Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 21.8.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 296/14 |

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Recurso de casación interpuesto el 17 de febrero de 2023 por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Décima ampliada) dictada el 7 de diciembre de 2022 en el asunto T-487/21, Neoperl AG / Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

(Asunto C-93/23 P)

(2023/C 296/16)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: D. Hanf, T. Klee y E. Markakis, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Neoperl AG

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente en casación solicita al Tribunal de Justicia que:

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| — | Anule la sentencia recurrida. |

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| — | Condene a cada una de las partes a cargar con sus propias costas. |

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| — | Desestime la demanda por la que se solicita la anulación de la resolución objeto del litigio. |

Motivos y principales alegaciones

La recurrente en casación invoca, como motivo de casación, la infracción del artículo 72, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1001 [(1)](#ntr1-C_2023296ES.01001401-E0001) por la sentencia recurrida, que suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 58 bis, párrafo 3, del Estatuto del Tribunal de Justicia:

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| 1. | La recurrente alega que la sentencia recurrida infringe el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, al declarar que el examen en cuanto al fondo del motivo de desestimación del artículo 7, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 4 del Reglamento 207/2009 [(2)](#ntr2-C_2023296ES.01001401-E0002) constituye una cuestión jurídica necesaria previa al examen del recurso de anulación que interpuso. A este respecto, señala que el Tribunal General no tuvo en cuenta que esto no era necesario para examinar el carácter legal de la resolución de la Sala de Recurso objeto del presente litigio. Ese control ya podía quedar garantizado por el análisis de la cuestión de si la Sala de Recurso, al omitir el examen del artículo 7, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 4, del Reglamento 207/2009, había infringido las disposiciones invocadas en los motivos alegados en primera instancia, a saber, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 207/2009 y el artículo 71, apartado 1, del Reglamento 2017/1001. Aduce que el Tribunal General asumió sin base legal alguna la competencia originaria de la Sala de Recurso (artículos 165, apartado 1, 66, apartado 1 y 70, aparado 1, del Reglamento 2017/1001) para examinar en cuanto al fondo el motivo de desestimación del artículo 7, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 4 del Reglamento 207/2009. |

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| 2. | La recurrente alega que la sentencia recurrida es contraria al artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, ya que el Tribunal General realiza por sí mismo el examen material en cuanto al fondo del artículo 7, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 4 del Reglamento 207/2009. En su opinión, el Tribunal General no es materialmente competente para realizar este análisis, puesto que la Sala de Recurso no adoptó ninguna resolución cuya legalidad en cuanto al fondo pueda examinarse sobre el carácter aplicable del artículo 7, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 4, del Reglamento 207/2009. Por esta razón, señala que el examen en cuanto al fondo realizado por el Tribunal General constituye una modificación ilícita de la resolución objeto del litigio. A este respecto, señala que el Tribunal General ejerció efectivamente la competencia originaria (artículo 165, apartado 1, artículo 66, apartado 1 y artículo 70, apartado 1, del Reglamento 2017/1001) de la Sala de Recurso, por lo que privó definitivamente de ella a la Sala de Recurso, contrariamente a Derecho. |

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| 3. | La «infracción del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 207/2009», que el Tribunal General examinó de oficio en primera instancia contrariamente a las pretensiones de la demandante, constituye una elusión ilícita de la regla de competencia establecida por el legislador de la Unión en el artículo 72 del Reglamento 2017/1001. Esto tiene como consecuencia el carácter ilícito de la sentencia recurrida en su conjunto, puesto que esta se basa íntegramente en esta ilegalidad. |

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| 4. | La infracción del artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 por la sentencia recurrida implica necesariamente otras ilegalidades en perjuicio de la recurrente en casación, a saber, (i) la privación definitiva de las competencias de examen y de resolución tanto originarias (artículos 165, apartado 1, 66, apartado 1, y 70, apartado 1, del Reglamento 2017/1001) como específicas (artículo 71, apartado 1, segunda frase, primer supuesto, del Reglamento 2017/1001) de la Sala de Recurso, y (ii) la vulneración de la independencia de sus miembros en el ejercicio de esa competencia (artículo 166, apartado 7, del Reglamento 2017/1001). Además, esas infracciones vulneran la protección jurídica específica de la recurrente, garantizada a diferentes niveles por el legislador de la Unión en primera instancia, contra la resolución de la examinadora de la EUIPO y contra la resolución de la Sala de Recurso (artículos 66, apartado 1, 165, apartado 1, y considerando 30 del Reglamento 2017/1001, así como artículo 72 del Reglamento 2017/1001). |

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| 5. | La recurrente señala que el recurso suscita una «cuestión importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión», en el sentido del artículo 58 bis, párrafo 3, del Estatuto del Tribunal de Justicia, ya que la sentencia recurrida puede crear inseguridad jurídica en una cuestión de especial importancia estructural para el sistema específico y la «lógica del sistema institucional», establecido por el legislador de la Unión para garantizar la protección jurídica completa, material y efectiva, garantizada a diferentes niveles, contra las resoluciones de la EUIPO. Debido a su naturaleza horizontal y constitucional, aduce que esta cuestión es relevante para el examen judicial de todas las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO en materia de marcas y modelos. Señala que, además, se refiere a la protección jurídica contra las resoluciones de todas las agencias de la UE, para las que el legislador de la Unión ha previsto imperativamente, como «condición especial» en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo 5, un control específico, completo y previo por una sala de recurso independiente. |

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