Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 52013DC0785

**INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES UN MERCADO ÚNCO ÚNICO EN FAVOR DEL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO: ANÁLISIS DE LOS PROGRESOS REGISTRADOS Y DE LOS OBSTÁCULOS SUBSISTENTES EN LOS ESTADOS MIEMBROS - Contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2014 - /\* COM/2013/0785 final \*/**

  

Introducción

La crisis financiera y económica ha puesto de manifiesto la
necesidad de emprender reformas estructurales profundas en Europa. En respuesta
a esta situación, la Comisión ha implantado un ambicioso programa con miras a
mejorar el funcionamiento del mercado único. Las Actas del Mercado Único I y II
establecen un conjunto de propuestas legislativas y medidas de otra índole
encaminadas a impulsar el crecimiento y el empleo en Europa. Recientemente, la
Comisión ha adoptado una serie de propuestas para completar el mercado único
digital. La rápida adopción de todas las propuestas pendientes es necesaria
para liberar efectivamente todo el potencial que encierra el mercado único y
hacerlo apto para el siglo XXI.

No obstante, para que el mercado único funcione
correctamente, no basta con reformar el marco legislativo de la UE. Si queremos
que los ciudadanos, los consumidores y las empresas aprovechen efectivamente
las ventajas que ofrece el mercado único, es preciso que las normas funcionen
en la práctica. Hay que desplegar esfuerzos enérgicos y coherentes para
asegurar que los mercados funcionan bien y se suprimen los obstáculos
subsistentes.

Transcurridos cinco años desde el inicio de la crisis, se
aprecian signos de recuperación. Pese a la tendencia a corto plazo a proteger
los mercados nacionales, muchos Estados miembros han tomado medidas para
introducir reformas y crear mejores condiciones de mercado.

El presente informe tiene por objeto analizar, en el
contexto de la Estrategia Europa 2020, el funcionamiento del mercado único en
los diferentes Estados miembros. Pasa revista a los ámbitos en los que se han
registrado progresos desde que empezó la crisis, trata de determinar dónde
siguen existiendo cuellos de botella y define, sobre esa base, una serie de
prioridades de actuación. El informe contribuye pues a las prioridades
generales establecidas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el crecimiento
2014 de la Comisión y a la formulación de recomendaciones específicas por país
en el marco del Semestre Europeo.

Al igual que ocurría en la edición del año pasado, el
presente informe se centra en los ámbitos clave con mayor potencial de
crecimiento: servicios, redes y economía digital. El sector de los servicios
está creciendo rápidamente y es el que genera más empleo. Aunque se han
registrado avances, es preciso adoptar nuevas medidas para liberar todo el
potencial que encierra el sector. Paralelamente, y dado que los servicios están
fuertemente interrelacionados con otros sectores de la economía, en particular
el sector manufacturero, es necesario seguir mejorando el funcionamiento del
mercado interior de productos industriales. El
mercado interior de bienes es, en efecto, un éxito, pero la UE debe velar por
que su marco jurídico esté preparado para funcionar en un mundo globalizado, en
el que la innovación es crucial y los productos evolucionan con rapidez. A tal
fin, la Comisión presentará a finales de año un reexamen del mercado interior
de productos industriales.

El informe de este año analiza asimismo el funcionamiento
del sector financiero, ya que un mejor acceso a la financiación y una mejor
integración de los mercados financieros son indispensables para restaurar la
confianza y financiar la economía real.

Las redes siguen siendo la espina dorsal de la economía. Las
comunicaciones electrónicas, la energía y el transporte representan en conjunto
el 8,9 % del valor añadido y el 6,1 % del empleo en EU-27 y su
importancia sigue creciendo[1].
Además, ofrecen insumos esenciales a otros sectores de la economía. El sector
digital es igualmente uno de los grandes motores de productividad, creatividad
e innovación. En algunas grandes economías (los países del G8, Corea del Sur y
Suecia), la economía de Internet[2] ha aportado
aproximadamente el 21 % del crecimiento del PIB en el período 2006-2011[3].

La parte I del
presente informe analiza los sectores clave antes mencionados y define una
serie de prioridades de actuación. La parte II presenta más conclusiones
horizontales sobre el funcionamiento del mercado único, basadas en un análisis
de las cadenas de valor dentro y fuera de la UE.

Parte I – Estado del
mercado único en los sectores clave con mayor potencial de crecimiento

2.1.
Aplicación y ejecución: panorama general

·
La
Comunicación sobre la mejora de la gobernanza de junio de 2012[4] anunció un
conjunto de medidas para avanzar rápidamente en ámbitos clave para el
crecimiento. Pedía, en primer lugar, un enfoque de «tolerancia cero»:
los Estados miembros debían transponer y aplicar rápida y correctamente los
textos legislativos de la UE recogidos en el anexo de la Comunicación a fin de
reducir el déficit de transposición y cumplimiento al 0 %.

·
Un
año y medio más tarde, hay algunos buenos resultados (véase el anexo). En lo
que respecta a los actos legislativos recogidos en el anexo de la Comunicación
y relacionados con los servicios financieros, el mercado único digital y el
transporte, se respeta la meta del 0 % de déficit de transposición.
En el otro extremo del espectro, en cambio, se sitúa el sector de la energía.
Aunque algunos Estados miembros han mejorado sus resultados, muchos siguen sin
respetar los plazos de transposición, y cuatro de ellos no han incorporado tres
de las cuatro Directivas en cuestión.

·
La
Comunicación pedía asimismo un planteamiento y una ejecución más vigorosos en
ámbitos clave. Cuando existan indicios de que se infringen actos legislativos
fundamentales, los procedimientos de infracción no deberían durar
más de dieciocho meses por término medio, y el pleno cumplimiento de las sentencias
del Tribunal de Justicia no debería tardar, por término medio, más de doce
meses. En varios ámbitos, se han tomado medidas para perseguir con severidad
posibles infracciones de la legislación de la UE, y los resultados de dicho
enfoque son claramente visibles, por ejemplo en el sector de los servicios (cf.
infra). Dicho esto, la duración media de los procedimientos de infracción
es aún de 29,4 meses, y en algunos casos supera los 50 o hasta los 84 meses. La
situación es mucho mejor en los sectores de la energía (15 meses) y el
transporte (15,4 meses).

2.2. Mercados de servicios

Funcionamiento de los mercados y obstáculos a la integración de la UE

Muchos Estados miembros están emprendiendo
reformas en el sector de los servicios con miras a mejorar su funcionamiento.
Así
ha sucedido el año pasado, en particular, en PT, ES, IT, EL y PL, y, en menor
medida, en SI y CZ. Estas reformas se han visto alentadas por las
recomendaciones específicas por país o por los programas acordados con los
gobiernos respectivos. Sin embargo, son necesarias reformas en varios Estados
miembros, en particular AT, BE, DE y FR, que también recibieron recomendaciones
específicas en relación con los servicios.

Otro acicate para la reforma ha sido el ejercicio de
tolerancia cero de la Comisión para garantizar el pleno cumplimiento de la
Directiva de servicios. A lo largo del año pasado, trece Estados
miembros emprendieron nuevas reformas en respuesta a los procedimientos EU
Pilot o de infracción incoados por la Comisión. Estas reformas atañían, en su
mayoría, a las restricciones a las comunicaciones comerciales, el requisito de
residencia o la limitación territorial de las autorizaciones.

En muchos Estados miembros se han seguido
desarrollando ventanillas únicas en el marco de sus esfuerzos de carácter
más general encaminados a ofrecer servicios de administración electrónica
globales a las empresas (las cuestiones de administración electrónica se
abordan más ampliamente en la sección «Mercados digitales», más adelante). Para
que las empresas puedan prosperar, necesitan información fiable y fácilmente
accesible sobre los requisitos regulatorios y poder despachar en línea los
trámites administrativos pertinentes. Este es el objetivo de las ventanillas
únicas y de la Carta de las ventanillas únicas, recientemente aprobada. Algunas
ventanillas únicas son ya parte de estructuras de administración electrónica
integradas (EE, ES, DK, NL, UK, SE y LU). Otros países han hecho progresos en
el último año (BG, EL y FR). Con todo, esta cuestión sigue requiriendo especial
atención en BE, DE, LV, PL y RO, especialmente en lo que respecta al despacho
de los trámites en línea.

Dicho esto, el potencial del mercado único para impulsar
el desarrollo del sector de los servicios sigue siendo fuerte. Las tendencias
presentadas en el informe del año pasado, que mostraban que la integración en
el mercado de servicios era significativamente menor que en el mercado de
bienes, siguen estando vigentes. De hecho, la integración comercial en el
mercado único de bienes se cifra en aproximadamente un 22 %, mientras que
en el de servicios se sitúa en torno al 5 %[5]. Del mismo
modo, los consumidores valoran los resultados del mercado único de servicios de
forma menos positiva que los del mercado de bienes[6].

Un enfoque más ambicioso en la aplicación de la
Directiva de servicios podría reportar beneficios en términos de crecimiento y
empleo en la UE. Las medidas adoptadas por los Estados miembros con miras a
la aplicación de la Directiva de servicios reforzarán el PIB en aproximadamente
un 0,8 % de aquí a entre cinco y diez años. Una aplicación más ambiciosa
de la Directiva de servicios podría generar, por sí sola, una subida del PIB de
entre un 0,6 % y un 2,6 %[7].

