Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MACIEJ SZPUNAR

presentadas el 4 de septiembre de 2025 ([1](#Footnote1))

**Asunto C**‑**127/24**

**Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)**

**contra**

**VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH**

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania)]

« Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 3, apartado 1 — Derecho de comunicación al público — Concepto de “comunicación al público” — Público nuevo — Retransmisión de la señal mediante una red de cable propia de una residencia de personas mayores »

  
  
  
  

**Introducción**

1.        Según jurisprudencia reiterada, efectúa una comunicación al público, en el sentido del derecho de autor de la Unión, el usuario que, de forma deliberada, da acceso a obras protegidas que han sido objeto de emisiones de radio o televisión a miembros del público que, sin la intervención de dicho usuario, no habrían podido acceder a esas emisiones. ([2](#Footnote2)) Esto afecta, en particular, a los administradores de establecimientos hoteleros, de cafés y restaurantes, de centros termales y de rehabilitación, así como de apartamentos para alquiler de corta duración. ([3](#Footnote3))

2.        Todos estos establecimientos tienen en común que acogen a un público ocasional que se aloja en ellos de forma más o menos voluntaria durante períodos relativamente cortos, por lo que cabe considerar que dicho público no puede equiparse, para la estancia en cuestión, con material que le permita acceder a emisiones, en particular de televisión. Por lo tanto, este público depende de la prestación de la administración del establecimiento para tener acceso a esas emisiones.

3.        En el presente asunto, se ha solicitado al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión de si puede aplicarse el mismo razonamiento a un establecimiento en el que los destinatarios en cuestión residen de forma permanente.

**Marco jurídico**

***Derecho de la Unión***

4.        El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, ([4](#Footnote4)) dispone lo siguiente:

«Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija».

***Derecho alemán***

5.        En el ordenamiento jurídico alemán, el derecho de comunicación al público a través de la transmisión por radio o televisión y de la posterior retransmisión por cable está regulado por el artículo 15, apartados 2 y 3, de la Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (Ley de Derechos de Autor y Derechos Afines a los Derechos de Autor), de 9 de septiembre de 1965, ([5](#Footnote5)) en relación con los artículos 20 y 20b de dicha Ley.

**Hechos del litigio principal, procedimiento y cuestiones prejudiciales**

6.        Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) es una entidad de gestión colectiva de derechos de autor en el ámbito de la música.

7.        VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH (en lo sucesivo, «VHC 2 Seniorenresidenz») es la entidad que administra una residencia que acoge de forma permanente a ochenta y nueve personas mayores que necesitan cuidados, que reciben una atención completa en ochenta y ocho habitaciones individuales y tres habitaciones dobles, junto con diferentes espacios comunes, como comedores y salones. Mediante una instalación de recepción por satélite propia, VHC 2 Seniorenresidenz capta emisiones de radiodifusión, es decir, de radio y televisión, y las difunde de forma simultánea, inalterada e íntegra, a través de su red de cable, a las conexiones instaladas en las habitaciones de los residentes y en las salas de cuidados.

8.        Al considerar que esta retransmisión de programas de radiodifusión requiere una licencia, GEMA interpuso una demanda contra VHC 2 Seniorenresidenz ante el Landgericht (tribunal regional de lo civil y penal, Alemania), en la que solicitaba que se pusiera fin a la difusión de las obras musicales de su repertorio, demanda que fue estimada por dicho tribunal.

9.        VHC 2 Seniorenresidenz interpuso recurso de apelación contra esa sentencia ante el Oberlandesgericht Zweibrücken (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Zweibrücken, Alemania), quien desestimó la demanda de GEMA por entender que la retransmisión controvertida no constituía una comunicación al público. Dicho tribunal resolvió, en esencia, que si bien existía un acto de comunicación, no estaba destinado a un público, ya que se limitaba al círculo restringido de los residentes de la residencia, que, aunque cumplían el criterio de ser un número considerable de personas, constituían un grupo estructuralmente muy homogéneo, con tendencia a permanecer en la residencia de forma duradera y cuya fluctuación era más bien escasa. Así pues, según el Oberlandesgericht Zweibrücken (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Zweibrücken), la comunicación en cuestión se limitaba a personas determinadas que formaban parte de un grupo privado.

10.      Interpuesto recurso de casación por GEMA, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), órgano jurisdiccional remitente, se pregunta en este contexto si los residentes de la residencia de personas mayores de que se trata constituyen un público, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el concepto de «comunicación al público», y si se trata de un «público nuevo» en el sentido de dicha jurisprudencia en el contexto de la retransmisión de emisiones de radio y televisión realizada por la administración de la residencia en beneficio de sus residentes. También se pregunta si una retransmisión de este tipo se realiza mediante una nueva técnica en el sentido de la misma jurisprudencia.

