Source: EURLEX
Language: es
Format: md

![european flag](./../../../images/eclogo.jpg)COMISIÓN EUROPEA

Estrasburgo, 28.4.2015

COM(2015) 185 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Agenda Europea de Seguridad

La Unión Europea tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos vivan en un espacio de libertad, seguridad y justicia, sin fronteras interiores. Los europeos necesitan tener confianza en que, cuando se desplazan dentro de Europa, su libertad y su seguridad están bien protegidas, de plena conformidad con los valores de la Unión, en particular el Estado de Derecho y los derechos fundamentales.

En los últimos años han surgido amenazas nuevas y complejas que han subrayado la necesidad de establecer más sinergias y una cooperación más estrecha en todos los niveles. Muchos de los problemas de seguridad de hoy en día tienen su origen en la inestabilidad en la vecindad inmediata de la UE y en formas cambiantes de radicalización, violencia y terrorismo. Las amenazas son cada vez más variadas e internacionales, y cada vez más de naturaleza transfronteriza e intersectorial.

Estas amenazas exigen una respuesta eficaz y coordinada a nivel europeo. Todas las instituciones de la UE coinciden en que necesitamos una Estrategia de Seguridad Interior renovada para los próximos cinco años
[1](#footnote2)
.

Para alcanzar este objetivo, la presente Agenda Europea de Seguridad establece la forma en que la Unión puede aportar un valor añadido en apoyo de los Estados miembros a la hora de garantizar la seguridad. Como ha declarado el presidente Jean-Claude Juncker en sus directrices políticas, «la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo constituye una responsabilidad europea común»
[2](#footnote3)
. Los Estados miembros son los primeros responsables de la seguridad, pero ya no pueden lograrla plenamente por sí solos. Los agentes nacionales y de la UE competentes, respetando plenamente las responsabilidades nacionales de aplicación de la ley y protección de la seguridad interior, deben trabajar mejor en común para abordar las amenazas transfronterizas. La Agenda Europea de Seguridad debe ser, por tanto, una agenda compartida entre la Unión y los Estados miembros. El resultado debe ser un espacio de seguridad interior de la UE donde los individuos estén protegidos en el pleno respeto de los derechos fundamentales.

Esta Agenda impulsará un mejor intercambio de información, el incremento de la cooperación operativa y la confianza mutua, aprovechando toda la gama de instrumentos y políticas de la UE. Garantizará asimismo que las dimensiones interior y exterior de la seguridad colaboren entre sí. Si bien la UE debe mantenerse vigilante frente a otras amenazas emergentes que podrían exigir también una respuesta coordinada de la UE, la Agenda da prioridad al terrorismo, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia como ámbitos interrelacionados con una marcada dimensión transfronteriza, en los que la actuación de la UE puede marcar una verdadera diferencia.

1. TRABAJAR MEJOR CONJUNTAMENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD

La UE ya ha puesto en marcha una serie de instrumentos jurídicos, prácticos y de apoyo para respaldar un espacio europeo de seguridad interior. Los objetivos estratégicos fijados en la Estrategia de Seguridad Interior 2010-2014 siguen siendo válidos y deben continuar persiguiéndose
[3](#footnote4)
. El Tratado de Lisboa ha situado a la UE en la vía correcta para alcanzarlos, reforzando el marco jurídico para poner en común los esfuerzos y garantizar la libertad y la seguridad, la libre circulación interior y una respuesta europea eficaz frente a las amenazas transfronterizas. El Tratado ha reforzado la protección de los derechos fundamentales y el control democrático de las políticas de la Unión en materia de seguridad interior, y ha convertido al Parlamento Europeo en un colegislador en pie de igualdad en cuestiones de cooperación policial y judicial en materia penal. Desde el 1 de diciembre de 2014, la cooperación policial y judicial en materia penal se incluye en el ordenamiento jurídico de la UE. El control judicial del Tribunal de Justicia Europeo y la función de la Comisión como guardiana de los Tratados se aplican ahora íntegramente
[4](#footnote5)
, lo que garantizará que se respeten los derechos individuales y que aumente la seguridad jurídica y la confianza.

Ha llegado el momento de trabajar mejor y más estrechamente. El éxito de los instrumentos que la Unión ha puesto en marcha en los últimos años se basa, en primer lugar, en la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación efectiva entre todos los actores implicados: las instituciones y agencias de la UE, los Estados miembros y las autoridades nacionales.

A tal fin, la Agenda establece un enfoque compartido para la UE y sus Estados miembros completo, realista y orientado a los resultados. A fin de maximizar los beneficios de las medidas de la UE ya existentes y, en caso necesario, presentar acciones nuevas y complementarias, todos los agentes implicados han de colaborar, basándose en cinco principios clave.

En primer lugar, tenemos que garantizar el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales. La seguridad y el respeto de los derechos fundamentales no son objetivos contradictorios, sino objetivos políticos coherentes y complementarios
[5](#footnote6)
. El enfoque de la Unión se basa en los valores democráticos comunes de nuestras sociedades abiertas, en particular el Estado de Derecho, y debe respetar y promover los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales. Todas las medidas de seguridad deben cumplir los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, con las salvaguardias adecuadas para garantizar la rendición de cuentas y el recurso judicial
[6](#footnote7)
. La Comisión comprobará estrictamente que cualquier medida de protección respete plenamente los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, cumpla eficazmente sus objetivos. El impacto de cualquier nueva iniciativa en la libre circulación y la protección de los datos personales debe ser plenamente conforme con el principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Esto es una responsabilidad compartida para todos los actores de la UE y los Estados miembros. Los organismos de la UE, como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) y el Supervisor Europeo de Protección de Datos han de desempeñar un importante papel a la hora de ayudar a las instituciones y otros organismos de la UE a defender y promover nuestros valores.

En segundo lugar, necesitamos más transparencia, responsabilidad y control democrático, para dar confianza a los ciudadanos. El Parlamento Europeo ha asumido plenamente su función de colegislador, garantizando un control democrático. El papel específico de los parlamentos nacionales en el espacio de libertad, seguridad y justicia
[7](#footnote8)
 se refleja en el compromiso más amplio de la Comisión para un diálogo político renovado con los parlamentos nacionales. La Comisión informará semestralmente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de esta Agenda. La Comisión establecerá asimismo indicadores de rendimiento para los instrumentos clave de la UE. Con el fin de reforzar la transparencia y la participación, la Comisión creará un Foro Consultivo de la UE sobre Seguridad que reúna a los Estados miembros, el Parlamento Europeo, las agencias de la UE y representantes de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado.

En tercer lugar, es necesario garantizar una mejor aplicación y ejecución de los instrumentos jurídicos existentes de la UE. Una de las prioridades de la Comisión será ayudar a los Estados miembros a desarrollar la confianza mutua, explotar al máximo los instrumentos existentes para el intercambio de información y fomentar la cooperación operativa transfronteriza entre las autoridades competentes. La evaluación inter pares y un seguimiento eficaz de la aplicación de las medidas europeas también jugarán su papel.

En cuarto lugar, necesitamos un enfoque interinstitucional e intersectorial más integrado. Habida cuenta de la creciente vinculación entre los diferentes tipos de amenazas a la seguridad, la política y la actuación sobre el terreno deben estar totalmente coordinadas entre todas las agencias pertinentes de la UE, en el ámbito de la justicia e interior
[8](#footnote9)
 y más allá. Estas agencias ofrecen un nivel especializado de apoyo y conocimientos a los Estados miembros y a la UE. Funcionan como plataformas de información, contribuyen a la aplicación de la legislación de la UE y desempeñan un papel crucial en el apoyo a la cooperación operativa, como las actuaciones transfronterizas conjuntas. Ha llegado el momento de profundizar en la cooperación entre estas agencias. La Comisión pondrá en marcha una reflexión sobre la manera de maximizar su contribución, a través de una cooperación más estrecha entre las agencias, la coordinación con los Estados miembros, una programación exhaustiva, una planificación cuidadosa y unos recursos bien dirigidos.

Actuaciones específicas en una amplia gama de políticas de la UE también contribuyen a los objetivos de seguridad, en particular en los ámbitos del transporte, finanzas, aduanas, educación, política de seguridad marítima, tecnologías de la información, energía y salud pública. Las actuaciones en el mercado único digital y la política europea de vecindad complementarán y reforzarán la Agenda Europea de Seguridad. La Agenda se basa también en las actuales estrategias sectoriales de la UE que pueden contribuir directa o indirectamente a un alto nivel de seguridad
[9](#footnote10)
.

Esta Agenda ha de considerarse en relación con la venidera Agenda Europea de Migración
[10](#footnote11)
, que abordará cuestiones directamente pertinentes para la seguridad, como el tráfico de migrantes, la trata de seres humanos, la cohesión social y la gestión de las fronteras.

En quinto lugar, hemos de aunar las dimensiones interior y exterior de la seguridad. Las amenazas a la seguridad no se ven confinadas por las fronteras de la UE. La seguridad interior de la UE y la seguridad mundial son interdependientes y están relacionadas. La respuesta de la UE debe, por tanto, ser global y basarse en un conjunto coherente de acciones que combinen las dimensiones interior y exterior, para reforzar los vínculos entre justicia e interior y la Política Común de Seguridad y Defensa. Su éxito depende en gran medida de la cooperación con los socios internacionales. Se precisa un compromiso preventivo con los países terceros para abordar las causas profundas de los problemas de seguridad.

