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Language: es
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# 52001AE0708

**Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, y por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE del Consejo y la Directiva 96/61/CE del Consejo"** 
  
*Diario Oficial n° C 221 de 07/08/2001 p. 0065 - 0067*

  

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, y por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE del Consejo y la Directiva 96/61/CE del Consejo"

(2001/C 221/09)

De conformidad con el artículo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió, con fecha de 14 de febrero de 2001, consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de mayo de 2001 (ponente: Sr. Braghin).

En su 382o Pleno de los días 30 y 31 de mayo de 2001 (sesión del 30 de mayo de 2001), el Comité Económico y Social ha aprobado por 109 votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. Esta propuesta tiene por objeto una adecuación del Derecho comunitario a las disposiciones de los artículo 6 y 7 del Convenio de Aarhus -relacionadas con la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales- que permita a la Comisión cumplir sus obligaciones internacionales y abrir el camino hacia la ratificación del Convenio por la Comunidad Europea.

1.2. Estos artículos contienen disposiciones referentes a la información del público y las consultas que deben efectuarse antes de adoptar decisiones que tengan un impacto medioambiental: la propuesta recoge una serie de modificaciones a la Directiva 85/337/CEE (la denominada "Directiva EIA"), relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y a la Directiva 96/61/CE (conocida también como "Directiva IPPC"), relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación, toda vez que se atiene a autorizar las categorías de actividades industriales enumeradas en el anexo.

1.3. Se considera necesaria la intervención a escala europea para garantizar en todos los Estados miembros la uniformidad de los procedimientos por los que se rige la participación pública en el proceso decisorio de índole ambiental y para conceder a los Estados miembros la facultad de establecer las modalidades prácticas de aplicación.

1.4. Habida cuenta de que todos los Estados miembros y la Comunidad han firmado ya el Convenio, la propuesta no debería ocasionar a los Estados miembros otros costes suplementarios que los que se deriven de la aplicación de las disposiciones del Convenio en el ámbito legislativo nacional. Cabe sin embargo prever costes relacionados con la divulgación informativa, que se enmarca en un contexto más amplio, la preparación y el análisis de las contribuciones (previstas en forma de dictámenes) resultantes de la participación de los ciudadanos, así como las posibles consultas al público por medio de encuestas y la subsiguiente difusión de las decisiones adoptadas.

2. Observaciones

2.1. El Comité aprueba la importancia concedida por la Comisión a la información del público en materia de medio ambiente en primer lugar con la Directiva 90/313/CEE(1) y ahora con la propuesta de Directiva que nos ocupa sobre la participación del público en determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente. Es un tema de gran relieve político, con contenidos técnicos y jurídicos, que la Comisión ha tenido presente en las modificaciones específicas propuestas para las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE con el fin de armonizarlas con los contenidos y el espíritu del Convenio de Aarhus. Este esfuerzo de coherencia y al mismo tiempo de precisión también terminológica permite comprender el hecho de que, por lo que respecta a algunos aspectos, la propuesta va más lejos que el Convenio, mientras que en otros casos no lo respeta fielmente, tal como se señalará a continuación.

2.2. El Comité se muestra de acuerdo en la necesidad de adecuar la normativa comunitaria con arreglo a lo dispuesto en el Convenio de Aarhus en materia de acceso a la información (el primer pilar, sobre el que ya se ha pronunciado), participación pública en el proceso decisorio (segundo pilar) y acceso a la justicia en el campo del medio ambiente (tercer pilar), aspectos todos ellos que se abordan en esta propuesta de Directiva. Asimismo, el Comité considera positivos estos esfuerzos por eliminar cualquier divergencia legislativa entre los Estados miembros e introducir una homogeneidad en los procedimientos de intervención.

2.3. El Comité considera que la información es un derecho de los ciudadanos y que deberá facilitarse de la mejor manera posible y en los plazos más adecuados, proporcionando al público un instrumento real y constructivo de participación que evite a las autoridades públicas cualquier esfuerzo o gasto innecesario, así como perturbaciones en el desarrollo de las correspondientes actividades económicas. Este aspecto deberá tomarse en consideración cuando se evalúe la eficacia de las medidas propuestas.

2.4. En función de lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 2 del Convenio de Aarhus, las definiciones de "público" y "público interesado" constituyen una importante revisión hacia la armonización de los sistemas nacionales. Por otro lado, el Comité considera aún vaga la definición de "publico interesado" como aquél que "que tenga un interés" en el procedimiento de autorización de proyectos, al no especificarse que este interés ha de ser directo o concreto y en cualquier caso reconocido por el Derecho nacional.

2.5. La propuesta considera que tienen un interés las organizaciones no gubernamentales que trabajen en la protección del medio ambiente y que cumplan los requisitos pertinentes de acuerdo con el Derecho interno. El Comité considera que la expresión "que cumplan los requisitos pertinentes de acuerdo con el Derecho interno" es demasiado general, e insta a buscar una definición que vincule su participación a intereses ambientales específicos.

