Source: EURLEX
Language: es
Format: md

6.12.2006 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 296 E/263

Jueves, 27 de abril de 2006

50. Señala que sería beneficioso que los denominados comités de nivel 3 se guiaran por los principios de
sencillez, claridad y viabilidad y desarrollaran más métodos comunes entre ellos;

51. Observa que el procedimiento de Lamfalussy aún no existía cuando se adaptó la Directiva
85/611/CEE y que, dada la legislación detallada vigente en este ámbito, la transformación de dicha Directiva
en un texto plenamente acorde con dicho procedimiento no sería posible sin someterla a una revisión y
reorientación completa; considera que ello no sería pertinente en este momento, pero que convendrá sopesar la conveniencia de hacerlo en caso de que las medidas a corto plazo no fructifiquen;

52. Se congratula de que se hayan incorporado ciertos mecanismos de tipo Lamfalussy tales como el
proceso de consulta, la participación de todos los interesados y la convergencia de mejores prácticas; recomienda que, como solución práctica, las modificaciones legislativas de la Directiva 85/611/CEE, modificada
por OICVM III, cumplan el principio de Lamfalussy;

53. Insta al Consejo y a la Comisión a llevar a término de forma satisfactoria para todas las partes las
negociaciones actuales de comitología, de forma que se concedan al Parlamento plenas atribuciones de
avocación en todos los procedimientos de comitología vinculados al procedimiento de codecisión; considera
que celebrar este tipo de acuerdos es una condición previa para proseguir el proceso Lamfalussy; recuerda
que el 1 de abril de 2008 entrarán en vigor cláusulas de suspensión respecto a Directivas clave en el sector
de los servicios financieros, como la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros y la próxima
refundición de las Directivas sobre entidades de crédito y adecuación del capital de las empresas de inversión
y las entidades de crédito, en caso de que el Parlamento no disponga de plenas atribuciones de avocación
antes de esa fecha;

                                    
                                  -                                  

54. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

P6_TA(2006)0182

Ayuda estatal a la innovación

Resolución del Parlamento Europeo sobre los aspectos sectoriales del Plan de acción de ayudas
estatales: ayuda a la innovación (2006/2044(INI))

El Parlamento Europeo,

—
Vista la Comunicación de la Comisión de 21 de septiembre de 2005, titulado «Documento de consulta
sobre ayuda estatal a la innovación» (COM(2005) 0436),

— Visto el Plan de acción de ayudas estatales de la Comisión — Menos ayudas estatales con unos objetivos
mejor definidos: programa de trabajo para la reforma de las ayudas estatales 2005-2009, de 7 de junio
de 2005 (COM(2005) 0107),

—
Vista su Resolución de 14 de febrero de 2006 sobre la reforma de las ayudas estatales 2005-2009 ( [1] ),

—
Vista el proyecto de Comunicación de la Comisión de 21 de diciembre de 2005, titulado «Orientaciones
de la Comisión sobre ayuda nacional regional para 2003-2013» ( [2] ),

—
Visto el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo ( [3] ),

( [1] ) «Textos Aprobados», P6_TA(2006)0054.
( [2] ) DO C 54 de 4.3.2006, p. 13.
( [3] ) DO C 45 de 17.2.1996, p. 5. Encuadramiento cuya última modificación la constituye la Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo,
DO C 310 de 8.12.2005, p. 10.

C 296 E/264 Diario Oficial de la Unión Europea ES 6.12.2006

Jueves, 27 de abril de 2006

—
Visto el cuadro de indicadores sobre inversión en I+D industrial 2005 ( [1] ),

—
Vista la Comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales y capital-riesgo ( [2] ),

—
Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de octubre de 2005, titulada «Más investigación e innovación — Invertir en el crecimiento y el empleo — Un enfoque común» (COM(2005) 0488),

—
Visto el Reglamento (CE) n [o] 2204/2002 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2002, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo ( [3] ),

—
Vistos los objetivos de la Estrategia de Lisboa,

—
Vistos los artículos 2, 5, 81, 82, 87, 88 y 163 del Tratado CE,

—
Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—
Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de
Industria, Investigación y Energía (A6-0073/2006),

A. Considerando el objetivo de la UE de reducir el nivel general de ayudas estatales y su redistribución en
favor de objetivos transversales,

