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Language: es
Format: md

12 . 11 . 94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 316 / 13

Recurso interpuesto el 26 de septiembre de 1994 contra el
Consejo de la Unión Europea por la República Portu ­

guesa

( Asunto C-268 / 94 )

( 94 / C 316 / 22

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 26 de septiembre de 1994 un recurso contra
el Consejo de la Unión Europea, formulado por la República
Portuguesa, representada por el Profesor Joáo Mota de
Campos, asistido por el Sr . Luis Fernandes y la Sra . Maria
Luisa Duarte, en calidad de Agentes, que designa como
domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de
Portugal, 33, allée Scheffer .

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :

— Declare nula la Decisión 94 / 578 / CE del Consejo, de 18

de julio de 1994, relativa a la celebración del Acuerdo de
Cooperación entre la Comunidad Europea y la Repú ­
blica de la India sobre Asociación y Desarrollo (*), sin
perjuicio de que de conformidad con el artículo 174 del
Tratado CE, la declaración de nulidad salvaguarde
plenamente los efectos, en el orden interno de la
Comunidad, del Acuerdo celebrado entretanto .

— Condene en costas al Consejo de la Unión Europea .

Motivos y principales alegaciones

Insuficiencia de las bases jurídicas invocadas en la Decisión
impugnada . Algunos de los sectores incluidos en el Acuerdo
de Cooperación entre la Comunidad Europea y la República
de la India no forman parte del núcleo tradicional de las
relaciones de cooperación y superan ampliamente el ámbito
de las competencias comunitarias delimitado por las bases
jurídicas invocadas ( artículos 113, 130 y 228, n° 3, del
Tratado CE ). Así :

— La acción de la Comunidad Europea en el ámbito de los

derechos humanos y del respeto de los principios
democráticos, a través de su calificación como elemento
esencial y condicionante de cooperación, depende de
poderes específicos cuya atribución sólo es posible con
arreglo al artículo 235 del Tratado CE .

— La cooperación prevista en el Acuerdo en los ámbitos de

la energía, del turismo y de la cultura impone igualmente
recurrir al artículo 235 del Tratado CE como funda ­

mento de aprobación de un acuerdo internacional que
verse sobre dichas materias .

— La cooperación en el ámbito de la propiedad intelectual

y, de acuerdo con el principio del paralelismo, de la
competencia, abarca materias, como la de la garantía
judicial y penal, que son también competencia de los
Estados miembros .

— La cooperación en materia de tráfico de estupefacientes

no está comprendida entre los poderes de actuación de la

Comunidad . De su inclusión en el Título VI del TUE

( véase artículo K.l, párrafos 4 y 9 ) resulta que se trata de
una materia que es competencia de los Estados miem ­
bros, sujeta a un procedimiento de decisión de índole
intergubernamental . La celebración de acuerdos inter ­
nacionales sobre esta materia exige la intervención de
todos los Estados miembros .

Las disposiciones del Título XVII de la Parte III del Tratado
CE, relativas a la cooperación para el desarrollo, tienen un
ámbito limitado como bases jurídicas para acuerdos de
cooperación, lo cual resulta :

— De la naturaleza « complementaria » de la política de la

Comunidad con relación a las políticas de los Estados
miembros en el ámbito de la cooperación al desarrollo

( artículo 130 U ).

— De que los Estados miembros mantengan competencias

propias de celebración de acuerdos de cooperación « en
el marco de sus respectivas competencias » ( artículo
130 Y ).

— De que la competencia de la Comunidad Europea para la

celebración de acuerdos de cooperación se defina por el
principio del paralelismo de la competencia, por lo que el
artículo 130 Y del Tratado CE no constituye una base
jurídica adecuada para la vinculación internacional en
sectores que no forman parte de la competencia comu ­
nitaria de reglamentación interna ( Declaración n° 10 del
Acta Final del TUE ).

(!) DO n° L 223 de 27 . 8 . 1994, p . 23 .

Recurso interpuesto el 26 de septiembre de 1994 contra la
República Italiana por la Comisión de las Comunidades

Europeas

( Asunto C-270 / 94 )

94 / C 316 / 23 )

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 26 de septiembre de 1994 un recurso contra
la República Italiana formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por el Abogado
Antonio Aresu, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad
de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
despacho del Sr . Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirch ­
berg .

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :

— Declare que la República Italiana, al no adoptar dentro

del plazo previsto las disposiciones legislativas, regla ­
mentarias y administrativas necesarias para adecuarse a
la Directiva 90 / 487 / CEE del Consejo (*), de 17 de
diciembre de 1990, que modifica la Directiva 79 /

196 / CEE ( 2 ) relativa a la aproximación de las legislacio ­
nes de los Estados miembros sobre material eléctrico
utilizable en atmósfera explosiva provisto de determina ­

N° C 316 / 14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12 . 11 . 94

dos sistemas de protección, ha incumplido las obligacio ­
nes que le incumben en virtud de la citada Directiva .

— Condene a la República Italiana al pago de las costas .

