Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 52007IP0165

**Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de abril de 2007, relativa al Informe anual sobre los Derechos Humanos en el mundo (2006) y la política de la UE a este respecto (2007/2020(INI))** 
  
*Diario Oficial n° 074 E de 20/03/2008 p. 0753 - 0775*

  

P6\_TA(2007)0165

Informe anual sobre los Derechos Humanos en el mundo — 2006 y política de la UE

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de abril de 2007, relativa al Informe anual sobre los Derechos Humanos en el mundo (2006) y la política de la UE a este respecto (2007/2020(INI))

El Parlamento Europeo,

- Visto el octavo Informe anual de la Unión Europea sobre los Derechos Humanos — 2006 [1],

- Vistos los artículos 3, 6, 11, 13 y 19 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 177 y 300 del Tratado CE,

- Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales pertinentes sobre los Derechos Humanos [2],

- Vista la Carta de las Naciones Unidas,

- Vistas todas las convenciones de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y sus protocolos facultativos,

- Vistas la entrada en vigor el 1 de julio de 2002 del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional (CPI) y sus resoluciones sobre la CPI [3],

- Vistos el Convenio del Consejo de Europa para la Acción contra la trata de seres humanos y el Plan de Acción de la UE de 2005 sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla [4],

- Visto el Protocolo no 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia,

- Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

- Vista la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea [5],

- Vistos el Acuerdo de Asociación ACP-UE y su revisión [6],

- Vistas sus anteriores Resoluciones sobre los derechos humanos en el mundo,

- Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2006, sobre el resultado de las negociaciones sobre el Consejo de Derechos Humanos y el 62o período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas [7],

- Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2006, sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea [8],

- Vista su Resolución, de 1 de febrero de 2007, sobre la iniciativa en favor de una moratoria universal respecto de la pena de muerte [9],

- Vistas todas sus Resoluciones adoptadas sobre casos de violaciones de los derechos humanos de la democracia y del Estado de Derecho,

- Vista su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre el Séptimo y Octavo informe anual del Consejo con arreglo a la disposición operativa no 8 del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas [10],

- Visto su Reglamento (CE) no 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece un instrumento financiero para la promoción de la democracia y de los Derechos Humanos a escala mundial [11],

- Visto su Reglamento (CE) no 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [12],

- Vistas las conclusiones del Foro Anual sobre Derechos Humanos de la UE, organizada por la Presidencia finlandesa y la Comisión y celebrado en Helsinki en diciembre de 2006,

- Vista la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas A/RES/61/106, aprobada el 13 de diciembre de 2006, que establece la obligación de incorporar los intereses y problemas de las personas con discapacidad en las acciones de derechos humanos dirigidas a terceros países,

- Vista la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas A/RES/61/177, adoptada el 20 de diciembre de 2006 y abierta a la firma el 6 de febrero de 2007,

- Vistas las Directrices de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario [13],

- Visto el artículo 45 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0128/2007),

A. Considerando que el Informe anual sobre los derechos humanos — 2006 del Consejo y de la Comisión de la UE proporciona una descripción general de las actividades de las instituciones de la Unión Europea en materia de derechos humanos dentro y fuera de la Unión Europea,

B. Considerando que la presente Resolución pretende examinar, evaluar y, en algunos casos concretos, realizar una crítica constructiva de las actividades en materia de derechos humanos de la Comisión y el Consejo y de las actividades generales del Parlamento, en particular llamando la atención sobre los temas obviados en dichas actividades,

C. Considerando que hay que reconocer que existe una relación entre las políticas interiores y exteriores de la UE, teniendo en cuenta que la actuación en materia de derechos humanos en el interior de la UE repercute directamente en su credibilidad y en su capacidad de llevar a cabo una política exterior eficaz,

D. Considerando que el respeto de los derechos humanos y un sistema democrático de gobernanza están necesariamente vinculados, y que la defensa de los derechos humanos debería asociarse a la promoción y a la aplicación de una gobernanza democrática,

E. Considerando que, en general, es preciso intentar que en las negociaciones de los acuerdos comerciales bilaterales o regionales, incluso con socios comerciales importantes, se preste una mayor atención a la cuestión del respeto de los derechos humanos fundamentales, en particular a los derechos políticos,

1. Celebra que la UE sea cada vez más activa a nivel mundial con objeto de mejorar globalmente los derechos humanos y la democracia; considera que la última ampliación de la UE a 27 Estados miembros con 494 millones de habitantes ha aumentado la importancia global de la UE y ha conferido un mayor peso específico a sus esfuerzos por promover los derechos humanos a nivel internacional;

2. Considera que debe darse mayor prioridad a la mejora de la capacidad de la UE para intervenir en caso de violación de los derechos humanos por parte de terceros países y a la incorporación de la política de derechos humanos en las políticas de la UE con respecto a estos países, incluido el impacto en el exterior derivado de las políticas internas de la UE;

3. Insiste en subrayar la importancia de que todos los Estados miembros apliquen una política coherente en sus relaciones bilaterales con terceros países en los que se produzcan con frecuencia violaciones de los derechos humanos o exista una amenaza real de que puedan producirse, y pide a los Estados miembros que mantengan sus relaciones bilaterales con esos países con arreglo a las políticas de la UE, y en particular a la política de esfuerzo activo en pro del respeto de los derechos humanos;

4. considera que en una política exterior europea coherente el fomento de la democracia es una prioridad absoluta, puesto que la sociedad democrática constituye la base del respeto de los derechos humanos;

5. Considera que los avances en el proceso de creación de la Agencia de los derechos fundamentales de la Unión Europea son un primer paso en la respuesta a la petición del Parlamento de que se cree un marco integrado de normas e instituciones para conferir carácter vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales y para garantizar el respeto del sistema establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; destaca que el mandato de la Agencia también cubre a aquellos países que han celebrado un acuerdo de estabilización y asociación con la UE; considera que la Agencia debería tener competencias para asistir a la UE en la aplicación de sus políticas exteriores cuando éstas exijan una evaluación de la situación en un país en lo que se refiere a los derechos humanos;

El Informe anual de la UE sobre los Derechos Humanos en el mundo (2006) (elaborado por el Consejo y la Comisión)

6. Subraya la importancia del Informe anual de la UE relativo a los derechos humanos por lo que atañe al análisis y la evaluación de la política de la UE en materia de derechos humanos, concretamente con vistas a aumentar la visibilidad de los temas relativos a los derechos humanos en general;

7. Acoge con gran satisfacción la presentación pública por el Consejo y la Comisión del Informe de 2006 en el Pleno de diciembre de 2006, paralelamente a la concesión por el Parlamento de su Premio Sájarov a la libertad de conciencia, concedido al defensor de la libertad y la democracia de Belarús, Alexander Milinkevich; considera que, al establecer esta práctica, el Pleno del Parlamento Europeo de diciembre se ha convertido en un foco anual de las actividades de la UE en materia de derechos humanos;

8. Reconoce el volumen de las actividades de la UE relacionadas con los derechos humanos en las distintas partes del mundo, pero reitera su petición de que se mejore la evaluación del uso de los instrumentos e iniciativas de la UE en terceros países; acoge favorablemente las evaluaciones mencionadas en el informe del Consejo y la Comisión; opina que debe desarrollarse un mecanismo que permita a los diputados del Parlamento Europeo recibir las evaluaciones realizadas en relación con temas específicos, como países individuales, grupos de países y áreas geográficas, pero, en primer lugar y sobre todo, sobre determinadas zonas problemáticas en materia de derechos humanos, y considera que un mecanismo de esta índole le permitiría examinar el resultado de dichas evaluaciones en el marco más adecuado;

9. Subraya la importancia de los esfuerzos que se realizan para promover la integración de los derechos humanos y la democracia en las políticas de la UE, así como a favor de la coherencia y la consistencia de las políticas y acciones del Consejo, de la Comisión, del Parlamento Europeo y de los Estados miembros de la UE en el ámbito de los derechos humanos y de la democracia;

10. Considera una evolución positiva que el Informe intente hacer justicia a las actividades del Parlamento Europeo, pero reitera su solicitud, incluida en su Resolución de 2006 sobre los Derechos Humanos, de que las futuras Presidencias comuniquen en los informes anuales de la UE la forma en que el Consejo y la Comisión han tenido en cuenta las resoluciones del Parlamento, incluidas las resoluciones de urgencia sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia o del Estado de Derecho; constata con satisfacción la evolución mencionada en el apartado 13;

11. Reitera que, en los futuros Informes anuales sobre Derechos Humanos, el Consejo y la Comisión deben analizar la forma en que se incluyen los derechos humanos en otras políticas de la UE, como por ejemplo la Política Exterior y de Seguridad Común, las políticas en materia de desarrollo, comercio e inmigración, y otras cuestiones pertinentes relacionadas con las relaciones exteriores de la UE, en particular, en los grupos de trabajo del Consejo y en mecanismos específicos establecidos en los acuerdos de cooperación; opina que también han de abarcar asuntos relacionados con las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

12. Pide al Consejo y a la Comisión que examinen la posibilidad de adoptar el enfoque de algunos Gobiernos de los Estados miembros y de algunas Organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, con el fin de establecer una lista general de países que susciten una especial preocupación en materia de violaciones de los derechos humanos en el contexto de la elaboración anual de este informe;

13. Comprende que, en algunos casos, las actividades de la UE como las gestiones ante terceros países, particularmente en materia de derechos humanos, deben ser confidenciales; sin embargo, cree que se debería incluir una lista de estas actividades en el Informe anual, sin perjuicio del margen para los contactos diplomáticos bilaterales con los gobiernos dentro de una total confidencialidad;

14. Acoge favorablemente la intensificación de la consulta al Parlamento Europeo, y propone que se elabore un Informe anual representativo de las actividades del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, considerando que el Parlamento ha de continuar publicando su propio informe sobre este asunto; opina en este contexto que, en el futuro, un debate abierto en comisión en la fase de proyecto ofrecería al Parlamento la posibilidad de mejorar la precisión y el contenido del Informe;

Actividades del Consejo y la Comisión en el ámbito de los derechos humanos en los foros internacionales

15. Rinde homenaje a la excelente labor del Representante Personal del Secretario General/Alto Representante de los Derechos Humanos en el área de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), Michael Matthiessen, durante 2006; expresa su apoyo a la nueva Representante Personal, Riína Kionka, en sus esfuerzos por aumentar la visibilidad y reforzar el papel de la UE en los foros internacionales que se ocupan de los derechos humanos; espera que el Alto Representante, el Consejo y todos los representantes de los Estados miembros apoyen plenamente su trabajo en todo momento;

