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Language: es
Format: md

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# 52002PC0498

**Dictamen de la Comisión con arreglo a la letra c) del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE, sobre las enmiendas del Parlamento Europeo a la posición común del Consejo sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso del público a la información medioambiental por el que se modifica la Propuesta de la Comision con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE /\* COM/2002/0498 final - COD 2000/0169 \*/**

  

DICTAMEN DE LA COMISION con arreglo a la letra c) del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE, sobre las enmiendas del Parlamento europeo a la posición común del Consejo sobre la propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al acceso del público a la información medioambiental POR EL QUE SE MODIFICA LA PROPUESTA DE LA COMISION con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE

2000/0169 (COD)

DICTAMEN DE LA COMISION con arreglo a la letra c) del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE, sobre las enmiendas del Parlamento europeo a la posición común del Consejo sobre la propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al acceso del público a la información medioambiental

1. Introducción

En virtud de la letra c) del tercer párrafo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE, la Comisión debe emitir un dictamen sobre las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en segunda lectura. La Comisión expone a continuación su dictamen sobre las 47 enmiendas propuestas por el Parlamento.

2. Antecedentes

- Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2000) 402 final - 2000/0169 (COD)): 29 de junio de 2000.

- Fecha del dictamen en primera lectura del Parlamento Europeo: 14 de marzo de 2001.

- Fecha del dictamen del Comité Económico y Social: 29 de noviembre de 2001.

- Fecha del dictamen del Comité de las Regiones: 14 de febrero de 2001.

- Fecha de adopción de la propuesta modificada de la Comisión (COM(2001) 303 final - 2000/0169 (COD): 6 de junio de 2001.

- Fecha de adopción de la posición común del Consejo: 28 de enero de 2002.

- Fecha de recepción de la posición común en el Parlamento Europeo: 6 de febrero de 2002.

- Fecha de la comunicación de la opinión de la Comisión sobre la posición común: 31 de enero de 2002.

El 30 de mayo de 2002, el Parlamento Europeo adoptó 47 enmiendas en segunda lectura. La mayor parte de esas enmiendas tiene por objeto reforzar aún más la propuesta de la Comisión. Algunas pretenden adaptar la propuesta al Convenio de Aarhus; un número considerable de ellas impone duras obligaciones a los Estados miembros y van más allá de ese Convenio. Otras especifican con más detalle las disposiciones prácticas sobre el suministro de información.

3. Objeto de la propuesta

La propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso del público a la información medioambiental sustituirá a la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente.

El objetivo de la propuesta es triple:

1. Corregir las carencias observadas en la aplicación práctica de la Directiva 90/313/CEE.

2. Preparar el camino de la ratificación por la Comunidad Europea del Convenio CEPE/ONU sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales (denominado Convenio de Aarhus), firmado en 1998, adecuando la legislación comunitaria a las disposiciones pertinentes del mismo.

3. Adaptar la Directiva 90/313/CEE a los avances de las tecnologías de la información y la comunicación de forma que se reflejen en ella los cambios en la manera de crear, recoger, almacenar y transmitir la información.

Los aspectos principales de la propuesta son los siguientes:

- Se garantiza el derecho de acceso a la información medioambiental y se establecen disposiciones para que dicha información se facilite y difunda al público, en particular por medio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

- Se ofrece una definición más amplia de la noción de "información medioambiental", así como una definición más detallada del concepto de "autoridades públicas".

- Se establece un plazo más breve (un mes) para que las autoridades públicas faciliten la información solicitada por los interesados.

- Se aclara el ámbito de aplicación de las excepciones a las que las autoridades públicas pueden acogerse para denegar la información. Sólo podrá denegarse el acceso del público a la información cuando su divulgación pueda afectar negativamente a los intereses protegidos por la excepción. El interés público atendido por la divulgación de la información deberá ponderarse con el interés atendido por las excepciones. El acceso a la información solicitada debe concederse si el interés público atendido por la divulgación prevalece sobre el interés protegido por una excepción.

- También se incluyen disposiciones detalladas sobre las tasas que pueden cobrar las autoridades públicas por el suministro de información. Dichas autoridades no pueden solicitar pagos anticipados por suministrar la información.

