Source: EURLEX
Language: es
Format: md

1990L0388 — ES — 01.01.1996 — 002.001 — 1

**Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones**

**►B** **DIRECTIVA DE LA COMISIÓN**

**de 28 de junio de 1990**

**relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones**

(90/388/CEE)

(DO L 192 de 24.7.1990, p. 10)

Modificada por:

Diario Oficial

n [o] página fecha

**►M1** Directiva 94/46/CE de la Comisión de 13 de octubre de 1994 L 268 15 19.10.1994

**►M2** Directiva 95/51/CE de la Comisión de 18 de octubre de 1995 L 256 49 26.10.1995

Rectificada por:

**►C1** Rectificación, DO L 308 de 29.11.1996, p. 59 (95/51/CE)

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- **B**

**DIRECTIVA DE LA COMISIÓN**

**de 28 de junio de 1990**

**relativa a la competencia en los mercados de servicios de teleco-**
**municaciones**

(90/388/CEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 90,

1. Considerando que el fortalecimiento de las telecomunicaciones
comunitarias constituye una de las condiciones esenciales para
el desarrollo armonioso de las actividades económicas y de un
mercado competitivo en la Comunidad, tanto desde el punto de
vista de los prestadores de servicios como de los usuarios; que
la Comisión, por lo tanto, definió en su Libro Verde sobre el
desarrollo del mercado común de equipos y servicios de telecomunicaciones y en su Comunicación sobre la aplicación del
Libro Verde hasta 1992 un programa de acción para la apertura
progresiva del mercado de telecomunicaciones a la competencia; que dicho programa de acción no incluye la radiotelefonía
móvil, la radiomensajería ni los servicios de comunicación de
masas tales como la radiodifusión o la televisión; que el Consejo prestó, mediante su Resolución de 30 de junio de 1988 ( [1] ),
su apoyo a los objetivos de dicho programa y, en particular, a
la creación progresiva de un mercado comunitario abierto de
servicios de telecomunicaciones; que, durante los últimos decenios, el sector de telecomunicaciones ha experimentado una
evolución tecnológica considerable; que esta evolución permite
ofrecer una gama cada vez más variada de servicios y, en particular, de transmisión de datos; que ésta, por otra parte, hace
técnica y económicamente posible un régimen en el que pueda
haber competencia entre los distintos operadores;

2. Considerando que, en todos los Estados miembros, el establecimiento y explotación de la red de telecomunicaciones y el
suministro de los correspondientes servicios suele delegarse,
mediante la concesión de derechos exclusivos o especiales, a
uno o varios organismos de telecomunicaciones; que estos derechos se caracterizan por el poder discrecional que el Estado
ejerce en diversos grados en lo que se refiere al acceso al mercado de servicios de telecomunicaciones;

3. Considerando que los organismos encargados del establecimiento y de la explotación de la red de telecomunicaciones son
empresas contempladas en el apartado 1 del artículo 90 del Tratado, ya que ejercen de manera organizada una actividad económica, a saber, el suministro de servicios de telecomunicaciones;
que se trata, bien de empresas públicas, bien de empresas a las
que los Estados han concedido derechos exclusivos o especiales;

4. Considerando que, sin dejar de garantizar la función de servicio
público, varios Estados miembros ya han revisado el sistema de
derechos exclusivos o especiales vigente hasta el momento en
el sector de las telecomunicaciones; que, en todos los casos, el
régimen de derechos exclusivos o especiales se mantiene para
el establecimiento y para la explotación de la red; que lo mismo
ocurre en ciertos Estados miembros para los servicios de telecomunicaciones, mientras que en otros, tales derechos no cubren
más que determinados servicios; que, por otra parte, todos los
Estados miembros han adoptado por sí mismos o permitido a
los organismos de telecomunicaciones adoptar medidas administrativas y reglamentarias que limitan la libre prestación de los
servicios de telecomunicaciones;

( [1] ) DO n [o] C 257 de 4. 10. 1988, p. 1.

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5. Considerando que la concesión, en el ejercicio del poder discrecional del Estado miembro de derechos exclusivos o especiales
a una o varias empresas para la explotación de la red, restringe
la prestación de esos servicios por otras empresas desde o hacia
otros Estados miembros;

6. Considerando que, en la práctica, las restricciones a la libre
prestación de servicios de telecomunicaciones hacia o desde
otros Estados miembros a que se refiere el artículo 59 del Tratado consisten, en particular, en la prohibición de realizar conexiones de circuitos arrendados mediante concentradores, multiplexores y otras instalaciones con la red telefónica conmutada,
en la imposición para esta conexión de derechos de acceso desproporcionados en relación con el servicio prestado, en la prohibición de enviar señales desde o hacia terceros mediante circuitos arrendados, o en la aplicación de una tarifa en proporción a
la utilización sin justificación económica o en la negativa al
acceso a la red de ciertos prestadores de servicios; que estas
restricciones de utilización y tarifas excesivas con relación al
precio de coste producen el efecto de obstaculizar la prestación,
desde o hacia otros Estados miembros, de servicios de telecomunicaciones, tales como:

— servicios que tienen por objeto mejorar las funciones de
telecomunicación, por ejemplo, la conversión de protocolo,
de código, de formato o de capacidad,

— servicios basados en la información que tienen por objeto el
acceso a las bases de datos,

— servicios informáticos a distancia,

— servicios de registro y transmisión de mensajes, por ejemplo,
el correo electrónico,

— servicios de transacciones, por ejemplo, transacciones financieras y transferencia electrónica de datos de uso comercial,
telecompra y telerreserva,

— servicios teleactivos, por ejemplo, telemedida y telecontrol.

