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# 51996IE0260

**Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «La homogeneización a escala mundial de las normas aplicables a la inversión directa»** 
  
*Diario Oficial n° C 153 de 28/05/1996 p. 0055*

  

Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «La homogeneización a escala mundial de las normas aplicables a la inversión directa»

(96/C 153/16)

El 6 de julio de 1995, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema «La homogeneización a escala mundial de las normas aplicables a la inversión directa».

La Sección de Relaciones Exteriores, Política Comercial y Desarrollo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de febrero de 1996 (Ponente: Sr. Vasco Cal).

En su 333° pleno (sesión del 28 de febrero de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente dictamen.

0. Síntesis y conclusiones

La creciente importancia de la inversión directa extranjera en el proceso de globalización de la economía y en las relaciones entre las economías nacionales o regionales no se ha visto acompañada por el correspondiente esfuerzo de reglamentación a nivel internacional y de definición de responsabilidades.

El Comité Económico y Social preferiría que la negociación de un Acuerdo Multilateral sobre Inversiones se llevase a cabo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) pero, teniendo en cuenta que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ya ha entablado negociaciones, considera que la UE y los Estados miembros deben participar en ellas activamente sin descartar la necesidad de un futuro acuerdo a nivel de la OMC.

En el AMI, la definición de inversión debe ser más amplia que la actual definición de la inversión directa extranjera (IDE), de manera que se abarquen otras formas de movimientos de capitales, como ya sucede a nivel interno en la Unión Europea (UE); la cláusula de integración económica regional (REIC) deberá seguir permitiendo que los Estados miembros de la UE sigan adelante y ahonden en su proceso de integración económica y de liberalización, sin verse afectados negativamente por la cláusula de la nación más favorecida (NMF); los procedimientos para la resolución de litigios deben ser compatibles con los establecidos a nivel de la OMC y con los instrumentos existentes en relación con los litigios entre inversores y Estados; las entidades subfederales y locales de los Estados contratantes deben estar incluidas en el ámbito del acuerdo, de manera que se eliminen todos los factores de incertidumbre que existen actualmente; el principio de trato nacional debe respetarse pero dando a conocer las correspondientes excepciones y reservas, sin permitir una discriminación inversa en contra de las propias empresas nacionales como sucede, por ejemplo, en «zonas francas» destinadas a actividades de exportación; se debe conseguir una mayor disciplina en la utilización de incentivos fiscales y de incentivos directos para la atracción de la IDE, lo que también tendrá consecuencias en la financiación de los Estados receptores.

También debe aprovecharse esta ocasión para frenar los intentos de atraer IDE de acuerdo con reglamentaciones laborales de bajo nivel, lo que no debe confundirse con niveles salariales bajos que pueden deberse a condiciones económicas y sociales diferentes. A pesar de que su puesta en práctica es voluntaria, las «Orientaciones de la OCDE para las empresas multinacionales», cuya actualización tendrá lugar el presente año, han sido aplicadas ampliamente y respetadas por muchas empresas, inclusive en sus aspectos de protección del medio ambiente y de defensa de los consumidores. Los principios contenidos en dichas «Orientaciones» deben incluirse en el AMI, lo que representará una contribución positiva de cara a las futuras negociaciones a nivel de la OMC.

1. Introducción

1.1. La importancia creciente de la inversión directa extranjera

1.1.1. El importe total de las entradas de inversión directa extranjera -IDE- superó en 1994 los niveles alcanzados antes de la recesión de 1991-1992, alcanzando un máximo histórico de 225 000 millones de dólares. La estimación total de las salidas de IDE es ligeramente diferente en función de las distintas definiciones de IDE y de los procesos de contabilidad (véanse los cuadros que figuran en los anexos con los últimos datos publicados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en su «World Investment Report 1995»).

El aumento de la IDE ha sido causa y consecuencia de la creciente integración de la economía mundial. En los últimos seis años, el promedio anual de IDE ha sido de 170 000 millones de dólares, casi el doble de la media de los seis años anteriores (91 000 millones de dólares de 1983 a 1988).

El índice de crecimiento de la IDE ha sido mayor que el de la economía mundial y que el del volumen de comercio internacional, y ha ido emparejado al aumento de los flujos de créditos bancarios y de los flujos de inversiones en cartera.

