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Language: es
Format: md

[**Avis juridique important**](../../../editorial/legal_notice.htm)

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# 51994AC0749(03)

**DICTAMEN DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las normas de diffusión de los resultados de las investigaciones de los programas específicos de investigación, desarrollo tecnológico y demostración de la Comunidad Europea** 
  
*Diario Oficial n° C 295 de 22/10/1994 p. 0031*

  

Dictamen sobre :

- la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en los programas específicos de investigación, desarrollo tecnológico y demostración de la Comunidad Europea,

- la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en los programas específicos de investigación y enseñanza de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y - la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las normas de difusión de los resultados de las investigaciones de los programas específicos de investigación, desarrollo tecnológico y demostración de la Comunidad Europea (1) (94/C 295/08)

El 30 de marzo de 1994, de conformidad con las disposiciones del artículo 1300 (2) del Tratado de la Unión Europea y del artículo 170 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre las propuestas mencionadas.

La Sección de energía, asuntos nucleares e investigación, encargada de preparar los trabajos en la materia, aprobó su dictamen el 10 de mayo de 1994 (ponente único : Sr. Bernabei).

En el transcurso de su 316o pleno (sesión del 1 de junio de 1994), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.

1. Introducción

1.1. El Cuarto Programa Marco de acciones comunitarias de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1994-1998) fue aprobado definitivamente el 26 de abril de 1994 (2) (3).

1.2. Conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 130 I del Tratado de la Unión Europea, el Programa Marco se ejecutará mediante programas específicos desarrollados dentro de cada una de las acciones.

1.3. De forma complementaria, en el artículo 130 J de dicho Tratado se establece asimismo para la ejecución del Programa Marco la fijación por el Consejo de :

- normas para la participación de empresas, centros de investigación y universidades en los programas de investigación, y

- normas aplicables a la difusión de los resultados de la investigación.

1.4. Teniendo en cuenta que algunos de los programas específicos se presentan de conformidad con lo dispuesto en el Tratado EURATOM, la Comisión presenta, en lo que se refiere a las normas de participación, dos propuestas distintas, pero que establecen normas análogas.

1.5. No obstante, las disposiciones del Tratado EURATOM no obligan formalmente al Consejo a adoptar tales normas. Como indica la Comisión en su exposición de motivos, se trata, ante todo, de que « los participantes interesados puedan ver que se toma un único punto de vista para las actividades de IDT, sea cual sea su fundamento jurídico » (punto 6, tercer párrafo).

1.6. Con relación a las normas establecidas anteriormente, las que figuran en las propuestas sometidas a examen tienen, en opinión de la Comisión, tres elementos nuevos principales encaminados a :

- permitir a los « usuarios de tecnología » y a las entidades que no disponen de estructuras propias de investigación participar, en determinadas condiciones, en acciones de investigación,

- tomar en consideración la creciente importancia concedida a la cooperación internacional en el ámbito de la IDT y a una mayor sinergía con terceros países y organizaciones internacionales, así como la ampliación del campo de aplicación de los ámbitos abiertos a esta cooperación,

- optimizar los costes de gestión de las acciones de IDT, racionalizar y simplificar los procedimientos.

1.7. En cuanto a las normas de difusión de los resultados, la Comisión presenta tan sólo una propuesta de decisión habida cuenta de que, para los programas que se inscriben en el Tratado EURATOM, las normas correspondientes están establecidas en los artículos 12 a 19 de dicho Tratado.

1.8. En lo esencial, y contrariamente a las disposiciones bien detalladas del Tratado EURATOM, la pro-puesta de la Comisión establece simplemente que, en el caso de los proyectos de IDT de gastos compartidos, los contratantes que realizan el trabajo son los dueños de los resultados. Tienen los propietarios la obligación de explotarlos o comercializarlos de conformidad con los intereses de la Comunidad, concederse mutuamente licencias y derechos de utilización, y conceder derechos de acceso, con remuneración u otras condiciones, a terceros que pudieran necesitar esos resultados.

2. Evaluación de las propuestas de la Comisión

2.1. El Comité aprueba los objetivos que pretende alcanzar la Comisión en el marco de las presentes propuestas y los principios en que éstas se basan.

2.2. En efecto, considera particularmente oportuno que se proceda a una simplificación y a una racionalización, en particular de las normas generales de participación en los programas específicos, en el marco de un mayor esfuerzo de coherencia de las actividades comunitarias de investigación y de transparencia en su puesta en práctica.

