Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 28.9.2004 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 241/1 |

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (ROMA II)»

[COM(2003) 427 final — 2003/0168 (COD)]

(2004/C 241/01)

El 8 de septiembre de 2003, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (ROMA II)»

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de mayo de 2004 (ponente: Sr. von FÜRSTENWERTH).

En su 409o Pleno de los días 2 y 3 de junio de 2004 (sesión del 2 de junio de 2004), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 168 votos a favor y 8 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Síntesis de las conclusiones

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| 1.1. | El Comité Económico y Social Europeo acoge favorablemente la propuesta de la Comisión destinada a regular, en forma de reglamento europeo, las normas de conflicto de leyes en el ámbito de las obligaciones extracontractuales. Con ello se cubre una laguna que hasta la fecha ha supuesto un obstáculo importante para el desarrollo de un espacio europeo de justicia. |

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| 1.2. | El Comité anima e insta al mismo tiempo a la Comisión a que finalice sus trabajos lo más rápidamente posible, teniendo en cuenta los cambios sugeridos y las correcciones detalladas en el punto 9, a fin de que el Reglamento pueda entrar en vigor. |

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| 1.3. | El Comité acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión para subsanar, mediante la plena armonización, la fragmentación de la legislación en este importante ámbito del Derecho internacional privado relativo a las obligaciones extracontractuales. Esto entrañará simplificaciones de importancia inestimable para el usuario del Derecho. En lugar de tener que asegurarse en cada caso del régimen aplicable a las normas de conflicto de leyes y de su contenido, que difiere de un Estado miembro a otro como mínimo en los detalles, en el futuro podrá basarse en un conjunto uniforme de normas que, por ser el Reglamento un acto de aplicación directa, serán idénticas en todos los Estados miembros. |

2.   Introducción: exposición de motivos de la propuesta

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| 2.1. | Con este Reglamento, la Comisión se propone por primera vez disponer de un conjunto uniforme de normas de conflicto de leyes en el ámbito de las obligaciones extracontractuales para toda la Unión Europea. En el ámbito de las obligaciones contractuales ya existe un conjunto uniforme de normas de conflicto de leyes desde 1980, fecha en que la mayoría de los Estados europeos occidentales de entonces decidieron suscribir el Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Convenio de Roma). Otros Estados se adhirieron posteriormente al Convenio. En aquel momento se eligió como forma jurídica un acuerdo multilateral porque, a diferencia de ahora, el Tratado CEE no proporcionaba ningún fundamento jurídico para la adopción de un instrumento jurídico apropiado de ámbito comunitario. Las normas de conflicto de leyes en el ámbito de las obligaciones extracontractuales siguen rigiéndose hoy en día por la normativa vigente en cada uno de los distintos Estados miembros y, aunque se basan a menudo en un entendimiento común de la materia, difieren significativamente como mínimo en sus detalles, y han ido adquiriendo una impronta distinta en función, muy especialmente, de la jurisprudencia nacional y la doctrina. Esto entraña innumerables dificultades para el usuario del Derecho, empezando por las que plantea el acceso a las normas y los problemas lingüísticos inherentes, y siguiendo con las que plantea su inserción en una cultura jurídica extranjera, así como su interpretación jurisprudencial y doctrinal. Al estar estrechamente interrelacionadas todas estas áreas, y dado que el Derecho en materia de obligaciones cubre las obligaciones tanto de carácter contractual como extracontractual, las disposiciones del Convenio de Roma, aunque representaban un avance fundamental, se siguieron considerando incompletas. El Convenio carecía de una sección complementaria que regulase las obligaciones extracontractuales. La armonización de las normas de conflicto de leyes permite esperar que, con vistas a garantizar la seguridad y la confianza en la determinación del Derecho material aplicable, se produzcan avances considerables con respecto a la actual situación en la Comunidad. Evidentemente, para el usuario hubiera sido más útil que los instrumentos Roma I y Roma II se hubieran condensado en un único instrumento jurídico. No obstante, el Comité no ignora que debido al muy distinto estado en que se hallan los procedimientos de ambos proyectos, esta perspectiva sigue siendo ilusoria y la prioridad es alcanzar lo más rápidamente posible un régimen operativo para las obligaciones extracontractuales. El Comité lamenta que el instrumento jurídico previsto, habida cuenta de las reservas emitidas por Dinamarca al título IV del TCE, no entre inmediatamente en vigor en dicho país (aunque tiene la posibilidad de aplicarlo voluntariamente) y que, por tanto, el efecto de la armonización no sea óptimo. El Comité se congratula de que el Reino Unido e Irlanda hayan manifestado su deseo de aplicar el instrumento jurídico. |