7. Considerando que el artículo 66 en relación con los artículos 55
y 56 del Tratado permiten excepciones a la libertad de prestación de servicios por motivos no económicos; que las restricciones admitidas, a este respecto, son, por una parte, el ejercicio,
incluso con carácter ocasional, de la autoridad pública y, por
otra parte, el orden público, la seguridad pública y la salud
pública; que, al tratarse de excepciones, éstas deben ser interpretadas de manera restrictiva; que ningún servicio de telecomunicaciones constituye una participación en el ejercicio de la
autoridad pública que implique la facultad de usar prerrogativas
exorbitantes con respecto al Derecho común, privilegios del
poder público o un poder de coerción sobre los ciudadanos; que
la oferta de servicios de telecomunicaciones no puede en sí
misma atentar contra el orden público ni afectar a la salud
pública;

8. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
admite, por otra parte, restricciones a la libertad de prestación
de servicios, cuando dichas restricciones responden a exigencias
esenciales de interés general y se aplican de forma no discriminatoria y en proporción al objetivo perseguido; que la protección de los consumidores no puede justificar restricciones a la
libre prestación de servicios en materia de telecomunicaciones,
ya que dicho objetivo se puede alcanzar igualmente en un régimen de libre competencia que, a este respecto, tampoco se
puede invocar la protección de la propiedad intelectual; que las
únicas exigencias esenciales admitidas como excepción al
artículo 59 y que pueden justificar las restricciones a la utilización de la red pública son la integridad de esta última, la seguridad de su funcionamiento y, en los casos justificados, la interoperabilidad y la protección de los datos; que las restricciones
impuestas deben, en cualquier caso, ser proporcionales a los
objetivos perseguidos por tales exigencias legítimas; que los
Estados miembros deberán hacer públicas y notificar estas res

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tricciones a la Comisión con objeto de que esta última pueda
valorar dicha proporcionalidad;

9. Considerando que, en este contexto, la seguridad de funcionamiento de la red tiene por objeto asegurar la disponibilidad de
la red pública en caso de urgencia; que la integridad técnica de
la red pública tiene por objeto asegurar su funcionamiento normal y la interconexión de las redes públicas en la Comunidad
basada en las especificaciones técnicas comunes; que la noción
de interoperabilidad de los servicios tiene por objeto el respeto
a estas especificaciones técnicas mínimas establecidas para acrecentar la prestación de servicios y la elección de los usuarios;
que la protección de datos tiene por objeto garantizar la confidencialidad de las comunicaciones y la protección de los datos
personales;

10. Considerando asimismo que, además de las exigencias esenciales que pueden figurar como condiciones en los procedimientos
de autorización o de declaración, los Estados miembros podrán
establecer, para el servicio de conmutación de datos, condiciones relacionadas con obligaciones de servicio público que constituyan regulaciones de comercio objetivas, no discriminatorias
y transparentes sobre los requisitos de permanencia, disponibilidad y calidad del servicio;

11. Considerando que, cuando un Estado miembro ha encargado a
un organismo de telecomunicaciones el suministro de servicios
de conmutación de datos por paquetes o por circuitos para el
público y este servicio puede fracasar debido a la competencia
de operadores privados, la Comisión puede autorizar a este
Estado miembro para imponer condiciones adicionales para el
suministro de dicho servicio, que también pueden afectar a su
cobertura geográfica. Al evaluar estas medidas, la Comisión, en
el marco de la realización de los objetivos fundamentales del
Tratado, enunciadas en su artículo 2, incluido el reforzamiento
de la cohesión económica y social de la Comunidad, contemplado en su artículo 130 A, tendrá también en cuenta la situación de los Estados miembros cuya red de suministro de servicios de conmutación de datos por circuitos o por paquetes aún
no está suficientemente desarrollada, situación que podría justificar para estos Estados miembros el mantenimiento, hasta el 1
de enero de 1996, de la fecha prevista para la simple reventa de
capacidad de las líneas arrendadas;

12. Considerando que el artículo 59 del Tratado prevé la supresión
de cualquier otra restricción a la libre prestación de servicios
dentro de la Comunidad respecto de los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no
sea el del destinatario de la prestación; que el mantenimiento o
la introducción de todo derecho exclusivo o especial que no responda a los criterios mencionados constituye, por consiguiente,
una infracción del artículo 90 en relación con el artículo 59;

