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# 52003SC0467

**Informe de la Comisión - Primera parte - XXXII Informe sobre la política de competencia 2002 /\* SEC/2003/0467 final \*/**

  

INFORME DE LA COMISIÓN - Primera parte - XXXII Informe sobre la política de competencia 2002

ÍNDICE

Introducción

Recuadro 1: Un papel más significativo para los consumidores

I - Competencia: artículos 81 y 82; monopolios estatales y derechos monopolísticos: artículos 31 y 86

A - Modernización de las normas legislativas e interpretativas

1. Expiración del Tratado CECA

2. Modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE

3. Revisión de la política de clemencia de la Comisión

4. Revisión del reglamento de exención por categorías en el sector de los vehículos de motor

B - Aplicación de los artículos 81, 82 y 86

1. Artículo 81

1.1. Cárteles

1.1.1. Evolución de las actividades de aplicación de la normativa anticártel y de la Comunicación de 2002 sobre medidas de clemencia

1.1.2. Asuntos en 2002

1.2. Acuerdos verticales

2. Artículos 82 y 86

2.1. Artículo 82

2.2. Artículo 86

C - Evolución de la competencia por sectores

1. Energía: liberalización del sector de electricidad y gas

2. Servicios postales

2.1. Nueva Directiva postal

3. Telecomunicaciones

3.1. Nuevo marco reglamentario para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas

3.2. Fin de la investigación sectorial sobre las líneas arrendadas

4. Transporte

4.1. Transporte aéreo

4.1.1. Renovación del Reglamento 1617/93 de exención por categorías

4.1.2. Política de competencia en la aviación internacional

4.1.3. Alianzas transatlánticas

4.1.4. Alianzas y operaciones de concentración intraeuropeas

4.2. Transportes marítimos

4.2.1. Evolución de la jurisprudencia

4.2.2. Revisión del Reglamento (CEE) n° 4056/86

4.2.3. Asuntos individuales

4.3. Transportes ferroviarios

5. Medios de comunicación

5.1. Acceso a contenidos de calidad

5.2. Acceso a derechos de nuevos medios de comunicación

5.3. Acuerdos de gestión colectiva y concesión de licencias de derechos de autor

5.4. Medios de comunicación impresos

6. Distribución de vehículos de motor

6.1. Adopción del nuevo Reglamento de exención en el sector de los vehículos de motor 48

6.1.1. Contexto

6.1.2. Etapas más importantes de la adopción del Reglamento

6.1.3. Principales características del Reglamento (CE) 1400/2002

6.1.3.1. Consideraciones generales

6.1.3.2. Venta de nuevos vehículos

6.1.3.3. Prestaciones de servicios postventa y venta de piezas de recambio

6.1.3.4. Conclusión

6.1.4. Folleto explicativo

6.2. Evaluación general de la aplicación del Reglamento de exención (CE) 1475/95 en relación con los precios de vehículos nuevos

7. Servicios financieros

8. Sociedad de la información

9. Profesiones liberales

9.1. Aplicación del derecho comunitario de competencia a las profesiones liberales

9.1.1. Consecuencias de las sentencias del TJCE

9.1.2. Estudio sobre la repercusión económica de la regulación

9.1.3. Actividades en coordinación con las autoridades nacionales de competencia

D - Estadísticas

II - Control de las operaciones de concentración

A - Política general y nuevos acontecimientos

1. Introducción

2. Revisión judicial de decisiones sobre concentraciones en 2002

2.1. Airtours /Comisión

2.2. Schneider /Comisión

2.3. Tetra Laval / Comisión

3. Medidas correctivas

4. Remisiones en virtud de los artículos 9 y 22 - últimos acontecimientos

4.1. Introducción

4.2 Remisión de asuntos con arreglo al artículo 9 del Reglamento de concentraciones

5. Reforma del control de las concentraciones

5.1. Objetivos de la reforma

5.2. La reforma propuesta

5.2.1. Aspectos sustantivos

5.3. Reforma del proceso de control de las concentraciones

5.3.1. Medidas legislativas

5.3.2. Medidas de carácter no legislativo

6. Cooperación internacional

6.1. Red Internacional de Competencia (RIC)

6.2. Grupo de trabajo UE/EE.UU. en materia de concentraciones

B - Estadísticas

III - Ayudas estatales

A - Política general

1. Modernización del control de las ayudas estatales

1.1. Enfoque general

1.2. Transparencia

1.3. Desarrollo de instrumentos estadísticos

1.4. Marcador de ayudas estatales

1.5. Revisión de los marcos comunitarios y directrices vigentes

1.5.1. Directrices multisectoriales

1.5.2. I+D

1.5.3. Ayuda para el empleo

1.5.4. Carbón y acero (Tratado CECA)

1.5.5. PYMES

1.5.6. Ayuda estatal y política fiscal

1.5.7. Zonas urbanas desfavorecidas

2. Ampliación

B - Concepto de ayuda

1. Origen de los fondos

2. Empresa o empresas favorecidas

2.1. Costes de transición a la competencia

3. Selectividad

4. Falseamiento de la competencia

5. Repercusiones sobre el comercio entre Estados miembros

C - Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común

1. Ayudas horizontales

1.1. Ayudas de salvamento

1.2. Ayudas de reestructuración

1.3. Ayudas para la protección del medio ambiente

1.4. Ayudas de investigación y desarrollo

2. Ayudas regionales

2.1. Asuntos multisectoriales

Recuadro 2: Nuevo Marco comunitario multisectorial sobre las ayudas regionales a la inversión, incluidas las que se conceden en los sectores del automóvil y de las fibras sintéticas

2.2. Ayudas para el desarrollo de las actividades internacionales de las empresas

2.3. Ayudas sociales

2.4. Ayudas sectoriales

2.4.1. Instalaciones de transporte por cable

2.4.2. Construcción naval

2.4.3. Industria del automóvil

2.4.4. Carbón

2.4.5. Siderurgia

3. Transporte

3.1. Transporte ferroviario

3.2. Transporte combinado

3.3. Transporte por carretera

Recuadro 3: Empresas de transporte por carretera

3.4. Pasajeros

3.5. Vías navegables

3.5.1. Navegación interior

3.5.2. Transporte marítimo

3.6. Transporte aéreo

4. Agricultura

4.1. Evolución de las políticas comunitarias e iniciativas legislativas adoptadas en 2002

4.1.1. Nuevas Directrices comunitarias sobre la concesión de ayudas estatales en relación con las pruebas de detección de la EET, el ganado muerto y los residuos de los mataderos

4.2 Asuntos examinados

4.2.1. Desastres naturales

4.2.2. Promoción comercial y actividades publicitarias

4.2.3. Subida del coste del carburante

4.2.4. Incoación del procedimiento de investigación formal

5. Pesca

D - Procedimientos

1. Ayudas existentes

2. Ayudas exentas

3. Recuperación de ayudas

4. Incumplimiento de decisiones

5. Sentencias de los Tribunales Europeos

E - Estadísticas

IV - Servicios de interés general

1. Principios generales

2. Últimos acontecimientos

2.1. Proyecto de Libro Verde relativo a una Directiva marco sobre los SIG

2.2. Asuntos de ayudas estatales examinados por la Comisión

Recuadro 4 Deutsche Post

3. Asuntos antimonopolísticos (incluidas las liberalizaciones)

4. Liberalización mediante medidas legislativas

V - Actividades internacionales

A - Ampliación

1. Preparación y negociaciones de adhesión

2. Avances en la armonización de las normas de competencia

3. Instrumentos con arreglo a los Acuerdos de Asociación

4. Asistencia técnica a los países candidatos

B - Cooperación bilateral

1. Estados Unidos

2. Canadá

3. Japón

4. Otros países de la OCDE

C. - Cooperación multilateral

1. Red Internacional de Competencia (RIC)

2. Grupo de trabajo de la OMC sobre comercio y competencia (WGTCP)

3. Comité de competencia (CC) de la OCDE

4. Grupo Intergubernamental de Expertos (GIE) de la CNUCD

VI - Perspectivas para 2003

1. Normativa antimonopolio y liberalización

2. Concentraciones

3. Ayudas estatales

4. Ámbito internacional

Anexo - Asuntos tratados en el Informe

Introducción

1. Las virtudes de una competencia efectiva en el mercado como medio de eficaz asignación de recursos e incentivo a la innovación y el desarrollo técnico gozan de general reconocimiento en todo el mundo. Sin embargo, garantizar que existan condiciones que permitan el funcionamiento de los mercados en régimen de competencia o crear dichas condiciones supone un constante desafío, habida cuenta tanto del comportamiento de los agentes en los mercados como de los obstáculos erigidos por las medidas estatales. Así, la política de competencia sirve a un doble objetivo: por una parte, subsanar los fallos del mercado debidos a comportamientos contrarios a la competencia por parte de los operadores y a determinadas estructuras del mercado y, por otra, contribuir a un marco global de política económica en todos los sectores económicos que sea propicio a una competencia efectiva. En un mundo en proceso de continua globalización, la defensa de competencia en un espacio económicamente integrado como es la Unión Europea debe necesariamente contar también con una expresión exterior que garantice condiciones equitativas en el ámbito internacional.

2. La política de competencia de la Unión reposa en tres pilares estrechamente relacionados que permiten reportar los beneficios de la competencia efectiva al consumidor y, al mismo tiempo, mejorar la competitividad de la industria europea. En primer lugar, la aplicación rigurosa de las normas de defensa de la competencia, que prohiben a las empresas entregarse a acuerdos o prácticas restrictivos e injustificados y abusar de las posiciones dominantes que puedan ocupar en el mercado. Esta actividad se centra cada vez más en evitar que las formas más graves de comportamiento contrario a la competencia por parte de los operadores, tales como los cárteles de fijación de precios o reparto de mercados, perturben la competencia efectiva. Pero también es necesario el control de concentraciones para evitar que en un mercado se creen o consoliden posiciones dominantes mediante fusiones y adquisiciones. En segundo lugar, la apertura de los sectores económicos en que los que aún no está firmemente arraigada la competencia efectiva se lleva a cabo por medio de una política de liberalización gradual que acompaña a las medidas legislativas para una mayor integración del mercado único. En tercer lugar, la política de competencia de la Unión incluye el control supranacional de las ayudas estatales, a fin de que la intervención de los Estados no falsee la situación competitiva en el mercado a través de subvenciones y exoneraciones fiscales.

3. Los principales desafíos a los que la política de competencia de la Unión viene enfrentándose en los últimos años y que conforman las prioridades legislativas y de aplicación de la Comisión son bien conocidos: la inminente ampliación de la Unión Europea a 25 miembros implica un esfuerzo considerable, tanto para la Unión como para los 10 países candidatos, a fin de preparar el terreno de modo que las normas de competencia del Tratado se apliquen efectivamente tras la adhesión de los nuevos Estados miembros. La globalización de los mercados requiere una cooperación cada vez mayor entre los responsables políticos de competencia de todo el mundo. Por último, los cambios del entorno económico, tales como el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento económico o las dificultades que, como hemos visto en 2002, atraviesan determinados sectores, no pueden ignorarse, aunque no constituyan razón alguna para poner en duda la lógica fundamental de una política de competencia efectiva.

4. A fin de superar estos desafíos, y con independencia de su constante lucha contra los cárteles horizontales intrínsecamente restrictivos, que constituyen una de las infracciones más graves al Derecho de competencia, la Comisión ha avanzado con éxito en una serie de proyectos de reforma en todos los campos de la política de competencia. En 2002 merece destacarse una revisión ambiciosa y fundamental de las normas antimonopolio basadas en los artículos 81 y 82 del Tratado, que ha conducido a la adopción de un nuevo reglamento básico por el Consejo. Esta disposición inaugurará una nueva era en la lucha contra los monopolios en la Unión Europea, en la que las autoridades nacionales de competencia y los Tribunales nacionales participarán más directamente en la aplicación de las normas de competencia del Tratado dentro de una red europea de autoridades de competencia. El nuevo Reglamento de exención por categorías para la industria de vehículos de motor supone una importante reforma de la normativa de competencia en ese sector. La revisión del Reglamento de control de concentraciones también avanzó al adoptar la Comisión una propuesta de nuevo Reglamento basado en una amplia consulta de los interesados y en la experiencia obtenida en la aplicación del primer Reglamento de control de concentraciones. Por último, el reconocimiento de la importancia de un buen control de las ayudas estatales se concretó en una serie de importantes proyectos de reforma a fin de simplificar los procedimientos y realzar así aún más el papel crucial que desempeña este instrumento en la política de competencia de la Unión.

5. En 2002, el número total de nuevos asuntos fue de 1019, incluidos 321 asuntos de lucha contra los monopolios (artículos 81, 82 y 86 de Tratado CE), 277 asuntos de concentraciones y 421 asuntos de ayudas estatales. En comparación, en 2001 hubo un total de 1.036 nuevos asuntos; 284 de defensa de la competencia, 335 de concentraciones y 417 de ayudas estatales (excluidas las denuncias). Así pues, no se observan tendencias uniformes en la evolución general de los nuevos asuntos en los distintos pilares de la política de competencia. Si bien se registró un aumento significativo en el ámbito de defensa de la competencia, el número de asuntos de concentraciones disminuyó claramente, y el de nuevos asuntos de ayudas estatales se mantuvo estable.

6. En defensa de la competencia, el número de nuevas notificaciones permaneció en un nivel relativamente bajo, mientras que se iniciaron bastantes más nuevos asuntos por iniciativa propia en 2002 (91) que en 2001 (74). Esta tendencia prepara el terreno para la gradual eliminación del sistema de notificación en virtud de la modernización de las normas antimonopolio. El número de denuncias siguió aumentando (129 en 2002, frente a 116 en 2001 y 112 en 2000).

7. El número total de asuntos concluidos en 2002 fue de 1283: 363 asuntos de defensa de la competencia, 268 asuntos de concentraciones y 652 asuntos de ayudas estatales (excluidas las denuncias). En 2001 se concluyeron 1.204 asuntos: 378 asuntos de defensa de la competencia, 346 de concentraciones y 480 de ayudas estatales. Si bien la disminución de asuntos de defensa de la competencia concluidos puede deberse a la prioridad que sigue otorgándose a los asuntos de cárteles, que consumen abundantes recursos, el número de asuntos acumulados se redujo aún más, y el de asuntos concluidos supera el de nuevos asuntos.

8. En 2002, las actividades iniciales de la Comisión de análisis de concentraciones y alianzas continuaron en franco descenso tras un estancamiento inicial de la tendencia al alza registrada en 2001, si bien se mantuvieron en un nivel alto (277 nuevos asuntos). En términos de producción, a lo largo del año se adoptaron 275 decisiones formales (frente a 340 en 2001). El número de asuntos que requirieron investigación detallada disminuyó considerablemente y volvió al nivel registrado a mediados de los 90 (7 iniciaciones de procedimientos de la fase II en 2002, frente a alrededor de 20 al año entre 1999 y 2001). Sin embargo, fue preciso destinar recursos adicionales al seguimiento ante el Tribunal de decisiones anteriores.

9. En el campo de las ayudas estatales, el número de notificaciones y nuevos asuntos de ayudas no notificadas aumentó con respecto a 2001, mientras que el de solicitudes de estudio de ayudas volvió al nivel de años anteriores tras el aumento registrado en 2001. El número de procedimientos incoados se mantuvo estable (62 en 2002 frente a 66 en 2001), mientras que el de decisiones finales negativas registró una ligera tendencia al alza (37 en 2002 por 31 en 2001). En conjunto, en asuntos de ayudas estatales pendientes se observa una clara reducción del número de asuntos acumulados (de 621 en 2001 a 582 en 2002, de los cuales 255 fueron denuncias).

Recuadro 1: Un papel más significativo para los consumidores

Uno de los principales objetivos de la política europea de competencia es velar por los intereses de los consumidores, esto es, garantizar que obtengan beneficios de la riqueza que genera la economía europea. Este objetivo, que el Comisario Monti ha puesto de relieve en diversas ocasiones y sigue considerando una de sus grandes prioridades, es de índole horizontal: esto es, la Comisión toma en consideración los intereses de los consumidores en todos los aspectos de su política de competencia, a saber, en el combate contra los acuerdos contrarios a la competencia, en particular los cárteles intrínsecamente restrictivos y los abusos de posiciones dominantes, pero también en el control de concentraciones y de las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros.

La Comisión es plenamente consciente de lo difícil que suele ser que todo consumidor aprecie el impacto de la política de competencia en su vida cotidiana. Esto se debe a la complejidad de no pocos asuntos de competencia y al hecho que la actuación de la Comisión en este ámbito a menudo sólo afecta indirectamente a sus intereses. Por ejemplo, la eliminación de un cártel relacionado con bienes de consumo o la prohibición de los precios excesivos cobrados por un operador dominante de telecomunicaciones puede llevar directamente a un inmediato descenso de los precios, que se apreciará en el presupuesto de cada familia; pero un sistema eficaz de control de las operaciones de concentración no siempre se considerará beneficioso por parte de los consumidores a los que favorece. Y es que el control de operaciones de concentración en la UE sirve para anticiparse a los posibles efectos negativos de las concentraciones en el bienestar del consumidor.

Por tanto, los resultados positivos del control de concentraciones a menudo sólo son evidentes a largo plazo. El control de ayudas estatales juega asimismo un papel en la eficaz asignación de recursos en la economía europea, por lo que contribuye a un entorno económico sano tanto para las empresas como para los consumidores. En sus decisiones sobre ayudas estatales, la Comisión atiende a aspectos relacionados con el adecuado funcionamiento de los servicios de interés general [1].

[1] Véase el capítulo IV.

A fin de contar con las esenciales aportaciones de los consumidores y hacerles más conscientes del trabajo de la Comisión en el campo de la competencia, la Comisión sigue diferentes métodos. Dos veces al año se celebran las Jornadas Europeas de la Competencia en el país que ocupa la Presidencia de la UE [2], con la participación activa de la Comisión y del Parlamento Europeo. Estos acontecimientos sirven para que los asuntos de competencia sean más accesibles a los consumidores y sus representantes. La Comisión también coopera estrechamente con organizaciones de consumidores y, en particular, con la OEUC [3], asociación de consumidores de toda Europa, y alienta a las organizaciones nacionales de consumidores a participar más activamente en la búsqueda de ámbitos de especial interés para los consumidores. El presente Informe es otro canal de comunicación con los consumidores.

[2] Jornadas Europeas de la Competencia en 2002: 26.2.2002 (Madrid) y 17.9.2002 (Copenhague).

[3] IP/02/415 de 14.3.2002.

La reforma que actualmente se está llevando a cabo en materia de lucha contra los monopolios y control de las concentraciones ayudará a acercar el proceso decisorio al consumidor. En concreto, la aplicación descentralizada de las normas de defensa de la competencia permitirá a los consumidores dirigir sus quejas a las autoridades nacionales de competencia, las cuales participarán plenamente en la aplicación de la normativa europea. Ésta es directamente aplicable en todos los Estados miembros, y la reforma potencia además el papel de los tribunales nacionales en la sanción de infracciones [4]. En el contexto de la propuesta de reforma del Reglamento sobre control de concentraciones, está previsto crear dentro de la Comisión una función de contacto con el consumidor [5], a fin de ofrecer a los consumidores y sus representantes mayores posibilidades de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre determinadas concentraciones.

[4] Capítulo I.A.2, en particular, punto 17.

[5] V. puntos 312-313.

Por último, la revisión de este año de la exención por categorías para el sector de vehículos de motor cambiará tanto la venta de automóviles como la prestación de servicios posventa en Europa [6]. La compra de un coche (nuevo) es para la mayoría de los consumidores una de las principales decisiones de inversión, de modo que los cambios fundamentales en el sistema de distribución y servicios posventa serán sin duda de gran importancia para el consumidor, aunque aún sea pronto para evaluar los efectos de la reforma en los precios de los vehículos en la Unión y en la calidad y disponibilidad de los servicios posventa.

[6] V. punto I.C.6.

Por lo respecta a los trabajos sobre asuntos en 2002, se remite a los consumidores, en particular, a la decisión de lucha contra los cárteles en el asunto de las placas de yeso [7], por tratarse de un producto conocido para cualquier persona que haya construido o reformado su casa. También merece atención a este respecto el asunto Nintendo [8], en el que se puso fin a los acuerdos contrarios a la competencia celebrados entre dicha empresa y sus distribuidores de cartuchos de juegos para consolas.

[7] V. punto 50 y ss.

[8] V. punto 61 y ss.

En conclusión, se invita a los consumidores a consultar la Parte C del Informe, "Evolución de la competencia por sectores". En ella se recogen datos de los sectores de energía, telecomunicaciones, correos y transporte, cuya importancia es crucial para los consumidores. También de especial interés a este respecto es el detalle de los asuntos de defensa de la competencia en los ámbitos de los medios de comunicación, servicios financieros, profesiones liberales y sociedad de la información.

I - Competencia: artículos 81 y 82; monopolios estatales y derechos monopolísticos: artículos 31 y 86

A - Modernización de las normas legislativas e interpretativas

1. Expiración del Tratado CECA

10. El 23 de julio expiró el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Esto significa que, a partir del 24 de julio, los sectores regulados por el Tratado CECA y por las normas de procedimiento y otras normas del Derecho derivado del Tratado CECA quedan sujetos a las normas del Tratado CE y a las normas de procedimiento y otras normas del Derecho derivado del Tratado CE.

11. Con el fin de atender a cuestiones relacionadas con esta transición y, concretamente, a las que puedan plantearse en los ámbitos de defensa de la competencia, concentraciones y ayudas estatales, los servicios competentes de la Comisión (DG COMP y DG TREN) elaboraron una Comunicación de la Comisión relativa a determinados aspectos del tratamiento de los asuntos de competencia resultantes de la expiración del Tratado CECA [9], que fue adoptada el 21 de junio. La Comunicación pretende ser de ayuda para las empresas, que están sujetas a las normas antimonopolio y sobre concentraciones, y para los Estados miembros, sujetos a la normativa de ayudas estatales, además de ofrecer información, garantías y previsiones ante la expiración del Tratado CECA. Sin perjuicio de la interpretación de las normas de la CECA y la CE por el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Comunicación expone los principales cambios que se producirán en la ley sustantiva y procesal aplicable y explica cómo la Comisión se propone tratar las cuestiones específicas que puedan plantearse durante la transición.

[9] DO C 152 de 26.06.2002.

12. Como mensaje general, la Comunicación señala que es improbable que los cambios sustanciales y de procedimiento derivados de la expiración del Tratado CECA ocasionen problemas de importancia, gracias a los esfuerzos que desde hace muchos años se vienen realizando por conformar las prácticas desarrolladas con arreglo respectivamente a los Tratados de la CECA y de la CE.

13. Las diferencias más importantes entre el régimen antiguo y el nuevo son:

a) Normativa de defensa de la competencia

- Según la normativa CE, la Comisión no goza de jurisdicción exclusiva, como ocurría según la normativa CECA.

- El hecho de que el comercio entre Estados miembros se vea afectado es requisito para aplicar la normativa, a diferencia de lo que ocurría bajo el régimen de la CECA.

b) Control de operaciones de concentración

- La Comisión no tiene jurisdicción exclusiva con independencia de cualesquiera umbrales, como ocurría según las normas de la CECA.

14. La Comunicación también aborda una serie de cuestiones específicas relacionadas con la transición y, en particular, con los asuntos que de hecho o de derecho hayan empezado antes, pero continúen después de la expiración del Tratado CECA. El principio fundamental en materia de procedimiento es que las normas aplicables serán las que estuvieran en vigor en el momento de adoptarse la medida de procedimiento correspondiente.

Normativa de defensa de la competencia, concentraciones y ayudas estatales:

La Comisión aplicará las normas de procedimiento CE a todos los asuntos, tanto pendientes como nuevos, a partir del 24 de julio. Salvo indicación contraria en la Comunicación, se considerará que los pasos del procedimiento válidos según las normas de la CECA y adoptados antes de la expiración del Tratado CECA cumplirán, después de dicha expiración, los requisitos del paso equivalente del procedimiento según las normas del Tratado CE.

Por lo demás, la Comunicación aborda una serie de cuestiones en los tres ámbitos:

a) Normativa de defensa de la competencia

- Las excepciones establecidas en los artículos 65 (2) CECA y 81 (3) CE son en gran medida similares, y -dada la futura modernización de las normas de aplicación de la normativa de defensa de la competencia- la actividad de la Comisión en este campo debe concentrarse en los procedimientos de prohibición. Por lo tanto,

- la Comisión informa a las empresas de su intención de no iniciar procedimientos con arreglo al artículo 81 CE contra la futura aplicación de acuerdos anteriormente eximidos en virtud del régimen CECA, salvo que posteriormente aparezcan elementos sustanciales, de índole material o jurídica, que afecten claramente al beneficio de la excepción contenida en el artículo 81 (3) CE.

b) Control de operaciones de concentración

- El tratamiento de las empresas en participación es diferente, en el sentido de que más empresas en participación se considerarían concentraciones según el artículo 66 CECA que según el Reglamento CE sobre control de concentraciones, que se aplica únicamente a empresas en participación con plenas funciones. Entre las notificaciones de empresas en participación efectuadas conforme al Tratado CECA y aún pendientes al expirar éste, algunas podrían no ser concentraciones sujetas al régimen de notificación conforme al Reglamento CE sobre concentraciones.

- La Comunicación indica que dichas notificaciones podrían pasar a considerarse notificaciones de acuerdos de cooperación con arreglo al Reglamento 17/62 si cumplen los requisitos del artículo 5 del Reglamento de aplicación y, en particular, si las partes que notifican así lo solicitan.

c) Ayudas estatales

- Cuando, después de la expiración del Tratado CECA, la Comisión deba adoptar una decisión por la que se evalúe la compatibilidad de una ayuda ejecutada sin autorización previa de la Comisión antes de la expiración del Tratado, se plantea la cuestión de qué criterios deben aplicarse.

- La Comisión aplicará lo dispuesto en la Comunicación sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales [10]. Según dicha Comunicación, la Comisión siempre evaluará la compatibilidad con el mercado común de las ayudas ilegales con arreglo a los criterios sustantivos establecidos en los textos legales vigentes en el momento de su concesión.

[10] DO C 119 de 22.5.2002, p.22.

2. Modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE

15. El 16 de diciembre, el Consejo adoptó el Reglamento 1/2003 [11]. El nuevo Reglamento, cuya propuesta presentó la Comisión en septiembre de 2000, culmina la reforma más exhaustiva de la normativa de defensa de la competencia desde 1962. El Reglamento 1/2003 reemplaza así las normas de procedimiento en vigor desde hace 40 años, plasmadas en el Reglamento 17, que rigen la aplicación de las disposiciones del Tratado a los acuerdos entre empresas que restrinjan la competencia (artículo 81 CE) y a los abusos de posiciones dominantes (artículo 82 CE). Las nuevas normas se aplicarán a partir de 1 de mayo de 2004, fecha de ampliación de la Unión Europea a 10 nuevos Estados miembros.

[11] Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.

16. Sin alterar el contenido sustantivo de los artículos 81 y 82 CE, la reforma simplificará sobre todo el modo en que las normas de defensa de la competencia del Tratado se aplican en la Unión Europea. A la vez que reduce los trámites para las empresas mediante la supresión del sistema de notificación de acuerdos entre empresas, el nuevo Reglamento permitirá una aplicación más rigurosa de la normativa mediante una distribución mejor y más eficaz de tareas entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia (ANC). De este modo, tanto la Comisión como las ANC podrán centrar sus recursos en la lucha contra las restricciones y abusos más perjudiciales para la competencia y para los consumidores.

17. Las características fundamentales de la reforma son:

1. El cambio de un sistema de autorización, según el cual todos los acuerdos deben notificarse a la Comisión para su autorización, a un sistema basado en la excepción jurídica.

Mantener el sistema de notificaciones, tras décadas de jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de aplicación de los artículos 81 y 82 CE por parte de la Comisión, supondría una prolongación injustificada de trámites innecesarios y acarrearía costes jurídicos para las empresas. Asimismo, habida cuenta de la ampliación, el sistema de notificación ya no resulta viable. Por ello, la reforma atribuye más responsabilidad a las empresas, que habrán de evaluar por sí mismas si sus acuerdos restringen la competencia y, en caso afirmativo, si las restricciones pueden acogerse a las excepciones del apartado 3 del artículo 81 CE. Por supuesto, cuando los asuntos dan lugar a verdadera incertidumbre por presentar problemas nuevos o no resueltos de aplicación de las normas de competencia comunitarias, las empresas pueden solicitar a título informal orientaciones de la Comisión. Ésta podrá entonces emitir un dictamen escrito.

2. La aplicabilidad directa del apartado 3 del artículo 81 CE

Al desaparecer la competencia exclusiva de la Comisión para conceder el beneficio de excepciones con arreglo al apartado 3 del artículo 81 CE, la Comisión, las ANC y los tribunales nacionales podrán aplicar conjuntamente la normativa en materia de prácticas restrictivas. Todas las autoridades de competencia cooperarán estrechamente en la aplicación de las normas de defensa de la competencia. Dado que el tratamiento de gran número de asuntos ha contribuido al establecimiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y a las prácticas de la Comisión en relación con los criterios del apartado 3 del artículo 81 CE, las ANC y los tribunales nacionales podrán recurrir a dicha jurisprudencia a la hora de determinar las condiciones bajo las cuales puede aplicarse esta disposición. A este respecto, y para ayudar a las ANC y a los tribunales nacionales, la Comisión se propone asimismo publicar una comunicación sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 81 CE, que abordará los principales aspectos del acervo comunitario en este ámbito.

La aplicación de las normas comunitarias de competencia por los tribunales nacionales se verá además facilitada al ampliarse la posibilidad de que dichos tribunales puedan solicitar a la Comisión datos o dictámenes sobre asuntos relacionados con la aplicación de las normas. Tanto la Comisión como las ANC tendrán la posibilidad de presentar escritos como amici curiae a los tribunales nacionales que apliquen los artículos 81 u 82 CE.

3. La Red Europea de Competencia

La Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros crearán una red de autoridades de competencia, denominada Red Europea de Competencia (REC), componente clave del nuevo sistema de aplicación de la normativa. La Red permitirá la consulta, cooperación e intercambio de información entre las autoridades europeas de competencia en relación con la aplicación de los artículos 81 y 82 CE. Esto podrá suceder en cualquier fase del proceso decisorio, desde el momento en que se asigne el asunto a una autoridad de competencia hasta la decisión final. En la Red incumbe a la Comisión, como guardiana del Tratado, la responsabilidad última de garantizar una aplicación coherente de la normativa comunitaria de competencia. Las formas de cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia se establecen en la declaración conjunta del Consejo y la Comisión sobre el funcionamiento de la red de autoridades de competencia, aneja al nuevo Reglamento.

4. La relación entre los artículos 81 y 82 CE y los Derechos de competencia nacionales

Si bien las ANC y los tribunales nacionales pueden seguir aplicando las normas de competencia nacionales a los acuerdos, decisiones de asociación de empresas o prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros, al mismo tiempo están obligadas a aplicar los artículos 81 u 82 CE, y la aplicación de las normas de competencia nacionales no puede llevar a resultados diferentes de los que se derivarían de la aplicación del artículo 81 CE. La convergencia entre las normativas aplicables a las operaciones contempladas en el artículo 81 CE y la consiguiente igualdad de condiciones facilitará las actividades empresariales en Europa y es fundamental para la realización del mercado interior y la aplicación coherente de la normativa de competencia comunitaria una vez la Comisión haya perdido su competencia exclusiva a la hora de conceder el beneficio de excepciones con arreglo al apartado 3 del artículo 81 CE.

5. Ampliación de los poderes de investigación de la Comisión

Para que la Comisión siga desempeñando con la máxima eficacia su papel fundamental como responsable del control del cumplimiento de la normativa de competencia comunitaria, se han ampliado sus facultades de investigación. Parte de dichas facultades reside en la posibilidad de que la Comisión se entreviste con cualquier persona que pueda estar en posesión de información útil para una determinada investigación y de colocar precintos durante el período necesario para efectuar una inspección. La Comisión también podrá penetrar en cualquier local donde puedan conservarse documentos de la empresa, incluso en domicilios particulares. La Comisión únicamente podrá hacer esto último si existen sospechas razonables de que pueda hallar información inculpatoria y con la autorización de un juez nacional. Dicha autorización dependerá, entre otras cosas, de la proporcionalidad del registro domiciliario dada la gravedad de la presunta infracción y de la importancia de las pruebas buscadas.

3. Revisión de la política de clemencia de la Comisión

18. El 13 de febrero la Comisión adoptó una nueva política de clemencia que ofrece más incentivos a las empresas que revelen datos sobre las infracciones más graves a la normativa de defensa de la competencia. La nueva política no sólo mejora la seguridad jurídica ofrecida a las empresas que deseen cooperar, sino que, además, aumenta la transparencia y predecibilidad general de las prácticas de la Comisión en este ámbito. De esta manera, la "Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel" [12], publicada en 2002, supone un nuevo hito en el descubrimiento y represión de acuerdos de fijación de precios y otros cárteles intrínsecamente restrictivos. Las nuevas normas actualizan la anterior Comunicación al respecto, de 1996, y se aplican a los denominados cárteles horizontales clásicos [13].

[12] DO C 45 de 19.2.2002; v. también http://europa.eu.int/comm/competition/ antitrust/leniency.

[13] Distintos de los asuntos en los cuales la fijación ilegal de precios se produce entre empresas que guardan una relación vertical, esto es, entre agentes de niveles diferentes dentro de la cadena de producción o distribución; por ejemplo, un productor y sus distribuidores.

19. Según la Comunicación de 2002, la Comisión dispensará del pago de multas a la primera empresa que presente pruebas de un cártel desconocido o sobre el cual la Comisión carezca de pruebas. Más concretamente, se concederá la dispensa del pago de cualquier multa en los siguientes supuestos:

- cuando la empresa sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión, le permitan adoptar una decisión de investigación en virtud del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 17 (o reglamentos procesales equivalentes en sectores particulares) en relación con un presunto cártel que afecte a la Comunidad; o

- cuando la empresa sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión, le permitan comprobar una infracción al artículo 81 del Tratado CE en relación con un presunto cártel que afecte a la Comunidad, cuando la Comisión ya posea información suficiente para efectuar una inspección, pero no para determinar que existe una infracción. Este tipo de dispensa sólo podrá otorgarse cuando no se haya concedido una "dispensa condicional" (cf. punto 21) a ningún otro miembro del cártel según las condiciones contempladas en el guión anterior.

20. Para obtener dispensa plena, las empresas deberán además:

- cooperar plena y continuamente con la Comisión y facilitar a ésta todos los elementos de prueba que obren en su poder,

- poner de inmediato fin a la infracción y

- no haber adoptado medidas a fin de obligar a otras empresas a participar en el cártel.

21. Las empresas que reúnan las condiciones resumidas en el punto 19 recibirán en breve plazo una carta de la Comisión en la que ésta confirmará la concesión de dispensa plena, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece la Comunicación.

22. La Comunicación de 2002 contempla asimismo una reducción del importe de las multas para aquellas empresas que no puedan acogerse a la dispensa, pero faciliten pruebas que aporten un "valor añadido significativo" a los datos que ya obren en poder de la Comisión y que pongan término a su implicación en el cártel. La primera empresa que cumpla estas condiciones gozará de una reducción del 30-50% de la multa que de otro modo se le habría impuesto, la segunda de un 20-30% y las restantes de hasta el 20%. En cada una de estas franjas, el importe final de la reducción dependerá de la calidad de las pruebas facilitadas y del momento en que se faciliten.

23. Las empresas que soliciten la reducción del importe de las multas recibirán una carta en la que se les comunicará la franja en la cual quedan en principio incluidas. La carta se remitirá como máximo el día en que se notifique el pliego de cargos.

24. La Comunicación de 2002 entró en vigor el 14 de febrero y se aplica a las empresas que soliciten medidas de clemencia en un asunto de cártel con posterioridad a tal fecha, a menos que otra empresa ya esté cooperando con la Comisión en una investigación sobre el mismo cártel con arreglo a la Comunicación de 1996.

4. Revisión del reglamento de exención por categorías en el sector de los vehículos de motor

25. En julio, la Comisión adoptó el Reglamento 1400/2002 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor. El Reglamento, aunque aborda cuestiones específicas del sector, se basa en la política general que sigue la Comisión a la hora de evaluar restricciones verticales, tal como se establece en el Reglamento 2790/1999 y en las respectivas directrices de la Comisión. Para más detalles sobre las nuevas normas aplicables a la distribución vertical en el sector de los vehículos de motor, véase la sección C 6.

B - Aplicación de los artículos 81, 82 y 86

1. Artículo 81

1.1. Cárteles

1.1.1. Evolución de las actividades de aplicación de la normativa anticártel y de la Comunicación de 2002 sobre medidas de clemencia

26. Los cárteles, por ser intrínsecamente restrictivos, figuran entre las violaciones más graves a las normas de competencia. Se distinguen de las demás prácticas contrarias a la competencia en que constituyen acuerdos o prácticas concertadas secretas entre empresas competidoras. Por presentar tal característica se consideran "pecados capitales". Los cárteles son especialmente perjudiciales para la industria y los consumidores europeos. Reducen la asistencia social, redundan en una ineficaz distribución de recursos y transfieren riqueza de los consumidores a los participantes en el cártel al modificar la producción o los precios con respecto a los niveles que establece el mercado. Pero los cárteles son también inicuos a largo plazo. La participación en cárteles con el fin de evitar los rigores de la competencia puede llevar a la aparición de estructuras industriales artificiales, poco rentables e inestables, pérdidas de productividad, menos mejoras tecnológicas y el mantenimiento de precios altos. Además, el debilitamiento de la competencia conduce a una pérdida de competitividad y representa una amenaza a las oportunidades de empleo sostenible.

27. Por todas estas razones, el descubrimiento, persecución y sanción de acuerdos secretos de cártel constituyen elementos fundamentales de la política de competencia de la Comisión. A tal fin se ha creado toda una gama de instrumentos.

28. La Comisión dedica recursos específicos a la lucha contra los cárteles desde 1998, año en que se creó una unidad especial de lucha anticártel adjunta a la DG de Competencia. La decisión de crear una unidad especial se debía a que los miembros de los cárteles recurrían a medios cada vez más refinados paradisimular sus actividades y borrar sus huellas.

29. En 2002, este gradual aumento de los recursos culminó con la creación de una segunda unidad de cárteles. Las dos nuevas unidades se han beneficiado de la introducción de una metodología de gestión más flexible y eficaz. Ambas hacen uso de tecnologías avanzadas de la información, creadas de manera interna para fines de inspección y tratamiento de documentos. Los funcionarios reciben una formación específica sobre técnicas de investigación y se especializan en los complejos aspectos de procedimiento que caracterizan a los grandes asuntos de índole contenciosa.

30. La prioridad otorgada a la lucha contra los cárteles y el tratamiento de asuntos de cártel en 2001 mantuvo su ritmo e incluso se intensificó en 2002. El número de asuntos tratados aumentó proporcionalmente en mayor medida que los recursos adicionales destinados a tal actividad a lo largo del período.

31. Después de 2001, 2002 fue un nuevo año récord en cuanto a decisiones de cártel. La Comisión adoptó 9 decisiones, con multas que totalizaron alrededor de mil millones de euros: "bancos austríacos", "metionina", "gases industriales y médicos", "casas de subasta de obras de arte", "placas de yeso", "metilglucamina", "redondo para cemento armado", "grafitos especiales" y "potenciadores de sabor para alimentos".

32. El número de inspecciones por sorpresa aumentó considerablemente, entre ellas la mayor jamás realizada por la Comisión. Esta tendencia se debe a la mayor prioridad que la Comisión otorga a la pronta represión de las actividades de los cárteles ilegales. A este respecto cabe señalar que, una vez se tiene conocimiento de un cártel ilegal, el plazo de reacción es sumamente breve, de 4 a 6 semanas. Hasta ahora la experiencia ha demostrado que, tras una inspección, los cárteles suelen derrumbarse y de este modo cesan en sus actividades ilegales.

33. Desde el punto de vista político, el hecho más destacable fue la adopción de la nueva Comunicación sobre medidas de clemencia en febrero de 2002 [14]. Desde 1996, la política de clemencia de la Comisión viene constituyendo una de las piedras angulares de la política de lucha contra los cárteles de la Comisión. La nueva Comunicación sobre medidas de clemencia supone en varios aspectos una mejora con respecto a la de 1996. La Comunicación introduce una serie de cambios que pretenden hacer más atractivo para las empresas informar sobre un cártel y, de este modo, permite una mayor eficacia en la lucha de la Comisión contra los cárteles. Son elementos clave de la nueva Comunicación: en primer lugar, la dispensa plena del pago de multas para la primera empresa que se presente; en segundo, las pruebas facilitadas deben ser suficientes para que la Comisión ordene una inspección; en tercero, la Comisión permite la presentación hipotética de pruebas, en cuyo caso las pruebas efectivas únicamente deben facilitarse en una segunda fase; en cuarto, la adopción de decisiones que conceden dispensa condicional en cuestión de semanas ofrece una seguridad jurídica inicial a la empresa; en quinto, aun después de que la Comisión haya emprendido una inspección, es posible obtener dispensa en determinadas circunstancias; en sexto, en caso de haberse concedido ya una dispensa o de que la Comisión posea pruebas suficientes para determinar una infracción, siguen siendo posibles reducciones de hasta el 50% del importe de las multas para aquellas empresas que aporten un valor añadido significativo a los elementos de prueba de que disponga la Comisión; por último, y para mayor seguridad en cuanto a las reducciones, una vez solicitadas medidas de clemencia la Comisión adopta cuanto antes una decisión preliminar sobre la franja de reducción aplicable.

[14] DO C 45 de 19.2.2002, páginas 3 a 5.

34. El hecho de que la nueva Comunicación, en sus primeros diez meses de aplicación, ya haya permitido descubrir unos diez cárteles diferentes en Europa es clara señal de su eficacia. Esto tiene, a su vez, efectos más amplios. El temor a que un miembro del cártel pueda acudir a las autoridades y obtener una dispensa tiende a desestabilizar las actividades de cártel en general. Por tal motivo, es probable que la aplicación de la Comunicación de 2002 no sólo permita en el futuro el descubrimiento y sanción de gran número de cárteles, sino que además desestabilizará a los demás cárteles que aun puedan existir.

35. En 2002 la Comisión tuvo oportunidad de hacer hincapié en otro de los factores que disuaden a las empresas de entregarse a actividades de cártel, a saber, el incremento aplicado a cualquier multa por infracciones reiteradas a la normativa de competencia. La Decisión "placas de yeso" es buen ejemplo de este planteamiento. A dos empresas que ya habían cometido una infracción similar y por la cual había sido multadas se les impuso multas más elevadas por infracción reiterada. Sin embargo, y en relación con la política de clemencia, cabe subrayar que aun las empresas reincidentes pueden acogerse a medidas de dispensa o reducción de multas si optan por cooperar con la Comisión.

36. La disuasión es también objetivo subyacente cuando la Comisión impone multas o sanciones más severas a fin de contrarrestar las prácticas de las empresas de obstrucción y negativa a cooperar durante las inspecciones. En respuesta a ciertas prácticas obstruccionistas y de falta de cooperación observadas sobre todo en 2002, la Comisión tomará las medidas necesarias para garantizar el respeto a las normas de competencia, en particular en materia de inspecciones.

37. En cambio, en los futuros asuntos, la Comisión, al determinar con arreglo a las directrices para el cálculo de multas el importe de la sanción pecuniaria, no considerará como agravante el hecho de que los juristas internos de la empresa habían advertido a la dirección de la ilegalidad de la conducta objeto de decisión de la Comisión. No obstante, tal advertencia podrá utilizarse como prueba de la existencia de una infracción.

38. Por último, en 2002 se mantuvo un alto grado de cooperación internacional. Fue muy satisfactoria, en particular, la coordinación de investigaciones y el intercambio de información no confidencial con las autoridades de lucha contra los cárteles de Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, la Comisión participó en tres pleitos civiles en Estados Unidos en los que se plantearon cuestiones relativas al impacto de los procedimientos de investigación estadounidenses en la política de clemencia de la Comisión.

1.1.2. Asuntos en 2002

Bancos austríacos [15]

[15] Asunto Comp/D-1/36.571, IP/02/844 de 11.6.2002.

39. El 11 de junio, la Comisión impuso multas por un total de 124.26 millones de euros a ocho bancos austríacos por su participación en gran cártel de precios. Para más detalles, véase el capítulo sobre servicios financieros [16].

[16] V. puntos 190 y ss.

Metionina [17]

[17] Asuntos COMP/37.519 ; IP/02/976 de 2.7.2002.

40. El 2 de julio la Comisión multó a Degussa AG y Nippon Soda Company Ltd con 118 millones de euros y 9 millones de euros respectivamente por participar, junto con Aventis SA (y su filial al 100% Aventis Animal Nutrition SA), en un cártel de fijación de precios de la metionina. La metionina es uno de los aminoácidos más importantes utilizados para componer piensos y premezclas para todas las especies animales. Tras una investigación iniciada en 1999, la Comisión determinó que las empresas habían participado en un cártel internacional entre febrero de 1986 y febrero de 1999.

41. A Aventis (antes Rhône-Poulenc) se le concedió una dispensa plena con arreglo a la Comunicación de la Comisión sobre medidas de clemencia por haber revelado a la Comisión la existencia del cártel y facilitado pruebas decisivas de su funcionamiento.

Gases industriales y médicos [18]

[18] Asunto COMP/36.700; DO L 84 de 1.4.2003.

42. El 24 de julio de 2002, la Comisión multó a NV Hoek Loos, AGA AB, Air Liquide BV, Air Products Nederland BV, BOC Group Plc, Messer Nederland BV y Westfalen Gassen Nederland BV con un total de 25,72 millones de euros por participar en un cártel secreto en el sector de los gases industriales y médicos en los Países Bajos.

Carlsberg y Heineken [19]

[19] Asunto Comp/F-3/37.851.

43. El 4 de noviembre la Comisión concluyó su investigación sobre un supuesto acuerdo de reparto de mercados entre las empresas fabricantes de cerveza Carlsberg, de Dinamarca, y Heineken, de los Países Bajos, no habiendo hallado pruebas de que la infracción sospechosa continuara después de mayo de 1995. Toda posible infracción en este caso quedaba fuera del plazo para imponer multas.

44. El 1 de marzo de 2002, la Comisión remitió a Carlsberg y Heineken sendos pliegos de cargos según los cuales entre 1993 y 1996 había existido un acuerdo informal entre ambas cerveceras para limitar -sobre todo mediante adquisiciones- las actividades en los "mercados interiores" de cada una [20]. Esta conclusión provisional se alcanzó a partir de documentos hallados gracias a inspecciones por sorpresa en las sedes de ambas empresas en primavera de 2000.

[20] IP/02/350 de 1.3.2002.

45. Ambas partes respondieron por escrito al pliego de cargos rechazando las imputaciones de la Comisión y subrayando la extrema dificultad de penetrar en el mercado nacional de la otra. Carlsberg también expuso sus argumentos en una audiencia oral. Habida cuenta de los argumentos de las partes, la Comisión decidió completar su investigación mediante nuevas inspecciones efectuadas en las sedes de Carlsberg y Heineken en agosto de 2002. Sin embargo, las inspecciones no permitieron hallar nuevas pruebas correspondientes al plazo de cinco años transcurrido el cual prescriben las multas [21]. En consecuencia, la Comisión dio por terminado el asunto [22].

[21] Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia de la CEE (DO L 319 de 29.11.1974, p. 1). En este caso, el plazo de prescripción empezaba en mayo de 1995, cinco años antes de la fecha de la primera inspección de la Comisión en los locales de Carlsberg.

[22] IP/02/1603 de 4.11.2002.

Casas de subasta de obras de arte [23]

[23] Asunto COMP/37.784.

46. En una decisión adoptada el 30 de octubre, la Comisión determinó que Christie's y Sotheby's, dos de las principales casas mundiales de subasta de obras de arte, habían violado las normas de competencia de la Unión Europea por su colusión al fijar comisiones y otras condiciones comerciales entre 1993 y a principios de 2000. El propósito del acuerdo en que consistía el cártel era reducir la feroz competencia entre las dos principales casas de subasta, que se había desarrollado durante los años ochenta y principios de los noventa. El aspecto más importante del acuerdo consistía en un aumento de la comisión pagada por los vendedores en las subastas (la llamada comisión del vendedor). Pero el acuerdo colusorio se extendía a muchas otras condiciones comerciales, tales como los adelantos pagados a los vendedores, las garantías dadas sobre los resultados de las subastas y las condiciones de pago.

47. En aplicación de la Comunicación sobre medidas de clemencia de 1996, la Comisión consideró que Christie's debía gozar de dispensa plena, por haber facilitado pruebas decisivas del cártel en un momento en el que la Comisión no tenía investigación abierta y por ser la primera en presentarlas. La multa a Sotheby's se fijó en 20,4 millones de euros, equivalentes al 6% de su volumen de negocios mundial. El importe incluye una reducción del 40% por su cooperación en la investigación.

Metilglucamina [24]

[24] Asunto COMP/37.978; IP/02/1746 de 27.11.2002.

48. El 27 de noviembre, la Comisión multó a Aventis Pharma SA y Rhône-Poulenc Biochemie SA (como responsables solidarios) con 2,85 millones de euros por su participación en un cártel de fijación de precios y reparto de los mercados de metilglucamina junto con Merck KgaA. La metilglucamina es un producto químico utilizado para la síntesis de productos de radiología, productos farmacéuticos y colorantes. La Comisión determinó que las empresas habían participado en un cártel de ámbito mundial entre noviembre de 1990 y diciembre de 1999.

49. Se concedió a Merck KgaA dispensa plena del pago de multas conforme a la Comunicación sobre medidas de clemencia de la Comisión por haber revelado a la Comisión la existencia del cártel y facilitado pruebas decisivas de sus actividades.

Placas de yeso [25]

[25] Asunto COMP/37.152.

50. El 27 de noviembre, la Comisión adoptó una decisión por la que se imponían multas de un importe total de 478 millones de euros a Societé Lafarge SA, BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG y Gyproc Benelux SA/NV. La Comisión calificó el comportamiento de las empresas de infracción muy grave del Derecho europeo de la competencia. La investigación de la Comisión, iniciada de oficio, permitió determinar que los principales productores europeos de placas de yeso habían participado en un cártel clandestino que abarcaba los cuatro principales mercados de la Unión (Alemania, Reino Unido, Francia y Benelux), en los cuales se proponían reducir la competencia a un nivel acorde con sus intereses, intercambiando información sobre volúmenes de venta e informándose de las subidas de precio en los mercados británico y alemán. El valor de los mercados es uno de los más elevados de las decisiones de cártel de la Comisión de la última década. BPB, Knauf y Lafarge participaron en el cártel de 1992 a 1998 y Gyproc se incorporó al mismo en 1996.

51. El elevado importe de las multas se debe a la duración de la infracción y, en el caso de Lafarge (249,60 millones de euros) y BPB (138,60 millones de euros), al hecho de que las empresas reinciden en una infracción al artículo 81, lo que constituye una circunstancia agravante. Sólo BPB y Gyproc colaboraron con los servicios de la Comisión y gozaron por ello de una reducción de la multa.

52. La decisión constituye una nueva prueba de la determinación de la Comisión a descubrir y castigar las infracciones al Derecho de competencia, tanto a través de investigaciones de oficio como en respuesta a solicitudes de aplicación de la política de clemencia. En su lucha contra los cárteles, la Comisión concede prioridad a sectores importantes de la economía europea y, en particular, a aquellos en los que su actuación puede contribuir directamente al bienestar de los consumidores. Por otra parte, la decisión confirma el firme propósito de la Comisión de castigar adecuadamente a las empresas que reincidan en comportamientos claramente contrarios a la competencia mediante un aumento del importe de la multa.

Potenciadores de sabor para alimentos [26]

[26] Asunto COMP/37.671; IP/02/1907 de 17.12.2002.

53. El 17 de diciembre de 2002, la Comisión multó a Ajinomoto Co. INC (Japón), Cheil Jedang Corporation (Corea del Sur) y Daesang Corporation (Corea del Sur) respectivamente con 15,54 millones de euros, 2,74 millones de euros y 2,28 millones de euros por participar en un cártel de fijación de precios y asignación de clientes en el sector de los nucleótidos junto con Takeda Chemical Industries Ltd (Japón). El nucleótido o ácido nucleico se elabora a partir de la glucosa y se utiliza en la industria alimentaria para potenciar el sabor de los alimentos. Tras una investigación iniciada en 1999, la Comisión determinó que las empresas había participado en un cártel mundial entre 1988 y 1998.

54. Por lo que se refiere a la Comunicación sobre medidas de clemencia, cabe observar que se concedió a Takeda Chemical Industries Ltd (Japón) dispensa plena del pago de multas por haber presentado pruebas decisivas sobre las actividades del cártel en un momento en el que la Comisión no tenía conocimiento alguno del mismo.

Grafitos especiales [27]

[27] Asunto COMP/37.667; IP/02/1906 de 17.12.2002.

55. El 17 de diciembre, la Comisión multó a SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine S.A., Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Steel Nippon Chemical Co., Ltd, Intech EDM B.V. e Intech EDM AG con un total de 51,8 millones de euros por participar en un cártel de fijación de precios en el mercado del grafito especial isostático [28]. Además, se multó a SGL Carbon AG con 8,81 millones de euros por su implicación en otro acuerdo colusorio de fijación de precios en el mercado del grafito especial extruido. GrafTech International, Ltd (anteriormente UCAR), también considerada responsable de ambas infracciones, se benefició de una reducción del 100% del importe de las multas por haber revelado a la Comisión la existencia del cártel y facilitado pruebas decisivas de su funcionamiento.

[28] "Grafitos especiales" es un término general de uso extendido en el sector para referirse a un grupo de productos de grafito destinado a diversas aplicaciones.

Redondo para cemento armado [29]

[29] Asunto COMP/37.956.

56. El 17 de diciembre la Comisión adoptó una decisión por la que se imponían multas de un importe total de 85 millones de euros a nueve empresas, correspondientes a once sociedades (Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Leali SpA y Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA en liquidación, Lucchini SpA y Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA y Ferriera Valsabbia SpA), y a una asociación de empresas (Federacciai) por haber participado en un cártel en el mercado italiano de los redondos para cemento armado. Se trata de una violación muy grave del apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA.

57. Este acuerdo único, complejo y persistente presentaba una serie de características: la fijación de precios por el "extra de dimensiones" (suplemento basado en el diámetro del redondo para cemento armado que se añadía al precio de base), la fijación del precio de base, la fijación de los plazos de pago y la limitación o control de la producción y/o las ventas.

58. Se impusieron a las empresas multas de un importe comprendido entre 26,9 millones de euros y 3,57 millones de euros. La Comisión tomó en consideración el hecho de que Riva y Lucchini eran grandes grupos con un volumen de negocios muy superior al de los demás participantes en el cártel.

59. De acuerdo con la jurisprudencia Eurofer [30], Federacciai fue destinataria de la decisión de la Comisión, pero no se le impuso multa alguna. Ferriere Nord era reincidente, lo que constituye una circunstancia agravante; pero también fue la única en colaborar con los servicios de la Comisión y, por consiguiente, cumplía las condiciones para una reducción de la multa con arreglo a la Comunicación sobre medidas de clemencia.

[30] Sentencia de 11.3.1999 en el asunto T-136/94.

60. En este asunto la Comisión aplicó lo dispuesto en el Tratado CECA después de expirado éste de conformidad con la Comunicación de 26 de junio de 2002 relativa a determinados aspectos del tratamiento de los asuntos de competencia resultantes de la expiración del Tratado CECA [31], en la cual manifestaba su intención de seguir los principios jurídicos generales de sucesión de leyes. Según esta Comunicación: "Si la Comisión, al aplicar la normativa comunitaria de competencia a los acuerdos, descubre una infracción en un ámbito cubierto por el Tratado CECA, el derecho sustantivo aplicable será, independientemente de la fecha de aplicación de dicha normativa, el derecho vigente en el momento de producirse los hechos constitutivos de infracción. En cualquier caso, por lo que se refiere al procedimiento, el derecho aplicable tras la expiración del Tratado CECA será el derecho CE."

[31] DO C 152 de 26.6.2002, p.5.

1.2. Acuerdos verticales

Nintendo [32]

[32] Asuntos COMP/C-3/35.587, COMP/C-3/35.706 y COMP/C-3/36.321.

61. El 30 de octubre de 2002, la Comisión impuso multas por un total de 167,9 millones de euros a Nintendo Corporation Ltd y Nintendo Europe GmbH (empresa matriz en último término del grupo Nintendo y principal filial europea); John Menzies plc; Soc. Rep. Concentra L.DA; Linea GIG S.p.A; Nortec S.A.; Bergsala A.B.; Itochu Corporation y CD-Contact Data GmbH.

62. En su decisión, la Comisión concluyó que los destinatarios habían participado en una infracción al apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE y al apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE por restringir el comercio paralelo de consolas y cartuchos de juegos de Nintendo en el EEE. Aparte de los acuerdos formales de distribución, que limitaban las exportaciones paralelas, las partes colaboraron estrechamente en la detección del origen del comercio paralelo y la identificación de comerciantes paralelos.

63. La infracción fue orquestada por Nintendo, pero el resto de los destinatarios, distribuidores independientes de Nintendo en diversos países del EEE, cooperaron activamente y, en la mayoría de los casos, de buen grado con dicha empresa en la infracción, además de salir beneficiados de la misma. A la hora de determinar las multas impuestas se crearon grupos a fin de reflejar el impacto real en la competencia de cada conducta ilegal de las empresas, dadas las amplias disparidades entre las mismas. Además, se aplicó un factor multiplicador al importe inicial de la multa impuesta a Nintendo, John Menzies plc e Itochu Corporation a fin de garantizar un efecto disuasor suficiente habida cuenta de sus dimensiones y recursos globales.

64. Una serie de circunstancias agravantes llevaron a aumentar los importes de la multa: haber actuado como cabecilla e instigador de la infracción (Nintendo); haber persistido en la infracción después de que la Comisión hubiera iniciado sus investigaciones (Nintendo, John Menzies plc), y haber intentado engañar a la Comisión en cuanto al alcance real de la infracción al facilitarse información incorrecta en respuesta a una solicitud formal de información (John Menzies plc). La Comisión también reconoció circunstancias atenuantes en este caso: un papel puramente pasivo (Soc. Rep. Concentra L.DA) y la colaboración eficaz con la Comisión durante el procedimiento administrativo (Nintendo, John Menzies).

65. Al conceder amplias reducciones a Nintendo y John Menzies plc por su cooperación, la Comisión puso de manifiesto la importancia que otorga a dicha cooperación, aun tratándose de infracciones de carácter vertical a las cuales no es aplicable la Comunicación sobre medidas de clemencia. Por último, se tuvo en cuenta el hecho de que Nintendo ofreció una sustancial indemnización a los terceros que habían sufrido perjuicios financieros debido a la infracción.

66. Tal como se destaca en la decisión, las restricciones al comercio paralelo constituyen infracciones muy graves al artículo 81 CE y serán perseguidas y sancionadas por la Comisión de manera semejante a como actúa contra los cárteles horizontales clásicos.

2. Artículos 82 y 86

2.1. Artículo 82

67. Si bien a lo largo del año no se adoptó decisión formal alguna por abuso de posición dominante, la Comisión sigue prestando gran atención a los efectos perturbadores de los comportamientos abusivos por parte de empresas dominantes en la competencia en los mercados. Se encuentran actualmente en fase de investigación varios asuntos, iniciados tanto a raíz de denuncias como por iniciativa propia, en sectores tales como telecomunicaciones, transportes y medios de comunicación [33].

[33] Para más detalles, véanse las secciones del presente informe correspondientes a los distintos sectores: Sección I.C.4.3. sobre transporte ferroviario, punto 133; Sección I.C.8. sobre sociedad de la información, punto 196.

IMS Health [34]

[34] Asunto COMP/38.044 IMS Health/NDC.

68. En 2002 hubo una serie de novedades en relación con este asunto, en el cual la Comisión había decidido imponer medidas provisionales [35] a IMS Health el 3 de julio de 2001. La decisión fue posteriormente suspendida por el Tribunal a la espera de sentencia final sobre los procedimientos para su anulación [36]. Éstos quedan suspendidos a la espera del resultado de una petición de decisión prejudicial [37] del Landgericht de Francfort sobre cuestiones relacionadas con la decisión de la Comisión.

[35] Decisión de 28.2.2002, DO L 59 de 3.7.2001, por la que se ordena a IMS que conceda licencias por su "estructura de 1860 bloques", que divide Alemania en 1.860 zonas de venta.

[36] Autos de 26.10.2001 en el asunto T-184/01 R y de 11.4.2002 en el asunto c-481/01 P (R).

[37] Asunto C-418/01.

69. En 2002, en tanto la Comisión proseguía su evaluación de la conducta de IMS en el asunto principal, los tribunales alemanes dictaron una serie de resoluciones importantes para los derechos de propiedad intelectual de IMS sobre la estructura de 1860 bloques [38]. La decisión de la Comisión se basaba en la premisa de que la estructura y sus derivados estaban protegidos por derechos de autor [39]. La resolución más reciente, dictada por el Oberlandesgericht de Francfort el 17 de septiembre en el asunto IMS contra Pharma Intranet (PI) [40], establece que las circunstancias no permiten a IMS apelar a la normativa de derechos de autor, ni en relación con derechos de autor ni a ningún derecho sui generis, pero puede emprender una acción inhibitoria por infracción por parte de PI de la normativa alemana sobre competencia desleal. Sin embargo, el Tribunal determina que tal derecho no permite a IMS monopolizar todas las estructuras similares a la estructura 1860 o derivadas de la misma. La Comisión seguirá el desarrollo del asunto en los tribunales alemanes a fin de decidir qué medidas adoptar en el asunto principal.

[38] Segmentación del territorio nacional en 1860 áreas geográficas o bloques a fin de agregar los datos de ventas de la industria farmacéutica en Alemania.

[39] Apartado 36 de la Decisión.

[40] Pharma Intranet AG fue adquirida por NDC el 16 de octubre de 2000.

2.2. Artículo 86

70. En su sentencia max.mobil de 30.1.2002 en el asunto T-54/99, el TPI hubo de decidir sobre un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 230 CE por max.mobil, segundo mayor operador austríaco de teléfonos móviles. El recurso impugnaba un escrito en el que la Comisión informaba a max.mobil de que no daría curso a la denuncia en la que el solicitante pedía a la Comisión que actuara contra Austria con arreglo al apartado 3 del artículo 86 CE por supuesta infracción al apartado 1 del artículo 86 y al artículo 82 CE al establecer los cánones de concesión.

71. El apartado 3 del artículo 86 CE faculta a la Comisión para garantizar la aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 86 y, en caso necesario, para dirigir a los Estados miembros directivas o decisiones apropiadas. Durante mucho tiempo, la judicatura comunitaria había venido confirmando el punto de vista de la Comisión de que ésta podía ejercer su facultad de apreciación sobre el ejercicio de sus poderes con arreglo al apartado 3 del artículo 86 sin verse limitada por la existencia de denuncias formuladas por terceros. Esto supone que, en caso de que la Comisión no actúe a partir de una denuncia presentada por un particular contra un Estado miembro por infracción al apartado 1 del artículo 86, o de negativa a actuar, dicho particular no tiene legitimación activa para formular un recurso en carencia o, en su caso, un recurso de anulación. En una sentencia de 20.2.1997 [41], a la vez que declaraba de nuevo inadmisible el recurso de anulación interpuesto en aquella ocasión por un denunciante contra la negativa por parte de la Comisión a intervenir de conformidad con el apartado 3 del artículo 86, el TJCE consideró que no cabía excluir que, en circunstancias excepcionales, un individuo pudiera estar legitimado para interponer tal recurso [42].

[41] TJE 20.2.1997, asunto C-107/95 P Bilanzbuchhalter.

