Source: EURLEX
Language: es
Format: md

[**Avis juridique important**](../../../editorial/legal_notice.htm)

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# 52000AR0312(02)

**Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes"** 
  
*Diario Oficial n° 144 de 16/05/2001 p. 0023 - 0029*

  

Dictamen del Comité de las Regiones sobre:

- la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de obras", y

- la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes"

(2001/C 144/08)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vistas la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de obras y la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes [COM(2000) 275 final - 2000/0115 (COD) y COM(2000) 276 final - 2000/0117 (COD)];

vista la decisión del Consejo de 8 de septiembre de 2000 de consultar al Comité de las Regiones sobre esta cuestión, de conformidad con el primer apartado del artículo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión de su Mesa de 2 de junio de 1999 de asignar la preparación del dictamen a la Comisión 6 (Comisión de Empleo, Política Económica, Mercado Único, Industria y PYME);

vista la Comunicación de la Comisión "La contratación pública en la Unión Europea", COM(1998) 143 final;

visto su dictamen sobre la Comunicación de la Comisión "La contratación pública en la Unión Europea", CDR 108/1998 fin(1);

visto el Libro Verde de la Comisión "La contratación pública en la Unión Europea: reflexiones para el futuro", COM(1996) 583 final;

visto su dictamen sobre el Libro Verde de la Comisión "La contratación pública en la Unión Europea: reflexiones para el futuro", CDR 81/1997 fin(2);

vista la decisión de su Presidente, de 26 de octubre de 2000, de designar a la Sra. Segersten-Larsson como ponente general conforme al apartado 2 del artículo 40 de su Reglamento Interno;

vistos los diversos fallos del Tribunal de Justicia en esta materia, como su sentencia de 26 de septiembre de 2000, asunto C-225/98, la Comisión contra Francia por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva 71/305/CEE del Consejo, del 26 de julio de 1971, en su versión modificada por la Directiva 89/440/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1989 así como de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, del 14 de junio de 1993, en relación a diversos procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras de construcción y mantenimiento de edificios escolares;

visto su proyecto de Dictamen CDR 312/2000 rev. 1, elaborado por la ponente general Sra. Segersten-Larsson (S, PPE),

ha aprobado, en su 36o Pleno celebrado los días 13 y 14 de diciembre 2000 (sesión del 13 de diciembre) el presente Dictamen.

1. Puntos de vista del Comité de las Regiones

1.1. El Comité de las Regiones considera muy positivo que la Comisión se haya hecho eco de las críticas que suscita el carácter y la aplicación innecesariamente burocráticos de las disposiciones en materia de adjudicación de contratos y acoge con satisfacción el hincapié que pretende hacer esta institución con objeto de incrementar la flexibilidad, la modernización y la simplificación de las mismas.

1.2. El Comité de las Regiones considera también muy positivo que se hayan agrupado las tres Directivas "clásicas" del sector en una única Directiva. Se ha simplificado de manera esencial la lectura de la Directiva mediante la introducción de listas de contenidos y de títulos en el texto, todo lo cual constituye una medida adecuada.

1.3. El aumento de las posibilidades del comercio electrónico constituye también una circunstancia favorable, plenamente acorde con las anteriores propuestas del Comité de las Regiones.

1.4. Igualmente es positivo que se adopten medidas en contra de la delincuencia económica que tiene lugar en el ámbito de la adjudicación pública.

1.5. El Comité de las Regiones se muestra asimismo favorable a que el sector de las telecomunicaciones quede excluido de la Directiva en materia de suministros.

1.6. Por el contrario, el CDR estima que, en su propuesta, la Comisión ha optado en algunos casos por la vía equivocada y echa de menos algunos elementos en las propuestas que se han presentado. El CDR ha podido comprobar que algunas de las propuestas han tenido, lamentablemente, un efecto opuesto al que se había previsto.

1.7. El CDR considera inadecuados los planes de la Comisión de abordar en documentos interpretativos no vinculantes una serie de temas importantes, como las consideraciones medioambientales y sociales relativas a los contratos públicos, y desea que estos temas se traten en las directivas.

1.8. El CDR considera necesario que la propuesta de Directiva de la Comisión recoja explícitamente la posibilidad que existe de que los órganos de contratación utilicen como criterios de adjudicación criterios de carácter social o de carácter medio ambiental, y que éstos se mencionen expresamente en el anuncio de licitación. Los criterios exclusivamente económicos no pueden ser los únicos que decidan la mejor oferta y la más ventajosa.

