Source: EURLEX
Language: es
Format: md

[**Avis juridique important**](../../../editorial/legal_notice.htm)

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# 31996Y0723(01)

**Comunicación de la Comisión - Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado a las pequeñas y medianas empresas** 
  
*Diario Oficial n° C 213 de 23/07/1996 p. 0004 - 0009*

  

DIRECTRICES COMUNITARIAS SOBRE AYUDAS DE ESTADO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (96/C 213/04)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

1. Introducción

1.1. Las Directrices comunitarias sobre ayudas a las pequeñas y medianas empresas, aprobadas por la Comisión el 20 de mayo de 1992 (1), prevén que ésta debe revisar su aplicación a más tardar tres años después de su publicación. Las conclusiones de dicha revisión se han sometido a los Estados miembros y han llevado a la Comisión a introducir ciertas modificaciones y precisiones respecto de las orientaciones definidas en 1992. La norma de minimis, que se aplica con independencia del tamaño de las empresas beneficiarias, es objeto actualmente de una comunicación específica que la hace más flexible (2). De ahora en adelante, las ayudas a inversiones inmateriales en forma de transferencias de tecnología disfrutarán de la misma presunción favorable que las ayudas a inversiones materiales. Por último, la definición de pequeñas y medianas empresas (PYME) se ha adaptado a la definición armonizada adoptada por la Comisión (3). El principal objetivo de estas modificaciones es proponer reglas más claras y de más fácil aplicación y tener en cuenta la evolución de la política comunitaria, en particular, las recomendaciones del Libro blanco sobre «crecimiento, competitividad y empleo».

1.2. El Consejo Europeo de Cannes, celebrado en junio de 1995, recordó en sus conclusiones el papel determinante de las PYME en la creación de empleo y, en términos más generales, como factor de estabilidad social y dinamismo económico. No obstante, está demostrado que las PYME padecen diversas desventajas que pueden frenar su desarrollo (4). De estas desventajas, las dificultades para obtener capital y crédito son una de las más importantes y se deben a la falta de información, las reticencias de los mercados financieros a aceptar riesgos y las limitadas garantías que estas empresas pueden ofrecer. Los recursos limitados de las PYME también restringen sus posibilidades de acceso a la información, particularmente en relación con las nuevas tecnologías y los mercados potenciales. Por último, la aplicación de nuevas normas implica muchas veces para ellas costes más elevados. Las imperfecciones del mercado que limitan su desarrollo adecuado desde el punto de vista social justifican el enfoque de la Comisión, tradicionalmente favorable a las ayudas estatales a las PYME, a condición de que, de conformidad con la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE, dichas ayudas no alteren las condiciones de los intercambios de forma desproporcionada con respecto a su contribución a la realización de los objetivos comunitarios. La propia Comunidad ha establecido un programa de acción en favor de las PYME (5).

1.3. La política de competencia de la Comisión en lo que se refiere a las ayudas a las PYME debe ser coherente con sus demás políticas, particularmente la empresarial, la de competitividad de la industria, la de investigación y desarrollo tecnológico y la de cohesión económica y social. La publicación de las presentes Directrices permite poner en conocimiento de los Estados miembros las normas aplicadas por la Comisión en su examen de las ayudas a las PYME con arreglo a los artículos 92 y 93 del Tratado CE, haciendo así previsible el resultado de dicho examen, y garantizar la igualdad de trato entre Estados miembros. Por su parte, los Estados miembros deben asegurarse de que las ayudas que prevén conceder son transparentes y de que la Comisión dispone de toda la información necesaria para evaluar sus repercusiones sobre la competencia. Las normas incluidas en las presentes Directrices se aplican sea cual sea la forma de estas ayudas.

2. Condiciones de aplicación del control comunitario

2.1. El apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE prohibe, con algunas excepciones, «las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones», y que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Generalmente, las ayudas de Estado a las PYME están comprendidas en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92, al ofrecer ventajas a unas empresas determinadas -al contrario de lo que sucede con las medidas de carácter general, que pueden beneficiar a todas las empresas de la economía- y dado que pueden afectar a los intercambios comerciales intracomunitarios, ya que muchas PYME exportan parte de su producción a otros Estados miembros y en la mayoría de los sectores el reforzamiento de la posición de las PYME en su mercado nacional o local dificulta a los otros productores de la Comunidad su penetración en él.

