Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MACIEJ SZPUNAR

presentadas el 24 de octubre de 2024 (
[1](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0001)
)

Asunto C‑575/23

FT,

AL,

ON

contra

État belge

con intervención de:

Orchestre national de Belgique (ONB)

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bélgica)]

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de legislaciones — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines — Derechos afines de los músicos de orquesta sujetos a una relación estatutaria — Directiva 2001/29/CE — Artículos 2 y 3, apartado 2 — Derecho de reproducción y derecho de puesta a disposición del público — Directiva 2006/115/CE — Artículos 7 a 9 — Derechos de fijación, de radiodifusión y comunicación al público y de distribución — Directiva (UE) 2019/790 — Artículo 26 — Ámbito de aplicación temporal — Artículos 18 a 23 — Ámbito de aplicación — Principio de remuneración adecuada y proporcionada — Principio de libertad contractual — Cesión de derechos afines por vía reglamentaria»

Introducción

| 1. | Los autores no son los únicos que se benefician de los derechos de propiedad intelectual sobre sus obras. Se conceden derechos específicos, denominados «derechos afines a los derechos de autor» (en lo sucesivo, «derechos afines»), ( [2](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0002) ) a los auxiliares de la creación artística, en particular a los artistas intérpretes o ejecutantes. |

| 2. | Los derechos afines, que protegen las prestaciones (interpretaciones o actuaciones) de los artistas intérpretes o ejecutantes contra una explotación no autorizada, son de naturaleza análoga a los derechos de autor. No solo tienen por objeto, grosso modo, los mismos actos de explotación, sino que presentan también la misma naturaleza de derechos exclusivos, pues permiten autorizar o prohibir la utilización de estas prestaciones. |

| 3. | No obstante, los artistas intérpretes o ejecutantes se encuentran a menudo en situaciones que hacen el ejercicio de sus derechos más difícil que el de los derechos de autor. Por un lado, con mucha mayor frecuencia que los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes desarrollan su actividad en el marco de una relación laboral. Por otro lado, mientras que normalmente una obra tiene un solo autor o un número reducido de autores, por ejemplo, el compositor de la música y el autor de la letra, los artistas intérpretes o ejecutantes suelen actuar en agrupaciones de tamaño más o menos amplio, como un grupo de música, una compañía teatral o, como en el presente asunto, una orquesta. |

| 4. | Por tanto, es necesario organizar el ejercicio de los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes de manera que sean compatibles con los intereses legítimos de sus empleadores y con el buen funcionamiento de los grupos de los que forman parte. Más concretamente, el presente asunto tiene por objeto dilucidar en qué medida los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes que trabajan con arreglo al estatuto de la función pública pueden limitarse por vía reglamentaria a fin de garantizar el buen funcionamiento de la institución de la que dependen. |

Marco jurídico

Derecho internacional

| 5. | La Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión se firmó en Roma el 26 de octubre de 1961 (en lo sucesivo, «Convención de Roma»). La Unión Europea no es parte en esta Convención, pero sí lo son, en cambio, todos los Estados miembros, con la excepción de la República de Malta. Aunque dicha Convención solo establece obligaciones, en lo que respecta a la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, ( [3](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0003) ) para las actuaciones fijadas, grabadas o radiodifundidas en un país distinto de aquel en el que se solicita la protección, constituye el estándar mínimo internacional de tal protección. Otros actos de Derecho internacional y los actos pertinentes del Derecho de la Unión se remiten a la citada Convención y deben ser interpretados de conformidad con ella. ( [4](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0004) ) |

| 6. | Los artículos 7, 8 y 15 de la Convención de Roma disponen:  «Artículo 7  1.   La protección prevista por la presente Convención en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes comprenderá la facultad de impedir:   | a) | la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones para las que no hubieren dado su consentimiento, excepto cuando la interpretación o ejecución utilizada en la radiodifusión o comunicación al público constituya por sí misma una ejecución radiodifundida o se haga a partir de una fijación; |  | b) | la fijación sobre una base material, sin su consentimiento, de su ejecución no fijada; |  | c) | la reproducción, sin su consentimiento, de la fijación de su ejecución:   | (i) | si la fijación original se hizo sin su consentimiento; |  | (ii) | si se trata de una reproducción para fines distintos de los que habían autorizado; |  | (iii) | si se trata de una fijación original hecha con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 que se hubiera reproducido para fines distintos de los previstos en ese artículo. | |   […]  Artículo 8  Cada uno de los Estados Contratantes podrá determinar, mediante su legislación, las modalidades según las cuales los artistas intérpretes o ejecutantes estarán representados para el ejercicio de sus derechos, cuando varios de ellos participen en una misma ejecución.  […]  Artículo 15  […]  2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, todo Estado Contratante podrá establecer en su legislación nacional y respecto a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes […] limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas en tal legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Sin embargo, no podrán establecerse licencias o autorizaciones obligatorias sino en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la presente Convención.» |

| 7. | Aunque la Unión no es parte en la Convención de Roma, sí es parte, en cambio, en el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 y aprobado, en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2000/278/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2000 ( [5](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0005) ) (en lo sucesivo, «WPPT»). Según el artículo 1, apartado 1, del WPPT:  «Ninguna disposición del presente Tratado irá en detrimento de las obligaciones que las Partes contratantes tienen entre sí en virtud de la [Convención de Roma]». |

| 8. | Los artículos 6 a 10 del WPPT reconocen a los artistas intérpretes o ejecutantes, el «derecho exclusivo de autorizar»:   | – | la radiodifusión, la comunicación al público y la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas; |  | – | la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas; |  | – | la distribución mediante la transmisión de la propiedad y el alquiler comercial al público de ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas; |  | – | la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento en que cada uno de ellos elija. | |

| 9. | El artículo 16, apartado 1, del WPPT, faculta a las partes contratantes a prever en sus legislaciones nacionales, respecto de la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los mismos tipos de limitaciones o excepciones que contenga su legislación nacional respecto de la protección del derecho de autor. |