B. Considerando que el nivel de la innovación en la UE no es todo lo bueno que debiera y va a la zaga de
sus socios comerciales en lo que respecta a la inversión en I+D y al crecimiento de la productividad;
considerando, asimismo, que debería invertirse la tendencia de la fuga de cerebros y del flujo de inversiones de la UE a otras partes del mundo,

C. Considerando que, en el caso de la innovación e I+D, se da una ayuda transversal en un ámbito de
importancia fundamental para la competitividad de la Unión Europea y un ámbito en el que las ayudas
estatales de nuestros competidores son sensiblemente superiores a lo que está permitido en la UE,

D. Considerando que los procesos de innovación requieren un margen para el desarrollo y la experimentación,

E. Considerando que el desnivel en el rendimiento de la innovación entre la UE y sus competidores a nivel
mundial se debe a factores como la baja inversión en I+D tanto pública como privada, una cantidad
insuficiente de trabajadores cualificados y el carácter disuasivo inherente a la normativa comunitaria
sobre patentes,

F. Considerando que las ayudas públicas ocupan un lugar muy modesto entre los factores que influyen en
las decisiones sobre inversión en I+D; considerando, asimismo, que la importancia de las ayudas públicas directas varía considerablemente entre los diferentes Estados miembros y que es uno de los factores
que las empresas tienen en cuenta en sus decisiones de inversión en I+D, un elemento que no debería
aislarse de un entorno empresarial favorable a la I+D y que debería someterse a las normas comunitarias de competencia,

G. Considerando que la política de innovación en los ámbitos de la tecnología y la I+D representa un
porcentaje evidentemente pequeño de los presupuestos nacionales y del PNB de los Estados miembros,
lo que representa a su vez un factor que contribuye a retrasar la aplicación de los objetivos de la
Estrategia de Lisboa y la consecución de los objetivos de fomento del empleo y la cohesión,

H. Considerando que las ayudas estatales deberían representar una excepción, esto es, un instrumento para
corregir desequilibrios que no pueden contrarrestarse con los instrumentos habituales de regulación de
las políticas, y que el bajo nivel de inversión en I+D exige una estrategia política más amplia,

( [1] ) Publicado por la Comisión el 9.12.2005.
( [2] ) DO C 235 de 21.8.2001, p. 3.
( [3] ) DO L 337 de 13.12.2002, p. 3.

6.12.2006 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 296 E/265

Jueves, 27 de abril de 2006

I. Considerando que, de conformidad con las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de
Luxemburgo de los días 22 y 23 de marzo de 2005, las ayudas estatales deberían constituir un incentivo para desarrollar la investigación, la educación y la innovación y permitir un verdadero diálogo
entre las partes implicadas, tanto públicas como privadas,

J. Considerando que resulta fundamental delimitar claramente qué se entiende por I+D, a fin de evitar que
se abuse de las normas que regulan las ayudas estatales,

I. Observaciones generales

1. Recuerda que las ayudas estatales deberían representar una excepción, esto es, un instrumento para
corregir desequilibrios que no pueden contrarrestarse con los instrumentos habituales de regulación de las
políticas; destaca la importancia que reviste asegurar la coherencia entre estas medidas y las destinadas a
reducir la regulación innecesaria y avanzar en la desregulación, invertir en educación y formación, suministrar infraestructuras apropiadas, garantizar que el régimen de patentes favorezca la innovación, garantizar
una competencia leal, facilitar el acceso al capital-riesgo, fomentar el espíritu empresarial, eliminar los obstáculos a la libre circulación de trabajadores e investigadores dentro de la Unión Europea y adoptar una
política común sobre inmigración legal que permita a la Unión Europea atraer a los mejores profesionales y
a los más brillantes;

2. Insiste en la necesidad de clarificar aún más la manera en que se aplicará la normativa de regulación
de las ayudas estatales a las actividades económicas internacionales transfronterizas de las empresas, los
centros de investigación y las instituciones académicas;

3. Considera que las ayudas estatales a la innovación deberían complementar las correspondientes políticas uniformes de la Comunidad y tener un valor añadido claro y cuantificable para los beneficiarios inmediatos, así como tener un impacto secundario en las economías locales, regionales y nacionales más amplias;

4. Insiste en la necesidad de extraer conclusiones tanto de los casos del pasado en que las ayudas estatales
no alcanzaron sus objetivos como de aquellos otros en que demostraron ser un instrumento eficaz para la
consecución de los objetivos perseguidos;