Debemos aprovechar al máximo el valor añadido de los actuales diálogos sobre seguridad celebrados por la UE -así como las actividades y los instrumentos financieros de la UE relacionados- con los países de la ampliación y los países de la política de vecindad, los socios estratégicos clave, y las organizaciones internacionales y regionales pertinentes. Los diálogos deberían ampliarse para incluir prioridades tales como la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el terrorismo, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos. Esto debería dar lugar a planes de acción conjuntos con terceros países clave y reflejarse en el uso focalizado de los instrumentos financieros de la UE.

Las Delegaciones de la UE en terceros países son importantes para los diálogos sobre seguridad, y por tanto requieren conocimientos especializados y una mayor coordinación local. El actual despliegue de expertos en seguridad en las Delegaciones de la UE en los países de la Política Europea de Vecindad y otros países terceros concretos debe ser una prioridad. También deberíamos estudiar la forma de utilizar al máximo los conocimientos de los agentes de policía de los Estados miembros enviados en comisión de servicios a países terceros, y considerar la viabilidad de destinar magistrados y funcionarios de enlace de las agencias de la UE a terceros países clave.

Los acuerdos de asistencia judicial mutua con terceros países (Estados Unidos, Japón
[11](#footnote12)
) son instrumentos clave para la cooperación judicial internacional, y la Comisión evaluará si es necesario establecer otros acuerdos bilaterales o multilaterales con terceros países clave.

Por último, la Unión debería desarrollar sus relaciones con organizaciones internacionales, tales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa e Interpol, y utilizar más activamente los foros multilaterales, como el Foro Mundial contra el Terrorismo, a fin de promover las mejores prácticas y cumplir objetivos comunes.

Los aspectos externos de la seguridad se desarrollarán más exhaustivamente en el marco de la revisión estratégica que ha puesto en marcha la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidenta de la Comisión, así como en la revisión en curso de la Política Europea de Vecindad.

2. REFORZAR LOS PILARES DE LA ACTUACIÓN DE LA UE

En términos operativos, trabajar mejor y más estrechamente significa, esencialmente, que todas las partes implicadas -ya sean instituciones y agencias de la UE, Estados miembros o autoridades nacionales con funciones coercitivas- apliquen plenamente los instrumentos existentes. También supone, en caso necesario, contar con herramientas nuevas o más desarrolladas a fin de maximizar el valor añadido de las medidas de la UE para el intercambio de información, la cooperación operativa y otras formas de apoyo.

2.1
   Mejor intercambio de información

La Unión proporciona una serie de herramientas para facilitar el intercambio de información entre las autoridades policiales y judiciales nacionales, que los Estados miembros deben utilizar al máximo. En los casos en que siguen existiendo carencias críticas, debemos evaluar si es necesario utilizar herramientas de la UE adicionales.

El Sistema de Información de Schengen (SIS) es el instrumento de intercambio de información más utilizado en la actualidad. Las autoridades competentes pueden utilizarlo para consultar las descripciones sobre personas y objetos buscados o desaparecidos, tanto dentro de la Unión como en las fronteras exteriores. El SIS se actualizó a principios de 2015 a fin de mejorar el intercambio de información sobre sospechosos de terrorismo y a fin de redoblar los esfuerzos de los Estados miembros para invalidar los documentos de viaje de las personas sospechosas de querer adherirse a grupos terroristas fuera de la UE. La Comisión estudiará la posibilidad de ayudar a los Estados miembros a aplicar las prohibiciones de viajar establecidas a nivel nacional. La Comisión evaluará el SIS en 2015-2016, con el fin de establecer si las nuevas necesidades operativas requieren cambios legislativos, como la introducción de nuevas categorías de descripciones que activen alertas.

Para reforzar aún más la seguridad en las fronteras exteriores, debe preverse un mayor uso del SIS junto con la base de datos de Interpol de documentos de viaje robados y perdidos. La Comisión ayudará a los Estados miembros a utilizar controles de fronteras automatizados con verificaciones del SIS y de la base de datos de documentos de viaje robados y perdidos, y continuará supervisando si los Estados miembros cumplen su obligación de alimentar esta base de datos
[12](#footnote13)
. La Comisión también está actualizando el manual para guardias de frontera a fin de orientar mejor los controles fronterizos y promover la plena utilización del SIS y de la base de datos de documentos de viaje robados y perdidos.

Los Estados miembros son responsables por el conjunto de la Unión cuando controlan su parte de las fronteras exteriores. Por esta razón, unos indicadores de riesgo comunes deberían respaldar la labor de las autoridades nacionales encargadas de la vigilancia de fronteras cuando realizan controles sobre las personas. Sobre la base de las contribuciones de los Estados miembros, la Comisión concluirá un primer conjunto de indicadores comunes de riesgo, respecto de los combatientes terroristas extranjeros, en el primer semestre de 2015. Europol y Frontex desempeñarán un papel clave en el mantenimiento futuro de estos indicadores de riesgo. La Comisión seguirá supervisando la eficacia del Código de fronteras de Schengen, y examinará cualquier necesidad de nuevas mejoras.

Unas estrictas normas comunes de gestión de fronteras, dentro del pleno respeto del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, son esenciales para prevenir la delincuencia transfronteriza y el terrorismo. La Agenda Europea de Migración abordará con mayor profundidad la gestión de fronteras. La propuesta revisada sobre las fronteras inteligentes, que la Comisión tiene la intención de presentar a principios de 2016, contribuirá a incrementar la eficiencia y la eficacia.

Otras medidas complementarias para mejorar la seguridad en relación con la circulación de mercancías también contribuyen a combatir las actividades ilegales en la frontera, como el tráfico de armas, el tráfico ilícito de drogas y el contrabando de cigarrillos o las transferencias monetarias ilegales. El sistema de información anticipada sobre mercancías para las aduanas proporciona a las autoridades aduaneras información anticipada para la evaluación de los riesgos para la seguridad de las mercancías que entran y salen de la UE. Este sistema debe aprovecharse al máximo, garantizando la efectiva puesta en común de información entre las aduanas y otras autoridades con funciones coercitivas. El sistema de información antifraude (AFIS) proporciona una importante plataforma para el intercambio de información sobre lucha contra el fraude, apoyando a las autoridades aduaneras en la lucha contra la delincuencia transfronteriza
[13](#footnote14)
.

El marco de Prüm
[14](#footnote15)
 es otro ejemplo de un instrumento de intercambio de información a escala de la UE que todavía debe aprovecharse plenamente. Este marco puede ofrecer una comparación automatizada de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos y datos de matriculación de vehículos, que son fundamentales para la detección de delitos y para encausarlos con garantías de éxito. El sistema no está desarrollando todo su potencial porque, en la actualidad, apenas un reducido número de Estados miembros ha cumplido sus obligaciones legales e integrado la red en sus propios sistemas. Esto obstaculiza la eficacia global del marco de Prüm para capturar y procesar a los delincuentes. Los Estados miembros han recibido un apoyo financiero y técnico considerable para la implantación. La Comisión dará prioridad a esta cuestión y utilizará sus poderes para garantizar la correcta aplicación de la legislación de la UE.

Evidentemente, la aplicación jurídica de los instrumentos de la UE a escala nacional no es suficiente. Los instrumentos del marco de seguridad de la UE solo serán plenamente efectivos cuando las fuerzas policiales nacionales se sientan seguras respecto de los instrumentos existentes y estén dispuestas a compartir información. La propuesta de una nueva base jurídica para Europol
[15](#footnote16)
, que actualmente está siendo examinada por los colegisladores, pretende mejorar las capacidades analíticas de Europol, suscitar la ejecución de medidas operativas por parte de los Estados miembros, y reforzar el régimen de protección de datos de la Agencia. Los Estados miembros deben utilizar Europol como primer canal para el intercambio de informaciones policiales en la UE. La Aplicación Red de Intercambio Seguro de Información (SIENA) de Europol permite a los Estados miembros intercambiar información de manera rápida, segura y fácil entre sí, con Europol, o con terceros que hayan celebrado un acuerdo de cooperación con Europol. El uso activo de los instrumentos de intercambio de información también precisa una interfaz adecuada entre los instrumentos de la UE y los sistemas policiales y judiciales nacionales, como las ventanillas únicas. Los Estados miembros deben establecer las estructuras adecuadas a nivel nacional, con objeto de integrar y coordinar el trabajo de las autoridades pertinentes.

Hacer un seguimiento de los movimientos de los delincuentes es clave para desarticular las redes criminales y terroristas. Ahora es urgente que los colegisladores concluyan su trabajo sobre la creación de un sistema de la UE de registro de nombres de pasajeros (PNR) para los pasajeros de compañías aéreas que sea plenamente compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales, al tiempo que proporciona una herramienta sólida y eficiente a nivel de la UE. El análisis de la información PNR proporcionada en el momento de la reserva y la facturación ayuda a identificar a los pasajeros de alto riesgo anteriormente desconocidos para las autoridades policiales y aduaneras. Los datos PNR han demostrado ser necesarios para identificar a pasajeros de alto riesgo en el contexto de la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, la explotación sexual de niños y otras formas graves de delincuencia. Una vez adoptada, la Directiva PNR garantizará una mejor cooperación entre los sistemas nacionales y reducirá las brechas de seguridad entre los Estados miembros. Unos indicadores comunes de riesgo para el tratamiento de datos PNR contribuirán a evitar que los delincuentes eludan su detección viajando a través de otro Estado miembro. Europol y FRONTEX pueden desempeñar de nuevo un papel clave en el desarrollo y la distribución de estos indicadores de riesgo sobre la base de la información recibida de los Estados miembros.

