Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 1 de diciembre de 2016 (
[1](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0001)
)

Asunto C‑598/14 P

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

contra

Gilbert Szajner

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Marca denominativa “LAGUIOLE” — Solicitud de nulidad basada en los derechos de la denominación social anterior “Forge de Laguiole” — Anulación parcial por la Sala de Recurso de la EUIPO — Anulación parcial por el Tribunal General de la resolución de la Sala de Recurso — Artículos 8, apartado 4, 53, apartado 1, letra c), y 65, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 207/2009/CE — Determinación del alcance de la protección concedida a un signo por la legislación nacional aplicable — Sentencia nacional recaída después de la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO — Control de la resolución de la Sala de Recurso por el Tribunal General — Artículo 58, apartado 1, del Estatuto del Tribunal de Justicia — Control de la resolución del Tribunal General por el Tribunal de Justicia en el procedimiento de casación»

I. Introducción

| 1. | El presente procedimiento de casación versa esencialmente sobre la cuestión de en qué medida pueden los tribunales de la Unión controlar el Derecho nacional dentro del sistema de protección jurídica de la marca de la Unión. |

| 2. | Esta cuestión se plantea con ocasión de un litigio en el que aparece el término «Laguiole», que en Francia no se asocia solamente a cuchillos sino también a numerosos asuntos judiciales. Estos últimos versan principalmente sobre el uso del nombre de la localidad de Laguiole, hoy frecuentemente utilizado como sinónimo de las célebres navajas que se fabrican allí tradicionalmente. La cuestión de hasta qué punto se puede usar dicho nombre para comercializar productos que nada tienen que ver con la citada localidad aún no ha quedado definitivamente resuelta en Derecho nacional. ( [2](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0002) ) |

| 3. | Sin embargo, el presente asunto trata solamente de la cuestión, en principio independiente de la anterior, del alcance de la protección de la denominación social«Forge de Laguiole» en el marco del artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009, en relación con el artículo L.711‑4, letra b), del Código de la propiedad intelectual francés. |

| 4. | A este respecto, la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, «EUIPO») había declarado que, en principio, con arreglo a la jurisprudencia francesa, una denominación social resulta protegida respecto de todas las actividades comprendidas en el objeto social de la empresa. En cambio, a juicio del Tribunal General, una denominación social sólo está protegida respecto de las actividades que la empresa ejerce de forma efectiva. El Tribunal General fundamentó su postura en la sentencia de la Cour de cassation francesa dictada el 10 de julio de 2012 en el asunto Cœur de Princesse (en lo sucesivo, «sentencia Cœur de princesse»), ( [3](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0003) ) que fue adoptada después de la resolución de la Sala de Recurso. |

| 5. | En opinión de la EUIPO, esta interpretación del Tribunal General adolece de un error de Derecho. Considera que el Tribunal General sólo puede anular una resolución de la Sala de Recurso si ésta era jurídicamente incorrecta en el momento de su adopción. Por lo tanto, al tomar en consideración la sentencia Cœur de princesse, el Tribunal General no apreció error alguno de la Sala de Recurso, sino que sustituyó la apreciación de ésta por la suya propia. En cambio, según el Tribunal General, la sentencia controvertida se limita a pronunciarse sobre la legislación francesa tal como ésta debió haber sido aplicada por la Sala de Recurso. ( [4](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0004) ) |

| 6. | Esta controversia pone de manifiesto que existe cierta tensión entre la remisión al Derecho nacional en el régimen de la marca de la Unión y los principios que normalmente rigen el control por parte del Tribunal General de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO. En efecto, conforme a dichos principios, el Tribunal General debe limitarse, como regla general, a determinar qué resolución debió haber dictado la Sala de Recurso, basándose en los datos en que se basó la resolución de dicha Sala. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recaída hasta la fecha se deduce que los citados principios no se pueden aplicar sin más cuando se examina la interpretación de una disposición nacional por parte del Tribunal General. El presente recurso de casación da al Tribunal de Justicia la ocasión de precisar y desarrollar dicha jurisprudencia. ( [5](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0005) ) |

II. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

1.
 Estatuto del Tribunal de Justicia

| 7. | El artículo 58, apartado 1, del Estatuto del Tribunal de Justicia tiene el siguiente tenor:  «El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia se limitará a las cuestiones de derecho. Deberá fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal General, de irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses de la parte recurrente, así como de la violación del Derecho de la Unión por parte del Tribunal General.» |

2.
 Reglamento n.o 207/2009

| 8. | El Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, ( [6](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0006) ) fue sustituido por el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea. ( [7](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0007) ) Los artículos 8, 52 y 63 del Reglamento n.o 40/94 se corresponden en lo esencial con los artículos 8, 53 y 65 del Reglamento n.o 207/2009. |

| 9. | El artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 dispone lo siguiente:  «4. Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:   | a) | se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión; |  | b) | dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.» | |

| 10. | El artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 establece:  «1. La marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:  [...]   | c) | cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.» | |

| 11. | El artículo 65, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 207/2009 establece lo siguiente:  «1.   Contra las resoluciones de las salas de recurso cabrá recurso ante el Tribunal General.  2.   El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.» |

B. Derecho francés

| 12. | En los artículos L.711‑4, letra b), y L.714‑3 del Code de la propriété intellectuelle (Código francés de la propiedad intelectual; en lo sucesivo, «CPI»), se establece:  L.711‑4  «No podrá registrarse como marca un signo que viole derechos anteriores, en particular:  [...]   | b) | en relación con una denominación o razón social, si existiera riesgo de confusión por parte del público; |   [...]»  L.714‑3  «Se declarará la nulidad, mediante resolución judicial, del registro de una marca que no sea acorde con lo dispuesto en los artículos L.711‑1 a L.711‑4.» |

III. Antecedentes del litigio y procedimiento ante la EUIPO y ante el Tribunal General

| 13. | El Sr. Szajner es titular de la marca denominativa de la Unión LAGUIOLE, cuyo registro solicitó el 20 de noviembre de 2001 y que fue registrada por la EUIPO el 17 de enero de 2005 con arreglo al Reglamento n.o 40/94 (sustituido por el Reglamento n.o 207/2009). |

| 14. | La marca LAGUIOLE se solicitó, entre otros, para diversos productos y servicios de las clases 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 y 38 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada. Se trata de un amplio abanico de productos y servicios, que van desde herramientas e instrumentos accionados manualmente hasta servicios de telecomunicaciones, pasando por artículos de joyería y bisutería, relojes, vajilla, artículos de escritura, marroquinería, objetos de arte, artículos de deporte y artículos para fumadores, ( [8](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0008) ) si bien, tras la renuncia parcial que se produjo durante el procedimiento ante la EUIPO, dejaron de estar incluidos los cuchillos, los tenedores y las tijeras. ( [9](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0009) ) |

