Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto T‑567/14

Group OOD

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Marcas nacionales figurativas anteriores no registradas GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Motivo de denegación relativo — Aplicación del Derecho nacional — Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Prueba del contenido del Derecho nacional — Regla 19, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) n.o 2868/95 — No consideración de las pruebas presentadas ante la Sala de Recurso — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso — Artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 29 de junio de 2016

1. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Legalidad de la resolución de una Sala de Recurso — Consideración para la interpretación del Derecho nacional de los aspectos deducidos de la legislación o de la jurisprudencia nacional no invocados ante la Oficina — Procedencia — Límites

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 65; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 19, ap. 2, letra d)]
2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Requisitos — Interpretación a la luz del Derecho de la Unión — Apreciación en relación con los criterios establecidos por el Derecho nacional regulador del signo invocado

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4]
3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Signo que confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior — Carga de la prueba

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4, letra b); Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 19, ap. 2, letra d)]
4. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de la División de Oposición de la Oficina — Examen por la Sala de Recurso — Alcance — Falta de alegación de hechos y de presentación de pruebas en apoyo de la oposición dentro del plazo concedido al efecto — Consideración — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 76, ap. 2; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 19, ap. 2, letra d), y 50, ap. 1, párr. 3]
5. Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Hechos, pruebas y observaciones presentados en apoyo de la oposición — Prueba de la adquisición, existencia continuada y ámbito de protección de un derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Pruebas presentadas para acreditar el contenido del Derecho nacional aplicable — Objetivo — Inexistencia de la necesidad de que el texto de la legislación proceda de una fuente oficial

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 19, ap. 2, letra d)]
6. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Requisitos — Apreciación en relación con los criterios establecidos por el Derecho nacional regulador del signo invocado — Comprobación del contenido del Derecho nacional — Alcance

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4]

1. Lo que se pretende con el recurso ante el Tribunal es controlar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en el sentido del artículo 65 del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea. Por lo tanto, la función del Tribunal no es examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él.

   Es cierto que no puede impedirse que las partes o el Tribunal, al interpretar el Derecho nacional a que se refiere el Derecho de la Unión Europea, se inspiren en elementos basados en la legislación, la jurisprudencia o la doctrina nacionales, cuando lo que se pretenda no sea censurar a la Sala de Recurso por no haber tenido en cuenta determinados hechos de una sentencia nacional en concreto, sino invocar jurisprudencia o doctrina en apoyo de un motivo basado en la incorrecta aplicación por la Sala de Recurso de un precepto del Derecho nacional.

   Pero también es cierto que, en una oposición basada en la existencia de un derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, los documentos relativos a las disposiciones legales nacionales no son elementos basados en las legislaciones nacionales en los que pueda inspirarse este Tribunal para interpretar el Derecho nacional en el sentido de la jurisprudencia citada, sino que constituyen pruebas presentadas para acreditar el contenido del Derecho nacional aplicable, a los efectos de la regla 19, apartado 2, letra d), del Reglamento n.o 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria. Puesto que no fueron aportados por la demandante en el procedimiento administrativo ante la Oficina, procede declarar la inadmisibilidad de esos documentos.

   (véanse los apartados 19 a 21)
2. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 26 a 28)
3. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, deben tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional invocada y las resoluciones judiciales recaídas en el Estado miembro de que se trate. Sobre esta base, el oponente debe demostrar que el signo en conflicto está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior.

   Por otro lado, la regla 19, apartado 2, letra d), del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria, hace que recaiga sobre quien formula oposición la carga de presentar a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea no sólo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para oponerse al registro de una marca de la Unión amparándose en un derecho anterior, sino también los datos que determinan el contenido de dicha legislación. Por consiguiente, si las partes no han presentado alegaciones ni pruebas a este respecto, la Oficina no está obligada a recabar de oficio la información relativa al Derecho nacional aplicable.

