Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 52009DC0533

**Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Estrategia y retos principales de la ampliación (2009-2010) {SEC(2009) 1333} {SEC(2009) 1334} {SEC(2009) 1335} {SEC(2009) 1336} {SEC(2009) 1337} {SEC(2009) 1338} {SEC(2009) 1339} {SEC(2009) 1340} /\* COM/2009/0533 final \*/**

  

ES

Bruselas, 14.10.2009

COM(2009) 533 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Estrategia y retos principales de la ampliación (2009-2010)

{SEC(2009) 1333}

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{SEC(2009) 1338}

{SEC(2009) 1339}

{SEC(2009) 1340}

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Estrategia y retos principales de la ampliación (2009-2010)

1. Introducción

La quinta ampliación de la UE contribuyó a consolidar la democracia y el Estado de Derecho en Europa. Además de mejorar las oportunidades económicas, hizo que la UE tuviera un mayor peso a la hora de abordar retos mundiales como el cambio climático, la competitividad, y la regulación y supervisión de los mercados financieros. A lo largo del último lustro, la UE ampliada ha demostrado ser capaz de trabajar unida para abordar los importantes desafíos a los que se enfrenta. La ampliación es uno de los instrumentos de política exterior más eficaces con que cuenta la UE.

El actual proceso de ampliación se desarrolla en un contexto marcado por una profunda recesión que se extiende por doquier. La crisis se ha dejado sentir tanto en los Estados miembros como en los países de la ampliación. Precisamente en esa coyuntura, la UE ha recibido tres nuevas solicitudes de adhesión: las de Montenegro (diciembre de 2008), Albania (abril de 2009) e Islandia (julio de 2009). Estas solicitudes ponen de manifiesto, una vez más, el poder de atracción de la UE y el papel que desempeña en la promoción de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad.

Los avances registrados en las reformas previstas en los países de la ampliación han permitido a estos pasar por fases sucesivas en el proceso de adhesión. Las negociaciones de adhesión con Croacia se acercan a su fase final. Las negociaciones de adhesión con Turquía han entrado en una fase más problemática, que requiere imprimir un nuevo impulso a la reforma. La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha hecho avances significativos a la hora de abordar retos clave. La Comisión está preparando un dictamen sobre la solicitud de adhesión de Montenegro. También prepara un dictamen sobre la solicitud de Islandia. Está lista para preparar un dictamen sobre la solicitud de Albania, una vez que el Consejo le invite a hacerlo. Para todos los países de los Balcanes Occidentales implicados, la realización de nuevos avances puede desembocar en la concesión del estatuto de candidatos, siempre que demuestren su aptitud para ello.

A los países de los Balcanes Occidentales y a Turquía —en diferente medida— aún les queda mucho por hacer para cumplir los criterios y condiciones requeridos. El ritmo de la reforma es a menudo lento. La crisis económica internacional constituye un factor adicional de dificultad. En varios casos, las cuestiones bilaterales afectan —y no deberían hacerlo— al proceso de adhesión.

A luz de estos retos, el consenso renovado sobre la ampliación, acordado por el Consejo Europeo de diciembre de 2006, sigue marcando el rumbo. Dicho consenso se asienta en los principios siguientes: consolidación de los compromisos, respeto de unas condiciones justas y rigurosas y mejora de la comunicación con el público, junto con la capacidad de la UE de incorporar nuevos miembros. La UE ha mejorado la calidad del proceso de ampliación. En concreto, actualmente se presta mayor atención, desde el primer momento, al Estado de Derecho y a la buena gobernanza.

El proceso de adhesión supone un firme impulso a las reformas políticas y económicas. Redunda en el interés estratégico de la UE mantener esta dinámica, basándose en principios y condiciones acordados.

La política de ampliación de la UE hace posible un proceso minuciosamente gestionado en el que los países candidatos y los países candidatos potenciales se aproximan a la UE en función del ritmo al que acometen sus reformas políticas y económicas, así como de su capacidad de asumir las obligaciones inherentes a la pertenencia a la UE de conformidad con los criterios de Copenhague. En los Balcanes Occidentales, la cooperación regional sigue siendo clave y constituye un elemento central del Proceso de Estabilización y Asociación.

El Tratado de Lisboa reforma las instituciones de la Unión ampliada para que puedan adaptar sus políticas a un mundo en constante cambio. Por lo que respecta específicamente a la ampliación, el Tratado asegurará un marco institucional que debería permitir a las instituciones de la Unión adaptarse sin problemas a la adhesión de un nuevo Estado miembro y modificará el procedimiento de adhesión, en el sentido de que deberán comunicarse al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales las solicitudes de adhesión.

La liberación, a propuesta de la Comisión, del régimen de visados para la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia a principios de 2010 será una prueba clara de que las reformas aportan beneficios tangibles a los ciudadanos. La Comisión va a presentar propuestas similares para Albania y Bosnia y Herzegovina a mediados de 2010, siempre que estos países cumplan las condiciones requeridas.

Por lo que respecta a la cuestión de Chipre, los dirigentes de las comunidades grecochipriota y turcochipriota están entrado en una fase decisiva de negociaciones con el fin de acordar una solución global bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La Comisión respalda estos esfuerzos y ofrece asesoramiento técnico sobre las cuestiones que entren en el ámbito de competencia de la UE.

En la presente Comunicación se exponen los avances realizados y los retos fundamentales que deben afrontar los países inmersos en el proceso de ampliación. Se esboza el planteamiento adoptado por la Comisión para guiar y apoyar sus esfuerzos el año próximo. Además, en un documento anexo, la Comisión presenta un itinerario para Kosovo [1], a fin de impulsar los avances hacia la incorporación a la UE, en consonancia con la perspectiva europea sobre la región.

2. Retos básicos

En la siguiente sección se abordan una serie de cuestiones clave que inciden actualmente en el proceso de adhesión. La UE, con su política de ampliación, puede ayudar a abordar estos retos, pero la responsabilidad principal recae en los países implicados.

Crisis económica

La recesión global ha afectado, en diferente medida, a las economías de los Balcanes Occidentales y de Turquía. La UE ayuda a los países de la ampliación a mitigar el impacto de la crisis y sentar las bases de una sana recuperación, en coordinación con las Instituciones Financieras Internacionales (IFI).

La actividad económica en los Balcanes Occidentales y en Turquía ha registrado una drástica contracción desde la segunda mitad de 2008, como resultado de la reducción de la demanda exterior, de la inversión directa y de los créditos interfronterizos. Las posiciones presupuestarias se han deteriorado en todas las economías. El desempleo, ya elevado en varios países, ha empezado a subir de nuevo. La ralentización de la economía en los Balcanes Occidentales y Turquía en 2009 es de la misma magnitud que la media de la UE, pero menos aguda que en los Estados miembros más afectados. Con todo, la situación macroeconómica sigue siendo frágil en todos los países.

Los países de los Balcanes Occidentales disponen de un limitado margen de maniobra para dar una respuesta nacional firme a la crisis desde una perspectiva de política macroeconómica. La adopción de medidas de política monetaria y fiscal se ve obstaculizada por la adopción, en el pasado, de políticas presupuestarias procíclicas, por la existencia de créditos e hipotecas denominados en moneda extranjera y por el abultado déficit de la balanza de pagos. En estas circunstancias, la respuesta a la crisis ha sido, por lo general, apropiada en la mayoría de los países de la región, aunque en algunos casos no se reconoció en un primer momento la gravedad del problema. La perspectiva de la adhesión a la UE ha contribuido a mantener la confianza en la región de los Balcanes Occidentales y ha servido de anclaje para las políticas económicas en el reciente periodo de turbulencias. Simultáneamente, algunos de los países de la ampliación han podido cosechar los frutos de las reformas estructurales que introdujeron en los últimos años, lo que ha permitido atenuar la crisis. La mejora de la regulación financiera, por ejemplo en Croacia y Turquía, ha contribuido a la estabilidad y a la solidez del sector bancario. Serbia y Bosnia y Herzegovina han contado con el apoyo del FMI, pues en ambos países se había agravado el déficit de la balanza de pagos y las finanzas públicas se habían visto particularmente afectadas como resultado de políticas expansionistas anteriores.

La crisis sigue haciendo estragos en los países de la ampliación, particularmente por lo que hace a su impacto en la economía real, más en concreto en el empleo y la situación social. La recuperación requerirá tiempo, pues se prevé que la actividad económica en los principales socios comerciales solo repuntará lentamente. Es probable que los flujos de capital para estimular la demanda doméstica permanezcan a niveles discretos. Se han tomado medidas a corto plazo para atenuar el impacto social de la crisis en los grupos más vulnerables de la sociedad. A medio plazo, es de vital importancia asegurar una política fiscal saneada, haciendo hincapié en un gasto público más eficaz y eficiente y en la inversión. Son necesarias políticas de empleo y medidas de protección social para atajar el desempleo estructural y proteger a los grupos vulnerables.

La respuesta a la crisis ha de tener en cuenta la necesidad de un desarrollo sostenible y el desafío que plantea el cambio climático y ha dar prioridad a las medidas en favor de una economía segura y sostenible con baja emisión de carbono. Las reformas relacionadas con la UE contribuyen a la competitividad y a la apertura y a un marco jurídico favorable al comercio y a la inversión. Las medidas destinadas a consolidar el Estado de Derecho, en particular la lucha contra la corrupción, son esenciales para mejorar el clima empresarial.

En lo que respecta al apoyo de la UE, se ha programado ayuda de preadhesión a favor del sector bancario, los proyectos de infraestructuras, las PYME y la creación de empleo, en particular en las zonas rurales. A tal efecto se han asignado 200 millones EUR en subvenciones del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), que propiciarán inversiones por valor de al menos 1 000 millones EUR, cofinanciados por préstamos de las IFI. La Comisión ha propuesto que en las ayudas del IAP se reduzca el requisito de cofinanciación para los países beneficiarios. Además, ha prestado apoyo presupuestario directo a través del IAP a Serbia a fin de aliviar los efectos de la crisis financiera y económica. Además, la Comisión ha propuesto al Consejo que apruebe una ayuda macrofinanciera a Serbia en forma de préstamo por valor de 200 millones EUR. Estas posibilidades están abiertas a los demás países, si lo necesitan. En ambos casos, la asistencia financiera está supeditada, entre otras cosas, a un acuerdo con el FMI sobre el saneamiento de las políticas económicas. La Comisión colabora estrechamente con las IFI, que se han comprometido a incrementar sus líneas de crédito a los Balcanes Occidentales y a Turquía, hasta más de 5 000 millones EUR en 2009.

Estado de Derecho

Los Balcanes Occidentales y Turquía siguen confrontando importantes desafíos en relación con el Estado de Derecho, sobre todo por lo que hace a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Estas cuestiones son esenciales para una democracia y una economía operativas y condicionan en gran medida el proceso de adhesión a la UE. También influyen, en ocasiones de manera desproporcionada, en la percepción que la opinión pública de la UE tiene de la ampliación. En los países de la ampliación se están haciendo esfuerzos considerables para abordar estos problemas. La Comisión seguirá aprovechando todo el potencial que encierra el proceso de ampliación para apoyar esta labor y supervisará de cerca los resultados.

La corrupción es un fenómeno generalizado en muchos ámbitos. Afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos y al entorno empresarial. Entre los ámbitos que requieren especial atención cabe destacar la contratación pública y la privatización, el poder judicial, la financiación de los partidos políticos y la transparencia en la administración pública y el Gobierno. Es esencial disponer de un poder judicial independiente e imparcial y de fiscales especializados en la lucha contra la corrupción y los delitos relacionados, así como de una policía y una administración despolitizadas y profesionales. Se necesitan leyes bien elaboradas y una aplicación efectiva en ámbitos como la contratación pública, los derechos de propiedad intelectual, el control financiero, la auditoría y la lucha contra el fraude.

Esfuerzos adicionales son necesarios para luchar contra la delincuencia organizada, que sigue siendo un problema en la región. Para poder reprimir a las organizaciones delictivas internacionales, los organismos responsables de garantizar el cumplimiento de la ley tendrán que ser más efectivos y colaborar en la región.

De conformidad con el consenso renovado sobre la ampliación y teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la quinta ampliación, el Estado de Derecho es una prioridad clave que los países afectados han de abordar en una fase incipiente del proceso de adhesión. Con la ayuda de la UE, se han hecho algunos avances en la puesta a punto de legislación y estructuras efectivas para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada, pero para lograr resultados tangibles son necesarias una aplicación y un cumplimiento rigurosos. En 2009 se han asignado unos 80 millones EUR de ayuda del IAP para consolidar el poder judicial y las autoridades sancionadoras. La Comisión ha llevado a cabo misiones de evaluación inter pares con expertos de los Estados miembros sobre el poder judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en los países candidatos y va a intensificar dichas misiones. El uso de parámetros de evaluación en las negociaciones de adhesión y el diálogo en materia de liberalización del régimen de visados han actuado de incentivos de cara a la reforma.

La Comisión ha seguido respaldando la cooperación regional en el ámbito de la justicia, la policía y el ministerio fiscal en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. Los países de los Balcanes Occidentales han de mejorar la cooperación judicial en la región para asegurar el funcionamiento eficaz de sus sistemas de justicia. A este respecto, reviste particular importancia abordar el problema de la impunidad de los crímenes de guerra y otros delitos graves. A tal fin, los países deberían revisar los obstáculos que existen en sus marcos jurídicos a la extradición de sus propios nacionales y a la transferencia de procedimientos.

La Comisión seguirá apoyando a los países socios en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Sin embargo, para obtener resultados efectivos y sostenibles es necesario que exista la voluntad política necesaria y el compromiso real de las autoridades de los países implicados. La Comisión supervisará rigurosamente los avances obtenidos in situ, centrándose en los resultados.

En la mayoría de los países de la ampliación, el respeto de la libertad de expresión sigue suscitando preocupación. En términos generales, si bien es cierto que se ha instaurado los principales elementos del marco jurídico para proteger la libertad de expresión y los medios de comunicación, la presión política sobre los medios de comunicación y el creciente número de amenazas y ataques físicos contra periodistas, así como algunos obstáculos jurídicos subsistentes, despiertan honda inquietud. Es preciso abordar estas cuestiones con carácter de urgencia.

Cuestiones bilaterales

Las cuestiones bilaterales, incluidos los asuntos fronterizos, están afectando cada vez más al proceso de ampliación. Estas cuestiones tendrían que ser resueltas por las partes implicadas y no deberían bloquear el proceso de adhesión.

Durante el periodo que abarca el informe, el litigio fronterizo entre Eslovenia y Croacia frenó las negociaciones de adhesión con Croacia.

En los marcos de negociación con Croacia y Turquía, acordados por todos los Estados miembros, se establece que la UE espera que los países candidatos resuelvan cualquier conflicto fronterizo de conformidad con el principio de arreglo pacífico de controversias consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, incluida, en su caso, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. La búsqueda de soluciones mutuamente aceptables y la celebración de acuerdos con países vecinos sobre problemas pendientes forman también parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

La Comisión confía en que ninguna de las partes implicadas escatimará esfuerzos para resolver las cuestiones bilaterales pendientes con sus vecinos acorde con lo aquí expuesto. Está dispuesta a facilitar, cuando proceda, la búsqueda de soluciones, si así lo piden las partes implicadas. En este sentido, es alentador el acuerdo de principio entre Croacia y Montenegro para establecer la demarcación de fronteras en Prevlaka con la intervención de la Corte Internacional de Justicia.

Todas las partes implicadas en conflictos bilaterales de esta índole tienen la responsabilidad de encontrar soluciones en un espíritu de buena vecindad y teniendo en cuenta los intereses generales de la UE. De esta forma se reforzará la efectividad del consenso renovado sobre la ampliación que confirma que el ritmo de aproximación de un país hacia la UE viene determinado por el ritmo de sus reformas.

Cooperación regional

En los últimos años se han registrado avances importantes en la cooperación regional en Europa Sudoriental y la región ha asumido la responsabilidad del proceso de forma cada vez más decidida. Sin embargo, la cooperación regional no está funcionando como sería de desear. Los conflictos bilaterales y los desacuerdos relativos a Kosovo inciden en la cooperación regional, cuando no deberían hacerlo. Es preciso igualmente mejorar la eficiencia de las estructuras e iniciativas regionales.

Los desacuerdos relativos a la participación de Kosovo en reuniones, iniciativas y acuerdos regionales se están convirtiendo en un obstáculo a la cooperación regional. Si no cambian las prácticas actuales podría peligrar el funcionamiento normal de estructuras importantes, como el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC), el Consejo de Cooperación Regional (CCR) o la Escuela Regional de Administración Pública (ERAP). La Comisión anima vivamente a todas las partes implicadas a que busquen soluciones prácticas y pragmáticas para asegurar una cooperación regional que incluya a todas ellas, sin perjuicio de las posiciones divergentes sobre la cuestión del estatuto de Kosovo. Los resultados en materia de cooperación regional se evalúan como parte de las condiciones del Proceso de Estabilización y Asociación en todas las etapas del proceso de ampliación.

El CCR funciona desde hace más de un año como órgano de responsabilidad regional sucesor del Pacto de Estabilidad, que actuaba bajo los auspicios del Proceso de Cooperación en el Sudeste de Europa (SEECP en sus siglas en inglés). Ahora necesita redoblar esfuerzos para obtener resultados concretos. Este organismo desempeña un papel estratégico a la hora de desarrollar la cooperación regional y de delimitar y abordar las necesidades en las actividades y estructuras regionales. También está llamado a desempeñar un papel en la programación de la ayuda comunitaria relacionada con la cooperación regional. La Comisión apoya la labor del CCR y financia un tercio del presupuesto de su Secretaría durante el periodo 2008-2010. Ha entablado un diálogo con la Secretaría del CCR sobre las prioridades en materia de organización, la mejora de su funcionamiento y el desarrollo futuro. También está estudiando posibles modalidades de ayuda en el futuro y la forma en que ello podría mejorar la eficiencia del CCR.

El comercio regional es particularmente importante para el desarrollo económico de los Balcanes Occidentales y para la reconciliación. Puede contribuir asimismo a aliviar el impacto de la crisis económica. En este sentido es fundamental el papel que desempeña la zona de libre comercio regional establecida con el ACELC. En el marco de este Acuerdo se han negociado con éxito, aunque aún no están en vigor, otras medidas importantes con vistas a la liberalización comercial, especialmente por lo que hace al comercio agrícola, al tiempo que prosiguen los trabajos encaminados a eliminar los obstáculos técnicos al comercio. Han entrado en vigor disposiciones sobre acumulación diagonal entre la UE y algunos países de los Balcanes Occidentales, que han servido para facilitar la integración comercial regional. Sin embargo, hay un riesgo de parálisis del ACELC como consecuencia de los desacuerdos sobre el problema del estatuto de Kosovo, que están impidiendo la adopción del protocolo sobre la liberalización del comercio agrícola. Como resultado de la crisis internacional, las presiones proteccionistas están aumentando, lo que ha llevado a la adopción de ciertas medidas que infringen obligaciones contractuales. Esta tendencia debería atajarse y hay que subsanar estas infracciones.

La cooperación regional ha avanzado en los ámbitos de la energía y el transporte. La Comunidad de la Energía está promoviendo la reforma de sector de la energía y mejorando la seguridad del suministro, integrando al mismo tiempo a la región en el mercado de la energía comunitario. Prosiguen las negociaciones para la creación de una Comunidad del Transporte entre la UE y los Balcanes Occidentales, que se espera hayan concluido para finales de año. El Acuerdo sobre una Zona Europea Común de Aviación (ZECA) contribuye al crecimiento del tráfico aéreo entre la UE y los Balcanes Occidentales y a la gradual integración de la región en el mercado interior del transporte aéreo de la UE. Se está intensificando la cooperación regional en los campos del medio ambiente y de justicia e interior.

La Escuela Regional de Administración Pública (ERAP) ha aumentado sus actividades de formación. Para que pueda ser plenamente operativa, es preciso proceder con carácter prioritario a la ratificación del Acuerdo Internacional que establece su personalidad jurídica.

La Comisión apoya, en el contexto del Proceso de Liubliana, la rehabilitación del patrimonio cultural como factor importante de reconciliación que contribuye igualmente al desarrollo de la economía local. En la próxima conferencia ministerial, que tendrá lugar en Liubliana en noviembre de 2009, la Comisión promoverá otras actividades de rehabilitación.

Siguiendo las Conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2009, la Comisión va a preparar para finales de 2010 una estrategia de la UE para la región del Danubio. Participarán activamente en esta iniciativa los países de la ampliación, así como las organizaciones interesadas. En lo que respecta a la región de Mar Negro, Turquía está volcada en favor de la cooperación en la región y forma parte del marco denominado «La Sinergia del Mar Negro». La Comisión respalda la participación de Turquía en el programa de cooperación en la cuenca del Mar Negro al amparo del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA).

La Comisión seguirá apoyando actividades y estructuras regionales de cooperación en los Balcanes Occidentales, en particular promoviendo una mayor participación de la región en la planificación y la programación del programa de múltiples beneficiarios del IAP.

3. Instrumentos de preadhesión: abordar las prioridades clave

Liberalizar el régimen de visados

El proceso de liberalización del régimen de visados para los países de los Balcanes Occidentales, en consonancia con el compromiso de la Agenda de Salónica, ha entrado en su fase decisiva. Desde enero de 2008 se han puesto en práctica acuerdos de facilitación de la expedición de visados con todos los países implicados, paralelamente a acuerdos de readmisión. Las hojas de rutas adoptadas en 2008 para cada país en el contexto del diálogo sobre la liberalización de los regímenes de visados han demostrado su eficacia con vistas a acelerar las reformas en los ámbitos pertinentes, especialmente la seguridad de los documentos, la gestión de las fronteras y la migración, y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.

Teniendo en cuenta los avances realizados por cada país con vistas al cumplimiento de los parámetros de evaluación pertinentes para la liberalización de los regímenes de visados, la Comisión propuso en julio de 2009 que se estableciera un régimen libre de visados para la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia. El establecimiento de un régimen libre de visados a más tardar a principios de 2010 contribuirá de forma decisiva a los contactos entre individuos y demostrará a los ciudadanos de los países implicados que las reformas ligadas a la perspectiva europea aportan beneficios tangibles. La Comisión presentará, a más tardar a mediados de 2010, propuestas para Albania y Bosnia y Herzegovina, a condición de que estos países cumplan las condiciones fijadas. El estudio sobre Kosovo que se va a adoptar junto con la presente Comunicación propone que se siga promoviendo la facilitación de la expedición de visados y que se ponga en marcha para Kosovo un proceso encaminado a la liberalización final del régimen de visados, una vez se hayan emprendido las reformas necesarias y se cumplan las condiciones requeridas.

Asegurar la calidad de los preparativos de preadhesión

Se han realizado esfuerzos continuos como parte del consenso renovado sobre la ampliación para mejorar la calidad del proceso. Los rigurosos parámetros de evaluación fijados a los que se supedita la apertura y el cierre de los capítulos de negociación han demostrado ser un instrumento de gran utilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales contraídos y para servir de guía a las complejas reformas económicas, legales y administrativas que han de emprender los países negociadores, contribuyendo así a agilizar los preparativos para la adhesión. Se está preparando un estudio sobre el impacto financiero de la adhesión de Croacia a la UE. En el futuro, los dictámenes sobre las solicitudes de adhesión incluirán estimaciones del impacto de la adhesión del solicitante en ámbitos políticos clave de la UE. Se ha entablado un diálogo político intensivo con los países para supervisar los avances, tomando las Asociaciones como principales documentos de referencia. En un contexto marcado por la crisis se ha reforzado el diálogo económico.

Los países de la ampliación, por su parte, han de velar por que la nueva legislación se prepare exhaustivamente, tras las consultas necesarias con los interesados, y se aplique correctamente. A fin de facilitar la aplicación efectiva del acervo se necesita una función pública independiente, basada en el mérito, transparente y a la que se le puedan exigir responsabilidades.

Aproximar a la UE a los ciudadanos y las administraciones

La creciente participación de organizaciones de la sociedad civil fortalece la calidad de la democracia y contribuye a la reconciliación. Su implicación en las reformas emprendidas en los países de la ampliación contribuye a la calidad del proceso de adhesión, así como al mantenimiento del apoyo público a la adhesión. La Comisión, gracias a la puesta en práctica del Instrumento para la Sociedad Civil en el marco del IAP, ha financiado la creación de oficinas de apoyo técnico en cada uno de los países beneficiarios, así como un número cada vez mayor de visitas breves a las instituciones de la UE y la participación de unas ochocientas personas en talleres en los Balcanes Occidentales y en Turquía. La Comisión seguirá apoyando a las asociaciones de la sociedad civil, dando prioridad a sectores como la cultura, las minorías y las asociaciones empresariales.

La participación en programas y agencias comunitarios ha resultado ser útil a la hora de aproximar a la UE a las instituciones y los ciudadanos de los países socios. La Comisión ha reforzado su apoyo para que las agencias comunitarias preparen a los países de la ampliación de cara a su participación. Tras la mejora de las posibilidades de cofinanciación comunitaria, los países candidatos potenciales se sumaron a nuevos programas. La Comisión seguirá ayudando a los países socios en el desarrollo de las capacidades y los recursos necesarios para asegurar una participación adecuada en los programas y agencias comunitarios.

En consonancia con su interés en cuestiones básicas de gobernanza, la Comisión seguirá prestando especial atención a la existencia de una administración pública profesional y operativa. Fomentará el intercambio de buenas prácticas y la puesta en común de experiencias entre países en el campo de la reforma de la administración pública. A tal fin, hará uso de todos los instrumentos disponibles, incluidos el Hermanamiento, TAIEX y SIGMA [2], y potenciará los contactos con otras organizaciones internacionales y centros de formación nacionales, regionales y europeos de administración pública.

Apoyar con ayudas financieras a los países de la ampliación

En 2009, ha seguido prestándose ayuda a los Balcanes Occidentales y a Turquía por medio del Instrumento de Ayuda Preadhesión. En 2009 se comprometerán 1 500 millones EUR. Se hace particular hincapié en la construcción del Estado, la buena gobernanza, el Estado de Derecho y el desarrollo de la sociedad civil. El IAP ha seguido apoyando la cooperación transfronteriza y el desarrollo sostenible en zonas fronterizas, contribuyendo así a la reconciliación y a unas buenas relaciones de vecindad, así como a los preparativos para la adhesión a la UE. La Comisión continuará concentrando su ayuda para apoyar los preparativos de preadhesión sobre la base de las prioridades de asociación.

Los países candidatos han hecho avances por lo que respecta a la gestión descentralizada de los fondos. El proceso de descentralización está muy avanzado con Croacia y Turquía y ambos países necesitan focalizar sus trabajos para cumplir todas las condiciones asociadas con dicho proceso. En la Antigua República Yugoslava de Macedonia se ha completado la descentralización de los componentes de recursos humanos y desarrollo regional del IAP, pero hay que seguir trabajando antes de que se pueda proceder a una mayor descentralización. La Comisión sigue prestando a los países candidatos el apoyo necesario para ayudarles a cumplir los requisitos para la gestión descentralizada de los fondos de la UE, centrándose en los recursos humanos y regionales y el desarrollo rural.

En los demás países de la ampliación, las delegaciones de la Comisión, que funcionan ahora a pleno rendimiento tras la clausura de la Agencia Europea de Reconstrucción, son responsables de implementar la ayuda de la UE y de colaborar con los beneficiarios para asegurar que la ayuda comunitaria se utilice de forma eficaz y eficiente. La asistencia descentralizada sigue siendo un objetivo a medio plazo, en particular para prepararse con vistas a la futura gestión de los instrumentos de la política de cohesión.

La Comisión está apoyando el desarrollo de estrategias sectoriales por parte de los países beneficiarios a fin de facilitar un enfoque más estratégico, basado en la programación, de la prestación de asistencia y de ayudar a mejorar la efectividad de la ayuda.

Tal y como se dispone en el Reglamento IAP, la Comisión ha reforzado el proceso de coordinación de los donantes implicando en el mismo a los Estados miembros de la UE, a las IFI y a otros donantes. Ello implica la fijación y coordinación de prioridades y la supervisión periódica in situ de la puesta en práctica.

La Comisión, las IFI asociadas y los Estados miembros están ultimando los detalles con vistas a la creación del Marco de Inversión en los Balcanes Occidentales (MIBO). Es este un paso importante que facilitará el apoyo a inversiones en infraestructuras, PYME y eficiencia energética. Su objetivo es reunir recursos de la Comisión, de las IFI asociadas, de los Estados miembros y de otros donantes y vincular estos recursos en forma de subvenciones a créditos de instituciones financieras internacionales a fin de financiar proyectos prioritarios en los sectores cubiertos. A tal fin, la Comisión ha reservado más de 100 millones EUR en subvenciones, lo que la convierte en la donante principal. En conjunto, el MIBO debería propiciar créditos por un valor superior a los 1 000 millones EUR durante los próximos años.

Trabajar juntos para abordar el cambio climático

La UE va a reforzar su diálogo periódico sobre el cambio climático con los países candidatos y los países candidatos potenciales, en particular mediante la Red Regional de Medio Ambiente para la Adhesión. La Comisión espera que todos los países de la ampliación respalden el objetivo de la UE, consistente en alcanzar un acuerdo ambicioso y global en la Conferencia de Copenhague sobre cambio climático a finales de 2009. Los últimos años, la Comisión ha concedido a líneas de las IFI subvenciones por un valor de 120 millones EUR, que generarán inversiones por un valor aproximado de 600 millones EUR en proyectos de eficiencia energética, lo que ayudará a los Balcanes Occidentales y a Turquía a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión seguirá apoyando iniciativas relacionadas con el cambio climático en los países de la ampliación.

Dar a conocer el proceso de ampliación

Mejorar la comunicación con el público es uno de los principios básicos del consenso renovado sobre la ampliación. Para que el proceso de ampliación de la UE pueda llegar a buen término, es esencial escuchar a los ciudadanos y atender sus preocupaciones y preguntas. Lo que la opinión pública europea piensa sobre la futura ampliación está influido por su percepción de las últimas ampliaciones. Al cumplirse el quinto aniversario de la quinta ampliación de la UE, la Comisión presentó un estudio sobre sus logros y desafíos económicos, en el que se llegaba a la conclusión de que la ampliación había contribuido al crecimiento y que gracias a ella la UE había ganado peso en la economía mundial. Está promoviendo un debate público informado sobre su impacto y ha organizado una serie de actos para celebrar el aniversario de la quinta ampliación, que coincidió con el vigésimo aniversario de la caída del telón de acero. Ha puesto en marcha un sitio Internet específico y ha coproducido material audiovisual.

Ganarse el apoyo del público sigue siendo un objetivo crucial para la política de ampliación de la UE y la Comisión seguirá aplicando una política activa de comunicación a este respecto. En concreto, apoyará y complementará los esfuerzos desplegados por los Estados miembros, que tienen una responsabilidad clave a este respecto, así como los países socios, y se centrará en las actividades de comunicación de los formadores de opinión, en particular organizaciones de la sociedad civil y periodistas, así como la juventud. Se procurará sobre todo estimular la concienciación en la UE sobre las culturas y formas de vida de los socios de la ampliación.

4. Avances registrados en los países de la ampliación y agenda para 2009-2010

4.1. Encaminar a los países candidatos y los países candidatos potenciales hacia la UE

Desde el año pasado los Balcanes Occidentales están más cerca de la adhesión a la UE; la región ha avanzado, si bien de forma desigual, en la realización de las reformas y en el cumplimiento de los criterios y condiciones fijados. Se han hecho avances considerables hacia la liberalización del régimen de visados, lo que culminó en la propuesta de la Comisión de julio de 2009 de abolir la obligación de visado para la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia. Se ha ampliado la red de Acuerdos de Estabilización y Asociación. Se han recibido dos solicitudes de adhesión de países de la región.

Todos los países de los Balcanes Occidentales implicados podrían, si siguen avanzando, conseguir el estatuto de países candidatos siempre que demuestren estar preparados para ello. Un historial satisfactorio de cumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud de los AEA, incluidas las disposiciones comerciales, es un elemento esencial de cara a la adhesión de cada uno de los países a la UE.

En la siguiente sección se resumen los avances realizados y se establece la agenda de los países de la ampliación para 2009-2010.

Croacia

Croacia ha seguido avanzando por lo que respecta a reformas políticas básicas. Sigue cumpliendo los criterios políticos y ha hecho avances en la mayoría de los ámbitos, en particular redoblando esfuerzos en el campo del Estado de Derecho. Las prioridades de la Asociación para la Adhesión se han abordado en gran medida.

