Source: EURLEX
Language: es
Format: md

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 12 de diciembre de 2024 (
[\*1](#t-ECR_62022CJ0680_ES_01-E0001)
)

«Recurso de casación — Función pública — Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea — Agentes temporales — Procedimiento disciplinario — Investigación administrativa — Concepto de “plagio” — Designación, por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, de un investigador con el que mantiene una relación de negocios — Conflicto de intereses — Artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Imparcialidad objetiva — Artículo 17 bis — Libertad de expresión del funcionario — Artículos 11, 12 y 21 — Respeto de los principios de lealtad e imparcialidad»

En el asunto C‑680/22 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 4 de noviembre de 2022,

DD, representado por la Sra. N. Lorenz, Rechtsanwältin,

parte recurrente en casación,

en el que la otra parte en el procedimiento es:

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), representada inicialmente por el Sr. M. O’Flaherty y posteriormente por la Sra. S. Rautio, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de la Sala Cuarta, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. E. Regan y Z. Csehi (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. P. Pikamäe;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de diciembre de 2023;

dicta la siguiente

Sentencia

| 1 | Mediante su recurso de casación, DD solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 7 de septiembre de 2022, DD/FRA ([T‑470/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AT%3A2022%3A511&locale=es), en lo sucesivo, sentencia recurrida, [EU:T:2022:511](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AT%3A2022%3A511)), por la que dicho Tribunal desestimó su recurso mediante el que solicitaba, por una parte, la anulación de la decisión de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) de 12 de noviembre de 2019 por la que se le impuso una sanción disciplinaria de separación del servicio (en lo sucesivo, «decisión de separación del servicio») y de la decisión de 15 de abril de 2020 por la que se desestimó la reclamación presentada contra la decisión de separación del servicio (en lo sucesivo, «decisión desestimatoria de la reclamación») y, por otra parte, la indemnización por el perjuicio material y el daño moral que alegaba haber sufrido. |

Marco jurídico

| 2 | El artículo 11, párrafo primero, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») dispone:  «El funcionario deberá desempeñar sus funciones y regir su conducta teniendo como única guía el interés de la Unión [Europea], sin solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno, autoridad, organización o persona ajena a su institución. Realizará las tareas que le sean encomendadas con objetividad e imparcialidad, y cumpliendo con su deber de lealtad hacia la Unión.» |

| 3 | El artículo 12 del Estatuto establece:  «El funcionario se abstendrá de todo acto o comportamiento que pudiera atentar a la dignidad de su función» |

| 4 | El artículo 17 bis del Estatuto dispone, en su apartado 1:  «Todo funcionario tendrá derecho a la libertad de expresión, en el debido respeto de los principios de lealtad e imparcialidad.» |

| 5 | A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto:  «Los funcionarios de cualquier rango estarán obligados a asistir y aconsejar a sus superiores y serán responsables de la ejecución de los trabajos que se les encomienden.  El funcionario encargado de dirigir un servicio será responsable ante sus superiores del ejercicio de la autoridad que le haya sido conferida y del cumplimiento de las órdenes que imparta. La responsabilidad de sus subordinados no le exonera de las suyas.» |

| 6 | El título VI del Estatuto se titula «Régimen disciplinario». Bajo dicho título VI figura el artículo 86 del Estatuto, en virtud el cual:  «1.   Todo incumplimiento, voluntario o por negligencia, de las obligaciones a las que los funcionarios o antiguos funcionarios están obligados en virtud del presente Estatuto, dará lugar a sanción disciplinaria.  2.   Cuando la autoridad facultada para proceder a los nombramientos [(en lo sucesivo, “AFPN”)] o la [Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (en lo sucesivo, “OLAF”)] tengan conocimiento de algún indicio que lleve a presumir la existencia de un incumplimiento, a efectos de lo previsto en el apartado 1, podrán iniciar una investigación administrativa con vistas a verificar la existencia de tal incumplimiento.  3.   Las normas, los procedimientos y las medidas disciplinarios, y las normas y los procedimientos relativos a las investigaciones administrativas serán los que se establecen en el anexo IX.» |

| 7 | A tenor del artículo 1 del anexo IX del Estatuto, titulado «Procedimiento disciplinario»:  «1.   Siempre que una investigación de la OLAF revele la posible implicación de un funcionario, o de un antiguo funcionario, de una institución, este será informado de ello sin demora, siempre que tal información no perjudique al desarrollo de la investigación. En ningún caso podrán extraerse conclusiones que se refieran nominalmente a un funcionario de la institución, al término de la investigación, sin que aquel haya tenido la oportunidad de expresar su opinión con respecto a los hechos que le conciernan. Las conclusiones harán referencia a tales opiniones.  2.   En aquellos casos en que la investigación requiera que se guarde un absoluto secreto y que comporten el recurso a procedimientos de investigación que sean de la competencia de una autoridad judicial nacional, el cumplimiento de la obligación de invitar al funcionario de la institución a expresar su opinión podrá diferirse, de común acuerdo con la [AFPN]. En tal caso, no podrá incoarse ningún procedimiento disciplinario antes de que el funcionario haya tenido la posibilidad de expresar su opinión.  3.   Si, al término de una investigación de la OLAF, no pudiera imputarse cargo alguno a un funcionario de la institución con respecto al cual se hayan realizado alegaciones, la investigación relativa al mismo quedará archivada por decisión del Director de la OLAF, que lo notificará por escrito al funcionario y a su institución. El funcionario podrá solicitar que esta decisión figure en su expediente personal.» |

| 8 | El artículo 2 del anexo IX del Estatuto dispone:  «1.   Las normas definidas en el artículo 1 del presente anexo se aplicarán mutatis mutandis a otras investigaciones administrativas efectuadas por la [AFPN].  2.   La [AFPN] informará al interesado del término de la investigación y le trasladará las conclusiones del informe de investigación y, previa solicitud y sin perjuicio de la protección de los intereses legítimos de terceros, todos los documentos que guarden relación directa con las alegaciones formuladas en su contra.  […]» |

| 9 | El artículo 3 del anexo IX del Estatuto está redactado en los siguientes términos:  «Basándose en el informe de investigación, una vez se haya dado traslado al funcionario afectado de todos los documentos de prueba del expediente y tras haber sido oído dicho funcionario, la [AFPN] podrá:   | a) | resolver que el funcionario queda libre de todo cargo, en cuyo caso este último será informado de ello por escrito, o |  | b) | resolver, aun cuando exista o parezca haber existido incumplimiento de las obligaciones, que no procede adoptar ninguna sanción y, en su caso, hacer al funcionario un apercibimiento; o |  | c) | en caso de incumplimiento de alguna obligación, con arreglo al artículo 86 del Estatuto:   | i) | decidir incoar el procedimiento disciplinario previsto en la sección 4 del presente anexo, o |  | ii) | decidir incoar un procedimiento disciplinario ante el Consejo de disciplina.» | | |

| 10 | El artículo 22 del anexo IX del Estatuto dispone:  «1.   Tras haber oído al funcionario, la [AFPN] tomará su decisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del presente anexo, en un plazo de dos meses a contar desde la recepción del dictamen del Consejo. Esta decisión deberá ser motivada.  2.   Si la [AFPN] decidiera archivar el caso sin imponer sanción disciplinaria alguna, deberá informar de ello al interesado por escrito sin demora. El funcionario podrá solicitar que esta decisión figure en su expediente personal.» |

