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# 52000DC0109

**Contribución complementaria de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental sobre las reformas institucionales - Reforma del sistema judicial comunitario /\* COM/2000/0109 final \*/**

  

Contribución complementaria de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental sobre las reformas institucionales - Reforma del sistema judicial comunitario

Contribución complementaria de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental sobre las reformas institucionales

Reforma del sistema judicial comunitario

Introducción

La Comisión considera uno de los fundamentos de la Unión Europea el que sea y siga siendo una Comunidad de Derecho. Los justiciables, ciudadanos europeos, deben poder contar con un sistema judicial que garantice una aplicación justa, coherente y eficaz del Derecho comunitario.

En su Dictamen a la Conferencia Intergubernamental " Adaptar las instituciones para que la ampliación sea un éxito ", de 26 de enero de 2000, la Comisión anunció una contribución específica sobre la reforma del sistema judicial.

Para preparar esta reforma, la Comisión creó, en mayo de 1999, un Grupo de Reflexión compuesto de antiguos Miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, así como de expertos de alto nivel con una experiencia concreta en el sistema jurisdiccional comunitario, con el fin de enumerar las soluciones que deben aplicarse a corto y más largo plazo. En la elaboración de numerosos extremos de sus propuestas la Comisión se ha inspirado en el Informe del Grupo, que fue entregado al Presidente de la Comisión el 4 de febrero pasado.

I. Necesidad de una reforma ambiciosa

El Tribunal de Justicia es una institución esencial de la Unión: debe garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del presente Tratado (artículo 220 del Tratado CE). Desde el Acta Única se ha añadido al Tribunal de Justicia un Tribunal de Primera Instancia (TPI).

En una Unión ampliada es necesario garantizar la eficacia del sistema judicial comunitario y la coherencia de su jurisprudencia, indispensables para la aplicación uniforme del Derecho comunitario en una Europa más diversa. La ampliación de la Unión se traducirá en un aumento de litigios en términos no sólo cuantitativos sino también cualitativos puesto que los órganos jurisdiccionales de los nuevos Estados miembros deberán familiarizarse con el Derecho comunitario. A tal efecto, importa tener en cuenta algunos parámetros, en particular, la necesidad de garantizar una protección jurisdiccional eficaz y mantener la calidad y la coherencia de la jurisprudencia, así como su respeto en todo el territorio de la Unión.

Hoy en día, en la Unión de los Quince, las estadísticas judiciales comunitarias demuestran ya que el Tribunal de Justicia y el TPI tienen cada vez más dificultades para cumplir su misión.

Esta situación, producto esencialmente del aumento constante de los litigios comunitarios (aumento en un 87% de las remisiones prejudiciales en nueve años [1] , duplicación del número de recursos interpuestos ante el TPI en siete años [2] ), se traduce en una duración excesiva de los procedimientos [3] y en un aumento considerable de los asuntos pendientes [4] .

[1] 141 remisiones prejudiciales en 1990,.264 en 1998.

[2] 116 recursos en 1992 de ,.238 en 1998.

[3] 21 meses por término medio para el Tribunal de Justicia, 30 meses por término medio para el TPI.

[4] Asuntos pendientes del Tribunal de Justicia: 433 asuntos a finales de 1993,.748 asuntos a finales de 1998;

Apenas diez años después de la creación del TPI, hay que reconocer que ya no se adaptan las estructuras actuales a las necesidades, de manera que se impone una reforma de envergadura si no se quiere poner en peligro la Comunidad como Comunidad de Derecho.

En efecto, la duración de los procedimientos en el Tribunal de Justicia y el TPI, tal como se desprende de las estadísticas elaboradas por los órganos jurisdiccionales comunitarios, demuestra que, a pesar de los esfuerzos que han realizado, estas instituciones han alcanzado los límites de su capacidad de juzgar. Ante la ampliación, no están ciertamente en condiciones de hacer frente, dentro de unos plazos de tiempo satisfactorios, al aumento de su carga de trabajo. Esta situación es preocupante en una Comunidad de Derecho, solamente diez años después de la entrada en funciones del TPI y en vísperas de la próxima ampliación.

La Comisión propone, en primer lugar, redefinir la arquitectura de las competencias jurisdiccionales, en la medida en que ya no permite ni al Tribunal de Justicia ni al TPI cumplir su misión en condiciones satisfactorias. A continuación, deberían abordarse la composición y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales comunitarios en función de las respectivas cargas de trabajo del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia. La Comisión considera que el número de jueces debería responder ante todo a las necesidades de jurisdicción.