Derecho de la Unión

| 10. | A tenor de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información: ( [6](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0006) )  «Artículo 2  Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte:  […]   | b) | a los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones; |   […]  Artículo 3  […]  2. Los Estados miembros concederán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la puesta a disposición del público, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que elija:   | a) | a los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones; |   […]». |

| 11. | Los artículos 3 y 7 a 10 de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, ( [7](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0007) ) prevén:  «Artículo 3  1.   El derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler o el préstamo corresponderá:  […]   | b) | al artista intérprete o ejecutante, respecto de las fijaciones de sus actuaciones; |   […]  Artículo 7  1.   Los Estados miembros concederán a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la fijación de sus actuaciones.  […]  Artículo 8  1.   Los Estados miembros concederán a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la emisión inalámbrica y la comunicación al público de sus actuaciones, salvo cuando dicha actuación constituya en sí una actuación transmitida por radiodifusión o se haga a partir de una fijación.  […]  Artículo 9  1.   Los Estados miembros concederán el derecho exclusivo de poner a disposición del público, mediante venta u otros medios, los objetos citados en las letras a) a d), incluidas las copias de los mismos, denominado en lo sucesivo “derecho de distribución”:   | a) | a los artistas intérpretes o ejecutantes, respecto de la fijación de sus actuaciones; |   […]  Artículo 10  […]  2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán imponer, con respecto a la protección de artistas intérpretes o ejecutantes […], limitaciones semejantes a las impuestas para la protección de los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas.  No obstante, solo podrán establecerse licencias obligatorias en la medida en que sean compatibles con la Convención de Roma.  […]» |

| 12. | La Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, ( [8](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0008) ) prevé, en sus artículos 18 a 23, en favor de los artistas intérpretes y ejecutantes:   | – | El principio de remuneración adecuada y proporcionada cuando concedan licencias o cedan sus derechos exclusivos para la explotación de sus prestaciones protegidas; |  | – | La obligación de transparencia por las partes a las que se hayan concedido licencias o cedido sus derechos, especialmente en lo que se refiere a los modos de explotación, la totalidad de los ingresos generados y la remuneración correspondiente; |  | – | El derecho a reclamar una remuneración adicional, adecuada y equitativa en caso de que la remuneración inicialmente pactada resulte ser desproporcionadamente baja en comparación con la totalidad de los ingresos subsiguientes derivados de la explotación de las obras o interpretaciones o ejecuciones; |  | – | Un procedimiento alternativo de carácter voluntario de resolución de litigios relativos a la obligación de transparencia y al derecho a una remuneración adicional; |  | – | El derecho de revocación de una licencia o de una cesión de sus derechos exclusivos; |  | – | El principio de inaplicabilidad de cualquier disposición contractual contraria a las normas mencionadas en los guiones segundo, tercero y cuarto anteriores. | |

| 13. | A tenor del artículo 26 de la misma Directiva:  «1.   La presente Directiva se aplicará con respecto a todas las obras y otras prestaciones que estén protegidas por el Derecho nacional en materia de derechos de autor a 7 de junio de 2021 o con posterioridad.  2.   La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de los actos celebrados y de los derechos adquiridos antes del 7 de junio de 2021.» |

Derecho belga

| 14. | En la legislación belga, los derechos afines a los derechos de autor se regulan en el capítulo 3 del título 5 del libro XI del code de droit économique (Código de Derecho Económico). Los artículos XI.203 y XI.205 de dicho Código, en su versión vigente en el momento de los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Código de Derecho Económico»), disponían, en particular:  «Artículo XI.203  […]  Los derechos afines a que se refiere el presente capítulo son bienes muebles, total o parcialmente cedibles y transmisibles, de conformidad con lo dispuesto en el Code civil [(Código Civil)]. En particular, podrán ser objeto de enajenación o de licencia simple o exclusiva.  […]  Artículo XI.205  1. El artista intérprete o ejecutante es el único facultado para reproducir su prestación o autorizar su reproducción de cualquier manera o forma, ya sea de forma directa o indirecta, provisional o permanente, total o parcial.  Este derecho comprende, en particular, el derecho exclusivo a autorizar su alquiler o préstamo.  Es el único que tiene el derecho de comunicar su prestación al público por cualquier procedimiento, incluida la puesta a disposición del público de forma que cualquier persona pueda acceder a ella desde el lugar y en el momento que elija.  Los derechos del artista intérprete o ejecutante incluyen, en particular, el derecho exclusivo de distribución […]  […]  3. Ante el artista intérprete o ejecutante, todos los contratos se acreditarán por escrito.  Las estipulaciones contractuales relativas a los derechos del artista intérprete o ejecutante y a sus modalidades de explotación serán interpretarse de forma estricta. La cesión del objeto que incorpora una fijación de la prestación no conlleva el derecho a explotarla.  […]  4. Cuando las prestaciones sean realizadas por artistas intérpretes o ejecutantes en virtud de un contrato de trabajo o de una relación estatutaria, los derechos patrimoniales podrán cederse al empleador en la medida en que esa cesión esté expresamente prevista y siempre que la prestación esté comprendida en el ámbito del contrato o de la relación estatutaria.  […]  Podrá establecerse el alcance y las modalidades de transmisión por convenio colectivo.» |

| 15. | El arrêté royal relatif aux droits voisins du personnel artistique de l’Orchestre national de Belgique (Real Decreto relativo a los Derechos Afines del Personal Artístico de la Orquesta Nacional de Bélgica), de 1 de junio de 2021 (en lo sucesivo, «acto controvertido en el litigio principal»), regula de manera específica los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes miembros de la Orchestre national de Belgique (Orquesta Nacional de Bélgica; en lo sucesivo, «ONB»). El artículo 2 de este acto dispone:  «El artista intérprete o ejecutante cede a la [ONB], de conformidad con las disposiciones del presente Real Decreto, los derechos afines sobre sus prestaciones realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de la [ONB].» |

| 16. | Con arreglo al artículo 3, apartados 1 y 2, del citado acto:  «1.   En virtud del artículo 2 se ceden a la [ONB], a cambio de las contraprestaciones indicadas en los artículos 4 a 6, los siguientes derechos afines:   | a) | Derecho de comunicación al público:   | – | El derecho de comunicar al público las prestaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de la [ONB], con vistas a su difusión y retransmisión sonora por radio, cable, satélite, plataformas de Internet, streaming en línea o mediante cualquier otra técnica, conocida o desconocida en la actualidad. |  | – | El derecho de comunicar al público las prestaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de la [ONB], con vistas a su difusión y retransmisión audiovisual por radio, cable, satélite, plataformas de Internet, streaming en línea o mediante cualquier otra técnica, conocida o desconocida en la actualidad. | |  | b) | Derecho de reproducción y de distribución:   | – | El derecho de reproducir las prestaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de la [ONB], total o parcialmente, en un número ilimitado de ejemplares, en cualquier soporte fonográfico, videográfico o multimedia, incluidos los soportes digitales, conocidos o desconocidos en la actualidad. |  | – | El derecho de distribuir los soportes que reproducen las prestaciones de artistas intérpretes o ejecutantes, así como el derecho a ofrecerlos para su descarga con fines privados en un servicio accesible a través de una red digital de transmisión de datos, en particular Internet, y de manera general el derecho de explotar, directa o indirectamente, los soportes, incluso mediante venta y alquiler. | |   2.   Los derechos cedidos de conformidad con el artículo 2 y el apartado 1 del presente artículo se ceden por toda la duración de los derechos afines y para todo el mundo […]». |

