Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**UNIÓN EUROPEA**

**EL PARLAMENTO EUROPEO** **EL CONSEJO**

**Estrasburgo, 22 de noviembre de 2023**
**(OR. en)**

**2021/0406 (COD)**
**LEX 2269**

**PE-CONS 34/1/23**

**REV 1**

**POLCOM 124**

**COMER 78**

**IA 151**

**CODEC 1136**

**REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**

**RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LA UNIÓN Y DE SUS ESTADOS MIEMBROS**

**FRENTE A LA COERCIÓN ECONÓMICA POR PARTE DE TERCEROS PAÍSES**

PE-CONS 34/1/23 REV 1

# **ES**

**REGLAMENTO (UE) 2023/…**

**DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**

**de 22 de noviembre de 2023**

**relativo a la protección de la Unión y de sus Estados miembros**

**frente a la coerción económica por parte de terceros países**

**(Texto pertinente a efectos del EEE)**

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 207,

apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario **[1]**,

**1** Posición del Parlamento Europeo de 3 de octubre de 2023 (pendiente de publicación en el
Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 23 de octubre de 2023.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 1

# **ES**

Considerando lo siguiente:

(1) En virtud del artículo 3, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea (TUE), en sus

relaciones con el resto del mundo, la Unión ha de afirmar y promover sus valores e

intereses, contribuir a la protección de sus ciudadanos y contribuir, entre otras cosas, a la

solidaridad y al respeto mutuo entre los pueblos, así como al estricto respeto y al desarrollo

del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las

Naciones Unidas.

(2) En virtud del artículo 21, apartado 1, párrafo primero, del TUE, la acción de la Unión en la

escena internacional debe basarse en principios como el Estado de Derecho, la igualdad y

la solidaridad, y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del

Derecho internacional. En virtud del artículo 21, apartado 1, párrafo segundo, del TUE, la

Unión ha de propiciar asimismo soluciones multilaterales a problemas comunes.

(3) En virtud de los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, uno de los propósitos

de las Naciones Unidas es fomentar entre las naciones relaciones de amistad de

conformidad con, entre otros, el principio de la igualdad soberana.

(4) El artículo 21, apartado 2, del TUE establece que la Unión ha de definir y ejecutar políticas

comunes y acciones y esforzarse por lograr un alto grado de cooperación en todos los

ámbitos de las relaciones internacionales, con el fin, entre otras cosas, de defender sus

valores, intereses fundamentales, independencia e integridad y consolidar y respaldar el

Estado de Derecho y los principios del Derecho internacional.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 2

# **ES**

(5) En la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones

de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las

Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

el 24 de octubre de 1970, se afirma que las relaciones internacionales deben regirse de

conformidad con los principios de la igualdad soberana y la no intervención. Dicha

Declaración dispone asimismo, en relación con el principio sobre la obligación de no

intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, que ningún

Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier

otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus

derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden, reflejando así el Derecho

internacional consuetudinario y, por lo tanto, es vinculante en las relaciones entre terceros

países, por un lado, y la Unión y sus Estados miembros, por otro. Además, las normas de

Derecho internacional consuetudinario sobre responsabilidad del Estado por hechos

internacionalmente ilícitos se reflejan en los Artículos de la Comisión de Derecho

Internacional de las Naciones Unidas sobre responsabilidad del Estado por hechos

internacionalmente ilícitos (ARSIWA, por sus siglas en inglés), aprobados por la Comisión

de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en 2001 durante su quincuagésimo tercer

período de sesiones, de los que la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó nota en

su Resolución 56/83. Dichas normas son vinculantes en las relaciones entre terceros países,

por un lado, y la Unión y sus Estados miembros, por otro.

(6) La interconexión de la moderna economía mundial aumenta el riesgo de coerción

económica, ya que ofrece a los países medios reforzados para dicha coerción, incluso

medios híbridos. Conviene que la Unión contribuya a la creación, el desarrollo y la

clarificación de marcos internacionales para la prevención y la eliminación de situaciones

de coerción económica.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 3

# **ES**

(7) Actuando siempre en el marco del Derecho internacional, es esencial que la Unión

disponga de un instrumento adecuado para disuadir y contrarrestar la coerción económica

ejercida por terceros países, a fin de proteger sus derechos e intereses y los de sus Estados

miembros. Esto ocurre, por ejemplo, cuando terceros países interfieren en las decisiones

soberanas legítimas de la Unión o de un Estado miembro aplicando o amenazando con

aplicar medidas que afectan al comercio o la inversión a fin de impedir o de conseguir la

paralización, modificación o adopción de un acto concreto por parte de la Unión o de un

Estado miembro, incluida la expresión de una posición por parte de una institución, órgano

u organismo de la Unión o de un Estado miembro. Tales medidas que afectan al comercio

o la inversión pueden consistir no solo en acciones emprendidas, y con efectos, en el

territorio del tercer país de que se trate, sino también en medidas aplicadas por el tercer

país, incluso a través de entidades bajo su control o dirección que están presentes en la

Unión, que causen un perjuicio a las actividades económicas en la Unión. El término

«tercer país» debe entenderse en el sentido de que incluye no solo a un tercer Estado, sino

también a un territorio aduanero diferenciado u otro sujeto de Derecho internacional, ya

que dichas entidades también pueden ejercer coerción económica. El uso de ese término y

la aplicación del presente Reglamento no tienen ninguna consecuencia en cuanto a la

soberanía. Además, el presente Reglamento debe aplicarse en consonancia con la posición

de la Unión en relación con el tercer país de que se trate.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 4

# **ES**

(8) El presente Reglamento tiene por objeto garantizar una respuesta eficaz, eficiente y rápida

de la Unión a la coerción económica. En particular, tiene por objeto disuadir de la coerción

económica ejercida sobre la Unión o sobre un Estado miembro y permitir a la Unión, en

última instancia, contrarrestar la coerción económica mediante medidas de respuesta de la

Unión. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los instrumentos de la Unión y

acuerdos internacionales concluidos por la Unión existentes, así como de las medidas

acordes con el Derecho internacional adoptadas con arreglo a ellos, en el ámbito de la

política comercial común, y de otras políticas de la Unión.

(9) La coerción económica por parte de terceros países puede tener por objetivo ir en contra de

las acciones de política exterior de la Unión o de un Estado miembro y la determinación de

la existencia de coerción económica y las respuestas a ella pueden tener repercusiones

significativas en las relaciones con terceros países. Es necesario garantizar respuestas

coherentes en ámbitos políticos distintos pero relacionados. El presente Reglamento se

entiende sin perjuicio de una posible acción de la Unión en virtud de las disposiciones

específicas del título V, capítulo 2, del TUE, que debe tenerse debidamente en cuenta al

considerar cualquier respuesta a la coerción económica por parte de un tercer país.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 5

# **ES**

(10) La coerción económica por parte de un tercer país contra un Estado miembro afecta al

mercado interior de la Unión y a la Unión en su conjunto. Los Estados miembros, actuando

por sí solos, no pueden contrarrestar la coerción económica por parte de terceros países

mediante medidas incluidas en el ámbito de la política comercial común. Habida cuenta de

la competencia exclusiva conferida a la Unión por el artículo 207 del Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), solo la Unión puede actuar. Además, es

posible que los Estados miembros, como sujetos individuales con arreglo al Derecho

internacional, no estén facultados para contrarrestar una coerción económica ejercida sobre

la Unión por parte de terceros países. Por consiguiente, es necesario que los medios para

alcanzar esos objetivos con eficacia se establezcan a escala de la Unión. El presente

Reglamento se entiende sin perjuicio del reparto de competencias entre la Unión y sus

Estados miembros.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 6

# **ES**

(11) De conformidad con el principio de proporcionalidad, es necesario y conveniente, para

crear un marco eficaz y completo para la acción de la Unión contra la coerción económica,

establecer normas relativas al examen, la determinación y la adopción de contramedidas

para hacer frente a la coerción económica ejercida por terceros países. Las medidas de

respuesta de la Unión deben ir precedidas de un examen de los hechos, de la determinación

de la existencia de coerción económica y, en la medida de lo posible y siempre que el

tercer país muestre voluntad de colaborar de buena fe, de esfuerzos para encontrar una

solución en cooperación con el tercer país de que se trate. Cualquier medida que imponga

la Unión debe ser proporcionada y no exceder del perjuicio causado a la Unión. Los

criterios para la selección y elaboración de las medidas de respuesta de la Unión deben

tener en cuenta, en particular, la eficacia de las medidas de respuesta de la Unión a la hora

de inducir el cese de la coerción económica y, cuando se solicite, la reparación del

perjuicio causado a la Unión, y la necesidad de evitar o minimizar los efectos colaterales,

la complejidad y las cargas administrativas desproporcionadas y los costes impuestos, en

particular, a los operadores económicos de la Unión, así como el interés de la Unión. Por

consiguiente, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos

perseguidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, del TUE.

