Source: EURLEX
Language: es
Format: md

![european flag](./../../../images/eclogo.jpg)COMISIÓN EUROPEA

Estrasburgo, 17.4.2018

COM(2018) 450 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Comunicación de 2018 sobre la política de ampliación de la UE

{SWD(2018) 150 final}  
{SWD(2018) 151 final}  
{SWD(2018) 152 final}  
{SWD(2018) 153 final}  
{SWD(2018) 154 final}  
{SWD(2018) 155 final}  
{SWD(2018) 156 final}

I. 
   INTRODUCCIÓN

En noviembre de 2015, la Comisión Europea presentó una estrategia a medio plazo para la política de ampliación de la UE, que mantiene su vigencia. La presente Comunicación hace balance de los progresos realizados en la aplicación de la política de ampliación hasta finales de enero de 2018, y alienta a los países afectados a continuar su modernización mediante reformas políticas y económicas, en consonancia con los criterios de adhesión.

El proceso de ampliación sigue estando fundamentado en criterios ya fijados y en una condicionalidad equitativa y rigurosa. Cada país es evaluado en función de sus propios méritos. La evaluación de los avances realizados y la detección de deficiencias buscan ofrecer incentivos y orientación a los países para que apliquen las reformas profundas necesarias. Si queremos que la perspectiva de la ampliación se materialice, sigue siendo indispensable un compromiso firme con el principio de «primero lo fundamental». Persisten deficiencias estructurales, sobre todo en los ámbitos clave del Estado de Derecho y la economía. Los países candidatos a la adhesión deben mostrar resultados en lo que concierne al Estado de Derecho, la reforma de la justicia, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, la seguridad, los derechos fundamentales, las instituciones democráticas y la reforma de la Administración Pública, así como en el desarrollo económico y la competitividad. Habida cuenta de la complejidad de las reformas necesarias, se trata de un proceso a largo plazo.

Es importante reconocer que las negociaciones de adhesión no son, ni han sido nunca, un fin en sí mismas, sino que forman parte de un proceso más amplio de modernización y reformas. Los Gobiernos de los países de la ampliación deben asumir las reformas necesarias de manera más activa e integrarlas en su agenda política, y no porque lo pida la UE, sino porque redunda en interés de su ciudadanía. Incorporar los valores europeos fundamentales como el Estado de Derecho es básico para la elección generacional de aspirar a formar parte de la UE. El apoyo público a las futuras ampliaciones dependerá del grado de preparación de los países candidatos. Las reformas derivadas del proceso de adhesión a la UE también deben ayudar a mejorar la confianza de la ciudadanía tanto de los Estados miembros de la UE como de los países candidatos.

En febrero de 2018, en su Comunicación «Una perspectiva creíble de ampliación y un mayor compromiso de la UE con los Balcanes Occidentales»
[1](#footnote2)
, la Comisión Europea reiteró la perspectiva de adhesión a la UE, firme y fundada en los méritos, para los Balcanes Occidentales. Ello constituye un claro mensaje de aliento para el conjunto de los Balcanes Occidentales y un signo del compromiso de la UE para con su futuro europeo. Los dirigentes de la región no deben dejar ninguna duda sobre su orientación estratégica y compromiso. La cooperación regional y las buenas relaciones de vecindad son esenciales para lograr avances en las respectivas sendas europeas. La Comisión Europea también señaló que nuestra Unión debe ser más fuerte y más sólida, antes de poder, en su caso, ser mayor. Por este motivo, en consonancia con su Hoja de ruta para una Unión más unida, más fuerte y más democrática
[2](#footnote3)
, a lo largo del presente año la Comisión ha presentado una serie de iniciativas encaminadas a mejorar el marco democrático, institucional y estratégico para la Unión de 2025, sobre la base de los Tratados actuales.

Turquía es un socio clave para la UE y un país candidato con el que se han mantenido el diálogo a alto nivel y la cooperación en ámbitos de interés común, incluido el apoyo a los refugiados sirios. La Comisión reconoce la necesidad legítima de Turquía de adoptar medidas rápidas y proporcionadas ante el golpe de Estado fallido de julio de 2016. No obstante, Turquía se ha ido alejando de la Unión Europea de forma notable, en particular en los ámbitos del Estado de Derecho y los derechos fundamentales y mediante el debilitamiento de los controles y contrapesos efectivos del sistema político. La Comisión Europea ha instado reiteradamente a Turquía a invertir de manera prioritaria esta tendencia negativa.

II. 
   APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AMPLIACIÓN DE 2015

La introducción de reformas en el ámbito del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la buena gobernanza sigue constituyendo el reto más acuciante para los países de la ampliación. También es el principal criterio de referencia por el que la UE evaluará sus perspectivas de futuro. Los países deben adoptar estos valores fundamentales de la UE de manera mucho más firme y creíble. No incorporarlos tiene también un efecto disuasorio para la inversión y el comercio. Reforzar el Estado de Derecho no es solo una cuestión institucional: requiere una transformación de la sociedad.

a) Estado de Derecho

A pesar de la creciente atención puesta sobre las reformas del Estado de Derecho, los avances en los países de la ampliación han sido desiguales. En la Antigua República Yugoslava de Macedonia el compromiso firme del nuevo Gobierno con la aplicación de las Prioridades Urgentes de Reforma ha tenido un efecto positivo sobre el Estado de Derecho. A raíz del intento de golpe de Estado de julio de 2016, la situación del Estado de Derecho en Turquía ha seguido deteriorándose.

Reformar con éxito un sistema judicial es un proceso a largo plazo que requiere de una voluntad política sostenida en todo el espectro político, y en los países de la ampliación queda todavía mucho trabajo por delante. En Albania, se espera que el actual proceso sin precedentes de reevaluación de jueces y fiscales dé un nuevo impulso al sistema judicial en cuanto a su profesionalidad, independencia e integridad. En Turquía, las destituciones colectivas de jueces y fiscales, así como algunos cambios constitucionales, han socavado aún más la eficacia e independencia del poder judicial.

Los países tienen que erradicar la corrupción sin condiciones y eliminar cualquier forma de captura del Estado. La corrupción sigue estando muy extendida, a pesar de los continuos esfuerzos para adaptar los marcos jurídicos e institucionales al acervo de la UE y los estándares europeos. Unas instituciones fuertes e independientes son cruciales para prevenir y combatir la corrupción, en particular la de alto nivel, y llevar a cabo investigaciones y procesamientos más eficaces que resulten en sentencias judiciales firmes que se apliquen de forma efectiva y que incluyan sanciones disuasorias. Se necesita más transparencia en la gestión de los fondos públicos, especialmente en todas las etapas de la contratación pública, un ámbito particularmente propenso a la corrupción.

Existen organismos especializados, pero los casos de riqueza inexplicable entre personas de la esfera política rara vez se investigan. Los limitados avances ponen de manifiesto una falta de voluntad política genuina en combinación con una capacidad administrativa aún reducida. Aspectos como la transparencia y la rendición de cuentas, la separación de poderes y el fortalecimiento de los organismos independientes de supervisión siguen siendo esenciales. Los esfuerzos iniciados en Trieste en 2017 para acordar un instrumento regional sobre el intercambio de datos en materia de divulgación de activos y conflictos de intereses podrían contribuir a mejorar la trayectoria de los países de la región de los Balcanes Occidentales ante los casos de corrupción.

La delincuencia organizada sigue teniendo una posición fuerte en los países de la ampliación. Poderosos grupos delictivos siguen operando en y desde la región de los Balcanes Occidentales y Turquía. La región sigue siendo una importante ruta de entrada para el tráfico de mercancías ilícitas, en particular armas y drogas, así como de personas que se dirigen hacia la UE. Los países de la ampliación cooperan cada vez más con las agencias policiales de la UE como Europol y Eurojust y su capacidad de afrontar formas concretas de delincuencia organizada, incluido el tráfico de drogas, mejora de forma gradual. En Albania, algunas operaciones policiales a gran escala han resultado en la incautación de importantes cantidades de cannabis y, recientemente, también de cocaína procedente de América Latina. No obstante, la falta de personal y el poco respeto de la independencia operativa de las fuerzas de seguridad siguen siendo aspectos problemáticos en la región. Sigue existiendo una brecha entre el análisis de las amenazas de la delincuencia organizada y la fijación de prioridades operativas, lo que reduce la tasa de éxito a la hora de desarticular eficazmente grupos delictivos. Asimismo, es necesario que las autoridades comiencen a efectuar investigaciones financieras, de conformidad con la metodología del Grupo de Acción Financiera Internacional, y a mejorar los resultados en lo relativo al decomiso de los frutos del delito. La creación y el fortalecimiento de agencias centralizadas encargadas de la detección y seguimiento de activos de origen delictivo (organismos de recuperación de activos) en los países de la ampliación podrían hacer que sus sistemas nacionales de recuperación de activos fueran más eficaces y facilitar la cooperación operativa con los organismos de recuperación de activos de los Estados miembros de la UE. En relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los países de la ampliación deben adaptar su legislación y sus prácticas a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional de manera prioritaria. Se debe establecer, con carácter de urgencia, un historial concreto y sostenido en materia de lucha contra la corrupción, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada.

A fin de combatir el terrorismo, el extremismo violento, la radicalización y, en particular, el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros (retornados), la UE ha intensificado la cooperación operativa con cada uno de los países de la ampliación. En todos los países se han producido continuos esfuerzos para armonizar la legislación y las prácticas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y la lucha contra la radicalización con los criterios y prácticas de la UE. No obstante, sigue existiendo margen para construir estructuras más eficaces a nivel nacional y regional a fin de garantizar que se llegue a resultados concretos, en particular en lo que respecta a la prevención del extremismo violento, el tráfico de armas, la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales, el intercambio de información y las políticas de lucha contra la radicalización. La Red de la UE para la Sensibilización frente a la Radicalización ha apoyado gran parte de esta labor. La lucha contra el terrorismo debe seguir intensificándose con cada uno de los socios de los Balcanes Occidentales y con Turquía. Las normas de protección de datos personales deben armonizarse con las normas de la UE para permitir la celebración de acuerdos de cooperación con Eurojust. A partir del ejemplo de anteriores actividades conjuntas de lucha contra el terrorismo, la Unión Europea y los socios de los Balcanes Occidentales acordaron en 2017 un nuevo enfoque para el desarrollo de capacidades y las reformas en materia de gobernanza de la seguridad en la región, la Gobernanza Integrada de la Seguridad Interior de los Balcanes Occidentales.

b) Derechos fundamentales

Los ordenamientos jurídicos de los Balcanes Occidentales recogen en gran medida los derechos fundamentales, pero se requieren esfuerzos importantes para garantizar que se apliquen plenamente en la práctica. Turquía ha experimentado durante el período de referencia un fuerte deterioro en ámbitos clave de los derechos humanos.

Debe prestarse especial atención a garantizar la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación en cuanto pilar de la democracia en toda la región. Se ha producido un deterioro importante en este ámbito en algunos países, entre ellos un grave retroceso en Turquía, donde permanecen en prisión más de 150 periodistas. En otros países, los avances han sido, en el mejor de los casos, limitados. Los ataques y amenazas contra periodistas han continuado, al tiempo que las investigaciones y procesos judiciales siguen siendo lentos. Los esfuerzos para influir en la independencia de los servicios públicos de radiodifusión y la falta de transparencia sobre la financiación pública de los medios de comunicación siguen siendo frecuentes en todos los países de la ampliación. Estos excesos no solo socavan el derecho fundamental a la libertad de expresión, sino también la democracia en la región. Los gobiernos deben tomar medidas urgentes y concretas para aplicar los marcos jurídicos vigentes en materia de libertad de expresión y mejorar la situación general en lo relativo a la libertad de los medios de comunicación. La UE manifiesta su firme apoyo a las organizaciones locales de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los medios de comunicación independientes, que a menudo son víctimas de intimidación. Su contribución es fundamental a la hora de garantizar la rendición de cuentas de las autoridades sobre la libertad de expresión, así como sobre todos los demás derechos fundamentales.

Son necesarios mayores esfuerzos en todos los países de la ampliación para hacer frente con eficacia a las violaciones, aún extendidas, de los derechos de los menores Los Gobiernos deben también hacer frente a la discriminación de las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables de forma prioritaria. Se debe hacer más para promover la igualdad de género y prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. Si bien en los Balcanes Occidentales se ha avanzado en los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, se necesitan más esfuerzos para poner fin a la discriminación, las amenazas y la violencia. La precaria situación de la población gitana también debe ser prioritaria, ya que sigue sufriendo exclusión social, marginación y discriminación. Las condiciones carcelarias deben mejorar, y los derechos procesales de los sospechosos y los acusados, así como los derechos de las víctimas, deben adaptarse al acervo de la Unión. En Turquía, los decretos adoptados en el marco del estado de excepción han limitado los derechos procesales fundamentales, incluidos los derechos de defensa.

c) Funcionamiento de las instituciones democráticas y reforma de la Administración Pública

El buen funcionamiento de las instituciones democráticas sigue siendo un reto clave en una serie de países. Ello incluye garantizar un diálogo constructivo en todo el espectro político, especialmente en el seno de los Parlamentos. A pesar de algunos avances, diversos aspectos fundamentales en la celebración de elecciones democráticas siguen planteando desafíos. Deben aplicarse correctamente las recomendaciones de las misiones de observación electoral. La rendición de cuentas parlamentaria, en cuanto elemento esencial de una democracia eficaz, debe integrarse en la cultura política.

En Turquía, si bien se reconoce su necesidad legítima de adoptar medidas rápidas y proporcionadas ante el golpe de Estado fallido, existen serias dudas en cuanto a la proporcionalidad de las medidas aplicadas en el marco del estado de excepción, que sigue vigente y que redujo la función legislativa clave del Parlamento, al tiempo que restringía aún más el espacio para el diálogo entre los partidos políticos. La reforma constitucional de gran alcance, que a juicio del Consejo de Europa no ofrece un sistema de controles y contrapesos suficiente y pone en peligro la separación de poderes, fue aprobada en un referéndum organizado bajo estado de excepción.

En los Balcanes Occidentales, la capacidad de los Parlamentos nacionales para ejercer su función legislativa y de control básica se ve socavada por la falta de diálogo político, el uso excesivo de los procedimientos parlamentarios de urgencia y la ausencia de un compromiso constructivo de todas las partes. Sigue existiendo una cultura política de división, aunque se han superado algunos boicots. En Albania, el acuerdo político entre los partidos en mayo de 2017 permitió la reanudación de la actividad parlamentaria antes del receso electoral. En la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el nuevo Parlamento ha realizado esfuerzos para restablecer sus capacidades de control sobre el ejecutivo. No obstante, en Montenegro, la oposición ha boicoteado la actividad legislativa desde la constitución del Parlamento en noviembre de 2016. En Serbia, la eficacia parlamentaria y la calidad de la legislación carecen de un adecuado control parlamentario sobre los proyectos legislativos. En Kosovo
[3](#footnote4)\*, tanto bajo el gobierno de la coalición anterior como con la actual, el funcionamiento de la Asamblea se ha caracterizado por la polarización política y la parálisis, si bien la Asamblea ha ratificado recientemente el acuerdo de demarcación fronteriza con Montenegro. En Bosnia y Herzegovina, la adopción de legislación derivada de la Agenda de Reformas se vio afectada negativamente por las tensiones entre los partidos de la coalición gobernante, lo que se tradujo en una ralentización del proceso de reformas. Si bien en la región la celebración de elecciones como tal se desarrolla generalmente sin mayores incidentes, existen deficiencias importantes, como la politización de los órganos electorales, el abuso de los recursos públicos y la falta de transparencia en la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales, que inciden en el nivel de confianza de la ciudadanía en los procesos electorales.

La reforma de la Administración Pública es fundamental para mejorar la gobernanza a todos los niveles. Esto incluye mejorar la calidad de la Administración y de su rendición de cuentas, aumentar la profesionalidad, la despolitización y la transparencia, también en lo que se refiere a la contratación y el despido, efectuar una gestión más transparente de las finanzas públicas y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. Debe hallarse un equilibrio adecuado entre los gobiernos centrales, regionales y locales. Si bien en los Balcanes Occidentales se han registrado avances moderados en algunos ámbitos, Turquía ha seguido experimentando un grave retroceso en lo que respecta a la gestión y rendición de cuentas de los servicios públicos y la función pública.

Actualmente hay estrategias de reforma globales de la Administración Pública y de la gestión de las finanzas públicas en vigor, salvo en Bosnia y Herzegovina y en Turquía. Los retrasos en la ejecución y la sostenibilidad financiera de las reformas siguen siendo un motivo de preocupación. La transparencia presupuestaria ha mejorado en muchos casos. En los Balcanes Occidentales deben mejorar sustancialmente tanto la calidad de la planificación estratégica de la Administración central como los vínculos con la planificación sectorial. Las políticas, la legislación y las inversiones públicas se siguen preparando a menudo sin llevar a cabo de forma sistemática evaluaciones de impacto y consultas. Un problema básico en la mayoría de países es el uso generalizado de procedimientos legislativos de urgencia. En todos los países queda pendiente asegurar la profesionalización de la función pública. Pese a una legislación moderna sobre la función pública, se hacen excepciones de forma habitual, especialmente en los nombramientos y destituciones de altos funcionarios.

