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Language: es
Format: md

20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 71/9

Dictamen sobre el Libro Verde sobre los derechos de autor y el desafío tecnológico Problemas de derechos de autor que requieren una acción inmediata

(89/C 71/04)

El 11 de julio de 1988, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y
Social sobre el Libro Verde sobre los derechos de autor y el desafío tecnológico - Problemas
de derechos de autor que requieren una acción inmediata.

La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos
en la materia, adoptó su dictamen el 4 de enero de 1989 (ponente: Sr. Moreland).

En su 262 [a] sesión plenaria (sesión del 25 de enero de 1989), el Comité Económico y Social
adoptó el siguiente dictamen por 122 votos a favor, 22 en contra y 18 abstenciones (votación
nominal).

1. Antecedentes

1.1. En los últimos años ha existido una considerable

preocupación por los derechos de autor, sobre todo
debido al aumento de la piratería y de las grabaciones
sonoras y videográficas, y en general al impacto de la
tecnología. No se trata simplemente de una cuestión
interna de la Comunidad, sino que está relacionada con
los países terceros; baste como ejemplo el hecho de que
en 1983 los editores de la Comunidad evaluaron en

mil millones de dólares anuales aproximadamente las
pérdidas de ingresos en el extranjero atribuibles a la
piratería (Libro Verde, 2.2.3). Como consecuencia de
ello, la Comisión ha elaborado un «Libro Verde» en
la materia.

1.2. El Libro Verde está dividido en siete capítulos,
a saber:

— Capítulo I: Los derechos de autor y la Comunidad
Europea.

— Capítulo II: Piratería.

— Capítulo III: Copias privadas audiovisuales.

— Capítudo IV: Derechos de distribución, caducidad
y derechos de alquiler.

— Capítulo V: Programas de ordenador.

— Capítulo VI: Bases de datos.

— Capítulo VII: La función de la Comunidad en las
relaciones exteriores multilaterales y bilaterales.

2. Observaciones generales

2.1. El Comité acoge favorablemente el Libro Verde
y el deseo de la Comisión de discutir ampliamente este
asunto. No obstante, el Comité lamenta el retraso en
la publicación del Libro Verde en todas las lenguas
oficiales de la Comunidad, que ha limitado la amplitud
del debate sobre este asunto.

2.2. El Comité considera que la cuestión de los derechos de autor se ha convertido justificadamente en una
fuente de gran preocupación, y que la necesidad de
adoptar medidas comunitarias en este campo resulta
evidente. Los asuntos implicados pueden ser complejos
y el Comité felicita a la Comisión por su presentación
y tratamiento de numerosos problemas. El hecho de
que este dictamen tiende a centrarse en lo que el Comité
considera como deficiencias del Libro Verde no menos
caba en modo alguno su valoración positiva del documento en su conjunto.

2.3. El Comité subraya que, aun respetando la necesidad de la protección de los derechos de autor para las
partes interesadas, no debe haber ninguna intromisión
o restricción que limite la capacidad de los particulares
para utilizar en privado los frutos de las nuevas tecnologías. El Comité hace hincapié en que la Europa de los
ciudadanos debe incluir el derecho de los ciudadanos

particulares a realizar en privado copias sonoras y
videográficas.

2.4. La crítica principal del documento no se refiere
a su contenido, sino más bien a la ausencia de determinados asuntos. El Comité reconoce que hay una amplia
gama de asuntos implicados en la materia. Asimismo
señala que las instituciones comunitarias están en la
actualidad excesivamente lastradas por la carga de disposiciones legislativas, y que será difícil durante cierto
tiempo absorber un volumen tan considerable de legislación sobre derechos de autor.

2.5. Es comprensible que determinados asuntos,
como la falsificación de productos textiles y de moda,
se consideren distintos de los relativos a los derechos

de autor. Sin embargo, son importantes para los grupos
de intereses implicados. Por supuesto, estos asuntos
específicos se inscriben en el problema más amplio de
la adecuada protección del diseño industrial, sobre el
que la legislación y la práctica comunitarias adolecen
de una falta de armonía aun mayor que en el propio
caso de los derechos de autor. Por consiguiente, el
Comité confía en que la Comisión no tarde en prestar
atención a este terreno conexo de la propiedad intelectual.