[42] Basándose en la sentencia del TJE en el asunto Bilanzbuchhalter, el TPI consideró por primera vez admisible una denuncia contra la Comisión por no incoación del procedimiento en su sentencia TF 1 (3.6.1999, asunto T-17/96). El TPI consideró que el denunciante se hallaba en situación excepcional. Sin embargo, dado que la Comisión había adoptado una posición antes de la fecha de la sentencia, no había necesidad de juzgar sobre el recurso por omisión. En el recurso, el TJE (12.7.2001, asuntos acumulados C-302/99 y C-308/99 P) confirmó que, toda vez que la Comisión había definido su posición y que por ello quedaba sin fundamento el recurso por omisión, no era necesario que el TPI examinara la admisibilidad del recurso.

72. En la citada sentencia max.mobil, el TPI se apartó sustancialmente de la jurisprudencia anterior. El TPI sostuvo que los denunciantes particulares tenían con arreglo al apartado 3 del artículo 86 el derecho a que la Comisión examinara su denuncia de manera diligente e imparcial. Según el TPI, semejante obligación no podía sustraerse a todo control judicial, lo que significa que el denunciante tenía legitimidad para interponer un recurso conforme al artículo 230 CE con vistas a la anulación de un acto en virtud del cual la Comisión se negara a hacer uso de sus facultades con arreglo al apartado 3 del artículo 86. En lo esencial, la sentencia establecía que el papel de la judicatura comunitaria se limitaba a controlar la actuación de la Comisión en tres respectos, esto es, a la comprobación: (1) de la existencia en el acto impugnado de una motivación prima facie consistente que refleje la consideración de los elementos principales del expediente; (2) de la exactitud material de los hechos examinados, y (3) de la ausencia de error manifiesto por lo que respecta a la apreciación prima facie de tales hechos.

73. Basándose en estos criterios, el TPI desestimó por infundado el recurso de max.mobil en relación con el escrito de la Comisión. No obstante, y dado que el asunto planteaba importantes cuestiones de principio, la Comisión interpuso un recurso de casación ante el TJCE solicitando que se anulara la sentencia del TPI y que se acordara la inadmisión del recurso de max.mobil [43].

[43] V. DO C 169 de 13.7.2002, p. 15.

C - Evolución de la competencia por sectores

1. Energía: liberalización del sector de electricidad y gas

74. 2002 fue un año de gran importancia para la liberalización de los mercados europeos del gas y la electricidad. Hubo avances significativos hacia la adopción de la nueva normativa (Directiva sobre la realización de los mercados interiores del gas y la electricidad -en adelante, "Directiva de aceleración"-, Reglamento sobre el comercio transfronterizo de electricidad y Directiva sobre la seguridad del suministro en el sector de gas). Al mismo tiempo, la Comisión concluyó una serie de asuntos de competencia sumamente importantes en el sector de la energía.

75. El acontecimiento más importante del año fue el Consejo de Ministros de Energía celebrado el 25 de noviembre de 2002. En esta reunión, los Estados miembros de la Unión alcanzaron un acuerdo político sobre la Directiva de aceleración [44] (enmiendas a la Directiva 96/92/CE sobre electricidad y a la Directiva 98/30/CE sobre el gas) y sobre el Reglamento sobre el comercio transfronterizo de electricidad. El acuerdo político supone un paso importante en pos de la liberalización de la energía y -una vez adoptado formalmente (en principio, en verano de 2003)- ofrecerá a los agentes del mercado la seguridad jurídica necesaria para ejercer sus actividades en este sector en los próximos años.

[44] Documento del Consejo 14867/02 de 27.11.2002 (gas) y documento del Consejo 14869/02 de 27.11.2002 (electricidad).

76. Por lo que se refiere a la directiva de aceleración, los principales aspectos del compromiso político alcanzado entre los Estados miembros en noviembre de 2002 son: (1) apertura del mercado a todos los clientes no nacionales de gas y electricidad el 1 de julio de 2004 y para los demás clientes -es decir, incluidas las familias- el 1 de julio de 2007; (2) refuerzo de las obligaciones de servicio universal en el sector de la electricidad (garantía de suministro a precios razonables); (3) desagregación jurídica y funcional de los operadores de sistemas de transmisión a partir del 1 de julio de 2004 (para los operadores de sistemas de distribución, desagregación funcional a partir del 1 de julio de 2004 y desagregación jurídica a partir del 1 de julio de 2007); (4) introducción de un régimen regulado de acceso de terceros a las redes de transmisión y distribución y a las instalaciones de GNL [45]. Para el almacenamiento, los Estados miembros pueden elegir entre regímenes regulados y negociados de acceso de terceros; (5) deben establecerse autoridades de reglamentación que tengan al menos competencia para fijar y aprobar, antes de su entrada en vigor, metodologías que sirvan de base para el cálculo de las tarifas de acceso a la red; (6) la Comisión podrá permitir excepciones a las tarifas reguladas para nuevas grandes infraestructuras de gas.

[45] GNL: gas natural licuado.

77. El Reglamento sobre el comercio transfronterizo en el sector de la electricidad pretende determinar normas justas para el intercambio transfronterizo de electricidad e incrementar así la competencia en el mercado interior de electricidad. Las principales características del compromiso político alcanzado entre los Estados miembros de la Unión son: (1) el establecimiento de un mecanismo de compensación a los operadores de sistemas de transmisión por los costes de la entrada de flujos transfronterizos de electricidad, compensación que deberán abonar los operadores de los sistemas de transmisión de los que procedan los flujos transfronterizos y el sistema de transmisión en que terminen; (2) la determinación de principios armonizados sobre las tasas de transmisión transfronteriza y, en particular, la aplicación de tasas de uso de la red no discriminatorias, transparentes y no relacionadas con la distancia, si bien se permitirán señales que reflejen el balance [46] entre generación y consumo; (3) el establecimiento de normas que permitan la máxima disponibilidad de capacidad de transmisión; (4) el establecimiento de principios en caso de congestión; (5) el establecimiento de normas sobre el uso de los ingresos para gestionar la congestión; (6) la participación de las autoridades de reglamentación en los asuntos de tarifas y asignación de capacidades, y (7) la determinación de sanciones por parte de los Estados miembros a las infracciones al reglamento y la obligación de información de los Estados miembros a la Comisión, la cual supervisará la aplicación del Reglamento.

[46] Denominadas "señales de localización".

78. El acuerdo político alcanzado por los Estados miembros de la Unión es en gran medida acorde con las propuestas modificadas de la Comisión de Directiva de aceleración y de Reglamento sobre el comercio transfronterizo en el sector eléctrico, adoptados en junio de 2002 [47]. La propuesta incorpora los resultados del Consejo Europeo de Barcelona y los debates de los grupos de trabajo del Consejo y toma en consideración una serie de enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura del paquete legislativo. La Comisión, sin embargo, había propuesto una fecha anterior para la plena apertura del mercado.

[47] COM (2002) 304 final de 7.06.2002.

79. Además del paquete del mercado interior, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre la seguridad del suministro en el sector de gas [48]. La propuesta pretende aclarar y definir las responsabilidades de los operadores del mercado en los mercados europeos liberalizados del gas por lo que atañe a la seguridad del suministro. A este respecto, la propuesta prevé, en primer lugar, que los Estados miembros introduzcan determinadas normas mínimas para el abastecimiento de consumidores que no pueden permitirse interrupciones de suministro, por ejemplo, sobre capacidad y volumen disponibles en caso de malas condiciones atmosféricas o grave interrupción del suministro. Sin embargo, tales normas no se aplicarán a las empresas con pequeñas cuotas de mercado.

[48] COM (2002) 488 final de 11.9.2002.

80. El proyecto de directiva también subraya la importancia de los contratos de suministro de gas a largo plazo para la seguridad del abastecimiento de Europa en este sector. La Directiva, si bien reconoce que el nivel actual de los contratos de suministro de gas a largo plazo es más que satisfactorio en el ámbito comunitario, introduce un mecanismo que permita supervisar los contratos y tomar las medidas adecuadas en caso de considerarse que el nivel de los contratos a largo plazo no es ya satisfactorio. A este respecto cabe también subrayar que los contratos de suministro de gas a largo plazo no son incompatibles ipso facto con la normativa de competencia, sino que la Comisión estudiará si existe incompatibilidad en cada caso. Cuando las restricciones contempladas en los contratos de suministro de gas sean necesarias para sostener grandes inversiones, por ejemplo, en nuevos yacimientos de gas, la Comisión lo tomará en consideración.

81. La adopción de legislación con vistas a liberalizar los mercados europeos de la energía debe ir acompañada de una estricta aplicación de la legislación europea de competencia. Es probable que la contribución de la legislación de competencia europea al proceso de liberalización aumente durante los próximos años, cuando las medidas legislativas en los Estados miembros de la UE creen el marco jurídico apropiado para la introducción de una competencia efectiva en los mercados de la energía. A este respecto, el papel de autoridades europeas y nacionales de competencia es garantizar que las medidas estatales que impedían la creación de mercados de energía comunes no se vean reemplazadas por medidas tomadas por los operadores del mercado.

82. Habida cuenta del ejercicio de modernización, que lleva a la descentralización de la aplicación de la normativa de competencia europea, será necesaria una estrecha colaboración entre la Comisión y las autoridades nacionales. Para establecer correctamente las prioridades, tal cooperación no debe limitarse a las autoridades nacionales de competencia, sino que -en la medida de lo posible- se hará extensiva a los reguladores nacionales, cuyo papel es decisivo a la hora de poner en práctica la política de liberalización.

83. La Comisión considera que los respectivos mercados de la energía a menudo se ven dominados aún por las grandes empresas nacionales, lo que aboga por una aplicación estricta del control de acuerdos y posiciones dominantes; que el proceso de liberalización llevará con toda probabilidad a nuevas concentraciones que exigirán la estricta aplicación de la legislación de control de este tipo de operaciones, y que determinadas empresas energéticas podrían intentar beneficiarse de ayudas estatales a fin de mejorar su situación competitiva en unos mercados de energía liberalizados, lo que requerirá una estricta aplicación de la normativa sobre ayudas estatales.

84. En el ámbito del control de acuerdos y posiciones dominantes, la Comisión sigue centrándose en aspectos de competencia en el suministro y en cuestiones de redes. La Comisión considera que los acuerdos entre proveedores pueden reducir artificialmente las opciones de que disponen los clientes y la posibilidad de cambiar de proveedor. Por lo que se refiere al acceso a las redes, la Comisión considera que la no introducción de un régimen efectivo, transparente y no discriminatorio de acceso de terceros impedirá a los proveedores alternativos presentar a los clientes ofertas competitivas.

85. Por lo que se refiere a la competencia en el suministro, el principal logro de 2002 fue la resolución del denominado asunto GFU [49]. Este asunto se refería a la comercialización en común de gas noruego a través de un comité de negociación del gas (GFU). Este comité, y no cada compañía, decidía quién podía comprar el gas noruego y a qué precio. El sistema GFU tenía por resultado que los clientes europeos no pudieran elegir entre los productores noruegos de gas, que en total abastecen al 10% de la demanda europea, sino que sólo podían negociar con el GFU. La Comisión dio por concluido el asunto una vez que las empresas se comprometieron a comercializar individualmente su gas en el futuro y tras la adopción de una serie de medidas de acompañamiento por parte de los dos mayores operadores, Statoil y Norsk Hydro, que favorecen a los nuevos clientes.

[49] Asunto COMP/E-4/36.072, IP 02/1084 de 17.7.2002.

86. Otro asunto relacionado con la mejora de la estructura de suministro es el llamado asunto Synergen [50]. Se refiere a la construcción de una central eléctrica en Dublín (Irlanda) por el operador tradicional irlandés de electricidad ESB y la empresa noruega de gas y petróleo Statoil. A fin de solventar los problemas de competencia planteados (debidos, entre otras cosas, al compromiso por parte de Statoil de dejar la comercialización de la electricidad producida por Synergen en manos de ESB), ESB se comprometió a poner electricidad a disposición mediante subastas o ventas directas. Estos volúmenes pueden ser utilizados por nuevos operadores del mercado a fin de crear una base de clientes al construir una nueva central eléctrica.

[50] Case COMP/E-4/37.732, IP 02/792 de 31.5.2002.

87. En cuanto a la mejora del régimen de acceso a la red, la Comisión ha efectuado varias investigaciones importantes, la mayoría de las cuales, sin embargo, todavía no ha concluido. En 2002, la Comisión se ocupó en particular de la operación del interconector de gas entre el Reino Unido y Bélgica [51]. La Comisión pudo concluir la investigación una vez que se puso de manifiesto que las empresas interesadas habían tomado o tomarían en un futuro próximo una serie de medidas a fin de facilitar el acceso de terceros en este importante gasoducto entre el Reino Unido y Bélgica.

[51] Asunto COMP/E-4/38.075, IP 02/401 de 13.3.2002.

88. La actividad de concentraciones en el sector de la energía continuó en 2002 en el ámbito tanto nacional como comunitario. En este último, sin embargo, la tendencia indica que el número de operaciones disminuyó ligeramente con respecto a los años anteriores. Sin embargo, hay indicios de que la liberalización actualmente en marcha en el sector de gas puede llevar a más concentraciones en este sector. Los principales ámbitos de concentración son el de la generación y suministro de electricidad y el del comercio. En 2002 no se inició investigación detallada alguna sobre concentraciones en el sector eléctrico.

89. En 2002 hubo una fusión de particular importancia para el sector del gas. La Comisión Europea autorizó, bajo una serie de condiciones, la adquisición conjunta del mayorista regional de gas de Baden-Württemberg Gas Versorgung Süddeutschland (GVS) por la empresa eléctrica alemana Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) y la empresa italiana de gas y petróleo ENI S.p.A [52]. La operación, tal como inicialmente se notificara a la Comisión, hubiera supuesto la consolidación de la posición dominante de GVS en el mercado de la venta regional al por mayor de gas, al asegurarse la captación de una parte sustancial de los clientes de GVS, actualmente controlada por EnBW. Para resolver estos problemas de competencia, las partes se comprometieron a conceder derechos de rescisión anticipada a todos los distribuidores locales de gas que hubieran firmado contratos de suministro a largo plazo con GVS u otras filiales actualmente controladas por EnBW.

[52] Asunto Comp/M.2822, IP 02/1905 de 17.12.2002.

90. 2002 fue también un año muy importante para el control de las ayudas estatales en el sector de la energía. Las investigaciones guardaron especial relación con el tema de los "costes varados" [53]. A este respecto, los servicios de la Comisión publicaron un primer inventario de las ayudas públicas concedidas a las distintas fuentes de energía [54]. En el inventario se enumeran y registran las diversas medidas nacionales y de la Unión en materia de energía, en caso de estar disponible la información pertinente. El inventario va más allá del estricto concepto jurídico de ayuda estatal y pretende ser una herramienta que permita supervisar el futuro impacto de las ayudas en los diferentes mercados.

[53] Cf. a este respecto la sección sobre ayudas estatales, puntos 386 y ss.

[54] http://europa.eu.int/comm/dgs/ energy\_transport/home/aids/energy\_en.htm

2. Servicios postales

2.1. Nueva Directiva postal

91. El 10 de junio, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron la nueva Directiva postal 2002/39/CE [55]. A propuesta de la Comisión, el Consejo había alcanzado el 15 de octubre de 2001 una posición común con respecto a un texto destinado a modificar la Directiva postal vigente. Los principales cambios introducidos por el Consejo en ese momento fueron los siguientes:

[55] Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad.

- Una ulterior apertura del mercado, con una reducción gradual del ámbito reservado, a partir del 1 de enero de 2003 y del 1 de enero de 2006 [56].

[56] En particular, a partir de 2003, el ámbito no reservado incluirá las cartas de peso superior a 100g; este límite de peso no se aplicará cuando el precio sea igual o más de tres veces superior a la tarifa pública para un envío de correspondencia de la primera escala de pesos de la categoría más rápida. A partir de 2006 el ámbito no reservado incluirá las cartas de peso superior a 50g; este límite de peso no se aplicará cuando el precio sea igual o más de tres veces superior a la tarifa pública para un envío de correspondencia de la primera escala de pesos de la categoría más rápida.

- La posibilidad de realizar el mercado postal interior en 2009 [57] mediante una propuesta de la Comisión que deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo.

[57] En 2006 la Comisión finalizará un estudio en el que se evaluará el impacto en el servicio universal de cada Estado miembro de la realización del mercado postal interior en 2009. A partir de dicho estudio, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañada de una propuesta que confirmará, en su caso, la fecha de 2009 para la plena realización del mercado interior postal o la determinación de cualquier otra medida dadas las conclusiones del estudio.

- La liberalización del correo transfronterizo de salida, con excepción de aquellos Estados miembros en los cuales deba formar parte de los servicios reservados a fin de garantizar la prestación del servicio universal.

- La prohibición de subvención indirecta de los servicios universales a partir de ingresos de los servicios del ámbito reservado, a menos que sea estrictamente necesario para cumplir obligaciones específicas de servicio universal impuestas en el ámbito competitivo.

- La aplicación de los principios de transparencia y no discriminación en caso de que los proveedores de servicios universales apliquen tarifas especiales.

92. El texto se revisó posteriormente y fue aprobado por el Parlamento Europeo con tres nuevas enmiendas, que, sin embargo, en nada alteran los nuevos aspectos anteriormente enumerados.

3. Telecomunicaciones

3.1. Nuevo marco reglamentario para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas

93. El 14 de febrero, el Consejo adoptó un nuevo marco para la regulación ex ante de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, que entró en vigor el 24 de abril. El nuevo paquete legislativo, compuesto por cinco Directivas [58] en total, supone una importante revisión del marco reglamentario de las telecomunicaciones y pretende incrementar la competencia en este sector crucial de la economía europea. Cuatro de las Directivas (la Directiva marco 2002/21/CE, la Directiva sobre acceso 2002/19/CE, la Directiva sobre autorización 2002/20/CE y la Directiva sobre servicio universal 2002/22/CE) deben transponerse al derecho nacional antes del 25 de julio de 2003 y aplicarse a partir de esa fecha, mientras que la Directiva sobre protección de la vida privada y comunicaciones electrónicas 2002/58/CE debe ponerse en vigor antes del 31 de octubre de 2003.

[58] DO L 108 de 24.4.2002 y DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

94. El nuevo paquete reglamentario pretende ser neutro en cuanto a la tecnología y trata de manera equivalente a todas las redes de transmisión. La normativa garantiza que los agentes del mercado únicamente se regulen en caso necesario y de manera coherente en toda la UE, atribuyendo a la Comisión, entre otras cosas, la facultad de requerir a las autoridades nacionales de reglamentación para que retiren proyectos de decisiones en ámbitos fundamentales relacionados con el funcionamiento del mercado interior.

95. Una de las características más importantes del nuevo marco es la nueva definición de la noción de "peso significativo en el mercado" (PSM), que en adelante se basará en la definición de dominancia del artículo 82 del Tratado CE (véase el artículo 14 de la directiva marco). En virtud de este cambio de la definición, en general únicamente podrá imponerse una obligación de regulación ex ante a empresas que ocupen una posición dominante individual o colectiva a efectos del artículo 82. Según el marco reglamentario anterior, una empresa estaba sujeta a regulación ex ante si poseía una cuota de mercado del 25%. La nueva definición de PSM tendrá así por efecto aumentar las limitaciones reglamentarias, al tiempo que garantizará la coherencia entre la reglamentación ex ante y la aplicación ex post de la normativa de competencia en materia de empresas dominantes.

96. Otro importante aspecto del nuevo marco es la obligación de que las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) lleven a cabo un adecuado análisis de mercado antes de imponer cualquier clase de obligaciones reglamentarias a empresas con PSM. En particular, las ANR habrán de definir el mercado de producto y geográfico de referencia a la hora de evaluar si una empresa posee PSM. A ese respecto, la Comisión [59] ha adoptado directrices para el análisis del mercado y la evaluación del PSM [60] que establecen los principios de la metodología y la normativa de competencia que deben seguir las ANR al llevar a cabo el análisis del mercado. En la práctica, se espera de las ANR que centren su análisis en aquellos mercados donde conforme a una serie de criterios se justifique una reglamentación ex ante. Dichos mercados se enumeran en una Recomendación que la Comisión adoptó el 11 de febrero de 2003 [61] de conformidad con el artículo 15 de la Directiva marco. Cuando una ANR decida regular un mercado no contemplado en la Recomendación, deberá solicitar la autorización previa de la Comisión y seguir el procedimiento establecido en el artículo 7 de la Directiva marco.

[59] De conformidad con el artículo 15 de la Directiva marco.

[60] DO C 165 de 11.7.2002.

[61] C(2003)497.

97. Por último, el nuevo marco establece que se espera de las ANR que colaboren con las autoridades nacionales de competencia (ANC) a la hora de efectuar su análisis de mercado. De esta manera se reforzará el papel de las ANC, ya que deberán asegurarse de que las definiciones de los mercados o los problemas relacionados con la dominación se traten con coherencia tanto según una perspectiva ex ante como ex post. En el contexto de esta cooperación, las ANR y las ANC también tendrán derecho a intercambiar información confidencial, a condición de que la autoridad receptora asegure el mismo grado de confidencialidad que la autoridad remitente (apartado 5 del artículo 3 de la directiva marco).

98. En su Comunicación sobre la "Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones" [62] la Comisión, en paralelo a la adopción de un nuevo marco reglamentario sobre las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, se propuso codificar y simplificar la Directiva 90/388 relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones [63].

[62] COM(1999)539.

[63] Modificada sucesivamente por las Directivas 94/46, 95/51, 96/2, 96/19 y 1999/64.

99. Tras un primer proyecto de Directiva adoptado el 12 de julio de 2000 y sometido a consulta pública [64], la Comisión acometió su revisión a fin de garantizar la coherencia y establecer un vínculo con las directivas del nuevo marco reglamentario. La nueva Directiva 2002/77/CEE, adoptada el 16 de septiembre [65], persigue los mismos objetivos fundamentales que la Directiva 90/388/CEE, a saber: a) la abolición de los derechos exclusivos y especiales existentes y la prohibición de conceder nuevos derechos exclusivos y especiales en el sector de las comunicaciones electrónicas en sentido amplio y b) el reconocimiento del derecho de las empresas a ejercer su libertad fundamental de establecimiento y a prestar servicios en un marco competitivo no falseado.

[64] DO C 96 de 27.3.2001, p. 2.

[65] DO L 249 de 17.9.2002, p. 21.

100. En concreto, únicamente se mantienen las disposiciones que siguen siendo necesarias para alcanzar los objetivos de las directivas originales, basadas en el artículo 86. Se suprimen una serie de disposiciones por obsoletas, así como las disposiciones de la antigua Directiva sobre competencia, incorporadas en el nuevo marco reglamentario, que se refieren a la armonización de las condiciones de acceso a las redes y servicios.

3.2. Fin de la investigación sectorial sobre las líneas arrendadas

101. En noviembre, la Comisión decidió concluir su investigación sectorial sobre las líneas arrendadas, iniciada en 1999, toda vez que los problemas relacionados con precios altos y posible discriminación se estaban tratando adecuadamente, tanto por parte nacional, mediante la aplicación del reglamento de la UE específico al sector por las autoridades nacionales de reglamentación (ANR), como a través de procedimientos incoados de oficio por la Comisión Europea en relación con determinados Estados miembros de la UE [66].

[66] IP/02/1852 de 11.12.2002.

102. Las conclusiones de la primera fase de la investigación habían puesto de relieve la existencia de precios altos y políticas divergentes de fijación de precios en la UE, que no se justificaban por diferencias de costes [67]. En noviembre de 2000, la DG de Competencia incoaba de oficio cinco investigaciones sobre posibles precios excesivos y/o comportamientos discriminatorios en el suministro de líneas arrendadas en Bélgica, Italia, Grecia, Portugal y España. Dos años después, la Comisión constató una considerable disminución de los precios de las líneas arrendadas en toda la UE. Por ejemplo, desde el inicio de la investigación sectorial, en julio de 1999, los precios de las líneas arrendadas internacionales de 2 Mbps disminuyeron entre un 30% y un 40% en promedio [68]. Un segundo e importante resultado fue la actitud previsora de las ANR tanto sobre precios como sobre suministro de líneas arrendadas.

[67] Para más detalles sobre los resultados del estudio del sector, véase el documento de trabajo de septiembre de 2000 en: http://europa.eu.int/comm/competition/ antitrust/others/sector\_inquiries/leased\_lines/.

[68] Para más detalles sobre los resultados del estudio del sector y de los asuntos individuales incoados de oficio, véase la exposición de motivos de noviembre de 2002 en: http://europa.eu.int/comm/competition/ antitrust/others/sector\_inquiries/leased\_lines/.

103. La Comisión decidió por tanto dar por concluidas sus investigaciones de oficio relativas a Bélgica e Italia ante las pruebas de una mejora significativa de la situación competitiva en dichos Estados miembros. Del mismo modo, si se produce una nueva disminución de los precios de las líneas arrendadas internacionales entre Estados miembros vecinos o próximos, o si se ofrecen nuevas justificaciones de su nivel, el asunto español podría también darse por concluido. La DG de Competencia seguirá de cerca la situación en Portugal y Grecia.

4. Transporte

4.1. Transporte aéreo

4.1.1. Renovación del Reglamento 1617/93 de exención por categorías

104. El 25 de junio la Comisión adoptó el Reglamento (CE) 1105/2002 [69], que renueva la exención por categorías de las conferencias sobre tarifas de pasajeros con vistas a acuerdos interlínea prevista en el Reglamento CE 1617/93 hasta el 30 de junio de 2005. La renovación se supedita a la obligación de que las compañías aéreas que participen en las conferencias recojan determinados datos sobre la importancia relativa de las consultas para acuerdos interlínea. Los acuerdos interlínea permiten a un pasajero viajar en más de una línea aérea o alianza con el mismo billete.

[69] DO L 167 de 26.06.2002, p. 6.

105. La exención por categorías se aplica a una sola organización, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). La mayor parte de las líneas aéreas del EEE (incluidas todas compañías de bandera) son miembros de la IATA y participan dos veces al año en conferencias donde se acuerdan los precios de los trayectos interlínea. Tras considerar los argumentos presentados en las distintas respuestas a un documento de consulta emitido por la DG de Competencia en 2001, la Comisión concluyó que la exención por categorías debía prorrogarse tres años más. Las conferencias sobre tarifas ofrecen beneficios en forma de acuerdos interlíneas totalmente flexibles, y es en estos momentos poco probable que tales beneficios puedan obtenerse en su totalidad por medios menos restrictivos. Prohibir las conferencias sobre tarifas no sólo supondría el final definitivo de los acuerdos interlínea, sino que reduciría los productos de tarifas disponibles para gran número de consumidores y, al menos a corto plazo, dificultaría la competencia de pequeñas compañías.

106. Sin embargo, a medida que desarrollan las alianzas, cabría suponer que a largo plazo sea menos evidente la necesidad de conferencias sobre tarifas, sobre todo en rutas de gran tráfico. A fin de poder estudiar la necesidad de una exención por categorías en el futuro, la Comisión ha impuesto a las compañías aéreas participantes en las conferencias la nueva condición de recoger datos que faciliten información concreta sobre la medida en que los billetes emitidos en el EEE son billetes a tarifas de la IATA y sobre la importancia relativa de tales billetes para los acuerdos interlíneas.

107. El nuevo Reglamento prorroga además la actual exención por categorías de la atribución de franjas y horarios de los aeropuertos hasta el 30 de junio de 2005. Esta exención por categorías guarda estrecha relación con el Reglamento (CEE) 95/93 del Consejo de 18 de enero de 1993 relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios. Tomados en conjunto, la exención por categorías y el Reglamento del Consejo establecen las condiciones bajo las cuales las compañías aéreas podrán participar en conferencias en que se asignen franjas horarias en aeropuertos congestionados. La Comisión ha propuesto una serie de modificaciones al Reglamento (CEE) 95/93 del Consejo, y actualmente se examinan las posibilidades de nuevas modificaciones que vayan más allá de lo puramente técnico. La ampliación de la exención por categorías a los horarios de los aeropuertos permitirá además sincronizar las dos exenciones restantes del Reglamento (CEE) 1617/93 y permitirá a la Comisión revisar dicho Reglamento en todos sus aspectos antes del 30 de junio de 2005.

4.1.2. Política de competencia en la aviación internacional

108. Para garantizar que se mantenga y fomente la competencia en el ámbito del transporte aéreo internacional es requisito previo y fundamental que la Comisión posea instrumentos de aplicación eficaces y eficientes. La Comisión ya ha presentado al Consejo una serie de propuestas, la más reciente en 1997, a fin de ampliar el ámbito de aplicación de los Reglamentos (CEE) 3975/87 y (CEE) 3976/87 al transporte entre la Comunidad y terceros países. Hasta el momento el Consejo no ha decidido sobre estas propuestas [70]. Las sentencias del Tribunal en los asuntos denominados de "cielo abierto" confirman la necesidad de una política internacional coordinada de transporte aéreo e implican la necesidad de revisar y relanzar estas propuestas [71]. Sólo superando las actuales limitaciones impuestas a la Comisión en materia de investigación y aplicación podrá establecerse una política plenamente eficaz de competencia en la aviación internacional. La Comisión elabora actualmente una nueva propuesta que prevé presentar al Consejo en 2003.

[70] COM (97) 218 final.

[71] Asuntos C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 y C-476/98 contra el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, Austria y Alemania.

4.1.3. Alianzas transatlánticas

109. El 21 de febrero, British Airways y American Airlines confirmaron que habían puesto término a sus acuerdos de alianza, investigados por la Comisión en estrecha cooperación con el Office of Fair Trading (OFT) del Reino Unido. Por consiguiente, la Comisión decidió dar por concluido el procedimiento incoado sobre este asunto.

110. El 28 de octubre [72], la Comisión decidió dar por terminado el procedimiento incoado en 1996 a fin de examinar conforme a las normas de competencia comunitarias la alianza entre KLM y su socio Northwest, de Estados Unidos, y la alianza entre Lufthansa, SAS y United Airlines, de Estados Unidos. En el caso de LH/SAS/UA, la Comisión basó su conclusión en una serie de compromisos ofrecidos por las partes a fin de resolver los problemas de competencia que se planteaban en varias rutas entre el aeropuerto de Francfort y Estados Unidos, así como una declaración del Gobierno alemán que eliminaba posibles obstáculos reglamentarios a nuevos operadores en dichas rutas. En el caso de KLM/NorthWest, no se consideró necesario compromiso alguno.

[72] DO C 264 de 30.10.2002.

111. En noviembre, la Comisión concluyó asimismo su investigación en el asunto bmi british midland/United Airlines. En este caso la Comisión no había incoado un procedimiento formal, pero había cooperado activamente con el Office of Fair Trading (OFT) del Reino Unido [73]. El OFT adoptó el 1 de noviembre una decisión formal por la que se concedía a la alianza una exención individual con arreglo al apartado 3 del artículo 81 del Tratado. Ambas autoridades llegaron a la conclusión de que el acuerdo de alianza entre bmi y United Airlines cumplía los requisitos necesarios para recibir dicha exención.

[73] Por motivos de procedimiento, el OFT tomó la iniciativa en este caso en ejercicio de sus facultades conforme a los Reglamentos de 2001 de aplicación de la normativa de competencia comunitaria. Cabe recordar que el Reglamento 3975/87 del Consejo, que establece normas detalladas para la aplicación de los artículos 81 y 82, se refiere únicamente al transporte aéreo entre los aeropuertos comunitarios. Sin embargo, el OFT, conforme a los Reglamentos de aplicación, posee facultades para tomar decisiones sobre la aplicación de los artículos 81 y 82, entre otras cosas, al transporte aéreo entre los Estados miembros y terceros países. A falta de dichas facultades, la Comisión hubiera debido investigar la alianza en ejercicio de sus poderes con arreglo al artículo 85, en virtud del cual tan sólo hubiera podido proponer medidas a fin de poner fin a las infracciones.

112. La Comisión sigue investigando la alianza Skyteam entre Air France, Alitalia, Delta, CSA, Korean Air y AerMexico, lanzada oficialmente en julio 2000. A tal fin, en marzo de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea una Comunicación en la que se invitaba a los terceros interesados a formular observaciones [74]. La Comisión está examinando actualmente las observaciones formuladas por los terceros interesados y otros datos recibidos entre tanto.

[74] DO C 76 de 27.03.02 p. 12.

4.1.4. Alianzas y operaciones de concentración intraeuropeas

113. El 1 de julio, la Comisión remitió a Air France y a Alitalia una carta en la cual manifestaba serias dudas sobre su cooperación en determinadas rutas entre Francia e Italia. La Comisión consideraba que el acuerdo de cooperación no podía autorizarse en su forma actual, pues eliminaría la competencia en gran número de rutas entre Italia y Francia. El envío de un escrito en que se manifiestan serias dudas constituye la primera etapa formal de una investigación de la Comisión, la cual podría dar lugar a una decisión de prohibición, a menos que las empresas resuelvan el problema observado por la Comisión.

114. El 5 de julio, la Comisión autorizó la asociación entre Lufthansa y Austrian Airlines, sujeta a compromisos sustantivos de las partes [75]. Las condiciones impuestas en la decisión pretenden reducir las barreras a la entrada y fomentar la competencia intermodal. Dada la gravedad de los efectos de esta alianza sobre la competencia en comparación con decisiones anteriores, la Comisión impuso a las partes una serie de nuevos remedios y, en particular, un mecanismo de reducción de precios y la obligación de celebrar un acuerdo especial de prorrata, así como acuerdos intermodales.

[75] DO L 242 del 10.9.2002 p. 25.

115. En 2002 la Comisión inició asimismo investigaciones sobre los acuerdos de alianza celebrados entre British Airways, Iberia y GB Airways, así como entre British Airways y SN Brussels Airlines. En este último asunto se publicó un resumen de los acuerdos de cooperación en el Diario Oficial de la Unión Europea [76].

[76] DO C 306 de 10.12.2002, p. 4.

116. La Comisión examinó igualmente la concentración entre SAS y Spanair y la autorizó en marzo de 2002 [77]. Por otra parte, la Comisión no se opuso a la creación por parte de Lufthansa, British Airways y Air France de un canal de distribución mundial de carga entre Lufthansa, British Airways y Air France.

[77] DO C 93 de 18.4.2002, p. 7.

4.2. Transportes marítimos

4.2.1. Evolución de la jurisprudencia

117. El 28 de febrero, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó tres sentencias de gran importancia para la política comunitaria de competencia en el sector marítimo [78].

[78] Asuntos:

118. Los tres asuntos se refieren a la aplicación del Reglamento del Consejo (CEE) 4056/86, principal disposición en materia de competencia en el sector marítimo. El Reglamento contempla la exención por categoría de una serie de actividades de las conferencias marítimas. Por ejemplo, el artículo 3 permite a una conferencia marítima no sólo fijar un precio común de carga, sino también, entre otras cosas, controlar la capacidad ofrecida por cada uno de los miembros de la conferencia [79].

[79] La Comisión interpretó esta disposición en el sentido de que permitía regular la capacidad sólo bajo estrictas condiciones (v. más adelante).

119. En el asunto TAA, el TPI estableció que el TAA no era una conferencia marítima, ya que no cumplía el criterio fundamental según el cual una conferencia opera aplicando precios de carga comunes o uniformes. Al no ser una conferencia, es evidente que no podía acogerse a la exención por categoría aplicable a las conferencias marítimas. Tampoco sus actividades -que no sólo consisten en fijar tarifas marítimas y terrestres, sino también en limitar colectivamente las capacidades de buques disponibles- podían acogerse a una exención individual, ya que por distintos motivos no cumplían lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 81 en relación con la mejora de la producción, el carácter indispensable de las restricciones y la no eliminación de la competencia.

120. El asunto FEFC guardaba relación con la delimitación entre el Reglamento (CEE) del Consejo 1017/68 (transporte terrestre) y el Reglamento 4056/86 (transporte marítimo). Las partes del FEFC alegaron que, cuando el transporte terrestre se prestaba dentro de una operación de transporte intermodal (terrestre y marítimo), el Reglamento aplicable a ambos modos de transporte era el Reglamento (CEE) 4056/86. En consecuencia, el FEFC consideraba que la exención por categoría en favor las conferencias marítimas no sólo se aplicaba a la parte marítima de la operación intermodal, sino también a la terrestre, y que una conferencia tenía pues derecho a fijar tarifas para ambas partes. El TPI rechazó esta interpretación y determinó que el transporte terrestre, incluso cuando forma parte de una operación intermodal, es un servicio distinto del transporte marítimo y se rige en consecuencia por el Reglamento (CEE) 1017/68 y no por el Reglamento (CEE) 4056/86.

121. Por consiguiente, no puede aplicarse la exención por categoría de las conferencias marítimas a los precios del transporte terrestre fijados por una conferencia.

122. Del mismo modo, las partes del FEFC tampoco demostraron que los sistemas de fijación de precio fueran necesarios para lograr el objetivo de estabilidad declarado y que por tanto se cumplieran las condiciones para acogerse a una exención individual.

123. En su sentencia sobre el asunto de la dispensa de multas en favor de TACA, el TPI concluyó que la fijación de los precios del transporte terrestre entraba en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre el transporte terrestre [80] (CEE) n° 1017/68, y dado que éste no contiene disposición alguna sobre dispensa del pago de multas, la decisión [81] de la Comisión por la que supuestamente se retira la dispensa no modifica la situación jurídica de las partes del TAA. Por tanto, el recurso de las partes fue declarado inadmisible.

[80] El TPI citó la sentencia FEFC.

[81] La decisión se tomó únicamente como medida de precaución ante la posibilidad de que el TPI o el TJE consideraran que la parte terrestre de una operación de transporte intermodal entraba en el ámbito de aplicación del Reglamento 4056/86, que sí contempla la dispensa de multas cuando un acuerdo se notifica formalmente.

124. Al llegar a esta conclusión, el TPI desestimó el argumento según el cual, aunque el Reglamento (CEE) 1017/68 no prevé expresamente la dispensa del pago de multas, cabe considerar que existe en Derecho comunitario de competencia un principio general en virtud del cual una notificación formal tiene esa consecuencia.

4.2.2. Revisión del Reglamento (CEE) n° 4056/86

125. En abril, la Secretaría de la OCDE publicó su informe final sobre la política de competencia en los servicios de transportes marítimos de línea [82]. Este informe, que en poco difería de un proyecto debatido por expertos en competencia y transporte marítimo en un seminario de la OCDE celebrado en diciembre de 2001 [83], concluyó que era injustificada la inmunidad frente a las disposiciones de defensa de la competencia y la exención de las fijaciones de precios o negociaciones de tarifas.

[82] Documento de la OCDE DSTI/DOT/(2002)2 "Competition Policy in Liner Shipping - Final Report", Paris, 16 de abril de 2002.

[83] V. XXXI Informe sobre la política de competencia, página 38.

126. La exención por categoría de las conferencias marítimas prevista en el artículo 3 del Reglamento 4056/86 se basa en la hipótesis según la cual la fijación colectiva de precios por los miembros de una conferencia marítima es condición indispensable para unos servicios fiables de transporte marítimo. No ha habido revisión de esta exención de gran importancia económica en los quince años desde su entrada en vigor, lo que resulta contrario a las prácticas de la Comisión. Por tal motivo y habida cuenta de los cambios que se han producido en el mercado, la Comisión decidió emprender una revisión de la exención por categoría y demás disposiciones sustantivas del Reglamento (CEE) 4056/86.

127. La Comisión emprende pues un proceso de revisión cuya primera fase es la publicación de un documento de consulta en enero de 2003. Este documento invitará a los Estados y a las empresas a presentar observaciones y datos sobre una serie de cuestiones clave a fin de evaluar los motivos del mantenimiento de la exención por categoría de las conferencias marítimas. La Comisión solicitará asimismo comentarios sobre la necesidad de simplificar y modernizar el Reglamento (CEE) 4056/86 sobre otras cuestiones sustantivas.

4.2.3. Asuntos individuales

128. El 14 de noviembre, la Comisión Europea adoptó una decisión que exenta de la aplicación de las normas de competencia comunitarias a la Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA), agrupación de navieras que presta servicios regulares de transporte de mercancías almacenadas en contenedores entre puertos del norte de Europa y de Estados Unidos [84]. La decisión se produce al término de una larga investigación durante la cual los miembros de la TACA (1) aceptaron efectuar importantes concesiones.

[84] DO L 26 de 31.1.2003, p. 53.

129. El acuerdo autorizado es sucesor directo del acuerdo TACA, que la Comisión había juzgado ilegal en una decisión de 1998 por la cual se impuso a los miembros multas por un importe total de 273 millones de euros, cifra récord en aquella época. El nuevo acuerdo, comúnmente denominado "TACA revisado", conforma las actividades de la conferencia TACA a las principales orientaciones sobre prácticas de conferencias establecidas en la decisión TACA.

130. A consecuencia de la decisión TACA de 1998 y de las modificaciones a la legislación estadounidense en materia de transporte marítimo que la hacen aún más favorable a la competencia, los miembros del TACA se enfrentan hoy en día a un mercado considerablemente más abierto y competitivo. Este factor fue determinante para la Comisión a la hora de conceder una exención al TACA revisado.

4.3. Transportes ferroviarios

131. En enero, la Comisión presentó un segundo conjunto de propuestas legislativas para la integración de las redes ferroviarias nacionales en un espacio ferroviario europeo único. Entre las medidas se incluye la apertura de los mercados nacionales de carga y cabotaje, un planteamiento europeo de la seguridad ferroviaria (incluidas medidas para asegurar el acceso justo y no discriminatorio a las instalaciones de formación de tripulaciones de trenes), el fomento de la interoperabilidad de sistemas ferroviarios y la creación de un organismo ferroviario europeo. La Comisión entre tanto continuó sus trabajos en un comité de comitología a fin de asistir a los Estados miembros en la transposición del primer paquete [85] a su derecho nacional.

[85] Directiva 2001/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios. Directiva 2001/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, por la que se modifica la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias. Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (DO L 75 de 15.3.2001) .

132. En mayo, el Comisario Monti expuso la concepción de la Comisión sobre la política de competencia en el ámbito del transporte ferroviario. El Comisario puso de relieve tres deficiencias estructurales que siguen impidiendo la integración del mercado y la competencia efectiva: la ausencia de separación adecuada entre los gestores de las infraestructuras ferroviarias y los explotadores de servicios ferroviarios que las utilizan, la falta de transparencia en el modo de atribución de los tramos internacionales y, por último, la falta de competencia por el lado de la oferta.

133. La Comisión prosiguió los procedimientos incoados contra Ferrovie dello Stato (FS) [86] y Deutsche Bahn (DB) [87]. Se trata en ambos casos de un comportamiento discriminatorio y de exclusión infligido por los operadores existentes a un operador nuevo. La Comisión incoó el procedimiento formal en 2001. En el primer asunto, una pequeña empresa privada alemana del sector ferroviario presentó una denuncia contra FS alegando que ésta le había impedido entrar en el mercado y ofrecer un servicio ferroviario internacional de transporte de viajeros entre Basilea y Milán. En el segundo asunto, el denunciante afirmaba que DB había actuado de manera discriminatoria en el suministro de servicios de tracción e impedido al nuevo operador mantener un servicio internacional de transporte de viajeros entre Alemania y Suecia. En ambos casos tuvo lugar una audiencia, lo que dio lugar a investigaciones detalladas, que continuan aún.

[86] Asunto COMP/37.685.

[87] Asunto COMP/37.985.

5. Medios de comunicación

134. El sector de los medios de comunicación está sufriendo una profunda reestructuración debido al estancamiento del mercado publicitario, la espiral de costes de los contenidos de calidad y la difícil transición hacia las plataformas digitales. En consecuencia, la concentración horizontal y vertical, en particular en cuanto a derechos televisivos sobre grandes acontecimientos deportivos, y la consolidación de las plataformas [88] dieron lugar a lo largo del año a una serie de asuntos complejos y ofrecieron a la Comisión la ocasión de exponer los principios que en el futuro guiarán el tratamiento de los asuntos en este sector.

[88] Cf. la concentración entre las dos plataformas españolas de televisión de pago Canal Satélite Digital y Vía Digital, asunto COMP/M.2645 Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital, objeto de remisión a las autoridades españolas, y la operación de concentración entre las dos plataformas italianas de televisión de pago Stream y Telepiú, asunto COMP/M. 2876 Newscorp/Telepiú.

5.1. Acceso a contenidos de calidad

135. La UEFA y la mayoría de las federaciones nacionales de fútbol venden en conjunto los derechos de retransmisión de partidos de fútbol en nombre de los clubes de fútbol. La Comisión considera que estos acuerdos de venta conjunta, unidos a la práctica de ceder los derechos en grupo y con carácter exclusivo, tienen efectos importantes en la estructura de los mercados de retransmisiones televisadas. En general, la totalidad de los derechos de televisión para todo un torneo se vende en un paquete exclusivo a un único operador por un período prolongado. Dado que todos los derechos se asignan a un único operador de radiodifusión, hay una feroz competencia por obtenerlos y, a fin de cuentas, sólo los grandes organismos de radiodifusión lo consiguen. Esto podría aumentar la concentración de medios de comunicación y obstaculizar la competencia entre operadores.

136. La Comisión considera que la venta conjunta limita la competencia a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, dado que los clubes participantes en las ligas no pueden competir entre sí a fin de vender individualmente los derechos.

137. No obstante, con las modificaciones adecuadas, la venta conjunta de derechos de retransmisión puede ser un modo eficaz de organizar la venta de acontecimientos deportivos y acogerse a una exención en virtud del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE. En primer lugar, el sistema puede beneficiar a la producción de un producto de la liga (que permita la cobertura de partidos clave del campeonato) diferente de otras retransmisiones futbolísticas. Por otra parte, un punto de venta único de derechos de transmisión puede constituir un método comercial eficaz para las partes interesadas. La venta conjunta puede ser también un buen medio de promocionar la estrategia de marca de una liga.

Liga de Campeones de la UEFA

138. En un asunto importante relacionado con la venta conjunta de derechos de retransmisión de la Liga de Campeones de la UEFA [89] se alcanzó una solución en junio y se publicó una comunicación con arreglo al apartado 3 del artículo 19 en agosto [90]. La solución condujo al compromiso por parte de la UEFA de vender los derechos con arreglo a procedimientos de adjudicación justos, abiertos y no discriminatorios, por un período máximo de tres años, a distribuir los derechos en lotes a fin de que un mayor número de operadores pueda tener acceso a los mismos y, por último, a abrir el acceso a nuevos medios de comunicación (Internet, UMTS) [91].

[89] Asunto COMP/37.398; la UEFA notificó su sistema de venta conjunta el 1 de febrero de 1999 y recibió un pliego de cargos el 19 de julio de 2001. UEFA respondió el 16 de noviembre de 2001 y poco después se entablaron negociaciones a fin de resolver el asunto.

[90] DO C 196 de 17.8.2002, p. 3.

[91] Comunicado de prensa IP/02/806 de 3.6.2001.

139. La Comisión examinará los acuerdos nacionales y europeos de estas características basándose en los mismos principios.

5.2. Acceso a derechos de nuevos medios de comunicación

140. En 2002, los nuevos medios de comunicación fueron objeto de especial atención por parte de la Comisión al hilo de varios asuntos. Así como la mayoría de los asuntos relativos a derechos de retransmisión de partidos de fútbol tan sólo conciernen a la televisión de pago o en abierto, los nuevos asuntos atañen además a nuevas plataformas tales como Internet y las redes móviles UMTS.

141. Para crear nuevos servicios en ambas plataformas son necesarios contenidos de calidad. Los potenciales proveedores de contenido de los nuevos mercados se pusieron en contacto con la Comisión en relación con la disponibilidad de este tipo de contenidos y, en particular, de derechos de transmisiones deportivas. Existen fundamentalmente dos categorías de titulares de contenidos deportivos: los titulares de derechos, tales como las federaciones y clubes deportivos, y los agentes que actúan a modo de envasadores, por empaquetar y estructurar contenidos de distintos proveedores. Según los datos de que dispone la Comisión, los titulares de contenidos no los ponen a disposición de las nuevas plataformas.

142. El fútbol puede ser un contenido que estimule la prestación de servicios en las nuevas plataformas de comunicación. Ahora bien, su potencial no se aprovecha actualmente, y hay motivos para pensar que los titulares de derechos deportivos se los reservan a fin de proteger el valor de sus derechos de televisión.

143. Una denegación de suministro por parte de los propietarios de contenido podría plantear problemas de competencia al infringir el artículo 82 del Tratado CE. El impedir a los nuevos medios de comunicación el disfrute de derechos con el único fin de proteger determinadas posiciones en los mercados televisivos tradicionales puede considerarse una restricción a la producción que limita la prestación de servicios a los consumidores.

144. Todo acuerdo de venta de derechos televisivos que prohiba o impida la comercialización de derechos de nuevos medios de comunicación puede restringir la competencia si limita la producción y el desarrollo técnico en el mercado a efectos del artículo 81 del Tratado CE. Otras restricciones, tales como los límites en los horarios de transmisión, podrían tener el mismo efecto. Por último, la exclusividad puede también obstaculizar la competencia si cierra el mercado en medida significativa y, en particular, si dicha exclusividad es excesiva en cuanto a duración o ámbito de aplicación.

145. La Comisión mantendrá su seguimiento del sector de los nuevos medios de comunicación y, en su caso, iniciará investigaciones.

5.3. Acuerdos de gestión colectiva y concesión de licencias de derechos de autor

146. La gestión colectiva y la concesión de licencias de derechos de autor en Europa plantean desde hace años importantes problemas de competencia [92]. La Comisión estudia actualmente una serie de asuntos relativos a la adaptación de la gestión de derechos de autor tradicionales (televisión, radio, discotecas, etc.) al nuevo entorno técnico surgido del desarrollo comercial de Internet y de la radiodifusión por satélite.

[92] V., por ejemplo, las decisiones de la Comisión: asunto IV/26.760 GEMA, decisión de 2.6.1971, DO L 134 de 20.6.1971, p. 15 y Decisión de 6.7.1972, DO L 166 de 24.7.1972, p. 22; asunto IV/29.971 Estatutos de GEMA, decisión de 4.12.1981, DO L 94 de 8.4.1982, p. 12; asunto 29.839 GVL, decisión de 29.10.1981, DO L 370 de 28.12.1981, p. 49; o las sentencias del Tribunal en los siguientes asuntos: Phil Collins, Rec. 1993, p. I-5145; Musik-Vertrieb membran, Rec. 1981, p. 147; Tournier, Rec. 1989, p. 2521; Lucazeau, Rec. 1989, p. 2811.

147. El 8 de octubre se adoptó una importante decisión de exención, acompañada de condiciones y obligaciones, en relación con los requisitos para la concesión de licencias impuestas por las sociedades de gestión colectiva a los usuarios de derechos de autor [93], tras la notificación de un acuerdo normalizado entre una serie de sociedades de gestión colectiva que actúan en nombre de las productoras. El acuerdo pretende facilitar, por medio de una "ventanilla única", la concesión de licencias internacionales de los correspondientes derechos (retransmisión y ejecución pública) a los organismos de difusión por radio y televisión que deseen iniciar servicios de "simulcast" [94] para poner obras musicales a disposición del público a través de Internet.

[93] Asunto COMP/C-2/38.014 IFPI "Simulcasting" (Federación internacional de la industria fonográfica).

[94] Los servicios de "simultcast" consisten en la transmisión por las estaciones de radio y televisión de una señal, simultáneamente y sin alteración, por medios convencionales y por Internet.

148. Se trata de la primera decisión adoptada por la Comisión en el ámbito de la gestión colectiva y la concesión de licencias de derechos de autor para la explotación comercial de obras musicales en Internet. Para obtener una exención, las partes aceptaron suprimir de sus acuerdos de concesión recíproca de licencias las restricciones territoriales (inicialmente previstas), lo que permitirá la competencia en la concesión de licencias en Europa de derechos de autor para servicios de Internet. De este modo resulta ahora posible la competencia tanto en lo que se refiere a los servicios que se presten como a los derechos de gestión que deberán abonar los titulares de licencias. Los operadores de radiodifusión del EEE estarán pues en condiciones de elegir entre las sociedades de gestión colectiva a la hora de obtener su licencia de simultcast "de ventanilla única".

149. Dado que las partes también han aceptado distinguir los cánones de derechos de autor propiamente dichos de sus propios cánones administrativos, destinados a cubrir los gastos administrativos de la sociedad que concede licencias, y cobrarlos por separado, la transparencia de los costes en que incurren las sociedades de gestión se verá reforzada. Gracias a dicha mayor transparencia, las entidades de radiodifusión del EEE podrán elegir la más eficaz entre las sociedades de gestión establecidas en el EEE a la hora de obtener su licencia de difusión simulcast. En este contexto, la palabra "eficiencia" se entiende tanto en términos de precio (canon) como del nivel de los gastos administrativos.

150. Dado que los costes de las sociedades de gestión suelen repercutirse en los usuarios finales a través de los organismos de radiodifusión, las presiones sobre el nivel tanto de los precios como de los gastos de administración mejorarán la gestión de los derechos y el acceso a los mismos de las entidades de radiodifusión para fines de suministro de servicios en Internet y, por consiguiente, los beneficios para el consumidor serán mayores. La creación de un mercado legítimo de simulcasting no sólo garantizará que los consumidores gocen del acceso a una mayor variedad de programas musicales de audio y vídeo por Internet, sino además que se remunere correctamente a los titulares de los derechos de autor y los artistas.

5.4. Medios de comunicación impresos

151. En el ámbito de los medios de comunicación impresos y, en particular, en relación con los libros, la Comisión hace tiempo que se ocupa de los acuerdos de fijación de precios transfronterizos. La Comisión no tiene objeción a los acuerdos verdaderamente nacionales de mantenimiento de precios de reventa de productos impresos, siempre y cuando no afecten de manera apreciable al comercio entre Estados miembros. Los principales asuntos, en particular los relativos a Alemania, se solucionaron y concluyeron a lo largo del año [95].

[95] Asuntos COMP/C-2/34.657 Sammelrevers; COMP/C-2/37.906 Internetbuchhandel; COMP/C-2/38.019 Proxis/KNO y otros; comunicado de prensa IP/02/461 de 22.3.2002.

152. La mayor transparencia de precios en el sector de la edición y, en particular, de las publicaciones periódicas tras la introducción efectiva del euro el 1 de enero de 2002 dio lugar a gran número de denuncias informales de ciudadanos de la Unión por supuestas divergencias injustificadas de precios de una misma publicación periódica en función del país. En el ámbito de la edición universitaria y especializada, la Comisión ha constatado persistentes subidas de precio, sobre todo de revistas científicas, técnicas y médicas publicadas por grandes editoras internacionales.

153. Ambos temas se seguirán de cerca y, cuando se juzgue necesario, se iniciarán investigaciones.

6. Distribución de vehículos de motor

154. A lo largo del año, la Comisión centró sus actividades principalmente en la aprobación del nuevo Reglamento de exención por categorías en el sector de los vehículos de motor, en su folleto explicativo y en el informe semestral sobre precios en la Unión Europea.

6.1. Adopción del nuevo Reglamento de exención en el sector de los vehículos de motor

6.1.1. Contexto

155. Hasta el 30 de septiembre de 2002, fecha de su expiración, el Reglamento (CE) 1475/95 eximía de la prohibición enunciada en el apartado 1 del Artículo 81 los acuerdos de distribución selectiva y exclusiva de vehículos de motor de más de tres ruedas, mediante los cuales los productores establecen concesionarios dentro de territorios exclusivos y tales concesionarios pueden vender vehículos, bien a los clientes finales, bien a sus intermediarios, bien a otros concesionarios autorizados por el productor [96].

[96] Reglamento (CE) n° 1475/95 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles, DO L 145 de 29.6.1995; IP/02/1073 y MEMO/02/174 de la Comisión, de 17.7.2002.

156. Tras un largo y fructífero proceso de consulta y evaluación iniciado en 1999, la Comisión adoptó el nuevo Reglamento relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor: el Reglamento (CE) 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002 [97]. El Reglamento entró en vigor el 1 de octubre de 2002 y expirará el 31 de mayo de 2010. Contempla además un período general de transición de un año, durante el cual el apartado 1 del artículo 81 no será aplicable a los acuerdos verticales existentes, siempre y cuando cumplan las condiciones para la exención que establece el Reglamento (CE) 1475/95.

[97] DO L 203 de 1.8.2002, p. 30.

157. El nuevo Reglamento de exención por categoría supone, en relación con el antiguo, una evolución importante en dos aspectos. En primer lugar, y aunque se trate de un Reglamento sectorial, se basa en la filosofía del Reglamento 2790/1999 en cuanto al análisis económico de las restricciones verticales y, como corolario, al abandono de las cláusulas autorizadas en favor de un planteamiento consistente en excluir de la exención las restricciones especialmente graves a la competencia. En segundo lugar, al tiempo que, en aras de mayor flexibilidad de elección para los propios agentes económicos, ya no prescribe el sistema de distribución único eximido, el nuevo Reglamento establece normas más estrictas tanto sobre ventas de vehículos nuevos y sus recambios como sobre servicios postventa.

158. La Comisión llegó a este planteamiento más estricto tras conocer los resultados del Informe de evaluación sobre el Reglamento (CE) n° 1475/95, que concluía que dicha disposición se basaba en premisas que ya no eran actuales y que no había alcanzado todos sus objetivos, sobre todo en cuanto a competencia intramarca, integración de mercados y ventajas para los consumidores [98]. La Comisión constató que el Reglamento (CE) 2790/1999 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas [99] no permitía resolver los problemas observados [100] debido, sobre todo, a que existía un efecto acumulativo en el sector de los vehículos de motor en vista de la semejanza de los acuerdos de distribución en vigor y de las restricciones de competencia a que daban lugar. Todo ello justificaba un régimen más estricto. La aprobación de un Reglamento específico al sector de los vehículos de motor era el único medio de aportar soluciones adecuadas a los problemas.

[98] Informe sobre la evaluación del Reglamento (CE) n° 1475/95 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles, 15.11.2000, COM (2000) 743 final; Cf. también Informe de competencia 2000, puntos 112 a 115.

[99] DO L336 de 29.12.1999, p.21.

[100] Por ejemplo, en materia de acceso de los talleres de reparación independientes a información técnica, herramientas de diagnóstico y reparación, formación, o también en cuanto a acceso al mercado de recambios producidos por los fabricantes de equipos. Además, la aplicación de este Reglamento no tendría en cuenta el efecto acumulativo de acuerdos casi idénticos en la distribución de automóviles. En cambio, en materia de venta de vehículos, el Reglamento no supone evolución alguna en cuanto a integración de mercados o venta multimarca.

6.1.2. Etapas más importantes de la adopción del Reglamento

159. La aprobación del nuevo Reglamento tuvo lugar en un contexto de amplia consulta a todos los operadores económicos interesados, directa o potencialmente afectados, así como a los consumidores.

160. El Informe de evaluación del Reglamento (CE) n° 1475/95 se basó en la información obtenida de fabricantes de vehículos de motor, fabricantes de equipos, concesionarios oficiales de venta y servicios postventa, vendedores independientes de vehículos, intermediarios, empresas de reparación independientes, mayoristas y minoristas independientes de recambios, nuevos operadores potenciales, así como los consumidores y determinadas categorías de clientes, como, por ejemplo, las sociedades de arrendamiento financiero. A partir de la aprobación de este informe, la Comisión invitó a todas las partes interesadas a formular sus observaciones y comentarios y organizó una audiencia en la cual participaron, además de las citadas categorías de operadores, asociaciones de consumidores, las autoridades nacionales de competencia y representantes del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales [101].

[101] La audiencia se celebró los días 13 y 14 de febrero de 2000 y reunió a más de a 350 participantes. Las contribuciones de los participantes pueden consultarse en la sección "sector del automóvil", en el punto "audiencias, discursos" del sitio Internet de la Dirección General de Competencia.

161. La Comisión financió además cuatro estudios independientes, todos de carácter consultivo y sin recomendación alguna sobre la naturaleza del futuro régimen. A lo largo del año 2000 se realizaron dos estudios, por una parte sobre el vínculo entre la venta de nuevos vehículos y los servicios postventa y por otra sobre las diferencias de precio en la Comunidad [102]. En 2001 la Comisión inició un estudio a fin de definir y medir el impacto económico de las posibles futuras disposiciones legislativas en todos los ámbitos interesados [103]. En paralelo, se financió un estudio sobre las expectativas de los consumidores con vistas a determinar su posición ante el actual sistema de distribución de vehículos y las posibles alternativas para el futuro [104]. La Comisión atendió a todas las demás fuentes de información, tales como, por ejemplo, otros estudios disponibles [105].

[102] Ambos estudios pueden consultarse en el sitio Internet de la Dirección General de Competencia: http://europa.eu.int/comm/competition/ car\_sector/. "Vínculo natural entre venta y postventa" (Autopolis), "Análisis económico de las diferencias de precios en la Comunidad" (Hans Degryse y Frank Verboven - KU Leuven y CEPR). Cf. también Informe de competencia 2000, punto 113.

[103] Las especificaciones del estudio, así como el propio estudio, pueden consultarse en el sitio Internet de la Dirección General de Competencia: http://europa.eu.int/comm/competition/ car\_sector/. El estudio realizado por Arthur Andersen puede consultarse en esta dirección de Internet.

[104] "Preferencias de los consumidores en cuanto a alternativas existentes o potenciales de venta y servicios postventa en la distribución de automóviles", Dr. Lademan & Partner (http://europa.eu.int/comm/competition/ car\_sector/)

[105] Entre las fuentes cabe citar el estudio financiado por la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA), también relativo a los efectos económicos de los sistemas de distribución alternativos.

162. Tras esta amplia consulta, y partiendo de su experiencia propia, en particular en el tratamiento de asuntos de infracciones graves al artículo 81 [106], la Comisión adoptó el 5 de febrero un proyecto de Reglamento, que fue debatido con los Estados miembros en un primer Comité Consultivo el 7 de marzo [107]. Tras su publicación, la Comisión recibió aproximadamente 350 observaciones escritas de fabricantes, concesionarios, consumidores, minoristas, intermediarios, talleres de reparación, proveedores de recambios y numerosos asesores jurídicos. Una vez estudiadas dichas observaciones, así como los comentarios y sugerencias de los Estados miembros formulados en el primer Comité Consultivo, la Comisión presentó el 6 de mayo un proyecto modificado a los Estados miembros, previo a a un segundo Comité Consultivo celebrado el 6 de junio.

[106] V. asuntos Volkswagen I (Decisión de la Comisión de 28.1.1998, DO L 124 de 25.4.1999) y Volkswagen II (Decisión de la Comisión de 29.6.2001, DO L 262 de 2.10.2001), Opel (Decisión de la Comisión de 20.9.2000, DO L 59 de 28.2.2001) y DaimlerChrysler (Decisión de la Comisión de 10.10.2001, DO L 257 de 25.9.2002).

[107] Proyecto publicado en el DO C 67 de 16.3.2002, p.2.

163. En paralelo, y a partir de la adopción del primer proyecto de Reglamento en febrero de 2002, la Comisión tomó la iniciativa de consultar al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo, los cuales emitieron sus respectivos dictámenes el 29 de mayo [108] y el 30 de mayo [109]. El Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo compartían tanto la constatación de la Comisión sobre la necesidad de modificar sustancialmente del contenido del Reglamento (CE) 1475/95 como la orientación general del proyecto. El Parlamento Europeo, en particular, formuló una serie de recomendaciones, gran parte de las cuales fueron tenidas en cuenta por la Comisión, en especial las relativas al período transitorio a cuyo término sería efectiva la prohibición de cláusulas de establecimiento: la Comisión amplió dicho período, de un año en el proyecto de Reglamento publicado inicialmente, hasta el 30 de septiembre de 2005, como deseaba el Parlamento Europeo.

[108] Informe de Dr. Konrad - A5-0144/2002, publicado en el sitio Internet del Parlamento Europeo, sección Actividades - Comisiones - Comisión de asuntos económicos y monetarios (www2.europarl.eu.int)

[109] DO C 221, 17.9.2002, p.10.

6.1.3. Principales características del Reglamento (CE) 1400/2002

6.1.3.1. Consideraciones generales

164. A diferencia del Reglamento (CE) 1475/95, el nuevo Reglamento no exenta, con independencia del poder de mercado de las empresas participantes en el acuerdo, un único formato definido de distribución de vehículos nuevos y prestación de servicios postventa obligatoriamente vinculadas entre sí.