En todos los países de la ampliación debe racionalizarse en mayor medida la estructura de la Administración estatal. En los Balcanes Occidentales, existen organismos administrativos similares con estatutos diferentes, muchos de ellos rinden cuentas directamente al Gobierno o al Parlamento en lugar de a su ministerio matriz natural. La rendición de cuentas y presentación de resultados entre agencias subordinadas y sus entidades matrices son insuficientes. A fin de mejorar la prestación de servicios, la mayoría de los países de la ampliación se han centrado en la introducción de servicios de administración electrónica, pero estas iniciativas suelen carecer de dirección estratégica y coordinación. La mayoría de los países también han hecho progresos con la adopción de leyes modernas de procedimiento administrativo general, pero en muchos de ellos sigue pendiente la modificación de una cantidad sustancial de legislación sectorial para lograr reducir al mínimo los procedimientos administrativos especiales.

d) Migración

Los retos relacionados con la crisis de los refugiados y la migración irregular han tenido un gran protagonismo en el trabajo de la UE con los países de la ampliación. Se ha avanzado gracias a la colaboración a lo largo de las rutas migratorias del Mediterráneo Oriental / Balcanes Occidentales. El tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos siguen siendo motivo de preocupación. Se precisan más esfuerzos a fin de garantizar una mejor preparación de los países para hacer frente a los retos de la migración, en particular en lo que se refiere a la reducción de la migración irregular, las actividades relacionadas con el retorno y con la protección de las fronteras y la prevención de la migración irregular, el desarrollo de las capacidades en materia de asilo y la inclusión e integración sociales, en consonancia con el acervo de la UE.

En un esfuerzo destacable, actualmente Turquía ofrece cobijo a más de 3,5 millones de refugiados sirios registrados y la UE sigue comprometida a ayudar a Turquía a afrontar este reto. La cooperación en el marco de la Declaración UE-Turquía sigue arrojando resultados concretos. Se ha consolidado la tendencia claramente descendente de las travesías irregulares y peligrosas y de pérdida de vidas humanas en el mar Egeo. En 2017 llegaron 42 319 inmigrantes a través de la ruta del Mediterráneo oriental, frente a 182 277 en 2016, lo que supone una disminución de casi el 77 %. La guardia costera turca ha seguido comprometida con patrullar de forma activa y con impedir los cruces irregulares y la apertura de nuevas rutas. El Mecanismo de la UE para los refugiados en Turquía sigue apoyando las necesidades de los refugiados y a las comunidades de acogida. El primer tramo, de 3 000 millones EUR, se ha contratado en su totalidad. Hasta la fecha se han desembolsado ya 1 900 millones EUR. La movilización del segundo tramo del mecanismo ha comenzado, en consonancia con la Declaración UE-Turquía. El Mecanismo ha demostrado ser uno de los mecanismos de apoyo de la UE más rápidos y eficaces, y ha proporcionado transferencias de efectivo mensuales a casi 1,2 millones de los refugiados más vulnerables en el marco de la Red de Seguridad Social de Emergencia. Más de 312 000 niños han recibido formación en lengua turca y ha comenzado la distribución de artículos de papelería y libros de texto a 500 000 escolares. Los refugiados se han beneficiado de más de 763 000 consultas de asistencia sanitaria primaria y se han administrado todas las vacunas pertinentes a más de 217 000 niños sirios refugiados.

En 2017, las medidas de respuesta coordinadas por la UE en apoyo de los esfuerzos nacionales dieron como resultado una reducción del 91 % de los flujos migratorios irregulares que transitan por la región de los Balcanes Occidentales y una estabilización global de la situación en las fronteras. La Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia, en particular, han demostrado ser socios fiables de la UE en este ámbito. No obstante, han seguido siendo afectados y su capacidad para afrontar situaciones de crisis se ha puesto a prueba continuamente. En toda la región deben consolidarse la capacidad y la infraestructura administrativas. La UE está comprometida con el apoyo a los esfuerzos de los socios de los Balcanes Occidentales. La Comisión ha estado negociando acuerdos sobre el estatuto entre la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y los países de los Balcanes Occidentales que permitirán desplegar los equipos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas con competencias ejecutivas en las zonas limítrofes con la frontera exterior de la UE para apoyar a las autoridades nacionales de fronteras.

e) Economía

Los Balcanes Occidentales y Turquía tienen un importante potencial económico. El aumento de las tasas de crecimiento en los últimos años se ha traducido en la creación de empleo en todos los ámbitos. A pesar de algunos avances, todos los gobiernos se enfrentan a importantes desafíos estructurales en materia económica y social, con elevadas tasas de desempleo, en particular entre los jóvenes, la inadecuación de las competencias, la persistencia de una economía informal con un peso elevado, un entorno empresarial débil con acceso limitado a la financiación y bajos niveles de innovación y de conectividad regional. En los Balcanes Occidentales, la inversión sigue viéndose obstaculizada por los indicios de captura del Estado, en particular en relación con la falta de independencia y eficacia de los sistemas judiciales y la desigual aplicación de las normas de competencia. Toda la región presenta una fuerte influencia del Estado en la economía, lo que dispara el riesgo de corrupción a causa de una pobre gestión de las finanzas públicas y los cambios frecuentes en los permisos y los impuestos. Es preciso reforzar los marcos de gobernanza empresarial y finalizar el proceso de privatización. Las infraestructuras y los sistemas educativos deben mejorar. Las inversiones en infraestructuras en la región deben ser coherentes con las prioridades acordadas con la UE, en particular en el contexto de la ampliación de las redes transeuropeas de transporte a los Balcanes Occidentales. En Turquía, el crecimiento económico se ha reforzado, pero el entorno empresarial ha seguido deteriorándose y la economía sigue siendo vulnerable a la incertidumbre financiera, los cambios en la confianza de los inversores internacionales y los riesgos políticos continuados.

La UE está apoyando la mejora de la formulación de políticas y la gobernanza económica a través del programa de reforma económica, que es una parte integrante del proceso de preparación. Este programa se ha convertido en la herramienta clave de formulación y aplicación de las reformas macroeconómicas y estructurales. De este modo, contribuye a reforzar el crecimiento sostenible a largo plazo y la convergencia, facilita la planificación de políticas y permite avanzar en relación con los criterios económicos de Copenhague. Anualmente se invita a todos los gobiernos a presentar programas de reforma económica. En el momento actual se requiere un fuerte impulso político y de responsabilización de los gobiernos en cuestión para aplicar las reformas identificadas. La UE también está apoyando un entorno más favorable a las inversiones en los Balcanes Occidentales mediante la profundización de un Espacio Económico Regional cuyo objetivo es eliminar los obstáculos para el comercio, la movilidad y la inversión en toda la región. En diciembre de 2016, la Comisión adoptó una recomendación de apertura de negociaciones con vistas a la posible ampliación y modernización de la Unión Aduanera UE-Turquía, que el Consejo está examinando desde entonces.

f) Cooperación regional y buenas relaciones de vecindad

La cooperación regional es clave para alcanzar la estabilización política y para las oportunidades económicas. La agenda de conectividad de la UE, en particular, ha dado mayor impulso a la cooperación regional en los Balcanes Occidentales. En 2017, en Trieste, dirigentes de la región aprobaron un Plan de Acción para el Espacio Económico Regional y firmaron el Tratado de la Comunidad del Transporte. El Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental y otras iniciativas regionales también han continuado fomentando la estabilización y la cooperación. Se ha creado la Oficina Regional de Cooperación Juvenil, que ha puesto en marcha la primera convocatoria de propuestas para seguir reforzando la cooperación entre los pueblos. El programa Erasmus Plus ha seguido promoviendo el diálogo intercultural en la educación superior y entre los jóvenes, y ha apoyado acciones de fomento de la internacionalización y la modernización de las instituciones y sistemas de educación superior. Se han realizado progresos en la concreción sobre el terreno de proyectos de conectividad. El Plan de Acción de la Estrategia de la UE para la región del Adriático y del Jónico ha contribuido al desarrollo de proyectos comunes con los que se favorece aún más la adaptación de los países participantes al acervo. No obstante, son demasiadas las obligaciones derivadas de acuerdos y compromisos regionales que aún no se han cumplido. Para que los ciudadanos puedan disfrutar efectivamente de los beneficios de la cooperación regional, se deben intensificar los esfuerzos para que estos acuerdos y compromisos sean operativos, también en lo que respecta a la aplicación de las medidas de reforma en materia de conectividad acordadas en 2015.

La cooperación regional y las buenas relaciones de vecindad son partes esenciales de los procesos de estabilización y asociación y de ampliación. Si bien los contactos y la cooperación intergubernamentales se han ido produciendo de forma continua y sistemática tanto a nivel bilateral como regional, existe una necesidad de incrementar los esfuerzos en los ámbitos más delicados, como los crímenes de guerra, las personas desaparecidas, la delincuencia organizada y la cooperación judicial y policial. Una excepción atañe al retorno de refugiados de la guerra de los Balcanes; en este aspecto, el Programa Regional de Vivienda presenta resultados positivos. Deben evitarse declaraciones que puedan repercutir negativamente en las buenas relaciones de vecindad. A fin de fomentar la estabilidad y generar un entorno que permita superar la herencia del pasado y avanzar hacia la reconciliación, hacen falta un liderazgo político responsable y más esfuerzos sustanciales. El Tratado de Amistad entre Bulgaria y la Antigua República Yugoslava de Macedonia es un ejemplo positivo a este respecto.

La política de ampliación de la UE debe seguir exportando estabilidad, por lo que la UE no puede importar conflictos bilaterales, y no lo hará. Las partes de dichos conflictos deben solucionarlos con carácter de urgencia. A este respecto, los resultados han sido limitados. Se precisan esfuerzos adicionales en toda la región de los Balcanes Occidentales. Urge lograr avances en el diálogo facilitado por la UE hacia la plena normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo, que debería dar lugar a la celebración y aplicación de un acuerdo de normalización global y jurídicamente vinculante. Por lo que se refiere a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, se debe seguir avanzando en la búsqueda de una solución negociada y mutuamente aceptable a la cuestión de la denominación sobre la base de los progresos realizados bajo los auspicios de las Naciones Unidas, así como en las relaciones de buena vecindad. Albania también ha avanzado hacia la resolución de los conflictos bilaterales existentes desde hace tiempo.

Si bien a pesar de los nuevos esfuerzos realizados en las negociaciones auspiciadas por las Naciones Unidas sobre Chipre no se consiguió llegar a un acuerdo, es importante preservar los progresos alcanzados hasta la fecha y continuar con los preparativos para una solución justa, global y viable, también en sus aspectos exteriores. El compromiso sostenido de Turquía y su contribución en términos concretos a las negociaciones sobre una solución justa, global y viable de la cuestión chipriota en el marco de las Naciones Unidas serán de la máxima importancia. Turquía debe cumplir urgentemente su obligación de aplicar plenamente el Protocolo adicional y avanzar hacia la normalización de las relaciones con la República de Chipre. La Comisión exhorta a evitar todo tipo de amenaza, fuente de fricción o acción que perjudique las relaciones de buena vecindad y la resolución pacífica de conflictos. La Comisión insiste en todos los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE, lo que incluye, entre otras cosas, el derecho a celebrar acuerdos bilaterales y a explorar y explotar los recursos naturales de conformidad con el acervo de la UE y con el Derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Las acciones y las declaraciones de Turquía contra varios Estados miembros de la UE también han creado tensiones que afectan negativamente a sus relaciones con la UE. La resolución de estas cuestiones bilaterales es una cuestión prioritaria.

III. 
   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir del análisis anterior y de las evaluaciones de los resúmenes por país que figuran en el anexo, la Comisión formula las conclusiones y recomendaciones siguientes:

I

1.La política de ampliación de la UE es una inversión en la paz, la seguridad, la prosperidad y, por consiguiente, la estabilidad en Europa. Brinda mayores oportunidades económicas y comerciales en beneficio mutuo de la UE y los Estados miembros aspirantes. La firme perspectiva de la adhesión a la UE, continuamente reafirmada por la UE y sus Estados miembros, sigue constituyendo un motor de transformación y afianza la estabilidad y la seguridad en los países del sudeste de Europa.

2.El proceso de ampliación sigue estando fundamentado en criterios ya fijados y en una condicionalidad equitativa y rigurosa. Cada país es evaluado en función de sus propios méritos, con el fin de ofrecer incentivos para acometer reformas de calado. Si queremos que la perspectiva de la ampliación se materialice, sigue siendo indispensable un compromiso firme con el principio de «primero lo fundamental».

3.La estrategia de la Comisión para los Balcanes Occidentales, adoptada en febrero de 2018, supone una oportunidad histórica para unir el futuro de la región al de la Unión Europea de forma firme e inequívoca. Ahora corresponde a los países de la región actuar con determinación a fin de avanzar decisiva e irreversiblemente en su proceso de transformación y solventar las deficiencias actuales, en particular en lo referente a los elementos fundamentales del Estado de Derecho, los derechos fundamentales, las instituciones democráticas y la reforma de la Administración Pública, así como en la economía.

II

4.Turquía es un socio clave para la Unión Europea. La UE, que condenó de forma inmediata y firme el intento de golpe de Estado de julio de 2016, reiteró su pleno apoyo a las instituciones democráticas del país y reconoció la necesidad legítima de Turquía de adoptar medidas rápidas y proporcionadas ante una amenaza de tal gravedad. No obstante, la amplitud y el carácter colectivo de las medidas adoptadas desde el intento de golpe de Estado, como las destituciones masivas, encarcelamientos y detenciones generalizados, continúan suscitando grave inquietud en cuanto a la proporcionalidad de las medidas aplicadas en el marco del estado de excepción que sigue vigente. El Gobierno turco reiteró su compromiso con la adhesión a la UE, pero ello no ha venido acompañado de las medidas y reformas correspondientes. Al contrario, Turquía se ha ido alejando de la Unión Europea de forma notable. A la vista de las circunstancias actuales, no está previsto abrir nuevos capítulos. Turquía debe invertir de manera prioritaria la tendencia negativa actual en lo relativo al Estado de Derecho y los derechos fundamentales, empezando por el levantamiento del estado de excepción y la adopción de medidas en relación con el debilitamiento del sistema político de controles y contrapesos efectivos, entre otras cosas mediante una cooperación más intensa con el Consejo de Europa.

Se ha producido un retroceso grave en los ámbitos clave del poder judicial, la reforma de la Administración Pública, los derechos fundamentales y la libertad de expresión, y nuevos retrocesos en un número cada vez mayor de otros ámbitos. El pleno respeto del Estado de Derecho y los derechos y libertades fundamentales es una obligación esencial del proceso de adhesión. Desde la declaración del estado de excepción, se ha detenido a más de 150 000 personas y 78 000 han sido encarceladas preventivamente. Más de 150 periodistas permanecen en prisión, junto con un gran número de escritores, defensores de los derechos humanos, abogados y representantes electos. Muchos ciudadanos turcos han sido detenidos por expresar sus opiniones políticas en las redes sociales. Los 31 decretos adoptados en el marco del estado de excepción, que no se han sometido al control jurisdiccional ni al control efectivo por parte del Parlamento, han reducido considerablemente derechos civiles y políticos básicos, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y los derechos de defensa. Oficialmente se puso en marcha una Comisión del Estado de Excepción, pero todavía no se ha convertido en un recurso eficaz y creíble, en un contexto en el que la capacidad de Turquía para garantizar una tutela judicial efectiva a nivel interno en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha visto aún más comprometida por una serie de resoluciones judiciales problemáticas.

En un referéndum organizado durante el estado de excepción se aprobaron por un estrecho margen enmiendas constitucionales de gran alcance que introducían un sistema presidencialista. El Consejo de Europa consideró que dichas enmiendas no ofrecían un sistema de controles y contrapesos suficiente, además de poner en peligro la separación de poderes entre el poder ejecutivo y el judicial. Se coartó la función principal del Parlamento como legislador, se restringió aún más el espacio para el diálogo entre los partidos políticos en el Parlamento, al tiempo que se encarceló preventivamente a más diputados del Partido Democrático del Pueblo (HDP) y diez de ellos fueron despojados de sus escaños. El nombramiento de gestores en sustitución de los representantes electos supuso un fuerte deterioro de la democracia local. La sociedad civil se vio sometida a una presión cada vez mayor ante los numerosos encarcelamientos preventivos de activistas, incluidos defensores de los derechos humanos, lo que resulta en una rápida reducción del ámbito de los derechos y las libertades fundamentales. La situación en el sudeste del país sigue siendo uno de los retos más importantes para la estabilidad de Turquía. No ha habido ningún progreso con relación a la reanudación de un proceso político creíble, necesario para alcanzar una solución pacífica y duradera.

Aunque el crecimiento se recuperó fuertemente en 2017, sigue siendo vulnerable a menos que Turquía aborde los desequilibrios macroeconómicos, lleve a cabo nuevas reformas estructurales y mejore el entorno empresarial. La incertidumbre política, un mayor control estatal en la esfera económica y los ataques contra la independencia del poder judicial han conducido a un clima de inversión menos predecible, una caída de la moneda nacional y un descenso significativo de la inversión directa europea.

La UE y Turquía han continuado el diálogo y la cooperación en los ámbitos de interés común, incluso con una serie de visitas de alto nivel y reuniones de los dirigentes en mayo de 2017 y marzo de 2018. Se han seguido manteniendo diálogos de alto nivel en materia de política exterior y de seguridad, incluida la lucha contra el terrorismo, y en los ámbitos del transporte y de la economía. La Comisión Europea destaca la importancia de sus propuestas al Consejo para la ampliación y modernización de la Unión Aduanera UE-Turquía, que redundaría en beneficio mutuo.

