Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 29.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 191/129 |

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público»

[COM(2011) 877 final — 2011/0430 (COD)]

2012/C 191/22

Ponente: Isabel CAÑO AGUILAR

El 17 de enero de 2012, el Parlamento Europeo y el 18 de enero de 2012, el Consejo, de conformidad con el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público»

COM(2011) 877 final — 2011/0430 (COD).

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 11 de abril de 2012.

En su 480o Pleno de los días 25 y 26 de abril de 2012 (sesión del 25 de abril de 2012), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 133 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones

1.1   El CESE expresa su opinión favorable a la revisión de la Directiva 2003/98/CE, del Parlamento y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público[(1)](#ntr1-C_2012191ES.01012901-E0001) (Directiva ISP) en cuanto refuerza considerablemente la posibilidad de utilizar los datos públicos con mayor eficiencia y es una de las múltiples actuaciones tendentes a cumplir los objetivos de la Estrategia 2020.

1.2   El Comité destaca que la modificación de la Directiva ISP es necesaria por la revolución digital, la creciente información que atesoran las autoridades y la importancia económica de esta materia, que se estima globalmente en 140 000 millones de euros. Además, se trata de subsanar deficiencias constatadas en la regulación actual y de incorporar los principios aprobados por la OCDE en 2008.

1.3   La nueva regulación -que incorpora aspectos propuestos por el CESE en su anterior dictamen- forma parte del paquete de medidas de la Agenda Digital, que es una de las estrategias fundamentales de la UE.

1.4   Manteniendo el derecho de acceso a la información pública como una competencia exclusiva de los Estados, la nueva regulación incluye un cambio de trascendencia en cuanto consagra la reutilización como una obligación de los Estados miembros.

1.5   El Comité considera que la reutilización de información pública debe regularse mediante un Reglamento para lograr homogeneidad en la normativa de los Estados miembros y superar las disparidades constatadas en la transposición de la Directiva ISP.

1.6   La reforma amplía el ámbito de aplicación de la reutilización incluyendo museos, bibliotecas y archivos, mejorando además los dispositivos prácticos para facilitar la búsqueda de datos.

1.7   A juicio del CESE también justifica la reforma de la Directiva ISP el gran potencial -no suficientemente explotado- que tiene la información pública en tres materias fundamentales en cuanto contribuye a:

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| — | fomentar el mercado interior, fortalecer las empresas europeas y crear empleos; |

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| — | favorecer la coherencia con otras políticas de la Unión, y |

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| — | fomentar la transparencia, la eficacia y la responsabilidad de las administraciones públicas. |

1.8   Las nuevas normas de tarificación descartan la gratuidad obligatoria. Cada Estado miembro decidirá si aplica o no una tarifa. Si decide hacerlo, debe limitarla al coste marginal, aunque existen supuestos excepcionales en los que puede aplicar una tarifa mayor. El principio de recuperación de costes actualmente vigente se mantiene con carácter residual. El CESE considera positiva la modificación en esta materia.

1.9   Respecto de la autoridad independiente que se establece para resolver los recursos contra las decisiones denegatorias, considera el CESE que no debe tratarse necesariamente de la creación de un organismo ex-novo, pudiéndose designar una autoridad ya existente, siempre que quede garantizada la imparcialidad e independencia en las decisiones.

1.10   La nueva regulación contiene una mención a los derechos económicos o morales de los empleados de los organismos públicos para contemplar situaciones particulares que se presentan en determinados Estados miembros de la Unión.

1.11   El Comité defiende la necesidad de reforzar el texto de la propuesta en materia de protección de datos personales exigiendo en cada caso una evaluación minuciosa, caso por caso, que permita equilibrar el derecho a la intimidad y el derecho al acceso público.

2.   Antecedentes

2.1   La Directiva 2003/98/CE (Directiva ISP) supuso un paso importante para fomentar la reutilización de la ingente cantidad de información que atesora el sector público en cuanto sentó las bases de un marco jurídico europeo para armonizar las condiciones básicas y eliminar los obstáculos que podían dificultar tal reutilización.

