Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**Consejo de la**
**Unión Europea**

**Expediente interinstitucional:**

**2023/0258(NLE)**

**PROPUESTA**

**Bruselas, 5 de julio de 2023**
**(OR. en)**

**11505/23**
**ADD 2**

**POLCOM 151**
**SERVICES 29**
**FDI 17**
**COLAC 83**

De: Por la secretaria general de la Comisión Europea, D.ª Martine DEPREZ,
directora

Fecha de recepción: 5 de julio de 2023

A: D.ª Thérèse BLANCHET, secretaria general del Consejo de la Unión
Europea

N.° doc. Ción.: COM(2023) 434 final - ANEXO 1 - PARTE 2/3

Asunto: ANEXO de la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en
nombre de la Unión Europea, del Acuerdo Provisional sobre Comercio
entre la Unión Europea y la República de Chile

–
Adjunto se remite a las Delegaciones el documento COM(2023) 434 final - ANEXO 1 - PARTE

2/3.

Adj.: COM(2023) 434 final - ANEXO 1 - PARTE 2/3

11505/23 ADD 2 ck

## COMPET.3 ES

COMISIÓN

EUROPEA

Bruselas, 5.7.2023
COM(2023) 434 final

ANNEX 1 – PART 2/3

**ANEXO**

_**de la**_

**propuesta de Decisión del Consejo**

**relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo Provisional sobre**

**Comercio entre la Unión Europea y la República de Chile**

# **ES ES**

CAPÍTULO 10

LIBERALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

ARTÍCULO 10.1

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte que afecten

al establecimiento de una empresa o a la explotación de una empresa cubierta en todas las

actividades económicas por un inversor de la otra Parte en su territorio.

2. El presente capítulo no se aplica a:

a) los servicios audiovisuales;

b) el cabotaje marítimo nacional **[1]** ; y

**1** Sin perjuicio del abanico de actividades que puedan considerarse cabotaje con arreglo a la
legislación nacional pertinente, el cabotaje marítimo nacional en el marco del presente
capítulo abarca el transporte de pasajeros o mercancías entre un puerto o un punto situado en
Chile o en un Estado miembro y otro puerto o punto situado en Chile o en el mismo Estado
miembro, incluida su plataforma continental, según se establece en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como el tráfico con origen y destino en el
mismo puerto o punto situado en Chile o en un Estado miembro.

& /es 1

c) los servicios aéreos nacionales e internacionales o servicios conexos de apoyo a los servicios

aéreos **[1]**, programados o no, y los servicios directamente relacionados con el ejercicio de los

derechos de tráfico, distintos de:

i) los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves durante los cuales la aeronave

se encuentra fuera de servicio;

ii) la venta y comercialización de servicios de transporte aéreo;

iii) los servicios de sistemas de reserva informatizados; y

iv) los servicios de asistencia en tierra.

3. El presente capítulo no se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte en

relación con las instituciones financieras de la otra Parte, los inversores de la otra Parte y las

inversiones de esos inversores en instituciones financieras en su territorio, según se definen en el

artículo 18.2.

4. Los artículos 10.5, 10.6, 10.8, 10.9 y 10.10 no se aplican con respecto a la contratación

pública.

**1** Para mayor seguridad, los servicios aéreos o servicios conexos de apoyo a los servicios aéreos
incluyen los servicios siguientes: el transporte aéreo; los servicios prestados con una aeronave
cuya finalidad principal no sea el transporte de mercancías o de pasajeros, sino la extinción
aérea de incendios, los vuelos de entrenamiento, los vuelos turísticos, la pulverización, la
agrimensura, la cartografía, la fotografía, el paracaidismo, el arrastre de planeadores, el uso de
helicópteros grúa en los sectores de la madera y la construcción y otros servicios aéreos
agrícolas, industriales y de inspección; el alquiler de aeronaves con tripulación; y los servicios
de explotación aeroportuaria.

& /es 2

5. Los artículos 10.5, 10.6, 10.8 y 10.10 no se aplican con respecto a las subvenciones

concedidas por una Parte, incluidos los préstamos, garantías y seguros con respaldo de la

administración.

ARTÍCULO 10.2

Definiciones

1. A efectos del presente capítulo y de los anexos 10-A, 10-B y 10-C, se entenderá por:

a) «actividades realizadas en el ejercicio de la autoridad gubernamental»: las actividades,

incluidos los servicios prestados, que no se realizan ni sobre una base comercial ni en

competencia con uno o varios operadores económicos;

b) «servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves»: tales actividades cuando se realizan

en una aeronave o en parte de ella mientras está fuera de servicio; no incluyen el llamado

mantenimiento de línea;

c) «servicios de sistemas de reserva informatizados»: los servicios prestados mediante sistemas

informatizados que contienen información acerca de los horarios, la disponibilidad, las tarifas

y las reglas de tarificación de los transportistas aéreos, por medio de los cuales pueden

hacerse reservas o expedirse billetes;

& /es 3

d) «empresa cubierta»: la empresa establecida de conformidad con la letra h) por el inversor de

una Parte en el territorio de la otra Parte, de conformidad con el Derecho aplicable y que

existe en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o se establece posteriormente;

e) «prestación transfronteriza de servicios»: la prestación de un servicio:

i) desde el territorio de una Parte, en el territorio de la otra Parte; o

ii) en el territorio de una Parte, al consumidor del servicio de la otra Parte;

f) «actividades económicas»: toda actividad de carácter industrial, comercial o profesional o

toda actividad artesanal, incluida la prestación de servicios, salvo las realizadas en el ejercicio

de la autoridad gubernamental;

g) «empresa»: toda persona jurídica, sucursal u oficina de representación constituida mediante

establecimiento;

h) «establecimiento»: la constitución de una empresa, incluida la adquisición **[1]**, por el inversor de

una Parte en el territorio de la otra Parte;

**1** Se entiende que el término «adquisición» incluye la participación de capital en una persona
jurídica con el fin de establecer o mantener vínculos económicos duraderos.

& /es 4

i) «servicios de asistencia en tierra»: la prestación en un aeropuerto, mediante el pago de una

tasa o por contrato, de los servicios siguientes: representación, administración y supervisión

de la compañía aérea; asistencia a los pasajeros; asistencia de equipajes; asistencia a las

operaciones en pista; catering, excepto la preparación de alimentos; asistencia de carga y

correo aéreos; repostaje de combustible, y cuidado y limpieza de aeronaves; transporte de

superficie; operaciones de vuelo, administración de tripulación y planificación de vuelos; los

servicios de asistencia en tierra no incluyen: la autoasistencia; la seguridad; el mantenimiento

de línea; la reparación y el mantenimiento de aeronaves; la gestión o explotación de

infraestructuras aeroportuarias centralizadas esenciales, como las instalaciones de deshielo,

los sistemas de distribución de combustible, los sistemas de asistencia de equipajes y los

sistemas fijos de transporte dentro del aeropuerto;

j) «inversor de una Parte»: la persona física o jurídica de una Parte que pretenda establecer, esté

estableciendo o haya establecido una empresa de conformidad con la letra h);

& /es 5

k) se entenderá por «persona jurídica de una Parte» **[1]** :

i) en el caso de la Unión Europea:

A) la persona jurídica constituida u organizada de conformidad con el Derecho de la

Unión Europea o de al menos uno de sus Estados miembros y que lleve a cabo

operaciones comerciales sustantivas **[2]** en el territorio de la Unión Europea; y

B) las compañías navieras establecidas fuera de la Unión Europea y controladas por

personas físicas de un Estado miembro, cuyos buques estén registrados en un

Estado miembro y enarbolen su pabellón;

ii) en el caso de Chile:

A) la persona jurídica constituida u organizada de conformidad con el Derecho de

Chile y que lleve a cabo operaciones comerciales sustantivas en el territorio de

Chile; y

B) las compañías navieras establecidas fuera de Chile y controladas por personas

físicas de Chile, cuyos buques estén registrados en Chile y enarbolen su pabellón;

**1** Para mayor seguridad, las compañías navieras a las que se hace referencia en la presente
definición solo se consideran personas jurídicas de una Parte con respecto a sus actividades
relacionadas con la prestación de servicios de transporte marítimo.
**2** En consonancia con su notificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a la
OMC (WT/REG39/1), la Unión Europea entiende que el concepto de «vinculación efectiva y
continua» con la economía de un Estado miembro consagrado en el artículo 54 del TFUE
equivale al concepto de «operaciones comerciales sustantivas».

& /es 6

l) «explotación»: la realización, la gestión, el mantenimiento, el uso, el disfrute, la venta u otras

formas de disposición de una empresa por el inversor de una Parte en el territorio de la otra

Parte;

m) «venta y comercialización de servicios de transporte aéreo»: las oportunidades del

transportista aéreo de que se trate de vender y comercializar libremente sus servicios de

transporte aéreo, incluidos todos los aspectos de la comercialización, como los estudios de

mercado, la publicidad y la distribución; estas actividades no incluyen la fijación de precios

de los servicios de transporte aéreo ni las condiciones aplicables; y

n) «servicio»: cualquier servicio de cualquier sector, excepto los prestados en el ejercicio de la

autoridad gubernamental.

ARTÍCULO 10.3

Derecho a regular

Las Partes afirman el derecho a regular en su territorio para alcanzar objetivos legítimos en materia

de políticas, como la protección de la salud pública, los servicios sociales, la educación, la

seguridad, el medio ambiente (incluido el cambio climático), la moral pública, la protección social o

de los consumidores, la privacidad y la protección de datos o la promoción y la protección de la

diversidad cultural.

& /es 7

ARTÍCULO 10.4

Relación con otros capítulos

1. En caso de incompatibilidad entre el presente capítulo y el capítulo 18, este último

prevalecerá en la medida de la incompatibilidad.

2. El hecho de que una Parte exija a un proveedor de servicios de la otra Parte que deposite una

fianza u otra forma de garantía financiera como condición para la prestación transfronteriza de un

servicio en su territorio no implica en sí mismo que el presente capítulo sea aplicable a la prestación

transfronteriza del servicio. El presente capítulo se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por

una Parte en relación con la fianza o garantía financiera, si tal fianza o garantía financiera

constituye una empresa cubierta.

& /es 8

ARTÍCULO 10.5

Acceso a los mercados

1. En los sectores o subsectores en los que se contraigan compromisos de acceso a los mercados,

las Partes no adoptarán ni mantendrán, con respecto al acceso a los mercados mediante el

establecimiento o la explotación por inversores de la otra Parte o por empresas cubiertas, ni sobre la

base de la totalidad de su territorio o sobre la base de una subdivisión territorial, medidas que:

a) limiten el número de empresas que pueden realizar una actividad económica concreta, ya sea

en forma de contingentes numéricos, monopolios, derechos exclusivos o mediante la

exigencia de una prueba de necesidades económicas;

b) limiten el valor total de las transacciones o activos en forma de contingentes numéricos o la

exigencia de una prueba de necesidades económicas;

c) limiten el número total de operaciones o la cuantía total de la producción, expresada en

unidades numéricas designadas, en forma de contingentes o mediante la exigencia de una

prueba de necesidades económicas **[1]** ;

d) restrinjan o exijan determinados tipos de entidad jurídica o empresa conjunta mediante las

cuales un inversor de la otra Parte pueda realizar una actividad económica; o

**1** Las letras a), b) y c) del apartado 1 no abarcan las medidas tomadas para limitar la producción
de un producto agrícola o de la pesca.

& /es 9

e) limiten el número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado sector o

que una empresa pueda emplear y que sean necesarias para la realización de una actividad

específica y estén directamente relacionadas con ella, en forma de contingentes numéricos o

mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas.

ARTÍCULO 10.6

Trato nacional

1. Las Partes concederán a los inversores de la otra Parte y a las empresas cubiertas, con

respecto al establecimiento, un trato no menos favorable que el que conceden, en situaciones

similares **[1]**, a sus propios inversores y a sus empresas.

2. Las Partes concederán a los inversores de la otra Parte y a las empresas cubiertas, con

respecto a la explotación, un trato no menos favorable que el que conceden, en situaciones

similares **[1]**, a sus propios inversores y a sus empresas.

**1** Para mayor seguridad, determinar si se concede un trato en «situaciones similares» requiere
un análisis caso por caso, basado en hechos, y depende de la totalidad de las situaciones.

& /es 10

3. El trato concedido por una Parte con arreglo a los apartados 1 y 2 significa:

a) con respecto a una administración regional o local de Chile, un trato no menos favorable que

el más favorable concedido, en situaciones similares, por ese nivel de la administración a los

inversores de Chile y a sus empresas en su territorio;

b) con respecto a una administración de un Estado miembro o situada en un Estado miembro, un

trato no menos favorable que el más favorable concedido, en situaciones similares, por esa

administración a los inversores de dicho Estado miembro y a sus empresas en su territorio **[1]** .

ARTÍCULO 10.7

Contratación pública

1. Las Partes garantizarán que las empresas cubiertas reciban un trato no menos favorable que el

concedido, en situaciones similares, a sus propias empresas con respecto a cualquier medida relativa

a la compra de bienes o servicios por una entidad contratante para fines gubernamentales.

2. La aplicación de la obligación de trato nacional establecida en el presente artículo está

supeditada a las excepciones generales y de seguridad establecidas en el artículo 21.3.

**1** Para mayor seguridad, el trato concedido por una administración de un Estado miembro o
situada en un Estado miembro incluye los niveles regional y local, cuando proceda.

& /es 11

ARTÍCULO 10.8

Trato de nación más favorecida

1. Las Partes concederán a los inversores de la otra Parte y a las empresas cubiertas, con

respecto al establecimiento, un trato no menos favorable que el que conceden, en situaciones

similares **[1]**, a los inversores de un tercer país y a sus empresas.

2. Las Partes concederán a los inversores de la otra Parte y a las empresas cubiertas, con

respecto a la explotación, un trato no menos favorable que el que conceden, en situaciones

similares **[1]**, a los inversores de un tercer país y a sus empresas.

3. Los apartados 1 y 2 no se interpretarán de manera que se obligue a una Parte a ampliar a los

inversores de la otra Parte o a las empresas cubiertas la ventaja de cualquier trato que resulte de

medidas que establezcan el reconocimiento de las normas, incluidas las normas o los criterios para

la autorización, concesión de licencias o certificación de una persona física o empresa para llevar a

cabo una actividad económica, o de medidas prudenciales.

**1** Para mayor seguridad, determinar si se concede un trato en «situaciones similares» requiere
un análisis caso por caso, basado en hechos, y depende de la totalidad de las situaciones.

& /es 12

4. Para mayor seguridad, el trato al que se refieren los apartados 1 y 2 no incluye los

procedimientos o mecanismos de solución de diferencias en materia de inversiones establecidos en

otros tratados internacionales sobre inversiones y en otros acuerdos comerciales. Las disposiciones

sustantivas de otros tratados internacionales sobre inversiones o acuerdos comerciales no

constituyen en sí mismas el «trato» al que se refieren los apartados 1 y 2, por lo que no pueden dar

lugar a un incumplimiento del presente artículo, a falta de medidas adoptadas o mantenidas por una

Parte. Las medidas de una Parte aplicadas con arreglo a dichas disposiciones sustantivas pueden

constituir el «trato» del presente artículo y, por tanto, dar lugar a un incumplimiento de este.

ARTÍCULO 10.9

Requisitos de rendimiento

1. Las Partes no impondrán ni obligarán a cumplir, en lo que concierne al establecimiento o a la

explotación de cualquier empresa de las Partes o de un tercer país en su territorio, ningún requisito

ni ningún compromiso relativo a:

a) exportar un nivel o porcentaje determinado de mercancías o servicios;

b) alcanzar un nivel o porcentaje determinado de contenido interno;

c) adquirir, utilizar o conceder una preferencia a las mercancías producidas o a los servicios

prestados en su territorio, o adquirir mercancías o servicios de personas físicas o de empresas

en su territorio;

& /es 13

d) vincular de alguna manera el volumen o el valor de las importaciones con el volumen o el

valor de las exportaciones, o con el importe de la entrada de divisas en relación con dicha

empresa;

e) limitar, en su territorio, las ventas de las mercancías o servicios que produzca o preste esa

empresa vinculando de alguna forma esas ventas con el volumen o el valor de sus

exportaciones o ingresos de divisas;

f) transferir tecnología, un proceso de producción u otros conocimientos protegidos por

derechos de propiedad industrial a una persona física o una empresa de su territorio;

g) suministrar exclusivamente desde el territorio de la Parte las mercancías producidas o los

servicios prestados por ella a un mercado regional o mundial específico;

h) ubicar la sede de ese inversor para una región específica del mundo, que sea mayor que el

territorio de la Parte, o el mercado mundial en su territorio;

i) contratar a un determinado número o porcentaje de sus nacionales;

j) limitar las exportaciones o las ventas para exportación; o

& /es 14

k) en relación con cualquier contrato de licencia vigente en el momento en el que se imponga o

se haga cumplir el requisito, o se haga cumplir cualquier compromiso o pacto o cualquier

futuro contrato de licencia celebrado voluntariamente entre el inversor y una persona física o

jurídica o cualquier otra entidad en su territorio, siempre que el requisito se imponga o el

compromiso o pacto se haga cumplir de forma que constituya una interferencia directa con

dicho contrato de licencia mediante el ejercicio de la autoridad gubernamental no judicial de

una Parte, adoptar:

i) una tasa o importe determinados de cánones por debajo de un determinado nivel en

virtud de un contrato de licencia; o

ii) una determinada duración de un contrato de licencia.

2. Para mayor seguridad, la letra k) no se aplica si el contrato de licencia se celebra entre el

inversor y una Parte.

3. Las Partes no condicionarán la recepción ni la recepción continuada de una ventaja, en

relación con el establecimiento o la explotación de una empresa en su territorio, de una Parte o de

un tercer país, al cumplimiento de ninguno de los requisitos siguientes:

a) alcanzar un nivel o porcentaje determinado de contenido interno;

b) adquirir, utilizar o conceder una preferencia a las mercancías producidas o a los servicios

prestados en su territorio, o adquirir mercancías o servicios de personas físicas o de empresas

de su territorio;

& /es 15

c) vincular de alguna manera el volumen o el valor de las importaciones con el volumen o el

valor de las exportaciones, o con el importe de la entrada de divisas en relación con dicha

empresa;

d) limitar, en su territorio, las ventas de las mercancías o servicios que produzca o preste esa

empresa vinculando de alguna forma esas ventas con el volumen o el valor de sus

exportaciones o ingresos de divisas; o

e) limitar las exportaciones o las ventas para exportación.

4. El apartado 3 no se interpretará de manera que se impida a las Partes condicionar la recepción

o la recepción continuada de una ventaja, en relación con el establecimiento o la explotación de una

empresa en su territorio por un inversor de una Parte o un tercer país, al cumplimiento del requisito

de situar en su territorio la producción, la prestación de un servicio, la formación o el empleo de

trabajadores, la construcción o ampliación de determinadas instalaciones o la realización de

actividades de investigación y desarrollo.

5. El apartado 1, letras f) y k), no se aplica si:

a) una Parte autoriza el uso de un derecho de propiedad intelectual de conformidad con el

artículo 31 o el artículo 31 _bis_ del Acuerdo sobre los ADPIC, o adopta o mantiene medidas

que exijan la divulgación de datos o información de dominio privado que entren dentro del

ámbito de aplicación del artículo 39, apartado 3, del Acuerdo sobre los ADPIC y sean

compatibles con él; o

& /es 16

b) el requisito se impone o el compromiso o pacto es ejecutado por un órgano jurisdiccional, un

tribunal administrativo o una autoridad de competencia para poner remedio a una práctica

que, tras un proceso judicial o administrativo, se determine que constituye una violación del

Derecho de la competencia de la Parte.

6. El apartado 1, letras a), b) y c), y el apartado 3, letras a) y b), no se aplican a los requisitos de

cualificación para mercancías o servicios con respecto a la participación en programas de

promoción de las exportaciones y de ayuda exterior.

7. El apartado 3, letras a) y b), no se aplica a los requisitos que imponga una Parte importadora

en relación con el contenido de mercancías que se precisen para poder beneficiarse de aranceles

preferenciales o de contingentes preferenciales.

8. Para mayor seguridad, el presente artículo no se interpretará de forma que se exija a las Partes

que permitan que un servicio determinado se preste a nivel transfronterizo cuando adopten o

mantengan restricciones o prohibiciones sobre dicha prestación de servicios que sean compatibles

con las reservas, condiciones o cualificaciones especificadas en relación con un sector, subsector o

actividad enumerado en los anexos 10-A, 10-B y 10-C.

9. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los compromisos contraídos por una Parte en

virtud del Acuerdo sobre la OMC.

& /es 17

ARTÍCULO 10.10

Altos directivos y consejos de administración

Las Partes no exigirán que una empresa cubierta designe a personas físicas de una nacionalidad

determinada como miembros de los consejos de administración, o para ocupar puestos de alta

dirección, como ejecutivos o directivos.

ARTÍCULO 10.11

Medidas no conformes

1. Los artículos 10.6, 10.8, 10.9 y 10.10 no se aplican a:

a) cualquier medida no conforme vigente mantenida por:

i) en el caso de la Unión Europea:

A) la Unión Europea, tal como se establece en el apéndice 10-A-1;

B) la administración central de un Estado miembro, tal como se establece en el

apéndice 10-A-1;

& /es 18

C) un nivel regional de la administración de un Estado miembro, tal como se

establece en el apéndice 10-A-1; o

D) un nivel local de la administración; y

ii) en el caso de Chile:

A) la administración central, tal como se establece en el apéndice 10-A-2;

B) un nivel regional de la administración, tal como se establece en el apéndice 10-A

2; o

C) un nivel local de la administración;

b) la continuación o la rápida renovación de toda medida no conforme contemplada en la letra

a); o

c) una modificación de cualquiera de las medidas no conformes contempladas en la letra a) del

presente apartado, en la medida en que la modificación en cuestión no reduzca el grado de

conformidad de la medida, tal como existía inmediatamente antes de la modificación, con el

artículo 10.6, 10.8, 10.9 o 10.10.

2. Los artículos 10.6, 10.8, 10.9 y 10.10 no se aplican a las medidas de una Parte con respecto a

los sectores, subsectores o actividades que figuran en su lista del anexo 10-B (medidas futuras).

& /es 19

3. Las Partes no exigirán, en virtud de una medida adoptada después de la fecha de entrada en

vigor del presente Acuerdo que figure entre sus reservas enumeradas en el anexo 10-B, a un

inversor de la otra Parte, por motivos de nacionalidad, que venda o disponga de otro modo de una

empresa cubierta existente en el momento en que la medida entre en vigor.

4. El artículo 10.5 no se aplica a ninguna medida de las Partes que sea coherente con los

compromisos establecidos en el anexo 10-C.

5. Los artículos 10.6 y 10.8 no se aplican a ninguna medida de las Partes que constituya una

exención o dispensa de lo dispuesto en el artículo 3 o 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, con arreglo a

lo dispuesto específicamente en los artículos 3 a 5 de dicho Acuerdo.

6. Para mayor seguridad, los artículos 10.6 y 10.8 no se interpretarán de manera que se impida a

las Partes establecer requisitos de información, incluso con fines estadísticos, en relación con el

establecimiento o la explotación de inversores de la otra Parte o de empresas cubiertas, siempre que

no constituya un medio para eludir las obligaciones de dicha Parte con arreglo a esos artículos.

& /es 20

ARTÍCULO 10.12

Denegación de ventajas

Las Partes podrán denegar las ventajas del presente capítulo a un inversor de la otra Parte, o a una

empresa cubierta, si la Parte que deniega las ventajas adopta o mantiene medidas relacionadas con

el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluida la protección de los derechos

humanos, que:

a) prohíban las transacciones con dicho inversor o empresa cubierta; o

b) se incumplirían o eludirían si las ventajas previstas en el presente capítulo se concedieran a

dicho inversor o empresa cubierta, incluso cuando las medidas prohíban las transacciones con

una persona física o jurídica que sea propietaria o tenga el control de alguno de ellos.

ARTÍCULO 10.13

Subcomité de Servicios e Inversión

Se crea el Subcomité de Servicios e Inversión («el Subcomité») en virtud del artículo 33.4,

apartado 1. Al abordar cuestiones relacionadas con la inversión, el Subcomité supervisará y

garantizará la correcta aplicación del presente capítulo y de los anexos 10-A, 10-B y 10-C.

& /es 21

CAPÍTULO 11

COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS

ARTÍCULO 11.1

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplica a las medidas adoptadas por una Parte que afecten al comercio

transfronterizo de servicios prestados por los proveedores de servicios de la otra Parte. Estas

medidas incluyen medidas que afectan a:

a) la producción, la distribución, la comercialización, la venta y la prestación de un servicio;

b) la compra, la utilización o el pago de un servicio;

c) en conexión con la prestación de un servicio, el acceso a servicios que una Parte debe

obligatoriamente ofrecer al público en general, así como su utilización, incluidas las redes de

distribución, transporte o telecomunicaciones; y

d) la prestación de una fianza o cualquier otra forma de garantía financiera, como condición para

la prestación de un servicio.

& /es 22

2. El presente capítulo no se aplica a:

a) los servicios financieros, según se definen en el artículo 18.2;

b) los servicios audiovisuales;

c) el cabotaje marítimo nacional **[1]** ;

d) los servicios aéreos nacionales e internacionales o servicios conexos de apoyo a los servicios

aéreos **[2]**, programados o no, y los servicios directamente relacionados con el ejercicio de los

derechos de tráfico, distintos de:

i) los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves durante los cuales la aeronave

se encuentra fuera de servicio;

**1** Sin perjuicio del abanico de actividades que puedan considerarse cabotaje con arreglo a la
legislación nacional pertinente, el cabotaje marítimo nacional en el marco del presente
capítulo abarca el transporte de pasajeros o mercancías entre un puerto o un punto situado en
Chile o en un Estado miembro y otro puerto o punto situado en Chile o en el mismo Estado
miembro, incluida su plataforma continental, según se establece en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como el tráfico con origen y destino en el
mismo puerto o punto situado en Chile o en un Estado miembro.
**2** Para mayor seguridad, los servicios aéreos o servicios conexos de apoyo a los servicios aéreos
incluyen los servicios siguientes: el transporte aéreo; los servicios prestados con una aeronave
cuya finalidad principal no sea el transporte de mercancías o de pasajeros, sino la extinción
aérea de incendios, los vuelos de entrenamiento, los vuelos turísticos, la pulverización, la
agrimensura, la cartografía, la fotografía, el paracaidismo, el arrastre de planeadores, el uso de
helicópteros grúa en los sectores de la madera y la construcción y otros servicios aéreos
agrícolas, industriales y de inspección; el alquiler de aeronaves con tripulación; y los servicios
de explotación aeroportuaria.

