Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 52015DC0081

**COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO El Protocolo de París, un plan rector para combatir el cambio climático más alla de 2020 /\* COM/2015/081 final \*/**

  

Índice

1............ Resumen. 3

2............ El
Protocolo de París. 5

3............ Asegurar
una reducción ambiciosa de las emisiones de gases de efecto invernadero. 6

3.1......... El
objetivo para 2030 y la contribución prevista, determinada a nivel nacional, de
la UE   6

3.2......... Compartir
el esfuerzo mundial 7

4............ Garantizar
el dinamismo por medio de revisiones periódicas de los objetivos. 8

5............ Reforzar
la transparencia y la rendición de cuentas. 9

6............ Lograr
la resiliencia climática por medio de la adaptación. 10

7............ Promover
la aplicación y la cooperación. 10

7.1......... Movilizar
la financiación pública y privada para la lucha contra el cambio climático. 10

7.2......... Reforzar
la cooperación internacional 11

7.3......... Apoyar el
desarrollo y la implantación de tecnologías climáticas. 12

7.4......... Aumento de
la capacidad. 12

8............ Movilización
de otras políticas de la UE.. 13

9............ Próximas
etapas. 14

1.           Resumen

Según las conclusiones más recientes del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), sin una
actuación urgente, el cambio climático acarreará graves consecuencias
irreversibles y extendidas para todas las personas y ecosistemas del mundo.
Para poder limitar el peligroso aumento de la temperatura media mundial a menos
de 2 °C en comparación con los niveles preindustriales (el objetivo de un
aumento inferior a 2 °C) será preciso que todos los países reduzcan las
emisiones de gases de efecto invernadero de una forma sustancial y sostenida.

Esa transición global hacia un bajo nivel de
emisiones puede realizarse sin poner en peligro el crecimiento y el empleo y
puede ofrecer grandes oportunidades para revitalizar las economías en Europa y
en el mundo. Las medidas para combatir el cambio climático también llevan
aparejados notables beneficios en términos de bienestar público. No obstante,
si esa transición se retrasa, los costes serán más elevados y habrá menos opciones
para reducir con efectividad las emisiones y prepararse para los impactos del
cambio climático.

Todos los países deben actuar con urgencia y
de forma colectiva. Desde 1994, las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se han centrado en este
reto, lo cual se ha traducido en el compromiso de más de 90 países,
desarrollados y en desarrollo, de reducir sus emisiones antes de 2020. Esos
compromisos, sin embargo, son insuficientes para lograr el objetivo de un aumento
inferior a 2 °C[1].
Por todas esas razones, en 2012 las Partes en la CMNUCC abrieron negociaciones
para llegar a un nuevo acuerdo, jurídicamente vinculante y aplicable a todas
las Partes, que pondrá al mundo en la senda apropiada para alcanzar el objetivo
de un aumento inferior a 2 °C. El Acuerdo de 2015 se ultimará en París en
diciembre de 2015 y será aplicable a partir de 2020.

Los progresos realizados en la reciente
Conferencia de Lima sobre el Clima hacen posible la consecución de un acuerdo
sólido en París. Más importante aún, en esa Conferencia se decidió cómo debían
formular y comunicar los países sus propuestas de objetivos de reducción de
emisiones con la debida antelación a la Conferencia de París. También se
elaboró un primer proyecto de texto completo del Acuerdo de 2015 que refleja
las posturas de todas las Partes sobre todos los elementos objeto de
negociación.

Mucho antes de la Conferencia de Lima, la UE
siguió mostrando su liderazgo y determinación en la lucha contra el cambio
climático a nivel mundial. En la Cumbre Europea de octubre de 2014, los líderes
europeos coincidieron en que la UE debía redoblar esfuerzos y, antes de 2030,
reducir sus emisiones en al menos un 40 % en comparación con 1990. Poco
después, China y los Estados Unidos anunciaron sus objetivos. En Lima, los
Estados miembros de la UE prometieron aportar aproximadamente la mitad de la
capitalización inicial de 10 000 millones USD al Fondo Verde
para el Clima para ayudar a los países en desarrollo. Dentro de la UE, se adoptó
un nuevo plan de inversiones, que desbloqueará una
inversión pública y privada en la economía real de al menos
315 000 millones EUR durante los próximos tres años (2015-2017). Esas
inversiones ayudarán a modernizar y a seguir «descarbonando» la economía de la
UE.

La presente Comunicación responde a las
decisiones adoptadas en Lima y es un elemento clave en la aplicación de la
prioridad de la Comisión de construir una Unión de la Energía resistente con
una política climática dotada de perspectiva de futuro y acorde con las
orientaciones políticas del Presidente de la Comisión. La presente Comunicación
prepara a la UE para la última ronda de negociaciones antes de la Conferencia
de París de diciembre de 2015.

