Source: EURLEX
Language: es
Format: md

C 55/40 ES Diario Oficial de la Unión Europea 8.3.2003

Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia

que:

—
Declare ilegítima, conforme al artículo 230 CE, la Decisión de la Comisión n [o] 02/229/CE, de 13 de noviembre
de 2002, publicada en el DOCE de 20 de marzo de 2002,
y, por tanto, la anule en su totalidad o en la parte que
estime conveniente.

—
Subsidiariamente, condene a la Comisión a indemnizar a
los empresarios sardospor los daños sufridos, indemnización que debe cuantificarse como mínimo en
1 300 000 euros (equivalente a la ayuda regional que han
dejado de percibir), además de los intereses y de la
revalorización, que deben repartirse proporcionalmente
a los gastos soportados.

— Condene en costas a la demandada.

_Motivos y principales alegaciones_

Las demandantes, las dos mayores asociaciones profesionales
del sector agrícola, se oponen a la Decisión de la Comisión por
la que se consideró contrario al mercado común el régimen de
ayudas previsto en el artículo 21 de la Ley Regional de Cerdeña
n [o] 21/2000, relativa al mantenimiento de los costes de
producción ligados a la utilización de combustibles distintos
del metano. La finalidad de este régimen es compensar el
elevado coste del combustible para la calefacción disponible
en Cerdeña (gasóleo). Según las demandantes, la Decisión
impugnada impidió que se restableciera una situación de
igualdad entre los operadores sardos del sector sericícola y los
operadores nacionales y europeos, situación que habría hecho
posible el juego de la libre competencia en el sector.

En apoyo de sus pretensiones, las demandantes alegan:

—
La infracción del artículo 158 CE, así como de la
Declaración n [o] 30 sobre las regiones insulares, aneja al
Tratado de Amsterdam.

—
La infracción de los artículos 2 CE, 3 CE, 5 CE, 12 CE y
34 CE y la falta de aplicación de los principios de igualdad
y de proporcionalidad. Se confirma a este respecto que la
Decisión impugnada ha desautorizado un régimen de
ayudas destinado no a falsear la competencia, sino a
eliminar una situación de grave discriminación existente
entre los sericicultores sardosy los sericicultores nacionales y europeos.

—
La infracción del artículo 32 CE, en relación con lo
dispuesto en el artículo 37 CE. Se pone de manifiesto en
este punto la incompetencia de la Comisión al emitir la
Decisión controvertida, ya que omitió las cautelas que
deben adoptarse en un sector como el agrícola, en el cual,
por principio, las normas sobre competencia se aplican
en la medida determinada por el Consejo.

—
Infracción de las normas que regulan el procedimiento en
materia de ayudas de Estado, en la medida en que la
Decisión se adoptó tras la expiración del plazo de dos
meses a contar desde la fecha de recepción de la
notificación correspondiente.

—
Falta de evaluación de la ayuda, en el examen de
compatibilidad, a la luz del Reglamento (CE) n [o] 1257/
1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la
ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de
Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que
se modifican y derogan determinados Reglamentos ( [1] ),
así como de las Directrices comunitarias sobre ayudas
estatales al sector agrario (2000/C28/02) ( [2] ).

—
Falta de aplicación de las Directrices sobre las ayudas
de Estado de finalidad regional ( [3] ) y de la Disciplina
comunitaria sobre ayudas de Estado a las PYME( [4] ).

Por último, las demandantes alegan un defecto de motivación,
así como la aplicación errónea al caso de la excepción del
artículo 87 CE, apartado 3.

( [1] ) DO L 160 de 26.6.1999, p. 80.
( [2] ) DO C 28 de 1.2.2002, p. 2.
( [3] ) DO C 74 de 10.3.1998, p. 9.
( [4] ) DO C 213 de 19.8.1992, p. 2.

**Recurso interpuesto el 13 de enero de 2003 contra la**
**Oficina de Armonización del Mercado Interior por Jean-**
**Pierre Koubi**

**(Asunto T-10/03)**

(2003/C 55/96)

_(Lengua de procedimiento: francés)_

En el Tribunal de Primera Instancia se ha presentado el
13 de enero de 2003 un recurso contra la Oficina de
Armonización del Mercado Interior formulado por Jean-Pierre
Koubi, con domicilio en Marsella (Francia), representado por
la Sra. Katia Manhaeve, avocat, que designa domicilio en
Luxemburgo. Fábricas Lucía Antonio Betere, S.A. (Flabesa) fue
asimismo parte en el procedimiento ante la OAMI.

El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la
Oficina, de 16 de octubre de 2002, en el asunto R 542/
2001-4.

— Condene en costas a la Oficina.

