Source: EURLEX
Language: es
Format: md

2 . 2 . 94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 34 / 83

Dictamen sobre el XXII Informe sobre la política de competencia

( 94 / C 34 / 24 )

El 9 de julio de 1993, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y
Social sobre el XXII Informe sobre la política de competencia .

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 3 de noviembre de 1993 ( Ponente : Sr . Bagliano ).

En su 310° Pleno ( sesión del 24 de noviembre de 1993 ), el Comité Económico y Social ha
aprobado por unanimidad el siguiente Dictamen .

1 . Nuevo contexto : desaceleración del crecimiento

económico

1.1 . Dado que la realización del mercado interior
impone cada vez más una política de competencia
« única », clara y coherente, el Comité Económico y
Social reconoce con la Comisión que el nuevo contexto
se caracteriza por una desaceleración del crecimiento
económico y por la aplicación del principio de subsidia ­
riedad . Ello — añade la Comisión — impone a la política
de competencia « nuevas orientaciones » y una vigilancia
más rigurosa .

1.2 . Entre las « nuevas orientaciones » la Comisión

menciona la necesidad de una visión dinámica de los
mercados, que impone « la mayor flexibilidad posible
para adaptarse a los cambios y no perder el norte de
los grandes objetivos establecidos por la Comunidad,
sobre todo en materia de cohesión económica y social ».

1.3 . Con estas consideraciones, pragmáticas y
correctas al mismo tiempo, inicia la Comisión su vigé ­
simo segundo « Informe » anual, elaborado con la acos ­
tumbrada claridad y una mayor diligencia y documenta ­
ción .

2 . Visión dinámica de los mercados

2.1 . A este respecto, el Comité Económico y Social
considera que, en el contexto del desarrollo de la polí ­
tica de competencia, la exigencia de una visión dinámica
de los mercados constituye verdaderamente una condi ­
ción permanente y peculiar de los propios comporta ­
mientos de las empresas en el mercado . La propia
Comisión, por otra parte, cuando tiene en cuenta la
competencia « potencial » — en la evaluación de las ope ­
raciones de concentración — adopta el mismo punto de
vista estratégico que las empresas, que tiene siempre un
carácter dinámico y prospectivo .

2.2 . En realidad, la evolución de las tecnologías
— cada vez más flexibles y menos costosas — y la cre ­
ciente presión competitiva a nivel internacional ( que
hace cada vez menos teórica la amenaza de la entrada

de nuevos actores en el mercado : en realidad los merca ­

dos son cada vez más « abiertos ») han modificado
profundamente la estrategia de la empresa en el mer ­
cado .

Por consiguiente, también se han modificado progresi ­
vamente las líneas directrices de las políticas antitrust
y de protección de la competencia .

Dichas líneas convergen cada vez más hacia una mayor
consideración de la eficacia de las empresas y del sis ­
tema económico en su conjunto, y por ello subrayan
tanto la estructura de la dimensión o de la tecnología
comercial de las empresas como su estrategia .

Así pues, la defensa o protección del « mercado »
— entendido como una multiplicidad de productores

( de bienes y servicios ) y consumidores — ya no tiene
carácter estático ; es decir, ya no es posible limitarse a
prohibir « todos » los acuerdos o cualquier operación de
fusión y adquisición que den lugar a grupos productivos
más fuertes .

La defensa — o protección — del « mercado » — enten ­
dida como el conjunto de las normas destinadas a
garantizar una competencia sana y eficaz — debe llegar
a ser dinámica : es decir, los acuerdos y operaciones
deben valorarse « caso por caso ».

2.3 . Actualmente la dinámica, y no sólo en eco ­
nomía, se ve sometida a una aceleración cada vez
mayor . Por ello, conviene hacer más rápidas las inter ­
venciones y acciones para aplicar las medidas adopta ­
das . Por otra parte, si se quieren adoptar justamente las
decisiones, previa consulta de todos los interlocutores
interesados, no se pueden tolerar ya procedimientos de
elaboración o de consenso demasiado lentos, y menos
aún aplazamientos o retrasos no justificados ni aproba ­
dos de manera objetiva y clara .

2.4 . Ya en 1981 el Comité Económico y Social hacía
hincapié en « la exigencia de situar la política de compe ­
tencia dentro de una visión dinámica y realista de
interdependencia global, á nivel mundial ».