165. Aquellos acuerdos verticales celebrados en el sector de los vehículos de motor a los cuales sea aplicable la prohibición contemplada en el artículo 81 (1) del Tratado, el Reglamento (CE) 1400/2002 quedan exentos bajo una serie de condiciones. Los acuerdos verticales se refieren a las condiciones de compra, venta o reventa de vehículos de motor nuevos [110], recambios para dichos vehículos y prestación de servicios de mantenimiento y reparación de los mismos. El ámbito de aplicación del nuevo Reglamento abarca pues distintas categorías de acuerdos verticales, de carácter más amplio y diversificado que los contemplados en el Reglamento 1475/95.

[110] En el artículo 1 (n) se define "vehículo de motor" como un vehículo autopropulsado de tres o más ruedas destinado a ser utilizado en la vía pública (esto es, automóviles particulares, vehículos comerciales ligeros, camiones, autobuses y autocares).

166. Por otra parte, y al igual que ocurre en el régimen general vertical, la exención irá en adelante vinculada a umbrales de cuotas de mercado (30% en general y 40% en el caso de la distribución selectiva cuantitativa en la venta de vehículos de motor). De este modo, la Comisión conserva la posibilidad de un examen individual de las condiciones para la exención estipuladas en el artículo 81 (3) en situaciones en que las partes del acuerdo vertical posean cuotas de mercado superiores a los umbrales, inclusive en el caso de acuerdos verticales que cumplan las condiciones específicas del artículo 5 del Reglamento y no contengan ninguna de las restricciones especialmente graves a la competencia enumeradas en el artículo 4.

167. El nuevo Reglamento se basa, por tanto, en un análisis económico de las restricciones verticales, similar al efectuado para la adopción del Reglamento 2790/1999. Este planteamiento da lugar a un Reglamento de exención que, en lugar de prescribir el único método de distribución de productos admisible como hacía el Reglamento 1475/95, excluye de la exención una serie de restricciones cuyos efectos negativos en cuanto a grave falseamiento de la competencia en el sector de los vehículos de motor no se ven neutralizados, en general, por sus posibles efectos beneficiosos, incluso por debajo de los umbrales de cuotas de mercado hasta los cuales la exención se concede automáticamente.

168. Por último, la adopción de un régimen más estricto sobre la distribución selectiva cuantitativa en la venta de automóviles y vehículos comerciales ligeros justifica la adopción de un umbral de cuota de mercado del 40%, en lugar del 30% previsto en el régimen general vertical.

6.1.3.2. Venta de nuevos vehículos

169. En materia de distribución de nuevos vehículos, las principales condiciones para la exención contempladas en el nuevo Reglamento son las siguientes.

- En adelante, los productores deberán optar en la práctica entre un sistema de distribución de carácter selectivo (cualitativo o cuantitativo) o bien de carácter exclusivo. Ya no se autoriza la combinación entre ambos, dado que el análisis realizado y la experiencia obtenida ponen de manifiesto que, en el sector de los vehículos de motor, la combinación de la protección territorial con la prohibición de venta a miembros no autorizados constituye un freno a la competencia efectiva entre miembros de la red y al objetivo de integración del mercado interior.

- La exención no se concede a ninguna restricción de ventas pasivas, ni a las restricciones de ventas activas en un sistema de distribución selectiva, ni a restricciones impuestas a los distribuidores de automóviles particulares o vehículos comerciales ligeros miembros de un sistema de distribución selectiva, a la hora de poder abrir puntos de venta o entrega suplementarios en áreas del mercado interior donde se aplica la distribución selectiva [111]. Estas disposiciones tienen por objetivo favorecer la competencia intramarca entre distribuidores y aumentar la integración del mercado, al facilitar el arbitraje entre mercados con acusadas diferencias de precio.

[111] La no exención de las cláusulas de localización será efectiva a partir del 1 de octubre de 2005. V. artículos 5(2) (b) y 12 (2) del Reglamento 1400/2002.

- Ya no se exenta el vínculo obligatorio entre actividades de venta y prestaciones de servicio postventa. Tampoco se exime la prohibición impuesta a un concesionario de subcontratar la prestación de servicios postventa a empresas de reparación autorizadas por el fabricante. La reorganización del vínculo entre la venta y la prestación de servicios postventa pretende permitir la entrada en el mercado de operadores interesados exclusivamente por una u otra actividad, así como favorecer una mejor asignación de las inversiones específicas efectuadas por los operadores existentes, los cuales serán libres de concentrarlas en el ámbito de su elección.

- La prohibición de las ventas multimarca [112] en una misma sala de exposición no se exenta en el nuevo Reglamento. En cambio, el fabricante puede imponer que las distintas marcas se expongan en zonas específicamente reservadas a cada una en una misma sala de exposición.

[112] Por ventas multimarca se entiende la posibilidad de representar a varias marcas competidoras pertenecientes a diferentes grupos de empresas.

- No se eximen los acuerdos verticales que limiten el derecho de un distribuidor a vender vehículos de motor que tengan características diferentes de los modelos equivalentes de la gama contemplada en el acuerdo. De este modo, todo consumidor tendrá derecho a procurarse en otro Estado miembro un vehículo con las características habituales de los vehículos generalmente vendidos en su país (lo que habitualmente se denomina "cláusula de disponibilidad") [113].

[113] La cláusula de disponibilidad permite por ejemplo a los consumidores de Irlanda y el Reino Unido comprar vehículos con el volante a la derecha en el Continente.

- Las actividades de los intermediarios designados por un consumidor no están ya sujetas a condición alguna. Los intermediarios constituyen un potente instrumento de desarrollo del comercio transfronterizo.

- Por último, se potencia la independencia de los distribuidores de vehículos con respecto a la empresa que otorga la concesión mediante la posibilidad de representar libremente a varias marcas de vehículos gracias al refuerzo de los criterios mínimos de protección contractual (inclusive en cuanto a duración mínima del contrato y al período y motivación del preaviso de resolución). Su independencia también se ve ampliamente favorecida gracias a la libertad de venta de su negocio a otros miembros autorizados de la red a la cual pertenezcan. Además, sólo se concederá exención al acuerdo vertical si las Partes Contratantes pueden remitir los conflictos contractuales a un tercero independiente o a un arbitraje.

6.1.3.3. Prestaciones de servicios postventa y venta de piezas de recambio

170. La prestación de servicios postventa (mantenimiento y reparación) representa un coste de uso del vehículo de motor equivalente al coste de compra (del orden de un 40% del coste total). Por ello, es esencial mejorar también las condiciones de competencia en este sector, máxime teniendo en cuenta que, así como un consumidor puede decidir comprar su vehículo en el Estado miembro donde le resulte menos costoso, esa posibilidad no existe en cuanto a servicios postventa por evidentes motivos de proximidad.

171. Por consiguiente, el nuevo Reglamento fija como objetivos aumentar la competencia entre los miembros autorizados de las redes de postventa, así como entre los miembros autorizados y los talleres de reparación independientes [114], y mejorar las condiciones de acceso a los recambios, manteniendo al mismo tiempo, por motivos de calidad y seguridad, el derecho de los fabricantes a fijar los criterios de cualificación que deban cumplir sus miembros autorizados.

[114] En estos últimos se agrupan varias categorías de operadores, desde el mecánico independiente hasta el taller de servicio especializado (por ejemplo, en carrocería o electrónica), pasando por las cadenas que trabajan sobre todo en reparaciones y mantenimientos normalizados.

172. La competencia entre talleres de reparación autorizados aumentará, ya que en adelante, cuando el fabricante de vehículos de motor establezca criterios de selección puramente cualitativos, todo operador que cumpla tales criterios tendrá derecho a convertirse en miembro de la red autorizada de reparación en el lugar que desee [115]. Además, y con respecto a la reestructuración de las redes de venta de vehículos, los concesionarios cuyo contrato se haya rescindido podrán pasar fácilmente a ser miembros autorizados de las redes de postventa, lo que contribuirá al mantenimiento de puntos de servicio cerca de los consumidores. Los talleres de reparación independientes que lo deseen podrán también convertirse en miembros autorizados siempre y cuando cumplan los criterios establecidos.

[115] Las cuotas de mercado de los fabricantes en la prestación de servicios postventa son en principio superiores al límite máximo del 30% del Reglamento (CE) 1400/2002 por lo que respecta a la venta de recambios y la prestación de servicios postventa. En consecuencia, las prestaciones de servicios postventa se regularán mediante un sistema selectivo cualitativo.

173. Por lo que se refiere a la competencia entre miembros autorizados y talleres de reparación independientes, ésta también aumentará, pues las condiciones de acceso a la información técnica se ampliarán gracias al acceso en adelante a la misma formación que los talleres de reparación autorizados, así como a herramientas de diagnóstico. De este modo, las cada vez más complejas competencias técnicas serán accesibles a los talleres de reparación independientes en las mismas condiciones que para los talleres de reparación autorizados. Así, no sólo estos operadores independientes seguirán compitiendo, en mejores condiciones, con los talleres de reparación oficiales, sino que además contribuirán a mantener la seguridad del mantenimiento y reparación de los vehículos de motor en general. A ello también contribuyen otros operadores tales como los clubes de automovilismo o las empresas de asistencia en carretera, razón por la cual este tipo de operadores gozará también de mayor acceso a la información técnica [116].

[116] V. lista no exhaustiva de operadores independientes en el artículo 4.2 del Reglamento 1400/2002.

174. Por último, los productores de componentes y recambios verán facilitado su acceso a los canales de distribución de piezas y talleres de reparación autorizados. Los productores deberán ser libres de suministrar recambios de origen o piezas de calidad equivalente tanto a los talleres de reparación autorizados como a los independientes. Como corolario, los distribuidores y talleres de reparación autorizados deberán ser libres de abastecerse de piezas de origen y piezas de calidad equivalente en el proveedor de su elección. Por tanto, un fabricante de vehículos de motor no podrá ya tener exclusividad de suministro de componentes o recambios que él mismo no produce. El cambio es importante, ya que hoy en día los fabricantes de equipos intervienen en un 80% en la fabricación de estos productos y los fabricantes de vehículos de motores en un 20%. Por otra parte, en adelante se considerarán recambios de origen no sólo los suministrados por el fabricante de vehículos de motor, sino también los fabricados por el fabricante de equipos tanto para el montaje inicial del vehículo de motor como los producidos por el mismo fabricante de equipos según las especificaciones y normas de fabricación facilitadas por el fabricante de vehículos de motor con vistas a la fabricación de componentes o recambios de origen destinados al vehículo en cuestión.

6.1.3.4. Conclusión

175. Los objetivos del Reglamento (CE) 1400/2002 -aumento de la competencia en la venta de vehículos nuevos y sus recambios y en la prestación de servicios postventa- son inseparables de los de mejorar el funcionamiento del mercado interior y obtener ventajas sustanciales para los consumidores. Sin embargo, el establecimiento de estos objetivos no altera en modo alguno el control cualitativo por parte de los productores interesados de sus redes de distribución, ni la seguridad y fiabilidad de sus productos. El nuevo Reglamento establece toda una serie de oportunidades comerciales que los operadores interesados deben aprovechar, y la realización de los objetivos citados dependerá enteramente de las decisiones comerciales que precisamente adopte cada una de las categorías de operadores, en sus respectivos niveles, a fin de sacar partido de estas oportunidades.

176. La introducción de parámetros de diferenciación entre los sistemas de distribución permitirá a los operadores interesados adaptarse con más facilidad y eficacia a las condiciones del mercado y a las necesidades de los consumidores, que además pueden cambiar con el tiempo.

6.1.4. Folleto explicativo

177. El folleto explicativo de 30 de septiembre de 2002 sobre el Reglamento (CE) 1400/2002 adopta el mismo planteamiento pragmático que el folleto explicativo de las consecuencias prácticas del antiguo Reglamento. Esto se juzgó conveniente debido al sustancial cambio que introduce el nuevo régimen de exención. Tanto los consumidores como todos los operadores económicos interesados esperaban un folleto. También el Parlamento Europeo lo había recomendado. El folleto se publicó al mismo tiempo que entraba en vigor el nuevo Reglamento, esto es, el 1 de octubre de 2002 [117].

[117] El folleto explicativo de la Dirección General de Competencia se encuentra disponible en papel en las once lenguas oficiales, pero también en el sitio Internet de la Dirección General de Competencia (http://europa.eu.int/comm/competition/ car\_sector/). El folleto carece de fuerza vinculante jurídica. Cf. también el comunicado de prensa de la Comisión IP/02/1392 de 30.9.2002.

178. El folleto explicativo sirve como guía práctica para los consumidores y todos los operadores participantes en acuerdos verticales en el sector de los vehículos de motor. Tiene además por objetivo contribuir al análisis por parte de las propias empresas de la conformidad de sus acuerdos verticales con las normas de competencia.

179. El folleto expone la filosofía y los objetivos del Reglamento, explica su estructura y algunos aspectos jurídicos, y, sobre todo, responde a las cuestiones prácticas que podrían plantear los consumidores y los operadores económicos interesados, tanto sobre venta de vehículos y recambios como sobre prestación de servicios postventa. Por último, se dedica una sección, acompañada de ejemplos, a los principios en que se basa la definición de mercado en el sector de los vehículos de motor y al cálculo de las cuotas de mercado [118]. Esta sección es tanto más importante por cuanto el nuevo Reglamento se basa en la aplicación de umbrales de cuotas de mercado.

[118] Para ello, la Comisión encargó al profesor Verboven, de la Katholieke Universiteit Van Leuven, un "Estudio cuantitativo sobre la definición de mercado de los automóviles particulares". El estudio puede consultarse en la página de Internet "sector del automóvil" de la Dirección General de Competencia, en la sección "Estudios". El estudio es de carácter exclusivamente consultivo, y no prejuzga sobre los resultados de los análisis de mercado efectuados por la Comisión en casos concretos.

6.2. Evaluación general de la aplicación del Reglamento de exención (CE) 1475/95 en relación con los precios de vehículos nuevos

180. Tal como requiere el Reglamento (CE) 1475/95, la Comisión comparó los precios antes de impuestos de vehículos nuevos en la Comunidad. La comparación se efectúa dos veces al año, a partir de los precios de venta recomendados por los productores para cada país miembro de la Comunidad, en mayo y noviembre [119].

[119] V. comunicados de prensa IP/02/305 de 25.2.2002 e IP/02/1109 de 22.7.2002.

181. Tanto la comparación de los precios efectuada el 1 de noviembre de 2001 como la efectuada el 1 de mayo de 2002 ponen de manifiesto que no ha habido convergencia alguna notable de precios, pese a la introducción del euro el 1 de enero de 2002.

182. Como ya se observaba en los últimos informes sobre precios de automóviles, España, Grecia, Finlandia y Dinamarca (país que no es miembro de la zona del euro), siguen siendo en general los mercados donde los precios antes de impuestos de los vehículos son más bajos. Por otra parte, Alemania, el mayor mercado en volumen, junto con Austria, siguen siendo los países con los precios más altos de la zona del euro. El Reino Unido se mantiene en general como el mercado más caro.

183. Como ya se observaba en el informe sobre precios el 1 de mayo de 2001 [120], la divergencia media de precios en la zona del euro es mucho mayor (muy por encima del 20%) en los cuatro primeros segmentos (A a D), en los cuales el elevado número de modelos ofrecidos por fabricantes en competencia sería en principio indicio de una fuerte competencia, que en los segmentos E, F y G [121]. La observación es válida para los precios tanto a 1 de noviembre de 2001 como a 1 de mayo de 2002.

[120] V. comunicado de prensa IP/01/1051, 23.7.2001.

[121] Segmentos A y B (vehículos pequeños), C (familiares), D (familiares superiores), E (grandes), F (de lujo) y G (todoterrenos/deportivos).

184. En cifras absolutas, estas diferencias de precios representan importes considerables (por ejemplo, de 4.000 a 7.000 euros para algunos modelos del segmento D). Estas importantes diferencias de precio explican por qué numerosos consumidores siguen comprando coches en otros países de la Comunidad, aunque no sin dificultades, como demuestra el número constante de consumidores que se quejan a la Comisión, por ejemplo de plazos de entrega excesivamente largos o de otros obstáculos, tales como medidas de prohibición de exportaciones entre Estados miembros [122].

[122] A este respecto, Volkswagen presentó un recurso de anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 2000 (asunto T-62/98; Recopilación de la jurisprudencia 2000, página II-02707) que en gran medida confirmaba la decisión de infracción con multas de la Comisión de 28 de enero de 1998 (DO L 124, 25.4.98, p. 60). En las conclusiones de 17 de octubre de 2002 del Abogado General, Sr. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER, en el asunto C-338/00/P se propone al Tribunal rechazar el recurso.

185. Tales problemas de compra, persistentes en los últimos años, indican que el funcionamiento del mercado interior puede aún mejorar sensiblemente en el sector de los vehículos de motor. Dicha mejora, en beneficio de los consumidores y agentes económicos, es uno de los objetivos del nuevo Reglamento de exención adoptado por la Comisión. Por ello anunció la Comisión, con motivo de la adopción del Reglamento (CE) 1400/2002, que mantendría su seguimiento de la evolución de los precios y seguiría publicando informes sobre precios dos veces al año.

7. Servicios financieros

186. En el año 2002 se registraron importantes acontecimientos en la aplicación de la normativa europea de competencia en el sector de los servicios financieros. Por lo que se refiere a asuntos concretos, la Comisión adoptó dos decisiones: la primera se refería a la tasa multilateral de intercambio de Visa International y la segunda multaba a ocho bancos austriacos por su participación en un cartel de precios de amplio alcance. Desde el punto de vista normativo, la Comisión publicó un proyecto de Reglamento de exención por categorías para el sector seguros, con objeto de recibir comentarios al respecto, con vistas a poder adoptar el nuevo reglamento a comienzos de 2003.

Visa International (Tasa multilateral de intercambio) [123]

[123] Asunto Comp/D-1/29.373,DO L 318, 22.11.2002, p.17.

187. El 24 de julio, la Comisión adoptó una Decisión en el asunto Visa International relativa a las tasas multilaterales de intercambio (TMI). Una TMI es un pago interbancario realizado por cada operación efectuada con una tarjeta de pago. En el sistema Visa, el banco del minorista paga la TMI al banco del titular de la tarjeta, lo que constituye un coste para el primero, que normalmente es repercutido sobre el minorista como parte de la tasa que abona a su banco en concepto de cada pago con tarjeta Visa. El Consejo de Administración de Visa fija el nivel por defecto de la TMI de Visa - que se aplica salvo que dos bancos pacten en contrario - y éste se consigna en las normas deVisa International sobre pago con tarjetas, que han sido notificadas a la Comisión.

188. La Decisión concede una exención condicional a determinadas TMI de Visa, a saber las aplicables a las operaciones de pago transfronterizo con tarjetas de cliente de Visa efectuadas dentro del Espacio Económico Europeo. Por lo tanto la Decisión no se aplica a las TMI correspondientes a pagos nacionales con tarjetas Visa en los Estados Miembros ni a las TMI de tarjetas Visa de empresa. La exención es válida hasta el 31 de diciembre de 2007.

189. En septiembre de 2000, la Comisión había enviado un pliego de cargos referente al anterior sistema de TMI de Visa. Sin embargo, se pudo conceder una exención cuando Visa propuso importantes reformas de su sistema de TMI.

Bancos austriacos [124]

[124] Asunto Comp/D-1/36.571, pendiente de publicación en el DO.

190. El 11 de junio, la Comisión impuso multas por un total de 124, 26 millones de euros a ocho bancos austriacos por su participación en un cartel de precios. A raíz de unos informes aparecidos en la prensa austriaca, en junio de 1998 la Comisión efectuó sendas inspecciones por sorpresa en cierto número de bancos austriacos. Los documentos descubiertos revelaban un sistema sumamente institucionalizado de fijación de precios que abarcaba toda Austria y todos los productos y servicios bancarios así como la publicidad, o más bien la falta de ésta. Los directores generales de los bancos se reunían todos los meses, excepto agosto, en el ámbito del "Lombard Club". Además, por cada producto bancario existía un comité independiente del que era miembro la persona competente situada en el segundo o tercer escalón de dirección.

191. El cartel había comenzado bastante antes de la adhesión de Austria al Espacio Económico Europeo en 1994. Sin embargo, en el presente caso, la Comisión sólo impuso multas por el periodo transcurrido desde la adhesión a la UE hasta junio de 1998, fecha en que las inspecciones por sorpresa pusieron fin al funcionamiento del cartel.

192. La Comisión consideró que la conducta de los bancos austriacos constituía una infracción muy grave de las normas de competencia establecidas en el artículo 81 CE.

Proyecto de Reglamento de exención por categorías para el sector seguros [125]

[125] DO C 163, 9.7.2002.

193. El 9 de julio, la Comisión publicó, para que las terceras partes interesadas presentasen sus comentarios, un proyecto de Reglamento revisado de exención por categorías para el sector seguros, como posible sustitución del vigente Reglamento 3932/92 de la Comisión que expira el 30 de marzo de 2003. El plazo para presentar comentarios finalizó el 30 de septiembre de 2002. Se recibieron 23 contribuciones de terceras partes entre las que figuraban organismos del sector seguros, asociaciones de consumidores de seguros y entes públicos. A la vista de los comentarios recibidos, la Comisión examinó la posibilidad de añadir nuevos cambios con objeto de adoptar un nuevo reglamento a comienzos de 2003.

8. Sociedad de la información

194. La Comisión continúa trabajando con vistas a un entorno abierto y competitivo favorable al desarrollo de Internet y del comercio electrónico. El plan de acción eEurope 2005, aprobado por el Consejo Europeo de Sevilla en junio de 2002, pretende propiciar en mayor medida la difusión y utilización de Internet en Europa, concretamente, fomentando contenidos, aplicaciones y servicios seguros, basados en una infraestructura de banda ancha ampliamente accesible. Esta iniciativa eEurope forma parte de la estrategia de Lisboa destinada a hacer que la Unión Europea sea en 2010 la sociedad basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo con avances en materia de empleo y de cohesión social.

195. Sin embargo siguen subsistiendo problemas de competencia en lo que respecta a la infraestructura de telecomunicaciones utilizada para el tráfico de Internet. Estos problemas se refieren, concretamente, al acceso a los mercados de Internet, tanto de banda ancha (alta capacidad) como de banda estrecha (baja capacidad).

196. Asimismo, han surgido problemas en el ámbito de la gobernanza de Internet. La Comisión sigue ocupándose de las denuncias presentadas según el artículo 82, contra los operadores del registro de nombres de dominio del primer nivel. La Comisión está segura de que las normas comunitarias de competencia se aplican al sistema de nombres de dominio. Al igual que cualquier otro producto más tradicional, los nombres de dominio son objeto de comercio en el mercado. Los clientes pagan por el derecho a explotar los nombres de dominio para sus propios fines, lo cual produce beneficios a los registros y a los registradores.

9. Profesiones liberales

9.1. Aplicación del derecho comunitario de competencia a las profesiones liberales

197. Las profesiones liberales son actividades que exigen una formación específica en artes o ciencias liberales, por ejemplo, abogados, notarios, ingenieros, arquitectos, médicos y contables. Este sector se suele caracterizar por un elevado nivel de reglamentación, bien sea impuesta por los gobiernos nacionales o bien sea una autorregulación por los colegios profesionales. Esta reglamentación puede referirse, entre otras cosas, al número de personas que pueden ejercer, a los precios que los profesionales pueden cobrar, a los acuerdos sobre honorarios (p. ej. honorarios por imprevistos); a la estructura organizativa de las empresas de servicios profesionales; y a la posibilidad de que hagan publicidad. Es evidente que esta reglamentación puede afectar a la competencia y que cuando es adoptada por asociaciones de empresas puede entrar en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE.

198. La política de la Comisión en relación con las profesiones liberales consiste en aplicar plenamente la normativa europea de competencia a este sector, reconociendo al mismo tiempo sus peculiaridades, tales como la asimetría de la información entre los clientes y los proveedores de servicios. Esta política no pone en duda la existencia de los colegios profesionales en cuanto tales, pero exige, por ejemplo, que dichos colegios utilicen su poder de autorregulación para beneficiar a los consumidores y no simplemente en interés de sus propios miembros. El objetivo general consiste en mejorar el bienestar de los usuarios de los servicios profesionales.

9.1.1. Consecuencias de las sentencias del TJCE

199. En 1998, el TJCE manifestó que los servicios profesionales entraban en el ámbito de aplicación de las normas de competencia del Tratado CE. En el asunto CNSD [126] afirmó que la ley que obligaba a los agentes de aduanas italianos a adoptar una decisión que establecía una tarifa fija para todos los agentes de aduanas era contraria al artículo 81 (antiguo artículo 85) leído en conjunción con el artículo 10 (antiguo artículo 5). La Comisión ya había declarado que la participación del colegio profesional en la determinación de esta tarifa también infringía el artículo 81, afirmación que fue ratificada posteriormente por el Tribunal de Primera Instancia (TPICE) [127]. En 2001, el TPICE también corroboró en gran parte una decisión de la Comisión por la que se declaraba que el Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes [128] infringía el artículo 81, especialmente debido a su medida que prohibía a sus miembros realizar publicidad comparativa.

[126] Asunto C-35/96, Comisión/Italia, sentencia de 18.6.1998 (Rec. [1998] p. I-3851).

[127] Asunto T-513/93, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali/Comisión, sentencia de 30.3.2000 (Rec. [2000] p. II-1807).

[128] Asunto T-144/99. Conocido como asunto IAA (en español ) o EPI (en inglés), sentencia de 28.3.2001 (Rec. [2001] p. II-01087).

200. En febrero de 2002, dos nuevas sentencias del TJCE contribuyeron a clarificar el ámbito de aplicación de las normas de competencia al sector de las profesiones liberales. Se pidió al Tribunal que se pronunciase respecto a la fijación de precios de los abogados en Italia y respecto a una prohibición de cooperación entre abogados y auditores en los Países Bajos, establecida en un reglamento interno. En el asunto Arduino [129], manifestó que un Estado Miembro puede establecer un baremo de honorarios si es necesario en interés del público y si quien decide en última instancia y puede controlar la propuesta planteada por un colegio profesional es el Estado. En el asunto Wouters [130], el TJCE afirmó que un colegio profesional al que se encomienda el deber de proteger el interés público puede prohibir las colaboraciones multidisciplinarias cuando éstas puedan dar lugar a un conflicto de intereses grave. Estableció una norma general discutible según la cual hay que examinar si los efectos restrictivos de la competencia para los miembros del colegio profesional derivados de una medida autorreguladora trascienden lo razonablemente necesario con objeto de garantizar la correcta práctica profesional en el Estado Miembro correspondiente.

[129] Asunto C-35/99, sentencia de 19.2.2002 (Rec. [2002] p. I-01529)

[130] Asunto C-309/99, sentencia de 19.2.2002, (Rec. [2002] p. I-01577).

201. Por lo que respecta a las tarifas fijas de honorarios, la Comisión considera que es posible intervenir cuando el Estado no establece una tarifa común. Concretamente, se podría intervenir en los siguientes aspectos:

- autorizaciones automáticas, incluidas las convalidaciones simples y autorizaciones tácitas concedidas por los Estados miembros a los acuerdos o decisiones cuando los procedimientos legales vigentes no imponen controles y equilibrios o la realización de consultas por la autoridad;

- prácticas consistentes en que las autoridades de un Estado miembro sólo pueden rechazar o ratificar las propuestas de los colegios profesionales sin tener la posibilidad de modificar su contenido o de sustituir estas propuestas por sus propias decisiones;

- propuestas a iniciativa de los operadores económicos no previstas explícitamente en la normativa respecto de las cuales no se prevé un procedimiento concreto de revisión activa, de posible modificación o rechazo y de autorización explícita;

- propuestas de efectos vinculantes o de coordinación dirigidas a los profesionales antes de que sean adoptadas por la autoridad estatal competente.

202. Por lo que respecta a las colaboraciones multidisciplinarias, la conclusión no es tan clara. Los Estados miembros pueden prohibir estas colaboraciones en determinadas profesiones, dependiendo de los respectivos regímenes legales aplicables al ejercicio de estas profesiones y de la necesidad de la prohibición con objeto de proteger el interés público que el Estado miembro considere que está en juego. Es esencial examinar las circunstancias de cada caso.

203. No obstante, la sentencia Wouters proporciona también algunas orientaciones relativas al examen de las normas puramente deontológicas (de ética profesional). Un examen de estas normas desde el punto de vista de la competencia tendrá que tener en cuenta el fallo del Tribunal cuando afirma que las normas deontológicas no son objeto de controversia en la medida en que sean razonablemente necesarias para garantizar el correcto ejercicio de la profesión, en cuyo caso no entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 de artículo 81. Cuando las normas no son razonablemente necesarias para garantizar este objetivo, deben ser objeto de examen para comprobar si pueden acogerse a una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 81. De esta forma, la sentencia Wouters afectará al enfoque aplicado por la Comisión a otros tipos de normas y prácticas restrictivas en este ámbito tales como las restricciones de la publicidad, la captación de clientes y el ejercicio de la profesión.

9.1.2. Estudio sobre la repercusión económica de la regulación

204. Los consumidores y las empresas todavía tienen importantes problemas para beneficiarse del mercado interior de los servicios de las profesiones liberales. Probablemente, esto se deba en cierta medida a que la regulación del Estado y la de los propios colegios profesionales inciden sobre las condiciones de competencia. Si bien el objetivo fundamental de estas normativas consiste, presuntamente, en garantizar la calidad del servicio, es posible que algunas de las actuales normas sean más perjudiciales que beneficiosas. Al menos, algunas normativas presuntamente deontológicas se mantienen vigentes sin que se justifique claramente la forma en que benefician a los consumidores. Si se determinasen y suprimiesen las restricciones no justificadas, los usuarios tendrían más posibilidades de elección y una mejor relación calidad-precio al tiempo que los prestadores de servicios tendrían más posibilidades de crear e innovar y de adaptar sus actividades a la demanda.

205. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la DG Competencia lanzó en el mes de abril un estudio sobre las normativas aplicables a las profesiones liberales cuyos resultados deberían conocerse durante la primera mitad de 2003 [131]. Este estudio ofrecerá a la DG Competencia, en primer lugar, unos datos importantes y actualizados sobre las normativas aplicables a los abogados y notarios, arquitectos e ingenieros, auditores y contables, y médicos y farmacéuticos. La comparación de los datos abarcará todos los ámbitos profesionales de todos los Estados Miembros. Ya se sabe que el alcance regulador oscila considerablemente según los países, lo que sugiere que los objetivos de interés público que según algunos Estados miembros necesitan una normativa específica, reciben una consideración diferente en otros países.

[131] El adjudicatario, tras licitación abierta, es el Instituto de Estudios Avanzados, organización sin ánimo de lucro con sede en Viena.

206. En segundo lugar, los consultores han de realizar un análisis coste-beneficio de la reglamentación de algunas profesiones en un sustrato suficientemente representativo de los Estados Miembros con objeto de ilustrar los efectos económicos de las distintas opciones reguladoras. En principio, los resultados del estudio deberían contribuir a que la Comisión clasificase a los Estados Miembros según la "calidad" de sus normativas en este ámbito, y debería constituir una prueba económica suficiente que sugiriese al menos que un cierto grado de liberalización, todavía por determinar, sería beneficioso para toda la economía europea y, concretamente, para los usuarios. A priori, se espera que los posibles beneficios sean mayores para los mercados de empresa a empresa (B2B) que para los usuarios privados, principalmente debido a que la demanda por parte de las empresas de nuevos tipos de servicios y de mayor flexibilidad parece ser mayor, y porque la prestación de servicios de empresa a empresa es más importante en términos de volumen.

9.1.3. Actividades en coordinación con las autoridades nacionales de competencia

207. Así las cosas, la DG Competencia pretende iniciar una discusión sobre las cuestiones de competencia relacionadas con las profesiones liberales. La DG Competencia ha mantenido contactos con las autoridades nacionales de competencia para informarse acerca de los asuntos, pasados y actuales, planteados en este ámbito, primero con ocasión de una reunión de los Directores Generales de dichas autoridades celebrada el 26 de junio de 2002, y posteriormente en una reunión entre expertos de los Estados miembros de 28 de octubre de 2002.

208. La reunión con los Directores Generales se basó en las respuestas a un cuestionario enviado previamente a las autoridades correspondientes relativo a su experiencia en la aplicación del derecho de competencia en este sector. Las respuestas recibidas pusieron de relieve que aunque el derecho nacional de competencia abarca el sector de las profesiones liberales en casi todos los Estados miembros, la aplicación de éste derecho en la práctica se ve limitada por la legislación nacional e impone restricciones a la competencia. Por lo general, las autoridades nacionales no están facultadas para intervenir cuando existe este tipo de normativa. Por consiguiente, en este ámbito las autoridades nacionales se limitan a emitir dictámenes sobre proyectos legislativos. Los asuntos más habituales han consistido en la fijación de precios por los colegios profesionales, la imposición de condiciones discriminatorias para el ejercicio de la profesión y las restricciones publicitarias. Algunas autoridades nacionales han adoptado o van a adoptar un programa general de medidas de liberalización del sector.

209. El 28 de octubre, se reunió en Bruselas un Comité consultivo ad hoc compuesto por expertos de los Estados miembros con objeto de discutir la interpretación de las sentencias Arduino y Wouters y de examinar el tipo de intervención que estas sentencias permiten desde el punto de vista de la competencia. Los expertos de los Estados miembros se mostraron complacidos ante la posibilidad de intercambiar opiniones y experiencias en este sector. Su interpretación de las dos sentencias antes citadas coincidía con la de la Comisión. Asimismo, se llegó a la conclusión de que, ya que muchas de las restricciones parecen ser producto de la legislación nacional, el diálogo con los órganos responsables de dicha legislación en cada Estado miembro (p.ej. Ministerio de justicia), así como con el Ministerio de asuntos económicos, podría ser beneficioso.

D - Estadísticas

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

II - Control de las operaciones de concentración

A - Política general y nuevos acontecimientos

1. Introducción

210. En consonancia con el declive de las bolsas de valores en todo el mundo, el número de concentraciones y adquisiciones notificadas a la Comisión descendió durante 2002 hasta los niveles registrados a finales de la década de los 90. Mientras que en 2001 se notificaron 335 concentraciones de dimensión comunitaria, cifra que ya constituía un descenso con respecto al año 2000 (345), en 2002 sólo se registraron 277 notificaciones (véase cuadro).

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

211. Además de este descenso cuantitativo, el porcentaje de concentraciones que planteaban problemas desde el punto de vista de la competencia y, por consiguiente, necesitaban una investigación pormenorizada (Segunda fase) que desembocase en una decisión con arreglo al artículo 8, se redujo en más de dos tercios, pasando de 20 asuntos en 2001 a 7 en 2002. Finalmente estas siete operaciones se aprobaron, ya fuera porque las empresas afectadas ofrecieron compromisos que suprimían los problemas originales de competencia (5 asuntos) o bien porque tras la investigación pormenorizada estos problemas iniciales no quedaron confirmados (2 asuntos). Además, la Comisión adoptó dos decisiones con arreglo al apartado 4 del artículo 8 referentes a transacciones que habían sido objeto de una decisión de prohibición en 2001. Tanto en el asunto Tetra Laval / Sidel [132] como en Schneider / Legrand [133], las partes habían realizado una oferta incondicional que se ajustaba a la legislación francesa sobre mercados de valores y ya habían adquirido más del 90% de las acciones de las empresas que constituían sus respectivos objetivos cuando se adoptó la decisión de prohibición. El Reglamento de concentraciones permite, en el caso excepcional de las ofertas públicas de adquisición, realizar estas adquisiciones antes de que la Comisión adopte una decisión final. Con arreglo al apartado 4 del artículo 8, la Comisión ordenó a las empresas que procedieran a la separación siguiendo un calendario y un procedimiento que restaurase las condiciones efectivas de competencia al tiempo que protegiese lo mejor posible los intereses de ambas empresas.

[132] COMP/M.2416 - Tetra Laval / Sidel, 30.01.2002

[133] COMP/M.2283 - Schneider / Legrand, 30.01.2002

212. En 2002 no se adoptó ninguna decisión de prohibición, mientras que durante 2001, hubo cinco. Esta fluctuación del número de prohibiciones pone de relieve el escaso número de concentraciones notificadas que se prohibe actualmente. Incluso la cifra récord de 5 prohibiciones registrada en 2001 sólo correspondía a un 1,7% de las concentraciones que eran lo suficientemente importantes para alcanzar los umbrales del Reglamento de concentraciones en aquel año. Con esos niveles, los efectos aleatorios impiden definir cualquier tipo de tendencia a partir de estas cifras.

213. En 2002, la Comisión adoptó 275 decisiones finales en total, de las cuales 7 tras una investigación pormenorizada (ninguna prohibición, 2 autorizaciones sin condiciones y 5 autorizaciones condicionales) mientras que 10 culminaron en una autorización condicional al término de una investigación inicial ("Primera fase"). La Comisión autorizó 252 asuntos en dicha Primera fase. De éstos, 111 decisiones (44%) de autorización en la Primera fase se tomaron con arreglo a los procedimientos simplificados implantados en septiembre de 2000. La Comisión adoptó una decisión con arreglo al artículo 66 del Tratado CECA. Además, la Comisión adoptó 13 decisiones de remisión con arreglo al artículo 9 del Reglamento de concentraciones e inició una investigación pormenorizada en siete ocasiones.

214. El 17 de abril, la Comisión decidió autorizar, siempre que se cumpla una serie de compromisos, la adquisición por Bayer de Aventis Crop Science (ACS) [134]. El grupo de actividad de sanidad animal de Bayer produce una amplia gama de medicamentos veterinarios y vacunas a fin de mantener la salud del ganado y de los animales de compañía, así como diversos productos de cuidado de animales. Aventis Crop Science se creó en 1999 como combinación de AgrEvo (anteriormente, empresa en participación Hoechst/Schering) y la división de agricultura de Rhône-Poulenc. Tras una investigación inicial de un mes, el 4 de diciembre de 2001 la Comisión decidió investigar más detalladamente el impacto de la operación en las condiciones de competencia de varios mercados de protección de cosechas y salud animal. La investigación detallada, realizada en estrecha cooperación con la Federal Trade Commission de EE.UU., reveló que la operación notificada habría ocasionado numerosos problemas de competencia en relación con los insecticidas agrícolas, herbicidas y fungicidas, así como en el tratamiento de semillas, molusquicidas, productos profesionales de control de parásitos y determinados productos de salud animal (preparados antipulgas para gatos y perros). La operación notificada inicialmente supondría la creación o consolidación de posiciones dominantes en alrededor de 130 mercados de protección de cosechas, control profesional de parásitos y productos sanitarios para animales. Pero Bayer presentó todo un conjunto de compromisos, incluida la venta, en un solo paquete, del insecticida más vendido, Fipronil, junto con varios fungicidas, lo que supone toda división europea de tratamiento de semillas de ACS. Los compromisos disipaban por completo la inquietud de la Comisión desde el punto de vista de la competencia por lo que se pudo adoptar una decisión de autorización con arreglo al apartado 2 del artículo 8.

[134] M.2547

215. La Comisión autorizó tres asuntos en los que intervenía la empresa alemana del sector de los materiales de construcción Haniel Baustoff-Industrie Zuschlagstoffe GmbH ("Haniel"). Los asuntos Haniel / Fels [135], Haniel / Ytong [136] y Haniel / Cementbouw / JV (CVK) [137] se autorizaron tras una investigación pormenorizada y, en dos casos, una vez que se ofrecieron unos sustanciales compromisos.

[135] COMP/M.2495 - Haniel / Fels, 21.02.2002

[136] COMP/M.2568 - Haniel / Ytong - 09.04.2002

[137] COMP/M.2650 - Haniel / Cementbouw / JV (CVK), 26.06.2002

216. El primer asunto consistía en la adquisición de Fels-Werke GmbH ("Fels"), otra empresa alemana de dicho sector. La Comisión examinó con detalle la repercusión de la operación sobre el mercado holandés de los materiales para construcción de paredes. En este mercado, las actividades de Haniel consisten en una participación del 50% en CVK, cooperativa que abarca todas las instalaciones de producción de productos silicocalcáreos existentes en dicho país. El 50% restante es propiedad indirecta de Cementbouw, un grupo holandés de materiales de construcción. La Comisión llegó a la conclusión de que Haniel, a través de CVK, ya tenía una posición dominante en el mercado de los materiales para la construcción de paredes maestras con una cuota de mercado superior al 50%. Sin embargo, se concluyó que la adquisición de Fels no reforzaría esta posición dominante ya que la cuota de mercado de Haniel sólo se incrementaría en muy escasa medida, motivo por el cual se autorizó la adquisición [138].

[138] En octubre de 2001, al mismo tiempo que la Comisión empezaba su investigación pormenorizada del mercado holandés de los materiales de construcción, remitió la revisión del impacto de la operación en los mercados de referencia alemanes al Bundeskartellamt. Posteriormente, la Comisión remitió también al Bundeskartellamt la vertiente alemana de la adquisición de Ytong por de.Haniel. Finalmente ambas operaciones se autorizaron con compromisos.

217. La segunda operación estudiada por la Comisión consistía en la propuesta de adquisición de Ytong Holding AG ("Ytong"), otra empresa alemana del sector de los materiales de construcción, por Haniel. La adquisición de Ytong reforzaría aún más la dominación de Haniel en ese mercado. Haniel, que era ya el único proveedor de productos silicocalcáreos en los Países Bajos, se convertiría además, con la compra de Ytong, en el primer proveedor de bloques de cemento celular. De este modo, los comerciantes de materiales de construcción y las empresas constructoras dependerían aún más de los productos de Haniel, dándole así a ésta más posibilidades de subir los precios por encima del nivel competitivo, en detrimento de sus clientes. Dado que, merced a la desinversión propuesta de las actividades de Ytong en los Países Bajos se suprimiría el solapamiento en este país, la Comisión pudo autorizar la operación.

218. El tercer asunto se trataba, en realidad, de una autorización retroactiva de la adquisición, en 1999, por el grupo alemán Haniel y la empresa holandesa Cementbouw de la empresa holandesa en participación CVK, que opera en el sector de los productos silicocalcáreos. La Comisión tuvo conocimiento del acuerdo a raíz de sus investigaciones de la adquisición de Fels y de Ytong por parte de Haniel. Ésta y Cementbouw adquirieron el control de CVK e, indirectamente, de sus miembros en 1989 mediante una serie de acuerdos que no notificaron a la Comisión. Tras analizar la operación CVK realizada en 1999 y notificada en enero de 2002, la Comisión llegó a la conclusión de la concentración habría dado lugar a una posición dominante de la entodad resultante en el mercado holandés de los materiales para construcción de paredes maestras con una cuota de mercado muy superior al 50%. CVK habría sido, junto con una de sus empresas matrices (Cementbouw), los únicos proveedores de productos silicocalcáreos, el material de construcción de paredes de mayor demanda en los Países Bajos. Esto habría hecho que los comerciantes de materiales de construcción y las empresas constructoras, que son un sector económico importante, dependiesen de CVK.

219. Con objeto de resolver los problemas de competencia planteados por la Comisión, Haniel y Cementbouw decidieron poner fin a su control conjunto de CVK y de sus miembros. Además, se pondrá fin a las ventas conjuntas y a las actividades de comercialización a través de CVK. Debido a este compromiso, dos grupos de empresas del segmento de los productos silicocalcáreos competirán en el sector holandés de los materiales de construcción, y la concentración no creará (ni reforzará) una posición dominante en el mercado de referencia.

220. En el mes de mayo se autorizó sin condiciones la oferta realizada por Carnival Corporation para adquirir P&O Cruises [139], tras una investigación pormenorizada. El 16 de diciembre de 2001, Carnival Corporation, empresa de cruceros activa en todo mundo, lanzó una oferta de adquisición de todas las acciones de P&O Princess Plc, otra empresa de cruceros con sede en el Reino Unido y que opera también en todo mundo. Las autoridades de competencia del Reino Unido solicitaron la remisión del asunto con arreglo al artículo nueve del Reglamento de concentraciones. La Comisión no remitió el asunto ya que inicialmente también planteaba problemas en otros Estados miembros, concretamente en Alemania.

[139] COMP/M.2706 - Carnival Corporation / P&O Cruises, 24.07.2002

221. Carnival y P&O Princess acaparaban cerca de un tercio de los pasajeros de cruceros en 2000 en el EEE. El principal solapamiento se producía en el Reino Unido y Alemania. También disponían de elevadas cuotas de mercado en Italia y España, pero en estos países la suma de las operaciones en el sector de los cruceros de P&O daba un resultado mínimo. Se inició una investigación pormenorizada debido a los problemas iniciales que planteaba la fuerte posición de las partes en el mercado de los cruceros en el Reino Unido y Alemania. Sin embargo, tras un análisis detallado se llegó a la conclusión de que el fuerte crecimiento del mercado, la falta de obstáculos sustanciales a la entrada en el mismo y la posibilidad de los rivales que operaban en el mercado de trasladar la capacidad, por ejemplo desde EE.UU. hasta el RU, ejercería una presión competitiva suficiente sobre Carnival. Por consiguiente, se autorizó la operación. Durante su investigación, la Comisión mantuvo contactos con la Comisión de Competencia del Reino Unido, que examinó y autorizó una oferta competidora de adquisición de P&O Princess por Royal Caribbean, así como con la Federal Trade Commission de EE.UU., que examinó y autorizó ambas operaciones.

222. En diciembre, la Comisión autorizó, condicionalmente, la adquisición conjunta de Gas Versorgung Süddeutschland (GVS), distribuidor regional de gas alemán, por parte de la empresa eléctrica alemana Energie Baden-Württemberg AG (EnBW, controlada por Electricité de France), y de ENI SpA, empresa italiana de producción de gas y de petróleo, a condición de que se respeten los compromisos contraídos por las partes [140]. En la forma que se notificó inicialmente a la Comisión, la operación habría reforzado la posición dominante de GVS en el mercado de la distribución de gas en Baden-Wurtemberg (sudoeste de Alemania) porque hubiera supuesto el control efectivo de GVS sobre los distribuidores locales de EnBW. Para resolver estos problemas de competencia, las partes propusieron, al comienzo de la investigación detallada, conceder a todos los distribuidores locales de gas la posibilidad de resolver anticipadamente los contratos de suministro a largo plazo celebrados con GVS o con las filiales de EnBW, Neckarwerke Stuttgart AG (NWS) y EnBW Gas GmbH. Es posible que los compromisos ofrecidos por las partes liberen una demanda considerable ya que las empresas locales de distribución pueden pasarse a otros distribuidores de gas. El calendario de los compromisos coincide con la aparición de una mayor competencia en Baden-Württemberg gracias a la finalización de un nuevo gasoducto de Wingas, prevista para finales de 2004. Wingas opera su propio sistema de gasoductos en Alemania y el nuevo gasoducto atravesará Baden-Württemberg de este a oeste con acceso a la zona de alto consumo de Stuttgart.

[140] COMP/M.2822 - ENBW/ENI/GVS, 17.12.2002.

2. Revisión judicial de decisiones sobre concentraciones en 2002

223. En 2002, el Tribunal de Primera Instancia europeo (TPICE) dictó tres sentencias en tres asuntos en los que se había prohibido la concentración. Dos de estas sentencias se dictaron rápidamente gracias a la aplicación del nuevo procedimiento acelerado (de urgencia) implantado en 2000, que ha mejorado considerablemente la eficacia de la revisión judicial del procedimiento de control de las concentraciones por parte de la Comisión. A finales de 2002 había 16 recursos pendientes contra decisiones de la Comisión ante el TPICE y ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). Algunas decisiones han dado lugar a más de un recurso.

2.1. Airtours /Comisión [141]

[141] Sentencia del TPICE de 06.06.2002 en el asunto T-342/99 Airtours plc / Comisión de las Comunidades Europeas.

224. El 6 de junio, el TPICE anuló la decisión de la Comisión de prohibir una concentración entre Airtours y First Choice, dos operadores de viajes con sede en el Reino Unido. La Comisión había recibido la notificación de la oferta de adquisición de First Choice por parte de Airtours el 29 de abril de 1999. Tras una investigación pormenorizada de Segunda fase, la Comisión decidió el 22 de septiembre de 1999 prohibir la concentración ya que consideraba que ésta hubiera creado una situación de dominio colectivo en el mercado británico de vacaciones combinadas en el extranjero para destinos cercanos [142].

[142] Asunto No IV/M.1524-Airtours/First Choice

225. Tras la concentración quedarían en el mercado tres operadores de viaje importantes: la nueva entidad (con una cuota de mercado del 19,4 + 15 = 34,4 %), Thomas Cook (20,4%) y Thomson (30,7%). Todos los demás operadores tendrían menos de un 3%. En opinión de la Comisión, los tres operadores principales podrían coordinar sus prácticas restringiendo las capacidades ofertadas y, de este modo, incrementando los precios para los consumidores británicos.

226. La parte demandante afirmaba que la Comisión había utilizado una definición nueva e incorrecta de posición dominante colectiva. En su Decisión, la Comisión afirmaba que para que exista una posición dominante colectiva no es necesario que los oligopolistas se comportan tácitamente como si formaran un cartel. En el contexto del Reglamento de concentraciones, también puede existir una posición dominante colectiva cuando "a causa de la concentración, resulte racional que los miembros del oligopolio, al adaptarse a las condiciones del mercado, adopten conductas individuales que reduzcan significativamente la competencia entre ellos y les permitan actuar, en gran medida, independientemente de sus competidores, sus clientes y los consumidores" [143]. Esta afirmación no tenía una pertinencia inmediata en esta concentración concreta ya que la Comisión había establecido que se daban las condiciones para una coordinación tácita y, por lo tanto, el TPICE no se pronunció sobre la posibilidad de que el concepto de posición dominante colectiva pudiera incluir otras situaciones distintas de la coordinación tácita. El TPICE concluyó que "[dado] que la Decisión constituye un acto de aplicación del artículo 2 del Reglamento nº 4064/89 a una operación de concentración concreta, el control de legalidad de dicha Decisión que realiza el Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a la postura adoptada por la Comisión respecto a la operación notificada" [144].

[143] Decision, apartado 54

[144] Sentencia, apartado 53

227. Ciertas características del mercado habían hecho que la Comisión llegase a la conclusión de que los grandes operadores tenían interés en coordinarse de forma tácita. La investigación había revelado que los operadores eran interdependientes, que los mercados financieros eran hostiles a las estrategias agresivas basadas en un crecimiento orgánico y que los inversores institucionales tenían participaciones importantes en varios de los operadores.

228. Sin embargo, el TPICE consideró que la Comisión no había probado suficientemente su afirmación. En 1997, la Monopolies and Mergers Commission (MMC) del Reino Unido publicó un estudio detallado del mercado de los paquetes de vacaciones en el extranjero. Este informe llegó a la conclusión de que en dicho año el mercado era muy competitivo. El TPICE hizo gran hincapié en algunas de las conclusiones de este informe y, finalmente, no quedó convencido de que la situación existente en el momento de la concentración fuese suficientemente diferente de la analizada en el informe de la MMC, para justificar las inquietudes suscitadas a la Comisión.

229. El TPICE estimó que la Comisión había cometido un error de juicio al concluir que, de llevarse a cabo la transacción, los tres operadores principales habrían tenido interés en dejar de competir entre sí. Consideró que la Comisión no había probado de forma adecuada su afirmación de que ya existía una tendencia en el sector hacia una posición dominante colectiva y que no había tenido debidamente en cuenta la volatilidad de las cuotas de mercado [145]. También consideró que la Comisión había interpretado de forma errónea los datos disponibles relativos al crecimiento de la demanda [146].

[145] Sentencia, apartado 120

[146] Sentencia, apartado 133

230. Por lo que respecta al análisis general de la coordinación tácita, el TPICE determinó tres condiciones necesarias para poder definir la existencia de una posición dominante colectiva en el presente asunto: transparencia, mecanismos disuasorios y escasa probabilidad de que los competidores y los consumidores reaccionen a la misma [147].

[147] Sentencia, apartado 62

Transparencia

231. Para que la coordinación tácita sea verosímil, cada miembro del oligopolio debe tener la posibilidad de conocer la conducta de los otros miembros con objeto de controlar si están o no siguiendo la política colusoria común. La Comisión llegó a la conclusión de que el mercado era suficientemente transparente, debido en parte a la frecuente interacción de los oligopolistas y en parte a la publicación de folletos que permitían que cada operador controlase de cerca la capacidad de los otros. El TPICE no estuvo de acuerdo con esta valoración [148].

[148] Sentencia, apartado 180

Factores de disuasión

232. Para que la coordinación tácita pueda mantenerse, deben existir mecanismos de sanción o represalia que disuadan a los oligopolistas de alejarse de la política común. La Comisión descubrió que existían varios mecanismos de sanción. El incremento de capacidad de un operador podía perjudicar seriamente a los demás y, dado que cada operador vendía los productos de los otros operadores en su cadena minorista, podía dejar de ofertar los productos del operador que se desviase de dicha política común. El TPICE desestimó estos mecanismos de disuasión ya que o bien no eran verosímiles o bien su aplicación era costosa [149].

[149] Sentencia, apartado 207

Reacción de los competidores y clientes

233. La coordinación tácita sólo es estable si los actuales y futuros competidores así como los clientes no pueden poner en peligro los resultados que se espera obtener de la política común. La Comisión creía que los pequeños competidores no podían constituir un obstáculo para los oligopolistas ya que la integración vertical de los grandes operadores había hecho que los pequeños se hallasen en una situación de dependencia con respecto a los miembros del oligopolio. El TPICE llegó a la conclusión de que la afirmación de la Comisión era incorrecta y de que había infravalorado su capacidad de reaccionar y ejercer un poder de contrapeso susceptible de contrarrestar la creación de una posición dominante colectiva [150].

[150] Sentencia, apartado 277

234. Aunque no da la razón a la Comisión, esta sentencia debe ser acogida favorablemente ya que constituye un importante avance que contribuye a aclarar cuáles son los niveles necesarios de prueba en los asuntos relativos a la creación de una posición dominante colectiva.

2.2. Schneider /Comisión

235. El 22 de octubre, el TPICE, pronunciándose por vez primera con arreglo al procedimiento de urgencia aplicable a las concentraciones, anuló la Decisión de la Comisión de 10 de octubre de 2001 que declaraba incompatible con el mercado común la concentración entre los fabricantes franceses de materiales eléctricos Schneider y Legrand [151].

[151] Asunto T-310/01, Schneider Electric SA /Comisión de las Comunidades Europeas.

236. La anulación de la Decisión de la Comisión se basa en dos grupos de elementos: errores de análisis y de apreciación, por una parte, e infracción de los derechos de la defensa, por otra.

237. Por lo que se refiere al análisis económico del impacto de la concentración realizado por la Comisión, el TPICE consideró que contenía errores de análisis y de apreciación que, por su naturaleza, hacían que careciera de valor probatorio.

238. En primer lugar, el TPICE señaló que la Comisión había utilizado indicios de poder económico, tales como la gama de productos y el abanico de marcas de los que la entidad resultante de la concentración habría dispuesto en todo el Espacio Económico Europeo, para apreciar su poder económico en cada uno de los distintos mercados nacionales afectados por la operación. Sin excluir a priori la posibilidad de tener en cuenta, de forma complementaria, ciertos elementos transnacionales a la hora de analizar los efectos de una concentración en unos mercados de dimensión nacional, el TPICE consideró que en el presente caso la Comisión no había probado la existencia de estos efectos en cada uno de los mercados nacionales afectados.

239. En segundo lugar, el TPICE consideró que la Comisión se había equivocado al negarse a tener en cuenta las ventas internas de algunos competidores integrados verticalmente, lo cual le había conducido a sobrevalorar el poder de la entidad resultante de la concentración. En efecto, el Tribunal consideró que los precios de los fabricantes no integrados, tales como Schneider y Legrand, estaban directamente sometidos a la competencia de los fabricantes integrados para la realización, previa licitación, de grandes proyectos de construcción.

240. Llegado a este punto, el TPICE estableció el principio importante conforme al cual, independientemente de la amplitud de las lagunas que contenga una decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una concentración con el mercado común, aquéllas no pueden dar lugar a su anulación si, de los otros elementos recogidos en dicha decisión, se desprende que la realización de la operación dará lugar a la creación o consolidación de una posición dominante que produzca el efecto de obstaculizar de forma sustancial la competencia efectiva. Ahora bien, el TPICE comprobó que la concentración entre Schneider y Legrand conducía a tal resultado en los mercados franceses.

241. No obstante, por lo que se refiere a estos mercados, el TPICE consideró que la Comisión no había tenido en cuenta los derechos de la defensa de Schneider ya que había incluido en la decisión de incompatibilidad un cargo que no figuraba en el correspondiente pliego. Dicho cargo se derivaba de la situación de poder frente a los mayoristas que hubiera tenido la entidad resultante de la concentración. El TPICE estimó que esta infracción de los derechos de la defensa de Schneider había afectado al resultado del procedimiento en dos sentidos. En primer lugar, Schneider no tuvo ocasión de presentar en tiempo útil sus observaciones sobre el mismo, tanto en su réplica al pliego de cargos como durante la audiencia. En segundo lugar, Schneider no pudo presentar en el momento oportuno unas propuestas de cesión de activos de un alcance suficiente capaces de resolver los problemas de competencia determinados por la Comisión en los mercados franceses.

242. Por otra parte, el TPICE consideró que, teniendo en cuenta el imperativo de celeridad característico de la economía general del Reglamento n° 4064/89, el plazo de 12 días, equivalente a cinco días laborables, dado por la Comisión a las partes para responder a una petición de informaciones con arreglo al apartado cinco del artículo 11 de dicho Reglamento, era razonable a pesar del gran número de preguntas planteadas (322).

243. En otra sentencia [152] dictada ese mismo día en otro asunto tramitado también por el procedimiento de urgencia, el TPICE anuló la decisión de la Comisión de 30 de enero de 2002 por la que se ordenaba a Schneider que se separase de Legrand. El TPICE estimó que, dado que la decisión de incompatibilidad había sido anulada, la decisión por la que se ordenaba la separación carecía de fundamento jurídico.

[152] Asunto T-77/02.

244. En estos dos asuntos, el TPICE dictó sentencia aproximadamente diez meses después de la presentación de la demanda y 12 meses después de la adopción de la decisión de incompatibilidad. Además, el TPICE se pronunció antes del término del plazo impuesto a Schneider para proceder a separarse de Legrand.

245. Tras estudiar la sentencia de este asunto con detenimiento, la Comisión decidió no recurrirla.

2.3. Tetra Laval / Comisión [153]

[153] Sentencia del TPICE de 25.10.2002, asunto T-05/02, Tetra Laval / Comisión de las Comunidades Europeas.

246. El 25 de octubre, el TPICE anuló la decisión de la Comisión de 30 de octubre de 2001 por la que se declaraba incompatible con el mercado común la concentración entre Tetra Laval, empresa de envasado con sede en Suiza que opera fundamentalmente el sector de los envases de cartón, y Sidel, empresa envasadora francesa que operan principalmente en el sector de los equipos para envases de plástico PET.

247. Este asunto es sumamente importante. Es el primer asunto en el que el TPICE ha considerado que una concentración contiene elementos propios de un conglomerado y sienta una nueva jurisprudencia en este ámbito, que puede dar lugar a controversia, al referirse expresamente a cuestiones tales como la evaluación de las concentraciones de conglomerados con arreglo al Reglamento de concentraciones, la relación entre el artículo 82 de dicho Reglamento y la función de las medidas correctivas referentes al comportamiento de la empresa. El asunto fue tramitado con arreglo al procedimiento de urgencia del TPICE.

Decisión de la Comisión

248. La Decisión de la Comisión se centraba fundamentalmente en los probables efectos de conglomerado contrarios a la competencia resultantes de la concentración. La Comisión llegó a la conclusión de que ambas empresas operaban en mercados de productos diferentes, a saber, respectivamente, los envases de cartón y los equipos para envases PET, que, sin embargo, eran mercados muy próximos ya que el PET es un sustituto técnico para los productos denominados sensibles que tradicionalmente se han envasado en cartón (productos lácteos líquidos, zumos, bebidas sin gas con sabor a fruta, y bebidas a base de té o café) y se espera además que el PET crezca considerablemente en estos segmentos en un futuro próximo, compitiendo con el cartón. La concentración crearía una estructura de mercado que la entidad resultante podría apoyarse en su posición dominante en el mercado del cartón para pasar de una posición de liderazgo en el sector de los equipos para envases PET a una posición dominante. La concentración también fortalecería la actual posición dominante de Tetra en el mercado del cartón al eliminar la competencia actual y potencial que representa Sidel en su calidad de empresa líder en un mercado contiguo y rival. La Comisión rechazó las medidas correctivas propuestas por Tetra que consistían principalmente en promesas de no incurrir en prácticas abusivas, de mantener Sidel como empresa separada y de ofrecer licencias sobre la maquinaria SBM de Sidel a un tercero independiente. La Comisión consideró que estas medidas no eran viables, que era imposible realizar un seguimiento de las mismas y que eran insuficientes para resolver los graves efectos contrarios a competencia resultantes de la concentración.

Sentencia del TPICE

249. Se solicitó al TPICE que anulara la decisión de la Comisión basándose en argumentos procedimentales y sustantivos. Por lo que se refiere al procedimiento, el demandante afirmaba que se le había denegado de forma ilegal el acceso al expediente en lo que se refiere a un informe de un experto y a las respuestas de un estudio de mercado relativo a los compromisos que había ofrecido. Por lo que se refiere al aspecto sustantivo, Tetra afirmó que la Comisión no había demostrado que la concentración diera lugar a la creación o fortalecimiento de una posición dominante ya que no era posible servirse del apalancamiento, no se podía producir una compartimentación y la eliminación de la competencia potencial no alteraría los incentivos de Tetra a la hora de innovar y bajar los precios en el mercado del cartón.

250. El Tribunal desestimó los argumentos del demandante basados en consideraciones procedimentales. Consideró que este había tenido acceso suficiente al informe del experto y había tenido la posibilidad de comprenderlo y de formular observaciones al respecto. Por lo que se refiere al estudio de mercado relacionado con los compromisos, el Tribunal consideró que la Comisión estaba facultada para facilitar el acceso a un resumen del mismo con objeto de proteger la identidad de algunos encuestados que temían ser objeto de represalias. El Tribunal también rechazó la afirmación de Tetra según la cual los cuestionarios eran inexactos o inducían a error y llegó a la conclusión de que no se podía afirmar que los encuestados hubiesen sido inducidos a error o confusión. Por consiguiente, la utilización de los citados resúmenes no infringía los derechos de la defensa.

251. En cuanto a los argumentos sustantivos, el Tribunal confirmó que la Comisión estaba facultada para evaluar los posibles efectos de conglomerado contrarios a la competencia y resultantes de la concentración, aun cuando, en opinión del Tribunal, las concentraciones entre empresas que operan en mercados diferentes no suelen plantear problemas de competencia (apartado 150). El Tribunal señaló que, en algunos casos, los medios y las capacidades agrupados a través de una concentración de conglomerado pueden crear inmediatamente condiciones que permiten a la entidad resultante servirse del apalancamiento para adquirir, en un futuro relativamente próximo, una posición dominante en un mercado contiguo (apartado 151). En efecto, el Tribunal reconoció que, en el presente asunto, la Comisión había demostrado, basándose en pruebas fehacientes y objetivas, que los dos mercados estaban estrechamente relacionados y que la entidad resultante tendría la posibilidad de incurrir en prácticas de apalancamiento (apartado 199).

Apalancamiento

252. Sin embargo, el Tribunal destacó que, si bien la Comisión dispone de cierto margen discrecional, el periodo de tiempo anterior a que aparezca la posición dominante prevista exige que el análisis de la Comisión de la futura posición sea "especialmente verosímil" (apartado 162), y afirmó que, habida cuenta de las circunstancias del presente asunto, no era probable que la entidad resultante incurriese en prácticas de apalancamiento que produjesen unos efectos de compartimentación importantes y contrarios a la competencia.