13. Considerando que el artículo 86 del Tratado declara incompatible con el mercado común cualquier comportamiento de una o
varias empresas que constituya una explotación abusiva de una
posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo; que los organismos de telecomunicaciones son
empresas a los efectos de dicho artículo, ya que ejercen actividades económicas y, en particular, el suministro de servicios
consistente en poner a disposición de los usuarios la red y los
servicios de telecomunicaciones; que esta disponibilidad de la
red constituye un mercado de servicios diferente, puesto que no
es intercambiable con otros servicios; que la disponibilidad de
la red y los otros servicios de telecomunicaciones se prestan en
cada uno de los mercados nacionales en condiciones de competencia suficientemente homogéneas como para que la Comisión
pueda valorar el poder económico de las empresas que los
suministran en esos territorios; que los territorios de los Estados
miembros constituyen otros tantos mercados geográficos diferenciados; que esto se debe a la diferencia entre las regulacio

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nes sobre las condiciones de acceso y de funcionamiento técnico relativas al suministro de la red y de los servicios de telecomunicaciones; que, por otra parte, cada uno de ellos constituye una parte sustancial del mercado común;

14. Considerando que estas empresas tienen, individual o colectivamente, en cada uno de sus mercados nacionales, una posición
dominante con respecto al establecimiento y a la explotación de
la red de telecomunicaciones, ya que son las únicas que disponen en cada Estado miembro de una red que abarca el conjunto
del territorio del mismo y porque su gobierno les ha concedido
el derecho exclusivo de explotar, solas o conjuntamente con
otras empresas, la red;

15. Considerando que los derechos exclusivos o especiales que se
conceden en materia de servicios de telecomunicaciones por un
Estado a los organismos que ya tienen una posición dominante
para el establecimiento y la explotación de la red son derechos
que tienen por efecto reforzar dicha posición dominante, al
extenderla a los servicios;

16. Considerando que, por otra parte, los derechos exclusivos o
especiales concedidos por el Estado a los organismos de telecomunicaciones por lo que se refiere al suministro de ciertos servicios de telecomunicaciones permiten que estos organismos:

a) excluyan del mercado o limiten el acceso de los competidores al mercado de los servicios de telecomunicaciones, restringiendo así la libre elección de los usuarios, lo que puede
limitar el progreso tecnológico en perjuicio de los consumidores;

b) impongan a los usuarios de la red la utilización de los servicios que son objeto de los derechos exclusivos, subordinando
así la celebración de los contratos de utilización de la red a
la aceptación de prestaciones suplementarias que no guardan
relación con el objeto de dichos contratos;

que todos estos comportamientos constituyen abusos de posición
dominante que pueden afectar de forma sensible al comercio
entre los Estados miembros; que, en efecto, todos los servicios
de que se trata pueden, en principio, ser ofrecidos por prestadores de otros Estados miembros; que la estructura de la competencia dentro del mercado común resulta así sustancialmente
modificada; que, en cualquier caso, los derechos especiales o
exclusivos concedidos respecto de esos servicios conducen a
una situación contraria al objetivo de la letra f) del artículo 3
del Tratado, que prevé el establecimiento de un régimen que
garantice que la competencia no será falseada en el mercado
común ni, con mayor motivo, eliminada; que los Estados miembros deben, con arreglo al artículo 5 del Tratado, abstenerse de
todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del Tratado, entre los que se incluye el de la
letra f) del artículo 3;

17. Considerando que los derechos exclusivos otorgados en materia
de servicios de telecomunicaciones a las empresas públicas o
empresas a las que los Estados miembros han concedido derechos especiales o exclusivos para el establecimiento de la red
de telecomunicaciones son incompatibles con el apartado 1 del
artículo 90, en relación con el artículo 86;

18. Considerando que el apartado 2 del artículo 90 del Tratado permite establecer una excepción a la aplicación de los artículos
59 y 86 del Tratado en los casos que ésta impida, de hecho o
de derecho, el cumplimiento de la misión específica confiada a
los organismos de telecomunicaciones; que esta misión consiste
en el establecimiento y explotación de una red universal, es
decir, que tenga una cobertura geográfica general y que se facilite, previa solicitud y en un plazo razonable, a todo prestador
de servicios o usuario; que los medios financieros para el desarrollo de esta red proceden todavía principalmente de la explotación del servicio de telefonía vocal; que, por consiguiente, la

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apertura de este servicio a la competencia podría amenazar el
equilibrio financiero de los organismos de telecomunicaciones;
que el servicio de telefonía vocal, tanto si se ofrece a partir de
la red telefónica actual o como parte integrante del servicio de
la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), constituye
además el medio actualmente más importante de notificación y
de llamada de los servicios de urgencia responsables de la seguridad pública;