En su Comunicación «Estrategia y retos principales de la ampliación (2008-2009)» [3], la Comisión propuso una hoja de ruta indicativa para alcanzar la etapa final de las negociaciones de adhesión. Esta hoja de ruta ha galvanizado los esfuerzos en el país para cumplir los parámetros de evaluación a los que se supedita la apertura y el cierre de los capítulos en el calendario orientativo previsto. Debido a los retrasos registrados en Croacia en determinados ámbitos, no se ha avanzado en algunos capítulos con arreglo a la hoja de ruta. No obstante, los preparativos han avanzado considerablemente en general, por lo que las negociaciones técnicas están llegando ya a su fase final.

La crisis económica ha tenido una fuerte incidencia en Croacia, pero su impacto se ha visto mitigado por la existencia de un sector bancario sólido y un elevado nivel de reservas de divisas. La mejora de las reformas estructurales y la adopción de una estrategia fiscal creíble a medio plazo serían esenciales para mejorar la competitividad.

El litigio fronterizo entre Eslovenia y Croacia ha frenado las negociaciones de adhesión, ya que un número considerable de capítulos no pudieran abrirse o cerrarse hasta octubre de 2009, aunque técnicamente ya se habían ultimado con anterioridad. Con vistas a la resolución de este conflicto, que debe seguir siendo una cuestión bilateral, la Comisión ha ofrecido sus servicios de facilitación. Apoyada por el trío presidencial, ha desplegado esfuerzos intensivos a lo largo de seis meses, que prepararon el camino para el acuerdo político entre las dos partes que se alcanzó en septiembre de 2009. La Comisión se congratula por los recientes avances, que han culminado en la apertura o el cierre provisional de un importante número de capítulos en la conferencia sobre la adhesión de octubre. Las cuestiones bilaterales no deberían obstruir las negociaciones de adhesión.

Croacia tendrá que intensificar sus esfuerzos de reforma en el ámbito del sistema judicial y los derechos fundamentales, en particular por lo que hace a la independencia y eficiencia del poder judicial, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, los derechos de las minorías, incluidos el retorno de los refugiados, y los juicios por crímenes de guerra. La reforma de la administración pública requiere especial atención. Croacia ha de asegurar asimismo que el Gobierno croata adopta todas las medidas necesarias para resolver la cuestión del acceso por parte del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia a los documentos importantes. La Comisión está preparando un paquete financiero para la adhesión de Croacia. Este país ha de redoblar esfuerzos para establecer los instrumentos requeridos de cara a la gestión y el control de los instrumentos financieros comunitarios. La Comisión recomienda que el Consejo proceda a establecer el grupo técnico ad hoc que se encargará de la redacción del Tratado de Adhesión, sobre la base de los textos elaborados por la Comisión. Si Croacia cumple a tiempo todos los parámetros de evaluación pendientes, las negociaciones de adhesión, incluidos los acuerdos transitorios, podrían concluir el próximo año.

Antigua República Yugoslava de Macedonia

Desde la adopción del dictamen de la Comisión [4] y la obtención del estatuto de candidato en 2005, la Antigua República Yugoslava de Macedonia ha consolidado el funcionamiento de su democracia y ha asegurado la estabilidad de las instituciones que garantizan el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales. Hay que proseguir estos trabajos.

El país ha abordado de forma decidida las prioridades fundamentales de la Asociación para la Adhesión [5]. Las elecciones presidenciales y locales de marzo y abril de 2009 se llevaron a cabo con arreglo a la mayoría de las normas internacionales. El funcionamiento del Parlamento ha mejorado, en especial gracias a la introducción de normas de procedimiento y una nueva Ley del Parlamento. La Ley de la Policía se ha aplicado, sobre todo con el nombramiento de comandantes regionales y locales, y la reforma policial ha proseguido con la adopción de la Ley de Asuntos Internos. La parte legislativa de la estrategia de reforma judicial ha concluido, los nuevos tribunales y organismos judiciales son operativos y ha mejorado la eficiencia en general. Se han hecho notables avances en la lucha contra la corrupción, gracias al enjuiciamiento de asuntos de alto nivel, la consolidación del marco jurídico, especialmente mediante la modificación de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, y la mejora de la capacidad de las instituciones de lucha contra la corrupción. Se ha modificado la Ley de la Función Pública para consolidar la autoridad de la Agencia de la Función Pública, lo que constituye un paso más hacia un sistema de promoción basado en el mérito. En el campo del empleo, se han intensificado las medidas activas de empleo y se ha mejorado el entorno empresarial, en particular reforzando las agencias reguladoras.

El país cumple los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación. Sobre esta base, la Comisión presentó en octubre una propuesta sobre la transición a la segunda fase de la Asociación, con arreglo al artículo 5 del Acuerdo.

El país se ha visto afectado por la crisis económica pero la existencia de un sector bancario estable y un consumo privado sostenido mitigaron la ralentización del crecimiento. La competitividad de la economía mejoraría si se siguiera una política fiscal saneada y se abordara el desempleo estructural.

El litigio con Grecia por la cuestión toponímica sigue sin resolverse. El país ha entablado negociaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas al respecto. Deben evitarse las acciones y declaraciones que pudieran afectar negativamente a las relaciones de buena vecindad. Es esencial mantener unas buenas relaciones de vecindad y, en particular, alcanzar, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, una solución negociada y aceptable por ambas partes al litigio sobre el nombre el país.

Montenegro

En Montenegro han proseguido las reformas políticas y las elecciones parlamentarias de marzo de 2009 cumplieron casi todas las normas internacionales, aunque es preciso abordar algunas deficiencias que aún subsisten. Se han hecho algunos avances en la reforma judicial. En general, la aplicación del Acuerdo Interino avanza sin problemas.

Montenegro se ha visto afectado por la crisis económica pero una buena temporada turística y las medidas adoptadas contra la crisis mitigaron su impacto. Es esencial proseguir las reformas estructurales para seguir mejorando la competitividad.

A raíz de la solicitud de adhesión cursada por Montenegro en diciembre de 2008, en abril de 2009 el Consejo invitó a la Comisión a presentar su dictamen. Se trabaja en la preparación del dictamen. Montenegro tendrá que demostrar resultados concretos en relación con la consolidación del Estado de Derecho, en particular por lo que hace a la reforma judicial y la lucha contra la corrupción. Es preciso seguir consolidando las capacidades de administración y cumplimiento de la legislación.

Albania

Albania ha realizado avances por lo que respecta a reformas políticas fundamentales. Las elecciones parlamentarias de junio de 2009 se ajustaron a la mayoría de las normas internacionales, pero son necesarios esfuerzos adicionales para abordar las deficiencias detectadas. En general, la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación, que entró en vigor este año, prosigue sin problemas.

Por el momento, Albania solo se ha visto afectada por la crisis económica de forma limitada. Para la competitividad del país es esencial proseguir con las reformas estructurales y modernizar las infraestructuras.

Albania solicitó la adhesión a la UE en abril de 2009. En julio de 2009, el Consejo declaró que volvería a considerar la solicitud una vez que finalizase el procedimiento electoral en el país. La Comisión está preparada para empezar los preparativos sobre su dictamen en cuanto reciba la petición del Consejo. Albania ha de realizar avances, sobre todo en relación con el Estado de Derecho y, más en concreto, la lucha contra la corrupción y el funcionamiento apropiado de las instituciones estatales, especialmente la independencia del poder judicial. Es preciso consolidar las capacidades de administración y cumplimiento de la legislación.

Bosnia y Herzegovina

En Bosnia y Herzegovina la aplicación del Acuerdo Interino ha sido, en conjunto, satisfactoria. Sin embargo, los avances del país en relación con reformas fundamentales han seguido siendo muy limitados. El clima político nacional se ha deteriorado y han continuado los desafíos al buen funcionamiento de las instituciones, así como la retórica incendiaria. No se han cumplido plenamente los requisitos para una transición sin problemas de la Oficina del Alto Representante (OAR) a una presencia reforzada de la UE en el país. En ese contexto, la UE ha acordado fórmulas para consolidar la Oficina y el mandato del Representante Especial de la UE (REUE) y está considerando una «unión personal/fórmula de doble mandato» del REUE y del Jefe de la Delegación de la Comisión, de conformidad con los Tratados y respetando el equilibrio institucional.

Bosnia y Herzegovina necesita urgentemente acelerar las reformas fundamentales. Una visión compartida por los líderes políticos sobre la dirección general del país, así como la voluntad política de cumplir los requisitos de la integración europea constituyen aspectos necesarios para que el país pueda proseguir su avance hacia la Unión Europea. Bosnia y Herzegovina ha de cumplir asimismo las condiciones que se han fijado para el cierre de la OAR. La UE solo podría considerar una solicitud de adhesión una vez cerrada la OAR.

Antes de que la Comisión pueda recomendar la concesión del estatuto de país candidato, Bosnia y Herzegovina deberá reformar el marco constitucional para permitir el funcionamiento eficaz de sus instituciones. En particular, el país tendrá que estar en condiciones de adoptar, aplicar y hacer cumplir la legislación y la normativa de la UE. La Comisión insta a Bosnia y Herzegovina a que proceda sin demora a las modificaciones constitucionales necesarias. La Comisión está dispuesta a apoyar los esfuerzos de Bosnia y Herzegovina encaminados a modificar la Constitución y a emprender otras reformas fundamentales que permitirían al país avanzar en el proceso de adhesión.

Bosnia y Herzegovina se ha visto fuertemente afectada por la crisis económica y ha pedido al FMI ayuda financiera. El país ha de reanudar las reformas estructurales en la economía y asegurar unas finanzas públicas saneadas.

Serbia

Serbia ha demostrado su compromiso en favor del acercamiento a la UE con los buenos resultados obtenidos en la aplicación de las disposiciones del Acuerdo Interino con la UE y con las reformas políticas fundamentales emprendidas con arreglo a las normas europeas. También ha hecho esfuerzos con vistas a la aplicación de un programa ambicioso en favor de la integración europea. Serbia dispone de la capacidad administrativa para lograr un gran avance hacia la UE. Es preciso aprovechar estas circunstancias para impulsar la agenda de reforma, con vistas a obtener resultados tangibles en ámbitos prioritarios como el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Serbia se ha visto fuertemente afectada por la crisis económica y ha pedido ayuda financiera al FMI y a la UE. El país ha de acelerar las reformas económicas y velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) ha mejorado, pero Ratko Mladić y Goran Hadžić, que han sido condenados, siguen en libertad. A la luz de la cooperación continua con el TPIY y del compromiso renovado de Serbia en favor del proceso de integración europea, la Comisión considera ha llegado el momento para que la UE aplique el Acuerdo Interino. Serbia ha de demostrar una actitud más constructiva con respecto a la participación de Kosovo en el comercio y la cooperación regionales. La cooperación con la Misión por el Estado de Derecho EULEX ha comenzado, pero hay seguir trabajando con ahínco, especialmente en cuanto al funcionamiento de EULEX en el norte de Kosovo.

Kosovo

En Kosovo la estabilidad, aunque se ha mantenido, sigue siendo frágil. Tras la reconfiguración de la presencia internacional, la Misión por el Estado de Derecho EULEX de la UE se ha desplegado en Kosovo y es plenamente operativa. Las autoridades han facilitado el despliegue de EULEX en Kosovo. Los recientes incidentes que se saldaron con daños a propiedades EULEX despiertan preocupación. Kosovo debe asegurar un respaldo continuo a la labor de EULEX. Se ha adherido al FMI y al Banco Mundial. El país ha adoptado legislación clave. Con todo, subsisten retos importantes como el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, la consolidación de la capacidad administrativa, la protección de la minoría serbia y otras, y la mejora del diálogo y la reconciliación entre las comunidades. La UE anima a los serbios de Kosovo a participar en las instituciones kosovares y en las elecciones municipales que tendrán lugar en noviembre. Kosovo ha de adoptar un planteamiento constructivo hacia la cooperación regional, incluida su participación en el comercio regional.

Desde la Conferencia de Donantes de 2008, Kosovo se beneficia de una ayuda financiera considerablemente incrementada. A través del IAP se han destinado al país casi 500 millones EUR para los años 2007-2011. Kosovo se ha visto moderadamente afectado por la crisis económica. Es esencial que las autoridades kosovares respeten los compromisos asumidos en materia de disciplina fiscal, gestión del gasto público y reforma de las políticas económicas y sociales.

La UE apoya el desarrollo económico y político de Kosovo a través de una perspectiva europea clara, acorde a la perspectiva europea de la región. La mejora de las condiciones de vida es esencial para el bienestar de la población y para la estabilidad de toda la región. En este contexto, y conforme a la Estrategia de Ampliación de 2008 y a las Conclusiones del Consejo de diciembre de 2008, la Comisión, junto con el presente documento estratégico ha aprobado una Comunicación titulada «Kosovo [6]\*: avanzar en la realización de la perspectiva europea». En este estudio se pasa revista a los instrumentos comunitarios que la UE puede movilizar para promover el desarrollo político y socioeconómico de Kosovo. En concreto, propone un enfoque estructurado para acercar a los ciudadanos kosovares a la UE, que incluye un diálogo con la perspectiva de un eventual régimen de liberación de visados. La Comisión propone además ampliar las medidas comerciales autónomas y, una vez que Kosovo cumpla con los requisitos pertinentes, propondrá negociar directrices con vistas a la celebración, en su debido momento, de un acuerdo comercial.

Turquía

Turquía ha seguido haciendo público su compromiso en favor del proceso de adhesión a la UE. Se han llevado a cabo elecciones locales libres y justas. Se han adoptado medidas positivas en los ámbitos del poder judicial, con la adopción de la estrategia y el plan de acción de reforma judicial, las relaciones entre civiles y militares y los derechos culturales. En particular, el Parlamento ha modificado la legislación para permitir que los tribunales civiles puedan procesar a personal militar en tiempo de paz. El Gobierno ha abierto un amplio debate público con objeto de abordar la cuestión kurda, y la televisión pública ha empezado a operar un canal que retransmite enteramente en lengua kurda.

En lo que respecta a las negociaciones de adhesión, se han abierto capítulos adicionales. Turquía ha adoptado un programa nacional para la adopción del acervo. El nombramiento de un negociador principal a tiempo completo debería contribuir a racionalizar los esfuerzos del Gobierno en el contexto de las reformas relacionadas con la UE. Esto es especialmente importante dado que las negociaciones de adhesión están entrando en una fase más problemática en la que Turquía deberá intensificar sus esfuerzos con vistas al cumplimiento de sus parámetros de evaluación a fin de permitir nuevos avances en la apertura de capítulos.

Turquía se ha visto fuertemente afectada por la crisis económica pero un sólido sector bancario y las medidas adoptadas contra la crisis mitigaron su impacto. Es esencial proseguir las reformas estructurales, junto con una política fiscal prudente, para seguir mejorando la competitividad.

La investigación sobre la supuesta red criminal Ergenekon ha culminado en la formulación de graves cargos penales contra funcionarios de las fuerzas armadas y círculos nacionalistas. Este asunto es una oportunidad para que Turquía consolide la confianza en el buen funcionamiento de sus instituciones democráticas y del Estado de Derecho. Es importante que los procedimientos en este contexto respeten plenamente las garantías procesales, en particular los derechos de los imputados.

Ha llegado ahora el momento de agilizar considerablemente el ritmo de las reformas. Siguen suscitando preocupación una serie de ámbitos, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto, los derechos sindicales, la supervisión civil de las fuerzas militares, y los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Queda mucho por hacer en lo relativo a la impunidad de las personas implicadas en casos de tortura y maltrato. La iniciativa de Gobierno sobre la cuestión kurda debería traducirse en medidas concretas que garanticen a los ciudadanos turcos, con independencia de su origen, derechos y libertades plenos y mejoren significativamente la situación en el sudeste del país. La mejora del diálogo entre los partidos políticos incidirá positivamente en el proceso de reforma, en particular en los trabajos sobre la reforma constitucional.

Turquía ha manifestado su apoyo a las negociaciones en curso bajo los auspicios de las Naciones Unidas entre los dirigentes de las comunidades grecochipriota y turcochipriota para alcanzar un acuerdo global al problema de Chipre. Sin embargo, no ha habido avances en la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre. Turquía no ha aplicado plenamente el Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación y no ha eliminado todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones a los enlaces de transporte directo con Chipre. Es urgente que Turquía cumpla su obligación de aplicar de forma plena y no discriminatoria el Protocolo Adicional y avance hacia la normalización de relaciones bilaterales con la República de Chipre. La UE seguirá supervisando y revisando los avances que se registren en relación con cuestiones cubiertas por la Declaración de 21 de septiembre de 2005, de conformidad con las Conclusiones del Consejo de 11 de diciembre de 2006.

Grecia ha presentado un gran número de quejas por las violaciones continuas de su espacio aéreo por parte de Turquía, en particular vuelos sobre las islas griegas.

Sigue siendo esencial mantener unas buenas relaciones de vecindad.

Turquía desempeña un papel clave en la seguridad regional y la promoción del diálogo entre civilizaciones. Ha tomado iniciativas para contribuir a la estabilización en el Cáucaso meridional, Oriente Medio y otras regiones. Participa en varias misiones de paz de la UE. A fin de normalizar las relaciones con Armenia se han desplegado importantes esfuerzos diplomáticos, que han culminado con la histórica firma, en octubre de 2009, de protocolos para la normalización de relaciones. Es importante que estos protocolos sean rápidamente ratificados por ambos países.

En julio de 2009, Turquía firmó el Acuerdo intergubernamental sobre el gasoducto Nabucco. Este proyecto es un paso estratégico importante hacia una más estrecha cooperación en materia energética entre la UE, Turquía y otros Estados de la región, así como hacia la diversificación de las fuentes de energía. La finalización a tiempo del corredor de transporte de gas en Europa sudoriental, especialmente mediante la rápida implementación del Acuerdo intergubernamental sobre el gasoducto Nabucco, sigue siendo una de las grandes prioridades de seguridad energética.

El proceso de adhesión a la UE ofrece un fuerte incentivo para que Turquía prosiga las reformas, consolide la democracia y los derechos humanos y modernice el país. El ritmo de reformas en Turquía sigue siendo el factor clave en el proceso.

4.2. Islandia

Islandia solicitó la adhesión a la UE el 16 de julio de 2009 y el 27 de julio el Consejo invitó a la Comisión a elaborar su dictamen. La solicitud de Islandia se evaluará según los principios establecidos en el Tratado, los criterios definidos por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993, así como las Conclusiones del Consejo Europeo diciembre de 2006 sobre el consenso renovado para la ampliación, que prevé condiciones rigurosas y justas, basadas en el principio de méritos.

Islandia es una democracia bien establecida. El país se ha visto gravemente afectado por la crisis económica y financiera mundial. Está en gran parte integrado en el mercado interior por su participación en el Espacio Económico Europeo. Es miembro asimismo del Espacio de Schengen. Islandia es un socio importante para la UE en el marco de la Dimensión Nórdica y con vistas al desarrollo de la política ártica. La Comisión tendrá en cuenta estos elementos en su dictamen. Los resultados que obtenga Islandia en el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo EEE serán un elemento esencial de la evaluación de la Comisión. La Comisión está elaborando una modificación del Reglamento IAP a fin de incluir a Islandia como país beneficiario.

5. Conclusiones y recomendaciones

Sobre la base del análisis que antecede, la Comisión formula las conclusiones y recomendaciones siguientes:

1. El proceso de adhesión supone un fuerte incentivo a las reformas políticas y económicas en los países de la ampliación y refuerza la paz y la estabilidad en Europa. Redunda en interés de la UE mantener la dinámica del proceso de ampliación, sobre la base de los principios y condiciones acordados y del consenso renovado sobre la ampliación.

2. Los países de la ampliación no han escapado a los efectos de la recesión económica mundial. La UE está ayudándoles a aliviar el impacto de la crisis y a prepararse con miras a una recuperación saneada. La implementación de las reformas relacionadas con la UE sustenta esta iniciativa.

3. El Estado de Derecho, en particular la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, pero también el refuerzo de las capacidades administrativas, sigue siendo un reto de primer orden que los países de la ampliación están obligados a abordar. La Comisión seguirá utilizando todos los instrumentos del proceso de ampliación a fin de ayudarles en esta tarea. Es preciso resolver con carácter de urgencia los problemas que afectan a la libertad de expresión y a los medios de comunicación.

4. Las cuestiones bilaterales no deberían bloquear el proceso de adhesión. Han de ser resueltas por las partes implicadas, que tienen la responsabilidad de encontrar soluciones en un espíritu de buena vecindad y teniendo en cuenta los intereses globales de la UE.

5. La cooperación regional en el Sudeste de Europa ha mejorado: los países de la región asumen una responsabilidad cada vez mayor en el proceso. Sin embargo, hay que mejorar la eficiencia de las estructuras e iniciativas regionales. Los desacuerdos sobre Kosovo [7] no deberían obstruir la cooperación regional.

6. El establecimiento, basado en una propuesta de la Comisión, de un régimen libre de visados para la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia a principios de 2010 será una prueba clara de que las reformas aportan beneficios tangibles a los ciudadanos. La Comisión va a presentar propuestas para Albania y Bosnia y Herzegovina a mediados de 2010, siempre que estos países cumplan las condiciones fijadas en las hojas de ruta. La libre circulación de personas y los intercambios, en particular de jóvenes y estudiantes, son esenciales para ayudar a Kosovo a construir estructuras económicas viables. En este contexto, debería seguir promoviéndose la facilitación de la expedición de visados y debería ponerse en marcha un proceso para Kosovo tendente a la final liberalización del régimen de visados, una vez que se hayan emprendido las reformas necesarias y se cumplan las condiciones requeridas.

7. Croacia ha avanzado por buen camino en el cumplimiento de los parámetros de evaluación establecidos en las negociaciones de adhesión. La conferencia sobre la adhesión de octubre de 2009 destacó estos avances, tras el acuerdo político de septiembre de 2009 entre Eslovenia y Croacia sobre el conflicto fronterizo. Se trata de un paso significativo con vistas a imprimir un nuevo impulso a las negociaciones de adhesión. Croacia tiene que proseguir sus esfuerzos en pos de la reforma, en particular por lo que hace al poder judicial y a la administración pública, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, los derechos de las minorías, en particular el retorno de los refugiados, y los juicios por crímenes de guerra. Croacia ha de resolver la cuestión del acceso del TPIY a los documentos. Si Croacia cumple todas las condiciones pendientes, las negociaciones de adhesión podrían concluir el próximo año.

8. La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha abordado sustancialmente las prioridades clave de la Asociación para la Adhesión. Sobre esta base y con vistas al avance global de las reformas, la Comisión considera que el país cumple suficientemente los criterios políticos fijados por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993 y el Proceso de Estabilización y Asociación. El país está cada vez más cerca de convertirse en una economía de mercado operativa y ha avanzado en una serie de ámbitos relacionados con su capacidad para asumir las obligaciones de la pertenencia a la UE.

A la luz de lo que antecede y teniendo en cuenta las Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2005 y diciembre de 2006, la Comisión recomienda que se abran negociaciones de adhesión a la Unión Europea con la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

Sigue siendo esencial el mantenimiento de buenas relaciones de vecindad, en particular una solución negociada y aceptada por ambas partes al litigio toponímico, bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

9. A raíz de la solicitud de adhesión cursada por Montenegro en diciembre de 2008, en abril de 2009 el Consejo invitó a la Comisión a presentar su dictamen. Las elecciones parlamentarias han cumplido prácticamente todas las normas internacionales, pero aún falta por abordar algunas deficiencias. El refuerzo de la capacidad administrativa y la consolidación del Estado de Derecho siguen siendo retos importantes para Montenegro.

10. Albania solicitó la adhesión a la UE en abril de 2009 y la Comisión está lista para preparar su dictamen en cuanto el Consejo le invite a hacerlo. Las elecciones parlamentarias han cumplido prácticamente todas las normas internacionales, pero habrá que abordar algunas deficiencias en futuras elecciones. Reforzar el Estado de Derecho y asegurar el buen funcionamiento de las instituciones estatales siguen siendo retos importantes.

11. Bosnia y Herzegovina ha de acelerar con carácter de urgencia reformas fundamentales. Una visión compartida por los líderes políticos sobre la dirección del país y la voluntad política de cumplir los requisitos de la integración europea constituyen aspectos esenciales para que el país pueda proseguir su avance. Bosnia y Herzegovina ha de cumplir asimismo las condiciones que se han fijado para el cierre de la Oficina del Alto Representante (OAR). La Unión Europea solo podría considerar una solicitud de adhesión una vez que se haya procedido al cierre de la OAR. Bosnia y Herzegovina tendrá que reformar su marco constitucional para favorecer el buen funcionamiento de las instituciones del país antes de que la Comisión pueda recomendar la concesión del estatuto de candidato. En concreto, el país tendrá que estar en condiciones de adoptar, aplicar y garantizar el cumplimiento de la legislación y la normativa de la UE.

12. Serbia ha demostrado su compromiso en favor de la incorporación a la UE con un historial satisfactorio en la aplicación de las disposiciones del Acuerdo Interino con la UE y con las reformas políticas fundamentales emprendidas con arreglo a las normas europeas. A la vista de la cooperación continua del país con el TPIY y de su renovado compromiso en favor del proceso de integración europea, la Comisión considera que ha llegado el momento de que la UE implemente el Acuerdo Interino. Sigue siendo importante reforzar el Estado de Derecho y acelerar las reformas económicas. Serbia ha de demostrar una actitud más constructiva con respecto a la participación de Kosovo en el comercio y la cooperación regionales. La cooperación con la Misión por el Estado de Derecho EULEX ha comenzado, pero hay que seguir trabajando con ahínco, especialmente en cuanto al funcionamiento de EULEX en el norte de Kosovo.

13. En Kosovo se ha mantenido la estabilidad, pero esta sigue siendo frágil. La Misión por el Estado de Derecho EULEX de la UE se ha desplegado en Kosovo y es plenamente operativa. El país se enfrenta a retos importantes como el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, la consolidación de la capacidad administrativa, la protección de la minoría serbia y otras, y la mejora del diálogo y la reconciliación entre las comunidades. Kosovo ha de adoptar un planteamiento constructivo hacia la cooperación regional y asegurar un respaldo constante a la labor de EULEX. La Comisión está proponiendo formas de movilizar los instrumentos comunitarios con el fin de proseguir el desarrollo político y socioeconómico del país, especialmente en los ámbitos de los visados y el comercio, y de avanzar, en consonancia con la perspectiva europea de la región, hacia la integración en la UE en el contexto del Proceso de Estabilización y Asociación. Por lo que respecta al comercio, la Comisión propone ampliar las medidas comerciales autónomas y, una vez que Kosovo cumpla los requisitos pertinentes, propondrá negociar en su debido momento directrices para un acuerdo comercial.

14. Turquía necesita aprovechar los esfuerzos renovados de reforma política que ya se han emprendido. Las negociaciones de adhesión han entrado en una fase más problemática, que requiere que el país redoble sus esfuerzos tendentes a cumplir las condiciones pertinentes. La adhesión a la UE constituye un sólido incentivo para que Turquía refuerce la democracia y los derechos humanos, avance en la modernización del país y aproxime el país a la UE. El país desempeña un papel clave en la seguridad regional, el suministro energético y la promoción del diálogo entre civilizaciones. Se han desplegado esfuerzos diplomáticos significativos para normalizar las relaciones con Armenia, que han desembocado, en octubre de 2009, en la histórica firma de protocolos para la normalización de relaciones. Turquía ha de velar por que el Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación se aplique de forma plena y no discriminatoria para que se avance hacia la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre. La UE seguirá supervisando y revisando los avances que se registren en relación con cuestiones cubiertas por la Declaración de 21 de septiembre de 2005, de conformidad con las Conclusiones del Consejo de 11 de diciembre de 2006. Unas buenas relaciones de vecindad siguen siendo clave.

15. Por lo que respecta a la cuestión de Chipre, los dirigentes de las comunidades grecochipriota y turcochipriota están entrado en una fase decisiva de negociaciones con el fin de acordar una solución global bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La Comisión respalda estos esfuerzos y ofrece asesoramiento técnico sobre las cuestiones que entren en el ámbito de competencia de la UE. Insta a los dirigentes de ambas comunidades a redoblar esfuerzos para que las negociaciones puedan llegar a buen puerto lo antes posible y a Turquía a que contribuya en términos concretos a una solución global a la cuestión chipriota.

16. Islandia ha solicitado la adhesión a la UE y la Comisión está elaborando el dictamen requerido por el Consejo. La solicitud de Islandia se evaluará según los principios establecidos en el Tratado y los criterios definidos por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993, así como las Conclusiones del Consejo de diciembre de 2006 sobre el consenso renovado para la ampliación. Islandia está estrechamente integrada con la UE en una serie de ámbitos, gracias a su pertenencia al Espacio Económico Europeo y a Schengen.

17. El respaldo público a la ampliación es de vital importancia. Es indispensable que las autoridades de los Estados miembros, los países asociados y las instituciones de la UE promuevan la concienciación del público sobre la política de ampliación de la UE.

ANEXO

Conclusiones sobre Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo [8] y Turquía

Albania

El Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entró en vigor en abril y su puesta en práctica avanza, en conjunto, sin problemas. Albania ha seguido avanzando en la realización de los criterios políticos en consonancia con la Asociación Europea. Según la OSCE/OIDDH, las elecciones parlamentarias de junio se ajustaron a la mayoría de las normas internacionales, pero se necesitan nuevos esfuerzos para atender las recomendaciones en futuras elecciones. Ha habido avances tangibles en materia de registro de votantes y en el marco jurídico, pero se han registrado deficiencias en el procedimiento de recuento de votos. Se ha completado la reforma electoral y se adoptó, a tiempo para las elecciones, un nuevo Código Electoral. Gracias al nuevo registro civil se han compilado listas de votantes más acordes con la realidad, con lo que se cumple, en gran medida, esta prioridad clave de la Asociación Europea. Ha concluido prácticamente la distribución de tarjetas de identidad, que permitirán votar a los ciudadanos sin pasaporte. Sin embargo, la cultura de diálogo entre los principales partidos políticos empeoró durante el periodo electoral. Es preciso volver a encarrilar el diálogo político, una de las prioridades clave de la Asociación Europea.

Se han hecho algunos avances en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. Se han seguido en gran medida las principales recomendaciones de la OSCE/OIDDH en el marco del proceso general de reforma electoral. El Parlamento ha adoptado una serie de leyes importantes para aproximar el acervo de la UE. Sin embargo, la cultura de diálogo se ha supeditado a las agendas de los partidos políticos y se han retrasado reformas clave. Albania ha hecho algunos avances en la consolidación de sus estructuras gubernamentales para coordinar la integración europea. No obstante, sigue siendo necesario proseguir la consolidación de las capacidades y la planificación estratégica. En el ámbito de la administración pública, se han seguido produciendo nombramientos que infringen la Ley de la Función Pública, sobre todo por el uso de contratos temporales. La necesidad de atajar la falta de transparencia y de rendir cuentas por los nombramientos sigue siendo una de las prioridades clave de la Asociación Europea que queda por abordar. Son necesarios esfuerzos significativos con vistas al establecimiento de una función pública independiente, eficiente, basada en el mérito y libre de ingerencias políticas. El pleno cumplimiento de la referida Ley, la consolidación de la capacidad institucional en el Ministerio de Administración Pública y la puesta en práctica de la estrategia para la reforma de la administración pública constituirán elementos esenciales para seguir avanzando.

En cuanto a la reforma del sistema judicial, son pocos los avances registrados. Se ha establecido un sistema de agentes judiciales privados. Sin embargo, falta por adoptar una estrategia global de reforma del sistema judicial. La Ley de Depuración fue adoptada por mayoría simple en el Parlamento sin consultas y sin un consenso completo. La aplicación de la Ley fue posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional. No se ha completado el marco jurídico para la reforma judicial. Está pendiente la adopción de actos legislativos importantes sobre el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y de los tribunales administrativos. Persiste el problema de acumulación de casos pendientes y la infraestructura de los tribunales sigue siendo inadecuada. Los intentos del ejecutivo de limitar la independencia del poder judicial siguen siendo fuente de honda preocupación. El aplazamiento por razones procedimentales de casos de supuesta corrupción de alto nivel, como el caso Gërdec, planteó interrogantes sobre la imparcialidad del sistema judicial. En conjunto, el funcionamiento del poder judicial todavía es deficiente y queda mucho por hacer para resolver esta prioridad clave de la Asociación Europea a fin de garantizar su independencia, transparencia y eficiencia.