Algunas PYME, en especial algunas microempresas, desempeñan no obstante, actividades que no son objeto de intercambio entre Estados miembros (como por ejemplo servicios de proximidad). El apartado 1 del artículo 92 no se aplica a las ayudas que se les concedan para este tipo de actividades.

2.2. Norma de minimis

Es asimismo evidente que, mientras que todo tipo de ayuda concedida a las empresas puede falsear la competencia, no todas las ayudas tienen repercusiones apreciables sobre los intercambios comerciales y la competencia entre Estados miembros. Esto ocurre particularmente en el caso de las ayudas de importe reducido, aunque en general éstas no se concedan exclusivamente a las PYME. Dichas ayudas suelen otorgarse en el marco de regímenes gestionados por autoridades locales o regionales.

Con vistas a una simplificación administrativa tanto para los Estados miembros como para los servicios de la Comisión (que debe concentrar sus recursos en los casos de importancia real a nivel comunitario), y en interés de las PYME, la Comisión ha introducido una norma denominada de minimis, que fija un umbral absoluto de ayuda por debajo del cual puede considerarse inaplicable el apartado 1 del artículo 92, quedando la ayuda exenta del requisito de notificación previa a la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 93 (6).

3. Ámbito de aplicación de las Directrices

3.1. La Comisión seguirá las orientaciones de las presentes Directrices al examinar la aplicabilidad de la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 a las ayudas de Estado concedidas a las PYME.

3.2. Definición de PYME

A efectos de aplicación de las presentes Directrices, las PYME se definirán con arreglo a la Recomendación sobre la definición de las PYME adoptada por la Comisión el 3 de abril de 1996 (7). Según la definición vigente actualmente -cuyas cifras máximas de volumen de negocios y de balance pueden revisarse cada cuatro años, de comformidad con el artículo 2 del Anexo de dicha Recomendación- se entenderá por PYME la empresa:

- que emplee a menos de 250 personas (8),

- y cuyo:

- volumen de negocio anual no exceda de 40 millones de ecus (9),

- o cuyo balance general anual no exceda de 27 millones de ecus,

- y que cumplan el criterio de independencia tal como se define más adelante.

Cuando sea necesario distinguir entre empresas pequeñas y medianas, se entenderá por empresa «pequeña» aquélla:

- que emplee a menos de 50 personas,

- y cuyo:

- volumen de negocio anual no exceda de 7 millones de ecus, o

- cuyo balance general anual no exceda de 5 millones de ecus,

- y que cumpla el criterio de independencia tal como se define a continuación.

Se considera independiente la empresa en la que una empresa o un conjunto de empresas que no cumplan la definición de PYME o de empresa pequeña, según el caso, no tengan una participación en el capital o en los derechos de voto igual o superior al 25 %. Este umbral puede rebasarse en dos casos:

- cuando la empresa esté controlada por empresas públicas de inversión, empresas de capital de riesgo o inversores institucionales, siempre que éstos no ejerzan, individual o conjuntamente, control alguno sobre la empresa,

- cuando la dispersión del capital se traduzca en la imposibilidad de determinar su titular y la empresa declare que puede legítimamente presumir que en ella no tienen una participación igual o superior al 25 % una empresa o un conjunto de empresas que no correspondan a la definición de PYME o de empresa pequeña, según el caso.

Los tres requisitos (plantilla, volumen de negocios o balance, independencia) son acumulativos, esto es, deben cumplirse los tres. La condición de independencia, según la cual una empresa de gran tamaño no puede tener una participación en el capital de la PYME igual o superior al 25 %, se ha inspirado en la práctica de numerosos Estados miembros, en donde se considera que este porcentaje constituye el umbral a partir del cual es posible el control. Con el fin de contemplar únicamente las empresas que constituyan efectivamente PYME independientes, han de excluirse las estructuras jurídicas de PYME que formen un grupo económico cuya potencia supere a la de una PYME. Así pues, para al cálculo de los umbrales de efectivos y financieros, han de sumarse los datos de la empresa beneficiaria y de todas las empresas de las que ésta posea directa o indirectamente una proporción igual o superior al 25 % del capital o de los derechos de voto.