La UE ha celebrado acuerdos PNR con Estados Unidos, Canadá y Australia. Esta cooperación supone un auténtico valor añadido para identificar y detener a los combatientes terroristas extranjeros, traficantes de drogas o a quienes realizan turismo sexual ilegal. El futuro enfoque de la Unión sobre el intercambio de datos PNR con terceros países tendrá en cuenta la necesidad de aplicar normas coherentes y de proteger derechos fundamentales específicos. Una vez que el Tribunal de Justicia haya emitido su dictamen sobre el proyecto de Acuerdo PNR con Canadá, y sobre la base de las conclusiones del Tribunal, la Comisión concluirá sus trabajos sobre unas soluciones jurídicamente sólidas y viables para el intercambio de datos PNR con otros terceros países, en particular mediante un modelo de acuerdo sobre PNR que establezca los requisitos que deben cumplir los terceros países para recibir datos PNR de la UE.

Unas normas comunes sobre protección de datos permitirán a las autoridades policiales y judiciales cooperar más eficazmente entre sí, así como fomentar la confianza y garantizar la seguridad jurídica. Es fundamental llegar a un acuerdo antes de finales de 2015 sobre la reforma de la protección de datos en su conjunto, y en particular sobre la propuesta de Directiva relativa a la protección de datos para la policía y las autoridades judiciales penales. Además, la Unión Europea está negociando con el Gobierno de Estados Unidos un acuerdo marco internacional («Acuerdo marco sobre protección de datos») con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales que se transfieren entre la UE y los EE.UU. para la prevención, detección, investigación y persecución de las infracciones penales, en particular el terrorismo.

Los datos sobre comunicaciones también pueden contribuir eficazmente a la prevención y persecución del terrorismo y la delincuencia organizada. A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Directiva de conservación de datos
[16](#footnote17)
, la Comisión hará un seguimiento de las novedades legislativas a nivel nacional.

La lucha contra las organizaciones delictivas que operan en varios países de la UE requiere también el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades judiciales. 26 Estados miembros utilizan el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) que permite el intercambio de información sobre antecedentes penales de los ciudadanos de la UE. Sin embargo, no funciona eficazmente respecto de los nacionales de terceros países condenados en la UE. La Comisión acelerará los trabajos en curso para mejorar el sistema ECRIS para los nacionales de terceros países y está dispuesta a contribuir a su implantación efectiva.

La disponibilidad en tiempo real de los datos existentes en los Estados miembros es un ámbito para los futuros trabajos sobre intercambio de información. En respuesta a una petición formulada por el Consejo
[17](#footnote18)
, la Comisión analizará la necesidad y el valor añadido potencial de un Sistema Europeo de Índice de Ficheros Policiales (EPRIS) a fin de facilitar el acceso transfronterizo a la información contenida en los registros nacionales de policía. Mientras tanto, la Comisión está apoyando la puesta en marcha de un proyecto piloto previsto por un grupo de Estados miembros para establecer mecanismos que permitan realizar búsquedas transfronterizas automáticas en los índices nacionales mediante un sistema de respuesta positiva o negativa
[18](#footnote19)
.

Por último, el entorno común de intercambio de información con fines de vigilancia del ámbito marítimo de la UE (CISE) permitirá la interoperabilidad de los datos pertinentes para la seguridad en ámbitos como piratería, terrorismo, tráfico de armas y de drogas, trata de seres humanos, contaminación del medio ambiente, protección civil y catástrofes naturales, entre las autoridades competentes en el marco de sus mandatos.

La acción de la UE debe centrarse en primer lugar en la plena aplicación de las normas ya vigentes -como el marco de Prüm- y la adopción de las propuestas que ya están sobre la mesa -como la Directiva PNR de la UE, el Reglamento de Europol y la reforma de la protección de datos. Esto ya supondrá un gran paso adelante al implantar un conjunto de instrumentos claro, seguro y bien regulado para dar a las autoridades la información que necesitan, siempre que estas herramientas se exploten plenamente. Instrumentos clave como el Sistema de Información de Schengen, el Código de fronteras Schengen y el sistema ECRIS también deben someterse a revisión y solucionarse cualquier laguna en cuanto a la cobertura.

2.2
   Mayor cooperación operativa

El Tratado de Lisboa ofrece modalidades jurídicas y prácticas para hacer que la cooperación operativa entre las autoridades de los distintos Estados miembros sea eficaz.

A través del ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional, las autoridades de los Estados miembros coordinan las prioridades comunes y las actividades operativas. El Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior (COSI) desempeña un papel fundamental a este respecto. El ciclo de actuación proporciona una metodología para un enfoque basado en la inteligencia respecto de la seguridad interior, en función de las evaluaciones conjuntas de amenazas, en coordinación con Europol. Se centra en los recursos disponibles en vista de los riesgos y amenazas para la seguridad inmediatos, a medio plazo y a largo plazo. El ciclo de actuación debería ser más utilizado por los Estados miembros para poner en marcha operaciones policiales concretas para hacer frente a la delincuencia organizada, en particular con terceros países. La Operación Arquímedes, coordinada por Europol en septiembre de 2014 para abordar una serie de delitos graves en los Estados miembros y terceros países, supuso un ejemplo práctico al respecto
[19](#footnote20)
. Tales operaciones deberían ser evaluadas periódicamente a fin de determinar las mejores prácticas para futuras acciones.

Las agencias de la UE desempeñan un papel crucial en el apoyo a la cooperación operativa. Contribuyen a la evaluación de las amenazas comunes para la seguridad y a definir prioridades comunes de actuación operativa, y facilitan la cooperación y persecución transfronteriza. Los Estados miembros deberían hacer pleno uso del apoyo de las agencias para erradicar la delincuencia a través de la acción conjunta. También se debería promover una mayor cooperación entre las agencias, dentro de sus respectivos mandatos. La revisión del acuerdo de cooperación entre Europol y Frontex, una vez aplicada, establecerá tales sinergias al permitir que las dos agencias compartan datos personales, con salvaguardias adecuadas para la protección de datos. Eurojust y Europol deberían reforzar su cooperación operativa.

Basándose en las contribuciones de las agencias de la UE, y en estrecha cooperación con los Estados miembros, la Comisión ha adquirido conocimientos especializados en el desarrollo de la evaluación de riesgos. La Comisión ha establecido orientaciones sobre evaluación de riesgos y cartografía para la gestión de catástrofes
[20](#footnote21)
 y orientaciones sobre la evaluación de la capacidad de los Estados miembros para la gestión de riesgos, y realizó evaluaciones de riesgo sobre los explosivos en el transporte aéreo de mercancías procedentes de terceros países y sobre los controles de pasajeros en los aeropuertos de los Estados miembros. La Comisión tiene la intención de aplicar esta metodología en otros ámbitos tales como las infraestructuras críticas, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y evaluar en particular los efectos de cascada de los riesgos sistémicos.

Los centros de coordinación pueden facilitar una respuesta europea coherente durante las crisis y emergencias, evitando una duplicación innecesaria y costosa de esfuerzos. En el marco de la cláusula de solidaridad
[21](#footnote22)
, un Estado miembro puede solicitar la asistencia de la UE en caso de crisis, incluidos los ataques terroristas. El Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias actúa como la principal plataforma de coordinación y apoyo, las 24 horas del día y todos los días de la semana, para todas las situaciones de crisis en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión
[22](#footnote23)
, la cláusula de solidaridad y el Dispositivo Integrado de Respuesta Política a las Crisis (DIRPC). Se basa en las aportaciones de la Comisión, las agencias de la UE y los Estados miembros. Con riesgos de catástrofe crecientes y nuevos, los Estados miembros y la Comisión deben trabajar juntos para aplicar plenamente y hacer operativa la legislación en materia de protección civil de 2013
[23](#footnote24)
, en particular el seguimiento del marco de Sendai para la reducción del riesgo de catástrofes 2015-2030
[24](#footnote25)
. La UE debe continuar reforzando la preparación para la gestión de crisis a fin de mejorar la eficiencia y la coherencia de la respuesta de la UE a las crisis provocadas por actos delictivos, que repercuten en las fronteras, la seguridad pública y los sistemas críticos. Esto incluye la realización de más ejercicios de campo conjuntos.

Existen instrumentos transfronterizos disponibles a escala de la UE para apoyar la cooperación operativa. Los equipos conjuntos de investigación (ECI) constituyen un marco preestablecido de cooperación entre los Estados miembros, creado por un período de tiempo concreto para investigar asuntos específicos. Los ECI son instrumentos válidos que deberían utilizarse de manera más regular y deberían recurrir más sistemáticamente a las agencias. Cuando los casos penales tienen una dimensión internacional, los Estados miembros deben hacer uso de la posibilidad de involucrar a terceros países en los ECI. Del mismo modo, las operaciones aduaneras conjuntas (OAC) permiten a las autoridades aduaneras afrontar la delincuencia transfronteriza en el ámbito de las aduanas, utilizando un enfoque multidisciplinar. La Comisión y los Estados miembros han elaborado conjuntamente criterios de riesgo comunes para la evaluación de los riesgos para la seguridad, por parte de las aduanas, de la circulación internacional de mercancías. En consonancia con la estrategia y el plan de acción de la UE para la gestión de los riesgos aduaneros, la UE debe seguir consolidando su capacidad para la detección del tráfico ilícito de bienes o dinero en metálico.