Motivos y principales alegaciones

Son análogos a los del asunto C-256 / 94 ( 3 ); el plazo para la
adaptación del Derecho interno a la Directiva concluyó el 1
de julio de 1992 .

(!) DO n° L 270 de 2 . 10 . 1990, p . 23 .
( 2 ) DO n° L 43 de 20 . 2 . 1979, p . 20 ; EE 13 / 09, p . 204 .

título XII ( Redes transeuropeas ). La Decisión impugnada
forma parte de las medidas para la realización del mercado
interior ( primer considerando ). Una de sus fuentes es el
artículo 34 del Reglamento ( CEE ) n° 3330 / 91 del Consejo,
relativo a las estadísticas de los intercambios de bienes entre
Estados miembros ( 2 ), basado por su parte en el artículo
100 A del Tratado CE .

(!) DO n° L 183 de 19 . 7 . 1994, p . 42 .

( 2 ) DO n° L 316 de 16 . 11 . 1991, p . 1 .

( 3 ) DO n° C 304 de 29 . 10 . 1994 .
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso ­
lución del Tribunal correctionnel de Arlón, de fecha 1 de
septiembre de 1994, en el asunto entre Ministére public y

Michel Guiot, responsable civil : Climatec SA

( Asunto C-272 / 94 )

Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 1994 contra el
Consejo de la Unión Europea por el Parlamento Europeo ( 94 / C 316 / 25 )

( Asunto C-271 / 94 )

                    - ( 94 / C 316 / 24 )

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 27 de septiembre de 1 994 un recurso contra
el Consejo de la Unión Europea formulado por el Parla ­
mento Europeo, representado por el Sr . G. Garzón Clariana,
asistido por los Sres . J. Schoo y J.-L . Rufas Quintana, en
calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxem ­
burgo la sede de la Secretaría General del Parlamento
Europeo, Kirchberg, edificio Tour .

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que :

— Anule, de conformidad con el artículo 173 del Tratado,

la Decisión 94 / 445 / CE del Consejo de 11 de julio de

1994, relativa a las redes telemáticas entre administra ­
ciones para las estadísticas de los intercambios de bienes
entre Estados miembros ( EDICOM ) (*).

— Condene en costas a la parte demandada .

Motivos y principales alegaciones

Violación del Tratado CEE y vicios sustanciales de forma,
debido a que la Decisión impugnada se basa únicamente en
el artículo 235 del Tratado CE, ignorando los artículos
propios del ámbito contemplado ( apartado 3 del artículo

129 D y, con carácter subsidiario, artículo 100 A del
Tratado CE ).

Existe una identidad de objeto entre lo dispuesto en el
título XII ( artículo 129 D del Tratado CE y siguientes ) y el
artículo 1 de la Decisión impugnada, por lo que respecta a la
interoperabilidad de las redes y a la armonización de las
normas y los procedimientos de comunicación . Además, el
quinto considerando de la Decisión se refiere al programa
IDA, basado por su parte en el artículo 129 D del Tratado
CE .

Con carácter subsidiario, según el demandante, el artículo
100 A del Tratado CE constituye una base jurídica más
específica que el artículo 235 del Tratado CE . La Comisión
lo había propuesto como tal en la época en que no existía el

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Tribunal correctionnel de Arlón dictada el 1

de septiembre de 1994, en el asunto entre Ministére public y
Michel Guiot, responsable civil : Climatec SA, y recibida en
la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de septiembre de

1994 .

El Tribunal correctionnel de Arlón solicita al Tribunal de

Justicia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión :

— Los artículos 7, 7A, 59 y 60 del Tratado de la Unión

Europea, ¿ deben interpretarse en el sentido de que el
hecho de que un Estado miembro, mediante un Conve ­
nio Colectivo obligatorio por Real Decreto, imponga a
todas las empresas que trabajen o que vengan a trabajar
en su territorio en virtud de su derecho a la libre

prestación de servicios el pago de contribuciones patro ­
nales en concepto de derechos de « timbres de fidelidad »
y de « timbres-intemperie » que se superponen a las
contribuciones obligatorias en el país de origen de dichas
empresas, donde cubren los mismos riesgos y en la
práctica tienen una finalidad idéntica, o similar, consti ­
tuye una infracción de los citados artículos en la medida
en que, en realidad, se trata de una medida discrimina ­
toria que, de este modo, constituye un serio obstáculo a
la realización de la libre prestación de servicios en el
Gran Mercado Interior sin fronteras, debido a que dicha
imposición genera un coste suplementario para las
empresas comunitarias, haciéndolas así menos competi ­
tivas en el territorio del Estado miembro de que se

trate ?

— En particular : la obligación que pesa sobre una empresa

de la construcción establecida en otro Estado miembro,
que efectúe prestaciones de servicios en dicho sector en
Bélgica, por la que debe pagar derechos de timbres de

« intemperie y de fidelidad » con arreglo al Convenio
Colectivo de 28 de abril de 1988, de aplicación
obligatoria conforme al Real Decreto de 15 de junio de

1988, ¿ es compatible con el artículo 59 del Tratado CEE
( restricciones a la libre prestación de servicios transfron ­
teriza )?