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Language: es
Format: md

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# 52011PC0778

**Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas /\* COM/2011/0778 final - 2011/0389 (COD) \*/**

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.           CONTEXTO DE LA PROPUESTA

Las medidas adoptadas dentro y fuera de
Europa como consecuencia directa de la crisis financiera se han centrado sobre
todo en la necesidad urgente de estabilizar el sistema financiero. Si bien el
papel de los bancos, los fondos de inversión libre, las agencias de
calificación, los supervisores o los bancos centrales ha sido cuestionado y
analizado en profundidad en muchas ocasiones, hasta ahora apenas se ha prestado
atención al papel desempeñado por los auditores en esta crisis, y mucho menos
al papel que hubieran debido desempeñar. Dado que los bancos hicieron aflorar
de 2007 a 2009 enormes pérdidas relacionadas con las posiciones que mantenían
dentro y fuera de sus balances, son muchos los ciudadanos e inversores que no
se explican cómo fue posible que los auditores emitiesen en esos ejercicios
informes de auditoría limpios sobre las cuentas de sus clientes (en particular,
los bancos).

Es importante señalar que en una crisis
en la que, entre octubre de 2008 y octubre de 2009, se comprometieron en apoyo
de los bancos 4 588 900 millones de EUR de dinero de los contribuyentes,
volumen de ayudas que representa el 39 % del PIB de la UE-27 en 2009[1],
todos los componentes del sistema financiero necesitan mejoras.

La solidez de la auditoría es fundamental
para restablecer la credibilidad y la confianza en los mercados. Contribuye a
proteger al inversor, proporcionándole información fácilmente accesible, que resulte
económica y fidedigna sobre los estados financieros de las empresas. Puede
además reducir el coste del capital de las empresas auditadas, al garantizar
una mayor transparencia y fiabilidad de sus estados financieros.

Es importante subrayar asimismo que los
auditores tienen asignada por ley la realización de las auditorías legales.
Esta asignación obedece al cumplimiento de la función social de ofrecer una
opinión sobre la fidelidad de los estados financieros de las entidades
auditadas; estas, a su vez, pueden así beneficiarse de una responsabilidad limitada
y/o de la posibilidad de prestar servicios en los mercados financieros.

Las normas de la UE han regulado
parcialmente las auditorías legales desde que, en 1984, la Directiva
1984/253/CEE armonizara los procedimientos para la autorización de los auditores.
La Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de
2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas
consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE
del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (en lo sucesivo,
Directiva 2006/43/CE), adoptada en 2006, amplió considerablemente el ámbito de
aplicación de la Directiva anterior. El elevado nivel de concentración del
mercado de auditorías y la multitud de trámites que se exigen para autorizar la
realización de auditorías transfronterizas impiden a las pequeñas y medianas
sociedades de auditoría beneficiarse del mercado interior. En consonancia con
la estrategia Europa 2020[2], que reclama una mejora
del entorno empresarial, esta propuesta pretende fomentar el mercado interior
de auditorías legales para hacer posible el crecimiento de las pequeñas y
medianas empresas (PYME) y favorecer la entrada de nuevas empresas.

La presente propuesta de la Comisión
sobre la modificación de la Directiva relativa a la auditoría legal coexiste
con la propuesta de Reglamento sobre los requisitos específicos para la
auditoría legal de las entidades de interés público[3].
Ambas forman parte de la reforma legislativa actualmente en marcha en diversos
ámbitos del sector financiero. Puesto que la auditoría respalda la veracidad de
los estados financieros, sigue siendo uno de los elementos esenciales de la
estabilidad financiera. Otras iniciativas genéricas en curso de elaboración,
como las relativas a la gobernanza empresarial, a la contabilidad y a las
calificaciones crediticias, tienen carácter complementario de la presente
propuesta. No hay, en todo caso, duplicidades ni solapamientos entre ellas.

La propuesta prevé modificaciones de las disposiciones
referentes a la autorización y el registro de los auditores y las sociedades de
auditoría, y los principios establecidos en la Directiva relativa a la
auditoría legal en materia de ética y de secreto profesional, independencia e
informes, así como de las normas de supervisión correspondientes que seguirán
aplicándose a la auditoría de las entidades que no son de interés público (no
EIP).

2.           CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS

La Comisión realizó una consulta desde el
13 de octubre al 8 de diciembre de 2010[4].

Se recibieron en total cerca de 700
respuestas de diversas partes interesadas, entre ellas miembros de la
profesión, supervisores, inversores, estudiosos, empresas, autoridades públicas,
organismos profesionales y particulares.

La consulta reveló tanto la voluntad de
cambio como la resistencia al mismo; las partes interesadas que disfrutan
actualmente de una posición firmemente asentada se mostraron particularmente
reacias al cambio. En cambio, los auditores de tamaño pequeño y mediano, junto
con los inversores, llegaron a la conclusión de que la reciente crisis
financiera ha dejado al descubierto graves deficiencias. Puede consultarse un
resumen de las contribuciones públicas recibidas en:

http://ec.europa.eu/internal\_market/consultations/docs/2010/audit/summary\_responses\_en.pdf

Además, la Comisión celebró el 10 de
febrero de 2011[5] una conferencia de alto
nivel sobre auditoría, que permitió un intercambio adicional de puntos de
vista.

El Parlamento Europeo adoptó, el 13 de
septiembre de 2011, un informe de iniciativa en respuesta al Libro Verde, en el
que insta a la Comisión a introducir una mayor transparencia y competencia en
el mercado de auditoría[6]. El Comité Económico y
Social Europeo (CESE) emitió un informe similar el 16 de junio de 2011.[7]

Estas cuestiones fueron sometidas
asimismo a la consideración de los Estados miembros en la reunión del Comité de
Servicios Financieros celebrada el 16 de mayo de 2011, y en la reunión del
Comité de Reglamentación de la Auditoría que tuvo lugar el 24 de junio de 2011.

3.           EVALUACIÓN DE IMPACTO

En consonancia con la iniciativa «legislar
mejor», los servicios de la Comisión hicieron una evaluación de impacto de las
distintas opciones de actuación. De las cuestiones examinadas, algunas se
referían únicamente a la auditoría legal de las entidades de interés público
(EIP), mientras que otras concernían a la auditoría legal en general. Se llegó
a la conclusión de que había que establecer normas más detalladas sobre la
auditoría de las EIP y que para ello se requería un instrumento jurídico
específico. La Directiva relativa a la auditoría legal debía mantener su ámbito
de aplicación general.

Sobre las
cuestiones concretas incluidas en ese ámbito de aplicación, se examinaron los
problemas siguientes:

–
La fuerte carga administrativa derivada de las
fragmentadas legislaciones nacionales.

–
La limitación de las auditorías legales
transfronterizas exclusivamente a los casos en que el auditor supere una prueba
de aptitud y obtenga la autorización y el registro en cada uno de los Estados
miembros.

–
La inexistencia de normas comunes a escala de
la UE sobre la práctica de la auditoría, la independencia y el control interno
de las sociedades de auditoría-

–
El olvido en las normas de auditoría del
tamaño de las empresas auditadas, en particular las PYME.

–
Otros problemas referidos a la supervisión de
las no EIP.

Todo ello, además de aumentar los costes
de cumplimiento, implica unas condiciones de competencia no equitativas para
las sociedades de auditoría y los auditores legales en toda la Unión y un bajo
potencial de negocio para las PYME del sector.

La
evaluación de impacto llevó a la conclusión de que las opciones más idóneas
para mejorar la situación existente eran las siguientes:

–
Facilitar el reconocimiento transfronterizo de
las competencias de los profesionales de la auditoría: principio del
reconocimiento mutuo de las sociedades de auditoría y auditores legales a
escala de la Unión.

–
Simplificar las normas sobre práctica de la
auditoría, independencia y control interno de las sociedades de auditoría en
toda la Unión mediante la introducción de normas internacionales de auditoría
que permitan garantizar la uniformidad de esas normas en toda la Unión, sin
perjuicio de considerar aceptables las adiciones nacionales en caso necesario.

–
Adaptar las normas de auditoría al tamaño de
la entidad auditada requiriendo a los Estados miembros para que garanticen una
auditoría de las PYME proporcionada y simplificada.

Estas cuestiones conciernen a los
auditores legales y las sociedades de auditoría que realizan auditorías legales
de entidades que no tienen el carácter de interés público. Además, la
evaluación de impacto examinó otros aspectos referidos exclusivamente a la
auditoría legal de las EIP.

