Source: EURLEX
Language: es
Format: md

[**Aviso jurídico importante**](http://europa.eu.int/eur-lex/lex/es/editorial/legal_notice.htm)

*|*

# 52006IP0054

**Resolución del Parlamento Europeo sobre la reforma de las ayudas estatales 2005-2009 (2005/2165(INI))** 
  
*Diario Oficial n° 290 E de 29/11/2006 p. 0097 - 0104*

  

P6\_TA(2006)0054

La reforma de las ayudas estatales 2005-2009

Resolución del Parlamento Europeo sobre la reforma de las ayudas estatales 2005-2009 (2005/2165(INI))

El Parlamento Europeo,

- Visto el documento de consulta de la Comisión "Plan de acción de ayudas estatales — Menos ayudas estatales con un objetivo bien definido: programa de trabajo para la reforma de las ayudas estatales 2005-2009" (Plan de acción) (COM(2005) 0107),

- Vista la comunicación de la Comisión "Documento de consulta sobre la ayuda estatal a la innovación" (COM(2005) 0436),

- Vista la Decisión 2005/842/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 86, apartado 2 del Tratado a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general [1],

- Vista la Directiva 2005/81/CE de la Comisión, de 28 de noviembre del 2005, por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas así como a la transparencia entre determinadas empresas [2],

- Visto el documento de trabajo de la Comisión "Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público", en la versión transmitida al Parlamento Europeo para dictamen el 8 de septiembre de 2004,

- Visto el proyecto de comunicación de la Comisión de 21 de diciembre de 2005, "Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para 2007-2013",

- Vistos los objetivos de la estrategia de Lisboa,

- Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Barcelona, de 15 y 16 de marzo de 2002, y del Consejo Europeo de Gotemburgo, de 15 y 16 de junio de 2001, y, en particular, las disposiciones por las que los Estados miembros acuerdan reducir el nivel de las ayudas estatales en la Unión Europea y reorientarlas hacia objetivos horizontales de interés común,

- Vistos los artículos 2, 5, 16, 73, 86, 87 y 88 del Tratado CE,

- Vistas sus resoluciones anteriores sobre los servicios de interés general, y, en particular, de 17 de diciembre de 1997 sobre la comunicación de la Comisión "Servicios de Interés General en Europa" [3]; de 18 de mayo de 2000 sobre el proyecto de Directiva por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas [4]; de 13 de noviembre de 2001 sobre la comunicación de la Comisión "Servicios de Interés General en Europa" [5]; de 14 de enero de 2004 relativa al Libro Verde sobre los servicios de interés general [6], y de 22 de febrero de 2005 sobre las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público [7],

- Visto el Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis [8],

- Vistos los artículos I-3; I-5; II-96; III-122; III-166; III-167 y III-238 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado por los Estados miembros en Roma el 29 de octubre de 2004,

- Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas relativa a los servicios de interés general, y, en particular, su sentencia de 24 de julio de 2003 en el asunto C-280/00, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg /Nahverkehrsgesellschaft Altmark [9],

- Visto el artículo 45 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0009/2006),

A. Considerando que las disposiciones en materia de ayudas estatales deben ser sencillas, transparentes y eficaces,

B. Considerando que la economía de mercado es el modo más eficaz de asignar unos recursos limitados y que, por lo tanto, las ayudas estatales deberían ser un instrumento en última instancia,

C. Considerando que las ayudas estatales siempre deberían tener objetivos claramente definidos, ser proporcionadas y, en particular, concederse con carácter temporal,

D. Considerando que las ayudas estatales pueden ser necesarias para alcanzar objetivos de competitividad o de independencia tecnológica de Europa en el marco de proyectos de interés europeo común, con arreglo a lo previsto en el artículo 87, apartado 3, letra b) del Tratado CE,

E. Considerando que el volumen total de las ayudas estatales concedidas anualmente en la Unión Europea equivale, incluso según las estimaciones más prudentes, a más de un 50 % del presupuesto anual de la Unión Europea; considerando que el volumen de las ayudas estatales, expresado en porcentajes del PIB, varía sustancialmente entre los Estados miembros, y que en 2003 varió del 0,10% a 2,76%, lo cual puede originar grandes distorsiones del mercado,