Al mismo tiempo, la reciente revisión inter pares de
la aplicación de la Directiva de servicios ha confirmado la apreciación que ya
se tenía[8] de que muchos Estados miembros no han
realizado pruebas de proporcionalidad significativas sobre los requisitos
pendientes en el sector de los servicios[9]. La realización
de dichas pruebas es necesaria para saber si estas restricciones están
justificadas y si los mismos objetivos de interés público no pueden alcanzarse
mediante medidas menos restrictivas. Como consecuencia de ello, aún subsisten
demasiadas restricciones al derecho de establecimiento, como la obligación de
que las empresas tengan una forma jurídica determinada o los requisitos en
materia de participaciones y capital. Estos obstáculos pueden restringir el
establecimiento de empresas de servicios en el mercado único, dificultar el
desarrollo de ciertos modelos de actividad empresarial o limitar la inversión
en el sector, con los consiguientes efectos negativos en el crecimiento y la
innovación.

La fragmentación de las normas nacionales en materia de
empleo, fiscalidad, salud y seguridad, protección de los consumidores y Derecho
contractual sigue siendo un problema. En un contexto transfronterizo,
genera costes de conformidad que afectan en particular a las microempresas y a
las pequeñas empresas.

En lo que respecta al acceso a las actividades
profesionales, varios Estados miembros han emprendido reformas, pero persisten
barreras a la entrada en una serie de actividades profesionales. Las
barreras a la entrada suelen adoptar la forma de requisitos de cualificación profesional
o de restricciones en el número de proveedores de servicios permitidos en el
mercado. Tales medidas pueden estar justificadas por la necesidad de
salvaguardar la calidad de los servicios, garantizar que los profesionales
poseen los conocimientos técnicos adecuados y proteger a los consumidores
contra las malas prácticas. Al mismo tiempo, provocan importantes restricciones
al acceso y ejercicio de actividades profesionales. Varios Estados miembros han
reexaminado la situación para determinar si no es posible preservar los
intereses de las políticas públicas sin imponer restricciones al acceso al
mercado y a la competencia. PT está llevando a cabo un análisis y una reforma
exhaustivos de las profesiones reguladas. IT ha revisado su marco regulatorio
horizontal. ES ha presentado un proyecto de ley por el que se delimitan las
competencias de los colegios profesionales en todos los sectores. También se
han emprendido reformas sectoriales en PL, CZ y SI y se han anunciado en DK. La
Comisión facilitará, a su vez, estos reexámenes mediante un ejercicio de
evaluación mutua en virtud de la Directiva revisada sobre las cualificaciones
profesionales[10], en particular
en los países con margen para nuevas reformas, como AT, DE o FR.

Por lo que se refiere a los servicios de salud,
muchos Estados miembros aún tienen que crear ventanillas nacionales con
recursos suficientes para ayudar a los pacientes a ejercer su derecho a una
asistencia sanitaria transfronteriza. Más allá de los pacientes, la libre
circulación de profesionales y proveedores en el ámbito de los servicios de
salud encierra un potencial considerable.

En el sector de los servicios al por menor, se
han emprendido algunas reformas, pero estas deben proseguir para suprimir los
obstáculos subsistentes que afectan a la competencia, en particular los que se
refieren al establecimiento comercial. FI ha iniciado reformas
para reforzar la competencia en el sector minorista. ES ha llevado a cabo
reformas en relación con los pequeños puntos de venta al por menor, pero siguen
existiendo restricciones para los grandes puntos de venta. Mientras que algunas
restricciones pueden justificarse por objetivos de interés público (p. ej.
impacto medioambiental), otras son más difíciles de justificar, ya que, en
particular, atenúan la competencia, con los consiguientes efectos negativos
tanto para la industria (modernización, eficiencia), como para los consumidores
(menos posibilidades de elección, precios más altos). Pese a que están
prohibidas por la Directiva de servicios, las pruebas de necesidad económicas
siguen practicándose en HU, NL, y en ciertas regiones de DE y ES. La Comisión
ha dirigido recomendaciones específicas a BE, DK, FI, FR, DE y HU para que
sigan haciendo reformas. Tal como se anunciaba en el Plan de Acción Europeo
para el Comercio Minorista[11], la Comisión
está abriendo un debate más amplio y procediendo al intercambio de mejores
prácticas entre los Estados miembros en materia de establecimiento comercial.

Las restricciones al suministro transfronterizo
de bienes también pueden afectar a la competencia en los mercados minoristas. Los minoristas
no siempre tienen libertad para ofrecer sus productos al mejor precio en toda
Europa. Existen motivos válidos para ciertas diferencias de precios entre
mercados nacionales, pero también hay indicios de restricciones territoriales
de suministro que impiden fijar precios más bajos en algunos mercados
nacionales (LU y BE), especialmente en el caso de los productos de marca. La
Comisión se propone estudiar más a fondo esta cuestión en 2014, consultando a
las partes interesadas sobre las supuestas restricciones territoriales de
suministro, con el fin de decidir cuáles podrían ser sus próximos pasos.

En ocasiones, los consumidores se siguen viendo confrontados
a situaciones en las que, por su nacionalidad o su lugar de residencia, ven
mermada su capacidad para adquirir productos y servicios en el mercado
único o han de pagar un precio más elevado, sobre todo en el entorno en línea.
Esta situación de discriminación percibida no siempre es resultado de
condiciones de mercado objetivas y afecta a la confianza de los consumidores en
el mercado único.

Las autoridades públicas son uno de los principales
consumidores de servicios en Europa. La aplicación correcta, eficiente y transparente
de las normas de contratación pública comporta importantes beneficios. Varios
Estados miembros han emprendido reformas en el ámbito de la contratación
pública[12], entre ellos
IT, EL, PT y ES. En muchos Estados miembros, los proveedores de servicios y los
presupuestos públicos podrían verse también beneficiados si se redujera la
duración de los procedimientos, se reforzara la competencia y la transparencia
en las licitaciones públicas y se previnieran las irregularidades (p. ej.
invirtiendo en la profesionalización de los funcionarios responsables de la
contratación pública o aumentando el nivel de publicación de anuncios de
contratos) y, de manera más general, se mejorara la gobernanza en este ámbito
(p. ej. mediante un mejor seguimiento, una mejor información y la difusión de
mejores prácticas). Las reformas son particularmente necesarias (pero no
únicamente) en BG, DE, HU, IT, MT y RO, como se indica en las recomendaciones
específicas por país dirigidas a estos países en 2013. Además, dada su importancia
económica[13], un mejor
cumplimiento de las normas en materia de contratación pública en la gestión de
residuos y el sector de las TIC podría conllevar particulares ahorros como
consecuencia de la mejora de la competencia en estos mercados.

Prioridades de actuación

A la
vista de lo que antecede, los Estados miembros deberían centrarse en las
siguientes prioridades clave:

·
Adoptar
un enfoque más ambicioso con respecto a la aplicación de la Directiva de
servicios, analizando sistemáticamente los marcos reguladores con el fin de
evaluar la necesidad y proporcionalidad de los obstáculos subsistentes. Debe
prestarse especial atención a las restricciones relativas a las formas
jurídicas y las participaciones detectadas en el marco del reciente examen inter
pares.

·
Tener
debidamente en cuenta los principios del mercado único al adoptar normas
nacionales que incidan en la prestación de servicios y el establecimiento, como, por
ejemplo, la fiscalidad nacional, el Derecho del trabajo y las normas de
protección de los consumidores. Solo un enfoque global con respecto a los
servicios permitirá avances importantes en la integración del mercado único de
servicios.

·
Simplificar
la legislación en el sector de los servicios, de manera que conduzca a una
simplificación de los procedimientos administrativos para las empresas,
especialmente las PYME. La administración electrónica es un potente instrumento
para alcanzar este objetivo. Por consiguiente, los Estados miembros deben seguir
mejorando el funcionamiento de las ventanillas únicas, integrándolas en los
servicios de administración electrónica (véanse también, infra, la
sección «Mercados digitales»).

·
Aprovechar
la oportunidad que ofrece el ejercicio de transparencia y evaluación mutua,
llevando a cabo un análisis en profundidad de las restricciones impuestas a
nivel nacional que tengan incidencia en el acceso a las profesiones reguladas
y examinando las justificaciones para mantenerlas habida cuenta de sus
repercusiones en otros mercados. Explorar la posibilidad de introducir
mecanismos menos restrictivos para garantizar el interés público y el de los
consumidores.

·
Reforzar
la competencia en el sector de los servicios, incluidos los servicios al por
menor, suprimiendo las barreras. Deberían suprimirse, en particular, las restricciones
al establecimiento comercial que no sean necesarias ni proporcionadas, y
deberían eliminarse sistemáticamente las pruebas de necesidad económica
subsistentes.

·
Fomentar
la transparencia y la concienciación sobre las diferencias de precios y los
derechos de los consumidores en el mercado único, en particular a través de
los centros europeos de los consumidores y otras autoridades competentes.
Trabajar para reducir la discriminación injustificada de los consumidores.

·
Crear
ventanillas nacionales para ayudar a los pacientes que buscan asistencia
sanitaria en el extranjero.

·
Trabajar
para reducir la complejidad y la duración de los procedimientos, mejorar la
competencia en las licitaciones públicas, entre otras cosas reforzando la
transparencia y los niveles de publicación, e invertir en la
profesionalización de los funcionarios responsables de la contratación pública.
También se deberían prevenir activamente las irregularidades y mejorar la
gobernanza de la contratación pública. Debería prestarse especial atención a la
correcta aplicación de las normas de contratación pública en la gestión de
residuos y el sector de las TIC.

2.3. Servicios
financieros

Funcionamiento de los
mercados y obstáculos a la integración de la UE

En general, la fragmentación del mercado
financiero
—entendida como las diferencias en el funcionamiento y los resultados de los
mercados nacionales provocadas por obstáculos a la libre circulación de
capitales o servicios financieros— ha aumentado durante la crisis.
Aunque actualmente se observan signos de estabilización, esta tendencia debería
invertirse. La fragmentación es evidente en las respuestas dadas por las
empresas a la encuesta SAFE[14], que ponen de
manifiesto considerables diferencias entre países. La fragmentación se pone
igualmente de manifiesto cuando se comparan los distintos tipos de interés
aplicables a los préstamos bancarios (por lo general, importantes para los
hogares y las PYME) en los diferentes Estados miembros, como se muestra en el
gráfico 1.