En particular, la presente Comunicación:

Traduce la decisión adoptada en la Cumbre
Europea de octubre de 2014 en el objetivo de emisiones propuesto por la
UE: su contribución prevista, determinada a nivel nacional (CPDN), que se
presentará antes de que concluya el primer trimestre de 2015.
Propone que todas las Partes en la CMNUCC
presenten su CPDN con suficiente antelación a la Conferencia de París.
China, los Estados Unidos y otros países del G20, así como los países de
renta media y alta, deberían ser capaces de hacerlo antes del primer
trimestre de 2015. Debería darse más flexibilidad a los países menos
desarrollados.
Expone una visión para un acuerdo
jurídicamente vinculante, dinámico y transparente, con compromisos
ambiciosos y equitativos de todas las Partes, sobre la base de unas
circunstancias económicas y geopolíticas cambiantes a nivel mundial. La
suma de esos compromisos, basados en pruebas científicas, debería encauzar
al mundo hacia una reducción de las emisiones globales de al menos un
60 % por debajo de los niveles de 2010 de aquí a 2050. Si se diera
una brecha en el nivel de ambición establecido en París, esta debería
corregirse con un programa de trabajo a partir de 2016, elaborado en
estrecha colaboración con el Fondo Verde para el Clima, con vistas a
determinar las medidas suplementarias que habría que adoptar para reducir
emisiones.
Propone que el Acuerdo de 2015 adopte la
forma de un protocolo de la CMNUCC. Las grandes economías, en particular
la UE, China y los EE.UU., deberían dar muestras de liderazgo político
adhiriéndose lo antes posible al Protocolo, que debería entrar en vigor en
cuanto lo haya ratificado un número de países que, colectivamente, suponga
el 80 % de las emisiones mundiales actuales. En el nuevo Protocolo,
la financiación de la lucha contra el cambio climático, el desarrollo y la
transferencia de tecnología y el aumento de la capacidad deberían promover
la participación universal y facilitar la aplicación eficiente y efectiva
de las estrategias de reducción de emisiones y de adaptación a los efectos
adversos del cambio climático.
Subraya que la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), la Organización Marítima Internacional (OMI) y
el Protocolo de Montreal deberían actuar para regular de forma efectiva
las emisiones de la aviación y el transporte marítimo internacionales, así
como la producción y el consumo de gases fluorados antes de finales de
2016.
Destaca que otras políticas de la UE, como
las de comercio, investigación científica, innovación y cooperación
tecnológica, cooperación económica y para el desarrollo, reducción del
riesgo de catástrofes y medio ambiente, podrían reforzar la política
internacional de lucha contra el cambio climático de la UE.
Se complementa con un plan de acción para la
«diplomacia climática» desarrollado conjuntamente por el Servicio Europeo
de Acción Exterior y la Comisión. El plan de acción tiene por objeto
reforzar la influencia de la UE y crear alianzas con socios
internacionales ambiciosos en el período previo a la Conferencia de París.

Algunos aspectos de la presente Comunicación
se desarrollan con más detalle en el documento de trabajo adjunto de los
servicios de la Comisión.

2.           El Protocolo de París

Para promover una actuación colectiva que sea
coherente con las conclusiones del IPCC, el Protocolo de París debe alcanzar los
siguientes objetivos:

Asegurar una reducción ambiciosa de
emisiones:

o
especificando que el objetivo a largo plazo debería
ser reducir antes de 2050 las emisiones mundiales en al menos un 60 % por
debajo de los niveles de 2010[2],
y

o
estableciendo, en este contexto, unos compromisos
de mitigación jurídicamente vinculantes, que sean claros, específicos,
ambiciosos y equitativos y que encaucen al mundo hacia la consecución del
objetivo de un aumento inferior a 2 °C; esos compromisos deben ser
compatibles con los principios de la CMNUCC aplicados a la luz de unas
responsabilidades, capacidades y circunstancias nacionales diferentes y
cambiantes.

Garantizar el dinamismo mediante una
revisión global, que se llevará a cabo cada cinco años, a fin de reforzar
la ambición de esos compromisos de mitigación en consonancia con los
últimos avances científicos.
Reforzar la transparencia y la rendición de
cuentas para poder determinar si se han cumplido los objetivos de
reducción de emisiones y los compromisos correspondientes; debe
establecerse un conjunto común de normas y procedimientos en relación con
los informes anuales y la verificación periódica, y debe preverse que
expertos internacionales evalúen los inventarios de emisión.
Garantizar un desarrollo sostenible, resistente
al clima, promoviendo la cooperación internacional y respaldando políticas
que reduzcan la vulnerabilidad y mejoren la capacidad de los países para
adaptarse a los efectos del cambio climático.
Promover una aplicación y una cooperación
eficientes y efectivas impulsando políticas que movilicen inversiones
públicas y privadas que sean sustanciales, transparentes y predecibles y
favorezcan un desarrollo de bajas emisiones y resistente al clima.

El Protocolo debería incluir estos objetivos.
Antes de 2017 debería haberse establecido un programa de trabajo técnico que
detallara las normas, procesos e instituciones necesarios para alcanzarlos.

Para adherirse al Protocolo, las Partes deben
contraer un compromiso de mitigación. Las Partes podrán participar en la toma
de decisiones en el marco del Protocolo y tendrán acceso a recursos financieros
y de otro tipo para facilitar su aplicación. Los compromisos de mitigación en
el marco del Protocolo deberían ser igualmente vinculantes para todas las
Partes.

Con ello se dará la señal más clara a los
Gobiernos, los mercados y los ciudadanos de que las Partes en el Protocolo se
han comprometido a luchar contra el cambio climático, puesto que esos
compromisos ofrecen:

la máxima expresión de la voluntad política
de las Partes por cumplirlos,
la previsibilidad y la seguridad necesarias
para todos los agentes públicos y privados, y
durabilidad en el contexto de los cambios
políticos nacionales.