Antecedentes del litigio

| 11 | Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 2 a 36 de la sentencia recurrida en los siguientes términos:   | «2 | El recurrente fue contratado el 1 de agosto de 2000 por la autoridad facultada para proceder a la contratación (en lo sucesivo, “AFPC”) de un organismo de la Unión Europea, el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC), actualmente la FRA, como agente temporal en el sentido del artículo 2, letra a), del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo, “ROA”). Tras ser contratado inicialmente con un contrato de trabajo de duración determinada, se le hizo un contrato de duración indefinida a partir del 16 de diciembre de 2006. |  | 3 | Mediante escrito de 13 de junio de 2013, el entonces director de la FRA informó al recurrente de su decisión de resolver su contrato. |  | 4 | Mediante la sentencia de 8 de octubre de 2015, DD/FRA ([F‑106/13 y F‑25/14](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AF%3A2015%3A118&locale=es), [en lo sucesivo, sentencia de anulación,] [EU:F:2015:118](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AF%3A2015%3A118)), el Tribunal de la Función Pública anuló la decisión de resolver el contrato al considerar que, con anterioridad a la adopción de esta, el director de la FRA no había informado expresamente al recurrente de que, sobre la base de diversos incidentes, tenía previsto resolver su contrato ni le había instado a formular observaciones al respecto. |  | 5 | El 29 de febrero de 2016, la FRA, con un nuevo director al frente, reintegró al recurrente en sus funciones, en ejecución de la [sentencia de anulación]. |  | 6 | Mediante correo electrónico del mismo día, el jefe de departamento del recurrente le solicitó que preparase una presentación interna de quince a veinte páginas, a más tardar para el 18 de marzo de 2016, sobre la legislación de derechos humanos y la jurisprudencia relativa a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión a nivel internacional y de la Unión. |  | 7 | Mediante correo electrónico de 18 de marzo de 2016, el recurrente envió a su jefe de departamento un documento de treinta y una páginas, calificado de “primer borrador de la presentación sobre la libertad de religión”, titulado “Nota de información interna sobre posibles proyectos pertinentes de la FRA relativos a la libertad de pensamiento” (en lo sucesivo, “presentación controvertida”). |  | 8 | A principios de abril de 2016, la presentación controvertida se registró en el sistema de gestión de documentos (en lo sucesivo, “SGD”) de la FRA, al que tenían acceso todos los compañeros de trabajo del recurrente. |  | 9 | El 7 de abril de 2016, el jefe de departamento del recurrente le informó de que había transmitido la presentación controvertida al director de la FRA y le instó a enviar a uno de sus compañeros de trabajo el enlace a dicho documento registrado en el SGD, para que este pudiera tener conocimiento de ese documento y del análisis que contenía. |  | 10 | Mediante correo electrónico de 16 de octubre de 2017, el jefe de departamento del recurrente le pidió que revisara la presentación controvertida y ampliara el análisis dedicado a la libertad de religión desde el punto de vista de la Unión, con vistas a una posible publicación. |  | 11 | Además, el 7 de noviembre de 2017, el recurrente interpuso un recurso interno contra su informe de evaluación correspondiente al año 2016 (en lo sucesivo, “informe de evaluación de 2016”), alegando que la apreciación de su eficacia, capacidad y conducta debería haber sido “muy buena” en vez de “satisfactoria”. En este contexto, por lo que respecta a la presentación controvertida, por una parte, el recurrente adujo que era lamentable que, mientras que, en la entrevista de evaluación, su jefe de departamento, en su condición de evaluador, había confirmado que dicha presentación era muy útil y lograba su objetivo, la hubiese criticado en sus observaciones posteriores. Por otra parte, el recurrente afirmó que las observaciones del evaluador sobre el hecho de que la presentación controvertida estuviera compuesta mayoritariamente por referencias jurisprudenciales eran imprecisas, habida cuenta de que la presentación incluía asimismo un análisis jurídico, conceptual y político. |  | 12 | El 1 de diciembre de 2017, el recurrente envió una versión revisada de la presentación controvertida. |  | 13 | El 5 de diciembre de 2017, el director de la FRA desestimó el recurso interno interpuesto contra el informe de evaluación de 2016. En esta ocasión, el director de la FRA declaró que había tenido conocimiento de que la presentación controvertida era, en gran medida, una copia directa de varias fuentes, en particular de documentos del Consejo de Europa, a los que no se hacía referencia en dicha presentación, y que el recurrente no había informado a su jefe de departamento de esa situación, haciéndole creer que dicha presentación era el resultado de su propio trabajo. |  | 14 | El 9 de febrero de 2018, el director de la FRA consultó a la [OLAF] sobre el posible inicio de una investigación administrativa en relación con el comportamiento del recurrente. |  | 15 | El 20 de marzo de 2018, la OLAF decidió no iniciar una investigación, debido a la falta “pruebas suficientes que [apuntasen] a la existencia de fraude, corrupción u otras actividades ilegales”. |  | 16 | El 23 de marzo de 2018, el director de la FRA inició una investigación administrativa sobre el comportamiento del recurrente en relación con la presentación controvertida (en lo sucesivo, “decisión de inicio de la investigación”). El investigador designado [(en lo sucesivo, “investigador”)] declaró que no existía conflicto de intereses. El objetivo de dicha investigación era determinar, en primer lugar, en qué medida exacta la presentación controvertida había sido presentada por el recurrente como el resultado de su propio trabajo y reproducía extractos de documentos ajenos a la FRA que no se citaban y a los que no se hacía referencia; en segundo lugar, cuáles de dichos documentos estaban eventualmente amparados por derechos de autor; en tercer lugar, si existían otros documentos redactados por el recurrente en el marco de su trabajo en la FRA, en el ámbito de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que cumplieran los dos requisitos antes mencionados, y, en cuarto lugar, en su caso, si se había infringido el [Estatuto] o el derecho de propiedad intelectual. |  | 17 | Los días 23 y 24 de abril de 2018, el investigador interrogó a siete testigos y al recurrente, que transmitió al investigador sus observaciones escritas. |  | 18 | El 17 de junio de 2018, el investigador remitió al recurrente sus conclusiones preliminares. |  | 19 | El 2 de julio de 2018, el recurrente formuló observaciones sobre las conclusiones preliminares del investigador. |  | 20 | El 23 de julio de 2018, el investigador presentó su informe definitivo (en lo sucesivo, “informe de investigación”), que concluía que el recurrente había infringido los artículos 11, 12 y 21 del Estatuto e incumplido sus deberes de lealtad y cooperación. El investigador señaló, en esencia, en primer lugar, que la copia y el uso del trabajo ajeno sin hacer referencia al mismo y haciéndolo pasar por propio constituían una forma de engaño, de falta de honradez y de apropiación indebida contraria no solo al artículo 12 del Estatuto, sino también a casi cualquier norma moral; en segundo lugar, que el recurrente había engañado deliberadamente a los miembros de su departamento y había ocultado información importante, lo que infringía los artículos 11 y 12 del Estatuto; en tercer lugar, que el hecho de que el recurrente hubiera tardado tres semanas en redactar la presentación controvertida, que consistía mayoritariamente en una copia, constituía otra infracción, relativamente menor, del artículo 12 del Estatuto; en cuarto lugar, que la mención de la presentación controvertida como un logro, en el marco de su evaluación para el año 2016, era engañosa y constituía también una infracción del artículo 12 del Estatuto; en quinto lugar, que el uso de material amparado por derechos de autor sin informar de ello al autor, a saber, el Consejo de Europa, infringía una vez más el artículo 12 del Estatuto; en sexto lugar, que el recurrente había actuado de forma engañosa o deshonesta y, en consecuencia, que no se había comportado teniendo únicamente como guía los intereses de la Unión, infringiendo el artículo 11 del Estatuto e incumpliendo el deber de lealtad, y, en séptimo lugar, que el uso del trabajo ajeno sin hacer referencia al mismo y sin informar de ello a sus superiores constituía una infracción del artículo 21 del Estatuto y un incumplimiento del deber de cooperación del recurrente. |  | 21 | El 15 de octubre de 2018, el recurrente fue oído por el director de la FRA, con arreglo al artículo 3 del anexo IX del Estatuto […] y transmitió posteriormente una declaración escrita, fechada el mismo día. |  | 22 | Mediante decisión de 23 de octubre de 2018, el director de la FRA incoó un procedimiento disciplinario ante el Consejo de Disciplina contra el recurrente (en lo sucesivo, “decisión de incoar el procedimiento disciplinario”). Esta decisión fue notificada al recurrente el 7 de noviembre de 2018. |  | 23 | El 26 de febrero de 2019, el Consejo de Disciplina fue constituido por decisión del director de la FRA. |  | 24 | El 27 de febrero de 2019, el director de la FRA elaboró el informe destinado al Consejo de Disciplina, con arreglo al artículo 12 del anexo IX del Estatuto (en lo sucesivo, “informe del director de la FRA”). |  | 25 | El 21 de marzo de 2019, el recurrente presentó su escrito de contestación al presidente del Consejo de Disciplina. |  | 26 | El 22 de marzo de 2019 tuvo lugar la audiencia del recurrente ante el Consejo de Disciplina. |  | 27 | El 7 de mayo de 2019, el Consejo de Disciplina emitió un dictamen motivado (en lo sucesivo, “dictamen del Consejo de Disciplina”), de conformidad con el artículo 18 del anexo IX del Estatuto, en el que declaraba fundadas las acusaciones de comportamiento contrario a las obligaciones que incumben al recurrente, con arreglo a los artículos 11, 12 y 21 del Estatuto, a saber, la presentación de escritos ajenos como trabajos propios sin citar las fuentes. El Consejo de Disciplina recomendó que se descendiera al recurrente dos grados, es decir, al grado AD 7. El Consejo de Disciplina no mencionó ninguna circunstancia atenuante. |  | 28 | El Consejo de Disciplina señaló, en esencia, en primer lugar, que el recurrente había actuado teniendo como guía no solo los intereses de la Unión, sino sus propios intereses, al solicitar el reconocimiento de un texto del que no era autor; en segundo lugar, que no había adoptado el comportamiento responsable que cabía esperar de un agente de la FRA; en tercer lugar, que sus acciones podrían haber causado un perjuicio a la reputación de la FRA, y, en cuarto lugar, que no había asistido a sus superiores, e incluso había actuado contra ellos, al presentar el trabajo ajeno como propio. |  | 29 | Así, el Consejo de Disciplina consideró que el recurrente había infringido, en primer lugar, el artículo 11 del Estatuto, al presentar deliberadamente un trabajo copiado como su propio trabajo; en segundo lugar, el artículo 12 del Estatuto, dado que presentar el trabajo ajeno como su propio trabajo tuvo una influencia negativa en la reputación del recurrente, y, en tercer lugar, el artículo 21 del Estatuto, en la medida en que el recurrente no ejecutó las tareas que se le habían encomendado, sino que presentó el trabajo ajeno como propio, existiendo un riesgo de que la presentación controvertida, o pasajes de esta, se incorporaran a uno o más documentos publicados por la FRA, lo que habría podido perjudicar la reputación de esta. |  | 30 | El 11 de julio de 2019, el recurrente fue oído por el director de la FRA, con arreglo al artículo 22 del anexo IX del Estatuto (en lo sucesivo, “audiencia de 11 de julio de 2019”), y presentó su declaración escrita. |  | 31 | El 11 de octubre de 2019, el recurrente recibió una nota del director, fechada el 10 de octubre de 2019, en la que expresaba su intención de imponerle la sanción de separación del servicio y le instaba a presentar sus observaciones al respecto por escrito en un plazo de diez días hábiles. |  | 32 | El 24 de octubre de 2019, el recurrente presentó sus observaciones al director de la FRA. |  | 33 | El 12 de noviembre de 2019, el director de la FRA, en calidad de AFPC, adoptó la decisión de separación del servicio, con efectos a partir del 15 de noviembre de 2019. Mediante esta decisión, el director de la FRA ratificó las conclusiones del Consejo de Disciplina, salvo en lo relativo a la sanción propuesta, ya que consideró que el descenso de grado no reflejaba suficientemente la gravedad de los incumplimientos de las obligaciones profesionales previstas en los artículos 11, 12 y 21 del Estatuto. El director de la FRA señaló, en particular, por una parte, que el Consejo de Disciplina no había hecho referencia a circunstancias atenuantes, sino a circunstancias agravantes, a saber, el hecho de que la conducta del recurrente era deliberada, que este había tratado de obtener reconocimiento personal por un trabajo que constituía un plagio, que no había admitido la gravedad de su conducta y que había un riesgo real de que la reputación de la FRA se viera perjudicada y, por otra parte, que la relación de confianza había quedado seriamente en entredicho. |  | 34 | Además, el director de la FRA consideró que el Consejo de Disciplina no había tenido suficientemente en cuenta la gravedad de las infracciones del Estatuto, por lo que respecta, por una parte, al comportamiento del recurrente, que el director de la FRA calificó de “infracción de la mayor gravedad”, y, por otra parte, a los efectos de tal comportamiento sobre la reputación de la FRA, dado que, en su opinión, el recurrente, actuando por sí solo, había creado deliberadamente un riesgo grave de perjuicio para dicha reputación durante un período de tiempo considerable. El director de la FRA confirmó la apreciación del Consejo de Disciplina de que la relación de confianza había quedado seriamente en entredicho, añadiendo que dicha relación se había roto irrevocablemente y que, en consecuencia, el descenso de grado no era una sanción adecuada. |  | 35 | El 16 de diciembre de 2019, el recurrente presentó una reclamación contra la decisión de separación del servicio. |  | 36 | El 15 de abril de 2020, el director de la FRA adoptó la decisión desestimatoria de la reclamación.» | |