A. Procedimiento ante la EUIPO y resolución de la Sala de Recurso

| 15. | El 22 de julio de 2005, Forge de Laguiole presentó una solicitud de nulidad parcial de la marca LAGUIOLE, en virtud del artículo 52, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 40/94 [actualmente, artículos 53, apartado 1, letra c), y 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009]. |

| 16. | La solicitud de nulidad se basó en la denominación social Forge de Laguiole, utilizada por Forge de Laguiole para las actividades de «fabricación y venta de todos los artículos de cuchillería, tijerería, artículos para regalo y recuerdos – todos los artículos relacionados con el arte de la mesa». Según Forge de Laguiole, esta denominación social le otorga el derecho a prohibir el uso de la marca LAGUIOLE con arreglo al artículo L.711‑4, letra b), en relación con el artículo L.714‑3 del CPI. |

| 17. | Mediante resolución de 27 de noviembre de 2006, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad. |

| 18. | El 25 de enero de 2007, Forge de Laguiole interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación. |

| 19. | Mediante resolución de 1 de junio de 2011, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO estimó parcialmente el recurso y declaró la nulidad de la marca LAGUIOLE respecto de los productos comprendidos en las clases 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 y 34. Desestimó el recurso en lo tocante a los servicios comprendidos en la clase 38 (servicios de telecomunicaciones). ( [10](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0010) ) |

| 20. | La Sala de Recurso basó su resolución en dos pilares, cada uno de los cuales bastaba por sí solo para sustentar su conclusión de que la denominación social Forge de Laguiole estaba protegida respecto a la totalidad de las actividades que se mencionan en su objeto social. ( [11](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0011) ) Por un lado, la Sala de Recurso consideró que, con arreglo al artículo L.711‑4, letra b), del CPI, la protección que el Derecho francés confiere a una denominación social abarca, en principio, todas las actividades que se mencionan en su objeto social, siempre que (como aquí sucede) éste sea suficientemente preciso. ( [12](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0012) ) Por otro lado, consideró que, aunque se admitiera que el objeto social de «fabricación y venta de todos los artículos para regalo y recuerdos ‑ todos los artículos relacionados con el arte de la mesa», no es suficientemente preciso, Forge de Laguiole había demostrado que había extendido sus actividades, antes de la presentación de la solicitud de la marca de la Unión controvertida, a esos ámbitos de actividad. ( [13](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0013) ) |

B. Sentencia del Tribunal General

| 21. | El 8 de agosto de 2011, el Sr. Szajner interpuso ante el Tribunal General recurso de anulación contra la resolución impugnada. Basó su recurso en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, alegando, en particular, que, con arreglo al artículo L.711‑4 del CPI, en contra de la opinión de la Sala de Recurso, la protección de una denominación social alcanza exclusivamente a las actividades efectivamente ejercidas por la empresa. ( [14](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0014) ) |

| 22. | En su sentencia de 21 de octubre de 2014, el Tribunal General declaró, en primer lugar, que la Sala de Recurso había basado su interpretación del Derecho francés en la jurisprudencia existente a 1 de junio de 2011, fecha en que se dictó la resolución impugnada. Sin embargo, dicha jurisprudencia no era uniforme y había dado lugar a una controversia en la doctrina especializada. ( [15](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0015) ) |

| 23. | En opinión del Tribunal General, la controversia quedó zanjada por la Cour de cassation francesa en su sentencia Cœur de princesse, donde se declaró que «la denominación social sólo goza de protección respecto de las actividades efectivamente desarrolladas por la sociedad y no respecto de las enumeradas en sus estatutos». ( [16](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0016) ) A juicio del Tribunal General, aunque la citada sentencia fue adoptada después de la resolución recurrida, podía tenerla en cuenta al examinar la legalidad de la resolución impugnada. ( [17](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0017) ) |

| 24. | Por consiguiente, el Tribunal General llegó a la conclusión de que el primer pilar del razonamiento de la Sala de Recurso, que se basaba en las actividades mencionadas en el objeto social de Forge de Laguiole, no podía sustentar la resolución impugnada. ( [18](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0018) ) Al examinar el razonamiento del segundo pilar de dicha resolución, el Tribunal General declaró, que, en contra de la opinión de la Sala de Recurso, Forge de Laguiole sólo había demostrado que ejercía actividades de fabricación y venta de todos los artículos comprendidos en el sector de la cuchillería o de la cubertería, así como de artículos de regalo y recuerdos siempre que se tratase de productos comprendidos en dichos sectores. Por lo tanto, el Tribunal General anuló la resolución impugnada en la medida en que, en relación con otros artículos, apreció un riesgo de confusión con arreglo al artículo L.711‑4 del CPI; limitó su examen del riesgo de confusión en el sentido de dicha disposición a las actividades que Forge de Laguiole, en su opinión, había desarrollado efectivamente en el período controvertido. ( [19](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0019) ) |

| 25. | A raíz de dicho examen, ( [20](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0020) ) el Tribunal General confirmó la resolución impugnada sólo en relación con un cierto número de productos pertenecientes a las actividades efectivamente desarrolladas por Forge de Laguiole y para los que el Tribunal General había apreciado riesgo de confusión entre la denominación social Forge de Laguiole y la marca LAGUIOLE. Por lo demás, el Tribunal General estimó el recurso y anuló la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso había anulado la marca LAGUIOLE también para otros productos. ( [21](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0021) ) |

IV. Procedimiento de casación y alegaciones de las partes

| 26. | Mediante escrito de 22 de diciembre de 2014, la EUIPO interpuso el presente recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General. El 23 de marzo de 2015, Forge de Laguiole presentó un escrito con su contestación al recurso de casación. La EUIPO y Forge de Laguiole solicitan que se anule la sentencia recurrida y que se condene en costas al Sr. Szajner. |

| 27. | Debido a ciertos problemas iniciales con la notificación, el Sr. Szajner no pudo presentar su contestación al recurso de casación hasta diciembre de 2015. En él solicita que se declaren inadmisibles todas las pretensiones y motivos alegados por la EUIPO y Forge de Laguiole y, subsidiariamente, que se desestimen dichas pretensiones y dichos motivos por infundados, que se desestime el recurso de casación, que se declare que es innecesario anular la sentencia recurrida y que se condene en costas a la EUIPO. |

| 28. | El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia se ha sustanciado por escrito. |

V. Apreciación

A. Sobre la admisibilidad

| 29. | El Sr. Szajner niega tanto la admisibilidad del recurso de casación de la EUIPO (véase el epígrafe 1 infra) como la admisibilidad de las pretensiones de Forge de Laguiole (epígrafe 2). |

1.
 Sobre la admisibilidad del recurso de casación de la EUIPO

| 30. | El Sr. Szajner alega que la EUIPO no puede interponer recurso de casación alguno contra una sentencia del Tribunal General cuyo objeto sea una resolución de la Sala de Recurso, pues carece de legitimación activa y de interés en el recurso. Asimismo, entiende que los motivos de casación de la EUIPO son inadmisibles porque modifican el objeto del litigio entre las partes ante la EUIPO. |

| 31. | Estas objeciones son infundadas. |

| 32. | En primer lugar, con arreglo al artículo 172 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 4 de marzo de 2015, ( [22](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0022) ) el recurso ante el Tribunal General contra una resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO puede ser interpuesto contra la EUIPO como parte recurrida. Además, de conformidad con el artículo 56, apartado 2, del Estatuto del Tribunal de Justicia, cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas puede interponer recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra las resoluciones del Tribunal General. Dado que en el presente asunto la EUIPO resultó parcialmente derrotada en primera instancia, es indudable que goza tanto de legitimación activa como de interés en el recurso de casación, lo cual, por otro lado, viene confirmado por la práctica asentada del Tribunal de Justicia. ( [23](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0023) ) |