Gráfico 1: Tipos de interés, préstamos a entidades no financieras (hasta 1 año de vencimiento; saldo vivo, tipos medios de enero a agosto de 2013)

Fuente: Banco Central Europeo. No se dispone de datos de Dinamarca ni de Croacia.

También se observan notables diferencias en relación con los
volúmenes de préstamo (véase el gráfico 2). Además, y aunque los datos no son
estrictamente comparables debido a las diferencias en la evolución cíclica y a
las medidas concretas adoptadas en algunos Estados miembros (en ES, por
ejemplo, ciertos préstamos han sido transferidos a un «banco malo» que no es
una IFM), sigue siendo obvio que la limitada u onerosa concesión de crédito
ha contribuido a caídas sustanciales en el volumen total del crédito canalizado
a través de los bancos hacia la economía real en la UE.

Gráfico 2: Préstamos a entidades no financieras,
saldo vivo, balance de las IFM,

(tasas de crecimiento interanual, agosto de
2013)

Fuente:
Banco Central Europeo. No se dispone de datos de Dinamarca, Reino Unido ni
Croacia.

Por último, la fragmentación también se refleja en las
apreciaciones de los consumidores. Los consumidores evalúan los servicios
financieros[15] como un grupo
de mercados con resultados particularmente malos, siendo además el ámbito que
registra mayores diferencias de evaluación entre los diferentes Estados
miembros. Reciben puntuaciones particularmente bajas los Estados miembros del
sur y del este de Europa[16].

En ocasiones, la fragmentación se ha visto agravada por la
práctica de algunos supervisores nacionales tanto en los Estados miembros de la
zona del euro, como en los que no pertenecen a ella. Con el fin de responder a
los posibles problemas de estabilidad ocasionados por la crisis de la deuda
soberana, algunos Estados miembros han tomado medidas prudenciales que
tienen efectos de «compartimentación», como las medidas encaminadas a
mantener la liquidez, los dividendos y otros activos bancarios dentro de las
fronteras nacionales[17]. Si bien es
cierto que las medidas prudenciales restrictivas pueden estar justificadas para
mantener la estabilidad de los mercados financieros, las autoridades nacionales
de supervisión han de garantizar que cualquier medida que pueda limitar la
libre circulación de capitales no es discriminatoria y es proporcionada a su
objetivo. A tal fin, una cooperación estrecha y leal entre las autoridades
nacionales de supervisión, bajo los auspicios de la Autoridad Bancaria Europea
(ABE), es un requisito previo para mitigar los riesgos de fragmentación del
mercado interior.

Gracias a la reciente adopción del paquete de medidas
sobre los requisitos de capital de los bancos[18], las entidades
bancarias de la UE serán más sólidas y tendrán más capacidad para gestionar
adecuadamente los riesgos asociados a sus actividades y absorber las pérdidas
en que puedan incurrir en sus actividades. Los veintiocho Estados miembros han
de velar por que esas normas se apliquen a más tardar el 1 de enero de 2014.

La elaboración de un código normativo único, que
garantizará la existencia de normas, una supervisión y una resolución uniformes
en toda la UE, y la creación de la Unión Bancaria tienen por objeto
restablecer la confianza y, de esta forma, facilitar la financiación, promoviendo
el mercado interior de servicios financieros. La realización de todos sus
componentes básicos[19] y su aplicación
rápida y efectiva revisten, por consiguiente, la mayor importancia. Del mismo
modo, es de vital importancia garantizar la aplicación correcta, rápida y
uniforme de otros elementos esenciales de la agenda de reforma financiera en
el momento de su entrada en vigor, con el fin de preservar la estabilidad
financiera y restaurar la certidumbre y la confianza de los consumidores.

En este contexto, el Reglamento sobre el mecanismo único de
supervisión exige que, antes de la supervisión directa por parte del nuevo
supervisor único que es el BCE, se proceda a una revisión de la calidad de
los activos. Esta revisión formará parte de un ejercicio de mayor calado,
en el que participa la Autoridad Bancaria Europea, y que incluirá igualmente
evaluaciones de los balances de los bancos y pruebas de resistencia[20]. Este ejercicio
debería mejorar la confianza de los mercados y contribuir a aliviar la
fragmentación financiera. Por esta razón, es importante que los Estados
miembros se preparen minuciosamente para estos ejercicios sin escatimar
esfuerzos, incluido el establecimiento de mecanismos de protección antes de la
finalización del ejercicio y la preparación con miras a la aplicación de las
normas revisadas para las ayudas estatales a los bancos.

Antes de la entrada en vigor de la Directiva sobre los
gestores de fondos de inversión alternativos (Directiva GFIA)[21], las
actividades de los GFIA en Europa no eran suficientemente transparentes y los
riesgos asociados no se abordaban suficientemente en los regímenes regulatorios
y de supervisión. El plazo para la transposición de la Directiva expiró en
julio de 2013, pero, hasta la fecha, no todos los Estados miembros la han
incorporado a su ordenamiento jurídico.

Un mercado de pagos integrado en la zona del
euro hará que los pagos sean más baratos, fáciles y seguros. Transcurridos
más de diez años desde la introducción del euro como moneda común y medio común
de pago, siguen en vigor veintiocho sistemas de pago diferentes. El
Reglamento SEPA[22] fija el 1 de
febrero de 2014 como fecha límite para la migración de las transferencias
y los adeudos domiciliados en euros, tanto nacionales como intraeuropeos, hacia
las transferencias SEPA y los adeudos domiciliados SEPA, respectivamente. Se
verán directamente afectados más de 35 000 millones de transferencias y
adeudos domiciliados, anualmente tratados en la zona del euro. Según el
indicador SEPA del BCE, la tasa de migración global en la zona del euro era, en
julio, del 50 % para las transferencias (frente a un 38,2 % en
febrero), y del 4,8 % para los adeudos domiciliados (frente a un
2,3 % en febrero). Esto significa que para cumplir el plazo de migración a
la SEPA, todas las partes interesadas han de reforzar considerablemente y sin
demora la preparación de la SEPA, los esfuerzos de comunicación y las medidas
de aplicación.

Se han adoptados varias medidas a escala de la
UE para mejorar el acceso a la financiación de las PYME[23]. A nivel
nacional, los Estados miembros deben intensificar su apoyo al acceso de las
PYME a la financiación, aprovechando asimismo las vías de trabajo abiertas a
nivel de la UE, que incluyen medidas regulatorias, instrumentos financieros de
la UE, nuevas normas sobre ayudas estatales para la financiación de riesgo y
otras medidas destinadas a mejorar el entorno de las PYME.

El acceso de las empresas a la información en el
mercado interior es igualmente un factor fundamental para las PYME, ya que facilita
sus actividades transfronterizas y su financiación. En este contexto, reviste gran
importancia, como primer paso indispensable, la transposición dentro del
plazo previsto de la Directiva sobre la interconexión de los registros
centrales, mercantiles y de sociedades[24], cuyo plazo expira el 7
de julio de 2014, y que exige que todos los Estados miembros conecten
electrónicamente sus registros mercantiles. Los siguientes pasos serán la
interconexión de los registros de insolvencia a través del portal europeo
e-Justice[25] y la
modernización de la legislación sobre insolvencia en la UE[26].

Prioridades de actuación

A la vista de lo que antecede, los Estados miembros deberían
centrarse en las siguientes prioridades:

·
Velar
por que las nuevas normas sobre los requisitos de capital de los bancos se
apliquen a más tardar el 1 de enero de 2014.

·
Adoptar
todas las medidas necesarias, incluido el establecimiento de mecanismos de
protección y la preparación con miras a la aplicación de las normas revisadas
para las ayudas estatales a los bancos, antes de los ejercicios de revisión
de la calidad de los activos, las evaluaciones de los balances y las pruebas de
resistencia.

·
Garantizar
el pleno cumplimiento por parte de las autoridades nacionales de supervisión de
los requisitos de cooperación establecidos en la legislación bancaria, a fin de
evitar acciones descoordinadas o desproporcionadas en el contexto de las
medidas prudenciales de carácter restrictivo adoptadas por los supervisores
nacionales.
Este aspecto reviste particular importancia antes de que el mecanismo único de
supervisión esté plenamente operativo.

·
Ultimar
la aplicación de la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión
alternativos (Directiva GFIA).

·
Garantizar
que todos los participantes en el mercado concluyan su migración a la SEPA
antes del 1 de febrero de 2014. Es preciso redoblar los esfuerzos en materia de
comunicación y ampliar las actividades de sensibilización a nivel nacional, en
particular por lo que se refiere a las PYME, las administraciones públicas de
pequeño tamaño y las autoridades locales.

·
Fomentar
y apoyar el acceso de las PYME a la financiación, en particular:

o desarrollando
alternativas a la financiación bancaria, así como fuentes de financiación
innovadoras,
por ejemplo opciones para el desarrollo de bonos PYME y mercados de valores
alternativos, promoción de la emergencia de mercados de valores especializados
en la cotización de PYME de alto crecimiento, microfinanciación colectiva y
capital riesgo; esto último es ahora posible gracias a los Reglamentos sobre
los fondos de capital riesgo europeos[27] y los fondos de
emprendimiento social europeos[28]; las normas de
ayudas estatales sobre financiación de riesgo, de próxima aprobación, crearán
asimismo unas condiciones más equitativas entre los Estados miembros y
facilitarán el acceso de las PYME al capital riesgo;

o mejorando la
calidad de la atribución de calificaciones crediticias a las PYME y facilitando
el acceso transfronterizo de las empresas a la información para lograr que
estas dispongan de datos a escala de la UE; un primer paso en este
sentido es la transposición dentro de plazo de la Directiva sobre la
interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades;

o mejorando los
flujos de financiación dentro de la cadena de suministro, en particular el
financiamiento comercial, y combatiendo los retrasos en los pagos, lo que
contribuiría a aliviar los problemas de liquidez de las PYME y a mejorar el
desarrollo de su capital circulante.