2. Recomendaciones del Comité de las Regiones en relación con las propuestas de Directiva

2.1. Contratación electrónica

2.1.1. Si bien el CDR acoge favorablemente las nuevas disposiciones en materia de contratación electrónica y acortamiento de los plazos, existen determinadas áreas en las que el CDR desearía que la Directiva profundizase más. El Comité considera particularmente importante que se aborden todos los aspectos de la contratación electrónica, por cuanto se trata de un ámbito en rápida evolución, en el que la situación en 2002, cuando la Directiva entre en vigor, será muy diferente de la actual.

2.1.2. Concretamente, el CDR insta a la Comisión a que incluya disposiciones que expliquen cómo deberá tratarse en la Directiva la formulación de pedidos de catálogos electrónicos (centros comerciales en línea). Este aspecto debería ir íntimamente ligado a la celebración de acuerdos marco, revisados con arreglo a las sugerencias del CDR que se indican más adelante.

2.2. Nuevas normas en casos de contratación especialmente compleja

2.2.1. El Comité de las Regiones ya se ha mostrado favorable con anterioridad a las propuestas de la Comisión para introducir modalidades de adjudicación más flexibles, especialmente cuando se proceda a la adjudicación de equipos complejos y otros casos similares. El Comité de las Regiones ya señaló en el apartado 2.2.12 de su dictamen sobre el Libro Verde que "las disposiciones sobre procedimientos negociados similares a las de las directivas de suministros deberían incorporarse en otras directivas".

2.2.2. El Comité de las Regiones comprende que el nuevo procedimiento cubre los requisitos concretos de algunos Estados miembros cuyas autoridades en materia de contratación están comprometidas en proyectos de asociación entre los sectores público y privado (APP) a gran escala. Sin embargo, el CDR considera que la propuesta de la Comisión no va lo suficientemente lejos ya que el procedimiento no es ni suficientemente flexible ni accesible a todos. La contratación de servicios también exige por lo general un estrecho contacto entre el comprador y el vendedor durante todo el proceso. No se trata de un requisito excepcional y la regulación actual resulta demasiado rígida.

2.2.3. Debe explicarse el término "objetivamente", que aparece en los motivos para emplear el procedimiento, y debe añadirse un motivo adicional que refleje la realidad de las APP: "El contrato no puede asignar de manera efectiva riesgos y compensaciones si no se negocia con los operadores económicos".

2.2.4. El Comité ve con especial preocupación las disposiciones sobre los "esbozos de solución". Los operadores económicos considerarán que tienen derechos de propiedad intelectual sobre dichos esbozos de solución y podrán solicitar un pago por dichas soluciones, independientemente de que se usen o no. Dado que los entes locales no tienen recursos para pagar esbozos de soluciones, no podrán recurrir al nuevo procedimiento. Como alternativa, el CDR propone utilizar la expresión "esbozo de propuesta", que no representa una solución técnica pero describe el planteamiento de los operadores económicos de cumplir el contrato, y que permitiría al ente contratante definir mejor sus condiciones en las especificaciones que conforman la base de las posteriores negociaciones.

2.2.5. El Comité de las Regiones apuntaba en su dictamen sobre el Libro Verde que "se considera fuera de lugar que un procedimiento de contratación se interrumpa porque el precio ofrecido sea más elevado que el que la entidad adjudicadora puede permitirse cuando la negociación podría haber producido un precio más bajo aceptable tanto para el comprador como para el vendedor". Esta situación tampoco se resuelve con las soluciones que ahora se proponen.

2.2.6. El Comité de las Regiones solicita a la Comisión que modifique la Directiva para permitir a las entidades adjudicadoras la posibilidad de recurrir a un procedimiento negociado que destaque por una mayor flexibilidad, y posibilitar así un amplio diálogo con los proveedores antes, durante y después de la adjudicación. A este fin, la Comisión deberá adoptar como modelo las disposiciones de la Directiva de suministros.

2.3. Acuerdos marco

2.3.1. El Comité de las Regiones ya ha expresado en anteriores dictámenes que los acuerdos marco deberían autorizarse explícitamente en todas las Directivas y acoge favorablemente la propuesta de la Comisión para regular dichos acuerdos. No obstante, el CDR considera que las actuales propuestas de regulación ni son buenas ni ofrecen la flexibilidad necesaria.