F. Considerando que son los contribuyentes quienes financian las ayudas estatales y que, por lo tanto, deben utilizarse de forma responsable y con una eficacia óptima,

G. Considerando que la justificación para conceder ayudas estatales debería revisarse a intervalos regulares y apropiados; considerando que la tarea de controlar y auditar regularmente el uso de las ayudas estatales no debería delegarse en los organismos nacionales de control de los Estados miembros,

H. Considerando que la concesión de ayudas estatales debe someterse a controles efectivos y rigurosos para garantizar la competencia leal y la transparencia, así como para evitar discriminaciones,

I. Considerando que, al aplicar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, la Comisión debería concentrarse en las infracciones que tengan un impacto significativo en el mercado interior, ya que, según el artículo 87 del Tratado, las ayudas estatales sólo son incompatibles con el mercado común "en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros",

J. Considerando que las ayudas estatales que no distorsionan la competencia son un instrumento legítimo para estimular el desarrollo económico y pueden, por lo tanto, ser una manera de promover la agenda de Lisboa para el crecimiento económico y el empleo, junto con otros instrumentos, incluida la financiación comunitaria, como los Fondos Estructurales,

K. Considerando que para una mayor eficacia de la política de control de las ayudas estatales se requiere mejor información sobre los pormenores de dicha política en lo relativo a los agentes interesados,

L. Considerando que los beneficios que aporta el recurso a las ayudas estatales pueden superar considerablemente sus costes siempre que las subvenciones estatales se utilicen de forma racional y se lleven a cabo análisis exhaustivos de la relación coste-beneficio,

M. Considerando que en los Estados miembros no existe ningún mecanismo de control comparable a la supervisión de las ayudas a nivel comunitario,

N. Considerando que, en sus resoluciones sobre las ayudas estatales y en los debates celebrados regularmente con el representante de la Comisión en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el Parlamento Europeo ha insistido reiteradamente en la necesidad de adoptar medidas destinadas a garantizar una mayor transparencia,

Generalidades

1. Acoge positivamente la intención que la Comisión expone en el Plan de acción de modernizar las prácticas y los procedimientos referentes a las ayudas estatales, en particular mediante el incremento de la seguridad jurídica, el perfeccionamiento del enfoque económico, una mayor transparencia por medio de la consulta a los interesados y la mejora del procedimiento de adjudicación;

2. Coincide con la Comisión en que se necesita realmente una reforma exhaustiva de la política de ayudas estatales;

3. Observa que la política de ayudas estatales forma parte integrante de la política de competencia y que el control de estas ayudas responde a la necesidad de mantener unas reglas de juego equitativas para el conjunto de las empresas que desarrollan actividades en el mercado único europeo; subraya, no obstante, que según el artículo 87 del Tratado las ayudas estatales también pueden contribuir a alcanzar otros objetivos de la Unión, en particular los contemplados en el artículo 2 del Tratado;

4. Recuerda que los artículos 86 y 87 del Tratado autorizan expresamente determinadas excepciones a la prohibición de las ayudas estatales cuando los regímenes de ayuda propuestos tengan efectos beneficiosos claramente definidos para la población y el medio ambiente y cuando no afecten a la actividad general de la Unión; por consiguiente, considera esencial que, cuando se examine la compatibilidad de las ayudas estatales con el Tratado, se halle un justo equilibrio entre sus efectos perjudiciales para la competencia y sus efectos beneficiosos desde el punto de vista del interés común;

5. Señala que, a fin de suprimir la inseguridad jurídica, las decisiones de la Comisión deben ser acordes con las sentencias pertinentes del Tribunal de Justicia; considera que el Plan de acción debe acompañarse, cuando ello sea necesario, de iniciativas legislativas que tengan por objeto reformarlas con arreglo a los deseos expresados por la Unión Europea y reforzar la seguridad jurídica;

6. Sugiere que la Comisión publique de la forma más sistemática posible directrices en las que se interpreten las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en materia de ayudas estatales, tanto si se basan en disposiciones del Tratado como en disposiciones del Derecho derivado;