19. Considerando que el suministro de circuitos arrendados constituye un elemento esencial de la misión de los organismos de
telecomunicaciones; que existe actualmente, en la mayor parte
de los Estados miembros, una diferencia sustancial entre las
tarifas por la utilización del servicio de transmisión de datos a
través de la red conmutada y por la utilización de circuitos
arrendados; que una rápida nivelación de dichas tarifas podría
perjudicar a esa misión de interés económico general; que el
establecimiento del equilibrio entre dichas tarifas debe producirse progresivamente, a más tardar, el 31 de diciembre de
1992; que, entretanto, debe poder exigirse a los operadores privados que no ofrezcan al público un servicio que consista en la
simple reventa de capacidad de circuitos arrendados, es decir,
que implique solamente el tratamiento, la conmutación, el almacenaje o la conversión de protocolo en la medida necesaria para
la transmisión en tiempo real; que los Estados miembros pueden, por consiguiente, establecer un sistema de declaración por
el cual los operadores privados se comprometan a no efectuar
tal reventa; que, sin embargo, no puede imponerse ninguna otra
obligación a estos operadores para hacer respetar esta medida;

20. Considerando que estas restricciones no afectan al desarrollo de
los intercambios en una forma contraria al interés de la Comunidad; que, en estas condiciones, dichas restricciones son compatibles con el apartado 2 del artículo 90 del Tratado; que otro
tanto cabe decir de las medidas adoptadas por los Estados
miembros para garantizar que la actividad de los prestadores de
servicios privados no redunde en perjuicio del servicio público
de conmutación de datos;

21. Considerando que las normas del Tratado, incluidas las relativas
a la competencia, se aplican al servicio de télex; que la importancia de este servicio sufre una erosión progresiva en todos los
Estados miembros debido a la aparición de medios de telecomunicación competitivos como el telefax; que la supresión de las
restricciones actuales sobre la utilización de la red telefónica
conmutada y de los circuitos arrendados permitirá la retransmisión de mensajes télex; que, habida cuenta de esta evolución, es
necesario adoptar un enfoque específico; que, por tanto, la presente Directiva no debe aplicarse al servicio de télex;

22. Considerando que, en cualquier caso, la Comisión volverá a
examinar en el año 1992 cualquier derecho especial o exclusivo
subsistente, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y la
evolución hacia una infraestructura numérica;

23. Considerando que es conveniente ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de elaborar procedimientos equitativos de
autorización para asegurar el respeto de las exigencias esenciales, sin perjuicio de una armonización de las mismas prevista a
nivel comunitario en el marco de las directivas del Consejo
relativas el suministro de una red abierta «Open Network Provision» (ONP); que, en lo que respecta a la conmutación de
datos, los Estados miembros deben poder incluir en estos procedimientos la obligación de cumplir las regulaciones comerciales
que regulan las condiciones de permanencia, disponibilidad y
calidad del servicio, así como las medidas dirigidas a proteger
la misión de interés económico general que han confiado al
organismo de telecomunicaciones; que estos procedimientos
deben basarse en criterios objetivos y precisos, sin efectos discriminatorios; que dichos criterios deberán ser, en particular,
justificados y proporcionados al interés general perseguido y

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estar debidamente motivados y publicados; que la Comisión
debe poder examinarlos detenidamente a la luz de las normas
sobre la competencia y de aquéllas relativas a la libre prestación de servicios; que, en cualquier caso, los Estados miembros
que no hubieren notificado a la Comisión un proyecto de criterios y de procedimientos de autorización transcurrido un plazo
determinado no podrán en adelante imponer restrición alguna a
la libre prestación del servicio de transmisión de datos al
público en general;

24. Considerando que los Estados miembros deben poder disponer
de un plazo complementario para elaborar las reglas generales
relativas a las condiciones de prestación de estos servicios de
conmutación de datos por paquetes o por circuitos al público en
general;

25. Considerando que, por otra parte, los servicios de telecomunicaciones no pueden ser objeto de ninguna restricción ni por lo
que respecta al libre acceso a dichos servicios por parte de los
usuarios, ni por lo que respecta al tratamiento de las informaciones que pueda efectuarse antes de la transmisión de los mensajes por la red de telecomunicaciones, o después de que los
mensajes hayan sido recibidos, que no se justifique por una exigencia esencial proporcionada al objetivo perseguido;

26. Considerando que la numerización de la red y el perfeccionamiento tecnológico de los aparatos terminales conectados a ella
han incrementado el número de funciones que anteriormente se
efectuaban dentro de la red, de tal forma que dichas funciones
pueden ser efectuadas por los propios usuarios mediante aparatos terminales cada vez más perfeccionados; que es conveniente
garantizar que los suministradores de servicios de telecomunicaciones, en particular, de telefonía y de transmisión de datos por
conmutación por paquetes o por circuitos permitan a los operadores económicos utilizar estas funciones;

27. Considerando que, en tanto se establecen las normas comunitarias para el suministro de una red abierta (ONP), es necesario
hacer públicas las interfaces técnicas ya utilizadas en los Estados miembros para permitir a las empresas que pretendan establecerse en los mercados de servicios de telecomunicaciones
adoptar las medidas necesarias con objeto de adaptar las características de sus servicios a las exigencias técnicas de las redes;
que, en la medida en que dichas interfaces técnicas no hayan
sido establecidas todavía por los Estados miembros, conviene
que se establezcan en el más breve plazo posible; que todo proyecto elaborado a este respecto deberá ser comunicado a la
Comisión con arreglo a la Directiva 83/189/CEE del Consejo ( [1] ),
modificada por la Directiva 88/182/CEE ( [2] );

