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Language: es
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# 52001AE0514

**Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes"** 
  
*Diario Oficial n° C 193 de 10/07/2001 p. 0001 - 0006*

  

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes"

(2001/C 193/01)

El 8 de septiembre de 2000, de conformidad con el apartado segundo del artículo 47 y los artículos 55 y 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 7 de febrero de 2001 (ponente: Señor Bo Green).

En su 381o Pleno de los días 25 y 26 de abril de 2001 (sesión del 26 de abril), el Comité Económico y Social ha aprobado por 88 votos a favor, 17 en contra y 10 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. Tras el Libro Verde titulado "La contratación pública en la Unión Europea: Reflexiones para el futuro", publicado por la Comisión Europea en noviembre de 1996(1), el Comité Económico y Social aprobó por unanimidad un dictamen el 28 de mayo de 1997(2).

Las modificaciones propuestas por la Comisión a la Directiva de sectores especiales 93/38/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones(3), a consecuencia de la liberalización progresiva de determinados sectores, implican un reajuste del marco legislativo europeo en materia de contratación pública. La Comisión propone igualmente refundir las directivas de suministros, obras y servicios, uno de cuyos aspectos se refiere a la exclusión del sector de las telecomunicaciones de su ámbito de aplicación. Asimismo se propone modificar las disposiciones actuales para tener en cuenta la liberalización efectiva de los mercados de las telecomunicaciones. La propuesta incluye modificaciones agrupadas en dos partes, relativas a la simplificación de la Directiva y a las modificaciones del marco jurídico.

1.2. El CES felicita a la Comisión, en particular, por el trabajo realizado en favor de la apertura de los mercados, objetivo que la cooperación europea ha venido promoviendo desde sus orígenes; no obstante, desea proponer algunas enmiendas al texto de la Directiva propuesta.

1.3. Tras formular las observaciones generales, por una parte, sobre las simplificaciones propuestas y, por otra, sobre las modificaciones legislativas que este texto propone, se presentarán las propuestas del CES.

2. Observaciones generales sobre las simplificaciones aportadas a la Directiva 93/38/CEE

2.1. Las modificaciones propuestas afectan al ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE relativa a los contratos en los sectores del agua, de la energía, del transporte y de las telecomunicaciones, para tener en cuenta la liberalización introducida progresivamente en estos sectores, así como la introducción de los mecanismos de compras electrónicas, una clarificación de las disposiciones relativas a las prescripciones técnicas para favorecer en particular a las empresas innovadoras, el refuerzo de las disposiciones relativas a los criterios de adjudicación, la simplificación de los umbrales y la introducción de un vocabulario común de los contratos públicos.

El CES suscribe estas modificaciones pero lamenta la excesiva frecuencia con que se modifica la legislación europea, lo que dificulta su conocimiento y su comprensión. El CES pide a la Comisión que reflexione sobre marcos generales más flexibles y estables con el fin de no perjudicar al necesario desarrollo del conocimiento del Derecho europeo.

2.2. El CES acoge con satisfacción la aclaración aportada por este nuevo texto de Directiva, que se divide en cuatro títulos: definiciones, normas aplicables a los contratos, normas específicas aplicables a los contratos de servicios y obligaciones estadísticas, más unas disposiciones finales. No obstante, el texto sigue siendo de difícil lectura por exceso de detalles sobre algunos puntos (por ejemplo, el antiguo artículo 26) y por una clara insuficiencia de precisiones sobre otros (como el artículo 9, que no se explicita).

2.3. Tras la aprobación de esta Directiva se deberá proceder necesariamente a una adaptación legislativa nacional, ya que se adoptan nuevas disposiciones en un sentido clarificador y común a la Directiva refundida, como las informaciones que se deberán proporcionar a los participantes en un procedimiento de adjudicación sobre el curso del mismo, o como las informaciones que deberán proporcionarse a los solicitantes de clasificación según un sistema de clasificación establecido de conformidad con la Directiva. El proyecto contiene otra modificación de fondo relativa a la obligación de informar sobre el resultado de un procedimiento de adjudicación, que se amplía -lo que resulta útil- a todas las entidades contratantes. La ampliación a la selección de los participantes en un procedimiento restringido y negociado constituye un progreso, porque expresa principios generales: el reconocimiento mutuo y la igualdad de trato.