7. Insiste en la necesidad de extraer las conclusiones tanto de la concesión infructuosa de ayudas estatales en el pasado como de aquellos casos en que éstas han demostrado ser un instrumento eficaz para la consecución de los objetivos perseguidos; subraya que conviene eliminar las ayudas que falseen la competencia;

8. Pide a la Comisión que publique anualmente un informe dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las ayudas estatales concedidas en los Estados miembros;

9. Pide a la Comisión, en este contexto, que aplique normas estrictas en materia de notificación tanto respecto al Estado miembro como al beneficiario; pide además a la Comisión que revise el marcador de ayudas estatales teniendo en cuenta ese aspecto;

10. Considera que en el contexto actual de la economía globalizada es fundamental que las reglas establecidas a nivel comunitario tengan en cuenta las condiciones de la competencia internacional;

11. Pide a la Comisión que evalúe si el máximo nivel de ayuda de hasta un 50 % que, en principio, resulta posible conceder, no es demasiado elevado desde la perspectiva de la economía de mercado, ya que, con un nivel de ayuda tan elevado, es posible crear una empresa sin que ésta disponga de capital propio, lo que vulnera el principio de la responsabilidad empresarial en una economía de mercado;

12. Saluda la afirmación hecha por la Comisión en el Plan de acción en el sentido de que entre los objetivos centrales de la Comunidad se incluyen un elevado nivel de empleo, el crecimiento sostenible y la cohesión económica y social;

Un enfoque económico reforzado

13. Celebra el objetivo de la Comisión de reforzar su enfoque económico en los procedimientos de las ayudas estatales y de concentrar sus recursos en el examen de los casos que puedan crear las distorsiones más graves de la competencia y de los intercambios comerciales, con las miras puestas en los objetivos de las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo;

14. Pide que este enfoque económico de la Comisión se enmarque en límites estrictos, para garantizar una mayor seguridad jurídica a los agentes interesados; considera, por lo tanto, que el análisis económico de la Comisión deberá apoyarse en criterios precisos, inspirándose en los procedimientos aplicados en los otros ámbitos del Derecho de la competencia y velando por que los procedimientos sean más complicados;

15. Insta a la Comisión a que en todas sus decisiones someta a un análisis económico los dos criterios de evaluación de las ayudas ilegales, tal como se contemplan en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado (ayudas que falseen o amenacen falsear la competencia, y ayudas que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros); pide a la Comisión que confirme y concrete su enfoque de ambos criterios mediante directrices específicas;

16. Sugiere que la Comisión elabore una definición más detallada del concepto de "deficiencia del mercado" y de la aplicabilidad del mismo, así como una metodología coherente; insiste en que haya un concepto viable a fin de que los Estados miembros y los beneficiarios puedan aplicarlo y aprovecharlo en la práctica; insiste en que el nuevo concepto debe asociarse, además, a una abreviación de los procedimientos; pide a la Comisión que clarifique los límites del concepto de deficiencia del mercado y su interrelación con las características de la prohibición de las ayudas estatales mencionadas en el artículo 87 del Tratado;

17. Toma nota de la iniciativa del Vicepresidente de la Comisión Siim Kallas encaminada a introducir más transparencia en el procedimiento de concesión de subvenciones agrícolas, lo que requeriría que los Estados miembros publicaran en Internet los nombres de los beneficiarios y los importes concedidos, y recomienda la extensión de este sistema a todas las ayudas estatales; recomienda a los Estados miembros que exijan que las empresas publiquen los datos de las ayudas percibidas, a fin de que los accionistas puedan evaluar mejor el rendimiento real de la empresa, especialmente en caso de que pudieran reducirse las ayudas;

18. Advierte del papel potencialmente perjudicial que pueden desempeñar las ayudas estatales, ya sean de carácter europeo o nacional, al motivar la reubicación de empresas potencialmente beneficiarias de un Estado miembro a otro, debido a la búsqueda de subvenciones por parte de las empresas, sin ningún beneficio real para los objetivos comunes de la Unión Europea;

Innovación e I+D

19. Subraya la gran importancia de la innovación y de la I+D para la futura competitividad de la Unión Europea en una economía globalizada;

