seis proyectos, la investigación hizo aflorar serias dudas en relación con la aplicación de la Ley 808/85, y, especialmente, en cuanto a las fórmulas exactas de reembolso del principal de los créditos. Estas fórmulas tendrían una incidencia importante sobre la compatibilidad de las ayudas, dado que el equivalente bruto de subvención de un crédito es mayor si no se ha de reembolsar su principal, que si sólo se condonan los intereses. Los equivalentes brutos de subvención son esenciales a la hora de determinar las intensidades de la ayuda, las cuales, a su vez, son importantes para decidir si una ayuda de I+D cumple las condiciones de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo[263].

441. Por otra parte, la Comisión concluyó también que albergaba serias dudas en cuanto a la existencia de nuevas ayudas individuales de elevada cuantía no notificadas. Estas nuevas dudas iban más allá del alcance del procedimiento incoado el 1 de octubre de 2003, no sólo porque se referían a cuestiones que no se habían planteado en el marco de este procedimiento, sino también porque no se circunscribían a los seis casos.

442. Teniendo todo esto en cuenta, el 22 de junio la Comisión decidió ampliar el alcance del procedimiento del artículo 88.2 para incluir las dudas relativas a las fórmulas de reembolso del principal de los créditos y a la posible existencia de otras ayudas individuales de elevada cuantía no notificadas, además de ampliar el alcance de estas dudas al conjunto de la aplicación de la Ley 808/85. No obstante, esta ampliación se circunscribe a las aplicaciones civiles de la citada Ley.

Ayudas a pequeñas y medianas empresas de nueva creación u orientadas a la tecnología (Alemania) [264]

443. El 3 de mayo, la Comisión autorizó un régimen de ayudas en Alemania, que ascendía aproximadamente a 120 millones de euros anuales destinado a pequeñas y medianas empresas de nueva creación u orientadas a la tecnología, que recurren a los servicios de centros tecnológicos, viveros de empresas y centros industriales. El proyecto facilitará ayudas públicas para la creación o el desarrollo de este tipo de centros, siendo beneficiarias indirectas las empresas que utilicen los servicios de los centros.

444. En su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal adoptada el 18 de febrero de 2004, la Comisión manifestó sus dudas de que la medida fuese compatible con el mercado común, ya que las autoridades alemanas no habían facilitado información suficiente sobre si la ayuda estatal afectaba a todos los niveles del régimen, especialmente por lo que se refiere a los propietarios de los centros y a las PYME que recurren a sus servicios, o si toda la ayuda se había dirigido directamente a las PYME. En el transcurso del procedimiento de investigación formal, las autoridades alemanas modificaron su notificación original y garantizaron que la totalidad de la ayuda se destinaría a las empresas usuarias de los servicios de los centros. Habida cuenta de que las autoridades alemanas se comprometieron a cumplir todas las condiciones de los Reglamentos de la Comisión sobre ayudas de minimis [265] y de ayudas a las PYME[266], la Comisión consideró que la ayuda no amenazaba con falsear la competencia en el mercado único y era, por tanto, compatible con lo dispuesto en el artículo 87 CE. La medida autorizada se basaba en el Apartado II, punto 7 del Plan general alemán dentro del ámbito de aplicación del régimen conjunto denominado “Mejora de la estructura económica regional” y está en vigor hasta el 31 de diciembre 2006.

Investbx (Reino Unido) [267]

445. El 20 de octubre, la Comisión abrió una investigación formal con arreglo al artículo 88.2 respecto de una propuesta del Reino Unido de desembolsar 3,8 millones de libras esterlinas (aproximadamente 4,8 millones de euros) destinados a la creación de Investbx , un mercado de inversiones en los mercados de valores destinado a las PYME de la región de las Midland Occidentales. Investbx agrupará a PYME e inversores para facilitar a las primeras la obtención de financiación creando una forma práctica de intercambio o emisión de nuevas acciones por un valor de entre 500.000 (unos 730.000 euros) y 2 000 000 de libras esterlinas (unos 2,9 millones de euros) en una plataforma electrónica. Advantage West Midlands (AWM), el organismo de desarrollo regional de las Midland Occidentales, aportará una financiación de 3,8 millones de GBP. La financiación sólo servirá para la creación y el funcionamiento de Investbx . Se ha alegado que ninguno de estos fondos se transferirá a las PYME o a los inversores. Tras un periodo de cinco años, AWM venderá sus acciones en Investbx o lo cerrará.

446. Las autoridades del Reino Unido alegan que la medida está destinada a cubrir un fallo de mercado generado en particular por las asimetrías de información sobre la oferta y la demanda: las PYME suelen tener dificultades para encontrar inversores en capital en acciones adecuados, y a los inversores les resulta difícil obtener información correcta y fiable sobre los beneficiarios de potenciales inversiones. Las autoridades británicas sostienen que Investbx constituye una medida completamente nueva que responde a una necesidad no satisfecha actualmente por el mercado. No obstante, los propietarios de Ofex , un operador independiente del RU para las acciones de PYME, se han quejado ante la Comisión de que se verían afectados negativamente por la medida. A este respecto, señalan que Ofex ya opera, y pretende crecer, en el mismo mercado en el que lo hace Investbx .

447. En su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, la Comisión consideró que la medida constituía ayuda estatal a Investbx en el sentido de lo dispuesto en el artículo 87.1, si bien a primera vista no parece que los inversores o las PYME que utilizan los servicios de Investbx sean beneficiarios de la ayuda. No obstante, la Comisión anunció que seguiría investigando la presencia de ayuda estatal entre los inversores y los beneficiarios de las inversiones.

448. Por lo que respecta a la compatibilidad del proyecto, la Comisión expresó dudas en relación con el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87.3.c), especialmente a raíz de la denuncia interpuesta, y anunció que analizaría con mayor detalle si la medida contribuye a paliar una deficiencia del mercado bien definida, si el instrumento de ayuda se destina a corregir la deficiencia identificada y si el falseamiento de la competencia y el efecto en el comercio son de escasa importancia, de forma que se garantice que la medida de ayuda no va contra el interés común europeo.

Fondos de capital para empresas (Reino Unido) [268]

449. El 3 de mayo, la Comisión aprobó con arreglo a las normas sobre ayudas estatales un régimen que fomenta la creación de fondos de capital riesgo para las PYME en todo el Reino Unido. La medida pretende incrementar la financiación mediante capital en acciones para pequeñas y medianas empresas (PYME). Licensed Enterprise Capital Funds (ECF) combinará fondos públicos y privados y empleará estos fondos para prestar financiación mediante capital en acciones a las PYME. La financiación pública sólo se empleará para recabar fondos privados y deberá ser reembolsada por ECF con intereses, a los que se añadirá una parte de los beneficios públicos.

450. Los tramos de inversión propuestos por el Reino Unido oscilan entre las 250.000 libras esterlinas (357.000 euros) y los 2 millones de libras esterlinas (2,9 millones de euros). Estos tramos superan el tramo máximo de inversión previsto por la Comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales y capital riesgo[269]. En tales casos, la Comunicación señala que los Estados miembros han de presentar elementos de prueba sobre la existencia del fallo de mercado.

451. En mayo de 2004, la Comisión abrió una investigación formal en virtud del artículo 88.2 con objeto de brindar a los terceros interesados la oportunidad de presentar su observaciones a propósito de la magnitud real del déficit de capital. La Comisión recibió observaciones de 20 interesados, lo que demuestra el gran interés que despierta esta cuestión. Todas las observaciones recibidas fueron positivas y se mostraron a favor de la medida propuesta por el Reino Unido. La opinión generalizada era que existía un déficit de capital de al menos 3 millones de euros, . Debido a los costes de transacción relativamente elevados, las empresas privadas de capital riesgo no están interesadas en facilitar aportacones de capital en acciones para “pequeñas” operaciones concentrándose en la negociación de inversiones de mayor volumen. El resultado es un desfase financiero en los acuerdos de tamaño pequeño y mediano que ralentiza la creación de nuevas empresas, el crecimiento y la creación de empleo. Esta tendencia no sólo fue señalada por los fondos privados de capital riesgo presentes en el mismo mercado sino también por algunos estudios académicos y por otros Estados Miembros. Por consiguiente, puede considerarse que el incremento del déficit de capital es un fenómeno paneuropeo.

452. Habida cuenta de que se cumplían todas las demás condiciones de la Comunicación sobre ayudas estatales y capital riesgo, la Comisión dio por finalizado el procedimiento de investigación formal con una decisión final positiva y llegó a la conclusión de que los Fondos de capital para empresas eran compatibles con el mercado común de conformidad con el artículo 87.3.c).

Programa de invención e innovación para empresas innovadoras de nueva creación (Reino Unido) [270]

453. El 20 de octubre, la Comisión aprobó con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE un fondo de capital riesgo de 35,3 millones de euros destinado a microempresas y pequeñas empresas innovadoras de nueva creación en el Reino Unido. El programa NESTA de invención e innovación establece un fondo de capital riesgo que facilita capital y cuasi capital en acciones a microempresas y pequeñas empresas innovadoras de nueva creación con el fin de ayudarles a superar la relativa escasez de oportunidades de financiación. Este déficit de financiación surge porque a menudo las PYME solo se encuentran en la fase de prueba de concepto y los inversiones privados se muestran reticentes a invertir en esta fase inicial.

454. El fondo aplica una política de dos fases a la hora de llevar a cabo sus inversiones. El régimen prevé la opción de realizar inversiones iniciales en una primera fase por una cantidad no superior a 217.000 euros sin participación privada, pero desde una perspectiva motivada exclusivamente por la obtención de rentabilidad. Todas las inversiones de seguimiento en la segunda fase se realizarán conjuntamente con inversores privados y exactamente en las mismas condiciones ( pari passu ). Con ello se pretende que las PYME resulten atractivas para los inversores informales (business angels) y otros proveedores de capital en las fases iniciales e incrementar su capacidad para obtener financiación de fuentes privadas, con objeto de minimizar las aportaciones procedentes del sector público.

455. En su evaluación la Comisión concluyó que la medida contribuye a paliar un déficit de financiación de las PYME en su fase de creación y en otras fases iniciales. Los potenciales efectos negativos sobre el comercio y la competencia son muy escasos, proporcionales y necesarios para lograr los objetivos del régimen. Habida cuenta de que la medida cumple todas las demás condiciones de la Comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales y capital riesgo, la Comisión concluyó que el régimen era compatible con el artículo 87.3.c).

8. AYUDAS MEDIOAMBIENTALES Y DE AHORRO ENERGÉTICO

Demostración de la energía maremotriz (Reino Unido) [271]

456. El 20 de octubre, la Comisión autorizó un régimen de 58,8 millones de euros, notificado por el Reino Unido, destinado al establecimiento de instalaciones de demostración de energía maremotriz. Con el fin de lograr un tipo de rentabilidad aceptable, este tipo de proyectos necesitan inversiones y ayudas de funcionamiento relativamente elevadas. La ayuda de funcionamiento cumple las normas establecidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente[272]. Aunque la intensidad de la ayuda a la inversión no cumplía estrictamente la norma pertinente de las Directrices ambientales, la Comisión tuvo en consideración que, si la ayuda a la inversión se concediera en forma de ayuda de funcionamiento adicional, se ajustaría a las normas. Desde un punto de vista económico, la medida ofrece un incentivo mínimo, sin compensar en exceso a los promotores de estas instalaciones, y el desglose entre ayuda a la inversión y ayuda de funcionamiento no falsea indebidamente la competencia en el mercado de la electricidad. Además, los resultados del programa se difundirán ampliamente. Por lo tanto, la ayuda podía seguir siendo considerada compatible de conformidad con el artículo 87.3.c).

Ayuda de funcionamiento destinada al tratamiento de residuos peligrosos (Países Bajos) [273]

457. El 22 de junio, la Comisión autorizó la concesión de 47,3 millones de euros de ayuda de funcionamiento en favor de AVR (Rotterdam, Países Bajos) para la eliminación de residuos peligrosos a lo largo del periodo 2002-2005. La ayuda se destinaba a compensar por el coste de un servicio de interés económico general, que consistía en el tratamiento adecuado de los residuos peligrosos generados en los Países Bajos. La ayuda garantizó una capacidad nacional suficiente, en consonancia con los objetivos de la normativa comunitaria de residuos. Como consecuencia del descenso en el volumen de residuos producidos, el coste para el Estado se incrementó de forma dramática. Por consiguiente, las autoridades neerlandesas decidieron dar por terminado el régimen de ayudas y cerrar las instalaciones. De hecho, una parte importante de la ayuda autorizada se debía al coste extraordinario que implicaba el cierre de las instalaciones antes de la fecha inicialmente prevista. En cambio, la ayuda destinada a compensar por el coste de adquisición de los residuos, 2,4 millones de euros, no fue considerada compatible. Esta adquisición fomentaría la eliminación de residuos en lugar de su recuperación y confirió a AVR una ventaja desleal sobre sus competidores. Esta ayuda ha sido recuperada del beneficiario.

Ayuda medioambiental a tres productores de cloro (Italia)

458. El 16 de marzo y el 26 de junio, la Comisión autorizó la concesión de ayuda ambiental a tres productores de cloro de Italia. Solvay Rosignano , Altair Chimica y Tessenderlo [274], destinada a realizar inversiones en sus plantas con objeto de dar por finalizada la producción de cloro con tecnología de mercurio y a introducir la denominada tecnología de membrana, para la cual no se necesita emplear mercurio. Los 13,5 millones de euros destinados a Solvay Rosignano para promover una inversión de 48 millones de euros, los aproximadamente 5 millones de euros para Altair Chimica , que tenía la intención de realizar una inversión de 13,5 millones de euros, y los 5,7 millones de euros para Tessenderlo, que invirtió 19 millones de euros, representaron en cada caso el 30% de los costes de inversión subvencionables, más un 10 % adicional de los costes subvencionables en el caso de Altair por ser una mediana empresa. La Comisión consideró que las medidas subvencionadas contribuían a lograr el objetivo de sostenibilidad de la Estrategia de Lisboa, al evitar futuros costes ambientales, y que se ajustaban plenamente a la estrategia propuesta en enero por la UE consistente en reducir la contaminación causada por el mercurio y a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente.

Volvo (Suecia) [275]

459. El 1 de junio, la Comisión autorizó una ayuda ambiental de 85 millones de SEK (9 millones de euros) en favor de Volvo Lastvagnar AB . Tras construir una nueva planta de revestimiento y pintura, Volvo había realizado una inversión adicional de 245 millones de SEK (26 millones de euros) con el fin de introducir mejoras en relación con los estándares de la UE relativos al ruido y a las emisiones sonoras y de compuestos orgánicos volátiles. La Comisión llegó a la conclusión de que la ayuda que ascendía al 35% de esta inversión ambiental adicional era compatible con el mercado común, ya que representaba un incentivo para la empresa de minimizar la contaminación y contribuía al objetivo comunitario de producción sostenible.

Producción de alúmina (Francia, Irlanda e Italia) [276]

460. El 7 de diciembre. la Comisión dio por concluido el procedimiento de investigación formal respecto de la ayuda concedida a tres empresas de Francia, Irlanda e Italia en forma de exención total del impuesto especial sobre los hidrocarburos utilizados como combustible para la producción de alúmina. De conformidad con las normas aplicables a las ayudas de funcionamiento que figuran en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, es posible otorgar una exención parcial de este impuesto especial, pero, en caso de que la reducción se refiera a un impuesto comunitario, los beneficiarios deberían pagar al menos el mínimo comunitario armonizado con objeto de que les suponga un incentivo para mejorar la protección ambiental. Por consiguiente, por lo que se refiere al periodo anterior al 31 de diciembre de 2003, la Comisión consideró que la exención de hasta 13 euros por 1.000 Kg.[277] era incompatible con el mercado común. La Comisión ordenó a los Estados miembros respectivos que recuperasen exclusivamente la ayuda recibida a partir del 3 de febrero de 2002, es decir, a partir de la publicación de la Decisión de incoar el procedimiento de investigación formal y hasta el 31 de diciembre de 2003, con el fin de cumplir el principio de expectativas legítimas.

461. Habida cuenta de que el 1 de enero de 2004 entró en vigor la Directiva del Consejo 2003/96/CE[278], ya no existe un nivel mínimo de impuestos especiales sobre los productos energéticos utilizados para los procesos electrolíticos y metalúrgicos, incluida la producción de alúmina. En este contexto, de conformidad con las mismas normas sobre ayudas destinadas a la protección ambiental, los beneficiarios deberían pagar al menos una proporción significativa del impuesto nacional. La Comisión albergaba dudas sobre si las exenciones totales eran plenamente compatibles con el mercado común por lo que prorrogó la investigación a este respecto para el periodo a partir de enero de 2004.

Reducciones en la imposición del CO2 (Eslovenia) [279]

462. El 23 de noviembre, la Comisión concluyó el procedimiento de investigación y autorizó, al amparo de las normas sobres ayudas estatales, un régimen esloveno por el que se conceden reducciones en los impuestos aplicados a la emisión de dióxido de carbono a los operadores de instalaciones combinadas de calor y electricidad (CHP), a las empresas que no hacen un uso intensivo de la energía y participan en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, y a las empresas que suscriben voluntariamente acuerdos ambientales.

463. Se ha modificado la legislación eslovena sobre la imposición de las emisiones de CO2 para que se ajuste a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente[280], así como a la Directiva por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad[281]. La medida permite a los beneficiarios adaptarse más fácilmente a la imposición nacional en materia ambiental, con un tipo de reducción fiscal decreciente cada año. El régimen finaliza en 2009 y no se aplicarán reducciones a partir de 2010.

464. El impuesto pagado por las empresas que participan en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y se acogen a la reducción fiscal anterior se mantiene por encima de los niveles mínimos armonizados de la fiscalidad de la energía de la Comunidad.

Ayuda de funcionamiento para los combustibles biológicos

465. A lo largo de 2005 la Comisión autorizó regímenes de ayuda, reducciones de impuestos especiales en su mayor parte, en favor de Austria[282], la República Checa[283], Estonia[284], Hungría[285], Italia[286], Irlanda[287], Lituania[288], Suecia[289] y Bélgica[290].

9. AYUDA A LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

466. Desde principios de 2001, se adoptaron los Reglamentos de exención por categorías para pequeñas y medianas empresas, la formación y el empleo[291]. Los Reglamentos declaran ciertas categorías de ayuda estatal compatibles con el Tratado si cumplen ciertas condiciones y las eximen del requisito de notificación previa y aprobación por parte de la Comisión. Solo en 2005, los Estados Miembros enviaron información[292] acerca de 197 medidas al amparo de la exención por categorías para la PYME, 70 al amparo de la exención por categorías para formación y 26 al amparo de la exención por categorías para empleo. Desde la introducción de estos Reglamentos de exención, el número de casos notificados referentes a cada uno de estos tres objetivos ha caído perceptiblemente. Ocasionalmente, sin embargo, alguna medida de ayuda notificada o alguna ayuda ilegal podrían requerir que la Comisión lleve a cabo una investigación más en profundidad.

Reforma del sistema italiano de formación profesional (Italia) [293]

467. A raíz de una denuncia interpuesta en 2002 en la que se alegaba que la Región de Piamonte había concedido ayuda ilegal a entidades encargadas de realizar actividades de formación, se puso de manifiesto que el régimen se aplicaba a todo el sistema italiano de formación profesional, ya que su principal fundamento jurídico era una ley nacional. En consecuencia, la Comisión tomó la determinación de ampliar su evaluación al régimen nacional al decidir incoar el procedimiento de investigación formal.

468. El objetivo de la medida era ayudar a los beneficiarios a alcanzar determinados requisitos de calidad asociados a la reforma del sistema italiano de formación profesional, que en ese momento se estaba llevando a cabo. La medida consistía en subvenciones destinadas a compensar diversos tipos de costes incurridos por los beneficiarios, que eran tanto entidades públicas como privadas, con y sin ánimo de lucro. Además, estas entidades desarrollaban actividades de formación profesional tanto en el marco del sistema educativo nacional italiano (formación institucional de finalidad social destinada a los individuos) como en el mercado libre, destinada a empresas y sus empleados. Sobre la base de la jurisprudencia pertinente de la UE, se consideró que el primer caso no constituía una actividad económica. Además, se impuso a los beneficiarios la obligación de presentar una contabilidad separada que discrimine entre costes y ayudas afines con arreglo a los ámbitos de actividad anteriores.

469. En consecuencia, en su decisión final adoptada el 28 de febrero, la Comisión concluyó que una gran parte de las actividades en cuestión no era de naturaleza económica, por lo que se consideró que las compensaciones relacionadas con estas actividades no eran constitutivas de ayuda estatal. Sin embargo, se consideró ayuda estatal la financiación pública relacionada con las actividades económicas desarrolladas. La Comisión llegó a la conclusión de que una parte de la ayuda era compatible al amparo de la exención por categorías para las ayudas a la formación y al empleo, si bien estimó que el resto de la ayuda era incompatible y ordenó su recuperación de los beneficiarios.

Ford Genk (Bélgica) [294]

470. El 22 de junio, las autoridades belgas notificaron una propuesta de ayuda a la formación destinada a Ford-Werke GmbH, empresa perteneciente al grupo Ford Motor Company , con sede en Genk, Bélgica. La ayuda consiste en ayuda “ad hoc” procedente de la Comunidad Flamenca por un total de 12,28 millones de euros, destinada a cubrir los costes subvencionables a lo largo de un periodo de tres años (2004 a 2006). Los costes subvencionables totales del proyecto de formación (incluida la formación general y específica) ascienden a 33,84 millones de euros. La Comisión incoó un procedimiento de investigación formal ante las serias dudas que albergaba de que la ayuda prevista cumpliera las condiciones establecidas en el reglamento sobre ayudas a la formación. Estas dudas se refieren tanto a la elegibilidad de determinados costes (especialmente por lo que se refiere al efecto incentivador de la ayuda), como a la clasificación de gastos propuesta (“formación general” frente a “formación específica”).

Deducciones IRAP (Italia) [295]

471. El 7 de diciembre, la Comisión autorizó determinados incentivos fiscales para empresas adoptados por Italia en virtud del Decreto Ley sobre competitividad (14/03/2005 Nº 80). El régimen establece reducciones del impuesto italiano sobre actividades productivas regionales (IRAP) y pretende fomentar la creación de puestos de trabajo, especialmente en el Sur de Italia. El coste presupuestario (ingresos que se dejan de percibir) asciende a unos 846 millones de euros.

472. El objetivo de la medida es fomentar la creación de puestos de trabajo mediante la reducción de los costes laborales soportados por las empresas, a través de deducciones anuales en la base impositiva del IRAP por cada puesto de trabajo de nueva creación. Las empresas que operen en regiones beneficiarias de ayudas pueden acogerse a mayores deducciones. Para calcular la creación neta de empleo, la medida sólo toma en consideración los contratos indefinidos, con lo que se garantiza que los nuevos puestos de trabajo son estables y se mantienen durante un periodo razonablemente prolongado.

473. Un asunto sobre el IRAP está pendiente de resolución en el Tribunal de Justicia, al que se ha solicitado que se pronuncie, con carácter prejudicial, sobre si un impuesto como el IRAP es compatible con la prohibición de la UE de los impuestos nacionales sobre el volumen de negocios distintos del IVA. No obstante, ello no es óbice para que la Comisión adopte una decisión sobre esta medida por la que se autoriza a Italia a aplicar el IRAP. De hecho, la medida tiende a una eliminación gradual del impuesto, dando prioridad a la exclusión de los costes laborales de la base impositiva, de manera que esta autorización no influirá en la situación actual.

474. Por consiguiente, en su evaluación, la Comisión concluyó que, habida cuenta de que Italia tiene derecho a aplicar el IRAP, la medida cumplía con todas las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) nº 2204/02 relativo a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales para el empleo y consideró que la medida es compatible con las normas sobre ayudas estatales, dado que fomenta la creación de puestos de trabajo principalmente en regiones asistidas (Mezzogiorno), en las que la tasa de desempleo sigue siendo elevada en relación con otras partes de Italia.