3.3. Cobertura sectorial

Las presentes Directrices se aplican a las ayudas concedidas a las PYME en todos los sectores, a excepción de aquéllos que se rigen por una normativa comunitaria especial en materia de ayudas de Estado, adoptada de conformidad con los Tratados CE y CECA. Todas las ayudas otorgadas a las PYME de estos sectores están sometidas a la normativa sectorial pertinente. Actualmente se aplican normas especiales para las ayudas a la siderurgia, la industria del carbón, la construcción naval, la fibras sintéticas, la industria automovilística (10), la pesca y los transportes, así como a los productos del Anexo II del Tratado (tanto a nivel de la producción como de la transformación y/o comercialización).

4. Criterios de evaluación de las ayudas

4.1. Principios generales

La Comisión puede considerar compatibles con el mercado común con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE, «las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades [. . .] económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común». Así pues, para poder acogerse a esta excepción, una ayuda de Estado debe, en primer lugar, ser incentivadora; además, en ningún caso puede tener como única consecuencia la de reducir, de forma continua o periódica, los costes que debe soportar normalmente la empresa, al mismo tiempo que mantiene su situación, como ocurre con las ayudas de funcionamiento (11). Además, dicha ayuda debe ser necesaria para el logro de objetivos que no podrían alcanzarse únicamente aprovechando las fuerzas del mercado, objetivos que deben ser de interés comunitario. Por último, la ayuda debe ser proporcionada a las desventajas que habría que superar para obtener los beneficios socioeconómicos deseados desde un punto de vista comunitario; estos efectos positivos deben contrarrestar sobradamente los efectos negativos de la ayuda sobre la competencia y los intercambios comerciales.

4.2. Objeto de las ayudas e intensidades admisibles

4.2.1. Ayudas a la inversión material

Las Directrices de 1992 no definen la noción de inversión a que hacen referencia los umbrales fijados en su punto 4.1. En la práctica, la Comisión, por motivos de coherencia, ha considerado que es aplicable la definición de inversión establecida en los principios de coordinación de los regímenes de ayudas de finalidad regional (12), según la cual debe tratarse de una inversión de capital fijo:

- «relacionada con la creación de un establecimiento nuevo, con la amplicación de uno ya existente o con el inicio de una actividad que implique un cambio fundamental en el producto o en los procedimientos de producción de un establecimiento existente (mediante racionalización, reestructuración o modernización)», o

- «realizada en forma de adquisición de un establecimiento cerrado o que habría cerrado sin dicha adquisición».

La base empleada para el cáculo de la intensidad incluye el coste real de los terrenos, de los edificios y de los bienes de equipo. En caso de adquisición, se tomará en consideración el coste de la compra de los activos.

En virtud de la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 92, la Comisión podrá autorizar ayudas a PYME situadas fuera de las regiones que pueden recibir ayudas nacionales de finalidad regional (13), cuya intensidad, expresada en equivalente bruto de subvención respecto de estos costes (14), no rebasa:

- el 15 % en las empresas pequeñas,

- el 7,5 % en las otras PYME, es decir, aquéllas que pertenecen a la categoría de «empresas medianas».

En las regiones asistidas, la Comisión podrá aprobar la concesión a las PYME de ayudas que sean superiores al nivel de ayuda regional a la inversión que haya autorizado para las grandes empresas en la región considerada:

- en 10 puntos porcentuales brutos, en las regiones cubiertas por la letra c) del apartado 3 del artículo 92, siempre que el total no sea superior al 30 % neto;

- en 15 puntos porcentuales brutos, en las regiones cubiertas por la letra a) del apartado 3 del artículo 92, siempre que el total no sea superior al 75 % neto.

