Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 52003DC0445R(01)

**Informe de la Comisión - Protección de los intereses financieros de las comunidades y lucha contra el fraude - Informe anual 2002 /\* COM/2003/0445 final/2 \*/**

  

INFORME DE LA COMISIÓN - PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE - INFORME ANUAL 2002

ÍNDICE

Introducción

Título I - Actividades de la Comunidad para la protección de los intereses financieros comunitarios y la lucha contra el fraude: principales hechos del año 2002

1. Una política antifraude general y coherente

1.1. Asociación de los países candidatos a la política de prevención y lucha contra el fraude

1.2. Reforzar los instrumentos jurídicos de detección y control y las sanciones

2. Cooperación con los Estados miembros y terceros países

2.1. Cooperación con las autoridades competentes en la lucha contra determinadas formas de delincuencia

2.2. Cooperación con terceros países

3. Planteamiento interinstitucional para prevenir y combatir la corrupción

3.1. Marco interinstitucional

3.2. Instancias disciplinarias y especializadas

4. Refuerzo de la dimensión penal

4.1. Dimensión penal en el ámbito de la protección de los intereses financieros

4.2. Cooperación judicial en materia penal

5. Seguimiento del plan de acción 2001-2003

Título II - Aplicación del artículo 280 por los Estados miembros en el 2002 - Medidas adoptadas para proteger los intereses financieros de la Comunidad

6. Textos que contribuyen a la aplicación del artículo 280 del Tratado CE. Principal evolución legislativa, reglamentaria y administrativa

7. Textos que contribuyen a la aplicación del Convenio sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad

8. Organización de los servicios encargados de proteger los intereses financieros de las Comunidades

9. Coordinación entre los servicios en los Estados miembros

Título III - Estadísticas y análisis

10. Situación en el 2002

10.1. Introducción

10.2. Casos comunicados por los Estados miembros

10.3. Casos objeto de investigación de la OLAF

11. Análisis específico: tendencias

12. Seguimiento financiero

ANEXOS ESTADÍSTICOS

ANEXO TITULO I: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2001-2003

Anexo Título II: aplicación del artículo 280 por los Estados miembros en el 2002

Introducción

El Tratado CE obliga a la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, a enviar cada año al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre las medidas adoptadas para aplicar su artículo 280. Para ilustrar el principio de responsabilidad compartida de los Estados miembros y la Comisión en la protección de los intereses financieros de la Comunidad, y al igual que el último año, el informe presenta esta acción bajo tres ángulos: iniciativas comunitarias, medidas de los Estados miembros, y resultados de la acción operativa realizada por los Estados miembros y por la Comisión para detectar los ataques a los intereses financieros y luchar contra el fraude. La Comisión tiene especialmente la responsabilidad de concebir la política de protección de los intereses financieros y de presentar a tal efecto iniciativas políticas y legislativas.

La primera parte del informe sigue la lógica del Enfoque estratégico antifraude 2000-2005 [1] pero se concentra en los hechos destacados de esta actividad durante el 2002. En esta parte y a un año de la adhesión, la Comisión desea destacar los esfuerzos desplegados para adecuar a los países candidatos a este planteamiento. Los elementos de información más precisos proporcionados por los Estados miembros este año permiten destacar mejor el interés de una buena organización de los distintos niveles de control, incluidas las investigaciones específicas de la lucha antifraude. La presentación se ilustra con algunos casos ejemplares.

[1] Por un enfoque estratégico global. Protección de los intereses financieros y lucha contra el fraude (COM(2000) 358 final de 28.6.2000).

Además el informe hace un balance completo y detallado de las medidas previstas para el año 2002 en el Plan de acción 2001-2003 [2], que figura en anexo. El cuadro de síntesis da así los elementos esenciales en términos de responsabilidad, calendario y seguimiento para apreciar el estado actual de este programa. Para el 2004-2005 la Comisión prepara un nuevo plan de acción sobre la base del Enfoque estratégico 2000-2005, que tendrá en cuenta, por supuesto, las recomendaciones del informe sobre la evaluación de las actividades de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude [3], el dictamen y la opinión del Comité de vigilancia que le acompaña y las orientaciones fijadas por las otras instituciones.

[2] Véase el plan de acción 2001-2003 sobre la protección de los intereses financieros (COM(2001) 254 final de 15.5.2001) para la aplicación del enfoque estratégico global 2001-2005

[3] Informe de evaluación de las actividades de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF): Artículo 15 de los Reglamentos (CE) n° 1073/1999 del Parlamento y el Consejo y (Euratom) n° 1074/1999 del Consejo (COM(2003) 154 de 2.4.2003).

La parte II se refiere específicamente a las medidas adoptadas por los Estados miembros para aplicar el artículo 280, con datos sobre su actividad de control, los resultados [4] y sus esfuerzos para garantizar la mayor complementariedad y coherencia posible de la acción de sus servicios de control e investigación, bajo el triple aspecto de la vigilancia de operaciones, auditoría de sistemas e investigaciones antifraude.

[4] En particular los informes anuales de los Estados miembros previstos por el apartado 3 del artículo 17 del Reglamento (CE, Euratom) n° 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, relativo a la aplicación de la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios (DO L 130 de 31.5.2000).

La Parte III presenta datos estadísticos sobre el nivel de fraudes y otras irregularidades, así como los resultados en términos de recuperación y la acción de los Estados miembros y los servicios de la Comisión.

Estos resultados se analizan desde el punto de vista de la detección de fraudes y otras irregularidades, tal como son comunicados por las administraciones nacionales con arreglo a las obligaciones previstas por los reglamentos sectoriales. Dada la naturaleza incompleta y poco homogénea de los datos transmitidos el año pasado, la Comisión resumen en primer lugar los avances realizados en la comunicación electrónica de datos y luego procede a un primer análisis de las tendencias de las irregularidades comunicadas, según un enfoque presupuestario (ingresos/gastos) y sectorial que refleja las grandes políticas comunitarias.

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Generalmente, el Informe 2002 muestra la articulación de las competencias entre los distintos protagonistas y la convergencia de la acción a distintos niveles (comunitario y nacional), ya que la información proporcionada por los Estados miembros [5] permite dar mejor cuenta de la actividad de los distintos servicios que contribuyen a proteger los intereses financieros. El análisis de esta información por la Comisión permite constatar una mejor cobertura de los riesgos, en particular desde el punto de vista del control, tanto mediante los controles de regularidad de las operaciones, las auditorías de sistemas o investigaciones y actuaciones judiciales. La coherencia constatada entre las distintas funciones, que incluyen la acción específica antifraude, de acuerdo con los cuatro ejes del Enfoque estratégico, aparece al doble nivel de la Comunidad (Título I) y los Estados miembros (Título II). El Título III aclara muchos extremos, a partir de las comunicaciones de los Estados miembros relativas a fraudes e irregularidades, sobre los sistemas de control e investigación, su adaptación al tipo de riesgo y sus resultados en términos de recaudación. Esta presentación consolida así la lógica de complementariedad preconizada por el Enfoque estratégico, que permite a la Comisión, complementando la acción propia de los Estados miembros, optimizar los medios de que dispone la Comunidad.

[5] Sobre la base de esta información, son posibles aproximaciones a una serie de comprobaciones hechas en el informe relativo a la aplicación del antiguo artículo 209A del Tratado CE (véase el Análisis comparado de los informes de los Estados miembros relativos a las medidas adoptadas a nivel nacional para luchar contra el despilfarro y la malversación de recursos comunitarios (COM(95) 556 de 13.11.1995) y su Complemento consagrado a los controles y sanciones administrativas (SEC(2000) 843 final de 24.5.2000).

Título I - Actividades de la Comunidad para la protección de los intereses financieros comunitarios y la lucha contra el fraude: principales hechos del año 2002

La Comisión fijó sus objetivos políticos generales en materia de protección de los intereses financieros comunitarios en un Enfoque estratégico adoptado el 28 de junio del 2000 [6] para el período 2001-2005, al que se remite constantemente, en particular en el presente informe. El Enfoque incluye las iniciativas comunitarias en este ámbito, incluidas las acciones del título VI del Tratado de la Unión, en particular las relacionadas con la protección de los intereses financieros comunitarios. El objetivo consiste en desarrollar un marco legislativo y reglamentario de protección adaptado a todas las políticas europeas y permitir la cooperación y asociación con los protagonistas sobre el terreno, dentro y fuera de la Unión. Algunos casos de controles o investigaciones permiten ilustrar la realidad de la lucha contra la criminalidad financiera in situ con el fin de prevenir, detectar y también sancionar a los responsables y reparar el perjuicio financiero, cuando ello sea posible.

[6] COM (2000) 358 final de 28.6.2000.

La presentación detallada de la ejecución en el 2002 de las medidas previstas en el Plan de acción 2001-2003 se anexa al Título I. La siguiente parte hace hincapié en las evoluciones principales de las acciones realizadas en el 2002 por la Comisión, de acuerdo con los cuatro ejes del Enfoque, así como en algunos temas horizontales como la organización de la protección desde el punto de vista de la detección, control, investigaciones y sanciones (seguimiento financiero, administrativo y judicial) [7]. Se presta una atención particular a los últimos preparativos para la adhesión de los países candidatos.

[7] GRACIAS A LOS ELEMENTOS PRECISOS PROPORCIONADOS ESTE AÑO POR LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE SUS CONTROLES Y LA COORDINACIÓN DE SUS SERVICIOS. VÉASE EL TÍTULO II, APARTADO 8, DEL INFORME Y SU ANEXO, APARTADOS 3 Y 4 EN PARTICULAR.

1. UNA POLÍTICA ANTIFRAUDE GENERAL Y COHERENTE

1.1. Asociación de los países candidatos a la política de prevención y lucha contra el fraude

Al agrupar el control financiero, la gestión financiera sana, la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude en un capítulo específico para la negociación del acervo (capítulo 28: Control financiero), la Comisión destacó la importancia que otorga al hecho de que estos países administren su presupuesto de acuerdo con los principios de buena gestión financiera.

En su documento de estrategia del 9 de octubre del 2002 relativo a una Unión Europea ampliada y presentado al mismo tiempo que sus informes sobre los avances realizados por cada país candidato en el camino de la adhesión, la Comisión destacó de nuevo que toda financiación comunitaria estaba supeditada al cumplimiento de todas las condiciones que garantizan una gestión financiera sana de los fondos comunitarios [8]. Esto implica no sólo la adecuación completa al acervo legislativo, sino también (aspecto quizá más importante) la existencia de garantías institucionales suficientes.

[8] Véase también el apartado 43 de la Resolución del Parlamento sobre el informe anual 2001 relativo a la protección de los intereses financieros, adoptado el 13 de marzo del 2003.

El documento de estrategia estipula que los países candidatos deben reforzar sus estructuras y capacidades administrativas para estar en condiciones de garantizar la protección de los intereses financieros de la Comunidad a partir del segundo semestre del 2003.

Las actividades de apoyo de la Comisión en este marco se situaron principalmente a dos niveles. Parte de la ayuda de la Comisión se concentró en estimular a los países candidatos para desarrollar una buena gestión financiera previa para la protección de los intereses financieros de las Comunidades, siguiendo un modelo de control y auditoría aplicable no sólo a los fondos comunitarios sino también a los ingresos y gastos nacionales. Otras actividades tuvieron por objeto reforzar específicamente la protección de estos intereses y luchar contra el fraude en los países candidatos. Los progresos realizados en estos dos ámbitos estrechamente vinculados son objeto de un seguimiento respaldado por la Comisión bajo el capítulo 28 del acervo y de informes periódicos al Parlamento y el Consejo. Hay que indicar que la protección de los intereses financieros de las Comunidades es plenamente asumido en el marco de otros capítulos del acervo [9], cuando ello es necesario. En el marco de este informe, la Comisión se limitará sin embargo a reseñar las acciones emprendidas en el marco del capítulo específico sobre control financiero (capítulo 28).

[9] La Comisión también ha seguido los avances en materia de protección de los intereses financieros o en ámbitos conexos en el marco de otros capítulos del acervo, en particular los capítulos 24 (cooperación en justicia e interior), 25 (unión aduanera) y 29 (disposiciones financieras y presupuestarias). Por lo que respecta, por ejemplo, a los recursos propios tradicionales, la Comisión ha emprendido acciones en el marco del capítulo 29 para garantizar que los sistemas administrativos y contables de los 10 países candidatos responden a las exigencias comunitarias.

1.1.1. Control de los instrumentos de preadhesión (PHARE, SAPARD e ISPA [10])

[10] El programa PHARE, creado en 1989 para ayuda a Polonia y Hungría, se destina ahora a los 10 países candidatos de Europa Central y Oriental y contribuye con aproximadamente 11.000 millones de dólares a cofinanciar asistencia técnica, apoyo a la inversión, refuerzo de las instituciones y administraciones públicas y promover la cohesión económica y social. El SAPARD (Programa especial de preadhesión para agricultura y desarrollo rural) tiene por objeto ayudar a tratar los problemas del ajuste estructural en sus sectores agrícolas y zonas rurales, así como a aplicar el acervo comunitario relativo a la PAC (política agrícola común) y la legislación conexa. El ISPA (Instrumento para las políticas estructurales de preadhesión) es el precursor del Fondo de cohesión de apoyo para proyectos en el sector de transporte y medio ambiente.

Durante los diez últimos años, con el refuerzo de las relaciones con los Estados candidatos a la adhesión, la ayuda comunitaria cambió de naturaleza, intensificándose. Desde finales de los noventa el PHARE [11] se destinó exclusivamente al proceso de adhesión, especialmente en los ámbitos del refuerzo institucional y la adecuación al acervo. Esto se acompañó de sistemas de gestión financiera cada vez más rigurosos. Durante una década dinámica de transición, los países candidatos se transformaron en economías de mercado nacientes. La ayuda anual de la Comunidad se duplicó en el 2000 pero también obligó a los instrumentos complementarios de preadhesión SAPARD e ISPA a cumplir exigencias de gestión y control más rigurosas en paralelo a las crecientes responsabilidades de los países candidatos.

[11] El programa PHARE engloba a los 10 países candidatos de Europa Central y Oriental: Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Rumania. Malta y Chipre se benefician de un instrumento financiero específico creado por el Reglamento (CE) nº 555/2000, de 13 de marzo de 2000, relativo a la aplicación de medidas en el marco de la estrategia de preadhesión para la República de Chipre y la República de Malta (DO L 68 de 16.3.2000).

Por lo que se refiere al PHARE, la gestión ya se descentralizó (DIS) hace varios años y la transición hacia un sistema ampliado de gestión descentralizada (EDIS) está en curso. Gracias al EDIS la Comisión puede prescindir de la necesidad actual de aprobación previa de ofertas y adjudicación de proyectos.

El avance varía sensiblemente según los distintos países. Los ocho Estados de Europa Central y Oriental deberían pedir la instauración de sus agencias a finales del 2003 o principios del 2004 y a Chipre y Malta debería concederse el levantamiento completo del control previo durante el 2003. La obligación de finalizar la transición hacia la gestión enteramente descentralizada para PHARE en la fecha de adhesión se estipula en una cláusula del tratado de adhesión.

Con el fin de garantizar un grado de complementariedad y el control del funcionamiento del EDIS, la capacidad de delegación se mantendrá en cada nuevo Estado miembro hasta un año después de la adhesión.

El SAPARD es el primer programa de ayuda exterior de la UE que se aplica mediante un método totalmente descentralizado. Esto significa que en cuanto la agencia SAPARD recibe la decisión de la delegación de la Comisión, se convierte en responsable de la convocatoria de candidaturas, la selección de proyectos, la aprobación de subvenciones, los contratos con los beneficiarios, la gestión de la tesorería y las deudas, los pagos, la gestión de cuentas y los controles a posteriori. En virtud de una autorización nacional, el fondo nacional aprueba los sistemas de gestión y control establecidos según los criterios del acuerdo plurianual de financiación. El ordenador nacional, como responsable del fondo nacional, es garante plenamente y responsable financieramente de los fondos comunitarios. Los controladores de la Comisión realizan auditorías con el fin de comprobar, con una certeza razonable, que el sistema funciona según lo previsto. Si el resultado de la auditoría es positivo se establece un proyecto de decisión para delegar la gestión de la agencia SAPARD al fondo nacional, con arreglo a las medidas requeridas en el acto de autorización nacional.

En el 2001 y el 2002 la Dirección General de Agricultura tomó una decisión de delegación temporal a las ocho agencias SAPARD [12] en los países candidatos así como en Bulgaria y Rumania.

[12] La República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia por lo que se refiere a las funciones y criterios estipulados en los Reglamentos del Consejo 1258/1999, 1266/1999 y 1268/1999 y el Reglamento de la Comisión 2222/2000. La auditoría del procedimiento de delegación garantiza que los procedimientos nacionales se ajustan al convenio de financiación plurianual y, en particular, que: las cuentas son exactas, completas y convenientes; se aplica la separación de las responsabilidades; existen procedimientos escritos para cada función y operación así como un acuerdo escrito con los organismos delegados que efectúan funciones de control; la Agencia SAPARD y el Fondo nacional tienen un registro de auditoría completo para cada artículo inscrito en cuenta; y el sistema informático está totalmente protegido y controlado.

Posteriormente los servicios de la Comisión procedieron a realizar auditorías de la contabilidad y la conformidad de los gastos, así como correcciones financieras, en su caso.

La Comisión se mostró estricta en sus exigencias relativas al SAPARD, con el fin de velar por que, después de la adhesión haya una certeza razonable de que los fondos agrícolas europeos se administraran correctamente.

En general se puede por lo tanto concluir que existe una mayor conciencia en los países candidatos con respecto a una buena gestión financiera moderna y a la instauración de nuevas metodologías. Con la terminación del procedimiento de delegación de la gestión de las ayudas SAPARD, los países candidatos reúnen las condiciones básicas que les permitirán asumir la plena responsabilidad de ejecución de las financiaciones de la Unión Europea en el ámbito agrícola.

Se realizaron también avances por lo que se refiere al ISPA. Las exigencias principales en materia de gestión, control financiero y tratamiento de las irregularidades son muy similares a las aplicables al fondo de cohesión y los fondos estructurales. Los elementos clave se refieren a los controles internos que garantizan la exactitud de los gastos declarados, la adecuación de la capacidad de auditoría interna, la suficiencia de la auditoría y el tratamiento conveniente de las irregularidades. El establecimiento de sistemas satisfactorios para ISPA es pues una etapa significativa en la preparación a la gestión del fondo de cohesión y los fondos estructurales futuros. Una nueva dimensión se añade con la evolución prevista para los países candidatos hacia el EDIS para ISPA. El beneficio de este sistema está sometido a una verificación previa en que la Comisión comprueba el cumplimiento de las condiciones y criterios específicos, relativos principalmente a la buena gestión y al control en materia financiera.

En el 2002 la Comisión completó los trabajos de comprobación comenzados el año anterior procediendo a un segundo ciclo de auditoría de sistemas en los países ISPA para comprobar la adecuación de los sistemas creados para la gestión de los fondos y su conformidad con las exigencias comunitarias. Al efectuar un seguimiento de las auditorías anteriores y completando los órganos y sistemas de ejecución la Comisión garantizó que los países candidatos estaban plenamente informados de las normas aplicables a la gestión de los fondos comunitarios y que cuentan con los elementos clave de los sistemas de gestión y control. Cuando se ha reconocido la existencia de fallos se hicieron recomendaciones para su corrección en un plazo determinado.

Un país candidato solicitó oficialmente el EDIS a finales del 2002 y un número significativo de otros países debería finalizar su preparación para el EDIS en el 2003.

La Comisión concederá también una elevada prioridad al control financiero en sus informes de control de noviembre del 2003 y en el informe de evaluación sobre la aplicación de los compromisos necesarios para programar los fondos estructurales. Se prestará una atención especial a los avances realizados en la gestión financiera y el control en el marco de los planes de acción, con el fin de acelerar las medidas correctoras en caso necesario.

1.1.2. Desarrollo de una capacidad general de control financiero y verificación ("control financiero interno público, CFIP")

El interés de la Comisión por el control financiero y la verificación en los países candidatos va más allá del control de los instrumentos de preadhesión. En aplicación del principio de protección equivalente de los fondos nacionales y comunitarios la Comisión animó activamente a los países candidatos a desarrollar una capacidad general de control financiero y verificación que garantice una gestión financiera sana en el sector público, independientemente de si están en juego fondos comunitarios o nacionales.

La solicitud de ayuda en esta zona emanó inicialmente de los países candidatos, que pidieron asesoramiento sobre el desarrollo de estructuras eficaces de control interno en el marco de su transición hacia políticas económicas y financieras modernas.

Interesada directamente por la consolidación de una gestión financiera sana en los países candidatos antes y después de la adhesión, la Comisión desarrolló en este marco un enfoque de control interno moderno (el "control financiero interno público", CFIP), basado en la experiencia adquirida en la Unión y fuera de ella y que incluye tres conceptos básicos: responsabilidad por una buena gestión financiera de los fondos presupuestarios nacionales, desarrollo de capacidades de auditoría interna, y creación de un órgano centralizado responsable del desarrollo y armonización de la organización y las metodologías de los sistemas de control y comprobación.

Estos principios CFIP coinciden ampliamente con los aplicables a la buena gestión financiera de los fondos comunitarios.

La Comisión prestó también su ayuda a la creación de servicios competentes, en particular de auditoría interna en todos los ministerios y servicios para la armonización centralizada del control interno en todo el sector público.

Los países candidatos obtuvieron al mismo tiempo una ayuda más específica de los expertos nacionales en virtud de convenios de colaboración o prestada por agencias especializadas.

Todos estos esfuerzos desembocaron en una uniformización de las estrategias, las políticas y la legislación sobre control interno en los países candidatos. Aunque estos países hayan progresado en distintos grados los Gobiernos interesados sostuvieron generalmente con fuerza el modelo de control interno propuesto por la Comisión.

Dado que en la mayor parte de los países candidatos la legislación ya ha sido instaurada, la atención se ha desplazado desde el análisis y desarrollo de la legislación hacia la formación y medidas de aplicación.

1.1.3. Refuerzo de la protección de los intereses financieros de la CE y lucha contra el fraude en los países candidatos

De acuerdo con los compromisos asumidos durante las negociaciones, y en estrecha consulta con la Comisión, los países candidatos intensificaron considerablemente sus esfuerzos en el 2002 para crear servicios de coordinación antifraude (AFCOS), que deben coordinar las actividades legislativas, administrativas y operativas de protección de los intereses financieros de las Comunidades.

A finales del 2002 estos servicios de coordinación ya estaban creados en once países candidatos, una vez que Estonia, Lituania, Chipre y Eslovenia definieron sus estructuras [13]. En los otros países candidatos, donde ya existían servicios de este tipo, las actividades efectuadas en el 2002 convirtieron en operativos a los servicios. Esto implicó, en particular, una definición más precisa de los procedimientos de cooperación de los AFCOS y sus relaciones con otras instituciones y organismos implicados en la protección de los intereses financieros comunitarios, así como con la OLAF. Además el marco operativo de los AFCOS se reforzó, las actividades de formación se pusieron en marcha y se contrató personal. Estas medidas contribuyeron a reforzar la capacidad administrativa de los países candidatos para reaccionar en caso de indicio de irregularidades o fraudes. Al hacer sus estructuras antifraude más eficaces los países candidatos están en condiciones de demostrar su compromiso en la protección de los fondos comunitarios.

[13] Bulgaria adoptó una decisión a este respecto en enero del 2003.

Con el fin de permitir a las autoridades de los países candidatos intercambiar sus primeras experiencias sobre la creación y explotación de sus servicios de coordinación antifraude, se han organizado reuniones periódicas de representantes AFCOS de los países candidatos y la OLAF. Una primera reunión de este tipo tuvo lugar en Bruselas el 7 y 8 de octubre del 2002. Además de los servicios de información e investigación, los servicios judiciales de los países candidatos estaban presentes. Esta reunión fue seguida por dos sesiones de trabajo paralelas en que participaron los fiscales de los países candidatos y los magistrados de la unidad "Magistrados, asesoramiento y seguimiento judicial" de la OLAF y representantes de los AFCOS, investigadores de la OLAF y miembros de los servicios de información. Otras reuniones tuvieron lugar más tarde.

Estos encuentros constituyen un foro útil para intercambiar información y experiencias y proseguir los esfuerzos de los países candidatos para reforzar sus estructuras administrativas con el fin de proteger los intereses financieros de las Comunidades.

Estas actividades así como otras formas de cooperación entre la OLAF y los países candidatos recibirán en el futuro una ayuda en el marco de un programa específico, el programa PHARE "antifraude" [14] multinacional adoptado el 16 de mayo del 2002 y que contempla una ayuda plurianual (15 millones de euros) en tres ámbitos principales: creación de estructuras antifraude, instalación de redes de telecomunicaciones y bases de datos y refuerzo de los conocimientos técnicos operativos de las estructuras de coordinación antifraude, y cooperación con la policía y las autoridades judiciales. La aplicación del programa comenzó en el 2003 [15].

[14] PHARE multinacional relativo a la lucha contra el fraude en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad (PH/2002/1412).

[15] Además del programa antifraude multinacional PHARE, la ayuda PHARE en el pasado, presente y futuro en los ámbitos de justicia e interior, aduanas y fronteras, tiene una incidencia positiva en la capacidad general de la lucha contra el fraude.

A nivel operativo y desde hace algún tiempo la Oficina ya coopera en casos concretos con las autoridades de los países candidatos, como lo ilustra el siguiente caso:

Fraude de una sociedad de asesoramiento - ayuda exterior a los países candidatos

En julio del 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento n° 1073/99, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude abrió una investigación externa sobre la base de información recibida de la delegación de la Comunidad en Croacia. Los datos mostraban la posibilidad de una doble facturación por una empresa alemana en el marco de la financiación a una asesoría en materia de armonización del Derecho nacional con respecto al comunitario. El impacto financiero se estima en aproximadamente 110.000 euros, principalmente a costa de financiaciones PHARE y OBNOVA. La Oficina encontró pruebas de irregularidades en proyectos administrados por la empresa alemana en Eslovaquia, la República Checa y Croacia, tales como sobrefacturación y doble facturación. La Oficina alertó también al fiscal y la policía checa procedió a registrar las oficinas, incautando ordenadores, datos y varios millares de documentos. Las pruebas recogidas por la Oficina se presentaron al Fiscal General de Berlín y se emitió una orden de detención. Las autoridades alemanas procedieron a la detención de un sospechoso, cuyo juicio está previsto para el 2003.

La delegación de la Comunidad puso fin al proyecto en Croacia por falta de resultados, en agosto del 2002, poco después abrirse la investigación.

Los proyectos en la República Checa y en Eslovaquia se culminaron de forma satisactoria para las autoridades checas y eslovacas, conforme a los acuerdos relativos a la gestión descentralizada de los fondos comunitarios.

Desde entonces la Comisión ha adoptado medidas para suspender el pago a las autoridades checas de un importe equivalente al conjunto de fondos a recuperar relativos a dos proyectos en curso de la misma empresa alemana en la República Checa, con el fin de proteger los intereses financieros de la Comunidad, a la espera de los resultados del juicio de Berlín.

Con el fin de facilitar la comunicación sobre las irregularidades, tal como se prevé en los instrumentos previos a la adhesión (PHARE, ISPA, SAPARD) y en la legislación comunitaria, la Oficina se comprometió a equipar a las administraciones de los países candidatos con terminales del sistema de información antifraude AFIS [16]. Quince terminales de este tipo están actualmente en servicio, en 10 países candidatos. Al mismo tiempo se aportó una ayuda a la comunicación de irregularidades bajo los instrumentos previos a la adhesión, con el fin de garantizar una comprensión clara de los procedimientos a aplicar.

[16] sobre AFIS, ver también el apartado 2.1.

1.2. Reforzar los instrumentos jurídicos de detección y control y las sanciones

Una política eficaz de protección de los intereses financieros pasa por la movilización de todas las autoridades a escala comunitaria y nacional. La gestión de los fondos comunitarios está descentralizada al 80%. La percepción de los recursos propios de la Comunidad es responsabilidad de los Estados miembros [17]. Por otra parte, los servicios de la Comisión administran directamente una parte del presupuesto, garantizando al mismo tiempo la buena gestión financiera del conjunto del sistema.

[17] ver la parte II del informe donde éstos dan cuenta de la organización de sus servicios para administrar los fondos, controlar su utilización conforme, recoger los derechos y recuperar los importes indebidamente pagados y las pérdidas de ingresos.

El desarrollo muestra cómo el sistema de control, seguimiento y sanción establecido en los Estados miembros y la Comunidad tiene por objeto garantizar que los distintos niveles de responsabilidad trabajen de manera complementaria, respetando los principios de eficacia y equivalencia de la protección de los intereses financieros en el territorio de la Unión Europea. Recoge la presentación hecha este año por los Estados miembros, en el título II del informe, de la organización de sus controles e investigaciones y de la coordinación de sus servicios que participan en la protección de los intereses financieros así como algunos análisis presentados en el título III relativo a la notificación de fraudes y otras irregularidades.

1.2.1. Detección y control

En cuanto a los controles, como se ve en la parte II del informe, los Estados miembros contribuyen en primer lugar a la protección de los intereses financieros por una vigilancia amplia de las operaciones (transacciones comerciales, programas o proyectos) y una comprobación sistemática de la regularidad de los procedimientos. Este enfoque es completado por estrategias de auditoría de sistema y control de la utilización de los fondos. Por último, sobre la base de sospechas de fraude, los servicios competentes conducen investigaciones para buscar los hechos o comportamientos irregulares que pueden llevar a cuestionar responsabilidades individuales a nivel administrativo o penal. El título III (apartado 11.3 en particular) a este respecto, a partir de las comunicaciones de los Estados miembros sobre fraudes e irregularidades, permite ver que en algunos sectores el sistema de control elegido por un Estado miembro influye sobre la recaudación (peso de los pagos suspendidos antes del cierre de los programas, porcentaje de recaudaciones a posteriori). Se hacen también algunas sugerencias (apartado 11.2 en particular) para adaptar las estrategias de control e investigación al tipo de riesgo (en caso de grandes importes, sectores o productos con alto porcentaje de irregularidades).

A escala comunitaria los controles para la protección de los intereses financieros se estructuran de manera similar. Las direcciones generales ordenadoras efectúan las auditorías de regularidad y buena aplicación de la legislación, en coordinación con los Estados miembros, también responsables de los controles de utilización de los fondos y auditorías de sistema previstos por los distintos reglamentos sectoriales, con las administraciones nacionales. La asociación es a menudo muy profunda, tal como se explica a continuación. En caso de pasividad la Comisión adopta las medidas convenientes.

Desarrollo del Acuerdo sobre auditorías conjuntas en los recursos propios tradicionales

En el marco del acuerdo sobre auditorías conjuntas la Comisión y los servicios de auditoría interna de algunos Estados miembros cooperan, en el ámbito de los recursos propios tradicionales, para facilitar el intercambio de experiencias y técnicas en materia de auditoría interna. Según este enfoque, el servicio de auditoría interna del Estado miembro efectúa el control de acuerdo con el módulo conveniente [18] que cubra el ámbito aduanero o contable preseleccionado. Después envía su informe a la vez a la Administración nacional y a la Comisión. Ésta examina los resultados de la auditoría y comprueba los documentos de trabajo y la metodología utilizada. La Comisión redacta entonces su propio informe. Las posibles anomalías (específicas o estructurales) son objeto de una regularización presupuestaria en condiciones normales. En caso de que el análisis de los sistemas permita calificar la anomalía como estructural, la Comisión será informada de las medidas propuestas por el Estado miembro con el fin de atenuar las debilidades subyacentes del sistema. La Comisión y los Estados miembros, en particular Dinamarca, Austria y los Países Bajos, que son los pioneros, encontraron un sustancial beneficio al realizar los controles en el marco de tal enfoque. Ya se realizaron siete controles con estos Estados miembros a este respecto, de ellos tres en el 2002.

[18] Actualmente están disponibles los siguientes módulos: Libre práctica, incluida la contabilidad A, Tránsito externo (T1 y TIR), Almacenamiento, Sistemas de Preferencias Generalizados, Perfeccionamiento activo, Contabilidad separada.

Misiones de auditoría en los fondos estructurales

Así pues, como resulta también de los datos proporcionados por los Estados miembros en materia de personal de control [19], los sistemas nacionales de detección, comunicación y seguimiento de irregularidades presentan algunos puntos débiles. La mejora en este ámbito se definió como prioritaria [20] y la Comisión se comprometió, en el marco del procedimiento de descarga del año 2000, a efectuar auditorías referentes a la aplicación del Reglamento 1681/94 para los fondos estructurales, y del 1831/94 para el fondo de cohesión. Estas auditorías se refieren en particular, 1) a la comprobación de los sistemas nacionales de notificación de irregularidades para los fondos estructurales y el fondo de cohesión, 2) a la aplicación del artículo 8 del Reglamento 438/2001 y del artículo 3 del Reglamento 448/2001, relativos, respectivamente, a la contabilización de los importes recuperables y los procedimientos de corrección financiera.

[19] Véase el Título II del informe.

[20] Véase el Libro Blanco sobre la reforma (Acción 97) y la Comunicación de la Comisión de 7 de agosto de 2001 sobre este tema (doc. C (2001) 2517 sobre la mejora del seguimiento financiero y el control de los fondos estructurales). Véase también el apartado 1.2.2 del Plan de acción 2001-2003.

Las conclusiones y recomendaciones de estas auditorías, efectuadas entre noviembre del 2002 y enero del 2003, se notificarán durante el 2003 a todos los Estados miembros en lo que les concierne, así como al Parlamento Europeo, Consejo y Tribunal de Cuentas.

Los distintos tipos de control e investigación participan en la protección de los intereses financieros comunitarios y la coordinación entre las distintas autoridades competentes es determinante. Así pues, las anomalías detectadas por los servicios encargados de los controles de rutina o de una auditoría pueden conducir a una investigación más profunda sobre la responsabilidad individual de los operadores. Este último tipo de acción operativa orientada a la comprobación de hechos o comportamientos irregulares susceptibles de conducir a procedimientos administrativos o penales está incluido en la responsabilidad de la OLAF [21]. La investigación siguiente ilustra esta complementariedad de los controles:

[21] Véase la Evaluación de las actividades de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) antes citada (COM(2003)153 de 2.4.2003), apartado 1.1.2 en particular.

Caso relativo a fraude en el sector de productos agrícolas

En el 2002 llegó información a la OLAF relativa al incumplimiento por una sociedad de transformación del precio mínimo pagadero a los productores pesqueros para la campaña 2000/2001 en Grecia. En el marco de una investigación externa sobre la base del Reglamento (CE) n° 1258/1999 relativo a la política agrícola común, y del Reglamento (CE) n° 2185/96, la Oficina efectuó controles in situ de algunos agentes económicos y comprobó la información. Las irregularidades se referían en realidad al menos a 8 cooperativas. En enero del 2003 el informe de investigación calculaba el importe a recuperar en 1.472.023 euros. Se avisó a las autoridades judiciales griegas y se abrió una investigación. Como lo hace por regla general, la Oficina, en asociación con la Dirección General de Pesca, envió en febrero del 2003 sus recomendaciones al Ministerio de Agricultura griego y se estableció un seguimiento judicial y administrativo.

Los distintos enfoques de los controles descritos son complementarios pero, como resulta del título II del informe, el porcentaje muy limitado (8% por término medio, sin distinción de sectores) del personal destinado a nivel nacional a controles antifraude (servicios de investigación de los ministerios, órganos de policía y autoridades judiciales) puede indicar una consideración insuficiente de la dimensión penal de graves comportamientos perjudiciales para la hacienda pública comunitaria. Esta es la razón por la que la OLAF se esfuerza, conformemente al principio de subsidiariedad, por promover la cooperación con las autoridades nacionales y por orientar sus propias capacidades de investigación hacia los puntos donde la acción de los Estados miembros parece menos eficaz. La OLAF está dotada por el legislador de poderes de investigación administrativa propios y aunque las investigaciones centradas en los operadores y empresas [22] siguen siendo difíciles de organizar in situ [23], la OLAF ejerce sus poderes con toda independencia y establece para ello vínculos directos con las autoridades policiales y judiciales.

[22] Más concretamente los controles in situ previstos por el Reglamento (CE) n° 2185/96 y las misiones comunitarias antifraude en terceros países de conformidad con el Reglamento (CE) n° 515/97. Véase el informe de Evaluación, artículo 15, recomendación n° 3. Para reforzar los poderes de investigación de la OLAF la Comisión prevé extender este dispositivo al ámbito de los gastos directos.

[23] La diseminación sectorial de las bases jurídicas aplicables en los controles y comprobaciones in situ mencionados en el artículo 9 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 hace que la Comisión prevea, además de las investigaciones propias de la OLAF (véase nota precedente), dar continuación en el 2003, al Plan de acción 2001-2003 (apartado 1.2.2) y proponer un Reglamento del Consejo. Sin afectar a los dispositivos existentes, este Reglamento crearía una nueva base para las investigaciones antifraude de los servicios de investigación nacionales a petición de la Oficina y facilitaría un seguimiento eficaz y armonizado de los resultados de las investigaciones, en particular en materia de normas sobre confidencialidad y protección de datos. Véase el Informe de evaluación de las actividades de la OLAF, recomendación n° 3, apartado 1.1.2.

1.2.2. Garantizar una gestión más eficaz del seguimiento financiero y reforzar las sanciones

La Comisión debe seguir los procedimientos de recaudación de fondos comunitarios indebidamente pagados en los Estados miembros e indicarlos en la cuenta de gestión anual [24]. En materia de recaudación se adoptaron medidas significativas durante el 2002. Además, el importante esfuerzo de la Comisión a partir del 2000 para renovar las normas de gestión financiera en las instituciones consiguió en el 2002 la aprobación del nuevo Reglamento financiero [25].

