Source: EURLEX
Language: es
Format: md

_**it**_ _**it**_
_**it**_ _**it**_
_**it**_ _**it**_

_*** + ***_

**COMISIÓN** **DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS**

**Bruselas,** **10.12 1996**
C()M(96)649 final

_**PROYECTO**_ _**DE**_

**COMUNICACIÓN** **DE LA** **COMISIÓN**

#### **_sobre la aplicación de las normas de competencia_** **_a los acuerdos de acceso_** **_en el sector de las telecomunicaciones_** **Marco, Mercados afectados y Principios**

**Comunicación de la Comisión relativa al proyecto de comunicación sobre**

**la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de acceso**

**en el sector de las telecomunicaciones**

La Comisión aprobó el proyecto de comunicación sobre la aplicación de las normas de
competencia a los acuerdos de acceso en el sector de las telecomunicaciones.

La Comisión tiene la intención de aprobar la comunicación después de haber tenido
conocimiento de las observaciones presentadas por los terceros interesados.

La Comisión invita a los terceros interesados a presentar sus posibles observaciones a
propósito del proyecto de Comunicación que figura a continuación.

Tales observaciones deberán obrar en poder de la Comisión antes de los dos meses
siguientes a la publicación del presente proyecto de comunicación y se le podrán enviar
por fax (N° (32 2) 296 98 19) o por correo a la dirección siguiente:

Comisión Europea
Dirección General de la Competencia (DG IV)
Dirección C
Despacho 3/48
Avenue de Cortenberg 150/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruselas

[email: access.notice@dg4.cec.be](mailto:access.notice@dg4.cec.be)

_A¿L_

##### **PREFACIO** En el sector de las telecomunicaciones, los acuerdos de acceso son de vital importancia para que los operadores del mercado puedan beneficiarse de la liberalización. Tres son los objetivos de la presente Comunicación: • establecer unos principios de acceso que se deriven de la normativa de competencia de la UE, tal como se plasma en un gran número de decisiones de la Comisión, con el fin de dar mayor seguridad a los mercados y unas condiciones más estables para la inversión y la iniciativa comercial en los sectores de las telecomunicaciones y multimedia; • definir y aclarar la relación que existe entre la normativa de competencia y la legislación específica del sector en el marco de lo dispuesto en el artículo 100A (especialmente por lo que respecta a la relación entre la normativa de competencia y la relativa a la oferta de red abierta, ORA); • explicar cómo se aplicará de modo uniforme la normativa de competencia a todos los sectores convergentes que prestan nuevos servicios multimedia, y especialmente a la problemática que plantea el acceso en este contexto. Este proyecto de Comunicación se publica únicamente a efectos de consulta pública. Su versión definitiva sólo se adoptará una vez que el Parlamento y el Consejo hayan aprobado la Directiva de interconexión a la ORA. Ello garantizará una coherencia total entre el marco de interconexión a la ORA y la aplicación de las normas de competencia tal como se establece en el presente proyecto de comunicación y que se tenga en cuenta la versión definitiva de la Directiva de interconexión a la ORA, con el fin de dar confianza a los mercados antes del 1 de enero de 1998, fecha de inicio de la liberalización.

##### **_At,_**

**índice**

**Introducción**

**I** **[a]** **Parte: Marco** 4
1. Normas de competencia y normativa específica del sector 4
2. Actuación de la Comisión en relación con los acuerdos de acceso 8

3. Denuncias 9
3.1 _Utilización_ _de los procedimientos nacionales y_ _de_ _oferta de red_
_abierta_

3.2 _Protección de los derechos de los denunciantes_

3.3 _Medidas provisionales_
4. Investigación de propia iniciativa y estudios sectoriales 12
5. Multas 12

**2*** **Parte: Mercados afectados** 14
1. Mercado de producto afectado 14
1.1 _Mercado de servicios_

1.2 _Acceso a las instalaciones_
2. Mercado geográfico pertinente 17

**3** **[a]** **Parte: Principios** 18
1. Posición dominante (artículo 86) 19
###### 1.1 Mercado de servicios 1.2 Acceso a las instalaciones

1.3 _Posición dominante conjunta_
2. Abusos de posición dominante 24
2.1 _Denegación de acceso a_ _instalaciones esenciales_ _y aplicación_
_de condiciones desfavorables_
2.2 _Otras formas de abuso_
2.3 _Abusos de posición dominante conjunta_
3. Acuerdos de acceso (artículo 85) 33
4. Consecuencias en los intercambios entre Estados miembros 35

**Conclusiones** 37

_**4L**_

**INTRODUCCIÓN**

1. Ya se ha establecido el calendario para la plena liberalización del sector de las
telecomunicaciones, por lo que antes del 1 de enero de 1998 [1] los Estados
miembros han de eliminar los últimos obstáculos para la prestación de servicios
de telecomunicaciones al consumidor en un entorno competitivo. Como
consecuencia de esta liberalización, surgirá un segundo conjunto de bienes o
servicios afines, así como la necesidad de acceso a las instalaciones necesarias para
prestar tales servicios. En este sector, la interconexión a la red pública conmutada
de telecomunicaciones es un ejemplo típico de tal acceso. La Comisión ha
afirmado que definirá el tratamiento de los acuerdos de acceso en el marco de las
normas de competencia [2] . Así pues, la presente comunicación se plantea de qué
forma se han de aplicar las normas y procedimientos de competencia a los
acuerdos de acceso, tanto en el contexto de la normativa armonizada de la UE
como de la legislación nacional en el sector de las telecomunicaciones.

2. El marco normativo para la liberalización de las telecomunicaciones está
constituido por las directivas de liberalización surgidas en el marco del artículo 90
CE y de la oferta de red abierta (ORA), por la que se establecen normas
armonizadas de acceso e interconexión a las redes de telecomunicaciones y a los
servicios de telefonía vocal. El marco legal establecido por la normativa de
liberalización y armonización constituye el entorno en el que se ha de encuadrar
cualquier iniciativa que adopte la Comisión para la aplicación de las normas de
competencia. Tanto la normativa de liberalización [3] como la de armonización [4] están

Con arreglo a lo dispuesto en las Directivas 96/19/CE y 96/2/CE, algunos Estados miembros
pueden solicitar una excepción de la plena liberalización por periodos limitados. Véase: Decisión
de la Comisión, de 27 de noviembre de 1996, relativa a los plazos adicionales solicitados por
Irlanda para la aplicación de las Directivas 90/388/CEE y 96/2/CE de la Comisión, por lo que
respecta a la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones. La presente Comunicación
se entiende sin perjuicio de tales excepciones; la Comisión tendrá en cuenta la existencia de
cualquiera de tales excepciones en la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de
acceso, como se describe en la Comunicación.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo relativa a las consultas en torno
al Libro Verde sobre la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones y redes de
televisión por cable, COM (95) 158 final, de 3 de mayo de 1995.

Directiva 88/301/CEE de la Comisión, relativa a la competencia en los mercados de terminales de
telecomunicaciones, DO L 131/73 (1988);
Directiva 90/388/CEE de la Comisión, relativa a la competencia en los mercados de servicios de
telecomunicaciones, DO L 192/10 (1990);

Directiva 94/46/CE de la Comisión, por la que se modifica la Directiva 88/301/CEE y la Directiva
90/388/CEE, especialmente por lo que respecta a las comunicaciones por satélite, DO L 268/15
(1994);
Directiva 95/51/CE de la Comisión, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE, con respecto
a la supresión de las restricciones a la utilización de las redes de televisión por cable para la
prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizados, DO L 256/49 (1995);
Directiva 96/2/CE de la Comisión por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE, con relación
a las comunicaciones móviles y personales, DO L 20/59 (1996);

Directiva 96/19/CE de la Comisión, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE, en lo relativo
a la instauración de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones, DO L 74/13

1

_**¿L**_

destinadas a lograr los objetivos de la Comunidad, tal como se establecen en el
artículo 3 CE y especialmente el establecimiento de _"un_ _régimen que garantice_
_que la competencia no será falseada en el mercado_ _común"_ _y "un mercado_
_interior caracterizado por la supresión, entre los Estados miembros, de los_
_obstáculos a la libre circulación de_ _mercancías_ _personas,_ _servicios y capitales"._

La Comisión publicó las Directrices para la aplicación de las normas comunitarias
sobre competencia en el sector de las telecomunicaciones, DO C 233/2 (1991). La
presente Comunicación pretende completar tales Directrices, que no abordan
explícitamente las cuestiones de acceso.

En el sector de las telecomunicaciones, la normativa de liberalización y
armonización permite y simplifica la tarea de aquellas empresas comunitarias que
inicien su actividad en nuevos mercados y, en consecuencia, hacen posible que los
usuarios se beneficien de la mayor competencia. Se ha de evitar que estas ventajas
se vean amenazadas por el empleo de prácticas restrictivas o abusivas por parte
de determinadas empresas. La normativa de competencia de la Comunidad es, por
consiguiente, fundamental para garantizar la culminación de esta evolución. En las
fases iniciales, se ha de garantizar a los nuevos operadores el derecho a acceder
a la red de los operadores de telecomunicaciones (OT) tradicionales. Varias son
las autoridades que tienen una función que cumplir en la regulación de este sector,
tanto a nivel regional, nacional, como comunitario. Si se quiere que el proceso de
competencia funcione correctamente en el mercado interior, se ha de procurar que
exista una coordenación eficaz entre estas instituciones.

La I [a] Parte de la Comunicación describe el marco legal y explica
pormenorizadamente de qué forma pretende evitar la Comisión una duplicación
innecesaria de procedimientos, al tiempo que protege los derechos de las empresas
y los usuarios en el marco de las normas de competencia. En este contexto, los
esfuerzos de la Comisión por alentar a los tribunales y las autoridades nacionales

(1996).
Los acuerdos de interconexión constituyen la forma más significativa de acuerdo de acceso en el
sector de las telecomunicaciones. Las normas que se aplican a la oferta de red abierta (ORA)
establecen un marco básico para los acuerdos de interconexión y la aplicación de las normas de
competencia se ha de considerar en el contexto siguiente:
Directiva 90/387/CEE del Consejo, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios
de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de

telecomunicaciones, DO L 192/1 (1990)
Directiva 92/44/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a líneas
arrendadas, DO L 165/27 (1992);
Directiva 95/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aplicación de la oferta de
red abierta a la telefonía vocal, DO L 321/6 (1995);

Posición Común en relación con una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la interconexión en las telecomunicaciones con el fin de garantizar un servicio y una
interoperabilidad universales mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta
(ORA), DO C220/13, 29 de julio de 1996.
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo por la que se modifican las Directivas
90/387/CEE y 92/44/CEE del Consejo a efectos de su adaptación a un entorno competitivo en el
sector de las telecomunicaciones, Com(95) 543 final, 14.11.1995.

a que apliquen de forma descentralizada las normas de competencia pretenden
lograr soluciones a nivel nacional, a menos que exista un significativo interés
comunitario en un caso específico. En el sector de las telecomunicaciones, también
los procedimientos específicos establecidos en el marco de la oferta de red abierta
pretenden, en primera instancia, resolver los problemas a nivel nacional, de forma
descentralizada, manteniendo la posibilidad de recurrir a una conciliación a nivel
comunitario. En la 2 [a] Parte se define el enfoque adoptado por la Comisión para
la definición de mercado en este sector. En la 3 [a] Parte se especifican los principios
que seguirá la Comisión para la aplicación de las normas de competencia: su
objetivo es ayudar a los operadores de los mercados de telecomunicaciones a dar
forma a sus acuerdos de acceso, explicando las exigencias de la normativa de
competencia.

6. La presente Comunicación se basa en la experiencia adquirida por la Comisión en
varios asuntos [5] y en determinados estudios sobre este ámbito llevados a cabo en
su nombre [6] .

7. La presente Comunicación no pretende restringir en modo alguno los derechos
concedidos por la normativa comunitaria a particulares o empresas y se entiende
sin perjuicio de cualquier interpretación de las normas comunitarias de
competencia que pudiesen ofrecer el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal
de Justicia de la CE.

En el ámbito de las telecomunicaciones, especialmente la Decisión de la Comisión de 18 de
octubre de 1991, Eirpage, DO L 306/22 (1991), y las Decisiones de la Comisión de 17 de julio
de 1996, Atlas y Phoenix, DO L239/23 y 57 (1996). También hay una serie de asuntos pendientes
que implican cuestiones de acceso.
"Competition aspects of interconnection agreements in the telecommunications sector", junio de
1995; "Competition aspects of access by service providers to the resources of telecommunications
operators", diciembre de 1995. Véase también "Competition aspects of access pricing", diciembre
de 1995.