28. Considerando que, por lo general, las legislaciones nacionales
atribuyen a los organismos de telecomunicaciones una función
de reglamentación de los servicios de telecomunicaciones que
implica, en particular, la concesión de autorizaciones, el control
de conformidad y de las especificaciones obligatorias de las
interfaces, la atribución de frecuencias y la vigilancia de las
condiciones de utilización; que dichas legislaciones a veces sólo
definen los principios generales de la explotación de los servicios autorizados, concediendo a los organismos de telecomunicaciones la facultad de definir las condiciones específicas de
aplicación;

29. Considerando que esta actividad, de carácter a la vez reglamentario y comercial, de los organismos de telecomunicaciones
tiene una incidencia directa sobre la actividad de los operadores
económicos que ofrecen servicios de telecomunicaciones en
competencia con dichos organismos; que, en efecto, mediante
esta doble actividad, estos organismos determinan o, al menos,

( [1] ) DO n [o] L 109 de 26. 4. 1983, p. 8.
( [2] ) DO n [o] L 81 de 26. 3. 1988, p. 75.

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influyen sustancialmente en el suministro de los servicios ofrecidos por sus competidores; que el hecho de delegar a una
empresa que dispone de una posición dominante para el establecimiento y explotación de la red el poder de reglamentación del
acceso al mercado de los servicios de telecomunicaciones constituye un reforzamiento de la posición dominante que esta
misma empresa tiene en el mercado; que este hecho, teniendo
en cuenta el conflicto de intereses, puede restringir el acceso de
los competidores a los mercados de servicios de telecomunicaciones y limitar la libertad de elección de los usuarios; que, por
otra parte, estas medidas pueden limitar los mercados de los
materiales destinados al tratamiento de señales de telecomunicación y, por lo tanto, el progreso tecnológico en este sector; que,
en consecuencia, la acumulación de estas actividades constituye
un abuso de posición dominante de los organismos de telecomunicaciones de que se trata en la acepción del artículo 86;
que, si estos comportamientos resultan de una medida adoptada
por el Estado, esta última será también incompatible con el
apartado 1 del artículo 90 en relación con el artículo 86;

30. Considerando que, para cumplir eficazmente su deber de vigilancia en aplicación de las disposiciones del apartado 3 del
artículo 90, la Comisión debe disponer de ciertas informaciones
esenciales; que estas informaciones deben garantizar, en particular, la transparencia de las medidas adoptadas por los Estados
miembros para que la Comisión pueda velar por que el acceso
a la red y los diferentes servicios correspondientes sean facilitados por cada organismo de telecomunicaciones con arreglo a
unas tarifas y en condiciones no discriminatorias para todos sus
clientes; que conviene que estas informaciones se refieran a:

— las medidas adoptadas para suprimir los derechos exclusivos
en aplicación de la presente Directiva,

— las condiciones de concesión de las autorizaciones de explotación de los servicios de telecomunicaciones;

que la Comisión debe disponer de estas informaciones para
poder velar, en particular, por que todos los usuarios de la red
y de los servicios, incluidos los organismos de telecomunicaciones cuando sean prestadores de servicios, reciban un trato equitativo;

31. Considerando que, por lo que se refiere al suministro de servicios de telecomunicaciones abiertos en lo sucesivo a la competencia, los titulares de derechos exclusivos o especiales pudieron, en el pasado, imponer a sus clientes contratos de larga
duración; que estos contratos podrían limitar de hecho la posibilidad respecto de los nuevos competidores eventuales de ofrecer
sus servicios a dichos clientes y a éstos de beneficiarse de los
mismos; que, por lo tanto, debe preverse que el usuario pueda
obtener la rescisión de su contrato en un plazo razonable;

32. Considerando que cada Estado miembro regula actualmente el
suministro de servicios de telecomunicaciones con arreglo a sus
propios criterios; que incluso la definición de ciertos servicios
varía de un Estado miembro a otro; que, en consecuencia, se
pueden producir distorsiones de la competencia que pueden
hacer más difícil para los operadores económicos la oferta de
servicios transfronterizos de telecomunicaciones; que, por este
motivo, el Consejo consideró, en su Resolución de 30 de junio
de 1988, que uno de los objetivos de la política de telecomunicaciones era la creación de un mercado comunitario abierto de
los servicios de telecomunicaciones, en particular, mediante la
definición rápida, gracias a las directivas del Consejo, de las
condiciones técnicas, las condiciones de utilización y los principios de tarificación del suministro de una red abierta «Open
Network Provision» (ONP); que, a este respecto, la Comisión
ha presentado una propuesta concreta al Consejo; que, sin
embargo, una armonización de las condiciones de acceso no es
el medio adecuado para poner fin a los obstáculos a los intercambios resultantes de infracciones a las disposiciones del Tra

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tado; que la Comisión debe velar por la aplicación de las disposiciones del Tratado de forma eficaz y global;