- Se prevén dos tipos de procedimientos de recurso (administrativo y judicial) para revisar los actos u omisiones de las autoridades públicas en relación con las solicitudes de acceso a la información medioambiental.

- La propuesta incluye disposiciones detalladas sobre el llamado "suministro activo" de información por parte de las autoridades públicas, es decir, los datos que estas últimas deben poner espontáneamente a disposición del público, en particular a través de las tecnologías de la información y la comunicación disponibles.

- Se procederá a la revisión de la directiva cinco años después de que finalice el plazo fijado para su incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales. En la revisión se tendrán en cuenta los resultados de los informes de los Estados miembros sobre la experiencia adquirida gracias a la aplicación práctica de la directiva.

4. Dictamen de la Comisión sobre las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo

El 30 de mayo de 2002, el Parlamento Europeo adoptó 47 enmiendas. La Comisión puede aceptar íntegramente 9 enmiendas [enmiendas 10, 22, 28, 30, 32, 33, 42, 45 y 46]. Además se pueden aceptar en parte 3 enmiendas [enmiendas 7 (3ª parte), 9 (1ª parte) y 27 (3ª parte)]. Se pueden aceptar en principio, ya sea íntegramente o en parte, 3 enmiendas [enmiendas 9 (2ª parte), 19 y 27 (2ª parte)], a reserva de que se redacten u organicen de nuevo. La Comisión no puede aceptar las enmiendas restantes, íntegramente o en parte [enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1ª y 2ª parte), 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 (1ª parte), 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 y 47].

4.1. Enmiendas aceptadas por la Comisión

\* La Comisión acepta la enmienda 7 (3ª parte), según la cual las cantidades cobradas deben ser razonables y no podrán exigirse pagos por anticipado.

\* La Comisión acepta las enmiendas 9, 45 y 46, que introducen de nuevo el período propuesto por la Comisión (4 años) con respecto a la evaluación de la directiva, que en la posición común del Consejo fue sustituido por un período de 9 años, y que obligan a los Estados miembros a presentar un informe a la Comisión en un plazo de 4 años y seis meses tras la entrada en vigor de la directiva.

\* La Comisión acepta la enmienda 10, que alinea el texto de la Directiva, con el texto de la Convención de Aarhus.

\* La Comisión acepta la enmienda 22, que aclara que el solicitante debe poder acceder fácilmente a la información.

\* La Comisión acepta las enmiendas 27 (3ª parte), 28, 30, 32, 33 y 42. Esas enmiendas se refieren a las excepciones previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 4, sobre los fundamentos para denegar el acceso a información. La enmienda 27 (3ª parte) impone a las autoridades públicas la obligación, en caso de denegación de una solicitud, de indicar la persona o entidad que está preparando el material y el tiempo previsto para la elaboración de ese material. En consonancia con el Convenio de Aarhus, la enmienda 28 añade a la excepción justificada por la confidencialidad el requisito de que esa confidencialidad debe exigirla la legislación nacional o comunitaria. Las enmiendas 30 y 33 trasladan la obligación de divulgar información sobre emisiones que es pertinente para la protección del medio ambiente de la letra d) del apartado 2 del artículo 4 a la segunda frase del apartado 2 del artículo 4. La enmienda 33 establece, además, que los motivos de denegación deben interpretarse de manera restrictiva. La enmienda 32 armoniza la directiva con el Convenio de Aarhus al prever que puede rechazarse una solicitud de acceso a información medioambiental para proteger a las personas que hubieran facilitado la información de forma voluntaria con la condición de que tal información no se divulgara. La enmienda 42, pues, introduce cambios en el texto del primer párrafo del apartado 6 del artículo 7 de la directiva, acordes con los cambios del artículo 4.