& /es 23

ii) la venta y comercialización de servicios de transporte aéreo;

iii) los servicios de sistemas de reserva informatizados; y

iv) los servicios de asistencia en tierra;

e) la contratación pública; y

f) las subvenciones o ayudas proporcionadas por una Parte o una empresa estatal, incluidos los

préstamos, las garantías y los seguros con respaldo de la administración;

ARTÍCULO 11.2

Definiciones

A efectos del presente capítulo y de los anexos 10-A, 10-B y 10-C, se entenderá por:

a) «servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves»: tales actividades cuando se realizan

en una aeronave o en parte de ella mientras está fuera de servicio; no incluyen el llamado

mantenimiento de línea;

& /es 24

b) «servicios de sistemas de reserva informatizados»: los servicios prestados mediante sistemas

informatizados que contienen información acerca de los horarios, la disponibilidad, las tarifas

y las reglas de tarificación de los transportistas aéreos, por medio de los cuales pueden

hacerse reservas o expedirse billetes;

c) «comercio transfronterizo de servicios» o «prestación transfronteriza de servicios»: la

prestación de un servicio:

i) desde el territorio de una Parte, en el territorio de la otra Parte; o

ii) en el territorio de una Parte, al consumidor del servicio de la otra Parte;

d) «empresa»: toda persona jurídica, sucursal u oficina de representación constituida mediante

establecimiento;

e) «servicios de asistencia en tierra»: la prestación en un aeropuerto, mediante el pago de una

tasa o por contrato, de los servicios siguientes: representación, administración y supervisión

de la compañía aérea; asistencia a los pasajeros; asistencia de equipajes; asistencia a las

operaciones en pista; catering, excepto la preparación de alimentos; asistencia de carga y

correo aéreos; repostaje de combustible de aeronaves; mantenimiento y limpieza de

aeronaves; transporte de superficie; operaciones de vuelo, administración de tripulación y

planificación de vuelos; los servicios de asistencia en tierra no incluyen: la autoasistencia; la

seguridad; el mantenimiento de línea; la reparación y el mantenimiento de aeronaves; la

gestión o explotación de infraestructuras aeroportuarias centralizadas esenciales, como las

instalaciones de deshielo, los sistemas de distribución de combustible, los sistemas de

asistencia de equipajes y los sistemas fijos de transporte dentro del aeropuerto;

& /es 25

f) se entenderá por «persona jurídica de una Parte» **[1]** :

i) en el caso de la Unión Europea:

A) la persona jurídica constituida u organizada de conformidad con el Derecho de la

Unión Europea o de al menos uno de sus Estados miembros y que lleve a cabo

operaciones comerciales sustantivas **[2]** en el territorio de la Unión Europea; y

B) las compañías navieras establecidas fuera de la Unión Europea y controladas por

personas físicas de un Estado miembro, cuyos buques estén registrados en un

Estado miembro y enarbolen su pabellón;

ii) en el caso de Chile:

A) la persona jurídica constituida u organizada de conformidad con el Derecho de

Chile y que lleve a cabo operaciones comerciales sustantivas en el territorio de

Chile; y

**1** Para mayor seguridad, las compañías navieras a las que se hace referencia en la presente
definición solo se consideran personas jurídicas de una Parte con respecto a sus actividades
relacionadas con la prestación de servicios de transporte marítimo.
**2** En consonancia con su notificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a la
OMC (WT/REG39/1), la Unión Europea entiende que el concepto de «vinculación efectiva y
continua» con la economía de un Estado miembro consagrado en el artículo 54 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea equivale al concepto de «operaciones comerciales
sustantivas».

& /es 26

B) las compañías navieras establecidas fuera de Chile y controladas por personas

físicas de Chile, cuyos buques estén registrados en Chile y enarbolen su pabellón;

g) «venta y comercialización de servicios de transporte aéreo»: las oportunidades del

transportista aéreo de que se trate de vender y comercializar libremente sus servicios de

transporte aéreo, incluidos todos los aspectos de la comercialización, como los estudios de

mercado, la publicidad y la distribución; estas actividades no incluyen la fijación de precios

de los servicios de transporte aéreo ni las condiciones aplicables;

h) «servicio»: cualquier servicio de cualquier sector, excepto los prestados en el ejercicio de la

autoridad gubernamental;

i) «servicio prestado en el ejercicio de la autoridad gubernamental»: todo servicio no prestado

en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios; y

j) «proveedor de servicios de una Parte»: toda persona física o jurídica de una Parte cuya

intención sea prestar un servicio o que preste un servicio.

& /es 27

ARTÍCULO 11.3

Derecho a regular

Las Partes reafirman el derecho a regular en su territorio para alcanzar objetivos legítimos en

materia de políticas, como la protección de la salud pública, los servicios sociales, la educación, la

seguridad, el medio ambiente (incluido el cambio climático), la moral pública, la protección social o

de los consumidores, la privacidad y la protección de datos o la promoción y la protección de la

diversidad cultural.

ARTÍCULO 11.4

Trato nacional

1. Las Partes concederán a los servicios y los proveedores de servicios de la otra Parte un trato

no menos favorable que el que conceden, en situaciones similares, a sus propios servicios y

proveedores de servicios.

2. El trato concedido por una Parte con arreglo al apartado 1 significa:

a) con respecto a una administración regional o local de Chile, un trato no menos favorable que

el más favorable concedido, en situaciones similares, por ese nivel de la administración a sus

propios servicios y proveedores de servicios;

& /es 28

b) con respecto a una administración de un Estado miembro o situada en un Estado miembro, un

trato no menos favorable que el más favorable concedido, en situaciones similares, por esa

administración a sus propios servicios y proveedores de servicios.

3. Las Partes podrán cumplir los requisitos del apartado 1 concediendo a los servicios y a los

proveedores de servicios de la otra Parte un trato formalmente idéntico o formalmente diferente al

que conceden a sus propios servicios y proveedores de servicios.

4. Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable

si modifica las condiciones de competencia a favor de los servicios o proveedores de servicios de la

Parte en cuestión en comparación con los servicios o proveedores de servicios de la otra Parte.

5. Nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará de manera que se exija a las Partes

compensar las desventajas competitivas inherentes al carácter extranjero de determinados servicios

o proveedores de servicios.

ARTÍCULO 11.5

Trato de nación más favorecida

1. Las Partes concederán a los servicios y los proveedores de servicios de la otra Parte un trato

no menos favorable que el que conceden, en situaciones similares, a los servicios y proveedores de

servicios de un tercer país.

& /es 29

2. El apartado 1 no se interpretará de manera que se obligue a una Parte a ampliar a los servicios

y proveedores de servicios de la otra Parte el beneficio de cualquier trato que resulte de medidas

que establezcan el reconocimiento de las normas, incluidas las normas o los criterios para la

autorización, concesión de licencias o certificación de una persona física o empresa para llevar a

cabo una actividad económica, o de medidas prudenciales.

3. Para mayor seguridad, el trato al que se refiere el apartado 1 no incluye los procedimientos o

mecanismos de solución de diferencias en materia de inversiones establecidos en otros tratados

internacionales o acuerdos comerciales. Las disposiciones sustantivas de otros tratados

internacionales o acuerdos comerciales no constituyen en sí mismas el trato al que se refiere el

apartado 1, por lo que no pueden dar lugar a un incumplimiento del presente artículo, a falta de

medidas adoptadas o mantenidas por una Parte. Las medidas de una Parte aplicadas con arreglo a

dichas disposiciones sustantivas pueden constituir el «trato» del presente artículo y, por tanto, dar

lugar a un incumplimiento de este.

ARTÍCULO 11.6

Presencia local

Las Partes no exigirán a un proveedor de servicios de la otra Parte que establezca o mantenga una

empresa o que sea residente en su territorio como condición para la prestación transfronteriza de un

servicio.

& /es 30

ARTÍCULO 11.7

Acceso a los mercados

En los sectores o subsectores en los que se contraigan compromisos de acceso a los mercados, las

Partes no adoptarán ni mantendrán, ni sobre la base de la totalidad de su territorio ni sobre la base

de una subdivisión regional, medidas que:

a) impongan limitaciones:

i) al número de proveedores de servicios, ya sea en forma de contingentes numéricos,

monopolios o proveedores exclusivos de servicios o mediante la exigencia de una

prueba de necesidades económicas;

ii) al valor total de los activos o transacciones de servicios en forma de contingentes

numéricos o la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

iii) al número total de operaciones de servicios o la cuantía total de la producción de

servicios, expresada en unidades numéricas designadas, en forma de contingentes o

mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas **[1]** ; o

**1** Este inciso no abarca las medidas de una Parte que limiten los insumos para la prestación de
servicios.

& /es 31

iv) al número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado sector de

servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear y que sean necesarias para la

prestación de un servicio específico y estén directamente relacionadas con él, en forma

de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades

económicas; o

b) restrinjan o exijan determinados tipos de entidad jurídica o empresa conjunta mediante las

cuales un proveedor de servicios pueda prestar un servicio.

ARTÍCULO 11.8

Medidas no conformes

1. Los artículos 11.4, 11.5 y 11.6 no se aplican a:

a) cualquier medida no conforme vigente mantenida por:

i) en el caso de la Unión Europea:

A) la Unión Europea, tal como se establece en el apéndice 10-A-1;

B) la administración central de un Estado miembro, tal como se establece en el

apéndice 10-A-1;

& /es 32

C) un nivel regional de la administración de un Estado miembro, tal como se

establece en el apéndice 10-A-1; o

D) un nivel local de la administración; y

ii) en el caso de Chile:

A) la administración central, tal como se establece en el apéndice 10-A-2;

B) un nivel regional de la administración, tal como se establece en el apéndice 10-A

2; o

C) un nivel local de la administración;

b) la continuación o la rápida renovación de toda medida no conforme contemplada en la letra

a); o

c) una modificación de cualquiera de las medidas no conformes contempladas en la letra a) del

presente apartado, en la medida en que la modificación en cuestión no reduzca el grado de

conformidad de la medida, tal como existía inmediatamente antes de la modificación, con los

artículos 11.4, 11.5 y 11.6.

2. Los artículos 11.4, 11.5 y 11.6 no se aplican a ninguna medida de una Parte con respecto a los

sectores, subsectores o actividades que figuran en el anexo 10-B.

& /es 33

3. El artículo 11.7 no se aplica a ninguna medida de las Partes que sea coherente con los

compromisos establecidos en el anexo 10-C.

ARTÍCULO 11.9

Denegación de ventajas

Las Partes podrán denegar las ventajas del presente capítulo a un proveedor de servicios de la otra

Parte si la Parte que deniega las ventajas adopta o mantiene medidas relacionadas con el

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluida la protección de los derechos

humanos, que:

a) prohíban las transacciones con ese proveedor de servicios o con una persona que tenga su

propiedad o control; o

b) se incumplirían o eludirían si las ventajas del presente capítulo se concedieran a ese proveedor

de servicios.

& /es 34

ARTÍCULO 11.10

Subcomité de Servicios e Inversión

Se crea el Subcomité de Servicios e Inversión («el Subcomité») en virtud del artículo 33.4,

apartado 1. Al abordar cuestiones relacionadas con los servicios, el Subcomité supervisará y

garantizará la correcta aplicación de los capítulos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 y de los anexos 10

A, 10-B, 10-C, 12-A, 12-B, 12-C, 14-A y 14-B.

CAPÍTULO 12

PRESENCIA TEMPORAL DE PERSONAS FÍSICAS PARA ACTIVIDADES

EMPRESARIALES

ARTÍCULO 12.1

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplica a las medidas de una Parte que afecten al rendimiento de

actividades económicas mediante la entrada y estancia temporal en su territorio de personas físicas

de la otra Parte que sean personas en visita de negocios con fines de establecimiento, inversores,

personas desplazadas en un marco intraempresarial, personas en visita de negocios de breve

duración, proveedores de servicios contractuales y profesionales independientes.

& /es 35

2. El presente capítulo no se aplica a los sectores que figuran en el artículo 11.1, apartado 2,

letras b), c) y d).

3. El presente capítulo no se aplica a las medidas de una Parte que afecten a personas físicas de

la otra Parte cuya intención sea acceder al mercado de trabajo ni a las medidas en materia de

ciudadanía, nacionalidad, residencia o empleo con carácter permanente.

4. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo impedirá a las Partes aplicar medidas para

regular la entrada o la estancia temporal de personas físicas de la otra Parte en su territorio, en

particular medidas necesarias para proteger la integridad y garantizar el desplazamiento ordenado

de las personas físicas a través de su frontera, siempre que esas medidas no se apliquen de manera

que anulen o reduzcan las ventajas que correspondan a la otra Parte en virtud del presente Acuerdo.

5. No se considerará que el mero hecho de que una Parte exija a las personas de la otra Parte que

obtengan un visado anule o menoscabe las ventajas que corresponden a la otra Parte en virtud del

presente Acuerdo.

6. En la medida en que no se contraigan compromisos en el presente capítulo, seguirán

aplicándose todos los requisitos establecidos en el Derecho de una Parte en relación con la entrada y

la estancia temporal de las personas físicas, incluidas las disposiciones legales y reglamentarias

sobre la duración de la estancia.

7. No obstante lo dispuesto en el presente capítulo, seguirán aplicándose todos los requisitos

establecidos en el Derecho de una Parte en relación con las medidas sobre el trabajo y la seguridad

social, incluidas las disposiciones legales y reglamentarias sobre salarios mínimos y los convenios

colectivos sobre salarios.

& /es 36

8. Los compromisos contraídos en el presente capítulo sobre la entrada y la estancia temporal de

las personas físicas con fines empresariales no se aplican en los casos en los que la intención o el

efecto de la entrada y la estancia temporal sea interferir o influir de algún modo en el resultado de

una diferencia o una negociación en materia laboral o de gestión o en el empleo de cualquier

persona física implicada en dicha diferencia.

ARTÍCULO 12.2

Definiciones

1. Las definiciones de los artículos 10.2 y 11.2 se aplican al presente capítulo y a los anexos 12

A, 12-B y 12-C, con excepción de la definición de inversor que figura en el artículo 10.2,

apartado 1, letra j).

2. A efectos del presente capítulo y de los anexos 12-A, 12-B y 12-C, se entenderá por:

a) «vendedores empresariales»: las personas en visita de negocios de breve duración:

i) que sean representantes de un proveedor de servicios o mercancías de una Parte, a

efectos de negociar la venta de servicios o mercancías o de celebrar acuerdos para

vender servicios o mercancías para ese proveedor, incluso: asistiendo a reuniones o

conferencias; celebrando consultas con homólogos, anotando pedidos o negociando

contratos con empresas situadas en el territorio de la otra Parte;

ii) que no se dediquen a la prestación de un servicio en el marco de un contrato

celebrado entre una empresa que no tenga presencia comercial en el territorio de la Parte

en la que permanecen de forma temporal las personas en visita de negocios de breve

duración y un consumidor de dicho territorio; y

iii) que no sean comisionistas; y

b) «personas en visita de negocios con fines de establecimiento»: las personas físicas que ocupen

& /es 37

un cargo superior en el seno de una persona jurídica de una Parte y que estén encargadas del

establecimiento de una empresa de esa persona jurídica en el territorio de la otra Parte, que no

ofrezcan ni presten servicios ni ejerzan ninguna otra actividad económica distinta de las

requeridas para fines de establecimiento y que no reciban remuneración de una fuente situada

en la otra Parte;

c) «proveedores de servicios contractuales»: las personas físicas empleadas por una persona

jurídica de una Parte que no esté establecida en el territorio de la otra Parte ni sea una agencia

de colocación y prestación de servicios de personal u opere a través de una agencia de este

tipo y que haya celebrado un contrato de buena fe con un consumidor final de la otra Parte

para prestar servicios en esa otra Parte, por el que se exija la presencia temporal de sus

empleados en dicha Parte para cumplir el contrato de prestación de servicios **[1]** ;

d) «profesionales independientes»: las personas físicas que se dediquen a prestar un servicio,

estén establecidas como trabajadores por cuenta propia en el territorio de una Parte, pero no

en el territorio de la otra Parte, y hayan celebrado un contrato de buena fe, que no sea a través

de una agencia de colocación y prestación de servicios de personal, con un consumidor final

para prestar servicios en esta otra Parte, por el que se exija su presencia temporal en dicha

Parte **[1]** ;

e) «instaladores y encargados del mantenimiento»: las personas en visita de negocios de breve

duración que posean conocimientos especializados esenciales para una obligación contractual

del vendedor o del arrendador, que presten servicios o formen a trabajadores para que presten

servicios, en virtud de una garantía u otro contrato de servicios relacionado con la venta o el

arrendamiento de maquinaria o equipos comerciales o industriales, incluidos servicios

informáticos y conexos, adquiridos o arrendados a una empresa situada fuera del territorio de

la Parte en relación con la cual se solicita la entrada y la estancia temporal durante todo el

período de vigencia del contrato de garantía o de servicios;

f) «personas desplazadas en un marco intraempresarial»: las personas físicas que hayan estado

empleadas por una persona jurídica de una Parte, o hayan sido socias de una persona jurídica

**1** El contrato de servicios al que se refieren las letras b) y c) será conforme con los requisitos
del Derecho de la Parte en la que se ejecute el contrato.

& /es 38

de una Parte, durante al menos un año, que sean trasladadas temporalmente a una empresa de

esa persona jurídica situada en el territorio de la otra Parte y que pertenezcan a una de las

categorías siguientes:

i) directivos;

& /es 39

ii) especialistas;

iii) trabajadores en formación;

g) «inversor»: la persona física que establece, en el territorio de la otra Parte, una empresa en la

que ella o la persona jurídica que la emplea han comprometido, o están en proceso de

comprometer, una cantidad sustancial de capital y que desarrolla o administra el

funcionamiento de esa empresa en calidad de supervisor o ejecutivo;

h) «directivos»: las personas físicas que ocupan altos cargos en el seno de una persona jurídica

de una Parte, que dirigen fundamentalmente la gestión de la empresa en el territorio de la otra

Parte **[1]** y de cuya supervisión o dirección general se encargan principalmente ejecutivos de alto

nivel, el consejo de administración o los accionistas de la empresa o sus equivalentes, y entre

cuyas responsabilidades se encuentren:

i) dirigir la empresa o uno de sus departamentos o subdivisiones;

ii) supervisar y controlar el trabajo de otros empleados que ejerzan funciones de

supervisión, técnicas o de gestión; y

iii) ejercer la facultad de contratar y despedir o recomendar la contratación, el despido u

otras medidas relacionadas con el personal;

i) «personas en visita de negocios de breve duración»: las personas físicas que deseen entrar y

permanecer temporalmente en el territorio de la otra Parte, que no se dediquen a realizar

ventas directas al público en general, que no reciban remuneración alguna de una fuente

situada en la otra Parte y que pertenezcan a una de las categorías siguientes:

i) vendedores empresariales;

**1** Para mayor seguridad, esta definición no excluye a los directivos que, aunque no realicen
directamente tareas relativas a la prestación efectiva de los servicios, realicen, en el ejercicio
de sus funciones descritas en la presente definición, las tareas necesarias para la prestación de
los servicios.

& /es 40

ii) instaladores y encargados del mantenimiento;

j) «especialistas»: las personas físicas que trabajan en el seno de una persona jurídica de una

Parte y poseen conocimientos especializados esenciales para los ámbitos de actividad, las

técnicas o la gestión de la empresa; al evaluar estos conocimientos, se tendrán en cuenta no

solo los conocimientos específicos de la empresa, sino también si la persona tiene un alto

nivel de cualificación, en particular si cuenta con la experiencia profesional adecuada en el

caso de un tipo de trabajo o actividad que requiera conocimientos técnicos específicos,

incluida su posible pertenencia a una profesión acreditada;

k) «trabajadores en formación»: las personas físicas que posean un título universitario y sean

trasladadas temporalmente con fines de desarrollo profesional o para obtener formación en

técnicas o métodos empresariales **[1]** .

ARTÍCULO 12.3

Personas desplazadas en un marco intraempresarial, personas en visita de negocios con fines de

establecimiento e inversores

1. A reserva de las condiciones y cualificaciones pertinentes especificadas en el anexo 12-A, las

Partes:

a) permitirán la entrada y la estancia temporal de las personas desplazadas en un marco

intraempresarial, las personas en visita de negocios con fines de establecimiento y los

inversores de la otra Parte;

b) permitirán el empleo en su territorio de las personas desplazadas en un marco intraempresarial

**1** A efectos de la autorización previa, podrá exigirse a la empresa de acogida que presente un
programa de formación en el que figure la duración de la estancia y demuestre que el fin de la
estancia es la formación. En el caso de AT, CZ, DE, FR, ES, HU y LT, la formación debe
estar vinculada a la titulación universitaria que se ha obtenido.

& /es 41

de la otra Parte;

& /es 42

c) no mantendrán ni adoptarán limitaciones, en forma de contingentes numéricos o mediante una

prueba de necesidades económicas, con respecto al número total de personas físicas en un

sector específico a las que se permita la entrada como personas en visita de negocios con fines

de establecimiento o inversores, o que puedan ser empleadas como personas desplazadas en

un marco intraempresarial, ya sea sobre la base de una subdivisión territorial o sobre la base

de todo su territorio; y

d) concederán a las personas desplazadas en un marco intraempresarial, a las personas en visita

de negocios con fines de establecimiento y a los inversores de la otra Parte, con respecto a su

estancia temporal en su territorio, un trato no menos favorable que el que conceden, en

situaciones similares, a sus propias personas físicas.

2. La duración admisible de la estancia será la siguiente:

a) en el caso de Chile, un período de hasta dos años prorrogable, sin necesidad de solicitar la

residencia permanente, siempre que sigan cumpliéndose las condiciones en las que se basa la

estancia; y

b) en el caso de la Unión Europea, un período de hasta tres años para directivos y especialistas;

hasta un año para los trabajadores en formación y los inversores; y hasta noventa días dentro

de cualquier período de seis meses para las personas en visita de negocios con fines de

establecimiento.

& /es 43

ARTÍCULO 12.4

Personas en visita de negocios de breve duración

1. A reserva de las exclusiones del ámbito de aplicación establecidas en el artículo 10.1,

apartado 2, y de las condiciones y cualificaciones pertinentes especificadas en el anexo 12-A, las

Partes permitirán la entrada y la estancia temporal de las personas en visita de negocios de breve

duración sin necesidad de permiso de trabajo, prueba de necesidades económicas u otros

procedimientos de autorización previa de intención similar.

2. Si las personas en visita de negocios de breve duración de una Parte participan en la

prestación de un servicio a un consumidor en el territorio de la Parte en la que se encuentran

temporalmente, dicha Parte concederá a estas personas, con respecto a la prestación de dicho

servicio, un trato no menos favorable que el que concede, en situaciones similares, a sus propios

proveedores de servicios.

3. La duración admisible de la estancia será de un período de hasta noventa días en cualquier

período de doce meses.

& /es 44

ARTÍCULO 12.5

Proveedores de servicios contractuales y profesionales independientes

1. Las Partes permitirán la entrada y la estancia temporal de los proveedores de servicios

contractuales de la otra Parte en su territorio, en los sectores, subsectores y actividades

especificados en el anexo 12-B, a reserva de las condiciones y cualificaciones pertinentes

especificadas en dicho anexo, y a condición de que:

a) las personas físicas estén contratadas para la prestación de un servicio como empleados de

una persona jurídica que haya obtenido un contrato de servicios que no supere los doce meses;

b) las personas físicas que entren en la otra Parte hayan sido contratadas como empleados de la

persona jurídica mencionada en la letra a) durante al menos un año inmediatamente anterior a

la fecha de presentación de una solicitud de entrada en la otra Parte y posean, en la fecha de

solicitud de entrada, al menos tres años de experiencia profesional, obtenida después de haber

alcanzado la mayoría de edad, en el sector de actividad objeto del contrato;

c) las personas físicas que entren en la otra Parte deberán estar en posesión de:

i) una titulación universitaria o una cualificación que acredite conocimientos de un nivel

equivalente **[1]** ; y

**1** Si la titulación o cualificación no se ha obtenido en la Parte en la que se presta el servicio,
dicha Parte podrá evaluar si es equivalente a una titulación universitaria exigida en su
territorio.

& /es 45

ii) cualificaciones profesionales, si son necesarias para realizar una actividad con arreglo a

las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte en la que se presta el servicio;

d) la persona física no perciba remuneración alguna por la prestación de servicios en el territorio

de la otra Parte aparte de la remuneración pagada por la persona jurídica que la emplea; y

e) el acceso concedido con arreglo al presente artículo se refiera únicamente a la actividad de

servicio objeto del contrato y no faculte para utilizar la titulación profesional de la Parte en la

que se presta el servicio.

2. Las Partes permitirán la entrada y la estancia temporal de los profesionales independientes de

la otra Parte en su territorio, en los sectores, subsectores y actividades especificados en el anexo 12

B, a reserva de las condiciones y cualificaciones pertinentes especificadas en dicho anexo, y a

condición de que:

a) el contrato celebrado no exceda de doce meses;

b) las personas físicas posean, en la fecha de solicitud de entrada y estancia temporal, al menos

seis años de experiencia profesional en el sector de actividad objeto del contrato;

& /es 46

c) las personas físicas que entren en el territorio de la otra Parte deberán estar en posesión de:

i) una titulación universitaria o una cualificación que acredite conocimientos de un nivel

equivalente **[1]** ; y

ii) cualificaciones profesionales, si son necesarias para realizar una actividad con arreglo a

las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte en la que se presta el servicio;

d) el acceso concedido con arreglo al presente artículo se refiera únicamente a la actividad de

servicio objeto del contrato; no confiera el derecho a utilizar la titulación profesional de la

Parte en la que se presta el servicio.

3. Las Partes no adoptarán ni mantendrán limitaciones al número total de proveedores de

servicios contractuales o profesionales independientes de la otra Parte a los que se permita la

entrada y la estancia temporal en forma de contingentes numéricos o mediante una prueba de

necesidades económicas.

4. Las Partes concederán a los proveedores de servicios contractuales y a los profesionales

independientes de la otra Parte, con respecto a la prestación de sus servicios en su territorio, un trato

no menos favorable que el que conceden, en situaciones similares, a sus propios proveedores de

servicios.

**1** Si la titulación o cualificación no se ha obtenido en la Parte en la que se presta el servicio,
dicha Parte podrá evaluar si es equivalente a una titulación universitaria exigida en su
territorio.

& /es 47

5. La duración admisible de la estancia será la siguiente:

a) en el caso de la Unión Europea, un período acumulado de hasta seis meses en cualquier

período de doce meses, o bien una duración igual a la del contrato, si esta es inferior; y

b) en el caso de Chile, un período de hasta un año, prorrogable siempre que sigan cumpliéndose

las condiciones en las que se base la estancia.

ARTÍCULO 12.6

Medidas no conformes

En el grado en que la medida pertinente afecte a la entrada o la estancia temporal de las personas

físicas con fines empresariales, el artículo 12.3, apartado 1, letras c) y d), y el artículo 12.5,

apartados 3 y 4, no se aplican a:

a) ninguna medida no conforme vigente que mantenga una Parte a nivel de:

i) en el caso de la Unión Europea:

A) la Unión Europea, tal como se especifica en el apéndice 10-A-1;

& /es 48

B) la administración central de un Estado miembro, tal como se especifica en el

apéndice 10-A-1;

C) una administración regional de un Estado miembro, tal como se especifica en el

apéndice 10-A-1; o

D) una administración local, distinta de la mencionada en la letra C); y

ii) en el caso de Chile:

A) la administración central, tal como se especifica en el apéndice 10-A-2;

B) una subdivisión regional, tal como se especifica en el apéndice 10-A-2; o

C) una administración local;

b) la continuación o la rápida renovación de toda medida no conforme contemplada en la letra

a);

c) una modificación de cualquier medida no conforme contemplada en las letras a) y b) del

presente artículo, en la medida en que no disminuya la conformidad de la medida, tal como

existía inmediatamente antes de la modificación, con el artículo 12.3, apartado 1, letras c) y

d), y el artículo 12.5, apartados 3 y 4; o

& /es 49

d) ninguna medida de una Parte que sea coherente con una condición o cualificación

especificada en el anexo 10-B.

ARTÍCULO 12.7

Transparencia

1. Las Partes pondrán a disposición pública información relativa a la entrada y la estancia

temporal de las personas físicas de la otra Parte contempladas en el artículo 12.1, apartado 1.

2. La información mencionada en el apartado 1 del presente artículo incluirá, si procede, la

siguiente:

a) las categorías de visados, permisos u otro tipo similar de autorización en relación con la

entrada y la estancia temporal;

b) la documentación necesaria y las condiciones que deben cumplirse;

c) el método de presentación de una solicitud y las opciones sobre el lugar de presentación (en

las oficinas consulares o en línea);

d) las tasas de tramitación de solicitudes y un calendario indicativo de la tramitación de una

solicitud;

& /es 50

e) la duración máxima de la estancia con arreglo a cada tipo de autorización contemplado en la

letra a) del presente apartado;

f) las condiciones para cualquier posible prórroga o renovación;

g) las reglas sobre las personas dependientes que acompañen al interesado;

h) los procedimientos de revisión o recurso disponibles; y

i) la legislación pertinente de aplicación general sobre la entrada y la estancia temporal de

personas físicas.