(12) Toda acción que emprenda la Unión sobre la base del presente Reglamento debe estar en

consonancia con el Derecho internacional, incluido el Derecho internacional

consuetudinario. Entre los acuerdos internacionales celebrados por la Unión y los Estados

miembros, el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio

(OMC) es la piedra angular del sistema comercial multilateral basado en normas. Por lo

tanto, es importante que la Unión siga apoyando dicho sistema, centrado en la OMC, y que

utilice su sistema de solución de diferencias cuando proceda.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 7

# **ES**

(13) El Derecho internacional consuetudinario, como se señala en los artículos 22 y 49 a 53 de

los ARSIWA, permite, con determinadas restricciones, como la proporcionalidad y el aviso

previo, la imposición de contramedidas, a saber, medidas que de otro modo serían

contrarias a las obligaciones internacionales de una parte perjudicada con respecto al país

responsable de una infracción del Derecho internacional, y que tienen por objeto obtener el

cese de la infracción o su reparación. En consecuencia, las medidas de respuesta de la

Unión podrían consistir, en su caso, no solo en medidas coherentes con las obligaciones

internacionales de la Unión, sino también en el incumplimiento de obligaciones

internacionales con el tercer país de que se trate, en la medida en que la coerción

económica por parte del tercer país constituya un hecho internacionalmente ilícito. Con

arreglo al Derecho internacional, de conformidad con el principio de proporcionalidad, las

contramedidas deben ser proporcionales al perjuicio sufrido, teniendo en cuenta la

gravedad de los hechos internacionalmente ilícitos y los derechos en cuestión. En ese

sentido, con arreglo al Derecho internacional, se entiende que el perjuicio causado a la

Unión o a un Estado miembro incluye el perjuicio causado a los operadores económicos de

la Unión.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 8

# **ES**

(14) Cuando la coerción económica constituya un hecho internacionalmente ilícito, la Unión

debe, en su caso, además del cese de la coerción económica, solicitar al tercer país de que

se trate que repare cualquier perjuicio causado a la Unión, de conformidad con los

artículos 31 y 34 a 39 de los ARSIWA. En caso de que la Unión obtenga una

compensación por el perjuicio a los operadores de la Unión, esta podrá, cuando proceda y

en la medida de lo posible, considerar la posibilidad de transferir dicha compensación a los

operadores de la Unión que hayan sufrido pérdidas como consecuencia de la coerción

económica.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 9

# **ES**

(15) La coerción está prohibida y, por lo tanto, es un hecho ilícito con arreglo al Derecho

internacional cuando un país aplica medidas como restricciones comerciales o de inversión

con el fin de obtener de otro país una acción u omisión que este último no tiene el deber de

realizar en virtud del Derecho internacional y que pertenece al ámbito de su soberanía, y

cuando la coerción alcanza un determinado umbral cualitativo o cuantitativo, en función

tanto de los objetivos perseguidos como de los medios utilizados. La Comisión y el

Consejo deben tener en cuenta criterios cualitativos y cuantitativos que ayuden a

determinar si el tercer país interfiere en las opciones soberanas legítimas de la Unión o de

uno de sus Estados miembro y si su acción constituye una coerción económica que

requiere una respuesta de la Unión. Entre esos criterios deben figurar elementos que

caractericen, tanto cualitativa como cuantitativamente, en particular la forma, los efectos y

el objetivo de las medidas que está adoptando el tercer país. La aplicación de dichos

criterios garantizaría que solo entrase en el ámbito de aplicación del presente Reglamento

la coerción económica con repercusiones suficientemente graves o, cuando la coerción

económica consista en una amenaza, una amenaza creíble. Además, la Comisión y el

Consejo deben examinar detenidamente si el tercer país persigue una causa legítima porque

su objetivo sea defender una preocupación reconocida internacionalmente, como, por

ejemplo, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la protección de los

derechos humanos, la protección del medio ambiente o la lucha contra el cambio climático.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 10

# **ES**

(16) Con arreglo al Derecho internacional consuetudinario, los hechos de terceros países

incluyen todas las formas de acción u omisión, incluidas las amenazas, que puedan

atribuirse a un Estado con arreglo a ese Derecho. El artículo 2, letra a), y los artículos 4

a 11 de los ARSIWA confirman que el Derecho internacional consuetudinario considera

hecho de un Estado, en particular: el comportamiento de todo órgano del Estado, de una

persona o entidad que no sea órgano del Estado pero que esté facultada por el Derecho de

ese Estado para ejercer atribuciones del poder público, el comportamiento de un órgano

puesto a disposición de un Estado por otro Estado, el comportamiento de una persona o un

grupo de personas que actúen por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese

Estado al observar ese comportamiento, el comportamiento de una persona o un grupo de

personas que ejercen atribuciones del poder público en ausencia o en defecto de las

autoridades oficiales y en circunstancias tales que requieren el ejercicio de esas

atribuciones, y el comportamiento que el Estado reconoce y adopta como propio.

(17) La Comisión debe examinar si la medida adoptada por un tercer país constituye una

coerción económica. La Comisión debe llevar a cabo dicho examen sobre la base de la

información recibida de cualquier fuente fiable, incluidas personas físicas y jurídicas, el

Parlamento Europeo, un Estado miembro o sindicatos. A fin de determinar si un tercer país

aplica o amenaza con aplicar medidas que afecten al comercio o a la inversión que

constituyan una coerción económica, la evaluación de la Comisión y del Consejo debe

basarse en hechos.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 11

# **ES**

(18) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, y habida

cuenta del carácter único de la coerción económica que afecta al comercio y la inversión,

deben conferirse al Consejo competencias de ejecución para determinar la coerción

económica y si procede solicitar la reparación del perjuicio causado a la Unión. La

atribución de competencias de ejecución al Consejo se limita a las circunstancias derivadas

de la coerción económica y a abordarlas y no debe considerarse un precedente.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 12

# **ES**

(19) Tras el examen de la Comisión, cuando esta llegue a la conclusión de que la medida del

tercer país constituye una coerción económica, la Comisión debe presentar una propuesta

al Consejo de acto de ejecución que determine que la medida del tercer país cumple las

condiciones para la existencia de una coerción económica. En dicha propuesta, la

Comisión debe incluir un plazo indicativo para que la Comisión evalúe si se cumplen las

condiciones para la adopción de medidas de respuesta de la Unión. Cuando corresponda, la

Comisión también debe presentar una propuesta de acto de ejecución del Consejo por el

que se determine que la Unión solicita al tercer país que repare el perjuicio causado a la

Unión. Además, la coerción económica puede afectar a la Unión o a cualquier Estado

miembro y, por lo tanto, crear la necesidad de actuar con rapidez con arreglo al presente

Reglamento y en consonancia con los principios de la Unión de solidaridad entre Estados

miembros y de cooperación leal. Por consiguiente, el Consejo debe actuar con celeridad y

hacer todos los esfuerzos necesarios para adoptar una decisión en el plazo de ocho semanas

a partir de la presentación de la propuesta por la Comisión. En el ejercicio de sus

competencias de ejecución, el Consejo debe actuar de conformidad con las condiciones

para la existencia de coerción económica y los criterios para determinar si resulta

conveniente solicitar al tercer país que repare el perjuicio causado a la Unión.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 13

# **ES**

(20) En un esfuerzo por garantizar el cese de la coerción económica y, cuando se solicite, la

reparación del perjuicio causado a la Unión, la Unión debe buscar una solución rápida y

justa del asunto. En consecuencia, la Comisión debe ofrecer la oportunidad adecuada de

celebrar consultas con el tercer país de que se trate y, si dicho tercer país está dispuesto a

entablar consultas de buena fe, entablará consultas con él con celeridad. En el transcurso de

dichas consultas, la Comisión debe esforzarse por explorar vías como las negociaciones

directas, el sometimiento del asunto a una resolución jurisdiccional internacional, o la

mediación, la conciliación o los buenos oficios por parte de un tercero, sin perjuicio del

reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros. En particular, cuando el

tercer país suspenda la coerción económica y acepte someter el asunto a una resolución

jurisdiccional internacional, debe celebrarse un acuerdo internacional con el tercer país, si

es necesario. Ese acuerdo internacional lo podría celebrar la Unión, de conformidad con el

artículo 218 del TFUE, o el Estado miembro de que se trate.

(21) La Unión debe apoyar a los terceros países afectados por medidas idénticas o similares de

coerción económica u otros terceros países interesados, y cooperar con ellos. Debe

participar en la coordinación internacional en todos los foros bilaterales, plurilaterales o

multilaterales que sean adecuados para la prevención o eliminación de coerción

económica. La Comisión debe expresar la posición de la Unión tras haber consultado al

Consejo de conformidad con los Tratados, según proceda, y, cuando proceda, con la

participación de los Estados miembros.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 14

# **ES**

(22) Es deseable que la Unión haga uso de forma proactiva de todos los medios disponibles de

diálogo con el tercer país de que se trate, como las negociaciones, la resolución

jurisdiccional o la mediación, y que solo imponga medidas de respuesta cuando dichos

medios no conduzcan al cese rápido y efectivo de la coerción económica y, cuando

proceda y lo solicite la Unión al tercer país en cuestión, a la reparación del perjuicio a la

Unión, y cuando sea necesaria una acción para proteger los intereses y derechos de la

Unión y de sus Estados miembros con arreglo al Derecho internacional y esa acción

redunde en interés de la Unión. Es conveniente que el presente Reglamento establezca las

normas y procedimientos aplicables para la imposición y aplicación de medidas de

respuesta de la Unión y permita actuar con celeridad cuando sea necesario para preservar la

eficacia de tales medidas.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 15

# **ES**

(23) Las medidas de respuesta de la Unión adoptadas de conformidad con el presente

Reglamento deben seleccionarse y diseñarse sobre la base de criterios objetivos, entre

otros, la eficacia de las medidas para incitar al cese de la coerción económica y, cuando

proceda, a la reparación del perjuicio que haya causado a la Unión; el potencial para

proporcionar una ayuda a los operadores económicos de la Unión afectados por la coerción

económica; el objetivo de evitar o minimizar los efectos económicos negativos y de otro

tipo en la Unión; y la evitación de una carga administrativa y unos costes

desproporcionados en la aplicación de las medidas de respuesta de la Unión. Deben

salvaguardarse el entorno de inversión y la economía del conocimiento de la Unión. Es

esencial que en la selección y el diseño de las medidas de respuesta de la Unión se tenga en

cuenta el interés de esta, lo que incluye, entre otros, tanto los intereses de las industrias de

la Unión anteriores y posteriores en la cadena económica como los de los consumidores

finales de la Unión. Cuando la Comisión esté estudiando medidas de respuesta de la Unión,

debe dar preferencia a aquellas que no tengan una repercusión desproporcionada en la

seguridad jurídica y la previsibilidad de las medidas para los operadores económicos, así

como en la administración de la normativa nacional pertinente. Cuando la Comisión esté

estudiando medidas de respuesta de la Unión que afecten a autorizaciones, registros,

licencias u otros derechos a efectos de actividades comerciales, debe dar preferencia a

medidas que afecten a procedimientos aplicados en toda la Unión y basadas en el Derecho

derivado o, cuando no sean adecuadas, medidas en ámbitos en los que exista abundante