Los países que abogan por que los compromisos
de mitigación no sean vinculantes a nivel internacional deben demostrar de qué
manera se podrían obtener estas ventajas con otro tipo de planteamiento.

Se espera que todas las naciones del G20, que
representan alrededor del 75 % de las emisiones mundiales, así como otros
países de renta media y alta, ratifiquen oportunamente el Protocolo y lo
apliquen a partir de 2020. La UE, China y los EE.UU. deberían enviar una señal
especialmente importante de liderazgo político, marcando el paso y adhiriéndose
al Protocolo lo antes posible. El Protocolo debería entrar en vigor en cuanto
haya depositado su instrumento de ratificación un número de países tal que sus
emisiones en conjunto representen más de 40 Gt equivalentes de CO2
en 2015. Esto supone aproximadamente el 80 % de las emisiones mundiales
actuales.

3.           Asegurar
una reducción ambiciosa de las emisiones de gases de efecto invernadero

3.1.        El objetivo para 2030 y la
contribución prevista, determinada a nivel nacional, de la UE

Los esfuerzos de la política de clima y
energía de la UE están dando resultado. En la UE, las emisiones disminuyeron un
19 % entre 1990 y 2013, mientras que durante ese mismo período se registró
un crecimiento del PIB del 45 %. El marco de clima y energía para 2030,
según lo acordado por los dirigentes de la UE en octubre de 2014, reforzará aún
más el panorama político. Establece un objetivo vinculante para el conjunto de
la economía, aplicable a todos los sectores y a todas las fuentes de emisiones,
en particular la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra, consistente
en reducir en al menos un 40 % las emisiones de la UE en 2030 en
comparación con los niveles de 1990. Ese objetivo es ambicioso y equitativo y
está en consonancia con una trayectoria de reducción rentable de las emisiones
internas hacia un 80 % como mínimo en 2050[3].
La UE ya ha tomado importantes medidas para convertirse en la economía más
eficiente del mundo desde el punto de vista de las emisiones. El objetivo de
2030 permitirá reducir la intensidad de las emisiones de la economía de la UE
en otro 50 %. El plan de inversiones de la UE recientemente aprobado va a
desbloquear una financiación privada sustancial para modernizar la economía de
la UE y seguir reduciendo sus emisiones de carbono.

Hoy por hoy, no hay ninguna razón que
justifique proponer un objetivo condicional superior. Si el resultado de las
negociaciones justificara un objetivo más ambicioso, la UE debería permitir la
utilización de créditos internacionales para completar los compromisos
internos, siempre que su integridad ambiental quede plenamente garantizada y se
evite la doble contabilización.

3.2.        Compartir el esfuerzo mundial

La UE representa el
9 % de las emisiones mundiales, y ese porcentaje está disminuyendo. En
noviembre de 2014, los dos mayores emisores del mundo —China (el 25 % de
las emisiones mundiales) y los Estados Unidos (el 11 %)— siguieron los
pasos de la UE y anunciaron unos objetivos indicativos para después de 2020.
Esos objetivos, en combinación, cubren cerca de la mitad de las emisiones
mundiales. En aras de su efectividad, y para crear unas condiciones equitativas
a nivel mundial, el Protocolo debe tener las características siguientes:

·
Amplia cobertura geográfica. Para lograr la
cobertura de emisiones necesaria, todas las Partes, salvo los países menos
desarrollados, deben presentar su CPDN a principios de 2015. Todos los países
del G20, así como los países de renta media y alta, deberían ser capaces de
hacerlo antes de finales del primer trimestre de 2015. Esas CPDN deberían
comunicarse de acuerdo con los requisitos de notificación acordados en Lima. En
el cuadro 1 se establece el objetivo interno de reducción del 40 %,
como mínimo, acordado por los dirigentes de la UE en octubre de 2014 en forma
de CPDN, en consonancia con los requisitos de información acordados en Lima,
para garantizar que los objetivos sean transparentes, cuantificables y
comparables. Ese cuadro proporciona una plantilla simple que podría servir de
modelo para las Partes que aún no hayan terminado de elaborar su CPDN. Los
países menos desarrollados podrían presentar sus CPDN de forma voluntaria, con
un resumen de políticas y medidas y una estimación de las reducciones de
emisiones. Todas las demás Partes en el Protocolo deben mantener en todo
momento un compromiso de mitigación. Esos compromisos deberían figurar en un
anexo del Protocolo, por orden alfabético de las Partes.

·
Cobertura global de sectores y emisiones. Los
compromisos de las Partes deben crear fuertes incentivos para que todos los
agentes sigan reduciendo y limitando las emisiones a nivel mundial. El
Protocolo debería exigir la reducción de emisiones en todos los sectores, en
particular la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra, la
aviación y el transporte marítimo internacionales y los gases fluorados. La
OACI, la OMI y el Protocolo de Montreal deberían actuar para regular de forma
efectiva las emisiones de la aviación y el transporte marítimo internacionales,
así como la producción y el consumo de gases fluorados antes de finales de
2016.