[24] La Comisión prepara, de acuerdo con el Reglamento financiero, para el 1 de mayo del ejercicio siguiente, la cuenta de ingresos y gastos y el balance consolidado del ejercicio cerrado.

[25] Nuevo Reglamento financiero: Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo relativo al Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002); nuevas modalidades de ejecución: Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Comisión, por el que se establecen las modalidades de ejecución del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo (DO L 357 de 31.12.2002).

1.2.2.1. Mejora de la eficacia y clarificación de atribuciones en el ámbito de la gestión descentralizada de los fondos comunitarios

Bajo la perspectiva financiera corresponde a los Estados miembros, o a terceros países, proceder a la recaudación para los beneficiarios finales y transferir los importes a la Comisión (véase título III para las estadísticas por ámbito). Esto se refiere a los fondos indebidamente pagados de conformidad con las políticas comunitarias ejecutadas de forma descentralizada (FEOGA-Garantía, fondos estructurales, ayuda exterior). En virtud de la legislación existente, la Comisión debe, por su parte, seguir los procedimientos de recaudación iniciados por los Estados miembros en este marco y, cuando proceda, aplicar los procedimientos de liquidación [26]. La lentitud de estos procedimientos y la acumulación de créditos comunitarios son un tema que preocupa a la Comisión, el Tribunal de Cuentas y la Autoridad presupuestaria, en particular el Parlamento Europeo, que la menciona regularmente en sus resoluciones sobre la protección de los intereses financieros [27].

[26] A 30 de junio del 2002, para una ejecución presupuestaria de unos 30 años (1972-2000) los atrasos de créditos de la Comunidad vinculados a la regularización de anticipos o tras errores, irregularidades formales o sustanciales y, más raramente, de fraudes, sobrepasaban los 3.000 millones de euros, incluidos: 2.300 millones para el FEOGA-Garantía, 387 para fondos estructurales y 373 para gastos directos (véase COM(2002)671, p.3).

[27] Apartados 6 a 8 de la Resolución sobre el informe anual 2001 de la Comisión, de 13 de marzo del 2003.

En el marco de la aplicación del Libro blanco sobre la reforma administrativa interna, la Comisión se comprometió a mejorar la eficacia de la recaudación, clarificando las competencias de los distintos protagonistas [28]. En su Comunicación del 3 de diciembre del 2002 [29] destinada, en particular, a liquidar los atrasos de importes vinculados a irregularidades en espera de recuperación en el sector del FEOGA-Garantía, la Comisión anunció la instauración de un grupo de trabajo temporal sobre recaudación, con el fin de permitir liquidar los casos previos a 1999. Los resultados se presentarán en el informe 2003.

[28] Comunicación de la Comisaria Schreyer a la Comisión sobre la acción 96 del Libro blanco (COM(2000)200 final/2 de 5.4.2000): "Gestión más eficaz del proceso de recuperación de fondos indebidamente abonados" de 13.12.2000 - SEC(2000)2204/3. Véase también el apartado 1.2.2 del plan de acción 2001-2003 ya citado.

[29] COM (2002) 671 final de 3.12.2002.

1.2.2.2. Simplificar la gestión directa de los fondos comunitarios y reforzar las sanciones

Por lo que respecta a los créditos comunitarios derivados de la gestión directa por la Comisión, el nuevo marco financiero [30], aplicable a partir del 1 de enero del 2003 y la asunción por la Comisión de su papel, aplican el principio de separación de funciones (ordenador, ordenador delegado, contable, auditor, investigador antifraude). Por otra parte, mejora la comprobación de los créditos de la Comunidad y los métodos de recaudación (por compensación, ejecución de garantías previas, ejecución forzosa).

[30] Véanse más arriba las referencias del nuevo Reglamento financiero, nuevas modalidades de ejecución y nuevas disposiciones de procedimiento internas relativas al cobro de deudas nacidas de la gestión directa y a la recaudación de multas, importes a tanto alzado y multas coercitivas de conformidad con los Tratados. Por otra parte, con el fin de asumir mejor su responsabilidad por las consecuencias financieras de los expedientes transmitidos a las instancias penales, la Comisión pidió a sus servicios (OLAF y Servicio Jurídico) que preparasen un proyecto de decisión para habilitar al miembro de la Comisión responsable de la lucha antifraude a constituir a la Comisión como parte civil ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros o de Estados terceros en los procedimientos penales relativos a la protección de los intereses financieros de las Comunidades.

En cuanto a las sanciones, el nuevo Reglamento financiero [31] prevé excluir de la participación en los contratos y de todo procedimiento futuro durante un determinado plazo [32] a los operadores no fiables que proporcionen información engañosa o fraudulenta. Además excluye a los candidatos y licitadores en situación de conflicto de intereses o culpables de falsa declaración con motivo de la adjudicación o atribución de un contrato. La información que les afecte se incorporará a una base de datos centralizada, también accesible a las otras instituciones europeas. Las mismas disposiciones de exclusión se aplican a los beneficiarios de subvenciones. Esto está ligado a una propuesta de directiva relativa a los procedimientos nacionales de adjudicación de contratos públicos, que actualmente examinan el Parlamento y el Consejo [33].

[31] EN PARTICULAR LOS ARTÍCULOS 93-95 Y 113.

[32] EN CASO DE FALTA GRAVE EN MATERIA PROFESIONAL, JUICIO POR FRAUDE, CORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ILEGAL QUE AFECTE A LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES, O TAMBIÉN CUANDO SE CONSTATE UNA FALTA GRAVE DE EJECUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A RAÍZ DE UNA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO O LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN FINANCIADOS POR EL PRESUPUESTO COMUNITARIO.

[33] PROPUESTA DE DIRECTIVA COM (2000) 275 FINAL DE 10.5.2000 SOBRE COORDINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS DE SUMINISTRO, DE SERVICIOS Y DE OBRAS (DO C 29 E DE 30.1.2001). UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA NUEVA DIRECTIVA ES OBLIGAR A LAS AUTORIDADES A EXCLUIR A LOS OPERADORES NO FIABLES. EL CONSEJO Y EL PARLAMENTO JUZGARON QUE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 46 DE LA PROPUESTA NO REQUIERE ESTABLECER UN SISTEMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.

2. COOPERACIÓN CON LOS ESTADOS MIEMBROS Y TERCEROS PAÍSES

El Tratado CE, en el apartado 3 del artículo 280, estipula que los Estados miembros organizarán una cooperación estrecha y regular entre ellos, con ayuda de la Comisión [34]. La Comisión asume su responsabilidad, en especial aportando asistencia en el ámbito de inteligencia y en el operativo.

[34] Por supuesto esta cooperación contempla a los Estados miembros con el conjunto de medios de que disponen, incluido su aparato de represión. Por esto la Comisión y el legislador dotaron a la OLAF con los medios necesarios para ser el interlocutor de las autoridades policiales y judiciales.

Esto implica una cooperación efectiva con las autoridades nacionales siempre que la Comisión pida a los Estados miembros abrir una investigación, sobre la base de la información a su disposición. De acuerdo con la prioridad definida por el enfoque estratégico bajo el título "Plataforma comunitaria de servicios", la Comisión a lo largo del 2002 desplegó esfuerzos para reforzar la asociación en el marco de las investigaciones externas [35]. Algunas acciones significativas permiten explicar la eficacia de esta asociación.

[35] A pesar de esta cooperación, como lo recuerda el informe "Artículo 15", la Comisión y la OLAF asumen, en cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos por el Tratado y el derecho derivado, una responsabilidad propia ejerciendo los poderes conferidos por el legislador europeo en materia de investigaciones autónomas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 1073/1999. Para estas investigaciones la Oficina tiene la responsabilidad directa del seguimiento financiero, administrativo y judicial (véase apartado 1.2.2.2).

2.1. Cooperación con las autoridades competentes en la lucha contra determinadas formas de delincuencia

2.1.1. Acción civil conjunta ante la justicia de Estados Unidos (fraude en cigarrillos)

Los Estados miembros y la Comunidad tienen intereses comunes: esta realidad resulta muy bien ilustrada por la lucha contra el tráfico de cigarrillos, que afecta en particular a los derechos de aduana, los impuestos sobre consumo y los ingresos del IVA, tanto nacionales como recursos propios de la Comunidad.

La Comisión Europea, respaldada por diez Estados miembros [36], promueve en Estados Unidos actuaciones judiciales contra productores de cigarrillos a los que acusa de participar en un sistema de contrabando en el territorio de la UE. De ello resultan perjuicios como pérdidas considerables para las finanzas comunitarias y nacionales durante, por lo menos, los diez últimos años. Este expediente tiene gran importancia e ilustra la voluntad de cooperación entre la Comunidad y los Estados miembros, que supera con mucho los litigios normales, ya que ataca a un sólido sistema internacional de contrabando y blanqueo de dinero sucio que mueve mucho dinero. Es necesario destacar que el tráfico de tabaco están ligado a una forma muy grave de delincuencia organizada, en particular el tráfico de drogas y el blanqueo del dinero resultante. Lo que empieza como beneficio del tráfico de estupefacientes se transforma en contrabando en la Unión y en otros países, dado que el beneficio de esta actividad se transfiere a los países de origen de las empresas.

[36] Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Finlandia.

Esto procedimiento civil en Estados Unidos complementa los esfuerzos importantes de la Comisión y todos los Estados miembros para controlar efectivamente el contrabando de tabaco y el blanqueo de dinero. En general estos esfuerzos conocieron algunos éxitos notables aunque, no obstante, el contrabando y el blanqueo siguen siendo graves problemas que pesan excesivamente sobre la hacienda pública de la Comunidad y los Estados miembros, que han decidido que la solución de este problema sólo puede resultar de combatir su fuente.

Las diligencias civiles fueron promovidas en Estados Unidos porque las partes demandadas son empresas estadounidenses sospechosas de organizar el contrabando en ese país infringiendo el derecho estadounidense. Los tribunales de Estados Unidos constituyen, pues, el foro adecuado para presentar un recurso en virtud de la "Ley sobre organizaciones influidas por la extorsión y la corrupción" (RICO), que es un instrumento importante de lucha contra la delincuencia organizada. Además la justicia estadounidense permite obtener penas y multas coercitivas que podrían resultar muy útiles en la prevención de este tipo de criminalidad en el futuro.

Una primera acción civil, interpuesta en noviembre del 2000 contra los fabricantes Philip Morris, R. J. Reynolds y Japan Tobacco ante el "United States District Court-Eastern District" de Nueva York fue rechazada por defecto de procedimiento. La misma acción se reactivó en agosto del 2001 con la participación de los mismos diez Estados miembros. El 19 de febrero del 2002 el tribunal rechazó las alegaciones basadas en el contrabando, decisión actualmente apelada. La Comisión interpuso un nuevo recurso contra RJ Reynolds por blanqueo de dinero, motivo admitido por el juez estadounidense.

Por otra parte, el 15 de enero del 2003 [37] el Tribunal de Primera Instancia rechazó las querellas de tres fabricantes de cigarrillos: Philip Morris, R. J. Reynolds y Japan Tobacco, encaminadas a anular, por incompetencia, la acción de la Comisión Europea ante la jurisdicción estadounidense. Ocho países de la UE sostenían a la Comisión en este procedimiento, con el apoyo del Parlamento Europeo [38]. Los denunciantes han apelado.

[37] Sentencia del Tribunal de Primera Instancia "Philip Morris, Reynolds y Japan Tobacco c. Comisión" en los asuntos conjuntos T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 y T-272/01.

[38] España, Francia, Italia, Portugal, Finlandia, Alemania, Grecia y los Países Bajos.

La Comisión desea destacar que estas conclusiones refuerzan la determinación de la Comunidad de combatir el fraude cuando perjudique a los intereses financieros de la Unión.

2.1.2. Cooperación contra determinadas formas de criminalidad perjudiciales para los intereses de las Comunidades

Entre los sectores clave citados en el enfoque general la Comisión destacaba la necesidad de mejorar la lucha contra la delincuencia organizada, en particular, la transnacional que afecta a intereses comunitarios conexos a los afectados por la lucha antifraude o anticorrupción. En algunos ámbitos bien precisos, donde una política comunitaria o una legislación de fondo ya existen, en especial para la protección del euro o la lucha contra la piratería y la falsificación [39], la experiencia adquirida in situ puede aprovecharse para reforzar la cooperación con los Estados miembros y adaptar el marco reglamentario cuando proceda.

[39] Reglamentos CE n° 3295/94 y CE n° 1367/95 (DO L de 30.12.1994 y DO L 133 de 17.6.1995). Libro Verde sobre la lucha contra la falsificación y la piratería en el mercado interior - COM(1998) 569 final.

\* Al ya existir el marco legislativo [40] para proteger al euro contra la falsificación, la Comisión establece proyectos transnacionales y pluridisciplinares de intercambio, asistencia y formación [41]. Durante el año 2002 se aplicaron siete proyectos en el marco de este programa Pericles, con la participación de representantes de la OLAF, el Banco Central Europeo y Europol. La protección del dinero en metálico es objeto de una acción comunitaria específica confiada al Centro técnico y científico europeo, administrado por dos agentes de la Comisión (OLAF), uno de ellos destinado en los servicios de la Monnaie de París. En el 2002 se tomaron algunas iniciativas para analizar las monedas falsificadas, autenticar las monedas de euro y establecer una base de datos relativa a los materiales utilizados.

[40] Reglamentos n° 1338/01 y 1339/01 del Consejo, y Decisión del Consejo que constituyen la base legislativa del primer y tercer pilares y permiten la cooperación de todos los protagonistas institucionales interesados (BCE, Europol, Comisión/OLAF), las oficinas centrales y las autoridades competentes de los Estados miembros así como de terceros países. La lista de las autoridades competentes se publicó en julio del 2002 (DO C 173 de 19.7.2002, 2002 C 178/06).

[41] Decisión del Consejo de 17.12.2001, por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (Decisión 2001/923/CE, DO L de 21.12.2001).

\* La falsificación industrial y comercial y, de manera más general, la delincuencia económica contra la propiedad intelectual, contribuyen a alimentar la economía sumergida, frecuentemente mediante circuitos de contrabando que suponen pérdidas de recursos propios para la Comunidad. Esta evolución requiere una mejora y refuerzo del dispositivo existente que permita garantizar la seguridad y protección de los consumidores, el respeto de los derechos de propiedad intelectual de los titulares, así como los intereses financieros de la Comunidad.

En el 2002 la Comisión elaboró dos nuevos instrumentos jurídicos, que propuso en enero del 2003: una propuesta de Reglamento [42] encaminada a extender la propiedad intelectual a nuevos productos, facilitar las gestiones de los titulares de derechos ante las autoridades aduaneras y simplificar la acción de las autoridades competentes de los Estados miembros en caso de sospecha de falsificación vinculada a una mercancía procedente de terceros países; y una propuesta de directiva [43] que tiene por objeto armonizar en las legislaciones nacionales de la UE los instrumentos para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual y definir un marco para el intercambio de información entre las autoridades nacionales competentes. La propuesta garantiza condiciones idénticas a los titulares de derechos en la UE, refuerza las medidas contra los infractores y sería por ello una acción disuasiva frente a los falsificadores y piratas.

[42] Reglamento del Consejo relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren determinados derechos de propiedad intelectual (doc. COM (2003) 20 final de 20.1.2003).

[43] Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual (doc. COM (2003) 46 (01) de 30.1.2003).

2.2. Cooperación con terceros países

Desde 1998 la Comisión se esfuerza, junto con las instancias del Consejo, por suprimir los obstáculos a la lucha contra la criminalidad económica y financiera a nivel internacional y, en particular, con la Confederación Helvética. Y reconoció el interés por ampliar a otros ámbitos, como el fiscal [44] y los gastos comunitarios, los mecanismos de cooperación administrativa establecidos en el protocolo de 1997 en materia de asistencia aduanera mutua [45]. Además la cooperación judicial, en particular en la lucha contra el fraude fiscal y aduanero y el blanqueo de los productos del mismo, sufre lagunas y siguen existiendo obstáculos para pedir el acceso a documentos a los agentes económicos y a los beneficiarios suizos de fondos comunitarios.

[44] Véase Comunicación de la Comisión al Consejo. Informe relativo a las negociaciones con terceros países en materia de imposición de los beneficios del ahorro (SEC(2002) 1287 final de 27.11.2002).

[45] Acuerdo en forma de canje de notas entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza por el que se añade un Protocolo adicional relativo a la asistencia administrativa mutua en materia de aduanas al acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza - Declaración conjunta. (DO L 169 de 27.6.1997, pp. 77-84).

En su Resolución del 23 de marzo de 2003 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude, el Parlamento se preocupa por la falta de progresos en las negociaciones antifraude con Suiza en el 2002, ya que sobre una serie de cuestiones clave aún no pudieron alcanzarse progresos significativos. El futuro acuerdo debería conducir a una mejora cualitativa de la cooperación sobre la base de las normas de la UE en materia de asistencia administrativa, ayuda judicial mutua y lucha contra el blanqueo.

La Comisión sigue fiel al objetivo fijado por el Consejo en el mandato dado el 14 de diciembre del 2000 y se propone concluir las negociaciones con Suiza en el 2003.

La cooperación con terceros países se desarrolla también a través de la cooperación operativa y en especial de misiones comunitarias de investigación desarrolladas en virtud de los artículos 19 y 20 del Reglamento n° 515/97. Adjuntamos un notable ejemplo de esta cooperación operativa:

Investigación - KEK Kosovo

A finales de abril del 2002 la OLAF fue alertada por la misión de las ONU en Kosovo (MINUK) sobre una sospecha de fraude y decidió abrir una investigación externa de acuerdo con el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1073/1999.

Gracias a la información obtenida en Kosovo se estableció que los fondos europeos afectados (aproximadamente 4,2 millones de dólares, unos 4 millones de euros) se habían transferido a un banco de Gibraltar. El banco frustró otra tentativa del principal sospechoso para transferirlos desde Gibraltar a Belice.

El Fiscal General de Gibraltar, a petición de la OLAF, pudo obtener una orden del Tribunal supremo relativa a la congelación de las cuentas bancarias afectadas. En agosto del 2002 la OLAF pudo retornar al presupuesto de Kosovo 3,2 millones de dólares y recientemente incoó un procedimiento para garantizar el reembolso del saldo y para tener acceso a las cuentas bancarias.

En julio del 2002 la Oficina transfirió a las autoridades judiciales alemanas toda la información y documentos obtenidos sobre el fraude durante su investigación. En diciembre del 2002 el sospechoso principal, un antiguo empleado de la ONU en Kosovo, se presentó ante la fiscalía alemana de Bochum y fue puesto en detención preventiva. La justicia alemana se reconoció competente y condenó a esta persona en junio del 2003 a tres años y medio de cárcel por desvío de fondos.

A pesar de la complejidad de las relaciones internacionales que tuvieron que establecerse, esta investigación fue llevada a buen puerto en plazos muy cortos gracias a la colaboración de las autoridades alemanas, las gibraltareñas, de Kosovo y Serbia. La participación de las autoridades judiciales alemanas y de Gibraltar fue clave para conseguir las pruebas de la infracción, así como los contactos establecidos con la ONU en Nueva York.

3. PLANTEAMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN

3.1. Marco interinstitucional

Desde mayo de 1999 la Comunidad dispone de un marco legal para luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad y para garantizar en las instituciones, órganos y organismos la protección de los intereses comunitarios frente a comportamientos irregulares [46]. En el 2002 este marco jurídico suscitó varios contenciosos [47] que proporcionaron indicaciones útiles sobre la coherencia del marco interinstitucional de las investigaciones internas [48]. El marco se aplica sin excepción a todas las instituciones, órganos y organismos instituidos por los Tratados CE y Euratom, cualesquiera que sean sus prerrogativas, a los miembros de las instituciones cubiertos o no por el estatuto y sujetos o no al control disciplinario. Además de la jurisprudencia reciente se deriva que los intereses financieros de la Comunidad que figuran en el artículo 280 del Tratado CE engloban no sólo los ingresos y gastos derivados del presupuesto comunitario sino también los correspondientes al presupuesto de otros órganos y organismos instituidos por el Tratado CE, tales como el BCE y el BEI [49], así como a todos los fondos y recursos administrados por las instituciones, órganos y organismos de la Comunidad, cualquiera que sea su origen.

[46] Adopción, el 25 de mayo de 1999, de los Reglamentos (CE) n° 1073/1999 y (Euratom) n° 1074/1999 relativos a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que la encargan de investigar los hechos graves, vinculados al ejercicio de la actividad profesional, que puedan constituir un incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y agentes de las Comunidades, susceptibles de procedimientos disciplinarios y, en su caso, penales e investigar cualquier posible incumplimiento de obligaciones similares de los miembros de las instituciones y órganos, dirigentes de organismos o miembros del personal de las instituciones, órganos y organismos no sujetos al estatuto. Acuerdo interinstitucional de 25 de mayo de 1999 entre el Parlamento, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones internas de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 31.5.1999). Decisión de la Comisión n° 1999/352/C, CECA, Euratom de 28 de abril de 1999.

[47] A raíz de la petición en anulación introducida por 71 diputados del Parlamento, el Tribunal consideró que la decisión de esta institución es una medida de aplicación general que se aplica a todos los miembros del Parlamento, a pesar de sus prerrogativas estatutarias (Sentencia de 26 de febrero de 2002 del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-17/00 (Rothley y 70 otros miembros del Parlamento Europeo). La Comisión interpuso un recurso de anulación contra una decisión del 7.10.1999 tomada por el Banco Central Europeo y contra una decisión del 10.11.1999 tomada por el Banco Europeo de Inversiones.

[48] Véase la sentencia del TPI antes citada así como las conclusiones del Abogado General de 3 de octubre del 2002 con respecto a los asuntos C11-00 Comisión/BCE y C15-00 Comisión/BEI.

[49] Sentencia del Tribunal en los asuntos C-11/100, Comisión c. BCE y C-15/00, Comisión c. BEI, por la que se anula la decisión del 7.10.1999 del BCE y la decisión de 10.11.1999 del BEI.

Por otro lado, de la instauración progresiva de este marco resulta que la función de investigación interna con el objetivo de proteger los intereses financieros comunitarios no puede atentar contra la independencia y autonomía de gestión de los distintos organismos, ya que estos deciden, en particular, las consecuencias de los actos, excepto a nivel penal. En su sentencia de julio del 2003 el Tribunal recuerda las garantías destinadas a una estricta independencia de la OLAF, el pleno respeto por ésta del Derecho comunitario, la clara delimitación del objeto de sus poderes y medios de acción y las diversas normas específicas a que está sometida.

La cuestión también se planteó con respecto a los órganos instituidos en el marco del tercer pilar. Europol en principio es financiada exclusivamente por los Estados miembros y cuyo personal tiene su propio estatuto. Eurojust, por el contrario, será financiado en muy gran parte por el presupuesto comunitario y tendrá a su disposición una secretaría compuesta por funcionarios sujetos al estatuto de la función pública comunitaria. Esta es la razón por la que el apartado 4 del artículo 38 de la Decisión del Consejo [50] permite a la OLAF efectuar investigaciones internas en su seno [51].

[50] Decisión del Consejo n° 2002/187/JAI, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia (DO L 63 de 6.3.2002).

[51] Para tener en cuenta las actividades sensibles de Eurojust en materia de investigaciones y actuaciones judiciales, la Decisión del Consejo excluye el acceso de la OLAF a toda información conservada o creada en el marco de estas actividades.

3.2. Instancias disciplinarias y especializadas

Cada institución, órgano u organismo dispone de instancias disciplinarias propias, a veces dotadas con competencia de investigación interna. En febrero del 2002 la Comisión creó por su parte una Oficina de investigación y disciplina encargada de efectuar investigaciones administrativas [52] y preparar los procedimientos disciplinarios. Por el contrario, para todo lo relativo a hechos graves o concernientes a los intereses financieros comunitarios, sobre la base de su experiencia en materia penal y en el ámbito de la criminalidad económica y financiera, se consulta a la OLAF prioritariamente.

[52] Véase el artículo 2 de la Decisión de la Comisión, de 19 de febrero de 2002 (C(2002) 540). El apartado 2 del artículo de esta Decisión clarifica la división de competencias en el ámbito de las investigaciones administrativas internas.

Por otra parte, el nuevo Reglamento financiero [53] de 25 de junio del 2002 prevé la instauración por cada institución de una instancia especializada, independiente a nivel funcional, que se pronuncie sobre la posible existencia de una irregularidad financiera y sus consecuencias. Los dictámenes que tienen que emitir estas instancias no prejuzga de la competencia de los órganos competentes en materia de fraude y corrupción. La instauración general del dispositivo de control interno podría ser objeto de protocolos de acuerdo destinados a evitar todo solapamiento de competencias.

[53] Apartado 4 del artículo 66 del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, relativo al Reglamento financiero aplicable al presupuesto de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002).

Investigación interna relativa a una delegación de la Comisión

Los casos de corrupción interna implican a menudo la manipulación de los procedimientos de otorgamiento de contratos públicos.

La OLAF abrió una investigación contra un empleado de la Comisión que trabajaba en la delegación de Zagreb, en Croacia, sospechoso de corrupción. La alegación era que se habían amañado sistemáticamente las ofertas para la compra de equipamiento y servicios informáticos y ello habría desembocado en la conclusión de contratos en favor de sociedades con las que dos empleados tenían relaciones. Tras las recomendaciones hechas por la OLAF en su informe de investigación, remitido a los servicios el 5.9.2002, la Comisión prepara una orden de recuperación relativa a doble facturación y adoptó medidas disciplinarias contra uno de sus agentes.

Las investigaciones internas se abren en general sobre la base de revelaciones hechas por miembros del personal de las instituciones [54] o de información procedente de una investigación externa. Toda la información relativa a funcionarios, agentes, dirigentes o miembros de las instituciones, órganos y organismos es evaluada por la OLAF. Desde la decisión de la Comisión de abril del 2002 [55], el agente o funcionario que proporcionó de buena fe información a la Oficina, de acuerdo con su obligación, puede pedir a la institución protección contra todo trato no equitativo o discriminatorio.

[54] DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 4 DE LA DECISIÓN MODELO ANEXA AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE 25 DE MAYO DE 1999.

[55] DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE 4 DE ABRIL DE 2002 RELATIVA AL COMPORTAMIENTO A SEGUIR EN CASO DE SOSPECHA DE ACTOS REPRENSIBLES GRAVES (DOC. C (2002) 845).

4. REFUERZO DE LA DIMENSIÓN PENAL

El refuerzo de la dimensión penal en el ámbito de las actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de las Comunidades requiere iniciativas de la Comisión orientadas al carácter y las necesidades específicos de la lucha contra estas formas de criminalidad. Por otra parte, la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, de acuerdo con las demandas del Consejo de Tampere de octubre de 1999, implica un refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros y los distintos órganos competentes en materia de cooperación judicial y policial.

Algunos avances notables se produjeron en este ámbito en el 2002, en particular en el de ratificación de los instrumentos convencionales, el debate sobre el proyecto de fiscalía europea y la cooperación judicial penal.

4.1. Dimensión penal en el ámbito de la protección de los intereses financieros

4.1.1. Ratificación del Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y de algunos de sus protocolos

En el ámbito de la protección de los intereses financieros en general, se marcó un hito importante con la entrada en vigor, el 17 de octubre del 2002, a raíz de su ratificación por todos los Estados miembros, del Convenio "PIF" [56], de su primer protocolo [57] y del protocolo de 29 de noviembre de 1996 relativo a la competencia del Tribunal de Justicia. Estas ratificaciones se detallan en el título II del informe. En virtud de este convenio y de su primer protocolo, los Estados miembros deben integrar la definición penal del fraude y la corrupción (activa y pasiva) en perjuicio de los intereses financieros comunitarios en su Derecho nacional y prever la responsabilidad penal de los jefes de empresa por estas infracciones. Esto no prejuzga la competencia de la Comisión, con arreglo al artículo 280 del Tratado CE, ni su capacidad de propuesta con el fin de reforzar la dimensión penal. La Comisión debe ahora examinar la forma en que los Estados miembros se han ajustado a su obligación en materia de penalización del fraude y la corrupción (así como del blanqueo de capitales tras la ratificación del segundo protocolo) y presentar el resultado de este análisis.

[56] Convenio establecido sobre la base del artículo K3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas - DO C 316 de 27.11.1995.

[57] Protocolo al convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas - DO C 313 de 23.10.1996.

Por el contrario, el segundo protocolo de 1997 [58] aún no entró en vigor, a falta de ratificación por todos los Estados miembros, a pesar del llamamiento del Consejo en sus conclusiones del 8 de noviembre del 2002 [59]. Esto implica un nuevo retraso perjudicial a la eficacia de la acción a escala comunitaria en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la cooperación técnica y operativa entre las autoridades de represión y con la Comisión (OLAF). La especificidad de esta colaboración estrecha y regular no prejuzga la coordinación necesaria de la Comisión (OLAF) con órganos europeos competentes en materia de lucha contra la delincuencia.

[58] Segundo protocolo al convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas relativo al blanqueo de capitales procedentes de comportamientos fraudulentos que afectan a los intereses financieros de la Comunidad, la responsabilidad de las personas jurídicas, la confiscación de bienes y la cooperación con la Comisión - DO C 221 de 19.7.1997.

[59] Apartado 10 de las conclusiones del Consejo ECOFIN de 8.11.2002 sobre la protección de los intereses financieros y la lucha contra el fraude (documento 13244 FIN 409).

Con respecto a la urgencia para dar pleno efecto a la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión, tal como se deriva por otro lado del apartado 3 del artículo 280 del Tratado CE [60] y del derecho derivado, la Comisión mantiene en cualquier caso su propuesta de directiva relativa a la protección de los intereses financieros comunitarios [61], que considera como el medio más adecuado para garantizar una aplicación efectiva y proporcionada del Derecho comunitario. La propuesta, que cuenta con el apoyo del Parlamento y del Tribunal de Cuentas, permitiría además a la Comunidad ejercer sus responsabilidades en materia de control [62].

[60] Consagrado por el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento 1073/99, el apartado 2 del artículo 2 de la Decisión de la Comisión n° 1999/352/CE, Euratom así como el Reglamento 2185/96 del Consejo (artículo 4).

[61] DOC 240E de 28.8.2001.

[62] Este mismo análisis sirve como base para una propuesta de directiva relativa a la protección penal del medio ambiente basada en el artículo 175 del Tratado CE, sobre la cual el Tribunal de Justicia deberá pronunciarse próximamente y clarificar así la cuestión de las competencias en materia penal en los tratados.

4.1.2. Libro verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo.

La exigencia de perseguir de manera más efectiva a los autores de delitos que afectan a los intereses financieros comunitarios, y mucho más en una Europa ampliada, condujo a la Comisión a proponer la creación de un fiscal europeo, con el fin de remediar el fraccionamiento del espacio penal en este ámbito [63]. La Comisión adoptó un Libro verde sobre un Fiscal Europeo el 12 de diciembre del 2001 [64] y procedió a un amplio debate a lo largo del año 2002 con todos los medios interesados: parlamentos y gobiernos nacionales, instituciones y órganos comunitarios, profesiones vinculadas al procedimiento penal, expertos, universitarios y organizaciones no gubernamentales interesadas. La Comisión organizó, el 16 y 17 de septiembre del 2002, una audiencia pública con los representantes de los protagonistas interesados.

[63] COM(2000)34. Contribución complementaria de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental sobre las reformas institucionales - la protección penal de los intereses financieros comunitarios: un Fiscal europeo, 29.9.2000, COM (2000) 608. Propuesta sobre la introducción de un nuevo artículo 280bis del Tratado CE no recogida por el Consejo Europeo de Niza.

[64] COM(2001)715. El Consejo Europeo en sus conclusiones a Laeken, el 14 y 15 de diciembre de 2001 invitó al Consejo a examinar rápidamente este libro verde, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas y tradiciones jurídicos.

Sobre el fondo las reacciones son en su mayoría favorables al principio de creación de un Fiscal Europeo pero las autoridades gubernamentales siguen en general por detrás con relación al Parlamento Europeo [65], el Comité de vigilancia y el Tribunal de Cuentas, y los expertos y representantes sociales. Muchos insisten para que la propuesta de la Comisión sea precisada con el fin de responder a la vez a criterios de eficacia y pleno respeto de los derechos fundamentales. Una parte de la opinión favorable al proyecto defiende, por añadidura, la idea de situar en el ámbito comunitario la función de control de los actos del Fiscal Europeo.

[65] ver, en particular, los apartados 59 en 62 de la Resolución del Parlamento Europeo de 13.03.2003 relativa a la protección de los intereses financieros - Informe anual 2001.

Así pues el libro verde cumplió su función y, en la línea de su propuesta a la Conferencia Intergubernamental (CIG) del 2000, la Comisión sometió a la Convención sobre el Futuro de Europa una contribución sustancial y participó activamente en las sesiones. En el marco de la Convención algunos gobiernos han considerado que las competencias de un Fiscal deberían ser más amplias que la propuesta de la Comisión. Otros gobiernos reiteraron su oposición a la creación de un Fiscal. El proyecto de Constitución incluye una disposición que permite al Consejo, por unanimidad, crear una Fiscalía Europea, competente en materia de lucha contra las infracciones que atentan contra los intereses de la Unión y la delincuencia grave transfronteriza. La Comisión se felicita por esta posibilidad aunque lamenta la exigencia de unanimidad.

4.2. Cooperación judicial en materia penal

De acuerdo con las peticiones del Consejo de Tampere de octubre de 1999, la instauración de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia implica un refuerzo de la cooperación entre Estados miembros, en particular por la aproximación del derecho penal [66] y la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Los progresos en el 2002 en este ámbito, en particular la decisión-marco relativa a la orden de detención europea [67], destinada a sustituir a los procedimientos de extradición entre Estados miembros, tendrán un impacto positivo para la protección de los intereses financieros.

[66] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea - COM (2001)628 final.

[67] Decisión-marco del Consejo de 13.6.2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros - 2002/584/JAI - DO L 190 de 18.7.2002, transponible a partir del 1.1.2004.

Por otra parte, la instauración progresiva del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia refuerza la necesidad de asociación entre los órganos instituidos en el marco del tercer pilar (título VI del Tratado de la UE) y las instancias comunitarias competentes para la protección de los intereses financieros. En particular, la colaboración con los organismos de cooperación judicial y policial (competentes en materia de delincuencia organizada internacional) cruzó una nueva etapa en el 2002 a raíz de la extensión del mandato de Europol y la creación de Eurojust, por decisión del Consejo.

Junto con la decisión del Consejo de 6.12.2001 relativa a Europol [68] el Consejo había invitado a negociar un acuerdo entre Europol y la Comisión para tener en cuenta las competencias de la OLAF y la Comisión. Las negociaciones [69] prosiguieron en el 2002 para llegar a tal acuerdo y finalizaron con éxito el 18 de febrero del 2003. El acuerdo sitúa el marco general para una cooperación en los ámbitos de competencia respectiva, en particular en materia de consulta, asistencia mutua e intercambio de información para los asuntos en donde existe un interés común, a excepción del intercambio de datos de carácter personal. Además, en la perspectiva de dotar a Europol con competencias operativas, el acuerdo prevé que en el ámbito de actividades operativas al que se extiende su independencia, la OLAF pueda concluir directamente un acuerdo con Europol para precisar las modalidades de cooperación.

[68] DO C 362 de 18.12.2001.

[69] Las negociaciones se abrieron a principios del 2001 con la aprobación del Reglamento (CE) nº 1338/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, relativo a la protección del euro contra la falsa acuñación de moneda. En este ámbito el informe de la Comisión (COM(2001)771 final de 13.12.2001) establece que todos los Estados miembros no consiguieron ajustarse al artículo 6 de la Decisión cuadro del Consejo de 29.5.2000 (2000/383/JAI DO L 140 del 14.6.2000). Este artículo establece que cada Estado miembro garantizará que los comportamientos calificados como falsificación sean objeto de sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasivas.

Por otra parte, a raíz de la creación de Eurojust por decisión del Consejo de 28 de febrero del 2002, avanzaron los trabajos para garantizar la sinergia entre las competencias respectivas de Eurojust y la OLAF y favorecer el intercambio de información operativa entre ambos órganos. Se trata en particular de precisar la articulación entre la "colaboración estrecha y regular" definida en el apartado 3 del artículo 280 del Tratado CE (entre autoridades competentes y Comisión) y la cooperación entre autoridades nacionales organizada mediante los miembros de Eurojust, en el marco del tercer pilar [70]. El memorándum de acuerdo negociado en el 2002 y firmado por la Oficina y Eurojust el 14 de abril del 2003 prevé una estrecha coordinación entre la unidad de magistrados de la OLAF y los miembros de Eurojust.

[70] La Decisión del Consejo indica en su considerando 8 que las competencias de Eurojust no obstan a las competencias de la Comunidad en materia de protección de los intereses financieros. La Comisión hizo una declaración, anexa a la decisión del Consejo, según la cual la protección de los intereses financieros comunitarios es una responsabilidad compartida entre la Comunidad y los Estados miembros y a este respecto, es importante destacar que el apartado 3 del artículo 280 del Tratado CE constituye la base jurídica específica para ejecutar las medidas de cooperación con las autoridades nacionales competentes o adoptar las medidas necesarias para prevenir y combatir el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros comunitarios (apartado 4). Es en particular en este marco en el que debería garantizarse la estrecha cooperación entre la OLAF y las autoridades nacionales de represión y entre la Comisión (OLAF) y Eurojust.