3. Con respecto a la información mencionada en los apartados 1 y 2 del presente artículo, las

Partes se esforzarán por informarse mutuamente sin demora de la introducción de cualquier nuevo

requisito o procedimiento, o de cualquier cambio en los requisitos o procedimientos, que afecten a

la solicitud efectiva de autorización de entrada y estancia temporal y, cuando proceda, de permiso

de trabajo en el territorio de la otra Parte.

ARTÍCULO 12.8

No aplicación de la solución de diferencias

El capítulo 31 no se aplica a la denegación de autorización de entrada y estancia temporal, a menos

que la cuestión se refiera a una práctica habitual.

& /es 51

CAPÍTULO 13

NORMATIVA NACIONAL

ARTÍCULO 13.1

Ámbito de aplicación y definiciones

1. El presente capítulo se aplica a las medidas adoptadas por las Partes en relación con los

requisitos y procedimientos en materia de licencias, los requisitos y procedimientos en materia de

cualificación y las normas técnicas **[1]** que afectan a:

a) la prestación transfronteriza de servicios;

b) la prestación de un servicio o el ejercicio de cualquier otra actividad económica mediante el

establecimiento de una empresa o la explotación de una inversión cubierta; o

c) la prestación de un servicio por medio de la estancia temporal de las categorías de personas

físicas de una Parte en el territorio de la otra Parte, definidas en el artículo 12.1.

2. El presente capítulo solo se aplica a los sectores en los que una Parte haya contraído

compromisos específicos con arreglo a los capítulos 10, 11 y 12 y en la medida en que estos

compromisos específicos sean aplicables.

**1** Para mayor seguridad, en lo que concierne a las medidas relativas a normas técnicas, el
presente capítulo solo se aplica a las medidas que afectan al comercio de servicios.

& /es 52

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el presente capítulo no se aplica a los requisitos y

procedimientos en materia de licencias, a los requisitos y procedimientos en materia de

cualificación ni a las normas técnicas en relación con:

a) la fabricación de productos químicos básicos y otros productos químicos;

b) la fabricación de productos de caucho;

c) la fabricación de productos de plástico;

d) la fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos;

e) la fabricación de pilas y baterías primarias; y

f) el reciclado de residuos y desechos metálicos y no metálicos.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el presente capítulo no se aplica a las medidas de

una Parte en la medida en que constituyan limitaciones sujetas a la inclusión en las listas con

arreglo a los artículos 10.5, 10.6, 10.11, apartados 1 y 2, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, apartados 1 y 2,

12.3, apartado 1, 12.4, apartado 2, 12.5, apartado 1, y 12.6.

& /es 53

5. A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

a) «autorización»: el permiso para llevar a cabo cualquiera de las actividades mencionadas en el

apartado 1, letras a), b) y c), que resulte de un procedimiento al que un solicitante debe

someterse para demostrar que cumple los requisitos en materia de licencias, los requisitos en

materia de cualificación o las normas técnicas;

b) «autoridad competente»: cualquier administración o autoridad central, regional o local, u

organismo no gubernamental en el ejercicio de facultades delegadas por una administración o

autoridad central, regional o local, que esté facultada para tomar una decisión en relación con

la autorización para prestar un servicio, incluso por medio del establecimiento de una

empresa, o en relación con la autorización para realizar cualquier otra actividad económica;

c) «procedimientos en materia de licencias»: las normas administrativas o de procedimiento que

debe cumplir una persona física o jurídica que solicite una autorización, incluida una

modificación o renovación de una autorización, para demostrar que cumple los requisitos en

materia de licencias;

d) «requisitos en materia de licencias»: los requisitos sustantivos, distintos de los de

cualificación, que debe cumplir una persona física o jurídica para obtener, modificar o renovar

una autorización;

& /es 54

e) «procedimientos en materia de cualificación»: las normas administrativas o de procedimiento

que debe cumplir una persona física para demostrar que cumple los requisitos en materia de

cualificación para obtener una autorización; y

f) «requisitos en materia de cualificación»: los requisitos sustantivos relacionados con la

competencia de una persona física para prestar un servicio y que esta debe cumplir para

obtener, modificar o renovar una autorización.

6. A efectos del presente capítulo, también se aplican las definiciones establecidas en los

artículos 10.2 y 11.2.

ARTÍCULO 13.2

Condiciones en materia de licencias y cualificación

1. Las Partes velarán por que las medidas relativas a los requisitos y procedimientos en materia

de licencias y los requisitos y procedimientos en materia de cualificación se basen en criterios que

impidan a las autoridades competentes ejercer su facultad de apreciación de forma arbitraria.

2. Los criterios mencionados en el apartado 1 serán:

a) claros;

& /es 55

b) objetivos y transparentes **[1]** ; y

c) accesibles con antelación para el público y las personas interesadas.

3. Al adoptar normas técnicas, las Partes alentarán a sus autoridades competentes a adoptar

normas técnicas elaboradas por medio de procesos abiertos y transparentes, y alentarán a los

organismos designados para elaborar normas técnicas, incluidas las organizaciones internacionales

pertinentes **[2]**, a que recurran a procesos abiertos y transparentes.

4. Las autorizaciones se concederán, a reserva de su disponibilidad, en cuanto se haya

determinado, a la vista de un examen oportuno, que se cumplen las condiciones para obtenerlas.

5. Cuando el número de licencias disponibles para una determinada actividad esté limitado

debido a la escasez de recursos naturales o de las capacidades técnicas que se pueden utilizar, las

Partes aplicarán un procedimiento de selección entre los posibles candidatos en el que se den todas

las garantías de imparcialidad y transparencia y, en concreto, se haga la publicidad adecuada del

inicio, el desarrollo y la finalización del procedimiento.

**1** Para mayor seguridad, dichos criterios podrán incluir, entre otras cosas, la competencia y la
habilidad para prestar un servicio o realizar cualquier otra actividad económica, incluso
hacerlo de manera coherente con los requisitos reglamentarios de una Parte, como los
requisitos sanitarios y medioambientales. Las autoridades competentes podrán valorar el peso
que se dará a cada criterio.
**2** Se entiende por «organizaciones internacionales pertinentes», los organismos internacionales
de los que puedan ser miembros los organismos competentes de las Partes.

& /es 56

6. A reserva de lo dispuesto en el apartado 5, al establecer las normas del procedimiento de

selección, las Partes podrán tener en cuenta objetivos legítimos en materia de políticas, incluidas

consideraciones sobre la salud, la seguridad, la protección del medio ambiente y la preservación del

patrimonio cultural.

ARTÍCULO 13.3

Procedimientos en materia de licencias y de cualificación

1. Los procedimientos y formalidades en materia de licencias y de cualificación deberán ser

claros, se harán públicos con antelación y no constituirán por sí mismos una restricción a la

prestación de un servicio o la realización de cualquier otra actividad económica. Las Partes se

esforzarán por simplificar al máximo estos procedimientos y formalidades y no complicarán ni

retrasarán indebidamente la prestación del servicio ni la realización de cualquier otra actividad

económica.

2. Si se requiere una autorización, las Partes publicarán o pondrán a disposición pública de otro

modo, sin demora, la información necesaria para que el solicitante cumpla los requisitos y

procedimientos para obtener, mantener, modificar y renovar dicha autorización. Dicha información

incluirá, como mínimo, lo siguiente, en la medida en que exista:

a) los requisitos y procedimientos;

b) la información de contacto de las autoridades competentes pertinentes;

& /es 57

c) las tasas;

d) las normas técnicas;

e) los procedimientos de recurso o revisión de las decisiones relativas a las solicitudes;

f) los procedimientos de vigilancia o garantía de cumplimiento de los términos y condiciones de

las licencias y las cualificaciones;

g) las oportunidades de participación pública, ya sea mediante audiencias o presentación de

observaciones; y

h) los plazos indicativos para la tramitación de las solicitudes.

3. Cualquier tasa de autorización **[1]** que puedan tener que abonar los solicitantes deberá ser

razonable y transparente y no deberá, por sí misma, restringir la prestación del servicio pertinente ni

la realización de la actividad económica en cuestión.

**1** Las tasas de autorización no incluyen las tasas por el uso de recursos naturales, los pagos de
subastas, licitaciones u otros medios no discriminatorios de adjudicación de concesiones ni las
contribuciones obligatorias a la prestación del servicio universal.

& /es 58

4. Las Partes velarán por que los procedimientos utilizados por la autoridad competente, así

como sus decisiones, en el proceso de autorización sean imparciales con respecto a todos los

solicitantes. La autoridad competente adoptará sus decisiones de forma independiente y no estará

obligada a rendir cuentas a ninguna persona que preste los servicios o realice las actividades

económicas para las que se requiera la autorización.

5. Si se aplican plazos específicos para la presentación de solicitudes, se concederá a los

solicitantes un plazo razonable para ello. Si es posible, la autoridad competente debe aceptar las

solicitudes en formato electrónico en las mismas condiciones de autenticidad que las presentadas en

papel.

6. La autoridad competente empezará a tramitar una solicitud sin demora indebida tras su

presentación. Las Partes se esforzarán por establecer el plazo indicativo para la tramitación de una

solicitud y, a petición del solicitante y sin demora indebida, velarán por que la autoridad competente

facilite información sobre el estado de la solicitud. Las Partes velarán por que la tramitación de una

solicitud, incluida la decisión final, se realice en un plazo razonable a partir de la fecha de

presentación de una solicitud completa.

7. En un plazo razonable tras la recepción de una solicitud que considere incompleta, la

autoridad competente informará al solicitante, le indicará, en la medida posible, la información

adicional necesaria para completar la solicitud y le dará la oportunidad de corregir las deficiencias.

& /es 59

8. En lugar de documentos originales, la autoridad competente aceptará copias de documentos

autenticados de conformidad con el Derecho de la Parte en cuestión, salvo que dicha autoridad

competente necesite los documentos originales para proteger la integridad del proceso de

autorización.

9. Si la autoridad competente rechaza una solicitud, se informará al solicitante, bien a petición

de este, bien por iniciativa de la autoridad competente, por escrito y sin demora injustificada. En

principio, el solicitante será informado de las razones por las que se rechaza su solicitud y de los

plazos para recurrir tal decisión. Se permitirá que el solicitante vuelva a presentar una solicitud en

un plazo razonable.

10. Las Partes garantizarán que la autorización, una vez concedida, surta efecto sin demora

indebida y de conformidad con los términos y condiciones especificados en ella.

11. Cuando se exijan exámenes para la obtención de una autorización, la autoridad competente

velará por que dichos exámenes se programen a intervalos razonablemente frecuentes y establecerá

plazos razonables que permitan a los solicitantes presentarse.

& /es 60

ARTÍCULO 13.4

Revisión

Si los resultados de las negociaciones relacionadas con el apartado 4 del artículo V del GATS

entran en vigor, las Partes los revisarán conjuntamente. Si la revisión conjunta determina que la

incorporación de tales resultados al presente Acuerdo mejoraría las disciplinas contenidas en él, las

Partes determinarán conjuntamente si se incorporan dichos resultados al presente Acuerdo.

ARTÍCULO 13.5

Administración de las medidas de aplicación general

Las Partes velarán por que todas las medidas de aplicación general que afecten al comercio de

servicios se administren de forma razonable, objetiva e imparcial.

& /es 61

ARTÍCULO 13.6

Recurso de resoluciones administrativas

Las Partes mantendrán o instituirán tribunales o procedimientos judiciales, de arbitraje o

administrativos que proporcionen, a petición de un inversor o un proveedor de servicios afectado,

una revisión rápida y, cuando esté justificado, las medidas correctivas oportunas con respecto a las

resoluciones administrativas que afecten al establecimiento, la prestación transfronteriza de

servicios o la presencia temporal de personas físicas con fines empresariales. Si tales

procedimientos no son independientes del organismo encargado de la resolución administrativa de

que se trate, las Partes se asegurarán de que los procedimientos permitan una revisión objetiva e

imparcial.

& /es 62

CAPÍTULO 14

RECONOCIMIENTO MUTUO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES

ARTÍCULO 14.1

Reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales

1. Nada de lo dispuesto en el presente capítulo impedirá a las Partes exigir que las personas

físicas posean las cualificaciones y la experiencia profesional necesarias especificadas en el

territorio en el que se realice la actividad para el sector de actividad en cuestión.

2. Las Partes animarán a los organismos o autoridades profesionales pertinentes para el sector de

actividad en cuestión, en su territorio, a que elaboren y presenten recomendaciones conjuntas sobre

el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales al Subcomité de Servicios e Inversión

contemplado en el artículo 11.10. Dichas recomendaciones conjuntas estarán respaldadas por una

evaluación basada en datos de:

a) el valor económico de un acuerdo previsto sobre el reconocimiento mutuo de las

cualificaciones profesionales («el acuerdo de reconocimiento mutuo»); y

& /es 63

b) la compatibilidad de los regímenes respectivos, es decir, el grado en que son compatibles los

requisitos aplicados por cada Parte para la autorización, la concesión de licencias, el

funcionamiento y la certificación.

3. Tras la recepción de una recomendación conjunta, el Subcomité de Servicios e Inversión

examinará su coherencia con el presente Acuerdo en un plazo razonable. A raíz de la revisión, el

Subcomité podrá elaborar una recomendación para que el Consejo de Comercio adopte, con arreglo

al artículo 33.1, apartado 6, letra a), una decisión sobre el acuerdo de reconocimiento mutuo, con el

fin de determinar o modificar los acuerdos de reconocimiento mutuo establecidos en el anexo 14

B **[1]** .

4. El acuerdo mencionado en el apartado 3 del presente artículo establecerá las condiciones para

el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en la Unión Europea y de las

cualificaciones profesionales adquiridas en Chile en relación con una actividad cubierta por los

capítulos 10, 11, 12 y 19.

5. Las directrices relativas a acuerdos sobre el reconocimiento de las cualificaciones

profesionales establecidas en el anexo 14-A se tendrán en cuenta en la elaboración de las

recomendaciones conjuntas a las que se refiere el apartado 2, y las tendrá en cuenta el Consejo de

Comercio para determinar si adopta el acuerdo contemplado en el apartado 3.

**1** Para mayor seguridad, los acuerdos de reconocimiento mutuo no darán lugar al
reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales, sino que establecerán, en
interés de ambas Partes, las condiciones para que las autoridades competentes concedan el
reconocimiento de dichas cualificaciones.

& /es 64

CAPÍTULO 15

SERVICIOS DE ENTREGA

ARTÍCULO 15.1

Ámbito de aplicación y definiciones

1. El presente capítulo establece los principios del marco regulador para todos los servicios de

entrega.

2. A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

a) «servicios de entrega»: los servicios postales, de mensajería o urgentes, incluidas las

actividades de recogida, clasificación, transporte y entrega de envíos postales;

b) «servicios de entrega urgente»: la recogida, la clasificación, el transporte y la entrega de los

envíos postales a mayor velocidad y de forma fiable, y pueden incluir elementos de valor

añadido, como la recogida desde el punto de origen, la entrega personal al destinatario, el

seguimiento, la posibilidad de cambiar el destino y el destinatario en tránsito o la

confirmación de la recepción;

& /es 65

c) «servicios de correo rápido»: los servicios internacionales de entrega urgente prestados a

través de la Cooperativa EMS, la asociación voluntaria de operadores postales designados de

la Unión Postal Universal;

d) «licencia»: la autorización concedida a un proveedor concreto de servicios de entrega por una

autoridad reguladora competente, en la que se establecen los procedimientos, las obligaciones

y los requisitos específicos del sector de los servicios de entrega;

e) «envío postal»: el envío de hasta 31,5 kg presentado en la forma definitiva en la que deba ser

transportado por cualquier tipo de proveedor de servicios de entrega, público o privado, que

podrá incluir, por ejemplo, una carta, un paquete, un diario o un catálogo;

f) «monopolio postal»: el derecho exclusivo a prestar determinados servicios de entrega en el

territorio de una Parte, con arreglo a las disposiciones legales de esa Parte; y

g) «servicio universal»: la prestación permanente de un servicio de entrega de una calidad

específica en todos los puntos del territorio de una Parte a precios asequibles para todos los

usuarios.

& /es 66

ARTÍCULO 15.2

Servicio universal

1. Las Partes tienen derecho a definir el tipo de obligación de servicio universal que desean

mantener. Las Partes que mantengan una obligación de servicio universal la administrarán de

manera transparente, no discriminatoria y neutral con respecto a todos los proveedores de servicios

de entrega sujetos a ella.

2. Si una Parte exige que los servicios de correo rápido entrantes se presten sobre la base de un

servicio universal, no otorgará un trato preferencial a estos servicios sobre otros servicios

internacionales de entrega urgente.

ARTÍCULO 15.3

Prevención de prácticas distorsionadoras del mercado

Las Partes velarán por que un prestador de servicios de entrega sujeto a una obligación de servicio

universal o a un monopolio postal no incurra en prácticas distorsionadoras del mercado, tales como:

a) la utilización de ingresos derivados de la prestación de un servicio sujeto a una obligación de

servicio universal o a un monopolio postal para subvencionar la prestación de un servicio de

entrega urgente o cualquier servicio de entrega no universal; o

& /es 67

b) la diferenciación injustificable entre clientes, como empresas, remitentes de envíos masivos o

agrupadores de correo con respecto a las tarifas u otros términos y condiciones para la

prestación de un servicio sujeto a una obligación de servicio universal o a un monopolio

postal.

ARTÍCULO 15.4

Licencias

1. Si una Parte exige una licencia para la prestación de un servicio de entrega, deberá hacer

públicos:

a) todos los requisitos en materia de concesión de licencias y los plazos normalmente necesarios

para tomar una decisión en relación con una solicitud de licencia; y

b) los términos y condiciones de la licencia.

2. Los procedimientos, las obligaciones y los requisitos de una licencia deberán ser

transparentes, no discriminatorios y basados en criterios objetivos.

3. Si la autoridad competente rechaza una solicitud de licencia, informará al solicitante por

escrito de los motivos. Las Partes establecerán o mantendrán un procedimiento de recurso a través

de un organismo independiente de las partes implicadas en el procedimiento de solicitud de la

licencia. Dicho organismo puede ser un órgano jurisdiccional.

& /es 68

ARTÍCULO 15.5

Independencia de las autoridades reguladoras

1. Las Partes velarán por que ninguna autoridad responsable de regular los servicios de entrega

rinda cuentas a ningún proveedor de servicios de entrega, y por que las decisiones y procedimientos

que adopte la autoridad reguladora sean imparciales, no discriminatorios y transparentes con

respecto a todos los participantes en el mercado en su territorio.

2. Las Partes velarán por que la autoridad responsable de regular los servicios de entrega realice

sus tareas a su debido tiempo y disponga de los recursos financieros y humanos adecuados.

& /es 69

CAPÍTULO 16

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

ARTÍCULO 16.1

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo establece los principios del marco regulador para el suministro de redes y

servicios de telecomunicaciones liberalizados en virtud de los capítulos 10 y 11.

2. El presente capítulo no se aplica a los servicios que suministran contenidos transmitidos

mediante el uso de redes y servicios de telecomunicaciones o ejercen control editorial sobre ellos.

& /es 70

ARTÍCULO 16.2

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

a) «recursos asociados»: los servicios, las infraestructuras físicas y otros recursos asociados con

una red o servicio de telecomunicaciones que permitan o apoyen el suministro de servicios a

través de esa red o servicio, o tengan potencial para ello; pueden comprender edificios o

entradas de edificios, el cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones de

soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores;

b) «instalaciones esenciales»: las instalaciones de una red o servicio público de

telecomunicaciones:

i) proporcionadas exclusiva o predominantemente por un único proveedor o por un

número limitado de proveedores; y

ii) cuya sustitución con miras a prestar un servicio no sea viable económica o

técnicamente;

c) «interconexión»: el enlace de las redes públicas de telecomunicaciones utilizadas por el

mismo o distintos proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones, con objeto de que

los usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios del mismo proveedor o de

otro, y acceder a los servicios prestados por otro proveedor, con independencia de si dichos

servicios son prestados por los proveedores interesados o por cualquier otro proveedor que

tenga acceso a la red;

& /es 71

d) «servicios de acceso a internet»: los servicios públicos de telecomunicaciones que

proporcionan acceso a internet en el territorio de una Parte y, por ende, proporcionan

conectividad entre prácticamente todos los puntos extremos conectados a internet, con

independencia de la tecnología de red y del equipo terminal utilizados;

e) «circuitos arrendados»: los servicios o las instalaciones de telecomunicaciones entre dos o

más puntos designados, incluidos los que tengan carácter virtual, que reserven capacidad para

su uso exclusivo por parte de un usuario o la pongan a disposición de este;

f) «proveedor principal»: todo proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones capaz de

incidir sustancialmente en las condiciones de participación, en lo relativo al precio y la oferta,

en el mercado correspondiente de redes o servicios de telecomunicaciones, bien por su control

sobre las instalaciones esenciales o el uso de su posición en el mercado;

g) «elementos de la red»: las instalaciones o los equipos utilizados para prestar un servicio

público de telecomunicaciones, incluidas las características, funciones y capacidades de esas

instalaciones o equipos;

h) «portabilidad de los números»:

i) en el caso de la Unión Europea, la capacidad de todo cliente que así lo solicite de

conservar su número de teléfono existente, en la misma ubicación en el caso de los

abonados a línea fija, al cambiar de un proveedor de servicios públicos de

telecomunicaciones a otro de la misma categoría, sin menoscabo de la calidad,

fiabilidad o comodidad; y

& /es 72

ii) en el caso de Chile, la capacidad de un usuario final de conservar, previa solicitud, su

número de teléfono existente al cambiar de proveedor de servicios públicos de

telecomunicaciones, sin menoscabo de la calidad, la fiabilidad o la comodidad;

i) «red pública de telecomunicaciones»: toda red de telecomunicaciones que se utilice, en su

totalidad o principalmente, para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

entre puntos de terminación de la red;

j) «servicio público de telecomunicaciones»: todo servicio de telecomunicaciones que se ofrezca

al público en general;

k) «suscriptor»: toda persona física o jurídica que sea parte de un contrato con un proveedor de

servicios de telecomunicaciones para la prestación de dichos servicios;

l) «telecomunicaciones»: la transmisión y recepción de señales por cualquier medio

electromagnético;

m) «red de telecomunicaciones»: los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de

conmutación o encaminamiento ( _routers_ ) y demás recursos, incluidos los elementos de red

que no estén activos, que permitan la transmisión y recepción de señales por cable, radio,

medios ópticos u otros medios electromagnéticos;

& /es 73

n) «autoridad reguladora de las telecomunicaciones»: el organismo u organismos a los que una

Parte haya encomendado la regulación de las redes y los servicios de telecomunicaciones

contemplados en el presente capítulo **[1]** ;

o) «servicio de telecomunicaciones»: todo servicio que consista, en su totalidad o

principalmente, en la transmisión y recepción de señales, incluidas las de radiodifusión, a

través de redes de telecomunicaciones, incluidas las redes utilizadas para la radiodifusión;

p) «servicio universal»: el conjunto mínimo de servicios de calidad específica que debe ponerse

a disposición de todos los usuarios en el territorio de una Parte independientemente de su

localización geográfica y a un precio asequible; y

q) «usuario»: toda persona física o jurídica que utilice una red o servicio público de

telecomunicaciones.

ARTÍCULO 16.3

Autoridad reguladora de las telecomunicaciones

1. Las Partes velarán por que su autoridad reguladora de las telecomunicaciones sea

jurídicamente distinta y funcionalmente independiente de todo proveedor de redes, servicios o

equipos de telecomunicaciones, así como por que las decisiones que su autoridad reguladora de las

telecomunicaciones adopte y los procedimientos que esta aplique sean imparciales con respecto a

todos los participantes en el mercado.

**1** Para mayor seguridad, las autoridades reguladoras de las telecomunicaciones comprenden
toda autoridad a la que las Partes encomienden el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente capítulo.

& /es 74

2. La Parte que mantenga la propiedad o el control de los proveedores de redes, servicios o

equipos de telecomunicaciones garantizará que exista una separación estructural efectiva entre la

función reguladora de las telecomunicaciones y las actividades relacionadas con tal propiedad o

control.

3. Con el fin de garantizar la independencia e imparcialidad de las autoridades reguladoras de las

telecomunicaciones, las Partes velarán por que su autoridad reguladora de las telecomunicaciones

no tenga intereses financieros ni mantenga una función operativa o de gestión en ningún proveedor

de redes, servicios o equipos de telecomunicaciones.

4. Las Partes velarán por que los proveedores de redes, servicios o equipos de

telecomunicaciones no influyan en las decisiones y los procedimientos de la autoridad reguladora

de las telecomunicaciones.

5. Las Partes otorgarán a su autoridad reguladora de las telecomunicaciones la potestad

reglamentaria y supervisora, así como los recursos financieros y humanos adecuados, para llevar a

cabo las tareas que se le asignen a fin de hacer cumplir las obligaciones establecidas en el presente

capítulo. Tal potestad se ejercerá de manera transparente y oportuna. Esas tareas se harán públicas

de forma clara y fácilmente accesible, en particular cuando esas se asignen a más de un organismo.

6. Las Partes otorgarán a su autoridad reguladora de las telecomunicaciones la facultad de

garantizar que los proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones le proporcionen, sin

demora y previa solicitud, toda la información, incluida la información financiera, que sea necesaria

para que la autoridad reguladora de las telecomunicaciones pueda llevar a cabo sus tareas de

conformidad con el presente capítulo. Cualquier información facilitada se tratará de conformidad

con los requisitos de confidencialidad.

& /es 75

7. Las Partes garantizarán que todo usuario o proveedor de redes o servicios de

telecomunicaciones afectado por una decisión emitida por su autoridad reguladora de las

telecomunicaciones tenga derecho a recurrir tal decisión ante un órgano de apelación independiente

de la autoridad reguladora de las telecomunicaciones y de las demás partes afectadas por la

decisión. En tanto no se resuelva el recurso, la decisión de la autoridad reguladora de las

telecomunicaciones seguirá siendo válida, a menos que se concedan medidas provisionales de

conformidad con las respectivas legislaciones de las Partes.

ARTÍCULO 16.4

Autorización para suministrar redes o servicios de telecomunicaciones

1. Cuando las Partes exijan una autorización para el suministro de redes o servicios de

telecomunicaciones, fijarán el plazo razonable normalmente necesario para que la autoridad

reguladora de las telecomunicaciones tome una decisión con respecto a la solicitud de autorización,

comunique tal plazo al solicitante de manera transparente y se esfuerce por tomar una decisión

sobre la solicitud en el plazo comunicado **[1]** .

**1** Para mayor seguridad, el presente artículo no impide a las Partes autorizar el suministro de
redes o servicios de telecomunicaciones tras una simple notificación, sin tener que esperar a
una decisión de la autoridad reguladora de las telecomunicaciones.

& /es 76

2. Los criterios de autorización y los procedimientos aplicables serán tan simples como sea

posible, objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados. Todas las obligaciones y

condiciones que se impongan a una autorización o que estén asociadas con ella serán no

discriminatorias, transparentes y proporcionadas, y estarán relacionadas con los servicios prestados.

3. Las Partes garantizarán que el solicitante reciba por escrito los motivos de la denegación o la

revocación de una autorización, o de la imposición de condiciones específicas al proveedor. En caso

de denegación, revocación o imposición, el solicitante podrá recurrir ante un órgano de apelación.

4. Las tasas administrativas que se impongan a los proveedores, en caso de que las haya, serán

objetivas, transparentes, no discriminatorias y acordes con los costes administrativos en que se haya

incurrido razonablemente para gestionar, controlar y aplicar las obligaciones establecidas en el

presente capítulo **[1]** .

**1** Las tasas administrativas no incluirán los pagos por derechos de utilización de recursos
escasos ni las contribuciones obligatorias para la prestación de servicios universales.

& /es 77

ARTÍCULO 16.5

Interconexión

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.9, las Partes garantizarán que los proveedores de redes

o servicios públicos de telecomunicaciones de su respectivo territorio tengan el derecho y, a

petición de otro proveedor de redes o servicios públicos de telecomunicaciones de su territorio, la

obligación de negociar la interconexión a efectos del suministro de redes o servicios públicos de

telecomunicaciones en su territorio.