II. Clarificación y redistribución de las competencias jurisdiccionales en el marco de una arquitectura flexible

La Comisión considera que la actual sobrecarga de trabajo del Tribunal de Justicia y del TPI podría reducirse considerablemente, mediante la adopción de tres tipos de medidas:

- una clarificación del papel del Tribunal de Justicia y de los órganos jurisdiccionales nacionales para responsabilizarles del recurso al procedimiento prejudicial

- una nueva distribución de competencias entre el Tribunal de Justicia y el TPI en el ámbito de los recursos directos, para circunscribir la intervención del Tribunal de Justicia, como órgano jurisdiccional supremo de la Unión, a las cuestiones consideradas esenciales para el ordenamiento jurídico comunitario y atribuir al TPI una competencia general de principio en la materia.

- una reducción de la carga del Tribunal de Justicia y del TPI en el marco de algunos contenciosos especiales.

a. Procedimiento de las cuestiones prejudiciales

(i) Competencia del Tribunal de Justicia

El procedimiento de las cuestiones prejudiciales es incuestionablemente la piedra angular del edificio comunitario. Cuarenta años de experiencia demuestran que, en efecto, es el instrumento más eficaz para garantizar la aplicación uniforme del Derecho comunitario en todo el territorio de la Unión y constituye un factor excepcional de integración, gracias al diálogo sencillo y directo que instaura entre cada órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia. La Comisión opina que esta misión reguladora, esencial para el ordenamiento jurídico comunitario, debe, por consiguiente, ser, en principio, competencia exclusiva del Tribunal de Justicia.

Aunque comparte este enfoque, el Grupo de Reflexión, no obstante, propone suprimir la última frase del apartado 1 del artículo 225 del Tratado CE para poder atribuir, a título excepcional, al TPI competencia para conocer las cuestiones prejudiciales que se planteen en ámbitos muy especializados del Derecho comunitario [5]. El Grupo considera, en efecto, que los contenciosos especiales en su conjunto, incluidas las cuestiones prejudiciales, deben pasar a ser competencia del TPI, de modo que el Tribunal de Justicia, como órgano jurisdiccional supremo de la Unión, sólo debería intervenir, en su caso, en el marco de recursos en interés de la ley interpuestos por la Comisión [6] .

[5] Como el derecho de propiedad intelectual (marcas, patentes, dibujos y modelos...).

[6] Tal como lo prevé por ejemplo el apartado 3 del artículo 68 del Tratado.

Esta propuesta deberá examinarse en el marco de la adaptación específica de competencias que, en su caso, haya que prever para algunos contenciosos, como el relativo a la propiedad intelectual.

(ii) Clarificación de los papeles del Tribunal de Justicia y de los órganos jurisdiccionales nacionales

Para poder preservar la eficacia del procedimiento prejudicial, es preciso que el Tribunal de Justicia pueda concentrarse en las cuestiones verdaderamente novedosas y pronunciarse en plazos considerablemente reducidos. A tal efecto, la Comisión considera necesario modificar el artículo 234 (antiguo artículo 177) del Tratado con el fin de clarificar la distribución de competencias entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales.

1. La primera modificación propuesta tiene por objeto responsabilizar a los órganos jurisdiccionales nacionales en su función de jueces de Derecho común en materia comunitaria. Actualmente, esta función del juez nacional no figura expresamente en el Tratado. No puede sino deducirse de la lectura combinada de sus artículos 234 y 240. Por consiguiente, importa corregir esta omisión, especificando claramente al inicio del artículo 234 que compete en primer lugar al juez nacional aplicar el Derecho comunitario a los litigios de que conozca y que éste tiene la posibilidad de dirigirse al Tribunal de Justicia en los casos en los que se le plantee un problema específico de interpretación.

2. Con este mismo espíritu, se podría considerar modificar el párrafo segundo del artículo 234 con el fin de pedir que los jueces nacionales que no resuelven en última instancia especifiquen las razones por las que dudan del significado de las normas comunitarias aplicables a los litigios de que conocen y consideran necesario interrogar al Tribunal de Justicia. Esta disposición podría combinarse con las adiciones que fuera preciso introducir en el Reglamento de Procedimiento.