2.2.   El contexto legislativo

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| 2.2.1. | El Reglamento debe analizarse en el contexto de la amplia gama de actividades legislativas de la Comisión que ya se han realizado, están previstas o en fase de realización. El Comité ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones sobre las diferentes propuestas de la Comisión. |

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| 2.2.2. | En primer lugar, cabe mencionar las actividades en el terreno del Derecho civil, en particular:   |  |  | | --- | --- | | — | la transformación del Convenio de Bruselas de 1968 en reglamento[(1)](#ntr1-C_2004241ES.01000101-E0001), |  |  |  | | --- | --- | | — | la propuesta de Reglamento por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados[(2)](#ntr2-C_2004241ES.01000101-E0003), |  |  |  | | --- | --- | | — | el Reglamento relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil[(3)](#ntr3-C_2004241ES.01000101-E0005), |  |  |  | | --- | --- | | — | el Reglamento del Consejo relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil[(4)](#ntr4-C_2004241ES.01000101-E0007), |  |  |  | | --- | --- | | — | la Recomendación de la Comisión sobre los principios por los que deben regirse los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios[(5)](#ntr5-C_2004241ES.01000101-E0009), |  |  |  | | --- | --- | | — | la Decisión del Consejo relativa a la creación de una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil[(6)](#ntr6-C_2004241ES.01000101-E0011). | |

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| 2.2.3. | Asimismo, cabe señalar las actividades en el terreno del Derecho civil objetivo, en particular:   |  |  | | --- | --- | | — | la Comunicación de la Comisión sobre Derecho contractual europeo de 11 de julio de 2001[(7)](#ntr7-C_2004241ES.01000101-E0013), |  |  |  | | --- | --- | | — | la Directiva sobre las disposiciones en materia de crédito al consumo[(8)](#ntr8-C_2004241ES.01000101-E0015), |  |  |  | | --- | --- | | — | la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores[(9)](#ntr9-C_2004241ES.01000101-E0017). | |

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| 2.2.4. | La propuesta está estrechamente relacionada con los trabajos de la Comisión en el ámbito del Derecho material de las normas de conflicto de leyes, que comenzaron con la publicación de un Libro Verde sobre la transformación del Convenio de Roma en un instrumento comunitario[(10)](#ntr10-C_2004241ES.01000101-E0019). El Reglamento Roma II es complementario del Reglamento Roma I propuesto en este Libro Verde y constituye su prolongación natural. |

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| 2.2.5. | Todas estas actividades se dirigen a los siguientes objetivos: crear un espacio europeo de justicia, crear un marco jurídico que permita a todos los operadores económicos un acceso más fácil y fluido al mercado interior europeo, aumentar la seguridad jurídica y facilitar la aplicación de la ley por los órganos jurisdiccionales y el acceso de los ciudadanos europeos a las leyes. |

3.   Fundamento jurídico

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| 3.1. | El objetivo del Reglamento es uniformar las normas de conflicto de leyes en el ámbito de las obligaciones extracontractuales. Dicha armonización se basa en el artículo 65 (b) del TCE, según el cual la Comisión está facultada para actuar en la medida necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior. En opinión del Comité, el fundamento jurídico es adecuado, puesto que la armonización de las normas en cuestión contribuirá a garantizar la igualdad de trato de los operadores económicos en la Comunidad en los casos transfronterizos, aumentar la seguridad jurídica, simplificar la aplicación de la ley y, en consecuencia, fomentar la disposición a efectuar transacciones transfronterizas, así como promover el reconocimiento mutuo de los actos jurídicos de los Estados miembros, dado que los ciudadanos de otros Estados miembros podrán determinar de inmediato la corrección jurídica de dichos actos. |

4.   Ámbito de aplicación material, carácter universal (artículos 1 y 2)

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| 4.1. | El Reglamento regula las normas de conflicto de leyes en el ámbito del Derecho civil y mercantil (artículo 1.1). Para evitar malentendidos, este extremo queda explícitamente establecido. A tal efecto, el legislador puede remitirse también a la terminología empleada en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 44/2001, ya que su contenido está claramente definido. La exclusión de las materias fiscales y aduaneras se desprende obviamente de dicha definición, aunque el hecho de que se mencionen no es un desacierto. |

