Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 52006IP0277

**Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude - informe anual 2004 (2005/2184(INI))** 
  
*Diario Oficial n° 300 E de 09/12/2006 p. 0508 - 0516*

  

P6\_TA(2006)0277

Protección de los intereses financieros de las Comunidades — Lucha contra el fraude

Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude — informe anual 2004 (2005/2184(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vistas sus resoluciones sobre anteriores informes anuales de la Comisión y de la Oficina para la Lucha contra el Fraude (OLAF),

- Visto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 19 de julio de 2005, titulado "Protección de los intereses financieros de las Comunidades — Lucha contra el fraude — Informe anual 2004" (COM(2005) 0323), junto con los anexos correspondientes (SEC(2005) 0973, SEC(2005) 0974),

- Visto el informe complementario de la OLAF, relativo al período de julio a diciembre de 2004 [1],

- Visto el informe anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto durante el ejercicio 2004 [2],

- Vistos el apartado 3 del artículo 276 y el apartado 5 del artículo 280 del Tratado,

- Visto el artículo 45 del Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A6-0185/2006),

Envergadura de las irregularidades y fraudes puestos en conocimiento de la OLAF

1. Se felicita por el hecho de que el informe anual de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros, por una parte, y el informe de actividades de la OLAF, por otra, cubran ahora el mismo período de tiempo, lo que facilita la tarea de contrastarlos;

2. Destaca que en 2004 fueron denunciados por los Estados miembros irregularidades y fraudes relativos a operaciones por un importe que ascendía a 982,3 millones de euros en los ámbitos de los recursos propios, la agricultura y la política estructural (2003: 922 millones de euros, 2002: 1150 millones de euros); las cifras que los Estados miembros han transmitido a Bruselas pueden desglosarse del modo siguiente:

- recursos propios: 205,7 millones de euros (año 2003: 269,9 millones de euros, año 2002: 341,9 millones de euros),

- garantías del Fondo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA): 82,1 millones de euros (año 2003: 169,7 millones de euros, año 2002: 198,1 millones de euros),

- medidas estructurales: 694,5 millones de euros (año 2003: 482,2 millones de euros, año 2002: 614,1 millones de euros);

3. Advierte que las variaciones de un ejercicio a otro que se acusan en los importes reseñados no deberían ser sobrevalorados, ya que pueden depender de una multitud de factores;

4. Considera inaceptable que algunos "antiguos" Estados miembros (Alemania, Grecia y España) no transmitan la información sobre las irregularidades descubiertas de forma electrónica, que lo hagan a veces de forma incompleta y en ocasiones con una demora de varios años;

5. Observa que en el ámbito de los recursos propios, el montante de los perjuicios notificados ha descendido de 269,9 millones de euros (2003) a 205,7 millones de euros (2004), y que los ámbitos en que se produjeron mayor número de fraudes fueron los cigarrillos, los televisores y el azúcar; por otra parte se registra un sensible incremento de casos comunicados por Bélgica (+ 58 %), Suecia (+ 36 %) y Francia (+ 30 %); la suma de los importes recuperados se eleva a 54,8 millones de euros (27%);

6. Observa que en el ámbito de los gastos agrícolas, el volumen de las irregularidades ha disminuido más de la mitad, pasando de 169,7 millones de euros en 2003 a 82,1 millones en 2004; lamenta que la disposición a denunciar un caso de fraude sea menor a medida que aumentan los importes de que se trata; señala una vez más que Alemania, Grecia y España no utilizan todavía ningún sistema de notificación electrónica; a lo que se añade que, en particular, Alemania y los Países Bajos no cumplen con su obligación de comunicar la identidad de las personas físicas o jurídicas implicadas en las irregularidades comprobadas;

7. Pone de relieve que en una perspectiva a más largo plazo, el volumen de las irregularidades en el ámbito del FEOGA baja notablemente, al tiempo que se acusa un sensible incremento en el ámbito de los Fondos Estructurales, con un volumen de irregularidades en el ámbito del FEOGA de 474,6 millones de euros; en el año 2000, la cuantía defraudada en el ámbito de los Fondos Estructurales no superaba los 114,2 millones de euros; según se desprende de las estadísticas, esta relación se ha invertido ahora prácticamente;