| 33. | Asimismo, no es contrario a los principios de independencia, imparcialidad y neutralidad judicial ni a los principios de protección de la confianza legítima y de un juicio justo que la EUIPO intervenga en el procedimiento ante los tribunales de la Unión como parte recurrida o como recurrente en casación, cuando se trate de procedimientos sobre resoluciones de sus propias Salas de Recurso. Es cierto que, previamente a los recursos contra las resoluciones de la EUIPO ante el Tribunal General, debe tramitarse el procedimiento ante las Salas de Recurso de la EUIPO, cuyo carácter cuasi judicial es indiscutible, y que, además, las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO se atribuyen en cierto modo a dicha Oficina, ya que no puede impugnarlas ante el Tribunal General, estando sus derechos limitados, en comparación con lo que ocurre con otros demandados o coadyuvantes. ( [24](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0024) ) Sin embargo, en contra de la opinión del Sr. Szajner, en el procedimiento ante los tribunales de la Unión la EUIPO no es «juez y parte», ya que en dichos procedimientos no es la EUIPO quien resuelve sobre la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso, sino el Tribunal de Justicia. Por lo tanto, no es preciso resolver la cuestión que plantea el Sr. Szajner sobre la condición de órgano jurisdiccional de las Salas de Recurso en el sentido del artículo 6, apartado 1, del CEDH o del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales. |

| 34. | Por otro lado, carece de fundamento la alegación de que la EUIPO no fue propiamente parte demandada en el procedimiento de primera instancia sino coadyuvante, por lo que en el procedimiento de casación está obligada a acreditar su interés en el recurso. Si bien es cierto que el procedimiento ante el Tribunal General tenía por objeto una resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO en relación con un litigio entre el titular de una marca posterior y el de un signo más antiguo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General ( [25](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0025) ) antes citado se deduce claramente que, pese a todo, en dicho procedimiento la EUIPO adquiere la condición de parte recurrida. ( [26](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0026) ) |

| 35. | Por último, el Sr. Szajner alega que los motivos de casación de la EUIPO en relación con la sentencia Cœur de princesse son inadmisibles. En su opinión, la EUIPO ha modificado el objeto del litigio ante el Tribunal General respecto del que se derivaba de las pretensiones de las partes en el procedimiento ante la EUIPO. |

| 36. | Sin embargo, esta objeción también es infundada. Como bien señala la EUIPO, la interpretación del Derecho francés ya fue objeto del litigio entre las partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso. En particular, se abordó el alcance de la protección de una denominación social, cuestión sobre la cual se aludió ante el Tribunal General a la sentencia Cœur de princesse (y fue precisamente el Sr. Szajner quien lo hizo ( [27](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0027) )). Por lo tanto, los argumentos de la EUIPO sobre la admisibilidad de dicha sentencia en primera instancia no constituyen en modo alguno una ampliación del objeto del litigio entre las partes del procedimiento ante la EUIPO. |

2.
 Sobre la admisibilidad de las pretensiones de Forge de Laguiole

| 37. | Asimismo, el Sr. Szajner niega la admisibilidad de las pretensiones de Forge de Laguiole. Afirma que, pese a no ser parte recurrente en casación, Forge de Laguiole solicita la anulación de la sentencia recurrida. Sin embargo, con arreglo al artículo 174 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, sus pretensiones deben tener por objeto la estimación o desestimación, total o parcial, del recurso de casación de la EUIPO, por lo que, en realidad, su escrito es una adhesión a la casación que, con arreglo al artículo 176 del Reglamento de Procedimiento, debe formalizarse en un escrito separado. |

| 38. | Este argumento puramente formalista debe ser rechazado. Si bien es cierto que Forge de Laguiole, en las pretensiones que formula al final de su argumentación, realmente no solicita la estimación del recurso de la EUIPO, sino la anulación de la sentencia recurrida, del conjunto de su contestación al recurso de casación se deduce claramente que Forge de Laguiole respalda íntegramente las alegaciones y los motivos de casación de la EUIPO. Por lo tanto, queda claro que solicita la estimación del recurso de casación. Además, no formula motivos de casación ni fundamentos jurídicos autónomos, como los que exige el artículo 178, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento para una adhesión a la casación. |

3.
 Conclusión parcial

| 39. | En consecuencia, tanto el recurso de casación de la EUIPO como las pretensiones de Forge de Laguiole son admisibles. |

B. Sobre el fondo

| 40. | Como ya he mencionado, la Sala de Recurso basa su motivación acerca del alcance de la protección de la denominación social Forge de Laguiole tanto en las actividades comprendidas en el objeto social de la empresa como en las que efectivamente desarrolla. ( [28](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0028) ) En la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró totalmente erróneo el primer pilar de la argumentación, ya que en Derecho francés una denominación social sólo está protegida respecto a las actividades efectivamente desarrolladas. En cuanto al segundo pilar de la argumentación, el Tribunal General lo halló parcialmente erróneo, puesto que sólo se había acreditado el ejercicio efectivo de una parte de las actividades comprendidas en el objeto social de Forge de Laguiole. ( [29](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0029) ) |

| 41. | Con su recurso de casación, la EUIPO impugna las conclusiones del Tribunal General tanto en relación con la protección de las actividades mencionadas en el objeto social de Forge de Laguiole (véase el epígrafe 1 infra), como en relación con las actividades efectivamente desarrolladas por la misma (epígrafe 2). |

1.
 Sobre la protección de las actividades mencionadas en el objeto social de Forge de Laguiole (primer motivo de casación y primera parte del segundo motivo de casación)

| 42. | La EUIPO alega que el Tribunal General no debió haber tenido en cuenta la sentencia Cœur de princesse, recaída con posterioridad a la resolución de la Sala de Recurso [primer motivo de casación; véase a continuación la letra a)]. Además, entiende que el Tribunal General desvirtuó dicha sentencia [primera parte del segundo motivo de casación; véase la letra b)]. |

a)
 Sobre la toma en consideración de la sentencia Cœur de princesse por el Tribunal General

| 43. | En opinión de la EUIPO, el análisis llevado a cabo por el Tribunal General en relación con la aplicación de la legislación nacional por la Sala de Recurso está limitado ratione temporis. A su parecer, si bien el Tribunal General, de conformidad con la sentencia OAMI/National Lottery Commission, ( [30](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0030) ) podía basarse en sentencias nacionales que ya hubiesen sido dictadas en el momento de la resolución de la Sala de Recurso pero que no hubiesen sido tenidas en cuenta por ésta, está fuera de las atribuciones del Tribunal General extender esa posibilidad a las sentencias nacionales recaídas después de la resolución de la Sala de Recurso. |

| 44. | El Reglamento n.o 207/2009 contiene numerosas remisiones al Derecho nacional, sobre todo en situaciones en las que, como aquí sucede, derechos anteriores están en conflicto con una marca de la Unión. En estos casos, la protección que puede reclamar una marca de la Unión depende de la legislación del Estado miembro. De este modo, la legislación nacional correspondiente se convierte en una norma jurídica relativa a la aplicación del Reglamento n.o 207/2009. |

| 45. | Por lo tanto, el artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, con arreglo al cual son admisibles los recursos contra las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO ante el Tribunal General cuando se basen, entre otros, en la «violación [...] de cualquier norma jurídica relativa a [la] aplicación [de dicho Reglamento]», ( [31](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0031) ) debe interpretarse en el sentido de que la infracción de una disposición nacional que deviene aplicable en virtud de una remisión del Reglamento n.o 207/2009 puede ser invocada ante el Tribunal General. ( [32](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0032) ) |