La cooperación en redes de unidades nacionales especializadas es otro procedimiento eficaz para garantizar una cooperación entre distintos países. La cooperación transfronteriza entre las unidades de información financiera (UIF) y los organismos nacionales de recuperación de activos (ORA) contribuye a la lucha contra el blanqueo de capitales y a acceder a los productos ilícitos de la delincuencia. Del mismo modo, las autoridades aduaneras cooperan en la gestión de riesgos en la cadena de suministro internacional facilitando al mismo tiempo el comercio legítimo
[25](#footnote26)
. Una mayor coordinación y cooperación entre las funciones de guardacostas realizadas a nivel nacional refuerza la seguridad marítima. Expertos de diferentes partes de la cadena policial de los Estados miembros también cooperan a través de varias redes para hacer frente a los delitos contra el medio ambiente. La Comisión apoyará este enfoque en otros ámbitos.

Los Centros de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) en las regiones fronterizas reúnen a las autoridades policiales de distintos Estados miembros. La UE apoya el número creciente de CCPA mediante cofinanciación y conferencias anuales para el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Aunque la mayor parte de la información intercambiada en los CCPA no afecta a la delincuencia grave y organizada, es importante que la información sobre estos casos se haga llegar hasta el nivel nacional y, cuando proceda, a Europol.

Por lo que se refiere a la cooperación regional, la necesidad y el valor añadido de las medidas adoptadas con arreglo al artículo 89 del TFUE en relación con operaciones de las autoridades competentes de un Estado miembro en el territorio de otro, podría estudiarse tras evaluar los instrumentos existentes, en particular la persecución y la vigilancia transfronterizas.

La cooperación judicial en materia penal se basa también en instrumentos transfronterizos eficaces. El reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales es un elemento clave en el marco de la seguridad. Instrumentos como la orden de detención europea han resultado eficaces, pero otros instrumentos, como la inmovilización y el decomiso de activos de origen delictivo, aún no se utilizan de manera sistemática en todos los casos pertinentes. Los jueces nacionales deberían aprovechar la Red Judicial Europea (RJE) para la ejecución de las órdenes de detención europeas, así como para las órdenes de inmovilización y decomiso. La aplicación de la orden europea de investigación añadirá una nueva herramienta esencial. Los Estados miembros deberían utilizar Eurojust con mayor frecuencia para coordinar las investigaciones y las persecuciones transfronterizas. Eurojust también puede ser de gran ayuda en caso de solicitudes de asistencia judicial complejas con terceros países, en particular con la red de puntos de contacto de Eurojust.

Por último, la creación de la Fiscalía Europea supondrá una nueva dimensión para la cuestión específica de la protección de las pérdidas para el presupuesto de la UE debidas a la actividad delictiva.

Las instituciones y agencias de la UE y los instrumentos de cooperación existentes ya aportan un conjunto efectivo de instrumentos para que la política de seguridad de la UE sea una realidad operativa. Mayores sinergias entre las agencias de la UE, una coordinación más sistemática y la plena utilización de instrumentos como los equipos conjuntos de investigación, pueden suponer una verdadera diferencia en la prevención, detección y reacción frente a las amenazas a la seguridad.

2.3
   Acciones de apoyo: formación, financiación, investigación e innovación

Además del intercambio de información y la cooperación operativa, la UE presta apoyo a las acciones relacionadas con la seguridad a través de la formación, la financiación y la promoción de la investigación y la innovación en materia de seguridad. La Comisión pretende encauzar este apoyo de manera estratégica y rentable.

La eficacia de las herramientas de cooperación depende de que los agentes con funciones coercitivas de los Estados miembros sepan cómo utilizarlas. La formación es esencial para que las autoridades sobre el terreno aprovechen las herramientas en una situación de servicio. La Escuela Europea de Policía CEPOL organiza cursos, define planes de estudio comunes sobre cooperación transfronteriza y coordina programas de intercambio. La actual propuesta legislativa sobre la CEPOL reforzaría aún más su capacidad para preparar a los agentes con funciones coercitivas a cooperar de manera eficaz y para desarrollar una cultura común de aplicación de la ley
[26](#footnote27)
. La CEPOL deberá adaptar sus programas de formación anuales a las prioridades establecidas en esta Agenda. Las academias de policía nacionales también deberían utilizar la financiación de la UE para hacer de la cooperación transfronteriza una parte integrante de su propia formación y ejercicios prácticos. La formación para los magistrados y el personal de la administración de justicia también debe armonizarse en mayor medida con las prioridades de la UE, basándose en las estructuras y redes existentes, y con el apoyo de la Red Europea de Formación Judicial (REFJ) y del Portal Europeo de e-Justicia y del aprendizaje en línea. La Comisión también ha creado un Centro Europeo de Formación en Seguridad Nuclear que permite a los Estados miembros mejorar sus capacidades de detección e identificación de materiales radiactivos o sustancias nucleares ilícitas, a efectos de prevención de amenazas.

El recientemente creado Fondo de Seguridad Interior proporciona una herramienta flexible y con capacidad de respuesta para hacer frente a los desafíos más importantes hasta 2020. Esta Agenda ofrece una dirección estratégica para el Fondo, centrándose en los ámbitos en los que el apoyo financiero aportará más valor añadido. Los usos prioritarios del Fondo deben incluir la actualización de las secciones nacionales del Sistema de Información de Schengen, la aplicación del marco de Prüm y la creación de ventanillas únicas. El Fondo también deberá servir para reforzar la cooperación operativa transfronteriza en el marco del ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia grave y organizada, y para desarrollar «estrategias de salida» para las personas radicalizadas, con la ayuda de las mejores prácticas intercambiadas en el seno de la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización. Otros instrumentos de financiación de la UE, como Horizonte 2020 para la investigación y la innovación
[27](#footnote28)
, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, los programas de justicia de la UE, el Programa Aduana 2020 y los instrumentos financieros para la acción exterior también pueden contribuir, en sus respectivos ámbitos, a apoyar las prioridades de la Agenda de Seguridad.

La revisión intermedia del Fondo de Seguridad Interior en 2018 brindará la oportunidad de hacer balance en cuanto a la forma en que la financiación ha contribuido a las prioridades de la Agenda y establecer nuevas prioridades en caso necesario.

La investigación y la innovación son esenciales si la UE quiere mantenerse al día con la evolución de las necesidades en materia de seguridad. La investigación puede identificar nuevas amenazas para la seguridad y su impacto en las sociedades europeas. Contribuye igualmente a crear la confianza social en las nuevas políticas e instrumentos de seguridad basados en la investigación. Unas soluciones innovadoras contribuirán a atenuar los riesgos de seguridad de forma más eficaz aprovechando los conocimientos, la investigación y la tecnología. El programa Horizonte 2020 puede desempeñar un papel central para garantizar que el esfuerzo de investigación de la UE esté bien dirigido, en particular teniendo en cuenta las necesidades de los servicios con funciones coercitivas mediante una mayor involucración de los usuarios finales en todas las fases del proceso, desde la concepción hasta la comercialización. También es preciso centrarse más en la innovación en el ámbito de la protección civil, donde la creación de un centro de conocimiento en el marco del Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE, así como la creación de una comunidad de usuarios, contribuirá al establecimiento de una interfaz entre la investigación y los usuarios finales en los Estados miembros.

Recientemente, la Comisión ha encargado a los organismos europeos de normalización que establezcan una norma para la «protección de la intimidad desde el diseño» dirigida a fomentar la inclusión de normas rigurosas de seguridad y derechos fundamentales en las primeras fases del diseño tecnológico. El cumplimiento de esta norma garantizará que los productos y servicios de seguridad de la UE respetan los derechos individuales y, de este modo, mejorará la confianza de los consumidores.

Una industria de la seguridad de la UE competitiva también puede contribuir a la autonomía de la UE para cubrir sus necesidades en materia de seguridad. La UE ha fomentado el desarrollo de soluciones innovadoras en materia de seguridad, por ejemplo mediante normas y certificados comunes
[28](#footnote29)
. La Comisión está estudiando nuevas medidas, como las relativas a los sistemas de alarma y los equipos de control en los aeropuertos, a fin de eliminar los obstáculos al mercado único y reforzar la competitividad de la industria de la seguridad de la UE en los mercados de exportación.

La ciencia forense es indispensable para el trabajo de las autoridades con funciones coercitivas y para la eficacia de las acciones judiciales. Las autoridades policiales y judiciales deben poder confiar en que los datos forenses en que se basan son de alta calidad, incluso si proceden de otro Estado miembro. Por tanto, es importante asegurarse de que los datos forenses intercambiados a través de los sistemas de intercambio de información, como el marco de Prüm para las impresiones dactilares y perfiles de ADN, pueden utilizarse efectivamente en los tribunales. Un espacio forense europeo, que armonice los procesos de los proveedores de servicios forenses en los Estados miembros, fomentaría la cooperación y garantizaría la confianza. En primer lugar, la Comisión realizará, con las partes interesadas relevantes, un inventario, y posteriormente definirá prioridades y posibles medidas para alcanzar este objetivo. Esto podrá incluir el intercambio de las mejores prácticas y la definición de normas mínimas comunes.

La seguridad debe ser una prioridad clave en una amplia gama de instrumentos de financiación, programas de investigación e innovación, así como iniciativas de formación. Las prioridades existentes deben adaptarse en función de las necesidades.

3. 
   TRES PRIORIDADES

En los próximos cinco años, este marco para trabajar mejor y más estrechamente debe utilizarse para abordar tres prioridades esenciales para la seguridad europea, si bien es adaptable a otras grandes amenazas que puedan surgir en el futuro.

Los atentados terroristas en Europa, más recientemente en París, Copenhague, y Bruselas, han puesto de relieve la necesidad de una intensa respuesta conjunta de la UE ante el terrorismo y los combatientes terroristas extranjeros. Ciudadanos europeos siguen uniéndose a grupos terroristas en zonas de conflicto, adquiriendo formación y constituyendo una amenaza potencial a la seguridad interior europea a su regreso. Si bien esta cuestión no es nueva, la escala y el flujo de combatientes a conflictos en curso, en particular Siria, Irak y Libia, así como el carácter de red de estos conflictos, no tienen precedentes.