Esta cita no pretende ser un fin en sí mismo, motivado
por la satisfacción de demostrar que ya se han dicho
en el pasado cosas que se dicen o se repiten en el
presente . La razón por la que el Comité Económico y
Social desea recordar, cuando sea necesario, sus propios
dictámenes anteriores está en función de las reflexiones
que suscita el documento objeto de examen, en este
caso el XXII Informe . De esta cita la Comisión debe

N° C 34 / 84 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 2, 2 . 94

obtener una confirmación y una mayor convicción
— ciertamente manifestada de manera creciente en los

últimos tiempos — del valor y el alcance práctico de las
consultas hechas al Comité Económico y Social .

3, El principio de subsidiariedad

3.1 . Respecto al principio de « subsidiariedad », el
Comité Económico y Social se muestra de acuerdo con
la Comisión en considerar desde un primer momento
los artículos 85 y 86 — cuya validez general para todo
el mercado comunitario está por lo demás establecida
en el propio Tratado de Roma — en una perspectiva de
respeto de dicho principio : la exclusión de la prohibi ­
ción de acuerdos menores, por un lado, y el criterio de
la importancia del comercio intracomunitario, por otro
lado, son ya una concreta y clara aplicación del citado
principio . Lo mismo ocurre con el Reglamento sobre el
control de las operaciones de concentración, en el que
se prevé la posibilidad de reenvío a las autoridades
nacionales .

3.2 . A nivel nacional, no obstante, las legislaciones
particulares de los Estados miembros en materia de
protección del mercado y de la libertad de competencia
siguen desempeñando un papel esencial y complementa ­
rio . En este sentido, y a fin de salvaguardar una coheren ­
cia lo más eficaz posible con las normas comunitarias,
el Comité Económico y Social coincide con la Comisión
en que es necesario impulsar con mayor determinación
la progresiva armonización de las legislaciones naciona ­
les antítrust a fin de evitar distorsiones en los intercam ­
bios intracomunitarios y otras alteraciones significati ­
vas en las condiciones de equivalencia competitiva entre
los Estados miembros, que harían inútil la propia polí ­
tica comunitaria en materia de competencia .

3.3 . Por otra parte, la situación en muchos sectores
— entre los cuales debe citarse el farmacéutico, sector

sobre el que el Comité Económico y Social ya ha emitido
dictámenes precisos — - demuestra por ejemplo que
— más allá de las diferencias existentes en las legislacio ­
nes nacionales — las llamativas diferencias de precio
entre los Estados miembros sólo pueden ser afrontadas
a nivel comunitario .

3.4 . En lo que se refiere al reparto de competencias
— entre la Comisión y las autoridades nacionales —,

puede suscitar cierta perplejidad el hecho de que en su
Informe anual la propia Comisión haga hincapié en la
existencia de « limitados recursos ».

Obviamente no es por esta razón — es decir, por aligerar
el propio trabajo — por lo que la Comisión pretende
hacer participar cada vez más a las autoridades naciona ­
les . Los criterios deben continuar siendo siempre
— como corresponde — jurídicos y económicos al
mismo tiempo, según las normas, las prácticas y la
política perseguida por la Comisión .

Por otra parte, justamente teniendo en cuenta la preocu ­
pación por los « limitados recursos », el Comité Econó ­
mico y Social ha propugnado en numerosas ocasiones
un aumento de los efectivos de la Dirección General de

Competencia . Hoy día, a pesar de encontrarnos en un
tiempo de intensa gestión, esta preocupación puede ser
atendida mediante una mejor utilización de los recursos
ya existentes . De hecho, el Tratado de Maastricht ha
vuelto a diseñar nuevas estructuras y competencias que
llevarán ciertamente a modificar, en distinta medida y
para algunas Direcciones Generales, la relación exis ­
tente entre medios y fines,

4 . Cometido de las jurisdicciones nacionales

4.1 . Si bien es cierto que en el artículo 5 del Tratado
se establece el principio de una cooperación permanente
y leal entre la Comunidad y los Estados miembros, la
deseada cooperación entre las jurisdicciones nacionales
y la Comisión — ahora ya formalizada en la Comunica ­
ción del 13 de diciembre de 1993, aunque a título
indicativo — deberá aún esperar la prueba de la expe ­
riencia .

4.2 . Provoca cierta perplejidad la tradición de inde ­
pendencia de los tribunales nacionales, por un lado,
y por otro lado la dificultad de hacer evaluaciones
complejas, de índole económica, que no entran dentro
de la competencia habitual de las jurisdicciones de
primera instancia .