| 46. | Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, el examen que se realice a este respecto por el Tribunal General constituye un control de legalidad pleno, de manera que dicho Tribunal no se encuentra limitado por los elementos alegados por las partes ni por aquellos que tuvo en cuenta la Sala de Recurso. Por el contrario, puede informarse de oficio para comprobar el contenido, los requisitos de aplicación y el alcance de las normas jurídicas nacionales invocadas. ( [33](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0033) ) |

| 47. | Por lo tanto, en contra de lo alegado por la EUIPO, la facultad de control del Tribunal General no se limita a examinar si la Sala de Recurso aplicó correctamente el Derecho nacional, sino que le corresponde también analizar si la disposición nacional invocada confiere al titular de un signo anterior (y en qué medida lo hace) el derecho a prohibir el uso de una marca de la Unión. |

| 48. | De ahí se deduce que, a la hora de valorar la protección concedida por el Derecho nacional, el Tribunal General debe aplicar las disposiciones nacionales correspondientes tal y como las interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales en el momento de adoptar su resolución. En consecuencia, el Tribunal General también puede tener en cuenta una sentencia nacional recaída después de la resolución de la Sala de Recurso, siempre que las partes (como aquí sucedió ( [34](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0034) )) hayan tenido ocasión de pronunciarse sobre dicha sentencia. ( [35](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0035) ) |

| 49. | Corrobora esta interpretación de la facultad de control del Tribunal General el hecho de que sería contrario a la garantía del efecto útil del Reglamento n.o 207/2009 que el Tribunal General hubiese de limitarse a aplicar el Derecho nacional según lo interpretaban los órganos jurisdiccionales nacionales en el momento en que se adoptó la resolución de la Sala de Recurso, ( [36](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0036) ) ya que ello podría dar lugar a la denegación del registro o a la declaración de nulidad de una marca de la Unión aunque la disposición nacional pertinente (ya) no permitiese fundamentar tal decisión. Esta situación no sólo no sería conforme con el principio de tutela judicial efectiva, sino que además iría en contra de la economía procesal. En efecto, podría obligar al solicitante o al titular de una marca de la Unión a iniciar un nuevo procedimiento de solicitud ante la EUIPO con el fin de hacer valer sus derechos sobre la correspondiente marca de la Unión indebidamente denegados. |

| 50. | En este contexto, procede efectuar una distinción entre la situación del caso de autos y aquella otra en que una norma nacional que resulte aplicable en virtud de una remisión efectuada por el Reglamento n.o 207/2009 sea modificada tras la resolución de la Sala de Recurso. Bien es cierto que una remisión como la establecida en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, a falta de limitación a estos efectos, constituye una remisión dinámica que se refiere al Derecho nacional en su versión vigente en cada momento. Sin embargo, la modificación de una norma nacional invocada en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 fundamentaría un nuevo supuesto de hecho y, por tanto, ya no sería objeto de un litigio incoado previamente en relación con la existencia de una marca de la Unión. Por consiguiente, en ese caso sería necesario iniciar un nuevo procedimiento dirigido a la declaración de nulidad de la marca de la Unión afectada. |

| 51. | En cambio, aplicar una norma nacional no modificada, como sucede en el caso de autos, tal y como la interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales en el momento de la resolución del Tribunal General es conforme con el principio según el cual la interpretación judicial de una norma jurídica es aplicable en principio (es decir, cuando no exista una excepción explícita al respecto) con efectos retroactivos, puesto que se limita a aclarar cómo dicha norma «debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor». ( [37](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0037) ) La cuestión de la validez general (rebatida por la EUIPO) de este principio general del Derecho no precisa aquí de mayor aclaración, ya que no se aprecian motivos para que no sea aplicable a la legislación francesa aquí pertinente. Al contrario, la información aportada por el Sr. Szajner indica que es aplicable precisamente por lo que respecta a la jurisprudencia de la Cour de cassation francesa. ( [38](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0038) ) Además, tal y como acertadamente ha declarado el Tribunal General, la sentencia Cœur de princesse no contiene indicio alguno de que la Cour de cassation quisiera limitar el ámbito de aplicación temporal de la interpretación efectuada en dicha sentencia. ( [39](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0039) ) |

| 52. | En aras de la exhaustividad, procede señalar a este respecto que la valoración del contenido de una sentencia nacional y, en particular, la cuestión de si se trata de una modificación o de una confirmación de la jurisprudencia anterior, no puede ser determinante para decidir si el Tribunal General puede o no tener en cuenta una sentencia nacional recaída después de la resolución de la Sala de Recurso. ( [40](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0040) ) Resulta irrelevante que la sentencia Cœur de princesse constituya una modificación o una confirmación de la jurisprudencia francesa anterior. |

| 53. | Es cierto que la toma en consideración de una sentencia nacional recaída después de la resolución de la Sala de Recurso puede dar lugar a que el Tribunal General valore una norma jurídica nacional de forma diferente a la Sala de Recurso sólo a causa de dicha sentencia. Por tanto, no se puede descartar que el Tribunal General, tal y como argumenta la EUIPO, llegue a anular o a modificar una resolución de la Sala de Recurso en virtud de un «error sin culpa». Sin embargo, precisamente debido a la competencia del Tribunal General para examinar la cuestión, el control judicial de la valoración del Derecho nacional efectuada por la Sala de Recurso no atiende a la posible «culpa», sino que consiste en un control de legalidad exhaustivo. Si sólo después se comprueba que la resolución de la Sala de Recurso se basó en una interpretación incorrecta del Derecho nacional, ello no puede obstar para que se corrija dicho error. |

| 54. | Y nada cambia a este respecto el hecho de que, tal y como señala la EUIPO, el Tribunal General deba limitarse, como regla general, a determinar qué resolución debió haber dictado la Sala de Recurso, basándose en los datos en que se basó la resolución de dicha Sala. ( [41](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0041) ) En efecto, este principio se refiere a los hechos en que se basó la resolución de la Sala de Recurso y al objeto de la controversia tal y como lo definió la EUIPO. Ahora bien, por un lado, la exégesis de una norma nacional que ya fue interpretada con anterioridad a la Sala de Recurso no modifica el objeto de la controversia. Por otro, el Derecho nacional aplicable en ejecución del Reglamento n.o 207/2009 no tiene precisamente la condición de un mero hecho, ( [42](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0042) ) sino que, con arreglo al artículo 65, apartado 2, de dicho Reglamento, está sujeto al pleno control de legalidad por el Tribunal General. Por lo tanto, frente al resto de principios generalmente aplicables en el régimen de recursos en materia de marcas, al Tribunal General le asiste también la posibilidad de investigar de oficio el contenido y los requisitos de aplicación del Derecho nacional. ( [43](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0043) ) |