2.3.2. La Comisión distingue en la exposición de motivos entre "framework contracts" y "framework agreements" (Se utilizan los términos en inglés puesto que en la versión española se denominan ambos conceptos con el término "acuerdo marco"). Los primeros no son contratos en el sentido de la Directiva, puesto que no incorporan todos los elementos necesarios para servir de base a un suministro.

2.3.3. Por el contrario, los "framework contracts" se enmarcan en la definición de contrato público que recoge la Directiva. En la exposición de motivos se citan como ejemplos de este tipo los contratos de pedidos de amplia utilización. En algunos Estados miembros no se considera que los "framework contracts" de este tipo sean vinculantes, en cuyo caso se denominan "framework arrangements" o "framework agreements". Al utilizar el término "framework arrangements" en la Directiva para describir lo que es esencialmente un procedimiento nuevo que implica dos rondas de licitación, la Comisión añade más confusión en lugar de aclarar las cosas.

2.3.4. Las propuestas de la Comisión tratan únicamente sobre los "framework agreements", en el sentido especial que se da a este término en la Directiva, si bien, en opinión del Comité de las Regiones, este punto no se aborda con la suficiente claridad. Así pues, la definición ha de ser más clara. En particular, debe quedar claro para los Estados miembros que habitualmente adjudican "framework contracts" (denominándolos "framework arrangements" o "agreements") que dichos contratos deben ser tratados de la misma manera que cualquier otro contrato público, y no como "framework agreements" en el sentido especial de la propuesta de Directiva.

2.3.5. El CDR otorga gran importancia a esta cuestión para evitar que se planteen posteriormente dudas sobre si las nuevas normas también deberán incluir los acuerdos que hoy se denominan como "framework contracts". Esta circunstancia es aplicable en los numerosos Estados miembros en los que se recurre a modelos de selección de clientes donde los poderes adjudicadores contraen un acuerdo con diversos proveedores, siendo los propios ciudadanos los que, posteriormente, eligen tanto el proveedor como el acuerdo de adjudicación del correspondiente ente local o regional.

2.3.6. En sí, el procedimiento aplicable a los acuerdos marco tampoco da muestras de la suficiente flexibilidad, especialmente si se tiene en cuenta que, cada vez que se recurra a este tipo de acuerdos, se deberá abrir a la competencia, lo cual representa una tarea adicional para el poder adjudicador y traiciona el propósito de un acuerdo marco. Esta falta de flexibilidad se refleja igualmente en la exigencia de contar con, al menos, tres proveedores y en la máxima duración de los acuerdos. Aunque pueda recurrirse a este procedimiento, éste difiere tanto del uso normal que en algunos Estados miembros se hace de los acuerdos marco que realmente debería recibir otro nombre.

2.3.7. Según parece, la Comisión cree que las disposiciones sobre los acuerdos marco serán utilizadas principalmente en la adquisición de equipos informáticos y otros similares. Sin embargo, también se recurre a la adjudicación por medio de acuerdos marco en otros tipos de contratación, para satisfacer una necesidad individual, como en el caso de material de apoyo a las personas con discapacidades, o cuando el método propuesto no sea realista.

2.3.8. Si la Comisión está resuelta a incluir expresamente los acuerdos marcos en la Directiva clásica, el CDR opina que el texto propuesto para la Directiva de suministros describe mucho mejor la amplia gama de técnicas diferentes que los Estados miembros consideran acuerdos marco y ofrece la flexibilidad necesaria.

2.4. Modificación de los umbrales

2.4.1. La Comisión propone que se reduzca el número de umbrales y que éstos se expresen en euros. Si bien una disminución del número de umbrales es de por sí positiva, el hecho de que éstos se expresen en euros no deberá dar pie, en la práctica, a que se rebaje ningún umbral en relación con su valor actual. Sin embargo, la propuesta contempla en la práctica una reducción en la mayoría de los casos, lo cual constituye una circunstancia inaceptable para el Comité de las Regiones.

2.4.2. El CDR ya ha señalado en anteriores ocasiones que los umbrales son demasiado bajos y que se deben elevar. El CDR reitera esta opinión y solicita a la Comisión que emprenda iniciativas para renegociar el Acuerdo relativo a la contratación pública en todo lo relativo a esta cuestión.