253. El Tribunal basó su razonamiento en tres elementos: i) la Comisión tendría que haber examinado hasta que punto los incentivos de la entidad resultante para servirse del apalancamiento se hubieran reducido, o incluso eliminado, a debido a la ilegalidad de dicha conducta, la probabilidad de que ese descubrirse, las medidas tomadas por las autoridades competentes, tanto a escala nacional como comunitaria, y las consiguientes sanciones económicas (apartado 159). Además, la Comisión tendría que haber tenido en cuenta los compromisos de comportamiento ofrecidos por el demandante a la hora de evaluar la probabilidad de que la entidad resultante incurriese en una actividad de apalancamiento ilegal (apartado 161). Al no haberse tenido esto en cuenta, el Tribunal basó su análisis del apalancamiento exclusivamente en una conducta "que, al menos probablemente, no sería ilegal" (apartado 162). ii) El Tribunal discrepó con el análisis de la Comisión en cuanto a las perspectivas de crecimiento del PET en el sector de los lácteos y zumos de frutas y consideró que no se basaba en pruebas convincentes (apartados 203 a 214); iii) el Tribunal sostuvo que la Decisión no aportaba pruebas suficientes que justificasen la definición de unos submercados de máquinas SBM con respecto a su utilización final (apartado 269) y que no existía un mercado separado para las máquinas SBM destinadas a productos sensibles. Finalmente, el TPICE consideró que la Comisión había infravalorado la importancia de los competidores de la entidad resultante de la concentración en los mercados del cartón y el PET así como la interacción entre estos últimos y otros materiales de envasado tales como el cristal, el aluminio y el HDPE en los que la entidad resultante no estaría presente o tendría una posición poco importante. Basándose en lo anterior, el Tribunal consideró que la Comisión había cometido un error manifiesto de valoración al concluir que se crearía una posición dominante en los mercados de equipos PET y especialmente en los de SBM de baja y alta capacidad (apartado 308).

Disminución de la competencia potencial en el mercado del cartón

254. Asimismo, el TPICE reconoció que la Comisión podía examinar los posibles efectos de conglomerado contrarios a la competencia, concretamente la importancia para los mercados del cartón de una reducción de la competencia potencial de los mercados contiguos de equipos PET (apartado 323). No obstante, el TPICE afirmó que la conducta de Tetra por lo que se refiere a la política de precios y de innovación en el mercado del cartón no resultaría modificada tras la concentración ya que había un nivel suficiente de competencia para garantizar que Tetra tendría que continuar luchando e innovando. Así pues, el Tribunal concluyó que no se había demostrado que la posición de la entidad resultante de la concentración quedaría fortalecida con respecto a sus competidores en los mercados del cartón.

255. La Comisión ha recurrido la sentencia dictada en este asunto.

3. Medidas correctivas

256. En 2002 se autorizaron 10 asuntos tras una investigación de Primera fase ampliada (seis semanas) y una vez que las partes de la concentración ofrecieron compromisos que resolvían los problemas de competencia descubiertos (decisiones con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento de concentraciones). Muchos de los asuntos que se resumen a continuación fueron precedidos de intensas discusiones entre la Comisión y las partes de la concentración antes de la notificación, lo que permitió identificar los posibles problemas desde punto de vista de la competencia. Este sistema puede servir a las empresas para conseguir la autorización de una concentración notificada, especialmente cuando conocen los probables problemas de competencia y ya han estudiado las desinversiones posibles.

SEB / Moulinex [154]

[154] COMP/M.2621 - SEB/Moulinex, 08.01.2002

257. SEB / Moulinex fue la primera de este tipo de decisiones en 2002. Se refería a SEB, fabricante francés de pequeños electrodomésticos (por ejemplo, freidoras, tostadoras, cafeteras, teteras, batidoras y planchas) de marcas tales como Tefal, Rowenta Calor y SEB. Moulinex, también francesa, es competidora directa de SEB, y es propietaria de marcas tales como Moulinex, y Krups y Swan en el RU. Se suponía que la adquisición de Moulinex por parte de SEB tendría importantes efectos sobre la competencia en Francia, en donde SEB es el líder de mercado de algunos productos mientras que Moulinex lo es de otros. Estas cuestiones se remitieron con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 9 a las autoridades francesas a solicitud de las mismas recibida el 7 de diciembre de 2001. La adquisición también habría planteado problemas de competencia en Portugal, Grecia, Bélgica y en los Países Bajos, en los que una u otra de las empresas poseía importantes cuotas de mercado antes de la operación. En Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega la transacción hubiera modificado considerablemente las condiciones de la competencia en varios mercados de productos, especialmente en el de las freidoras. Las vertientes de la transacción no relacionadas con el mercado francés se autorizaron una vez que SEB propuso conceder licencias exclusivas para utilizar la marca Moulinex durante un periodo de cinco años para la venta de pequeños electrodomésticos en nueve países (Portugal, Grecia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega). SEB no volverá a comercializar la marca en estos países durante un periodo adicional de tres años a partir de la expiración de la licencia exclusiva con objeto de que el licenciatario tenga tiempo para introducir gradualmente una marca de su propiedad.

Masterfoods / Royal Canin [155]

[155] COMP/M.2544 - Masterfoods / Royal Canin, 15.02.2002

258. Masterfoods, filial francesa de la empresa americana Mars Inc., notificó en enero de 2002 su propuesta de adquisición de Royal Canin SA, empresa francesa de alimentos para animales de compañía. Mars fabrica snacks, helados y alimentos para animales de compañía tales como las marcas Pedigree, Advance, Cesar, Whiskas y Sheba, vendidas en todo el mundo, y marcas nacionales o regionales como Canigou y Brekkies. Royal Canin es uno de los principales proveedores de alimentos preparados secos para animales y ha desarrollado sus marcas esencialmente a través de tiendas especializadas en la Unión Europea. El examen, que duró seis semanas, reveló problemas de competencia en los mercados de alimentos preparados secos en Francia y Alemania. Para resolver estos problemas, Mars se comprometió a desinvertir en toda Europa sus actividades relacionadas con cinco de las marcas de alimentos para animales del grupo resultante de la concentración, a saber, Advance, Premium, Royal Chien, Playdog y Brekkies, junto con dos grandes instalaciones de producción así como otros activos relacionados con las actividades referidas. La fusión no puede llevarse a cabo antes de que se cumplan las condiciones. La Comisión examinó la repercusión de la adquisición sólo en la Unión Europea, ya que los alimentos para animales de compañía no entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo EEE.

Solvay / Montedison/Ausimont [156]

[156] COMP/M.2690 - Solvay / Montedison - Ausimont, 09.04.2002

259. En febrero, Solvay, un grupo belga químico y farmacéutico, notificó a la Comisión su intención de adquirir Ausimont, empresa química italiana que opera en Italia, Alemania, Japón y Estados Unidos. La operación planteaba graves problemas en dos mercados: el del persal, una materia prima que contiene un agente de blanqueado utilizado en la producción de detergentes, y el del difluoruro de polivinilideno (PVDF) no destinado al recubrimiento, un fluoropolímero de alto rendimiento. En el primero, la operación hubiera creado un vínculo directo entre Solvay - principal productor europeo - y Degussa, su mayor competidor, a través de MedAvox, empresa en participación creada por Degussa y Ausimont. Solvay, Degussa y MedAvox abarcan más del 75% del mercado del persal en el EEE. Para resolver esta situación, Solvay se ofreció a ceder la participación del 50% que Ausimont tenía en MedAvox, rompiendo de hecho los vínculos existentes entre Solvay y Degussa. El mercado de PVDF no destinado al recubrimiento ya estaba muy concentrado puesto que sólo existían cuatro operadores: Solvay, Ausimont, Atofina y Kureha. Solvay y Atofina son, con gran diferencia, los operadores más importantes ya que representan más del 90% del mercado. Según la investigación de la Comisión, se planteaba el problema de que, dadas las características del mercado, la operación podría haber dado lugar a una posición dominante conjunta de Solvay y Atofina. Para resolver este problema, Solvay se comprometió a vender su fábrica de PVDF no destinado al recubrimiento situada en Decatur, EE.UU.. Esta es una de las seis instalaciones de producción de este tipo de PVDF y representa cerca del 20% de la capacidad mundial. Esta desinversión incluía también la participación de Solvay en Alventia, una empresa en participación dedicada únicamente a la producción de difluoruro de vinilideno (VF2) en Decatur. El VF2 es la materia prima fundamental del PVDF. La Comisión Europea y la Federal Trade Commission de EE.UU. cooperaron en su análisis de la adquisición de Ausimont por Solvay.

Imperial Tobacco / Reemtsma Cigarettenfabriken [157]

[157] COMP/M.2779 - Imperial Tobacco / Reemtsma Cigarettenfabriken, 08.05.2002

260. Este asunto afectaba a dos de los principales fabricantes de cigarrillos. Imperial Tobacco fabrica y vende una gama de productos derivados del tabaco entre los que figuran las marcas de cigarrillos Superkings, Lambert and Butler, Embassy, John Player Special, Regal y Richmond, el tabaco de liar Drum y el papel para cigarrillos Rizla. Reemtsma, la empresa objeto de la adquisición, es el quinto fabricante mundial de cigarrillos y comercializa las marcas West y Davidoff. Las actividades de las partes son en gran medida complementarias y la investigación sólo reveló problemas desde el punto de vista de la competencia en el mercado de los cigarrillos del Reino Unido. Imperial Tobacco y Gallaher son sin duda los principales productores de este mercado. El punto fuerte de Gallaher es el segmento de lujo mientras que el de Imperial Tobacco es más bien la gama inferior. Aunque la cuota de mercado de Reemtsma es relativamente pequeña, ocupa una posición única en el suministro de cigarrillos como productos blancos, de los que es el único proveedor importante. Al contrario de lo que suele ser habitual, Reemtsma es propietaria de muchas de las marcas propias tales como Red Band en el Reino Unido, aunque concede la exclusividad a los distribuidores. Así pues, la adquisición de Reemtsma conferiría a Imperial Tobacco no sólo una posición sólida en el mercado de los cigarrillos de gama baja sino que también lo asentaría como único proveedor de cigarrillos de marca propia. Dado que éstos constituyen una importante fuente de competencia en el mercado del RU, especialmente en el segmento de los precios bajos, la situación planteaba graves problemas de competencia.

261. Con objeto de resolver estos problemas, Imperial Tobacco se comprometió a no desarrollar las marcas por su propia cuenta y a mantener la exclusividad que actualmente tienen los distribuidores. También se comprometió a que, si los distribuidores de marcas propias encontrasen en el futuro otros proveedores, podrían conservar las marcas correspondientes. Estos compromisos deberían suprimir cualquier tipo de dependencia de Imperial Tobacco por parte de los distribuidores garantizando así que los cigarrillos de marca propia seguirán siendo una fuente efectiva de competencia en el mercado del RU.

Barilla / BPL / Kamps [158]

[158] COMP/M.2817 - Barilla / BPL / Kamps, 25.06.2002

262. Barilla y el banco italiano Banca Popolare di Lodi S.c.a.r.l. (BPL) lanzaron una oferta pública de adquisición de todas las acciones en bolsa de Kamps lo cual daría a los dos primeros el control conjunto de esta última. Barilla produce y vende pasta y salsas para pasta, productos de panadería (pan, sustitutos de pan y bizcochos) y helados. Si bien la mayor parte de las actividades en el sector de la panadería de esta empresa se centran en Italia, Wasa, filial de Barilla, es uno de los principales fabricantes de pan crujiente en varios países europeos y especialmente en Alemania. Kamps produce y vende productos de panadería en toda Europa. Entre las marcas que posee figuran Lieken Urkorn y Golden Toast. La operación reforzaría la posición de liderazgo de Barilla en el mercado alemán del pan crujiente. Barilla ya era propietaria de la marca Wasa, que es con gran diferencia el líder de mercado en Alemania, y la suma de Lieken Urkorn de Kamps hubiera reforzado esta posición. Para resolver esta situación, Barilla se comprometió a ceder las actividades de Lieken Urkorn en el sector del pan crujiente a un competidor viable que tuviese experiencia en el sector de la alimentación.

BP / VEBA OEL [159]

[159] COMP/M.2761 - BP / VEBA OEL, 01.07.2002

263. Este asunto consistía en la adquisición por parte de BP Plc del control de la totalidad de Veba Oel, empresa en participación creada por BP y E.OPERACIÓN, que había sido autorizada por la Comisión en diciembre de 2001 [160] y por el 'Bundeskartellamt ' (Oficina Federal de la Competencia de Alemania). La creación de la empresa en participación Veba Oel se había autorizado con condiciones relativas a los problemas de competencia derivados de la combinación de las actividades de BP y Veba Oel en el sector del petróleo. La adquisición por parte de BP del control absoluto de Veba Oel no planteaba nuevos problemas de competencia. Sin embargo dado que algunas de las condiciones impuestas a la empresa en participación BP/E.ON tanto por la Comisión como por el Bundeskartellamt todavía no se habían satisfecho, los problemas iniciales no habían desaparecido totalmente. Para resolver estos problemas, BP se comprometió a cumplir totalmente los compromisos ofrecidos anteriormente a la Comisión y al Bundeskartellamt en el asunto BP/E.ON. De este modo, la Comisión pudo autorizar la transacción, condicionada al pleno cumplimiento de este compromiso.

[160] See COMP/M.2533 - BP/E.ON, 20.12.2001

Telia / Sonera [161]

[161] COMP/M.2803 - Telia / Sonera, 10.07.2002

264. La adquisición del grupo finlandés de telecomunicaciones Sonera Corp por la empresa sueca Telia AB también se autorizó tras la Primera fase de la investigación. Telia y Sonera son los operadores más importantes de sus respectivos países. La operación hubiera dado lugar en Finlandia a solapamientos directos de las actividades de las partes en los servicios de comunicaciones móviles para clientes minoristas, itinerancia internacional al por mayor y servicios de red de área local inalámbrica (WLAN). Las reservas que suscitaron estos solapamientos se disiparon con el compromiso de las partes de vender las actividades de comunicaciones móviles de Telia en Finlandia, incluida la de WLAN. También se planteaban problemas de competencia debido a la sólida posición de las partes en ciertos mercados relacionados verticalmente, concretamente en algunos mercados minoristas, en la terminación de llamadas al por mayor en las redes fijas y móviles de Telia / Sonera (en las que poseen una posición de monopolio) y en la prestación de servicios de itinerancia internacional al por mayor en Suecia y Finlandia. La integración vertical en este contexto hubiera dado a la entidad resultante el incentivo y la capacidad para excluir a los competidores de los mercados de servicios al por menor en ambos países, lo cual supondría el fortalecimiento de unas posiciones ya de por sí sólidas en los servicios de comunicaciones móviles y en las soluciones de comunicación de datos y de voz combinados. Así pues, los problemas de exclusión se resolvieron gracias a que las empresas ofrecieron establecer una separación legal entre sus redes fijas y móviles y sus servicios en Finlandia y Suecia. Asimismo, se comprometieron a otorgar un acceso no discriminatorio a sus redes. Por último, las partes ofrecieron vender las actividades de televisión por cable de Telia en Suecia. Se considera que las redes de televisión por cable son el sustituto más verosímil de la infraestructura de las empresas tradicionales de telecomunicaciones

RAG/ Degussa [162]

[162] COMP/M.2854 - RAG/ Degussa, 18.11.2002

265. La adquisición de la empresa alemana de especialidades químicas Degussa AG por el grupo alemán de minería y tecnología RAG planteaba inicialmente problemas de competencia en el sector de los materiales de construcción. RAG Aktiengesellschaft es un grupo internacional de minería y tecnología con sede en Alemania. Sus actividades incluyen la minería del carbón, la generación de energía, la tecnología medioambiental, los productos químicos y los plásticos. Degussa AG es también una empresa internacional con sede en Alemania que fabrica especialidades químicas. Sus actividades abarcan desde los aditivos para alimentación hasta los productos químicos para la construcción, los revestimientos y los polímeros especiales. Degussa es actualmente propiedad al 64% del grupo alemán de infraestructuras E.ON. La investigación de la transacción realizada por la Comisión reveló que la combinación de las actividades de RAG y Degussa podía dar lugar a la creación de una posición dominante en el sector de las materias primas de aditivos para hormigón. Estos productos influyen en la viscosidad y en el contenido de agua del hormigón para hacerlo más maleable. Para resolver estos problemas de competencia, RAG ofreció ceder su actividad en la UE en el sector del sulfonato de naftaleno, importante materia prima utilizada como aditivo para el hormigón, y las instalaciones de producción situadas en Italia, España y Alemania. Este ofrecimiento eliminaba el solapamiento de las actividades de RAG y Degussa e hizo posible que se crease un nuevo competidor viable que remediase la desaparición de Degussa como proveedor independiente.

4. Remisiones en virtud de los artículos 9 y 22 - últimos acontecimientos

4.1. Introducción

266. El año 2002 se caracterizó por un considerable incremento de los asuntos remitidos con arreglo al artículo 9 del Reglamento de concentraciones (7 en 2001, 11 en 2002) [163], y, por primera vez desde la entrada en vigor del Reglamento de concentraciones el 21 de septiembre de 1990, en dos ocasiones los Estados miembros efectuaron una remisión conjunta a la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 22 de dicho Reglamento [164]. Es de destacar que la mitad de los asuntos remitidos a las autoridades nacionales con arreglo al artículo 9 lo fueron durante los meses de enero y febrero de dicho año. Uno de estos asuntos [165], consistía en una remisión al gobierno de Noruega con arreglo al artículo 6 del Protocolo 24 del Acuerdo EEE. El asunto Leroy Merlin/Brico fue el primero en remitirse a tres Estados miembros diferentes. La Comisión se congratula de ello pues se ajusta al proceso de revisión de las concentraciones que, según se explica más adelante, tiene entre sus objetivos principales el de mejorar el reparto de asuntos entre la Comisión y los Estados miembros. Además, el uso del apartado 3 del artículo 22 del Reglamento de concentraciones por parte de los Estados miembros demuestra que la cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia constituye un éxito que beneficia a las empresas europeas.

[163] M.2621, SEB/Moulinex, 08.01.2002; M.2502, Cargill/Cerestar, 18.01.2002; M.2683, Aker Maritime/Kvaerner (II), 23.01.2002; M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg, 14.02.2002; M.2639, Compass/Restorama/Rail Gourmet, 26.02.2002; M.2730, Connex/DNVBVG/JV, 24.04.2002; M.2760, Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhaven, 30.05.2002; M.2845, Sogecable/Canalsatélite/Via Digital, 14.08.2002, M. 2881, Koninklijke BAM NBM/HBG, 03.09.2002 M.2898, Leroy Merlin/Brico, de 13.12.2002 y M.2857, Electrabel Customer Solutions/Intercommunale d'Electricité du Hainaut, de 23.12.2002.

[164] M.2698, Promatech/Sulzer, 17.04.2002; M.2738, GEES/Unison, 17.04.2002.

[165] Aker Maritime/Kvaerner II

267. Otro elemento que cabe destacar en 2002 es el número de recursos contra decisiones adoptadas con arreglo al artículo 9. Estos recursos fueron presentados tanto por competidores como por las partes intervinientes en la operación. La primera de estas decisiones recurridas fue la del asunto SEB/Moulinex. La decisión de remisión del asunto BAM NBM/Hollandsche Beton Groep fue recurrida en septiembre. Sin embargo, tras una decisión de autorización de las autoridades de competencia neerlandesas, se retiró el recurso. También en el asunto Sogecable/Canalsatélite/Via Digital se han presentado recientemente dos recursos contra la decisión de remisión.

268. A continuación se detallan los citados casos de remisión con arreglo a los artículos 9 y 22.

4.2 Remisión de asuntos con arreglo al artículo 9 del Reglamento de concentraciones

SEB/Moulinex

269. El 8 de enero de 2002, la Comisión autorizó a SEB adquirir el control exclusivo de Moulinex, siempre que cumpliera los compromisos ofrecidos. Ese mismo día, la Comisión remitió el aspecto de la repercusión de la concentración en Francia. Tanto SEB como Moulinex [166] son empresas francesas que fabrican pequeños electrodomésticos tales como freidoras, tostadoras, cafeteras y cafeteras a presión, teteras, hornos de mesa, sandwicheras, barbacoas y grills, robots de cocina y planchas. Tras una intensa investigación de mercado se comprobó que los mercados de los pequeños electrodomésticos tienen una dimensión nacional. Por lo que se refiere al mercado francés, la investigación demostró además que existía la amenaza de que la operación diera lugar a un considerable reforzamiento del actual líder del mercado y a la eliminación de un competidor.

[166] Véase anteriormente.

270. El 15 de julio de 2002, el Ministerio de Hacienda, Economía e Industria de Francia autorizó la operación, en su vertiente nacional, con arreglo a la excepción de empresa en crisis. La Comisión no aceptó esta excepción en su valoración de los restantes mercados nacionales de la UE. La decisión de remisión, así como la decisión de autorización en primera fase, han sido recurridas ante el TPICE por los competidores Babyliss and Philips.

Cargill/Cerestar [167]

[167] COMP/M.2502 - Cargill/Cerestar, 18.01.2002

271. Este asunto se refería a la adquisición de la empresa francesa Cerestar por la empresa estadounidense Cargill Inc. Cargill es uno de los principales operadores internacionales en varias actividades agrícolas tales como el comercio de materias primas y el procesamiento de semillas. Cerestar es el principal productor europeo de almidón y derivados del almidón. El Reino Unido solicitó que se remitiera la concentración propuesta en la vertiente que se refería a la repercusión en el mercado de los jarabes y mezclas de glucosa en el RU. La Comisión autorizó la operación en todo el Espacio Económico Europeo salvo en el mercado de los jarabes y mezclas de glucosa en el RU; mientras que el estudio de estar vertiente se remitió a la Office of Fair Trading del RU el 21 de enero de 2002. Tras una investigación pormenorizada, las autoridades del RU autorizaron la operación.

Aker Maritime/ Kvaerner (II) [168]

[168] COMP/M.2683 - Aker Maritime/Kvaerner (II), 23.01.2002

272. En enero, la Comisión remitió a la autoridad noruega de competencia el examen del impacto de la adquisición de la empresa anglo-noruega Kvaerner por la noruega Aker Maritime en los mercados del petróleo y el gas. Era la primera vez que la Comisión remitía un asunto a un Estado de la AELC. El Gobierno noruego había solicitado a la Comisión que le remitiera el asunto ya que consideraba que la combinación prevista de las actividades de las partes en los sectores del petróleo y el gas plantearía problemas de competencia que afectaban principalmente al mercado noruego, y más concretamente a los mercados de nuevas instalaciones de petróleo y gas (contratos EPC) y de mantenimiento y modificación de plataformas (MMO). El artículo 6 del Protocolo 24 del Acuerdo EEE permite a la Comisión remitir un asunto a un Estado de la AELC cuando la operación produce su impacto principal en dicho Estado. Al considerar que las autoridades noruegas estaban mejor situadas para evaluar el impacto del acuerdo en los mercados del petróleo y el gas en la plataforma continental noruega, la Comisión accedió a la solicitud de remisión. Posteriormente, las autoridades noruegas autorizaron la operación sin compromisos.

Danish Crown/Steff-Houlberg [169]

[169] COMP/M.2662 - Danish Crown/Steff-Houlberg, 14.02.2002

273. En el asunto Danish Crown/Steff-Houlberg, una concentración entre los dos mayores mataderos de Dinamarca, los problemas de competencia se limitaban al mercado danés. El 28 de diciembre las autoridades danesas de competencia pidieron que se les remitiera el asunto, alegando que la concentración podía crear problemas de competencia importantes en cinco mercados: compra de cerdos vivos, venta de carne fresca de cerdo destinada al consumo humano directo, aprovisionamiento de carne fresca de cerdo destinada a la transformación, suministro de productos de cerdo transformados y recuperación de subproductos de los mataderos daneses. El 14 de febrero la Comisión decidió aceptar la solicitud danesa y remitir el examen a las autoridades danesas de competencia. Era la primera vez que Dinamarca presentaba una solicitud de remisión. Dinamarca promulgó su propia ley de control de las operaciones de concentración en octubre de 2000. Posteriormente las autoridades danesas autorizaron la operación, sujeta al cumplimiento de compromisos, tras un procedimiento de segunda fase.

Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova [170]

[170] COMP/M.2639 - Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova, 26.02.2002

274. Esta operación consistía en una propuesta de adquisición a SAirLines (Suiza) por la empresa Compass Group Plc, una de las principales sociedades británicas de restauración, de las empresas de catering Rail Gourmet, Restorama y Gourmet Nova. La investigación realizada por la Comisión reveló que los problemas de competencia se limitaban al mercado del catering ferroviario en el Reino Unido, en el que, tras la operación, la cuota de mercado conjunta de las partes sería del 85% al 95%. A petición de las autoridades de competencia del RU, la Comisión Europea remitió a la Office of Fair Trading del RU la propuesta de adquisición de Rail Gourmet UK por Compass. La Comisión autorizó el resto de la adquisición a SAirLines, que incluía Rail Gourmet fuera del RU, una parte de la actividad de Gourmet Nova y Restorama. Posteriormente, las autoridades del RU autorizaron la operación tras una investigación detallada.

Connex/DNVBVG/JV [171]

[171] COMP/M.2730 - Connex/DNVBVG/JV, 24.4.2002.

275. El 19 de marzo de 2002, la Comisión remitió a las autoridades alemanas de competencia (Bundeskartellamt - Oficina Federal de la Competencia) un asunto relativo a una empresa en participación a través de la cual Connex Verkehr GmbH, filial del grupo francés Vivendi, y Deutsche Nahverkehrsgesellschaft mbH (DNVG) tenían previsto ofrecer servicios de transporte público local en la zona de Riesa (Sajonia, Alemania). La remisión se concedió dado que las repercusiones de la operación sobre la competencia se limitaban a mercados locales dentro de Alemania. Concretamente, la empresa en participación crearía vínculos estructurales entre el operador de transporte público en Hannover y Connex, la cual, desde su base consolidada en el mercado adyacente de Schaumburg, estaría en una situación idónea para actuar como competidor en Hannover. De este modo, la concentración propuesta crearía vínculos entre los principales operadores de un mercado que hace poco que se ha abierto a la competencia de operadores privados. Si bien en teoría cualquier operador europeo puede participar en una licitación para la prestación de servicios de transporte público en Alemania, hasta la fecha los únicos competidores que han logrado introducirse con éxito en los antiguos mercados monopolistas han sido aquellos que ya operaban geográficamente cerca. Posteriormente, el Bundeskartellamt autorizó la operación tras una investigación de segunda fase.

Nehlsen/ Rethmann/ SWB/ Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft [172]

[172] COMP/M.2760 - Nehlsen/ Rethmann/ SWB/ Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft, 30.05.2002

276. Mediante decisión de 24 de abril de 2002, la Comisión Europea remitió la propuesta de adquisición del control conjunto de Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH por parte de Karl Nehlsen GmbH & Co KG, Rethmann Entsorgungswirtschaft GmbH & Co KG y swb AG a las autoridades alemanas de competencia (Oficina Federal de la Competencia). La Oficina Federal de la Competencia había solicitado la remisión debido a que la fusión amenazaba con crear unas posiciones dominantes en los mercados regionales de incineración de residuos municipales y comerciales en Baja Sajonia, Bremen y Hamburgo. El 17 de diciembre de 2002 la Oficina Federal de la Competencia prohibió la operación ya que podía dar lugar a la creación o consolidación de una posición dominante en algunos mercados de recolección, transporte y gestión de residuos domésticos e industriales.

Sogecable/ Canalsatélite Digital/ Vía Digital [173]

[173] COMP/M.2845 - Sogecable/ Canalsatélite Digital/ Vìa Digital, 14.8.2002

277. El 3 de julio la Comisión recibió una notificación con arreglo al Reglamento de concentraciones por la que se solicitaba autorización para la propuesta de adquisición de DTS Distribuidora de Televisión Digital S.A. (Vía Digital), segundo operador de televisión de pago de España, por Sogecable S.A., operador de televisión de pago dominante en España. DTS está controlada por la empresa española Grupo Admira Media, perteneciente al Grupo Telefónica. Sogecable está controlada conjuntamente por el grupo mediático español Promotora de Informaciones S.A. (Prisa) y el Grupo Canal + S.A., perteneciente a Vivendi Universal. El Gobierno español pidió a la Comisión que le remitiera el asunto argumentando que la concentración amenazaba con crear una posición dominante que obstaculizaría la competencia en distintos mercados dentro de España. La Comisión decidió acceder a la remisión ya que su examen del asunto confirmó que la concentración podría crear o reforzar una posición dominante en los siguientes mercados limitados geográficamente a España: televisión de pago, adquisición de derechos de películas en exclusividad y adquisición y explotación de partidos de fútbol y de otros deportes y venta de canales de televisión. Además, la Comisión investigó también los efectos de la transacción en distintos mercados de telecomunicaciones. La investigación reveló que la creación de un vínculo entre los operadores dominantes de televisión de pago y telecomunicaciones en España amenazaba con fortalecer la posición dominante de Telefónica en algunos mercados de telecomunicaciones. El 29 de noviembre de 2002 las autoridades españolas autorizaron la operación con ciertas condiciones. Dos grupos de competidores que operan como proveedores de servicios de televisión de pago por cable han recurrido ante el TPICE esta decisión de remisión.

Hollandsche Beton Groep / Koninklijke BAM NBM [174]

[174] COMP/M.2881 - Hollandsche Beton Groep / Koninklijk BAM NBM, 03.09.2002

278. Esta operación consistía en la adquisición de la empresa holandesa de construcción Hollandsche Beton Groep por su rival Koninklijke BAM NBM. La Autoridad Neerlandesa de Competencia solicitó la remisión de los aspectos de la operación referentes a los Países Bajos al considerar que la concentración propuesta amenazaba con crear o consolidar una posición dominante en diversos mercados holandeses del sector de la construcción y del sector de la producción de asfalto. Los resultados obtenidos por la Comisión en su investigación de la primera fase apuntaban a que efectivamente puede existir esa amenaza por lo que se refiere a un posible mercado de proyectos de grandes edificios, en el que BAM y HBG son particularmente fuertes, al igual que en varios mercados regionales del asfalto. Dado que los problemas de competencia se limitaban al mercado holandés, la Comisión consideró que la Autoridad Neerlandesa de Competencia estaba mejores condiciones para evaluar el impacto competitivo de este asunto y se lo remitió mediante decisión de 3 de septiembre de 2002. En la misma fecha, la Comisión autorizó la operación por lo que se refiere al mercado belga. Las partes recurrieron la decisión de remisión el 27 de septiembre, aunque, tras una nueva investigación y a raíz de la decisión de autorización de la Autoridad Neerlandesa de Competencia de 24 de octubre de 2002, se retiró el recurso.

Leroy Merlin / Brico [175]

[175] COMP/M.2898.

279. La operación consistía en la adquisición por la empresa francesa Leroy Merlin de almacenes de artículos de bricolaje situados en Francia, España y Portugal y pertenecientes al grupo belga Brico. Tanto Brico como Leroy Merlin se dedican a la distribución de productos de bricolaje en grandes superficies especializadas. La operación daría lugar a importantes solapamientos horizontales en algunos mercados locales de estos países. Por este motivo, las autoridades francesa, española y portuguesa solicitaron la remisión del asunto por lo que respecta al mercado de la distribución ya que consideraban que la concentración propuesta amenazaba con crear o reforzar una posición dominante en la distribución. Las conclusiones de la Comisión tras la investigación en Primera fase revelaron que era posible que existiese esa amenaza con respecto a un posible mercado de las grandes superficies y los productos de bricolaje, denominado "Grandes superficies de bricolaje". Dado que había que realizar un análisis de competencia para todos los mercados locales en los que podían plantearse problemas, la Comisión consideró que las autoridades nacionales estaban mejor situadas para evaluar la repercusión del asunto desde el punto de vista de la competencia. El 13 de diciembre de 2002 se remitió el asunto a tres Estados miembros. En cuanto al mercado de suministro de productos de bricolaje, la Comisión autorizó la operación en dichaa fecha ya que no se detectaron problemas de competencia.

Electrabel Customer Solutions / Intercommunale d'Electricité du Hainaut [176]

[176] COMP/M.2857 - ECS/IEH, 23.12.2002.

280. En fecha muy reciente, la Comisión remitió a las autoridades belgas la propuesta de operación mediante la cual Electrabel Customer Solutions («ECS») compraba a Intercommunale d'Electricité du Hainaut («IEH») las actividades consistentes en el suministro de energía a clientes cualificados. Se había solicitado la remisión ya que la operación amenazaba con crear o reforzar una posición dominante en el mercado del suministro de electricidad a clientes cualificados en Bélgica. Además, las autoridades belgas señalaron que la remisión del asunto contribuiría a tomar una decisión coherente ya que en ese mismo año ya se habían ocupado de otras cinco concentraciones similares en este mercado. Con arreglo a la legislación belga de liberalización del mercado de la electricidad, las empresas intermunicipales de suministro de infraestructuras no pueden suministrar electricidad y gestionar la red de distribución al mismo tiempo. La legislación correspondiente establece que las empresas intermunicipales deben nombrar un suministrador por defecto con objeto de separar esas dos actividades y de garantizar el suministro continuo de electricidad a los clientes cualificados que no hayan elegido un suministrador. Todas las empresas intermunicipales en las que participa Electrabel ("intermunicipales mixtas"), entre ellas IEH, han designado como proveedor por defecto a ECS. En consecuencia, la transacción dará lugar a una transferencia de clientes de IEH a ECS; para compensar a las empresas intermunicipales por su pérdida de ingresos en concepto de estos clientes, las partes han reequilibrado sus intereses financieros. Así pues, el asunto debía ser notificado con arreglo al Reglamento de concentraciones. Tras una profunda investigación del mercado, que confirmó que la operación amenazaba con reforzar la posición dominante de Electrabel en el mercado del suministro de electricidad a clientes cualificados en Bélgica, y habiendo concluido que los compromisos ofrecidos por las empresas no bastaban para resolver los problemas de competencia detectados, la Comisión decidió remitir el asunto a las autoridades belgas el 23 de diciembre. Esta decisión de remisión obedecía principalmente a los objetivos de eficacia administrativa y coherencia de las decisiones adoptadas.

Asuntos remitidos con arreglo al apartado 3 del artículo 22 del Reglamento de concentraciones

Promatech/Sulzer Textil [177]

[177] COMP/M.2698 - Promatech/Sulzer Textil, 16.04.2002

281. A raíz de la remisión conjunta del asunto por las autoridades de Austria, Francia, Alemania, Italia, Portugal, España y Reino Unido, con arreglo al apartado 3 del artículo 22 del Reglamento de concentraciones, la Comisión autorizó la adquisición de Sulzer Textil, la división de maquinaria textil de la empresa suiza Sulzer Ltd, por la italiana Promatech SpA, otro fabricante de telares. La investigación pormenorizada puso de manifiesto que la operación daría lugar a una posición dominante en el mercado de telares de pinza de Europa occidental. A fin de disipar las preocupaciones de la Comisión, Promatech ofreció ceder las actividades relativas a los telares de pinza de Sulzer Textil situada en Schio, cerca de Verona (Italia), y en Zuchwil, cerca de Solothurn (Suiza). Estos compromisos suprimían el solapamiento creado por la adquisición y eliminaban totalmente las objeciones de la Comisión a la operación.

GEES/Unison [178]

[178] COMP/M.2738 - GEES / Unison, 17.04.2002

282. El asunto GEES/Unison consistía en la propuesta de adquisición de Unison Industries, uno de los principales proveedores estadounidenses de accesorios para motores de avión y sistemas de control, por GE Engine Services Inc. (GEES), filial propiedad al cien por cien de General Electric Company. La transacción se notificó originalmente a varios Estados miembros de la UE (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Austria y Grecia) pues no cumplía el requisito de unos volúmenes de negocios mínimos establecido en el artículo 1 del Reglamento de concentraciones. Tras una remisión conjunta del asunto por estos Estados miembros en virtud del apartado 3 del artículo 22 del Reglamento de concentraciones, el examen del acuerdo por la Comisión puso de manifiesto que no había solapamiento horizontal entre las actividades de GEES y las de Unison. La evaluación se limitó, por lo tanto, a la integración vertical de los negocios de GE y los de Unison. No obstante, la Comisión llegó a la conclusión de que no había riesgo alguno de compartimentación en los mercados de los accesorios para motores producidos por Unison, ni en los mercados de motores de avión. La autorización se concedió el 17 de abril.

5. Reforma del control de las concentraciones

283. El 11 de diciembre de 2002, la Comisión adoptó unas propuestas de gran alcance para la reforma del sistema de control de las operaciones de concentración de la UE. Estas propuestas son el fruto de un año de consultas y debates en torno al documento de consulta, el Libro Verde [179] sobre la revisión del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo, el denominado Reglamento de concentraciones [180]. El Libro Verde recababa opiniones sobre el modo de mejorar la eficacia del marco jurídico aplicable al control de las operaciones de concentración en la UE, adaptándolo mejor a las realidades de una economía en vías de globalización, con el trasfondo de una Comunidad en ampliación y cada vez más integrada. El Reglamento de concentraciones prevé que se proceda a una revisión periódica de algunas de sus disposiciones, concretamente las relativas al alcance de la competencia de la Comisión por lo que respecta al control de las operaciones de concentración [181]. Desde su adopción en 1989, el Reglamento de concentraciones se ha modificado sustancialmente en una ocasión, en 1997 [182]. Sin embargo, la actual revisión contiene propuestas que van más allá de las cuestiones jurisdiccionales e incluye un examen más exhaustivo y a largo plazo del funcionamiento del Reglamento de concentraciones en su conjunto. Estas reformas consisten en: una propuesta de modificación del actual Reglamento de concentraciones; un proyecto de Comunicación de la Comisión relativa a la evaluación de las concentraciones horizontales, abierto a la consulta pública hasta finales de marzo de 2003; y algunas recomendaciones sobre buenas prácticas y otras medidas administrativas destinadas a mejorar la transparencia y los actuales procedimientos y sistemas internos de la DG COMP.

[179] COM (2001) 745 final.

[180] DO L 395, 30.12.1989, p.1; corrected version DO L 257, 21.9.1990, p. 13.

[181] En su Informe de 28 de julio de 2000 al Consejo sobre la aplicación de los umbrales del Reglamento de concentraciones, la Comisión llegó a la conclusión de que existían importantes indicios de que los umbrales vigentes debían ser revisados con objeto de abarcar mejor todas las concentraciones que presentasen un interés comunitario. Además estableció cierto número de otros aspectos jurisdiccionales, sustantivos y procedimentales que merecerían ser debatidos más pormenorizadamente (véase COM(2000) 399 final - 28.06.2000).

[182] Reglamento del Consejo (CE) No 1310/97, DO L 180, 9.7.1997, p.1, corrigendum en DO L 40, 13.2.1998, p. 17.

5.1. Objetivos de la reforma

284. Las propuestas de revisión se basan en la experiencia adquirida por la Comisión en su aplicación del Reglamento de concentraciones durante más de doce años. Se pretende mejorar la eficacia del Reglamento y tener en cuenta los cambios acaecidos durante ese periodo en términos de incremento del número de asuntos, mayor complejidad económica de éstos y mayor nivel de concentración industrial que ha exigido una mayor sofisticación de los análisis económicos contenidos en las decisiones motivadas de la Comisión. La reforma propuesta también quiere responder a las deficiencias detectadas con el tiempo. A este respecto, se han tenido especialmente en cuenta las tres recientes sentencias del TPICE anulando las decisiones de prohibición adoptadas por la Comisión y posteriormente recurridas en los asuntos Airtours/First Choice, Schneider/Legrand y Tetra Laval/Sidel.

285. La reforma persigue el doble objetivo de, por una parte, consolidar los aspectos positivos del sistema de control de las concentraciones de la UE y, por otra, garantizar que el Reglamento de concentraciones sigue siendo eficaz como instrumento de control de las concentraciones a la hora de hacer frente a los nuevos retos que plantea la economía de la Unión Europea, y en especial de su ampliación pendiente.

Respuestas al Libro Verde

286. El Libro Verde inició una amplia consulta pública en torno a cierto número de ideas concretas sobre la reforma del régimen de control de las concentraciones de la UE. La consulta se centraba en los aspectos jurisdiccionales, sustantivos y relativos al procedimiento de control de las concentraciones. Sin embargo, el Libro Verde también incluía una discusión sobre aspectos sistémicos y recababa opiniones sobre la eficacia del sistema administrativo en general, incluidas las debidas garantías procedimentales y el equilibrio de intereses incorporado al sistema. También se pedían observaciones sobre la eficacia de la revisión judicial si bien se explicaba que las modificaciones a este respecto no entraban en el ámbito del derecho de iniciativa de la Comisión.

287. Las respuestas al Libro Verde recibidas por la Comisión fueron abundantes, cifrándose en más de 120. Cerca de la mitad procedían de sectores industriales (asociaciones y empresas individuales), y más de una cuarta parte de empresas del sector jurídico. Además, contestaron también sindicatos, organizaciones de consumidores y miembros del mundo académico. Algunos Estados miembros también enviaron comentarios por escrito, al igual que lo hizo un par de países candidatos. La mayor parte de quienes contestaron mostraron su satisfacción con la apertura de miras de la Comisión en cuanto a la posible reforma del Reglamento de concentraciones. Además, los grandes objetivos definidos en el Libro Verde cuentan con el apoyo de la gran mayoría de quienes manifestaron su opinión. Se puede encontrar un amplio resumen de las respuestas recibidas en el sitio web de la DG COMP [183].

[183] http://europa.eu.int/comm/competition/ mergers/review/comments.html

288. En lo que respecta a los aspectos sistémicos, la mayor parte de quienes respondieron al Libro Verde de la Comisión loaron los méritos del sistema de control de las concentraciones de la UE y, especialmente, sus plazos breves y fijos y sus decisiones motivadas y públicas. De quienes respondieron, unos pocos abogaron por abandonar o modificar de arriba a abajo el actual sistema mientras que otros sugirieron, por ejemplo, adoptar un sistema similar al estadounidense, de índole más adversarial. Al mismo tiempo, algunos de los que contestaron tenían dudas respecto a la eficacia de las garantías procedimentales del sistema y de la revisión judicial de las decisiones de la Comisión en asuntos de concentración.

5.2. La reforma propuesta

5.2.1. Aspectos sustantivos

Modificación del criterio sustantivo del Reglamento de concentraciones

289. El Libro Verde de la Comisión abrió una reflexión sobre las ventajas del criterio sustantivo recogido en el artículo 2 del Reglamento de concentraciones (el criterio de dominancia). Concretamente, pedía que se le enviaran observaciones sobre la eficacia de este criterio en comparación con el de "reducción sustancial de la competencia" utilizado en otros países (y especialmente en EE.UU.). La consulta dio lugar a una amplia gama de comentarios tanto favorables como contrarios al cambio. El argumento principal de quienes abogaban por pasar a un criterio de reducción sustancial de la competencia consistía en que este criterio estaría inherentemente mejor adecuado a la complejidad y diversidad de los problemas de competencia que pueden plantear las concentraciones y, concretamente, que el actual criterio puede contener una o varias lagunas.

290. Sin embargo, la Comisión llegó a la conclusión, basándose en su experiencia adquirida hasta la fecha, de que se exageraban las posibles desventajas del criterio de dominancia y que en la práctica los criterios de dominancia y de reducción sustancial de la competencia han producido resultados coincidentes en lo general, especialmente en la UE y en EE.UU. durante los últimos años. El mantener el criterio de dominancia contribuiría también a mantener la jurisprudencia relativa a la interpretación del mismo desarrollada por los tribunales en los últimos años, garantizando así un elevado grado de seguridad jurídica. No obstante, con objeto de garantizar la seguridad jurídica y de incrementar la transparencia en lo que se refiere al alcance del vigente criterio, la Comisión propuso aclarar el concepto de dominancia contemplado en el actual criterio sustantivo incluyéndolo en el texto del artículo 2 (añadiendo un apartado en dicho artículo y nuevos considerandos al Reglamento), con objeto de clarificar que el criterio se aplica también cuando una concentración da lugar a los denominados "efectos unilaterales" en situaciones de oligopolio, lo cual constituye una de las posibles lagunas que han indicado algunos comentadores. La aclaración propuesta es coherente con la definición de dominancia dada por el TJCE en asuntos relacionados con concentraciones [184],, pero pretende centrarse más especialmente en el impacto económico de las concentraciones.

[184] Asunto T-102/96, Gencor/Comisión, [1999] Rec. II-753, par. 200.

Proyecto de Comunicación relativa a la evaluación de las concentraciones horizontales

291. Además de aclarar el alcance del artículo 2 del Reglamento de concentraciones, la Comisión adoptó también un proyecto de Comunicación relativa a la evaluación de las concentraciones "horizontales", lo cual aporta transparencia y mejora la posibilidad de prever el desenlace del análisis de las concentraciones realizado por la Comisión, y, por ende, introduce una mayor seguridad jurídica para todos los interesados. La Comisión anunció también que pretendía adoptar posteriormente unas nuevas directrices sobre su enfoque del análisis de las concentraciones "verticales" y de las fusiones que dan lugar a conglomerados.

292. El primer proyecto de directrices se ha redactado con vistas a establecer un marco económico consistente para el análisis de las concentraciones en las que las empresas afectadas son vendedores activos en el mismo mercado de referencia o competidores en potencia en dicho mercado (concentraciones horizontales). De esta forma, se estudiará el modo en que debe analizarse el efecto de una concentración sobre la competencia, aportando claridad, entre otros aspectos, respecto a la forma en que la Comisión aplicará el concepto de posición dominante colectiva. El proyecto de directrices examinará también aspectos concretos que puedan matizar la conclusión inicial de que existe un posible perjuicio para la competencia - elementos tales como el poder de la demanda, la facilidad de penetración en el mercado, el hecho de que la concentración puede ser la única alternativa a la desaparición de la empresa adquirida, y las eficiencias.

Tratamiento de las eficiencias

293. Por lo que se refiere al tratamiento de las eficiencias, el proyecto de Comunicación de la Comisión afirma que ésta pretende tener especialmente en cuenta cualquier invocación de eficiencia en el contexto del análisis general de una concentración y que podrá decidir en último término que, como consecuencia de la eficiencia resultante de la concentración, ésta no crea o consolida una posición dominante de resultas de la cual la competencia efectiva se vea obstaculizada de forma significativa.

294. Esta postura se ajusta a las respuestas al Libro Verde que señalaban que es posible reconocer eficiencias concretas resultantes de una concentración sin por ello tener que modificar la actual redacción del criterio sustantivo contenida en el Reglamento de concentraciones. La letra b) del apartado 1 del artículo 2 de este Reglamento constituye un sólido fundamento jurídico a este respecto al manifestar que la Comisión tendrá en cuenta, entre otras cosas, "la evolución del progreso técnico o económico, siempre que ésta sea en beneficio de los consumidores y no constituya un obstáculo para la competencia".

295. El proyecto de Comunicación señala que las invocaciones de eficiencia sólo se aceptarán cuando la Comisión esté en condiciones de concluir con suficiente certidumbre que las eficiencias generadas por la concentración incrementarán los incentivos de la entidad resultante de dicha concentración para actuar competitivamente en beneficio de los consumidores, ya sea porque las eficiencias resultantes de la concentración compensarán cualquier efecto negativo sobre los consumidores o porque hagan que estos efectos sean poco probables. Para que la Comisión llegase a esta conclusión, las eficiencias deberían beneficiar directamente a los consumidores y ser específicamente inherentes a la concentración, sustanciales, oportunas y comprobables. La carga de la prueba recae sobre las partes, así como la carga de probar que las eficiencias son de tal magnitud que compensan los efectos contrarios a la competencia que podría producir la concentración. El proyecto de Comunicación señala también que es poco probable que las eficiencias puedan bastar para hacer posible la autorización de una concentración que dé lugar a un monopolio o a un cuasi monopolio.

5.3. Reforma del proceso de control de las concentraciones

296. Tal como se ha mencionado anteriormente, la reforma exigirá parcialmente modificaciones del propio Reglamento de concentraciones pero también medidas de carácter no legislativo. Estas medidas pretenden garantizar que las investigaciones de las concentraciones efectuadas por la Comisión se realizan de forma más exhaustiva, mejor enfocada y más firmemente asentada en un razonamiento económico sólido. Como consecuencia, se incrementaría la coherencia de las decisiones de la Comisión en los asuntos relacionados con concentraciones.

5.3.1. Medidas legislativas

Plazos

297. La Comisión propone cierto número de modificaciones importantes de las disposiciones relativas a los plazos contenidas en el Reglamento. El primer lugar, el plazo de que disponen las partes para ofrecer compromisos en la Primera fase se ampliaría de tres a cuatro semanas [185]. Gracias a esta modificación se dispondría de una semana más para resolver los problemas de competencia. En segundo lugar, la presentación de una propuesta de medida correctiva durante la Segunda fase añadiría, a menos que se haga al inicio del procedimiento (antes del 55º día laborable), tres semanas más, lo que permitiría disponer de más tiempo para estudiar adecuadamente las medidas correctivas y para consultar con los Estados miembros. En tercer lugar, el proyecto de Reglamento contempla la posibilidad de añadir hasta cuatro semanas a la Segunda fase con objeto de facilitar la investigación pormenorizada de los asuntos complejos. Las partes dispondrían de un derecho inicial a añadir este plazo suplementario. Sin embargo, también podría añadirse a petición de la Comisión (pero con el acuerdo de las partes intervinientes) cuando esté convencida de que se necesita un plazo suplementario para la investigación. Finalmente, el proyecto de Reglamento prevé la introducción, mediante una Comunicación de la Comisión, de exenciones generales, aplicables a los casos no problemáticos, de la prohibición de llevar a cabo una concentración hasta que ésta no haya sido autorizada.

[185] El cálculo de los plazos fijados en el Reglamento de concentraciones y en el Reglamento de aplicación se simplificará y se hará más transparente merced al cómputo de todos los plazos en días laborables, siendo cada semana de cinco días laborables por lo general, salvo cuando conste de algún día festivo de la Comisión.

Plazos de notificación

298. Otra de las propuestas se refiere a la necesidad de introducir una mayor flexibilidad en lo que se refiere a los plazos de notificación a la Comisión. Gracias a la modificación propuesta sería posible efectuar una notificación antes de concluir un acuerdo vinculante. También se propone suprimir el actual plazo de notificación de una semana a partir de la conclusión de dicho acuerdo, siempre que no se tome ninguna medida con vistas a la ejecución del mismo. Estas normas más flexibles permitirían a las empresas organizar mejor sus operaciones sin tener que encajar su programación en unas normas innecesariamente rígidas y, al mismo tiempo, facilitarían la cooperación internacional en los asuntos de concentración, especialmente en lo que se refiere a sincronizar los calendarios de las investigaciones de los distintos organismos.

Mayores poderes indagatorios

299. En lo que respecta a las disposiciones del Reglamento de concentraciones relativas a las indagaciones, la Comisión propone, con algunas excepciones, ajustar sus poderes indagatorios, así como las disposiciones sobre multas, con las propuestas del nuevo Reglamento de aplicación de los artículos 81 y 82 CE. Esto permitiría a la Comisión obtener información más fácilmente a efectos indagatorios e incluye la posibilidad de imponer multas más altas por incumplimiento de las solicitudes de suministrar dicha información.

300. Estas medidas son importantes, especialmente habida cuenta de la pesada carga de la prueba que incumbe a la Comisión y que se manifiesta especialmente en los asuntos en que se propone intervenir. Sin embargo, no se propone incluir en el Reglamento de concentraciones algunas de las facultades previstas en el contexto de los artículos 81 y 82, especialmente las investigaciones in situ y los estudios por sector.

Reparto de asuntos más sencillo y flexible

301. Otro de los principales objetivos de la reforma consistía en mejorar el reparto de asuntos entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia con arreglo al principio de subsidiariedad, haciendo frente al mismo tiempo al fenómeno persistente de las "notificaciones múltiples" (es decir, las notificaciones paralelas a varias autoridades de competencia de la UE).

302. En el Libro Verde, la Comisión planteaba la posibilidad de atribuir la competencia exclusiva de todos los asuntos de concentración que fueran notificables al menos en tres Estados miembros (propuesta denominada "3+"). Se consideraba que este era un medio sencillo y eficaz de reducir el número de concentraciones que necesitarían varias notificaciones. El objetivo de consolidar la aplicación del principio de subsidiariedad a la hora de atribuir los asuntos contó con un amplio apoyo en las respuestas al Libro Verde. Sin embargo, los resultados de la consulta pública han puesto en evidencia una serie de posibles desventajas asociadas con la propuesta inicial, especialmente la inseguridad jurídica que podría producir.

303. A la luz de estas respuestas, la Comisión decidió no llevar adelante la propuesta "3+" y propuso en cambio simplificar el mecanismo de remisión y hacerlo más flexible. La Comisión propone en primer lugar simplificar los criterios de dicha remisión, ajustando más los criterios de remisión en ambas direcciones y, en segundo lugar, permitir que se efectúen las remisiones antes de la notificación. Las partes notificantes tendrían derecho exclusivo de iniciativa en esta fase inicial y, cuando considerasen que la remisión mejoraría la eficacia del procedimiento de control de la concentración, podrían presentar una solicitud motivada de remisión antes de la notificación en cualquier dirección. Esta solicitud tendría que ser aceptada tanto por la Comisión como por las autoridades nacionales de competencia interesadas en los plazos breves, lo que impediría que se produjesen situaciones de bloqueo. En tercer lugar, la Comisión propone que, siempre que al menos tres Estados miembros estén de acuerdo en remitir un asunto a la Comisión, se considere que dicho asunto es competencia exclusiva de la Comunidad. Estas modificaciones del Reglamento de concentraciones se completarían con un conjunto de principios rectores relativos a los criterios en los que deben basarse las decisiones de remisión y que deberían ser aprobados por la Comisión en su debido momento.

5.3.2. Medidas de carácter no legislativo

Reforzar los análisis económicos de la DG COMP

304. La Comisión prevé crear un nuevo puesto de Economista Principal en la DG COMP, con el personal necesario para ofrecer un punto de vista económico independiente a todos los niveles decisorios, así como una orientación durante todo el procedimiento indagatorio. Este puesto habría de ser ocupado por un economista eminente, asignado a la Comisión de forma temporal, lo que garantizaría que la persona nombrada sea un profundo conocedor de las teorías más recientes en el ámbito de la economía industrial. Su cometido no se limitaría a intervenir en el control de las concentraciones sino que abarcaría también la aplicación de la política de competencia en general y el control de las ayudas estatales.

305. También se pretende agilizar la contratación de economistas industriales por parte de la DG COMP y aprovechar más la aportación de los economistas externos especializados. Concretamente, se prevé encargar estudios econométricos durante la Segunda fase de las investigaciones con mayor frecuencia.

Mayor relieve de la evaluación paritaria

306. Otro de los cambios consiste en utilizar más y de forma más sistemática un grupo de evaluación paritaria durante la Segunda fase de los asuntos de concentración. Se nombraría un grupo compuesto por funcionarios con experiencia para todas las investigaciones pormenorizadas cuya labor consistiría en examinar "desde fuera" los aspectos fundamentales de las conclusiones del equipo encargado del asunto. Cualquier funcionario de la DG COMP podrá pertenecer a este grupo. Los funcionarios de otros servicios pertinentes de la Comisión podrán ser invitados a intervenir en los debates. A este efecto se pretende crear una nueva Unidad que preste el apoyo y la estructura necesarios para que estos grupos lleguen a constituir un método interno eficaz de velar por la coherencia de las conclusiones previas de los investigadores. Además se pretende extender este sistema de grupos a toda la Dirección General, lo cual beneficiaría también al proceso decisorio de la Comisión en los ámbitos de la competencia y las ayudas estatales.

Nuevas directrices sobre buenas prácticas - Mejorar las garantías procedimentales en general

307. La Comisión también ha anunciado que pretende modificar sus normas internas con objeto de que se pueda tener acceso al expediente de la Comisión antes de lo actualmente posible. En primer lugar, las partes intervinientes en la concentración tendrían pleno acceso al expediente poco después del inicio de la investigación pormenorizada (es decir en cuanto se adopte una decisión con arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento). En segundo lugar, se pretende garantizar que las partes intervinientes tienen el acceso necesario durante toda la investigación a las observaciones presentadas por terceras partes que se opongan a las opiniones de las partes intervinientes en la concentración, respetando, evidentemente, las invocaciones legítimas de la protección de la información confidencial. De esta manera se incrementará aún más la transparencia de los procedimientos y las partes podrán impugnar estas observaciones en las fases iniciales de la investigación y no, como ocurre ahora, una vez se haya emitido el pliego de cargos.

308. Asimismo, se propone ofrecer a las partes de la operación una oportunidad de confrontarse con las terceras partes "opuestas" en una reunión que debería celebrarse, a ser posible, antes de la adopción del pliego de cargos. De esta forma, se podrían confrontar inicialmente los argumentos discordantes relativos a los probables efectos de la concentración propuesta, lo cual colaboraría a redactar un pliego de cargos más concreto.

309. También se pretende introducir más disciplina y transparencia en la realización de las investigaciones al ofrecer a las empresas intervinientes en la concentración la posibilidad de asistir a las reuniones referentes a evolución de la situación celebradas con la Comisión en momentos decisivos del procedimiento. De esta forma se garantizaría que dichas partes tienen constantemente información actualizada sobre la evolución de la investigación y que tienen una oportunidad permanente de examinar el asunto con los altos funcionarios de la Comisión.

310. Algunas de estas medidas de carácter no legislativo figuran en un proyecto de conjunto de buenas prácticas para la investigación de las operaciones de concentración que se discutirán con los sectores jurídicos y empresariales antes de su redacción final. Estas buenas prácticas se refieren a la tramitación cotidiana de los asuntos de concentración por parte de la DG COMP y a la relación de la Comisión con las partes intervinientes en la concentración y con las terceras partes interesadas, y contemplan, concretamente, el calendario de reuniones, la transparencia, los contactos previos a la notificación y las garantías procedimentales en los procedimientos de concentración. El proyecto de buenas prácticas figura, a la espera de comentarios, en el sitio web de la DG COMP.

Reforzar el cometido de los Consejeros auditores

311. La reforma prevista también prevé reforzar aún más el cometido de los Consejeros auditores. Se pretende que éstos dispongan de suficientes recursos, entre ellos funcionarios de nivel A, que les permitan desempeñar plenamente sus responsabilidades. La inmensa mayoría de las respuestas al Libro Verde abogaban por reforzar el cometido de los Consejeros auditores.

Participación de los consumidores y de otras terceras partes interesadas

312. Otras reformas consisten en la creación de un puesto de Enlace con los consumidores en la DG COMP, con objeto de fomentar y facilitar la participación de las asociaciones de consumidores, que suelen ser organismos con pocos recursos. De ésta forma se pretende incrementar la participación de los consumidores en los procedimientos de competencia. A pesar de que en último término el objetivo del control de las concentraciones es la protección del bienestar del consumidor, los consumidores y sus organizaciones casi nunca manifiestan sus opiniones a la Comisión respecto al impacto probable de las operaciones de concentración individuales.

313. La Comisión pretende también modificar el impreso de notificación de las concentraciones con objeto de incluir un recordatorio para que las empresas tengan presente la necesidad de respetar sus obligaciones con arreglo al derecho nacional y comunitario por lo que se refiere a la consulta de los representantes de los trabajadores.

Reforzar el cometido del Comité consultivo

314. Asimismo, se considera necesario reforzar la intervención del Comité consultivo de concentraciones (integrado por expertos en competencia de los Estados miembros). Este organismo desempeña un cometido fundamental mediante su examen externo de las investigaciones de la Comisión, especialmente al término de las investigaciones pormenorizadas. Si bien cualquier modificación es en último término competencia de la organización interna del propio Comité consultivo, la Comisión ha propuesto que el Estado miembro "ponente" podría intervenir más estrechamente en un seguimiento de las investigaciones de las concentraciones a partir del inicio de la investigación de la Segunda fase. El Comité consultivo también podría estudiar la posibilidad de designar "analistas" que contribuyan a las actividades del ponente, por ejemplo, examinando determinados aspectos de la investigación de forma más detallada. La Comisión podría propiciar ésta evolución abriendo cauces de comunicación con el ponente y los analistas en una fase inicial de la investigación y garantizando que se les comunica rápidamente la información pertinente. El plazo suplementario que se propone añadir a las investigaciones de la Segunda fase para poder tomar en cuenta convenientemente las medidas correctivas propuestas (véase anteriormente) facilitaría también este incremento de la importancia del cometido del Comité consultivo.

Mejorar la tramitación e investigación de los asuntos

315. Por último, la Comisión pretende también tomar medidas prácticas destinadas a mejorar el modo en que se realizan las investigaciones, especialmente habida cuenta de lo importante de la carga de la prueba que corresponde a la Comisión en todos los asuntos en que se propone intervenir. Concretamente, será necesario garantizar que se dispone de suficientes recursos de gestión para resolver todos los asuntos de concentración de la Comisión, que los equipos encargados de los asuntos son suficientemente grandes y que tienen la experiencia necesaria para realizar investigaciones pormenorizadas. También hay que velar por que se preste la debida atención a la calidad de las pruebas que sirven de base a las decisiones.

Revisión judicial

316. La Comisión también ha anunciado que pretende seguir haciendo lo posible por que sus decisiones sean revisadas rápidamente por los Tribunales. La introducción por el TPICE de un procedimiento de urgencia constituye un importante avance que demuestra que la revisión judicial puede efectuarse con una cierta rapidez: la eficacia con la que el TPICE resolvió los recursos en los asuntos Schneider/Legrand y Tetra Laval/Sidel constituye un verdadero progreso.

317. Al tiempo que celebraba sus debates en el Consejo de ministros sobre la revisión del Reglamento de concentraciones, la Comisión anunció su intención de estudiar con los Estados miembros las distintas posibilidades de garantizar una revisión judicial más rápida de los asuntos de concentración. La Comisión seguirá manteniendo contactos a este respecto con el TJCE y con el TPICE.

6. Cooperación internacional

6.1. Red Internacional de Competencia (RIC)

318. La Comisión ha participado activamente en el Grupo de trabajo de la RIC sobre control de las operaciones de concentración por varias jurisdicciones desde su creación a finales de 2001. Las actividades de este Grupo de trabajo se han organizado en tres subgrupos diferentes: uno sobre técnicas de investigación de concentraciones, otro sobre el marco analítico subyacente al control de las concentraciones y un tercero sobre notificación y procedimientos en los regímenes de control de las concentraciones. En el trabajo de estos subgrupos participan algunas organizaciones y personas del sector privado. La Comisión participa activamente en los tres subgrupos.

Subgrupo de notificación y procedimientos

319. Este subgrupo persigue tres objetivos: mejorar la eficacia de cada jurisdicción, facilitar la convergencia y reducir la carga pública y privada que supone el control de las concentraciones por varias jurisdicciones. A este efecto, el subgrupo, en cooperación con asesores del sector privado, ha elaborado un inventario de las leyes sobre control de las concentraciones y está recopilando información sobre los costes y cargas del control de las concentraciones. Además, el subgrupo ha preparado un conjunto de Principios rectores para la notificación de concentraciones y procedimientos de revisión que fueron aprobados por el plenario de los miembros de la RIC en su primera Conferencia anual celebrada en Nápoles en octubre de 2002.

320. Asimismo, se pretende que los Principios rectores se plasmen en un conjunto exhaustivo de recomendaciones de buenas prácticas ("Prácticas recomendadas"). Los trabajos a este respecto ya han comenzado y el plenario de los miembros de la RIC ya ha aprobado unas Prácticas recomendadas centradas en tres temas principales [(1) nexo suficiente entre los efectos de la transacción y la jurisdicción competente para la revisión; (2) umbrales de notificación claros y objetivos; y (3) plazos de las notificaciones de concentraciones]. Se están preparando unas Prácticas recomendadas con vistas a la segunda Conferencia anual de la RIC que se celebrará en 2003.

Subgrupo de técnicas de investigación

321. Este subgrupo se dedica a desarrollar buenas prácticas para la investigación de concentraciones, concretamente (i) métodos de obtención de pruebas fiables; (ii) planificación eficaz de la investigación de una concentración; y (iii) recurso a los economistas/evaluación de las pruebas económicas. El programa de trabajo del próximo año contempla la elaboración de un "Compendio de técnicas de investigación", que contendrá una recopilación de ejemplos de instrumentos de investigación de varios países.

322. El subgrupo organizó una Conferencia Internacional sobre concentraciones celebrada los días 21 y 22 de diciembre de 2002 y dirigida a personal jurídico y economistas. La Conferencia consistía en varios grupos de trabajo o grupos de discusión sobre los instrumentos de investigación utilizados en varios países, la experiencia de los respectivos organismos en el uso de éstos instrumentos y sobre el cometido de los economistas en las investigaciones de concentraciones así como sobre las posibilidades de incrementar la cooperación internacional en asuntos de concentración.