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| 4.2. | El Reglamento no pretende regular todo el ámbito de las obligaciones extracontractuales. El legislador actúa con buen criterio no apuntando demasiado alto para no poner en peligro la aplicabilidad del proyecto. Por ello, se acoge favorablemente la exclusión de las obligaciones relativas a las relaciones familiares, los alimentos y los regímenes sucesorios (artículo 1.2). Dadas sus implicaciones sociales y políticas, estos aspectos se tratan tradicionalmente en el ámbito de las normas de conflicto de leyes por medio de instrumentos separados. |

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| 4.3. | La exclusión de las obligaciones derivadas de letras de cambio, cheques y pagarés, así como las que se derivan de un daño nuclear, se debe en definitiva a que estos aspectos se regulan adecuadamente en acuerdos específicos[(11)](#ntr11-C_2004241ES.01000101-E0021), cuyo ámbito de aplicación se extiende más allá de la Comunidad y cuya permanencia no debe comprometerse. |

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| 4.4. | La exclusión de los conflictos relativos al Derecho de sociedades en el artículo 1.2 d) es inevitable, dado que las cuestiones a que se hace referencia están tan estrechamente asociadas al estatuto de la sociedad que sería preciso adoptar una normativa en este contexto específico. |

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| 4.5. | Los contratos fiduciarios son una materia especial del Derecho angloamericano. Se trata de una convención establecida entre el Derecho de sociedades y el Derecho de fundaciones, que funcionalmente constituye un fideicomiso oculto y que no tiene personalidad jurídica propia. No es una figura conocida en el ordenamiento jurídico de los países europeos continentales. Por estas características especiales y por su proximidad al Derecho de sociedades quedó excluida del ámbito de aplicación en el artículo 1.2 g) del Convenio de Roma. Como el Reglamento excluye el derecho de sociedades, en consecuencia debe hacer lo mismo con los contratos fiduciarios [artículo 1 e)]. |

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| 4.6. | El Reglamento regula la ley aplicable con independencia de que sea la ley de un Estado miembro o de un Estado no miembro (artículo 2). Con ello se respeta una norma generalmente reconocida en el ámbito del conflicto de leyes, que prohíbe por principio la discriminación de otros ordenamientos jurídicos en la materia. El Comité acoge muy favorablemente esta decisión. Si las circunstancias de un caso requieren que se aplique un determinado ordenamiento jurídico, no puede haber diferencia por el hecho de que éste sea comunitario o no. |

5.   Normas aplicables a las obligaciones extracontractuales que derivan de un delito (artículos 3 a 8)

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| 5.1. | El artículo 3, que trata de las obligaciones extracontractuales derivadas de un delito, define el núcleo de la propuesta. En teoría, para determinar la ley aplicable cabe recurrir a una serie de criterios de elección (elementos de conexión) alternativos, que en general se conocen indistintamente como lex loci delicti (commissi): el ordenamiento jurídico del lugar donde se produjo el daño, el del lugar donde se produjo el hecho generador del daño, el del lugar donde se produjeron las consecuencias del daño y el del lugar donde tiene su residencia habitual la parte que sufre el daño. Todos estos criterios están basados en la tradición y tienen sólidos argumentos a su favor. Y, de hecho, se utilizan en las diversas normas de conflicto de leyes vigentes. Por consiguiente, es tarea del legislador europeo establecer urgentemente un conjunto uniforme de normas en todos los Estados miembros. Esta es la tarea principal, e importa menos cuál de las soluciones planteadas se escoja. En la aplicación práctica hay que tener presente que todos o muchos de esos criterios en la gran mayoría de los casos coinciden en la práctica. El lugar de residencia habitual de la parte que sufre el daño es por lo general el mismo que el lugar donde se produce el hecho generador del daño, y a la vez coincide con el lugar donde se produce el daño. Por consiguiente, en la mayoría de los casos el conflicto para determinar el lugar es más bien teórico. El legislador europeo opta por el criterio de aplicar la ley del lugar en el que se produce el daño. Cabe quizá cuestionar si ello está en consonancia con las tendencias actuales de la codificación jurídica en este ámbito[(12)](#ntr12-C_2004241ES.01000101-E0023), pero la elección se justifica sobre la base de que se da prioridad a la protección de la parte que sufre el daño, sin descuidar completamente los intereses del autor del daño. Esto ocurriría si sólo se tuviera en cuenta el lugar de residencia habitual de la parte perjudicada. Tener en cuenta exclusivamente el lugar en que se produce el hecho generador del daño favorecería excesivamente al autor del daño[(13)](#ntr13-C_2004241ES.01000101-E0025), y no se atendería a las legítimas expectativas de protección de la parte que sufre el daño. Los esfuerzos del legislador por equilibrar los intereses de los afectados parecen aceptables desde todo punto de vista. La restricción de la norma general prevista en el artículo 3.2 cuando ambas partes tienen su residencia habitual en el mismo país es acorde con las circunstancias e impide recurrir innecesariamente a ordenamientos jurídicos extranjeros. El artículo 3.3 introduce una cláusula correctiva de carácter general y corresponde en cuanto a su función al artículo 4.5, segunda frase, del Convenio de Roma. En la práctica, no obstante, habrá que velar por garantizar que esta cláusula de excepción no se emplee en casos concretos en los Estados miembros que hasta ahora han aplicado la ley del lugar del hecho generador del daño para eludir el nuevo enfoque previsto por el legislador comunitario. |