Las diferentes opciones de actuación y su
impacto sobre las partes interesadas se examinan pormenorizadamente en la
evaluación de impacto, disponible en el sitio web siguiente:

http://ec.europa.eu/internal\_market/auditing/index\_en.htm.

4.           ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

4.1.      Fundamento
jurídico

La Directiva de modificación tiene el
mismo fundamento jurídico que la Directiva relativa a la auditoría legal. La
propuesta se basa en el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que
exige la adopción de una directiva para las materias relacionadas con la
libertad de establecimiento (como las concernientes a las cualificaciones
profesionales). La Directiva modificada es relevante a efectos del EEE.

La nueva Directiva modificada coexistirá
con una propuesta de Reglamento sobre los requisitos específicos para la
auditoría legal de las entidades de interés público.

4.2.      Principios de subsidiariedad y de proporcionalidad

De conformidad con los principios de
subsidiariedad y de proporcionalidad, tal como se enuncian en el artículo 5 del
TUE, los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor
a nivel comunitario. En particular, no podría facilitarse la movilidad
transfronteriza de los auditores legales y las sociedades de auditoría en toda
la Unión sin una intervención a escala de la Unión. Así pues, la propuesta de
la Comisión respeta el principio de subsidiariedad, en cuanto que trata de
superar los obstáculos al desarrollo del mercado único para los servicios de
auditoría legal y los demás detectados durante la consulta abierta a las partes
interesadas. Por otro lado, la Directiva modificada deja a la discreción de los
Estados miembros la forma de adaptar las normas de auditoría al tamaño de la
entidad auditada, lo que dará lugar a la prestación de unos mejores servicios
de auditoría a las PYME correspondientes. La propuesta respeta asimismo el
principio de proporcionalidad, porque todas las soluciones ofrecidas tienen
presente la eficiencia de costes. La propuesta no va más allá de lo necesario
para alcanzar los objetivos que se persiguen.

4.3.      Explicación
detallada de la propuesta

Las
principales modificaciones introducidas en la Directiva relativa a la auditoría
legal son las siguientes:

1)
Articulación entre la Directiva relativa a la auditoría legal y un nuevo
instrumento legislativo sobre los requisitos específicos para la auditoría
legal de las EIP (artículo 1)

La
Comisión propone que la Directiva relativa a la auditoría legal modificada
coexista con el Reglamento sobre los requisitos específicos para la auditoría
legal de las cuentas anuales y las cuentas consolidadas de las entidades de
interés público. Se requiere, por tanto, una clara articulación entre los dos
textos legales. Las actuales disposiciones de la Directiva relativa a la
auditoría legal referidas únicamente a las entidades de interés público deben,
pues, incluirse y, en lo que sea pertinente, modificarse en la propuesta de
Reglamento sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las
cuentas anuales y las cuentas consolidadas de las entidades de interés público.
En consecuencia, deben suprimirse los artículos 39 a 44 y el artículo 22,
apartado 2, in fine.

Por otra parte, el artículo 1 se refiere
a la aplicabilidad de la Directiva modificada a la auditoría legal de las EIP.
Asimismo, los artículos 3 a 20 (sobre el acceso de los auditores al mercado)
son de aplicación a los auditores legales y las sociedades de auditoría
independientemente del tipo de entidad auditada. La situación cambia en lo que
atañe a los restantes artículos de la Directiva: no son de aplicación a la
auditoría legal de las EIP el artículo 22 sobre la independencia y objetividad,
el artículo 25 sobre los honorarios de auditoría, los artículos 27 y 28 sobre
el informe de auditoría y los artículos 29 a 31 sobre el control de calidad y
los sistemas de investigación y sanciones. Sobre estas cuestiones se incluirán
normas más detalladas en el Reglamento previsto. Los artículos 32 a 36
relativos a la supervisión sólo serán aplicables a la auditoría legal de las
EIP en lo que respecta a la supervisión del cumplimiento de los artículos 3 a
20. Por último, otros artículos son de aplicación a la auditoría de las EIP y
se completarán con las disposiciones del Reglamento sobre los requisitos
específicos (artículos 21, 23, 24, 26, 37 y 38).

2)
Definición de «auditoría legal» para tener en cuenta lo dispuesto en la nueva
Directiva sobre contabilidad (artículo 2)

La Comisión propone asimismo un cambio en
la definición de «auditoría legal». En primer lugar, este término seguirá
abarcando los casos en que diferentes textos legales de la Unión impongan a
determinadas empresas, en función de su forma jurídica o de su actividad, la
obligación de auditar sus estados financieros. Ahora bien, para garantizar su
uniformidad, la definición de «auditoría legal» debe incluir también las
situaciones en que los Estados miembros decidan imponer a las pequeñas empresas
la obligación de someter a auditoría sus estados financieros[8].
Y por último, se considerará también como auditoría legal la que se produzca
cuando una pequeña empresa decida voluntariamente someter a ella sus cuentas.

3)
Modificación de las normas sobre titularidad (artículo 3 y artículo 22,
apartado 2)

Otra de las
modificaciones de la Directiva relativa a la auditoría legal concierne a la
liberalización de las normas sobre titularidad de las sociedades de auditoría.
En la actualidad, la Directiva exige que la mayoría de los derechos de voto de
las sociedades de auditoría correspondan a profesionales autorizados como
auditores. Este requisito ya no se incluye en la modificación propuesta, de
forma que los Estados miembros no podrán exigir que un mínimo de capital o de
derechos de voto pertenezca a auditores legales o sociedades de auditoría. Con
todo, el nuevo artículo 3, apartado 4, mantiene el requisito de que la mayoría
de los miembros del órgano administrativo o de gestión de la sociedad de
auditoría esté formada por sociedades de auditoría o auditores legales.

Esta
ampliación de la titularidad facilitará a las sociedades de auditoría el acceso
al capital, con el consiguiente aumento del número de prestadores de servicios de
auditoría y el correspondiente estímulo de la entrada en el mercado de nuevos
profesionales, entre otras cosas gracias a una mayor captación de capital en
los mercados públicos.

4)
Pasaporte para las sociedades de auditoría (artículos 3 ter, 15 y 17)

La propuesta de Directiva permite que las
sociedades de auditoría realicen auditorías legales en otros Estados miembros
distintos del que les haya concedido la autorización, siempre que el socio
auditor principal que dirija la auditoría disponga de autorización en el Estado
miembro correspondiente. Como consecuencia, se reducirá la carga de la multitud
de trámites de autorización y se facilitará la aparición de sociedades de
auditoría auténticamente paneuropeas. Este reconocimiento automático de las
sociedades no supondrá una merma en la calidad de la supervisión, ya que se
seguirá exigiendo que los supervisores controlen los trabajos de auditoría
realizados en los respectivos Estados miembros.

No obstante, una vez obtenida la
autorización en el Estado miembro de origen, el Estado miembro de acogida podrá
requerir el registro de las sociedades de auditoría originarias de otros
países. Dicho registro deberá atenerse a lo previsto en los artículos 15 y 17,
referentes también al registro de las sociedades de auditoría locales.

5) Pasaporte para los auditores
legales (artículo 3 ter) y «flexibilización» de las condiciones para la
autorización en los distintos Estados miembros (artículo 14)

Las modificaciones propuestas en relación
con la autorización de los auditores legales procedentes de otros Estados
miembros se ajustan a lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE, relativa al
reconocimiento de las cualificaciones profesionales (Directiva sobre
cualificaciones profesionales)[9].

El artículo 3 ter permite a los
auditores legales prestar servicios transfronterizos de auditoría legal de
manera temporal u ocasional. Se aplicarán las condiciones establecidas en los
artículos 5 a 9 de la Directiva sobre cualificaciones profesionales, en
particular la obligación de notificar a la autoridad competente la intención de
prestar los servicios correspondientes.

El artículo 14 modificado dispone que un
Estado miembro podrá ofrecer la posibilidad de elegir entre un período de
prácticas y una prueba de aptitud al auditor legal que, habiendo sido
autorizado en otro Estado miembro, desee constituir en aquel un establecimiento
permanente.

En cuanto a los requisitos de la prueba
de aptitud, no se introducen modificaciones sustanciales en la redacción actual
del artículo 14. La prueba estará dirigida a comprobar el adecuado conocimiento
por parte del auditor de las disposiciones legales y reglamentarias del Estado
miembro que sean pertinentes para las auditorías legales.

Durante el período de prácticas que debe
ofrecerse al solicitante como alternativa a la prueba de aptitud, el auditor
legal autorizado podrá realizar auditorías legales en un Estado miembro
distinto de aquel en el que haya sido autorizado, bajo la supervisión de un
auditor local. Este período de prácticas tendrá una duración de tres años.