El stock de IDE alcanzó, a comienzos de 1995, el valor de 2,6 billones de dólares y, a pesar de hallarse concentrado en los países desarrollados, la parte correspondiente a los países en vías de desarrollo ha aumentado con rapidez.

1.1.2. La Unión Europea es la fuente de casi la mitad y el destino de aproximadamente el 40 % de la IDE a nivel mundial, si se incluyen los flujos de IDE intracomunitarios que representan aproximadamente el 15 % del total mundial (datos relativos al período 1989-1994). No obstante, estos porcentajes han descendido, en la medida en que, desde 1990, la IDE en la Unión Europea ha disminuido tanto en valor absoluto como en términos relativos respecto del total mundial. En cambio, en los Estados Unidos ya se han recuperado los niveles de 1990. La IDE procedente de la UE no ha recuperado los niveles de 1990 y, además, se observa que está prácticamente ausente en la región del planeta en que los flujos de IDE han aumentado más, a saber, Asia Sudoriental.

1.1.3. A pesar de observarse una internacionalización creciente de las PYME, que son las que realizan una parte significativa de la IDE, estimada entre el 10 % y el 15 % del total mundial, la importancia de las empresas multinacionales es cada vez más evidente. Su número pasó de 7 000 en los años 70 a cerca de 40 000 a mediados de los años 90. Las filiales de las EMN registraron en 1992 un volumen de ventas global de aproximadamente 5,2 billones de dólares, lo que representa un volumen superior al comercio mundial. Además, se estima que cerca del 40 % de este comercio mundial corresponde a transacciones dentro de las propias multinacionales.

En lo que se refiere al empleo, la evolución también ha sido muy significativa: las multinacionales dan empleo directo a aproximadamente 73 millones de trabajadores (lo que corresponde a cerca del 10 % del empleo no agrario en todo el mundo), y se considera además que el empleo indirecto alcanza un volumen equivalente al del empleo directo.

1.1.4. Fuera del área de la OCDE, la IDE se ha dirigido sobre todo a China (con aproximadamente el 40 % de este subtotal en 1994), Singapur, Malasia, México, Argentina, Indonesia, Tailandia, Hong Kong, Hungría y Brasil; se observa que los primeros cinco destinos representan aproximadamente el 63 % de la IDE, destinada a países no miembros y que los diez primeros suponen más del 77 % de dicha IDE, al tiempo que para los 45 países menos desarrollados del mundo sólo el 1 % de la IDE se dirigió al conjunto de los países en vías de desarrollo. Por otra parte, se observa que la IDE procedente de los países asiáticos, en concreto de Hong Kong (con aproximadamente 2,10 billones en 1994), ha aumentado en los últimos años, y se ha destinado principalmente a otros países de la misma región.

1.2. La reglamentación internacional de la IDE

1.2.1. En el marco internacional, la Organización Mundial del Comercio (OMC) es competente en algunos de los aspectos relacionados directa o indirectamente con la IDE, al amparo del GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) y de las TRIM (Medidas sobre inversiones ligadas al comercio). No obstante, a pesar de que ya existen propuestas en este sentido, todavía no se ha llegado a un acuerdo para que la OMC aborde las cuestiones relacionadas con la IDE.

1.2.2. En el ámbito de la OCDE, en el que se encuentran 26 de los países más desarrollados del mundo, y en relación con la reglamentación de la IDE, cabe destacar tres instrumentos: los dos Códigos de Liberalización -uno de movimientos de capitales y otro de operaciones invisibles corrientes-, que tienen por objeto eliminar las restricciones a las operaciones corrientes en capital y a las operaciones invisibles corrientes que figuran en las listas específicas de los códigos, y el denominado Instrumento de Trato nacional.

El Código de Liberalización de los Movimientos de Capitales trata de temas relativos a la fase de preestablecimiento y establece las normas relativas al acceso de los inversores no residentes al ejercicio de actividades económicas en el país receptor. Los Estados miembros se comprometen a no introducir más medidas restrictivas que las notificadas en los respectivos anexos al Código (anexos por países) y se comprometen también a hacer todo lo que esté en su mano para ir eliminando paulatinamente las limitaciones existentes a los movimientos de capitales, siempre en relación con la IDE.