**7**

**I** **[a]** **PARTE: MARCO**

**1.** **Normas de competencia y normativa específica del sector**

Se puede tratar de resolver los problemas de acceso en el sentido más amplio del
término (p. e., dotación de líneas arrendadas, interconexión a redes, acceso a datos
relativos a los subscriptores de servicios de telefonía vocal) en diferentes niveles
y basándose en un abanico de disposiciones legislativas, tanto de origen nacional
como comunitario. En este contexto, cualquier prestador de servicios que se
enfrente a un problema de acceso, como puede ser el hecho de que una
organización de telecomunicaciones se niegue a suministrarle injustificadamente
(o en condiciones razonables) una línea arrendada que necesite el solicitante para
prestar servicios a sus clientes, podría optar por distintas vías para obtener
reparación. En términos generales, las partes perjudicadas obtendrán una serie de
ventajas, al menos en una fase inicial, tratando de lograr reparación a nivel
nacional. A este nivel, el solicitante tiene dos opciones principales: (1)
procedimientos normativos nacionales específicos establecidos de conformidad con
la normativa comunitaria y armonizados en el marco de oferta de red abierta
(véase la nota a pie de página 4) y (2) una acción con arreglo a la normativa
nacional 6 comunitaria ante un órgano jurisdiccional nacional o una autoridad
nacional de competencia [7] .

En el caso de la Directiva relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas,
la ORA prevé la primera fase en la que el usuario perjudicado puede recurrir a la autoridad
nacional de reglamentación, lo que ofrece una serie de ventajas. En los ámbitos de
telecomunicaciones en los que la experiencia ha puesto de manifiesto que las empresas dudan a
menudo antes de denunciar al OT de la que dependen en gran medida, no sólo por lo que se refiere
a la cuestión específica objeto de conflicto, sino también en un sentido más amplio y trascendente,
los procedimientos previstos en el marco de la ORA constituyen una opción atractiva. Además,
estos procedimientos pueden cubrir una gama más amplia de problemas de acceso de los que
pueden resolverse aplicando las normas de competencia. Por último, estos procedimientos pueden
ofrecer a los usuarios la ventaja de la proximidad y familiariedad con los procedimientos
administrativos nacionales. Por otra parte, la lengua es también un factor a tener en cuenta.

Con arreglo a los procedimientos de la ORA, si las cuestiones no pueden resolverse a nivel
nacional, se organiza una segunda fase a nivel europeo (procedimiento de conciliación). En virtud
de lo dispuesto en la Directiva relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas
arrendadas, llegada esta circunstancia, se ha de lograr un acuerdo entre las dos partes implicadas
en el plazo de dos meses, con una posible prórroga de un mes, si las partes así lo acuerdan.

Se debería señalar que, en la Directiva sobre la interconexión de la ORA que se ha propuesto, a
diferencia de la Directiva sobre las líneas arrendadas, se establece un procedimiento de conciliación
únicamente para casos transfronterizos, esto es, aquellos litigios de interconexión en los que estén
implicadas más de una autoridad nacional de reglamentación. Si las autoridades nacionales de
reglamentación que se ocupen de un problema de interconexión no logran resolver el problema,
entonces una de ellas podrá notificárselo a la Comisión y recurrir al procedimiento de conciliación
(artículo 17 de la directiva propuesta).

Las denuncias que se interpongan ante la Comisión en el marco de las normas de
competencia en lugar o además de interponerse ante los órganos jurisdiccionales
nacionales, las autoridades nacionales de competencia y/o las autoridades
nacionales de reglamentación en el marco de los procedimientos de la ORA se
tramitarán con arreglo a la prioridad que merezcan teniendo en cuenta la urgencia,
novedad y el carácter transnacional del problema de que se trate, además de la
necesidad de evitar la duplicación de procedimientos (véanse a continuación los
puntos 13 y ss.).

9. La Comisión reconoce que las autoridades nacionales de reglamentación [8] (ANR)
desempeñan tareas distintas y operan en un marco legal diferente al de la
Comisión. En primer lugar, las ANR operan en el marco de la legislación
nacional, a pesar de que apliquen a menudo la normativa comunitaria. En segundo
término, esta normativa nacional, basada como está en consideraciones de política
de telecomunicaciones, posee objetivos que, aunque son distintos de los
perseguidos por la política comunitaria de la competencia, mantienen coherencia
con ellos. La Comisión coopera en la medida de lo posible con las autoridades
nacionales de reglamentación y les invita a que cooperen al máximo entre sí. De
acuerdo con lo estipulado en la normativa comunitaria, las autoridades nacionales,
incluidas las autoridades de reglamentación y competencia, tienen el deber de no
autorizar cualquier práctica o acuerdo contrarios a la normativa comunitaria de
competencia.

10. Las normas comunitarias de la competencia no bastan para resolver los diversos
problemas que se plantean en el sector de las telecomunicaciones. Las ANR
disponen, por tanto, de un ámbito bastante más amplio y desempeñan una función
importante y de gran trascendencia en la reglamentación del sector. También se
debería señalar que, tal como establece la normativa comunitaria, las ANR han de
ser independientes [9] .

11. Asimismo, es importante señalar que el marco de la ORA impone determinadas
obligaciones a los operadores nacionales de telecomunicaciones más estrictas que
las que establecería habitualmente el artículo 86 CE. Las ANR pueden imponer
criterios estrictos por lo que se refiere a transparencia, obligación de suministro
y fijación de precios. Las ANR pueden obligar al cumplimiento de estos criterios
pero también están facultadas pra adoptar medidas que garanticen una competencia
efectiva [10] .

Las autoridades nacionales de reglamentación son organismos de reglamentación de las
telecomunicaciones en sectores específicos, creados por los Estados miembros en el contexto de

la Directiva de servicios modificada y el marco de la ORA.
Véase el artículo 7 de la Directiva relativa a la competencia en los mercados de servicios de
telecomunicaciones (Directiva 90/388/CEE de la Comisión, ya mencionada en la nota a pie de

**10**

página 3) y Comunicación 95/C 275/02 de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre
la situación y ejecución de la Directiva 90/388/CEE relativa a la competencia en los mercados de
los servicios de telecomunicaciones, DO C275, 20.10.1995, pág. 9 y ss. Véase también el asunto
C-91/94, Thierry Tranchant / Telephone Stores SARL, sentencia del Tribunal de Justicia, 9 de
noviembre de 1995, pendiente de publicación.
Propuesta de Directiva de interconexión a la ORA, citado en la nota a pie de página 4, apartado

12. Por razones de tipo práctico, la presente Comunicación se ha redactado, en la
mayoría de los aspectos, como si la normativa se concibiera partiendo de la base
de que sólo existe un operador de telecomunicaciones que controle la única red
pública conmutada de telecomunicaciones a nivel nacional en cada uno de los
Estados miembros. Tal no será necesariamente el caso, puesto que poco a poco se
irán desarrollando nuevas redes de telecomunicaciones que ofrecerán una cobertura
cada vez mayor. En último término, esta redes alternativas de telecomunicaciones
podrán alcanzar la suficiente amplitud y extensión para ser capaces de sustituir
parcial o incluso totalmente a las actuales redes nacionales, factor éste que no
conviene olvidar.

13. La Comisión es responsable de la aplicación de la política comunitaria de
competencia, atendiendo a los intereses generales de la Comunidad. Ahora bien,
los recursos administrativos de que dispone la Comisión para llevar a cabo su tarea
son necesariamente limitados y no pueden ser utilizados para abordar todos los
casos que se le plantean. Así pues, esta institución está obligada, en general, a
adoptar todas las medidas de carácter organizativo que exige el cumplimiento de
su tarea y, en particular, a establecer prioridades [11] .

14. Por consiguiente, la Comisión, haciendo uso de su facultad para adoptar
decisiones, ha indicado su intención de concentrarse en notificaciones, denuncias
y procedimientos de propia iniciativa que se caractericen por una especial
importancia política, económica o jurídica para la Comunidad [12] . Cuando un
determinado caso no reúna estas características, no se tramitarán las notificaciones
mediante una decisión formal, sino que remitirá una carta administrativa de
compatibilidad (siempre que las partes estén de acuerdo), y, como regla general,
serán los órganos jurisdiccionales nacionales u otras autoridades competentes los
que se ocupen de las denuncias. En este contexto, se debería señalar que las
normas de competencia surten efecto directo [13], de tal modo que los órganos
jurisdiccionales nacionales aplican la normativa de competencia de la CE. El
hecho de que se hayan cumplido otras normas comunitarias no implica que ya no
sea necesario respetar la normativa de competencia de la Comunidad [14] .

15. Otras autoridades nacionales, especialmente las autoridades nacionales de
reglamentación que actúan en el marco de la oferta de red abierta (ORA), tienen
competencias sobre determinados acuerdos de acceso (que se les han de notificar).
No obstante, el hecho de que se notifique un acuerdo a una ANR no implica que
sea innecesario notificar tal acuerdo a la Comisión. Las ANR han de asegurarse

3 del artículo 9.

Asunto T-24/90, Automec/Comisión, 1992 Rec. 11-2223 en el apartado 77; y Asunto T-l 14/92,
BEMIM/Comisión, 1995, Rec. II 147.

Comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales
para la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE, DO C 39/6 (1993), apartado 14.
Proyecto de Comunicación relativa a la cooperación entre las autoridades nacionales de
competencia y la Comisión, DO C 262/5 (1996).
Asunto 127/73, BRT/SABAM, 1974 Rec. 51.

Asunto 66/86, Ahmed Saeed, 1989 Rec. 838.

de que las iniciativas que adopten se ajustan a la normativa de competencia de la
CE [15], lo que les obliga a abstenerse de adoptar cualquier tipo de iniciativa
contraria a la protección efectiva de los derechos conferidos por el Derecho
comunitario en el marco de las normas de competencia [16] . Por consiguiente, tendrán
la facultad de no autorizar los acuerdos que sean contrarios a tales normas [17] . En
caso de que las autoridades nacionales actúen de forma que se vulneren tales
derechos, cabe la posibilidad de que los perjudicados por tal acción reclamen el
resarcimiento de daños y perjuicios al Estado miembro [18] . Por otra parte, las
autoridades nacionales de reglamentación están facultadas, en virtud de las
directivas relativas a la oferta de red abierta, para adoptar las medidas necesarias
que garanticen una competencia eficaz [19] .

16. Como regla general, los acuerdos de acceso regulan la prestación de determinados
servicios entre empresas independientes y no tienen como consecuencia la creación
de una entidad autónoma diferenciada de las partes que los celebren. Así pues,
estos acuerdos de acceso se encuentran, por regla general, fuera del ámbito de
aplicación del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración [20] .

17. En el marco de lo dispuesto en el Reglamento 17 [21], se puede poner en
conocimiento de la Comisión cualquier cuestión relativa a los acuerdos de acceso
mediante una notificación de uno de tales acuerdos por parte de una o más de las
partes implicadas [22], mediante una denuncia contra un acuerdo de acceso restrictivo
o contra el comportamiento de una empresa dominante en la concesión o

Por ejemplo, no han de fomentar o reforzar determinados comportamientos contrarios a la
competencia: Ahmed Saeed, como ya se ha señalado en la nota a pie de página 14; Asunto 153/93,
República Federal de Alemania/Delta Schiffahrts, 1994 Rec. I 2517; Asunto 267/86, Van Eycke,

1988 Rec. 4769.

Asunto 13/77, GB-Inno-BM/ATAB, 1977 Rec. 2115, apartado 31 : _"si_ _bien es cierto que el artículo_
_86 se dirige a las_ _empresas,_ _también es cierto, sin_ _embargo,_ _que el Tratado obliga a los Estados_
_miembros a no adoptar o mantener en vigor cualquier medida que pueda privar a la disposición_
_de su_ _efectividad"._

Para mayor información sobre otras obligaciones de las autoridades nacionales, véase el asunto

**19**

**20**

**22**

103/88, Fratelli Costanzo SpA, 1989 Rec. 1839.
Véase el asunto Ahmed Saeed, mencionado anteriormente en la nota a pie de página 14. _"los_
_artículos 5 y 90 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que (i) prohiben que las_
_autoridades nacionales favorezcan la celebración de acuerdos sobre tarifas que sean contrarios_
_al apartado 1 del artículo_ _85,_ _o, eventualmente, al artículo 86 del_ _Tratado;_ _(ii)_ _son contrarios a_
_que_ _dichas autoridades aprueben las tarifas que resulten de dichos_ _acuerdos._ _"._
Asuntos conexos C-6 y 9/90, Francovich, 1991-1 Rec. 5357; Asuntos conexos C-46/93, Brasserie
du Pêcheur SA/Alemaniay Asunto C-48/93, R/Secretary of State for Transport ex parte Factortame
Ltd y otros, sentencia de 5 de marzo de 1996, pendiente de publicación.
Véase, por ejemplo, el considerando 18 de la Directiva relativa a las líneas arrendadas mencionada
en la nota a pie de página 4 y en el apartado 3 del artículo 9 del proyecto de Directiva de

interconexión de la ORA.