4.3 . En cualquier caso, no obstante, la cooperación
entre las jurisdicciones nacionales y la Comisión no
debe entenderse en el sentido de volver a nacionalizar,
por poco que fuera, la política comunitaria de compe ­
tencia . Sin embargo, aun manteniendo firme la exigen ­
cia de interpretar y aplicar de modo uniforme en todos
los países miembros las normas comunitarias sobre la
competencia — exigencia garantizada por lo demás por
el Tribunal de Justicia —, en lo que se refiere a los
aspectos relacionados con la aplicación y el procedi ­
miento debe apoyarse una mayor participación de los
tribunales nacionales .

5 . Actividad de la Comision

5.1 . El Comité Económico y Social reconoce que la
actividad de la Comisión ha sido muy intensa en 1992,
ya sea en lo que respecta a la resolución de casos
individuales o a la adopción de actos ( reglamentos y
comunicaciones destinados especialmente a favorecer
algunas formas de participación entre empresas ;
ampliación de algunos reglamentos de exención por
categorías y comunicaciones sobre las « cooperative
joint-ventures » o empresas en participación de natura ­
leza cooperativa ).

5.2 . El Comité Económico y Social insta a la Comi ­
sión a que exprese oficialmente sus propias orientacio ­
nes también a través de « notificaciones » en las que se
refleje ampliamente el pensamiento de los correspon ­
dientes servicios, que son en la práctica los que evalúan
las situaciones y los comportamientos de las empresas .
De este modo se facilitaría la relación entre las empresas
y la Dirección General de Competencia y, sobre todo,
se aceleraría todo procedimiento contencioso adminis ­
trativo . Incluso podría reducirse la fase contenciosa .

2 . 2, 94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 34 / 85

5.3 . También se observa un incremento de la activi ­
dad informativa de la Comisión . En particular, debe
apoyarse sin reservas la orientación actualmente conso ­
lidada de publicar en el Diario Oficial disposiciones
marco o reglamentaciones, códigos o líneas directrices
para determinados sectores o problemas .

5.4 . Por lo que respecta a los « estudios », es muy
interesante y apreciable la lista precisa y la breve ilustra ­
ción incluidas en anexo . No obstante, algunos de estos
trabajos merecerían que se les dedicara un mayor espa ­
cio, con vistas a hacer una descripción exhaustiva o
conseguir una mayor difusión . El Comité Económico y
Social es muy consciente de que la compleja cuestión
de la « competencia » — que abarca todos los aspectos
de la vida económica y social, de la vida « civil », de los
individuos — requiere el continuo enriquecimiento del
patrimonio cultural y profesional de todos aquellos que
tienen una responsabilidad en los análisis, valoraciones
y decisiones, así como en la aplicación de las normas
que regulan el mercado ; este esfuerzo constituye una
óptima inversión que da como fruto seguro la alta
calidad del trabajo de todas las personas implicadas .

6 . Coordinación de las políticas comunitarias

6.1 . « La política de competencia constituye, con la
creación de un mercado común, uno de los dos grandes
instrumentos para cumplir los objetivos esenciales de
la Comunidad » : esta es la afirmación inicial del XXII
Informe anual . Así pues, la política de competencia no
constituye un « objetivo en sí mismo », sino que es un
instrumento al servicio de las finalidades previstas en
el artículo 2 del Tratado de Roma . Tal era la afirmación
de la Comisión ya en el Primer Informe anual de 1971
y así lo subrayaba el Comité Económico y Social en su
primer Dictamen de 1981 .

6.2 . Si por una parte estas repetidas declaraciones
son tranquilizadoras en lo que respecta a la fuente
jurídica — el artículo 2 del Tratado —, por otra parte
obligan a una acción coherente que, para la política
de competencia, dirigida a cumplir las finalidades del
propio Tratado, significa tener en cuenta un contexto
más amplio que incluya todas las políticas comunita ­
rias . De ahí la exigencia de coordinación .

6.3 . A este respecto, también en su primer Dictamen
de 1981, el Comité Económico y Social hacía hincapié

en

« la exigencia ... de establecer una estrecha coordina ­
ción, con las otras políticas comunitarias ... ».

6.3.1 . Esta exigencia de una coordinación cada vez
mayor de todas las políticas comunitarias puede cum ­
plirse en cierto modo a nivel de procedimiento interno
en la propia Comisión, siempre que ésta adopte de
modo rigurosamente « colegiado » todas las decisiones
relativas a la aplicación de los artículos 85 al 93 y
del Reglamento sobre el control de las operaciones de
concentración ( comunicaciones y decisiones ). Eventua ­
les derogaciones podrían afectar solamente a la fase
preparatoria y a los actos administrativos internos .