El Gobierno ha proseguido su labor de prevención y lucha contra la corrupción. Se ha empezado a aplicar la estrategia y el plan de acción de lucha contra la corrupción, que es una de las prioridades clave de la Asociación Europea. Se han adoptado disposiciones legales que exigen el uso de procedimientos electrónicos en línea en el campo de la contratación pública. Se han hecho esfuerzos para aumentar la transparencia en algunos sectores, como la educación. Se trata de pasos positivos. Sin embargo, la corrupción sigue siendo un fenómeno generalizado en muchos ámbitos y constituye un problema particularmente grave. Se necesita más voluntad política, sobre todo por lo que hace a los casos de alto nivel, para erradicar la cultura de la impunidad que sigue imperando. En líneas generales, es preciso seguir consolidando los acuerdos institucionales y la coordinación entre agencias en la lucha contra la corrupción. Todavía queda mucho por hacer para abordar todos los aspectos de esta problemática, sobre todo en lo tocante a la rendición de cuentas por parte de los jueces y a la transparencia de la financiación de los partidos políticos.

Se han realizado algunos avances en lo que respecta a los derechos humanos y la protección de las minorías, ámbito en el que la configuración del marco jurídico está prácticamente completada. No obstante, todavía es preciso redoblar esfuerzos para mejorar la ejecución de la legislación en vigor en varios campos.

Por lo que hace a los derechos civiles y políticos, se han tomado medidas para perseguir los casos de maltrato de detenidos en espera de juicio. Se han construido nuevas cárceles y centros de detención preventiva para jóvenes y enfermos mentales. Está operativo el régimen de libertad condicional. Sin embargo, las condiciones de detención, muy deficientes, agravadas por el hacinamiento, siguen constituyendo un problema grave, sobre todo en las prisiones más antiguas. Hay que redoblar esfuerzos en materia de protección de los derechos humanos y para seguir las recomendaciones del Defensor del Pueblo. En cuanto al acceso a la justicia, el acceso a la asistencia jurídica gratuita por parte de grupos vulnerables y algunas minorías sigue suscitando preocupación.

Se ha implantado el marco jurídico para proteger la libertad de expresión. Sin embargo, se han registrado coacciones contra algunos operadores de medios de comunicación, que en ocasiones han sido expulsados de instalaciones propiedad del Gobierno. Falta por completar el marco jurídico que rige la política de medios de comunicación y es necesario aplicar la legislación vigente. Son necesarios esfuerzos considerables para completar el marco jurídico, mejorar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y consolidar la independencia del organismo que regula la radiodifusión pública. El respeto de la libertad de reunión y la libertad de culto sigue siendo satisfactorio. El Gobierno ha intensificado sus esfuerzos en apoyo de la sociedad civil. Se han hecho esfuerzos para implicar a la sociedad civil en la elaboración de legislación clave. Sin embargo, es preciso potenciar la participación de organizaciones de la sociedad civil en la formulación de políticas.

En el campo de los derechos económicos y sociales los avances han sido limitados. Se han hecho algunos avances en la consolidación de los derechos de la mujer. El Código Electoral incluye una cuota de género del 30 %, que la mayoría de los partidos políticos respetaron en las elecciones de junio. Se ha creado un Consejo Nacional sobre la Igualdad de Género. Sin embargo, no se aplica plenamente la legislación vigente en materia de protección de las mujeres contra todas las formas de violencia. La violencia doméstica sigue suscitando honda preocupación. Ha habido avances constantes en cuanto a los derechos de los niños. Ha aumentado la aplicación de condenas alternativas para los jóvenes. Sin embargo, son necesarios nuevos esfuerzos para abordar los índices de trabajo infantil y abandono escolar, particularmente los de los niños de etnia romaní. Las medidas en apoyo de la población socialmente vulnerable y las personas con discapacidad siguen siendo limitadas. Es necesario mejorar la coordinación de las agencias de la administración pública. Nuevos esfuerzos son necesarios para consolidar los derechos de los trabajadores y sindicatos. La falta de avances en la modificación de la legislación laboral sigue frenando el desarrollo del diálogo social. Por otra parte, falta por adoptar la Ley Antidiscriminación.

Ha habido pocos avances en cuanto a la consolidación de los derechos de propiedad, que es una de las prioridades de la Asociación Europea. En todo el país se han elaborado mapas de valoración de propiedades, necesarios para indemnizar a los antiguos propietarios. Con todo, es preciso redoblar esfuerzos para abordar todos los aspectos de esta problemática. Los litigios pendientes en el ámbito de la propiedad siguen minando el desarrollo de un mercado de bienes raíces funcional, manteniendo la inversión extranjera por debajo de su nivel potencial y siendo terreno abonado para la corrupción. La adopción de una estrategia global que aborde las cuestiones jurídicas e institucionales será esencial en este campo.

Se ha seguido avanzado en materia de protección de las minorías. Se han hecho esfuerzos para reclutar en la policía a miembros de las minorías. No obstante, es preciso acelerar la aplicación del Convenio Marco del Consejo de Europa. Siguen echándose en falta datos exactos en este campo. El próximo censo de población, siempre desde el respeto de las normas internacionales en materia de protección de los datos, será clave para abordar esta cuestión. Es imperativo desarrollar y aclarar el marco jurídico que rige la protección de las minorías, de modo que todas ellas puedan disfrutar plenamente de sus derechos culturales. Se han tomado algunas medidas para mejorar la situación de los romaníes, pero la ejecución de la Estrategia Romaní avanza lentamente. La minoría romaní aún debe soportar condiciones de vida muy precarias y casos de discriminación.

En lo que respecta a las cuestiones regionales y las obligaciones internacionales, Albania ha seguido desempeñando un papel constructivo en el mantenimiento de la estabilidad regional y el fomento de las buenas relaciones con otros países de los Balcanes Occidentales y países vecinos de la UE. Ha participado activamente en iniciativas de cooperación regional, entre ellas el Proceso de Cooperación en el Sudeste de Europa (SEECP en sus siglas en inglés), el Consejo de Cooperación Regional (CCR) y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC). Las relaciones bilaterales con otros países de la ampliación y Estados miembros de la UE vecinos han seguido siendo positivas. Por lo que se refiere a la Corte Penal Internacional, el acuerdo bilateral de inmunidad con los Estados Unidos no se ajusta a las posiciones comunes ni a los principios rectores pertinentes de la UE. Albania ha de aproximarse a la posición de la UE.

La economía albanesa ha mantenido la estabilidad macroeconómica en un contexto marcado por la crisis financiera y económica internacional. A lo largo de 2008, el crecimiento siguió a un ritmo acelerado, pero se ha ralentizado en 2009 como consecuencia de la reducción de las exportaciones, las remesas y el crecimiento del crédito. La política monetaria siguió estando saneada y se mantuvo la estabilidad de los precios. Sin embargo, una política fiscal expansionista, que incluyó obras públicas muy necesarias en la red de carreteras, se tradujo en un alto déficit presupuestario. Las lagunas en el Estado de Derecho, unas infraestructuras deficientes y la economía sumergida siguen obstaculizando el desarrollo económico y el entorno empresarial.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Albania han hecho notables avances hacia el establecimiento de una economía de mercado operativa. Para que la economía pueda hacer frente a medio plazo a las presiones competitivas y las fuerzas del mercado en la Unión, Albania debe reformar y consolidar su ordenamiento jurídico y abordar las deficiencias existentes en infraestructuras y capital humano.

El Gobierno ha reaccionado a la crisis internacional sirviéndose de toda la panoplia de instrumentos monetarios y fiscales a su disposición, así como de medidas reguladoras. Las fuertes entradas de capital, impulsadas en parte por el acelerado proceso de privatización, han sido más que suficientes para financiar el actual déficit por cuenta corriente. La implementación continua de la reforma de la administración fiscal ha ampliado la base tributaria, aumentado la recaudación fiscal y contribuido a la reducción del sector informal. Una recaudación de impuestos más eficiente ha contribuido a un excedente en el saldo presupuestario primario y ha mejorado la combinación de políticas en 2008. Se ha reducido el nivel de propiedad estatal en la economía, sobre todo en los sectores de la energía y las telecomunicaciones. Se ha facilitado la entrada en el mercado y los participantes en el mercado se han beneficiado de la mejora de los registros de propiedad y de créditos. En un contexto internacional difícil, el sector bancario ha seguido teniendo un nivel de capitalización adecuado y gozando de liquidez. Se ha mejorado la red viaria mediante obras públicas a gran escala.

Sin embargo, la política fiscal expansionista seguida durante el periodo electoral se saldó con un elevado déficit presupuestario en 2008, y el déficit previsto para 2009 sigue siendo alto. Se necesitan nuevos esfuerzos para consolidar las finanzas públicas. Aún no se utilizan los procedimientos de quiebra. La débil capacidad administrativa socava la autoridad y la aceptación del ordenamiento jurídico. Siguen proliferando métodos informales de ejecución de los contratos que soslayan el sistema legal. Los litigios pendientes en el ámbito de la propiedad siguen minando el desarrollo de un mercado de bienes raíces funcional y mantienen la inversión por debajo de su nivel potencial. El sector informal continúa constituyendo un reto importante. El desempleo sigue siendo elevado. El sistema educativo requiere una reforma de gran calado. Las infraestructuras de transporte siguen siendo, en conjunto, insuficientes y la seguridad del suministro eléctrico no está aún completamente asegurada debido a la falta de diversificación de la producción y a la escasa capacidad de interconexión.

Albania ha hecho avances en la aproximación de sus normativas, políticas y capacidades a las normas europeas. Se ha avanzado en la mayoría de los ámbitos, si bien de forma desigual. Se ha seguido avanzando en ámbitos como la libre circulación de mercancías, la energía y la política de las PYME; en otros, como los derechos de propiedad intelectual, la política audiovisual, la agricultura y el control veterinario/fitosanitario, los avances han sido limitados. En conjunto, son necesarios esfuerzos adicionales para mejorar la capacidad administrativa y facilitar la aplicación efectiva de la legislación.

Ha habido avances en algunos ámbitos del mercado interior. Por lo que respecta a la libre circulación de mercancías, se han hecho notables avances en la adopción de normas europeas y en los ámbitos de la acreditación y la metrología. No obstante, es preciso reforzar la capacidad de ejecución. El marco legislativo en materia de circulación de capitales ha mejorado con la revisión de la regulación sobre actividades de cambio de divisas. El marco regulador en materia de protección de los consumidores ha mejorado con la creación de organismos consultivos y de toma de decisiones.

Se ha seguido avanzando en la informatización de las aduanas e infraestructuras aduaneras, pero se requiere una mayor aproximación a las normas europeas y la consolidación de la capacidad administrativa. Los agentes de aduanas no tienen estatuto de funcionarios. Se ha avanzado en el ámbito de la imposición fiscal. Ha mejorado el funcionamiento de la administración fiscal y está a punto de concluir la informatización de las oficinas tributarias. Sin embargo, el volumen de recaudación sigue siendo bajo. La imposición sobre las importaciones de automóviles usados y material impreso no respeta los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación.

Han proseguido los avances en el ámbito de la competencia, tanto en el ámbito de la defensa de la competencia como en el de las ayudas estatales. El marco legislativo se ajusta en gran medida al acervo, pero son necesarios esfuerzos adicionales a efectos de su aplicación.

En materia de contratación pública se han registrado algunos avances. Los procedimientos electrónicos se han ampliado a la mayoría de los contratos públicos. Sin embargo, es necesario proseguir la aproximación de las disposiciones legislativas, sobre todo en los ámbitos de las concesiones, los servicios esenciales y los procedimientos de revisión. Se ha mejorado la capacidad de la Agencia de Contratación Pública, pero es necesario proseguir su consolidación. Se han registrado algunos avances en lo tocante a los derechos de propiedad intelectual e industrial. Ha aumentado el número de casos que acaban en los tribunales. Sin embargo, se requieren aún nuevos esfuerzos. La observancia de estos derechos sigue dejando que desear y las capacidades de las oficinas de derechos de autor y patentes, así como la experiencia y las cualificaciones de los jueces, siguen siendo deficientes.

En materia de políticas sociales y empleo ha habido pocos avances. Ha aumentado el presupuesto de protección social y se ha aprobado la estrategia de salud y seguridad en el trabajo. Sin embargo, las normas sobre salud y seguridad en el trabajo siguen siendo deficientes y la capacidad de la Inspección de Trabajo es todavía insuficiente. Ha proseguido la aproximación legislativa a las normas de la UE en algunos ámbitos de la sanidad pública. Sin embargo, la capacidad administrativa sigue siendo deficiente. Ha habido algunos avances en relación con las normas europeas en los ámbitos de la educación y la política de investigación.

Cabe señalar avances en algunas políticas sectoriales. En lo que respecta a la industria y las PYME, se han hecho notables avances en la aplicación de la Carta Europea de las Pequeñas Empresas. Se han registrado algunos avances en la agricultura, en relación con el marco legislativo e institucional, pero persisten ciertas deficiencias estructurales. Ha mejorado la capacidad de laboratorio en el campo de la seguridad de los alimentos y la política veterinaria y fitosanitaria, pero la observancia de las normas de la UE sigue siendo deficiente en detrimento de la capacidad exportadora de Albania. En el ámbito de la pesca se ha seguido avanzando en lo que respecta a la legislación horizontal, la inspección y la cooperación internacional. Sin embargo, los controles de capturas y desembarques siguen siendo deficientes.

En lo que respecta al medio ambiente, ha habido algunas mejoras en la gestión de residuos y la protección de la naturaleza. Sin embargo, es preciso consolidar las capacidades de formulación de normas, la aplicación y la ejecución. En el ámbito del transporte, ha mejorado el marco legislativo en los sectores aéreo y marítimo. No obstante, en general, aún se requieren mejoras sustanciales.

En el sector de la energía ha habido avances. Se ha privatizado la rama de distribución de la compañía eléctrica. Están en curso medidas para mejorar las capacidades de producción eléctrica e interconexión. No obstante, el sector de la energía sigue siendo deficiente. La seguridad del suministro eléctrico es aún incierta. Es preciso seguir trabajando para reducir las pérdidas y mejorar el cobro de facturas.

En cuanto a la sociedad de la información y los medios de comunicación los avances han sido limitados. Aunque ha proseguido la liberalización del mercado de las comunicaciones electrónicas, esta sigue lastrada por la falta de instrumentos de salvaguarda de la competencia. La capacidad administrativa sigue siendo débil, sobre todo en el Consejo de la agencia de regulación. Se han registrado avances, aunque limitados, en materia de política audiovisual. Se requieren nuevos esfuerzos para aplicar el plan de acción sobre la reforma de los medios de comunicación. En lo que respecta al control financiero, se han registrado avances moderados, pero es preciso reforzar el marco jurídico y la capacidad de ejecución. Se ha seguido avanzando en el ámbito de las estadísticas.

En materia de justicia, libertad y seguridad se han hecho avances, aunque desiguales, en la mayoría de los ámbitos. En el marco del diálogo sobre la liberalización del régimen de visados se han dado pasos con vistas al cumplimiento de los parámetros de evaluación previstos en la hoja de ruta y se han introducido reformas fundamentales en materia de justicia, libertad y seguridad. Se ha seguido avanzando en el ámbito de la política de visados. Se han dado pasos con vistas al cumplimiento de los parámetros de evaluación previstos en la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados. La Ley de Extranjería ha entrado en vigor y se han adoptado disposiciones de aplicación. Ya está operativo un registro civil y un sistema de registro de direcciones fiables y se han distribuido tarjetas de identidad. Se ha acelerado el ritmo de entrega de pasaportes biométricos. Sin embargo, se requieren nuevos esfuerzos con vistas a la aproximación a las normas europeas. Ha continuado la implementación del Acuerdo de Readmisión entre la Comunidad Europea y Albania.

En materia de gestión de las fronteras se han hecho algunos avances. Ha proseguido la puesta en práctica de la estrategia de gestión integrada de fronteras. No obstante, se requieren nuevos esfuerzos para implementar efectivamente la coordinación entre agencias y para dotar de formación, recursos humanos y equipos adecuados a los puestos fronterizos. Queda por implementar efectivamente la Ley de Control Estatal de Fronteras. Debe mejorar la cooperación transfronteriza. Se han hecho notables avances en relación con la política de asilo. Se ha revisado la Ley de Asilo. Sin embargo, falta por adoptar un conjunto de medidas de implementación para completar el marco jurídico. En el ámbito de la migración se ha seguido avanzando. La puesta en práctica de la estrategia nacional de migración está en curso. Son necesarios esfuerzos adicionales para combatir la migración ilegal.

Se han realizado avances moderados en la lucha contra el blanqueo de capitales. El marco jurídico y la capacidad administrativa han mejorado. Sin embargo, hay que reforzar los recursos de investigación y la capacidad de confiscación de activos. La cooperación entre la policía y la judicatura sigue siendo deficiente. En la lucha contra las drogas se han realizado avances limitados. Los resultados en este campo siguen siendo insuficientes y es preciso reforzar, sobre todo, la cooperación entre las agencias. El tráfico de estupefacientes sigue suscitando honda preocupación.

En el ámbito de la labor policial se ha seguido avanzando con la aplicación de la nueva Ley del Cuerpo de Policía. Se ha hecho algunos avances en relación con la plantilla. No obstante, son necesarios nuevos esfuerzos para reforzar la capacidad de investigación, potenciar la cooperación con el ministerio fiscal y mejorar la gestión de los recursos humanos. Es preciso reforzar la gestión, la plantilla, la formación y las estructuras de control interno de la policía. Se necesitan nuevos esfuerzos para compilar datos estadísticos fiables sobre la delincuencia.

Se han seguido registrando avances limitados en la lucha contra la delincuencia organizada, que sigue constituyendo un problema grave. Aunque se han tomado medidas encaminadas a mejorar la protección de testigos, siguen siendo insuficientes. Ha mejorado la cooperación con Interpol, lo que ha permitido ejecutar varias órdenes internacionales de detención. No obstante, la labor de lucha contra la delincuencia organizada se ve minada por la corrupción, las deficiencias en la protección de testigos y el insuficiente uso de material de inteligencia criminal. Las dificultades que lastran la cooperación entre la policía y los fiscales han seguido reduciendo la eficacia de las investigaciones.

Se han registrado algunos avances en la lucha contra la trata de seres humanos. Ya funciona la base de datos en línea sobre víctimas. Ha mejorado la capacidad administrativa del coordinador de la lucha contra la trata y el Mecanismo Nacional de Remisión. Sin embargo, son necesarios recursos adicionales y una mejor coordinación entre los distintos organismos para la aplicación de estrategia de lucha contra la trata de seres humanos, en especial en relación con la protección concedida a las víctimas. Albania sigue siendo país de origen de la trata de seres humanos. La trata interna de mujeres y menores está aumentando.

Se ha seguido avanzando en cuanto a la protección de datos personales. Ya se ha establecido el marco jurídico y se ha designado una autoridad independiente de supervisión en ese ámbito. No obstante, se han de asegurar recursos adecuados, en particular formación, para que la oficina del Comisario de Protección de Datos pueda trabajar efectivamente. Nuevos esfuerzos son necesarios para asegurar la aplicación apropiada de la legislación vigente y para consolidar la capacidad administrativa.

Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina ha realizado avances muy limitados en relación con los criterios políticos. El clima político interno se ha deteriorado y persisten los desafíos al funcionamiento apropiado de las instituciones y una retórica incendiaria. El ritmo de la reforma ha sido lento, debido a la falta de consenso y voluntad política, así como al complejo marco institucional. Una visión compartida por los líderes políticos sobre la dirección del país y sobre las grandes reformas relacionadas con la UE constituyen aspectos esenciales para que el país pueda proseguir su avance hacia la Unión Europea. Es esencial cumplir los objetivos y las condiciones que se han fijado para el cierre de la Oficina del Alto Representante (OAR) [9]. La Unión Europea sólo podría considerar una solicitud de adhesión una vez que se haya procedido al cierre de la OAR. Es necesario proceder a la reforma del marco constitucional para favorecer el buen funcionamiento de las instituciones del país antes de que la Comisión pueda recomendar la concesión del estatuto de candidato. A tal efecto, los dirigentes políticos del país se han comprometido en favor de una iniciativa conjunta liderada por la UE y los EE.UU., que se puso en marcha los días 8 y 9 de octubre en Sarajevo. Ahora se trata de convertir esta iniciativa en resultados concretos a fin de desbloquear los avances del país hacia la UE merced a cambios constitucionales y un renovado consenso interno.

En cuanto a la democracia y el Estado de Derecho, se han realizado escasos avances por lo que respecta a la creación de estructuras estatales más eficientes y funcionales y hacia la reforma constitucional, que es una de las prioridades clave de la Asociación Europea. Se ha modificado por primera vez la Constitución de Bosnia y Herzegovina para regular la situación del distrito de Brčko, lo que ha constituido un desarrollo y un paso adelante importantes. Sin embargo, recientemente el Alto Representante ha tenido que recurrir a sus poderes ejecutivos para asegurar que se avance hacia el final de la supervisión internacional del referido distrito.

El sistema de gobernanza de Bosnia y Herzegovina sigue contando con una presencia internacional. El país ha hecho algunos avances con miras al cumplimiento de los requisitos para el cierre de la OAR y la transición a una presencia reforzada de la UE. Sin embargo, el proceso se ha visto obstaculizado por un compromiso político insuficiente. Ahora se necesita una actuación urgente para abordar los objetivos pendientes, a saber, el reparto de bienes entre el Estado y los demás niveles de gobierno, la cuestión de los bienes militares, y la consecución de un entorno político estable y constructivo en el país.

El funcionamiento de los cuerpos ejecutivo y legislativo a nivel estatal ha sido deficiente. El Parlamento de Bosnia y Herzegovina sigue lastrado por la inadecuación de los recursos técnicos y humanos y la cooperación con el Consejo de Ministros y con los Parlamentos de las entidades ha seguido siendo insatisfactoria. El número de leyes adoptadas por el Parlamento en relación con la integración europeas ha sido escaso. Las instituciones gubernamentales, a todos los niveles, se han seguido viendo afectadas por tensiones políticas internas y un proceso de formulación de políticas fragmentario y carente de coordinación. A menudo, las autoridades han sido incapaces de nombrar rápidamente funcionarios de alto nivel. La labor de la Dirección para la Integración Europea se ha visto afectada por el difícil clima político general y la ausencia de un director durante la mayor parte del periodo que abarca el informe. Se han dado pasos preparatorios para la realización de un censo en 2011, pero no se ha adoptado una ley de censo a nivel estatal, algo que es crucial para este proceso.

En el ámbito de la administración pública se han hecho algunos avances, pero son necesarios esfuerzos constantes. Se está aplicando, aunque lentamente, la estrategia de reforma de la administración pública, que es una de las grandes prioridades de la Asociación Europea. El fondo establecido en apoyo de la reforma de la administración pública está operativo y se están ejecutando una serie de proyectos. No obstante, es preciso mejorar la coordinación entre las distintas administraciones del país. Siguen siendo necesarios esfuerzos continuos para impedir las injerencias políticas, limitar la influencia del origen étnico y la afiliación política en los nombramientos y establecer una función pública profesional, imparcial, responsable y eficiente, basada en el mérito y las competencias. Se han nombrado los Defensores del Pueblo a nivel estatal, pero aún no son completamente operativos debido a las reticencias de las entidades a reducir progresivamente las oficinas existentes en su ámbito.

Bosnia y Herzegovina ha hecho avances limitados en la mejora del sistema judicial. Se ha adoptado nueva legislación y se han tomado ciertas medidas para reducir la acumulación de casos pendientes. Se ha avanzado en el equipamiento de los tribunales con tecnologías de la información adecuadas. Sin embargo, la puesta en práctica de la Estrategia Nacional de Desarrollo del Sector de la Justicia y de la Estrategia de Crímenes de Guerra ha sido insatisfactoria y necesita acelerarse. La complejidad del marco jurídico, la fragmentación del sistema judicial y la ausencia de un presupuesto único siguen siendo lastres importantes para la reforma en este campo. Las ingerencias políticas siguen siendo frecuentes. La ausencia de un Tribunal Supremo con jurisdicción de ámbito nacional es un obstáculo grave. Persisten los problemas en el ámbito de la persecución de la delincuencia organizada. Las autoridades políticas de Bosnia y Herzegovina no han atendido la solicitud de las autoridades judiciales para que se amplíen los mandatos de los jueces y fiscales internacionales. El procesamiento de crímenes de guerra por los tribunales estatales ha seguido siendo satisfactorio en conjunto, pero es preciso que mejore en las entidades y los cantones. Es preciso seguir mejorando la independencia, la rendición de cuentas y la eficiencia del sistema judicial. Las autoridades de la República Srpska han cuestionando cada vez más la legalidad, la potestad jurisdiccional y las competencias de la policía y los organismos judiciales a nivel estatal para actuar en su territorio. Esta cuestión suscita honda preocupación.

Bosnia y Herzegovina ha hecho pocos avances en la lucha contra la corrupción, que sigue siendo generalizada y constituye un problema grave. Se ha adoptado una nueva estrategia y un plan de acción para el periodo 2009-2014, pero la implementación del marco estratégico para 2006-2009 ha sido insatisfactoria. Se avanzado poco en el seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). El ejercicio de actuaciones judiciales sigue siendo deficiente, con un número muy limitado de condenas. Bosnia y Herzegovina necesita un compromiso más firme y medidas más enérgicas contra la corrupción.

En el ámbito de los derechos humanos y la protección de las minorías los avances han sido limitados. Bosnia y Herzegovina ha ratificado los principales convenios internacionales sobre derechos humanos, pero son necesarios esfuerzos continuos para asegurar una mejor aplicación. Es preciso mejorar la ejecución de las sentencias nacionales, incluidas las del Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina. Procede abordar urgentemente —antes de las elecciones de 2010 y de la entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA)— las incompatibilidades entre el marco constitucional de Bosnia y Herzegovina y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Los derechos civiles y políticos se respetan en líneas generales. Se han hecho algunos avances en relación con la unificación de las prácticas de aplicación de sanciones penales entre el Estado y las entidades. Se ha adoptado una ley estatal sobre asistencia jurídica gratuita en causas penales. Sin embargo, es preciso mejorar el acceso a la justicia en asuntos civiles y penales y hay que garantizar la igualdad ante la ley. Los casos de maltrato de detenidos siguen suscitando preocupación. La construcción prevista de una prisión estatal está sufriendo retrasos importantes.

Las Constituciones del Estado y de las entidades garantizan la libertad de expresión y de los medios de comunicación, la libertad de reunión y asociación y la libertad de culto. No obstante, es necesario mejorar la aplicación de la legislación en vigor. Ha aumentado el número de supuestos casos de acoso a periodistas. Está aumentando la orientación étnica de los medios de comunicación. La aplicación de la reforma de la radiodifusión pública, que es una de las prioridades clave de la Asociación Europea, se está viendo retrasada por la insuficiente armonización y la lenta aplicación del marco jurídico, en especial en la Federación. El ejecutivo necesita hacer esfuerzos adicionales para facilitar el diálogo con el sector de la sociedad civil y apoyar su desarrollo. Las autoridades han de velar por que la asignación de fondos a las organizaciones no gubernamentales se lleve a cabo de forma objetiva y transparente.

Los avances en el ámbito de los derechos económicos y sociales han sido limitados. El marco jurídico de Bosnia y Herzegovina incluye disposiciones destinadas a proteger los derechos económicos y sociales, pero su aplicación sigue siendo, en conjunto, insatisfactoria. Se ha adoptado una ley global de lucha contra la discriminación de nivel estatal pero su ámbito de aplicación es bastante limitado. Son necesarios esfuerzos constantes en relación con la protección de las mujeres contra todos los tipos de violencia. Por lo que se refiere a la infancia, persisten los problemas en los ámbitos de la sanidad, la protección social, la enseñanza y la violencia doméstica. Las deficiencias de los sistemas de asistencia social afectan de manera negativa a las condiciones de vida de los grupos vulnerables, incluidas las personas con trastornos mentales. La ratificación de la Carta Social Europea revisada constituye un paso positivo, pero la aplicación ha de mejorar. El complejo sistema de gobierno y la fragmentación de la legislación siguen dificultando el diálogo social en todo el país.

Ha habido algunos avances limitados en el ámbito de los derechos culturales y los derechos de las minorías. Se ha completado la red de Consejos de Minorías Nacionales con el establecimiento del Consejo de la Federación, aunque aún no está plenamente operativo. Se está avanzando lentamente en la aplicación de la estrategia y los planes de acción en apoyo de la minoría romaní. No obstante, se deben tomar medidas adicionales para mejorar la aplicación de la Ley sobre Minorías Nacionales y procede modificar la Constitución estatal para que las minorías puedan acceder a todos los cargos políticos. La separación de los niños en las escuelas en función de su origen étnico sigue constituyendo un problema. Pese al aumento de recursos financieros para la ejecución de la Estrategia Romaní, esta minoría aún debe soportar condiciones de vida muy precarias y es objeto de discriminación. La falta de inscripción en el registro civil sigue obstaculizando su acceso a los derechos sociales y económicos básicos.

Con respecto a los refugiados y los desplazados internos, su situación en lo tocante a la seguridad se ha mantenido estable, pero se ha avanzado poco en la mejora de la integración socioeconómica de las personas que han regresado. Aún queda por adoptar una estrategia de ámbito nacional destinada a apoyar el proceso de retorno y asegurar la adecuada aplicación del anexo VII del Acuerdo de Paz de Dayton/París.

Por lo que respecta a las cuestiones regionales y las obligaciones internacionales, ha proseguido la aplicación del Acuerdo de Paz de Dayton/París. La cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) ha seguido siendo satisfactoria. No obstante, las declaraciones de dirigentes políticos de la República Srpska poniendo en duda la veracidad de las masacres en tiempo de guerra sufridas por la población civil son particularmente preocupantes.

Bosnia y Herzegovina, junto con sus vecinos, debe abordar las lagunas en materia de impunidad regional, especialmente dando pasos hacia acuerdos de extradición que abarquen los casos de crímenes de guerra.

En cuanto a la Corte Penal Internacional, el acuerdo bilateral de inmunidad con los Estados Unidos no se ajusta a las posiciones comunes ni a los principios rectores de la UE. El país ha de aproximarse a la posición de la UE.

Bosnia y Herzegovina ha seguido participando activamente en iniciativas regionales de cooperación, incluidos el Proceso de Cooperación en el Sudeste de Europa (SEECP en sus siglas en inglés), el Consejo de Cooperación Regional (CCR) y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC).

Las relaciones de Bosnia y Herzegovina con sus vecinos se han mantenido estables, pero apenas se ha trabajado en la promoción de la reconciliación y la resolución de los litigios pendientes, que es una de las prioridades clave de la Asociación Europea. En particular, siguen abiertos litigios comerciales y fronterizos con países vecinos.

La economía de Bosnia y Herzegovina sufrió una fuerte desaceleración en el cuarto trimestre de 2008, cuando la crisis mundial comenzó a afectar a la economía real. Esta tendencia se ha mantenido en 2009, hundiendo al país en la recesión. El desempleo se ha mantenido a niveles muy altos. La calidad de las finanzas públicas se ha seguido deteriorado, marcada principalmente por un drástico incremento de los gastos corrientes. El país ha pedido un programa del FMI y se ha negociado un acuerdo de derechos de giro de tres años. Pese a ciertos avances en la coordinación estatal de la política económica, el compromiso en favor de reformas estructurales ha seguido siendo desigual en el país.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Bosnia y Herzegovina ha hecho pocos nuevos avances hacia el establecimiento de una economía de mercado operativa. Es necesario impulsar con determinación reformas adicionales considerables para que el país pueda hacer frente a largo plazo a las presiones competitivas y las fuerzas del mercado en la Unión.

Se ha mantenido la estabilidad financiera y monetaria, pues el Banco Central reaccionó adecuadamente a las repercusiones de la crisis financiera internacional. El acuerdo de la autoridad monetaria ha seguido disfrutando de un grado de credibilidad muy elevado. En consonancia con la evolución de los precios internacionales, las tasas de inflación han descendido notablemente. Los desequilibrios de la balanza de pagos han disminuido, sobre todo como consecuencia del rápido ajuste de la balanza comercial. Aunque la expansión de la mediación financiera se ha desacelerado, el sector bancario ha sorteado bien, por el momento, el impacto de la crisis mundial. En cuanto al entorno empresarial, cabe señalar algunas mejoras en los ámbitos de los permisos de construcción, la transferencia de propiedades, el registro de empresas y la salida del mercado.

Sin embargo, la calidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas han seguido empeorando. En 2008 aumentaron drásticamente los gastos corrientes, especialmente en relación con los salarios y las prestaciones sociales, y la parte del Gobierno central en el PIB se ha mantenido a niveles altos. La reestructuración de empresas públicas, la liberalización de las industrias de red y la privatización no han avanzado. La debilidad de la capacidad productiva y las rigideces estructurales —contribuciones sociales elevadas, mecanismos de fijación de salarios distorsionados, transferencias sociales elevadas y con objetivos imprecisos, y escasa movilidad de la mano de obra— siguen dificultando la creación de empleo y el funcionamiento del mercado de trabajo. El desempleo continúa a niveles muy altos y el sector informal sigue constituyendo un desafío importante. El entorno empresarial sigue lastrado por la ineficacia administrativa. La disminución de la inversión extranjera directa y la inversión pública han retrasado la modernización de las infraestructuras.