11.      En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Constituyen un “número indeterminado de destinatarios potenciales”, en el sentido de la definición de la expresión “comunicación al público” del artículo 3, apartado 1, de la Directiva [2001/29], los residentes de una residencia de mayores que funciona con carácter comercial, los cuales disponen de conexiones de televisión y radio en sus habitaciones, a las cuales la administración de la residencia redifunde de forma simultánea, inalterada e íntegra, a través de su red alámbrica, las emisiones de radiodifusión que recibe un sistema propio de recepción de señales transmitidas vía satélite?

2)      ¿Sigue teniendo validez general la definición utilizada hasta ahora por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea según la cual, para ser calificada de “comunicación al público” en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, “la comunicación de una obra protegida debe […] efectuarse con una técnica específica, diferente de las utilizadas anteriormente, o, en su defecto, ante un ‘público nuevo’, es decir, un público que no fue tomado en consideración por el titular de los derechos de autor cuando autorizó la comunicación inicial de su obra al público”, o, por el contrario, la técnica utilizada solo tiene relevancia en los casos en que se produce una retransmisión a la Internet abierta de contenidos inicialmente recibidos por vía terrestre, por satélite o por cable?

3)      ¿Constituye un “público nuevo”, en el sentido de la definición de la expresión “comunicación al público” del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, el hecho de que la administración de una residencia de ancianos, actuando con ánimo de lucro, redifunda a las conexiones de televisión y radio de que disponen las habitaciones de los residentes, de forma simultánea, inalterada e íntegra, a través de su red alámbrica, las emisiones de radiodifusión que recibe un sistema propio de recepción de señales transmitidas vía satélite? ¿Es relevante a este respecto si los residentes, independientemente de la difusión por cable, tienen la posibilidad de recibir en sus habitaciones las emisiones de televisión y radio por vía terrestre? ¿Es asimismo relevante a este respecto si los titulares de los derechos ya han percibido una compensación por la autorización de la emisión inicial?»

12.      La petición de decisión prejudicial se recibió en el Tribunal de Justicia el 15 de febrero de 2024. Presentaron observaciones escritas las partes del litigio principal, el Gobierno francés y la Comisión Europea. Las mismas partes comparecieron en la vista celebrada el 2 de abril de 2025.

**Análisis**

13.      Mediante su petición de decisión prejudicial, el tribunal remitente solicita que se determine si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que la administración de una residencia de personas mayores efectúa una comunicación al público cuando transmite a través de su red de cable, de forma simultánea, inalterada e íntegra, a las conexiones de radio y televisión instaladas en las habitaciones de los residentes, programas de radiodifusión captados por una instalación de recepción por satélite. Para ello, el órgano jurisdiccional plantea tres cuestiones prejudiciales sobre tres elementos de la definición del concepto de «comunicación al público», desarrollada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en concreto los conceptos de «público», «técnica específica» y «público nuevo». ([6](#Footnote6))

14.      Centraré mi análisis en las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, ya que la respuesta que propongo dar a estas cuestiones permitirá al órgano jurisdiccional remitente resolver el litigio principal. Por lo tanto, abordaré la primera cuestión prejudicial con carácter meramente subsidiario.

***Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera***

15.      Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, el tribunal remitente solicita que se determine si la actuación de la administración de la residencia de personas mayores en cuestión en el litigio principal constituye una comunicación al público, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, bien como un acto de comunicación realizado mediante una «técnica específica», bien como comunicación destinada a un «público nuevo».

*Sobre el concepto de «técnica específica»: segunda cuestión prejudicial*

16.      He de señalar, de entrada, que la segunda cuestión prejudicial, tal y como ha sido formulada por el órgano jurisdiccional remitente, es de carácter general y abstracto, hasta el punto de que cabe dudar de su admisibilidad, toda vez que el Tribunal de Justicia no es competente para responder a cuestiones hipotéticas que no son necesarias para resolver el litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional que le ha planteado la cuestión prejudicial. ([7](#Footnote7)) Sin embargo, de la resolución de remisión se desprende que, con esta cuestión, el tribunal remitente pretende determinar, en esencia, si el hecho de que la administración de una residencia de personas mayores transmita, mediante una red de cable, a las habitaciones de la residencia las emisiones de televisión y radio captadas mediante su antena parabólica constituye una comunicación al público sujeta a la autorización de los titulares de los derechos de autor, conforme al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, por el mero hecho de que la transmisión se efectúe mediante una técnica específica, distinta de la utilizada en la emisión original, y sin que sea necesario comprobar si se cumple el criterio del «público nuevo».