ARTÍCULO 16.6

Acceso y utilización

1. Las Partes garantizarán que se conceda a los proveedores de servicios de la otra Parte acceso a

cualquier red o servicio público de telecomunicaciones, así como que se les permita la utilización de

tales redes o servicios, en términos y condiciones razonables y no discriminatorios **[1]** . Esta obligación

será aplicable según lo dispuesto, en los apartados 2 a 5, entre otros.

**1** A efectos del presente artículo, se entenderá por «no discriminatorio» el trato nacional y de
nación más favorecida, tal como se define en los artículos 10.6, 10.8, 11.4 y 11.5, así como en
términos y condiciones no menos favorables que los concedidos, en situaciones similares, a
cualquier otro usuario de las redes o servicios públicos de telecomunicaciones en situaciones
similares.

& /es 78

2. Las Partes velarán por que todo proveedor de servicios de la otra Parte tenga acceso a

cualquier red o servicio públicos de transporte de telecomunicaciones ofrecidos dentro o más allá de

las fronteras de esa Parte, así como que puedan utilizar tales redes o servicios, incluidos los

servicios de circuitos privados arrendados, y a tal fin garantizarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el

apartado 5, que tal proveedor esté autorizado a:

a) comprar o arrendar y conectar el equipo terminal u otro equipo que sirva de interfaz con la red

y que sea necesario para prestar sus servicios;

b) interconectar circuitos privados, arrendados o propios, con redes públicas de

telecomunicaciones o con circuitos arrendados o propios de otro proveedor de servicios de

telecomunicaciones; y

c) utilizar los protocolos de explotación de su elección para la prestación de cualquier servicio,

salvo los que sean necesarios para garantizar la disponibilidad de los servicios de

telecomunicaciones al público en general.

3. Las Partes garantizarán que los proveedores de servicios de la otra Parte puedan utilizar las

redes y los servicios públicos de telecomunicaciones para la circulación de información dentro del

territorio y más allá de las fronteras de esta, incluidas las comunicaciones intraempresariales de esos

proveedores de servicios, así como para el acceso a la información contenida en bases de datos o

almacenada de otro modo en forma legible por máquina en el territorio de cualquiera de las Partes.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, una Parte podrá adoptar las medidas que sean

necesarias para garantizar la seguridad y la confidencialidad de las comunicaciones, a reserva de

que tales medidas no se apliquen de una forma que constituya un medio de discriminación arbitraria

o injustificable o una restricción encubierta del comercio de servicios.

& /es 79

5. Las Partes garantizarán que no se impongan al acceso a las redes y servicios públicos de

telecomunicaciones de sus respectivos territorios, así como a la utilización de estos, más

condiciones de las necesarias para:

a) salvaguardar las responsabilidades en materia de servicios públicos de los proveedores de

redes o servicios públicos de telecomunicaciones, en particular su capacidad para poner sus

servicios a disposición del público en general; o

b) proteger la integridad técnica de las redes o los servicios públicos de telecomunicaciones;

ARTÍCULO 16.7

Solución de diferencias en materia de telecomunicaciones

1. En caso de que surjan diferencias entre los proveedores de redes o servicios de

telecomunicaciones en relación con los derechos o las obligaciones que se derivan del presente

capítulo, las Partes velarán por que la autoridad reguladora de las telecomunicaciones emita, a

petición de cualquiera de las partes en la diferencia, una decisión vinculante dentro de un plazo

razonable para resolver tales diferencias.

2. Las Partes garantizarán que la decisión adoptada por la autoridad reguladora de las

telecomunicaciones se ponga a disposición pública, con sujeción a las exigencias que imponga el

secreto comercial en el marco de sus leyes y reglamentos. La autoridad reguladora de las

telecomunicaciones facilitará a las partes en la diferencia una exposición completa de los motivos

en los que se base la decisión. Las partes en la diferencia tendrán derecho a recurrir tal decisión, de

conformidad con el artículo 16.3, apartado 7.

& /es 80

3. Las Partes velarán por que el procedimiento a que se refieren los apartados 1 y 2 no impida a

ninguna de las partes en la diferencia interponer una acción ante una autoridad judicial de

conformidad con las leyes y los reglamentos de la Parte.

ARTÍCULO 16.8

Salvaguardias competitivas respecto a los proveedores principales

Las Partes adoptarán o mantendrán medidas adecuadas con el fin de impedir que aquellos

proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones que, individual o conjuntamente, sean un

proveedor principal, empleen o sigan empleando prácticas contrarias a la competencia; entre ellas:

a) realizar operaciones de interfinanciación contrarias a la competencia;

b) utilizar información obtenida de competidores, con resultados contrarios a la competencia; y

c) no poner oportunamente a disposición de los demás proveedores de servicios la información

técnica sobre las instalaciones esenciales y la información comercialmente pertinente que

estos necesiten para suministrar servicios.

& /es 81

ARTÍCULO 16.9

Interconexión con los proveedores principales

1. Las Partes garantizarán que los proveedores principales de redes o servicios públicos de

telecomunicaciones faciliten la interconexión en cualquier punto técnicamente viable de la red. Los

proveedores principales facilitarán tal interconexión:

—
a) en términos y condiciones incluidos los relativos a tarifas, normas técnicas,

—
especificaciones, calidad y mantenimiento que no sean discriminatorios, y de una calidad

no inferior a la facilitada para sus propios servicios similares, o para servicios similares de sus

filiales u otras empresas asociadas;

—
b) de manera oportuna, en términos y condiciones incluidos los relativos a tarifas, normas

—
técnicas, especificaciones, calidad y mantenimiento que sean transparentes y razonables,

tengan en cuenta la viabilidad económica y estén suficientemente desagregados para que el

proveedor no deba pagar por componentes o instalaciones de la red que no necesite para la

prestación del servicio; y

c) previa solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red ofrecidos a la

mayoría de los usuarios, a un precio que refleje el coste de construcción de las instalaciones

adicionales necesarias.

2. Las Partes pondrán a disposición pública los procedimientos aplicables para la interconexión

con un proveedor principal.

& /es 82

3. Las Partes velarán por que los proveedores principales pongan a disposición pública sus

acuerdos de interconexión o sus ofertas de interconexión de referencia, según proceda.

ARTÍCULO 16.10

Acceso a las instalaciones esenciales de los proveedores principales

Las Partes otorgarán a su respectiva autoridad reguladora de las telecomunicaciones la facultad de

exigir que los proveedores principales de su territorio pongan sus instalaciones esenciales a

disposición de los proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones, en condiciones

razonables y no discriminatorias, para el suministro de redes o servicios de telecomunicaciones,

salvo que, sobre la base de los hechos recopilados y la evaluación del mercado realizada por la

autoridad reguladora de las telecomunicaciones, se determine que no es necesario para lograr una

competencia efectiva. Las instalaciones esenciales de un proveedor principal pueden incluir

elementos de la red, servicios de circuitos arrendados y recursos asociados.

& /es 83

ARTÍCULO 16.11

Escasez de recursos

1. Las Partes garantizarán que la asignación y la concesión de los derechos de uso de recursos

escasos, incluido el espectro radioeléctrico, los números y los derechos de paso, se lleven a cabo de

una forma abierta, objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y proporcionada, y con el fin

de lograr objetivos de interés general. Los procedimientos, las condiciones y las obligaciones que

corresponden a los derechos de uso se basarán en criterios objetivos, transparentes, no

discriminatorios y proporcionados.

2. Las Partes harán que el uso actual de las bandas de frecuencia asignadas se ponga a

disposición pública, pero no es preciso identificar detalladamente el espectro radioeléctrico

asignado para usos gubernamentales específicos.

3. Las medidas de una Parte por las que se atribuya y asigne espectro y se gestione la frecuencia

no son medidas incompatibles _per se_ con los artículos 10.5 y 11.7. En consecuencia, las Partes

mantienen el derecho a establecer y aplicar medidas de gestión del espectro y de las frecuencias que

pueden tener el efecto de limitar el número de proveedores de servicios de telecomunicaciones,

siempre que lo hagan de manera compatible con el presente Acuerdo. Este derecho comprende la

posibilidad de asignar bandas de frecuencias teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras y

la disponibilidad de espectro.

& /es 84

ARTICLE16.12

Portabilidad de los números

Las Partes velarán por que los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de sus

respectivos territorios faciliten la portabilidad de los números de manera oportuna y en condiciones

y términos razonables.

ARTÍCULO 16.13

Servicio universal

1. Las Partes tendrán derecho a definir el tipo de obligación de servicio universal que desea

mantener, así como el ámbito de aplicación y ejecución.

2. No se considerará que las obligaciones de servicio universal menoscaban la competencia

_per se_, siempre y cuando se administren de forma proporcionada, transparente, objetiva y no

discriminatoria. La administración de tales obligaciones será neutra respecto a la competencia y no

será más gravosa de lo necesario para el tipo de servicio universal definido por las Partes.

3. Las Partes velarán por que todos los proveedores de redes o servicios públicos de

telecomunicaciones puedan participar en los procedimientos de designación de los proveedores del

servicio universal, que se llevarán a cabo mediante un mecanismo eficaz, transparente y no

discriminatorio.

& /es 85

4. Si las Partes deciden financiar la prestación del servicio universal por parte de un proveedor,

garantizarán que tal financiación no exceda el coste neto ocasionado por la obligación de servicio

universal.

ARTÍCULO 16.14

Confidencialidad de la información

1. Las Partes velarán por que los proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones que

obtengan información confidencial de otro proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones en

el proceso de negociación de acuerdos de conformidad con los artículos 16.5, 16.6, 16.9 y 16.10

utilicen esa información únicamente para el propósito para el cual fue suministrada y respeten en

todo momento su confidencialidad.

2. Las Partes garantizarán la confidencialidad de las telecomunicaciones y los datos de tráfico

conexos transmitidos al utilizar las redes o los servicios públicos de telecomunicaciones, siempre

que cualquier medida que adopte a tal fin no se aplique de manera que constituya un medio de

discriminación arbitraria o injustificable, o una restricción encubierta del comercio de servicios.

& /es 86

ARTÍCULO 16.15

Tenencia de acciones por extranjeros

En lo que respecta al suministro de redes o servicios de telecomunicaciones, a excepción de la

radiodifusión pública, a través de presencia comercial, las Partes no impondrá requisitos para las

empresas conjuntas ni limitarán la participación de capital extranjero, expresada como límite

porcentual máximo de la tenencia de acciones por extranjeros, o como valor total de las inversiones

extranjeras individuales o agregadas.

ARTÍCULO 16.16

Acceso abierto y no discriminatorio a internet

1. Las Partes adoptarán o mantendrán medidas para garantizar que los proveedores de servicios

de acceso a internet permitan a los usuarios de dichos servicios acceder a la información, los

contenidos y los servicios de su elección y distribuirlos.

2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias de las

Partes relativas a la legalidad de la información, el contenido o los servicios mencionados en ese

apartado.

& /es 87

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los proveedores de servicios de acceso a internet

podrán aplicar medidas de gestión de la red no discriminatorias **[1]**, razonables, transparentes y

proporcionadas que sean coherentes con las disposiciones legales y reglamentarias de las Partes.

4. Las Partes adoptarán o mantendrán medidas para garantizar que los proveedores de servicios

de acceso a internet permitan a los usuarios de dichos servicios utilizar los dispositivos de su

elección, siempre que dichos dispositivos no perjudiquen la seguridad de otros dispositivos, de la

red o de los servicios prestados a través de esta.

ARTÍCULO 16.17

Itinerancia móvil internacional

1. Las Partes procurarán cooperar para promover tarifas transparentes y razonables de los

servicios de itinerancia móvil internacional de formas que contribuyan a promover el crecimiento

del comercio entre las Partes y mejorar el bienestar de los consumidores.

2. Las Partes podrán adoptar medidas para mejorar la transparencia y la competencia con

respecto a las tarifas de itinerancia móvil internacional y las alternativas tecnológicas a los servicios

de itinerancia, tales como:

a) garantizar que los consumidores puedan acceder fácilmente a la información relativa a las

tarifas al por menor; y

**1** Sin perjuicio de las excepciones previstas en las leyes y los reglamentos de las Partes.

& /es 88

b) minimizar los obstáculos al uso de alternativas tecnológicas a la itinerancia que permitan a los

usuarios procedentes del territorio de una Parte que visiten el territorio de otra Parte acceder a

los servicios de telecomunicaciones utilizando los dispositivos de su elección.

CAPÍTULO 17

SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

ARTÍCULO 17.1

Ámbito de aplicación, definiciones y principios

1. En el presente capítulo se exponen los principios relativos a la liberalización de servicios de

transporte marítimo internacional conforme a los capítulos 10, 11 y 12.

2. A efectos del presente capítulo, así como de los capítulos 10, 11 y 12 y de los anexos 10-A,

10-B y 10-C, se entenderá por:

a) «servicios de estaciones y depósitos de contenedores»: las actividades consistentes en el

almacenamiento de contenedores, ya sea en zonas portuarias o en el interior, con vistas a su

llenado o vaciado, su reparación y su preparación para la expedición;

& /es 89

b) «servicios de despacho de aduana» o «servicios de intermediarios de aduana»: las actividades

consistentes en la realización por cuenta de otra parte de los trámites aduaneros relativos a la

importación, la exportación o el transporte de cargamentos, ya constituyan tales servicios la

principal actividad del proveedor de servicios o un complemento habitual de su actividad

principal;

c) «operaciones de transporte puerta a puerta o multimodal»: el transporte de cargamento

mediante el uso de más de un modo de transporte, que implique un trayecto marítimo

internacional, con un único documento de transporte;

d) «servicios de enlace»: el transporte previo y el redireccionamiento por mar, entre puertos

situados en una Parte, de cargamento internacional, especialmente en contenedores, de

camino a un destino fuera del territorio de esa Parte;

e) «servicios de expedición de cargamentos»: la actividad consistente en la organización y el

seguimiento de las operaciones de expedición, en nombre de los expedidores, por medio de la

adquisición de servicios de transporte y servicios conexos, la preparación de documentos y el

suministro de información comercial;

f) «cargamento internacional»: el cargamento transportado entre un puerto de una Parte y un

puerto de la otra Parte o de un tercer país, o entre un puerto de un Estado miembro y un puerto

de otro Estado miembro;

& /es 90

g) «servicios de transporte marítimo internacional»: el transporte de pasajeros o de carga por

buques marítimos entre un puerto de una Parte y un puerto de la otra Parte o de un tercer país,

incluida la contratación directa con proveedores de otros servicios de transporte, con el fin de

englobar las operaciones de transporte puerta a puerta o multimodal al amparo de un único

documento de transporte, pero sin incluir el derecho a la prestación de esos otros servicios de

transporte;

h) «servicios de agencia marítima»: las actividades consistentes en la representación en calidad

de agente, en una zona geográfica determinada, de los intereses comerciales de una o más

líneas o compañías navieras, con los siguientes fines:

i) la comercialización y venta de servicios de transporte marítimo y servicios conexos,

desde la cotización hasta la facturación, así como la expedición de conocimientos de

embarque en nombre de las compañías, la adquisición y reventa de los servicios

conexos necesarios, la preparación de documentos y el suministro de información

comercial; o

ii) la organización, en nombre de las compañías, de la escala del barco o la asunción de los

cargamentos en caso necesario;

i) «servicios marítimos auxiliares»: los servicios de carga y descarga del transporte marítimo,

despacho de aduana, estaciones y depósitos de contenedores, agencia marítima y expedición

de cargamentos marítimos; y

& /es 91

j) «servicios de carga y descarga del transporte marítimo»: las actividades desarrolladas por las

empresas de carga y descarga, incluidas las empresas explotadoras de terminales, pero sin

incluir las actividades directas de los estibadores en caso de que estos trabajadores estén

organizados de manera independiente de las empresas de carga y descarga o empresas

explotadoras de terminales; las actividades contempladas incluyen la organización y

supervisión de:

i) la carga y descarga del cargamento de un buque;

ii) el amarre y desamarre del cargamento; y

iii) la recepción, la entrega y la custodia de cargamentos antes de su expedición o después

del desembarque.

3. Teniendo en cuenta los niveles existentes de liberalización entre las Partes en el transporte

marítimo internacional, serán de aplicación los principios siguientes:

a) las Partes aplicarán efectivamente el principio de libre acceso a los mercados y al tráfico

marítimo internacionales sobre una base comercial y no discriminatoria; y

b) las Partes concederán a los buques que enarbolen pabellón de la otra Parte o que sean

explotados por proveedores de servicios de la otra Parte un trato no menos favorable que el

que concedan a sus propios buques; por ejemplo, por lo que respecta al acceso a los puertos,

el uso de infraestructuras y servicios portuarios, y el uso de los servicios marítimos auxiliares,

así como las tasas y gravámenes conexos, las instalaciones aduaneras y la asignación de

atracaderos e instalaciones para carga y descarga.

& /es 92

4. Al aplicar los principios mencionados en el apartado 3, las Partes:

a) no introducirán disposiciones sobre reparto de los cargamentos en los futuros acuerdos con

terceros países relativos a los servicios de transporte marítimo, incluido el comercio a granel

de cargamentos líquidos y sólidos y el comercio en buques de línea, y, en un plazo razonable,

pondrán fin a tales acuerdos de reparto de cargamentos en caso de que existan en acuerdos

previos; y

b) suprimirán y se abstendrán de introducir, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente

Acuerdo, cualquier medida unilateral u obstáculo administrativo, técnico o de otra índole que

puedan constituir una restricción encubierta o tener efectos restrictivos sobre la libre

prestación de servicios en el transporte marítimo internacional.

5. Las Partes permitirán a los proveedores de servicios de transporte marítimo internacional de la

otra Parte establecer y explotar una empresa en su territorio de conformidad con las condiciones

establecidas en su lista de compromisos específicos de los anexos 10-A, 10-B y 10-C,

respectivamente.

6. Las Partes pondrán a disposición de los proveedores de transporte marítimo internacional de

la otra Parte los siguientes servicios portuarios en condiciones razonables y no discriminatorias:

practicaje, remolque y remolcador, aprovisionamiento, carga de combustible y agua, recogida de

basura y eliminación de residuos de lastre, servicios del capitán del puerto, ayudas a la navegación,

servicios operativos en tierra esenciales para las operaciones de embarque, incluidos las

comunicaciones, el agua y los suministros eléctricos, instalaciones de reparación de emergencia,

anclaje, atracaderos y servicios de atraque.

& /es 93

7. Las Partes permitirán a los prestadores de servicios de transporte marítimo internacional de la

otra Parte reubicar los contenedores vacíos, tanto propios como arrendados, que no se transporten

como cargamento a cambio de una remuneración entre puertos de Chile o puertos de un Estado

miembro.

CAPÍTULO 18

SERVICIOS FINANCIEROS

ARTÍCULO 18.1

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo es aplicable a las medidas que las Partes adopten o mantengan respecto a:

a) las instituciones financieras de la otra Parte;

b) los inversores de la otra Parte y las instituciones financieras de dichos inversores en el

territorio de la Parte; o

c) el comercio transfronterizo de servicios financieros.

& /es 94

2. Para mayor seguridad, el capítulo 10 se aplica a las medidas:

a) relativas a los inversores de las Partes en empresas cubiertas, tal como se definen en el

artículo 10.2, apartado 1, letra d), que no sean una institución financiera, pero presten un

servicio financiero en el territorio de la otra Parte o a dicha empresa cubierta; y

b) distintas de las medidas relacionadas con la prestación de servicios financieros, pero

relacionadas con un inversor de una Parte o una empresa cubierta establecida por tal inversor

en el territorio de la otra Parte que sea una institución financiera.

3. Las disposiciones de los capítulos 10 y 11 se aplicarán a las medidas incluidas en el ámbito de

aplicación del presente capítulo únicamente en la medida en que esas disposiciones se incorporen e

integren en el presente capítulo.

4. Los artículos 10.12 y 11.9 se incorporan e integran en el presente capítulo.

5. El presente capítulo no es aplicable a las medidas que las Partes adopten o mantengan

respecto a:

a) las actividades realizadas por un banco central o una autoridad monetaria o por cualquier otra

entidad pública en prosecución de políticas monetarias o cambiarias;

b) las actividades o los servicios que formen parte de un plan público de jubilación o de un

sistema reglamentario de seguridad social; o

& /es 95

c) las actividades o servicios realizados por cuenta de las Partes, con la garantía de sus recursos

financieros o utilizando dichos recursos, incluidas sus entidades públicas.

6. No obstante lo dispuesto en el apartado 5, el presente capítulo se aplica en la medida en que

las Partes permitan que cualquiera de las actividades o los servicios mencionados en el apartado 5,

letras b) o c), sea llevado a cabo por sus instituciones financieras en competencia con una

institución pública o una institución financiera.

7. Los artículos 18.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8 y 18.9 no son aplicables en relación con la

contratación pública.

8. Los artículos 18.3, 18.5, 18.6, 18.7 y 18.8 no se aplican a las subvenciones concedidas por las

Partes, incluidos los préstamos, las garantías y los seguros respaldados por los poderes públicos.

ARTÍCULO 18.2

Definiciones

A efectos del presente capítulo y del anexo 18, se entenderá por:

a) «prestador transfronterizo de servicios financieros de una Parte»: toda persona de una Parte

que intervenga en una actividad comercial consistente en prestar un servicio financiero en el

territorio de esa Parte y procure prestar o presta tal servicio financiero de forma

transfronteriza;

& /es 96

b) «prestación transfronteriza de servicios financieros» o «comercio transfronterizo de servicios

financieros»: la prestación de un servicio financiero:

i) desde el territorio de una Parte hasta el territorio de la otra Parte; o

ii) en el territorio de una Parte, por una persona de esa Parte, a un consumidor de servicios

de la otra Parte;

c) «institución financiera»: todo proveedor de uno o varios servicios financieros que esté

regulado o supervisado con respecto a la prestación de esos servicios como institución

financiera con arreglo al Derecho de la Parte en cuyo territorio esté situada, incluidas las

sucursales de dicho proveedor de servicios financieros que estén situadas en el territorio de la

Parte y cuyo domicilio social esté situado en el territorio de la otra Parte;

d) «servicio financiero»: todo servicio de carácter financiero, incluidos los servicios de seguros y

relacionados con seguros, así como los servicios bancarios y demás servicios financieros

(excepto los seguros). Los servicios financieros comprenden las actividades siguientes:

i) los servicios de seguros y relacionados con los seguros:

A) los seguros directos (incluido el coaseguro):

1) los seguros de vida; y

& /es 97

2) los seguros distintos de los seguros de vida;

B) el reaseguro y la retrocesión;

C) la mediación en seguros; por ejemplo, la correduría y las agencias de seguros; y

D) los servicios auxiliares de los seguros, como los prestados por consultores y

actuarios, así como los servicios de evaluación de riesgos e indemnización de

siniestros; y

ii) los servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros):

A) la aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público;

B) los préstamos de todo tipo, con inclusión de los créditos personales, los créditos

hipotecarios, el descuento de factura ( _factoring_ ) y la financiación de transacciones

comerciales;

C) el arrendamiento financiero ( _leasing_ );

D) todos los servicios de pago y transferencia de fondos, con inclusión de tarjetas de

crédito, de pago y similares, cheques de viaje y giros bancarios;

E) las garantías y los compromisos;

& /es 98

F) las transacciones por cuenta propia o por cuenta de clientes, ya sea en bolsa, en un

mercado extrabursátil o de otro modo, de lo siguiente:

1) instrumentos del mercado monetario (cheques, letras, certificados de

depósito, etc.);

2) divisas;

3) productos derivados, incluidos los futuros y las opciones;

4) instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por ejemplo, permutas

financieras ( _swaps_ ) y acuerdos a plazo sobre tipos de interés;

5) valores transferibles; o

6) otros instrumentos y activos financieros negociables, incluidos los lingotes;

G) la participación en emisiones de valores de todo tipo, incluidas la suscripción y la

colocación en calidad de agente, de manera pública o privada, y el suministro de

servicios relacionados con dichas emisiones;

H) el corretaje de cambios;

& /es 99

I) la administración de activos, por ejemplo, la administración de fondos en efectivo

o de carteras de valores, la gestión de inversiones colectivas en todas sus formas,

la administración de fondos de pensiones y los servicios de custodia, depósito y

fiduciarios;

J) los servicios de liquidación y compensación de activos financieros, incluidos los

valores, los productos derivados y otros instrumentos negociables;

K) la provisión y transferencia de información financiera, y el tratamiento de datos

financieros y programas informáticos conexos; y

L) los servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios financieros

auxiliares respecto de cualquiera de las actividades enumeradas en las letras A)

a K), incluidas las referencias y los análisis crediticios, los estudios y el

asesoramiento sobre inversiones y carteras de valores, así como el asesoramiento

sobre adquisiciones y sobre reestructuración y estrategia empresariales;

e) «proveedor de servicios financieros de una Parte»: toda persona física o jurídica de una Parte

que tenga intención de prestar o preste un servicio financiero, pero no sea una entidad pública;

f) «inversor de una Parte»: toda persona física o jurídica de una Parte que pretenda establecer,

esté estableciendo o haya establecido una institución financiera en el territorio de la otra

Parte;

& /es 100

g) «persona jurídica de una Parte»:

i) en el caso de la Unión Europea:

toda persona jurídica constituida u organizada de conformidad con el Derecho de la Unión

Europea o de al menos uno de sus Estados miembros y que lleve a cabo operaciones

empresariales sustantivas **[1]** en el territorio de la Unión Europea; y

ii) en el caso de Chile:

toda persona jurídica constituida u organizada de conformidad con el Derecho de Chile y que

lleve a cabo operaciones comerciales sustantivas en el territorio de Chile;

h) «nuevo servicio financiero»: todo servicio de naturaleza financiera, incluidos los servicios

relacionados con productos existentes y nuevos o con la forma de distribución de un producto,

que no es prestado por ningún proveedor de servicios financieros de cualquiera de las Partes,

pero es prestado en el territorio de la otra Parte;

**1** De conformidad con su notificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a la
OMC (WT/REG39/1), la Unión Europea entiende que el concepto, consagrado en el
artículo 54 del TFUE, de «vinculación efectiva y continua» con la economía de un Estado
miembro de la Unión Europea equivale al concepto de «operaciones empresariales
sustantivas».

& /es 101

i) «entidad pública»:

i) el gobierno, el banco central o la autoridad monetaria de una Parte, o una entidad que

sea propiedad o esté bajo el control de una Parte, que se dedique principalmente a

desempeñar funciones gubernamentales o a realizar actividades para fines

gubernamentales, con exclusión de las entidades dedicadas principalmente a la

prestación de servicios financieros en condiciones comerciales; o

ii) toda entidad privada que desempeñe las funciones normalmente desempeñadas por un

banco central o una autoridad monetaria, mientras ejerza esas funciones; y

j) «organismo de autorregulación»: todo organismo no gubernamental, incluidos un mercado de

valores y futuros, una agencia de compensación u otra organización o asociación, que ejerza

autoridad en materia de regulación o supervisión sobre los proveedores de servicios

financieros o las instituciones financiera por disposición legal o estatutaria o mediante

delegación de las administraciones o autoridades centrales, regionales o locales, cuando

proceda.

& /es 102

ARTÍCULO 18.3

Trato nacional

1. Las Partes concederán a los inversores en instituciones financieras de la otra Parte y a las

empresas cubiertas que sean instituciones financieras, con respecto al establecimiento, un trato no

menos favorable que el que conceda, en situaciones similares **[1]**, a sus propios inversores en

instituciones financieras y a sus empresas que sean instituciones financieras.

2. Las Partes concederán a los inversores en instituciones financieras de la otra Parte y a las

empresas cubiertas que sean instituciones financieras, con respecto a la explotación, un trato no

menos favorable que el que conceda, en situaciones similares **[1]**, a sus propios inversores en

instituciones financieras y a sus empresas que sean instituciones financieras.