2.3.1. A la hora de evaluar la calidad de las ofertas, los poderes adjudicadores podrán con toda legitimidad tomar en cuenta consideraciones de carácter social o medioambiental -siempre y cuando se respete al mismo tiempo el principio de igualdad de trato-, en cuanto a cumplir la legislación vigente nacional y europea en materia social y de medio ambiente, así como los convenios de la OIT (ratificados por los países miembros). Esto, no obstante, debería quedar reflejado en la propia Directiva.

2.4. El reconocimiento de sistemas de garantía de calidad tanto para los contratos de servicios como para los contratos de obras o suministros, y la obligación de referirse a las normas europeas en materia de garantía de calidad o de certificación (las normas de la serie EN 29000 y EN 45000) y de reconocer otros medios probatorios, son igualmente una acertada innovación. La propuesta de Directiva debería aclarar la referencia a normas experimentales en los Estados miembros, ya que puede generar confusión o un exceso de normas que encubra una limitación al acceso a los mercados. En cualquier caso, estos cambios frecuentes de legislación son un elemento perturbador para los agentes económicos.

2.5. El Comité se pregunta también las razones de la ausencia en el texto propuesto de referencias a cuestiones medioambientales, que tienen una importancia capital para el futuro de Europa. En el artículo 53 se podrían incluir de forma más específica criterios medioambientales, que fueran razonablemente compatibles y no desnaturalizaran el objeto del contrato. Sólo sería necesario tenerlos en cuenta cuando constituyeran un elemento determinante en las consecuencias que tendría en el medio ambiente el modo de realización de las obras propuesto por los concurrentes.

Llama en alto grado la atención la ausencia de aspectos sociales en los criterios de adjudicación de un contrato. Los criterios sociales también deberían desarrollarse de manera específica en el artículo 53. El Comité es consciente de la dificultad de tratar estos puntos en detalle y recomienda que las futuras comunicaciones interpretativas de la Comisión que se refieran a aspectos medioambientales y sociales se transformen en directrices para los Estados miembros, en las que se especifique cómo han de aplicarse estos aspectos. Además, la Comisión está trabajando en la actualidad en el Manual sobre "la compra verde" en contratación pública, a fin de orientar a los poderes públicos a la hora de tener en cuenta las características medioambientales en la adjudicación de un contrato. El CES recomienda la redacción de un manual social de contratación a fin de orientar a los poderes públicos también en este ámbito.

2.6. La desvinculación progresiva del Estado y el creciente rigor presupuestario han llevado a la Comisión a proponer medidas de simplificación, flexibilidad y modernización para tener en cuenta las nuevas tecnologías y aligerar normas a veces demasiado detalladas y complejas. No obstante, el CES observa que para extraer todas las consecuencias de dicha desvinculación del Estado habría sido necesario definir con mayor claridad los contratos públicos en su conjunto y superar las antiguas definiciones de las directivas anteriores que contienen imprecisiones, en particular, con respecto a las adjudicaciones. El CES lamenta que la Comisión no aproveche la ocasión de esta renovación de las directivas para definir claramente los modos de adjudicación y el marco contractual de todos los contratos de APP (asociación pública-privada) y concesión basándose en una nueva definición de los contratos de concesión y asociación pública-privada, como el CES lo ha sugerido ya en varios dictámenes y recientemente en el dictamen sobre "El refuerzo del derecho de concesiones y de contratos de asociación entre los sectores público y privado (APP)"(4): "Una concesión de obras públicas es un acto (contrato o acto unilateral) por el cual una autoridad pública delega en una organización privada la tarea de concebir, construir, financiar, mantener y explotar una infraestructura o un servicio para un período largo y determinado". A juicio del CES, es imprescindible definir mejor las adjudicaciones de servicios, en particular, con respecto a los modos de adjudicación de contratos frente a todos los tipos de entidades públicas o privadas.

