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Language: es
Format: md

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# 51998IP0085

**Resolución sobre la comunicación de la Comisión sobre las orientaciones para la negociación de nuevos acuerdos de cooperación con los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) (COM(97)0537 C4-0581/97)** 
  
*Diario Oficial n° C 138 de 04/05/1998 p. 0108*

  

A4-0085/98

Resolución sobre la comunicación de la Comisión sobre las orientaciones para la negociación de nuevos acuerdos de cooperación con lospaíses de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) (COM(97)0537 - C4-0581/97)

El Parlamento Europeo,

- Vista la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(97)0537 - C4-0581/97,

- Vistos la Resolución del Consejo sobre género y desarrollo de diciembre de 1995, la Plataforma de Acción de Pekín, los resultados de las Conferencias de Copenhague y de Viena y el Convenio de las Naciones Unidas sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer (CEDAW),

- Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Derechos de la Mujer y de la Comisión de Pesca (A4-0085/98),

A. Recordando su Resolución de 2 de octubre de 1997 ((DO C 325 de 27.10.1997, pág. 28.)) sobre el Libro Verde de la Comisión sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) en los albores del siglo XXI - Desafíos y opciones para una nueva asociación, aprobada por una muy amplia mayoría y que la Comisión ha tenido en cuenta en gran medida,

B. Recordando la celebración de la primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países ACP en la que afirmaron su compromiso con el Acuerdo de Georgetown que había instituido el Grupo ACP y su determinación de convertir las futuras relaciones ACP-EU en un marco eficaz de desarrollo socioeconómico,

1. Apoya plenamente las orientaciones políticas propuestas por la Comisión para la negociación de nuevos acuerdos de cooperación con los países de África, del Caribe y del Pacífico y opina que dichas orientaciones ofrecen una base excelente para la renovación, la actualización y el refuerzo de la cooperación ACP-UE en virtud del nuevo convenio a fin de adaptarlo para hacer frente a los retos del siglo XXI;

2. Toma nota con satisfacción de que los temas relativos al factor género han sido adecuadamente incluidos en las políticas propuestas en materia de alivio de la pobreza, democracia y derechos humanos, pero considera inaceptable que, hasta la fecha, no se haya hecho mención alguna del factor género en los ámbitos del comercio, la política macroeconómica o la cooperación financiera y técnica;

3. Acoge positivamente, por una parte, el reconocimiento del grupo ACP como entidad política y, por otra parte, la introducción de una diferenciación geográfica que refleja las diversidades regionales y la función cada vez más importante de la cooperación regional y la integración como factor de desarrollo;

4. Reitera su punto de vista de que la liberalización del comercio y el crecimiento económico en sí no son suficientes para reducir la pobreza e insiste en que la cooperación europea para el desarrollo ha de reconocer la necesidad de conceder a las personas más pobres del mundo el acceso y el control de los recursos, como la tierra y el crédito;

5. Reitera e insiste en su punto de vista de que el fomento y la protección de los derechos humanos universales consignados en convenios internacionales como los de Viena, Copenhague y Pekín, y concretamente los derechos de la mujer, deberían constituir la base de la cooperación ACP-UE;

6. Opina que la UE y los países ACP disponen de una oportunidad histórica y estratégica que han de aprovechar, lo que requiere la definición de un acuerdo global, la reafirmación de la asociación ACP-UE sobre una nueva base y el refuerzo de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el diálogo parlamentario y político;

7. Señala, en este espíritu, que desde la firma del Cuarto Convenio de Lomé la casi totalidad de los países de África firmaron en 1991 y después ratificaron el Tratado de Abuja que prevé la creación, en el plazo de 30 años, de una Comunidad Económica Africana; considera, por consiguiente, que los esfuerzos de cooperación que traducirá el nuevo ConvenioACP-UE deben adoptar la forma y la orientación de una contribución a la construcción de esta comunidad y no serle en modo alguno contrarios;

8. Subraya la importancia de la primera reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países ACP que se celebró en Libreville los días 6 y 7 de noviembre de 1997;

9. Constata que el Consejo de Asuntos Generales y de Desarrollo ha manifestado «el compromiso de la Unión Europea con la continuación del proceso de Lomé» y ha expresado su acuerdo con varias orientaciones esenciales del Parlamento (una dimensión política más fuerte, la lucha contra la pobreza como tema central de la asociación, la inclusión efectiva de nuevos actores y de las dimensiones del género, del medio ambiente, etc);

10. Considera, en efecto, que el proceso de Lomé participa del acervo comunitario, que la Europa ampliada tendrá la responsabilidad de fortalecer, tanto en términos políticos como en términos económicos y financieros;