10. AYUDAS FISCALES

Sociedades gibraltareñas exentas (Reino Unido) [296]

475. El 19 de enero, la Comisión propuso la adopción de medidas oportunas al Reino Unido para eliminar la legislación sobre sociedades exentas de Gibraltar. Una vez que estas medidas oportunas fueron formalmente aceptadas por el Reino Unido el 18 de febrero, pasaron a ser de obligado cumplimiento. Al amparo de este régimen, las “empresas exentas” no abonaban impuestos sobre sus beneficios, sino que estaban sujetas a un impuesto anual fijo de entre 225 y 300 libras esterlinas (aproximadamente entre 350 y 500 euros). Ningún gibraltareño ni residente en Gibraltar podía poseer participación alguna en las acciones de una sociedad exenta ni podía desarrollar una actividad comercial en Gibraltar.

476. El régimen constituía ayuda estatal puesto que la exención del impuesto sobre los beneficios confería una ventaja a las sociedades exentas frente a las empresas sujetas al tipo estándar del 35% del impuesto de sociedades de Gibraltar. Además, se circunscribía a aquellas sociedades que desarrollaban sus actividades exclusivamente en el extranjero ( offshore ) con lo que se falseaba el comercio y la competencia entre Estados miembros. Habida cuenta de que el régimen era anterior a la adhesión del Reino Unido a la UE, se consideró ayuda existente en relación con la cual la Comisión ha de seguir un procedimiento de cooperación con el Estado miembro y no puede ordenar la recuperación.

477. Las medidas propuestas por la Comisión eliminarán el régimen antes de que finalice 2010, e impondrán límites estrictos a las actuales empresas beneficiarias modificando su estructura de propiedad y sus actividades. Esta era la primera ocasión en que la Comisión imponía tales límites en un asunto de ayuda estatal. Sólo se admitirán nuevos operadores en el régimen durante un breve periodo transitorio de menos de 18 meses, y sólo en casos muy aislados. Por otra parte, las ventajas para los nuevos operadores concluirán en diciembre de 2007, en lugar de diciembre de 2010 para los beneficiarios ya existentes. El periodo de transición de cinco años para los beneficiarios ya existentes de ayudas fiscales en vigor refleja la práctica habitual de la Comisión en casos similares[297].

Fondo de reserva exento de impuestos en Grecia [298]

478. El 20 de octubre, la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal y en la misma decisión emitió por primera vez un requerimiento de suspensión sobre el fondo de reserva exento de impuestos de Grecia. Se autorizaba a empresas con actividades en diversos sectores (textil, metales básicos, fabricación de automóviles, generación eléctrica, minería, agricultura y pesca intensivas, grandes empresas comerciales internacionales y determinadas empresas del sector turístico) a reducir su base impositiva hasta en un 35% de sus beneficios. Los fondos de reserva generados se destinaron a financiar inversiones y otros proyectos tales como la ampliación y modernización de de instalaciones y edificios, la compra de nuevos equipos o vehículos, la realización de inversiones de finalidad ambiental, los costes de arrendamiento financiero, estudios, formación, registro de patentes, planes de reestructuración y otros muchos.

479. Esta medida es constitutiva de ayuda estatal, ya que exonera parcialmente del pago del impuesto de sociedades a empresas que operan en sectores específicos y que realizan actividades comerciales transfronterizas. Además, la Comisión concluyó de forma preliminar que el régimen no cumple las condiciones de compatibilidad establecidas en las normas pertinentes sobre ayudas estatales.

480. La medida es ilegal porque no se notificó a la Comisión. Al formar parte del sistema fiscal griego la medida era directamente aplicable, por lo que eran miles las empresas que podían dirigirse directamente a las autoridades fiscales para acogerse a su beneficio. Con el fin de detener inmediatamente su aplicación y evitar un falseamiento cada vez mayor de la competencia, la Comisión ordenó a Grecia que suspendiese inmediatamente la concesión de ayudas estatales hasta que se adopte una decisión definitiva.

Incentivos fiscales para los mecanismos especializados de inversión en empresas de escasa capitalización (Italia) [299]

481. El 6 de septiembre, la Comisión adoptó una decisión negativa por la que ordenaba la recuperación de ayudas concedidas en aplicación de un régimen fiscal italiano que pretendía reducir del 12,5% al 5 % el tipo impositivo nominal de los ingresos percibidos por determinadas estructuras de inversión colectiva especializadas en la toma de participaciones en empresas de poca o escasa capitalización (“ small caps ”). Las estructuras de inversión a las que se aplicaban los incentivos fiscales eran tanto sociedades de tipo SICAV como estructuras contractuales, que no están constituidas en sociedad, sino que son gestionadas por intermediarios financieros que constituyen empresas con arreglo a las normas de competencia. Las sociedades en cuestión eran empresas cotizadas en un mercado de valores regulado de Europa y cuya capitalización era inferior a 800 millones de euros.

482. Aunque formalmente el régimen está abierto a todas las estructuras especializadas, se consideró que constituía una subvención indirecta que favorecía a (i) los intermediarios financieros que establecen instrumentos de inversión consagrados a invertir en acciones de empresas cotizadas de escasa capitalización, especialmente de las empresas de gestión y a (ii) las propias empresas de escasa capitalización que tendrían acceso a capital en condiciones más favorables que el resto de las empresas. La Comisión concluyó también que la ayuda era incompatible con el mercado común, ya que no se destinaba a lograr objetivos de desarrollo o a la creación de empleo. La ayuda se llevó a cabo sin autorización previa y la Comisión ordenó la recuperación de los incentivos fiscales recibidios por los intermediarios financieros. La decisión es interesante porque aclara que (i) los incentivos fiscales que favorezcan a determinados productos financieros pueden constituir ayuda indirecta para las empresas que promuevan y reciban las inversiones, y que (ii) los intermediarios financieros han de reembolsar todo incentivo fiscal que sea considerado ayuda estatal.

Incentivos fiscales en favor de empresas de reciente cotización bursátil (Italia) [300]

483. El 16 de marzo, la Comisión decidió que un régimen italiano por el que se reducen los tipos impositivos nominales y efectivos aplicados a empresas cotizadas en un mercado de valores regulado de la UE en 2004 constituía una ayuda incompatible con el mercado común. Italia aplicó este régimen fiscal especial mediante su ley presupuestaria de 2004 con objeto de animar a las empresas a cotizar en los mercados de valores. El régimen contemplaba la deducción de los gastos de cotización de los ingresos imponibles (además de la deducción fiscal habitual) y una reducción del 13% del tipo del impuesto de sociedades para estas empresas durante tres años.

484. La decisión es interesante ya que aclara el concepto de selectividad de las medidas fiscales para las empresas. La Comisión decidió que, aunque el régimen se encontraba formalmente abierto a todas las empresas cotizadas en los mercados de valores de la UE, los incentivos han de ser considerados ayuda estatal porque sólo se concedían a las empresas que podían cotizar dentro del restringido espacio temporal permitido por la legislación italiana. La Comisión estimó que los incentivos condujeron a la exención parcial de los ingresos obtenidos por los beneficiarios en los tres años siguientes a su cotización en bolsa; un incentivo fiscal desproporcionado con el objetivo de fomentar que otras empresas coticen por primer vez. El hecho de que sólo se pudieran acoger a una reducción fiscal significativa las empresas cotizadas en 2004 favoreció a algunas de las empresas de mayor crecimiento de Italia, lo que podría perjudicar al comercio intracomunitario y a la competencia. Por último, la Comisión consideró que, dado que la ayuda no se concedía en relación con inversiones que podían considerarse como elegibles para recibir ayudas al amparo de las normas sobre ayudas estatales, era incompatible con el mercado único. Habida cuenta de que la ayuda se había adoptado sin la autorización previa de la Comisión, la decisión final ordena la recuperación de los incentivos fiscales otorgados.

Sociedades holding exentas “1929” (Luxemburgo) [301]

485. El 20 de octubre, la Comisión propuso la adopción de medidas oportunas con respecto a la normativa de Luxemburgo en materia de sociedades holding exentas “1929”. Esta normativa establece que las sociedades holding registradas en Luxemburgo al amparo de las fórmulas especiales para sociedades holding exentas están libres del pago del impuesto de sociedades aplicado a los dividendos, intereses, derechos y otros ingresos, siempre que sólo ejerzan determinadas actividades como las de financiación, concesión de licencias, gestión y coordinación dentro del grupo multinacional al que pertenezcan. La evaluación de la Comisión se aceleró mediante la inclusión en 2003 del régimen de sociedades holding exentas en la lista de medidas fiscales perniciosas que incumplen el Código de conducta del Consejo sobre la fiscalidad de las empresas. La revisión se llevó a cabo en el marco del procedimiento de cooperación aplicable a las medidas vigentes antes de la entrada en vigor del Tratado CEE.

486. La Comisión consideró que las exenciones fiscales constituyen una ayuda incompatible con el mercado común y estimó que favorecen exclusivamente a las sociedades holding que desarrollan determinadas actividades específicas y que pueden falsear gravemente la competencia, ya que los servicios financieros que suelen prestar este tipo de sociedades se desarrollan en mercados internacionales en los que la competencia es intensa. La Comisión considera que los incentivos fiscales eran ayuda de funcionamiento, ya que exoneraban a los beneficiarios del pago de cargas que se solían aplicar a las empresas en Luxemburgo, sin contribuir al desarrollo económico o a la creación de empleo. Al cerrar el procedimiento de cooperación, la Comisión invitó a Luxemburgo a derogar las exenciones. Dado que la ayuda se considera existente, la Comisión sólo puede solicitar que se introduzcan cambios en el futuro, pero no puede incidir en el pasado.

La Comisión cierra la investigación en materia de ayudas estatales sobre los incentivos fiscales para los clubes deportivos en Italia (la ley denominada “Salvacalcio’)

487. En noviembre de 2003, la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal respecto de las medidas legislativas adoptadas por Italia (la denominada ley ‘Salvacalcio’), que modificaban las normas contables aplicadas a los clubes deportivos profesionales concediéndoles determinadas ventajas fiscales. Ante las dudas expresadas por la Comisión, las autoridades italianas acordaron modificar las medidas con objeto de eliminar cualquier incidencia sobre la fiscalidad. Las modificaciones se introdujeron mediante la Ley Nº 62 de 18 de abril, que permitió a la Comisión concluir el 22 de junio[302] que las medidas modificadas ya no constituían ayuda estatal. Este asunto hace hincapié en que, no obstante la actitud positiva de la Comisión a favor de la promoción del deporte, los clubes deportivos desarrollan importantes actividades económicas y, como cualquier otra empresa, han de cumplir la normativa sobre ayudas estatales.

Exención del impuesto sobre los contratos de seguros distintos de los de salud en favor de sociedades mutuas y mutualidades de previsión social (Francia) [303]

488. El 2 de marzo, la Comisión adoptó medidas por las que instaba a Francia a derogar, antes del 1 de enero de 2006, la exención fiscal respecto de los contratos de seguro celebrados por sociedades mutuas y mutualidades de previsión social en el caso de riesgos de seguro distintos de los de salud.

489. En Francia los contratos de seguro celebrados por sociedades mutuas regidos por el Código relativo a las sociedades mutuas y las mutualidades de previsión social no estaban sujetos al impuesto aplicable a los contratos de seguro. La Comisión consideró que esta exención constituía ayuda estatal al conferir una ventaja a las sociedades mutuas y a las mutualidades de previsión social de la que no gozan otras empresas de seguros, tanto francesas como extranjeras, con las que compiten.

490. Habida cuenta de que las autoridades francesas aceptaron las medidas oportunas, se ha puesto fin al falseamiento de la competencia entre las sociedades mutuas y las mutualidades de previsión social, por una parte, y las compañías de seguros, por otra. La recomendación de la Comisión y su aplicación por parte de Francia es la continuación de la iniciativa adoptada el 13 de noviembre de 2001[304], en la que Comisión instó a Francia a poner fin a la exención del impuesto sobre los contratos de seguro en el caso de los riesgos de seguro distintos de los de salud que concedía a las sociedades mutuas y a las mutualidades de previsión social. En respuesta a esta propuesta, Francia sustituyó la exención específica para las sociedades mutuas y las mutualidades de previsión social por una exención para los denominados contratos “solidarios” de seguro de salud, es decir, aquellos contratos celebrados sin realizar un examen médico previo, independientemente de la situación del organismo que ofrece la cobertura. El 2 de junio de 2004[305] la Comisión consideró que esta última exención era compatible con las normas sobre ayudas estatales.

Incentivos fiscales para la adquisición de empresas industriales en crisis (Francia) [306]

491. El 1 de junio, la Comisión autorizó un nuevo régimen francés de incentivos fiscales para la adquisición de empresas industriales en crisis. La ayuda adopta la forma de reducciones en el impuesto de sociedades, el impuesto de actividades económicas ( taxe professionnelle ), y el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria ( taxe foncière )[307]. El importe de la ayuda varía dependiendo del número de puestos de trabajo creados y de la región en que la tiene lugar la adquisición. En las regiones menos favorecidas, la ayuda se concede a todas las empresas, mientras que en las demás regiones se circunscribe a las pequeñas y medianas empresas.

492. La Comisión consideró que el régimen es compatible con las Directrices sobre ayudas de finalidad regional[308] y el Reglamento sobre ayudas a las PYME[309], y exigió que los empleos generados se mantengan al menos durante un periodo de cinco años.

493. El régimen sustituye a otro anterior al amparo del cual las ayudas destinadas a la adquisición de empresas en crisis no estaban supeditadas a un límite máximo, ni se exigía la creación de puestos de trabajo. Por esta razón, se consideró que este último régimen era incompatible con las normas sobre ayudas estatales de la UE.[310]

11. AYUDAS PARA REPARAR LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR DESASTRES NATURALES

Inundaciones durante el verano de 2005 (Alemania y Austria) [311]

494. En el mes de agosto se produjeron varias inundaciones de proporciones desconocidas en Alemania y Austria. En algunas provincias, las autoridades locales registraron niveles de agua que no se habían conocido en los últimos 50-300 años, lo que provocó daños considerables en las infraestructuras públicas, los hogares y las empresas situadas en las provincias afectadas. Con el fin de reparar parcialmente los perjuicios causados a las empresas por este desastre natural, los gobiernos de Austria y Alemania notificaron a la Comisión varios regímenes de ayudas.

495. En todos los asuntos notificados, la Comisión decidió no formular objeciones y autorizar las ayudas sobre la base del artículo 87.2.b). La Comisión basó su evaluación en los siguientes principios rectores : con el fin de evitar que una empresa saliera mejor parada que antes tras recibir la ayuda por desastre natural, debía descartarse rigurosamente la sobrecompensación; por tanto, sólo se consideró subvencionable el daño material provocado, y en ningún caso se rebasó la compensación máxima del 100 % de estos costes. Para verificar que efectivamente quedaba descartada la sobrecompensación debía establecerse un mecanismo para determinar hasta qué punto el daño podía haber quedado cubierto por el seguro y garantizar que no se rebasara el límite máximo de ayuda. En todos los casos, el concepto de daño se basó en los costes de refinanciación o en el valor de sustitución. Las pérdidas efectivas y las ganancias no percibidas por las interrupciones temporales del proceso de producción y la pérdida de pedidos, clientes o mercados no se consideraron subvencionables.

12. OTROS SECTORES: SANIDAD, SERVICIOS POSTALES, DEFENSA

Reforma del sistema del seguro de enfermedad de los Países Bajos [312]

496. El 3 de mayo, la Comisión autorizó una financiación pública de 15 000 millones de euros para una reforma radical del sistema del seguro de enfermedad de los Países Bajos. El objetivo de la reforma es garantizar el acceso de todos los ciudadanos al seguro de enfermedad al tiempo que se promueve la eficiencia y la sostenibilidad financiera del sistema sanitario. A tal fin, las autoridades han establecido un mecanismo de equivalencia de riesgos entre aseguradores y apoyan la transformación del sistema proporcionando capital inicial a determinados aseguradores.

497. La nueva ley sobre el seguro de enfermedad creará un mercado único para los seguros médicos privados en los Países Bajos. Con objeto de garantizar la solidaridad, el Gobierno neerlandés obligará a los aseguradores a aceptar a todos los ciudadanos e impedirá diferenciar las primas. En primer lugar, para compensar a los aseguradores por estas obligaciones de servicio público, las autoridades neerlandesas introducirán un sistema que pretende neutralizar los distintos perfiles de riesgo de los aseguradores de la sanidad derivados de sus diferentes carteras de clientes. Aunque la Comisión no estaba convencida de que la medida reuniera las condiciones establecidas en la sentencia del Tribunal de Justicia de la CE en el asunto Altmark, calificó la medida de compatible con el mercado común con arreglo al artículo 86, apartado 2.

498. En segundo lugar, como medida excepcional, los fondos de enfermedad serán autorizados a transferir sus reservas financieras al nuevo sistema de mercado en forma de capital inicial. Las cajas de enfermedad, que se convertirán en compañías de seguros privadas normales, necesitan estas reservas para cumplir los requisitos de solvencia exigidos a las compañías de seguros médicos. Al reformar el sistema sanitario, el Gobierno neerlandés está ajustándose a una de las prioridades de la Estrategia de Lisboa, concretamente la de tratar de garantizar una sanidad sostenible y viable desde el punto de vista financiero y una protección a largo plazo. La Comisión consideró que esta medida era necesaria y proporcional y, por tanto, concluyó que era compatible con el mercado común con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c).

Creación de Banque Postale (Francia) [313]

499. Tras su notificación por las autoridades francesas, la Comisión examinó varias medidas que formaban parte de la cesión del negocio financiero del servicio de correos, La Poste (LP), a su filial, Banque Postale (BP).

500. La Comisión examinó si los fondos propios cedidos a BP, en consonancia con las normas contables aplicables a este tipo de operaciones, correspondían a los fondos propios asignados actualmente a los servicios financieros de LP. Al no haber capital adicional de LP, la Comisión consideró que, habida cuenta de la situación vigente en la fecha de la cesión, esta medida no era constitutiva de ayuda estatal. La verificación de si el capital de BP era suficiente para el volumen y la naturaleza de su negocio no incumbía a la Comisión, sino a las autoridades nacionales de supervisión cautelar.

501. Asimismo, la Comisión comprobó, sobre la base de la jurisprudencia pertinente[314], que BP no iba a recibir ninguna ventaja económica a través de la remuneración abonada a LP por la prestación de servicios. En concreto, analizó si se habían establecido mecanismos para evitar la transferencia de las posibles ventajas de LP con objeto de impedir fugas entre LP y su filial. Entre otras cosas, las autoridades francesas se comprometieron a garantizar que BP se financiará estrictamente en condiciones de mercado. Además, la Comisión verificó si la remuneración se había calculado sobre la base de la contabilidad analítica de LP y se había fijado de acuerdo con principios aplicados de forma sistemática y justificables objetivamente.

502. El 21 de diciembre, la Comisión aprobó la cesión del negocio financiero de LP al estimar que no iba a conferir ninguna ventaja económica a BP. Otras medidas accesorias no ligadas directamente a la cesión, tales como el derecho especial a distribuir la libreta A (una cuenta de ahorros exenta de impuestos), la garantía estatal ilimitada concedida a LP y los sistemas de pensiones para los funcionarios de LP transferidos a BP serán examinadas por separado.

Hellenic Vehicle Industry S.A - ELVO

503. El 7 de diciembre, la Comisión incoó el procedimiento de investigación formal en un asunto relativo a una ayuda no notificada a Hellenic Vehicle Industry S.A. – ELVO[315], fabricante griego de automóviles civiles y militares y principal proveedor del Ejército griego. En 1999, el Gobierno griego aprobó la condonación de las deudas de la empresa con el sector público del periodo 1989-1999. Según Grecia, la ayuda, que se eleva a 3,5 millones de euros, benefició sólo a la producción militar de ELVO y, por tanto, estaría cubierta por el artículo 296 CE, que establece una excepción a la prohibición general de las ayudas estatales por razones ligadas directamente a intereses esenciales de seguridad nacional. Sobre la base de la información disponible, la Comisión considera, no obstante, que sólo una parte de la ayuda iba destinada a la producción militar y entra en el ámbito de aplicación del artículo 296 CE. El resto de la ayuda ha de examinarse con arreglo a las normas sobre ayudas estatales.

13. AGRICULTURA

Impuesto sobre el fósforo mineral en los fosfatos destinados a la alimentación animal (Dinamarca)

504. El 19 de enero, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a un nuevo impuesto con el que Dinamarca se propone gravar el fósforo contenido en los alimentos, que pretende reducir el uso de fósforo en la agricultura[316]. Para no elevar el nivel general de impuestos en el sector agrario danés, como contrapartida de esta medida se reducirá la contribución territorial rústica. Se consideró que el régimen no era constitutivo de ayuda estatal a los agricultores. Se estimó que una reducción general de la contribución territorial rústica es la vía más eficiente desde el punto de vista administrativo para redistribuir los ingresos del impuesto sobre el fósforo aplicado en el sector agrario. La contribución territorial se reducirá en todos los sectores de la agricultura, no sólo en los que utilizan piensos animales y pagan el impuesto sobre el fósforo, lo que, al menos en teoría, podría suponer una ventaja para los productores vegetales. No obstante, basándose en la lógica medioambiental del régimen y en que las normas sobre ayudas estatales aluden de forma explícita a la contribución territorial como una forma de contrarrestar los nuevos impuestos medioambientales, la Comisión decidió no formular objeciones aun cuando el régimen pudiera suponer tal ventaja. El promedio de reducción del impuesto por agricultor es también muy limitado (aproximadamente 700 DKK (95 euros) al año).

Plan nacional de ayuda a las zonas LFA (Finlandia)

505. El 16 de marzo, la Comisión aprobó una nueva ayuda estatal[317] que iba a combinarse con un régimen vigente de ayudas a las zonas menos favorecidas, cofinanciado por la UE en el marco del programa finlandés de desarrollo rural. La ayuda consiste en un pago básico de 20 euros por hectárea en las zonas subvencionables A, B y C1, y de 25 euros por hectárea en las zonas subvencionables C2-C4. Pueden recibir este pago básico todas las zonas aptas para el pago cofinanciado. Además, las explotaciones de cría de ganado reciben un pago adicional de 80 euros por hectárea.

506. La Comisión se aseguró de que la suma total (cofinanciación, nuevo pago básico y nuevo pago adicional) no excediera de un promedio de 250 euros por hectárea. El importe del nuevo pago básico y del pago adicional serán objeto de supervisión anual. En su caso, se reducirán proporcionalmente en todo el país para que no se rebase el promedio máximo de 250 euros por hectárea. La Comisión concluyó que los pagos combinados a zonas menos favorecidas en Finlandia se ajustan a la legislación comunitaria, en particular al punto 6 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario[318] y a los artículos 14 y 15 del Reglamento (CE) nº 1257/99[319], por las siguientes razones: la distribución geográfica de los pagos permite que se beneficien más las zonas con menos renta; los sectores con problemas estructurales especiales debidos a desventajas naturales reciben más ayuda; no hay sobrecompensación si los pagos se comparan con los de regiones similares en la UE.