De acuerdo con el plan de acción de la Comisión 2001-2003 sobre lucha antifraude [71], el 2002 constituyó pues un avance en la definición de las modalidades prácticas de cooperación entre órganos que tienen vocación de convertirse en interlocutores privilegiados en la perspectiva del respeto de los principios establecidos por el artículo 280 del Tratado CE. Sólo se trata, por supuesto, de una primera etapa en el proceso que deberá llevar hacia un sistema coherente, transparente y legible en todos los órganos europeos dedicados a la lucha contra la criminalidad transnacional y en particular para la protección de los intereses financieros con vistas a la creación en el Tratado de un Fiscal Europeo.

[71] Comunicación de la Comisión de 15 de mayo de 2001, Protección de los intereses financieros de las Comunidades. Lucha antifraude. Plan de acción 2001-2003 (COM(2001) 254 final), apartado 2.1.2.

5. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2001-2003

La Comisión presenta aquí un informe intermedio sobre la ejecución del Plan de acción 2001-2003 para la protección de los intereses financieros de las Comunidades [72]. Tiene por objeto poner de relieve la realización de las acciones previstas para el 2002, en el respeto de la realización de los grandes objetivos decididos por el Enfoque estratégico de junio del 2000 y habida cuenta de las necesarias adaptaciones del calendario y el programa de trabajo de la Comisión.

[72] COM (2001) 254 final de 15.5.2001.

El cuadro presentado en anexo [73] indica los elementos pertinentes en términos de respeto del calendario provisional, de los servicios responsables así como de definición de los instrumentos jurídicos o administrativos. En cada caso se relacionan las iniciativas del Plan de acción y, cuando es preciso, se proporciona información sobre el seguimiento más allá del ejercicio 2002.

[73] El cuadro no recoge las acciones para las cuales ninguna iniciativa o seguimiento está prevista en el 2002. Por lo que se refiere a las columnas del cuadro: - las dos primeras recuerdan el objetivo y del plan de acción, tal como fue adoptado en mayo del 2001; - la tercera identifica la Dirección General responsable; - la columna cómo se logró el objetivo; los elementos de seguimiento permiten superar el horizonte estrictamente anual del cuadro; - la quinta explica las condiciones de aplicación y el impacto de la iniciativa.

Título II - Aplicación del artículo 280 por los Estados miembros en el 2002 - Medidas adoptadas para proteger los intereses financieros de la Comunidad

De acuerdo con el artículo 280 del Tratado CE, el Informe anual de la Comisión presenta también los esfuerzos realizados por los Estados miembros durante el año anterior para combatir el fraude y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Comunidad.

A diferencia de los ejercicios anteriores, las respuestas de los Estados miembros a las distintas rúbricas del cuestionario se anexan al informe. Así podrán ser consultadas por quienes deseen tener una perspectiva completa de las actividades desarrolladas por ellos durante los doce meses anteriores para proteger los intereses financieros de la Comunidad, en cada uno de los sectores cubiertos. Este título II del Informe se limitará por lo tanto a una relación de los hechos más destacados comunicados.

La Comisión basa esta relación en las respuestas de los Estados miembros a un cuestionario ("cuestionario artículo 280"), adaptado en función de la experiencia pasada, preservando al mismo tiempo la continuidad necesaria con años anteriores. Ello facilitará el seguimiento de la actividad en materia de lucha antifraude en los Estados miembros durante los últimos años.

La relación comienza por una reseña de la principal evolución legislativa, reglamentaria y administrativa en los Estados miembros que ha contribuido a la protección de los intereses financieros comunitarios contra el fraude y las irregularidades. Se dedica un apartado separado a cada uno de los tres ámbitos principales de los recursos y gastos comunitarios (recursos propios tradicionales, gastos agrícolas y acciones estructurales).

Como en años anteriores, la segunda rúbrica (apartado 7) trata de la aplicación del Convenio sobre protección de los intereses financieros de la Comunidad y sus protocolos. El estado de ratificación de estos instrumentos del tercer pilar se limita no obstante al segundo protocolo, dado que la ratificación por los últimos Estados miembros del Convenio y de sus otros protocolos se realizó en el 2002.

Las tercera y cuarta rúbrica (apartados 8 y 9) cubren, respectivamente, la organización de la actividad de control, en términos de personal, en los tres sectores en cuestión (recursos propios, gastos agrícolas y medidas estructurales) y la coordinación entre los servicios en cada Estado miembro. El objetivo consiste en dar una primera imagen del sistema de protección de los intereses financieros comunitarios establecido por cada Estado. Los datos numéricos comunicados para esta parte del Informe son objeto de una tentativa de análisis por la Comisión.

La anualidad y el carácter horizontal y multisectorial del Informe anual hacen difícil una evaluación en profundidad de todos los aspectos de la protección de los intereses financieros comunitarios por los Estados miembros [74]. Esta es la razón por la que la Comisión prevé, en el futuro, un enfoque más específico y plurianual.

[74] EL PARLAMENTO SUBRAYÓ EN DOS OCASIONES QUE EL INVENTARIO DE NUEVAS MEDIDAS NACIONALES DEBERÍA SER ACOMPAÑADO DE UN ANÁLISIS POR LA COMISIÓN, PARA PONER DE RELIEVE LAS POSIBLES DEBILIDADES EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS (RESOLUCIÓN DEL 13 DE MARZO DE 2003 SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE - INFORME ANUAL 2001; RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2001 SOBRE EL INFORME ANUAL 2000 DE LA COMISIÓN RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE, PLAN DE ACCIÓN 2001-2003).

6. TEXTOS QUE CONTRIBUYEN A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 280 DEL TRATADO CE. PRINCIPAL EVOLUCIÓN LEGISLATIVA, REGLAMENTARIA Y ADMINISTRATIVA

Entre las nuevas medidas que contribuyen a la aplicación del artículo 280 del Tratado que comunicaron los Estados miembros en respuesta al "cuestionario artículo 280" para el 2002 figuran acciones de distinto carácter: nuevas medidas legislativas, modificaciones a nivel institucional, aprobación de textos interpretativos de la legislación comunitaria relativa a la protección de los intereses financieros o también aplicación de nuevos instrumentos informáticos.

Queda claro que estas distintas medidas no tienen un impacto igual en el grado de protección de los intereses financieros comunitarios en los Estados miembros.

Los hechos más destacados del 2002 indicados por los Estados miembros se resumen a continuación por ámbito de actividad (recursos propios, gastos agrícolas, acciones estructurales). Se trata de una relación no exhaustiva.

Una relación completa de todas las nuevas medidas que contribuyeron a la aplicación del artículo 280 del Tratado en el 2002 puede consultarse en anexo (cuadros 1.1., 1.2. y 1.3.).

Como lo destacaron varios Estados miembros en su respuesta al cuestionario, la ausencia o falta de nuevas medidas en el 2002 no permite sacar conclusiones generales sobre el grado de protección de los intereses financieros comunitarios en el Estado miembro en cuestión. Al contrario, tal falta de nuevas medidas puede precisamente reflejar una actividad legislativa o reglamentaria más intensa durante años anteriores.

6.1. Recursos propios

El cuadro 1.1. recoge, por Estado miembro, la nueva evolución legislativa, reglamentaria y administrativa producida en el 2002 en materia de recursos propios.

Entre los hechos más destacados en aduanas se puede mencionar la modificación de la ley aduanera en Dinamarca, que permite a las autoridades aduaneras y fiscales embargar toda cantidad superior a 15.000 euros.

En Francia, tras la aplicación efectiva, en diciembre del 2001, de un nuevo artículo 28-1 en el código de procedimiento penal, que ofrece la posibilidad de habilitar a los agentes de aduanas para efectuar investigaciones judiciales, en particular en el ámbito del fraude en detrimento de los intereses financieros comunitarios, se adoptaron nuevas disposiciones en el 2002 con el fin de dotar a estos agentes con un servicio autónomo que permita aumentar los medios puestos a disposición de la autoridad judicial en materia económica y financiera.

En Italia, la Agencia aduanera introdujo, mediante circular, nuevos procedimientos de gestión informatizados para la contabilidad separada de los recursos propios.

Las autoridades británicas comunican la participación activa de la administración aduanera, junto con las autoridades de los demás Estados miembros, en el grupo sobre el proyecto de asistencia mutua en el marco de la Organización Mundial de Aduanas, destinado a modernizar y revisar el convenio multilateral de Nairobi sobre asistencia mutua. El nuevo convenio propuesto ayudará a las autoridades aduaneras internacionales a realizar controles más eficaces y tendrá un impacto positivo en los controles fiscales y la lucha contra el fraude para los intercambios entre la UE y terceros países.

En Bélgica se adoptó una nueva legislación sobre quiebras que permitirá frustrar la utilización de sociedades ficticias, facilitando el establecimiento del balance de liquidación, la determinación de las causas y circunstancias de la quiebra así como la responsabilidad de los administradores de hecho o de derecho culpables de fraude fiscal grave y organizado.

Las autoridades irlandesas comunican la aprobación, en marzo del 2002, de los Convenios "CIS" (sistema de información aduanero) y "Nápoles 2", así como de los instrumentos relativos a los mismos. Así, la ejecución del acuerdo de aplicación provisional del convenio CIS ha resultado posible desde el 1 de junio del 2002.

6.2. Gastos agrícolas

En materia de gastos agrícolas hay varios hechos destacados en el 2002.

Las autoridades austríacas señalan que el número de autoridades habilitadas para efectuar pagos se redujo en el 2002, de 3 a 2, mediante una transferencia, a partir del 16 de octubre, de las tareas relativas a desarrollo rural (Ministerio de Agricultura) a la autoridad Agrarmarkt Austria (AMA). Esta modificación quiere concentrar los flujos de dinero, los procedimientos administrativos y los sistemas de notificación, normalizar y unificar el sistema de auditoría, mejorar la experiencia técnica, la eficacia y recaudación de los fondos, y concentrar y normalizar la certificación de la revisión de cuentas por la autoridad que ejecuta los pagos.

En Grecia, por lo que se refiere más específicamente a las medidas de desarrollo rural, los dispositivos de control y sanción se han reforzado. El decreto ministerial prevé sanciones en caso de irregularidades que afecten a las disposiciones comunitarias y nacionales, consistentes en correcciones financieras de una parte o la totalidad de la financiación comunitaria, con la incoación paralela del procedimiento de recaudación de importes indebidamente pagados o incluso la exclusión del organismo en cuestión cuando las irregularidades resulten graves.

Entre las otras evoluciones interesantes de alcance horizontal se pueden mencionar el refuerzo, en España, del organismo responsable de la coordinación de los controles y sanciones en el ámbito de la PAC, o la instauración en Italia de procedimientos de sanción en el marco del Reglamento n° 4045/89.

El conjunto de las nuevas medidas adoptadas por los Estados miembros en el ámbito de los gastos agrícolas puede consultarse en anexo (cuadro 1.2).

6.3. Ámbito de acciones estructurales

El Informe especial 10/2001 del Tribunal de Cuentas [75] sacó a la luz algunas carencias de los sistemas nacionales de detección, comunicación y seguimiento de irregularidades en el ámbito de los fondos estructurales. Teniendo en cuenta este Informe, las nuevas medidas legislativas, reglamentarias y administrativas adoptadas por los Estados miembros en el 2002 en este ámbito merecen una atención especial.

[75] Informe especial n° 10/2001 relativo al Control Financiero de los Fondos Estructurales - Reglamentos (CE) n° 2064/97 y (CE) n° 1681/94 de la Comisión (DO C 314 de 8.11.2001).

Entre los hechos destacados ocurridos en el 2002 se puede mencionar la entrada en vigor, en los Países Bajos, de dos leyes que tienen un impacto importante en la protección de los intereses financieros comunitarios. Se trata, en primer lugar, de la ley relativa al control de las ayudas comunitarias, que regula, además del derecho de recuperación y la competencia de designación, el derecho de información. Es aplicable a los fondos estructurales. En el otoño del 2003 se presentará al Parlamento holandés un informe sobre la asignación de las ayudas de la UE entre mayo y diciembre del 2002. Los órganos de gestión descentralizados contemplados por la ley proporcionarán a los departamentos políticos información sobre las ayudas europeas que recibieron. La segunda ley, referente a la octava modificación de la ley de contabilidad, confirió al Tribunal de Cuentas de los Países Bajos competencias en materia de control de la utilización de las ayudas de la Unión hasta el beneficiario final [76].

[76] Para más detalles de la ley TES y de la octava modificación, véase la contribución holandesa al informe anual 2000 y 2001 sobre el artículo 280 del Tratado CE.

En Finlandia se renovó y revisó la legislación sobre desarrollo regional. Como la legislación precedente, contiene disposiciones relativas a la concesión de fondos, el pago, seguimiento, control y curso dado en caso de irregularidades así como los criterios de recaudación. La provincia de Åland comunica la aprobación de una nueva ley relativa a la protección de los intereses financieros que prevé la penalización de los delitos contra la hacienda pública, independientemente del origen (provincial, nacional o comunitario) de los fondos.

Las autoridades griegas comunican una revisión a fondo, iniciada en el 2002, del procedimiento de recaudación de los importes indebida o ilegalmente pagados en el marco de programas comunitarios. Esta revisión pretende establecer un sistema nacional de correcciones financieras de acuerdo con las disposiciones del Reglamento n° 438/2001 de la Comisión.

En Portugal se adoptó un decreto-ley sobre la aplicación del fondo de cohesión, como parte integral del tercer marco comunitario de apoyo (MCA), de las mismas normas de control financiero vigentes para los fondos estructurales. Habida cuenta del volumen financiero importante de los importes pendientes en el marco del fondo de cohesión en Portugal, las autoridades portuguesas consideran que la definición legal del marco de funcionamiento y las entidades responsables de su control representa un paso suplementario importante en la aplicación de las medidas fundamentales destinadas a garantizar los intereses financieros de las Comunidades.

Los procedimientos de control e inspección de los proyectos se reforzaron también en el Reino Unido, por lo que se refiere, en particular, a los gastos financiados por el Fondo Social Europeo.

La lista completa de las nuevas medidas sobre aplicación del artículo 280 en el ámbito de las acciones estructurales se recoge en anexo (cuadro 1.3).

7. TEXTOS QUE CONTRIBUYEN A LA APLICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA COMUNIDAD

El año 2002 se caracterizó por la ratificación, por los últimos Estados miembros, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas [77], del primer protocolo [78], que define la corrupción activa y pasiva, así como del protocolo de 29 de noviembre de 1996 relativo a la interpretación del Convenio por el Tribunal de Justicia [79]. Esta ratificación permitió a estos tres instrumentos del tercer pilar entrar en vigor el 17 de octubre del 2002.

[77] Convenio, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, firmada el 26.7.1995 en Bruselas (Diario Oficial C 316 de 27.11.95). La notificación de la ratificación de este Convenio por Bélgica se produjo el 12.3.2002, por Irlanda el 3.6.2002 y por Italia el 19.7.2002. Las autoridades belgas precisan que la ley de 17.2.2002, de aprobación del Convenio y sus tres protocolos, se publicó el 15 de mayo de 2002 en el Moniteur [Diario Oficial] belga y entró en vigor.

[78] Protocolo, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, firmado el 27.9.1996 en Dublín (Diario Oficial C 313 de 23.10.96). La notificación de la ratificación de este protocolo por Bélgica se produjo el 12.3.2002, por Irlanda el 3.6.2002, por Italia el 19.7.2002 y por los Países Bajos el 28.3.2002.

[79] Protocolo, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, firmado el 29.11.1996 en Bruselas (Diario Oficial C 151 de 20.5.97). La notificación de la ratificación de este Convenio por Bélgica se produjo el 12.3.2002, por Irlanda el 3.6.2002 y por Italia el 19.7.2002.

Los Estados miembros están ahora obligados a introducir en su derecho penal definiciones y sanciones armonizadas para el fraude y la corrupción activa y pasiva que afecten a los intereses financieros comunitarios. Además se refuerza la cooperación penal entre Estados miembros en materia de competencia, ayuda judicial mutua, extradición y transferencia y centralización de las actuaciones judiciales.

Por el contrario, el segundo protocolo, del 19 de junio de 1997 [80], que contiene disposiciones relativas al blanqueo de capitales, la responsabilidad de las personas jurídicas, la confiscación de los instrumentos y productos de las infracciones, y la cooperación vertical con la Comisión (OLAF) aún está a la espera de ser ratificado por Italia, Luxemburgo y Austria. [81]

[80] Segundo Protocolo, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, al convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas - Declaración conjunta con respecto el apartado 2 del artículo 13 - Declaración de la Comisión relativa al artículo 7 - Diario Oficial C 221 de 19.7.1997.

[81] La ratificación por Alemania y Finlandia se produjo en el 2003.

El cuadro 2.1., en anexo, permite seguir con más detalle el estado actual de la ratificación de este segundo protocolo ya que indica la fecha en que el Estado miembro notificó la ratificación al Consejo.

La aplicación del conjunto de los cuatro instrumentos convencionales en los Estados miembros es objeto del cuadro 2.2.. Se incluye un índice con las nuevas etapas cruzadas en el 2002 para transponer el convenio de 1995 y sus protocolos, así como, cuando proceda, los aspectos o disposiciones aún no cubiertos por medidas nacionales y las posibles dificultades encontradas.

Se constataron progresos en materia de transposición del Convenio y sus protocolos, en particular en Alemania, Países Bajos, Portugal y Finlandia.

Otros Estados miembros indican que la transposición de estos instrumentos ya se había producido en gran parte antes del 2002.

8. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ENCARGADOS DE PROTEGER LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES

La protección de los intereses financieros comunitarios se basa ampliamente en la competencia primaria de los Estados miembros, que son responsables de la gestión de más del 80% de los gastos, y de la percepción de la totalidad de los recursos propios tradicionales. Los distintos tipos de control previstos por los reglamentos sectoriales implican una multiplicidad de protagonistas y agentes a distintos niveles de la Administración nacional (organismos de pago, autoridades de gestión, servicios nacionales centrales y descentralizados, colectividades locales).

El conjunto de estos controles contribuye a la protección de los intereses financieros comunitarios, para la parte en que los Estados miembros deben garantizar una acción efectiva y equivalente a la que desarrollan para la defensa de sus propios intereses.

Se trata de controles de regularidad, previstos por los reglamentos sectoriales, y de acciones de control más específicas sobre lucha contra el fraude, tal como está previsto por el artículo 280 del Tratado CE.

Los controles de regularidad cubren, en primer lugar, las comprobaciones documentales, a veces denominadas "de primer nivel" o también "controles a priori" o "previos", destinados a evaluar la conformidad con los procedimientos y criterios determinados por la normativa para la concesión de financiaciones o ventajas.

Los controles de regularidad incluyen también comprobaciones a posteriori (después del pago de los fondos, por ejemplo) que tienen por objeto asegurarse de la realidad de las prestaciones, de los proyectos financiados o de la fiabilidad de un sistema de control. Estos controles a menudo se basan en un análisis de riesgos, como lo pide la normativa comunitaria para varios sectores [82].

[82] Véase por ejemplo el Reglamento (CE) nº 3122/94 de la Comisión, de 20 de diciembre de 1994, por el que se establecen los criterios para el análisis para efectuar el análisis de riesgos en lo concierne a los productos agrícolas que se benefician de una restitución (DO L 330/31 de 21.12.94); Reglamento (CE) nº 2064/97 de la Comisión, de 15 de octubre de 1997, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 4253/88 del Consejo, en lo relativo al control financiero por los Estados miembros de las operaciones cofinanciadas por los Fondos estructurales (DO L 290/1 de 23.10.97).

Además los Estados miembros deben realizar acciones más específicas para luchar contra el fraude. Estos controles (investigaciones antifraude) se ejecutan sobre la base de sospechas de fraude detectadas por las diferentes administraciones: aduanas, policía, administraciones de Hacienda o autoridades judiciales en una fase avanzada.

Como la organización de los servicios es competencia exclusiva de los Estados miembros, se les pidió explicar desde un punto de vista funcional su actividad de control según la tipología anteriormente mencionada, que toma como punto de partida el sector controlado más bien que la entidad organizativa a la cual estaba vinculado el personal afectado.

Los cuadros 3.1, 3.2. y 3.3., recogidos en anexo, enumeran las estimaciones de los Estados miembros sobre el personal destinado en el 2002 a cada tipo de control (previo, posterior y antifraude) en los tres sectores cubiertos (recursos propios tradicionales, gastos agrícolas y acciones estructurales). Con el fin de llegar a cifras comparables, los tipos de información buscada y los conceptos de control se precisaron en la medida de lo posible. En las dos últimas columnas de cada cuadro, el personal de control se relaciona con el importe de los gastos o recursos controlados. Estos datos permiten a los Estados miembros tener una primera valoración del grado en que tienden hacia los principios de equivalencia, eficacia y asimilación previstos por el artículo 280 del Tratado.

No obstante, como se trata de estimaciones basadas en interpretaciones posiblemente divergentes de las definiciones de controles y personal, es importante interpretar estos datos con prudencia y considerar que tienen solamente un valor orientativo. El interés principal es detectar las grandes tendencias que deberían precisarse con los Estados miembros en el marco de un diálogo estructurado.

Resulta de los cuadros que, para el conjunto de Estados miembros y ámbitos cubiertos, la gran mayoría de los recursos humanos se destinó en el 2002, al control previo (controles previos: 81%; a posteriori: 11%; investigaciones antifraude: 8%).

Esto tiende a demostrar que, en general, se dio prioridad a dispositivos de vigilancia y comprobación previa que se produce, para los ingresos, al examinar la presentación de las declaraciones aduaneras, y para los gastos, al examinar las solicitudes de financiación.

Desde el punto de vista cuantitativo, los controles de utilización de los fondos o de ejecución de proyectos (controles a posteriori) movilizan generalmente recursos menores, en la medida en que se efectúan sobre la base de programación, sondeo u orientación específica de los riesgos.

Por lo que se refiere al número de personal destinado a los controles antifraude, es necesario tener en cuenta el hecho de que los agentes de control responsables de los controles antifraude cubren a menudo varios sectores (en Grecia, por ejemplo, es el caso de la unidad de represión de la delincuencia económica) y que algunos Estados miembros incluyen en sus cifras a agentes con competencias de investigación judicial.

En general los Estados miembros destinaron más personal al sector de los recursos propios tradicionales (50.467) que a los dos sectores restantes (gastos agrícolas: 16.240; acciones estructurales: 6.769).

En términos del importe a controlar por el agente, éste fue más elevado para los fondos estructurales (3,10 millones de euros por agente de control; gastos agrícolas: 2,56 millones; recursos propios: 0,29) [83]. Este resultado parece confirmar las conclusiones del análisis comparado, efectuado en 1995 y 1998, sobre la aplicación del artículo 209A (280 desde Amsterdam) del Tratado [84].

[83] Estos tipos se basan en los pagos al Presupuesto y los gastos operativos por Estado miembro para el 2001.

[84] Protección de los intereses financieros de la Comunidad - Documento de síntesis del análisis comparado de los informes de los Estados miembros relativos a las medidas adoptadas a nivel nacional para luchar contra el despilfarro y el desvío de medios comunitarios, COM (95) 556 final. Complemento consagrado a los controles y sanciones administrativas (1998).

A continuación se comentan los datos por ámbito presupuestario.

Aunque estos datos permiten observar la variabilidad del enfoque con respecto a los controles de un Estado miembro, se está aún lejos de una verdadera valoración cualitativa, que exigiría un examen más profundo de los instrumentos y métodos de control utilizados por cada Estado miembro.

8.1. Recursos propios tradicionales

En el ámbito en cuestión:

- los controles previos corresponden a la vigilancia prevista por el apartado 13 del artículo 4 del Código Aduanero Comunitario, a los controles aduaneros previstos por el apartado 14 del artículo 4 y a los controles documentales y verificaciones de mercancías previstos por el artículo 68 de dicho Código, con exclusión de los controles sobre las restituciones a la exportación de productos agrícolas;

- los controles a posteriori son los previstos por el punto 14 del artículo 4 y por el artículo 78 del Código Aduanero Comunitario;

- las investigaciones antifraude son las realizadas en caso de presuntas irregularidades, incluidas las desarrolladas por los servicios de investigación y represión cuando proceda.

En el ámbito de los recursos propios tradicionales, los controles previos parecen movilizar la mayor parte del personal en la mayoría de Estados miembros (para el conjunto de los Estados miembros, controles previos: 80,4%; a posteriori: 9,8%; investigaciones antifraude: 9,8%). No obstante hay poca homogeneidad entre Estados en la distribución del personal entre los tipos de control (previo, a posteriori y antifraude).

Tal como se indica en el cuadro 3.1., dos Estados miembros (Dinamarca, Reino Unido) destinaron más personal a controles a posteriori que a controles previos.

Por lo que se refiere a las investigaciones antifraude, un Estado miembro (España) consagró más recursos humanos (43,4%) que a cada uno de los dos tipos restantes de control.

Los datos parecen indicar que los Estados miembros siguen estrategias diferentes de control, orientadas más o menos hacia una u otra metodología.

Conviene no obstante indicar que algunos Estados miembros tuvieron dificultades para efectuar el desglose por tipo de control y que otros destacan que sus agentes de control cubren varios sectores, lo que impide análisis más profundos, en particular en lo tocante al importe por agente.

Este importe varió entre 0,05 y 2,51 millones de euros. Para el conjunto de los Estados miembros esta cifra se situaba en torno a 0,29 millones. Para Dinamarca, y en menor medida, Bélgica y el Reino Unido, esta cifra era claramente superior.

Información complementaria proporcionada por los informes de actividad de los Estados miembros en aplicación del apartado 3 del artículo 17 del Reglamento n° 1150/2000

Sobre la base del apartado 3 del artículo 17 del Reglamento (CE) n° 1150/2000 [85], los Estados miembros deben también comunicar datos sobre el personal destinado a los servicios aduaneros a nivel nacional.

[85] Reglamento (CE, Euratom) n° 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, relativo a la aplicación de la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130 de 31.5.2000).

Estos informes permiten completar los datos presentados por los Estados miembros en respuesta al "cuestionario artículo 280". No obstante, en términos absolutos los datos comunicados se revelan inferiores a los comunicados en el marco del Reglamento n° 1150/2000. Esta diferencia resulta naturalmente del hecho de que el campo cubierto por el "cuestionario artículo 280" se orienta a ámbitos de control bien delimitados mientras que los informes de síntesis expresan datos más generales [86].

[86] Los datos comunicados en el marco del Reglamento n° 1150/2000 incluyen, en particular, los controles sobre restituciones a la exportación de productos agrícolas que en el "cuestionario artículo 280" se incluyeron en la rúbrica "gastos agrícolas". Además el "cuestionario artículo 280" se limitó estrictamente al personal de control.

Sobre la base de los informes de síntesis 2002 [87] el número total de personal aduanero era de 89.559. En comparación con el año 2001 esta cifra registra una disminución del 2%; puede observarse una reducción relativamente generalizada, excepto en Grecia, España, Luxemburgo, Finlandia y Suecia.

[87] A falta de respuesta de Portugal, la Comisión se basó, para este Estado miembro, en los datos comunicados en el 2001.

Los efectivos destinados a los controles a posteriori, tal como resulta de los informes de actividad sobre la base del Reglamento n° 1150/2000, era de 14.184 agentes en el 2002. Esta cifra supone un aumento del 9% con relación al 2001. Las subidas observadas no son significativas, a excepción de dos Estados miembros. Así, en Irlanda este personal pasó de 43 a 99 entre el 2001 y el 2002 [88]. Las cifras del Reino Unido (919 agentes) son también muy diferentes de las del ejercicio anterior (101); esto resulta de una reorganización del servicio aduanero y de la administración fiscal.

[88] El número real de personal implicado en los controles después de despacho de aduana a nivel nacional no cambia con respecto al 2001. El aumento con relación al 2001 se debe a la inclusión de personal que efectúa controles de depósito, etc, que anteriormente no se incluía en estas cifras.

La información transmitida en virtud del apartado 3 del artículo 17 da también una imagen general de la actividad expresada en términos de número de declaraciones aceptadas y declaraciones sujetas a control a posteriori. El número de declaraciones aceptadas y controladas aumentó, tal como lo han hecho constantemente desde 1999. Los Estados miembros aceptaron 114.741.680 declaraciones a título del año 2002, lo que equivale a un aumento del 5,85% con relación al 2001. Por otra parte, los servicios aduaneros nacionales controlaron 7.943.620 declaraciones en el 2002, es decir, un aumento del 2,4%. Una serie de Estados miembros indican porcentajes de declaraciones controladas significativamente a la baja mientras que el número de las aceptadas aumentó. Se pedirá más información en el marco del Comité consultivo de recursos propios.

8.2. Ámbito agrícola

En este ámbito y por lo que respecta a los Estados miembros:

- los controles a priori corresponden a los controles físicos y a los operados sobre los expedientes de solicitudes de pagos efectuados por las aduanas y organismos pagadores. Incluyen los controles sobre restituciones a la exportación, ayudas al mercado interior e intervenciones destinadas a regular los mercados agrícolas ;

- los controles a posteriori son los controles in situ y de las empresas previstos por el Reglamento n° 4045/89;

- las investigaciones antifraude son las realizadas en caso de presuntas irregularidades.

También en este sector el personal responsable en los Estados miembros de los controles a priori sobrepasaba ampliamente el consagrado a las dos categorías restantes de controles en el 2002 (para el conjunto de los Estados miembros, controles a priori: 88%; a posteriori: 7,5%; investigaciones antifraude: 4,5 %) pero las prácticas parecían más homogéneas entre Estados miembros, lo que puede explicarse en parte por la naturaleza de las obligaciones reglamentarias.

Por lo que se refiere a los controles a priori y a posteriori, en particular, las obligaciones de control y los métodos de análisis de riesgos son definidos de manera más precisa por la normativa comunitaria (controles del 5% de los gastos previstos por los Reglamentos (CE) 4045/89 y 386/90, por ejemplo). Esto parece confirmar las conclusiones del análisis comparado sobre la aplicación del artículo 209 A [89], donde se había constatado una correlación entre la definición común de las normas de gestión, control y sanción y, por otra parte, la equivalencia de los sistemas de control.

[89] Véase introducción general al apartado 3.

Como se indica en el cuadro 3.2. adjunto, para la mayoría de los Estados miembros las investigaciones antifraude forman la categoría de control que movilizaba la menor cantidad de personal (menos del 10% para diez Estados miembros). No obstante, tres Estados son excepción (Italia: 28,9%; Austria: 12,1%; Finlandia: 19,3%). Un Estado no había podido estimar el personal de este tipo y recordó que la notificación de las sospechas de fraude a la fiscalía es obligatoria.

Estos datos permiten concluir que en el sector de los gastos agrícolas, como en el de recursos propios, la protección de los intereses financieros de las Comunidades parece confiarse sobre todo a controles previos.

Por lo que se refiere al importe que el agente debe controlar (2,56 millones de euros para el conjunto de Estados miembros), la mayoría de Estados estaban próximos a esta cifra, a excepción de uno (España: 9,04 millones).

8.3. Acciones estructurales

En el ámbito en cuestión,

- los controles previos son los controles y comprobaciones de proyectos o acciones efectuados a distintos niveles (autoridades de gestión, pagadoras, delegadas o intermedias, beneficiarios finales) con el fin de velar por la exactitud, regularidad y admisibilidad de las solicitudes de ayuda comunitaria [90]

[90] Véase Anexo al Título II, punto 3.3.

- los controles a posteriori son las comprobaciones y controles in situ ejecutados por personas independientes a los servicios de gestión y pagos [91]

[91] Véase Anexo al Título II, punto 3.3.

- las investigaciones antifraude son todas las investigaciones realizadas tras presunción de fraude.

En el sector de las acciones estructurales los controles previos movilizaron también la mayor parte del personal de control de los Estados miembros (68%). No obstante, las diferencias con los controles a posteriori (27,9%) eran menos pronunciadas que para los otros sectores. Este resultado está en línea con las conclusiones del análisis comparado sobre la aplicación del artículo 209 A del Tratado, que constataba que el concepto de control elegido por los Estados miembros en el ámbito de las acciones estructurales era sobre todo el de control externo.

El cuadro 3.3. adjunto indica que tres Estados miembros (Grecia, España, Portugal [92]) destinaron más recursos humanos a los controles a posteriori que a los controles previos en el 2002.

[92] Suplemento informativo para Portugal: véase nota en cuadro en punto 3.3. del Anexo del Título II.

Relativamente se destinaron pocos recursos a investigaciones antifraude (4,1%). Tres Estados miembros indicaron que las investigaciones antifraude se incluían en los otros tipos de control.

En general el personal destinado por los Estados miembros a este sector, sin distinción de tipos de control, era poco numeroso (6.769) comparado al personal total de control en los sectores de recursos propios (50.467) y gastos agrícolas (16.240).

Esto no puede explicarse por la parte del presupuesto a controlar, dado que el porcentaje de control, expresado en términos de porcentaje del presupuesto a controlar por agente era más elevado que para los dos sectores restantes.

Una explicación debería quizá buscarse en la naturaleza de los gastos a controlar (proyectos de tamaño relativamente importante comparados con los gastos agrícolas), que impone una diferente estrategia de control, y en la dificultad que pudieron tener los Estados miembros para recibir los detalles del personal para todos los organismos implicados a los distintos niveles de la administración nacional, muy descentralizada en este ámbito.

Esto parece confirmarse por el escaso porcentaje de respuestas a la cuestión relativa al número de agentes, incluidos los servicios encargados de las diligencias penales, responsables de las investigaciones antifraude en este ámbito, ya que sólo siete Estados miembros proporcionaron los datos pedidos.

Por lo que se refiere al importe a controlar por agente, la mayoría de los Estados miembros se situaban cerca de 3,10 (porcentaje de control para el conjunto de los Estados miembros), a excepción de Grecia (16,15), España (15,00) y Portugal (10,88 [93]).

[93] Para estos dos últimos Estados miembros, véanse notas al cuadro en el punto 3.3. del Anexo al Título II.

A la luz del informe n° 10/2001 del Tribunal de Cuentas, y teniendo en cuenta la mayor descentralización de las responsabilidades de control hacia los Estados miembros desde el 2001, parece no obstante que hay que considerar el nivel de riesgo en este ámbito como elevado y garantizar que la organización de la lucha contra el fraude sea especialmente eficaz con el fin de compensar, en la medida de lo posible, la falta de controles previos.

9. COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS EN LOS ESTADOS MIEMBROS

Una lucha eficaz de los Estados miembros contra el fraude y las irregularidades implica una estrecha coordinación entre los distintos servicios competentes en el control de los recursos y gastos comunitarios.

Resulta de las contribuciones de los Estados miembros que en algunos casos se adoptaron nuevas medidas de alcance horizontal en el 2002 con el fin de reforzar la coordinación e intercambio de información entre los distintos servicios implicados en la protección de los intereses financieros. Suecia describe, en particular, la creación de un consejo que depende de la autoridad de lucha contra la criminalidad financiera, que tiene como principal misión mejorar la cooperación entre los servicios encargados, directa o indirectamente, de proteger los intereses financieros comunitarios.

La mayoría de los mecanismos de coordinación e intercambio de información mencionados por los Estados miembros se sitúan no obstante a nivel sectorial (recursos propios tradicionales, gastos agrícolas, acciones estructurales).

Los cuadros 4.1, 4.2 y 4.3 anexos recogen, por sector, las nuevas medidas adoptadas por los Estados miembros en el 2002 con el fin de organizar esta coordinación.

Se trata de medidas de coordinación de controles e investigaciones efectuados por los distintos órganos (para evitar toda duplicación o falta de acción en un caso dado), de intercambio de información entre los distintos servicios responsables de los controles e investigaciones (autoridades administrativas, policía, aduanas, autoridades judiciales, etc), y de medidas que permiten a las autoridades administrativas comunicar a las autoridades judiciales los casos de presunto fraude.

Título III - Estadísticas y análisis

10. SITUACIÓN EN EL 2002

10.1. Introducción

La legislación comunitaria define las condiciones para la comunicación por los Estados miembros de los fraudes y otras irregularidades con el objetivo de proteger los intereses financieros en todos los ámbitos de actividad comunitaria [94]. Los Estados miembros deben pues informar a la Comisión de las irregularidades referentes a importes superiores a 4.000 euros (10.000 para los recursos propios tradicionales) así como de las etapas del procedimiento destinado a recuperar los importes en cuestión.

[94] Véase en particular el apartado 1 del artículo 3 de los Reglamentos (CEE) n° 595/91 del Consejo, de 4 de marzo de 1991 (DO L67 de 14.3.1997), n° 1681/94, de la Comisión, de 11 de julio de 1994 y n°1831/94, de la Comisión, de 26 de julio de 1994 (DO 191 de 27.7.94) para los gastos, y el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento. (CE, Euratom) n° 1150/2000 del Consejo, para los recursos propios tradicionales.

La distinción entre irregularidades y fraudes [95] se basa en que estos últimos son actos con respecto a los cuales únicamente un juez puede determinar la naturaleza delictiva tras un procedimiento judicial. En este marco, mientras el procedimiento judicial no finaliza la Comisión no tiene conocimiento de las irregularidades, algunas de las cuales incluyen sospechas de fraude. La calidad de la información, y en particular la rapidez con la cual los Estados miembros notifican estos casos así como la precisión de sus datos, tienen un impacto en la imagen estadística general de las irregularidades (a veces, fraudulentas) que pueden aparecer en la gestión de los fondos comunitarios.

[95] Véase la definición que aparece en el artículo 1 del Convenio sobre protección de los intereses financieros de las Comunidades, de 26.7.1995 (DO C 316 de 27.11.1995) que entró en vigor el 17.10.2002.