16. Considera que la capacidad de la UE para prevenir, responder y gestionar las crisis es por ahora insuficiente; recomienda la creación de una nueva infraestructura para la prevención de crisis y la gestión civil de conflictos que suponga una actuación proactiva y preventiva, la creación de mecanismos civiles adecuados de alerta precoz, la creación —en el marco de una política de prevención— de una "planificación de emergencia" y la formación de personal especializado para misiones internacionales en el ámbito de la gestión de conflictos, así como una especial dedicación a promover sociedades estructuralmente capaces de vivir en paz; subraya la importancia de examinar cuidadosamente los aspectos de los derechos humanos en conexión con la planificación de las medidas preventivas y de gestión de conflictos en el contexto de cada crisis en la que participe la UE;

17. Pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros a firmar y ratificar todas las convenciones y convenios principales de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa en materia de derechos humanos, así como los protocolos facultativos correspondientes; señala a los Estados miembros, en particular, la necesidad de ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990, así como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, recientemente adoptada;

18. Reconoce el compromiso activo de la UE y sus Estados miembros con respecto a los temas de derechos humanos y democracia en diversos foros internacionales durante 2006, incluido el recientemente creado Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Ministros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa;

19. Acoge con satisfacción la intención del Consejo de reforzar la relación entre la Unión Europea y el Consejo de Europa; para ello, pide al Consejo y a la Comisión que tengan en cuenta las recomendaciones que figuran en el informe Juncker de 11 de abril de 2006 titulado "Consejo de Europa-Unión Europea, la única ambición para el continente europeo";

20. Observa que el nuevo CDH dispone del potencial necesario para convertirse en un valioso marco para los esfuerzos multilaterales de la UE en materia de derechos humanos, y reconoce que en su primer año de existencia el CDH ha establecido un ambicioso programa de trabajo que incluye la revisión y el mantenimiento del sistema de procedimientos especiales, el establecimiento y la aplicación de la revisión periódica universal, a la que estarán sujeta todos los Estados, la definición de sus métodos de trabajo y la promoción y protección de los derechos humanos, en particular aquellos que han sido violados o que se encuentran en peligro; lamenta, no obstante, que el nuevo CDH no haya sido capa de responder de forma adecuada a las crisis de derechos humanos que se han producido en todo el mundo, debido a que muchos Estados lo utilizan como un foro para ejercer presiones políticas en vez de para promover los derechos humanos; pide a las instituciones y a los Estados miembros de la UE que desempeñen un papel más activo en el CDH, en el marco de la comunidad de democracias, con objeto de fortalecer e intensificar las normas y prácticas democráticas en todo el mundo;

21. Pide a los Ministros de Asuntos Exteriores y a las Presidencias de la UE que utilicen su influencia política para contribuir a resolver las dificultades a que se enfrenta el nuevo CDH; sostiene la necesidad de una agenda política clara en lo que se refiere a la acción de los Estados miembros en el seno del CDH; subraya que el CDH no debe convertirse en un foro político en el que se manifiesten los conflictos entre los distintos bloques geográficos e ideológicos que existen a nivel mundial, y pide por lo tanto a los Ministros de Asuntos Exteriores y a las Presidencias de la UE que trabajen en la elaboración de un consenso en el CDH en favor de una mayor participación de la comunidad internacional, con el fin de contribuir a la resolución de las graves violaciones de los derechos humanos y en el ámbito humanitario;

22. Reitera su llamamiento en favor de la elaboración de un amplio acuerdo en materia de derechos humanos entre las partes en el conflicto en Sri Lanka y de su aplicación mediante la instauración de una misión de seguimiento internacional, independiente y eficaz, con acceso ilimitado a las zonas controladas por el Gobierno y por los Tigres de Liberación del Eelam Tamil, tal como recomienda Philip Alston, Relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o autoritarias; considera que la Unión Europea, que copreside la Conferencia de Tokio de países donantes, debería liderar el desarrollo de un consenso sobre las propuestas presentadas por el CDH al respecto;

23. Reconoce la necesidad de que la UE haga un uso más eficaz de su influencia con el fin de hacer avanzar algunos temas importantes en el orden del día del CDH, así como de afinar mejor sus actividades como grupo de presión y de difusión;

24. Recuerda al Consejo su Resolución citada, de 16 de marzo de 2006, en la que celebra la creación del CDH y pide a la UE que desempeña un papel pionero en esta institución; acoge positivamente en este contexto la creación de un mecanismo que prevé la celebración de sesiones especiales en caso de crisis urgentes y violaciones de los derechos humanos; manifiesta, no obstante, su preocupación por el alto grado de politización que registran ya las sesiones especiales del CDH; pide que se mantenga y proteja la independencia de los procedimientos especiales; se felicita de la creación de un mecanismo de revisión periódico y universal, y pide, a este respecto, el establecimiento de un procedimiento de evaluación que esté basado en la aplicación de las recomendaciones emitidas por mecanismos independientes de las Naciones Unidas; apoya, en el mismo espíritu, la participación de la sociedad civil independiente cuando proceda, y reconoce el valor de la participación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en un diálogo interactivo con la comunidad internacional, en particular en aquellos casos en los que las personas no tienen la posibilidad de expresar su opinión en su propio país; pide a los miembros de la UE que pertenezcan al CDH que expliquen sus votos en todas las resoluciones;

25. Subraya la función positiva que pueden desempeñar los relatores especiales en la estructura del CDH, y pide que se mantenga el apoyo a estos procedimientos especiales; sin embargo, reconoce que para que los relatores especiales sean eficaces deben contar con financiación y personal adecuados; subraya que es necesario mantener su independencia;

26. Insta a los Estados miembros a que, en sus negociaciones bilaterales con los miembros del CDH, traten de impulsar el orden del día del CDH en una dirección positiva; reconoce que el Parlamento y la UE deben continuar forjando alianzas fuera de Ginebra, en particular con los Estados influyentes; opina que el Parlamento debe seguir asistiendo con regularidad a las reuniones del CDH;

27. Expresa su decepción por la falta de energía de la Resolución del CDH sobre Darfur; considera que el conflicto de Darfur está afectando cada vez más a la estabilidad de la región del África Central y constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales; lamenta que la delegación del CDH no pudiera entrar en Sudán al no haber obtenido los visados de las autoridades competentes; considera que la suspensión inmediata de la extensión de la violencia y la protección de la población de Darfur deben seguir siendo la máxima prioridad de la comunidad internacional; también reconoce que la seguridad a largo plazo sólo puede garantizarse mediante una solución política de los litigios existentes en la región; insta al Consejo y a la Comisión a que colaboren con el CDH en el establecimiento de una estrategia de paz global en la que participen todas las partes; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que hagan un uso más eficaz de su influencia a nivel del CDH y para que el CDH adopte medidas adecuadas y firmes para responder a la catástrofe humanitaria de Darfur, tras el informe de la misión especial del CDH;

28. Expresa su preocupación por las dificultades que han encontrado los Estados miembros de la UE para llegar a un acuerdo con la Organización de la Conferencia Islámica en una serie de resoluciones del CDH; considera que la falta de solución del conflicto israelopalestino sigue siendo un obstáculo fundamental para una cooperación positiva;

29. Expresa su inquietud ante la incidencia en la población palestina ordinaria de la decisión de la UE de suspender la facilitación de ayudas (supresión) a través de la Autoridad Palestina, como consecuencia de la incapacidad de esta última de cumplir las condiciones legítimas; insta a que se extienda el mecanismo internacional temporal e insta al Consejo y a la Comisión a vigilar estrechamente las cambiantes circunstancias y a fomentar un contexto que permita reanudar la facilitación de ayudas a través de la Autoridad;

30. Alienta a los Estados miembros de la UE que sean miembros del CDH a que examinen la forma en que pueden usar más eficazmente su turno de uso de la palabra;

31. Expresa su preocupación por que, a pesar del aumento de reuniones del grupo de trabajo sobre derechos humanos del Consejo (COHOM), se requieren más tiempo y recursos para conseguir los objetivos de la UE a nivel del CDH; pide a los Estados miembros y a la Comisión que refuercen los recursos humanos disponibles en Ginebra;

32. Insta a los Estados miembros a que no apoyen las candidaturas para posiciones de responsabilidad en foros internacionales de países que hayan cometido violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos y la democracia; pide a los Estados miembros que entablen negociaciones con Estados influyentes de orientación similar para bloquear la elección de tales países para dichas posiciones; apoya la idea de que se exija a todos los países candidatos que cooperen con los procedimientos especiales y otros mecanismos creados por el CDH; en este contexto, pide de nuevo a los Estados miembros que presten su apoyo al establecimiento de criterios de adhesión que vincularían la adhesión al CDH a la obligación para los Estados miembros de dirigir una invitación permanente a los mecanismos de las Naciones Unidas;

33. Exhorta al Consejo a que aplique sanciones específicas, utilizadas por primera vez contra el régimen de Belarús, con el fin de penalizar a las personas particularmente responsables de violaciones de derechos humanos en otros países;

34. Reitera su petición al Consejo de que explique cómo fue posible la elección de Belarús al Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en junio de 2006, a pesar de que cuatro importantes países de la UE son miembros permanentes; pide al Consejo que explique sus gestiones diplomáticas previas a esta elección y si consideró la posibilidad de oponerse a la participación de Belarús;

35. Toma nota con inquietud de que, en octubre de 2006, un grupo de expertos de las Naciones Unidas concluyó en su informe que había diamantes conflictivos procedentes de Costa de Marfil que se infiltraban en el comercio legal de diamantes por Ghana, que participa en el proceso de Kimberley; pide a la Comisión que utilice su posición en la Presidencia del proceso de Kimberley en 2007 para reforzar los mecanismos destinados a parar el flujo de diamantes conflictivos; recomienda a la Comisión que trabaje en pro de la elaboración de un consenso que imponga a todos los sectores implicados en el comercio de los diamantes el empleo de sistemas de rastreabilidad desde las minas hasta el minorista, la aplicación de políticas responsables y transparentes que prevean garantías comprobadas por un auditor independiente y la mejora de la exactitud de las estadísticas relativas al comercio del diamante bruto para que los análisis puedan efectuarse con suficiente rapidez a fin de detectar todo comercio con diamantes conflictivos;

36. Pide al Consejo y a la Comisión que apoyen la declaración sobre bombas de racimo que suscribieron 46 países, el 23 de febrero de 2007, en Oslo y que define como objetivo la adopción antes de 2008 de un instrumento internacional relativo a la prohibición de la producción, el uso, la transferencia y el almacenamiento de bombas de racimo, de acuerdo con los principios del Derecho internacional humanitario; pide al Consejo y a la Comisión que concentren sus esfuerzos para que, en la Unión Europea, los distintos Estados miembros sigan el ejemplo de Austria y Bélgica y prohíban las bombas de racimo y, a nivel internacional, para que los países no signatarios suscriban la Declaración de Oslo;