·
El máximo nivel de ambición. Mucho antes de la
Conferencia de París, cada Parte debe elegir el tipo de compromiso de
mitigación y determinar su nivel de ambición y su alcance a la luz de unas
responsabilidades, capacidades y circunstancias nacionales diferentes y
cambiantes. Los países con las mayores responsabilidades y capacidades deben
tener los compromisos de mitigación más ambiciosos. La CPDN de cada Parte
debería representar una progresión significativa del nivel de ambición y del
alcance de su compromiso de mitigación en comparación con el actual. Cada una
de ellas debería demostrar su convergencia hacia niveles bajos en el caso de
las emisiones globales y de las emisiones per cápita, así como una mejora en la
intensidad de las emisiones a lo largo del tiempo.

·
Sólidos compromisos de reducción de emisiones. El
tipo más sólido de compromiso consiste en unos objetivos absolutos para toda la
economía, combinados con presupuestos de emisiones. Presentan una serie de
ventajas, en particular seguridad, transparencia, flexibilidad y, si se utilizan
de forma generalizada, reducción del riesgo de fuga de carbono. De acuerdo con
la idea de la progresión a lo largo del tiempo, todos los países que ya tengan
ese tipo de objetivos deberían mantenerlos y reforzarlos con respecto a un año
o período de referencia histórico. Los países del G20 y otros países de renta
alta que no hayan establecido objetivos absolutos en el marco del Protocolo
para después de 2020 deberían comprometerse a hacerlo a más tardar en 2025. Se
insta a otras economías emergentes y a otros países de renta media a hacer lo
mismo lo antes posible, como muy tarde en 2030.

4.           Garantizar el dinamismo por medio de revisiones periódicas de los objetivos

El Protocolo debería establecer un proceso,
aplicable a todas las Partes, para revisar y reforzar con periodicidad los
compromisos de mitigación, de acuerdo con el objetivo a largo plazo del
Protocolo. Si los esfuerzos colectivos de las Partes fueran insuficientes, el
proceso debería animarlas a subir el nivel de ambición de los compromisos existentes
y a formular compromisos suficientemente ambiciosos en períodos posteriores.

A partir de 2020, la revisión debería
repetirse cada cinco años, y debería facilitar la transparencia, la claridad y
la comprensión de los compromisos de mitigación a la luz de su contribución al
objetivo de un aumento inferior a 2 °C. En la revisión debería invitarse a
las Partes a explicar los progresos realizados en el cumplimiento de sus
compromisos de mitigación y las razones por las que, en su opinión, sus medidas
han sido equitativas y ambiciosas.

El proceso debería basarse en datos
científicos y en los hechos, y estar orientado por consideraciones tales como
unas responsabilidades, capacidades y circunstancias nacionales diferentes y
cambiantes. Debería ser simple y eficiente, y evitar la duplicación de otros
procesos. Con el paso del tiempo, deberían perfeccionarse las modalidades
relativas al ciclo de revisión para permanecer en el buen camino hacia la
consecución del objetivo de un aumento inferior a 2 °C.

El Protocolo y las decisiones de la
Conferencia de las Partes (COP) que lo acompañan deben prever una movilización
dinámica de la financiación de la lucha contra el cambio climático, la
transferencia de tecnología y el aumento de la capacidad de las Partes elegibles,
en particular las que dispongan de menos capacidades. Esto incluirá
procedimientos para evaluar y mejorar periódicamente la adecuación y la
efectividad de los medios de ejecución movilizados por el Fondo Verde para el
Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otras instituciones
pertinentes. Por otra parte, en París también deberá garantizarse el apoyo a
las Partes en la revisión y consolidación periódicas de sus planteamientos de
adaptación a lo largo del tiempo.

5.           Reforzar la transparencia y la rendición de cuentas

El Protocolo debe contener los elementos clave
de un sistema común de transparencia y rendición de cuentas aplicable a todas
las Partes. Ha de incluir, por ejemplo, normas sólidas sobre seguimiento,
notificación, verificación y contabilidad, y un proceso para responsabilizar a
cada una de las Partes del cumplimiento de sus compromisos. Ese sistema será
esencial para asegurar que cada Parte está aplicando sus compromisos y se
encuentra en el buen camino hacia la consecución de su objetivo. También será
fundamental para crear un clima de confianza, impulsar la ambición y ofrecer
previsibilidad y seguridad jurídica. Las Partes, como tales, deberían
presentar, a más tardar en el momento de la ratificación, el conjunto más
reciente de inventarios de emisiones anuales del período comprendido entre 2010
y 2015.

Ese sistema debería estar concebido para el
largo plazo. Aunque tiene que ser lo suficientemente flexible para atender a
toda una variedad de tipos de compromisos, capacidades y circunstancias
nacionales, esa flexibilidad no debería socavar la transparencia, la rendición
de cuentas ni la ambición. Equipos de expertos independientes deberían realizar
revisiones periódicas. El nuevo Protocolo debería reconocer las transferencias
netas entre los países que han decidido vincular sus mercados nacionales de
carbono, y ello debería tenerse en cuenta a la hora de evaluar el cumplimiento.

Por último, el Protocolo debería establecer un
organismo que facilitara su aplicación y tratara las cuestiones planteadas en
cuanto al cumplimiento de los compromisos de cualquier Parte. Ese organismo
debería centrarse en los compromisos de mitigación, con inclusión del
seguimiento, la notificación, la verificación y la contabilidad. El organismo
debería ser de carácter no político y estar constituido por expertos, y su
mandato se establecería en el Protocolo.