2.4. Mercados de la
energía

Funcionamiento de los
mercados y obstáculos a la integración de la UE

El tercer paquete energético tiene
por objeto completar el mercado interior del gas y la electricidad. Sin
embargo, más de dos años después de expirado el plazo, siguen produciéndose
retrasos en su transposición, ejecución y aplicación efectiva sobre el terreno. A 25 de octubre
de 2013, siguen pendientes doce casos contra siete Estados miembros (PL, SI,
FI, EE, RO, IE y LT) por no transposición de las Directivas, nueve de los
cuales fueron llevados por la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la UE y
tres se encuentran en fase de dictamen motivado. Además, la Comisión está aún
evaluando el cumplimiento de la legislación nacional, ya que muchas de las
notificaciones solo se han recibido recientemente.

Sigue siendo necesaria una inversión
importante en infraestructuras energéticas, como
gasoductos y redes eléctricas, almacenamiento y proyectos GNL, para que la
energía fluya libremente y se comercialice a través de las fronteras,
garantizándose así la seguridad del suministro. En 2013 se formularon
recomendaciones específicas a trece Estados miembros (BG, EE, FR, DE, IT, LV,
LT, MT, PL, RO, SK, ES y UK) sobre la necesidad de aumentar las interconexiones
de electricidad y/o de gas. Desde entonces, han mejorado las interconexiones de
gas y electricidad (p. ej. las interconexiones de gas en el corredor
África-España-Francia, las interconexiones de electricidad entre PT y ES, UK,
IE y la región del Báltico, y el desarrollo de proyectos de inversión del flujo
de gas, especialmente en Europa Central y Oriental). Estos proyectos han
contribuido a un mejor funcionamiento de los mercados. En octubre de 2013, la Comisión Europea adoptó
una lista de 248 proyectos clave de infraestructuras energéticas de interés
común, que se beneficiarán de procedimientos de concesión de autorizaciones más
rápidos y eficientes y de la mejora del tratamiento regulatorio y podrán tener
también acceso a la ayuda financiera del mecanismo «Conectar Europa» (MCE).

El mercado de la producción de energía sigue
estando muy concentrado. En ocho Estados miembros, el operador histórico
controla aún más del 70 % de la generación de electricidad[29]. Se observa un
grado de concentración particularmente elevado (con una cuota de mercado
superior al 75 %) en EE, LV, FR, LU y SK. La cuota de mercado más baja de
la mayor empresa de generación de electricidad a nivel nacional se registra en
PL y ES. Por lo que respecta al sector minorista del gas, aparte de LV, país en
el que una sola entidad domina el mercado de ventas nacional, en LT, PL y EE se
registran cifras por encima del 90 % para la mayor empresa minorista. En
DE, HU e IT la penetración en el mercado de la mayor empresa minorista a nivel
nacional es relativamente pequeña (menos del 30 %).

Los consumidores sitúan los mercados del gas y
la electricidad entre los mercados con un funcionamiento deficiente[30]. Ambos mercados
reciben una puntuación inferior a la media en oferta, comparabilidad, cambio de
suministrador y tarifas, lo que sugiere que los consumidores no participan
activamente en el mercado. En conjunto, los mercados del gas y la electricidad
han mejorado, sobre todo en BE, mientras que los países en los que más se ha
deteriorado el mercado de la electricidad son EE y BG.

El despliegue de sistemas de contadores
inteligentes permitirá
a los consumidores obtener información más precisa y frecuente sobre su consumo
de energía, minimizará los errores, facilitará la facturación o el cambio de
operador y reducirá las infraestructuras. Dieciséis Estados miembros ya han
decidido desplegar sistemas de contadores inteligentes de aquí a 2020, lo que
supone alrededor del 84 % de los consumidores de la UE y una inversión de
aproximadamente 35 000 millones EUR. En el caso del gas, siete Estados
miembros ya han decidido desplegar estos sistemas, lo que representa en torno
al 30 % de los usuarios y una inversión de aproximadamente 15 000
millones EUR. Para que estas iniciativas se vean coronadas con éxito, reviste
especial importancia la confianza de los consumidores, como fue el caso en el
despliegue en SE y FI. Es preciso prestar atención a los problemas existentes
en materia de seguridad y protección de datos.

Los
Estados miembros deberían suprimir gradualmente la regulación de los precios al
por menor.
Esta regulación tiende a disuadir la entrada en el mercado de competidores y la
inversión tanto por parte de los operadores recién llegados como de los
operadores ya establecidos. En ausencia de regulación de los precios al por
menor, el refuerzo de la competencia, la actuación de los Estados miembros en
favor de una mayor transparencia en los mercados minoristas de la energía y
unos mejores instrumentos de información para los consumidores mantendrían los
precios bajo control y potenciarían el papel de los consumidores a la hora de
elegir y aprovechar los beneficios de la competencia. Como consecuencia de la
regulación de los precios al por menor, la calidad de los servicios y la
innovación tienden a ser inferiores. Como la
regulación de los precios se está suprimiendo progresivamente, es preciso
reforzar el apoyo a los consumidores vulnerables, mediante la aplicación de
medidas de eficiencia energética, combinadas con medidas de apoyo específicas
(por ejemplo, mejor información, transparencia en la fijación de precios y
asistencia financiera para ayudar a los consumidores vulnerables a pagar sus
facturas). Se han dado pasos en la buena dirección en AT, DE, NL y SE, donde el
apoyo está vinculado al precio de mercado de la energía. BG, FR, HU, PL y RO
han recibido una recomendación específica sobre precios regulados en 2013.

Para que los Estados miembros puedan alcanzar
las metas sobre energías renovables vinculantes para 2020 —en conjunto,
el 20 % del consumo final bruto de energía debe generarse a partir de
fuentes renovables— también son necesarias inversiones importantes en el sector
de la producción de energía. Aunque la mayoría de los Estados miembros ya había
alcanzado en 2011 su meta intermedia para 2011/2012 (excepto BE, FR, LV, MT, NL
y UK), no hay lugar para la autocomplacencia. A corto y medio plazo, sigue
siendo necesario apoyar muchas de las tecnologías de energías renovables. Esta
medida debería aplicarse en consonancia con la guía de buenas prácticas
publicada por la Comisión[31].

En ocasiones son necesarios mecanismos de
remuneración de la capacidad para garantizar la continuidad de la capacidad
de generación de electricidad, dada la creciente cuota de las energías
renovables (eólica, solar). Sin embargo, dichos mecanismos podrían distorsionar
considerablemente el mercado, por lo que deberían ser solo una opción de último
recurso, después de haber hecho pleno uso de las medidas de respuesta a la
demanda, eficiencia energética y cooperación transfronteriza.

Prioridades de actuación

A la vista de lo que antecede, los Estados
miembros deberían centrarse en las siguientes prioridades:

·
Transposición completa y dentro de plazo de las Directivas del
tercer paquete energético y adecuada aplicación de los
Reglamentos de dicho paquete.

·
Adopción
y aplicación de los códigos de red de la electricidad y del gas, que regulan el
funcionamiento cotidiano del mercado al objeto de facilitar el comercio y el
funcionamiento de las redes transfronterizas.

·
Aumento
de la capacidad de interconexión con los países vecinos, en particular mediante
la plena aplicación del Reglamento que contiene las directrices para las
infraestructuras transeuropeas. Al mismo tiempo, los Estados miembros
deberían adoptar una perspectiva transfronteriza de mayor calado a la hora de
hacer frente a los desafíos en materia de seguridad de abastecimiento.

·
Refuerzo
del papel de los consumidores, garantizando que tengan un mejor acceso a
información transparente y sencilla, estén mejor preparados para participar en
los mercados abiertos y puedan hacer uso de los datos resultantes de las
mediciones frecuentes que estarán disponibles gracias al despliegue de los
sistemas de contadores inteligentes.

·
Eliminación gradual de los precios regulados, garantizando al
mismo tiempo la protección de los consumidores vulnerables. El
apoyo debería centrarse en las necesidades específicas de los consumidores
vulnerables, sin que ello afecte desproporcionadamente a la competencia en los
mercados de la energía.

·
Replanteamiento de la intervención del Estado en consonancia con
las buenas prácticas identificadas por la Comisión[32], a
fin de evitar las subvenciones, los regímenes de apoyo, los
impuestos o gravámenes en el sector energético que tengan efectos
distorsionadores en el funcionamiento del mercado o que incidan de forma
innecesaria y desproporcionada en la asequibilidad de la energía para los
hogares y las empresas.

2.5.
Mercados de transporte

Funcionamiento de los mercados y obstáculos a la integración
de la UE

Habida cuenta de los limitados avances
registrados en la integración de los servicios de transporte, la Comisión
propuso en 2013 una serie de importantes iniciativas destinadas a los sectores
ferroviario y aeronáutico[33]. No obstante, aún queda
mucho por hacer a escala de los Estados miembros para lograr un verdadero
mercado interior de servicios de transporte, ya que las divergentes
prioridades nacionales y la fragmentación del mercado de transportes siguen
afectando negativamente a la calidad de los servicios de transporte en Europa.

Según la percepción de los
consumidores, el mercado de servicios ferroviarios es uno de los que peores
resultados obtiene. En 2013, ocupó el vigesimoquinto puesto entre los treinta y
un mercados de servicios. Por el lado positivo, cabe destacar que ha mejorado
ligeramente desde 2012, cuando ocupó el puesto vigesimoséptimo[34]. Si bien el
mercado de servicios aeronáuticos recibe, en conjunto, una evaluación
relativamente positiva, una quinta parte de todas las reclamaciones
transfronterizas estaban relacionadas con el transporte aéreo de pasajeros o
equipaje[35].