37. Pide al Consejo y a la Comisión que mantengan sus vigorosos esfuerzos para promover la ratificación universal del Estatuto de Roma y la adopción de la correspondiente legislación nacional de aplicación, de conformidad con la Posición Común del Consejo 2003/444/PESC, de 16 de junio de 2003, relativa a la CPI [14], y el Plan de acción de 4 de febrero de 2004; celebra la reciente ratificación por parte de Chad del Estatuto de Roma, con lo que el número total de Estados parte asciende a 104 desde el 1 de enero de 2007; insta a la República Checa, único Estado miembro de la UE que aún no ha ratificado el Estatuto de Roma, a que lo haga sin demora; en este sentido, pide al Consejo y a la Comisión que insten a los terceros países a que promuevan los mecanismos de justicia transitorios en su territorio como un primer paso para garantizar que se haga justicia a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos;

38. Celebra que se incluyan referencias a la CPI en diversos nuevos planes de acción de la vecindad europea (en relación con Egipto, Jordania, Moldova, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Líbano y Ucrania) y que se negocien en el contexto de otros nuevos planes de acción y de los acuerdos de cooperación y asociación con diversos países; apoya plenamente la financiación, por parte de la Comisión, a través de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), de los trabajos, entre otros, de la Coalición por la CPI, de la organización No Peace Without Justice, de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de los Parlamentarios por la Acción Mundial para promover la ratificación y aplicación del Estatuto de Roma;

39. Reconoce la importancia que tendría la ratificación del Estatuto de Roma por parte de los Estados Unidos desde una perspectiva global; pide una vez más al Consejo y a la Comisión que utilicen todos los mecanismos de que disponen para instar a los Estados Unidos a que firmen y ratifique el Estatuto de Roma, y expresa asimismo su total desaprobación ante los esfuerzos realizados por los Estados Unidos para evitar activamente que otros países ratifiquen el Estatuto y propongan a terceros países acuerdos paralelos como tratados bilaterales de excepción;

40. Pide a todos los Estados miembros que colaboren plenamente con los mecanismos de la justicia penal internacional, en particular, poniendo a los prófugos en manos de la justicia;

41. Pide a todos los Estados miembros que participen activamente en los mecanismos ad hoc de la justicia internacional, en particular, en los que se financian mediante contribuciones voluntarias;

42. Destaca que los mencionados mecanismos de justicia de transición nunca deben hacer una excepción en cuanto al respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, único sistema que puede garantizar la justicia a las víctimas y evitar que se perpetúe la impunidad para las violaciones más graves de los derechos humanos;

Resultados de las Directrices de la UE sobre Derechos Humanos

43. Aprecia la continuidad de los esfuerzos por aplicar los métodos y prioridades políticas descritos en las cinco Directrices de la UE sobre Derechos Humanos, así como la elaboración de evaluaciones de impacto de estas Directrices, en las que se evalúa su efectividad para promover el cambio en terceros países; expresa su preocupación por los reiterados informes de que ni las Embajadas de los Estados miembros en terceros países ni las misiones de la UE conocen apenas (o en absoluto) dichas Directrices;

44. Pide a la Comisión que se asegure de que todo su personal, en particular quienes trabajen en el ámbito de la política de desarrollo, tengan un conocimiento suficiente de las Directrices sobre Derechos Humanos; reconoce que es necesaria una mayor transparencia en lo que refiere a la forma en que se aplican las distintas directrices, incluidas la información de retorno y la información sobre las acciones realizadas por las ONG; pide que se realicen evaluaciones periódicas y transparentes, con la participación del Parlamento, sobre la aplicación de las Directrices de la UE, con el fin de que el Parlamento participe de forma activa en el proceso de rendición de cuentas;

45. Aprueba el compromiso de la Presidencia alemana de fijar directrices de la UE sobre los derechos del niño; insta a la Presidencia alemana a que consulte al Parlamento, a la Comisión y a la sociedad civil sobre los detalles de estas directrices, y, si es necesario, que se coordine con la futura Presidencia portuguesa para concluir la introducción de dichas directrices, que deberían tener por objeto la eliminación efectiva del trabajo infantil, centrándose principalmente en la enseñanza y la educación de los niños, dado que éste es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM);

46. Señala que las Directrices de la UE afectan a distintos países de formas diferentes y que es necesario fijar planes específicos para aplicar las directrices en distintas circunstancias;

47. Toma nota de la responsabilidad de los Representantes Especiales y de las misiones de la UE en el extranjero para promover las Directrices de la UE; pide un enfoque más proactivo para promover las Directrices a todos los niveles; subraya los problemas de recursos y personal de las misiones de la UE en terceros países en lo que se refiere al conocimiento de las Directrices, y a la supervisión y aplicación de las mismas; pide a las representaciones de los Estados miembros en los terceros países y a las delegaciones de la Comisión que coordinen y compartan aún más sus estructuras y su personal para crear verdaderas "embajadas de la Unión Europea" en el mundo por lo que se refiere al ejercicio de las competencias en materia de derechos humanos;

Pena de muerte

48. Insta a las Presidencias a que mantengan el enfoque de promover la abolición de la pena de muerte, dando prioridad a determinados países con perspectivas positivas en el sentido de un cambio de su política;

49. Insta a las Presidencias a que den a conocer los países que tienen como objetivo en el contexto de las directrices en materia de pena de muerte y la campaña de "países en la picota" dirigida a los países cuya política en materia de pena de muerte está en proceso de cambio; insta al Consejo y a la Comisión a que traten de conseguir el mayor apoyo posible a la iniciativa de la actual Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de una moratoria universal respecto de la pena de muerte con vistas a su abolición total, incluidas las sentencias; insta al Consejo a que actualice las Directrices, que datan de 1998, de forma que se tengan en cuenta los nuevos elementos y estrategias que han surgido desde entonces;

50. Propone al Consejo que revise las Directrices, y que esta revisión prevea la intervención de la UE en los casos que causan especial preocupación y que no inciden en los criterios mínimos de las Naciones Unidas establecidos en las Directrices;

51. Pide a la Presidencia que aliente a los países que aún no han firmado y ratificado el Segundo Protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) a que lo hagan, así como a los Estados miembros que no hayan firmado el Protocolo no 13 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia [15]; a este respecto, reconoce que las directrices sobre la pena de muerte se podrían aplicar de forma más coherente si los Estados miembros firmaran y ratificaran dichos protocolos y convenciones;

52. Celebra la organización en París, del 1 al 3 de febrero de 2007, del Tercer Congreso Mundial contra la pena de muerte, y se une a su declaración final; tiene la intención de continuar los trabajos de este Congreso, en particular mediante el desarrollo de la dimensión parlamentaria de la campaña mundial contra la pena de muerte y el planteamiento de la cuestión en sus delegaciones interparlamentarias y su participación en asambleas parlamentarias paritarias; pide al Consejo y a la Comisión que aprovechen todas las oportunidades que permitan apoyar la creación de una coalición regional abolicionista, con especial hincapié en los países árabes;

53. Celebra, como un buen ejemplo del uso eficaz de las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, la reacción pública y coordinada de los representantes de la UE en Perú sobre la propuesta de extensión de la pena de muerte en este país, violando así la Constitución peruana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

54. Acoge con satisfacción la acción coordinada y eficaz —tanto pública como diplomática— del Parlamento Europeo, la Comisión, los Estados miembros afectados y ONG, para obtener del Presidente de Pakistán la decisión soberana de conmutar la pena de muerte y, posteriormente, liberar a Mirza Tahir Hussain, ciudadano británico que ha pasado 18 años en el corredor de la muerte en Pakistán; insta a la UE a que siga planteando los casos individuales en el contexto de las directrices sobre la pena de muerte, y recomienda al Consejo y a la Comisión que hagan un uso eficaz de la dimensión parlamentaria al respecto, en particular mediante intervenciones oportunas y útiles de las delegaciones interparlamentarias;

Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

55. Celebra la entrada en vigor el 22 de junio de 2006 del Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT); señala que, hasta la fecha, sólo 19 Estados miembros de la UE han firmado y sólo 9 han ratificado este Protocolo [16]; insta a todos los Estados miembros de la UE que no hayan firmado o ratificado este Protocolo a que lo hagan en el próximo año;

56. Acoge con satisfacción la elaboración de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; pide a todos los Estados miembros de la UE que la firmen y ratifiquen sin demora;

57. Recomienda que la UE continúe abordando los casos individuales de tortura en el contexto de las Directrices, como lo ha hecho en el caso de la pena de muerte en el marco de las Directrices al respecto;

58. Aprueba la decisión del Consejo de hacer públicos los términos de ciertas gestiones, y reconoce que es un paso positivo en aras de una mayor transparencia; pide al Consejo y a la Comisión que tengan especialmente en cuenta las conclusiones y recomendaciones del estudio del Parlamento sobre la aplicación de las directrices de la UE sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

59. Señala que, aunque estas Directrices se adoptaron ya en 2001, el uso del diálogo político, las declaraciones y las gestiones en relación con la práctica de la tortura ha sido mínimo; alienta a las futuras Presidencias a que lleven a cabo un control, una evaluación y una planificación de las Directrices sobre la tortura; pide al Consejo que tome en consideración las recomendaciones contenidas en el estudio sobre esta materia pedido por la Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores en el futuro proceso de evaluación de las Directrices; insta a la UE a que amplíe el ámbito de su aplicación, en especial mediante la creación de un proceso de identificación y actuación en casos particulares y determinados países;

60. Recomienda a las Presidencias alemana y portuguesa que mantengan las actuaciones en materia de tortura cuando corresponda; sin embargo, subraya que las gestiones por sí mismas no bastan y que deben realizarse acciones complementarias de forma coherente y tras un análisis profundo de las situaciones locales, reforzando, por ejemplo, las relaciones con los grupos de la sociedad civil que trabajen en el ámbito de la tortura y los malos tratos, el examen de las formas eficaces de hacer frente a los casos particulares de tortura y malos tratos, además de aquellos en que participen conocidos defensores de los derechos humanos, y que aseguren la coherencia y la continuidad de la acción de las misiones de la UE comprometidas en la lucha contra la tortura y los malos tratos en los terceros países;

61. Subraya que la presencia regular de la Presidencia o la Secretaría del Consejo en los comités relevantes de las Naciones Unidas y una mayor cooperación con el Consejo de Europa y la Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores para la prevención de la tortura podrían constituir una aportación útil e importante en el proceso de toma de decisiones con respecto a las gestiones frente a determinados países;