Tras el establecimiento, el trato dispensado a las empresas no residentes por parte de los Estados miembros, incluyendo las nuevas inversiones realizadas por empresas ya establecidas, estará regulado por el citado Instrumento. Este Instrumento consagra los principios de trato nacional y la supresión progresiva de excepciones a dicho trato, aunque no tiene la fuerza vinculante de los Códigos.

1.2.3. A falta de un instrumento multilateral que garantice un elevado nivel de protección a los inversores y a sus inversiones, un gran número de países ha celebrado Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, de los que existen actualmente unos 900 entre 150 países de todo el mundo.

Estos Acuerdos contienen medidas vinculantes, destinadas a crear condiciones favorables para la realización de inversiones por parte de inversores de uno de los Estados signatarios en el territorio de otro, y aseguran, en régimen de reciprocidad, el trato más favorable a los inversores y la garantía de protección y seguridad plena de las inversiones ya realizadas, que comprende la imposibilidad de cualquiera de los Estados para nacionalizar, expropiar o tomar cualesquiera otras medidas semejantes, salvo si responden al interés público, obtienen una compensación rápida, adecuada y real, y respetan el pertinente proceso previsto por la legislación nacional.

Además incluyen cláusulas relativas a la transferencia de capitales y a la resolución de diferencias entre las partes signatarias y entre los inversores y una de las partes signatarias.

1.2.4. El Tratado de la Carta Europea de la Energía, acuerdo sectorial firmado por 51 países y la UE, constituye el primer acuerdo multilateral que comprende un corpus de disposiciones sobre la promoción y la protección de las inversiones.

El Tratado de la Carta de la Energía, primer tratado sobre la aplicación de la Carta Europea, concede a los inversores extranjeros ya establecidos el trato más favorable: el trato nacional o el trato de nación más favorecida. Las disposiciones cubren, además, aspectos de contratación de personal clave, transferencias de capitales y compensaciones por expropiación y pérdidas resultantes de guerras y otros conflictos.

El Tratado impone, además, una obligación de «máximos esfuerzos» en el sentido de conceder el trato nacional a las entidades que pretendan realizar inversiones. Sin embargo, deja para una fase ulterior (que deberá concluir a finales de 1997) la obligación de concesión ilimitada de trato nacional al establecimiento de inversiones extranjeras.

1.2.5. En muchas regiones del mundo se han desarrollado procesos de integración económica, y en la actualidad están en vigor cerca de 60 acuerdos de índole regional, a través de los cuales se han creado las condiciones no sólo para el comercio interior en el área considerada, sino también para la inversión directa extranjera entre los países miembros.

La UE y los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) disponen, además, en el Convenio de Lomé, de un capítulo específico dedicado a la promoción, protección, financiación, flujos de capital y pagos, así como al establecimiento, y se ha instaurado el trato de nación más favorecida.

2. Observaciones generales

2.1. El doble enfoque

2.1.1. El 15 de abril de 1995, el Consejo de Ministros de la Unión Europea reconoció el interés de que la Comunidad y los Estados miembros trabajen activamente con vistas al establecimiento de normas multilaterales, incluyendo normas de alto nivel para la liberalización y la protección aplicables a la IDE.

Para ello, no sólo manifestó el deseo de que la Comunidad y los Estados miembros participen en las negociaciones de la OCDE para la elaboración de un AMI, asociando a los países no miembros, sino que se propone además emprender igualmente en el seno de la OMC los trabajos necesarios para el establecimiento posterior de un marco multilateral.

2.1.2. El 20 de octubre pasado se presentaron las propuestas de orientaciones del Consejo para la participación de la Comunidad y sus Estados miembros en las negociaciones, a nivel de la OCDE, para un Acuerdo multilateral sobre la inversión (AMI), que finalmente aprobó el Consejo en noviembre.

2.1.3. La OMC no dispone de mandato ni de recursos para iniciar los trabajos relativos a un verdadero acuerdo multilateral; esta situación sólo podrá corregirse en la reunión de Ministros prevista para finales de 1996 en Singapur.

