Source: EURLEX
Language: es
Format: md

C 297 E/136 ES Diario Oficial de la Unión Europea 7.12.2006

**Martes, 16 de mayo de 2006**

**P6_TA(2006)0205**

**Estrategia para la simplificación del marco regulador**

**Resolución del Parlamento Europeo sobre una estrategia para la simplificación del marco regulador**
**(2006/2006(INI))**

_El Parlamento Europeo_,

—
Vista su Resolución de 26 de octubre de 2000 sobre los informes de la Comisión dirigidos al Consejo
Europeo titulados: «Legislar mejor 1998 — una responsabilidad que debe compartirse» y «Legislar mejor
1999» ( [1] ),

— Vista su Resolución de 29 de noviembre de 2001 sobre el Libro blanco de la Comisión «La Gobernanza
europea» ( [2] ),

—
Vista su Resolución de 8 de abril de 2003 sobre los informes de la Comisión «Legislar mejor 2000» y
«Legislar mejor 2001» ( [3] ),

—
Vista su Resolución de 26 de febrero de 2004 sobre el informe de la Comisión «Legislar mejor
2002» ( [4] ),

—
Vista su Resolución de 9 de marzo de 2004 sobre las comunicaciones de la Comisión sobre la simplificación y mejora de la regulación comunitaria ( [5] ),

—
Vista su Resolución de 20 de abril de 2004 sobre la evaluación del impacto de la normativa comunitaria
y los procedimientos de consulta ( [6] ),

—
Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—
Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0080/2006),

A. Considerando que la simplificación del marco legislativo y la garantía de claridad, eficacia y calidad de la
legislación vigente y de la legislación futura son condiciones fundamentales con miras a la realización del
objetivo de «Legislar mejor», que constituye una acción prioritaria de la Unión Europea dentro del objetivo general de potenciar el crecimiento y el empleo,

B. Considerando las obligaciones y los objetivos previstos en el Acuerdo Interinstitucional (AAI) «Legislar
mejor», de 16 de diciembre de 2003 ( [7] ), especialmente los relativos a la simplificación y a la reducción
del volumen de la legislación comunitaria, así como al impacto de esta última en los Estados miembros,

C. Considerando que la Comisión, en su Comunicación de 25 de octubre de 2005 titulada «Aplicación del
programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa: Una estrategia para la simplificación del marco regulador» (COM(2005)0535), presenta la simplificación, acertadamente, no como una técnica legislativa
distinta de la codificación, la refundición o la simple derogación, sino como un planteamiento global que
incluye estas herramientas, destinado a facilitar y abaratar la aplicación de las normas comunitarias y
nacionales,

D. Considerando que este planteamiento es para la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo una
herramienta al servicio de la Estrategia de Lisboa,

( [1] ) DO C 197 de 12.7.2001, p. 433.
( [2] ) DO C 153 E de 27.6.2002, p. 314.
( [3] ) DO C 64 E de 12.3.2004, p. 135.
( [4] ) DO C 98 E de 23.4.2004, p. 155.
( [5] ) DO C 102 E de 28.4.2004, p. 512.
( [6] ) DO C 104 E de 30.4.2004, p. 146.
( [7] ) DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

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E. Considerando que un planteamiento de estas características supone que las Instituciones europeas colaboren estrechamente al respecto, en primer lugar, entre ellas y, a continuación, con las autoridades
nacionales,

F. Considerando los esfuerzos realizados por la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo durante estos
últimos años para poner en práctica, definir y mejorar la aplicación de los instrumentos de simplificación
legislativa,

G. Considerando que las iniciativas de simplificación emprendidas desde el lanzamiento del segundo
programa de simplificación, en febrero de 2003, tras la Comunicación de la Comisión al Consejo, de 11
de febrero de 2003, titulada «Actualizar y simplificar el acervo comunitario» (COM(2003)0071), tuvieron
un carácter y dimensiones muy diferentes, que van desde la revisión específica de directivas hasta la reorganización normativa de todo un sector, lo que dificulta la uniformización del enfoque procesal,

H. Considerando la experiencia adquirida en la aplicación de los AII de 20 de diciembre de 1994 ( [1] ) sobre
la codificación y de 28 de noviembre de 2001 ( [2] ) sobre la refundición, y considerando estos instrumentos como algo esencial para la simplificación del acervo comunitario,