62. Insta al Consejo y a la Comisión a que mantengan su práctica de intervenir ante todos los socios internacionales de la UE en relación con la ratificación de los convenios internacionales que prohíben el uso de la tortura y los malos tratos, así como con las disposiciones relativas a la rehabilitación de las personas que han sobrevivido a la tortura; pide a la UE que dé la máxima prioridad a la lucha contra la tortura y los malos tratos en su política de derechos humanos, en particular mediante la aplicación reforzada de las directrices de la UE y otros instrumentos de la UE, como la IEDDH, e impidiendo a los Estados miembros de la UE que recurran a garantías diplomáticas con terceros países en los que haya un verdadero riesgo de tortura o de malos tratos para las personas;

63. Reitera que las mutilaciones genitales femeninas constituyen una violación del derecho humano a la integridad física y muestra su gran preocupación por los intentos de presentar estas mutilaciones como meras prácticas médicas;

Los niños y los conflictos armados (CAAC)

64. Celebra el nombramiento, en abril de 2006, de Rahika Coomaraswarry, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los niños y los conflictos armados, con el mandato de definir una estrategia eficaz de protección de los niños afectados por los conflictos armados y asegurar la plena aplicación de las reglas y normas internacionales en materia de protección de los niños:

65. Celebra la organización conjunta por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores francés y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de la Conferencia titulada "Libertad a los niños de la guerra" de febrero de 2007, así como la adopción de los principios y directrices de París sobre los niños asociados con grupos o fuerzas armadas, como un paso importante para incitar a la comunidad internacional a promover, proteger y mentalizarse sobre el tema de los niños en los conflictos armados, que es una cuestión clave en el mantenimiento y la construcción de la paz;

66. Destaca que las niñas soldado provocan una especial preocupación, ya que son victimas de abusos sexuales y con demasiada frecuencia sufren ostracismo dentro de sus comunidades tras su desmovilización, y pide la aplicación de medidas específicas para abordar los problemas que padecen y ayudarles a adaptarse tras la desmovilización y su regreso a la vida civil;

67. Pide a todos los Estados miembros que ratifiquen los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño;

68. Observa que numerosos países, incluidos Estados miembros de la UE, entrenan a niños para los conflictos armados; pide a todos los países que adopten medidas para garantizar que ninguna persona menor de 18 años reciba formación para conflictos armados;

69. Acoge favorablemente la estrategia de aplicación adoptada en abril de 2006 por la Presidencia austriaca, en la que figuran recomendaciones específicas para la acción y se indica que se deben considerar de forma sistemática las cuestiones de derechos humanos en las fases previas de planificación de las operaciones de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD); acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Presidencia finlandesa para la ejecución de la estrategia de aplicación; deplora que los instrumentos políticos de los que dispone la UE (como las intervenciones y el diálogo político) no se hayan utilizado plenamente desde la aprobación de las Directrices en 2003;

70. Subraya la importancia de continuar centrándose en las Directrices, además de en la estrategia de aplicación, pues las Directrices tienen un enfoque más holístico; deplora que la Presidencia finlandesa haya emprendido muy pocas gestiones y otras medidas en relación con los CAAC; insiste en que la UE mantenga un alto nivel de calidad y profundidad en el control de los informes en relación con los CAAC; insta a la Comisión y al Alto Representante de la PESC a que velen por que las futuras Presidencias sean plenamente conscientes de la estrategia de aplicación;

71. Pide a la Comisión y al Consejo que elaboren una lista de preguntas destinada a los jefes de misión para ayudarles en la elaboración de sus informes periódicos; pide a la Comisión y al Consejo que establezcan una lista de criterios para determinar la "prioridad" de un país, y pide a la Comisión y al Consejo que aumenten sus consultas con las partes interesadas para conocer sus puntos de vista; pide a la Comisión y al Consejo que redacten un documento, propuesto en las recomendaciones de la estrategia de aplicación, que incluya propuestas sobre la aplicación de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas S/RES/1612(2005);

72. Pide a la Comisión que refleje mejor los objetivos de las Directrices integrando los CAAC en todos los ámbitos, en particular en la cooperación al desarrollo;

73. Acoge con satisfacción la convocatoria de propuestas organizada por la Comisión a principios de 2006 con vistas a seleccionar proyectos de financiación en el ámbito de la lucha contra la trata de mujeres y niños y a lograr la protección de los derechos de los grupos vulnerables en los conflictos armados, en particular de los derechos de los niños;

74. Acoge asimismo con satisfacción la adopción, en diciembre de 2006, del concepto de la UE de apoyo al desarme, la desmovilización y la reintegración, que contiene referencias sólidas y sistemáticas a los niños, así como el apoyo comunitario (a través de la Dirección General para Ayuda Humanitaria de la Comisión, ECHO) al proceso, dirigido por el UNICEF, de revisión de los "Principios de Ciudad del Cabo" sobre el desarme, la desmovilización y la reintegración de los niños;

Defensores de los derechos humanos

75. Subraya que debe darse prioridad a la plena aplicación de las Directrices de la UE de 2004 sobre los defensores de los derechos humanos y que las recomendaciones del Consejo adoptadas en junio de 2006, tras la primera revisión de la aplicación de las directrices realizada por la Presidencia austriaca, deben tener un seguimiento a través de acciones concretas; insta al Consejo a que realice las gestiones adecuadas para el seguimiento así como para la evaluación del impacto de las acciones realizadas a favor de las personas, creando una base de datos centralizada al respecto sobre las gestiones de la UE;

76. Subraya que es necesario que la UE aumente el nivel de sensibilización entre todos los agentes en Bruselas, en sus capitales y en sus misiones sobre la existencia, el objetivo, el contenido y la aplicación práctica de las directrices; reconoce que la sensibilización interna debe dirigirse a crear una mejor comprensión del trabajo de los defensores de los derechos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que organicen grupos de trabajo para los departamentos regionales y el personal de las delegaciones, embajadas y consulados sobre la aplicación de estas directrices, con la participación de defensores de los derechos humanos en fases previas, así como intercambios de buenas prácticas en lo que se refiere al apoyo financiero y de otro tipo a los defensores de los derechos humanos; opina que debe darse prioridad a la idea del Consejo de expedir visados para los defensores de los derechos humanos en grave peligro;

77. Subraya la importancia de que el manual de aplicación de las directrices esté a disposición de los defensores de los derechos humanos sobre el terreno; insta al COHOM a que difunda traducciones de las directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos en los idiomas de la UE que sean lingua franca en terceros países y en lenguas clave ajenas a la UE en oficinas, delegaciones y embajadas regionales; subraya la necesidad de que las misiones de la UE se pongan en contacto con los defensores locales de los derechos humanos de forma más proactiva;

78. Pide al Consejo y a la Comisión que planteen de forma sistemática la situación de los defensores de los derechos humanos en todos los diálogos políticos, incluidos los diálogos bilaterales con Estados miembros de la UE; pide al Consejo que informe regularmente al Parlamento sobre la aplicación de las directrices sobre el terreno, y que le involucre plenamente en el proceso de su evaluación; celebra que una de las prioridades de la IEDDH sea la protección de los defensores de los derechos humanos, incluida la introducción de medidas urgentes de protección por parte de la UE; también celebra la iniciativa de la campaña mundial de la UE a favor de las mujeres que defienden los derechos humanos; toma nota de los informes y recomendaciones de Mina Jilari, Representante Especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos;

Directrices sobre el diálogo en materia de derechos humanos y consultas reconocidas en terceros países

79. Hace hincapié en que la estrategia global de la Unión Europea para la promoción de los derechos humanos y de la democracia no puede basarse exclusivamente en las relaciones bilaterales o multilaterales entre Estados, sino que debe asociar y reunir, en la medida de lo posible, a los protagonistas no gubernamentales, como parlamentarios, universitarios, intelectuales, periodistas, partidarios de la democracia, militantes, responsables de ONG y creadores de opinión;

80. Celebra que el Consejo haya elaborado un documento en el que facilita una visión general sobre los diálogos y consultas en materia de derechos humanos; pide al Consejo que tenga en cuenta el informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo, en fase de redacción, sobre los diálogos y las consultas en materia de derechos humanos con terceros países; en este contexto, deplora que la evaluación del Consejo se haya calificado como confidencial y pide al Consejo que dé una respuesta favorable a la petición de desarrollar, junto con el Parlamento, un sistema en el que miembros seleccionados del Parlamento Europeo puedan disponer de información sobre actividades confidenciales; una vez más, propone que este sistema siga el modelo del sistema de información a determinados diputados al PE sobre material confidencial de seguridad y defensa; opina que, en general, el diálogo en materia de derechos humanos debería ser planeado y llevado a cabo de manera transparente, buscando las medidas apropiadas para dar cumplimiento a este propósito;

81. Destaca la necesidad de reforzar y mejorar sustancialmente el diálogo UE-China en materia de Derechos Humanos; reconoce que China ha decidido hacer revisar todas las penas de muerte por el Tribunal Supremo, aunque le preocupa que China siga siendo el país en el que produce el mayor número de ejecuciones a nivel mundial; señala que la trayectoria de China en materia de Derechos Humanos sigue siendo preocupante; pide al Consejo que informe con más detalle al Parlamento en las sesiones públicas tras las conversaciones; subraya la importancia de insistir en los puntos planteados en anteriores diálogos; apoya a la Comisión y al Consejo en sus actuales reflexiones sobre la forma de mejorar el diálogo; toma nota de que, a pesar de las importantes reformas económicas, la situación en materia de derechos humanos y políticos sigue siendo preocupante, como por ejemplo el encarcelamiento por razones políticas, el trabajo forzoso, la libertad de expresión y de religión, los derechos de las minorías religiosas y étnicas, el sistema laogai de campos y las acusaciones de tráfico de órganos; señala que estos asuntos preocupantes deben tomar mayor relevancia en el contexto de la preparación de los Juegos Olímpicos de Pekín; insta a la UE a que asegure que su relación comercial con China esté vinculada a las reformas en materia de derechos humanos, y pide al Consejo que realice una evaluación global de la situación de los derechos humanos antes de celebrar cualquier nuevo acuerdo marco de asociación y cooperación; pide al Consejo y a la Comisión que aborden el tema del Tíbet y que apoyen activamente el refuerzo del diálogo entre el Gobierno chino y los enviados del Dalai Lama;

82. Expresa su grave preocupación por que el diálogo en materia de derechos humanos con Irán se haya interrumpido por la falta de cooperación de este país; deplora la falta de avances comunicada por el Consejo; insta a Irán a reanudar el diálogo y, aprovechando la contribución de la UE, a definir indicadores de referencia para lograr mejoras reales en este ámbito; pide a la Comisión que aplique todas las medidas necesarias en el marco de la IEDDH, a fin de promover contactos y cooperación con la sociedad civil iraní y continuar apoyando la democracia y los derechos humanos; expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Irán, y toma nota, en particular, de la intensificación de la represión de los defensores de los derechos humanos; lamenta, al mismo tiempo, que Irán continúe aplicando la pena de muerte en condiciones que violan las normas internacionales, y denuncia, en particular, las ejecuciones de jóvenes delincuentes; pide al Consejo que exprese su preocupación por la situación de los derechos humanos en ese país en todos los contactos que mantenga con el Gobierno iraní y que centre sus esfuerzos en la protección de los defensores de los derechos humanos, en particular de las mujeres, así como que le persuada para que adopte una moratoria inmediata sobre las ejecuciones como primer paso hacia la abolición;