5. Celebra la consulta abierta iniciada por la Comisión y alienta a que prosiga el diálogo con objeto de
aclarar todos los puntos relativos a la definición del nuevo marco, que debe aplicarse a la mayor brevedad;
considera que el objetivo de la innovación es complejo y multifacético y que conviene evitar conceptos y
disposiciones muy restrictivos; recomienda prever una fecha intermedia para la revisión del marco, en caso
de que éste requiera mejoras; subraya que debe tenerse en cuenta la revisión del Manual de Oslo que
establece el marco metodológico para la adopción de medidas en el ámbito de la innovación;

6. Pide a la Comisión que facilite una información más detallada sobre los posibles efectos de distorsión
de las ayudas estatales y que tenga en cuenta las ayudas públicas concedidas por los competidores internacionales de la UE, tanto a nivel sectorial como transversal, así como sus eventuales efectos de distorsión e
incentivación; destaca que una gobernanza eficaz de la política de innovación, la evaluación comparativa
internacional, el aprendizaje transnacional de las políticas, el seguimiento y las evaluaciones de impacto son
la respuesta más apropiada a los retos de la competencia mundial;

II. Principios rectores del control de la ayuda estatal a la innovación

7. Acoge favorablemente el enfoque consistente en incorporar en el actual acervo comunitario nuevas
normas que apoyen actividades concretas y bien identificadas relacionadas con la innovación, a condición
de que se lleve a cabo de forma coherente y transparente;

8. Acoge favorablemente el enfoque económico sobre las ayudas públicas a la innovación y acogería
asimismo con satisfacción la introducción de normas ex ante, en su caso, siempre que sean viables, transparentes y no discriminatorias y que aporten seguridad jurídica; insta a la Comisión, en estrecha cooperación con el Parlamento, a revisar y evaluar periódicamente la adecuación de dichas normas; destaca, asimismo, que los criterios para la concesión de subvenciones a la innovación deberían condicionarse a varios
factores, como las características del sector económico, la estructura del mercado y el poder de mercado de
la empresa;

C 296 E/266 Diario Oficial de la Unión Europea ES 6.12.2006

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9. Insiste en que las prioridades fundamentales de las ayudas estatales a la I+D deberían ser la promoción
de la cooperación transfronteriza y la cooperación público-privada en el ámbito de la investigación, la
difusión de los resultados de la investigación y el lanzamiento de programas significativos de investigación;

10. Insiste en que las ayudas estatales a la innovación tengan carácter temporal y se concedan de acuerdo
con criterios transparentes y racionales; considera, asimismo, que deberían ser proporcionadas, controladas
de forma estricta y rigurosa y sometidas a evaluaciones de impacto periódicas por medio de análisis ex post
dirigidos por los Estados miembros y la Comisión; insiste también en que las ayudas públicas tengan en
cuenta la «distancia con respecto al mercado», esto es, la fase «no comercial» del proceso de innovación;
destaca que la importancia creciente de la innovación no debe constituir un pretexto para conceder ayudas
públicas a las empresas;

11. Destaca que la innovación forma parte integrante de todas las actividades empresariales, y que las
normas y los criterios deben dejar claro que los procesos innovadores no merecen por sí mismos ayuda
pública; señala que las ayudas estatales sólo debería concederse a las innovaciones que no pueden financiarse
por los medios comerciales normales y que contribuyen a los objetivos generales de la vida empresarial y de
la sociedad;

12. Considera la expresión «ineficiencia del mercado» más apropiada que «deficiencia del mercado» y pide
una definición más detallada y operativa; sugiere que la determinación de los obstáculos que limitan la
innovación, así como la cuantificación de su valor efectivo, deberían ser objeto de un examen más detallado;

13. Pone de relieve la necesidad de datos estadísticos fiables sobre las ineficiencias tanto del mercado
como de las ayudas estatales en el ámbito de la innovación, así como sobre la eficacia de las ayudas estatales
a la innovación;

14. Reconoce que las PYME y las nuevas empresas son las principales víctimas de las ineficiencias del
mercado; observa, al mismo tiempo, que las ayudas estatales provocan menos distorsiones cuando se conceden a actividades alejadas del mercado o a PYME y nuevas empresas;

15. Destaca la necesidad de crear un entorno favorable a la innovación para las PYME con vistas a
fomentar su potencial innovador aún por explotar;