8. Destaca que la paulatina reducción de los importes defraudados en el ámbito agrícola se explica en parte por el buen funcionamiento del sistema integrado de gestión y control (SIGC); insiste en que este sistema debe aplicarse en todos los Estados miembros; considera lamentable que, según observa el Tribunal de Cuentas en el apartado 4.8 de su informe anual 2004, más de siete años después de la fecha fijada para su plena aplicación, el SIGC todavía no se aplique plenamente en Grecia; observa que el Gobierno de Grecia ha rechazado estas quejas y que, en noviembre de 2005, inició conversaciones con la Comisión para solucionar este asunto;

9. Señala que más del 65 % de los fraudes registrados corresponden a España (35 millones de euros) y Alemania (19 millones de euros); ámbitos particularmente expuestos a irregularidades son, al parecer, las ayudas directas (29 millones de euros, sobre todo en forma de declaraciones de superficies ficticias), las restituciones a la exportación (21 millones de euros, con frecuencia sobre la base de documentos aduaneros incorrectos) y las medidas de apoyo a los mercados (20 millones de euros, sobre todo en el caso de los cítricos y de las verduras frescas);

10. Señala que en el año 2004 se ha registrado una nueva inflexión al alza del número de irregularidades en el ámbito de las políticas estructurales, donde la incidencia de casos censurados ha pasado de 482,2 millones de euros en 2003 a 694,5 millones en el año 2004 (incluidos 163 millones de euros relacionados con el Fondo de Cohesión); como término medio, el 86 % de estas irregularidades se notifican más de dos años después de ser detectadas; de los 532 millones de euros a que afectan los fraudes en el ámbito de los Fondos Estructurales, 485 millones de euros correspondían al Fondo Europeo de Desarrollo Regional; el 81,6 % de la suma total son fraudes notificados por: Italia (194,9 millones de euros), Alemania (127,5 millones de euros) y Grecia (112 millones de euros); los casos denunciados se referían en su mayor parte a irregularidades en la ejecución y a actuaciones no conformes con el Derecho comunitario;

11. Considera, en este contexto, que las irregularidades en el ámbito de las medidas estructurales deben ser objeto de especial atención durante el período del informe 2005;

12. Observa con incomprensión [3] que Alemania no ha cumplido enteramente con su deber de información sobre irregularidades comprobadas en el ámbito del gasto agrícola y estructural y no ha facilitado la identidad de las personas y empresas implicadas más que en tres del total de 1798 casos notificados; constata, además, que los Países Bajos no han cumplido con sus deberes de información en el ámbito agrícola, y que sólo en uno del total de 307 casos notificados ha transmitido informaciones sobre las personas o empresas implicadas;

13. Espera, por ende, que la Comisión le presente antes del 1 de noviembre de 2006 un informe en el que detalle qué pasos emprenderá para lograr que los Estados miembros cumplan con las obligaciones que les incumben en virtud de la legislación comunitaria;

14. Señala que en el período de 2002 a 2004, en lo que respecta a la utilización de las ayudas de preadhesión, el importe correspondiente al coste elegible total de los proyectos afectados por irregularidades (todas las fuentes de financiación, incluidos fondos nacionales, fondos de la UE y otros donantes) ascendía a 2380 millones de euros, y que esos importes afectaban a los programas PHARE, ISPA y Sapard por un importe de 1118 millones de euros, 1105 millones de euros y de 158 millones de euros, respectivamente; que se trataba, en su mayoría, de acciones subvencionadas con importes entre 100000 euros y un millón de euros; y que en la mayoría de los casos, las irregularidades se descubrieron en el marco de controles administrativos o financieros;

15. Observa con preocupación que en el ámbito de las ayudas de preadhesión, la Comisión, en el 90 % de los casos notificados, no ha podido averiguar la naturaleza de las irregularidades comunicadas, ni los importes ya recuperados o por recuperar; la Comisión atribuye el hecho a la falta de rodaje de los países interesados; el Parlamento comparte el parecer del Tribunal de Cuentas, expresado en el punto 8.9 del informe anual 2004, de que sólo se deben comprometer créditos si las autoridades del país beneficiario disponen de las adecuadas capacidades de gestión;