2.3. El Comité se complace asimismo de que estas propuestas tengan también como objetivo permitir una mayor participación de las PYME en los programas de investigación, basándose en tres principios : transparencia, apertura e igualdad de oportunidades.

2.4. El Comité observa no obstante que las normas propuestas constituyen tan sólo normas-marco aplicables a la puesta en práctica de todos los programas específicos. Si es necesario, estas normas podrán precisarse y completarse en el marco de los diferentes programas específicos, en función de sus objetivos y de sus contenidos científicos y técnicos.

2.5. El Comité, llegado el momento y si lo considera oportuno, tendrá ocasión de pronunciarse sobre estas disposiciones particulares eventuales en el marco del examen de los diferentes programas específicos sobre los que también ha sido consultado.

2.6. En cualquier caso, el Comité lamenta que la Comisión no haya aprovechado la ocasión que brinda la presentación de estas propuestas para proceder a una mejora sustancial del marco general de participación en los programas específicos y, sobre todo, de difusión de los resultados de las investigaciones que se obtengan en estos programas.

2.7. Observa también que el carácter general y poco detallado de las normas propuestas deja a la Comisión un margen de maniobra y de apreciación nada despreciable, cuya pertinencia pone en entredicho.

2.8. Es evidente que se debería haber intentado lograr un mejor equilibrio entre la necesaria flexibilidad justificada por la diversidad de los programas específicos a los que se aplican estas normas y la necesidad que tienen los potenciales participantes en estos programas de disponer de un marco de referencia suficientemente preciso y transparente en cuyo interior poder realizar las diligencias necesarias para participar en las actividades de investigación y/o en la difusión de sus resultados.

2.8.1. Por otra parte, el Comité considera que la Comisión debería también examinar la posibilidad de presentar propuestas encaminadas a fomentar la utilización comercial de las innovaciones tecnológicas por parte de las empresas de la Unión Europea.

2.9. En un contexto así, el Comité pide que se dedique un capítulo específico del Informe Anual sobre las actividades llevadas a cabo en materia de investigación, de desarrollo tecnológico y de difusión de los resultados, cuya elaboración está prevista en el artículo 130 P del Tratado sobre la Unión Europea, a la aplicación de las decisiones que el Consejo adopte en la materia.

2.10. Por estas razones, y teniendo en cuenta también las numerosas observaciones, en lo que se refiere tanto al fondo como a la forma, que se formulan a continuación, el Comité no aprueba más que con reservas las disposiciones propuestas por la Comisión.

3. Normas de participación en los programas de investigación

3.1. Observaciones generales

3.1.1. El Comité insiste en que la facultad prevista por las propuestas de la Comisión, según la cual estas normas-marco podrán precisarse y completarse en el marco de programas específicos, no debe tener como consecuencia una proliferación de normas particulares que compliquen aún más los procedimientos, ya complejos de por sí, de participación en los programas de investigación. Destinadas a servir de marco a la puesta en práctica de los programas específicos, no deben desempeñar un papel disuasivo para los eventuales participantes en los proyectos de investigación.

3.1.2. Además, es preciso que la adopción y puesta en práctica de estas normas vaya acompañada de un esfuerzo mayor de transparencia y de información, en particular en el entorno de las PYME, universidades y centros de investigación, al objeto de que se instaure una verdadera igualdad de oportunidades en materia de acceso a los programas entre todos los interesados. En este sentido, la igualdad en el acceso a la información constituye una condición sine qua non.

3.1.2.1. El Comité considera que la reciente publicación por la Comisión de un manual sobre los procedimientos de puesta en práctica de los programas comunitarios de investigación representa un paso en este sentido, que se añade a otras iniciativas tomadas en 1993 para intentar mejorar la coherencia y la transparencia de la gestión de los programas de investigación : principalmente, convocatoria de licitaciones en fechas fijas cuatro veces por año y simplificación del contenido de la información solicitada a los postulantes.

3.1.2.2. En opinión del Comité, la Comisión debería tomar otras iniciativas como :

- la generalización de convocatorias de manifestaciones de interés, con antelación a las convocatorias de licitación,

- la generalización de jornadas de información para los potenciales participantes en actividades de investigación,

- la publicación de las convocatorias de manifestaciones de interés y de convocatorias de licitación en la prensa nacional y en los boletines profesionales correspondientes,

- la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de todos los programas de trabajo anuales, cuya elaboración esté prevista en el marco de la puesta en práctica de los programas específicos.