Recogida y eliminación de residuos cárnicos en 2003 (taxe d’équarrissage) (Francia)

507. El 5 de julio, la Comisión aprobó una ayuda estatal de aproximadamente 325 millones de euros concedida en el marco del sistema de servicio público de recogida y eliminación de harinas de carne y de transporte y eliminación de cadáveres animales y residuos de matadero en 2003[320]. Al mismo tiempo, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal establecido en el artículo 88, apartado 2, en relación con una ayuda concedida a cierto comercio de carnes consistente en una exención del impuesto de recogida y eliminación de residuos cárnicos en 2003. Francia siguió eximiendo a determinadas empresas del pago del impuesto, tal y como hizo entre 1997 y 2002. Esta exención era aplicable a las empresas con un volumen de negocios inferior a 762 245 euros en el año natural precedente. El impuesto de recogida y eliminación de residuos cárnicos se aplicaba sobre la base del volumen de negocios total de la empresa, no en función de las ventas de carnes. Por tanto, algunas empresas podían quedar exentas del impuesto a pesar de vender más carne que otras empresas que tuvieran, por la venta de cualquier otro producto, un volumen de negocios superior. Esta exención no parecía justificada por la naturaleza del sistema fiscal y, por tanto, podía ser constitutiva de ayuda estatal. Además, podía tratarse de una ayuda de funcionamiento incompatible porque la reducción fiscal carecía de elemento incentivador y de contrapartida del beneficiario. Esta posición está en consonancia con la que fijó la Comisión en su Decisión de diciembre de 2004 sobre este impuesto[321].

Plans de Campagne (Francia)

508. El 20 de julio, la Comisión incoó el procedimiento de investigación formal con respecto a una posible ayuda estatal ilegal concedida por Francia entre 1991 y 2002 en el sector de frutas y hortalizas[322]. La ayuda se otorgó mediante «planes de contingencia» anuales (plans de campagne). Incluía medidas concebidas para contrarrestar el exceso de oferta de frutas y hortalizas francesas en el mercado interior mediante ayudas a los precios, al almacenamiento temporal, a la destrucción o al tratamiento de productos. También es posible que se hubieran concedido ayudas a las ventas de productos franceses fuera de la Unión Europea en tiempos de crisis. Al parecer, el apoyo alcanzó cifras tan elevadas como 50 millones de euros anuales.

509. La Comisión dudaba de que estas medidas pudieran considerarse compatibles con las normas de competencia, pues al parecer interferían con el correcto funcionamiento de la organización común del mercado de las frutas y hortalizas. Se espera una decisión definitiva a lo largo de 2006.

Apoyo a las agrupaciones de productores de plátanos (Guadalupe y Martinica)

510. El 6 de septiembre, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a una ayuda estatal de aproximadamente 1,41 millones de euros concedida mediante préstamos bonificados a agrupaciones de productores para complementar unas medidas de reestructuración en el sector del plátano[323]. La ayuda, concedida a agrupaciones de productores con dificultades financieras, no reunía las condiciones establecidas en la legislación comunitaria sobre ayudas de reestructuración, pues los importes en cuestión eran demasiado reducidos para una verdadera reestructuración del sector del plátano, y las medidas previstas (mejor concentración de la oferta) no podían considerarse un plan de reestructuración creíble. La Comisión autorizó la medida como ayuda de funcionamiento utilizando la base jurídica especial aplicable a las regiones en las que se concedió la ayuda, que permite que se otorguen ayudas de funcionamiento para compensar la combinación de desventajas que entorpecen seriamente el desarrollo económico en regiones ultraperiféricas.

Medidas de protección del ganado atacado por depredadores (Toscana, Italia)

511. El 6 de septiembre, la Comisión aprobó por vez primera una ayuda estatal para sufragar el coste de las primas de seguros por los daños provocados a los ganaderos como consecuencia de ataques de depredadores como lobos u osos[324]. Estas medidas tienen por finalidad la protección del ganado (bovino, ovino, caprino y equino) criado en las proximidades de parques naturales, expuesto a la depredación. Las pérdidas en cuestión se limitan a la muerte de los animales y los abortos debidos al ataque de depredadores. Además, la Comisión concluyó que las ayudas para la financiación de inversiones de prevención y protección, tales como la construcción o reestructuración de establos, los sistemas de alerta fotográfica y la construcción de cercados para animales son compatibles con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario. La ayuda se autorizó para combinar la salvaguardia de especies protegidas con la reducción de los riesgos por pérdidas a los ganaderos.

Fondo de solidaridad para la compensación de condiciones meteorológicas adversas (Italia)

512. El 7 de junio, la Comisión decidió no formular objeciones respecto a una nueva ley marco para la concesión de ayudas estatales de aproximadamente 100 millones de euros anuales para compensar a los agricultores por diversas pérdidas ocasionadas por condiciones metereológicas adversas[325]. La nueva ley establecerá una base jurídica coherente para la futura compensación de condiciones metereológicas adversas mediante fondos del Gobierno central. Un cambio sustancial con respecto a la situación anterior será que los agricultores que puedan obtener un seguro (subvencionado) no recibirán más compensación. De esta manera se animará a los agricultores a suscribir seguros, facilitando de este modo la planificación del gasto público. El Gobierno italiano tiene previsto gastar aproximadamente 100 millones de euros anuales en compensación directa y otros 100 millones de euros como subsidio a los contratos de seguros.

Holland Malt (Países Bajos) [326]

513. El 3 de mayo, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto al proyecto de subvención, en el mercado neerlandés de la malta, de un proyecto de inversión de Holland Malt BV (colaboración entre Bavaria NV y Agrifirm, una cooperativa de agricultores de cereales) para el establecimiento de una maltería. En la maltería se integraría toda la cadena de almacenamiento y tratamiento de cebada cervecera así que la producción y el comercio de malta.

514. La Comisión decidió iniciar el procedimiento de investigación formal al dudar de que la ayuda prevista fuera compatible con el mercado común, por las siguientes razones:

515. En base a la información disponible, la Comisión no podía descartar que el mercado de la malta registrara un exceso de capacidad;

516. Holland Malt había alegado que proporcionaría malta premium para la producción de cerveza premium y aseguróque el mercado de esta calidad de malta y cerveza está aún en proceso de expansión.

517. No obstante, no queda claro si los conceptos de malta premium y cerveza premium son meros conceptos de mercadotecnia y no corresponden a un mercado de producto separado en el que cabría descartar un exceso de capacidad.

Tasa sobre el cambio climático (Reino Unido)

518. El 20 de julio, la Comisión autorizó un régimen de ayudas para conceder al sector agrario una desgravación fiscal de 687 millones de euros sobre un periodo de 10 años[327]. La desgravación de la tasa sobre el cambio climático, del 50 % para la horticultura y del 80 % para la agricultura, cubierta por los acuerdos IPPC (Prevención y Control Integrados de la Contaminación), permite al sector agrario del Reino Unido asumir el aumento del precio de la energía como consecuencia del impuesto al tiempo que contribuye a cumplir los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 del Reino Unido y también de la Unión Europea.

519. La tasa sobre el cambio climático, que grava el uso no doméstico de energía, se introdujo en el Reino Unido en 2001 para cumplir los objetivos de Kioto. Se ofreció a las industrias intensivas en energía un descuento considerable, del 80 %, durante un periodo de 10 años, para la adaptación al nuevo entorno, la mejora de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Los sectores agrarios afectados por esta decisión (cerdos,aves de corral, alimentos y bebidas) han suscrito acuerdos IPPC y se han comprometido a cumplir objetivos de reducción de las emisiones y de eficiencia energética. El Reino Unido vela por la supervisión estricta de los compromisos.

520. En el futuro, la pérdida de la desgravación fiscal junto con la obligación de la empresa de recuperar el atraso en el cumplimiento de los objetivos constituye un mecanismo eficaz para impulsar a las empresas a respetar los acuerdos y cumplir los objetivos fijados. El mecanismo de recuperación, proporcional a los objetivos no alcanzados al final del periodo de referencia del acuerdo, se complementa con un sistema de penalización. Los acuerdos se revisan periódicamente. Al evaluar las ayudas multisectoriales en el contexto de los impuestos sobre la energía, la Comisión aceptó la igualdad de trato a la agricultura con respecto a otros sectores sujetos a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente. Los acuerdos IPPC se aprobaron con arreglo al punto 51.1.a) de las Directrices.

521. Una medida especial separada que implica una desgravación del 50 % durante cinco años permite al sector hortícola compensar la pérdida de competitividad internacional derivada de la introducción de la tasa sobre el cambio climático. La base jurídica de esta medida es el punto 5.5.4 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario.

14. PESCA

522. Entre los casos en los que la Comisión adoptó decisiones en 2005 destacan los tres siguientes:

523. Una inversión de 3 millones de libras esterlinas realizada en el año 1999 y en el año 2000 en una empresa transformadora de pescado en las Islas Shetland, por la empresa Shetland Leasing and Property Ltd. (SLAP)[328]. La Comisión tuvo conocimiento de esta inversión a raíz de una denuncia. La investigación llegó a la conclusión de que los fondos utilizados para la inversión se derivaban de dos fondos gestionados por las autoridades de las Islas Shetland (Shetland Islands Council) y que la medida debía calificarse de ayuda estatal. Esta inversión constituía una ayuda de funcionamiento incompatible con el mercado común. No obstante, como el mismo tipo de financiación fue considerada como una participación privada en el ámbito de los fondos estructurales, no se exigió la recuperación de la ayuda por las expectativas legítimas de las autoridades y organismos implicados.

524. La Comisión aprobó un régimen de ayudas[329], notificado por el Reino Unido, de un millón de libras esterlinas, cuyo objetivo era proporcionar ayuda para un sistema de suscripción voluntaria que permitía a los criadores de salmón recoger y eliminar los residuos de pescado. En su decisión, la Comisión estimó que las Directrices comunitarias sobre la concesión de ayudas estatales en relación con las pruebas de detección de la EET, el ganado muerto y los residuos de los mataderos, que fueron adoptadas en el contexto de la crisis de la EEB, son igualmente aplicables a las ayudas estatales para los animales muertos de las piscifactorías.

525. A raíz de una tormenta excepcionalmente violenta en el Mar Báltico a principios de enero, la Comisión autorizó un régimen de ayudas[330] notificado por Letonia para compensar los daños sufridos por pescadores y piscicultores. La notificación de este tipo de regímenes de ayudas —por ejemplo, a raíz de una tormenta o de otro acontecimiento extraordinario como la contaminación— no es infrecuente, pero esta fue la primera notificación presentada por uno de los nuevos Estados miembros.

15. CARBÓN

526. La Comisión adoptó numerosas decisiones sobre ayudas estatales al carbón en 2005. En junio, autorizó los planes de reestructuración del sector del carbón en Alemania, Hungría y Polonia.

527. En enero, la Comisión aprobó los pagos anuales de las ayudas de Alemania para 2005. En marzo aprobó las ayudas estatales concedidas por Alemania en 2001 y 2002 a su industria del carbón (aunque eran ayudas ilegales al no haber sido notificadas). En junio autorizó las ayudas anuales de Eslovaquia para 2004 y las ayudas anuales de Polonia en el periodo 2004 – 2006. En julio autorizó una ayuda a una nueva mina de ortolignito en la República Checa sobre la base de las Directrices sobre ayudas regionales, pues el Reglamento del carbón no se aplica a este producto. Por último, la Comisión autorizó una ayuda al cierre de minas en la República Checa, una ayuda anual para minas en Eslovaquia en 2005 y una ayuda anual en Hungría para el periodo 2004-2006.

16. TRANSPORTE[331]

16.1. TRANSPORTE FERROVIARIO

528. El 3 de mayo, la Comisión autorizó a la República Checa[332] la concesión de una ayuda para facilitar la adquisición de nuevo material rodante ferroviario. Las autoridades checas garantizarán un préstamo de 45 millones de euros ofrecido por la empresa de financiación EUROFIMA a los ferrocarriles checos.La medida tendrá un efecto limitado sobre la competencia debido a las condiciones particulares de la garantía.. En primer lugar, los ferrocarriles checos están abonando intereses por el préstamo, aunque a un tipo más ventajoso que el vigente en el mercado, y pagando un precio por la garantía. En segundo lugar, la garantía sólo se aplica al transporte ferroviario de pasajeros, un sector que aún no está abierto a la competencia con arreglo a la legislación comunitaria.

529. El 7 de junio, la Comisión aprobó una medida adoptada en los Países Bajos[333] cuyo objetivo es conceder ayudas para promover la instalación del Sistema Europeo de Control de Trenes (ETCS: European Train Control System), un nuevo sistema de señalización y control de la velocidad, en los trenes de mercancías de la nueva línea ferroviaria denominada ruta Betuwe. El ETCS, nueva norma europea para el control de trenes, se instalará en esta línea por razones de seguridad. Las autoridades neerlandesas compensarán parcialmente los costes de incorporación del ETCS en las primeras locomotoras de una serie que entrará en servicio en la ruta Betuwe.

530. Por último, el 3 de marzo la Comisión aprobó una ayuda de reestructuración a SNCF Freight[334]. La medida formaba parte de un plan de reestructuración que permitirá restablecer la rentabilidad del transporte de mercancías de la SNCF. La Comisión consideró que el plan es compatible con la legislación comunitaria, pues la ayuda se limita al importe mínimo necesario y se complementa con medidas compensatorias como la reducción de capacidad y la apertura anticipada del mercado francés del transporte de mercancías por ferrocarril.

16.2. Transporte combinado

531. El 16 de marzo, la Comisión aprobó un régimen de ayudas belga[335] destinado a conceder subvenciones para la adquisición de equipos de transporte combinado en la región valona. El 5 de julio se autorizó otro régimen de ayudas belga[336] para promover los servicios del transporte combinado nacional. El régimen, de tres años de duración, beneficiará a los operadores de transporte combinado que utilizan servicios ferroviarios. La ayuda está concebida para compensar la diferencia de los costes externos entre el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril, especialmente elevadas cuando se trata de distancias cortas.

532. Además, la Comisión autorizó el 16 de marzo un régimen de ayudas alemán[337] destinado a fomentar la creación de nuevos servicios de transporte combinado y la adquisición de equipos específicos.

533. El 20 de abril, la Comisión aprobó un régimen de ayudas italiano[338] concebido para fomentar el cambio del transporte de vehículos industriales pesados de la carretera al mar. Con este objetivo, se concederán subvenciones a las empresas de transporte por carretera que utilicen rutas marítimas existentes o nuevas en vez de rutas de transporte por carretera. El régimen estará vigente durante tres años con un presupuesto de 240 millones de euros. Una de las condiciones para la concesión de la ayuda es que los beneficiarios deberán utilizar los servicios marítimos durante tres años adicionales tras la expiración del régimen.

16.3. Transporte por carretera

534. El 7 de diciembre, la Comisión decidió aprobar la ayuda ligada al plan de reestructuración del grupo ABX Logistics[339], de 176 millones de euros. La Decisión se basa en un plan de reestructuración que reduce en una medida significativa la capacidad del grupo ABX Worldwide, incluidas las sucursales ABX Alemania y ABX Países Bajos, restablece la viabilidad de todo el grupo y transfiere todo su capital a un inversor privado que debe actuar en el plazo de doce meses a partir de la Decisión. Las actividades de ABX Francia en el mercado nacional fueron privatizadas en 2005.

535. La Comisión decidió autorizar estas medidas, que deberían ser suficientes para restablecer la viabilidad del grupo ABX Worldwide, aun cuando deba venderse el grupo en su totalidad. Por esta razón, la Comisión condicionó la autorización del plan de reestructuración a la venta del grupo ABX a un inversor privado que, además del precio de mercado, debería asimismo aportar una contribución financiera sustancial al grupo.

16.4. Transporte aéreo

Alitalia (Italia)

536. El 7 de junio, la Comisión decidió que las recapitalizaciones de Alitalia y su filial de servicios no implican ayuda estatal siempre y cuando se cumplan estrictamente las condiciones establecidas para garantizar que el Estado actúa como un inversor privado. Por un lado, la participación minoritaria del Estado en la ampliación de capital de AZ Fly prevista, en 1 200 millones de euros, debe adquirirse al mismo precio y en las mismas condiciones que las de una inversión privada. A este respecto, la Comisión obtuvo una declaración de intenciones de un banco internacional en la que se garantiza la implicación efectiva y mayoritaria del sector privado en la operación. De este modo se asegurará que se cumple el compromiso contraído por Italia en julio de 2004 de privatizar la empresa. La recapitalización de la compañía aérea, limitada finalmente a unos 1 000 millones de euros, se hizo efectiva en diciembre sin que resultara necesario recurrir a la garantía facilitada por los bancos.

537. Por otro lado, la inversión de 216 millones de euros propuesta por la sociedad holding Fintecna para las operaciones en tierra de AZ Services debe ajustarse a las condiciones de mercado. La Comisión ha verificado mediante una investigación independiente si la inversión ofrece un rendimiento acorde con el que esperaría un inversor privado. Los primeros pasos de la recapitalización se dieron en diciembre, tal y como estaba previsto.

538. Al investigar la reestructuración, la Comisión ofreció a los terceros interesados la posibilidad de formular sus observaciones sobre cómo había utilizado Alitalia el préstamo de 400 millones de euros que la Comisión autorizó a Italia. A la luz de estas observaciones, la Comisión realizó un análisis completo de la actuación de Alitalia, incluido un examen independiente. El examen concluyó que no se había malversado la ayuda, que la capacidad de la compañía se ajusta a los compromisos contraídos y que las nuevas rutas son rentables.

Ryanair (Bélgica)

539. En su Decisión de 12 de febrero de 2004 sobre las ventajas concedidas por la región valona y la sociedad pública Brussels South Charleroi Airport (BSCA) a la compañía aérea Ryanair en relación con su establecimiento de Charleroi, la Comisión concluyó que podía autorizar determinados tipos de ayudas que permitan desarrollar nuevas rutas si determinadas condiciones son respetadas. No obstante, en la Decisión se indicaba asimismo que determinadas formas de ayuda no pueden autorizarse.

540. A este respecto, y en aplicación de la Decisión, las autoridades belgas acordaron con Ryanair en 2004 el ingreso de una parte de la ayuda incompatible —unos 4 millones de euros— en una cuenta bloqueada a la espera de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPICE) sobre el recurso de anulación de la Decisión de la Comisión presentado por la compañía aérea. Asimismo, Bélgica tuvo que denunciar a Ryanair ante un tribunal irlandés para recuperar los 2,3 millones de euros adicionales (el caso sigue pendiente).

541. El 9 de diciembre, también en el contexto del seguimiento de la Decisión Ryanair/Charleroi, la Comisión adoptó unas Líneas Directrices en respuesta a la reciente evolución del sector del transporte aéreo, sobre todo a raíz de la aparición de las compañías de bajo coste y la intensificación de la competencia entre los aeropuertos regionales . Estas Directrices[340] tienen por objetivo aportar más transparencia sobre las normas aplicables por la Comisión para autorizar o no las medidas de ayuda.

Olympic Airways (Grecia)

542. En septiembre, la Comisión concluyó asimismo su investigación de unas supuestas ayudas ilegales e incompatibles concedidas por Grecia a Olympic Airways. La Comisión concluyó que desde el 11 de diciembre de 2002 (fecha de su decisión previa sobre la compañía aérea griega) Olympic Airways y Olympic Airlines habían seguido recibiendo ayudas ilegales. Véase también, en la sección D, la referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia sobre la recuperación de estas ayudas.

543. Al incoar el procedimiento de investigación, la Comisión había expresado sus dudas sobre el continuo impago de deudas tributarias y de seguridad social por parte de Olympic Airways, así como sobre la manera en que se creó Olympic Airlines a finales de 2003.

544. En diciembre de 2003, todas las actividades que anteriormente realizaban Olympic Airways, Olympic Aviation y Olympic Macedonian dentro del grupo Olympic Airways se concentraron en una nueva entidad denominada Olympic Airlines. Tras un análisis exhaustivo de las finanzas de Olympic Airways y Olympic Airlines, la Comisión concluyó el 14 de septiembre que Grecia había concedido una ayuda ilegal e incompatible mediante una serie de medidas que incluían beneficios fiscales y de seguridad social, la sobrevaloración de los activos transferidos por Olympic Airways a Olympic Airlines, las subvenciones en efectivo otorgadas por el Estado a Olympic Airways y el arrendamiento de aeronaves a Olympic Airlines a precios por debajo del coste[341].

Infraestructura aeropuertaria (Alemania y Bélgica)

545. Asimismo, en 2005 la Comisión adoptó dos decisiones sobre la financiación de infraestructuras aeropuertarias. El 19 de enero, la Comisión decidió que un régimen de ayudas alemán[342] para la construcción y el desarrollo de aeropuertos regionales en regiones con deficiencias estructurales era compatible con la normativa comunitaria sobre ayudas estatales. El régimen permite la concesión de subvenciones exclusivamente para sufragar costes de inversión en infraestructuras aeropuertarias abiertas a todos los usuarios potenciales en condiciones de igualdad. No obstante, ninguno de los costes de la actividad operativa cotidiana del aeropuerto puede recibir apoyo financiero, ni tampoco ninguna inversión específica de una compañía aérea que utilice el aeropuerto en cuestión.

546. La otra Decisión relativa a infraestructuras aeropuertarias se refería a la creación de una sociedad público-privada para desarrollar y gestionar el aeropuerto internacional de Amberes, situado en Deurne[343]. El 20 de abril, la Comisión consideró que el importe de las contribuciones públicas y la elección de un socio comercial venían determinados en última instancia por un procedimiento de licitación abierto y no discriminatorio en el que se respetó el principio de igualdad de trato entre competidores y se garantizó que el nivel de la participación pública se limitaba al mínimo necesario.

C – EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES SOBRE AYUDAS ESTATALES

1. INTRODUCCIÓN

547. El Plan de Acción de Ayudas Estatales subraya que la efectividad y la credibilidad del control de las ayudas estatales presuponen una ejecución correcta de las decisiones de la Comisión, sobre todo en lo que respecta a la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles. El Plan de Acción anuncia que la Comisión tratará de conseguir una ejecución más efectiva e inmediata de las decisiones de recuperación que garantizará la igualdad de trato de todos los beneficiarios.

548. Durante 2005, la Unidad de ejecución y control de las decisiones de la DG Competencia siguió supervisando las medidas adoptadas por los Estados miembros para aplicar las decisiones de recuperación de la Comisión. El número de decisiones de recuperación pendientes de ejecución cayó de 94 el 31 de diciembre de 2004 a 75 el 31 de diciembre de 2005. Durante 2005, la Comisión adoptó doce nuevas decisiones de recuperación. En el mismo periodo se cerraron 31 casos de recuperación.

549. La distribución geográfica de los casos pendientes de recuperación permanece relativamente estable: Alemania sigue cubriendo el mayor número de casos pendientes (35 %). España, Italia y Francia cubren en conjunto otro 53 % de todos los casos pendientes de recuperación. No hay casos pendientes en dieciséis Estados miembros. Casi dos tercios de los asuntos pendientes de recuperación se refieren a ayudas individuales y los demás a regímenes de ayudas.

550. La información facilitada por los Estados miembros en cuestión muestra que en los últimos años se han recuperado importantes cantidades de ayudas ilegales e incompatibles. En 2005, la Comisión recibió información que revelaba la recuperación de cantidades importantes en un número limitado de decisiones recientes como las relativas a los bancos regionales alemanes y a Bull. Esta evolución ha contribuido a mejorar considerablemente las estadísticas globales de recuperación. De los 8 600 millones de euros que debían recuperarse en cumplimiento de decisiones adoptadas desde 2000, unos 8 200 millones (6 000 millones de principal y casi 2 200 millones de intereses) habían sido recuperados de forma efectiva para finales de 2005. Excluidos los intereses, esto representa el 71 % del importe total por recuperar[344].

551. A lo largo de 2005, la Comisión garantizó un seguimiento administrativo estricto y coherente de todas las decisiones de recuperación pendientes a fin de garantizar su ejecución efectiva. En los casos en los que la Comisión consideró que un Estado miembro concreto no había adoptado todas las medidas disponibles en su ordenamiento jurídico para ejecutar la decisión, inició una acción legal con arreglo al artículo 88, apartado 2, o al artículo 228, apartado 2. En 2005, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal del artículo 88.2 por no ejecución de una decisión de recuperación en tres casos, que se exponen a continuación.