Por lo que respecta a los indicadores de referencia en
materia de cumplimiento (véanse los detalles en el anexo), la puntuación
obtenida en el sector del transporte es buena, y todos los Estados
miembros han transpuesto finalmente las siete Directivas relacionadas. No
obstante, persisten dificultades en la transposición y aplicación adecuadas de
la legislación clave en este ámbito. Como
consecuencia de ello, siguen abiertos veinte casos de infracción contra catorce
Estados miembros, por no conformidad con la legislación en materia de transporte.

En cuanto a los modos de transporte específicos,
los cuellos de botella que frenan la integración en el sector de los
servicios ferroviarios son los más persistentes. El acceso al mercado sigue
siendo un problema grave, pese a la apertura a la competencia de los servicios
de transporte de mercancías por ferrocarril en 2007 y de los servicios
internacionales de transporte de viajeros en 2010.

Varios Estados miembros mantienen un monopolio
legal en el mercado nacional de viajeros (FI, FR, ES, BE y NL[36]).
Muchos otros Estados miembros adjudican directamente contratos de servicio
público sin procedimiento abierto de licitación (BE, CZ, EL, ES, FR, HR, IE,
LU, RO y SI)[37]. Además, en
algunos países la apertura de iure del mercado no ha alterado la
situación, ya que tras las licitaciones de servicios públicos no entraron al
mercado nuevos operadores (BG, LT, LV y SK).

Otro obstáculo a la entrada de nuevos operadores
y a la eficiente prestación de servicios de ferrocarril es la insuficiente
independencia y la falta de transparencia financiera entre los administradores
de las infraestructuras y los operadores de los servicios, que pueden dar
lugar a comportamientos discriminatorios y distorsiones del mercado. En junio
de 2013, estaban abiertos cuarenta y dos procedimientos de infracción contra
casi todos los Estados miembros en relación con los servicios ferroviarios,
aunque también se han presentado una serie de denuncias en virtud de las normas
de competencia. La falta de avances en el establecimiento de mercados
ferroviarios abiertos y competitivos puede ser especialmente nociva para el
conjunto de la economía europea cuando atañe a los países de tránsito o a los
grandes mercados con mayor potencial de entrada. Esta preocupación se refleja
en las recomendaciones específicas de 2013 dirigidas a AT, DE, ES y FR, en las
que se recomendaba a estos países reforzar la competencia en el mercado del
transporte ferroviario, mientras que BE, BG, IT, PL y RO recibieron la
recomendación de reforzar el papel del organismo o los organismos reguladores.

Alrededor del 40 % de los bienes del
mercado único se transporta por mar en trayectos cortos entre puertos de la UE.
Sin embargo, los servicios de transporte marítimo entre los Estados miembros se
rigen por procedimientos lentos y rígidos, pues se se equipara al transporte á
más allá de las fronteras exteriores. Con la iniciativa «Cinturón Azul»[38], la
Comisión Europea quiere establecer un verdadero mercado único del transporte
marítimo, en el que las mercancías de la UE transportadas entre puertos de
la UE no tendrían que someterse a los trámites administrativos que se aplican a
las mercancías procedentes de puertos de ultramar, sino que seguirían
procedimientos simplificados. De esta manera se hace más atractivo este modo de
transporte.

La evolución en el sector de la aviación pone de
manifiesto los beneficios potenciales que encierra la liberalización del
mercado. El número de pasajeros en el interior de la UE ha venido creciendo
regularmente desde los años noventa, mientras que las tarifas se han reducido
considerablemente. Entre 1995 y 2011, el número de pasajeros/km recorridos por
aire en la UE aumentó más del 66 %, y el transporte aéreo representa en la
actualidad casi el 9 % del mercado de pasajeros de la UE. No obstante, el
espacio aéreo de la UE sigue estando fragmentado, lo que conlleva costes más
elevados y coloca a los operadores de la UE en una posición de desventaja en
comparación con sus competidores extranjeros. En este contexto, los
beneficios operativos resultantes de la aplicación de los bloques funcionales
de espacio aéreo y un gestor de la red de la UE fuerte son elementos necesarios
para seguir avanzando en la integración del mercado. Además, la prestación de
servicios de navegación aérea (PSNA) permanece cerrada a la competencia y
requiere mejoras en términos de calidad y rentabilidad. En junio de 2013, la
Comisión Europea presentó propuestas para acelerar la reforma del sistema de
control aéreo europeo[39].

En cuanto al cumplimiento, la correcta
aplicación de la Directiva sobre las tasas aeroportuarias sigue planteando
problemas en varios Estados miembros, como lo demuestran especialmente los
casos de tasas aeroportuarias discriminatorias.

En 2012/2013 se abrieron procedimientos de investigación en
materia de ayudas estatales en particular en DE, FR e IT, pero también en RO,
PL, DK y SE, para garantizar que la financiación pública concedida a los
aeropuertos y las líneas aéreas no impide la competencia leal en el sector de
la aviación.

La apertura del mercado también ha resultado
fructífera en el transporte internacional por carretera. El transporte
internacional de mercancías por carretera aumentó un 32 % entre 2000 y
2011 y representa cerca del 33 % del transporte total de mercancías. No
obstante, una correspondencia óptima entre la oferta y la demanda de transporte
se ve obstaculizada por el mantenimiento de las restricciones a las
prestaciones temporales de servicios de transporte de mercancías por carretera
y las restricciones al acceso permanente a los mercados nacionales de
transporte por carretera[40].

Los mercados nacionales de
transporte por carretera siguen estando protegidos de la competencia[41]. Las restricciones
operativas y temporales al cabotaje limitan la libertad de los operadores de
transporte por carretera a la hora de prestar servicios. Como consecuencia de
ello, el cabotaje sigue constituyendo un segmento menor del mercado del
transporte de mercancías por carretera de la UE (alrededor del 2 % de todo
el volumen de transporte). Además, algunos Estados miembros (FI, DK) han
adoptado medidas adicionales para proteger sus mercados frente a la competencia
de los transportistas no residentes. Otros Estados miembros, como ES, siguen
imponiendo restricciones al establecimiento permanente de pequeñas empresas. A
este respecto, la Comisión se centrará igualmente en una interpretación clara y
una ejecución más uniforme de la legislación en vigor, tanto por lo que
respecta al acceso al mercado como a las normas sociales. La supresión de las
restricciones a las actividades de los transportistas de mercancías de EU-12,
por su parte, se ha traducido en un fuerte aumento de su participación en el
mercado del transporte internacional de mercancías por carretera (dos tercios
de su volumen de transporte se realiza a nivel internacional).

Los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos encaminados a
completar y mejorar las conexiones e infraestructuras transfronterizas para el
transporte europeo de mercancías y pasajeros. Este objetivo podría conseguirse, en particular, mediante la
aplicación de los nuevos corredores de la red principal RTE-T, el despliegue de
los sistemas de transporte inteligente (STI), y la mejora de la gestión de la
congestión en el transporte transfronterizo[42]. Además, la tarificación del uso de las infraestructuras debería
evitar la discriminación potencial de los usuarios ocasionales mediante la
aplicación de tarifas basadas en la distancia recorrida. Este sistema se ha
venido utilizando hasta la fecha únicamente en AT, CZ, DE, PL, SI y SK, para el
transporte pesado, y en EL, ES, FR, IE, IT, PL y PT, para todos los usuarios de
carreteras en partes determinadas de la red de carreteras[43].

Prioridades de actuación

A la vista de lo que antecede, los Estados
miembros deberían centrarse en las siguientes prioridades:

·
Garantizar una transposición de alta calidad y dentro de plazo del
acervo en materia de transporte, especialmente en el sector
ferroviario.

·
Abrir los servicios nacionales de transporte de viajeros por
ferrocarril a la competencia y velar por que los contratos de
servicio público estén bien definidos y se adjudiquen siguiendo procedimientos
de licitación equitativos, abiertos y transparentes. La estructura
institucional debería garantizar la independencia del administrador de la
infraestructura con el fin de permitir la competencia efectiva en los mercados
ferroviarios, asegurando y garantizando la igualdad de acceso a las
infraestructuras.

·
Eliminar los trámites innecesarios en los puertos, facilitando los
trámites aduaneros para el transporte marítimo dentro de la UE, así como para
los buques que atraquen en puertos de terceros países.

·
Acelerar la implantación del Cielo Único Europeo (CUE) (p.
ej. avanzando en la desfragmentación de la red de gestión del tráfico aéreo
mediante la implantación de los bloques funcionales de espacio aéreo y
cumpliendo las metas de resultados para el período 2012-2014), a fin de mejorar
la seguridad, la capacidad, la eficiencia y el impacto medioambiental de la
aviación.

·
Reexaminar cualquier restricción nacional subsistente al acceso a
los mercados nacionales de transporte de mercancías y viajeros por carretera, con
el fin de garantizar su plena compatibilidad con la legislación de la UE en
vigor con respecto a la libertad de los transportistas extranjeros de mercancías
y viajeros para efectuar ciertas operaciones de cabotaje y establecerse en
cualquier Estado miembro.

·
Eliminar los cuellos de botella y modernizar las infraestructuras
de transporte completando los corredores RTE-T, mejorando las
conexiones transfronterizas, el despliegue coherente de STI y la aplicación de
tarifas no discriminatorias basadas en la distancia recorrida, evitando al
mismo tiempo invertir en infraestructuras de transporte mal integradas en la
red que corran el riesgo de ser infrautilizadas y generar costes elevados de
mantenimiento.