2.2   En el art. 13 la Directiva ISP encomendó a la Comisión Europea la tarea de realizar una revisión antes del 1 de julio de 2008, abordando «en particular el ámbito de aplicación y las repercusiones de la presente Directiva, señalando la medida en que haya aumentado la reutilización de documentos del sector público, los efectos de los principios de tarifación aplicados y de la reutilización de textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, así como otras formas de mejorar el correcto funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de la industria europea de contenidos». Esta revisión quedó reflejada en la Comunicación COM(2009) 212 donde se señala que, pese a los avances, siguen existiendo grandes obstáculos, entre ellos: los intentos de los organismos del sector público de maximizar la recuperación de los costes, en lugar de anteponer los beneficios para la economía en general; la competencia entre los sectores público y privado; aspectos prácticos que entorpecen la reutilización, como la falta de información sobre la ISP disponible y la actitud de algunos organismos del sector público, poco conscientes del potencial económico.

2.3   Otros hechos que, según la Comisión, justifican la revisión de la Directiva son:

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| — | el aumento vertiginoso del volumen de datos; |

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| — | la permanente revolución digital, que incrementa el valor del patrimonio del sector público en materia de información y contenidos; |

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| — | la importancia económica creciente de la ISP en cuanto las ganancias económicas totales, directas e indirectas, derivadas de las aplicaciones y el uso de la ISP en la economía de la UE-27 se estiman en 140 000 millones de euros anuales[(2)](#ntr2-C_2012191ES.01012901-E0002); |

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| — | la constatación de que existe todavía un gran potencial de reutilización de la ISP. Aunque algunos Estados miembros han realizado grandes avances hay todavía una tarea importante que realizar si se tiene en cuenta, entre otros aspectos, el desarrollo que la reutilización de la IPS tiene en determinadas experiencias internacionales. |

2.4   Los aspectos más relevantes que se propone modificar con este proyecto de Directiva se refieren a: el ámbito de aplicación, el principio general aplicable a la reutilización, los derechos económicos o morales de los empleados de organismos públicos, los principios de tarificación y los dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda.

3.   Observaciones generales

3.1   ISP y Agenda Digital

3.1.1   El CESE considera en general acertada la reforma propuesta en cuanto se trata de subsanar notorias deficiencias de la Directiva ISP. Además de dar respuesta a la demanda de las partes interesadas en la UE que exponen serios problemas con la actual normativa, la modificación acoge principios de la Recomendación de la OCDE[(3)](#ntr3-C_2012191ES.01012901-E0003) para mejorar y hacer más efectiva la utilización de la información pública.

3.1.2   Destaca también el CESE que la revisión forma parte de un paquete de medidas de la Agenda Digital, que consta de tres líneas de actuación: la adaptación del marco jurídico para la reutilización de datos públicos, la movilización de instrumentos financieros y la mejor coordinación de los Estados miembros[(4)](#ntr4-C_2012191ES.01012901-E0004).

3.2   El derecho a la reutilización

3.2.1   La nueva regulación supone una modificación muy destacada al establecer la reutilización como un derecho. En el sistema actualmente vigente corresponde a cada Estado miembro autorizar o no la reutilización. Dado que la vinculación entre derecho de acceso y derecho de reutilización es expresa en algunas normas nacionales pero no suficientemente clara en otras, existe una situación de inseguridad jurídica.

3.2.2   Por ello, el CESE destaca especialmente y apoya el cambio que se propone en esta materia y que consiste en:

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| — | El derecho de acceso a la información pública sigue siendo competencia exclusiva de los Estados miembros y no está comprendido en el ámbito de la Directiva ISP[(5)](#ntr5-C_2012191ES.01012901-E0005). |

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| — | Cuando una información es pública y accesible según las normas nacionales, se establece –con las excepciones expresamente contempladas– la reutilización de información pública para finalidades lucrativas o no lucrativas como una obligación de los Estados miembros en cuanto la nueva redacción del art. 3 establece que éstos «velarán para que los documentos puedan ser reutilizados». Es un paso adelante imprescindible para configurar un marco europeo homogéneo. |

3.2.3   El derecho a la reutilización implica un avance en la línea que expresó el CESE en su anterior dictamen[(6)](#ntr6-C_2012191ES.01012901-E0006) en el sentido de que la obligación de reutilización de datos no es una «mera puesta a disposición pasiva sino un deber de promoción activa».

