Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 52013SC0078

**DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO que acompaña al documento Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los requisitos de entrada y de residencia de los nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y no remuneradas, servicios de voluntariado y colocación au pair y por la que se refunden y modifican las Directivas 2004/114/CE y 2005/71/CE /\* SWD/2013/078 final \*/**

  

1.
INTRODUCCIÓN
Y CONTEXTO POLÍTICO

El artículo
79 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) confía a la UE la
tarea de desarrollar una política común de inmigración destinada a garantizar
una gestión eficaz de los flujos migratorios y un trato equitativo de los
nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros.

La
Directiva 2004/114/CE establece disposiciones obligatorias sobre la admisión de
estudiantes que sean nacionales de terceros países. Se dejó a la discreción de
los Estados miembros aplicar la Directiva a los alumnos, los voluntarios y los
aprendices no remunerados. Si se cumplen las condiciones, los estudiantes
tienen derecho a un permiso de residencia, así como determinados derechos en
materia de empleo o trabajo por cuenta propia, lo que les permite sufragar
parte del coste de sus estudios y desplazarse entre diferentes Estados miembros
para cursar los mismos. La Directiva 2005/71/CE establece un
procedimiento rápido de admisión de los investigadores de los terceros países
que hayan firmado un convenio de acogida con un organismo de investigación
autorizado por el Estado miembro. El convenio de acogida confirma que existe un
proyecto de investigación válido y que el investigador tiene las
cualificaciones científicas necesarias para llevarlo a cabo, así como recursos
suficientes y un seguro de enfermedad. Los investigadores pueden permanecer en
otro Estado miembro como parte de su proyecto de investigación y ejercer
actividades docentes de conformidad con el Derecho nacional.

La Comisión
presentó informes sobre la aplicación de estas dos Directivas al Parlamento
Europeo y al Consejo en 2011. Tales informes ponen de manifiesto que las
Directivas presentan algunas deficiencias. Las Directivas vigentes, que adoptó
el Consejo previa simple consulta con el Parlamento Europeo, no abordan algunas
de las dificultades a que se enfrentan los solicitantes que desean venir a la
UE, especialmente en lo relativo a los visados. Las disposiciones actuales no
siempre se ajustan plenamente a los programas de la Unión que incluyen medidas
de movilidad, y prevén escasas garantías procedimentales. No son lo
insuficientemente vinculantes o claras, sobre todo para los estudiantes. En
consecuencia, los informes de aplicación concluyeron que las Directivas
requerían mejoras.

Abunda en
esta conclusión el hecho de que el contexto actual es muy distinto al predominante
en la época en que se adoptaron las Directivas. El capital humano es uno
de los activos cruciales de Europa en el contexto de la Estrategia Europa 2020
y de la necesidad de garantizar un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. La inmigración procedente de terceros países aporta personas
altamente cualificadas y existe una demanda creciente de grupos como los estudiantes
y, en especial, los investigadores nacionales de terceros países.

Cualquier
iniciativa en el ámbito de la migración también debe considerarse en el
contexto más amplio del diálogo y la cooperación de la UE con terceros países
desde el punto de vista de sus objetivos de política exterior y de migración
exterior, según lo definido en el nuevo Enfoque Global de la Migración y la
Movilidad (GAMM). El fomento de los contactos entre los ciudadanos y el
estímulo de las medidas de educación son aspectos importantes de esta política
en todo el mundo, especialmente en los países vecinos colindantes con la UE y
los socios estratégicos. Esto representa un enriquecimiento mutuo gracias a los
beneficios de los intercambios lingüísticos, culturales y sociales. Los acontecimientos
producidos en los países del sur del Mediterráneo en los últimos meses
confirman, en especial, la importancia de reforzar los contactos entre los
ciudadanos y de ofrecer oportunidades de intercambios, sobre todo para los
jóvenes. La UE también debe conciliar su objetivo de fomentar la
movilidad hacia la Unión de los investigadores y estudiantes con su compromiso
de ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a la fuga de cerebros en
sectores cruciales.