17.      Según la resolución de remisión, las dudas del órgano jurisdiccional remitente se derivan del hecho de que el Tribunal de Justicia, aunque ha establecido el criterio del «medio técnico diferente», parece, en determinadas situaciones, apartarse de él o, en otras, no tenerlo en cuenta. Ahora bien, según el tribunal remitente, un operador que transmite mediante una red de cable la señal de radio y televisión captada por una antena de satélite realiza una comunicación (transmisión) mediante un medio técnico (el cable) diferente del utilizado para la emisión original (el satélite).

18.      Sin embargo, no me parece que esta premisa del órgano jurisdiccional remitente sea correcta.

19.      Y es que tanto el criterio del público nuevo como el de la técnica específica son de origen jurisprudencial y, por lo tanto, deben entenderse y aplicarse, a efectos de la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, de conformidad con la jurisprudencia que los ha establecido. En cuanto a este segundo criterio, el Tribunal de Justicia lo introdujo para distinguir dos tipos de situaciones: aquellas en las que se realizan *dos transmisiones*  «en condiciones técnicas específicas, utilizando un diferente modo de transmisión de las obras protegidas, y cada una de ellas está destinada a un público», y aquellas en las que «un operador, mediante su intervención deliberada, *había puesto una emisión* que incluía obras protegidas *a disposición* de un público nuevo». ([8](#Footnote8)) Pues bien, mientras que el primer tipo de situaciones se refiere en particular a las retransmisiones por Internet, la situación en la que la administración de un establecimiento hotelero distribuye por cable a las habitaciones la señal de televisión captada por una antena, objeto del asunto que dio lugar a la sentencia SGAE, pertenece al segundo tipo de situaciones. ([9](#Footnote9))

20.      La situación de la administración de la residencia de personas mayores de que se trata en el litigio principal es análoga a esta segunda situación. Por lo tanto, dicha administración, que mediante una red de cable transmite a las habitaciones de la residencia las emisiones captadas con su antena, no realiza una transmisión de las emisiones según un medio técnico específico, diferente del utilizado para dichas emisiones, sino que se limita a dar a los residentes acceso a estas.

21.      Desde un punto de vista más general, el concepto de «medio técnico específico», tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ([10](#Footnote10)) designa un medio técnico que, debido al modo de transmisión diferente del empleado en la transmisión inicial de la emisión, permite acceder a esta en condiciones técnicas sustancialmente diferentes, bien desde el punto de vista de la zona de cobertura, de la accesibilidad o de la calidad de la señal, bien por razón del equipo necesario para la recepción. Por lo tanto, constituyen medios técnicos específicos los modos tradicionales de difusión de radio y televisión —terrestre, por satélite y por cable—, así como Internet.

22.      Por lo que respecta más concretamente a los aspectos del derecho de autor relacionados con la distribución por cable, están regulados, en particular, en la Directiva 93/83/CEE. ([11](#Footnote11)) Ahora bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que dicha Directiva regula el ejercicio del derecho de distribución por cable en la relación entre los titulares de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, por un lado, y las «empresas de distribución por cable» o los «distribuidores por cable», conceptos que designan a los operadores de redes de cable tradicionales cuya actividad principal es la distribución por cable de emisiones de radio y televisión. Por lo tanto, un establecimiento hotelero no puede considerarse «empresa de distribución por cable» en el sentido de la Directiva 93/83. ([12](#Footnote12))

23.      Lo mismo ocurre, en mi opinión, con el concepto de «medio técnico específico». En efecto, lo que caracteriza a un distribuidor por cable en el sentido de la Directiva 93/83 es que, con su actividad, modifica sustancialmente las condiciones técnicas y económicas de recepción de la señal que retransmite. Así, un distribuidor no solo evita a sus clientes la instalación de una antena propia, sino que también permite la recepción en lugares donde la señal terrestre o satelital es débil o inexistente, y da acceso a emisiones procedentes de diferentes organismos de radiodifusión creando un «paquete» de programas. También puede, dentro de los límites legales y técnicos de su actividad, conectar a su red un número indeterminado de usuarios. Por lo tanto, un distribuidor por cable de este tipo realiza una retransmisión autónoma de las emisiones originales.

24.      Por el contrario, la administración de un establecimiento como un hotel o, como en el caso de autos, una residencia de personas mayores, que retransmite la señal captada por su propia antena a las distintas dependencias del establecimiento, en particular a las habitaciones, se limita a permitir la recepción de la emisión original en los aparatos de televisión instalados en dichos lugares, cuyo número, por otra parte, está determinado y que se encuentran en un solo edificio o en varios edificios que forman un solo establecimiento.