2.1.4. La Unión Europea debería hacer todo lo posible para acelerar los trabajos de la OMC proponiendo un fortalecimiento de sus recursos (humanos, técnicos y financieros), como sugirió el CES en su dictamen sobre los resultados de la Ronda Uruguay (doc. CES 1028/94; Ponente: Sr. Giesecke).

Por otra parte, la realización de actividades preparatorias, en colaboración con la Secretaría de la OMC, permitiría un mayor conocimiento de las posiciones de los países no miembros de la OCDE sobre los temas que se debaten, sentando así las bases para un verdadero marco multilateral para la inversión.

2.1.5. El Comité Económico y Social sería partidario de que el Acuerdo multilateral sobre la inversión se consensuara en el ámbito de la OMC, pero teniendo en cuenta que la OCDE ya inició las negociaciones, considera que la Unión y los Estados miembros deben participar activamente en ellas y hacer todo cuanto esté en su mano para que en las negociaciones que se desarrollen en la OCDE se tenga en cuenta la necesidad de un futuro Acuerdo a nivel de la OMC, y se evite la duplicación de trabajos con la negociación en la OMC. La existencia de un acuerdo limitado a la zona de la OCDE daría lugar a un fortalecimiento de las tendencias de concentración de la IDE en el interior de esta zona.

2.2. El ámbito y los objetivos del Acuerdo a nivel de la OCDE

2.2.1. El Consejo de Ministros de la OCDE decidió, en mayo de 1995, entablar inmediatamente negociaciones en la OCDE para llegar a un Acuerdo multilateral sobre la inversión (AMI) antes de la reunión ministerial de mayo de 1997.

2.2.2. En esta decisión, los ministros de la OCDE tuvieron en cuenta que, aunque la OCDE constituya el conjunto de países del mundo donde existe la serie más completa de normas multilaterales sobre inversión, era necesario resolver algunos de los problemas que las reglas actuales no consiguen solventar: la cuestión de las medidas tomadas a nivel subfederal en los Estados federados, el trato preferencial concedido a los países integrados en organizaciones económicas regionales, el trato nacional aplicado a la fase de preestablecimiento y la inclusión de los inversores individuales en la definición de inversiones sometidas a las obligaciones de liberalización.

2.2.3. Además, se pretende que el nuevo acuerdo incluya nuevas materias que actualmente no abordan los instrumentos con que cuenta la OCDE: facilitación de los movimientos del personal clave en los sectores técnicos, comportamiento de los monopolios públicos y privados, protección de los consumidores, políticas de privatización sometidas a la obligación de trato nacional e incentivos a la inversión.

2.2.4. Por último, se pretende aprovechar la ocasión para disminuir las restricciones a la IDE impuestas en algunos sectores de actividad como los transportes, comunicaciones y recursos naturales, y para reducir los procesos de examen de las propuestas de inversión (screening procedure).

2.2.5. Para las negociaciones, la OCDE cuenta con una baza importante en la capacidad técnica que le confiere la experiencia acumulada tanto a nivel de su Secretaría como a nivel de sus dos comités competentes en la materia (comité de inversión internacional y de empresas multinacionales y comité de movimientos de capitales y de transacciones invisibles). Se ha constituido un grupo de negociaciones que deberá mantener informados a los dos comités mencionados, así como varios grupos de redacción (protección de las inversiones, trato dispensado a los inversores, resolución de conflictos).

3. Observaciones específicas

3.1. Otras cuestiones abiertas para las negociaciones

3.1.1. Definición de inversión

3.1.1.1. Los actuales instrumentos de la OCDE definen a la IDE como una inversión de origen empresarial encaminada a entablar relaciones estables, definición en la que a veces se incluye la adquisición de un capital que represente como mínimo el 10 % de los derechos de voto existentes. Estas definiciones no contemplan las inversiones de cartera (portfolio investments), ni aspectos como la propiedad intelectual y los activos intangibles (intangible assets).