Subgrupo relativo al marco analítico

323. Este subgrupo se centra en el marco analítico general de la revisión de las concentraciones que abarca unas normas sustantivas para el análisis de las concentraciones y los criterios de aplicación de estas normas. Se está recopilando información sobre las normas sustantivas aplicadas por las jurisdicciones de cada miembro así como información sobre las normas de aplicación o sobre cualquier otro material que sirva para interpretación. Se ha efectuado un estudio más detallado de la repercusión de las distintas normas en cuatro países diferentes (Australia, Sudáfrica, Alemania y EE.UU.).

324. Hasta la fecha, el subgrupo ha elaborado un exhaustivo documento sobre aspectos principales que pretende determinar los principales objetivos políticos subyacentes al control de las concentraciones. Además, el subgrupo cuenta con un detallado plan de trabajo para el año siguiente a la primera Conferencia anual. Este plan de trabajo consta de cuatro proyectos: (1) un análisis de los principios aplicados a las concentraciones en todo el mundo; (2) un análisis del enfoque adoptado ante los aspectos positivos de las concentraciones en todo el mundo; (3) una comparación entre los criterios de dominación y de reducción significativa de la competencia; (4) un análisis de las cuestiones no relacionadas con la competencia en las evaluaciones de las concentraciones. Los dos primeros proyectos son prioritarios.

6.2. Grupo de trabajo UE/EE.UU. en materia de concentraciones

325. A raíz de un acuerdo entre el Fiscal General Asistente de EE.UU., Sr. James, el presidente de la FTC, Sr. Muris y el Comisario Sr. Monti, alcanzado en la reunión bilateral UE/EE.UU. (Comisión/DoJ/FTC) celebrada en Washington el 24 de septiembre de 2001, para la ampliación e intensificación de las actividades del actual Grupo de trabajo UE/EE.UU. en materia de concentraciones, la DG COMP acordó con los organismos estadounidenses que el Grupo de trabajo estaría integrado por cierto número de subgrupos [186]. Un subgrupo se ocupa de los aspectos procedimentales y otros dos subgrupos de cuestiones sustantivas (uno de la vertiente relacionada con los conglomerados y otro de la función de las eficiencias en el análisis de control de las concentraciones).

[186] El Grupo de trabajo UE/EE.UU. en materia de concentraciones se creó en 1999 , y su principal actividad antes de septiembre de 2001 consistía en discutir los respectivos enfoques de la UE y EE.UU. en asuntos de concentración. La experiencia fue sumamente productiva para los tres organismos.

326. Hasta ahora los subgrupos que se ocupan de los aspectos procedimentales y de los conglomerados han terminado sus trabajos. Ambos subgrupos celebraron varias videoconferencias, con explicaciones y debates del enfoque político respectivo y de la experiencia adquirida en la revisión de concentraciones. Los funcionarios participantes también efectuaron una visita a los organismos recíprocos en abril (reuniones en Bruselas del subgrupo de aspectos procedimentales) y mayo (reuniones en Washington del subgrupo de conglomerados). En julio de 2002 este último subgrupo presentó sus conclusiones durante la reunión bilateral UE/EE.UU. celebrada en Bruselas entre el Asistente del Fiscal General de EE.UU., Sr. James, el presidente de la FTC, Sr. Muris y el Comisario Sr. Monti. Aunque subsisten algunas diferencias de opinión y de importancia en lo que se refiere a las concentraciones de conglomerados, es evidente que las discusiones han contribuido a comprender mucho mejor los recíprocos enfoques en este ámbito. El subgrupo que se ocupa de las eficiencias en el control de las concentraciones continúa sus trabajos.

Buenas prácticas para la cooperación UE/EE.UU. en asuntos de concentración

327. El 30 de octubre, el Comisario Monti, junto con sus interlocutores estadounidenses, Timothy Muris, presidente de la Federal Trade Commission de EE.UU., y Charles James, Fiscal General Asistente de EE.UU. para asuntos de competencia, presentaron un conjunto de buenas prácticas para la cooperación en la revisión de concentraciones, que deben ser aprobadas por ambas partes, con objeto de reducir todo lo posible el riesgo de soluciones divergentes y de mejorar las buenas relaciones desarrolladas durante la última década [187]. Estas buenas prácticas son el fruto de las deliberaciones del subgrupo de cuestiones procedimentales del Grupo de trabajo en materia de concentraciones UE/EE.UU., en el que participaron funcionarios experimentados de los tres organismos y que se había dedicado a estudiar la forma en que podía mejorarse la eficacia de la cooperación UE/EE.UU. en asuntos de concentración.

[187] La Comisión ha cooperado estrechamente con sus interlocutores estadounidenses, la División de Competencia del Ministerio de Justicia (DoJ) y la Federal Trade Commission, desde la entrada en vigor del Reglamento de concentraciones de la UE en 1990. Esta cooperación contó con una base sólida a raíz de la conclusión del Acuerdo UE-EE.UU. sobre la aplicación de sus legislaciones de competencia en 1991. La cooperación UE-EE.UU. ha sido especialmente estrecha en las investigaciones de muchas de las grandes concentraciones transfronterizas que deben ser examinadas por ambos países. Los contactos entre los respectivos organismos han contribuido a minimizar el riesgo de adoptar decisiones divergentes y a avanzar hacia una convergencia sustantiva de sus enfoques analíticos.

328. Las buenas prácticas establecen una base más estructurada para la cooperación en las revisiones de asuntos individuales de concentración. Además, reconocen que la cooperación es más eficaz cuando los calendarios de la investigación de los organismos encargados de la revisión son más o menos paralelos. De esta forma, las empresas intervinientes en la concentración pueden reunirse en un primer momento con los organismos correspondientes para examinar los plazos. Asimismo, se exhorta a las empresas a que permitan que los citados organismos se intercambien la información que aquéllas han presentado durante una investigación y a que, cuando proceda, permitan que se celebren entrevistas conjuntas UE/EE.UU. con las empresas afectadas. Además, las prácticas fijan unos puntos clave en las respectivas investigaciones de la UE o de EE.UU. en los que sería conveniente que se celebraran contactos directos entre altos funcionarios de ambas partes.

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

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B - Estadísticas

III - Ayudas estatales

A - Política general

329. El control de las ayudas estatales se centra en los efectos que producen en la competencia las ayudas estatales concedidas a las empresas por los Estados miembros. Su objetivo consiste en garantizar que las intervenciones estatales no interfieren con el buen funcionamiento del mercado interior ni perjudican a la competitividad de las empresas comunitarias y en mejorar su reforma estructural. Se pone especial esmero en garantizar que los efectos beneficiosos de la liberalización no se ven socavados por medidas de ayuda estatal. En concordancia con los objetivos políticos del Consejo Europeo, los Estados miembros deben mantener sus esfuerzos por reducir los niveles de ayuda en términos de procentaje del PIB y por reorientar la ayuda a objetivos horizontales de interés comunitario tales como el fortalecimiento de la cohesión económica y social, el empleo, la protección del medio ambiente, la promoción de la I+D, y el desarrollo de las PYMES. El importe de la ayuda concedida debe ser proporcional a sus objetivos.

330. El control de las ayudas estatales se ejerce a través de la aplicación de instrumentos reglamentarios. Estos pueden consistir en instrumentos jurídicos vinculantes tanto para la Comisión como para los Estados miembros así como en normas de derecho que sólo vinculan a la Comisión ("soft law") tales como directrices, marcos comunitarios o comunicaciones. Los reglamentos definen los procedimientos para la notificación y evaluación de la ayuda y declaran exentos de la obligación de notificación algunos tipos de ayuda que no presentan problemas. Existen también textos específicos que definen las normas sobre ayudas estatales aplicables a determinados sectores (p.ej. construcción naval). Las normas que sólo vinculan a la Comisión pretenden aclarar la situación jurídica por lo que se refiere a las ayudas estatales y explicar los criterios que la Comisión aplica a la evaluación de determinados asuntos.

331. Además, la Comisión controla la recuperación de las ayudas ilegales por parte de los Estados miembros así como la ayuda exenta de la obligación de notificación. Este control se irá ampliando progresivamente hasta abarcar todas las decisiones sobre ayuda estatal que impongan condiciones que deban ser cumplidas por los Estados miembros.

1. Modernización del control de las ayudas estatales

1.1. Enfoque general

332. Un importante proyecto de reforma de las normas sobre ayudas estatales, tanto desde el punto de vista procedimental como sustantivo, ha avanzado considerablemente y debería estar finalizado antes de que se realice la ampliación de tal forma que las nuevas normas puedan aplicarse en los 25 países a más tardar a partir de la fecha de la primera ampliación.

333. Uno de los principales objetivos de dicho paquete de reforma consiste en agilizar los procedimientos y aliviar el proceso de examen de las ayudas estatales de las innecesarias cargas procedimentales, lo que propiciaría unas decisiones más rápidas en la mayor parte de los casos y reservaría buena parte de recursos para los asuntos más problemáticos del ámbito de las ayudas estatales. La reforma pretende también mejorar considerablemente la cooperación con los Estados miembros concienciando a las autoridades regionales, locales y nacionales y a la judicatura nacional de la importancia de los problemas relativos a las ayudas estatales.

334. Al mismo tiempo, se intentará encuadrar el control de las ayudas estatales en el contexto más amplio de la contribución a seguir realizando un verdadero mercado interior y de la modernización de la industria europea con objeto de incrementar su competitividad a largo plazo. La reforma debería dar lugar a unos procedimientos ágiles, predecibles y transparentes, así como a unos criterios económicos claros para la aplicación de las medidas de ayuda estatal.

1.2. Transparencia

335. En un mercado interrelacionado como el mercado interior, es evidente que el objetivo acordado en común de modernizar la economía sólo puede alcanzarse mediante medidas concertadas y mediante un intercambio de información sobre buenas prácticas. Los instrumentos fundamentales para este intercambio de información son el registro de ayudas estatales y el marcador de ayudas estatales. Ambos instrumentos se han desarrollado desde su creación en 2001 en respuesta a una invitación del Consejo de industria de 5 de diciembre de 2001.

1.3. Desarrollo de instrumentos estadísticos

336. Actualmente, los Estados miembros facilitan información detallada sobre ayuda estatal mediante una serie de informes anuales y de estadísticas sobre regímenes de ayuda estatal. Las normas que rigen esta obligación (carta de la Comisión a los Estados miembros) están actualmente siendo revisadas. Tras consultar con los Estados Miembros se adoptará un formato de informe revisado simplificado.

337. Es necesario exhortar a los Estados Miembros a que cumplan con esta obligación de información con objeto de que las ayudas estatales sean más transparentes y de ofrecer una mejor visión sobre los aspectos que se debe o conviene mejorar en lo que al control de ayudas estatales se refiere.

1.4. Marcador de ayudas estatales

338. Uno de los principales objetivos del Marcador de ayudas estatales consiste en comprobar los progresos realizados por los Estados Miembros con objeto de cumplir los compromisos adoptados en los Consejos Europeos de Estocolmo y Barcelona consistentes en reducir la ayuda estatal global y en reorientarla hacia objetivos horizontales de interés común tales como la investigación y desarrollo y las pequeñas y medianas empresas.

339. La calidad del Marcador depende en gran medida de la información que los servicios de la Comisión reciben de los Estados Miembros. Éstos deberían procurar utilizar el Marcador como foro para discutir y analizar las distintas prácticas en el ámbito de las ayudas estatales. La Comisión considera que su cometido en este proceso estriba en facilitar más que en controlar. En este contexto, cabe destacar que cerca del 80% de los asuntos de ayuda notificados se autorizaron sin incoar el procedimiento de investigación formal, un 5% son objeto de dicha investigación y cerca del 15% son retirados por los Estados Miembros. Si éstos facilitasen una información más amplia estas cifras mejorarían aún más.

340. Gran parte de la información que figuraba en el estudio sobre ayudas estatales publicado anteriormente se ha incorporado ahora en el Marcador que a partir de ahora se publica y se publicará en dos versiones, una en primavera y otra en otoño. La primera recopilará los datos correspondientes al año anterior enviados por los Estados Miembros, mientras que la segunda analizará la información recibida con más detalle por lo que se refiere a los objetivos derivados de las conclusiones de los Consejos Europeos relativas a las ayudas estatales. Una sección especial del Marcador publicada en el sitio web de la Comisión el 28 de noviembre de 2002 analizaba la situación en los países candidatos desde el punto de vista de la preparación para su adhesión a la UE.

1.5. Revisión de los marcos comunitarios y directrices vigentes

1.5.1. Directrices multisectoriales

341. Tras consultar con los Estados Miembros en 2002 se adoptaron unas nuevas Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión [188]. Sin embargo, la entrada en vigor de la mayor parte de las directrices se ha aplazado hasta el 1 de enero de 2004. Las nuevas directrices constituyen un conjunto de normas mucho más claro para la evaluación de la ayuda estatal a grandes proyectos de inversión y al mismo tiempo suprimen la necesidad de notificar previamente muchos proyectos de ayuda siempre que esta se conceda en el marco de un régimen de ayuda regional autorizado. Al mismo tiempo, las directrices reúnen y consolidan en un único texto los distintos textos sectoriales que se aplicaban anteriormente a los sectores de la siderurgia, las fibras sintéticas y el automóvil. Tal como se anunciaba en las directrices, se ha comenzado a determinar los sectores con problemas estructurales que deberán estar sujetos a unas normas sobre ayudas estatales más estrictas.

[188] Comunicación de la Comisión, Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, DO C 70 de 19.03.2002, p. 8.

1.5.2. I+D

342. La Comisión ha iniciado también recientemente una revisión del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo. Para ello, Comisión publicó una invitación a los Estados miembros y partes interesadas a que presentasen sus observaciones sobre su experiencia con el actual Encuadramiento y sobre la necesidad de cambiarlo. Tras estudiar los comentarios recibidos, la Comisión llegó a la conclusión de que las normas actuales no suponían un obstáculo para lograr el objetivo establecido en el Consejo Europeo de Barcelona de incrementar el gasto global en I+D e innovación en la Unión con objeto de alcanzar el 3% del PIB en 2010. Dos tercios de esta nueva inversión deberían proceder del sector privado. Así pues, la Comisión decidió prorrogar el actual Encuadramiento [189] hasta finales de 2005 fecha en la que lo revisará a la luz de los avances realizados en pos del objetivo fijado en Barcelona y teniendo también en cuenta el actual análisis sobre la eficacia de los distintos tipos de medidas de apoyo público a la I+D así como el ejercicio de comparación de las políticas nacionales de I+D.

[189] DO C 111 de 08.05.2002.

1.5.3. Ayuda para el empleo

343. El 6 de noviembre Comisión adoptó un Reglamento sobre ayudas estatales para el empleo [190] destinado a facilitar las iniciativas de creación de empleo de los Estados Miembros. El nuevo Reglamento ofrece a los Estados Miembros la posibilidad de conceder ayuda para la creación de nuevos empleos y para la contratación de trabajadores desfavorecidos o discapacitados sin tener que solicitar la autorización previa de la Comisión. Para los desempleados de larga duración y otros trabajadores desfavorecidos, los Estados miembros podrán asumir hasta el 50% de los costes salariales de un año y de las contribuciones sociales obligatorias. Si se trata de personas discapacitadas, los Estados miembros podrán llegar a asumir el 60% de estos costes.

[190] DO L 337 de 13.12.2002, p.3.

344. El Reglamento pretende agilizar la aplicación de las medidas de creación de empleo adoptadas por los Estados Miembros suprimiendo la necesidad de notificar a la Comisión todas las medidas adoptadas que se ajusten a las condiciones establecidas en el Reglamento. Éste abarca los dos tipos más frecuentes de ayuda para el empleo, a saber, la ayuda a la creación de nuevos puestos y la ayuda a destinada a fomentar la contratación de trabajadores desfavorecidos y discapacitados. Los demás tipos de ayuda no quedan prohibidos pero deben notificarse.

345. La iniciativa se ajusta a las conclusiones de varios Consejos Europeos que abogan por pasar de apoyar a empresas o sectores individuales a hacer frente a objetivos horizontales de interés común. Esto permite a los Estados Miembros una mayor flexibilidad para concebir y aplicar las medidas de apoyo al empleo, lo cual a su vez facilita la consecución de los objetivos de empleo establecidos en el Consejo Europeo de Lisboa en 2000.

346. Las normas sobre ayudas para el empleo coinciden en gran medida con las relativas a las PYMES y a las ayudas regionales [191], salvo por lo que respecta a al plazo durante el que se tienen que mantener los puestos de trabajo. Las normas fijan este plazo en tres años, y en dos el caso de las PYMES. El Reglamento se aparta en este caso del relativo a las PYMES/ayudas regionales ya que es evidente que el requisito de mantener el puesto durante cinco años era demasiado estricto, especialmente en caso de las PYMES en el que es necesaria una mayor flexibilidad del mercado laboral.

[191] DO L 10 de 13.01.2001, p. 33-42.

1.5.4. Carbón y acero (Tratado CECA)

347. Por lo que respecta a los sectores del carbón y el acero, la Comisión adoptó una Comunicación en la que aclara determinados aspectos de la tramitación de los asuntos de competencia, incluida la aplicación de los procedimientos de ayudas estatales tras la expiración del Tratado CECA el 23 de julio de 2002 [192].

[192] Comunicación de la Comisión relativa a determinados aspectos del tratamiento de los asuntos de competencia resultantes de la expiración del Tratado CECA, puntos 18 a 21 (DO C 152 de 26.06.2002, p.5).

348. En cuanto al acero, la Comisión decidió mantener su política estricta referente a la ayuda a este sector, manteniendo la prohibición de la ayuda a la inversión regional [193] y de la ayuda de salvamento y reestructuración [194].

[193] Comunicación de la Comisión, Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (DO C 70, 19.3.2002, p.8).

[194] Comunicación de la Comisión, Ayudas de salvamento y de reestructuración y ayudas al cierre en favor del sector del acero (DO C 70, 19.3.2002, p.21).

349. El 23 de julio el Consejo adoptó el Reglamento CE N° 1407/2002 [195] sobre las ayudas estatales a la industria del carbón tras la expiración del Tratado CECA, al tiempo que exhortaba a seguir reestructurando y modernizando la producción europea de carbón con objeto de garantizar el suministro básico de energía en la Unión Europea.

[195] DO L 205 de 02.08.2002, p.

1.5.5. PYMES

350. Tras finalizar la revisión de la definición de "pequeñas y medianas empresas" [196] empleada por la Comisión con distintos fines, ésta propondrá una modificación de las actuales exenciones por categorías aplicables a las PYMES y a la ayuda para la formación con objeto de incorporar la nueva definición. Al mismo tiempo, la Comisión estudiará la posibilidad de ampliar el alcance de la exención por categorías aplicable a las PYMES con objeto de incluir la ayuda de I+D. La revisión está en el orden del día del año 2003.

[196] DO L 107 de 30.04.1996 p. 4-9

1.5.6. Ayuda estatal y política fiscal

351. Tras la adopción en el Consejo ECOFIN del Código de conducta referente al trato fiscal de las empresas, se prestó durante este año especial atención a los asuntos relativos a ayudas estatales concedidas mediante distintas medidas fiscales. La Comisión aplicó su Comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas [197] y, el 11 de julio de 2001, inició una investigación a gran escala de las distintas medidas fiscales de los Estados Miembros [198]. Cierto número de asuntos concluyó a finales de 2002 y los Estados Miembros están modificando o suprimiendo las medidas. Además, la Comisión en el contexto de la discusión de la propuesta de directiva sobre energía aclaró la forma en que se aplican las normas sobre ayudas estatales a las medidas fiscales relativas a los productos energéticos y eléctricos.

[197] DO C 348/98, p. 3

[198] IP/01/982

1.5.7. Zonas urbanas desfavorecidas

352. Se derogó el "Encuadramiento sobre ayudas estatales a las empresas en zonas urbanas desfavorecidas" de la Comisión. Los casos de ayuda correspondientes a esta situación y a los problemas de regeneración en otras zonas se examinan actualmente con arreglo a sus propias características, de cara a una posible autorización con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, sin perjuicio de otras normas sobre ayudas estatales tales como las relativas a las ayudas regionales. Esto permitirá a la Comisión adquirir la experiencia necesaria para comprobar si son necesarias nuevas normas.

2. Ampliación [199]

[199] Véase más adelante el capítulo correspondiente.

353. Las negociaciones han llegado a buen puerto y los capítulos sobre competencia ya se han cerrado con diez países candidatos. Se sigue negociando con los dos países restantes. Por lo que respecta a Turquía, se ha empezado el examen analítico de la legislación turca de competencia.

354. Por lo que respecta a las ayudas estatales cabe destacar que los países candidatos aplicaban en el antiguo sistema económico una política de ayudas estatales bastante generosa. Ya los Acuerdos Europeos les exigían adaptar su legislación a las normas vigentes de las Comunidades Europeas. Si bien la mayor parte de los países candidatos han realizado ciertos esfuerzos legislativos, al mismo tiempo han intentado captar la inversión extranjera mediante algunos incentivos que se considerarían indudablemente ayudas estatales con arreglo a los artículos 86 y 87 del Tratado.

355. Uno de los principales objetivos de las negociaciones consiste en hacer que dichos incentivos sean compatibles con las normas vigentes sobre ayudas estatales a partir del momento de su adhesión con objeto de evitar falseamientos de la competencia importantes.

B - Concepto de ayuda

1. Origen de los fondos

356. En la Decisión Stardust, el Tribunal de Justicia [200] confirmó una vez más que, para que constituya ayuda, el apoyo financiero ha de proceder de fondos públicos. El mero hecho de que la empresa que otorgue los fondos sea una empresa pública no es suficiente. El factor decisivo será si el Estado tiene el control --y lo ejerce de forma efectiva-- sobre la empresa que desembolsa los fondos. Salvo que esto pueda demostrarse, el apoyo financiero no puede imputarse al Estado y, por tanto, no es constitutivo de ayuda estatal.

[200] C-482/99.

357. A raíz de una serie de denuncias, la Comisión tuvo que examinar algunos elementos del dispositivo instaurado por el Gobierno alemán a fin de incitar a los operadores a producir electricidad a partir de fuentes de energía renovables [201]. Según este dispositivo, los distribuidores de electricidad se ven obligados a conectar a sus redes las instalaciones de producción de electricidad verde. La obligación de conexión que se les impone se completa con la de adquirir a un precio mínimo superior al vigente en el mercado para dicha electricidad.

[201] NN 27/2000 de 22 de mayo de 2002.

358. La Comisión consideró que, contrariamente a las alegaciones de los denunciantes, el dispositivo no implica ningún elemento de ayuda. Si bien es cierto que otorga una ventaja económica a las empresas que producen electricidad a partir de fuentes renovables, esta ventaja no está financiada por recursos del Estado. Es irrelevante que la obligación de adquisición a precios regulados se imponga a distribuidores entre los cuales figuran algunas empresas públicas, porque todos los distribuidores, independientemente de su personalidad jurídica, están sujetos a las mismas restricciones. Por tanto, este asunto representa el primer caso de aplicación de la jurisprudencia en el asunto Preussen Elektra [202] a un conjunto de operadores públicos.

[202] C-379/98 de 13.3.2001.

359. En un asunto relativo a una compensación de transición a la competencia [203], el Gobierno británico impuso un impuesto a los consumidores finales de electricidad. Este impuesto se abonaba directamente al proveedor de electricidad, o sea, sin la intermediación de un organismo de recaudación y redistribución centralizadas. Los impuestos debían compensar los costes adicionales derivados de la existencia de contratos de suministro a largo plazo a precios más elevados, real o potencialmente, que los precios de mercado. La Comisión, siguiendo aquí también la jurisprudencia en el asunto Preussen Elektra [204], estimó que estos impuestos no eran recursos públicos y, por tanto, descartó la presencia de una ayuda estatal.

[203] N 661/99 de 1.3.2002.

[204] Véase la nota a pie de página 202.

2. Empresa o empresas favorecidas

360. En 2002, la Comisión incoó el procedimiento de investigación formal en seis asuntos relativos a transferencias de capital y de activos a bancos regionales (Landesbanken) alemanes (Landesbank Berlin, Landesbank Schleswig-Holstein, Hamburgische Landesbank, Norddeutsche Landesbank, Landesbank Hessen-Thüringen y Bayerische Landesbank). Dado el posible impacto del procedimiento relativo a Landesbank Berlin sobre la investigación de la ayuda de reestructuración a Bankgesellschaft Berlin, a la que pertenece Landesbank Berlin, este procedimiento se adelantó a julio de 2002. Los otros cinco casos se incoaron en noviembre de 2002.

361. Durante los años noventa, los Landesbanken recibieron aportaciones de capital de sus accionistas, los respectivos Estados federados, mediante transferencias de fondos públicos, tales como institutos de crédito a la vivienda. Estas transferencias incrementaron los fondos propios de los bancos, factor decisivo para determinar la capacidad crediticia, y por tanto les permitió ampliar considerablemente su volumen de créditos. Los bancos privados habían denunciado que los Estados federados habían puesto el capital a disposición de las entidades beneficiarias en condiciones favorables, de tal modo que les concedían una ventaja competitiva sustancial. En su valoración inicial, la Comisión expresó dudas en cuanto a si los Estados federados habían obtenido una remuneración adecuada por el capital transferido, es decir, acorde con la tasa de rendimiento de mercado que había de considerarse «normal» para este tipo de capital en las fechas de referencia. En caso de que las remuneraciones se situaran por debajo de las tasas de rendimiento normales del mercado, la diferencia habría de calificarse de ayuda.

362. Estos asuntos presentan similitudes con el caso de la incorporación del Wohnungsbauförderanstalt a WestLB, en el cual la Comisión, en 1999, decidió exigir la recuperación de ayudas por un importe aproximado de 800 millones de euros. La Comisión había anunciado que examinaría otros casos de transferencias a bancos regionales alemanes a la luz de la decisión en el asunto WestLB, que seguía pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia. Las decisiones de incoación no prejuzgan el resultado de las investigaciones. Lógicamente, las conclusiones del Tribunal en el asunto WestLB se tomarán en consideración en cada uno de los asuntos.

363. A raíz del acuerdo de 17.7.2001 sobre las garantías estatales en favor de los Landesbanken y cajas de ahorros de Alemania, la Comisión y las autoridades alemanas celebraron intensos debates en torno a la incorporación del acuerdo a la legislación alemana. Dos cuestiones no pudieron resolverse hasta finales de 2001: en primer lugar, los elementos precisos que las autoridades alemanas debían incorporar a los textos jurídicos, considerandos o compromisos separados para garantizar la sustitución efectiva de la Anstaltslast, y, en segundo lugar, el contenido exacto de la protección de la Gewährträgerhaftung relativa a deudas contraídas durante el periodo transitorio (del 19 de julio de 2001 al 18 de julio de 2005).

364. El 28 de febrero de 2002, el comisario Mario Monti, junto con representantes del Esado Federal, los Estados federados y las cajas de ahorros llegaron a una conclusión sobre las dos cuestiones citadas y otras dos cuestiones nuevas descubiertas después de la conclusión del acuerdo de 17.7.2001. La primera de estas dos nuevas cuestiones aludía a una obligación subsidiaria (Nachschusspflicht) vigente en algunos Estados federados que obligaba a los propietarios de cajas de ahorros a subvencionar a los fondos de valores institucionales (Institutssicherungsfonds), y la segunda, a la concesión de garantías estatales a las denominadas cajas de ahorros «libres». Las conclusiones constituyen un acuerdo sobre los elementos de los textos jurídicos, los considerandos y los compromisos separados que contraerían las autoridades alemanas.

365. El acuerdo de 17.7.2001 y las conclusiones de 28.2.2002 sobre los Landesbanken y las cajas de ahorros, así como el acuerdo de 1.3.2002 sobre las entidades de crédito especiales, pasaron a integrarse en la Decisión de la Comisión de 27 de marzo de 2002, por la cual se modificaba la Recomendación de la Comisión de 8 de mayo de 2001 con efecto a partir del 31 de mayo de 2002. Esta modificación fue aceptada por el Gobierno alemán el 11 de abril de 2002. Tras una nueva negociación, las autoridades alemanas introdujeron debidamente todos los cambios necesarios en las leyes sobre Landesbanken y cajas de ahorros a finales de 2002.

366. El 22 de agosto de 2002, la Comisión Europea dictaminó que determinadas medidas fiscales introducidas por Italia en 1998 y 1999 en favor de las fundaciones bancarias no están sujetas a la normativa de ayudas estatales de la Unión Europea [205]. Ello se debe a que la Comisión considera que la actividad de gestión de activos propios y de utilización de los ingresos correspondientes para donaciones a organizaciones sin fin lucrativo no constituye una actividad económica. Por tanto, las fundaciones bancarias no se consideran empresas en el sentido de la normativa comunitaria aplicable.

[205] C 54/00.

367. Las medidas fiscales que fueron objeto de la Decisión de la Comisión fueron introducidas por la Ley nº 461 de 23 de diciembre de 1998 y el Decreto nº 153 de 17 de mayo de 1999, y consistían en la atribución a las fundaciones bancarias del rango de «entidades no comerciales». Esta categoría legal implica una reducción del 50% del impuesto sobre la renta normal aplicable a las empresas en Italia (IRPEG). Otras ventajas aluden a la exención fiscal que se aplica a la venta por parte de las fundaciones de sus participaciones en bancos y a la adquisición de bienes instrumentales.

368. La Comisión sostuvo que, teniendo en cuenta que la donación de fondos no constituye una actividad económica, las fundaciones que no desempeñan otras tareas no pueden extraer de las medidas legislativas ninguna ventaja competitiva en un «mercado» específico. Por consiguiente, las medidas en cuestión no representaban ayudas estatales. La Comisión pudo llegar a esta conclusión una vez que el Gobierno italiano hubo reforzado la separación entre bancos y fundaciones en el artículo 11 de la Ley n° 448 de 28 de diciembre de 2001. La nueva normativa impide el control conjunto de entidades bancarias por parte de más de una fundación e introduce unas normas más estrictas sobre incompatibilidad entre puestos de gestión. Esto excluye el ejercicio de actividades bancarias por parte de las fundaciones (a través de bancos controlados).

369. No obstante, la Decisión indica que si las fundaciones llevaran a cabo actividades económicas y en la medida en que dichas actividades afectaran al comercio entre Estados miembros, cualquier ventaja fiscal podría representar ayuda estatal sujeta a la obligación de notificación a la Comisión.

370. Tras una segunda investigación, el 30 de octubre de 2002 la Comisión Europea confirmó su aprobación inicial de una ayuda de 647 millones de euros para la construcción de la refinería Leuna 2000, en Sajonia-Anhalt (Alemania) [206]. La Comisión reexaminó los costes del proyecto y concluyó que las alegaciones según las cuales los costes de inversión se habían inflado para recibir más subvenciones eran infundadas.

[206] C 47/97.

371. El beneficiario de la ayuda era Mitteldeutsche Erdöl Raffinerie GmbH (MIDER), empresa propietaria de la refinería Leuna, situada en Leuna/ Spergau, en Sajonia-Anhalt, a su vez filial de TotalFina Elf S.A. En 1993 y 1994, la Comisión autorizó un paquete de ayudas que abonaría el Treuhandanstalt, el antiguo organismo de privatización de Alemania Oriental, para la construcción de una nueva refinería en la vieja planta química de Leuna. En su mayoría, las medidas se inscribían en regímenes regionales autorizados por la Comisión.

372. En 1996 la Comisión recibió cierta información según la cual los costes indicados por ELF, entretanto fusionada con TotalFina, rebasaban con creces los costes normales de construcción de una planta comparable. Las decisiones de la Comisión de 1993 y 1994 se basaban en una estimación de costes proporcionada por ELF. Tras un examen inicial de las alegaciones, la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal en julio de 1997, pues tenía dudas en torno a la aplicación de sus decisiones originales y a la estimación en la que se basaron. Una presentación inflada de los costes de inversión subvencionables podía redundar en un volumen de ayuda superior al importe estrictamente necesario para llevar a cabo el proyecto y podía desembocar en una intensidad de ayuda superior a la intensidad máxima admisible para la región.

373. No obstante, la investigación no puso de manifiesto que se hubieran sobreestimado los costes o que se hubiera malversado la ayuda, y confirmó que los costes subvencionables para el conjunto del proyecto de inversión se situaban en 2.403,1 millones de euros. Asimismo, la Comisión verificó que se habían desembolsado y tenido debidamente en cuenta los pagos para la construcción de la refinería. Además, la intensidad bruta de la ayuda con respecto a los costes subvencionables representaba el 26,9%, cifra que se mantiene muy por debajo del límite autorizado en la región de Sajonia-Anhalt, del 35%. En consecuencia, la ayuda era conforme a Derecho y el procedimiento pudo archivarse. La ayuda desembolsada hasta octubre de 2002 ascendía a 585,7 millones de euros. Su importe final se situará en un total de 647 millones de euros, cifra que incluye 61,4 millones de euros que figuraban en una cuenta bloqueada. La Comisión dejó de oponerse al pago de este importe.

374. La Comisión recibió varias denuncias sobre la financiación de la construcción, en Mainz-Lerchenfeld [207] (Alemania), de un parque mediático cuyas atracciones serán facilitadas por la cadena pública alemana de radiotelevisión ZDF. A fin de determinar si las características de la financiación controvertida hacían que debiera calificarse de ayuda estatal en el sentido del Tratado, la Comisión buscó la posible ventaja financiera que obtendría la empresa gestora del parque de la utilización de prestaciones facilitadas por ZDF. El gerente del parque adquirió los derechos de difusión de los programas, al precio de mercado, a la filial comercial de ZDF y, en consecuencia, no disponía de ninguna ventaja sobre sus competidores, de tal modo que la financiación en cuestión no era constitutiva de ayuda.

[207] NN 2/2002 de 4.6.2002.

375. En el caso de un régimen fiscal belga aplicable a los centros de coordinación, la Comisión decidió incoar el procedimiento después de que las autoridades belgas se negaran a adoptar las medidas apropiadas propuestas. En efecto, la Comisión considera que el régimen ha de ser adaptado a la normativa comunitaria y, en particular, a la Comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas [208].

[208] DO C 384 de 10.12.1998, pp. 3-9.

376. El carácter selectivo del régimen es irrefutable habida cuenta de los criterios para obtener el beneplácito administrativo. Las dudas expresadas por la Comisión aluden, en cambio, a la exoneración del impuesto sobre los bienes inmuebles, al derecho proporcional a las aportaciones y a la exclusión de los gastos financieros de la base imponible de los centros de coordinación. La Comisión considera que el método de imposición del tipo « cost plus » aplicable en el caso en cuestión es aceptable en principio, siempre y cuando no confiera una ventaja económica a las sociedades autorizadas a prevalerse de él.

377. Así, en esta etapa no cabe excluir que la reducción de cargas financieras de que se benefician los centros de coordinación belgas constituya una ayuda de funcionamiento, en principio incompatible con el Tratado, mientras que las empresas que no están en condiciones de establecer centros de coordinación cargan con el peso del conjunto de los impuestos vigentes en el Estado miembro en cuestión [209].

[209] E 1/00.

378. La Comisión, en su Decisión final relativa a las condiciones de exención del impuesto medioambiental británico [210], calificó de medida general, más que de ayuda estatal, la exención por doble uso (es decir, el uso de un producto como combustible y como materia prima) establecida por el programa gubernamental de reducción de las emisiones de gas carbónico.

[210] C 18/2001 (ex N 123/2000) de 3.4.2002.

379. En primer lugar, la Comisión recordó el principio consolidado del que se deriva que el impuesto establecido sobre el consumo de productos energéticos no constituye en sí mismo una ayuda estatal. A continuación precisó que la situación es diferente en lo que respecta a las exenciones establecidas por un régimen cuando tienen por efecto favorecer a determinadas empresas o producciones, salvo en el supuesto de que dichas exenciones estén justificadas por la naturaleza o la lógica general del régimen en cuestión. En este caso, la Comisión consideró que la exención por doble uso solamente podía beneficiar a las empresas que utilizan determinados procesos de producción de energía enumerados limitativamente en la normativa británica. De este modo se estableció el criterio de selectividad.

380. No obstante, el reparto entre el uso para combustible y otros usos de un mismo producto no puede, según los expertos, utilizarse para fines fiscales como solución de sustitución de la exención de los productos de doble uso, por lo cual la Comisión consideró que la medida estaba justificada por la lógica y la naturaleza del sistema del régimen fiscal global instaurado en apoyo de la política relativa al cambio climático.

381. La Comisión concluyó un procedimiento incoado en 2002 contra el respaldo público de que, según un denunciante, se benefició el parque de atracciones temático «Terra Mítica», situado en la provincia de Alicante [211]. La Decisión positiva de la Comisión se fundó parcialmente en la calificación de la financiación de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento del parque.

[211] N 42/2001 (ex NN 14/2001) de 22.6.2002.

382. «Terra Mítica» sufragó el coste de las obras de conexión a las infraestructuras generales; estas últimas están a disposición de la colectividad en su conjunto, y su financiación, a cargo de los poderes públicos, no constituye por tanto una ayuda. En efecto, los motivos de una financiación pública son irrelevantes para la Comisión en su análisis de las ayudas estatales; a la Comisión le basta considerar la especificidad de la medida prevista; en este caso, no se cumplía esta condición.

383. La Comisión decidió incoar el procedimiento contradictorio contra el dispositivo fiscal aplicable a las FSC (foreign sales companies) estadounidenses establecidas en Bélgica [212]. Este dispositivo se basa en un ruling, o sea, un acuerdo previo dado por la administración fiscal para el tratamiento favorable de determinadas operaciones comerciales entre sociedades vinculadas, pues estas operaciones quedan excluidas de la base imponible de las FSC. La decisión de la Comisión no pone en entredicho la posibilidad de que los Estados miembros recurran a un método global de determinación del beneficio imponible de las sociedades. En cambio, impone a la administración fiscal la obligación de fijarse el objetivo de establecer, para las transacciones de este tipo, una imposición comparable a la que se aplicaría a las transacciones entre dos operadores independientes empleando el método clásico.

[212] NN 36/2002 - C 30 de 2.2.2002.

384. En un caso similar, la Comisión justificó en lo esencial la adopción de una decisión final negativa por la ventaja que obtienen los centros de coordinación alemanes del régimen analizado [213]. En efecto, este régimen instaura el método de cálculo del beneficio imponible denominado «cost plus» provisto de la posibilidad de que el centro de coordinación opte por la aplicación de un tipo de margen de beneficios inferior al 10 %, incluso en los casos individuales en los cuales la administración fiscal alemana tendría derecho a exigir la aplicación del tipo más alto. Así, la Comisión consideró que el régimen en cuestión limita el alcance del impuesto sobre sociedades a cargo de los centros de coordinación y constituye una ventaja para estos centros.

[213] C 47/2001 (ex NN 42/2000).

385. Por otro lado, la incoación del procedimiento permitió concluir que, como de hecho las sociedades alemanas quedaban excluidas del beneficio del régimen, su carácter selectivo parece irrefutable, por lo cual la Comisión calificó el régimen de ayudas en cuestión de incompatible con el mercado común.

2.1. Costes de transición a la competencia

386. Una cuestión que atañe de forma específica a la liberalización del mercado interior de la electricidad en consonancia con la Directiva 96/92 [214] condujo a la Comisión a determinar un conjunto de costes específicos del sector no amortizados antes de la liberalización. Estos costes se denominan costes de transición a la competencia.

[214] DO L 27 de 30.1.1997, p.20.

387. Los poderes públicos pueden establecer dispositivos destinados a restablecer en cada territorio la igualdad entre antiguos y nuevos operadores del sector. A continuación, la Comisión procede a examinar tales dispositivos para determinar en qué condiciones pueden autorizarse las ayudas estatales que puedan implicar, con el fin de compensar los costes de transición a la competencia que soportan las empresas.

388. En el caso británico [215], los costes de transición a la competencia imputables a la sociedad privada Northern Ireland Electricity eran consecuencia de las obligaciones derivadas de contratos de abastecimiento a largo plazo vigentes cuyos precios rebasaban o podían rebasar los precios de mercado. A fin de compensar el sobrecoste que suponía para la empresa, el Gobierno instituyó el cobro de una exacción a los consumidores finales de electricidad, recaudada por los distribuidores sin intervención de un organismo que la centralizara y redistribuyera.

[215] N 661/1999.

389. La Comisión estimó que los recursos en cuestión eran recursos privados cuya calificación se desprende de la jurisprudencia en el asunto Preussen Elektra, de tal modo que el dispositivo en cuestión no constituía una ayuda estatal.

390. El caso de Bélgica llevó a la Comisión a precisar, a la luz de la metodología del análisis de las ayudas estatales ligadas a los costes de transición a la competencia, adoptada por la Comisión el 26.7.2001 [216], los criterios que se proponía fijar para determinar las condiciones en las que la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado es aplicable a los costes de transición a la competencia constitutivos de ayuda. Así, la Comisión distinguió tres aspectos del dispositivo:

[216] Carta de la Comisión SG (2001) D/290869 de 6.8.2001.

391. El primero atañe al desmantelamiento de instalaciones nucleares experimentales del cual los productores de electricidad son corresponsables, junto con el Estado federal, desde 1990, seis años antes de la adopción de la Directiva. La Comisión, tras señalar que su decisión se entiende sin perjuicio de las disposiciones del Tratado Euratom, consideró que las compensaciones de las que se beneficiaban Electrabel y SPE satisfacían los criterios definidos en los puntos 4.1. a 4.3. de la metodología.

392. En cambio, en relación con las pensiones de los operadores del sector eléctrico, la Comisión expresó dudas, ante todo, sobre el carácter no específico de los compromisos que a este respecto ligaban a Electrabel y SPE con sus asalariados. En efecto, todas las empresas sujetas al convenio colectivo de la electricidad y el gas, incluidos por tanto los nuevos operadores, están sujetas a las mismas obligaciones. Otros factores reforzaban las dudas de la Comisión, pues el dispositivo no parecía prever ni la limitación en el tiempo ni la modulación de la compensación en función de la evolución del precio de mercado de la electricidad y las previsibles ventajas de productividad de las empresas en cuestión, tal y como se indicaba en los puntos 3.12, 4.1 y 4.5 de la metodología.

393. El tercer aspecto del dispositivo alude a la promoción de las energías renovables y del uso racional de la energía, financiada mediante la imposición de un precio superior al de mercado a los consumidores finales de electricidad. Al ser los datos similares a los del caso británico antes descrito, la Comisión retomó el análisis realizado sobre ese caso y consideró, en aplicación de la jurisprudencia en el asunto Preussen Elektra, que el aspecto en cuestión no contenía ningún elemento de ayuda.

3. Selectividad

394. En un caso similar al citado en el apartado (375), la Comisión adoptó una decisión negativa en el procedimiento incoado el 11 de julio de 2001 contra el régimen español que privilegiaba a los centros de coordinación, aunque no acompañó su Decisión de una orden de recuperación de las ayudas ya desembolsadas.

395. Respecto de este último aspecto, la Comisión admitió que, dadas las similitudes entre la legislación aplicable a los centros de coordinación de Vizcaya y la aplicable a los centros de coordinación belgas, las autoridades españolas podían considerar de forma legítima que el dispositivo vasco no contenía elementos de ayuda. En efecto, en 1984 la Comisión adoptó una decisión positiva sobre el dispositivo belga.

396. En cuanto al fondo, el examen de la Comisión reveló que los centros de coordinación de Vizcaya confieren a las empresas subvencionables una ventaja fiscal al excluir del cálculo de su base imponible los costes financieros de sus transacciones. Una de las condiciones de subvencionabilidad de las empresas era, además, la obligación de realizar el 25% de su volumen de ventas con la exportación, de tal modo que la Comisión entendió que el hecho de que se vieran afectados los intercambios reforzaba el carácter selectivo del régimen.

397. La Comisión concluyó el procedimiento de investigación formal del régimen fiscal preferente del que se benefician las islas Aland (Finlandia) [217] mediante una decisión por la que se consideraba que el régimen, basado en la implantación de compañías de seguros cautivas en el territorio insular, era constitutivo de ayudas estatales.

[217] C 55/01.

398. La Comisión tomó conocimiento de que la única función de este tipo de sociedades era asegurar los riesgos de las empresas a las que pertenecían; el régimen instauraba una selectividad de hecho entre empresas. Si bien cualquier empresa, sin distinción de tamaño ni de sector de actividad, dispone de la posibilidad legal de establecer su propia compañía de reaseguros, sólo algunas grandes empresas están en condiciones de obtener economías de escala gracias al régimen. Por tanto, la Comisión apreció el criterio de selectividad en la realidad de los hechos.

399. En mayo de 2002, la Comisión adoptó una Decisión negativa sobre las ayudas al fabricante de porcelanas GEA concluyendo un procedimiento de investigación que había sido incoado en septiembre de 2001 [218]. En 1997, la Comisión autorizó una ayuda al Grupo de Empresas Álvarez («GEA») a condición de que no se concediera ninguna ayuda más al grupo durante la aplicación de su plan de reestructuración. Sin embargo, en 2001, la Comisión recibió varias denuncias que aseguraban que, por lo menos desde enero de 1997, se había aplicado un trato favorable a sus deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. La Comisión consideró que el impago persistente y sistemático de las contribuciones a la Seguridad Social constituyó una transferencia de fondos públicos a GEA y VANOSA. Esta transferencia otorgó a ambas empresas una ventaja competitiva, pues, en contraste con sus competidores, quedaron eximidas de sufragar estos costes, tal como hubieran debido hacer en un caso normal. Por tanto, esta situación era constitutiva de ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

[218] C 71/01.

400. El mero hecho de que las disposiciones legales nacionales en las que se basó España sean aplicables a todas las empresas sujetas a un régimen de recuperación sometido a control judicial o que hayan contraído deudas con la Seguridad Social y Hacienda no era suficiente para que las medidas adoptadas por España quedaran automáticamente fuera de la categoría de ayudas en el sentido del artículo 87 del Tratado. La ventaja que se deriva del impago persistente y sistemático de las contribuciones a la Seguridad Social por lo menos entre enero de 1997 y enero de 2001 se deriva del hecho de que España no adoptara ninguna de las medidas previstas en la legislación española (quiebra, procedimientos de recaudación forzosa) para impedir que haya empresas que sigan operando eternamente sin cumplir sus obligaciones fiscales y sociales. Ninguna actuación por parte de España sugería que se ajustó al comportamiento de un acreedor privado que trata de recuperar por lo menos una parte mínima de impuestos y contribuciones impagados.

401. El 17 de julio de 2002, la Comisión decidió no formular objeciones respecto de la privatización de la « Société Française de Production ». SFP es una empresa pública que opera en el sector de la producción audiovisual. En el marco de la privatización, Francia intenta financiar medidas sociales en favor de los trabajadores despedidos. En la medida en que estas medidas sociales no eximen a la empresa de pagos que normalmente le corresponden en virtud de sus obligaciones legales y contractuales, la Comisión consideró que el plan social financiado por el Estado no implicaba la presencia de una ayuda estatal a favor de la SFP.

4. Falseamiento de la competencia

402. El Tribunal de Justicia confirmó su interpretación extensiva del concepto de efecto sobre el comercio; es decir, es suficiente con que la ayuda refuerce la posición competitiva del beneficiario con respecto a sus competidores para que se falsee la competencia [219]. El falseamiento no ha de ser sustancial ni significativo. El hecho de que una ayuda sea de escaso importe no descarta en sí mismo el falseamiento de la competencia, salvo en los casos que entran en el ámbito de aplicación del régimen de minimis.

[219] Véanse, por ejemplo, las sentencias en los asuntos C-05/01, Bélgica/Comisión, T-269/99; T-271/99, T-272/99, T-346-348/99, Diputación Foral de Guipúzcoa y otros/Comisión.

5. Repercusiones sobre el comercio entre Estados miembros

403. En julio de 2001, la Comisión propuso a las autoridades italianas, en el contexto de su análisis de las ayudas fiscales vigentes en los Estados miembros, la adopción de medidas apropiadas a fin de compatibilizar el régimen en cuestión con su reciente Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas [220]. Las autoridades italianas no adoptaron las medidas propuestas en los plazos establecidos, por lo cual, en el mes de febrero, la Comisión incoó el procedimiento contradictorio, y en diciembre, adoptó una decisión final negativa sobre este régimen existente pero que jamás entró en vigor [221].

[220] DO C 384 de 10.12.1998.

[221] C16/2002 (ex E 5/2000).

404. El régimen en cuestión consiste en la concesión de ventajas fiscales a los organismos financieros, empresas de seguros y entidades de crédito establecidos en el centro y que trabajan con los países de Europa Central. La Comisión lo había aprobado en 1995 porque favorecía la movilización de capital privado para el desarrollo de los mercados financieros de los países de Europa Central.

405. Ahora considera, a la luz de su Comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas [222], que el régimen constituye una ayuda de funcionamiento que no reúne las características previstas en la Comunicación. Lógicamente, la aplicación del régimen a día de hoy, habida cuenta de los acuerdos suscritos entre la Comunidad y los países candidatos a la adhesión, afectaría a los intercambios en el mercado de los servicios financieros.

[222] C 48/2001 (ex NN 43/2000).

C - Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común

1. Ayudas horizontales

1.1. Ayudas de salvamento

406. El 13 de noviembre de 2002, la Comisión decidió conceder una autorización condicional a la ayuda de reestructuración concedida por Francia a Bull [223]. La decisión pone fin al procedimiento incoado el 9 de abril de 2002. El Gobierno francés, accionista de Bull, otorgó un préstamo de salvamento de 450 millones de euros en diciembre de 2001 y durante el primer semestre de 2002. Como la Comisión dudaba de que esta ayuda de salvamento cumpliera las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, decidió incoar el procedimiento de investigación formal. La principal preocupación de la Comisión radicaba en que la ayuda parecía formar parte de un proceso de reestructuración a largo plazo, mientras que, según las Directrices, una operación de salvamento ha de ser excepcional y debe concederse con el único objetivo de mantener la empresa a flote durante un periodo limitado mientras se evalúa su futuro. Además, la Comisión creía que Bull podía haber empleado la ayuda de salvamento para cubrir costes de reestructuración. Como la empresa ya había recibido ayudas de reestructuración en el periodo 1993-1994, en principio no podía aceptarse una nueva ayuda de este tipo habida cuenta del principio de unicidad consagrado en las Directrices.

[223] C 29/02.

407. Durante el procedimiento de investigación, las autoridades francesas facilitaron pruebas suficientes de que se habían respetado las Directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración: el préstamo de rescate estaba justificado por la existencia de graves dificultades sociales, se había puesto a disposición a un tipo de interés por lo menos comparable al interés que debe abonar una empresa saneada en condiciones normales de mercado, y se limitaba al importe necesario para mantener la empresa en funcionamiento durante seis meses. Las autoridades francesas argumentaron que el préstamo constituía una ayuda de salvamento a corto plazo y que los costes de reestructuración habían sido financiados con la venta de activos y no con el préstamo de rescate.

408. De acuerdo con las Directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración [224], la ayuda de salvamento había de ser reembolsada en el plazo de doce meses tras el pago del primer tramo del préstamo a Bull. Por tanto, la Comisión decidió supeditar su autorización a la condición explícita de que las autoridades francesas demostraran el reembolso del préstamo por parte de Bull antes de finalizado el periodo de doce meses a partir del desembolso del último tramo. Además, examinó detalladamente si la ayuda se limitaba al importe necesario para mantener al empresa en funcionamiento durante seis meses y, en particular, si no se empleó para realizar nuevas inversiones. Por último, la decisión de la Comisión ponía de manifiesto que no podría concederse ningún apoyo adicional en forma de ayuda de reestructuración antes del 31 de diciembre de 2004. Tampoco podrían concederse más ayudas de salvamento a Bull, pues este tipo de ayudas constituyen por definición una operación única concebida para mantener una empresa en funcionamiento durante un periodo limitado.

[224] C 288 de 9.10.1999, pp. 2-18.

409. El 27 de noviembre de 2002, la Comisión autorizó una ayuda de salvamento concedida por el Reino Unido a British Energy plc [225]. British Energy plc es uno de los más importantes operadores del mercado británico de la electricidad. Se dedica fundamentalmente a la explotación de centrales nucleares. La caída de los precios mayoristas de la electricidad a raíz de la introducción de un nuevo sistema de compraventa en Inglaterra y Gales ha reducido drásticamente el flujo de caja de las centrales nucleares del grupo. El 9 de septiembre de 2002, el Gobierno británico tomó la decisión de conceder a British Energy plc dos líneas de crédito. Su principal objetivo consiste en permitir a la empresa cubrir sus costes operativos e impedir que incumpla sus contratos comerciales y sus exigencias reglamentarias durante un periodo de seis meses. Las líneas de crédito podrán en cierto momento sustituirse por garantías estatales sobre préstamos de bancos privados a favor de British Energy plc.

[225] NN 161/02.

410. Tras declarar que la decisión se entendía sin perjuicio de su compatibilidad con las normas y obligaciones del Tratado CEEA y, en particular, con las medidas que han de adoptarse en el contexto de los planes de reestructuración o liquidación, la Comisión estimó que la ayuda se limitaba al importe necesario para mantener el grupo en funcionamiento. A este respecto, el Gobierno británico ha instaurado un mecanismo muy riguroso para garantizar que los fondos sólo puedan retirarse en la fecha --y en la medida-- estrictamente necesaria. La necesidad de cada pago solicitado por el beneficiario será determinada de antemano por expertos contables independientes. En cualquier caso, la ayuda está sujeta a un límite máximo de 899 millones de libras, más, en su caso, 276 millones para contingencias definidas de forma específica, que se utilizarán exclusivamente para los fines previstos. La Comisión concluyó que las líneas de crédito en cuestión reúnen las condiciones establecidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis. Está justificada por la existencia de graves dificultades sociales, se concede en forma de préstamos reembolsables al tipo de mercado o de garantías estatales sobre tales préstamos, se limita al importe mínimo necesario y no tiene efectos colaterales adversos sobre otros Estados miembros.

411. Por tanto, la Comisión decidió aprobar la ayuda durante un periodo de seis meses. La aprobación de la ayuda de salvamento se basa en el compromiso del Gobierno británico de presentar a la Comisión, en el plazo de seis meses, un plan de reestructuración exhaustivo para British Energy plc. Además, el Reino Unido se comprometió a informar mensualmente a la Comisión de los pagos a British Energy plc y de cualquier cambio sustancial que se produzca en lo referente a la situación del grupo. Cualquier ayuda futura a British Energy plc en el contexto del plan de reestructuración deberá ser notificada a la Comisión y será evaluada de forma completamente individualizada.

1.2. Ayudas de reestructuración

412. El 9 de abril de 2002, la Comisión incoó el procedimiento con respecto a Bankgesellschaft Berlin AG con objeto de efectuar una investigación detallada de la ayuda de reestructuración concedida al banco por el Estado federado de Berlín (Alemania) [226]. Bankgesellschaft Berlin, controlada por el Estado federado de Berlín, ocupa el décimo lugar entre los bancos alemanes y es la principal entidad de crédito de Berlín. Como resultado de una serie de transacciones inmobiliarias de alto riesgo, tales como la concesión de garantías arrendaticias a inversores durante los años noventa, el banco se sumió en una grave crisis en 2001. En el verano de 2001 se necesitaba una ampliación de capital de 2.000 millones de euros para impedir la intervención de las autoridades de supervisión bancaria. El Estado federado procedió a una inyección de capital de 1.800 millones de euros, autorizada por la Comisión en tanto que ayuda de salvamento con carácter provisional, mientras se esperaba a la notificación y aprobación de un plan de reestructuración. Al descubrirse más riesgos, en diciembre de 2001 el Estado federado tuvo que intervenir de nuevo y proporcionó al banco un instrumento de protección frente a los riesgos (Risikoabschirmung) que incluía garantías sobre créditos y sobre el valor contable de los activos, con un importe máximo nominal teórico de apenas 21.000 millones de euros. Aunque se trata de un importe teórico que en condiciones realistas no se materializará, las garantías durante los próximos 25-30 años probablemente ascenderán a varios miles de millones de euros.

[226] NN 5/02.

413. La ampliación de capital y las garantías con arreglo al instrumento de protección constituyen la base del plan de reestructuración presentado a la Comisión a finales de enero de 2002. Tras una evaluación inicial, la Comisión dudaba de la compatibilidad de la ayuda de reestructuración con el mercado común. Estas dudas se referían fundamentalmente a la futura viabilidad del banco y a la suficiencia de las medidas previstas para reducir su presencia en el mercado. Tras la publicación de la decisión de incoar el procedimiento en junio de 2002, la Comisión recibió observaciones de terceros y datos facilitados por las autoridades alemanas. Dada la complejidad de algunas de las cuestiones en liza --entre otras, el impacto de otro procedimiento incoado en julio de 2002 con respecto a una antigua transferencia de capital y de activos a Landesbank Berlin, filial de Bankgesellschaft Berlin--, la investigación seguía su curso a finales de 2002.

1.3. Ayudas para la protección del medio ambiente

414. La Comisión adoptó tres decisiones relativas a los tipos de impuestos especiales aplicados a los combustibles biológicos. El Reino Unido [227], Italia [228] y Francia [229] notificaron medidas similares. Las tres decisiones se adoptaron sobre la base de decisiones del Consejo de 25 de marzo de 2002 y de 27 de junio de 2002, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 92/81/CE del Consejo relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos. En el caso de Italia, la medida consistía en la prórroga de un régimen fiscal en favor de la producción de diesel biológico. En cuanto a la medida británica, el diesel biológico producido a partir de éster metílico de colza o aceite vegetal reciclado podría obtener una reducción del nuevo impuesto especial. En cuanto a Francia, la decisión se adoptó a raíz de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de septiembre de 2000, que en parte anuló la Decisión de la Comisión de 9 de abril de 1997, en la que la Comisión declaraba compatibles con el mercado común las ayudas en favor del éster metílico de aceite vegetal y del etil-ter-butil-éter (ETBE).

[227] N 804/01, DO C 238 de 3.10.2002.

[228] N 461/01, DO C 146 de 19.6.2002.

[229] C 64/00, pendiente de publicación.

415. En los tres casos, la ayuda fue aprobada al ser compatible con las Directrices sobre ayudas al medio ambiente y, más en concreto, con su sección E.3.3. Según lo dispuesto en esta sección, normalmente pueden autorizarse las ayudas de funcionamiento en favor de la producción de energía renovable. Con objeto de valorar si la exención fiscal temporal podría estar justificada, la Comisión examinó si la ayuda de funcionamiento se limitaba a cubrir la diferencia entre el coste de producción de energía a partir de fuentes renovables y el precio de mercado de la energía. La Comisión concluyó en los tres casos que quedaba descartado que se hubiera proporcionado una compensación excesiva en el sentido de las Directrices sobre ayudas al medio ambiente, y que la ayuda se limitaba a cubrir la diferencia en el coste de producción a partir de una fuente de energía renovable con respecto al precio de mercado de la energía. En el caso de Francia, sin embargo, la ayuda también se aprobó por el hecho de que no afectaba adversamente a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común. Por tanto, podía beneficiarse de la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE.

416. El 3 de abril de 2002, la Comisión aprobó la denominada «exención por doble uso» con arreglo al impuesto británico sobre el cambio climático [230]. Este impuesto es un gravamen medioambiental que grava el uso no doméstico de energía para combustible. Constituye un elemento central de la estrategia del Gobierno británico de alcanzar una reducción del 12,5% en las emisiones de gases de efecto invernadero, cifra acordada en el Protocolo de Kioto. La exención por «doble uso» se aplica a los productos energéticos utilizados al mismo tiempo para combustible y otros usos. La Comisión incoó un procedimiento de investigación formal en marzo de 2001 con respecto a esta exención pues le preocupaba su efecto de falseamiento de la competencia. No obstante, estas dudas quedaron disipadas y la Comisión decidió que la exención por doble uso no era constitutiva de ayuda estatal. Además, la Comisión también autorizó, en tanto que ayuda compatible con el mercado común, otra exención que cubría una gama limitada de procesos de producción que compiten directamente con los que se benefician de la exención por doble uso.

[230] C 18/C19/2001.

417. El 24 de abril de 2002, la Comisión decidió no formular objeciones contra la exacción sobre los agregados, un impuesto medioambiental que grava la explotación comercial de rocas, arena y grava cuando estas sustancias se utilizan como agregados destinados a la construcción [231]. Sobre la base de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, la Comisión aprobó la introducción progresiva de la exacción en Irlanda del Norte, en forma de exención decreciente, durante un periodo de cinco años.

[231] N 863/2001.

418. La Comisión consideró que la economía del régimen justifica la introducción, por parte de las autoridades neerlandesas [232], de un mecanismo global de apreciación de la evolución del precio de terrenos descontaminados. La aplicación de este mecanismo debía permitir limitar al 70% de los costes subvencionables la intensidad de las ayudas financiadas por el régimen.

[232] N 520/01, DO C 146 de 19.6.2002.

419. El proyecto alemán de ayudas a la construcción de una central solar [233] constituye el primer caso específico de ayuda a la inversión en el ámbito de las energías renovables examinado por la Comisión, que lo aprobó a la luz de las disposiciones aplicables establecidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente [234], concretamente del punto 37, que determina los costes de inversión subvencionables.

[233] N 345/2002 de 14.11.2002.

[234] Véase la nota a pie de página 218.

420. En el caso de la energía solar, y por tanto renovable, las ayudas se limitan al sobrecoste soportado por la empresa que ha optado por no realizar una instalación de producción de energía tradicional. Para determinar el sobrecoste de la inversión subvencionada, las autoridades alemanas utilizaban un método de cálculo que la Comisión consideró convincente y cuyos distintos elementos se recogen en su Decisión positiva.

1.4. Ayudas de investigación y desarrollo

421. En el marco de un régimen aprobado, Francia notificó una ayuda individual de I+D [235] al alcanzarse los umbrales de notificación de los proyectos Eureka. El objetivo general de MEDEA+ es garantizar, mediante la cooperación entre laboratorios públicos o universitarios y centros de investigación industrial de varios Estados miembros, el desarrollo de componentes necesarios para la concepción de la « red de arquitectura eléctrica y electrónica» de módulos. La Comisión estimó que la importancia tanto cuantitativa como cualitativa de la cooperación en cuestión justificaba su aprobación en virtud de la letra b) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado como « proyecto importante de interés común europeo».

[235] N 702/B/01 de 3.8.2002.

422. La Comisión autorizó la financiación del programa establecido por la fundación KLICT [236], una ONG neerlandesa cuyo objetivo consiste en fomentar la investigación sobre los puntos de estrangulamiento, concretamente en los ámbitos de la circulación, la contaminación y la utilización del espacio tanto por particulares como por empresas. La fundación es la principal beneficiaria de la ayuda, pero no desempeña directamente ninguna actividad investigadora. Establece los temas de trabajo, elige a los subcontratistas que serán los beneficiarios finales de las ayudas según criterios predefinidos y les insta a constituir grupos de investigación.

[236] N 652/2001 de 1.2.2002.

423. El régimen KLICT reúne las condiciones establecidas en los puntos 5.4 y 5.3, así como en el Anexo, del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo en lo que respecta tanto a la definición como a los límites de intensidad de las ayudas a la investigación industrial y a la investigación fundamental.

424. El análisis del régimen BSIK [237] proporcionó a la Comisión la oportunidad de precisar el contenido de la obligación de notificar un proyecto de ayuda individual financiada en aplicación de un régimen de ayudas de I+D previamente autorizado.

[237] N 291/2002 de 8.8.2002.

425. El correspondiente Encuadramiento [238], en su punto 4.7, limita en principio la exigencia de tal notificación a los proyectos de investigación cuyo coste rebase los 25 millones de euros y que se beneficien de una ayuda que rebase el equivalente bruto de subvención de 5 millones de euros.

[238] Véase la nota a pie de página 234.

426. El proyecto de ayuda está concebido para beneficiar a los consorcios que agrupen a centros públicos de investigación y empresas que manifiesten su interés en proyectos de investigación fundamental o industrial conjuntos. Sólo los centros públicos podrán explotar los resultados de las investigaciones. Las empresas que participen en el proyecto correspondiente tendrán una ventaja indirecta por ser miembros del consorcio. La intensidad de ayuda en cada caso será evaluada según una metodología instaurada por las autoridades neerlandesas para determinar los proyectos individuales de investigación de un coste superior a 12 millones de euros realizados por empresas que globalmente se beneficien de una ayuda que rebase los 3,5 millones de euros.