Reglamento n° 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las
operaciones de concentración entre empresas, DO L 395/1 (1989).

Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer Reglamento por el que se aplican
los artículos 85 y 86 del Tratado, DO 13/204 (1962), modificado.
Artículo 2 y apartado 1 del artículo 4 del Reglamento 17.

denegación de acceso [23], mediante un procedimiento de propia iniciativa de la
Comisión que investigue sobre dicha concesión o denegación, o mediante una
investigación sobre el sector [24] . Por otra parte, los denunciantes podrán solicitar a
la Comisión la adopción de medidas provisionales cuando exista un riesgo
inminente de daño grave e irreparable para el propio denunciante o el interés
público [25] . Se debería señalar, sin embargo, que, en casos de gran urgencia, los
procedimientos que se sigan ante los órganos jurisdiccionales nacionales pueden
culminar con mayor rapidez en un mandato de que se ponga término a la
infracción que los tramitados ante la Comisión [26] .

18. En una serie de ámbitos los acuerdos estarán sujetos tanto a las normas de
competencia como a la normativa específica del sector a nivel nacional o europeo,
y más especialmente a la normativa sobre el mercado interior. En el sector de las
telecomunicaciones, la Directiva relativa a la ORA pretende establecer un régimen
que regule los acuerdos de acceso. Dado el carácter pormenorizado de las normas
relativas a la ORA y la posibilidad de que sean más estrictas que los requisitos del
artículo 86, las empresas que operen en el sector de las telecomunicaciones
deberían ser conscientes de que el cumplimiento de las normas comunitarias de
competencia no les exime de su obligación de acatar las exigencias que se les
impongan en el contexto de la ORA, y viceversa.

**2.** **Actuación de la Comisión en relación con los acuerdos de**
**acceso** **[27 ]**

19. Tomados en conjunto, los acuerdos de acceso son de gran importancia, por lo que
sería oportuno que la Comisión estableciese con la máxima claridad posible el
marco jurídico comunitario en el que se deberán celebrar tales acuerdos. Los
acuerdos de acceso que incluyan cláusulas restrictivas se encuadran en el ámbito
de aplicación del artículo 85. Los acuerdos en los que participen empresas que
tengan una posición dominante o monopolística se encuadran en el ámbito de
aplicación del artículo 86: las inquietudes que genere la posición dominante de una
o más de las partes serán, a menudo, de mayor importancia en el contexto de un
acuerdo específico de lo que lo puedan ser en el marco del artículo 85.

20. A la hora de aplicar las normas de competencia, la Comisión se basará en el
marco de la oferta de red abierta (ORA), en el que también actúan las autoridades
nacionales de reglamentación. En el caso de que los acuerdos se encuadren en lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 85, han de notificarse a la Comisión para
poder acogerse a exención, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del

**23**

**24**

**25**

**26**

**27**

Artículo 3 del Reglamento 17.
Artículos 3 y 12 del Reglamento 17.

Asunto 792/79R, Camera Care/Comisión, 1980 Rec. 119. Véase también el asunto T-44/90, La
Cinq/Comisión, 1992 Rec. II-1.
Véase el punto 16 de la Comunicación sobre cooperación entre los órganos jurisdiccionales
nacionales y la Comisión, citada en la nota a pie de página 12.
Artículo 2 o apartado 1 del artículo 4 del Reglamento 17.

**8**

artículo 85. En caso de que se notifiquen los acuerdos, la Comisión tiene la
intención de ocuparse de una o más notificaciones mediante decisiones formales,
una vez que se hayan publicado como corresponde en el Diario Oficial, y de
conformidad con los principios que se establecen más adelante. Una vez que se
hayan establecido con claridad los principios jurídicos, las demás notificaciones
que planteen las mismas cuestiones serán resueltas por la Comisión mediante
simple carta administrativa (de compatibilidad o incompatibilidad).

**3.** **Denuncias** **[28 ]**

21. Las personas físicas o jurídicas que tengan un interés legítimo pueden interponer,
en determinadas circunstancias, una denuncia ante la Comisión en la que le
soliciten que, mediante decisión, exija que se ponga fin a una infracción de los
artículos 85 u 86 CE. Por otra parte, los denunciantes pueden solicitar a la
Comisión que adopte medidas provisionales cuando exista un riesgo inminente de
daño grave e irreparable [29] . El denunciante potencial goza de otras opciones, tan
efectivas o más, como puede ser entablar una acción ante un órgano jurisdiccional
nacional. En este contexto, se debería señalar que los procedimientos seguidos ante
los órganos jurisdiccionales nacionales pueden ofrecer considerables ventajas para
los particulares y las empresas, tales como las siguientes [30] :

los órganos jurisdiccionales nacionales pueden tramitar y conceder la
reparación de daños que se deriven de una infracción de las normas de
competencia;
los órganos jurisdiccionales nacionales pueden adoptar, por lo general,
medidas provisionales y ordenar que se ponga término a una infracción con
mayor rapidez que la Comisión;
ante los órganos jurisdiccionales nacionales es posible combinar una
reivindicación fundada en el Derecho comunitario con otra basada en el

Derecho nacional;
se puede condenar en costas al demandante que pierda el pleito ante un
órgano jurisdiccional nacional.

A mayor abundamiento, las normas nacionales específicas armonizadas dentro del
marco de la ORA, permiten plantear recursos tanto a nivel nacional como, en caso
necesario, a nivel comunitario.

3.1 _Utilización de los procedimientos nacionales y de oferta de red_
_abierta_

**28**

**29**

**30**

Apartado 2 del artículo 3 del Reglamento 17.
Camera Care y La Cinq, referido anteriormente en la nota a pie de página 25.
Véase la Comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales
nacionales, citada anteriormente en la nota a pie de página 12, punto 16.

22. Como ya se ha mencionado anteriormente [31], la Comisión tendrá en cuenta el
interés que para la Comunidad tenga cada uno de los casos que se le planteen. A
tal efecto, la Comisión analiza:

_"la importancia de la supuesta infracción en relación con el_
_funcionamiento del mercado_ _común,_ _la probabilidad de que se demuestre_
_la_ _existencia de la_ _infracción_ _y el alcance de la investigación necesario_
_para llevar a_ _cabo,_ _en las mejores_ _condiciones_ _posibles, su cometido de_
_garantizar el cumplimiento de los artículos_ _85_ _y_ _86._ _"_ _[n ]_

Otro elemento esencial en esta evaluación es el de comprobar en qué medida está
un juez nacional preparado para ofrecer una reparación efectiva en caso de que se
vulnere lo dispuesto en los artículos 85 y 86. Ello podría resultar difícil, por
ejemplo, en casos que presenten elementos extraterritoriales.

23. El apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86 CE producen efectos directos en las
relaciones entre particulares que han de ser protegidos por los órganos
jurisdiccionales nacionales [33] . Por lo que se refiere a las acciones ante la autoridad
nacional de reglamentación, la Directiva relativa a la aplicación de la oferta de red
abierta (ORA) establece que dicha autoridad está facultada para intervenir y
ordenar modificaciones, tanto en relación con la existencia como con el contenido
de los acuerdos de acceso. Las autoridades nacionales de reglamentación han de
tener en cuenta _"la necesidad de estimular un mercado competitivo" y_ podrán
imponer condiciones a una o más partes, entre otras cosas, _"para garantizar una_
_competencia_ _efectiva"_ _[34]_ _._

24. Se podrá notificar a la Comisión la existencia de un litigio, ya sea de conformidad
con lo dispuesto en las normas de competencia, ya sea en aplicación de un
procedimiento de conciliación ORA. La multiplicidad de procedimientos
simultáneos podría llevar a una innecesaria duplicación de los esfuerzos de
investigación llevados a cabo por la Comisión y las autoridades nacionales. En el
caso de que se interpongan denuncias a la Comisión con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 3 del Reglamento 17, al tiempo que existen acciones relacionadas ante
una autoridad u órgano jurisdiccional nacional o europeo competente, la Dirección
General de Competencia no procederá, en un principio, a investigar la existencia
de infracción con arreglo a lo dispuesto en los artículos 85 y 86 del Tratado CE.
Ello se entiende, no obstante, sin perjuicio de los puntos siguientes.

**31**

**32**

**33**

**34**

En el apartado 14.
Véase Automec, apartado 86 (nota a pie de página 11).
BRT/SABAM, véase la nota a pie de página 13.
Apartados 1 y 3 del artículo 9 de la Directiva de interconexión de la oferta de red abierta (ORA)

propuesta.

10

3.2 _Protección de los derechos de los denunciantes_

25. Las empresas tienen derecho a la protección efectiva de los derechos que les
confiere la normativa comunitaria [35] . Estos derechos se verían amenazados, si se
permitiera que los procedimientos nacionales condujesen a un excesivo retraso de
la actuación de la Comisión sin que se resuelva satisfactoriamente la cuestión a
nivel nacional. En el sector de las telecomunicaciones, los ciclos de innovación
son relativamente cortos y todo retraso sustancial que se produzca en la resolución
de cualquier litigio de acceso equivaldría, en la práctica, a una denegación del
mismo, con lo que se prejuzgaría la correcta resolución del asunto.

26. En consecuencia, la Comisión estima que cualquier litigio de acceso que se plantee
ante una autoridad nacional de regulación debería resolverse en el plazo de seis
meses a partir del momento en que se ponga la cuestión en conocimiento de dicha
autoridad o de la incoación de los procedimientos de la oferta de red abierta
(ORA), incluidos los procedimientos de conciliación [36] . Esta resolución podría
adoptar la forma de una determinación definitiva de la acción o de otro tipo de
reparación que salvaguardaría los derechos del denunciante. Si no se resolviera la
cuestión de este modo, entonces los derechos de las partes no estarían siendo
protegidos, a primera vista, de forma eficaz por lo que, en principio, la Comisión,
a instancia del denunciante, iniciaría sus investigaciones sobre el caso, de
conformidad con sus procedimientos habituales, tras consultar a la autoridad
nacional de que se trate y en cooperación con ella.

3.3 _Medidas provisionales_

27. Por lo que se refiere a las solicitudes de adopción de medidas provisionales, la
existencia de procedimientos nacionales es pertinente para determinar si existe el
riesgo de que se produzca un daño grave e irreparable. A primera vista, estos
procedimientos deberían eliminar el riesgo de tal perjuicio, por lo que no sería
adecuado que la Comisión concediese medidas provisionales en ausencia de
pruebas que demuestren que el riesgo persistiría en cualquier caso.

28. El hecho de que se disponga de medidas cautelares de reparación y los criterios
para su aplicación constituyen un factor importante que la Comisión ha de tener
en cuenta para alcanzar esta conclusión preliminar. En caso de que no se puedan
aplicar medidas cautelares de reparación o de que exista la probabilidad de que
dicha reparación no proteja adecuadamente los derechos que la normativa
comunitaria confiere al denunciante, la Comisión consideraría que los
procedimientos nacionales no eliminaron el riesgo de perjuicio y, en tal caso,
iniciaría sus investigaciones sobre el caso.

**35**

**36**

Asunto 14/83, Van Colson, 1984 Rec. 1891.

Telecomunicaciones: Oferta de red abierta (ORA) para las líneas arrendadas; procedimiento de
conciliación; 94/C 214/04, DO C 214/4 (1994).

11

**4.** **Investigación de propia iniciativa y estudios sectoriales**

29. En caso de que se considere necesario, la Comisión iniciará una investigación de
propia iniciativa. También puede iniciar un estudio sectorial, previa consulta al
Comité consultivo de las autoridades de competencia de los Estados miembros.

**5.** **Multas**

30. La Comisión podrá imponer multas de hasta un 10% del volumen de negocios
anual a nivel mundial de las empresas que intencionadamente o por negligencia
infrinjan el apartado 1 del artículo 85 o el artículo 86 CE [37] . En caso de que se
hayan notificado acuerdos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 17 con el
fin de acogerse a la exención contemplada en el apartado 3 del artículo 85, la
Comisión no impondrá multas en relación con aquellas actividades descritas en la
notificación [38] durante el período posterior a la misma. Sin embargo, la Comisión
podrá revocar la dispensa de las multas informando a las empresas de que se trate
de que, tras un examen preliminar, considera que es de aplicación el apartado 1
del artículo 85 del Tratado y que no está justificada la aplicación del apartado 3
del artículo 85 [39] .