83. Toma nota del mantenimiento de las consultas sobre derechos humanos de la UE con Rusia; apoya al Consejo en su objetivo de transformar las consultas en un diálogo franco y auténtico sobre los derechos humanos entre la UE y Rusia, y pide que en este proceso participen asimismo el Parlamento Europeo y ONG europeas y rusas; reconoce los escasos resultados de la UE para conseguir un cambio político, como consecuencia de plantear temas espinosos, como la situación en Chechenia, la impunidad y la independencia del poder judicial, el trato a los defensores de los derechos humanos, la independencia de los medios de comunicación y la libertad de expresión, el respeto del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en las fuerzas armadas, la discriminación por razones de orientación sexual y otros; deplora que la legislación rusa limite las actividades de las ONG; señala la amenaza a la que están sometidos los periodistas y recuerda su consternación por el asesinato a sangre fría de Anna Politkovskaja; espera que en lo sucesivo Rusia tome medidas más adecuadas para proteger la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas y los defensores de los derechos humanos; estima, a este respecto, que la cooperación con los mecanismos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y la ratificación de todos los convenios pertinentes de derechos humanos del Consejo de Europa deben ser consideradas prioritarias por la UE; expresa su preocupación por las acusaciones al Gobierno ruso por estar detrás del envenenamiento de Alexander Litvinenko, que murió en Londres en noviembre de 2006; expresa su preocupación por las nuevas acusaciones contra Mijaíl Jodorkovski, antiguo dirigente de Yukos, detenido en 2003, así como por el trato que ha recibido durante su detención; insta a la Comisión y al Consejo a que aborden estos temas con las autoridades rusas al mas alto nivel y a que establezcan unos mecanismos de control mas eficaces, además de la cláusula sobre derechos humanos, con objeto de conseguir mejoras reales en la situación de los derechos humanos;

84. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados hasta la fecha por el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo para combatir las violaciones de los derechos humanos en Belarús; destaca que esta política debe proseguir, prestando especial atención a las violaciones de la libertad de expresión y del derecho de asociación y reunión pacíficas, así como de los derechos de las minorías nacionales; constata la necesidad de apoyar a la oposición política, objeto de represión;

85. Insta a la Comisión y al Consejo a que creen subcomisiones de derechos humanos con todos los países vecinos con vistas a la promoción de los derechos humanos y de la democracia, como se ha hecho para Marruecos y Jordania y se prevé para Egipto, Túnez y el Líbano; reitera su llamamiento para que se le asocie a los preparativos de estas reuniones y se le informe plenamente de sus resultados;

86. Reconoce los intentos de establecer un diálogo en materia de derechos humanos con Uzbekistán, pero señala que no ha sido posible por la actitud poco constructiva de este país a este respecto; considera, al mismo tiempo, que el hecho de que se entable un diálogo en materia de derechos humanos con Uzbekistán no debería conducir al levantamiento de las sanciones impuestas a este país en caso de que no se produzcan progresos en materia de derechos humanos y de democracia; insta, por consiguiente, al Consejo a que efectúe una evaluación general de la situación de los derechos humanos antes de adoptar una decisión;

87. Confía en que los progresos alcanzados en las conversaciones a seis bandas contribuirán a crear un clima político más favorable en el que se podría reanudar el diálogo en materia de derechos humanos con la República Popular Democrática de Corea; pide a la Comisión y al Consejo que persigan con determinación este objetivo en el curso de los contactos y las conversaciones con este país;

88. Toma nota de las negociaciones de la Comisión y del Consejo en relación con el camino de Turquía hacia la adhesión, y de los problemas que se han suscitado en el proceso; expresa su particular preocupación por los escasos progresos realizados hasta la fecha y por la necesidad de centrarse más en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en Turquía, en particular por lo que respecta a la libertad de religión para todas las comunidades religiosas y al pleno disfrute de los derechos de propiedad, la protección de las minorías, la libertad de expresión y los derechos humanos en relación con la población de origen curdo del sudeste del país; condena el trágico asesinato del periodista Hrant Dink en enero de 2007, que es un ejemplo del sentimiento nacionalista en ciertas capas de la sociedad turca, pero se siente estimulado por la fuerte condena del asesinato en todo el país, incluido el Gobierno, y por la rápida captura de los autores; insta al Gobierno turco a que modifique el artículo 301 del Código Penal, que constituye una evidente limitación de la libertad de expresión en los medios de comunicación;

89. Pide al Consejo y a la Comisión que, especialmente en las situaciones posteriores a los conflictos, incluidas aquellas en las que la violación de mujeres y muchachas se ha utilizado como arma de guerra y donde la violencia contra las mujeres todavía es generalizada, tengan en cuenta los esfuerzos de los países asociados para hacer frente a las anteriores violaciones de los derechos humanos, como prueba de sus compromisos actuales con los temas relacionados con los derechos humanos;

90. Subraya que, en los diálogos y consultas en materia de derechos humanos, las instituciones de la UE deben expresar todas sus preocupaciones en relación con las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como las discriminaciones, destaca la importancia de estos diálogos y consultas cuando estas violaciones son generalizadas y sistemáticas, y reconoce que la presión internacional puede contribuir a evitar nuevas violaciones;

91. Constata con preocupación que la participación del Parlamento no siempre es tan completa como debería en los diálogos y consultas en materia de derechos humanos, e insta al Consejo y a la Comisión que entablen diálogos para aumentar la participación de los diputados al Parlamento Europeo;

Examen general de las actividades del Consejo y la Comisión, en particular, de los resultados de las dos Presidencias

92. Se congratula por la cooperación establecida entre las Presidencias finlandesa y austríaca con la finalidad de conseguir un enfoque coherente de las cuestiones relativas a los derechos humanos y la democracia; espera que las Presidencias alemana, portuguesa y eslovena prosigan este proceso de colaboración;

93. Apoya al Consejo y a la Comisión en la firme actitud que han adoptado ante las violaciones de los derechos humanos y la democracia que se están cometiendo en Myanmar y el compromiso de la UE de alcanzar sus objetivos primordiales declarados, en particular el establecimiento de un gobierno civil legítimo elegido democráticamente, que respete los derechos humanos de sus ciudadanos y reestablezca relaciones normales con la comunidad internacional; insta a la Comisión y al Consejo a que refuercen la posición común de la UE mediante sanciones más eficaces y específicas que tengan en cuenta la realidad de que la situación en Myanmar se sigue deteriorando; alienta al Consejo y a la Comisión —en el marco de la posición común sobre Myanmar— a que se comprometan más activamente con los países de la ASEAN y los Estados vecinos de Myanmar con el fin de instarles a utilizar su influencia de manera responsable para obtener cambios positivos; pide al CDH de las Naciones Unidas que tome una iniciativa proactiva, que podría adoptar la forma de una sesión especial al respecto; alienta al Consejo y a la Comisión a que insten a China, India y otros países que siguen suministrando armas y otro apoyo a la junta militar a que desistan de ello y se adhieran a la comunidad internacional en sus esfuerzos por lograr un cambio para mejor de la situación en Myanmar; toma nota de los esfuerzos realizados hasta la fecha en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en respuesta a la continuación de la crisis humanitaria; insta al Consejo y a la Comisión a buscar un consenso con China, Rusia y Sudáfrica sobre una resolución vinculante que exija un diálogo tripartito significativo entre el Consejo de Paz y Desarrollo, la Liga Nacional para la Democracia y las nacionalidades étnicas, así como la liberación de todos los presos políticos, incluida Aung San Suu Kyi;

94. Expresa su decepción ante la ausencia de todo resultado positivo en el proceso destinado a obtener la liberación, o a garantizar un juicio justo, de cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino, detenidos y condenados a la pena de muerte por el régimen libio, por infectar deliberadamente a niños con el virus del sida, sobre la base de confesiones obtenidas mediante tortura; constata que, a pesar de los esfuerzos constantes de la Comisión por solucionar este problema por medio del diálogo político y proporcionando un tratamiento médico a los niños infectados, el régimen libio mantiene su postura desafiante en este asunto y sigue haciendo declaraciones provocadoras en los medios de comunicación; en este contexto, pide urgentemente a la Comisión que revise sus instrumentos políticos frente a Libia con el fin de encontrar un enfoque más eficaz para solucionar rápidamente este problema y poner término a ocho años de suplicio y violaciones flagrantes de los derechos humanos;

95. Lamenta que el Consejo y la Comisión no hayan actuado decisivamente para persuadir al Gobierno etíope de que libere inmediatamente y sin condiciones a todos los diputados electos y otros presos políticos y de que cumpla sus obligaciones en lo que respecta a los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho; recuerda las diversas resoluciones del Parlamento Europeo sobre Etiopía, aprobadas desde las elecciones de 2005 observadas por la UE, y especialmente la última, aprobada 16 de noviembre 2006 [17];

96. Pide al Consejo Europeo y a la Comisión Europea que alienten y asistan al Gobierno de Senegal en la preparación del juicio rápido y equitativo de Hissène Habré para que responda a las acusaciones de violaciones masivas de los derechos humanos;

97. Reconoce las consecuencias importantes de la guerra actual en Iraq en cuanto a los derechos humanos, así como la complejidad de la frágil situación política que prevalece actualmente; recuerda los informes y las resoluciones sobre Iraq que ha aprobado y las recomendaciones que contienen; insta al Consejo y a la Comisión a que evalúen de manera constante la forma en que la UE podría desempeñar un papel más constructivo en la estabilización de Iraq; toma nota, con plena estupefacción, de que ECHO ha interrumpido temporalmente la ayuda humanitaria a Iraq, a pesar de la situación catastrófica en que se encuentran la sufrida población iraquí y los refugiados iraquíes; sin embargo, acoge consatisfación el restablecimiento de la ayuda en febrero de 2007;

98. Se congratula de que la Comisión haya prestado una mayor atención al problema de la trata de seres humanos en la UE e insiste en que se tomen todas las medidas necesarias para luchar contra el tráfico de seres humanos, en particular, de mujeres y niños; insta a la Comisión a que siga pidiendo cuentas a los Estados miembros que no han cumplido los convenios y directivas adoptados contra la trata, en particular la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes [18]; destaca asimismo que en la lucha contra la trata de seres humanos debería adoptarse un enfoque que tenga en cuenta los derechos humanos con respecto a las víctimas de esta trata; felicita en particular a la Presidencia austríaca por haber organizado una serie de iniciativas de lucha contra la trata, en particular, una conferencia de expertos de la UE, en junio de 2006, sobre la aplicación del plan comunitario relativo a la trata de los seres humanos, y toma nota de las conclusiones y recomendaciones resultantes de los dos días de trabajo que supuso esta reunión;

