Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto C-533/07

Falco Privatstiftung

y

Thomas Rabitsch

contra

Gisela Weller-Lindhorst

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof)

«Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) no 44/2001 — Competencias especiales — Artículo 5, punto 1, letras a) y b), segundo guión — Concepto de “prestación de servicios” — Concesión de derechos de propiedad intelectual»

[Conclusiones de la Abogado General Sra. V. Trstenjak, presentadas el 27 de enero de 2009](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=CELEX:62007CC0533)   I ‐ 3330

[Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de abril de 2009](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=CELEX:62007CJ0533)   I ‐ 3369

Sumario de la sentencia

1. Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) no 44/2001 — Competencias especiales — Tribunal del lugar de ejecución de la obligación contractual que sirve de base a la demanda en el sentido del artículo 5, punto 1, letra b)

   [Art. 50 CE; Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, art. 5, punto. 1, letra b), segundo guión; Directivas del Consejo 77/388/CEE, art. 6, ap. 1, párr. 1, y 2006/112/CE, art. 24, ap. 1]
2. Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) no 44/2001 — Competencias especiales — Competencia en materia contractual en el sentido del artículo 5, punto 1, letra a)

   [Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, art. 5, punto 1, letra a); Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 5, punto 1, primera frase]

1. El artículo 5, punto 1, letra b), segundo guión, del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho como contrapartida por el pago de una remuneración no es un contrato de prestación de servicios en el sentido de dicha disposición.

   El concepto de servicios implica, como mínimo, que la parte que los presta lleve a cabo una determinada actividad como contrapartida de una remuneración. Ahora bien, un contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho como contrapartida por el pago de una remuneración, no implica tal actividad, pues al conceder la explotación, el titular del derecho no lleva a cabo ninguna prestación sino que solamente se obliga a permitir a la otra parte contratante que lo explote libremente.

   Esta interpretación no puede quedar desvirtuada por argumentos basados en la interpretación del concepto de «servicios» en el sentido del artículo 50 CE o por la definición de este último concepto establecida en las directivas en materia del impuesto sobre el valor añadido ni por la pretendida necesidad de delimitar en sentido amplio el ámbito de aplicación del referido artículo 5, punto 1, letra b), con respecto a ese mismo artículo 5, punto 1, letra a). En primer lugar, ningún elemento basado en la economía o el sistema del Reglamento no 44/2001 exige interpretar el concepto de «prestación de servicios» que figura en el artículo 5, punto 1, letra b), segundo guión, del referido Reglamento, a la luz de las soluciones adoptadas por el Tribunal de Justicia en materia de libre prestación de servicios en el sentido del artículo 50 CE. En segundo lugar, contrariamente a la definición de ese último concepto hecha por las Directivas en materia de impuesto sobre el valor añadido, que es negativa y que, por su propia naturaleza, necesariamente amplia, en el marco del artículo 5, punto 1, del Reglamento no 44/2001, cuando no se trata de un contrato de compraventa de mercaderías, la competencia judicial no viene determinada únicamente sobre la base de las disposiciones aplicables a los contratos de prestación de servicios. En efecto, el artículo 5, punto 1, letra a), de dicho Reglamento es aplicable a los contratos que no sean contratos de compraventa de mercaderías ni contratos de prestación de servicios, según el artículo 5, punto 1, letra c), del citado Reglamento. En tercer lugar, se desprende del sistema del artículo 5, punto 1, del Reglamento no 44/2001 que el legislador comunitario ha adoptado reglas de competencia distintas para los contratos de compraventa de mercaderías y los contratos de prestación de servicios, por una parte, y para todos los demás tipos de contrato que no sean objeto de disposiciones específicas en el referido Reglamento, por otra parte. Ahora bien, ampliar el ámbito de aplicación del artículo 5, punto 1, letra b), segundo guión, del Reglamento no 44/2001 equivaldría a eludir la voluntad del legislador comunitario a este respecto y menoscabaría la eficacia del referido artículo 5, punto 1, letras c) y a).

   (véanse los apartados 29 a 34 y 39 a 44 y el punto 1 del fallo)
2. Para determinar, con arreglo al artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de una demanda de pago de la remuneración adeudada en virtud de un contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho, procede seguir teniendo en cuenta los principios derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el artículo 5, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa.

   A este respecto, a la vista de la identidad rigurosa del tenor del artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento no 44/2001 y del artículo 5, número 1, primera frase, del Convenio de Bruselas, así como de la intención expresada en el noveno considerando del referido Reglamento de garantizar una verdadera continuidad con el referido Convenio, ha de considerarse que el legislador comunitario ha pretendido conservar en el marco del Reglamento no 44/2001, para todos los contratos distintos de los de compraventa de mercaderías y de prestación de servicios, los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en el contexto del Convenio de Bruselas en lo relativo, en particular, a la obligación que debe tomarse en consideración y a la determinación de su lugar de cumplimiento.

   Por consiguiente, dado que no existe ningún motivo que imponga una interpretación diferente, la exigencia de coherencia implica que se reconozca al artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento no 44/2001 un alcance idéntico al de la disposición correspondiente del Convenio de Bruselas, de manera que se garantice una interpretación uniforme del Convenio de Bruselas y del Reglamento no 44/2001.

   (véanse los apartados 48 a 51, 53, 55 y 57 y el punto 2 del fallo)

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