33. Considerando que el apartado 3 del artículo 90 impone deberes
precisos y atribuye competencias bien definidas a la Comisión
por lo que se refiere a la vigilancia de las relaciones entre los
Estados miembros y sus empresas públicas y las empresas a las
que hayan concedido derechos exclusivos o especiales y, en
particular, en materia de eliminación de los obstáculos a la libre
prestación de servicios, en materia de discriminación entre
nacionales de los Estados miembros y en materia de competencia; que, por otra parte, es necesario un enfoque global con
objeto de poner fin a las infracciones que persisten en ciertos
Estados miembros y suministrar indicaciones claras a los Estados miembros que están revisando su legislación para evitar
nuevas infracciones; que, en consecuencia, una directiva con
arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado constituye el
medio apropiado a tal fin,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

_Artículo 1_

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

—
_organismos de telecomunicaciones_, las entidades públicas o privadas — incluidas sus filiales sujetas a su control — a las que un
Estado miembro conceda derechos especiales o exclusivos para el
establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones y, en su
caso, para la prestación de servicios de telecomunicaciones;

- **M1**

— _derechos exclusivos_, los derechos concedidos por un Estado miembro a una empresa para reservarle el derecho de un servicio de
telecomunicaciones o de emprender una actividad, mediante cualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo, y dentro
de una zona geográfica determinada;

—
_derechos especiales_, los derechos concedidos por un Estado miembro a un número limitado de empresas mediante un instrumento
legal, reglamentario o administrativo que, en una zona determinada,

— limite, con arreglo a criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o más el número de empresas autorizadas a prestar un servicio o emprender una actividad,

o

— designe, con arreglo a tales criterios, a varias empresas que
compitan entre sí, autorizándolas a prestar un servicio o
emprender una actividad, o
— confiera a una empresa o empresas, con arreglo a tales criterios, ventajas legales o reglamentarias que dificulten gravemente la capacidad de otra empresa de prestar el mismo servicio de telecomunicaciones o emprender la misma actividad en
la misma zona geográfica y en unas condiciones básicamente
similares;

- **B**

—
_red pública de telecomunicaciones_, la infraestructura pública de
telecomunicaciones que permita el transporte de señales entre terminales definidas de la red por hilo, por ondas hertzianas, por
medios ópticos o por otros medios electromagnéticos;

- **M2**

— _servicios de telecomunicaciones_, los servicios que consistan, en
todo o en parte, en la transmisión o encaminamiento de señales a
través de una red de telecomunicaciones,

- **M1**

— _red de estaciones terrenas de comunicación por satélite_, una
infraestructura de dos o más estaciones terrenas que funcionen
conjuntamente a través de un satélite,

—
_servicios de redes por satélite_, la implantación y funcionamiento
de redes de estaciones terrenas de comunicación por satélite;

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- **M1**

dichos servicios constitirán, como mínimo, en el establecimiento,
por parte de dichas estaciones, de una radiocomunicación con el
segmento espacial («enlaces ascendentes») y de una radiocomunicación entre éste y las citadas estaciones («enlaces descendentes»),

—
_servicios de comunicaciones por satélite_, los servicios para cuya
prestación se utilicen, en todo o en parte, servicios de redes por
satélite,

—
_servicios por satélite_, la prestación de servicios de comunicación
por satélite o la de servicios de redes por satélite;

- **B**

— _terminales de la red_, el conjunto de conexiones físicas y de especificaciones técnicas de acceso, que formen parte de la red pública
de telecomunicaciones y que sean necesarias para tener acceso a
esta red pública y comunicar eficazmente a través de ella;

—
_exigencias esenciales_, los motivos de interés general y de naturaleza no económica que puedan inducir a un Estado miembro a
limitar el acceso a la red pública de telecomunicaciones o a los
servicios públicos de telecomunicaciones.      - **M1** Dichos motivos
son la seguridad del funcionamiento de la red, el mantenimiento
de su integridad y, en los casos en que estén justificadas, la interoperabilidad de los servicios y la protección de los datos, y tratándose de servicios de redes por satélite, la organización eficaz del
espectro de frecuencias y la necesidad de evitar interferencias no
deseadas entre los sistemas de telecomunicación por satélite y
otros sistemas técnicos espaciales o terrestres. ◄

La protección de los datos podrá incluir la protección de los datos
personales, el carácter confidencial de los datos transmitidos o
almacenados, así como la protección del ámbito privado;

—
_servicio de telefonía vocal_, la explotación comercial para el
público del transporte directo y de la comunicación de la voz en
tiempo real desde y con destino a las terminales de la red pública
conmutada, que permita a cualquier usuario utilizar el equipo
conectado a su terminal para comunicar con otra terminal;

— _servicio de télex_, la explotación comercial para el público del
transporte directo de mensajes de télex de conformidad con la
Recomendación aplicable del Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico (CCITT) desde y con destino a las terminales de la red pública conmutada, que permita a cualquier usuario
utilizar el equipo conectado a su terminal para comunicar con otra
terminal;

—
_servicio de conmutación de datos por paquetes o por circuitos_, la
explotación comerical para el público del transporte directo de
datos desde y con destino a las terminales de la red pública conmutada, que permita a cualquier usuario utilizar el equipo conectado a su terminal para comunicar con otra terminal;

—
_simple reventa de capacidad_, la explotación comercial para el
público de la oferta de transporte de datos a través de circuitos
arrendados como servicio independiente, comprendiendo solamente
la conmutación, el tratamiento, el almacenaje de datos o la conversión de protocolo, en la medida necesaria para la transmisión, en
tiempo real, desde y con destino a la red pública conmutada;

- **M2**

- **C1**

—
_redes de televisión por cable_, toda infraestructura principalmente
por cable autorizada por un Estado miembro para el suministro o
la distribución de señales de televisión y radiodifusión al público.