Hechos del litigio principal, procedimiento y cuestiones prejudiciales

| 17. | Antes de la adopción del acto controvertido en el litigio principal, la explotación de los derechos afines de los músicos de la ONB se negociaba caso por caso en el seno de un comité de empresa. Desde el año 2016, la ONB y los representantes sindicales de los músicos mantuvieron negociaciones, en el seno del comité de empresa, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la remuneración de los derechos afines. Estas negociaciones no dieron fruto. |

| 18. | Ante este fracaso, las autoridades belgas competentes decidieron regular esta cuestión por vía reglamentaria. Sin embargo, las negociaciones con los representantes de los músicos sobre el proyecto de acto reglamentario también fracasaron, lo que dio lugar al protocolo de desacuerdo de 12 de mayo de 2021. |

| 19. | El 1 de junio de 2021, el État belge (Estado belga) adoptó el acto controvertido en el litigio principal, que entró en vigor el 4 de junio de 2021. |

| 20. | Mediante recurso interpuesto el 26 de julio de 2021 ante el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo, Bélgica), los recurrentes en el procedimiento principal solicitaron la anulación del acto controvertido en el litigio principal alegando, en particular, en esencia, que las disposiciones de dicho acto infringían los artículos 18 a 23 de la Directiva 2019/790 y los artículos XI.203 y XI.205 del Código de Derecho Económico. |

| 21. | En estas circunstancias, el Conseil d’État (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:   | «1) | ¿Deben interpretarse los artículos 18 a 23 de la [Directiva 2019/790] en el sentido de que se oponen a la cesión por vía reglamentaria de los derechos afines del personal estatutario sobre prestaciones realizadas en el contexto de su relación laboral? |  | 2) | En caso de respuesta afirmativa, ¿deben interpretarse los conceptos de “actos celebrados” y de “derechos adquiridos” que figuran en el artículo 26, apartado 2, de la Directiva 2019/790 en el sentido de que se refieren a la cesión de derechos afines llevada a cabo mediante un acto reglamentario adoptado antes del 7 de junio de 2021?» | |

| 22. | La petición de decisión prejudicial fue recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de septiembre de 2023. Han formulado observaciones escritas los recurrentes en el litigio principal, la ONB, el Gobierno belga y la Comisión Europea. Estas mismas partes estuvieron representadas en la vista que se celebró el 20 de junio de 2024. |

Análisis

| 23. | En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de varias disposiciones de la Directiva 2019/790. Antes de pasar a analizar las cuestiones prejudiciales en sí mismas, estimo necesario exponer determinadas propuestas y observaciones preliminares sobre su formulación. |

Observaciones preliminares

| 24. | Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2019/790 relativas a los derechos afines de los artistas intérpretes y ejecutantes, con el fin de determinar si el acto controvertido en el litigio principal es conforme con dichas disposiciones (primera cuestión prejudicial), y, más concretamente, pregunta sobre la aplicabilidad ratione temporis de la citada Directiva en el litigio principal (segunda cuestión prejudicial). |

| 25. | Ahora bien, según reiterada jurisprudencia, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de datos aportados por el órgano jurisdiccional nacional, y, especialmente, de la motivación de su resolución de remisión, los puntos de Derecho de la Unión que requieren una interpretación, habida cuenta del objeto del litigio. ( [9](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0009) ) En mi opinión, en el caso de autos, procede completar las cuestiones prejudiciales. |

| 26. | En efecto, las disposiciones citadas de la Directiva 2019/790 no tienen carácter autónomo y difícilmente pueden interpretarse de forma aislada. Si bien esta Directiva, en virtud de su artículo 1, apartado 2, deja intactas y no afecta en modo alguno a las disposiciones vigentes establecidas, en particular, por las Directivas 2001/29 y 2006/115 en materia de derechos afines de artistas intérpretes y ejecutantes, sería más exacto decir que dichas disposiciones «se insertan» en las normas pertinentes de tales Directivas con el fin de reforzar su eficacia. ( [10](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0010) ) Los preceptos de la Directiva 2019/790 mencionados en las cuestiones prejudiciales deben, por tanto, interpretarse conjuntamente con las disposiciones de las Directivas 2001/29 y 2006/115 que confieren derechos afines a los artistas intérpretes o ejecutantes. |

| 27. | Es más, de la petición de decisión prejudicial se desprende que los motivos invocados contra el acto controvertido en el litigio principal no solo se refieren a su conformidad con las disposiciones de la Directiva 2019/790, sino también con los artículos XI.203 y XI.205, entre otros, del Código de Derecho Económico. ( [11](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0011) ) Pues bien, estas últimas disposiciones, dado que transponen al Derecho belga, en relación con los artistas intérpretes y ejecutantes, los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29, y los artículos 3 y 7 a 9 de la Directiva 2006/115, deben interpretarse en la medida de lo posible de conformidad con las citadas Directivas. ( [12](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0012) ) Además, a diferencia de la Directiva 2019/790, dichas Directivas no se ven afectadas por el problema de su aplicabilidad ratione temporis al litigio principal. Así, considero útil, e incluso indispensable, para resolver el litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente, que se precise la interpretación correcta de las mencionadas disposiciones de Derecho de la Unión, máxime cuando esta cuestión no parece haberse planteado ni debatido en el procedimiento principal. |

| 28. | La segunda cuestión prejudicial se inscribe en la cuestión más amplia consistente en dilucidar si la Directiva 2019/790 se opone a una normativa nacional como el acto controvertido en el litigio principal. Por tanto, podrá analizarse en el marco de la interpretación de las disposiciones de la referida Directiva. Por consiguiente, propongo efectuar este análisis junto con el de la primera cuestión prejudicial. |

| 29. | Así pues, propongo considerar que, mediante sus dos cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29, los artículos 3, apartado 1, letra a), 7, apartado 1, 8, apartado 1, y 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115, y los artículos 18 a 23 de la Directiva 2019/790 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la cesión por vía reglamentaria, en favor del empleador, de los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes que sean personal estatutario, sobre las prestaciones realizadas en el marco de su relación de trabajo. |