Turquía ha seguido haciendo grandes esfuerzos para ofrecer cobijo a más de 3,5 millones de refugiados procedentes de Siria y unos 365 000 procedentes de otros países. La cooperación con la UE en materia de migración ha proseguido, con resultados notables y concretos en la reducción de los cruces irregulares y peligrosos y en las vidas salvadas en el mar Egeo. El Mecanismo de la UE para los refugiados en Turquía sigue apoyando las necesidades de los refugiados y las comunidades de acogida. Por lo que se refiere a la aplicación de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados, a principios de febrero Turquía presentó a la Comisión Europea un plan de trabajo que explica la forma prevista por Turquía para cumplir los siete criterios pendientes para la liberalización del régimen de visados. La Comisión está evaluando las propuestas de Turquía, tras lo que se llevarán a cabo consultas adicionales con los homólogos turcos.

Turquía efectuó una operación militar en el norte de Siria. Si bien Turquía tiene derecho a adoptar medidas para impedir atentados terroristas en su suelo, la operación suscitó inmediatamente preocupaciones desde el punto de vista humanitario, además de la preocupación por una nueva escalada de violencia.

Por último, en la línea de las repetidas posiciones del Consejo y de la Comisión de años anteriores, es urgente que Turquía cumpla su obligación de aplicar plenamente el Protocolo Adicional y avance hacia la normalización de sus relaciones con la República de Chipre. Aunque la conferencia convocada en Chipre en julio de 2017 se cerró sin acuerdo, es importante preservar los progresos realizados y proseguir con los preparativos para una solución justa, global y viable, también en sus aspectos exteriores. El compromiso sostenido de Turquía y su contribución en términos concretos a dicha solución justa, global y viable serán de la máxima importancia.

La cooperación con Grecia y Bulgaria sobre migración se ha intensificado. Sin embargo, las tensiones en el mar Egeo y en el Mediterráneo oriental no han favorecido unas buenas relaciones de vecindad y han socavado la estabilidad y seguridad de la región. Las relaciones bilaterales con varios Estados miembros de la UE se han deteriorado, y en ocasiones se ha empleado una retórica ofensiva e inaceptable. La UE ha instado a Turquía a evitar todo tipo de amenaza o actuación dirigida contra un Estado miembro, o toda fuente de fricción o acciones que puedan dañar las relaciones de buena vecindad y la resolución pacífica de controversias. Por otra parte, en marzo de 2018, el Consejo Europeo condenó enérgicamente las continuas acciones ilegales de Turquía en el Mediterráneo oriental y el mar Egeo y recordó la obligación de Turquía de respetar el Derecho internacional y las buenas relaciones de vecindad y de normalizar sus relaciones con todos los Estados miembros de la UE.

5.Montenegro ha celebrado elecciones presidenciales en abril de 2018. Se han dado los primeros pasos para abordar las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa a raíz de las elecciones parlamentarias de 2016. No obstante, el seguimiento judicial de las irregularidades notificadas han sido muy limitado. Es necesario seguir trabajando para consolidar la confianza en el marco electoral. Hacer que el debate político vuelva al Parlamento es responsabilidad de todos los partidos.

Las negociaciones de adhesión han avanzado, y se han abierto 30 capítulos, de los cuales tres se han cerrado de modo provisional. En relación con el Estado de Derecho, Montenegro ha seguido avanzando, en particular en lo tocante al marco jurídico e institucional, si bien el efecto práctico de las reformas no es aún suficientemente visible y no se ha registrado ningún progreso en el ámbito de la libertad de expresión. Actualmente, todo el sistema del Estado de Derecho, especialmente el sistema judicial, debe mostrar más resultados. Los avances en los capítulos relativos al Estado de Derecho, acreditados por resultados tangibles, especialmente en el refuerzo de la libertad de expresión y de los medios de comunicación y la trayectoria en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, el blanqueo de dinero y la trata de seres humanos, van a seguir marcando el ritmo global de las negociaciones de adhesión.

Se han realizado progresos considerables en materia de legislación destinada a aplicar la provisión de puestos basada en los méritos en el sector público, que ahora debe ser aplicada. Montenegro ha avanzado en el refuerzo de la estabilidad macroeconómica y presupuestaria con el inicio de la aplicación de una estrategia de saneamiento presupuestario a medio plazo. La deuda pública es elevada y sigue aumentando. Los esfuerzos actuales para mejorar las infraestructuras y el sistema educativo deben complementarse con la reforma del mercado laboral, la reducción de los desincentivos al trabajo y el desarrollo de una industria competitiva orientada a la exportación.

6.Serbia celebró elecciones presidenciales en abril de 2017. El Primer Ministro dimitió tras ser elegido Presidente, y el nuevo Gobierno asumió sus funciones en junio de 2017. El nuevo Gobierno sigue estando comprometido con la integración en la UE.

Las negociaciones de adhesión han avanzado, con 12 capítulos abiertos, de los que dos se han cerrado de modo provisional. El ritmo general de las negociaciones seguirá dependiendo de los progresos de Serbia en el proceso de reforma y en particular de la intensificación del ritmo de reformas en lo relativo al Estado de Derecho y en la normalización de sus relaciones con Kosovo. Si bien se han realizado algunos avances en el ámbito del Estado de Derecho, Serbia debe redoblar sus esfuerzos y obtener más resultados, en particular en lo que se refiere a la creación de un entorno propicio para la libertad de expresión y a la consolidación de la independencia y la eficacia general del sistema judicial, así como al logro de progresos sostenibles en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, incluido el blanqueo de capitales. Las reformas económicas siguen dando resultados, sobre todo en cuanto a la estabilización macroeconómica. Sin embargo, los niveles de inversión públicos y privados siguen siendo bajos y el entorno empresarial para las pequeñas y medianas empresas debe mejorar aún más. Las grandes reformas estructurales de la Administración Pública, la Administración tributaria y las empresas de propiedad estatal siguen sin haberse completado. En el contexto de las negociaciones de adhesión, es esencial que Serbia desarrolle y mantenga una mayor capacidad administrativa para tratar los asuntos de la UE.

Serbia debe intensificar considerablemente su papel en el diálogo con Kosovo, entre otras cosas con la aplicación de todos los acuerdos y, en particular, del acuerdo sobre Energía, el del puente de Mitrovica, el de gestión integrada de las fronteras exteriores (GIF) y el de reconocimiento de títulos. La iniciativa del Presidente para iniciar un diálogo interno sobre Kosovo es una buena noticia. Serbia debe seguir desempeñando un papel positivo en la región en lo que respecta al refuerzo de los vínculos regionales y la preservación de la estabilidad.

7.La Antigua República Yugoslava de Macedonia, tras un período difícil, finalmente ha superado la grave crisis política, con el apoyo internacional y de la UE. La voluntad política de avanzar vuelve a percibirse claramente, y se ha observado un cambio positivo en la mentalidad política en el conjunto de la sociedad. La ausencia de estos factores había supuesto un obstáculo importante para las reformas en los últimos años. La aplicación de estas reformas estructurales necesarias es un proceso a largo plazo.

La Comisión está satisfecha de que el Acuerdo de Pržino se haya aplicado en gran medida, incluso en un contexto político difícil.

Desde el verano de 2017 se ha realizado un trabajo considerable para abordar las prioridades de reforma urgentes mediante una verdadera voluntad de reforma, seguida de la preparación de estrategias y legislación pendientes y de la consulta de todas las partes interesadas, incluida la oposición, de una forma inclusiva y transparente. Se han adoptado, entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, una serie de estrategias y normas, especialmente en el ámbito del Estado de Derecho, y se están preparando muchas otras para su adopción en los próximos meses. No obstante, sigue habiendo problemas estructurales, concretamente en el ámbito del poder judicial.

En vista de los avances logrados, la Comisión recomienda que el Consejo decida abrir las negociaciones de adhesión con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, manteniendo e intensificando el actual impulso reformista con relación a las prioridades de reforma urgentes, que son decisivas para que el país siga avanzando. A fin de respaldar este aspecto, la Comisión aplicará para el país el enfoque reforzado a los capítulos de negociación sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y la justicia, la libertad y la seguridad.

8.Albania ha continuado haciendo progresos constantes en la aplicación de las cinco prioridades clave para la apertura de las negociaciones de adhesión. Se ha consolidado la reforma de la Administración Pública, con el fin de reforzar su profesionalidad y despolitización. Se han tomado medidas adicionales para reforzar la independencia, la eficiencia y la transparencia de las instituciones judiciales, en especial mediante el avance en la aplicación de una reforma judicial global. En este contexto se han registrado los primeros resultados tangibles en lo relativo a la reevaluación de todos los jueces y fiscales (investigación de sus expedientes), con la dimisión de 15 jueces y fiscales de alto rango y las primeras audiencias, que han dado lugar a la destitución de un magistrado del Tribunal Constitucional y la ratificación de otro magistrado del mismo ente.

Se han emprendido nuevos esfuerzos firmes en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, incluida la lucha contra el cultivo y el tráfico de drogas, que contribuyen al establecimiento de una trayectoria sólida en materia de investigaciones proactivas, enjuiciamientos y condenas. Se han tomado medidas adicionales para reforzar la protección efectiva de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías y de los gitanos, y las políticas contra la discriminación, así como la aplicación de los derechos de propiedad.

En vista de los avances logrados, la Comisión recomienda que el Consejo decida abrir las negociaciones de adhesión con Albania, continuando e intensificando el actual impulso reformista en el ámbito clave del Estado de Derecho, en particular a través de las cinco prioridades clave, y manteniendo el logro de resultados concretos y tangibles en lo relativo a la reevaluación de los jueces y fiscales (investigación de sus expedientes). A fin de respaldar este aspecto, la Comisión aplicará al país el enfoque reforzado para los capítulos de negociación sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y la justicia, la libertad y la seguridad.

9.Bosnia y Herzegovina avanzó lentamente a lo largo de 2017 en cuanto a las prioridades derivadas de su proceso de reforma, en particular en lo que respecta a la agenda de reformas. Los esfuerzos de reforma orientados hacia la UE deben intensificarse a fin de abordar los problemas estructurales profundamente arraigados que frenan el desarrollo del país. Sigue siendo urgente modificar el marco electoral con el fin de garantizar la organización adecuada de las elecciones de octubre de 2018 y la normal ejecución de los resultados. A este respecto todos los dirigentes políticos tienen que asumir su responsabilidad y llegar a una solución en lo que se refiere a la Cámara de los Pueblos de la Federación con el fin de no perjudicar la perspectiva europea del país y de sus ciudadanos. Siguen contándose entre las prioridades las reformas socioeconómicas y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la Administración Pública en consonancia con los estándares europeos a todos los niveles de gobierno, así como continuar mejorando la cooperación entre todos los niveles. El mecanismo de coordinación para asuntos de la UE ha sido eficaz a la hora de lograr un conjunto de respuestas coordinadas necesarias para la elaboración en curso del Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la UE de Bosnia y Herzegovina. El funcionamiento adecuado del mecanismo continuará siendo esencial para que el país pueda hacer frente a los crecientes retos del proceso de integración en la UE, como la adopción de nuevas estrategias a escala federal y de un programa estratégico para la aproximación legislativa al acervo de la UE. El desarrollo económico sigue siendo lento y sufre las consecuencias de un Estado de Derecho débil, un entorno empresarial aún deficiente, una Administración Pública ineficiente y fragmentada y grandes desequilibrios del mercado laboral, así como un clima de inversión poco propicio.

10.En Kosovo, las reformas relacionadas con la UE se han ralentizado a causa de un largo período electoral en 2017 y un contexto de política nacional que ha afectado al trabajo parlamentario. Los actores políticos deben reanudar un diálogo constructivo, con la Asamblea como principal foro de debate político. El nuevo Gobierno y la Asamblea deben proponer reformas de manera prioritaria y crear consenso acerca de cuestiones estratégicas esenciales para Kosovo. Debe acelerarse la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación y del Programa Europeo de Reforma anexo. Se ha avanzado en cuanto a la economía, especialmente en la mejora del entorno empresarial. Sin embargo, deben adoptarse medidas contra la economía informal, muy extendida, y el elevado desempleo. La situación en el norte de Kosovo sigue siendo especialmente complicada. La reciente ratificación del acuerdo de demarcación fronteriza con Montenegro constituye un logro importante en el espíritu de las buenas relaciones de vecindad y es un paso fundamental hacia la liberalización del régimen de visados. La Comisión está estudiando el historial de Kosovo en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción.

El intento realizado por 43 miembros de la Asamblea de Kosovo, en diciembre de 2017, de derogar la Ley de las Salas Especializadas y de la Fiscalía Especializada ha suscitado seria preocupación. Será esencial que Kosovo cumpla plenamente con sus obligaciones internacionales respecto a las Salas Especializadas y la Fiscalía Especializada, que se crearon para abordar algunas de las acusaciones de delitos de Derecho internacional cometidos en el marco del conflicto de Kosovo.

Es necesario que Kosovo refuerce considerablemente su compromiso de diálogo con Serbia, entre otras cosas mediante la aplicación de todos los acuerdos y, en particular, del acuerdo sobre la Asociación o Comunidad de municipios de mayoría serbia. El trabajo del Equipo de gestión, iniciado el 4 de abril, debe intensificarse, en plena conformidad con los acuerdos de Bruselas de 2013 y 2015.

  

IV. ANEXOS

1. Resúmenes de las conclusiones de los informes
[4](#footnote5)

2. Anexos estadísticos

:   [(1)](#footnoteref2)

     
    <https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf>
:   [(2)](#footnoteref3)

     
    <https://ec.europa.eu/commission/sites/beta>
    <-political/files/roadmap-factsheet-tallinn_en.pdf>
:   [(3)](#footnoteref4)

    \*Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
:   [(4)](#footnoteref5)

    Referencia a los números de los documentos de trabajo.

[Top](#document1)

![european flag](./../../../images/eclogo.jpg)COMISIÓN EUROPEA

Estrasburgo, 17.4.2018

COM(2018) 450 final

ANEXOS

de la

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Comunicación de 2018 sobre la política de ampliación de la UE

{SWD(2018) 150 final}  
{SWD(2018) 151 final}  
{SWD(2018) 152 final}  
{SWD(2018) 153 final}  
{SWD(2018) 154 final}  
{SWD(2018) 155 final}  
{SWD(2018) 156 final}

Anexo 1. Resúmenes de las conclusiones de los informes

Turquía

El estado de excepción declarado tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 sigue estando en vigor y pretende desmantelar el movimiento Gülen, definido por las autoridades turcas como una organización terrorista responsable del intento de golpe de Estado, así como apoyar la lucha contra el terrorismo, en el contexto de los atentados recurrentes en Turquía.

La UE, que condenó de forma inmediata y firme el intento de golpe de Estado, reiteró su pleno apoyo a las instituciones democráticas del país y reconoció la necesidad legítima de Turquía de adoptar medidas rápidas y proporcionadas ante una amenaza de tal gravedad. No obstante, el amplio alcance, la naturaleza colectiva y el carácter desproporcionado de las medidas adoptadas desde el intento de golpe de Estado y en el marco del estado de excepción, tales como despidos, detenciones y encarcelamientos generalizados, siguen siendo motivo de serias preocupaciones. Turquía debe levantar el estado de excepción sin demora.

Los 31 Decretos adoptados hasta la fecha en el marco del estado de excepción presentan graves deficiencias. Dichas medidas no se han sometido a un examen profundo y efectivo del Parlamento. En consecuencia, los Decretos no siempre se han podido someter al control jurisdiccional y ninguno de ellos ha sido aún objeto de una decisión del Tribunal Constitucional. Estos Decretos de urgencia han reducido de forma notable determinados derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, la libertad de reunión o los derechos procesales. Asimismo, han modificado actos legislativos fundamentales, que seguirán desplegando sus efectos tras levantarse el estado de excepción.

Desde la declaración del estado de excepción, se ha detenido a más de 150 000 personas, otras 78 000 han sido encarceladas preventivamente y se ha destituido a más de 110 000 funcionarios mientras que, según las autoridades, unos 40 000 han sido reincorporados, 3 600 de ellos por decreto.

Se puso en marcha una Comisión de Apelación del Estado de Excepción, que ha recibido en total unas 107 000 solicitudes de recurso. Esta Comisión no empezó a tomar decisiones hasta diciembre de 2017, y hasta la fecha solo ha proporcionado reparación a unos pocos solicitantes. Sus decisiones están sujetas a control jurisdiccional. Todavía tiene que convertirse en una vía eficaz y transparente para quienes se han visto injustamente afectados por las medidas que se han aplicado en el marco del estado de excepción.

Al margen de la Comisión de Apelación, la capacidad de Turquía para garantizar internamente una tutela judicial efectiva en el sentido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido socavada por una serie de precedentes desafortunados. En un caso, un órgano jurisdiccional inferior se negó a atenerse a una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un asunto emblemático; una sentencia posterior del Tribunal Constitucional relativa a uno de los demandados fue finalmente acatada por un órgano jurisdiccional inferior. Varias sentencias judiciales favorables a demandados insignes, incluidos destacados defensores de los derechos humanos, fueron rápidamente revocadas por otro órgano jurisdiccional o incluso por el mismo, en algunos casos tras haber el poder ejecutivo emitido comentarios.

Turquía aún no ha abordado las principales recomendaciones del Consejo de Europa y sus organismos. Las acusaciones de irregularidades deben esclarecerse mediante procedimientos transparentes e individualmente. La responsabilidad penal individual solo puede determinarse dentro del pleno respeto de la separación de poderes, la plena independencia del poder judicial y el derecho de toda persona a un juicio justo. Turquía debe levantar el estado de excepción sin demora.

En abril de 2017, Turquía celebró un referéndum en el que se aprobaron por una estrecha mayoría las enmiendas constitucionales que introducían un sistema presidencialista. La Comisión de Venecia consideró que dichas enmiendas no ofrecían un sistema de frenos y contrapesos suficiente, y que además ponían en peligro la separación de poderes entre el poder ejecutivo y el judicial. El propio referéndum suscitaba serias dudas en relación con el impacto negativo global del estado de excepción, la desigualdad de condiciones para los dos bandos de las campañas y las mermadas garantías en relación con la integridad de las elecciones.