4.2. Enmiendas aceptadas en principio por la Comisión

\* La enmienda 9 (2ª parte) introduce en el considerando 21 los principios de que la directiva debe evaluarse tras la presentación de informes específicos por parte de los Estados miembros y de que el informe de evaluación debe presentarse al Parlamento Europeo. La Comisión acepta esta enmienda a condición de que se aclare que la evaluación debe basarse no sólo en esos informes sino, además, en la experiencia adquirida con la aplicación de la directiva. Por consiguiente, el texto de la propuesta modificada sería el siguiente:

Considerando 21

La presente Directiva debe evaluarse cada cuatro años a partir de su entrada en vigor, a la luz de la experiencia adquirida y tras la presentación de informes específicos por parte de los Estados miembros. Debe ser objeto de revisión sobre la base de dicha evaluación. El informe de evaluación debe presentarse al Parlamento Europeo y al Consejo.

\* La enmienda 19 añade un nuevo apartado 2bis en el artículo 2 para aclarar que por "información que obre en poder de las autoridades públicas" debe entenderse "información sobre el medio ambiente recibida o elaborada por las autoridades públicas". La Comisión puede aceptar esa enmienda si se introduce como nuevo apartado 3bis en el artículo 2, lugar, en su opinión, más adecuado puesto que el tercer apartado del artículo 2 ya define lo que es "información poseída en nombre de las autoridades públicas".

\* La enmienda 27 (2ª parte) añade en la letra c) del apartado 1 del artículo 4 la norma de que deberán ponderarse el interés público atendido por la divulgación y el interés atendido si esta es denegada. La Comisión puede aceptar esta enmienda si se integra en el apartado 2 del artículo 4, que se refiere a los casos en que puede denegarse una solicitud de información porque su divulgación puede afectar negativamente a una serie de intereses (por ejemplo, la confidencialidad de los procedimientos, de las relaciones internacionales, de los datos de carácter comercial e industrial, etc.).

4.3. Enmiendas rechazadas por la Comisión

\* La Comisión no puede aceptar la enmienda 1, que introduce texto nuevo en el considerando 2, puesto que ese considerando no tiene un artículo correspondiente en la directiva.

\* La Comisión no puede aceptar las enmiendas 2 y 11, que se refieren a la futura evolución de las tecnologías de la información. Tal referencia no es adecuada en textos legislativos, y la formulación de la propuesta ya cubre ese aspecto cuando se habla de tecnología "disponible". La enmienda no aporta ningún valor añadido ni desde el punto de vista práctico ni desde el punto de vista jurídico.

\* La Comisión no puede aceptar las enmiendas 3, 13, 14 y 15. Esas enmiendas introducen modificaciones en el considerando 10 y en las letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 2 sobre la definición del concepto de "información medioambiental", que se apartan de lo establecido en el Convenio de Aarhus. La Comisión considera más adecuado ceñirse al máximo a la definición del Convenio. La enmienda 13 tiene por objeto añadir en la definición de información medioambiental "informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental" así como actividades que afecten "de manera directa o indirecta" al medio ambiente. La enmienda 14 prevé incluir en la definición de información medioambiental análisis y supuestos de carácter "financiero" utilizados en el marco de las medidas y actividades que afectan o pueden afectar al medio ambiente (los términos "coste-beneficio" y "económico" que figuran en la propuesta ya cubren el concepto de "financiero"). La enmienda 15 pretende introducir en la definición de información medioambiental la noción de "seguridad de los alimentos", que no tiene cabida en el concepto de "información medioambiental". La enmienda 3 incorpora en el considerando 10 las modificaciones correspondientes a las introducidas mediante las enmiendas 13, 14 y 15.

\* La Comisión no puede aceptar las enmiendas 4, 23, 24 y 25, mediante las cuales se quiere pormenorizar con sumo detalle en el considerando 15 y en el apartado 5 del artículo 3 las modalidades prácticas de puesta a disposición efectiva de la información, aun cuando la directiva propuesta es una directiva marco, que debe dar a los Estados miembros cierto grado de flexibilidad a la hora de incorporarla a su ordenamiento interno. La enmienda 23 tiene por objeto incluir en la parte introductoria del apartado 5 del artículo 3 una lista obligatoria de modalidades prácticas. La enmienda 24 especifica con todo lujo de detalles prácticos cómo deben confeccionarse las listas de autoridades públicas y de registros. La enmienda 25 pretende añadir a la obligación de los Estados miembros de velar por que las autoridades públicas informen al público de manera adecuada sobre los derechos que les otorga la directiva, el requisito de facilitar información, orientación, asesoramiento y demás asistencia a los particulares en los asuntos comprendidos en la esfera de actuación de esas autoridades. La enmienda 4 incorpora en el considerando 15 las modificaciones correspondientes a las introducidas mediante las enmiendas 23, 24 y 25.