Sobre las cuestiones prejudiciales tal como han sido reformuladas

| 30. | Mediante el acto controvertido en el litigio principal, adoptado sin el consentimiento de los músicos de la ONB y pese a su oposición, las autoridades belgas ordenaron de forma unilateral, por vía reglamentaria, la cesión de todos los derechos afines, existentes y futuros, de estos músicos a favor de la ONB, a cambio de una remuneración a tanto alzado. Dicho acto supone, por tanto, una cesión obligatoria de esos derechos a favor de la institución interesada en explotarlos económicamente. Además, esta cesión se acordó, en relación con los músicos que ya eran miembros de la ONB en el momento de la adopción del acto, de manera retroactiva, es decir, después de que entraran al servicio de la orquesta. ( [13](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0013) ) Esta cesión resulta de un acto adoptado por el Gobierno federal, del que depende también la ONB. Por consiguiente, la cesión controvertida fue, en cierto modo, decidida por el Gobierno en su propio beneficio. |

| 31. | La cuestión que se plantea consiste, por tanto, en determinar si las disposiciones pertinentes de las Directivas 2001/29, 2006/115 y 2019/790 se oponen a tal cesión obligatoria. De entrada, debo señalar que, a mi juicio, la respuesta es afirmativa, por las razones que expongo a continuación. |

Sobre las Directivas 2001/29 y 2006/115

| 32. | Los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29, y los artículos 3, apartado 1, letra a), 7, apartado 1, 8, apartado 1, y 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115 confieren a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la explotación de sus actuaciones en forma de fijación, reproducción, distribución (incluyendo el alquiler y el préstamo) y comunicación al público, incluida la puesta a disposición del público. |

| 33. | Según reiterada jurisprudencia, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir constituye un derecho de carácter preventivo, en el sentido de que todo acto de explotación de las prestaciones así protegidas requiere el consentimiento previo del titular del derecho en cuestión. Por consiguiente, debe considerarse que toda utilización de esas prestaciones por parte de un tercero sin tal consentimiento previo vulnera dichos derechos. ( [14](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0014) ) Además, esta protección no se limita al goce de los derechos exclusivos, sino que se extiende a su ejercicio. ( [15](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0015) ) |

| 34. | De ello se deduce que las disposiciones pertinentes de las Directivas 2001/29 y 2006/115 confieren a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho a oponerse de manera real y efectiva a la explotación de sus actuaciones sin su consentimiento. Por tanto, este derecho no puede transformarse, en virtud de una cesión obligatoria como la prevista en acto controvertido en el litigio principal, en un simple derecho a una remuneración. |

| 35. | El hecho de que los músicos de la ONB trabajen con arreglo al estatuto de la función pública carece aquí de pertinencia. En efecto, al utilizar, sin más precisiones, la expresión «artistas intérpretes o ejecutantes», que debe interpretarse de manera uniforme en toda la Unión, el legislador de la Unión no supeditó la aplicabilidad de las Directivas 2001/29 y 2006/115 a ningún requisito relativo a la situación laboral de las personas en cuestión. ( [16](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0016) ) La aplicabilidad de tales disposiciones a los artistas intérpretes o ejecutantes empleados, incluso al amparo del estatuto de la función pública, no plantea, en mi opinión, duda alguna. |

| 36. | Las Directivas 2001/29 y 2006/115 establecen excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos de los artistas intérpretes y ejecutantes. Así, el artículo 5, apartados 2 y 3, de la Directiva 2001/29 establece una lista exhaustiva de excepciones a los derechos protegidos en virtud de la citada Directiva, que los Estados miembros están facultados para establecer en su legislación. De la misma manera, el artículo 10 de la Directiva 2006/115 establece una breve lista de posibles excepciones a los derechos protegidos en virtud de esta Directiva, a la que pueden añadirse excepciones análogas a las contempladas en la legislación interna de cada Estado miembro en materia de derechos de autor. ( [17](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0017) ) Además, los derechos de radiodifusión y de comunicación al público de los artistas intérpretes y ejecutantes están limitados en determinadas situaciones con arreglo al artículo 8, apartados 1 y 2, de esta Directiva. En particular, el citado apartado 2 contempla una licencia obligatoria para la radiodifusión y la comunicación al público cuando se trate de actuaciones grabadas en un fonograma publicado con fines comerciales, mediante una remuneración equitativa para los titulares. |

| 37. | Estas excepciones y limitaciones no permiten, sin embargo, transformar la totalidad de los derechos exclusivos de una categoría o grupo de artistas intérpretes o ejecutantes, mediante una cesión obligatoria, en un derecho a una remuneración. |

| 38. | El artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2006/115 dispone, asimismo, expresamente que solo podrán establecerse licencias obligatorias en la medida en que sean compatibles con la Convención de Roma. Esta disposición, aunque figura en la Directiva 2006/115, no se aplica únicamente a los derechos exclusivos protegidos en virtud de la misma, sino con «respecto a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes» de manera general, es decir, también a los derechos enunciados en la Directiva 2001/29. |

| 39. | La Convención de Roma, a la que se remite la citada disposición de la Directiva 2006/115, define claramente la naturaleza de los derechos que las partes en dicha Convención tienen la obligación de garantizar a los artistas intérpretes o ejecutantes. El artículo 7, apartado 1, de la citada Convención, que establece la protección mínima exigida, dispone que esta protección debe comprender la facultad «de impedir» la explotación, sin el consentimiento de los artistas intérpretes o ejecutantes, de sus actuaciones en forma de radiodifusión o comunicación al público, de la fijación original y de reproducción. Se trata, por tanto, de los derechos exclusivos y preventivos de los artistas intérpretes o ejecutantes, que han de poder dar o denegar su consentimiento para cada explotación de sus actuaciones en una de las formas antes mencionadas. |

| 40. | La Convención de Roma solo restringe el ámbito de aplicación del principio del consentimiento previo de los artistas intérpretes o ejecutantes en un número limitado de supuestos, contemplados en los artículos 12, 15 y 19 de la referida Convención, que se reproducen respectivamente en los artículos 8, apartado 2, 10 y 3, apartado 6, de la Directiva 2006/115. No obstante, ninguna de estas disposiciones permite ordenar una cesión obligatoria de carácter general, como la que contempla el acto controvertido en el litigio principal. ( [18](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0018) ) |