2.6. Por lo que se refiere a la información en el contexto de la participación pública, el Convenio de Aarhus solicita la protección de intereses de carácter legal, como la privacidad de los datos personales, la información de carácter comercial e industrial, los derechos de propiedad industrial y el consenso para la divulgación de la información si una de las partes no se acoge a la normas vigentes para hacerla pública (artículos 6.6, 4.3 y 4 del Convenio). La propuesta no aborda estos aspectos cuando trata sobre la difusión de la información ambiental, por lo que el Comité considera oportuno velar por estos intereses sin sobrepasar los límites debidamente establecidos por el Convenio(2).

2.7. El Comité cree asimismo oportuno que se haya introducido(3) una obligación a los Estados miembros para que, de conformidad con la legislación nacional pertinente, velen por la creación de un procedimiento de recurso ante un órgano judicial u otro órgano establecido por la ley, procedimiento que deberá ser rápido y no podrá ser prohibitivamente oneroso, y que deberá ajustarse a plazos fijos y reducidos. Al existir ya en los ordenamientos nacionales los principios y las condiciones para el acceso a la justicia en materia de medio ambiente en lo que se refiere a las decisiones de las autoridades públicas, la Comisión debería presentar propuestas para una mayor armonización de las realidades nacionales.

2.7.1. La propuesta de Directiva prevé que el derecho a impugnar la legalidad, en cuanto al fondo y en cuanto al procedimiento, de cualquier decisión o acción queda fuera de discusión para cualquier organismo o persona afectada, o que pueda verse afectada, por el procedimiento de autorización (artículo 2.1) o por el procedimiento de toma de decisiones sobre la concesión o autorización de un permiso o las condiciones de dicho permiso (artículo 3.1.b) 14). Por lo tanto, la formulación actual de la propuesta permite a una persona, cuyo derecho a participar en el procedimiento no se haya respetado, no sólo recurrir para impugnar dicho error de procedimiento, sino también para impugnar su legalidad esencial. Como consecuencia de ello, en la práctica se alentaría la presentación de solicitudes encaminadas únicamente a retrasar los procedimientos administrativos, con lo que aumentarían los costes y se recurriría de manera injustificada a los contenciosos legales.

2.7.2. Según los principios consolidados del Derecho, debe garantizarse la posibilidad de impugnar la legalidad de una acción en cuanto al fondo a todo aquél que proteja derechos específicos amparados por la Ley, algo que no debe confundirse con la posibilidad de recurrir la legalidad del procedimiento o por omisión de acto. Por lo tanto, la propuesta de la Comisión debería distinguir claramente entre los casos de acceso a la justicia para impugnar la legalidad del procedimiento y los casos relativos a la legalidad de fondo.

2.8. El Comité reconoce que, aunque no esté previsto en el Convenio de Aarhus, conviene tener en cuenta el problema de la información y de la participación del público en las decisiones que pudieran tener una repercusión transfronteriza. Para garantizar su aplicación, la propuesta debería establecer el principio de equilibrio entre los diversos intereses legales afectados, con el fin de evitar un abuso de este instrumento sobre la base de presuntos efectos ambientales transfronterizos, en perjuicio de los intereses sociales y económicos del país donde se ha adoptado la decisión o la autorización, así como esclarecer los problemas lingüísticos y los gastos de traducción para evitar gastos y plazos excesivos. El Comité estima oportuno que la Comisión recopile informes periódicos de los Estados miembros sobre la aplicación de esta disposición.

2.8.1. Se insta a la Comisión a velar por que en el ámbito de las negociaciones para la adhesión se garantice el derecho a la información y a la participación del público en los planes y programas medioambientales conforme a la Directiva que ahora se modifica, y en particular por que se garantice un procedimiento eficaz para las problemáticas transfronterizas.

2.9. El criterio de evaluación que se recoge en el artículo 3.1.a) para la modificación o extensión sustancial de una explotación o de un proceso productivo no es suficientemente claro y puede inducir a confusión. Sería más lógico mantener la definición de "modificación sustancial" que se recoge en el artículo 2 de la Directiva 1999/13/CE del Consejo de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), en la que, entre otros aspectos, se hace referencia a las instalaciones que recaen en el ámbito de aplicación de la Directiva 96/61/CE.

Bruselas, 30 de mayo de 2001.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) COM(2000) 402 final del 29.6.2000 sobre el cual el CES emitió su dictamen el 29.11.2000 (CES 1408/2000 en DO C 116 de 20.4.2001, p. 43).

(2) Dictamen del CES sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa al acceso del público a la información medioambiental"; CES 1408/2000 - 2000/0169 (COD), 29.11.2000, en DO C 116 de 20.4.2001, p. 43.

(3) Como artículo 10 bis en la Directiva 85/377/CEE y como artículo 15 bis en la Directiva 96/61/CE.

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