\* La Comisión no puede aceptar la enmienda 5, que pretende introducir modificaciones al texto que se alejan del texto de la Convención de Aarhus. La Comisión prefiere adherirse lo máximo posible al texto de la dicha Convención.

\* La Comisión no puede aceptar la enmienda 6, que tiene por objeto añadir el nuevo considerando 16 bis siguiente: "La información sobre emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente no podrá retenerse amparándose en la protección de la información comercial, industrial o de otro tipo mencionada en el artículo 4". En algunos casos específicos, sin embargo, puede estar justificado no revelar tal información.

\* La Comisión no puede aceptar la enmienda 7 (1ª parte), mediante la cual se pretende incluir en el considerando 18 la afirmación de que la mejor forma de ofrecer el derecho a la información medioambiental es mediante un acceso gratuito a la misma. El Convenio de Aarhus reconoce a las autoridades públicas el derecho de imponer un pago razonable por la información.

\* La Comisión no puede aceptar la enmienda 7 (2ª parte), que tiene por objeto permitir a las autoridades públicas cobrar por facilitar información medioambiental en forma de copia o transcripción. La directiva propuesta es una directiva marco, que debe dar a los Estados miembros cierto grado de flexibilidad a la hora de incorporarla a su ordenamiento interno.

\* La Comisión no puede aceptar las enmiendas 8, 41 y 44, que añaden un nuevo considerando 19 bis, un nuevo artículo 7bis sobre la calidad de la información que debe divulgarse, y que trasladan el apartado 5 del artículo 7 a ese nuevo artículo 7 bis. Esas enmiendas van más allá de lo establecido en el Convenio de Aarhus y suponen un coste excesivo para las autoridades públicas. No corresponde a una autoridad pública garantizar la buena calidad del contenido de la información cuando esta procede de fuentes ajenas a las propias autoridades públicas. La directiva propuesta es una directiva marco, que debe dar a los Estados miembros cierto grado de flexibilidad a la hora de incorporarla a su ordenamiento interno.

\* La Comisión no puede aceptar la enmienda 12, mediante la cual se pretende incluir en la letra b) del apartado 1 del artículo 2 las palabras "los combustibles y la energía nucleares", por ser un concepto ya recogido en la definición propuesta de la Comisión, que se ajusta a la del Convenio de Aarhus.

\* La Comisión no puede aceptar las enmiendas 16, 17 y 18. Esas enmiendas introducen modificaciones en las letras a) y c) del apartado 2 del artículo 2, sobre la definición del concepto de "autoridades públicas", que se apartan de lo establecido en el Convenio de Aarhus y que son redundantes. La Comisión considera más adecuado ceñirse al máximo a la definición del Convenio. La enmienda 16 tiene por objeto incluir en el concepto de autoridades públicas descrito en la letra a) del apartado 2 del artículo 2, que ya incluye al gobierno o cualquier otra administración pública nacional, también a los órganos consultivos. La enmienda 17 pretende sustituir en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 las palabras "relacionados con el medio ambiente" por "relacionados directa o indirectamente con el medio ambiente". La enmienda 18 propone sustituir en la posición común "esta definición no incluye las entidades o instituciones que actúen en calidad de órgano jurisdiccional o legislativo" por "los Estados miembros podrán establecer que, al aplicar las disposiciones de la presente Directiva relativas al acceso a la justicia, la definición de "autoridad pública" no incluya las entidades que actúen en calidad de órgano judicial o legislativo."

\* La Comisión no puede aceptar las enmiendas 20 y 21, que aspiran a reducir los plazos de un mes fijados en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 3 a 15 días laborables. La obligación general impuesta en el proyecto de directiva es que las solicitudes deben responderse "cuanto antes" y, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo de un mes. Reducir ese plazo de un mes resulta indebidamente oneroso para las autoridades públicas y va más allá de lo establecido en el Convenio de Aarhus.