2. ASUNTOS INDIVIDUALES

Municipalizzate (Italia) [345]

552. El 19 de enero[346], la Comisión decidió denunciar a Italia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) por incumplimiento de una Decisión de 5 de junio de 2002. La Decisión establecía que las ayudas concedidas por Italia a empresas de servicio público eran incompatibles y debían ser recuperadas por los beneficiarios. Dos años después de la adopción de la Decisión, la Comisión concluyó que Italia no había adoptado las medidas oportunas con arreglo al Derecho nacional para la recuperación inmediata de la ayuda. Italia había adoptado únicamente medidas preliminares, pero ninguna medida concreta ordenando la recuperación de los beneficiarios.

Thüringen Porzellan GmbH, Kahla (Alemania) [347]

553. El 16 de febrero, la Comisión consideró que Alemania no había cumplido totalmente la Decisión de recuperación de 30 de octubre de 2002 relativa a la ayuda concedida al fabricante alemán de porcelana Kahla Porzellan GmbH y a su empresa sucesora, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH. La Comisión estimó que Alemania no había tratado de recuperar una parte de la ayuda ilegal e incompatible determinada en la Decisión.

Medidas urgentes de empleo (Italia) [348]

554. El 6 de abril, la Comisión decidió denunciar a Italia ante el TJCE por incumplir una decisión de recuperación de 30 de marzo de 2004. La Decisión concluía que el régimen de ayudas establecido por Italia para las empresas que adquieren empresas en liquidación era incompatible con la normativa de ayudas estatales y debía recuperarse de sus beneficiarios. El objetivo del régimen era proteger el empleo en grandes empresas en crisis concediendo determinadas reducciones de las cotizaciones a la seguridad social. Un año después de la Decisión de recuperación, Italia no había aún informado a la Comisión de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la Decisión.

Régimen fiscal del País Vasco (España)[349]

555. El 20 de diciembre, la Comisión decidió denunciar a España ante el Tribunal de Justicia por incumplir las tres decisiones de recuperación adoptadas en relación con un régimen fiscal del País Vasco. Estas decisiones de recuperación establecían que el régimen fiscal vasco, que proporcionaba una exención de diez años del impuesto sobre sociedades a las empresas de nueva creación, era incompatible con la normativa de ayudas estatales. Cuatro años después de la adopción de las tres decisiones, España no ha adoptado al parecer ninguna medida concreta para poner término al régimen en cuestión o recuperar las ayudas ilegales e incompatibles ya desembolsadas.

Aplicación de la jurisprudencia en el asunto Deggendorf – Ayuda a ACEA Electrabel (Italia) [350]

556. En 2003, la Comisión incoó el procedimiento del artículo 88, apartado 2, con respecto a un proyecto de calefacción urbana en un barrio de Roma, en aplicación de la jurisprudencia Deggendorf, porque el beneficiario de la ayuda era ACEA, una empresa controlada por el ayuntamiento de Roma[351]. Entretanto, ACEA organizó y creó una empresa en participación con la empresa belga Electrabel denominada AceaElectrabel. Una filial de la empresa en participación, AceaElectrabel Produzione, bajo el control conjunto de Acea y Electrabel, pasó a ser la beneficiaria de la ayuda.

557. El 16 de marzo, la Comisión decidió archivar el procedimiento con una decisión que confirmó que la medida constituye una ayuda compatible y que el beneficiario sigue siendo el mismo que en el caso de las «municipalizzate» aunque se haya producido un cambio parcial en la identidad del beneficiario. La decisión positiva se adoptó a condición de que la ayuda se otorgara después de la recuperación de la ayuda declarada ilegal e incompatible.

558. En agosto, AceaElectrabel Produzione decidió recurrir la Decisión ante el TPICE.

D – SELECCIÓN DE ASUNTOS RECURRIDOS ANTE LOS TRIBUNALES EUROPEOS

Streekgewest Westelijk Noord-Brabant [352]

559. Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, organismo responsable de la recogida de residuos, tenía que pagar un impuesto cada vez que depositaban residuos en una instalación de tratamiento. La entidad, solicitó una restitución del importe ya abonado alegando que el impuesto se recaudaba en infracción de la obligación de suspensión contenida en el artículo 88, apartado 3, dado que las modificaciones a la ley que imponía el gravamen y su exención entraron en vigor antes de que la Comisión las aprobara. No obstante, tras una investigación de dichas medidas, la Comisión concluyó que no había elementos de ayuda incompatibles con el mercado común.

560. En su sentencia de 13 de enero sobre las cuestiones preliminares planteadas por el tribunal nacional al que se sometió el asunto, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) sostuvo que los impuestos no entran en el ámbito de aplicación de las disposiciones sobre ayudas estatales salvo que constituyan el método de financiación de una medida de ayuda formando parte integrante de dicha medida. Esta estrecha relación y dependencia mutua (vinculación) sólo existe si el ingreso del impuesto se asigna necesariamente a la financiación de la ayuda. En ese caso, el ingreso del impuesto tiene un impacto directo sobre el importe de la ayuda y, en consecuencia, sobre la compatibilidad de la medida. En caso de tal vínculo, la notificación debe también cubrir el método de financiación, y entonces el propio impuesto está cubierto por la prohibición de aplicación.

561. El TJCE señaló asimismo que la última frase del artículo 88, apartado 3, tiene efecto directo. Esto significa que si un impuesto forma parte de una medida de ayuda, los Estados miembros en principio están obligados a reembolsar los gravámenes recaudados en infracción de la normativa comunitaria. Los particulares pueden invocar el efecto directo de este artículo ante los tribunales nacionales no sólo si se ven afectados por el falseamiento de la competencia sino también afín de obtener el reembolso de un impuesto recaudado en infracción de dicha disposición, a condición, por supuesto, de que el particular haya estado sujeto a un impuesto aplicado en infracción de las normas del Tratado.

F.J. Pape [353]

562. De conformidad con sus conclusiones en el citado asunto Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, el TJCE examinó en el asunto F.J. Pape si el impuesto formaba parte de una medida de ayuda. Al igual que en el asunto Streekgewest , los Países Bajos habían comenzado a desembolsar la ayuda antes de obtener la aprobación de la Comisión. El 13 de enero, el TJCE resolvió que no había un vínculo suficiente entre el impuesto y la medida de ayuda, pues con arreglo a la legislación neerlandesa las autoridades competentes podían ejercer su facultad discrecional de asignar el ingreso del impuesto a diversos objetivos. Por tanto, el ingreso del impuesto no tenía un impacto directo sobre el importe de la ayuda, y el TJCE concluyó que no había un vínculo entre el impuesto y la medida de ayuda que obligara al Estado miembro a devolver el impuesto al Sr. Pape.

Confédération nationale du Crédit mutuel/Comisión [354]

563. En su sentencia de 13 de enero, el Tribunal de Primera Instancia (TPICE) anuló la Decisión de la Comisión de 15 de enero de 2002 por la que la ayuda concedida por Francia a Crédit Mutuel se declaró incompatible con el mercado común. La ayuda se había concedido en forma de captación y gestión del ahorro regulado dentro del mecanismo del «Livret Bleu». Francia y Crédit Mutuel apelaron la Decisión ante el TPICE.

564. El TPICE anuló la Decisión de la Comisión por falta de motivación con arreglo al artículo 253 CE.

565. En primer lugar, el TPICE declaró que la designación de la ayuda en la parte dispositiva de la Decisión no permitía a las personas afectadas determinar cuáles eran las medidas estatales que la Comisión consideraba ayudas. Como resultado de ello, el Tribunal no estaba en condiciones de ejercer su facultad de revisar la evaluación de dichas medidas.

566. En segundo lugar, como la parte dispositiva de la Decisión y los considerandos constituyen un conjunto indivisible, el TPICE examinó las demás partes de la Decisión, en concreto el análisis de las condiciones del artículo 87, apartado 1. Concluyó que las demás partes de la Decisión no proporcionaban razones suficientes para determinar las medidas consideradas ayudas.

Bélgica/Comisión [355]

567. En este asunto, Bélgica trataba de obtener la anulación del Reglamento (CE) nº 2204/2002 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo. El TJCE, en su sentencia de 14 de abril, rechazó la apelación de Bélgica, mantuvo el Reglamento de la Comisión e hizo algunas declaraciones sobre los poderes respectivos de la Comisión y del Consejo en el ámbito de las ayudas estatales.

568. El TJCE declaró que la Comisión no se excedía en sus poderes al definir criterios de compatibilidad de las ayudas estatales. La Comisión no tenía la obligación de circunscribir su actuación a la mera codificación de su práctica anterior sino que podía utilizar su experiencia para establecer nuevos criterios de compatibilidad, incluso más estrictos que los vigentes. El Consejo, mediante el Reglamento (CE) nº 994/98 del Consejo, confería a la Comisión la facultad de declarar que determinadas categorías de ayudas eran compatibles con el mercado común y no estaban sujetas a la obligación de notificación. Pero este Reglamento no confería a la Comisión ningún poder de interpretación del artículo 87.1 ni la facultad de imponer una definición general y vinculante del concepto de ayuda estatal establecido en el artículo 87.1.

Sniace/Comisión [356]

569. La sentencia del TPICE de 14 de abril aclaró las condiciones de admisibilidad de una acción ante los tribunales europeos por parte de un competidor del beneficiario de una ayuda. En este caso, el demandante, Sniace, empresa española que produce fibras artificiales y sintéticas, impugnó una Decisión de la Comisión que permitía a Austria conceder ayudas a la empresa Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (LLG).

570. El TPICE subrayó que un competidor que desee recurrir una decisión de la Comisión deberá demostrar que se ve afectado individualmente por ella. A tal fin se tomaron en consideración dos factores:

571. en primer lugar, el papel del competidor en el procedimiento previo al litigio: Sniace desempeñó un papel meramente secundario en el procedimiento previo al litigio, pues no presentó ninguna denuncia a la Comisión y el desarrollo del procedimiento no se vio determinado en una medida sustancial por sus observaciones;

572. en segundo lugar, las pruebas aducidas por el demandante para demostrar que la Decisión podría afectar a su posición en el mercado; el TPICE señaló que el demandante no operaba en el mismo mercado que LLG ni había previsto hacerlo en el futuro; además, el demandante no pudo determinar en una medida suficiente que la Decisión impugnada podía afectar significativamente a su posición en el mercado, pues sus declaraciones se basaban en suposiciones sin ningún tipo de apoyo, sin pruebas y sin indicación alguna de las pérdidas o consecuencias negativas sufridas.

573. Por tanto, el TPICE declaró que la acción interpuesta por Sniace era inadmisible porque el demandante no estaba afectado individualmente por la Decisión de la Comisión.

Italia/Comisión [357]

574. En su sentencia de 10 de mayo en este asunto, el TJCE anuló parcialmente la Decisión de la Comisión de 6 de agosto de 1999 por la que incoaba el procedimiento con respecto a una ayuda estatal concedida a empresas del grupo Tirrenia di Navigazione. Italia trató de obtener la anulación de esta Decisión, que ordenaba la suspensión de la ayuda.

575. La sentencia es interesante porque aclara algunas normas de procedimiento que debe aplicar la Comisión cuando evalúa medidas de ayuda.

576. En primer lugar, en cuanto a la posibilidad de que la Comisión ordene la suspensión de nuevas medidas de ayuda, esta suspensión debería ir precedida de la posibilidad de que el Estado miembro discuta todas las medidas y formule sus observaciones. En este caso, la Comisión no discutió con las autoridades italianas el tratamiento fiscal del que se beneficiaba el grupo Tirrenia en relación con los suministros de combustible y aceite lubricante para sus buques. Por tanto, el TJCE concluyó que la Decisión de la Comisión debía anularse parcialmente en la medida en que implicaba la suspensión de esta medida específica.

577. En segundo lugar, en cuanto al supuesto abuso de poder por parte de la Comisión, el TJCE indicó que sólo podía determinarse si existían dudas manifiestas de que las medidas constituían ayuda existente o no contenían ningún elemento de ayuda. En tal caso, la Comisión no habría estado facultada para considerarlas ayudas nuevas y, por consiguiente, para suspenderlas. En este caso, la suspensión de las medidas, clasificadas de ayudas nuevas, no implicaba abuso de poder.

578. Por último, el TJCE examinó si la Comisión había actuado correctamente al calificar las medidas de ayuda nueva en la decisión de incoación del procedimiento. En primer lugar, el TJCE señaló que era responsabilidad del Estado miembro, que consideraba la ayuda en cuestión una ayuda existente, facilitar lo antes posible a la Comisión la información que avalara esta posición en cuanto la Comisión llamó la atención sobre las medidas en cuestión. Si, a los efectos de una evaluación provisional, aquella información permitía a la Comisión considerar que las medidas probablemente eran constitutivas de ayuda existente, ésta debía abordarlas en el marco del procedimiento establecido en los artículos 88, apartado 1, y 88, apartado 2. Con todo, estas consideraciones no eran aplicables en este caso.

Comisión/Grecia [358]

579. El 11 de diciembre de 2002, la Comisión adoptó una decisión por la que declaraba ilegal e incompatible la ayuda de reestructuración concedida a Olympic Airways y en consecuencia, ordenó su recuperación a Grecia.

580. Grecia adoptó algunas medidas preliminares para la recuperación. No obstante, una vez adoptada la decisión de recuperación, Grecia transfirió el personal y los activos más rentables de Olympic Airways, libres de deudas y sin carga alguna, a una empresa de nueva creación denominada Olympic Airlines haciendo imposible que se recuperaran de la nueva empresa las deudas de la empresa anterior. Así pues, la Comisión interpuso un recurso por incumplimiento contra Grecia ante el TJCE por no haber recuperado la ayuda.

581. El 12 de mayo, el TJCE resolvió que la transferencia de los activos del beneficiario se había estructurado de tal manera que era imposible recuperar sus deudas. La operación creaba un obstáculo para la aplicación efectiva de la decisión de recuperación. Por tanto, el objetivo de la decisión de recuperación, restablecer la competencia, estaba seriamente comprometido.

582. Las medidas adoptadas por Grecia no resultaron en la recuperación de los importes adeudados por Olympic Airways al ser incompletas, llegar demasiado tarde (no se adoptaron en el periodo establecido de dos meses) o no ser vinculantes. Por tanto, el TJCE concluyó que Grecia había incumplido la Decisión de la Comisión.

SNCM

583. La Decisión de la Comisión de 9 de julio sobre la recapitalización de la empresa naviera francesa SNCM fue anulada por el TPICE el 15 de junio[359]. El TPICE anuló la Decisión porque el examen de la Comisión sobre el resultado de la venta de activos por valor de 12 millones de euros no permitía asegurar que la ayuda se limitaba al importe estrictamente necesario. No obstante, se rechazaron todos los demás argumentos del demandante.

CDA/Comisión [360]

584. En su sentencia de 19 de octubre, el TPICE anuló parcialmente la Decisión de la Comisión sobre la ayuda estatal concedida por Alemania a CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia) por la que ordenó a Alemania recuperar las ayudas otorgadas a empresas distintas de la beneficiaria inicial.

585. En primer lugar, el TPICE indicó que solamente puede ordenarse la recuperación de una ayuda concedida a una empresa si puede demostrarse que la empresa se ha beneficiado realmente de ella. Tal beneficio no puede determinarse si la ayuda se ha desviado de forma fraudulenta de la empresa inicial a otra empresa. La Comisión debería utilizar todos los medios a su alcance para pedir información más precisa al Estado miembro sobre el importe desviado.

586. En segundo lugar, el Tribunal declaró que la extensión de una orden de recuperación a una empresa distinta de la beneficiaria inicial sólo sería posible en caso de acreditarse la elusión de la orden de recuperación. No obstante, en este caso era difícil determinar si se había producido tal elusión. Aunque es cierto que la empresa sucesora utilizó los activos para proseguir la actividad del beneficiario inicial, e incluso aunque el objetivo de esta transferencia era salvar parte de los activos en vista de la incertidumbre legal y económica, esto no era suficiente para demostrar que había intención de eludir la orden de recuperación de la Comisión. El elemento que retuvo el TPICE para negar la supuesta elusión fue que la empresa sucesora había pagado un precio de mercado por los activos y que se había celebrado una licitación abierta e incondicional para la cesión.

Nazairdis [361]

587. Este asunto se refería a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal francés sobre la posibilidad de que el impuesto TACA (impuesto que grava la superficie de ventas) fuera constitutivo de ayuda. El TJCE aplicó los criterios establecidos en los casos Streekgewest/Pape, que se han analizado anteriormente.

588. El TACA era un impuesto progresivo soportado directamente por los establecimientos minoristas en Francia. Los ingresos generados por el tributo se utilizaban de varias maneras. Inicialmente se utilizaba para financiar los denominados «pagos por cese», es decir, ayudas a comerciantes y artesanos mayores de 60 años que cesan su actividad con carácter permanente. Como el TACA estaba consolidado, el ingreso que generaba había aumentado considerablemente, y este excedente se asignaba a continuación a regímenes de pensiones de ancianidad básicas para trabajadores por cuenta propia en el sector artesanal o en empleos de la manufactura o el comercio, así como a la FISAC[362] y la CPDC[363]. Con respecto a cada una de las citadas asignaciones había una serie de disposiciones legales que establecían quién determinaba el importe del ingreso fiscal que debía gastarse para un objetivo dado y cómo debía fijarse el importe individual por pagar a cada solicitante.

589. En abril de 2001, las empresas demandantes en el procedimiento principal ejercitaron diversas acciones ante tribunales nacionales en Francia contra el organismo responsable de recaudar el TACA. Estas acciones tenían por objetivo obtener el reembolso de los importes abonados por las empresas en concepto de este tributo en los últimos años. El argumento que esgrimían era que el TACA era ilegal al formar parte de unas ayudas estatales que no fueron notificadas a la Comisión.

590. En su sentencia de 27 de octubre, el TJCE comenzó por examinar la exención del TACA de que disfrutaban los pequeños establecimientos minoristas. El Tribunal sostuvo que la posible ilegalidad de una exención del TACA para los pequeños establecimientos minoristas no era suficiente para que afectara a la legalidad del impuesto en sí. En segundo lugar, remitió a la jurisprudencia en el asunto Streekgewest/Pape, analizada anteriormente, y señaló que sólo se considera que un impuesto forma parte de una medida de ayuda si se establece una estrecha relación de dependencia mutua entre el primero y la segunda. Esto significa que el ingreso del impuesto debe asignarse necesariamente a la financiación de la ayuda. En caso de existir esta relación de dependencia, el ingreso del impuesto tiene repercusiones directas sobre el importe de la ayuda y, en consecuencia, sobre la evaluación de su compatibilidad con el mercado común.

591. En este asunto, el TJCE concluyó que no existía tal relación. Señaló las siguientes características: la legislación nacional no establecía que el TACA debiera estar ligado a la medida de ayuda, pero sí fijaba el importe de la supuesta ayuda entre un valor mínimo y un valor máximo independientemente del ingreso del impuesto; la actividad que se ejercía con los fondos obtenidos por el beneficiario no constituían una actividad económica; los ministros disponían de un margen discrecional para asignar el ingreso del TACA a la financiación de determinados regímenes de seguridad social.

592. Por tanto, las empresas sujetas al TACA no podían invocar la ilegalidad de la exención ante los tribunales nacionales para evitar el pago de dicho impuesto u obtener su reembolso.

E – ESTADÍSTICAS

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IV – Actividades internacionales

A – AMPLIACIÓN Y BALCANES OCCIDENTALES

593. El 3 de octubre, la Unión Europea inició las negociaciones de adhesión con Turquía y Croacia. La primera ronda de conversaciones sobre el capítulo de competencia («acquis screening») tuvo lugar en noviembre y diciembre. Se espera de los países candidatos que establezcan un marco legislativo para la política antitrust , el control de las concentraciones y las ayudas estatales, designen autoridades responsables de la competencia y las ayudas estatales y garanticen la aplicación efectiva de estas normas para la fecha de la posible adhesión.

594. En el periodo previo a la adhesión de Rumanía y Bulgaria en 2007, la Comisión supervisó de cerca los preparativos de la adhesión y prestó asistencia en materia de aplicación de las normas de competencia.

595. La Comisión revisó las ayudas estatales que Bulgaria había notificado con arreglo al denominado mecanismo de ayuda existente en el Tratado de Adhesión. Este mecanismo establece que toda medida de ayuda aplicable tras la adhesión que se considere ayuda estatal con arreglo al Tratado y no esté incluida en la lista de ayudas existentes se considerará ayuda nueva en la fecha de adhesión.

596. En cuanto a Rumanía, la Comisión supervisó de cerca la aplicación de las decisiones sobre ayudas estatales revisando todos los proyectos de decisión antes de su adopción final por Rumanía. El 25 de octubre, la Comisión adoptó un informe sobre los progresos de Rumanía en el ámbito de la política de competencia[364] en el que se señalaban los considerables avances en la aplicación de las normas de competencia, en particular en el ámbito del control de las ayudas estatales.

597. La DG Competencia se ha implicado activamente en la prestación de asistencia para desarrollar regímenes de competencia adecuados en todos los países de los Balcanes Occidentales. Entre las medidas adoptadas en este contexto destacan las siguientes: ayuda en la elaboración de las normas de competencia y de ayudas estatales, asesoramiento en el establecimiento de las instituciones necesarias para su aplicación y fomento de una disciplina en materia de competencia.

B – Cooperación bilateral

1. INTRODUCCIÓN

598. La DG Competencia mantiene una cooperación bilateral con numerosas autoridades de competencia y, en concreto, con las autoridades de los principales socios comerciales de la Unión. La Unión Europea ha celebrado acuerdos de cooperación sobre asuntos de competencia con Estados Unidos, Canadá y Japón. Con Corea, un memorando de acuerdo constituye la base formal de la colaboración.

599. Los elementos principales de dichos acuerdos específicos son la información y coordinación mutuas de las medidas de ejecución y el intercambio de información no confidencial. Los acuerdos contemplan la posibilidad de que una de las partes solicite a la otra que adopte medidas de aplicación (cortesía positiva) y que tenga en cuenta los intereses de la otra parte al aplicar las medidas (cortesía tradicional).

600. Asimismo, la Unión ha celebrado varios acuerdos de libre comercio y de asociación y cooperación que suelen contener disposiciones básicas sobre cooperación en asuntos de competencia. Constituyen ejemplos de tales acuerdos los Acuerdos EuroMed y los suscritos con algunos países latinoamericanos y con Sudáfrica. La cooperación entre la Comisión y las autoridades de competencia de otros Estados miembros de la OCDE se basa en una recomendación adoptada por la OCDE en 1995.

2. ACUERDOS CON ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y JAPÓN

Estados Unidos

601. La cooperación con las autoridades de competencia de Estados Unidos se basa en acuerdos específicos de cooperación en materia de competencia[365].

602. En el campo del transporte aéreo, la Comisión finalizó el 18 de noviembre un proyecto de texto para un nuevo acuerdo con los Estados Unidos. Dicho texto sustituirá los acuerdos bilaterales existentes, celebrados por los Estados Miembros (véase también la parte I.B.3.2). El marco de cooperación institucional acordado reproduce en términos generales las mismas áreas de cooperación que las del acuerdo entre la Unión y Estados Unidos que regula la cooperación en materia de política de competencia entre la Comisión, el Departamento de Justicia estadounidense y la Comisión Federal de Comercio (FTC). Incluye la notificación de los asuntos pertinentes, el intercambio de información general y sobre asuntos concretos, así comola celebración de reuniones bilaterales para debatir la evolución del mercado y el análisis de asuntos de interés común. En cuanto a esta última área de cooperación, se acordó establecer un foro de debate permanente para abordar aspectos generales de las respectivas políticas. El nuevo marco de cooperación entre la Comisión y el Departamento de Transporte estadounidense sobre la ley y la política de competencia en el ámbito del transporte aéreo facilitará la evaluación conjunta de las alianzas entre las compañías aéreas europeas y estadounidenses y promoverá la consecución de resultados compatibles en materia de regulación. Si finalmente se adopta, el acuerdo podría aplicarse ya desde finales de octubre de 2006.