6.           Lograr la resiliencia
climática por medio de la adaptación

Si bien es esencial tomar medidas ambiciosas
de mitigación, es igualmente importante promover acciones individuales y en
colaboración para prepararse a los efectos adversos del cambio climático y
adaptarse a ese fenómeno. En esa labor el papel del sector del uso de la tierra
es fundamental por lo que se refiere a la resiliencia en el ámbito de la
seguridad alimentaria y a otros beneficios ambientales, sociales y económicos.
La estrategia de la UE para la adaptación, que completa las estrategias de los
Estados miembros, tiene por objeto conseguir una Europa más resistente al
clima. La adaptación basada en los ecosistemas puede reducir el riesgo de
inundaciones y de erosión del suelo y mejorar la calidad del agua y del aire.

En el contexto de la consecución de un
desarrollo sostenible y resistente al clima para todas las Partes, el Protocolo
debería reforzar los compromisos de todas ellas para que siguieran formulando,
planificando y aplicando medidas que faciliten la adaptación, y para que
informaran sobre esas medidas a través de sus comunicaciones nacionales. El
Protocolo debería seguir ayudando a los países y regiones especialmente
vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, incluso mediante
asistencia financiera y técnica y el aumento de la capacidad.

De ese modo, el Protocolo ofrecerá más
visibilidad a las medidas y ayudas de adaptación y reforzará las disposiciones
sobre seguimiento y notificación en el marco de la CMNUCC. También permitirá
determinar mejor la efectividad de las medidas adoptadas para facilitar una
adaptación adecuada, basándose en los informes nacionales y otros datos
pertinentes, lo que inspirará nuevas medidas reforzadas de las Partes.

Con la aprobación del Protocolo, las
posteriores decisiones de la COP deberían consolidar la aplicación de las
disposiciones del Marco de Adaptación de Cancún y del Programa de Trabajo de
Nairobi.

7.           Promover
la aplicación y la cooperación

7.1.        Movilizar la financiación pública y privada para la lucha
contra el cambio climático

La conversión en economías con bajos niveles
de emisiones y resistentes al cambio climático solo se producirá a través de
cambios a gran escala en las pautas de inversión. El Protocolo debería promover
inversiones en programas y políticas de reducción de emisiones que facilitaran
la resistencia al cambio climático. Todos los países deberían comprometerse a
adoptar medidas que mejoraran los entornos facilitadores para atraer
inversiones a favor de la protección del clima. En consonancia con la
Comunicación de la Comisión «Una asociación mundial para la erradicación de la
pobreza y el desarrollo sostenible después de 2015», todos los recursos
deberían utilizarse efectivamente para alcanzar varios objetivos climáticos y
de desarrollo sostenible acordados a nivel internacional. Los países que
estuvieran en condiciones de hacerlo deberían movilizar ayuda financiera para
las Partes en el Protocolo elegibles. La base de la ayuda financiera se ha de
ampliar a lo largo del tiempo a medida que vayan cambiando las capacidades de
las Partes. Debería ofrecerse claridad a todas las Partes sobre el impacto
climático de los flujos financieros que no se inscriben en el ámbito de la
financiación de la lucha contra el cambio climático. La financiación de la
acción por el clima debería seguir reflejando los compromisos de los Gobiernos
nacionales, los entornos facilitadores y las estrategias de inversión
posteriores a 2020. La cantidad de fondos que debe movilizarse para la lucha
contra el cambio climático dependerá también de la calidad y la ambición de las
propuestas de CPDN, de los planes de inversión posteriores y de los procesos nacionales
de planificación de la adaptación. Al no conocerse aún totalmente las CPDN ni
los procesos nacionales de planificación de la adaptación, es demasiado pronto
para entrar más en detalle acerca de la escala y el tipo de financiación que se
necesitará después de 2020 para combatir el cambio climático.

La financiación del sector público a tal fin
seguirá desempeñando un papel importante para movilizar recursos a partir de
2020. El Protocolo también debería reconocer la importancia del sector privado
como fuente clave para ampliar la financiación de la lucha contra el cambio
climático. El Protocolo debería aclarar el papel del Fondo Verde para el Clima
y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la hora de proporcionar apoyo para
la aplicación. Asimismo, debería dar garantías a los países más pobres y más
vulnerables al cambio climático de que seguirán recibiendo apoyo prioritario.
Ello podría conseguirse más fácilmente si el marco de financiación del
Protocolo se ajustara totalmente al proceso de Financiación para el Desarrollo
y al Programa para el Desarrollo posterior a 2015.

El Protocolo debería promover la concepción y
ejecución de sólidos entornos facilitadores para posibilitar la transformación
hacia economías de bajas emisiones y resistentes al cambio climático, en
particular:

políticas climáticas ambiciosas a nivel
nacional,
una gobernanza eficaz, incluidos unos marcos
de inversión, incentivos de precios e instrumentos de financiación que
favorezcan las inversiones a favor de la reducción de emisiones y la
resistencia al cambio climático, y
la oferta de información sobre cómo combatir
el cambio climático.

La tarificación de las emisiones de carbono y
las políticas de inversión de los bancos de desarrollo públicos desempeñarán un
papel fundamental a este respecto. La integración de las consideraciones
climáticas en todas las políticas, estrategias de desarrollo e inversiones es
esencial para explotar las sinergias entre la financiación de la adaptación, la
mitigación y el desarrollo.