20. Subraya que las ayudas estatales para la I+D deben evaluarse a la luz de los objetivos de Lisboa y que estas ayudas podrían permitir a los Estados miembros acometer la corrección de las deficiencias del mercado y elaborar medidas que estimulen a la industria a invertir más en I+D; señala, no obstante, que la ayuda a la I+D no debe dar lugar a una distorsión de la competencia, en particular al favorecer a los actores del mercado establecidos; subraya en este contexto la necesidad de superar los barreras legislativas y fiscales de los Estados miembros que obstaculizan el desarrollo de empresas recientes e innovadoras;

21. Toma nota de que el desarrollo de las tecnologías ambientales en la UE, especialmente en el sector de la energía, se ha visto frenado por las considerables ayudas estatales a los combustibles fósiles y a la energía nuclear; cree firmemente en el principio de que los costes externos deben incluirse en el precio de la energía procedente de distintas fuentes y que este principio debe servir de base para la revisión de las orientaciones de la UE sobre las ayudas estatales;

22. Se declara muy a favor de la flexibilidad en materia de ayudas estatales para la creación y promoción de ideas innovadoras en las universidades y centros de investigación del sector público, y de unas normas claras y sencillas sobre cómo trasladar dichas ideas y experiencia a las empresas; apoya, a este respecto, la producción de mayor innovación mediante la colaboración y la asociación de los sectores público y privado;

23. Subraya el principio de que la ayuda para I+D no debe favorecer a empresas individuales; insta a la Comisión a dirigir la ayuda para I+D hacia agrupaciones de empresas innovadoras;

24. Apoya a la Comisión en su propósito de flexibilizar el régimen de ayudas estatales con el fin de sostener el proceso de innovación de manera proporcional a la lejanía de éste respecto del mercado;

Capital riesgo

25. Considera que, debido a las insuficiencias de la reglamentación y a regímenes fiscales con pocos incentivos, en algunos Estados miembros el aporte de capital riesgo, en particular para las pequeñas empresas, no resulta óptimo; celebra, en consecuencia, la actual revisión de la comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales y capital riesgo [10] que expira en agosto de 2006;

26. Subraya la necesidad de fomentar el desarrollo de las nuevas empresas y de las PYME jóvenes e innovadoras, empleando, entre otros medios, los incentivos fiscales adecuados;

27. Subraya la necesidad de procedimientos menos pesados y más rápidos; apoya en este contexto las exenciones por categorías para las ayudas a pequeña escala destinadas a las PYME;

Servicios de interés económico general

28. Insta a la Comisión a establecer de una vez la necesaria claridad jurídica respecto a los servicios de interés económico general;

29. Considera que el elemento de sobrecompensación constituye el requisito más esencial y, por consiguiente, la financiación de los servicios de interés económico general supone una ayuda estatal únicamente en aquellos casos en los que no se cumple o no puede demostrarse que se cumple el requisito de la compensación razonable;

30. Lamenta que subsistan diferencias de opinión acerca de cómo interpretará la Comisión en la práctica los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Altmark; pide a la Comisión que publique una comunicación en la que interprete de manera clara y precisa el cuarto criterio enunciado en la sentencia Altmark, que tiene en cuenta la especificidad de diferentes sectores;

31. Pide a la Comisión, vista la creciente importancia de las asociaciones público-privadas para la creación de infraestructuras en regiones menos desarrolladas, que preste especial atención a la cuestión de la prestación de ayudas estatales a dichas asociaciones, ofreciendo asistencia jurídica sobre todas las cuestiones referentes a la posibilidad de aplicar las normas sobre ayudas estatales en este contexto y solicita, en particular, que unas normas adecuadas simplifiquen el uso de las asociaciones público-privadas; sugiere en este contexto que se vele con particular atención por el mantenimiento de la transparencia;

32. Toma nota de la exención de las pequeñas empresas de servicio público por lo que respecta a las reglas en materia de ayudas estatales; se pregunta, no obstante, si resulta adecuada la distinción entre pequeñas y grandes empresas para la evaluación de las reglas en materia de ayudas estatales; propugna, en consecuencia, que la evaluación de la Comisión se base en los efectos de las ayudas estatales en el mercado de que se trate, en lugar de basarse en el tamaño de la empresa pública en cuestión;