DEFINICIÓN
DEL PROBLEMA

El mayor
problema de las dos Directivas se refiere a las autorizaciones para que los
nacionales de terceros países puedan entrar y permanecer en la UE (visados para
estancias de larga duración y/o permisos de residencia). Los disposiciones
legales suelen ser complejas y confusas. Los trámites son largos y no siempre
se aplican de forma equitativa o coherente. En el caso de los grupos para los
cuales el procedimiento de inmigración exige que una organización inicie y
facilite la admisión (sobre todo de alumnos, aprendices y voluntarios), la
fragmentación de la UE entraña invertir una gran cantidad de recursos y
trabajo, porque hay que tener en cuenta normativas que a veces difieren.

Aunque los
derechos de los nacionales de terceros países interesados han evolucionado
gracias a la adopción de la Directiva sobre el permiso único, algunos grupos
corren el riesgo de no poder acogerse plenamente a sus disposiciones debido a
las limitaciones existentes.

Las
disposiciones vigentes en materia de inmigración no tienen en cuenta lo suficiente
los programas de la Unión que incluyen medidas de movilidad como Erasmus Mundus
o Marie Curie, lo que puede dar lugar a problemas con los trámites de admisión
y movilidad dentro de la UE. La movilidad dentro de la Unión no solo es un
problema para los beneficiarios de los programas de la Unión que incluyen
medidas de movilidad, sino, más en general, para los estudiantes, los
investigadores y los aprendices remunerados, porque las disposiciones de las
Directivas sobre movilidad dentro de la UE no son suficientes.

También se
han detectado deficiencias en las garantías procedimentales. Una de ellas es
que no haya ninguna disposición sobre los plazos en los que los Estados
miembros deben evaluar las solicitudes de admisión y tomar una decisión al
respecto.

En cuanto
al mercado laboral, faltan oportunidades para que los licenciados
universitarios de terceros países puedan localizar posibilidades de trabajo
tras su titulación y para que los investigadores hagan lo mismo tras finalizar
su proyecto de investigación. No se garantiza a los familiares de los
investigadores la posibilidad de acceder al mercado de trabajo. Los estudiantes
tienen limitado ese acceso durante sus estudios, lo que les dificulta poder
financiarse adecuadamente y aportar su contribución económica.

Por último,
el ámbito de aplicación personal de la normativa actual es limitado. Esta es
facultativa para los alumnos, los aprendices no remunerados y los voluntarios,
lo que da pie a grandes variaciones en la cobertura de los distintos grupos
según los Estados miembros. Ninguna legislación de la UE contempla los
aprendices remunerados y los au pair, pese a que se enfrentan a problemas
similares y participan en intercambios parecidos. Estos grupos necesitan poder
acogerse a una mayor protección, especialmente los au pair, habida cuenta de su
especial vulnerabilidad en relación con el ámbito familiar en cuyo seno
trabajan.

En 2010,
unos 220 000 nacionales de terceros países entraron en la UE con fines de
enseñanza y estudios y en torno a 7 000, por motivos de investigación. No
hay datos cuantitativos completos sobre el número de nacionales de terceros
países en la Unión  que sufren los problemas expuestos o el número de
nacionales de terceros países que optan por destinos distintos a la UE debido a
tales problemas. No obstante, es evidente que muchas personas que entran en el
marco de las disposiciones vigentes resultan afectadas por las deficiencias de
dicho marco, cuando no hay disposiciones nacionales para subsanarlas. La
información disponible sobre el carácter de los problemas detectados, junto con
el alto número de permisos expedidos anualmente en virtud de las Directivas
vigentes indican que ha de corregirse la situación. En conjunto, las
deficiencias detectadas pueden mermar la capacidad de la UE para atraer a
estudiantes, investigadores altamente cualificados y otros grupos de nacionales
de terceros países en un momento en que otras partes del mundo son cada vez más
atractivas para ellos.