31. La Directiva relativa a la interconexión de la oferta de red abierta (ORA) incluye
dos disposiciones específicas que deberían ser tenidas en cuenta en relación con
las cuestión de las multas en el marco de la normativa de competencia. En primer
lugar, establece que los acuerdos de interconexión se han de comunicar a las
autoridades nacionales de reglamentación correspondientes y a los terceros
interesados, con excepción de todo aquello que se refiera a la estrategia comercial
de las partes [40] . En segundo lugar, dispone que la autoridad nacional de
reglamentación ha de poseer una serie de facultades que pueda utilizar para influir
o modificar los acuerdos de interconexión [41] . Estas disposiciones garantizan la
adecuada difusión de los acuerdos y ofrecen a la autoridad nacional de
reglamentación la posibilidad de adoptar, cuando proceda, las medidas necesarias
para garantizar una competencia efectiva en el mercado.

32. En caso de que se haya notificado un acuerdo a una autoridad nacional de
reglamentación, pero no haya sido notificado a la Comisión, ésta no considerará
oportuno imponer, por principio, una multa al acuerdo, aún en el caso de que, en
último término, se demuestre que dicho acuerdo consta de elementos que infringen
el artículo 85. No obstante, se deberían imponer multas en caso de que:

**37**

**38**

**39**

**40**

**41**

**Apartado** 2 del artículo 15 del Reglamento 17.
**Apartado** 5 del artículo 15 del Reglamento 17.
**Apartado 6** del artículo 15 del Reglamento 17.
Letra c) **del** artículo 6 de la Directiva de interconexión ORA propuesta.
Entre otros, en el artículo 9 de la Directiva de interconexión ORA propuesta.

**12**

a. se demuestre que el acuerdo incluye disposiciones que infringen el
artículo 86, y/o

b. la infracción del artículo 85 sea especialmente grave.

La cuantía de la multa dependerá de la gravedad y duración de la infracción.

33. Notificar a la ANR no sustituye a la obligación de notificar a la Comisión, ni
limita la posibilidad de que las partes interesadas interpongan una denuncia a la
Comisión o de que ésta inicie una investigación de propia iniciativa sobre los
acuerdos de acceso. Tampoco limita los derechos de las partes a interponer una
demanda por daños y perjuicios ante un órgano jurisdiccional nacional por el
perjuicio causado por acuerdos contrarios a la competencia [42] .

42 Véase la nota a pie de página 18.

13

**2** **[a]** **PARTE: MERCADOS AFECTADOS**

34. En el curso de las investigaciones cuyo marco legal se ha descrito anteriormente
en la I [a] Parte, la Comisión se basará en el enfoque que se especifica a
continuación para la definición de los mercados afectados en este sector.

35. Las empresas se han de enfrentar a tres tipos principales de limitaciones
competitivas: la posibilidad de sustitución de la demanda, de sustitución de la
oferta y la competencia potencial, siendo la primera la que constituye el corsé
disciplinario más inmediato y efectivo que actúa sobre los proveedores de un
producto o servicio determinado. Así pues, la posibilidad de sustituir la demanda
es el criterio más importante que se utiliza para definir el mercado de producto
afectado en el que se pueden identificar las restricciones de competencia a efectos
de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 y en el artículo 86.

36. Por regla general, la posibilidad de sustitución de la oferta no se utiliza para
definir los mercados afectados, dado que, en la práctica, no puede diferenciarse
con nitidez de la competencia potencial. Ambos factores se emplean para
determinar si la empresa goza de posición dominante, si la restricción de la
competencia es importante en el sentido de lo dispuesto en el artículo 85, o si se
elimina la competencia.

37. Al analizar los mercados afectados, es preciso observar la evolución del mercado
a corto plazo.

**1.** **Mercado de producto afectado**

38. La Sección 6 del Formulario A/B define el mercado de producto afectado en los
siguientes términos:

_"El mercado de producto comprende la totalidad de los productos y_
_servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles_
_por razón de sus_ _características,_ _su precio o el uso que_ _se_ _prevea hacer de_
_ellos"._

39. La eliminación de los monopolios legales en el sector de las telecomunicaciones,
gracias a la cual terceros operadores pueden prestar servicios a los usuarios finales,
conducirá al nacimiento de un segundo tipo de mercado, relacionado con el de
prestación de servicios, que no es otro que el de acceso a las instalaciones que se
necesitan en la actualidad para la prestación de tales servicios. En este sector, la
interconexión a la red pública conmutada de telecomunicaciones constituiría un
ejemplo típico de tal acceso. Sin interconexión, no sería comercialmente posible
que los terceros operadores pudiesen prestar, por ejemplo, servicios generales de
telefonía vocal.

40. Así pues, es evidente que en el sector de las telecomunicaciones existen, al menos,
dos tipos de mercados de producto afectados dignos de tener en cuenta: el del

14

servicio que se ha de prestar a los usuarios finales y el del acceso a las
instalaciones que se necesitan para prestar tal servicio (información, red física,
etc.). Para cualquier caso específico, será necesario definir los mercados de acceso
y de servicios afectados, tales como el de la interconexión a la red pública de
telecomunicaciones y la prestación de servicios públicos de telefonía vocal,
respectivamente.

41. Cuando proceda, la Comisión utilizará la prueba de mercado afectado que se lleva
a cabo preguntando si, en caso de que todos los proveedores de los servicios en
cuestión incrementasen sus precios entre un 5 y un 10%, aumentarían sus
beneficios colectivos. De acuerdo con esta prueba, si aumentasen los beneficios,
estaríamos ante un mercado afectado específico.

42. La Comisión considera que los principios de la normativa de competencia por los
que se rigen estos mercados siguen siendo los mismos, independientemente del
mercado específico de que se trate. Ante la velocidad con que se producen los
avances tecnológicos en este sector, cualquier intento de definir mercados de
producto específicos en la presente Comunicación correría el riesgo de pasar a ser,
en poco tiempo, irrelevante o impreciso. La mejor forma de definir a los mercados
de producto específicos consiste en analizar detenidamente un caso concreto.

###### 1.1 Mercado de servicios

43. Este mercado consiste, en términos generales, en la prestación de cualquier tipo
de servicios de telecomunicaciones a los usuarios. Se considerará que los
diferentes servicios de telecomunicaciones son sustituibles si presentan un grado
suficiente de intercambiabilidad para el usuario final, lo que significaría que puede
desarrollarse una competencia efectiva entre los diferentes prestadores de tales
servicios.

1.2 _Acceso a las instalaciones_

44. Para que los proveedores puedan prestar servicios a los usuarios finales, a menudo
será necesario que dispongan de acceso a una o más instalaciones (en la parte
anterior o posterior del mercado). Por citar un ejemplo, si se desea prestar
físicamente el servicio a los usuarios finales, han de disponer de acceso a los
puntos terminales de las redes de telecomunicaciones a las que están conectados
tales usuarios finales. Dicho acceso puede lograrse a nivel físico mediante
infraestructura local exclusiva o compartida, ya sea prestada por el propio
prestador de servicios o arrendada a un suministrador de infraestructura local.
Asimismo, puede conseguirse mediante un prestador de servicios que ya dispusiese
de estos usuarios finales como suscriptores o mediante un prestador de
interconexión que disponga de acceso directo o indirecto a los correspondientes
puntos terminales.

45. Además del acceso físico, cabe la posibilidad de que los prestadores de servicios
necesiten acceder a otras instalaciones para poder vender su servicio a los usuarios
finales. A título de ejemplo, digamos que los prestadores de servicios han de poder

15

informar de los servicios que ofrecen a sus usuarios finales. Cuando el servicio
sólo puede obtenerse del operador de telecomunicaciones, como sucede
frecuentemente, por ejemplo, con la información de guía telefónica, surgen
problemas similares a los planteados por las cuestiones de acceso físico.

46. En numerosos casos, la Comisión se interesará por las cuestiones de acceso físico,
en las que lo que se necesita es la interconexión a la red del operador de
telecomunicaciones [43] .

47. Cabe la posibilidad de que algunos operadores tradicionales de telecomunicaciones
estén tentados de resistirse a facilitar el acceso a terceros prestadores de servicios
u otros operadores de red, especialmente en los ámbitos en los que el servicio
propuesto vaya a competir con un servicio prestado por el propio operador de
telecomunicaciones. Esta resistencia se manifestará a menudo en forma de
denegación del acceso o de concesión del mismo, aunque exclusivamente en
condiciones desventajosas. Corresponde a las normas de competencia garantizar
el desarrollo de estos mercados potenciales de acceso y evitar que los operadores
tradicionales utilicen su control de acceso para impedir que evolucionen los
mercados de servicios.

Se debería hacer hincapié en el hecho de que, en el sector de las
telecomunicaciones, cabe esperar que la liberalización conduzca al desarrollo de
nuevas redes alternativas que, en último término, influirán en la definición del
mercado de acceso en relación con el operador tradicional de telecomunicaciones.

**43** La interconexión se define en la Directiva 96/19/CE en los siguientes términos:

"... _la conexión física y lógica de las instalaciones de telecomunicaciones de los_
_organismos que suministran redes de telecomunicaciones_ _o_ _prestan servicios de_
_telecomunicaciones, con objeto de permitir a los usuarios de un organismo comunicarse_
_con los usuarios del mismo o de otro_ _organismo,_ _o_ _acceder a los servicios de terceros_
_organismos"._
En la Directiva relativa a la plena liberalización y en las Directivas relativas a la ORA, los
servicios de telecomunicaciones se definen de la siguiente forma:

_"servicios que_ _consistan,_ _en todo o en_ _parte,_ _en la transmisión y encaminamiento de de_
_señales a través de una red de telecomunicaciones"._

Por consiguiente, incluye la transmisión de señales de radiodifusión y redes de televisión por cable.
Una red de telecomunicaciones se define, por su parte, de la siguiente forma:

"... _el equipo de transmisión_ _y,_ _en su_ _caso,_ _el equipo de conmutación y otros recursos que_
_permitan el transporte de señales entre terminales definidas por hilo, por radio, por_
_medios ópticos o por otros medios electromagnéticos"._

16

**2.** **Mercado geográfico pertinente**

48. En el Formulario A/B se define este concepto de la siguiente forma:

_**"El mercado geográfico pertinente comprende**_ _**la**_ _**zona**_ _**en la**_ _**que**_ _**las partes**_
_**afectadas**_ _**desarrollan**_ _**actividades de**_ _**suministro**_ _**y**_ _**prestación**_ _**de productos**_
_**y servicios, en la que las condiciones de competencia son lo bastante**_
_**homogéneas**_ _**y**_ _**que**_ _**puede**_ _**distinguirse**_ _**de otras zonas debido**_ _**en**_ _**particular**_
_**a que las condiciones de competencia en ella prevalentes son**_
_**sensiblemente**_ _**distintas de**_ _**aquéllas".**_

49. Por lo que se refiere a la prestación de servicios de telecomunicaciones y a los
mercados de acceso, el mercado geográfico pertinente será la zona en la que sean
similares las condiciones objetivas de competencia a las que se hallan sometidos
los prestadores de servicio. Por consiguiente, será necesario analizar la posibilidad
de que éstos dispongan de acceso a un usuario final en cualquier parte de esta
zona, en condiciones de igualdad y viabilidad económica. Especial relevancia
presentan los requisitos normativos tales como las condiciones de concesión de
licencias y cualesquiera derechos exclusivos o especiales que posean los
prestadores locales de acceso que compiten entre sí [44] .

44 Eurotunnel, DO L 354/66 (1994).

17

**3*** **PARTE: PRINCIPIOS**

50. La Comisión aplicará los principios que se especifican a continuación en los casos
que se le planteen.

51. La Comisión ha reconocido que:

_"Los_ _artículos 85 y 86 ... constituyen la legislación en vigor y de_
_cumplimiento obligatorio en toda la Comunidad. Además, no pueden_
_entrar en conflicto con otras normas comunitarias, porque el Derecho_
_comunitario constituye un sistema normativo_ _coherente..._ _Sin_ _embargo,_ _es_
_evidente que los actos comunitarios adoptados en el sector de las_
_telecomunicaciones_ _deben_ _interpretarse_ _de manera que sea conforme a las_
_normas de competencia a fin de asegurar la mejor aplicación posible de_
_todos los aspectos de la política comunitaria de_ _telecomunicaciones..._ _Lo_
_anterior es aplicable, entre otros casos, a la relación entre normas de_
_competencia aplicables a las_ _empresas_ _y las normas sobre_ _ORA._ " [45 ]

52. En consecuencia, las normas de competencia siguen aplicándose en aquellas
circunstancias en las que son aplicables otras disposiciones del Tratado o del
Derecho derivado. En el contexto de los acuerdos de acceso, las disposiciones
sobre mercado interior y competencia del Derecho comunitario son a la vez
importantes y complementarias para el buen funcionamiento del sector. Por
consiguiente, a la hora de llevar a cabo una evaluación en el marco de las normas
de competencia, la Comisión tratará de apoyarse, en la medida de lo posible, en
los principios establecidos en la normativa de armonización. Se debería tener
asimismo en cuenta que algunos de los principios de las normas de competencia
mencionados anteriormente también están sujetos a normas específicas en el
contexto del marco de la ORA. La correcta aplicación de estas normas debería
evitar a menudo que se tuviesen que aplicar las normas de competencia.