2.7. El CES lamenta profundamente que el texto examinado no regule la atribución de los derechos exclusivos al principio del procedimiento, mientras que el problema se plantea a ese nivel en lo relativo principalmente a la adjudicación de servicios. Esto confirma cuanto se ha indicado sobre definición de los contratos de concesión y de APP, y el CES insiste en que los elementos contenidos en la Comunicación interpretativa a este respecto son capitales, ya que indican claramente que la concesión de derechos exclusivos debe someterse a las normas del Tratado y a los principios generales de jurisprudencia europeos. Se trata de un problema complejo(5), que debe tomarse en serio, ya que las autoridades públicas excluyen ámbitos enteros de actividades de las normas de competencia sin justificación objetiva, lo que obstaculiza la integración del mercado europeo.

2.8. Como ya ha indicado el CES en varias ocasiones y recientemente en el dictamen de iniciativa(6) antes citado, sigue pendiente una clarificación completa de los contratos públicos (contratos de delegación) en el Derecho europeo, porque la situación de los contratos de concesión y de APP en el Derecho europeo sigue siendo confusa, como demuestra la Comunicación interpretativa sobre el régimen jurídico de las adjudicaciones en el Derecho europeo(7) de abril de 2000, obstaculizando así las inversiones privadas en infraestructuras públicas en un marco jurídico suficientemente claro y estable. Aun si la Comisión anuncia que esta Comunicación no prejuzga una posible propuesta legislativa específica para las concesiones, habría sido acertado y oportuno incluir una definición de los contratos de concesión y de APP en la Directiva propuesta a fin de no proceder a continuas transformaciones de la legislación europea. El apartado 3 del artículo 2 de la propuesta de Directiva es el lugar idóneo del texto para recoger las propuestas del CES y el contenido de la Comunicación interpretativa relativa a las modalidades de adjudicación de los contratos de concesión o de APP. El Comité considera que la comunicación interpretativa de abril de 2000 debería recogerse en una directiva o un reglamento, a fin de establecer principios claros en cuanto a la atribución de los contratos públicos en Europa.

2.9. Por otra parte, el CES propone que el artículo 1 remita parcialmente al artículo 1 de la Directiva refundida, por ser más completo y de contenido bastante similar.

2.10. El CES desea recordar que los organismos públicos que actúan como agentes económicos no deben aprovecharse de las ventajas que les procura su estatuto para desvirtuar las condiciones de la competencia. Es de destacar que, en varios Estados miembros, entidades de gestión directa o sociedades parapúblicas de estatuto privilegiado disponen de ventajas competitivas con relación a las sociedades privadas. Es imprescindible que el texto de la propuesta aclare verdaderamente este punto, al que la jurisprudencia europea no aporta una respuesta clara por falta de principios europeos claramente afirmados. La jurisprudencia existente sobre el servicio universal no puede proporcionar una respuesta a una cuestión que el Derecho europeo no ha tratado con claridad.

2.11. Por lo tanto, es imprescindible introducir normas complementarias tendentes a exigir a los poderes adjudicadores que comprueben que los organismos públicos soportan las mismas cargas, en particular, fiscales, sociales y financieras, que los operadores privados. La obligación de recurrir a la competencia para la atribución de contratos, o de actividades con valor de contrato en el sector privado, debe también imponerse a los poderes adjudicadores por lo que se refiere a sus relaciones con las entidades públicas o parapúblicas o privadas, que dependen de ellos o de otros poderes adjudicadores. Por lo demás, este extremo se explica con claridad en la comunicación interpretativa de la Comisión sobre las concesiones y los APP, y el Comité considera que en la redacción de la presente Directiva sería necesario retomar los principios establecidos por aquélla.