En el estado de excepción, la función legislativa clave del Parlamento se ha visto restringida, puesto que el Gobierno también ha recurrido a decretos de urgencia con «fuerza de ley» para regular cuestiones que deberían haberse tratado con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Teniendo en cuenta el empeoramiento de las fricciones políticas en el país, el espacio para el diálogo entre los partidos políticos se ha continuado reduciendo en el Parlamento. Tras el levantamiento puntual de inmunidades parlamentarias en mayo de 2016, se detuvo a muchos diputados del partido de la oposición, el HDP, y diez de ellos fueron despojados de sus escaños.

El peso del presidente en el ejecutivo ha crecido como consecuencia de varias transferencias de competencias a la Presidencia mediante decretos de urgencia. El nombramiento de gestores en sustitución de los directivos y representantes locales electos supuso un fuerte deterioro de la democracia local.

La sociedad civil se ha visto sometida a una presión cada vez mayor, especialmente ante los numerosos encarcelamientos preventivos de activistas, incluidos defensores de los derechos humanos, y la prohibición recurrente de manifestaciones y otros tipos de reuniones, lo que ha resultado en una rápida reducción del ámbito de los derechos y las libertades fundamentales. Dentro de las medidas del estado de excepción se clausuraron muchas organizaciones de defensa de los derechos, y no se ha podido ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con las incautaciones de bienes.

El Gobierno reformó el marco jurídico que rige las relaciones entre civiles y militares y aumentó de forma significativa las competencias del ejecutivo sobre el Ejército, reforzando así la supervisión civil. A raíz de las enmiendas constitucionales, se suprimieron efectivamente los altos tribunales militares. La rendición de cuentas ante el Parlamento por parte del Ejército y los servicios de inteligencia sigue siendo insuficiente.

La situación en el sudeste ha seguido siendo uno de los retos más importantes para el país. La deteriorada situación en materia de seguridad se ha trasladado, en parte, a las zonas rurales. El compromiso del Gobierno de continuar las operaciones de seguridad, en el contexto de los actos violentos recurrentes por parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que sigue constando en la lista de la UE de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas, se ha mantenido como un elemento definitorio de la situación en la región. Si bien es una potestad legítima del Gobierno luchar contra el terrorismo, también es su responsabilidad garantizar que se haga de conformidad con el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las medidas antiterroristas deben ser proporcionadas. El plan de inversiones del Gobierno para la reconstrucción de las zonas dañadas del sudeste se ha traducido en la construcción de miles de viviendas, que sigue en curso, pero hasta la fecha solo unos pocos desplazados internos han recibido una indemnización. No ha habido ningún progreso con relación a la reanudación de un proceso político creíble, necesario para alcanzar una solución pacífica y duradera.

Turquía está moderadamente preparada en el ámbito de la reforma de la Administración Pública, con un fuerte compromiso en pro de una administración abierta y electrónica. Sin embargo, se ha producido un retroceso grave en el ámbito de la gestión del servicio público y los recursos humanos y en el ámbito de la rendición de cuentas de la administración en relación con el derecho a la justicia contencioso-administrativa y el derecho a reclamar una indemnización. Sigue pendiente ofrecer una tutela judicial transparente y efectiva para los despidos masivos.

El sistema judicial de Turquía se encuentra en una fase inicial de preparación. En el último año se han registrado retrocesos, en particular por lo que respecta a la independencia del poder judicial. Las enmiendas constitucionales que regulan el Consejo de Jueces y Fiscales (CJF) entraron en vigor y socavaron aún más su independencia con respecto al poder ejecutivo. El CJF ha seguido participando en las suspensiones y los traslados masivos de jueces y fiscales. No se han realizado esfuerzos para abordar la inquietud en relación con la falta de criterios objetivos, basados en los méritos, uniformes y preestablecidos en la selección y el ascenso de jueces y fiscales.

El país tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción, en el que no se han logrado avances. El marco jurídico e institucional requiere mayor armonización con las normas internacionales y sigue permitiendo una influencia indebida por parte del ejecutivo en la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción destacados. El historial de Turquía en la investigación, enjuiciamiento y condena en casos de corrupción sigue siendo deficiente, especialmente en relación con casos de corrupción de alto nivel. No se ha avanzado en el refuerzo de la rendición de cuentas y la transparencia en la labor de los organismos públicos. Para luchar contra la corrupción de manera decisiva, es imprescindible un amplio consenso político entre partidos y una firme voluntad política. Turquía aún tiene trabajo por delante en prácticamente todas las recomendaciones de la Asamblea del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. La corrupción sigue estando generalizada en muchos ámbitos y constituye un grave problema. La percepción de la corrupción también sigue siendo elevada.

Turquía ha alcanzado un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada y se han hecho algunos avances con la adopción de una nueva estrategia y la mejora de la capacidad institucional. Turquía necesita mejorar su legislación en materia de ciberdelincuencia, confiscación de bienes y protección de testigos. Existe legislación en materia de protección de datos pero aún no está en consonancia con las normas europeas. Las investigaciones financieras siguen infrautilizadas. El embargo preventivo de bienes apenas se aplica y el nivel de bienes confiscados es bajo. En la lucha contra el terrorismo, existe un amplio un marco jurídico sobre la financiación del terrorismo. Tanto la legislación penal como la antiterrorista deben ser conformes a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El principio de proporcionalidad debe ser respetado en la práctica.

Turquía ha avanzado de forma notable en el ámbito de la política de migración y asilo y ha mantenido su compromiso con la aplicación de la Declaración UE-Turquía de marzo de 2016 relativa a la gestión eficaz de los flujos migratorios a lo largo de la ruta del Mediterráneo oriental. Por lo que se refiere a la implementación de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados, a principios de febrero Turquía presentó a la Comisión Europea un plan de trabajo que explica la forma prevista por este país para cumplir los siete criterios pendientes para la liberalización del régimen de visados. La Comisión está evaluando las propuestas de Turquía, tras lo que se llevarán a cabo consultas adicionales con los homólogos turcos.

El marco jurídico turco incluye garantías generales de respeto de los derechos humanos y fundamentales que sin embargo han sido amenazadas y socavadas por una serie de decretos de urgencia. El grave retroceso de la libertad de expresión ha continuado, un ámbito en el que Turquía se encuentra en una fase inicial de preparación. Con el tiempo, el ámbito de aplicación de las medidas adoptadas en el marco del estado de excepción se ha ampliado a muchas voces críticas de los medios de comunicación y el mundo académico, entre otros, en contradicción con el principio de proporcionalidad. Los asuntos penales contra periodistas —más de 150 de ellos permanecen detenidos—, defensores de los derechos humanos, escritores o usuarios de redes sociales, la retirada de carnés de prensa, así como el cierre de numerosos medios de comunicación o el nombramiento por parte del Gobierno de gestores para administrarlos, son motivo de grave preocupación y se basan principalmente en la aplicación arbitraria y selectiva de la ley, especialmente de las disposiciones sobre seguridad nacional y lucha contra el terrorismo. La Ley de Internet y el marco jurídico general siguen facultando al ejecutivo a bloquear contenidos en línea sin una orden judicial por una gama de motivos demasiado amplia. También se ha producido un retroceso grave en el ámbito de la libertad de reunión, la libertad de asociación, y los derechos procesales y de propiedad. La libertad de reunión sigue estando muy limitada, en la legislación y en la práctica. Las medidas adoptadas en el marco del estado de excepción también retiraron garantías esenciales de protección de los detenidos frente a los abusos, de modo que ha crecido el riesgo de impunidad, en un contexto en el que han aumentado las acusaciones de malos tratos y torturas. Los decretos de urgencia impusieron restricciones adicionales a los derechos procesales, también sobre los derechos de defensa. El disfrute de los derechos se ve obstaculizado por la fragmentación y el mandato limitado de las instituciones públicas responsables de los derechos humanos y las libertades y en un contexto en el que la independencia del poder judicial se ha visto menoscabada. La pobreza extrema y las carencias de artículos de primera necesidad siguen siendo habituales entre las familias gitanas en Turquía. Los derechos de los grupos más vulnerables y de las personas pertenecientes a las minorías deben estar suficientemente protegidos. La violencia de género, la discriminación, la incitación al odio contra las minorías, el delito de odio y las violaciones de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales siguen siendo fuente de gran preocupación.

Turquía ha seguido expresando su apoyo a las conversaciones para la resolución del problema de Chipre entre los dirigentes de las dos comunidades, y a los esfuerzos del secretario general de las Naciones Unidas y su asesor especial. Una conferencia sobre Chipre, convocada en Ginebra en enero de 2017 y en Crans-Montana en julio de 2017, se clausuró sin acuerdo. Sin embargo, Turquía aún no ha cumplido su obligación de garantizar la aplicación plena y no discriminatoria del Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación y no ha eliminado todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones en los enlaces directos de transporte con Chipre. No ha habido avances en la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre. Las conclusiones sobre Turquía adoptadas por el Consejo de la Unión Europea y que fueron refrendadas por el Consejo Europeo en diciembre de 2006 siguen vigentes. En ellas se establece que no se abrirán las negociaciones sobre ocho capítulos
[1](#footnote1)
 relativos a las restricciones de Turquía respecto a la República de Chipre y que no se cerrará provisionalmente ningún capítulo hasta que la Comisión confirme que Turquía ha aplicado plenamente el Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación.

La cooperación con Grecia y Bulgaria sobre migración se ha intensificado. Sin embargo, las tensiones en el mar Egeo y en el Mediterráneo oriental no han favorecido unas buenas relaciones de vecindad y han socavado la estabilidad y seguridad de la región. Las relaciones bilaterales con varios Estados miembros de la UE se han deteriorado, y en ocasiones se ha empleado una retórica ofensiva e inaceptable. En marzo de 2018, el Consejo Europeo condenó enérgicamente las continuas acciones ilegales de Turquía en el Mediterráneo oriental y el mar Egeo y recordó la obligación de Turquía de respetar el Derecho internacional y las buenas relaciones de vecindad y de normalizar sus relaciones con todos los Estados miembros de la UE. Asimismo, el Consejo Europeo expresó su profunda preocupación por las continuas detenciones de ciudadanos de la UE en Turquía, incluidos dos soldados griegos, y pidió una resolución rápida y positiva de estas cuestiones en un diálogo con los Estados miembros.

Turquía debe comprometerse de manera inequívoca con las relaciones de buena vecindad, los acuerdos internacionales y la resolución pacífica de las controversias de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, recurriendo, en caso necesario, a la Corte Internacional de Justicia. En este contexto, la UE ha manifestado una vez más su honda preocupación y ha instado a Turquía a evitar todo tipo de amenaza o actuación dirigida contra un Estado miembro, o toda fuente de fricción o intervenciones que dañen las relaciones de buena vecindad y la resolución pacífica de controversias.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, la economía turca está muy avanzada y puede considerarse una economía de mercado viable. La economía, con el apoyo de las medidas de estímulo del Gobierno, ha conseguido recuperarse de la contracción que sufrió a raíz del intento de golpe de Estado de 2016, y en 2017 logró un fuerte crecimiento. No obstante, el gran crecimiento está unido a desequilibrios macroeconómicos sustanciales. El déficit por cuenta corriente sigue siendo alto, y a finales de 2017 creció, por lo que el país depende de las entradas de capital y es vulnerable a las perturbaciones externas. En 2017, la tasa de inflación alcanzó los dos dígitos (11,1 %) y la depreciación de la lira turca continuó, lo que intensificó las preocupaciones sobre el grado de compromiso de los responsables de la toma de decisiones de política monetaria con la estabilidad de los precios. La economía turca ha seguido caracterizándose por un alto nivel de informalidad. En conjunto, se ha producido un retroceso en este ámbito. La tendencia a incrementar el control estatal en la esfera económica y las medidas dirigidas a las empresas, los empresarios y los opositores políticos y sus empresas han perjudicado el entorno empresarial.

Turquía ha progresado en cierta medida y tiene un buen nivel de preparación para hacer frente a las presiones competitivas y a las fuerzas del mercado dentro de la UE. Turquía está bien integrada con el mercado de la UE tanto en términos de comercio como de inversión. Se han registrado algunos avances en el sector de la energía, sobre todo en el mercado del gas, y en el aumento del gasto en investigación y desarrollo. No obstante, siguen existiendo graves problemas en lo tocante a la calidad de la educación. No se ha progresado en la mejora de la transparencia de las ayudas estatales.

Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, Turquía ha avanzado en su adaptación al acervo, si bien a un ritmo reducido. Se han producido nuevos casos de retroceso en relación con una serie de aspectos clave en los ámbitos de la sociedad de la información, la política social y el empleo, y las relaciones exteriores. Turquía está bastante avanzada en los ámbitos del Derecho de sociedades, las redes transeuropeas, y la ciencia y la investigación, y ha alcanzado un buen nivel de preparación en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, el Derecho de propiedad intelectual, los servicios financieros, la política empresarial e industrial, la protección de los consumidores y de la salud, la unión aduanera y el control financiero. Turquía solo está moderadamente preparada en materia de contratación pública, ya que siguen existiendo importantes lagunas en su adaptación al acervo. También está moderadamente preparada en el ámbito de las estadísticas y la política de transportes, donde todavía son necesarios esfuerzos considerables en general. Turquía solo ha alcanzado un cierto grado de preparación en los ámbitos del medio ambiente y el cambio climático, en los que aún es preciso formular y aplicar políticas más ambiciosas y mejor coordinadas. En todos los ámbitos, es necesario prestar más atención al cumplimiento de la legislación, mientras que muchos ámbitos requieren más avances significativos para lograr la adaptación legislativa al acervo de la UE.

Montenegro

En relación con los criterios políticos, el período de referencia se ha caracterizado por el bajo nivel de confianza en el marco electoral y el largo boicot parlamentario por la oposición en pleno desde las elecciones parlamentarias de octubre de 2016. Hacer que el debate político vuelva al Parlamento es responsabilidad de todos los actores políticos. Parte de la oposición regresó al Parlamento en diciembre de 2017, pero este fin del boicot parcial y selectivo todavía no se ha traducido en una mejora del diálogo y el control parlamentarios. El escenario político sigue estando fragmentado, polarizado y caracterizado por la falta de diálogo político, en particular en las instituciones democráticas.

Deben reforzarse la capacidad legislativa del Parlamento y su supervisión del ejecutivo. El Parlamento sigue abordando los resultados de la auditoría del organismo estatal de auditoría de manera limitada, y no hay debate ni información sobre la aplicación de las principales políticas y normativas. En diciembre de 2017, el Parlamento aprobó sin la debida consulta pública una serie de leyes que abordan solo parcialmente las recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Debe plantearse una reforma exhaustiva del sistema electoral. En el período de referencia se celebraron ocho elecciones locales. Las elecciones locales no se celebran el mismo día en todo el país, sino de forma rotatoria; así pues, el paisaje político se caracteriza por un ambiente electoral prolongado y altamente personalizado. Debido al ciclo electoral, la observación electoral resulta difícil, sobre todo para los observadores internacionales, lo que deja un amplio margen para las denuncias de irregularidades que no pueden ser valoradas de manera independiente. No ha habido nuevos avances en el seguimiento político y judicial de la presunta malversación de fondos públicos para fines partidistas en 2012 («asunto de las escuchas»).

Por lo que respecta a la gobernanza, es necesario reforzar la transparencia, la participación de las partes interesadas y la capacidad del Gobierno para implementar reformas. Debe garantizarse la coherencia del sistema de elaboración de políticas mediante un desarrollo coordinado de las mismas. Existen mecanismos de consulta de las organizaciones de la sociedad civil por parte del Gobierno, pero necesitan normas claras y una mayor implicación de ambas partes.

Montenegro está moderadamente preparado en lo que respecta a la reforma de su Administración Pública. Se han realizado avances notables, en particular mediante la adopción de nuevas leyes sobre los funcionarios y empleados del Estado y sobre autonomía local destinadas a poner en práctica la selección de personal basada en los méritos en el servicio público. Sigue siendo necesaria una fuerte voluntad política a fin de abordar efectivamente la despolitización del servicio público y la optimización de la Administración estatal, así como garantizar una aplicación eficaz y la sostenibilidad financiera de las reformas.

El sistema judicial de Montenegro está moderadamente preparado y se han realizado algunos avances. El marco legislativo sobre el poder judicial, que tiene por objeto aumentar su independencia y profesionalidad, aún no se ha implementado plenamente. Se ha reforzado la capacidad institucional.

Montenegro ha alcanzado un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. A pesar de algunos avances, la corrupción está generalizada en muchos ámbitos y sigue siendo un motivo de preocupación. La capacidad operativa de las instituciones ha mejorado; sin embargo, todas las instituciones deben demostrar una actitud más proactiva. Deben abordarse las amenazas a la credibilidad, la independencia y la fijación de prioridades de la Agencia Anticorrupción. Las investigaciones financieras y la incautación y decomiso de activos aún deben mejorar. Se ha establecido un historial inicial de investigaciones, enjuiciamientos y condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel, pero debe consolidarse en mayor medida. Solo se podrá seguir mejorando el historial de investigaciones fructíferas y condenas en un entorno en el que las instituciones sean independientes, estén a salvo de cualquier influencia indebida y tengan incentivos para hacer pleno uso de sus competencias.

En el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, existe un historial inicial de enjuiciamientos en la lucha contra el tráfico de migrantes y contra el tráfico de drogas. Sin embargo, hacen falta más resultados para generar un historial convincente, en particular en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la trata de seres humanos.