53. Por lo que se refiere al sector de las telecomunicaciones, se deberá prestar
atención al coste de las obligaciones de servicio universal. El apartado 2 del
artículo 90 CE puede justificar la aplicación de excepciones a los principios
establecidos en los artículos 85 y 86 CE. Los pormenores de las obligaciones de
servicio universal son una cuestión de carácter normativo. El ámbito de aplicación
del apartado 2 del artículo 90 se ha especificado en las Directivas de aplicación
del artículo 90 en el sector de las telecomunicaciones y la Comisión aplicará las
normas de competencia en este contexto.

54. Los artículos 85 y 86 CE se aplican, por regla general, a los acuerdos o prácticas
que han sido aprobados o autorizados por una autoridad nacional [46], o en caso de

**45**

**46**

Directrices para la aplicación de las normas comunitarias sobre competencia en el sector de las
telecomunicaciones, véase el anterior punto 3, apartados 15 y 16.
Decisión de la Comisión, BNIC/AROW, 82/896/CE, DO L 379/1 (1982).

18

que la autoridad nacional haya exigido la inclusión de determinadas condiciones
en un acuerdo a instancia de una o más de las partes implicadas.

55. No obstante, en caso de que una autoridad reguladora exigiese unas condiciones
que fuesen contrarias a las normas de competencia, no se sancionaría en la
práctica a las empresas en cuestión, aunque el propio Estado miembro infringiese
lo dispuesto en la letra g) del artículo 3 y en el artículo 5 del Tratado CE [47] y, por
lo tanto, pudiera ser sometido a procedimiento por la Comisión en aplicación del
artículo 169 CE. Por otra parte, si una autoridad nacional de reglamentación
autorizase a empresas con derechos especiales o exclusivos (en el sentido de lo
dispuesto en el artículo 90) o a empresas de titularidad estatal a comportarse de
forma que suponga un abuso de su posición dominante o se lo exigiese así, el
Estado miembro también infringiría lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 90
y la Comisión podría adoptar una decisión por la que se le obligaría a poner
término a la infracción [48] .

56. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir que se cumplan unos
niveles estrictos de transparencia, el cumplimiento de obligaciones de suministro
y de prácticas de precios en el mercado, especialmente cuando sea necesario en
las fases iniciales de la liberalización. Cuando proceda, se utilizarán normas como
el marco sobre la ORA como ayuda para la interpretación de las normas de
competencia [49] . Del mismo modo que las autoridades nacionales de reglamentación
están obligadas a garantizar que pueda existir una competencia efectiva, la correcta
interpretación de los principios de la ORA exige la aplicación de las normas de
competencia. Se debería señalar asimismo que muchas de las cuestiones
mencionadas anteriormente también están sujetas a la aplicación de las normas
establecidas por la Directiva relativa a la liberalización plena, la ORA ya existente
y la propuesta, y las directivas relativas a la concesión de licencias y a la
protección de datos. La aplicación efectiva de este marco normativo evitaría que
se planteasen muchos de los problemas de competencia anteriormente descritos.

**1.** **Posición dominante (artículo 86)**

57. Para que una empresa preste servicios en el mercado de las telecomunicaciones,
necesitará acceso a las diversas infraestructuras. Para prestar tales servicios,
precisará, por lo general, la interconexión a la red pública conmutada de
telecomunicaciones, por ejemplo. El acceso a esta red estará casi invariablemente
en manos de un operador de telecomunicaciones dominante. Por lo que se refiere
a los acuerdos de acceso, será la posición dominante derivada del control de las
infraestructuras el factor más importante para la evaluación de la Comisión.

**47**

**4K**

**49**

Véase la nota a pie de página 15.
Asunto acumulados C-48 y 66/90, Países Bajos y otros/Comisión, 1992 Rec. 1-565.
Véase Ahmed Saeed, nota a pie de página 14, en la que la normativa de mercado interior relativa
a la fijación de precios se utilizó de ayuda para determinar qué nivel de precios debía considerarse
abusivo a efectos del artículo 86.

19

58. El hecho de que una empresa mantenga una posición dominante no depende
exclusivamente de los derechos legales de que disponga, puesto que el mero hecho
de acabar con los monopolios legales no pone fin a la situación de dominio. Ni
que decir tiene que, a pesar de las directivas de liberalización, el desarrollo de una
competencia efectiva por parte de proveedores alternativos de red con capacidad
y alcance geográfico adecuados llevará su tiempo.

59. En el sector de las telecomunicaciones, el concepto de "instalaciones esenciales"
será, en muchos casos, de relevancia directa a la hora de establecer las
obligaciones de los operadores de telecomunicaciones dominantes. Se utiliza la
expresión "instalación esencial" para describir aquellas instalaciones o
infraestructuras que son básicas para llegar a los consumidores y/o permitir a los
competidores llevar a cabo sus actividades y no pueden ser sustituidas por ninguno
medio razonable. [50 ]

Toda sociedad que controle el acceso a una instalación esencial disfruta de una
posición dominante en el sentido de lo dispuesto en el artículo 86. A la inversa,
es posible que una sociedad goce de una posición dominante con arreglo al
artículo 86 sin controlar una instalación esencial.

En la actualidad, cabe esperar que puedan ser calificadas de esenciales en el sector
de las telecomunicaciones las siguientes instalaciones: redes públicas de
telecomunicaciones para servicios vocales y/o de datos, circuitos arrendados y
equipo afín de terminación de red, datos básicos sobre los suscriptores del servicio
público de telefonía vocal, sistemas de numeración y demás información técnica
o sobre la clientela.

1.1 _Mercado de servicios_

60. Uno de los factores empleados para determinar el potencial de mercado de una
empresa es el de las ventas atribuibles a la misma, expresadas en porcentaje del
total de ventas en el mercado de servicios sustituibles en la zona geográfica
pertinente. Por lo que se refiere al mercado de servicios, la Comisión evaluará,
entre otras cosas, el volumen de negocios generado por la venta de servicios
sustituibles, excluida la venta o uso interno de los servicios de interconexión y la

**50** Véase también la definición incluida en el "Compromiso adicional sobre los principios normativos
de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros" empleada por el Grupo sobre
telecomunicaciones básicas en el contexto de las negociaciones de la Organización Mundial del
Comercio (OMC):
"Por instalaciones esenciales se entiende las instalaciones de una red de transporte y servicio
públicos de telecomunicaciones que
a) prestan exclusiva o predominantemente un único proveedor o un número limitado de
proveedores; y
b) no resulta viable, desde el punto de vista económico o técnico, su sustitución para prestar un
servicio".

**20**

venta o uso interno de la infraestructura local [51], teniendo en cuenta las condiciones
de competencia y la estructura de la oferta y la demanda en el mercado.

###### 1.2 Acceso a las instalaciones

61. El concepto de "acceso", tal como se ha mencionado anteriormente en el
apartado 45, puede hacer referencia a toda una serie de situaciones, entre las que
se incluyen la disponibilidad de líneas arrendadas que permiten a un prestador de
servicios desarrollar su propia red y el problema de la interconexión en sentido
estricto, como es el de la interconexión de dos redes de telecomunicaciones, móvil
y fija, por ejemplo. Por lo que respecta al acceso, los operadores tradicionales
ocupan a menudo una posición monopolística y, incluso en aquellos ámbitos en
los que ya se ha iniciado la liberalización del marco legal, es probable que
mantengan un posición dominante en el futuro. El operador tradicional, que
controla las infraestructuras, también es a menudo el mayor prestador de servicios,
por lo que anteriormente no se habían visto obligados a distinguir entre el
transporte de servicios de telecomunicaciones y la prestación de estos servicios a
los usuarios finales. En la actualidad, los operadores que son al mismo tiempo
prestadores de servicios no necesitan que su división que opera en la parte
posterior del proceso haya de pagar por el acceso, por lo que no resulta fácil
calcular los ingresos que se han de asignar a la infraestructura. En el caso de que
un operador preste acceso y servicios, se han de separar, en la medida de lo
posible, los ingresos precibidos en concepto de los dos mercados, antes de utilizar
los ingresos como base para el cálculo de la cuota de la empresa en el mercado
en que opere. En este contexto, debería ser de utilidad el apartado 2 del artículo 8
de la Directiva de interconexión propuesta, dado que propugna una contabilidad
separada para "las actividades relacionadas con la interconexión, que abarcan tanto
a los servicios de interconexión prestados internamente como a los prestados a
terceros, y otras actividades".

62. La importancia económica de la obtención de acceso depende también de la
cobertura de la red a la que se solicita la interconexión. Por consiguiente, además
de utilizar las cifras del volumen de negocios, la Comisión tendrá también en
cuenta, cuando sea posible, el número de clientes que se han suscrito a servicios
comparables con aquéllos que el prestador de servicios que desea suscribir el
acuerdo de acceso tiene la intención de prestar. En consecuencia, el potencial de
mercado de una empresa determinada se medirá en parte por el número de
suscriptores que están conectados a los puntos fijos de terminación de la red de
comunicaciones de dicha empresa, expresados en porcentaje del número total de
suscriptores conectados a los puntos de terminación de la red en la zona geográfica
pertinente.

Posibilidad de sustitución de la oferta

63. Como ya se ha indicado anteriormente (véase el apartado 37), la posibilidad de
sustitución de la oferta es también pertinente para la existencia de posición

Asunto 6/72 Continental Can, 1973 Rec. 215.

21

dominante en un mercado específico. Una cuota de mercado que supere el 50% [52 ]

basta habitualmente para demostrar la existencia de una posición dominante,
aunque se analizarán otros factores. Por ejemplo, la Comisión examinará a otros
proveedores de red en el mercado afectado, en el supuesto de que existan, para
determinar si tales infraestructuras alternativas cuentan con la densidad suficiente
para que puedan competir con la red tradicional y en qué medida podrían
introducirse en el mercado los nuevos proveedores de acceso.

Otros factores de importancia

64. Además de los datos sobre cuotas de mercado y de la posibilidad de sustitución
de la oferta, para determinar si un operador goza de posición dominante, la
Comisión analizará también si el operador dispone de un acceso preferente a
aquellas instalaciones que no pueden duplicarse, ya sea por razones jurídicas o
porque su coste sería demasiado elevado.

65. A medida que se introduzcan en el mercado los nuevos prestadores de acceso y
desafíen la posición dominante del operador tradicional, el alcance de los derechos
que les otorgan las autoridades de los Estados miembros y, especialmente, su
ámbito territorial desempeñarán una función importante a la hora de determinar
su potencial de mercado. La Comisión seguirá muy de cerca la evolución del
mercado en relación con estas cuestiones y tendrá en cuenta cualquier alteración
que se produzca en las condiciones del mismo para evaluar las cuestiones de
acceso en el marco de las normas de competencia.

1.3 _Posición dominante conjunta_

66. La redacción del artículo 86 deja bien claro que éste se aplica en el caso de que
más de una empresa comparta una posición dominante. Las circunstancias en que
se produce una posición dominante conjunta y en las que existe un uso abusivo
de la misma aún no han sido aclaradas plenamente por la jurisprudencia de los
órganos jurisdiccionales comunitarios ni por la práctica de la Comisión, a pesar
de que la legislación sigue desarrollándose.

67. La redacción del artículo 86 ("la explotación abusiva, por parte de una o más
empresas") describe algo distinto a la prohibición sobre acuerdos o prácticas
concertadas contrarias a la competencia del artículo 85. Sostener otra cosa sería
contrario a los principios habituales de interpretación del Tratado y haría que dicha
redacción perdiese su sentido y sus consecuencias prácticas. Ello no excluye, sin
embargo, la aplicación paralela de los artículos 85 y 86 al mismo acuerdo o

**52** En este contexto, se debería señalar que, en virtud de lo dispuesto en el marco de la ORA, cabe
la posibilidad de notificar una organización si posee un poder de mercado significativo. Saber si
una organización posee un poder de mercado significativo o no depende de una serie de factores,
aunque se parte de la hipótesis de que una posición económica signiilcativa se define normalmente
por una cuota de mercado del 25%. La Comisión tendrá en cuenta si una empresa goza de una
posición económica significativa de acuerdo con lo dispuesto en las normas de la ORA en la
evaluación que lleve a cabo ajustándose a ¡as normas de competencia.