25.      En cuanto a la retransmisión por cable, el concepto de «medio técnico específico» se refiere, por tanto, a la retransmisión por operadores de redes de cable, como el que era objeto del asunto que dio lugar a la sentencia AKM. ([13](#Footnote13)) En cambio, no se refiere a la mera transmisión de la señal desde una antena a los aparatos de televisión dentro de un mismo establecimiento, aunque dicha transmisión también se realice, por regla general, por cable.

26.      Por otra parte, como los criterios de «medio técnico específico» y «público nuevo» son independientes, el cumplimiento de uno exime de analizar la situación desde el punto de vista del otro. Es cierto que, en la sentencia AKM, ([14](#Footnote14)) el Tribunal de Justicia descartó la aplicación del criterio del «medio técnico específico» para declarar la inexistencia de comunicación al público, por considerar que no se cumplía el criterio del «público nuevo». Sin embargo, como señala acertadamente la Comisión, se trataba de una situación excepcional en la que, en virtud del Derecho nacional aplicable, la autorización concedida por los titulares de los derechos de autor al organismo nacional de radiodifusión equivalía a una autorización para retransmitir por cable las emisiones de dicho organismo. ([15](#Footnote15)) Por lo tanto, la sentencia AKM ([16](#Footnote16)) solo implica una regla, en definitiva evidente, según la cual cuando es manifiesto que los titulares han dado su autorización tanto para la comunicación original como para la comunicación secundaria, es indiferente el medio técnico utilizado por esta segunda comunicación.

27.      Procede, por tanto, responder a la segunda cuestión prejudicial que la transmisión de la señal de radio y televisión desde la antena a los aparatos receptores en el interior de una residencia de personas mayores no constituye una comunicación realizada mediante un medio técnico específico, diferente del utilizado para la emisión original.

*Sobre el concepto de «público nuevo»: tercera cuestión prejudicial*

28.      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente plantea, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que la administración de una residencia de personas mayores transmita, a través de una red de cable, a las habitaciones de dicha residencia emisiones captadas mediante una antena parabólica constituye una comunicación al público que requiere la autorización de los titulares de los derechos de autor conforme a esta disposición, puesto que tal transmisión se dirige a un «público nuevo», es decir, un grupo que los titulares de derechos de autor no tuvieron en cuenta al conceder la autorización para la emisión original.

29.      El concepto de «público nuevo» en el contexto del derecho de comunicación al público tiene su origen en la sentencia SGAE. El asunto que dio lugar a esa sentencia se refería a la distribución de la señal de televisión en las habitaciones de un hotel, es decir, a un uso secundario de las emisiones de televisión. La pertinencia del criterio del «público nuevo» para calificar tal uso de comunicación al público se explica de la siguiente manera en la sentencia del Tribunal de Justicia:

«40.      […] Procede considerar que las comunicaciones que se efectúan en circunstancias como las del asunto principal son comunicaciones realizadas por un organismo de retransmisión distinto al de origen […] Por lo tanto, estas transmisiones se dirigen *a un público que no coincide con el previsto para el acto de comunicación original* de la obra, es decir, a un *público nuevo*.

41.       [...] El autor, al autorizar la radiodifusión de su obra, solo tiene en cuenta a los *usuarios directos*, es decir, a los poseedores de aparatos receptores que captan los programas individualmente o en un ámbito privado o familiar. […] A partir del momento en que se efectúa esta captación para destinarla a un auditorio todavía más vasto, a veces con fines de lucro, es una nueva fracción del público receptor la que puede beneficiarse de la escucha o de la visión de la obra, con lo cual la comunicación de la emisión […] no constituye ya la simple recepción de la emisión misma, sino un acto independiente mediante el cual la obra emitida es comunicada a un público nuevo. […] Esta recepción pública da lugar al derecho exclusivo de autorización.

42.      A este respecto, la clientela de un establecimiento hotelero es efectivamente un público nuevo. La distribución de la obra radiodifundida a esta clientela a través de aparatos de televisión no constituye un simple medio técnico para garantizar o mejorar la recepción de la emisión de origen en su zona de cobertura. Por el contrario, el establecimiento hotelero interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para dar a sus huéspedes la posibilidad de acceder a la obra protegida. Si no tuviera lugar esta intervención, los clientes, aun cuando se encontraran dentro de la mencionada zona, no podrían, en principio, disfrutar de la obra difundida». ([17](#Footnote17))

30.      Según la formulación ya establecida, se entiende por «público nuevo» un público que no haya sido ya tomado en consideración por el titular del derecho de autor al autorizar la comunicación inicial de su obra al público. ([18](#Footnote18)) Pues bien, como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia SGAE, ([19](#Footnote19)) al autorizar la radiodifusión de sus obras, los autores tienen en cuenta a los usuarios directos, es decir, los poseedores de aparatos receptores que captan los programas individualmente o en un ámbito privado o familiar.