603. En 2005, la Comisión siguió trabajando en estrecha colaboración con la división antitrust del Departamento de Justicia estadounidense y la Comisión Federal de Comercio. Los contactos entre los funcionarios de la Comisión y sus homólogos en los dos organismos estadounidenses fueron frecuentes e intensos. Estos contactos abarcan desde la cooperación en asuntos individuales hasta cuestiones más generales de la política de competencia. Los contactos relativos a asuntos concretos suelen plasmarse en llamadas telefónicas regulares, correos electrónicos, intercambio de documentos y otros tipos de comunicación entre los equipos que examinan los asuntos. La cooperación sigue siendo muy beneficiosa para ambas partes, porque se intensifica la respectiva actividad de control de la aplicación, evitando conflictos o discrepancias innecesarios entre dichas actividades de control, y aporta una mejor comprensión de los respectivos regímenes de competencia.

604. La cooperación con los organismos antitrust estadounidenses en materia de control de las operaciones de concentración prosiguió con gran intensidad a lo largo de 2005. La edición de 2002 de las mejores prácticas UE-EEUU sobre cooperación en el examen de las operaciones de concentración supone un marco útil para la cooperación, sobre todo porque recoge los puntos fundamentales del procedimiento en los cuales sería de especial utilidad la cooperación. En la práctica, la cooperación sobre asuntos concretos es sumamente pragmática y flexible y se adapta a los aspectos propios de cada caso.

605. En 2005 se registraron numerosos casos de concentraciones con repercusiones a ambos lados del Atlántico, lo que dio lugar a un grado considerable de cooperación práctica y a intercambios de puntos de vista entre los equipos encargados del examen de los asuntos respectivos. Durante el año hubo numerosos casos de fusiones que implicaron una cooperación sustancial. Destaca el asunto de Johnson & Johnson/Guidant[366], en el cual la cooperación con la FTC se centró en el alcance de las patentes en el mercado de EE.UU. y propició que las investigaciones se coordinaran al máximo aunque los procedimientos europeo y estadounidense tuvieran un calendario distinto. En el asunto Procter & Gamble/Gillette hubo también una estrecha cooperación con la FTC en lo que respecta al mercado de producto, la evaluación de los posibles efectos anticompetitivos y las soluciones, así como para mantener los procedimientos alineados en la medida de lo posible dadas las diferencias de calendario entre los procedimientos. En estos dos casos, las cuestiones de competencia planteadas eran distintas a ambos lados del Atlántico, de tal modo que en el asunto J&J/Guidant la operación se autorizó en la Unión Europea con condiciones en los mercados de las endoprótesis para aplicaciones endovasculares y de las guías coronarias, mientras que en EE.UU. no se plantearon problemas en estos mercados; en el asunto P&G/Gillette, la investigación de la Comisión sólo detectó un problema de competencia horizontal en el mercado de los cepillos de dientes eléctricos, mientras que en EE.UU. los problemas de competencia eran más amplios y afectaban a los cepillos de dientes eléctricos, los blanqueadores dentales y los desodorantes. También en el asunto Reuters/Telerate[367] se encontró una solución común a una concentración que la Comisión investigó junto con el Departamento de Justicia de EE.UU.

606. Al igual que en años anteriores, la experiencia de la Comisión demuestra que la cooperación y la coordinación en materia de concentraciones son de gran utilidad en los aspectos relacionados con la concepción, negociación y aplicación de soluciones a los problemas de competencia observados por los organismos competentes. La concertación permite reducir las posibles incoherencias de enfoque, lo que resulta beneficioso tanto para las partes de la concentración como para los propios organismos.

607. A lo largo del año hubo también contactos frecuentes en relación con varios asuntos que no se referían a concentraciones. Un ámbito de importancia creciente en nuestras relaciones bilaterales con el Departamento de Justicia estadounidense es la lucha conjunta contra los cárteles, que ambas autoridades consideran prioritaria. Por tanto, la cooperación bilateral entre la Comisión y el Departamento de Justicia estadounidense fue especialmente intensa en los asuntos relativos a cárteles: hubo numerosos contactos entre funcionarios de las unidades de la DG Competencia responsables de los cárteles y sus homólogos en el Departamento de Justicia en varias investigaciones en curso. Los intercambios de información sobre asuntos concretos fueron más frecuentes pero también hubo debates en torno a aspectos de la política de competencia. Muchos de los contactos relativos a asuntos concretos tuvieron lugar a raíz de solicitudes simultáneas de dispensa en Estados Unidos y en la Unión Europea. Además, en una serie de casos, la coordinación de las medidas de investigación y las acciones coordinadas en materia de control de la aplicación de la normativa tuvieron lugar en EE.UU. y en Europa, donde los organismos competentes trataron de garantizar que transcurriese el menor tiempo posible entre el inicio de las acciones respectivas.

608. En la declaración de la cumbre EE.UU./Unión Europea de 20 de junio, «The European Union and the United States Initiative to Enhance Transatlantic Economic Integration and Growth», ambas partes acordaron impulsar más la cooperación en el ámbito de la competencia y explorar vías que permitan el intercambio de información confidencial, incluida la relativa a cárteles internacionales.

609. La Comisaria Neelie Kroes se reunió en varias ocasiones con los responsables de los organismos estadounidenses de antitrust . La reunión bilateral anual UE/EE.UU. tuvo lugar el 21 de septiembre en Washington.

610. Durante el año la Comisión cursó 82 notificaciones formales. Durante el mismo período, recibió en total 27 notificaciones formales de las autoridades estadounidenses.

Canadá

611. La cooperación con la Oficina de Competencia de Canadá se basa en el Acuerdo sobre Cooperación en materia de Competencia entre la UE y Canadá, firmado en 1999[368]. Los contactos entre la Comisión y su interlocutora canadiense, la Oficina de Competencia, fueron frecuentes y fructíferos. Las discusiones se centraron tanto en problemas de asuntos concretos como en cuestiones más generales de la política de competencia. Se mantuvieron contactos relativos a asuntos concretos en todos los ámbitos de la aplicación de la normativa sobre competencia, pero sobre todo en investigaciones sobre concentraciones y cárteles.

612. Estos contactos suelen consistir en llamadas telefónicas, correos electrónicos y conferencias mantenidas periódicamente entre los equipos que examinan los asuntos. En los asuntos de cárteles también se coordinan las investigaciones.

613. La DG Competencia y la Oficina de Competencia de Canadá continuaron asimismo manteniendo un diálogo permanente sobre cuestiones generales en materia de competencia. A este respecto se celebraron varias reuniones. En febrero tuvo lugar en París una reunión en la que se analizaron las soluciones en el ámbito de las concentraciones. En junio se reunieron en dos ocasiones representantes de la Oficina con sus homólogos europeos para abordar la cooperación en la investigación de cárteles y posiciones dominantes y de otros asuntos.

614. Durante el año la Comisión cursó ocho notificaciones formales. La Comisión recibió una notificación formal de las autoridades canadienses durante el mismo período.

Japón

615. La cooperación con la Autoridad Japonesa de Competencia (Japan Fair Trade Commission – JFTC) se basa en el Acuerdo de Cooperación de 2003[369]. Durante 2005 se intensificaron considerablemente los contactos con este organismo. Las discusiones se centraron tanto en asuntos concretos como en cuestiones más generales de la política de competencia.

616. Además de los numerosos contactos sobre asuntos individuales, la DG Competencia y la Autoridad Japonesa de Competencia prosiguieron su diálogo sobre asuntos generales de interés mutuo en materia de política de competencia. En este contexto se celebraron en Bruselas tres reuniones en 2005, una el 21 de marzo centrada en el análisis económico, otra el 12 de abril sobre cooperación en la investigación de cárteles y otra el 13 de diciembre sobre análisis de las concentraciones. Otra reunión entre la DG Competencia y la JFTC tuvo lugar el 11 de noviembre en Tokio, en la cual se debatió toda una gama de temas.

617. La Comisión recibió una notificación formal de las autoridades japonesas durante el año.

3. COOPERACIÓN CON OTROS PAÍSES Y REGIONES

Australia

618. A lo largo de 2005, la DG Competencia cooperó con las autoridades de competencia de otros países de la OCDE, especialmente las de Australia. Se trataron tanto cuestiones relacionadas con asuntos concretos como otras más generales de la política de competencia.

China

619. La cooperación con China se basa en el Acuerdo Marco de 2004 relativo al diálogo estructurado sobre la política de competencia[370]. Durante 2005, los contactos con las autoridades chinas sobre aspectos de la política de competencia se intensificaron considerablemente y abordaron tanto cuestiones generales como aspectos relativos al establecimiento de una autoridad de competencia.

620. A lo largo del año, la DG Competencia adoptó diversas iniciativas para ayudar a China en su proceso de desarrollo de la primera ley general de competencia y establecimiento de una autoridad de competencia. La Comisión se reunió con los funcionarios chinos responsables de la redacción de la nueva ley de competencia. En abril organizó conjuntamente con el ministro chino de Comercio en Pekín un seminario sobre política de competencia; asimismo, participó en algunos otros seminarios sobre política de competencia en ese país. Por otro lado, la DG Competencia ha financiado y supervisado un estudio que responde a una serie de preguntas de las autoridades chinas relacionadas con el planteamiento y la experiencia de la Unión Europea en el desarrollo de un marco legislativo y de control de la aplicación de la política de competencia.

Zona Europea de Libre Comercio

621. A lo largo del año, la Comisión prosiguió su estrecha colaboración con el Órgano de Vigilancia de la AELC para la aplicación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En mayo entraron en vigor las disposiciones por las que se adaptan los protocolos 21 y 23 del Acuerdo sobre el EEE a los cambios introducidos por el Reglamento (CE) nº 1/2003. El Protocolo 23 aborda la cooperación entre el Órgano de Vigilancia de la AELC y la Comisión en la aplicación de los artículos 53 y 54 del Acuerdo sobre el EEE. En el mes de diciembre, los Estados de la AELC que han ratificado el Acuerdo sobre el EEE (Liechtenstein, Islandia y Noruega) hicieron uso de la «cláusula de revisión» contenida en el Protocolo 21. Sobre la base de esta cláusula, los Estados de la AELC pidieron que se revisaran los mecanismos de aplicación de los artículos 53 y 54 del Acuerdo.

Corea

622. La cooperación entre la DG Competencia y la Autoridad de Competencia de Corea (Korean Fair Trade Commission – KFTC) se basa en el memorando de acuerdo firmado en octubre de 2004. En junio se celebró en Bruselas la primera ronda de consultas bilaterales entre la DG Competencia y la KFTC en el marco del memorando, con la participación de la comisaria Neelie Kroes y del director general Philip Lowe en nombre de la Comisión Europea y del presidente Kang en nombre de la KFTC. Se intercambió información sobre las respectivas modificaciones introducidas recientemente en las leyes de competencia de la Unión Europea y de Corea. Asimismo, se exploraron las vías para mejorar y reforzar la cooperación. Las dos autoridades han intensificado su cooperación en varios aspectos de la competencia y han intercambiado sus puntos de vista sobre métodos de investigación y soluciones en casos antitrust. La segunda consulta bilateral tendrá lugar en Corea en 2006.

América Latina

623. A lo largo de 2005, la DG Competencia impulsó la cooperación con las autoridades de competencia de México y Brasil en aspectos relativos al análisis de casos concretos y a la política de competencia (por ejemplo, en torno al concepto de poder de mercado conjunto y colectivo, aspectos del mercado de telecomunicaciones, etc.). La Comisión recibió cinco notificaciones formales de las autoridades mexicanas.

Rusia

624. La hoja de ruta para un espacio económico común entre la Unión Europea y Rusia, acordada en la cumbre UE/Rusia de 10 de mayo, contiene una sección importante sobre competencia en la que se insta a ambas partes a impulsar la coordinación y el diálogo sobre política de competencia, incluido en el ámbito de las ayudas estatales. En julio (a escala de director general), octubre y diciembre, la DG Competencia y el Servicio Federal Ruso Antimonopolio (Russian Federal Anti-Monopoly Service – FAS) mantuvieron conversaciones sobre la política de competencia. En concreto, la DG Competencia transmitió su experiencia al FAS, a petición de este último, sobre cuestiones relacionadas con el borrador de una nueva ley antimonopolio de la Federación Rusa que en esas fechas se estaba tramitando en la Duma. Prosiguió la asistencia técnica de la Unión Europea al Servicio Antimonopolio, con el inicio de un nuevo programa TACIS en el ámbito de la competencia, y la Comisión patrocinó la participación de un representante del Servicio Antimonopolio en la conferencia anual de la RIC (Red Internacional de Competencia) que se celebró en Bonn en el mes de junio.

C – Cooperación multilateral

1. RED INTERNACIONAL DE COMPETENCIA

Conferencia anual de la Red Internacional de Competencia, Bonn, junio de 2005

625. La RIC, a la que la Comisión atribuye una importancia considerable en tanto que foro de debate y coordinación entre autoridades de competencia, siguió incrementando su número de miembros en 2005; cuenta ya con más de 90 miembros. La RIC siguió con una intensa actividad, tal y como se demostró en la conferencia anual celebrada en Bonn (Alemania) en junio. La conferencia fue un gran éxito en cuanto a número de asistentes, alcance y calidad del debate y trabajos presentados por los distintos grupos de trabajo. Las contribuciones de los grupos de trabajo de cárteles y fusiones se abordan más adelante; los grupos de trabajo de «aplicación de la legislación de defensa de la competencia en los sectores regulados» y «aplicación de la política de competencia» presentaron asimismo una serie de contribuciones pertinentes y útiles. Estas contribuciones incluyen informes sobre actividades de asistencia técnica, acercamiento a los consumidores e interacción entre autoridades de competencia y organismos reguladores de sectores específicos. En Bonn se desintegró el grupo de trabajo de «aplicación de la legislación de defensa de la competencia en los sectores regulados» y se creó un nuevo grupo de trabajo sobre el sector de las telecomunicaciones. La DG Competencia organizó un panel en Bonn (sobre cárteles) y participó en muchos otros.

El grupo de trabajo de la RIC sobre cárteles y el seminario de Seúl sobre cárteles

626. El grupo de trabajo de la RIC sobre cárteles, lanzado en 2004, copresidido por la DG Competencia y la autoridad húngara de competencia GVH, culminó algunos proyectos importantes en 2005 e inició otros. Los trabajos realizados por el grupo de trabajo sobre cárteles en su primer año, presentados en la conferencia anual de la RIC en Bonn, fueron los siguientes:

627. un informe sobre el desarrollo de sistemas anticartel efectivos (Building Blocks for Effective Anti-cartel Regimes, Vol. 1) que abarcaba los siguientes temas: definición de los cárteles especialmente graves, instituciones eficaces en la lucha contra cárteles y sanciones efectivas;

628. manual para el control de la aplicación de medidas anticartel, incluida una introducción —y algunos capítulos— de registros e inspecciones (con las mejores prácticas) y de programas de clemencia (a los que posteriormente se añadirán nuevos capítulos);

629. un impreso sobre leyes y reglamentos relativos a los cárteles, que los organismos miembros de la RIC serán invitados a cumplimentar.

630. Para el ejercicio 2005/2006 de la RIC, el grupo de trabajo sobre cárteles ha iniciado nuevos trabajos sobre recogida electrónica de pruebas (respecto a la cual se preparará un capítulo para el citado manual), cooperación entre autoridades en las investigaciones de cárteles (la DG Competencia está a la cabeza de este proyecto), interacción entre la actividad de control de las autoridades de competencia y de los tribunales, y obstrucción de las investigaciones. Los resultados de estos proyectos se presentarán en la próxima conferencia anual de la RIC, que se celebrará en Ciudad del Cabo en mayo de 2006, junto con el impreso sobre las leyes y reglamentos relativos a los cárteles, cumplimentado por los miembros de la Red.

631. En noviembre tuvo lugar el seminario anual de la RIC sobre cárteles (organizado por el grupo de trabajo sobre cárteles) en Seúl (Corea del Sur). La DG Competencia desempeñó un papel destacado en el seminario, participando en sesiones sobre instituciones eficaces en la lucha contra cárteles, cooperación entre autoridades en las investigaciones de cárteles, y forenses informáticos.

Grupo de trabajo sobre concentraciones de la RIC - Subgrupo sobre notificación y procedimientos

632. La DG Competencia mantuvo su implicación activa en el trabajo de este subgrupo a lo largo de 2005. A principios de año, el subgrupo finalizó los preparativos de otras dos prácticas recomendadas sobre (1) soluciones a las concentraciones, y (2) poderes de ejecución, recursos e independencia de las autoridades de competencia. Estas prácticas fueron refrendadas por los miembros de la RIC en la sesión plenaria de su conferencia anual de Bonn en el mes de junio. Con estos dos nuevos textos, son ya 13 las prácticas recomendadas adoptadas por la RIC a partir de proyectos elaborados por este subgrupo. Las otras once son las siguientes: 1) existencia de un nexo suficiente entre los efectos de la transacción y la jurisdicción competente para la revisión; 2) umbrales de notificación claros y objetivos; 3) flexibilidad en los plazos de notificación de las concentraciones; 4) plazos de investigación de las concentraciones; 5) requisitos para la notificación inicial; 6) desarrollo de las investigaciones de las concentraciones; 7) transparencia; 8) confidencialidad; 9) imparcialidad en los procedicimientos 10) estudio de las disposiciones sobre control de las concentraciones; y 11) cooperación entre organismos. Con estas dos prácticas, el conjunto de recomendaciones de la RIC parece completo, y se acordó no desarrollar por el momento más prácticas.

633. El subgrupo finalizó asimismo los trabajos relativos a algunos proyectos: desarrollo de uno o varios formularios tipo para su utilización por las partes de la concentración y autoridades de competencia sobre excepciones a la protección de la confidencialidad para material facilitado en relación con la investigación de la operación; y elaboración de un estudio sobre las tasas de tramitación en el control de las concentraciones. Estos trabajos fueron presentados para su refrendo en la conferencia anual de Bonn en junio.

634. Por último, a lo largo del año el subgrupo continuó sus actividades en el ámbito de la aplicación de las prácticas recomendadas. Estas actividades incluyen fundamentalmente la recopilación de información sobre impedimentos en la capacidad de las jurisdicciones para aplicar las prácticas recomendadas, así como la preparación de un informe que exponga los desafíos a los que se enfrentan las autoridades de competencia en la adopción de las prácticas y técnicas para ayudar a superar obstáculos. Este informe fue presentado en Bonn y mostró que, hasta el mes de abril, el 46 % de las jurisdicciones miembros de la RIC con leyes sobre concentraciones había introducido o propuesto cambios para ajustar más sus normativas sobre concentraciones a las prácticas recomendadas, y otro 8 % tenía previsto hacerlo. Para impulsar más el proceso de aplicación se decidió celebrar un seminario al respecto en la primavera de 2006 para facilitar ejemplos y orientación sobre cómo adaptar mejor los sistemas a las prácticas de la RIC. Desde la conferencia de Bonn, las actividades del subgrupo se han centrado en la preparación de este seminario. El subgrupo sigue de cerca los esfuerzos de reforma y ofrece ayuda a los miembros de la RIC que prevén introducir cambios en la normativa, las reglamentaciones y las prácticas de sus organismos, además de colaborar con entidades no miembros en la elaboración de normativas sobre control de concentraciones.

2. OCDE

635. En 2005, el Comité de Competencia de la OCDE revisó por primera vez de manera exhaustiva la normativa y las políticas de competencia en la Unión Europea. Esta revisión viene precedida de la revisión de las políticas económicas en la zona del euro realizada en 2003. Hay consenso entre los miembros de la OCDE en cuanto a que la revisión de la política económica de una jurisdicción dada debe complementarse con una revisión profunda de su política de competencia.

636. El proceso de revisión se inició con la preparación de un borrador de informe de la secretaría de la OCDE en el que se analizan los logros y desafíos a que se enfrentan las políticas y autoridades de competencia y se plantean opciones para su análisis. El proceso culminó con el examen oral en la reunión del Comité de Competencia de la OCDE de octubre. La secretaría de la OCDE completó el estudio tras el examen oral y lo publicó en las publicaciones de la OCDE[371].

637. El informe presenta cuatro opciones de las políticas de competencia para su análisis:

638. aclarar las relaciones entre los programas de clemencia de la Unión Europea y de los organismos nacionales;

639. adoptar un enfoque económico sobre el concepto de posición dominante, supeditar la responsabilidad a los efectos nocivos para la competencia; cuando resulte adecuado, la evaluación del margen para la recuperación debería formar parte de tal enfoque;

640. incrementar la capacidad de la DG Competencia para efectuar análisis económicos reforzando la plantilla del Equipo del Economista Jefe (Chief Economist Team);

641. estudiar vías para ampliar las sanciones a particulares y empresas, tales como la coordinación con la aplicación de leyes nacionales que prevén sanciones individuales.

642. La DG Competencia está analizando más detenidamente cada una de estas opciones en sus proyectos en curso sobre el desarrollo de las políticas. En el ámbito de la clemencia, la DG Competencia está encaminando su esfuerzo hacia lo que en términos generales se denomina el sistema de ventanilla única. En cuanto al abuso de posición dominante, la DG Competencia preparó un documento de debate en diciembre que abordará también los aspectos planteados en el informe. En los últimos años, la DG Competencia ha estado desarrollando un bagaje económico. Hay economistas trabajando en varias unidades de la Dirección General que forman parte de los equipos multidisciplinares de investigación de asuntos específicos. El Equipo del Economista Jefe presta una ayuda complementaria. En cuanto a las sanciones aplicables a los cárteles, el sistema de la Unión Europea se basa en la aplicación efectiva de una combinación de sanciones colectivas e individuales a escala de la Comunidad y a escala nacional. Se puede examinar cómo utilizar plenamente las opciones disponibles dentro del sistema.

643. Además del informe exhaustivo, la DG Competencia siguió participando y aportando su contribución a los trabajos del Comité de Competencia de la OCDE. La DG Competencia participó en todas las mesas redondas sobre política de competencia de la OCDE y en la revisión exhaustiva de las políticas de competencia de Turquía y Suiza. Asimismo, asistió a otras reuniones de la OCDE en el ámbito de la competencia, tales como el Foro Global sobre Competencia y las sesiones conjuntas del Comité de Competencia y del Comité de Comercio. La Comisaria Neelie Kroes pronunció un discurso titulado «Regulating for Competition and Growth» (regular en aras de la competencia y el crecimiento), en el que esbozó las líneas generales de actuación, en el Foro Global sobre la Competencia de la OCDE en el mes de febrero. Los debates del Foro Global se centraron en los problemas de competencia que presentan los sectores regulados. En marzo, el Consejo de la OCDE adoptó una Recomendación sobre análisis de concentraciones, y en octubre, el Comité de Competencia adoptó las mejores prácticas para el intercambio formal de información entre las autoridades de competencia en investigaciones de cárteles especialmente graves y un informe sobre la lucha contra estos cárteles[372].

644. En febrero, junio y octubre de 2005 se celebraron sendas reuniones del Comité de Competencia. En la primera de ellas, los grupos de trabajo del Comité mantuvieron mesas redondas sobre la reforma estructural en el sector ferroviario y sobre las soluciones transfronterizas en el análisis de las concentraciones. La mesa redonda sobre el sector ferroviario completó una serie de debates sobre experiencias en la separación estructural entre varios sectores industriales (que abarca, entre otros, los sectores de la energía, las telecomunicaciones, los servicios postales y el transporte por ferrocarril). El debate mostró que hay diferencias considerables en el sector ferroviario entre los países de la OCDE y que la naturaleza, el alcance y el papel de la competencia también varían de un país a otro, al igual que varía la estructura idónea para impulsar al máximo la competencia. La separación estructural se consideró un complemento de la regulación del acceso a la infraestructura ferroviaria. Dependiendo de las circunstancias del mercado, la competencia por el mercado constituye también una herramienta que puede ser valiosa a la hora de introducir una forma de competencia.