427. En este contexto, la Comisión consideró que los umbrales de notificación de las ayudas individuales concedidas en el marco del régimen BSIK estaban en consonancia con el punto 4.7 del Encuadramiento sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo; en consecuencia, autorizó el régimen en cuestión.

2. Ayudas regionales

428. El 17 de julio, la Comisión aprobó la aplicación de un tipo reducido de impuesto especial sobre el ron tradicional producido en los Departamentos Franceses de Ultramar (DOM) [239]. Por Decisión de 18 de febrero de 2002, el Consejo ya había autorizado esta reducción desde la perspectiva fiscal (art. 3 de la Directiva 92/84/CEE). El coste presupuestario (ingresos no percibidos) asciende aproximadamente a 46 millones de euros al año. La Comisión puede autorizar este tipo de ayuda de funcionamiento en las regiones ultraperiféricas sobre la base del punto 4.16 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, tal y como fueron modificadas en 2000. La dependencia económica del sector caña de azúcar-azúcar-ron en los DOM fue un factor decisivo en la evaluación de la medida por parte de la Comisión.

[239] N 179/02.

429. La región de las Azores (Portugal) ha establecido, de conformidad con las competencias atribuidas por la Constitución portuguesa, un régimen fiscal favorable a los agentes económicos que operan en su territorio [240]. La Comisión examinó el régimen a la luz de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional [241] y consideró que las reducciones de los tipos impositivos previstos constituían ayudas de funcionamiento. Al tratarse de una región ultraperiférica, podía beneficiarse de una excepción con arreglo a las letras a) o b) del apartado 3 del artículo 87 siempre y cuando las ayudas contribuyeran a compensar el sobrecoste que supone el ejercicio de una actividad económica local.

[240] C 35/02 (ex NN 10/2000).

[241] Véase la nota a pie de página 188.

430. Como este extremo no parecía estar claro, concretamente en el caso de la localización de actividades económicas terciarias, en gran medida independientes de la existencia de desventajas regionales, la Comisión decidió incoar el procedimiento contradictorio con respecto al régimen.

431. Así, tuvo que pronunciarse, habida cuenta en particular de las observaciones presentadas por las autoridades portuguesas, sobre el carácter selectivo de las medidas fiscales adoptadas por entidades regionales en beneficio del conjunto de las empresas sujetas a su autoridad normativa. En el ámbito fiscal, la propia presencia de una ventaja selectiva en beneficio de una empresa se determina con respecto a una imposición de referencia. En este caso, habida cuenta de la competencia atribuida a la región de reducir excepcionalmente el tipo de un impuesto que se aplica a la totalidad del territorio portugués, el sistema fiscal nacional constituye el marco de referencia adecuado.

432. Por tanto, la Comisión estimó que, habida cuenta de la selectividad territorial en la que se basaba, el régimen fiscal excepcional de que se beneficiaba la región de las Azores constituía una ayuda de finalidad regional, y no una medida general. Al no haberse determinado su compatibilidad con el Tratado, la Comisión decidió, en el mes de abril, incoar el procedimiento contradictorio con respecto al régimen para verificar si el nivel de las ayudas guardaba proporción con los sobrecostes que estaban destinadas a compensar.

433. La Comisión concluyó el procedimiento en diciembre mediante la adopción de una decisión condicional con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 87, a reserva de que quedaran excluidas del beneficio del régimen las empresas que ejerzan actividades financieras o que presten «servicios intragrupo». Como, sin embargo, tales empresas habían recibido ilegalmente ventajas fiscales, la Comisión acompañó su decisión de una orden de recuperación de las ayudas que implicaban tales ventajas.

434. La Comisión autorizó la financiación de un nuevo régimen de ayudas fiscales en favor de las actividades económicas que creen empleo en la zona franca de Madeira [242]. Habida cuenta de su objetivo, que consiste en compensar las desventajas estructurales permanentes de la región de Madeira, alejada de los centros económicos continentales, las medidas examinadas constituyen ayudas de funcionamiento.

[242] N 222/A/02.

435. La Comisión estimó que, tratándose de tales ayudas, las condiciones restrictivas establecidas en las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional se contrarrestaban con la subvencionabilidad de Madeira con arreglo a la excepción de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado. Al igual que el régimen en favor de la Zona Especial Canaria (ZEC), las ventajas fiscales se conceden en proporción al impacto de las actividades en cuestión sobre el desarrollo local. La Comisión consideró que la ayuda propuesta era proporcionada y se ajustaba al objetivo establecido, de conformidad con la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas. En consecuencia, aprobó el régimen. Esta decisión positiva se acompañó de ciertas precisiones con objeto de excluir de su ámbito de aplicación a las empresas que ejerzan actividades sin incidencia real sobre el desarrollo regional, tales como, en particular, las actividades financieras y de servicios intragrupo (centros de coordinación, de tesorería o de distribución, etc.).

2.1. Asuntos multisectoriales

436. El 9 de abril de 2002, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a una importante inversión en semiconductores por parte de StMicroelectronics, empresa establecida en Catania (Sicilia) [243]. Se trataba de uno de los mayores proyectos de inversión individuales jamás evaluado por la Comisión. La ayuda propuesta ascendía a 542,3 millones de euros, sobre unos costes subvencionables totales de 2.066 millones de euros. El proyecto consistía en la construcción de una nueva planta, concebida para utilizar obleas de silicio de 12 pulgadas para producir fundamentalmente memorias flash de la nueva generación tecnológica NOR. La Comisión concluyó que la intensidad propuesta, del 26,25 % EBS, equivalía a la intensidad máxima admisible con arreglo a las Directrices multisectoriales para este proyecto concreto. Al evaluar la compatibilidad de la ayuda, la Comisión tuvo en cuenta la situación del mercado, los 1.150 puestos de trabajo directos creados por el proyecto y los efectos beneficiosos de la inversión sobre las economías de las regiones asistidas, que supondrían la creación de 650-800 empleos indirectos.

[243] N 844/01.

437. En la misma fecha, la Comisión aprobó 219 millones de euros en concepto de ayuda a la inversión en favor de Infineon Technologies SC 300 para la construcción de una nueva planta en Dresde (Sajonia), que produciría memorias RAM dinámicas (DRAM - Dynamic Random Access Memory - semiconductores que almacenan datos binarios) con una capacidad de almacenamiento de 512 megabits y más [244]. La ayuda representaba el 19,8% del total de los costes de inversión, de 1.106 millones de euros. La Comisión había incoado el procedimiento de investigación formal en octubre de 2001 al dudar de la conformidad de la intensidad de ayuda prevista, del 19,8%, con la intensidad máxima admisible calculada sobre la base de las Directrices multisectoriales. La investigación exhaustiva de la Comisión llegó a la conclusión de que el mercado no está en absoluto en retroceso y de que el proyecto tendrá repercusiones positivas sobre la economía de la región. Así, el importe de la ayuda se consideró compatible con las Directrices multisectoriales.

[244] C 86/01.

438. El 9 de abril de 2002, la Comisión aprobó finalmente tres cuartas partes de la ayuda propuesta en favor de la empresa papelera Hamburger AG [245]. Alemania podrá subvencionar el proyecto hasta el 26,25% de los costes subvencionables de la inversión, de 153 millones de euros, es decir, hasta un importe aproximado de apenas 40 millones de euros, en vez del 35% notificado inicialmente que correspondería a 54 millones de euros. El proyecto se refiere a la construcción de una nueva planta de producción de papel soporte ondulado en Brandeburgo. La Comisión había incoado el procedimiento de investigación formal en octubre de 2001 porque no estaba claro si podía descartarse que el sector en cuestión se encontraba en retroceso relativo y ni si se podía tomar en consideración el número total de empleos indirectos indicado por Alemania para la evaluación de la compatibilidad de la ayuda. Tras la investigación, la Comisión llegó a la conclusión de que, efectivamente, el sector estaba en relativo retroceso y no todos los empleos que supuestamente iban a crearse podían tomarse en consideración.

[245] C 72/01.

439. El 19 de junio de 2002, la Comisión aprobó una ayuda estatal de unos 250 millones de euros para ayudar a Zellstoff Stendal GmbH a construir una nueva planta de celulosa en la región de Sajonia-Anhalt (Alemania) [246]. La inversión, de un coste total de unos 800 millones de euros, permitirá crear 580 empleos directos en la planta, que producirá celulosa kraft blanqueada utilizada como materia prima para la fabricación de todo tipo de papel. Además, se crearán aproximadamente 1.000 empleos indirectos en la propia región o en regiones asistidas adyacentes. Dado el impacto positivo sobre el empleo, así como el hecho de que el sector afectado no se caracteriza por un exceso de capacidad estructural, pudo aceptarse la intensidad de ayuda notificada, aproximadamente del 31%, para este gran proyecto. La intensidad de ayuda normal aplicable a las grandes empresas en la región en cuestión es del 35%.

[246] N 240/02.

440. El 16 de octubre de 2002, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a un importante proyecto de inversión de Schott Lithotec en Hermsdorf, Turingia [247], una zona asistida alemana. La ayuda propuesta ascendía a 80,5 millones de euros sobre un total de 230 millones de euros de costes subvencionables. El proyecto se refiere a la construcción de una nueva planta de cristales de fluoruro de calcio para litografía óptica utilizada para producir fotorrepetidores. La Comisión concluyó que la intensidad propuesta, del 35% EBS, se ajustaba a la intensidad máxima admisible con arreglo a las Directrices multisectoriales para este proyecto concreto. Al evaluar la compatibilidad de la ayuda, la Comisión tomó especialmente en cuenta el hecho de que el proyecto creará 350 empleos directos, así como los efectos beneficiosos de la inversión sobre la economía de las regiones asistidas, que permitirá crear 190 empleos indirectos.

[247] N 319/02.

441. El 30 de octubre de 2002, la Comisión autorizó a Alemania a conceder una ayuda de 371 millones de euros en concepto de subvenciones a la inversión y desgravaciones, así como una garantía sobre un préstamo, a la empresa Communicant Semiconductor Technologies AG para la construcción de una nueva planta de semiconductores situada en Frankfurt/Oder, en la región oriental de Brandeburgo. La intensidad total propuesta se situaba en el 23,9% sobre unos costes de inversión subvencionables de 1.553 millones de euros. Según Alemania, el proyecto desembocaría en la creación de 1.318 puestos de trabajo directos. Se esperaba la creación de 725 empleos indirectos en la región. La Comisión llegó a la conclusión de que el mercado de los circuitos integrados específicos, en el que se integraban los productos de Communicant Semiconductor Technologies AG, no estaba en retroceso y, de hecho, había crecido más rápido que la industria manufacturera en general durante los últimos años. Teniendo en cuenta la situación del mercado, así como la creación de empleo directo e indirecto ligada al proyecto, la Comisión estimó que, según lo dispuesto en las Directrices multisectoriales, las ayudas que no rebasaran el 26% del coste de la inversión podían declararse en este caso compatibles con la normativa comunitaria.

442. El 13 de noviembre de 2002, la Comisión decidió que una parte de la ayuda propuesta por Alemania en favor de Capro Schwedt GmbH para la construcción de un nuevo complejo de caprolactama excede del importe máximo admisible con arreglo a las Directrices multisectoriales [248]. En agosto de 2001, Alemania había notificado una ayuda de 92,7 millones de euros en favor de Capro Schwedt GmbH para una gran inversión en un parque industrial químico de nueva creación situado en Schwedt (Brandeburgo). El complejo, que incluye también tres empresas proveedoras, producirá caprolactama, el principal material empleado en la producción de fibras sintéticas. El coste de inversión subvencionable era de 331 millones de euros. La intensidad de ayuda total propuesta se situaba en el 28%, cifra que se corresponde con el límite regional aplicable a las empresas grandes en la zona asistida. Durante el procedimiento de investigación, que la Comisión incoó en enero de 2002, dos competidores y una asociación agraria expresaron sus reservas en torno al proyecto, adhiriéndose a las dudas de la Comisión. La Comisión puso fin al procedimiento de investigación concluyendo que el mercado de la caprolactama se encuentra en relativo retroceso (comparado con la media de la industria manufacturera). En consecuencia, el límite de la ayuda fue reducido al 21% de los costes de inversión, lo que representa aproximadamente 69,5 millones de euros. Además, el último tramo de la ayuda sólo podrá desembolsarse una vez que la Comisión haya verificado que efectivamente se han creado todos los 528 puestos de trabajo anunciados.

[248] Véase la nota a pie de página 188.

Recuadro 2: Nuevo Marco comunitario multisectorial sobre las ayudas regionales a la inversión, incluidas las que se conceden en los sectores del automóvil y de las fibras sintéticas

El 13.2.2002, la Comisión Europea aprobó una importante reforma cuyo objetivo es establecer un sistema de control más rápido, más sencillo y más transparente de las ayudas estatales a las grandes inversiones en la Unión Europea. El nuevo «Marco comunitario multisectorial sobre ayudas regionales a proyectos de inversión» entrará en vigor el 1 de enero de 2004 y sustituye a las Directrices actuales, que han estado en vigor desde septiembre de 1998. Incluye un requisito limitado de notificación de los grandes proyectos que se contrarresta con una reducción significativa de los niveles de ayuda admisibles. Las nuevas normas también se aplicarán a los sectores de las fibras sintéticas y del automóvil, que estaban regulados por normas específicas.

La necesidad de adoptar un enfoque más restrictivo con respecto a las ayudas regionales a los grandes proyectos de inversión móviles (es decir, los proyectos que la empresa concernida podría llevar a cabo en varios emplazamientos) ha sido objeto de amplio reconocimiento:

- los efectos de falseamiento de las ayudas aumentan a medida que se eliminan otros falseamientos de origen público y se abren e integran cada vez más los mercados;

- las grandes inversiones pueden contribuir de forma efectiva al desarrollo regional. No obstante, se ven menos afectadas por problemas regionales específicos en las zonas desfavorecidas;

- además, por lo general, las empresas que emprenden grandes inversiones poseen una considerable capacidad de negociación con las autoridades que conceden la ayuda, lo cual puede conducir a una espiral de promesas de ayudas cada vez más generosas, posiblemente mucho más cuantiosas de lo necesario para compensar las desventajas regionales.

De acuerdo con el nuevo Marco comunitario, la intensidad de ayuda real que puede recibir un gran proyecto de inversión corresponderá al límite de ayuda establecido en los mapas de ayudas regionales, que después se reducirá automáticamente de conformidad con la siguiente escala de reducción:

TAMAÑO DEL PROYECTO // NUEVO LÍMITE DE AYUDA

Hasta 50 millones de euros // Ninguna reducción, límite regional del 100%

Para el tramo entre 50 y 100 millones de euros // 50% del límite regional

Por encima de 100 millones de euros // 34%

Ejemplo: En una zona sujeta a un límite regional del 20%, un proyecto que tenga un coste de inversión subvencionable de 80 millones de euros podrá obtener hasta 13 millones de euros de ayuda: 10 millones de euros para los primeros 50 millones de euros de la inversión, más 3 millones de euros para los restantes 30 millones de euros de la inversión.

Podrá concederse una «bonificación de cohesión» a los grandes proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales comunitarios. Para tales proyectos, la intensidad de ayuda admisible, calculada con arreglo a la escala de reducción, se multiplicará por un factor de 1,15. De este modo, el nuevo sistema tomará en consideración el valor añadido de estos grandes proyectos cofinanciados para la cohesión económica y social de la Comunidad.

Los proyectos en los cuales la ayuda prevista supere los 100 millones de euros seguirán siendo notificados y evaluados de forma individualizada si la ayuda propuesta es más elevada que el importe máximo que obtendría un proyecto de 100 millones de euros. Si el proyecto viene a ampliar una cuota de mercado ya de por sí elevada (&gt; 25%) de la empresa o amplía la capacidad en más de un 5% en un sector que no esté en expansión, no se autorizará ninguna ayuda.

El Marco comunitario también establece que se elaborará una lista de sectores con problemas estructurales. No se autorizará ninguna ayuda a proyectos de inversión en estos sectores, salvo si el Estado miembro demuestra que, a pesar de que el sector se considera en retroceso, el mercado de producto de referencia está en rápido crecimiento (el caso típico es aquel en el cual la producción de un determinado producto sólo constituye una de las diversas actividades ejercidas en un sector). La Comisión elaborará esta lista para el 31 de diciembre de 2003.

El nuevo Marco comunitario estará en vigor desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2009. Se han establecido algunas disposiciones transitorias. En el año 2003, los proyectos que se desarrollen en el sector de las fibras sintéticas no podrán recibir ayudas a la inversión. Los que se desarrollen en el sector del automóvil podrán recibir ayudas de hasta el 30% del respectivo límite regional para el año 2003. Mientras que un 30% del límite regional podría parecer más bien reducido, ha de recordarse que, en contraste con las normas vigentes, el número de proyectos subvencionables en el sector del automóvil será más elevado y los costes subvencionables de los proyectos individuales serán, en principio, más elevados que ahora. Se espera que la disposición transitoria del 30% logre un resultado, de una forma más simple y rápida, que sea comparable en promedio al funcionamiento de las normas específicas vigentes actualmente en el sector del automóvil. A partir de 2004, ambos sectores podrán o no figurar en la lista de sectores. Esta cuestión aún está pendiente de evaluación y dependerá de si debe considerarse que estos sectores padecen problemas estructurales graves.

2.2. Ayudas para el desarrollo de las actividades internacionales de las empresas

443. La Comisión decidió incoar el procedimiento con respecto a un proyecto de ayuda de Portugal en el sector de los servicios, que constituye un caso de aplicación de un régimen aprobado anteriormente y cuyo objetivo es favorecer las estrategias de las empresas [249]. En efecto, el proyecto responde a la categoría de inversión prevista por el régimen, a saber, la de inversiones ligadas a la internacionalización de los agentes económicos. La Comisión tuvo que pronunciarse sobre la posibilidad de que una empresa portuguesa que opera en el sector del turismo obtenga, en beneficio de su filial brasileña, una subvención para transformar en hotel de lujo un edificio por renovar.

[249] C 47/2002 (ex N 137/2002) de 2 de julio de 2002.

444. Sin oponerse por principio a la financiación de tal proyecto, la Comisión expresó dudas en torno a si las autoridades portuguesas habían respetado el criterio de la necesidad de la ayuda. En esta fase, no le pareció demostrado que los riesgos político-económicos en que incurre un inversor comunitario en Brasil han de compensarse mediante una ayuda.

445. En el caso de una ayuda para favorecer la internacionalización de la economía siciliana, la Comisión incoó el procedimiento contradictorio [250]. Según este régimen de ayudas, pueden financiarse dos tipos de actividades: inversiones estables en mercados extranjeros (centros de exposición, oficinas de representación) y lanzamiento de operaciones internacionales de promoción por parte de consorcios de PYME creados al efecto.

[250] N 285/01.

446. En esta fase, la Comisión no puede descartar que las ayudas para financiar inversiones estables sean incompatibles con el mercado común.

447. En principio, la Comisión considera que las ayudas a los consorcios representan ayudas de funcionamiento; el carácter incompleto de la información de que dispone no permite apreciar su proporcionalidad con las desventajas que se pretende paliar.

2.3. Ayudas sociales

448. La Comisión aprobó con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 un régimen de ayudas financiadas por Venecia (Italia) [251] con el objetivo de proporcionar alojamiento a los trabajadores no comunitarios de la región. Si bien las empresas percibirán las subvenciones, no serán más que beneficiarias marginales de la ayuda.

[251] N 599/A/2001.

449. En efecto, la Comisión puso de manifiesto que el dispositivo está concebido principalmente en interés de los trabajadores y que el importe de las subvenciones concedidas a las empresas se destinará sobre todo a cubrir los costes en que hayan incurrido para la búsqueda y la puesta a disposición de alojamientos adecuados. No obstante, la Comisión consideró que los beneficios concedidos a los trabajadores en cuestión no están desprovistos de efectos en cuanto a la elección de su empleador, lo cual favorece a las empresa de la región del Véneto. La disposición de viviendas decentes ha sido reconocida por el Consejo como constitutiva de uno de los vectores de la integración de los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en el territorio de la Unión. Así, la Comisión pudo evaluar positivamente el régimen analizado al estimar que persigue un objetivo de interés comunitario, la lucha contra la exclusión social, al tiempo que limita el importe de las ayudas a las empresas.

450. El 2 de octubre de 2002, la Comisión adoptó una decisión por la que calificó de medida general el régimen establecido en Francia por la Ley de 1 de agosto en favor del empleo. Los destinatarios del régimen son los jóvenes de 16 a 22 años que no dispongan de un título de segundo grado de enseñanza general, técnica o profesional. La evaluación de la Comisión se basa en el carácter no selectivo y no discriminatorio del régimen, dado que, por otro lado, se cumplen los demás criterios acumulativos que permiten determinar la existencia de una ayuda.

451. Para evaluar el régimen, la Comisión se refirió a su Comunicación sobre control de las ayudas de Estado y reducción de los costes laborales [252], según la cual «una reducción generalizada, automática y no discrecional de los costes laborales no salariales no entra, naturalmente, en el ámbito de aplicación de las normas de competencia sobre ayudas estatales.» La Comunicación añade que la «selección de determinadas categorías de trabajadores» no altera el análisis «siempre y cuando las medidas se apliquen de manera automática, sin discriminación entre empresas».

[252] DO C 1 de 3.1.1997, p.10.

452. Por otro lado, la decisión de la Comisión pone de manifiesto que el régimen de apoyo al empleo de los jóvenes reúne además las condiciones establecidas en las Directrices sobre ayudas al empleo [253].

[253] DO C 334 de 12.12.1995, p.4. Con posterioridad a esta decisión, la Comisión adoptó, el 12 de diciembre de 2002, el Reglamento n° 2204/2002 (DO L 337 de 13.12.2002, p.3), que a partir de ese momento serviría de base para la evaluación de este tipo de asuntos. Esta novación no modifica el análisis de este asunto.

2.4. Ayudas sectoriales

2.4.1. Instalaciones de transporte por cable

453. El 27 de febrero de 2002, la Comisión adoptó dos decisiones sobre ayudas estatales a sendas instalaciones de transporte por cable en Italia [254] y Austria [255]. En estas decisiones clarificó la aplicación de las ayudas estatales en este ámbito. La Comisión estableció una distinción entre las instalaciones que satisfacen necesidades generales de transporte y las que se destinan a la práctica de deportes. Asimismo, recordó que sólo existirá una ayuda estatal si las medidas de apoyo público afectan al comercio entre Estados miembros: así, el apoyo estatal a instalaciones destinadas a un uso puramente local no constituyen ayuda estatal. Por otro lado, las ayudas a instalaciones en complejos que compiten con instalaciones situadas en otros Estados miembros han de reducirse progresivamente para ajustarlas a la intensidad admisible con arreglo a la normativa vigente durante un periodo transitorio de cinco años.

[254] N 376/01.

[255] N 860/01.

454. En su evaluación del apoyo estatal a instalaciones de transporte por cable, la Comisión estimó que, por lo general, se considera que la financiación de una instalación en apoyo de una actividad con posibilidades de atraer a usuarios no locales afecta al comercio entre Estados miembros. No obstante, esto puede no ser el caso de las instalaciones relacionadas con actividades deportivas en zonas con pocas instalaciones y con una capacidad turística limitada. En cuanto a las instalaciones que atienden sobre todos las necesidades generales de movilidad de la población, sólo tendrían efecto sobre los Estados miembros en caso de que haya competencia transfronteriza en la prestación del servicio de transporte.

455. Por consiguiente, la Comisión sostuvo que, de las 82 instalaciones que iban a beneficiarse de financiación estatal en el marco de la aplicación inicial del régimen italiano, solamente 40 casos implicaban ayuda estatal. En estos casos se estableció una distinción entre instalaciones para fines generales de transporte, que fueron evaluadas y quedaron exentas en su totalidad con arreglo al artículo 73 CE, e instalaciones para fines deportivos, que quedaron exentas en su totalidad con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87.

456. En términos similares, la Comisión examinó el proyecto Mutterer Alm en Tirol (Austria), considerando que el apoyo público a inversiones en remontes de esquí y cañones de nieve con el objetivo de revitalizar la estación de esquí constituía una ayuda estatal compatible con el mercado común con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87.

457. La Comisión estimó que la prestación de servicios destinados a los deportes de invierno está sujeta a una creciente competencia transfronteriza. Esta creciente competencia está alterando la naturaleza de los problemas y acrecienta los efectos de falseamiento de las ayudas al sector de las instalaciones de transporte por cable. Por estas razones, se estimó que, en el futuro, la política de la Comisión en el sector tendría que definirse con mayor precisión, interpretarse en sentido restrictivo y aplicarse de forma uniforme. La Comisión reconoció que las empresas del sector se beneficiaron en el pasado de diversas formas de apoyo económico de las autoridades nacionales, regionales y locales. Algunas de ellas fueron consideradas compatibles con el mercado común en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 87. Por tanto, un cambio en la política aplicable por el que se fijen límites a la compatibilidad más estrictos no podía ser demasiado abrupto, y era necesario aplicar gradualmente las normas generales.

458. La Comisión evaluará los proyectos de ayuda en el sector a la luz del conjunto de normas generales, tal y como quedaron clarificadas, en particular, en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas y en las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional. No obstante, durante un periodo transitorio de cinco años --desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2006-- aceptará una bonificación temporal pero decreciente de los niveles de ayuda que estarían justificados con arreglo a la normativa aplicable en la actualidad, que se escalonará como sigue:

\* 25 puntos porcentuales más para las ayudas concedidas en 2002;

\* 20 puntos porcentuales más para las ayudas concedidas en 2003;

\* 15 puntos porcentuales más para las ayudas concedidas en 2004;

\* 10 puntos porcentuales más para las ayudas concedidas en 2005;

\* 5 puntos porcentuales más para las ayudas concedidas en 2006.

459. Este enfoque parece guardar un equilibrio entre la necesidad, por un lado, de permitir a los beneficiarios ajustarse a él y, por otro lado, de ajustar el tratamiento de las instalaciones de transporte por cable a las normas de otros sectores en un plazo razonable.

2.4.2. Construcción naval

460. El Consejo aprobó la doble estrategia de la Comisión contra las prácticas desleales de Corea en el sector de la construcción naval adoptando el mecanismo defensivo temporal [256], por un lado, y aceptando la iniciación de una acción contra Corea en la OMC, por otro. El mecanismo defensivo temporal es una medida excepcional y limitada concebida para apoyar la acción de la Comunidad en la OMC (sólo se activará cuando se haya iniciado la acción en la OMC). Esta función como mecanismo de apoyo a la OMC se refleja con toda claridad en sus aspectos sustantivos:

[256] Reglamento nº 1177/2002 del Consejo, de 27.6.2002.

461. Las ayudas de funcionamiento de hasta el 6% del valor del contrato sólo podrán autorizarse para los dos tipos de buques en los que la industria comunitaria está sufriendo un perjuicio material como resultado de las prácticas desleales de Corea: los portacontenedores y los buques cisterna para productos químicos y otros productos; también los buques cisterna para gases naturales licuados podrán recibir ayudas si las investigaciones de la Comisión concluyen que la industria comunitaria también sufre un perjuicio material en este segmento.

462. Sólo podrán autorizarse ayudas en el caso de los contratos con respecto a los cuales haya habido competencia de un astillero coreano que haya ofrecido un precio más bajo que el ofrecido por el astillero comunitario; el mecanismo defensivo temporal expirará el 31 de marzo de 2004, fecha que coincidirá con la conclusión aproximada de los procedimientos de la OMC. En caso de que los procedimientos de la OMC se resuelvan o se suspendan antes de aquella fecha, no se autorizarán más ayudas. En cuanto a los aspectos procedimentales, toda ayuda que se proponga conceder un Estado miembro con arreglo al mecanismo defensivo deberá obtener la autorización de la Comisión, bien en forma de régimen, o bien en tanto que ayuda específica (ad hoc).

463. El 5 de junio de 2002, la Comisión decidió aprobar una ayuda estatal de 29,5 millones de euros a la empresa griega Hellenic Shipyards [257] para cubrir los costes de la jubilación anticipada de unos 200 empleados que trabajan en la construcción naval civil. Asimismo, decidió iniciar una investigación detallada de otra ayuda destinada a la misma empresa, pues no había podido determinar si todas las ayudas que iba a recibir reunían los criterios del Reglamento sobre construcción naval.

[257] N 513/01.

464. En la misma fecha, la Comisión aprobó 51,1 millones de euros de una ayuda total de 55,1 millones de euros concedida por las autoridades neerlandesas en apoyo de la reestructuración de Koninklijke Schelde Groep (KSG), ligada a la venta de la empresa a Damen Shipyards Group (Damen) [258]. La Comisión estimó que el plan de reestructuración elaborado por Damen para KSG proporcionaba una base sólida para restablecer la viabilidad y que la ayuda se limitaba al mínimo. No obstante, como no se preveía una reducción de capacidad de construcción naval civil, tal y como exige el Reglamento sobre ayudas a la construcción naval, la Comisión consideró que 4,0 millones de euros del total de la ayuda eran incompatibles con el mercado común. Las autoridades neerlandesas han recuperado esta parte de la ayuda del beneficiario. Habían alegado que todas las medidas entraban en el ámbito de aplicación del artículo 296 del Tratado CE, que se refiere a las medidas necesarias para la protección de intereses esenciales de seguridad. La Comisión no pudo aceptar este argumento, pues las medidas afectaban con toda claridad a las condiciones de la competencia en el mercado común en lo que respecta a productos que no están concebidos para fines específicamente militares.

[258] C 64/01.

2.4.3. Industria del automóvil

465. Las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al sector de los vehículos de motor expiraron en diciembre de 2002. De acuerdo con las Directrices, la Comisión debía garantizar que cualquier ayuda concedida en este sector fuera tanto necesaria como proporcional. En cuanto a la necesidad, el beneficiario de la ayuda debía demostrar de forma clara que contaba con una ubicación alternativa viable para su proyecto. En otros términos, el proyecto debía ser «móvil», y la ayuda, necesaria para su realización en la ubicación prevista. Para examinar la proporcionalidad de la ayuda se llevaba a cabo un «análisis de coste-beneficio». Este análisis comparaba los costes en que incurriría un inversor para llevar a cabo el proyecto en la región de que se tratara con los costes de un proyecto idéntico en la ubicación alternativa. Esto permitía determinar las desventajas regionales específicas del proyecto. La ayuda no podía rebasar el límite máximo regional aplicable a las nuevas inversiones en la zona asistida ni la desventaja regional determinada con arreglo al análisis de coste-beneficio.

466. A partir de 2004, el sector de los vehículos de motor estará plenamente integrado en el nuevo Marco comunitario multisectorial sobre ayudas regionales a proyectos de inversión [259]. Las normas del nuevo Marco multisectorial establecen distintos grados de rigidez en función del tamaño de la inversión. Los proyectos de muy grande envergadura seguirán teniendo la posibilidad de recibir ayudas estatales, pero el importe máximo admisible será más bajo que ahora. Entretanto, en 2003, se aplicarán al sector normas transitorias muy sencillas. Según estas normas, los proyectos del sector de los vehículos de motor podrán recibir ayudas de hasta el 30% del importe máximo admisible en cada región (frente al límite del 100% con arreglo a las normas vigentes).

[259] Véase la nota a pie de página 188.

467. El año 2002, último año de vigencia de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al sector de los vehículos de motor, se caracterizó por un aumento del número de asuntos notificados.

468. El 22 de mayo de 2002, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto a una ayuda de 61 millones de euros prevista para la fábrica de Volkswagen en Pamplona [260]. El proyecto de ayuda regional atañe a la producción del nuevo modelo Polo. Al incoar el procedimiento, la Comisión dudaba de que la planta de Volkswagen en Bratislava se considerara realmente una alternativa viable para el proyecto. Además, dudaba que en la notificación se hubiera informado correctamente de la desventaja de coste que representaba la ubicación en Pamplona frente a Bratislava.

[260] N 121/2001.

469. El 2 de octubre de 2002, la Comisión aprobó una ayuda regional a la inversión a Opel Portugal (grupo GM) para su planta de Azambuja, en la región de Lisboa, tras una investigación detallada [261]. La ayuda se concedió en relación con una inversión de 124 millones de euros para la instalación de las líneas de producción de un nuevo vehículo mixto, el Corsa Combo. La investigación detallada se inició en marzo de 2002 y concluyó con la aprobación de 35 millones de euros en concepto de ayuda regional. En la misma decisión, la Comisión autorizó una subvención de 3 millones de euros sobre unos costes de formación de 7 millones de euros para actividades de formación interna de Opel Portugal en relación con el proyecto de inversión. La subvención autorizada era inferior a lo que habían propuesto las autoridades portuguesas (3,4 millones de euros), porque la Comisión concluyó que algunas actividades de formación proporcionaban cualificaciones que sólo eran parcialmente transferibles a otras empresas o ámbitos de trabajo.

[261] C 23/02.

470. El 2 de octubre de 2002, la Comisión aprobó asimismo una ayuda regional a la inversión destinada a Iveco [262] (grupo Fiat) para su planta de Foggia (Italia) tras una investigación pormenorizada. La ayuda se concedió para cubrir una inversión de 323 millones de euros con miras a la producción de un nuevo motor denominado F1, con el que se equiparán vehículos industriales ligeros. La investigación pormenorizada se inició en diciembre de 2001 y concluyó con la autorización de 121 millones de euros en concepto de ayuda regional. El proyecto se desarrolla en la región de Puglia, reconocida por la Comisión como zona asistida con posibilidad de obtener ayudas regionales de hasta el 35% de los costes subvencionables de la inversión.

[262] C 92/02.

471. Por último, el 2 de octubre de 2002 la Comisión decidió iniciar una investigación detallada de la ayuda a la fábrica de motores que BMW tiene en Steyr [263], en la región austríaca de Alta Austria. En abril de 2002, Austria había notificado su proyecto de conceder una ayuda para el desarrollo regional, así como para formación, investigación y desarrollo, innovación y protección del medio ambiente. La ayuda propuesta asciende aproximadamente a 40,25 millones de euros y cubriría varias inversiones en la planta, que produce motores de gasolina/diesel de 4 y 6 cilindros y desarrolla tecnología de motores diesel.

[263] N 316/02.

472. El 27 de noviembre de 2002, la Comisión decidió emprender una investigación exhaustiva de un proyecto de ayuda de 30 millones de euros en relación con una inversión de 440 millones de euros que Opel llevará a cabo en su planta de Zaragoza [264] (España). El proyecto se refiere a la producción del Opel Meriva, un nuevo vehículo polivalente basado en el Opel Corsa. Al incoar el procedimiento, la Comisión dudaba de la movilidad del proyecto y del cálculo de la desventaja regional que presenta la región de Zaragoza efectuado con arreglo al análisis de coste-beneficio.

[264] C 75/02.

473. El 11 de diciembre de 2002, la Comisión concluyó que Alemania ha de reducir la ayuda regional que ha previsto conceder a BMW para la construcción de una nueva planta automovilística en Leipzig (Sajonia) [265]. El importe total de la inversión subvencionable asciende a 1.204,9 millones de euros. El objetivo de la ayuda prevista, que asciende a 418,6 millones de euros, era inducir a la empresa a invertir en Leipzig, una zona asistida regional con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 87. Como la Comisión dudaba de la compatibilidad de la ayuda con las normas específicas aplicables al sector del automóvil, el 3 de abril de 2001 decidió incoar el procedimiento de investigación formal. La Comisión consideró que el proyecto era móvil y que Kolin (República Checa) constituía una ubicación alternativa viable. Por tanto, la ayuda era necesaria para realizar el proyecto en la zona asistida de Leipzig. Las dudas de la Comisión se referían a la proporcionalidad de la ayuda. Tras examinar el análisis coste-beneficio, la Comisión concluyó que la desventaja regional de llevar a cabo el proyecto en Leipzig (comparada con Kolin) era del 31,14 %, cifra menor que la indicada inicialmente por Alemania. En consecuencia, Alemania había sobreestimado la desventaja de coste de Leipzig. Dado el considerable aumento de la capacidad de producción, la intensidad de ayuda admisible se redujo un punto porcentual más, situándose en el 30,14%. En consecuencia, la Comisión autorizó un importe del 30,14 % de la inversión subvencionable de 1.204,9 millones de euros. Este porcentaje representa 363,16 millones de euros. Los restantes 55,4 millones de euros de ayuda notificada fueron considerados incompatibles con el mercado común.

[265] C 26/02.

2.4.4. Carbón

474. En la actualidad hay cuatro Estados miembros que producen carbón en la Unión Europea. Habida cuenta de las desfavorables condiciones geológicas, la mayoría de las minas de la Unión Europea no son competitivas frente al carbón importado. Hasta la expiración del Tratado CECA el 23 de julio de 2002, las ayudas estatales estaban reguladas por la Decisión 3632/93/CECA [266], que establecía las condiciones de concesión de tales ayudas. El 23 de julio de 2002, el Consejo adoptó el Reglamento sobre las ayudas estatales a la industria del carbón para regular las ayudas estatales que se concedieran a partir del 24 de julio de 2002 [267]. El nuevo régimen se basa en una producción mínima de carbón que ayudará a mantener una proporción de fuentes comunitarias de energía primaria para reforzar la seguridad de abastecimiento de energía en la Unión Europea.

[266] DO L 329 de 30.12.1993, p. 12.

[267] DO L 205 de 2.8.2002, p. 1.

475. Las ayudas estatales a la industria del carbón también consolidarán la reestructuración de este sector, teniendo en cuenta las repercusiones sociales y regionales de la reducción de actividad. Por tanto, los Estados miembros notifican las ayudas estatales con periodicidad anual. La Comisión autorizó varios regímenes de ayudas estatales que permitieron a Alemania [268], Francia [269], España [270] y el Reino Unido [271] conceder la financiación pública necesaria a la industria del carbón durante el año 2002. Estas ayudas cubren la diferencia entre los costes de producción y el precio del carbón negociado en el mercado internacional y compensan el pago de las contribuciones sociales.

[268] Decisión de la Comisión de 2.10.2001, CECA 1/2002 , DO L 56 de 27.2.2002, p. 27 (ayudas que cubrían el año 2002) y Decisión de la Comisión de 2.10.2002, CECA 550/2002 (ayudas que cubrían los costes generados a partir del 24 de julio de 2002).

[269] Decisión de la Comisión de 2.10.2002, CECA 551/2002.

[270] Decisión de la Comisión de 2.7.2002, CECA 2/2002 (ayudas que cubrían los costes generados hasta el 23 de julio de 2002), Decisión de la Comisión de 12.6.2002, CECA 6/2002 (ayudas que cubrían los costes generados a partir del 24 de julio de 2002).

[271] Decisión de la Comisión de 20.3.2002, CECA 9/2001. Decisión de la Comisión de 5.6.2002, CECA 10/2001. Decisión de la Comisión de 17.7.2002, CECA 11/2001 y CECA 12/2001.

476. En cuanto a la adquisición en 1998 de las empresas Saarbergwerke AG y Preussag Anthrazit GmbH por parte de RAG Aktiengesellschaft (RAG), productores alemanes de carbón, la Comisión declaró [272] que la operación de compra de Saarbergwerke, propiedad de la República Federal de Alemania y del Estado federado del Sarre, no era constitutiva de ayuda estatal.

[272] Decisión de la Comisión de 7.5.2002.

2.4.5. Siderurgia

477. La Comisión incoó el procedimiento de investigación formal con respecto a los proyectos de ayuda medioambiental en favor de Ilva SpA, Acciaierie di Sicilia SpA, Duferdofin SpA y Acciaerie Valbruna SpA (Italia). La Comisión concluyó el procedimiento cuando se retiró la notificación de las ayudas a Duferdofin SpA [273] y Acciaerie Valbruna SpA [274] y aprobó las ayudas a Ilva SpA [275] y Acciaierie di Sicilia SpA [276]).

[273] C 9/2002.

[274] C 12/2002.

[275] C 10/2002.

[276] C 8/2002.

478. La Comisión concluyó el procedimiento incoado en 2001 con respecto a una ayuda de I+D concedida ilegalmente a varias empresas siderúrgicas situadas en el País Vasco mediante una decisión parcialmente negativa [277]. Asimismo, decidió ampliar el procedimiento incoado en 2001 con respecto a determinadas medidas adoptadas por el Gobierno gallego en favor de una empresa de nueva creación, Siderúrgica Añón [278].

[277] C 20/2001.

[278] C 95/2001.

479. En un asunto referido a Bélgica, la Comisión incoó el procedimiento con respecto a la participación de la región valona en una empresa de nueva creación denominada Carsid [279].

[279] C 25/2002.

480. Asimismo, la Comisión incoó el procedimiento contra un proyecto de ayuda medioambiental que iba a concederse a Sollac SA, una empresa francesa. Más adelante, concluyó el procedimiento al retirar Francia la notificación [280].

[280] C 27/2002.

3. Transporte

3.1. Transporte ferroviario

481. La revitalización del transporte por ferrocarril es un elemento clave de la política común de transportes de la Comunidad, que trata de desarrollar un sistema sostenible de transporte alterando el equilibrio entre las distintas modalidades de transporte. De hecho, tal y como se declaraba en el Libro Blanco de la Comisión sobre la política europea de transportes [281], el transporte por ferrocarril es el sector estratégico del que dependerá el éxito de los esfuerzos por desplazar el equilibrio modal. Así, la Comisión acoge con satisfacción toda financiación pública que promueva el ferrocarril como medio de transporte, en particular las inversiones en infraestructuras de ferrocarril. En consecuencia, durante 2002 autorizó varias medidas estatales por las que se trata de desarrollar este medio de transporte.

[281] La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad.

482. En relación con el Reino Unido, la Comisión adoptó dos decisiones relativas al administrador de la infraestructura de la red nacional de ferrocarril. Las autoridades británicas notificaron un paquete de ayudas financieras que garantizarían la continuidad en la prestación de servicios de infraestructura de ferrocarril, sin el cual el sector del transporte por ferrocarril correría el riesgo de un colapso inmediato. La ayuda de salvamento fue autorizada por la Comisión el 13 de febrero de 2002 para un periodo de 12 meses durante el cual habría que encontrar una solución más duradera [282]. Seguidamente, el 17 de julio de 2002, la Comisión aprobó un paquete financiero que permitiría a una empresa de nueva creación, Network Rail, asumir la responsabilidad de operar y administrar la red de ferrocarril del Reino Unido sin ánimo de lucro y que pondría fin a la inseguridad en torno al futuro de la red ferroviaria británica [283]. El 24 de abril y el 18 de septiembre de 2002, la Comisión autorizó una serie de modificaciones y enmiendas de los mecanismos financieros que las autoridades británicas han instaurado para la construcción del enlace ferroviario con el túnel del Canal de la Mancha (Channel Tunnel Rail Link - CTRL) [284].

[282] Asunto NN 170/2001, Decisión de la Comisión de 13.2.2002, DO C 98 de 23.4.2002, p. 36.

[283] N 356/2002, Network Rail, Decisión de la Comisión de 17.7.2002, DO C 232 de 28.9.2002, p. 2.

[284] Asunto N 706/02, DO C 130 de 1.6.2002, p. 5, y N 523/02, DO C 262 de 29.10.2002.

483. En relación con otros Estados miembros, la Comisión autorizó el 27 de febrero de 2002 un régimen establecido en Dinamarca para cancelar antiguos préstamos públicos concedidos prácticamente sin intereses y sin obligación de reembolso a trece ferrocarriles locales [285]. El 19 de junio de 2002 autorizó un régimen de ayudas austríaco cuya misión es proporcionar apoyo público a la construcción, ampliación y modernización de vías de apartadero privadas con miras a la principal red ferroviaria nacional [286]. Asimismo, el 18 de septiembre de 2002, la Comisión autorizó una ayuda del Estado federado de Sajonia-Anhalt (Alemania) para promover el desvío de flujos de tráfico de mercancías de la carretera al ferrocarril. Con este régimen se pretende salvaguardar y desarrollar el sistema de centros de tráfico de mercancías, así como las zonas de manutención y carga [287]. Por último, el 11 de diciembre de 2002, la Comisión autorizó la prórroga durante cuatro años de un régimen de ayudas danés que compensa el efecto de los cánones por el uso de la infraestructura ferroviaria introduciendo una subvención medioambiental para el transporte de mercancías por ferrocarril [288].

[285] Asunto N 784/2001 - Ayuda a los ferrocarriles privados daneses. Decisión de la Comisión de 27.2.2002, DO C 88 de 12.4.2002, p 17.

[286] Asunto N 643/2001- Austria - Régimen de ayudas para el desarrollo de vías de apartadero. Decisión de la Comisión de 19.6.2002. DO C 178 de 26.7.2002.

[287] Asunto N 308/2002 - Promoción de inversiones en infraestructuras ferroviarias, Decisión de la Comisión de 18.9.2002. DO C 277 de 14.11.2002.

[288] Asunto N 287/02, pendiente de publicación.

3.2. Transporte combinado

484. Durante algún tiempo, la Comisión mantuvo una política destinada a lograr un sistema de transporte combinado equilibrado, y el impulso de la competitividad del transporte combinado con respecto al transporte por carretera es parte integrante de esta política. El objetivo central de la política comunitaria de transporte combinado consiste en la transferencia modal del tráfico por carretera a otros medios de transporte. En este sentido, la Comisión mantiene un enfoque favorable a los regímenes de ayudas que tratan de promover el transporte combinado mediante la adquisición de equipos y la construcción de infraestructuras específicas [289].

[289] Asunto N 644/2001- Fondo ERP de la República de Austria, Decisión de la Comisión de 27.2.2002, DO C 88 de 12.4.2002, p.17; Asunto N 406/2002 - «Förderrichtlinie», Decisión de la Comisión de 2.10.2002, DO C 292 de 27.11.2002.

485. El 13 de febrero de 2002, la Comisión dio su acuerdo a un régimen de ayudas al transporte combinado para la provincia autónoma de Bolzano-Alto Adige (Italia) [290]. El régimen proporciona subvenciones a empresas de logística que prestan servicios de ferrocarril para el transporte combinado en las rutas que tienen su territorio como punto de partida o de destino, en particular en la ruta Bolzano-Brenner. Las subvenciones facilitarán la reducción del precio abonado por los usuarios de infraestructuras de transporte combinado y permitirán que puedan competir con el transporte por carretera en condiciones de mercado similares. Con objeto de evitar el falseamiento de la competencia, se celebrará una licitación pública para la prestación de servicios de transporte por ferrocarril que será limitada en el tiempo.

[290] Asunto N 638/2001, DO C 88 de 12.4.2002, p. 16.

486. El 27 de febrero de 2002, la Comisión aprobó una ayuda de lanzamiento para un nuevo servicio piloto privado entre Alemania e Italia [291] con el objetivo de desviar el tráfico de la carretera al ferrocarril en la ruta de Munich a Verona a través del Brenner. El servicio piloto de un año, que ya recibió apoyo del programa europeo PACT [292], contribuirá a reducir el tráfico en la muy utilizada autopista en este importante corredor.

[291] Asunto NN 134/2002 (ex N 841/01) -«Lokomotion», DO C 88 de 12.4.2002, p. 16.

[292] Programa Comunitario de Acciones Piloto en materia de Transporte Combinado; Decisión de la Comisión de 25.7.2001.

487. El 14 de mayo de 2002, tras concluir el procedimiento de investigación formal, la Comisión declaró que la relación de la empresa estatal Deutsche Bahn AG [293] (Alemania) con su filial, la empresa de expedición BahnTrans, no implicaba una ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87.

[293] Asunto C 63/2000 (ex NN 102/00), DO L 211 de 7.8.2002.

488. El 17 de julio de 2002, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto a una ayuda concedida por los Países Bajos a Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) para la construcción de una terminal de contenedores en Alkmaar [294]. Con sede en Alkmaar, en la inmediata vecindad de una incineradora de residuos gestionada por HVC, la terminal de contenedores fomentaría el transporte de residuos domésticos por vías navegables en vez de por carretera. La Comisión consideró necesario analizar la proporcionalidad de la ayuda, el posible falseamiento de la competencia entre terminales de vías navegables, así como el impacto de la subvención sobre el mercado de la gestión de residuos.

[294] Asunto C 51/2002 (ex N 840/2001), DO C 212 de 8.8.2002.

489. El 24 de julio de 2002, la Comisión aprobó la parte principal de las disposiciones especiales para el sector del transporte en la provincia autónoma de Trento para fomentar el desvío del tráfico de mercancías por carretera a medios de transporte alternativos [295]. No obstante, decidió incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a la ayuda a la inversión en vagones de ferrocarril y material rodante nuevo o recuperado, pues era dudosa su compatibilidad con el Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, de 12.1.2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas [296].

[295] N 833/2001, DO C 242 de 8.10.2002.

[296] DO L 10 de 13.1.2001, p. 33.

3.3. Transporte por carretera

490. El 27 de febrero de 2002, y en el contexto del aumento del precio del petróleo en 2000, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto a dos regímenes de ayudas destinados a subvencionar un tipo específico de vehículos reduciendo los derechos de peaje [297]. La Comisión dudaba que las medidas fueran adecuadas para la protección del medio ambiente y compatibles con la política común de transportes.

[297] Asunto C 11/2002 (ex N 382/01) - Italia (Piamonte) - Reducción de los derechos de peaje a determinados camiones de transporte de mercancías por carretera con el fin de desviar el tráfico de la carretera nacional 33 del Lago Mayor a la autopista A/26, DO C 87 de 11.4.2002; Asunto C 14/02 (ex NN 72/01) - Portugal - Reducción de los derechos de peaje a determinados vehículos pesados de transporte de mercancías y viajeros por carretera como consecuencia del aumento del precio del petróleo que se registró en el verano y el otoño de 2000, DO C 88 de 12.4.2002.

491. Varias decisiones fueron adoptadas sobre ayudas a la inversión en el sector del transporte [298]. No obstante, la Comisión subraya que en los sectores con exceso de capacidad, tales como el del transporte por carretera, en principio no puede concederse ninguna ayuda para la adquisición de vehículos de transporte. Pero sí se pueden conceder ayudas en relación con la adquisición de vehículos nuevos si el incentivo presenta objetivos medioambientales o de seguridad y compensa los costes que implica el cumplimiento de unas normas técnicas más estrictas que las establecidas por la legislación nacional o comunitaria.

[298] Asunto N 762/2001- Régimen de ayudas a la inversión de la región autónoma de Madeira, Decisión de la Comisión de 27.2.2002; Asunto N 646/00 - Italia, Decisión de la Comisión de 7.5.2002; Asunto N 507/2001 - Portugal «Siriart», Decisión de la Comisión de 7.5.2002, DO C 146 de 19.6.2002.

492. Así, la Comisión autorizó un régimen español para la adquisición de motocicletas eléctricas o híbridas dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León [299] y un régimen que trata de poner en funcionamiento vehículos adaptados a personas con movilidad reducida [300]. Otras decisiones se refirieron a un régimen de ayudas danés por el que se trata de fomentar el uso de camiones menos contaminantes [301] y una serie de regímenes de ayudas al empleo instaurados en Asturias (España) para 2001 y 2002 en el sector del transporte para crear y preservar empleos en esta zona [302].

[299] Asunto N 203/2002, Decisión de la Comisión de 18.9.2002, DO C 9 de 11.1.2003.

[300] Asunto N 337/02 - España (Comunidad de Madrid) - Ayuda para la adquisición de vehículos de transporte público adaptados a personas con movilidad reducida, Decisión de la Comisión de 27.11.2002, pendiente de publicación.

[301] Asunto N 100/01 - Ley relativa a las subvenciones a camiones poco contaminantes, Decisión de la Comisión de 22.5.2002, DO C 154 de 28.6.2002.

[302] N 600/B/2001, Decisión de la Comisión de 16.10.2002.

Recuadro 3: Empresas de transporte por carretera

En mayo de 2003, el Consejo adoptó por unanimidad tres decisiones sobre la concesión de ayudas estatales por parte de los Países Bajos, Italia y Francia [303] a empresas de transporte por carretera. Estas decisiones garantizan que las exenciones adoptadas por el Consejo (2001/224/CE) el 12 de marzo de 2001, por las que se autoriza a los Países Bajos, Italia y Francia a aplicar a los transportistas por carretera tipos reducidos del impuesto especial relativo a determinados hidrocarburos, se consideren compatibles con el mercado común. Se recuerda que en 2001 el Consejo decidió permitir que los Países Bajos, hasta el 1 de octubre de 2002, e Italia y Francia, hasta el 31 de diciembre de 2002, aplicaran tipos reducidos del impuesto especial sobre el combustible diesel a los transportistas por carretera. No obstante, ante la perspectiva de la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento con arreglo al apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE contra estos tres países [304], éstos trataron de obtener --y obtuvieron-- el reconocimiento del Consejo de la presencia de circunstancias excepcionales, lo que permitió que tales ayudas se consideraran compatibles con el mercado común.

[303] Países Bajos (doc. 8032/02 + COR1); Italia (doc. 8033/02 + COR1); Francia (doc. 8034/02 + COR1).

[304] Asunto C 24/2001- Italia; Asunto C 25/2001 - Francia; Asunto C 26/2001 - Países Bajos.

3.4. Pasajeros

493. El 2 de octubre de 2002, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a varios acuerdos que va a establecer el Gobierno británico para la renovación y mejora del metro de Londres por parte de una asociación de empresas públicas y privadas [305]. El objetivo de estas medidas es desarrollar un metro de mayor calidad a través de un operador público eficiente que cuente con una infraestructura mejor gestionada por el sector privado. La Comisión estima que estos acuerdos, en concreto la compensación que se abonará a las empresas de infraestructura, no constituyen ayudas estatales. De hecho, son el resultado de procedimientos de licitación abiertos a la competencia, de tal forma que queda eliminada de antemano cualquier posible ventaja.

[305] Asunto N 264/2002, DO C 309 de 12.12.2002.

3.5. Vías navegables

3.5.1. Navegación interior

494. El Libro Blanco de la Comisión sobre la política europea de transportes de cara al 2010 [306] aboga por la promoción de medios de transporte que sean menos perjudiciales para el medio ambiente y tengan capacidad inutilizada disponible, tales como el transporte por vías navegables interiores. Desviar el transporte de mercancías de la carretera hacia las vías navegables responde, por tanto, al interés común en el sentido de la letra c) del apartado 3 del artículo 87. El 27 de noviembre de 2002 [307], la Comisión declaró que la venta de partes sustanciales de Erste Donau-Dampfschiffahrt-Gesellschaft m.b.H, propiedad en su totalidad de la República de Austria, a la ciudad de Viena no podía calificarse de ayuda estatal.

[306] COM (2001) 370.

[307] Asunto N 471/2002 - Austria.

3.5.2. Transporte marítimo

495. El 30 de enero de 2002, la Comisión autorizó un régimen de ayudas francés concebido para cubrir durante tres años hasta el 30% de los costes operativos de los nuevos servicios de transporte marítimo de corta distancia [308]. Las autoridades francesas añadirán las ayudas nacionales a las medidas de apoyo comunitario a los servicios de transporte marítimo de corta distancia financiando proyectos que no reunirían las condiciones para obtener financiación comunitaria al tratarse de servicios explotados únicamente por operadores nacionales.

[308] C 65/2000 (ex N 679/2000), DO L 196 de 25.7.2002.

496. La Comisión aprobó varios regímenes relativos al impuesto sobre el tonelaje [309] que permiten a las compañías pagar impuestos en función de la capacidad de su flota en vez de con arreglo a los beneficios realizados. Estos regímenes vienen a añadirse a una serie de impuestos sobre el tonelaje aprobados anteriormente por la Comisión con respecto a los Países Bajos, Alemania y Reino Unido. Tales medidas parecen estar logrando ya su objetivo de invertir la tendencia hacia el retroceso de la industria comunitaria del transporte marítimo.

[309] Asunto N 736/01 - España, Decisión de la Comisión de 27.2.2002. Asunto N 563/01 - Dinamarca, Decisión de la Comisión de 12.03.2002, DO C 146 de 19.6.2002. Asunto N 195/02 - Finlandia, Decisión de la Comisión de 16.10. 2002. Asunto N 504/2002 - Irlanda, Decisión de la Comisión de 15.12.2002.

497. El 19 de junio de 2002, la Comisión adoptó una decisión negativa sobre la concesión de una ayuda al transporte marítimo a las actividades de remolque neerlandesas realizadas dentro y alrededor de los puertos comunitarios [310]. Como el remolque en puerto se considera un servicio portuario que no constituye una actividad de «transporte marítimo», la concesión de ayudas al transporte marítimo para tales servicios se calificó de incompatible con el mercado común. En el pasado ya se habían concedido ayudas de este tipo, por lo cual la Comisión decidió que los Países Bajos debían recuperar las ayudas en cuestión con efecto a partir del 12 de septiembre de 1990.

[310] Asunto C 56/2001, DO L 314 de 18.11.1997.

498. El 20 de diciembre de 2001, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto a un régimen de ayudas italiano [311] por el que se concede un incentivo a los armadores para la eliminación de los buques cisterna de casco único de más de veinte años. No obstante, el 17 de julio de 2002 llegó a la conclusión de que el régimen prestaría una contribución importante a la protección del medio ambiente y la seguridad marítima.

[311] Asunto C 97/2001 (ex N 93/2001), Seguridad del transporte marítimo, Decisión de la Comisión de 20.12. 2001.

499. El 2 de julio de 2002, la Comisión aprobó una ayuda relativa a las obligaciones de servicio público con respecto a los servicios marítimos en Córcega [312]. El 17 de julio de 2002, la Comisión autorizó una ayuda de 22,5 millones de euros en forma de préstamo para rescatar la empresa Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) [313]. La ayuda la concederá el Estado francés a través de una sociedad denominada Compagnie générale maritime et financière (CGMF), que es propiedad íntegra del Estado. Además, la Comisión incoó el procedimiento de investigación formal el 19 de agosto de 2002 contra el proyecto de ayuda de reestructuración a SNCM [314].

[312] N 781/01, Conexión marítima con Córcega, DO C 186 de 6.8.2002.

[313] Asunto NN 27/2002, pendiente de publicación.

[314] Asunto C 58/02 (ex N 118/2002). DO C 308 de 11.12.2002.

500. La Comisión no formuló objeciones contra la prórroga en 2002 de un régimen de ayudas italiano por el que se reducen las cargas sociales de las compañías marítimas en el sector del cabotaje [315]. La Comisión ya había autorizado el régimen para el periodo 1999-2001.

[315] Asunto N 519/02, Prórroga del régimen de desgravación de las cotizaciones sociales en el sector del cabotaje marítimo, Decisión de la Comisión de 6.9.2002. DO C 262 de 29.10.2002.

501. El 2 de octubre de 2002, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto a un proyecto de ayuda a la inversión del Reino Unido a la empresa Clydeboyd Ltd [316] para ampliar la zona de atraque y mejorar las instalaciones de mantenimiento de carga. La Comisión dudaba de la proporcionalidad de la aportación estatal y temía su posible efecto negativo sobre las infraestructuras existentes.

[316] C 62/02 (ex N 221/02). DO C 269 de 5.11.2002.

502. Asimismo, la Comisión dio el visto bueno a una ayuda de formación marítima de Alemania para 2002 [317], en consonancia con la aprobación de otros regímenes alemanes similares en 1998, 1999, 2000 y 2001. El régimen de ayudas contribuirá a preservar el know-how y la pericia técnica a bordo de buques mercantes alemanes. Tampoco formuló objeciones respecto de las ayudas públicas concedidas por la región de Flandes para financiar las oficinas de comandancia de los puertos marítimos belgas [318].

[317] Asunto NN 94/2002 - Alemania. Decisión de la Comisión de 30.10.2002, pendiente de publicación.

[318] Asunto N 438/02 - Bélgica. Decisión de la Comisión de 16.10.2002. DO C 284 de 21.11.2002.

503. El 13 de noviembre de 2002 se autorizó un régimen danés de reducción del impuesto sobre la renta [319] para los marinos a bordo de buques daneses matriculados en el primer registro (DAS) o en el segundo registro (DIS). El 2 de diciembre de 2002, la Comisión decidió no formular cargos contra una pequeña enmienda de un régimen por el que se reduce el impuesto municipal aplicable a las compañías marítimas [320]. En un asunto relativo a Irlanda, se consideró que la reducción de 169 a 161 días en el periodo mínimo a bordo necesario para acogerse al régimen de desgravación fiscal de los trabajadores del mar (Seafarers' Income Tax Allowance Scheme) [321] no vulneraba las conclusiones de su decisión de 2 de marzo de 1999 y sostuvo que el régimen modificado seguiría siendo compatible con el mercado común.

[319] Asunto NN 116/1998 - Dinamarca. Decisión de la Comisión de 13.11.2002.

[320] Asunto N 662/2002 - Francia - Decisión de la Comisión de 2.12.2002.

[321] Asunto N 661/2002 - Irlanda. Decisión de la Comisión de 2.12.2002. DO C 15 de 22.1.2003.

3.6. Transporte aéreo

504. Ante las consecuencias de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que obligaron al sector de los seguros a reconsiderar la situación y suprimir en un breve plazo prácticamente toda la cobertura frente a riesgos de guerra y de terrorismo, la Comisión prosiguió la aplicación de la política definida en su Comunicación de 10 de octubre de 2001 [322]. En este documento, en efecto, la Comisión señalaba que si persistía la crisis de la insuficiente cobertura de los seguros, los Estados miembros podrían seguir ofreciendo una garantía de seguro complementaria o asumir ellos mismos el riesgo. Así, la posibilidad de intervención estatal fue prorrogada tres veces : hasta el 31 de marzo, hasta el 30 de junio y, por último, hasta el 31 de octubre de 2002 [323]. Asimismo, en su Comunicación había definido las condiciones en las cuales las medidas adoptadas por los gobiernos en el campo de los seguros se considerarían compatibles con la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado. En efecto, esta disposición permite a los Estados miembros conceder ayudas para « reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional». En consecuencia, la Comisión examinó las medidas, que le fueron notificadas, en cada procedimiento de prórroga sobre la base de este artículo [324].

[322] Comunicación de la Comisión Europea de 10 de octubre de 2001: Consecuencias de los atentados sufridos por los Estados Unidos para la industria del transporte aéreo, COM (2001) 574.

[323] Comunicación de 2.7.2002, COM (2002) 320 final.

[324] Asunto NN 34/2002 - Irlanda, Régimen de seguros en el sector aéreo, Decisión de la Comisión de 27.2.2002. Asunto NN 35/2002 - Países Bajos, «Maatregeleninzake overheisdekking voor molestschade in de luchtvaartsector», Decisión de la Comisión de 27.2.2002. NN 43/2002 - Reino Unido, Ampliación del régimen de seguros en el sector aéreo, Decisión de la Comisión de 27.02.2002, NN 45/2002 - Finlandia, Decisión de la Comisión de 6.3.2002.

505. Asimismo, se autorizaron los regímenes de compensación establecidos por varios Estados miembros para cubrir las pérdidas de las compañías aéreas a raíz del cierre de zonas del espacio aéreo entre el 11 y el 14 de septiembre de 2001. Con todo, la Comisión consideró que para autorizar estas ayudas era necesario que cumplieran una serie de criterios definidos en su Comunicación.

506. Por este concepto, la Comisión aprobó los regímenes establecidos por Francia, Reino Unido y Alemania mediante decisiones de 30 de enero, 12 de marzo y 2 de julio de 2002 [325], respectivamente. En sentido inverso, el 5 de junio de 2002 decidió incoar el procedimiento de investigación formal contra la prórroga, notificada por Francia, de unas ayudas concedidas para cubrir los costes posteriores al 14 de septiembre de 2001 [326]; el 11 de diciembre de 2002 [327] adoptó una decisión final negativa. Por último, el 16 de octubre de 2002, decidió aprobar parcialmente el régimen previsto por Austria e incoar el procedimiento de investigación formal por las indemnizaciones de los costes posteriores al 14 de septiembre de 2001 [328]. La Comisión prosigue su examen de la compatibilidad de regímenes de urgencia similares notificados por otros Estados miembros.

[325] N 806/2001 - Francia, DO C 59 de 6.3.2002, p. 25; N 854/2001 - Reino Unido, DO C 98 de 23.4.2002, p. 36; N 269/2002 - Alemania, pendiente de publicación en el DO.