11. Sugiere que se celebre un debate y unas negociaciones exhaustivos y estructurados sobre los aspectos no presupuestarios y no comerciales del futuro convenio y que éstos puedan ser objeto de un tratado permanente;

12. Pide a la Comisión que responda siempre por escrito a los informes generales una vez adoptados y que dirija ese documento a la Asamblea Paritaria para que esta lo examine con el fin de garantizar una evaluación adecuada de los informes en cuestión;

13. Opina que la cooperación entre los países y territorios de Ultramar y los países ACP ha de fomentarse con vistas a una mejor relación mutua y que se ha de mejorar la relación de los PTU con la Unión;

14. Pide además a la Comisión que estudie, prevea y someta a la negociación las condiciones en las que los países y territorios de Ultramar y las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea podrían integrarse en mayor medida en las economías regionales en las que se enmarcan, teniendo en cuenta que se podría facilitar tal integración mediante la concesión, entre otras medidas, a los países y territorios de Ultramar de un estatuto de observadores permanentes en la Asamblea Paritaria ACP-UE;

15. Pide un mayor compromiso político a favor de una cooperación ACP-UE renovada;

En lo que respecta a la dimensión política

16. Apoya decididamente la propuesta de dar a la nueva asociación una dimensión política fuerte que se basará en el fomento de los valores de la democracia y del respeto de los derechos humanos;

17. Considera, en efecto, como lo han subrayado las Conferencias de las Naciones Unidas, que el éxito de las políticas de desarrollo y de cooperación al desarrollo requiere una visión integrada de los aspectos económicos, políticos, culturales, sociales y medioambientales, incluida la consideración de los intereses específicos de ambos sexos;

18. Considera que la aceleración de la mundialización implica el fomento de una asociación más equitativa y recuerda en ese contexto que se había pronunciado, entre otros aspectos, en favor de una asociación más equilibrada a fin de favorecer que los países ACP asuman ellos mismos el desarrollo y de conferirles un mayor control sobre su propio desarrollo, así como el refuerzo de un diálogo político responsable y maduro; considera que es preciso tener en cuenta las preocupaciones de los países ACP, expresadas en la cumbre de Libreville, en relación con los riesgos de perturbación de sus economías, frágiles y vulnerables, así como de desintegración del tejido social que entrañaría la aplicación indiscriminada de las normas y obligaciones de la OMC;

19. Subraya que había propuesto sustituir el contrato de superposición de múltiples condicionalidades, a condición de que los países interesados respetaran los principios democráticos y los derechos humanos, y opina que la cooperación ACP-UE ha de ser objeto de un nuevo tipo de condicionalidad sobre la base de la dimensión política, en particular el respeto de los principios de democracia y de los derechos humanos, sobre la base de una amplia evaluación de los esfuerzos realizados por un gobierno, que fomente el desarrollo sostenible a largo plazo mediante la aplicación del principio de buena gestión;

20. Apoya decididamente las propuestas relativas al mantenimiento de la paz, al reforzamiento de la seguridad y a la prevención y la solución de los conflictos; en este contexto, se pronuncia en favor del apoyo técnico de la UE que respalde los acuerdos regionales sobre seguridad, y pide la creación de estructuras de mediación regionalizadas, en particular la creación de observatorios regionales de las tensiones étnicas, lingüísticas, económicas, sociales o religiosas;

21. Propone que se establezcan mecanismos de mediación a escala regional y sugiere, en este contexto, que se profundice en la idea del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE de establecer regímenes de gestión de recursos para resolver conflictos referentes a recursos compartidos, como el agua, tierras de cultivo y bosques;

22. Insta a las partes de la negociación del nuevo Acuerdo ACP-UE de asociación a que incorporen al nuevo acuerdo la prohibición de las minas terrestres por todos los países miembros, un calendario para la eliminación de las minas existentes y un fondo especial para alcanzar el objetivo de una zona ACP-UE libre de minas dentro de un plazo razonable;

23. Reitera su sugerencia, hecha a la Comisión, de incluir en el convenio disposiciones que prevean la limitación y el control de las ventas de armas, pudiéndose inspirar la Comisión para ello en el código de conducta propuesto por el Gobierno británico; observa que muchos Estados ACP van a requerir asistencia externa si han de desarrollar la capacidad de controlar efectivamente los flujos de armas, sugiere que la UE considere, entre otros aspectos, la oferta de asistencia para crear o reforzar un marco jurídico y medidas administrativas para regular y seguir con eficacia las transferencias de armas;

24. Señala que buen número de países ACP necesitarán ayuda exterior cuando se trate de desarrollar su capacidad de controlar con eficacia los flujos de armamento; propone, en particular, que la Unión Europea examine la posibilidad de ofrecer ayuda para la entrada en vigor o el fortalecimiento de las medidas legales y administrativas necesarias para regular y controlar con eficacia las transferencias de armamento;