2.
¿CUÁL
ES EL PAPEL DE LA UE?

El artículo
79 del TFUE confía expresamente a la Unión la tarea de formular una política de
inmigración común, dejando a los Estados miembros la responsabilidad de
determinar el número de inmigrantes que admiten con fines de trabajo por cuenta
propia o ajena.

Un sistema
eficaz de inmigración que atraiga a inmigrantes con talento precisa una serie
común de condiciones y requisitos de admisión. La movilidad dentro de la UE
solo podrá lograrse mediante la implantación de un sistema común a todos los
Estados miembros.

La
normativa de la UE puede cubrir las condiciones de entrada y de residencia, los
visados para estancias de larga duración y los permisos de residencia, los
derechos de los nacionales de países terceros que residan legalmente y las
condiciones aplicables a la movilidad y la residencia dentro de la Unión. El
artículo 79, apartado 2, del TFUE establece que tales disposiciones se adoptan
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y que las deciden el Consejo
y el Parlamento.

El valor de
las Directivas vigentes ha quedado demostrado a lo largo de los años, y el
nuevo instrumento seguirá mejorando la situación. Un marco jurídico
transparente que incluya salvaguardias para garantizar una verdadera
transferencia de capacidades, facilitaría los intercambios internacionales entre
los Estados miembros y los países remitentes.

Una
legislación de la UE que aclare los derechos y las condiciones de residencia
también contribuiría a la mejor protección de los derechos fundamentales.

3.
OBJETIVOS

El
principal objetivo general es mejorar el marco jurídico aplicable a los
nacionales de terceros países que deseen desplazarse a la UE y permanecer
temporalmente en ella durante más de tres meses con fines de investigación y
estudio y para adquirir experiencia o participar en diversas actividades
dirigidas a mejorar sus capacidades y competencias como alumnos, voluntarios,
aprendices remunerados o no y au pair.

A la luz de
los problemas expuestos anteriormente, se han determinado varios objetivos
concretos:

·
mejorar
las condiciones de admisión mediante una mayor conexión entre la obtención de
las autorizaciones pertinentes y los procesos de toma de decisiones en relación
con las mismas;

·
formular
disposiciones más claras y vinculantes para los demás grupos a los que se
apliquen;

·
reforzar
los vínculos entre las distintas disposiciones relativas a los programas de la
Unión que incluyen medidas de movilidad como las becas Erasmus Mundus y Marie
Curie;

·
mejorar
las garantías procedimentales, tales como los plazos de las decisiones sobre
las solicitudes;

·
mejorar
el acceso a la búsqueda de empleo y al mercado de trabajo para los estudiantes
durante sus estudios, y brindar a los investigadores y los estudiantes la
posibilidad de permanecer en el territorio correspondiente bajo determinadas
condiciones después de finalizar sus estudios o investigación a fin de
determinar posibilidades de trabajo;

·
facilitar
la movilidad dentro de la Unión;

·
establecer
disposiciones que garanticen la protección coherente de los au pair y los
aprendices remunerados.

4.
OPCIONES
DE ACTUACIÓN

Se han
estudiado cuatro opciones estratégicas.

Opción 1
(situación de referencia): Mantener la situación actual sin cambios

Esta opción
dejaría sin resolver una serie de problemas. Al actuar independientemente los
unos de los otros, los Estados miembros seguirían aplicando disposiciones
diversas en materia de condiciones de admisión, especialmente de visados.
Seguiría existiendo una falta de claridad y de transparencia a este respecto y
los solicitantes potenciales y las organizaciones participantes deberían seguir
teniendo en cuanta todas las distintas normativas vigentes. Las condiciones
para ejercer la movilidad dentro de la UE (en particular, de los estudiantes)
seguirían siendo restrictivas, mientras que los aprendices remunerados no
entrarían en el ámbito de aplicación de la normativa de la UE, con lo que
seguirían encontrando obstáculos y dependiendo de las legislaciones nacionales,
que difieren según los Estados miembros. Habida cuenta de la propuesta de
Directiva sobre el traslado dentro de una misma empresa (actualmente en fase de
negociación con el Consejo y el Parlamento), que contempla también
disposiciones de movilidad en el interior de la UE por parte de los aprendices,
la persistencia de la falta de disposiciones para ese colectivo, al margen de
su traslado dentro de su misma empresa, generaría incoherencias en la normativa
de la UE sobre este grupo. También persistiría la falta de coherencia entre los
programas de la Unión que incluyen medidas de movilidad y las medidas de
inmigración, al igual que el riesgo de que algunos grupos no puedan acogerse
plenamente a las disposiciones sobre derecho a la igualdad de trato de la
Directiva sobre el permiso único.