El límite máximo de ayuda se aplicará tanto si la ayuda proviene íntegramente de fuentes nacionales como si la misma ha sido cofinanciada por la Comunidad mediante los Fondos Estructurales, particularmente, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Cuando las ayudas previstas por los Estados miembros estén destinadas a financiar gastos no incluidos en la base de costes seleccionables definida anteriormente, habrá que volver a calcular las ayudas previstas respecto de esta base (15). Asimismo, para financiar gastos no seleccionables según la definición de las presentes Directrices, los Estados miembros tendrán libertad para otorgar ayudas dentro de los límites autorizados por la norma de minimis.

4.2.2. Ayudas a la inversión inmaterial en forma de transferencia de tecnología

El Libro blanco de la Comisión sobre «crecimiento, competitividad y empleo» subraya la importancia que reviste para toda política de competitividad global el fomento de las inversiones inmateriales y recomienda una revisión de los criterios de aceptación de las ayudas a la industria a fin de eliminar la preferencia concedida a las inversiones materiales. Por consiguiente, la posición favorable de la Comisión respecto de las ayudas para investigación y desarrollo, formación y asesoramiento ha de hacerse extensiva a las ayudas destinadas a incitar a las PYME a que utilicen tecnologías avanzadas que éstas no puedan desarrollar por sí mismas, autorizando ayudas limitadas a la transferencia de tecnología de centros de investigación o de otras empresas a las PYME. Por otra parte, la asimetría en materia de información sobre nuevas tecnologías existente entre el licenciante y el licenciatario y otros tipos de imperfecciones del mercado asociados a la transferencia de tecnología, así como el carácter irrecuperable de los gastos de adquisición de tecnologías específicas o de conocimientos técnicos, pueden justificar una intervención pública para este tipo de gastos de las PYME, limitando en todo caso la repercusión de tales intervenciones sobre la competencia. Así pues, para las PYME situadas fuera de las regiones que pueden recibir ayudas nacionales de finalidad regional, la Comisión podrá autorizar ayudas cuya intensidad bruta, respecto de los costes de adquisición de derechos de patente, licencias o conocimientos técnicos o de concesión de conocimientos técnicos no patentados, no sea superior a (16):

- el 15 % en las empresas pequeñas,

- el 7,5 % en las otras PYME, esto es, aquéllas que pertenecen a la categoría de «empresas medianas».

En las regiones asistidas, y para estas mismas transferencias de tecnología, la Comisión podrá aprobar ayudas a las PYME superiores al nivel de ayuda regional a la inversión que haya autorizado para las grandes empresas en la región considerada:

- en 10 puntos porcentuales de intensidad bruta, en las regiones cubiertas por la letra c) del apartado 3 del artículo 92, siempre que el total no sea superior al 30 % neto,

- en 15 puntos porcentuales de intensidad bruta, en las regiones cubiertas por la letra a) del apartado 3 del artículo 92, siempre que el total no sea superior al 75 % neto.

Al igual que en el punto 4.2.1, el límite máximo de ayuda se aplicará tanto si la ayuda procede íntegramente de fuentes nacionales como si la misma es confinanciada por la Comunidad a través de los Fondos Estructurales, particularmente, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

4.2.3. Ayudas para asesoramiento, formación y difusión de conocimientos

Generalmente se autoriza una intensidad bruta máxima del 50 % cuando se trata de ayudas para asesoramiento por parte de consultores externos a las pequeñas y medianas empresas nuevas o existentes o para formación impartida a su personal, especialmente en materia de gestión, problemas financieros, tecnologías nuevas (en particular, tecnología de la información), control de la contaminación, protección de los derechos de propiedad intelectual o de derechos en ámbitos similares, o determinación de la viabilidad de nuevas inversiones con riesgo. No obstante, cada régimen debe evaluarse en función del interés que presenta, teniendo en cuenta particularmente la distancia de la actividad respecto del mercado, las limitaciones de costes para las empresas, las posibilidades de acumulación y otros factores pertinentes. En circunstancias excepcionales, como en el caso de las regiones asistidas, la Comisión puede aprobar una ayuda superior al 50 %. En la medida en que estén contempladas en el apartado 1 del artículo 92, las ayudas en favor de campañas generales de información también pueden ser de una intensidad superior si las ventajas financieras que de ellas se derivan para la empresa considerada son reducidas.