Al mismo tiempo, la delincuencia transfronteriza grave y organizada está encontrando nuevas vías para operar, y nuevas alternativas para escapar a la detección. Existen unos enormes costes humanos, sociales y económicos derivados de delitos como la trata de seres humanos, el tráfico de armas, el contrabando de drogas y la delincuencia financiera, económica y medioambiental. Los grupos de delincuencia organizada implicados en el tráfico ilícito de migrantes aprovechan las vulnerabilidades de las personas que buscan protección o mejores oportunidades económicas y son responsables de la pérdida de vidas en aras de un beneficio económico. La delincuencia organizada se integra también en el terrorismo y la ciberdelincuencia a través de canales como el suministro de armas, la financiación mediante el tráfico de drogas, y la infiltración de los mercados financieros.

Por último, la ciberdelincuencia supone una amenaza cada vez mayor a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a la economía, así como al buen desarrollo del mercado único digital
[29](#footnote30)
. A medida que el comercio y las operaciones bancarias se realizan cada vez más en línea, la ciberdelincuencia puede representar un gran beneficio potencial para los delincuentes y un enorme pérdida potencial para los ciudadanos. Los ciberdelincuentes pueden actuar desde fuera de la Unión para dañar las infraestructuras críticas y atentar simultáneamente contra un gran número de víctimas en todos los Estados miembros, con mínimo esfuerzo y riesgo. Asimismo, amenazas como las planteadas por el ciberterrorismo y las amenazas híbridas podrían aumentar en los próximos años. Los delincuentes abusan de las técnicas de anonimización y de los mecanismos de pago anónimos para el comercio en línea ilícito de drogas o armas, para operaciones delictivas y para el blanqueo de dinero. La ciberdelincuencia está también estrechamente relacionada con la explotación sexual de los niños, y se observa una evolución alarmante de la difusión en directo de actos de pornografía infantil.

El terrorismo, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia son las tres prioridades esenciales destacadas en la presente Agenda para la acción inmediata. Están claramente interconectados y suponen amenazas transfronterizas, y su dimensión polifacética e internacional pone de manifiesto la necesidad de una respuesta eficaz y coordinada a nivel de la UE.

3.1 Lucha contra el terrorismo y prevención de la radicalización

Los ciudadanos y los Estados miembros esperan que la UE les apoye en la lucha contra el terrorismo y la radicalización, y facilite la coordinación y la cooperación entre las autoridades competentes. Europol ha desarrollado una experiencia cada vez mayor sobre terrorismo, y debería darse un paso más reuniendo sus capacidades de lucha contra el terrorismo, poniendo recursos en común y maximizando el uso de las estructuras, servicios y herramientas existentes de que dispone esta Agencia, con vistas a lograr economías de escala. Esto podría reunirse en un Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo en el seno de Europol para intensificar el apoyo proporcionado por la UE a los Estados miembros, en un medio seguro con la mayor confidencialidad en su comunicación.

El Centro incluiría: 1) el equipo temático «viajeros» de Europol sobre combatientes terroristas extranjeros y redes terroristas relacionadas; 2) el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo entre la UE y los EE.UU; 3) FIU.NET, la red informática descentralizada que apoya a las unidades de información financiera, que se integrará en Europol en 2016; y 4) las capacidades existentes de Europol sobre armas de fuego y artefactos explosivos. Eurojust debería participar plenamente en las actividades del Centro a fin de mejorar la coordinación de las investigaciones y actuaciones judiciales. Este Centro funcionaría respetando estrictamente el mandato legal de Europol, y no afectaría a la responsabilidad exclusiva de los Estados miembros de velar por la seguridad nacional, ni al papel del Centro de Análisis de Inteligencia de la UE (INTCEN) en el ámbito de la evaluación de amenazas terroristas basándose en la información.

La Unidad de Notificación de Contenidos de Internet (UE IRU), que se creará en Europol en julio de 2015, también formaría parte del Centro. La unidad se basará en la experiencia de Europol y de los Estados miembros para actuar como centro de conocimientos técnicos de la UE, ayudando a los Estados miembros a identificar y eliminar los contenidos extremistas violentos en línea, en cooperación con los socios de la industria.

Asimismo, la Comisión pondrá en marcha en 2015 un Foro a escala de la UE con empresas del sector de las TI para unirlas con las autoridades con funciones coercitivas y la sociedad civil. Basándose en las reuniones preparatorias organizadas en 2014, el Foro se centrará en el despliegue de los mejores instrumentos para luchar contra la propaganda terrorista en Internet y en los medios sociales. En cooperación con las empresas del sector de las TI, el Foro explorará también las preocupaciones de las autoridades con funciones coercitivas sobre nuevas tecnologías de cifrado.

El seguimiento de las operaciones financieras puede ser fundamental para la identificación de las redes terroristas, ya que los terroristas precisan financiación para viajes, formación y equipos. Las unidades de información financiera pueden ayudar a identificar las operaciones financieras de las redes terroristas a través de las fronteras y detectar a sus financiadores. El Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo de la UE y los EE.UU. permite a los Estados miembros solicitar una búsqueda de datos financieros cuando exista una sospecha razonable de actividad terrorista. Hasta la fecha, el Programa ha proporcionado pistas relativas a numerosas personas sospechosas de terrorismo y a sus redes de apoyo. Los Estados miembros y sus autoridades competentes deben hacer un uso más activo de las posibilidades en el marco del Programa. La próxima fusión de FIU.NET con Europol reforzará las capacidades para la lucha contra la financiación del terrorismo.

La Comisión estudiará también la necesidad y posibles beneficios de medidas adicionales en materia de financiación del terrorismo, incluidas las relativas a la inmovilización de los bienes de terroristas con arreglo al artículo 75 del TFUE, al comercio ilícito de bienes culturales, al control de las formas de pago (tales como transferencias por Internet y tarjetas de prepago), a los movimientos ilícitos de dinero en efectivo y al refuerzo del Reglamento sobre controles de dinero en efectivo
[30](#footnote31)
.

La UE necesita una sólida respuesta penal al terrorismo, que cubra la investigación y persecución de aquellos que planean actos terroristas o son sospechosos de reclutar, formar y financiar el terrorismo, así como de incitar a la comisión de delitos de terrorismo. Muchos Estados miembros ya disponen o han planeado introducir legislación para penalizar estos actos. Una legislación más coherente contra los combatientes terroristas extranjeros en la UE abordaría los problemas prácticos y jurídicos transfronterizos en la recogida y la admisibilidad de pruebas en los casos de terrorismo, y para impedir las partidas a zonas conflictivas. La Comisión iniciará en 2015 una evaluación de impacto con vistas a actualizar la Decisión marco de 2008 sobre el terrorismo en 2016
[31](#footnote32)
. La Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exige que los Estados tipifiquen como delito el viajar a una zona de conflicto con fines terroristas, contribuyendo así a crear un entendimiento común de los delitos de los combatientes terroristas extranjeros. El nuevo marco legislativo debería abrir la puerta a una cooperación intensificada con terceros países sobre los combatientes terroristas extranjeros, basándose en experiencias positivas recientes de cooperación con Turquía.

Una manera de desbaratar las actividades de las redes terroristas es dificultar el ataque a los objetivos y el acceso y despliegue de sustancias peligrosas, como materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares y precursores de explosivos. La protección de las infraestructuras críticas, como las infraestructuras de transporte, y los objetivos indefensos, por ejemplo en actos públicos masivos, suponen auténticos desafíos para las autoridades con funciones coercitivas, las autoridades sanitarias y las de protección civil. La UE y los Estados miembros cooperan para evaluar los riesgos y las estrategias de mitigación, recopilar las mejores prácticas y elaborar directrices. La Comisión ayuda a los profesionales desarrollando manuales para ayudarles en su trabajo cotidiano, por ejemplo en el ámbito de la seguridad de la aviación.

El terrorismo en Europa se alimenta de las ideologías extremistas. La acción de la UE contra el terrorismo debe, por tanto, abordar las causas profundas del extremismo mediante medidas preventivas. En toda la UE, la relación entre la radicalización y el empleo de la violencia extremista es cada vez más clara. Se ha demostrado que la propaganda extremista lleva a que los combatientes terroristas extranjeros procedentes de Europa viajen al extranjero para entrenarse, luchar y cometer atrocidades en las zonas de combate, y supongan una amenaza para la seguridad interior de la UE a su regreso. El refuerzo de la comunicación estratégica de la propia UE con representaciones de hecho y descripciones comunes de conflictos es un aspecto importante de la respuesta de la UE.

La respuesta de la UE ante el extremismo no debe dar lugar a la estigmatización de ningún grupo o comunidad. Debe basarse en los valores comunes europeos de la tolerancia, la diversidad y el respeto mutuo, y promover comunidades libres y plurales. La UE debe atacar la base del terrorismo con un discurso alternativo fuerte y decidido. La Comisión velará por la aplicación de la legislación pertinente de la UE en este ámbito
[32](#footnote33)
. Evaluará cualquier laguna en la legislación y apoyará el seguimiento de la incitación al odio en Internet y otras acciones. También ayudará a los Estados miembros en el desarrollo de prácticas proactivas de investigación y de enjuiciamiento sobre el terreno. La financiación de la UE se utilizará en mayor medida para apoyar la formación específica de funcionarios públicos y fomentar el seguimiento, la notificación y el registro de incidentes relativos a delitos motivados por el odio e incitación al odio.