25. Pide a la Comisión que incluya en el futuro Convenio dispositivos que permitan la realización de los objetivos fijados por las conferencias de las Naciones Unidas y, en particular, los compromisos contraídos en Río de Janeiro en 1992 y en Copenhague en 1995;

26. Recuerda su solicitud, en la perspectiva de la futura Cumbre Europa-África, de elaborar una política africana de la Unión que comprenda todas las dimensiones, incluida la seguridad;

27. Sugiere, en este mismo espíritu, a la Comisión que proponga a los países ACP, quizás para una parte de ellos a través de la OUA, que sean ellos mismos los que propongan los criterios de seguridad, de limitación de los presupuestos militares, de respeto de los derechos humanos y de lucha contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción, garantizando la libertad de expresión y de prensa, así como de buena administración, y que deberían ser estos criterios los que garanticen que no haya un desvío de las ayudas, pudiendo a sus ojos ser sancionada la falta de respeto de los mismos de acuerdo con los objetivos del artículo 130 U del Tratado CE;

28. Remite a los resultados de la Conferencia sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, en la cual se estableció el principio de la universalidad de los derechos humanos y el principio de que los derechos de la mujer son derechos humanos y, en consecuencia, insta a aquellos países ACP que no lo hayan hecho a que ratifiquen el Convenio de las Naciones Unidas sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer;

29. En consecuencia, considera necesario que el nuevo acuerdo incorpore compromisos claros en relación con los derechos de la mujer y el principio de la igualdad política, social y económica entre los sexos, de modo que se pueda establecer, sobre esta base, una adecuada política de desarrollo que atienda a factores de género y que incluya la integración de estos factores en la política general («mainstreaming») y la realización de acciones positivas para las mujeres;

30. Considera que el diálogo político, para ser equilibrado, debe poder referirse a todas las políticas de una y otra parte que pueden afectar a la cooperación;

31. Propone que el diálogo iniciado sobre los valores relativos a los derechos humanos se extienda, por ejemplo, a los diferentes aspectos de la vida (familia, igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los ámbitos legal y político, situación de los niños y de las personas de edad avanzada, etc.), en particular, en el marco de la Asamblea Paritaria y de sus reuniones regionales; considera, además, en el contexto del diálogo sobre los derechos humanos, que debería prestarse especial atención a la situación de los niños y a la defensa de los derechos del niño en los países ACP;

32. Considera que el diálogo sobre los valores es fundamental con el fin de preparar, en el marco del mundo multipolar del mañana, la coexistencia de las civilizaciones más que su enfrentamiento, y la consolidación de los derechos fundamentales;

33. Sugiere que el futuro convenio prevea procedimientos y financiaciones para apoyar el reforzamiento de la democracia:

- formación de jueces y abogados,

- ayuda a la creación y a la difusión de medios de comunicación no subvencionados por los gobiernos e independientes,

- ayuda a la formación en materia de derechos humanos, a la preservación del Estado de Derecho y de procedimientos de justicia para el personal de los ejércitos, de la policía y de la gendarmería,

- ayuda para las formas tradicionales de solución de conflictos y de la justicia en los casos en que éstas hayan demostrado su eficacia,

- ayuda para las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres,

- participación de las mujeres en procesos de decisión independientes políticos, económicos y sociales,

- reforzamiento de las capacidades, particularmente a nivel municipal;

34. Propone la inclusión del fenómeno de la migración, por ejemplo, en África, entre los puntos del diálogo político entre los Estados ACP y la Unión;

35. Reafirma su apoyo a las instituciones paritarias del convenio y, en particular, a la Asamblea Paritaria y pide su reforzamiento como condición previa para una dimensión política fuerte;

36. Considera que este reforzamiento debería traducirse, en particular, en reuniones a nivel regional y subregional, con unas relaciones y una coordinación apropiadas a todos los niveles, sin perjuicio de la celebración regular de reuniones plenarias;

37. Sugiere que la Asamblea Paritaria examine nuevos métodos de trabajo y en particular:

- la constitución de una comisión parlamentaria paritaria que pueda reunirse regularmente;

- la organización de reuniones a nivel regional y subregional que tengan por objeto el examen de la aplicación de la cooperación y las condiciones de aplicación de las decisiones del Consejo, asociando junto a los parlamentarios a todos los actores de la cooperación;

38. Pide la democratización de la Asamblea Paritaria, estableciendo disposiciones que reflejen la diversidad de opinión en los países ACP, que están representados actualmente por un solo representante por país, y asegurando una representación equilibrada de hombres y mujeres tanto en la parte europea como en la parte ACP;