3. El trato concedido por las Partes con arreglo a los apartados 1 y 2 significa:

a) con respecto a las Administraciones regionales o locales de Chile, un trato no menos

favorable que el régimen más favorable que tal nivel de Administración concede, en

situaciones similares, a los inversores en instituciones financieras de Chile y a sus empresas

que sean instituciones financieras en su territorio;

**1** Para mayor seguridad, saber si un trato se concede en «situaciones similares» requiere un
análisis caso por caso y basado en hechos, y depende del conjunto de las situaciones.

& /es 103

b) con respecto a la Administración de, o en, un Estado miembro, un trato no menos favorable

que el régimen más favorable que tal Administración concede, en situaciones similares, a los

inversores en instituciones financiera de dicho Estado miembro y a sus empresas que sean

instituciones financieras en su territorio **[1]** .

ARTÍCULO 18.4

Contratación pública

1. Las Partes velarán por que las instituciones financieras de la otra Parte establecidas en su

territorio reciban un trato no menos favorable que el concedido, en situaciones similares, a sus

propias instituciones financieras con respecto a cualquier medida relativa a la adquisición de

mercancías o servicios por una entidad contratante para fines gubernamentales.

2. La aplicación de la obligación de trato nacional prevista en el presente artículo seguirá sujeta

a las excepciones generales y de seguridad establecidas en el artículo 21.3.

**1** Para mayor seguridad, el trato concedido por la Administración de, o en, un Estado miembro
abarca los niveles regional y local de la Administración, en su caso.

& /es 104

ARTÍCULO 18.5

Trato de nación más favorecida

1. Las Partes concederán a los inversores en instituciones financieras de la otra Parte y a sus

empresas cubiertas que sean instituciones financieras, con respecto al establecimiento, un trato no

menos favorable que el que concedan, en situaciones similares **[1]**, a los inversores en instituciones

financieras de un tercer país y a sus empresas que sean instituciones financieras.

2. Las Partes concederán a los inversores en instituciones financieras de la otra Parte y a las

empresas cubiertas que sean instituciones financieras, con respecto a la explotación, un trato no

menos favorable que el que concedan, en situaciones similares **[1]**, a los inversores en instituciones

financieras de un tercer país y a sus empresas que sean instituciones financieras.

3. Los apartados 1 y 2 no se interpretarán de manera que se obligue a las Partes a ampliar a los

inversores en instituciones financieras de la otra Parte o a las empresas que sean instituciones

financieras el beneficio de cualquier trato resultante de medidas que prevean el reconocimiento de

las normas, incluidas las normas o los criterios para la autorización, concesión de licencias o

certificación de una persona física o empresa para llevar a cabo una actividad económica, o de

medidas prudenciales.

**1** Para mayor seguridad, saber si un trato se concede en «situaciones similares» requiere un
análisis caso por caso y basado en hechos, y depende del conjunto de las situaciones.

& /es 105

4. Para mayor seguridad, el trato mencionado en los apartados 1 y 2 no abarca los

procedimientos o mecanismos de solución de diferencias en materia de inversión que se establecen

en otros tratados internacionales sobre inversiones y en otros acuerdos comerciales. Las

disposiciones sustantivas que figuran en otros tratados internacionales o acuerdos comerciales no

constituyen en sí mismas un «trato» a que se refieren los apartados 1 y 2, por lo que no pueden dar

lugar a una infracción del presente artículo, a falta de medidas adoptadas o mantenidas por una

Parte. Las medidas aplicadas por las Partes de conformidad con tales disposiciones sustantivas

podrán constituir ese «trato» con arreglo al presente artículo y, por tanto, dar lugar a una infracción

del presente artículo.

ARTÍCULO 18.6

Acceso a los mercados

1. En los sectores o subsectores enumerados en la sección B de los apéndices 18-1 y 18-2 en los

que se contraigan compromisos de acceso al mercado, las Partes no adoptarán ni mantendrán, con

respecto al acceso al mercado mediante el establecimiento o la explotación de instituciones

financieras por parte de inversores de la otra Parte, ni a escala de todo su territorio ni a escala de

una subdivisión regional, medidas que:

a) limiten el número de instituciones financieras, ya sea en forma de contingentes numéricos,

monopolios, proveedores exclusivos de servicios o la exigencia de una prueba de necesidades

económicas;

b) limiten el valor total de los activos o transacciones de servicios financieros en forma de

contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

& /es 106

c) limiten el número total de operaciones de servicios financieros o la cuantía total de la

producción de servicios financieros, expresadas en unidades numéricas designadas, en forma

de contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

d) limiten el número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado sector de

servicios financieros o que una institución financiera pueda emplear y que sean necesarias

para la prestación de un servicio financiero específico y estén directamente relacionadas con

él, en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades

económicas; o

e) restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona jurídica o de empresa conjunta por

medio de los cuales una institución financiera puede suministrar un servicio.

2. Para mayor seguridad, el presente artículo no impide a las Partes exigir a una institución

financiera que preste determinados servicios financieros a través de entidades jurídicas distintas si,

con arreglo al Derecho de esa Parte, la variedad de servicios financieros prestados por la institución

financiera no puede prestarse a través de una única entidad.

& /es 107

ARTÍCULO 18.7

Prestación transfronteriza de servicios financieros.

1. Los artículos 11.4, 11.5, 11.6 y 11.7 se incorporan e integran en el presente capítulo y son

aplicables a las medidas que afectan a los proveedores de servicios financieros transfronterizos que

prestan los servicios financieros especificados en la sección A de los apéndices 18-1 y 18-2.

2. Las Partes permitirán que las persona situadas en su territorio, así como sus personas físicas

que se encuentren en cualquier lugar, adquieran servicios financieros transfronterizos de

proveedores de servicios financieros de la otra Parte que estén situados en el territorio de esa otra

Parte. Esta obligación no exige a las Partes que permitan a tales proveedores hacer negocios u

ofrecer sus servicios en su territorio. Las Partes podrán definir «hacer negocios» y «ofrecer sus

servicios» a efectos de esta obligación siempre que tales definiciones no sean incompatibles con el

apartado 1 del presente artículo.

3. Sin perjuicio de otros medios de regulación prudencial del comercio transfronterizo de

servicios financieros, una Parte podrá exigir el registro o la autorización de prestadores

transfronterizos de servicios financieros de la otra Parte y de instrumentos financieros.

& /es 108

ARTÍCULO 18.8

Altos directivos y consejos de administración

Las Partes no exigirán que una institución financiera de la otra Parte establecida en su territorio

designe a personas físicas con una determinada nacionalidad como miembros de consejos de

administración o altos cargos de dirección, como ejecutivos o directivos.

ARTÍCULO 18.9

Requisitos de rendimiento

1. Las Partes no impondrán ni obligarán a cumplir, en lo que concierne al establecimiento o a la

explotación de cualquier institución financiera de las Partes o de un tercer país en su territorio,

ningún requisito ni ningún compromiso relativo a:

a) exportar un nivel o porcentaje determinado de mercancías o servicios;

b) alcanzar un nivel o porcentaje determinado de contenido interno;

c) adquirir, utilizar o conceder una preferencia a las mercancías producidas o a los servicios

prestados en su territorio, o adquirir mercancías o servicios de personas físicas o de empresas

de su territorio;

& /es 109

d) vincular de alguna manera el volumen o el valor de las importaciones con el volumen o el

valor de las exportaciones, o con el importe de la entrada de divisas en relación con dicha

institución financiera;

e) restringir, en su territorio, las ventas de mercancías o servicios que dicha institución financiera

produzca o suministre, relacionándolas de alguna manera con el volumen o el valor de sus

exportaciones o sus ingresos en divisas;

f) transferir tecnología, un proceso de producción u otros conocimientos protegidos a una

persona física o una empresa de su territorio;

g) suministrar exclusivamente, desde el territorio de la Parte, las mercancías que produce o los

servicio que presta a un mercado mundial o regional determinado;

h) situar la sede de tal institución financiera para una región específica del mundo que es mayor

que el territorio de la Parte o el mercado mundial en su territorio;

i) contratar a un determinado número o porcentaje de sus nacionales; o

j) limitar las exportaciones o las ventas para exportación.

& /es 110

2. Las Partes no podrán poner como condición, para recibir o seguir recibiendo una ventaja

relacionada con el establecimiento o la explotación de cualquier institución financiera de las Partes

o de un tercer país en su territorio, el cumplimiento de ninguno de los requisitos siguientes:

a) alcanzar un nivel o porcentaje determinado de contenido interno;

b) adquirir, utilizar o conceder una preferencia a las mercancías producidas o a los servicios

prestados en su territorio, o adquirir mercancías o servicios de personas físicas o de empresas

de su territorio;

c) vincular de alguna manera el volumen o el valor de las importaciones con el volumen o el

valor de las exportaciones, o con el importe de la entrada de divisas en relación con dicha

institución financiera;

d) restringir, en su territorio, las ventas de mercancías o servicios que dicha institución financiera

produzca o suministre, relacionándolas de alguna manera con el volumen o el valor de sus

exportaciones o sus ingresos en divisas; o

e) limitar las exportaciones o las ventas para exportación.

3. El apartado 2 no podrá interpretarse de manera que se impida a las Partes poner como

condición, para recibir o seguir recibiendo una ventaja relacionada con el establecimiento o la

explotación de instituciones financieras en su territorio por un inversor de las Partes o de un tercer

país, el cumplimiento del requisito de situar en su territorio la producción, la prestación de un

servicio, la formación o el empleo de trabajadores, la construcción o ampliación de determinadas

instalaciones o la realización de actividades de investigación y desarrollo.

& /es 111

4. La letra f) del apartado 1 no se aplicará si:

a) las Partes autorizan el uso de un derecho de propiedad intelectual e industrial de conformidad

con el artículo 31 o el artículo 31 _bis_ del Acuerdo sobre los ADPIC, o adoptan o mantienen

medidas que exijan la divulgación de datos o información de dominio privado que entren

dentro del ámbito de aplicación del artículo 39, apartado 3, del Acuerdo sobre los ADPIC y

sean compatibles con él; o

b) el requisito sea impuesto o el compromiso sea ejecutado por un órgano jurisdiccional, un

tribunal administrativo o una autoridad de competencia con el fin de poner remedio a una

práctica que, tras un proceso judicial o administrativo, se determine que constituye una

violación de las normas de competencia de las Partes.

6. El apartado 1, letras a), b) y c), y el apartado 2, letras a) y b), no se aplican a los requisitos de

cualificación para mercancías o servicios por lo que respecta a la participación en programas de

promoción de las exportaciones y de ayuda exterior.

7. El apartado 2, letras a) y b), no se aplicará a los requisitos que imponga una Parte importadora

en relación con el contenido de mercancías que se precisen para poder beneficiarse de aranceles

preferenciales o de contingentes preferenciales.

8. Para mayor seguridad, el presente artículo no podrá interpretarse como una exigencia hacia

una Parte para que permita que un servicio determinado se suministre a escala transfronteriza

cuando tal Parte adopte o mantenga restricciones o prohibiciones sobre dicha prestación de

servicios que sean compatibles con las reservas, condiciones o cualificaciones especificadas en

relación con un sector, subsector o actividad enumerada en el anexo 18.

& /es 112

9. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los compromisos de las Partes adquiridos en

virtud del Acuerdo sobre la OMC.

ARTÍCULO 18.10

Medidas no conformes

1. Los artículos 18.3, 18.5, 18.7, 18.8 y 18.9 no son aplicables a:

a) ninguna medida no conforme vigente mantenida por:

i) en el caso de la Unión Europea:

A) la Unión Europea, tal como se establece en la sección C del apéndice 18-1;

B) la Administración central de un Estado miembro, tal como se establece en la

sección C del apéndice 18-1;

C) una Administración regional de un Estado miembro, tal como se establece en la

sección C del apéndice 18-1; o

D) una Administración local; y

& /es 113

ii) en el caso de Chile:

A) la Administración central, tal como se establece en la sección C del apéndice 18

2;

B) una Administración regional, tal como se establece en la sección C del apéndice 18

2; o

C) una Administración local;

b) la continuación o la rápida renovación de toda medida no conforme contemplada en la letra

a); ni

c) una modificación de cualquiera de las medidas no conformes mencionadas en la letra a) del

presente apartado, en la medida en que la modificación no disminuya el grado de conformidad

de la medida, tal como existía inmediatamente antes de la modificación, con los

artículos 18.3, 18.5, 18.7, 18.8 o 18.9.

2. Los artículos 18.3, 18.5, 18.7, 18.8 y 18.9 no se aplicarán a ninguna medida de las Partes con

respecto a los sectores, subsectores o actividades establecidos por las Partes en la sección D de los

apéndices 18-1 y 18-2, respectivamente.

3. Las Partes no exigirán, en virtud de ninguna medida adoptada después de la fecha de entrada

en vigor del presente Acuerdo y cubierta por la sección D de los apéndices 18-1 y 18-2,

respectivamente, que un inversor de la otra Parte, por razón de su nacionalidad, venda o se

desvincule de su institución financiera existente en el momento en que la medida se haga efectiva.

& /es 114

4. El artículo 18.6 no se aplicará a ninguna medida de las Partes con respecto a los sectores,

subsectores o actividades establecidos por las Partes en la sección B de los apéndices 18-1 y 18-2,

respectivamente.

5. Cuando una Parte haya formulado una reserva respecto a los artículos 10.6, 10.8, 10.9, 10.10,

11.4 o 11.5 de los anexos 10-A o 10-B, la reserva constituirá también una reserva con respecto a los

artículos 18.3, 18.5, 18.7, 18.8 o 18.9, según el caso, siempre que la medida, el sector, el subsector o

la actividad contemplados en la reserva estén cubiertos por el presente capítulo.

ARTÍCULO 18.11

Excepciones cautelares

1. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo podrá impedir a las Partes adoptar o mantener

medidas por razones cautelares, tales como:

a) proteger a los inversores, depositantes, tenedores de pólizas o personas acreedoras de

obligaciones fiduciarias a cargo de un proveedor de servicios financieros; o

b) garantizar la integridad y la estabilidad del sistema financiero de las Partes.

2. En caso de que esas medidas no fueran conformes con lo dispuesto en el presente Acuerdo, no

podrán ser utilizadas como medio para eludir los compromisos o las obligaciones de las Partes en

virtud del presente Acuerdo.

& /es 115

ARTÍCULO 18.12

Tratamiento de la información

Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se interpretará de manera que se obligue a las Partes a

divulgar información relacionada con los asuntos y cuentas de clientes particulares o cualquier

información confidencial o de dominio privado en poder de entidades públicas.

ARTÍCULO 18.13

Normativa nacional y transparencia

1. El capítulo 13, a excepción del artículo 13.1, apartado 5, letras c) a f), y el capítulo 29 no se

aplicarán a las medidas de las Partes en el ámbito de aplicación del presente capítulo.

2. En la medida de lo posible, y de manera coherente con su sistema jurídico para adoptar

medidas, las Partes:

a) publicarán por adelantado:

i) las leyes y los reglamentos de aplicación general que se propongan adoptar en relación

con las cuestiones comprendidas en el ámbito del presente capítulo; o

& /es 116

ii) los documentos que faciliten detalles suficientes acerca de toda posible nueva ley o

reglamento a fin de que las personas interesadas y la otra Parte puedan evaluar si sus

intereses podrían verse afectados significativamente y de qué manera;

b) darán a las personas interesadas y a la otra Parte la posibilidad razonable de formular

observaciones sobre cualquier ley o reglamento propuesto, o cualquier documento publicado

de conformidad con la letra a);

c) examinarán toda observación recibida de conformidad con la letra b); y

d) establecerán un plazo razonable entre la publicación de cualquier disposición legal o

reglamentaria con arreglo a la letra a), inciso i), y la fecha en que los proveedores de servicios

financieros deban cumplirlas.

3. El presente artículo se aplica a las medidas de las Partes relativas a los requisitos y

procedimientos de concesión de licencias, así como a los requisitos y procedimientos de

cualificación, y se aplica únicamente en sectores para los que las Partes hayan contraído

compromisos específicos en virtud del presente capítulo y en la medida en que dichos compromisos

específicos sean aplicables.

4. Si las Partes adoptan o mantienen medidas relativas a la autorización para la prestación de un

servicio financiero, se asegurarán de que:

a) esas medidas se basen en criterios objetivos y transparentes **[1]** ;

**1** Tales criterios podrán incluir, entre otros, la competencia y la capacidad de prestar un
servicio, incluso la capacidad de hacerlo de manera compatible con las prescripciones de
reglamentación de las Partes. Las autoridades competentes podrán evaluar el peso que se dará
a cada criterio.

& /es 117

b) los procedimientos de autorización sean imparciales y adecuados para que los solicitantes

puedan demostrar si cumplen las prescripciones, cuando esas prescripciones existan; y

c) los procedimientos de autorización, por sí mismos, no impidan injustificadamente el

cumplimiento de las prescripciones.

5. Si las Partes exigen una autorización **[1]** para la prestación de un servicio financiero, publicarán

sin demora o pondrán a disposición pública de otro modo la información necesaria para que el

solicitante cumpla los requisitos y procedimientos para obtener, mantener, modificar y renovar

dicha autorización. Esa información, incluirá, entre otras cosas, de ser posible, lo siguiente:

a) los requisitos y procedimientos para la obtención, el mantenimiento, la modificación y la

renovación de dicha autorización;

b) la información de contacto de las autoridades competentes correspondientes;

c) los procedimientos de recurso o de revisión de las decisiones relativas a las solicitudes;

d) los procedimientos para vigilar o exigir el cumplimiento de los términos y las condiciones de

las licencias y de los títulos de aptitud; y

**1** A los efectos del presente capítulo, se entenderá por «autorización» el permiso para prestar un
servicio financiero, resultante de un procedimiento al que un solicitante debe sujetarse para
demostrar el cumplimiento de las prescripciones en materia de licencias o las prescripciones
en materia de títulos de aptitud.

& /es 118

e) las oportunidades de participación pública, por ejemplo, a través de audiencias o de la

presentación de observaciones.

6. Si las Partes exigen una autorización para la prestación de un servicio financiero, sus

autoridades competentes:

a) permitirán al solicitante, en la medida de lo posible, presentar una solicitud en cualquier

momento a lo largo del año **[1]** ;

b) concederán un plazo razonable para la presentación de solicitudes si existen plazos

específicos para ello;

c) iniciarán la tramitación de la solicitud sin demora indebida;

d) procurarán aceptar las solicitudes en formato electrónico en las mismas condiciones de

autenticidad que las presentadas en papel; y

e) aceptarán copias de documentos compulsadas de conformidad con el Derecho de la Parte, en

lugar de documentos originales, a menos que exijan documentos originales para mantener la

integridad del proceso de autorización.

7. Las Partes procurarán simplificar los procedimientos y las formalidades de autorización en la

mayor medida posible y no complicarán ni retrasarán indebidamente la prestación del servicio

financiero.

**1** Para mayor seguridad, las autoridades competentes no están obligadas a comenzar a examinar
las solicitudes fuera de sus horarios de trabajo y días hábiles oficiales.

& /es 119

8. Las Partes procurarán establecer el plazo indicativo para la tramitación de una solicitud y, a

petición del solicitante y sin demora injustificada, facilitarán información sobre el estado de la

solicitud.

9. Si una autoridad competente considera que una solicitud está incompleta para su tramitación

con arreglo a las leyes y reglamentos de las Partes, en un plazo razonable y en la medida de lo

posible:

a) informará al solicitante de que la solicitud está incompleta;

b) a petición del solicitante, detallará la información adicional necesaria para completar la

solicitud u orientará de otro modo sobre las razones por las que la solicitud se considera

incompleta; y

c) dará al solicitante la posibilidad **[1]** de presentar la información adicional necesaria para

completar la solicitud.

10. Si ninguna de las medidas establecidas en el apartado 9, letras a), b) o c), es factible, las

autoridades competentes se asegurarán de que, si la solicitud se deniega por ser incompleta, se

informe de ello al solicitante en un plazo razonable.

**1** Esa posibilidad no implica que la autoridad competente tenga que prorrogar los plazos.

& /es 120

11. Las Partes garantizarán que, en lo que atañe a las tasas de autorización **[1]** que cobran, sus

autoridades competentes proporcionen a los solicitantes una lista de tasas o información sobre la

manera en que se determinan sus cantidades, y que no utilicen las tasas como una forma de evitar

cumplir los compromisos u obligaciones de la Parte de que se trate.

12. Una autoridad competente adoptará una decisión de manera independiente y no tendrá que

rendir cuentas ante ninguna persona que preste los servicios para los cuales sea necesaria la licencia

o autorización.

13. Las Partes garantizarán que la tramitación de una solicitud, incluida la decisión final, se

complete en un plazo razonable a partir de la fecha de presentación de una solicitud completa y que

se informe al solicitante de la decisión relativa a la solicitud, en la medida de lo posible, por escrito.

12. En caso de que la autoridad competente rechace una solicitud, se informará al solicitante, bien

a petición de este, bien por iniciativa de la autoridad competente, por escrito y sin demora

injustificada. En la medida de lo posible, se informará al solicitante de los motivos por los que se

desestima su solicitud y de los plazos para recurrir tal decisión. Debe permitirse que el solicitante

vuelva a presentar una solicitud en un plazo razonable.

15. En caso de que se exijan exámenes para la concesión de una autorización, la autoridad

competente velará por que dichos exámenes se organicen a intervalos razonablemente frecuentes y

establezcan un plazo razonable para que los solicitantes puedan solicitar presentarse al mismo.

**1** Las tasas de autorización no incluyen las tasas para el uso de los recursos naturales, los pagos
por subastas, licitaciones u otros medios no discriminatorios de adjudicación de concesiones
ni las contribuciones obligatorias al suministro del servicio universal.

& /es 121

16. Las Partes garantizarán que las autorizaciones, una vez concedidas, surtan efecto, sin demoras

indebidas, de conformidad con los términos y condiciones especificados en ellas.

ARTÍCULO 18.14

Nuevos servicios financieros en el territorio de una Parte

1. Las Partes permitirán a las instituciones financieras de la otra Parte que no sean sucursales

prestar cualquier nuevo servicio financiero que las Partes permitirían prestar a sus propias

instituciones financieras de conformidad con su Derecho, en situaciones similares, siempre que la

introducción de los nuevos servicios financieros no requiera nuevas leyes o reglamentos, o la

modificación de leyes o reglamentos vigentes.

2. Una Parte podrá decidir la modalidad institucional y jurídica a través de la cual se ofrezca el

nuevo servicio financiero y podrá exigir autorización para la prestación del mismo. En caso de que

se requiera tal autorización, la decisión correspondiente deberá adoptarse en un plazo razonable y

solo podrá denegarse por motivos cautelares.

3. El presente artículo no impide que una institución financiera de una Parte solicite a la otra

Parte que considere la posibilidad de autorizar la prestación de un servicio financiero que no se

preste en el territorio de ninguna de las Partes. Dicha solicitud estará sujeta al Derecho de la Parte

que reciba la solicitud y no estará sujeta a las obligaciones derivadas del presente artículo.

& /es 122

ARTÍCULO 18.15

Organismos de autorregulación

Si una Parte exige a una institución financiera o a un proveedor de servicios financieros

transfronterizos de la otra Parte que sea miembro de un organismo de autorregulación, participe en

él o tenga acceso a él para prestar un servicio financiero en su territorio, velará por que el

organismo de autorregulación cumpla las obligaciones establecidas en los artículos 10.6, 10.8, 11.4

y 11.5.

ARTÍCULO 18.16

Sistemas de pago y compensación

De conformidad con los términos y las condiciones que otorguen trato nacional, las Partes

concederán a las instituciones financieras de la otra Parte establecidas en su territorio acceso a los

sistemas de pago y compensación administrados por entidades públicas y a los medios oficiales de

financiación y refinanciación disponibles en el curso normal de operaciones comerciales ordinarias.

El presente artículo no tiene por objeto otorgar acceso a las facilidades del prestamista de última

instancia de las Partes.

& /es 123

ARTÍCULO 18.17

Subcomité de Servicios Financieros

1. El Subcomité de Servicios Financieros («Subcomité») creado en virtud del artículo 33.4,

apartado 1, estará compuesto por representantes de las Partes responsables de los servicios

financieros.

2. El Subcomité:

a) supervisará la aplicación del presente capítulo;

b) considerará aspectos relativos a servicios financieros que le sean remitidos por una Parte; y

c) mantendrá un diálogo entre las Partes sobre la regulación del sector de los servicios

financieros, con vistas a mejorar el conocimiento mutuo de los respectivos marcos

reguladores de las Partes y cooperar en el desarrollo de normas internacionales.

& /es 124

ARTÍCULO 18.18

Consultas y debates técnicos

1. Las Partes podrán solicitar debates y consultas técnicos con la otra Parte sobre cualquier

cuestión que surja en virtud del presente Acuerdo y que afecte a los servicios financieros. La otra

Parte considerará favorablemente esa solicitud. Las Partes informarán de los resultados de sus

debates y consultas al Subcomité.

2. Las Partes velarán por que, en esos debates y consultas técnicas, su delegación incluya a

funcionarios con la experiencia pertinente en el ámbito de los servicios financieros.

3. Para mayor seguridad, nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará de manera

que se exija a una Parte:

a) establecer excepciones a sus disposiciones legales y reglamentarias pertinentes relativas al

intercambio de información entre los reguladores financieros, o a los requisitos de un acuerdo

o arreglo entre las autoridades financieras de las Partes; o

b) exigir a las autoridades reguladoras que adopten cualquier medida que interfiera en cuestiones

específicas de regulación, supervisión, administración o ejecución.

& /es 125

4. Nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará de manera que se impida a las

Partes que exijan formación a efectos de supervisión sobre una institución financiera situada en el

territorio de la otra Parte o un proveedor de servicios financieros transfronterizos de la otra Parte

dirigirse a la autoridad reguladora competente de la otra Parte para recabar la información.

5. Para mayor seguridad, el presente artículo se entiende sin perjuicio de los derechos y

obligaciones de las Partes en virtud del capítulo 31.

ARTÍCULO 18.19

Solución de diferencias

1. El capítulo 31, incluidos los anexos 31-A y 31-B, se aplica, en su versión modificada por el

presente artículo, a la solución de diferencias relativas a la aplicación e interpretación del presente

capítulo.

2. Además de los requisitos establecidos en el artículo 31.9, los miembros de los grupos

especiales tendrán conocimientos especializados o experiencia en materia de legislación o práctica

en el ámbito de los servicios financieros, lo que podrá incluir la regulación de las instituciones

financieras, a menos que las Partes acuerden otra cosa.

& /es 126

3. El Subcomité recomendará al Comité de Comercio el establecimiento de una lista de al menos

quince personas, que cumplan los requisitos a que se refiere el apartado 2, que estén dispuestas a

ejercer como miembros del grupo especial y estén capacitadas para hacerlo. El Comité de Comercio

establecerá dicha lista a más tardar un año después de la fecha de entrada en vigor del presente

Acuerdo. La lista estará compuesta por tres sublistas:

a) una sublista de personas basada en propuestas de la Unión Europea;

b) una sublista de personas basada en propuestas de Chile; y

c) una sublista de personas que no son nacionales de ninguna de las Partes y que actuarán como

presidentes del grupo especial.

4. Cada sublista estará compuesta al menos por cinco personas. El Comité de Comercio velará

por que en la lista figure siempre ese número mínimo de personas.

5. A efectos del presente capítulo, la lista a que se refiere el apartado 3 del presente artículo

sustituirá, tras su elaboración, a la lista establecida de conformidad con el artículo 31.8, apartado 1.

& /es 127

CAPÍTULO 19

COMERCIO DIGITAL

SECCIÓN A

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 19.1

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo será aplicable al comercio por medios electrónicos.