Exenciones por categorías

33. Apoya la adopción por parte de la Comisión de un reglamento general de exención por categorías a fin de simplificar y consolidar las exenciones por categorías existentes, concretamente la formación, las PYME y el empleo, e incorporar una gama más amplia de exenciones, en particular por lo que respecta a las ayudas estatales en apoyo de las PYME y de la I+D, siempre que se controle y, en su caso, se prohíba toda operación de subvenciones cruzadas de pequeñas a grandes empresas; concuerda con el objetivo de la Comisión de concentrar sus recursos en el examen de las ayudas estatales que más distorsionan; considera que los procedimientos de notificación y los plazos correspondientes deberían ser proporcionados al riesgo de grave distorsión de la competencia que suponga la ayuda en cuestión; opina que un único instrumento jurídico también facilitaría la futura extensión del concepto de exención por categorías, de modo que los casos de menor cuantía de cada tipo de ayuda no requirieran ya notificación;

34. Subraya la necesidad de velar por que el reglamento general de exención por categorías conduzca a una verdadera simplificación del procedimiento, con disposiciones claras, detalladas e inequívocas que no comprometan el objetivo primordial de una reducción general de las ayudas estatales;

35. Celebra la propuesta de elevar el umbral de minimis; sugiere que se doble, hasta los 200000 EUR; pide a la Comisión, en este contexto, que aborde el problema del control de acumulación de ayudas;

Ayudas estatales de finalidad regional

36. Acoge con satisfacción las directrices de la Comisión sobre ayudas estatales de finalidad regional para el período 2007-2013 [11]; subraya que conviene prestar mayor atención a los criterios territoriales, distinguiendo entre los espacios geográficos de la Unión Europea que disponen de una economía sólida, por una parte, y las zonas que se enfrentan a dificultades de reconversión industrial y las zonas con desventajas naturales permanentes, por otra; considera que las políticas de cohesión y de ayudas estatales son complementarias: las ayudas estatales han demostrado ser un instrumento eficaz en la vía hacia una verdadera convergencia de las rentas en la Unión Europea;

37. Considera que las ayudas estatales sólo deberían permitirse en el caso de que aporten un valor añadido que no pueda lograrse con ninguna otra medida política y que beneficie a una región; apoya, por consiguiente, un enfoque más eficaz para la concesión de las ayudas de finalidad regional, concentrado en las inversiones en infraestructuras y en las ayudas horizontales a las regiones desfavorecidas o menos desarrolladas de la Unión Europea, activando incluso, para períodos transitorios de duración no superior a cinco años, las ventajas fiscales; en este sentido, señala la necesidad de mantener medidas adecuadas de apoyo para las regiones afectadas por el "efecto estadístico";

38. Considera que deben examinarse de nuevo las reducciones de las ayudas estatales con respecto a las regiones afectadas por el "efecto estadístico", que, si bien presentan un aumento relativo de su renta a causa de la ampliación, no han alcanzado un verdadero desarrollo y convergencia y registran tasas elevadas de desempleo;

39. Pide a la Comisión, teniendo en cuenta los objetivos de la construcción europea y de su política de cohesión, orientada hacia la convergencia económica y social por acortamiento de las distancias entre las regiones de Europa, que las ayudas estatales, ya sean de carácter europeo o nacional, no falseen la competencia mediante deslocalizaciones intraeuropeas que se traduzcan especialmente en supresiones de puestos de trabajo en una región en beneficio de otra;

40. Incita a la Comisión, en línea con las Estrategias de Lisboa y de Gotemburgo, a que evalúe más en profundidad y más detalladamente los diferentes tipos de ayudas estatales y su eficacia, de modo que pueda indicar si determinadas formas de ayuda son más favorables que otras en términos de impacto duradero y positivo en el desarrollo regional;

41. Pide a la Comisión que aplique los principios expuestos en el Plan de acción también a las normas específicas que rigen determinados sectores, como la agricultura, la pesca, la minería del carbón y el transporte, que con frecuencia se concentran en zonas que pueden entrar en consideración para beneficiarse de los Fondos Estructurales, y que presente más sugerencias encaminadas a la reforma de dichas normas específicas;

