Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 19.3.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 80/14 |

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Nota de conformidad con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) no 732/2008 del Consejo, sobre el cierre de una investigación en relación con la aplicación efectiva de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes en Bolivia

2013/C 80/07

El 20 de marzo de 2012, la Comisión publicó la Decisión de Ejecución 2012/161/UE de la Comisión[(1)](#ntr1-C_2013080ES.01001401-E0001), que prevé la apertura de una investigación para analizar los efectos de la denuncia por el Estado Plurinacional de Bolivia (en lo sucesivo, «Bolivia») de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes (en lo sucesivo, «la Convención Única de la ONU» o «la Convención») y si dicha legislación se aplica de forma eficaz. El objeto de la investigación era determinar si debía aplicarse una suspensión del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la buena gobernanza (en lo sucesivo, «las preferencias arancelarias del SPG+ ») que se concede a Bolivia, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 732/2008 del Consejo[(2)](#ntr2-C_2013080ES.01001401-E0002), por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas (en lo sucesivo, «el Reglamento SPG»), con arreglo a las disposiciones que figuran en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento.

La investigación se abrió tras el depósito por parte de Bolivia ante el Secretario General de las Naciones Unidas de un instrumento de denuncia de la Convención Única de la ONU sobre Estupefacientes el 29 de junio de 2011. La denuncia entró en vigor el 1 de enero de 2012. El 29 de diciembre de 2011, el Gobierno de Bolivia solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas la readhesión a la Convención Única de la ONU con una reserva que permitiría en ese país el mascado tradicional de las hojas de coca, así como el consumo y la utilización de la hoja de coca en su estado natural para fines medicinales o por razones culturales, su utilización en infusiones y el cultivo, comercio y posesión de la hoja de coca en la medida necesaria para estos fines lícitos. De acuerdo con las normas de la Convención, a menos que un tercio de las 183 Partes gubernamentales en el Convenio hubieran formulado objeciones antes del 10 de enero de 2013, esta solicitud sería aceptada.

La Comisión comprobó que, antes del 10 de enero de 2013, solamente se habían opuesto al instrumento de readhesión 15 Partes gubernamentales de la Convención Única de la ONU. Por lo tanto, Bolivia se ha readherido a la Convención, que ha entrado en vigor en este país el 10 de febrero de 2013.

La Comisión comprobó si las autoridades bolivianas habían modificado su legislación y sus prácticas con respecto a las drogas ilegales tras la denuncia del Convenio y si ello había conducido a una situación en la que la legislación no se estuviera aplicando de manera efectiva. Con este fin, la Comisión envió al Gobierno boliviano un cuestionario. El Gobierno de Bolivia respondió al citado cuestionario en el plazo previsto. La Comisión analizó el contenido de la respuesta y transmitió al Gobierno de Bolivia una solicitud de aclaraciones adicionales sobre determinados elementos de la respuesta. Bolivia proporcionó dentro del plazo una respuesta a las aclaraciones solicitadas.

La Comisión tuvo también en cuenta otra información pertinente y, en particular, los últimos informes disponibles de los órganos internacionales relevantes [Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)].

La investigación puso de manifiesto que las normas y obligaciones en virtud de la legislación nacional se habían mantenido prácticamente sin cambios tras el 29 de junio de 2011. Bolivia cuenta con un régimen de legislación interna y cooperación internacional que está vinculado a las normas internacionales pertinentes en materia de lucha contra la producción, el comercio y el consumo de drogas ilícitas. Ninguno de los elementos de este régimen ha experimentado ningún cambio después de la denuncia de la Convención Única de la ONU. Así, la legislación boliviana sigue incorporando las disposiciones de la Convención, de conformidad con el artículo 15, apartado 2.

La investigación también puso de manifiesto que, tras la denuncia de la Convención, no se ha debilitado la aplicación efectiva de las disposiciones legales vigentes. Así pues, Bolivia ha seguido aplicando eficazmente la legislación pertinente.

A partir de dichos datos, de conformidad con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento SPG, la Comisión decidió, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 27, apartado 5, de dicho Reglamento, que los resultados de la investigación no justifican la retirada temporal de las preferencias arancelarias del SPG+ para Bolivia y, por tanto, cerrar la investigación. Cabe recordar también que, de conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento SPG, la Comisión debe seguir controlando la evolución de la situación de la ratificación y la aplicación efectiva de la Convención Única de la ONU en Bolivia y reaccionar ante ella de conformidad con los procedimientos disponibles en virtud del Reglamento SPG, incluso, en caso necesario, mediante la apertura de una nueva investigación sobre esta cuestión.

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