La educación, la participación de los jóvenes y el diálogo interconfesional e intercultural, así como el empleo y la inclusión social, deben desempeñar un cometido clave en la prevención de la radicalización, mediante la promoción de los valores europeos comunes, el fomento de la inclusión social, la mejora de la comprensión mutua y la tolerancia. La educación inclusiva puede contribuir de forma importante a la lucha contra las desigualdades y la prevención de la marginación. El trabajo de los jóvenes, el voluntariado, el deporte y las actividades culturales son particularmente eficaces para llegar a los jóvenes.

En este contexto, la Comisión dará prioridad a la lucha contra la radicalización, la marginación de los jóvenes y el fomento de la inclusión, con una serie de acciones concretas en el marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»), la Estrategia Europea para la juventud, el plan de trabajo de la UE para el deporte, y el plan de trabajo para la cultura.

Como complemento de estas acciones, la Comisión movilizará financiación en el marco de los programas Erasmus+ y Europa Creativa, entre otras cosas mediante un mayor apoyo a la movilidad de los profesores y de los trabajadores jóvenes, los intercambios de jóvenes y el voluntariado, asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación y la política de la juventud, las redes transnacionales, las plataformas de cooperación escolar, proyectos conjuntos sobre la educación para la ciudadanía, y asociaciones de colaboración en el ámbito del deporte. Además, el Fondo Social Europeo presta apoyo financiero a los Estados miembros para promover la inclusión social, luchando contra la pobreza y cualquier tipo de discriminación. La Comisión también iniciará nuevas investigaciones en el marco de Horizonte 2020, con el fin de obtener un mejor conocimiento de las causas y las manifestaciones de la radicalización.

La UE ha sido pionera en ayudar a las comunidades que se encuentran bajo presión a aprender de otras partes de la Unión. En 2014, la Comisión estableció diez ámbitos para estructurar los esfuerzos dirigidos a abordar las causas profundas del extremismo
[33](#footnote34)
. La Red para la Sensibilización frente a la Radicalización (RSR), un marco a escala de la UE que se puso en marcha en 2011, conecta a organizaciones y redes de toda la Unión, uniendo a más de 1 000 profesionales directamente implicados en la prevención de la radicalización y el extremismo violento. La Red permite el intercambio de experiencias y prácticas para facilitar la detección temprana de la radicalización y el diseño de estrategias preventivas y estrategias de desenganche a nivel local.

Actualmente, la Comisión está en proceso de creación de un Centro de Excelencia en el seno de la RSR. Se trata de un núcleo de conocimiento de la UE destinado a consolidar conocimientos y fomentar la difusión y el intercambio de experiencias y la cooperación en materia de lucha contra la radicalización. Dará una nueva dimensión práctica a la cooperación entre las partes interesadas sobre la radicalización.

La UE también ha sufrido los efectos de la radicalización en sus países vecinos. Para hacer frente a esta situación, la RSR desarrollará su trabajo con partes interesadas de terceros países, dando prioridad a Turquía y los países de los Balcanes Occidentales, Oriente Próximo y África del Norte. Al mismo tiempo, es preciso garantizar la coordinación con la acción exterior de la UE, por ejemplo mediante una ronda de personas destacadas de Europa y del mundo musulmán, a fin de fomentar los intercambios culturales y un diálogo más amplio entre sociedades.

Los agentes locales son las personas que están en contacto directo con aquellos que corren un mayor riesgo de radicalización. Deben estar adecuadamente preparados para reconocer los indicios de radicalización y evaluar qué intervención podría ser necesaria, y para garantizar la adecuada cooperación con los líderes de las comunidades. Muchos Estados miembros han puesto en marcha formación centrada en los grupos destinatarios tradicionales, a saber, personal de los organismos con funciones coercitivas y personal de las prisiones, y las pruebas de que las prisiones constituyen focos para la radicalización hace que esto sea prioritario. Con el apoyo de la Organización Europea de Prisiones y Servicios Correccionales (EUROPRIS) la Comisión promoverá el intercambio de mejores prácticas y formación sobre la desradicalización y la prevención de la radicalización en las prisiones. Puede resultar útil ampliar la formación y el apoyo a otros agentes, tales como trabajadores sociales, profesores y profesionales de la salud. La RSR contribuirá también a desarrollar enfoques similares para la desradicalización y el desenganche («estrategias de salida»).

La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior cooperarán con el coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE para tener una visión de conjunto de todos los instrumentos de que dispone la Unión y seguirá muy de cerca su aplicación.

Acciones:

- 
   Reforzar las funciones de apoyo de Europol, reuniendo sus capacidades policiales de lucha contra el terrorismo en un Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo en el seno de Europol

- 
   Poner en marcha el foro de la UE con empresas del sector de las TI para desarrollar herramientas de lucha contra la propaganda terrorista y abordar las preocupaciones con respecto a las nuevas tecnologías de cifrado

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   Adoptar nuevas medidas para mejorar la lucha contra la financiación del terrorismo

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   Abordar las posibles lagunas en la lucha contra la incitación al odio en Internet

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   Revisar la Decisión Marco sobre el terrorismo con una propuesta en 2016

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   Modificar los marcos políticos y programas de la UE de educación, juventud y cultura

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   Centrarse en la prevención de la radicalización en las prisiones y desarrollar programas efectivos de desenganche y de desradicalización

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   Poner en marcha el Centro de Excelencia de la RSR y ampliar la labor de lucha contra la radicalización con Turquía, los Balcanes Occidentales, Oriente Próximo y el norte de África

3.2 Desmantelamiento de la delincuencia organizada

El ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia ha conseguido una mayor coordinación de la estrategia política y las operaciones conjuntas sobre el terreno. Los países de la vecindad ya están asociados al ciclo de actuación, y su participación en las actividades operativas del ciclo debería intensificarse. Una de las prioridades del ciclo de actuación es desmantelar las redes de delincuencia organizada dedicadas al tráfico ilícito de migrantes mediante el refuerzo de las investigaciones transfronterizas, con el apoyo de las agencias de la UE. La operación conjunta MARE coordinada por Europol es un buen ejemplo de cómo la Unión puede llegar a ser más eficaz a la hora de identificar y hacer frente a los grupos de delincuencia organizada implicados en el tráfico ilícito de migrantes.

El principal objetivo de la delincuencia organizada es el beneficio. Los servicios con funciones coercitivas deben, por tanto, tener la capacidad para centrar la atención en las financiación de la delincuencia organizada, que a menudo está inherentemente relacionada con la corrupción, el fraude, la falsificación y el contrabando. Las redes delictivas internacionales utilizan las estructuras empresariales legales para ocultar la fuente de sus beneficios, por lo que se precisa actuar para abordar la infiltración de la delincuencia organizada en la economía legal.

El recientemente acordado paquete contra el blanqueo de capitales
[34](#footnote35)
 contribuirá a identificar y realizar el seguimiento de las transferencias de dinero sospechosas y facilitar el intercambio eficaz de información entre las unidades de información financiera (UIF). La Comisión apoyará la aplicación de esta normativa con el fin de hacer más difícil que los delincuentes abusen del sistema financiero, y trabajará en una evaluación supranacional de los riesgos que abordará, entre otros, la financiación del terrorismo y las monedas virtuales. También establecerá una política coherente respecto de los terceros países que tengan deficiencias en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La articulación de los trabajos de los organismos nacionales de recuperación de activos mejorará la inmovilización y el decomiso transfronterizos de activos de origen delictivo. Es preciso adaptar y reforzar las competencias de las UIF, puesto que las diferencias en sus funciones obstaculizan la cooperación y el intercambio de información. Eurojust también podría ofrecer más asesoramiento y ayuda a las autoridades nacionales en la realización de investigaciones financieras. El reconocimiento mutuo de las órdenes de embargo y decomiso debería mejorarse. En 2016, de acuerdo con lo solicitado por los colegisladores, la Comisión publicará un estudio de viabilidad sobre normas comunes relativas al decomiso no basado en condena de bienes procedentes de actividades delictivas.

Los recientes atentados terroristas han centrado la atención en cómo la delincuencia organizada puede acceder y comerciar con armas de fuego en Europa, incluso armas militares, en grandes cantidades. La decisión de quién puede estar en posesión de un arma de fuego y cuándo se puede utilizar es una opción de las sociedades de los Estados miembros. No obstante, las diferencias en las legislaciones nacionales constituyen un obstáculo a los controles y la cooperación policial. De forma prioritaria, se necesita un enfoque común sobre la neutralización y desactivación de armas de fuego para evitar la reactivación y el uso por los delincuentes. La Comisión revisará la legislación existente sobre armas de fuego en 2016 a fin de mejorar el intercambio de información (por ejemplo, introduciendo en el sistema de información de Europol datos sobre las armas de fuego incautadas), reforzar el rastreo, normalizar el marcado y establecer normas comunes para la neutralización de las armas de fuego. En el contexto de la evaluación en curso, la Comisión estudiará si incluir en las nuevas disposiciones las armas destinadas a la autoprotección (armas de alarma), así como cualquier otro aspecto pertinente.

El tráfico de armas de fuego tiene una importante dimensión exterior, habida cuenta de que muchas armas de fuego ilegales en la UE han sido importadas de países vecinos, donde sigue habiendo grandes arsenales de armas de guerra. El reciente plan de acción operativo con los Balcanes Occidentales debería aplicarse plenamente, y si resulta eficaz, reproducirse con otros países vecinos, en particular los países de Oriente Próximo y África del Norte
[35](#footnote36)
.