Bosnia y Herzegovina ha realizado avances limitados en la aproximación de su legislación y sus políticas a las normas europeas. Se han registrado algunos avances en ámbitos como el transporte, las aduanas, la fiscalidad, la educación y la cultura, y en una serie de cuestiones relacionadas con la justicia, la libertad y la seguridad. Esfuerzos particulares siguen siendo necesarios en lo tocante a la circulación de mercancías, personas y servicios, las políticas sociales y de empleo, las ayudas estatales, la energía y el medio ambiente.

En conjunto, la aplicación del Acuerdo Interino (AI) ha sido satisfactoria. No obstante, es preciso acelerar los preparativos para cumplir los requisitos recogidos en el AI y en el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA), una de las prioridades clave de la Asociación Europea. Procede reforzar la capacidad administrativa de Bosnia y Herzegovina para conseguir un historial satisfactorio de aplicación del AEA. El país necesita asimismo redoblar esfuerzos para lograr un espacio económico único completamente funcional en su territorio, como requiere la Asociación Europea.

Bosnia y Herzegovina ha realizado algunos avances a la hora de abordar las prioridades de la Asociación Europea en ciertos ámbitos del mercado interior. Por lo que se refiere a la libre circulación de mercancías, se han registrado avances limitados en materia de normalización, acreditación, metrología y vigilancia del mercado. Siguen siendo necesarios esfuerzos constantes con el fin de aproximar el marco jurídico a la legislación de la UE en este ámbito y de desarrollar la capacidad administrativa necesaria.

Por lo que se refiere a los servicios, el derecho de establecimiento y el Derecho de sociedades, los avances han sido limitados. Se ha armonizado la legislación de las entidades en materia de arrendamiento financiero, pero aún falta por crear un organismo estatal único de supervisión bancaria. La coordinación de las iniciativas legislativas de las entidades en este campo sigue siendo insuficiente.

Ha habido algunos avances en el campo de la libre circulación de capitales. En la República Srpska se ha adoptado legislación sobre divisas extranjeras. Se han hecho algunos avances en relación con las normas aduaneras, pero hay que mejorar la aproximación legislativa y la capacidad administrativa. Faltan por definir estrategias para el sector de las aduanas, especialmente en materia de gestión de los recursos humanos, formación y tecnologías de la información. En el campo de la imposición, se ha adoptado una nueva Ley de Impuestos Especiales a fin de mejorar la sostenibilidad fiscal.

Por lo que se refiere a la competencia, Bosnia y Herzegovina ha hecho avances moderados en el ámbito del control antimonopolio. No se han hecho avances tangibles en materia de ayudas estatales. Sigue pendiente la promulgación de legislación adecuada en materia de ayudas estatales y el establecimiento de un organismo responsable de las ayudas estatales dotado de independencia operativa. Son necesarios esfuerzos adicionales para asegurar la aplicación apropiada de los procedimientos de contratación pública en todo el país. Se han hecho avances limitados en cuanto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, aunque se han ratificado nuevos convenios internacionales. Es preciso completar el marco legislativo en este campo y procede reforzar la capacidad de ejecución.

Cabe señalar avances limitados en lo que respecta a las políticas sociales y de empleo y a la política de salud pública. La legislación y las políticas sociales y de empleo, así como la legislación de sanidad pública, siguen estando muy fragmentadas. La falta de cooperación entre los diversos niveles de gobierno sigue lastrando gravemente la elaboración de los planteamientos coordinados necesarios.

Cabe señalar algunos avances por lo que respecta a las normas europeas en el ámbito de la educación y la cultura. En concreto, Bosnia y Herzegovina ha ratificado la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005. La instauración de la Conferencia de Ministros ha contribuido ligeramente a asegurar la coordinación básica entre los catorce ministerios competentes en el país. No obstante, todavía no se ha completado la armonización de la legislación a nivel de las entidades y los cantones y la aplicación en todo el país resulta desigual. Es necesario reforzar la capacidad administrativa de diversas agencias educativas. En cuanto a la investigación, Bosnia y Herzegovina ha estado asociada al Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la UE, pero por lo que respecta a la mejora de la capacidad de investigación a nivel nacional son aún necesarios esfuerzos considerables.

Han proseguido las negociaciones de adhesión a la OMC, pero aún no se ha completado el proceso.

Bosnia y Herzegovina ha logrado algunos avances limitados por lo que respecta a las normas europeas sobre distintas políticas sectoriales.

Ha habido pocos avances en el campo de la industria. Se echa en falta una política industrial global. Por lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas (PYME) se ha adoptado un marco estratégico de ámbito nacional. Ahora hay que aplicarlo.

En el ámbito de la agricultura y la pesca se han hecho algunos avances. Se ha adoptado un marco estratégico para la armonización de la agricultura y el desarrollo rural. Sin embargo, la aplicación de la Ley Estatal sobre Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural ha sido lenta. No se ha avanzado en el establecimiento del Ministerio de Agricultura a nivel estatal y las competencias en este terreno se mantienen a nivel de las entidades. Cabe señalar avances limitados en los ámbitos de las políticas veterinaria y fitosanitaria y de la seguridad de los alimentos. Persisten los problemas debido a la inadecuación de los recursos humanos y financieros y a la insuficiente coordinación entre los servicios estatales y los de las entidades.

Los preparativos de Bosnia y Herzegovina en el ámbito del medio ambiente se encuentran en una fase incipiente. No se han hecho avances significativos durante el periodo que abarca el informe. Falta por adoptar una ley estatal sobre medio ambiente que establezca un marco nacional armonizado, y no se ha creado un organismo estatal de medio ambiente.

Bosnia y Herzegovina ha logrado algunos avances en el sector del transporte. Aunque se ha avanzado bastante en el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte, los avances son limitados en los sectores vial, ferroviario y de vías navegables. Bosnia y Herzegovina ha sido un miembro de pleno derecho de las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA en sus siglas en inglés). Esfuerzos continuos son necesarios para aplicar de forma coherente el Acuerdo sobre la Zona Europea Común de Aviación (ZECA). Son necesarios esfuerzos adicionales para completar la reorganización de la configuración institucional y garantizar las condiciones para la apertura del mercado en todos los modos de transporte.

No se ha avanzado en el ámbito de la energía. Como Parte en el Tratado de la Comunidad de la Energía, Bosnia y Herzegovina debe aplicar la legislación pertinente de la UE, pero se encuentra especialmente rezagada en diversos ámbitos relacionados con la energía. Sobre todo, las reformas en el sector del gas se encuentran retrasadas. El desarrollo del sector de la electricidad sigue lastrada por diversos factores. El funcionamiento de la empresa nacional de transmisión (Transco) sigue viéndose minado por ingerencias políticas y una gestión insatisfactoria. No se ha elaborado una estrategia energética global. En caso de emergencia, las reservas energéticas disponibles son muy limitadas.

Los avances en los ámbitos de la sociedad de la información y los medios de comunicación han sido escasos. No se ha logrado la plena armonización del marco jurídico para la radiodifusión pública en Bosnia y Herzegovina y se ha retrasado la reforma del sistema público de radiodifusión. La independencia del Organismo Regulador de las Comunicaciones (ORC) sigue gravemente en entredicho por la ausencia de un Director General y de un Consejo correctamente designados. Persisten los desafíos a la independencia del ORC.

Se han registrado avances limitados en materia de control financiero. Se han elaborado documentos estratégicos tanto a nivel estatal como de las entidades, pero su adopción está aún pendiente. Es preciso redoblar esfuerzos para mejorar el control interno de las finanzas públicas y el seguimiento de los informes de auditoría.

En el ámbito de las estadísticas se han registrado algunos avances. Sin embargo, la cooperación entre los institutos de estadística a nivel estatal y de las entidades sigue siendo insuficiente. Es preciso mejorar la producción de estadísticas y su calidad, prestando especial atención a la contabilidad nacional y a las estadísticas en sectores clave, como el comercio, los negocios y la agricultura. La elaboración de un censo de población en 2011 sigue siendo crucial.

En materia de justicia, libertad y seguridad se han hecho avances adicionales. En el marco del diálogo sobre la liberalización del régimen de visados se han dado pasos hacia el cumplimiento de todos los parámetros de evaluación previstos en la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados y se han introducido reformas fundamentales en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad. Se ha seguido avanzando en el ámbito de la política de visados. Se han adoptado disposiciones legislativas secundarias para especificar los procedimientos de expedición de visados previstos en el acervo de Schengen. Ha empezado la fase de pruebas para la expedición de los nuevos pasaportes biométricos. Se ha creado un nueva agencia encargada específicamente de garantizar la gestión segura y efectiva del sistema de documentos de identificación personal. No obstante, se requieren nuevos esfuerzos con vistas a la aproximación a las normas europeas. La aplicación del acuerdo de readmisión con la CE ha proseguido sin problemas.

También se han tomado medidas concretas en los campos de la gestión de fronteras, el asilo y la migración. Se ha adoptado una estrategia nacional de asilo y migración y se ha establecido el perfil de migración de Bosnia y Herzegovina. Se está aplicando una nueva estrategia de gestión integrada de fronteras y se han tomado medidas en materia de cooperación con los países vecinos. No obstante, se requiere mayor claridad por lo que se refiere al reparto de competencias en los pasos fronterizos y la gestión de los puestos.

Se han hecho algunos avances adicionales en la prevención del blanqueo de capitales. Se ha adoptado una nueva Ley contra el Blanqueo de Capitales y ha proseguido la cooperación a nivel internacional. Se han adoptado una estrategia y un plan de acción nacionales de lucha y prevención del blanqueo de capitales. Falta por armonizar la legislación nacional, tanto a nivel interno como con convenios internacionales. La legislación en materia de incautación de activos no se ajusta a las normas internacionales y no está armonizada dentro del país.

Se han dado pasos positivos en el ámbito de la lucha contra las drogas. Se han adoptado la estrategia nacional sobre drogas ilícitas y el plan de acción correspondiente. La Comisión de Estupefacientes ha empezado a funcionar. No obstante, el tráfico de drogas sigue constituyendo un problema grave que requiere esfuerzos constantes.

Se ha avanzado poco en lo que respecta al funcionamiento de la policía y la implementación de la reforma de la policía, que es una de las prioridades clave de la Asociación Europea. La aplicación de la legislación adoptada en 2008 ha sido lenta y no todas las agencias estatales previstas en esas leyes están operativas. La fragmentación de las fuerzas policiales de Bosnia y Herzegovina sigue minando su eficiencia y sus resultados.

Con el apoyo de la misión de la policía de la UE (EUPM), Bosnia y Herzegovina ha tomado algunas iniciativas en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia organizada, que, no obstante, sigue siendo un problema muy preocupante que afecta al Estado de Derecho y al entorno empresarial. Se ha adoptado un nuevo marco estratégico y jurídico de lucha contra la delincuencia organizada, pero ha de mejorar el procesamiento efectivo de organizaciones delictivas. Bosnia y Herzegovina está aplicando el plan de acción nacional de lucha contra la trata de seres humanos de 2008-2012. Sin embargo, son necesarios mejores resultados en términos de ejercicio de actuaciones judiciales y condenas. A este respecto, es esencial la adopción y aplicación de una ley adecuada de protección de testigos. Por lo que se refiere a la protección de datos, la agencia estatal de protección de datos ha entrado ya en funcionamiento, pero no se la ha dotado de personal adecuado y debe mejorar su funcionamiento.

Croacia

Croacia sigue satisfaciendo los criterios políticos. Se ha avanzado en la mayoría de los ámbitos y se han redoblado los esfuerzos en lo que respecta al Estado de Derecho. Sin embargo, han de mantenerse los esfuerzos de reforma, particularmente en ámbitos como la reforma judicial y administrativa, la lucha contra la corrupción, los derechos de las minorías y el regreso de los refugiados. Ya se han abordado, en gran medida, las prioridades de la Asociación para la Adhesión.

La democracia y el Estado de Derecho se han seguido consolidando. Tanto el Gobierno como el Parlamento han seguido funcionando adecuadamente. Sin embargo, son esenciales mejoras significativas en el poder judicial, la administración pública y la lucha contra la corrupción, especialmente a fin de sentar bases sólidas para la plena aplicación del acervo. Es preciso proseguir la reforma de la policía, en particular la despolitización de puestos clave y una mayor profesionalidad.

Se han realizado algunos avances en la reforma de la administración pública. Se ha adoptado una nueva Ley de Procedimientos Administrativos Generales (LPAG). Se ha creado un nuevo cargo de Ministro de Administración. La capacidad del Ministerio de Administración de nueva creación (antes Oficina Central de Administración del Estado) ha seguido mejorando y han proseguido las medidas de formación. Sin embargo, los procedimientos administrativos siguen presentando deficiencias importantes y aún no ha empezado la aplicación de la nueva LPAG. La función pública continúa adoleciendo de numerosas defectos, como la politización, sueldos bajos, y una gestión de los recursos humanos insatisfactoria. Además, se han reducido los sueldos de los funcionarios a fin de mitigar los efectos de la crisis financiera y se han congelado las contrataciones. Falta acomodar las medidas anticorrupción y los principios éticos en la administración pública y ha de mejorar la cooperación entre diferentes agentes públicos. Se ha de establecer una función pública profesional, basada en el mérito, transparente y a la que se pueda pedir responsabilidades.

Ha proseguido la puesta en práctica de la estrategia de reforma del sistema judicial y se ha promulgado un amplio volumen de nueva legislación. Se ha reforzado la Dirección de Desarrollo Estratégico, adscrita al Ministerio de Justicia. Se ha introducido un nuevo procedimiento de selección de personal judicial en prácticas. Se ha reducido el número de casos pendientes. Se han tomado medidas para racionalizar la red de tribunales. Se han ampliado los programas de formación profesional. Se está reduciendo los prejuicios basados en el origen étnico en los casos de crímenes de guerra. La cuestión de los veredictos in absentia desde los años noventa se ha abordado de manera parcial.

Sin embargo, el procedimiento de selección de jueces y fiscales sigue siendo deficiente. Sigue habiendo un gran número de asuntos pendientes ante los tribunales y la duración de los procedimientos judiciales resulta aún excesiva. Persisten los problemas relacionados con la ejecución de las sentencias. La racionalización de los tribunales se encuentra aún en una fase incipiente. La supervisión de las medidas de reforma es todavía inadecuada. Se requieren nuevas mejoras en materia de gestión de casos y en lo que respecta a la rendición de cuentas, la independencia, la profesionalidad y la competencia del poder judicial. La impunidad por crímenes de guerra sigue siendo un problema, especialmente en los casos de víctimas de etnia serbia. Muchos de estos crímenes siguen sin ser enjuiciados. No se ha desarrollado por el momento un historial en lo relativo a las nuevas disposiciones de revisión de los veredictos in absentia. La reforma del poder judicial avanza en términos generales, pero se necesitan resultados concretos.

Ha habido algunos avances en la lucha contra la corrupción. Ha proseguido la mejora del marco jurídico, en particular por lo que hace a la incautación de activos. Ya funciona en la policía nacional una Oficina de Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada. Se han creado departamentos especiales anticorrupción en cuatro tribunales clave. La Oficina de Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada sigue activa y ha presentado acusaciones y obtenido veredictos —especialmente en el caso del Fondo Croata de Privatización (Maestro)— en algunos casos importantes. También ha comenzado a investigar un supuesto caso de corrupción de alto nivel en el que estaba implicado un antiguo Ministro de Gobierno. Sin embargo, la corrupción sigue siendo generalizada en muchos ámbitos. Falta poner a prueba las estructuras jurídicas y administrativas recientemente modernizadas. Mientras que el número total de casos de corrupción investigados ha aumentado, el número real de enjuiciamientos y condenas sigue siendo bajo. Ha habido pocas investigaciones sobre casos de corrupción de alto nivel. Se echa en falta una cultura política de rendición de cuentas. La capacidad administrativa de los organismos estatales de lucha contra la corrupción sigue necesitando nuevas mejoras. Ha habido pocos avances en la prevención de los conflictos de intereses.

En el ámbito de los derechos humanos y la protección de las minorías se han hecho algunos avances. En general, las disposiciones de protección de los derechos humanos son adecuadas, pero su aplicación sigue planteando retos importantes. Son necesarios esfuerzos constantes por lo que se refiere a los derechos de las minorías y el regreso de los refugiados.

Ha comenzado a aplicarse la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Sin embargo, el acceso a la justicia se ve dificultado por numerosos problemas de implementación, en particular la complejidad del propio procedimiento de aplicación. Se han adoptado nuevas medidas para corregir las deficiencias de las condiciones de encarcelamiento. No obstante, los centros penitenciarios siguen adoleciendo de falta de capacidad y personal. Por lo que se refiere al maltrato, el Defensor del Pueblo ha seguido recibiendo denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

La libertad de expresión, en particular la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, está consagrada en la legislación croata y, por lo general, se respeta. Sin embargo, han aumentado los casos de amenazas contra periodistas que investigan casos de corrupción o actividades de la delincuencia organizada. Editores y periodistas siguen denunciando presiones políticas desmedidas.

Por lo que se refiere a los derechos de las mujeres y los niños, ha mejorado el trato dado a los casos de violencia doméstica. Los Defensores del Pueblo han seguido desempeñando un papel importante en este sentido. Sin embargo, la situación de las mujeres en el mercado laboral sigue siendo difícil y faltan datos desglosados por sexo, lo que dificulta la supervisión de la aplicación de la legislación sobre igualdad entre hombres y mujeres. También se debe acelerar la aplicación de las medidas relativas a la protección de los derechos de los niños.

La nueva Oficina del Defensor de las Personas con Discapacidad ha logrado proyectar una imagen visible de sí misma. Los organismos públicos y las empresas privadas han atendido sus recomendaciones. No obstante, son necesarios esfuerzos constantes por lo que respecta a las personas con discapacidad y los grupos sociales vulnerables. Es preciso seguir avanzando en el campo de la desinstitucionalización, en particular en casos de enfermos mentales y niños con discapacidad.

La nueva Ley Antidiscriminación está en una fase incipiente de aplicación. El Defensor del Pueblo ha empezado a ejercer sus nuevas responsabilidades. Sin embargo, la aplicación apropiada de la nueva Ley se ve dificultada por los recientes recortes presupuestarios. La discriminación contra las minorías sigue siendo un problema particular (véase abajo). En la práctica, el grado de protección contra la discriminación y su enjuiciamiento en los tribunales todavía no se ajusta a los niveles de la UE.

Se han hecho algunos avances en relación con las minorías. Se han seguido produciendo declaraciones públicas de alto nivel expresando su compromiso en favor de los derechos de las minorías. Se ha seguido prestando atención a la minoría romaní y ha mejorado su situación por lo que respecta a la educación preescolar. Sin embargo, persisten numerosos problemas para las minorías. Estas siguen afrontando graves dificultades en el ámbito del empleo en términos de infrarrepresentación tanto en la administración pública, el poder judicial y la policía como en el sector público en sentido amplio. Es preciso aplicar con mayor determinación los programas y las disposiciones legislativas y debe garantizarse una supervisión adecuada. Croacia debe fomentar un espíritu de tolerancia respecto a la minoría serbia y adoptar las medidas de protección oportunas para quienes puedan ser objeto de amenazas o actos de discriminación, hostilidad o violencia. La minoría romaní sigue viviendo en condiciones precarias y se enfrenta aún a desafíos en numerosos ámbitos.

Se han registrado algunos avances en cuanto al regreso de los refugiados. Se han registrado avances con vistas al cumplimiento de los objetivos del Gobierno para facilitar el alojamiento a antiguos titulares de derechos de arrendamiento y ocupación y se han puesto a su disposición numerosos alojamientos. Aunque aún no se ha cumplido plenamente, se ha avanzado por buen camino con miras a alcanzar el objetivo fijado para 2008 de facilitar 1 400 unidades de alojamiento. Sin embargo, los trabajos destinados a cumplir el objetivo fijado para 2009 se encuentran todavía en su fase incipiente. Todavía falta por poner a disposición de los refugiados que han regresado varios miles de unidades de alojamiento. Por otra parte, siguen pendientes unas 8 000 solicitudes para la reconstrucción de viviendas. La aplicación de la decisión que permite validar los derechos de pensión ha sido desigual. Es preciso acelerar la labor destinada a crear las condiciones sociales y económicas necesarias para garantizar la sostenibilidad del regreso de los refugiados. Croacia debería velar por que los recortes presupuestarios necesarios en el contexto de crisis económica no pesen desproporcionadamente en las cuestiones de regreso de refugiados.

Por lo que se refiere a las cuestiones regionales y las obligaciones internacionales se ha mantenido la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). No obstante, es preciso resolver los problemas a los que se enfrenta ese Tribunal para acceder a determinados documentos en Croacia. Este país ha de velar por que se adopten todas las medidas necesarias para resolver esta cuestión.

Croacia ha seguido participando activamente en las iniciativas regionales, incluidos el Proceso de Cooperación en el Sudeste de Europa (SEECP en sus siglas en inglés), el Consejo de Cooperación Regional (RCC) y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC). Se ha avanzado en la resolución del problema fronterizo entre Croacia y Montenegro. Ambos países han cooperado en la preparación de sus declaraciones ante el Tribunal Internacional de Justicia en relación con la delimitación de fronteras en Prevlaka. No obstante, es necesario seguir avanzado en la búsqueda de soluciones definitivas a los distintos litigios bilaterales pendientes, sobre todo los relativos a las fronteras. Son necesarios esfuerzos para seguir desarrollando la cooperación y las relaciones de buena vecindad. Croacia, junto con sus vecinos, debe abordar las lagunas en materia de impunidad regional, especialmente dando pasos hacia acuerdos de extradición que abarquen los casos de crímenes de guerra. Las relaciones con Eslovenia se han visto afectadas por el problema fronterizo pendiente. El litigio fronterizo entre los dos países ha frenado las negociaciones de adhesión, ya que un número considerable de capítulos no pudieran abrirse o cerrarse hasta octubre de 2009, aunque técnicamente ya se habían ultimado con anterioridad. Con vistas a su resolución, la Comisión ha ofrecido sus servicios de facilitación. La Comisión, apoyada por el trío presidencial, desplegó, a lo largo de seis meses, esfuerzos intensivos que sentaron las bases para el acuerdo político que ambas partes alcanzaron en septiembre de 2009. La Comisión se congratula por los recientes avances, que han culminado en la apertura o el cierre provisional de un importante número de capítulos en la conferencia sobre la adhesión de octubre.

La economía de Croacia se ha visto cada vez más afectada por la crisis mundial. El país entró en recesión en la primera mitad de 2009 y el desempleo ha crecido. La estabilidad macroeconómica se ha mantenido gracias a una prudente política monetaria. Aunque se han hecho algunos esfuerzos por volver a equilibrar el presupuesto, el déficit fiscal ha aumentado considerablemente. El sector bancario ha seguido siendo solvente y resistente a la crisis. El elevado nivel de endeudamiento exterior y la magnitud de las obligaciones de reembolso a corto plazo son puntos débiles importantes de la economía. El proceso de reestructuración económica y privatización ha seguido avanzando lentamente y se han llevado a cabo mejoras limitadas en el entorno empresarial.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Croacia es una economía de mercado operativa. Debería poder hacer frente a las presiones competitivas y las fuerzas del mercado en la Unión, siempre que siga aplicando con determinación su programa global de reforma para reducir las deficiencias estructurales.

En términos generales, la respuesta de política macroeconómica ha sido apropiada para abordar los efectos colaterales de la crisis. En concreto, la política monetaria ha contribuido con éxito a preservar la estabilidad financiera, sobre todo al aliviar las restricciones de liquidez de divisas gracias a cambios en la regulación. Como reacción a la creciente presión fiscal, se han hecho algunos ajustes en el gasto y se han adoptado medidas para compensar la caída de los ingresos, en un contexto marcado por sucesivas revisiones presupuestarias. Ha mejorado la base jurídica para la notificación y la planificación presupuestaria estratégica y plurianual. Se ha adoptado una reforma sanitaria para mejorar la situación financiera del sector de la salud. Los desequilibrios de la balanza de pagos se han reducido, se ha preservado la estabilidad del tipo de cambio y han disminuido las presiones inflacionistas. El sector bancario ha seguido mostrándose resistente a las turbulencias y se ha reducido el crecimiento del crédito. La economía croata está bien integrada en la UE.

No obstante, la política económica del Gobierno ha carecido a veces de una orientación clara a medio plazo. La coordinación política dentro del Gobierno, así como entre este y el Banco Central es en ocasiones deficiente. En general, las reformas estructurales han avanzado lentamente, especialmente en lo tocante a la reestructuración de empresas deficitarias. El mercado laboral adolece de bajas tasas de empleo y actividad, que han empeorado con la crisis. Las reformas encaminadas a abordar la falta de flexibilidad del mercado laboral se han saldado con limitado éxito. En el contexto de la crisis, los riesgos significativos de incremento del gasto y de disminución de los ingresos se han materializado. El déficit fiscal ha aumentado significativamente. La tardía respuesta política ha puesto de manifiesto la existencia de puntos débiles en el proceso de planificación presupuestaria. Por otra parte, se han logrado pocos avances en el aumento de la eficiencia del gasto público. Las transferencias sociales siguen siendo elevadas y no están adecuadamente enfocadas y un gran número de empresas públicas y de propiedad estatal ha seguido recibiendo el apoyo del Estado en forma de subvenciones y garantías. Por consiguiente, el diseño de una estrategia fiscal creíble, encaminada a reducir las rigideces presupuestarias y mejorar la eficiencia del gasto público sigue siendo un reto fundamental. Se han hecho nuevos avances en la facilitación de los procedimientos de registro de empresas, pero el clima de inversión continuó sufriendo una pesada carga regulatoria y numerosas exacciones parafiscales.

Croacia ha mejorado su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión. Los preparativos para cumplir los requisitos de la UE avanzan a buen ritmo y la aproximación a las normas de la UE es satisfactoria en la mayoría de los sectores. Se han hecho notables avances en la mayoría de los ámbitos, principalmente en términos de armonización legislativa, pero también por lo que se refiere al desarrollo de la capacidad administrativa. Sin embargo, no hay que escatimar esfuerzos, en particular con vistas al refuerzo de las estructuras y la capacidad administrativas necesarias para la aplicación apropiada del acervo. También se requiere vigilancia para asegurar que los recortes presupuestarios necesarios en el contexto de desaceleración económica no afecten desproporcionadamente a los preparativos para la adhesión a la UE.

Se han hecho notables avances en materia de libre circulación de mercancías. La aproximación al acervo avanza a buen ritmo, pero algunos elementos aún no están plenamente a punto, especialmente por lo que se refiere a la evaluación de la conformidad, la metrología y la vigilancia de mercado. Se requieren esfuerzos constantes para completar el proceso de aproximación de la legislación al acervo y para desarrollar la capacidad de aplicación necesaria. Se han hecho notables avances en materia de libre circulación de trabajadores. Se ha alcanzado un nivel satisfactorio de aproximación legislativa. Ahora bien, son necesarios esfuerzos constantes para desarrollar la capacidad administrativa necesaria, en particular a efectos de la coordinación de los regímenes de seguridad social.

En cuanto al derecho de establecimiento y la libertad de prestación de servicios se han hecho algunos avances. En conjunto, el nivel de aproximación al acervo es razonable. Sin embargo, son necesarios nuevos esfuerzos en materia de aproximación. Es preciso asimismo consolidar la capacidad administrativa.

Ha habido algunos avances por lo que respecta a la libre circulación de capitales, principalmente por lo que se refiere a la liberalización del mercado de bienes raíces y a los cambios legislativos en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales. En conjunto, el nivel de aproximación al acervo es razonable. Serán necesarios esfuerzos adicionales, sobre todo en materia de aplicación y cumplimiento de la legislación en esta materia y con vistas a completar la liberalización de la circulación de capitales y la aproximación al acervo relativo a los servicios de pago.

Se han hecho notables avances en el ámbito de la contratación pública, en particular en lo tocante al establecimiento de la configuración institucional necesaria. En conjunto, los preparativos se encuentran en una etapa avanzada. Sin embargo, todavía es necesario completar la aproximación de la legislación al acervo y mejorar la capacidad administrativa a todos los niveles del sistema de contratación, en especial con vistas a combatir efectivamente la corrupción y poner coto a las irregularidades y posibles ingerencias políticas.

Por lo que se refiere al Derecho de sociedades cabe señalar algunos avances. La aproximación al acervo está bien encarrilada. Hay que seguir trabajando en materia de auditoría por lo que respecta a la aplicación de las nuevas disposiciones legales y a la consolidación de la capacidad administrativa. Se han registrado avances en relación con la legislación de propiedad intelectual, tanto por lo que se refiere a la aproximación de la legislación como a su cumplimiento. La aproximación al acervo está muy avanzada. Se debe concienciar a la sociedad en general sobre los derechos de propiedad intelectual y ha de prestarse atención a la creciente implicación de grupos de la delincuencia organizada en delitos relacionados con los derechos de propiedad intelectual.

Se han logrado avances significativos en el ámbito de la política de competencia, sobre todo por lo que respecta a la adopción de la Ley de la Competencia y a la publicación de licitaciones relativas a la reestructuración de astilleros en dificultades con vistas a su privatización. En conjunto se ha logrado un nivel razonable de aproximación. Sin embargo, se requieren esfuerzos constantes, en especial para completar la reestructuración de los astilleros. También hay que seguir trabajando para mejorar el historial sancionador de la Agencia de la Competencia contra los carteles y aproximar la Ley croata de radiodifusión, así como en el sector siderúrgico.

Cabe señalar avances notables en lo tocante a los servicios financieros. La aproximación de la legislación al acervo está muy avanzada, pero es necesario prestar atención adicional a su correcta aplicación. Son necesarios esfuerzos para reforzar la capacidad de las autoridades de supervisión de ejercer sus funciones y mejorar la interacción consultiva con el sector financiero.

En el ámbito de la sociedad de la información y los medios de comunicación ha habido avances notables. Se ha alcanzado un buen nivel de aproximación al acervo. Son necesarios esfuerzos adicionales para reforzar la capacidad de los organismos nacionales de regulación de ejecutar correctamente el marco jurídico, así como de respaldar la liberalización del mercado de las comunicaciones electrónicas.

Ha habido avances en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, en especial en relación con la recopilación y el tratamiento de datos agrícolas. En conjunto, los preparativos están moderadamente avanzados. Sin embargo, se requieren aún esfuerzos considerables para establecer el organismo liquidador y el Sistema Integrado de Gestión y Control/Sistema de Identificación de Parcelas. Es esencial una mayor aproximación de los sistemas de apoyo a la Política Agrícola Común (PAC) a fin de preparar una transición fluida a la PAC. En materia de desarrollo rural, es preciso mejorar la capacidad de absorción para los fondos de preadhesión de la UE.

En cuanto a la seguridad de los alimentos y las políticas veterinaria y fitosanitaria se han hecho notables avances, en especial con la aplicación de la nueva legislación. En conjunto, los preparativos se encuentran en una fase avanzada. Se requieren esfuerzos constantes para concluir la transposición y aplicación del acervo, en particular en lo relativo a la ejecución del programa nacional para modernizar los establecimientos de productos de origen animal y asegurar la capacidad administrativa y de inspección necesaria.

Croacia ha hecho notables avances en el campo de la pesca. En conjunto, los preparativos se encuentran en una fase avanzada. Croacia debe intensificar sus esfuerzos para colmar las lagunas que aún existen en los ámbitos de la gestión, la inspección y el control de la flota, las medidas estructurales y las ayudas estatales.

Ha habido algunos avances en el ámbito del transporte. En conjunto, el nivel de aproximación al acervo es razonable. Son necesarias nuevas mejoras de la capacidad administrativa en el sector del transporte marítimo, en la Agencia de Aviación Civil, en especial con miras a la seguridad aérea, y en la autoridad reguladora ferroviaria. Se precisa una mayor aproximación legislativa, sobre todo en los sectores del cabotaje marítimo y de la aviación. Ha habido avances notables por lo que respecta a la energía. La aproximación al acervo se encuentra en una fase avanzada. Aún se necesitan esfuerzos para desarrollar la capacidad administrativa, mejorar el funcionamiento de los mercados del gas y la electricidad y cumplir las metas fijadas en materia de energías renovables.