2. El presente capítulo no es aplicable a los servicios audiovisuales.

ARTÍCULO 19.2

Definiciones

1. Las definiciones de los artículos 10.2 y 11.2 se aplicarán al presente capítulo.

& /es 128

2. A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

—
a) «consumidor»: toda persona física o persona jurídica, si así lo contemplan las disposiciones

—
jurídicas y reglamentarias de la Parte de que se trate que utilice o solicite un servicio

público de telecomunicaciones con fines ajenos a su actividad comercial, negocio o profesión;

b) «comunicación comercial directa»: cualquier forma de publicidad comercial mediante la cual

una persona física o jurídica comunica mensajes comerciales directamente a los usuarios

finales a través de un servicio público de telecomunicaciones, incluidos al menos el correo

electrónico y los mensajes de texto y multimedia;

c) «autenticación electrónica»: todo proceso que permita confirmar:

i) la identificación electrónica de una persona física o jurídica; o

ii) el origen y la integridad de los datos en formato electrónico;

d) «sello electrónico»: los datos en formato electrónico utilizados por una persona jurídica,

anejos a otros datos en formato electrónico, o asociados de manera lógica con ellos, para

garantizar el origen y la integridad de estos últimos;

& /es 129

e) «firma electrónica»: los datos en forma electrónica anejos a otros datos electrónicos o

asociados de manera lógica con otros datos en formato electrónico y que cumplan los

requisitos siguientes:

i) son utilizados por una persona física para confirmar los datos electrónicos con los que

está relacionado; y

ii) están vinculados a los datos electrónicos con los que se relaciona de forma que

cualquier alteración posterior de los datos en formato electrónico sea detectable;

f) «servicios de confianza electrónico»: todo servicio electrónico que consista en la creación,

verificación y validación de firmas electrónicas, sellos electrónicos, sellos de tiempo

electrónicos, servicios de entrega electrónica, autenticación de sitios web y certificados

relacionados con ese servicio;

g) «usuario final»: toda persona física o jurídica que utilice o solicite un servicio público de

telecomunicaciones, ya sea como consumidor o, si así lo establecen las disposiciones legales y

reglamentarias de una Parte, con fines comerciales, empresariales o profesionales;

h) «datos personales»: los datos personales tal como se definen en el artículo 1.3, letra u); y

i) «servicio público de telecomunicaciones»: todo servicio público de telecomunicaciones tal

como se define en el artículo 16.2, letra j).

& /es 130

ARTÍCULO 19.3

Derecho a regular

Las Partes reafirman las competencias normativas de que gozan en sus territorios para alcanzar

objetivos de actuación legítimos, como la protección de la salud pública, los servicios sociales, la

educación, la seguridad, el medio ambiente (incluido el cambio climático), la moral pública, la

protección social o de los consumidores, la privacidad y la protección de datos o la promoción y la

protección de la diversidad cultural.

ARTÍCULO 19.4

Excepciones

Nada de lo dispuesto en el presente capítulo impedirá a las Partes adoptar o mantener medidas de

conformidad con los artículos 18.11, 32.1 y 32.2 por las razones de interés público que en ellos se

exponen.

& /es 131

SECCIÓN B

FLUJOS DE DATOS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ARTÍCULO 19.5

Flujos de datos transfronterizos

Las Partes se comprometen a garantizar los flujos de datos transfronterizos para facilitar el

comercio digital. A tal fin, las Partes no restringirán los flujos de datos transfronterizos entre las

Partes:

a) exigiendo el uso de recursos informáticos o elementos de red en su territorio para el

tratamiento, incluso imponiendo el uso de recursos informáticos o elementos de red que están

certificados o aprobados en el territorio de una Parte;

b) exigiendo la localización de datos en su territorio para su almacenamiento o tratamiento;

c) prohibiendo el almacenamiento o el tratamiento en el territorio de la otra Parte; ni

d) supeditando la transferencia de datos transfronteriza al uso de recursos informáticos o

elementos de red en su territorio o a requisitos de ubicación en su territorio.

& /es 132

ARTÍCULO 19.6

Protección de los datos personales y de la privacidad

1. Las Partes reconocen que la protección de los datos personales y de la privacidad es un

derecho fundamental y que unas normas estrictas a este respecto contribuyen a la confianza en la

economía digital y al desarrollo del comercio.

2. Las Partes podrán adoptar o mantener las medidas que consideren adecuadas para garantizar

la protección de los datos personales y de la privacidad, en particular la adopción y aplicación de

normas para la transferencia transfronteriza de datos personales. Nada de lo dispuesto en el presente

Acuerdo afectará a la protección de los datos personales y de la privacidad garantizada por las

medidas de las Partes.

SECCIÓN C

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

ARTÍCULO 19.7

Derechos de aduana a las transmisiones electrónicas

Las Partes no impondrán derechos de aduana a las transmisiones electrónicas entre una persona de

una Parte y una persona de la otra Parte.

& /es 133

ARTÍCULO 19.8

Autorización previa no requerida

1. Una Parte no exigirá autorización previa por el mero hecho de que un servicio se preste en

línea **[1]**, ni adoptará o mantendrá cualquier otro requisito de efecto equivalente.

2. El apartado 1 no se aplicará a los servicios de telecomunicaciones, los servicios de

radiodifusión, los servicios de juegos de azar, los servicios de representación jurídica ni a los

servicios de los notarios o profesiones equivalentes en la medida en que impliquen una conexión

directa y específica con el ejercicio de una función pública.

ARTÍCULO 19.9

Celebración de contratos por medios electrónicos

1. Las Partes velarán por que sus disposiciones legales y reglamentarias permitan la celebración

de contratos por medios electrónicos y por que los requisitos legales aplicables a los procesos

contractuales no creen obstáculos para el uso de los contratos celebrados por medios electrónicos ni

tengan como consecuencia que dichos contratos se vean privados de efecto y validez jurídicos por

haberse celebrado por medios electrónicos.

**1** Un servicio se presta en línea cuando se presta por medios electrónicos y sin que las personas
estén presentes simultáneamente.

& /es 134

2. El apartado 1 no se aplicará a:

a) los servicios de radiodifusión, servicios de juegos de azar y servicios de representación legal;

b) los servicios de los notarios o profesiones equivalentes que impliquen una conexión directa y

específica con el ejercicio de una función pública; y

c) los contratos que establecen o transfieren derechos sobre bienes inmuebles, los contratos que

requieren por ley la intervención de tribunales, autoridades públicas o profesiones que ejercen

la autoridad pública, los contratos de caución concedidos y los valores garantizados aportados

por personas que actúan con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial o profesional,

y los contratos regidos por el Derecho de familia o por el Derecho de sucesiones.

ARTÍCULO 19.10

Servicios de confianza electrónicos y autenticación electrónica

1. Las Partes no negarán el efecto jurídico y la admisibilidad como prueba en procedimientos

judiciales o administrativos de un servicio electrónico de confianza y una autenticación electrónica

por estar en formato electrónico.

& /es 135

2. Una Parte no adoptará ni mantendrá medidas que:

a) prohíban a las partes de una transacción electrónica determinar de común acuerdo los métodos

de autenticación electrónica adecuados para su transacción; o

b) impidan que las partes de una transacción electrónica tengan la oportunidad de demostrar ante

las autoridades judiciales o administrativas que sus transacciones electrónicas cumplen todos

los requisitos legales respecto a los servicios de confianza electrónicos y la autenticación

electrónica.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, una Parte podrá exigir que, para una determinada

categoría de transacciones electrónicas, el método de autenticación electrónica o servicio de

confianza electrónico:

a) esté certificado por una autoridad acreditada de conformidad con su legislación; o

b) cumpla determinadas normas de funcionamiento, que serán objetivas, transparentes y no

discriminatorias y se referirán únicamente a las características específicas de la categoría de

transacciones electrónicas en cuestión.

& /es 136

ARTÍCULO 19.11

Confianza de los consumidores en el comercio en línea

1. Las Partes reconocen la importancia de reforzar la confianza de los consumidores en el

comercio digital. Las Partes adoptarán o mantendrán medidas destinadas a garantizar la protección

efectiva de los consumidores que participan en operaciones de comercio electrónico, que incluyan,

en particular, medidas que:

a) prohíban las prácticas comerciales fraudulentas y engañosas;

b) exijan a los proveedores de mercancías y servicios actuar de buena fe y cumplir las prácticas

comerciales leales, incluso a través de la prohibición de cobrar a los consumidores por

mercancías y servicios no solicitados;

c) exijan a los proveedores de mercancías o servicios que faciliten a los consumidores

información clara y exhaustiva sobre su identidad y sus datos de contacto **[1]**, así como sobre las

mercancías o los servicios, la transacción y los derechos de los consumidores aplicables; y

d) concedan a los consumidores acceso a reparación para reclamar sus derechos, incluido el

derecho a reparación en los casos en que las mercancías o los servicios se han abonado y no

se han entregado o suministrado según lo acordado.

**1** En el caso de los proveedores de servicios intermediarios, esto incluye también la identidad y
los datos de contacto del proveedor real de la mercancía o del servicio.

& /es 137

2. Las Partes reconocen la importancia de la cooperación entre sus respectivas agencias

nacionales de protección de los consumidores y demás órganos pertinentes en actividades

relacionadas con el comercio electrónico con el fin de aumentar la confianza de los consumidores.

ARTÍCULO 19.12

Comunicaciones comerciales directas no solicitadas

1. Las Partes garantizarán que los usuarios finales cuenten con una protección eficaz frente a las

comunicaciones comerciales directas no solicitadas.

2. Las Partes adoptarán o mantendrán medidas eficaces en relación con las comunicaciones

comerciales directas no solicitadas que:

a) exijan a los proveedores de comunicaciones comerciales directas no solicitadas que garanticen

que los destinatarios puedan impedir la recepción continua de dichas comunicaciones; o

b) exijan el consentimiento de los destinatarios, según lo especificado con arreglo a sus

disposiciones legales y reglamentarias, de recibir comunicaciones comerciales directas.

& /es 138

3. Las Partes garantizarán que las comunicaciones comerciales directas sean claramente

identificables como tales, indiquen claramente en nombre de quién se mandan y contengan la

información necesaria para que los usuarios finales puedan pedir que cesen gratuitamente y en

cualquier momento.

ARTÍCULO 19.13

Prohibición de la transferencia obligatoria del código fuente o del acceso a él

1. Las Partes no exigirán la transferencia del código fuente del _software_ propiedad de una

persona física o jurídica de la otra Parte ni el acceso a él. El presente apartado no se aplicará a la

transferencia voluntaria del código fuente o a la concesión de acceso a este sobre una base

comercial por parte de una persona de la otra Parte, por ejemplo, en el marco de una transacción

relacionada con una contratación pública o de un contrato negociado libremente. Nada de lo

dispuesto en el presente apartado impedirá a una persona de una Parte conceder licencias de su

programa informático de manera gratuita y con código abierto.

2. Para mayor seguridad, los artículos 18.11, 32.1 y 32.2 pueden aplicarse a las medidas

adoptadas o mantenidas por una Parte en el contexto de un procedimiento de certificación.

3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará:

a) a los requerimientos de un órgano jurisdiccional, un tribunal administrativo o una autoridad

de competencia para subsanar una infracción del Derecho de la competencia;

& /es 139

b) a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual e industrial; o

c) al derecho de una Parte a adoptar medidas de conformidad con el artículo 21.3.

ARTÍCULO 19.14

Cooperación sobre cuestiones reglamentarias con respecto al comercio digital

1. Las Partes cooperarán intercambiando información sobre su legislación respectiva, así como

sobre la aplicación de dicha legislación, en relación con las cuestiones reglamentarias derivadas del

comercio digital, en particular:

a) el reconocimiento y la facilitación de servicios transfronterizos de confianza electrónica y

autenticación electrónica interoperables;

b) el tratamiento de las comunicaciones comerciales directas;

c) la protección de los consumidores en línea; y

d) otras cuestiones reglamentarias pertinentes para el desarrollo del comercio digital.

2. Las Partes mantendrán un diálogo basado en el intercambio de información a que se refiere el

apartado 1.

& /es 140

3. El presente artículo no se aplicará a las normas y medidas de las Partes para proteger los datos

personales y la privacidad, incluida la transferencia transfronteriza de datos personales.

ARTÍCULO 19.15

Revisión

A petición de cualquiera de las Partes, el Subcomité de Servicios e Inversión a que se refiere el

artículo 11.10 revisará la aplicación del presente capítulo, en particular a la luz de los cambios

pertinentes que afecten al comercio digital que puedan derivarse de los nuevos modelos de negocio

o tecnologías. El Subcomité de Servicios e Inversión informará de sus conclusiones y podrá

formular las recomendaciones necesarias al Comité de Comercio.

& /es 141

CAPÍTULO 20

MOVIMIENTOS DE CAPITALES, PAGOS Y TRANSFERENCIAS Y MEDIDAS

TEMPORALES DE SALVAGUARDIA

ARTÍCULO 20.1

Objetivo y ámbito de aplicación

El presente capítulo tiene como objetivo permitir la libre circulación de capitales y pagos relativos a

las transacciones liberalizadas con arreglo al presente Acuerdo **[1]** .

ARTÍCULO 20.2

Cuenta corriente

Sin perjuicio de otras disposiciones del Acuerdo, las Partes permitirán, en moneda libremente

convertible y de conformidad con los artículos del Convenio del Fondo Monetario Internacional,

adoptado en Bretton Woods, New Hampshire el 22 de julio de 1944, todos los pagos y

transferencias relativos a las transacciones por cuenta corriente de la balanza de pagos que entren en

el ámbito de aplicación del presente Acuerdo.

**1** Para mayor seguridad, el presente capítulo está sujeto al anexo 20.

& /es 142

ARTÍCULO 20.3

Movimientos de capitales

Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Acuerdo, las Partes permitirán, con respecto a

las transacciones por cuenta de capital y cuenta financiera de la balanza de pagos, la libre

circulación de capitales a efectos de la liberalización de las inversiones y demás transacciones

conforme a lo previsto en los capítulos 10, 11 y 18.

ARTÍCULO 20.4

Aplicación de disposiciones legales y reglamentarias sobre movimientos de capitales, pagos o

transferencias

1. Los artículos 20.2 y 20.3 no se interpretarán de manera que se impida a las Partes aplicar sus

disposiciones legales y reglamentarias en materia de:

a) quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores;

b) emisión, negociación o negociación de instrumentos financieros tales como valores, futuros o

derivados;

c) información financiera o contabilidad de movimientos de capitales, pagos o transferencias, en

caso de que sean necesarias para ayudar a las autoridades responsables de garantizar el

cumplimiento de la ley o a las autoridades de reglamentación financiera;

& /es 143

d) delitos criminales o penales, o prácticas engañosas o fraudulentas;

e) garantía del cumplimiento de las órdenes o sentencias en procedimientos judiciales o

administrativos; o

f) la seguridad social y los planes públicos de jubilación o de ahorro obligatorios.

2. Las disposiciones legales y reglamentarias a que se refiere el apartado 1 del presente artículo

se aplicarán de manera equitativa y no discriminatoria, y no de manera que constituyan una

restricción encubierta de la circulación de capitales, los pagos o las transferencias.

ARTÍCULO 20.5

Medidas temporales de salvaguardia

En circunstancias excepcionales de graves dificultades para el funcionamiento de la unión

económica y monetaria de la Unión Europea, o de amenaza de tales dificultades, la Unión Europea

podrá adoptar o mantener medidas de salvaguardia con respecto a los movimientos de capitales, los

pagos o las transferencias durante un plazo máximo de seis meses. Dichas medidas se limitarán a lo

estrictamente necesario.

& /es 144

ARTÍCULO 20.6

Restricciones en caso de dificultades de la balanza de pagos y dificultades financieras externas

1. Si las Partes sufren graves dificultades en su balanza de pagos o graves dificultades

financieras externas, o amenaza de tales dificultades, podrán adoptar o mantener medidas

restrictivas respecto a los movimientos de capitales, los pagos o las transferencias **[1]** .

2. Las medidas contempladas en el apartado 1 del presente artículo:

a) serán compatibles con el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, según

proceda;

b) no irán más allá de lo necesario para abordar la situación especificada en el apartado 1 del

presente artículo;

c) serán temporales y se eliminarán progresivamente a medida que mejore la situación indicada

en el apartado 1 del presente artículo;

d) evitarán dañar innecesariamente los intereses comerciales, económicos y financieros de la otra

Parte; y

**1** Para mayor seguridad, la existencia de graves dificultades en la balanza de pagos o las
dificultades financieras externas, o la amenaza de tales dificultades, podrán deberse, entre
otros factores, a que se dan graves dificultades relacionadas con políticas monetarias o
cambiarias, o a la amenaza de tales dificultades.

& /es 145

e) no serán discriminatorias con respecto a terceros países en situaciones similares.

3. En el caso del comercio de mercancías, las Partes podrán adoptar o mantener medidas

restrictivas con el fin de proteger su posición financiera exterior o su balanza de pagos. Estas

medidas serán conformes al GATT de 1994 y al Entendimiento relativo a las disposiciones del

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia de balanza de pagos.

4. En el caso del comercio de servicios, las Partes podrán adoptar o mantener medidas

restrictivas con el fin de proteger su posición financiera exterior o su balanza de pagos. Estas

medidas serán conformes al artículo XII del AGCS.

5. La Parte que adopte o mantenga las medidas mencionadas en los apartados 1 y 2 del presente

artículo las notificará sin demora a la otra Parte.

6. Si se adoptan o mantienen medidas restrictivas con arreglo al presente artículo, las Partes

celebrarán sin demora consultas en el Subcomité de Servicios e Inversión, a menos que se celebren

tales consultas en otros foros de los que ambas Partes sean miembros. En las consultas se evaluarán

los problemas con la balanza de pagos o de financiación exterior que hayan causado la adopción de

las medidas correspondientes, teniendo en cuenta, entre otras cosas, factores como:

a) la naturaleza y el alcance de las dificultades;

& /es 146

b) el entorno económico y comercial exterior; y

c) otras posibles medidas correctoras a las que pueda recurrirse.

7. En las consultas que se celebren con arreglo al apartado 6 se abordará la conformidad de las

medidas restrictivas con los apartados 1 y 2 del presente artículo. Esas consultas se basarán en todos

los resultados pertinentes de carácter estadístico o factual presentados por el Fondo Monetario

Internacional («FMI»), cuando estén disponibles, y las conclusiones que extraigan tendrán en

cuenta la evaluación que haga el FMI de la balanza de pagos y de la situación financiera exterior de

la Parte afectada.

& /es 147

CAPÍTULO 21

CONTRATACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 21.1

Definiciones

A efectos del presente capítulo y de los anexos 21-A y 21-B, se entenderá por:

a) «mercancías o servicios comerciales»: las mercancías o los servicios de un tipo generalmente

vendido o puesto a la venta en el mercado comercial para compradores no gubernamentales, y

normalmente adquiridos por estos, con fines no oficiales;

b) «servicio de construcción»: todo servicio que tiene por objeto la realización, por cualquier

medio, de obras civiles o de construcción, con arreglo a la división 51 de la Clasificación

Central de Productos;

c) «subasta electrónica»: el proceso iterativo que implica el uso de medios electrónicos para que

los proveedores presenten nuevos precios, o nuevos valores de elementos cuantificables de la

oferta distintos del precio relacionados con los criterios de evaluación, o ambos, que den lugar

a una clasificación o reclasificación de las ofertas;

& /es 148

d) «por escrito» o «escrita»: toda expresión de información en palabras o números que se pueda

leer, reproducir y retransmitir; podrá incluir información transmitida y almacenada

electrónicamente;

e) «licitación restringida»: todo método de contratación pública por el que la entidad contratante

se ponga en contacto con uno o varios proveedores de su elección;

f) «medida»: cualquier ley, reglamento, procedimiento, instrucciones o prácticas

administrativas, o cualquier acción de una entidad contratante relativa a una contratación que

entra dentro del ámbito de aplicación;

g) «lista de uso múltiple»: la lista de los proveedores que una entidad contratante haya

determinado que reúnen las condiciones para figurar en ella y que la entidad contratante tenga

la intención de utilizar más de una vez;

h) «anuncio de contratación pública prevista»: todo anuncio publicado por una entidad

contratante en el que se invite a los proveedores interesados a presentar una solicitud de

participación, una oferta, o ambas;

i) «condición compensatoria»: toda condición o compromiso que fomente el desarrollo local o

que mejore las cuentas de la balanza de pagos de las Partes, por ejemplo, el uso de contenido

interno, la concesión de licencias de tecnología, la inversión, el comercio compensatorio y

acciones o requisitos análogos;

j) «licitación pública»: todo método de contratación pública por el que cualquier proveedor

interesado pueda presentar una oferta;

& /es 149

k) «entidad contratante»: toda entidad contemplada en las secciones A, B o C del anexo 21-A o

21-B;

l) «proveedor cualificado»: el proveedor respecto del cual una entidad contratante reconozca

que cumple las condiciones de participación;

m) «licitación selectiva»: todo método de contratación pública por el que la entidad contratante

solo invite a presentar una oferta a proveedores cualificados;

n) «servicios»: los servicios entre los que se incluyen los de construcción, salvo disposición en

contrario;

o) «norma»: todo documento aprobado por un organismo reconocido en el que se establecen,

para uso general y reiterado, normas, directrices o características de productos o servicios o de

los procedimientos y métodos de producción correspondientes, cuyo cumplimiento no sea

obligatorio; también puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos,

embalaje, marcado o etiquetado aplicables a una mercancía, servicio, proceso o método de

producción, o tratar exclusivamente esos aspectos;

p) «proveedor»: la persona o grupo de personas que suministre o pueda suministrar mercancías o

servicios; y

& /es 150

q) «especificación técnica»: todo requisito de licitación que:

i) establezca las características de:

A) las mercancías que vayan a adquirirse, tales como calidad, rendimiento, seguridad

y dimensiones, o los procedimientos y métodos para su producción; o

B) los servicios que vayan a contratarse, como calidad, rendimiento y seguridad, o

los procedimientos y métodos para su suministro; o

ii) se refiera a prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o

etiquetado aplicables a una mercancía o un servicio.

ARTÍCULO 21.2

Alcance y ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplica a las medidas relativas a la contratación pública cubierta,

independientemente de que se realice, exclusiva o parcialmente, por medios electrónicos.

& /es 151

2. A efectos del presente capítulo, se entenderá por «contratación que entre dentro del ámbito de

aplicación» la contratación a efectos gubernamentales:

a) de mercancías, servicios, o cualquier combinación de ambos:

i) según lo especificado en los anexos 21-A o 21-B; y

ii) no adquiridos con vistas a la venta o reventa comercial, o para su uso en la producción o

el suministro de mercancías o servicios para la venta o reventa comercial;

b) por cualquier medio contractual, con inclusión de la compra, el arrendamiento financiero y el

alquiler o la compra a plazos, con o sin opción de compra;

c) cuyo valor, estimado con arreglo a los apartados 6 a 8, sea igual o mayor que el valor de

umbral correspondiente especificado en el anexo 21-A o 21-B en el momento de la

publicación de un anuncio de conformidad con el artículo 21.6;

d) por una entidad contratante; y

e) que, con arreglo al apartado 3 del presente artículo o en el anexo 21-A o 21-B, no quede

excluida de otro modo de cobertura.

& /es 152

3. Excepto cuando se disponga lo contrario en los anexos 21-A o 21-B, el presente capítulo no se

aplicará a:

a) la adquisición o el arrendamiento de tierras, edificios existentes u otros bienes inmuebles ni a

los derechos correspondientes;

b) los acuerdos no contractuales o cualquier forma de asistencia que preste una Parte, incluidos

acuerdos de cooperación, subvenciones, préstamos, aportaciones de capital, garantías e

incentivos fiscales;

c) la contratación pública o adquisición de servicios de organismos fiscales o de depositario,

servicios de liquidación y gestión para instituciones financieras reguladas, o servicios

relacionados con la venta, amortización y distribución de deuda pública, incluidos los

préstamos, los bonos, las obligaciones y otros valores públicos;

d) los contratos de empleo público;

e) las contrataciones públicas realizadas:

i) con el propósito específico de prestar ayuda internacional, incluida la ayuda al

desarrollo;

& /es 153

ii) con arreglo a una condición o un procedimiento específico de un acuerdo internacional

relativo al estacionamiento de tropas o a la ejecución conjunta por los países signatarios

de un proyecto; o

iii) con arreglo a una condición o un procedimiento específicos de una organización

internacional o financiada por subvenciones, préstamos u otras ayudas internacionales

cuando el procedimiento o la condición aplicables sean contrarios a lo dispuesto en el

presente capítulo; o

f) los servicios financieros.

4. Las contrataciones públicas sujetas al presente capítulo serán todas las contrataciones públicas

cubiertas por los anexos 21-A o 21-B, en los que se indican los compromisos de las Partes como

sigue:

a) en la sección A de los anexos 21-A y 21-B, las entidades de la Administración central cuya

contratación pública esté cubierta por el presente capítulo;

b) en la sección B de los anexos 21-A y 21-B, las entidades de la Administración subcentral cuya

contratación pública esté cubierta por el presente capítulo;

c) en la sección C de los anexos 21-A y 21-B, las demás entidades cuya contratación pública esté

cubierta por el presente capítulo;

d) en la sección D de los anexos 21-A y 21-B, las mercancías cubiertas por el presente capítulo;

& /es 154

e) en la sección E de los anexos 21-A y 21-B, los servicios, distintos de los servicios de

construcción, cubiertos por el presente capítulo;

f) en la sección F de los anexos 21-A y 21-B, los servicios de construcción cubiertos por el

presente capítulo;

g) en la sección G de los anexos 21-A y 21-B, las concesiones de obras públicas cubiertas por el

presente capítulo;

h) en la sección H de los anexos 21-A y 21-B, las notas generales;

i) en la sección I de los anexos 21-A y 21-B, los medios de comunicación en los que la Parte de

que se trate publique sus anuncios de contratación pública, anuncios de adjudicación y otra

información relacionada con su sistema de contratación pública, en virtud de lo establecido en

el presente capítulo;

j) en la sección J del anexo 21-B, el tipo de conversión que debe utilizarse para los valores umbral.

5. En caso de que una entidad contratante, en el contexto de una contratación cubierta, requiera

que personas no cubiertas conforme al anexo 21-A o 21-B procedan a una contratación pública con

arreglo a requisitos particulares, el artículo 21.4 se aplicará, _mutatis mutandis_, a tales requisitos.

6. Al calcular el valor de una contratación con miras a determinar si se trata de una contratación

que entre dentro del ámbito de aplicación, la entidad contratante:

a) no fraccionará una contratación en contrataciones separadas ni seleccionará o utilizará un

método de valoración determinado para calcular el valor de la contratación con la intención de

excluirla total o parcialmente de la aplicación del presente capítulo; e

& /es 155

b) incluirá el cálculo del valor total máximo de la contratación a lo largo de toda su duración,

independientemente de que se adjudique a uno o varios proveedores, teniendo en cuenta todas

las formas de remuneración, entre ellas:

i) las primas, los derechos, las comisiones y los intereses; y

ii) cuando la contratación pública contemple la posibilidad de incluir opciones, el valor

total de estas.

7. Si una convocatoria de licitación para una contratación da lugar a la adjudicación de más de

un contrato o a la adjudicación fraccionada de contratos («contratos recurrentes»), la base para

calcular el valor total máximo será:

a) el valor de los contratos recurrentes del mismo tipo de mercancía o servicio, adjudicados

durante los doce meses anteriores o el ejercicio fiscal precedente de la entidad contratante,

ajustado, cuando sea posible, en función de los cambios previstos para los doce meses

siguientes en la cantidad o el valor de la mercancía o del servicio que se contrata; o

b) el valor estimado de las contrataciones recurrentes del mismo tipo de mercancía o servicio

que vayan a adjudicarse en los doce meses siguientes a la adjudicación del contrato inicial o al

ejercicio fiscal de la entidad contratante.

& /es 156

8. Cuando se trate de contratos de arrendamiento financiero y de alquiler o compra a plazos, de

mercancías o servicios, o de contratos en los que no se especifique un precio total, la base para la

valoración será la siguiente:

a) en el caso de contratos de duración determinada:

i) si el plazo del contrato es de doce meses o menos, el valor total máximo estimado

durante su período de vigencia;

ii) si el plazo del contrato es superior a doce meses, el valor total máximo estimado, con

inclusión del valor residual estimado;

b) en el caso de los contratos de plazo indefinido, el pago mensual estimado multiplicado por

cuarenta y ocho;

c) en caso de duda de que el contrato sea un contrato de duración determinada, se aplicará la

letra b).