En lo que respecta a la propuesta de volver a centrar la política comunitaria para colocar la lucha contra la pobreza en el centro de la nueva asociación:

39. Aprueba las orientaciones de la Comisión y subraya, en particular, el interés del enfoque integrado adoptado en materia de erradicación de la pobreza, integración de la dimensión hombre/mujer y de la evaluación de las repercusiones medioambientales con objeto de garantizar la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, como disponer de agua limpia, gozar de una educación básica y de un sistema sanitario básico, etc.; acoge también positivamente la importancia conferida a la reducción de las desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria y a la enseñanza;

40. Insiste en que la dimensión hombre/mujer ha de quedar incluida plenamente en la cooperación al desarrollo, a la luz de las conferencias de las Naciones Unidas en que se han examinado diversos aspectos de la mujer, entre ellos, la función de la mujer en los países en desarrollo;

41. Pide una reasignación de los recursos hacia la inversión en programas sociales, como enseñanza, asistencia sanitaria, formación, abastecimiento de agua limpia, saneamiento, alojamiento y dimensión hombre/mujer, sobre la base acordada en la cumbre social de 1995;

42. Considera que es particularmente importante que se conceda prioridad al rápido establecimiento de servicios sociales básicos en la fase de reconstrucción posterior a los acuerdos, de modo que se muestre a los contendientes desmovilizados los beneficios de la paz y se les haga partícipes del proceso de paz;

43. Pide que uno de los principales objetivos de la futura cooperación ACP-UE sea la mejora del acceso a unos servicios especializados de cuidados genésicos de elevada calidad, especialmente en el ámbito de la planificación familiar, vista la amplia demanda insatisfecha en los países ACP de servicios e información;

44. Recuerda que la cooperación futura deberá incluir referencias claras a las condiciones de la infancia y al desarrollo demográfico;

45. Valora positivamente la propuesta de incluir la economía popular como elemento clave de la política de desarrollo y cooperación, dado que fomenta una mayor participación, da sentido de la responsabilidad y promueve la apropiación de la actividad económica;

46. Considera esencial, en particular, en materia de lucha en favor de la erradicación de la pobreza que el control de la crisis urbana en los países ACP se integre plenamente en la cooperación;

47. Recuerda, al respecto, su insistencia en la necesidad de desarrollar un sistema de microcréditos y de favorecer el acceso al crédito por parte de la población; pide que estos problemas fundamentales se examinen en las negociaciones;

48. Insiste, a la espera de propuestas de la Asamblea Paritaria, en la importancia de apoyar los procesos de cooperación e integración regional en los países ACP, concretamente la relación con los PTU; en este contexto, apoya la propuesta de un acuerdo global de estructura regional, a fin de tener en cuenta las diferentes situaciones y ofrecer las respuestas adecuadas a las diferentes regiones;

49. Subraya la necesidad de superar la dependencia unilateral de los monocultivos y de mejorar el autoabastecimiento, especialmente mediante una estructura diversificada de los cultivos, de la producción y de la oferta;

50. Considera necesario fomentar, además de una producción y elaboración más eficaces de los alimentos, un desarrollo industrial adaptado a las necesidades, y todo ello acompañado de medidas apropiadas de alfabetización y formación profesional y artesanal, especialmente de las mujeres y las jóvenes, y estrategias para evitar el trabajo infantil;

51. Observa que las necesidades de los refugiados y las personas desplazadas quedan ampliamente desatendidas en las orientaciones; opina que la futura cooperación ACP-UE debería prever el acceso no sólo a la alimentación, agua, sanidad y alojamiento, sino también a la asistencia sanitaria, incluidos los cuidados en los ámbitos sexual y reproductivo y la prevención de la violencia sexual, tanto en la fase de emergencia como a largo plazo;

52. Recuerda su sugerencia de aprovechar al máximo, para la erradicación de la pobreza, las tecnologías de primera línea: higiene, saneamiento, utilización de los residuos, nuevas variedades de plantas comestibles, utilización médica de los recursos locales, en particular, vegetales, riego por goteo, y la importancia que reviste desarrollar esfuerzos de investigación especialmente en estas direcciones;

53. Propone que el comercio equitativo figure en los nuevos acuerdos con los países ACP, como instrumento de cooperación eficaz, y pide que la Comisión se asocie a la promoción y certificación de los productos del comercio equitativo;