2.4.3. El bajo nivel de los umbrales plantea un problema especial en el ámbito de la adjudicación de servicios, que, en relación con el valor de los contratos, presenta unos gastos relativamente elevados en concepto de transacción. El Comité de las Regiones ya ha señalado esta circunstancia en anteriores ocasiones. Así pues, una parte de los problemas que plantea el bajo nivel de los umbrales se solucionaría con la introducción de una disposición expresa en la Directiva para permitir todo procedimiento negociado con publicación previa de un anuncio cuando se trate de una contratación de servicios de cuantía reducida como, por ejemplo, los procedimientos de adjudicación por un valor inferior a los 400000 euros. Esta medida redundaría en una mayor flexibilidad.

2.5. Criterios de selección cualitativa

2.5.1. El Comité de las Regiones considera muy positiva la propuesta de la Comisión para endurecer la lucha contra las actividades delictivas de los operadores económicos. En opinión del Comité, no se debe permitir la participación en los procedimientos de adjudicación pública de operadores informales.

2.5.2. No obstante, el CDR estima que la Comisión deberá aclarar cuáles son las situaciones a las que se refiere el punto 1 del artículo 46, en el que se establece que se deberá excluir de una licitación a todos los agentes del mercado que haya sido objeto durante los últimos cinco años de una sentencia en firme por corrupción. En los países donde una persona jurídica no pueda ser sentenciada por corrupción, ¿serán aplicables las disposiciones a todos los empleados del operador económico? ¿Qué ocurrirá cuando un empleado cambie de patrón o cree una nueva empresa? Si es así, ¿qué sanciones se impondrán cuando los agentes económicos hayan introducido en sus empresas, por ejemplo, medidas de prevención idóneas, o hayan despedido de inmediato a los directivos que cometieron estos delitos sin la complicidad del agente económico en cuestión? ¿Y qué sucederá cuando se trate de una mercancía que solamente pueda facilitar un proveedor condenado por corrupción, o cuando resulte enormemente costoso cambiar de proveedor para evitar esta circunstancia? El CDR considera que se deben analizar estas cuestiones de manera más detallada. A este respecto, también debe tenerse en cuenta que las sanciones serán impuestas de acuerdo con las prácticas nacionales, ya que hasta ahora no existe un Derecho penal europeo.

2.5.3. Existe un caso en el que la formulación que ahora se propone puede plantear indudables problemas, tanto para los poderes adjudicadores como para los ciudadanos: el procedimiento para la adjudicación de un medicamento único y vital que no pueda ser suministrado por ningún otro proveedor. La Comisión debería plantearse una nueva formulación que tenga presentes estos casos, aunque sean excepcionales e insólitos.

2.5.4. El CDR considera muy importante que las autoridades adjudicatarias puedan imponer exigencias a los proveedores para que respeten la normativa nacional en el ámbito social de cada país. Una autoridad adjudicataria no deberá verse en la obligación de aceptar un proveedor que incumpla, por ejemplo, las normas sobre creación de empleo, entorno laboral, salario mínimo o trabajo infantil. Esta exigencia deberá figurar en la licitación de oferta y no ser discriminatoria. El Tribunal de Justicia ya ha abordado estos importantes aspectos con ocasión del denominado Asunto "Beentjes" (31/87) y, más recientemente, en el asunto C-225/98. En opinión del CDR, es importante que los principios establecidos en la práctica judicial queden también claramente reflejados en las Directivas.

2.5.5. El CDR cree firmemente que las autoridades adjudicadoras deberían poder solicitar otras categorías de información en la fase de selección cualitativa. Debería estar permitido, por lo tanto, que las autoridades solicitaran información sobre la política de los operadores económicos en materia de gestión medioambiental.

2.6. Criterios de adjudicación de los contratos

2.6.1. La Comisión propone que, en aquellos casos en que el principal criterio no sea el precio, los criterios de adjudicación del contrato deberán estar directamente vinculados al objetivo del mismo, lo cual representa una novedad. Como consecuencia de esta medida, no será posible establecer requisitos medioambientales en los procesos de fabricación. En su dictamen sobre la Comunicación de la Comisión "La contratación pública en la Unión Europea", el CDR considera "de vital importancia para la contratación pública poder fijar, además de los requisitos referentes a las propiedades de un producto (por ejemplo, el contenido en PVC del plástico), requisitos objetivos referentes a los efectos globales para el medio ambiente de un producto y de una empresa, incluido el proceso de producción". Así pues, el Comité de las Regiones defiende aún este planteamiento.