En materia de derechos fundamentales, Montenegro ha seguido adaptando su legislación a las normas de la UE. En particular, la labor de la oficina del Defensor del Pueblo ha mejorado, pero todavía son necesarios más esfuerzos para reforzar el marco institucional y proteger de forma efectiva los derechos humanos. Tras los avances realizados en materia de legislación contra la discriminación, Montenegro debe ahora velar por que existan mecanismos institucionales adecuados para proteger a los grupos vulnerables frente a la discriminación. La aplicación de la legislación sigue siendo débil, y debe aumentarse la capacidad institucional en materia de derechos humanos. La minoría gitana
[2](#footnote2)
 sigue siendo la comunidad más vulnerable y discriminada. La violencia de género y la violencia contra los menores siguen constituyendo una grave preocupación en este país.

Montenegro ha alcanzado un cierto nivel de preparación en el ámbito de la libertad de expresión, pero el pasado año no realizó ningún progreso más. No se han producido avances notables en relación con las investigaciones de casos antiguos de violencia contra periodistas. Recientes injerencias políticas en el Consejo nacional del servicio público de radiodifusión y la Agencia de Medios de Comunicación Electrónicos son motivo de grave preocupación. El panorama de los medios de comunicación sigue estando muy polarizado y persisten dificultades para comprender el papel de la prensa libre. Sigue habiendo un elevado número de casos de difamación, en parte por la debilidad de los mecanismos de autorregulación.

Montenegro ha seguido mostrando compromiso y un enfoque constructivo en cuanto a las relaciones bilaterales con otros países candidatos y Estados miembros de la UE de su vecindad, y sigue siendo un participante activo en la cooperación regional.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Montenegro está moderadamente preparado para desarrollar una economía de mercado viable. Se han reforzado la estabilidad macroeconómica y presupuestaria, pero se precisan mayores esfuerzos para abordar los desafíos que persisten aún, especialmente la elevada carga de la deuda pública. La economía ha crecido ininterrumpidamente desde 2013 en un contexto de inflación baja o moderada. El sector financiero ha mejorado su solvencia y su liquidez. Sin embargo, la base de exportación debe mejorar en calidad y alcance a fin de reducir el déficit comercial. Las deficiencias del Estado de Derecho, como la competencia desleal de la economía informal, inciden negativamente en el entorno empresarial. El mercado laboral se enfrenta a retos estructurales, como demuestran la escasa participación y las altas tasas de desempleo.

Montenegro ha realizado algunos avances y está moderadamente preparado en su capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado en la Unión. La construcción de infraestructuras clave en una serie de ámbitos, así como el desarrollo del capital humano, han sentado los cimientos para la mejora de la competitividad. La reforma de la educación está en curso, pero hacen falta más esfuerzos para solucionar la inadecuación de las habilidades. Las pymes siguen enfrentándose a numerosos desafíos, tales como el acceso a la financiación o la complejidad normativa. Aún hacen falta esfuerzos adicionales para mejorar el rendimiento global de las exportaciones de las empresas locales.

En relación con su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, Montenegro ha llevado a cabo una importante labor de adaptación al acervo y de preparación para su aplicación en la mayoría de los ámbitos. El país tiene un buen nivel de preparación en ámbitos como el Derecho de sociedades y la política exterior, de seguridad y de defensa. Está moderadamente preparado en muchos capítulos, como la libre circulación de mercancías, la agricultura, la seguridad alimentaria, o la política veterinaria y fitosanitaria. Montenegro se encuentra en una fase inicial de preparación por lo que respecta a la pesca y a las disposiciones presupuestarias y financieras, y en un cierto nivel de preparación en el ámbito del medio ambiente y el cambio climático, las estadísticas, la política social y el empleo. Se han realizado avances notables en los ámbitos del Derecho de sociedades, la agricultura y el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, y la política veterinaria y fitosanitaria. Se ha producido un retroceso en el ámbito de la contratación pública. De cara al futuro, Montenegro debe centrarse en particular en la política de competencia, el medio ambiente y el cambio climático, y la contratación pública. El refuerzo de la capacidad administrativa para garantizar la aplicación del acervo sigue constituyendo un desafío importante para este país. Montenegro ha seguido alineándose con el conjunto de las posiciones y declaraciones de política exterior y de seguridad común de la UE.

Si bien hasta el momento Montenegro se ha mantenido fuera de la principal ruta migratoria hacia la UE de los Balcanes Occidentales, ha registrado un aumento en el número de migrantes / solicitantes de asilo que entran en su territorio y, por tanto, debe reforzar su capacidad de hacer frente a los aumentos repentinos de presión migratoria. Montenegro ha seguido avanzando en particular sobre el marco jurídico en materia de migración. Mientras que la capacidad de Montenegro para tramitar las solicitudes de asilo ha sido suficiente hasta la fecha, a partir de ahora podría verse superada por: i) el incremento en el número de solicitantes de asilo y la duración de su estancia, a veces a causa de largos procedimientos de recurso; y ii) la introducción de procedimientos de asilo más estrictos, acordes con las normas de la UE. En este contexto, Montenegro tiene que establecer un mecanismo de retorno de migrantes irregulares que esté en consonancia con el acervo de la UE, así como adaptar progresivamente su política de visados a la de la UE. Montenegro debe abrir más instalaciones de acogida que cumplan con las normas aplicables y mejorar la gestión de todas las instalaciones. Más allá de la adopción, en febrero de 2017, del Plan de Acción de Schengen, Montenegro ha seguido adaptando su legislación al acervo de la UE en materia de visados.

  

Serbia

En lo referente a los criterios políticos, Serbia celebró elecciones presidenciales en abril de 2017. Los observadores internacionales consideraron que las elecciones habían ofrecido a los votantes una verdadera elección de candidatos, pero que varios factores habían comprometido la igualdad de condiciones. Las recomendaciones de los observadores internacionales deben abordarse en su totalidad, incluidas las relativas a la transparencia y la integridad del proceso electoral durante la campaña electoral.

El primer ministro Vučić dimitió tras ser elegido presidente, y el nuevo Gobierno, liderado por Ana Brnabić, asumió sus funciones en junio de 2017. Se eligió por primera vez a una mujer como primera ministra. El Parlamento aún no ejerce el control efectivo del poder ejecutivo. Deben mejorarse la transparencia, la inclusividad y la calidad de la legislación, así como el diálogo entre partidos. La utilización de procedimientos de urgencia debe reducirse y deben evitarse las acciones que limiten la capacidad del Parlamento de llevar a cabo un control efectivo de la legislación. Debe reconocerse plenamente el papel de los organismos reguladores independientes. Se precisan reformas constitucionales para adaptarse a las normas de la UE en algunos ámbitos.

Serbia está moderadamente preparada en materia de reforma de la Administración Pública. Se han logrado algunos avances en el ámbito de la prestación de servicios y con la adopción de varias leyes nuevas. Serbia debe implementar sus objetivos de reforma, profesionalizar y despolitizar la Administración, especialmente en lo que se refiere a los puestos directivos, y garantizar la coordinación y el seguimiento sistemáticos del programa de reforma de la gestión de las finanzas públicas para el período 2016-2020. La capacidad de Serbia para atraer y retener a personal cualificado en las Administraciones que se ocupan de las cuestiones de la UE será crucial.

El sistema judicial de Serbia tiene cierto grado de preparación. Se han realizado algunos progresos, en particular al reducir la acumulación de asuntos de ejecución antiguos y con la puesta en marcha de medidas para armonizar la práctica judicial. Se han adoptado normas mejoradas para evaluar el rendimiento profesional de los jueces y fiscales. El alcance de la influencia política sobre el poder judicial sigue siendo un motivo de preocupación. En enero de 2018, se publicó un nuevo proyecto de enmiendas a la Constitución en el ámbito del poder judicial y se presentó para el debate público previo a su envío a la Comisión de Venecia para su dictamen.

Serbia tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Se han logrado algunos avances, sobre todo con la adopción de modificaciones de la sección de delitos económicos del Código Penal; de la ley relativa a la organización de las autoridades estatales en el ámbito de la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el terrorismo; y de la ley sobre la incautación y el decomiso de los productos del delito. Sin embargo, existe un grave retraso en la adopción de la nueva ley sobre la Agencia Anticorrupción. La corrupción sigue estando generalizada en muchos ámbitos y constituye un grave problema. La capacidad operativa de las instituciones competentes sigue siendo desigual. Las autoridades policiales y judiciales todavía tienen que demostrar que pueden investigar, procesar y enjuiciar todos los casos de corrupción de alto nivel de forma imparcial y operativamente independiente.

Serbia tiene cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada. Se han registrado algunos avances en ámbitos como la gestión de los recursos humanos en el Ministerio del Interior y en la Policía. La capacidad operativa ha mejorado tanto en la Fiscalía para la Delincuencia Organizada como en la Fiscalía para la Ciberdelincuencia. Se adoptaron una nueva estrategia y un plan de acción para prevenir y combatir la trata de seres humanos, se nombró a un coordinador nacional de la lucha contra la trata de seres humanos, y se adoptó una nueva ley de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No obstante, Serbia todavía tiene que establecer un historial inicial de investigaciones financieras eficaces, así como de investigaciones, enjuiciamientos y condenas firmes en casos de blanqueo de capitales. El número de condenas por delincuencia organizada sigue siendo bajo. Serbia tiene que centrarse en la ejecución del plan de acción acordado con el Grupo de Acción Financiera Internacional.

El marco jurídico e institucional para el respeto de los derechos fundamentales está establecido. Es preciso garantizar su aplicación coherente en todo el país, en particular por lo que respecta a la protección de las minorías. Aunque Serbia tiene un cierto nivel de preparación, no se ha avanzado en la libertad de expresión, algo que suscita una creciente preocupación. Se precisan esfuerzos adicionales para mejorar la situación de las personas que pertenecen a los grupos más discriminados (gitanos, lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales, discapacitados, personas con VIH/sida y otros grupos socialmente vulnerables). Debe adoptarse una ley de igualdad de género.

Globalmente, Serbia ha seguido mostrando compromiso y un enfoque constructivo en cuanto a las relaciones bilaterales con otros países candidatos y Estados miembros de la UE de su vecindad, y sigue siendo un participante activo en la cooperación regional.

En relación con la normalización de las relaciones con Kosovo, Serbia ha mantenido su compromiso con el diálogo. No obstante, Serbia ha de realizar esfuerzos sustanciales en relación con la aplicación de los acuerdos vigentes y debe contribuir al establecimiento de condiciones propicias para la plena normalización de las relaciones con Kosovo, que se definirán en un acuerdo jurídicamente vinculante.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Serbia ha realizado algunos avances y está moderadamente preparada para desarrollar una economía de mercado viable. Se han abordado algunas de las debilidades estratégicas, en particular en lo relativo al déficit presupuestario. Los fundamentos del crecimiento son sólidos y se ha preservado la estabilidad macroeconómica. La inflación se ha contenido y la política monetaria apoya el crecimiento. Las condiciones del mercado laboral han continuado mejorando. No obstante, la deuda pública, aunque se ha reducido, sigue siendo elevada, y deben fortalecerse el marco presupuestario y su gobernanza. Las grandes reformas estructurales de la Administración Pública, la administración tributaria y las empresas de propiedad estatal siguen sin haberse completado. El empleo informal, el desempleo y la inactividad siguen siendo muy elevados, especialmente entre las mujeres y los jóvenes. El sector privado está poco desarrollado y padece las deficiencias en el Estado de Derecho y en el respeto de una competencia leal.

Serbia está moderadamente preparada para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Se han realizado algunos progresos a fin de aumentar la competitividad. Sin embargo, el nivel de la inversión sigue estando por debajo de las necesidades de la economía. A pesar de cierta mejora, las empresas se enfrentan a una serie de retos, en particular un entorno económico complicado, un alto nivel de costes parafiscales y un acceso difícil y costoso a la financiación.

Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, Serbia ha continuado adaptando su legislación al acervo de la UE en todos los ámbitos. Unos recursos financieros y humanos adecuados y unos sólidos marcos estratégicos serán cruciales para mantener el ritmo de las reformas. Serbia tiene un buen nivel de preparación en ámbitos como el Derecho de sociedades, la propiedad intelectual, la ciencia y la investigación, la educación y la cultura, y las aduanas. Serbia ha mejorado la vinculación de los planes de inversión a la ejecución presupuestaria, pero aún tiene que desarrollar un mecanismo único para priorizar todas las inversiones con independencia de la fuente de financiación, de conformidad con el programa gubernamental de reforma de la gestión de las finanzas públicas. En materia de contratación pública, estadísticas, política monetaria o control financiero, Serbia está moderadamente preparada, aunque tendrá que adaptar progresivamente su política exterior y de seguridad a la de la Unión Europea en el período previo a la adhesión. Serbia tiene que abordar, como asunto prioritario, los puntos de incumplimiento del AEA, en particular en relación con las restricciones a los movimientos de capitales, la regulación de las ayudas estatales, la discriminación fiscal de las bebidas espirituosas importadas, así como las restricciones a las exportaciones de residuos.

Serbia ha continuado gestionando los efectos de la crisis migratoria y de los refugiados. Serbia se encuentra en plena negociación con la UE del acuerdo sobre el estatuto de las acciones que deberá llevar a cabo la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en el país. Serbia ha adoptado una nueva ley sobre el asilo y la protección temporal, una ley de extranjería y una ley sobre el control de las fronteras. Deben adoptarse una estrategia y un plan de acción de lucha contra la inmigración irregular para el período 2017-2020. En este contexto, Serbia tiene que establecer un mecanismo sólido de retorno de migrantes irregulares que esté en consonancia con el acervo de la UE, así como adaptar progresivamente su política de visados a la de la UE. Debe asegurarse una mayor coordinación entre los diversos organismos públicos que participan en la gestión de la migración. Serbia ha seguido cooperando con los países vecinos y los Estados miembros, en particular a nivel técnico, y ha realizado esfuerzos sustanciales para proporcionar refugio y ayuda humanitaria, principalmente con el apoyo de la UE. Serbia tiene que aumentar su capacidad para abordar las necesidades particulares de acogida de los menores no acompañados.

Antigua República Yugoslava de Macedonia 

En el terreno de los criterios políticos, el país finalmente ha superado la crisis política más grave desde 2001. El difícil proceso de formación de Gobierno alcanzó un punto crítico durante los disturbios del 27 de abril de 2017 en el Parlamento, que han recibido la más firme condena por parte de la comunidad internacional. Desde mayo de 2017, el nuevo Gobierno, de talante reformista, ha tomado medidas para abordar la captura del Estado mediante el restablecimiento gradual de los frenos y contrapesos y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. El país está experimentando cambios fundamentales en un clima político más inclusivo y abierto. Las elecciones municipales de octubre de 2017 confirmaron el apoyo de los ciudadanos a las políticas europeístas de la coalición gubernamental. El Parlamento ha seguido funcionando con partidos de la oposición ocupando la presidencia de comités clave. El Parlamento debe reforzar sus funciones legislativa y de control, por ejemplo limitando el uso extensivo de procedimientos abreviados.

Si bien la situación interétnica sigue siendo frágil, se ha mantenido, por lo general, calmada. La revisión de la aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid, que puso fin al conflicto de 2001 y constituye el marco de las relaciones interétnicas, todavía debe continuar de manera transparente e integradora. El Gobierno ha demostrado el compromiso de aumentar la confianza entre las comunidades.

La sociedad civil siguió desempeñando un papel constructivo a la hora de apoyar los procesos democráticos y garantizar mayores frenos y contrapesos. Desde el segundo semestre de 2017, ha mejorado el clima en el que operan las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno ha mostrado voluntad de diálogo e inclusión.

El país está moderadamente preparado en lo que respecta a la reforma de su Administración Pública. Se han logrado avances notables con la adopción de la estrategia de reforma de la Administración Pública y el programa de reforma de la gestión de las finanzas públicas. Se han realizado esfuerzos concretos para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas así como la participación de las partes interesadas externas en la elaboración de las políticas. La capacidad del Ministerio de Sociedad de la Información y la Administración para impulsar y coordinar la reforma de la Administración Pública debe mejorar. Un firme compromiso político para garantizar la profesionalidad de la Administración Pública, especialmente en los nombramientos de los altos directivos, sigue siendo esencial, como lo es el respeto de los principios de transparencia, mérito y representación equitativa en consonancia con el espíritu y la letra de la ley.

El sistema judicial del país ha alcanzado un cierto grado de preparación y se han realizado bastantes progresos, especialmente en la última parte del período de referencia. El retroceso de años anteriores ha empezado a invertirse mediante la adopción en los últimos meses de medidas decisivas, entre las que destacan las dirigidas a restablecer la independencia del poder judicial. El país adoptó una nueva y creíble estrategia de reforma judicial que sienta las bases para nuevas reformas en este ámbito, y se ha modificado normativa clave de conformidad con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y las «Prioridades de reforma urgentes». La Fiscalía Especial se enfrenta a menos obstrucción de los tribunales, lo que le permite trabajar de manera más eficaz. Harán falta esfuerzos sostenidos a fin de abordar las recomendaciones pendientes y garantizar que la justicia funcione sin influencia indebida.

Por lo que respecta a la lucha contra la corrupción, el país tiene un cierto grado de preparación. El marco legislativo e institucional está establecido, así como un historial en materia de prevención y enjuiciamiento, si bien las sentencias judiciales firmes sobre casos de corrupción de alto nivel siguen siendo limitadas. La corrupción sigue estando generalizada en muchos ámbitos y constituye un grave problema. La capacidad de las instituciones para abordar eficazmente la corrupción ha puesto de manifiesto deficiencias estructurales y funcionales. La injerencia política sigue constituyendo un riesgo.

