Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto C-557/07

LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH

contra

Tele2 Telecommunication GmbH

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof)

«Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Sociedad de la información — Derechos de autor y derechos afines — Conservación y divulgación de determinados datos relativos al tráfico — Protección de la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas — Concepto de “intermediario” en el sentido del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29/CE»

[Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 19 de febrero de 2009](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=CELEX:62007CO0557)   I ‐ 1230

Sumario del auto

1. Aproximación de las legislaciones — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Directiva 2001/29/CE — Comercio electrónico — Directiva 2000/31/CE — Tratamiento de los datos personales y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/58/CE — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE

   (Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2002/58/CE, art. 15, ap. 1, y 2004/48, art. 8, ap. 3)
2. Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines — Directiva 2001/29/CE — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Intermediario en el sentido del artículo 8, apartado 3, de la Directiva — Concepto

   (Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2001/29/CE, art. 8, ap. 3)

1. El Derecho comunitario, en particular el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2004/48, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en relación con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), no se opone a que los Estados miembros establezcan una obligación de transmitir a terceros particulares datos de tráfico personales para permitir ejercer acciones ante la jurisdicción civil contra las infracciones al Derecho de propiedad intelectual.

   Sin embargo, el Derecho comunitario exige que dichos Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno a las Directivas 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), 2001/29 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, 2002/58 y 2004/48, procuren basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales de que se trate. Asimismo, en el momento de aplicar las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico interno a dichas Directivas, las autoridades y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben no sólo interpretar su Derecho nacional de conformidad con estas mismas Directivas, sino también no basarse en una interpretación de éstas que entre en conflicto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios generales del Derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad.

   (véase el apartado 29 y el punto 1 del fallo)
2. Un proveedor de acceso, que se limita a facilitar a los usuarios el acceso a Internet sin proponer otros servicios como los servicios de correo electrónico, de descarga o de intercambio de ficheros, ni ejercer un control de hecho o de Derecho sobre el servicio utilizado, debe ser considerado como un «intermediario» en el sentido del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

   En efecto, en virtud de dicho artículo, los Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor. Pues bien, un proveedor de acceso que se limita a permitir a un cliente acceder a Internet sin proponer otros servicios ni ejercer un control de Derecho o de hecho sobre el servicio utilizado, presta un servicio que puede ser utilizado por un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor, en la medida en que facilita al usuario la conexión que le permitirá infringir dichos derechos.

   Por lo demás, según el considerando quincuagésimo noveno de la Directiva 2001/29, los titulares de los derechos deben tener la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra el intermediario que transmita por la red la infracción contra la obra o prestación protegidas cometida por un tercero. Pues bien, ha quedado acreditado que el proveedor de acceso, al conceder el acceso a la red de Internet, permite la transmisión de dicha infracción entre un abonado y un tercero.

   Esta interpretación queda corroborada por la finalidad de la Directiva 2001/29 que, como se desprende en particular de su artículo 1, apartado 1, tiene por objeto garantizar la protección jurídica de los derechos de autor y otros derechos afines a los derechos de autor en el mercado interior. A este respecto, excluir del concepto de «intermediario», en el sentido del artículo 8, apartado 3, de esta Directiva, a un proveedor de acceso, que es el único que está en posesión de los datos que permiten identificar a los usuarios que han infringido dichos derechos, disminuiría sustancialmente la protección perseguida por dicha Directiva.

   (véanse los apartados 42 a 46 y el punto 2 del fallo)

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