| 55. | Con carácter cautelar procede señalar, a este respecto, que esta posibilidad de investigación de oficio impone cierta presión al Tribunal General para informarse sobre el Derecho nacional y su evolución. Pero se ha de tener en cuenta que, en virtud del reparto de funciones entre los tribunales de la Unión y los órganos jurisdiccionales nacionales, la interpretación del Derecho nacional corresponde a estos últimos, y que los tribunales de la Unión no disponen de ningún instrumento específico para aclarar una cuestión interpretativa del Derecho nacional. ( [44](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0044) ) Por lo tanto, la posibilidad que asiste al Tribunal General de informarse de oficio sobre el Derecho nacional no exime en absoluto a quien lo invoca de su obligación de indicar las fuentes de donde se extrae la interpretación por él aludida. ( [45](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0045) ) En consecuencia, no se puede reprochar al Tribunal General en el procedimiento de casación que no haya tenido en cuenta un nuevo elemento relativo al Derecho nacional que debió haber aportado al Tribunal General aquel que lo invoca. |

| 56. | En atención a las reflexiones que preceden, procede declarar, en conclusión, que la toma en consideración de la sentencia Cœur de princesse por el Tribunal General no constituye infracción alguna del artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009. En consecuencia, procede desestimar el primer motivo de casación. |

b)
 Sobre el alcance de la sentencia Cœur de princesse

| 57. | En el marco de la primera parte de su segundo motivo de casación, la EUIPO alega que el Tribunal General desvirtuó la sentencia Cœur de princesse, infringiendo así el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009. Antes de entrar a valorar esta argumentación, voy a centrar mi atención brevemente en el alcance del examen del Derecho nacional por el Tribunal de Justicia en el procedimiento de casación. |

1) Sobre la revisión en el procedimiento de casación de las apreciaciones de las normas jurídicas nacionales efectuadas por el Tribunal General

i) Observaciones generales con carácter preliminar

| 58. | Como acabo de exponer, la aplicación del Derecho nacional por la Sala de Recurso de la EUIPO, en el contexto del Reglamento n.o 207/2009, está sujeta a un control exhaustivo por parte del Tribunal General. En cambio, el control que puede ejercer a continuación el Tribunal de Justicia en el procedimiento de casación en relación con la aplicación del Derecho nacional por parte del Tribunal General está mucho más limitado. |

| 59. | Al contrario que el artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, que permite la interposición de un recurso en primera instancia basado en la «violación [...] de cualquier norma jurídica relativa a [la] aplicación [de dicho Reglamento]», el artículo 58 del Estatuto limita las facultades de revisión del Tribunal de Justicia en el procedimiento de casación a la «violación del Derecho de la Unión por parte del Tribunal General». La remisión al Derecho nacional que se recoge en el Reglamento n.o 207/2009 confiere «carácter jurídico» a este Derecho, ( [46](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0046) ) pero de ahí tan sólo se deduce que el Derecho nacional está sujeto a un control de legalidad pleno ante el Tribunal General, sin que ello lo convierta en absoluto en Derecho de la Unión cuya violación pueda ser invocada en el procedimiento de casación. ( [47](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0047) ) |

| 60. | De acuerdo con lo anterior, el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia Edwin/OAMI que su control de la aplicación del Derecho nacional por parte del Tribunal General en el contexto del Reglamento n.o 207/2009 se limita a revisar si el Tribunal General alteró el tenor de las disposiciones nacionales de que se trate o de la jurisprudencia nacional o la doctrina referida a las mismas. Aparte de eso, el Tribunal de Justicia sólo examina si el Tribunal General ha expuesto consideraciones que vayan manifiestamente en contra del contenido de dichos elementos y si ha valorado de forma manifiestamente errónea el alcance de los distintos datos en su relación recíproca. ( [48](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0048) ) |

| 61. | Por lo tanto, aunque el papel del Tribunal de Justicia no se limite, como sucede con los meros hechos, al control de la desnaturalización de los datos tenidos en cuenta por el Tribunal General, sino que incluye también el control del «error manifiesto de apreciación», ( [49](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0049) ) dicho control sigue limitándose a comprobar si el Tribunal General valoró de forma manifiestamente errónea los elementos de que disponía. Por lo tanto, al contrario que el Tribunal General, el Tribunal de Justicia ya no lleva a cabo un control exhaustivo del Derecho nacional, sino que se limita a controlar la apreciación efectuada por el Tribunal General a partir de los elementos criticados por las partes, así como los errores manifiestos. Por lo tanto, tampoco corresponde en modo alguno al Tribunal de Justicia indagar de oficio sobre el contenido del Derecho nacional. |

| 62. | Esta limitación está justificada tanto por la función del Tribunal de Justicia en calidad de instancia de casación como por la importancia que adquiere el Derecho nacional en el contexto del Reglamento n.o 207/2009, ya que, si bien el Derecho nacional no constituye «meros hechos» y se somete al control exhaustivo del Tribunal General, sigue formando parte de los elementos (jurídicos) del litigio. Dichos elementos deben ser averiguados y apreciados por la EUIPO y por el Tribunal General, pero en el procedimiento de casación el Tribunal de Justicia sólo puede controlar posibles errores manifiestos. En efecto, el cometido del Tribunal de Justicia como instancia de casación no consiste en garantizar la aplicación uniforme del Derecho nacional, pues ésta es competencia de los altos tribunales nacionales; lo que le corresponde es velar por la interpretación y aplicación uniformes del Derecho de la Unión. |

| 63. | Ciertamente, existe una relativa tensión entre esta limitación del control del Derecho nacional por el Tribunal de Justicia y el alcance de la facultad que a este respecto asiste al Tribunal General, pues dicha facultad consiste en garantizar que a la cuestión de si una disposición nacional confiere al titular de un signo anterior, y en qué medida, el derecho a prohibir el uso de una marca más moderna, se responda en el momento en que resuelva el Tribunal General. Sin embargo, esta relación de tensión no se puede evitar, habida cuenta de las diferentes funciones del Tribunal General y del Tribunal de Justicia y del papel que este último desempeña en el procedimiento de casación. Por lo tanto, no se puede excluir que el Tribunal de Justicia apruebe una apreciación del Derecho nacional realizada por el Tribunal General que, en virtud de una interpretación más reciente recogida en la jurisprudencia nacional, ya no se corresponda con la realidad jurídica interna. Si de esa nueva interpretación se derivasen consecuencias sustanciales para la protección de un signo nacional con repercusiones sobre la validez de una marca de la Unión, habría de incoarse, en su caso, un procedimiento de revisión ante el Tribunal General, o incluso un nuevo procedimiento de nulidad ante la EUIPO. |

ii) Aplicación al presente asunto

| 64. | En el presente asunto, en relación con los datos tenidos en cuenta por el Tribunal General sobre el Derecho francés, procede señalar que, al valorar la sentencia Cœur de princesse, el Tribunal General atendió exclusivamente a su tenor literal. ( [50](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0050) ) |

| 65. | Por otro lado, es cierto que el Tribunal General declaró que la anterior jurisprudencia (no pacífica) de los órganos jurisdiccionales inferiores franceses, incluso antes de la sentencia Cœur de princesse, permitía inferir que la protección de la denominación social estaba limitada a las actividades efectivamente desarrolladas por la empresa de que se tratara, ( [51](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0051) ) pero el Tribunal General no basó su apreciación del alcance de la sentencia Cœur de princesse en dicho argumento, que formuló únicamente con carácter subsidiario. Por lo tanto, es irrelevante determinar si el Tribunal General cumplió su obligación de motivación al referirse a «numerosas sentencias anteriores de los órganos jurisdiccionales franceses presentadas por las partes tanto ante la [EUIPO] como ante el Tribunal», sin citarlas. |