Si bien
algunos Estados miembros han introducido nuevos cambios en sus normativas sobre
la aplicación de las disposiciones relativas a los estudiantes y los
investigadores, otros no lo han hecho, lo que supone que la situación es ya la
de una mayor fragmentación entre los Estados miembros. No hay señales de que
esto vaya a cambiar en el futuro. De esta manera, no se haría realidad la
apertura de la UE a los terceros países defendida en importantes estrategias
políticas como las Directivas vigentes, el Espacio Europeo de Investigación y
el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.

Opción 2. Mejor
comunicación (sobre todo en el caso de los investigadores) y mejor aplicación
de las disposiciones vigentes

Esta opción
incluye facilitar mejor información y acceso a la misma para que las
disposiciones vigentes queden más claras y se apliquen más correctamente.
También se podría hacer más por divulgar las mejores prácticas de los Estados
miembros a la hora de admitir y proteger los grupos no contemplados actualmente
en la Directiva 2004/114/CE, es decir, los au pair y los aprendices
remunerados. Se procedería a controlar más sistemáticamente que los Estados
miembros entiendan y observen sus obligaciones en virtud de las Directivas.

Opción
3.
Mejorar las condiciones de admisión, los derechos y las garantías procedimentales

Esta opción
contempla sobre todo mejoras para los estudiantes, los alumnos, los voluntarios
y los aprendices no remunerados, al fijar condiciones de admisión para estos
grupos (facilidades para obtener un visado) comparables a las aplicadas a los
investigadores. Haría obligatorias las disposiciones que son facultativas
actualmente para los alumnos, los voluntarios y los aprendices no remunerados.
Los Estados miembros estarían obligados a conceder todo tipo de facilidades
para que los nacionales de terceros países (estudiantes u otros grupos) que
hayan presentado una solicitud y cumplan las condiciones de admisión puedan
conseguir los visados necesarios. También cambiarían las garantías procedimentales,
sobre todo mediante la introducción de plazos que obliguen a las autoridades de
los Estados miembros a tomar una decisión sobre la solicitud en sesenta días
como máximo. Esto se considera proporcionado al carácter provisional de estas
estancias. En circunstancias excepcionales, el plazo podría prorrogarse por un
período de treinta días. Esta opción también ampliaría el derecho de los
estudiantes a trabajar por un mínimo de quince horas semanales desde el primer
año de residencia. Para garantizar la coherencia con los instrumentos de la UE
en materia de migración legal, tales como la Directiva sobre el permiso único y
la jurisprudencia reciente sobre la adecuación de las tasas, esta opción
incluiría también una disposición que recuerde que, si los Estados miembros
imponen el pago de tasas por la tramitación de las solicitudes, las mismas deberán
ser proporcionadas.