Las prácticas de las administraciones nacionalees varían a pesar de los esfuerzos de armonización desplegados. Los datos comunicados son a menudo incompletos y muchos de ellos no indican el importe ni referencias de los productos afectados. Así la distinción entre "fraude" y otras irregularidades sigue existiendo debido a que los Estados miembros siguen sin tener una percepción igual del "riesgo de delito". En consecuencia las comunicaciones se abstienen, en una proporción no despreciable, de calificar los casos como fraude o simple irregularidad.

Sería inapropiado sacar conclusiones simples sobre el nivel de los fraudes [96]. en determinada parte de la Unión o sobre la eficacia de los servicios que contribuyen a la protección de los intereses financieros. La Comisión trabaja para mejorar los procedimientos de recuperación para los casos antiguos y para rematar los numerosos casos atrasados que existen en algunos ámbitos (véase 12.2.).

[96] La Comisión ha iniciado un diálogo con los representantes de los Estados miembros para clarificar las nociones de base y convencerlos de que la comunicación de irregularidades no pone en entredicho en absoluto las consecuencias de los procedimientos judiciales. Un documento de trabajo relativo a las modalidades prácticas de comunicación de irregularidades se ha elaborado y prosiguen los contactos en el Comité consultivo de lucha contra el fraude.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que los resultados de las comunicaciones procedentes de los países candidatos no justifican en esta fase una inserción específica. Esto no tiene nada de asombroso puesto que la gestión de los fondos comunitarios sólo se delegó a estos países recientemente. La Comisión garantiza no obstante que las condiciones necesarias para la notificación de irregularidades se reúnen en la perspectiva de la adhesión.

10.2. Casos comunicados por los Estados miembros

Generalmente el número de fraudes e irregularidades comunicados para el 2002 aumentó: después de la caída producida en el 2001 esta cifra crece un 13% en el ámbito de los recursos propios tradicionales, (véase anexo 1), un 36% en el agrícola (anexo 3); en las acciones estructurales el número de casos se multiplicó por más de 4, lo que guarda relación con el cierre de programas para el período 1994-1999 (anexo 5). El número de casos detectados en los gastos directos registra también un alza (+ 21%, anexo 6).

En todos los ámbitos excepto el de gastos directos, los importes también aumentan, lo que se ajusta a la tendencia a medio plazo: respectivamente 35,8% y 41% en los recursos propios tradicionales (anexo 1) y en el agrícola (anexo 3). En las acciones estructurales el importe total se triplica, lo que es coherente con el aumento del número de casos (anexos 4 y 5). En los gastos directos (anexo 6) el importe es estable.

No obstante, debe recordarse que el impacto financiero de los fraudes y demás irregularidades es inferior al 1% del presupuesto en cuestión, con la excepción de las acciones estructurales, por las razones de calendario anteriormente citadas.

10.2.1. Recursos propios tradicionales (Anexo 1)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1150/2000, los Estados miembros comunican a la Comisión, mediante el sistema OWNRES, los casos de fraude e irregularidades en los que los importes de los derechos en juego son superiores a 10.000 euros. Sobre la base de esta información, la Comisión está en condiciones de resumir las tendencias al respecto:

10.2.1.1. Nùmero de casos de fraude e irregularidades

En total, para el período 1989-2002 y sobre la base de los datos disponibles a 6.6.2003, el sistema OWNRES contiene 30.184 comunicaciones (o sea 16.666 fichas principales y 13.518 actualizaciones).

Solamente para el año 2002 los Estados miembros transmitieron 2.119 comunicaciones (1.873 en el ejercicio anterior), lo que representa un aumento del 13,1% con relación al 2001. Esta subida constituye una cierta ruptura con relación a años anteriores, en la medida en que hasta el ejercicio 2001 se había podido observar, desde 1997, una tendencia a la baja en el número de casos comunicados.

Con relación al 2001 el aumento del número de casos es especialmente significativo en Bélgica (+ 63,5%), Dinamarca (+ 40,3%), Grecia (+ 136,4%), Italia (+ 48,5%) y Suecia (+ 88,9%). Por el contrario, el número de casos comunicados por los Países Bajos y el Reino Unido bajó en proporciones importantes, respectivamente un 15,6% y un 35,4%

10.2.1.2. Los importes constatados aumentaron un 35,8% con relación al 2001.

Las comunicaciones 2002 suponen un importe de derechos constatados de 324.544.459 euros, lo que representa un aumento del 35,8% con relación al 2001 y confirma la subida general observada desde 1998, prescindiendo del nivel especialmente elevado del año 2000 resultante del expediente productos lácteos de Nueva Zelanda. El importe recuperado en el 2002 es de 80.562.638 euros, lo que supone un 24,82% del importe constatado, contra un 21,46% en el ejercicio anterior.

El análisis de la evolución de los importes constatados permite ver que para algunos Estados miembros este importe evoluciona independientemente de la variación al alza o a la baja del número de casos. Con relación al 2001 el aumento es especialmente significativo en Bélgica (+ 253,4%), Alemania (+ 324,5%), Países Bajos (+ 465,4%), Irlanda (+ 79,4%). Al contrario, descendió en Finlandia (- 5,1%), Grecia (-97,5%), Italia (-56,7%), España (-61,7%) y Reino Unido (-52,3%).

Una comparación entre el detalle de las comunicaciones transmitidas en el 2002 y los datos del 2001 permite encontrar algunas explicaciones a estas variaciones importantes. En Bélgica, con 484 casos, 26 se refieren a importaciones de plátanos de Estados Unidos al amparo de falsos certificados AGRIM y 62 al contrabando de cigarrillos; a tener en cuenta también un caso de irregularidad en los derechos antidumping en una importación de silicio. El aumento del importe constatado indicado por Alemania contempla 28 casos de irregularidades en el azúcar. El importe constatado por Grecia cayó con relación al 2001 en la medida en que, durante el ejercicio anterior, este Estado miembro había descrito 2 casos de carne de vacuno por un importe de aproximadamente 6,2 millones de euros.

Finlandia había comunicado en el 2001 un importe considerable que correspondía a una importación de derivados del petróleo; en el 2002 no hay constatación destacada. El aumento del importe constatado en Irlanda se basa en 2 casos relativos a importaciones de automóviles de Estados Unidos por 0,622 millones de euros. Para el año 2002 Italia comunicó 100 casos de contrabando de cigarrillos; el importe constatado cayó con relación al 2001 en la medida en que, durante el ejercicio anterior, había comunicado 22 casos de irregularidades referidas a plátanos por un importe aproximado de 78,2 millones de euros. La subida de los importes constatados en los Países Bajos resulta de 19 casos de contrabando de cigarrillos por un importe de 50,03 millones.

En España, el importe constatado cayó con relación al 2001 en la medida en que ese año había comunicado 12 casos de irregularidades relativas a aviones por alrededor de 17,85 millones. Para Suecia el número de casos aumentó pero el importe de los derechos pendientes correspondientes sigue siendo escaso. Con relación al Reino Unido, ninguna razón particular, incluso en comparación con los datos del 2001, puede explicar esta reducción general del número de casos y del importe constatado. Es posible que el 2002 pueda reflejar una reducción de actividad, aunque corresponde al Estado miembro explicar esta situación en el próximo Comité consultivo sobre recursos propios.

10.2.2. Gastos agrícolas (Anexos 2 y 3)

En el 2002 los Estados miembros notificaron 3.285 irregularidades contempladas en el Reglamento (CEE) n° 595/91, por 2.415 en el 2001. Esto representa un aumento del más de 36%. El importe total afectado en el 2002 fue de aproximadamente 198 millones de euros (140 en el 2001), lo que corresponden a un aumento de más del 41%. El Anexo 2 reseña el número de irregularidades por Estado miembro y los importes en porcentaje de los gastos FEOGA.

En el 2001 se organizó una formación para todo el personal de los Estados miembros con el fin de garantizar, a partir del 2002, el envío de las comunicaciones de irregularidades contempladas en el Reglamento (CEE) nº 595/91 a la OLAF en formato numérico, en vez de en papel. Desgraciadamente, todos los Estados miembros no utilizan el formato numérico. Al final de 2002 tres Estados (Alemania, España y Grecia) utilizaban aún el papel y entre ellos, Alemania y España suponen más del 52% (1.709) del total de comunicaciones. El papel requiere mucho tiempo a la OLAF ya que se pierde un tiempo precioso codificando los datos, que podría utilizarse para el análisis de las comunicaciones.

Hay también que destacar el problema de la comunicación muy tardía de las irregularidades [97] Más de 2.147 se hicieron fuera de plazo. El formato numérico debería, con todo, permitir una comunicación fácil respetando los plazos.

[97] Irregularidades deben notificarse en el plazo de 2 meses después del final de cada trimestre (artículos 3 y 5 del Reglamento n° 595/91).

El gráfico 10.1 ilustra el modo de transmisión de las comunicaciones.

Irregularidades comunicadas por los Estados miembros

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

El número total de casos comunicados durante el 2002 ascendió a 3.285, por un importe de 198 millones de euros. Tal como lo indica el informe anual 2001, no es cierto que el número total de comunicaciones recibidas represente el total de los fraudes e irregularidades detectados por los Estados miembros. Una de razones es el hecho de que algunos Estados no enviaron comunicaciones para cada trimestre sino solamente para uno o dos. Otra razón es que algunos Estados ya comunicaron las irregularidades para el año 2003, correspondientes a los 2 primeros meses del mismo. Durante este período las irregularidades del cuarto trimestre son notificadas, por lo tanto puede ocurrir que estos casos se refieran en realidad al año 2002. Procede también tener en cuenta el hecho de que no se enviaron y recibieron todas las comunicaciones para el cuarto trimestre (plazo: 28.2.2003) dentro de plazo. La OLAF recibió más de 300 comunicaciones de España y 250 de Alemania, en abril del 2003. En el pasado determinados Estados miembros comunicaron casos 6 meses después de la expiración del plazo.

El gráfico 10.2. ilustra la forma en que las comunicaciones se enviaron durante el año.

Gráfico 10.2.: Irregularidades comunicadas por los Estados miembros en el 2002

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

A pesar de la ruptura registrada en el 2001 las cifras 2002 ponen de manifiesto que subsiste la tendencia al aumento regular y significativo del número de casos durante estos últimos años. Los 3.285 casos del 2002 representan por sí solos ± 198 millones de euros, contra ± 140 en el 2001, es decir, un aumento de 870 casos y cerca de 60 millones. Es sorprendente constatar que el importe medio por irregularidad disminuye desde 1994. El gráfico 10.3. presenta el número total de casos y el importe total por año. El Anexo 3 resume los años 1998-2002.

Gráfico 10.3.: Irregularidades comunicadas por los Estados miembros en el período 1971-2002

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

El mayor número de comunicaciones en el 2002 procedían de España, Alemania y Francia. Desde un punto de vista financiero, es Italia el Estado que comunicó el mayor nivel de fraudes e irregularidades, con cerca de 80 millones de euros, seguida de España, que comunicó más de 59 millones. España e Italia representan más del 70% del importe total de fraudes e irregularidades. Los importes comunicados por Alemania, Francia, Irlanda y el Reino Unido son escasos. Si estos cuatro Estados miembros registran un número de casos relativamente elevado, el importe es relativamente pequeño. El Anexo 2 ofrece un resumen por Estado miembro.

Gráfico 10.4.: Relación entre importe total e importe medio

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

El gráfico 10.4 ofrece una imagen de la relación entre el importe total de las irregularidades por Estado y el importe medio por irregularidad. Casi todos los Estados miembros presentan una relación comparable entre importe total e importe medio por caso. Los resultados de Grecia y España son, por el contrario, sorprendentes. España comunica un número importante de casos que corresponden a importes relativamente pequeños y lo contrario ocurre con Grecia: el importe medio por caso es extremadamente elevado en comparación con el total. Un análisis de este "tipo de irregularidad" y del método operativo permitirá tener una visión más clara de la cuestión.

Los Estados miembros deberían indicar el año del gasto en sus comunicaciones pero sólo lo hacen realmente en un 26,7% de los casos. Es preocupante que los Estados miembros comuniquen un número de casos relativamente elevados, el 25,3%, en los cuales las irregularidades o fraudes se han producido hace cinco o más años.

Además los Estados miembros comunican también la fecha del descubrimiento de las irregularidades y de comunicación a la OLAF. El gráfico 10.5. muestra el tiempo (en años) pasado entre el descubrimiento de la irregularidad y su comunicación. En dos casos las irregularidades fueron descubiertas más de 20 años antes, pero sólo acaban de comunicarse ahora a la OLAF. Los dos casos se calificaron de "fraude" y el importe total afectado superaba los 4 millones de euros. Los otros casos que se notificaron 10 años o aún más después de su descubrimiento fueron calificados como fraude o no fueron calificados. Su importe total ascendía a alrededor de 13 millones.

Gráfico 10.5.: Años transcurridos entre el descubrimiento y la comunicación de la irregularidad

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

La notificación tardía de un caso puede dar lugar a que todas las acciones necesarias no sean tomadas por un Estado miembro para limitar o reducir la incidencia financiera de la irregularidad. Este puede ser el caso cuando, por ejemplo, un Estado miembro incoa procedimientos administrativos o judiciales al mismo tiempo que notifica la irregularidad. Esto podría también tener consecuencias sobre las posibilidades de recaudación, la "diligencia" de un Estado miembro y el procedimiento de revisión de cuentas.

Casi el 90% de las irregularidades son notificadas en un plazo de 2 años tras haber sido descubiertas.

10.2.3. Acciones estructurales (Anexos 4 y 5)

Por lo que se refiere a las acciones estructurales, los Estados miembros deben notificar los casos de irregularidades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de los Reglamentos n° 1681/94 [98] y 1831/94 [99] en el plazo de dos meses después del final de cada trimestre. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, deben proporcionar una actualización de los casos comunicados.

[98] El Reglamento 1681/94 se aplica a los fondos estructurales, es decir, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola Sección Orientación (FEOGA) e Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP)

[99] El Reglamento 1831/94 se aplica al Fondo de cohesión.

El año 2002 fue, en muchos aspectos, un año particular:

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

En primer lugar, algunos Estados comenzaron a comunicar casos de irregularidades en formato electrónico

Momentáneamente sólo las administraciones de cuatro países (Países Bajos, Finlandia, Portugal y Suecia) efectuaron comunicaciones numéricas. El gráfico 10.6 cuantifica el número de casos recibidos en formato electrónico, 98% de los cuales procedían de los Países Bajos.

En segundo lugar, pero muy importante, como el período de programación 1994-1999 llega a su fin, el número de casos de irregularidades notificadas aumentó considerablemente, desde 1.194 en el 2001 a 4.656 el último año. Del mismo modo, los importes aumentaron de 216 a más de 614 millones de euros. Los Anexos 4 y 5 muestran respectivamente la distribución de las comunicaciones por Estado miembro y la tendencia general de los nuevos casos comunicados por año.

Además en el 2002, como en el 2001, la mayoría de los casos comunicados por los Estados miembros se referían a los fondos estructurales (FEOGA-Orientación, FSE, FEDER e IFOP). Por lo que se refiere al Fondo de cohesión (alrededor de 3.000 millones de euros al año), de los cuatro Estados miembros beneficiarios (Grecia, España, Irlanda y Portugal), solamente España no transmitió casos de fraude o irregularidades. No obstante, se comunicaron sólo 4 casos a la OLAF, por cerca de 10 millones de euros y o bien las irregularidades se detectaron antes del pago final o se recuperaron enteramente los importes.

Del número total de casos comunicados el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) fue el más afectado en el 2002, tanto en términos de informes de casos (2.716) como de importes (más de 403 millones).

El análisis de los modelos por Estado miembro durante los años anteriores fue confirmado en el 2002 para el Fondo Social Europeo (FSE). Los Países Bajos comunicaron el número de casos más elevado mientras que Alemania fue el país que notificó el mayor número de casos en general, en particular por lo que se refiere al FEDER. Realmente, Alemania y los Países Bajos, por sí solos, transmitieron más de la mitad del total, tanto en términos de casos como de importes.

Los gráficos 10.7 y 10.8 ayudan a destacar aspectos interesantes vinculados a las comunicaciones de los distintos Estados miembros.

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Hay que destacar que se ha colocado a los Estados miembros en el orden del presupuesto sectorial asignado, con Dinamarca con el más pequeño importe y España con el mayor [100]. La línea más oscura (rombos) muestra los importes afectados por irregularidades comunicadas por cada Estado miembro y la más clara (cuadrados), el número de casos comunicados. El gráfico 10.7 pone de manifiesto que, con dos excepciones pertinentes (Países Bajos y Alemania), existe un vínculo evidente entre presupuesto asignado a cada Estado miembro e irregularidades constatadas.

[100] No se tuvo en cuenta a Luxemburgo puesto que no comunicó ninguna irregularidad. Las cifras se refieren al período de programación 2000-2006.

Este vínculo es más evidente en el gráfico 10.8, donde solamente los importes totales irregulares por Estado miembro se indican y la tendencia lineal (línea oscura derecha) lo muestra bien. Si Alemania y los Países Bajos se retirasen del gráfico, la dependencia de las dos variables sería aún más evidente.

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

10.3. Casos objeto de investigación de la OLAF

En el 2002 la OLAF trató 415 casos, en comparación con 381 en el 2001. La actividad por lo tanto aumenta regularmente y se distribuye así por sector presupuestario:

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

El segundo cuadro presenta los casos cerrados en el 2002 y su impacto presupuestario. Refleja las fases de actividad en cada sector y muestra un aumento constante de la actividad, sobre todo en lo relativo a los importes totales. Las investigaciones en curso no se presentan en este cuadro.

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

10.3.1. Recursos propios tradicionales

En el ámbito de los recursos propios tradicionales se abrieron 155 nuevas investigaciones, (74 en el 2001). Estos nuevos casos se refieren principalmente a fraudes en derechos antidumping y frecuentemente a mercancías cuyo origen es asiático (China, países del Sudeste asiático). Se cerraron 168 casos en el ejercicio 2002 (98 en el 2001) con un impacto presupuestario de cerca de 464,9 millones de euros desglosados en 375,90 por derechos agrícolas y en el sector del azúcar y 29 por derechos de aduana sobre cigarrillos, combustibles y alcoholes.

Las investigaciones actualmente en curso en el ámbito de los derechos antidumping se refieren a cantidades claramente superiores (alrededor de 60 millones de euros para dos casos relativos a importaciones de televisores y CD-ROM). La OLAF aumentó sus esfuerzos en este ámbito teniendo en cuenta no sólo los intereses financieros de la UE sino también los intereses económicos que protegen las medidas arancelarias, en particular la situación de la industria comunitaria.

10.3.2. Agricultura

En el ámbito de los gastos agrícolas se abrieron 36 nuevos expedientes (14 para subvenciones agrícolas y 22 para ayudas directas), por 105 en el 2001, y las investigaciones al respecto aún estaban en curso al final del período de referencia.

Se cerraron oficialmente 50 casos, con un impacto financiero de aproximadamente 208,7 millones de euros (de los cuales 153,7 para ayudas directas). En este ámbito en el 2002 la OLAF prestó una atención especial a los problemas planteados por el programa de puesta en barbecho a largo plazo en Grecia. Sus pesquisas han concluido y la OLAF presentó su informe final a las autoridades judiciales y administrativas griegas, para que se ocupen debidamente de las acciones judiciales y financieras de recaudación contra las empresas y personas implicadas. El impacto financiero es de al menos 3,4 millones de euros y podría llegar a los 20 millones.

En julio del 2002 la OLAF cerró un asunto relativo a la exportación, por un operador belga, de carne en conserva, indebidamente declarada para la exportación, implicando reembolsos durante el período 1996-2001. Las autoridades belgas lanzaron un procedimiento de recuperación por 7 millones de euros. La empresa belga es una filial de un grupo holandés de comercialización de carnes para el cual se había comprobado un modelo similar de fraude en los Países Bajos y que también había sido objeto de medidas de seguimiento.

10.3.3. Fondos estructurales

Durante el año 2002 el sector de los Fondos estructurales lanzó 38 nuevas investigaciones (66 en el 2001) distribuidas así: 42% FSE, 38% FEDER, 16% FEOGA-Orientación y 4% IFOP. En particular se dio prioridad a casos que presentaban un carácter "grave" o "transnacional" y con una repercusión potencialmente significativa sobre los intereses comunitarios. Durante este mismo período se cerraron 270 investigaciones (66 en el 2001), dado que se hizo un esfuerzo particular para liquidar los casos pendientes.

Los mecanismos fraudulentos detectados en estas investigaciones se refieren en particular a falsificación de facturas y de declaraciones de gastos vinculadas a falta de justificantes. Se prosiguieron los esfuerzos para garantizar una mejor cooperación con las autoridades nacionales, en particular en el marco de los controles in situ. En este mismo espíritu se estableció también una estrecha cooperación con los servicios interesados de la Comisión.

10.3.4. Gastos directos (Anexo 6)

La Comisión administra en exclusividad el sector de gastos directos y ayuda exterior. La actividad en este ámbito aumenta a pesar del peso decreciente de estas políticas en el presupuesto general de las Comunidades (menos del 0,5% del presupuesto está afectado por fraude y otras irregularidades). Esto se explica por el deseo de la Comisión de garantizar una protección eficaz en un ámbito donde es una autoridad gestora directa y donde la OLAF es, en general, el único órgano de investigación.

En el 2002 se abrieron 136 nuevas investigaciones (103 en el 2001), de ellas 97 en el ámbito de las ayudas exteriores. En el mismo período se cerraron 128 expedientes (122 en el 2001), con un impacto de cerca de 28,90 millones euros.

Por lo tanto la incidencia presupuestaria mencionada en el presente informe se refiere solamente a casos cerrados en el 2002, quedando entendido que estas cifras no ofrecen un cuadro completo de la lucha contra el fraude en detrimento del presupuesto. Además puede suceder a menudo que la incidencia no esté vinculada al presupuesto de la UE propiamente dicho sino que las consecuencias se refieran también a los presupuestos nacionales o a presupuestos de instituciones distintas.

10.3.5. Investigaciones internas

Las investigaciones internas se refieren a todos los sectores de la actividad comunitaria y, en un enfoque amplio, a la protección de los intereses financieros pero también del crédito de las instituciones comunitarias, y siguen siendo una actividad prioritaria de la OLAF.

En el 2002 se abrieron 50 nuevas investigaciones, contra 33 en el 2001, y se cerraron 36 asuntos (13 en el 2001), lo que indica un aumento de la actividad que no deja de tener una relación con una mejor cooperación entre las instituciones, órganos y organismos europeos. El impacto presupuestario de 13,72 millones de euros, en ligera disminución por relación al ejercicio anterior (20,87), no tiene relación con el objetivo buscado, que no es principalmente financiero.

11. ANÁLISIS ESPECÍFICO: TENDENCIAS

11.1. Recursos propios tradicionales

La comunicación por los Estados miembros de casos de fraude e irregularidades en virtud del apartado 5 del artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1150/2000 hizo aparecer las siguientes tendencias:

11.1.1. El desglose de los fraudes e irregularidades por régimen aduanero y tipología de casos de fraude e irregularidad confirman el impacto del fraude en el despacho a libre práctica.

Las cifras del 2002 (69,37% de los casos y 51,59% de los importes constatados) confirman el lugar preponderante del régimen de despacho a libre práctica en el impacto del fraude pero destacan una tendencia sensible a la baja: por lo que toca al número de casos, la reducción es del 4,04% con relación al 2001 y del 10,29% con relación al 2000; en cuanto a los importes, la reducción es del 34,9% con relación al 2001 y del 41,1% al 2000. El desglose detallado de los fraudes e irregularidades constatados por tipo de fraude en libre práctica permite observar el elevado porcentaje (y la ligera progresión tanto en casos como en importes) de la rúbrica de mercancías no declaradas.

Por el contrario, el impacto del fraude al tránsito (casos: +4,78% con relación al 2001; importes constatados: +16,06%) es más fuerte. Ligero aumento que se constata también en el fraude en los depósitos aduaneros (+1,95% con relación al 2001). La rúbrica otros procedimientos progresa también; la globalización de la información que depende de esta rúbrica, ya puesta de relieve en los ejercicios anteriores, falsea el análisis.

11.1.2. El desglose de los casos de fraude e irregularidades por tipo de mercancía y origen confirma la incidencia del fraude, en particular sobre los cigarrillos.

Sobre la base de las 25 primeras mercancías contempladas por el fraude se puede observar, como durante los ejercicios anteriores, el lugar preponderante y en progresión del fraude con cigarrillos y plátanos, en número de casos e importe; las cifras del 2002 destacan también una corriente de fraude sobre el azúcar y el aluminio. Sobre la base de los 25 primeros orígenes objetivo del fraude, los productos originarios de Estados Unidos y China siguen siendo preponderantes y está en neta progresión sobre los originarios de Japón. El número de casos inscritos en las rúbricas no precisado o desconocido sigue siendo elevado, falseando también en parte el análisis del impacto por origen.

11.1.3. La comunicación de los casos de fraude e irregularidades debe mejorar

Las comunicaciones por parte de los Estados miembros relativas a casos de fraude e irregularidades no reflejan siempre con precisión la realidad. La experiencia confirma que la información transmitida requiere, tanto en cantidad como en calidad, una verdadera mejora. Con el fin de favorecer la comunicación de una información cada vez más precisa y actualizada que refleje la realidad aduanera y presupuestaria, la Comisión multiplica sus esfuerzos de recogida y análisis de los datos comunicados por los Estados miembros. Esta es la razón por la que la Comisión estableció dos ejes de trabajo:

11.1.3.1. Comparación entre los importes anotados en contabilidad separada y los casos comunicados en virtud del apartado 5 del artículo 6 del Reglamento n° 1150/2000.

En marzo del 2002 la Comisión pidió a los Estados miembros elaborar un estado preciso de los importes inscritos en su contabilidad separada a partir del 31 de diciembre del 2001.

A la espera de las conclusiones definitivas, la Comisión ya procedió a un análisis preliminar sobre la base de las primeras respuestas obtenidas con el fin de ver si sería posible establecer una correspondencia entre los importes anotados en contabilidad separada y los casos comunicados por el programa informático OWNRES. Este primer análisis concluyó que la forma en que los Estados miembros administran estos dos tipos de datos no permite, en numerosos casos, establecer una correspondencia; por otra parte, el porcentaje de importes para los cuales esta correspondencia pudo establecerse varía de un Estado miembro a otros en proporciones considerables. Esta situación podría resultar entre otras cosas de divergencias de interpretación de los conceptos de fraude e irregularidad que conduciría a algunos Estados miembros a recurrir a una tercera categoría (ni fraude ni irregularidad) y en consecuencia no comunicar los importes correspondientes. La Comisión recuerda que los importes inscritos en contabilidad separada y superiores a 10.000 euros deben ser objeto de una comunicación en virtud del apartado 5 del artículo 6.

El análisis de las respuestas de los otros Estados miembros continúa y permitirá precisar estas primeras conclusiones y destacar las razones principales que pueden explicar tal situación. El objetivo buscado consiste en proponer soluciones técnicas y operativas a escala nacional y comunitaria. Esta cuestión se abordará durante la próxima reunión del Comité consultivo de recursos propios en julio del 2003. La Comisión adoptará las medidas necesarias para que la comunicación de los casos de fraude e irregularidades efectuada en el 2003 tenga en cuenta estas observaciones.

11.1.3.2. Elaboración de una herramienta más potente de transmisión de datos destinada a mejorar la calidad de las comunicaciones.

Varias anomalías y otros problemas de transmisión pusieron de relieve las dificultades encontradas a la vez por la Comisión y los Estados miembros en la gestión de los datos relativos a fraudes e irregularidades por medio del programa informático OWNRES. Después de haber contabilizado y examinado las necesidades de los usuarios (Estados miembros y Comisión), los servicios competentes de la Comisión introdujeron una aplicación más fiable y de fácil utilización basada en internet para aportar las mejoras necesarias a la vez en las modalidades de transmisión y calidad de la información. Esta aplicación sustituirá al soporte actual de comunicación que se reveló demasiado costoso y poco productivo.

Esta aplicación no requiere ninguna instalación particular. Los Estados miembros podrán proceder instantáneamente a introducir y actualizar los informes de fraude o irregularidades y se efectuará un almacenamiento inmediato de los datos. Los Estados miembros tendrán la posibilidad de introducir modificaciones en cualquier momento y un sistema permitirá una transmisión segura de los datos. La aplicación de este sistema debería producirse en septiembre del 2003, después de un seminario de presentación organizado por la Comisión, en mayo, a la atención de los Estados miembros.

11.2. Gastos agrícolas (FEOGA-Garantía)

A fines de abril del 2003 la OLAF había recibido 3.285 comunicaciones de casos para el 2002. Como se dijo anteriormente, no se comunicaron aún todos los casos producidos en el 2002. Mientras la OLAF no reciba todas las comunicaciones para el 2002 será imposible elaborar un cuadro exhaustivo de la situación, pero ya se pueden sacar una serie de conclusiones.

Productos afectados

Los gráficos siguientes presentan las cifras relativas a los productos o mercancías afectados por fraudes e irregularidades. El gráfico 11.1. reseña la frecuencia con la cual un producto fue objeto de irregularidades. La selección se efectúa a partir de los dos primeros caracteres de la Nomenclatura Combinada (código NC). El anexo 10 recoge los códigos NC. El número más importante de irregularidades comunicadas, 1.548 casos, lleva el código 99, por "desconocido". Esto significa que los Estados miembros no están en condiciones de identificar los productos en cerca de un 47% de las irregularidades. Esto es notable sobre todo porque se trata de declaraciones de exportación cuyo código NC está claramente identificado. En segunda posición figura el código 01, que designa a los animales vivos. Los Estados miembros comunicaron 561 irregularidades por un importe de 6,2 millones de euros. El código 00 ("desconocido") se refiere a irregularidades vinculadas a ayudas directas, por ejemplo, el plan rural de protección del medio ambiente, con cerca de 4,4 millones. El siguiente gráfico resume los productos o mercancías y el número de irregularidades.

Gráfico 11.1: Casos comunicados y productos

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Es más útil, sin embargo, examinar los importes, lo que puede ayudar a identificar los ámbitos y sectores que presentan más riesgo y, además, ayudar al desarrollo de un control y una estrategia de investigación de modo que los limitados recursos humanos puedan utilizarse de manera más adecuada.

El gráfico 11.2 resume los productos para los cuales se comunicaron el importe total más elevado y el importe medio más elevado por producto [101].

[101] En los gráficos 11.1 y 11.2, el Código NC se utiliza para mostrar cómo un producto está implicado en una irregularidad.

Gráfico 11.2: Importe total e importe medio por caso

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

El importe total más elevado se detectó en las irregularidades en las cuales los Estados miembros indicaron "desconocido" para el producto, con unos 75 millones de euros. El importe medio, es decir el importe por irregularidad, fue sin embargo relativamente pequeño, es decir, de 48.750 euros. Esto pone de manifiesto que notificar un "caso desconocido" no ayuda a identificar las irregularidades y, en definitiva, no ayuda a mejorar la lucha contra el fraude. ¡La información no tiene valor añadido!

Cuando los Estados miembros indican un producto, el importe más elevado así como el importe medio más elevado se recogen en la rúbrica "Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones" (código 08). Francia, Grecia, Italia y Portugal comunicaron irregularidades en estos sectores. En alrededor del 61% de estos casos la irregularidad se calificó como "fraude". El importe total fue de cerca de 35,8 millones y el importe medio por caso de unos 730.000 euros.

El segundo "mejor resultado" de este gráfico corresponde al código 07, "Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios". Cinco Estados miembros comunicaron irregularidades: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Países Bajos. El importe total fue de aproximadamente 30 millones y el importe medio por caso, 500.000 euros. En alrededor de un 34% de estos casos la irregularidad se calificó de "fraude".

Conviene también mencionar el código 17, "Azúcares y artículos de confitería". El importe total de las irregularidades notificadas puede no ser tan elevado pero el importe medio por irregularidad es, sin embargo, relativamente importante. Alemania, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Países Bajos y Portugal comunicaron irregularidades. El importe medio que representan estas irregularidades fue de cerca de 390.000 euros. Ninguno de estos casos fue calificado como "fraude" sino que fueron denominados "irregularidades" (± 37%) o no lo fueron.

El gráfico destaca también las irregularidades para las cuales el importe medio comunicado es relativamente bajo. La información sobre los ámbitos y sectores en que los importes implicados son relativamente escasos podría también facilitar el proceso de definición de prioridades de los controles e investigaciones. Estas irregularidades se refieren a los siguientes productos:

\* Código 21: Preparaciones alimenticias diversas

\* Código 18: Cacao y sus preparaciones

\* Código 01: Animales vivos

\* Código 23: Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales

\* Código 10: Cereales

El importe medio por caso es inferior a 15.000 euros.

11.3. Acciones estructurales

En el apartado 10.2.3, se afirma que los Estados miembros no son coherentes en la notificación de irregularidades. El análisis siguiente explica esta afirmación.

El gráfico 11.3 [102] muestra el importe medio de las irregularidades en cada Estado miembro y la forma en que se distribuyen con relación a la media general (línea derecha horizontal). Es muy sorprendente constatar las diferencias significativas entre Estados miembros y especialmente el desfase entre el importe medio más elevado (Italia, 285.006 euros) y el más bajo (Suecia, 10.063).

[102] Los Estados miembros se ordenan según el presupuesto de los fondos estructurales (período de programación 2000-2006), siendo Dinamarca el de valor más bajo y España el más alto. Luxemburgo no es tenido en cuenta al no haber comunicado casos de irregularidades.

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Por otro lado, en el gráfico 11.4 las comunicaciones se han dividido en 5 categorías según el importe afectado por las irregularidades (de 4.000 a 10 000 euros ; de 10.001 a 50.000 ; de 50.001 a 150.000 ; de 150.001 a 1 millón ; más de 1 millón). El número de casos comunicados más elevado se refiere a importes comprendidos entre 4.000 y 50.000 euros (2 primeras categorías) y representa casi el 70% del número total de casos comunicados a la OLAF.

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Se debe destacar que Suecia (país cuyos valores medios son los más bajos) no notificó casos con importes superiores a 150.000 euros. Para Finlandia y Austria (segundo y tercer valor medio más bajo) sólo el 2% y el 3% de los casos implicaron importes superiores a 150.000 euros. Al contrario, un 39% de los casos comunicados por Dinamarca y un 26% de los italianos sobrepasan los 150.000, seguidos por Alemania (19%), Reino Unido (17%), Países Bajos (16%) y España (15%).

Además los tipos de irregularidades comunicadas difieren entre Estados miembros. Italia y Alemania (en menor grado) comunicaron varios casos de "falsificación" (de documentos, justificantes, solicitudes de ayuda, cuentas) [103]. A pesar de las elevadas sumas implicadas ningún otro Estado miembro parece haber conocido la misma situación, con excepciones poco importantes en España y Portugal (1 caso cada uno) y el Reino Unido (3 casos).

[103] Tal como indican las autoridades italianas, un 70% de los casos implicando importes incluidos de entre 150.000 y 1 millón se referían a "falsificaciones". Un 55% de los casos con importe superior a 1 millón también lo fueron.

El cuadro 11.5 ilustra las cifras que se refieren a los tipos de irregularidades más frecuentes, acompañadas del importe orientativo implicado y el importe medio:

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

Procede destacar que debido al método de comunicación de los casos, un único caso puede contener varios tipos de irregularidades. Se indica pues cuántas veces este tipo de irregularidad fue comunicado solo o con otros códigos. El importe "orientativo" es la suma de todos los valores vinculados a este código específico, lo que implica una ligera distorsión del verdadero total [104].

[104] Por lo tanto se omitió la línea "total". Los valores expresados en la columna "importe orientativo" e "importe orientativo medio" son sólo "virtuales".

Los importes totales exactos son los que figuran en el Anexo 4.

Es importante destacar que los tipos de irregularidades más frecuentes son los mismos que en el 2001.

Tal como ocurrió el año pasado, conviene hacer hincapié en el hecho de que el código "999 - otras irregularidades" tiene un impacto más elevado en el conjunto de la evaluación. Con este código se comunican las irregularidades que no están incluidas en ninguna otra descripción posible prevista por el sistema de comunicación.

No obstante el peso de estas irregularidades en el total de las cifras disminuyó desde el año pasado (23% en el 2002 contra 28% en el 2001 por lo que se refiere a la frecuencia, y 237% contra 35% para los importes). Sin embargo la disponibilidad de información más precisa en este ámbito permitiría ciertamente interpretar las estadísticas en cuestión.

Por último conviene destacar que por lo que se refiere al tipo de irregularidades más frecuente ("325 - gastos no seleccionables") los Países Bajos comunicaron el número de casos más elevado (205 de 613 de la columna "frecuencia (sola)" y Austria (0), Bélgica (0) e Italia (1) el menos elevado. El Reino Unido fue el que utilizó el código genérico "999" más frecuentemente (125 casos sobre 420), mientras que Italia y Finlandia sólo lo utilizaron en dos casos.

En general, la calidad de la información comunicada por los Estados miembros ha mejorado este año con relación a años anteriores. Pero un esfuerzo suplementario podría realizarse para garantizar una mayor coherencia y respeto de los plazos fijados por los reglamentos sectoriales para transmitir las comunicaciones a la OLAF. Esta situación debería mejorar aún más con la adopción del sistema electrónico de transmisión por algunos Estados miembros.