6.3.2 . No se trata de una falta de confianza en tal o

cual Comisario o Director General sino, por el contra ­
rio, de un mecanismo práctico para hacer participar
cada vez a la Comisión, en la plenitud de las propias
responsabilidades políticas, en la delicada acción de
vigilancia, control, contención y estímulo de la eco ­
nomía comunitaria, para promover un desarrollo armó ­
nico del conjunto de la Comunidad y fortalecer su
cohesión económica y social .

Una política de competencia que quiera ser realmente
dinámica y flexible no puede limitarse a aplicar esque ­
mas fijos o rígidos criterios estructurales, sino que debe
interpretar la evolución de la realidad económica y
social en toda su complejidad, ya que con mucha fre ­
cuencia no sólo deben determinarse los comportamien ­
tos de los individuos aislados .

Así, cada decisión adquiere también un valor político
sin más, es decir, de « política comunitaria » en el sen ­
tido más completo y responsable .

7 . La política de competencia y los consumidores

7.1 . La realización del mercado interior deberá poder
reflejar todas sus ventajas para los consumidores, que
son en definitiva los destinatarios reales de los objetivos
del Tratado de Roma .

7.1.1 . Por otra parte, para beneficiarse plenamente
del mercado interior, los consumidores deberán poder
mejorar la calidad de su participación en las diversas
sedes representativas, con el fin de hacer más eficaz y
oportuna la acción de control que ya persigue la Comi ­
sión, en la medida de lo posible y en relación con los
medios de que se dispone .

En particular, a fin de permitir que los representantes
de los consumidores participen activamente en la aplica ­
ción de la política de competencia, conviene prever, por
un lado, el mayor acceso posible a los « expedientes »
por parte de terceras personas y, por otro lado, plazos
razonables para la presentación de observaciones a fin
de tener en cuenta la posibilidad de recoger y analizar
los datos pertinentes .

7.2 . La política de competencia deberá poder actuar
eficazmente en todos los países miembros, no sólo para
hacer frente a los problemas derivados de considerables
diferencias de precios, bienes o servicios, sino también
para contribuir a eliminar las situaciones de monopolio
que aún subsisten en determinados sectores en algún
Estado miembro y que de modo particular determinan
dichas sensibles diferencias de precios .

7.3 . El sector de la distribución, en lo que respecta
a los bienes y servicios, es ciertamente el más sensible
y el más directamente vinculado a la inmediata aprecia ­
ción de los consumidores a través del « precio final ».

Por otra parte, la eficacia en la distribución se mide
y se realiza también a través de la eficacia de las
infraestructuras, entre las cuales los transportes desem ­
peñan un papel fundamental para el suministro de
alimentos y energía .

N° C 34 / 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 2, 2, 94

8 . Reglamentos de exención por categorías — Coope ­
ración — Transferencia de tecnologías — Empresas
de naturaleza cooperativa

8.1 . El Comité Económico y Social valora muy favo ­
rablemente la ampliación del ámbito de aplicación de
la exención por categorías prevista en los reglamentos
sobre los acuerdos de especialización, de investigación
y desarrollo, de licencia de patentes y de licencia de
conocimientos tecnológicos (« know-how »).

8.2 . Por otra parte, también las empresas en partici ­
pación de naturaleza cooperativa y no concentrativa
— dentro de los límites de determinados parámetros de
cuotas de mercado o de volumen de negocios — podrán
ahora beneficiarse de la exención prevista en el apar ­
tado 3 del artículo 85, con lo que se llena así una laguna
que en cierto sentido privilegiaba a las empresas en
participación de naturaleza concentrativa sometidas al
Reglamento 4064 / 89, que contiene procedimientos más
favorables .

8.3 . Con todas estas medidas recibe un impulso con ­
creto la tendencia a la cooperación entre empresas .

8.4 . A este respecto el Comité Económico y Social
subraya la estrecha interrelación existente entre la polí ­
tica de competencia y la transferencia de tecnologías,
que se realiza esencialmente y de modo concreto a
través de la « cooperación », la colaboración, que es de
hecho el fenómeno que caracteriza el actual proceso
evolutivo de transformación de las estructuras económi ­
cas para adecuarlas a las exigencias de ios nuevos retos
de la competencia internacional .

Por ello se espera con gran interés e impaciencia el
anunciado nuevo reglamento sobre la transferencia de
tecnologías, cuyo objetivo es, por una parte, aumentar
la flexibilidad de la acción de la Comisión, y por otra,
contribuir a un justo equilibrio en la relación entre la
protección de la propiedad intelectual y la investigación .