Hay que precisar que no están cubiertas por estas medidas:

- las ayudas relativas a inversiones susceptibles de ser consignadas en el activo de la empresa como inmovilizaciones inmateriales (gastos de investigación y desarrollo, concesiones, patentes, licencias, etc.) y tratadas en los puntos 4.2.2 y 4.2.5 de las presentes Directrices,

- las ayudas de tipo continuo o periódico no incentivadoras que se destinen a la financiación de gastos de funcionamiento habituales de la empresa (asesoramiento fiscal habitual, servicio jurídico regular, gastos de publicidad, etc.).

4.2.4. Ayudas a la transmisión de PYME

En la Recomendación de 7 de diciembre de 1994 relativa a la transmisión de pequeñas y medianas empresas (17), la Comisión señala el riesgo de cese de actividad en las PYME familiares, ante las dificultades insuperables asociadas a su transmisión. El punto 4.2.1 relativo a ayudas a inversiones materiales detalla las condiciones en que puede concederse una ayuda a la adquisición cuando el adquirente es una PYME.

4.2.5. Ayudas para la protección del medio ambiente

Estas ayudas se examinarán según los criterios definidos en las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado en favor del medio ambiente (18). Las ayudas de este tipo destinadas a las PYME pueden tener una intensidad bruta superior en 10 puntos porcentuales a la admitida normalmente para las grandes empresas.

4.2.6. Ayudas a la actividad de investigación y desarrollo

Serán de aplicación los criterios definidos en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales para investigación y desarrollo (19). Las ayudas para investigación y desarrollo destinadas a las PYME pueden tener una intensidad bruta superior en 10 puntos porcentuales a la admitida normalmente para las grandes empresas.

4.2.7. Ayudas al empleo

Estos casos se examinarán según los criterios definidos en las Directrices aplicables en materia de ayudas al empleo (20). La Comisión está favorablemente predispuesta respecto a las ayudas para crear puestos de trabajo en las PYME.

4.2.8. Ayudas para otros fines

La mayoría de los regímenes de ayudas a las PYME notificados a la Comisión pertenecen a las categorías descritas anteriormente. No obstante, la Comisión puede autorizar ayudas para otras medidas justificadas encaminadas a la promoción de las PYME, por ejemplo, medidas de fomento de la cooperación o destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, a condición de que no alteren las condiciones de los intercambios o de la competencia en la Comunidad en forma contraria al interés común.

5. Procedimientos

5.1. El presente texto sustituye a las Directices comunitarias aprobadas el 20 de mayo de 1992 (21). Se aplicará a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

5.2. Con la excepción de los regímenes de ayudas consideradas de minimis, las presentes Directrices no afectan a la obligación de los Estados miembros de notificar todos los regímenes de ayudas en favor de las PYME, así como toda modificación de los mismos, en virtud del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE. Con objeto de facilitar la tarea de los Estados miembros y de los servicios de la Comisión, se ha elaborado un formulario de notificación normalizado, que fue enviado a los Estados miembros mediante carta de la Comisión de 22 de febrero de 1994 (22). La Comisión también ha elaborado un formulario simplificado y ha establecido un procedimiento acelerado de aprobación para el caso en que los importes o las intensidades de ayuda previstos sean reducidos (23).

5.3. Las presentes Directrices no afectarán a los regímenes ya autorizados en el momento de su publicación, pero éstos podrán someterse a revisión en virtud del apartado 1 del artículo 93.

5.4. Se prevé un nuevo examen de las presentes Directrices tras un período de tres años, que, en caso necesario, podrá dar lugar a su revisión.

(1) DO n° C 213 de 19. 8. 1992, p. 2.

(2) Véase la Comunicación de la Comisión relativa a la norma de minimis (DO n° C 68 de 6. 3. 1996, p. 9).