**22**

práctica, que ha mantenido la Comisión y el Tribunal en una serie de casos [53], ni
hay nada que impida a la Comisión incoar procedimientos con arreglo
exclusivamente a una de las disposiciones, cuando las dos sean de aplicación.

68. El que dos empresas posean una posición dominante en mercados nacionales
distintos difiere del hecho de que disfruten de una posición dominante conjunta.
No es probable que los operadores nacionales públicos de servicios de telefonía
vocal pasen a ocupar posiciones dominantes conjuntas hasta que no se produzca
la liberalización en la Comunidad. Para que dos o más empresas ostenten una
posición dominante conjunta, es preciso que, en conjunto, presenten básicamente
la misma posición en relación con sus clientes y competidores que una única
compañía que se encuentre en posición dominante. En referencia específica al
sector de las telecomunicaciones, dos operadores de infraestructura de
telecomunicaciones podrían lograr una posición dominante conjunta si cubriesen
el mismo mercado geográfico.

69. Por otra parte, para que dos o más empresas mantengan conjuntamente una
posición dominante, es necesario, aunque no suficiente, que no compitan entre sí
en el mercado afectado. Esta ausencia de competencia puede deberse, en la
práctica, al hecho de que las empresas posean vínculos económicos, tales como
acuerdos de cooperación, de interconexión o itinerancia. Sin embargo, la Comisión
considera que ni la teoría económica, ni el Derecho comunitario implican que tales
vínculos son jurídicamente necesarios para que exista una posición dominante
conjunta [54] . Existe un vínculo económico significativo, si se da el tipo de
interdependencia que a menudo surge en situaciones oligopolísticas. No parece que
exista ninguna razón en derecho o teoría económica que requiera la existencia de
cualquier otro vínculo económico entre tales empresas. A pesar de todo lo
expuesto, en la práctica estos vínculos existirán a menudo en el sector de las
telecomunicaciones, donde es casi inevitable que los operadores nacionales de
telecomunicaciones mantengan entre sí vínculos de diversa índole.

70. A modo de ejemplo, indiquemos la posibilidad de que en algunos Estados
miembros el mercado de acceso al bucle local sea controlado en un futuro
próximo por dos operadores: los operadores de telecomunicaciones tradicionales
y un operador de televisión por cable. Para que se presten determinados servicios
a los consumidores, es necesario que los operadores de telecomunicaciones o el
operador de televisión por cable dispongan de acceso al bucle local. Dependiendo
de las circunstancias del caso, y especialmente de la relación que exista entre ellos,
ninguno de los dos operadores estará en condiciones de gozar de una posición
dominante, aunque, conjuntamente, cabe la posibilidad de que posean un control
monopolístico del acceso a estas infraestructuras.

53 Hoffman La Roche, 1979 Rec. 461,

Racal Decca, Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 1988, DO L 43/27 (1989).

**54** Nestlé/Perrier, Decisión de la Comisión, de 22 de julio de 1992, DO L 356/1 (1992)

**23**

**2.** **Abusos de posición dominante**

2.1 _Denegación de acceso a instalaciones esenciales y_
_aplicación de condiciones desfavorables_

71. La denegación de acceso puede prohibirse en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 86, si la lleva a efecto una empresa que goce de una posición dominante
como consecuencia de controlar las instalaciones, como será previsiblemente la
situación en la que se encuentren los operadores tradicionales de
telecomunicaciones en un futuro próximo. La denegación podrá tener:

_"el efecto de dificultar el mantenimiento del grado de competencia que_
_sigue existiendo en el mercado_ _o_ _el aumento de dicha competencia"_ _[55]_ _._

Una denegación sólo tendrá carácter abusivo, si afecta a la competencia. En un
primer momento, los mercados de servicios en el sector de las telecomunicaciones
sólo dispondrán de unos pocos operadores, por lo que cualquier denegación
afectará, por lo general, a la competencia en tales mercados. Siempre que se
produzca una denegación, se analizará detenidamente cualquier justificación que
se alegue al efecto, con el fin de determinar su objetividad.

72. En términos generales, se pueden dar tres situaciones distintas:

a. la denegación de acceso en relación con un servicio en el caso de que el
proveedor haya concedido acceso a otro operador para ejercer su actividad
en dicho mercado de servicios;

b. la denegación de acceso en relación con un servicio en el caso de que el
proveedor no haya facilitado el acceso a ningún otro operador para ejercer
su actividad en dicho mercado de servicios;

c. la retirada de acceso a un cliente.

73. Por lo que respecta a la primera de las situaciones enumeradas, es evidente que
la negativa de suministrar a un nuevo cliente en circunstancias en que un titular
de instalaciones dominante suministra ya a uno o más clientes que operan en el
mismo mercado descendente constituiría un trato discriminatorio que, de restringir
la competencia en dicho mercado descedente, sería constitutivo de abuso. En el
caso de que los operadores de red ofrezcan servicios al por menor idénticos o
similares a los de la parte que solicita el acceso, cabe la posibilidad de que ambos
dispongan del incentivo y la oportunidad de restringir la competencia y de abusar
así de su posición dominante. Es evidente que puede haber razones fundadas para
dicha denegación, como por ejemplo, en el caso de solicitantes que representen un
potencial riesgo crediticio. De no existir justificaciones objetivas, toda denegación

**55** Asunto 85/76 Hoffmann La Roche, 1979 Rec. 461.

24

constituirá normalmente un abuso de la posición dominante en el mercado de

acceso.

74. En términos generales, las empresas que gocen de posición dominante están
obligadas a facilitar el acceso de modo que se disponga de los productos y
servicios ofrecidos a las empresas de operaciones descendentes en unas
condiciones no menos favorables que las concedidas a otras partes, incluidas sus
propias divisiones de operaciones descendentes.

75. Por lo que respecta a la segunda de las situaciones mencionadas, se trata de
determinar si el proveedor de acceso debería estar obligado a celebrar un contrato
con el prestador de servicio para que este último pueda operar en un nuevo
mercado de servicios. En el caso de que las limitaciones de capacidad no sean
problema y de que la empresa que se niegue a suministrar acceso a sus,
instalaciones no haya procedido a su concesión ni a una de sus propias divisiones
ni a ninguna otra empresa que opere en dicho mercado de servicios, no está claro
qué otra justificación objetiva se podría alegar.

76. Si no existiesen alternativas comercialmente viables al acceso que se solicita, la
parte que lo solicita no podría operar en el mercado de servicios. En consecuencia,
la denegación en este caso limitaría el desarrollo de nuevos mercados o nuevos
productos en dichos mercados en sentido contrario a lo dispuesto en la letra b) del
artículo 86. En el ámbito de los transportes [56], la Comisión estableció que una
empresa que controle una instalación esencial ha de conceder el acceso en
determinadas circunstancias [57] . Estos mismos principios se aplican al sector de las
telecomunicaciones.

77. El principio por el que se obliga a las empresas dominantes a celebrar contratos
en determinadas circunstancias será a menudo de aplicación en el sector de las
telecomunicaciones. En la actualidad, existen monopolios o monopolios virtuales

**56**

**57**

Decisión de la Comisión, Sea Containers/Stena Sealink, 94/19/CE, DO L 15/8 (1994); Decisión
de la Comisión, Re Acceso a las instalaciones del puerto de Redby, 94/119/CE, DO L 55/52
(1994).
Véase también (entre otras):

Sentencias del Tribunal 
Asuntos 6 y 7/73, Commercial Solvents/Comisión, 1974 Rec. 223;
Asunto 311/84, Télémarketing, 1985 rec. 3261;
Asunto C-18/88 RTT/GB-lnno, 1991 Rec. 1-5941;
Asunto C-260/89, Elliniki Radiophonia Telorasi, 1991 Rec. 1-2925;
Asuntos T-69, T-70 y T-76/89, RTE, BBC y ITP/Comisión, 1991 Rec. 11-485, 535, 575;
Asunto C-271/90, España/Comisión, 1992 Rec. 1-5833;
Asuntos C-241 y 242/91P, RTE y ITP Ltd./Comisión (Magill), 1995 Rec. 1-743

Decisiones de la Comisión76/185/CEE - National Carbonizing Company, DO L 35/6 (1976);
88/589/CEE - Londo European - Sabena, DO L 317/47 (1988);
92/213/CEE - British Midlan/Aer Lingus, DO L 96/34 (1992);
B&I/Sealink, (1992) % CMLR 255; Boletín CE, n° 6 - 1992, punto 1.3.30.

25

en la oferta de infraestructura de red para la mayoría de los servicios de
telecomunicaciones de la UE. Aún en los casos en los que se han eliminado las
restricciones, o en los que se eliminarán en breve, la competencia en los mercados
descendentes seguirá dependiendo de la fijación de tarifas y de las condiciones de
acceso a los servicios ascendentes de red que sólo irán reflejando gradualmente las
presiones competitivas del mercado. Dado el ritmo al que se producen los avances
tecnológicos en el sector de las telecomunicaciones, es posible imaginarse
situaciones en las que las empresas procurarían ofrecer nuevos productos o
servicios que no compitan con productos o servicios ya ofrecidos por el operador
de acceso dominante, pero para los que dicho operador se muestre reticente a
facilitar el acceso.

78. La Comisión ha de garantizar que el control de que disponen los operadores
tradicionales sobre las instalaciones de acceso no se emplee para obstaculizar el
desarrollo de un entorno de telecomunicaciones competitivo. Si una empresa goza
de posición de dominante en un mercado de servicios y comete en dicho mercado
una infracción que vulnere lo dispuesto en el artículo 86, se le podrá exigir que
suministre el acceso a sus instalaciones a uno o más competidores en dicho
mercado, con el fin de poner término a tal infracción. Entre otras cosas, una
empresa puede abusar de su posición dominante si, con su comportamiento,
impide la irrupción de un nuevo producto o servicio.

79. El punto de partida para el análisis de la Comisión será la identificación de un
mercado ya existente o potencial para el que se solicita el acceso. Con objeto de
determinar la conveniencia de que se conceda el acceso en aplicación de las
normas de competencia, se tendrá en cuenta toda vulneración por parte de la
empresa dominante de su obligación de no discriminar (véase a continuación) o
de los siguientes elementos, con carácter acumulativo:

a. el acceso a la instalación en cuestión es, en términos generales,
fundamental para que las empresas compitan en dicho mercado afín [58] ;

En este caso, se trata de dilucidar qué es esencial. No bastaría con que, en
caso de concederse el acceso, la posición de la empresa que lo solicita
fuese más ventajosa, sino que es preciso que su denegación implique la
imposibilidad o la inviabilidad absoluta e inevitable de las actividades
propuestas.

Aunque a partir del 1 de julio de 1996, se puede emplear, por ejemplo,
infraestructura alternativa para los servicios liberalizados, pasará algún
tiempo antes de que ello constituya, en muchos casos, una alternativa
satisfactoria a las instalaciones del operador tradicional. En la actualidad,

**58** El Derecho comunitario protege la competencia y no a los competidores, por lo que no bastaría
con demostrar que un competidor necesita el acceso a una instalación para competir en el mercado
de actividades descendentes. Sería necesario demostrar que el acceso es imprescindible para todos,
salvo para los competidores excepcionales, para que el acceso pase a ser obligatorio.

26

la infraestructura alternativa no ofrece una cobertura geográfica de la
densidad de la que dispone la red del operador de telecomunicaciones ya
existente.

b. Se dispone de suficiente capacidad para facilitar el acceso.

c. El titular de la instalación no consigue satisfacer la demanda en un
mercado de servicio o producto ya existente, bloquea la irrupción de un
nuevo servicio o producto potencial, o impide la competencia en un
mercado ya existente o potencial de servicios o productos;

d. La empresa que solicite el acceso está dispuesta a abonar el precio
razonable y no discriminatio fijado y, por lo demás, aceptará unas
condiciones de acceso no discriminatorias;

e. No existe justificación objetiva alguna para denegar el acceso.

Entre las razones pertinentes que se podrían alegar, en este contexto, se
incluirían una dificultad insuperable para facilitar el acceso a la empresa
que lo solicita o la necesidad que tiene todo titular de la instalación que
haya hecho inversiones destinadas a la introducción de un nuevo producto
o servicio de disponer del tiempo y la oportunidad para utilizar dicha
instalación con el fin de poder colocar ese nuevo producto o servicio en
el mercado. No obstante, aunque toda justificación tendrá que ser analizada
detenidamente en cada caso, en el sector de las telecomunicaciones es muy
importante que las ventajas que los usuarios finales han obtenido del
entorno competitivo no se vean socavadas por la actuación de los antiguos
monopolios estatales que tratan de evitar que la competencia nazca y se
desarrolle.