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

| 12 | Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 23 de julio de 2020, el recurrente interpuso el recurso mencionado en el apartado 1 de la presente sentencia. |

| 13 | Mediante su recurso, el recurrente solicitaba al Tribunal General, en primer lugar, que anulara la decisión de separación del servicio, en segundo lugar, en su caso, que anulara la decisión desestimatoria de la reclamación, en tercer lugar, que reparase el perjuicio material y el daño moral que estimaba haber sufrido, y, en cuarto lugar, que condenase en costas a la FRA. En apoyo de sus dos primeras pretensiones, el recurrente invocaba ocho motivos con carácter principal y un motivo con carácter subsidiario, basados en las siguientes alegaciones:   | – | el primero, en la violación del principio de seguridad jurídica, en errores de Derecho y en un error manifiesto de apreciación, en la infracción del artículo 7, apartado 1, de la Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (Ley sobre Derechos de Autor de Obras Literarias y Artísticas y Derechos Afines), de 9 de abril de 1936 (BGBl. 1936, 111/1936), y en la infracción del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en la medida en que, en primer término, el plagio se consideró una infracción del Estatuto; en segundo término, los textos copiados no estaban protegidos por la Ley sobre Derechos de Autor de Obras Literarias y Artísticas y Derechos Afines, y, en tercer término, se vulneró su libertad de expresión; |  | – | el segundo, en el incumplimiento del deber de diligencia o del deber de asistencia y protección por parte del investigador y del director de la FRA en la incoación del procedimiento disciplinario, por la decisión de separación del servicio y por el Consejo de Disciplina, así como en la vulneración de la presunción de inocencia y en el incumplimiento de la exigencia de un nivel de prueba elevado en las investigaciones administrativas y en los procedimientos disciplinarios; |  | – | el tercero, en la falta de neutralidad, de imparcialidad y de objetividad del director de la FRA en su condición de AFPC, en la vulneración de la presunción de inocencia y en un abuso de poder; |  | – | el cuarto, en errores manifiestos de apreciación en relación con la infracción, por parte del recurrente, de los artículos 11, 12 y 21 del Estatuto; |  | – | el quinto, en el inicio irregular de la investigación administrativa, debido a la falta de indicios, y en la incoación irregular del procedimiento disciplinario; |  | – | el sexto, en la inobservancia por parte del investigador del marco de la investigación y en la infracción de los artículos 4, apartado 2, y 7, apartado 6, de la Decisión 2013/01 del Consejo de Administración de la FRA, de 22 de mayo de 2013, sobre la realización de investigaciones administrativas y la incoación de procedimientos disciplinarios, de los artículos 4, apartado 1, letras a) a d), y 5, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE ([DO 2018, L 295, p. 39](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2018:295:TOC)), y, con anterioridad a la aplicabilidad del Reglamento 2018/1725, de los artículos 4, apartado 1, letras a) a d), y 5, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos ([DO 2001, L 8, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2001:008:TOC)), y en el incumplimiento de los efectos de una sentencia anulatoria; |  | – | el séptimo, en la falta de imparcialidad, neutralidad y objetividad del investigador; |  | – | el octavo, en la vulneración del derecho de defensa, en particular del derecho a ser oído, y en la infracción de los artículos 1, 2 y 12 del anexo IX del Estatuto, y |  | – | el noveno, invocado con carácter subsidiario, en la violación del principio de proporcionalidad, al imponer al recurrente la sanción de separación del servicio a la vista de los hechos que se le imputan. | |

| 14 | En la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó en su totalidad las pretensiones anulatorias e indemnizatorias formuladas por el recurrente. El Tribunal General decidió asimismo que no procedía estimar las solicitudes de diligencias de ordenación del procedimiento. |

Pretensiones de las partes en el recurso de casación

| 15 | El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:   | – | Anule la sentencia recurrida. |  | – | Por consiguiente, anule la decisión de separación del servicio y, en su caso, anule la decisión desestimatoria de la reclamación. |  | – | Repare el perjuicio material y el daño moral que alega haber sufrido. |  | – | Condene a la FRA al pago de la totalidad de las costas. | |

| 16 | La FRA solicita al Tribunal de Justicia que:   | – | Desestime el recurso de casación. |  | – | Condene al recurrente al pago de la totalidad de las costas. | |

Sobre el recurso de casación

Primer motivo de casación

| 17 | Mediante su primer motivo de casación, el recurrente alega sustancialmente que el Tribunal General incurrió en varios errores de Derecho, en los apartados 179 a 193 de la sentencia recurrida, en lo que concierne a sus apreciaciones relativas a la imparcialidad objetiva del investigador y que no proporcionó una motivación suficiente a este respecto. Este motivo se divide en dos partes. |

Alegaciones de las partes

| 18 | Mediante la primera parte de su primer motivo de casación, el recurrente alega, en primer lugar, que, al considerar, en los apartados 179 a 185 de la sentencia recurrida, que las pruebas que había presentado no eran suficientes para concluir que el investigador carecía de imparcialidad subjetiva, el Tribunal General no examinó, a la luz de dichas pruebas, una eventual falta de imparcialidad objetiva por parte de este. Pues bien, a su juicio, un examen de los hechos a la luz de la falta de imparcialidad objetiva resulta suficiente, aun cuando no existan elementos que permitan demostrar la falta de imparcialidad subjetiva. |

| 19 | En segundo lugar, aduce que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en los apartados 186 a 192 de la sentencia recurrida, para considerar que existe una falta de imparcialidad objetiva, basta con que exista una duda legítima a este respecto y que no pueda disiparse. El recurrente alega, además, que, en el caso de autos, las dudas sobre la imparcialidad del investigador son legítimas desde el punto de vista de los terceros observadores. A su parecer, toda duda relativa a la independencia o a la imparcialidad de un asesor externo, del que conste que también presta asesoramiento jurídico y recibe pagos repetidos del empleador, es legítima desde el punto de vista de un tercero observador. Por otra parte, considera que las afirmaciones que figuran en los apartados 189 a 191 de la sentencia recurrida confirman la existencia de una duda legítima, si bien el Tribunal General procedió a una calificación errónea de tales hechos. Añade que el Tribunal General incurrió en otro error de Derecho en el apartado 187 de la sentencia recurrida, ya que no incumbía al recurrente, sino a la FRA, disipar esa duda. |

| 20 | En tercer lugar, sostiene que la conclusión del Tribunal General, en el apartado 191 de la sentencia recurrida, según la cual las cantidades pagadas al investigador estaban justificadas por la cantidad de trabajo que se le había confiado carece de pertinencia en el presente asunto, ya que no disipa la duda legítima en cuanto a la existencia de un conflicto de intereses por parte del investigador por razones económicas. Pues bien, a su parecer, un conflicto de intereses de este tipo constituye uno de los casos de ilegalidad más graves y, como tal, cualquier conflicto de intereses por razones económicas debe considerarse pertinente, cualquiera que sea el importe de que se trate. Por consiguiente, el recurrente alega que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en el apartado 192 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia derivada de la sentencia de 18 de septiembre de 2012, Allgeier/FRA ([F‑58/10](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AF%3A2012%3A130&locale=es), [EU:F:2012:130](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AF%3A2012%3A130)), es pertinente en el presente asunto. |

| 21 | Por último, en cuarto lugar, el recurrente sostiene que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas e incurrió en error manifiesto de apreciación en el apartado 189 de la sentencia recurrida. Aduce, a este respecto, que de las pruebas sometidas a la apreciación del Tribunal General se desprendía que el servicio prestado por el investigador, por el que fue retribuido, consistía de hecho en proporcionar asesoramiento jurídico. |

| 22 | Mediante la segunda parte de su primer motivo de casación, el recurrente sostiene que el Tribunal General no examinó de modo suficiente en Derecho las pruebas y los hechos sometidos a su apreciación y que incurrió en error de Derecho en los apartados 187 a 193 de la sentencia recurrida al desestimar, en los apartados 292 a 296 de dicha sentencia, las solicitudes de diligencias de ordenación del procedimiento primera y segunda del recurrente. |

| 23 | La FRA alega, con carácter preliminar, que el recurso de casación constituye, en gran medida, una repetición de los puntos de vista y de las alegaciones formuladas por el recurrente en la demanda y en el escrito de réplica presentados en primera instancia. En consecuencia, estima que varias alegaciones supuestamente jurídicas, formuladas en el recurso de casación, son en realidad intentos de cuestionar los hechos. |

| 24 | La FRA considera que el primer motivo de casación es en parte inadmisible y, en cualquier caso, manifiestamente infundado. |