\* La Comisión no puede aceptar la enmienda 26, mediante la cual se pretende imponer a las autoridades públicas, en la letra b) del apartado 1 del artículo 4, la obligación de ayudar a los solicitantes a formular su solicitud en caso de que ésta no sea clara. La Comisión puede aceptar la idea que sugiere esta enmienda, pero considera que el texto de su propuesta modificada es más claro y prefiere, por tanto, ceñirse a él.

\* La Comisión no puede aceptar las enmiendas 27 (1ª parte), 29 y 31, que introducen modificaciones en la letra c) del apartado 1 y las letras b) y e) del apartado 2 del artículo 4 que se apartan de lo establecido en el Convenio de Aarhus. La enmienda 27 (1ª parte) suprime en la letra c) del apartado 1 del artículo 4 la posibilidad de que las autoridades públicas denieguen el acceso a documentos internos, aun cuando esta excepción está prevista en el Convenio de Aarhus. La enmienda 29 sustituye en la letra b) del apartado 2 del artículo 4 la expresión "relaciones internacionales" por "intereses vitales en las relaciones internacionales". La enmienda 31 suprime la letra e) del apartado 2 del artículo 4, que prevé la posibilidad de rechazar una solicitud por motivos de protección de los derechos de propiedad intelectual, aun cuando esta excepción está prevista en el Convenio de Aarhus.

\* La Comisión no puede aceptar la enmienda 34, que introduce un nuevo apartado 2bis en el artículo 4 para imponer la obligación de elaborar un catálogo de criterios que sirva para decidir el curso de las solicitudes de información. Esto resulta indebidamente oneroso para las autoridades públicas y va más allá de lo establecido en el Convenio de Aarhus.

\* La Comisión no puede aceptar la enmienda 35, que pretende, por un lado, alterar el orden de los distintos apartados del artículo 5, que se refiere a las tasas. La Comisión considera que el orden que siguen los apartados en la posición común es el más lógico: por regla general, pueden aplicarse tasas, pero la consulta in situ es gratuita (primer punto); así pues, en caso de que vaya a cobrarse una tasa, debe publicarse y comunicarse a los solicitantes las tarifas de los derechos que deban pagarse (segundo punto); por último, el acceso a listas o registros públicos de información medioambiental en poder de las autoridades públicas debe ser gratuito. Tal es el sistema previsto en el Convenio de Aarhus, y la Comisión prefiere ceñirse a este orden. Por otra parte, la enmienda añade al requisito de que el importe de las tasas debe ser razonable, la limitación de que este no puede exceder los costes reales de la realización de copias del material solicitado. Esta limitación va más allá de lo establecido en el Convenio de Aarhus y resulta indebidamente onerosa para las autoridades públicas.

\* La Comisión no puede aceptar la enmienda 36, mediante la cual se pretende añadir un nuevo apartado en el artículo 6 relativo al acceso a la justicia. La enmienda regula la cuestión con sumo detalle, pero la directiva propuesta es una directiva marco, que debe dar a los Estados miembros cierto grado de flexibilidad a la hora de incorporarla a su ordenamiento interno.

\* La Comisión no puede aceptar la enmienda 38, que pretende ampliar la obligación de difundir información a que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 7 para incluir, no sólo la información medioambiental en forma de informes sobre los avances registrados que hayan elaborado las autoridades públicas, sino todos los informes de este tipo. Tal requisito resulta indebidamente oneroso para las autoridades públicas y va más allá de lo previsto en el Convenio de Aarhus.

\* La Comisión no puede aceptar la enmienda 43, que tiene por objeto añadir en el apartado 6 del artículo 7 un nuevo párrafo 1bis en el que se impone a las autoridades públicas la obligación de incluir, cuando se deniega el acceso a la información solicitada, una referencia al documento correspondiente y a la excepción aplicable. Esto resulta indebidamente oneroso para las autoridades públicas y va más allá de lo establecido en el Convenio de Aarhus.

\* La Comisión no acepta la enmienda 47, que tiene por objeto reducir el plazo para aplicar la directiva de 2 años a un año. Esto resulta indebidamente oneroso para los Estados miembros.

5. Conclusión

Con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE, la Comisión modifica su propuesta como ha quedado expuesto.

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