[326] C 42/2002 (ex N 286/2002), DO C 170 de 16.7.2002, p 11.

[327] C 42/2002 (ex N 286/2002), pendiente de publicación en el DO.

[328] C 65/2002 (ex N 262/2002), DO C 309 de 12.12.2002.

507. Por otro lado, el 6 de marzo de 2002 [329] la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a Grecia por supuesta utilización abusiva de unas ayudas estatales autorizadas en 1994 y en 1998 [330], y por la concesión de una nueva ayuda a la compañía aérea Olympic Airways (OA) y a sus filiales. El 11 de diciembre de 2002, la Comisión puso de manifiesto la incompatibilidad con el mercado común de una parte de las ayudas concedidas previamente por el Estado griego [331] y la concesión de otras ayudas ilegales no notificadas. Por tanto, instó a Grecia a recuperar las ayudas desembolsadas a partir del 14 de agosto de 1998.

[329] C 19/2002 (ex NN 133/2000), DO C 98 de 23.4.2002, p.8.

[330] DO L 128 de 21.5.1999, p.1 y DO L 273 de 25.10.1994, p. 22.

[331] Según el apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

508. El 9 de abril de 2002, la Comisión decidió no oponerse a las medidas de refinanciación previstas por la TAP [332]. Se consideró que el plan de la compañía portuguesa de liberar varias garantías y emplear los activos liberados para avalar estructuras financieras adicionales no constituía una ayuda estatal.

[332] Asunto N 132/02.

509. El 19 de junio de 2002 [333] se autorizaron dos ayudas financieras a Alitalia (Italia). En el primer caso, la Comisión consideró compatible con el Tratado el pago del tercer tramo de la ayuda de reestructuración autorizada en 1997, de 129 millones de euros. En el segundo, no consideró constitutiva de ayuda la ampliación de capital prevista, por un importe máximo de 1.400 millones de euros, que será sometida a los accionistas de la compañía, al cumplirse el criterio del inversor privado que actúa en una economía de mercado.

[333] C 54/96 y N 318/02, pendientes de publicación en el DO.

510. Por último, el 11 de diciembre de 2002, decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto a las ventajas obtenidas por la compañía Ryanair cuando se instaló por primera vez en Europa continental, en Charleroi, en el año 2001. Las ventajas fueron otorgadas por la región valona (reducción de tasas aeroportuarias en condiciones opacas y discriminatorias) y por el administrador del aeropuerto, una empresa pública controlada por la región (subsidios para la apertura de nuevas líneas, gastos de hotel del personal, cobertura de costes de publicidad y mercadotecnia, etc.).

511. En la misma fecha, la Commission también incoó el procedimiento con respecto a las ayudas concedidas a la compañía aérea Intermediación Aérea (Intermed) para la línea regular que une Gerona y Madrid. Dudaba de que se hubieran cumplido las condiciones específicas que permiten a un Estado miembro imponer obligaciones de servicio público.

4. Agricultura

4.1. Evolución de las políticas comunitarias e iniciativas legislativas adoptadas en 2002

4.1.1. Nuevas Directrices comunitarias sobre la concesión de ayudas estatales en relación con las pruebas de detección de la EET, el ganado muerto y los residuos de los mataderos

512. El 27 de noviembre, la Comisión adoptó las nuevas Directrices comunitarias sobre la concesión de ayudas estatales en relación con las pruebas de detección de la EET, el ganado muerto y los residuos de los mataderos [334]. Estas nuevas Directrices precisan y modifican la política comunitaria en materia de ayudas estatales en estos sectores. Esta medida era necesaria porque la diversidad de las políticas nacionales suponía un riesgo importante de falseamiento de la competencia.

[334] DO C 324 de 24.12.2002.

513. La normativa sobre la EEB modificó sustancialmente los datos financieros sobre los residuos de los mataderos. Productos que en el pasado eran valiosos no son ahora sino desperdicios que han de eliminarse, y ello a un coste elevado.

514. Para permitir al sector adaptarse a la situación, la Comisión autorizó la concesión de ayudas públicas importantes. Pero estas ayudas pueden falsear significativamente la competencia. Unos Estados miembros conceden ayudas cuantiosas, mientras otros no lo hacen. Por tanto, resultaba preciso reexaminar la política seguida. Las nuevas normas, por tanto, toman en consideración la necesidad de protección de la salud humana y del medio ambiente, lo que justifica la concesión de ayudas sin que se falsee de forma indebida la competencia.

515. Las nuevas Directrices no afectan a la posibilidad de conceder ayudas estatales ni a la obligación legal, establecida por reglamentos concretos del Consejo, de compensar las pérdidas sufridas por los agricultores cuyos animales estén afectados por la EEB o una enfermedad comparable. Más bien tratan de reducir la carga financiera permanente que se deriva de la obligación general de efectuar las pruebas de detección y de separar los materiales de riesgo de los animales sanos.

516. A partir de ahora no se concederán más ayudas para cubrir el coste de eliminación de los residuos de los mataderos de cualquier tipo. Con carácter excepcional, los Estados miembros todavía pueden subvencionar hasta el 50 % de los gastos de eliminación de los materiales especificados de riesgo y la harina de carne y huesos producidos en el año 2003 que carezcan de salidas comerciales.

517. En cuanto a las pruebas de detección de la EET, las ayudas que concedan los Estados miembros no podrán superar 40 euros por prueba en el caso del ganado vacuno sacrificado para el consumo humano a partir del 1 de enero de 2003. Ahora no existe ningún importe máximo de este tipo. Este importe abarca el coste total de la prueba de detección, es decir, el kit de prueba y las operaciones de obtención, transporte, almacenamiento y destrucción de la muestra. Conviene recordar que, de estos 40 euros, actualmente la Comunidad paga 15 (10,5 euros en 2003). Este importe máximo se ha considerado suficiente para cubrir el precio de los proveedores de kits de prueba más competitivos de la Unión Europea. La función de este límite de 40 euros es evitar que se falsee la competencia e incitar a los proveedores más caros a bajar sus precios. En relación con las demás pruebas de detección de la EET (por ejemplo, sobre ganado vacuno u ovino muerto), la Comisión decidió continuar autorizando las ayudas estatales hasta el 100 % de los gastos, sin limitar su importe.

518. En el caso del ganado muerto en la explotación, y solamente en estos casos, los Estados miembros podrán asimismo conceder ayudas estatales que cubran hasta el 100 % de los costes de eliminación (recogida y transporte) y hasta el 75 % de los costes de destrucción (almacenamiento, transformación, destrucción y eliminación final). Podrán concederse ayudas a la destrucción del 100 % en determinadas circunstancias, por ejemplo si la ayuda se financia mediante tasas o contribuciones del sector cárnico. Para permitir a los Estados miembros adaptar sus actuales mecanismos de financiación, la Comisión, hasta finales de 2003, autorizará las ayudas hasta el 100 % de los costes.

519. Estas Directrices serán de aplicación a las nuevas ayudas estatales, incluidas las notificaciones pendientes de los Estados miembros, a partir del 1 de enero de 2003. La Comisión propone a estos últimos adaptar sus actuales regímenes de ayudas estatales a las Directrices antes del 31 de diciembre de 2003. Estas Directrices estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013.

4.2 Asuntos examinados

520. La Comisión recibió 341 notificaciones de proyectos de ayudas al sector agrario y agroindustrial. Asimismo, inició el examen de 34 ayudas, que no habían sido notificadas previamente con arreglo al apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE. No se inició ni concluyó ninguna revisión de ayudas existentes con arreglo al apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE. En conjunto, la Comisión no formuló objeciones en 250 casos. Algunas de estas medidas fueron aprobadas después de que los Estados miembros correspondientes las modificaran o se comprometieran a modificarlas a fin de compatibilizarlas con la normativa comunitaria sobre ayudas estatales. La Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 con respecto a cinco casos que suscitaban serias dudas de incompatibilidad con el mercado común. La Comisión concluyó el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 con respecto a cuatro asuntos; en tres de ellos adoptó una decisión final negativa. En todas las decisiones negativas en las que el Estado miembro ya había desembolsado las ayudas estatales, la Comisión exigió la recuperación de los importes abonados.

521. El resumen de los asuntos examinados que figura a continuación incluye una selección de aquellos que suscitaron los aspectos más interesantes de la política de ayudas estatales en el sector agrario y agroindustrial en 2002.

4.2.1. Desastres naturales

522. La Comisión Europea aprobó cinco regímenes de ayudas destinadas a compensar a las víctimas en el sector agrario del daño causado por lar recientes inundaciones en Alemania. Estos regímenes fueron examinados rápidamente y se concluyó que podía pagarse en su totalidad la compensación propuesta por Alemania. Las medidas se consideraron compatibles con la letra b) del apartado 2 del artículo 88, que establece que la Comisión puede autorizar las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales. Las medidas aprobadas son las siguientes:

- Se otorgará una compensación financiera de hasta un total del 20% (30% en zonas desfavorecidas) a los agricultores por la pérdida de ingresos a raíz de las inundaciones y los daños en los terrenos [335].

[335] N 567/2002.

- Se concederán pagos inmediatos de hasta un total del 50% por los daños originados por las inundaciones y, en particular, por la pérdida, destrucción y daños en bienes económicos, tales como plantas, máquinas, terrenos y ganado. Los agricultores serán compensados por las pérdidas de capital circulante y por los costes de evacuación [336].

[336] N 581/2002.

- También se concederán ayudas para la compensación total o parcial de pérdidas en inversiones inmobiliarias con objeto de mantener en funcionamiento las explotaciones [337].

[337] N 595/2002.

- El programa especial del Régimen Común de Agricultura (Gemeinschaftsaufgabe) para daños de las inundaciones cubre especialmente las ayudas para la restauración de pueblos, vías rurales y forestales y actividades acuícolas. Se hace especial hincapié en la restauración ecológica [338].

[338] N 647/2002.

- Los préstamos del Landwirtschaftliche Rentenbank serán respaldados mediante una garantía del 80 % sobre los préstamos de liquidez o para cubrir inversiones en explotaciones agrarias y forestales [339].

[339] N 682/2002.

523. El 18 de septiembre, la Comisión aprobó un gran régimen de ayudas destinadas a compensar las pérdidas ocasionadas por desastres naturales en Grecia [340]. El método de cálculo de las pérdidas no se basa en la producción global de años de referencia, que es el principal método de cálculo preconizado por las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario, sino sobre los rendimientos departamentales (las Directrices citadas prevén la posibilidad de emplear otros métodos de cálculo distintos al que establecen, siempre que se demuestre su idoneidad). El presupuesto de este régimen es muy elevado: más de 171 millones de euros para las ayudas estatales y más de 126 millones de euros para las ayudas que las autoridades griegas desean que sean cofinanciadas por la Unión Europea y que aún están siendo examinadas.

[340] N 143/2002.

4.2.2. Promoción comercial y actividades publicitarias

524. El 13 de febrero, la Comisión autorizó a Alemania (Baviera) a abonar una ayuda de 3,5 millones de euros en 2002 para la introducción de una nueva etiqueta de calidad. Para los años 2003 y 2004, se aprobó un presupuesto de más de 2 millones de euros. La etiqueta de calidad forma parte de un ambicioso programa de garantía y control de calidad introducido para recuperar la confianza de los consumidores tras una caída significativa de las ventas de carne de vacuno a raíz de la crisis de la EEB. Pueden acceder a la etiqueta de calidad todas las empresas de la Unión Europea que cumplan los requisitos del programa.

525. Las ayudas cubrirán el coste de varias medidas individuales, tales como:

- controles y certificaciones de las empresas que participen en el programa,

- actividades de información concebidas para proporcionar al consumidor información sobre la etiqueta y su función,

- iniciativas de promoción de ventas y actividades publicitarias.

526. Las ayudas se concederán a grupos de usuarios de la etiqueta de calidad, tales como asociaciones de mercadotecnia u otras empresas del ámbito de la producción de alimentos. Los usuarios de la etiqueta deberán reunir las condiciones en materia de producción, procesamiento y comercialización de ganado y carne de vacuno y se someterán a unas normas de control mucho más estrictas que las habituales. También está previsto ampliar en el futuro el uso de la etiqueta a productos distintos de la carne de vacuno.

527. La Comisión autorizó esta ayuda con arreglo a las nuevas Directrices sobre ayudas estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE y de determinados productos no incluidos en el mismo, que entraron en vigor el 1 de enero de 2002. Estas Directrices permiten, por primera vez, combinar en una misma etiqueta información sobre calidad y sobre origen de los productos. La etiqueta para la cual la Comisión ha autorizado la concesión de una ayuda estatal permite a los productores del conjunto de la Comunidad indicar el origen respectivo de sus productos.

528. El 27 de febrero, la Comisión autorizó un régimen nacional de ayudas a la promoción y a la publicidad [341] en Italia. Este régimen modifica regímenes análogos ya autorizados por la Comisión en el marco de los asuntos n° N 558/2000 [342] y N 729/A/2000 [343], a fin de compatibilizarlos con las disposiciones de las Directrices sobre ayudas estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE y de determinados productos no incluidos en el mismo [344].

[341] N 30/2002.

[342] Carta SG (2001) D/286564 de 28.2.2001.

[343] Carta SG (2001) D/286847 de 13.3.2001.

[344] DO C 252 de 12.9.2001, p. 5.

529. Se trata de uno de los primeros casos de aplicación a gran escala (todas las formas de asociación representativas de los productores agrarios son beneficiarios potenciales del régimen) de las citadas Directrices. La aplicación del régimen será verificada en los informes anuales que las autoridades italianas deberán presentar.

4.2.3. Subida del coste del carburante

530. El 11 de diciembre, la Comisión adoptó una decisión parcialmente negativa con respecto a las medidas de apoyo adoptadas por España a raíz de la subida del precio del carburante, con respecto a las cuales había incoado el procedimiento de investigación formal en abril de 2001 [345]. La Comisión consideró que diversas medidas ligadas directamente a esa subida del precio no entraban en el ámbito de las normas sobre ayudas estatales. Por el contrario, en el caso de dos de las medidas (préstamos y garantías bonificados y determinadas ventajas fiscales), consideró que España no había podido demostrar que se limitaban a compensar los daños sufridos a raíz de esta subida del precio del carburante. Así pues, la Comisión concluyó que estas medidas eran ayudas de funcionamiento incompatibles con la normativa de competencia.

[345] C 22/2001.

531. La Comisión decidió que, en los términos del Tratado, una serie de medidas no eran constitutivas de ayuda. Se trata de las siguientes:

- modificación de la Ley del impuesto sobre el valor añadido;

- medidas fiscales en favor de las cooperativas agrarias;

- medidas fiscales en relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas y con el IVA, que incluye las siguientes:

- para el ejercicio 2000, aplicación de determinadas actividades ganaderas sujetas al régimen de estimación objetiva de un índice corrector por piensos adquiridos a terceros;

- para el ejercicio 2001, reducción del rendimiento neto en el marco del régimen de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las actividades agrícolas y ganaderas;

- también para el ejercicio 2001, reducción del porcentaje para determinar las cuotas trimestrales en el régimen simplificado del IVA de determinadas actividades agrarias, así como una medida fiscal consistente en el incremento del porcentaje de gastos de difícil justificación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

532. Por el contrario, la Comisión decidió que las ayudas estatales concedidas a los titulares de explotaciones agrarias en forma de bonificación de préstamos y garantías, así como la medida de prórroga a los ejercicios 2000 y 2001 de los beneficios fiscales aplicables en el contexto del impuesto sobre la renta de las personas físicas a la transmisión de determinadas fincas rústicas y explotaciones agrícolas, eran incompatibles con el mercado común. En relación con estas medidas, España no facilitó información que demostrara la existencia de un vínculo entre la subida del precio del petróleo y los daños sufridos por los agricultores. Al tratarse de ayudas ilegales, España debe anular estas ayudas y recuperarlas sin dilación de sus beneficiarios. España deberá informar a la Comisión en el plazo de dos meses de las medidas adoptadas para suprimir y recuperar estas ayudas.

4.2.4. Incoación del procedimiento de investigación formal

Ayudas a las industrias extractoras, refineras y envasadoras de aceite de orujo de oliva

533. El 14 de marzo la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto a un régimen de ayudas de España en apoyo de las industrias extractoras, refineras y envasadoras de aceite de orujo de oliva [346]. Las ayudas consisten en préstamos por un importe global máximo de 5000 millones de pesetas (30,05 millones de euros) y de interés bonificado concedidos por el Ministerio de Agricultura, que también podrá subvencionar los avales sobre estos préstamos.

[346] C 21/2002 (ex NN 14/2002).

534. La Comisión, en esta etapa, considera que estas ayudas constituyen ayudas estatales destinadas a mejorar la situación financiera de las explotaciones pero que no contribuyen de ninguna manera al desarrollo del sector. Por consiguiente, podrían ser ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado común. Además, cabe la posibilidad de que infrinjan la normativa comunitaria (OCM).

Ayudas a las organizaciones de productores de aceite de oliva

535. El 19 de julio, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto a un régimen de ayudas regionales de Extremadura (España) en beneficio de las organizaciones de productores de aceite de oliva. Las ayudas, consistentes en una subvención calculada en función del número de solicitudes de ayudas a la producción de aceite y de aceitunas de mesa, complementa la ayuda comunitaria prevista en el Reglamento (CEE) n° 136/66.

536. En la fase actual, la Comisión considera que una subvención concedida a las organizaciones de productores que se calcula en función del número de solicitudes de ayudas a la producción de aceite y de aceitunas de mesa es una ayuda destinada a mejorar la situación financiera de las agrupaciones que no contribuye en modo alguno al desarrollo del sector. Por tanto, estas ayudas deben considerarse ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado común. Además, se trata de ayudas que pueden interferir en los mecanismos que regulan las organizaciones comunes de mercado e infringir dichos mecanismos y, en consecuencia, la normativa comunitaria.

Ayuda para financiar el servicio público de recogida y eliminación de residuos cárnicos

537. El 10 de julio, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto a determinados elementos del sistema de recogida y eliminación de residuos cárnicos en Francia [347]. La Comisión recibió varias denuncias que apuntaban al falseamiento de la competencia que producía el impuesto de recogida y eliminación de tales residuos. Este impuesto tiene por objeto financiar un servicio público que consiste en la recogida y eliminación de los cadáveres animales y residuos de matadero considerados no aptos para el consumo humano o animal. Instituido con efecto a partir del 1 de enero de 1997, grava la adquisición de carne y otros productos determinados por parte de quienes se dedican a la venta de tales productos al por menor; la base imponible es el valor, sin IVA, de todas las adquisiciones, sea cual sea su procedencia.

[347] C 49/2002.

538. El examen de la Comisión se refiere ante todo al hecho de que el impuesto, introducido para financiar el sistema, también grava la carne procedente de los demás Estados miembros sin que esta carne pueda beneficiarse del sistema de recogida y eliminación de los residuos. Además, el carácter gratuito del servicio parece redundar en que sus beneficiarios directos, en particular los mataderos, ganaderos y propietarios de harinas animales, se ven eximidos de sufragar los gastos derivados de la eliminación de los residuos producidos en el ejercicio de su actividad. Ello podría constituir una ayuda estatal, quizás incompatible, en favor de estos operadores.

539. La Comisión también examinó el hecho de que el impuesto se aplique a partir de un determinado volumen de negocios total de la empresa, y no sobre la base de las cifras de ventas de carne. En efecto, algunas empresas quedan exentas del impuesto incluso en el supuesto de que vendan más carne que otras empresas que realicen un volumen de negocios más elevado con otros productos. Esta exención podría ser constitutiva de una ayuda estatal incompatible en favor de las empresas que no están sujetas al impuesto.

540. Por otro lado, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronunció sobre una cuestión prejudicial sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 87 del Tratado [348] en relación con el impuesto de recogida y eliminación de residuos cárnicos.

[348] Asunto C-126/01, Ministro de Economía, Hacienda e Industria/S.A. GEMO.

Régimen de ayudas para la racionalización de los mataderos de porcinos

541. El 28 de diciembre de 2001, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto a un régimen notificado sobre racionalización de los mataderos de porcinos en los Países Bajos [349]. A la luz de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto Weyl Beef Products BV y otros/Comisión [350], se consideró necesario enjuiciar si la medida notificada, que consistía en un acuerdo entre empresas para reducir capacidades, se ajustaba al artículo 81 del Tratado CE. La Comisión dudaba que la medida pudiera quedar exenta como constitutiva de un cartel de crisis, porque al parecer no había exceso de capacidad estructural en el sector y, además, era discutible que la medida fuera a mejorar la producción. Por último, la Comisión también dudaba de la compatibilidad de la medida propuesta con lo dispuesto en la sección 9 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario. Por carta de 5 de agosto de 2002, las autoridades neerlandesas retiraron la notificación de la medida. Por tanto, no se adoptará una decisión final en el presente asunto.

[349] Asunto C 91/2001 (ex N 568/2001) DO C 37 de 9.2.2002, p. 17.

[350] Asuntos acumulados T-197/97 y T-198/97, 31.1.2001.

5. Pesca

542. Habida cuenta de sus características sociales y económicas, el sector de la pesca estuvo sujeto, durante el periodo de referencia, a una amplia intervención pública, tanto a escala comunitaria como nacional.

543. A la luz de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura [351], la Comisión evaluó la compatibilidad con la normativa comunitaria de algunos regímenes de ayudas nacionales en el sector de la pesca.

[351] DO C 19 de 20.1.2001.

544. En diciembre de 2002, el Consejo acordó la reforma de la política pesquera común. El Reglamento nº 2369/2002 del Consejo [352] simplificó el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 2792/1999, que determina en qué medida las normas sobre ayudas estatales del Tratado son aplicables al sector pesquero.

[352] Reglamento nº 2369/2002 del Consejo, que modifica el Reglamento (CE) nº 2792/1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, DO L 358 de 31.12.2002, p. 49.

545. Para acelerar el pago de los Fondos Estructurales de la Comunidad y reducir la carga administrativa que recae sobre los Estados miembros y la Comisión como resultado de las decisiones positivas «rutinarias» en materia de ayudas estatales, sin que se suavice el sistema de control de las ayudas estatales, desde el 1 de enero de 2003 ya no se aplican los artículos 87 - 89 a los pagos de los Estados miembros, pasados o futuros, que constituyan la cofinanciación nacional obligatoria del gasto con arreglo a las normas del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca. Sin embargo, los artículos 87 - 89 siguen siendo aplicables a cualquier ayuda que exceda de lo obligatorio con arreglo a estas normas. Asimismo, se mantendrá el control ex post en el momento del reembolso de los Estados miembros con arreglo a las normas de los Fondos Estructurales.

546. El 27 de noviembre, la Comisión aprobó un régimen de ayudas notificado por las autoridades neerlandesas, destinado a la readquisición, durante el año 2003, de licencias de pesca « reservadas» [353]. Estas licencias, que dan derecho a practicar actividades de pesca, no están ligadas a un barco determinado sino que sus titulares las sacan al mercado. Pueden ser adquiridas por los armadores de barcos pesqueros en cualquier momento, dentro de un límite de dos años a partir de su emisión.

[353] N 546/2001.

547. El régimen de ayudas notificado, cuyo importe asciende a 900 000 euros, tiene por objetivo la readquisición de licencias reservadas por el Estado neerlandés al precio de mercado, con vistas a su retirada de la circulación, y ante la perspectiva de la desaparición de estas licencias el 1 de enero de 2004. Los Países Bajos han dado garantías de que no se concederán más ayudas a tal fin y de que el sistema de las licencias reservadas expirará en 2004.

548. En noviembre de 2002, la Comisión adoptó dos decisiones finales positivas [354] sobre sendos regímenes cuyo objetivo consistía en compensar a los pescadores a quienes se obligó a suspender temporalmente su actividad en 2000. En el caso de uno de los dos regímenes, la cesación temporal de la actividad pesquera la provocó un caso de contaminación, y en el otro, formaba parte de un plan de protección de los recursos marinos. En la misma fecha, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a unos regímenes similares establecidos en el contexto de planes de protección de los recursos marinos para los años 2001 y 2002 [355].

[354] C 83 y C 84/2001.

[355] NN 159/2001 y NN 107/2002.

D - Procedimientos

1. Ayudas existentes

549. El 16 de octubre de 2002, la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal contra unas ayudas existentes pagadas a los productores alemanes de aguardiente de cereales (Kornbranntwein [356]). Esta decisión se produjo a raíz de la negativa de las autoridades alemanas a ajustarse a la Recomendación de la Comisión adoptada el 19 de junio de 2002, por la que se las invitaba a incorporar en su legislación, antes de finales del año 2003, las medidas necesarias para reformar su ley sobre el monopolio del aguardiente de cereales. En su forma actual, el régimen alemán otorga una ayuda a los productores nacionales de la que no se benefician los productores de los demás Estados miembros. Las autoridades alemanas consideran que a este producto se le deben aplicar las normas agrícolas, poco vinculantes, mientras que la Comisión considera que el aguardiente de cereales, al ser una bebida espirituosa, está sujeto a las normas de los artículos 87 y 88 del Tratado CE.

[356] E 47/2002.

550. La posición común de la UE sobre el capítulo de la competencia, adoptada en noviembre de 2001, establece un procedimiento para evaluar las medidas de ayuda estatal que entren en vigor antes de la fecha efectiva de la adhesión y que los países candidatos deseen mantener más allá de esa fecha.

551. El proyecto del Tratado de Adhesión establece que se considerarán ayudas existentes, en el sentido del apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE, en la fecha de la adhesión las siguientes medidas de ayuda estatal:

(a) las medidas de ayuda que hayan entrado en vigor antes del 10 de diciembre de 1994;

(b) las medidas de ayuda enumeradas en un apéndice al Tratado de Adhesión (la llamada «lista del Tratado»);

(c) las medidas de ayuda que, con anterioridad a la fecha de la adhesión, hayan sido evaluadas por la autoridad de control de ayudas estatales del nuevo Estado miembro y declaradas compatibles con el acervo, y respecto de las cuales la Comisión no haya planteado objeciones por albergar serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común (el llamado «procedimiento provisional»).

552. Las medidas que constituyan una ayuda estatal y no cumplan las condiciones mencionadas se considerarán ayudas nuevas en el momento de la adhesión a efectos de la aplicación del apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE.

553. Las disposiciones mencionadas no se aplican a las ayudas en el sector del transporte, ni a las destinadas a actividades relacionadas con la producción, transformación o comercialización de los productos que figuran en el Anexo I del Tratado CE, a excepción de los productos pesqueros y productos derivados de éstos. Las disposiciones citadas también se entenderán sin perjuicio de las medidas transitorias relativas a la política de competencia establecidas en el proyecto de Tratado de adhesión.

554. La lista del Tratado se elaboró a lo largo de 2002 sobre la base de las medidas presentadas por los países candidatos. A finales de octubre de ese año, los países candidatos habían presentado 322 medidas de ayuda estatal (el 57% eran casos de ayudas individuales y el 43% regímenes de ayuda). Los servicios de la Comisión evaluaron estas medidas sobre la base de la información proporcionada por los países candidatos y concluyeron que el 69% de las medidas presentadas eran compatibles con el acervo. Por consiguiente, estas medidas se propusieron para su inclusión en la lista del Tratado.

2. Ayudas exentas

555. Los reglamentos de exención se han adoptado para facilitar la concesión de ayudas por los Estados miembros a determinados sectores. La consecuencia práctica es que los Estados miembros no tienen que notificar sus proyectos oficialmente a la Comisión antes de conceder las ayudas.

556. No obstante, para que la Comisión pueda ejercer sus tareas de control también en esos sectores, los Estados miembros tienen que presentarle un informe anual en el que consten las ayudas concedidas conforme a los reglamentos de exención.

557. Es necesario mejorar los informes presentados por los Estados miembros. La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa de formación de gran alcance dirigida a los Estados miembros, cuyo objetivo es hacerles ver la utilidad de unos informes más transparentes en el ámbito de las ayudas estatales, así como establecer los requisitos mínimos para una información apropiada que permita a la Comisión cumplir con sus obligaciones de supervisión.

3. Recuperación de ayudas

558. El 12 de marzo, la Comisión ordenó la recuperación de una ayuda de 7,83 millones de euros de la empresa alemana Neue Erba Lautex GmbH (NEL) y su matriz, la quebrada Erba Lautex GmbH. Estas dos entidades jurídicas forman un grupo que se mantuvo artificialmente con vida gracias a esta nueva ayuda y a una ayuda no recuperada de 61,36 millones de euros, que ya se había declarado incompatible en julio de 1999. La Comisión no podía permitir que una empresa que no había reembolsado una ayuda declarada incompatible dos años y medio antes creara una filial como mero vehículo para obtener más ayudas estatales y seguir falseando la competencia. En su Decisión, la Comisión señaló, en primer lugar, que NEL no era una nueva empresa independiente, sino que formaba un grupo con su matriz, la quebrada Erba Lautex GmbH. En segundo lugar, determinó que la ayuda no era compatible con el mercado común porque era manifiesto que no cumplía las condiciones establecidas en las Directrices de salvamento y reestructuración. Por último, concluyó que la nueva ayuda y la ayuda no recuperada declarada incompatible en julio de 1999 surtían un efecto negativo acumulativo sobre la competencia, ya que agudizaban el falseamiento de la competencia.

559. El 30 de octubre, la Comisión ordenó, al término de tres años de investigación, la recuperación de ayudas incompatibles por valor de 15,7 millones de euros del fabricante de porcelana de Alemania oriental Kahla (Turingia) [357]. La Decisión se refiere a dos entidades jurídicas distintas: Kahla Porzellan GmbH (Kahla I) --una empresa fabricante de porcelana privatizada en 1991 y declarada en quiebra en 1993 tras sufrir importantes pérdidas-- y su sucesora legal, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla II) --creada en 1993 para hacerse cargo de los activos de la quebrada Kahla I y continuar sus actividades en la producción de porcelana para uso doméstico y de hostelería--. El procedimiento de investigación formal se había iniciado en noviembre de 2000 y se amplió en noviembre de 2001. La investigación abarcó un total de 33 medidas en favor de Kahla I y Kahla II, que sumaban unos 79 millones de euros. De entre las diez medidas en favor de Kahla I, la Comisión consideró que unos 37 millones de euros no constituían ayudas estatales y otros 19 millones de euros estaban cubiertos por regímenes de ayudas autorizados. Los 3 millones de euros restantes se evaluaron con arreglo a las Directrices de salvamento y reestructuración y se declararon incompatibles por no cumplir los criterios de dichas Directrices. La Comisión concluyó que las 23 medidas en favor de Kahla II constituían ayudas. De esa cantidad total, unos 7,3 millones de euros estaban cubiertos por regímenes de ayudas autorizados y los 12,7 millones de euros restantes se evaluaron como ayudas ad hoc. Diversos informes elaborados en el momento de la creación de la empresa indicaban claramente que Kahla II había estado en dificultades desde su creación hasta 1996, Por lo tanto, las ayudas concedidas durante ese período se evaluaron sobre la base de las Directrices de salvamento y reestructuración. No obstante, al no existir un plan de reestructuración viable ni una contribución sustancial a la reestructuración, estas ayudas se declararon incompatibles. Las ayudas concedidas a partir de 1996 se evaluaron como ayudas regionales a la inversión. Sin embargo, puesto que se trataba claramente de una ayuda de funcionamiento no vinculada a una inversión inicial, también se declararon incompatibles. Kahla I y Kahla II deben reembolsar las ayudas incompatibles por importe de 15,7 millones de euros.

[357] C62/00.

Recuperación de ayudas y utilización del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE por parte del Consejo

560. El 27 de febrero de 2002 la Comisión Europea decidió interponer un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia contra una decisión del Consejo de Ministros [358] de 21 de enero de 2002, por la que se autorizaba a Portugal a conceder ayudas estatales por un importe máximo de 16,3 millones de euros a los ganaderos de porcino. El importe de esta ayuda es equivalente al que deberían haber reembolsado 2116 ganaderos en virtud de dos Decisiones finales negativas de la Comisión de 25 de noviembre de 1999 [359] y 4 de octubre de 2000 [360].

[358] Decisión 2002/114/CE de 21 de enero 2002, DO L 43 de 14.2.2002, p. 18.

[359] DO L 66/20 de 14.3.2000.

[360] DO L 29/49 de 31.1.2001.

561. Al estimar que estas medidas debían considerarse ayudas incompatibles con los artículos del Tratado referentes a las ayudas estatales (artículos 87 y 88), la Comisión exigió a Portugal que adoptara las medidas oportunas para recuperar los importes ilegalmente concedidos. Portugal siguió sin oponerse a estas Decisiones, dado que no interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia.

562. De hecho, las autoridades portuguesas pusieron en marcha el procedimiento de recuperación de las ayudas incompatibles, pero después cambiaron de parecer y, por carta de 23 de noviembre de 2001, solicitaron formalmente la autorización del Consejo, en virtud del procedimiento previsto en el artículo 88 del Tratado, para conceder ayudas por un importe total de 16,3 millones de euros a los 2116 beneficiarios de las dos Decisiones negativas de la Comisión.

563. El Consejo de Ministros de 21 de enero de 2002 adoptó una decisión favorable por la que se autorizaba la concesión de las ayudas en cuestión. La Comisión considera que, en este caso concreto, tal decisión, basada formalmente en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado, constituye un abuso de la citada disposición. El Consejo adoptó la decisión cuando habían pasado más de 15 meses desde la adopción de las Decisiones de la Comisión. Es la primera vez que el Consejo utiliza este procedimiento excepcional para aprobar una ayuda encaminada exclusivamente a anular los efectos económicos de dos Decisiones finales de la Comisión. La Comisión estima que la seguridad jurídica de las decisiones de la Unión Europea se ve seriamente amenazada por esta decisión del Consejo.

564. A juicio de la Comisión, la utilización por el Consejo del procedimiento previsto en el artículo 88 del Tratado para anular de facto y sin limitación temporal los efectos económicos de las dos Decisiones finales citadas

- implica una merma inaceptable de la seguridad jurídica para todos los interesados;

- significa que el Consejo actúa en segunda instancia, atentando de esta manera tanto contra el poder decisorio de la Comisión como contra el poder jurisdiccional del Tribunal de Justicia;

- plantea una cuestión de principio sobre la realidad de la autoridad de la Comisión para decidir la política en materia de ayudas estatales y sobre el reparto de competencias entre las instituciones, tal como dispone el propio Tratado.

En consecuencia, la Comisión ha recurrido este asunto ante el Tribunal de Justicia [361].

[361] Asunto C-110/02, Comisión de las Comunidades Europeas/Consejo de la Unión Europea.

4. Incumplimiento de decisiones

565. En su sentencia de 3 de julio de 2001, el Tribunal de Justicia había consignado el incumplimiento de la Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 1996 por la que se ordenaba la recuperación de las ayudas ilegalmente concedidas en el marco del régimen belga MARIBELbis/ter, que otorga reducciones en las cotizaciones a la seguridad social para los sectores más expuestos a la competencia internacional.

566. A pesar de que Bélgica adoptó el 24 de diciembre de 1999 una ley de recuperación «Maribel quater», la Comisión consideraba que ésta no permitía la recuperación completa de las ayudas en cuestión. En efecto, la ley brindaba a las empresas que habían reembolsado la ayuda la posibilidad de deducir nuevamente de su base imponible el importe reembolsado, con lo que se les volvía a conceder una ayuda de forma indebida. Además, la Comisión consideró abusiva la aplicación de la norma de minimis por las autoridades belgas, en particular porque permitía que se acogieran a ella las empresas de los sectores excluidos (transportes, agricultura, carbón, acero).

567. Dado que no se ejecutó correctamente la sentencia del Tribunal, el 20 de marzo de 2002 la Comisión envió a las autoridades belgas un requerimiento sobre la base del artículo 228 del Tratado, a raíz del cual se suprimió la doble deducción fiscal. En cambio, en esa fase del procedimiento no se había podido resolver el problema planteado por la norma de minimis.

568. En consecuencia, la Comisión decidió el 17 de julio de 2002 enviar a las autoridades belgas un dictamen motivado por incumplimiento de la sentencia. En el supuesto de que no se cumplieran sus exigencias, la Comisión podría recurrir al Tribunal de Justicia con objeto de que se condenara a Bélgica al pago de una multa coercitiva. Este recurso sería el primero de este tipo que se interpone en el ámbito de las ayudas estatales.

5. Sentencias de los Tribunales Europeos

569. El 17 de octubre el Tribunal de Primera Instancia, negando al carácter de ayuda estatal de las medidas impugnadas, anuló la Decisión de la Comisión Europea de 18 de enero de 2000 [362] por la que la Comisión había declarado incompatibles unas ayudas concedidas a Linde AG. En 1996/97, el Treuhandanstalt (THA/BvS), el organismo público alemán encargado de las privatizaciones, que poseía una fábrica de producción de monóxido de carbono en la planta química de Leuna, incurrió en pérdidas sustanciales debido a que había contraído una obligación de suministro a largo plazo económicamente desfavorable frente a Union Chimique Belge (UCB). El precio del monóxido de carbono no cubría ni siquiera el precio de coste. Para atajar sus pérdidas, el THA/BvS subvencionó con 9 millones de DEM la construcción de una nueva planta de monóxido de carbono por Linde. Como contrapartida de la subvención, Linde asumió la obligación de suministro contraída por el THA/BvS con UCB.

[362] Asunto nº COMP C 18/99, 2000/524/CE, DO 2000 L 211, p. 7.

570. La Comisión consideró que la subvención de Linde, a pesar de que presentaba una ventaja económica para el Estado alemán, constituía una ayuda porque había permitido a la empresa hacerse con una nueva instalación de producción sin tener que asumir en su integridad el coste correspondiente. El Tribunal de Primera Instancia negó la existencia de una ayuda debido a las condiciones de mercado específicas del producto en cuestión y, en particular, al hecho de que éste tenía que producirse en el mismo lugar de su consumo. Aunque no se cite como tal, en el razonamiento jurídico del Tribunal destaca por su importancia la confirmación del principio del inversor en una economía de mercado.

571. Aunque el Tribunal hace una evaluación genérica del comportamiento «económicamente racional» del THA/BvS al ahorrar dinero para el Estado, acaba aplicando el principio del inversor en una economía de mercado como prueba principal, dándole la misma interpretación que la Comisión. El Tribunal declara que sólo la parte (hipotética) de la subvención que puede superar el precio de mercado (equivalente) de la transferencia de la obligación de suministro de monóxido de carbono podría constituir una ayuda estatal. A tal fin, la Comisión debería haber examinado si el importe de la subvención se correspondía con el precio (de mercado) que habrían acordado unos operadores económicos en la misma situación, según la interpretación que la Comisión hace de la sentencia.

572. Esto suponía que la Comisión debía determinar un precio de mercado para la asunción de la obligación de suministro y comparar tal precio con los 9 millones de DEM pagados por el Estado alemán. La subvención concedida por el Estado alemán no sería constitutiva de ayuda si un inversor privado hubiera pagado en el mercado la misma cantidad, es decir, si Alemania hubiera actuado como un homo oeconomicus. Por lo tanto, si una parte de la subvención fuera superior al precio de mercado, dicha parte representaría una ayuda estatal. La Comisión ha retomado la investigación.

573. El 11 de julio, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre el recurso de anulación contra la Decisión 1999/484/CE de la Comisión de 3 de febrero de 1999 [363], por la que se declaraban ilegales e incompatibles con el mercado común las ayudas estatales concedidas por el Gobierno español a la empresa Hijos de Andrés Molina SA (HAMSA), interpuesto por esta empresa con el respaldo de España.

[363] DO L 193 de26.7.1999, p. 1.

574. La empresa beneficiaria (HAMSA) había recibido varias subvenciones financieras desde 1993, a saber, préstamos y garantías por parte del organismo público IFA, conversión en capital de parte de sus deudas con el IFA y condonación de deudas por parte de diversas autoridades públicas. Entre los ocho motivos de anulación presentados por la denunciante, con el apoyo del Estado español, contra la Decisión de la Comisión, el Tribunal sólo admitió el que se refería al conjunto de ayudas concedidas en forma de condonación de deudas por los organismos públicos.

575. En su sentencia, el Tribunal reconoce que la Comisión valoró «la situación global de los acreedores públicos en relación con la de los acreedores privados, sacando conclusiones determinantes de una mera comparación entre el importe total de los créditos públicos y el de los créditos privados, así como entre el porcentaje medio de condonación de los acreedores públicos y el de los acreedores privados, y de la apreciación de que los acreedores públicos, a diferencia de la mayoría de los acreedores privados, poseían créditos privilegiados, cuando no garantizados por hipoteca». El Tribunal considera que «correspondía [...] a la Comisión determinar, habida cuenta de los factores citados, si la condonación de deuda que cada uno de los organismos públicos de que se trata había concedido era manifiestamente más importante que la que habría otorgado un hipotético acreedor privado que se encontrara, con respecto a la demandante, en una situación análoga a la del organismo público correspondiente y que tratara de recuperar las cantidades que se le adeudaban». Fue, por tanto, el enfoque global «poco matizado» adoptado por la Comisión el que llevó a la anulación de esta parte de la Decisión.

576. En cambio, el Tribunal desestimó todas las demás alegaciones de la denunciante, en particular las relativas a la no aplicación del principio de la disciplina regional a una ayuda sectorial ad hoc y a la afectación de los intercambios sobre la base de datos globales sin una demostración analítica concreta.

577. Se interpusieron dos recursos de anulación ante el Tribunal de Justicia contra las Decisiones de la Comisión 2000/237/CE [364] y 2000/0240/CE [365], de 22 de diciembre de 1999, por las que se declaraban incompatibles con el Tratado dos regímenes de ayudas ejecutados por España, uno en favor de las producciones hortícolas con destino a la transformación industrial y otro para la financiación de capital circulante. En ambos casos, el Tribunal confirmó que la importancia relativamente escasa de una ayuda o el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluían a priori la posibilidad de que se vieran afectados los intercambios entre Estados miembros y ratificó la excepción de las ayudas agrícolas de la norma de minimis.

[364] DO L 75 de 24.3.2000, p. 54.

[365] DO L 76 de 25.3.2000, p.16.

578. En cuanto a la falta de motivación de la afectación de los intercambios, el Tribunal confirmó que la Comisión no estaba obligada a demostrar el efecto de las ayudas. Al mismo tiempo destacó que las Decisiones impugnadas contenían cifras sobre los intercambios entre España y los demás Estados miembros, proporcionando de este modo el contexto global en el que se inscribían las ayudas, así como indicaciones sobre el efecto general de las ayudas en los costes de producción y sobre la existencia de una organización común de mercados.

579. En sus dos sentencias, el Tribunal confirmó, asimismo, que

- el empleo de los términos «anormalmente» y «grave» en la excepción contenida en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 pone de manifiesto que ésta sólo se refiere a regiones en las que la situación económica sea extremadamente desfavorable en comparación con el conjunto de la Comunidad, mientras que la excepción contenida en la letra c) de esa misma disposición tiene un alcance más amplio al permitir el desarrollo de determinadas regiones de un Estado que se vean desfavorecidas respecto de la media nacional. Añade que, por lo que se refiere a las ayudas de funcionamiento no concebidas como ayudas regionales a la inversión o destinadas a la creación de empleo y que no estén cubiertas por otra práctica como, por ejemplo, la relativa a los créditos de gestión, el análisis sobre el impacto sectorial prima sobre el análisis del impacto regional;

- las ayudas en cuestión representaban un incentivo financiero para vender y comprar materias primas de la región y, por lo tanto, constituía una restricción a la libre circulación de mercancías y, más concretamente, una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa prohibida por el Tratado. Por consiguiente, no podían declararse compatibles con el mercado común, dado que se veía afectada la correspondiente organización común de mercado.

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E - Estadísticas

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IV - Servicios de interés general

1. Principios generales

580. La importancia que la Unión Europea otorga al mantenimiento y desarrollo de unos servicios de interés general de alta calidad a escala europea se ha reiterado de distintas maneras a lo largo de los últimos años, en especial en sucesivos Consejos Europeos, y se refleja en la atención particular que el Parlamento Europeo presta a este asunto. En este capítulo se describen los avances logrados durante el año 2002 sobre todo en el ámbito de los servicios de interés económico general (SIEG) [366], dando así continuidad al esfuerzo especial que se hizo en el Informe Anual del año pasado para facilitar el acceso de un público más amplio a la información pertinente sobre los SIEG [367].

[366] Según las definiciones recogidas en diversas Comunicaciones de la Comisión, los servicios de interés general (SIG) pueden ser tanto de naturaleza económica como no económica, mientras que los servicios de interés económico general (SIEG) sólo son de naturaleza económica.

[367] Para un breve resumen de los principios generales aplicables en estos ámbitos, véase la sección IV.1, puntos 487-489, del Informe de Competencia de 2001.

581. En su informe al Consejo Europeo de Laeken, la Comisión señaló, en particular, que tenía «intención de establecer, en el transcurso de 2002 y en estrecha consulta con los Estados miembros, un marco comunitario para las ayudas estatales concedidas a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general. Este marco permitirá mantener informados a los Estados miembros y a las empresas de las condiciones en las cuales la Comisión puede autorizar ayudas estatales a título de compensación por la realización de obligaciones de servicio público. En particular, podría precisar las condiciones para la autorización de los regímenes de ayudas estatales aplicados por la Comisión, lo que permitiría aligerar la obligación de notificación en relación con ayudas específicas. En una segunda fase, la Comisión evaluará la experiencia adquirida en la aplicación de este marco y, en la medida en que esté justificado, adoptará un Reglamento por el que se eximirá a ciertas ayudas en el ámbito de los servicios de interés económico general de la obligación de notificación previa».

582. La Comisión preparó este informe a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia [368], según la cual las compensaciones de los servicios públicos constituyen ayudas estatales en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado. No obstante, el Tribunal de Justicia ha dictado entretanto su sentencia Ferring [369], en la que se inclina por señalar que las compensaciones cuyo importe no sobrepase los costes de los SIEG no otorgan una ventaja a las empresas beneficiarias y, por lo tanto, no constituyen ayudas estatales según lo dispuesto en el artículo 87 del Tratado CE. En cambio, las posibles sobrecompensaciones pueden constituir ayudas estatales.

[368] En particular, la sentencia FFSA de 27 de febrero de 1997. Asunto T-106/95, y la sentencia SIC de 10 de mayo de 2000 en el asunto T-46/97.

[369] Sentencia de 22 de noviembre de 2001 en el asunto C-53/00.

583. Tras dictarse la sentencia Ferring, el Abogado General Léger presentó sus conclusiones en el asunto Altmark Trans [370], en las que propone al Tribunal de Justicia reconsiderar su sentencia Ferring y volver a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia en los asuntos FFSA y SIC. Por otra parte, el 30 de abril de 2002, el Abogado General Jacobs presentó sus conclusiones en el asunto GEMO SA [371], en las que propone establecer una distinción entre dos categorías de casos basada en la naturaleza del vínculo entre la financiación concedida y las obligaciones de interés general impuestas y en la claridad con la que se definen esas obligaciones. En aquellos casos en que sea directo y manifiesto el vínculo entre, por una parte, la financiación oficial concedida y, por otra, las obligaciones de interés general claramente definidas se adoptaría un enfoque compensatorio como el utilizado en la sentencia Ferring. Por el contrario, en los casos en que no se desprenda con nitidez que la financiación pública se destina, estrictamente como contrapartida, a las obligaciones de interés general claramente definidas se adoptaría un enfoque de ayuda estatal. El enfoque propuesto por el Sr. Jacobs es el adoptado por el Abogado General Stix-Hackl en sus conclusiones de 7 de noviembre de 2002 en el asunto Enirisorse SpA [372].

[370] Conclusiones del 19 de marzo de 2002 en el asunto C-280/00.

[371] Asunto C-126/01.

[372] Asuntos acumulados C-34/01 a C-38/01.

584. En su informe al Consejo Europeo de Sevilla [373], la Comisión recordó la evolución de la jurisprudencia y destacó que debido a las incertidumbres en cuanto a la consideración jurídica de las compensaciones de servicio público no era posible adoptar un texto a este respecto, tal como se había previsto en el informe al Consejo Europeo de Laeken. Un texto elaborado a la luz de la jurisprudencia actual no aportaría la seguridad jurídica que buscan los Estados miembros y las empresas a cargo de los SIEG.

[373] Informe sobre el estado de los trabajos relativos a las directrices sobre las ayudas estatales relacionadas con los servicios de interés económico general, COM (2002) 280 final.

585. En efecto, si en sus próximas sentencias el Tribunal de Justicia considerase que las compensaciones de servicio público constituyen ayudas estatales, podría mantenerse el enfoque defendido por la Comisión en su informe al Consejo Europeo de Laeken. En cambio, si el Tribunal confirmara su jurisprudencia en el asunto Ferring, las compensaciones cuyo importe no supere lo necesario para el funcionamiento de los SIEG no constituirían ayudas estatales y, por lo tanto, no se aplicaría la obligación de notificación previa prevista en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado.

586. En cuanto al fondo, conviene destacar que, en cualquier caso, el debate jurídico sobre la calificación de la compensación de servicio público no perjudica al buen funcionamiento de los SIEG. En el supuesto de que se confirme la jurisprudencia Ferring, los Estados miembros podrán asignar compensaciones que, si se calculan correctamente, no serán constitutivas de ayuda. Si la jurisprudencia Ferring no se confirma, la compensación constituiría una ayuda estatal, pero si no implica una sobrecompensación, sería compatible con el Tratado en aplicación del apartado 2 del artículo 86. Por consiguiente, sea cual sea la hipótesis barajada, las empresas encargadas de los SIEG tienen la certeza de que dispondrán de los recursos necesarios para su funcionamiento.

587. En su informe al Consejo Europeo de Copenhague [374], la Comisión recordó estos principios y anunció la preparación de un documento que debería abordar, en particular, las siguientes cuestiones:

[374] COM (2002)636/3.

- el concepto de SIEG y la libertad de los Estados miembros para definir sus SIEG;

- el ámbito de aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales, en particular por lo que se refiere a los conceptos de actividad económica y afectación de los intercambios;

- las relaciones entre los Estados y las empresas a cargo de los SIEG, en particular la necesidad de disponer de una definición precisa de las obligaciones que incumben a las empresas, y las posibles compensaciones concedidas por el Estado;

- las modalidades de selección de las empresas encargadas de los SIEG;

- la financiación del servicio público. Independientemente de la calificación de la compensación, conviene que el importe de ésta se calcule correctamente con el fin de evitar cualquier sobrecompensación que pueda constituir una ayuda estatal incompatible.

588. A raíz de un primer debate con los expertos de los Estados miembros celebrado en diciembre de 2002 sobre la base de un documento no oficial de sus servicios, la Comisión se propone proseguir sus trabajos en 2003 y preparar un documento a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

2. Últimos acontecimientos

2.1. Proyecto de Libro Verde relativo a una Directiva marco sobre los SIG

589. En su informe al Consejo Europeo de Laeken (2001), la Comisión prometió estudiar la sugerencia de consolidar y establecer en una Directiva marco los principios relativos a los servicios de interés general (SIG), consagrados en el artículo 16 del Tratado CE. En respuesta a una petición del Consejo Europeo de Barcelona de este año, la Comisión informó sobre el estado de sus trabajos a finales de 2002. Explicó que primero elaboraría un documento de consulta en forma de Libro Verde sobre una posible Directiva marco, abriendo de esta manera un ejercicio para hacer balance de todas las políticas de la UE en el ámbito de los SIG y examinarlas en lo relativo a su coherencia y congruencia. El Libro Verde, cuya adopción está programada para el primer trimestre de 2003, permitirá que la Comisión lance un debate a escala europea sobre una serie de problemas relacionados con los SIG y saque unas conclusiones operativas sobre la base de los resultados de este debate y de su propio análisis.

2.2. Asuntos de ayudas estatales examinados por la Comisión

Crédit Mutuel

590. El 15 de enero de 2002, la Comisión concluyó que Crédit Mutuel había recibido una compensación excesiva del Estado francés por la gestión del sistema Livret Bleu [375]. La Comisión no criticaba ni cuestionaba en modo alguno la libreta de ahorros Livret Bleu, un producto financiero concebido por el Estado francés, respecto del cual reconoció en su Decisión que suponía un beneficio para los consumidores al poner a disposición de un público muy amplio un producto de ahorros desfiscalizado.

[375] C 88/97.

591. Una función de servicio público comporta tanto obligaciones como compensaciones que pueden traducirse en costes e ingresos. Cuando el propio ejercicio de una función de servicio público puede implicar una ventaja para una empresa, se considera que ello no es contrario a las normas sobre ayudas estatales si las compensaciones se corresponden exactamente con los costes adicionales del ejercicio de tal función.

592. En cuanto a los costes, la Comisión tuvo en cuenta aquella parte del coste de funcionamiento de las sucursales correspondiente a la distribución de la Livret Bleu, el pago de intereses exentos de impuestos para los titulares de estas libretas, así como los gastos generales relacionados con la gestión del sistema, tales como la transferencia de fondos a la CDC o a los proyectos de inversión seleccionados. En cuanto a los ingresos, la Comisión tuvo en cuenta y calificó de recursos estatales la comisión del 1,3% de los fondos depositados pagada a instancias del Estado por la CDC, un ente de propiedad estatal, y el reembolso de la ventaja fiscal. Como el propio Crédit Mutuel también gestionó parte de los fondos de la Livret Bleu, invirtiendo en proyectos según las directrices dadas por el Estado o tomando sus propias decisiones de inversión, los márgenes netos que obtuvo con estas operaciones también formaban parte del sistema Livret Bleu. Como el saldo entre estos costes e ingresos fue durante mucho tiempo positivo para Crédit Mutuel, la Comisión concluyó que había obtenido una compensación excesiva por este servicio. Se obligó a Crédit Mutuel a reembolsar estos ingresos adicionales, y las autoridades francesas modificarán y supervisarán el sistema de compensación conforme a las normas del Tratado.

593. La Decisión adoptada por la Comisión cerró un procedimiento largo y complejo que confirmó, tanto su respaldo a la prestación por parte de los Estados miembros de servicios que consideren de interés público, como su papel de garante de que los intermediarios en el procedimiento no obtengan un beneficio financiero o comercial injustificado a expensas de los contribuyentes y de otros competidores del mercado.

Ente Poste Italiane

594. En 1997, la Comisión recibió una denuncia según la cual Italia había adoptado en el contexto de la transformación de Amministrazione Poste e Telegrafi en Ente Poste Italiane(EPI) [376] diversas medidas de concesión de ayudas estatales sin notificar tales medidas a la Comisión. En julio de 1998, la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal que también se refería a varias otras medidas posiblemente constitutivas de ayuda estatal que el denunciante no había mencionado y amplió el procedimiento en el curso del año 1998. EPI se transformó posteriormente en Poste Italiane Spa.

[376] C 47/98.

595. El primer paso de la evaluación de la Comisión fue calcular el importe del apoyo financiero concedido entre 1994 y de 1999 a través de estas medidas en favor de EPI. Durante este período, el importe del apoyo financiero otorgado por el Estado a Poste Italiane fue de 17,96 billones de ITL (cerca de 9.000 millones de euros). El segundo paso fue comparar el importe de la ayuda con el coste adicional soportado por EPI en el cumplimiento de la función de servicio público que le ha encomendado el Estado. Efectivamente, a la hora de evaluar la compatibilidad con el Tratado de unas medidas financieras en beneficio de una empresa a la que se haya encomendado una función de interés general, es importante comprobar si tales medidas financieras implican un apoyo que vaya más allá del coste adicional soportado por esa empresa en el cumplimiento de su función de interés general. Según ha declarado el Tribunal de Justicia de forma reiterada, los Estados miembros tienen el derecho a garantizar que las empresas a las que se haya encomendado una función de interés general ejerzan dicha función en unas condiciones de equilibrio económico. Por lo tanto, si el apoyo no va más allá del coste adicional, las medidas no suscitan objeciones con arreglo a la normativa sobre ayudas estatales.

596. Para calcular el coste adicional, la Comisión se basó en las cuentas auditadas separadas de EPI. De hecho, antes de la entrada en vigor de la Directiva postal, EPI ya había elaborado un plan contable separado que cumple con el tenor y el espíritu de la Directiva y permite calcular el coste adicional de cada servicio que EPI tiene que prestar en virtud de su obligación de servicio general.

597. La Comisión llegó a la conclusión de que, durante el período 1994 a 1999, el coste adicional de la función de servicio general encomendada a EPI había ascendido a unos 3 billones de ITL (1.500 millones de euros) anuales. Este coste elevadísimo se puede explicar por diversos factores y, en particular, por la enorme carga que supone la tarifa preferencial para la prensa y las publicaciones no lucrativas. El coste adicional neto soportado por Poste Italiane en el cumplimiento de las diversas obligaciones de servicio general que le incumben ascendió a más de 18 billones de ITL.

598. La comparación del importe del coste adicional de la función de servicio general con el importe del apoyo concedido a EPI ha revelado que ésta no obtuvo una compensación excesiva por su función de servicio general. Como la ayuda financiera concedida a EPI hasta 1999 por medio de las medidas consideradas en la investigación de la Comisión no es más alta que el coste adicional neto de la función de servicio general encomendada a dicha empresa, la Comisión decidió concluir su procedimiento de investigación de ayuda estatal con una decisión positiva.

599. Basándose en comparaciones similares entre los costes adicionales incurridos por la prestación de servicios de interés económico general y los pagos correspondientes de los gobiernos, la Comisión decidió no plantear objeciones en lo relativo a cuatro notificaciones del ámbito postal de las autoridades británicas, suecas e irlandesas. En cada uno de estos casos, las autoridades exigen que la red siga estando económicamente sobredimensionada para garantizar el acceso en todo el territorio nacional a ventanillas que presten servicios públicos y financieros.

600. En Suecia, el Gobierno realiza un pago para compensar a la red de oficinas de correos por el coste neto que le supone habilitar instalaciones para realizar transacciones básicas de pago y cuenta corriente, tanto a través de oficinas poco rentables situadas en lugares en las que no hay bancos como a través del servicio rural de carteros destinado a los 700.000 particulares y 5.000 empresas establecidos en lugares remotos. En Irlanda, la inyección de capital por importe de 12,7 millones de euros destinada a reorganizar la red de manera que se pueda garantizar su viabilidad es muy inferior al coste adicional neto de la prestación de servicios públicos por medio de la parte poco rentable de la red que el propio Gobierno se ha comprometido a mantener en funcionamiento. Del mismo modo, los pagos de compensación del Gobierno del Reino Unido en el marco de la propuesta «reorganización de la red de oficinas de correos urbanas» están destinados a garantizar la continuidad de la prestación de servicios públicos. Por último, en la propuesta relativa «a los servicios bancarios universales británicos», encaminada a permitir la migración obligatoria de las prestaciones de la seguridad social hacia las transferencias automatizadas a cuentas bancarias y a facilitar el acceso a cuentas corrientes a las personas que no las tienen, los pagos de compensación realizados por el Gobierno a la red de oficinas de correos por efectuar las operaciones administrativas y de atención al cliente propias de un banco postal no superan los costes netos del correspondiente servicio público.

601. Como hay mecanismos para garantizar que no se produzca ninguna compensación excesiva y para que, en caso de que se dé esta circunstancia, tal sobrecompensación se recupere en un plazo razonable, la Comisión ha decidido no plantear objeciones a ninguna de las notificaciones mencionadas.

Servicios públicos italianos

602. En el asunto de los servicios públicos italianos [377], la Comisión tuvo que evaluar ciertas ventajas otorgadas a unas empresas creadas conforme a la legislación italiana en relación con la posible creación de sociedades anónimas con una participación pública mayoritaria o incluso minoritaria. Estas empresas podían hacerse cargo de la prestación de servicios tradicionalmente reservados a los municipios, tales como transporte, gestión de residuos y abastecimiento de agua, gas, electricidad y productos farmacéuticos. La reforma permitió una mayor participación del capital privado en el sector de los servicios públicos y la gestión de esas actividades con criterios más empresariales.

[377] C 27/99.

603. Las empresas se beneficiaron de una exención del impuesto sobre la renta durante tres años, así como de una exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y de la posibilidad de obtener préstamos de un organismo administrativo italiano, la Cassa Depositi e Prestiti. La Comisión consideró como ayudas estatales la línea de crédito y la exención del impuesto sobre la renta porque otorgaban a las empresas beneficiarias un acceso privilegiado al capital privado y a los préstamos.

604. La Comisión rechazó el argumento de las autoridades italianas de que estas ventajas debían considerarse una compensación de los servicios públicos. Con independencia de que la sentencia del TPI en el caso Ferring sea confirmada o no por el TJCE, para la evaluación de este asunto se aplicaron los principios de neutralidad, encargo y definición, así como la proporcionalidad. La Comisión concluyó que en este caso no se había respetado ninguno de estos principios: la ayuda no estaba vinculada al encargo de una función de servicio general, ni podía deducirse ninguna obligación de servicio general de la legislación italiana que autoriza a los municipios a crear estas empresas. La ley no definía claramente la función de servicio público ni encomendaba explícitamente tales tareas a este nuevo tipo de empresas. Por otra parte, debido a ello, no podía evaluarse la proporcionalidad de los beneficios y ni tan siquiera el volumen de fondos públicos concedido a estas empresas.

605. Tras ser evaluados sobre la base de la Comunicación de la Comisión Europea de 2001 [378], los beneficios en cuestión se consideraron constitutivos de ayuda estatal en el sentido del artículo 86 del Tratado.

[378] DO C 17 de 17.1.2001, pp. 4-23.

Servicios públicos de radiodifusión

606. En 2002, la Comisión adoptó dos decisiones por las que se autorizaba la financiación estatal de servicios públicos de radiodifusión tras su notificación por los Estados miembros.

607. El 13 de febrero de 2002, la Comisión autorizó unas ayudas financieras en favor de las emisoras locales de televisión de la comunidad francófona de Bélgica (N 548/01) [379]. Las ayudas estaban destinadas a compensar a las emisoras locales de televisión por sus obligaciones de servicio público. La Comisión llegó a la conclusión de que la obligación de servicio público no contenía ningún error manifiesto y se había encomendado oficialmente a las emisoras. Por lo que se refiere a la proporcionalidad, concluyó que existían las disposiciones jurídicas pertinentes a fin de salvaguardar la utilización correcta de la ayuda financiera exclusivamente para las obligaciones de servicio público y que también había unos mecanismos de control para impedir las subvenciones cruzadas de actividades que no fueran de servicio público. Por consiguiente, no planteó objeción alguna a la ayuda.

[379] DO C 150 de 22.6.2002, p. 7.

608. El 22 de mayo de 2002, la Comisión autorizó la financiación pública del Reino Unido con el impuesto televisivo de nueve cadenas nuevas de televisión digital de la BBC (N 631/2001). La Comisión concluyó que los nuevos canales digitales formaban parte de la obligación de servicio público de la BBC, que no contenían ningún error manifiesto y que se habían confiado oficialmente a la BBC. Además, estimó que la compensación del Estado no era desproporcionada en relación con los costes netos de las cadenas nuevas. Por consiguiente, concluyó que la medida no constituía una ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87 CE.

Acuerdo sobre las entidades de crédito especiales

609. El 1 de marzo de 2002, el Comisario Mario Monti y el Secretario de Estado Caio Koch-Weser llegaron a un acuerdo sobre las entidades de crédito especiales alemanas en el marco del examen global de las garantías estatales a los bancos públicos alemanes. Éstos podrán seguir beneficiándose de las garantías estatales en la medida en que se les encomienden tareas promocionales que se ajusten a la normativa comunitaria sobre ayudas estatales. El cumplimiento de tareas promocionales se regirá por el respeto de la prohibición de discriminación conforme al Derecho comunitario. Otra función pública que también se permitirá en el futuro al amparo de las garantías estatales es la participación en la financiación de proyectos de interés comunitario, que son cofinanciados por el Banco Europeo de Inversiones. Además, las entidades de crédito especiales podrán proseguir sus actividades de carácter puramente social, de financiación del Estado y de los municipios, así como los préstamos para la exportación fuera de la UE, al Espacio Económico Europeo y a los países candidatos a la adhesión, todo lo cual se ajusta a las normas de la OMC y otras obligaciones internacionales vinculantes para la Comunidad. El acuerdo se entiende sin perjuicio del examen del ejercicio de estas actividades por los beneficiarios a la luz de las normas comunitarias sobre ayudas estatales.