3. En el marco de este ejercicio de aclaración, parece finalmente necesario insertar, en el artículo 234, la norma consagrada por la jurisprudencia, según la cual en caso de duda sobre la validez de un acto comunitario, cualquier juez nacional está obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia, al tener éste el monopolio del control de la legalidad comunitaria.

La Comisión no considera oportuno condicionar la obligación de remisión de los órganos jurisdiccionales de última instancia, actualmente consagrada en el párrafo tercero del artículo 234 del Tratado, para obligar a estos órganos jurisdiccionales a acudir al Tribunal de Justicia sólo si la cuestión presenta una importancia suficiente para el Derecho comunitario y si, tras su examen por los órganos jurisdiccionales inferiores, subsiste una duda fundada sobre la respuesta que debe darse. La Comisión considera que las ventajas de esta limitación de la obligación de remisión serían, desde el punto de vista de la carga de trabajo del Tribunal de Justicia, muy reducidas [7], mientras que los peligros para la uniformidad de aplicación del Derecho comunitario serían reales, en particular ante la perspectiva de la ampliación. La Comisión, por lo tanto, considera indispensable mantener el tenor actual del párrafo tercero del artículo 234 del Tratado. Por supuesto, seguiría aplicándose la flexibilidad introducida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [8].

[7] Tres cuartas partes de las cuestiones prejudiciales se plantean por los órganos jurisdiccionales inferiores.

[8] Sentencia CILFIT du 6.10.1982, Rec.1982, p.3415.

Además, la Comisión se pregunta sobre si no sería procedente aproximar al Derecho común los procedimientos de las cuestiones prejudiciales que se plantean en materia de libre circulación de personas (Título IV).

El proyecto de redacción del artículo 234 figura como anexo.

b Recursos directos : una nueva distribución de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia

El Tribunal de Justicia se pronuncia actualmente sobre los recursos directos interpuestos por los Estados miembros y las Instituciones, mientras que el TPI, por su parte, se pronuncia sobre los recursos de las personas físicas y jurídicas. El Tribunal de Justicia ya ha señalado las duplicaciones y rigideces de procedimiento que semejante distribución genera, habiendo solicitado que, en algunos ámbitos, los recursos directos se resuelvan exclusivamente por el TPI.

La Comisión opina que este enfoque debería extenderse al conjunto de los recursos directos con el fin de atribuir al TPI una competencia general de principio en esta materia y reservar la jurisdicción del Tribunal de Justicia únicamente a las cuestiones esenciales para el buen funcionamiento de la Comunidad, que, como tales, exijan su intervención como órgano jurisdiccional supremo de la Unión. Se trataría, en particular, de los recursos por incumplimiento de Estado, los recursos interinstitucionales, los recursos interpuestos contra actos normativos de alcance general o en algunos ámbitos como los derechos fundamentales y el artículo 309 del Tratado, las formas de cooperación reforzada, la UEM, el presupuesto, el título IV del Tratado CE y el título VI del TUE. [9]

[9] Seguirían siendo competencia exclusiva del Tribunal de Justicia las solicitudes de dictamen del artículo 300 (ex 228) del Tratado CE así como las solicitudes de solución de litigios contempladas en el artículo 35 del TUE.

La transferencia de una parte importante de los recursos directos a la competencia del TPI sólo contribuirá a reducir sensiblemente la carga de trabajo del Tribunal de Justicia si se combina con una modificación del actual régimen procesal de los recursos de casación contra las sentencias del TPI. La Comisión opina que en el futuro deberían someterse los recursos de casación a un procedimiento previo de selección ("filtro") por el Tribunal de Justicia, según modalidades que deberían especificarse en el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia.