I. Considerando que desde la entrada en vigor del AII sobre la refundición sólo se han presentado doce
propuestas de refundición, de las cuales dos han concluido en publicación, dos han sido retiradas y
quedan ocho pendientes, y considerando que, de unas 2 400 familias de actos legislativos potencialmente
pertinentes, solo 49 propuestas de codificación se han presentado hasta hoy al Parlamento Europeo,

J. Considerando que la citada Comunicación de la Comisión de 2005 contiene, en su programa modulado
de simplificación (anexo II), treinta propuestas de definición no fácil, al tratarse genéricamente de casos
de «reexamen», «revisión», «modernización», «simplificación» y similares,

1. Apoya con firmeza el proceso de simplificación del marco regulador de la Unión, así como el objetivo
de garantizar que el marco regulador sea necesario, simple y eficaz; subraya, sin embargo, que tal proceso
deberá basarse en algunas condiciones previas:

a) plena participación del Parlamento Europeo en la adopción de la legislación sujeta al «proceso de simplificación», tanto en el debate interinstitucional sobre la simplificación, como en calidad de colegislador;

b) consulta amplia y transparente de todas las partes interesadas, incluyendo no sólo a los Estados miembros y a las empresas, sino también a las organizaciones no gubernamentales;

c) refuerzo de la transparencia general del proceso normativo, en especial abriendo al público las discusiones del Consejo, cuando éste actúa en su capacidad legislativa;

2. Anima a la Comisión a que, en el marco del AII «Legislar mejor», adopte actos legislativos con objetivos
claros, estudiados esmeradamente y de impacto previsible, que contribuyan a propiciar unas condiciones
favorables para el refuerzo del crecimiento y del empleo, reduciendo los gastos y los procedimientos administrativos superfluos, suprimiendo los obstáculos en materia de adaptabilidad y de innovación y garantizando, de manera general, la seguridad jurídica;

3. Acoge con satisfacción la mencionada Comunicación de la Comisión de 2005, el empeño en presentar
un programa de simplificación de los actos legislativos y la definición de los métodos y de los objetivos con
los que se pretende realizar este programa;

4. Se congratula de que la Comisión se proponga adoptar importantes iniciativas de simplificación en sus
propios programas legislativos anuales, así como del anuncio de que la Comisión presentará comunicaciones
complementarias para los diversos sectores de la economía comunitaria; subraya la importancia de una colaboración estrecha entre los Estados miembros y la Comisión con miras a determinar los actos legislativos
que deberán ser objeto de simplificación;

( [1] ) DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
( [2] ) DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.

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5. Acoge con satisfacción la intención de reducir la carga innecesaria que pesa sobre las PYME y de
reforzar el uso de las tecnologías de la información; considera que uno de los objetivos de la simplificación
del marco regulador de la Unión debería ser el hacer la legislación más simple y más eficaz y, en consecuencia, más «orientada al usuario»;

6. Considera que el proceso de simplificación no debe, en ningún caso, implicar un debilitamiento de las
normas contenidas en la legislación actual; hace una advertencia contra un análisis demasiado restrictivo y
únicamente financiero y administrativo de los beneficios y de los costes de la legislación de que se trata; se
muestra convencido de que toda evaluación que se realice con miras a una simplificación ha de tener en
cuenta de la misma manera los aspectos económicos, sociales, medioambientales y sanitarios, y de que la
misma no debería limitarse a consideraciones a corto plazo;

7. Anima a la Comisión a conceder prioridad a la simplificación de los reglamentos; considera que sólo
deberían simplificarse las directivas en casos excepcionales y debidamente justificados, cuando no correspondan a temas muy sensibles o no sean resultado de difíciles transacciones como en el caso del Derecho
comunitario de sociedades;

8. Constata que el «índice de éxito» de las iniciativas de simplificación emprendidas desde 2003 no es
decepcionante y que la duración media de los procedimientos no es exagerada habida cuenta de la complejidad de las materias; observa, sin embargo, que el número de iniciativas de simplificación lanzadas desde
esta fecha ha sido muy limitado y que los objetivos de reducción del volumen del acervo comunitario inicialmente fijados distan mucho de alcanzarse;

9. Estima que la derogación de los actos irrelevantes y obsoletos es una necesidad prioritaria que la Comisión debe llevar a cabo sin demora; aunque en estos casos la derogación de la normativa comunitaria debería
acompañarse de un acto jurídico comunitario, que impida a los Estados miembros regular las materias que
hayan sido objeto de desregulación a escala comunitaria;