12. SEGUIMIENTO FINANCIERO

La Comisión es responsable de seguir la recaudación por los Estados miembros de los importes indebidamente pagados y de las pérdidas de ingresos. El ejercicio 2002 supone continuidad con respecto a los ejercicios anteriores. Excepto el ámbito agrícola, donde la Comisión ya aplica medidas específicas, los importes recuperados en el 2002 equivalían a alrededor de la cuarta parte de los nuevos importes afectados por fraude y otras irregularidades en el ámbito de los recursos propios tradicionales y los gastos directos, y casi el 40% en el ámbito de las acciones estructurales. Dados los plazos de procedimiento, en particular los procedimientos judiciales a nivel nacional este resultado es más bien alentador. No obstante la Comisión no lo juzga satisfactorio y espera mejoras con la renovación de los métodos de gestión y control así como de los esfuerzos orientados a liquidar los atrasos.

12.1. Recursos propios tradicionales (Anexo 7)

La Decisión 2000/597 [105] sobre los recursos propios y en particular el artículo 8, delega a los Estados miembros la percepción de los recursos propios tradicionales. La Comisión controla la forma en que los Estados miembros cumplen su misión para garantizar la recaudación de estos recursos en el cumplimiento de las disposiciones comunitarias en los ámbitos aduanero [106] y financiero. A tal efecto la Comisión recurre a una estrategia de seguimiento [107] que le permite evaluar las acciones de los Estados miembros y adoptar, cuando proceda, medidas correctoras.

[105] Decisión 2000/597/CE, Euratom del Consejo de 29.9.2000 (DO L 253 de 7.10.2000).

[106] Código Aduanero Comunitario, Decisión 94/728/CEE y Reglamento n° 1150/2000.

[107] Para el detalle de esta estrategia, véase el informe sobre la protección de los intereses financieros y lucha contra el fraude 2000.

Tres ejes guían esta estrategia: un seguimiento por muestreo del tratamiento de los casos en curso, el procedimiento de admisión en pérdida para los importes de recursos propios superiores a 10.000 euros dados por irrecuperables y la aplicación del principio de responsabilidad financiera para algunos errores cometidos por las administraciones nacionales.

12.1.1. Seguimiento por muestreo

Habida cuenta del número muy elevado de comunicaciones de casos de fraudes e irregularidades (en lo sucesivo denominados "fichas fraude" y "fichas asistencia mutua"), la Comisión estableció, para ejercer su actividad de vigilancia de la recaudación, un procedimiento de explotación de los datos, llamado Muestra B y consistente en un examen profundo de algunos expedientes especialmente difíciles que fueron objeto de comunicaciones en el marco de la asistencia mutua.

Este procedimiento tiene por objeto seguir, hasta su liquidación definitiva, las operaciones de recaudación relativas a una serie de casos representativos. Se redactaron dos informes de este tipo, B94 y B98 [108]. Un tercer informe debía aparecer en el 2001; no obstante, la muestra original tuvo que revisarse a causa de cuatro expedientes relativos a irregularidades en cuanto al origen y cuyo tratamiento no se justificaba ya teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre los televisores turcos [109]. Se definió pues una nueva muestra pero que requería una recopilación de información suplementaria. El tercer informe, B2003, está siendo elaborado.

[108] Informes de la Comisión sobre recaudación de recursos propios tradicionales procedente de los casos de fraude e irregularidades ("Muestra B94", COM (97) 259 final del 9.6.1997 y "Muestra B98", COM (1999) 160 final de 21.4.1999).

[109] Sentencia de 10 de mayo de 2001, "Kaufring AG", AFF. T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 y T-147/99, Rec 2001 p. II- 337.

12.1.2. Procedimiento de admisión en pérdida

Los Estados miembros adoptan las medidas necesarias para poner a disposición los recursos propios tradicionales, salvo si la recaudación resulta imposible por razones que no podrían ser imputables al Estado miembro. Los casos de admisión en pérdida (importe superior a 10.000 euros) se comunican a la Comisión para examen. Si el Estado miembro demostró toda la diligencia requerida en la acción de recaudación, la exención puede aceptarse. En caso contrario es responsable financieramente, sobre la base del artículo 8 de la Decisión 2000/597 y de los artículos 2 y 17 del Reglamento (CE) n° 1150/2000. El examen de la diligencia de los Estados miembros constituye una acción muy eficaz para convencer a las administraciones nacionales de tomar más seriamente la recaudación ya que su responsabilidad financiera puede ser exigida en caso de no recuperación. Por otra parte, el análisis de los casos incluidos en el apartado 2 del artículo 17 es la ocasión para la Comisión de hacer algunas observaciones sobre la comprobación de los recursos propios, la gestión de la contabilidad separada y la conformidad de las disposiciones nacionales con el Derecho comunitario.

Durante el año 2002 se comunicaron a la Comisión 87 solicitudes de pérdida en virtud del apartado 2 del artículo 17 del Reglamento (CE) n° 1150/2000, por un importe total de 103.018.053,43 euros. Seis Estados miembros transmitieron estos expedientes (Alemania, España, Reino Unido, Irlanda, Italia, Países Bajos y Portugal) pero en total se examinaron 88 expedientes. El resultado financiero del tratamiento de los 88 expedientes (11 casos Alemania, 7 casos España, 35 casos Italia, 1 caso Irlanda, 6 Reino Unido, 27 Países Bajos y 1 Portugal) se distribuye de la siguiente forma:

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

Con cargo al ejercicio 2002 y a fecha de 10 de abril del 2003 el número de expedientes ya transmitidos era de 52 (15 Países Bajos, 20 España, 1 Irlanda, 6 Austria, 10 Reino Unido) por un importe de 22.658.845,11 euros.

12.1.3. Aplicación del principio de responsabilidad financiera

12.1.3.1. Responsabilidad financiera de los Estados miembros por sus errores administrativos

Los Estados miembros, sobre la base de la Decisión sobre recursos propios, deben garantizar la percepción de los recursos propios tradicionales en las mejores condiciones. Habida cuenta de este mandato de delegación remunerada (25%) y a efectos de una gestión sana y eficaz de los fondos públicos, toda falta de diligencia por parte de los Estados miembros se traduce en una pérdida de recursos que da lugar a responsabilidad financiera. Según este enfoque, la Comisión considera a las administraciones financieramente responsable de sus propios errores [110].

[110] Estos casos se definen sobre la base de los artículos 220, apartado 2.b (errores administrativos no perceptibles), 221, apartado 3 (prescripción resultante de inactividad de la aduana), de los artículos 869 y 889 de las Disposiciones de aplicación del Código o sobre la base del incumplimiento, por la administración aduanera, de artículos del Código Aduanero Comunitario que da lugar a una situación de confianza legítima por parte del operador.

En el 2002 cuatro Estados miembros (Reino Unido, Francia, Austria, Italia) pusieron a disposición del presupuesto comunitario los importes de recursos propios que no pudieron recuperarse ante el sujeto pasivo debido a errores cometidos por sus administraciones. El importe total de las sumas así pagadas por estos cuatro Estados miembros asciende a 7.471.501 euros. Otros Estados miembros, aunque se muestran comprensivos en cuanto al principio de responsabilidad financiera, siguen momentáneamente mencionando excusas. Con el fin de zanjar esta diferente interpretación del Derecho comunitario un caso típico de responsabilidad financiera es objeto de un procedimiento de infracción. Para este caso, la Comisión remitió el asunto al Tribunal de Justicia (Asunto C-329/02) el 8 de noviembre del 2002.

En total, se incoaron 27 expedientes en el 2002. Al final de año el número total de expedientes era de 114, con un importe acumulado en principal de 50.861.860 euros (50.933.636 en el 2001); la ligera reducción del importe se explica principalmente por el hecho de que los nuevos casos de responsabilidad financiera del año 2002 fueron compensados por la supresión de los importes relativos a los casos de prescripción afectados por la sentencia "televisores de Turquía" y por la retirada de un expediente.

12.1.3.2. Responsabilidad financiera externa

Por otra parte la Comisión prosiguió, a lo largo del 2002, su acción para desarrollar el componente externo del principio de responsabilidad financiera destinado a responsabilizar a los socios de los acuerdos internacionales de comercio que la Unión celebró o va a concluir con terceros países. Este expediente progresa aún lentamente a causa de la actitud de los Estados miembros y de algunos terceros países. Después de los debates en el Consejo entre la Comisión y los Estados miembros, estos últimos finalmente aceptaron, el 6 de junio del 2002, que la cláusula de responsabilidad financiera figure en las directrices de negociación con Albania y los países del grupo ACP. El texto del artículo se redactó a reserva de los resultados de los debates horizontales que la Comisión se comprometió a iniciar con los Estados miembros y que se celebraron en el grupo Unión aduanera en el Consejo, el 31 de enero y el 10 de marzo del 2003. Habida cuenta de los resultados de estos debates, muy enriquecedores a nivel técnico pero que no recibieron la dimensión política esperada por parte de la mayoría de Estados miembros, la Comisión reflexiona sobre la estrategia susceptible de dar a este expediente el desarrollo más conveniente.

12.2. FEOGA-Garantía: Gastos agrícolas (Anexo 8)

En el 2002 los Estados miembros comunicaron, en aplicación del Reglamento 595/91, 3.285 irregularidades por un importe total de 198.079.000 euros (véase Anexo 2).

La situación en materia de recaudación en el 2002 (Anexo 8) se presenta del siguiente modo:

- el importe total a recuperar asciende a 2.177.477.000 euros para las comunicaciones previas al 2002;

- a este importe se añaden 171.579.000 euros, relativos a comunicaciones recibidas en el transcurso del 2002;

- los importes relativos a los casos para los cuales un procedimiento judicial está en curso representan en total unos 738.466.000 euros, para el período anterior al 2002;

- finalmente en el mismo período los importes declarados irrecuperables en aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento 595/91, y que están a la espera de una decisión formal en el marco del procedimiento de revisión de cuentas, ascienden a 149.798.000.

El 3 de diciembre del 2002 la Comisión adoptó una segunda comunicación sobre la "Mejora de la recaudación de los créditos comunitarios derivados de la gestión directa y compartida de los gastos comunitarios" [COM(2002) 671 final].

Por lo que se refiere al FEOGA-Garantía la Comisión llegó a la conclusión de que un atraso importante aún existe acerca de la información relativa a la recaudación de las sumas indebidamente pagadas, tratándose de casos de irregularidades comunicados por los Estados miembros de conformidad con el Reglamento 595/91. Con el fin de clarificar la situación y preparar las decisiones formales sobre las consecuencias financieras [111], la Comisión decidió crear un Grupo de trabajo "Recaudación".

[111] De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento 729/70.

El Grupo de trabajo, que es una acción conjunta de la OLAF y la Dirección General AGRI, examinará todos los casos de irregularidades en los gastos del FEOGA-Garantía comunicados por los Estados miembros en 1995, 1996, 1997 y 1998 y para los cuales no se notificó aún la situación de la recuperación final de los importes indebidamente pagados.

A excepción de Italia, las comunicaciones para los años anteriores a 1995 ya fueron objeto de un anterior ejercicio, que comenzó en 1999; las conclusiones finales se examinan actualmente en el marco del procedimiento de revisión de cuentas. Para Italia, el Grupo de trabajo examinará también todos los casos FEOGA-Garantía comunicados de conformidad con los años anteriores a 1995, para clarificar la situación real de la recuperación de los importes indebidamente pagados.

El Grupo de trabajo preparará decisiones formales sobre las consecuencias financieras para todas las comunicaciones de todos los Estados miembros efectuadas antes de 1999. Estas decisiones formales relativas a cada Estado miembro se tomarán en el marco del procedimiento de revisión de cuentas [112].

[112] Como está previsto por los Reglamentos 729/70 y 1258/1999 (para gastos efectuados a partir del 1 de enero del 2000), así como Reglamento 1663/95 de la Comisión, que establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento 729/70 por lo que se refiere al procedimiento de revisión de cuentas del FEOGA-Garantía.

12.3. Acciones estructurales (Anexo 9)

En el 2002 los Estados miembros comunicaron, en aplicación de los Reglamentos 1681/94 (financiación de políticas estructurales) y 1831/94 (financiación del fondo de cohesión) 4.656 casos de irregularidades por un importe de 614.094.000 euros (Anexo 4).

La situación de la recaudación en el 2002 (Anexo 9) se presenta del siguiente modo:

- un importe de 337.656.000 falta por recuperar con respecto a comunicaciones de irregularidades, en aplicación de los Reglamentos 1681/84 y 1831/84, recibidas antes del 2002;

- a este importe se añadieron 368.287.000 relativos a comunicaciones de irregularidades recibidas en el transcurso del año 2002.

En el ámbito de los fondos estructurales, es decir, medidas cofinanciadas en el marco de programas plurianuales, la fase crucial del seguimiento financiero es la del cierre de la intervención en cuestión. En lo que respecta al período de programación 1994-1999, el cierre de los programas comenzó y el plazo para la presentación del saldo es el 31 de marzo del 2003. Buen número de casos que se comunicaron en virtud del artículo 3 del Reglamento 1681/94 deben normalmente ser objeto de una descarga a excepción de las acciones suspendidas por razones judiciales. La Comisión terminará el ejercicio de cierre durante el año 2003. Los resultados del cierre son ya aparentes en el marco de las comunicaciones del año 2002. Casi el 40% del importe afectado por irregularidades fue objeto de una recaudación; para la mayoría de los casos, por medio de deducciones del importe de la demanda del saldo presentado a la Comisión.

El nuevo Reglamento 448/2001 impone a los Estados miembros notificar a la Comisión, una vez al año, el saldo de las recaudaciones pendientes. Esto facilita el seguimiento financiero y la consignación a los Estados miembros de importes perdidos a causa de su negligencia.

12.4. Gastos directos (incluida la ayuda exterior)

Los gastos directos son principalmente administrados por la Comisión y la OLAF tiene una responsabilidad particular en este ámbito. En los casos de fraude e irregularidades en los gastos directos que son objeto de investigaciones de la OLAF y para los cuales no se juzgó conveniente consultar a las autoridades judiciales, la Oficina se asegura de que los elementos importantes aparecidos en el curso de la investigación o en los informes finales de investigación se comuniquen a la Dirección General que ordenó el gasto en cuestión, de modo que puedan adoptarse a su debido momento medidas de salvaguardia y acciones de recuperación. La OLAF sostiene también a la DG ordenadora en todo el proceso de seguimiento financiero y recaudación, proporcionando consejos y explicaciones suplementarios cuando ello es necesario.

Por el contrario, siempre que las investigaciones de la OLAF conduzcan a la conclusión que deben emprenderse diligencias penales, o cuando ya lo hayan sido, la OLAF vela para que la Comisión pueda adoptar las medidas necesarias (o medidas equivalentes en virtud de la ley del país en cuestión) para la recaudación de los importes indebidamente pagados.

En este ámbito se transmitieron 50 casos de fraudes e irregularidades en materia de gastos directos [113] a la unidad de seguimiento de la OLAF durante el período de referencia. La mayoría de los casos siguen en curso debido a procedimientos judiciales prolongados, algunos de los cuales son de carácter penal. Durante el período de referencia se cerraron 6 casos, sólo 3 de los cuales tenían un impacto financiero ("seguimiento financiero") [114]. El importe total efectivamente recuperado durante el período de referencia se calcula en 3.485.222 euros. Un gran número de casos de fraudes e irregularidades implicó (como en el 2001) gastos no autorizados, solicitudes de reembolso falsas o exageradas, o no presentación o presentación ficticia de proyectos, suministros de bienes o servicios.

[113] 26 casos de ayuda exterior, 19 de gastos directos y 5 anticorrupción.

[114] Para dos de ellos, la casi totalidad pudo recuperarse (5.832 euros).

Por lo que se refiere a las investigaciones realizadas por la Oficina en todos los sectores del presupuesto comunitario, procede observar que las cifras no tienen en cuenta los casos que no requieren un seguimiento financiero. Esto explica las diferencias en el número de casos y el impacto financiero, entre estas cifras y las mencionados más arriba con respecto a las investigaciones realizadas por la Oficina. Los datos (extraídos de la base de datos interna) son objeto de revisiones y actualizaciones periódicas.

ANEXOS ESTADÍSTICOS

ANEXO 1

Recursos propios tradicionales

Casos de fraude e irregularidades comunicados por los Estados miembros [115] 1998-2002 (actualizada a 6.6.2003)

[115] Los Estados miembros deben notificar los casos de fraudes e irregularidades para importes superiores a 10.000 euros, de conformidad con el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento n° 1150/2000, de 22 de mayo de 2000.

(

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

en euros)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

ANEXO 3

(Actualización 7.5.2003)

FEOGA-GARANTÍA

IRREGULARIDADES COMUNICADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS

AÑOS 1998 - 2002

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

\* El concepto de "irregularidad" incluye el fraude. La calificación de fraude, en el sentido de comportamiento delictivo, sólo puede ser hecha al finalizar un procedimiento penal.

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

ANEXO 4

ACCIONES ESTRUCTURALES (Actualización 12.5.2003)

IRREGULARIDADES COMUNICADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS CON ARREGLO A LOS

REGLAMENTOS 1681/94 Y 1831/94

2002

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

\* Incluida 1 comunicación sobre el fondo de cohesión

\*\* Incluidas 2 comunicaciones sobre el fondo de cohesión

ANEXO 5

ACCIONES ESTRUCTURALES

IRREGULARIDADES\* COMUNICADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS CON ARREGLO A LOS REGLAMENTOS n°1681/94 Y 1831/94 E IMPACTO SOBRE EL PRESUPUESTO 1994-2002

1994-2002

(en miles EUR)

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

\* El concepto de "irregularidad" incluye el fraude. La calificación de fraude, en el sentido de comportamiento delictivo, sólo puede ser hecha al finalizar un procedimiento penal.

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

ANEXO 6

GASTOS DIRECTOS

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

ANEXO 7

Recursos propios tradicionales

Casos de fraude e irregularidades comunicados por los Estados miembros para el 2002

(actualización a 6.6.2003)

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

(en euros)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

ANEXO 9

ACCIONES ESTRUCTURALES

Situación de la recuperación en los casos comunicados con arreglo a los

Reglamentos 1681/94 y 1831/94

(Importes en 1.000 EUR)

Actualización 12.5.2003

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

ANEXOS

ANEXO TITULO I: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2001-2003

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

Anexo Título II aplicación del artículo 280 por los Estados miembros en el 2002

Medidas adoptadas por los Estados miembros para proteger los intereses financieros de la comunidad

1. TEXTOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 280 DEL TRATADO CE: PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS, REGLAMENTARIOS Y ADMINISTRATIVOS

1.1 Recursos propios:

Cambios legislativos, reglamentarios y administrativos relativos a la aplicación del artículo 280 del Tratado

B // Circular "Responsabilidad penal de las personas jurídicas - aplicación en materia de aduanas e impuestos especiales sobre el consumo" de 30 de julio del 2002, C.D. 802.1 - D.C. 12.900.

Esta circular comenta la Ley de 4 de mayo de 1999 que instaura la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Moniteur Belge del 22 de junio de 1999) y precisa las consecuencias sobre la investigación penal en materia de aduanas e impuestos especiales sobre el consumo, la redacción del acta y el procedimiento penal.

// El artículo 71 de la ley de 28 de diciembre de 1992, sobre disposiciones fiscales, financieras y otras es el fundamento jurídico de la puesta a disposición de las fiscalías de funcionarios fiscales. Se trata en total de dieciséis funciones para las fiscalías de Bruselas, Gante, Amberes, Tournai, Lieja, Mons y Charleroi. El déficit de funcionarios era de cerca de la mitad a principios del 2001. Una selección de candidatos tuvo lugar en el 2002. El 1 de mayo del 2002 un funcionario se incorporó al Tribunal de apelación en Mons y tres entraron en función en el Tribunal de apelación de Amberes. El 1 de junio del 2002 se asignó uno de los dos puestos vacantes en Gante. El puesto vacante en Bruselas se asignó el 1 de julio del 2002.

// La quiebra es utilizada regularmente como parte determinante del conjunto de mecanismos de fraude grave y organizada quienes, operando como testaferros o sociedades pantalla, quieren deshacerse de empresas para complicar la reconstitución de los mecanismos de fraude utilizados y las actuaciones judiciales sobre su patrimonio.

La legislación sobre quiebras no parecía suficiente para impedir el abuso de la personalidad jurídica en estas prácticas. Desde este punto de vista la nueva legislación sobre quiebras contiene dos disposiciones particulares.

La primera completa el artículo 54 de la ley sobre quiebras. En cambio, el segundo completa los artículos 265,.409 y 530 del Código de sociedades. Tienden esencialmente a facilitar el establecimiento del balance de liquidación, determinar las causas y circunstancias de la quiebra así como de la responsabilidad de administradores de hecho o derecho culpables de fraude fiscal grave y organizado.

Esta ley de 4 de septiembre del 2002 se publicó en el Moniteur belge de 21 de septiembre del 2002.

// Durante el período del 1 de julio del 2001 al 30 de junio del 2002, en 735 casos la atribución del número de IVA se suspendió, ya que constituye el elemento clave en los expedientes de empresas pantalla. Es notable constatar que ningunos de estos expedientes suspendidos fueron objeto de una reclamación ante la administración ni ante los tribunales. Esta falta de reacción manifiesta da lugar a preguntarse sobre las verdaderas intenciones de los solicitantes. El desarrollo de una aplicación informática específica que permite la información sobre contribuyentes sospechosos es esencial para el procedimiento de asignación. A partir del 1 de enero del 2003 todas las oficinas de la administración dispondrán de esta aplicación.

// El protocolo adicional al convenio europeo de asistencia judicial de 20 de abril de 1959, concluido en Estrasburgo el 17 de marzo de 1978, estipula concretamente que la asistencia no puede rechazarse por la única razón de que la demanda se refiera a una infracción de naturaleza fiscal. La disposición de ratificación se presentó el 28 de febrero del 2002 a las instancias europeas y entró en vigor el 29 de mayo del 2002.

// Bélgica y Francia firmaron el 10 de julio del 2002 un acuerdo administrativo sobre intercambio de información, que entró en vigor el 1 de septiembre del 2002 (Moniteur belge de 25 de octubre), prevé un intercambio automático y espontáneo de información entre ambos países en materia de impuestos directos e indirectos y define también las disposiciones de aplicación de controles simultáneos.

// Por analogía con los funcionarios puestos a disposición para las fiscalías (véase ley de 10 de junio de 1997), un proyecto de ley prevé también la concesión del estatuto de policía judicial a un grupo limitado de funcionarios fiscales. Se trata en este caso de los funcionarios fiscales puestos a disposición del OCDEFO y de un grupo limitado de funcionarios de aduanas. Este anteproyecto de ley fue adoptado por la Cámara de Representantes en su sesión plenaria del 18 de diciembre del 2002 y luego transmitido al Senado.

DK // El 31 de mayo del 2002 el Folketing adoptó una modificación de la ley aduanera (proyecto de ley n° L 30) en el marco del paquete antiterrorista del Gobierno. Entró en vigor el 8 de junio del 2002. Su objeto es impedir a toda persona entrar en territorio danés o salir llevándose dinero si este dinero puede ser el fruto de una infracción del código penal o utilizarse con el fin de tal infracción, en particular la financiación del terrorismo. Los viajeros en posesión de un importe superior al equivalente de 15.000 euros deben declararlo a las autoridades aduaneras y fiscales y presentarse espontáneamente al control aduanero. En paralelo a esta modificación de la ley, se autoriza a las autoridades aduaneras y fiscales a embargar toda cantidad superior al equivalente de 15.000 euros. Este límite máximo es idéntico al que se fija en la ley relativa a medidas preventivas contra el blanqueo de dinero. Las autoridades aduaneras y fiscales nacionales informan inmediatamente a la policía de la incautación y le transfieren el expediente para que pueda apreciar si procede detener a la persona afectada.

EL // No hubo ninguna evolución legislativa o administrativa importante en el 2002 en la medida en que la aplicación del nuevo código aduanero nacional en el 2001 dio lugar a un amplio examen de las cuestiones relativas a la aplicación del artículo 280. Por lo que se refiere a la evolución administrativa, un grupo de trabajo examinó la posibilidad de crear una sección especial en las grandes aduanas encargada de la represión de los fraudes.

E // Instrucción nº 2/2002 de 11 de marzo del 2002, sobre tramitación de las solicitudes de control a posteriori de las pruebas de origen.

// Instrucción nº 4/2002 de 10 de septiembre del 2002, sobre la regulación de las unidades de análisis de riesgos y los procedimientos aplicados en los recintos aduaneros en materia de contrabando.

F // Se adoptó un decreto n° 2002-1372 de 18 de noviembre del 2002 para publicar la decisión del Consejo de 29 de septiembre del 2000 relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas. Por otra parte, las autoridades francesas adoptaron un decreto n° 2002-1499, de 18 de diciembre del 2002, sobre la publicación del convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades de 26 de julio de 1995.

// Después de haber creado un nuevo artículo 28-1 del código de procedimiento penal que ofrece la posibilidad de habilitar a los agentes de aduanas para efectuar investigaciones judiciales, en particular en el ámbito del fraude a los intereses financieros comunitarios (recursos propios tradicionales y gastos agrícolas), se adoptaron nuevas disposiciones en el 2002 para dotar a sus agentes con un servicio autónomo para aumentar los medios puestos a disposición de la autoridad judicial en materia económica y financiera: se trata del decreto de 5 de diciembre del 2002 que crea el servicio nacional denominado Servicio nacional de aduana judicial y del decreto n° 2002-1415, de 5 de diciembre del 2002, relativo a la participación de los agentes de aduanas en determinadas misiones de policía judicial y que modifica el código de procedimiento penal. Estas nuevas disposiciones permiten garantizar mejor el principio de no acumulación de poderes del Código Aduanero y del código de procedimiento penal.

// Una circular del Ministerio de Justicia sobre la política penal en materia de fraudes comunitarios de 18 de diciembre del 2002 aclara el dispositivo nacional establecido para la protección de los intereses financieros comunitarios y anima a los magistrados a ponerse en contacto con el servicio de aduanas judicial si surgen sospechas sobre ingresos o gastos del presupuesto comunitario. Se trata de ejercer lo más eficazmente posible las actuaciones judiciales con respecto a las personas físicas y jurídicas responsables de las infracciones juntando las acciones penales y aduaneras.

IRL [116] // Irlanda adoptó los convenios SID y Nápoles II, y los instrumentos conexos, el 27 de marzo del 2002. En consecuencia estamos actualmente en condiciones de ejecutar el acuerdo de aplicación provisional del convenio SID con efecto a partir del 1 de junio del 2002.

[116] El amplio abanico de textos legislativos en materia aduanera y administrativa aplicados por el Irish Customs Service (Administración irlandesa de aduanas, que forma parte del Revenue Commissioners Office - la administración fiscal) constituye una base completa de instrumentos de lucha contra el fraude y otras actividades ilegales en el ámbito de los recursos propios tradicionales. Se aplican sanciones severas a los delitos de contrabando; las mercancías de contrabando pueden ser confiscadas. La información detallada en cuanto a estos poderes ya se proporcionó a la OLAF (cuando era la UCLAF) en respuesta a un cuestionario anterior a este respecto. La evolución específica se explica en el cuadro.

// Irlanda adoptó reglamentos de aplicación de la Directiva 76/308/CEE del Consejo (recaudación) tal como fue recientemente modificada por la Directiva 2001/44/CE sobre asistencia mutua para el cobro de deudas entre Estados miembros. Estos reglamentos ponen al día y consolidan la legislación previa sobre este tema.

// Irlanda adoptó una enmienda al capítulo 908A de su ley fiscal de (infracción fiscal - poder de obtener información de establecimientos financieros). Esta modificación tiene como efecto extender el poder de acceso a los registros y a la información en posesión por las instituciones financieras previsto para las investigaciones en los casos graves de evasión fiscal, a las investigaciones referentes a la evasión o tentativa de evasión de todos los tipos de impuestos, incluidas los de las Customs Acts. Este poder ya se utilizó en un caso de contrabando de cigarrillos procedentes de un tercer país.

// Por lo que se refiere a la evolución significativa a nivel administrativo, en el ámbito del control de auditoría a posteriori la administración aduanera irlandesa estableció en el 2002 un sistema de análisis de riesgos conocido bajo el nombre de IRAC (Integrated Risk Analysis for Customs - análisis de riesgos integrado para aduanas). El objetivo del sistema consiste en proporcionar perfiles de riesgos más rápidos y completos, fundados en los perfiles de los operadores con el fin de permitir de detectar mejor a los operadores que deben ser controlados.

I // Mediante circular 25/D de 29.3.02, la Agenzia delle Dogane aplicó nuevos procedimientos de gestión informatizados de la contabilidad separada de los recursos propios.

Mediante carta n° 949 del 10.10.02 dio instrucciones sobre el seguimiento de los casos de demanda de puesta a disposición debido a la imposibilidad de proceder a la recaudación prevista en el apartado 2 del artículo 17 del Reglamento 1150/2000 y por lo que se refiere a la redacción del informe anual sobre la actividad y los resultados de los controles en el sector de los recursos propios de acuerdo con el apartado 3 de dicho artículo.

// La región de Sicilia creó un banco de datos con las ayudas de finalidad regional y de minimis concedidas por la región, prevista por el punto 15, c.3 de la ley regional n° 32 del 2000, inspirada en las comunicaciones de la Comisión. En cuanto funcione, el sistema ejercerá un control eficaz, orientado al respeto de los límites máximos: a) toda información a la empresa a la cual la ayuda se concede sobre la naturaleza de la ayuda propiamente dicha y la elaboración por la empresa de una declaración escrita que certifique que esta nueva ayuda no contribuirá a aumentar el importe total de las ayudas de minimis recibidas por encima del límite máximo de 100.000 euros; b) la introducción en un único banco de datos de toda la información relativa a la aplicación del Reglamento. Además este sistema deberá ejercer un control eficaz orientado al respeto de las normas pertinentes sobre acumulación que prevén que: a) las empresas que solicitan ayudas mediante concursos o manifestaciones de interés deben presentar al ordenador un certificado relativo a las ayudas recibidas anteriormente; b) las inversiones que se benefician de ayudas deben inscribirse en la carta que completa el presupuesto de la empresa beneficiaria para que las posibles declaraciones falsas puedan sancionarse de conformidad con el delito penal contemplado en el artículo 2621 del Código civil italiano; c) la creación de un banco de datos de las ayudas, que se pondrá a disposición de todos los interesados (empresas competidoras, asociaciones sindicales, asociaciones medioambientales, autoridades y oficinas públicas encargadas del control, incluidos los inspectores de trabajo).

A [117] // Se decidieron nuevas directrices operativas relativas al procedimiento de recaudación y amortización de los créditos de recursos propios.

[117] Las autoridades austríacas precisan que las autoridades siguientes contribuyeron a las respuestas al cuestionario: Recursos propios tradicionales: BMF (Ministerio de Hacienda); FEOGA-Garantía, FEOGA-Orientación, IFOP: BMLFUW (Ministerio Federal de Agricultura, Silvicultura, Medio ambiente y Economía de las Aguas); FSE: BMWA (Ministerio Federal de Economía y Trabajo); FEDER: BKA (Cancillería federal).

// Sistema de alerta rápida en el régimen de tránsito: Se creó el 1 de diciembre de 1998 para detectar cuanto antes las irregularidades e infracciones cometidas en la expedición de mercancías sensibles, con el fin de poder iniciar rápidamente un procedimiento de investigación y adoptar medidas de lucha contra el fraude. En febrero del 2002, el anexo en el cual se enumeran los productos sensibles se modificó para mencionar el código de mercancía de seis cifras en vez del código de cuatro. Esta modificación permite una selección más específica de las mercancías sujetas a declaración en el sistema de alerta rápida.

P // El 14 de noviembre se aprobó el decreto ley n° 248-A/02 por el que se establece un régimen excepcional de regularización de deudas fiscales y seguridad social con el objetivo de ofrecer a los contribuyentes condiciones favorables que les permitieran regular íntegramente sus deudas y reparar las infracciones conexas evitando al mismo tiempo las consecuencias de un incumplimiento (en particular, el acceso a las ventajas fiscales).

FIN // Desarrollo general: El Tesoro público (valtiokonttori) envió el 31.10.2001 a los servicios contables un decreto relativo a la reforma de los reglamentos financieros. El reglamento financiero del servicio contable debe prever disposiciones en caso de comprobación de errores o irregularidades de gestión (responsabilidad y obligación de notificación del autor de la comprobación, obligación de adoptar medidas, notificación de irregularidades a la inspección de hacienda, notificación de infracciones, notificaciones de errores e irregularidades constatadas en la gestión de los fondos comunitarios, medidas de seguimiento). Los servicios contables tuvieron que adaptar sin demora su reglamento financiero en vigor a la resolución del Tesoro público, a más tardar el 30 de marzo del 2002.

S [118] //

[118] Durante el período de referencia Suecia no adoptó nuevas leyes, disposiciones ni reglamentos sobre los recursos propios. En años anteriores introdujo modificaciones importantes a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de aplicación del artículo 280 del Tratado.

UK [119] // Medidas legislativas

[119] Medidas generales: El Reino Unido observa que la administración aduanera británica dispone de una legislación y de sistemas que permiten combatir el fraude y otras actividades ilegales. En general, la legislación, los reglamentos y las medidas administrativas existentes son satisfactorios.

La administración aduanera y los otros Estados miembros participan activamente en el grupo sobre el proyecto de asistencia mutua en el marco de la Organización Mundial de Aduanas, destinado a modernizar y revisar el convenio multilateral de Nairobi sobre asistencia mutua. El nuevo convenio propuesto ayudará a las autoridades aduaneras internacionales a realizar controles más eficaces y tendrá un impacto positivo en los controles fiscales y la lucha contra el fraude en los intercambios entre la UE y terceros países.

En el 2002 no se establecieron las sanciones civiles y reglamentarias contra el fraude fiscal aunque está previsto aplicarlas en el transcurso del 2003. Estas sanciones cubrirán una serie de infracciones contra las disposiciones comunitarias, desde el simple error al fraude deliberado.

// Medidas administrativas

El proyecto británico de garantía comercial aduanera para las importaciones en el marco de la PAC fue perfeccionado para reflejar mejor los riesgos inherentes a los intercambios internacionales. Las transacciones son objeto de un programa estructurado de operaciones de garantía de despacho de aduana a posteriori, en función del riesgo. Se firmaron dos protocolos de acuerdo multiorganismos con Croacia con el fin de luchar contra la delincuencia organizada.

1.2 Gastos agrícolas (gastos financiados por el FEOGA-Garantía):

Evolución legislativa, reglamentaria y administrativa para la aplicación del artículo 280 del Tratado

a) evolución horizontal (medidas generales de control y prevención financiadas por el FEOGA-Garantía) [120]

[120] Incluidas las medidas sobre aplicación del Sistema integrado de gestión y control (SIGC) (Reglamento (CE) n° 3508/92).

D // Elaboración de una lista de criterios de seguridad de las tecnologías de la información para la aplicación uniforme del Reglamento (CE) n° 2025/2001 por los organismos de auditoría informática.

// Extensión de los derechos de acceso a la información del banco de datos HIT a los servicios exteriores a la administración de la agricultura.

// Aumento de la eficacia por una reagrupación de los controles veterinarios y relativos a las primas sobre la base de un análisis de los riesgos integrado y de un informe de control integrado.

EL // Se adoptaron importantes decretos ministeriales en el 2002, de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1663/95 y relativos al OPEKEPE:

1. El decreto n° 227700/2002 del Ministerio de Agricultura (FEK n° 215 vol. II), sobre las competencias de las direcciones del Ministerio tras la supresión del GEDIDAGEP y la creación del OPEKEPE como organismo de pagos a partir del 3 de septiembre del 2001. El decreto transfiere las competencias de adopción de los actos reglamentarios y administrativos individuales relativos al organismo de pago a las distintas direcciones competentes del Ministerio. Los decretos prevén, en particular, que la dirección financiera adopte las decisiones de recuperar los importes indebidamente pagados a cargo del FEOGA-Garantía del Ministerio.

2. El decreto ministerial conjunto n° 245798/2002 (FEK 1012 vol. II) de aprobación de la modificación de la estructura y el funcionamiento de los servicios del OPEKEPE como persona jurídica de derecho privado "introduce modificaciones en el funcionamiento y la estructura administrativa de los servicios centrales y regionales del OPEKEPE para mejorar sus funciones de administración y control." Preveía, entre otras cosas: crear en el SDOE una división de medidas complementarias y de desarrollo agrícola; aumentar de 10 a 11 el número de servicios regionales; preveía también una descripción detallada de sus competencias, que incluyen el control de los organismos encargados del reconocimiento y la liquidación con el fin de garantizar la regularidad de los pagos y por lo tanto la aplicación correcta de la legislación comunitaria y nacional para las ayudas y otras medidas del sector garantizadas.

3. El decreto n° 227195/2002(FEK n° 265, vol. II) relativo a la transferencia de las competencias en materia de control del organismo de control de las ayudas al aceite de oliva (OEEE) a la unidad independiente de control (AYMEE) que depende del OPEKEPE. Esta unidad autónoma se integra ahora administrativamente en el organismo de pago y ejerce competencias de control esenciales que el OEEE efectuaba, antes de su supresión, en el régimen de ayudas a la producción de aceite de oliva y aceitunas de mesa. Efectúa controles para organismos de pago, cooperativas agrícolas y prensas y cuando detecta irregularidades redacta informes que presenta a las instancias competentes para la aplicación de sanciones. En cuanto a su misión de control y sus actividades propiamente dichas, sigue informando a la Comisión Europea.

4. El decreto ministerial conjunto n° 507/3/12/2002 relativo a la aplicación del programa de ayudas financieras en las regiones montañosas y perjudicadas - 4º año del período 2000-2006 que designa al OPEKEPE como organismo de pago competente de acuerdo con las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 1663/95. Lo mismo ocurrirá para las otras medidas de desarrollo agrícola mediante disposiciones reglamentarias similares.