7.2.        Reforzar la cooperación
internacional

El intercambio de información sobre las
experiencias en la elaboración de políticas y la promoción de buenas prácticas
contribuirá en gran medida a acelerar y ampliar la acción por el clima. A este
respecto, la UE se ha mostrado en los últimos años dinámica en iniciativas
bilaterales y multilaterales, por ejemplo en conversaciones políticas
bilaterales sobre comercio de derechos de emisión; mediante la puesta en marcha
de iniciativas de energía sostenible que contribuyen al desarrollo de economías
hipocarbónicas; o promoviendo el desarrollo y el despliegue en la práctica de
políticas de adaptación a través de la Alianza Mundial contra el Cambio
Climático, compuesta ahora por 38 países en desarrollo vulnerables y
8 regiones de África, Asia, el Caribe y el Pacífico.

El Protocolo debería fomentar un intercambio
más sistemático de experiencias en el interior de cada región geográfica y
entre ellas y aunar la pericia técnica de organizaciones especializadas, el
sector privado, universidades, regiones y municipios. El Protocolo debería
prever el reconocimiento de importantes iniciativas que aplican y complementan
los esfuerzos nacionales de reducción de emisiones y de adaptación a los
efectos adversos del cambio climático. En la Conferencia de París también
debería decidirse continuar el programa de trabajo para identificar medidas
suplementarias de mitigación en 2016, en estrecha colaboración con el Fondo
Verde para el Clima y otras instituciones financieras. Esto será especialmente
importante si existe una brecha entre el nivel agregado de ambición de los
compromisos de mitigación y las reducciones necesarias para conseguir el
objetivo de un aumento inferior a 2 °C.

7.3.        Apoyar el desarrollo y la
implantación de tecnologías climáticas

El desarrollo y la implantación de tecnologías
climáticas van a tener un papel esencial en la consecución de los objetivos en
materia de cambio climático, así como a la hora de contribuir a la creación de
empleo y a un crecimiento económico sostenible. La combinación de fondos para
la investigación, medidas de absorción por el mercado, programas de educación,
financiación y políticas que impongan un precio a las emisiones crea un entorno
facilitador para una amplia gama de tecnologías. Entre ellas cabe citar las
tecnologías que promueven la resiliencia a impactos meteorológicos extremos,
los servicios climáticos y los sistemas de gestión de los recursos hídricos,
así como la producción de energía, procesos industriales, el transporte, la
agricultura y la reducción de la deforestación.

Los países eligen las opciones tecnológicas
que les resultan más adecuadas, a menudo ayudados por evaluaciones de las
necesidades tecnológicas y por el Centro y la Red de Tecnología Climática. La
innovación, incluida la intensificación de la transferencia de tecnologías,
depende de la colaboración voluntaria con agentes del sector privado para
desarrollar, financiar e implantar una tecnología. Es esencial mantener las
normas actuales de propiedad intelectual.

El Protocolo debería reconocer el papel que ya
desempeñan el Comité Ejecutivo Tecnológico y el Centro y la Red de Tecnología
Climática, en combinación con un proceso reformado de evaluación de las
necesidades tecnológicas.

7.4.        Aumento
de la capacidad

El aumento de la capacidad debería ser un
elemento de apoyo para todas las actividades relacionadas con el Protocolo,
incluidas la planificación de la adaptación, las obligaciones de notificación,
los inventarios de emisiones, la transferencia de tecnología y los proyectos de
mitigación. Ese apoyo, por tanto, debería canalizarse a través de las
instituciones encargadas de financiar actividades en esos ámbitos, y tendrá que
adaptarse a las necesidades de cada país.

Podrían reforzarse las disposiciones
existentes en el marco de la Convención, aunque el Foro de Durban para Fomentar
la Capacidad seguirá siendo el lugar adecuado para los debates sobre este tema.
La UE está integrando activamente el aumento de la capacidad en el apoyo que
presta a las medidas contra el cambio climático en los países en desarrollo, en
particular en relación con los compromisos de mitigación.

La Conferencia de París debería acordar
prestar asistencia a los países que la necesitan para elaborar inventarios de
emisiones y sistemas de seguimiento, notificación y verificación, y para
desarrollar estrategias de desarrollo hipocarbónico y resistente al cambio
climático con las estructuras de incentivos correctas.

8.           Movilización de otras políticas
de la UE

En los próximos meses, la UE intensificará su
«diplomacia climática» antes de la Conferencia de París. Los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE han refrendado un plan de acción para la
«diplomacia climática» desarrollado conjuntamente por el Servicio Europeo de
Acción Exterior y la Comisión.

Ese plan consta de las medidas siguientes:

incluir el cambio climático entre las
prioridades estratégicas de los debates políticos, en particular en las
reuniones del G7 y del G20 y en la Asamblea General de las Naciones
Unidas,
apoyar un desarrollo hipocarbónico
resistente al clima y las catástrofes a través de la cooperación para el
desarrollo de la UE, y
vincular el cambio climático a sus
consecuencias potenciales a largo plazo, en particular los problemas de
seguridad.