Derecho de la Unión o. Las medidas de respuesta de la Unión no deben interferir en las

decisiones administrativas que se basen en la evaluación de pruebas científicas. Esas

medidas deben seleccionarse entre una amplia gama de opciones a fin de permitir la

adopción de las que resulten más adecuadas en cada caso concreto.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 16

# **ES**

(24) La Unión debe poder adoptar medidas de respuesta de la Unión de aplicación general

diseñadas de manera que afecten a determinados sectores, regiones u operadores del tercer

país en cuestión. La Unión también debe poder adoptar medidas de respuesta de la Unión

que se apliquen a determinadas personas físicas o jurídicas que estén vinculadas o

asociadas al Gobierno del tercer país y que realicen o puedan llevar a cabo actividades

contempladas en el artículo 207 del TFUE. Tales medidas de respuesta de la Unión

específicas pueden inducir el cese inmediato de la coerción económica, evitando o

minimizando eficazmente los efectos negativos de dicha coerción en las economías de los

Estados miembros y en los operadores económicos de la Unión y los consumidores finales

de la Unión.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 17

# **ES**

(25) Como parte de la respuesta de la Unión con el fin de inducir a terceros países a cesar la

coerción económica, la Comisión también puede adoptar medidas con arreglo a

instrumentos jurídicos distintos del presente Reglamento que le confieren competencias

específicas, por ejemplo, en relación con la concesión de financiación de la Unión o las

posibilidades de limitar la participación en programas marco de investigación e innovación

de la Unión de conformidad con los procedimientos aplicables establecidos en ellos. El

presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las normas y procedimientos previstos en

esos otros instrumentos jurídicos. La Comisión debe garantizar la coordinación de la

adopción de las medidas establecidas en el anexo I con las medidas que adopte en virtud de

actos jurídicos de la Unión otros que el presente Reglamento. En particular, la respuesta

global de la Unión debe ser proporcionada y no exceder del nivel de perjuicio causado a la

Unión. Sin perjuicio de las obligaciones de información al Parlamento Europeo o al

Consejo previstas en esos otros instrumentos jurídicos, la Comisión debe mantener

informados al Parlamento Europeo y al Consejo de las acciones emprendidas en el marco

de dichos instrumentos de manera sincronizada con las medidas de respuesta de la Unión.

(26) Conviene establecer normas sobre el origen de las mercancías o servicios y sobre la

nacionalidad de los proveedores de servicios, así como de las inversiones y los titulares de

derechos de propiedad intelectual, a efectos de determinar las medidas de respuesta de la

Unión. Las normas de origen y nacionalidad deben determinarse a la luz de las normas

vigentes en materia de comercio e inversión no preferenciales aplicables con arreglo al

Derecho de la Unión y de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 18

# **ES**

(27) A efectos de obtener el cese de la coerción económica en un caso particular y, cuando

proceda, la reparación del perjuicio causado, las medidas de respuesta de la Unión

consistentes en restricciones a la inversión extranjera directa o al comercio de servicios

solo deben aplicarse con respecto a los servicios prestados o a las inversiones directas

realizadas dentro de la Unión por una o varias personas jurídicas establecidas en la Unión y

que sean propiedad o estén bajo el control de personas del tercer país de que se trate

cuando sea necesario para garantizar la eficacia de las medidas de respuesta de la Unión y,

en particular, para prevenir que sean evitadas o eludidas. La decisión de imponer tales

restricciones debe justificarse debidamente en actos de ejecución adoptados en virtud del

presente Reglamento a la luz de los criterios que en él se especifican.

(28) Tras la adopción de las medidas de respuesta de la Unión, la Comisión debe evaluar

continuamente la situación de coerción económica, la eficacia de las medidas de respuesta

de la Unión y sus efectos sobre el interés de la Unión, con vistas a modificar, suspender o

poner fin a las medidas de respuesta de la Unión en consecuencia. Por consiguiente, es

necesario establecer las normas y procedimientos para modificar, suspender y poner fin a

las medidas de respuesta de la Unión, así como las circunstancias en las que estas resulten

adecuadas la modificación, suspensión o terminación de las medidas de respuesta de la

Unión.

(29) Es esencial ofrecer oportunidades de participación a las partes interesadas, incluidas las

empresas, a efectos de la adopción y modificación de las medidas de respuesta de la Unión,

y, llegado el caso, en su suspensión y terminación, habida cuenta de las repercusiones que

pueden tener en tales partes interesadas.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 19

# **ES**

(30) A la luz de la coerción económica por parte de terceros países, y, en particular, su

frecuencia y gravedad, la Comisión, para garantizar la coherencia con los actos jurídicos de

la Unión pertinentes, debe proporcionar un punto de contacto único para el funcionamiento

del presente Reglamento y, en consecuencia, actuar con vistas a garantizar que la Unión

pueda anticipar mejor la coerción económica y responder eficazmente ante ella.

(31) Es importante garantizar que el Parlamento Europeo y el Consejo sean informados

periódicamente y de manera oportuna de las novedades que se produzcan en la aplicación

del presente Reglamento y, cuando proceda, tengan la oportunidad de intercambiar puntos

de vista con la Comisión.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 20

# **ES**

(32) A fin de poder adaptar las normas de origen o nacionalidad para tener en cuenta la

evolución pertinente de los instrumentos internacionales y la experiencia en la aplicación

de medidas con arreglo al presente Reglamento u otros actos de la Unión, deben delegarse

en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo

que respecta a la modificación del anexo II. Reviste especial importancia que la Comisión

lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos,

y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el

Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación **[1]** . En

particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos

delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo

tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso

sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen

de la preparación de actos delegados.

(33) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la respuesta de la Unión con

arreglo al presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de

ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE)

n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo **[2]** .

**1** DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
**2** Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero
de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las
modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias
de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

PE-CONS 34/1/23 REV 1 21

# **ES**

(34) Conviene recurrir al procedimiento de examen para la adopción de medidas de respuesta

de la Unión y su modificación, suspensión o terminación, dado que dichas medidas

determinan la respuesta de la Unión a la coerción económica incluida en el ámbito de

aplicación del presente Reglamento. Teniendo en cuenta la naturaleza específica del

presente Reglamento y la especial sensibilidad asociada a las medidas de respuesta de la

Unión, la Comisión no debe adoptar un proyecto de acto de ejecución sobre ninguna

medida de respuesta de la Unión si el comité no emite un dictamen sobre dicho acto. En el

ejercicio de sus competencias de ejecución, la Comisión debe prestar especial atención a

las soluciones que reciban el apoyo más amplio posible entre los Estados miembros y, en

todas las fases del procedimiento, también en el comité de apelación, encontrar soluciones

equilibradas y evitar ir en contra de cualquier posición predominante entre los Estados

miembros, en particular en lo que se refiere a la idoneidad de un proyecto de acto de

ejecución.

(35) La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables y de duración

limitada cuando, en casos debidamente justificados relacionados con la modificación o

suspensión de las medidas de respuesta de la Unión, razones imperiosas de urgencia exijan

una acción rápida para evitar un perjuicio irreparable a la Unión o a un Estado miembro o

para garantizar la conformidad con el Derecho internacional. Tal acción rápida podría

impedir que la coerción económica cause o empeore cualquier perjuicio económico, en

particular con vistas a proteger intereses sensibles y vitales de la Unión o de un Estado

miembro.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 22

# **ES**

(36) Toda acción emprendida con arreglo al presente Reglamento, incluida la adopción de

medidas de respuesta de la Unión que se apliquen a determinadas personas físicas o

jurídicas, ha de respetar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Además, todo tratamiento de datos de carácter personal en virtud del presente Reglamento

ha de ser conforme con las normas aplicables a la protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de datos de carácter personal por parte de funcionarios de un Estado

miembro que obtengan información en el marco del presente Reglamento ha de realizarse

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo

y del Consejo **[1]** . El tratamiento de datos de carácter personal por parte de las instituciones

de la Unión ha de realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento

(UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo **[2]** .

**1** Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016,
p. 1).
**2** Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre
circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la
Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

PE-CONS 34/1/23 REV 1 23

# **ES**

(37) La Comisión debe evaluar la eficacia y el funcionamiento de las medidas de respuesta de la

Unión adoptadas con arreglo al presente Reglamento y, en caso necesario, sacar

conclusiones a efectos de futuras medidas de respuesta de la Unión. La Comisión también

debe revisar el presente Reglamento tras haber adquirido la experiencia suficiente en su

aplicación y puesta en práctica y también su relación con otras políticas e instrumentos

jurídicos vigentes de la Unión, incluido el Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo **[1]** . La

revisión del presente Reglamento debe abarcar su ámbito de aplicación, funcionamiento,

eficiencia y eficacia. La Comisión debe informar sobre su evaluación al Parlamento

Europeo y al Consejo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

**1** Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, relativo a la
protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por
un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella (DO L 309
de 29.11.1996, p. 1).