3.1.2.3. El Comité considera además que se deberían elaborar manuales como el mencionado anteriormente, así como cualquier otra información relativa a los programas de investigación, prioritariamente en las lenguas de los países cuya participación en dichos programas es más reducida.

3.1.3. También en este contexto, el Comité llama la atención sobre el hecho de que el plazo de presentación de las propuestas de proyectos de investigación en el marco de las ofertas de licitación trimestrales, plazo que es de tres meses, es, en algunos casos, demasiado corto para que algunos candidatos puedan presentar sus propuestas.

3.1.3.1. Las razones de dicha situación son diversas y con frecuencia tienen un efecto acumulativo : desconocimiento o falta de familiaridad de los procedimientos vigentes, dificultades de acceso a la información, en particular para los candidatos nuevos que no figuran en las listas de direcciones de la Comisión, alejamiento geográfico, dificultades para hallar socios colaboradores establecidos en otro estado miembro.

3.1.3.2. Por consiguiente, el Comité insta a la Comisión a examinar este asunto y, en determinados casos, a revisar los plazos de presentación de los proyectos de investigación.

3.1.3.2.1. Por otra parte, cuando se hayan presentado las propuestas de proyectos a la Comisión, deberían reducirse los plazos para darles curso y simplificarse los procedimientos que conducen a una decisión, sea ésta favorable o no, sobre una eventual financiación comunitaria.

3.1.4. No obstante, las medidas antes mencionadas no podrían ser suficientes de por sí. Otras iniciativas, en particular en materia de gestión administrativa y financiera de los programas y proyectos de investigación, son sin duda indispensables para adaptar los procedimientos vigentes a las capacidades de las diferentes categorías de participantes potenciales y para tener en cuenta el objetivo de fortalecer la cohesión económica y social dentro de la Unión Europea.

3.1.5. El Comité celebra que la Comisión proponga autorizar la participación de « usuarios de tecnología » en actividades de investigación y generalizar la posibilidad de que las PYME que no tengan sus propias instalaciones de investigación se asocien, en el marco de una investigación cooperativa, con organismos como centros de investigación y participen así en proyectos de investigación.

3.1.5.1. Esta segunda propuesta, basada en las medidas previstas en el subprograma CRAFT, puesto en práctica en el marco del programa BRITE-EURAM (1), es sin lugar a dudas de naturaleza tal que favorece una mayor participación de estas empresas en los programas de investigación.

3.1.5.2. No obstante, tal y como la propia Comisión señala en su comunicación de 30 de septiembre de 1993, titulada « Las PYME y las actividades comunitarias en materia de investigación y desarrollo tecnológico », a propósito del subprograma CRAFT, para que una iniciativa así tenga éxito se precisa realizar un mayor esfuerzo por « sensibilizar a las PYME sobre el potencial de las nuevas tecnologías y ayudarlas a definir proyectos y a identificar sus colaboradores » [doc. COM(93) 356 final, p. 13].

3.1.5.3. A este respecto, el Comité celebra el lanzamiento por la Comisión de la actuación piloto « Euromanagement RDT II » (2), que, a través de auditorías, tiene como objetivos :

- evaluar los medios de que disponen determinadas PYME europeas, creadoras o usuarias de tecnologías nuevas, para emprender cooperaciones tecnológicas transnacionales,

- orientar a las PYME de la muestra anterior hacia las formas de apoyo a la innovación y a la investigación más adecuadas a escala nacional y/o comunitaria,

- identificar y respaldar a las PYME cuyos proyectos de IDT puedan ser objeto de propuestas pertinentes en respuesta a las convocatorias de licitación de los programas comunitarios de IDT en el marco de la acción piloto o, llegado el caso, en el marco de EUREKA o de programas nacionales.

3.1.5.4. Estas auditorías se realizarán por organismos de asesoramiento a las PYME que recibirán una ayuda de la Comisión correspondiente al 50 % del coste de sus intervenciones. El 50 % restante podrá ser objeto de una financiación de carácter local, regional o nacional, de naturaleza pública, privada o mixta.

3.1.6. No obstante, de nada sirve ampliar las posibilidades de acceso de las PYME a los programas de investigación si, paralelamente, no se simplifican y acortan los procedimientos de presentación, selección y gestión de los proyectos de investigación, cuyas diversas etapas se asemejan, incluso actualmente, en muchos casos a una carrera de obstáculos que disuaden desde el comienzo a un buen número de ellas de participar en acciones de investigación.