8.3.2003 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 55/41

_Motivos y principales alegaciones_

Solicitante de la marca Jean-Pierre Koubi
comunitaria:

Marca comunitaria soli- Marca denominativa «conforflex»
citada: para determinados productos de
la clase 20 (camas) (n [o] 1171172)

Marcas que se oponen Marcas nacionales «flex» y «flex»
en el procedimiento de para determinados productos de
oposición: la clase 20 (entre otros, camas.
colchones, almohadas, ropa de
cama).

Titular de las marcas que Fábricas Lucía Antonio Betere,
se oponen: S.A.

Resolución de la Divi- Desestimación de la oposición
sión de Oposición:

Resolución de la Sala de Anulación de la resolución de la
Recurso: División de Oposición y desestimación de la solicitud de registro
de la marca comunitaria

Motivos invocados: Vulneración del concepto de
riesgo de confusión.

**Recurso interpuesto el 16 de enero de 2003 contra**
**la Comisión de las Comunidades Europeas por Itochu**
**Corporation**

**(Asunto T-12/03)**

(2003/C 55/97)

_(Lengua de procedimiento: inglés)_

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 16 de enero de 2003 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por Itochu Corporation, con domicilio social en Tokio (Japón),
representada por los Sres. Gerwin Van Gerven y Thomas
Franchoo, abogados.

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

—
Anule los artículos 1, 3 y 5 de la Decisión de la Comisión
C(2002) 4072 def., de 30 de octubre de 2002, relativa a
los asuntos COMP/35.587 PO Video games, COMP/
35.706 Nintendo Distribution y COMP/36.321 OmegaNintendo, en la medida en declara la existencia de una
infracción del artículo 81, apartado 1, del Tratado CE,
impone una multa y dirige la Decisión a la demandante
o, subsidiariamente, reduzca sustancialmente la multa
impuesta.

— Condene en costas a la Comisión.

_Motivos y principales alegaciones_

La demandante es una gran empresa dedicada al comercio en
Japón. Itochu Hellas, una filial local de Itochu Europe que sólo
indirectamente es filial de la demandante, celebró un acuerdo
de distribución con Nintendo. La demandante indica que la
distribución y venta de consolas de videojuegos nunca ha sido
una de sus actividades principales y que la decisión de realizar
tales actividades correspondía a las filiales locales, que operan
con gran independencia.

En apoyo de su recurso, la demandante alega que no puede ser
considerada responsable en nombre de Itochu Hellas por una
supuesta infracción del artículo 81, apartado 1, del Tratado CE
y, por tanto, que no es la destinataria correcta de la Decisión
impugnada. A juicio de la demandante, la Comisión debería
probar que una sociedad matriz ejerció una influencia decisiva
sobre su filial para poder considerar a aquella responsable por
los actos de la filial.

La demandante afirma asimismo que la multa debería anularse
o reducirse sustancialmente. Invoca una falta de razonamiento
adecuado y una violación del principio de proporcionalidad y
de igualdad de trato. La demandante sostiene que la Comisión
la trató de la misma forma que a otras empresas sin permitirle
valorar los datos sobre los que se basaba la Comisión.

La demandante sostiene que la Comisión no tenía motivos
para aumentar la multa con fines disuasorios dado que la
destinataria de la Decisión debiera haber sido Itochu Hellas.
Alega también que un aumento de la multa con fines
disuasorios habida cuenta de su tamaño y recursos constituye
una violación de los principios de proporcionalidad y de
igualdad de trato.

La demandante invoca asimismo un error manifiesto de
apreciación y una violación del principio de proporcionalidad
en la medida en que la multa se incrementó para tomar en
consideración la duración de la infracción alegada. Afirma
también que la Comisión debiera haber aplicado un menor
aumento porcentual debido a la duración ya que la participación de Itochu Hellas fue únicamente pasiva.

La demandante pone también de manifiesto que la Comisión
infringió el artículo 253 del Tratado CE y vulneró el principio
de proporcionalidad al negarse a tener en cuenta ciertas
circunstancias atenuantes, tales como el hecho de que el
papel desempeñado por Itochu Hellas fuera muy limitado y
exclusivamente pasivo o de que Itochu Hellas no ejecutara
las prácticas restrictivas. Además, según la demandante, la
Comisión violó el principio de igualdad de trato al admitir
circunstancias atenuantes en beneficio de otras destinatarias y
no en beneficio de la demandante.

Por último, la demandante invoca una infracción del artículo 15, apartado 2, del Reglamento n [o] 17 ( [1] ) en la medida en
que la Comisión impuso una multa superior al 10 % del
volumen de negocios del ejercicio anterior de Itochu Hellas y
una violación de su derecho de defensa como consecuencia de