En la lucha contra la delincuencia organizada, el país ha alcanzado un cierto grado de preparación. El marco legislativo está en gran medida en consonancia con las normas europeas y deben continuarse los esfuerzos para implementar las estrategias. El país ha tomado medidas para reformar el sistema de interceptación de las comunicaciones y para abordar las «Prioridades de reforma urgentes». Es preciso hacer más para luchar eficazmente contra determinadas formas de delincuencia, como el blanqueo de capitales y los delitos financieros. La coordinación entre todas las partes interesadas es esencial. El historial de investigaciones, enjuiciamientos y condenas en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada debe mejorar. El número de condenas sigue siendo reducido.

El marco jurídico e institucional para la protección de los derechos fundamentales está establecido en gran parte y las reformas han reforzado el cumplimiento de las normas europeas en materia de derechos humanos. La plena implementación exige esfuerzos continuados. Entre los aspectos positivos se cuentan la ratificación del Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (también conocido como Convenio de Estambul), el inicio de las reformas legales necesarias para establecer un mecanismo de supervisión externa de las autoridades policiales y el hecho de que las modificaciones introducidas en el marco de la no discriminación se elaboraran de un modo integrador. La situación en las prisiones y las instituciones psiquiátricas debe abordarse, los casos de delitos motivados por el odio y la incitación al odio deben ser objeto de seguimiento y los órganos que protegen y promueven los derechos humanos deben reforzarse. Por lo que respecta a la integración de los gitanos, hacen falta más esfuerzos. En relación con la libertad de expresión, el país ha alcanzado un cierto nivel de preparación y ha realizado avances notables, sobre todo al mejorar el entorno para los medios de comunicación y reducirse la presión sobre los periodistas. El país necesita abordar los retos pendientes, incluida la reforma del servicio público de radiodifusión.

Con respecto a la cooperación regional, el país ha mantenido buenas relaciones con otros países de la ampliación y ha participado activamente en las iniciativas regionales. Se han tomado medidas decisivas para mejorar las relaciones de buena vecindad, en particular a través de la entrada en vigor del tratado bilateral con Bulgaria. La «cuestión del nombre» debe resolverse urgentemente. Bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se han intensificado las conversaciones sobre esta cuestión. En debates constructivos a nivel del primer ministro y del ministro de Asuntos Exteriores, se evaluaron positivamente los progresos realizados en la aplicación de las medidas de fomento de la confianza. El anuncio conjunto por parte de los primeros ministros de Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, en enero de 2018, relativo al cambio de nombre del aeropuerto de Skopje y de una autopista y a la continuación de ciertas iniciativas de la UE que habían quedado rezagadas, suponen señales concretas del fortalecimiento de la confianza mutua.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, la Antigua República Yugoslava de Macedonia ha progresado en cierta medida y tiene un buen nivel de preparación en cuanto al desarrollo de una economía de mercado viable. A pesar del estancamiento político durante la primera mitad del año, se han producido mejoras destacables, en particular en la gestión de las finanzas públicas y la transparencia. Los principales puntos débiles de la economía persisten. Se trata, entre otros, de deficiencias en el entorno empresarial, tales como la ejecución deficiente de los contratos y una economía informal de grandes dimensiones. Los problemas estructurales del mercado de trabajo se reflejan en bajas tasas de actividad y altas tasas de desempleo. El entorno macroeconómico se deterioró en el primer semestre de 2017, puesto que la prolongada crisis política afectó a la inversión. La política presupuestaria está orientada hacia medidas a corto plazo y carece de un plan de saneamiento duradero.

La economía ha registrado algunos avances y tiene un nivel moderado de preparación para hacer frente a las presiones competitivas y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Además, se ha avanzado en la diversificación de las exportaciones y la producción de mayor valor añadido en el sector manufacturero. Las relaciones comerciales y de inversión con la UE se han seguido intensificando. La economía sigue adoleciendo de deficiencias en los programas educativos, bajas tasas de innovación y un importante déficit de inversión, en particular en infraestructuras públicas.

Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, el país está preparado en la mayoría de los ámbitos, en particular en los de competencia, transportes y energía. El país muestra un buen nivel de preparación en ámbitos como el Derecho de sociedades, la unión aduanera, las redes transeuropeas, y la ciencia y la investigación. Se requieren esfuerzos adicionales en todos los ámbitos, en particular en aquellos pocos en los que el país se encuentra en una fase inicial de preparación, como la libertad de circulación de los trabajadores. También es preciso centrarse más en la capacidad administrativa y la aplicación efectiva. El país ha seguido mejorando su alineamiento con las declaraciones de la UE y las decisiones del Consejo en materia de política exterior y de seguridad común.

La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha continuado gestionando los efectos de la crisis migratoria y de los refugiados. El país se encuentra en plena negociación con la Unión Europea del acuerdo sobre el estatuto de las acciones que deberá llevar a cabo la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en el país. La Antigua República Yugoslava de Macedonia se ha esforzado en la mejora de su marco jurídico. Los trabajos para modificar la Ley de Extranjería están en curso. El país ha continuado aplicando su Resolución sobre la política de migración y mantiene sus esfuerzos por mejorar su sistema de asilo y la gestión de la migración. Siguen siendo necesarios el registro sistemático de los migrantes y la elaboración protegida de perfiles, para garantizar que se abordan las necesidades individuales. En este contexto, la Antigua República Yugoslava de Macedonia tiene que establecer un mecanismo de retorno de migrantes irregulares que esté en consonancia con el acervo de la UE, así como adaptar progresivamente su política de visados a la de la UE. El país ha seguido cooperando con los países vecinos y los Estados miembros, en particular a nivel técnico, y ha realizado esfuerzos sustanciales para proporcionar refugio y ayuda humanitaria, principalmente con el apoyo de la UE.

Albania

Por lo que se refiere a los criterios políticos, se siguió apreciando una marcada polarización en la vida política. Las actividades parlamentarias se vieron afectadas por un boicot continuo de la oposición que comenzó a principios de 2017, lo que también ha retrasado la designación de las instituciones que deben someter la judicatura a escrutinio. En el mes de mayo, el principal partido gobernante y la oposición alcanzaron un acuerdo que permitió la reanudación del trabajo parlamentario, provocando algunos cambios en el marco legislativo electoral, y la celebración sin incidentes de las elecciones generales en junio, aunque todavía quedaban por cumplir una serie de recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Se han realizado algunos progresos de cara a la mejora del funcionamiento del Consejo Nacional de la Sociedad Civil, mas son necesarios esfuerzos adicionales para mejorar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en un diálogo político integrador.

Albania está moderadamente preparada en materia de reforma de su Administración Pública. La labor en este sentido ha continuado, dando lugar a ciertos progresos en cuanto a la eficiencia y la transparencia de la prestación de los servicios públicos, la formación de los empleados públicos, una transparencia mayor de los procedimientos de selección de personal, y el refuerzo general de la meritocracia en los procedimientos de la función pública. Debe seguirse avanzando en la consolidación de estos logros, con el fin de garantizar una Administración Pública más eficiente, despolitizada y profesional.

El sistema judicial albano ha alcanzado un cierto grado de preparación. Ha continuado la aplicación generalizada y exhaustiva de la reforma de la justicia, lo que se ha traducido en avances satisfactorios en general. Ha empezado la reevaluación de jueces y fiscales (investigación de sus expedientes) y ya está produciendo los primeros resultados tangibles. Este proceso cuenta con el apoyo de todos los partidos, lo lleva a cabo un organismo independiente, está sujeto a vigilancia internacional y su compatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos ha sido confirmada por la Comisión de Venecia. Con el auspicio de la Comisión Europea, se ha enviado una operación de vigilancia internacional para supervisar el proceso a lo largo de su aplicación. Las instituciones auxiliares que prestan su apoyo al proceso han completado sus primeros informes sobre la aptitud profesional, las comprobaciones de antecedentes y las declaraciones patrimoniales.

Albania tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Se han registrado buenos avances, sobre todo en cuanto a la adopción de modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se está creando una cadena de organismos especializados en la lucha contra la corrupción, incluida una fiscalía especial. Ha aumentado el número de condenas firmes de funcionarios de grado inferior o medio en comparación con el período de referencia anterior. Las condenas de altos funcionarios afectaron principalmente a la judicatura (jueces, y fiscales); sin embargo, la tasa de condenas firmes de altos funcionarios sigue siendo en general muy baja. La corrupción sigue siendo generalizada en muchos ámbitos y constituye un problema grave.

Albania tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado. En general, se produjeron algunos avances en el período de referencia, en particular en la lucha contra el cultivo de cannabis. Albania debe desarrollar los resultados operativos en este ámbito, intensificar la incautación de activos pertenecientes a las bandas delictivas y proseguir con la destrucción de todas las existencias de cannabis. Las modificaciones de la legislación antimafia y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal han creado las condiciones adecuadas para aumentar la eficacia de las investigaciones penales. Albania participó con éxito en actividades de cooperación policial internacional, intensificando especialmente sus interacciones con los Estados miembros de la UE. En el ámbito nacional, aún debe mejorarse la cooperación entre la Policía y la Fiscalía para que sea eficaz. Por lo que se refiere al historial en este ámbito, ha habido pocos avances en la desarticulación de grupos de delincuencia organizada. El número de condenas firmes en casos de delincuencia organizada siguió siendo muy bajo y ha aumentado solo de forma marginal. Son necesarios más esfuerzos para hacer frente a la problemática del blanqueo de capitales, los activos de origen delictivo y el enriquecimiento injustificado.

Albania ha ratificado la mayoría de los convenios internacionales de derechos humanos y ha desarrollado su marco jurídico en consonancia con las normas europeas. La aplicación y el seguimiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos deben reforzarse aún más. Por lo que se refiere a la libertad de expresión, Albania tiene un cierto nivel de preparación, esto es, está moderadamente preparada. Si bien ha habido algunos avances en el refuerzo de la independencia de la autoridad reguladora y del organismo público de radiodifusión, la transparencia de la publicidad estatal en los medios de comunicación aún debe mejorarse. Siguen siendo precisos avances en el ámbito de los derechos de propiedad, mediante la actualización de la legislación actual y el refuerzo de la coordinación institucional. Los mecanismos institucionales de amparo de los derechos de los menores y de lucha contra la violencia de género siguen siendo deficientes. Se han dado pasos importantes para mejorar el marco jurídico para el respeto y la protección de las minorías, pero debe desarrollarse la normativa derivada pertinente. Deben mejorarse las condiciones de vida de la población gitana y balcano-egipcia.

Albania ha seguido participando activamente en la cooperación regional y manteniendo relaciones de buena vecindad. Se han adoptado medidas importantes para tratar cuestiones bilaterales con Grecia.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Albania ha realizado algunos avances y está moderadamente preparada para desarrollar una economía de mercado viable. Su ratio deuda pública / PIB y el déficit por cuenta corriente se han reducido. El crecimiento económico siguió aumentando y el desempleo disminuyó, aunque sigue siendo elevado. Se han reducido los préstamos dudosos en el sector bancario, pero la concesión de préstamos bancarios a las empresas sigue estancada. Las reformas cruciales para la mejora del entorno empresarial han avanzado, pero se requieren más esfuerzos, incluida la reducción de la economía informal. La reforma global del poder judicial ha avanzado, pero todavía debe completarse. La nueva ley concursal, que debería reforzar el régimen de insolvencia, entró en vigor. Sin embargo, la normativa de interés para las empresas siguió siendo compleja y las deficiencias en el Estado de Derecho continuaron obstaculizando la actividad empresarial y desincentivando las inversiones.

Albania ha realizado algunos progresos y tiene un cierto nivel de preparación en cuanto a la capacidad para hacer frente a las presiones competitivas y a las fuerzas del mercado dentro de la UE. En concreto, se han realizado progresos en materia de digitalización y de infraestructuras de transporte y energía, aunque persisten deficiencias que obstaculizan la competitividad y el comercio albanos. La calidad de la educación ha de elevarse en todos los aspectos, en particular para equipar mejor a las personas con las capacidades que requiere el mercado laboral. El comercio exterior sigue estando por debajo de su potencial y concentrado en algunos sectores. La capacidad de Albania para la investigación, el desarrollo y la innovación sigue siendo reducida.

Albania ha seguido adaptando su legislación a los requisitos de la UE en una serie de ámbitos, mejorando así su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión. El país está moderadamente preparado en muchos ámbitos, como el control financiero, la educación y la cultura, y en otros tiene un cierto nivel de preparación, en particular en los ámbitos de la contratación pública y las estadísticas. Albania deberá proseguir sus esfuerzos por lo que respecta a la preparación general para adoptar y aplicar el acervo de la UE. Debe proseguir la labor de desarrollo de redes de transporte y energía, también con el fin de mejorar la conectividad en toda la región. La capacidad administrativa y la profesionalidad de los organismos que podrían encargarse de la aplicación del acervo deben potenciarse, y debe salvaguardarse la independencia de los organismos reguladores. Sigue siendo esencial reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, en particular garantizando el funcionamiento eficaz, eficiente y transparente del sistema de contratación pública y la gestión de las finanzas públicas. Albania ha seguido alineándose plenamente con las posiciones y declaraciones de la política exterior y de seguridad común de la UE.

El número de solicitudes de asilo infundadas presentadas por nacionales albaneses en los Estados miembros de la UE y en los países Schengen asociados se ha mantenido elevado. Albania mostró su compromiso y adoptó una serie de medidas, entre ellas el refuerzo de la cooperación bilateral con los Estados miembros de la UE. Estas medidas dieron resultados positivos. Deben seguir realizándose más acciones decisivas, en particular en el marco del mecanismo de supervisión posterior a la liberalización del régimen de visados, a fin de tratar con eficacia este fenómeno. Albania necesita poner en marcha un mecanismo de retorno de migrantes irregulares, que deberá estar en consonancia con el acervo de la UE, así como armonizar progresivamente su política de visados con la de la UE. 

Bosnia y Herzegovina

En relación con los criterios políticos, sigue siendo urgente modificar el marco electoral para garantizar la adecuada organización de las elecciones de octubre de 2018 y la aplicación sin incidentes de los resultados electorales. A este respecto, todos los líderes políticos tienen que asumir su responsabilidad y hallar una solución en lo referente a la Cámara de los Pueblos de la Federación. La resolución del Tribunal Constitucional de 2010 relativa al respeto del derecho democrático básico de los ciudadanos de Mostar a votar en las elecciones locales aún no se ha aplicado. La adopción de legislación derivada de la Agenda de Reformas, incluida la legislación sobre impuestos especiales, se vio perjudicada por las fricciones dentro de la coalición gobernante y por el bloqueo ejercido por la oposición en los parlamentos estatal y de las entidades, lo que ha producido una ralentización del ritmo de reforma. La Agenda de Reformas ha sido aplicada con eficacia cuando las instancias estatales y de las entidades han colaborado de manera coordinada. La Constitución de Bosnia y Herzegovina sigue vulnerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según se dictaminó en el asunto Sejdić-Finci y en asuntos conexos.

El funcionamiento de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina se vio afectado cuando algunos de sus miembros expresaron opiniones divergentes sobre una serie de cuestiones de su competencia en materia de política exterior. El Consejo de Ministros adoptó nuevas estrategias de ámbito nacional en sectores como el medio ambiente y el desarrollo rural. Sin embargo, con la excepción de algunas reformas y la destacada adopción de la legislación sobre impuestos especiales, el cumplimiento de una serie de reformas se retrasó por la falta de acuerdo dentro de la coalición gobernante. Las estrategias nacionales en ámbitos como la energía, el empleo o la gestión de las finanzas públicas todavía deben adoptarse. El mecanismo de coordinación sobre asuntos de la UE empezó a funcionar en junio de 2017 con la preparación de las respuestas del país al cuestionario del dictamen de la Comisión. Todavía no se ha adoptado un programa nacional para la armonización de la legislación del país con el acervo de la UE.

Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase inicial de la reforma de su Administración Pública y no se realizaron progresos el año pasado. Se está elaborando una estrategia de reforma de escala nacional de la Administración Pública, que luego tendrá que ser adoptada. La mayor fragmentación de la función pública en la entidad de la Federación y en el nivel cantonal ha incrementado el riesgo de politización. Bosnia y Herzegovina tiene cierto nivel de preparación en cuanto a su sistema judicial. Se ha registrado algún progreso en relación con el poder judicial, pero, en general, el avance de las reformas discurre a un ritmo muy lento. De llevarse a cabo una revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debería hacerse en consonancia con las normas internacionales y sin socavar la capacidad de las instituciones para luchar contra las formas graves de delincuencia organizada, la corrupción u otras problemáticas del Estado de Derecho. También se ha alcanzado un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. No obstante, la corrupción está muy extendida y sigue siendo motivo de preocupación. Bosnia y Herzegovina tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado. Se han realizado algunos progresos, en particular mediante la adopción de una nueva estrategia para combatir y erradicar la delincuencia organizada y mediante el cumplimiento del plan de acción sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como consecuencia de lo cual Bosnia y Herzegovina dejará de estar sujeta a la supervisión del Grupo de Acción Financiera Internacional. No obstante, es necesario realizar esfuerzos significativos en relación con las investigaciones financieras y la mejora de las capacidades para la lucha contra el terrorismo, así como la mejora de la cooperación con los países vecinos en cuestiones de gestión de fronteras.

Se han logrado algunos avances en materia de derechos humanos y minorías. Sin embargo, los marcos estratégicos, jurídicos, institucionales y políticos para el respeto de los derechos humanos precisan una mejora sustancial. En este ámbito se incluye la libertad de expresión, en relación con la cual han persistido la presión política y la intimidación a periodistas, incluidos los ataques físicos y verbales. La falta de aplicación efectiva de la legislación relativa a la prevención frente a la violencia de género y la protección contra esta, en particular la violencia doméstica, sigue siendo motivo de preocupación. Hace falta un planteamiento más global e integrado respecto de la población gitana para fomentar su inclusión social.