3.1.1.2. Por lo que se refiere a la Comunidad, la liberalización de otras formas de movimientos de capitales que ya se registró unilateralmente, así como la importancia cada vez mayor de los aspectos de la propiedad intelectual, obligan a considerar la opción de ampliar el alcance de la definición del concepto de inversión. No obstante, esta ampliación del alcance podrá hacer aún más difícil alcanzar el elevado grado de liberalización que se prevé, así como plantear diferentes problemas en cuanto a las obligaciones de protección de la inversión.

3.1.1.3. En contrapartida, la ampliación del alcance podrá facilitar una mayor aceptación de las medidas de salvaguardia de la balanza de pagos y de la política monetaria en el Acuerdo, lo que surtiría efectos positivos para una eventual ampliación futura a los países no miembros de la OCDE, dado que estas preocupaciones son comunes a la mayoría de los países en vías de desarrollo.

Estas cláusulas de salvaguardia están previstas en el Tratado de Roma y aunque no se contemplen supuestos en que resulte necesario utilizarlas y no se apliquen a los países participantes en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, sería útil seguir contemplando esta posibilidad.

3.1.2. Cláusula de integración económica regional

3.1.2.1. Para la Comunidad, esta cláusula (que supone una excepción a la aplicación de la cláusula de nación más favorecida en los casos de integración económica regional) reviste una gran importancia puesto que permitirá que los Estados miembros continúen y profundicen su proceso de integración y liberalización sin que terceras partes contratantes (que no hayan suscrito el acuerdo de integración regional) tengan acceso mecánica y automáticamente a los beneficios que reporta. Esta cláusula debería redactarse con sumo cuidado, dado que no debe incluir todas las obligaciones del Acuerdo.

3.1.2.2. Los Estados Unidos, a pesar de suscribir tratados con este tipo de cláusula (como el artículo XXIV del GATT y el artículo V del GATS), han expresado ciertas reservas sobre el artículo 25 de la Carta de la Energía y se han mostrado reacios a aceptar la cláusula de integración económica regional en el AMI. A pesar de las dificultades que pueda plantear su proceso de ratificación, esta postura no es aceptable, porque las empresas norteamericanas establecidas en Europa son consideradas como empresas europeas, gozan de los mismos derechos y son de las primeras en beneficiarse de las ventajas del proceso de integración europea.

3.1.3. Procedimientos para la resolución de conflictos

3.1.3.1. En los acuerdos multilaterales se suelen prever mecanismos de resolución de conflictos destinados a posibilitar de un modo rápido y eficaz la solución de las diferencias surgidas entre una empresa y un Estado o entre Estados. Dada la particular índole de las situaciones en cuestión, la posibilidad de acogerse a este tipo de mecanismos debería extenderse también a los sindicatos, que podrían constituirse a veces en parte interesada en el arreglo de las diferencias. De una manera más general, y a semejanza de las disposiciones del GATT, todas las partes capaces de demostrar su interés deben poder expresarse, lo que incluiría a las asociaciones patronales e incluso a las asociaciones de consumidores.

3.1.3.2. Dos ejemplos que se citan generalmente son la OMC y el Banco Mundial. Por lo que se refiere a la OMC y como resultado de las negociaciones del GATT, se crearon los instrumentos que pueden servir de modelo al sistema de resolución de conflictos entre Estados que deberá adoptarse en el caso del AMI. A su vez, el sistema desarrollado al amparo del Banco Mundial consagra un mecanismo para la resolución de conflictos entre los inversores y los Estados: el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), establecido por el Convenio de Washington en 1965. Aunque éste sea al más conocido, existen otros instrumentos de resolución de conflictos que también se utilizan en los acuerdos bilaterales como la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) y la CCI (Cámara de Comercio Internacional).

3.1.3.3. El Comité considera que el mecanismo que cabe aplicar en el caso del AMI debe ser compatible con los creados en el marco de la OMC para dirimir las diferencias entre Estados. En cuanto a los litigios que enfrenten a los inversores con los Estados, lo que hay que hacer es, con los instrumentos existentes y sin perjuicio de los intereses del Estado de acogida, garantizar a los inversores el mayor abanico de posibilidades para la defensa de sus intereses y así incrementar el grado de protección y seguridad de las inversiones, aspectos que son fundamentales para su promoción y desarrollo.