En lo relativo a la supervisión de los
auditores legales de otros Estados miembros, la responsabilidad referente a su
estatuto jurídico y a la evaluación de la formación adquirida durante el
período de prácticas corresponderá a la autoridad competente del Estado miembro
de acogida, por ser la más indicada para ello.

6)
Obligación de las autoridades competentes de cooperar en lo relativo a los
requisitos de formación y a la prueba de aptitud (artículo 6 y artículo 14)

Para garantizar una mayor convergencia de
las cualificaciones académicas de los auditores a escala de la Unión, se impone
a las autoridades nacionales competentes responsables de la supervisión de los
auditores legales la obligación de cooperar entre sí. También se establece la
cooperación a escala de la Unión para armonizar los requisitos de la prueba de
aptitud de los auditores legales, de forma que sean más previsibles y
transparentes.

7)
Normas de auditoría e informe de auditoría (artículo 26)

Con el fin de mejorar la calidad de las
auditorías legales realizadas en la Unión, la propuesta obliga a los Estados
miembros a velar por que los auditores y las sociedades de auditoría actúen de
conformidad con las normas internacionales de auditoría.

Dada la inclusión de disposiciones
detalladas sobre el informe de auditoría en la propuesta de Reglamento sobre
los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés
público, se suprime el artículo 28, apartado 2.

8)
Nuevas normas referidas a las autoridades competentes (Artículos 32 y 32 bis)

La Directiva relativa a las auditorías,
en su redacción actual, obliga a los Estados miembros a organizar un sistema de
supervisión pública para los auditores legales y las sociedades de auditoría.
En la práctica, esta redacción ha permitido que se haga responsables a
organismos profesionales, entre otras cosas, de la autorización y el registro
de los auditores legales y las sociedades de auditoría, así como del control
externo de la calidad, de las investigaciones y de las medidas disciplinarias.
La modificación introducida establece que la autoridad competente responsable
de la supervisión deberá ser una autoridad pública, que será responsable
asimismo de la autorización (artículos 3 y 32), del registro (artículo 15) y
del control de calidad (artículo 29).

Para garantizar que las autoridades
públicas responsables de la supervisión de los auditores ejerzan sus funciones
de manera independiente y eficaz, hay que dotarlas de competencias y recursos
adecuados para llevar a cabo investigaciones y para acceder a los documentos pertinentes
en poder de los auditores legales o las sociedades de auditoría (artículo 32,
apartado 5). Aunque en adelante no podrán confiarse a organismos
profesionales las funciones enumeradas en el artículo 32, la autoridad
competente responsable de la supervisión pública podrá delegar en otras
instituciones u organismos algunas de sus funciones relacionadas con la
autorización y el registro de los auditores legales y las sociedades de
auditoría (artículo 32 bis). Esta delegación estará sujeta a determinadas
condiciones, y el organismo que asuma la responsabilidad última será la
autoridad competente mencionada en el artículo 32, apartado 1. Los Estados
miembros deberán comunicarse mutuamente las delegaciones concedidas.

9)
Prohibición de las cláusulas contractuales que influyan en la designación de
auditores legales o sociedades de auditoría (artículo 37, apartado 3)

En el contexto de la designación de
auditores legales o sociedades de auditoría, el artículo 37 prohíbe las
cláusulas en las que un tercero sugiera, recomiende o requiera que la entidad
auditada designe un auditor legal o sociedad de auditoría específicos.

10)
Normas especiales relativas a la auditoría legal de las pequeñas y medianas
empresas (artículos 43 bis y 43 ter)

De conformidad con la reciente propuesta
de la Comisión, la legislación de la UE ya no impondrá a las pequeñas empresas
la obligación de hacer auditar sus estados financieros[10],
aunque los Estados miembros sí lo podrán exigir. En cambio, las empresas
medianas continuarán sujetas a esta obligación.

En los casos en que las empresas medianas
deban ser auditadas en cumplimiento de la legislación de la UE, la Directiva
modificada obliga a los Estados miembros a velar por que las normas de
auditoría aplicadas se adapten a las dimensiones y escala de tales empresas.
Además, también las pequeñas empresas cuyas cuentas se auditen por imposición
de la legislación nacional o por iniciativa propia se beneficiarán de esta
aplicación proporcionada de la normativa. Tal adecuación de la auditoría al
tamaño de la entidad auditada redundará en la prestación de unos mejores
servicios a las pequeñas y medianas empresas y posiblemente con menores costes.
La medida propuesta no describe en detalle la forma de realizar esta aplicación
proporcionada de la normativa, materia que, con arreglo al principio de
subsidiariedad, se deja a la discreción de los Estados miembros.

Es importante subrayar que, si la pequeña
o mediana empresa en cuestión es una EIP, las disposiciones aplicables serán
las incluidas en la propuesta de Reglamento sobre los requisitos específicos
para la auditoría legal de las entidades de interés público.

11)
Normas especiales relativas a las competencias delegadas y de ejecución
derivadas de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (artículos 48 bis, 48
ter y 48 quater)

El artículo 8, apartado 3, el artículo
22, apartado 4, el artículo 29, apartado 2, el artículo 36, apartado 7, el
artículo 45, apartado 6, el artículo 46, apartado 2, y el artículo 47,
apartados 3 y 5 (actos delegados y de ejecución) adaptan la comitología a lo
previsto en los artículos 290 y 291 del TFUE que definen el nuevo marco para
las competencias de ejecución de la Comisión. Las competencias de la Comisión
para adoptar medidas de ejecución con arreglo al artículo 291 del TFUE se rigen
por el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios
generales relativos a las modalidades de control por los Estados miembros del ejercicio
de las competencias de ejecución de la Comisión[11].

La adaptación se realiza caso por caso,
para permitir la revisión de las competencias conferidas a la Comisión por los
legisladores. De este modo, se revisan las competencias de ejecución de la Comisión
para especificar y actualizar determinados aspectos de la Directiva y para
adoptar medidas encaminadas a facilitar la cooperación, por un lado, entre el
auditor y las autoridades competentes de los Estados miembros y, por otro,
entre estas últimas y las de terceros países en diversos ámbitos tratados por
la Directiva.

Los nuevos artículos 48 bis, 48 ter
y 48 quater describen la forma en que la Comisión debe ejercer sus
competencias delegadas, así como los casos en que los legisladores podrán
revocar la delegación, y el Parlamento Europeo o el Consejo formular objeciones
a un acto delegado.

5.           REPERCUSIONES FINANCIERAS

La propuesta de la Comisión no tiene
ninguna incidencia, directa ni indirecta, en el presupuesto de la Unión
Europea.

2011/0389 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO

por la que se modifica la Directiva
2006/43/CE, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las
cuentas consolidadas

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 50,

Vista la propuesta de la Comisión
Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto
legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y
Social Europeo[12],

De conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario,

Considerando
lo siguiente:

(1)
La Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas
anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva
84/253/CEE del Consejo, establece las condiciones para la autorización y el registro
de las personas que realizan auditorías legales, así como las normas de
independencia, objetividad y ética profesional que les son aplicables, y el
marco para su supervisión pública. No obstante, es necesaria una mayor
armonización de esas normas a escala de la Unión para hacer posible una mayor
previsibilidad y transparencia en los requisitos aplicables a dichas personas y
aumentar su independencia y objetividad en el desempeño de sus tareas. Por otro
lado, para reforzar la protección de los inversores es importante intensificar
la supervisión pública de los auditores legales y las sociedades de auditoría
aumentando la independencia de las autoridades responsables de dicha
supervisión pública en la Unión y confiriéndoles las competencias apropiadas.

(2)
Debido a la significativa relevancia pública
de las entidades de interés público, derivada de la escala, dimensión y
naturaleza de sus actividades, es preciso reforzar la credibilidad de sus
estados financieros auditados. Por ello se han desarrollado las disposiciones
específicas relativas a las auditorías legales de esas entidades, contenidas en
la Directiva 2006/43/CE, mediante el Reglamento (UE) nº [XXX], de [XXX],
sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de
interés público. Como consecuencia, deben suprimirse de la Directiva 2006/43/CE
las disposiciones sobre las auditorías legales de las entidades de interés
público, que en lo sucesivo se regirán por el Reglamento (UE) nº [XXX], de
[XXX].

(3)
Para hacer posible el crecimiento de las
sociedades de auditoría, los Estados miembros deben permitirles el acceso a
capital externo. Por consiguiente, debe eliminarse la facultad de los Estados
miembros de exigir que un mínimo del capital o de los derechos de voto de las
sociedades de auditoría pertenezcan a auditores legales o sociedades de
auditoría, siempre que la mayoría de los miembros de su órgano administrativo o
de gestión sean sociedades de auditoría autorizadas en algún Estado miembro o
auditores legales que gocen de buena reputación.