- **M2**

Las disposiciones de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio
de las normas específicas adoptadas por los Estados miembros, de
conformidad con el Derecho comunitario, en materia de distribución
de programas audiovisuales destinados al público y contenido de los
mismos.

1990L0388 — ES — 01.01.1996 — 002.001 — 11

- **M1**

2. La presente Directiva no se aplicará al servicio de télex ni a las
radiocomunicaciones terrestres móviles.

- **B**

_Artículo 2_

- **M1**

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1, los Estados miembros suprimirán todas aquellas medidas que otorguen:

a) derechos exclusivos de prestación de servicios de telecomunicaciones distintos de los de la telefonía vocal, y

b) derechos especiales que limiten, con arreglo a criterios que no son
objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o más el
número de empresas autorizadas a prestar tales servicios de telecomunicaciones o

c) derechos especiales que designen, con arreglo a tales criterios, a
varias empresas que compitan entre sí para prestar tales servicios
de telecomunicaciones.

Adoptarán las medidas necesarias para garantizar a todo operador el
derecho a prestar cualquiera de estos servicios de telecomunicaciones,
con excepción de la telefonía vocal.

- **B**

Los Estados miembros que condicionen el suministro de dichos servicios a un procedimiento de autorización o de declaración con objeto
de asegurar el respeto de las exigencias esenciales garantizarán, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, que las autorizaciones se
concederán con arreglo a criterios objetivos, transparentes y sin efectos discriminatorios. Las eventuales denegaciones deberán estar debidamente motivadas y deberá existir un procedimiento para recurrir
contra ellas.

Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 3, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión, a más tardar, el 31 de diciembre de 1990,
las medidas adoptadas para cumplir lo dispuesto en el presente
artículo y la información sobre toda regulación existente o proyecto
destinado a establecer nuevos procedimientos de autorización o a
modificar los ya existentes.

- **M1**

Los Estados miembros comunicarán los criterios utilizados para la
concesión de las autorizaciones, así como las condiciones en que se
concedan las mismas o se efectúen los procedimientos de declaración
necesarios para llevar a cabo actividades de transmisión en estaciones
terrenas.

Los Estados miembros seguirán informando a la Comisión de todo
nuevo procedimiento de concesión de licencias que se pretenda
implantar o de toda modificación de los vigentes.

- **B**

_Artículo 3_

Por lo que respecta al servicio de conmutación de datos por circuitos
o por paquetes, los Estados miembros, en el marco de los procedimientos de autorización a que se refiere el artículo 2, podrán exigir
hasta el 31 de diciembre de 1992 que los operadores económicos no
ofrezcan al público la simple reventa de capacidad de circuitos arrendados.

A más tardar, el 30 de junio de 1992, los Estados miembros comunicarán a la Comisión, en forma de proyecto, todos los procedimientos
de autorización o de declaración para el suministro al público del servicio de conmutación de datos por paquetes o por circuitos que tengan
por objeto el respeto:

— de las exigencias esenciales,

— de las regulaciones de comercio relacionadas con las condiciones
de permanencia, disponibilidad y calidad del servicio, o

1990L0388 — ES — 01.01.1996 — 002.001 — 12

- **B**

— de las medidas destinadas a salvaguardar la misión de interés económico general que hayan encomendado a un organismo de telecomunicaciones en lo que respecta a la conmutación de datos, si la
actividad de los prestadores de servicios privados puede obstruir el
cumplimiento de dicha misión.

Todos estos requisitos deberán constar en un pliego de condiciones de
servicio público y deberán ser objetivos, transparentes y carecer de
efectos discriminatorios.

A más tardar, el 31 de diciembre de 1992, los Estados miembros procederán a la publicación de los procedimientos de autorización o de
declaración adoptados para dichos servicios.

Corresponderá a la Comisión velar, antes de su ejecución, por la compatibilidad de dichos proyectos con las disposiciones del Tratado.

_Artículo 4_

Los Estados miembros que mantengan derechos exclusivos o especiales para el establecimiento y la explotación de las redes de telecomunicaciones adoptarán las medidas necesarias para que las condiciones
que rijan el acceso a las redes sean públicas y objetivas y carezcan de
efectos discriminatorios.

Asegurarán, en particular, que los operadores que así lo soliciten puedan obtener circuitos arrendados en un plazo razonable y que su utilización no sea objeto de ninguna restricción, salvo aquellas que estén
justificadas de conformidad con las disposiciones del artículo 2.