3.1.4. Aplicación a las entidades subfederales de los Estados miembros

3.1.4.1. El objetivo de ampliar el ámbito del AMI a nivel sectorial debe ir acompañado de la inclusión de los niveles subfederales de los países organizados como Estados federados a los que debe aplicarse el Acuerdo. El efecto útil del Acuerdo podrá ser muy limitado si en los niveles de decisión subfederales y locales de los Estados participantes se considerase que no están obligados a respetar el Acuerdo.

3.1.4.2. Esta cuestión reviste una importancia capital para el éxito de las negociaciones desde el punto de vista comunitario, porque los Estados Unidos, ya en el caso de la Carta Europea de la Energía, demostraron tener una concepción muy peculiar sobre el resultado de las negociaciones, y aún no han suscrito la Carta.

3.1.5. Excepciones al principio de trato nacional

3.1.5.1. Por lo que se refiere a las excepciones, éstas sólo deben ser posibles por motivos de orden público, sanidad pública y seguridad nacional.

3.1.5.2. La lista de excepciones y reservas debe conocerse con objeto de garantizar una mayor posibilidad de previsión a los agentes económicos.

3.1.5.3. Las partes signatarias deberían comprometerse a no introducir nuevas excepciones o reservas («standstill commitment»), y el calendario para la eliminación de las existentes debe tener en consideración la situación específica de cada parte signataria.

3.1.5.4. La aplicación del principio de trato nacional a los casos de privatizaciones y de monopolios del sector público constituirá uno de los temas más difíciles de las negociaciones, porque la situación de partida de los diferentes países no es la misma. De una manera más general, en las negociaciones se podrá mostrar el interés en dar comienzo a los debates sobre una política de competencia a nivel internacional.

3.1.5.5. El caso de las «zonas francas destinadas a la exportación» («export processing zones» - EPZ) debería también ser tratado en las negociaciones con objeto de limitar los abusos en su utilización por las partes signatarias, al tiempo que se debería prohibir la discriminación inversa contra las empresas nacionales para favorecer a las extranjeras.

3.1.6. Cláusula de nación más favorecida

3.1.6.1. La cláusula de nación más favorecida (NMF) sirve para permitir la aplicación a los inversores y a sus inversiones del trato concedido a los inversores e inversiones procedentes del Estado al que se dispensa el trato más favorable. En los acuerdos bilaterales, la cláusula de nación más favorecida aparece como optativa en relación al trato nacional, esto es, al inversor se le garantiza el trato que fuese más favorable entre el concedido a terceros o el concedido a los propios nacionales del país receptor.

3.1.6.2. En cuanto al AMI, la solución debería contemplar las normas más favorables para los inversores y sus inversiones de las contenidas en los acuerdos bilaterales, no sólo en lo que se refiere a este tipo de cláusula, sino también en lo que toca a otros aspectos.

3.1.7. Incentivos fiscales y otros incentivos directos

3.1.7.1. Muchos países utilizan los sistemas de incentivos fiscales e incentivos directos para atraer la IDE, lo que a veces se traduce en una falta de transparencia y de conocimiento de los costes reales para la economía que puede incluso dar lugar a problemas de distorsión de la competencia tanto en los mercados nacionales como en el mercado internacional.

El abuso en la utilización de incentivos y exenciones fiscales sobre el capital agrava los problemas de financiación del Estado y provoca una mayor injusticia desde el punto de vista tributario, pues las rentas procedentes de los impuestos sobre el trabajo y el consumo tienen que soportar una mayor carga fiscal.

3.1.7.2. La búsqueda de una mayor disciplina en este terreno, como en el caso del acuerdo sobre subvenciones alcanzado en las negociaciones del GATT, debe ir acompañada del estudio pormenorizado de todas las demás cuestiones relacionadas con la decisión de localización de la IDE.

3.1.7.3. Asimismo, en lo que se refiere a la corrupción, se podría aprovechar la ocasión para incluir en el Acuerdo las orientaciones ya aprobadas en la OCDE sobre prácticas ilícitas, haciéndolas vinculantes.