E // Ministerio de la Presidencia - Real Decreto n° 1441/2001, de 21 de diciembre del 2001, por el que se aprueba el estatuto del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA): adapta la estructura del FEGA para mejorar el ejercicio de sus funciones, incluida la de velar por la coordinación y aplicación armonizada, en el territorio nacional, de los controles y sanciones resultantes de la aplicación de la PAC y, en particular, de los instituidos por el Reglamento n° 3508/92.

F // Tras la aplicación efectiva, en diciembre del 2001, de un nuevo artículo 28-1 del código de procedimiento penal que daba la posibilidad de habilitar a los agentes de aduanas para efectuar investigaciones judiciales, en particular en el ámbito del fraude a los intereses financieros comunitarios, se adoptaron nuevas disposiciones en el 2002 con el fin de dotar a estos agentes con un servicio autónomo que permita aumentar los medios puestos a disposición de la autoridad judicial en materia económica y financiera.

Se adoptaron así dos textos reglamentarios, el 5 de diciembre del 2002. Se trata del decreto n° 2002-1415, relativo a la participación de los agentes de aduanas en algunas misiones de policía judicial y que modifica el código de procedimiento penal y de un decreto que crea el Servicio nacional de aduana judicial, que agrupa el conjunto de agentes de aduanas habilitados para efectuar investigaciones judiciales, en particular, en el ámbito del FEOGA-Garantía.

Hay que indicar por otra parte que se difundió una circular del Ministerio de Justicia el 18 de diciembre del 2002 en el conjunto de los órganos jurisdiccionales para presentar el marco jurídico y los protagonistas en materia de protección de los intereses financieros comunitarios así como fijar las orientaciones de la política penal. Se trata de ejercer lo más eficazmente posible las actuaciones judiciales respecto a las personas físicas y jurídicas responsables de las infracciones juntando las acciones penales y aduaneras.

Por último, un decreto n° 2002-1455 de 12 de diciembre del 2002 precisó los papeles respectivos de la Comisión interministerial de coordinación de los controles (FEOGA-Garantía) de los servicios de controles y organismos pagadores para la aplicación de los Reglamentos (CE) n° 1469/95 y 745/96 (lista negra).

IRL // El Ministerio de Agricultura y Alimentación, recientemente estableció un sistema de gestión de riesgos que tiene por objeto evaluar los riesgos principales (estratégicos, operativos, financieros, de reputación) incurridos por el departamento en la realización de sus objetivos y definir las medidas que, en los departamentos y divisiones, permiten hacer frente a estos riesgos. Se estableció este sistema para los pagos agrícolas, así como para los gastos financiados por el FEOGA-Garantía durante el primer semestre del 2002 para extenderse a continuación a otros ámbitos del departamento.

// Identificación del ganado y rastreabilidad - Reglamento n° 1760/00 del Consejo.

Se instauraron comprobaciones suplementarias de validación de la raza de la madre para el registro de la fecha de nacimiento de los terneros. Se reforzaron las exigencias en materia de pruebas veterinarias y autorizaciones oficiales con respecto a los registros tardíos de los nacimientos de terneros. Se introdujeron dispositivos para el registro de los animales nonatos y su eliminación. Se emprendió un proyecto para sustituir todas las marcas metálicas no normalizadas de los animales más viejos, por marcas normalizadas. Se puso en marcha un proyecto destinado a proporcionar dobles marcas plásticas de identificación para todos los animales más viejos. Se llevaron realizaron otras actualizaciones de las bases de datos por lo que se refiere a la identidad y la situación de los animales más viejos. Se establecieron cuatro unidades regionales para realizar investigaciones e investigaciones orientadas a las cuestiones de identificación de los animales.

I // El decreto ley n° 305 de 10.12.2002 prevé "procedimientos de sanción en aplicación del Reglamento (CEE) n° 4045/89 relativo al sistema de financiación del FEOGA-Garantía, con arreglo al artículo 4 de la ley n° 422 de 29 de diciembre del 2000".

Mediante circular 77/D de 13 de diciembre del 2002, la Agenzia delle Dogane impartió instrucciones detalladas sobre la aplicación correcta del dispositivo de los artículos 3 y 5 del Reglamento 595/91, sobre la relación trimestral, el establecimiento y envío de fichas de fraude e irregularidades en detrimento de los fondos del FEOGA.

NL // Tras la aplicación del nuevo sistema integrado de gestión y control (SIGC) - Reglamento (CE) n° 2419/2001 - se aplicarán todos los resultados de los controles físicos efectuados en el marco del SIGC, a partir del de 1 de enero del 2002, al conjunto de regímenes de ayudas a los bovinos.

A // - Respuesta para el sector agrícola: Modificación del Reglamento (CEE) n° 4045/89 del Consejo a partir del final del 2002. Reducción del número de organismos pagadores de 3 a 2. Véase apartado 4.2.

P // Sistema de control unificado: el decreto de aplicación n° 35/02, de 29 de mayo, formaliza la integración de las regiones autónomas de Madeira y Azores en el sistema de control unificado (SCU), en el marco de la ejecución de las operaciones de actualización del sistema de identificación de las parcelas agrícolas y controles físicos reglamentarios en el marco del FEOGA-Garantía.

// Sistema nacional de identificación y registro de bovinos: el decreto ley nº 99/02, de 12 de abril, modifica el decreto ley n° 338/99, de 24 de agosto, que aprobó el Reglamento de identificación, registro y transporte de animales, que prevé el régimen de sanciones aplicables, en proporción de la gravedad de la infracción.

FIN // Desarrollo general: ver apartado 1.1.

// Åland: Existe una estrecha cooperación con el Ministerio de Agricultura y Silvicultura en el marco de un reglamento referente a un acuerdo que permite un control más preciso y organizado, de modo que el organismo pagador esté en condiciones de ajustarse a las exigencias definidas por la UE.

S [121] //

[121] Durante el período de referencia Suecia no adoptó nuevas leyes o disposiciones ni reglamentos por lo que se refiere al FEOGA-Garantía. En años anteriores había introducido modificaciones importantes en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de aplicación del artículo 280 del Tratado.

UK // Ningún cambio significativo se registró pero las exigencias de autorización siguen requiriendo muchos cuidados y atenciones. A partir del ejercicio 2002 la Rural Payments Agency (RPA) aplicó un programa destinado a mantener las exigencias de inspección de acuerdo con los proyectos de ayudas a la ganadería vacuna, combinándolas con las condiciones requeridas por los reglamentos en materia de identificación del ganado. El sistema combinado de análisis de riesgos permite a los inspectores de la RPA emprender controles múltiples en el ámbito de las subvenciones para el ganado y la identificación, en una única visita que incluye un control de las marcas auriculares para todos los pagos en comparación con los datos del Cattle Tracing System (CTS) (sistema de trazado de ganado). Estas medidas contribuyen a garantizar la apreciación de toda anomalía respecto a su impacto en los regímenes en favor de la ganadería y permite un enfoque integrado de la declaración de anomalías. En virtud del nuevo sistema los inspectores proceden a un intercambio de datos relativos a las inspecciones, por correo electrónico seguro, lo que aceleró la presentación de los informes sobre las conclusiones de las inspecciones al personal.

b) evolución en el ámbito de restituciones a la exportación

D // Elaboración de un manual relativo al transporte de animales con el fin de garantizar la uniformidad de los controles de aplicación de las disposiciones relativas al bienestar de los animales vivos durante el transporte y la uniformidad de la aplicación del Reglamento (CE) n° 615/98.

F // Véanse elementos de respuesta en el apartado 4.2.

I // Mediante carta 30180 de 24.12.02, la Agenzia delle Dogane actualizó las instrucciones relativas a los controles físicos en el momento de la exportación de los productos agrícolas que se benefician de una restitución, tras la publicación del Reglamento (CE) n° 2090/2002 de la Comisión relativo a la aplicación del Reglamento (CEE) n° 386/90.

S // El Reglamento de aplicación del Reglamento (CEE) n° 386/90 del Consejo relativo al control en la exportación de productos agrícolas que se benefician de una restitución (antiguo Reglamento n° 2221/95) fue sustituido al final del 2002 por el Reglamento (CE) n° 2090/2002 de la Comisión. El Reglamento de aplicación que entró en vigor el 1 de enero del 2003 no implica grandes modificaciones con relación a los reglamentos previos y durante el periodo de referencia Suecia no introdujo modificaciones en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.

Una de estas evoluciones tuvo no obstante efectos importantes para Suecia, al menos por lo que se refiere a las pequeñas aduanas (los en las cuales el paso de mercancías que se benefician de restituciones es relativamente poco frecuente). Cada aduana debía hasta entonces comprobar, para cada sector de productos, el primer envío durante el período de control, en caso de que fuera seguido de otras exportaciones que se beneficiaban de restituciones, de tal modo que se garantizara la frecuencia de control requerida. Gracias al nuevo Reglamento esta condición se flexibiliza, lo que permite aplicar el análisis de riesgos con más eficacia y modular los controles en función de los sectores donde los riesgos son más elevados.

c) evolución en el ámbito de los gastos de intervención

E // Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Real Decreto n° 330/2002, de 5 de abril del 2002, por el que se incorporan algunos elementos de la normativa europea sobre ayudas a la producción de algodón que establece, entre otros, un régimen de controles y precisa las relaciones del organismo que coordina las ayudas con los organismos pagadores de las comunidades autónomas.

F // En el sector de leche y productos lácteos se adoptó un decreto (n° 2002-1001) relativo al control de la producción de leche de vaca y a las modalidades de recaudación de la exacción suplementaria a cargo de los compradores y productores el 16 de julio del 2002. Este decreto desarrolla las condiciones en las cuales la autorización de un comprador de leche puede ser retirada, enumerando la naturaleza de los incumplimientos que pueden dar lugar a esta retirada. Introduce en el derecho positivo un procedimiento de emplazamiento de 30 días durante el cual la autorización puede retirarse al comprador que no se ajuste a la normativa. Precisa las condiciones en las cuales la autorización puede restablecerse (a petición del comprador si, después de un período mínimo de 6 meses, un control minucioso pone de manifiesto que las obligaciones reglamentarias se respetan de nuevo). Crea por otra parte un procedimiento anual de renovación de autorizaciones. Por último, precisa la definición de la contabilidad de existencias, de acuerdo con el dictamen del Presidente de la Comisión interministerial de coordinación de los controles (FEOGA-Garantía) que definió en el 2001 los principios generales de gestión de esta contabilidad indispensables para garantizar el control de la información relativa a la concesión de ayudas y la buena realización de los controles.

Tras la aprobación de este decreto se difundió una circular ONILAIT MPL N° 02.05, el 6 de diciembre del 2002, relativa a la autorización de compra de leche precisa las disposiciones de aplicación de los artículos 5 y 13 del decreto n° 2002-1001 antes citado.

Debe indicarse también la actualización del dispositivo de control de los productores de leche en venta directa para tener en cuenta las evoluciones reglamentarias tras la entrada en vigor del decreto n° 2002-1001. Esta actualización dio lugar a la circular DPEI/SPM/SDEPA/C2002-4045, de 8 de octubre del 2002, que fija las obligaciones recíprocas del organismo pagador y de las direcciones departamentales de Agricultura y Bosques encargadas de realizar los controles in situ y describe la fase de preparación, su naturaleza y cómo debe procederse.

Por último, el organismo pagador adoptó dos circulares para la aplicación del Reglamento (CE) n° 2571/97 relativo a la venta de mantequilla a precio reducido y a la concesión de una ayuda para la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada destinadas a la fabricación de productos de pastelería, helados y otros productos alimenticios. El objeto de ambas circulares destinadas a minoristas y adjudicatarios es formalizar las relaciones de venta para contribuir a facilitar el control administrativo del destino de los productos.

FIN // Decreto n° 860/02 del Consejo de Ministros relativo al reembolso para la campaña de comercialización 2001/2002 de los gastos de almacenamiento para el azúcar C. Define el importe del reembolso y el momento del pago.

// Decreto del Ministerio de Agricultura y Bosques, de 17 de mayo del 2002, relativo a los procedimientos aplicables a las compras en intervención de cereales: define los procedimientos de control para la recepción de los cereales.

// Decreto del Ministerio de Agricultura y Bosques n°1190/524/2002, de 2 de abril del 2002, relativo a los controles sobre ayuda a la mantequilla industrial: distribución de los controles de la calidad entre el Centro de investigaciones veterinarias y alimentarias y la Oficina de alimentación.

// Circular del Ministerio de Agricultura y Bosques (2385/571/2002, de 30 de julio del 2002) a la Dirección General de Aduanas relativa al inventario anual y al informe trimestral de las existencias de intervención de leche desnatada en polvo: precisa las modalidades de establecimiento del inventario anual.

// Circular del Ministerio de Agricultura y Bosques (1271/524/2002, de 4 de abril del 2002) al Servicio de Aduanas relativa a los controles de la ayuda alimentaria de la UE.

d) evolución en el ámbito de las ayudas directas

E // Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Real Decreto n° 1322/2002, de 13 de diciembre del 2002. Reglamentación nacional de base relativa a las exigencias agroambientales para el pago íntegro de las ayudas directas en el marco de la PAC, así como para su ejecución, coordinación y control.

F // En 2002 no se ha adoptado ningún nuevo texto legislativo o reglamentario sobre el control de las ayudas animales y a la superficie. El fundamento jurídico de estos controles sigue siendo la normativa comunitaria, explicitada por las circulares nacionales (instrucciones del ministro a sus servicios): circulares ayudas a la superficie y circulares controles in situ y curso que debe darse a los controles de las ayudas animales.

P // Sistema nacional de identificación y registro de bovinos: publicación del decreto 25586/02, de 2 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca que instaura medidas para un mejor funcionamiento y una mayor fiabilidad de la identificación de los bovinos, gracias a la creación de nuevos módulos en la base de datos del SNIRB.

// Leche escolar: adaptación del decreto ministerial n° 398/02, de 18 de abril, que regula las condiciones en las cuales se aplica el régimen de concesión de ayudas para el suministro de leche y productos lácteos a los alumnos de establecimientos de enseñanza del continente y las regiones autónomas de Azores y Madeira, en particular por lo que se refiere a las condiciones de admisibilidad en términos de tipo de producto o de calidad o cantidad de los productos que se benefician de las ayudas. En virtud del decreto incumbe al INGA, directamente o por medio de entidades designadas, proceder al control y verificación de todos los documentos justificantes de la distribución de productos lácteos que se benefician de las ayudas, para que los productos no sean desviados de su objetivo y que el importe a pagar se ajuste a las cantidades consumidas efectivamente, gracias a la instauración a tal efecto de un apoyo administrativo que permita, en el marco de sus competencias, efectuar los controles necesarios.

// Régimen de exacción suplementario: El decreto ley n° 240/02, de 5 de noviembre, que establece las disposiciones reglamentarias del régimen de exacción suplementario sobre las cantidades de leche de vaca o equivalente suministradas a un comprador o vendidas directamente al consumo, contemplada en el Reglamento n° 3950/92, de 28 de diciembre, y en el Reglamento n° 1392/01, de 9 de julio, se publicó tras las recientes modificaciones de la legislación comunitaria sobre el régimen de imposición suplementario.

// Sector de la carne ovina y caprina: publicación del decreto de aplicación n° 37/02, de 1 de julio, que establece los criterios objetivos en los cuales deben basarse los pagos complementarios a los productores de carne ovina y caprina, así como las normas de concesión de ayudas, incluido el marco represivo, de acuerdo con las medidas necesarias y convenientes con el fin de garantizar una aplicación correcta del Reglamento n° 2550/01, de 21 de diciembre.

FIN // Varios decretos del Ministerio de Agricultura y Bosques se publicaron en el 2002 [122].

[122] Las autoridades finlandesas presentaron la lista de los 29 decretos.

S [123] //

[123] El 1 de enero del 2002 se adoptó el nuevo Reglamento SIGC (CE) n° 2419/2001 que regula los controles y sanciones en el ámbito de las ayudas a la agricultura y sustituye al Reglamento (CE) n° 3887/1992. No modifica de ningún modo la normativa relativa a las ayudas "superficie" y las primas "animal". Esto vale también para el sistema de cuotas lácteas. Durante este período Suecia no ha introducido modificaciones en las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.

UK // El Reglamento (CE) n° 2419/2001 entró en vigor a finales del 2001. Establece normas detalladas de aplicación del sistema integrado de administración y control para algunos regímenes de ayudas comunitarios fijados por el Reglamento del Consejo (CEE) n° 3508/92. El Reglamento se refiere a las solicitudes de ayudas vinculadas a las campañas de comercialización o a períodos de primas a partir del 1 de enero del 2002. El nuevo Reglamento, que busca la claridad y la racionalización, sustituyó al Reglamento anterior (CEE) nº 3887/92, quién había sufrido numerosas modificaciones, e introdujo nuevas disposiciones. Los organismos de pago colaboran diariamente en cuestiones de administración corriente y controles. El cambio más significativo en el ámbito de las ayudas directas resulta de la evaluación intermedia. Asociada al desacoplamiento de las ayudas y al pago regresivo de las subvenciones, es probable que las condiciones medioambientales tengan una incidencia sustancial en los regímenes de inspección conjunta.

e) evolución de las medidas de desarrollo rural financiadas por el FEOGA-Garantía

D // Profundización de la directriz relativa a la aplicación de los sistemas de gestión y control para las medidas de desarrollo rural.

EL // El decreto ministerial conjunto n° 518/350/2003 y sus disposiciones de aplicación n° 430/2003 prevén lo que sigue: a) controles in situ y administrativos continuos efectuados por unidades locales en todas las etapas de aplicación de los proyectos de inversión, con el fin de constatar su buena ejecución, el respeto de las obligaciones contractuales de los beneficiarios finales así como el conjunto de los procedimientos de publicidad, información y evaluación. También se controlan la exactitud de los gastos certificados y la adopción de medidas para la localización y detección de las irregularidades. b) controles efectuados por órganos de los Ministerios de Agricultura, Economía y Finanzas u otros, y también de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas, en las unidades de acción local y los beneficiarios finales, durante toda la duración de la ejecución del contrato. Los controles administrativos se efectúan mediante el sistema de "gestión y control" con el sistema de información integrado y en combinación con los datos presentados por las unidades de acción locales. c) sanciones para las irregularidades detectadas en los beneficiarios finales o en el sistema de gestión y control de la unidad que violen las disposiciones comunitarias y nacionales, consistentes en correcciones financieras para parte o la totalidad de la financiación comunitaria, con la incoación paralela del procedimiento de recaudación de los importes indebidamente pagados, o incluso la exclusión del organismo en cuestión cuando las irregularidades sean graves. En algunos casos, cuando la unidad o el beneficiario final son responsables de rebasar los plazos previstos para la terminación del programa, el Ministerio de Agricultura pide el reembolso de la totalidad de la subvención pagada y se anula la carta de garantía.

// - Decreto ministerial conjunto n° 19/2002 que instituye el Comité de seguimiento del programa operativo Leader + 2000-2006.

- Decreto n° 198/2002 del Ministerio de Agricultura relativa a la manifestación de interés para la presentación de proyectos de programas locales

- Decreto n° 830/2002 del Ministerio de Agricultura por el que se aprueban los programas locales, etc. y la circular a este respecto n° 833/2002 del Secretario General,

- Decretos n° 846/2002, 1587/2002, 305809/8184/2002 del Ministerio de Agricultura que organizan las ayudas internacionales para la selección de un consejero de evaluación directa del programa operativo y encargados de la aplicación de proyectos incluidos en el programa.

E // Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Real Decreto n° 708/2002, de 19 de julio del 2002. Medidas complementarias al programa de desarrollo rural relativo a medidas complementarias de la PAC.

F // La nota de servicio DERF/DEPSE de 13 de agosto del 2002, que anula y reemplaza a la anterior nota de 27 de julio del 2001, tiene por objeto actualizar los principios generales aplicables a los controles de las medidas del RDR así como sus consecuencias. Recuerda a tal efecto el dispositivo general aplicado en el marco de los artículos 58 a 64 del Reglamento (CE) n° 445/2002 y tiene en cuenta las últimas precisiones aportadas por la Comisión en su documento de orientación (referencia VI/10535/99 Rev. 7) para aplicar los sistemas de gestión, controles y sanciones de las medidas de desarrollo rural instauradas por el Reglamento (CE) n° 1257/1999. Precisa el contenido de los controles administrativos, el método de realización de los controles in situ, antes y después del pago final y el concepto de irregularidad.

IRL // Régimen de jubilación anticipada. En febrero del 2002 la Comisión Europea aceptó una modificación formal introducida en el Rural Developpement Plan irlandés para limitar a los beneficiarios de pensiones de 66 años y más la inclusión de las pensiones de viudedad en la lista de pensiones del Estado definidas como pensiones de jubilación nacionales. La Alternative Enterprise Scheme Division en colaboración con la Livestock Division estableció inspecciones simultáneas para controlar el respeto de las buenas prácticas agrícolas.

I // LA REGIONE VALLE D'AOSTA CREÓ, EN EL MARCO DE LA DIRECCIÓN POLÍTICAS AGRÍCOLAS Y DESARROLLO ZOOTÉCNICO, UNA ESTRUCTURA OPERATIVA DE SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN AGRARIA CUYO OBJETIVO ES COORDINAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS E INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA APLICAR EL PLAN DE DESARROLLO RURAL CON EL FIN DE CREAR UN SISTEMA INTEGRADO Y SIMPLIFICADO DE GESTIÓN DE LA AGRICULTURA REGIONAL.

La Agenzia Regionale per l'Erogazioni in Agricoltura della Regione Toscana (ARTEA) puso a punto manuales de gestión y procedimientos de control de las medidas del plan de desarrollo rural (Reglamento CE 1257/99).

Una nueva institución acaba de ser creada recientemente. Se trata de la Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), reconocida por el Ministerio de Agricultura mediante decreto de 26.6.02 como organismo pagador de las intervenciones del PSR de la Regione Veneto. La Agenzia firmó un contrato con el AGEA para la transferencia de las funciones y trabaja en conexión con la Regione Veneto por lo que se refiere al derecho a los pagos relativos a todas las medidas del PSR contempladas en el Reglamento (CE) n° 1257/99.

NL // Las directrices relativas a la reducción de la ayuda en el marco del programa de desarrollo rural (Staatscourant n° 15 de 22 de enero del 2002) entraron en vigor el 1 de febrero del 2002. Aplican el artículo 64 del Reglamento (CE) n° 445/2002, relativo a las consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de ayudas en el marco del programa holandés de desarrollo rural.

// Régimen de ayudas Programa de desarrollo rural de las provincias (Staatscourant 2002, n° 91) que sustituye a los reglamentos provinciales que aplicaban anteriormente el Anexo 2 del Programa provincial (POP).

P // Indemnizaciones compensatorias: el decreto ministerial n° 134/02, de 9 de febrero, modifica la aplicación de las indemnizaciones compensatorias, aprobadas por decreto ministerial n° 46-A/01, de 25 de enero, introduciendo en el apartado 2 del artículo 12, sanciones sobre el incumplimiento de las normas relativas a las buenas prácticas agrícolas.

FIN // Åland: la administración regional presentó a examen al Parlamento regional (Lagting) un proyecto de ley sobre la financiación del sector rural. Una nueva ley regional debería entrar en vigor durante el 2003. Este proyecto de ley se refiere al desarrollo rural y entre las ayudas cofinanciadas por la UE figuran las ayudas a la primera instalación, al medio ambiente y a zonas desfavorecidas. Según este proyecto una ayuda nacional a la inversión puede concederse aunque no podrá ser objeto de una cofinanciación por la UE.

La ley permite adaptar mejor la legislación regional a la comunitaria con disposiciones relativas a los distintos tipos de ayudas, su financiación, el procedimiento de aprobación, la vigilancia y control, la recaudación de importes indebidamente pagados, así como sanciones. Por lo que se refiere a la recaudación, se propone en el proyecto de ley que si el beneficiario no procede al reembolso por su propia voluntad, la recaudación pueda producirse según las modalidades que figuran en la ley sobre la recaudación de impuestos e impuestos por ejecución forzada (FFS 367/1961).

1.3 Acciones estructurales:

Nueva evolución legislativa, reglamentaria y administrativa sobre la aplicación del artículo 280 del Tratado

a) evolución de alcance horizontal (que cubre varios fondos estructurales)

B // Decisión de 18 de julio del 2002 del Gobierno valón que organiza la reforma del Comité de auditoría y del grupo de trabajo interadministrativo OLAF, cuyo papel se describió en el informe 2001. Para estos dos Comités el Gobierno decidió pedir a las administraciones designar especialmente a un representante y un suplente, lo que permite garantizar su presencia sistemática en las reuniones y tomar las decisiones requeridas; decidió también modificar el reglamento de orden interno del comité de auditoría y del grupo de trabajo interadministrativo OLAF, para que los problemas para los cuales ninguna solución satisfactoria se obtuvo en el plazo de tres meses tras su examen por el comité de auditoría o el grupo de trabajo OLAF sean transmitidos al ministerio para presentación de una propuesta de notificación al Gobierno.

// El Ministerio de Asuntos Exteriores recordó el 28.10.2002 un procedimiento de notificación y seguimiento de las irregularidades contempladas en el Reglamento (CE) n° 1681/94. El documento se transmitió a las distintas administraciones del Ministerio de Hacienda, que se ha convertido en SPF Finanzas, mediante notas internas del 28.10.2002, aunque el SPF Finanzas no tenga competencia en la atribución de las intervenciones a cargo de los fondos estructurales. El objetivo de esta difusión es permitir a cada administración examinar las posibles implicaciones en caso de irregularidad descubierta con motivo de un control fiscal y, cuando proceda, colaborar con las autoridades regionales competentes sobre este tema para investigaciones más profundas en estos sectores.

EL // En el 2002 empezó una extensa revisión del procedimiento de recaudación de los importes indebida o ilegalmente pagados en el marco de los programas comunitarios. Esta revisión fue establecido por el decreto interministerial n° 2007892/461/27-5-98 titulado "Recaudación de los importes indebidamente pagados a partir de los recursos nacionales o de la Unión Europea en el marco de la aplicación de las políticas comunitarias".

Este nuevo decreto, actualmente en proceso de elaboración, establece un sistema nacional de correcciones financieras de acuerdo con las disposiciones del Reglamento n° 438/2001 de la Comisión. Se emprendió también la adaptación del procedimiento de recaudación a las nuevas instituciones y datos del tercer marco de apoyo comunitario tal como resultan del marco jurídico nacional y comunitario adoptado para la gestión de los gastos de los fondos estructurales y de cohesión para el período de programación 2000-2006. La elaboración del nuevo decreto ministerial relativo a la recaudación debería concluir durante el año 2003.

// La autoridad de pago organizó una adjudicación atribuir el estudio "Análisis de los riesgos en la elección de la muestra de las acciones del tercer MCA sujetas a control" con el fin de desarrollar una metodología de muestreo de las acciones a controlar, sobre la base del análisis de acuerdo con las disposiciones del artículo 10 del Reglamento (CE) n° 438/2001 de la Comisión. Se designó al adjudicatario en el 2002 y se espera el estudio en cuestión para finales de marzo del 2003.

// En colaboración con el EDEL, la autoridad de pagos elaboró formularios comunes de control para comprobar las actividades del beneficiario final y los sistemas de gestión de los servicios especiales de gestión; todos los agentes de control utilizarán estos formularios, en función del nivel de control.

F // El decreto n° 2002-633, de 26 de abril del 2002, encarga a la Comisión interministerial de coordinación de los controles sobre operaciones cofinanciadas por los fondos estructurales europeos (CICC-Fonds structurels) velar por el respeto por las administraciones, de las obligaciones de control de las operaciones cofinanciadas por los fondos estructurales europeos y asegurarse de la eficacia de los sistemas de gestión y control establecidos. A este respecto la CICC Fondos estructurales define el marco de los controles y vela por su ejecución; efectúa auditorías de los sistemas; es destinataria de las síntesis de los controles efectuados por otros servicios, evalúa los resultados y redacta el informe anual sobre los controles previsto en el artículo 13 del Reglamento (CE) n° 438/2001, de 2 de marzo del 2001. Envía a los ministerios toda recomendación útil para mejorar los sistemas de gestión y control, propone medidas convenientes y se informa del curso dado. Organiza concertaciones con los ministerios interesados por la gestión o control de operaciones cofinanciadas por los fondos estructurales europeos y gestiona la red de controladores. Trabaja para la coordinación de los controles nacionales y comunitarios. Al cierre de las intervenciones, establece las declaraciones de validez previstas en los artículos 15 y 17 del Reglamento (CE) n° 438/2001, de 2 de marzo del 2001.

// El artículo 60 de la ley de finanzas rectificativa para el 2002 n° 2002-1576, de 30 de diciembre del 2002, asignó a la CICC Fondos estructurales un poder de control propio respecto a las autoridades de gestión y pagos de los fondos estructurales, incluidas las colectividades territoriales, pero también contra los organismos intermediarios o de enlace así como los beneficiarios finales o últimos de los fondos estructurales europeos.

// Por otra parte, la circular del primer ministro de 15 de julio del 2002 reactivó la dinámica de programación y realización de las operaciones gracias a un refuerzo de la asociación. Precisó también las obligaciones de los reglamentos comunitarios en materia de gestión y control definiendo de manera precisa los papeles y misiones de los distintos participantes.

// Las circulares de 19 de agosto y 27 de noviembre del 2002 de los ministerios encargados de seguir la gestión de los fondos estructurales y del primer ministro del 24 de diciembre del 2002 tuvieron por objeto simplificar la gestión de los fondos estructurales europeos.

I // La Regione Sicilia: ver apartado 1.1.

NL // La ley relativa al control de las ayudas comunitarias (Wet toezicht Europese Subsidies, TES) entró en vigor el 1 de mayo del 2002. Además del derecho de recaudación y la competencia para guiar, regula el derecho a la información. Es aplicable a los fondos estructurales. Se presentará un informe sobre la asignación de las ayudas de la UE entre mayo y diciembre del 2002 al Parlamento neerlandés en otoño del 2003. Los órganos de gestión descentralizados contemplados por la ley proporcionarán a los departamentos políticos información sobre las ayudas europeas que recibieron. La octava modificación de la ley de contabilidad entró en vigor al mismo tiempo que la ley TES y confirió al Tribunal de Cuentas de los Países Bajos competencias de control de la utilización de las ayudas de la UE hasta el beneficiario final. La ley TES y la octava modificación de la ley de contabilidad se explican en la contribución neerlandesa al informe anual del 2000 y 2001 sobre el artículo 280 del Tratado CE.

// Simplificación: La Comisión Europea inició un procedimiento de simplificación, aclaración, coordinación y flexibilidad de la gestión de la política estructural durante entre el 2000 y el 2006, esforzándose en aplicar una política más eficaz y transparente y en mejorar la gestión financiera. En este contexto, los Estados miembros, entre ellos los Países Bajos, pidieron una simplificación. Este procedimiento no será efectivo hasta después del año 2002.

// El plan de vigilancia y control de las ayudas europeas por los departamentos políticos se reforzó en el 2002. Los ministerios establecieron un plan relativo a vigilancia y control.

// Reglamento (CE) n° 438/2001: confirió a la declaración de gastos una nueva forma. El Anexo al "certificado de gastos" prescribe el formulario en el que deben figurar los importes recuperados. Este formulario se introdujo y utiliza en los programas Objetivo 2 y Urban 2. Aún no es utilizado por el Objetivo 3 y Equal pero lo será lo antes posible. Se utiliza en cambio para los programas IIIB NWE y Mar del Norte, así como para INTERREG C, bajo la responsabilidad del Ministerio de Vivienda.

// Urban: las ciudades "Urban 2" tienen un trayecto similar a las ciudades "Objetivo 2".

P // Considerando que el marco legal del QCA III finalizó en el 2001, se distingue en particular:

El decreto ley n° 168/01, de 25 de mayo, que regula el funcionamiento del sistema nacional de control (SNC) ante las obligaciones contempladas en el Reglamento n° 438/01, de 2 de marzo. El decreto ministerial n° 684/01, de 5 de julio, establece las modalidades de articulación entre los distintos niveles de control del SNC, en particular en materia de planificación, ejecución e informe de las actividades de control, difusión de la información, metodologías de auditoría y comunicación de irregularidades a la CE. El 2002 se caracterizó por la aplicación efectiva del modelo de articulación entre las entidades que ejercen funciones de control a distintos niveles, con el fin de responder a las obligaciones fijadas por la normativa comunitaria en vigor. Las formas de coordinación decididas entre los distintos participantes se recogen en el apartado 4.3 del presente cuestionario .

FIN // Desarrollo general: ver apartado 1.1.

// Åland: mediante decisión de 29 de abril del 2002, el Parlamento regional adoptó una ley regional (Landskapslag) relativa a la aplicación del capítulo 29 de la ley penal en la provincia de Åland. Esta ley dispone que todo delito que afecta a la hacienda pública en la provincia es objeto de las sanciones previstas en el capítulo 29 de la ley antes citada en la versión en vigor en Suecia. La ley tiene por objeto proteger los intereses financieros de la provincia y la Comunidad y garantizar el respeto de las exigencias del convenio antifraude en materia penal. Además las infracciones se sancionarán de la misma manera, se hayan cometido a escala regional, nacional o comunitaria. Las nuevas disposiciones de la ley regional fueron aplicadas mediante la ley regional ÅFS n° 60 del 2002.

// Åland: el Parlamento regional completó la ley regional relativa al servicio de auditoría de la administración regional, lo que permite recurrir a auditores externos para controlar las ayudas comunitarias. Es por lo tanto posible recurrir a varios auditores a efectos de los controles "5%" y otros. La ley fue completada mediante la ley regional ÅFS n° 27 del 2002.

S // Suecia no ha adoptado nuevas leyes o reglamentos durante este período. Pero se han producido algunos cambios a nivel administrativo en el 2002. El servicio de auditoría interna de la agencia nacional de empleo (Arbetsförmedlingen-AMS) fue encargada de expedir el certificado final para los programas incluidos en el Objetivo 3 del Fondo social y el programa Equal para el período de programación 2000-2006. El servicio de auditoría interno de la administración departamental (Länsstyrelsen) de Gävleborg debía expedir los certificados para los programas que dependían del Objetivo 1 y del Objetivo 2 para las iniciativas comunitarias INTERREG IIIA, INTERREG IIIB Zonas periféricas septentrionales, Líder + y Urban II, así como para las ayudas estructurales a la pesca no dependientes del Objetivo 1. Estos procedimientos se aplican solamente cuando las autoridades de gestión son suecas. En el caso de los programas INTERREG (en la región de Öresund, por ejemplo) para los cuales estas autoridades están situadas en otros países, esta competencia no está prevista.

UK // Ministerio de Comercio e Industria (Department of Trade and Industry (DTI): El DTI aplica una política de tolerancia cero con respecto al fraude. A falta de nueva legislación durante el período de referencia, el DTI sigue proponiendo directrices y una asistencia a otros ministerios, tanto para la notificación como para la identificación de las irregularidades. El DTI participó en una serie de reuniones con la OLAF/DG Regio en Inglaterra, en diciembre del 2002 que fueron útiles para demostrar los procedimientos de notificación y seguimiento de los informes en vigor en el Reino Unido.

b) evolución del FEDER

B // Publicación de un vademécum destinado a las administraciones funcionales para la aplicación de los proyectos cofinanciados por el FEDER, para los programas coordinados por la Dirección de Programas Europeos (DPEur): definición de las zonas seleccionables, gestión de proyectos, información que debe transmitirse a la DPEur, controles de primer nivel: Reglamentos n°1260/1999 y 438/2001, admisibilidad de gastos, grupos de trabajo, definiciones útiles, principales textos reglamentarios. Este documento así como el CD-ROM citado en 1.3a) pueden reforzar el control del servicio mejorando por lo tanto la capacidad de detección de los fraudes y tentativas de fraudes.

// En el 2002 el servicio "Control de los fondos estructurales europeos" se estableció en la administración de Hacienda como responsable del control de los gastos e informar, entre otros, a la autoridad de pago de los programas "Objetivo 2" y "Urban 2". El Director General, responsable de este servicio recientemente establecido, es al mismo tiempo responsable para la comunicación de irregularidades a la OLAF.

// Aplicación de las recomendaciones de la auditoría de la DG REGIO (noviembre 2001) a los sistemas de gestión y control, siendo el principal el relativo a la separación completa de las funciones de control

// Entrada en vigor de las nuevas estructuras para el período de programación 2000-2006

D // Elaboración y adaptación de las directivas que regulan la aplicación de las medidas que se benefician de apoyo del FEDER

EL // Promoción de un marco institucional especial para la ejecución de las actividades de asistencia y apoyo técnico y gestión de los recursos correspondientes (DP 4/2002, DO 3 Á/14-01-02)

// Publicación de una guía de asistencia y apoyo técnico (marzo del 2002)

// Funcionamiento permanente de una oficina de apoyo por cuestiones relativas al sistema informático integrado (IIT) y utilización de un programa informático especial (Discoverer) para un tratamiento más fácil de los datos del sistema integrado

// Elaboración de un marco de aplicación de las medidas relativas a las PYMÅ en los POR (AIM n° 192249/ÅÕS 4057, 19-08-2002, DO 1079/B/19-08-2002 y AIM n° 206883/ÅÕS 5066, 23/10/2002, DO 1470/B/21- 11-02).