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| 5.2. | En cuanto a los casos de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (artículo 4), el Reglamento aplica la ley del lugar en el cual tiene su residencia habitual la parte que sufre el daño. La normativa en cuestión debe entenderse ante todo, en el contexto de las fuertes discrepancias que se produjeron con anterioridad a la audiencia del 6 de enero de 2003, como una propuesta de transacción. Otros posibles criterios debatidos parecen menos apropiados: el lugar de la adquisición puede ser puramente fortuito y en determinadas circunstancias puede ser difícil de determinar (compras por Internet). Asimismo, en los casos de responsabilidad por un producto defectuoso, el lugar en el que se produjo el daño también puede ser fortuito (por ejemplo, si el comprador del producto sufre el daño en el transcurso de un viaje). Por último, el lugar de fabricación del producto tampoco es un criterio satisfactorio, ya que, en las condiciones que impone la globalización, puede tener una relevancia muy marginal. Por el contrario, el criterio que se ha elegido da prioridad a la protección de los intereses de la parte que sufre el daño. Por otra parte, la elección de este criterio se justifica tanto más cuanto que en la audiencia celebrada por la Comisión el 1 de enero de 2003, los representantes de la industria y del sector de los seguros principalmente implicados se pronunciaron claramente a favor de tal enfoque, como concesión a los representantes de los consumidores. La restricción de la norma general (comercialización sin consentimiento de la parte cuya responsabilidad se alega) permite tener suficientemente en cuenta los legítimos intereses de la industria, incluso después de la opinión expresada en la audiencia. |

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| 5.3. | La norma, expuesta en el Reglamento, sobre la competencia desleal (artículo 5) se basa en el criterio tradicionalmente aplicado a este ámbito, a saber, que la ley aplicable es la del país en la que el acto de competencia desleal afecta a los perjudicados de manera directa y esencial (el lugar en el que se produce el perjuicio efectivo a la competencia). Esta norma garantiza la igualdad de trato de competidores nacionales y extranjeros en relación con las normas sobre igualdad de oportunidades en la competencia que se les exige cumplir. Sin embargo, este mismo aspecto se aborda de modo diferente en el artículo 4.1 de la propuesta de Directiva sobre las prácticas comerciales desleales[(14)](#ntr14-C_2004241ES.01000101-E0027), en la que para determinar la ley aplicable se elige el Estado miembro en el que se halle establecido el comerciante. Aunque en las exposiciones de motivos de estos dos instrumentos jurídicos no se menciona esta diferencia, una posible solución de esta disparidad, con arreglo a los principios generales del Derecho comunitario y del mercado interior, sería la siguiente: el artículo 5 del Reglamento se refiere al Derecho comunitario en las relaciones exteriores con los Estados no miembros de la UE (por ejemplo, en áreas no cubiertas por la Directiva), mientras que el artículo 4.1 de la Directiva trata de las relaciones intracomunitarias en el mercado interior entre los Estados miembros. No obstante, si esta es la intención, la Comisión haría bien en señalarlo claramente en la exposición de motivos de los dos instrumentos jurídicos. Ahora bien, sigue dándose la situación difícilmente sostenible de que en un Estado miembro rija una misma norma para competidores procedentes de Estados miembros y Estados no miembros de la UE, mientras que no regiría la misma norma si procedieran de diferentes Estados miembros de la UE (esto último, no obstante, es un problema de grado de armonización del derecho material sobre competencia en la Directiva). La restricción de la norma general que prevé el artículo 5.1 del Reglamento pretende abordar un caso que en la práctica raras veces se da, a saber, que el acto de competencia desleal afecte exclusivamente a intereses individuales, no generales. Se justifica así la subordinación a las normas generales sobre hechos derivados de un delito.  El Comité propone que se examine la conveniencia de modificar el epígrafe de esta disposición dándole la siguiente redacción: «Competencia y prácticas comerciales desleales», al objeto de expresar con mayor claridad que la reglamentación pretende cubrir ampliamente todas las vulneraciones de las normas sobre competencia. |