Apreciación del Tribunal de Justicia

| 25 | Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, que procede analizar de entrada, el recurrente impugna los apartados 292 a 296 de la sentencia recurrida en la medida en que, a su parecer, mediante ellos, el Tribunal General se negó erróneamente a acordar las diligencias de ordenación del procedimiento que había solicitado para demostrar la existencia de una supuesta falta de imparcialidad por parte del investigador y, por consiguiente, no examinó adecuadamente las pruebas sometidas a su apreciación. Considera, además, que el Tribunal General desnaturalizó estas últimas en los apartados 187 a 193 de dicha sentencia. |

| 26 | A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal General es el único competente para apreciar la posible necesidad de completar los elementos de información de los que dispone en los asuntos de los que conoce (sentencia de 4 de marzo de 2021, Liaño Reig/JUR, [C‑947/19 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2021%3A172&locale=es), [EU:C:2021:172](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2021%3A172), apartado [98](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2021%3A172&anchor=#point98) y jurisprudencia citada). |

| 27 | En consecuencia, el recurrente no puede impugnar eficazmente, en la fase del presente recurso de casación, la decisión del Tribunal General de no adoptar las diligencias de ordenación del procedimiento cuya adopción sugirió en los escritos que presentó en primera instancia. |

| 28 | Por lo que respecta a la primera parte del primer motivo de casación, basada, en esencia, en el error de Derecho supuestamente cometido por el Tribunal General al excluir la existencia de una duda legítima en cuanto a la imparcialidad objetiva del investigador, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, las instituciones, órganos y organismos de la Unión están obligados a respetar los derechos fundamentales garantizados por el Derecho de la Unión, entre los que figura el derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta. Este artículo establece, en particular, que toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos de manera imparcial (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2024, Hamers/Cedefop, [C‑111/22 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A5&locale=es), [EU:C:2024:5](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A5), apartados [44](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A5&anchor=#point44) y [45](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A5&anchor=#point45) y jurisprudencia citada). |

| 29 | A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que la exigencia de imparcialidad, que se impone a las instituciones, órganos y organismos de la Unión en el cumplimiento de sus funciones, pretende garantizar la igualdad de trato en la que se basa la Unión. Esta exigencia pretende, en particular, evitar situaciones de conflicto de intereses de los funcionarios y agentes que actúan por cuenta de esas instituciones, órganos y organismos. Habida cuenta de la importancia fundamental de la garantía de independencia e integridad por lo que respecta tanto al funcionamiento interno como a la imagen exterior de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, la exigencia de imparcialidad abarca todas las circunstancias en las que el funcionario o agente que haya de pronunciarse sobre un asunto deba estimar razonablemente que los terceros pueden considerar que tales circunstancias podrían afectar a su imparcialidad en la materia (sentencia de 11 de enero de 2024, Hamers/Cedefop, [C‑111/22 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A5&locale=es), [EU:C:2024:5](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A5), apartado [46](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A5&anchor=#point46) y jurisprudencia citada). |

| 30 | Esta exigencia de imparcialidad conlleva una vertiente subjetiva, en virtud de la cual ningún miembro de la institución de que se trate debe tomar partido ni tener prejuicios personales, y una vertiente objetiva. De conformidad con esta última vertiente, invocada por el recurrente, cada institución, órgano u organismo de la Unión debe ofrecer garantías suficientes para descartar cualquier duda legítima acerca de un posible prejuicio (sentencia de 14 de marzo de 2024, D & A Pharma/Comisión y EMA, [C‑291/22 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A228&locale=es), [EU:C:2024:228](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A228), apartado [73](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A228&anchor=#point73) y jurisprudencia citada). |

| 31 | Más concretamente, para demostrar que la organización del procedimiento administrativo no ofrece garantías suficientes para excluir toda duda legítima en cuanto a un posible prejuicio, no se requiere acreditar la existencia de falta de imparcialidad. Basta con que exista una duda legítima a este respecto que no pueda disiparse (sentencia de 11 de enero de 2024, Hamers/Cedefop, [C‑111/22 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A5&locale=es), [EU:C:2024:5](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A5), apartado [47](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A5&anchor=#point47) y jurisprudencia citada). |

| 32 | De ello se sigue que no puede exigirse a las personas cuyos asuntos son tramitados por una institución, órgano u organismo de la Unión que aporten, en apoyo de su argumentación según la cual no se ha respetado la exigencia de imparcialidad objetiva en un procedimiento administrativo, la prueba de indicios concretos de parcialidad. En efecto, la imparcialidad objetiva se aprecia con independencia del comportamiento específico de la persona de que se trate (sentencia de 14 de marzo de 2024, D & A Pharma/Comisión y EMA, [C‑291/22 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A228&locale=es), [EU:C:2024:228](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A228), apartado [80](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A228&anchor=#point80)). |

| 33 | Tras recordar, en esencia, esta jurisprudencia, en el apartado 186 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, en el apartado 187 de esa sentencia, que el recurrente no había demostrado que la relación existente entre la FRA y el investigador pudiera crear una duda legítima en cuanto a la imparcialidad objetiva del investigador. A este respecto, el Tribunal General señaló, en los apartados 188 a 191 de dicha sentencia, que, en primer lugar, de las pruebas aportadas por el recurrente se desprendía que el investigador había tenido una relación de trabajo no con la FRA, sino con la Comisión Europea; en segundo lugar, que las pruebas aportadas por el recurrente relativas a la condición de asesor jurídico de la FRA del investigador no eran suficientes para sustentar una duda legítima en cuanto a la existencia de un eventual prejuicio, en particular debido a que el papel del investigador se había limitado al de un asesor externo, y, en tercer lugar, en cuanto a los intereses económicos existentes entre el investigador y la FRA, que el importe de los contratos celebrados entre ellos era razonable y estaba justificado a la vista de la cantidad de trabajo necesaria para la realización de esas tareas. |

| 34 | Procede recordar que, de conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que el Tribunal General, por una parte, es el único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y, por otra parte, es el único competente para apreciar estos hechos. De lo anterior se infiere que la apreciación de los hechos, salvo en el caso de desnaturalización de los elementos de prueba aportados ante el Tribunal General, no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia (sentencia de 25 de abril de 2024, NS/Parlamento, [C‑218/23 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A358&locale=es), [EU:C:2024:358](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A358), apartado [58](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A358&anchor=#point58) y jurisprudencia citada). |

| 35 | Tal desnaturalización existe cuando, sin la práctica de nuevas pruebas, la apreciación de los elementos de prueba que constan en autos es manifiestamente errónea o manifiestamente contraria a su tenor literal. Sin embargo, es preciso que la desnaturalización pueda deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. Por otra parte, cuando un recurrente alega la desnaturalización de los elementos de prueba, debe indicar de manera precisa los elementos que, en su opinión, han sido desnaturalizados por el Tribunal General y demostrar los errores de análisis que, en su apreciación, han llevado a este a dicha desnaturalización (sentencias de 27 de abril de 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro y otros/Comisión, [C‑549/21 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2023%3A340&locale=es), [EU:C:2023:340](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2023%3A340), apartado [74](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2023%3A340&anchor=#point74) y jurisprudencia citada, y de 11 de enero de 2024, Foz/Consejo, [C‑524/22 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A23&locale=es), [EU:C:2024:23](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A23), apartado [38](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A23&anchor=#point38) y jurisprudencia citada). |

| 36 | De ello se desprende que procede declarar la inadmisibilidad del primer motivo de casación en la medida en que, mediante sus alegaciones, el recurrente aduce que las pruebas aportadas ante el Tribunal General podían suscitar una duda legítima en cuanto a la imparcialidad objetiva del investigador, puesto que ponían de manifiesto el papel de asesor jurídico de la FRA desempeñado por dicho investigador y el elevado importe de las retribuciones que le abonó la FRA en el marco de los contratos de asesoramiento externo celebrados entre ellos. En efecto, con estas alegaciones, el recurrente pretende obtener una nueva apreciación de dichas pruebas. Si bien es cierto que el recurrente reprocha formalmente al Tribunal General haber desnaturalizado algunas de dichas pruebas, en particular las relativas a la condición de asesor jurídico de la FRA del investigador, es preciso señalar que, so pretexto de una alegación de desnaturalización, el recurrente pretende, en realidad, obtener un nuevo examen de las alegaciones ya formuladas a este respecto en primera instancia, sin exponer, no obstante, de qué manera el Tribunal General efectuó una apreciación manifiestamente inexacta de los hechos y de las pruebas. |