54. Pide encarecidamente a la Comisión que adopte todas las disposiciones administrativas necesarias para que la lucha contra la pobreza a través del fomento de la economía popular, el apoyo a la publicidad en favor de los productos locales y no de los productos importados, el desarrollo de los sistemas de microcréditos y la utilización de las tecnologías de primera línea no se desarrolle como anexo a una cooperación más general y más clásica, sino directamente en el contexto de una sinergia entre las zonas urbanas y rurales, en el marco de un procedimiento de peritaje y decisión separado y específico, y que apunte en la máxima medida posible a estar en contacto directo con los actores sobre el terreno, las colectividades territoriales, los agentes económicos y sociales, incluyendo a los sectores de la iniciativa privada, en especial las PYMES, y las ONG;

55. Insiste en que hay que adoptar rápidamente proyectos aplicables para sanear el medio ambiente y conservarlo sano y regenerar la naturaleza, especialmente estrategias para aplicar energías alternativas y renovables, con objeto de contrarrestar la creciente contaminación atmosférica y la funesta práctica de la deforestación;

En lo que respecta a la apertura de la cooperación a la asociación económica:

56. Toma nota de la propuesta de la Comisión de negociar acuerdos de asociación económica a nivel regional y subregional; observa el largo período normalmente requerido para las negociaciones destinadas a definir zonas de libre comercio; expresa su preocupación ante el hecho de que la propuesta de la Comisión de negociar acuerdos de asociación de libre cambio pueda ser prematura, poco práctica y pueda conducir a más pobreza y tensión social en los Estados ACP; toma nota en particular de los elevados costes de ajuste para los países no industrializados, como la pérdida de renta pública y los daños a la producción industrial interior, que suelen afectar de modo desproporcionado a los pobres y vulnerables y que pudieran ser la consecuencia de una rápida transición a unas relaciones comerciales plenamente recíprocas con la UE;

57. Expresa su preocupación ante la incapacidad de elaborar estudios rigurosos sobre el impacto probable que tanto las zonas de libre comercio regional como la graduación en el sistema de preferencias generalizadas producirían en los Estados ACP, en particular frente al compromiso de la Unión Europea en relación con la erradicación de la pobreza y la prevención de conflictos, y por ello pide a la Comisión que elabore tales estudios y publique los resultados ampliamente, tanto en la UE como en los Estados ACP;

58. Acoge positivamente la propuesta de la Comisión de mantener las actuales preferencias de Lomé para los países ACP menos desarrollados y pide que se amplíen, a fin de cubrir las economías vulnerables del grupo ACP, como las de los pequeños Estados insulares y de los países dependientes fundamentalmente de las exportaciones de un solo producto;

59. Destaca la necesidad de una evolución prudente y gradual hacia unas relaciones comerciales recíprocas con los países ACP y considera que los acuerdos de cooperación económica constituyen un concepto interesante que los Estados miembros europeos y la Comisión deberían utilizar con flexibilidad para asistir a aquellos Estados ACP de ingresos medianos cuyo nivel de desarrollo económico, social y político no les permite a corto y medio plazo entrar en una zona de libre cambio con la UE y que son claramente compatibles con el artículo XXIV del GATT;

60. Subraya que estos acuerdos que implican el progreso hacia la reciprocidad en materia comercial deberían organizarse de manera progresiva «en apoyo a los procesos de integración regional y en fase con ellos»; considera, no obstante, que la UE ha de utilizar todos los medios posibles para que se reconozca que las preferencias no recíprocas y los protocolos son instrumentos de desarrollo hasta que se hayan alcanzado los objetivos anunciados; observa, no obstante, que en casi todas las regiones de los países ACP dichos procesos de integración regional apenas han comenzado;

61. Considera indispensable acompañar el proceso de adaptación e integración de los mercados regionales, manteniendo el régimen comercial actual (preferencias, protocolos sobre productos y compensación de las pérdidas de ingresos por exportación) durante un período apropiado de transición, que en cualquier caso no podrá ser de más de 10 años a partir de la expiración del Cuarto Convenio ACP-UE;

62. Recuerda que la inclusión del comercio ACP-UE es una característica esencial de los Convenios de Lomé y considera, por consiguiente, que la adopción precoz y súbita del sistema unilateral de preferencias generalizadas constituiría una regresión y un incremento masivo del proteccionismo de la UE frente a los países en desarrollo; opina que ello sólo puede evitarse, sin embargo, si las demás opciones comerciales se hacen más atractivas a los Estados ACP no pertenecientes a los países menos desarrollados y, por ello, pide a los Estados miembros europeos que garanticen que la opción del acuerdo de cooperación económica se centrará en la erradicación de la pobreza y en el desarrollo sostenible y que el nivel de preferencias generalizadas se mejorará sustancialmente en el curso de la próxima revisión;