31.      Los clientes de establecimientos como hoteles, cafeterías y restaurantes o centros de rehabilitación no se encuentran en esa situación, ya que captan las emisiones no como poseedores de aparatos receptores, sino como meros usuarios de estos, y no en su ámbito privado o familiar, sino en lugares públicos. Por lo tanto, solo gracias a la intervención de la administración del establecimiento en cuestión pueden sus clientes disfrutar de estas emisiones en tales circunstancias. Los clientes forman en estos casos un público adicional con respecto al público que tuvieron en cuenta los titulares cuando autorizaron la comunicación inicial de sus obras al público.

32.      A este respecto, los residentes de una residencia de personas mayores se encuentran en una situación particular.

33.      Es cierto que la administración de la residencia interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su actuación, para dar acceso a las obras protegidas a sus clientes, quienes no podrían disfrutarlas sin esta intervención, al menos en las condiciones ofrecidas por dicha administración.

34.      Sin embargo, si se llevara este razonamiento al extremo, el público que tuvieron en cuenta los titulares, cuando dieron su autorización inicial, se limitaría únicamente a los propietarios de viviendas unifamiliares equipadas con sus propias antenas. En todas las demás situaciones, la recepción de la señal de televisión está, en cierta medida, supeditada a la intervención de terceros, ya sean los propietarios, en el caso de las viviendas de alquiler, los administradores de comunidades de propietarios equipadas con antenas comunes o los operadores de redes de cable locales. ([20](#Footnote20))

35.      Pues bien, admitir en todas estas situaciones la existencia de una comunicación al público secundaria sería contrario tanto a la letra como al espíritu del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, tal como lo ha interpretado el Tribunal de Justicia. Un enfoque de ese tipo daría lugar a una compensación excesiva de los titulares de los derechos de autor, que serían remunerados dos veces —primero por los organismos de radiodifusión y luego por los responsables de esta comunicación secundaria— por una comunicación destinada en realidad al mismo público y efectuada en las mismas condiciones técnicas.

36.      De ello se desprende, en mi opinión, que no procede centrar el análisis únicamente en la actuación del usuario que hace posible el acceso a las emisiones originales, sino que debe tenerse en cuenta en qué condición los destinatarios a los que se dirige obtienen dicho acceso, para determinar si se trata realmente de un público nuevo.

37.      Pues bien, desde este punto de vista, los residentes de una residencia de personas mayores deben considerarse, a mi juicio, usuarios directos de las emisiones originales en el sentido del apartado 41 de la sentencia SGAE. En efecto, según se ha constatado, de la resolución de remisión se desprende que en el litigio principal dichos residentes establecen, en principio, su domicilio en la residencia con el fin de pasar en ella el período final de su vida. En su condición de residentes permanentes, deben considerarse poseedores de los aparatos receptores instalados en la residencia, ([21](#Footnote21)) que captan las emisiones en su esfera privada.

38.      La particularidad de una residencia de personas mayores radica en que, debido a su edad, los residentes no son plenamente autónomos, sino que dependen, en muchos aspectos de su vida cotidiana, de los servicios prestados por la administración de la residencia. Esta es, por otra parte, la razón principal por la que deciden instalarse en ella. Tales servicios no solo incluyen los cuidados propiamente dichos, sino también numerosos servicios de la vida cotidiana. Uno de ellos es dar acceso a la señal de radio y televisión mediante equipos propios de la residencia. Habida cuenta de la condición de los residentes como usuarios directos de la emisión original, el hecho de darle acceso a la señal no debe considerarse una comunicación al público secundaria, sino un simple medio técnico para permitir la recepción de la emisión original en su zona de cobertura, en el sentido del apartado 42 de la sentencia SGAE.

39.      Este razonamiento coincide con la reserva formulada por el Tribunal de Justicia en el apartado 45 de la sentencia GEMA, según la cual, en el caso de la puesta a disposición de equipos que permiten la recepción de emisiones de televisión y radio en apartamentos alquilados a arrendatarios que establecen en ellos su residencia, estos no pueden considerarse un «público nuevo» y, por lo tanto, dicha puesta a disposición no está sujeta al derecho exclusivo de comunicación al público. A este respecto, no comparto el argumento de GEMA según el cual esa situación no es comparable a la del presente asunto debido a que, según GEMA, el propietario de una vivienda alquilada se limita a ponerla a disposición del arrendatario, mientras que la administración de una residencia de personas mayores les presta ella misma todos los servicios necesarios. En ambos casos, cuando los destinatarios de la prestación consistente en dar acceso a emisiones de radio y televisión se consideran poseedores de aparatos receptores que captan esas emisiones en su esfera privada, dicha prestación no constituye una comunicación al público. Circunstancias como la prestación, en su caso, de otros servicios por el mismo prestador carecen de relevancia a este respecto.