| 37 | Por otra parte, en la medida en que, mediante el primer motivo de casación, el recurrente afirma que el Tribunal General incurrió en error de Derecho, en el apartado 191 de la sentencia recurrida, al no considerar que la mera existencia de una relación económica entre el investigador y la FRA bastaba, con independencia del importe de las retribuciones abonadas, para generar una duda legítima en cuanto a la imparcialidad objetiva de dicho investigador, procede desestimar sus alegaciones por infundadas. En efecto, este mero hecho no basta para generar una situación de conflicto de intereses por parte de un investigador capaz de viciar el procedimiento disciplinario, so pena de privar a la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate de la posibilidad de recurrir al mismo investigador en el marco de misiones diferentes. Además, el hecho de que un investigador ya haya realizado actividades de asesoramiento externo para la FRA no puede dar lugar a ningún conflicto de intereses cuando esas otras actividades no se refieren al objeto de la investigación en cuestión. Pues bien, de los apartados 189 y 190 de la sentencia recurrida no se desprende que sea así. |

| 38 | Por último, en la medida en que el recurrente censura al Tribunal General por haber declarado, en el apartado 192 de la sentencia recurrida, que el presente asunto no es análogo al que dio lugar a la sentencia de 18 de septiembre de 2012, Allgeier/FRA ([F‑58/10](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AF%3A2012%3A130&locale=es), [EU:F:2012:130](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AF%3A2012%3A130)), procede desestimar sus alegaciones por inoperantes, dado que, por una parte, el mero hecho de que el Tribunal General se apartase, en su caso, en la sentencia recurrida, de la solución adoptada en una sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública no constituye un error de Derecho y, por otra parte, este motivo tiene carácter redundante. |

| 39 | De lo antes expuesto se sigue que el primer motivo del recurso de casación debe desestimarse. |

Segundo motivo de casación

Alegaciones de las partes

| 40 | Mediante su segundo motivo de casación, el recurrente aduce sustancialmente que el Tribunal General incurrió, en los apartados 67 a 98 de la sentencia recurrida, en varios errores de Derecho, en una desnaturalización de las pruebas y en errores manifiestos de apreciación en el marco de su examen del comportamiento imputado al recurrente por la FRA, a saber, haber incurrido en «plagio» con el fin de redactar la presentación controvertida, y que no proporcionó una motivación suficiente a este respecto. |

| 41 | En primer lugar, critica, en esencia, la interpretación del concepto de «plagio» adoptada por el Tribunal General en los apartados 58 a 61, 70, 72, 79 y 81 de la sentencia recurrida. A este respecto, afirma, por una parte, que el Tribunal General propuso una definición carente de pertinencia jurídica de un término que no pertenece al ámbito del Derecho de la Unión, sino más bien al del lenguaje corriente, para utilizarlo a efectos de apreciar y condenar el comportamiento del recurrente, siendo así que la apreciación de la conducta del recurrente debería haberse realizado únicamente a la luz de las obligaciones derivadas del Estatuto. |

| 42 | Sostiene, por otra parte, que el Tribunal General se refirió erróneamente, en el apartado 60 de la sentencia recurrida, a las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Pelham y otros ([C‑476/17](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A1002&locale=es), [EU:C:2018:1002](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A1002)), relativo a la interpretación del alcance de la excepción denominada de «cita» prevista en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información ([DO 2001, L 167, p. 10](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2001:167:TOC)), que permite distinguir las citas lícitas de las vulneraciones de los derechos de autor, que no son pertinentes en el caso de autos. El recurrente alega, a este respecto, que la Directiva 2001/29 se refiere a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor. Además, del tenor y del contexto de estas conclusiones se desprende que el término «plagio» que figura en ellas se refiere a una violación del derecho de autor en el marco de la superación de los límites de la excepción de cita. Pues bien, según el recurrente, la propia FRA considera que la normativa en materia de derechos de autor no tiene gran importancia en el marco del presente asunto. Por otra parte, el recurrente sostiene que el punto de vista desarrollado en el marco de dichas conclusiones solo es pertinente si los textos copiados están protegidos por la normativa en materia de derechos de autor en Austria. Por consiguiente, considera que la sentencia recurrida adolece de otro error de Derecho, ya que el Tribunal General consideró erróneamente, en el apartado 81 de dicha sentencia, que el Derecho nacional aplicable en materia de derechos de autor no era pertinente en el caso de autos. |

| 43 | En segundo lugar, sostiene que el Tribunal General parece descartar erróneamente la aplicabilidad del artículo 11 de la Carta. Pues bien, refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el recurrente alega que la libertad de expresión se aplica a la recepción y a la comunicación de cualquier información e ideas, sin tener en cuenta su contenido. |

| 44 | El recurrente alega, a este respecto, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho, en el apartado 57 de la sentencia recurrida, al referirse al tenor del dictamen consultivo del Consejo de Disciplina, siendo así que solo el tenor de la decisión de la AFPN es pertinente para apreciar la legalidad de dicha decisión. Añade que las consideraciones del Tribunal General que figuran en los apartados 90, 91 y 97 de la sentencia recurrida, según las cuales, en esencia, no puede considerarse que la obligación de mencionar sus fuentes constituya una restricción excesiva a la libertad de expresión, adolecen de un error de Derecho, en la medida en que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la vulneración de la libertad de expresión también puede derivarse del hecho de que se impongan al interesado formalidades, condiciones, restricciones o sanciones. Pues bien, a su juicio, la obligación de desvelar sus fuentes es una formalidad o una condición vinculada al ejercicio de la libertad de expresión y de información. Así pues, considera que el Tribunal General incumplió la obligación derivada del artículo 52, apartado 3, de la Carta, según la cual los órganos jurisdiccionales de la Unión deben tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la hora de interpretar la Carta. |

| 45 | Según afirma, el Tribunal General tampoco tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 1999, Hashman y Harrup c. Reino Unido (CE:ECHR:1999:1125JUD002559494), en lo que respecta a la interpretación del requisito, establecido en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por esta debe estar «establecida por la ley». A su parecer, el Tribunal General hizo caso omiso de esta alegación del recurrente y, por tanto, no respondió adecuadamente a la misma, de modo que la sentencia recurrida no está suficientemente motivada en Derecho. |

| 46 | Según el recurrente, cuando redactó y compartió la presentación controvertida, estaba amparado por la libertad de expresión y de información garantizada por el artículo 11 de la Carta. Pues bien, a su juicio, por una parte, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que un despido por motivos disciplinarios puede vulnerar tal libertad y, por otra parte, no se cumplen en el caso de autos los requisitos para una limitación válida de esta, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta. Por lo tanto, estima que el Tribunal General no interpretó el artículo 11 de la Carta a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de conformidad con la obligación derivada del artículo 52, apartado 3, de la Carta, al no explicar en qué medida el comportamiento que se le imputa, que debería estar, a su parecer, protegido por el artículo 11 de la Carta y que no está sujeto a ninguna limitación legal válida, debe considerarse inapropiado y sancionable. |

| 47 | En tercer lugar, aduce, por lo que respecta a la inexistencia de una limitación legal válida, que, en el conjunto de la sentencia recurrida y, más concretamente, en los apartados 67 a 69 y 95 a 98 de esta, el Tribunal General interpretó erróneamente los artículos 11, 12 y 21 del Estatuto. El recurrente alega, a este respecto, que el Tribunal General hizo caso omiso del contexto derivado de la reforma del Estatuto de 2004, que tuvo en cuenta la libertad de expresión consagrada en el artículo 11 de la Carta y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al artículo 52 de esta. Sostiene que el artículo 11 de la Carta motivó la reforma del artículo 17 del Estatuto y la inserción de un artículo 17 bis en este último, puesto que las disposiciones generales de los artículos 11, 12 y 21 del Estatuto no eran suficientemente claras y precisas en cuanto a las limitaciones impuestas a la libertad de expresión de los funcionarios o agentes de la Unión. |

| 48 | En cuarto lugar, afirma que el Tribunal General incurrió en error de Derecho, desnaturalizó las pruebas y motivó insuficientemente la sentencia recurrida en los apartados 72 y 218 de esta. A este respecto, el recurrente sostiene que, ciertamente, la FRA dispone de normas internas en materia de edición y de presentación de los resultados de investigación. Sin embargo, estas normas garantizan una adecuada inclusión de las referencias en una fase posterior al primer borrador de un trabajo de investigación, como era el caso de la presentación controvertida. El recurrente alega que, contrariamente a lo que se desprende, en esencia, de los apartados 73, 74 y 95 de la sentencia recurrida, el hecho de no haber incluido referencias y notas a pie de página en ese «primer borrador», que constituía la presentación controvertida, facilitado como vista preliminar de la estructura y del contenido del trabajo de investigación que se le solicitaba realizar, no puede considerarse un comportamiento inapropiado o un acto desleal por su parte. A su juicio, se atuvo a las reglas internas de la FRA y, por tanto, no puede ser sancionado por este concepto. |

| 49 | La FRA aduce, en esencia, que las alegaciones formuladas por el recurrente en el marco del segundo motivo de casación son inadmisibles y, en cualquier caso, las considera manifiestamente infundadas. |