I // El Valle de Aosta adoptará el acto administrativo por el cual se aprobarán las disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) 438/01 y 1681/94, relativos a los programas del período 2000-2006. Por lo que se refiere al PIC URBAN II 2000-2006 existe un control de primer nivel local y un control de segundo nivel por el Ministerio de infraestructuras y transportes y por el Ministerio de Economía y Finanzas - servicios de los fondos estructurales comunitarios. En el marco del programa están previstos mecanismos de control (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento (CE) 1260/99), adoptados por todos los servicios y sectores implicados en el programa. La coordinación tiene lugar por medio del comité intersectorial en el marco de encuentros periódicos.

NL // Seguimiento de irregularidades por los ministerios de asuntos económicos y agricultura: concluyó y entró en vigor en el 2002. Especifica el procedimiento y la normativa aplicables a la comunicación de irregularidades. Se distribuyó a todas las partes afectadas y personas de contacto en el ámbito de las irregularidades. El Ministerio de Alojamiento utilizó el sistema de seguimiento de los ministerios como base de su propio sistema relativo a los programas INTERREG que lo conciernen. Como convenido, este documento se enviará próximamente a la OLAF.

// Comprobación de los planes de auditoría: para elaborar su informe anual del 2002 las ciudades Objetivo 2 harán comprobar sus planes de auditoría por el servicio de auditoría del Ministerio de Interior

FIN // La ley n° 602/2002 sobre desarrollo regional y el decreto del Consejo de Ministros n° 1225/2002 relativo a la financiación de las medidas de desarrollo regional se refieren a la financiación concedida por el Ministerio del Interior en el ámbito administrativo. Contienen disposiciones relativas la concesión de fondos, el pago, seguimiento, control y curso dado en caso de irregularidades así como los criterios de recaudación y los intereses calculados sobre los importes a recuperar.

// Åland: ver punto a)

c) evolución del FSE

B // Decreto del Gobierno de la Comunidad francesa que fija las modalidades de ejecución del acuerdo de cooperación relativo a la coordinación y gestión de las ayudas concedidas por la Comisión Europea en los ámbitos de los recursos humanos y la creación de la Agencia del Fondo Social Europeo, concluido en Bruselas el 2 de septiembre de 1998 entre el Gobierno valón, el Gobierno de la Comunidad francesa y el Órgano colegiado de la Comisión comunitaria francesa de la Región de Bruselas capital, aprobado por decreto del Consejo de la Comunidad francesa de 5 de mayo de 1999, aprobado el 4 de septiembre del 2002. Este decreto aplica la creación de un servicio de gestión y otro de inspección.

// Aprobación del proyecto de decreto que instaura la agencia del FSE (asociación sin ánimo de lucro) por el Parlamento flamenco el 16 de octubre del 2002. Encarga a esta agencia la gestión y ejecución del Fondo Social Europeo.

EL // El servicio especial de gestión para el programa operativo "Empleo y formación profesional" fue establecido por el decreto interministerial n° 118267/12-12-00 del Ministro del Interior, Administración pública y descentralización, de Economía y Hacienda, y de Trabajo y Seguridad Social en aplicación de las disposiciones de la ley n° 2860/00 relativa a la gestión, seguimiento y control del marco comunitario de apoyo y otras disposiciones.

// El decreto interministerial n° 80056/3-9-01 del Ministro del Interior, Administración pública y descentralización, de Economía y Hacienda, de Trabajo y Seguridad Social suprimió las direcciones encargadas de concebir y aplicar los programas del FSE, las iniciativas comunitarias y otras financiaciones, y el control y evaluación. Las competencias en materia de control de las intervenciones del FSE en el marco de los programas operativos e iniciativas comunitarias para los períodos 1989-1994 y 1994-1999 se transfirieron al servicio especial de gestión de empleo y formación profesional.

E // Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales - Real Decreto n° 683/2002, de 12 de julio del 2002, que regula las funciones y procedimientos de gestión de la unidad administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE). Define sus funciones como organismo pagador y de gestión y determina las competencias en materia de control de las acciones cofinanciadas por el FSE. Manual de procedimiento interno de la UAFSE: incluye la metodología que debe seguir esta unidad en el ejercicio de sus competencias de control como organismo gestor y pagador.

IRL // Las exigencias administrativas nacionales (National Administrative Requirements) aumentaron por la promulgación de las circulares FSE PA5 y FSE PA6 con el fin de extender los fondos estructurales propiamente dichos y las circulares anteriores aplicadas por la autoridad nacional del FSE. El FSE PA5 establece nuevas exigencias en materia de certificación, pedidas por la autoridad de pagos FSE, mientras que el FSE PA 6 se refiere a la aplicación de distintas recomendaciones que emanan del informe de auditoría preventiva sobre la autoridad de pagos FSE, la autoridad de gestión EHRD-OP y la autoridad de gestión EQUAL CI, efectuado por la DG Empleo, publicadas en febrero del 2002.

I // El Valle de Aosta adoptó el acto administrativo por el cual se aprobarán las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 438/01 y del Reglamento (CE) 1681/94 relativos a los programas del período 2000-2006. El municipio de Milán aprobó en el 2002 las orientaciones relativas al acta de certificación de gastos, aprobadas por D.D.G. n° 10529 de 5.6.2002, que modifican y sustituyen las D.D.G. n° 5728 del 27.3.2002. Estas orientaciones prevén el control periódico de los gastos en el marco de las actividades del FSE y la certificación final del gasto por un revisor de cuentas inscrito en la orden de revisores. Para algunos proyectos, como en el caso anterior, se mantuvo o crearon comisiones de control, en las que participan miembros del municipio o entidades interesadas (ministerios, regiones, organismos certificadores externos). La Comisión sigue el proyecto del principio al fin por medio de reuniones mensuales en las cuales participan siete u ocho miembros y que se crea cuando lo prevén los concursos de proyectos. En algunos casos, finalmente, un control es efectuado por funcionarios municipales referente a la conformidad de las prestaciones con lo previsto en el proyecto.

A // Directiva especial EQUAL, de acuerdo con el apartado 6 de las directivas marco generales relativas a la concesión de ayudas de los fondos del BMWA (en vigor desde febrero del 2002).

FIN // Circular del Ministerio de Trabajo (n° 3870/0551/2002 TM) destinada a garantizar un nivel local en la entrega de productos y servicios, basada en el Reglamento (CE) n° 438/2001 de la Comisión.

// Åland: ver punto a).

UK // Ministerio de Trabajo y Pensiones (Department for Work and Pensiones (DWP):

En el 2002 el DWP aportó mejoras a los procedimientos administrativos relativos a los regímenes de control e inspección de los proyectos dependientes del FSE. Para ello colaboró estrechamente con todas las regiones de Inglaterra con el fin de desarrollar las orientaciones existentes y responder a las necesidades de nuevas disposiciones mejoradas para la gestión del FSE. Durante el período de referencia se introdujeron los siguientes procedimientos administrativos: Nuevos sistemas y procedimientos destinados a responder a la obligación de controlar un 5% del valor del programa y redactar informes. Regímenes mejorados destinados a describir las irregularidades a la Comisión Europea. Introducción de un nuevo sistema de garantía exigiendo que los proyectos FSE dispongan de un certificado anual proporcionado por autoridades independientes con el fin de apoyar el proceso de pago

d) evolución del FEOGA-Orientación

E // Ministerio de Administraciones Públicas - Real Decreto n° 355/2002, de 12 de abril del 2002, que modifica y amplía la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asigna a la Dirección General de Desarrollo Rural la administración de los fondos del FEOGA-Garantía y le asigna funciones de coordinación general y territorial de los programas cofinanciados por la Unión Europea en el marco de las competencias del Ministerio.

IRL // El Department of Agriculture and Food recientemente estableció un sistema de gestión de riesgos que tiene por objeto evaluar los riesgos principales (estratégicos, operativos, financieros, de reputación) a los cuales se enfrenta el departamento en la realización de sus objetivos, y de concebir medidas, a nivel de departamento y divisiones con el fin de hacer frente a estos riesgos. Se estableció en el ámbito de los pagos agrícolas y cubre todos los gastos financiados por el FEOGA-Orientación para la primera parte del 2002 y luego se extendió a otros ámbitos dependientes del departamento.

// El Department of Agriculture and Food difundió directrices a las divisiones y órganos de aplicación sobre las disposiciones financieras en materia de vigilancia y control de los fondos estructurales. En asociación con las dos Regional Assemblies (autoridades gestoras de ambos programas operativos regionales) organizó seminarios para todos los implicados en la aplicación de las medidas del FEOGA-Orientación, a los cuales se explicaron las condiciones aplicables.

// Se terminaron y aplicaron los procedimientos de gestión y control financiero que regulan al FEOGA-Orientación y medidas en el ámbito forestal, cofinanciadas en el marco de los programas operativos regionales.

I // La Regione Toscana redactó y presentó a los servicios de la Comisión Europea el informe sobre las modalidades de gestión y control del DocUP para la iniciativa comunitaria LÍDER PLUS, de acuerdo con el Reglamento (CE) 438/01. El Valle de Aosta adoptó el acto administrativo por el cual se aprobarán las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 438/01 y del Reglamento (CE) 1681/94 relativos a los programas del período 2000-2006.

NL // El calendario relativo a las irregularidades, citada en la respuesta al apartado 1.3 b), es también aplicable al FEOGA-Orientación.

A // Novedad: Directiva especial LÍDER + (Zl. 26.100/01-II/6/02); Reglamento (CE) n° 445/2002.

FIN // Åland: ver punto a)

e) evolución del IFOP

IRL // A principios del 2002 la sección NDP/UE (National Development Plan) de los fondos estructurales y la unidad de auditoría interna del Departamento de marina y recursos naturales hicieron una presentación a las agencias y departamentos encargadas de la aplicación de los procedimientos de gestión y control financiero para el IFOP 2000-2006 que cubrió todos los ámbitos de la gestión financiera. La circular IFOP/1-2001 del departamento se distribuyó a todos los implicados en el programa.

NL // El calendario relativo a las irregularidades, citada en la respuesta al apartado 1.3 b) es también aplicable al IFOP.

P // Las autoridades portuguesas transmitieron una lista de diez nuevos decretos ley y decisiones ministeriales adoptados en el 2002.

FIN // Circular del Ministerio de Agricultura y Bosques (n° 3363/701/2000, de 14 de octubre del 2002) relativa a las recaudaciones del IFOP, que incluye un análisis de las infracciones e irregularidades que conllevan una recaudación, un informe sobre las irregularidades y directrices al respecto

// Åland: ver punto a)

UK [124] //

[124] El Reino Unido observa que no hay desarrollo significativo a nivel legislativo, reglamentario o administrativo en el ámbito del IFOP. Los Reglamentos 2001 relativos a pesca y acuicultura (subvenciones) (Inglaterra) y la legislación equivalente para Escocia, el País de Gales e Irlanda, siguen en vigor.

f) evolución del fondo de cohesión

IRL // El Department of finances (Ministerio de Hacienda) publicó una nota de orientación (D/Circular 41/2002) en diciembre del 2002 destinada a aplicar las disposiciones del Reglamento (CE) n° 1386/2002 de la Comisión (sistemas de gestión y control y correcciones financieras para los proyectos que se benefician de una ayuda del fondo de cohesión, aprobados a partir del 1 de enero del 2000). La circular tiene por objeto establecer el proceso por el cual Irlanda aplicará las disposiciones del Reglamento (CE) n°1386/2002 por lo que se refiere a los gastos del fondo de cohesión y establece los procedimientos obligatorios que los órganos intermedios y de aplicación deben seguir para tratar y certificar las solicitudes de pago del fondo de cohesión y crear los sistemas de control financiero requeridos.

P // Publicación, el 29 de enero, del decreto ley n° 17/02, que regula el funcionamiento del control del fondo de cohesión como parte integral del SNC del CCA III, en aplicación del Reglamento n° 1164/94, de 16 de mayo, y de las modificaciones introducidas por los Reglamentos n° 1264/99 y 1265/99, ambos del 21 de junio.

2. TEXTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA COMUNIDAD

2.1 Estado actual del procedimiento de ratificación del segundo protocolo [125] al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidad - fechas de notificación al Consejo

[125] Segundo Protocolo, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, al convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas - Declaración conjunta con respecto el apartado 2 del artículo 13 - Declaración de la Comisión relativa al artículo 7 - Diario Oficial C 221 de 19.7.1997.

B // 12.3.2002

DK // 2.10.2000

D [126] //

[126] Ratificada el 5.3.2003.

EL [127] // 26.7.2000

[127] Las autoridades griegas precisan que el convenio relativo a la protección de los intereses financieros fue ratificado con sus protocolos por la ley n° 2803/2000 (Diario Oficial 48/03-03-00).

E // 20.1.2000

F // 4.8.2000

IRL // 3.6.2002

I [128] //

[128] Los procedimientos de ratificación del segundo protocolo no se aplicaron aún en la legislación italiana. Conviene observar que el contenido de este protocolo ya se aplica, en buena parte, en la legislación vigente.

L //

NL // 28.3.2002

A //

P [129] // 15.1.2001

[129] Como ya se dijo en el informe 2001, el proceso de ratificación concluyó con respecto a Portugal.

FIN [130] //

[130] Ratificada el 26.2.2003. El 19 de enero del 2001, el Parlamento regional de la provincia de Åland ratificó la ley de aprobación de disposiciones del convenio relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidad, de modo que entró en vigor en la provincia de Åland y en las regiones que son competencia suya. En cuanto a la ratificación del segundo protocolo, se refiere a Finlandia y no específicamente a la provincia de Åland. La cuestión de la protección de los intereses financieros se trata en el proyecto de ley regional antes citado, en particular relativo al desarrollo rural. Se insertaron también algunas disposiciones relativas a la protección de los intereses financieros tanto comunitarios como nacionales en la legislación de la provincia de Åland en materia de pesca.

S [131] // 12.3.2002

[131] Observaciones generales:

UK // 11.10.1999

2.2 Nuevos pasos dados en el 2002 para transponer el convenio de 1995 y sus protocolos [132]. Aspectos o disposiciones aún no cubiertos por medidas nacionales y dificultades encontradas

[132] Convenio, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (Diario Oficial C 316 de 27.11.1995).

B [133] //

[133] Las autoridades belgas señalan que los objetivos fijados mediante el Convenio de 26 de julio de 1995 destinados a considerar los comportamientos fraudulentos que afectan a los intereses financieros de las Comunidades Europeas como infracciones penales pasivas de sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasivas (incluyendo penas de privación de libertad), y a permitir generar la responsabilidad penal de los jefes de empresa, se contemplan en la Ley general de 18 de julio de 1977 sobre aduanas e impuestos especiales sobre el consumo.

DK [134] //

[134] Las autoridades danesas señalan que el convenio y sus protocolos fueron transpuestos en derecho danés mediante la ley n° 228, de 4 de abril del 2000, relativa a la modificación del código penal (fraude grave al IVA, fraude a los recursos comunitarios y corrupción de funcionarios extranjeros, etc).

D // La ley de transposición del segundo protocolo al convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 19 de junio de 1997, de la acción común del 22 de diciembre de 1998 relativa a la corrupción en el sector privado y de la decisión-marco de 29 de mayo del 2000 destinada a reforzar por sanciones penales y otras la protección contra la falsificación de monedas de euro, de 22 de agosto del 2002, (BGBl 2002 I, p. 3387), entró en vigor el 30 de agosto del 2002. Por lo que se refiere al segundo protocolo, el ámbito de aplicación del artículo 261 del código penal (blanqueo de capitales, encubrimiento de productos del delito) fue ampliado a los productos de la corrupción pasiva y activa, la corrupción de funcionarios comunitarios y de otros Estados miembros. Además el ámbito de aplicación personal del artículo 30 de la ley relativa a las sanciones administrativas (multas impuestas a personas jurídicas y asociaciones de personas) se extendió y contempla actualmente a las personas que actúan en nombre de la dirección de un establecimiento o de una empresa, incluidos quienes controlan la gestión o ejercen cualquier otra competencia de control en puestos de dirección. El ámbito de aplicación del artículo 30 de la ley relativa a sanciones administrativas se extendió también al conjunto de sociedades de personas dotadas con personalidad jurídica. Además el importe máximo de la multa impuesta en caso de infracción intencional pasó de 500.000 a 1 millón de euros. La ley de ratificación del segundo protocolo, de 21 de octubre del 2002, se publicó el 28 de octubre (BGBl. 2002 II, p. 2722). Esta "ley sobre el segundo protocolo al convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 19 de junio de 1997" extendió a los ámbitos de aplicación del segundo protocolo la competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas así como el derecho de los órganos jurisdiccionales alemanes a plantear cuestiones prejudiciales o la obligación de plantear cuestiones prejudiciales cuando su decisión no puede ser recurrida.

F // Se publicó un decreto n° 2002-1499, de 18 de diciembre del 2002, sobre la publicación del convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades, de 26 de julio de 1995.

IRL [135] //

[135] Irlanda adoptó todas las medidas destinadas a transponer el Convenio de 1995 y sus protocolos en el 2001, con la adopción de la Criminal Justice Act del 2001 (que se refiere al robo y al fraude).

I // El Estado italiano no adoptó en 2002 ninguna nueva medida parea transponer en su legislación el convenio de 1995 y sus protocolos. El convenio, el primer protocolo y el protocolo relativo a la interpretación prejudicial del convenio fueron ratificados mediante la ley n° 300 de 29 de septiembre del 2000, que modifica también las disposiciones legales vigentes anteriormente. En virtud de estos actos, todas las disposiciones legales están cubiertas por medidas únicamente nacionales, a excepción de las disposiciones legales del protocolo relativo a la interpretación prejudicial del convenio: en virtud de estas disposiciones legales, la ley 300/00 confió al Gobierno la aprobación de disposiciones legales de aplicación, pero no se ejerció aún este derecho. No se ratificó aún el segundo protocolo pero, como se dice en el apartado 2.1, se transpuso casi íntegramente su contenido en la legislación vigente. El único aspecto que aún no se regula es el de la responsabilidad de las personas jurídicas para el delito de blanqueo.

NL // El convenio de 1995 y sus protocolos se transpusieron en el Derecho nacional en la medida en que debieran serlo. Desde el 2001 las siguientes partes del código penal fueron completadas por nuevas figuras con el fin de ajustarse totalmente a las obligaciones derivadas del convenio de 1995 y sus protocolos:

\* Con la introducción del artículo 323a en el código penal, el fraude a las ayudas de la Unión Europea es objeto de una incriminación distinta.

- Los artículos 177, 177a, 362, 363 y 364a del código penal (relativos a la corrupción) se adaptaron de tal manera que su ámbito de aplicación se extiende también a los funcionarios de otros Estados miembros o de las Comunidades Europeas. Además las disposiciones relativas a la jurisdicción se extendieron en el marco del convenio de 1995 y su primer protocolo.

- Por lo que se refiere al segundo protocolo, es importante tener en cuenta que los Países Bajos disponen desde 1976 de una normativa general relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este país el blanqueo del producto de actividades criminales es objeto de delitos distintos (distintos del delito de ocultación) desde el 2001.

- El protocolo, que regula la competencia del Tribunal de Justicia, finalmente condujo a la aprobación en los Países Bajos de disposiciones legales en virtud de las cuales los jueces deben remitirse al Tribunal de Justicia cuando un asunto no es susceptible de apelación y consideran necesario plantear una cuestión prejudicial sobre la interpretación de algunos artículos de los Tratados.

A [136] // La única medida que aún no se transpuso es la introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas prevista en el segundo protocolo. Por lo que se refiere a la transposición de esta obligación, el apartado 2 del artículo 18 del protocolo prevé para Austria un plazo de cinco años a partir de la adopción del acto jurídico. Para la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se prevé enviar un proyecto elaborado sobre el modelo de las directivas internacionales (UE, Consejo de Europa, OCDE, ONU) para dictamen general durante el primer semestre del 2003, para que el segundo protocolo pueda ratificarse antes de que finalice el 2003.

[136] Las obligaciones de transposición decretadas por estos cuatro actos jurídicos de la UE (incluido el segundo protocolo) ya eran cumplidas parcialmente por las disposiciones existentes. Austria las transpuso, salvo pocas excepciones (que figuran a continuación), por la ley de modificación del derecho penal de 1998, BGBl. I 1998, p. 153, que entró en vigor el 1 de octubre de 1998, en particular, gracias a: la introducción de la infracción calificada de "abuso de ayuda" (artículo 153b del código penal); la ampliación de las disposiciones relativas a la corrupción de funcionarios a los funcionarios comunitarios y de otros Estados miembros (artículos 74 Z 4a y 4b, 304, y 307 del código penal); la ampliación de la lista de infracciones en el ámbito del blanqueo de dinero (artículo 165 del código penal). Las modificaciones introducidas a la ley relativa a la represión de las infracciones fiscales y a la ley relativa a las restituciones a la exportación por la ley que modifica la imposición de 1998 contribuyen también a la transposición de los actos jurídicos previamente mencionados.

P // Aunque el convenio y sus protocolos sean inmediatamente aplicables, las disposiciones legales siguientes se adoptaron:

Ley n° 5/02, de 11 de enero, que establece un conjunto de medidas de lucha contra la delincuencia organizada y el crimen económico, traducidas en la instauración de un régimen especial sobre recopilación de pruebas, levantamiento del secreto profesional y pérdida de bienes en detrimento del Estado, en el marco de tipos de delitos determinados, como la corrupción, el blanqueo de dinero, la asociación de delincuentes y el contrabando organizado. Más concretamente:

1) es necesario que el secreto profesional de los miembros de los órganos sociales de los institutos de crédito y sociedades financieras, así como el de los funcionarios de la administración fiscal pueda ser levantado cuando la autoridad judicial encargada del asunto considere que la información buscada presenta interés para descubrir la verdad;

2) en caso de condena por uno de estos delitos es necesario hacer valer el aspecto económico que representa la diferencia entre el valor del patrimonio del inculpado y el que sería compatible con sus ingresos lícitos.

La ley n° 10/02, del 11 de febrero, mejora las disposiciones legales destinadas a prevenir y castigar el blanqueo de capitales procedentes de actividades criminales. Conviene tener en cuenta:

1) obligación para los contables, auditores externos y transportistas de fondos que participan en la contabilidad, las auditorías de empresas, sociedades y clientes y en el transporte y custodia de bienes, de hacer saber a la autoridad judicial competente que debido a los valores manipulados, la frecuencia, la situación financiera de los protagonistas o los medios de pago utilizados, se sospecha de prácticas de blanqueo de capitales, otros bienes o productos;

2) obligación para los notarios, registradores o cualquier otra autoridad que interviene en la venta o compra de bienes inmuebles o entidades comerciales, operaciones relativas a fondos, valores mobiliarios u otros activos, apertura o gestión de cuentas bancarias, acciones o valores mobiliarios, y creación, explotación o gestión de empresas, de comunicar a las autoridades judiciales competentes los elementos que, habida cuenta de las razones contempladas en el apartado 1, permiten sospechar la práctica de actividades de blanqueo de capitales, otros bienes o productos;

3) identificación obligatoria de las transacciones a distancia de un valor superior a 12.469,95 euros; los datos deberán conservarse durante 10 años.

FIN // En 2002 Finlandia progresó en la aplicación del segundo protocolo al convenio de 1995, mediante la ley n° 1191/2002 relativa a la entrada en vigor de las disposiciones legales del segundo protocolo al convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, cuyo texto recoge sin modificaciones las disposiciones del protocolo.

Las modificaciones legislativas hechas necesarias por el protocolo fueron objeto de una propuesta del Gobierno destinada a aplicar la reforma de las disposiciones en materia de infracciones financieras (HE 53/2002, vp), de las que las propuestas referidas a las exigencias contenidas en el protocolo fueron aprobadas por el Parlamento en noviembre del 2002. La ley n° 61/2003, que modifica la ley penal anexa a esta propuesta, se adoptó el 31 de enero del 2003. Su fecha de entrada en vigor es el 1 de marzo del 2003.

Tras el protocolo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se extiende a los fraudes fiscales en relación con los intereses financieros de la Comunidad. Además la tentativa de blanqueo de dinero y el acuerdo para cometer blanqueo de dinero agravado son objeto de sanciones. Finlandia remitió el 17 de febrero del 2003 el instrumento de aprobación del protocolo con el fin de transmitirlo a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

S [137] //

[137] Suecia no hizo ningún avance durante el 2002 ya que el convenio de 1995 y sus protocolos ya han sido plenamente transpuestos.

UK [138] //

[138] El Reino Unido indica que la mayoría de las disposiciones del Convenio y sus protocolos ya existían en la legislación británica antes de la firma de dichos textos. La primera parte de la Criminal Justice Act 1993, que entró en vigor el 1 de junio de 1999, permitió al Reino Unido ratificar el Convenio. Las disposiciones en cuestión prevén la atribución de las competencias requeridas por el primer párrafo del apartado 1 del artículo 4 del Convenio (caso en que se comete un fraude en el territorio del Estado miembro, incluso cuando el beneficio se obtuvo en su territorio).

3. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ENCARGADOS DE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES

Los cuadros siguientes resumen el personal afectado por los Estados miembros a los distintos tipos de control por sector (recursos propios, gastos agrícolas, acciones estructurales) durante el período de referencia, expresados en términos de equivalentes a tiempo pleno [139].

[139] Se invitó a los Estados miembros a limitar sus estimaciones al personal realmente responsable de la ejecución de los controles, es decir, excluir al personal de apoyo (secretariado, archivos, etc). Si algunos miembros del personal realizan varios tipos de control (previo, a posteriori o antifraude), se rogó a los Estados miembros calcular las cifras de personal sobre la base de una estimación de la duración relativa de cada tipo de control efectuado por el personal afectado. Del mismo modo, si algunos miembros del personal son responsables de la ejecución de controles en varios sectores (recursos propios, gastos agrícolas y fondos estructurales), se pidió calcular las cifras sobre la base de una estimación de la duración relativa de los controles efectuados por cada miembro del personal en cada sector. Si se habían delegado misiones de control precisas a agencias u órganos exteriores (privados), se pidió a los Estados miembros incluir el personal de estas agencias u órganos en las cifras presentadas. Las cifras se redondearon al número entero más próximo.

3.1 Recursos propios tradicionales

Personal destinado por los Estados miembros a cada una de las funciones de control (previo, a posteriori y antifraude) en el ámbito de los recursos propios tradicionales.

La interpretación de las definiciones puede divergir entre Estados miembros, lo que obliga a leer con prudencia los resultados que figuran a continuación.

Cuadro 3.1. Recursos propios tradicionales: personal destinado por Estado miembro a los tres tipos de control [140]

[140] En este ámbito en cuestión: los controles previos corresponden a la vigilancia prevista por el apartado 13 del artículo 4 del Código Aduanero Comunitario, y los controles aduaneros previstos por el apartado 14 del artículo 4 de dicho código, con exclusión de los controles previstos por los artículos 3 y 4 del Reglamento n° 386/90); los controles a posteriori son los previstos por el artículo 78 del Código Aduanero Comunitario; las investigaciones antifraude son las realizadas en caso de irregularidades presuntas, incluidas las ejecutadas por los servicios de investigación y represión en su caso.

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

3.2 Gastos agrícolas

Personal destinado por los Estados miembros a cada una de las funciones de control (previo, a posteriori y antifraude) en el ámbito de los recursos propios tradicionales.

La interpretación de las definiciones puede divergir entre Estados miembros, lo que obliga a leer con prudencia los resultados que figuran a continuación.

Cuadro 3.2. Gastos agrícolas: personal destinado por Estado miembro a los tres tipos de control [141]

[141] En este ámbito: los controles a priori corresponden a los controles físicos y los controles operados sobre los expedientes de solicitudes de pagos efectuados por las aduanas y organismos pagadores. Incluyen los controles sobre restituciones a la exportación, ayudas al mercado interior y los efectuados en el marco de las intervenciones destinadas a regularizar los mercados agrícolas en el sector vitivinícola y en los sectores de los cereales y arroz, azúcar, aceite de oliva, oleaginosas y proteaginosas, plantas textiles y gusanos de seda, frutas y hortalizas, tabaco crudo, semillas, lúpulo, apicultura, leche y productos lácteos, carne de vacuno, carne de ovino y caprino, carne de cerdo y productos pesqueros (véase el Reglamento consolidado (CEE) nº 1883/78 del Consejo, de 2 de agosto de 1978); los controles a posteriori son los controles in situ previstos por el Reglamento n° 4045/89; las investigaciones antifraude son las realizadas en caso de irregularidades presuntas.

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

3.3 Acciones estructurales

Personal destinado por los Estados miembros a cada una de las funciones de control (previo, a posteriori y antifraude) en el ámbito de los recursos propios tradicionales.

La interpretación de las definiciones puede divergir entre Estados miembros, lo que obliga a leer con prudencia los resultados que figuran a continuación.

Acciones estructurales: personal destinado por Estado miembro a los tres tipos de control [142]

[142] En este ámbito los controles previos son: para los fondos estructurales, los controles y comprobaciones de proyectos o acciones efectuados a los distintos niveles (autoridad de gestión, autoridad de pagos, autoridades delegadas o intermedias, beneficiarios finales) con el fin de velar por la exactitud, regularidad y admisibilidad de las solicitudes de ayuda comunitaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento n° 438/2001, y a las comprobaciones previstas por el artículo 9, apartados 2, 3 y 4, del Reglamento n° 438/2001; para los fondos de cohesión, los controles efectuados en los distintos niveles (aplicación, gestión, organismos intermedios) con el fin de velar por la exactitud de los gastos declarados y la realización del proyecto desde su instrucción hasta la puesta en servicio, de la inversión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento n° 1386/2002, y a las comprobaciones previstas por los apartado 2, 3 y4 del artículo 8 del Reglamento n° 1386/2002. Controles a posteriori para: los fondos estructurales, comprobaciones y controles in situ previstos por el artículo 3 del Reglamento (CE) n° 2064/97 y por el artículo 10 del Reglamento (CE) n° 438/2001; para el fondo de cohesión, los controles in situ previstos por el artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1386/2002 que permite comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de gestión y control y las declaraciones de gastos de los proyectos. Las investigaciones antifraude son todas las realizadas tras presunciones de fraude.

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

4. COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS EN LOS ESTADOS MIEMBROS

4.1 Recursos propios:

Nuevas disposiciones adoptadas en el 2002 para organizar la coordinación entre los distintos servicios en el Estado miembro [143]

[143] En particular: las medidas de coordinación de los controles e investigaciones efectuados por los distintos órganos (para evitar toda duplicación o inacción en un caso dado), por ejemplo, los procedimientos ad hoc, el programa de reuniones periódicas, etc; las medidas de intercambio de información entre los distintos servicios responsables de controles e investigaciones (autoridades administrativas, policía, aduanas, autoridades judiciales, etc), incluida la existencia de una base de datos común y disposiciones que permiten a cada servicio acceder a las bases de datos de los otros; medidas que permiten a las autoridades administrativas comunicar a las autoridades judiciales los casos de fraude presunto.

B // El Protocolo de cooperación relativo a la lucha contra el gran fraude en materia de hidrocarburos, concluido el 20 de julio del 2000 entre los Ministros de Hacienda y de Justicia, disponía la creación de una célula de apoyo en la Dirección Nacional de Investigación de las Aduanas en Bruselas.

Una cláusula adicional al Protocolo inicial fue firmada por los Ministros de Hacienda, Justicia e Interior, así como por el Comisario gubernativo encargado de la simplificación de los procedimientos fiscales y la lucha contra el gran fraude fiscal. Las instancias administrativas interesadas aprobaron a principios del 2002 esta cláusula adicional por la que se asocia oficialmente a la Dirección de la Policía Judicial a la estructura de coordinación del protocolo,

Un miembro de la Policía federal está destinado ante la célula de apoyo.

// La Decisión del Consejo de 6 de diciembre del 2001 que extendía el mandato de Europol a la lucha contra las formas graves de criminalidad internacional enumeradas en el Anexo del Convenio Europol (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie C, n° 362 de 18 de diciembre del 2001) entró en vigor el 1 de enero del 2002.

Si esta Decisión no dio lugar como tal a nuevas disposiciones administrativas, sin embargo no deja de influir en el papel que corresponde, en el ámbito en cuestión, a los funcionarios de enlace de las aduanas ante la sede de Europol y la Unión Nacional Europol. Desde la aprobación de esta decisión el mandato de Europol cubre ámbitos como la falsificación de documentos administrativos y el tráfico de falsificaciones o las estafas y fraudes.

EL // Creación de una comisión para la instauración de un sistema informático común a la Dirección General de Aduanas para responder a las necesidades de todos los servicios de control e investigación. La instauración del sistema debería permitir solucionar los problemas de coordinación.

F // La aduana francesa efectúa todos los controles e investigaciones administrativas en el ámbito en cuestión, lo que no requiere coordinación con otras administraciones sino solamente una coordinación interna.

// Mediante decreto de 30 de abril del 2002 se reorganizó la Dirección General de aduanas, creándose una oficina encargada de la política de controles con el fin de coordinar mejor la actividad de controles aduaneros para una mejor eficacia.

// La aduana francesa elaboró el 27 de noviembre del 2002 una instrucción de servicio destinada a optimizar el tratamiento, explotación y seguimiento de los casos de asistencia mutua "AM" que la OLAF difunde a los Estados miembros sobre la base del Reglamento (CE) n° 515/97 de 13 de marzo de 1997 relativa a la asistencia mutua en materia aduanera y agrícola. Se trata de fijar un marco general de intervención de cada participante con el fin de activar a nivel nacional, regional y local uno de los principales marcos de colaboración operativa con la OLAF. La DGGDI fue designada como autoridad nacional para corresponder con los otros Estados miembros y la OLAF en el marco del Reglamento (CE) n° 515/97.

// Una circular del Ministerio de Justicia sobre la política penal en materia de fraudes comunitarios de 18 de diciembre del 2002 anima a los magistrados a ponerse en contacto con el servicio de aduana judicial en cuanto tengan sospechas sobre ingresos o gastos del presupuesto comunitario. Por otra parte, el artículo 343 bis del Código Aduanero nacional impone a la autoridad judicial poner en conocimiento de los servicios aduaneros toda la información relativa a las infracciones que son competencia suya, en particular las relativas a protección de los intereses financieros comunitarios (recursos propios y gastos FEOGA-Garantía), cualquiera que sea el tipo de instancia en curso.

IRL // Ninguna otra disposición se adoptó. La Cooperación con el Criminal Assets Bureau (haberes ilícitos), la policía y el Bureau of Fraud Investigations (GBFI) continuó en los ámbitos de interés común.

I // A nivel regional:

- la Regione Toscana firmó el 23.4.02 un convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas que prevé:

El Ministerio de Economía y Finanzas se compromete a ejercer las siguientes actividades:

a. apoyo técnico a las distintas fases de seguimiento del gasto para la aplicación de las distintas intervenciones sobre la base de las necesidades expresadas por la Regione;

b. participación en la actividad de control in situ de segundo nivel para el ejercicio de las tareas vinculadas al cierre de las operaciones relativas a la programación regional 94/99 y 2000/06 de los fondos estructurales según las disposiciones establecidas por el Reglamento CE n° 438/01;

c. participación en encuentros ad hoc creados organizados por la Región.

la Regione se compromete a:

a. recoger la muestra contemplada en el artículo 10 del Reglamento CE n° 438/01;

b. proporcionar todos los datos y elementos útiles para el buen funcionamiento de las operaciones de control;

c. ponerse en contacto con el Dipartimento Provincial (Ministerio de Economía y Finanzas) a efectos del ejercicio de las actividades de control, estableciendo al mismo tiempo conjuntamente un programa de trabajo anual;

d. conservar todos los actos y documentos redactados después de la actividad de control por el Dipartimenti Provinciali.

- la Regione Liguria creó el Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive (oficina de coordinación de inspecciones) en el marco del departamento de agricultura, encargado, entre otras cosas, de efectuar controles de las financiaciones competencia del Dipartimento.

A // El 1 de julio del 2002 los asuntos fiscales y aduaneros se agruparon en una misma sección del Ministerio de Hacienda.

P // Medidas legislativas:

- Decreto ley n° 305/02, de 13 de diciembre, que modifica la ley de organización de la investigación criminal, confiando exclusivamente a la policía judicial las investigaciones complejas, en particular las que se refieren a delitos fiscales de un importe superior a 500.000 euros de carácter complejo, organizado o transnacional.

- Ley n° 16-A/02, de 31 de mayo y decreto ley n° 262/02, de 25 de noviembre, poniendo fin al AGT y redistribuyendo los servicios que estuvieron bajo su autoridad entre las direcciones generales de los que dependían anteriormente. Por ello los "núcleos de auditoría internos" respectivos se pusieron de nuevo bajo la autoridad de la DGAIEC y de la DGCI.

// Medidas administrativas:

- Protocolo de cooperación concluido el 27 de febrero del 2002 entre la DGAIEC, la dirección general de impuestos, la inspección general de actividades económicas y la guardia nacional republicana en el ámbito de la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y el delito económico, con el fin de definir los objetivos comunes a escala nacional y comunitaria, las grandes líneas de las metodologías de intervención y proceder a la evaluación periódica de las medidas aplicadas, y estudiar y programar otras formas de cooperación, en particular en la formación.

- Protocolo de cooperación administrativa concluido el 15 de marzo del 2002 entre la DGAIEC y la dirección general de la energía, destinado al sector petrolero y que establece el acceso mutuo a la información y documentos administrativos de este sector.

- Protocolo de cooperación concluido el 13 de septiembre del 2002 entre la DGAIEC y la REACT (European AntiCounterfeiting Network), organización representativa de distintas empresas titulares de derechos de propiedad intelectual y marcas registradas, para la obtención de información, por vía informática, sobre las mercancías sospechosas de usurpación de marca o pirateadas.