N ° C 71/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89

2.6. Sin embargo, la Comisión ha hecho algo más
que excluir asuntos que pueden considerarse distintos.
Ha excluido, o abordado sólo de pasada, asuntos que
son esencialmente complementarios de aquellos que se
discuten en el documento. Se trata de las fotocopias, la
falta de uniformidad en el contenido de los derechos de

autor y el período de validez de tales derechos. Las
opiniones del Comité sobre estos asuntos se recogen en
sus observaciones al Capítulo I. Baste de momento con
afirmar que la Comisión debe prestar mayor atención
a estas cuestiones y prever su inclusión en un documento
de seguimiento en la materia.

2.7. El Comité hace hincapié en la importancia de
fundamentar la legislación en informaciones y datos
actualizados. En este contexto subraya la necesidad de
que la Comisión mantenga al día su propia base de
datos en lo referente a las tendencias dominantes en el

campo de los derechos de autor, tanto de cara a la
legislación emanada de este Libro Verde como a las
revisiones de la legislación.

3. Observaciones particulares

3.1. _Capítulo 1: Los derechos de autor y la Comunidad_
_Europea_

3.1.1. El Capítulo I establece esencialmente el contexto del resto del Libro Verde. El Comité comparte
plenamente las preocupaciones fundamentales resumidas en el apartado 1.3 y subraya de modo particular que
« En la más amplia medida de lo posible, los creadores y
proveedores de bienes y servicios protegidos por los
derechos de autor deberían poder tratar a la Comunidad
como un único mercado interior» (apartado 1.3.2).

3.1.2. Como se ha dicho en el apartado 2, la principal
preocupación del Comité es la falta de consideración
de determinados asuntos directamente relevantes para
la Comunidad y no menos prioritarios que las cuestiones estudiadas. Dichos asuntos son los siguientes:

3.1.2.1. F o t o c o p i a s

El Libro Verde no presta atención a la enorme cantidad
de fotocopias realizadas por usuarios institucionales,
como centros de enseñanza a todos los niveles, bibliotecas públicas e institutos de investigación, así como las
realizadas con fines comerciales en el sector privado,
con el consiguiente impacto sobre las industrias editoriales nacionales (tanto las de libros como las de publicaciones periódicas). El Comité considera que esto resulta
preocupante y exige adoptar medidas, y que la Comisión debe prestar atención a este asunto con urgencia
y seriedad. El Comité entiende que la Comisión tiene
intención de examinar este asunto con el fin de presentar propuestas al respecto.

No obstante, el Comité señala que estas propuestas no

deberían ser burocráticas ni interferir en modo alguno
en el uso diario comercial e individual de las fotocopias.

3.1.2.2. F a l t a de u n i f o r m i d a d en el c o n t e 
n i d o de los d e r e c h o s de a u t o r

La Comisión reitera que el Tratado prohibe efectivamente recurrir a una ley de derechos de autor como
medio para dividir artificialmente el mercado. Sin
embargo, las diferencias de contenido entre las legislaciones de los Estados miembros sobre derechos de autor

pueden crear en la práctica importantes diferencias en
la propiedad intelectual de un producto que es fundamentalmente el mismo en los diferentes Estados miem
bros, y pueden tener un grave efecto de distorsión en
el comercio de dichos productos.

Por ejemplo, en algunos Estados miembros los derechos
de autor sobre obras no incluyen el derecho de alquiler,
mientras que en otros Estados miembros sí lo incluyen.
Cuando existe un derecho de alquiler, puede aplicarse
a todas las categorías de obras protegidas, como se hace
en algunos Estados, o bien aplicarse sólo a determinadas
categorías, como se hace en otros. Así, en Reino Unido
se está introduciendo un derecho de alquiler como parte
de una ley general que se espera entre en vigor a
comienzos de 1989; pero el derecho sólo se aplicará a las
grabaciones sonoras, a las películas y a los programas de
ordenador. Los propietarios de los derechos de autor
de las obras literarias, teatrales, musicales y artísticas
incorporadas a grabaciones sonoras, películas y programas de ordenador no tendrán en Reino Unido ningún
derecho establecido por ley sobre el alquiler de copias
de sus obras.

Otro ejemplo de grave falta de armonía es la ausencia
de cualquier protección de las grabaciones sonoras
como tales en determinados Estados miembros, y en
los Estados en los que existe tal protección, las considerables diferencias entre las legislaciones nacionales. Esta
falta de armonía legislativa refleja una situación correspondiente en la pertenencia a los convenios internacionales sobre grabaciones sonoras —el Convenio de
Roma y el Convenio de Ginebra—, a los que no se han
adherido aún todos los Estados miembros, siendo tan
aconsejable.