2.12. Igualmente, no conviene que las condiciones monopolísticas prevalezcan en determinados contratos en beneficio de empresas privadas, por lo que se deberá garantizar que los operadores tanto públicos como privados no sean objeto de trato discriminatorio en los procesos de atribución de contratos públicos, y que las condiciones de competencia sean rigurosamente legales para todos los participantes y conformes al Derecho europeo.

3. Observaciones detalladas sobre las modificaciones propuestas

3.1. Los principios planteados, que el Comité apoya, son dos.

3.1.1. La Comisión había indicado que presentaría propuestas para excluir del ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE los sectores o servicios a los que se aplica (el agua, la energía, el transporte y las telecomunicaciones) que operen en un Estado miembro dado en condiciones de competencia real. Dada la liberalización completa del sector de las telecomunicaciones, por una parte, y, teniendo en cuenta, por otra, que la evolución de los demás sectores entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE, la propuesta de Directiva introduce distintos tipos de soluciones para estos sectores. Este planteamiento merece aprobación.

3.2. El marco reglamentario para la liberalización de las telecomunicaciones se basa en el artículo 86 y en el artículo 95 del Tratado CE. Según la Directiva 90/388/CEE, modificada por la Directiva 96/19/CE, los Estados miembros debían adoptar las medidas necesarias para garantizar a toda empresa el derecho a prestar servicios de telecomunicaciones o a establecer o suministrar las redes de telecomunicaciones necesarias para la prestación de tales servicios antes del 1 de enero de 1998. Las medidas previstas se han transpuesto realmente a las legislaciones nacionales (autoridades reglamentarias nacionales, autorización, interconexión, servicio universal, tarifas, etc.), por lo que la Comisión ha llegado a la conclusión de que los contratos públicos en relación con la mayoría de los servicios de telecomunicaciones en la mayoría de los Estados miembros se consideran ya excluidos del ámbito de aplicación de esta Directiva(8). El CES toma nota de ello pero se interroga sobre los medios utilizados por la Comisión para hacer progresar la liberalización en los otros ámbitos cubiertos por la Directiva 93/38/CEE. El artículo 29 parece ofrecer un marco satisfactorio, pero puede dar lugar a una extrema diversidad de situaciones en Europa.

3.3. El Comité duda de la necesidad de prever, al realizarse una refundición de las "directivas clásicas" -presentada en paralelo a la presente propuesta-, disposiciones para seguir garantizando a las autoridades públicas su exclusión del ámbito de aplicación de estas directivas en lo que respecta a sus compras que afecten a sus actividades en el sector de las telecomunicaciones. El CES se pregunta en nombre de qué principio las entidades adjudicadoras no habrían de someterse a las normas de la competencia en este ámbito (véase el artículo 15 de la Directiva fusión).

3.4. Por lo que se refiere a las especificaciones técnicas, el Comité considera que, en cuanto a la referencia de los términos de rendimiento o los requisitos funcionales, la nueva redacción supone un claro avance, que permite luchar contra los obstáculos que se esconden en el proceso de competencia. Con relación a las especificaciones contempladas en el artículo 34, su apartado 3 precisa que "deberán formularse por referencia a las normas europeas", y convendría indicar que estas referencias deben nombrarse explícitamente y constar de manera precisa en el pliego de condiciones, ya que el empresario no puede demostrar una equivalencia sino con relación a textos normativos claramente definidos y referenciados de manera limitada.

3.5. El reconocimiento de un principio de confidencialidad (art. 12) de las informaciones proporcionadas por los agentes económicos va en el sentido del apoyo a la innovación de las empresas mediante la protección de su contribución intelectual. Convendría, con todo, que un texto de esta importancia especifique con mayor claridad el ámbito de aplicación de este principio, en particular, en cuanto a su objeto y su duración. El CES considera que este principio de confidencialidad se refiere no sólo a las ofertas sino también a todas las propuestas transmitidas al órgano de contratación(9), así como a toda clase de información comercial o relativa a las empresas. Por otra parte, esto podría hacerse mediante referencia al artículo XIV del Acuerdo relativo a la Contratación Pública. El Comité considera que el Derecho europeo debería tomar posición inequívoca sobre la protección de la propiedad de las ideas de los ofertantes y condenar las prácticas denominadas "cherry picking", contrarias a los principios de una consulta honesta.