PE-CONS 34/1/23 REV 1 24

# **ES**

_Artículo 1_

_Objeto y ámbito de aplicación_

1. El presente Reglamento se aplicará en casos de coerción económica por parte de un tercer

país. Establece normas y procedimientos para garantizar la protección efectiva de los

intereses de la Unión y de sus Estados miembros frente a la coerción económica por parte

de un tercer país.

2. El presente Reglamento establece un marco para que la Unión responda a la coerción

económica con el objetivo de disuadir de dicha coerción o ponerle fin, y al mismo tiempo

permite a la Unión, como último recurso, contrarrestar la coerción económica mediante

medidas de respuesta de la Unión.

El Reglamento también establece un marco para que la Unión, en su caso, reclame la

reparación del perjuicio causado a la Unión.

3. Toda acción emprendida con arreglo al presente Reglamento será coherente con el Derecho

internacional y se llevará a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción

exterior de la Unión.

4. El presente Reglamento se aplica sin perjuicio de los instrumentos de la Unión y acuerdos

internacionales celebrados por la Unión existentes, así como de las medidas acordes con el

Derecho internacional adoptadas con arreglo a ellos, en el ámbito de la política comercial

común, y de otras políticas de la Unión.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 25

# **ES**

5. El presente Reglamento no afecta al reparto de competencias entre la Unión y sus Estados

miembros definido en los Tratados.

_Artículo 2_

_Coerción económica_

1. A efectos del presente Reglamento, existe coerción económica cuando un tercer país

aplique o amenace con aplicar una medida de un tercer país que afecte al comercio o la

inversión con el fin de impedir o de conseguir la paralización, modificación o adopción de

un acto concreto por parte de la Unión o de un Estado miembro, interfiriendo así en las

decisiones soberanas legítimas de la Unión o de un Estado miembro.

2. Para determinar si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1, la Comisión y

el Consejo tendrán en cuenta lo siguiente:

a) la intensidad, gravedad, frecuencia, duración, amplitud y magnitud de la medida del

tercer país, en particular su repercusión en las relaciones comerciales o de inversión

con la Unión, y la presión derivada de ella para la Unión o para un Estado miembro;

b) si el tercer país está incurriendo en una pauta de injerencia destinada a impedir u

obtener actos concretos de la Unión, de un Estado miembro o de otro tercer país;

c) el grado en que la medida del tercer país interfiere en el ámbito de la soberanía de la

Unión o de un Estado miembro;

PE-CONS 34/1/23 REV 1 26

# **ES**

d) si el tercer país actúa sobre la base de una preocupación legítima reconocida

internacionalmente;

e) si, antes de imponer o aplicar la medida del tercer país, este ha intentado seriamente

y de buena fe resolver el asunto mediante una coordinación internacional o una

resolución jurisdiccional, ya sea bilateralmente o en un foro internacional, y de qué

manera.

_Artículo 3_

_Definiciones_

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «medida de un tercer país», cualquier acción u omisión atribuible a un tercer país con

arreglo al Derecho internacional;

2) «acto concreto», cualquier acto jurídico o de otro tipo, incluida la expresión de una

posición, de una institución, órgano u organismo de la Unión, de un Estado miembro o de

un tercer país;

3) «perjuicio causado a la Unión», una repercusión negativa, en particular un perjuicio

económico, en la Unión o en un Estado miembro, incluida la repercusión en operadores

económicos de la Unión, causada por la coerción económica;

PE-CONS 34/1/23 REV 1 27

# **ES**

4) «tercer país», cualquier Estado, territorio aduanero diferenciado u otro sujeto de Derecho

internacional distinto de la Unión o de un Estado miembro.

_Artículo 4_

_Examen de las medidas de terceros países_

1. La Comisión podrá, por propia iniciativa o previa solicitud debidamente fundamentada,

examinar cualquier medida de un tercer país para determinar si cumple las condiciones del

artículo 2, apartado 1.

2. Cuando la Comisión examine una medida de un tercer país, actuará con celeridad. El

examen no durará normalmente más de cuatro meses.

La Comisión llevará a cabo el examen sobre la base de información fundamentada

recopilada por propia iniciativa o recibida de cualquier fuente fiable, en particular de un

Estado miembro, del Parlamento Europeo, de operadores económicos o de sindicatos.

La Comisión deberá garantizar la protección de la información confidencial de

conformidad con el artículo 15, incluida, cuando sea necesaria, la salvaguarda de la

identidad de la persona que la haya facilitado.

La Comisión pondrá a disposición pública una herramienta segura para facilitar la

presentación de información a la Comisión.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 28

# **ES**

3. La Comisión informará en un plazo oportuno a los Estados miembros del inicio de los

exámenes y de las novedades relevantes con respecto a los exámenes en curso.

4. La Comisión recabará información sobre la repercusión de las medidas de un tercer país

cuando sea necesario.

La Comisión podrá solicitar a los Estados miembros que faciliten dicha información, y los

Estados miembros responderán con celeridad a dicha solicitud.

Mediante la publicación de un anuncio en el _Diario Oficial de la Unión Europea_ y, en su

caso, a través de otros medios de comunicación pública adecuados, la Comisión podrá

invitar a las partes interesadas a presentar información. La Comisión especificará la fecha

límite para la presentación de dicha información, teniendo en cuenta el plazo indicado en el

apartado 2, párrafo primero.

Si la Comisión publica dicho anuncio, notificará al tercer país de que se trate que el

examen se ha iniciado.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 29

# **ES**

_Artículo 5_

_Determinación relativa a la medida del tercer país_

1. Cuando, tras realizar un examen de conformidad con el artículo 4, la Comisión llegue a la

conclusión de que la medida del tercer país cumple las condiciones del artículo 2,

apartado 1, presentará al Consejo una propuesta de acto de ejecución que determine que la

medida del tercer país cumple las condiciones del artículo 2, apartado 1.

En dicha propuesta, la Comisión explicará por qué se cumplen dichas condiciones.

La propuesta establecerá un plazo indicativo para que la Comisión evalúe si se cumplen las

condiciones del artículo 8, apartado 1. Dicho plazo no excederá de seis meses a menos que

sea necesario un período más largo debidamente justificado a la luz de las circunstancias

específicas del caso.

2. En la propuesta a que se refiere el apartado 1, o en una propuesta posterior de acto de

ejecución del Consejo, la Comisión propondrá, cuando proceda, que el Consejo determine

que se solicite al tercer país que repare el perjuicio causado a la Unión.

La evaluación de si procede solicitar al tercer país que repare el perjuicio causado a la

Unión se basará en todas las circunstancias del caso. Dicha evaluación se basará, en

particular, en la naturaleza y el alcance del perjuicio causado y en la obligación general,

con arreglo al Derecho internacional consuetudinario, de reparar íntegramente el perjuicio

causado por un hecho internacionalmente ilícito.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 30

# **ES**

3. Antes de presentar la propuesta a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, y

cuando resulte útil a efectos de la determinación a que se refiere dicho apartado, la

Comisión invitará al tercer país a presentar sus observaciones en un plazo determinado, sin

perjuicio de cualquier colaboración con el tercer país de que se trate, en virtud del

artículo 6. Dicho plazo será razonable y no retrasará indebidamente la presentación por

parte de la Comisión de la propuesta a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

4. Antes de presentar la propuesta a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, la

Comisión informará al Parlamento Europeo de las conclusiones del examen realizado de

conformidad con el artículo 4.

5. El Consejo adoptará por mayoría cualificada los actos de ejecución a que se refieren los

apartados 1 y 2.

El Consejo podrá modificar por mayoría cualificada las propuestas a que se refieren los

apartados 1 y 2.

6. A efectos del presente artículo, el Consejo actuará con celeridad.

El Consejo se pronunciará en un plazo de ocho semanas a partir de la presentación por

parte de la Comisión de la propuesta a que se refieren los apartados 1 y 2.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo segundo, el Consejo podrá pronunciarse

después de dicho plazo de ocho semanas siempre que informe a la Comisión de la

existencia de un retraso y de los motivos de este.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 31

# **ES**

El plazo total para que el Consejo se pronuncie no superará normalmente las diez semanas

a partir de la presentación de la propuesta a que se refieren los apartados 1 y 2.

En el ejercicio de sus competencias de ejecución, el Consejo aplicará el artículo 2,

apartado 1, que establece las condiciones para la existencia de coerción económica, así

como los criterios establecidos en el apartado 2, párrafo segundo, del presente artículo, y

explicará por qué se cumplen dichas condiciones y cómo se han aplicado dichos criterios.

7. Los actos de ejecución que se adopten en virtud del presente artículo se publicarán en el

_Diario Oficial de la Unión Europea_ .

8. Se informará al Parlamento Europeo de cualquier acto de ejecución propuesto o adoptado

en virtud del presente artículo.

9. Cuando el Consejo adopte un acto de ejecución según lo previsto en el apartado 1, la

Comisión informará de ello al tercer país y le pedirá que cese inmediatamente la coerción

económica.

10. Cuando el Consejo adopte un acto de ejecución a que se refiere el apartado 2, la Comisión

solicitará al tercer país que repare el perjuicio causado a la Unión en un plazo razonable.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 32

# **ES**

_Artículo 6_

_Colaboración con el tercer país_

1. Tras la adopción de un acto de ejecución de conformidad con el artículo 5, la Comisión

facilitará oportunidades adecuadas de celebrar consultas con el tercer país con vistas a

obtener el cese de la coerción económica y, cuando así se haya solicitado en virtud del

artículo 5, apartado 10, la reparación del perjuicio causado a la Unión.

Cuando el tercer país entable consultas de buena fe con la Unión, la Comisión participará

en ellas con celeridad.