63. Es consciente de las dificultades de aplicación de las propuestas de la Comisión en lo que respecta, en particular, a las reglas de la OMC, pero considera que estos obstáculos pueden eliminarse si la voluntad política y la flexibilidad de los socios ACP-UE, que juntos representan actualmente 71 de los 132 miembros -y, por lo tanto, votos- de la OMC, es suficiente; sugiere que, antes de toda negociación formal, se entablen contactos detallados con la OMC para examinar las condiciones de prórroga de las derogaciones aceptadas en el Tratado de Marrakech; pide que se proponga a los países ACP una asistencia técnica que les permita negociar en mejores condiciones en el seno de la OMC y solicita que se intensifique la cooperación entre la ACP y la Unión Europea respecto a la OMC;

64. Celebra que el Consejo haya decidido extender a todos los países menos avanzados las preferencias no recíprocas de Lomé, lo que suprime las discriminaciones comerciales con respecto a esos países, así como el reconocimiento de que han de adoptarse aquellas preferencias comerciales que presten más atención a la pobreza y menos al antiguo estatuto colonial;

65. Apoya la posición de los países ACP, que piden a la UE que adopte un trato especial y diferenciado en favor de los países en desarrollo en la aplicación de las disposiciones y normativas por las que se rigen las transacciones económicas internacionales;

66. Opina que la primacía del objetivo del desarrollo duradero debe afirmarse y traducirse en los estatutos y las políticas de las instituciones internacionales y en los acuerdos relativos al funcionamiento del comercio mundial;

67. Insta a la Comisión a que preste asistencia para reforzar la capacidad de los Estados ACP de hacer valer sus intereses ante la OMC;

68. Pide a la Comisión y al Consejo que informen detalladamente y consulten a los países ACP sobre las repercusiones del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) antes de su firma, y considera que el AMI, en su redacción actual, amenaza el derecho de los gobiernos, las autoridades locales y los ciudadanos a controlar democráticamente la inversión en sus economías;

69. Reitera su llamamiento a los Gobiernos de los Estados miembros de la UE para que no firmen el AMI y pide a los Gobiernos de los países ACP que no soliciten su adhesión a dicho Acuerdo tal como está redactado actualmente;

70. Pide una mayor transparencia y una simplificación de las normas de origen, que han constituido un obstáculo importante en el desarrollo del comercio ACP, tanto a nivel regional como a nivel internacional;

71. Considera que la UE debería proporcionar a los países ACP una asistencia técnica que les permita reforzar la capacidad para negociar en las mejores condiciones unos acuerdos que favorezcan a las industrias nacientes y garanticen unas condiciones de trabajo normales y un medio ambiente mejor;

72. Señala a la Comisión que el desarrollo armonioso, para todos los países ACP, no puede ser ni exclusiva ni excesivamente exógeno. El equilibrio de los programas y estrategias tiene que servir para incentivar el crecimiento de la producción, del poder adquisitivo y del consumo internos por lo menos tanto como las exportaciones;

73. Acoge positivamente la mayor integración de la ayuda y del comercio, así como el compromiso a utilizar la ayuda técnica y financiera para suprimir obstáculos por parte de la oferta que impiden que los Estados ACP se beneficien de oportunidades comerciales y pide que tal ayuda incluya, entre otros aspectos, una protección limitada en el tiempo y selectiva para industrias nacientes y una protección a largo plazo para la agricultura;

74. Sugiere, considerando que la estabilidad normal de las legislaciones en materia de fiscalidad y de contratos es una condición absoluta para todo desarrollo, que sea posible, para toda empresa, agrupación de empresas o asociación de productores que se considere víctima de una modificación abusiva, recurrir ante una jurisdicción internacional ad hoc o ante el Tribunal Internacional de La Haya;

75. Pide un programa de transferencia de tecnología a los países ACP sobre una base no comercial, acompañado de programas de formación adaptados a las necesidades reales, e insiste en que tales transferencias han de ser compatibles con las exigencias del desarrollo sostenible;

76. Pide que se definan y apliquen una política y un marco de intervención para la valorización económica, social y medioambiental de las zonas litorales, en coherencia con los programas adoptados por las conferencias internacionales de las Naciones Unidas y, en lo que atañe a los pequeños Estados insulares, de la Conferencia de Barbados de 1994 sobre el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares;

77. Recuerda a la Comisión que el Consejo Europeo de Luxemburgo le solicitó que estudiara «las modalidades para el establecimiento, bajo la égida de la ONUSIDA, de un fondo de solidaridad terapéutica destinado a la lucha contra el sida en los países en vías de desarrollo», y pide a la Comisión que prevea la creación de dicho fondo en el marco del próximo convenio;

