Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| European flag | Diario Oficial  de la Unión Europea | ES  Serie C |

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|  | C/2025/2012 | 30.4.2025 |

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo

La competitividad de las pequeñas y medianas empresas de la UE a la luz de las nuevas cargas y obligaciones administrativas

(Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia polaca)

(C/2025/2012)

Ponente:

Paul RÜBIG

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| Consulta | 6.9.2024, Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea |
| Base jurídica | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Mercado Único, Producción y Consumo |
| Aprobado en sección | 12.2.2025 |
| Aprobado en el pleno | 26.2.2025 |
| Pleno n.o | 594 |
| Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) | 236/5/4 |

1.   Conclusiones y recomendaciones

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|  | 1.1. | El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente las iniciativas recientes de la Comisión Europea con el objetivo de reducir la carga normativa. No obstante, las pymes, en particular, se enfrentan a dos o tres veces más requisitos legislativos y sanciones como consecuencia de la oleada adicional de normativa y de los requisitos existentes. Estudios empíricos, encuestas a empresas y los informes Draghi y Letta confirman el aumento constante de la carga burocrática a expensas de los consumidores, la productividad, la creación de empleo y el comercio mundial. A este respecto, todavía es necesario introducir mejoras. |

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|  | 1.2. | El proceso de racionalización de la legislación de la UE y de desarrollo de buenas técnicas legislativas debe llevarse a cabo en un marco que reconozca la economía social de mercado de la Unión y que respete plenamente la protección de los derechos laborales y de las normas medioambientales y de protección de los consumidores. Además, debe garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos a escala internacional (por ejemplo, en el marco del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, etc.) o de la UE, así como de los principios de transparencia y de Estado de Derecho de la Unión. La simplificación no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la competitividad y la innovación y una estrategia bien meditada que reduzca las cargas innecesarias para las empresas e favorezca una economía dinámica y competitiva, además de garantizar el bienestar del conjunto de la ciudadanía. |

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|  | 1.3. | El CESE recomienda fusionar en un único procedimiento la prueba de las pymes y el control de la competitividad. Además, es necesario reforzar significativamente el Comité de Control Reglamentario, en particular su independencia. Dicho Comité debe llevar a cabo un «control de coherencia y subsidiariedad» al principio de cada procedimiento legislativo y disponer de los derechos de revisión y de asesoramiento adecuados, por lo que el próximo Acuerdo interinstitucional debe contemplar su fortalecimiento. |

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|  | 1.4. | El CESE recomienda hacer uso de la inteligencia artificial y las herramientas de aprendizaje automático para crear una «herramienta única de información» fácil de utilizar que pueda informar a las pymes, las empresas de mediana capitalización y otras empresas de todas las obligaciones de información, plazos y sanciones vigentes en la UE. Ello requeriría asimismo establecer un marco que permita analizar documentos y extraer contenidos, armonizar fuentes y formatos de datos heterogéneos, descubrir conexiones ocultas, dar sentido a los datos y, por último, extraer conclusiones. Cada Estado miembro debería crear también un punto de contacto central que se ocupe de las obligaciones europeas de información. |

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|  | 1.5. | El CESE considera que la Comisión está dando los pasos adecuados para reducir la burocracia gracias a la plataforma REFIT, la prueba de las pymes y el control de la competitividad, la coordinación digital del procedimiento legislativo, las reformas del Semestre Europeo y los compromisos asumidos recientemente, en particular por todos los comisarios responsables de las carteras pertinentes de reducir las obligaciones de información (un 25 % para todas las empresas y, al menos, un 35 % para las pymes) [(1)](#ntr1-C_202502012ES.000101-E0001). El CESE lamenta que el comisario de Economía y Productividad; Aplicación y Simplificación no sea vicepresidente y que ninguno de los catorce grupos de proyectos de los comisarios se dedique específicamente a la eficiencia y la simplificación. |

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|  | 1.6. | El CESE considera que el Consejo de la Unión Europea y las autoridades nacionales deben asimismo aprovechar mejor las oportunidades de revisar las responsabilidades (subsidiariedad), en particular en lo que se refiere a las repercusiones para las pequeñas y medianas empresas, los consumidores, la Administración y la Justicia. Para ello, es necesario crear procedimientos más eficaces para las reclamaciones en materia de subsidiariedad. En este sentido, la adopción de un nuevo enfoque legislativo ayudaría a las instituciones europeas a hacer un seguimiento de la aplicación, la ejecución y del cumplimiento por parte de las pymes. Si se pasa de una normativa europea a una nacional para mejorar la competitividad de las pymes, debe velarse por que no se imponga ninguna carga administrativa adicional a escala nacional. |