Apreciación del Tribunal de Justicia

| 50 | En primer lugar, por lo que respecta a las alegaciones del recurrente relativas a la interpretación por el Tribunal General del concepto de «plagio», referidas, en esencia, a las consideraciones que figuran en los apartados 58 a 61, 70, 72, 79 y 81 de la sentencia recurrida, procede señalar que dichas alegaciones no pueden prosperar. |

| 51 | Es cierto que, como sostiene fundadamente el recurrente, el concepto de «plagio» no es un concepto de Derecho de la Unión y que las cuestiones relativas a los derechos de autor están reguladas, en principio, por el Derecho de los Estados miembros. |

| 52 | No obstante, en el caso de autos, como se desprende en particular de los apartados 55 y 56 de la sentencia recurrida, que no han sido impugnados por el recurrente en el marco del presente recurso de casación, el Tribunal General consideró que, para responder a la primera parte del primer motivo del recurso presentado en primera instancia, basada en que el plagio no constituyó una infracción del Estatuto, debía tenerse en cuenta que el principio de seguridad jurídica exige que las normas jurídicas sean claras, precisas y previsibles en cuanto a sus efectos, en particular cuando puedan tener consecuencias desfavorables para los individuos. En estas circunstancias, el Tribunal General consideró fundadamente que, para determinar si el comportamiento imputado al recurrente pudo ser válidamente sancionado como infracción de los artículos 11, 12 y 21 del Estatuto, aplicables a los agentes temporales en virtud del artículo 11, párrafo primero, del ROA, y si el recurrente había podido conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que el Estatuto le imponía en relación con la conducta imputada, era necesario definir la naturaleza de dicha conducta. |

| 53 | Lo mismo cabe decir en lo que respecta a la crítica del recurrente del apartado 57 de la sentencia recurrida, puesto que el Tribunal General se limitó a afirmar en dicho apartado que existía una diferencia en la formulación, por una parte, de la decisión de separación del servicio, en la que la FRA declaró que el recurrente había incurrido en plagio, y, por otra parte, del dictamen del Consejo de Disciplina, según el cual el comportamiento reprochado al recurrente, incompatible con los artículos 11, 12 y 21 del Estatuto, consistía, en esencia, en la presentación deliberada de un documento resultante de una copia como resultado de su propio trabajo. Tras identificar de este modo el objetivo de su examen, el Tribunal General examinó, en los apartados 58 a 76 de la sentencia recurrida, la cuestión de si el comportamiento imputado al recurrente, a saber, la presentación deliberada de un documento resultante en gran parte de una copia como fruto de su propio trabajo, estaba comprendido en el concepto de «plagio» al que hacía referencia la decisión de separación del servicio y, por lo tanto, podía constituir un incumplimiento de las obligaciones derivadas de los artículos 11, 12 y 21 del Estatuto. |

| 54 | Por otra parte, el Tribunal General declaró fundadamente, en el apartado 80 de la sentencia recurrida, que, cuando un funcionario no cumple las obligaciones derivadas del Estatuto, el hecho de actuar de conformidad con la ley nacional no confiere al interesado inmunidad con respecto a la aplicación de las disposiciones del Estatuto. Por lo tanto, el Tribunal General consideró fundadamente, y sin incurrir en una desnaturalización de los hechos, en el apartado 81 de la sentencia recurrida, que, desde el punto de vista de las disposiciones estatutarias, las referencias al Derecho austriaco no eran pertinentes en el caso de autos, de modo que no procedía examinar el alcance de ese Derecho. |

| 55 | En segundo lugar, la alegación basada en que el Tribunal General desestimó erróneamente, en los apartados 90 y 91 de la sentencia recurrida, la alegación del recurrente según la cual la FRA le impidió ejercer, de manera absoluta, su derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 11 de la Carta y no analizó, en los apartados 86 a 98 de dicha sentencia, las alegaciones basadas en la infracción del artículo 52, apartados 1 y 3, de la Carta se basa también en una interpretación errónea de la sentencia recurrida. |

| 56 | En efecto, contrariamente a lo que afirma el recurrente, el Tribunal General no declaró, en ningún apartado de la sentencia recurrida, que el contenido de la presentación controvertida no estuviera amparado por la libertad de expresión, por lo que procedía descartar la aplicación del artículo 11 de la Carta, ni, a fortiori, estimó que una sanción disciplinaria por causa de plagio no pudiera considerarse, en su caso, una restricción a dicha libertad y que, en consecuencia, no debería estar establecida por la ley, de conformidad con el requisito establecido en el artículo 52, apartado 1, de la Carta. |

| 57 | Por el contrario, como se desprende, en particular, de los apartados 86 a 94 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, en virtud del artículo 11, párrafo primero, de la Carta, el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Asimismo, declaró que, como se desprende del artículo 52, apartado 1, de la Carta, para ser considerada conforme con el Derecho de la Unión, una limitación a ese derecho debe estar «establecida por la ley», perseguir un objetivo de interés general, reconocido como tal por la Unión, y no ser excesiva. A este respecto, el Tribunal General estimó fundadamente que los artículos 11, 12 y 21 del Estatuto constituyen restricciones legítimas al ejercicio de dicho derecho, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta, y que esta limitación no puede considerarse excesiva. |

| 58 | Por otra parte, en la medida en que el recurrente alega que el Tribunal General no analizó las consecuencias de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 1999, Hashman y Harrup c. Reino Unido (CE:ECHR:1999:1125JUD002559494), procede recordar que un motivo basado en la falta de respuesta del Tribunal General a alegaciones formuladas en primera instancia equivale, en esencia, a invocar un incumplimiento de la obligación de motivación derivada del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General en virtud del artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto, y del artículo 117 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General (sentencia de 9 de noviembre de 2023, XC/Comisión, [C‑527/21 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2023%3A850&locale=es), [EU:C:2023:850](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2023%3A850), apartado [98](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2023%3A850&anchor=#point98) y jurisprudencia citada). |

| 59 | Pues bien, la obligación de motivación no obliga al Tribunal General a elaborar una presentación que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio, pudiendo la motivación ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (sentencia de 9 de noviembre de 2023, XC/Comisión, [C‑527/21 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2023%3A850&locale=es), [EU:C:2023:850](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2023%3A850), apartado [99](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2023%3A850&anchor=#point99) y jurisprudencia citada). |

| 60 | En el presente asunto, en la demanda presentada en primera instancia, el recurrente alegó que una restricción al derecho fundamental a la libertad de expresión «establecida por la ley», en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta, exige un cierto grado de claridad y previsibilidad de la ley en cuestión. Sostenía, a este respecto, que de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 1999, Hashman y Harrup c. Reino Unido (CE:ECHR:1999:1125JUD002559494), se desprendía que no puede considerarse que una norma particularmente imprecisa y que no dé indicaciones a la persona afectada sobre el tipo de conducta que contravendría una orden sea «una ley», en el sentido de esta disposición de la Carta. |

| 61 | Pues bien, tras recordar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según la cual una norma no puede imponer válidamente restricciones a la libertad de expresión si no se enuncia con la suficiente precisión para permitir al ciudadano ajustar su conducta a ella, como, por lo demás, exige también el principio de seguridad jurídica, el Tribunal General declaró, en los apartados 94 a 98 de la sentencia recurrida, que los artículos 11, 12 y 21 del Estatuto constituyen limitaciones legales suficientemente precisas del derecho a la libertad de expresión. En consecuencia, no puede afirmarse que el Tribunal General haya incumplido la obligación de motivación a este respecto. |

| 62 | Así pues, en la medida en que el recurrente sostiene que el Tribunal General incumplió la obligación de motivación que le incumbe, procede declarar que las alegaciones que formula en tal sentido son infundadas. |

| 63 | En tercer lugar, por lo que respecta a las alegaciones según las cuales el Tribunal General interpretó erróneamente, en los apartados 67 a 69 y 95 a 98 de la sentencia recurrida, los artículos 11, 12 y 21 del Estatuto como disposiciones que establecen una limitación del derecho a la libertad de expresión, procede recordar que el artículo 17 bis, apartado 1, del Estatuto reconoce expresamente este derecho al funcionario o agente de la Unión, dentro de los límites del estricto respeto de los principios de lealtad y de imparcialidad. |

| 64 | A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que procede tener en cuenta el hecho de que, cuando está en juego la libertad de expresión de los funcionarios, sus deberes y responsabilidades revisten una singular importancia que justifica que se deje a la institución u organismo de la Unión afectado cierto margen de apreciación para valorar si la injerencia en el ejercicio de esta libertad es proporcionada (sentencia de 6 de marzo de 2001, Connolly/Comisión, [C‑274/99 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2001%3A127&locale=es), [EU:C:2001:127](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2001%3A127), apartado [49](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2001%3A127&anchor=#point49)). |

| 65 | Más concretamente, la obligación de lealtad, consagrada en el artículo 12 del Estatuto, no solo impone al funcionario de que se trate abstenerse de conductas que atenten contra la dignidad de la función y contra el respeto debido a la institución y a sus autoridades, sino también que dé muestras, en especial si tiene un grado elevado, de un comportamiento libre de cualquier sospecha, con el fin de que siempre se conserven las relaciones de confianza que mantiene con la institución (sentencia de 12 de noviembre de 2020, Fleig/SEAE, [C‑446/19 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A918&locale=es), [EU:C:2020:918](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A918), apartado [100](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A918&anchor=#point100)). |