En el ámbito impositivo Croacia han hecho notables avances, especialmente en la aproximación de la legislación. Se han derogado los impuestos especiales sobre el tabaco, que eran discriminatorios, y se ha seguido aproximando la legislación al acervo de la UE en el campo de los impuestos directos, los impuestos especiales y el IVA. No obstante, se requieren nuevos esfuerzos para aproximar más la legislación croata, especialmente en el campo del IVA. También habría que redoblar esfuerzos para consolidar la capacidad administrativa, en especial en materia de interconectividad informática.

En el ámbito de la política económica y monetaria ha habido avances significativos. La aproximación al acervo está, en general, muy avanzada. Se han de completar los trabajos tendentes a encajar la independencia del Banco Central en la legislación croata. Se requieren nuevos esfuerzos en lo tocante a la coordinación política.

En el ámbito de las estadísticas se han realizado avances notables. Se ha alcanzado un nivel satisfactorio de aproximación de la legislación al acervo. Sin embargo, todavía son necesarios esfuerzos a fin de seguir aproximando las estadísticas croatas a los requisitos de la UE.

Se han realizado avances notables en materia de política social y empleo. Se ha alcanzado un nivel adecuado de aproximación de la legislación al acervo, aunque siguen existiendo algunas lagunas, especialmente por lo que hace al Derecho del trabajo. Son necesarios esfuerzos adicionales para consolidar la capacidad administrativa a tiempo para la adhesión y poder así garantizar la aplicación y el cumplimiento adecuados de la legislación.

En cuanto a la política empresarial e industrial, se han hecho algunos avances. La aproximación al acervo está, en general, muy avanzada. Sin embargo, nuevos esfuerzos son necesarios para poner en práctica la evaluación del impacto regulador de la nueva legislación y para mejorar el entorno de las PYME.

En cuanto al desarrollo de las redes de transporte y energía se han realizado avances notables en consonancia con el diseño y los objetivos de las RTE (redes de transporte y energía). En conjunto, la aproximación al acervo está muy avanzada.

Cabe señalar algunos avances en materia de política regional, especialmente en la preparación de la implementación de los componentes del IAP que sirven como precursores de los Fondos Estructurales. En general, en este capítulo Croacia ha completado en parte la aproximación al acervo. Nuevos esfuerzos son necesarios para cumplir los requisitos reguladores y operativos de la política de cohesión comunitaria. Además de incrementar la capacidad administrativa y de preparar la realización del proyecto del gasoducto, Croacia necesita reforzar su capacidad de gestión y control financieros.

Por lo que se refiere al poder judicial y los derechos fundamentales, Croacia ha realizado algunos avances. Ha proseguido la reforma del poder judicial, pero siguen existiendo retos significativos, particularmente en lo relativo a la independencia y a la eficiencia del poder judicial. Los esfuerzos emprendidos en materia de lucha contra la corrupción han dado ya sus primeros resultados, pero la corrupción sigue siendo generalizada en muchos ámbitos y las herramientas no se están desplegando con el suficiente vigor, especialmente en lo tocante a la corrupción política. Las disposiciones jurídicas sobre los derechos fundamentales son, en general, adecuadas, pero, a pesar de algunos avances, persisten retos significativos por lo que respecta a la aplicación, especialmente para las minorías. Se requiere una vigilancia particular por lo que se refiere a la libertad de expresión y a las amenazas contra periodistas.

En materia de justicia, libertad y seguridad, Croacia ha hecho algunos avances, sobre todo por lo que respecta a la lucha contra las drogas, la trata de seres humanos y la gestión de las fronteras exteriores. Sin embargo, es preciso redoblar esfuerzos para asegurar que se cumplen los requisitos de la UE en el momento de la adhesión, especialmente con vistas al desarrollo de la capacidad administrativa, la lucha contra la delincuencia organizada y el desarrollo de infraestructuras, equipos y recursos para gestionar eficazmente las fronteras exteriores.

En el capítulo de ciencia e investigación se han hecho notables avances y los preparativos están muy avanzados. Son necesarios nuevos esfuerzos, sin embargo, para asegurar la asociación de Croacia al Espacio Europeo de Investigación y su plena participación.

En el campo de la educación y la cultura se han hecho notables avances. Se ha alcanzado un buen nivel de aproximación de la legislación al acervo. Croacia debería continuar sus esfuerzos tendentes a prepararse para la gestión de los programas «Aprendizaje Permanente» y «La Juventud en Acción». También ha de prestarse la debida atención a la educación de adultos.

En general se han logrado avances notables por lo que se refiere al medio ambiente, especialmente en los ámbitos de la calidad del aire, el control y la gestión del riesgo de contaminación industrial y el cambio climático. Los preparativos de Croacia avanzan, en general, a buen ritmo. Sin embargo, considerables esfuerzos son aún necesarios para alcanzar la aproximación al acervo en los sectores del agua y la protección de la naturaleza. Es preciso mejorar la aplicación del acervo horizontal, así como otros aspectos no menos estratégicos, como la evaluación ambiental y el acceso a la justicia en cuestiones medioambientales. Se debe reforzar la capacidad administrativa tanto a nivel nacional como local.

Se han hecho avances notables en el ámbito de la protección de la salud y los consumidores. Se ha logrado un buen nivel de aproximación de la legislación al acervo. Sin embargo, son necesarios esfuerzos continuos para seguir consolidando la capacidad administrativa.

Croacia ha hecho avances notables en el ámbito de la unión aduanera, en el que la aproximación de la legislación al acervo es satisfactoria. Croacia ha mejorado su capacidad administrativa y la interconectividad informática y ha empezado a aplicar una política de lucha contra la corrupción coherente en las aduanas. Todavía es necesario proseguir los esfuerzos en los ámbitos que quedan por armonizar, en la ejecución de la estrategia anticorrupción y en la interconectividad informática.

Croacia ha hecho algunos avances en el campo de las relaciones exteriores. Los preparativos con miras a la política comercial común de la UE están bien encarrilados. Sin embargo, Croacia debe respetar las obligaciones internacionales que le incumben en lo que respecta a las medidas de defensa del comercio. Siguen siendo necesarios esfuerzos por lo que se refiere a la política de desarrollo y a la ayuda humanitaria.

Croacia ha hecho avances notables en el campo de la política exterior, de seguridad y de defensa, y se ha alcanzado un buen nivel de aproximación al acervo. El país sigue participando en varias misiones del Grupo sobre Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) de la UE. Sin embargo, es preciso reforzar la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones sobre el control de armas, en particular la transparencia de la información relacionada con el armamento, y mejorar la capacidad de ejecución completa del PESC-PESD.

En materia de control financiero se han registrado avances. Son necesarios esfuerzos constantes para asegurar el desarrollo sostenible del sistema global de control financiero público interno, tanto a nivel del Gobierno central como a nivel local. Es preciso encajar la independencia operativa y financiera de la Oficina Estatal de Auditoría en la Constitución.

Ha habido avances notables en el campo de las disposiciones financieras y presupuestarias, con mejoras en la capacidad institucional. En conjunto, Croacia ha alcanzado un buen nivel de aproximación al acervo, salvo en lo relativo a los gravámenes sobre el azúcar. Deben proseguir los preparativos con vistas a la aplicación de las normas de recursos propios.

Antigua República Yugoslava de Macedonia

Las elecciones presidenciales y locales de 2009 se ajustaron a la mayoría de las normas internacionales y se han seguido la mayoría de las recomendaciones formuladas por la OSCE/OIDDH con ocasión de anteriores elecciones. Ha mejorado el diálogo político: la coalición gubernamental es estable, el clima político es más cooperativo y el Parlamento es más efectivo. Las prioridades fundamentales de la Asociación para la Adhesión relativas a la reforma de la policía, el poder judicial, la administración pública y la corrupción han sido abordadas en gran medida. Sobre esta base y a la vista de la evolución global de las reformas, la Comisión considera que el país cumple suficientemente los criterios políticos.

La aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid sigue siendo un elemento esencial para la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en el país. Se ha avanzado en la aplicación de la Ley Lingüística, la descentralización y la representación equitativa. Sobre esta base, el país debe adoptar una actitud constructiva y desplegar esfuerzos adicionales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Ohrid.

Las elecciones presidenciales y locales de 2009 se ajustaron a la mayoría de las normas internacionales. Los días de los comicios transcurrieron sin incidentes, el clima político fue tranquilo y la votación se desarrolló en mucho mejores condiciones que en las elecciones parlamentarias de 2008. Es preciso abordar las deficiencias detectadas por la OSCE/OIDDH. Ha mejorado el diálogo político, que es una de las prioridades clave de la Asociación para la Adhesión. El Gobierno de coalición ha sido estable. El Consejo Nacional para la Integración Europea está presidido por el principal partido de la oposición. Se ha consolidado el funcionamiento del Parlamento, especialmente gracias a la introducción de normas de procedimiento, y se ha adoptado una Ley del Parlamento. Son necesarios esfuerzos constantes, sobre todo para potenciar el papel del Parlamento.

Por lo que se refiere a la reforma de la administración pública, ha habido algunos avances, entre los que cabe destacar la reforma de la función pública, una de las prioridades clave de la Asociación para la Adhesión. Las modificaciones de la Ley de la Función Pública adoptadas en septiembre han reforzado las disposiciones tendentes a asegurar la contratación de personal y la promoción basadas en el mérito. Se requieren nuevos esfuerzos para asegurar la transparencia, la profesionalidad y la independencia de la administración pública. Es preciso velar por que, en la práctica, se respeten las disposiciones y el espíritu de la ley. La reforma de la policía, que es una de las prioridad clave de la Asociación para la Adhesión, ha seguido avanzando. El nuevo sistema de mandos a nivel local y regional es completamente operativo, se ha mejorado la gestión y la Ley de Asuntos Internos ha introducido un sistema de carrera en el servicio de la policía. Se ha prohibido que los mandos policiales ocupen puestos en partidos políticos.

Se ha seguido avanzando en la reforma judicial, que es una de las prioridades clave de la Asociación para la Adhesión. Se han nombrado a los primeros graduados de la Academia de Jueces y Fiscales, se está proveyendo de personal a los nuevos tribunales y organismos judiciales, que están empezando a funcionar, y se ha aumentado el presupuesto de manera significativa. Son necesarios esfuerzos constantes para asegurar la independencia e imparcialidad del poder judicial, en especial mediante la aplicación de las disposiciones relativas a nombramientos y promociones.

Se han hecho avances notables en la consolidación y la ejecución del marco anticorrupción, que es una de las prioridades clave de la Asociación para la Adhesión. Se han modificado el Código Electoral y la Ley de Financiación de los Partidos Políticos en aras de la transparencia, ha habido nuevos cargos y condenas en casos de alto nivel y ha mejorado la cooperación entre las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. No obstante, la corrupción sigue siendo generalizada y constituye un problema grave en muchos ámbitos. Son necesarios esfuerzos continuos, sobre todo en lo que respecta a la aplicación del marco jurídico.

Ya se ha establecido la mayoría de los elementos del marco jurídico e institucional en materia de protección de los derechos humanos y de las minorías. No obstante, son necesarios esfuerzos adicionales para mejorar su aplicación en diversos ámbitos.

El número de denuncias de maltrato policial se redujo notablemente tras la disolución de las unidades especiales de policía, la realización de investigaciones exhaustivas y la adopción de medidas disciplinarias. Sin embargo, aún no se ha establecido un mecanismo exterior independiente encargado de supervisar casos de abusos policiales, en consonancia con la jurisprudencia del TEDH. Se ha adoptado un plan de acción para la revisión de la infraestructura carcelaria, pero aún no se han tomado medidas a corto plazo importantes para eliminar las condiciones inhumanas y degradantes. Falta por establecer la gestión profesional de las prisiones.

La situación en relación con la libertad de expresión es, en conjunto, satisfactoria. Sin embargo, suscitan constante preocupación las ingerencias políticas en los medios de comunicación.

En lo tocante a los derechos de las mujeres, ha comenzado a ejecutarse la estrategia contra la violencia doméstica. Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales para desarrollar la capacidad administrativa en materia de igualdad de género. Con respecto a los derechos de los niños, ha aumentado la asistencia escolar; prácticamente la totalidad de los alumnos de primaria pasan a cursar la enseñanza secundaria. La Ley sobre la justicia juvenil entró en vigor en junio.

En cuanto a los derechos culturales y los derechos de las minorías, se han realizado algunos avances en la aplicación de la estrategia en favor de una representación equitativa, en línea con el Acuerdo Marco de Ohrid, habiéndose incrementado el número de funcionarios procedentes de comunidades étnicas no mayoritarias hasta un 26 % a nivel central para septiembre de 2009. Ha comenzado a aplicarse en el Parlamento la Ley Lingüística, que prevé una mayor utilización del albanés. Se ha creado una agencia especializada para proteger los derechos de las comunidades más pequeñas, pero aún no está operativa.

Los institutos de enseñanza del municipio de Struga restauraron parcialmente la enseñanza étnicamente mixta al inicio del curso escolar 2009-2010. No obstante, las autoridades deben intensificar los esfuerzos para promover la integración de las comunidades étnicas del país, sobre todo en el ámbito de la enseñanza. Los intereses de las comunidades étnicas más pequeñas aún no se atienden adecuadamente.

Cabe señalar pocos avances en lo referente a los romaníes. Han seguido aplicándose con lentitud los cuatro planes de acción en el marco de la Década de la Inclusión Romaní 2005-2015, y ello pese a que se han asignado fondos estatales para aplicar los planes de acción. Es preciso reforzar considerablemente la capacidad administrativa de la oficina tanto del Ministro sin cartera para la comunidad romaní como de la unidad para la ejecución de la estrategia romaní. La población romaní continúa viviendo en condiciones muy precarias y es objeto de discriminación.

En lo que respecta a las cuestiones regionales y las obligaciones internacionales, la Antigua República Yugoslava de Macedonia ha seguido colaborando plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). El sistema jurídico nacional está tratando los cuatro casos que el TPIY remitió a las autoridades nacionales.

Por lo que se refiere a la Corte Penal Internacional, el acuerdo bilateral de inmunidad con los Estados Unidos no se ajusta a las posiciones comunes ni a los principios rectores de la UE. El país ha de aproximarse a la posición de la UE.

El país ha seguido participando activamente en iniciativas regionales de cooperación, entre ellas el Proceso de Cooperación en el Sudeste de Europa (SEECP en sus siglas en inglés), el Consejo de Cooperación Regional (CCR) y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC).

En términos generales, la Antigua República Yugoslava de Macedonia mantiene buenas relaciones con los países de la región. No obstante, las relaciones con Grecia han seguido lastradas por el litigio pendiente sobre el nombre. El país ha entablado negociaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas al respecto. Deben evitarse las acciones y declaraciones que pudieran afectar negativamente a las relaciones de buena vecindad. Sigue siendo esencial mantener unas buenas relaciones de vecindad y, en particular, alcanzar, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, una solución negociada y aceptable por ambas partes al litigio toponímico.

La economía de la Antigua República Yugoslava de Macedonia se ha ralentizado y se contraído ligeramente en 2009, a medida que se deterioraba el entorno internacional. La inflación ha disminuido notablemente, debido principalmente a la bajada de los precios internacionales de la energía y las materias primas. Se han registrado algunos avances en relación con el desempleo estructural y la reducción de los obstáculos al empleo. Sin embargo, la altísima tasa de desempleo, en especial entre los jóvenes y las personas con bajos niveles de educación, sigue siendo una causa importante de preocupación. Las carencias y las deficiencias institucionales en el ámbito del Estado de Derecho continúan teniendo un impacto negativo en el clima empresarial.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, la Antigua República Yugoslava de Macedonia está muy avanzada. Ha seguido avanzando hacia el establecimiento de una economía de mercado operativa. Debería poder hacer frente a medio plazo a las presiones competitivas y las fuerzas del mercado de la Unión, a condición de que aplique enérgicamente su programa global de reforma para reducir las deficiencias estructurales significativas.

El país ha mantenido un amplio consenso político sobre los ejes fundamentales de la política económica. El proceso de privatización está prácticamente concluido. La liberalización comercial y de los precios es ya, en gran medida, una realidad. Se ha seguido mejorando la inscripción y la entrada en el mercado y simplificando el marco regulador. Se han agilizado los procedimientos de quiebra y el registro de la propiedad está bien avanzado. Las autoridades han redoblado sus esfuerzos tendentes a abordar el desempleo estructural y se han tomado medidas para reducir la presión fiscal que pesa sobre el trabajo. Se ha reforzado la independencia financiera de las agencias de supervisión y regulación. La mediación financiera ha disminuido ligeramente pero, por el momento, el sector en su conjunto ha conseguido capear la crisis financiera internacional. Se han tomado nuevas medidas destinadas a mejorar la calidad del capital humano.

Sin embargo, en un contexto marcado por las elecciones y la crisis económica mundial, la combinación de políticas global se ha deteriorado. La calidad de las finanzas públicas se ha resentido, con un fuerte incremento del gasto público, especialmente en las transferencias de renta y las subvenciones y pensiones, que subieron muy por encima de la inflación. Esto ha contribuido a un fuerte aumento del déficit exterior, mientras que las necesidades de financiación del sector público superaron con mucho los fondos de la inversión privada. La deuda pública ha aumentado, pero sigue siendo relativamente baja. La afluencia de inversión directa extranjera se ha desacelerado notablemente, en gran parte debido al deterioro del entorno internacional. La financiación para abordar el desempleo estructural ha seguido siendo limitada, mientras que siguen registrándose tasas de desempleo muy altas. El funcionamiento de la economía de mercado sigue lastrado por las deficiencias institucionales y la necesidad de reforzar el Estado de Derecho. Son necesarios nuevos esfuerzos para reforzar la administración pública y el sistema judicial, para reforzar la seguridad jurídica y para mejorar el entorno empresarial. En ocasiones, las agencias de supervisión y regulación carecen de independencia y recursos suficientes para cumplir efectivamente sus funciones. A pesar de los esfuerzos invertidos para reducir le economía sumergida, esta cuestión sigue siendo un desafío importante.

La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha hecho notables avances en la mejora de su capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión, en especial en materia de transporte, aduanas e impuestos, y justicia, libertad y seguridad. Se ha avanzado menos en otros ámbitos como la energía, el medio ambiente, y el empleo y la política social. En conjunto, se han registrado nuevos avances en el respeto de las prioridades de la Asociación para la Adhesión. Sin embargo, son necesarios esfuerzos constantes a fin de consolidar la capacidad administrativa para la aplicación y el cumplimiento efectivo de la legislación. En consonancia con la prioridad clave pertinente de la Asociación para la Adhesión, se han ejecutado los compromisos contraídos en el Acuerdo de Estabilización y Asociación.

Se ha avanzado en el ámbito de la libre circulación de mercancías. Todavía falta por transponer una parte significativa del acervo horizontal y sectorial. Ha habido algunos avances en el campo de la libre circulación de los trabajadores, ámbito en el que la aproximación al acervo es aún incipiente. Los avances en lo que respecta al derecho de establecimiento y a la libre prestación de servicios han sido desiguales. Se observa una falta de coordinación entre los diversos organismos responsables de la autorización de los servicios transfronterizos. Los avances en el ámbito de la libre circulación de capitales se centraron principalmente en la lucha contra el blanqueo de capitales. Las obligaciones derivadas de la primera etapa del AEA se cumplieron en 2008.

Se han realizado avances considerables en el ámbito de la contratación pública, en el que se han tomado medidas importantes destinadas a aproximar la legislación al acervo. Se han de proseguir los esfuerzos destinados a reforzar la capacidad administrativa a todos los niveles. También se han hecho notables avances en el ámbito del Derecho de sociedades, aunque la aproximación del marco jurídico relativo a la contabilidad y la auditoría se encuentra un tanto rezagada. En el ámbito de la legislación sobre la propiedad intelectual también se han registrado avances, especialmente por lo que se refiere al refuerzo del marco jurídico y la mejora de la capacidad administrativa y la cooperación institucional. El cumplimiento de la normativa, aunque ha mejorado, no es todavía satisfactorio.

Por lo que hace a la competencia se han hecho algunos avances. Se ha creado un registro fiable de cumplimiento de la normativa, especialmente en el campo de las concentraciones, si bien se debe reforzar la lucha contra los carteles. El número de decisiones de control ex ante de las ayudas estatales ha aumentado. Los recursos humanos y financieros de la autoridad de competencia siguen siendo inadecuados.

Se han hecho algunos avances en el campo de los servicios financieros, principalmente en relación con la evolución legislativa en el sector de la banca, los mercados de valores, los servicios de inversión y las pensiones. No obstante, la reglamentación y la supervisión en el mercado de los seguros aún son insatisfactorias.

Se ha avanzado en el campo de las comunicaciones electrónicas y los servicios de la sociedad de la información. La competencia en los mercados de las comunicaciones electrónicas aumentó como consecuencia del proceso de liberalización, lo que redundó en beneficio de los consumidores. En el ámbito de la política audiovisual, el Consejo de Radiodifusión y el ente público de radiodifusión continúan siendo objeto de ingerencias políticas. En conjunto, los preparativos en el campo de la sociedad de la información y los medios de comunicación están avanzados.

En el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural se han registrado avances. La capacidad administrativa del organismo liquidador y las estructuras operativas responsables de los fondos de preadhesión de la UE se ha fortalecido, aunque en otros ámbitos dicha capacidad sigue siendo deficiente. La aproximación de la legislación al acervo requiere esfuerzos adicionales continuos, especialmente por lo que hace a la aplicación plena de la legislación adoptada. Cabe señalar algunos avances en el ámbito de la seguridad de los alimentos y las políticas veterinaria y fitosanitaria, sobre todo relacionados con el estado de preparación de la legislación. Sin embargo, la capacidad administrativa, tanto por lo que hace al número como a las capacidades del personal, sigue siendo insuficiente para asegurar la adecuada implementación del acervo.

En el ámbito de la política de transporte cabe señalar avances notables, en especial por lo que se refiere al transporte, incluida la tarificación por el uso de la infraestructura viaria. En líneas generales, la aproximación de la legislación al acervo está avanzando en todos los sectores. Sin embargo, la capacidad administrativa sigue siendo deficiente en todos los sectores, tanto por lo que respecta a la dimensión de las plantillas como a nivel de las cualificaciones. Todavía han de crearse organismos de regulación y autoridades responsables de la seguridad en los ámbitos del transporte aéreo y ferroviario.

Se han realizado algunos avances en el sector de la energía. Sin embargo, es necesario introducir modificaciones a la Ley de la Energía, así como una aplicación correcta de la legislación, para cumplir las obligaciones que impone el Tratado de la Comunidad de la Energía. Falta por crear un mercado de la electricidad que sea efectivamente operativo. Es preciso mejorar el nivel de independencia de los organismos reguladores de la energía y la protección contra las radiaciones.

Se han hecho avances notables en el ámbito de la imposición. El nivel de aproximación de la legislación en el ámbito de la imposición indirecta está bien avanzado. Se requieren nuevos esfuerzos por lo que se refiere a la imposición directa. La capacidad operativa de la Oficina de de Recaudación se ha consolidado y ha mejorado la recaudación fiscal.

En el ámbito de la política económica y monetaria cabe señalar algunos avances por lo que respecta a la aproximación de la legislación al acervo y a la capacidad administrativa. En conjunto, los preparativos en este campo van por buen camino. Se han hecho avances notables en la mejora de las estadísticas sectoriales y en la aproximación de las clasificaciones al acervo. Se ha consolidado la infraestructura estadística, pero la situación en cuanto a los recursos sigue siendo deficiente.

En materia de política social y empleo se han registrado avances limitados. Se sigue echando en falta un diálogo social efectivo y representativo. Aunque la capacidad administrativa se está reforzando lentamente, sigue siendo insuficiente para aplicar adecuadamente la legislación y las políticas adoptadas. Se han hecho notables avances, aunque de forma desigual, en el campo de la política empresarial e industrial. Los recursos financieros y la capacidad administrativa de los organismos públicos encargados de implementar los instrumentos de las política industrial y de empresa son modestos. En este sector, la aproximación de la legislación al acervo está moderadamente avanzada.

Se ha avanzado en el ámbito de las redes transeuropeas. Los preparativos en este campo se encuentran en una fase avanzada. Se han hecho algunos avances en el ámbito de la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, especialmente redoblando los esfuerzos y acelerando los preparativos encaminados a la aplicación de los componentes del IAP que actúan como precursores de los Fondos Estructurales. En conjunto, la aproximación de la legislación al acervo en este campo está avanzando.

En el ámbito del poder judicial y los derechos fundamentales, se han hecho avances notables en la lucha contra la corrupción y algunos avances en cuanto a la reforma judicial y la salvaguardia de los derechos fundamentales. Gracias a la reciente creación de instituciones y al incremento de los recursos presupuestarios ha mejorado la eficiencia global del poder judicial, pero son necesarios esfuerzos continuos para asegurar su independencia. Por lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, ha habido nuevos avances en el procesamiento de casos de alto nivel, la consolidación del marco institucional y la cooperación entre las agencias responsables de garantizar el cumplimiento de la ley. Se han modificado el Código Electoral y la Ley de Financiación de los Partidos Políticos en aras de la transparencia. No obstante, la corrupción sigue siendo generalizada y constituyendo un problema grave en numerosos ámbitos. Es preciso proseguir los esfuerzos en este sentido. La mayoría de las medidas legislativas y políticas relativas a los derechos fundamentales ya se han adoptado, pero la aplicación es desigual, y hay que seguir trabajando a este respecto.

En materia de justicia, libertad y seguridad, el país ha seguido abordando retos clave. En materia de liberalización del régimen de visados, ha realizado importantes avances en los ámbitos incluidos en la hoja de ruta y se han cumplido los parámetros de evaluación. Sobre la base de los avances registrados, la Comisión propuso en julio de 2009 retirar la obligación de visado para los ciudadanos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia [10]. Cabe destacar los notables avances registrados en materia de asilo, lucha contra las drogas y la delincuencia organizada, así como sobre las fronteras exteriores y Schengen. Aunque ha mejorado la capacidad administrativa para la puesta en marcha de la reforma de la policía, sigue lastrada por una gestión de los recursos humanos no plenamente desarrollada. En lo tocante a la lucha contra la delincuencia organizada, ha mejorado el uso de técnicas especiales de investigación, la protección de testigos y el uso de material de inteligencia en las labores policiales. Son necesarios nuevos esfuerzos, en particular para establecer un sistema integrado de inteligencia. El país ha logrado un mayor grado de aproximación al acervo tanto en lo que respecta a su capacidad legislativa como a su capacidad administrativa. En conjunto, los preparativos en este campo marchan por buen camino.

Se han hecho algunos avances en el ámbito de la ciencia y la investigación. La capacidad administrativa para apoyar la participación en los programas marco no está suficientemente desarrollada. En conjunto, los preparativos en este ámbito están bien encarrilados. Se han hecho algunos avances en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y la cultura, sobre todo en lo que respecta a la participación en los programas comunitarios. No obstante, el presupuesto de educación sigue siendo insuficiente para poner en marcha la estrategia nacional de reforma. En conjunto, los preparativos en el campo de la educación y la cultura están avanzados.

Se han hecho avances en la transposición del acervo de la UE en materia de medio ambiente, en particular por lo que respecta a la legislación horizontal y la gestión de residuos. La aplicación de la legislación sigue constituyendo un considerable desafío. La capacidad administrativa es deficiente tanto a nivel nacional como local. Nuevos esfuerzos adicionales son aún necesarios para avanzar en la aproximación al acervo de la UE en este sector y asegurar las inversiones requeridas. En conjunto, los preparativos en este campo se encuentran moderadamente avanzados.

Se han hecho algunos avances en materia de protección de la salud y los consumidores. Por lo que hace a la política de protección de los consumidores, no existe un sistema de vigilancia del mercado efectivo y transparente. En el campo de la sanidad pública, no se dispone de recursos humanos y financieros suficientes para asegurar la aplicación apropiada de la legislación, las estrategias y los planes de acción.

Los avances han sido considerables en el ámbito de la unión aduanera, especialmente por lo que se refiere a la capacidad administrativa y operativa. La aproximación de la legislación aduanera al acervo es suficiente, excepto en el caso del tránsito. La capacidad administrativa de la administración aduanera para aplicar la legislación y atajar la delincuencia transfronteriza sigue mejorando. Los preparativos en este campo están bien encarrilados.

Ha habido algunos avances en cuanto a la aproximación a la política de relaciones exteriores de la UE. En conjunto, los preparativos en este ámbito marchan por buen camino. También se ha avanzado en materia de política exterior, de seguridad y de defensa, especialmente en lo tocante al refuerzo de la capacidad administrativa. El país se ha aproximado a la mayoría de las declaraciones y posiciones comunes de la UE y ha mostrado un compromiso constante respecto a la participación en operaciones del Grupo PESD.

En el ámbito del control financiero se han realizado algunos avances en cuanto a la aproximación de la legislación al acervo y su aplicación. Se ha reforzado la capacidad administrativa de las instituciones responsables. En el ámbito de las disposiciones financieras y presupuestarias se han realizado algunos avances. Se ha mejorado la capacidad operativa de la autoridad aduanera y de la Oficina de Recaudación, particularmente en la lucha contra el fraude aduanero y relacionado con el IVA.

Montenegro

Montenegro ha seguido avanzando por lo que se refiere a los criterios políticos. En línea con lo dispuesto en la Asociación Europea, ha proseguido la realización de su marco jurídico y ha reforzado su capacidad administrativa e institucional. La aplicación de la Constitución ha sido, en su conjunto, efectiva. Ha proseguido la reforma judicial, que ha empezado a dar frutos. Sin embargo, persisten las ingerencias políticas en el poder judicial y en la fiscalía. Es preciso proseguir con determinación la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. La consolidación de la capacidad administrativa sigue siendo un reto importante. Sigue existiendo un consenso político sólido sobre las cuestiones relacionadas con la UE. Es preciso reforzar la capacidad del Parlamento de escrutinio de la legislación y de supervisión de la aplicación de las reformas.

La democracia y el Estado de Derecho se han seguido consolidando. En conjunto, no ha habido problemas en la aplicación de la Constitución. Sin embargo, falta por aproximar a la misma algunas leyes clave. El funcionamiento de las instituciones públicas ha mejorado, en especial en los ámbitos relacionados con la integración europea. Sigue siendo necesaria una mayor voluntad política en la lucha contra la corrupción, en especial la corrupción de alto nivel.

Ha habido algunos avances en el funcionamiento del Parlamento. La actividad legislativa ha seguido siendo intensa y se ha consolidado su capacidad administrativa. Sin embargo, el Parlamento ha de mejorar considerablemente su eficiencia como órgano legislativo y sus capacidades de escrutinio. En las elecciones parlamentarias celebradas en marzo de 2009 se cumplieron prácticamente todos los compromisos de la OSCE y del Consejo de Europa. Sin embargo, la OSCE-OIDDH ha detectado una serie de problemas y deficiencias que aún hay que abordar. Es preciso aproximar la legislación electoral a la Constitución.

Tras la independencia del país, el Gobierno ha seguido creando nuevas estructuras administrativas. El marco para la coordinación de la integración europea ha mejorado y ha seguido funcionando sin problemas. Se han realizado algunos avances en las reformas de la administración pública gracias a la adopción de legislación clave, la modernización de la capacidad administrativa y la mejora de la gestión de los recursos humanos. Sin embargo, la falta de recursos humanos y financieros, junto con las debilidades estructurales y la corrupción siguen lastrando la eficacia global de la administración pública. La capacidad administrativa sigue siendo limitada. Son necesarios esfuerzos significativos para establecer una función pública profesional, basada en el mérito, libre de ingerencias políticas y a la que se le pueda exigir responsabilidades. Se han seguido la mayoría de los dictámenes emitidos y las recomendaciones formuladas por la Oficina del Defensor del Pueblo. No obstante, falta por aproximar plenamente la Ley del Defensor del Pueblo a la Constitución y hay que reforzar las capacidades de la Oficina.

Mayores esfuerzos son necesarios para establecer y capacitar organismos de regulación y supervisión independientes capaces de actuar con eficacia.

Montenegro ha hecho avances moderados en la reforma del poder judicial. Se ha consolidado el marco jurídico mediante la adopción de un nuevo Código de Enjuiciamiento Penal. Sin embargo, se requieren nuevos esfuerzos para asegurar la independencia del poder judicial y la autonomía del Ministerio Público. Ha de reforzarse la capacidad de la Fiscalía para emprender sus nuevas tareas de conformidad con el Código de Enjuiciamiento Penal. Es preciso seguir consolidando la rendición de cuentas, la integridad y la eficiencia del sistema judicial.