610. El acuerdo del 1 de marzo de 2002 establece que las autoridades alemanas deberán especificar claramente las funciones públicas en las leyes pertinentes de aquí a finales de marzo de 2004. Las actividades comerciales tendrán que cesar o separarse de las garantías estatales mediante la disgregación en empresas legalmente independientes sin apoyo estatal. Esto se ha de aplicar de aquí a finales de 2007.

611. El acuerdo se refiere a la relación, desde la perspectiva de las ayudas estatales, entre los negocios comerciales de los bancos y sus actividades de interés público. Esto representa un campo de análisis completamente nuevo. Cuando los negocios de una empresa abarcan tanto actividades comerciales como actividades de interés público, es esencial que la ayuda concedida a estas últimas actividades no se extienda al ámbito comercial. La Comisión tuvo que examinar este aspecto en especial en lo relativo al Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y llegó a la conclusión de que era probable que la ayuda produjera tal efecto y que era necesario realizar una separación efectiva de los dos ámbitos de actividades. La Comisión concluyó que si el KfW quería seguir optando a ayudas en forma de garantías estatales debía vender sus negocios comerciales a una entidad jurídica separada sin ningún tipo de apoyo estatal. Tal solución constituye el punto de referencia a partir del cual la Comisión examinará en el futuro los regímenes de ayudas similares en favor de entidades comerciales a las que se hayan encomendado tareas de servicio público.

Recuadro 4 Deutsche Post

El 19 de junio de 2002, la Comisión concluyó un procedimiento de investigación de diversos tipos de ayudas estatales concedidas a Deutsche Post AG (DPAG) declarando que el operador tradicional de correos alemán había utilizado fondos estatales por importe de 572 millones de euros destinados a financiar sus funciones de servicio público para subvencionar entre 1994 y 1998 unos precios por debajo del coste en el ámbito de los servicios de paquetería de puerta a puerta, que está abierto a la competencia, Según la Comisión, los operadores de correos tradicionales que reciben financiación pública para el cumplimiento de servicios de interés general no pueden utilizar esos recursos estatales para subvencionar precios por debajo del coste de actividades abiertas a la competencia.

En 1994, United Parcel Service (UPS), un operador privado especializado en los servicios de paquetería de puerta a puerta para clientes empresariales, había presentado una denuncia en la que acusaba a DPAG de ofrecer sus servicios de reparto de paquetes a precios por debajo del coste. En 1997, la asociación alemana de empresas privadas de paquetería, BIEK, se unió a esta denuncia señalando que, sin apoyo estatal, DPAG no habría podido sobrevivir en el sector de la paquetería.

Contrariamente a lo que ocurre con el servicio general de envío de correspondencia, el reparto de paquetes en Alemania está abierto a la competencia. Desde los años 70 han accedido a este mercado varias empresas privadas que se han especializado en los llamados servicios «de puerta a puerta» para clientes empresariales. Desde entonces, han aparecido varios operadores privados de paquetería, creando nuevas oportunidades de trabajo y permitiendo, por primera vez, que las empresas y los consumidores puedan elegir entre varios proveedores, lo que trae consigo una mejora de los servicios y una competencia de precios. En los años 90, el mercado asistió a la aparición de servicios de paquetería más rápidos y seguros, como los servicios puerta a puerta en 24 horas que ofrecen diversos operadores privados. Además de Deutsche Post y UPS, hay muchos otros proveedores de servicios de paquetería de puerta a puerta, como Deutscher Paket Dienst, German Parcel o Hermes Versand Service.

Este nuevo entorno competitivo situó a Deutsche Post ante unos desafíos nuevos. Tras estar sometida en un primer momento a un control regulador de sus precios de paquetería en Alemania, en 1994 se le concedió la libertad comercial de ofrecer descuentos a sus clientes de reparto de puerta a puerta.

Los servicios de paquetería de puerta a puerta se prestan para clientes empresariales que envían grandes cantidades y que, por ello, prefieren que DPAG recoja los paquetes directamente en sus locales en vez de tener que llevarlos para su despacho a una oficina de correos. DPAG sólo ofrece precios especiales a clientes que no acuden a sus oficinas. Los usuarios del servicio tradicional en ventanilla pagan la tarifa uniforme habitual.

Entre 1994 y 1998, DPAG aplicó una política de descuentos agresiva en el ámbito de los servicios comerciales de paquetería de puerta a puerta. Durante ese período, ciertos clientes empresariales pagaban precios notablemente inferiores a la tarifa uniforme considerada asequible para los demás usuarios. Esto generó unas pérdidas totales de 572 millones de euros en el sector del reparto de paquetes entre 1994 y 1998, que fueron cubiertas mediante fondos estatales que DPAG recibió por el cumplimiento de su función de servicio público. La situación se corrigió en 1999, cuando los ingresos cubrieron los costes en el ámbito del reparto de paquetes de puerta a puerta.

A raíz de un asunto de competencia conforme al artículo 82 del Tratado UE (abuso de posición dominante), también desencadenado por una denuncia de UPS, Deutsche Post decidió el año pasado crear una empresa separada de paquetería empresarial para evitar que se volviera a producir una situación de subvención cruzada.

La Comisión señaló que el comportamiento de Deutsche Post no puede explicarse por imposiciones reguladoras o por obligaciones de servicio público. La función de servicio público no obligaba a DPAG a favorecer a determinados clientes del reparto de puerta a puerta con precios muy inferiores a la tarifa uniforme considerada asequible. Por tanto, no hay ninguna relación entre las pérdidas incurridas debido a la política de descuentos y la función pública encomendada a DPAG.

Aunque no estaban directamente vinculadas a la función de servicio público, las pérdidas por importe de 572 millones de euros se financiaron en definitiva mediante fondos estatales, lo cual era ilegal. Esto falseó la competencia en el mercado de reparto de paquetes en detrimento de los operadores privados. Para remediar este falseamiento, las autoridades alemanas tienen que recuperar el importe de ayuda estatal utilizada para vender por debajo de los precios de sus competidores del ámbito de la paquetería.

3. Asuntos antimonopolísticos (incluidas las liberalizaciones)

612. En el año 2002, diversas sentencias del Tribunal de Justicia contribuyeron a aclarar el alcance de los servicios a los que no se aplican las normas de competencia y el modo en que los SIEG pueden prestarse de forma compatible con estas normas.

613. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha calificado previamente de actividad no económica la gestión de regímenes obligatorios (es decir, impuestos por el Estado) de la seguridad social basados esencialmente en el principio de solidaridad [380]. Las organizaciones encargadas de la gestión de tales regímenes obligatorios de seguridad social no son empresas en el sentido de la legislación comunitaria de competencia. Este planteamiento fue confirmado por el TJCE en su sentencia INAIL [381], en la que declaró que una entidad a la que se había encomendado por ley la gestión de un régimen de seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales no ejercía una actividad económica. El TJCE basó esta conclusión en dos aspectos:

[380] Las prestaciones pagadas cumplen una función exclusivamente social cuando se establecen por ley y no son proporcionales al importe de las contribuciones obligatorias.

[381] Sentencia de 22.1.2002 en el asunto C-218/00.

- el régimen de seguros estaba esencialmente basado en el principio de solidaridad puesto que se financiaba mediante cotizaciones cuyo tipo no era sistemáticamente proporcional al riesgo asegurado, y el importe de las prestaciones no era necesariamente proporcional a los ingresos del asegurado. La inexistencia de una relación directa entre las cotizaciones abonadas y las prestaciones pagadas implicaba una solidaridad entre los trabajadores mejor retribuidos y aquellos que, habida cuenta de sus modestos ingresos, quedarían privados de una cobertura social adecuada si dicha relación existiera. El TJCE también subrayó que la afiliación obligatoria a este régimen de seguros era esencial para su equilibrio financiero y para la aplicación del principio de solidaridad;

- el importe de las prestaciones y contribuciones estaba sujeto al control del Estado, que, en última instancia, fijaba dicho importe.

614. En su sentencia Aéroports de Paris (ADP ) [382], el TJCE respaldó en su integridad una sentencia [383] del Tribunal de Primera Instancia (TPI) por la que se había confirmado una Decisión de la Comisión con arreglo al artículo 82 CE relativa a un abuso de posición dominante cometido por ADP en su calidad de entidad gestora de los aeropuertos de París. Una cuestión clave en este asunto era determinar hasta qué punto ADP debía considerarse una empresa en el sentido de la normativa comunitaria de competencia. En este contexto, el TPI y el TJCE privilegiaron un planteamiento funcional, centrado en la actividad afectada a la hora de evaluar esta cuestión. A partir de ahí, el TPI dejó claro que una misma entidad puede cumplir una doble función. Por una parte, puede dedicarse al ejercicio del poder público, que es una actividad de naturaleza no económica y, por otra, también puede dedicarse a actividades económicas, respecto de las cuales esta entidad será considerada una empresa si dichas actividades pueden separarse del ejercicio del poder público. Por lo tanto, en este caso, el hecho de que ADP fuera una sociedad pública bajo la tutela del ministro responsable de la aviación civil y gestionara instalaciones de propiedad pública no significaba en sí mismo que ADP no pudiera considerarse, por lo que se refiere a algunas de sus actividades, una empresa en el sentido del artículo 82. El TPI confirmó la separabilidad de las actividades puramente administrativas y de supervisión de ADP (en especial, la supervisión del control del tráfico aéreo y el embarque y desembarque de pasajeros), que representaban el ejercicio del poder público, de sus servicios de gestión de los aeropuertos de París, que se prestaban a otros operadores presentes en los aeropuertos (líneas aéreas, empresas de servicio en tierra, etc.) y se remuneraban con tarifas comerciales según el volumen de negocios. El TPI y el TJCE confirmaron el punto de vista de la Comisión de que la prestación de estos últimos servicios constituía una actividad económica.

[382] Sentencia de 24.10.2002 en el asunto C-82/01 P.

[383] Sentencia de 12.12.2000 en el asunto T-128/98 Aéroports de Paris.

615. En su sentencia UPS [384], el Tribunal de Primera Instancia (TPICE) confirmó una Decisión de la Comisión por la que se desestimaba una denuncia en virtud del artículo 82 CE presentada por UPS contra Deutsche Post. UPS alegó que Deutsche Post había abusado de su posición dominante en el mercado de la correspondencia ordinaria, en el que disfrutaba de un derecho exclusivo, utilizando los beneficios realizados en este mercado reservado para financiar la adquisición de una empresa que opera en el mercado de la paquetería, el cual está abierto a la competencia. El denunciante argumentó que el derecho exclusivo se concedió al Deutsche Post con el único fin de garantizar la prestación de un servicio de interés económico general, a saber, el servicio universal de correspondencia, salvaguardando el equilibrio económico de este servicio. Por lo tanto, estimaba que Deutsche Post infringía el artículo 82 al utilizar los ingresos procedentes de su ámbito exclusivo para otros fines, como la compra de empresas activas en mercado liberalizados conexos.

[384] Sentencia de 20.3.2002 en el asunto T-175/99 United Parcel Services Europe SA .

616. En su sentencia, el TPI señaló, en primer lugar, que el mero hecho de que se concediera un derecho exclusivo a una empresa para garantizar la prestación de un servicio de interés económico general no le impedía realizar beneficios con las actividades que le estaban reservadas o extender sus actividades a ámbitos no reservados. En segundo lugar, el TPI indicó que la adquisición de una empresa activa en un mercado liberalizado conexo podía suscitar problemas a la luz de la normativa comunitaria de competencia en caso de que los fondos utilizados por la empresa titular del monopolio fueran el resultado de precios excesivos o discriminatorios, o de otras prácticas abusivas, impuestos en su mercado reservado. En tal situación, y de haber indicios que permitiesen sospechar de la existencia de una infracción del artículo 82 CE, sería necesario examinar el origen de los fondos empleados en la adquisición controvertida con el fin de determinar si ésta es el resultado de un abuso de posición dominante. Sin embargo, por lo que se refiere al asunto en cuestión, el TPI concluyó que el mero hecho de que Deutsche Post dispusiera de fondos que le permitían efectuar la adquisición controvertida no permitía presumir la existencia de un comportamiento abusivo en el mercado reservado. A falta de elemento alguno que permitiera demostrar que los fondos de que disponía Deutsche Post y que empleó para efectuar la compra controvertida procedían de prácticas abusivas efectuadas por ésta en el mercado reservado de la correspondencia, el mero hecho de que emplease dichos fondos --aunque procedieran del mercado reservado-- para adquirir el control conjunto de una empresa activa en un mercado conexo abierto a la competencia no suscitaba, por sí mismo, problema alguno desde el punto de vista de las normas de competencia y no podía constituir, por tanto, una infracción del artículo 82 CE, ni generar para la Comisión la obligación de apreciar el origen de tales fondos a la luz del artículo 82 CE.

4. Liberalización mediante medidas legislativas

617. En consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, la Comisión siguió fomentando a lo largo de 2002 la apertura de los mercados y la competencia mediante la presentación y el seguimiento de propuestas legislativas y el control de la aplicación de la legislación comunitaria existente. Como en años anteriores, esta actividad se extendió a ámbitos en los que se prestan servicios de interés económico general, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y las particularidades de cada uno de los sectores considerados.

Transporte

618. En el sector del transporte, se siguió debatiendo la propuesta modificada de la Comisión para un Reglamento que introduzca una competencia controlada en el ámbito del transporte por carretera, ferrocarril y vía navegable [385]. Es probable que gran parte del transporte público efectuado en la UE requiera ayuda financiera pública en el futuro próximo, y hay una larga tradición de intervención de los poderes públicos para garantizar un mayor nivel de servicios o unos precios más reducidos que los que ofrecería el mercado. La intervención se ha producido tradicionalmente a través de la creación de un operador público, propiedad del Estado y/o bajo el control de éste, y consistía en la concesión de derechos monopolísticos exclusivos y una compensación financiera a cambio de las obligaciones de servicio público.

[385] Propuesta de Reglamento sobre la intervención de los Estados miembros en materia de obligaciones de servicio público y adjudicación de contratos de servicio público en el transporte de viajeros por ferrocarril, carretera y vía navegable, COM(2002) 107 final.

619. El hecho de que los servicios sean SIEG [386] no ha impedido que varios Estados miembros legislen en el ámbito nacional para introducir cierta competencia en sus mercados del transporte público. Actualmente hay una docena de operadores europeos dedicados a la prestación de servicios. Sin embargo, una parte importante del mercado sigue cerrada a cualquier forma de competencia.

[386] Ibídem, considerandos 11, 14 y 17.

620. Debido a las características particulares del transporte público, en la mayoría de los casos la apertura del mercado ha tendido a adoptar la forma de una 'competencia controlada' (licitaciones públicas para conferir el derecho de prestar un servicio exclusivo o subvencionado durante un período determinado), y ése es el modelo que ha propuesto la Comisión.

Servicios postales

621. El 10 de junio, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron, a propuesta de la Comisión, la nueva Directiva postal (Directiva 2002/39/CE) [387], por la que se modifica la Directiva postal existente 97/67/CE. La nueva Directiva postal despeja el camino para la realización del mercado interior de los servicios postales mediante una liberalización gradual y controlada de estos servicios, combinada con el mantenimiento de la prestación de un servicio universal de calidad. Esto se debe lograr a través de una reducción progresiva del ámbito reservado. La necesidad de equilibrar la realización del mercado interior postal con el mantenimiento de un servicio universal de calidad queda patente en otros aspectos de la nueva Directiva postal. En primer lugar, el correo transfronterizo de salida se ha abierto a la competencia, salvo en los Estados miembros en que los ingresos correspondientes se consideran necesarios para garantizar la prestación del servicio universal. En segundo lugar, se prohíben las subvenciones cruzadas de servicios universales del ámbito no reservado con ingresos generados por servicios del ámbito reservado, excepto que ello resulte absolutamente indispensable para la realización de las obligaciones específicas de servicio universal vinculadas al ámbito competitivo. La nueva Directiva también establece que cuando los proveedores del servicio universal apliquen tarifas especiales, deberán hacerlo de manera transparente y no discriminatoria.

[387] Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad.

Telecomunicaciones

622. El 14 de febrero, el Consejo adoptó un nuevo marco regulador para la regulación ex ante de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, que entró en vigor el 24 de abril. Este nuevo paquete legislativo compuesto de cuatro directivas constituye una revisión importante del marco regulador de las telecomunicaciones destinada a introducir una mayor competencia en este sector crucial para la economía europea. Las directivas deberán aplicarse antes del 25 de julio de 2003. La Directiva relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios forma parte de este paquete. Sus principales objetivos son, por una parte, asegurar la disponibilidad del servicio universal en el ámbito de las comunicaciones electrónicas y, por otra, salvaguardar los intereses de los usuarios y consumidores. Para lo último se ha previsto la aplicación de tarifas al por menor reguladas cuando resulte insuficiente la regulación de las tarifas al por mayor.

Energía

623. En el sector energético, la Comisión propuso dos Directivas nuevas que contribuirán a mejorar la seguridad de los suministros de petróleo y gas de la UE [388]. En el sector del petróleo, la Directiva propone nuevas medidas que se sumarán a las ya existentes. La propuesta prevé el aumento de las reservas de seguridad obligatorias de 90 a 120 días de consumo. También establece la creación de un organismo público de mantenimiento de reservas de petróleo, que mantendrá reservas equivalentes al consumo de al menos 40 días. La propuesta prevé, asimismo, que la UE adoptará una estrategia común para el caso de una crisis energética. Por último, las reservas podrán utilizarse no sólo en caso de crisis petrolera, sino también cuando haya un riesgo de volatilidad peligrosa en el mercado.

[388] COM (2002) 488 final, 11.9.2002; cf. también IP/02/1288.

624. En el sector del gas, la Directiva propuesta prevé que los Estados miembros definan una política general y unas normas de seguridad de abastecimiento de gas basadas en una definición clara de los cometidos y responsabilidades de los diversos actores del mercado. En caso de crisis, se aplicarán unos mecanismos conjuntos y coordinados. También se obligará a los Estados miembros a determinar unos objetivos nacionales de modo que el almacenamiento de gas y otras medidas aseguren el suministro continuo para clientes de consumo no interrumpible de gas.

625. Aparte de estas medidas destinadas a aumentar la seguridad de la política de suministro, la Comisión adoptó una propuesta modificada para las directivas sobre la realización del mercado común del gas y la electricidad [389]. Esta propuesta revisada incorporaba una serie de enmiendas relativas a las obligaciones de servicio universal y público propuestas por el Parlamento Europeo en el marco de su primera lectura de la propuesta de la Comisión. El 25 de noviembre, el Consejo alcanzó un acuerdo político por el que se ratificaban las propuestas de la Comisión, en especial fortaleciendo la protección de los clientes más vulnerables. Una vez que se haya adoptado, esta Directiva contribuirá de forma significativa al alto nivel de las obligaciones de servicio universal, en especial en favor de todos los hogares y pequeñas empresas consumidores de electricidad, que tendrán derecho al suministro de electricidad de una calidad determinada y a precios razonables. Además, las disposiciones sobre el etiquetado energético exigen que las facturas indiquen la contribución de cada fuente energética a la mezcla de combustibles, así como el impacto medioambiental expresado, como mínimo, en términos de emisiones de CO2 y residuos radiactivos. Los elementos de esta propuesta que se refieren a la apertura del mercado se describen en el capítulo dedicado al sector energético [390].

[389] COM (2002) 304 final, 7.6.2002.

[390] Véase la sección I.C.1.

V - Actividades internacionales

A - Ampliación

1. Preparación y negociaciones de adhesión

626. En 2002, la Unión Europea prosiguió la preparación de la adhesión en el ámbito de la competencia con los doce países candidatos en fase de negociación, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. En el caso de Turquía, se inició el examen analítico de la legislación turca en materia de competencia.

627. Con objeto de cumplir los criterios para la adhesión, se exigió a los países candidatos que demostraran la existencia de una economía de mercado en funcionamiento, así como su capacidad para hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. En el ámbito de la política de la competencia, esto supuso que los países candidatos tuvieron que demostrar con bastante antelación a la adhesión que sus empresas y autoridades se habían acostumbrado a actuar en un entorno como el de la UE y, por tanto, estaban preparadas para soportar las presiones competitivas del mercado interior. En este contexto, la UE estableció durante las negociaciones tres elementos que los países candidatos deben reunir: i) el marco legislativo necesario (normativa de defensa de la competencia y sobre ayudas estatales); ii) la capacidad administrativa necesaria; y iii) un balance creíble de la aplicación del acervo en materia de competencia.

628. Basándose en la evaluación de estos criterios, la UE pudo concluir provisionalmente las negociaciones sobre el capítulo de la competencia, según la propuesta de la Comisión, con Estonia, Letonia, Lituania y Eslovenia con motivo de las conferencias de adhesión de noviembre de 2001.

629. En junio de 2002 se concluyeron provisionalmente las negociaciones con Chipre. Esto requirió cambios sustanciales al código impositivo y, a raíz de ello, las ayudas fiscales se sometieron plenamente al control de las ayudas estatales. A las empresas con actividades internacionales se les permite que continúen pagando un tipo reducido del impuesto de sociedades hasta el 31 de diciembre de 2005.

630. Los avances en los países restantes --en particular la mejora del balance de la aplicación del acervo de competencia en el ámbito del control de las ayudas estatales-- permitieron que la Comisión propusiera, en septiembre de 2002, cerrar las negociaciones con la República Checa, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia. Sobre la base de la propuesta de la Comisión, la UE finalmente concluyó las negociaciones con la República Checa, Malta y Eslovaquia en octubre, con Polonia en noviembre y con Hungría en diciembre.

631. En líneas generales, cuando se ha considerado que determinadas medidas de ayuda estatal eran incompatibles con el acervo comunitario, se ha exigido a los países candidatos que las suprimieran o las convirtieran en regímenes de ayudas ajustados a los principios del acervo. En casos excepcionales, se han negociado los regímenes para que las ayudas incompatibles se vayan suprimiendo de forma paulatina. Además, en ciertos casos se han autorizado excepcionalmente ayudas de reestructuración a cambio del compromiso de reducir la capacidad de producción de las empresas beneficiarias a fin de minimizar el riesgo de falseamiento de la competencia.

632. Sobre la base de este planteamiento restrictivo, la UE aceptó unos regímenes transitorios limitados en el ámbito de las medidas de ayuda fiscal y de reestructuración de sectores industriales sensibles (acero y construcción naval) en Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia [391].

[391] Además de Chipre, ya mencionado.

633. En cuanto a la República Checa, se aceptó un período transitorio para la reestructuración del acero y se establecieron las condiciones para alcanzar la viabilidad de las empresas siderúrgicas checas, la proporcionalidad de las ayudas y la reducción de la capacidad.

634. También se prorrogó el período de gracia con arreglo al Protocolo 2 del Acuerdo Europeo, que contempla la posibilidad de conceder excepcionalmente ayudas de reestructuración en el sector siderúrgico. Esto se hizo sobre la base del programa de reestructuración de la siderurgia presentado por el Gobierno checo a finales de junio de 2002 y que la UE consideró aceptable.

635. En el caso de Hungría, se aceptaron unos regímenes transitorios limitados para la conversión y supresión progresiva de las ventajas fiscales incompatibles concedidas en virtud de la antigua legislación fiscal. El sistema de conversión acordado establece unos límites máximos estrictos respecto de las exenciones fiscales ya concedidas conforme a dos regímenes vinculados a las inversiones, mientras que los beneficios resultantes de las reducciones fiscales que antes se otorgaban a empresas off-shore y de determinadas exenciones fiscales concedidas por las autoridades locales se reducirán de forma progresiva de aquí a 2005 y 2007, respectivamente.

636. En cuanto a Malta, se aceptaron unos regímenes transitorios limitados para la adaptación, de aquí al año 2005, del mercado de la importación, el almacenamiento y la comercialización al por mayor de productos petrolíferos conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado CE. Además, se acordaron unos regímenes transitorios limitados para la conversión y supresión progresiva de ayudas fiscales incompatibles concedidas conforme a la antigua legislación fiscal, en virtud de los cuales se imponen unos límites máximos estrictos para las exenciones fiscales ya concedidas. Por otra parte, a Malta se le brindó la posibilidad de mantener hasta el año 2008 un sistema con un tipo de impuesto reducido en el marco de determinados regímenes de ayudas fiscales, así como de conceder ayudas de reestructuración a sus astilleros, respetando ciertas condiciones relativas a los niveles de producción y a la reducción de capacidades.

637. En el caso de Polonia, se estableció durante las negociaciones un marco para autorizar ayudas de reestructuración al sector siderúrgico sobre la base del programa de reestructuración revisado, que prevé unas condiciones estrictas para la reducción de capacidades. Antes de que el régimen transitorio para las ayudas de reestructuración pueda entrar en vigor conforme al Tratado de Adhesión se ha de prorrogar el período de gracia conforme al Protocolo 2 del Acuerdo Europeo.

638. Por lo que se refiere a las medidas de ayuda aplicadas en las zonas económicas especiales de Polonia, las ayudas fiscales concedidas sobre la base de la legislación fiscal polaca que son incompatibles con las normas comunitarias sobre ayudas estatales deben convertirse en regímenes de ayuda para imponer unos límites máximos estrictos a las exenciones fiscales ya concedidas. En cuanto a las medidas aplicadas en favor de las PYME, Polonia puede aplicar las medidas fiscales durante un período que se ha acortado, a saber, hasta 2011 para las pequeñas empresas de estas zonas y hasta 2010 para las empresas medianas.

639. Por último, en ciertas áreas, las empresas polacas podrán acogerse, durante un período limitado, a ayudas estatales para inversiones ambientales destinadas a cumplir las normas comunitarias en materia de medio ambiente.

640. En el caso de Eslovaquia, los regímenes transitorios se refieren a medidas de ayuda fiscal en favor de dos empresas. La ayuda fiscal incompatible concedida a un beneficiario del sector siderúrgico deberá cesar a finales de 2009 o cuando la ayuda alcance un importe predeterminado, según lo que ocurra antes. El objetivo de esta ayuda es facilitar la racionalización ordenada de unas plantillas sobredimensionadas, cuyo coste total es comparable al nivel de la ayuda. Por otra parte, las ayudas fiscales incompatibles concedidas a un beneficiario del sector de la fabricación de automóviles se convirtieron en ayudas regionales a la inversión, que se limitarán a un máximo del 30% de los costes de inversión subvencionables.

641. Una parte esencial de las negociaciones de adhesión en el ámbito de la competencia se refiere al procedimiento de concesión de ayudas que los países candidatos desean mantener más allá de la fecha de la adhesión. Se ha remitido a la Comisión una lista de todas las medidas de ayuda existentes (tanto regímenes como ayudas ad hoc) que ha sido previamente evaluada por las autoridades en materia de ayudas estatales de los distintos países candidatos y considerada compatible con el acervo. Si la Comisión no plantea objeciones, las medidas de ayuda se consideran ayudas existentes. Las medidas de ayuda que se juzguen ayudas estatales conforme al acervo y que no estén incluidas en la lista se considerarán ayudas nuevas en la fecha de la adhesión.

2. Avances en la armonización de las normas de competencia

642. La Comisión informa regularmente sobre los avances hacia la adhesión de cada uno de los países candidatos. En la quinta entrega de los informes periódicos relativos a los diez países de Europa central y oriental (PECO), Chipre, Malta y Turquía, adoptados por la Comisión Europea en octubre de 2002, se evalúan los progresos realizados desde los informes anteriores de 2001.

643. Los avances en el ámbito de defensa de la competencia y de las concentraciones son, en general, satisfactorios, tanto en el plano legislativo como en lo relativo a la creación de la capacidad administrativa necesaria. Todos los países candidatos han adoptado normativas básicas en materia de competencia, incorporando los elementos centrales de los artículos 81 y 82 CE, y en su mayoría han establecido asimismo un control de las concentraciones. La creación de autoridades de competencia también se ha producido de forma relativamente rápida.

644. Con vistas, en particular, a la prevista modernización y descentralización de la aplicación de las normas de defensa de la competencia comunitarias, es necesario hacer un esfuerzo para fortalecer la capacidad administrativa de las autoridades y consolidar el balance en materia de cumplimiento de la normativa de defensa de la competencia, dando prioridad a los asuntos que representen falseamientos especialmente graves de la competencia e imponiendo sanciones más disuasorias. Del mismo modo, es importante proseguir los esfuerzos de sensibilización y lograr una mayor implicación de la judicatura en asuntos de defensa de la competencia.

645. Frente a lo observado en el ámbito antimonopolístico, la introducción del control de las ayudas estatales en los países candidatos ha sido, en general, más polémica, lenta y políticamente sensible. Sin embargo, las negociaciones de adhesión han contribuido a acelerar la creación de marcos legales y procedimentales para establecer una disciplina en materia de ayudas estatales. A finales de 2002, la mayoría de los países candidatos controlaban las ayudas estatales con arreglo a criterios similares a los de la Comunidad.

646. Todos los países candidatos en fase de negociación han creado una autoridad pública de supervisión de ayudas estatales. Turquía aceptó hacer lo propio antes del 1 de enero de 2003. La Comisión hizo hincapié en que estas autoridades debían ejercer un control efectivo sobre las ayudas estatales nuevas y existentes concedidas por todas las autoridades facultadas para la concesión de ayudas.

647. Para garantizar la transparencia necesaria, la mayoría de los países candidatos crearon inventarios exhaustivos de las ayudas existentes que se mantienen permanentemente actualizados. Además, la Comisión siguió trabajando con las autoridades de supervisión de los países candidatos para garantizar que sus informes anuales sobre las ayudas estatales se ajustaran a la metodología de la investigación de las ayudas estatales de la Comisión. En 2002, las cifras de los países candidatos se incluyeron por primera vez en el marcador de ayudas estatales de la Comisión. Este registro constituye una fuente de información transparente y abierta al público sobre la situación global de las ayudas estatales en la Unión Europea y los países candidatos.

3. Instrumentos con arreglo a los Acuerdos de Asociación

648. Con objeto de completar el marco jurídico que rige las relaciones entre la Comunidad y los diez países asociados de Europa central y oriental (PECO) en materia de competencia, se debatieron con estos países dos conjuntos de normas de aplicación [392]. El primero se refiere a la aplicación de las disposiciones sobre competencia de los Acuerdos Europeos aplicables a las empresas (normativa de defensa de la competencia) y el segundo a las normas sobre ayudas estatales.

[392] El Consejo de asociación CE-Turquía de diciembre de 2001 adoptó unas normas de aplicación individuales, según lo dispuesto en la Decisión sobre la Unión Aduanera de 1995, que abarcaban tanto normas relativas a las empresas como al control de las ayudas estatales.

649. Las normas de aplicación en materia de defensa de la competencia ya se habían adoptado en años anteriores para todos los PECO (República Checa [393], Polonia [394], Eslovaquia [395], Hungría [396], Bulgaria [397], Rumanía [398], Estonia [399], Lituania [400], Eslovenia [401] y Letonia [402]). Sin embargo, teniendo en cuenta ciertos problemas constitucionales en lo relativo a la aplicación de dichas normas en Hungría, el Consejo de asociación adoptó en 2002 unas normas de aplicación en materia de defensa de la competencia modificadas para este país [403]. Previamente, se habían adoptado las normas de aplicación en materia de ayudas estatales para ocho PECO (República Checa [404], Lituania [405], Letonia [406], Rumanía [407], Eslovenia [408], Polonia [409], Bulgaria [410] y Eslovaquia [411]), y en 2002 se adoptaron las correspondientes a Estonia [412].

[393] Decisión 1/96 del Consejo de asociación UE-República Checa de 30 de enero de 1996 (DO L 31 de 9.2.1996).

[394] Decisión 1/96 del Consejo de asociación UE-Polonia de 16 de julio de 1996 (DO L 208 de 17.8.1996).

[395] Decisión 1/96 del Consejo de asociación UE-Eslovaquia de 15 de agosto de 1996 (DO L 295 de 20.11.1996).

[396] Decisión 2/96 del Consejo de asociación UE-Hungría de 6 de noviembre de 1996 (DO L 295 de 20.11.1996), sustituida por la Decisión 1/2002, véase la nota a pie de página 403.

[397] Decisión 2/97 del Consejo de asociación UE-Bulgaria de 7 de octubre de 1997 (DO L 15 de 21.1.1998).

[398] Decisión 1/99 del Consejo de asociación UE-Rumanía de 16 de marzo de 1999 (DO L 96 de 10.4.1999).

[399] Decisión 1/99 del Consejo de asociación UE-Estonia de 28 de abril de 1999 (DO L 144 de 9.6.1999).

[400] Decisión 4/99 del Consejo de asociación UE-Lituania de 26 de mayo de 1999 (DO L 156 de 23.6.1999).

[401] Decisión 4/2000 del Consejo de asociación UE-Eslovenia de 21 de diciembre de 2000 (DO L 130 de 12.5.2001).

[402] Decisión 5/2001 del Consejo de asociación UE-Letonia de 25 de abril de 2001 (DO L 183 de 6.7.2001).

[403] Decisión 1/2002 del Consejo de asociación UE-Hungría de 29 de enero de 2002 (DO L 145 de 4.6.2002).

[404] Decisión 1/98 del Consejo de asociación UE-República Checa de 24 de junio de 1998 (DO L 195 de 1.7.1998).

[405] Decisión 2/2001 del Consejo de asociación UE-Lituania de 22 de febrero de 2001 (DO L 98 de 7.4.2001).

[406] Decisión 4/2001 del Consejo de asociación UE-Letonia de 20 de marzo de 2001 (DO L 163 de 20.6.2001).

[407] Decisión 4/2001 del Consejo de asociación UE-Rumanía de 10 de abril de 2001 (DO L 138 de 22.5.2001).

[408] Decisión 2/2001 del Consejo de asociación UE-Eslovenia de 3 de mayo de 2001 (DO L 163 de 20.6.2001).

[409] Decisión 3/2001 del Consejo de asociación UE-Polonia de 23 de mayo de 2001 (DO L 215 de 9.8.2001).

[410] Decisión 2/2001 del Consejo de asociación UE-Bulgaria de 23 de mayo de 2001 (DO L 216 de 10.8.2001).

[411] Decisión 6/2001 del Consejo de asociación UE-Eslovaquia de 22 de noviembre de 2001 (DO L 48 de 20.2.2002).

[412] Decisión 1/2002 del Consejo de asociación UE-Estonia de 15 de enero de 2002 (DO L 299 de 1.11.2002).

650. Por lo que se refiere a los mapas de ayuda regional, que deben ser adoptados por los respectivos Comités de asociación, el Consejo aprobó en 2002 los mapas para Estonia, Letonia, Lituania y Eslovenia, que habían sido presentados por la Comisión sobre la base de las propuestas hechas por los países asociados. Asimismo, la Comisión presentó al Consejo en 2002 los proyectos de mapas de ayuda regional para Polonia y Rumanía.

651. Por lo que se refiere al acero, en 2002 se prorrogó el período de gracia en virtud del Protocolo 2 del Acuerdo Europeo para la admisibilidad de las ayudas de reestructuración en el ámbito siderúrgico [413] --incluida la aprobación de un programa de reestructuración-- para la República Checa. Se han previsto prórrogas similares para Polonia, Rumanía y Bulgaria, a la espera de que se aprueben los programas de reestructuración.

[413] Véase el punto anterior.

4. Asistencia técnica a los países candidatos

652. La asistencia técnica en el ámbito de la competencia ha seguido siendo una herramienta esencial para preparar a los países candidatos para la adhesión. Se están adoptando medidas específicas en el marco de los programas PHARE. En virtud del acuerdo sobre el desarrollo institucional ('hermanamiento'), los expertos de los Estados miembros comunitarios están prestando asesoramiento a largo plazo a las autoridades responsables en materia de competencia y ayudas estatales de los PECO. Además, en abril de 2002 se organizaron unas sesiones de formación comunes para funcionarios de las autoridades de competencia de los países candidatos. Estas sesiones se centran en la explicación del nuevo acervo de competencia a los países candidatos y en la aplicación y la ejecución de las normas de competencia. En octubre de 2002 se organizó una sesión de formación en el ámbito de la política de competencia para jueces de los países candidatos.

653. La Comisión Europea ha seguido una política activa de intensificación de sus contactos con las autoridades de competencia de los países candidatos. En junio de 2002 se celebró en Vilnius (Lituania) la octava Conferencia anual sobre competencia entre las autoridades de competencia de los países candidatos y la Comisión Europea. Las delegaciones estaban integradas por altos funcionarios de las respectivas autoridades de competencia y ayudas estatales, incluido el comisario Monti. La Conferencia anual constituye un foro de intercambio de pareceres y experiencias y permite, asimismo, entablar y consolidar contactos profesionales entre funcionarios responsables en materia de competencia. La Conferencia de este año se centró en la preparación concreta para la adhesión en el ámbito de la competencia.

654. A lo largo de 2002, la DG Competencia continuó celebrando diversas reuniones bilaterales con las autoridades responsables de la política de competencia y ayudas estatales de los países candidatos. Se organizaron debates técnicos entre expertos sobre la aproximación de las normas de defensa de la competencia, el desarrollo institucional y la aplicación de la normativa. Se celebraron reuniones similares sobre la aproximación legislativa en el ámbito de las ayudas estatales, la creación de autoridades de supervisión de ayudas estatales y sobre problemas específicos de este ámbito, como la elaboración de informes anuales de ayudas estatales, los mapas de ayuda regional, los aspectos de ayuda estatal de los incentivos a la inversión y las zonas económicas especiales o la evaluación de asuntos concretos en los sectores sensibles.

B - Cooperación bilateral

1. Estados Unidos

655. La cooperación bilateral con los Estados Unidos se basa en el Acuerdo de cooperación en materia de competencia, que data del 23 de septiembre 1991. La Comisión presenta cada año un informe detallado al Consejo y al Parlamento Europeo de sus actividades de cooperación con los EE.UU. en virtud del Acuerdo de cooperación de 1991 [414] y del Acuerdo de cortesía positiva de 1998 [415]. El último informe abarcaba el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001 [416]. El informe de 2002 se publicará a lo largo de 2003.

[414] Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de América relativo a la aplicación de sus normas de competencia (DO L 95 de 27.4.1995, rectificado en el DO L 131 de 15.6.1995).

[415] Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el gobierno de Estados Unidos de América sobre observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus normas de competencia (DO L 173 de 18.6.1998).

[416] Adoptado el 17.9.2002 (COM(2002) 505 final).

656. En 2002, la Comisión prosiguió su estrecha cooperación con la División Antimonopolios del Departamento de Justicia de EE.UU. y la Federal Trade Commission (FTC). Muchas operaciones de las distintas áreas del ámbito antimonopolístico fueron examinadas simultáneamente por la Comisión y las autoridades estadounidenses. Las conversaciones entre organismos tienden a centrarse en temas como la definición de mercados, el probable impacto competitivo de una transacción en esos mercados y la viabilidad de las soluciones propuestas.

657. Entre las investigaciones de concentración realizadas en estrecha colaboración transatlántica figuraban los asuntos Bayer/Aventis Crop Science, HP/Compaq y Solvay/Ausimont. La Comisión también cooperó estrechamente con sus homólogos estadounidenses en una serie de investigaciones no relacionadas con fusiones. Los exámenes simultáneos de la Comisión y el Departamento de Justicia a menudo se refieren en particular a grandes cárteles internacionales. La cooperación en el ámbito de los cárteles se extiende también a la coordinación de las medidas específicas de investigación, como la coordinación de inspecciones. La cooperación UE-EE.UU. en asuntos concretos se explica con mayor detalle en el capítulo de este informe relativo al control de las concentraciones.

658. A lo largo de 2002 se produjeron numerosos contactos bilaterales entre la Comisión y las autoridades pertinentes estadounidenses, así como visitas frecuentes de funcionarios de ambas partes. El 23 de julio, el comisario Mario Monti se reunió en Bruselas con los responsables de los organismos de competencia de EE.UU., el jefe de la división antimonopolios del Departamento de Justicia, Charles James, y el presidente de la FTC, Timothy Muris, con motivo de la reunión bilateral anual UE-EE.UU.

659. El grupo de trabajo UE-EE.UU. en materia de concentraciones prosiguió su labor en 2002. El grupo consta de varios subgrupos, uno de los cuales se ocupa de aspectos procedimentales y los demás, de cuestiones sustantivas. En octubre, la Comisión y las autoridades antimonopolísticas estadounidenses, el Departamento de Justicia y la FTC, acordaron unas «mejores prácticas» para la cooperación en el ámbito de la investigación de las concentraciones. En estas directrices, la Comisión y las autoridades estadounidenses establecen las prácticas que deben seguir cuando examinan una misma operación.

2. Canadá

660. La cooperación bilateral con Canadá se basa en el Acuerdo de cooperación en materia de competencia que entró en vigor en junio de 1999 [417]. Cada año, la Comisión informa detalladamente al Consejo y al Parlamento Europeo de sus actividades de cooperación con Canadá. El último informe abarcaba el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001 [418]. El informe de 2002 se publicará a lo largo de 2003.

[417] Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Canadá relativo a la aplicación de sus normas de competencia (DO L 175 de 10.07.1999).

[418] Adoptado el 17.9.2002 (COM(2002) 505 final.

661. Cada vez son más los asuntos examinados por las autoridades de competencia de ambas partes. Los contactos entre la Comisión y sus homólogos canadienses, la Canadian Competition Bureau, fueron frecuentes y fructíferos. Las discusiones han versado tanto en torno a problemas concretos relacionados con los asuntos como a cuestiones más generales de política de competencia. Los miembros de las unidades de concentraciones y cárteles de las autoridades respectivas se reunieron para debatir cuestiones específicas de sus áreas de aplicación. Además, en 2002 se organizó por primera vez un intercambio de seis meses de un funcionario de la Comisión y un funcionario de la oficina de competencia canadiense.

3. Japón

662. Se produjeron numerosas reuniones y contactos oficiales entre la Comisión y las autoridades japonesas. La reunión bilateral anual entre la Comisión y la Comisión de Comercio Justo de Japón tuvo lugar en Bruselas el 25 de octubre. Ambas partes debatieron los últimos avances políticos y otras perspectivas de la cooperación bilateral.

663. La Comisión concluyó con éxito las negociaciones con el Gobierno japonés mediante un acuerdo de cooperación bilateral. A raíz de ello, la Comisión adoptó, el 8 de mayo, una propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión por la que se celebra un Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Japón sobre cooperación en la lucha contra las actividades contrarias a la competencia [419]. Adjunto a esta propuesta figura un proyecto del acuerdo bilateral previsto entre la UE y Japón. El proyecto de acuerdo es el resultado de intensas negociaciones entre la Comisión y el Gobierno japonés celebradas en Tokio y Bruselas desde junio de 2000 hasta mayo de 2002. La Comisión negoció el borrador del texto propuesto sobre la base de unas directivas aprobadas por el Consejo el 8 de junio de 2000. El acuerdo previsto constituirá un refuerzo provechoso de la creciente red de acuerdos de cooperación bilaterales de competencia, junto a acuerdos como los concluidos entre la UE y EE.UU. en 1991 y 1998, el acuerdo entre la UE y Canadá de 1999 [420] y el acuerdo entre EE.UU. y Japón de 1999 [421]. Antes de tomar una decisión sobre el texto propuesto por la Comisión, el Consejo consultó al Parlamento Europeo, que aprobó el texto el día 3 de julio. El procedimiento para la adopción y firma del Acuerdo continuará ahora en el Consejo. El Acuerdo propuesto aumentará la capacidad de cooperación mutua de la Comisión y la Comisión de Comercio Justo japonesa y se espera que dé lugar a una relación mucho más estrecha entre ambas autoridades de competencia y a una mayor comprensión de sus respectivas políticas de competencia.

[419] COM(2002) 230 final, 8.5.2002, disponible en línea en http://www.cc.cec/sg\_vista/cgi-bin/ repository/getdoc.cgi?full\_file\_name=COMM\_PDF\_COM\_2002\_0230\_F\_ES\_ACTE.pdf

[420] Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Canadá relativo a la aplicación de sus normas de competencia, DO L 175 de 10.07.1999.

[421] Disponible en línea en http://www.usdoj.gov/atr/public/ international/docs/3740.htm.

4. Otros países de la OCDE

664. En 2002, la Comisión cooperó con las autoridades de competencia de otros países de la OCDE, especialmente las de Australia, Nueva Zelanda y Corea. Se trataron tanto cuestiones relacionadas con asuntos concretos como otras más generales de política de competencia.

665. A lo largo del año, la Comisión también prosiguió su estrecha colaboración con el Órgano de Vigilancia de la AELC para la aplicación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

C. - Cooperación multilateral

1. Red Internacional de Competencia (RIC)

666. La Red Internacional de Competencia (RIC) es una iniciativa reciente que brinda un foro a las autoridades de defensa de la competencia de todo el mundo para discutir las posibilidades de convergencia en áreas pertinentes de la política internacional de competencia. La Comisión fue una de las impulsoras del lanzamiento de la RIC por 14 autoridades de competencia en Nueva York en octubre de 2001. Al cabo de un año, se habían adherido a la RIC 77 autoridades de competencia de 68 países de cinco continentes. Una de sus características distintivas es la integración de numerosas autoridades de competencia de reciente creación de economías en desarrollo y transición. La RIC se creó como red virtual centrada en proyectos concretos que se espera que faciliten la cooperación práctica entre autoridades de competencia. En última instancia, la red aspira a recomendar unas «mejores prácticas» concretas que contribuyan a aumentar la gobernanza en un mundo globalizado.

667. Durante su primer año de existencia, la RIC se centró inicialmente en dos proyectos. Un grupo de trabajo estudió aspectos procedimentales y sustantivos del control de concentraciones que afectan a más de una jurisdicción. El segundo proyecto examinó los planteamientos de la abogacía de la competencia, un término que hace referencia a la función particular de las autoridades de competencia para prevenir y corregir los falseamientos de la competencia producidos por la intervención pública. Los resultados de estos proyectos se presentaron a los altos funcionarios de competencia, a representantes de otros organismos internacionales que trabajan en el mismo ámbito y a expertos no gubernamentales durante la conferencia anual inaugural de la RIC celebrada en Nápoles (Italia) los días 27 a 29 de septiembre. Los miembros de la RIC aprobaron, en particular, un conjunto de «principios rectores no vinculantes para la notificación y los procedimientos en materia de concentraciones» y debatieron una serie de «prácticas recomendadas» más operativas en el terreno del control de las concentraciones internacionales. En Nápoles, los miembros de la red discutieron, asimismo, un marco analítico apropiado para el examen de las concentraciones. El grupo de trabajo de la RIC para la abogacía de la competencia, por su parte, presentó un estudio completo sobre la labor que las autoridades integradas en la red están realizando en el ámbito de la abogacía de la competencia y sobre las herramientas que utilizan en el ejercicio de esta función particular. Los resultados de este estudio sin precedentes, al que la Comisión hizo una contribución decisiva, se basan en gran medida en una consulta realizada entre los miembros de la RIC. Todos los documentos de la RIC están disponibles en su sitio Internet: www.internationalcompetitionnetwork.org.

668. En Nápoles, los miembros de la RIC también crearon un grupo de trabajo adicional destinado a responder a las necesidades específicas de los países de economías en desarrollo y transición y solicitaron a la Comisión Europea y al Tribunal Sudafricano de la Competencia que copresidieran este proyecto titulado «Creación de capacidades y aplicación de la política de competencia». El grupo de trabajo se centrará inicialmente en tres temas: i) las ventajas de la aplicación de la legislación sobre competencia en países en vías de desarrollo; ii) una evaluación de los desafíos a que se enfrentan los países en vías de desarrollo al aplicar las políticas de competencia y crear unas autoridades eficaces encargadas de su aplicación, incluidas las estrategias utilizadas por estos países para superar tales desafíos; y iii) unos modelos de apoyo por parte de países socios y organismos multinacionales.

2. Grupo de trabajo de la OMC sobre comercio y competencia (WGTCP)

669. En la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha (Qatar) del 9 al 14 de noviembre de 2001, los ministros reconocieron «las razones en favor de un marco multilateral destinado a mejorar la contribución de la política de competencia al comercio internacional y al desarrollo [...]» y dieron al WGTCP un nuevo mandato más preciso para su labor durante el período hasta la Quinta Conferencia Ministerial. Los ministros acordaron, asimismo, que las negociaciones de la OMC comenzarían después de la Quinta Conferencia Ministerial. La reunión del WGTCP de los días 23 y 24 de abril fue la primera después de la Conferencia Ministerial de Doha y el claro mandato dado en el Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) para «aclarar» una serie de aspectos se refería a la negociación de un acuerdo multilateral sobre comercio y competencia en la OMC. El punto principal del orden del día de esta reunión eran las necesidades a corto y largo plazo de asistencia técnica y creación de capacidad de los países en vías de desarrollo a fin de comprender las cuestiones pertinentes para las negociaciones futuras y de crear unos sistemas nacionales eficaces en materia de competencia. A raíz de este debate, la secretaría presentó un documento de base sobre asistencia técnica y creación de capacidad. A lo largo de 2002, elaboró otros tres documentos de base sobre cooperación voluntaria, cárteles intrínsecamente nocivos y comercio básico y principios de competencia. La CE presentó un documento [422] sobre asistencia técnica y modalidades de cooperación internacional voluntaria. Durante los debates, la CE subrayó la necesidad de prestar apoyo en el ámbito de la asistencia técnica y la creación de capacidades que, por una parte, desarrollará la capacidad institucional de los países para analizar su economía y el mercado y hacer cumplir las normas y, por otra, aumentará la conciencia pública de los objetivos de la política de competencia y contribuirá a que prolifere una cultura competitiva.

[422] WT/WGTCP/184.

670. La segunda reunión del WGTCP tuvo lugar los días 1 y 2 de julio y brindó la ocasión de debatir intensamente los dos puntos del orden del día: los cárteles intrínsecamente nocivos y la cooperación voluntaria entre autoridades de competencia. La CE presentó un documento sobre cárteles intrínsecamente nocivos (WT/WGTCP/193). En los debates se abordaron las distintas opciones respecto del alcance de la prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos (sólo cárteles internacionales; todos los cárteles con repercusiones sobre el comercio internacional; todos los cárteles sin excepción), así como la articulación entre una prohibición per se y un enfoque del tipo «regla del sentido común» (rule of reason). Otra cuestión abordada se refería a las características mínimas de una prohibición multilateral (por ejemplo, prohibición explícita, obligación de prever sanciones efectivas, etc.). Los participantes examinaron, asimismo, los aspectos generales de la cooperación (discusión multilateral, Comité de la OMC, evaluación paritaria, metodologías, etc.), así como la cooperación en casos concretos (incluida una discusión sobre la cortesía positiva).

671. La tercera reunión del WGTCP, celebrada los días 26 y 27 de septiembre, versó sobre los principios básicos del comercio y la competencia. La posición comunitaria se presentó oralmente y, a la vista de los comentarios hechos y de las preguntas formuladas durante esta reunión del mes de septiembre, la CE elaboró un documento sobre «principios básicos» para la reunión de noviembre. En la reunión de septiembre se presentaron otros documentos y contribuciones elaborados por Nueva Zelanda (que proponía la introducción de un nuevo «principio de comprehensión» que establece que las exenciones/excepciones se apliquen de un modo que minimice las distorsiones económicas), Australia, Corea, Tailandia (que proponía un principio adicional de «tratamiento especial y diferenciado»), Suiza, EE.UU. (con preguntas detalladas sobre el contenido de la «imparcialidad procedimental»), Japón, India (que aludía a un posible acuerdo si se otorgaba un período transitorio suficientemente largo antes de la aplicación) y la República Checa.

672. La última reunión del año del WGTCP se celebró el 20 de noviembre. El documento comunitario sobre los «principios básicos» (la única contribución significativa) fue bien recibido y suscitó algunas reacciones positivas, a pesar de la ausencia de muchos funcionarios con sede en la capital. En el plano procedimental, se alcanzó un acuerdo para celebrar dos reuniones sustantivas del Grupo en 2003 antes de la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC de Cancún en septiembre de 2003, en la que los ministros acordarán las modalidades de las negociaciones.

3. Comité de competencia (CC) de la OCDE

673. En 2002, el CC se reunió en tres ocasiones, los días 12 de febrero, 5 y 6 de junio y 23 y 24 de octubre. La primera reunión versó sobre la evaluación paritaria de Turquía y el informe de este país sobre el avance de sus esfuerzos en materia de aplicación. La secretaría del CC también presentó su nota sobre competencia en los mercados de producto, respecto de la cual la CE formuló una posición positiva señalando que los indicadores de rendimiento debían desarrollarse y actualizarse.

674. En la segunda reunión del CC se estudiaron los planes para las futuras reuniones del Foro Mundial de la Competencia (FMC) y se acordó que la siguiente reunión del FMC se celebraría en febrero de 2003 [423], coincidiendo con las reuniones del CC. El CC debatió, asimismo, las rebajas y descuentos de lealtad o fidelidad. Algunos países son partidarios de prohibir tales descuentos siempre que sean ofrecidos por empresas que disfruten de una posición dominante, mientras que otros insisten en que es necesario demostrar que los compradores se ven perjudicados en última instancia por un comportamiento que, al menos inicialmente, debe beneficiar a los compradores que obtienen los descuentos. En cambio, había consenso en cuanto a que el poder de mercado aumenta la probabilidad de que los descuentos de fidelidad surtan efectos anticompetitivos. Por último, el CC organizó una mesa redonda sobre el examen de las concentraciones en los mercados emergentes (con un elevado grado de innovación). Los delegados coincidieron en que, si bien no es necesario un planteamiento especial para el examen de las concentraciones en los mercados muy innovadores, las autoridades de competencia experimentarán dificultades particulares a la hora de definir los mercados, evaluar las barreras de entrada y predecir la evolución probable de los mercados. Esas dificultades especiales requieren que se preste menor atención a las características estructurales, es decir, a los índices de concentración, y que, en cambio, se persiga un mayor entendimiento de los mercados muy innovadores, sobre todo aprovechando plenamente la información obtenida de la abogacía de la competencia en lo relativo a los mercados dotados de infraestructuras de red. Las autoridades de competencia son plenamente conscientes de que, en el caso de las concentraciones en estos mercados, los efectos favorables o contrarios a la competencia tienden a manifestarse antes en términos de eficiencia dinámica que de eficiencia estática. La atención suele centrarse en los mercados de productos y tecnologías y, muy en particular, en la competencia potencial. La diferencia más obvia entre el control de las concentraciones en mercados emergentes y en otros mercados estriba en las medidas correctivas aplicadas. En el caso de los mercados emergentes, se confía mucho más en soluciones ad hoc relacionadas con la conducta o en medidas correctivas que combinen la conducta con aspectos estructurales para eliminar los efectos anticompetitivos netos.

[423] En el orden del día figurarán los siguientes puntos: 1) un examen en profundidad de las autoridades de competencia de África del Sur; 2) un debate sobre la configuración óptima de las autoridades de competencia y los objetivos del derecho y la política de competencia; 3) un debate sobre el papel de la política de competencia en las pequeñas economías.

675. En la última reunión del CC se celebró una mesa redonda sobre comunicación y política con vistas a los medios de comunicación y se debatieron, en particular, los métodos para mejorar la comunicación en el ámbito de la política de competencia. En otra mesa redonda se abordaron las pruebas sustantivas utilizadas para evaluar las concentraciones y se discutieron los pros y los contras de la prueba de la «reducción sustancial de la competencia» y del «dominio». Por último, se acordó organizar una mesa redonda sobre medidas correctivas de las concentraciones (primavera de 2003), cierres de mercado predatorios (otoño de 2003), cuestiones de protección de los consumidores (otoño de 2003) y competencia e innovación (primavera de 2004).

4. Grupo Intergubernamental de Expertos (GIE) de la CNUCD

676. La cuarta sesión del GIE de la CNUCD tuvo lugar en Ginebra del 3 al 5 de julio y contó con una amplia participación de expertos de competencia de países en vías de desarrollo y organizaciones regionales. Tras un discurso importante del presidente de la autoridad de competencia coreana, el Sr. Nam Kee Lee, tomaron la palabra los delegados --especialmente de Rusia, Francia, Ucrania, Irán, la India, Cuba, Sudáfrica, Zimbabue, Zambia, Qatar, Sri Lanka, Venezuela, Rumanía, China [424], Costa de Marfil, Malasia, Marruecos, Argentina, República Dominicana, Burkina Faso, Líbano, Bangladesh, Costa Rica, Corea, Benín y las organizaciones regionales africanas UEMOA y COMESA-- para exponer los avances políticos y de aplicación realizados en sus países respectivos. Las intervenciones hicieron hincapié en las necesidades y requisitos particulares de las economías en desarrollo y se solicitó una mayor cooperación y ayuda técnica para el desarrollo de sus capacidades con vistas a la nueva ronda de negociaciones en la OMC. La delegación comunitaria intervino desde el grupo de expertos en la discusión sobre los puntos de conexión entre regulación sectorial y autoridades de competencia «generalistas» y presentó los principios básicos subyacentes en la decisión de abrir los servicios públicos a la competencia, el reparto de trabajo entre reguladores y autoridades de competencia y la experiencia de la UE en diversas áreas (por ejemplo, telecomunicaciones ONP, desagregación del bucle local, regulación asimétrica ex ante, etc.). La CE intervino, asimismo, en la discusión sobre las actividades de asistencia técnica y creación de capacidades.

[424] En 1993 se aprobó una ley de competencia que aborda tanto cuestiones antimonopolísticas como de competencia desleal. Las autoridades chinas examinaron en 2001 285 asuntos relativos a prácticas empresariales restrictivas y 203 asuntos relacionados con intentos de monopolización (el número de asuntos en 2001 fue superior a la cifra total del quinquenio 1995-2000).

VI - Perspectivas para 2003

1. Normativa antimonopolio y liberalización

Nuevos instrumentos en el contexto de la modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 CE

677. Con objeto de preparar la aplicación efectiva del Reglamento 1/2003 [425] a partir del 1 de mayo de 2004, la Comisión adoptará en el transcurso de 2003 un reglamento de aplicación de la Comisión y una serie de comunicaciones destinados a ayudar a las autoridades nacionales de competencia, tribunales nacionales, consumidores e industria en la aplicación y el cumplimiento del nuevo régimen. Está previsto que la Comisión adopte sendas comunicaciones sobre la cooperación con las autoridades nacionales de competencia y los tribunales, la aplicación del apartado 3 del artículo 81 CE y el criterio del 'efecto sobre el comercio interestatal', la publicación de dictámenes orientativos y la tramitación de denuncias.

[425] Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.

Actividades de aplicación

678. La mayor parte del trabajo de la DG COMP en lo relativo a la aplicación de las normas de defensa de la competencia seguirá concentrándose en el examen de asuntos concretos. Se proseguirán los esfuerzos para acortar aún más la duración media de los procedimientos y concentrar los recursos en asuntos que revistan un importante interés jurídico, económico o político para la UE, incluidas las medidas que impiden la plena integración del mercado y perjudican los intereses de los consumidores.

679. Se dará prioridad a los asuntos de abuso de posición dominante, en especial en sectores que impliquen un rápido desarrollo económico o tecnológico (por ejemplo, las telecomunicaciones o los medios de comunicación).

680. En el marco de las actividades de la Comisión en la aplicación de la normativa de defensa de la competencia seguirá dándose máxima prioridad al examen de asuntos concretos. La lucha contra los cárteles especialmente graves sólo puede ganarse si se aplica una disuasión convincente. Si no se detecta y pone fin a un número suficientemente elevado de cárteles secretos y no se adoptan regularmente decisiones sancionadoras de imposición de multas, no se logrará la disuasión de este tipo de comportamiento ilegal. Sobre la base del trabajo realizado en 2002, cabe esperar que en 2003 se adopte una serie de decisiones que sancionen los cárteles de forma tan efectiva como el año anterior.

681. En cuanto al examen de asuntos, la Comisión continuará dando prioridad a sectores importantes de la economía europea, en los que su labor ejecutora mejora directamente el bienestar de los consumidores.

682. Por lo que se refiere a los aspectos procedimentales de la aplicación de la normativa de defensa de la competencia, el acceso al expediente es una de las principales garantías para proteger el derecho de defensa. Con objeto de tener en cuenta la experiencia obtenida hasta ahora en virtud de la Comunicación de la Comisión relativa a las normas de procedimiento interno para el tratamiento de las solicitudes de acceso al expediente [426] y de adaptar esta comunicación a la jurisprudencia reciente, se espera que la Comisión adopte a lo largo de 2003 una comunicación revisada.

[426] DO C 23 de 23.1.1997, p. 3.

683. Se realizará un nuevo esfuerzo para mejorar la experiencia en la realización de inspecciones sobre el terreno teniendo en cuenta los nuevos poderes que la modernización de la normativa de defensa de la competencia confiere a la Comisión, prestando especial atención a los métodos y posibilidades de búsqueda de información electrónica. Las nuevas normas de defensa de la competencia consolidarán la capacidad de la Comisión de obtener pruebas, especialmente al concederle la posibilidad de registrar domicilios particulares en los que puedan guardarse documentos empresariales.

684. Por último, la quinta reunión de la Red Internacional de Competencia también figura en la agenda de la Comisión para el año 2003, a fin de demostrar la prioridad que atribuye a la cooperación internacional. Se trata de una conferencia anual de unos 200 representantes de autoridades responsables de la aplicación de la normativa antimonopolio de todo el mundo, organizada de forma rotatoria, en la que estas autoridades comparten sus «mejores prácticas», como las técnicas de investigación, la realización de búsquedas electrónicas, la cooperación internacional y otros aspectos relacionados con los cárteles.

685. Sobre la base del proceso de Lisboa, en el terreno de la liberalización se dará prioridad a las medidas de aplicación relativas a la apertura de los mercados de la electricidad y el gas, así como a asuntos del sector del transporte. Además, se prestará especial atención a la competencia en sectores o áreas sensibles en los que la Comisión está adoptando medidas para el mercado único, como los servicios financieros y las profesiones liberales.

2. Concentraciones

686. En el ámbito del control de las concentraciones, la tarea más importante es la iniciativa para establecer un marco revisado en el que las concentraciones de dimensión comunitaria serán tratadas por la Comisión (revisión del Reglamento de base del Consejo y de las medidas reguladoras derivadas). Otro hecho importante en 2003 será la adopción de una comunicación sobre la evaluación de las concentraciones horizontales y el aumento de la cooperación internacional con otras autoridades de competencia encaminada a una posible convergencia en lo relativo a los procedimientos y análisis sustantivos.

3. Ayudas estatales

687. En 2003 se desarrollará la política de ayudas estatales con objeto de modernizarla y simplificarla y de proporcionar a todos los interesados un marco fiable y claro en el que puedan actuar. Sus objetivos y lógica subyacente deberán describirse de forma más explícita en una comunicación de la Comisión. Se procederá a un análisis de los instrumentos existentes de control de ayudas estatales con objeto de eliminar los posibles conflictos entre ellos y de simplificarlos sustancialmente. En la medida de lo posible, se tratará de simplificar y racionalizar los procedimientos.

688. Entre las prioridades concretas para 2003 figurarán la elaboración de un reglamento de exención por categorías para las ayudas de investigación y desarrollo en favor de las PYME y el establecimiento de una lista de sectores aquejados de graves problemas estructurales en los que están restringidas las ayuda regionales a la inversión. Se elaborarán nuevas normas para el sector de la construcción naval, ya que en 2003 expirarán las normas existentes. Asimismo, se dará máxima prioridad al establecimiento de unas directrices referentes a la disposición sobre la compensación de los costes derivados de la prestación de servicios de interés económico general. La cooperación con los países candidatos continuará en 2003 para elaborar las listas de medidas de ayuda existentes que deberán incluirse en los Tratados de Adhesión.

4. Ámbito internacional

689. Por lo que se refiere a la ampliación, la Comisión supervisará de cerca el cumplimiento por los diez países candidatos de las condiciones y requisitos acordados para la adhesión.

690. Con objeto de promover la convergencia internacional, la Comisión proseguirá su importante labor en el marco de la Red Internacional de Competencia y la preparación de la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en Cancún en septiembre de 2003.

Anexo - Asuntos tratados en el Informe

1. Artículos 81, 82 y 86

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

2. Control de concentraciones

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

3. Ayudas estatales

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

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