2.6.2. Por el contrario, el CDR considera muy positivo que se mencione el medio ambiente como ejemplo de criterio que se deberá sopesar a la hora de adjudicar un contrato. A pesar de que esta circunstancia no supone ningún cambio ya que la lista sólo sirve de ejemplo, de esta manera se envía un importante mensaje a los poderes adjudicadores y se les recuerda que es justo tener en cuenta las características medioambientales en la adjudicación de los contratos públicos. A pesar de ello, el CDR considera que en el texto de la Directiva se debería usar el término "repercusión medioambiental" en lugar de "características medioambientales", ya que, en comparación con la actual, esta última formulación acota las posibilidades para establecer criterios medioambientales.

2.6.3. Asimismo, la Comisión propone que los criterios de evaluación deberán ponderarse relativamente para determinar la oferta económica más ventajosa.

2.6.4. Con esta medida, la Comisión pretende lograr un mayor grado de transparencia en el proceso de adjudicación y garantizar a los licitadores la igualdad de trato. El CDR no cree que la norma vaya a tener este efecto, ya que se basa en un planteamiento alejado de la realidad, según el cual es posible establecer el valor de todos y cada uno de los criterios una vez que se ha iniciado el procedimiento de contratación. Sin embargo, esta circunstancia implica que los poderes adjudicadores disponen de información completa ya desde un principio, lo cual sólo es el caso en muy contadas ocasiones.

2.6.5. Las propuestas de la Comisión presuponen la introducción de un sistema con diversos parámetros que, con la ayuda de la ponderación relativa, permitirá determinar con exactitud matemática qué oferta es la más ventajosa desde el punto de vista económico. Se trata de una tarea casi imposible en la práctica y, además, si incluyera parámetros "débiles" como el valor estético, perdería todo su sentido.

2.6.6. Lo que resultará absolutamente imposible de llevar a cabo es una ponderación de los criterios en aquellos procedimientos de adjudicación donde se adquieran ingentes cantidades de artículos diversos, como productos de alimentación, material sanitario o medicamentos. Cuando se trata de adjudicación de productos médicos para un centro de atención sanitaria, las diputaciones provinciales (landsting) suecas adquieren normalmente todos los medicamentos que necesitan de una sola vez. Si se ponderaran los criterios, se debería llevar a cabo también una ponderación relativa de las distintas categorías de productos. Sin duda alguna, el criterio "sabor" pesa más a la hora de adquirir medicamentos infantiles que cuando se trata de medicamentos para adultos. Así pues, es necesario dividir el procedimiento de adjudicación para permitir la misma ponderación en cada una de las categorías de producto, con lo que una adjudicación masiva que, hoy por hoy, supere los umbrales se deberá repartir en muchos procedimientos más pequeños que, en su mayoría, permanecerán por debajo de los valores umbral.

2.6.7. Los compradores públicos más activos que se han familiarizado con esta propuesta no creen que vaya a funcionar en la práctica. El Comité de las Regiones considera que no se deberían incluir en la Directiva aquellas normas que no funcionen en la práctica. Además, existe un gran riesgo de que la norma dé lugar a un gran número de procesos judiciales innecesarios a propósito de la ponderación relativa.

2.6.8. Los poderes adjudicadores deberían poder incluir criterios objetivos de carácter social, que no sean discriminatorios y que garanticen la igualdad de trato y la libre competencia.

2.7. Disposiciones especiales para la contratación

2.7.1. La Comisión propone una nueva norma en torno a la facultad de establecer requisitos específicos a la aplicación de un contrato, con el fin de codificar los dispositivos actuales en este ámbito. No obstante, la formulación de la norma tiene un carácter restrictivo en relación con la práctica judicial que pretende codificar, puesto que establece un requisito para vincular las condiciones a la ejecución del contrato.

2.7.2. El Comité de las Regiones considera que es importante que la formulación para permitir el establecimiento de requisitos específicos a la ejecución no actúe en perjuicio del derecho de los poderes adjudicadores para decidir por sí mismos el objeto de la adjudicación, por ejemplo cuando se trate de la posibilidad de establecer requisitos medioambientales en los procesos de producción y exigencias de orden social que, naturalmente, se presuponen no discriminatorios, a fin de permitir su cumplimiento por parte de licitadores procedentes de todos los Estados miembros.