40.      Por lo tanto, debe considerarse que los residentes de una residencia de personas mayores no constituyen un público nuevo que no fue tenido en cuenta por los titulares de los derechos de autor cuando estos dieron su autorización para la comunicación al público inicial de sus obras mediante radiodifusión. Por consiguiente, la retransmisión de estas obras por la administración de la residencia a sus residentes no está comprendida en el concepto de «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 y, por lo tanto, no está sujeta al derecho exclusivo de los titulares.

41.      No afecta a esta conclusión la alegación de GEMA de que sus tarifas prevén el pago de cánones, en particular, por los administradores de residencias para personas mayores, de modo que las comunicaciones realizadas por dichos administradores en beneficio de los residentes no pueden considerarse cubiertas por la autorización concedida a los organismos de radiodifusión. En efecto, la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, objeto del presente asunto, se refiere al alcance material del derecho de comunicación al público y no puede depender de la práctica de gestión colectiva de dicho derecho, práctica que, por el contrario, deberá adaptarse a la referida interpretación.

42.      El carácter lucrativo de la actividad de la administración de una residencia de personas mayores tampoco influye en la calificación de su actuación desde el punto de vista del derecho de autor. Está claro que los gastos de alojamiento que pagan los residentes de una residencia a dicha administración cubren, en particular, la puesta a disposición de la señal de radio y televisión. No obstante, en tal situación, esos gastos deben considerarse contraprestación del servicio consistente en permitir a los residentes recibir emisiones originales, y su pago no transforma a dicho servicio en una explotación autónoma de las emisiones.

43.      Por otra parte, la conclusión de que los residentes de una residencia de personas mayores no constituyen un público nuevo al que se destina una comunicación realizada por la administración de dicha residencia debe aplicarse, en mi opinión, no solo a los aparatos de televisión instalados en las habitaciones individuales de los residentes, a los que se refieren expresamente las cuestiones prejudiciales, sino también a los instalados en los espacios comunes, como los comedores o las salas de reposo. ([22](#Footnote22)) En efecto, aunque, debido a la especificidad de una residencia de personas mayores, determinadas actividades de los residentes, como las comidas o ciertas actividades de ocio, se desarrollan en común, estas actividades siguen perteneciendo a su esfera privada. Considerar que esta esfera privada se limita a las habitaciones individuales me parece no solo inaceptable desde el punto de vista axiológico, sino sencillamente erróneo en cuanto a los hechos; dadas las características de una residencia de personas mayores, los espacios comunes constituyen en realidad una prolongación de la esfera privada de los residentes.

*Respuesta a las cuestiones prejudiciales*

44.      Según jurisprudencia reiterada, para que una comunicación secundaria pueda calificarse de «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, debe efectuarse con una técnica específica o, en su defecto, estar destinada a un «público nuevo». ([23](#Footnote23)) En una situación como la del litigio principal, no se cumple ninguno de estos dos criterios. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera que la administración de una residencia de personas mayores no efectúa una comunicación al público cuando retransmite a través de su red de cable, de forma simultánea, inalterada e íntegra, a las conexiones de televisión y radio instaladas en las habitaciones de los residentes, programas de radiodifusión captados por una instalación de recepción por satélite.

***Con carácter subsidiario: primera cuestión prejudicial***

45.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se dilucide si los residentes de una residencia de personas mayores constituyen un público al que se dirige la comunicación realizada por la administración de dicha residencia en circunstancias como las del litigio principal. Si el Tribunal de Justicia siguiera mi propuesta al responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, la primera cuestión prejudicial quedaría sin objeto, ya que la actuación de la administración en cuestión debería más bien considerarse un medio técnico que permite la recepción de la emisión original a una parte del público destinatario de esta. Por lo tanto, con carácter meramente subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia no siga mi propuesta, examinaré la primera cuestión prejudicial.

46.      Las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren al hecho de que, en su sentencia de apelación en el litigio principal, el Oberlandesgericht Zweibrücken (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Zweibrücken) consideró que la comunicación en cuestión no estaba destinada a un público, sino a un grupo privado. ([24](#Footnote24)) Sin embargo, me parece que esta apreciación del órgano jurisdiccional de apelación es errónea.