99. Lamenta que la Presidencia finlandesa no haya organizado una cuarta reunión de la Red europea de puntos de contacto en relación con personas responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, sabiendo que estas reuniones constituyen un medio inestimable para reforzar la cooperación entre los Estados miembros de la UE en la investigación y persecución judicial a escala nacional de delitos internacionales; atrae la atención sobre el compromiso, formulado en las conclusiones del Consejo sobre la Red europea de puntos de contacto, de organizar una reunión durante cada Presidencia, y hace un llamamiento a favor de una aplicación efectiva de las conclusiones de las anteriores reuniones de la Red europea; pide a las consecutivas Presidencias que incluyan sistemáticamente este punto en sus programas;

100. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión "Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia" (COM(2006) 0367); espera que con ella la Comisión haya proporcionado una base sólida para una política más eficaz y global para la defensa de los derechos más fundamentales de los niños; manifiesta su preocupación por que, a escala mundial, haya habido un deterioro del respeto de los derechos de los niños;

101. Lamenta que la violencia en Darfur haya continuado sin control y que no se haya hecho responsable al Gobierno sudanés por su reiterado incumplimiento de las peticiones internacionales y por no proteger a sus ciudadanos contra la violencia, a la vez que acoge con satisfacción las recientes acusaciones emitidas por la CPI; lamenta que la UE no haya llevado a cabo más acciones unilaterales en lo que se refiere a la crisis de Darfur y para convencer con más fuerza el Gobierno sudanés de que acepte una fuerza internacional de mantenimiento de la paz; insiste en que es necesaria una presión diplomática persistente para demostrar al Gobierno de Sudán que sus compromisos verbales deben ir seguidos de esfuerzos generalizados y sostenidos para poner fin a la violencia en Darfur, y que la comunidad internacional no aceptará nuevos incumplimientos por parte de Sudán de sus compromisos y su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos; insta al Consejo a que acuerde un plan específico e imponga sanciones selectivas al régimen de Jartum con un calendario claro en el caso de que no cumpla con las exigencias de la comunidad internacional; insta la UE a que contribuya (y a que ejerza presiones sobre otros para que contribuyan también) a una fuerza internacional de mantenimiento de la paz y a la aplicación de una zona sobre Darfur donde esté prohibido volar, y a que vele por que la Unión Africana disponga de recursos y ayuda suficientes para cumplir su misión; pide que la UE presione para que se envíe una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas al Chad con un enérgico mandato de protección civil; suplica a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión que asuman sus responsabilidades y proporcionen protección efectiva para la población de Darfur contra un desastre humanitario;

102. Pide la adopción de un código de conducta sobre las normas para el personal militar y civil de mantenimiento de la paz y humanitario en misión en zonas de conflictos armados y que incluya la imposición de sanciones en casos de incumplimiento de las estrictas normas de conducta esperadas, especialmente en relación con cualquier forma de violencia de género;

103. Acoge con satisfacción el hecho de que cinco Estados miembros hayan nombrado embajadores especiales para los derechos humanos, encargados realizar acciones de información, en el ámbito específico de los derechos humanos, ante terceros países, y toma nota del trabajo efectuado en este aspecto; pide a otros Estados miembros consideren la posibilidad de tomar la misma medida;

104. Pide a la Comisión y al Consejo que presenten una visión global de los países que no han cursado invitaciones permanentes al conjunto de mecanismos, relatores y representantes especiales de las Naciones Unidas;

105. Se congratula por la utilización del nuevo instrumento de la lista comunitaria de presos y detenidos que son motivo de preocupación en algunos países; pide de nuevo que el Consejo elabore listas comunitarias de presos y detenidos que son motivo de preocupación con respecto a todo tercer país en el que la situación en materia de derechos humanos sea preocupante, y que aborde esta lista en cada reunión de diálogo político; pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre todas las listas de esta naturaleza;

106. Se congratula de que la Comisión y el Consejo establezcan y actualicen regularmente las listas de países diana en ámbitos específicos, en particular, la lista de los países "fluctuantes" en lo que se refiere a la pena de muerte, la de los países diana en lo que se refiere a la tortura y la de los países donde la situación de los partidarios de los derechos humanos es particularmente adversa;

107. Manifiesta su sorpresa ante el hecho de que la Secretaría del Consejo aún no se haya adherido a las decisiones del Consejo de Asuntos Generales, de 12 de diciembre de 2005, por la que se disponía que las fichas descriptivas actualizadas del Consejo en materia de derechos humanos en la UE deben ponerse a disposición de todas las instituciones de la UE [19]; espera recibir la versión actual de estas fichas descriptivas lo más rápidamente posible;

108. Acoge con satisfacción el reconocimiento por parte del Consejo de que el recientemente aprobado Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad permitirá a la UE centrar su atención fuera de la UE en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad y, en el contexto de este nuevo Convenio, pide a la UE que controle más eficazmente la situación de derechos humanos de personas con discapacidad en terceros países con vistas a elaborar un informe sobre ello para 2009-2010;

109. Hace hincapié en el hecho de que todos los debates con terceros países y los instrumentos, documentos e informes relativos a los derechos humanos y la democracia, incluidos los informes anuales, deben tratar explícitamente las cuestiones de discriminación, en particular, las relativas a las minorías étnicas, a las libertades religiosas —incluidas las prácticas discriminatorias contra minorías religiosas— y explícitamente a la protección y promoción de los derechos de las minorías étnicas, a los derechos humanos de las mujeres, a los derechos de los niños, de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad —incluidas las personas con discapacidades mentales— y de las personas de toda orientación sexual, implicando plenamente a sus organizaciones, tanto dentro de la UE como en terceros países, cuando proceda;

110. Considera que una política activa en pro de los derechos humanos no puede limitarse a los casos más visibles para la opinión pública; recuerda que se producen violaciones graves de derechos al margen del control crítico de la opinión pública en instituciones cerradas, de menores, ancianos y enfermos, así como en las cárceles; hace hincapié en la necesidad de que la Unión Europea ejerza una vigilancia cualificada sobre la vida en esas instituciones;

111. Pide al Consejo que evalúe de nuevo el procedimiento de listado de grupos terroristas y prevea un método claro para retirar de la lista a los grupos que lo merezcan (teniendo en cuenta su actitud, su historia y su práctica);

112. Considera que una política común de control de la exportación de armas clara, eficiente y armonizada, basada en un código de conducta legalmente vinculante, puede desempeñar un papel decisivo en la lucha contra el terrorismo, en la prevención de los conflictos, en la estabilidad regional y en la promoción de los derechos humanos, y pide a la Presidencia de la UE, al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que continúen apoyando un tratado internacional sobre el comercio de armas;

113. Lamenta, según manifestó en su Resolución de 14 de febrero de 2007, que el Consejo y las Presidencias de la UE no hayan cumplido con sus obligaciones de mantener al Parlamento plenamente informado de los principales aspectos y las opciones básicas de la PESC en relación con el trabajo de la Comisión Temporal sobre la Supuesta Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos;

114. Subraya que, en esta fase en que no es posible para la UE ofrecer a Belarús la plena participación en la política de vecindad, la UE debe hacer todos los esfuerzos posibles para encontrar formas adecuadas de evitar nuevos actos antidemocráticos y nuevas violaciones de los derechos humanos en ese país, que es un vecino directo de la UE; pide, por consiguiente, al Consejo y a la Comisión que controlen de cerca la situación en Belarús y que aumenten su apoyo a las actividades de la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales y a la oposición política;

Los programas de ayuda exterior de la Comisión

La Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)

115. Acoge con satisfacción que la Comisión y el Consejo estén de acuerdo con el Parlamento, a insistencia de este último, en que era necesario un instrumento de financiación especial (la IEDDH) para fomentar la democracia y los derechos humanos en el mundo;

116. Acoge con satisfacción las consultas realizadas por la Comisión con las ONG interesadas y la sociedad civil respecto a la aplicación de la IEDDH; hace un llamamiento a favor de una completa transparencia en lo que se refiere a la manera como se gasta el dinero y se evalúan y seleccionan los proyectos con arreglo a este instrumento;

117. Acoge favorablemente la adopción, en el marco de la IEDDH, de una nueva medida (conforme a las medidas ad hoc introducidas recientemente por dicho instrumento) que, en adelante, permitirá cubrir, sin que se deba lanzar un procedimiento de licitación, las acuciantes necesidades de protección de los defensores de los derechos humanos; pide a la Comisión que ponga rápida y eficazmente en marcha esta nueva herramienta;

118. Observa que los créditos de la IEDDH utilizados para misiones de observación electoral de la Unión Europea en 2006 ascendían al 23 % del total de los créditos de esta iniciativa utilizados (35176103 euros), y que estas misiones se llevaron a cabo en trece países, en particular, en la provincia de Aceh, Indonesia, en las islas Fiji y en la República Democrática del Congo;

119. Toma nota de que una fuerte proporción (49 %) del total de los créditos de la IEDDH para proyectos contratados en 2006 se destinó a grandes proyectos temáticos y que solamente una pequeña parte (24 %) sirvió para financiar microproyectos ejecutados por delegaciones comunitarias; espera que el nuevo instrumento financiero permitirá a la Comisión financiar a las ONG que desempeñan un papel clave en el fomento de los derechos humanos y la democracia en sus países, pero las autoridades de estos países no reconocen legalmente;

120. Sigue preocupado por la necesidad de reducir la carga administrativa que gravita sobre las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias de financiaciones y de aumentar la flexibilidad en el desembolso de los fondos de forma que permita la reasignación, así como la asignación de pequeños préstamos a organizaciones localmente enraizadas y la financiación de ONG no registradas;

121. Recomienda que la Comisión elabore directrices claras, para que los beneficiarios potenciales de financiaciones comprendan los objetivos y los criterios determinantes;

Programas de ayuda en general

122. Se congratula de que la Comisión haya comenzado a integrar sistemáticamente las cuestiones relativas al respeto de los derechos humanos, a los principios democráticos, el Estado de Derecho y la buena gestión de los asuntos públicos en las reuniones y documentos de programación en el desarrollo de los fundamentos jurídicos para los instrumentos, las estrategias por países, los programas orientativos nacionales, los programas sectoriales, los proyectos concretos y las evaluaciones; se congratula de que los funcionarios que preparan los proyectos o programas dispongan de directrices que indican cómo integrar sistemáticamente estas cuestiones;