Informe de actividades complementario de la OLAF relativo al período de julio a diciembre de 2004

16. Observa que en el período cubierto por el informe, la OLAF ha registrado 720 nuevos casos, y que el volumen financiero de los casos con expedientes abiertos a 31 de diciembre de 2004 se estima en 1225 millones de euros; indica que al final del período cubierto por el informe, 195 casos se encontraban en fase de evaluación preliminar, 469 casos habían dado pie a la apertura de un expediente de investigación, y 655 requerían aún medidas administrativas;

17. Constata además que, al final del período de referencia ( 31 de diciembre de 2004), el importe total de las acciones en relación con las cuales la OLAF había decidido adoptar medidas administrativas, se elevaba a 1780 millones de euros [4]; esas medidas administrativas se referían sobre todo a casos relacionados con el IVA, al ámbito estructural, a la ayuda exterior y a gastos directos;

18. Pide a la OLAF que en su próximo informe de actividades informe al Parlamento sobre el resultado de las medidas administrativas, financieras y penales adoptadas por la Comisión y los Estados miembros a raíz de las investigaciones efectuadas por la OLAF;

19. Se felicita por el hecho de que la OLAF haya podido acortar a 3,5 meses el tiempo que necesita por término medio para evaluar la idoneidad de las informaciones que recibe; también se ha logrado reducir de 30 meses (año 2000) a 23 (año 2004) el tiempo requerido para las investigaciones propiamente dichas; toma nota de que, en el 32,6 % de los casos, las informaciones proceden de informadores directos, en otro 30,6 %, es la Comisión la que transmite las informaciones, y en el 15,7% de los casos, las informaciones proceden de los Estados miembros;

20. Comprueba que en el grupo de Estados miembros "antiguos", el mayor número de casos corresponde a Italia, Alemania y Bélgica, en el grupo de "nuevos" Estados miembros y países adherentes y candidatos, a Rumania y Polonia, y en el grupo de terceros países, a Asia y otros países europeos;

21. Destaca que los ámbitos más vulnerables al fraude son la recaudación arancelaria, la agricultura y la ayuda exterior;

22. Se felicita por el hecho de que se haga ahora sistemáticamente uso de la posibilidad de desistir de investigar denuncias manifiestamente injustificadas (Prima Facie Non-Cases); pide al Comité de vigilancia de la OLAF que analice esta nueva práctica en su próximo informe anual;

23. Toma nota de que el grupo de trabajo sobre "casos antiguos"(Task Force "Old Cases"") presentó en octubre de 2004 un informe provisional sobre 215 casos de los años 1992 a 1999; 206 de estos casos dieron lugar a la incoación de procedimientos judiciales; pide al Director de la OLAF que comparezca ante la Comisión de Control Presupuestario para dar más detalles;"

Preparación de la revisión del Reglamento de la OLAF

24. Toma nota de que el 7 de febrero de 2006, las tres instituciones interesadas (Parlamento, Consejo y Comisión), llegaron a un acuerdo sobre la provisión del puesto de director de la OLAF, cuyo nombramiento se formalizó el 14 de febrero de 2006;

25. Observa que el nombramiento del director de la OLAF ha requerido excesivo tiempo y que el procedimiento ha adolecido de ciertas deficiencias que convendría evitar en el futuro;

26. Recuerda que, desde 2003, los debates sobre una mejora de la legislación en materia de lucha contra el fraude no han dado resultados; reitera en este contexto su disposición a participar activamente en esta tarea;

27. Subraya que el Parlamento no aceptará ninguna propuesta que limite sus atribuciones;

28. Observa que la Comisión ha aprobado una nueva propuesta (COM(2006) 0244) para la revisión del Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre las investigaciones de la Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude (la OLAF) [5];

29. Acoge con satisfacción y respalda la recomendación del Tribunal de Cuentas, contenida en el apartado 36 de su Dictamen no 8/2005 [6], de que se simplifiquen y refuercen las disposiciones por las que se rigen en la actualidad las tareas de lucha contra el fraude, y que se subsanen las deficiencias existentes;

30. Aboga, en particular, por que se consignen en un único reglamento todas las competencias de investigación de que dispone la OLAF;