(4)
De conformidad con el Tratado, el mercado
interior representa un espacio sin fronteras internas en el que se garantiza la
libre circulación de mercancías y servicios y la libertad de establecimiento.
Debe permitirse a los auditores legales y las sociedades de auditoría desarrollar
sus actividades profesionales dentro de la Unión ofreciéndoles la posibilidad
de prestar sus servicios en un Estado miembro distinto de aquel que les haya
autorizado. Permitir que los auditores legales y las sociedades de auditoría
puedan realizar auditorías legales en un Estado miembro de acogida, al amparo
de sus titulaciones profesionales expedidas por su país de origen, contribuirá
en particular a atender las necesidades de los grupos de empresas que, como
consecuencia del incremento de los intercambios comerciales derivado del
mercado interior, han de elaborar estados financieros en varios Estados
miembros y auditarlos con arreglo a la legislación de la Unión. La eliminación
de las barreras al desarrollo de los servicios de auditoría legal entre los Estados
miembros contribuirá a la integración del mercado de auditoría de la Unión.

(5)
La auditoría legal exige un conocimiento
adecuado de materias tales como el Derecho de sociedades, el Derecho fiscal y
el Derecho social, que pueden variar de un Estado miembro a otro. Por
consiguiente, para garantizar la calidad de los servicios de auditoría legal
prestados en su territorio, se debe permitir a cada Estado miembro que imponga
una medida compensatoria a un auditor legal autorizado en otro Estado miembro
que desee obtener autorización para crear un establecimiento permanente en su
territorio. Tal medida debe tener en cuenta la experiencia profesional del
auditor legal. No debe suponerle una carga desproporcionada, ni impedir o
reducir el atractivo de la prestación de servicios de auditoría legal. Se debe
ofrecer al auditor legal interesado la posibilidad de elegir entre una prueba
de aptitud y un período de prácticas, conforme a lo establecido en la Directiva
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de noviembre de 2005,
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales[13].
Al término de dicho período de prácticas, el auditor legal debe poder ejercer
su profesión en el Estado miembro de acogida una vez evaluada la experiencia
profesional adquirida en él.

(6)
Con objeto de aumentar la independencia de los
auditores legales y las sociedades de auditoría con respecto a la entidad
auditada al efectuar la auditoría legal, toda persona o entidad que posea
derechos en una sociedad de auditoría debe ser independiente de la entidad
auditada y no intervenir en los procesos de toma de decisiones de esta.

(7)
Es importante garantizar unas auditorías
legales de elevada calidad en la Unión. Deben realizarse, pues, basándose en
las normas internacionales de auditoría emitidas en 2009, en el marco del
Proyecto Claridad, por la Federación Internacional de Contables (IFAC), en la
medida en que sean relevantes para las auditorías legales. Debe facultarse a
los Estados miembros para imponer procedimientos o requisitos de auditoría nacionales
adicionales únicamente cuando estos dimanen de normas jurídicas nacionales específicas
relativas al alcance de la auditoría legal de los estados financieros anuales o
consolidados, es decir, cuando no vengan contemplados en las normas internacionales
de auditoría adoptadas, y cuando mejoren la credibilidad y calidad de los
estados financieros anuales o consolidados y favorezcan el interés público de
la Unión. La Comisión debe seguir participando en la supervisión del contenido
de las normas internacionales de auditoría y en su proceso de adopción por la IFAC.

(8)
Con objeto de mejorar la credibilidad y
transparencia de los controles de calidad aplicados en la Unión, los sistemas
de control de calidad deben estar gestionados por las autoridades competentes
designadas por los Estados miembros para llevar a cabo la supervisión pública
de los auditores legales y las sociedades de auditoría. Estos controles de
calidad tienen como objetivo evitar y corregir las posibles deficiencias en la
realización de las auditorías legales. Para garantizar el cumplimiento de tal
objetivo, las autoridades competentes deben tener en cuenta, al llevarlos a
cabo, la escala de actividad y las dimensiones de los auditores legales y las sociedades
de auditoría.

(9)
La supervisión pública de los auditores
legales y las sociedades de auditoría abarca su autorización y registro, la
adopción de normas sobre ética profesional y sobre el control de calidad
interno, la formación continua, los sistemas de control de calidad, las investigaciones
y el régimen sancionador. Para aumentar la transparencia de la supervisión del
auditor y conseguir una mejor rendición de cuentas, cada Estado miembro debe
designar una autoridad única responsable de la supervisión pública de los
auditores legales y las sociedades de auditoría. La independencia de estas
autoridades respecto a los profesionales de la auditoría es una premisa
fundamental para la integridad, la eficiencia y el funcionamiento adecuado de
tal supervisión pública. Por consiguiente, las autoridades responsables de la
supervisión pública deben estar gestionadas por personas no pertenecientes a la
profesión y los Estados miembros han de establecer procedimientos
independientes y transparentes para su selección.

(10)
Para que las autoridades responsables de la
supervisión pública puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz, deben
estar dotadas de competencias suficientes. En particular, los Estados miembros
deben velar por que dispongan de las competencias necesarias para iniciar y
realizar investigaciones y para tener acceso a los documentos en poder de los
auditores legales o las sociedades de auditoría que resulten pertinentes para
el desempeño de sus funciones. Además, esas autoridades deben contar con
recursos humanos y financieros suficientes para desempeñar sus cometidos.

(11)
La supervisión adecuada de los auditores
legales y las sociedades de auditoría que realizan actividades transfronterizas
o forman parte de redes exige el intercambio de información entre las
autoridades responsables de la supervisión pública de los Estados miembros.
Para proteger la confidencialidad de la información intercambiada por esta vía,
los Estados miembros deben imponer la obligación de secreto profesional no solo
al personal de las autoridades responsables de la supervisión pública, sino
también a todas las personas en las que estas hayan delegado alguna tarea. Las
autoridades competentes deben estar facultadas para delegar tareas en otras
autoridades u organismos, pero únicamente en lo concerniente a la autorización
y el registro de los auditores legales. Tal delegación debe estar sujeta a
determinadas condiciones y su responsabilidad última corresponde a la autoridad
competente de que se trate.

(12)
La «Small Business Act»[14],
adoptada en junio de 2008 y revisada en febrero de 2011[15],reconoce
el papel fundamental desempeñado por las pequeñas y medianas empresas en la
economía de la Unión y trata de mejorar el tratamiento general de la iniciativa
empresarial y de incorporar el principio «pensar primero a pequeña escala» en
la formulación de las políticas. La estrategia Europa 2020[16],
adoptada en marzo de 2010, reclama igualmente la mejora del entorno
empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, incluida la
reducción de los costes de transacción que conlleva la realización de
actividades empresariales en la Unión. El artículo 34 de la Directiva [XXX] del
Parlamento Europeo y del Consejo, de [XXX], sobre los estados financieros
anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos
tipos de empresas, exime a las pequeñas empresas de la obligación de someter a
auditoría sus estados financieros.

(13)
Las cargas que gravitan sobre las pequeñas y
medianas empresas en la Unión en relación con la auditoría de sus estados
financieros deben reducirse al mínimo, sin comprometer por ello la protección
de los inversores. Los Estados miembros deben velar por que la aplicación de
las normas de auditoría legal a los estados financieros de esas empresas se
haga de forma proporcionada a su escala de actividad.

(14)
Algunos Estados miembros han sustituido la
auditoría legal de las pequeñas empresas por una revisión limitada de sus
estados financieros. Resulta oportuno permitirles que continúen con esta
práctica, en lugar de imponer la aplicación proporcionada de las normas de
auditoría a las pequeñas empresas.

(15)
Con el fin de preservar los derechos de las
partes en los casos en que las autoridades competentes de un Estado miembro
cooperen con las de terceros países intercambiando papeles de trabajo de
auditoría u otros documentos pertinentes para la evaluación de la calidad de
las auditorías realizadas, los Estados miembros deben velar por que los
acuerdos de cooperación suscritos por sus autoridades competentes y que sirvan
de base para ese intercambio de documentación incluyan salvaguardias
suficientes para proteger los secretos empresariales y los intereses
comerciales, incluidos los derechos de propiedad industrial e intelectual, de
las entidades auditadas.