2.8. El Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV)

2.8.1. En opinión del Comité de las Regiones, resultaría claramente ventajoso que se utilizara un solo sistema. El problema estriba en que la nomenclatura existente CPV es fuente de numerosos problemas a causa de su estructura heterogénea y de su ambigüedad en numerosos ámbitos.

2.8.2. Los compradores públicos más activos consideran que es difícil encontrar términos en el CPV (por ejemplo, los parquímetros figuran en el mismo grupo que los aparatos médicos y los productos farmacéuticos), que es difícil determinar cuál es el número correcto en cada uno de los casos (en el caso de un determinado implante, ¿es éste quirúrgico u ortopédico?), así como que faltan algunos componentes de un grupo (en la categoría correspondiente a los servicios de atención sanitaria figuran los servicios de limpieza pero no la asistencia sanitaria infantil). Las deficiencias en la nomenclatura causan problemas también a los operadores económicos. Éstos sostienen que es difícil encontrar los anuncios correspondientes y solicitan excepciones en aquellos procedimientos de adjudicación en los que la codificación les haya inducido a creer que ésta giraba en torno a una determinada mercancía o servicio, cuando el objeto de la contratación era en realidad otro. Estos problemas supondrán también un obstáculo a la hora de lograr una verdadera generalización del comercio electrónico.

2.8.3. El Comité de las Regiones solicita por lo tanto a la Comisión que perfeccione lo antes posible la nomenclatura CPV para que éste pueda constituir en el futuro un instrumento efectivo.

2.8.4. Un mejor CPV podría servir también a la Comisión de herramienta para obtener directamente estadísticas correctas acerca de los contratos a través del banco de datos TED (Tenders Electronic Daily) y, de esta manera, reducir las cargas administrativas que soportan los poderes adjudicadores.

2.9. Derechos exclusivos

2.9.1. La propuesta que se recoge en el artículo 55 sobre la concesión de derechos exclusivos a entidades diferentes al poder adjudicador adolece de falta de claridad. La formulación es demasiado amplia ya que no queda claro si se debería interpretar que en esta propuesta se engloban todos los acuerdos de los poderes adjudicadores con los proveedores privados, habida cuenta de que, atendiendo a un planteamiento puramente lógico, se puede afirmar que todo acuerdo entraña un componente de derechos exclusivos. Igualmente, es necesario aclarar que la disposición atañe únicamente a aquellos acuerdos que estén relacionados con los derechos exclusivos propiamente dichos.

2.10. Plazos para los procedimientos negociados

2.10.1. La Comisión plantea una normativa más rigurosa por lo que respecta a los plazos de los procedimientos negociados, mediante una propuesta para fijar en 40 días el plazo para la recepción de las ofertas. La actual Directiva no establece ningún plazo en este sentido.

2.10.2. El Comité de las Regiones considera que la propuesta se traduciría en una menor flexibilidad y que, por lo tanto, no deberán incorporarse las modificaciones que se han propuesto.

3. Recomendaciones del Comité de las Regiones en relación con las cuestiones que no se plantean en la propuesta de Directiva

3.1. Adaptación medioambiental de los procedimientos de adjudicación

3.1.1. En sus anteriores dictámenes, el Comité de las Regiones ya ha abordado con especial atención la necesidad de que exista una posibilidad para establecer requisitos de orden medioambiental en los procedimientos de adjudicación. La actual propuesta de Directiva no es muy favorable a este respecto y parece que una parte de las propuestas restringe las normas en este ámbito. En opinión del Comité de las Regiones, es crucial que los poderes adjudicadores locales y regionales tengan el derecho a decidir por sí mismos el objeto de los procedimientos. La Directiva sobre los procedimientos de adjudicación deberá garantizar únicamente la transparencia y la igualdad de trato durante todo el proceso. Así pues, un ente adjudicador que quiera comprar, por ejemplo, hortalizas de cultivos ecológicos o carne no sometida a tratamiento hormonal, deberá tener derecho a actuar en este sentido y a hacer uso del correspondiente etiquetado ecológico y del sistema de certificación disponibles en este sector. Además, estos requisitos medioambientales deberán figurar en el pliego de condiciones.

3.1.2. Habida cuenta de que, en su propuesta de comunicación interpretativa sobre una contratación respetuosa con el medio ambiente, la Comisión parece cuestionar en cierta medida este derecho a adquirir con libre voluntad mediante unas propuestas de Directiva más rigurosas, el CDR cree que es importante que la Comisión incorpore normas en la Directiva para permitir la posibilidad de establecer requisitos en los procesos de producción y en las modalidades de suministro, así como exigir un etiquetado y un sistema de certificación ecológicos.