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|  | 1.7. | Para entablar debates en torno a la simplificación, es necesario que la legislación se aplique adecuadamente y que se impongan sanciones efectivas a quienes eludan las normas vinculantes en vigor (por ejemplo, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo o las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio) y evitar al mismo tiempo duplicaciones conexas a escala nacional. Las tentativas de algunos de eludir la normativa vigente ocasionan la adopción de cierto número de normas. La determinación al hacer frente a tales acciones sería fundamental a efectos de garantizar unas condiciones justas para todos los participantes en el mercado. |

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|  | 1.8. | El CESE también recomienda que el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE creen un procedimiento acelerado para las evaluaciones de impacto y de riesgos que llevan a cabo sus propios departamentos de políticas en el caso de enmiendas que modifiquen sustancialmente las propuestas adoptadas por la Comisión Europea. Para facilitar su tarea, el nuevo Acuerdo interinstitucional debe definir el principio y dotar a las instituciones de la UE de un procedimiento sencillo y exhaustivo. |

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|  | 1.9. | Todas estas propuestas podrían incluirse en una Ley vinculante de reducción de la burocracia. |

2.   Observaciones generales

A.   Introducción y mandato

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|  | 2.1. | El proceso de racionalización de la legislación de la UE y de desarrollo de buenas técnicas legislativas no debe ser motivo para que los gobiernos nacionales limiten la protección que se dispensa a los trabajadores, sino que debe promover normas económicas, sociales y medioambientales y un trabajo digno mediante medidas en materia de derechos y de protección para así impulsar la convergencia y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos europeos y tener en cuenta la rápida evolución del uso de las nuevas tecnologías. |

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|  | 2.2. | La Presidencia polaca del Consejo de la UE ha pedido al CESE que elabore un informe sobre la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en Europa. Este informe debe incluir, en particular, una evaluación de la carga normativa y del riesgo de sanciones para las pymes y las empresas de mediana capitalización de la UE en comparación con las empresas no europeas. Debe determinar las causas de la excesiva carga normativa acumulada y delimitar los ámbitos de la legislación europea más perjudiciales para la competitividad de las pymes [(2)](#ntr2-C_202502012ES.000101-E0002). |

B.   La burocracia como factor de localización de las pymes

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|  | 2.3. | Las pymes del sector manufacturero, la hostelería y el sector agrícola, así como sus empleados, se quejan en particular de las cargas financieras y de tiempo derivadas de la burocracia excesiva. En 2023, el 55 % de las pymes señalaron que los obstáculos normativos y las cargas burocráticas constituían el mayor reto que afrontaban. Ese mismo era el segundo que más mencionaban las empresas emergentes (un 52 %, después del acceso a la financiación) y el tercero que más indicaban las empresas de mediana capitalización (el 36 %, tras las dificultades para encontrar empleados y las perturbaciones en la cadena de suministro) [(3)](#ntr3-C_202502012ES.000101-E0003). Las encuestas realizadas a escala nacional demuestran el aumento considerable de los costes y del tiempo que se dedica a una burocracia más exigente, lo que a su vez desalienta la creación de empresas [(4)](#ntr4-C_202502012ES.000101-E0004). |

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|  | 2.4. | El aumento exponencial de la burocracia como factor determinante para la creación de empresas también se recoge en el informe Draghi [(5)](#ntr5-C_202502012ES.000101-E0005), que señala las «asimetrías normativas» que afrontan las empresas de la UE en comparación con sus competidoras de China o Estados Unidos. |

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|  | 2.5. | Añade el informe que la carga normativa que soportan las empresas europeas es elevada y va en aumento. Según una encuesta del Banco Europeo de Inversiones, el 61 % de las empresas europeas afirman que la regulación (excesiva) constituye un importante obstáculo a la inversión a largo plazo [(6)](#ntr6-C_202502012ES.000101-E0006). Todo acto legislativo que se considere excesivo añade costes para las empresas. Ello supone que terminen perdiéndose fondos que de otro modo podrían emplearse para innovar e invertir en capital humano y así obtener resultados con un mayor valor añadido, lo que podría aumentar tanto los excedentes de las empresas como los salarios de los trabajadores. |