- Circulares n° 7/02 y 28/02, de la DGAIEC, de 29 de abril y 18 de noviembre, aplicando procedimientos internos relativos al funcionamiento de la DGAIEC en el ámbito de las investigaciones criminales, previendo (de acuerdo con la circular n° 7/02, de la Fiscalía de la República) la comunicación inmediata a la Fiscalía de noticias que se refieran a delitos aduaneros.

- Creación de un organismo de información financiera (UIF) para el intercambio de información entre la policía judicial y los servicios de administración fiscal (DGAIEC y dirección general de impuestos) en el ámbito de la lucha contra el fraude y, especialmente, el blanqueo de capitales.

S // Las medidas horizontales destinadas a fomentar la cooperación en el ámbito de los recursos propios y los gastos agrícolas como de las ayudas estructurales se exponen a continuación.

Como se indicó para años anteriores, se creó un consejo sobre fraude comunitario dependiente de la autoridad de lucha contra la criminalidad financiera (Ekobrottsmyndighet). Tiene por misión mejorar la cooperación entre los servicios encargados, directa o indirectamente, de proteger los recursos comunitarios. En el seno de dicho consejo se discuten cuestiones particulares con el fin de reducir, o incluso eliminar si es posible, todo obstáculo a una protección eficaz de estos recursos. Se organizó una formación referente a la comunicación de las irregularidades a la OLAF. El personal encargado de investigar los casos de fraude siguió también acciones de formación específicas. Por otra parte se elaboró un informe anual sobre la manera en que la protección de los recursos comunitarios se realiza en Suecia.

La autoridad encargada de luchar contra la criminalidad económica y financiera ha trabajado también este año para una cooperación informal con otros Estados miembros con el fin de intercambiar experiencias sobre protección de los recursos comunitarios.

UK // La administración aduanera británica, como la de los otros Estados miembros, sigue actuando en el marco del programa Aduana 2000, basado en el principio de una colaboración muy estrecha entre los 15 Estados miembros. Este programa es un foro de coordinación e intercambio de información y permite divulgar las mejores prácticas en materia de aduanas entre los Estados miembros. Los países candidatos también comenzaron a participar en el 2002.

El plan de acción Aduana 2002 se divide en seis ámbitos de trabajo, cada uno de dependiente de un grupo de gestión compuesto de representantes de todos los Estados miembros. Entre los ámbitos figuran un modelo armonizado para la gestión de riesgos y el formulario de información sobre riesgos, que está probándose, así como seminarios sobre los controles de las mercancías con usurpación de marca.

// A fin de Con el fin de mejorar sus relaciones con los otros Estados miembros la administración aduanera británica reexamina constantemente el despliegue de su personal en el extranjero. Este personal se distribuye del siguiente modo. Funcionarios de enlace que cubren los siguientes Estados miembros: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. Además la administración aduanera británica cubre los siguientes países candidatos: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.

// El acuerdo administrativo entre la administración de aduanas británica y la Rural Payment Agency (RPA) se revisó a fondo en el 2002. sin embargo los elementos del acuerdo ligados a las importaciones de la PAC no experimentan cambios relativamente. Las aduanas británicas asumen la mayoría de las tareas vinculadas a los derechos debidos en materia de recursos propios y productos agrícolas. Sin embargo la RPA asume algunas tareas como el control de los contingentes arancelarios relativos a la carne de vacuno y la gestión de todos los contingentes controlados por licencias. La administración aduanera británica sigue siendo responsable de la mayoría de las medidas antifraude.

4.2 Gastos agrícolas (gastos financiados por el FEOGA-Garantía):

Nuevas disposiciones adoptadas en el 2002 con el fin de organizar la coordinación entre los distintos servicios en el Estado miembro [144]

[144] En particular: las medidas de coordinación de los controles sobre de pagos efectuados por los organismos pagadores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento n° 386/90, los controles administrativos en aplicación del apartado 1 del artículo 8 del Reglamento n° 3508/92, los controles in situ de acuerdo con el Reglamento n° 4045/89 y las investigaciones antifraude (para evitar toda duplicación o la falta de acción en un caso dado), por ejemplo los procedimientos ad hoc, el programa de reuniones periódicas, etc; las medidas de intercambio de información entre distintos servicios responsables de los controles e investigaciones (autoridades administrativas, policía, aduanas, autoridades judiciales, etc), incluida la existencia de una base de datos común y disposiciones que permiten a cada servicio acceder a las bases de datos de los otros; en particular, los servicios que tienen acceso a las bases de datos previstos por los Reglamentos 3508/92 y 4045/89 y las modalidades de este acceso; las medidas que permiten a las autoridades administrativas comunicar a las autoridades judiciales los casos de fraude.

B // La organización de la coordinación entre los distintos órganos competentes, habilitados después de la regionalización del Ministerio de Agricultura y la reforma Copernicus, comenzó en el 2002 (organismos pagadores y servicios de control). Los resultados se comunicarán a la OLAF durante el primer semestre del 2003.

// Agricultura: Tras la última reforma institucional (ley especial de 13 de julio del 2001), la regionalización de la agricultura es efectiva desde el 1 de enero del 2002.

Tras la reforma Copernic decidida por el Gobierno federal, la administración federal belga se reestructuró completamente, lo que condujo en el 2002 a una nueva dependencia administrativa de las competencias agrícolas federales residuales y las de clases medias.

La transferencia definitiva del personal del Ministerio de Clases Medias y de Agricultura hacia las administraciones herederas regionales y federales, de acuerdo con estas reformas, se produjo el 1 de octubre del 2002. Desde esta fecha ambos ministerios han dejado de existir.

// BIRB: Los protocolos necesarios se concluyeron antes del 2002. Por lo que se refiere a las competencias de control transferidas a otras instancias en el 2002, los protocolos anteriormente concluidos siguen siendo aplicables y las negociaciones sobre los adaptados progresaron bien.

// Célula interdepartamental de prevención: cumplimiento continuo de la normativa europea en materia de control por todas las instancias gracias a un seguimiento riguroso de los informes y a los esfuerzos destinados a garantizar la continuidad de los servicios, habida cuenta de las distintas reformas (agencia, regionalización, Copernicus); comprobación de la aplicación efectiva de las instrucciones existentes en los sectores sensibles por misiones de control preventivas in situ; garantía de una buena cooperación de las misiones de control de la UE.

DK // La dirección de industria alimentaria (Direktoratet for FødevareErhverv, organismo pagador) elaboró acuerdos con los servicios a los cuales delegó los controles. Estos acuerdos establecen las directrices generales de las tareas que incumben a las autoridades en virtud del Reglamento (CE) n° 1663/95 de la Comisión, en particular para la gestión y la ejecución de los pagos, contabilización y control. Los acuerdos se reevalúan al menos una vez al año. Las reuniones periódicas entre las oficinas garantizan una evaluación permanente de la calidad de la cooperación en materia de control. Los directores de las direcciones se reúnen al menos una vez al año con el fin de discutir cuestiones generales.

D // - Organización a nivel central de acciones de perfeccionamiento destinadas al personal de los organismos nacionales de control, en cooperación con Austria;

- Aplicación de un sistema integrado de información para mejorar el intercambio de información entre la administración veterinaria y la encargada de las primas, para permitir también la consulta por vía electrónica de los resultados mutuos de los controles efectuados.

// Extensión de los derechos de acceso al banco de datos HIT a los servicios exteriores a la administración de la agricultura (por ejemplo, la aduana principal -HH Jonas- en el sector de restituciones a la exportación).

// - Como nueva medida vinculada al control de los gastos agrícolas, la comprobación del respeto de los porcentajes mínimos de controles de acuerdo con el Reglamento (CEE) 386/90 se confió en el 2002 a las direcciones regionales de finanzas responsables de las aduanas de exportación en cuestión. Esta misión era realizada anteriormente por el HZA Hamburgo-Jonas, organización central de lucha contra el fraude.

- La descentralización de las tareas permite recoger datos estadísticos más precisos y organizar más eficazmente el procedimiento de control. La racionalización del procedimiento de control permite luchar más eficazmente contra los posibles casos de fraude.

F // Con respecto a los servicios aduaneros, un decreto de 30 de abril del 2002 procedió a una reorganización de las oficinas de la Dirección general de aduanas y derechos indirectos. Se creó a una oficina encargada de la política de los controles con el fin de coordinar mejor la actividad los controles aduaneros, en particular en el sector de la política agrícola común. Este nuevo servicio vela por la programación de los controles de la aduana en el marco del FEOGA-Garantía, su seguimiento, el análisis reglamentario y las conexiones con los controles comunitarios.

Por otra parte, como todos los años, se difundió una instrucción en el marco de la colaboración entre la DGDDI y la DGCCRF. Para el año 2002 la instrucción abordaba más concretamente los aspectos jurídicos destinados a mejorar las condiciones de comunicación de información y documentos entre los agentes de ambas direcciones.

Con respecto a los expedientes sobre la actividad de la administración de aduanas, conviene destacar que el artículo 343 bis del Código Aduanero impone a la autoridad judicial poner en conocimiento de los servicios aduaneros todas las indicaciones relativas a las infracciones que son competencia suya, cualquiera que sea el tipo de instancia en curso.

// La aduana francesa elaboró una instrucción de servicio. Difundida el 27 de noviembre del 2002, está destinada a optimizar el tratamiento, explotación y seguimiento de los casos de asistencia mutua "AM" que la OLAF difunde a los Estados miembros sobre la base del Reglamento (CE) n° 515/97, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera y agrícola. Estos casos AM pueden referirse a sospechas de fraude en gastos del FEOGA-Garantía. Se trata de fijar un marco general de intervención de cada protagonista aduanero con el fin de concretar a nivel nacional, regional y local uno de los principales marcos de colaboración operativa con la OLAF.

// Sector de productos pesqueros (ayudas interiores):

Se firmó un protocolo entre la administración de aduanas y el organismo pagador competente (OFIMER) a fin de definir las modalidades de controles de la concesión de la indemnización compensatoria para los atunes destinados a transformación.

// Sector de restituciones a la exportación:

Se crearon comisiones técnicas de exportación (CTE) en el 2002, que reúnen cada trimestre al organismo pagador competente y las administraciones en cuestión (aduanas, Ministerio de Agricultura, servicio de lucha contra el fraude). Estas instancias tienen por objetivo facilitar la instauración de las normas comunitarias en este sector y permitir un mejor control.

En este mismo ámbito, en el sector de los cereales, se organizaron grupos de trabajo en el 2002 con el fin de precisar las disposiciones de aplicación de la normativa relativa a la prefinanciación de las restituciones a la exportación (mezclas autorizadas) y definir las relativas al error máximo tolerado para las pesos. La colaboración al respecto consiguió la redacción de una instrucción para los servicios aduaneros en julio del 2002.

Por último se organizó un grupo de trabajo sobre desmaterialización de los certificados de exportación. Se definió un acuerdo de principio sobre la instauración de un servidor internet albergado por el organismo pagador competente en el sector de leche y productos lácteos (ONILAIT). Este proyecto debe permitir a los servicios de aduanas tener acceso instantáneo a los documentos agrícolas con el fin de facilitar los controles y mejorar la circulación de información entre los servicios aduaneros y todas las oficinas agrícolas.

// Sector de cereales:

El protocolo entre los organismos pagadores franceses encargados del sector de los cereales (ONIC y ONIOL) y la aduana francesa se puso al día el 19 de abril del 2002 con el fin de integrar en la organización controles a la importación y exportación, el régimen de prefinanciación y la intervención de cereales las modificaciones reglamentarias y los nuevos procedimientos de intercambio de información entre los signatarios del protocolo. El mismo trabajo de actualización está en curso con los otros organismos pagadores.

// Sector vitivinícola

En el sector vitivinícola se firmó un convenio relativo a las medidas de mercado de la OCM que establece el papel de los agentes de la ONIVINS y los servicios aduaneros en la realización de los controles de las medidas de mercado de esta OCM.

// Sector de desarrollo rural

En el ámbito del desarrollo rural, un equipo permanente de controladores in situ se ha creado en el organismo pagador. Este equipo trabaja en conexión y bajo la responsabilidad de los servicios descentralizados del Ministerio de Agricultura. Además, se estableció una célula de coordinación para una mejor coherencia en la realización de los controles del organismo pagador. En este mismo ámbito se elaboró una guía metodológica transversal del controlador in situ, así como una herramienta informática específica "controles RDR".

// Medidas multisectoriales:

Se emprendieron trabajos destinados a precisar el procedimiento aplicable a partir de la constitución de una primera acta administrativa de irregularidad durante el último trimestre del 2002 bajo los auspicios de la Comisión interministerial de coordinación de controles. Estos trabajos tenían por objeto principalmente tener en cuenta las precisiones aportadas por el documento de trabajo del 19º COCOLAF de 11 de abril del 2002 relativas al concepto de operador económico, prever disposiciones relativas a las modalidades específicas de información de la OLAF en casos graves de irregularidad o que presentan riesgos de transposición en otros Estados miembros o implicaciones transnacionales y finalmente, garantizar a una asociación más estrecha de los organismos pagadores para establecer los formularios de notificación de irregularidades. Estos trabajos terminaron al principio del año 2003 con la difusión de una nota de procedimiento en el conjunto de los servicios nacionales afectados por la aplicación del Reglamento (CEE) n° 595/91. Con respecto a las medidas de coordinación de los controles a posteriori (controles programados en aplicación del R. (CEE) n° 4045/89 o investigaciones antifraude), las medidas descritas para el año 2001 siguen aplicándose.

IRL [145] //

[145] Unidad de auditoría interna. No hay nuevas disposiciones. Los métodos de coordinación existentes mediante los Comités de auditoría de los departamentos resultan satisfactorios.

I // La Agenzia delle Dogane empezó, en el 2002, una cooperación con el Ufficio Telematico del Comando General della Guardia di Finanza con el fin de intercambiar información relativa a los pagos efectuados como restitución: cada dos meses el Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (SAISA) de la Agenzia delle Dogane aporta su ayuda al Comando proporcionándole datos relativos a los pagos efectuados a los operadores comunitarios durante los dos meses anteriores.

// Para la Regione Veneto se creó la AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti en Agricoltura). Trabaja en conexión con la Regione Veneto y con las 19 colectividades montañosas de Venecia y se encarga también de autorizar los pagos relativos a todas las medidas del PSR contempladas en el Reglamento CE n° 1257/99.

// La Regione Valle d'Aosta creó en el marco de la dirección "políticas agrícola y desarrollo zootécnico", una estructura operativa llamada "sistema azienda agricola" cuyo objetivo consiste en coordinar los procedimientos administrativos e informáticos necesarios para la aplicación del plan de desarrollo rural. Con el fin de realizar un sistema integrado y simplificado de gestión del aspecto agrícola regional, se dedica a mejorar la coordinación entre las distintas oficinas de asesoría encargadas de la gestión de las medidas del PSR, en particular el "sistema" propiamente dicho. A tal efecto informatiza todos los procedimientos administrativos y crea un sistema informático integrado que permite un control cruzado, en red, de los datos relativos a las explotaciones y el estado actual de los expedientes, por todas las oficinas de gestión de las medidas del PSR. Utiliza a tal efecto, o crea, nuevas tecnologías como, por ejemplo, instrumentos cartográficos informatizados y sistemas de bancos de datos. Las medidas administrativas conexas son, por ejemplo, deliberaciones o medidas de encuadramiento que se refieren principalmente a tareas de consejo técnico y suministro orientadas a la creación del sistema integrado.

// La Regione Liguria creó el Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive en el marco del departamento de agricultura, encargado de proceder a los controles de las financiaciones del departamento.

A // Transferencia de las tareas del organismo pagador "desarrollo rural" del BMLFUW al "Agrarmarkt Austria" a partir del 16 de octubre del 2002, (comunicación n° 32/2002 del BMLFUW) y, simultáneamente, coordinación de los servicios de comprobación de las primas a animales y superficie para todas las medidas de desarrollo rural. Por lo tanto en Austria sólo siguen existiendo dos organismos pagadores: Agrarmarkt Austria, Dresdnerstrasse 70,.1210 Viena; Aduana de Salzburgo-Restituciones, Walserberg 25, 5071 Wals.

// Cooperación de los servicios de administración aduanera, administración fiscal y policía. Bases jurídicas pertinentes: artículo 146 del código penal, disposiciones combinadas del artículo 33 de la ley relativa a la represión de infracciones fiscales (desvío de derechos) y del artículo 7 de la ley sobre restituciones a la exportación, investigaciones judiciales confiadas a la dirección de aduanas e impuestos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la ley relativa a la represión de las infracciones fiscales. Instauración de una comisión especial (SOKO) compuesta de miembros de la administración aduanera (tres autoridades penales financieras, división del control externo y control de empresa de la aduana principal de Viena) debido a fraude a las restituciones a la exportación, de la administración fiscal debido a fraude al IVA (represión del fraude fiscal, auditoría de grandes empresas) y del poder ejecutivo (autoridades de policía judicial de la Baja Austria) por fraude según lo dispuesto en el código penal; instauración de interfaces entre estos servicios; difusión central de la información por medio del BMF, dirección de lucha contra el fraude. Objetivo del SOKO: delitos cuya represión compete a varias autoridades. Los distintos servicios deben sin embargo cooperar. El SOKO no es un organismo distinto sino que sirve para el intercambio de información. Reuniones regulares permiten discutir el estado de las investigaciones y las medidas que van a adoptar los investigadores (además: asistencia mutua y puesta a disposición de información).

P // El final del 2002 (principio del ejercicio FEOGA 2003) se caracterizó por una decisión política de extrema importancia en el ámbito de la gestión y control de las ayudas a los agricultores portugueses: la creación de un único consejo de administración para el INGA y el IFADAP, por medio de la publicación del decreto ley n° 250/02, de 21 de noviembre. La creación de un consejo único de administración para los dos organismos pagadores, cuyo mandato principal es integrar paulatinamente ambos institutos en un único organismo, tiene por objetivo crear mejores condiciones para una gestión más racional y rigurosa de los recursos y garantizar la gestión realizada actualmente por los dos organismos. Gracias a esta fusión que, en virtud de la ley, deberá llevarse a cabo el 22 de noviembre del 2004, se dotará al nuevo organismo con una mayor eficacia en la aplicación de la normativa comunitaria gracias a acciones de control mejor articuladas y más eficaces, con el objetivo de asegurar, de manera unificada, la misión institucional de ambos organismos en el ámbito del FEOGA-Garantía, permitiendo así proteger más eficazmente los intereses financieros de la Comunidad. Conviene citar también el protocolo de cooperación administrativa concluido el 7 de marzo del 2002 entre la DGAIEC y el IVV, que tiene un impacto en el sector vitivinícola y por objetivo la uniformización de los documentos, el intercambio de información y la planificación y ejecución de controles mixtos.

FIN // El acuerdo celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Bosques y el Ministerio de Hacienda sobre la transferencia de algunas misiones a la administración de aduanas se puso al día. Al mismo tiempo se precisaron algunos puntos de este acuerdo en materia de orientaciones e informe. (Acuerdo n° 2267/571/2002, de 11 de julio del 2002).

S // La autoridad de lucha contra la criminalidad económica y financiera garantiza la formación continua del personal de las administraciones encargadas de los expedientes vinculados a los recursos comunitarios por lo que se refiere al método de comunicación de las infracciones, etc.

Ver también el apartado 4.1

UK // La Forestry Comission y el Ministerio de Agricultura intercambian información para responder a las exigencias de la normativa sobre desarrollo rural (Rural development regulation). Se examinan y refuerzan los protocolos siempre que ello es posible.

// En el 2002 la Rural Payments Agency (RPA) y la Inspección entraron realmente en funcionamiento como resultado de la fusión de la estructura regional del DEFRA (Department for the Environment, Food and Rural Development - Ministerio de Medio Ambiente) y del Intervention Board el 16.10.2001, así como del refuerzo del personal de inspección in situ del DEFRA, mediante personal de control del Intervention Board. La asistencia y cooperación por lo que se refiere a las obligaciones reglamentarias y otras entre la RPA y otros ministerios, incluidas las Aduanas e Impuestos especiales sobre el consumo, siguen siendo buenas.

De acuerdo con el Reglamento (CEE) n° 3508/92, la RPA procede a un intercambio de información anual con otras agencias de pago con respecto a propiedades transfronterizas (explotaciones agrarias que poseen tierras en otras partes del Reino Unido). Este control garantiza que las ayudas directas se pagan correctamente, sin duplicación de derechos. La RPA tiene también bases de datos sobre terrenos registrados en el SIGC. La información sobre la realización de los controles del SIGC se comparte entre las agencias británicas gracias a las funciones de armonización del órgano de coordinación británico, responsable como intermediario, de los informes contables FEOGA y de los controles en nombre de las agencias de pago.

4.3 Acciones estructurales:

Nuevas disposiciones adoptadas en el 2002 para organizar la coordinación entre los distintos servicios en el Estado miembro [146]

[146] En particular: para los fondos estructurales: las medidas de coordinación de los controles e investigaciones relativos a operaciones u operadores que se benefician de una ayuda con cargo a varios fondos; las medidas de coordinación de los controles previos efectuados a los distintos niveles (autoridad de gestión, autoridad de pagos, autoridades delegadas o intermedias) y las medidas de coordinación de estos controles, controles aleatorios realizados en aplicación del artículo 3 del Reglamento n° 2064/97 y del artículo 10 del Reglamento n° 438/2001 e investigaciones antifraude; medidas de intercambio de información entre los distintos servicios responsables de los controles e investigaciones (autoridades administrativas, policía, autoridades judiciales, etc.); medidas que permiten a las autoridades administrativas comunicar a las judiciales casos de fraude. Para el Fondo de cohesión: medidas de coordinación de los controles de los proyectos antes de su aprobación por la Comisión, controles destinados a comprobar que los proyectos se ejecutaron de manera regular e investigaciones antifraude; medidas de intercambio de información entre servicios responsables de los controles e investigaciones, incluida la existencia de una base de datos común y de disposiciones que permiten a cada servicio acceder a las bases de datos de los otros; medidas que permiten a las autoridades administrativas comunicar a las autoridades judiciales los casos de fraude.

B // Estas medidas estructurales agrícolas se recogen en el Reglamento relativo al desarrollo rural financiado por el FEOGA-Garantía.

DK // La dirección de la industria alimentaria (organismo pagador) elaboró un acuerdo con la dirección de pesca, a la que delegó el control. Este acuerdo establece las directrices generales de las tareas que incumben a las autoridades, en particular en cuanto a ordenamiento y ejecución de los pagos, contabilización y control. Se reevalúa al menos una vez al año. Las reuniones periódicas entre las oficinas garantizan una evaluación permanente de la calidad de la cooperación. Los directores se reúnen al menos una vez al año con el fin de discutir de cuestiones generales.

D // Creación de un Grupo de trabajo ministerios federales-Estados Federados con el fin de reforzar la coordinación de las cuestiones fundamentales del control financiero relativas a todos los fondos de la Unión Europea.

// El Grupo de Trabajo Estado federal/Estados Federados "Derecho presupuestario y nomenclatura presupuestaria" examinó las repercusiones de las exigencias de la UE sobre el Derecho nacional relativo a subvenciones y elaboró los documentos siguientes a este respecto:

- indicaciones relativas a la consideración de la normativa comunitaria en la aplicación del Derecho nacional sobre ayudas, de 25 de abril del 2002; y

- indicaciones relativas a la exención de la obligación de notificación (en particular, de minimis), de 25 de abril del 2002.

Las "indicaciones relativas a la consideración de la normativa comunitaria en la aplicación del Derecho nacional sobre ayudas" se refieren a los solapamientos entre la normativa de la UE sobre los fondos estructurales y el Derecho nacional sobre ayudas. No son exhaustivas y no eximen a la administración de comprobar si pueden existir otros solapamientos. Las indicaciones relativas a la exención de obligación de notificación se refieren a las ayudas principalmente concedidas sobre la base de disposiciones nacionales, como préstamos bonificados, exenciones fiscales o compensación de pérdidas.

// Extensión de las acciones de perfeccionamiento organizadas a nivel central al personal de los "organismos independientes".

// En un Estado Federado, la descripción del sistema de gestión y control se adaptó por lo que se refiere al pago de la ayuda.

// Normativa parcial de cooperación entre la auditoría interna y el organismo independiente, en particular por lo que se refiere a las irregularidades.

EL // En colaboración con el ÅDEL y la autoridad de gestión del MCA, la autoridad pagadora estableció los formularios comunes de control para la comprobación de las actividades del beneficiario final y los sistemas de gestión de los servicios especiales de gestión. Todos los agentes de control utilizarán estos formularios, en función del nivel de control.

// Creación de una "oficina de asistencia" encargada de las cuestiones relativas a la utilización de la información contenida en el sistema integrado. Las personas encargadas de las actividades de control tienen acceso al sistema integrado y utilizan los datos disponibles.

E // Ministerio de Hacienda - Decisión del 1 de marzo del 2002, Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación territorial, relativa a determinados aspectos de la gestión del marco de apoyo comunitario del Objetivo 1 y de los documentos únicos de programación del Objetivo 2: instrucciones de la autoridad gestora a los organismos de ejecución y órganos intermedios sobre la presentación de las certificaciones de gastos realizados e informes de ejecución anuales.

F // En el 2002 distintos textos se refirieron a los controles de las acciones cofinanciadas por los fondos estructurales europeos: decreto n° 2002-633, de 26 de abril del 2002, artículo 60 de la ley de finanzas rectificativa para el 2002 y circular del Primer ministro de 15 de julio del 2002 (véase apartado 1.3 a) anterior). Estos textos confían a los CICC Fondos estructurales la coordinación de los controles en materia de intervenciones cofinanciadas por fondos estructurales.

IRL // FEOGA-Orientación: Unidad de auditoría interna. La UAI intervino en la presentación al personal, tanto administrativo como técnico, de las exigencias en cuanto a auditoría y control del Reglamento (CE) n° 438/01. Inversiones agrícolas: Transferencia del servicio administrativo de Cavan a Wexford. Las divisiones administrativas y técnicas están situadas en Wexford, con las mejoras que esto conlleva. Cooperación y planificación (la misma división administra tanto los gastos nacionales como los cofinanciados)

// FSE: La separación operativa entre la autoridad pagadora del FSE, la de gestión de EHRD-OP y la de gestión de EQUAL-CI, todas dependientes del Ministerio de Empresa, Comercio y Empleo, se precisó por lo que se refiere a los procesos de certificación de gastos. Esta precisión incluía la delegación formal de responsabilidades de conformidad con el capítulo 9 de la Public Service Management Act por el Secretario General (y el contable) del Ministerio a los funcionarios competentes para la gestión de EHRD-OP y EQUAL-CI, la gestión financiera y el control del proceso de certificación del FSE.

I // Departamento de políticas comunitarias de la Presidencia del Consejo de Ministros:

- mediante carta n° 7800 de 8.7.2002, hizo llegar a todos los organismos interesados el texto definitivo del documento de trabajo COCOLAF/11.4.2002/2rev. en materia de obligación de comunicación de irregularidades en virtud del Reglamento n° 1681/94, invitándolos a atenerse a su contenido. Se proporcionaron otras precisiones para la puesta a punto de algunas rúbricas de la ficha OLAF prevista por las comunicaciones antes citadas;

- con el Comando General della Guardia di Finanza adoptó iniciativas convenientes para simplificar y mejorar las comunicaciones previstas por el Reglamento (CEE) n° 1681/94. El Nucleo Especial Repressioni Frodi Comunitarie está a la cabeza de las notificaciones enviadas a todos los servicios territoriales de la Guardia di Finanza y el que vela por el envío de las fichas al organismo afectado por la recaudación y al departamento de políticas comunitarias.

// El Comando General della Guardia di Finanza adoptó, desde el 2001, iniciativas de cooperación con las regiones para un intercambio de información sistemático sobre beneficiarios de financiaciones de los fondos estructurales sujetos a control. Esta iniciativa, actualmente en fase de terminación a nivel nacional, se desarrolló en el 2002 gracias a una redefinición que mejora los procedimientos que regulan el flujo de datos e información, de acuerdo con la conferencia de Presidentes de las regiones y provincias autónomas. En resumen, el convenio-marco prevé:

Las regiones se comprometen a proporcionar: el banco de datos de beneficiarios de las cofinanciaciones comunitarias y la legislación de referencia pertinente para el período de programación 2000-2006; periódicamente, actualizaciones y rectificaciones de los bancos de datos de beneficiarios relativas al período de programación 2000-2006;

Guardia di Finanza:

En el supuesto de que constate hechos que presentan un interés desde el punto de vista penal, a efectos del presente protocolo, se compromete, siempre que la autoridad judicial no ponga obstáculos, a comunicar a las regiones la información personal de las personas físicas y jurídicas implicadas con el fin de lanzar los procedimientos de recaudación de las financiaciones indebidas;

En el supuesto de que constate violaciones de carácter administrativo, se compromete a comunicarlo a las regiones indicando también las disposiciones violadas, la naturaleza y el importe del gasto, el momento o período de la irregularidad, las modalidades de la infracción, las posibilidades de recaudación, la fecha de constatación de la violación, la identidad de las personas físicas y jurídicas implicadas.

Además de los procedimientos puestos a punto por la administración regional en el marco de sus competencias, el contacto operativo con la Guardia di Finanza aporta nuevos elementos de control y garantía en materia de comprobación, sobre todo para los regímenes de ayudas, de posibles financiaciones indebidas y su recaudación posterior.

// En el sector pesquero (financiación SFOP), en ejecución de lo que prevé el protocolo de acuerdo Estado-Regiones sobre la aplicación del Reglamento 438/01 (n° 260164 de 8.5.02), fue creado, por decreto del Ministerio de Agricultura-Dirección General de pesca y acuicultura, un Comité técnico permanente del que forman parte representantes del Ministerio propiamente dicho y de las regiones fuera del objetivo 1.

La Regione Veneto:

- adoptó, para el FSE, el DGR n° 1804 de 6.7.01 "Ob. 3 POR Veneto 2000/2006 Reglamento (CE) n° 438/01 de la Comisión. Modalidades organizativas";

- formalizó, por DGR 2845 de 4.10.2002, la coordinación de servicios y oficinas regionales encargadas de los controles de segundo nivel según lo dispuesto en el Reglamento 438/2001; esta medida instauró la unidad de proyecto para la actividad de inspección y las participaciones de sociedades que, en relación con los fondos estructurales, ejercen las siguientes competencias:

- garantizar la coordinación en la administración regional de las oficinas encargadas de los controles de segundo nivel y el sistema de información que ello implica;

- desarrollar cursos de formación e información específicos y especializados para el personal al que se confían las actividades de control;

- garantizar el contacto, en el marco de los controles de segundo nivel, con los servicios y oficinas competentes a niveles nacional y comunitario.

NL // En el sistema holandés cada Ministro es responsable de su ámbito político. Son los interlocutores también de la Comisión Europea y la OLAF. La OLAF invitó a los Países Bajos a mejorar la coordinación central de este sistema. Los Países Bajos consideran que las responsabilidades deben confiarse al más alto nivel de conocimientos y peritaje [147]. En el sistema holandés los ministros interesados son responsables individualmente. Cada uno de ellos comunica las irregularidades constatadas en su ámbito político. La coordinación central podría ser mejorada por una concertación periódica organizada bajo la tutela del Ministerio de Hacienda con respecto a las comunicaciones que los responsables individuales deben efectuar. Las personas de contacto de los departamentos interesados discutieron este asunto.

[147] Véase la carta (referencia: DAR 2002-0686 de M) de 20 de diciembre del 2002 dirigido a la OLAF con respecto a la comunicación de irregularidades en el marco de los Reglamentos (CE) n° 1681/94 y 1831/94 sobre los fondos estructurales.

P // Tal como se prevé en la legislación aplicable al MCA III, se asistió en el 2002 al lanzamiento del ejercicio de coordinación de hecho entre los organismos del sistema nacional de control de los fondos estructurales, incluido el Fondo de cohesión (autoridades pagadoras, entidad coordinadora del control de segundo nivel e IGF), en materia de planificación y acompañamiento de ejecución de las medidas, metodologías e instrumentos de trabajo, seguido de las cuestiones planteadas por las auditorías nacionales o iniciativas comunitarias, planes de formación, análisis de los casos de irregularidades susceptibles de comunicarse a la OLAF, y formas de acceso a la información relativa a los controles efectuados por las entidades del SNC. Indican también el trabajo realizado con el fin de garantizar la gestión de los deudores.

// La información sobre las auditorías del IGF y otros organismos del SNC y las consecuencias financieras, constan en una base de datos de los controles (SIGIFE), creada por el IGF y accesible a las entidades que ejercen funciones de control, por medio de una página creada en el sitio del IGF en internet, que incluye también una guía del usuario. La introducción de datos es efectuada por las entidades responsables de ejecutar los controles. Se envían todos los trimestres a los coordinadores respectivos del control de segundo nivel que las transmiten a continuación al IGF. El IGF se hace cargo de los resultados de las auditorías de la CE o el TCE.

// En el 2002 se concluyeron protocolos entre el IGFSE y la inspección general del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo que deben aplicarse en el 2003. Estos protocolos, instaurados con arreglo al artículo 3 del decreto ministerial n° 684/01, regulan la intervención de la inspección general, que efectuará controles de segundo nivel en el marco del programa de empleo, formación y desarrollo social.

// Con arreglo al artículo 36 del decreto ley n° 54-A/00, de 7 de abril, y del artículo 6 del decreto de aplicación n° 12-A/00, de 15 de septiembre, las autoridades de gestión concluyeron contratos programa de los programas regionales con el IEFP, asociando a este instituto a la gestión técnica, administrativa y financiera de algunas medidas.

// Basándose en las disposiciones jurídicas, el IGA, en calidad de organismo coordinador del control de segundo nivel del FEOGA-Orientación y el IFOP, se integró a las entidades del SNC, dado que en el 2002 se subrayó la puesta a punto y difusión de instrumentos de control a utilizar en el primero y segundo niveles de control (más concretamente los manuales de control, los criterios de selección de muestras y análisis de riesgos) e intercambio de información sobre el esfuerzo de control desarrollado en el marco de estos fondos, con el objetivo de garantizar la complementariedad de los controles.

FIN // La cooperación se reforzó entre distintos centros regionales de empleo y actividad económica (TE-keskus) y otras autoridades en el ámbito del intercambio de información, la vigilancia y la formación, así como para prevenir las irregularidades y proceder a investigaciones en caso de sospecha de fraude. En estos centros, grupos de proyectos comunitarios se ocupan de las cuestiones de cooperación vinculadas a proyectos parcialmente financiados por la UE. Otras autoridades están también implicadas en estos grupos. Distintas instancias de financiación efectuaron visitas de inspección comunes a los beneficiarios que administran proyectos financiados y se decidieron distintas directrices.

S // Los procedimientos administrativos relativas a INTERREG 111A en la región de Öresund se desarrollan según un acuerdo celebrado entre NUTEK, como organismo pagador, y el Hovedstadens Udviklingsråd (HUR - consejo encargado del desarrollo de la capital), como autoridad de gestión. Este acuerdo prevé que, de acuerdo con los reglamentos comunitarios, cada Estado miembro vela por evitar irregularidades y, si ocurrieran, comunicarlas a la Comisión. Suecia y Dinamarca deben comunicar las irregularidades observadas en proyectos cuyos beneficiarios son suecos o daneses. Un acuerdo entre NUTEK y el Secretariado encargado del programa también fue concluido. La autoridad de lucha contra la criminalidad económica y financiera garantiza la formación continua del personal de las autoridades administrativas que tratan los expedientes vinculados a los recursos comunitarios por lo que se refiere al método de comunicación de las infracciones, etc. Ver también el apartado 4.1

UK // Ministerio de Trabajo y Pensiones (Department for Work and Pensiones (DWP): Tras la transferencia de la responsabilidad del FSE del Ministerio de Educación al DWP en el 2001 se mantuvieron vínculos en términos de política entre los ministerios con el fin de garantizar la coherencia del objetivo de reducir los fraudes. La integración completa de todas las funciones de auditoría del FSE estuvo garantizada a lo largo de este proceso. La responsabilidad de las funciones de auditoría independientes y la investigación de fraudes se transfirió formalmente al DWP en abril del 2002.

// Ministerio de Comercio e Industria (Department of Trade and Industry (DTI): El Reino Unido dispone de un sistema coordinado de notificación que permite a todas las autoridades gestoras del Reino Unido, incluido a Gibraltar e Irlanda del Norte, notificar las irregularidades detectadas, al DTI que transmite esta información a la OLAF. El DTI tiene una lista de casos notificados, y de los informes de seguimiento previstos por el artículo 5, cuya actualización es anual, y que se transmite a las OGD/DA en el Reino Unido. El DTI propuso orientaciones y sobre el tema del tratamiento de las irregularidades al concluir los programas 1994-99.

// Gabinete del Viceprimer Ministro (ODPM):

El gabinete del Viceprimer ministro asumió la responsabilidad de administrar el FEDER, en vez del Ministerio de Transportes, Gobierno local y regiones. En el 2002 el ODPM actuó como ministerio de coordinación para el cierre de los programas 1994-99 organizando una serie de reuniones en las cuales todos los ministerios y gabinetes estaban presentes. Las reuniones permitieron examinar los progresos realizados y compartir experiencias por lo que se refiere al tratamiento de problemas encontrados en los procedimientos de cierre. El hecho de concentrarse en esta tarea importante puso de manifiesto que el ODPM no estaba en condiciones de prever la introducción de otras nuevas medidas en el ámbito de la administración del FEDER.

// Ejecutivo escocés

El acceso en línea a las bases de datos integrados para la gestión del FEDER y el FSE en Escocia se puso a disposición de todos los implicados en la gestión de estos fondos. Se actualizó y revisó el dispositivo de intervención del ejecutivo escocés para tratar el problema del fraude cometido en detrimento del FEDER y el FSE.

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