3.1.6.1. La lentitud y complejidad de estos procedimientos, independientemente de las mejoras que la Comisión haya podido introducir, ya fueron sacadas a la luz en particular en el informe especial n° 6/93 del Tribunal de Cuentas sobre « Los programas europeos de investigación y de desarrollo en el ámbito de la tecnología de la información (programas ESPRIT) » (3), pero conciernen, en mayor o menor grado, a todos los programas de investigación.

3.1.6.2. La insuficiente calidad científica y técnica de las propuestas de los proyectos de investigación, así como la insuficiencia de los créditos disponibles, no bastan para justificar el bajo índice de aceptación de estas propuestas, que, por ejemplo, en el marco del programa ESPRIT, es, por término medio, de una de cada cuatro. El Tribunal de Cuentas destaca además en su informe que « el índice de aceptación de las propuestas procedentes de las PYME es menor que el de las propuestas de las grandes empresas, que asciende a una propuesta de cada dos o tres » (véase apartado 1.12 del informe).

3.1.6.3. Estos procedimientos, unidos a una información inadecuada, ocasionan gastos con frecuencia muy elevados, incluso insoportables para un buen número de PYME, universidades o centros de investigación, que se ven obligados a recurrir a expertos exteriores para la preparación y seguimiento de sus propuestas, y en ocasiones son elementos que conducen a la renuncia. Además, la Comisión no reembolsa estos gastos administrativos.

3.1.6.4. El Comité considera que esta situación es inaceptable y pide a la Comisión que examine la posibilidad de poner en práctica las siguientes propuestas :

- sufragar, para algunas categorías de participantes y según criterios establecidos previamente, el 50 % de los costes administrativos relacionados con la preparación y el seguimiento de las propuestas de proyectos de investigación, independientemente de que estas propuestas resulten aceptadas o rechazadas,

- proporcionar una asistencia gratuita para la elaboración y el seguimiento de las propuestas a las PYME, universidades y centros de investigación que no dispongan de recursos humanos y/o financieros para tal fin. Se podría prever que esta asistencia se dispense en el marco de los centros de enlace, creados con el programa VALUE (1), cuyo número actualmente asciende a 27 y se encuentran repartidos por todos los Estados miembros.

3.1.6.5. El Comité recuerda asimismo que, en su dictamen de iniciativa sobre el cuarto programa marco de acciones comunitarias de investigación y desarrollo tecnológico, de 26 de mayo de 1993 (2), solicitó la creación de un « Fondo de valorización » que ofrezca a las PYME un paquete integrado de apoyo que englobe, en particular, la preparación de la propuesta, la preparación del contrato y la ejecución del proyecto (véase apartado 3.5.1).

3.1.6.6. El Comité pide además a la Comisión que examine la posibilidad de modular la participación financiera de la Comunidad, que actualmente no puede ser superior al 50 % del coste de un proyecto, teniendo en cuenta las nuevas posibilidades de ayudas a actividades de investigación que ofrecen los recientes acuerdos del GATT y en particular el artículo 8 del Acuerdo relativo a las subvenciones y a las medidas compensatorias.

3.1.6.7. En el contexto de esta modulación, se podría tener en cuenta, por ejemplo, la naturaleza jurídica de los organismos interesados, su localización y su potencial de investigación, tanto en recursos humanos como en infraestructuras de investigación, y todo ello en función de los objetivos que el Tratado de la Unión Europea establece para la política de investigación.

3.1.7. En cuanto a los aspectos presupuestarios, el Comité no desconoce, como lo señala el Tribunal de Cuentas en el informe mencionado, que la Comisión procede, en muchos casos, a reducciones a veces muy importantes del presupuesto aceptado para la realización de un proyecto de investigación respecto del presupuesto solicitado, lo que obliga frecuentemente a los participantes en dicho proyecto a buscar medios de financiación complementarios. Esta manera de proceder, unida al rechazo de numerosas propuestas, permite que las demandas de financiación no sobrepasen la cuantía de los créditos disponibles.

3.1.7.1. El Comité comparte el punto de vista del Tribunal de Cuentas según el cual, sin que esta situación sea criticable en sí misma, conviene no obstante interrogarse sobre los métodos utilizados por la Comisión, su eficacia y su incidencia en la calidad científica y técnica de los proyectos realizados.