(16)
El valor mínimo de 50 000 EUR establecido
en el artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE se ajustaba a lo
dispuesto en el artículo 3, apartado 2, letras c) y d), de la Directiva
2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003,
sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a
cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE[17].
Los valores mínimos definidos por esta Directiva 2003/71/CE se han elevado
después hasta 100 000 EUR en virtud del artículo 1, apartado 3, de la Directiva
2010/73/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[18].
Por ello, deben realizarse los correspondientes ajustes en el valor mencionado
en el artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE.

(17)
Para dar pleno efecto al nuevo marco
establecido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es necesario
adaptar y sustituir las competencias de ejecución previstas en el artículo 202
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea por las disposiciones
adecuadas, de conformidad con los artículos 290 y 291 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(18)
La adaptación al TFUE, y en particular a sus
artículos 290 y 291, de los procedimientos relativos a los actos delegados y de
ejecución adoptados por la Comisión, debe llevarse a cabo caso por caso. Deben
delegarse en la Comisión las competencias para adoptar actos, de conformidad
con el artículo 290 del TFUE, dirigidos a tomar en consideración los cambios
que se produzcan en la auditoría y la profesión de auditor y para facilitar la
supervisión de los auditores legales y las sociedades de auditoría. En
particular, será necesario adoptar actos delegados para especificar los
requisitos correspondientes a la autorización de las personas físicas como
auditores legales y a los principios de independencia y objetividad que los
auditores legales y sociedades de auditoría deben respetar, y para modificar la
definición de normas internacionales de auditoría. En el ámbito de la
supervisión de los auditores, será necesario recurrir a actos delegados para desarrollar
los procedimientos relativos al intercambio de información entre las
autoridades competentes de los Estados miembros, a las modalidades de
realización de las investigaciones transfronterizas y a las modalidades de
cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros y las de
terceros países. Es especialmente importante que en el curso de sus trabajos
preparatorios la Comisión realice las consultas apropiadas, con la inclusión de
expertos en la materia.

Al preparar y redactar los actos delegados,
la Comisión debe velar por la transmisión adecuada, simultánea y oportuna de
los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(19)
Con objeto de garantizar unas condiciones
uniformes en la implementación de las declaraciones sobre la equivalencia de
los regímenes de supervisión de los auditores de terceros países o sobre la
adecuación de las autoridades competentes de esos mismos países, se deben
conferir a la Comisión competencias de ejecución en relación con terceros
países o autoridades competentes concretos. Estas competencias deben ejercerse
de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los
principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los
Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[19].

(20)
Puesto que el objetivo de la presente
Directiva, a saber, el reforzamiento de la protección de los inversores en
relación con los estados financieros publicados por las empresas a través de la
mejora de la calidad de las auditorías legales realizadas en la Unión, no puede
ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por
consiguiente, puede lograrse mejor a nivel comunitario debido a la escala y
efectos de la acción, la Unión está facultada para adoptar medidas de acuerdo
con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado
en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para
alcanzar tal objetivo.

(21)
Procede, por tanto, modificar en consecuencia
la Directiva 2006/43/CE.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE
DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificaciones

La
Directiva 2006/43/CE se modifica como sigue:

1.           El
artículo 1 se modifica como sigue:

a)      Se
añaden los párrafos siguientes:

«Los artículos 22, 25 y 27 a 30 no se
aplicarán a la auditoría legal de las cuentas anuales o cuentas consolidadas de
las entidades de interés público, salvo que el Reglamento (UE) nº [xxx] así lo
especifique.

Los artículos 32 a 36 se aplicarán a las
entidades de interés público en lo que respecta a la supervisión del
cumplimiento de las normas sobre autorización y registro de los auditores
legales y las sociedades de auditoría establecidas en los artículos 3 a 20.».

2.           El
artículo 2 se modifica como sigue:

a)      El
punto 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1) «auditoría
legal»: auditoría de las cuentas anuales o cuentas consolidadas siempre que:

a)       sea exigida por el Derecho de la
Unión;

b)      sea exigida por la legislación
nacional aplicable a las pequeñas empresas;

c)       sea realizada voluntariamente por las
pequeñas empresas;».

b)      El
punto 10 se sustituye por el texto siguiente:

«10) «autoridades competentes»: las
autoridades designadas por ley encargadas de la regulación y/o supervisión de
los auditores legales y las sociedades de auditoría o de aspectos específicos
relacionados con ellos; la referencia a la «autoridad competente» en un
artículo concreto se entenderá hecha a la autoridad responsable de las
funciones a las que se refiera el artículo en cuestión;».

c)      Se suprime el punto 11.

d)      El
punto 13 se sustituye por el texto siguiente:

«13)
«entidades de interés público»:

a)       las entidades sometidas a la
legislación de un Estado miembros y cuyos valores sean negociables en un
mercado regulado de cualquier Estado miembro, según se define ese mercado en el
artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE;

b)      las entidades de crédito según se
definen en el artículo 4, punto 1, de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo(\*);

c)       las empresas de seguros, según se
definen en el artículo 13 de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo(\*\*);

d)      las entidades sometidas a la
legislación de un Estado miembro que constituyan entidades de pago, según se
definen en el artículo 4, punto 4, de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo(\*\*\*), salvo que sea de aplicación el artículo 15,
apartado 2, de la misma;

e)       las entidades sometidas a la
legislación de un Estado miembro que constituyan entidades de dinero
electrónico, según se definen en el artículo 2, punto 1, de la Directiva
2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(\*\*\*), salvo que sea de
aplicación el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2007/64/CE;

f)       las empresas de inversión, según se
definen en el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2004/39/CE;

g)       los fondos de inversión
alternativos de la UE, según se definen en el artículo 4, apartado 1, letra k),
de la Directiva 2011/61/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(\*\*\*\*\*);

h)       los organismos de inversión
colectiva en valores mobiliarios (OICVM), según se definen en el artículo 1,
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo(\*\*\*\*\*\*);

i)        las entidades sometidas a la
legislación de un Estado miembro que sean depositarios centrales de valores;

j)       las contrapartes centrales, según
se definen en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento X/XXXX del Parlamento
Europeo y del Consejo (\*\*\*\*\*\*\*)[véase la propuesta de Reglamento relativo a los
derivados OTC, las contrapartes centrales y los registros de operaciones,
COM(2010)484);

(\*) DO L 177 de 30.6.2006, p.1.

(\*\*) DO L 335 de 17.12.2009, p. 1.

(\*\*\*) DO L 319 de 5.12.2007, p.1.

(\*\*\*\*) DO L 267 de 10.10.2009, p. 7.

(\*\*\*\*\*) DO L 174 de 1.7.2011, p.1.

(\*\*\*\*\*\*) DO L 302 de 17.11.2009, p. 32;

(\*\*\*\*\*\*\*) DO L ….»

e)      Se
añaden los puntos 17 a 20 siguientes:

«17) «medianas empresas»: las empresas
mencionadas en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva XX/XX [la Directiva
que sustituye a la cuarta y séptima Directiva sobre Derecho de sociedades];

«18) «pequeñas empresas»: las empresas
mencionadas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva XX/XX [la Directiva
que sustituye a la cuarta y séptima Directiva sobre Derecho de sociedades];

19) «Estado miembro de origen»: el Estado
miembro que haya autorizado al auditor legal o la sociedad de auditoría de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1;

20) «Estado miembro de acogida»: el Estado
miembro en el que un auditor legal autorizado por su Estado miembro de origen
desee también obtener la correspondiente autorización en virtud del artículo
14, o el Estado miembro en el que un auditor legal o sociedad de auditoría
autorizados por su Estado miembro de origen realicen auditorías legales con
carácter temporal u ocasional, o el Estado miembro en el que una sociedad de
auditoría autorizada por su Estado miembro de origen pretenda obtener el
reconocimiento de dicha autorización de conformidad con el artículo 3 ter.».

3.           El
artículo 3 se modifica como sigue:

a)      el
apartado 2 se modifica como sigue:

i) el apartado
1 se sustituye por el texto siguiente:

«Cada Estado miembro designará a la autoridad
competente mencionada en el artículo 32 como autoridad responsable de la
autorización de los auditores legales y las sociedades de auditoría.»;

ii) se suprime el apartado 2;

b)      el
apartado 4 se modifica como sigue:

i) en el párrafo primero se suprime la letra
b);

ii) en el
párrafo primero, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) una mayoría de los miembros del órgano
administrativo o de gestión de la entidad deberán ser sociedades de auditoría
autorizadas en cualquier Estado miembro o personas físicas que cumplan al menos
las condiciones impuestas en los artículos 4 y 6 a 12; en caso de que dicho
órgano no tenga más que dos miembros, uno de ellos deberá cumplir al menos las
condiciones establecidas en la presente letra;»;

iii) el
párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Los Estados miembros no podrán establecer
condiciones adicionales a las anteriores. No podrán exigir que un mínimo del
capital o de los derechos de voto de una sociedad de auditoría pertenezca a
auditores legales o sociedades de auditoría.».