31. Recomienda a este fin que las disposiciones del Reglamento (CE, Euratom) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativas a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades [7] se actualicen y se integren en el Reglamento (CE) no 1073/1999; espera que la Comisión presente propuestas a este respecto;

32. Pide a la Comisión que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, someta las necesarias propuestas de modificación al Reglamento horizontal (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades [8]; recuerda que esas modificaciones deberán ser tramitadas con arreglo al procedimiento de codecisión;

33. Pide a la Comisión que examine hasta qué punto cabría integrar en la revisión del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 las competencias que la propuesta de Reglamento sobre la asistencia mutua administrativa a fin de proteger los intereses financieros de la Comunidad contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal [9] otorga a la Comisión y a la OLAF en la lucha contra las infracciones a las normas en materia de IVA;

34. Saluda que la constatación del Tribunal de Cuentas, contenida en el epígrafe II del resumen de su Informe Especial no 1/2005, según la cual la "posición híbrida" de la OLAF, en tanto que organismo que si bien goza de independencia en sus tareas de investigación, está supeditado a la Comisión en sus demás actuaciones, no ha supuesto menoscabo para la independencia de sus indagaciones [10]; destaca que compete al Comité de vigilancia de la OLAF garantizar la independencia de las investigaciones; [11]

35. Llama la atención, no obstante, sobre una de las conclusiones contenidas en el apartado 93 del Informe Especial del Tribunal de Cuentas no 1/2005, conforme a la cual es preciso revisar las funciones del Comité de vigilancia de la OLAF con miras a prevenir al máximo el peligro de intromisión en los procedimientos de investigación;

Las investigaciones de la OLAF y el respeto de los derechos fundamentales

36. Toma nota con suma preocupación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 2006 [12] en el Asunto IRELA, en la que se condena a la Comisión al pago de una indemnización a un funcionario;

37. Toma nota de la conclusión del Tribunal en la que se afirma la ilegalidad de la actuación de OLAF en la ejecución de la investigación y la elaboración del informe sobre la misma, al haber infringido la OLAF de manera grave y manifiesta el precepto de imparcialidad;

38. Entiende que esta sentencia corrobora el parecer del Comité de Vigilancia, que no ha cesado de insistir en la necesidad de respetar los derechos fundamentales y que ha puesto de relieve que esos requisitos son ineludibles para un trabajo eficaz de la OLAF, cuyos resultados deben resistir en su caso un examen ante los órganos judiciales;

39. Llama la atención sobre la constatación del Tribunal de Cuentas, contenida en el apartado IX de su Informe Especial no 1/2005, de que en la actualidad no están garantizados la independencia del control de legalidad de las investigaciones llevadas a cabo ni el respeto de los derechos fundamentales de las personas investigadas;

40. Considera que la OLAF debe cooperar en un espíritu de confianza con el Defensor del Pueblo y con el Supervisor Europeo de Protección de Datos;

41. Destaca, no obstante, que la creación de un tribunal administrativo a escala de la Unión Europea puede mejorar sensiblemente el control judicial del trabajo de la OLAF en investigaciones que se refieran a funcionarios y agentes de la Comunidad;

42. Espera del Director de la OLAF que vele por un control riguroso de la calidad de las investigaciones llevadas a cabo por los agentes de la OLAF;

Prioridades y perspectivas del trabajo de la OLAF

43. Recuerda que el principio de subsidiariedad se aplica también a la OLAF, es decir, que este órgano debe concentrar su trabajo en aquellos ámbitos en que los servicios correspondientes de los Estados miembros carecen de competencias (investigaciones de los órganos e instituciones y en relación con los gastos directamente administrados por la Comisión) o en los que de por sí no emprenden investigaciones de mayor calado;

44. Apoya la recomendación formulada por el Tribunal de Cuentas Europeo en el apartado 37 del citado Informe Especial no 8/2005, de que conviene encauzar las actividades de la OLAF hacia sus genuinas funciones de investigación;

45. Atrae la atención sobre la constatación del Tribunal de Cuentas Europeo, contenida en el apartado 76 del Informe Especial no 1/2005, de que la vinculación directa de las actividades de apoyo y coordinación con las tareas de investigación, tal como se practica en la actualidad, hacen más difícil una utilización racional de los recursos; espera que la cúpula de la OLAF vele en el futuro por una clara separación de tareas, que debe quedar patente también a nivel organizativo;