Opción 4. Mejorar todavía más las
condiciones de admisión, los derechos relativos a la movilidad dentro de la
Unión y las garantías procedimentales; ofrecer a los estudiantes y los
investigadores la posibilidad de buscar trabajo tras finalizar sus estudios o
proyecto de investigación; ampliar el ámbito de aplicación a los au pair y los
aprendices remunerados

Esta opción pretende ser más ambiciosa en
lo relativo a la mejora de las condiciones y los derechos de los grupos
afectados. Ampliaría el ámbito de aplicación de la normativa a los au pair y
los aprendices remunerados y establecería unas condiciones de admisión
específicas para garantizar una mejor protección de esos nacionales de terceros
países. La inclusión de los au pair en el ámbito de aplicación de la Directiva
se considera proporcionada teniendo en cuenta su vulnerabilidad, que es
relativamente elevada en comparación con otros grupos de nacionales de terceros
países. Esto se debe principalmente a que trabajan en el ámbito familiar, que
no está sujeto normalmente a inspecciones. La inclusión de los aprendices
remunerados se considera razonable, porque las cuestiones que afectan a los
aprendices son muy parecidas, estén o no remunerados, y vengan o no a la UE en
virtud de un traslado dentro de una misma empresa, como se establece en la
propuesta de propuesta de Directiva sobre este tipo de traslados.

Los Estados miembros tendrían la
posibilidad de expedir visados para estancias de larga duración o permisos de
residencia. De expedirse ambas clases de autorizaciones, haría falta únicamente
cumplir las condiciones de admisión previstas en la Directiva, de forma que
esas condiciones serían las mismas independientemente del tipo de autorización.
Si los nacionales de un tercer país permanecieran en el territorio en cuestión
durante más de un año, los Estados miembros que expidieran visados para
estancias de larga duración tendrían que emitir permisos de residencia tras el
primer año. La movilidad dentro de la UE, que exige disposiciones europeas
comunes debido a su carácter transfronterizo, sería más fácil y sencilla para
los estudiantes, los investigadores y sus familiares e incluiría por primera
vez a los aprendices remunerados. En concreto, se aplicarían disposiciones más
favorables a los beneficiarios de los programas de la Unión que incluyen
medidas de movilidad como Erasmus Mundus o Marie Curie. Siguiendo el ejemplo de
los puntos de contacto establecidos en la Directiva sobre la tarjeta azul y la
propuesta de Directiva relativa a las personas trasladadas dentro de una misma
empresa, los Estados miembros deberían crear puntos de contacto para recibir y
dar la información necesaria a efectos de la aplicación de la movilidad en
interior de la UE.

En cuanto al derecho a la igualdad de trato,
esta opción permitiría un trato más favorable a los investigadores nacionales
de terceros países en lo relativo a las ramas de la seguridad social, incluidas
las prestaciones familiares, por añadidura a los derechos conferidos en virtud
de las disposiciones sobre el permiso único. También aseguraría el acceso a los
bienes y servicios que están a disposición de los ciudadanos a aquellos grupos
que no podrían disfrutar de ellos en virtud del permiso único.

Como ya ocurre en algunos Estados
miembros, los estudiantes tendrían derecho a trabajar durante un mínimo de veinte
horas por semana desde el primer año de residencia a fin de permitirles
financiarse mejor y contribuir a la economía de los Estados miembros. Se
permitiría a los Estados miembros seguir teniendo en cuenta el mercado laboral
nacional. Después de finalizar sus estudios o proyectos de investigación, se
autorizaría a los estudiantes e investigadores residir en el territorio correspondiente
por un período de doce meses para encontrar trabajo. Varios Estados miembros ya
lo contemplan en su normativa. Dado el tiempo que se tarda en culminar con
éxito el proceso de búsqueda de empleo, doce meses se consideran un plazo
proporcionado. En lo que respecta a las garantías procedimentales, las
autoridades de los Estados miembros tendrían que tomar una decisión sobre las
solicitudes en un plazo de sesenta días para todos los grupos y de treinta días
para los becarios de Erasmus Mundus y Marie Curie. Al igual que la opción 3,
esta opción incluiría también una disposición que recuerde que, si los Estados
miembros imponen el pago de tasas por la tramitación de las solicitudes, las
mismas deben ser proporcionadas.