| 66. | Por lo tanto, en el marco del presente recurso de casación el examen del Tribunal de Justicia se limita a controlar si el Tribunal General desvirtuó el tenor de la sentencia Cœur de princesse y si realizó apreciaciones manifiestamente contrarias a la información contenida en dicha sentencia. Dado que el Tribunal General no se basó en ninguna otra información sobre el Derecho nacional, no se le puede reprochar tampoco que desvirtuase o que apreciase de forma manifiestamente errónea tal información. No obstante, la facultad de control del Tribunal de Justicia puede entenderse en el sentido de que debe comprobar si la apreciación del Tribunal General halla fundamento en la sentencia Cœur de princesse en relación con el tenor del artículo L.711-4, letra b), del CPI, o si para formular esa apreciación debió haber recurrido a una información más amplia sobre el Derecho francés. |

| 67. | En cambio, a las opiniones de los juristas franceses aludidas por el Sr. Szajner en respaldo de la interpretación de la sentencia Cœur de princesse realizada por el Tribunal General se puede recurrir, a lo sumo, con carácter auxiliar. Por lo tanto, resulta irrelevante determinar si el Tribunal General realmente dispuso de tal información y si debió haberla tenido en cuenta. |

2) Sobre la supuesta desvirtuación de la sentencia Cœur de princesse

| 68. | La EUIPO y Forge de Laguiole alegan que el Tribunal General desvirtuó la sentencia Cœur de princesse al declarar que lo afirmado en dicha sentencia acerca del ámbito de protección de una denominación social carece de toda ambigüedad y debe aplicarse con carácter general. |

| 69. | En efecto, en la sentencia Cœur de princesse no se trataba de definir el alcance de la protección de una denominación social frente a una marca solicitada por un tercero: objeto de dicha sentencia era declarar el carácter fraudulento de la solicitud de una marca por parte del propio titular de la denominación social. En efecto, en dicho asunto, la sociedad Cœur de princesse había solicitado el registro de una marca homónima únicamente para perjudicar a un tercero. Además, la solicitud de la marca se presentó en relación con actividades que la sociedad Cœur de princesse no ejercía y que tampoco estaban comprendidas inicialmente en su objeto social. |

| 70. | Esto es cierto y así fue reconocido por el Tribunal General. En particular, el Tribunal General declaró que la sentencia Cœur de princesse no se refería a una demanda interpuesta sobre la base del artículo L.711‑4 del CPI, sino a una solicitud de anulación de una marca por presentación fraudulenta de la solicitud de registro y a una pretensión en materia de competencia desleal. |

| 71. | Ahora bien, tal y como declaró también acertadamente el Tribunal General, no hay motivos en la sentencia Cœur de princesse para entender que la Cour de cassation quisiera limitar la validez de sus apreciaciones sobre el ámbito de protección de una denominación social a las circunstancias concretas en que se basó dicha sentencia. Al contrario, la Cour de cassation formuló la declaración en cuestión al desestimar el primer motivo de casación, referido especialmente a la presunta infracción del artículo L.711‑4, letra b), del CPI. Por lo tanto, no resulta convincente el argumento de la EUIPO de que la declaración de la Cour de cassation es irrelevante en el contexto del artículo L.711‑4, letra b), del CPI. Precisamente en el contexto de esa disposición resulta lógico atender a las actividades efectivamente desarrolladas por el titular de la denominación social, ya que el artículo L.711‑4, letra b), del CPI supedita la posibilidad de oponer una denominación social anterior a una marca posterior a la existencia de un riesgo de confusión para el público. Ese riesgo sería difícilmente demostrable en relación con actividades que no se ejercen. |

| 72. | Tampoco desvirtúa esta conclusión la objeción, no fundamentada, de Forge de Laguiole en el sentido de que, puesto que confirma la resolución anterior, la sentencia Cœur de princesse no puede estar inaugurando una nueva corriente jurisprudencial. En el presente asunto no es preciso aclarar si la sentencia Cœur de princesse constituye o no una «resolución de referencia». Basta con constatar que de la estructura de la respuesta al primer motivo de casación y del contexto de la declaración sobre el ámbito de protección de las denominaciones sociales se desprende claramente que se trata de una declaración de principios y con validez general. |

| 73. | Por último, la EUIPO alega que, al examinar el segundo motivo de casación, la Cour de cassation atendió a las actividades efectivamente desarrolladas por el titular de la denominación social, y que también ante la propia EUIPO se formuló ese mismo motivo. En su opinión, dicho motivo se insertaba en el ámbito de la competencia desleal, que presupone una situación de competencia efectiva entre las empresas implicadas. No obstante, este razonamiento carece de pertinencia. La declaración de que aquí se trata no se formuló en el contexto de la respuesta de la Cour de cassation al segundo motivo de casación, que era el referido a la competencia desleal. Por lo tanto, en el presente asunto no precisa de mayor análisis la controversia entre las partes en relación con la necesidad de una situación de competencia efectiva en el ámbito de la competencia desleal. |

| 74. | A la vista de estas consideraciones, no se aprecia desvirtuación alguna de la sentencia Cœur de princesse por el Tribunal General ni que, para confirmar las declaraciones formuladas en dicha sentencia, el Tribunal General hubiese necesitado más información sobre el Derecho nacional. Por lo demás, las opiniones de la doctrina jurídica francesa aludidas por el Sr. Szajner respaldan la interpretación de la sentencia Cœur de princesse efectuada por el Tribunal General. ( [52](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0052) ) |

| 75. | En consecuencia, procede desestimar la primera parte del segundo motivo de casación. |

2.
 Sobre las actividades efectivamente desarrolladas por Forge de Laguiole (segunda parte del segundo motivo de casación)

| 76. | En el marco de la segunda parte de su segundo motivo de casación, la EUIPO, apoyada por Forge de Laguiole, reprocha al Tribunal General una determinación errónea de las actividades efectivamente desarrolladas por Forge de Laguiole. En concreto, alega que, si bien el Tribunal General declaró correctamente que el ámbito de protección de la denominación social Forge de Laguiole dependía solamente del Derecho francés, al examinar las actividades desarrolladas por Forge de Laguiole atendió únicamente a la naturaleza de los productos en cuestión, y no, como exige la jurisprudencia francesa, también a su destino y utilización. Además, considera que, a este respecto, el Tribunal General se remitió a su propia jurisprudencia sobre el uso efectivo de la marca de la Unión, aunque el Tribunal de Justicia ha excluido la aplicación de dicha jurisprudencia por analogía al ámbito del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009. |

| 77. | Esta argumentación debe ser desestimada, por ser manifiestamente infundada, sin necesidad de aclarar aquí la cuestión de la aplicación por analogía de la jurisprudencia relativa al artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 207/2009 al ámbito del artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento. ( [53](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0053) ) |

| 78. | En efecto, en primer lugar procede declarar que el Tribunal General, al examinar las actividades desarrolladas por Forge de Laguiole, en modo alguno aplicó por analogía su jurisprudencia sobre el uso efectivo de la marca de la Unión. En el apartado 63 de la sentencia recurrida, el Tribunal General únicamente citó su jurisprudencia relativa al concepto de categorías y subcategorías, y lo hizo para aclarar por qué, en su opinión, la comercialización de tenedores no sirve para acreditar el ejercicio de una actividad en todo el sector del arte de la mesa, sino sólo de una actividad en el sector de los cubiertos. Las críticas vertidas por la EUIPO y Forge de Laguiole en relación con esta declaración carecen de fundamento. |