ARTÍCULO 21.3

Excepciones por razones de seguridad y de carácter general

1. Nada de lo dispuesto en el presente capítulo se interpretará de manera que se impida a las

Partes adoptar medidas o no revelar información para proteger sus intereses esenciales en materia

de seguridad en relación con la adquisición de armas, municiones o material de guerra, o cualquier

otra contratación pública indispensable para la seguridad nacional o para fines de defensa nacional.

& /es 157

2. A reserva de que no se apliquen tales medidas de forma que constituyan un medio de

discriminación arbitraria o injustificable entre las Partes, cuando prevalezcan las mismas

condiciones o una restricción encubierta del comercio internacional nada de lo dispuesto en el

presente capítulo se interpretará de manera que se impida a la Partes imponer o hacer cumplir

medidas:

a) necesarias para proteger la moral, el orden o la seguridad públicos;

b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar

los vegetales;

c) necesarias para proteger la propiedad intelectual e industrial; o

d) relacionadas con artículos fabricados o servicios prestados por personas con discapacidad,

instituciones de beneficencia o trabajo penitenciario.

3. Las Partes entienden que el apartado 2, letra b), comprende las medidas medioambientales

necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los

vegetales.

& /es 158

ARTÍCULO 21.4

Principios generales

No discriminación

1. Por lo que respecta a toda medida relativa a la contratación que entra dentro del ámbito de

aplicación, cada Parte, incluidas sus entidades contratantes, concederá inmediata e

incondicionalmente a las mercancías y los servicios de la otra Parte y a los proveedores de la otra

Parte que ofrezcan mercancías y servicios de ambas Partes, un trato no menos favorable que el trato

que dicha Parte, incluidas sus entidades contratantes, concede a las mercancías y los servicios y

proveedores internos.

2. En lo que respecta a cualquier medida relativa a una contratación pública cubierta, las Partes,

incluidas sus entidades contratantes:

a) no concederán a un proveedor establecido localmente un trato menos favorable que el

otorgado a otro proveedor establecido localmente en razón del grado de afiliación o propiedad

extranjera; ni

b) tratarán de forma discriminatoria a un proveedor establecido localmente por el hecho de que

las mercancías o los servicios ofrecidos por tal proveedor para una contratación pública

particular sean mercancías o servicios de la otra Parte.

& /es 159

Uso de medios electrónicos

3. Las Partes velarán por que toda comunicación e intercambio de información para la

contratación cubierta se realice por medios electrónicos, incluida la publicación de información

sobre la contratación, los anuncios y el pliego de condiciones, así como para la recepción de las

ofertas. Al realizar una contratación pública cubierta por medios electrónicos, las entidades

contratantes:

a) se asegurarán de que la contratación pública se lleve a cabo utilizando sistemas de tecnología

de la información y programas informáticos, en particular los relacionados con la

autenticación y el cifrado de la información, generalmente disponibles e interoperables con

otros sistemas y programas generalmente disponibles;

b) establecerán y mantendrán mecanismos que aseguren la integridad de las solicitudes de

participación y las ofertas, por ejemplo, mediante la determinación del momento de la

recepción y la prevención del acceso inadecuado; y

c) utilizarán medios electrónicos de información y comunicación para la publicación de anuncios

de licitación y del pliego de condiciones en los procedimientos de contratación pública y, en

la mayor medida posible, para la presentación de las ofertas.

& /es 160

Desarrollo del procedimiento de contratación

4. Las entidades contratantes realizarán las contrataciones públicas cubiertas de una forma

transparente e imparcial que:

a) sea compatible con el presente capítulo, utilizando métodos tales como la licitación pública, la

licitación selectiva y la licitación restringida; y

b) evite los conflictos de intereses y las prácticas corruptas, de conformidad con las leyes

pertinentes.

Normas de origen

5. A efectos de la contratación pública cubierta por el presente capítulo, las Partes no aplicarán

normas de origen a las mercancías importadas de la otra Parte que sean diferentes de las normas de

origen que dicha Parte aplica en el curso de operaciones comerciales normales a las importaciones

de las mismas mercancías.

Condiciones compensatorias

6. Con respecto a las contrataciones que entren dentro del ámbito de aplicación, ninguna de las

Partes, incluidas sus entidades contratantes, solicitará, tendrá en cuenta, impondrá ni exigirá

ninguna compensación en ninguna de las fases de la contratación pública.

& /es 161

Medidas no específicas de la contratación pública

7. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los derechos y exacciones aduaneros de cualquier tipo

que se impongan a la importación o que estén relacionados con la importación; al método de

percepción de esos derechos y cargas; a otras reglamentaciones o formalidades aplicables a la

importación y a las medidas que afecten al comercio de servicios que no sean las que rigen la

contratación pública cubierta.

Medidas contra la corrupción

8. Las Partes se asegurarán de disponer de medidas adecuadas en vigor para hacer frente a la

corrupción y evitarla en sus procedimientos de contratación pública. Dichas medidas podrán abarcar

procedimientos para imposibilitar la participación en las contrataciones de la Parte, ya sea de forma

indefinida o durante un período determinado, de proveedores que las autoridades judiciales de dicha

Parte hayan determinado mediante decisión final que han participado en el soborno, falsificación u

otro tipo de acciones ilícitas en relación con la contratación pública en el territorio de esa Parte. Las

Partes se asegurarán también de que disponen de políticas y procedimientos para eliminar en la

medida de lo posible o gestionar cualquier posible conflicto de intereses por parte de quienes

participen o tengan influencia en una contratación pública.

& /es 162

ARTÍCULO 21.5

Información sobre el sistema de contratación

1. Las Partes:

a) publicarán sin demora las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales,

las resoluciones administrativas de aplicación general, las cláusulas contractuales tipo que

sean obligatorias en virtud de una disposición legal o reglamentaria y que se incorporen por

referencia en anuncios o pliegos de condiciones y procedimientos relativos a las

contrataciones públicas cubiertas, así como sus modificaciones, en los medios electrónicos o

impresos pertinentes designados oficialmente a nivel nacional que goce de una amplia

difusión y sea de fácil acceso al público; y

b) proporcionarán una explicación de dichas disposiciones a la otra Parte, cuando así se solicite.

2. Las Partes enumerarán en la sección I del anexo 21-A o 21-B, respectivamente:

a) los medios electrónicos o impresos en que la Parte publique la información establecidos en el

apartado 1;

b) los medios electrónicos o impresos en que publiquen los anuncios previstos en el

artículo 21.6, el artículo 21.8, apartado 9, y el artículo 21.17, apartado 2; y

& /es 163

c) los sitios web en los que publiquen:

i) sus estadísticas de contratación, de conformidad con el artículo 21.17, apartado 4; o

ii) sus anuncios relativos a los contratos adjudicados con arreglo al artículo 21.17,

apartado 5.

3. Las Partes notificarán rápidamente al Subcomité a que se refiere el artículo 21.21 cualquier

modificación de la información de las Partes que figure en la sección I del anexo 21-A o 21-B,

respectivamente.

ARTÍCULO 21.6

Anuncios

Anuncio de contratación prevista

1. Para las contrataciones públicas cubiertas, las entidades contratantes publicarán un anuncio de

contratación pública prevista, excepto en las circunstancias descritas en el artículo 21.14.

& /es 164

2. Salvo disposición en contrario en el presente capítulo, cada anuncio de contratación prevista

incluirá:

a) el nombre y la dirección de la entidad contratante y demás información necesaria para entrar

en contacto con la entidad contratante y obtener todos los documentos pertinentes

relacionados con la contratación pública y, en su caso, su coste y las condiciones de pago;

b) la descripción de la contratación pública, incluidas la naturaleza y cantidad de las mercancías

o los servicios objeto de la contratación pública, o, cuando no se conozca la cantidad, la

cantidad estimada;

c) en el caso de los contratos recurrentes, una estimación, a ser posible, del calendario de los

anuncios de contratación pública prevista subsiguientes;

d) la descripción de todas las opciones;

e) el calendario para la entrega de mercancías o servicios, o la duración del contrato;

f) el método de contratación que se utilizará y si conlleva un mecanismo de negociación o

subasta electrónica;

g) en su caso, la dirección y la fecha límite para la presentación de solicitudes de participación

en la licitación;

& /es 165

h) la dirección y la fecha límite para la presentación de ofertas;

i) la lengua o lenguas en que podrán presentarse las ofertas o las solicitudes de participación, en

caso de que puedan presentarse en una lengua que no sea oficial en la Parte de la entidad

contratante;

j) una lista y una breve descripción de las condiciones para la participación de los proveedores,

incluidos requisitos relativos a los documentos o certificaciones específicos que deban

presentar los proveedores en relación con su participación, a menos que dichos requisitos se

incluyan en el pliego de condiciones que se pone a disposición de todos los proveedores

interesados al mismo tiempo que se hace el anuncio de contratación prevista;

k) cuando, de conformidad con el artículo 21.8, una entidad contratante pretenda seleccionar un

número limitado de proveedores cualificados para invitarlos a licitar, los criterios que se

seguirán para seleccionarlos y, en su caso, cualquier limitación del número de proveedores

que podrán ofertar; y

l) una indicación de que la contratación pública está cubierta por el presente capítulo.

& /es 166

Resúmenes de anuncios

3. Para cada procedimiento de contratación pública prevista, la entidad contratante publicará, al

mismo tiempo que el nuncio de contratación pública prevista, un resumen del anuncio que sea

fácilmente accesible en una de las lenguas oficiales de la OMC **[1]** . En dicho resumen figurará, como

mínimo, la información siguiente:

a) el asunto objeto de contratación;

b) la fecha límite para la presentación de ofertas o, en su caso, cualquier fecha límite para la

presentación de solicitudes de participación en el procedimiento de contratación o de

inclusión en una lista de uso múltiple; y

c) la dirección en la cual pueden solicitarse los documentos relativos a la contratación pública.

Anuncio de contratación programada

4. Durante cada ejercicio económico, las entidades contratantes deberán publicar lo antes posible

un anuncio relativo a sus planes futuros de contratación pública («anuncio de contratación pública

programada»). Dicho anuncio deberá incluir el objeto de la contratación y la fecha en que se prevé

la publicación del anuncio de la contratación prevista.

**1** Para mayor seguridad, las lenguas oficiales de la OMC son el inglés, el español y el francés.

& /es 167

5. Toda entidad contratante comprendida en las secciones B o C del anexo 21-A o 21-B podrá

utilizar un anuncio de la contratación programada como si fuera un anuncio de la contratación

prevista a condición de que el anuncio de la contratación programada incluya toda la información

mencionada en el apartado 2 del presente artículo de que disponga la entidad, así como una

indicación de que los proveedores interesados deberán manifestar a la entidad contratante su interés

en la contratación.

Normas comunes relativas a los anuncios

6. Los anuncios de contratación pública prevista, resúmenes de anuncios y anuncios de

contratación pública programada serán directamente accesibles por medios electrónicos de forma

gratuita a través de un único punto de acceso en internet. Además, los anuncios también se

publicarán en un medio impreso apropiado de amplia difusión y serán de fácil acceso al público, al

menos hasta el vencimiento del plazo indicado en el anuncio.

El medio de comunicación impreso y electrónico apropiado de cada Parte que figura en la sección I

del anexo 21-A o 21-B, respectivamente.

& /es 168

7. No obstante los requisitos establecidos en el apartado 6 en relación con la accesibilidad de los

anuncios de contratación pública prevista, los anuncios resumidos y los anuncios de contratación

programada, por medios electrónicos y de forma gratuita a través de un punto de acceso único,

Chile creará, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y durante el período

transitorio de tres años hasta que el punto de acceso único sea plenamente operativo, un sitio

pasarela, como alternativa temporal a un punto de acceso único, que deberá ser accesible

gratuitamente y proporcionar enlaces a las plataformas o sitios web en los que se publiquen los

anuncios. La pasarela contendrá enlaces a un máximo de cuatro sitios web, a saber:

a) «Mercado público»;

b) Ministerio de Obras Públicas;

c) Dirección General de Concesiones; y

d) Diario Oficial.

8. Las Partes preverán una revisión periódica del apartado 7 del presente artículo, incluido un

debate en el Subcomité mencionado en el artículo 21.21, en particular sobre el estado de aplicación

del punto de acceso único.

& /es 169

ARTÍCULO 21.7

Condiciones de participación

1. Las entidades contratantes limitarán las condiciones para participar en una contratación

pública a aquellas que sean esenciales para asegurarse de que el proveedor tiene la facultad jurídica,

la solvencia financiera y la capacidad comercial y técnica para hacerse cargo de la contratación

pública de que se trate.

2. Al establecer las condiciones de participación, las entidades contratantes:

a) no impondrán la condición de que, para que un proveedor participe en la contratación, una

entidad contratante de una de las Partes le haya adjudicado previamente uno o varios

contratos;

b) podrán exigir una experiencia previa pertinente cuando sea esencial para cumplir los

requisitos del procedimiento de contratación; y

c) no podrán exigir que la experiencia previa en el territorio de la Parte sea una condición de la

contratación pública.

& /es 170

3. Para evaluar si un proveedor satisface las condiciones de participación, las entidades

contratantes:

a) evaluarán la solvencia financiera y la capacidad comercial y técnica del proveedor sobre la

base de sus actividades comerciales, tanto dentro como fuera del territorio de la Parte de la

entidad contratante; y

b) basará su evaluación en las condiciones que la entidad contratante haya especificado

previamente en los anuncios o en el pliego de condiciones.

4. Cuando existan pruebas justificativas, y siempre que no se apliquen de manera que

constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre las Partes, una Parte,

incluidas sus entidades contratantes, podrá excluir a un proveedor por motivos tales como:

a) quiebra;

b) declaraciones falsas;

c) deficiencias significativas o persistentes en el cumplimiento de cualquier requisito u

obligación de fondo dimanante de uno o varios contratos anteriores;

d) sentencias firmes por delitos graves u otras infracciones graves;

& /es 171

e) falta grave de ética profesional o actos u omisiones que pongan en entredicho la integridad

comercial del proveedor; o

f) impago de impuestos.

ARTÍCULO 21.8

Calificación de proveedores

Sistemas de registro y procedimientos de cualificación

1. Las Partes, incluidas sus entidades contratantes, podrán mantener un sistema de registro de

proveedores en el que los proveedores interesados deberán inscribirse y proporcionar determinada

información. En este caso, la Parte velará por que los proveedores interesados tengan acceso a la

información sobre el sistema de registro por medios electrónicos, y por que puedan solicitar el

registro en cualquier momento. La autoridad competente les informará en un plazo razonable de la

decisión de aceptar o rechazar esta solicitud. Si se rechaza la solicitud, la decisión deberá estar

debidamente motivada.

2. Las Partes velarán por que:

a) sus entidades contratantes hagan esfuerzos para reducir al mínimo las diferencias entre sus

procedimientos de cualificación; y

& /es 172

b) cuando sus entidades contratantes mantengan sistemas de registro, las entidades hagan

esfuerzos por reducir al mínimo las diferencias entre sus sistemas de registro.

3. Las Partes, incluidas sus entidades contratantes, no adoptarán o aplicarán sistemas de registro

o procedimientos de cualificación que tengan el propósito o el efecto de crear obstáculos

innecesarios a la participación de proveedores de la otra Parte en sus procedimientos de

contratación pública.

Licitación selectiva

4. En caso de que una entidad contratante tenga intención de utilizar el procedimiento de

licitación selectiva, deberá:

a) incluir en el anuncio de contratación prevista, como mínimo, la información especificada en el

artículo 21.6, apartado 2, letras a), b), f), g), j), k) y l), e invitar a los proveedores a presentar

una solicitud de participación; y

b) proporcionar como mínimo, a más tardar al inicio del plazo para la presentación de ofertas, la

información indicada en el artículo 21.6, apartado 2, letras c), d), e), h) e i) a los proveedores

cualificados a los que lo notifique, tal como se establece en el artículo 21.12, apartado 3,

letra b).

5. La entidad contratante permitirá que todos los proveedores cualificados participen en una

contratación determinada, a menos que la entidad contratante indique, en el anuncio de contratación

prevista, alguna limitación del número de proveedores que podrán presentar ofertas y los criterios o

los motivos para seleccionar ese número limitado de proveedores. La invitación a presentar una

oferta se dirigirá a un número de proveedores necesario para garantizar la competencia.

& /es 173

6. Cuando el pliego de condiciones no se ponga a disposición del público a partir de la fecha de

publicación del anuncio mencionado en el apartado 4, la entidad contratante se asegurará de que esa

documentación se ponga simultáneamente a disposición de todos los proveedores cualificados

seleccionados conforme al apartado 5.

Listas de uso múltiple

7. Toda entidad contratante podrá mantener una lista de uso múltiple de proveedores, a

condición de que un anuncio en el que se invite a los proveedores interesados a formar parte de la

lista:

a) se publique anualmente; y

b) si se publica por medios electrónicos, pueda consultarse de forma continuada en el medio

apropiado que figura en la sección I de los anexos 21-A o 21-B.

8. El anuncio mencionado en el apartado 7 incluirá:

a) una descripción de las mercancías o los servicios, o de las categorías de los mismos, para los

que podrá utilizarse la lista;

b) las condiciones de participación que deberán reunir los proveedores para ser incluidos en la

lista y los métodos que la entidad contratante utilizará para verificar que cada proveedor reúne

las condiciones;

c) el nombre y la dirección de la entidad contratante, así como la demás información necesaria

para ponerse en contacto con ella y para obtener toda la documentación pertinente en relación

con la lista;

& /es 174

d) el plazo de validez de la lista y los medios para su renovación o terminación o, si no se indica

plazo de validez, una indicación del método por el cual se notificará la finalización del uso de

la lista; y

e) una indicación de que la lista podrá ser utilizada para las contrataciones públicas cubiertas por

el presente capítulo.

9. No obstante lo dispuesto en el apartado 7, cuando el período de validez de una lista de uso

múltiple sea de tres años o menos, la entidad contratante podrá publicar el anuncio mencionado en

el apartado 7 una sola vez, al comienzo del período de validez de la lista, a condición de que el

anuncio:

a) indique el período de validez y que no se publicarán nuevos anuncios; y

b) se publique por un medio electrónico y sea accesible de manera permanente durante su

período de validez.

10. Las entidades contratantes permitirán que los proveedores soliciten en cualquier momento su

inclusión en una lista de uso múltiple e incorporarán en la lista a todos los proveedores cualificados

en un plazo razonablemente breve.

& /es 175

11. Cuando un proveedor no incluido en una lista de uso múltiple presente una solicitud de

participación en una contratación basada en una lista de uso múltiple junto con todos los

documentos requeridos dentro del plazo establecido en el artículo 21.10, apartado 2, la entidad

contratante examinará la solicitud. La entidad contratante no dejará de considerar al proveedor para

la contratación alegando falta de tiempo para examinar la solicitud, a menos que, en casos

excepcionales, debido a la complejidad de la contratación, la entidad no pueda completar el examen

de la solicitud dentro del plazo establecido para la presentación de las ofertas.

Entidades que figuran en las secciones B y C del anexo 21-A o 21-B

12. Las entidades contratantes comprendidas en las secciones B o C del anexo 21-A o 21-B

podrán utilizar un anuncio por el que se invite a los proveedores a solicitar que se los incluya en una

lista de uso múltiple como anuncio de la contratación prevista, a condición de que:

a) el anuncio se publique de conformidad con el apartado del presente artículo 7 e incluya la

información exigida conforme al apartado 8 del presente artículo, toda la información exigida

conforme al artículo 21.6.2, apartado 2, de que se disponga y una indicación en la que se

especifique que constituye un anuncio de contratación prevista, o que únicamente los

proveedores incluidos en la lista de uso múltiple recibirán otros anuncios de contratación que

entren dentro del ámbito de aplicación de la lista de uso múltiple; y

b) la entidad contratante facilite rápidamente a los proveedores que le hayan manifestado interés

en una contratación determinada suficiente información para que puedan valorar su interés en

la contratación, con inclusión de toda la información restante enumerada en el artículo 21.6.2,

apartado 2, en la medida en que se disponga de ella.

& /es 176

13. La entidad contratante contemplada en la sección B o C del anexo 21-A o 21-B, podrá

permitir a un proveedor que haya solicitado la inclusión en una lista de uso múltiple de conformidad

con el apartado 10 del presente artículo presentar una oferta para una contratación pública dada,

cuando reste tiempo suficiente para que la entidad contratante examine si el proveedor satisface las

condiciones de participación.

Información sobre las decisiones de las entidades contratantes

14. Las entidades contratantes comunicarán sin demora a los proveedores que presenten una

solicitud de participación en una contratación pública o una solicitud de inclusión en una lista de

uso múltiple su decisión con respecto a una u otra solicitud.

15. Cuando una entidad contratante rechace la solicitud de participación en una contratación o la

solicitud de inclusión en una lista de uso múltiple presentada por un proveedor, deje de reconocer

como cualificado a un proveedor o suprima a un proveedor de una lista de uso múltiple, le

informará prontamente y, si el proveedor lo solicita, le proporcionará sin demora una explicación

escrita de las razones de su decisión.

ARTÍCULO 21.9

Especificaciones técnicas

1. Ninguna entidad contratante preparará, adoptará ni aplicará ninguna especificación técnica, ni

prescribirá ningún procedimiento de evaluación de la conformidad que tenga el propósito o el efecto

de crear obstáculos innecesarios al comercio internacional.

& /es 177

2. Al prescribir especificaciones técnicas para las mercancías o los servicios contratados, las

entidades contratantes, cuando proceda:

a) formularán las especificaciones técnicas en términos de rendimiento y requisitos funcionales,

en lugar de características de diseño o descriptivas; y

b) basarán la especificación técnica en normas internacionales, cuando estas existan; o, de lo

contrario, en reglamentos técnicos nacionales, en normas nacionales reconocidas o en códigos

de construcción.

3. Cuando en las especificaciones técnicas se use el dibujo o modelo, o las características

descriptivas, las entidades contratantes deberán indicar, cuando proceda y mediante la inclusión en

el pliego de condiciones de la expresión «o equivalente» u otra similar, que tendrán en

consideración las ofertas de mercancías o servicios equivalentes que se pueda demostrar que

cumplen los requisitos del procedimiento de contratación pública.

4. La entidad contratante no establecerá especificaciones técnicas que exijan determinadas

marcas o nombres comerciales, patentes, derechos de autor, diseños o tipos particulares, ni

determinados orígenes, productores o proveedores, o hagan referencia a ellos, a menos que no haya

otra manera suficientemente precisa o inteligible de describir los requisitos exigidos para la

contratación, y a condición de que, en tales casos, la entidad haga figurar en el pliego de

condiciones la expresión «o equivalente» u otra similar.

5. Ninguna entidad contratante pedirá ni aceptará, de tal forma que se imposibilite la

competencia, consejos que puedan utilizarse para elaborar o adoptar especificaciones técnicas para

un procedimiento de contratación pública específico de una persona que pueda tener un interés

comercial en la contratación pública.

& /es 178

6. Para mayor seguridad, las Partes, incluidas sus entidades contratantes, podrán, conforme al

presente artículo, elaborar, adoptar o aplicar especificaciones técnicas con el fin de promover la

conservación de los recursos naturales o proteger el medio ambiente.

ARTÍCULO 21.10

Pliego de condiciones

1. La entidad contratante facilitará a los proveedores un pliego de condiciones que incluya toda

la información necesaria para que estos puedan elaborar y presentar ofertas acordes a las

condiciones de dicho pliego de condiciones. Si esa información no se ha facilitado en el anuncio de

contratación pública prevista, el pliego de condiciones incluirá una descripción completa de lo

siguiente:

a) la contratación, con inclusión de la naturaleza y la cantidad de las mercancías que se

adquirirán o los servicios que se contratarán, o, si no se conoce la cantidad, la cantidad

estimada y los requisitos que deban cumplirse, incluidas las especificaciones técnicas, los

certificados de evaluación de la conformidad, los planos, los diseños o las instrucciones;

b) las condiciones de participación de los proveedores, incluidas las listas de la información y los

documentos que los proveedores deben presentar en relación con esas condiciones;

c) todos los criterios de evaluación que aplicará la entidad en la adjudicación del contrato y,

salvo en casos en que el único criterio sea el precio, la importancia relativa de esos criterios;

& /es 179

d) en caso de que la entidad contratante realice la contratación pública por medios electrónicos,

los requisitos de autenticación y cifrado o los relativos a equipos destinados a la presentación

de información por medios electrónicos;

e) en caso de que la entidad contratante proceda a una subasta electrónica, las normas, incluida

la determinación de los elementos de la licitación relacionados con los criterios de evaluación,

con arreglo a las cuales se llevará a cabo la subasta;

f) en caso de que haya una apertura pública de ofertas, la fecha, hora y lugar en que se procederá

a la apertura y, en su caso, las personas autorizadas a estar presentes;

g) cualquier otro término o condición, incluidas las condiciones de pago y cualquier limitación

de la forma en que podrán presentarse las ofertas, por ejemplo, en papel o por medios

electrónicos; y

h) las fechas aplicables a la entrega de las mercancías o la prestación de los servicios.

2. Al establecer las fechas de entrega de las mercancías o del suministro de los servicios que se

contratan, las entidades contratantes tendrán en cuenta factores tales como la complejidad del

procedimiento de contratación pública, el grado previsto de subcontratación y el tiempo que, con

criterio realista, se estime necesario para la producción, el despacho de almacén y el transporte de

las mercancías desde los diferentes lugares de suministro, o para el suministro de los servicios.

3. Entre los criterios de evaluación indicados en el anuncio de contratación pública prevista o en

el pliego de condiciones pueden constar los precios y otros factores de coste, la calidad, la

perfección técnica, las características medioambientales y las condiciones de entrega.

& /es 180

4. Las entidades contratantes procederán con prontitud a:

a) poner a disposición el pliego de condiciones para asegurarse de que los proveedores

interesados dispongan de tiempo suficiente para presentar ofertas que se adecuen a tales

condiciones;

b) facilitar, previa petición, el pliego de condiciones a los proveedores interesados; y

c) responder a toda solicitud razonable de información pertinente presentada por cualquier

proveedor interesado o que presente una oferta en el plazo establecido en la respectiva

legislación de las Partes, a condición de que dicha información no dé a ese proveedor una

ventaja respecto de otros proveedores.

Modificaciones

5. En caso de que la entidad contratante modifique los criterios o los requisitos establecidos en el

anuncio de contratación prevista o pliego de condiciones proporcionado a los proveedores

participantes, o modifique o vuelva a publicar un anuncio o pliego de condiciones, transmitirá por

escrito todas las modificaciones, o el anuncio o pliego de condiciones modificado o publicado de

nuevo:

a) a todos los proveedores que estén participando en el momento de la modificación o la nueva

publicación, si la entidad conoce a esos proveedores, y en todos los demás casos, del mismo

modo que se facilitó la información inicial; y

b) con tiempo suficiente, teniendo en cuenta la naturaleza y la complejidad de la contratación

pública, para que los proveedores puedan modificar y volver a presentar ofertas modificadas,

según el caso.

& /es 181

ARTÍCULO 21.11

Consideraciones medioambientales y sociales

1. Las Partes podrán permitir que sus entidades contratantes tengan en cuenta consideraciones

medioambientales y sociales a lo largo de todo el procedimiento de contratación, siempre que no

sean discriminatorias, sean coherentes con la prohibición de compensaciones establecida en el

artículo 21.4, apartado 6, y estén vinculadas al objeto del contrato.

2. Para mayor seguridad, las consideraciones medioambientales y sociales no se prepararán,

adoptarán ni aplicarán de manera que constituyan un medio de discriminación arbitraria o

injustificable entre las Partes, o una restricción encubierta del comercio entre estas.