5.
ANÁLISIS
DE LAS REPERCUSIONES

Las
repercusiones de las opciones de actuación 2, 3 y 4 se han evaluado respecto a
la hipótesis de referencia, atendiendo a su pertinencia y eficacia a la hora de
alcanzar los objetivos clave, a su viabilidad (dificultad o riesgos en materia
de incorporación, incluidas su proporcionalidad, simplificación o carga
administrativas e incidencia financiera), a sus consecuencias económicas,
sociales y exteriores y a su incidencia en los derechos fundamentales. Aunque
el análisis de las posibles repercusiones de las opciones de actuación incluye
algunos elementos cuantitativos, se basa principalmente en una evaluación
cualitativa con criterios múltiples.

Si bien la
opción 2 tendría algunos efectos positivos, estos guardarían relación sobre
todo con un mejor conocimiento de las disposiciones vigentes, tales como las
condiciones de admisión, y los beneficios que podrían sacarse de ello al atraer
a más estudiantes e investigadores a la UE. Como los instrumentos jurídicos
actuales no se modificarían, sus deficiencias persistirían. Como no mejoraría el acceso al mercado de trabajo de estos
nacionales de terceros países, esta opción pondría a la UE en una situación de creciente
desventaja a la hora de atraer personas talentudas con fines de estudio o
investigación. La incidencia en los otros tres grupos (facultativos)
contemplados en la Directiva 2004/114/CE sería muy limitada. Las repercusiones
económicas y la carga administrativa de esta opción serían limitadas y no irían
más allá de los esfuerzos necesarios para aplicar mejores actividades de
comunicación en la medida en que los Estados miembros lo juzguen necesario.

La opción 3
facilitaría el acceso de estudiantes, alumnos, aprendices no remunerados y
voluntarios a la UE, con lo que tendría algunos efectos positivos, sobre todo
de carácter social. Permitiría a los estudiantes solicitar desde el territorio
de un Estado miembro poder trasladarse a otro, con el aumento consiguiente de
la movilidad dentro de la UE y el refuerzo de la diversidad cultural y
lingüística de la UE. Las disposiciones sobre igualdad de trato también
contribuirían a fortalecer los derechos de los estudiantes y a alinearlos en
mayor medida con los de los ciudadanos de la UE. Esta opción permitiría
incrementar la reserva de la UE de estudiantes e investigadores nacionales de
terceros países. Algunos de ellos podrían contribuir luego al crecimiento y
desarrollo económicos de la UE si un Estado miembro les concede un permiso de
trabajo. Un mejor acceso al mercado de trabajo durante los estudios permitiría
a los estudiantes financiarse de forma más adecuada y contribuir a la economía
durante sus estudios. La introducción de plazos obligatorios para la
tramitación de las solicitudes aumentaría la transparencia y facilitaría que
los posibles solicitantes pudieran hacer sus planes con antelación. Los
esfuerzos y costes de incorporación variarían según los Estados miembros, en
función del grado en que cuenten ya con disposiciones en los ámbitos correspondientes
y de que hayan o no incorporado a su ordenamiento las disposiciones relativas a
los grupos que tienen carácter facultativo en la Directiva 2004/114/CE. Las
garantías procedimentales adicionales supondrían más trabajo, por ejemplo,
cuando la autoridad competente del Estado miembro deba motivar la denegación de
la solicitud en la decisión por escrito correspondiente.