3.2.4   Dadas las disparidades producidas con la transposición de la Directiva ISP considera el CESE que es necesaria una armonización más estrecha, que debe traducirse en una propuesta de Reglamento.

3.3   Ampliación del ámbito de aplicación

3.3.1   Como ya propuso el CESE en su dictamen sobre la Directiva ISP, la nueva regulación incluirá la documentación existente en museos, bibliotecas y archivos. Esto también es válido para las bibliotecas universitarias, salvo en el caso de documentos protegidos por derechos de propiedad intelectual (nueva redacción del punto e) del apartado 2 del art. 1), lo que supone incorporar una cantidad importante de información al ámbito de aplicación de la Directiva y, por lo tanto, aumentar su efectividad.

3.4   Mejora en los dispositivos de búsqueda

3.4.1   Considera el CESE adecuada la propuesta regulación de los dispositivos prácticos para facilitar la búsqueda de información (art. 9) en cuanto incluye los metadatos, el suministro de la información en «formato legible por máquina» y portales conectados a listados descentralizados.

3.5   Necesidad de la reforma por el potencial de la información pública

3.5.1   La documentación almacenada en organismos públicos tiene aplicación en numerosos campos relacionados con el conocimiento, las condiciones sociales, la ciencia, la economía y la cultura, entre otros. A título de ejemplo, pueden citarse: la información geográfica, metereológica, medioambiental, económica, sobre tráfico y transporte, turismo, agricultura, publicaciones legales y jurisprudenciales, estadísticas, condiciones sociales, etc.[(7)](#ntr7-C_2012191ES.01012901-E0007). Como consecuencia, su explotación contribuye al crecimiento de la economía, el desarrollo del mercado interior, el fortalecimiento de las empresas y la creación de empleo.

3.5.2   La mayor utilización de la información pública es coherente con otras políticas de la Unión, como es el caso de la política de competencia, la Política Marítima Integrada, la política común de transportes, la necesidad de favorecer el acceso abierto a la información científica y la política sobre digitalización y patrimonio cultural.

3.5.3   El fomento de la reutilización contribuirá también a fomentar la transparencia, la eficacia y la responsabilidad de las administraciones públicas.

4.   Observaciones específicas

4.1   Tarificación
[(8)](#ntr8-C_2012191ES.01012901-E0008)

4.1.1   El aspecto más controvertido de la regulación actualmente vigente es el precio que deben pagar los interesados para acceder a la información. El cobro de tarifas excesivas y la falta de transparencia en su establecimiento han dado lugar a quejas de los usuarios y constituye un serio obstáculo para la promoción de la reutilización de la información pública.

4.1.2   La propuesta de reforma descarta la gratuidad obligatoria (coste cero) que proponían determinados interesados. Opta, en cambio, por nuevos principios de tarificación que consisten en:

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| — | Cada Estado miembro decidirá si aplica o no una tarifa. |

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| — | Si decide aplicarla debe limitarla a los costes marginales que originen la reproducción o difusión. |

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| — | El principio de coste marginal puede no aplicarse imponiendo, por lo tanto, tarifas superiores en los casos excepcionales previstos en el nuevo art. 6.2.: en particular, organismos del sector público que cubran una parte sustancial de sus gastos de funcionamiento con la explotación de sus derechos de propiedad intelectual. Esta excepción está sujeta a estrictas exigencias: las tarifas deben establecerse «conforme a criterios objetivos, transparentes y comprobables, siempre que ello redunde en el interés público y previa autorización de la autoridad independiente» que prevé la reforma de la Directiva. |

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| — | También podrán establecer costes superiores a los marginales «las bibliotecas (incluidas las universitarias), los museos y los archivos». |

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| — | La carga de la prueba de adecuación de las tarifas a las exigencias de la Directiva recae sobre el organismo del sector público que suministra la información al usuario. |

4.1.3   De tal manera, se introduce como principio general el de coste marginal y se mantiene, con carácter residual, el de recuperación de costes del actual art. 6 a pesar de considerarlo «inadecuado para incentivar actividades basadas en la reutilización de datos públicos» (3. Elementos jurídicos de la propuesta. 3.2. Subsidiariedad y proporcionalidad, 5o párrafo).