Por consiguiente, el Comité considera que la Comisión
debe formular propuestas para:

a) garantizar la protección eficaz y uniforme de las
grabaciones sonoras en todos los Estados miembros,
incluida la protección de los derechos relativos a la
representación pública, la emisión y la distribución
por cable, que actualmente sólo están protegidos en
algunos Estados; y

b) introducir, a un nivel armonizado, un derecho de
alquiler en todos los Estados miembros.

Esto debe hacerse, según sea necesario, mediante la
legislación y/o la adhesión a los convenios pertinentes.

El Comité acoge favorablemente la información de que
la Comisión se propone elaborar un proyecto de Directiva para exigir la protección de las grabaciones sonoras
en todos los Estados miembros.

20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N ° C 71/11

3.1.2.3. P e r í o d o de p r o t e c c i ó n de los d e r e c h o s de a u t o r

Otro importante asunto del que no se ocupa con detenimiento el Libro Verde es la considerable variación de

los períodos de protección vigentes en las diferentes
legislaciones nacionales de los Estados miembros sobre
la propiedad intelectual. En el caso de las obras literarias, teatrales, musicales y artísticas, la mayoría de los
Estados aplica un período de protección que abarca la
vida del autor más 50 años; pero en España el período
_post mortem_ es de 80 años, y en Alemania de 70; en
Bélgica, Francia e Italia el período _post mortem_ de
50 años se amplía con prórrogas especializadas por
tiempo de guerra; y en Francia el período _post_ _mortem_
es de 70 años únicamente para las obras musicales.
Existen por tanto notables diferencias, lo que significa
que la misma obra, en un momento dado, puede estar
protegida en determinados Estados y ser de libre acceso
en otros. Una disparidad similar existe en la legislación
relativa a los artistas del mundo del espectáculo.

Un ejemplo de estas diferencias de protección dentro
de la Comunidad es el caso de las grabaciones sonoras.
En Dinamarca, Francia, Irlanda y Reino Unido, las
grabaciones sonoras están protegidas durante 50 años;
en España el período es de 40 años; en Italia, de 30 años;
en Portugal y la República Federal de Alemania, de
25 años; en Luxemburgo, de 20 años; y en Bélgica,
Grecia y Países Bajos no existe ninguna protección
específica basada en los derechos de autor.

Por consiguiente, el Comité considera que existe una
urgente necesidad de que la Comisión estudie esta cuestión y encuentre fórmulas para llevar a cabo una armonización de los períodos de protección de las diversas
categorías de obras y otros productos, armonización
cada vez más necesaria si se quiere que el mercado
interior de la Comunidad funcione con la máxima

eficiencia posible.

3.1.2.4. O t r o s a s u n t o s

Hay otros asuntos que el Libro Verde no cubre, o bien
no cubre plenamente y a los que la Comisión podría
prestar de forma inmediata una mayor atención, a
saber:

a) los derechos morales, especialmente en lo que se
refiere a la «integridad»;

b) la gestión colectiva de los derechos por parte de los
propietarios de derechos de autor;

c) la protección de nuevas formas de creatividad, en
particular las que tienen ramificaciones transnacionales, como los programas por cable;

d) la protección insuficiente y desigual de los derechos
de los intérpretes;

e) la falta de uniformidad en lo que se refiere a autorización legal para grabar obras musicales, que según
se afirma está provocando distorsiones comerciales
en la industria de la música;

f) algunos problemas específicos de la protección de
intereses y derechos de los autores de obras de arte.

3.1.2.5. C a p í t u l o II : P i r a t e r í a

El Libro Verde adopta la definición general de piratería
como «la reproducción no autorizada de obras protegidas por derechos de autor o derechos conexos con fines
comerciales, así como todas las transacciones comerciales ulteriores relacionadas con dichas reproducciones». Sin embargo, el Comité desea señalar que esta
formulación refleja fundamentalmente los orígenes históricos de los derechos de autor, y que quizá debería
revisarse para tener en cuenta el hecho de que —sobre
todo debido al impacto de la tecnología del siglo XX—
la reproducción es sólo una de las muchas formas
en que el público utiliza la propiedad intelectual, por
ejemplo las emisiones piratas y la piratería de programas radiofónicos. Además, la noción de piratería
debería interpretarse ampliamente e incluir, por ejemplo, la comercialización engañosa u otras formas de
competencia desleal que no implica necesariamente la
reproducción de obras protegidas.