El mercado de las drogas ilícitas sigue siendo el más dinámico de los mercados de la delincuencia, y la tendencia más reciente es la proliferación de nuevas sustancias psicotrópicas. La producción de las nuevas sustancias psicotrópicas tiene lugar cada vez más en la UE, y destaca la urgencia de adoptar un nuevo marco legislativo de la UE. La UE debería seguir apoyando las actividades de los Estados miembros en la lucha contra las drogas ilegales, incluida la prevención, utilizando los conocimientos especializados del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT) y de Europol. La Comisión evaluará los progresos realizados en la aplicación del Plan de Acción de la Unión Europea en materia de Lucha contra la Droga 2013-2016, que también incluye la política exterior de la UE en el ámbito de la droga, con su énfasis en la demanda y la reducción de la oferta. Sobre esta base, la Comisión decidirá la conveniencia de proponer un nuevo plan de acción de la UE para el período 2017-2020.

Uno de los principales problemas que afronta la UE actualmente es que las redes delictivas explotan la necesidad de los individuos de protección o su deseo de venir a Europa. Cuanto antes pueda detenerse este tráfico, menor será el riesgo de tragedias humanas como las observadas recientemente en el Mediterráneo. La actuación preventiva contra la facilitación de la migración irregular requiere una mejor recogida, puesta en común y análisis de la información. La clave está en la cooperación contra el tráfico ilícito de migrantes tanto dentro de la UE como con terceros países. La UE debe dar prioridad a esta cuestión en su asociación con terceros países, ofreciendo asistencia para ayudar a los países de tránsito clave a prevenir y detectar las actividades de tráfico lo antes posible. El refuerzo de las medidas contra el tráfico ilícito de migrantes entre la UE y países terceros clave formará parte de la próxima Agenda Europea de Migración.

La trata de seres humanos es un delito sumamente pernicioso pero muy lucrativo. La UE dispone de un marco jurídico y político específico
[36](#footnote37)
 para maximizar la cooperación y hacer de ello una prioridad para organismos como Europol y Eurojust. A través de un enfoque coordinado y coherente, la estrategia actual ha contribuido a la lucha contra la trata de seres humanos a escala regional, nacional, europea e internacional. La Comisión se propone desarrollar una estrategia posterior a 2016 basada en el marco existente.

Los delitos medioambientales pueden ocasionar daños importantes al medio ambiente y la salud humana, reducir los ingresos públicos e imponer costes de saneamiento a los contribuyentes, por ejemplo en el caso de traslados ilícitos y posterior vertido de residuos peligrosos. El comercio ilegal de especies silvestres representa una amenaza para la biodiversidad, así como, en las regiones de origen, como en África, para el desarrollo sostenible y la estabilidad regional
[37](#footnote38)
. La Comisión estudiará la necesidad de reforzar el control del cumplimiento y la ejecución, por ejemplo, mediante el aumento de la formación del personal responsable de los organismos con funciones coercitivas, el apoyo a las redes pertinentes de profesionales, así como mediante la aproximación de las sanciones penales en toda la UE.

Las autoridades locales desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada, junto con las autoridades judiciales y policiales. La delincuencia organizada a menudo piensa a escala global, pero actúa a nivel local, y por tanto es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario para prevenirla y luchar contra ella. En consecuencia, la UE ha desarrollado un enfoque que combina instrumentos a nivel administrativo para evitar la infiltración en el sector público o la economía. En muchos casos, las autoridades locales están en primera línea para identificar y prevenir la infiltración en la economía lícita de las redes criminales, por ejemplo en la adjudicación de contratos públicos o la concesión de licencias de casinos, y deberían disponer de instrumentos para compartir información con otras administraciones públicas o autoridades con funciones coercitivas. También debe concederse más importancia a los trabajos de la Red Europea de Prevención de la Delincuencia. Con el apoyo financiero de la UE, la Red comparte las mejores prácticas en materia de prevención de la delincuencia.

La prevención y lucha contra la corrupción en la Unión Europea requieren un enfoque general. La Comisión publicó el primer informe anticorrupción de la UE en 2014. El informe proporciona una visión de conjunto a escala de la UE, identifica las tendencias y las mejores prácticas, y analiza la evolución de la situación en cada Estado miembro de la UE, con el fin de apoyar a los gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas en la prevención y lucha contra la corrupción. La UE ha adoptado una serie de medidas para luchar contra la corrupción: iniciativas políticas y supervisión (en particular reconociendo en el Semestre Europeo el coste económico de la corrupción), legislación y programas de financiación.

Acciones:

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   Ampliar el trabajo del ciclo de actuación de la UE a los países vecinos

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   Examinar posibles medidas de decomiso no basado en condena

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   Revisar la legislación en materia de armas de fuego presentando propuestas para 2016

-
   Adoptar una estrategia para después de 2016 sobre la trata de seres humanos

-
   Realizar acciones conjuntas y estrategias de cooperación con terceros países clave para luchar contra el tráfico de inmigrantes

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   Revisar la política y la legislación sobre delitos contra el medio ambiente, para presentar propuestas en 2016

3.3 Lucha contra la ciberdelincuencia

La ciberseguridad es la primera línea de defensa contra la ciberdelincuencia. La estrategia de ciberseguridad de la UE de 2013 se centra en la identificación de ámbitos de elevado riesgo, el trabajo con el sector privado con el fin de colmar lagunas, y la aportación de formación especializada. Un elemento importante para la aplicación de la estrategia será la rápida adopción de la propuesta de Directiva sobre seguridad de las redes y de la información
[38](#footnote39)
. La aplicación de esta Directiva no solo promoverá una mejor cooperación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y las autoridades de ciberseguridad, sino que contribuirá a la creación de capacidad en cuanto a ciberseguridad de las autoridades competentes de los Estados miembros y a la notificación de incidentes transfronterizos. La Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea también contribuye a la respuesta de la UE a los problemas ligados a la ciberseguridad trabajando para alcanzar un nivel elevado de seguridad de las redes y de la información.

Garantizar la plena aplicación de la legislación vigente de la UE es el primer paso en la lucha contra la ciberdelincuencia. La Directiva de 2013
[39](#footnote40)
 relativa a los ataques contra los sistemas de información tipifica como delito la utilización de instrumentos tales como los programas informáticos nocivos, y refuerza el marco para el intercambio de información sobre ataques. La Directiva de 2011 relativa a la explotación sexual infantil aproxima las disposiciones nacionales para prevenir la difusión en línea del abuso sexual de menores
[40](#footnote41)
. La Comisión está trabajando con los Estados miembros para garantizar la correcta aplicación de esas Directivas. Las normas también deben estar actualizadas. Los ciudadanos están preocupados por cuestiones tales como el fraude en los pagos. Sin embargo, la Decisión marco de 2001 sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo
[41](#footnote42)
 ya no corresponde a la realidad y nuevos retos actuales tales como las monedas virtuales y el pago por dispositivos móviles. La Comisión evaluará el grado de aplicación de la actual legislación, consultará a las partes interesadas pertinentes y evaluará la necesidad de nuevas medidas.

La ciberdelincuencia, por su propia naturaleza, no tiene fronteras, es flexible e innovadora. En el ámbito de la prevención, detección y represión, las fuerzas de seguridad tienen que ser capaces de anticipar e igualar el ingenio de los delincuentes. La ciberdelincuencia requiere que las autoridades judiciales competentes se replanteen la forma en que cooperan dentro de su jurisdicción y con la normativa aplicable, a fin de acelerar el acceso transfronterizo a las pruebas y la información, teniendo en cuenta la evolución actual y futura de la tecnología, como la computación en la nube y el Internet de las Cosas. Son cuestiones clave la recopilación de pruebas electrónicas en tiempo real de otras jurisdicciones sobre cuestiones como los titulares de direcciones IP u otras, y garantizar su admisibilidad ante los tribunales. También se requiere personal altamente cualificado capaz de adaptarse al considerable aumento del alcance, complejidad y tipos de ciberdelincuencia.

Se precisan normas claras para garantizar que los principios de protección de datos se respeten plenamente, a la vez que las fuerzas de seguridad obtienen acceso a los datos necesarios para proteger la intimidad de los ciudadanos contra la ciberdelincuencia y la usurpación de identidad. La cooperación con el sector privado es asimismo de vital importancia, con unas asociaciones entre el sector público y el privado que estructuren un esfuerzo común para combatir la delincuencia en Internet. La respuesta a la ciberdelincuencia (por ejemplo, la suplantación de identidad) debe contar con la participación de toda la cadena: desde el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol y los equipos de respuesta a emergencias informáticas en los Estados miembros afectados por la agresión, hasta los proveedores de servicios de Internet que pueden alertar a los usuarios finales y proporcionar protección técnica. En resumen, la ciberdelincuencia exige un nuevo enfoque respecto de las fuerzas de seguridad en la era digital.

El Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol puede basarse en su trabajo actual para convertirse en un núcleo de información central para las fuerzas de seguridad en este ámbito. El Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia de Budapest, ratificado por la mayoría de los Estados miembros, sigue siendo la norma internacional para la cooperación y un modelo para la legislación nacional y de la UE. Todos los Estados miembros deberían ratificar el Convenio. Iniciativas tales como el Grupo de Trabajo UE-EE.UU. sobre Ciberseguridad y Ciberdelincuencia y la Alianza mundial contra el abuso sexual de menores en línea ponen de manifiesto la importancia de la cooperación internacional y deben fomentarse, mientras que deben mejorarse las sinergias con las actuaciones dirigidas al desarrollo de la capacidad cibernética financiadas por los instrumentos de ayuda exterior.