Para determinar si se ha cometido una infracción de lo dispuesto en el
artículo 86, se tendrá en cuenta tanto la situación de hecho en esa y en
otras zonas geográficas y, cuando proceda, la relación entre el acceso
solicitado y la configuración técnica de la instalación.

80. La cuestión de la justificación objetiva exigirá una análisis especialmente riguroso
en este ámbito. Además de determinar si las dificultades mencionadas en un caso
específico revisten la gravedad suficiente para justificar la denegación del acceso,
las autoridades pertinentes también han de decidir si tales dificultades bastan para
compensar el perjuicio acarreado a la competencia en caso de denegación del
acceso y la consiguiente limitación de los mercados de servicios descendentes.

81. El factor temporal, la configuración técnica y el precio son tres elementos
importantes en relación con el acceso que el proveedor podría manipular para
denegar su concesión.

82. Los operadores de telecomunicaciones que gocen de una posición dominante están
obligados a tramitar con eficacia las solicitudes de acceso. Cualquier retraso

**27**

indebido e inexplicado que se produzca en la respuesta a una solicitud de acceso
puede ser constitutivo de abuso. Sin embargo, la Comisión tratará especialmente
de comparar la respuesta a una solicitud de acceso con:

a. el plazo temporal y las condiciones usuales aplicadas cuando la parte
proveedora concede el acceso a sus instalaciones a su propia filial o
división operativa;

b. las respuestas a solicitudes de acceso a instalaciones similares en otros
Estados miembros;

c. las explicaciones ofrecidas por toda demora que se produzca en la
tramitación de las solicitudes de acceso.

83. De modo análogo, se analizarán con detenimiento las cuestiones relativas a la
configuración técnica para determinar su legitimidad. En principio, las normas de
competencia exigen que se conceda acceso a la parte que lo solicite en el punto
que más favorezca a esta última, siempre que sea técnicamente viable para el
proveedor de acceso. Entre las justificaciones objetivas para denegar el suministro
figuran las cuestiones de viabilidad técnica, por ejemplo, el tráfico para el que se
solicita el acceso ha de satisfacer las correspondientes normas técnicas por lo que
a infraestructura se refiere, o las limitaciones de capacidad, que pueden provocar
problemas de racionamiento [59] .

84. El establecimiento de un precio excesivo por la concesión del acceso, además de
ser abusivo en si mismo [60], puede equivaler a una denegación efectiva del acceso.

85. Algunos de los elementos de estas pruebas han de ser evaluados minuciosamente.
Las cuestiones relativas a la fijación de tarifas en el sector de las
telecomunicaciones se simplificarán merced a la obligación establecida en las
Directivas sobre la ORA de tener unos sistemas transparentes de contabilidad de

costes.

86. Por lo que respecta a la tercera de las situaciones mencionadas en el anterior
apartado 72, algunas decisiones anteriores de la Comisión y la jurisprudencia del
Tribunal se han referido a la retirada de suministro a competidores en fases
descendentes (el tercer caso anterior). En el asunto Commercial Solvents, el
Tribunal sostuvo que.

_"toda empresa que goce de una posición dominante en el mercado de_
_materias primas y_ _que,_ _con el fin de reservarse tales materias primas para_
_la fabricación de sus propios derivados, se niegue a suministrar a un_
_cliente que también fabrique tales_ _derivados,_ _y_ _que,_ _como consecuencia de_

**59**

**60**

Como ya se señaló anteriormente en el apartado 80.

Véase el apartado 91 a continuación.

28

_ello,_ _pueda eliminar toda competencia del cliente, abusa de su posición_
_dominante en el sentido de lo dispuesto en el artículo_ _86."_ _[61 ]_

87. Aunque este asunto trataba de la retirada de un producto, no existe diferencia
alguna, en principio, entre este asunto y la retirada de acceso. La rescisión
unilateral de los acuerdos de acceso plantea básicamente cuestiones similares a las
analizadas en relación con las denegaciones. La retirada de acceso a un cliente ya
existente será casi siempre abusiva. También en este caso se podrán alegar razones
objetivas que justifiquen la rescisión y que han de ser proporcionales a las
consecuencias que la retirada produzca en la competencia.

2.2 _Otras formas de abuso_

88. La negativa a facilitar acceso es sólo una de las posibles formas de abuso en este
ámbito, dado que también puede existir abuso habiéndose concedido el acceso.
Entre otras cosas, puede existir abuso, si el operador se comporta de forma
discriminatoria o sus acciones limitan de cualquier otro modo los mercados o el
desarrollo técnico. A continuación se ofrece una serie no exhaustiva de ejemplos
de posibles abusos.

Configuración de red

89. Toda configuración de red efectuada por un operador de red que goce de una
posición dominante y que haga aún más difícil el acceso para los prestadores de
servicios [62] podría ser constitutiva de abuso, a menos de que fuese objetivamente
justificable. Una justificación objetiva sería que la configuración de la red
mejorase su eficiencia en términos generales.

Vinculación

90. Esta cuestión reviste especial interés cuando implica la conexión de servicios para
los que el operador de telecomunicaciones goza de una posición dominante con
aquellos otros en los que esté expuesto a competencia [63] . En el caso de que el
operador de red de integración vertical que goce de una posición dominante
obligue a la parte que solicita acceso a adquirir uno o más servicios [64], sin que ello
esté adecuadamente justificado, cabe la posibilidad de que este factor disuada a los
rivales del proveedor de acceso dominante de ofrecer estos elementos del paquete
independientemente. Por consiguiente, esta exigencia podría ser constitutiva de
abuso en aplicación del artículo 86.

**64**

Asunto 6 y 7/73, Commercial Solvents, 1974 Rec. 223.
Por ejemplo, utilizar la red para prestar un servicio a sus propios clientes.
Este aspecto también se trata en el marco de la ORA; véase el apartado 4 del artículo 7 de la
Directiva de interconexión, el apartado 4 del artículo 12 de la Directiva de telefonía vocal y el
Anexo II de la Directiva marco de la ORA.

Por ejemplo, incluidos los que resultan superfluos para éste último o incluso los que podrían
constituir servicios que el propio solicitante de acceso querría facilitar a sus clientes.

29

Fijación de tarifas

91. El acceso de prestadores de servicio a las instalaciones (esenciales) de un operador
dominante presenta a menudo el problema de la aplicación de tarifas
excesivamente elevadas [65], dado que, al no existir alternativas viables a la
instalación a la que los prestadores de servicios pretenden acceder, el operador
dominante o monopolístico puede inclinarse por fijar tarifas demasiado elevadas.

En un contexto de competencia entre diferentes redes de infraestructura de
telecomunicaciones, pueden surgir problemas de precios injustamente bajos, en el
caso de que un operador dominante tienda a fijar unas tarifas de acceso
indebidamente bajas, con objeto de eliminar la competencia de otros prestadores
(emergentes) de infraestructura, infringiendo lo dispuesto en la letra a) del artículo
86. Por regla general, se considera que un precio es abusivo, cuando se sitúa por
debajo de los costes variables medios de la empresa o es inferior a la media de los
costes totales y forma parte de un plan contrario a la competencia [66] .

Llegado el caso, las normas sobre la ORA relativas a los requisitos de contabilidad
y a la transparencia contribuirán a garantizar la aplicación efectiva del artículo 86

en este contexto.

92. En el caso de que el operador goce de una posición dominante en el mercado de
productos o servicios, el margen entre la tarifa de acceso aplicada a todos los
competidores en el mercado descendente, incluidas las operaciones propias de la
empresa dominante, en caso de que existan, y el precio que el operador de la red
aplica en el mercado descendente ha de ser lo suficientemente amplio para que un
prestador de servicios con un grado suficiente de eficiencia en el mercado
descendente obtenga un beneficio normal, a menos que la empresa dominante
pueda demostrar que su división de operaciones descendentes es
excepcionalemente eficiente [67] . Si éste no fuera el caso, los competidores en el

**65**

**66**

**67**

La Comunicación de la Comisión sobre los criterios de evaluación de los regímenes nacionales para
el coste y la financiación del servicio universal y las directrices para el funcionamiento de tales
regímenes será pertinente para determinar en qué medida se puede utilizar la obligación de servicio
universal para justificar las tarifas aplicadas. Véase también la referencia a la obligación de servicio
universal que figura en el apartado 53.
Véase AKZO, asunto C-62/86, [1991] Rec-3359.

Sin embargo, en muchas situaciones la norma de los costes medios variables no puede aplicarse
en el contexto del sector de las telecomunicaciones, puesto que los costes variables de la prestación
de acceso a una red ya existente son prácticamente nulos. En consecuencia, la prueba que se
debería aplicar, desde el punto de vista de la Comisión, consiste en determinar si una empresa
aplica una tarifa por productos y servicios, salvo que se trate de productos o servicios nuevos, que,
aunque se sitúe por encima del coste medio variable del suministro de los productos o servicios
específicos por los que se abona la tarifa en cuestión, es tan baja que los ingresos globales
percibidos en concepto de todos los productos o servicios en cuestión sería inferior a los costes
totales medios de suministrarlos, si vendiese la misma proporción de su producción siempre al
mismo precio, aun en el caso de que se demuestre que no se intenta excluir a ningún competidor.
Decisión de la Comisión, Brown Napier/British Sugar, 88/518/CEE, DO L 284/41 (1988): el

**30**

mercado descendente habrían de hacer frente a una reducción de precios que
podría expulsarlos del mercado.

Discriminación

93. Un prestador de acceso dominante no puede discriminar entre acuerdos de acceso,
cuando tal discriminación restrinja la competencia. Toda diferenciación basada en
el empleo que se ha de hacer del acceso en lugar de diferencias entre las
transacciones para el propio prestador de acceso, si la probabilidad de que la
discriminación sea lo suficientemente amplia como para restringir o falsear la
competencia actual o futura, sería contraria a lo dispuesto en el artículo 86. Esta
discriminación podría concretarse en la imposición de condiciones diferentes,
incluida la aplicación de tarifas diferentes, o cualquier otra diferenciación entre
acuerdos de acceso, salvo en el caso de que tal discriminación esté justificada
objetivamente, como por ejemplo, cuando se base en consideraciones de costes o
de carácter técnico o en el hecho de que los usuarios operen a niveles diferentes.
Es probable que esta discriminación restrinja la competencia en el mercado
descendente en el que pretendiese operar la empresa que haya solicitado el acceso,
en el sentido de que podría limitar la posibilidad de que este operador se
introdujese en el mercado o expandiese sus operaciones en el mismo [68] .

94. En cuanto a la discriminación de precios, la letra c) del artículo 86 prohibe que
una empresa dominante discrimine entre sus propios clientes [69], incluida la
discriminación basada en el hecho de que dichos clientes acepten o no tratar
exclusivamente con ella.

95. La discriminación sin que exista una justificación objetiva en relación con
cualquier aspecto o condición de un acuerdo de acceso puede ser constitutiva de
abuso,y estar relacionada con elementos tales como la fijación de tarifas, los
retrasos, el acceso técnico, encaminamiento [70], numeración, restricciones sobre la
utilización de la red más rigurosas que las condiciones básicas y utilización de
datos de la red de clientes. No obstante, la existencia de discriminación sólo puede
determinarse en cada caso. Toda discriminación es contraria a lo dispuesto en el

**68**

**69**

**70**

margen entre los precios industriales y al por menor se redujo hasta tal punto que el comprador
mayorista con operaciones de envasado tan eficientes como las del proveedor mayorista no podía
servir de manera rentable al mercado minorista. Véase también National Carbonising, anterior nota
a pie de página 57.
No obstante, cuando la capacidad de la infraestructura esté infrautilizada, puede estar justificado
que se apliquen tarifas diferentes por el acceso dependiendo de la demanda en los distintos
mercados descendientes, en la medida en que dicha diferenciación permita una mejor utilización
de la infrestructura y un desarrollo más eficaz de determinados mercados y siempre que no
restrinja o falsee la competencia. En tal caso, la Comisión analizará las consecuencias globales de
dicha diferenciación de precios en todos los mercados descendientes.
Asunto C-310/93 P, BPB Industries PLC y British Gypsum Ltd/Comisión [1995] Rec. 1-865, 904,
relativo a la discriminación realizada por BPB entre diferentes clientes del mercado adyacente de
escayola seca.
Por ejemplo, a una lista de preferencia de operadores de red corresponsales.

31

artículo 86, con independencia de que se derive o se demuestre por las condiciones
de un acuerdo de acceso específico.

96. En este contexto, el operador de red ha de ofrecer a los clientes independientes un
trato similar al que dispensa a su propia filial o división de servicios descendentes.
Cabe la posibilidad de que el tipo de cliente y sus demandas jueguen un papel
significativo a la hora de determinar si las transacciones son comparables. El
hecho de que se apliquen tarifas diferentes a clientes situados en niveles diferentes
(al por menor y al por mayor) no es constitutivo necesariamente de
discriminación.