645. El debate de la mesa redonda sobre las soluciones a las concentraciones transfronterizas mostró que las formas de cortesía positiva en la cooperación, cuando una jurisdicción encabeza, en nombre de otras, la negociación y aplicación de soluciones transfronterizas, resultaban más adecuadas para las jurisdicciones que tenían un poder fiscalizador discrecional en relación con el control de las concentraciones (como la estadounidense) pero no eran compatibles legalmente con los sistemas que imponen la obligación de adoptar decisiones tanto positivas como negativas (como en la Unión Europea). Del debate se desprendió también que, a los efectos de supervisar la aplicación de una solución, el hecho de que los activos que se proponga vender puedan estar situados fuera de la Unión Europea tenía un impacto limitado.

646. En la segunda reunión del Comité de Competencia se celebraron mesas redondas sobre la competencia en igualdad de condiciones y sobre la evaluación de las actuaciones y los recursos de las autoridades de competencia. La mesa redonda sobre la competencia en igualdad de condiciones reveló que hay diferencias considerables entre países en cuanto a cómo debería enfocarse esta cuestión: algunos países tienen un planteamiento basado más en la presentación de formularios, mientras otros tienen un planteamiento económico o están en proceso de transición hacia tal planteamiento. La mesa redonda sobre la evaluación de las actuaciones y los recursos ofreció una visión general de las actividades de evaluación que los países miembros de la OCDE han emprendido o están planificando y sirvió para explorar el terreno para ampliar los debates sobre tales cuestiones.

647. Los grupos de trabajo del Comité celebraron mesas redondas en las que se abordaron el impacto de los servicios sustitutivos sobre la reglamentación y las reparaciones por daños y perjuicios. La primera mesa redonda se centró en las telecomunicaciones, el transporte y la energía y abordó aspectos de la regulación de los servicios sustitutivos. El debate mostró que, a menudo, los servicios sustitutivos están sujetos a pocas o diferentes obligaciones reglamentarias, lo cual puede dar lugar a una asimetría reglamentaria entre los servicios. En general, estas asimetrías deberían eliminarse de modo que las únicas diferencias en la reglamentación que permanezcan sean las necesarias para reflejar las diferencias de poder de mercado, de factores externos u otras deficiencias del mercado en los propios servicios subyacentes. El debate subrayó asimismo que, probablemente, será necesario aplicar activamente la ley de competencia para evitar que el comportamiento de los operadores tradicionales limite la competencia de los servicios sustitutivos.

648. La mesa redonda sobre reparaciones por daños y perjuicios abordó la detección y recogida de pruebas. Esta fue la primera mesa redonda del grupo de trabajo sobre reparaciones; en 2006 se proseguirá el debate. Un grupo de trabajo del Comité debatió asimismo, previa presentación de los trabajos de expertos, cómo medir el perjuicio causado por los cárteles y cómo evaluar los beneficios de la aplicación efectiva de la competencia. El debate mostró que los cálculos de los perjuicios se utilizan fundamentalmente en los litigios de aplicación privada. Algunas autoridades (por ejemplo, la OFT) están examinando también el impacto de los cárteles para justificar su propio trabajo.

649. En la tercera reunión del Comité de Competencia se celebraron mesas redondas sobre las leyes y reglamentaciones relativas a las barreras de entrada y a la reventa por debajo del coste. La primera mesa redonda reveló que los países miembros de la OCDE han pasado claramente de un análisis centrado en evaluar si determinados factores crearían barreras de entrada hacia un análisis del proceso de competencia y del impacto de las barreras de entrada en ese proceso. Los países miembros están desarrollando asimismo sus ensayos económicos para la medición de las barreras de entrada; a menudo combinan la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa en caso de barreras de entrada técnicas y reglamentarias, mientras que tratándose de barreras de comportamiento, normalmente no se considera posible efectuar un análisis cuantitativo.

650. La mesa redonda sobre reventa por debajo del coste mostró que empieza a haber estudios sistemáticos sobre el impacto de las leyes en este ámbito y que estos estudios revelan que estas leyes elevan los costes para los consumidores. Por tanto, hay un conflicto entre las leyes relativas a los precios por debajo del coste y los objetivos de eficiencia económica y bienestar de los consumidores contenidos en las leyes de competencia. El debate mostró también lo esencial que resulta que las autoridades de competencia inviertan en promover principios de fomento de la competencia en los procesos legislativos nacionales relativos a los precios por debajo del coste. Los grupos de trabajo del Comité analizaron la competencia en la prestación de servicios hospitalarios y mantuvieron una reunión de un día completo, con la participación de los fiscales, sobre la cooperación entre las autoridades de competencia y los fiscales en las investigaciones sobre cárteles.

651. La mesa redonda sobre servicios hospitalarios mostró que se está introduciendo progresivamente la competencia en la prestación de servicios hospitalarios, lo que tiene efectos beneficiosos sobre la eficiencia en la prestación de estos servicios. Algunos países de la OCDE tienen experiencias muy valiosas en la introducción de reglamentaciones de fomento de la competencia entre hospitales públicos.

652. La reunión con los fiscales exploró las siguientes cuestiones: selección de casos que pueden ser objeto de procesamiento penal y facultad de procesamiento; recogida de pruebas; interacción entre los programas de clemencia y el procesamiento penal; relaciones formales e informales entre fiscales y autoridades de competencia.

653. Durante 2005, la DG Competencia presentó ocho contribuciones escritas al Comité de Competencia que abordaban los temas de debate de las mesas redondas de la OCDE que figuran a continuación:

654. separación estructural en el transporte ferroviario;

655. soluciones transfronterizas en la investigación de las concentraciones;

656. competencia en igualdad de condiciones;

657. evaluación de las actuaciones y los recursos de las autoridades de competencia;

658. impacto de los servicios sustitutivos sobre la reglamentación;

659. detección y recogida de pruebas;

660. barreras de entrada;

661. competencia y eficiencia en la prestación de servicios hospitalarios.

662. Asimismo, la DG Competencia presentó al Comité de Competencia su Informe sobre la política de competencia 2004.

V – Perspectivas para 2006

663. El Informe sobre la política de competencia 2005 ofrece la oportunidad de exponer la dirección que tomará la Comisión en la política de competencia en 2006.

664. Los tres objetivos generales plurianuales establecidos por la DG Competencia que permitirán a ésta seguir contribuyendo en una medida significativa a los objetivos estratégicos de la Comisión definidos en la Decisión sobre la estrategia política anual de 2006, la Estrategia de Lisboa de la Unión Europea, son los siguientes:

665. orientar las acciones destinadas a garantizar las aplicación de las normas de competencia a las prácticas más dañinas para la economía comunitaria;

666. impulsar la competitividad dentro de la Unión contribuyendo a configurar el marco de reglamentación;

667. centrar las actuaciones en sectores clave para el mercado interior y la Estrategia de Lisboa.

1. ANTITRUST

668. En 2006, la DG Competencia dará prioridad absoluta a la prevención y disuasión de los cárteles. Los cárteles elevan artificialmente el precio de los bienes y servicios, reducen la oferta y obstaculizan la innovación, de tal modo que los consumidores acaban pagando más por menos calidad. Asimismo, pueden elevar en una medida significativa los costes de los insumos de las empresas europeas. La detección y disuasión de los cárteles, por tanto, aporta beneficios importantes a la economía comunitaria y a los consumidores europeos.

669. La otra prioridad de la DG Competencia para 2006 será la consecución y el seguimiento efectivo de las investigaciones sectoriales lanzadas por la Comisión en 2005 sobre los mercados del gas y la electricidad, por un lado, y sobre la banca minorista y los seguros, por otro. Los resultados de las investigaciones sectoriales permitirán a la Comisión decidir cuál es la combinación de políticas más adecuada para resolver los problemas detectados. La combinación incluirá la aplicación y la abogacía de la competencia y, posiblemente, la reglamentación en las áreas de mercado interior o protección de los consumidores. Además, las investigaciones arrojarán luz sobre otras condiciones del mercado que permiten comportamientos anticompetitivos.

670. En apoyo de estos objetivos primordiales, los principios rectores de la DG Competencia en lo que respecta a la aplicación efectiva seguirán siendo dar prioridad a las medidas de ejecución en función de hasta qué punto las prácticas anticompetitivas perjudiquen a los consumidores, tanto empresariales como particulares. Se dará prioridad a las actuaciones que aborden los problemas de competencia con mayor impacto negativo sobre el bienestar de los consumidores, teniendo en cuenta el volumen de gasto afectado por la práctica y la naturaleza del comportamiento en cuestión. La existencia de un importante efecto sobre el proceso competitivo (cierre del acceso al mercado) puede utilizarse como indicador del perjuicio a los consumidores. Otro elemento que ha de tenerse en cuenta al definir las prioridades de las medidas de ejecución es el valor precedente de una intervención específica que logra el objetivo de aclarar la aplicación de las normas de competencia a cuestiones legales o económicas complejas.

671. Uno de los mayores riesgos de la actividad de la Comisión en este ámbito, tal y como ha reconocido también la OCDE[373], es la falta de coherencia en la aplicación de las normas comunitarias de competencia por parte de las autoridades de competencia y los órganos jurisdiccionales nacionales. Así pues, la mejora de la coordinación dentro de la Red Europea de Competencia (REC) y la garantía de una interfaz efectiva con las autoridades nacionales de competencia seguirá siendo una prioridad esencial de la actividad de la DG Competencia en 2006-2007.

672. Por último, la DG Competencia proseguirá sus esfuerzos para aumentar la capacidad de predicción y la transparencia en la aplicación de la normativa de competencia mediante instrumentos de política y una mayor comunicación de cara al público, la comunidad empresarial y las demás instituciones, en particular en el ámbito del abuso de posición dominante.

2. CONCENTRACIONES

673. En el ámbito del control de las concentraciones, aparte de las actividades centrales de aplicación efectiva de la normativa, el énfasis de la DG Competencia se pondrá en garantizar la continuidad en la valoración de los efectos de la reestructuración de empresas. Seguirá detectando los problemas de competencia únicamente sobre la base de un análisis económico y una investigación sólidos. También será necesario dedicar una atención especial a las concentraciones que puedan obstaculizar el logro de los objetivos de liberalización de la Unión Europea. En 2006, la Comisión adoptará unas directrices sobre jurisdicción revisadas y consolidadas. Asimismo, preparará orientaciones sobre las concentraciones no horizontales y actualizará su política relativa a las soluciones, para tomar en consideración el contenido del estudio ex post realizado al respecto y publicado en 2005. Se comenzará con una revisión de la regla de los dos tercios contenida en los artículos 1, apartado 2, y 1, apartado 3, del Reglamento del Consejo (CE) nº 139/2004, uno de los criterios pertinentes para establecer la jurisdicción de la Comisión sobre las concentraciones de dimensión comunitaria.

3. AYUDAS ESTATALES

674. En el ámbito de las ayudas estatales, las prioridades específicas en materia de aplicación en 2006 están establecidas en el Plan de Acción de Ayudas Estatales. En lo que respecta a la revisión de la política sobre ayudas estatales, la DG Competencia introducirá un planteamiento más económico en el diseño de las ayudas estatales, centrando su interés en las deficiencias del mercado que las ayudas estatales están llamadas a rectificar, reforzando la transparencia y la capacidad de predicción de la política sobre ayudas estatales. Revisará los textos horizontales vigentes en consonancia con tales objetivos, tanto en el fondo como en el procedimiento, centrándose al mismo tiempo en la adopción de medidas (mejores prácticas) para el tratamiento eficaz de los casos, en espera de la entrada en vigor del superreglamento de exención por categorías, y desarrollando la jurisprudencia para orientarla hacia las medidas que más afectan a los intercambios comerciales.

675. Además, intensificará el control del tipo de ayudas que más falsea la competencia adoptando medidas para garantizar que los Estados miembros respetan la obligación de notificación, reforzando el análisis económico en la evaluación de los casos y recuperando sistemáticamente las ayudas concedidas ilegalmente. Con el fin de sancionar la ilegalidad y la incompatibilidad de las ayudas, la DG Competencia desarrollará un nuevo planteamiento sobre las soluciones orientado a mejorar el funcionamiento del mercado en el que opera el beneficiario. La DG Competencia seguirá aplicando un criterio más integrado en la evaluación de los asuntos y en el examen de propuestas importantes.

676. La DG Competencia seguirá promoviendo un mayor sentido de responsabilidad compartida entre la Comisión y los Estados miembros para la reforma de las normas sobre ayudas estatales. Asimismo, seguirá alentando a los tribunales nacionales para que desempeñen un papel más activo en el control de la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales a escala nacional.

677. Como complemento de su actividad, la DG Competencia desarrollará análisis ex post de las medidas de control aplicadas con objeto de extraer lecciones sobre sus repercusiones.

4. ACTIVIDADES INTERNACIONALES

678. En 2006 proseguirán los trabajos de la DG Competencia con los países candidatos y los demás países de los Balcanes Occidentales.

679. En el marco de la política de vecindad, en 2006 deberán completarse las negociaciones sobre los planes de acción que siguen pendientes (Egipto, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Líbano).

680. La Comisión está deseando reforzar la cooperación con jurisdicciones importantes de países terceros y va a preparar el marco para un acuerdo de segunda generación que permitiría intercambiar información confidencial.

681. La conferencia anual de la Red Internacional de Competencia se celebrará en Ciudad del Cabo los días 3 a 5 de mayo de 2006. Los resultados del grupo de trabajo sobre cárteles, copresidido por la Comisión, y la creación de un grupo de trabajo sobre comportamiento unilateral, revisten una importancia especial para la Comisión.

682. En el marco del diálogo bilateral formal sobre competencia entre la UE y China, la Comisión seguirá brindando su asistencia a este país en la elaboración de su ley de competencia.

Anexo – Asuntos tratados en el informe

1. ARTÍCULOS 81, 82 Y 86 DEL TRATADO CE

Asunto | Publicación | Punto |

Acero inoxidable (extra de aleación) | 256 |

Acido monocloroacético | 182 |

Acuerdo Alrosa – De Beers Trade | DO C 136, 3.6.2005 | 64 |

AstraZeneca | IP/05/737, 15.6.2005 | 73, Box 2 |

Austrian Airlines/SAS | DO C 233, 22.9.2005 | 125 |

BMW | 161 |

Bundesliga alemana | 96 |

Cartel de cervezas de Luxemburgo | 260 |

Cartel de las cervezas belgas | 266 |

Coca-Cola | DO L 253, 29.9.2005 y DO C 239, 29.9.2005 | 147 |

Comisión / Grecia | 90 |

Comisión / Luxemburgo | 90 |

Daimler Chrysler | 261 |

E.on Ruhrgas | IP/05/710, 10.6.2005 | 49 |

Euronext | 120 |

Football Association Premier League | IP/05/1441 | 105 |

Fosfato de zinc | 270 |

General Motors (Opel) | 161 |

Granitos especiales | 247 |

Hilo industrial | 185 |

Investigación del sector 3 G | 78 |

Investigación sectorial de los servicios financieros | 114 |

Investigaciones sectoriales en los sectores del gas y la electricidad | 35 |

MasterCard Europe/International (tasas multilaterales de intercambio) | 118 |

Max.mobil | 245 |

Microsoft | 106 |

OMV | IP/05/195, 17.2.2005 | 48 |

REPSOL | 58 |

Restricciones territoriales (suministro de gas) | 47 |

Sacos industriales | 194 |

SAS contra Comisión | 258 |

Seguro de aviación | 122 |

SEP y otros others/Automobiles Peugeot | 153 |

Servicios de banda ancha | 77 |

Servicios postales | 95 |

Sustancias químicas para la industria del caucho | 180, 197 |

Syfait (Glaxo Grecia) | 246 |

Tabaco crudo en Italia | 180, 190 |

T-Mobile | 76 |

Tubos preaislados | 253 |

VEMW | 53 |

Vitaminas | 268 |

Vodafone | 76 |

2. CONTROL DE CONCENTRACIONES

Asunto | Publicación | Punto |

AMI/Eurotecnica | 378 |

Bertelsmann/Springer | 295 |

Blackstone/Acetex | 301 |

Blackstone/NHP | 342 |

Commission/ v Tetra Laval | 381 |

E.on/Mol | 319 |

Energias de Portugal S.A. (EDP)/ v Commission | 388 |

FIMAG/Züblin | 360 |

Honeywell v Commission y General Electric v Commission | 398 |

Honeywell/Novar | 340 |

IESY Repository/Ish | 347 |

Johnson & Johnson (J&J)/Guidant | 313, 680 |

Lufthansa/Swiss | 332 |

Macquarie/Ferrovial /Exeter Airport | 355 |

Maersk/PONL | 336 |

Microsoft/TimeWarner/ContentGuard/JV | 370 |

Reuters/Telerate | 328, 680 |

Siemens/VA Tech | 306 |

Strabag/Dywidag (Walter Bau) | 350 |

Tesco/Carrefour | 364 |

Total/Sasol/JV | 374 |

3. AYUDAS ESTATALES

Asunto | Publicación | Punto |

AB Vingriai (Lituania) | 444 |

Alitalia (Italia) | 613 |

Altair Chimica (Italia) | DO C 131, 28.5.2005 | 537 |

Ampliación del plazo de entrega de 3 años para dos buques (Portugal) | 466 |

Apoyo a la banda ancha en el País de Gales (Reino Unido) | 478 |

Apoyo a las agrupaciones de productores de plátano (Francia) | 589 |

AVR (Países Bajos) | 536 |

Ayuda de funcionamiento para los combustibles biológicos (Austria, República Checa, Estonia, Hungría, Italia, Irlanda, Lituania, Suecia y Bélgica) | 544 |

Ayudas a la innovación para la construcción naval (Alemania) | DO C 235, 23.9.2005 | 461 |

Ayudas a la innovación para la construcción naval (España) | DO C 250, 8.10.2005 | 461 |

Ayudas a la innovación para la construcción naval (Francia) | DO C 256, 15.10.2005 | 461 |

Ayudas anuales al sector del carbon (Alemania, Hungría, Polonia y República Eslovaca) | 604 |

Banda ancha en zonas rurales y aisladas (España) | 478 |

BayernLB (Alemania) | 499 |

Bélgica /Comisión | 644 |

BIAL (Portugal) | DO C 275, 8.11.2005 | 515 |

Breitband Kärnten (Austria) | 478 |

British Energy plc (Reino Unido) | DO L 142, 6.6.2005 | 450 |

Canal internacional de noticias CFII (Francia) | 496 |

Centros tecnológicos (Alemania) | DO L 295, 11.11.2005 | 522 |

Česke dráhy (Ferrocarriles checos) (República Checa) | 605 |

Comisión/ Grecia | 654 |

Compact Disc Albrechts/ Comisión | 659 |

Computer Manufacturing Services (CMS) (Italia) | DO C 187, 30.7.2005 | 439 |

Confédération nationale du Crédit Mutuel / Comisión | 640 |

Construcción naval – ayuda al desarrollo a Ghana-Tugboats (Países Bajos) | DO C 100, 26.4.2005 | 467 |

Construcción naval – ayudas al desarrollo a Mauritania (España) | 467 |

Construcción naval – ayudas al desarrollo a Vietnam (Países Bajos) | 467 |

Corsica Ferries France/ Comisión | 658 |

Creación de Banque Postale (Francia) | 578 |

Cynku Miasteczko Śląskie (Polonia) | 439 |

Chemische Werke Piesteritz (Alemania) | DO L 296, 12.11.2005 | 445 |

Chemobudowa Kraków (Polonia) | 460 |

Deducciones IRAP (Italia) | 550 |

Demostración de la energía maremotriz (Reino Unido) | 535 |

Desarrollo de la banda ancha en Appingedam (Países Bajos) | 480 |

Descodificadores digitales (Italia) | 486 |

Digitalisierungsfonds (Austria) | 482 |

E-Glass (Alemania) | 506 |

ELVO (Hellenic Vehicle Industry) (Grecia) | 582 |

Ernault (Francia) | 439 |

Ernault (Francia) | DO C 324, 21.12.2005 | 446 |

Euromoteurs (Francia) | DO C 137, 4.6.2005 | 446 |

Exención del impuesto sobre los contratos de seguros distintos de los de salud a favor de sociedades mutuas y mutualidades de previsión social (Francia) | 567 |

Exención del impuesto sobre transacciones immobiliarias para empresas immobiliarias en nuevos Estados federados alemanes (Alemania) | 510 |

F.J. Pape | 639 |

Fondo de reserve exento de impuestos (Grecia) | 557 |

Fondo de solidaridad para la compensación de condiciones metereológicas adversas (Italia) | 591 |

Fondos de capital para empresas (Reino Unido) | 528 |

Ford Genk (Bélgica) | 549 |

Frucona Kosice (República Eslovaca) | DO C 233, 22.9.2005 | 443 |

Función y financiación de los entes públicos de radiodifusión (Alemania, Irlanda y Países Bajos) | 491 |

Glunz (Alemania) | DO C 263, 22.10.2005 | 508 |

Grupo ABX Logistics | 611 |

Grupo Biria (Alemania) | 455 |

Hessicher Investitionsfonds (Alemania) | 498 |

Holland Malt (Países Bajos) | 592 |

HSH Nordbank (Alemania) | 499 |

Huta Czestochowa (Polonia) | 475 |

Huta Stalowa Wola (Polonia) | 459 |

Imprimerie Nationale (Francia) | 447 |

Impuesto sobre el fósforo mineral en los fosfatos destinados a la alimentación animal (Dinamarca) | 583 |

Incentivos fiscals en favour de empresas de reciente cotización bursátil (Italia) | 562 |

Incentivos fiscals para la adquisición de empresas industrials en crisis (Francia) | 570 |

Incentivos fiscals para los mecanismos especializados de inversión en empresas de escasa capitalización(Italia) | 560 |

Infraestructura abierta de banda ancha en el Lemosín (Francia) | 479 |

Infraestructura aeroportuaria (Alemania y Bélgica) | 622 |

Inundaciones durante el verano de 2005 (Austria y Alemania) | 573 |

Investbx (Reino Unido) | DO C 288, 19.11.2005 | 524 |

Italia / Comisión | 649 |

Konas (República Eslovaca) | 456 |

Kronopoly (Alemania) | 503 |

Lacio – Reducción de gases de efecto invernadero (Italia) | 633 |

Lignit Hodonín, s.r.o. (República Checa) | DO C 250, 8.10.2005 | 502 |

Mecanismo defensivo temporal para la construcción naval (Finlandia, Alemania y Polonia) | DO C 131, 28.5.2005 DO C 162, 2.7.2005 | 465 |

Medidas de protección del ganado atacado por depredadores (Toscana, Italia) | 590 |

Medidas urgentes de empleo (Italia) | 631 |

MG Rover (Reino Unido) | DO C 187, 30.7.2005 | 439, 457 |

Mittal Steel Poland (Polonia) | 477 |

Modificación del mapa nacional de ayudas estatales de finalidad regional de Grecia | 513 |

Modificación del mapa nacional de ayudas estatales de finalidad regional de Finlandia 2000-2006 | DO C 223, 10.9.2005 | 513 |

Municipalizzate (Italia) | 629 |

Nazairdis (hoy Distribution Casino Francia) | 662 |

Neorion shipyards (Grecia) | DO C 230, 20.9.2005 | 466 |

NESTA (Reino Unido) | 532 |

Olympic Airways (Grecia) | 619 |

Plan nacional de ayuda a las zonas LFA (Finlandia) | 584 |

Planes de restructuración del sector del carbón (Alemania, Hungría y Polonia) | 603 |

Plans de Campagne (Francia) | 587 |

Producción de alúmina (Francia, Irlanda e Italia) | 539 |

Proyecto de acceso de banda ancha en el medio rural (Reino Unido) | 478 |

Recogida y eliminación de los residuos de pescado (Fallen Fish) (Reino Unido) | 601 |

Recogida y eliminación de residuos cárnicos en 2003 (équarrissage) (Francia) | 586 |

Reducciones en la imposición del CO2 (Eslovenia) | 541 |

Reforma del sistema de formación profesional (Italia) | 546 |

Reforma del sistema del seguro de enfermedad (Países Bajos) | 575 |

Régimen de ayudas para el transporte combinado en la región valona y régimen de ayudas para el transporte combinado (Bélgica) | 608 |

Régimen de ayudas para fomenter el uso de transporte combinado (Italia) | 610 |

Régimen de ayudas para la creación de nuevos servicios de transporte combinado (Alemania) | 609 |

Régimen de ayudas para promover la instalación del Sistema Europeo de Control de Trenes - ETCS (Países Bajos) | 606 |

Régimen de garantía de financiación de la construcción naval (Italia) | 469 |

Régimen de garantía de financiación de la construcción naval (Países Bajos) | DO C 228, 17.9.2005 | 469 |

Régimen fiscal del País Vasco (España) | 632 |

Regímenes de cánones de licencias para la radiodifusón pública (Francia, Italia y España) | 489 |

Ryanair (Bélgica) | 616 |

SABIC (Países Bajos) | DO C 176, 16.7.2005 | 501 |

Sector aeronáutico (Italia) | DO C 252, 12.10.2005 | 518 |

Sector pesquero – daños causados por una tormenta(Letonia) | 602 |

Seguimiento de Alstom (Francia) | 442 |

Shetland Sea Fish Limited (Reino Unido) | 600 |

SNCF Freight (Francia) | 607 |

Sniace / Comisión | 646 |

Sociedades gibraltareñas exentas (Reino Unido) | 554 |

Sociedades holding exentas “1929” (Luxemburgo) | 564 |

Solvay Rosignano (Italia) | DO C 176, 16.7.2005 | 537 |

Stocznia Gdynia (Polonia) | DO C 220, 8.9.2005 | 471 |

Stocznia Szczecinska (Polonia) | DO C 222, 9.9.2005 | 471 |

Streekgewest Westelijk Noord-Brabant | 636 |

SVZ Schwarze Pumpe GmbH (Alemania) | 439 |

Tasa sobre el cambio climático (Reino Unido) | 595 |

Televisión Digital Terrestre (DVB-T) en Berlin-Brandenburg (Alemania) | 483 |

Tessenderlo Italia (Italia) | DO C 223, 10.9.2005 | 537 |

Thüringen Porzellan, Kahla (Alemania) | 630 |

Tugboat Bangladesh (España) | DO C 162, 2.7.2005 | 467 |

Ventajas en favour de los clubes deportivos profesionales (Italia) | 566 |

Volvo (Suecia) | DO C 230, 20.9.2005 | 538 |

VPFM (República Checa) | DO C 176, 16.7.2005 | 477 |

[1] http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/article\_82\_review.html

[2] COM(2005)651 - propuesta de Reglamento del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 4056/86, se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los transportes marítimos y se modifica el Reglamento (CE) n° 1/2003 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia.