4. Observaciones sobre los métodos de consulta

4.1. La introducción de mecanismos de compras electrónicas es necesaria debido a la evolución de los métodos actuales. El Comité subraya la incertidumbre que amenaza a la seguridad de estas comunicaciones y pide que la seguridad de las comunicaciones electrónicas y del almacenamiento de datos se plantee como un requisito para toda innovación en el ámbito de las consultas. La Comisión considera que la transmisión electrónica debería permitir reducir el plazo de doce días (necesarios actualmente para la transmisión a la Oficina de Publicaciones y la publicación en el Diario Oficial) a cinco días. Estas reducciones parecen excesivas y es dudoso que contribuyan a acrecentar la competencia europea sobre todo cuando se trata de prestaciones complejas, que a menudo requieren estudios previos y plazos de reflexión por parte de las empresas antes de comprometerse en procedimientos de contratos públicos. Se corre el riesgo de que las PYME tropiecen realmente con dificultades si pretenden tratar las ofertas en tales condiciones.

4.2. El refuerzo de las disposiciones relativas a los criterios de adjudicación y a la selección es una excelente innovación. Es sano establecer una norma general y previa que obligue a indicar una ponderación relativa de los criterios desde el principio de todo procedimiento. La propuesta de la nueva Directiva es imponer la obligación de mencionar desde la licitación o el pliego de condiciones la ponderación relativa de cada criterio(10). El CES apoya plenamente la ponderación de los criterios de atribución a la oferta económicamente más ventajosa, lo que permitirá desarrollar la transparencia de los procedimientos de adjudicación de contratos y garantizar la igualdad de trato entre candidatos. La aplicación de los procedimientos restringidos y negociados que incluyen una restricción del número de candidatos a la licitación mediante la aplicación de criterios objetivos anunciados de antemano es también una disposición acertada. El artículo 54 podría contemplar en su enumeración los criterios sociales y medioambientales, a condición de no tener un carácter discriminatorio directo o indirecto. Dichos criterios deben respetar necesariamente el objeto principal del contrato. Los criterios sociales en la selección de los candidatos o en la adjudicación del contrato sólo pueden utilizarse de conformidad con la jurisprudencia actual del TJCE, es decir, en caso de ofertas equivalentes.

4.3. Respecto de las ofertas anormalmente bajas (artículo 55) convendría prever que los poderes adjudicadores examinen obligatoriamente las ofertas que parecen anormalmente bajas con relación a las demás ofertas presentadas de acuerdo con la normativa comunitaria sobre las normas del Acuerdo relativo a la Contratación Pública (artículo XIII, 4, a). Por otra parte, es necesario especificar que cuando estas justificaciones no resulten satisfactorias las ofertas en cuestión deberán rechazarse obligatoriamente. Conviene luchar eficazmente contra las prácticas de dumping social que perturban profundamente los contratos públicos, ya que los derechos sociales europeos y de los Estados vecinos son diferentes y permiten falsear la competencia; la Directiva no tiene en cuenta las repercusiones de esto. El Comité considera que el tema de la perturbación de la competencia por prácticas de dumping social debe ser tratado en la Directiva. En consecuencia, convendría introducir la frase siguiente: "A la hora de examinar las ofertas, las entidades contratantes deberán tener en cuenta el respeto efectivo de las obligaciones relativas a la protección de los asalariados, de la legislación laboral y de los regímenes correspondientes del país de acogida."