En este sentido el Comité Económico y Social recuerda
su propio Dictamen sobre el XVIII Informe anual, en
el que proponía la realización de estudios preparatorios
a fin de verificar adecuadamente la conveniencia de
elaborar normas particulares . La Comisión ha tenido
en cuenta dicha propuesta,

8.5 . Otro sector que merece una normativa « ad hoc »
es el de las « cooperativas », que tienen características
propias, absolutamente peculiares .

8.5.1 . A algunas empresas, en efecto, conviene dar
un tratamiento específico, particularmente en materia
de acuerdos y concentraciones . Es el caso precisamente
de las cooperativas de usuarios, presentes en numerosos
sectores como, por ejemplo, los seguros, las cajas de
ahorro, la vivienda y el sector farmacéutico . Aun
cuando estas cooperativas respondan a una voluntad
federativa y se asocien siguiendo un enfoque transnacio ­
nal, por su propia naturaleza solo pueden actuar en
beneficio de los usuarios que las controlan . Esta carácter
específico, que ya está reconocido en un proyecto de
estatuto para una sociedad cooperativa europea, justi ­
fica que en el presente caso el Comité Económico y
Social pida a la Comisión que adopte un enfoque parti ­
cular frente a este problema .

8.5.2, El Comité Económico y Social espera en cual ­
quier caso que la Comisión amplíe la posibilidad de
conceder las exenciones previstas en el apartado 3 del
artículo 85 a la categoría de pequeñas y medianas
empresas « cooperativas », comerciales y artesanales, a
fin de permitir a esta importante categoría económica
hacer frente a la competencia de los grandes grupos
comerciales a través de formas de asociación y colabora ­
ción idóneas y eficaces .

9, Control de las concentraciones

9.1 . El hecho de que en 1992 no se hayan tomado a
este respecto decisiones de carácter prohibitivo sino un
mayor número de casos de aprobación « con modifica ­
ción » puede interpretarse, según la Comisión, como
signo de una evolución positiva . Sin embargo, no debe
excluirse que la resolución, en el sentido indicado, de
algún « caso » determinado puede reflejar una elección
de compromiso de las empresas interesadas a fin de
evitar contenciosos de larga duración, costosos y de
carácter incierto .

9.2 . Por lo que respecta a los conceptos de « posición
dominante » detentada por una sola empresa, « posición
dominante colectiva », creación o fortalecimiento de
duopolios u oligopolios, se deben recordar y subrayar
nuevamente las recomendaciones formuladas por el
Comité Económico y Social en favor de un enfoque
más prudente con vistas a evitar condicionamientos
innecesarios e incluso peligrosos del mercado, que pro ­
bablemente no figuran entre las intenciones de la propia
Comisión, la cual de hecho no pretende ciertamente
determinar, en tal o cual sector, el número ideal de
competidores en el mercado . La vigilancia y el control, e
incluso la contención, deben tener límites bien precisos,
más allá de los cuales podrían surgir tentaciones, o
peligros objetivos, de dirigismo .

9.3 . Si bien puede afirmarse que « en general » los
medios económicos están bastante satisfechos con res ­
pecto a la aplicación del reglamento sobre el control de
las concentraciones, sin embargo ello no obsta para
que todavía haya importantes márgenes de mejora,
especialmente en lo que respecta al procedimiento, tal
como sugiere la experiencia de la aplicación en estos
primeros años .

9.4 . El Comité Económico y Social, aunque es cons ­
ciente del esfuerzo ya realizado, invita a la Comisión a
obtener una « mayor transparencia », a través de un
aumento de la calidad y la cantidad de la información
dirigida a terceras partes, tanto en la primera como la
segunda fase . En este mismo sentido — de una mayor
« transparencia » — sería muy apreciable — y útil para
el debate — que se ampliase a los otros comités la
publicación de los dictámenes respectivos, como se
hace con los del Comité consultivo de concentraciones .
Asimismo, los « comunicados de prensa » deberían ser
más completos y reproducir los puntos de vista de las
partes interesadas, que deberían recibir en cualquier
caso una copia del informe preliminar .

2 . 2 . 94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 34 / 87

9.5 . Sena también deseable que la Comunicación
sobre las operaciones de concentración y de coopera ­
ción en los términos del Reglamento n° 4064 / 94 se
actualice a la luz tanto de los nuevos reglamentos como
de la jurisprudencia que se ha originado entretanto en
este ámbito .