78. Insiste en que la Comisión y los países ACP elaboren un marco jurídico adecuado para la protección de la propiedad intelectual de la biodiversidad en el Sur; dicho marco jurídico ha de prever en todo caso la creación de bancos de datos con información sobre plantas, animales y su hábitat natural, la protección jurídica de la biodiversidad nacional, así como la protección jurídica de los derechos inalienables de las poblaciones indígenas por lo que se refiere a sus conocimientos tradicionales sobre el uso de animales y plantas; opina, además, que la Unión Europea ha de apoyar a los países ACP con recursos financieros y técnicos y los necesarios conocimientos científicos, prestando especial atención a los derechos de las poblaciones indígenas;

79. Propone que se incluyan en el nuevo Convenio disposiciones relativas a los principios contenidos en la letra j) del artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica referidos a la preservación de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales y a sus derechos de propiedad intelectual sobre la aprobación, participación y reparto equitativo de los beneficios derivados de cualquier utilización de dichos recursos;

80. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inicien una acción con vistas a permitir la elaboración de un proyecto global relativo a la reducción de la deuda y, en particular, que impongan una aplicación más eficaz de la iniciativa en favor de los países pobres altamente endeudados, incluida una reducción más temprana y más amplia de la deuda, y que velen por que los beneficios resultantes de la reducción de la deuda se canalicen hacia la inversión en favor del desarrollo humano duradero;

81. Pide a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros y de los países ACP que ejerzan una vigilancia activa, acompañada en su caso de instrucciones limitativas, sobre las prácticas bancarias y los tipos de interés exigidos, en particular, a las PYME;

82. Subraya que el desarrollo de las producciones de los países ACP supone que se las venda y señala al respecto que la parte esencial de la publicidad difundida en los países ACP se refiere a productos importados; pide, por consiguiente, que se elaboren programas de radio y de televisión públicos, locales o de horarios protegidos en los canales nacionales para asegurar la publicidad, gratuita o subvencionada, de las producciones locales;

83. Recuerda su preocupación por que se busque una coherencia real entre la política de la Unión Europea en materia de cooperación al desarrollo y las demás políticas de la Unión, en particular, la Política Agrícola Común, la de la pesca, la política de exportación de armamento y las políticas de desarrollo, de integración de la dimensión hombre/mujer, de la deuda, de los derechos humanos, de la democratización, del Estado de Derecho, mediante el establecimiento de mecanismos concretos para el fomento de la coherencia en el marco del futuro convenio; insta, en particular, a la Comisión a que tenga en cuenta los objetivos de su política de desarrollo cuando haga valer los intereses de la Unión en el seno de la OMC;

84. Pide encarecidamente que se prosiga y refuerce la aplicación de sistemas de alarma rápida y de prevención de las catástrofes naturales en los países ACP, tanto a nivel nacional como regional;

85. Recuerda la importancia que da al fomento de la investigación científica en los países ACP y a la protección de la propiedad intelectual en todos esos países;

86. Considera que una financiación prioritaria debería ser el desarrollo de programas por el gobierno receptor para la gestión de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, sobre una base sostenible y de conformidad con el enfoque de precaución;

87. Destaca la importancia de unas monedas convertibles y pide medidas para ayudar a los países en desarrollo a la elaboración de sistemas monetarios eficaces y estables;

88. Pide que se elabore un estudio objetivo sobre las consecuencias económicas y financieras de la entrada en vigor del euro para los socios de la cooperación ACP-UE y, en particular, para su articulación con la zona del franco CFA;

En lo que respecta a los aspectos presupuestarios:

89. Reitera su petición a la Comisión de que:

- dé un curso concreto a las informaciones financieras sobre los fondos europeos de desarrollo, remitidas cada año junto con el proyecto de presupuesto,

- elabore un plan que asocie de manera más estrecha al Parlamento a las previsiones anuales que elabora para los gastos del FED;

90. Pide a la Comisión que presente, en el marco del esquema de organización de la asociación económica, los mecanismos y procedimientos institucionales adecuados que permitan comprometer políticamente a todas las instituciones y favorezcan en particular el control democrático necesario;

91. Lamenta que las informaciones sobre los nuevos instrumentos financieros continúen presentando lagunas en lo que se refiere a las repercusiones financieras;

92. Considera que la pertinencia de estos instrumentos debería facilitar las garantías necesarias para una previsión de la programación del gasto y de la realización de los objetivos en los plazos establecidos;

93. Pide a la Comisión que presente en el nuevo Acuerdo interinstitucional y las perspectivas financieras anejas un dispositivo para la inclusión progresiva del FED en el presupuesto;

En lo que respecta a «las modalidades prácticas de gestión de la cooperación financiera y técnica, que es importante reconsiderar en profundidad»:

94. Reitera la absoluta necesidad de que la cooperación se haga contabilizable, transparente, eficaz y visible y se simplifiquen drásticamente los procedimientos a todos los niveles;