| 41. | En lo que se refiere a las actuaciones colectivas, es decir, las actuaciones realizadas por varios artistas intérpretes o ejecutantes, el artículo 8 de la Convención de Roma permite que las partes de dicha Convención determinen las modalidades según las cuales estos artistas intérpretes o ejecutantes estarán representados para el ejercicio de sus derechos. Por tanto, pueden establecerse formas para permitir que los grupos de artistas intérpretes o ejecutantes concedan de manera efectiva su autorización a los actos de explotación de sus actuaciones. Sin embargo, de los trabajos preparatorios de la Convención de Roma se desprende que esta disposición no versa sobre las condiciones de ejercicio de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, sino únicamente sobre las modalidades de su representación, precisamente con el fin de evitar que se interprete en el sentido de que permite establecer una licencia obligatoria relativa a las actuaciones colectivas. ( [19](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0019) ) Por consiguiente, el principio del consentimiento sigue siendo plenamente aplicable en este caso. |

| 42. | El WPPT retoma, con ligeras adaptaciones, los preceptos de la Convención de Roma en lo que atañe a los derechos exclusivos de los artistas intérpretes o ejecutantes. Estos derechos se describen como «derechos exclusivos a autorizar». Los artículos 8, 9 y 10 del WPPT completan la referida Convención con nuevos derechos, a saber, respectivamente, el derecho de distribución, el derecho de alquiler y el derecho de puesta a disposición del público. |

| 43. | De ello se deduce, a mi juicio, que las disposiciones de las Directivas 2001/29 y 2006/115 citadas en el punto 32 de las presentes conclusiones, interpretadas a la luz de las disposiciones pertinentes de la Convención de Roma y del WPPT, se oponen a que se establezca por vía reglamentaria una cesión general de los derechos afines de un grupo de artistas intérpretes o ejecutantes sin el consentimiento previo de estos. |

| 44. | Es cierto que, en supuestos excepcionales, el Tribunal de Justicia ha admitido que la legislación nacional establezca una presunción del consentimiento implícito de los titulares de los derechos de autor o los derechos afines. ( [20](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0020) ) Sin embargo, en mi opinión, esta jurisprudencia no es aplicable en el caso de autos. |

| 45. | En efecto, en primer lugar, el Tribunal de Justicia solo ha admitido tal consentimiento implícito en supuestos de utilización de importancia menor. ( [21](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0021) ) Dudo de que pueda extrapolarse sin más a una cesión general de los derechos afines de un grupo de artistas intérpretes o ejecutantes. Además, el Tribunal de Justicia ha subrayado que las circunstancias en las que puede admitirse el consentimiento implícito deben definirse de forma estricta para no privar de eficacia al principio mismo del consentimiento previo. ( [22](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0022) ) Pues bien, en el caso de los artistas intérpretes o ejecutantes afectados por el acto controvertido en el litigio principal, el principio del consentimiento previo queda precisamente privado de contenido. |

| 46. | En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ha subrayado que el titular afectado debe poder oponerse a la utilización que se pretende hacer del objeto protegido en cuestión. ( [23](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0023) ) Pues bien, consta en el procedimiento principal que los músicos de la ONB no han consentido las modalidades de cesión de sus derechos y se oponen al acto controvertido en el litigio principal. Por consiguiente, no cabe presumir el consentimiento por su parte. Asimismo, dado que el acto controvertido en el litigio principal afecta a músicos ya empleados, la existencia de un consentimiento implícito en relación con la cesión de sus derechos a favor de la ONB resulta puramente hipotética. ( [24](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0024) ) |

| 47. | Por último, en tercer lugar, el Tribunal de Justicia también ha subrayado que la consecución de un objetivo o de un interés cultural no puede justificar una excepción no prevista por el legislador de la Unión a la protección garantizada por los actos del Derecho de la Unión en materia de derecho de autor y derechos afines. ( [25](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0025) ) |

| 48. | En aras de la claridad, señalaré que, en mi opinión, el Derecho de la Unión no se opone a que los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes sean cedidos a su empleador, tal como se prevé en el artículo XI.205, apartado 4, del Código de Derecho Económico, ni a que, en el caso de los artistas intérpretes o ejecutantes que trabajan con arreglo al estatuto de la función pública, esa cesión se efectúe por vía reglamentaria. No obstante, los artistas intérpretes o ejecutantes o sus representantes debidamente facultados deben consentir previamente la adopción y el contenido de tal acto reglamentario. |

| 49. | Por tanto, propongo responder a las cuestiones prejudiciales, en lo que respecta a las Directivas 2001/29 y 2006/115, que los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29, y los artículos 3, apartado 1, letra a), 7, apartado 1, 8, apartado 1, y 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la cesión por vía reglamentaria, en favor del empleador, de los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes que sean personal estatutario, sobre las prestaciones realizadas en el marco de su relación de trabajo, cuando estos artistas intérpretes o ejecutantes o sus representantes debidamente facultados no hayan consentido previamente la adopción y el contenido del acto reglamentario en cuestión. |

Sobre la Directiva 2019/790

| 50. | En lo que atañe a la Directiva 2019/790, se desprende de la petición de decisión prejudicial que el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre la aplicabilidad de dicha Directiva en el supuesto de cesión por vía reglamentaria de los derechos afines de los artistas intérpretes y ejecutantes que trabajan con arreglo al estatuto de la función pública, así como sobre la aplicabilidad ratione temporis de la referida Directiva, habida cuenta de la fecha de adopción del acto controvertido en el litigio principal. Por consiguiente, me centraré en estos dos aspectos. La apreciación de la conformidad material de la legislación nacional con las disposiciones pertinentes de la citada Directiva es competencia en cualquier caso del órgano jurisdiccional remitente. |