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| 5.4. | A primera vista puede parecer sorprendente encontrar normas sobre violación de la intimidad y del derecho al desarrollo de la personalidad (artículo 6) en un instrumento jurídico que trata de las normas de conflicto de leyes en el ámbito de las obligaciones extracontractuales, ya que tradicionalmente en muchos ordenamientos jurídicos estos aspectos entran dentro del ámbito del Derecho personal. En los últimos tiempos, no obstante, en muchos Estados miembros ha ido ganando terreno un enfoque diferente, y estos aspectos se incluyen ahora en el entorno de los hechos derivados de un delito. En esta medida está justificado abordarlos en el Reglamento. No puede negarse su cercanía a las materias incluidas en los artículos 5 y 8. El Comité considera que la norma establecida en el artículo 6.1 es adecuada, al igual que la regulación del derecho de respuesta prevista en el artículo 6.2. El Comité propone que se examine si, en su caso, la norma de excepción en favor de la lex fori no resulta ya de todos modos superflua con la aplicación del artículo 22. |

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| 5.5. | Con respecto a los daños contra el medio ambiente (artículo 7), el principio básico es coherente con el criterio general referente a los hechos derivados de un delito conforme al artículo 3, si bien se deja a la discreción de la parte dañada elegir la legislación (que eventualmente puede ser más favorable) del lugar en el que se produjo el hecho generador del daño. Es evidente que el legislador comunitario, al hacer una excepción a la norma general permitiendo a la parte dañada la elección de la ley aplicable, persigue unos objetivos que se apartan de las normas de conflicto de leyes, ya que, con una actuación de carácter preventivo general, amenaza a los potenciales contaminadores medioambientales con la aplicación de un derecho material más estricto y, de este modo, pretende obligarlos a ocuparse con especial cuidado de la protección del medio ambiente. Este aspecto queda claro en la exposición de motivos del artículo 7. |

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| 5.6. | El criterio aplicado a la protección de los derechos de propiedad intelectual (artículo 8) corresponde a la norma generalmente reconocida en este ámbito de que la ley aplicable será la del lugar en el que se reclama la protección. Ello implica una loable igualdad de trato entre ciudadanos comunitarios y extracomunitarios en una jurisdicción dada. Sería difícil de justificar por qué los frutos de la labor intelectual de un ciudadano extranjero habrían de recibir más o menos protección que los de un ciudadano de la UE. Por consiguiente, el artículo 8.2 no hace más que señalar un aspecto obvio. |

6.   Normas aplicables a las obligaciones extracontractuales derivadas de un hecho no delictivo

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| 6.1. | La ley aplicable a los hechos delictivos según se recoge en el Título II, sección 1 del Reglamento, constituye el núcleo de las obligaciones extracontractuales, pero, no obstante, también es necesario regular en particular los casos de enriquecimiento sin causa y la gestión de negocios. Asimismo, los Estados miembros reconocen, en diverso número y grado, otras obligaciones extracontractuales que pueden regularse adecuadamente recurriendo a una cláusula general, como hace el legislador acertadamente en el artículo 9.1. |

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| 6.2. | Cuando una obligación extracontractual se basa en una relación jurídica preexistente entre las partes (lo cual incluye también los contratos), es evidente que la ley aplicable es la que ya rige dicha relación jurídica (conexión accesoria). En lo que respecta a los contratos que se mencionan específicamente en el Reglamento, hay que tener en cuenta el Convenio de Roma, que contiene una disposición específica sobre el ámbito de aplicación. No obstante, la formulación del artículo 9.1 es suficientemente flexible para permitir una vinculación directa con las disposiciones del Convenio de Roma sin dar lugar a contradicciones. La norma formulada en el artículo 9.2 del Reglamento se corresponde con la del artículo 3.2 y se justifica por las mismas razones. |