| 66 | En el caso de autos, el Tribunal General declaró, en los apartados 27, 33 y 60 a 62 de la sentencia recurrida, basándose en la motivación de la decisión de separación del servicio y del dictamen del Consejo de Disciplina, que el comportamiento imputado al recurrente consistía en presentar de manera deliberada un documento como fruto de su propio trabajo, cuando en realidad era en gran parte el resultado de una copia, en la medida en que, a diferencia de una cita, por un lado, no había habido interacción alguna entre la presentación controvertida y los documentos copiados y, por otro lado, los pasajes copiados no aparecían claramente, en la mencionada presentación, como elementos ajenos a ella. |

| 67 | Estas consideraciones del Tribunal General ponen claramente de manifiesto que el recurrente no fue sancionado por haber expresado una opinión personal o discordante en la presentación controvertida, sino por haber presentado escritos ajenos como fruto de su propio trabajo sin mencionar sus fuentes. Pues bien, sobre la base de tales apreciaciones de hecho, que el recurrente no impugna, el Tribunal General pudo deducir válidamente, en los apartados 95 y 96 de la sentencia recurrida, que este comportamiento del recurrente podía incumplir el deber de lealtad, cuya base legal está constituida por los artículos 11, 12 y 21 del Estatuto, que constituyen restricciones legítimas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y persiguen, en particular, el objetivo de preservar la relación de confianza que debe existir entre una institución y sus funcionarios. |

| 68 | Por consiguiente, el Tribunal General pudo declarar fundadamente, en el apartado 96 de la sentencia recurrida, que esta limitación del derecho a la libertad de expresión no puede considerarse excesiva en el caso de autos, puesto que el recurrente seguía estando en condiciones de expresar libremente sus opiniones en la presentación controvertida, sin tener no obstante el derecho a presentar el trabajo ajeno como el resultado de su propio trabajo y sin mencionar sus fuentes. |

| 69 | Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, al pronunciarse de este modo, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno. |

| 70 | A la luz de las consideraciones anteriores, procede desestimar el segundo motivo de casación por infundado. |

Tercer motivo de casación

Alegaciones de las partes

| 71 | Mediante su tercer motivo de casación, el recurrente aduce sustancialmente que el Tribunal General desnaturalizó, en la descripción que hizo del litigio en el apartado 9 de la sentencia recurrida, los hechos y las pruebas que le había presentado, en particular un mensaje dirigido al recurrente por el jefe del departamento mediante el que este último le solicitaba que enviara a uno de sus compañeros de trabajo el enlace que daba acceso a la presentación controvertida grabada en el SGD. El recurrente sostiene que, contrariamente a lo que afirmó el Tribunal General en ese apartado de la sentencia recurrida, no fue simplemente «invitado» a enviar dicho enlace, sino que recibió así una instrucción en este sentido del jefe del departamento. A su juicio, al pronunciarse de este modo, el Tribunal General calificó erróneamente de mera «invitación» una instrucción procedente de un superior jerárquico, que el recurrente no pudo ignorar. Pues bien, según el recurrente, con arreglo al artículo 21 bis del Estatuto, no se le puede considerar jurídicamente responsable de las consecuencias de haberse atenido a la instrucción de que se trata, en la medida en que dicha instrucción no era manifiestamente ilegal o contraria a las normas de seguridad aplicables. |

| 72 | La FRA afirma que procede declarar la inadmisibilidad del tercer motivo de casación y alega que el recurrente se limita a impugnar las apreciaciones de hecho realizadas por el Tribunal General. |

Apreciación del Tribunal de Justicia

| 73 | Procede señalar que, mediante su tercer motivo de casación, el recurrente se limita a impugnar la descripción de los hechos, tal como la efectuó el Tribunal General en el apartado 9 de la sentencia recurrida, en la parte de esta en la que se exponen los antecedentes del litigio, sin indicar por qué la supuesta calificación jurídica errónea del mensaje dirigido al recurrente por el jefe de su departamento pudo viciar las apreciaciones jurídicas efectuadas por el Tribunal General en dicha sentencia. De ello se desprende que, so pretexto de tal calificación jurídica errónea de los hechos, este impugna, en realidad, apreciaciones fácticas del Tribunal General, sin exponer, por otra parte, de qué modo tales apreciaciones son manifiestamente erróneas o contrarias a su tenor literal. |

| 74 | Por consiguiente, de conformidad con la jurisprudencia recordada en los apartados 31 y 32 de la presente sentencia, procede declarar la inadmisibilidad del tercer motivo de casación. |

Cuarto motivo de casación

Alegaciones de las partes

| 75 | Mediante su cuarto motivo de casación, el recurrente aduce, sustancialmente, que el Tribunal General incurrió, en los apartados 101, 106, 107, 111 a 113 y 122 de la sentencia recurrida, en varios errores de Derecho, desnaturalizó pruebas y cometió errores manifiestos de apreciación en el marco de su análisis de la conformidad a Derecho del inicio de la investigación administrativa y no proporcionó una motivación suficiente a este respecto. |

| 76 | El recurrente sostiene, en primer lugar, que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas e incurrió en un error manifiesto de apreciación en el apartado 107 de la sentencia recurrida, en la medida en que la consulta de la OLAF se adjuntó únicamente al informe del director de la FRA y que él no recibió dicho informe hasta después del 27 de febrero de 2019. Aduce que, en consecuencia, no fue informado del contenido de la consulta de la OLAF cuando se inició la investigación el 23 de marzo de 2018 ni, por lo demás, cuando se incoó el procedimiento disciplinario el 23 de octubre de 2018. Por consiguiente, a su parecer, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir que había sido suficientemente informado cuando se inició la investigación y al aplicar, por analogía, la jurisprudencia derivada de la sentencia de 5 de octubre de 2005, Rasmussen/Comisión ([T‑203/03](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AT%3A2005%3A346&locale=es), [EU:T:2005:346](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AT%3A2005%3A346)). |

| 77 | En segundo lugar, el recurrente alega que el Tribunal General no apreció el contexto jurídico en el que se inscribe el inicio de una investigación administrativa. En su opinión, para asegurarse de que el criterio de la existencia «de indicios razonables», a que se refiere el artículo 86, apartados 1 y 2, del Estatuto, se cumple al inicio de una investigación administrativa, debe tenerse en cuenta el tenor de dicha disposición. A este respecto, sostiene que el único objetivo legítimo de una investigación administrativa es demostrar, sobre la base de indicios razonables, que puede sospecharse razonablemente que un funcionario o un agente de la Unión ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Estatuto. |

| 78 | Además, el recurrente considera que una investigación administrativa es, por definición, un tratamiento de datos que, con arreglo al artículo 4 del Reglamento n.o 45/2001, debe hacerse «con fines determinados, explícitos y legítimos». El recurrente añade que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al afirmar que los artículos 1 y 2 del anexo IX del Estatuto no obligan a la AFPN a precisar las disposiciones específicas del Estatuto supuestamente infringidas, dado que esta cuestión está más bien comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 86, apartado 2, del Estatuto y del Reglamento n.o 45/2001. Por último, el recurrente alega que el artículo 86, apartado 2, del Estatuto dispone que solo puede iniciarse una investigación administrativa para verificar si el funcionario o el agente de la Unión de que se trate ha cometido una infracción del Estatuto y no una infracción del derecho de propiedad intelectual. |

| 79 | El recurrente sostiene, en tercer lugar, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en el apartado 111 de la sentencia recurrida, al descartar la aplicación de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 8 de julio de 2008, Franchet y Byk/Comisión ([T‑48/05](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AT%3A2008%3A257&locale=es), [EU:T:2008:257](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AT%3A2008%3A257)), confirmada por la sentencia de 12 de julio de 2012, Comisión/Nanopoulos ([T‑308/10 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AT%3A2012%3A370&locale=es), [EU:T:2012:370](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AT%3A2012%3A370)), que exige que se disponga de elementos suficientemente precisos y pertinentes antes de incoar un procedimiento disciplinario. |

| 80 | La FRA alega que el cuarto motivo de casación es inadmisible y añade que, en cualquier caso, es manifiestamente infundado. |

Apreciación del Tribunal de Justicia

| 81 | De entrada, procede observar que, en virtud del artículo 86, apartado 2, del Estatuto, la AFPN puede iniciar una investigación administrativa con vistas a verificar la existencia de un incumplimiento, en el sentido del apartado 1 de dicho artículo, cuando tenga conocimiento de algún indicio que lleve a presumir la existencia de tal incumplimiento. Por otra parte, de la lectura conjunta de los apartados 1 y 2 de dicho artículo 86 se desprende que el Estatuto confiere a la administración la facultad de iniciar una investigación basada en un supuesto incumplimiento de las obligaciones estatutarias. |

| 82 | Si bien la administración dispone, como señaló el Tribunal General en el apartado 103 de la sentencia recurrida, de una amplia facultad de apreciación por lo que respecta al inicio de una investigación administrativa, debe, no obstante, como declaró, en esencia, en el apartado 104 de dicha sentencia, poder basarse, a estos efectos, en la existencia de una sospecha razonable de que se ha cometido una infracción disciplinaria. De ello se desprende que, para proteger los derechos del funcionario o del agente de la Unión de que se trate, la administración debe asegurarse de que dispone, antes de iniciar una investigación, de indicios que permitan sospechar que ese funcionario o agente ha incumplido sus obligaciones estatutarias y, antes de incoar el procedimiento disciplinario contra este, de elementos suficientemente precisos y pertinentes para respaldar sus sospechas. |