En el transcurso de dichas consultas, la Comisión podrá explorar opciones con el tercer

país, entre ellas las siguientes:

a) negociaciones directas;

b) sometimiento del asunto a una resolución jurisdiccional internacional;

c) mediación, conciliación o buenos oficios de un tercero para ayudar a la Unión y al

tercer país en sus esfuerzos en el marco del presente artículo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Comisión procurará obtener el cese de la

coerción económica, planteando también el asunto en cualquier foro internacional

pertinente, previa consulta al Consejo cuando proceda de conformidad con los Tratados.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 33

# **ES**

3. Tras la adopción de medidas de respuesta de la Unión en virtud del artículo 8, la Comisión

permanecerá abierta a entablar consultas con el tercer país, paralelamente a la posible

suspensión de cualquier medida de respuesta de la Unión en virtud del artículo 12,

apartado 2.

_Artículo 7_

_Cooperación internacional_

La Comisión entablará consultas o cooperará con cualquier otro tercer país afectado por una

coerción económica idéntica o similar o con cualquier otro tercer país interesado, con vistas a

obtener el cese de la coerción económica, previa consulta al Consejo cuando proceda de

conformidad con los Tratados.

Las consultas y la cooperación mencionadas podrán incluir, en su caso:

a) el intercambio de información y experiencias pertinentes para facilitar una respuesta

coherente a dicha coerción económica;

b) la coordinación en los foros internacionales pertinentes;

c) la coordinación de la respuesta a la coerción económica.

Cuando proceda, la Comisión invitará a los Estados miembros a participar en tales consultas y

cooperación.

Las consultas y la cooperación no retrasarán indebidamente la aplicación del procedimiento previsto

en el presente Reglamento.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 34

# **ES**

_Artículo 8_

_Medidas de respuesta de la Unión_

1. La Comisión adoptará medidas de respuesta de la Unión mediante un acto de ejecución

cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) las medidas adoptadas en virtud de los artículos 5 y 6 no hayan dado lugar, en un

plazo razonable, al cese de la coerción económica y, cuando así se haya solicitado en

virtud del artículo 5, apartado 10, a la reparación del perjuicio causado a la Unión;

b) sea necesaria la adopción de medidas de respuesta de la Unión para proteger los

intereses y los derechos de la Unión y de sus Estados miembros, en el caso concreto,

a la luz de las opciones disponibles;

c) la adopción de medidas de respuesta de la Unión redunde en interés de la Unión,

según se haya determinado de conformidad con el artículo 9.

Cuando la coerción económica haya cesado pero el tercer país no haya reparado

íntegramente el perjuicio causado a la Unión, aun habiéndole sido solicitado que lo haga, la

Comisión evaluará el cumplimiento de la condición a que se refiere el párrafo primero,

letra b), del presente apartado, basándose en todas las circunstancias del caso. En

particular, dicha evaluación se basará en la naturaleza y el alcance del perjuicio causado y

en la obligación general, con arreglo al Derecho internacional consuetudinario, de reparar

íntegramente el perjuicio causado por un hecho internacionalmente ilícito.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 35

# **ES**

El acto de ejecución a que se refiere el párrafo primero del presente apartado se adoptará

de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 18, apartado 2.

2. La Comisión seleccionará las medidas de respuesta de la Unión adecuadas de entre las que

figuran en el anexo I. Determinará cuáles de esas medidas son adecuadas sobre la base de

los criterios para su selección y elaboración establecidos en el artículo 11.

En el acto de ejecución a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, la Comisión

expondrá las razones por las que considera que se cumplen las condiciones mencionadas

en dicho apartado y por qué considera que las medidas de respuesta de la Unión son

adecuadas a la luz de los criterios a que se refiere el artículo 11.

3. Las medidas de respuesta de la Unión se adoptarán en forma de:

a) medidas de aplicación general, o

b) medidas aplicables a determinadas personas físicas o jurídicas que lleven o puedan

llevar a cabo actividades contempladas en el artículo 207 del TFUE y estén

vinculadas o asociadas al Gobierno del tercer país en cuestión.

Las medidas de respuesta de la Unión a que se refiere el párrafo primero, letra a), podrán

diseñarse de manera que afecten a determinados sectores, regiones u operadores del tercer

país, de conformidad con las normas de origen y nacionalidad que figuran en el anexo II.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 36

# **ES**

4. En tanto en cuanto que la medida del tercer país constituya un hecho internacionalmente

ilícito, las medidas de respuesta de la Unión podrán consistir en medidas que supongan el

incumplimiento de las obligaciones internacionales respecto al tercer país.

5. La Comisión velará por que la adopción de medidas de respuesta de la Unión se coordine

con las medidas que adopte en virtud de actos jurídicos de la Unión distintos del presente

Reglamento con el fin de responder a la coerción económica.

6. El acto de ejecución a que se refiere el apartado 1 establecerá una fecha de aplicación

aplazada que no podrá ser posterior en más de tres meses a la fecha de adopción, salvo que,

a la luz de circunstancias específicas, se establezca una fecha de aplicación posterior.

La Comisión fijará esta fecha de aplicación, en función de las circunstancias del caso, para

permitir la notificación de las medidas al tercer país de que se trate de conformidad con el

apartado 7 y para que este cese la coerción económica y, cuando así se haya solicitado,

repare el perjuicio causado a la Unión.

7. Una vez adoptado el acto de ejecución a que se refiere el apartado 1, la Comisión lo

notificará al tercer país y:

a) pedirá al tercer país que cese inmediatamente la coerción económica y, cuando

proceda y así se haya solicitado, repare el perjuicio causado a la Unión;

b) ofrecerá negociar una solución con el tercer país, y

PE-CONS 34/1/23 REV 1 37

# **ES**

c) notificará al tercer país que se aplicarán las medidas de respuesta de la Unión a

menos que cese la coerción económica y que, cuando proceda y así se haya

solicitado, el tercer país repare el perjuicio causado a la Unión.

8. Cuando la Comisión disponga de información creíble de que la coerción económica ha

cesado o de que el tercer país ha tomado medidas concretas para cesar la coerción

económica y, en su caso, ha reparado el perjuicio a la Unión antes de la fecha aplazada de

aplicación establecida de conformidad con el apartado 6, el acto de ejecución a que se

refiere el apartado 1 dispondrá un nuevo aplazamiento de la fecha de aplicación. Dicho

aplazamiento tendrá una duración especificada en dicho acto de ejecución y deberá

permitir a la Comisión verificar el cese efectivo de la coerción económica.

En caso de que la Comisión disponga de la información creíble mencionada, publicará un

anuncio en el _Diario Oficial de la Unión Europea_ indicando que dispone de esa

información y la fecha de aplicación del acto de ejecución mencionado en el artículo 1, con

arreglo al aplazamiento dispuesto de conformidad con el párrafo primero del presente

apartado.

9. Si el tercer país cesa la coerción económica y, cuando proceda, repara el perjuicio a la

Unión antes de la fecha de aplicación del acto de ejecución a que se refiere el apartado 1, la

Comisión adoptará un acto de ejecución que derogue dicho acto de ejecución.

Dicho acto de ejecución de derogación se adoptará de conformidad con el procedimiento

de examen a que se refiere el artículo 18, apartado 2.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 38

# **ES**

10. No obstante lo dispuesto en los apartados 7, 8 y 9, el acto de ejecución a que se refiere el

apartado 1 podrá disponer que las medidas de respuesta de la Unión se apliquen sin que la

Comisión, en virtud del apartado 7, letra a), pida al tercer país de que se trate que cese la

coerción económica o, en su caso, repare el perjuicio a la Unión, o sin que la Comisión, en

virtud del apartado 7, letra c), notifique al tercer país de que se trate que se aplicará la

medida de respuesta de la Unión cuando, en casos debidamente justificados, ello resulte

necesario para preservar los derechos e intereses de la Unión o de un Estado miembro, y en

particular para preservar la eficacia de las medidas de respuesta de la Unión.

11. No obstante lo dispuesto en los apartados 6 y 8, cuando la coerción económica consista en

una amenaza de aplicar una medida del tercer país que afecte al comercio o la inversión de

conformidad con el artículo 2, apartado 1, el acto de ejecución a que se refiere el

apartado 1 del presente artículo se aplicará a partir de la fecha en que se aplique dicha

medida del tercer país.

La Comisión publicará un anuncio en el _Diario Oficial de la Unión Europea_ en el que se

indique la fecha de aplicación del acto de ejecución a que se refiere el apartado 1 del

presente artículo.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 39

# **ES**

_Artículo 9_

_Determinación del interés de la Unión_

La determinación del interés de la Unión en adoptar, suspender, modificar o poner fin a las medidas

de respuesta de la Unión se basará en toda la información disponible y consistirá en una valoración

de los diversos intereses en juego, considerados en su conjunto. Dichos intereses abarcan

principalmente la preservación de la capacidad de la Unión y de sus Estados miembros para tomar

decisiones soberanas legítimas en ausencia de coerción económica, así como todos los demás

intereses de la Unión o de los Estados miembros específicos del caso, los intereses de los

operadores económicos de la Unión, incluidas las industrias anteriores y posteriores en la cadena

económica, y los intereses de los consumidores finales de la Unión que se vean o puedan verse

afectados por la coerción económica o por las medidas de respuesta de la Unión.