3.1.7.2. Además, el Comité se interroga acerca de los criterios en que se basan las decisiones de la Comisión en esta materia.

3.1.7.3. En cualquier caso, el Comité considera que, cuando la calidad científica y técnica de las propuestas presentadas lo justifica, deberían existir posibilidades de financiación complementaria para que estos proyectos puedan ser, independientemente de las obligaciones presupuestarias comunitarias, llevados a buen término.

3.1.7.4. El Comité sugiere a la Comisión que examine posibilidades de financiación complementaria a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o en el marco de los Fondos estructurales. Además, en el contexto de una mayor sinergía entre las actividades de investigación nacionales y comunitarias, convendría examinar también en qué medida se podría garantizar una financiación de carácter local, regional o nacional.

3.1.8. Por otra parte, el Comité comparte las serias inquietudes del Tribunal de Cuentas con relación a los importantes retrasos en los plazos de pago de la Comisión, retrasos que, como señala acertadamente, crea dificultades de tesorería, sobre todo en las universidades y en las PYME, cuya supervivencia económica puede depender de aquéllos (véase apartado 1.48 del informe).

3.1.8.1. Estos retrasos originan gastos financieros y de endeudamiento, lo que, una vez más, constituye una situación inaceptable, tanto más cuanto que la fracción de estos plazos imputable a la Comisión es más importante que la de los contratantes. Lo que se ha señalado para el programa ESPRIT es válido en general para todos los programas de investigación.

3.1.8.2. El Comité no puede, pues, sino compartir las conclusiones del Tribunal de Cuentas en cuanto a la necesidad de prever mejoras y simplificaciones de la gestión financiera. Además de las sugerencias formuladas en el informe mencionado, el Comité pide a la Comisión que examine la posibilidad de crear un sistema de adelantos reembolsables, o incluso de prever el reembolso de los intereses pagados sobre el capital pedido a crédito para resolver los retrasos de pago, en particular para la fracción de dichos plazos imputable a la Comisión.

3.1.9. Por último, el Comité lamenta también que no se haya previsto ninguna disposición para fomentar en mayor medida la colaboración entre empresas y universidades en materia de investigación. Esto resulta tanto más lamentable cuanto que, en el dictamen antes citado, el Comité señalaba su deseo, en particular, de que « se adopten nuevas medidas como la introducción de mecanismos encaminados a fomentar la colaboración entre grandes y pequeñas empresas y entre éstas últimas y la universidad mediante canales privilegiados de evaluación o de mayor financiación » (véase apartado 3.5.5).

3.2. Observaciones específicas

3.2.1. Artículo 2

3.2.1.1. En el apartado 1(a), el Comité propone suprimir la palabra « regularmente ».

3.2.1.2. La inclusión de esta palabra es, en efecto, una fuente de ambigüedad, y es contraria al principio de igualdad de oportunidades en materia de acceso a los programas de investigación, dado que tiende a concretar una ventaja adquirida por los organismos que ya participan en programas de investigación, sean comunitarios o nacionales.

3.2.1.3. Por otra parte, la propuesta de Decisión no prevé la condición de práctica habitual de una actividad de investigación para las entidades legales de terceros países, a las que se hace referencia en el apartado 2 de este mismo artículo.

3.2.1.4. La redacción del apartado 2, donde se precisan las normas de participación de entidades legales de terceros países en las acciones comunitarias de investigación, debería revisarse para que resulte más claro. En efecto, no se desprende claramente a qué terceros países se refiere y cuáles son las normas que se deben aplicar.

3.2.2. Artículo 3

3.2.2.1. En el primer párrafo del apartado 1, el Comité propone que se precise que las convocatorias de propuestas serán « en principio » publicadas en fechas fijas.

3.2.2.2. De esta manera, se conferirá un fundamento jurídico a la práctica actual, a la que el Comité es favorable en la medida en que responde a un mayor esfuerzo de transparencia.

3.2.2.3. El Comité considera que la redacción del apartado 4 está en contradicción con el apartado 3 del artículo 2, que permite a los « usuarios de tecnología » y otras entidades legales « carentes de instalaciones adecuadas para la investigación » participar en actividades de investigación.

3.2.2.4. Por consiguiente, propone que el apartado 4 comience con las palabras siguientes : « Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3 del artículo 2, » (el resto del texto no cambia).