2.6. Mercados
digitales
Funcionamiento
de los mercados y obstáculos a la integración de la UE

Varios factores interrelacionados contribuyen a
los buenos resultados de los mercados digitales. Los países avanzados
en el ámbito del comercio electrónico registran, por lo general, una economía
electrónica de alta intensidad. Los países aventajados en este campo, como SE,
DK y UK[44],
disfrutan de altos niveles de penetración de la banda ancha y de uso de Internet,
y su población posee sólidas competencias de Internet. La confianza en Internet
como canal de venta[45]
y la sensibilización acerca de los derechos y obligaciones en línea[46]
son igualmente altas en estos Estados miembros. En SE y DK puede observarse una
fuerte correlación entre las ventas en línea y el PIB per cápita.

La disponibilidad de infraestructuras de banda
ancha fija, un aspecto que es esencial para los mercados digitales, ha
progresado moderadamente pero a ritmo constante. No obstante, la
cobertura fija rural aún se sitúa por debajo del 80 % en diez Estados
miembros, y sigue siendo un reto en Estados miembros como PL, SK, SI, LV y RO,
mientras que en LT y CZ se han registrado algunos avances. Aunque más de
la mitad de los hogares de la UE están cubiertos por la banda ancha de alta
velocidad, IT, HR, EL, FR, IE y PL tienen que modernizar sus redes para no
quedar rezagados[47].

El sector de las comunicaciones móviles, en
general, se ha beneficiado de la competencia y del continuo crecimiento de la
banda ancha móvil[48],
pero su desarrollo se ve obstaculizado por retrasos en la liberación de
frecuencias.
La cobertura de las redes móviles de banda ancha de cuarta generación se
triplicó en tan solo un año, para situarse en un 26 %, pero el continuo crecimiento de la banda
ancha inalámbrica requerirá grandes inversiones en las redes habilitadoras. Esto solo será posible si están
disponibles frecuencias suficientes. Sin embargo, más de la mitad de los
Estados miembros aún no han completado la liberación de la banda de
800 MHz para los servicios de banda ancha inalámbrica, que estaba
prevista, como muy tarde, para el 1 de enero de 2013[49]. El uso compartido
de la red móvil, de conformidad con las normas de competencia, puede permitir
un mejor uso de las frecuencias ya asignadas. Es igualmente necesario suprimir
las restricciones injustificadas al despliegue de redes de banda ancha
inalámbrica.

Las diferencias de precios entre los
Estados miembros siguen siendo, en general, grandes[50] y han sido
persistentes en el tiempo[51].
Esta circunstancia, combinada con la persistencia de los obstáculos al cambio
de operador[52],
pone de relieve la necesidad de reforzar el mercado único de las comunicaciones
electrónicas, un ámbito en el que son indispensables la adecuada asignación de
recursos a los reguladores nacionales y su independencia, así como la correcta
puesta en práctica del marco regulador, La reciente propuesta de un paquete
legislativo con miras a la implantación de un mercado único de las
comunicaciones electrónicas reducirá los obstáculos subsistentes y aportará la
seguridad reglamentaria requerida para la realización de inversiones en
infraestructuras. En caso de deficiencias del mercado, será necesario, sin
embargo, seguir prestando una ayuda pública específica, procedente sobre todo
de los Fondos Estructurales, que, en algunos Estados miembros, han sido
infrautilizados y/o han hecho frente a graves problemas de absorción.

Como promedio en la UE, el comercio en línea
sigue creciendo a nivel nacional, así como a escala transfronteriza. Sin
embargo, sigue siendo principalmente de ámbito nacional. El número de
particulares que han realizado pedidos o comprado a través de Internet en los
doce meses anteriores aumentó al 45 % en 2012, frente al 43 % en 2011
y al 40 % en 2010[53],
siendo los Estados miembros que partían de un nivel particularmente bajo
(países «en vías de recuperación») los que registraron un crecimiento más
rápido. Sin embargo, muchos de ellos siguen registrando niveles de comercio
electrónico interior inferiores a la media (25 % o menos en HU, EE, HR,
PT, CY, EL, LT, IT, BG y RO).

El comercio electrónico transfronterizo sigue siendo
limitado, registrándose un aumento marginal (del 10 % al 11 %) del
porcentaje de ciudadanos de la UE que efectúa compras en otros Estados miembros
de la UE[54].
Mientras que, en términos generales, la aplicación de la Directiva de comercio
electrónico es adecuada, en algunos Estados miembros siguen planteándose
problemas en cuanto a los requisitos de autorización previa y la aplicación de
las obligaciones en materia de información de los comerciantes. Además, varios
ámbitos requieren mayor atención, como la disponibilidad y la seguridad de los
pagos, la protección de los datos personales, la entrega de los bienes
encargados, la información relativa a los contratos en línea y la facilidad de
acceso a las vías de recurso, así como la legislación relativa a los contratos
y la protección de los consumidores en general. Los costes de acceso de las
empresas y los consumidores a la economía en línea podrían reducirse más por
medio de estrategias de ciberseguridad eficaces. Sin embargo, estas estrategias
solo se han implantado en la mitad de los Estados miembros de la UE (AT, CZ,
EE, FI, FR, DE, HU, LT, LU, NL, PL, RO, SK y UK)[55]. AT, DE, DK,
FI, FR, NL, SE y UK[56]
poseen capacidades nacionales particularmente sólidas.

La utilización de las
TIC con miras a mejorar la eficiencia del sector público es una forma
subestimada de favorecer el saneamiento presupuestario y las reformas
estructurales favorables al crecimiento, especialmente a través
de la administración electrónica, los servicios
basados en la nube[57],
la sanidad en línea y las redes inteligentes e interoperables de energía y
transporte, así como de la difusión de la información procedente del sector público.
Desde el año pasado se avanza a ritmo constante en la modernización del sector
público: el 87 % de las empresas utilizan los servicios de la
administración electrónica y varios Estados miembros están introduciendo
servicios en línea obligatorios. El porcentaje de ciudadanos que utilizan la
administración electrónica también aumentó el año pasado hasta situarse en el
44 % (un incremento de tres puntos porcentuales). IT, HR, BG, CY, CZ, RO,
PL y EL se beneficiarían de una mayor utilización de estos servicios. Aunque el
uso de herramientas electrónicas en la contratación pública sigue siendo
limitado, algunos Estados miembros han aprovechado la oportunidad,
especialmente PT (presentación electrónica obligatoria para la mayoría de los
procedimientos), LT, IE, SE y UK. La facturación electrónica ya es obligatoria
en la mayoría de las autoridades públicas de DK y SE, y debería convertirse en
la norma en toda la UE.

Es preciso reforzar la
«infraestructura de propiedad intelectual»[58]
de la UE. El sector de las TIC,
así como los que optan cada vez más por Internet como canal de distribución,
son a menudo muy dependientes de los derechos de propiedad intelectual, lo que
aumenta su atractivo para la financiación y asegura la necesaria rentabilidad
de las inversiones. Los sistemas de registro de los derechos nacionales deben
ser asequibles y accesibles[59].
Además, la existencia de cámaras especializadas en propiedad intelectual en los
tribunales nacionales puede acelerar considerablemente los procedimientos y
mejorar la calidad de las sentencias.

Ni siquiera las redes y tecnologías avanzadas pueden
desplegar todo su potencial de crecimiento y empleo si las empresas y los
ciudadanos no las utilizan plenamente[60].
En la actualidad, este potencial de crecimiento y empleo se ve frenado debido
en particular, a la falta de competencias en TIC de
la población activa. Aproximadamente el
50 % de los ciudadanos de la UE no disponen o disponen de escasas
competencias informáticas[61];
sin embargo, se prevé que de aquí a 2015 el 90% de
todos los empleos requerirán algún conocimiento en el ámbito de las TIC[62]. Las competencias en TIC han de estar integradas en
el sistema educativo general a todos los niveles. Además, es necesario
establecer una interacción más estrecha entre los círculos educativo y
empresarial, dada la grave carencia de profesionales en TIC que sufre
actualmente la UE[63].

Prioridades de actuación A la vista de lo que antecede, los Estados miembros deberían centrarse en las siguientes prioridades: · Garantizar el buen funcionamiento de los mercados de las comunicaciones electrónicas, reforzando sus autoridades reguladoras nacionales y poniendo en práctica una reglamentación que propicie un despliegue competitivo de la banda ancha de alta velocidad, con la ayuda, en su caso, de un apoyo público específico, especialmente mediante un uso eficiente de los Fondos Estructurales y de Inversión europeos. · Completar lo antes posible la asignación de las bandas de frecuencias de 800 MHz, poner al menos 1 200 MHz del espectro radioeléctrico a disposición de la banda ancha inalámbrica y suprimir los obstáculos al despliegue y uso eficientes de las redes de banda ancha inalámbrica. · Establecer condiciones favorables en los distintos ámbitos que afectan a los servicios en línea, en particular poniendo en práctica, de manera correcta y dentro de los plazos previstos, la legislación pertinente en ámbitos que van desde el comercio electrónico — como elemento legislativo crucial para la prestación de servicios en línea— hasta la fiscalidad, pasando por el reparto de paquetes y los pagos, y de la legislación relativa a la protección de los consumidores, como la Directiva sobre los derechos de los consumidores[64], a los mecanismos de resolución de litigios, como la legislación RAL/RLL[65]. · Respaldar el uso de las TIC y, en particular, de Internet de banda ancha, mejorando el acceso de las PYME a la financiación que les permita su conexión y utilización. Los Estados miembros deberían invertir asimismo en las capacidades en TIC, en particular a través del Fondo Social Europeo, integrándolas más y mejor en sus sistemas educativos, promoviendo asociaciones con las empresas, atrayendo la movilidad transfronteriza y adoptando el marco de competencias electrónicas. · Adoptar una estrategia de ciberseguridad global y actualizada y designar a una entidad para su aplicación y para la cooperación con otros Estados miembros. · Aumentar la disponibilidad de servicios públicos en línea de fácil uso, en particular a través de interconexiones e infraestructuras transfronterizas, hacer la contratación pública electrónica interoperable y desplegarla a mayor escala en los diferentes niveles de administración, y promover un uso más frecuente de la facturación electrónica. Los Estados miembros deberían promover servicios abiertos basados en la nube para desarrollar infraestructuras de servicios digitales y estimular la demanda. Asimismo, deberían desplegar soluciones interoperables de sanidad electrónica, en particular historiales médicos y recetas electrónicos, para una sanidad pública y una investigación clínica más eficiente, y fomentar en mayor medida el uso de las TIC para la interoperabilidad de las redes inteligentes de energía y de transporte. · Sin comprometer la calidad de las patentes y las marcas comerciales concedidas, los Estados miembros deberían considerar posibles reducciones de los costes y los plazos medios para el registro de las patentes y las marcas comerciales nacionales. Además, deberían velar por que se implanten cámaras especializadas en PI dotadas de los recursos necesarios.