La modificación de la distribución de competencias entre el Tribunal de Justicia y el TPI en cuanto a recursos directos puede realizarse en el marco del apartado 2 del artículo 225 del Tratado, cuyo tenor conviene, sin embargo, modificar. Esta disposición, que habilita al Consejo a determinar, a instancia del Tribunal de Justicia y previa consulta al Parlamento y a la Comisión, los recursos que incumben al TPI tenía su razón de ser en la medida en que se trataba, en la lógica que entonces se seguía, de "agregar " un Tribunal al Tribunal de Justicia [10] y de hacer posible que éste, en su caso, pudiera delegar algunas de sus competencias a aquél. Ahora, se trata de volver a diseñar el sistema judicial en su conjunto, distribuyendo las competencias de manera que el Tribunal de Justicia se convierta en el verdadero órgano jurisdiccional supremo de la Unión y se atribuya al Tribunal de Primera Instancia, que adquiriría así un estatuto autónomo, competencias generales como órgano jurisdiccional ordinario. Conviene, por consiguiente, que el acto de Derecho derivado por el que se proceda a la nueva distribución de competencias se adopte según un procedimiento legislativo en el que se prevea la consulta del Tribunal de Justicia y el Parlamento Europeo

[10] Como lo indica el texto del apartado 1 del artículo 225.

Por último, la Comisión considera útil examinar, como así se solicita en el informe del Grupo de Reflexión, la cuestión de una reforma del procedimiento por incumplimiento de Estado, en particular, en los supuestos de no incorporación de hecho de textos comunitarios al ordenamiento jurídico interno. La sugerencia del Grupo de Reflexión se basa en la constatación de que gran parte, o incluso la mayoría, de los recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 226 del Tratado se refieren a incumplimientos de este tipo, que en realidad no niegan los Estados miembros.

Sería posible, según el modelo del artículo 88 del Tratado CECA, que este tipo de incumplimiento se declarara por una decisión de la Comisión, a su vez susceptible de recurso de anulación por parte de los Estados miembros.

Sobre esta cuestión sería oportuno proceder a una profunda reflexión, a la luz de los distintos elementos en juego, en particular, los siguientes:

- una proporción tan importante de recursos por incumplimientos que en realidad no se niegan al término de un procedimiento pre contencioso ilustra las dificultades de garantizar el respeto del Derecho comunitario, incluso en asuntos sencillos

- la carga administrativa (gestión de los expedientes, traducciones...) que semejantes recursos generan para el Tribunal de Justicia es desproporcionada, por mucha flexibilización procesal que pueda establecerse para obtener una solución rápida de este tipo de asuntos,

- los órganos jurisdiccionales comunitarios, que deberán hacer frente a un aumento inevitable de los contenciosos como consecuencia de la próxima ampliación, deberían concentrarse en los verdaderos litigios. Se podría comenzar por descargarles, por ejemplo, de los incumplimientos por no incorporación de las directivas en los plazos previstos. [11]

[11] NB: en 1998 los recursos por incumplimiento representaron un 80% de los recursos directos interpuestos ante el Tribunal de Justicia (118 recursos por incumplimiento sobre un total de 147 recursos directos).

c Contenciosos especiales

(i) La extensión de la aplicación del Derecho comunitario a ámbitos muy especializados, como los del Derecho de marcas, dibujos y modelos, obtenciones vegetales y, en un próximo futuro, patentes, lleva al Grupo de Reflexión a considerar, habida cuenta de la cantidad de contenciosos que estos sectores parecen generar [12] , que convendría descargar al TPI de estos contenciosos en favor de órganos jurisdiccionales especializados autónomos. El TPI, ya muy sobrecargado de trabajo no podría, en efecto, hacer frente al triple aumento de su carga de trabajo que resultaría de la extensión de sus competencias al conjunto de los recursos directos anteriormente mencionada, la ampliación y la llegada masiva de contenciosos especiales.

[12] En cuanto al contencioso de marcas, se calcula que pueden interponerse al año ante el TPI 400 recursos.

Con el fin de reducir inmediatamente la carga de trabajo del TPI, el Grupo de reflexión propone descargarle del contencioso sobre marcas así como del otro contencioso específico que constituye el de la función pública.

- En materia de marcas, esta opción implica reagrupar las salas de recurso de la Oficina de Alicante en un órgano al que se conferiría la naturaleza de órgano jurisdiccional y que resolvería en primera instancia sobre los recursos interpuestos contra las decisiones de las divisiones de la Oficina de Alicante

- En el ámbito de la función pública, se sugiere recoger la propuesta formulada en el mismo sentido por el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia tendente a la creación de una "Sala de recurso interinstitucional", que tendría por misión conciliar a las partes antes de pronunciarse y a la cual también se conferiría el carácter de tribunal independiente [13].

[13] Lo que supone la supresión del artículo 236 (antiguo artículo 179) del Tratado y una modificación de las disposiciones correspondientes del Estatuto.