Se han hecho notables avances en el desarrollo del marco jurídico y administrativo para la lucha contra la corrupción. Se han hecho avances en la mejora de los organismos de prevención e investigación en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la corrupción sigue siendo generalizada en muchos ámbitos y sigue constituyendo un problema particularmente grave. Suscita preocupación la comprensión y la aplicación efectiva de la legislación en este campo. Si bien existe una tendencia positiva, las capacidades de investigación y coordinación de las autoridades responsables de garantizar el cumplimiento de la ley son insuficientes, por lo que son muy pocos los casos de corrupción que acaban siendo objeto de condena. La supervisión en los ámbitos de la financiación de los partidos políticos y los conflictos de intereses es insuficiente.

Se han realizado nuevos avances en el ámbito de los derechos humanos y la protección de las minorías, ámbito en el que, en general, Montenegro se ajusta a las normas europeas.

En conjunto, se han realizado algunos avances en el ámbito de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, son necesarios nuevos esfuerzos para mejorar la aplicación de las leyes en los ámbitos de la tortura y el maltrato, el sistema carcelario y el acceso a la justicia.

La libertad de expresión sigue suscitando preocupación. Las investigaciones sobre violencia contra periodistas han supuesto un avance. Sin embargo, se han notificado nuevos incidentes. Las declaraciones intimidatorias de funcionarios públicos sobre el papel de los medios de comunicación y de las ONG son motivo de preocupación. El Gobierno ha de implicarse constructivamente con los representantes de la sociedad civil. El respeto de la libertad de reunión y asociación y la libertad de culto sigue siendo, en general, satisfactorio. Sin embargo, falta por abordar la restitución de bienes eclesiásticos y los organismos públicos deben seguir siendo imparciales en relación con los conflictos entre las iglesias ortodoxas serbia y montenegrina en Montenegro.

Son necesarios esfuerzos constantes en el campo de los derechos de las mujeres, particularmente en lo tocante a la insuficiente protección de las mujeres contra todas las formas de violencia, pues la violencia doméstica sigue estando extendida. Falta por adoptar legislación clave sobre la protección contra la violencia en la familia. Aún no se ha adoptado legislación importante como una ley de lucha contra la discriminación. Se requieren esfuerzos decididos para proceder a la ejecución de la legislación y de estrategias encaminadas a mejorar los derechos de los niños y los grupos socialmente vulnerables. En lo que respecta a los derechos de propiedad, en 2008 se ha reducido el número de denuncias referentes a estos derechos. Sin embargo, sigue siendo fuente de preocupación la aplicación de la legislación en materia de restitución.

Montenegro ha hecho algunos avances en la implementación del marco de protección de las minorías. Los Consejos de Minorías han empezado a funcionar y se les han asignado fondos. Se han tomado algunas medidas tendentes a mejorar la situación de las comunidades romaní, ashkali y egipcia (RAE). Las relaciones interétnicas siguen siendo fluidas. Sin embargo, la situación social y económica de los desplazados y de la población RAE sigue suscitando honda preocupación. Continúan viviendo en condiciones muy precarias y siendo objeto de discriminación. Debe proseguir con mayor determinación la aplicación de la legislación y de las estrategias. Se requieren asimismo recursos financieros cada vez mayores. La Ley de Derechos y Libertades de las Minorías todavía no se ha armonizado con la Constitución en lo que respecta a la representación de las minorías.

En lo que respecta a los desplazados de Bosnia y Herzegovina y de Croacia, se ha instaurado un marco jurídico para abordar su situación, pero aún falta por asegurar su efectiva implementación. Montenegro ha de resolver la situación de los desplazados de Kosovo y trabajar con vistas a mejorar su acceso a los derechos económicos y sociales, que sigue siendo limitado. Su situación continúa siendo causa de honda preocupación.

En lo que respecta a las cuestiones regionales y las obligaciones internacionales, la cooperación de Montenegro con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia es satisfactoria. La investigación y los procedimientos judiciales sobre el limitado número de casos de crímenes de guerra nacionales en Montenegro han avanzado. La cooperación con los países vecinos en este ámbito ha mejorado. El caso de los supervivientes y las familias de civiles bosnios deportados en 1992 se ha dirimido en los tribunales.

En lo tocante a la Corte Penal Internacional, el acuerdo bilateral de inmunidad firmado con los Estados Unidos no se ajusta a las posiciones comunes ni a los principios rectores de la UE. El país ha de aproximar su posición a la de la UE.

Montenegro ha seguido participando activamente en iniciativas regionales de cooperación, entre las que cabe destacar el Proceso de Cooperación en el Sudeste de Europa (SEECP en sus siglas en inglés), el Consejo de Cooperación Regional (CCR) y Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC). Montenegro ostenta la presidencia del ACELC durante 2009. La Escuela Regional de Administración Pública (ERAP) en Danilovgrado, cerca de Podgorica, ya es operativa.

Las relaciones con los demás países de la ampliación y los Estados miembros vecinos han seguido mejorando y se ha intensificado la cooperación bilateral en campos específicos. En particular, se han logrado avances en la resolución de los litigios fronterizos bilaterales entre Montenegro y Croacia, que han cooperado en la preparación de su comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia en relación con el asunto fronterizo de Prevlaka.

La economía de Montenegro ha registrado una marcada desaceleración en 2009. Como consecuencia de ello, las finanzas públicas han estado sometidas a una fuerte presión y se ha incrementado la deuda pública. Sin embargo, la economía no ha entrado en una recesión profunda y los riesgos en materia de financiación exterior no se han materializado del todo. A pesar de la crisis económica, el Gobierno ha introducido una serie de reformas estructurales. La mejora del Estado de Derecho y la modernización de las infraestructuras siguen siendo desafíos clave para el desarrollo económico.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, el país ha hecho nuevos avances hacia el establecimiento de una economía de mercado operativa. Para poder hacer frente a medio plazo a la presión competitiva y las fuerzas del mercado en la Unión, el país debería emprender reformas globales para reducir las deficiencias estructurales.

Los desequilibrios de la balanza de pagos y la inflación se han reducido como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica. Los indicadores del mercado laboral ha seguido mejorando, a pesar de la ralentización del crecimiento Las casas matrices de bancos extranjeros han apoyado la financiación de sus filiales locales, respaldando así la estabilidad del sistema financiero cuando falta un prestamista de última instancia. El déficit presupuestario se ha reducido recortando el gasto y gracias a los ingresos obtenidos de la privatización de grandes sistemas de redes. La deuda pública ha crecido, pero se ha mantenido a niveles moderados. Se ha adoptado legislación para mejorar la certidumbre de los derechos de propiedad. Ha proseguido la simplificación legislativa con vistas a la eliminación de los obstáculos que dificultan la actividad empresarial y se ha reducido el número de casos de quiebra pendientes. Aunque ha aumentado en respuesta a la crisis, el papel del Estado en la economía se ha circunscrito a conceder préstamos y garantías de préstamo a sectores clave de la economía.

Sin embargo, las condiciones del sector manufacturero de Montenegro se han deteriorado drásticamente, como consecuencia de la contracción de la demanda externa y la caída de los precios internacionales del acero y el aluminio. La reestructuración de las plantas de aluminio y acero sigue siendo un considerable desafío. El sistema financiero sufrió un grave problema de liquidez a finales de 2008 y principios de 2009 como consecuencia de las retiradas de depósitos a gran escala. Los tipos del interés se han mantenido altos a pesar de las inyecciones de liquidez en el sistema bancario. Las finanzas públicas han sufrido una presión considerable, mientras se acumulaban las garantías de préstamos del Gobierno. Los mercados de capitales han experimentado una importante corrección, sufriendo pérdidas sustanciales. Persiste el desfase entre la oferta y la demanda de mano de obra, lo que obliga a los empleadores a recurrir a trabajadores extranjeros, y ello pese a las altas tasas de desempleo. El sector informal sigue constituyendo un reto importante.

Montenegro ha logrado avances adicionales en la aproximación a las normas europeas. El Acuerdo Interino viene aplicándose sin problemas y el país está desarrollando un historial de cumplimiento de sus obligaciones conforme al AEA. Se han hecho considerables avances en materia de protección de los consumidores e investigación, así como en algunos ámbitos del mercado interior y de la justicia, libertad y seguridad. Se han logrado algunos avances en la libre circulación de capitales, la fiscalidad y las aduanas, el empleo, la agricultura y el desarrollo rural, la energía, las estadísticas y en los ámbitos restantes en materia de justicia, libertad y seguridad. Nuevos esfuerzos continuos son necesarios en estos campos. Se necesitan esfuerzos particulares para mejorar la capacidad de aplicación. Los avances en los ámbitos del medio ambiente, el transporte, la sociedad de la información y los medios de comunicación han sido desiguales. Cabe señalar avances limitados en materia de acreditación y evaluación de la conformidad, metrología, vigilancia del mercado y política industrial.

En lo que respecta al mercado interior, Montenegro ha realizado algunos avances en cuanto a las prioridades correspondientes de la Asociación Europea. Han proseguido los preparativos en el campo de la libre circulación de mercancías. Se han logrado avances considerables en la aplicación de la política de protección de los consumidores. Es preciso seguir desarrollando la vigilancia del mercado. Es necesario mejorar las capacidades institucional y administrativa, la cooperación interinstitucional y la transposición del acervo sobre productos específicos.

En los ámbitos de la libre circulación de personas y servicios y derecho de establecimiento, Montenegro cumple parcialmente las prioridades en materia de aproximación. Se ha adoptado la Ley sobre Empleo y Ocupación de Extranjeros, que prevé permisos de trabajo y cuotas para la mano de obra y los servicios transfronterizos. Se ha seguido avanzando en la liberalización del mercado de los servicios. El marco institucional para la supervisión de sector financiero bancario y no bancario ha continuado mejorando, pero es necesario que se refuerce aún más. Se ha adoptado una estrategia para el sector de los servicios postales. Las nuevas normas en materia de requisitos de notificación y supervisión de empresas han mejorado la transparencia contable y la eficacia de las auditorías. Sin embargo, son necesarios nuevos esfuerzos para consolidar los avances registrados.

Se ha conseguido avanzar en el ámbito de la libre circulación de capitales gracias a la adopción de la Ley de Relaciones de Propiedad y de la Ley de Propiedad Estatal. Sigue sin reconocerse la igualdad de trato a los extranjeros por lo que se refiere a la compra de terrenos agrícolas, para los cuales la nueva Ley prevé la opción del arrendamiento a largo plazo.

En el ámbito de la fiscalidad y las aduanas la aproximación al acervo está avanzada. Sin embargo, es necesaria una mayor aproximación en los ámbitos del origen, el tránsito y los procedimientos simplificados, la valoración aduanera y las tasas. La lucha contra la corrupción y la economía sumergida siguen siendo desafíos importantes.

Por lo que se refiere a la competencia, ha proseguido la aproximación al acervo. Es preciso consolidar el marco de competencia y modernizar las capacidades administrativas, especialmente con respecto al control de las ayudas estatales.

En el campo de la contratación pública, Montenegro ha seguido aproximando su legislación al acervo. Se han llevado a cabo actividades de formación y sensibilización. Sin embargo, es necesario proseguir la aproximación de la legislación y la consolidación de la capacidad administrativa.

Cabe destacar algunos avances en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual. La nueva Ley de Patentes ha reforzado el marco legislativo. Ha mejorado el procedimiento del reconocimiento de derechos a nivel nacional. Sin embargo, los preparativos se encuentran en una fase incipiente y es preciso seguir desarrollando la capacidad institucional y de ejecución.

Montenegro ha seguido avanzando en el ámbito de las políticas sociales y el empleo. Sin embargo, es preciso seguir aproximando la legislación a las normas europeas y mejorar la capacidad administrativa en el ámbito de las políticas sociales y el empleo, en particular para aplicar efectivamente la nueva legislación. También se requieren nuevos esfuerzos para consolidar la capacidad administrativa e institucional en el ámbito de la política de sanidad pública.

Se ha seguido avanzando en los ámbitos de la educación y la cultura. En materia de investigación se han hecho notables avances, sobre todo en lo que respecta a la consolidación del marco institucional y mediante la participación en el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo.

Montenegro ha adoptado la legislación necesaria con miras a la adhesión a la Organización Mundial del Comercio.

Con respecto a las políticas sectoriales, en el campo de la política industrial Montenegro ha empezado a abordar las prioridades de aproximación, mientras que las cumple parcialmente por lo que se refiere a la política de las PYME. Se requieren nuevos esfuerzos para eliminar los obstáculos empresariales existentes, agilizando los procedimientos de expedición de licencias y permisos, y para implementar plenamente ciertas medidas, como garantías de créditos a las PYME, viveros y agrupaciones de empresas.

Cabe señalar algunos avances en los ámbitos de la agricultura y el desarrollo rural, así como la pesca, por lo que respecta a la reforma de la legislación y a la adopción de programas y estrategias nacionales. Sin embargo, necesita mejorarse la implementación. Por lo que hace a la seguridad de los alimentos y las políticas veterinaria y fitosanitaria ha habido algunos avances, sobre todo en relación con el refuerzo del marco legislativo, aunque aún falta por crear un sistema integrado de seguridad de los alimentos. Los avances en cuanto a la consolidación de la capacidad administrativa del Ministerio de Agricultura, Bosques y Gestión del Agua siguen siendo limitados y han de actualizarse, también con vistas a su preparación para el Instrumento de Preadhesión en favor del Desarrollo Rural.

Los avances en el ámbito del medio ambiente siguen siendo desiguales. Si bien se ha avanzado en la adopción de legislación horizontal, es preciso seguir reforzando la implementación y el cumplimiento. Hay que equipar a la Agencia de Protección Medioambiental con los recursos necesarios para que pueda desempeñar sus funciones. La insuficiente protección del medio ambiente, sobre todo en las zonas costeras y los parques naturales, sigue siendo motivo de preocupación.

En cuanto a la política de transporte, los preparativos están moderadamente avanzados en lo que respecta al transporte por carretera y ferroviario, pero se encuentran aún en una fase incipiente en lo que respecta al transporte marítimo. Montenegro debe desarrollar una estrategia coherente para desarrollar su sector del transporte. Se requieren esfuerzos considerables para establecer la capacidad administrativa adecuada.

Cabe señalar algunos avances en algunos sectores de la energía. Se han dado pasos hacia el cumplimiento de los requisitos contemplados en el Tratado de la Comunidad de la Energía, pero son necesarios esfuerzos adicionales. Hay que dar prioridad a la eficiencia energética y a las energías renovables.

En el ámbito de la sociedad de la información y los medios de comunicación ha habido algunos avances y ya está operativa la agencia de comunicaciones electrónicas y servicios postales. Sin embargo, sigue suscitando preocupación la independencia de la Agencia de Comunicaciones Electrónicas y los retrasos en la implementación de la Ley de Comunicaciones Electrónicas. Las autoridades montenegrinas pertinentes deben abordar urgentemente y resolver la cuestión de las competencias y el procedimiento para la asignación de frecuencias de radiodifusión. La legislación y las prácticas deben aproximarse a las normas europeas en este campo.

Los preparativos de Montenegro en materia de Control Financiero Público Interno (CFPI) y auditoría externa están en una fase incipiente de implementación. Se ha adoptado legislación básica en materia de CFPI. Está aumentando el número de auditores cualificados y auditorías estatales y el Organismo Nacional de Auditoría está desarrollando sus capacidades administrativas.

La estrategia gubernamental 2009-2012 en materia de estadísticas encomienda a la Oficina Estadística de Montenegro la coordinación del desarrollo del sistema estadístico con arreglo al Código Europeo de Buenas Prácticas en materia de Estadísticas. Se han hecho avances en las estadísticas macroeconómicas y sectoriales, mientras que estos han sido limitados en cuanto a las clasificaciones y los registros. Es preciso seguir mejorando el marco legislativo y la capacidad administrativa.

En materia de justicia, libertad y seguridad, Montenegro ha seguido abordando retos clave. Sin embargo, se requieren esfuerzos continuos para proceder a la implementación de las reformas. En lo tocante al régimen de liberalización de visados, Montenegro ha hecho avances significativos en todos los ámbitos, incluida la hoja de ruta. Sobre la base de los avances logrados, la Comisión propuso en julio de 2009 suprimir la obligación de visado para los ciudadanos montenegrinos, a condición de que Montenegro cumpla los parámetros pendientes de la hoja de ruta antes de que el Consejo tome una decisión.

Se han hecho algunos avances en el campo de la política de visados. Ha proseguido la implementación de los acuerdos de readmisión y facilitación de la expedición de visados. Han entrado en vigor una nueva Ley de Extranjería y un nuevo Reglamento sobre Visados basados en las normas de Schengen. Con todo, Montenegro debe hacer esfuerzos adicionales para mejorar su propio régimen de visados y para aproximarlo a las normas europeas. Ha de reforzar considerablemente sus capacidades administrativa y técnica para la expedición de visados.

En lo que respecta a la gestión de las fronteras, Montenegro ha hecho notables avances en el campo del control fronterizo. Ha seguido implementando su estrategia de gestión integrada de fronteras. Se han registrado algunas mejoras en lo tocante a la dotación de los pasos fronterizos. Sin embargo, aún no se ha aprobado nueva legislación sobre el control de las fronteras estatales, en particular, la vigilancia fronteriza. Es preciso abordar con carácter prioritario la conexión de todos los pasos fronterizos en una red en línea con acceso a las bases de datos nacional y de Interpol.

Cabe señalar algunos avances en materia de asilo y migración. En el primero de esos ámbitos prácticamente se ha completado el marco legislativo e institucional. Sin embargo, es preciso asegurar que la legislación se aplique de forma apropiada. En el campo de la migración, se ha adoptado legislación clave. Está aún pendiente la construcción de un centro de detención para migrantes ilegales. Se requieren nuevos esfuerzos para aplicar la legislación. Es preciso reforzar la capacidad administrativa y la cooperación institucional. Se debe abordar el estatuto de los desplazados.

Aunque Montenegro ha seguido haciendo algunos avances en el ámbito del blanqueo de capitales, suscita preocupación la reducción del número de investigaciones y los informes relativos a transacciones sospechosas. Se requieren esfuerzos decididos para aumentar las competencias y las capacidades de investigación de las autoridades, en especial de la unidad de inteligencia financiera. El blanqueo de dinero sigue siendo motivo de honda preocupación y son necesarios nuevos esfuerzos para prevenirlo y combatirlo.

Montenegro ha hecho algunos avances en la política antidrogas. Se están aplicando la respuesta estratégica nacional a los narcóticos y el plan de acción asociado. Se ha reforzado el marco institucional de lucha contra la delincuencia relacionada con las drogas y han aumentado los niveles de incautación. Sin embargo, el tráfico de drogas por parte de grupos de la delincuencia organizada sigue siendo motivo de honda preocupación. Montenegro ha de intensificar sus esfuerzos en el campo de la política antidrogas.

Cabe señalar algunos avances en el ámbito de la labor policial, en el que ha proseguido la reforma de la policía y el establecimiento de un historial en el campo del control interno. Sin embargo, es necesario seguir mejorando la capacidad profesional, el equipo y las infraestructuras.

Se ha reforzado la capacidad institucional, jurídica y administrativa para luchar contra la delincuencia organizada. Sin embargo, la delincuencia organizada continúa constituyendo un problema grave que afecta al Estado de Derecho y al entorno empresarial. Las capacidades de investigación y procesamiento siguen siendo insuficientes y solo en contadas ocasiones desembocan en condenas firmes. Es preciso abordar con carácter prioritario la mejora de los recursos humanos y la consolidación de la cooperación entre agencias. En la lucha contra la trata de seres humanos se han hecho notables avances. Montenegro sigue siendo fundamentalmente un país de tránsito. Se han llevado a cabo investigaciones sobre casos de trata de seres humanos y se han dictado condenas. Son necesarias nuevas medidas para aumentar la capacidad de las autoridades responsables de identificar a víctimas potenciales.

Se han logrado algunos avances en el ámbito de la protección de datos personales gracias a la adopción del marco jurídico. Sin embargo, la Ley no se ciñe aún al acervo y aún no se ha establecido la autoridad de supervisión.

Serbia

Serbia ha hecho avances con vistas a cumplir los criterios políticos y abordar prioridades clave de la Asociación Europea. El Gobierno ha dado muestras de su compromiso en favor del acercamiento del país a la Unión Europea emprendiendo una serie de iniciativas, entre ellas la aplicación de disposiciones del Acuerdo Interino. Aunque ha seguido mejorando la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), Ratko Mladić y Goran Hadžić, condenados por el Tribunal, siguen en libertad.

Se han emprendido una serie de iniciativas para consolidar la democracia y el Estado de Derecho. No obstante, son necesarias reformas adicionales para garantizar que el nuevo marco constitucional se aplique en consonancia con las normas europeas, particularmente en lo que respecta al poder judicial.

El Parlamento ha revisado sus normas de procedimiento, lo que se ha traducido en algunas mejoras en su labor y en el proceso legislativo. La adopción de una nueva Ley de Partidos Políticos, por otra parte, ha establecido normas más claras y rigurosas en relación con el registro de los partidos políticos. Sin embargo, aún no se ha revisado la legislación electoral para ponerla plenamente en consonancia con las normas europeas. El Parlamento no ha utilizado suficientemente sus poderes de escrutinio sobre el ejecutivo y la capacidad de las comisiones parlamentarias sigue siendo débil.

El Gobierno ha demostrado un elevado grado de compromiso en favor de la integración europea y ha trabajado activamente en la elaboración de legislación en una serie de ámbitos y en la aplicación de un programa nacional sobre la integración europea. Sin embargo, se ha prestado insuficiente atención a la aplicación efectiva de las leyes en vigor y a la evaluación de impacto. Es preciso reforzar la planificación de los trabajos de Gobierno y asegurar una mayor coordinación entre ministerios.

Serbia dispone de una capacidad global adecuada en el ámbito de la administración pública. La Oficina Serbia de Integración Europea ha funcionado bien, aunque es preciso reforzar en los ministerios competentes la capacidad administrativa en materia de integración europea. En conjunto, la reforma ha avanzado lentamente. Hay que mejorar la transparencia, la imparcialidad, la profesionalidad y la rendición de cuentas y se ha de dar mayor prioridad a la lucha contra la corrupción y al apoyo a la labor de organismos independientes. Los organismos reguladores e independientes funcionan relativamente bien, con las restricciones que imponen unos recursos limitados.

Ha habido algunos avances en lo que respecta a la supervisión civil de las fuerzas de seguridad, con una mayor participación de la comisión parlamentaria de seguridad y defensa. Falta por completar, sin embargo, la reforma legislativa.

Por lo que hace al sistema judicial, se ha adoptado un paquete de leyes que introducen una amplia reforma del poder judicial y una reorganización de los órganos jurisdiccionales. Se han creado dos nuevos órganos, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Estatal del Ministerio Público. Sin embargo, sigue suscitando preocupación la forma en que se está llevando a cabo el procedimiento de nueva designación de todos los jueces y el riesgo de que la falta de transparencia dé lugar a la politización a largo plazo del sistema judicial. No se ha reducido la acumulación de asuntos pendientes, falta por racionalizar los procedimientos judiciales y aún no se ha introducido un sistema eficiente de gestión de los tribunales.

Serbia ha hecho avances en la lucha contra la corrupción. Las autoridades responsables de hacer cumplir la ley han mostrado un mayor compromiso en favor de la lucha contra la corrupción, que se ha saldado con la detención de varios sospechosos, y se han abierto una serie de casos de alto perfil. El Parlamento ha elegido la junta ejecutiva de la nueva Agencia de Lucha contra la Corrupción, que estará operativa en 2010. La corrupción, sin embargo, continúa siendo generalizada en muchos ámbitos y sigue constituyendo un problema grave. La contratación pública y la privatización son sectores particularmente vulnerables. Son escasas las condenas firmes por casos de corrupción. Existen lagunas en la Ley sobre la Agencia de Lucha contra la Corrupción y la supervisión de la financiación de los partidos políticos y de los casos de posibles conflictos de intereses es insuficiente.

El marco legal e institucional para los derechos humanos y la protección de las minorías ya está establecido y los derechos civiles y políticos se respetan por lo general. Sin embargo, es preciso ejecutar plenamente las garantías constitucionales y jurídicas existentes.

Ha habido cierta mejora en la prevención de la tortura y el maltrato. El Defensor del Pueblo Estatal ha informado de una disminución del número de casos de maltrato. Sin embargo, no se han investigado exhaustivamente algunas denuncias contra la policía. En lo que respecta al acceso a la justicia, no se ha avanzado en la adopción de legislación y el establecimiento de un sistema global de asistencia jurídica gratuita. En cuanto al sistema de prisiones, se han dado los primeros pasos tendentes a la introducción de un sistema de sanciones alternativas, aunque los efectos prácticos de estas medidas han sido limitados. La superpoblación carcelaria, la violencia y el uso indebido de drogas siguen siendo motivo de preocupación.

La libertad de expresión está en general protegida conforme a la Constitución y están prohibidas las declaraciones que inciten al odio. En la práctica, ha habido incidentes de discursos de incitación al odio, amenazas y ataques físicos contra periodistas, defensores de los derechos humanos y la población lesbiana, gay, bisexual y transexual, sin que se haya enjuiciado a los autores. Por lo que se refiere a los medios de comunicación, se ha modificado la Ley de Información Pública introduciendo nuevas disposiciones sobre los medios de comunicación. Sin embargo, asociaciones profesionales y organizaciones internacionales han alertado sobre la falta de transparencia y de consultas públicas antes de la adopción de las modificaciones. Por otra parte, suscita preocupación la posibilidad de que algunas de las nuevas disposiciones, como la severidad de las penas por contravenir normas profesionales, desemboquen en recortes a la libertad de los medios de comunicación. El derecho a la libertad de reunión y asociación está consagrado en la Constitución y ha sido reforzado por la nueva Ley de Asociaciones. Aunque estas libertades están protegidas por lo general, en septiembre de 2009 un desfile del orgullo gay tuvo que ser cancelado a última hora en Belgrado debido a las violentas amenazas proferidas contra organizadores y participantes por grupos extremistas.

La sociedad civil sigue desempeñando un papel activo en la vida social, económica y política de Serbia. La nueva Ley de Asociaciones ha aclarado la personalidad jurídica de las ONG. Aunque se han desplegado algunos esfuerzos en la administración serbia para mejorar la cooperación con la sociedad civil, es preciso seguir trabajando en este campo.

Existen garantías constitucionales que permiten la libertad de culto y está prohibida la discriminación por motivos religiosos. Sin embargo, la aplicación de la Ley de Iglesias y Comunidades Religiosas de 2006 ha tenido efectos discriminatorios en relación con el registro de las denominadas «comunidades no tradicionales».

Las disposiciones legales para la protección de los derechos económicos y sociales ya están establecidas en su mayor parte. De lo que se trata ahora de es hacer mayor hincapié en asegurar un cumplimiento más efectivo de la legislación. Se ha adoptado una estrategia nacional destinada a mejorar la posición de la mujer y promover la igualdad de género y está prohibida la discriminación por motivos de sexo. No obstante, todavía no se ha aprobado una ley específica que garantice la igualdad de hombres y mujeres y es preciso mejorar considerablemente la protección de las mujeres contra la violencia. En lo tocante a los derechos de los niños, se ha adoptado una estrategia nacional para la protección de los niños frente a la violencia. Son necesarios esfuerzos más concertados para potenciar la concienciación sobre la situación de los grupos socialmente vulnerables y las personas con discapacidad y hay que velar por que sus derechos estén protegidos. Se ha adoptado una Ley sobre la Prohibición de la Discriminación que desarrolla el marco jurídico de la protección contra la discriminación. En la práctica, sin embargo, los casos de discriminación son constantes, particularmente contra grupos vulnerables como los romaníes, las personas con discapacidad y la población lesbiana, gay, bisexual y transexual.

Por lo que respecta a los derechos de propiedad, la falta de una base jurídica clara para la restitución de propiedades sigue impidiendo la puesta en marcha de este proceso.

El marco jurídico que consagra los derechos de las minorías y los derechos culturales ya está establecido. Se ha adoptado asimismo la nueva Ley sobre los Consejos Nacionales de Minorías. El Ministerio de Derechos Humanos y de las Minorías ha desempeñado un papel importante en la concienciación y promoción de los derechos de las minorías, al igual que los Defensores del Pueblo central y provinciales. Además de la Constitución, disposiciones legislativas recientemente adoptadas prohíben explícitamente la discriminación contra las minorías étnicas.

Por lo que se refiere a Voivodina, no se ha alcanzado ningún acuerdo a nivel nacional con vistas a la adopción de un nuevo Estatuto. Se ha alcanzado un acuerdo sobre la reestructuración del Órgano de Coordinación del Gobierno para el Serbia del Sur. Sin embargo, la situación en esa zona empeoró en julio de 2009 a raíz de una serie de ataques perpetrados contra la gendarmería serbia. La situación en Sandžak es volátil; han proseguido las divisiones en la comunidad musulmana y ha habido varios brotes de violencia.

En Serbia, el número de refugiados y desplazados internos sigue siendo elevado. Su situación sigue siendo muy precaria y se enfrentan a numerosos obstáculos a la hora de ejercer sus derechos sociales.

Durante la Presidencia serbia de la Década de la Inclusión Romaní, Serbia adoptó una estrategia nacional destinada a mejorar el estatuto de la población romaní. Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales para asegurar su plena aplicación. La población romaní sigue soportando condiciones de vida muy precarias y siendo objeto a menudo de discriminación.

Por lo que se refiere a las cuestiones regionales y las obligaciones internacionales, Serbia ha hecho avances adicionales en su cooperación con el TPIY. En su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de junio de 2009, el Fiscal General del TPIY declaró que las autoridades serbias habían respondido adecuadamente y a tiempo a las peticiones específicas de ayuda y que la cooperación debe continuar y desembocar en nuevos resultados concretos y positivos. Aunque se han llevado a cabo una serie de operaciones de búsqueda y captura, Ratko Mladić y Goran Hadžić, que han sido condenados por el TPIY, siguen en libertad. La plena cooperación con dicho Tribunal sigue constituyendo una obligación internacional y una de las prioridades clave de la Asociación Europea.

Serbia, junto con sus vecinos, debe abordar las lagunas en materia de impunidad regional, especialmente dando pasos hacia acuerdos de extradición que abarquen los casos de crímenes de guerra.

Serbia ha seguido participando activamente en iniciativas regionales, entre las que cabe destacar el Proceso de Cooperación en el Sudeste de Europa (SEECP en sus siglas en inglés), el Consejo de Cooperación Regional (CCR) y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC). Las relaciones bilaterales con otros países de la ampliación y Estados miembros de la UE vecinos han mejorado. Sin embargo, son necesarios avances adicionales en la búsqueda de soluciones definitivas a los distintas cuestiones bilaterales que siguen abiertas, en particular de carácter fronterizo. Sin embargo, la cooperación regional se ha visto lastrada por el planteamiento adoptado por Serbia en relación con la participación de Kosovo en foros regionales.

Serbia no acepta la declaración de independencia de Kosovo [11] y ha seguido tomando medidas jurídicas y diplomáticas para cuestionar la legalidad de dicha declaración, en particular ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El Gobierno serbio no mantiene relaciones oficiales con las autoridades de Kosovo e insiste en tratar únicamente con la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y con EULEX. El Gobierno ha mantenido estructuras paralelas en Kosovo y ha organizado elecciones municipales paralelas, al tiempo que trata de persuadir a los serbios de Kosovo para que no participen en las elecciones municipales organizadas por las autoridades kosovares. En cuanto al comercio, el Gobierno serbio no reconoce los sellos aduaneros de Kosovo que se han notificado a la Comisión Europea y que, según la UNMIK, son conformes a la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La negativa serbia a reconocer los sellos aduaneros de Kosovo suscita honda preocupación. Serbia y Kosovo deben encontrar soluciones pragmáticas que permitan a los principales foros regionales seguir desempeñando su papel como impulsores de la cooperación y el desarrollo regionales.

El Gobierno serbio ha dado los primeros pasos para cooperar con la Misión por el Estado de Derecho de la UE (EULEX), pero es preciso consolidar estos esfuerzos. En septiembre de 2009 EULEX y Serbia firmaron un protocolo sobre cooperación policial.

La economía serbia se ha visto gravemente afectada por la actual crisis económica mundial. A finales de 2008 el crecimiento se ralentizó y la economía ha entrado en recesión en 2009. Como consecuencia de ello, ha empeorado la estabilidad macroeconómica. Por otra parte, anteriores políticas expansionistas y la falta de disciplina han provocado un deterioro fiscal significativo.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Serbia solo ha hecho avances adicionales limitados hacia el establecimiento de una economía de mercado operativa. Se necesitarán esfuerzos adicionales para que el país pueda hacer frente a medio plazo a las presiones competitivas y a las fuerzas del mercado en la UE. Es preciso acelerar las reformas estructurales.