[3] DO L 378 de 31.12.1986, p. 24.

[4] Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo del 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).

[5] DO L 101 de 21.4.2005, p. 10.

[6] Reglamento (CEE) n° 1617/93 de la Comisión de 25 de junio de 1993 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que tengan por objeto la planificación conjunta y la coordinación de horarios, la utilización conjunta de líneas, las consultas relativas a las tarifas de transporte de pasajeros y mercancías en los servicios aéreos regulares y la asignación de períodos horarios en los aeropuertos (DO L 155 de 26.6.1993, p. 18). Reglamento modificado en último lugar por el Acta de adhesión de 2003.

[7] Véase en este contexto, por ejemplo, el asunto Porsche, Comunicado de prensa IP/04/585, 3.5.2004.

[8] Véase el Comunicado de prensa IP/05/1208, 30.9.2005.

[9] Comunicación de la Comisión relativa a las normas de acceso al expediente de la Comisión en los supuestos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, los artículos 53, 54 y 57 del Acuerdo EEE, y el Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo (DO C 325 de 22.12.2005, p. 7).

[10] Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 30 de mayo de 2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).

[11] Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO C 45 de 19.2.2002).

[12] Para las distintas maneras de informar a la Comisión (información sobre el mercado, denuncias), véanse los párrafos 3 y 4 de la Comunicación de la Comisión sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de los artículos 81 y 82 del Tratado CE (DO C 101, 27.4.2004, p. 65) (denominada en lo sucesivo la " Comunicación de la Comisión sobre denuncias").

[13] Véase la Comunicación de la Comisión sobre denuncias, así como el artículo 5 del Reglamento (CE) n° 773/2004 de la Comisión y su anexo (formulario C).

[14] Véanse los párrafos 19 y ss. de la Comunicación de la Comisión sobre denuncias, así como los párrafos 5 y ss. de la Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia (DO C 101/2004 de 27.4.2004, p. 43).

[15] Véase el párrafo 16 de la Comunicación de la Comisión sobre denuncias.

[16] Véase el asunto C-453/99, Courage/Crehan, apartados 26 y 27, Rec. 2001, p. I-6297; considerando 7 del Reglamento (CE) n° 1/2003.

[17] Libro Verde sobre Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia, COM (2005) 672 de 19.12.2005 (véase la sección A.I.5.).

[18] Véase en particular el considerando 3 del Reglamento (CE) n° 1/2003, así como el párrafo 11 de la Comunicación de la Comisión sobre denuncias.

[19] Véanse los párrafos 41 y ss., en especial el párrafo 43, de la Comunicación de la Comisión sobre denuncias.

[20] SEC (2005) 791.

[21] Véase la sección 9 de los anexos a las Directrices de evaluación de impacto.

[22] Véase la sección 9.2 de los anexos a las Directrices de evaluación de impacto.

[23] Véase http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/actions\_for\_damages/gp.html.

Complementado con un documento de trabajo de los servicios de la Comisión, disponible en http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/actions\_for\_damages/sp.html, que sirve de base y desarrolla las opciones políticas mencionadas en el Libro Verde.

[24] Véase el estudio encargado por la Comisión y publicado en 2004, disponible en

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/actions\_for\_damages/study.html

[25] Asunto C-453/99 Courage/Crehan, Rec. 2001, p. I-6297.

[26] Decisión (CE) de la Comisión nº C (2005) 1682 de 13 de junio de 2005 por la que se inicia una investigación en los sectores del gas y la electricidad de conformidad con los poderes de la Comisión con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CE) N° 1/2003 del Consejo. Véase http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector\_inquiries/energy/decision\_en.pdf

[27] Véase http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector\_inquiries/energy/communication\_en.pdf

[28] Comunicación al Consejo Europeo de primavera – Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo – Relanzamiento de la estrategia de Lisboa, COM (2005)24 de 2.2.2005. Véanse en particular las páginas 8 y 19.

[29] Véase:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector\_inquiries/energy/issues\_paper15112005.pdf

[30] http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/entscheidungen/Kartellrecht/EntschKartell.shtml

[31] Informe de competencia 2003, punto 98.

[32] Comunicado de prensa IP/05/195, 17.2.2005.

[33] Comunicado de prensa IP/05/710, 10.6.2005.

[34] Reglamento (CE) n° 1775/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de septiembre de 2005 sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (DO L 289 de 3.11.2005, p. 1).

[35] Directiva 89/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura.

[36] Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de junio de 2003 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 176 de 15.7.2003, p. 57).

[37] Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de junio de 2003 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (DO L 176 de 15.7.2003, p. 37).

[38] Asunto C-17/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water y otros/Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie .

[39] Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de diciembre de 1996 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (DO L 27 de 30.1.1997, p. 20).

[40] Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

[41] DO C 258 de 20.10.2004, p. 7.

[42] DODO = propiedad de la empresa explotadora.

[43] DO C 136 de 3.6.2005, p. 32.

[44] Véase: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by\_nr\_76.html#i38\_381

[45] Directiva 91/414/CEE del Consejo de 15 de julio de 1991 relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 230 de 19.8.1991, p. 1).

[46] COM(2003)644 final.

[47] Comunicado de prensa IP/05/737, 15.6.2005.

[48] Reglamento (CEE) n° 1768/92 del Consejo de 18 de junio de 1992 relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 182 de 2.7.1992, p. 1).

[49] Asunto COMP/38.436 QSC; Comunicado de prensa IP/04/281, 1.3.2004.

[50] Asuntos acumulados COMP/37.451, 37.578 y 37.579 Deutsche Telecom (DO L 263 de 14.10.2003, p. 9). Véase el Comunicado de prensa IP/03/717, 21.5.2003. La decisión está recurrida ante el TPI como asunto T-271/03 (DO C 264 de 1.11.2003, p. 29).

[51] Véase el Comunicado de prensa IP/05/1033, 3.8.2005. Un motivo de la nueva disminución de las tarifas al por mayor de las líneas compartidas es que BNetzA basó su prueba previa de la compresión de márgenes en los costes de DT (que sirvieron de base para la decisión Deutsche Telecom) y en los costes de un operador eficiente (muy probablemente mayores). Por ello, a la hora de establecer una prueba de la compresión de márgenes, se tuvieron en cuenta las dos posibilidades que se establecen en la Comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el sector de las telecomunicaciones (DO C 265 de 22.8.1998, p. 2).

[52] Disponible en http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector\_inquiries/new\_media/3g/

[53] Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33).

[54] Decisión C(2005) 1442 de la Comisión en el asunto DE/2005/0144 disponible en:

http://forum.ec.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/home

[55] Asunto UK/2004/0111 (por lo que se refiere a los servicios de transmisión gestionados) y asunto FR/2005/0179; las comunicaciones sobre retiradas se encuentran disponibles en:

http://forum.ec.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/home

[56] Decisión de la Comisión en los asuntos FR/2005/221 a FR/2005/0226, SG-Greffe (2005) D/205048.

[57] Directiva 2002/77/CE de la Comisión de 16 de septiembre de 2002 relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 249 de 17.9.2002, p. 21). La DG Sociedad de la información es responsable del cumplimiento por parte de los Estados miembros de las otras directivas del marco regulador de las comunicaciones electrónicas.

[58] Asunto C-299/04 Comisión / Grecia, sentencia de 14 de abril de 2005.

[59] Asunto C-349/04 Comisión / Luxemburgo , sentencia de 16 de junio de 2005.

[60] Procedimiento 2004/2197 – Liberalización – Suecia – Infracción de la Directiva 2002/77/CE.

[61] Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (DO L 15 de 21.1.1998, p. 25) ; Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de junio de 2002 por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad (DO L 176 de 5.7.2002, p. 21).

[62] Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas de competencia al servicio postal y sobre la evaluación de determinadas medidas estatales relativas a los servicios postales (DO C 39 de 6.2.1998, p. 2, apartado 5.4).

[63] COMP/37.214 – Venta conjunta de derechos a medios de comunicación a la Bundesliga alemana. Texto completo publicado en el sitio Internet de DG de Competencia:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37214/en.pdf

[64] Véase la Decisión de la Comisión sobre la Liga de campeones de la UEFA (DO L 291 de 8.11.2003, p. 25), referente a la cuestión de la venta conjunta.

[65] Varias Decisiones de concentración de la Comisión se ocuparon de este aspecto; por ejemplo Newscorp/Telepiù , en el asunto COMP/M.2876 de 2 de abril de 2003.

[66] En el documento MEMO 05/16 figura un resumen completo de los compromisos y una descripción detallada de los paquetes de derechos.

[67] DO C 229 de 14.9.2004, p. 15.

[68] Los cambios relativos a la televisión y (en parte) a Internet entrarán en vigor el 1 de julio 2006. Los demás cambios se aplicaron a partir del 1 de julio de 2004.

[69] Asunto COMP/38.173; Véase el Comunicado de prensa IP/05/1441 de 17.11.2005.

[70] C(2005) 2988 final.

[71] Véase:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector\_inquiries/financial\_services/communication\_en.pdf

[72] Véase:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector\_inquiries/financial\_services/decision\_retailbanking\_en.pdf

[73] Véase:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector\_inquiries/financial\_services/decision\_insurance\_en.pdf

[74] Véanse respectivamente: http://www.visaeurope.com/aboutvisa/overview/fees/interchangefeelevels.jsp y: http://www.mastercardintl.com/corporate/mif\_information.html

[75] Las denominadas Norma de no aplicar recargos/Norma de no discriminación y la Norma de no habrá adhesión sin emisión; véase el Competition Policy Newsletter 2005 nº 2, p. 57.

[76] Comunicado de prensa IP/05/1032 de 2.8.2005.

[77] Comunicado de prensa IP/05/361 de 23.3.2005.

[78] DO C 233 de 22.9.2005, p. 18.

[79] Reglamento (CE) nº 847/2004 del Parlamento Europeo y el Consejo de 29 de abril de 2004 sobre la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros (DO L 157 de 30.4.2004, p.7).

[80] Decisiones de la Comisión C(2005)2667 y C(2005)2668 de 15 de julio de 2005, Decisiones de la Comisión C(2005)5736, C(2005)5737 y C(2005)5740 de 23 de diciembre de 2005.

[81] Asunto C-225/91 Matra/Comisión Rec. 1993, p. I-3203, apartado 41.

[82] Asunto 267/86 Pascal Van Eycke/ASPA NV , Rec. 1988, p. 4769, apartado 16.

[83] Esta propuesta pretende sustituir al Reglamento (CEE) nº 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (DO L 156 de 28.6.1969, p.1).

[84] Puede encontrarse el informe en la dirección siguiente:

http://ec.europa.eu/comm/competition/liberal\_professions/final\_communication\_en.pdf (Este informe se completó mediante el Ejercicio de Inventario sobre la regulación de servicios profesionales en los diez nuevos Estados miembros de la UE, publicado en noviembre de 2004, que figura en: http://ec.europa.eu/comm/competition/liberalization/conference/overview\_of\_regulation\_in\_the\_eu\_professions.pdf)

[85] Puede encontrarse el informe de seguimiento en la dirección siguiente:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/#liberal

[86] Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (DO L 365 de 31.12.1994, p. 10). Esta Directiva fue modificada por la Directiva 2004/12/CE de 11 de febrero de 2004 (DO L 47 de 18.2.2004, p. 26).

[87] Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil (DO L 269 de 21.10.2000, p. 34).

[88] Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (DO L 37 de 13.2.2003, p. 24).

[89] Decisión de la Comisión de 16.10.2003 (DO L 75 de 12.3.2004, p. 59; ARA, ARGEV, ARO , procedimiento con arreglo al artículo 81 CE) – recurso; Decisión de la Comisión de 17.9.2001 (DO L 319 de 4.12.2001, p. 1; DSD , procedimiento con arreglo al artículo 81 CE) – recurso; Decisión de la Comisión de 15.6.2001 (DO L 233 de 31.8.2001, p. 37; Eco Emballages , procedimiento con arreglo al artículo 81 CE); y Decisión de la Comisión de 20.4.2001 (DO L 166 de 21.6.2001, p. 1; DSD, procedimiento con arreglo al artículo 82 CE) – recurso.

[90] El documento se encuentra en http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/waste.pdf

[91] Asunto COMP/39116 – Coca-Cola (DO L 253, 29.9.2005, p. 21, y DO C 239, 29.9.2005, p. 19). Véase también http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by\_nr\_78.html#i39\_116

[92] DO C 289 de 26.11.2004, p. 10.

[93] Asuntos COMP/36.623, COMP/36.820 y COMP/37.275.

[94] Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión de 28 de junio de 1995 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles. Este Reglamento ha sido sustituido posteriormente por el Reglamento (CE) de la Comisión nº 1400/2002 (DO L 203 de 1.8.2002).

[95] Asunto T-450/05, Automobiles Peugeot y Peugeot Nederland/Comisión.

[96] Asunto COMP/38.771 Europäischer BMW- und Mini Partnerverband e.V./BMW AG.

[97] Asunto COMP/38.864 PO/General Motors – Acuerdos de distribución de Opel y asunto COMP/38.901 Verband Deutscher Opel-Händler/Adam Opel.

[98] Por lo que se refiere a otras cuestiones planteadas por una asociación de concesionarios, prosiguen las conversaciones.

[99] Reglamento (CE) n° 1400/2002 de la Comisión relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor (DO L 203 de 1.8.2002).

[100] En este importe no se incluye a los solicitantes de dispensa.

[101] La nueva Comunicación se aplica cuando la solicitud de dispensa fue recibida en la Comisión después de 19 de febrero de 2002.

[102] Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel (DO C 45 de 19.2.2002).

[103] Asunto COMP/37.773 MCAA .

[104] Asunto COMP/38.337 PO/Thread .

[105] Asunto COMP/38.281 Tabaco crudo en Italia .

[106] Asunto COMP/38.238 Tabaco crudo en España (existe una versión no oficial en la página web de la DG Competencia).

[107] Asunto COMP/38.354 Sacos industriales .

[108] Asunto COMP/38443 Sustancias químicas para la industria del caucho .

[109] Banca; Valores; Alimentos; Productos Farmacéuticos; Servicios Profesionales; Medio Ambiente; Energía; Ferrocarriles; Vehículos de Motor; Telecomunicaciones; Medios de Comunicación.

[110] Comunicación sobre la cooperación en la Red, punto 6.

[111] Comunicado de prensa MEMO/05/63 de 24.2.2005.

[112] Esta posibilidad se apuntaba en la Comunicación de la Comisión sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de los artículos 81 y 82 del Tratado CE (DO C 101 de 21.4.2004, p. 65, apartados 19 y ss.).

[113] Asunto C-209/98 Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) contra Københavns Kommune , Rec. 2000, p. I-3743.

[114] Asunto C-203/96 Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV y otros contra Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer , Rec.1998, p. I-4075.

[115] DO C 372 de 9.12.1997, p. 1.

[116] Asunto C-141/02 P Comisión/ T-Mobile Austria GmbH .

[117] Asunto C-53/03 Syfaity Otros./GlaxoSmithkline AEVE .

[118] Asuntos acumulados T-71/03, T-74/03, T-87/03 y T-91/03 Tokai, Intech EDM y SGL Carbon/Comisión .

[119] Asunto C-328/05 P - SGL Carbon/Comisión .

[120] Asuntos acumulados C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P. Dansk Rørindustri y otros/Comisión .

[121] Asuntos T-21/99 Dansk Rørindustri/Comisión , Rec. 2002, p. II-1681, asunto T-9/99 HFB y otros/Comisión , Rec. 2002, p. II-1487, asunto T-17/99 KE KELIT/Comisión , Rec. 2002, p. II-1647, asunto T-23/99 LR AF 1998 /Comisión , Rec. 2002, p. II-1705, asunto T-15/99 Brugg Rohrsysteme/Comisión , Rec. 2002, p. II-1613, asunto T-16/99 Lögstör Rör/Comisión , Rec. 2002, p. II-1633 y asunto T-31/99 ABB Asea Brown Boveri/Comisión, Rec.2002, p. II-1881.

[122] Véanse las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO C 9 de 14.1.1998, p. 3).

[123] Asuntos acumulados C-65/02 P y C-73/02 P Thyssen Krupp Stainless y Thyssen Krupp Acciai speciali Terni/Comisión , y asunto C-57/02 P Acerinox/Comisión .

[124] Asuntos acumulados T-45/98 y T-47/98 Krupp Thyssen Stainless y Acciai speciali Terni/Comisión , Rec.2001, p. II-3757 y asunto T-48/98 Acerinox /Comisión , Rec. 2001, p. II-3859.

[125] Asunto COMP/35.814 Extra de aleación (DO L 100, 1.4.1998, p. 55). Para una amplia descripción de la Decisión, véase el Informe sobre la política de competencia 1998.

[126] Asunto T-241/01, SAS/Comisión .

[127] Asuntos acumulados T-49/02, T-50/02, T-51/02 Brasserie nationale/Comisión .

[128] Asunto T-325/01, DaimlerChrysler/Comisión .

[129] Véase el Informe sobre la política de competencia 2001, p. 187.

[130] Asunto T-38/02 Grupo Danone/Comisión y asunto T-48/02 Haacht/Comisión .

[131] Asuntos acumulados T-22/02 y T-23/02 Sumitomo Chemical Co. Ltd y Sumika Fine Chemicals Co. Ltd/Comisión .

[132] Asuntos T-33/02 Britannia Alloys & Chemicals Limited , T-52/02 Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A., T-62/02 Union Pigments AS y T-64/02 Hans Heubach GmbH & Co KG .

[133] Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO L 24 de 29.1.2004).

[134] http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/abandonment\_of\_concentrations\_en.pdf

[135] Comunicación de la Comisión sobre la remisión de asuntos de concentraciones (DO C 56 de 5.3.2005, p. 2) (en adelante denominada Comunicación sobre remisión de asuntos).

[136] En 2005 se remitieron a la Comisión 313 notificaciones de concentraciones.

[137] Asunto COMP/M.3178 Bertelsmann /Springer/JV .

[138] Asunto COMP/M.3625 Blackstone/Acetex .

[139] Asunto COMP/M.3653 Siemens/VA Tech .

[140] Asunto COMP/M.2139 Bombardier/ADtranz; véase el Informe de competencia de 2001.

[141] Asunto COMP/M.3687 Johnson & Johnson (J&J)/Guidant .

[142] Asunto COMP/M.3696 E.ON/Mol .

[143] http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/

[144] Asunto COMP/M.3692 Reuters/Telerate .

[145] Asunto COMP/M.3770 Lufthansa/Swiss .

[146] Asunto COMP/M.3829 Maersk/PONL .

[147] Asunto COMP/M.3686 Honeywell/Novar .

[148] Asunto COMP/M.3669 Blackstone/NHP .

[149] Asunto COMP/M.3674 IESY Repository/Ish .

[150] Asunto COMP/M.3754 Strabag/Dywidag .

[151] Asunto COMP/M.3823 Macquarie/Ferrovial/Exeter Airport .

[152] Asunto COMP/M.3864 FIMAG/Züblin .

[153] Asunto COMP/M.3905 Tesco/Carrefour .

[154] Asunto COMP/M.3445 Microsoft/Time Warner/ContentGuard JV .

[155] Asunto COMP/M.3637 Total/Sasol/JV .

[156] Asunto COMP/M.3923 AMI/Eurotecnica .

[157] Asunto C-12/03P, Comisión v Tetra Laval B.V.

[158] Asunto T 5/02 Tetra Laval B.V. v Comisión , Rec. [200 2] II-4381.

[159] Asunto COMP/M.2416 Tetra Laval/Sidel , decisión adoptada con arreglo a la versión anterior del Reglamento de concentraciones, Reglamento (CE) nº 4000 64/89 del Consejo, sustituido por el Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo.

[160] Asunto T-87/05 EDP, Energias de Portugal SA/Comisión .

[161] Asunto COMP/M.3440 ENI/EDP/GDP , decisión adoptada con arreglo a la versión anterior del Reglamento de concentraciones, Reglamento (CE) nº 4000 64/89 del Consejo.

[162] Asunto T-209/01 Honeywell/Comisión , y Asunto T-210/01 General Electric/Comisión .

[163] Asunto COMP/M.2220 GE/Honeywell .

[164] COM(2005) 107 final de 7.6.2005, http://ec.europa.eu/comm/competition/state\_aid/others/action\_plan/

[165] http://ec.europa.eu/comm/competition/state\_aid/regional/

[166] DO C 45 de 17.2.1996, modificado por la Comunicación de la Comisión por la que se modifica el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo (DO C 48 de 13.2.1998, p.2).

[167] DO C 111 de 8.5.2002.

[168] DO C 310 de 8.12.2005.

[169] Apartado 28 del Plan de acción de ayudas estatales.