No obstante, las conclusiones recogidas en el apartado
2.11 del Libro Verde parecen en principio razonables y
aceptables. El Comité desea hacer observaciones sobre

cuatro asuntos:

a) La Comisión sugiere que los Estados miembros
deberían establecer sistemas que permitan someter a
autorización previa la venta de equipos comerciales
para la reproducción de cintas audiodigitales
(DAT). La Comisión debe volver a tomar en consideración la viabilidad de esta propuesta y explicar
la distinción entre los equipos de reproducción
« comerciales » y los « no comerciales ». La Comisión
debería asimismo prestar atención a la cuestión de
la medida en que se exigiría a los titulares de dicha
autorización que mantuviesen un archivo de las
obras reproducidas mediante tal equipo, y la medida
en que los archivos deberían ser accesibles para su
inspección por parte de las autoridades o incluso de
los propios titulares de los derechos (sin crear por
ello una selva burocrática).

b) La Comisión recomienda que se reconozca a los
titulares de derechos de autor la facultad de « solici
tar que se entable una acción judicial contra los
actos de piratería ». Dada la tendencia de los gobiernos de algunos Estados miembros a considerar la
aplicación de los derechos de autor como un asunto
puramente privado, la Comisión debería hacer hincapié en su opinión de que es responsabilidad de los
gobiernos garantizar que se respeten los derechos
de autor. La protección efectiva de los intereses de
todos los titulares de derechos frente a la piratería
exige que se refuercen y amplíen los procedimientos
de aplicación de las leyes, y que sean aplicados por
las autoridades públicas o con pleno respaldo de las
mismas.

c) Como se subraya en el apartado 2.3.3 del Libro
Verde, « otro factor que ha contribuido al atractivo

N° C 71/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89

de la piratería de vídeos ha sido la política de
distribución normal de los productores de películas». El Comité reconoce la necesidad que tienen
los productores cinematográficos de planificar la
comercialización de sus productos, pero hace hincapié en que deberían examinar sus propias prácticas
que pueden de suyo fomentar la piratería, en particular los plazos que se imponen antes de permitir la
distribución o la difusión por televisión de grandes
obras cinematográficas. La propia Comisión podría
también examinar, en el contexto de la legislación
comunitaria sobre la competencia, las prácticas restrictivas en la política de distribución de obras cinematográficas y televisivas (como propuso el CES en
su dictamen sobre un « Nuevo impulso de la política
cultural en la Comunidad Europea » (doc. CES 460/
88) í [1] ).

d) El Comité acepta la necesidad de procedimientos
aduaneros apropiados para detener, a su entrada
en la Comunidad, las mercancías aparentemente
pirateadas procedentes de terceros países, a la espera
que se dictamine sobre su legalidad (apartados 2.5.3
y 2.6.5.3 del Libro Verde). Sin embargo, este procedimiento perderá su eficacia si se utiliza como
excusa para retrasar y controlar numerosas mercancías legítimas; es decir, es un procedimiento que
debe utilizarse sólo de acuerdo con sus objetivos
originales, y no como un instrumento de proteccionismo encubierto.

3.1.2.6. C a p í t u l o I I I : C o p i a s p r i v a d a s
a u d i o v i s u a l e s

El Comité felicita a la Comisión por su cuidado análisis
de este asunto, y reconoce que sus conclusiones reflejan
la profunda divergencia de puntos de vista existente no
sólo entre los diversos grupos de interés afectados por
las copias privadas audiovisuales, sino también entre
los gobiernos de los Estados miembros; las opiniones
al respecto están también divididas dentro del propio
Comité.

En estas circunstancias, el Comité respalda la opinión
de que la legislación comunitaria debe cubrir sólo los
sectores en los que la diversidad de legislaciones nacionales crea obstáculos al cumplimiento de los objetivos
de la Comunidad, especialmente en el contexto de la
plena realización del mercado interior.

Por consiguiente, el Comité estima que lo más útil
que puede hacer es enumerar algunas consideraciones
importantes que, a su juicio, debe tener en cuenta la
Comisión a la hora de formular definitivamente sus

puntos de vista y sus propuestas. Estas consideraciones
esenciales son las siguientes:

a) En principio, la tecnología es provechosa para la
sociedad y no se debe negar al público la posibilidad
de utilizar los medios que le ofrece dicha tecnología.