47.      Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el concepto de «público» se refiere a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica, por lo demás, un número considerable de personas. Por lo tanto, supone un cierto umbral *de minimis*, lo que excluye de este concepto un número de interesados demasiado reducido o insignificante. ([25](#Footnote25))

48.      En este contexto, es pacífico en el litigio principal que los residentes de la residencia gestionada por la parte recurrida constituyen efectivamente un grupo numeroso de personas que supera el umbral *de minimis*. En cambio, no parece claro si deben considerarse personas indeterminadas o, por el contrario, un grupo privado, habida cuenta, por una parte, de la relativa estabilidad de este grupo de personas y, por otra, de los lazos que pueden haber formado entre sí durante su estancia en la residencia de que se trata.

49.      A este respecto, en lo que atañe al carácter indeterminado de los miembros del público, el Tribunal de Justicia ha declarado que se trata de «las personas en general, [en contraposición] a determinados individuos pertenecientes a un grupo privado». ([26](#Footnote26)) Por lo tanto, el público se define por contraposición a un grupo privado, en el sentido de que, en el contexto de la comunicación de obras protegidas por el derecho de autor, el público son las personas que no forman un grupo privado.

50.      Sin embargo, lo que el Tribunal de Justicia no ha declarado expresamente, pero es inherente a esta contraposición, es que, para que una comunicación no se considere destinada al público y, por lo tanto, no esté sujeta al derecho exclusivo de los autores, la persona que realiza la comunicación debe formar parte del grupo privado en cuestión. Solo si se cumple esta condición la comunicación puede considerarse destinada a un grupo privado, es decir, al de la persona que la origina (denominado también «círculo privado» o «círculo familiar»). ([27](#Footnote27))

51.      Por el contrario, cuando las personas a las que se destina la comunicación no forman parte del círculo privado de la persona que la realiza, constituyen, desde el punto de vista de esta, un público, aunque puedan formar un grupo privado entre ellas. En tal caso, la comunicación se destina a un público.

52.      Esta situación coincide exactamente con la de una residencia de personas mayores como la que es objeto del litigio principal. Que los residentes puedan formar un grupo privado *entre ellos*  carece de relevancia a los efectos del caso de autos, ya que su relación con la administración de dicha residencia —es decir, quien realiza la comunicación controvertida— no es una relación privada, sino una relación comercial entre un prestador de servicios y sus clientes. Desde el punto de vista del derecho de comunicación al público, estos residentes pueden constituir, por tanto, un público al que va dirigida la comunicación realizada por la administración de la residencia en cuestión.

53.      Es cierto que, en la sentencia SCF, ([28](#Footnote28)) el Tribunal de Justicia no calificó de «público» a los pacientes de un consultorio dental. Sin embargo, en ese asunto no se trataba de la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, sino del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100/CEE, ([29](#Footnote29)) que no establece un derecho exclusivo de autorizar o prohibir, sino un derecho a compensación en relación con la comunicación al público de fonogramas, es decir, un derecho puramente económico. El Tribunal de Justicia, tras constatar que estos dos derechos tienen objetivos en parte diferentes, ([30](#Footnote30)) consideró decisivos criterios específicos, en particular los de la receptividad de los destinatarios de la comunicación y del carácter cuasiprivado del grupo formado por los pacientes de un consultorio dental. ([31](#Footnote31)) Sin embargo, la sentencia SCF no tiene incidencia en la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29. ([32](#Footnote32))

54.      De ello se desprende que si una comunicación en forma de retransmisión de la señal de radio y televisión realizada por la administración de una residencia de personas mayores, como la controvertida en el litigio principal, se considera una comunicación al público en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, los residentes de esa residencia podrían constituir un público al que se destina dicha comunicación.

**Conclusión**

55.      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania) lo siguiente:

«El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información,

debe interpretarse en el sentido de que

la administración de una residencia de personas mayores no efectúa una comunicación al público cuando retransmite a través de su red de cable, de forma simultánea, inalterada e íntegra, a las conexiones de televisión y radio instaladas en las habitaciones de los residentes, programas de radiodifusión captados por una instalación de recepción por satélite.»

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[1](#Footref1)      Lengua original: francés.

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[2](#Footref2)      Véase, en este sentido, recientemente, la sentencia de 20 de junio de 2024, GEMA (C‑135/23, en lo sucesivo, «sentencia GEMA», EU:C:2024:526), en particular apartados 30, 33, 38 y 44.

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[3](#Footref3)      Véanse, respectivamente, las sentencias de 7 de diciembre de 2006, SGAE (C‑306/05, en lo sucesivo, «sentencia SGAE», EU:C:2006:764), apartado 46; de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros (C‑403/08 y C‑429/08, EU:C:2011:631), apartado 196; de 27 de febrero de 2014, OSA (C‑351/12, EU:C:2014:110), apartado 26; de 31 de mayo de 2016, Reha Training (C‑117/15, EU:C:2016:379), apartados 55 y 56, y GEMA, apartados 44 a 46.

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[4](#Footref4)      DO 2001, L 167, p. 10.