123. Se congratula de que la Comisión (DG EuropeAid) esté encargando un estudio sobre la manera de integrar en sus actividades una serie de ámbitos de gobernanza como la democratización, el fomento y la protección de los derechos humanos, el refuerzo del Estado de Derecho y la administración de la justicia, la emancipación de la sociedad civil, la reforma de la Administración pública, en particular, la lucha contra la corrupción, la descentralización y el desarrollo de formas eficientes de gobierno local; apoya a la Comisión en la tarea de transformar este estudio en un instrumento práctico que debe utilizarse para la integración de las cuestiones de gestión de los asuntos públicos en la cooperación comunitaria al desarrollo, en beneficio de los responsables de programas en las delegaciones y en las sedes centrales, así como de los asesores asociados a la concepción o a la aplicación de programas comunitarios; espera recibir el estudio cuando esté concluido;

124. Se congratula de que la Comisión esté elaborando perfiles de gobernanza para todos los países ACP en el marco del 10o Programa del Fondo Europeo de Desarrollo; pide, no obstante, una mayor transparencia en el proceso de desarrollo de los perfiles de gobernanza para incluir consultas reales y efectivas con todas las partes interesadas, incluyendo los socios ACP y las organizaciones de la sociedad civil; pide a la Comisión que incluya, en la sección sobre gobernanza social, la acción del Gobierno en la provisión de servicios sociales para toda la población;

125. Se congratula de que el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo y de la Cooperación Económica se haya dividido en dos, de modo que en adelante se distinga a los países en desarrollo de los países industrializados [20]; sigue no obstante preocupado por el hecho de que ningún instrumento parece cubrir actualmente la prevención de los conflictos;

Aplicación de las cláusulas relativas a los derechos humanos y a la democracia en los acuerdos exteriores

126. Recuerda su Resolución ya mencionada, de 14 de febrero de 2006, relativa a la futura política de la UE sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea; observa, como primera reacción, que la Comisión expuso varias medidas para mejorar la aplicación de la cláusula, como la extensión progresiva de las comisiones de derechos humanos a un mayor número de terceros países; subraya que el Consejo no ha ofrecido, hasta ahora, ninguna respuesta concreta a la resolución mencionada, prefiriendo mantener la aplicación de esta cláusula en el marco más general de la política exterior; se congratula de que los responsables de las delegaciones de la Comisión en terceros países deban, en el ejercicio de sus funciones, hacer hincapié en los derechos humanos de una forma más específica; expresa su preocupación, no obstante, por la reciente propuesta de la Comisión de exceptuar a la India de la norma según la cual todos los acuerdos de la UE deben incluir una cláusula de derechos humanos y democracia, en el contexto de las negociaciones del Tratado de libre comercio UE-India; considera que ello sería un paso atrás y podría constituir un precedente preocupante para futuras negociaciones de acuerdos comerciales; pide, por consiguiente, que la Comisión y el Consejo adopten una posición clara sobre las propuestas detalladas contenidas en la citada Resolución de 14 de febrero de 2006; insiste particularmente en la necesidad de establecer un mecanismo de control, una evaluación periódica del respeto de las obligaciones relativas a los derechos humanos y un sistema gradual de sanciones por incumplimiento, como elementos necesarios para obtener la correcta aplicación de la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la UE con terceros países;

127. Toma nota de la intención manifestada por la Comisión de definir nuevas medidas para mejorar la aplicación de la cláusula democrática, como la extensión progresiva de las comisiones encargadas de los derechos humanos a un mayor número de terceros países o la invitación dirigida a los jefes de delegación de la UE en el mundo para que hagan mayor hincapié en los derechos humanos; considera, no obstante, que la Comisión tiene el deber de presentar un plan político estratégico, asociado a una iniciativa legislativa precisa, para la reforma global de la cláusula democrática en el sentido indicado por el Parlamento, dado que se trata de un problema estratégico relativo a la orientación general de la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos;

128. Atrae la atención del Consejo y de la Comisión, en particular, sobre la necesidad de incluir sistemáticamente una cláusula de derechos humanos en todos los acuerdos por sectores de nueva generación, tales como acuerdos comerciales, con el fin de fomentar la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos dentro de los objetivos de dichos acuerdos;

Integración de los derechos humanos

129. Reitera su apoyo al Consejo en sus esfuerzos para integrar sistemáticamente los derechos humanos y la democracia en el conjunto de la actividad de la UE, en particular haciendo hincapié en la revisión y en la aplicación sistemática de un conjunto específico de directrices de la UE sobre derechos humanos;

130. Recuerda que muchas políticas internas, en especial las políticas de asilo e inmigración, así como las políticas en materia de lucha contra el terrorismo, tienen un importante impacto sobre el respeto de los derechos humanos en los terceros países; cree que deben realizarse más esfuerzos para garantizar que estas políticas internas respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; expresa su profunda preocupación por el elevado número de refugiados que pierden la vida intentando entrar en los Estados miembros; pide más opciones jurídicas para buscar asilo e insta a los Estados miembros a que tengan en cuenta las violaciones de los derechos humanos al examinar el derecho de las personas procedentes de países terceros a obtener asilo en un Estado miembro; recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los Estados europeos no pueden, en ningún caso, devolver a una persona a un Estado en el que corra el riesgo de ser torturada o sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes;

131. Acoge con satisfacción el trabajo que están realizando actualmente el Consejo y la Comisión para incrementar la coherencia entre la política de la UE en materia de derechos humanos y las demás políticas internacionales; considera que es vital para la continuidad de una política creíble de la UE en materia de derechos humanos que esta coherencia quede reforzada; considera necesario que, en el futuro, Europa hable con una sola voz; aprueba el tema central del Foro de Derechos Humanos de la UE, titulado "Inclusión de la perspectiva de los derechos humanos y la democracia en todas las políticas de la Unión Europea";

132. Insta la Comisión a que siga controlando estrechamente la concesión de las ventajas del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG +) a los países que hayan mostrado serios fallos en la aplicación de los ocho convenios de la OIT relativos a los derechos laborales fundamentales, por violaciones de los derechos civiles y políticos o por la imposición del trabajo a los presos; pide a la Comisión que elabore criterios para definir las circunstancias en que debe retirarse el SPG por motivos de derechos humanos;

133. Condena sin reservas cualquier forma de explotación infantil, ya sea sexual, como la pornografía infantil y el turismo sexual que afecta a niños, o relacionada con los trabajos forzados y todas las formas de trata de seres humanos; constata con disgusto que en el seno de la UE tampoco disminuye la explotación sexual infantil, sobre todo debido al uso de Internet; considera que se trata de actos delictivos que deben ser perseguidos y castigados como tales;

134. Insta a la Comisión a que siga promoviendo la responsabilidad social entre las empresas europeas y locales; pide al Consejo que comunique al Parlamento toda la información suministrada por John Ruggie, Representante especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos que precisan las normas de responsabilidad empresarial de las sociedades transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos;

135. Acoge favorablemente las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del 13 de noviembre de 2006 sobre el fomento de la igualdad entre los sexos y de la integración de la igualdad entre los sexos en la gestión de crisis;

136. Reconoce que la política de inmigración se ha convertido en un tema prioritario de la agenda de política interior y exterior de la Unión Europea y que la Unión está buscando en sus textos asociar inmigración y desarrollo y garantizar que se respetan los derechos fundamentales de los inmigrantes ilegales; hace hincapié, sin embargo, en que la práctica está en contradicción con los textos; muestra su preocupación, en particular, por la celebración de acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales con terceros países que no disponen de las estructuras jurídicas e institucionales necesarias para gestionar la readmisión de los nacionales y la protección de sus derechos; solicita al Consejo y a la Comisión que le informen de los progresos alcanzados en este ámbito desde la publicación, en 2005, del primer Informe anual de seguimiento y evaluación de la cooperación de los terceros países en la lucha contra la inmigración clandestina; recomienda que se asocie al Parlamento Europeo a la negociación y celebración de acuerdos de readmisión desde una fase inicial, y subraya, en resumen, que una política de inmigración debe ser común y, sobre todo, preventiva y no represiva;

137. Reafirma la importancia de que la política interior de la UE fomente la adhesión al Derecho internacional en materia de derechos humanos y de que los Estados miembros legislen de conformidad con las obligaciones derivadas de las Convenciones de Ginebra, el Convenio contra la tortura, el Convenio sobre los genocidios y el Estatuto de Roma de la CPI; acoge con satisfacción los progresos realizados en la aplicación de la jurisdicción universal en algunos Estados miembros; alienta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que, en aras de una mayor coherencia de las políticas internas y externas, incorporen la lucha contra la impunidad en relación con crímenes internacionales graves en el desarrollo de un espacio común de libertad, seguridad y justicia de la UE;

138. Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados Miembros que incluyan sistemáticamente, en el marco de los debates sobre derechos humanos y libertades fundamentales con terceros países, la cuestión de la persecución o la discriminación contra personas sobre la base de su orientación sexual, y que tomen las medidas progresivas adecuadas cuando tengan lugar semejantes violaciones de los derechos humanos; les pide que tomen todas las medidas necesarias a nivel internacional para poner fin a las persecuciones basadas en la orientación sexual y para la despenalización de ésta, como la adopción de una resolución sobre esta cuestión por parte de los órganos de las Naciones Unidas, y decide patrocinar y celebrar cada año, el 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia;

Eficacia de las intervenciones del Parlamento Europeo en los asuntos de derechos humanos

139. Se congratula del importante papel desempeñado por el Parlamento en el ámbito de los derechos humanos y en la protección de los compromisos en favor de la mejora de los derechos humanos y la democracia en el mundo, gracias al control sobre las actividades de otras instituciones y, en particular, al Premio Sájarov;

140. Pide al Consejo y a la Comisión que tomen nota del estudio del Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización titulado "Beyond Activism: The impact of the resolutions and other activities of the European Parliament in the field of human rights outside the European Union", concluido en octubre de 2006;

141. Se congratula de las actividades de su Subcomisión de Derechos Humanos, entre las que destacan informes periódicos de la Presidencia, la Comisión y el Representante Personal de Derechos Humanos, intercambios de puntos de vista, especialmente con relatores especiales de las Naciones Unidas y expertos independientes, numerosas audiencias, testimonios de expertos y estudios; sugiere que el impacto de sus trabajos quede reforzado mediante una asociación sistemática con otras comisiones, como las de Desarrollo, Comercio Internacional, Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y Presupuestos;