La adaptación de Bosnia y Herzegovina a la política exterior y de seguridad común de la UE todavía tiene que mejorarse.

En relación con el desarrollo económico y la competitividad, Bosnia y Herzegovina ha hecho algunos avances, pero todavía se encuentra en una fase inicial de la creación de una economía de mercado viable. Se han logrado algunas mejoras del entorno empresarial y se ha reforzado el sector financiero. Las principales cuestiones pendientes son la debilidad del Estado de Derecho, un entorno empresarial aún insuficiente, una Administración Pública fragmentada e ineficiente y grandes desequilibrios en el mercado laboral, relacionados con un sistema de educación deficiente, una capacidad institucional escasa y un clima poco favorable a la inversión. Por otra parte, la economía informal sigue siendo significativa.

Bosnia y Herzegovina ha realizado algunos avances y ha permanecido en la fase inicial hacia el desarrollo de la capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado en la Unión. El nivel educativo general y el gasto en investigación y desarrollo siguen siendo bajos. La calidad del capital físico acusa una inversión insuficiente. Las infraestructuras de transporte y energía no están suficientemente desarrolladas. La velocidad del ajuste estructural ha sido lenta, aunque ha habido una cierta diversificación en la estructura comercial regional del país.

La capacidad de gestión de la migración, especialmente en relación con los grupos más vulnerables, debe reforzarse más aún. Bosnia y Herzegovina necesita establecer un mecanismo de retorno de los migrantes irregulares. 

Kosovo

En lo referente a los criterios políticos, Kosovo celebró elecciones anticipadas en junio de 2017. La Asamblea y el Gobierno entraron en funciones en el mes de septiembre. Hasta la fecha, sin embargo, la nueva coalición gobernante ha tenido un éxito limitado en la introducción de las reformas relacionadas con la UE y la formación de consenso sobre cuestiones estratégicas fundamentales para el país. La fragmentación y polarización políticas persistentes han deteriorado el papel de la Asamblea y han perjudicado la eficacia del Gobierno. El comportamiento obstruccionista de algunos parlamentarios, incluido el uso de gas lacrimógeno, ha entorpecido la labor de la Asamblea. La ratificación del acuerdo de delimitación de la frontera con Montenegro, en marzo de 2018, constituye un avance importante.

Las elecciones municipales y parlamentarias, celebradas en 2017, fueron competitivas en general y estuvieron bien organizadas en la mayoría de lugares. Sin embargo, despertaron cierta inquietud los comportamientos intimidatorios en muchas comunidades serbokosovares, dirigidos especialmente a los candidatos que no pertenecían al partido Srpska Lista.

La situación en el norte de Kosovo plantea dificultades particulares. Por otra parte, sigue la investigación del asesinato del político serbokosovar Oliver Ivanović en enero de 2018.

Los intentos por parte de los miembros de la Asamblea de Kosovo en diciembre de 2017 de derogar la Ley de Salas Especializadas y de la Fiscalía Especializada han suscitado serias preocupaciones. Será esencial que Kosovo cumpla plenamente sus obligaciones internacionales relativas a las Salas Especializadas y la Fiscalía Especializada y demuestre su compromiso absoluto e inequívoco con estas instituciones.

Hay un cierto nivel de preparación en materia de reforma de la Administración Pública. Se han logrado algunos avances sobre todo en la revisión de las agencias y organismos (semi)independientes. La politización continua de la Administración Pública sigue siendo motivo de preocupación y lastra la eficiencia y la independencia profesional dentro de esta.

El sistema judicial de Kosovo se encuentra en una fase inicial. Se han logrado algunos avances en la implantación del paquete legislativo de justicia de 2015. La integración de jueces y fiscales serbokosovares y su personal auxiliar en todo Kosovo en el sistema judicial kosovar fue un gran logro del año de 2017. El poder judicial sigue siendo vulnerable a injerencias políticas indebidas y las instituciones del Estado de Derecho necesitan un apoyo continuado para desarrollar sus capacidades. La Administración de Justicia sigue siendo lenta e ineficiente.

Kosovo se encuentra en una fase inicial / tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Kosovo ha realizado algunos avances por lo que se refiere al historial de investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción de alto nivel y de delincuencia organizada, en particular respecto de las condenas firmes. También se han registrado avances en la incautación de activos aunque el número de decomisos sigue siendo bajo. La corrupción está muy extendida y sigue siendo motivo de preocupación. Son necesarios esfuerzos concertados para dar respuesta a este problema de un modo global y estratégico.

Kosovo se encuentra en una fase inicial en la lucha contra la delincuencia organizada. Se ha avanzado un poco en cuanto al historial de enjuiciamientos de casos de corrupción de alto nivel y de delincuencia organizada. Aunque se producen más incautaciones de bienes, el número de condenas firmes, investigaciones financieras y decomisos sigue siendo bajo. Las autoridades policiales tienen dificultades para luchar eficazmente contra la delincuencia organizada en el norte de Kosovo. Se han registrado algunos avances en la lucha contra el terrorismo, en particular a través de medidas para luchar contra el extremismo violento y la radicalización, y en cuanto a prevenir que los ciudadanos participen en conflictos en el extranjero. Las autoridades kosovares deben ser más eficaces en sus esfuerzos por combatir el blanqueo de capitales, y debe armonizarse la legislación pertinente con el acervo de la UE y las normas internacionales.

El marco jurídico garantiza de forma genérica la protección de los derechos humanos y fundamentales, en consonancia con las normas europeas. Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales en relación con la garantía de su disfrute. La aplicación de las estrategias y la legislación en materia de derechos humanos se ve a menudo desvirtuada por la inadecuación de los recursos financieros y de otro tipo, especialmente en el ámbito local, por un establecimiento insuficiente de prioridades políticas y por la falta de coordinación. Es preciso hacer más para amparar efectivamente los derechos de las personas pertenecientes a minorías, incluidos los gitanos, los ashkalíes y las personas desplazadas, para garantizar la igualdad de género en la práctica, para establecer un sistema integral de protección del menor y para avanzar en la protección del patrimonio cultural. Kosovo tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la libertad de expresión, consagrada en la Constitución. Kosovo goza de un entorno mediático pluralista y dinámico. Sin embargo, continúan produciéndose amenazas y ataques contra los periodistas. La Asamblea mostró un compromiso limitado con la búsqueda de una solución para la financiación sostenible del organismo público de radiodifusión, dejándolo por tanto a la merced de presiones políticas.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Kosovo ha realizado avances notables y se encuentra en una fase inicial de la creación de una economía de mercado viable. El entorno empresarial ha mejorado y el Gobierno se ha comprometido a seguir la normativa presupuestaria en materia de déficit público; no obstante, las prestaciones de los excombatientes siguen constituyendo una dificultad para la hacienda pública. La economía informal sigue estando ampliamente extendida. El aumento de la tasa de actividad no se vio acompañado de aumentos en el empleo, por lo que la tasa de desempleo aumentó aún más. Afectó en particular a las mujeres, a los trabajadores jóvenes y a los no cualificados. A pesar del crecimiento sólido de las exportaciones, el déficit comercial elevado refleja un tejido industrial débil.

Kosovo ha realizado algunos avances y se encuentra en una fase inicial en términos de desarrollo de la capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado en la Unión. No se ha avanzado en la mejora de la calidad de la educación y en la búsqueda de una solución para el déficit de mano de obra cualificada. Kosovo ha realizado algunos progresos en la mejora de la infraestructura viaria, pero siguen existiendo desajustes importantes en materia de infraestructura en los sectores ferroviario y energético. Los cambios estructurales en la economía son lentos, pues sigue dependiendo del sector del comercio al por menor. La integración en la UE se ve obstaculizada por la lentitud en la aplicación del AEA.

Kosovo prosiguió sus esfuerzos por mantener relaciones bilaterales buenas y constructivas con otros países candidatos. Además, está representada en la mayor parte de las organizaciones regionales que entran en el ámbito de aplicación de los acuerdos sobre la representación y la cooperación regionales acordados entre Belgrado y Pristina en 2012.

En relación con la normalización de las relaciones con Serbia, Kosovo ha mantenido su compromiso con el diálogo. No obstante, ha de realizar esfuerzos sustanciales en relación con la aplicación de los acuerdos vigentes y debe contribuir al establecimiento de condiciones propicias para la plena normalización de las relaciones con Serbia, que se definirán en un acuerdo jurídicamente vinculante.

Por lo que respecta a la adaptación a las normas europeas, Kosovo se encuentra en una fase inicial. La adaptación legislativa ha proseguido en algunos ámbitos, pero la aplicación es escasa. Se han registrado algunos avances en el ámbito de la libre circulación de bienes y servicios, la contratación pública y la competencia, así como en la mejora del entorno empresarial. En cuanto a los ámbitos tributario y aduanero, también se hicieron algunos progresos en la recaudación y en la simplificación de los procedimientos administrativos, pero Kosovo debe intensificar la lucha contra la economía informal y la evasión fiscal. El sector energético sigue enfrentándose a adversidades mayúsculas. No se han logrado avances en cuanto a las cuestiones medioambientales. En general, Kosovo necesita mejorar su capacidad y coordinación administrativas en todos los ámbitos, para garantizar la aplicación eficaz del acervo.

Las autoridades han avanzado en la gestión de la migración regular e irregular, si bien estos esfuerzos deben continuarse y desarrollarse. Kosovo debe establecer un mecanismo de retorno de los migrantes irregulares. 