_Artículo 10_

_Condiciones para la aplicación de las medidas de respuesta de la Unión_

_a determinadas personas físicas o jurídicas_

1. A efectos del artículo 8, apartado 3, párrafo primero, letra b), una persona física o jurídica

podrá considerarse vinculada o asociada al Gobierno del tercer país cuando:

a) dicho Gobierno sea el titular real de más del 50 % de la participación en el capital de

la persona jurídica en cuestión, ejerza directa o indirectamente más del 50 % de los

derechos de voto en ella, o tenga la facultad de designar a la mayoría de sus

directivos o de dirigir legalmente sus acciones de otro modo;

PE-CONS 34/1/23 REV 1 40

# **ES**

b) la persona en cuestión se beneficie de derechos exclusivos o privilegios concedidos

de hecho o de derecho por el Gobierno del tercer país de que se trate, opere en un

sector en el que dicho Gobierno limita el número de proveedores o compradores a

uno solo o a algunos, o goce del permiso directo o indirecto de dicho Gobierno para

ejercer prácticas que impidan, limiten o distorsionen la competencia, o

c) la persona en cuestión actúe realmente en nombre del Gobierno del tercer país de que

se trate o bajo su dirección o instigación.

2. Cuando la Comisión tenga motivos para creer que una persona física o jurídica cumple los

criterios establecidos en el artículo 8, apartado 3, párrafo primero, letra b), y esté

considerando la adopción de medidas de respuesta de la Unión con respecto a dicha

persona, informará a dicha persona de lo siguiente:

a) las razones por las que la Comisión crea que dicha persona cumple dichos criterios;

b) las medidas de respuesta de la Unión que la Comisión está considerando adoptar con

respecto a dicha persona;

c) la posibilidad de que dicha persona presente, en un plazo razonable, observaciones

sobre si cumple dichos criterios.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 41

# **ES**

3. A efectos del apartado 2, la Comisión publicará un anuncio en el _Diario Oficial de la_

_Unión Europea_ y, en la medida de lo posible, lo notificará directamente al interesado.

En dicho anuncio, la Comisión ofrecerá a las demás partes interesadas la oportunidad de

formular observaciones.

4. A efectos del presente artículo, la Comisión podrá recabar cualquier información que

considere pertinente, en particular solicitando dicha información a los Estados miembros.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, cuando, tras la adopción de las medidas de

respuesta de la Unión a que se refiere el artículo 8, apartado 3, párrafo primero, letra b), se

presenten nuevas pruebas sustanciales a la Comisión, esta revisará si las personas en

cuestión siguen cumpliendo los criterios establecidos en el artículo 8, apartado 3, párrafo

primero, letra b), e informará en consecuencia a dichas personas.

_Artículo 11_

_Criterios para la selección y elaboración de las medidas de respuesta de la Unión_

1. Las medidas de respuesta de la Unión serán proporcionadas y no deberán exceder del nivel

del perjuicio causado a la Unión, teniendo en cuenta la gravedad de la coerción económica,

su repercusión económica en la Unión o en un Estado miembro y los derechos de la Unión

y sus Estados miembros.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 42

# **ES**

2. La Comisión seleccionará y elaborará medidas de respuesta de la Unión adecuadas sobre la

base de la información disponible, en particular la recopilada en virtud del artículo 13, y

teniendo en cuenta la determinación realizada con arreglo al artículo 5, los criterios

establecidos en el artículo 2, apartado 2, la determinación del interés de la Unión en virtud

del artículo 9, todas las acciones pertinentes conforme a la política exterior y de seguridad

común de la Unión, así como los criterios siguientes:

a) la eficacia de las medidas de respuesta de la Unión para conseguir el cese de la

coerción económica y, cuando así se haya solicitado, la reparación del perjuicio

causado a la Unión;

b) la evitación o minimización de las repercusiones negativas en:

i) los agentes de la Unión afectados por las medidas de respuesta de la Unión, a la

vista, entre otros aspectos, de la disponibilidad de alternativas para tales

agentes, como fuentes alternativas de suministro de mercancías o servicios,

ii) el entorno de inversión en la Unión o en un Estado miembro, incluidas las

repercusiones en el empleo y en la política de desarrollo regional;

c) la evitación o minimización de las repercusiones negativas en la promoción del

crecimiento económico y el empleo basada en la protección de los derechos de

propiedad intelectual e industrial como medio de fomentar la innovación y la

economía del conocimiento en la Unión o en un Estado miembro;

PE-CONS 34/1/23 REV 1 43

# **ES**

d) la capacidad para proporcionar una ayuda a los operadores económicos de la Unión

afectados por la coerción económica;

e) la supresión o minimización de los efectos negativos de las medidas de respuesta de

la Unión sobre otras políticas u objetivos de la Unión;

f) la evitación de una carga administrativa y unos costes desproporcionados en la

aplicación de las medidas de respuesta de la Unión;

g) la existencia de medidas de respuesta adoptadas por terceros países afectados por una

coerción económica igual o similar, incluida, en su caso, la coordinación en virtud

del artículo 7, y la naturaleza de tales medidas;

h) cualquier criterio pertinente establecido en el Derecho internacional.

Al seleccionar las medidas de respuesta de la Unión, la Comisión dará preferencia a las

medidas que garanticen de la manera más eficaz el cumplimiento de los criterios

establecidos en el párrafo primero, letras a) y b).

PE-CONS 34/1/23 REV 1 44

# **ES**

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, a la hora de seleccionar y elaborar una

medida de respuesta adecuada que afecte a un procedimiento por el que una autoridad

pública de la Unión concede autorizaciones, registros, licencias u otros derechos a una

persona física o jurídica para fines relacionados con sus actividades comerciales, la

Comisión estudiará la posibilidad de adoptar medidas de respuesta de la Unión en el

siguiente orden de prelación:

a) medidas que afecten a procedimientos iniciados después de la entrada en vigor del

acto de ejecución a que se refiere el artículo 8, apartado 1;

b) cuando no sea posible adoptar medidas contempladas en la letra a) del presente

apartado, medidas que afecten a procedimientos aún no concluidos en el momento de

la entrada en vigor del acto de ejecución a que se refiere el artículo 8, apartado 1.

Cuando no sea posible adoptar ninguna de las medidas contempladas en el párrafo primero,

la Comisión podrá, en circunstancias excepcionales, considerar otras medidas de respuesta

cuando se haya demostrado, a la luz de la información y las observaciones recopiladas en

virtud del artículo 13, que esas otras medidas garantizarían la eficacia sin afectar de

manera desproporcionada a las industrias anteriores o posteriores en la cadena económica o

a los consumidores finales ni imponer una carga desproporcionada en el proceso de

administración de la normativa nacional pertinente.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 45

# **ES**

A la hora de seleccionar y elaborar una medida de respuesta de la Unión a que se refiere el

párrafo primero, la Comisión tendrá en cuenta el nivel de armonización y dará preferencia

a medidas que afecten a procedimientos aplicados en toda la Unión o a un ámbito en el que

exista abundante Derecho de la Unión.

Las medidas de respuesta de la Unión a que se refiere el párrafo primero no interferirán en

las decisiones administrativas de las autoridades de la Unión y de los Estados miembros

que se basen en la evaluación de pruebas científicas.

4. Cuando sea necesario para alcanzar el objetivo del presente Reglamento, la Comisión

podrá adoptar medidas de respuesta de la Unión que afecten al acceso de la inversión

extranjera directa a la Unión o al comercio de servicios y que se apliquen a los servicios

prestados o a las inversiones directas realizadas dentro de la Unión por una o varias

personas jurídicas establecidas en la Unión que sean propiedad o estén bajo el control de

personas del tercer país.

La Comisión podrá adoptar dichas medidas de respuesta de la Unión en caso de que no

aplicarlas a dichos servicios prestados o inversiones directas realizadas impida alcanzar

con suficiente eficacia el objetivo del presente Reglamento, en particular cuando, de otro

modo, el tercer país o la persona de que se trate puedan evitar o eludir el efecto de las

medidas de respuesta de la Unión.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 46

# **ES**

Para valorar si adoptar dichas medidas de respuesta de la Unión, la Comisión, además de

los criterios establecidos en los apartados 1 y 2, tendrá en cuenta entre otras cosas los

criterios siguientes:

a) los patrones del comercio de servicios y la inversión en el sector al que se dirigen las

medidas de respuesta de la Unión propuestas y el riesgo de que el tercer país o la

persona en cuestión evite o eluda cualesquiera de esas medidas que no se apliquen a

los servicios prestados o a las inversiones directas realizadas dentro de la Unión;

b) la posible contribución efectiva de las medidas de respuesta de la Unión

contempladas en el párrafo primero a obtener el cese de la coerción económica y la

reparación del perjuicio causado a la Unión;

c) la existencia de medidas alternativas razonablemente disponibles y menos restrictivas

del comercio de servicios o de las inversiones dentro de la Unión que permitan

obtener el cese de la coerción económica y la reparación del perjuicio causado a la

Unión.

La adopción de dichas medidas de respuesta de la Unión deberá estar debidamente

justificada en el acto de ejecución a que se refiere el artículo 8, apartado 1, a la luz de los

criterios establecidos en el presente apartado.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 47

# **ES**

_Artículo 12_

_Modificación, suspensión y terminación de las medidas de respuesta de la Unión_

1. La Comisión examinará de forma continuada la coerción económica, así como la eficacia

de las medidas de respuesta de la Unión y sus efectos sobre el interés de la Unión.

2. Cuando el tercer país suspenda la coerción económica, la Comisión suspenderá la

aplicación de la medida de respuesta de la Unión mientras dure la suspensión del

tercer país.

Cuando el tercer país y la Unión o el Estado miembro en cuestión hayan aceptado un

acuerdo, incluido sobre la base de una oferta de dicho tercer país, para someter el asunto al

arbitraje internacional vinculante de terceros y el tercer país suspenda su coerción

económica, la Comisión suspenderá la aplicación de las medidas de respuesta de la Unión

mientras dure el procedimiento de arbitraje.