| 83 | Tras recordar fundadamente estos principios, el Tribunal General desestimó, en el apartado 106 de la sentencia recurrida, la alegación del recurrente de que la decisión de inicio de la investigación administrativa no mencionaba el artículo 21 del Estatuto y que la AFPC no había sabido exactamente, en el momento de iniciar dicha investigación, qué disposiciones del Estatuto podía haber infringido el recurrente. |

| 84 | A este respecto, el Tribunal General declaró fundadamente, en el mismo apartado 106, que el artículo 1 del anexo IX del Estatuto, al que remite su artículo 2 en relación con las investigaciones administrativas efectuadas por la AFPN, no exige que dicha autoridad, o en su caso la AFPC, precise las disposiciones específicas del Estatuto que se hayan infringido, toda vez que, como consideró el Tribunal General en el apartado 107 de la sentencia recurrida, en el marco de su apreciación soberana de los hechos, el recurrente disponía de suficientes elementos de información para comprender que se le reprochaba haber infringido las disposiciones del Estatuto que exigen a los funcionarios un comportamiento leal, y ello, en particular, habida cuenta del contenido de la decisión de inicio de la investigación, que precisaba, en particular, que el comportamiento imputado al recurrente había consistido en incluir en la presentación controvertida partes que eran una mera copia de otras fuentes, sin incluir referencias y sin informar de ello a su jefe de departamento, haciendo creer que dicha presentación era el resultado de su propio trabajo. |

| 85 | En estas circunstancias, el Tribunal General pudo considerar, en los apartados 108 y 111 de la sentencia recurrida, sin incurrir en error de Derecho o en desnaturalización y tras una motivación suficiente, que el procedimiento contra el recurrente se había iniciado de manera conforme a Derecho, puesto que la AFPN disponía, en el momento del inicio de la investigación administrativa, de indicios suficientes que permitían sospechar que este había incumplido sus obligaciones estatutarias y, en el momento de la incoación procedimiento disciplinario, de elementos suficientemente precisos y concordantes que confirmaban las sospechas que habían justificado la apertura de dicha investigación. |

| 86 | Por consiguiente, procede desestimar el cuarto motivo de casación por ser en parte inadmisible y en parte infundado. |

Quinto motivo de casación

Alegaciones de las partes

| 87 | Mediante su quinto motivo de casación, el recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió, en los apartados 16, 114, 119 a 131, 135 y 136 de la sentencia recurrida, en varios errores de Derecho, en desnaturalización de las pruebas, proporcionó una motivación insuficiente y procedió a un examen incompleto del recurso que había interpuesto en primera instancia, en el marco de su apreciación del «significado jurídico» de la decisión de inicio de la investigación. |

| 88 | Según el recurrente, la FRA no transfirió sus competencias disciplinarias al investigador, contrariamente a lo que afirma el Tribunal General, sino que confió a este último una investigación específica con una finalidad y un alcance específicos. Además, considera que el Tribunal General apreció erróneamente el contexto jurídico de dicha Decisión. El recurrente recuerda, a este respecto, que el Reglamento n.o 45/2001 dispone que un tratamiento de datos, como una investigación administrativa, debe tener «fines determinados, explícitos y legítimos» y que los datos tratados deben ser «adecuados, pertinentes y no excesivos» en relación con los fines para los que son tratados. |

| 89 | La FRA sostiene que el quinto motivo de casación es inadmisible. |

Apreciación del Tribunal de Justicia

| 90 | Mediante su quinto motivo de casación, el recurrente aduce sustancialmente que el Tribunal General procedió a una calificación errónea del «significado jurídico» de la decisión de inicio de la investigación. No obstante, so pretexto de un motivo basado en errores de Derecho, en particular en una supuesta infracción de las normas que rigen el tratamiento de datos durante el procedimiento administrativo, en una desnaturalización de las pruebas, en una motivación insuficiente y en un examen incompleto de su recurso, el recurrente solicita, en realidad, al Tribunal de Justicia que sustituya la apreciación de las pruebas efectuada por el Tribunal General en los apartados 16, 114, 119 a 131, 135 y 136 de la sentencia recurrida por la suya propia, lo cual, como se desprende de la jurisprudencia recordada en los apartados 31 y 32 de la presente sentencia, excede de su competencia en el marco de un recurso de casación. |

| 91 | Además, en la medida en que el recurrente alega que el Tribunal General desnaturalizó el tenor de la decisión de inicio de la investigación administrativa, se limita a reiterar las alegaciones ya formuladas ante el Tribunal General, como se desprende de los apartados 122 a 135 de la sentencia recurrida, sin explicar por qué estas adolecen de un error de Derecho. |

| 92 | De ello se sigue que procede declarar la inadmisibilidad del quinto motivo de casación. |

Motivos de casación sexto, séptimo y octavo

Alegaciones de las partes

| 93 | Mediante su sexto motivo de casación, el recurrente alega que el Tribunal General procedió a un examen incompleto de su recurso en primera instancia en la medida en que no respondió a la alegación que había formulado según la cual el Consejo de Disciplina no se había limitado a los hechos mencionados en el informe del director de la FRA y que, por tanto, había infringido el Estatuto. |

| 94 | Mediante su séptimo motivo de casación, el recurrente sostiene que, en los apartados 194 y 200 a 205 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no tuvo en cuenta que había presentado pruebas que demostraban que la AFPN ya había decidido imponer la sanción de separación del servicio antes de la audiencia de 11 de julio de 2019. Según afirma, al no haber examinado estos elementos, el Tribunal General los desnaturalizó, incurrió en error manifiesto de apreciación, procedió a un examen incompleto del motivo invocado en primera instancia e incumplió su obligación de motivación. |

| 95 | Mediante su octavo motivo de casación, el recurrente alega que del recurso de casación en su conjunto se desprende que el Tribunal General infringió el artículo 47 de la Carta al no ofrecerle una tutela judicial efectiva. |

| 96 | La FRA contesta que el punto de vista del recurrente en relación con el sexto motivo de casación es vago y no indica los apartados de la sentencia recurrida a los que se refiere. |

| 97 | Por lo que respecta al séptimo motivo de casación, afirma que, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, el Tribunal General dejó constancia de sus alegaciones en el apartado 202 in fine de la sentencia recurrida y respondió a ellas en los apartados 203 y 204 de esta. |

| 98 | Por último, según la FRA, el octavo motivo de casación es manifiestamente inadmisible. |

Apreciación del Tribunal de Justicia

| 99 | Del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate (sentencia de 18 de enero de 2024, Jenkinson/Consejo y otros, [C‑46/22 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A50&locale=es), [EU:C:2024:50](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A50), apartado [60](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A50&anchor=#point60) y jurisprudencia citada). |

| 100 | No cumple estos requisitos y debe declararse inadmisible el motivo cuya argumentación no sea suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad, concretamente porque los elementos esenciales en los que se basa el motivo no resultan de manera suficientemente coherente y comprensible del texto de dicho recurso de casación, formulado de manera oscura y ambigua a este respecto (sentencia de 18 de enero de 2024, Jenkinson/Consejo y otros, [C‑46/22 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A50&locale=es), [EU:C:2024:50](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A50), apartado [61](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A50&anchor=#point61) y jurisprudencia citada). El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que debe desestimarse, por ser manifiestamente inadmisible, un recurso de casación que carezca de una estructura coherente, que se limite a realizar afirmaciones generales y que no incluya indicaciones precisas acerca de los apartados de la resolución recurrida que pudieran adolecer de un error de Derecho (sentencia de 15 de diciembre de 2022, Picard/Comisión, [C‑366/21 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A984&locale=es), [EU:C:2022:984](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A984), apartado [53](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A984&anchor=#point53) y jurisprudencia citada). |

| 101 | En el caso de autos, por lo que respecta a los motivos de casación sexto y octavo, basta con señalar que estos no identifican con precisión los apartados de los fundamentos de la sentencia recurrida contra los que se dirigen ni los errores de Derecho de los que supuestamente adolecen. Además, están formulados de manera muy general, sin aportar una argumentación suficiente que permita al Tribunal de Justicia apreciar su fundamentación. |

| 102 | Asimismo, por lo que respecta al séptimo motivo de casación, si bien el recurrente precisa que este se refiere a los apartados 194 y 200 a 205 de la sentencia recurrida y aduce que el Tribunal General no mencionó ni examinó las pruebas que acreditan que la AFPN ya había decidido imponer la sanción de separación del servicio antes de la audiencia de 11 de julio de 2019, no es menos cierto que el recurso de casación no contiene fundamentos jurídicos que sustenten una supuesta falta de motivación. |

| 103 | Por consiguiente, procede desestimar los motivos de casación sexto, séptimo y octavo por ser manifiestamente inadmisibles. |

| 104 | Al no haberse acogido ninguno de los motivos formulados en apoyo del recurso de casación, procede desestimar este en su totalidad. |

Costas

| 105 | En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. |

| 106 | Al haber sido desestimados los motivos formulados por el recurrente, procede condenarlo a cargar, además de con sus propias costas, con aquellas en que haya incurrido la FRA, conforme a lo solicitado por esta. |

|  | En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide: |

|  | | 1) | Desestimar el recurso de casación. | |

|  | | 2) | Condenar a DD a cargar, además de con sus propias costas, con aquellas en las que haya incurrido la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). | |

|  |  |
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|  | Firmas |

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[\*1](#c-ECR_62022CJ0680_ES_01-E0001)
) Lengua de procedimiento: inglés.

[Top](#document1)