10 . Ayudas estatales

10,1 . No hay duda alguna de que este tema es com ­
plejo y delicado . El aspecto regional y el temporal ( es
decir, la duración de la ayuda ) se entrelazan : el plazo
corto, medio o largo son, por ejemplo, modalidades
que pueden dar a una forma de ayuda connotaciones
respectivamente diversas así como diferentes legitima ­
ciones o un carácter crítico . También debe dedicarse
una mayor atención al aspecto social, en estrecha corre ­
lación con el aspecto regional .

10.2 . La Comisión está mostrando una flexibilidad
cada vez mayor . Es verdad, en efecto, que la experiencia
da prioridad al criterio de « evaluación caso por caso »
frente a la aplicación burocrática de normas rígidas .

A este respecto, sin embargo, la responsabilidad de
la Comisión — al aplicar un criterio de flexibilidad —
requiere la leal colaboración de cada uno de los Estados
miembros a fin de proporcionar una justa eficacia a su
propia política tendente a realizar una efectiva cohesión
económica y social en la Comunidad .

10.3 . En varios países de la Comunidad sigue
habiendo una sensible disparidad en lo que respecta a
las ayudas estatales, disparidad que está esencialmente
vinculada al distinto nivel de prosperidad y, por tanto,
de los recursos de que se dispone . La propia Comisión
señala que, en el período 1988-1990, en los cuatro países
económicamente más fuertes las ayudas estatales al
sector manufacturero representaron el 79% del total
de las ayudas a dicho sector en la Comunidad .

Esta concentración de las ayudas estatales en las econo ­
mías más fuertes constituye un hecho deplorable, sobre
todo teniendo en cuenta los objetivos de la « cohesión »,
tantas veces invocada .

10.4 . A este respecto es encomiable la constante aten ­
ción — expresada a través de informes periódicos - — que
la Comisión dedica a esta problemática, que muestra
grandes diferencias de un sector a otro . Basta pensar
en los sectores del carbón, del acero o de la construcción
naval . En efecto, no puede ocultarse la contradicción
existente entre la política de la Comisión, tendente a
reducir — progresiva pero drásticamente — las ayudas,
y la situación de algunos Estados miembros, donde por
ejemplo la industria del carbón goza de subvenciones o
donde la energía se ve gravada con impuestos especiales .

10.5 . El Comité Económico y Social, tal como lo
ha manifestado en otras ocasiones, continúa estando
decididamente a favor de una reducción progresiva, que
deberá perseguirse con coherente determinación . Las
derogaciones y los compromisos particulares deberán
establecerse de modo estricto y expirar en los límites de
tiempo y lugar previstos, sin prórrogas ni extensiones . A
este respecto, el Comité Económico y Social se complace
en leer en el XXII Informe que la Comisión « acoge
favorablemente » lo que el Comité afirma claramente
una vez más en su dictamen sobre el XXI Informe, a
saber, que las ayudas estatales deben ser « transparentes,
momentáneas y decrecientes ». En lo que respecta a
las empresas públicas, el Comité Económico y Social
subraya que la Comisión debe aplicar las mismas nor ­
mas a las empresas públicas y privadas, sin hacer nin ­
guna discriminación .

10.6 . Si la cooperación prevista en el Tratado sobre
el Espacio Económico Europeo para el « control » de
las ayudas estatales es encomiable, aunque sea obligada,
con mayor razón se debe aprobar y apoyar la política
frente a terceros países destinada a establecer disposi ­
ciones expresas en materia de ayudas .

10.6.1 . Los acuerdos con los PECO constituyen un
ejemplo concreto y positivo, pero el Comité Económico
y Social recomienda una mayor determinación y opor ­
tunidad a la hora de intervenir en los casos en que se
presenten situaciones anormales de ayudas estatales,
que contrastan y entran en contradicción con la política
de aproximación de las legislaciones antitrust seguida
por la Comisión .

El objetivo es ciertamente ambicioso, pero no se puede
prescindir de controles rigurosos .

10.6.2 . Esta orientación — de armonización, pero
también de control — se debe tener por principio bien
presente frente a todos los terceros países con los que
la Comunidad mantenga ya, o tenga intención de man ­
tener, relaciones generales o particulares, especialmente
en el marco de la política comercial común .

10.7 . En cualquier caso, el Comité Económico y
Social desea que haya una transparencia recíproca en
las correspondientes normativas en materia de ayudas,
ya que ello constituye un presupuesto indispensable
para una relación leal, prescindiendo de su contenido
o su finalidad .