ARTÍCULO 21.12

Plazos

1. Las entidades contratantes, en forma compatible con sus propias necesidades razonables,

darán tiempo suficiente para que los proveedores puedan preparar y presentar solicitudes de

participación y ofertas adecuadas, teniendo en cuenta factores tales como los siguientes:

a) la naturaleza y la complejidad de la contratación pública;

& /es 182

b) el grado previsto de subcontratación; y

c) el tiempo necesario para transmitir las ofertas por medios no electrónicos desde lugares en el

extranjero o en el territorio nacional donde no se utilicen medios electrónicos.

Dichos plazos, incluidas las eventuales prórrogas, serán los mismos para todos los proveedores

interesados o participantes.

2. La entidad contratante que utilice el método de las licitaciones selectivas establecerá una

fecha límite para la presentación de solicitudes de participación que será, en principio, como

mínimo veinticinco días posterior a la fecha de la publicación del anuncio de la contratación

prevista. Cuando una situación de urgencia debidamente motivada por la entidad contratante haga

imposible respetar ese plazo, este podrá reducirse a un mínimo de diez días.

3. Salvo en los casos contemplados en los apartados 4, 5, 7 y 8, las entidades contratantes

establecerán una fecha límite para la presentación de ofertas que será, como mínimo, cuarenta días

posterior a la fecha en que:

a) se publique el anuncio de contratación pública prevista, cuando se trate de una licitación

pública; o

b) en el caso de una licitación selectiva, la entidad notifique a los proveedores que serán

invitados a presentar ofertas, independientemente de que la entidad utilice o no una lista de

uso múltiple.

& /es 183

4. Las entidades contratantes podrán acortar el plazo de presentación de ofertas establecido con

arreglo al apartado 3 hasta un plazo mínimo de diez días en caso de que:

a) la entidad contratante haya publicado un anuncio de contratación programada conforme a lo

dispuesto en el artículo 21.6, apartado 4, con cuarenta días como mínimo y doce meses como

máximo de antelación a la publicación del anuncio de la contratación prevista, y en el anuncio

de contratación programada figure:

i) una descripción de la contratación pública;

ii) las fechas límite aproximadas para la presentación de ofertas o de solicitudes de

participación;

iii) una declaración de que los proveedores interesados deben expresar su interés en la

contratación pública a la entidad contratante;

iv) la dirección en la cual pueden obtenerse los documentos relativos a la contratación

pública; y

v) toda la información de que se disponga que sea necesaria para el anuncio de

contratación prevista conforme al artículo 21.6, apartado 2;

b) para contrataciones recurrentes, establezcan en el anuncio inicial de contratación prevista que

en los anuncios subsiguientes se indicarán los plazos de presentación de ofertas de

conformidad con el presente apartado; o

& /es 184

c) una situación de urgencia debidamente motivada por la entidad contratante haga imposible

respetar el plazo para la presentación de ofertas establecido de conformidad con el apartado 3.

5. Las entidades contratantes podrán reducir el plazo de presentación de ofertas establecido de

conformidad con el apartado 3 en cinco días por cada una de las circunstancias siguientes:

a) si el anuncio de contratación pública prevista se publica por medios electrónicos;

b) si todo el pliego de condiciones está disponible por vía electrónica a partir de la fecha de la

publicación del anuncio de contratación pública prevista; y

c) si la entidad acepta ofertas por medios electrónicos.

6. En ningún caso la aplicación del apartado 5, conjuntamente con el apartado 4, dará lugar a la

reducción del plazo para la presentación de ofertas, establecido de conformidad con el apartado 3, a

menos de diez días contados a partir de la fecha de publicación del anuncio de contratación prevista.

7. Sin perjuicio de lo establecido en cualquier otra disposición del presente artículo, cuando una

entidad contratante adquiera mercancías o servicios comerciales, o cualquier combinación de estos,

podrá acortar el plazo para la presentación de ofertas establecido de conformidad con el párrafo 3 a

un mínimo de trece días, a condición de que publique por medios electrónicos, al mismo tiempo,

tanto el anuncio de la contratación prevista como el pliego de condiciones. Además, si la entidad

también acepta ofertas de mercancías o servicios comerciales por medios electrónicos, podrá

reducir el plazo establecido en el apartado 3 a diez días como mínimo.

& /es 185

8. Cuando una entidad contratante comprendida en la sección B o C del anexo 21-A o 21-B haya

seleccionado a todos los proveedores cualificados o a un número limitado de ellos, la entidad

contratante y los proveedores seleccionados podrán fijar de mutuo acuerdo el plazo para la

presentación de ofertas. A falta de acuerdo, el plazo no será inferior a diez días.

ARTÍCULO 21.13

Negociación

1. Las Partes podrán establecer que sus entidades contratantes celebren negociaciones con

proveedores en el contexto de contrataciones públicas cubiertas:

a) si la entidad ha manifestado su intención de celebrar negociaciones en el anuncio de

contratación pública prevista conforme al artículo 21.6, apartado 2; o

b) si de la evaluación se desprende que ninguna oferta es evidentemente la más ventajosa en

relación con los criterios específicos de evaluación indicados en el anuncio de contratación

prevista o en el pliego de condiciones.

& /es 186

2. Las entidades contratantes:

a) se asegurarán de que toda eliminación de proveedores que participen en las negociaciones se

lleve a cabo de conformidad con los criterios de evaluación establecidos en el anuncio de

contratación pública prevista o en el pliego de condiciones; y

b) al término de las negociaciones, concederán a todos los participantes que no hayan sido

eliminados un mismo plazo para presentar ofertas nuevas o revisadas.

ARTÍCULO 21.14

Licitación restringida

1. Siempre que no se utilice la presente disposición con el fin de evitar la competencia entre

proveedores o de manera que se discrimine a los proveedores de la otra Parte o se proteja a los

proveedores internos, la entidad contratante podrá utilizar el método de licitación restringida y optar

por no aplicar los artículos 21.6, 21.7, 21.8, 21.10, 21.12, 21.13, 21.15 y 21.16 en cualquiera de las

circunstancias siguientes:

a) si:

i) no se han presentado ofertas o los proveedores no han solicitado participar;

& /es 187

ii) ninguna de las ofertas que se ajusta a los requisitos esenciales del pliego de condiciones,

iii) ninguno de los proveedores cumple las condiciones de participación; o

iv) las ofertas presentadas han sido declaradas colusorias por la autoridad competente,

siempre que no se modifiquen sustancialmente los requisitos del pliego de condiciones;

b) en caso de que las mercancías o los servicios solo puedan ser suministrados por un proveedor

concreto y de que no exista ninguna alternativa razonable o mercancía o servicio alternativo

por alguno de los motivos siguientes:

i) la contratación concierne a una obra de arte;

ii) la protección concedida por patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos; o

iii) la ausencia de competencia por razones técnicas;

c) en el caso de entregas o prestaciones adicionales del proveedor original de mercancías o

servicios no incluidos en la contratación pública inicial, cuando un cambio de proveedor de

tales mercancías o servicios adicionales:

i) no pueda hacerse por razones económicas o técnicas, tales como requisitos de

intercambiabilidad o interoperabilidad con equipos, programas informáticos, servicios o

instalaciones existentes objeto de la contratación pública inicial; y

& /es 188

ii) causaría problemas significativos o un aumento sustancial de costes para la entidad

contratante;

d) en la medida en que sea estrictamente necesario, cuando, por razones de extrema urgencia

debidas a acontecimientos que la entidad contratante no podría prever, no sea posible obtener

las mercancías o los servicios a tiempo mediante licitaciones públicas o selectivas;

e) en el caso de las mercancías adquiridas en un mercado de productos básicos;

f) en caso de que una entidad contratante adquiera un prototipo o una primera mercancía o

servicio desarrollado por petición propia en el marco de un contrato particular y a efectos de

investigación, experimentación, estudio o desarrollo original; el desarrollo inicial de un

producto o servicio de ese tipo podrá incluir una producción o un suministro limitados con

objeto de incorporar los resultados de las pruebas prácticas y de demostrar que el producto o

servicio se presta a la producción o al suministro en cantidades conformes con normas

aceptables de calidad, pero no podrá incluir la producción o el suministro de una cantidad con

el fin de determinar su viabilidad comercial o recuperar los gastos incurridos de investigación

y desarrollo;

g) en el caso de compras realizadas en condiciones excepcionalmente favorables que solo

concurran por muy breve plazo en el caso de enajenaciones extraordinarias como las

derivadas de situaciones de liquidación, administración concursal o quiebra, pero no en el

caso de compras ordinarias a proveedores habituales; o

& /es 189

h) en el caso de contratos adjudicados al ganador de un concurso de proyecto, a condición de

que:

i) el concurso se haya organizado de forma compatible con los principios del presente

capítulo, especialmente en lo que respecta a la publicación del anuncio de contratación

pública prevista; y

ii) los participantes sean juzgados por un jurado independiente con objeto de adjudicar el

contrato de proyecto al ganador.

2. La entidad contratante preparará por escrito un informe sobre cada contrato adjudicado de

conformidad con el apartado 1. El informe contendrá el nombre de la entidad contratante, el valor y

la clase de las mercancías o servicios objeto del contrato y una indicación de las circunstancias y

condiciones establecidas en el apartado 1 que justificaban el uso de la licitación restringida.

& /es 190

ARTÍCULO 21.15

Subastas electrónicas

En caso de que una entidad contratante tenga previsto utilizar una contratación pública contemplada

utilizando una subasta electrónica, facilitará a cada participante, antes del comienzo de la subasta

electrónica:

a) el método de evaluación automática, incluida la fórmula matemática, que se basa en los

criterios de evaluación establecidos en el pliego de condiciones, que se utilizará en la

clasificación o reclasificación automática durante la subasta;

b) los resultados de cualquier evaluación inicial de los elementos de su oferta cuando el contrato

se otorgue sobre la base de la oferta más ventajosa, y

c) cualquier otra información pertinente relativa al desarrollo de la subasta.

& /es 191

ARTÍCULO 21.16

Tramitación de las ofertas y adjudicación de los contratos

Tramitación de ofertas

1. Las entidades contratantes recibirán, abrirán y tratarán todas las ofertas de conformidad con

unos procedimientos que garanticen la equidad e imparcialidad del proceso de contratación pública,

así como la confidencialidad de las ofertas.

2. Las entidades contratantes no penalizarán a ningún proveedor cuya oferta sea recibida una vez

vencido el plazo fijado para la recepción de ofertas si el retraso es responsabilidad exclusiva de la

entidad contratante.

3. En caso de que una entidad contratante ofrezca a un proveedor la posibilidad de corregir

errores formales involuntarios en el período comprendido entre la apertura de las ofertas y la

adjudicación del contrato, la entidad contratante brindará la misma posibilidad a todos los

proveedores participantes.

Adjudicación de contratos

4. A fin de que una oferta pueda ser tomada en consideración a efectos de adjudicación, deberá

presentarse por escrito y cumplir, en el momento de la apertura, los requisitos esenciales

establecidos en los anuncios y en el pliego de condiciones, y deberá proceder de un proveedor que

reúna las condiciones para la participación.

& /es 192

5. Salvo que decida no adjudicar un contrato por motivos de interés público, la entidad

contratante adjudicará el contrato al proveedor que la entidad haya determinado que tiene capacidad

para cumplir lo estipulado en el contrato y que, únicamente sobre la base de los criterios de

evaluación establecidos en los anuncios y en el pliego de condiciones, haya presentado:

a) la oferta más ventajosa; o

b) el precio más bajo, si el único criterio es el precio.

6. En el caso de que una entidad contratante reciba una oferta cuyo precio sea anormalmente

más bajo que los precios de las demás ofertas presentadas, podrá verificar con el proveedor si este

reúne las condiciones de participación y tiene capacidad para cumplir lo estipulado en el contrato.

7. Ninguna entidad contratante utilizará opciones, cancelará ninguna contratación pública ni

modificará los contratos adjudicados de manera que se eludan las obligaciones dimanantes del

presente capítulo.

8. Las Partes harán todo lo posible para establecer, como norma general, un plazo suspensivo

entre la adjudicación y la celebración de un contrato, a fin de dar tiempo suficiente a los licitadores

no seleccionados para revisar e impugnar la decisión de adjudicación.

& /es 193

ARTÍCULO 21.17

Transparencia de la información sobre la contratación

Información facilitada a los proveedores

1. La entidad contratante informará con prontitud a los proveedores participantes de las

decisiones que adopte sobre las adjudicaciones de contratos y, previa petición de un proveedor, lo

hará por escrito. A reserva de lo dispuesto en el artículo 21.18, apartados 2 y 3, la entidad

contratante proporcionará, previa petición, a los proveedores cuyas ofertas no hayan sido elegidas,

una explicación de las razones por las cuales no eligió sus ofertas y las ventajas relativas de la oferta

del proveedor adjudicatario.

Publicación de información sobre la adjudicación

2. A más tardar setenta y dos días después de la adjudicación de cada contrato cubierto por el

presente capítulo, la entidad contratante publicará un anuncio en el medio de comunicación impreso

o electrónico apropiado de entre los que figuran en la sección I del anexo 21-A y 21-B. Cuando la

entidad publique el anuncio solo por un medio electrónico, la información podrá consultarse

fácilmente durante un período razonable. En el anuncio figurarán como mínimo los siguientes

datos:

a) una descripción de las mercancías o los servicios objeto de la contratación;

b) el nombre y la dirección de la entidad contratante;

& /es 194

c) el nombre del adjudicatario;

d) el valor de la oferta seleccionada o el valor más alto y más bajo de las ofertas tomadas en

consideración para la adjudicación del contrato;

e) la fecha de adjudicación; y

f) el tipo de método de contratación pública utilizado y, en los casos en que se haya utilizado la

licitación restringida de conformidad con el artículo 21.14, una descripción de las

circunstancias que justifiquen el uso de la licitación restringida.

Conservación de la documentación y los informes, y rastreo de los registros electrónicos

3. Durante un plazo mínimo de tres años contados a partir de la fecha en que adjudique un

contrato, cada entidad contratante conservará:

a) la documentación y los informes de los procedimientos de licitación y de las adjudicaciones

de contratos relacionados con la contratación pública cubierta, con inclusión de los informes

exigidos con arreglo al artículo 21.14; y

b) en caso de que la contratación que entra dentro del ámbito de aplicación se haya realizado por

medios electrónicos, los datos que permitan el adecuado rastreo de su tramitación.

& /es 195

Intercambio de estadísticas

4. Las Partes pondrán a disposición de la otra Parte, a petición de esta y con vistas a los debates

en el Subcomité a que se refiere el artículo 21.21, estadísticas sobre la contratación pública cubierta

de mercancías, servicios y servicios de construcción, incluidas, en la medida de lo posible,

estadísticas sobre concesiones de obras. De conformidad con el artículo 21.23, las Partes cooperarán

para lograr una mejor comprensión de las estadísticas de contratación pública de la otra Parte.

5. Cuando una Parte exija que los anuncios relativos a los contratos adjudicados, de conformidad

con el apartado 2, se publiquen por medios electrónicos y cuando el público tenga acceso a dichos

anuncios a través de una única base de datos en una forma que permita analizar los contratos

abarcados, la Parte podrá sustituir la comunicación al Subcomité a que hace referencia el

artículo 21.21 por un enlace al sitio web, con las instrucciones necesarias para acceder a los datos y

utilizarlos.

& /es 196

ARTÍCULO 21.18

Divulgación de información

Suministro de información a las Partes

1. Las Partes facilitarán, a petición de la otra Parte, con prontitud, la información necesaria para

determinar si una contratación se ha realizado justa e imparcialmente y de conformidad con el

presente capítulo, con inclusión de información sobre las características y ventajas relativas de la

oferta seleccionada. En caso de que la comunicación de dicha información perjudicara a la

competencia en licitaciones futuras, la Parte que reciba la información no la revelará a ningún

proveedor, excepto después de haber consultado a la Parte que proporcionó la información y de

haber obtenido el acuerdo de esta.

No divulgación de información

2. Sin perjuicio de cualquier otra disposición del presente capítulo, las Partes, incluidas sus

entidades contratantes, no divulgarán información que pueda perjudicar los intereses comerciales

legítimos de un proveedor concreto o que pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores,

salvo en la medida en que lo exija la legislación o tras recibir la autorización por escrito del

proveedor que haya facilitado la información.

& /es 197

3. Ninguna de las disposiciones del presente capítulo se interpretará en el sentido de exigir que

una Parte, incluidas sus entidades contratantes, autoridades y órganos de examen, que revele

información confidencial, si esa divulgación pudiera:

a) constituir un obstáculo para el cumplimiento de la ley;

b) ir en detrimento de la competencia leal entre proveedores;

c) causar un perjuicio a los intereses comerciales legítimos de particulares, en particular la

protección de la propiedad intelectual e industrial; o

d) ser por otros motivos contraria al interés público.

ARTÍCULO 21.19

Procedimientos internos de recurso

1. Las Partes establecerán un procedimiento de revisión administrativa o judicial oportuno,

efectivo, transparente y no discriminatorio, mediante el cual un proveedor, en el contexto de una

contratación que entre dentro del ámbito de aplicación en la que tenga o haya tenido un interés,

pueda impugnar lo siguiente:

a) una infracción del presente capítulo; o

& /es 198

b) el incumplimiento de las medidas de las Partes por las que se aplica el presente capítulo,

cuando el proveedor no tenga derecho a impugnar directamente una infracción del presente

capítulo con arreglo a la legislación de una Parte.

Las normas de procedimiento aplicables a todos los recursos constarán por escrito y estarán a

disposición pública.

2. En caso de que un proveedor presente, en el contexto de una contratación cubierta en la que

tiene o ha tenido interés, una reclamación por una infracción o falta de cumplimiento mencionada

en el apartado 1, la Parte de la entidad contratante que realice la contratación alentará a la entidad y

al proveedor a que traten de resolver esa reclamación mediante consultas. La entidad examinará de

forma imparcial y a su debido tiempo cualquier reclamación de ese tipo a fin de que no afecte a la

participación del proveedor en contrataciones en curso o futuras, ni a los derechos del proveedor de

solicitar medidas correctoras de conformidad con el procedimiento de examen administrativo o

judicial.

3. Se concederá a cada proveedor un plazo suficiente para preparar y presentar un recurso, el

cual en ningún caso será inferior a diez días contados a partir del momento en que el proveedor

haya tenido conocimiento del fundamento del recurso o en que razonablemente debería haber tenido

conocimiento.

4. Las Partes establecerán o designarán por lo menos una autoridad administrativa o judicial

imparcial, independiente de sus entidades contratantes, que recibirá y examinará los recursos de

cualquier proveedor que surjan en el contexto de una contratación pública cubierta.

& /es 199

5. En caso de que un organismo distinto de la autoridad citada en el apartado 4 examine

inicialmente un recurso, la Parte se asegurará de que el proveedor tenga derecho a recurrir la

decisión inicial ante una autoridad judicial imparcial que sea independiente de la entidad contratante

cuya contratación pública sea objeto del recurso.

6. Las Partes se asegurarán de que, en caso de que el órgano de examen no sea un tribunal, la

decisión del mismo se someta a examen judicial o sus actuaciones se ajusten a un procedimiento

que garantice que:

a) la entidad contratante responderá por escrito al recurso y revelará todos los documentos

pertinentes al órgano de examen;

b) los participantes en el procedimiento («los participantes») tendrán derecho a ser oídos antes

de que el organismo de examen adopte una decisión sobre la impugnación;

c) los participantes tendrán derecho a ser representados y acompañados;

d) los participantes tendrán acceso a todos los procedimientos;

e) los participantes tendrán derecho a solicitar que los procedimientos sean públicos y que

puedan presentarse testigos; y

f) el órgano de examen formulará sus decisiones o recomendaciones por escrito y a su debido

tiempo, e incluirá una explicación del fundamento de cada decisión o recomendación.

& /es 200

7. Las Partes adoptarán o mantendrán procedimientos relativos a:

a) medidas provisionales rápidas para preservar la posibilidad del proveedor de participar en la

contratación; tales medidas provisionales podrán dar lugar a una suspensión del proceso de

contratación; los procedimientos podrán prever la posibilidad de que, al decidir si deben

aplicarse esas medidas, se tengan en cuenta importantes consecuencias adversas para los

intereses considerados, en particular para el interés público; se consignará por escrito la justa

causa para no adoptar esas medidas; y

b) cuando el organismo de revisión haya determinado la existencia de una infracción o

incumplimiento mencionados en el apartado 1, unas medidas correctoras o una compensación

por las pérdidas o los daños y perjuicios sufridos, que podrá limitarse a los costes de la

preparación de la oferta o a los costes relacionados con la reclamación, o a ambos.

ARTÍCULO 21.20

Modificaciones y rectificaciones de la cobertura

1. La Unión Europea podrá modificar o rectificar el anexo 21-A y Chile podrá modificar o

rectificar el anexo 21-B.

& /es 201

Modificaciones

2. Cuando las Partes tengan la intención de modificar su anexo a que se refiere el apartado 1:

a) lo notificarán por escrito a la otra Parte; y

b) propondrán en la notificación una propuesta a la otra Parte de efectuar los ajustes

compensatorios apropiados para mantener un nivel de cobertura comparable al existente antes

de la modificación.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, letra b), del presente artículo, las Partes no tendrán

que realizar ajustes compensatorios en caso de que la modificación se refiera a una entidad respecto

a la que las Partes hayan eliminado efectivamente su control o influencia. Se presumirá que el

control o la influencia del Gobierno sobre la contratación cubierta de las entidades enumeradas en

las secciones A, B o C del anexo 21-A o 21-B quedan efectivamente eliminados, en lo que respecta

a la contratación pública de la entidad, cuando la entidad esté expuesta a la competencia en

mercados cuyo acceso no esté restringido.

4. Si las Partes notifican a la otra Parte, con arreglo al apartado 2, una modificación prevista de

su anexo, esa otra Parte se opondrá por escrito si niega que:

a) el ajuste propuesto de conformidad con el apartado 2, letra b), sea adecuado para mantener un

nivel comparable a una cobertura acordada mutuamente; o

& /es 202

b) la modificación afecte a una entidad sobre la que el control o la influencia de la Parte haya

finalizado efectivamente de conformidad con el apartado 3.

La otra Parte presentará cualquier objeción por escrito con arreglo al presente apartado en un plazo

de cuarenta y cinco días a partir de la recepción de la notificación mencionada en el apartado 2,

letra a), o se considerará que esa Parte ha aceptado el ajuste o modificación, incluso a efectos del

capítulo 31.

Rectificaciones

5. Las Partes considerarán las siguientes modificaciones de los anexos 21-A o 21-B,

respectivamente, como una rectificación de carácter puramente formal, siempre que no afecten a la

cobertura mutuamente acordada prevista en el presente capítulo:

a) el cambio del nombre de una entidad;

b) la fusión de dos o más entidades enumeradas en las secciones A, B y C del anexo 21-A o 21

B;

c) la separación de una entidad enumerada en las secciones A, B y C del anexo 21-A o 21-B en

dos o más entidades, todas las cuales se añaden a las entidades enumeradas en la misma

sección del anexo 21-A o 21-B.

6. Si las Partes proponen una rectificación del anexo 21-A o 21-B, respectivamente, lo

notificarán a la otra Parte cada dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente

Acuerdo.

& /es 203

7. En el plazo de cuarenta y cinco días tras la recepción de la notificación, las Partes podrán

notificar a la otra Parte una objeción a una rectificación propuesta. Cuando una Parte presente una

objeción, indicará las razones por las que cree que la rectificación propuesta no es un cambio

conforme al apartado 5 y describirá los efectos de la rectificación propuesta sobre la cobertura

acordada mutuamente establecida en el presente capítulo. En caso de que no se presenten

objeciones por escrito en el plazo de cuarenta y cinco días tras la recepción de la notificación, se

considerará que la Parte está de acuerdo con la propuesta de rectificación.

Consultas y solución de diferencias

8. Si la otra Parte se opone a la propuesta de modificación o rectificación en un plazo de

cuarenta y cinco días, las Partes tratarán de resolver la cuestión mediante consultas tras recibir la

notificación. Si las Partes no llegan a un acuerdo en el plazo de sesenta días a partir de la recepción

de la objeción, la Parte que desee modificar o rectificar su anexo podrá someter el asunto al

procedimiento de solución de diferencias con arreglo al presente Acuerdo. La modificación o

rectificación propuesta solo surtirá efecto cuando ambas Partes hayan alcanzado un acuerdo, o sobre

la base de una decisión final con arreglo al procedimiento previsto en el capítulo 31.

9. El hecho de no alcanzar un acuerdo en el procedimiento de consulta contemplado en el

apartado 8 del presente artículo no exime a las Partes de la obligación de llevar a cabo consultas en

virtud del capítulo 31.

& /es 204

ARTÍCULO 21.21

Subcomité de Contratación Pública

A petición de las Partes, el Subcomité de Contratación Pública («Subcomité») creado en virtud del

artículo 33.4, apartado 1, se reunirá para tratar cuestiones relacionadas con la aplicación y el

funcionamiento del presente capítulo, incluidas las siguientes:

a) cuestiones relativas a la contratación pública que le remita una de las Partes;

b) la supervisión de las actividades de cooperación emprendidas por las Partes con arreglo a lo

dispuesto en el artículo 21.23;

c) el fomento de la participación de las pequeñas y medianas empresas en las contrataciones

públicas cubiertas conforme a lo dispuesto en el artículo 21.22; y

d) el debate sobre el estado de la aplicación del punto de acceso único previsto en el

artículo 21.6, apartado 7.

& /es 205

ARTÍCULO 21.22

Fomento de la participación de las pequeñas y medianas empresas

1. Las Partes reconocen la importante contribución que las pequeñas y medianas empresas

(«pymes») pueden aportar al crecimiento económico y al empleo, así como la importancia de

facilitar la participación de las pymes en la contratación pública.

2. Las Partes reconocen la importancia de la contratación pública electrónica para facilitar la

participación de las pymes en los procedimientos de contratación garantizando la transparencia.

3. Las Partes también reconocen la importancia de las alianzas empresariales entre proveedores

de las Partes, y en particular entre las pymes, incluida la participación conjunta en los

procedimientos de licitación.

4. Las Partes podrán:

a) facilitar información relativa a las medidas que adopten para promover, fomentar o facilitar la

participación de las pymes en la contratación pública y contribuir a ello;

b) cooperar en la elaboración de mecanismos para facilitar información a las pymes sobre los

medios para participar en las contrataciones cubiertas con arreglo al presente capítulo.

& /es 206

5. Para fomentar la participación de las pymes en las contrataciones cubiertas, las Partes, en la

medida de lo posible:

a) proporcionarán una definición de «pymes» en un portal electrónico;

b) procurarán que todo el pliego de condiciones relativo a las convocatorias de licitación esté

disponible de forma gratuita;

c) adoptarán cualquier otra medida destinada a facilitar la participación de las pymes en la

contratación pública cubierta por el presente capítulo, siempre que dichas medidas no sean

discriminatorias para las empresas de la otra Parte.

ARTÍCULO 21.23

Cooperación

1. Las Partes harán todo lo posible por desarrollar actividades de cooperación con vistas a lograr

una mejor comprensión de sus respectivos sistemas de contratación pública, así como un mejor

acceso a sus respectivos mercados, en ámbitos como:

a) el intercambio de experiencias e información, como marcos reglamentarios, mejores prácticas

y estadísticas;

& /es 207

b) el fomento de la participación de los proveedores en las contrataciones públicas cubiertas, en

particular en lo que respecta a las pymes;

c) el desarrollo y la ampliación del uso de medios electrónicos en los sistemas de contratación

pública;

d) el desarrollo de capacidades mediante el fomento del aprendizaje recíproco de los

funcionarios gubernamentales y del personal de las entidades contratantes con vistas al

cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo.

2. Las Partes informarán al Subcomité mencionado en el artículo 21.21 de cualquier actividad de

este tipo.

ARTÍCULO 21.24

Negociaciones futuras

El Subcomité de Contratación Pública a que se refiere el artículo 21.21 revisará el funcionamiento

del presente capítulo y, a más tardar cuatro años después de la fecha de entrada en vigor del

presente Acuerdo, podrá proponer al Comité de Comercio que recomiende a las Partes que celebren

nuevas negociaciones con vistas a lograr una mayor apertura del acceso al mercado.

& /es 208