10. Destaca que, si hay un «exceso de reglamentación» en algunos ámbitos, esta situación se debe en gran
parte a la actividad legislativa de los Estados miembros y que, por lo tanto, si se derogan normas comunitarias, deben derogarse en consecuencia las disposiciones nacionales correspondientes;

11. Propone que la Comisión realice un seguimiento constante de las normativas nacionales que deban
mantenerse en vigor tras la derogación de la normativa comunitaria originaria; estima oportuno que la
Comisión adjunte a sus propuestas las correspondientes cláusulas de revisión;

12. Estima que la codificación y la refundición son los instrumentos más importantes de simplificación
del acervo comunitario y alienta a un recurso más amplio a dichos instrumentos; considera que la refundición se utiliza de forma limitada y que ello es consecuencia tanto de un escaso interés por parte de la Comisión como de la inadecuación del Reglamento del Parlamento Europeo al AII que la regula;

13. Apoya la codificación del acervo comunitario, pero se muestra escéptico en cuanto a su total refundición, lo que puede conducir a interpretaciones divergentes entre las distintas instituciones de la Unión
Europea; advierte de que la simplificación no debería conducir a una reelaboración del acervo fuera de todo
control democrático;

14. Se congratula de los resultados alcanzados hasta ahora mediante la codificación de la legislación
comunitaria y sugiere que los servicios competentes de la Comisión elaboren nuevas propuestas de codificación más ambiciosas, que se extiendan a sectores distintos de los afectados hasta ahora, en particular los del
Derecho de sociedades, la propiedad intelectual o la protección del consumidor;

15. Estima que, si las Instituciones desean efectivamente simplificar la legislación y utilizar para ello la
refundición, el AII sobre la refundición debería aplicarse de un modo más riguroso;

16. Comprende que, si se quiere garantizar la eficacia de la refundición, el Parlamento Europeo y el
Consejo deberán abstenerse, por principio, de modificar las partes codificadas; estima que, si las Instituciones
desean efectivamente simplificar la legislación y utilizar para ello la refundición, las partes del texto codificadas preceptivamente deberán cumplir las mismas disposiciones previstas en el AII sobre la codificación;
reconoce, no obstante, la conveniencia de un procedimiento excepcional para modificar la parte codificada,
cuando sea necesario por razones ineludibles de coherencia o de conexión con la parte sometida a
modificaciones;

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17. Estima que las Instituciones pueden evaluar la oportunidad de establecer una tercera categoría de intervenciones, junto a las de codificación y refundición, con la finalidad de establecer mecanismos que sirvan
para facilitar la simplificación más adecuada de los actos jurídicos comunitarios; considera, no obstante, que
hasta ese momento, y en los casos en los que la Comisión haya previsto propuestas genéricas de simplificación que no puedan enmarcarse en casos de derogación, codificación o refundición, el Parlamento Europeo
no podrá comprometerse con un procedimiento diferente del ordinario y que, por consiguiente, en dichos
casos no puede aplicarse el punto 36 del AII «Legislar mejor»;

18. Considera que el AII sobre la refundición debe establecer claramente el procedimiento que debe
seguirse en el caso de que, durante el proceso legislativo, sea necesario modificar las partes codificadas;

19. Insta a la Comisión a que presente sin demora, y teniendo en cuenta las orientaciones que anteceden,
una propuesta de refundición de los AII que regulan la calidad de la legislación de la Unión;

20. Se declara dispuesto a contribuir en mayor medida a los esfuerzos que deben emprender conjuntamente las tres Instituciones para reactivar el proceso de simplificación;

21. Se compromete por su parte a reflexionar sobre la mejora de sus procedimientos y sus técnicas legislativas internas, con el fin de acelerar los expedientes de «simplificación», ajustándose al mismo tiempo a los
procedimientos previstos por el Derecho primario, en este caso, el Tratado CE;

22. Encarga a la Comisión de Asuntos Constitucionales que evalúe las modificaciones normativas oportunas para la aplicación efectiva del AII sobre la refundición, con vistas igualmente a un mayor recurso a los
procedimientos simplificados previstos en el Reglamento;