3.2.3. Artículo 4

3.2.3.1. Se debería revisar la redacción del apartado 1 del texto actual, donde se precisa que dos entidades legales establecidas en Estados asociados pueden realizar actividades comunitarias de investigación, cuando en este mismo apartado se prevé también que « al menos uno de los contratantes esté establecido en un Estado miembro ».

3.2.3.2. El Comité propone suprimir, en este apartado, las palabras « en principio » (Nota de la Traducción : estas palabras no aparecen en la versión española del documento).

3.2.3.3. En efecto, considera que, habida cuenta de los objetivos atribuidos a la política de investigación y desarrollo tecnológico por el Tratado de la Unión Europea y anteriormente por el Acta Única, el establecimiento en un Estado miembro de al menos uno de los contratantes debería ser una regla absoluta.

3.2.3.4. El Comité propone añadir un cuarto párrafo en el que se precise que en el marco de los programas específicos se puedan prever criterios adicionales de selección de las propuestas al objeto de fomentar la participación de las PYME en las actividades de investigación. Tal añadido respondería a las preocupaciones expresadas por el Comité en el presente dictamen.

3.2.4. Artículo 9

3.2.4.1. El Comité propone que este artículo se modifique con el fin de prever que las disposiciones que apruebe el Consejo permanecerán vigentes durante todo el período de ejecución del cuarto programa marco (1994-1998) y no hasta « que sea sustituida por otra decisión del Consejo basada en el artículo 130 J del Tratado ».

3.2.4.2. En efecto, considera que una modificación tal prevendría a todas las entidades interesadas contra toda eventual modificación de las normas de participación en actividades de investigación durante el período de aplicación del propio programa marco, ofreciéndoles así un marco estable de referencia.

4. Normas de difusión de los resultados de la investigación

4.1. El Comité destaca lo limitado de los objetivos de la propuesta de la Comisión, a saber, sentar los principios aplicables a los derechos de propiedad intelectual resultantes de los trabajos de IDT que hayan sido objeto de una financiación comunitaria así como a la difusión de los resultados de la investigación.

4.2. En cualquier caso, lamenta profundamente que la propuesta de la Comisión constituya, en lo esencial, una transposición pura y llana del artículo 8 de la Decisión del Consejo de 29 de abril de 1992 « relativa a la difusión y a la explotación de los conocimientos resultantes de los programas específicos de investigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad » (1), tanto más cuanto que el apartado 2 del artículo 1 prevé que sea exclusivamente la Comisión quien establezca las modalidades de aplicación de las normas de decisión de los resultados contenidas en la presente propuesta, modalidades de las que el Comité, al igual que las demás instituciones, no tendrá conocimiento.

4.3. Considera que la Comisión debería haber aprovechado la oportunidad que brindaba la presentación de esta propuesta para definir de manera detallada los derechos y obligaciones correspondientes a la difusión y a la explotación de los resultados de la investigación. De esta manera, el Comité confiaba en que la Comisión precisara las normas relativas :

- a los derechos de propiedad,

- a la protección de los conocimientos resultantes de las actividades de investigación,

- a la difusión de los conocimientos entre los diferentes participantes en la realización de un proyecto de investigación así como entre terceros establecidos en la Comunidad que, si bien no hubieren participado en este proyecto concreto, realizan también actividades de investigación,

- a la explotación y a la comercialización de los conocimientos,

- a las restricciones aplicables en materia de difusión de los conocimientos,

- a la difusión de los conocimientos pertenecientes a la Comunidad,

- a la publicación y difusión de información sobre los proyectos de investigación y sus resultados,

- a las condiciones de acceso de entidades legales de terceros países a los conocimientos resultantes de las actividades comunitarias de investigación.

4.4. La presente situación es tanto más lamentable cuanto que el Libro Blanco sobre « Crecimiento, competitividad y empleo », de diciembre de 1993, dedica un capítulo muy importante a este asunto, destacando que la difusión y la explotación de los resultados de la investigación, así como su transformación en productos y procedimientos innovadores, constituyen la principal debilidad del sistema de investigación europeo. Una debilidad tal menoscaba gravemente la competitividad de la industria comunitaria.

4.4.1. En este contexto, el Comité se remite también a su dictamen de 20 de octubre de 1993 sobre « Crecimiento, competitividad y empleo », que constituyó su contribución a la preparación del « Libro Blanco » (2).