4.1.4   El CESE - que aplaude esta modificación - considera necesario clarificar la redacción de la modificación propuesta a los principios de tarificación del art. 6 señalando expresamente el carácter excepcional del principio de recuperación de costes.

4.1.5   En opinión del CESE, el principio de gratuidad total se podría establecer, al menos, en determinados supuestos de reutilización sin finalidades lucrativas.

4.2   Autoridad independiente

4.2.1   En caso de negativa ante una solicitud de reutilización, la nueva regulación establece que los recursos deben incluir «la posibilidad de revisión por una autoridad independiente a quien se hayan otorgado las competencias reguladoras específicas en relación con la reutilización de la información del sector público y cuyas decisiones sean vinculantes para el organismo del sector público afectado» (añadido al art. 4.4).

4.2.2   La propuesta no especifica las características y composición de esta «autoridad independiente», aspectos que, acertadamente, se dejan a la decisión de cada Estado miembro. Considera el CESE que no debe tratarse necesariamente de la creación de un organismo ex-novo, pudiéndose designar una autoridad ya existente, siempre que quede garantizada la imparcialidad e independencia en las decisiones. Sin embargo, dada la experiencia desde la entrada en vigor de la Directiva ISP –en algunos casos se ha configurado una interpretación restrictiva del régimen de acceso y difusión de la información pública–, en el nuevo párrafo conviene añadir, después de «información del sector público»:

4.2.3   En todo caso, subraya el CESE que debe tenerse en cuenta lo señalado por el Tribunal de Justicia Europeo, sobre el concepto de independencia, que excluye no sólo cualquier influencia que pudieran ejercer los organismos sujetos a control, sino también toda orden o influencia externa, directa o indirecta, que pudiera poner en peligro el cumplimiento de la tarea que corresponde a tales autoridades independientes[(9)](#ntr9-C_2012191ES.01012901-E0009).

4.3   Propiedad intelectual y derechos económicos o morales de los empleados

4.3.1   En función de las normas nacionales e internacionales que regulan la propiedad intelectual, la propuesta de revisión preserva «los derechos económicos o morales que asistan a los empleados de los organismos del sector público en virtud de la normativa nacional» (párrafo añadido al art. 1.5). Es un aspecto no contemplado en la Directiva ISP y su inclusión responde a situaciones particulares que se presentan en algunos Estados miembros en relación con la titularidad de los derechos sobre los datos que atesora el sector público.

4.3.2   La complejidad de lo concerniente a la propiedad intelectual y los principios de subsidiariedad e intervención mínima aconsejan dejar la solución de los conflictos que se presenten a los sistemas legales y judiciales de cada país, como acertadamente se propone en el texto que es objeto de este dictamen.

4.4   Protección de datos personales

4.4.1   La Directiva ISP recoge el tratamiento de datos personales (art. 1.4) señalando que «no altera ni menoscaba en modo alguno el nivel de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales con arreglo a las disposiciones del derecho (de la Unión) y nacional y, en particular, no altera las obligaciones ni los derechos establecidos en la Directiva 95/46/CE»[(10)](#ntr10-C_2012191ES.01012901-E0010).

4.4.2   Es una disposición correcta pero la importancia de la materia y la constante innovación tecnológica requieren un mayor énfasis dado que plantean diversas cuestiones como: legitimidad de la difusión pública, protección especial de datos sensibles, transferencia a terceros países y principio de finalidad. Considera el CESE que, como señala el Grupo de Protección de las Personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, debería figurar la exigencia de que los organismos públicos realicen «una evaluación minuciosa, caso por caso, que permita encontrar el equilibrio entre el derecho a la intimidad y el derecho al acceso público»[(11)](#ntr11-C_2012191ES.01012901-E0011).

Bruselas, 25 de abril de 2012.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Staffan NILSSON

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