   (véanse los apartados 29, 33 y 34)
4. En el marco de una oposición fundada en la existencia de un derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, la regla 19, apartado 2, letra d), del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria, no enumera de forma precisa y taxativa los documentos que deben presentarse en apoyo de la oposición. Por tanto, dado que esta última disposición únicamente menciona la obligación de aportar la prueba de la adquisición, existencia continuada y ámbito de protección del derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, sin más precisiones, no puede presumirse que la parte oponente conoce los documentos concretos que debe aportar en apoyo de su oposición. En estas circunstancias, la facultad de apreciación de la Sala de Recurso respecto de la posible consideración de hechos y pruebas presentados de forma extemporánea, contemplada en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, no debe ejercerse de manera restrictiva.

   La Sala de Recurso que no ejerció, ni siquiera de modo restrictivo, la facultad de apreciación de la que, sin embargo, está investida, sin justificar su negativa a tener en cuenta a estos efectos las referencias al Derecho nacional aplicable que se le habían aportado, infringe, por tal razón, el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, así como la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.o 2868/95.

   (véanse los apartados 53, 55, 56, 59 y 61)
5. En el marco de una oposición fundada en la existencia de un derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, la regla 19, apartado 2, letra d), del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria, no enumera de forma precisa y taxativa las pruebas que un oponente debe presentar a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para acreditar la existencia, validez y ámbito de protección del derecho anterior que haya invocado, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009. Por lo tanto, puede considerarse que la legislación nacional pertinente constituye un medio para probar la adquisición, existencia continuada y protección de un derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009.

   Sin embargo, ni los Reglamentos n.o 207/2009 y n.o 2868/95 ni la jurisprudencia precisan de qué modo ha de probarse el contenido de la legislación nacional. A este respecto, la información requerida a la oponente acerca del Derecho nacional debe permitir a la Oficina identificar de forma correcta y sin lugar a equívocos la normativa aplicable. Esta información sobre el Derecho aplicable debe permitir que la Oficina comprenda y aplique el contenido de sus disposiciones, los requisitos para obtener la protección y el alcance de ésta, y ha de permitir al solicitante ejercer su derecho de defensa.

   Ahora bien, para lograr estos objetivos, no es indispensable que el texto de la legislación proceda de una fuente oficial.

   (véanse los apartados 58, 69 y 70)
6. Incumbe a los órganos competentes de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea valorar la autoridad y el alcance de los datos proporcionados por el oponente para determinar el contenido de la norma de Derecho nacional que invoca. Toda vez que la aplicación del Derecho nacional puede conducir a apreciar la existencia de un motivo de denegación del registro de una marca de la Unión, parece necesario que la Oficina pueda, antes de estimar la oposición al registro de esa marca, comprobar la pertinencia de los datos aportados por el oponente a efectos de la obligación que le incumbe de presentar la prueba del contenido del Derecho nacional.

   Así pues, en las circunstancias en que la Oficina puede ser instada a tener en cuenta, en particular, el Derecho nacional del Estado miembro con arreglo al cual goza de protección un derecho anterior en el que se basa la oposición, debe informarse de oficio, a través de los medios que considere útiles para este fin, sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, en caso de que la información sea necesaria para valorar los requisitos de aplicación de un motivo de denegación relativo y, en particular, la realidad de los hechos alegados o la fuerza probatoria de los documentos presentados. Esta obligación de informarse de oficio sobre el Derecho nacional incumbe, en su caso, a la Oficina cuando disponga ya de indicaciones relativas al Derecho nacional, bien en forma de alegaciones sobre su contenido, bien en forma de elementos aportados al expediente y cuya fuerza probatoria se invoque.

   A este respecto, la Oficina debe utilizar todos los medios a su disposición en el ámbito de sus facultades de comprobación con objeto de informarse sobre el Derecho nacional aplicable y llevar a cabo investigaciones más detalladas acerca del contenido y el alcance de las disposiciones del Derecho nacional invocado, a la luz de las alegaciones formuladas por el oponente, bien de oficio, bien instando a éste a corroborar la información que facilitó a la Oficina.

   (véanse los apartados 77 a 79 y 82)

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