í [1] ) DO N° C 175 de 4. 7. 1988, p. 40-46.

b) El sistema de los derechos de autor sirve también al
interés público estimulando a los creadores y a sus
socios comerciales a producir y difundir sus diversas
obras.

c) Si se desea que el sistema de derechos de autor de
la Comunidad esté en conformidad con el Convenio

de Berna y el Convenio universal sobre derechos de
autor (a los que se han adherido todos los Estados
miembros), las legislaciones nacionales sobre derechos de autor no puede pasar por alto la reproducción en privado de grabaciones sonoras y audiovisuales por parte de particulares. Los beneficios de las
nuevas tecnologías que permiten la realización de
estas grabaciones deben ser contrarrestados por la
necesidad de proteger el medio de vida de los propietarios de derechos de autor cuyas obras son
copiadas.

d) No debe adoptarse ninguna medida que pueda perjudicar a las personas especialmente desfavorecidas,
como los ciegos, que tienen una fuerte dependencia
de las copias privadas.

Aun respetando las necesidades de los titulares de derechos, el Comité subraya su oposición a cualquier obstáculo que pueda menoscabar el derecho de los particulares a aprovechar plenamente en privado las ventajas de
las nuevas tecnologías. Por consiguiente, el Comité se
opone a los dispositivos técnicos destinados a restringir
las copias privadas, incluidas las medidas encaminadas
a limitar la reproducción privada de grabaciones sonoras digitales.

3.1.2.7. C a p í t u l o I V : D e r e c h o s de d i s t r i b u c i ó n, c a d u c i d a d y d e r e c h o s de
a l q u i l e r

El Comité acoge favorablemente la conclusión de la
Comisión (apartado 4.12.1) relativa a la necesidad de
establecer un derecho de alquiler para las grabaciones
sonoras y visuales y a la conveniencia de elaborar una
Directiva sobre este asunto. La cuestión de decidir

si dicho derecho debe ser un derecho de control o

simplemente un derecho a recibir una remuneración
equitativa debe responderse inequívocamente a favor
de un derecho de control, por las razones siguientes:

a) Es la tendencia que se observa en la legislación de
los Estados miembros; así lo reflejan ya las leyes en
Francia, España y Portugal, y pronto entrará en
vigor en Reino Unido.

b) Para una difusión eficaz de dichas obras entre el
público mediante la máxima explotación comercial
posible, es esencial que los titulares de los derechos
tengan un derecho de control total.

c) La conclusión de la Comisión de que el derecho de
distribución no requiere de momento ninguna
acción comunitaria parece razonable; pero se trata
de un asunto importante y complejo, que debería
revisarse periódicamente.

Quizá haya que reconsiderar la conclusión de que no
es necesario un derecho específico de alquiler, como
parte integrante de los derechos de autor (apartado

20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N [G] C 71/13

4.12.2), en el caso de otros productos que están protegidos por los derechos de autor, o que incluyen obras
ya protegidas, sobre todo libros. Si es legítimo, como
reconocen ya varios Estados miembros, que los autores
reciban una remuneración por el préstamo de sus libros,
aunque sea un préstamo con fines no lucrativos, tanto
más legítimo será que en el caso de préstamo de un
libro con fines lucrativos, el autor y su socio comercial,
es decir, el editor, ejerzan un derecho de control.

3.1.2.8. C a p í t u l o V : P r o g r a m a s de o r d e n a d o r

La conclusión general de la Comisión (apartado 5.7.1)
según la cual es necesario proteger los programas de
ordenador «en el marco de los derechos de autor y
derechos conexos», refleja el consenso casi general
alcanzado en las reuniones internacionales sucesivas

sobre este asunto organizadas por la Organización
mundial de la propiedad intelectual (OMPI) y la
UNESCO. Sin embargo, existe una considerable divergencia entre las modalidades en que se ha plasmado
este enfoque general. Por ejemplo, en Reino Unido los
programas de ordenador se han incluido en la legislación sobre derechos de autor mediante una simple disposición que los asimila a una forma de obra literaria
de tal modo que están sujetos a la legislación sobre
derechos de autor de la misma forma que las obras
literarias (con excepción de algunas restricciones expresas); mientras que en Francia, la legislación sobre derechos de autor se modificó en 1985 para incorporar al
estatuto que regula los derechos de autor una serie
especial de disposiciones cuidadosamente adaptadas al
carácter particular de los programas de ordenador, y
podría ser útil que la Comisión, en su tarea de elaborar
un modelo para la Comunidad, estudiase cómo funciona en la práctica el sistema francés.