23. Hace hincapié en que deben seguir utilizándose normalmente los instrumentos legislativos tradicionales para alcanzar los objetivos establecidos por los Tratados; considera que el uso de métodos de regulación alternativos tales como la correglamentación y la autorreglamentación puede completar de manera
positiva las medidas legislativas cuando estos métodos aporten mejoras de alcance equivalente o superior a
lo que permite realizar la legislación; subraya que toda utilización de métodos de regulación alternativos
debe efectuarse de conformidad con el AII «Legislar mejor»; recuerda que la Comisión está obligada a definir
las condiciones y los límites que deben observar las partes cuando utilicen dichos métodos y que, en todo
caso, cabe recurrir a ellas bajo el control de la Comisión y sin perjuicio del derecho del Parlamento Europeo
a oponerse a su utilización;

24. Pide a la Comisión que presente un informe sobre la medida en que la actual práctica de normalización europea (como forma de correglamentación) cumple los requisitos del Acuerdo Interinstitucional
«Legislar mejor», así como los principios básicos enunciados en el artículo 6 del Tratado CE;

25. Considera que el recurso a la normalización presenta el riesgo de desembocar en una reducción de la
transparencia y la responsabilidad, pues se excluye a los representantes elegidos de la toma de decisiones y
existe una desigualdad en los derechos de participación de las organizaciones no gubernamentales y de otras
partes interesadas; considera, por consiguiente, que la normalización debe limitarse estrictamente a las
medidas de armonización puramente técnicas;

26. Expresa su extrañeza por que en la citada Comunicación de la Comisión de 2005 sólo se mencione de
manera breve e incidental — en el punto 3. d _in fine_ — la cuestión de la reforma del sistema actual de delegación de la función normativa (el sistema de la «comitología»), precisamente cuando esa reforma podría
contribuir considerablemente a la simplificación del Derecho comunitario derivado, puesto que permite a la
Comisión adoptar disposiciones de aplicación mediante procedimientos más rápidos;

27. Opina que también el poder legislativo podría contribuir a la simplificación, alcanzando acuerdos
sobre actos jurídicos menos detallados y recurriendo a una gama más amplia de medidas de aplicación por
parte de la Comisión, siempre que se garantice el control eficaz, por parte del legislador, del contenido de
dichas medidas de aplicación;

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28. Reitera, en este contexto, que todo recurso al procedimiento de «comitología» requiere una revisión
completa de la Decisión 1999/468/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ( [1] ), para:

a) garantizar mayor apertura,

b) asegurar que cualquier atribución de competencias de ejecución a la Comisión esté limitada a las medidas
no fundamentales o de aplicación y supeditada a una definición clara del objetivo, el contenido, el alcance
y la duración de la delegación de poderes, incluidas, si resulta adecuado, «cláusulas de limitación temporal
de la validez»,

c) garantizar la introducción de una igualdad formal entre los poderes del Parlamento Europeo y del
Consejo en el examen de dichas medidas, mediante la introducción de mecanismos de avocación;

29. Toma nota de las acciones previstas en el programa modulado de simplificación de la Comisión y tiene
intención de cooperar activamente para lograr el objetivo de simplificar los textos legislativos, si procede, en
el contexto del próximo proceso legislativo;

30. Espera que las diversas propuestas de refundición y modificación de la Comisión contribuyan a
mejorar el nivel de desarrollo económico y social de la Unión en el contexto de la política de desarrollo
sostenible, así como el nivel de protección de la salud de los ciudadanos y la calidad de su medio ambiente,
de conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 2 del Tratado CE;

31. Encarga a su Presidente que trasmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los
Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

( [1] ) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

**P6_TA(2006)0206**

**Resultado del examen de las propuestas legislativas pendientes**

**Resolución del Parlamento Europeo sobre los resultados del examen de las propuestas legislativas**
**pendientes ante el Legislador (2005/2214(INI))**

_El Parlamento Europeo_,

—
Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de
2005, sobre los resultados del examen de las propuestas legislativas pendientes ante el Legislador (COM
(2005)0462),

—
Vista la carta dirigida por su Presidente al Presidente de la Comisión Europea el 23 de enero de 2006 ( [1] ),

—
Vista la carta del Presidente de la Comisión Europea al Presidente del Parlamento, de 8 de marzo de
2006,

—
Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—
Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de Asuntos
Jurídicos (A6-0143/2006), Considerando lo siguiente

A. en la citada en comunicación, la Comisión anunciaba su intención de retirar 68 propuestas por no
considerarlas coherentes con los objetivos de la Estrategia de Lisboa y con los principios de «legislar
mejor», y de someter a otras a una nueva evaluación de impacto económico para su eventual modificación,

( [1] ) Ref. Pres-A-Courier D(2006)300689.