4.5. El Comité considera que precisar el conjunto de estas normas y garantizar una amplia difusión de las mismas habría sido tanto más oportuno cuanto que existe, con mucha frecuencia, una falta de conocimientos, que puede llegar a ignorancia total, por parte de numerosos participantes en programas de investigación, de los derechos y obligaciones en materia de protección de los conocimientos y de los resultados obtenidos a través de las actividades comunitarias de investigación. Esto es particularmente cierto para un buen número de PYME.

4.5.1. En opinión del Comité, esta situación exige obrar al menos a dos niveles :

4.5.1.1. En primer lugar, todos los participantes en proyectos de investigación deberían ser informados por la Comisión, en el momento en que se firme el contrato correspondiente, sobre las normas aplicables a la protección de los conocimientos y de los resultados obtenidos con sus trabajos de investigación. En este contexto, se podría prever también la organización de jornadas de información.

4.5.1.2. En segundo lugar, los participantes en proyectos de investigación deberían poder contar, si lo consideran necesario, con la asistencia de expertos especializados en el ámbito de las patentes, y más generalmente en materia de propiedad intelectual, en el marco de las diligencias que se deben emprender para garantizar la protección de sus resultados. Estos expertos podrían estar agregados a los diferentes centros de enlace, antes mencionados, y su financiación a cargo de la Comisión, ya sea en el marco de los diferentes programas específicos o en el del propio programa para la difusión y explotación de la investigación y desarrollo tecnológico.

4.6. El Comité no tiene la intención de pronunciarse en el presente dictamen sobre las acciones de difusión y de explotación propiamente dichas de los resultados de la investigación, que son objeto de un programa específico de investigación en el contexto del cuarto programa marco. El Comité ha sido consultado también sobre esta propuesta y se pronunciará posteriormente al respecto.

5. Recomendaciones conclusivas

5.1. El Comité formula, de manera apremiante y dirigidas a la Comisión y al Consejo, las siguientes recomendaciones conclusivas :

5.1.1. Los esfuerzos encaminados a simplificar, agilizar y hacer más transparentes los procedimientos de información, presentación de solicitudes, selección, ges-tión, difusión y explotación de los resultados de la investigación deben renovarse y figurar expresamente en las disposiciones de las decisiones generales y de los programas específicos, y deben ser objeto, por parte de la Comunidad, de acciones de sensibilización dirigidas a las asociaciones, organizaciones y centros de asistencia en relación con las empresas.

5.1.2. Las afirmaciones del Libro Blanco, según las cuales « el potencial del mercado interior no se aprovechará plenamente sin la debida implicación de las PYME, que es su elemento motor » -respaldando su competitividad, mejorando su financiación, favoreciendo la cooperación entre empresas, mejorando su capacidad de gestión y su nivel tecnológico y llevando a cabo una economía descentralizada poniendo más empeño en la « comunicación y participación en la información y en el saber »-, deben traducirse en un corpus normativo dinámico de apoyo a las PYME, particularmente en el marco de la política comunitaria de investigación, tecnología e innovación.

5.1.3. Las orientaciones para una política de competitividad global, en particular las encaminadas a facilitar una difusión más rápida de los resultados de la investigación y a incentivar su rápida aplicación en procesos y productos competitivos con un mayor contacto entre productores y usuarios y con un desarrollo « arracimado » (clusters) de actividades competitivas que permitan sacar provecho de la diversidad regional con que cuenta la Comunidad, deben traducirse en medidas concretas a través de acciones estructurales comunitarias y nacionales, al objeto de allanar realmente el camino al potencial de creación de puestos de trabajo de las empresas, en particular de las PYME.

Hecho en Bruselas, el 1 de junio de 1994.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Susanne TIEMANN

(1) DO n° C 81 de 18. 3. 1994, pp. 9-12-15.

(2) DO n° L 115 de 6. 5. 1994, p. 31.

(3) DO n° L 126 de 18. 5. 1994, p. 1.

(4) DO n° L 375 de 31. 12. 1991, p. 18.

(5) DO n° C 99 de 8. 4. 1994, p. 23.

(6) DO n° C 45 de 14. 2. 1994.

(7) Programa específico de difusión y de utilización de los resultados de la investigación científica y tecnológica (1989-1992) - DO n° L 200 de 13. 7. 1989, p. 23.

(8) DO n° C 201 de 26. 7. 1993, p. 36.

(9) DO n° L 141 de 23. 5. 1992, p. 1.

(10) DO n° C 352 de 30. 12. 1993, p. 32.

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