Cuando una decisión arbitral o un acuerdo con el tercer país requiera su aplicación por

parte del tercer país, la Comisión suspenderá la aplicación de las medidas de respuesta de

la Unión siempre que el tercer país participa en la aplicación de dicha decisión arbitral o

acuerdo.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 48

# **ES**

La Comisión suspenderá o reanudará la aplicación de las medidas de respuesta de la Unión

cuando sea necesario a la luz del interés de la Unión determinado en virtud del artículo 9, o

cuando sea necesario para facilitar la continuidad de la colaboración en virtud del

artículo 6, apartado 3, tras la adopción de las medidas de respuesta de la Unión.

La Comisión suspenderá o reanudará la aplicación de las medidas de respuesta de la Unión

por medio de actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad

con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 18, apartado 2.

3. Cuando sea necesario introducir ajustes en las medidas de respuesta de la Unión, teniendo

en cuenta los artículos 2 y 11, o cualquier otra novedad, incluida la reacción del tercer país,

la Comisión modificará, en su caso, las medidas de respuesta de la Unión mediante actos

de ejecución.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a

que se refiere el artículo 18, apartado 2.

4. La Comisión pondrá fin a las medidas de respuesta de la Unión en cualquiera de las

circunstancias siguientes:

a) cuando haya cesado la coerción económica y, cuando el Consejo haya decidido

solicitar la reparación del perjuicio causado a la Unión con arreglo al artículo 5,

apartado 10, se haya reparado el perjuicio causado a la Unión;

PE-CONS 34/1/23 REV 1 49

# **ES**

b) cuando haya cesado la coerción económica pero el tercer país no haya reparado el

perjuicio causado a la Unión a pesar de que el Consejo haya decidido solicitar la

reparación del perjuicio causado a la Unión en virtud del artículo 5, apartado 10, a

menos que para cumplir el objetivo del presente Reglamento, teniendo en cuenta

todas las circunstancias del caso, sea necesario mantener las medidas;

c) cuando se haya llegado a una solución de mutuo acuerdo;

d) cuando una decisión vinculante adoptada en el marco de una resolución

jurisdiccional internacional que incluya la cuestión de la coerción económica exija la

terminación de la medida de respuesta de la Unión, o

e) cuando proceda la terminación de las medidas de respuesta de la Unión a la luz del

interés de la Unión determinado en virtud del artículo 9.

La Comisión pondrá fin a las medidas de respuesta de la Unión mediante actos de

ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de

examen a que se refiere el artículo 18, apartado 2.

5. Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas, como evitar daños

irreparables a la Unión o a un Estado miembro o seguir garantizando la coherencia con las

obligaciones de la Unión con arreglo al Derecho internacional como consecuencia de la

suspensión o del cese de la coerción económica, la Comisión adoptará actos de ejecución

inmediatamente aplicables a fin de suspender o modificar las medidas de respuesta de la

Unión.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 50

# **ES**

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se

refiere el artículo 18, apartado 3, y permanecerán en vigor por un plazo no superior a

dos meses.

_Artículo 13_

_Recopilación de información relacionada con las medidas de respuesta de la Unión_

1. La Comisión, previamente a la adopción o modificación de medidas de respuesta de la

Unión, deberá recabar información y observaciones sobre la repercusión económica en los

operadores económicos de la Unión, y podrá hacerlo antes de la suspensión o terminación

de tales medidas, mediante un anuncio publicado en el _Diario Oficial de la Unión Europea_

y, en su caso, a través de otros medios de comunicación públicos adecuados.

En el anuncio se indicará la fecha límite en que deberán presentarse a la Comisión la

información y las observaciones.

La Comisión podrá iniciar la recopilación de información y observaciones a que se refiere

el párrafo primero en cualquier momento que considere oportuno.

2. A efectos del apartado 1, la Comisión informará y consultará a las partes interesadas, en

particular a las asociaciones que actúen en nombre de los operadores económicos de la

Unión y a los sindicatos que pudieran verse afectados por posibles medidas de respuesta de

la Unión, y a las autoridades de los Estados miembros que participen en la elaboración o

aplicación de la normativa que regule los sectores que pudieran verse afectados por dichas

medidas.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 51

# **ES**

3. Sin retrasar indebidamente la adopción de medidas de respuesta de la Unión, la Comisión

identificará posibles opciones de medidas de respuesta de la Unión y recabará información

y observaciones, en particular, sobre:

a) la repercusión de tales medidas en los agentes de terceros países y en sus

competidores en la Unión, socios comerciales o clientes en la Unión, usuarios,

consumidores finales o empleados en la Unión;

b) la interacción de esas medidas con la normativa pertinente de los Estados miembros;

c) la carga administrativa que pudiera derivarse de tales medidas.

4. La Comisión tendrá en cuenta en la mayor medida posible la información y las

observaciones recopiladas en virtud del presente artículo.

Cuando se presente el proyecto de acto de ejecución al Comité en el contexto del

procedimiento de examen contemplado en el artículo 18, apartado 2, la Comisión

proporcionará un análisis de las medidas previstas y de su impacto potencial.

Dicho análisis incluirá una evaluación exhaustiva de la repercusión tanto en las industrias

anteriores y posteriores en la cadena económica como en los consumidores finales dentro

de la Unión y, en su caso, señalará cualquier posible repercusión desproporcionada.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 52

# **ES**

5. A efectos de adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables de conformidad con el

artículo 12, apartado 5, la Comisión recabará información y observaciones de manera

específica de las partes interesadas pertinentes a menos que excepcionalmente las razones

imperiosas de urgencia sean tales que la recopilación de información y de las

observaciones no sean posibles o no sean necesarias por razones objetivas, como para

garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión.

_Artículo 14_

_Punto de contacto único_

1. La Comisión proporcionará un punto de contacto único dentro de la Comisión para la

aplicación del presente Reglamento y su coordinación con cualquier acto jurídico de la

Unión pertinente y para la recopilación de información y proporcionará análisis de costes y

datos con miras a determinar el carácter de la coerción económica.

2. A los efectos del presente Reglamento, el punto de contacto único será, respetando

plenamente el principio de confidencialidad, el principal punto de contacto para las

empresas y las partes interesadas privadas de la Unión afectadas por la coerción

económica, también en lo que atañe a la asistencia que deba prestarse en el contexto de la

coerción económica en curso para dichas empresas y partes interesadas.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 53

# **ES**

_Artículo 15_

_Confidencialidad_

1. La información recibida en aplicación del presente Reglamento solo podrá utilizarse para

el fin para el que fue facilitada, solicitada u obtenida.

2. Quien haya facilitado la información a que se refiere el apartado 1 podrá solicitar que se

trate de manera confidencial. Dicha solicitud irá acompañada de un resumen no

confidencial y significativo de la información en cuestión o de una exposición que

explique los motivos por los que la información en cuestión no puede ser resumida.

3. El Parlamento Europeo. el Consejo, la Comisión, los Estados miembros o sus respectivos

funcionarios no revelarán la información de naturaleza confidencial que reciban en

aplicación del presente Reglamento sin la autorización expresa de quien la haya facilitado.

4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no impedirá a la Comisión divulgar información

general en un resumen significativo, siempre que la divulgación no permita conocer la

identidad de la persona que la haya facilitado.

La divulgación de tal información general deberá tener en cuenta el legítimo interés de las

partes interesadas en que no se revele información confidencial.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 54

# **ES**

5. Los funcionarios de un Estados miembro estarán sujetos al deber de secreto profesional

sobre la información confidencial a la que hayan tenido acceso durante el ejercicio de sus

funciones en relación con el presente Reglamento.

6. La Comisión proporcionará un sistema seguro y cifrado para apoyar la cooperación directa

y el intercambio de información con los funcionarios de un Estado miembros.

_Artículo 16_

_Normas de origen y nacionalidad_

1. A efectos del presente Reglamento, el origen de una mercancía o un servicio, o la

nacionalidad de un proveedor de servicios, una inversión o un titular de derechos de

propiedad intelectual se determinará de conformidad con el anexo II.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 17 por

los que se modifiquen los puntos 2 y 3 del anexo II con el objeto de tener en cuenta la

evolución pertinente de los instrumentos internacionales y la experiencia en la aplicación

del presente Reglamento o de otros actos de la Unión.

_Artículo 17_

_Ejercicio de la delegación_

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones

establecidas en el presente artículo.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 55

# **ES**

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 16, apartado 2, se

otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir de … [ _fecha de entrada en_

_vigor del presente Reglamento_ ]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de

poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La

delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto

si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses

antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 16, apartado 2, podrá ser revocada en

cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación

pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión

surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el _Diario Oficial de la Unión Europea_

o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados

que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos

designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el

Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al

Parlamento Europeo y al Consejo.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 56

# **ES**

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 16, apartado 2, entrarán en vigor

únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo

y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento

de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se

prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

_Artículo 18_

_Procedimiento de comité_

1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del

Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del

Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Cuando el comité no emita ningún dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto

de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE)

n.º 182/2011.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 8 del

Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 57

# **ES**

_Artículo 19_

_Informes y revisión_

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 182/2011, la Comisión mantendrá

informados al Parlamento Europeo y al Consejo, de manera periódica y oportuna, de la

evolución pertinente en la aplicación del presente Reglamento durante el examen de las

medidas de terceros países, incluida su puesta en marcha, la colaboración con el tercer país

y la cooperación internacional, así como durante el período en el cual estén en vigor las

medidas de respuesta de la Unión.

A la luz de la información recibida, el Parlamento Europeo o el Consejo podrán invitar,

cuando proceda, a la Comisión a un intercambio de puntos de vista.

El Parlamento Europeo podrá expresar su opinión por cualquier medio adecuado.

2. La Comisión evaluará las medidas de respuesta de la Unión adoptadas en virtud del

artículo 8 en el plazo de seis meses después de su finalización, teniendo en cuenta las

contribuciones de las partes interesadas, la información proporcionada por el Parlamento

Europeo y el Consejo y cualquier otra información pertinente, y presentará un informe de

evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo.