Anexo 2. Estadísticas clave

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS ESTADÍSTICOS (a 15.2.2018) | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Demografía | |  | Montenegro | | | | Antigua    República Yugoslava    de Macedonia | | | | Albania | | | | Serbia | | | | Turquía | | | | Bosnia y    Herzegovina | | | | Kosovo\* | | | | EU-28 | | | |
|  | | Nota | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | |
| Población total (en miles) | |  | 622,1 | | 622,2 | | 2 069,2 | | 2 071,3 | | 2 892,3e | | 2 886,0 | | 7 114,4 | | 7 076,4 | | 77 696 | | 78 741 | | 3 825,3 | | 3 516,0p | | 1 804,9 | | 1 771,6 | | 508 504p | | 510 279bp | |
| Porcentaje de la población total de entre 15 y 64 años (en %) | |  | 67,8 | | 67,6 | | 70,5 | | 70,3 | | 69,1e | | 69,5 | | 67,1 | | 66,6 | | 67,8 | | 67,8 | | : | | : | | : | | 65,6p | | 65,5ep | | 65,3bep | |
| Tasa bruta de crecimiento natural de la población (por 1 000 habitantes) | |  | 1,7 | | 1,8 | | 1,3 | | 1,2 | | 3,6e | | : | | -5,4 | | -5,1 | | 11,8 | | 11,2 | | : | | -1,8p | | 9,2p | | : | | -0,2ep | | 0,0bep | |
| Esperanza de vida al nacer de los hombres (en años) | |  | 74,4 | | : | | 73,5 | | : | | 76,2e | | : | | 72,8 | | : | | 75,4 | | : | | : | | : | | : | | : | | 77,9ep | | : | |
| Esperanza de vida al nacer de las mujeres (en años) | |  | 78,6 | | : | | 77,4 | | : | | 79,7e | | : | | 77,9 | | : | | 81,0 | | : | | : | | : | | : | | : | | 83,3ep | | : | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Mercado laboral | | Nota | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | |
| Índice de actividad económica de las personas de 20 a 64 años: proporción de la población de 20 a 64 años económicamente activa (en %) | | 1) | 68,5 | | 69,1 | | 70,2 | | 69,6 | | 71,3e | | 73,3e | | 68,1 | | 70,0 | | 59,9 | | 60,9 | | 59,2 | | 58,8 | | 42,8 | | 44,0 | | 77,1 | | 77,5 | |
| Índice de actividad económica de los hombres de 20 a 64 años: proporción de la población masculina de 20 a 64 años económicamente activa (en %) | | 1) | 74,9 | | 76,7 | | 83,8 | | 83,8 | | 81,8e | | 82,5e | | 76,7 | | 78,0 | | 82,7 | | 83,3 | | 71,9 | | 72,0 | | 65,1 | | 66,8 | | 83,4 | | 83,7 | |
| Índice de actividad económica de las mujeres de 20 a 64 años: proporción de la población femenina de 20 a 64 años económicamente activa (en %) | | 1) | 62,1 | | 61,6 | | 56,2 | | 54,9 | | 61,1e | | 64,2e | | 59,5 | | 62,0 | | 37,3 | | 38,5 | | 46,3 | | 45,3 | | 20,4 | | 20,9 | | 70,8 | | 71,4 | |
| Tasas de empleo de las personas de 20 a 64 años (en % de la población) | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Total | |  | 56,7 | | 57,1 | | 51,9 | | 53,3 | | 59,3e | | 62,1e | | 56,0 | | 59,1 | | 53,9 | | 54,3 | | 43,2 | | 44,2 | | 29,1 | | 32,3 | | 70,0 | | 71,0 | |
| Hombres | |  | 61,9 | | 51,3 | | 61,5 | | 63,7 | | 68,1e | | 69,4e | | 63,7 | | 66,3 | | 75,3 | | 75,5 | | 53,9 | | 56,4 | | 44,9 | | 49,9 | | 75,8 | | 76,8 | |
| Mujeres | |  | 51,5 | | 63,0 | | 42,1 | | 42,5 | | 50,7e | | 55,0e | | 48,3 | | 51,9 | | 32,6 | | 33,2 | | 32,4 | | 32,0 | | 13,2 | | 14,6 | | 64,2 | | 65,3 | |
| Personas de entre 15 y 24 años que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación, en porcentaje de la población del grupo de edad | |  | 19,1 | | 18,4 | | : | | : | | 29,6 | | 26,9e | | 19,9 | | 17,7 | | 24,0 | | 24,0 | | 27,7 | | 26,4 | | 31,4 | | 30,1 | | 12,0 | | 11,6 | |
| Personas de entre 15 y 29 años que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación, en porcentaje de la población del grupo de edad | |  | 23,4 | | 22,3 | | : | | : | | 32,8 | | 30,0e | | 24,5 | | 22,3 | | 28,0 | | 27,8 | | 32,8 | | 31,4 | | 39,2 | | 37,3 | | 14,8 | | 14,2 | |
| Empleo por sectores principales | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Agricultura, ganadería y pesca (en %) | |  | 7,7 | | 7,7 | | 17,9 | | 16,6 | | 41,3e | | 40,2e | | 19,4 | | 18,6 | | 20,6 | | 19,5 | | 17,9 | | 18,0 | | 2,3 | | 4,2 | | 4,5 | | 4,3 | |
| Industria (en %) | |  | 10,8 | | 9,8 | | 23,4 | | 23,1 | | 11,6e | | 12,8e | | 19,9 | | 20,2 | | 20,0 | | 19,5 | | 22,0 | | 22,7 | | 18,7 | | 18,0 | | 17,3 | | 17,3 | |
| Construcción (en %) | |  | 6,6 | | 7,7 | | 7,1 | | 7,2 | | 6,9e | | 6,5e | | 4,5 | | 4,3 | | 7,2 | | 7,3 | | 7,5 | | 8,6 | | 9,5 | | 11,5 | | 6,8 | | 6,7 | |
| Servicios (en %) | |  | 74,8 | | 74,8 | | 51,6 | | 53,1 | | 40,2 | | 40,5 | | 56,1 | | 57,0 | | 52,2 | | 53,7 | | 52,6 | | 50,8 | | 69,5 | | 66,3 | | 71,4 | | 71,6 | |
| Personas empleadas en el sector público como porcentaje del empleo total, población de 20 a 64 años (en %) | | 2) | 32,4 | | 31,2 | | : | | : | | 16,7e | | 15,6e | | 29,7 | | 28,3 | | 13,5 | | 13,8 | | 31,2 | | 29,0 | | 32,6 | | 30,8 | | : | | : | |
| Personas empleadas en el sector privado como porcentaje del empleo total, población de 20 a 64 años (en %) | | 2) | 46,6 | | 47,0 | | : | | : | | 83,3e | | 84,4e | | 70,3 | | 71,7 | | 86,5 | | 86,2 | | 63,2 | | 65,9 | | 67,4 | | 69,2 | | : | | : | |
| Tasas de desempleo (en % de la población activa) | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Total | | 1) | 17,5 | | 17,8 | | 26,1 | | 23,7 | | 17,1e | | 15,2e | | 17,8 | | 15,4 | | 10,3 | | 10,9 | | 27,9 | | 25,5 | | 32,9 | | 27,5 | | 9,4 | | 8,6 | |
| Hombres | | 1) | 17,7 | | 18,3 | | 26,7 | | 24,4 | | 17,1e | | 15,9e | | 16,9 | | 14,8 | | 9,3 | | 9,6 | | 25,9 | | 22,6 | | 31,8 | | 26,2 | | 9,3 | | 8,4 | |
| Mujeres | | 1) | 17,3 | | 17,1 | | 25,1 | | 22,7 | | 17,1e | | 14,4e | | 18,8 | | 16,2 | | 12,6 | | 13,6 | | 30,9 | | 30,2 | | 36,6 | | 31,7 | | 9,5 | | 8,8 | |
| Jóvenes de 15 a 24 años | | 1) | 37,6 | | 35,9 | | 47,3 | | 48,2 | | 39,8e | | 36,5e | | 43,2 | | 34,9 | | 18,4 | | 19,5 | | 62,3 | | 54,3 | | 57,7 | | 52,4 | | 20,3 | | 18,7 | |
| Desempleo de larga duración (>12 meses) | | 1) | 13,6 | | 13,4 | | 21,3 | | 19,2 | | 11,3e | | 10,1e | | 11,4 | | 10,0 | | 2,2 | | 2,2 | | 22,8 | | 21,7 | | 23,8 | | 18,0 | | 4,5 | | 4,0 | |
| Sueldos y salarios nominales medios mensuales (en EUR) | | 3) | 480 | | 499 | | 356 | | 363 | | 386 | | 397 | | 506 | | 516 | | 604 | | : | | 424 | | 429 | | : | | : | | : | | : | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Educación | | Nota | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | |
| Abandonos prematuros de la educación y formación: porcentaje de la población de 18 a 24 años que ha cursado como máximo el primer ciclo de la enseñanza secundaria y que no sigue un programa de educación o formación (en %) | |  | 5,7 | | 5,5 | | 11,3p | | 9,9 | | 21,3e | | 19,6e | | 7,4 | | 7,0 | | 36,7 | | 34,3 | | 5,2 | | 4,9 | | 14,5 | | 12,7 | | 11,0 | | 10,7 | |
| Gasto público en educación en relación con el PIB (en %) | |  | : | | : | | : | | : | | 3,1p | | 3,1p | | 4,0 | | 3,9 | | 4,3 | | 4,6 | | : | | : | | 4,5 | | 4,7p | | : | | : | |
| Porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha cursado como máximo el primer ciclo de la enseñanza secundaria, total | |  | 6,6 | | 6,8 | | : | | : | | : | | : | | 8,6 | | 7,8 | | 46,5 | | 43,9 | | 6,2u | | 5,8u | | : | | 14,6 | | 17,2 | | 16,8 | |
| Porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha cursado como máximo el primer ciclo de la enseñanza secundaria, hombres | |  | 6,9 | | 5,8 | | : | | : | | : | | : | | 9,3 | | 8,6 | | 46,2 | | 44,2 | | 5,6u | | 5,5u | | : | | 12,5 | | 19,4 | | 19,1 | |
| Porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha cursado como máximo el primer ciclo de la enseñanza secundaria, mujeres | |  | 6,3 | | 7,9 | | : | | : | | : | | : | | 7,9 | | 7,0 | | 46,8 | | 43,7 | | 6,9u | | 6,3u | | : | | 17,0 | | 14,9 | | 14,4 | |
| Porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha cursado como máximo el segundo ciclo de la enseñanza secundaria o enseñanza postsecundaria no terciaria, total | |  | 80,6 | | 82,2 | | : | | : | | : | | : | | 83,2 | | 84,9 | | 34,9 | | 35,7 | | 86,3 | | 86,6 | | : | | 70,5 | | 65,2 | | 65,3 | |
| Porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha cursado como máximo el segundo ciclo de la enseñanza secundaria o enseñanza postsecundaria no terciaria, hombres | |  | 85,3 | | 86,9 | | : | | : | | : | | : | | 84,5 | | 86,3 | | 37,8 | | 38,3 | | 88,6 | | 89,0 | | : | | 74,5 | | 65,9 | | 66,1 | |
| Porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha cursado como máximo el segundo ciclo de la enseñanza secundaria o enseñanza postsecundaria no terciaria, mujeres | |  | 75,7 | | 77,2 | | : | | : | | : | | : | | 81,7 | | 83,3 | | 32,2 | | 33,3 | | 83,5 | | 83,7 | | : | | 66,0 | | 64,5 | | 64,5 | |
| Porcentaje de la población de 30 a 34 años con educación superior, total | |  | 31,0 | | 33,9 | | 28,6 | | 29,1 | | 22,1e | | 20,9e | | 28,9 | | 29,9 | | 23,5 | | 26,5 | | 17,2 | | 23,1 | | 17,2 | | 19,1 | | 38,6 | | 39,0 | |
| Porcentaje de la población de 30 a 34 años con educación superior, hombres | |  | 29,9 | | 31,8 | | 23,1 | | 24,5 | | 19,6e | | 18,0e | | 24,2 | | 24,7 | | 25,0 | | 28,3 | | 13,4u | | 16,6u | | 19,5 | | 18,9 | | 33,9 | | 34,3 | |
| Porcentaje de la población de 30 a 34 años con educación superior, mujeres | |  | 32,2 | | 35,9 | | 34,5 | | 33,8 | | 24,7e | | 23,9e | | 33,7 | | 35,3 | | 22,1 | | 24,6 | | 21,3 | | 29,4 | | 14,7 | | 19,4 | | 43,3 | | 43,8 | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Cuentas nacionales | | Nota | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | |
| Producto interior bruto | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| A precios corrientes (en miles de millones EUR) | |  | 3,7 | | 4,0 | | 9,1 | | 9,7p | | 10,2p | | 10,7p | | 33,5 | | 34,6 | | 773,0 | | 780,2 | | 14,6 | | 15,3 | | 5,8 | | 6,0p | | 14 797,4 | | 14 907,9 | |
| Per cápita (en EUR) | |  | 5 827 | | 6 355 | | 4 382 | | 4 691 | | 3 547 | | 3 728 | | 4 720 | | 4 904 | | 9 949 | | 9 909 | | 4 312 | | 4 494 | | 3 278 | | 3 304 | | 29 033 | | 29 148 | |
| En estándares de poder adquisitivo (EPA) per cápita | |  | 12 200 | | 13 000 | | 10 500 | | 10 900 | | 8 500 | | 8 500 | | 10 500 | | 10 700 | | 18 900 | | 18 800 | | 9 100 | | 9 300 | | : | | : | | 29 000 | | 29 100 | |
| En estándares de poder adquisitivo (EPA) per cápita, frente a la media de la Unión Europea (EU-28 = 100) | |  | 42 | | 45 | | 36 | | 37 | | 29 | | 29 | | 36 | | 37 | | 65 | | 64 | | 31 | | 32 | | : | | : | | - | | - | |
| Tasa real de crecimiento anual (en volumen) en relación con el año anterior (en %) | |  | 3,4 | | 2,9 | | 3,9 | | 2,9p | | 2,2p | | 3,4p | | 0,8 | | 2,8 | | 6,1 | | 3,2 | | 3,1 | | 3,3 | | 4,1 | | 3,4p | | 2,3 | | 2,0 | |
| Valor añadido bruto por sectores principales | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Agricultura, ganadería y pesca (en %) | |  | 9,7 | | 9,0 | | 11,1 | | 10,5p | | 22,9p | | 22,9p | | 8,2 | | 7,9 | | 7,8 | | 7,0 | | 7,3 | | : | | 12,6 | | 13,4p | | 1,5 | | 1,5 | |
| Industria (en %) | |  | 12,8 | | 12,3 | | 19,3 | | 19,9p | | 13,9p | | 13,2p | | 25,9 | | 25,9 | | 22,4 | | 22,3 | | 21,9 | | : | | 20,8 | | 21,1p | | 19,4 | | 19,4 | |
| Construcción (en %) | |  | 4,5 | | 6,8 | | 8,1 | | 8,6p | | 10,2p | | 10,5p | | 5,5 | | 5,4 | | 9,3 | | 9,7 | | 4,6 | | : | | 8,4 | | 8,2p | | 5,3 | | 5,3 | |
| Servicios (en %) | |  | 73,0 | | 71,9 | | 61,5 | | 61,0p | | 53,0p | | 53,4p | | 60,4 | | 60,8 | | 60,5 | | 61,0 | | 66,2 | | : | | 58,2 | | 57,3p | | 73,8 | | 73,8 | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Balanza de pagos | | Nota | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | |
| Inversión directa extranjera (IDE) neta (entrante-saliente) (en millones EUR) | |  | 619,3 | | 371,6 | | 202,8 | | 316,9 | | 818,4 | | 936,5 | | 1 803,8 | | 1 899,2 | | : | | : | | 248,9 | | 240,5 | | 271,8 | | 177,2 | | -129 867 | | -116 465 | |
| Inversión directa extranjera (IDE) neta (entrante-saliente) (en % del PIB) | |  | 16,9 | | 9,4 | | 2,2 | | 3,3p | | 8,0p | | 8,7p | | 5,4 | | 5,5 | | : | | : | | 1,7 | | 1,6 | | 4,7 | | 3,0p | | -0,9 | | -0,8 | |
| Inversión directa extranjera (IDE) neta (entrante-saliente) en relación con la EU-28 (en millones EUR) | |  | 403,0 | | -32,5 | | -20,7 | | 199,1 | | : | | : | | 1 480,4 | | 1 304,4 | | : | | : | | 160,5 | | 190,9 | | 11,2 | | 15,6 | | - | | - | |
| Inversión directa extranjera (IDE) neta (entrante-saliente) en relación con la EU-28 (en % del PIB) | |  | 11,0 | | -0,8 | | -0,2 | | 2,0p | | : | | : | | 4,4 | | 3,8 | | : | | : | | 1,1 | | 1,2 | | 0,2 | | 0,3p | | - | | - | |
| Remesas (en % del PIB) | |  | 1,2 | | 1,0 | | 2,3 | | 2,0p | | 5,9p | | 5,7p | | 8,5 | | 7,8 | | : | | : | | 8,3 | | 8,2 | | 11,5 | | 11,5p | | 0,1 | | 0,1 | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Comercio exterior de mercancías | | Nota | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | |
| Comercio internacional de mercancías | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Cuota de exportaciones a los países de la EU-28 en valor de las exportaciones totales (en %) | |  | 35,6 | | 37,4 | | 77,0 | | 79,9 | | 75,4 | | 77,9 | | 67,0 | | 67,6 | | 44,5 | | 47,9 | | 71,6 | | 71,3 | | 32,6 | | 22,6 | | - | | - | |
| Cuota de importaciones procedentes de países de la EU-28 en valor de las importaciones totales (en %) | |  | 41,3 | | 48,2 | | 62,0 | | 62,0 | | 61,8 | | 63,1 | | 57,3 | | 58,7 | | 38,0 | | 39,0 | | 60,8 | | 61,9 | | 42,2 | | 43,1 | | - | | - | |
| Balanza comercial (en millones EUR) | |  | -1 524 | | -1 736 | | -1 714 | | -1 777 | | -2 154 | | -2 399 | | -2 978 | | -2 483 | | -56 981 | | -50 676 | | -3 510 | | -3 448 | | -2 309 | | -2 480 | | 59 553 | | 32 002 | |
| Comercio internacional de bienes y servicios en relación con el PIB | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Importaciones (en % del PIB) | |  | 60,6 | | 62,9 | | 65,0 | | 64,7p | | 44,7p | | : | | 56,4 | | 57,5 | | 26,0 | | 24,9 | | 53,2 | | 52,3 | | 49,5 | | 51,3p | | 40,3 | | 40,5 | |
| Exportaciones (en % del PIB) | |  | 42,1 | | 40,5 | | 48,7 | | 50,0p | | 27,4p | | : | | 46,7 | | 50,0 | | 23,3 | | 22,0 | | 34,6 | | 35,4 | | 19,3 | | 22,5p | | 43,8 | | 44,0 | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Finanzas públicas | | Nota | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | |
| Estadísticas de las finanzas públicas en relación con el PIB | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| \*\* Superávit (+) / déficit (−) (en %) | |  | -7,4 | | -2,8 | | -3,5 | | -2,7 | | -4,1 | | -1,8 | | -3,7 | | -1,3 | | 1,3 | | : | | 0,7 | | 1,2 | | : | | : | | -2,4 | | -1,7 | |
| \*\* Deuda pública (en %) | |  | 66,2 | | 64,4 | | 38,1 | | 39,6 | | 69,1 | | 68,7 | | 76,0 | | 73,0 | | 27,5 | | : | | 41,9 | | 40,5 | | 12,8 | | : | | 84,5 | | 83,2 | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Indicadores financieros | | Nota | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | |
| Evolución anual de los precios al consumo (en %) | | 4) | 1,4 | | 0,1 | | -0,3 | | -0,2 | | 2,0 | | 2,5 | | 1,5 | | 1,3 | | 7,7 | | 7,7 | | -1,0 | | -1,1 | | -0,5 | | 0,3 | | 0,0 | | 0,3 | |
| Deuda exterior total en relación con el PIB (en %) | |  | : | | : | | 69,3 | | 74,2p | | 74,7p | | 73,5p | | 78,3 | | 76,5 | | 47,1 | | : | | 72,2 | | 71,0 | | 33,3 | | 33,7p | | : | | : | |
| Tipo de interés anual de los préstamos a un año (en %) | | 5) | : | | : | | : | | : | | 74,7 | | 73,5 | | : | | : | | 53,0 | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | |
| Tipo de interés anual de los depósitos a un año (en %) | | 6) | 8,53 | | 7,45 | | 3,75 | | 4,25 | | 7,77 | | 5,89 | | 6,50 | | 5,50 | | 10,79 | | : | | 5,74 | | 4,97 | | 8,32 | | 7,47 | | : | | : | |
| Valor de los activos de reserva (oro incluido) (en millones EUR) | | 7) | 1,23 | | 0,93 | | 0,25 | | 0,25 | | 1,35 | | 0,80 | | 2,50 | | 2,50 | | 7,27 | | : | | 0,09 | | 0,09 | | 0,90 | | 1,01 | | : | | : | |
| Reservas internacionales (equivalencia en meses de importaciones) | |  | 673,7 | | 803,0 | | 2 261,8 | | 2 613,4 | | 2 880,0 | | 2 945,0 | | 10 378,0 | | 10204,6 | | 99 619,6 | | : | | 4 414,6 | | 4 887,4 | | 706,4 | | 605,1 | | : | | : | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Empresas | | Nota | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | |
| Índice de producción industrial (2010 = 100) | | 8) | 88,3 | | 84,4 | | 118,0 | | 122,0 | | 161,7 | | 130,5 | | 107,1 | | 112,1 | | 124,1 | | 126,3 | | 107,4 | | 112,0 | | : | | : | | 103,9 | | 105,6 | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Infraestructura | | Nota | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | |
| Densidad de la red ferroviaria (líneas en funcionamiento por miles de km²) | |  | 18,1 | | 18,1 | | 28,1 | | 27,4 | | 13,8 | | 12,2 | | 48,6 | | 48,6 | | 13,2 | | : | | 20,1 | | 21,9 | | 30,9 | | 30,9 | | : | | : | |
| Longitud de la red de autopistas (en kilómetros) | |  | 0 | | 0 | | 259 | | 259 | | : | | : | | 693 | | 741 | | 2 282 | | 2 542 | | 128 | | : | | 80 | | 98 | | : | | : | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Energía | | Nota | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | |
| Importaciones netas de energía en relación con el PIB | |  | 4,2 | | 3,4 | | 6,4 | | 5,1p | | 0,8p | | 1,3p | | 4,8 | | 3,6 | | 1,2 | | 1,0 | | 5,3 | | 4,3 | | 5,4 | | 4,1p | | 1,6 | | 1,3 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | : = no disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b = interrupción en la serie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e = valor estimado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p = dato provisional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u = fiabilidad escasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - = no aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* = esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la RCSNU 1244 y con el dictamen de la CIJ sobre la declaración de independencia de Kosovo. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \*\* = los datos de déficit público y de deuda pública de los países de la ampliación se publican sin ninguna garantía en cuanto a la calidad y el cumplimiento de las normas del SEC. | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Turquía: el desempleo se basa en el criterio de 4 semanas y se utilizan exclusivamente métodos activos de búsqueda de empleo. | | | |
| 2) | Bosnia y Herzegovina: las partes no suman el 100 % debido a que se excluyen otros tipos de propiedad. Montenegro: se excluyen las ONG; los datos se refieren al número de personas empleadas (en los sectores privado o público) expresado como porcentaje del número total de personas empleadas. | | | |
| 3) | Albania: sector público. Bosnia y Herzegovina: ingresos netos. Serbia: sueldos y salarios pagados a los asalariados de personas jurídicas y de empresas no constituidas en sociedad. | | | |
| 4) | Índice armonizado de precios de consumo, excepto para la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y los datos de 2015 de Albania. Albania: variación entre diciembre de un año y diciembre del año anterior. | | | |
| 5) | Deuda exterior de Albania (incluida la inversión extranjera directa). | | | |
| 6) | Albania: tipo medio ponderado aplicado a los nuevos préstamos a un año suscritos durante el mes respectivo, con vencimiento a 12 meses. Bosnia y Herzegovina: tipos de interés de los préstamos a corto plazo en moneda nacional aplicados a empresas no financieras (media ponderada). Montenegro: tipo de interés efectivo medio ponderado, importes pendientes, anual. Antigua República Yugoslava de Macedonia: final del año (31 de diciembre). | | | |
| 7) | Albania: el tipo de interés de depósito es el tipo medio ponderado para los nuevos depósitos aceptados durante el mes respectivo, con vencimiento a 12 meses. Bosnia y Herzegovina: tipos de los depósitos en moneda nacional aplicados a los hogares (media ponderada). Montenegro: tipo de interés efectivo medio ponderado, importes pendientes, anual. Antigua República Yugoslava de Macedonia: final del año (31 de diciembre). Turquía: facilidad de depósito a un día. | | | |
| 8) | Montenegro y Serbia: serie bruta, en lugar de con ajuste de calendario. |  |  |  |

:   [(1)](#footnoteref1)

    Libre circulación de mercancías, derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, servicios financieros, agricultura y desarrollo rural, pesca, política de transportes, unión aduanera y relaciones exteriores.
:   [(2)](#footnoteref2)

    Todos estos grupos se consideran «gitanos» en términos generales de acuerdo con el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos.

[Top](#document2)