La opción 4
es la que tendría el mayor impacto económico positivo, porque permitiría que
los estudiantes y los investigadores permanecieran en el territorio de un
Estado miembro doce meses después de haber finalizado sus estudios o proyectos
de investigación para determinar sus posibilidades de trabajo. En los Estados
miembros en los que no pueden hacerlo actualmente, esto aportaría una nueva
reserva de talento que podría contribuir al crecimiento y la competitividad de
la UE si el Estado miembro decide conceder el necesario permiso de trabajo. Así
se originaría una situación definida por la demanda, de forma que los
nacionales de terceros países podrían trabajar si sus cualificaciones resultasen
necesarias en el mercado laboral nacional. Algunos Estados miembros tendrían
que introducir esta posibilidad, mientras que otros habrían de ajustar sus
disposiciones para que el plazo fuera de doce meses, como mínimo. Una mejora
sustancial de las condiciones de admisión debe facilitar el acceso de los
investigadores y los estudiantes cuyos conocimientos, aptitudes, y competencias
tengan ya durante su estancia inicial un efecto positivo en el fomento de la
investigación, el desarrollo y la innovación. Unas mejores disposiciones sobre
la movilidad dentro de la UE facilitaría generalizar en mayor medida esa
ventaja en toda la Unión. La inclusión de los au pair y los aprendices
remunerados con arreglo a esta opción reforzaría la protección de esos grupos
vulnerables de inmigrantes, que son con frecuencia víctimas de abusos.

Un vínculo
más sólido entre los requisitos para obtener permisos y visados supondría
ajustes a nivel de los Estados miembros, pero no debería haber ninguna
dificultad grave en materia de incorporación. Incorporar estas disposiciones al
ordenamiento jurídico costaría más a corto plazo, sobre todo en lo que respecta
a las condiciones de admisión. Sin embargo, a medio y largo plazo, los Estados
miembros pueden esperar ahorrar gracias a una conexión más fluida entre los
distintos tipos de autorizaciones. La introducción y la aplicación de las
garantías procedimentales entrañarán costes adicionales.

6.
COMPARACIÓN
DE LAS OPCIONES

La opción 2
subsanaría una importante deficiencia de la normativa actual (suministro de
información). No obstante, tendría en conjunto escasas repercusiones positivas,
ya que no modificaría de forma substancial el fondo de los instrumentos
jurídicos actuales. Por lo tanto, persistirían sus demás deficiencias.

La opción 3
sería un paso adelante en la mejora de las condiciones de admisión en
relación con la expedición de visados y/o de permisos de trabajo. Tendría
efectos positivos sobre todo para los estudiantes y, hasta cierto punto, los alumnos,
los aprendices no remunerados y los voluntarios. La fijación de plazos reportaría
ventajas muy limitadas a los investigadores y ninguna a los grupos no
contemplados actualmente por ninguna de las Directivas. La opción 4 tendría
efectos positivos mucho mayores en materia de acceso a la UE, no solo para los
grupos cubiertos por las Directivas, sino también para los au pair y los
aprendices remunerados. Los cambios introducidos por la opción 4 aclararían
mucho más los requisitos que deben cumplirse en las diferentes fases del
procedimiento de admisión y la conexión entre ellas.

En lo que respecta a la igualdad de
trato, y frente a las demás opciones, solo la opción 4 facilitaría un trato
más favorable a los investigadores nacionales de terceros países en relación
con las ramas de la seguridad social, incluidas las prestaciones familiares,
más allá de los derechos conferidos en virtud de las disposiciones del permiso
único. También aseguraría el acceso a los bienes y servicios a disposición de
los ciudadanos a los grupos que no podrían disfrutar de ellos en virtud del
permiso único.

En cuanto a
la movilidad dentro de la UE, la opción 3 solo mejoraría las condiciones
para los estudiantes. La opción 4 también mejoraría las condiciones para los
investigadores y sus familiares, así como para los aprendices remunerados, y
formularía disposiciones específicas para los beneficiarios de los programas de
la Unión que incluyen medidas de movilidad.

En materia
de garantías procedimentales, la introducción de plazos de tramitación
obligatorios de las solicitudes con arreglo a la opción 3 aumentaría la
transparencia y facilitaría a los solicitantes potenciales hacer sus planes por
anticipado. Los plazos más estrictos que se proponen en la opción 4
incrementarían aún más las ventajas para los solicitantes potenciales.