4.           Se añaden los artículos
3 bis y 3 ter siguientes:

«Artículo 3 bis

Prestación transfronteriza de
servicios por los auditores legales

No obstante lo dispuesto en el artículo 3,
apartado 1, de la presente Directiva, un auditor legal autorizado en un Estado
miembro podrá realizar auditorías legales en otro Estado miembro de forma
temporal u ocasional. Se aplicará lo dispuesto en los artículos 5 a 9 de la
Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo\*.

Artículo 3 ter

Reconocimiento de las sociedades de
auditoría

1.       No obstante lo dispuesto en el
artículo 3, apartado 1, una sociedad de auditoría autorizada en un Estado
miembro podrá realizar auditorías legales en otro Estado miembro de forma
temporal, ocasional o permanente, siempre que cumpla lo dispuesto en el
artículo 3, apartado 4, letra a).

2.       La sociedad de auditoría que desee
realizar auditorías legales en un Estado miembro distinto del que le haya
otorgado la autorización deberá registrarse ante la autoridad competente del
Estado miembro de acogida, de conformidad con los artículos 15 y 17.

3.       La autoridad competente del Estado
miembro de acogida registrará a la sociedad de auditoría previa presentación de
un certificado que acredite su registro ante la autoridad competente del Estado
miembro de origen. Podrá exigir que dicho certificado no tenga una antigüedad
mayor de tres meses. Deberá notificar el registro a la autoridad competente del
Estado miembro de origen.

\* DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.».

5.           En
el artículo 6 se añade el párrafo siguiente:

«Las autoridades competentes mencionadas en el
artículo 32 cooperarán para conseguir la convergencia de los requisitos
establecidos en este artículo. Cooperarán con la Autoridad Europea de Valores y
Mercados (AEVM) y con las autoridades competentes mencionadas en el artículo X
del Reglamento [XXX] de [XXX], en la medida en que esa convergencia se refiera
a la auditoría legal de entidades de interés público.».

6.           El
artículo 8 se modifica como sigue:

a)      en el
apartado 1, la letra i) se sustituye por el texto siguiente:

«i)      normas internacionales de auditoría
mencionadas en el artículo 26;»;

b)      el
apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Se faculta a la Comisión para adoptar actos
delegados, de conformidad con el artículo 48 bis, a fin de adaptar la
lista de temas que deban incluirse en la prueba de conocimientos teóricos
mencionada en el apartado 1 del presente artículo. Al ejercer esas
competencias, la Comisión tendrá presentes los cambios que se produzcan en la
actividad de auditoría y en la profesión de auditor».

7.           El artículo 14 se
sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 14

Autorización de los auditores legales
de otros Estados miembros

1.       Las autoridades competentes
mencionadas en el artículo 32 establecerán los procedimientos para la
autorización de los auditores legales que hayan sido autorizados en otros
Estados miembros. Estos procedimientos se ajustarán a lo dispuesto en los
artículos 11 y 12 de la Directiva 2005/36/CE y no irán más allá de los
requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 de la misma.

2.       Los Estados miembros ofrecerán a los
solicitantes la posibilidad de elegir entre el período de prácticas mencionado
en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2005/36/CE y la prueba
de aptitud definida en la letra h) de ese mismo artículo. A los efectos del
presente artículo, no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 14,
apartado 3, de la Directiva 2005/36/CE.

El período de prácticas no excederá de tres
años y estará sujeto a evaluación.

La prueba de aptitud se realizará en una de
las lenguas aceptadas por las normas lingüísticas aplicables en el Estado
miembro de que se trate. Cubrirá únicamente el adecuado conocimiento por parte
del auditor de las disposiciones legales y reglamentarias del Estado miembro,
siempre que sean pertinentes para las auditorías legales.

3.       Las autoridades competentes
mencionadas en el artículo 32 cooperarán para conseguir la convergencia de los
requisitos relativos al período de prácticas y a la prueba de aptitud. Reforzarán
la transparencia y la previsibilidad de los requisitos. Cooperarán con la AEVM
y con las autoridades competentes mencionadas en el artículo [XXX] del
Reglamento [XXX] de [XXX] en la medida en que esa convergencia se refiera a la
auditoría legal de entidades de interés público.».

8.           En
el artículo 15, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:

«El registro público será organizado por la
autoridad competente mencionada en el artículo 32.».

9.           En
el artículo 17, apartado 1, se añade la letra j) siguiente:

«el registro de la sociedad de auditoría con
arreglo a los artículos 3 bis y 3 ter, si procede.».

10.         En el artículo 21 se
suprime el apartado 2.

11.         El
artículo 22 se modifica como sigue:

a)      el
apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Los Estados miembros velarán por que,
cuando se realice una auditoría legal, el auditor legal y/o la sociedad de
auditoría y todos los titulares de los derechos de voto sean independientes de
la entidad auditada y no participen en el proceso de toma de decisiones de la
misma.»;

b)      en el apartado 2, se suprime el
párrafo segundo;

c)      el
apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Se faculta
a la Comisión para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 48 bis,
a fin de especificar:

a)       los factores y salvaguardias a que
se refiere el apartado 2;

b)      las situaciones en las que la
magnitud de los factores contemplados en el apartado 2 sea tal que quede
comprometida la independencia del auditor legal o de la sociedad de auditoría.».

12.         El artículo 26 se
sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 26

Normas de auditoría

1.       Los Estados miembros velarán por que
los auditores legales y las sociedades de auditoría efectúen las auditorías
legales de acuerdo con las normas internacionales de auditoría siempre que estas
se ajusten a los requisitos de la presente Directiva y del Reglamento XX/XX.

Los Estados
miembros únicamente podrán imponer procedimientos o requisitos de auditoría
adicionales a las normas internacionales de auditoría si dimanan de normas jurídicas
nacionales específicas relativas al alcance de las auditorías legales. Los
Estados miembros deberán velar por que tales procedimientos o requisitos se
ajusten a las condiciones siguientes:

a)      que contribuyan a un nivel elevado
de credibilidad y calidad de las cuentas anuales o consolidadas, de conformidad
con los principios establecidos en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva
[xxxx] relativa a los estados financieros anuales y los estados financieros
consolidados de determinados tipos de empresas;

b)      que favorezcan el interés público de
la Unión.

Los Estados miembros comunicarán estos
procedimientos o requisitos de auditoría a la Comisión, a la AEVM y a los demás
Estados miembros.

2.       A los efectos del apartado 1, se
entenderán como «normas internacionales de auditoría» las Normas
Internacionales de Auditoría (NIA) y la declaración y normas relacionadas
emitidas en 2009, como parte del Proyecto Claridad, por la Federación
Internacional de Contables (IFAC), siempre que sean relevantes para la auditoría
legal.

3.       Se faculta a la Comisión para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 48 bis, a fin de
modificar la definición de normas internacionales de auditoría contenida en el
apartado 2 del presente artículo. Al ejercer tales competencias, la Comisión
tendrá en cuenta las modificaciones de las NIA introducidas por la IFAC, el
dictamen del Consejo Internacional de Supervisión Pública (PIOB) sobre tales
modificaciones y los cambios que se produzcan en la actividad de auditoría y en
la profesión de auditor».

13.         En el artículo 28 se
suprime el apartado 2.

14.         El
artículo 29 se modifica como sigue:

a)      el
apartado 1 se modifica como sigue:

i)        se
sustituye la letra a) por el texto siguiente:

«a)     el sistema de control de calidad
estará gestionado por la autoridad competente mencionada en el artículo 32 y se
organizará de forma que sea independiente de los auditores legales y las sociedades
de auditoría;»;

(ii)      se
añade la letra k) siguiente:

«k)     los controles de calidad serán
adecuados y proporcionados a la escala y dimensiones de las actividades del
auditor legal o la sociedad de auditoría sujetos a los mismos.».

(iii)     se añade a continuación de la
letra k) el párrafo siguiente:

«La autoridad competente mencionada en el
artículo 32 pondrá a disposición de las partes interesadas, a solicitud de estas,
el informe mencionado en la letra g) del párrafo primero. Se asegurará de que
el informe no vaya en detrimento de los intereses comerciales de la entidad
auditada sometida al control de calidad, incluidos sus derechos de propiedad
industrial e intelectual»;

b)      el
apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Se faculta a la Comisión para adoptar
actos delegados, de conformidad con el artículo 48 bis, a fin de
especificar los requisitos mencionados en las letras a), b), y e) a j) del
apartado 1, párrafo primero».