[170] COM (2005) 436 final de 21.9.2005. Comunicado de prensa IP/05/1169. MEMO/05/33.

[171] DO C 281 de 17.9.1997, modificado por el DO C 217 de 2.8.2001 y el DO C 307 de 11.12.2004.

[172] DO C 325 de 22.12.2005. Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se modifica la Comunicación con arreglo al apartado 1 del artículo 93 [actual artículo 87] del Tratado CE por la que se aplican los artículos 92 y 93 [actuales artículos 87 y 88] del Tratado al seguro de crédito a la exportación a corto plazo.

[173] Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (DO C 37 de 3.2.2001).

[174] http://ec.europa.eu/comm/competition/state\_aid/others/00910\_questionnaire\_env\_es.pdf

[175] DO L 312 de 29.11.2005, p. 67.

[176] DO C 297 de 29.11.2005, p. 4. El Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público no es aplicable a los servicios públicos de radiodifusión, contemplados en la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión.

[177] Directiva 2005/81/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005 , por la que se modifica la Directiva 80/732/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas así como a la transparencia entre determinadas empresas (DO L 312 de 29.11.2005, p. 47).

[178] C-280/00 de 24 de julio de 2003 sobre la concesión de licencias para servicios regulares de transporte por autocar en el Landkreis Stendal (Alemania) y de subvenciones públicas para la ejecución de dichos servicios.

[179] DO C 147 de 17.6.2005.

[180] http://ec.europa.eu/comm/agriculture/stateaid/newms/index\_en.htm

[181] Comunicación de la Comisión — Directrices comunitarias sobre la financiación de aeropuertos y las ayudas estatales de puesta en marcha destinadas a compañías aéreas que operen desde aeropuertos regionales (DO C 312 de 9.12.2005, p. 1).

[182] COM(2005) 624 final, 9.12.2005, Marcador de ayudas estatales, actualización de otoño de 2005.

[183] COM(2005) 147 final, 20.4.2005, Marcador de ayudas estatales, actualización de primavera de 2005.

[184] http://ec.europa.eu/comm/competition/state\_aid/scoreboard/

[185] http://ec.europa.eu/comm/competition/state\_aid/register/

[186] Salvo en el sector de los transportes.

[187] Asunto NN 44/2004 Ayuda de salvamento a SVZ Schwarze Pumpe GmbH .

[188] Asunto NN 42/2005 Ayuda de salvamento a MG Rover (DO C 187 de 30.7.2005).

[189] Asunto N 91/2005 Ayuda de salvamento a Computer Manufacturing Services (DO C 187 de 30.7.2005).

[190] Asunto N 275/2005 Ayuda de salvamento a Cynku Miasteczko Z[pic]l[pic]skie .

[191] Asunto N 575/2004 Ayuda de salvamento a Ernault .

[192] Directrices comunitarias sobre ayudas estatales deAyuda de salvamento a Cynku Miasteczko Śląskie.

[193] Asunto N 575/2004 Ayuda de salvamento a Ernault.

[194] Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO C 288 de 9.10.1999).

[195] Asunto C 58/2003, decisión condicional de 7 de julio de 2004.

[196] Asunto C 25/2005 (ex NN 21/2005, ex CP 193/2004) Medidas a favor de Frucona Kosice (DO C 233 de 22.9.2005).

[197] Asunto N 584/2004 Ayuda de reestructuración a AB Vingriai .

[198] Asunto C43/2001 Chemische Werke Piesteritz GmbH (DO L 296 de 12.11.2005).

[199] Asunto C 1/2005 Ayuda de reestructuración a Euromoteurs (OJ C 137 de 4.6.2005).

[200] Asunto N 250/2005 Ayuda de reestructuración a Ernault (OJ C 324 de 21.12.2005).

[201] Asunto C 57/2002 Ayuda fiscal para la adquisición de empresas en crisis (DO L 108 de 16.4.2004). La Comisión adoptó una decisión negativa con recuperación el 16 de diciembre de 2003.

[202] Asunto N 370/2004 Ayuda de reestructuración en favor de Imprimerie Nationale .

[203] Asunto C 52/2003 Ayuda en favor de British Energy plc (DO L 142 de 6.6.2005).

[204] Asunto C 38/2005 Grupo Biria .

[205] C 42/2005 (ex NN 66/2005, ex N 195/2005) Ayuda de reestructuración en favor de Konas, Ltd .

[206] Asunto PN 26/2005 Modificación del mapa regional de ayuda – MG Rover .

[207] Asunto C 44/2005 Ayuda de reestructuración a favor de Huta Stalowa Wola S.A .

[208] Asunto N 233/2005 Ayuda de reestructuración a favor de Chemobudowa Kraków .

[209] Asunto N 452/2004 Ayudas a la innovación para la construcción naval (DO C 235 de 23.9.2005).

[210] Asunto N 429/2004 Ayudas a la innovación para la construcción naval (DO C 256 de 15.10.2005).

[211] Asunto N 423/2004 Ayudas a la innovación para la construcción naval (DO C 250 de 8.10.2005).

[212] DO C 317 de 30.12.2003.

[213] Reglamento (CE) nº 1177/2002 del Consejo, de 27 de junio de 2002 (DO L 172 de 2.7.2002). Modificado por el Reglamento (CE) nº 502/2004 del Consejo, de 11 de marzo de 2004 (DO L 81 de 19.3.2004).

[214] Asunto N 23/2005 Mecanismo defensivo temporal (DO C 131 de 28.5.2005).

[215] Asunto N 39/2005 Mecanismo defensivo temporal para la construcción naval (DO C 131 de 28.5.2005).

[216] Asunto N 81/2005 Temporary defensive measures for shipbuilding (DO C 162 de 2.7.2005).

[217] DO L 202 de 18.7.1998.

[218] Asunto N 596/2003 Astilleros Neorion (DO C 230 de 20.9.2005).

[219] Asunto C 33/2004 (ex N 63/2004) Ampliación del plazo de entrega de tres años para dos buques.

[220] Asunto N 450/2004 Ayuda al desarrollo Ghana tres remolcadores (DO C 100 de 26.4.2005).

[221] Asunto N 185/2005 Ayuda a la construcción naval - Vietnam .

[222] Asunto N 517/2004 Construcción naval – Remolcador para Bangladesh (DO C 162 de 2.7.2005).

[223] Asunto N 436/2005 Ayuda a Mauritania – Decisión de construcción naval .

[224] Asunto C 28/2003 (ex N 371/2001) Régimen de garantía para la construcción naval .

[225] Asunto N 253/2005 Régimen de garantía para la construcción naval (DO C 228 de 17.9.2005).

[226] Asunto N 512/2003 Regímenes alemanes de garantía para la construcción naval (DO C 62 de 11.3.2004).

[227] DO C 71 de 11.3.2000.

[228] Asuntos acumulados C 17/2005 (ex N 194/2005, ex PL 34/2004) y C 18/2005 (ex N 438/2004) Ayuda de reestructuración a Stocznia Gdynia (DO C 220 de 8.9.2005).

[229] C 19/2005 (ex N 203/2005, ex PL 31/2004) Ayuda de reestructuración a Stocznia Szczecinska (DO C 222 de 9.9.2005).

[230] Más detalles se ofrecen en el documento COM (2005) 359 final de 3.8.2005. Segundo informe de supervisión sobre la reestructuración del sector siderúrgico en la República Checa y Polonia. Véase también http://ec.europa.eu/comm/enterprise/steel/index.htm

[231] Asunto C 20/2004 Huta Czestochowa .

[232] Asunto T-152/99 Hamsa , [2002] Rec. II-3049, apartado 168.

[233] Asunto N 600/2004 Autorización de reducciones de capacidad para VPFM (DO C 176 de 16.7.2005).

[234] Asunto N 186/2005 Mittal Steel Poland – Cambio de IBP .

[235] Asunto N 57/2005 Apoyo a la banda ancha en el País de Gales . Decisión de la Comisión de 1.6.2005; Asunto N 267/2005 Proyecto de acceso de banda ancha en el medio rural . Decisión de la Comisión de 5.10.2005.

[236] Asunto N 583/2004 Banda ancha en zonas rurales y aisladas . Decisión de la Comisión de 6.4.2005.

[237] Asunto N 263/2005 Breitband Kärnten . Decisión de la Comisión de 20.10.2005.

[238] Tales como el Plan de acción eEurope 2005 y la iniciativa i2010.

[239] Asunto N 382/2004, Decisión de la Comisión de 3.5.2005.

[240] Asunto C-280/00 Altmark Trans [2003] Rec. I-7747.

[241] Asunto T-367/05 UPC / Comisión.

[242] Asunto C 35/2005 Desarrollo de banda ancha en Appingedam . Decisión de la Comisión de 20.10.2005.

[243] Asunto N 622/2003 Digitalisierungsfonds , Decisión de la Comisión de 16.3.2005.

[244] Asunto C 25/2004 TV digital terrestre (DVB-T) en Berlín-Brandenburgo , Decisión de la Comisión de 9.11.2005.

[245] Asunto E 10/2005 (Francia) Canon de licencia , Decisión de la Comisión de 20.4.2005. Asunto E 9/2005 (Italia) Capital y otras medidas – RAI , Decisión de la Comisión de 20.4.2005. Asunto E 8/2005 (España) Ente público de radiodifusión, RTVE , Decisión de la Comisión de 20.4.2005.

[246] Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 27.3.1999, p.1).

[247] Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión (DO C 320 de 15.11.2001).

[248] Asunto N 54/2005 Canal internacional de noticias CFII , Decisión de la Comisión de 7.6.2005.

[249] Asunto N 248/2004 Hessicher Investitionsfonds , Decisión de la Comisión de 6.9.2005.

[250] Asunto NN 71/2005 Ampliación de capital en HSH Nordbank , Decisión de la Comisión de 6.9.2005.

[251] Asunto NN 72/2005 Ampliación de capital en BayernLB , Decisión de la Comisión de 6.9.2005.

[252] Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional (DO C 74 de 10.3.1998).

[253] Asunto N 492/2004 Ayuda al desarrollo regional en favor de SABIC (DO C 176 de 16.7.2005).

[254] Asunto N 597/2004 Lignit Hodonín, s.r.o. (DO C 250 de 8.10.2005).

[255] Asunto C 5/2004, A yuda a favor de Kronopoly GmbH .

[256] Asunto C 12/2005 E-glass AG .

[257] Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 27.3.1999, p. 1).

[258] Asunto C 28/2005 Ayuda en favor de Glunz AG (DO C 263 de 22.10.2005).

[259] Asunto C 40/2004 Exención del impuesto sobre transacciones inmobiliarias para empresas inmobiliarias y cooperativas de viviendas en los nuevos Estados Federados .

[260] Asunto N 331/2004 Modificación del mapa nacional de ayudas estatales de finalidad regional de Finlandia 2000-2006 (DO C 223 de 10.9.2005).

[261] Asunto N 236/2005 Modificación del mapa nacional de ayudas estatales de finalidad regional de Grecia .

[262] Equivalente neto de subvención.

[263] Asunto N 126/2005 Ayuda individual de I+D a BIAL (DO C 275 de 8.11.2005).

[264] Asunto C 61/2003 Ley aeronáutica italiana nº 808/85 (DO C 252 de 12.10.2005).

[265] DO C 45 de 17.2.1996.

[266] Asunto C 3/2004 Centros tecnológicos (DO L 295 de 11.11.2005).

[267] Reglamento (CE) n° 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (DO L 10 de 13.1.2001, p. 30).

[268] Reglamento (CE) n° 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (DO L 10 de 13.1.2001, p. 33), modificado por el Reglamento de la Comisión (CE) nº 364/2004 de 25 de febrero de 2004 (DO L 63 de 28.2.2004, p. 22).

[269] Asunto N 373/2005 Investbx (DO C 288 de 19.11.2005).

[270] Asunto C 17/2004 Fondos de capital para empresas .

[271] Comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales y capital riesgo (DO C 235 de 21.8.2001).

[272] Asunto NN 81/2005 Programa NESTA de invención e innovación .

[273] Asunto N 318/2005 Demostración de la energía maremotriz .

[274] Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (DO C 37 de 3.2.2001, p. 3).

[275] Asunto C 43/2003 Ayuda en favor de AVR .

[276] Asunto N 345/2004 Ayuda ambiental en favor de Solvay Rosignano , (DO C 176 de 16.7.2005); Asunto N 346/2004 Ayuda ambiental – Altair Chimica (DO C 131, 28.5.2005) y Asunto N 356/2004 Tessenderlo Italia – Ayuda ambiental (DO C 323 de 10.9.2005).

[277] Asunto N 75/2005 Ayuda ambiental en favor de Volvo Trucks (DO C 230 de 20.9.2005).

[278] Asuntos C78/2001, C79/2001 y C80/2001.

[279] Artículo 6 de la Directiva 92/82/CEE del Consejo de 19 de octubre de 1992 relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre los hidrocarburos (DO L 316 de 31.10.1992, p. 19). La ayuda había sido autorizada por sucesivas Decisiones del Consejo.

[280] Directiva del Consejo 2003/96/CE de 27 de octubre de 2003 por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003, p. 51).

[281] Asunto C44/2004.

[282] DO C 37 de 3.2.2001.

[283] Directiva del Consejo 2003/96/CE.

[284] Asunto NN43/04.

[285] Asuntos N206/04 y N223/05.

[286] Asunto N314/05.

[287] Asunto N427/04.

[288] Asunto N582/04.

[289] Asunto N599/04.

[290] Asunto N44/05.

[291] Asunto N187/04.

[292] Asunto N334/05.

[293] Ayudas estatales a PYME – Reglamento de la Comisión (CE) nº 70/2001 de 12 de enero de 2001 (DO L 10 de 13.1.2001), modificado por el Reglamento de la Comisión (CE) nº 364/2004 de 25 de febrero de 2004 (DO L 63 de 28.2.2004); Ayudas a la formación – Reglamento de la Comisión (CE) nº 68/2001 de 12 de enero de 2001 (DO L 10 de 13.1.2001), modificado por el Reglamento de la Comisión (CE) nº 363/2004 de 25 de febrero de 2004 (DO L 63 de 28.2.2004); Ayudas al empleo – Reglamento de la Comisión (CE) nº 2204/2002 de 5 de diciembre de 2002 (DO L 337 de 13.12.2002).

[294] El mecanismo previsto por el Reglamento de exención por categorías y que reemplaza el requisito de notificación.

[295] Asunto C 22/2003 Reforma de las instituciones de formación .

[296] Asunto N 331/2005 Ford Genk .

[297] Asunto N 198/2005 Ley nº 80/2005, artículo 11-ter .

[298] Asunto E 7/2002 Empresas exentas de Gibraltar , Decisión de la Comisión de 19.1.2005.

[299] Decisión de la Comisión de 17.2.2003 relativa al régimen de ayudas ejecutado por Bélgica en favor de los centros de coordinación establecidos en Bélgica, 2003/755/CE (DO L 282 de 30.10.2003); Decisión de la Comisión de 17.2.2003 relativa al régimen de ayudas ejecutado por los Países Bajos en favor de las actividades de financiación internacional, 2003/515/CE (DO L 180 de 18.7.2003).

[300] Asunto C 37/2005 (ex-NN 11/2004), Fondo de reserva exento de impuestos para determinadas empresas .

[301] Asunto C 19/2004 Incentivos fiscales para los mecanismos especializados de inversión en empresas de escasa capitalización , Decisión de la Comisión de 6.9.2005.

[302] Asunto C 8/2004 Incentivos fiscales en favor de empresas de reciente cotización bursátil , Decisión de la Comisión de 16.3.2005.

[303] Asunto E 53/2001 Sociedades holding exentas “1929” , Decisión de la Comisión de 20.10.2005.

[304] Asunto C 70/2003 Medidas a favor de los clubes deportivos italianos , Decisión de la Comisión de 22.6.2005.

[305] Asunto E 20/2004 Exención fiscal sobre los contratos de seguros distintos del de enfermedad en favor de las sociedades mutuas y las mutualidades de previsión social , Decisión de la Comisión de 2.3.2005.

[306] Véase el Informe de competencia 2001, Asunto E46/2001.

[307] DO C 126 de 25.5.2005.

[308] Asunto N 553/04 Incentivos fiscales para la adquisición de empresas industriales en crisis , Decisión de la Comisión de 1.6.2005.

[309] Artículos 44 septies, 1383 A y 1464 B del Código fiscal general de Francia.

[310] Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional (DO C 74 de 10.3.1998, p. 9) modificadas por las nuevas Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para 2007-2013 aprobadas el 21 de diciembre de 2005.

[311] Reglamento (CE) nº 70/2001 de 12 de enero de 2001 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (DO L 10 de 13.1.2001, p. 33), modificado por el Reglamento (CE) nº 364/2004 de 25 de febrero de 2004 (DO L 63 de 28.2.2004, p. 22).

[312] DO L 108 de 16.4.2004.

[313] Asunto N 435/2005 – Medidas adoptadas por Austria para reparar los daños provocados por las inundaciones de 2005 ; Asunto N 442/2005 Ayudas a empresas y profesionales liberales para reparar los daños causados por las inundaciones de 2005 en Baviera ; y asunto N 466 B/2005 Fondo de Solidaridad de Baviera – Inundaciones de 2005.

[314] Asuntos N 541/2004 y N 542/2004 Reforma del sistema del seguro de enfermedad de los Países Bajos , Decisión de la Comisión de 3.5.2005.

[315] Asunto N 531/2005 Creación de Banque Postale , Decisión de la Comisión de 21.12.2005.

[316] Asunto C-83/01 P Chronopost 2003, Rec. I-6993.

[317] Asunto C 47/2005 Ayuda a ELVO (Hellenic Vehicle Industry S.A.) – Grecia.

[318] Asunto N 343/2004.

[319] Asunto N 284/2004.

[320] Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (DO C 28 de 1.2.2000).

[321] Reglamento (CE) n° 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos (DO L 160 de 26. 6.1999, p. 80).

[322] Asunto C 23/2005.

[323] Asunto NN 8/2004.

[324] Asunto NN 8/2004.

[325] Asunto NN 40/2004.

[326] Asunto N 211/2005.

[327] Asunto NN 54/A/2004.

[328] Asunto C 14/2005, inicialmente asunto N 149/2004.

[329] Asunto NN 12/2004.

[330] Asunto C 13/2005.

[331] Asunto N 285/2005.

[332] Asunto N 177/2005.

[333] Los asuntos en el ámbito del transporte que figuran a continuación entran dentro de las competencias de la Dirección General de Energía y Transporte.

[334] Asunto N 323/2004 – República Checa – Garantía del Estado para facilitar la adquisición de material rodante ferroviario por parte de Česke dráhy (ferrocarriles checos), Decisión de la Comisión de 3.5.2005.

[335] Asunto N 569/2004 – Países Bajos – Régimen de ayudas para la instalación del Sistema Europeo de Control de Trenes (ETCS) en los trenes de mercancías, Decisión de la Comisión de 7.6.2005.

[336] Asunto N 386/2004 – Francia – Ayuda de reestructuración a Fret SNCF , Decisión de la Comisión de 2.3.2005.

[337] Asunto N 247/2004 – Régimen de ayudas al transporte combinado en la Región de Valonia , Decisión de la Comisión de 16.3.2005.

[338] Asunto N 249/04 – Régimen de ayudas al transporte combinado , Decisión de la Comisión de 5.7.2005.

[339] Asunto N 238/2004 – Régimen de ayudas para la creación de nuevos servicios de transporte combinado , Decisión de la Comisión de 16.3.2005.

[340] Asunto N 496/03 – Italia – Ayudas para el desarrollo de cadenas de logística y la promoción del transporte intermodal , Decisión de la Comisión de 20.4.2005.

[341] Asunto C 53/03.

[342] Comunicación de la Comisión – Directrices comunitarias sobre la financiación de aeropuertos y las ayudas estatales de puesta en marcha destinadas a compañías aéreas que operen desde aeropuertos regionales (DO C 312 de 9.12.2005, p. 1).

[343] Asunto C 11/2004.

[344] Asunto N 644i/2002 – Alemania , Decisión de la Comisión de 19.1.2005.

[345] Asunto N 355/2004, Bélgica, Decisión de la Comisión de 20.4.2005.

[346] Debe tenerse en cuenta que estas estadísticas se refieren sólo a los casos pendientes de recuperación sobre los cuales los Estados miembros facilitaron datos relativamente exactos. En 31 de las 104 decisiones de recuperación adoptadas desde 2000, el Estado miembro en cuestión no ha facilitado aún información fiable sobre el importe en cuestión. Se dispone de muy escasa información sobre los importes que deben recuperarse en el caso de los regímenes de ayudas, y, en particular, las de índole fiscal o parafiscal y las relacionadas con garantías. La Comisión prosigue sus esfuerzos por obtener información de los Estados miembros sobre los importes de ayuda pendientes de recuperación.

[347] CR 27/1999.

[348] Asunto C-207/2005.

[349] CR 62/2000.

[350] CR 62/2003.

[351] CR 58/1999, CR 59/1999 y CR 60/1999.

[352] Asunto C 35/2003 Lacio – reducción de gases de efecto invernadero .

[353] Véase el asunto CR 27/1999 denominado en el párrafo 629.

[354] Asunto C-174/02 - Streekgewest Westelijk Noord-Brabant.

[355] Asunto C-175/02 Hoge Raad der Nederlanden in F.J. Pape/Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

[356] Asunto T-93/02 Confédération nationale du Crédit mutuel/Comisión.

[357] Asunto C-110/03 – Bélgica/Comisión.

[358] Asuntos T-88/01 y T-141/03 Sniace/Comisión.

[359] Asunto C-400/99 – Italia/Comisión.

[360] Asunto C-415/03 - Comisión/Grecia.

[361] Asunto T-349/03 Corsica Ferries France SAS/Comisión.

[362] Asunto T-324/00 - CDA/Comisión.

[363] Asuntos acumulados C-266/04 a C-270/04 y C-321/04 a C-325/04 Nazairdis (ahora Distribution Casino France).

[364] Fondo de intervención para el apoyo a la artesanía y el comercio.

[365] Comité comercial de los distribuidores de combustible.

[366] Anexo 1 del «Comprehensive Monitoring Report on Romania», SEC (2005) 1354 final.

[367] El 23 de septiembre de 1991 se firmó el Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos de América y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a la aplicación de sus normas de competencia. Mediante una decisión conjunta del Consejo y de la Comisión de 10 de abril de 1995, el Acuerdo se aprobó y se declaró aplicable a partir de la fecha en que lo firmó la Comisión (DO L 95 de 27.4.1995, p. 47). El 4 de junio de 1998 entró en vigor el acuerdo de cortesía positiva, que consolida las disposiciones sobre cortesía positiva del Acuerdo de 1991 (Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de América sobre observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus normas de competencia, DO L 173 de 18.6.1998, p. 26).

[368] Asunto M.3687.

[369] Asunto M.3692.

[370] Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Canadá relativo a la aplicación de sus normas de competencia (DO L 175 de 10.7.1999, p. 50). El Acuerdo se firmó el 17 de junio de 1999 en la cumbre UE/Canadá celebrada en Bonn y entró en vigor en el momento de la firma.

[371] Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Japón sobre cooperación en la lucha contra las actividades contrarias a la competencia (DO L 183 de 22.7.2003, p. 12). El Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y Japón se firmó en Bruselas el 10 de julio de 2003 y entró en vigor el 9 de agosto de 2003.

[372] «Terms of Reference of the EU-China competition policy dialogue». Firmado en Bruselas el 6 de mayo de 2004.

[373] Este informe figura en la página web de la OCDE: http://www.oecd.org/dataoecd/7/41/35908641.pdf

[374] Ambos textos están publicados en la página web de la OCDE: www.oecd.org/competition

[375] OCDE, «Peer review of the competition law and policy in the European Community» (Revisión inter pares de la ley y la política de competencia en la Comunidad Europea).

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