4.4. Por lo que se refiere al artículo 52, el CES desea indicar que algunos países de la Comunidad han establecido certificaciones de servicios y que este tipo de certificación debe figurar entre los criterios considerados en este artículo. Con todo, ello no debe crear un obstáculo encubierto a la competencia, por lo tanto, se deberán poder aprobar referencias equivalentes.

4.5. El CES considera acertada la nueva redacción del artículo 36, que estipula el recurso a las variantes y su sujeción a las mismas disposiciones que las previstas para la elección de la oferta económicamente más ventajosa.

4.6. La redacción del artículo 37 relativo a la subcontratación no responde a las prácticas de todos los Estados miembros, en particular, en lo tocante a los subcontratistas designados, que constituye una práctica insólita. El CES pide que se mantenga la antigua redacción.

4.7. El CES se interroga sobre los medios probatorios en la utilización de los medios electrónicos, en particular, en relación con el artículo 46, y considera que se deberían reforzar los procedimientos de firma electrónica y cifrado.

4.8. La Directiva deja a la entidad contratante la tarea de fijar el nivel específico de capacidad (artículo 53) y experiencia requerido para un contrato determinado, lo que permite una selección efectiva de candidatos en función de sus aptitudes para ejecutar el contrato en condiciones óptimas. El recurso en los procedimientos restringidos o negociados con licitación a la obligación de reducir eventualmente el número de candidatos en función de niveles específicos de capacidad y experiencia aumenta la transparencia de estos procedimientos. Sin embargo, el CES lamenta que en los criterios de adjudicación, la Comisión omita referirse a los aspectos sociales y recomienda la modificación del artículo 53 al objeto de corregir esta omisión.

4.9. La consulta de las empresas en términos de resultados es un avance muy importante de las dos nuevas directivas, por lo que merece el apoyo del CES.

4.10. Los umbrales actuales son de difícil manejo, por ello se propone su simplificación. Por una parte, los umbrales serán los mismos para todos los contratos, sujetos o no al AMP. Por otra parte, todos los umbrales se expresan directamente en euros y se redondean en la centena de millares de euros inferior a los umbrales previstos por el AMP. Esta simplificación permite establecer dos umbrales:

- 5300000 euros, aplicable a los contratos de obras, cualquiera que sea el sector en el cual opera la entidad adjudicadora, y

- 400000 euros, aplicable a los contratos de suministros y servicios así como a las licitaciones, cualquiera que sea el sector en el cual opera la entidad adjudicadora y cualquiera que sea el servicio en cuestión.

El Comité aprueba la simplificación de estas normas.

4.11. La utilización de un vocabulario común de contratos públicos (common procurement vocabulary - CPV) fue objeto de una recomendación de la Comisión en 1996(11). Esta nomenclatura constituye una evolución y una mejora de las nomenclaturas CPA y NACE, en el sentido de una mejor adecuación a las características específicas del sector de los contratos públicos. Sin embargo, dado que el CPV debe ser objeto de una propuesta de reglamento del Consejo y del Parlamento Europeo, que lo aprobará oficialmente como nomenclatura comunitaria aplicable a los contratos públicos y organizará su mantenimiento, el CES no es favorable a su mantenimiento en la directiva que se estudia.

4.12. Los regímenes de monopolio que se concedieron en el pasado a empresas han dado paso progresivamente en Europa -especialmente, en el ámbito de las tecnologías de la información- a un entorno abierto a la competencia, pero en condiciones a las que conviene prestar atención, porque a veces disimulan los gérmenes de importantes distorsiones de la competencia. Por ello la apertura -jurídica- a la competencia del mercado de la difusión numérica va acompañada en algunos Estados miembros de una distorsión entre los actores, dado que el operador público está situado en condiciones especialmente favorables, que le han permitido seguir beneficiándose durante el máximo tiempo posible de un régimen de monopolio, con el fin de poder practicar subvenciones cruzadas entre sus actividades monopolísticas y el lanzamiento de una nueva actividad supuestamente abierta a la competencia. El CES denuncia que la presente Directiva no contiene disposiciones firmes en este ámbito.