Eurojust debería seguir facilitando el intercambio de las mejores prácticas e identificando los retos de la recopilación y el uso de pruebas electrónicas en las investigaciones y los procedimientos penales de los delitos facilitados por Internet, con las salvaguardias necesarias. La Comisión velará por que todos los medios modernos de comunicación relevantes (como el protocolo de transmisión de la voz por Internet) puedan ser objeto de investigación judicial, enjuiciamiento y asistencia judicial mutua. Las diferentes normas sobre la admisibilidad de pruebas no deben constituir un obstáculo a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada.

Acciones:

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   Dar un nuevo impulso a la aplicación de las políticas existentes en materia de ciberseguridad, ataques contra los sistemas de información, y lucha contra la explotación sexual de los niños

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   Revisar y posiblemente ampliar la legislación relativa a la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo, a fin de tener en cuenta las nuevas formas de delincuencia y falsificación de instrumentos financieros, presentando propuestas en 2016

-
   Revisar los obstáculos a las investigaciones penales sobre la ciberdelincuencia, en particular sobre cuestiones de competencia y normas sobre el acceso a las pruebas y la información

-
   Mejorar las acciones de desarrollo de la capacidad informática en el marco de los instrumentos de ayuda exterior

4. 
   EL CAMINO A SEGUIR

La Agenda Europea de Seguridad especifica las medidas necesarias para lograr un alto nivel de seguridad interior en la UE. Debe ser una agenda común. El éxito en su aplicación depende del compromiso político de todos los participantes a hacer más y a trabajar mejor juntos. Esto incluye a las instituciones de la UE, los Estados miembros y las agencias de la UE. Requiere una perspectiva global, haciendo de la seguridad una de nuestras principales prioridades externas. La UE debe estar en condiciones de reaccionar frente a acontecimientos imprevistos, aprovechar nuevas oportunidades y anticiparse y adaptarse a las tendencias y riesgos de seguridad futuros.

La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a aprobar esta Agenda como estrategia renovada de seguridad interior, con vistas a la próxima reunión del Consejo Europeo de junio de 2015. La Comisión invita a todas las partes a comprometerse activamente en la aplicación de la Agenda, en estrecha cooperación con todos los actores pertinentes. Invita a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a que adopten esta agenda como la base para la cooperación y la actuación conjunta de la Unión sobre seguridad en los próximos cinco años, con el objetivo de desarrollar un verdadero espacio de seguridad interior de la UE.

:   [(1)](#footnoteref2)
    Conclusiones del Consejo Europeo EUCO 79/14, de 27.6.2014; Resolución del Parlamento Europeo 2014/2918 de 17.12.2014; Conclusiones del Consejo, de 4.12.2014, sobre el desarrollo de una estrategia de seguridad interior renovada.
:   [(2)](#footnoteref3)
    Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático. Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea, 15.7.2014.
:   [(3)](#footnoteref4)
    Conclusiones del Consejo de 25.2.2010 sobre la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea: Hacia un modelo europeo de seguridad; COM(2014) 154 final de 11.3.2014.
:   [(4)](#footnoteref5)
    Con sujeción a las disposiciones específicas del Protocolo nº 22 por lo que respecta a Dinamarca, y de los Protocolos nº 21 y 36 por lo que respecta al Reino Unido y a Irlanda.
:   [(5)](#footnoteref6)
    Véase el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales y la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de 8 de abril de 2014, en los asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12, apartado 42.
:   [(6)](#footnoteref7)
    Véase el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales; sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2014, antes citada.
:   [(7)](#footnoteref8)
    Artículo 69 del TFUE.
:   [(8)](#footnoteref9)
    Agencia policial de la UE, Europol; Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea, Frontex; Agencia de cooperación judicial de la UE, Eurojust; Escuela Europea de Policía, CEPOL; Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud, eu-LISA; y Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, OEDT.
:   [(9)](#footnoteref10)
    Estrategia de Seguridad Marítima de la UE (Conclusiones del Consejo de 24.6.2014); Estrategia de ciberseguridad [JOIN(2013) 1 final de 7.2.2013); Estrategia para la gestión de los riesgos aduaneros [COM(2014) 527 final de 21.8.2014)]; Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (Conclusiones del Consejo de 12.5.2009); Estrategia de la UE para la juventud [COM(2009) 200 final de 27.4.2009]; Estrategia general de la UE para intensificar la lucha contra el contrabando de cigarrillos y otras formas de tráfico ilícito de productos del tabaco [COM(2013) 324 final de 6.6.2013]. La Agenda también complementa iniciativas en curso tales como la revisión de la política de control de las exportaciones [COM(2014) 244 final de 24.4.2014].
:   [(10)](#footnoteref11)
     La Agenda Europea de Migración es una de las iniciativas del programa de trabajo de la Comisión para 2015.
:   [(11)](#footnoteref12)
     Decisiones del Consejo 2009/820/PESC de 23.10.2009 y 2010/88/PESC/JAI de 30.11.2009.
:   [(12)](#footnoteref13)
    Posición común 2005/69/JAI relativa al intercambio de determinados datos con Interpol.
:   [(13)](#footnoteref14)
    AFIS es gestionado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
:   [(14)](#footnoteref15)
    Decisión 2008/615/JAI del Consejo de 23.6.2008 y Decisión 2008/616/JAI del Consejo de 23.6.2008.
:   [(15)](#footnoteref16)
    COM(2013) 173 final de 27.3.2013. Parte de la propuesta se sustituyó por la propuesta de Reglamento por el que se crea una agencia de la Unión Europea para la formación en funciones coercitivas (CEPOL) [COM(2014) 465 final de 16.7.2014].
:   [(16)](#footnoteref17)
    Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2014, antes citada.
:   [(17)](#footnoteref18)
    Véanse las Conclusiones del Consejo de 4.12.2014, antes citadas.
:   [(18)](#footnoteref19)
    La respuesta automatizada a una consulta en el índice revelaría únicamente si se dispone de datos («respuesta positiva») o no («ninguna respuesta positiva») en el registro de antecedentes penales de otro país. En caso de respuesta positiva, los datos adicionales deberán solicitarse a través de los canales existentes de cooperación policial.
:   [(19)](#footnoteref20)
    La Operación Arquímedes tuvo lugar en septiembre de 2014 con la participación de autoridades policiales de 34 países y la coordinación de Europol. Iba dirigida a grupos delictivos organizados y dio lugar a más de 1 000 detenciones en toda Europa.
:   [(20)](#footnoteref21)
    SEC(2010) 1626 final de 21.12.2010.
:   [(21)](#footnoteref22)
     Artículo 222 del TFUE.
:   [(22)](#footnoteref23)
    El Mecanismo de Protección Civil de la Unión se creó en 2011 para fomentar la cooperación entre las autoridades nacionales de protección civil de toda Europa.
:   [(23)](#footnoteref24)
    Decisión nº 1313/2013/UE de 17.12.2013 relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión.
:   [(24)](#footnoteref25)
     Esto incluye hacer que las infraestructuras a nivel local y nacional tengan una mayor resiliencia frente a las catástrofes, fomentar la innovación, crear vínculos más efectivos entre la investigación, la política y las operaciones, desarrollar asociaciones con el sector privado e integrar la gestión del riesgo de catástrofes.
:   [(25)](#footnoteref26)
    COM(2014) 527 final de 21.8.2014.
:   [(26)](#footnoteref27)
    COM(2014) 465 final de 16.7.2014.
:   [(27)](#footnoteref28)
    Horizonte 2020, el programa de investigación e innovación de la UE para el período comprendido entre 2014 y 2020, sección sobre «Sociedades seguras - Proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus ciudadanos».
:   [(28)](#footnoteref29)
    COM(2012) 417 de 26.7.2012.
:   [(29)](#footnoteref30)
     Los usuarios de Internet en la UE siguen estando muy preocupados por la ciberdelincuencia. El 85 % está de acuerdo en que el riesgo de ser víctimas de la ciberdelincuencia va en aumento (Eurobarómetro sobre ciberseguridad, publicado en febrero de 2015).
:   [(30)](#footnoteref31)
     Reglamento (CE) nº 1889/2005 de 26.10.2005.
:   [(31)](#footnoteref32)
    Se tendrán en cuenta las negociaciones sobre un Protocolo adicional que complementa el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo.
:   [(32)](#footnoteref33)
    Decisión Marco 2008/913/JAI de 28.11.2008, Directiva 2000/43/CE de 29.6.2000, Directiva 2000/78/CE de 27.11.2000, y Directiva 2010/13/UE de 10.3.2010.
:   [(33)](#footnoteref34)
    COM(2013) 941 final de 15.1.2014.
:   [(34)](#footnoteref35)
     Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales y el Reglamento relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos; véanse en este contexto las propuestas de la Comisión COM(2013) 45 final de 5.2.2013 y COM(2013) 44 final de 5.2.2013.
:   [(35)](#footnoteref36)
    Diciembre de 2014, plan de acción operativo entre la UE y los Balcanes Occidentales para la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego.
:   [(36)](#footnoteref37)
    Directiva 2011/36/UE de 5.4.2011; COM(2012) 286 final de 19.6.2012.
:   [(37)](#footnoteref38)
    COM(2014) 64 final de 7.2.2014.
:   [(38)](#footnoteref39)
    COM(2013) 48 final de 7.2.2013.
:   [(39)](#footnoteref40)
    Directiva 2013/40/UE de 12.8.2013.
:   [(40)](#footnoteref41)
    Directiva 2011/92/UE de 13.12.2011.
:   [(41)](#footnoteref42)
    Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo de 28.5.2001.

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