Contra las resoluciones de estos nuevos órganos jurisdiccionales las partes en litigio podrían interponer recursos de casación, limitados a las cuestiones de Derecho.

(ii) La Comisión opina que conviene vislumbrar una solución que sea apropiada para el conjunto de los contenciosos especiales, cuyo volumen corre, en efecto, peligro de resultar abrumador para los órganos jurisdiccionales comunitarios.

En este orden de ideas, diversas soluciones parecen posibles:

1) un aumento del número de jueces del TPI.

El apartado 2 del artículo 225 del Tratado confiere al Consejo el poder de decidir la composición del TPI y, por lo tanto, de aumentar el número de sus jueces por encima del de los Estados miembros. La Comisión considera que convendría comprobar si una decisión en este sentido no basta para contener la carga de trabajo del Tribunal de Primera Instancia, al menos en un primer tiempo, en lo que respecta al contencioso sobre marcas [14].

[14] Una solicitud formulada al respecto por el Tribunal de Justicia está actualmente pendiente ante el Consejo.

2) una segunda solución podría consistir, habida cuenta de la naturaleza particular de estos contenciosos, en descargar al TPI de su competencia de primera instancia en favor de órganos jurisdiccionales independientes y especializados, tal como sugiere el Grupo de Reflexión.

Si se decidiera la creación de tales órganos jurisdiccionales, los recursos de casación contra sus resoluciones deberían limitarse a las cuestiones de Derecho y ser objeto del procedimiento de filtro mencionado más arriba.

El Grupo de reflexión sugiere atribuir al TPI [15] competencia para pronunciarse sobre estos recursos, por las siguientes razones:

[15] Que entonces cambiaría de denominación.

- Habida cuenta de sus competencias actuales, el Tribunal de Primera Instancia estaría en condiciones de regular la jurisprudencia elaborada por estos nuevos órganos jurisdiccionales.

- La nueva distribución de competencias entre el Tribunal de Justicia y el TPI tiene por objeto eximir a aquél del conocimiento de cuestiones tan específicas como numerosas. El volumen de los contenciosos en el ámbito de la propiedad intelectual lleva, en efecto, a presagiar que el número de recursos de casación seguirá siendo importante, a pesar del procedimiento de filtro.

- El Tribunal de Justicia ejercería su papel regulador de la jurisprudencia de manera más conveniente en el marco de recursos en interés de la ley, interpuestos sin condición de plazo por la Comisión, como guardiana del interés común.

Aunque su opinión es que la competencia en materia de recursos de casación debería, en un primer momento, seguir atribuyéndose por principio al Tribunal de Justicia, la Comisión, no obstante, sugiere la inserción de una disposición en el Tratado que permita, cuando resulte necesario, transferir el conjunto de los contenciosos que se planteen en estas materias a órganos jurisdiccionales especializados autónomos que resolverían, por lo tanto, por una parte, en primera instancia y, por otra, en casación.

3) Conviene señalar que, si se adopta esta última solución, el Tribunal de Justicia conservará, en esta materia, la competencia para pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales que se planteen en el marco de los litigios de falsificación sometidos a los órganos jurisdiccionales nacionales.

Por lo tanto, la Comisión considera que, en materia de títulos comunitarios de propiedad intelectual, y, en particular, ante la perspectiva de la futura patente comunitaria, convendría contemplar la instauración de un órgano jurisdiccional comunitario especializado, que tuviera competencia en los litigios relativos tanto a la validez de la patente comunitaria como a su falsificación, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de un título unitario que produce efectos en todo el territorio de la Comunidad y descargar definitivamente al Tribunal de Justicia y al TPI del conjunto de este contencioso altamente especializado.

(iii) Si la competencia en materia de recursos de casación se atribuye a un órgano jurisdiccional especializado autónomo, en opinión de la Comisión, será preciso prever la posibilidad de un recurso en interés de la ley ante el Tribunal de Justicia.

III. Composición del Tribunal de Justicia, funcionamiento y procedimiento

a. Composición y funcionamiento del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia

Habida cuenta de las orientaciones antes mencionadas, el Tribunal de Justicia, además de su competencia para conocer en primera y última instancia determinados recursos directos, ejercería en el futuro, fundamentalmente, una misión reguladora de la jurisprudencia por medio del procedimiento prejudicial, de los recursos de casación y de los recursos en interés de la ley [16] . El Tribunal de Primera Instancia, que adquiriría un carácter autónomo, vería sus competencias ampliarse al conjunto de los recursos directos.