46. Se felicita por estas recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que coinciden además con la posición que ya expresó el Parlamento Europeo en su Resolución, de 4 de diciembre de 2003 sobre el informe de la Comisión relativo a la evaluación de las actividades de la Oficina Europea de lucha contra el Fraude (OLAF) [13]; coincide con el Tribunal de Cuentas asimismo en la apreciación de que una extensión de las condiciones de coordinación de la OLAF con respecto a los servicios de los Estados miembros no debe menoscabar las actividades de investigación de la OLAF;

Lucha contra el contrabando de cigarrillos y las falsificaciones de marcas

47. Señala que, según cálculos de los Estados miembros, en el año 2004 se han perdido por cuenta del contrabando de tabaco cerca de 418,5 millones de euros de recursos propios y que el perjuicio total ha sido aún más elevado; comprueba con pavor que, si estas cifras son correctas, el perjuicio duplica el del año 2003 (2003: aprox. 200 millones de euros) [14];

48. Toma nota de que en el año 2004, las autoridades competentes decomisaron más de 3500 millones de cigarrillos, y que el problema del contrabando y de la falsificación de marcas se ha agudizado sensiblemente desde 2001;

49. Destaca que la OLAF cifra el perjuicio financiero originado por el contrabando de cigarrillos y de las falsificaciones de marcas, desde el año 2000, en 1317 millones de euros;

50. Es consciente de que los nuevos Estados miembros con fronteras en el borde oriental de la Unión son los que más acusan el efecto de las remesas de cigarrillos importados clandestinamente;

51. Subraya en este contexto nuevamente la importancia del acuerdo para la lucha contra el contrabando de tabaco entre la Comisión (con Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Finlandia), por una parte, y la compañía tabacalera Philip Morris Internacional (PMI), por otra; destaca la eficacia del modo en que han cooperado a este respecto la Comisión y la OLAF, y se felicita por el importante apoyo operativo prestado por la task force de la OLAF en la lucha contra el contrabando de tabaco; el acuerdo prevé amplias medidas de prevención contra el contrabando, y simultáneamente se intentarán resolver aquellas divergencias de apreciación que siguen existiendo entre la Unión y la empresa tabacalera PMI; ésta última se ha comprometido a pagar a la Comunidad y a los Estados miembros, durante un período de doce años, un importe total de 1250 millones de dólares estadounidenses;

52. Comprueba con satisfacción que, desde julio de 2004, catorce Estados miembros (Austria, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia) se han unido a la Comunidad y a los diez Estados miembros iniciales al firmar el acuerdo;

53. Critica al Reino Unido por ser el único Estado miembro que no ha firmado el acuerdo; pide al Reino Unido que se adhiera pronto a dicho acuerdo;

54. Lamenta que la Comisión no haya podido utilizar racionalmente los pagos recibidos por la PIM de acuerdo con el acuerdo celebrado; considera inaceptable que se hayan transferido ciertas cantidades de dinero a los Estados miembros sin someterlas a condiciones; esta forma de proceder contraviene el propósito declarado del acuerdo de destinar esos importes a medidas contra el fraude, toda vez que se trata de ámbitos prioritarios en la lucha contra el contrabando de tabaco y las falsificaciones de marcas;

55. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que utilicen las cantidades abonadas por la tabacalera PMI para financiar medidas de prevención y luchar contra el contrabando de tabaco, incluida la falsificación de marcas;

56. Pide a la Comisión que haga propuestas sobre modos y formas de uso de parte considerable de estos ingresos y que presente, llegado el caso, un anteproyecto de presupuesto rectificativo, así como propuestas para el fundamento jurídico correspondiente; pide a la Comisión que antes del 1 de diciembre de 2006 presente al Parlamento un informe sobre los importes ingresados en virtud de este acuerdo y sobre el reparto y la utilización de los mismos;

57. Considera que, a la vista de la envergadura del acuerdo concluido con la tabacalera PMI, la OLAF y la Comisión no deberían escatimar esfuerzos por llegar a acuerdos similares con otros fabricantes multinacionales de cigarrillos; insta a la OLAF a que antes del 1 de diciembre de 2006 presente un informe sobre los avances realizados en este ámbito;