Parte II – Integración del mercado único desde la
perspectiva de la integración de la cadena de valor

Esta parte del documento presenta una serie de
conclusiones horizontales acerca del estado de integración del mercado único,
basadas en un análisis de las cadenas de valor, es decir, la oferta y la
demanda de insumos. Un informe completo sobre este análisis está disponible en
este enlace.

El refuerzo de las cadenas de producción
transfronterizas es un medio importante de estimular la competitividad y el
crecimiento[66], y es probable
que sus efectos generales a largo plazo sobre el empleo sean también positivos.
Además, el refuerzo de la integración de la cadena de valor en la UE puede
contribuir a restablecer las balanzas exteriores, ya que abre mercados en los
Estados miembros con una balanza exterior excedentaria.

El
análisis muestra que, en general, han aumentado los insumos transfronterizos
en la producción europea, tanto de dentro como de fuera de la UE. Ello
indica que ha proseguido el ritmo de integración del mercado único. Pese a
estas tendencias globalmente positivas, se observan notables diferencias entre
los Estados miembros[67].

Gráfico 1: La importancia de los insumos de producción intersectoriales en la UE Las etiquetas sectoriales se explican en el cuadro que figura en anexo del informe completo, que puede consultarse en el siguiente enlace. Las cifras representan la parte de los insumos de dentro de la UE (transfronterizos y nacionales) en relación con la producción del sector destinatario (en %).

El
análisis sugiere igualmente que los intercambios de insumos de producción
dentro y fuera de la UE son complementarios[68].
Ello prueba que los esfuerzos desplegados para seguir desarrollando el
mercado único y para fomentar los acuerdos europeos de libre comercio con
economías asociadas fuera de la UE se refuerzan mutuamente.

Además,
el sector servicios proporciona el insumo más importante a las actividades de
otros sectores, en particular el sector manufacturero. Por consiguiente, el
buen funcionamiento de los mercados de servicios tiene efectos positivos en la
industria manufacturera de la UE y viceversa, como se ilustra en el gráfico
1.

Del
análisis se desprende igualmente que, para maximizar los beneficios que
encierra el mercado único, los Estados miembros deberían concentrar sus
esfuerzos de reforma en la reducción de los obstáculos al comercio en los
sectores que son relativamente importantes, pero que aún no están muy bien
integrados. Esto es especialmente cierto para los sectores en los
que la integración fuera de la UE es elevada con respecto a la integración
dentro de la UE, ya que ello puede indicar que la capacidad de cooperación
dentro de la UE no se aprovecha suficientemente, y que subsisten, por tanto,
importantes obstáculos.

Gráfico 2: Principales relaciones de producción dentro de la UE (nacionales y transfronterizas) entre sectores El grosor de las flechas corresponde al valor del coeficiente: insumos de un sector hacia otro como % de una media de los productos de ambos sectores. Los coeficientes respectivos se indican en el medio de cada flecha. Las etiquetas sectoriales se explican en enlace.

Desde
esta perspectiva (es decir, centrándose en los flujos comerciales en las
cadenas de valor de la producción), aún parece haber margen para reducir los
obstáculos en los servicios no comerciales,[69]
las actividades inmobiliarias y la venta al por menor[70].

Además,
sería realizable un mayor crecimiento económico si los Estados miembros
pusieran en práctica políticas encaminadas a mejorar la productividad en
sectores que ya están altamente integrados. Tales reformas tendrían
probablemente efectos positivos en la productividad en los sectores asociados,
especialmente cuando existen fuertes interrelaciones entre sectores. Como se
muestra en el gráfico 2, en los servicios, son el alquiler de maquinaria y
equipos y otras actividades empresariales los que tienen relaciones más
estrechas con el mayor número de sectores asociados. El sector manufacturero es
el que tiene relaciones más estrechas con el alquiler y otras actividades
empresariales, así como con el comercio al por mayor y al por menor del lado de
los insumos, y, del lado de los productos, con la construcción. El sector de
los transportes es el que está más estrechamente relacionado con los mercados
al por mayor.

Anexo

[1] European Commission Occasional Papers 129 «Market Functioning in
Network Industries – Electronic Communications, Energy and Transport», febrero
de 2013.

[2] Conjunto de
actividades vinculadas a la creación y explotación de las redes de acceso a
Internet, así como los servicios propuestos en Internet (telecomunicaciones
sobre IP, fabricación y mantenimiento de material informático destinado a la
web, actividades de servicios basadas en Internet y todas las actividades que
tienen Internet como soporte, del comercio electrónico a la publicidad en
línea).

[3] McKinsey
Global Institute, «Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs,
and prosperity», mayo de 2011. Este estudio abarca esos países, además de
Brasil, China y la India.

[4] Comunicación de la Comisión Europea «Mejorar la gobernanza del mercado
único», COM(2012) 259 final, junio de 2012.

[5] La integración comercial se mide calculando la media de las
importaciones y exportaciones de bienes y servicios y dividiéndola por el PIB.

[6]
Véase la Encuesta de Seguimiento de los Mercados de Consumo de 2013, encargada
por la DG SANCO, que se va a utilizar en el Décimo Cuadro de Indicadores de los
Mercados de Consumo, de próxima aparición http://ec.europa.eu/consumers/consumer\_research/consumer\_market\_monitoring\_survey\_en.htm.

[7] European Commission Economic Paper 456: «The economic impact of the
Services Directive: A first assessment following implementation», junio de
2012.

[8] Comunicación de la
Comisión Europea sobre la implementación de la Directiva de servicios
«Colaboración para un nuevo crecimiento de los servicios 2012-2015», COM(2012)
261 final, junio de 2012.

[9] Comunicación de la Comisión sobre la evaluación de las regulaciones
nacionales del acceso a las profesiones, COM(2013) 676 final, de octubre de
2013, y Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las
conclusiones de la revisión inter pares de los requisitos relativos a la
forma jurídica, la participación en el capital y las tarifas, elaborado en
virtud de la Directiva de Servicios, SWD(2013) 402 final, de octubre de
2013.

[10]
http://ec.europa.eu/internal\_market/qualifications/policy\_developments/index\_en.htm#maincontentSec1

[11] Comunicación de la Comisión «Plan de Acción Europeo para el Comercio
Minorista», COM(2013) 36 final, de enero de 2013.

[12] Los aspectos de
contratación electrónica se tratan en la sección «Mercados digitales».

[13] El valor de los contratos de recogida y tratamiento de residuos
adjudicados en 2010 fue de 12 674 millones EUR , es decir, un 10 %
del volumen de negocios total del sector en el mismo año o alrededor de un
tercio del gasto de las administraciones públicas en bienes, obras y servicios
para la gestión de los residuos. El valor de los anuncios de adjudicación de
contratos en relación con los equipos, programas o servicios de TIC en EU-27 en
2010 ascendió a 22 483 millones EUR. Puede encontrarse más información en:
«Sector analysis of Public Procurement, criteria for selecting sectors and initial
analysis of two sectors: waste collection & treatment and ICT contracts»,
25 de junio de 2013.

[14] http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/sme/html/index.en.html.

[15] Mercados de préstamos, créditos y tarjetas de crédito, cuentas
bancarias, hipotecas, productos de inversión, pensiones privadas y valores y
fondos de pensiones individuales.

[16] Encuesta de
Seguimiento de los Mercados de Consumo de 2013, encargada por la DG SANCO, que
se va a utilizar en el Décimo Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo,
de próxima aparición, http://ec.europa.eu/consumers/consumer\_research/consumer\_market\_monitoring\_survey\_en.htm.

La evaluación se refiere al indicador de funcionamiento del
mercado (IFM), un índice compuesto que incluye las evaluaciones de los
consumidores sobre comparabilidad, confianza, problemas y reclamaciones, y
satisfacción de mercados específicos.

[17] Los servicios de la Comisión han recibido información confidencial de
los supervisores nacionales sobre las medidas prudenciales adoptadas en
diferentes Estados miembros para hacer frente a los problemas de estabilidad
financiera, que pueden tener efectos de compartimentación.

[18] Directiva
2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las
entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito
y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y
se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, y Reglamento (UE) nº
575/2013, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las
entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 648/2012.

[19] Entre otros, el mecanismo único de resolución, con un fondo único de
resolución, y la Directiva sobre rescate y resolución bancarias.

[20] http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr131023.en.html.

[21] Directiva
2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011,
relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se
modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n°
1060/2009 y (UE) nº1095/2010.

[22] Reglamento
(UE) nº 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012,
por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las
transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento
(CE) n° 924/2009.