95. Reitera su solicitud de que se presupueste el FED;

96. Pide que el próximo convenio sancione el principio de una actualización de los recursos del FED que sea como mínimo proporcional a las consecuencias demográficas de la ampliación de la Unión Europea a los nuevos Estados;

97. Solicita que los Estados miembros de la Unión Europea, siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas, definan como un compromiso común prioritario la contribución del 0,7% de su PNB a la ayuda pública al desarrollo, y pide a los Estados miembros que inciten a sus socios en todas las organizaciones apropiadas, y especialmente en la OCDE, a que hagan lo mismo;

98. Recuerda que las estrategias por países son necesarias para conseguir llevar a la práctica los exigentes objetivos fijados por el Parlamento Europeo;

99. Considera determinante, en el marco de la aplicación del «contrato», un reforzamiento muy sustancial del ejercicio de programación del conjunto de los recursos;

100. Pide a la Comisión que establezca una distinción entre operadores de desarrollo privados y operadores de la sociedad civil con fines no lucrativos (entorno asociativo, colectividades locales europeas, universidades, etc.) y que adapte los procedimientos a ese respecto;

101. Considera necesario, en el marco de la integración plena y completa de todos los actores de la cooperación, tanto en lo relativo a la decisión como a la ejecución de las acciones, que se realice una descentralización importante de la cooperación financiera y técnica;

102. Recuerda que una de las innovaciones esenciales de la asociación ACP-UE debería ser la apertura efectiva a nuevos actores; acoge positivamente la propuesta de la Comisión de consultar a las organizaciones no gubernamentales y de garantizar que participarán plenamente en la cooperación europea al desarrollo; pide en este contexto una política activa de información y transparencia que se ha de incluir en el convenio de modo que la sociedad civil acceda fácilmente a la información, lo que le permitirá beneficiarse de las disposiciones del convenio; no obstante, lamenta a ese respecto que la Comisión no haya contemplado, como lo había proyectado el Libro Verde, el principio de una dotación financiera para los actores no gubernamentales y pide la instauración de una dotación de esas características;

103. Subraya la importancia de la consideración adecuada de la sociedad civil en la planificación, el desarrollo y la aplicación de todas las medidas;

104. Pide que se realice una política de transparencia e información frente a los agentes de la sociedad civil, para que éstos puedan beneficiarse de las posibilidades de apoyo que ofrecerá el nuevo Convenio;

105. Considera que la cooperación descentralizada debería contemplarse como un principio de cooperación en los futuros acuerdos ACP-UE, de una manera adaptada a los diferentes tipos de agentes interesados, ya se trate de corporaciones territoriales públicas, de agentes asociativos, de ONG, de asociaciones de migrantes, de agentes privados y de empresas, de institutos de formación o de estructuras no gubernamentales de ayuda al desarrollo;

106. Subraya la importancia de la cooperación descentralizada, dado que abarca medidas y proyectos que afectan a la vida diaria de los ciudadanos y fomenta iniciativas procedentes de los representantes locales de los sectores más desprotegidos de la población, tanto con las corporaciones territoriales públicas como con los agentes asociativos, privados, los institutos de formación y las estructuras no gubernamentales de ayuda al desarrollo;

107. Sugiere, en este sentido, que los migrantes, por ejemplo en África, no deberían considerarse únicamente como un problema sino también como agentes del desarrollo y que sus iniciativas dentro de sus asociaciones deberían recibir ayuda en el marco de la cooperación descentralizada; opina que hay que procurar la mejora de las transferencias de fondos a sus países de origen, para facilitar sus inversiones y apoyar sus proyectos de desarrollo;

108. Subraya que múltiples experiencias concretas de ayuda al regreso abren el camino a una política general de codesarrollo en asociación basada en la ayuda ofrecida a los migrantes que se propongan llevar a cabo proyectos de inversión productiva en sus países de origen y que en los países desarrollados que acogen temporalmente mano de obra se puede llevar a cabo una formación en los oficios del desarrollo (agricultura, artesanado, etc.), determinada de acuerdo con los países de origen y de retorno, para facilitar el regreso de los emigrantes y hacer que éstos contribuyan al desarrollo;

109. Pide que se cree un mecanismo independiente de solución de conflictos para arbitrar en conflictos en que esté involucrada la cooperación europea al desarrollo, incluidos conflictos derivados de actividades de empresas privadas que ejecutan contratos de desarrollo en nombre de la UE;

110. Considera prioritaria la reorganización de la estructura de la Comisión, para que el conjunto de las políticas de cooperación esté coordinado por una sola Dirección General;

111. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros y de los Estados ACP.

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