En lo que se refiere a las conclusiones del apartado 5.8.2,
el Comité desea hacer algunas observaciones sobre los
siguientes puntos:

Letra b): Se puede aceptar la aplicación del concepto
de « originalidad » a los programas de ordenador, pero
la exclusión de programas considerados como «banales » podría introducir un nuevo matiz, que no se correspondería con la definición existente de la noción de
originalidad. Parece existir una notable inquietud en la
industria informática ante la posibilidad de que los
nuevos conceptos de originalidad puedan poner en peligro, en su aplicación a los programas de ordenador, las
fuertes inversiones realizadas por esta industria en la
producción y utilización de esta nueva forma de propiedad intelectual.

Letra c): Los protocolos de acceso y los «interfaces »
constituyen una de las últimas manifestaciones de la
creatividad humana en el ámbito de los sistemas infor
matizados; hacen posible la interacción de sistemas de
ordenadores y programas de ordenador. En términos
generales tienen como objeto la compatibilidad de los
programas entre sí; en la mayoría de los casos no se
diferencian, por lo que se refiere a los derechos de
autor, de cualquier otro programa, y por consiguiente
deberían beneficiarse de la protección de los derechos
de autor. En la medida en que los protocolos de acceso
y los «interfaces» podrían provocar una acción anti

competitiva, deberían estar sujetos a las legislaciones y
prácticas relativas a la competencia desleal, y no sería
preciso modificar la aplicación normal de los derechos
de autor.

Letra d): Dadas las especiales características y aplicaciones de los programas de ordenador, es posible que
el abanico de formas de utilización sea más amplio o
que al menos incluya formas diferentes de las que se
aplican a las categorías tradicionales de obras protegidas.

Letra e): En líneas generales, el Comité aprueba el
contenido de este párrafo, pero señala que cuando un
usuario que no es titular de una licencia adquiere una
copia de un programa por necesidades de una utilización que no requiera adaptación, parece cuestionable
que se le permita adaptar dicho programa para su uso
personal.

Letra g): La Comisión puede encontrar dificultades con
las diferentes legislaciones nacionales sobre la duración
de la protección, pues algunos Estados miembros incluyen los programas de ordenador en la legislación general sobre derechos de autor. El Comité considera desea
ble que exista la misma duración de protección en todos
los Estados miembros. Ello facilitaría el funcionamiento

del mercado interior en lo que se refiere a logiciales
informáticos.

Letra h): El Comité se pregunta si es conveniente permitir a los Estados miembros que establezcan en sus
respectivas legislaciones quién debe ser considerado
como autor. Esta cuestión afecta a los requisitos exigidos para la protección, y cuando la duración está en
función de la muerte del autor, afecta también a la
propia duración de la protección.

Letra i): La Comisión debería actuar con precaución
porque algunos países terceros no cumplen con las
obligaciones que han contraído de conformidad con los
acuerdos internacionales existentes en este terreno.

Letra j): Convendría plantear un enfoque mucho más
amplio de la carga de la prueba, que incluyese una
declaración jurada tanto sobre la existencia como sobre
la propiedad de los derechos, y que estableciese una
presunción de exactitud con respecto al contenido de
tales declaraciones, dejando a cargo del defensor la
presentación de la prueba que permita refutar la presunción. En cualquier caso, la necesidad de medidas que
faciliten la prueba en los pleitos por derechos de autor
no se limita a la protección de los programas de ordenador, sino que es una necesidad general, especialmente
importante en relación con la piratería.

3.1.2.9. C a p í t u l o V I : B a s e s de d a t o s

Tras examinar las actas de las reuniones UNESCO/

OMPI, el Comité señala que, aunque exista un acuerdo
general sobre la oportunidad y la necesidad de proteger
las compilaciones que poseen las bases de datos, existen
también importantes divergencias de opinión con respecto a la cuestión de saber si dicha protección debe
regularse de conformidad con los derechos de autor y
con los principios habituales de los mismos, o mediante
un nuevo sistema _sui generis._ Teniendo en cuenta la
evolución de las concepciones relativas a estos asuntos,
parece deseable que la Comisión actúe con prudencia
en este terreno. No obstante, el Comité desea hacer las
siguientes observaciones:

N ° C 71/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89

a) En respuesta a la cuestión planteada por la Comisión en la letra a) del apartado 6.7.1, no parece
haber ningún argumento en contra de que la compilación es una base de datos de obras que están
protegidas por derechos de autor se beneficie también de la protección de los derechos de autor, al
igual que se benefician las compilaciones existentes
(por ejemplo de obras literarias o musicales), a
condición de que cumplan los requisitos de originalidad habitualmente exigidos para acceder a estos
derechos.

b) La cuestión planteada en la letra b) del apartado
6.7.1 parece basada en un malentendido sobre los
criterios utilizados para decidir qué compilaciones
tienen derecho a protección. La naturaleza del material no es relevante a la hora de determinar si la

compilación puede beneficiarse o no de la protección de los derechos de autor.