15.         El
artículo 32 se modifica como sigue:

a)      el
apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Los Estados miembros designarán una
autoridad competente que sea responsable de la supervisión pública de los
auditores legales y las sociedades de auditoría, sobre la base de los
principios establecidos en los apartados 2 a 7».

b)      el
apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La autoridad competente podrá permitir
que personas ajenas a la profesión con buenos conocimientos de las áreas
pertinentes para la auditoría legal participen en la gobernanza del sistema de
supervisión pública, siempre que sean seleccionadas mediante un proceso de
designación independiente y transparente. Los profesionales de la auditoría no
podrán participar en dicha gobernanza»;

c)      En el
apartado 4, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«La autoridad competente tendrá la
responsabilidad última de la supervisión de:»;

d)      el
apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. La autoridad competente tendrá derecho,
en caso necesario, a iniciar y llevar a cabo investigaciones sobre auditores
legales y sociedades de auditoría y a adoptar las medidas correspondientes.
Dispondrá de los recursos necesarios para iniciar y llevar a cabo tales
investigaciones.

Para desempeñar sus cometidos en el marco de
la presente Directiva, la autoridad competente tendrá acceso a los documentos,
en cualquier forma, que obren en poder de los auditores legales o sociedades de
auditoría, y a recibir y conservar copias de los mismos. Tendrá derecho
asimismo a requerir información de cualquier persona y, en su caso, a citarla e
interrogarla para obtener información.»;

e)      el
apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. La autoridad competente debe ser
transparentes. Esto implicará la publicación de programas de trabajo e informes
de actividad anuales».

16.         Se añade el artículo 32 bis
siguiente:

«Artículo 32 bis

Delegación de funciones

Los Estados miembros podrán autorizar a la
autoridad competente mencionada en el artículo 32 a delegar funciones en otras
autoridades u organismos designados por ley únicamente en relación con la
autorización y el registro de los auditores legales y las sociedades de
auditoría. El desempeño de dichas funciones por otras autoridades u organismos
deberá haber sido objeto de una delegación expresa por la autoridad competente.
La delegación deberá especificar las funciones que se delegan y las condiciones
para su ejecución. Las autoridades u organismos estarán organizados de forma
que se eviten los conflictos de intereses. La responsabilidad última de la
supervisión del cumplimiento de la presente Directiva y de las medidas de
ejecución adoptadas en su virtud corresponderá a la autoridad competente que
haya delegado las funciones correspondientes.

Los Estados miembros informarán a la Comisión
y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros de cualquier
régimen adoptado en materia de delegación de funciones, incluidas las
condiciones concretas de regulación de dicha delegación».

17.         El
artículo 36 se modifica como sigue:

a)      el
apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Lo dispuesto en el apartado 2 no obstará
al intercambio de información confidencial entre las autoridades competentes.
La información así intercambiada estará amparada por idéntica obligación de
secreto profesional que la impuesta a las personas que trabajen o hayan
trabajado para las autoridades competentes. La obligación de secreto
profesional se aplicará asimismo a cualquier otra persona en la que las
autoridades competentes hayan delegado funciones relacionadas con los objetivos
de la presente Directiva.»;

b)      el
apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:

«7. Se faculta a la Comisión para adoptar
actos delegados, de conformidad con el artículo 48 bis, a fin de
especificar los procedimientos relativos al intercambio de información y a las
modalidades de investigaciones transfronterizas mencionadas en los apartados 2
y 4 del presente artículo.».

18.         En
el artículo 37 se añade el apartado 3 siguiente:

«3. Se considerará nula y sin efecto cualquier
cláusula contractual pactada entre la entidad auditada y un tercero que limite
las opciones a disposición de la junta general de accionistas o miembros de la
entidad a que se refiere el apartado 1 a determinadas categorías o listas de
auditores legales o sociedades de auditoría con la finalidad de imponer o
restringir el nombramiento de un determinado auditor legal o sociedad de
auditoría para llevar a cabo la auditoría legal de dicha entidad».

19.         Se suprime el
capítulo X.

20.         Se añade el siguiente
capítulo X bis, formado por los artículos 43 bis y 43 ter:

«CAPÍTULO
X bis

DISPOSICIONES
ESPECIALES PARA LA AUDITORÍA LEGAL DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Artículo 43 bis

Auditoría simplificada de las medianas
empresas

Los Estados miembros velarán por que la
aplicación de las normas de auditoría a la auditoría legal de los estados
financieros anuales o consolidados de las medianas empresas sea proporcionada a
la escala y complejidad de sus actividades.

Al efectuar los controles de calidad, las
autoridades competentes deberán tener en cuenta dicha aplicación proporcionada
de las normas de auditoría.

Los Estados miembros podrán solicitar a
organismos profesionales que ofrezcan directrices sobre la aplicación
proporcionada de las normas de auditoría a las medianas empresas.

Artículo 43 ter

Pequeñas empresas

Cuando un Estado miembro exija la auditoría
legal de las cuentas anuales o consolidadas de las pequeñas empresas, será de
aplicación, mutatis mutandis, lo dispuesto en el artículo 43 bis.

El Estado miembro que haya establecido normas
en las que se imponga a las pequeñas empresas una revisión limitada en lugar de
una auditoría legal no estará obligado a adaptar a las normas de auditoría las
normas de auditoría legal.

A los efectos del presente artículo, se
entenderá por «revisión limitada» el procedimiento seguido por un auditor legal
o una sociedad de auditoría para detectar inexactitudes por error o fraude en los
estados financieros de una entidad que den lugar a un nivel de fiabilidad inferior
al de la auditoría legal».

21.         El
artículo 45 se modifica como sigue:

a)      el
apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.        Las
autoridades competentes del Estado miembro registrarán, de conformidad con los
artículos 15 a 17, a todos los auditores y entidades de auditoría de terceros
países que presenten un informe de auditoría de las cuentas anuales o
consolidadas de una empresa constituida fuera de la Unión y cuyos valores
negociables estén admitidos a cotización en un mercado regulado de ese Estado
miembro a tenor de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, punto 14 de la
Directiva 2004/39/CE, salvo que la empresa sea un emisor exclusivamente de valores
de deuda en circulación que cumplan alguna de las condiciones siguientes:

a)       que hayan sido admitidos a
cotización antes del 31 de diciembre de 2010 en un mercado regulado de un
Estado miembro, según se define ese mercado en el artículo 2, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2004/109/CE(\*) del Parlamento y del Consejo, y cuyo valor
nominal por unidad sea de 50 000 EUR como mínimo o, en el caso de los
valores de renta fija denominados en una moneda distinta, equivalente a
50 000 EUR como mínimo en la fecha de su emisión;

b)      que hayan sido admitidos a
cotización después del 31 de diciembre de 2010 en un mercado regulado de un
Estado miembro, según se define ese mercado en el artículo 2, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2004/109/CE, y cuyo valor nominal por unidad sea de
100 000 EUR como mínimo o, en el caso de los valores de renta fija
denominados en una moneda distinta, equivalente a 100 000 EUR como mínimo
en la fecha de su emisión.

(\*)     DO L 390 de 31.12.2004, p.38.»;

b)      el
apartado 5 queda modificado como sigue:

i)        la
letra e) se sustituye por el texto siguiente:

«e) publica en su sitio Internet un informe
anual de transparencia que incluya la información mencionada en el artículo X
del Reglamento [XXX] de [XXX] o cumple requisitos equivalentes de revelación de
información.»;

ii)       se
añade el párrafo siguiente:

«Los Estados miembros únicamente podrán
registrar al auditor de un tercer país si cumple los requisitos establecidos en
las letras a), d) y e) del párrafo primero.».

d)      el
apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. Con objeto de garantizar la aplicación
uniforme de lo dispuesto en el apartado 5, letra d), del presente artículo, se
faculta a la Comisión para decidir sobre la equivalencia ahí mencionada mediante
actos de ejecución. Estos actos se adoptarán de conformidad con el
procedimiento de examen mencionado en el artículo 48, apartado 2. Los
Estados miembros podrán valorar la equivalencia mencionada en el apartado 5,
letra d), del presente artículo mientras la Comisión no adopte una decisión al respecto.

Se faculta a la Comisión para adoptar actos
delegados, de conformidad con el artículo 48 bis, a fin de establecer
los criterios generales de equivalencia que deban emplearse a fin de valorar si
las auditorías de las cuentas mencionadas en el apartado 1 del presente
artículo se han realizado con arreglo a las normas internacionales de auditoría
mencionadas en el artículo 26 y a los requisitos establecidos en los artículos
22, 24 y 25. Los criterios que se apliquen a terceros países serán usados por
los Estados miembros para determinar la equivalencia a escala nacional.».