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| 6.3. | Las disposiciones aplicables a la obligación extracontractual basada en un enriquecimiento sin causa, que son las del país en el cual se produce el enriquecimiento (artículo 9.3), están en consonancia con los principios reconocidos en la mayor parte de los Estados miembros. Si el enriquecimiento es consecuencia de una relación contractual (nula), se aplica —conforme a la lógica del artículo 9— el apartado 1 de dicho artículo[(15)](#ntr15-C_2004241ES.01000101-E0029). Sería conveniente mencionarlo más explícitamente en el texto normativo para disipar de entrada cualquier duda al respecto por parte de los usuarios del Derecho menos versados en la materia. Podría servir de ejemplo la norma definida en el artículo 38.1 y 38.3 de la Ley introductoria al Código Civil alemán (EGBGB), que se rige por los mismos principios. Con arreglo a los comentarios sobre la norma proporcionados por la representante de la Comisión, esta vinculación sólo se aplicará en cualquier caso cuando no se pueda establecer una conexión accesoria en virtud de los apartados 1 o 2 del artículo 9. El Comité considera que esto se debería expresar de modo mucho más claro, para prevenir interpretaciones erróneas por parte de los usuarios del Derecho. |

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| 6.4. | En cuanto a la obligación extracontractual resultante de una gestión de negocios, el reglamento estipula que la ley aplicable es la del país en el cual tiene su residencia habitual el dueño del negocio en el momento de la gestión (a excepción de los casos específicos mencionados en la segunda frase del artículo 9.4). Desde el punto de vista de las normas de conflicto de leyes, esta disposición privilegia al dueño del negocio. Elegir la ley del país donde tiene su residencia habitual el dueño del negocio revertiría en su beneficio. No obstante, existe la posibilidad –no ponderada aparentemente por el legislador– de practicar la neutralidad en materia de conflicto de leyes declarando aplicable la ley del lugar donde se gestiona el negocio. Se pide a la Comisión que examine si esta solución no sería más apropiada, tanto más cuanto que el legislador ha elaborado una norma en la segunda frase del artículo 9.4 que va en la dirección propuesta. Con arreglo a los comentarios sobre la norma proporcionados por la representante de la Comisión, esta vinculación sólo se aplicará en cualquier caso cuando no se pueda establecer una conexión accesoria en virtud de los apartados 1 o 2 del artículo 9. El Comité considera que esto se debería expresar de modo mucho más claro, para prevenir interpretaciones erróneas por parte de los usuarios del Derecho. |

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| 6.5. | La cláusula de excepción que se estipula en el artículo 9.5, según la cual la ley aplicable es la del país con el que existen vínculos más estrechos, se corresponde con el artículo 3.3 del Reglamento y se justifica por las mismas razones. Cabe preguntarse, no obstante, si no es posible derivar de ella un principio superior que podría aplicarse a todas las disposiciones del Reglamento, incluidas las de los artículos 4 a 8, para las que no está previsto aún nada al respecto. Se pide a la Comisión que examine esta cuestión y que en caso de aceptarla incluya la correspondiente disposición en la sección 3. En este caso, el artículo 3.3 y el artículo 9.5 deberían suprimirse. |

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| 6.6. | El Comité considera innecesario el artículo 9.6, dado que sus efectos se derivan ya de la existencia de la norma específica prevista en el artículo 8, si bien su mantenimiento no es perjudicial. |

7.   Normas comunes aplicables a las obligaciones extracontractuales derivadas de un delito y de un hecho no delictivo

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| 7.1. | La rúbrica con que se denomina la sección 3 del Título II es innecesariamente complicada y dificulta la comprensión. El Comité recomienda seguir en este caso el ejemplo del Convenio de Roma y titular esta sección «Disposiciones comunes». |

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| 7.2. | Al dar a las partes la posibilidad de elección de la ley aplicable tras el surgimiento del conflicto en sus obligaciones extracontractuales (artículo 10), el Reglamento sigue acertadamente una tendencia progresista, que también se recoge en el artículo 42 de la Ley introductoria al Código Civil alemán o en el artículo 6 de la ley neerlandesa sobre Derecho internacional privado. La reserva impuesta a la libertad de elección que se prevé en los artículos 10.2 y 10.3 es una norma reconocida para evitar que las partes puedan eludir la ley y por tanto no debe objetarse, aunque ello complique sobremanera en la práctica la aplicación de la ley. |

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| 7.3. | En la regulación del ámbito de aplicación de los artículos 3 a 10 del Reglamento, el legislador sigue, con las debidas adaptaciones, el ejemplo del artículo 10 del Convenio de Roma. El alto grado de detalle pone de manifiesto los estimables esfuerzos por alcanzar un elevado nivel de seguridad jurídica. |