- **M2**

Los Estados miembros:

— suprimirán todas las restricciones al suministro de capacidad de
transmisión a través de redes de TV por cable y autorizarán la utilización de las redes por cable para la prestación de servicios de
telecomunicaciones distintos de los de telefonía vocal,

— garantizarán que la interconexión de las redes de TV por cable con
la red pública de telecomunicaciones sea autorizada para este fin,
en particular, la interconexión con las líneas arrendadas, y que se
supriman las restricciones a la interconexión directa de las redes
de TV por cable por parte de los operadores de televisión por
cable.

- **B**

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar, el
31 de diciembre de 1990, las medidas adoptadas para cumplir lo
dispuesto en este artículo.

Comunicarán a la Comisión, cada vez que aumenten las tarifas aplicables a los circuitos arrendados, los elementos que permitan apreciar
las razones en que se basan dichos aumentos.

_Artículo 5_

Los Estados miembros asegurarán la publicación, a más tardar el 31
de diciembre de 1990, de las características de las interfaces técnicas
necesarias para la utilización de las redes públicas de telecomunicaciones sin perjuicio de los convenios internacionales aplicables en la
materia.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, con arreglo a la
Directiva 83/189/CEE, cualquier proyecto elaborado a este respecto.

_Artículo 6_

Los Estados miembros garantizarán, por lo que se refiere a la prestación de servicios de telecomunicaciones, la supresión de las restricciones existentes relativas al tratamiento de las señales antes de su transmisión por la red pública o tras su recepción, a menos que se demuestre que dichas restricciones son necesarias para garantizar al respeto
del orden público o de las exigencias esenciales.

1990L0388 — ES — 01.01.1996 — 002.001 — 13

- **B**

Sin perjuicio de las normas comunitarias armonizadas adoptadas por
el Consejo para el suministro de una red abierta, los Estados miembros garantizarán, por lo que respecta a los prestadores de servicios,
incluidos los organismos de telecomunicaciones, que no exista ninguna
discriminación por lo que se refiere a las condiciones de utilización y
a las tarifas practicadas.

- **M1**

Los Estados miembros garantizarán que las tarifas impuestas eventualmente a los prestadores de servicios dentro de los regímenes de autorización se basen en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.

Las tarifas, los criterios en que éstas se basen, así como cualquier
modificación de las mismas, deberán ser debidamente publicados, en
su forma y detalle, con el objeto de facilitar el acceso a dicha información.

A má tardar, nueve meses después de la publicación de la presente
Directiva y, en lo sucesivo, cada vez que se introduzcan modificaciones, los Estados miembros notificarán a la Comisión la forma en que
se esté haciendo pública dicha información. La Comisión publicará
regularmente una reseña de dichas notificaciones.

- **B**

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las medidas adoptadas o los proyectos presentados con objeto de cumplir las disposiciones del presente artículo, a más tardar, el 31 de diciembre de 1990.

- **M1**

Los Estados miembros garantizarán la supresión de toda prohibición o
restricción a la oferta de capacidad del segmento espacial a todo operador autorizado de redes de estaciones terrenas de comunicación por
satélite y permitirán, dentro de su territorio, que todo prestador del
segmento espacial compruebe si la red de estaciones terrenas por satélite que vaya a utilizar en el segmento espacial se ajusta a las condiciones vigentes de acceso a su capacidad de segmento espacial.

- **B**

_Artículo 7_

Los Estados miembros garantizarán que, a partir del 1 de julio de
1991, la concesión de las autorizaciones de explotación, el control de
conformidad y de las especificaciones obligatorias, la atribución de las
frecuencias y la vigilancia de las condiciones de utilización sean realizados por una entidad independiente de los organismos de telecomunicaciones.

Comunicarán a la Comisión, a más tardar, el 31 de diciembre de
1990, las medidas adoptadas o los proyectos presentados a tal fin.

_Artículo 8_

Los Estados miembros velarán por que los organismos de telecomunicaciones ofrezcan, a partir de la fecha de supresión de los derechos
exclusivos o especiales, a los clientes con los que dichos organismos
estén vinculados por un período superior a un año mediante un contrato de suministro de servicios de telecomunicaciones que, en el
momento de su celebración, tuviere como objeto tales derechos, la
posibilidad de rescindir dicho contrato con un preaviso de seis meses.

_Artículo 9_

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las informaciones
necesarias que le permitan elaborar al final de cada año, durante un
período de tres, un informe global sobre la aplicación de la presente
Directiva. La Comisión comunicará este informe a los Estados miembros, al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y
Social.

1990L0388 — ES — 01.01.1996 — 002.001 — 14

- **B**

_Artículo 10_

En el curso del año 1992, la Comisión efectuará una evaluación global
de la situación del sector de los servicios de telecomunicaciones en
relación con los objetivos perseguidos por esta Directiva.

En el curso del año 1994, la Comisión evaluará los efectos de las
medidas a que se refiere el artículo 3 con el fin de determinar si procede efectuar un ajuste en las disposiciones de dicho artículo, habida
cuenta, en particular, de la evolución tecnológica y el desarrollo de
los intercambios en la Comunidad.

_Artículo 11_

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.