– Sobre la aplicabilidad de la Directiva 2019/790 ratione temporis

| 51. | Cabe recordar que, en virtud de su artículo 26, la Directiva 2019/790 se aplicará con respecto a todas las obras y otras prestaciones que estén protegidas por el Derecho nacional en materia de derechos de autor a 7 de junio de 2021 o con posterioridad. Dicho artículo precisa, en su apartado 2, que la citada Directiva se aplicará sin perjuicio de los actos celebrados y de los derechos adquiridos antes de esta fecha. La cuestión que se plantea consiste, por tanto, en determinar en qué medida la citada Directiva se aplica al acto controvertido en el litigio principal, que entró en vigor el 4 de junio de 2021. |

| 52. | Procede observar, antes de nada, que la salvedad contenida en el artículo 26, apartado 2, de la Directiva 2019/790 solo se aplica a los actos celebrados y los derechos adquiridos conforme a la ley. Si, a raíz de la respuesta del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente decidiera anular el acto controvertido en el litigio principal, la cuestión de la aplicabilidad ratione temporis de la citada Directiva quedará sin objeto, ya que el eventual nuevo acto de cesión de los derechos de los músicos de la ONB habrá sido adoptado después del 7 de junio de 2021. |

| 53. | No obstante lo anterior, considero necesario formular las siguientes observaciones acerca de la aplicabilidad ratione temporis. |

| 54. | En relación con las disposiciones del artículo 10 de la Directiva 2001/29, redactado en términos esencialmente idénticos a los del artículo 26 de la Directiva 2019/790, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que su finalidad consiste en evitar la aplicación retroactiva de la Directiva 2001/29 y que deben interpretarse en el sentido de que tal Directiva no afecta a los actos de explotación de los derechos exclusivos que hayan tenido lugar antes de la fecha de aplicabilidad de dicha Directiva. ( [26](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0026) ) |

| 55. | Sin embargo, esta jurisprudencia no resuelve explícitamente la cuestión de cómo debe interpretarse el concepto de «derechos adquiridos», que figura también en el artículo 26, apartado 2, de la Directiva 2019/790. A mi juicio, este concepto no puede interpretarse de manera demasiado amplia, a fin de no afectar al efecto útil de dicha Directiva. |

| 56. | En efecto, la cesión de los derechos exclusivos puede tener un alcance temporal muy amplio. Así, el acto controvertido en el litigio principal prevé la cesión a favor de la ONB de todos los derechos afines allí enumerados de los músicos de esa orquesta, empleados actualmente o en el futuro, incluso para las interpretaciones futuras y durante toda la vigencia de tales derechos. Considerar que todos esos derechos son «adquiridos», en el sentido del artículo 26, apartado 2, de la Directiva 2019/790, tendría como efecto sustraer definitivamente la transmisión de los derechos afines de los músicos de la ONB a los requisitos de esta Directiva, que quedaría de este modo privada de efecto frente a ese grupo de artistas intérpretes o ejecutantes. |

| 57. | Por consiguiente, en mi opinión, es preciso interpretar el artículo 26, apartado 2, de la Directiva 2019/790 en el sentido de que se refiere únicamente a los derechos existentes en la fecha que allí se indica, es decir, a los derechos cuyo hecho generador tuviera lugar antes de esa fecha. En el caso de los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes, el hecho generador es, en principio, la interpretación o actuación. En efecto, si bien la cesión de los derechos exclusivos puede tener por objeto derechos futuros, es difícil considerarlos «adquiridos» por el cesionario, en la medida en que no es seguro que tenga lugar el hecho generador. |

| 58. | Además, y con independencia de la interpretación in abstracto del artículo 26 de la Directiva 2019/790, procede señalar que, en las circunstancias del presente asunto, el acto controvertido en el litigio principal tiene, como acto reglamentario, una doble naturaleza. Por un lado, constituye el acto de cesión de los derechos afines de los músicos de la ONB empleados en el momento de su adopción. ( [27](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0027) ) Por otro lado, regula de manera abstracta la situación de cualquier músico de esa orquesta, actual o futuro. Como tal, dicho acto forma parte de la legislación interna belga, que el Reino de Bélgica debe adaptar a la Directiva 2019/790 antes del 7 de junio de 2021. Esta obligación recae sobre el Estado belga con independencia de la condición en la que actúe, ya sea como legislador o como empleador. Este Estado miembro no puede, en efecto, invocar ciertos «derechos adquiridos» para frustrar el efecto útil de la citada Directiva. |

| 59. | Estas consideraciones me llevan a concluir que los artículos 18 a 23 de la Directiva 2019/790 son aplicables al acto controvertido en el litigio principal a partir del 7 de junio de 2021, sin perjuicio de los actos de explotación realizados y los derechos existentes adquiridos por la ONB antes de esa fecha. ( [28](#t-ECR_62023CC0575_ES_01-E0028) ) |

– Sobre la aplicabilidad de la Directiva 2019/790 ratione personae

| 60. | El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si los artículos 18 a 23 de la Directiva 2019/790 son aplicables en el caso de una cesión de los derechos afines de artistas intérpretes o ejecutantes realizada en el marco de una relación de trabajo, en particular un empleo con arreglo al estatuto de la función pública. Estas dudas se deben a las posiciones del Estado belga y de la ONB, que estas partes mantienen, en esencia, en sus observaciones formuladas en el presente procedimiento, que defienden que, habida cuenta de su tenor literal y a la luz de los considerandos pertinentes de la referida Directiva, dichas disposiciones solo son aplicables a los titulares que hayan celebrado contratos de licencia o de transmisión de sus derechos. |

| 61. | Como se desprende de las consideraciones relativas a las disposiciones pertinentes de las Directivas 2001/29 y 2006/115, salvo en un número limitado de casos, los artistas intérpretes o ejecutantes deben dar su consentimiento para cualquier explotación de sus derechos afines. Cuando el consentimiento se presta a cambio de una remuneración, existe una suerte de «contrato de explotación» de estos derechos, en el sentido genérico del término, que puede adoptar distintas formas y denominaciones en los sistemas jurídicos nacionales. No se excluyen las relaciones de trabajo, en las que puede existir también un contrato de cesión de los derechos afines entre el artista intérprete o ejecutante empleado y su empleador, incorporado al contrato de trabajo o independiente de él. |

| 62. | La Directiva 2019/790 da por sentada esta situación y utiliza en este sentido amplio y genérico el término «contrato». Además, los artículos 18, 19 y 22 de esta Directiva definen su ámbito de aplicación refiriéndose a la concesión de una licencia o una cesión de derechos exclusivos. El término «contrato», en el sentido de estas disposiciones, debe entenderse, por tanto, en el sentido de que se refiere a cualquier concesión de licencia de explotación o cesión de derechos exclusivos. |

| 63. | Por consiguiente, procede considerar que los artículos 18 a 23 de la Directiva 2019/790 se aplican no solo en el supuesto de que exista un contrato de explotación de derechos exclusivos en sentido estricto, sino siempre que un artista intérprete o ejecutante preste su consentimiento a la explotación de sus derechos afines a cambio de una remuneración. |