3.2. Cooperación intermunicipal

3.2.1. En sus dictámenes sobre el Libro Verde y sobre la Comunicación relativa a la contratación pública, el Comité de las Regiones ya expuso los problemas que suscita la Directiva sobre los procedimientos de adjudicación en el campo de la cooperación intermunicipal.

3.2.2. En el punto 2.4.3 de su Dictamen sobre el Libro Verde, el CDR afirmaba que "debe establecerse que la contratación realizada por las entidades regionales y locales desde sus propias entidades legales independientes no cae en el ámbito de aplicación de las Directivas y debe considerarse como producción llevada a cabo por su propia cuenta". Asimismo, la Comisión solicitaba que se aclarara que la transferencia de cometidos de un municipio a un plano de cooperación interlocal (por ejemplo, en el caso de las empresas de recogida de basura) no debía recaer en el ámbito de la Directiva.

3.2.3. Estos problemas ya han sido objeto de examen por parte del Tribunal de Justicia en los asuntos Teckal (C 107/98) y Arnhem (C-360-96), así como por parte de instancias nacionales.

3.2.4. El CDR insta a la Comisión a esclarecer estas cuestiones de la Directiva sobre contratación pública.

3.3. Privatización

3.3.1. El Comité de las Regiones ya ha llamado anteriormente la atención de la Comisión sobre los problemas que pueden surgir en la privatización de empresas públicas y en aquellos casos en que se ofrece a los empleados la oportunidad de crear su propia empresa, que al mismo tiempo asume las tareas de las autoridades regionales y locales de modo contractual.

3.3.2. El CDR considera que las disposiciones en materia de contratación de servicios no tendrían que dificultar estos procesos, sino que se deberá permitir, como solución provisional, una compra sin procedimiento previo de adjudicación durante un determinado plazo, lo cual implica que se deberá prestar una mayor atención a la competencia.

3.4. Definición de la contratación de servicios y división entre los servicios de las categorías A y B

3.4.1. La Comisión debería tener en cuenta la transferencia de determinados servicios de la categoría A a la categoría B. Algunos de los servicios financieros constituyen los típicos casos de servicios que no se prestan a contratar de conformidad con las normas formales aplicables a la categoría A, por ejemplo, porque las disposiciones sobre las prórrogas complican las transacciones comerciales.

3.4.2. La contratación pública de servicios se define en la propuesta como un contrato oneroso y celebrado por escrito entre uno o varios prestadores de servicios y un poder adjudicador cuyo objeto es, principal o exclusivamente, la prestación de los servicios mencionados en el anexo I. Se ha podido comprobar que los malentendidos se suelen relacionar con la interpretación de los términos "principal o exclusivamente", por lo que esta mención deberá desaparecer del texto.

3.5. Sistemas de calificación

3.5.1. El CDR insta a la Comisión a que incluya disposiciones sobre los "sistemas de calificación" en la Directiva de base análogas a las que contempla la nueva Directiva en materia de suministro. Dichas medidas se emplean en varios Estados miembros y actualmente su aplicación está fuertemente limitada por las directivas en materia de adjudicación de contratos. El Comité no entiende por qué, por un lado, el empleo de dichos sistemas en materia de suministro se considera conforme al Derecho comunitario, mientras que, por otro lado, se prohíbe su utilización a otras autoridades adjudicadoras.

3.6. Representación de las entidades locales y regionales

3.6.1. El Comité de las Regiones desearía llamar una vez más la atención de la Comisión acerca del hecho de que, a pesar de que las autoridades locales y regionales desempeñan un papel clave en la aplicación de las normas sobre contratación pública, su representación en los organismos que asesoran actualmente a la Comisión es limitada.

3.6.2. Por consiguiente, el CDR solicita a la Comisión que garantice la presencia de representantes de los entes locales y regionales en estos órganos, lo cual permitirá a la Comisión extraer un mejor provecho de las experiencias adquiridas por los poderes adjudicadores locales y regionales.

Bruselas, 13 de diciembre de 2000.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jos Chabert

(1) DO C 373 de 2.12.1998, p. 13.

(2) DO C 244 de 11.8.1997, p. 28.

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