[16] Véase nota a pie de página 9.

El número de jueces del Tribunal de Primera Instancia deberá determinarse en función de las nuevas competencias que se le asignen de modo que se garantice su eficacia. Este número debería ser independiente del número de Estados miembros.

Por lo que se refiere al Tribunal de Justicia, el Grupo de Reflexión, reconociendo la doble exigencia de la representación de los distintos ordenamientos jurídicos, por un lado, y la necesaria eficacia de la jurisdicción comunitaria, por otro, intentó resolver esta ecuación proponiendo el mantenimiento de la norma de un juez por Estado miembro, junto con la limitación estricta del número de miembros del Pleno (13 jueces máximo) y la necesaria jerarquización del Tribunal de Justicia en favor de su Presidente, asistido de los Presidentes de Sala [17] .

[17] Debería asimismo adoptarse un dispositivo similar en el TPI para garantizar la coherencia de su jurisprudencia.

Una alternativa por la que también se garantizaría la eficacia y la coherencia de la jurisprudencia consistiría en limitar el número de jueces del Tribunal de Justicia a un máximo de 13. Un aumento de miembros del Tribunal de Justicia iría efectivamente acompañado de un aumento de sus posibles composiciones. Ahora bien, similar evolución podría presentar riesgos para el buen cumplimento de su misión.

Podrían contemplarse otras alternativas, sobre las que se debe reflexionar globalmente en la Conferencia. En cualquier caso, será importante garantizar que las sentencias del Tribunal de Justicia alcancen el grado de aceptabilidad necesario para el mantenimiento de su autoridad. Convendrá finalmente tener en cuenta las opciones que adopte la Conferencia en cuanto a la arquitectura del conjunto de las instituciones comunitarias.

La Comisión apoya la propuesta del Grupo de Reflexión de disminuir el número de los abogados generales del Tribunal de Justicia.

Convendrá también examinar las otras sugerencias del Grupo relativas, en particular, a la duración del mandato de los miembros del órgano jurisdiccional y a las modalidades de su nombramiento por el Consejo.

Respecto del nombramiento de los miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, la Comisión considera conveniente examinar la posibilidad de instaurar en el Consejo un sistema por el que se garantice su alta competencia jurídica, o incluso puedan elegirse a partir de listas de varios nombres propuestos por los Estados miembros.

La Comisión propone que el nombramiento de los miembros del Tribunal de Justicia y del TPI se efectúe por mayoría cualificada.

b Reglamentos de Procedimiento del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia

La Comisión considera que los Reglamentos de Procedimiento del Tribunal y del TPI deberían adoptarse con arreglo a normas que se correspondan con las de aprobación de los códigos/leyes de procedimiento de los Estados miembros. La Comisión sugiere que dichos Reglamentos de Procedimiento se adopten por el Consejo por mayoría cualificada, en el marco de una iniciativa que correspondería tanto a la Comisión, previa consulta al Tribunal de Justicia, como al Tribunal de Justicia, previa consulta a la Comisión.

Por otro lado, convendría suprimir el párrafo segundo del artículo 245 y proceder a una distinción clara entre aquellas disposiciones que deben mantenerse en el Estatuto del Tribunal de Justicia y las que, en cambio, deben dejarse en Reglamento de Procedimiento.

En conclusión, la Comisión propone a la conferencia:

- clarificar el papel del Tribunal de Justicia y de los órganos jurisdiccionales nacionales con el fin de responsabilizar a estos últimos del recurso al procedimiento prejudicial

- proceder a una nueva distribución de competencias entre el Tribunal de Justicia y el TPI en el ámbito de los recursos directos, para circunscribir la intervención del Tribunal de Justicia, como órgano jurisdiccional supremo de la Unión, a las cuestiones consideradas esenciales para el ordenamiento jurídico comunitario y atribuir al TPI una competencia general de principio en la materia

- adaptar la intervención del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el marco de algunos contenciosos especiales

- prever el nombramiento de los jueces por el Consejo por mayoría cualificada y un sistema que permita comprobar la competencia jurídica de los candidatos propuestos

- examinar la cuestión de una reforma del procedimiento por incumplimiento de Estado

- determinar la composición del Tribunal de Justicia y del TPI en función de la carga de trabajo de estas instituciones.

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