58. Pide a la Comisión, además, que antes del 1 de diciembre de 2006 informe al Parlamento Europeo sobre los progresos de las negociaciones en torno al acuerdo marco de la OIT para la limitación del consumo de tabaco y sus posibles protocolos anejos;

59. Destaca la importancia que atribuye a la cuestión del contrabando de cigarrillos y a las falsificaciones de marcas, y que, para subrayarlo, dedicará un informe específico a este tema; además, se encargará la elaboración de un estudio sobre la incidencia del contrabando de cigarrillos y las falsificaciones de marcas sobre los recursos propios de la Unión;

Lucha contra los fraudes en el ámbito del IVA

60. Manifiesta su especial preocupación por los perjuicios financieros causados por las transacciones conocidas como "de carrusel"; el Instituto Alemán de Estudios Económicos calcula que durante los años 2003 a 2005, el Fisco alemán ha perdido anualmente entre 17 y 18 mil millones de euros en cantidades no satisfechas de IVA; los Estados miembros calculan de manera general que pierden aproximadamente el 10 % de las cantidades que debieran recaudar; un tercio de estas pérdidas se deben a transacciones transfronterizas "de carrusel";

61. Recuerda que para percibir los recursos propios procedentes del IVA sólo se tienen en cuenta los importes efectivamente recaudados;

62. Se felicita por el propósito del Tribunal de Cuentas [15] de someter a un control el régimen de cooperación entre administraciones en materia de aplicación del IVA en las transacciones comerciales intracomunitarias, incluida la lucha contra los fraudes al IVA en las llamadas "transacciones de carrusel" [16];

63. Manifiesta, asimismo, su satisfacción por el hecho de que la Comisión haya encargado un estudio sobre la lucha contra el fraudes en relación con el IVA y le pide que transmita un ejemplar del mismo a la Comisión de Control Presupuestario, tan pronto haya realizado dicho estudio;

Políticas Interiores

64. Comprueba con preocupación que el Tribunal de Cuentas, en el apartado 6.4 del Informe Anual relativo al ejercicio 2004, vuelve a hacer hincapié, igual que en años anteriores, en las deficiencias de los sistemas de supervisión y de control en el ámbito de las políticas interiores, que tienen como consecuencia que no se detecten a tiempo los errores cometidos por los beneficiarios de las subvenciones; también en 2004 descendió el número de controles en comparación con 2003; pide a la Comisión que presente una propuesta sobre la forma de remediar estas deficiencias;

65. Lamenta que la Comisión no haya elaborado hasta la fecha una lista negra interna que incluya todas las direcciones generales y todas las direcciones de la misma dirección general referente a las empresas y filiales de compañías y laboratorios participantes en programas de investigación y desarrollo a las que se haya encontrado culpables de fraude a raíz de una auditoría interna o una auditoría de la OLAF o por los tribunales ordinarios; opina que una lista semejante impedirá que una empresa, un laboratorio u otra entidad pueda obtener financiación comunitaria de direcciones distintas de aquellas en las que se haya detectado el fraude;

Medidas de la Comisión a raíz de la Resolución del Parlamento Europeo de 7 de junio de 2005 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude [17];

66. Toma nota de que la Comisión presentó el 20 de octubre de 2005 un informe sobre la utilización de las "listas negras" en el sector agrícola al Parlamento Europeo;

67. Toma nota de la respuesta de la Comisión al apartado 25 de la Resolución relativa a la recuperación de importes abonados en exceso o abonadas injustamente, y, al no considerarla suficiente, señala lo siguiente:

- los progresos hechos hasta ahora hay que agradecérselos, sobre todo, al Parlamento Europeo;

- el Parlamento Europeo atribuye gran importancia a esta cuestión y tiene la intención de elaborar un informe propio sobre este tema;

- se felicita por el hecho de que la Comisión haya realizado comprobaciones puntuales sobre los procedimientos de recuperación aplicados por los Estados miembros; también saluda en este contexto que la Comisión haya desestimado el 50 % de las solicitudes de sobreseimiento de órdenes de recuperación, lo que equivale a un importe de 35,46 millones de euros que los Estados miembros han de ingresar;