C.   Las cargas normativas constituyen elementos disuasorios para la adopción de tecnologías innovadoras

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|  | 2.6. | La idea básica de la protección del clima en la UE, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), es tan sencilla como eficaz. Para la industria, y ahora también para los sectores de la construcción y el transporte, se definen cuantitativamente unos derechos de contaminación, que se reducen después mediante certificados del RCDE, lo que equivale a una garantía de cumplimiento de los objetivos climáticos del Acuerdo de París. El mercado se encarga del resto, aumentando los precios de los combustibles fósiles. Con un RCDE que funcione correctamente pueden simplificarse las actividades de información en virtud de la Directiva sobre información en materia de sostenibilidad, el Reglamento sobre la taxonomía y la normativa medioambiental correspondiente, como la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. |

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|  | 2.7. | Mientras que en Estados Unidos, la Ley de Reducción de la Inflación abarca el rendimiento de combustión, además de la movilidad eléctrica, la legislación de la UE se basa en la prohibición de la combustión sin efectuar un análisis de su ciclo de vida ni una evaluación de su impacto que sean comprensibles. Además, el objetivo de la obligación europea de renovar los edificios es animar a los propietarios a invertir, y no tanto permitir que la garantía de protección del clima que proporciona el comercio de derechos de emisión se aplique sin burocracia aumentando el precio de los combustibles fósiles. Otro ejemplo es el hidrógeno. La UE solo califica el hidrógeno de respetuoso con el clima si se produce con energía eólica o solar, sin incluir también la producción rentable y sin emisiones de CO2 de hidrógeno con gas natural y energía nuclear. Se apuesta por un maximalismo eléctrico en lugar de por una apertura a la tecnología. Así surge una burocracia nociva y se ahoga la economía de mercado y la innovación. |

D.   Falta de legislación basada en datos contrastados

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|  | 2.8. | Si bien la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, conocida como la Ley sobre las cadenas de suministro, no regula las pymes, estas se ven indirectamente afectadas cuando actúan como contratistas o subcontratistas de grandes empresas que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva, por lo que se enfrentan a dificultades. En virtud de esta Directiva, las empresas europeas que puedan importar materias primas de proveedores situados en distintas zonas del mundo en función de su extracción y suministro deben demostrar el cumplimiento de los requisitos legislativos de cada país de origen. Dentro de la cadena de suministro, los proveedores más pequeños también deben llevar a cabo esa diligencia debida y transmitir la información a sus clientes [(7)](#ntr7-C_202502012ES.000101-E0007). |

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|  | 2.9. | Los préstamos a las pymes también están flaqueando. Esto se debe a la gran incertidumbre existente entre los bancos regionales sobre la capacidad de los prestatarios para cumplir todos los requisitos de la UE relativos a la inversión ecológica, más que a una falta de interés en invertir por parte de las pymes. A la hora de crear nuevas líneas de producción, las pymes y los prestamistas tendrían que demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva sobre información en materia de sostenibilidad, el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles y el Reglamento sobre la taxonomía, además de una transparencia suficiente a lo largo de las cadenas de suministro de la UE y de los requisitos del Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea relativos a la banca climática y las implicaciones del comercio de derechos de emisión de la UE. Además, la Directiva sobre información en materia de sostenibilidad y el Reglamento sobre la taxonomía exigen a menudo los mismos requisitos de información. |

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|  | 2.10. | En muchos casos, las complejidades de cumplimiento de la normativa dan lugar a la suspensión de la colaboración entre bancos y empresas a escala local. Los principios de «solo una vez», «ventanilla única» y «cláusula de extinción» deben aplicarse siempre a aquellos asuntos específicos que ya entran en el ámbito de aplicación de actos legislativos que puedan compartir los mismos fines que otras propuestas legislativas. |

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|  | 2.11. | Los aspectos burocráticos del Pacto Verde no solo han bloqueado la financiación crediticia de las medianas empresas, sino que también generan frustración en empresas y trabajadores y elevados costes para los consumidores, que en realidad desean la transformación del sistema energético y la protección del medio ambiente. |

E.   Excesivas exigencias del proceso legislativo europeo

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|  | 2.12. | El CESE considera que se debe cuestionar la poca claridad y la complejidad del reparto de responsabilidades en el seno de la Comisión Europea (véanse las del comisario de Justicia, responsable de las cadenas de suministro). Es absolutamente necesario establecer una estructura organizativa eficaz que ofrezca una visión clara de todos los actos legislativos vigentes, así como de sus interacciones, solapamientos y posibles contradicciones, para garantizar así la coherencia. |