Ayudas estatales en favor del medio ambiente

42. Considera que las ayudas estatales en favor del medio ambiente, siempre que se apliquen de forma equitativa y transparente, pueden cumplir una función crucial en la realización del objetivo de desarrollo sostenible en la Unión Europea, en particular para estimular a largo plazo las inversiones tecnológicas y su protección por medio de patentes en la Unión europea, en consonancia con el objetivo de estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;

43. Comparte el punto de vista de la Comisión de que las actuales directrices sobre ayudas estatales en materia de medio ambiente "no se adaptan bien a la cada vez mayor complicación de las inversiones en tecnologías ambientales ni a las nuevas formas de asociaciones público-privadas" [12];

44. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que agilicen la introducción de medidas que permitan reducir y, en última instancia, suprimir las ayudas estatales que tienen efectos perjudiciales sobre el medio ambiente; toma nota de que el volumen de dichas ayudas es considerable y pide a la Agencia Europea de Medio Ambiente que elabore una lista de las subvenciones que fomentan directa o indirectamente una producción y un consumo contaminantes, haciendo así una competencia desleal a tecnologías más limpias;

45. Celebra, en consecuencia, el inicio de un proceso de consulta a los interesados con objeto de revisar dichas directrices, que expirarán a finales de 2007;

Mejor gobernanza

46. Considera que las prácticas y procedimientos actuales en materia de ayudas estatales adolecen de ciertas deficiencias y son excesivamente burocráticos;

47. Celebra, en consecuencia, la introducción de directrices sobre buenas prácticas en materia de procedimientos de ayudas estatales en aras de unos procedimientos de notificación más rápidos y eficaces; se pregunta en este contexto si un reglamento no resultaría más idóneo que unas directrices para alcanzar dicho objetivo;

48. Apoya firmemente la idea de formar una red más estrecha de los organismos de control de los Estados miembros tales como los tribunales de cuentas, lo que podría facilitar el objetivo de coherencia en la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales;

49. Subraya que toda descentralización de competencias a través de organismos nacionales exige una coordinación y un control rigurosos a fin de garantizar que la normativa se aplica con coherencia en todos los Estados miembros; considera que la descentralización puede entrañar el riesgo de falta de coherencia en la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales, debido en particular a la diversidad de estructuras y niveles de experiencia y competencia de las autoridades competentes de los Estados miembros; subraya la importancia de la existencia de una red eficaz entre las autoridades competentes de los Estados miembros;

50. Insta a la Comisión a establecer plazos claros para los procedimientos en materia de ayudas estatales, incluido el cumplimiento de las normas;

51. Expresa su descontento respecto al hecho de que actualmente las sanciones por ausencia de notificación se apliquen sólo a los beneficiarios y no a los Estados miembros; apoya, en consecuencia, a la Comisión en la búsqueda de nuevos mecanismos disuasorios contra la aplicación incorrecta de la normativa de ayudas estatales por parte de los Estados miembros, y pide a la Comisión a que prevea sanciones adecuadas a este respecto;

52. Reitera su llamamiento en favor de la introducción del procedimiento de codecisión para todas las cuestiones de política de competencia sobre las que el Consejo se pronuncia por mayoría cualificada;

\*

\* \*

53. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

[1] DO L 312 de 29.11.2005, p. 67.

[2] DO L 312 de 29.11.2005, p. 47.

[3] DO C 14 de 19.1.1998, p. 74.

[4] DO C 59 de 23.2.2001, p. 238.

[5] DO C 140 E de 13.6.2002, p. 153.

[6] DO C 92 E de 16.4.2004, p. 294.

[7] DO C 304 E de 1.12.2005, p. 117.

[8] DO L 10 de 13.1.2001, p. 30.

[9] Rec. 2003, p. I-7747.

[10] DO C 235 de 21.8.2001, p. 3.

[11] No publicadas aún en el Diario Oficial.

[12] Comunicación de la Comisión "Fomento de las tecnologías en pro del desarrollo sostenible: Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales en la Unión Europea" de 28 de enero de 2004 (COM(2004) 0038), apartado 4.2.3.

--------------------------------------------------

[Top](#document1)