16. Subraya la importancia actual de las PYME, que, por su naturaleza, disponen de medios financieros
limitados, lo que impone que se les atribuya una parte más significativa de las ayudas; estima, por consiguiente, que los intermediarios de la innovación deberían desempeñar un papel más importante una vez que
su naturaleza y papel se clarifiquen y se amplíen las infraestructuras necesarias con objeto de incluir infraestructuras informáticas, así como la puesta en red y la interconexión con bases de datos internacionales;

17. Señala que, con frecuencia, las PYME no quieren asumir los elevados riesgos asociados con la innovación tecnológica, a pesar de que no sólo les aportaría ventajas a dichas empresas, sino que podría beneficiar también a la sociedad en su conjunto; destaca la necesidad de orientar urgentemente las ayudas estatales hacia acciones de apoyo que incentiven a las PYME y disminuyan los riesgos vinculados a los procesos
de innovación tecnológica, así como la necesidad de mejorar las condiciones generales del entorno empresarial;

18. Considera que las grandes empresas constituyen una parte esencial del sistema de innovación; considera, sin embargo, que las ayudas estatales en favor de las grandes empresas son apropiadas para alentar la
cooperación en agrupaciones de innovación y polos de excelencia (grandes empresas, PYME y organismos
científicos), a condición de que satisfagan los criterios de la normativa ex-ante;

19. Es consciente de que las ayudas estatales pueden ser necesarias para poner en marcha proyectos
innovadores o proyectos de investigación económicos o técnicos alejados del mercado;

20. Observa que es difícil la demostración del efecto incentivador de los distintos instrumentos de las
ayudas estatales, pero podría facilitarse mediante una batería de preguntas normalizada; considera que convendría recurrir lo menos posible a subvenciones directas;

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21. Pone en duda la distinción entre innovación tecnológica y no tecnológica; señala la importancia de la
innovación no tecnológica, en particular en lo que se refiere a la adquisición de beneficios competitivos por
parte de las PYME; se muestra favorable, en cambio, a una definición de la innovación que distinga entre el
funcionamiento cotidiano normal de las empresas y sus actividades de innovación; propone que los proyectos que pueden acogerse a las ayudas estatales sean los que ofrezcan beneficios nuevos o adicionales a los
clientes, comporten riesgos, sean intencionados, produzcan beneficios transmisibles y creen efectos externos
positivos;

22. Considera que las ayudas regionales y las ayudas estatales a la innovación son complementarias y
deberían centrarse en las regiones menos desarrolladas con el fin de promover la cohesión económica y
social; considera que, de otro modo, dichas ayudas sólo promoverán el crecimiento de las regiones y países
más desarrollados; estima, por otra parte, que los programas de ayuda regional, cuando tengan carácter
adicional respecto a las ayudas públicas a la innovación, han de ser compatibles con las normas que regulan
el mercado interior y la competencia; considera, asimismo, que debería concederse una especial importancia
a la definición y a la admisibilidad de las ayudas estatales a la innovación en lo que respecta a las PYME
regionales, para las que el acceso a la innovación reviste una vital importancia;

23. Pide a la Comisión que vele por que los programas de ayuda regional se orienten en mayor medida al
futuro y permitan, en particular, la concesión de ayuda para inversiones intangibles;

24. Pide a la Comisión que vele por que la financiación estructural de la UE no se considere como una
ayuda pública ilegal cuando ésta se combine con una cofinanciación procedente de otras fuentes; pide,
asimismo, que se modifiquen los procedimientos pertinentes para evitar una doble notificación de dicha
financiación a la Comisión;

III. Apoyo a la asunción de riesgos y a la experimentación

25. Conviene en que las ayudas estatales deberían asignarse a partir de criterios que favorezcan a las
nuevas empresas y PYME innovadoras mejor que sobre la base de los costes subvencionables; observa que
las decisiones sobre la concesión de ayudas estatales deberían tomarse de forma eficiente y respetando un
calendario claramente definido;

26. Propone que se amplíe a ocho años el criterio del período de existencia para las empresas con un
ciclo de I+D más largo;

27. Apoya la propuesta de aportar ayuda financiera en forma de capital-riesgo no sólo durante las fases
de lanzamiento y creación, sino también durante las fases posteriores al lanzamiento; pone de relieve, sin
embargo, que esa solución no es la óptima y que toda ayuda debería ser de corta duración y complementaria a inversiones principalmente privadas;