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| 7.4. | Lo dispuesto en el artículo 11 d), no obstante, plantea problemas, dado que, de acuerdo con los principios jurídicos generalmente aceptados, el Derecho procedimental está sometido a la lex fori, que el legislador europeo no debería modificar. Toda medida procedimental destinada a ejercer y garantizar (preventivamente) derechos materiales debe someterse a la ley de la jurisdicción competente. La cuestión de si existen esos derechos materiales como tales debe quedar sometida a la ley aplicable determinada en virtud de los artículos 3 a 10. La redacción de la exposición de motivos sugiere que ésta era la intención del legislador. Allí donde vía procedimental (para ejercer un derecho) y derecho material estén tan estrechamente imbricados que ya no sea posible una separación, será legítima una excepción a la norma sobre la lex fori y se podrá recurrir a la ley aplicable (lex causae). |

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| 7.5. | El artículo 12, que regula el difícil ámbito de las leyes de policía (disposiciones de observancia obligatoria, lois de police) se basa (mutatis mutandis) en el artículo 7 del Convenio de Roma y, por tanto, está en consonancia con las normas de conflicto de leyes comúnmente aceptadas. El título, que difiere del utilizado en el Convenio de Roma, responde al desarrollo de los usos terminológicos en este ámbito desde 1980. |

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| 7.6. | El artículo 13 establece las condiciones para que la ley aplicable tenga una relación directa con las normas de seguridad y comportamiento, lo cual en principio está justificado. El Comité considera que deberían aplicarse las normas que estén en vigor en el país en que se produce el hecho generador del daño, puesto que cabe esperar su cumplimiento por parte del autor del daño. Lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio de La Haya sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera [contrariamente a lo que se afirma en la exposición de motivos (p. 28)] puede entenderse por lo demás en este sentido, ya que el artículo se refiere a las normas vigentes en el lugar del accidente. Preguntado sobre este asunto, el representante de la Comisión ha interpretado también en tal sentido el artículo 13. El Comité, en cualquier caso, considera que esto no queda expuesto con suficiente claridad en todas las versiones lingüísticas. Por consiguiente, el Comité pide a la Comisión que mencione en el artículo 13 del Reglamento que las leyes aplicables en materia de seguridad y comportamiento son sin ningún genero de duda las vigentes en el país en el que se produjo el hecho generador del daño. |

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| 7.7. | El criterio escogido para entablar acción directa contra el asegurador para obtener reparación del daño es adecuado a las circunstancias y se corresponde con la norma de procedimiento establecida en el artículo 11.2 del Reglamento (CE) no 44/2001. |

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| 7.8. | La regulación de la subrogación (artículo 15) se corresponde con el artículo 13 del Convenio de Roma y no plantea problemas. La Comisión deberá prestar atención a que esta correspondencia se siga manteniendo también tras la revisión del Convenio de Roma y su transformación en reglamento europeo (Reglamento Roma II). Lo mismo ocurre con el artículo 17 (Prueba), que corresponde al artículo 14 del Convenio de Roma. El artículo 16 transpone el artículo 9.4 del Convenio de Roma, que, dado lo diferente del tema, es el único que puede servir como ejemplo, y lo adapta convenientemente. |

8.   Otras disposiciones/Disposiciones finales

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| 8.1. | Los aspectos tratados en los capítulos III y IV del Reglamento no plantean problemas en general, dado que son predominantemente normas técnicas acordes con las normas generales de conflicto de leyes habituales, de modo que no requieren un análisis pormenorizado. Esto se aplica en particular a los siguientes artículos: artículo 20 (Exclusión del reenvío), que equivale al artículo 15 del Convenio de Roma; artículo 21 (Sistemas no unificados), que equivale al artículo 19 del Convenio de Roma; artículo 22 (Orden público del foro), que corresponde al artículo 16 del Convenio de Roma; y artículo 25 (Relación con los convenios internacionales existentes), que equivale al artículo 21 del Convenio de Roma. |

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| 8.2. | El artículo 18 del Reglamento se refiere a determinados territorios que no están sometidos a la soberanía de ningún Estado y, a efectos del Reglamento, los asimila al territorio de un Estado, con el fin de evitar lagunas no deseadas o criterios de elección fortuitos en el sistema de las normas de conflicto de leyes. El Comité apoya esta medida. |

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| 8.3. | La residencia habitual de una persona es un elemento fundamental para determinar la ley aplicable en el Derecho internacional privado actual y, en consecuencia, desempeña un papel esencial en la determinación de los criterios de elección de la ley aplicable en el Reglamento. Aunque por lo general no plantea problemas determinar la residencia habitual de las personas físicas, pueden suscitarse dudas en cuanto a la de las personas jurídicas. El Reglamento resuelve este problema adecuadamente al establecer como criterio decisivo la residencia principal. No hubiera sido conveniente adaptar esta disposición a partir del artículo 60 del Reglamento (CE) no 44/2001, ya que en él por lo general se adopta el domicilio como criterio, y no la residencia habitual, además de que la solución tripartita que se propone en dicho Reglamento habría entrañado una menor seguridad jurídica. |