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[5](#Footref5)      BGBl. 1965 I, p. 1273.

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[6](#Footref6)      En cuanto a la pertinencia de estos conceptos, véase, recientemente, la sentencia GEMA, apartados 38 y 43.

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[7](#Footref7)      Véase, recientemente, la sentencia de 19 de junio de 2025, Laimz (C‑509/23, EU:C:2025:466), apartados 54 y 55.

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[8](#Footref8)      Véase la sentencia de 7 de marzo de 2013, ITV Broadcasting y otros (C‑607/11, EU:C:2013:147), apartados 38 y 39. El subrayado es mío.

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[9](#Footref9)      Véase la sentencia de 7 de marzo de 2013, ITV Broadcasting y otros (C‑607/11, EU:C:2013:147), apartado 38.

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[10](#Footref10)      El Tribunal de Justicia consideró que existía un medio técnico específico, en particular, en las sentencias de 7 de marzo de 2013, ITV Broadcasting y otros (C‑607/11, EU:C:2013:147), apartado 26; de 16 de marzo de 2017, AKM (C‑138/16, EU:C:2017:218), apartado 26, y de 29 de noviembre de 2017, VCAST (C‑265/16, EU:C:2017:913).

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[11](#Footref11)      Directiva del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (DO 1993, L 248, p. 15).

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[12](#Footref12)      Sentencia de 11 de abril de 2024, Citadines (C‑723/22, EU:C:2024:289), apartados 26 y 27 y jurisprudencia citada.

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[13](#Footref13)      Sentencia de 16 de marzo de 2017 (C‑138/16, EU:C:2017:218).

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[14](#Footref14)      Sentencia de 16 de marzo de 2017 (C‑138/16, EU:C:2017:218).

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[15](#Footref15)      Véase la sentencia de 16 de marzo de 2017, AKM (C‑138/16, EU:C:2017:218), apartados 9 y 28 a 30.

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[16](#Footref16)      Sentencia de 16 de marzo de 2017 (C‑138/16, EU:C:2017:218).

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[17](#Footref17)      Sentencia SGAE, apartados 40 a 42. El subrayado es mío.

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[18](#Footref18)      Véase, recientemente, la sentencia GEMA, apartado 43.

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[19](#Footref19)      Véase el apartado 41 de esa sentencia, citado en el punto 29 de las presentes conclusiones.

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[20](#Footref20)      Como era el caso de la red objeto del asunto que dio lugar a la sentencia de 16 de marzo de 2017, AKM (C‑138/16, EU:C:2017:218).

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[21](#Footref21)      Y ello, en mi opinión, independientemente de que dichos aparatos sean de su propiedad o hayan sido puestos a su disposición por la administración de la residencia.

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[22](#Footref22)      Véase el punto 38 de las presentes conclusiones.

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[23](#Footref23)      Véase, recientemente, la sentencia GEMA, apartado 43. En el caso de las comunicaciones primarias, estos criterios no son pertinentes, ya que, de una parte, el público de dicha comunicación es el público al que se dirige en primer lugar y, por tanto, por definición, un público «nuevo» y, de otra parte, el medio técnico utilizado no tiene ninguna incidencia.

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[24](#Footref24)      Véase el punto 9 de las presentes conclusiones.

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[25](#Footref25)      Véase, recientemente, la sentencia GEMA, apartados 38 y 39.

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[26](#Footref26)      Sentencia de 15 de marzo de 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), apartado 85.

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[27](#Footref27)      Un documento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lo expresa de la siguiente manera: «[el adjetivo “público”] es lo contrario de “privado” y, por lo tanto, lo que no puede caracterizarse como “privado” se entiende que debe considerarse como “público”. Si se utiliza “público” como nombre, debe considerarse del mismo modo como contrario de “círculo privado”; o sea, las personas que [no] pertenecen al círculo privado del usuario. [...] La opinión dominante parece ser que todas las utilizaciones deberán considerarse “públicas” y todos los actos deberán considerarse dirigidos “al público” cuando trasciendan el círculo de una familia y de sus relaciones sociales más cercanas» (Ficsor, M., *Guía sobre los tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI*, OMPI, Ginebra, 2003, pp. 70 y 71).

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[28](#Footref28)      Sentencia de 15 de marzo de 2012 (C‑135/10, EU:C:2012:140).

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[29](#Footref29)      Directiva del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO 1992, L 346, p. 61).

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[30](#Footref30)      Sentencia de 15 de marzo de 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), apartado 74.

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[31](#Footref31)      Sentencia de 15 de marzo de 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), apartados 91, 95, 96 y 98.

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[32](#Footref32)      Véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2014, OSA (C‑351/12, EU:C:2014:110), apartado 35.

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