3.2. La IDE y el empleo

3.2.1. Uno de los temas más importantes relacionados con la IDE es el referente al empleo. La OCDE llevó a cabo una serie de estudios sobre las relaciones entre la IDE y el empleo, debido principalmente a los recelos albergados por muchos países ante la posibilidad de que el proceso de deslocalización de la producción que han iniciado muchas multinacionales se traduzca en una disminución irreversible del nivel de empleo en los países de origen de la IDE.

Hasta ahora, de estos estudios no se han obtenido conclusiones categóricas.

3.2.2. La forma en que la IDE se relaciona con la normativa laboral refleja preocupaciones de orden económico, político y moral. El establecimiento de normas laborales contribuye al logro de dos objetivos: la promoción de los derechos humanos y derechos fundamentales de los trabajadores y sindicatos y la institucionalización de reglas de comercio equitativas.

Por una parte, se observa que las normativas laborales influyen en las decisiones relativas a la IDE, como en el caso de las deslocalizaciones, pero, por otra, se observa también que la localización y organización del trabajo de las empresas multinacionales tienen repercusiones en el nivel de las normas y pueden contribuir a un aumento de la cualificación de los trabajadores de los países receptores, como demuestran los trabajos analíticos que la OCDE ha efectuado sobre las normas laborales y la inversión directa extranjera.

En cualquier caso, se debería desaprobar la utilización de normativas laborales de bajo nivel como argumento para atraer IDE.

3.2.3. La globalización económica en curso ha afectado a la movilidad de los recursos y, de esta manera, ha conducido también a una cierta globalización de algunos segmentos del mercado de trabajo, a pesar de la falta de movilidad geográfica del factor trabajo.

Por otra parte, las técnicas más modernas de gestión y las exigencias éticas asociadas a la imagen y al nombre de las empresas multinacionales han llevado a éstas a aplicar también en sus sucursales y filiales sistemas de cogestión similares a los seguidos en las empresas matrices.

Cabe, pues, preguntarse si la globalización conduce a elevar o bajar el nivel de las normativas laborales.

3.2.4. Como han demostrado diversos estudios recientes, las decisiones sobre la localización de las actividades de las multinacionales no consideran generalmente la reducción de los costes salariales mediante el abaratamiento del trabajo como factor determinante, aunque sea un factor tomado en consideración en unos sectores más que en otros. Las multinacionales tienen que considerar otros factores (acceso a mercados de bienes y servicios, acceso a los factores de producción, organización de la producción a nivel internacional, abastecimientos, infraestructuras, capacidad de adaptación a la evolución tecnológica, nivel de educación y formación, fiscalidad, posibilidades de subcontratación, de despido y de franquicia, etc.). Además, los costes salariales representan parcelas cada vez más pequeñas de los costes de producción, incluso en actividades consideradas intensivas en cuanto a la mano de obra utilizada.

3.2.5. Una de las ventajas de la negociación del Acuerdo a nivel de la OCDE es la existencia de las Orientaciones de la OCDE para las empresas multinacionales, que, a pesar de su carácter voluntario, han sido ampliamente aplicadas y respetadas por muchas empresas, cuyo número tiende a aumentar porque existen muchas otras de menor dimensión que han internacionalizado sus actividades, en concreto en el campo comercial.

Los principios contenidos en las «Orientaciones de la OCDE para las empresas miltinacionales» deben incluirse en el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, contribuyendo así positivamente a las futuras negociaciones a nivel de la Organización Mundial del Comercio.

Estas orientaciones contemplan, además de las cláusulas de empleo y relaciones industriales, ciertas cláusulas de protección del medio ambiente y de defensa de los consumidores que podrían incluirse también en el AMI.

3.2.6. Las negociaciones en curso han venido caracterizándose por la falta de transparencia e información a los principales destinatarios (empresarios, sindicatos y consumidores). Asimismo, a nivel comunitario la información ha sido restringida, aunque cabe reconocer la utilidad de la colaboración de la Comisión con el Comité Económico y Social en el presente dictamen de iniciativa y debe tomarse nota de que la Comisión está abierta a las sugerencias y propuestas de los interlocutores sociales. Lo mismo debería poder decirse en lo que se refiere a la CSC (Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE) y al BIAC (Comité Consultivo Económico e Industrial ante la OCDE) en su calidad de grupos reconocidos ante la OCDE.

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1996.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

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