Se ha mantenido la liquidez del sistema bancario serbio y los bancos de país tienen un buen nivel de capitalización y son, por lo general, rentables. En cuanto al sector exterior, la economía serbia se halla inmersa en un proceso de rápido ajuste exterior. Esta circunstancia tiene su reflejo en una importante disminución del déficit por cuenta corriente. Las reservas de divisas se mantienen estables. Se ha mantenido el consenso sobre los fundamentos de una economía de mercado, pero el Gobierno carece de una estrategia de reforma estructural a medio plazo.

En respuesta al agravamiento de la crisis económica, Serbia ha pedido ayuda al FMI y a la UE y ha aceptado adoptar una serie de medidas fiscales destinadas a reducir el gasto global. Sin embargo, a la vista de la magnitud de la crisis, se ha revisado el programa del FMI. Se echan de menos medidas destinadas a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. La aplicación del marco de la política monetaria, centrado en la inflación, ha seguido planteando dificultades y los riesgos siguen socavando la credibilidad del Banco Central. La inflación se ha mantenido a niveles relativamente altos. Se han hecho algunos avances en la privatización de empresas de propiedad colectiva, pero no de las empresas de propiedad estatal, lo que ha afectado al dinamismo del sector privado. El desempleo se mantiene a niveles persistentemente elevados. Los excesos de la burocracia han seguido lastrando los procedimientos de entrada y salida del mercado. Es preciso mejorar la previsibilidad jurídica, en particular en lo tocante a la efectiva observancia de los derechos de propiedad. El sector informal sigue constituyendo un reto importante.

Serbia ha hecho avances en la aproximación de su legislación y sus políticas a las normas europeas y ha empezado a aplicar el Acuerdo Interino según las disposiciones y los calendarios establecidos en dicho Acuerdo. Se redujeron los derechos de aduanas con efectos a partir del 30 de enero de 2009, y se han tomado medidas pertinentes en los ámbitos de la competencia, las ayudas estatales y el tráfico en tránsito. Además, Serbia ha adoptado importantes disposiciones legislativas en una serie de ámbitos, como la agricultura, el medio ambiente, el empleo, la competencia, la contratación pública, así como en materia de justicia, libertad y seguridad. Ha mejorado la capacidad administrativa en campos fundamentales para la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación. Sin embargo, Serbia ha de desarrollar esfuerzos adicionales para asegurar la aplicación y el cumplimiento efectivos de la legislación relacionada con la UE.

Por lo que hace al mercado interior, Serbia ha hecho algunos avances en la aproximación de su legislación y la consolidación de las capacidades institucionales. Se han hecho avances notables en el campo de la libre circulación de mercancías; la adopción de nuevas disposiciones legislativas en materia de normalización y evaluación de la conformidad ha sentado las bases para seguir avanzado en la aproximación al acervo. Han mejorado las capacidades institucionales del Instituto de Normalización y del Órgano de Certificación y ha aumentado el número de normas europeas adoptadas por Serbia. Se han hecho algunos avances en el campo de la protección de los consumidores con la adopción de legislación sobre la seguridad de los productos y el comercio electrónico. Sin embargo, es preciso seguir mejorando la capacidad administrativa. Falta por adoptar legislación en materia de acreditación y metrología. Serbia ha de redoblar esfuerzos con vistas a la creación de un sistema de vigilancia del mercado. Está pendiente la adopción de nuevas disposiciones legislativas en materia de protección de los consumidores.

Serbia se encuentra moderadamente avanzada en los ámbitos de la circulación de personas, los servicios y el derecho de establecimiento. Se han hecho algunos avances en lo que respecta a la aproximación legislativa en el campo de los servicios postales. Por lo que se refiere a los servicios financieros, se ha preparado una hoja de ruta con el objetivo de aplicar la nueva reglamentación bancaria. No obstante, se echa de menos una serie de leyes y otras no se ajustan a las normas europeas, especialmente en los ámbitos de la reglamentación bancaria. En el ámbito de la libre circulación de capitales, el país ha de proseguir sus esfuerzos en pos de la liberalización de las operaciones de cuenta corriente y la supresión de las restricciones a los créditos y las inversiones de cartera a corto plazo.

Serbia han hecho avances notables en el campo de las aduanas. La capacidad de su administración aduanera ha mejorado y se ha adoptado un conjunto de actos jurídicos a fin de implementar el Acuerdo Interino. Sin embargo, es preciso proseguir la aproximación al Código Aduanero de la UE, en especial por lo que se refiere al tránsito y al análisis del riesgo. Serbia ha dado pasos para seguir desarrollando su marco legislativo en el campo de los impuestos. Los procedimientos de recaudación de impuestos han mejorado, al igual que las capacidades sancionadoras de la administración tributaria. Serbia debe seguir mejorando el cobro de deudas registradas y proseguir la aproximación en los ámbitos de los impuestos especiales y el IVA.

Serbia ha hecho avances notables en materia de competencia y ayudas estatales con la adopción de nueva legislación. La Comisión de Defensa de la Competencia ha de reforzar su capacidad de realización de análisis económicos. Por otra parte, debe crearse una autoridad de ayudas estatales independiente.

Serbia han hecho avances notables en el campo de la contratación pública con la adopción de nueva legislación. Sin embargo, aún falta por designar a los miembros de la nueva Comisión de Protección de los Derechos de los Licitadores. El país ha seguido avanzado en la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Ha mejorado la capacidad administrativa de la Oficina de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, es preciso resolver las cuestiones relativas a la independencia financiera y atajar el problema que plantea la escasez de jueces competentes a fin de asegurar la efectiva observancia de los derechos de propiedad intelectual.

En lo tocante a la política de empleo se han hecho avances notables con la adopción de varias leyes importantes y de la Estrategia Nacional de Empleo para 2009. Ha mejorado el historial relativo a la aplicación de las medidas y políticas de empleo, pero es preciso consolidar la coordinación con otras políticas. Cabe señalar asimismo algunos avances en el ámbito de las políticas sociales, aunque hay que seguir desarrollando el marco legislativo y aplicar adecuadamente la legislación vigente. Ha habido algunos avances en el campo de la política de salud pública, principalmente en lo tocante a la reforma de la atención sanitaria primaria y la prevención de enfermedades. Deben desplegarse esfuerzos adicionales en pos de la aproximación a las normas europeas.

Se han hecho avances en los ámbitos de la educación y la cultura. En el campo de la ciencia y la investigación y la innovación, Serbia ha desplegado esfuerzos importantes con vistas a la promoción de la cooperación en materia de investigación y a la participación en proyectos en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la CE. No obstante, Serbia ha de realizar esfuerzos considerables para consolidar su capacidad nacional de investigación y para asegurar una mayor integración en el Espacio Europeo de Investigación.

Los preparativos de Serbia con miras a la adhesión a la OMC están muy avanzados y se han adoptado varias leyes compatibles con esta organización.

Por lo que respecta a las políticas sectoriales, en los ámbitos de la industria y las PYME, ha mejorado el marco institucional y Serbia ha empezado a implementar los objetivos fijados en la estrategia sobre las PYME. Sin embargo, no se ha adoptado todavía una moderna estrategia política en materia de política industrial en consonancia con el planteamiento de la UE.

Se han hecho avances en la aproximación al acervo en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural con la adopción de importantes leyes marco. Lo mismo ocurre en relación con la seguridad de los alimentos, aunque ha habido pocos avances en la modernización de los establecimientos de productos y subproductos alimenticios. Ha habido algunos avances en los ámbitos veterinario y fitosanitario, pero estos han sido solo limitados en lo que respecta a la modernización de los laboratorios para el control de la seguridad de la cadena alimentaria.

Serbia han hecho avances notables en el ámbito del medio ambiente, especialmente con la adopción de un amplio paquete de leyes y la ratificación de convenios internacionales. La capacidad institucional y los recursos técnicos y humanos, sin embargo, siguen siendo débiles, especialmente a nivel local. Es preciso desplegar esfuerzos adicionales con vistas a la adopción de legislación relacionada con el agua y el desarrollo de capacidades ambientales globales.

En el campo del transporte, se ha adoptado una nueva Ley de Seguridad Vial y se han armonizado los peajes para vehículos nacionales y extranjeros. Se ha ratificado el Acuerdo sobre una Zona Europea Común de Aviación (ZECA), el Convenio de Montreal y el Acuerdo Horizontal sobre Determinados Aspectos de los Servicios Aéreos. Sin embargo, se han planteado problemas en relación con el cumplimiento por parte de Serbia de las obligaciones de acceso al mercado en virtud del Acuerdo ZECA. En términos más generales se requieren esfuerzos adicionales con miras a ejecutar la primera fase transitoria de la ZECA y a mejorar la coordinación entre el Ministerio de Infraestructura y la Dirección de Aviación Civil. El transporte ferroviario sigue necesitando una reestructuración de gran calado.

Serbia ha hecho algunos avances en el sector de la energía. Son necesarios esfuerzos adicionales para cumplir con los requisitos del Tratado de la Comunidad de la Energía y para abordar cuestiones pendientes en relación con aspectos medioambientales del sector de la energía y la seguridad nuclear. Por lo que hace a la seguridad del suministro, se han hecho algunos avances —por ejemplo, han aumentado las reservas de gas—, pero las interconexiones de gas natural entre Serbia y otros países de la región siguen siendo limitadas.

En los ámbitos de la sociedad de la información y los medios de comunicación, se ha avanzado gracias a la adopción de diversos actos legislativos. Serbia también ha ratificado el Convenio Europeo sobre la Televisión Transfronteriza. La capacidad institucional y reguladora es aún limitada y los avances siguen dependiendo de la aplicación de la legislación.

Se ha avanzado en el ámbito del control financiero. El Gobierno ha adoptado un documento estratégico global sobre el control interno de las finanzas públicas (CIFP). Ha entrado en vigor la Ley del Sistema Presupuestario, que constituye asimismo la base del CIFP. Sin embargo, los preparativos con vistas a la implantación de un sistema eficaz y moderno de control financiero siguen en una fase incipiente. El Organismo Nacional de Auditoría, recientemente creado, todavía no está operativo.

Se ha adoptado una nueva estrategia de desarrollo en materia de estadísticas. También se han registrado avances en el campo de las estadísticas sectoriales con la preparación y realización de encuestas y censos. Sin embargo, Serbia aún necesita desplegar esfuerzos adicionales con miras a la creación de un registro de empresas plenamente operativo y a la consolidación de la capacidad administrativa.

Se ha avanzado en materia de justicia, libertad y seguridad. Los acuerdos de readmisión y facilitación de la expedición de visados entre Serbia y la Unión Europea se han seguido aplicando. Serbia ha hecho esfuerzos significativos en todos los ámbitos contemplados en la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados, sobre todo en relación con la introducción de los nuevos pasaportes biométricos. Sobre la base de los avances registrados, la Comisión propuso en julio de 2009 eximir a los ciudadanos serbios de la obligación de visado, a condición de que Serbia cumpla los criterios pendientes antes de que el Consejo adopte su decisión [12].

Ha empezado a aplicarse la nueva Ley de Control de Fronteras, pero son necesarios esfuerzos adicionales para mejorar las normas técnicas y los equipos de determinados pasos fronterizos y el control de la línea fronteriza con Kosovo.

Serbia ha hecho pocos avances en el ámbito del asilo. Pese a algunas deficiencias, los procedimientos de asilo son, por lo general, satisfactorios. Sin embargo, ha habido falta de planificación a la hora de abordar el aumento potencial del número de solicitudes y no existe un organismo que coordine la integración de los solicitantes de asilo. En el campo de la migración se han hecho avances notables gracias a la adopción de la estrategia de gestión de la migración y a la aplicación de la Ley de Extranjería. Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales para ejecutar estrategias de reciente adopción y para mejorar la supervisión de los flujos migratorios.

El blanqueo de capitales sigue siendo motivo de preocupación. Se ha adoptado la Ley de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Sin embargo, la mayoría de los informes sobre operaciones sospechosas se refieren al sector bancario y el número de investigaciones y condenas en casos de blanqueo de capitales sigue siendo reducido.

Serbia es un importante país de tránsito para el tráfico de drogas con destino a Europa. Se ha adoptado una estrategia de lucha contra las drogas y su correspondiente plan de acción. La policía ha decomisado una cantidad significativa de estupefacientes. Sin embargo, el tráfico a través de Serbia sigue siendo motivo de honda preocupación.

Ha habido algunos avances en relación con la reforma de la policía. Ha aumentado el desarrollo de capacidades y la formación, así como la cooperación internacional y regional. Sin embargo, es preciso mejorar la planificación estratégica y el control interno. Se ha adoptado una estrategia nacional de lucha contra la delincuencia organizada. Se han dado los primeros pasos para mejorar el marco institucional y jurídico en relación con las investigaciones financieras y la incautación de activos. Sin embargo, se ha vuelto a retrasar la adopción y entrada en vigor de un nuevo Código de Procedimiento Penal revisado. Las capacidades de investigación siguen siendo insuficientes, lo que explica el reducido número de condenas firmes en este campo. Son necesarios esfuerzos constantes en la lucha contra la delincuencia organizada, que sigue suscitando honda preocupación.

Serbia ha hecho algunos avances en la lucha contra la trata de seres humanos. Se ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y se ha adoptado un plan de acción. Ha mejorado la cooperación entre diversos agentes interesados, incluidas las ONG, en la lucha contra la trata. Sin embargo, el número de condenas firmes en este campo sigue siendo reducido, al tiempo que ha seguido creciendo el porcentaje de víctimas menores de edad.

Ha habido algunos avances con miras a la creación del marco legal e institucional en el ámbito de la protección de datos personales. Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales a fin de aproximar plenamente la legislación existente a las normas europeas y de asegurar la aplicación apropiada de las disposiciones pertinentes.

Kosovo

Kosovo ha hecho algunos avances con miras a abordar las prioridades clave de la Asociación Europea, en particular consolidando su marco jurídico en lo que respecta a los criterios políticos. Lo prioritario ahora es la aplicación. Transcurridos dos años desde la declaración de independencia, ya se han creado las instituciones del país, que cumplen sus responsabilidades en cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes. Sin embargo, es preciso reforzar, en particular, la capacidad de la administración pública y de la Asamblea. Son necesarios esfuerzos constantes con vistas a la reforma judicial y a la intensificación de la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales. La cooperación con la Misión por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX) no se ajusta a los compromisos políticos y ha de mejorar en una serie de campos incluidos en su mandato.

En Kosovo, la situación en materia de seguridad es estable pero frágil. Se han producido una serie de incidentes, incluidos ataques vandálicos contra bienes propiedad de EULEX. En general, se ha mantenido el orden público. Las autoridades kosovares no controlan plenamente todo el territorio de Kosovo, especialmente en el norte. Siguen funcionando estructuras paralelas y recientemente se han organizado elecciones municipales paralelas. El Gobierno de Kosovo debe mejorar la integración de todas las comunidades, especialmente la serbokosovar, y consolidar, con el apoyo de EULEX, el Estado de Derecho. La comunidad serbokosovar ha de comprometerse de forma más constructiva con las instituciones kosovares, lo que permitiría sacar más partido del apoyo de la UE y de la perspectiva europea. Las próximas elecciones municipales y el refuerzo de la descentralización serán de particular importancia en este contexto. Se espera, a este respecto, el apoyo de Belgrado. Esfuerzos adicionales en favor de la reconciliación contribuirían a potenciar la estabilidad en la región y el desarrollo socioeconómico.

En lo que respecta a la democracia y el Estado de Derecho, las autoridades de Kosovo han respetado en gran medida las disposiciones constitucionales pertinentes. Sin embargo, por lo que hace a la consolidación del Estado de Derecho, los avances han sido limitados.

Se ha adoptado el plan de trabajo anual de la Asamblea para 2009, que está en consonancia con la estrategia legislativa del Gobierno. Sin embargo, la capacidad de la Asamblea de escrutar los proyectos legislativos y supervisar su aplicación una vez adoptados es deficiente. El escrutinio del Parlamento sobre el ejecutivo es limitado. En particular, es preciso desarrollar la capacidad del Comité de Integración Europea a la hora de supervisar la compatibilidad de la legislación con las normas de la UE.

Ya se han implantado las principales estructuras gubernamentales y la estabilidad política en el país se ha mantenido. Cabe señalar algunos avances en el campo de la reforma de la administración local. En agosto se adoptó un Plan de Acción de la Asociación Europea revisado y mejorado. Kosovo debería centrarse ahora en su aplicación y en establecer nuevas prioridades. La coordinación interministerial para ejecutar la agenda europea de reforma sigue siendo deficiente. La existencia de estructuras administrativas efectivas en este campo es esencial para cumplir la perspectiva europea de Kosovo. La Agencia de Coordinación del Desarrollo y de Integración Europea ha reforzado su capacidad de coordinación, pero carece de apoyo político de alto nivel para pilotar un proceso real de integración europea.

Ha habido algunos avances en lo que respecta a la reforma de la administración pública. Se ha completado la revisión de las tareas y responsabilidades en la administración pública y se ha atendido la mayoría de las recomendaciones. Sin embargo, faltan aún por adoptar algunos actos jurídicos clave. Las ingerencias políticas en la función pública y en los procesos de nombramientos públicos siguen siendo motivo de preocupación. Son necesarios esfuerzos constantes para consolidar la capacidad en toda la administración pública y para establecer el marco de una función pública profesional, responsable, independiente y basada en el mérito, capaz de aplicar efectivamente las políticas gubernamentales. Es preciso seguir reforzando la oficina del Defensor del Pueblo. La administración pública kosovar sigue siendo deficiente.

Ha habido pocos avances en lo que respecta al sistema judicial. El proceso de reforma se halla aún en una fase incipiente. Se ha establecido el Tribunal Constitucional y se ha nombrado a sus miembros. El nuevo sistema de gestión de la información relacionada con los órganos jurisdiccionales está operativo en la mayoría de los tribunales. Se ha vuelto a abrir, con el apoyo de EULEX, el tribunal de Mitrovica para causas penales. Se ha designado el Consejo Judicial de Kosovo. Ha habido algunos avances en la adjudicación de casos de crímenes de guerra.

Sin embargo, esfuerzos importantes son necesarios para promover la independencia y la profesionalidad del poder judicial. Se observa una importante acumulación de casos pendientes, tanto civiles como penales. No existe un mecanismo disciplinario efectivo contra los jueces. Son necesarios esfuerzos constructivos del Gobierno y de la comunidad serbokosovar para asegurar la integración de esta última en el sistema judicial. El poder judicial sigue siendo débil e ineficaz. El Estado de Derecho no es efectivo en Kosovo, en particular en el norte del país.

La agencia anticorrupción está operativa y se ha reforzado su capacidad, pero sus competencias son limitadas. Pese a que se han tomado algunas medidas, la corrupción sigue siendo generalizada en muchos ámbitos y es motivo de muy honda preocupación. El marco legislativo en este campo sigue siendo incompleto. No existe una ley sobre la financiación de los partidos políticos. Aún falta por adoptar la estrategia y el plan de acción anticorrupción. Hay que reforzar considerablemente la cooperación entre los agentes implicados en la lucha contra la corrupción. Es preciso garantizar la independencia de la agencia anticorrupción. Kosovo ha de desarrollar un historial en materia de investigaciones, cargos, procesamientos y condenas en casos de lucha contra la corrupción.

La Constitución garantiza el respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías y enumera los principales acuerdos e instrumentos internacionales directamente aplicables en Kosovo. Sin embargo, se requieren esfuerzos adicionales para asegurar que estos derechos se protejan en la práctica, en particular pasos decididos hacia la integración de todas las comunidades de Kosovo.

La reticencia de la comunidad serbokosovar, en especial en el norte del país, a participar en las instituciones kosovares constituye un obstáculo importante. Son necesarios esfuerzos constantes para abordar esta cuestión, tanto por parte del Gobierno como de la comunidad serbokosovar. También es necesario un planteamiento más constructivo por parte de Serbia

Ha habido avances limitados por lo que respecta a los derechos civiles y políticos. Por lo que se refiere al acceso a la justicia, el sistema de asistencia jurídica gratuita ya está operativo, pero es necesario proceder a su consolidación. Se han hecho algunos avances en lo que respecta a las prisiones y otros centros penitenciarios. Sin embargo, subsisten una serie de desafíos, especialmente por lo que se refiere a las condiciones de detención de jóvenes y enfermos mentales y a su reintegración una vez excarcelados. Ha habido avances limitados por lo que hace a la prevención de la tortura y el maltrato, así como a la lucha contra la impunidad.

En la práctica, la libertad de expresión no está plenamente garantizada. Se han registrado casos de ingerencias de la policía en la labor de los medios de comunicación. Se ha seguido desarrollando el marco legal relativo a la libertad de asociación y reunión.

Es preciso mejorar la participación de la sociedad civil en la formulación y la ejecución de las políticas. Ha habido algunos avances por lo que hace a la libertad de culto, especialmente en términos de reconstrucción de sitios religiosos. Hay que seguir trabajando para promover la reconciliación entre las diferentes comunidades religiosas. No existe una ley de desaparecidos. Es preciso abordar la cuestión de la compensación a sus familias.

Los derechos económicos y sociales no están plenamente garantizados. Es preciso reforzar considerablemente la protección de las mujeres contra todo tipo de violencia. La trata de niños y el trabajo infantil siguen suscitando preocupación. Son necesarios esfuerzos adicionales para garantizar los derechos de los niños. El Gobierno ha adoptado un plan de acción para las personas con discapacidad. Sin embargo, no está plenamente asegurada la integración y protección de los grupos socialmente vulnerables y de las personas con discapacidad. La discriminación sigue siendo motivo de preocupación y se necesitan campañas de concienciación del Gobierno. Existen ya leyes y estrategias, pero su aplicación es deficiente. Se ha reforzado el marco institucional y jurídico en el ámbito de los derechos de propiedad. La incapacidad de las autoridades de aplicar sus decisiones en todo el territorio de Kosovo sigue siendo un obstáculo importante a la tutela de los derechos de propiedad. La seguridad de las propiedades religiosas está, por lo general, garantizada.

Por lo que respecta a los derechos de las minorías, los derechos culturales y la protección de las minorías, la legislación en vigor establece un entorno de alta protección para los derechos culturales y de las minorías. Sin embargo, en la práctica, estos no están adecuadamente garantizados. Ha habido pocos avances en lo que respecta a la reconciliación entre comunidades. Es este un desafío importante para las autoridades. El número de casos de regreso voluntario de refugiados y desplazados internos sigue siendo reducido. Aún siguen sin resolverse ciertos litigios sobre propiedad de la tierra entre algunos municipios y la iglesia ortodoxa serbia.

Las comunidades romaní, ashkali y egipcia continúan viviendo en condiciones muy precarias y a menudo son objeto de discriminación. Son necesarias medidas urgentes para reubicar a las familias romaníes que viven en condiciones insalubres e indignas en áreas contaminadas con plomo en el norte de Kosovo. Las autoridades deben desplegar esfuerzos adicionales para llegar a todas las minorías y para garantizar su protección e integración.

Con respecto a las cuestiones regionales y las obligaciones internacionales, durante el periodo que abarca el informe Kosovo ha seguido cooperando con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). La UE sigue insistiendo en que para tener éxito la cooperación regional ha de ser inclusiva y lamenta que los desacuerdos relativos a la forma en que Kosovo ha de participar en los foros regionales hayan resultado en la ausencia de Kosovo de actos regionales clave. Kosovo ha adoptado los nuevos sellos aduaneros, que fueron notificados por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas a la Comisión Europea y a los socios de la ACELC como conformes a la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Serbia no ha reconocido la validez de estos sellos y cuestiona su conformidad con dicha Resolución. Kosovo y Serbia han de alcanzar soluciones pragmáticas que permitan que los foros regionales clave sigan desempeñando su papel con miras a promover la cooperación y el desarrollo regionales.

Hasta ahora, la economía de Kosovo solo se ha visto afectada moderadamente por la crisis. El PIB ha seguido creciendo, si bien es cierto que partía de un valor bajo, pero el desempleo se ha mantenido a niveles muy altos. De una elevada inflación se ha pasado a una situación de deflación a raíz de la caída de los precios de las importaciones. El desarrollo económico sigue gravemente lastrado por la debilidad del Estado de Derecho, una capacidad de producción muy limitada y mal diversificada y unas infraestructuras de transporte y energía deficientes. La orientación de las políticas fiscales obedece a necesidades coyunturales y carece de un vínculo sistemático con el marco político a medio plazo. La estabilidad del suministro energético ha mejorado, a expensas de subvenciones cada vez mayores con cargo al presupuesto.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Kosovo ha hecho muy pocos avances hacia el establecimiento de una economía de mercado operativa. Se necesitan considerables reformas e inversiones para que Kosovo pueda hacer frente a largo plazo a la presión competitiva y las fuerzas del mercado en la Unión.

Se ha mantenido un amplio consenso en lo que respecta a las políticas de libre mercado. El uso del euro, el reducido volumen de deuda externa y el bajísimo nivel de las exportaciones han protegido a la economía de los embates de la recesión mundial. El sector bancario se ha mantenido solvente, rentable y bien capitalizado. El crecimiento económico se ha visto impulsado por la expansión continua del crédito y por la creciente ayuda extranjera. Después de un excedente considerable el año anterior, el presupuesto de 2008 registró un déficit reducido. Los ingresos fiscales han aumentado ligeramente. En junio, Kosovo se adhirió al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.

Sin embargo, el déficit comercial, ya abultado, ha seguido creciendo, debido especialmente a los elevados volúmenes de importación de maquinaria y equipos de transporte para un gran programa de construcción de carreteras. La sostenibilidad de las cuentas fiscales y las cuentas exteriores se ha visto aún más afectada, principalmente como consecuencia de una planificación política y una aplicación deficientes. Las exportaciones han caído considerablemente en 2009, y eso que partían de valores ya muy bajos, como consecuencia de la crisis económica. Las estadísticas económicas siguen siendo inadecuadas. El coste de la financiación se mantiene a un nivel elevado, ya que los bancos han seguido vinculando primas de alto riesgo a los préstamos a las empresas. Han aumentados las subvenciones y transferencias presupuestarias. La debilidad del Estado de Derecho, la corrupción, generalizada en muchos ámbitos, y la incertidumbre sobre los derechos de propiedad siguen siendo lastres importantes al desarrollo económico. El desempleo se mantiene a niveles muy altos. Se han hecho pocos avances para potenciar la integración de los jóvenes en el mercado laboral. El sector informal sigue constituyendo un desafío importante.

Los avances en la aproximación de la legislación y las políticas de Kosovo a las normas europeas son desiguales. Se ha seguido desarrollando el marco jurídico en los ámbitos de las aduanas, la fiscalidad, la educación y la labor policial. La aproximación se halla en una fase incipiente por lo que hace al medio ambiente, la competencia, la propiedad intelectual, la energía y la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. La aplicación de las normas europeas sigue siendo limitada en los campos del control financiero y las estadísticas, la protección de datos y la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada.

En el ámbito del mercado interior de la UE, ha habido algunos avances en cuanto a la libre circulación de mercancías. Sin embargo, la transposición y aplicación de la legislación y las prácticas europeas se halla en una fase incipiente. La capacidad administrativa sigue siendo deficiente. La aproximación al acervo es insuficiente en los ámbitos de la libre circulación de personas, los servicios y el derecho de establecimiento. Son necesarios esfuerzos constantes para seguir avanzando en la libre circulación de capitales, especialmente para reforzar la regulación del sector financiero.

Los ingresos aduaneros han aumentado debido a la mejora de la eficacia de la administración aduanera. Se ha adoptado el Código de Aduanas e Impuestos Especiales. Las disposiciones jurídicas sobre aduanas son compatibles con las normas europeas. Sin embargo, es preciso reforzar considerablemente la capacidad administrativa e intensificar la lucha contra la corrupción en este ámbito. En el norte de Kosovo aún no se perciben derechos de aduana. Los funcionarios aduaneros de EULEX supervisan los dos pasos del norte, lo que ha reducido las actividades de contrabando en la zona. Se ha seguido desarrollando el marco legal por lo que se refiere a los impuestos y han entrado en vigor tipos impositivos más bajos. Son necesarios esfuerzos adicionales para desarrollar la capacidad administrativa en este campo y reducir la magnitud de la economía sumergida.

Se ha completado en gran medida la adopción de las disposiciones de aplicación en materia de contratación pública y se ha establecido el Organismo de Supervisión de la Contratación Pública. Sin embargo, la aplicación de la Ley despierta, en la práctica, honda preocupación. Es preciso que las autoridades investiguen efectivamente los casos de supuesta corrupción. Hay que reforzar considerablemente la supervisión de la implementación de los contratos públicos. Los funcionarios kosovares competentes siguen siendo vulnerables a ingerencias e intimidaciones.

No existe todavía una estrategia relativa a los derechos de propiedad intelectual. Los mecanismos destinados a garantizar la observancia de los derechos industriales, los derechos de autor y los derechos relacionados son deficientes. Se ha creado una Comisión de Competencia que ha investigado casos de supuestas infracciones de las normas sobre competencia. La legislación kosovar en materia de competencia no se ajusta plenamente a las normas europeas.

Las autoridades deben racionalizar las diversas estrategias que abordan el empleo y asegurar su aplicación. Es preciso mejorar la legislación en los campos tanto de la salud y la seguridad en el trabajo como de los servicios sociales y la asistencia en instituciones. En el sector de la sanidad pública, es preciso reforzar la capacidad administrativa e institucional a fin de mejorar la calidad de los servicios sanitarios. Se han registrado pocos avances en el campo del diálogo social. En el ámbito de la educación, prosigue la aproximación a las normas europeas. Sin embargo, falta aún por completar la reforma institucional en este campo y es preciso poner en práctica las recomendaciones políticas. En el campo de la investigación, las autoridades han emprendido iniciativas a fin de facilitar la cooperación con la UE, entre ellas la designación del coordinador de Kosovo para el Séptimo Programa Marco.

Por lo que se refiere a las políticas sectoriales, el marco jurídico e institucional en el ámbito de la industria y las PYME sigue incompleto. Se han desplegado esfuerzos en el ámbito de la agricultura, en el que se han hecho algunos avances en cuanto a la concentración parcelaria y la diversificación de las explotaciones agrícolas. No obstante, la capacidad de aplicar las políticas es insuficiente. Se han adoptado una serie de leyes marcos en materia de medio ambiente. Son necesarios grandes esfuerzos para aplicarlas y cumplir las normas medioambientales de la UE.

En el ámbito del transporte, Kosovo se ha embarcado en un programa de construcción de carreteras de gran calado, que contrasta con la escasa inversión en ferrocarriles. El país sigue participando activamente en la Red Principal de Transporte Regional y en el Observatorio de Transportes de Europa Sudoriental. Sin embargo, en el ámbito de la aviación se ha adoptado legislación que es incompatible con las normas europeas. Se ha nombrado a la junta directiva del organismo regulador en el sector de los ferrocarriles, pero todavía no está operativo.

Faltan aún por adoptar varias leyes importantes en el sector de la energía, que sigue haciendo frente a graves problemas. Los cortes de corriente siguen siendo frecuentes. Las pérdidas constantes y los bajos niveles de cobro de las facturas, aunque se han registrado mejoras, limitan la viabilidad financiera del sector. El Gobierno ha tomado la decisión de construir una nueva central eléctrica abastecida con lignito, que tendrá que respetar las normas europeas. El operador de la red de transmisión de Kosovo sigue teniendo dificultades para participar como miembro de pleno derecho en los mecanismos comerciales regionales.

En el ámbito de la sociedad de la información y los medios de comunicación son necesarios más esfuerzos para aplicar la legislación y las estrategias existentes. Es preciso seguir reforzando la capacidad administrativa y la independencia política y financiera de las autoridades de regulación, como la Agencia de Regulación en el Sector de las Telecomunicaciones y la Comisión Independiente de Medios de Comunicación. Es preciso nombrar a la junta directiva del ente público de radiodifusión.

Se han registrado avances limitados en materia de control financiero y estadísticas. Son necesarios esfuerzos constantes para mejorar las capacidades de auditoría internas y externas. La infraestructura estadística sigue siendo deficiente.

En materia de justicia, libertad y seguridad los avances han sido limitados. Se han creado mecanismos de coordinación entre las agencias competentes en el ámbito de la gestión de fronteras. Sin embargo, las fronteras siguen siendo porosas y es preciso reforzar los recursos de la policía y las capacidades de gestión de fronteras y límites. La capacidad de Kosovo de tramitar las solicitudes de asilo sigue siendo limitada. La reintegración de los repatriados es todavía limitada. Es preciso desarrollar un marco de readmisión apropiado.