3.1.2.10. C a p í t u l o V I I : La f u n c i ó n de
la C o m u n i d a d en las r e l a c i o n e s

e x t e r i o r e s m u l t i l a t e r a l e s y b i l a t e r a l e s

El Comité subraya la importancia fundamental de utilizar todo el peso de la Comunidad para alcanzar acuerdos con los países terceros. Sin embargo, el ejemplo de
las negociaciones con Corea (que no tuvieron éxito) y
con Indonesia (que sí lo tuvieron) resalta la necesidad
de planear y evaluar cuidadosamente este tipo de negociaciones. Dado que la Comunidad es la cuna de la
mayoría de las principales lenguas internacionales, ningún Estado miembro vería con buenos ojos que los
países terceros asumiesen un papel preponderante en
los aspectos de los derechos de autor que se refieren a
la lengua a causa de la ineficacia negociadora de la
Comunidad. (Ejemplo de ello sería que Estados Unidos
llegase a desempeñar una función directiva en las cuestiones que afectan a la lengua inglesa.)

En lo que se refiere a las cuestiones planteadas por la
Comisión (apartado 7.8.1):

Letra a): Las medidas necesarias para la protección
efectiva de la propiedad intelectual en el ámbito internacional han sido objeto de un examen en profundidad,
tanto a nivel nacional como internacional, y existe un
acuerdo general —que el Comité suscribe— de que
estas medidas deben abarcar:

Hecho en Bruselas, el 25 de enero de 1989.

— una serie completa de disposiciones esenciales sobre
todas las categorías de la propiedad intelectual
(incluidos los logiciales informáticos, las bases de
datos, las emisiones radiofónicas, las grabaciones
sonoras y la protección de los intereses de los
intérpretes) que estén en conformidad con las normas del Convenio de Berna y que se incluyan los
nuevos derechos, como el derecho de alquiler, que
se ha hecho necesario para proteger los derechos
de autor habida cuenta de las nuevas formas de

utilización que permite la tecnología contemporánea,

— una serie completa de disposiciones de aplicación
que incluyan multas actualizadas y efectivamente
disuasorias, poderes de pesquisa e incautación que
no sólo permitan requisar los ejemplares reproducidos ilegalmente sino también obtener información,
y disposiciones que faciliten la prueba, incluidas las
presunciones sobre la existencia y la propiedad de
los derechos y también sobre la admisibilidad de la
prueba por declaración jurada o certificado.

Letra b): La Comunidad debería apoyar la iniciativa
planteada en el marco del Acuerdo general sobre las
tarifas aduaneras y el comercio (GATT) para elaborar
un código con el fin de proteger mejor la propiedad
intelectual, código que debe incluir las medidas mencionadas en los dos apartados precedentes.

Letra c): El Comité señala que los convenios multilaterales como el de Berna, el Convenio universal sobre
derechos de autor, el de Roma y el de Ginebra han
conseguido establecer de modo satisfactorio un marco
en el que se han desarrollado y mantenido a lo largo
de este siglo las relaciones internacionales en materia
de derechos de autor. La aparición en este terreno
durante los últimos años de tratados bilaterales no es

en principio positiva. El Comité es consciente de que
en determinados casos particulares no existe otra solución si se quiere establecer relaciones con un país concreto. Sin embargo, en una situación en que la dirección
de las negociaciones esté a cargo de un Estado determinado o de la Comunidad, es necesario hacer hincapié
en que las relaciones bilaterales se consideren como una
medida transitoria que debe sustituirse lo antes posible
por la adhesión a uno de los convenios multilaterales
existentes en este terreno.

_El Presidente_

_del Comité Económico y Social_

Alberto MASPRONE

20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 71/15

_ANEXO_ _1_

del dictamen del Comité Económico y Social

_Escrutinio_

Se ha procedido a la votación nominal sobre la totalidad del dictamen; los siguientes miembros, presentes o
representados, votaron a favor del dictamen:

Sras./Srtas./Sres. Arena, Ataide Ferreira, Bagliano, Black, Bleser, Boddy, Bos, Bredima Savopoulou, Breyiannis,
Briganti, Broicher, Calvet Chambón, Campbell, Carroll, Ceballo Herrero, Christie, Alves Conde, Corois,
Coyle, van Dam, Dassis, von der Decken, Delhomenie, Della Croce, De Tavernier, Dodd, Dos Santos, Drago,
van Eekert, Elstner, Etty, Eulen, Flather, Flum, Forgas, Frandi, Fresi, Freeman, Geuenich, Giacomelli,
Glesener, Gómez Martínez, Gredal, Green, Haas, Hilkens, Hórsken, Houthuys, Hovgaard Jakobsen, Jenkins,
Kaaris, Kazazis, Kelly, Kenna, Kirchfeld, Kitsios, Kroger, Laka Martin, Landaburu, Liverani, Lojewski, Lów,
Machado Von Tschusi, Maddocks, Mainetti, Mantovani, Margalef Masia, Margot, Morales, Moreland,
Morselli, Muhr, Murphy, Neto Da Silva, Nierhaus, Nieuwenhuize, Noordwal, de Normann, Panizo-Arcos,
Pearson, Petersen, Petropoulos, Poeton, Proenca, Pronk, Raftopoulos, Riera Marsa, Roseingrave, Santillan
Cabeza, Schmitz, Schnieders, Schoepges, Speirs, Spijkers, Staedelin, Storie-Pugh, Telles, Tukker, Vidal, Wick,
Whithworth, Williams.

Los siguientes miembros, presentes o representados, votaron en contra el dictamen:

Sras./Srtas./Sres. Arets, Aspinall, Beretta, Cal, Clavel, Collas, Donck, Droulin, Dunet, Hancock, Laur,
Pardon, Proumens, Ribiere, Robinson, Rolao Goncalves, Saiu, Salmón, Silva, Tiemann, Tixier, Yverneau.

Los siguientes miembros, presentes o representados, se abstuvieron:

Sras./Srtas./Sres. Amato, Aparicio Bravo, Berns, Cavazzuti, Corell Ayora, Drilleaud, Hagen, Lustenhouwer,
Mourges, Nielsen Bent, Nielsen Preben, Nugeyre, Orsi, Rouzier, Termes Carrero, Vallejo Calderón, Velasco
Mancebo, Vercellino.

ANEXO 2

del dictamen del Comité Económico y Social

Enmiendas rechazadas

Las siguientes enmiendas, basadas en el dictamen de la Sección y presentadas de conformidad con lo dispuesto
en el reglamento interno, fueron rechazadas durante el debate.

Apartado 2.3

Reescribir el apartado como sigue:

« El Comité considera que la realización del Mercado Único no se llevará a cabo plenamente si la propiedad
intelectual no está efectivamente protegida en la Comunidad. El Comité estima que los particulares deben
tener derecho a utilizar las nuevas tecnologías en la intimidad de su domicilio, siempre que no menoscabe
los derechos de los particulares que crean y producen obras musicales o de otro tipo, lo cual supondría un
abuso.»

_Exposición de motivos_

Se trata de reflejar, por una parte la realidad de los hechos y el deseo del público de poder copiar obras, y
por otra parte la necesidad de remunerar a los autores, a los artistas-intérpretes y a los productores por la
utilización de las obras en cuya creación han colaborado.

_Resultado de la votación_

Votos a favor: 48, votos en contra: 58, abstenciones: 7.

N° C 71/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89

Apartado 2.3

Reescribir como sigue:

«El Comité reconoce que los beneficios económicos de un mercado único dinámico sólo se obtendrán
plenamente si los derechos de propiedad intelectual están efectivamente protegidos en la Comunidad. Por
otra parte, los ciudadanos particulares deben tener la posibilidad de aprovechar los beneficios de las nuevas
tecnologías utilizando en la intimidad de sus hogares todos los equipos no profesionales disponibles, sin
ningún control una vez comprados. El reto consiste en idear medidas que mantengan un justo equilibrio
entre estos intereses a veces opuestos. »

_Exposición de motivos_

La enmienda busca alcanzar un justo equilibrio entre los intereses de todas las partes afectadas.

_Resultado de la votación_

Votos a favor: 46, votos en contra: 52, abstenciones: 29.

Apartado 2.4

Sustituirlo por el siguiente texto:

« La principal crítica que suscita este documento, aparte de la ausencia de algunas cuestiones, es que no
recoge el derecho reconocido a los autores, a los artistas-intérpretes y a los productores de autorizar y
controlar la divulgación y cualquier modo de explotación de sus obras.»

_Exposición de motivos_

Esta alusión a un principio fundamental defendido por el conjunto de los titulares de derechos de creación y
producción se explica por sí sola.

_Resultado de la votación_

Votos a favor: 30, votos en contra: 49, abstenciones: 35.