- en el ámbito agrícola, 63,76 millones de euros siguen estando pendientes de cobro desde el año 2004, que deberán recaudar los Estados miembros, a los que hay que añadir cobros pendientes de años anteriores por un importe de 2078 millones de euros; están pendientes de resolución judicial importes por un valor de 811 millones de euros;

- en el ámbito de los Fondos Estructurales deberán ser recuperados otros 357,4 millones correspondientes al año 2004 (a los que se suman 40,5 millones correspondientes al Fondo de Cohesión); se añaden finalmente atrasos de años anteriores por un importe de 689,2 millones de euros;

- destaca que la responsabilidad en relación con el cobro de créditos presupuestarios pendientes de recuperación recae en primer lugar en los Estados miembros; lamenta que hasta ahora, los Estados miembros no cumplan suficientemente con su deber a este respecto y no satisfagan enteramente sus obligaciones de información a la Comisión;

- se interroga por la reacción de los Estados miembros a las cartas de la Comisión, en las que se les aclara que deben recuperar un total de 650 millones de euros en el ámbito agrícola [18];

- desea saber, además, si la OLAF y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) se han puesto de acuerdo sobre un reparto de papeles, conforme al cual la OLAF se encargaría en el futuro de llevar a cabo las investigaciones, y la DG AGRI, de las tareas de recuperación [19];

68. Critica el hecho de que la Comisión no haya presentado para el 1 de septiembre de 2005, como estaba previsto, una relación de todos los contratos celebrados desde 2000 con las agencias de suministro, en la que deberían figurar informaciones tales como la duración del contrato, el procedimiento de adjudicación y el importe de los pagos efectuados;

69. Recuerda a la OLAF que debería reanudar el diálogo iniciado en noviembre del 2004 sobre la cuestión de las informaciones a las que puede acceder el Parlamento en el desempeño de sus funciones, de acuerdo con la predisposición al diálogo que anunció en su carta de 30 de junio de 2005; el objetivo debe ser encontrar, con arreglo a las normas legales, en particular del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento sobre la OLAF, una manera de satisfacer las competencias de control del Parlamento sin menoscabar la debida confidencialidad de las investigaciones de la OLAF; espera que la OLAF presente por escrito, antes del 1 de septiembre de 2006, propuestas al respecto a la Comisión de Control Presupuestario.

70. Observa que la información sobre el caso de Eurostat transmitida por la Comisión el 12 de abril de 2006 no es sino de índole muy general; pide que se le proporcione información detallada, especialmente en lo que concierne a las repercusiones financieras de las irregularidades (importes perdidos, importes gastados de forma irregular, estimaciones de los importes pendientes de cobro y órdenes de ingreso emitidas, importes efectivamente recuperados, importes por cobrar, importes amortizados) y al incumplimiento de la normativa sobre adjudicación de contratos, en particular con respecto a los subcontratos (lista de beneficiarios de tales contratos, importes afectados, irregularidades detectadas), para el 1 de octubre de 2006;

71. Lamenta que la Comisión no haya presentado aún ningún cuadro del que se desprenda qué empresas consultoras internacionales han trabajado para la Comisión en los ámbitos de los gastos gestionados directamente [20]; espera que se le transmita esa información antes del 1 de noviembre de 2006; pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a que transmitan esas informaciones también para los gastos indirectos;

72. Manifiesta su malestar por la escasa precisión de las informaciones transmitidas por la Comisión sobre la rehabilitación del edificio Berlaymont; desea saber si ha habido irregularidades por parte de terceros y qué medidas administrativas ha adoptado la Comisión en su propio seno;

73. Manifiesta su profunda preocupación por las informaciones relativas a los sobrecostes cobrados por el Ayuntamiento de Estrasburgo por el arrendamiento y posterior adquisición de los edificios parlamentarios SDM y WIC; está decidido a verificar el fundamento de estas imputaciones de forma rigurosa, transparente y rápida, en el entendimiento de que sólo así cabe tener la certeza de que los intereses financieros de la Unión Europea y del contribuyente se encuentran debidamente protegidos;