Además, hay otras políticas de la UE que
pueden respaldar sus objetivos en el proceso de negociación internacional y la
aplicación del Protocolo en países socios. Esas políticas pueden ayudar a los
países socios en la fase preparatoria del Protocolo y, posteriormente, durante
su ejecución. Entre ellas cabe citar las siguientes:

Cooperación económica y para el desarrollo.
La UE y sus Estados miembros son ya los principales proveedores de ayuda
oficial al desarrollo y de financiación para la lucha contra el cambio
climático en países en desarrollo. En 2013, la UE concedió más de
9 500 millones EUR para combatir el cambio climático. Debería
seguir integrando los objetivos climáticos en la cooperación económica y
para el desarrollo. A tal efecto, para el período 2014-2020 ya se ha
acordado que el 20 %, como mínimo, de la ayuda de la UE al desarrollo
(unos 14 000 millones EUR) tendrá que estar relacionada con el
clima. Los Estados miembros deberían también fijar objetivos claros de
integración. Además, la UE y sus Estados miembros deberían intensificar la
coordinación de la financiación de la lucha contra el cambio climático
mundial para reforzar su impacto y la eficiencia de la prestación de la
ayuda.
Política de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación. La UE va a explotar mejor el hecho de
que el programa marco de investigación e innovación Horizonte 2020 esté
totalmente abierto a la participación de terceros países y proporciona
ayuda financiera a países menos desarrollados. La UE divulgará su
compromiso de invertir en el marco de este programa al menos
28 000 millones EUR en medidas relacionadas con el clima. Parte
de esa cantidad servirá para impulsar una amplia colaboración
internacional que permita introducir las tecnologías climáticas en los
mercados y formar a científicos y emprendedores, y contribuirá a los
objetivos de la «diplomacia climática».
Política comercial. En sus acuerdos
bilaterales de libre comercio, la UE y sus socios se comprometen a
fomentar objetivos climáticos y a aplicar de forma efectiva la CMNUCC, en
particular por medio de diálogos estructurados periódicos y de la
cooperación sobre cuestiones relacionadas con el clima y el comercio. En
el marco del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la
gobernanza, la UE ofrece un mayor acceso al mercado a los países en
desarrollo que hayan ratificado y que apliquen efectivamente convenios
internacionales, en particular sobre cambio climático. En la OMC, la UE
está trabajando con sus socios comerciales para celebrar un importante
acuerdo internacional relacionado con la liberalización del comercio de
bienes y servicios ambientales antes de finales de 2015, a fin de aumentar
la difusión y la penetración en el mercado de tecnologías respetuosas con
el clima.
Política de medio ambiente. El cumplimiento
de los compromisos de la UE en el marco del Plan estratégico mundial para
la biodiversidad, refrendados por la estrategia de la UE sobre la
biodiversidad, será fundamental para hacer frente al cambio climático y
generar, al mismo tiempo, beneficios sociales, económicos y culturales.
Reducción del riesgo de catástrofes. La
cooperación de la UE para la gestión de riesgos de catástrofes[4], que incluye la realización de evaluaciones de riesgos a nivel
nacional, y que también aborda los impactos climáticos y el refuerzo de la
capacidad de gestión de riesgos, contribuye a fortalecer la adaptación al
cambio climático.

9.           Próximas etapas

La UE debe:

presentar su propia CPDN antes de que
finalice el primer trimestre de 2015,
instar a las principales economías a que
asuman el liderazgo con unas CPDN oportunas y puntuales, especialmente en
el contexto del Foro de las Principales Economías, el G20 y el G7,
promover y apoyar, según convenga, la
preparación de CPDN ambiciosas por el mayor número posible de Partes,
conceder la máxima prioridad, en sus
relaciones diplomáticas y en su diálogo con países socios, al fomento de
una actuación ambiciosa a nivel mundial para combatir el cambio climático,
promover, a través de la CMNUCC y otros
debates multilaterales y bilaterales, la adopción de un Protocolo
ambicioso, transparente y dinámico, como se ha descrito anteriormente,
demostrar y garantizar la estabilidad y
previsibilidad de la ayuda financiera que la UE ofrece colectivamente a
sus socios internacionales para impulsar un desarrollo hipocarbónico y
resistente al cambio climático,
presionar para liberalizar rápidamente el
comercio de bienes y servicios ambientales antes de finales de 2015,
garantizar que la acción por el clima sea
coherente con las negociaciones de las Naciones Unidas sobre los objetivos
de desarrollo sostenible y la financiación para el desarrollo sostenible
para después de 2015 y el marco posterior a 2015 para la reducción del
riesgo de catástrofes, y
velar por que la UE y sus Estados miembros
ratifiquen el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto antes
de finales de 2015, y por que hagan lo mismo tantas Partes como sean
necesarias para que pueda entrar en vigor.

La Comisión organizará una conferencia
internacional para mejorar la comprensión mutua de todas las CPDN y adecuar su
ambición colectiva, así como para facilitar un intercambio abierto de opiniones
antes de la Conferencia de París. Esa conferencia, que se celebrará en
noviembre de 2015, tendrá como objetivo reunir a los países socios, a los
principales expertos del mundo universitario, a grupos de reflexión y a
organizaciones internacionales.

A mediados de 2015, la Comisión, además,
empezará a presentar al Parlamento Europeo y al Consejo propuestas legislativas
para aplicar el marco de clima y energía para 2030.