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|  | 2.13. | Las revisiones de las evaluaciones de impacto de la Comisión que efectúa el Comité de Control Reglamentario, que en parte actúa con independencia, son un indicio claro de la creciente complejidad e incoherencia de las propuestas legislativas de la Comisión. Las principales estadísticas empíricas más recientes disponibles (elaboradas por el Departamento Temático del Parlamento Europeo) de 314 evaluaciones de impacto del Comité muestran que, entre 2016 y 2021, el 39 % de las evaluaciones de impacto contenían tantos errores que la Comisión tuvo que volver a elaborarlas. En 2023, el Parlamento Europeo observó con preocupación que, en 2022, no se habían aportado pruebas suficientes para el 58 % de las evaluaciones de impacto [(8)](#ntr8-C_202502012ES.000101-E0008). Las repercusiones financieras y las opciones de financiación deben exponerse en una evaluación de impacto, para lo cual es necesario que el Comité de las Regiones elabore un dictamen. El Comité de Control Reglamentario también ha criticado la insuficiencia de evaluaciones de impacto más recientes efectuadas en virtud de la conocida como Ley sobre las cadenas de suministro y de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. El CESE considera que su participación en las evaluaciones de impacto también sería positiva para el proceso legislativo. |

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|  | 2.14. | La evaluación del compromiso voluntario de la Comisión de 2019 con el principio de «una más, una menos» es también un indicio de que el procedimiento legislativo de la UE está desbordado. El Parlamento Europeo, que suele endurecer las leyes, se ha quejado del incumplimiento del principio [(9)](#ntr9-C_202502012ES.000101-E0009), al igual que el informe Draghi, que calculó una proporción de 2,5 a 1 [(10)](#ntr10-C_202502012ES.000101-E0010). |

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|  | 2.15. | Existen algunas leyes, por ejemplo en el ámbito de la digitalización, que pueden haber aumentado el número de leyes vigentes, pero en última instancia han reducido los costes para las empresas. Sin embargo, la propia Comisión es responsable del «estudio anual de la carga administrativa», por lo que esta evaluación exige una verificación independiente a través del Comité de Control Reglamentario, el Tribunal de Cuentas, el Centro Común de Investigación y el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, con asistencia técnica a los efectos de la simplificación. |

F.   Enfoques actuales y nuevos de la Comisión para reducir la burocracia

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|  | 2.16. | En los últimos años, la Comisión ha hecho mucho por reducir la carga administrativa. Entre otras iniciativas, cabe mencionar las siguientes:  |  |  | | --- | --- | | a) | la plataforma REFIT; |  |  |  | | --- | --- | | b) | la prueba de las pymes con el «control de la competitividad»; |  |  |  | | --- | --- | | c) | el principio «una sola vez»; |  |  |  | | --- | --- | | d) | la reducción en un 25 % de los requisitos de información; |  |  |  | | --- | --- | | e) | la coordinación sistemática de los procesos digitales; |  |  |  | | --- | --- | | f) | la obligación impuesta a todos los comisarios de reducir la burocracia; |  |  |  | | --- | --- | | g) | las comprobaciones de la situación real con las partes interesadas y las reformas del Semestre Europeo para controlar la competitividad. | |

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|  | 2.17. | No obstante, estas iniciativas no han garantizado en plenitud una reducción coherente de la carga administrativa, por lo que resulta necesario establecer un programa más ambicioso. Además, las perspectivas puramente cuantitativas para el próximo período no permiten vislumbrar mejoras prometedoras. El registro de documentos de la Comisión contiene en la actualidad un total de 470 actos legislativos pendientes, 413 actos de ejecución y 57 actos delegados. El registro solo abarca los actos actualmente previstos, por lo que la cifra aumentará considerablemente en el futuro. Hay que contar con las nuevas iniciativas legislativas, con 160 proyectos recogidos en las orientaciones políticas [(11)](#ntr11-C_202502012ES.000101-E0011) para la nueva legislatura 2024-2029. |

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|  | 2.18. | Mario Draghi ha pedido a las instituciones de la UE que apliquen el principio de «moderación» en la elaboración de políticas, tanto filtrando mejor las iniciativas futuras como racionalizando el acervo existente [(12)](#ntr12-C_202502012ES.000101-E0012). El CESE considera que este principio debería ser de aplicación también para los Estados miembros respecto de la sobrerregulación. |