10.8 . Por otra parte, el Comité Económico y Social
también desea llamar la atención de la Comisión sobre
las ayudas « indirectas », es decir, sobre las facilidades
que los Estados pueden conceder en materia de créditos
a la exportación y de garantías para dicho tipo de
créditos .

No sólo los créditos a la exportación, facilitados de
un modo u otro por los Estados miembros, pueden
constituir ayudas conforme al artículo 92 y siguientes
del Tratado, sino también —y parece que tampoco
aquí se ha profundizado bastante en el problema — los
créditos de un Estado a otro, en los casos en que se
destinen directa o indirectamente a favorecer una o más
empresas del Estado que los concede .

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10,9 . Especialmente preocupante es el hecho, admi ­
tido por la propia Comisión, de que se estén recibiendo
un número creciente de denuncias de ayudas no notifi ­
cadas . A este respecto, deberían investigarse las causas
de estas violaciones de la obligación de notificación
previa por parte de los Estados y también de los Entes
territoriales ( que quizá sean los que más frecuentemente
incumplen dicha obligación ). Si bien puede ser cierto
que, tal como afirma la Comisión, estas denuncias
demuestran el creciente interés de los operadores econó ­
micos por las ayudas estatales, no obstante debería
también tenerse en cuenta la hipótesis de una escasa
información y de una insuficiente madurez en lo que
respecta a algunos aspectos comunitarios esenciales,
como es el caso de las « ayudas », incluso a nivel de las
administraciones públicas .

11 . La política de competencia y las PYME

11.1 . La Comisión debe reforzar su política en favor
de las PYME, para lo que deberá afinar la selección a
fin de autorizar ayudas realmente orientadas a mejorar
la eficacia, la formación, las fuentes de financiación y
la actividad de investigación de las pequeñas y medianas

empresas .

11.2 . No se trata de proteger a las PYME frente a
las grandes empresas, sino de evitar que se produzcan
abusos de posiciones dominantes . En este sentido, debe
dedicarse especial atención al fenómeno de los grandes
establecimientos comerciales .

11.3 . El peso económico y social de las PYME en la
Comunidad Europea es determinante . El 70% de la
población activa y del volumen de negocios en la Comu ­
nidad puede asignarse a la actividad de las pequeñas y
medianas empresas, incluidas las empresas artesanales .

11.4 . Para garantizar y aumentar la competitividad
de las PYME en el gran mercado interior, la política de
competencia debe promover el refuerzo y la mayor
difusión posible de los instrumentos comunitarios para
la cooperación y la información .

12 . La política de medio ambiente y la política de
competencia

12.1 . Las medidas nacionales y regionales en materia
de medio ambiente, aun siendo necesarias, no deben
servir de pretexto para otorgar o no otorgar facilidades,
o para adoptar medidas discriminatorias . En cualquier
caso conviene evitar efectos de distorsión de la compe ­
tencia . A este respecto el control deberá ser muy atento
y constante, teniendo bien presente que la política de
medio ambiente figura ahora entre las políticas funda ­
mentales del Tratado .

12.2 . El transporte de petróleo se encuentra en una
situación particular : el Comité Económico y Social
desea señalarla tanto por los efectos que tiene en la
competencia como por sus repercusiones sociales y en
materia de seguridad . Para reducir de algún modo los

costes se tiende de hecho a sacrificar la seguridad del
transporte, con lo que aumenta el peligro potencial de
contaminación del mar y de los puertos y se provoca
una evidente situación de « dumping » debida a los bajos
costes derivados no sólo de una insuficiente dotación

( equipos ) en materia de seguridad y mantenimiento,
sino también, en muchos casos, de la baja remuneración
del personal .

13 . Política de competencia en el plano internacional

13.1 . El mundo económico se caracteriza cada vez
más por un desarrollo creciente de los intercambios de
bienes y servicios entre Estados, áreas económicas y
continentes .

La progresiva eliminación de obstáculos, de carácter
arancelario o paraarancelario, es esencial pero insufi ­
ciente para llevar a cabo una liberalización efectiva de
los intercambios internacionales en condiciones de sana
equivalencia competitiva .

Pero « libertad » implica « responsabilidad ».

Una libre competencia más amplia y más abierta — a
nivel mundial — debe comportar una mayor responsabi ­
lidad por parte de todos los operadores, ya se trate de
empresas privadas o públicas, gobiernos u organizacio ­
nes internacionales o supranacionales .