La capacidad de las autoridades judiciales y sancionadoras de abordar el blanqueo de capitales es aún débil. El blanqueo de capitales no se define como delito en la legislación pertinente. El marco existente es inadecuado y no se está aplicando plenamente. No existe una estructura permanente para coordinar la lucha contra el blanqueo de capitales. La presentación de informes destinados al Centro de Inteligencia Financiera es limitada. La cooperación entre este Centro y la autoridad tributaria sigue siendo insuficiente.

Durante el periodo que abarca el informe ha aumentado la cantidad de drogas decomisadas, el número de casos investigados y el número de personas arrestadas y procesadas. Kosovo ha adoptado una estrategia y un plan de acción de lucha contra el tráfico de drogas. Sin embargo, la cooperación entre las agencias sancionadoras sigue siendo deficiente en este campo. El almacenamiento seguro de los alijos decomisados no está plenamente garantizado. En conjunto, el tráfico de droga sigue siendo motivo de honda preocupación.

El marco legislativo básico en el ámbito de la labor policial ya está establecido. Se han garantizado en gran medida las funciones de orden público. La mayoría de los funcionarios de policía de la comunidad serbocroata al sur del río Ibar, que habían abandonado el servicio a raíz de la declaración de independencia, han regresado a sus puestos. Sin embargo, se han registrado una serie de incidentes violentos, entre ellos ataques deliberados a bienes propiedad de EULEX. La falta de una unidad de policía multiétnica con cometidos de orden público en la región de Mitrovica reduce la capacidad de la policía de abordar casos de desórdenes públicos en el norte del país. Se han retrasado las descripciones de las competencias profesionales de los mandos superiores, uno de los cuales es serbokosovar. Se registran graves deficiencias en lo tocante a las capacidades de investigación y de policía basadas en inteligencia. No existe una estrategia para el decomiso de armas en manos de la población civil. No está plenamente garantizada la seguridad de las pruebas policiales. Son necesarios esfuerzos adicionales para facilitar a EULEX acceso a las bases de datos clave a fin de permitir que pueda realizar efectivamente investigaciones de conformidad con su mandato ejecutivo.

La delincuencia organizada sigue siendo motivo de honda preocupación y afecta al Estado de Derecho y el entorno empresarial. Se han adoptado una estrategia y un plan de lucha contra la delincuencia organizada, pero el marco legislativo sigue siendo incompleto. La falta de una ley de protección de testigos y la limitada capacidad de facilitar este tipo de protección lastra los esfuerzos de la policía en este campo. Kosovo sigue constituyendo una zona de origen y tránsito de actividades de la delincuencia organizada. También continúa siendo zona de origen, tránsito y destino de delitos de trata de seres humanos. La identificación de víctimas y la investigación de delitos de tráfico por parte de las autoridades sancionadoras de Kosovo siguen siendo motivo de preocupación. La delincuencia organizada constituye un desafío particular, en especial en el norte del país. En lo que respecta al terrorismo, Kosovo ha adoptado una estrategia y un plan de acción, pero aún no se ha establecido el marco legislativo.

Kosovo carece todavía de legislación en el campo de la protección de datos. No existe ningún organismo que supervise de manera independiente la protección de los datos.

Turquía

Turquía sigue cumpliendo suficientemente los criterios políticos. Se han celebrado elecciones municipales libres y limpias en todo el país. Se han logrado algunos avances en los ámbitos de la reforma del poder judicial, las relaciones entre civiles y militares y los derechos culturales. El Gobierno ha abierto un amplio proceso de consulta con los partidos políticos y las organizaciones sociales con miras a abordar la cuestión kurda. Sin embargo, se precisan importantes esfuerzos adicionales en la mayoría de los ámbitos relacionados con los criterios políticos —en particular los derechos fundamentales— y en materia de reformas constitucionales.

Por lo que se refiere a la democracia y el Estado de Derecho, la investigación sobre la supuesta red criminal Ergenekon ha culminado en la formulación de graves cargos penales en los que están implicados, entre otros, oficiales de las fuerzas armadas. Este caso brinda a Turquía la oportunidad de consolidar la confianza en el buen funcionamiento de sus instituciones democráticas y del Estado de Derecho. Sin embargo, es importante que los procedimientos en este contexto respeten los cauces jurídicos, en especial los derechos de los acusados. El Gobierno ha reiterado su compromiso con respecto a las reformas relacionadas con la UE, ha designado a un negociador principal con dedicación plena y ha aprobado el programa nacional de adopción del acervo. Sin embargo, la falta de diálogo y de espíritu de compromiso entre los partidos políticos va en detrimento de la prosecución de las reformas. Turquía todavía debe aproximar su legislación sobre partidos políticos a las normas europeas.

Por lo que se refiere a la reforma de la administración pública, son necesarios esfuerzos adicionales considerables, en especial con miras a la modernización de la función pública. La reducción de la burocracia y la simplificación administrativa, así como el desarrollo de una función pública profesional, independiente, responsable, transparente y basada en el mérito siguen siendo cuestiones prioritarias.

Por lo que hace a la supervisión civil de las fuerzas de seguridad se han logrado algunos avances, en especial con vistas a limitar la jurisdicción de los tribunales militares. Sin embargo, altos mandos de las fuerzas armadas han seguido haciendo declaraciones sobre asuntos que van más allá de sus competencias y ha de garantizarse la plena supervisión parlamentaria de los gastos de defensa. La supuesta implicación de militares en actividades antigubernamentales, revelada por la investigación sobre Ergenekon, suscita honda preocupación.

En el ámbito de la justicia, la adopción por el Gobierno de la estrategia de reforma judicial tras un proceso de consulta con todos los interesados es un paso positivo, como lo son las medidas para incrementar el personal y la financiación. Sin embargo, deben proseguir estos esfuerzos y sigue existiendo preocupación con respecto a la independencia, imparcialidad y eficacia de la judicatura, como en el caso de la composición del Consejo Superior de la Magistratura y la Fiscalía y del establecimiento de tribunales de apelación regionales.

Ha mejorado el marco legislativo destinado a prevenir la corrupción. Sin embargo, la corrupción sigue siendo generalizada en muchos ámbitos. Turquía debe completar una estrategia de lucha contra la corrupción y desarrollar un historial de investigaciones, inculpaciones, procesamientos y condenas.

Con respecto a los derechos humanos y la protección de las minorías, se han hecho algunos avances, pero todavía son necesarios esfuerzos significativos. Ha habido algunos avances en materia de respeto de la legislación internacional sobre derechos humanos. Sin embargo, siguen pendientes la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y la aplicación de algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que demandan modificaciones legislativas. Debe reforzarse el marco institucional para promover y garantizar la observancia de dichos derechos. Tampoco se ha creado la figura del defensor del pueblo.

Aunque el marco jurídico turco incluye un completo arsenal de salvaguardias contra la tortura y los malos tratos, los esfuerzos para ejecutarlo y para aplicar plenamente la política de tolerancia cero del Gobierno han sido limitados. Las denuncias de torturas y malos tratos y la impunidad de los autores siguen siendo motivo de honda preocupación. Para evaluar adecuadamente los avances en este campo sería útil que las autoridades turcas autorizasen rápidamente la publicación del informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa.

Por lo que se refiere a las cárceles, se han hecho algunos avances en mejora de infraestructuras, formación y contratación de personal adicional. Sin embargo, siguen pendientes los problemas del superpoblación y del alto porcentaje de presos en detención preventiva.

Aunque ya no se utiliza sistemáticamente el artículo 301 del Código Penal turco para restringir la libertad de expresión, siguen registrándose procesamientos y condenas basados en otros artículos de dicho Código. La legislación turca no garantiza suficientemente la libertad de expresión conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las presiones políticas sobre los medios de comunicación y las incertidumbres legales afectan en la práctica al ejercicio de la libertad de prensa.

Con respecto a la libertad de asociación, el marco jurídico se ajusta en gran medida a las normas europeas. Sin embargo, deben hacerse avances considerables en su aplicación; las asociaciones tienen que hacer frente a un control desproporcionado de sus actividades, que en algunos casos ha derivado en procedimientos judiciales.

Por lo que se refiere a libertad religiosa, la aplicación de la Ley sobre Fundaciones ha transcurrido sin problemas. El Gobierno ha emprendido un diálogo con la comunidad aleví y con las comunidades religiosas no musulmanas. Sin embargo, siguen pendientes sus problemas específicos. La Ley sobre Fundaciones no aborda el problema de los bienes embargados y vendidos a terceros ni el de las propiedades de fundaciones fusionadas antes de la adopción de la nueva legislación. Todavía siguen registrándose ataques contra las religiones minoritarias. Falta por establecer un marco jurídico conforme al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de modo que todas las comunidades religiosas no musulmanas y la comunidad aleví puedan funcionar sin cortapisas injustas, incluido el aspecto de la formación del clero. Son necesarios esfuerzos adicionales para crear en la práctica un ambiente que propicie el pleno respeto de la libertad religiosa.

En líneas generales, ya se ha establecido el marco jurídico general que garantiza los derechos de la mujer y la igualdad de género. Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales significativos para plasmar dicho marco en la realidad y para reducir las diferencias entre hombres y mujeres en la participación en la vida económica y en las oportunidades, en la capacidad política y en el acceso a la educación. La violencia doméstica, los asesinatos por honor y las bodas forzadas a edades tempranas siguen siendo problemas graves en algunas zonas del país. Hay una necesidad de formación y de sensibilización sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género, tanto de los hombres como de las mujeres.

Es necesario acelerar los esfuerzos en todos los ámbitos relacionados con los derechos del niño, en particular la capacidad administrativa, la sanidad, la educación, los tribunales de menores y el trabajo infantil. Los casos de jóvenes juzgados como adultos al amparo de la Ley Antiterrorista y que pueden ser objeto de penas desproporcionadas suscitan honda preocupación.

Todavía se necesita legislación para garantizar el pleno respeto de los derechos sindicales, conforme a las normas de la UE y los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular los derechos de sindicación, huelga y negociación colectiva.

En cuanto a los derechos de las minorías, la situación no ha cambiado. Se han hecho algunos avances en materia de derechos culturales, especialmente gracias al lanzamiento de un canal de televisión de difusión nacional que emite en kurdo. Sin embargo, siguen existiendo restricciones, particularmente en el uso de lenguas distintas del turco en la televisión privada y la radio, la vida política, la educación y las relaciones con los servicios públicos. El marco jurídico sobre el uso de las lenguas distintas del turco da lugar a interpretaciones restrictivas y la aplicación es incoherente. No se ha logrado ningún avance en la situación de los romaníes, que frecuentemente son objeto de un trato discriminatorio. Continúan las demoliciones de distritos habitados por romaníes sin haberles proporcionado alojamientos alternativos.

En lo que concierne el Este y el Sudeste, el Gobierno ha abierto un amplio debate público (que abarca asuntos culturales, políticos y económicos) sobre el problema kurdo. Es crucial que este debate sea seguido por medidas concretas. La adopción de una ley relativa al desminado de la frontera siria es otro paso positivo. Sin embargo, la amplia interpretación de la legislación antiterrorista ha dado lugar a restricciones indebidas en el ejercicio de los derechos fundamentales. Queda pendiente la supresión gradual del sistema de guardia local.

Los ataques terroristas del PKK, incluido en la lista de organizaciones terroristas de la UE, han proseguido y se han cobrado numerosas vidas.

Se han seguido ofreciendo compensaciones a los desplazados internos. Sin embargo, el Gobierno carece de una estrategia nacional para abordar este problema y debe intensificar sus esfuerzos para subvenir a las necesidades de estas personas.

En materia de asuntos regionales y obligaciones internacionales, Turquía ha manifestado públicamente su apoyo a las negociaciones en curso, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para alcanzar una solución global al problema de Chipre. Sin embargo, no se ha avanzado en la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre. Turquía no ha aplicado plenamente el Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación ni ha eliminado todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, entre ellos las restricciones a los enlaces directos de transporte con Chipre.

Por lo que se refiere a las relaciones con Grecia se han mantenido nuevas negociaciones exploratorias, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo con respecto a los litigios fronterizos. Se han tomado otras medidas para generar confianza. Grecia ha presentado un considerable número de quejas oficiales por las continuas violaciones de su espacio aéreo por parte de Turquía, incluidos vuelos sobre islas griegas. Las relaciones con Bulgaria siguen siendo positivas. Es esencial mantener buenas relaciones de vecindad.

Turquía sigue desempeñando un papel positivo en los Balcanes Occidentales.

Desde junio de 2009, Turquía desempeña la presidencia rotatoria del Proceso de Cooperación en el Sudeste de Europa (SEECP en sus siglas en inglés).

La economía turca se ha contraído como consecuencia del descenso de la demanda externa e interna, en especial de la inversión. Sin embargo, el impacto de la crisis se ha limitado en gran parte al sector de la economía real, debido asimismo a reformas estructurales previas y a medidas anticíclicas. La estabilidad macroeconómica se ha preservado en gran medida. La inflación ha disminuido significativamente, sobre todo porque se han reducido las presiones derivadas de los productos energéticos y de la actividad económica, antes boyante. El desempleo ha crecido significativamente. En un entorno económico difícil, el proceso de reforma estructural se ha frenado en cierta medida, en especial en el primer semestre de 2009. La ausencia de planes fiscales creíbles y de puntos de anclaje ha añadido cierta incertidumbre al clima de inversión.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Turquía constituye una economía de mercado operativa. Debería poder hacer frente a las presiones competitivas y las fuerzas del mercado en la Unión a medio plazo, siempre que prosiga la aplicación del programa global de reformas para reducir las deficiencias estructurales.

El consenso sobre los principios básicos de la política económica se ha mantenido en las difíciles circunstancias actuales. Turquía ha gestionado las peticiones de políticas expansionistas para combatir la fuerte contracción económica y las ha incorporado en gran parte en una estrategia de desarrollo más amplia que prevé una mayor inversión pública, la creación de empleo y reformas sectoriales. Se han hecho algunos avances en la modernización del capital humano y físico del país, aunque la crisis económica supone un reto en este camino. El acceso a la financiación exterior ha seguido abierto y las reservas oficiales solo han disminuido moderadamente desde el alto nivel que registraban. Se han reducido significativamente los desequilibrios de la balanza de pagos y han disminuido las presiones inflacionistas. La privatización ha proseguido con algunas operaciones importantes, en especial en el sector de la energía. A pesar de varios conatos de inestabilidad financiera generalizada, el sector financiero turco ha hecho gala de una notable resistencia. Turquía ha diversificado su comercio hacia nuevos mercados, aliviando así en parte el impacto de la crisis.

Sin embargo, aunque las medidas fiscales contra la crisis han amortiguado parcialmente la ralentización económica, podrían, si no son retiradas en su justo momento, poner en peligro los beneficios acumulados en años anteriores gracias a la consolidación presupuestaria y a políticas sostenibles a medio plazo. Las medidas destinadas a incrementar la transparencia fiscal se han suspendido e incluso se han invertido en determinados casos. Las condiciones del mercado laboral se han complicado cada vez más y el desempleo ha aumentado considerablemente. La creación de empleo ha seguido lastrada, especialmente por el desfase de capacidades entre la oferta y la demanda de mano de obra, por unos tipos de contribución social relativamente altos y por la rigidez de las prácticas laborales. A pesar de diversas nuevas iniciativas del Gobierno, la crisis económica está complicando el acceso de las PYME a la financiación y ralentizando la transformación sectorial de la economía turca. La concesión de ayudas estatales ha seguido adoleciendo de falta de transparencia. Mientras que la entrada en el mercado se ha beneficiado de la adopción de nueva legislación, todavía restan obstáculos por lo que hace a la salida del mercado. El entorno legal, y en especial los procesos judiciales, plantean retos prácticos y crean obstáculos para un mejor entorno empresarial. Turquía ha adoptado un plan de acción global para reducir la economía sumergida, que sigue suponiendo un reto importante.

Turquía ha seguido mejorando su capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión. Se han hecho avances, a veces desiguales, en la mayoría de los ámbitos. La aproximación al acervo está avanzada en determinados capítulos, como la libre circulación de mercancías, los derechos de propiedad intelectual, la política antimonopolios, la energía, la política empresarial e industrial, la protección de los consumidores, las estadísticas, las redes transeuropeas y la ciencia y la tecnología. Deben proseguir los esfuerzos en pos de la aproximación en campos como medio ambiente, ayuda estatal, política social y empleo, Derecho de sociedades, contratación pública, seguridad de los alimentos, políticas veterinarias y fitosanitarias y libre circulación de servicios. Por lo que se refiere a la unión aduanera y a las relaciones exteriores, debe completarse la aproximación, particularmente por lo que se refiere a la coordinación de posiciones en la OMC. Siguen abiertos varios litigios comerciales ya antiguos y han surgido otros nuevos. Es esencial que Turquía respete plenamente sus compromisos en el marco de la Unión Aduanera. En la mayoría de los ámbitos, es crucial que Turquía mejore su capacidad administrativa para gestionar el acervo.

Con relación a la libre circulación de mercancías, la armonización legislativa se encuentra muy avanzada, pero los avances en la materia han sido limitados en el período cubierto por el presente informe. El comercio se ha visto cada vez más lastrado por obstáculos técnicos relacionados con la evaluación de conformidad y la normalización. La aproximación en los ámbitos del derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios se halla todavía en una fase incipiente. No se ha registrado ningún avance en los servicios postales, ni en el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales. Por lo que se refiere a la libre circulación de capitales, Turquía ha registrado algunos avances, en especial en lo tocante a los planes de acción sobre movimientos de capitales y pagos y en la lucha contra el blanqueo de dinero. Turquía ha hecho avances en la liberalización de su legislación sobre seguros. Sin embargo, la aproximación al acervo en lo relativo a movimientos de capitales y pagos sigue siendo limitada. Se han logrado pocos avances en el campo de la libre circulación de trabajadores. La aproximación se encuentra en una fase incipiente.

Cabe señalar algunos avances en el campo de la contratación pública, en especial con relación a la capacidad administrativa, y algunos poderes adjudicadores ya aplican buenas prácticas al respecto. Sin embargo, todavía está pendiente la estrategia de las reformas necesarias para garantizar la aproximación legislativa y el desarrollo de las capacidades institucionales. Las excepciones de disposiciones generales están aumentando, al igual que las preferencias nacionales, lo que reduce la competencia y la eficacia de las licitaciones públicas. Por lo que se refiere al Derecho de sociedades, no se ha observado ningún avance sustancial en el periodo cubierto por el presente informe. Todavía no se ha aprobado el nuevo Código de Comercio. La aproximación al acervo en materia de legislación en materia de propiedad intelectual está relativamente avanzada. La coordinación y cooperación entre los diversos organismos públicos competentes en la materia y su especialización han mejorado. Sin embargo, la aplicación sigue siendo insuficiente. Es crucial la adopción de una legislación acorde con el acervo y actualizada que regule los derechos de propiedad intelectual e industrial, incluidas las sanciones penales.

Turquía muestra un alto nivel de aproximación al acervo en el campo de la lucha contra los monopolios, incluidas sus normas sobre control de las operaciones de concentración. Sin embargo, no se ha seguido avanzando en la aproximación en materia de ayudas estatales y la legislación sobre ayudas estatales prometida desde hace tiempo se hace esperar.

Se han logrado algunos avances en el campo de los servicios financieros. La legislación turca es parcialmente acorde con el acervo en las tres ramas de los servicios financieros. Por lo que se refiere a la sociedad de la información y los medios de comunicación se constatan algunos avances en materia de comunicaciones electrónicas. Sin embargo, la adopción de la normativa de desarrollo es clave para garantizar un impacto efectivo de la legislación básica en el mercado. Ha habido pocos avances en el campo de la política audiovisual.

En agricultura y desarrollo rural la aproximación al acervo sigue siendo limitada. Las actuales políticas de apoyo a la agricultura y de elaboración de estrategias en la materia se están apartando crecientemente de la PAC, mientras que el calendario móvil para la acreditación de las estructuras del Instrumento de Preadhesión en favor del Desarrollo Rural (IPARD) muestra dificultades a la hora de crear estructuras administrativas y organizativas y procedimientos para la gestión de los fondos de desarrollo rural conformes a las normas de la UE. Los obstáculos técnicos al comercio de productos bovinos, que infringen los compromisos bilaterales, siguen siendo un problema que requiere una solución urgente. En conjunto, los avances han sido limitados en este campo. Turquía ha logrado unos avances limitados en política de seguridad de los alimentos, veterinaria y fitosanitaria. Los esfuerzos han proseguido, pero la transposición y aplicación del acervo en este campo todavía se encuentra en una fase incipiente. En materia de pesca se han logrado algunos avances en la gestión de los recursos y de la flota y en la aplicación de acuerdos internacionales. En este campo, sin embargo, no se ha hecho ningún avance en la aproximación de la legislación al acervo.

Turquía ha hecho avances limitados por lo que respecta a la aproximación en el sector del transporte. La capacidad de aplicación está retrasada en el transporte por carretera y no ha habido avances en el ferrocarril. Ha habido avances limitados en el transporte aéreo. La falta de comunicación entre los centros de control aéreo de Turquía y la República de Chipre sigue suponiendo un grave peligro para la seguridad aérea. Turquía sigue al margen de los esfuerzos para integrar el espacio aéreo europeo. Los avances en el transporte marítimo han sido limitados, aunque la incorporación de Turquía en la lista blanca del Memorando del Acuerdo de París confirma el buen comportamiento de Turquía como país de abanderamiento.

Se han registrado algunos, aunque desiguales, avances en el sector de la energía. La evolución en materia de energía renovable, eficiencia energética y mercado de la electricidad es alentadora. Sin embargo, con respecto al gas natural, la energía nuclear, la seguridad nuclear y la protección contra las radiaciones, Turquía necesita aplicar su legislación y sus estrategias.

En materia tributaria ha habido avances hacia la aproximación de la legislación al acervo, en especial para reducir los impuestos discriminatorios aplicados a las bebidas alcohólicas. Sin embargo, deben solventarse varias discrepancias antes de lograr la plena aproximación.

Turquía ha hecho algunos avances en materia de política económica y monetaria. La aproximación al acervo en el campo de la política monetaria sigue siendo incompleta. Persisten defectos en el marco jurídico, por ejemplo por lo que se refiere a la plena independencia del Banco Central, la prohibición de la financiación monetaria del sector público y la prohibición del acceso privilegiado del sector público a los mercados financieros.

Turquía ha hecho avances limitados en materia de política social y empleo. La creación de una comisión parlamentaria sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un paso positivo. Los preparativos para la participación en el Fondo Social Europeo se han acelerado. Sin embargo, la legislación laboral y la relativa a la salud y la seguridad en el trabajo y a la lucha contra la discriminación no se ajustan a las normas de la UE. No ha habido ningún avance en la garantía de unos derechos sindicales plenos de conformidad con las normas de la UE y los convenios de la OIT. La participación de las mujeres en el mercado laboral es muy baja. Deben intensificarse los esfuerzos para combatir el trabajo no declarado y la exclusión social.

En materia de política empresarial e industrial, Turquía ha hecho avances adicionales, en especial en la preparación de una nueva estrategia industrial y de nuevas estrategias sectoriales, que ahora deben ser completadas y publicadas. Se dispone también de un mayor abanico de instrumentos de política empresarial e industrial y de determinadas mejoras en el entorno empresarial. Turquía ha logrado un nivel suficiente de aproximación al acervo en el ámbito de la política empresarial e industrial.

Turquía ha logrado algunos avances en el campo de las redes transeuropeas. En julio de 2009, firmó el Acuerdo Intergubernamental sobre el gasoducto Nabucco. Este proyecto es un paso estratégico importante hacia una más estrecha cooperación energética entre la UE, Turquía y otros Estados de la región y para la diversificación de las fuentes de energía. La finalización a tiempo del corredor de transporte de gas en Europa Sudoriental, especialmente gracias a la rápida aplicación del Acuerdo Intergubernamental sobre Nabucco, sigue siendo una de las mayores prioridades de la seguridad energética de la UE. Cabe señalar algunos avances en materia de política regional y coordinación de los instrumentos estructurales. Se ha completado el marco legislativo e institucional para la aplicación de los componentes III y IV del IAP, los interesados locales y regionales han participado en la elaboración de proyectos y se han creado otros organismos de desarrollo. Sin embargo, es necesaria una mayor consolidación de la capacidad administrativa. En conjunto, la aproximación de Turquía al acervo en este capítulo sigue siendo limitada.

Por lo que se refiere al poder judicial, la adopción por el Gobierno de la estrategia de reforma judicial es un paso positivo. Las medidas tomadas para incrementar el personal y los recursos son también positivas y deben proseguir. Sin embargo, deben abordarse todavía las preocupaciones que plantean la independencia, imparcialidad y eficacia de la judicatura. En materia de lucha contra la corrupción, ha habido algunos avances en la consolidación de la legislación y en la configuración institucional para luchar contra la corrupción. Sin embargo, la corrupción sigue siendo generalizada en muchos ámbitos y , en este sentido, serán cruciales la adopción y ejecución efectiva de una estrategia nacional de lucha contra la corrupción.

Se han logrado algunos avances, aunque desiguales, en materia de justicia, libertad y seguridad. Turquía ha logrado avances limitados en fronteras exteriores y Schengen, así como en materia de migración y asilo. Ante el fuerte aumento de las solicitudes de asilo, deben proseguir los esfuerzos para reorganizar el sistema. Turquía ha aceptado recientemente reanudar las negociaciones formales para un acuerdo CE-Turquía sobre readmisión.

En el campo de la investigación, Turquía ha hecho esfuerzos considerables para aumentar su participación en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la CE y en la mejora de su capacidad nacional de investigación. Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales con miras a la integración en el Espacio Europeo de Investigación

En medio ambiente, Turquía ha hecho avances en materia de sustancias químicas y en legislación horizontal al firmar el Protocolo de Kioto. Se constatan algunos avances en residuos, calidad del aire, contaminación industrial, gestión del riesgo y sustancias químicas. Sin embargo, el nivel general de aproximación sigue siendo insuficiente. Turquía no ha logrado ningún avance en los ámbitos de calidad del agua, protección de la naturaleza y organismos modificados genéticamente.

Se han logrado algunos avances en materia de protección de la salud y los consumidores. Sin embargo, por lo que se refiere a la protección de los consumidores, siguen siendo necesarios esfuerzos adicionales, en especial en aspectos no relacionados con la seguridad y para garantizar la debida aplicación de la protección de los consumidores en general. En el campo de la salud pública, se constatan algunos avances, en especial en materia de control del tabaquismo y de consolidación de la capacidad administrativa en materia de enfermedades contagiosas.

Turquía ha logrado un alto nivel de aproximación en el campo de la legislación sobre aduanas, gracias a su Unión Aduanera con la UE. Sin embargo, todavía debe proseguir la aproximación al acervo de la UE en algunos ámbitos, como las zonas francas y las franquicias aduaneras. Aunque Turquía ha logrado un alto nivel de aproximación en relaciones exteriores, la aproximación debe completarse, particularmente por lo que se refiere a la coordinación de posiciones en la OMC. Siguen sin resolverse varios litigios comerciales que continúan obstaculizando el funcionamiento apropiado de la Unión Aduanera.

Ha proseguido la aproximación de Turquía a la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE. Turquía ha reforzado su contribución a la estabilización de regiones tales como el Cáucaso Meridional y Oriente Próximo. Ha consolidado sus relaciones diplomáticas con Irak, incluidos contactos con el Gobierno regional kurdo, y ha hecho significativos esfuerzos diplomáticos para normalizar sus relaciones con Armenia.

Turquía contribuye sustancialmente a la PESD y desea incrementar su participación en sus actividades. Sin embargo, se opone a que la cooperación entre la UE y la OTAN incluya a todos los Estados miembros de la UE. Turquía no suscribe la posición de la UE con respecto a la pertenencia al Arreglo de Wassenaar.

Se constatan unos avances limitados en el campo del control financiero, donde la aproximación está bastante avanzada. Ya se cuenta con normativa de desarrollo de la Ley sobre Gestión y Control de las Finanzas Públicas, pero todavía faltan varias modificaciones relativas al control interno y no ha concluido la revisión del documento sobre política de control interno de las finanzas públicas y del plan de acción. No se ha adoptado la ley sobre auditoría externa, que aproximaría las auditorías externas a las normas internacionales pertinentes. La estructura de cooperación para la lucha contra el fraude todavía debe ser desarrollada. Turquía ha vuelto a acuñar monedas turcas para eliminar sus similitudes con las monedas de euro. La aproximación de Turquía a los principios de base y las instituciones del acervo en el campo de las disposiciones financieras y presupuestarias está muy avanzada.

[1] Con arreglo a la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

[2] La asistencia a medio plazo en ámbitos relacionados con el acervo se presta por medio de los proyectos de hermanamiento, que establecen un marco de cooperación entre las administraciones de los países beneficiarios y sus homólogas en los Estados miembros. La asistencia a petición del usuario la presta el programa TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange), cuyas actividades son implementadas por funcionarios de los Estados miembros. La asistencia a corto plazo en el campo de la gobernanza horizontal y la reforma de la administración pública se canaliza a través de SIGMA (Support for Improvement of Governance and Management), un programa desarrollado por la OCDE y financiado por la Comisión en el contexto de la ampliación.

[3] COM(2008) 674.

[4] En su dictamen [COM(2005) 562 final] sobre la solicitud de adhesión adoptado en noviembre de 2005, la Comisión concluyó lo siguiente. «La Antigua República Yugoslava de Macedonia es una democracia que funciona, dotada de instituciones estables y que, por lo general, garantiza el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales. El país firmó en 2001 un Acuerdo de Estabilización y Asociación y, desde entonces, ha venido cumpliendo las obligaciones a las que está sujeta en virtud del mismo de forma satisfactoria. Además, ha aplicado con éxito el programa legislativo contemplado en el Acuerdo Marco de Ohrid, lo que ha contribuido a mejorar de forma significativa los aspectos relacionados con la política y la seguridad. Ahora, ha llegado el momento de aplicar plenamente dicha legislación. El país sigue comprometido en la cooperación regional. La Antigua República Yugoslava de Macedonia necesita realizar esfuerzos adicionales, en particular, por lo que respecta al proceso electoral, la reforma de la policía, la reforma judicial y la lucha contra la corrupción. Basándose en los avances realizados en materia de reformas, la Comisión considera que el país se halla en vías de cumplir los requisitos políticos fijados en el Consejo Europeo de Copenhague en 1993 y el Proceso de Estabilización y Asociación.»

[5] Las prioridades fundamentales de la Asociación para la Adhesión con la Antigua República Yugoslava de Macedonia («parámetros de evaluación») son las siguientes: - Asegurar la aplicación apropiada de todos los compromisos asumidos en el Acuerdo de Estabilización y Asociación. - Promover un diálogo constructivo y abierto, en especial en aquellos ámbitos que requieran el consenso entre todas las partes políticas, dentro del marco de las instituciones democráticas. - Asegurar la implementación efectiva de la legislación relativa a la policía. - Establecer un desarrollo continuado de la implementación de las reformas judiciales y consolidar la independencia y la capacidad global del sistema judicial. Finalizar la reforma del ministerio fiscal y concluir la designación del Consejo Judicial - Establecer un desarrollo continuado en la aplicación de la legislación anticorrupción. - Asegurarse de que la contratación de personal y la carrera de los funcionarios no estén sujetos a interferencias políticas, y seguir desarrollando un sistema de promoción basado en el mérito e implementar en su totalidad la legislación relativa a los funcionarios. - Reducir los obstáculos a la creación de empleo y abordar el problema del desempleo, en particular el de los jóvenes y el de larga duración. - Consolidar el entorno empresarial general, mediante la mejora del Estado de Derecho, la consolidación de la independencia de los organismos reguladores y supervisores, la aceleración de los procedimientos legales y continuar el registro de derechos de propiedad.

[6] \* Con arreglo a la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

[7] Con arreglo a la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

[8] Con arreglo a la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

[9] Estos abarcan cinco objetivos: 1) resolución, aceptable y sostenible, de la cuestión del reparto de bienes públicos entre el Estado y los demás niveles de gobierno; 2) resolución, aceptable y sostenible, de la cuestión de los bienes militares; 3) finalización de la decisión que define el estatuto de Brčko; 4) sostenibilidad fiscal (fomentada por un acuerdo sobre una metodología permanente del coeficiente de la Autoridad de Imposición Indirecta y el establecimiento de un Consejo Fiscal Nacional); 5) asentamiento del Estado de Derecho (demostrado por la aprobación de una Estrategia Nacional sobre los Crímenes de Guerra, una Ley de Asilo y Extranjería y una Estrategia Nacional de Reforma del Sector de la Justicia) y dos condiciones específicas: 1) firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación y 2) situación política estable.

[10] COM(2009) 366.

[11] Con arreglo a la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

[12] COM(2009) 366.

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