(3) Véase la Recomendación de la Comisión sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (PYME) de 3 de abril de 1996 (DO n° L 107 de 30. 4. 1996, p. 4).

(4) Véase el informe presentado por la Comisión al Consejo Europeo de Madrid, CSE(95) 2087, pp. 3 y siguientes.

(5) Véase, por ejemplo, «Las actuaciones comunitarias en favor de las PYME y el artesanado»: 1) IV Informe sobre la actividad de la Comisión en materia de política empresarial, año 1993, 2) Informe de la Comisión en materia de coordinación de las actividades en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME), COM(94) 221 final de 7. 9. 1994.

(6) La norma actualmente vigente es la que se describe en la Comunicación de la Comisión relativa a las ayudas de minimis mencionada.

(7) Recomendación antes mencionada.

(8) El número de personas empleadas corresponde al número de unidades de trabajo-control-año (UTA), es decir, el número de trabajadores de jornada completa empleados durante un año, representando fracciones de UTA el trabajo a tiempo parcial y el trabajo de temporada. El año que debe tenerse en cuenta es el correspondiente al último ejercicio contable cerrado.

(9) Según lo dispuesto en el artículo 28 de la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo relativa a las cuentas anuales de las sociedades (DO n° L 222 de 14. 8. 1978, p. 11), cuya última modificación la constituye la Directiva 94/8/CE (DO n° L 82 de 25. 3. 1994, p. 33) por volumen de negocios se entiende el importe neto del volumen de negocios, que incluye «los importes resultantes de la venta de productos y de la prestación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la sociedad, hecha la deducción de las reducciones sobre ventas, así como del impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente ligados al volumen de negocios».

(10) Estas disposiciones sólo son válidas en la medida en que haya directrices vigentes en estos dos últimos sectores.

(11) En ciertas circunstancias excepcionales, se autorizan ayudas de funcionamiento en las regiones que pueden recibir ayudas de finalidad regional en aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 92. Véase la Comunicación de la Comisión sobre el método de aplicación de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 a las ayudas regionales (DO n° C 212 de 12. 8. 1988, p. 2) y, en particular, su punto I.6.

(12) DO n° C 31 de 3. 2. 1979, p. 9.

(13) Véase la Comunicación de la Comisión sobre el método de aplicación de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 a las ayudas regionales (DO n° C 212 de 12. 8. 1988, p. 2), modificada por la Comunicación de la Comisión publicada en el DO n° C 364 de 20. 12. 1994, p. 8.

(14) Esto es, la proporción que representan, respecto del coste de la inversión, el importe de las subvenciones antes de impuestos y el valor actualizado, antes de impuestos, de las bonificaciones de intereses. Las cifras netas se obtienen al deducir el impuesto.

(15) Esta disposición no afecta a los costes seleccionables que correspondan a las ayudas descritas a continuación.

(16) Las disposiciones siguientes no afectan a los gastos de adquisición de derechos de patente, licencias, etc. que se incluyen en los costes seleccionables de un proyecto de investigación y desarrollo del beneficiario, en virtud de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado para investigación y desarrollo (DO n° C 45 de 17. 2. 1996, p. 5), y que pueden beneficiarse de los tipos admisibles para la categoría de proyecto de investigación y desarrollo a la que pertenecen.

(17) DO n° L 385 de 31. 12. 1994, p. 14. Véase también la Comunicación de la Comisión relativa a esta Recomendación (DO n° C 400 de 31. 12. 1994, p. 1).

(18) El texto actualmente aplicable es el publicado en el DO n° C 72 de 10. 3. 1994, p. 3.

(19) El texto aplicable actualmente es el publicado en el DO n° C 45 de 17. 2. 1996, p. 5.

(20) El texto aplicable actualmente es el publicado en el DO n° C 334 de 12. 12. 1995, p. 4.

(21) Véase la nota 1 a pie de página.

(22) SG(94) D/2472.

(23) El texto en vigor actualmente es la Comunicación de la Comisión relativa al procedimiento acelerado de aprobación de los planes de ayudas a las PYME y de modificaciones de planes vigentes (DO n° C 213 de 19. 8. 1992, p. 10).

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