| 79. | Por otro lado, la crítica de la EUIPO y de Forge de Laguiole a este respecto resulta manifiestamente infundada, pues se basa en una interpretación incorrecta de la sentencia recurrida. Ciertamente, en el examen de las actividades efectivamente desarrolladas por Forge de Laguiole, el Tribunal General no expuso previamente de modo explícito los criterios en función de los cuales procedía determinar tales actividades, y tan sólo al analizar el riesgo de confusión citó la jurisprudencia francesa a la que se remiten las partes en el caso de autos. ( [54](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0054) ) No obstante, esto no basta para apreciar una insuficiencia de motivación en la sentencia recurrida, ya que de ésta se desprende claramente que el Tribunal General también aplicó los criterios sentados por dicha jurisprudencia, considerados unánimemente decisivos por las partes, a la hora de determinar las actividades desarrolladas efectivamente por Forge de Laguiole. |

| 80. | En efecto, al examinar dichas actividades, el Tribunal General tomó en consideración expresamente no sólo la naturaleza de los productos en cuestión, sino también su destino, su utilización, su clientela y sus canales de distribución. ( [55](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0055) ) |

| 81. | Una vez que el Tribunal General ha tenido debidamente en cuenta estos diversos factores, su valoración pertenece al ámbito de la apreciación de los hechos, y ésta, salvo desnaturalización (que en el presente asunto ni se ha alegado ni resulta manifiesta), está excluida del control por el Tribunal de Justicia. ( [56](#t-ECR_62014CC0598_ES_01-E0056) ) Por mucho que la EUIPO y Forge de Laguiole critiquen las apreciaciones de los hechos efectuadas por el Tribunal General atendiendo a la naturaleza, al destino y a la utilización de los productos en relación con las actividades desarrolladas por Forge de Laguiole, ello no basta para demostrar que el Tribunal General cometiese un error de Derecho en la sentencia recurrida. |

| 82. | Por lo tanto, tampoco prospera la segunda parte del segundo motivo de casación. |

3.
 Resumen

| 83. | Dado que no prospera ninguno de los motivos de casación formulados por la EUIPO, el recurso de casación debe ser desestimado en su totalidad. |

VI. Costas

| 84. | Con arreglo al artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia ha de decidir sobre las costas cuando desestime el recurso de casación. |

| 85. | Del artículo 138, apartado 1, en relación con el artículo 184, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento se desprende que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haberlo solicitado el Sr. Szajner, y al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la EUIPO, procede condenar a ésta en costas. |

| 86. | Por lo demás, del artículo 184, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento se deduce que, cuando no sea ella misma la parte recurrente en casación, una parte coadyuvante en primera instancia sólo podrá ser condenada en costas en casación si hubiera participado en la fase escrita o en la fase oral del procedimiento ante el Tribunal de Justicia. En consecuencia, procede condenar a Forge de Laguiole SARL, que ha intervenido en la fase escrita del presente procedimiento, a cargar con sus propias costas. |

VII. Conclusión

| 87. | En virtud de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que se pronuncie en el siguiente sentido:   | 1) | Desestimar el recurso de casación. |  | 2) | La EUIPO cargará con sus propias costas y con las del Sr. Gilbert Szajner. |  | 3) | Forge de Laguiole SARL cargará con sus propias costas. | |

---

(
[1](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0001)
) Lengua original: alemán.

(
[2](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0002)
) La hasta ahora última etapa del litigio relativo al nombre «Laguiole», que dura ya más de veinte años, es una resolución de la Cour de cassation (Tribunal de Casación) francesa de 4 de octubre de 2016; véase al respecto, y también con carácter general sobre la historia del litigio, Tymen, E.: «Une nouvelle manche dans la guerre autour des couteaux Laguiole», Le Figaro, 11 de octubre de 2016, disponible en http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/11/20002-20161011ARTFIG00196-une-nouvelle-manche-dans-la-guerre-autour-des-couteaux-laguiole.php.

(
[3](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0003)
) Anexo 4 de la contestación del Sr. Szajner al recurso de casación.

(
[4](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0004)
) Véase el apartado 51 de la sentencia del Tribunal General de 21 de octubre de 2014, Szajner/OAMI — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) ([T‑453/11](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AT%3A2014%3A901&locale=es), [EU:T:2014:901](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AT%3A2014%3A901&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)) (en lo sucesivo, también «sentencia recurrida»).

(
[5](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0005)
) Sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI ([C‑263/09 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&locale=es), [EU:C:2011:452](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), y de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission ([C‑530/12 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&locale=es), [EU:C:2014:186](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)).

(
[6](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0006)
) [DO 1994, L 11, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1994:011:TOC).

(
[7](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0007)
) [DO 2009, L 78, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2009:078:TOC).

(
[8](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0008)
) Apartados 1 y 2 de la sentencia recurrida.

(
[9](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0009)
) Véase el apartado 2 de la sentencia recurrida, así como los apartados 5 y 6 de la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO de 1 de junio de 2011 (anexo 1 de la demanda en primera instancia) (en lo sucesivo, también «resolución impugnada»).

(
[10](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0010)
) Apartados 3 a 8 de la sentencia recurrida.

(
[11](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0011)
) Apartados 9 y 33 de la sentencia recurrida.

(
[12](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0012)
) Apartados 34 y 41 de la sentencia recurrida; apartados 87 a 90 de la resolución impugnada (anexo 1 de la contestación a la demanda en primera instancia).

(
[13](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0013)
) Apartado 34 de la sentencia recurrida; apartados 91 a 94 de la resolución impugnada (anexo 1 de la contestación a la demanda en primera instancia).

(
[14](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0014)
) Apartado 38 de la sentencia recurrida.

(
[15](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0015)
) Apartado 42 de la sentencia recurrida.

(
[16](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0016)
) Apartado 43 de la sentencia recurrida.

(
[17](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0017)
) Apartado 45 de la sentencia recurrida.

(
[18](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0018)
) Apartados 51 y 52 de la sentencia recurrida.

(
[19](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0019)
) Apartados 53, 73 y 74 de la sentencia recurrida.

(
[20](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0020)
) Apartados 161 a 165 de la sentencia recurrida.

(
[21](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0021)
) Apartados 166 y punto 1 del fallo de la sentencia recurrida.

(
[22](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0022)
) Anteriormente, artículo 133, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991.

(
[23](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0023)
) Véanse, entre otras, las sentencias de 21 de julio de 2016, EUIPO/Grau Ferrer ([C‑597/14 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A579&locale=es), [EU:C:2016:579](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A579&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), y de 11 de diciembre de 2014, OAMI/Kessel ([C‑31/14 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A2436&locale=es), no publicada, [EU:C:2014:2436](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A2436&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), así como el auto de 8 de mayo de 2014, OAMI/Sanco ([C‑411/13 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A315&locale=es), no publicado, [EU:C:2014:315](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A315&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)).

(
[24](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0024)
) Véase, en particular, el artículo 65, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, así como la sentencia de 12 de octubre de 2004, Vedial/OAMI (C‑106/03 P, EU.C:2004:611), apartados 26 y siguientes, aludida por el Sr. Szajner.