[23] A escala de la
UE, la Comisión puso en marcha en 2011 un Plan de acción sobre el acceso a la
financiación de las PYME, y en marzo de 2013 se abrió una consulta pública
sobre la financiación a largo plazo, incluido el acceso a la financiación de
las PYME; ya se han adoptado y están en vigor desde el 22 de julio de 2013 dos
Reglamentos por los que se establecen un pasaporte europeo para los fondos de
inversión orientados a las PYME no cotizadas y las empresas sociales. La
Comisión y el BEI están cooperando estrechamente con miras al desarrollo de una
iniciativa encaminada a ampliar los instrumentos de riesgo compartido entre la
Comisión Europea, el BEI y el FEI, con el apoyo de los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos, para fomentar las inversiones de los mercados de
capitales del sector privado en las PYME. Esta iniciativa PYME fue refrendada
por el Consejo Europeo de octubre y está siendo examinada en estos momentos por
el Parlamento Europeo. El apoyo a las PYME, en particular a través de los
instrumentos financieros, se cifra actualmente en casi 70 000 millones EUR
del FEDER y el FSE a través de la política de cohesión, y seguirá siendo una
prioridad clave para los Fondos Estructurales y los Fondos de Inversión
europeos durante el período 2014-2020.

[24] Directiva
2012/17/UE, de 13 de junio de 2012, por la que se modifican la Directiva
89/666/CEE del Consejo y las Directivas 2005/56/CE y 2009/101/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la interconexión de los registros
centrales, mercantiles y de sociedades.

[25] Con ello se da
curso al proyecto piloto con un grupo de Estados miembros y a la propuesta de
la Comisión por la que se modifica el Reglamento sobre procedimientos de
insolvencia; para más detalles véase la propuesta de Reglamento por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1346/2000 sobre procedimientos de
insolvencia, COM(2012) 744 final, de diciembre de 2012.

[26] Comunicación sobre un nuevo enfoque europeo frente a la insolvencia y
el fracaso empresarial, COM(2012) 742, de diciembre de 2012.

[27] Reglamento (UE) nº 345/2013, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos
de capital riesgo europeos.

[28] Reglamento (UE) nº 346/2013, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos
de emprendimiento social europeos.

[29] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics\_explained/index.php/Electricity\_market\_indicators

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics\_explained/index.php/Natural\_gas\_market\_indicators

[30] Encuesta de
Seguimiento de los Mercados de Consumo de 2013, encargada por la DG SANCO, que
se va a utilizar en el Décimo Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo,
http://ec.europa.eu/consumers/consumer\_research/consumer\_market\_monitoring\_survey\_en.htm

[31] Documento de
trabajo de los servicios de la Comisión «European Commission guidance for the
design of renewables support schemes»
http://ec.europa.eu/energy/gas\_electricity/doc/com\_2013\_public\_intervention\_swd04\_en.pdf

[32] Comunicación
de la Comisión Europea «Delivering the internal electricity market and making
the most of public intervention»
http://ec.europa.eu/energy/gas\_electricity/doc/com\_2013\_public\_intervention\_en.pdf

[33] 4º paquete ferroviario (enero de 2013), Cielo Único Europeo 2+ (junio
de 2013), consulta acerca del proyecto de directrices sobre la ayuda estatal a
aeropuertos y compañías aéreas (julio de 2013).

[34] Encuesta de
Seguimiento de los Mercados de Consumo de 2013, encargada por la DG SANCO, que
se va a utilizar en el Décimo Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo,
de próxima aparición, http://ec.europa.eu/consumers/consumer\_research/consumer\_market\_monitoring\_survey\_en.htm

[35] Registradas por la red de centros europeos del consumidor en 2012
(http://ec.europa.eu/consumers/ecc/ecc\_key\_statistics\_en.htm)

[36] Los contratos sacados a concurso o el acceso abierto a los servicios
comerciales representan menos del 5 % del mercado total.

[37] Los contratos sacados a concurso o el
acceso abierto a los servicios comerciales representan menos del 5 % del
mercado total.

[38] Comunicación de
la Comisión - El «Cinturón Azul», un espacio único para el transporte
marítimo, COM(2013) 510 de 8 de julio de 2013

[39]
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/single\_european\_sky/ses2plus\_en.htm

[40] Aunque las condiciones de establecimiento se
definen en el Reglamento (CE) nº 1071/2009, el mismo Reglamento permite también
a los Estados miembros imponer requisitos adicionales para la creación de una
empresa de transporte por carretera.

[41] Las operaciones de transporte nacional por carretera llevadas a cabo
por transportistas de otros Estados miembros —lo que se conoce también con el
nombre de cabotaje—, están limitadas a tres operaciones en los siete días
siguientes a una operación de transporte internacional con arreglo al
Reglamento (CE) nº 1072/2009.

[42] A este respecto,
la Comisión ha propuesto, y los colegisladores han aprobado, dos grandes actos
legislativos —el Reglamento RTE-T y el Reglamento sobre el Mecanismo «Conectar
Europa»— que tienen por objeto implantar una red paneuropea de transporte
plenamente funcional, que sería la espina dorsal del mercado único.

[43] CE Delft et al. (2012), «An inventory of measures for
internalising external costs in transport».

[44] En estos Estados miembros, el 74 %, el 73 % y el 73 %,
respectivamente, de los ciudadanos compraron en línea al menos una vez en 2012
(fuente: Eurostat).

[45] En DK, UK y SE, el 80 %, el 75 % y el 71 % de los
participantes en encuestas recientes declaró tener confianza en las compras
hechas en Internet a minoristas nacionales, frente a una media del 59 % en
la UE.

[46] http://ec.europa.eu/public\_opinion/flash/fl\_358\_en.pdf

[47] En relación con los datos de mercado en esta sección, véase, en
particular, el Marcador de la Agenda Digital en:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.pdf

[48] La penetración de la banda ancha móvil aumentó once puntos porcentuales
entre enero de 2012 y enero de 2013.

[49] Entre julio y octubre de 2013, la Comisión concedió excepciones
(nuevos plazos) a once Estados miembros (AT, CY, FI, EL, HU, LV, LT, MT, PL, RO
y ES). En países como BE, EE, SI y SK, la disponibilidad se ha visto
obstaculizada por retrasos administrativos.

[50] Por ejemplo, el precio medio por minuto de una llamada móvil nacional
en el Estado miembro más caro (NL) es siete veces mayor que en el Estado
miembro menos caro (LT).

[51] Para una relación completa de la evolución en el tiempo de estas
disparidades de tarificación y de otra índole en los mercados de telefonía fija
y móvil, véase European Economy Occasional Papers 129: «Market Functioning in
Network Industries - Electronic Communications, Energy and Transport», febrero
de 2013.

[52] «Consumer market study on the functioning of the market for
internet access and provision from a consumer perspective» (2012) – Estudio realizado
para la Comisión Europea por Civic Consulting. http://ec.europa.eu/consumers/consumer\_research/market\_studies/internet\_services\_provision\_study\_en.htm

[53] Eurostat - Encuesta comunitaria sobre el uso
de las TIC en el hogar y por los particulares – Indicador clave de resultados
de la Agenda Digital para Europa.

[54] Eurostat - Encuesta comunitaria sobre el uso
de las TIC en el hogar y por los particulares – Indicador clave de resultados
de la Agenda Digital para Europa.

[55] Cartografía de la ENISA de las estrategias nacionales de
ciberseguridad en el mundo, abril de 2013.

[56] Informe de evaluación de impacto que acompaña a la propuesta de
Directiva relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de
seguridad de las redes y de la información en la Unión, SWD(2013) 32 final,
febrero de 2013.

[57] Véase la estrategia de computación en nube de la Comisión, COM(2012)
529 final, de septiembre de 2012.

[58] Que abarca los sistemas nacionales y de la UE de reconocimiento,
registro, explotación y aplicación de los derechos de propiedad intelectual.

[59] Por ejemplo, el coste de solicitud y registro
de una marca comercial en tres categorías varía dentro de la UE y va desde 78
EUR en CY a 419 EUR en SE.

[60] A este respecto, uno de cada cinco europeos no ha utilizado nunca
Internet y los índices de no utilización están por encima del 40 % en
algunos Estados miembros.

[61] Eurostat, sobre
la base de una muestra representativa de la población adulta (de 16 a 74 años)
en la UE. Las diferencias entre países son considerables; el porcentaje de
individuos que no poseen ninguna o solo poseen escasas competencias va del 26
al 79 %.

[62] Libro Blanco de IDC «Post Crisis: e-Skills Are Needed to Drive
Europe's Innovation Society» (noviembre de 2009).

[63] De 2011 a 2012, se crearon más de 100 000 puestos de trabajo en
el sector de la ingeniería de programación. Combinado con el estancamiento del
número de titulados en TIC, el resultado es una creciente penuria en el mercado
laboral.

[64] Directiva
2011/83/UE, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores,
por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE y la Directiva 1999/44/CE y se
derogan la Directiva 85/577/CEE y la Directiva 97/7/CE.

[65] Directiva 2013/11/UE, de
21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia
de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la
Directiva 2009/22/CE, y Reglamento (UE) nº 524/2013, de 21 de mayo de 2013,
sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE.

[66]
Véase
el capítulo 2 en http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-competitiveness-report/comprep2012\_en.htm.

[67] Para un análisis específico por país de los cambios en la intensidad
de la integración, véase el informe completo en el siguiente enlace.

[68] En 2006-2009, la proporción media de los insumos de producción no
nacionales de dentro de la UE estaba positivamente correlacionada con la
proporción media de los insumos de producción de fuera de la UE en los Estados
miembros.

[69] Administración pública, defensa, educación y salud.

[70] Este análisis tiene en cuenta la integración fuera de la UE en estos
servicios como valor de referencia. Sin embargo, al evaluar la integración
global de los mercados de servicios en la UE, deberían tenerse en cuenta otros
canales de integración que no entran en el ámbito del presente capítulo (en
particular, la prestación de servicios mediante establecimiento) para completar
estas conclusiones.

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