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| 8.4. | El legislador introdujo el artículo 24 en el texto del Reglamento después de las consideraciones planteadas en la audiencia de enero de 2003. Esta disposición se inspira en el artículo 40.3 de la Ley introductoria al Código Civil alemán, que tiene como fin impedir, basándose en el derecho material, la reclamación de indemnizaciones que se consideren exorbitantes según la communis opinio en la Comunidad y evitar en particular las discusiones y debates sobre si dicha reclamación de indemnizaciones atenta contra el orden público. El Comité apoya expresamente esta intención del legislador, pero plantea la duda de que no sirva adecuadamente a los intereses de la parte que reclama la indemnización, en caso de que (por razones legislativas que en sí mismas son adecuadas) no recibiera indemnización por un daño producido por el hecho de que una norma específica extranjera se considere aceptable como compensación del daño desde el punto de vista de los Estados miembros, pero inaceptable como compensación de daños ejemplares y punitivos (punitive damages, triple damages). El Comité teme que la actual formulación del artículo 24 contribuya a que pueda rechazarse totalmente la reclamación de indemnización. Por tanto, propone redactar el artículo del modo siguiente:  «La aplicación de una disposición de la ley designada por el presente Reglamento no justifica el derecho a una prestación en la medida en que ésta sirva a fines distintos de los de una adecuada compensación de la parte dañada.». |

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| 8.5. | El Reglamento contiene en su artículo 25 una reserva a favor de los convenios internacionales, a los que da prioridad, en tanto los Estados miembros los hayan suscrito, en el ámbito del conflicto de legislaciones en materia de obligaciones extracontractuales. La disposición corresponde en lo esencial al artículo 21 del Convenio de Roma, pero a diferencia de éste no contiene ninguna exención para poder contraer futuros compromisos contractuales que se aparten del Derecho comunitario. Esta diferencia se explica por el hecho de que el Reglamento se caracteriza por ser legislación vinculante para el legislador nacional, y por la necesidad de impedir una fragmentación mayor aún de la situación jurídica en la UE en el futuro. El Comité acoge favorablemente esta reserva, puesto que permite a los Estados miembros cumplir también en el futuro los compromisos contractuales ya adquiridos y seguir manteniendo su carácter de parte contratante en acuerdos importantes, a veces vigentes a escala mundial. En este sentido, el Comité recuerda a modo de ejemplo el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 9 de septiembre de 1896, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), la Convención para la Unificación de Ciertas Reglas relativas al Auxilio y Salvamento Marítimo de 23 de septiembre de 1910 y el Convenio internacional relativo a la limitación de la responsabilidad de los propietarios de buques. |

9.   Conclusión

El Comité pide a la Comisión que, tras efectuar las debidas correcciones, finalice los trabajos sobre el Reglamento con la mayor rapidez posible, a fin de que éste pueda entrar en vigor. La Comisión debería:

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| — | aclarar la relación entre el artículo 5 del Reglamento y el artículo 4.1 de la Directiva sobre la competencia desleal y adaptar en consecuencia la exposición de motivos, |

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| — | examinar si es verdaderamente adecuado dejar libertad de elección de la ley aplicable a la parte dañada en el ámbito de los daños al medio ambiente (art. 7), |

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| — | aclarar mejor en la literalidad del Reglamento la relación entre artículo 9, apartados 1 y 2 y artículo 9, apartados 3 y 4, |

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| — | ponderar si no sería más adecuado establecer en el artículo 9.4 que la ley aplicable es la ley del lugar en el que se gestiona el negocio, |

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| — | examinar si el artículo 9.5 puede elevarse al rango de principio general del Reglamento e incluirse en la sección 3, |

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| — | sustituir el título de la sección 3 por el de «Disposiciones comunes», |

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| — | establecer en el artículo 13 del Reglamento que, en el ámbito de las normas de seguridad y comportamiento, la ley aplicable es sin ningún género de duda la del lugar en el que se produjo el hecho generador del daño, |

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| — | reformular el artículo 24 del siguiente modo:  «La aplicación de una disposición de la ley designada por el presente Reglamento no justifica el derecho a una prestación en la medida en que ésta sirva a fines distintos de los de una adecuada compensación de la parte dañada.». |

Bruselas, 2 de junio de 2004.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger BRIESCH

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