(
[25](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0025)
) Véase el punto 32 de las presentes conclusiones.

(
[26](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0026)
) Véase también la sentencia de 12 de octubre de 2004, Vedial/OAMI ([C‑106/03 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2004%3A611&locale=es), [EU:C:2004:611](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2004%3A611&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), apartado [27](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2004%3A611&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point27).

(
[27](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0027)
) Véase el apartado 25 de la sentencia recurrida.

(
[28](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0028)
) Véase el punto 20 de las presentes conclusiones.

(
[29](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0029)
) Véase el punto 24 de las presentes conclusiones.

(
[30](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0030)
) Sentencia de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission ([C‑530/12 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&locale=es), [EU:C:2014:186](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), apartados [44](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point44) y [46](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point46).

(
[31](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0031)
) El subrayado es mío.

(
[32](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0032)
) Véanse al respecto, detalladamente, mis conclusiones presentadas en el asunto Edwin/OAMI ([C‑263/09](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A30&locale=es), [EU:C:2011:30](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A30&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), puntos [61](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A30&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point61) y siguientes.

(
[33](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0033)
) Sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI ([C‑263/09 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&locale=es), [EU:C:2011:452](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), apartado [52](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point52), y de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission ([C‑530/12 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&locale=es), [EU:C:2014:186](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), apartados [44](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point44) y [46](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point46).

(
[34](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0034)
) Véase el apartado 25 de la sentencia recurrida.

(
[35](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0035)
) Sobre esta exigencia, véase la sentencia de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission ([C‑530/12 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&locale=es), [EU:C:2014:186](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), apartados [55](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point55) a [59](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point59).

(
[36](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0036)
) Véanse a este respecto las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto OAMI/National Lottery Commission ([C‑530/12 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A782&locale=es), [EU:C:2013:782](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A782&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), puntos [91](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A782&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point91) y [92](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A782&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point92), y la sentencia de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission ([C‑530/12 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&locale=es), [EU:C:2014:186](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), apartados [40](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point40) y [44](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point44).

(
[37](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0037)
) Así ha formulado el Tribunal de Justicia la validez retroactiva de su interpretación del Derecho de la Unión en el procedimiento prejudicial (véase, por ejemplo, la sentencia de 22 de septiembre de 2016, Microsoft Mobile Sales International y otros, [C‑110/15](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A717&locale=es), [EU:C:2016:717](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A717&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab), apartado [59](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A717&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point59)). A este respecto, véase también el apartado 48 de la sentencia recurrida.

(
[38](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0038)
) Véanse los apartados 25 y 27 y los anexos 5 (p. 1), 5 bis (p. 2) y 7 (p. 1) de la contestación del Sr. Szajner al recurso de casación.

(
[39](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0039)
) Apartado 48 de la sentencia recurrida.

(
[40](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0040)
) Por lo tanto, carece de objeto la argumentación del Tribunal General (formulada sólo a título subsidiario) recogida en el apartado 46 de la sentencia recurrida.

(
[41](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0041)
) Véanse, en particular, los apartados [71](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point71) y [72](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point72) de la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI ([C‑263/09 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&locale=es), [EU:C:2011:452](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), aludidos por la EUIPO, así como la jurisprudencia allí citada; véase también la sentencia de 26 de octubre de 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO ([C‑482/15 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A805&locale=es), [EU:C:2016:805](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A805&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), apartado [27](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A805&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point27) y la jurisprudencia allí citada.

(
[42](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0042)
) Sentencia de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission ([C‑530/12 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&locale=es), [EU:C:2014:186](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), apartado [37](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A186&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point37).

(
[43](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0043)
) Véase el punto 46 de las presentes conclusiones.

(
[44](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0044)
) Véanse, para más detalle, mis conclusiones presentadas en el asunto Edwin/OAMI ([C‑263/09 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A30&locale=es), [EU:C:2011:30](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A30&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), puntos [49](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A30&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point49) y siguientes.

(
[45](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0045)
) Véase la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI ([C‑263/09 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&locale=es), [EU:C:2011:452](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), apartado [50](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point50).

(
[46](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0046)
) En este sentido se manifestó el Abogado General Bot en sus conclusiones presentadas en el asunto OAMI/National Lottery Commission ([C‑530/12 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A782&locale=es), [EU:C:2013:782](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A782&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), punto [86](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A782&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point86).

(
[47](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0047)
) Véanse, para más detalle, mis conclusiones presentadas en el asunto Edwin/OAMI ([C‑263/09 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A30&locale=es), [EU:C:2011:30](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A30&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), puntos [42](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A30&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point42) y ss. Sobre la diferente condición del Derecho nacional en relación con el correspondiente contexto procesal en el Derecho de la Unión, véase también Kokott, J.: «Le droit de l’Union et son champ d’application», La Cour de justice de l’Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris, Bruylant, Bruselas, 2015, pp. 349 a 366 (especialmente, pp. 350 y siguientes).

(
[48](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0048)
) Véase el apartado [53](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point53) de la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI ([C‑263/09 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&locale=es), [EU:C:2011:452](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A452&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)); véase asimismo el auto de 29 de noviembre de 2011, Tresplain Investments/OAMI ([C-76/11 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A790&locale=es), no publicado, [EU:C:2011:790](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A790&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), apartado [66](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A790&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point66).

(
[49](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0049)
) Conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto OAMI/National Lottery Commission ([C‑530/12 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A782&locale=es), [EU:C:2013:782](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A782&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), punto [84](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A782&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point84).

(
[50](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0050)
) Apartado 44 de la sentencia recurrida.

(
[51](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0051)
) Apartado 46 de la sentencia recurrida.

(
[52](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0052)
) Véase, en particular, el anexo 16 de la contestación del Sr. Szajner al recurso de casación.

(
[53](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0053)
) Véase a este respecto la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar ([C‑96/09 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A189&locale=es), [EU:C:2011:189](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A189&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), apartados [142](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A189&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point142) a [146](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A189&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point146), aludida por la EUIPO, así como las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Anheuser-Busch/Budějovický Budvar ([C‑96/09 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2010%3A518&locale=es), [EU:C:2010:518](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2010%3A518&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), puntos [69](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2010%3A518&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point69) y [70](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2010%3A518&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point70).

(
[54](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0054)
) Véase el apartado 81 de la sentencia recurrida.

(
[55](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0055)
) Véanse los apartados 61 y 62 y 67 a 69 de la sentencia recurrida, en relación con las actividades efectivamente desarrolladas por Forge de Laguiole. En cuanto al examen del riesgo de confusión, véanse también los apartados 85, 99, 101, 104, 106 y 110 de la sentencia recurrida.

(
[56](#c-ECR_62014CC0598_ES_01-E0056)
) Véanse, en sentido análogo, los autos de 30 de enero de 2014, Industrias Alen/The Clorox Company ([C‑422/12 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A57&locale=es), [EU:C:2014:57](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A57&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), apartado [38](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A57&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point38), y de 20 de enero de 2015, Longevity Health Products/OAMI ([C‑311/14 P](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2015%3A23&locale=es), no publicado, [EU:C:2015:23](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2015%3A23&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab)), apartado [39](./../../../legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2015%3A23&lang=ES&format=html&target=CourtTab&anchor=#point39).

[Top](#document1)