142. Reconoce que su Subcomisión de Derechos Humanos ha seguido estando comprometida en la evaluación de la aplicación de los instrumentos de la UE en los ámbitos de los derechos humanos y de la democracia, con especial atención a las directrices de la UE sobre la tortura y haciendo responsables a la Comisión y al Consejo por sus acciones en este ámbito, estableciendo un diálogo constante con instituciones internacionales sobre cuestiones de derechos humanos, proporcionando una plataforma de experiencia y al mismo tiempo una aportación sobre aspectos de derechos humanos y democracia en respuesta a los informes de la Comisión de Asuntos Exteriores, elaborando informes de propia iniciativa sobre instrumentos de derechos humanos específicos, incluyendo las cuestiones de derechos humanos en los diferentes órganos del Parlamento (comisiones y delegaciones), organizando y preparando el procedimiento de concesión del Premio Sájarov y proporcionando una plataforma para un diálogo permanente con los representantes de la sociedad civil;

143. Subraya la importancia de una cooperación reforzada con los diputados nacionales con vistas a coordinar el control de las políticas de derechos humanos; considera que la Subcomisión de Derechos Humanos debe buscar la apertura de canales de comunicación y organizar reuniones con comisiones análogas de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE así como de terceros países;

144. Pide que se otorgue a la Subcomisión de Derechos Humanos un papel más constructivo en la elaboración de criterios coherentes y transparentes para seleccionar los asuntos de urgencia, con el fin de garantizar que las intervenciones parlamentarias se celebren en el momento oportuno y tengan el máximo impacto; sugiere que los debates y el turno de votación de las resoluciones de urgencia se organicen de modo que el Consejo pueda estar presente;

145. Recomienda que se apliquen plenamente las directrices destinadas a las delegaciones del Parlamento en las misiones en terceros países;

146. Recomienda que las resoluciones y otros documentos clave relacionados con cuestiones de derechos humanos se traduzcan a la lengua hablada en los países afectados;

147. Acoge con satisfacción el papel activo desempeñado por la Subcomisión de Derechos Humanos, la Comisión de Asuntos Exteriores y el Presidente del Parlamento en la denuncia de los casos de injusticia en el mundo, en particular mediante la concesión del Premio Sájarov; considera que el Parlamento debe tener como objetivo dar a estos casos una visibilidad más duradera y responder mejor a las expectativas suscitadas, por ejemplo, manteniendo vínculos sistemáticos con los antiguos laureados y prestándoles un apoyo duradero; opina que el Parlamento Europeo debe facilitar el establecimiento de una red de los laureados con el Premio Sajarov, con reuniones regulares en el Parlamento Europeo, con el fin de que los laureados con el Premio Sajarov puedan participar en las actividades del Parlamento en el ámbito de los derechos humanos; lamenta profundamente la respuesta dada por la autoridades de Myanmar y Cuba a la solicitud del Parlamento de que acepten el envío de una delación que visite a los ex laureados con el Premio Sájarov;

148. Pide a la Subcomisión de Derechos Humanos que dé más realce a las audiencias públicas incrementando la participación de los diputados al Parlamento Europeo y la presencia de los medios de comunicación; insta a la Subcomisión a que siga invitando a expertos eminentes y protagonistas clave y a que considere la posibilidad de extender las invitaciones a representantes de terceros países y a jefes de misiones de la UE; pide a la Subcomisión que extraiga conclusiones prácticas de todas sus reuniones y todos sus intercambios de opiniones, con vistas al seguimiento de los compromisos, de la información obtenida y de las opciones políticas adoptadas;

149. Se congratula de que el Parlamento haya adoptado resoluciones en las que se instaba al cierre del centro de detención de Guantánamo, de que haya contribuido a aumentar la visibilidad de este centro y de las cuestiones de derechos humanos que plantea; pide al Consejo y a la Comisión que insten al Gobierno de los Estados Unidos a que encuentre un mecanismo que facilite la acusación o liberación de los detenidos de conformidad con el Derecho internacional; acoge favorablemente que, en mayo de 2006, Albania fuera el primer país en reasentar a cinco uigures chinos procedentes de Guantánamo, pero lamenta que otros trece uigures que estaban en vías de liberación permanezcan el Guantánamo por haber llegado el Gobierno de los Estados Unidos a la conclusión, acertada, de que no pueden ser devueltos a China por temor a la tortura; pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen con el Gobierno de los Estados Unidos para facilitar el asentamiento de todos los individuos restantes sobre los que Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que no suponen una amenaza para el país o sus aliados, pero que no pueden regresar a su país de origen por temor a la tortura; le preocupa que la existencia del centro de detención de la Bahía de Guantánamo siga enviando una señal negativa en cuanto a cómo se está llevando a cabo la lucha contra el terrorismo;

150. Considera que la eficacia del trabajo del Parlamento en materia de derechos humanos y democracia podría reforzarse estableciendo prioridades para sus acciones, en particular, concentrándose en las cuestiones en las que es posible llegar a un amplio consenso político; que su Subcomisión de Derechos Humanos podría crear pequeños grupos de trabajo encargados de dar seguimiento a cada una de las directrices de derechos humanos; que los poderes oficiales existentes, en particular los poderes presupuestarios y el derecho a emitir un dictamen conforme, deberían utilizarse con más eficacia para fomentar los derechos humanos;

151. Recuerda su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre un enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres en el marco del trabajo de las comisiones [21]; pide a sus comisiones que hagan todos los esfuerzos razonables para respetar el equilibrio entre los géneros en sus actividades (incluida la composición de las delegaciones y los ponentes invitados) y que apliquen planes de acción en materia de género presentados por los miembros designados dentro de cada comisión como responsables de la integración de la igualdad entre hombres y mujeres;

152. Sugiere que las diferentes áreas políticas en el seno del Parlamento Europeo podrían estar mejor vinculadas a través del trabajo de las comisiones encargadas de derechos humanos, presupuestos y comercio internacional, con objeto de mejorar la integración de las cuestiones presupuestarias y comerciales en la articulación de las preocupaciones en materia de derechos humanos para hacerlas más realistas en términos de rendimiento y mejor adaptadas a los poderes formales del Parlamento Europeo;

153. Pide al Consejo que invite sistemáticamente a diputados al Parlamento Europeo a participar en las reuniones preparatorias y de información, como las que se organizan con ONG, y en las que se refieren a los diálogos sobre derechos humanos con terceros países así como a las subcomisiones de Derechos Humanos de la Política Europea de Vecindad;

154. Considera prioritaria la continuación del trabajo en estrecha cooperación con las Naciones Unidas, y, en particular, con el CDH de las Naciones Unidas, así como con los representantes y los órganos del Consejo de Europa; cree que es igualmente importante establecer unas relaciones de trabajo más estrechas con las asambleas parlamentarias ACP, Euromediterránea (APEM) y Euro-latinoamerciana (EUROLAT), con objeto de intercambiar las experiencias y dar una mayor coherencia a las actividades en el ámbito de los derechos humanos y la democracia;

155. Reconoce el trabajo efectuado por su Comisión Temporal sobre la Supuesta Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos y el informe de esta Comisión aprobado el 14 de febrero de 2007 [22]; acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para recoger información, examinar las acusaciones y demostrar los hechos y para poner de manifiesto que las entregas extraordinarias y la utilización de países de la UE por aviones de la CIA para el transporte de las víctimas constituyen una violación de los derechos humanos y una violación del Derecho internacional; toma nota de las críticas, así como de las recomendaciones dirigidas al Consejo, a su Secretario General-Alto Representante y a los Estados miembros; toma nota del papel de sus comisiones competentes en la realización de un seguimiento político adecuado del informe de referencia; pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que colaboren a todos los niveles y denuncien las entregas extraordinarias ahora y en el futuro;

156. Acoge con satisfacción la aprobación de su Resolución, de 1 de febrero de 2007, sobre la situación de los derechos humanos de los dalits en la India [23];

Recursos destinados al trabajo en el ámbito de los derechos humanos

157. Se congratula de que la Comisión dé actualmente más prioridad a los derechos humanos en el mandato de los responsables de sus delegaciones en los terceros países;

158. Se congratula de que, en el marco del proceso actual de renovación de los mandatos de los Representantes especiales de la UE, se haya añadido en todos los mandatos la referencia a los derechos humanos;

159. Aboga por que se incrementen los recursos humanos con que cuentan todos los Representantes especiales nombrados por el Consejo en el ámbito de los derechos humanos;

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160. Encarga su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y los países candidatos, a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa, a la OSCE, a los Gobiernos de los países mencionados en la presente Resolución, así como a las oficinas de las principales ONG de defensa de los derechos humanos que tienen su sede en la UE.

[1] Documento del Consejo 13522/1/2006.

[2] Véase a este respecto la tabla del anexo III del Informe A6-0128/2007 de la Comisión de Asuntos Exteriores.

[3] DO C 379 de 7.12.1998, p. 265; DO C 262 de 18.9.2001, p. 262; DO C 293 E de 28.11.2002, p. 88; DO C 271 E de 12.11.2003, p. 576.

[4] DO C 311 de 9.12.2005, p. 1.

[5] DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.

[6] DO L 317 de 15.12.2000, p. 3; DO L 209 de 11.8.2005, p. 27.

[7] DO C 291 E de 30.11.2006, p. 409.

[8] DO C 290 E de 29.11.2006, p. 107.

[9] "Textos Aprobados", P6\_TA(2007)0018.

[10] "Textos Aprobados", P6\_TA(2007)0008.

[11] DO L 386 de 29.12.2006, p. 1.

[12] DO L 53 de 22.2.2007, p. 1.

[13] DO C 327 de 23.12.2005, p. 4.

[14] DO L 150 de 18.6.2003, p. 67.

[15] El 7 de febrero de 2007, Francia, Italia, Letonia, Polonia y España firmaron, pero no ratificaron, el Protocolo no 13.

[16] En enero de 2007, firmaron, pero no ratificaron: Austria (2003), Bélgica (2005), Chipre (2004), Finlandia (2003), Francia (2005), Alemania (2006), Italia (2003), Luxemburgo (2005), los Países Bajos (2005), Portugal (2006), Rumanía (2007). Firmaron y ratificaron: la República Checa, Dinamarca, Polonia, España, Suecia, el Reino Unido, Malta, Estonia y Eslovenia. De lo que se sigue que Bulgaria, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania y Eslovaquia no han firmado ni ratificado hasta ahora el OPCAT.

[17] "Textos Aprobados", P6\_TA(2006)0501.

[18] DO L 261 de 6.8.2004, p. 19.

[19] Conclusiones del Consejo del 12 de diciembre de 2005, 15293/1/05 REV 1, Anexo, p. 14.

[20] Reglamento (CE) no 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (DO L 378 de 27.12.2006, p. 41) y Reglamento (CE) no 1934/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, por el que se establece un instrumento de financiación de la cooperación con los países y territorios industrializados y otros países y territorios de renta alta (DO L 29 de 3.2.2007, p. 16).

[21] "Textos Aprobados", P6\_TA(2007)0010.

[22] "Textos Aprobados", P6\_TA(2007)0032.

[23] "Textos Aprobados", P6\_TA(2007)0016.

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