22.         En
el artículo 46, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Para garantizar la aplicación uniforme de
lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, se faculta a la Comisión
para decidir sobre la equivalencia ahí mencionada mediante actos de ejecución.
Estos actos se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen
mencionado en el artículo 48, apartado 2. Una vez que la Comisión
haya reconocido la equivalencia mencionada en el apartado 1 del presente
artículo, los Estados miembros podrán decidir sobre su adopción total o parcial
y, en consecuencia, sobre la inaplicación o modificación total o parcial de los
requisitos establecidos en el artículo 45, apartados 1 y 3. Los Estados
miembros podrán valorar la equivalencia mencionada en el apartado 1 del
presente artículo o basarse en las valoraciones efectuadas por otros Estados
miembros mientras la Comisión no adopte una decisión al respecto. Si la Comisión
decide que no se cumple el requisito de equivalencia mencionado en el apartado
1 del presente artículo, podrá permitir que los auditores o entidades de
auditoría afectados prosigan sus actividades de auditoría de acuerdo con los
requisitos del Estado miembro correspondiente durante un periodo transitorio
adecuado.

Se faculta a la Comisión para adoptar actos
delegados, de conformidad con el artículo 48 bis, a fin de establecer
los criterios generales de equivalencia que, sobre la base de los requisitos establecidos
en los artículos 29, 30 y 32, deban utilizarse para valorar si los sistemas de
supervisión pública, control de calidad, investigación y sanciones de un tercer
país son equivalentes a los aplicados por la Unión. Estos criterios generales
serán empleados por los Estados miembros para valorar la equivalencia a escala
nacional en ausencia de una decisión de la Comisión acerca del tercer país de
que se trate.».

23.         El
artículo 47 se modifica como sigue:

a)      en el
apartado 2 se añade la letra b bis) siguiente:

«b bis) no se menoscabe la protección
de los intereses comerciales de la entidad auditada, incluidos sus derechos de
propiedad industrial e intelectual;»;

b)      el
apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Para facilitar la cooperación, se faculta
a la Comisión para decidir mediante actos de ejecución sobre la adecuación de
los requisitos mencionada en el apartado 1, letra c), del presente artículo. Esos
actos se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen mencionado en
el artículo 48, apartado 2. Los Estados miembros adoptarán las
medidas necesarias para cumplir la decisión de la Comisión.

Se faculta a la Comisión para adoptar actos
delegados, de conformidad con el artículo 48 bis, a fin de establecer
los criterios generales de adecuación que empleará la propia Comisión para
valorar si puede considerarse a las autoridades competentes de terceros países
adecuadas para cooperar con las autoridades competentes de los Estados miembros
en lo que respecta al intercambio de papeles de trabajo de auditoría u otros
documentos que obren en poder de auditores legales y sociedades de auditoría.
Los criterios generales de adecuación se basarán en los requisitos del artículo
36 o en resultados funcionales equivalentes en lo esencial al envío directo de
papeles de auditoría u otros documentos que obren en poder de auditores legales
o sociedades de auditoría.».

c)      el
apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Se faculta a la Comisión para adoptar
actos delegados, de conformidad con el artículo 48 bis, a fin de definir
los casos excepcionales mencionados en el apartado 4 del presente artículo, con
el fin de facilitar la cooperación entre las autoridades competentes.».

24.         En
el artículo 48, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. La Comisión estará asistida por un comité
(en lo sucesivo, "el Comité"). El Comité se ajustará a lo dispuesto
en el Reglamento (UE) n° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(\*).

2. Cuando se haga referencia al presente
apartado, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 del mismo Reglamento
(UE) nº 182/2011.

(\*) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.».

25.         Se añade el artículo 48 bis
siguiente:

«Artículo 48 bis

Ejercicio de la delegación

1.       La competencia para adoptar actos
delegados conferida a la Comisión estará sujeta a las condiciones establecidas
en el presente artículo.

2.       La competencia para adoptar los
actos delegados mencionados en el artículo 8, apartado 3, artículo 22, apartado
4, artículo 26, apartado 3, artículo 29, apartado 2, artículo 36, apartado 7,
artículo 45, apartado 6, artículo 46, apartado 2, y artículo 47, apartados 3 5
se confiere a la Comisión por un período indefinido a partir de [fecha de
entrada en vigor de la presente Directiva].

3.       La delegación de competencias mencionada
en el artículo 8, apartado 3, artículo 22, apartado 4, artículo 26,
apartado 3, artículo 29, apartado 2, artículo 36, apartado 7, artículo 45,
apartado 6, artículo 46, apartado 2, y artículo 47, apartados 3 y 5, podrá ser
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La
decisión de revocación pondrá término a la delegación de las competencias
especificadas en ella. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en la fecha
posterior que se indique en la misma. No afectará a la validez de los actos
delegados que ya estén en vigor.

4.       En cuanto la Comisión adopte un acto
delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.       Los actos delegados adoptados con
arreglo al artículo 8, apartado 3, artículo 22, apartado 4, artículo 26,
apartado 3, artículo 29, apartado 2, artículo 36, apartado 7, artículo 45,
apartado 6, artículo 46, apartado 2, y artículo 47, apartados 3 y 5, entrarán
en vigor únicamente en caso de que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan
manifestado objeción alguna en un plazo de [dos meses] a partir de su
notificación a los mismos, o en caso de que, antes de que expire ese plazo, el
Parlamento Europeo y el Consejo hayan informado a la Comisión de que no
manifestarán objeción. El plazo se prorrogará otros [dos meses] a
instancia del Parlamento Europeo o del Consejo.».

Artículo 2

Transposición

1.           Los Estados miembros
pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a
más tardar el [xxx]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de
dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y
la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten dichas
disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros
establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.           Los Estados miembros
comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho
interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a
los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4

Destinatarios

Los
destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo                          Por
el Consejo

El Presidente                                                 El
Presidente

[1]               El gran volumen de las ayudas aprobadas en el conjunto
de programas se explica porque algunos Estados miembros adoptaron amplios
regímenes de garantías globales que cubrían la totalidad de la deuda de sus
bancos. Este tipo de medidas de garantía ha sido el aplicado preferentemente
por los Estados miembros. Las medidas de recapitalización aprobadas
representaron 546 080 millones de EUR (el 4,5 % del PIB), de los
que los Estados miembros utilizaron efectivamente en 2009 unos 141 500
millones. En el período comprendido entre octubre de 2008 y octubre de 2010, la
Comisión autorizó medidas destinadas a paliar la crisis financiera mediante
ayudas estatales en 22 Estados miembros: es decir, en todos salvo Bulgaria,
República Checa, Estonia, Malta y Rumanía.

[2]               Comunicación de la Comisión, «Europa 2020: Una
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», COM(2010)
2020 final, de 3.3.2010.

[3]               Propuesta de Reglamento de la Comisión relativo a
la auditoría legal de las cuentas anuales y las cuentas consolidadas de las
entidades de interés público. COM(2011)X, X.X.2011.

[4]               Comisión Europea, Libro verde sobre la política de
auditoría: lecciones de la crisis, COM (2010)561, 13.10.2010. Disponible
en:

                http://ec.europa.eu/internal\_market/consultations/docs/2010/audit/green\_paper\_audit\_es.pdf

[5]               http://ec.europa.eu/internal\_market/accounting/conferenc\_20110209\_en.htm

[6]               http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2011/2037

[7]               COM(2010)561 final, DO C 248 de 25.8.2011, p.92

[8]               Según la propuesta de la Comisión para la refundición de
la cuarta Directiva 78/660/CEE y de la séptima Directiva 83/349/CEE relativas
al Derecho de sociedades, la normativa de la UE no exigirá en lo sucesivo la
auditoría a las pequeñas empresas.

[9]               DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.

[10]             Propuesta de la Comisión sobre una Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los estados financieros anuales, los
estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de
empresas, COM(2011)684 final, de 25.10.2011.

[11]             DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

[12]               DO C de , p. .

[13]               DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.

[14]               Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones –
«Small Business Act» para Europa [SEC(2008) 2102 final].

[15]               Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones –
Revisión de la «Small Business Act» para Europa, COM(2011) 78 final.

[16]               Comunicación de la Comisión, «Europa 2020: Una
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», COM(2010)
2020 final.

[17]               DO L 345 de 31.12.2003, p. 64.

[18]               DO L 327 de 11.12.2010, p. 1.

[19]               DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

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