Bruselas, 26 de abril de 2001.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) Dictamen sobre el Libro Verde, ponente: Sr. Malosse, DO C 287 de 22.9.1997, p. 92.

(2) "Libro Verde sobre la contratación pública en la Unión Europea: Reflexiones para el futuro" COM(96) 583 final.

(3) Se trata de la Directiva 93/38/CEE sobre los procedimientos de adjudicación de los contratos de las entidades que operan en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones ("Directiva sectores especiales"), modificada en último lugar por la Directiva 98/4/CE; y las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE relativas a la aplicación de los procedimientos de recurso ("Directivas recurso"), DO L 199 de 9.8.1993, modificadas por la Directiva 94/22/CE de 30.5.1994 (DO L 164 de 30.6.1994) y la Directiva 98/4/CE de 16.2.1998 (DO L 101 de 1.4.1998).

(4) Dictamen de 20 de octubre, ponente: Sr. Levaux, DO C 14 de 16.1.2001, punto 4.1.3, p. 91.

(5) En su sentencia de 12.12.1996, el Tribunal de Justicia declaró "que los derechos exclusivos o especiales a los que se hace referencia deben entenderse, de manera general, como los derechos que las autoridades de un Estado miembro conceden a una empresa o a un número limitado de empresas, según criterios que no son objetivos, proporcionados y no discriminatorios, y que afectan sustancialmente a la capacidad de las demás empresas para establecer o explotar redes de telecomunicaciones o prestar servicios de telecomunicaciones en el mismo territorio, en condiciones sustancialmente equivalentes".

(6) Dictamen del Sr. Levaux de 20 de octubre de 2000, DO C 14 de 16.1.2001, p. 91.

(7) Comunicación interpretativa de la Comisión sobre las concesiones en el Derecho comunitario, DO C 121 de 29.4.2000, p. 2.

(8) La introducción de una competencia efectiva en el sector implica que las compras de servicios de telefonía vocal, télex, radiotelefonía móvil, servicio de mensajería por radio y telecomunicaciones por satélite pueden efectuarse en adelante de acuerdo con las normas habituales aplicables a los mercados de servicios, como ya es el caso para otros servicios de telecomunicaciones.

(9) Por ejemplo, los proyectos de soluciones, las variantes autorizadas, las propuestas emitidas en caso de negociaciones y todo lo relacionado con las comunicaciones entre la autoridad adjudicadora y las empresas.

(10) Ésta puede tomar distintas formas (en particular porcentajes, o expresarse en parte relativa con relación a otro criterio), y para preservar cierta flexibilidad, puede expresarse en términos de banda dentro de la cual se situará el valor conferido a cada criterio.

(11) Recomendación 96/527/CE de la Comisión de 30.7.1996 relativa a la utilización de un vocabulario común de contratos públicos (CPV) para la descripción del objeto de los contratos (DO L 222 de 3.9.1996).

ANEXO

al dictamen del Comité Económico y Social

La propuesta de enmienda siguiente, que obtuvo más de un cuarto de los votos emitidos, fue rechazada en el transcurso de los debates.

Punto 4.3

Suprímase la última frase a partir de:

"En consecuencia, convendría ..."

Exposición de motivos

Con respecto al dumping social el Comité debería limitarse a exigir que se atienda a sus repercusiones en la competencia. El añadido del artículo que aquí se propone atentaría contra el principio de la proporcionalidad. La obligación de que, a la hora de examinar las ofertas, las entidades contratantes deberán verificar si también se respetan efectivamente todas las obligaciones nacionales de esta naturaleza, no supondría únicamente un esfuerzo desproporcionado para las autoridades, sino que también provocaría graves discriminaciones, en particular para los ofertantes extranjeros. Además, se daría la posibilidad a los competidores de incoar innumerables contenciosos legales basándose sólo en infracciones a la ley, por nimias que éstas fueran.

Resultado de la votación

Votos a favor: 46, votos en contra: 69, abstenciones: 8.

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