74. Se felicita por el hecho de que la Comisión haya suspendido desde finales de 2005 las restituciones a la exportación de ganado destinado al sacrificio; toma nota al mismo tiempo de que quedan por recuperar 218560 euros en concepto de restituciones a la exportación abonadas en exceso durante el año 2004 (2003: 58680 euros);

Asuntos varios

75. Se felicita por el nuevo debate iniciado a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de septiembre de 2005 [21] sobre las competencias del legislador europeo en el ámbito del Derecho penal; considera necesario, al contrario que la Comisión [22], que se verifiquen caso por caso las propuestas legislativas en curso; reafirma su convicción de que el proyecto de Directiva sobre la protección de los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal debe estar basado en el artículo 280 del Tratado [23]; encarece al Consejo a que revise su postura contraria a un fortalecimiento de la protección de los intereses financieros de la Comunidad a través del Derecho penal y que inicie la primera lectura de ese texto;

76. Teme que, en el contexto del actual riesgo vinculado a la gripe aviar, la importación ilegal de carne de aves de corral procedente de los países vetados para la Unión Europea (en particular, China), se convierta en un fenómeno que haya que vigilar; pide a la Comisión que transmita al Parlamento para el 31 de octubre de 2006, a más tardar, informaciones detalladas sobre irregularidades en la importación de carne de aves de corral sobre las que se hubiese informado desde principios del 2004 a través del sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF); pide a la Comisión y a la OLAF que adopten con la mayor celeridad las medidas pertinentes;

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77. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité de Vigilancia de la OLAF y a la propia OLAF.

[1] http://europa.eu.int/comm/anti\_fraud/reports/olaf/2004/en.pdf.

[2] DO C 301, de 30.11.2005, p. 1.

[3] Véase el documento de trabajo elaborado por los servicios de la Comisión SEC(2005) 0974, cuadros 1.2 y 1.8.

[4] El perjuicio sumado de todos los fraudes investigados por la OLAF y los órganos que la precedieron se calcula en unos 5800 millones de euros.

[5] DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.

[6] Dictamen no 8/2005 del Tribunal de Cuentas sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la asistencia mutua administrativa a fin de proteger los intereses financieros de la Comunidad contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal (DO C 313 de 9.12.2005, p. 1).

[7] DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.

[8] DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.

[9] Propuesta de la Comisión, de 20 de julio de 2004, de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la asistencia mutua administrativa a fin de proteger los intereses financieros de la Comunidad contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal (COM(2004) 0509).

[10] Informe especial no 1/2005 del Tribunal de Cuentas sobre la administración de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), junto a las respuestas de la Comisión (DO C 202, de 18.8.2005, p. 3).

[11] Véase el artículo 11, apartado 1, párrafo 1, del Reglamento (CE) no 1073/1999.

[12] Asunto T-309/03, Camós Grau/Comisión (pendiente de publicación en el DO).

[13] DO C 89 E, de 14.4.2004, p. 153.

[14] Estas cifras son estimativas. Su cálculo se basa en informaciones de 24 Estados miembros sobre remesas decomisadas. La OLAF cree que de cada diez casos de estraperlo sólo se descubre uno.

[15] Véase el programa de trabajo del Tribunal de Cuentas para el año 2006, de 10.1.2006, p. 3.

[16] Esta revisión se refiere a la aplicación del Reglamento (CE) no 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 218/92 (DO L 264, de 15.10.2003, p. 1). Modificado por el Reglamento (CE) no 885/2004 del Consejo (DO L 168 de 1.5.2004, p. 1).

[17] DO C 124 E de 25.5.2006, p. 232.

[18] Véase el apartado 16 de la Resolución arriba mencionada de 7 de junio de 2005.

[19] Véase el apartado 10 de la Resolución arriba mencionada de 7 de junio de 2005.

[20] Véase el apartado 73 de la Resolución arriba mencionada de 7 de junio de 2005.

[21] Asunto C-176/03, Comisión/Consejo, Rec. 2005, I-7879.

[22] Véase la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2005 en el asunto C-176/03, Comisión contra Consejo (COM(2005) 0583).

[23] Véase la Posición del Parlamento Europeo de 29 de noviembre de 2001 sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad, (DO C 153 E de 27.6.2002, p. 253), así como su Resolución de 4 de diciembre de 2003 mencionada anteriormente.

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