En cuanto a
la necesidad de mejorar el acceso al mercado laboral, la opción 3
mejoraría notablemente la situación actual de los estudiantes al aumentar el
número mínimo de horas de trabajo y suprimir la posibilidad de limitar el
acceso al mercado de trabajo durante el primer año de residencia. La opción 4
aumentaría todavía más el número mínimo de horas de trabajo de los estudiantes.
También haría más atractivo el marco jurídico para los estudiantes e
investigadores, ya que podrían permanecer en el territorio de un Estado miembro
para encontrar trabajo y se permitiría a los familiares de los investigadores
acceder al mercado laboral.

Solo la
opción 4 permite alcanzar el objetivo de proporcionar disposiciones
coherentes para velar por la protección de los au pair y los aprendices
remunerados. La estrategia contempla una serie coherente de condiciones y
derechos de admisión que garantizaría que no corrieran peligro los objetivos de
realización de prácticas y colocación au pair en la UE.

Opción
preferida

El análisis
y la comparación de las opciones indican que hay problemas que no se pueden
resolver simplemente mediante una mejor comunicación y que las Directivas se
deben actualizar.

Aunque sus
costes de aplicación son los más bajos, la opción 2 solo contribuiría de forma
limitada a que se alcancen los objetivos. Los verdaderos problemas en juego
quedarían sin resolver en gran parte. Por lo tanto, la opción 2 se considera la
menos rentable. La opción 3 es más eficaz y efectiva que la opción 2.

Sin
embargo, la opción 4 es, globalmente, la más eficaz y efectiva. Aunque su
aplicación es más cara que la de las demás, sus costes se consideran
proporcionados a los objetivos y necesarios para que se puedan materializar los
beneficios más sustanciales.

Puesto que
los problemas señalados son similares en el caso de ambas Directivas y a fin de
conferir mayor coherencia y claridad a las normas de la UE, la manera más
eficaz de aplicar la opción preferida sería combinar las dos Directivas en un
único instrumento legislativo, lo que se haría mediante la refundición de
ambas, fundiéndolas en un único acto legislativo, y proponiendo cambios de
fondo.

7.
CONTROL
Y EVALUACIÓN

En la actualidad, el principal indicador es el
número de permisos concedidos a los nacionales de terceros países que vienen a
la UE para investigar y estudiar. En virtud del nuevo instrumento, podría
hacerse un esfuerzo para distinguir más claramente entre los distintos grupos,
incluidos los aprendices remunerados y los au pair, independientemente de si
acceden a la UE con un permiso o un visado para estancias de larga duración. El
registro del número de autorizaciones concedidas permitiría controlar la
situación a lo largo del tiempo. Para evaluar mejor su movilidad dentro de la
UE, el número de beneficiarios de los programas de movilidad financiados por la
UE podría consignarse por separado. También podrían elaborarse estadísticas
para controlar el número de estudiantes e investigadores que buscan empleo, en
comparación con el número global de los que sean nacionales de terceros países
y obtengan un permiso de trabajo. El tiempo empleado por los Estados miembros
en tomar una decisión sobre las solicitudes se consignaría y compararía con los
plazos actualmente en vigor.

Como con
cualquier instrumento jurídico de la UE, la Comisión es responsable de
garantizar que los Estados miembros apliquen la Directiva o las Directivas
correctamente y en los plazos fijados. En el ámbito de la migración, la
Comisión se comunica con los Estados miembros a través del Comité de Contacto
sobre Migración. Se trata de un foro de debate cuya tarea es contribuir a anticipar
los problemas y resolverlos más eficazmente, sobre todo durante el periodo de
aplicación.

La Comisión
seguirá comprobando que las medidas de incorporación se ajusten a la Directiva
y que los Estados miembros las incorporen oportunamente a sus ordenamientos
jurídicos. Incoará procedimientos de infracción en caso necesario. La propuesta
incluirá la obligación de que la Comisión presente al Parlamento Europeo y al
Consejo un informe en el que se evalúe la aplicación de la nueva Directiva por
parte de los Estados miembros cinco años después del plazo de incorporación.
Ese informe también podría abarcar los efectos de la Directiva, por lo que
podría incluir recomendaciones.

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