Source: EURLEX
Language: es
Format: md

[Palabras clave](#IX)
  
[Índice](#SM)

## Palabras clave

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1. Competencia ° Posición dominante ° Concepto ° Monopolio de las sociedades de teledifusión sobre las informaciones relativas a las listas semanales de programas

(Tratado CEE, art. 86)

2. Competencia ° Posición dominante ° Derechos de autor ° Listas semanales de programas de televisión ° Ejercicio del derecho ° Abuso ° Requisitos

(Tratado CEE, art. 86)

3. Recurso de casación ° Motivos ° Apreciación errónea de los hechos ° Inadmisibilidad

[Tratado CEE, art. 168 A; Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia, art. 51]

4. Competencia ° Posición dominante ° Afectación del comercio entre Estados miembros ° Criterios

(Tratado CEE, art. 86)

5. Acuerdos internacionales ° Acuerdos de los Estados miembros ° Acuerdos anteriores al Tratado CEE ° Justificación de las restricciones al comercio intracomunitario ° Improcedencia ° Acuerdo ratificado por un Estado miembro ya vinculado por el Tratado CEE ° Efectos sobre la competencia de la Comunidad ° Inexistencia

(Tratado CEE, arts. 234 y 236)

6. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Cese de las infracciones ° Facultad de la Comisión ° Ordenes conminatorias dirigidas a las empresas

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

7. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Cese de las infracciones ° Obligaciones impuestas a las empresas ° Proporcionalidad ° Criterios

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

8. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Decisión por la que se declara una infracción ° Motivación ° Obligación ° Alcance

(Tratado CEE, art. 190)

## Índice

1. Unas sociedades de teledifusión se encuentran en una posición dominante, en el sentido del artículo 86 del Tratado, cuando, además del monopolio de hecho que tienen sobre las informaciones relativas a sus listas de programas, captados por la mayoría de los hogares de un Estado miembro y una parte sustancial de los hogares de la zona fronteriza de otro Estado miembro, tienen poder para obstaculizar la existencia de una competencia efectiva en el mercado de los semanarios de televisión en las regiones afectadas.

2. Un comportamiento de una empresa que ocupa una posición dominante que entra en el ejercicio de un derecho calificado como "derecho de autor" por el Derecho nacional, no queda excluido, por ese mero hecho, de toda valoración a la luz del artículo 86 del Tratado.

Ciertamente, a falta de una unificación comunitaria o de una aproximación de las legislaciones, incumbe a las leyes nacionales fijar los requisitos y las modalidades de protección de un derecho de propiedad intelectual, y el derecho excluyente de reproducción forma parte de las prerrogativas del autor, de modo que una negativa a conceder la licencia, aunque la haga una empresa en posición dominante, no puede constituir en sí misma un abuso de ésta.

No obstante, el ejercicio del derecho excluyente por el titular puede dar lugar, en circunstancias excepcionales, a un comportamiento abusivo. Esto es lo que ocurre cuando unas sociedades de teledifusión se amparan en los derechos de autor que les confiere la legislación nacional para impedir a otra empresa publicar unas informaciones (la cadena, el día, la hora y el título de las emisiones), acompañadas de comentarios e imágenes, obtenidas con independencia de dichas sociedades, con una periodicidad semanal, debido a que, en primer lugar, este comportamiento obstaculiza la aparición de un producto nuevo, una guía semanal completa de programas de televisión, que las recurrentes no ofrecían, y para la que existe una demanda potencial por parte de los consumidores, lo que constituye un abuso conforme a la letra b) del párrafo segundo del artículo 86 del Tratado; en segundo lugar, a que la negativa no estaba justificada ni por la actividad de radiodifusión televisiva ni por la de edición de revistas de televisión y, en tercer lugar, a que las sociedades interesadas se reservan mediante su comportamiento, un mercado secundario, el de las guías semanales de televisión, excluyendo cualquier competencia en este mercado, puesto que negaban el acceso a la información básica, materia prima indispensable para la elaboración de dicha guía.

3. Con arreglo al artículo 168 A del Tratado y al artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, un recurso de casación no puede fundarse más que en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas, excluyendo cualquier apreciación de los hechos.

4. Para que se cumpla el requisito de que sea afectado el comercio entre los Estados miembros, en el sentido del artículo 86 del Tratado, no es necesario que el comportamiento imputado haya afectado efectivamente a dicho comercio de modo sensible. Basta con demostrar que este comportamiento puede producir semejante efecto. Esto es lo que ocurre cuando una empresa excluye a todos los competidores potenciales del mercado geográfico constituido por un Estado miembro y una parte de otro Estado miembro, y por lo tanto, modifica la estructura de la competencia en este mercado, lo que afecta a la corriente de intercambios potenciales entre dichos Estados miembros.

5. Las disposiciones de un convenio celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado o, en su caso, con anterioridad a la adhesión de un Estado miembro, convenio al que se aplica el artículo 234 del Tratado, no pueden invocarse en las relaciones intracomunitarias, en los casos en los que no se trata de derechos de Estados terceros. Cuando un convenio ha sido ratificado por un Estado miembro ya vinculado por el Tratado, no puede invocarse para limitar la competencia de la Comunidad, tal como la establece el Tratado, puesto que éste sólo puede revisarse conforme al procedimiento del artículo 236.

6. La aplicación del artículo 3 del Reglamento nº 17 debe efectuarse en función de la naturaleza de la infracción comprobada y puede suponer tanto la orden de realizar determinadas actividades o prestaciones, omitidas contra Derecho, como la prohibición de continuar determinadas actividades, prácticas o situaciones, contrarias al Tratado.

7. En el marco de la aplicación del artículo 3 del Reglamento nº 17, el principio de proporcionalidad significa que las obligaciones impuestas a las empresas para poner fin a una infracción del Derecho de la competencia no deben ir más allá de los límites de lo necesario y adecuado para alcanzar el fin perseguido, a saber, el restablecimiento de la legalidad en relación con las normas que se hayan infringido en el caso de autos.

8. Las decisiones de la Comisión cuyo objeto es declarar una infracción de las normas sobre competencia, dictar ordenes conminatorias e imponer sanciones pecuniarias deben estar motivadas obligatoriamente en virtud del artículo 190 del Tratado, que exige que la Comisión exponga las razones que le han inducido a adoptar una Decisión, a fin de permitir al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia ejercer su control y dar a conocer, tanto a los Estados miembros como a los ciudadanos interesados, las condiciones en las que se ha aplicado el Tratado. Por otra parte, no puede exigirse que la Comisión examine la totalidad de los elementos de hecho y de Derecho abordados durante la fase administrativa previa.

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