28. Destaca que debería hacerse un seguimiento atento de los límites de los costes de I+D;

29. Destaca que la percepción por parte de los inversores privados y las entidades financieras de un
riesgo más elevado en aquellos países y regiones en los que el entorno de la innovación es particularmente
desfavorable puede actuar como un factor importante de desincentivación de la innovación;

30. Reconoce que el acceso de las PYME innovadoras al capital-riesgo es actualmente muy limitado,
sobre todo en las primeras fases de su desarrollo; suscribe por tanto la idea de utilizar las ayudas estatales
para atraer inversiones de capital privado en fondos regionales de capital-riesgo que funcionen como colaboraciones público-privadas con una mayor flexibilidad de los tramos de inversión en recursos públicos;

IV. Un entorno económico favorable a la innovación

31. Solicita que se aclare el estatus jurídico de los intermediarios con respecto al ámbito de actuación de
los servicios que suministran; aprueba el sistema de bonos pero propone la introducción de un elemento de
cofinanciación con objeto de atraer más inversión privada; estima, no obstante, que el reembolso del 100 %
podría dar lugar a una distorsión de la competencia;

C 296 E/268 Diario Oficial de la Unión Europea ES 6.12.2006

Jueves, 27 de abril de 2006

32. Recomienda que las universidades y sus centros de investigación participen o cooperen estrechamente en colaboraciones público-privadas como intermediarios de innovación; considera que ello crearía
una importante sinergia y una mejor interconexión entre las actividades de investigación e innovación de
las universidades y las necesidades de las PYME innovadoras y las agrupaciones empresariales innovadoras;

33. Pide que se concreten mejor las modalidades de aplicación de la normativa que regula las ayudas
públicas a las universidades y los centros de investigación cuando emprendan actividades económicas;

34. Pone en duda la oportunidad de conceder ayudas estatales para que las PYME puedan contratar
personal altamente cualificado, ya que esas empresas pueden tener acceso a un conocimiento y una competencia especializados a través de servicios de intermediarios y expertos;

35. Expresa su convicción de que es necesario reforzar los lazos entre empresas y universidades, en
particular mediante un refuerzo de la movilidad del personal de alto nivel de todas las especialidades entre
universidades y empresas, especialmente las PYME; considera que las ayudas deben favorecer esos lazos, en
particular a través de los planes de acompañamiento; celebra la propuesta de la Comisión de repartir los
derechos de propiedad intelectual entre los socios de programas de investigación e innovación (industria y
organismos públicos de investigación) en función de la participación de cada uno, por considerar que ello
impulsará fuertemente la creación de polos de excelencia, e insta por tanto a la Comisión a que presente
propuestas concretas para clarificar el régimen de la propiedad intelectual en estos casos;

36. Estima que las agrupaciones de empresas («clusters») son fenómenos espontáneos y, por tanto, sólo
deberían tener derecho a las ayudas estatales de forma temporal durante la fase de lanzamiento, a fin de
hacer frente a los problemas administrativos y a los obstáculos derivados de la cooperación;

37. Considera que las ayudas estatales para infraestructuras deberían satisfacer los requisitos de neutralidad técnica y de acceso abierto, abordar las deficiencias del mercado identificadas y reforzar el potencial de
innovación;

                                    
                                  -                                  

38. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

P6_TA(2006)0183

Seguridad vial: un servicio eCall para todos

Resolución del Parlamento Europeo sobre la seguridad vial — Un servicio eCall para todos
(2005/2211(INI))

El Parlamento Europeo,

—
Visto el Libro Blanco de la Comisión «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la
verdad» (COM(2001) 0370) y su Resolución de 12 de febrero de 2003 al respecto ( [1] ),

—
Vista la Comunicación de la Comisión «Las tecnologías de la información y las comunicaciones al
servicio de vehículos seguros e inteligentes» (COM(2003) 0542),

—
Vista la Comunicación de la Comisión «Programa de acción europeo de seguridad vial.Reducir a la
mitad el número de víctimas de accidentes de tráfico en la Unión Europea de aquí a 2010: una responsabilidad compartida» (COM(2003) 0311) y su publicación «Salvar 20 000 vidas en nuestras carreteras», de octubre de 2004,

( [1] ) DO C 43 E de 19.2.2004, p. 250.