13.2 . Hoy día todo el mundo sabe que las vicisitudes
económicas incluyen aspectos extraeconómicos, de
modo particular aspectos sociales, en los que la respon ­
sabilidad de todos se convierte en un « deber ».

En particular, las diferentes condiciones y reglamenta ­
ciones en materia laboral existentes en algunos países
de las áreas extracomunitarias, y que tienen importantes
repercusiones sobre los costes, pueden crear situaciones
anormales y artificiales de desequilibrio que nada tienen
que ver con el mecanismo natural de la competencia
económico-productiva en condiciones equivalentes de
sana y eficaz confrontación .

13.3 . El gran desafío — de coraje y coherencia — al
que la Comisión debe hacer frente con éxito en el plazo
más breve posible es hacer compatible con las políticas
comunitarias las acciones de protección efectiva de la
competencia en el plano internacional .

Ello resulta tanto más necesario cuanto que sigue
habiendo relaciones preferenciales en los intercambios
con los países más desfavorecidos o en vías de desarro ­
llo . En cualquier caso, esta situación no debe originar
distorsiones en los intercambios o alteraciones indebi ­
das en las condiciones de recíproca competitividad .

13.4 . La actual situación de crisis, dentro y fuera de
la Comunidad, sitúa en primer plano el problema que
se acaba de mencionar .

2, 2 . 94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 34 / 89

Volver a poner en marcha un mecanismo de recupera ­
ción económica, en el actual contexto de crisis a nivel
comunitario y mundial, requiere ante todo que la Comi ­
sión ejerza una política fuerte en todas sus competencias
operativas .

13.5 . Para encontrar nuevas salidas y crear nuevos
mercados deben establecerse las condiciones necesarias
para que las economías de los países más desfavoreci ­
dos, o en fase de difícil transformación de las estructuras
internas socioeconómicas y políticas, puedan integrarse
rápidamente en la competencia internacional en igual ­
dad de condiciones, del lado de la oferta o de la
demanda, y participar así con provecho en el proceso
de integración y de crecimiento general económico y
social .

13.6 . No obstante, una visión estratégica de tal
amplitud y generalidad no debe hacer olvidar que para
alcanzar el objetivo de una competencia internacional
correcta y efectiva la política comunitaria en dicho
ámbito deberá también actuar con más decisión a fin

de lograr una mayor armonización de las legislaciones
nacionales antitrust, dentro y fuera de la Comunidad .

Si bien la Comisión ya se encuentra en la línea indicada,
el Comité Económico y Social quiere animarla a prose ­
guir por esta vía con mayor convicción y decisión .

13.7 . Con este fin, precisamente porque la legitimi ­
dad de la acción comunitaria en materia de competencia
se deriva directamente del Tratado, el Comité Econó ­
mico y Social insta a la Comisión a desarrollar su
« política » propia sin sufrir los reflejos moratorios, y
desalentadores, de los reveses sufridos en el ámbito
monetario y en el GATT, por solo citar dos ejemplos .

Hecho en Bruselas, el 24 de noviembre de 1993 .

14 . Conclusiones

La eompetitividad de la Comunidad, a nivel interno e
internacional, constituye una condición indispensable
para el crecimiento y el desarrollo, así como para que
otras políticas comunitarias puedan volver a encontrar
su impulso original .

El esfuerzo que debe realizarse a favor de una política
adaptada a la actualidad es realmente importante y
debe verse apoyado por fuertes convicciones e ideas
claras .

Aun más que en el pasado, la política comunitaria de
competencia debe estimular y vivificar el espíritu y la
iniciativa empresariales, por un lado, y por otro ampliar
el número de opciones y, por tanto, la capacidad selec ­
tiva de los consumidores .

También en los intercambios realizados a nivel interna ­
cional debe establecerse una nueva forma de « transpa ­
rencia ».

El operador económico debe poder hacer la opción que
mejor le convenga y aceptar los riesgos inherentes, en
una situación de « transparencia » también jurídica y
normativa .

Por otra parte, el consumidor - — que actualmente asume
un papel cada vez más activo entre los protagonistas
en la escena económica — deberá estar mejor informado
para poder hacer una opción razonable y, por tanto,
gozar de una oferta de mayor amplitud y riqueza, con
las mayores garantías de calidad y seguridad, y al precio
más bajo .

La Comisión debe encontrar los recursos para dedicar
la máxima atención a estos problemas y negociar en
los foros internacionales con mayor determinación .

El Presidente

del Comité Económico y Social

Susanne TIEMANN