97. Las cuestiones de discriminación se pueden plantear en relación con la
configuración técnica del acceso, dada su importancia en este contexto.

_Grado de_ _sofisticación_ _técnica del_ _acceso:_ las restricciones sobre el tipo o "nivel"
en la jerarquía de intercambios de la red que influyen en el acceso o en las
capacidades técnicas de dicho intercambio presentan una importancia directa para
la competencia. Éstas podrían ser las instalaciones disponibles para facilitar una
conexión o el tipo de interfaz y de sistema de señalización empleado para
determinar el tipo de servicio disponible para la parte que solicite el acceso (por
ejemplo, instalaciones de inteligencia de red).

_Número_ _y/o_ _localizacicm de puntos de conexión:_ puede ser muy importante la
obligación de almacenar y distribuir tráfico para determinadas áreas en la
conmutación que sirva directamente a dicha área en lugar de hacerlo a un nivel
más elevado de la jerarquía de la red. La parte que solicita el acceso incurre en
gastos adicionales, ya sea al facilitar conexiones a mayor distancia desde su centro
de conmutación, ya sea por estar obligada a abonar unas tarifas más elevadas de
transporte.

_Igualdad_ _de_ _acceso:_ una característica básica de un sistema de telecomunicaciones
competitivo es la posibilidad de que los clientes de la parte que solicita el acceso
obtengan los servicios prestados por el suministrador de acceso utilizando el
mismo número de dígitos marcados que utilizan los clientes de este último.

Justificación objetiva

98. Entre las justificaciones objetivas se encuentra cualquier restricción relativa al
propio funcionamiento de la red propiedad del proveedor de acceso o las
restricciones en la concesión de licencias que se ajusten, por ejemplo, a lo
dispuesto en la normativa sobre propiedad intelectual.

**32**

2.3 _Abusos de posición dominante conjunta_

99. En el caso de posición dominante conjunta (véanse los anteriores apartados 66 y
ss.), el comportamiento de una entre varias empresas que gocen de una posición
**dominante** conjunta puede ser abusivo, aunque las demás no se comporten de la
misma forma.

100. **Además** de las medidas de reparación contempladas en las normas de competencia,
en **el** caso de que ningún operador estuviese dispuesto a conceder el acceso y no
existiesen razones técnicas o comerciales que justificasen tal denegación, sería de
esperar que la autoridad nacional de reglamentación resolviese el problema
ordenando a una o varias de las empresas que concediesen el acceso, con arreglo
a lo dispuesto en la Directiva sobre la ORA o la normativa nacional.

**3.** **Acuerdos de acceso (artículo 85)**

101. Las restricciones de la competencia que se deriven de los acuerdos de acceso
pueden producir dos efectos diferentes: obstaculizar la competencia entre las dos
partes del acuerdo de acceso o limitarla en relación con terceros, lo que se
produce, por ejemplo, mediante el trato de exclusividad que se conceda a una o
ambas partes del acuerdo. Además, cuando una parte goza de posición dominante,
es posible que las condiciones del acuerdo de acceso conduzcan a un
reforzamiento de la misma o a una extensión de dicha posición dominante a un
mercado afín, o puede constituir una explotación ilegal de la posición dominante
mediante la imposición de condiciones desleales.

102. Los acuerdos de acceso en los que éste es, en principio, ilimitado no presentan una
restricción inherente de la competencia en el sentido de lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 85. En ausencia de cualquier obligación de exclusividad (véase el
anterior apartado ....), ofrecer acceso a una empresa en esta situación no supondría
una restricción inherente de la competencia en el mercado de acceso, dado que
**ello** no limitaría las posibilidades de que otros pudiesen celebrar acuerdos
similares con el proveedor de acceso. Eso será lo que suceda habitualmente en el
sector de las telecomunicaciones.

103. Los acuerdos de acceso pueden tener unas consecuencias muy positivas para la
competencia, puesto que pueden mejorar el acceso al mercado descendente. Los
acuerdos de acceso en el contexto de la interconexión cumplen una función básica
para la interoperabilidad de los servicios y la infraestructura, al incrementar la
competencia en el mercado de servicios descendentes, lo que probablemente
presentará un mayor valor añadido que la infraestructura local.

104. Sin embargo, es evidente que algunos acuerdos de acceso o determinadas cláusulas
de los mismos pueden repercutir negativamente en la competencia. Así por
ejemplo, cabe la posibilidad de que los acuerdos de acceso:

a. se utilicen como medio para la coordinación de precios;

33

b. o el reparto del mercado;
c. produzcan efectos de exclusión sobre terceros [71] .
d. conduzcan a un intercambio de información sensible desde el punto de
vista comercial entre las partes.

105. El riesgo de que se produzca coordinación de precios es especialmente agudo en
el sector de las telecomunicaciones, puesto que las tarifas de interconexión
suponen a menudo hasta el 50% o más del coste total de los servicios prestados
y casi siempre será necesario mantener una interconexión con un operador
dominante. En estas circunstancias, el margen para que exista competencia de
precios es escaso, mientras que, a la inversa, el riesgo (y la gravedad) de
coordinanción de precios es mayor.

106. Por otra parte, es posible que, en determinadas circunstancias, los acuerdos de
interconexión entre operadores de red constituyan un obstáculo a la inversión en
infraestructura, por lo que podrían conducir al reparto del mercado entre el
operador de red que presta el acceso y el que lo solicita, en lugar de que surja una
competencia entre ellos por la red.

107. En un entorno liberalizado de telecomunicaciones, tanto las autoridades nacionales
como la Comisión, en el marco de las normas de competencia de la CE, harán un
seguimiento minucioso de los tipos de restricciones a la competencia que se
acaban de mencionar. La normativa nacional no afectará en nada el derecho de las
partes que sufran cualquier tipo de comportamiento contrario a la competencia a
presentar una denuncia a la Comisión.

Cláusulas que se encuadran en el ámbito de aplicación del
apartado 1 del artículo 85

108. La Comisión ha detectado algunos tipos de restricción que podrían infringir lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 CE, por lo que se les habría de aplicar
una excepción específica. En la mayoría de los casos, estas cláusulas estarán
relacionadas con el marco comercial del acceso.

109. En el sector de las telecomunicaciones, es posible que las partes interconectadas
deseen intercambiar información sobre la clientela y el tráfico. Es probable que
este intercambio influya en el comportamiento competitivo de las empresas
afectadas y las partes podrían utilizarlo perfectamente para la realización de
prácticas contrarias a la competencia, tales como el reparto de mercados [72] .

**72**

Decisión de la Comisión, Nigth Services, DO L 259/20 (1994); Decisión de la Comisión,
Eurotunnel, DO L 354/66 (1994).
Asunto T-34/92, Fiatagri UK Ltd y New Holland Ford Ltd/Comisión
Asunto T-35/92, John Deere Ltd/Comisión

Ambos asuntos se han recurrido ante el TJCE

Recurso contra la Decisión de la Comisión, UK Agricultural Tractor Registration Exchange, DO
L 68/19 (1992).

**34**

110.' De modo análogo, deberán ser analizados en el marco de lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 85 los acuerdos de exclusividad; por ejemplo, en el caso
de que el tráfico se transportase exclusivamente mediante la red de
telecomunicaciones de una o ambas partes, en lugar de utilizar la red de otras
partes con las que se hayan celebrado acuerdos de acceso. Si no se ofrece
justificación alguna para la adopción de tal encaminamiento, se prohibirán estas
cláusulas.

111. Resulta muy poco probable que los acuerdos de acceso que se hayan celebrado
con una finalidad contraria a la competencia reúnan los criterios para la aplicación
de una excepción concreta en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 85.

112. Por otra parte, es posible que los acuerdos de acceso repercutan en la estructura
de competencia del mercado. Una parte considerable del coste total de los
servicios prestados por la parte que solicita el acceso a los usuarios finales
proviene a menudo de las tarifas que se han de abonar por el acceso local, con lo
que el margen para la competencia de precios es escaso. Debido a la necesidad de
preservar este grado limitado de competencia, la Comisión se concentrará
especialmente en la evaluación minuciosa de los acuerdos de acceso y, más
concretamente, de las consecuencias que puedan tener para los mercados afectados,
con el fin de garantizar que tales acuerdos no se utilicen como medio oculto e
indirecto para la fijación o coordinación de precios finales a los usuarios finales,
que no es sino una de las infracciones más graves del artículo 85 CE [73] .

113. Por otra parte, las cláusulas que implican discriminación colectiva que conduce a
la exclusión de terceros también restringen la competencia. Lo más importante es
la discriminación en materia de precio, calidad u otros aspectos comercialmente
significativos del acceso en detrimento de la parte que solicite el acceso, cuyo
objetivo sea, por lo general, favorecer indebidamente las operaciones del prestador
de acceso.

**4.** **Consecuencias sobre el comercio entre los Estados miembros**

114. Para que se apliquen los artículos 85 y 86, es preciso que se produzcan
consecuencias sobre el comercio entre los Estados miembros.

115. Para que un acuerdo repercuta en los intercambios entre Estados miembros, la
Comisión ha de poder:

_"prever con un grado suficiente_ _de_ _probabilidad sobre la base de factores_
_objetivos de hecho y de derecho que el acuerdo en cuestión puede tener_

**73** Asunto 8/72 _Vereniging van Cementhandelaren_ v. _Comisión_ [1972] Rec. 977;
Asunto 123/83 _Bureau National_ _Interprofessionnel_ _du Cognac v. Clair_ [1985] Rec. 391.

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_una influencia, directa o indirecta, actual o futura, en las estructuras_
_comerciales entre los Estados_ _miembros._ " [74 ]

Si el acuerdo en su conjunto es susceptible de afectar a los intercambios [75], no es
preciso que lo hagan todas y cada una de las restricciones de la competencia de
que conste el mismo.

116. Por lo que se refiere a los acuerdos de acceso en el sector de las
telecomunicaciones, la Comisión no sólo tendrá en cuenta las consecuencias
directas de las restricciones de la competencia en el comercio interestatal de
mercados de acceso, sino también las repercusiones que puedan tener para el
comercio interestatal de servicios de telecomunicaciones. La Comisión también
tomará en consideración la capacidad potencial de estos acuerdos para acotar un
determinado mercado geográfico, lo que podría impedir que empresas ya
establecidas en otros Estados miembros compitan en el mismo.

117. Los acuerdos de acceso a las telecomunicaciones repercutirán casi siempre en el
comercio entre Estados miembros, puesto que los servicios prestados a través de
una red se comercializan en toda la UE y los acuerdos de acceso podrá determinar
la capacidad de un prestador de servicios o un operador para prestar cualquier
servicio determinado [76] . Incluso cuando los mercados son fundamentalmente
nacionales, como sucede generalmente en la actualidad, los abusos de posición
dominante afectarán, por lo general y debido al grado de desarrollo de la
liberalización, a la estructura del mercado, lo que repercutirá en el comercio entre
los Estados miembros.

118. Los casos que se planteen en este ámbito en relación con cuestiones que entren en
el ámbito de aplicación del artículo 86 se referirán a cláusulas abusivas en los
acuerdos de acceso, a la negativa a celebrar acuerdos de acceso en condiciones
adecuadas o bien a la negativa pura y simple a celebrarlos. En este contexto,
igualmente pertinentes serán los criterios anteriormente enumerados por los que
se determina si un acuerdo de acceso es susceptible de repercutir en los
intercambios entre los Estados miembros.

**74**

**75**

**76**

Asunto 56/65, STM, 1966, Rec. 235, véase el apartado 249.
Asunto 193/83, Windsurfing International Inc/Comisión, 1986 Rec. 611.
Véanse las Directrices para la aplicación de las normas comunitarias sobre competencia en el
sector de las telecomunicaciones, véase el anterior apartado 3.

36

**Conclusiones**

119. La Comisión estima que las normas de competencia y la normativa específica del
sector forman un conjunto coherente de medidas destinadas a garantizar un
contexto liberalizado y competitivo para los mercados de las telecomunicaciones
en la UE.

120. A la hora de adoptar medidas en este sector, la Comisión tratará de evitar la
duplicación innecesaria de procedimientos, especialmente de los de competencia
y de los procedimientos normativos nacionales/de la UE basados en el marco de
ORA.

121. Cuando se invoquen las normas de competencia, la Comisión analizará cuáles son
los mercados afectados y aplicará los artículos 85 y 86 con arreglo a los principios
anteriormente enunciados.

**37**

##### **ISSN 0257-9545**

## COM(96) 649 final

# **DOCUMENTOS**

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