El informe de evaluación examinará la eficacia y el funcionamiento de las medidas de

respuesta de la Unión y, en su caso, extraerá posibles conclusiones a efectos de futuras

medidas de respuesta de la Unión, así como para la revisión del presente Reglamento en

virtud del apartado 3.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 58

# **ES**

3. A más tardar tres años después de la adopción del primer acto de ejecución en virtud del

artículo 5, o a más tardar el … [ _cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del_

_presente Reglamento_ ], si esta última fecha es anterior, y posteriormente cada cinco años, la

Comisión revisará el presente Reglamento y su aplicación y presentará un informe al

Parlamento Europeo y al Consejo. A efectos de dicha revisión, la Comisión prestará

especial atención a cualquier problema que pueda surgir en lo que se refiere a la relación

del presente Reglamento con otros instrumentos de la Unión.

_Artículo 20_

_Entrada en vigor_

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el _Diario Oficial de_

_la Unión Europea_ .

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada

Estado miembro.

Hecho en Estrasburgo, el

_Por el Parlamento Europeo_ _Por el Consejo_

_La Presidenta_ _La Presidenta / El Presidente_

PE-CONS 34/1/23 REV 1 59

# **ES**

**ANEXO I**

Medidas de respuesta de la Unión en virtud del artículo 8

1. La imposición de derechos de aduana nuevos o más elevados, incluidos el restablecimiento

de derechos de aduana al nivel de la nación más favorecida, la imposición de derechos de

aduana por encima del nivel de la nación más favorecida o la introducción de cualquier

otro gravamen a la importación o exportación de mercancías, que puedan suponer, en caso

necesario, el incumplimiento de las obligaciones internacionales aplicables en lo que se

refiere a las concesiones arancelarias.

2. La introducción o el aumento de restricciones a la importación o exportación de

mercancías, incluidas, en su caso, las mercancías sujetas al control de las exportaciones, ya

se trate de restricciones mediante contingentes, licencias de importación o exportación u

otras medidas, o de la introducción o el aumento de restricciones al pago de mercancías,

que puedan suponer, en caso necesario, el incumplimiento de las obligaciones

internacionales aplicables.

3. La introducción de restricciones al comercio de mercancías mediante la aplicación de

medidas a las mercancías en tránsito o de medidas internas aplicables a las mercancías, que

puedan suponer, en caso necesario, el incumplimiento de las obligaciones internacionales

aplicables.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 1

# ANEXO I ES

4. Las siguientes medidas, que puedan suponer, en caso necesario, el incumplimiento de las

obligaciones internacionales aplicables relativas al derecho a participar en procedimientos

de licitación en el ámbito de la contratación pública:

a) la exclusión de mercancías, servicios o proveedores de mercancías o servicios del

tercer país de que se trate de la contratación pública, o la exclusión de la contratación

pública de las ofertas cuyo valor total consista, en más de un 50 % de mercancías o

servicios procedentes del tercer país de que se trate, a menos que sea necesario un

porcentaje inferior según las circunstancias excepcionales del caso y siempre que el

porcentaje restante de mercancías o servicios no esté cubierto por compromisos de la

Unión con arreglo al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la Organización

Mundial del Comercio u otro acuerdo sobre contratación pública celebrado entre la

Unión y un tercer país distinto del tercer país de que se trate, o

b) la imposición de un ajuste de puntuación **[1]** en las ofertas de mercancías o servicios del

tercer país de que se trate o en las ofertas de proveedores de mercancías o servicios

del tercer país de que se trate.

**1** Se denomina «ajuste de puntuación» la obligación para los poderes adjudicadores o
entidades que lleven a cabo procedimientos de contratación pública de disminuir
relativamente en un determinado porcentaje, con ciertas excepciones, la puntuación de una
oferta resultante de su evaluación con arreglo a los criterios de adjudicación del contrato
definidos en los pliegos de contratación pública pertinentes. En los casos en los que el precio
o el coste constituya el único criterio de adjudicación del contrato, se entenderá por ajuste de
puntuación el aumento relativo, a efectos de la evaluación de las ofertas, en un determinado
porcentaje del precio ofrecido por un licitador.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 2

# ANEXO I ES

5. La imposición de medidas que afecten al comercio de servicios, que puedan suponer, en

caso necesario, el incumplimiento de las obligaciones internacionales aplicables en

relación con el comercio de servicios.

6. La imposición de medidas que afecten al acceso de la inversión extranjera directa a la

Unión, que puedan suponer, en caso necesario, el incumplimiento de las obligaciones

internacionales aplicables.

7. La imposición de restricciones a la protección de los derechos de propiedad intelectual o su

explotación comercial, en relación con los titulares de derechos que sean nacionales del

tercer país de que se trate, que puedan suponer, en caso necesario, el incumplimiento de las

obligaciones internacionales aplicables con respecto a los aspectos de los derechos de

propiedad intelectual relacionados con el comercio.

8. La imposición de restricciones a la banca, los seguros, el acceso a los mercados de

capitales de la Unión y otras actividades de servicios financieros, que puedan suponer, en

caso necesario, el incumplimiento de las obligaciones internacionales aplicables con

respecto a los servicios financieros.

9. La introducción o el aumento de las restricciones a la posibilidad de comercializar en la

Unión mercancías incluidas en los ámbitos de aplicación de los actos jurídicos de la Unión

en materia de sustancias químicas, que puedan suponer, en caso necesario, el

incumplimiento de las obligaciones internacionales aplicables.

10. La introducción o el aumento de las restricciones a la posibilidad de comercializar en la

Unión mercancías incluidas en los ámbitos de aplicación por los actos jurídicos de la

Unión en materia sanitaria y fitosanitaria, que puedan suponer, en caso necesario, el

incumplimiento de las obligaciones internacionales aplicables.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 3

# ANEXO I ES

**ANEXO II**

Normas de origen y nacionalidad

1. El origen de una mercancía se determinará de conformidad con el Reglamento (UE)

n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo **[1]** .

2. El origen de un servicio, incluido un servicio prestado en el ámbito de la contratación

pública, se determinará basándose en la nacionalidad de la persona física o jurídica que lo

preste.

Se considerará que la nacionalidad de un proveedor de servicios es la siguiente:

a) cuando se trate de una persona física, su país de nacionalidad o el país en el que

tenga el derecho de residencia permanente;

b) cuando se trate de una persona jurídica:

i) si el servicio se presta por otros medios que no sean la presencia comercial en

la Unión, el país en el que la persona jurídica esté constituida u organizada de

otro modo con arreglo a la legislación de ese país, y en cuyo territorio

desarrolle operaciones comerciales sustantivas,

**1** Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre
de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013,
p. 1).

PE-CONS 34/1/23 REV 1 1

# ANEXO II ES

ii) si el servicio se presta mediante una presencia comercial en la Unión:

a) cuando la persona jurídica realice operaciones comerciales sustantivas en

el territorio del Estado miembro en el que esté establecida, de tal manera

que mantenga un vínculo directo y efectivo con la economía de dicho

Estado miembro, el Estado miembro en el que esté establecida o, si las

medidas de respuesta de la Unión son de aplicación para dicha persona,

la nacionalidad o el lugar de residencia permanente de la persona física o

jurídica o de las personas que posean o controlen a la persona jurídica en

la Unión;

b) si la persona jurídica que presta el servicio no realiza operaciones

comerciales sustantivas tales que mantenga un vínculo directo y efectivo

con la economía del Estado miembro en que esté establecida, el origen de

la persona física o jurídica bajo cuya propiedad o control esté la persona

jurídica que preste el servicio.

La persona jurídica se considerará «propiedad» de personas de un determinado país si tales

personas tienen la propiedad efectiva de más del 50 % de su capital social, y se considerará

«bajo el control» de personas de un determinado país si estas tienen la facultad de designar

a la mayoría de sus administradores o de dirigir legalmente de otro modo sus operaciones.

PE-CONS 34/1/23 REV 1 2

# ANEXO II ES

3. La nacionalidad de una inversión se determinará de la siguiente manera:

a) si la inversión se dedica a operaciones comerciales sustantivas en el territorio del

Estado miembro en el que la inversión se haya establecido de tal manera que tenga

un vínculo directo y efectivo con la economía de dicho Estado miembro, la del

Estado miembro en el que esté establecida o, si las medidas de respuesta de la Unión

son de aplicación a personas físicas o jurídicas que posean o controlen la inversión

en la Unión, la nacionalidad o el lugar de residencia permanente de las personas

físicas o jurídicas;

b) si la inversión no se dedica a operaciones comerciales sustantivas de tal manera que

tenga un vínculo directo y efectivo con la economía del Estado miembro en el que se

haya establecido, la nacionalidad de la persona física o jurídica que la posea o

controle.

La inversión se considerará «propiedad» de personas de un determinado país si tales

personas tienen la propiedad efectiva de más del 50 % de su capital social, y se considerará

«bajo el control» de personas de un determinado país si estas tienen la facultad de designar

a la mayoría de sus administradores o de dirigir legalmente de otro modo sus operaciones.

4. Por lo que se refiere a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados

con el comercio, el término «nacionales» se entenderá en el mismo sentido que el que se

utiliza en el artículo 1, apartado 3, del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y sus eventuales

enmiendas futuras.

Se han realizado dos declaraciones con respecto al presente Reglamento y pueden consultarse

en DO C … y en [el/los] vínculo[s] ELI siguiente[s]: [ _DO: insértese las referencias de publicación_

_y el o los vínculos a las declaraciones_ ].

PE-CONS 34/1/23 REV 1 3

# ANEXO II ES