| 64. | Una interpretación distinta privaría a la Directiva 2019/790 de buena parte de su eficacia. En efecto, los artistas intérpretes o ejecutantes, como los autores de teatro o los músicos de una orquesta, se encuentran con frecuencia en una relación laboral. Si su trabajo consiste principalmente en ofrecer interpretaciones en directo, su empleador puede estar interesado también en explotar sus actuaciones de otras formas. Excluir a estos artistas intérpretes o ejecutantes del beneficio de las normas de esta Directiva limitaría considerablemente su ámbito de aplicación y, en consecuencia, su efecto útil. |

| 65. | La conclusión enunciada en el punto 63 de las presentes conclusiones se ve corroborada por el considerando 72 de la Directiva 2019/790, según el cual las personas físicas necesitan la protección que ofrece esta Directiva «para poder gozar plenamente de los derechos armonizados por el Derecho de la Unión». Pues bien, dado que estos derechos armonizados por el Derecho de la Unión, en particular los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes, existen con independencia de la situación de sus titulares desde el punto de vista del Derecho del trabajo, debe suceder lo mismo en relación con la aplicabilidad de dicha Directiva. Si bien el citado considerando menciona también situaciones en las que no existe esta necesidad de protección, concretamente, ciertas relaciones de trabajo, tales situaciones no se refieren, sin embargo, a la explotación de las prestaciones protegidas, sino únicamente a su utilización final. Pues bien, no es este el caso en el presente asunto. |

| 66. | Esta conclusión se aplica igualmente a los empleos del sector público, incluidos los que no se rigen por un contrato de trabajo, sino por un estatuto. Efectivamente, también en estas situaciones, el artista intérprete o ejecutante afectado ha de prestar su consentimiento a la explotación de sus derechos afines por el empleador. Su relación es semejante, en esencia, a cualquier otra relación contractual entre un titular de derechos exclusivos y un cesionario de esos derechos o un licenciatario de la explotación de los mismos. Por tanto, la Directiva 2019/790 es aplicable en el caso de autos. |

| 67. | En mi opinión, las alegaciones formuladas a este respecto por la ONB y el Reino de Bélgica, basadas en el carácter específico de los empleos en la Administración pública, incluida la Unión Europea, son erróneas. En primer término, la transmisión de eventuales derechos de autor sobre prestaciones que es muy dudoso que constituyan obras, en el sentido del derecho de autor, a la Administración que es su usuario final y no los explota, al menos no económicamente, no es comparable a la transmisión de los derechos afines sobre interpretaciones artísticas, precisamente con el fin de explotarlas comercialmente. En segundo término, cuando un funcionario público entra al servicio de una Administración, puede dar su consentimiento a la transmisión de sus eventuales derechos con pleno conocimiento de las normas vigentes, firmando un acuerdo. En cambio, el acto controvertido en el litigio principal se aplica a los músicos ya empleados y no les permite dar o denegar su consentimiento a la cesión prevista, mientras que en el pasado se les solicitaba tal consentimiento. En tercer término, la cesión de derechos a una Administración en el marco del servicio no genera una remuneración adicional y, por tanto, no activa la aplicación de la Directiva 2019/790, a diferencia de la cesión que contempla el acto controvertido en el litigio principal. Por último, no se trata aquí de la remuneración de los funcionarios públicos, sino de la transmisión a cambio de una remuneración de los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes, cuestión para la que la Unión es competente sin ninguna duda. |

Respuesta a las cuestiones prejudiciales

| 68. | Por consiguiente, los artículos 18 a 23 de la Directiva 2019/790 se aplican, en principio, a una norma como el acto controvertido en el litigio principal, de modo que este debe ser conforme a tales disposiciones. La apreciación de esta conformidad requiere interpretar el Derecho nacional y realizar constataciones fácticas y, por ello, es competencia del órgano jurisdiccional remitente. |

| 69. | Como observación final, subrayaré de nuevo lo previsto en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2019/790, en virtud del cual dicha Directiva dejará intactas y no afectará a las disposiciones vigentes establecidas, concretamente, en las Directivas 2001/29 y 2006/115. De ello se desprende, en particular, que el respeto de las disposiciones de la primera de las citadas Directivas, incluidos sus artículos 18 a 23, no sustituye a la obligación de cumplir las normas establecidas en las otras dos Directivas, en concreto, el principio del consentimiento previo a cualquier explotación de las prestaciones protegidas. Un acto unilateral adoptado sin tal consentimiento, aunque cumpla los citados artículos, no puede considerarse conforme a la legislación de la Unión en materia de derechos de autor en su conjunto. |

| 70. | En consecuencia, propongo responder a la cuestión prejudicial, en lo que se refiere a la Directiva 2019/790, que los artículos 18 a 23 de esta Directiva deben interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de los actos de explotación realizados y de los derechos adquiridos existentes antes del 7 de junio de 2021, se aplican a la cesión por vía reglamentaria, en favor del empleador, de los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes que sean personal estatutario, sobre las prestaciones realizadas en el marco de su relación de trabajo, por lo que ese acto reglamentario debe ser conforme a tales disposiciones. Dicho acto debe, además, respetar las exigencias de las Directivas 2001/29 y 2006/115, en particular el requisito del consentimiento previo de la cesión de los derechos afines. |

Conclusión

| 71. | Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo, Bélgica) del siguiente modo:  «Los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y los artículos 3, apartado 1, letra a), 7, apartado 1, 8, apartado 1, y 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual,  deben interpretarse en el sentido de que  se oponen a la cesión por vía reglamentaria, en favor del empleador, de los derechos afines a los derechos de autor de los artistas intérpretes o ejecutantes que sean personal estatutario, sobre las prestaciones realizadas en el marco de su relación de trabajo, cuando estos artistas intérpretes o ejecutantes o sus representantes debidamente facultados no hayan consentido previamente la adopción y el contenido del acto reglamentario en cuestión.  Los artículos 18 a 23 de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE,  deben interpretarse en el sentido de que  sin perjuicio de los actos de explotación realizados y de los derechos adquiridos existentes antes del 7 de junio de 2021, se aplican a la cesión por vía reglamentaria, en favor del empleador, de los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes que sean personal estatutario, sobre las prestaciones realizadas en el marco de su relación de trabajo, por lo que ese acto reglamentario debe ser conforme a tales disposiciones. Dicho acto debe, además, respetar las disposiciones de las Directivas 2001/29 y 2006/115, en particular el requisito del consentimiento previo de la cesión de los derechos afines.» |

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(
[1](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0001)
) Lengua original: francés.