La Comisión seguirá integrando la actuación
contra el cambio climático en la cooperación económica y para el desarrollo;
adoptará iniciativas para trabajar más estrechamente con los Estados miembros
en la concesión de fondos para el desarrollo a favor de actividades
relacionadas con el clima; y explotará mejor la apertura de sus programas de
investigación e innovación científicas para apoyar a sus socios internacionales
y ayudarles a prepararse para cumplir los compromisos que hayan contraído en el
marco del nuevo Protocolo.

La Comisión invita al Parlamento Europeo y al
Consejo a que refrenden lo antes posible el enfoque propuesto.

Cuadro 1: Contribución prevista, determinada a nivel nacional, propuesta por
la UE

Compromiso

Tipo || Reducción absoluta respecto a las emisiones del año de referencia.

Cobertura || Toda la economía.

Alcance || Todos los gases de efecto invernadero no regulados por el Protocolo de Montreal: Dióxido de carbono (CO2) · Metano (CH4) · Óxido nitroso (N2O) · Hidrofluorocarburos (HFC) · Perfluorocarburos (PFC) · Hexafluoruro de azufre (SF6) · Trifluoruro de nitrógeno (NF3).

Año de referencia || 1990.

Período || 2021-2030, ambos incluidos.

Porcentaje de reducción || Lograr al menos una reducción del 40 % de las emisiones internas en 2030.

% de las emisiones cubiertas || 100 %.

Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra incluidos || Sí.

Contribución neta de mecanismos de mercado internacionales || Ninguna contribución de créditos internacionales.

Proceso de planificación || El Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014 aprobó el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 (EUCO 169/14). La Comisión Europea preparará propuestas legislativas para aplicar ese marco (programa de trabajo de la Comisión para 2015), en particular sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura.

Ambicioso y equitativo || Este compromiso está en consonancia con las políticas de la UE para realizar la transición hacia una economía hipocarbónica, con lo que es probable que se cumpla el objetivo de un aumento inferior a 2 °C. Sitúa a la UE en una trayectoria rentable a largo plazo hacia una reducción del 80 % de las emisiones internas, como aconseja la evaluación del IPCC, según la cual los países desarrollados, como grupo, deberían reducir sus emisiones en un 80-95 % con respecto a los niveles de 1990 antes de 2050. La UE ya alcanzó su nivel máximo de emisiones. Según la base de datos EDGAR, las emisiones de los 28 Estados miembros de la UE alcanzaron su cota máxima en 1979: 6,4 Gt equivalentes de CO2, aproximadamente.

Principales puntos de partida

Criterio de medición aplicado || Potencial de calentamiento global a lo largo de 100 años, de conformidad con el cuarto informe de evaluación del IPPC.

Métodos de estimación de las emisiones || Directrices del IPCC de 2006.

Método contable para la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra || Marco contable global, método basado en la actividad o el uso de la tierra, para las emisiones y absorciones resultantes del uso de la tierra, del cambio del uso de la tierra y de la silvicultura, sobre la base de: i) las normas acordadas en el marco de la Decisión 2/CMP.7, las decisiones aplicables de la COP y la legislación de la UE (Decisión 529/2013/UE); y ii) el nivel actual de integridad ambiental.

Cobertura

Sectores/categorías de fuentes || · Energía o Quema de combustible § Industrias energéticas § Industria manufacturera y construcción § Transporte § Otros sectores § Otros o Emisiones fugitivas de combustibles § Combustibles sólidos § Petróleo y gas natural y otras emisiones resultantes de la producción de energía o Transporte y almacenamiento de CO2 · Procesos industriales y utilización de productos o Industrias minerales o Industria química o Industria del metal o Productos no energéticos de combustibles y uso de disolventes o Industria electrónica o Usos de productos como sustitutivos de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) o Manufactura y utilización de otros productos o Otros · Agricultura o Fermentación entérica o Gestión de estiércol o Cultivo del arroz o Suelos agrícolas o Quema prescrita de sabanas o Quema en el campo de residuos agrícolas o Enmiendas calizas o Aplicación de urea o Otros abonos que contienen carbono o Otros · Residuos o Eliminación de residuos sólidos o Tratamiento biológico de residuos sólidos o Incineración y quema de residuos al aire libre o Depuración y vertido de aguas residuales o Otros · Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura conforme a la Decisión 529/2013/UE o Forestación, reforestación o Deforestación o Gestión forestal o Gestión de tierras de cultivo o Gestión de pastos o O una contabilidad equivalente basada en el uso de la tierra utilizando las categorías de informes de la CMNUCC o Otras categorías/actividades elegidas por la UE y sus Estados miembros como Partes en el Protocolo de Kioto y la enmienda de Doha.

[1] Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA): Informe sobre la disparidad en las emisiones, 2014 (informe de
síntesis del PNUMA).

[2] Esta meta es equivalente al objetivo constante de la UE de reducir a
la mitad las emisiones globales en comparación con los niveles de 1990 antes de
2050, tal como reiteró el Consejo de Medio Ambiente en sus conclusiones de 28
de octubre de 2014.

[3] COM(2011) 112 final. Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica
competitiva en 2050.

[4] Artículos 5 y 6 de la Decisión nº 1313/2013/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un Mecanismo de Protección Civil
de la Unión.

Anexo: Información general sobre la UE y
perfiles de emisión de los mayores emisores del mundo

UE: reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero en paralelo a un crecimiento económico

Fuente: AEMA, DG ECFIN (base de
datos Ameco), Eurostat.

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