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|  | 2.19. | La cartera del comisario de Economía y Productividad; Aplicación y Simplificación debería ampliarse para incluir una atención específica a las pymes, con el fin de garantizar una gestión coherente de todos los requisitos aplicables a las pymes en la legislación de la UE. Además, alguna de las vicepresidencias ejecutivas debería contar con un mandato sólido en materia de aplicación y simplificación legislativas, tal como anunció la presidenta Von der Leyen en las orientaciones políticas [(13)](#ntr13-C_202502012ES.000101-E0013) que presentó antes de resultar elegida en el Parlamento Europeo. |

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|  | 2.20. | Al principio de la legislatura, la Comisión debería detectar los solapamientos en la legislación mediante un procedimiento «ómnibus» (tal como se propone en el informe Letta) y, en particular, introducir medidas de ayuda para las pymes, los trabajadores y las administraciones públicas. |

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|  | 2.21. | La reducción en un 25 % de la burocracia mencionada en el paquete de ayuda es una cifra mínima. Ya solo la próxima Directiva sobre información en materia de sostenibilidad contiene unos 1 200 requisitos de información [(14)](#ntr14-C_202502012ES.000101-E0014). Es fundamental ofrecer una visión general de los requisitos de información en un lenguaje sencillo, garantizando un servicio de ventanilla única en los veintisiete Estados miembros. Con arreglo al principio de transparencia, esta visión de conjunto también podría comprender las disposiciones penales que repercutan en las demandas colectivas que se sustancien ante la jurisdicción civil, administrativa y penal y una evaluación de sus implicaciones en el personal y los costes del poder judicial, así como en las autoridades administrativas. El CESE recomienda hacer un mejor uso de los instrumentos digitales, la inteligencia artificial y las herramientas de aprendizaje automático para crear una «herramienta única de información» fácil de utilizar que pueda informar a las pymes, las empresas de mediana capitalización y otras empresas de todas las obligaciones de información, plazos y sanciones vigentes en la UE. |

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|  | 2.22. | Podría ser precisa una reforma interna del proceso de elaboración de propuestas legislativas de la Comisión. Es necesario reforzar significativamente el Comité de Control Reglamentario, en particular su independencia. Dicho Comité debe llevar a cabo un «control de coherencia y subsidiariedad» al principio de cada procedimiento legislativo y disponer de derechos de revisión y asesoramiento adecuados sobre la nueva legislación si esta pone en peligro la competitividad. Por ello, el próximo Acuerdo interinstitucional debe contemplar su fortalecimiento. |

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|  | 2.23. | La prueba de las pymes y el control de la competitividad deben fusionarse en un único procedimiento. Sin un control adecuado de la competitividad, aprobado por el comisario a cargo de la mejora de la legislación y las pymes, el procedimiento legislativo no debería llevarse a cabo. |

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|  | 2.24. | Es necesario reducir significativamente el número de actos delegados y aumentar su transparencia. El Parlamento Europeo y las partes interesadas deben participar en un procedimiento eficaz. |

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|  | 2.25. | El Parlamento Europeo debe crear un procedimiento acelerado para las evaluaciones de opciones, impacto y riesgos y los análisis del ciclo de vida realizados por su propio departamento temático en el caso de enmiendas que modifiquen sustancialmente las propuestas adoptadas por la Comisión. |

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|  | 2.26. | El Consejo y los parlamentos o gobiernos nacionales deben aprovechar mejor las oportunidades de revisar las responsabilidades (subsidiariedad) y crear procedimientos más eficaces para las reclamaciones en materia de subsidiariedad. |

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|  | 2.27. | Los requisitos legislativos europeos han de ir acompañados siempre de un servicio a disposición de las pymes. También debería recurrirse a la red del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) y a las cámaras extranjeras, por ejemplo para los certificados de las cadenas de suministro o de energía verde. Además, debe establecerse una exención a la verificación de la cadena de suministro dentro de la UE y en todos los terceros países que hayan firmado acuerdos comerciales con la UE. |

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|  | 2.28. | El Comité de las Regiones debe ejercer en mayor medida su función de guardián del principio de subsidiariedad y plantear la cuestión de la competencia europea ya desde el principio del procedimiento legislativo, al objeto de evitar que las regiones europeas soporten cargas financieras. |

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|  | 2.29. | El CESE recomienda que todas estas exigencias desemboquen en una Ley de reducción de la burocracia de carácter vinculante, una evaluación ex post de las políticas y un desafío a la burocracia. |

Bruselas, 26 de febrero de 2025.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Oliver RÖPKE

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ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2012/oj

ISSN 1977-0928 (electronic edition)

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