(
[2](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0002)
) Se trata, más concretamente, de los denominados derechos «patrimoniales». El Derecho de la Unión no trata los derechos morales, por lo que no serán objeto de las presentes conclusiones.

(
[3](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0003)
) La protección de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, prevista también en la Convención de Roma, queda fuera del ámbito del presente asunto.

(
[4](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0004)
) Véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2020, Recorded Artists Actors Performers ([C‑265/19](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677&locale=es), [EU:C:2020:677](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677)), apartados [50](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677&anchor=#point50) y [51](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677&anchor=#point51).

(
[5](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0005)
) [DO 2000, L 89, p. 6](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2000:089:TOC).

(
[6](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0006)
) [DO 2001, L 167, p. 10](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2001:167:TOC).

(
[7](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0007)
) [DO 2006, L 376, p. 28](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2006:376:TOC).

(
[8](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0008)
) [DO 2019, L 130, p. 92](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2019:130:TOC).

(
[9](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0009)
) Véase la reciente sentencia de 9 de marzo de 2023, Registrų centras ([C‑354/21](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2023%3A184&locale=es), [EU:C:2023:184](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2023%3A184)), apartado [35](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2023%3A184&anchor=#point35).

(
[10](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0010)
) Véase el considerando 72 de la Directiva 2019/790.

(
[11](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0011)
) Y, según entiendo la petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente considera admisible este motivo.

(
[12](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0012)
) Véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 14 de noviembre de 2019, Spedidam ([C‑484/18](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970&locale=es), [EU:C:2019:970](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970)), apartado [30](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970&anchor=#point30). Debo señalar, en aras de la claridad, que la Directiva 2019/790 aún no había sido transpuesta al Derecho belga en el momento de la adopción del acto controvertido en el litigio principal.

(
[13](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0013)
) El término «servicio» me parece adecuado aquí, ya que los músicos de la ONB trabajan normalmente con arreglo al estatuto de la función pública.

(
[14](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0014)
) Véase, en particular, en lo que respecta a los derechos afines de artistas intérpretes o ejecutantes, la sentencia de 14 de noviembre de 2019, Spedidam ([C‑484/18](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970&locale=es), [EU:C:2019:970](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970)), apartado [38](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970&anchor=#point38) y jurisprudencia citada.

(
[15](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0015)
) Sentencia de 14 de noviembre de 2019, Spedidam ([C‑484/18](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970&locale=es), [EU:C:2019:970](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970)), apartado [37](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970&anchor=#point37).

(
[16](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0016)
) Véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2020, Recorded Artists Actors Performers ([C‑265/19](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677&locale=es), [EU:C:2020:677](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677)), apartados [48](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677&anchor=#point48) y [61](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677&anchor=#point61).

(
[17](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0017)
) Estas excepciones no pueden ser distintas de las enumeradas en el artículo 5 de la Directiva 2001/29. El carácter confuso de esta normativa se debe a que el artículo 10 de la Directiva 2006/115 reproduce literalmente el artículo 10 de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual ([DO 1992, L 346, p. 61](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1992:346:TOC)), que es anterior a la Directiva 2001/29 y que fue codificada por la Directiva 2006/115.

(
[18](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0018)
) Solo el artículo 12 de la Convención de Roma establece una especie de licencia obligatoria para los supuestos en que un fonograma publicado con fines comerciales se utilice para la radiodifusión o para la comunicación al público y, en tales casos, los artistas intérpretes o ejecutantes afectados únicamente tienen derecho a una remuneración equitativa. El artículo 15 de la Convención prevé las excepciones clásicas a los derechos exclusivos de los artistas intérpretes, mientras que el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2006/115, en el marco de la posibilidad ofrecida por el artículo 19 de dicha Convención, faculta a los Estados miembros a establecer una presunción de autorización de los artistas intérpretes o ejecutantes para los actos contemplados por dicha Directiva cuando hayan consentido la inclusión de sus actuaciones en una obra cinematográfica o audiovisual.

(
[19](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0019)
) Véase Ficsor, M., Guide des traités sur le droit d’auteur et les droits connexes administrés par l’OMPI, OMPI, Ginebra, 2003, p. 153.

(
[20](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0020)
) Véanse las sentencias de 16 de noviembre de 2016, Soulier y Doke ([C‑301/15](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A878&locale=es), [EU:C:2016:878](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A878)), apartado [35](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A878&anchor=#point35), y de 14 de noviembre de 2019, Spedidam ([C‑484/18](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970&locale=es), [EU:C:2019:970](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970)), apartado [40](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970&anchor=#point40).

(
[21](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0021)
) A saber, la reproducción y comunicación al público en formato digital de los libros no disponibles en el comercio y la explotación de las actuaciones contenidas en obras audiovisuales antiguas.

(
[22](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0022)
) Sentencia de 14 de noviembre de 2019, Spedidam ([C‑484/18](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970&locale=es), [EU:C:2019:970](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970)), apartado [40](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970&anchor=#point40).

(
[23](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0023)
) Véanse las sentencias de 16 de noviembre de 2016, Soulier y Doke ([C‑301/15](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A878&locale=es), [EU:C:2016:878](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A878)), apartado [38](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A878&anchor=#point38), y de 14 de noviembre de 2019, Spedidam ([C‑484/18](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970&locale=es), [EU:C:2019:970](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970)), apartado [43](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A970&anchor=#point43).

(
[24](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0024)
) Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2016, Soulier y Doke ([C‑301/15](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A878&locale=es), [EU:C:2016:878](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A878)), apartado [39](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A878&anchor=#point39).

(
[25](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0025)
) Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2016, Soulier y Doke ([C‑301/15](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A878&locale=es), [EU:C:2016:878](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A878)), apartado [45](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A878&anchor=#point45).

(
[26](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0026)
) Sentencia de 27 de junio de 2013, VG Wort y otros ([C‑457/11 a C‑460/11](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A426&locale=es), [EU:C:2013:426](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A426)), apartados [28](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A426&anchor=#point28) y [29](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A426&anchor=#point29).

(
[27](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0027)
) Esto es cierto, al menos, para los músicos que tienen la condición de funcionarios públicos. En el caso de los músicos empleados en virtud de un contrato de trabajo, el último considerando del acto controvertido en el litigio principal dispone que se les aplicará dicho acto mediante apéndices a sus contratos.

(
[28](#c-ECR_62023CC0575_ES_01-E0028)
) No obstante, en virtud del artículo 27 de dicha Directiva, su artículo 19 es aplicable sin reservas a los contratos existentes a partir del 7 de junio de 2021.

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