Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**Consejo de la**
**Unión Europea**

**Expediente interinstitucional:**

**2018/0095 (NLE)**

**PROPUESTA**

**Bruselas, 18 de abril de 2018**
**(OR. en)**

**7974/18**
**ADD 1**

**WTO 78**
**SERVICES 27**
**FDI 14**
**COASI 95**

De: secretario general de la Comisión Europea,
firmado por D. Jordi AYET PUIGARNAU, director

Fecha de recepción: 18 de abril de 2018

A: D. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretario general del Consejo de la
Unión Europea

N.° doc. Ción.: COM(2018) 194 final - ANNEX 1

Asunto: ANEXO de la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración
del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra

Adjunto se remite a las Delegaciones el documento – COM(2018) 194 final - ANNEX 1.

Adj.: COM(2018) 194 final - ANNEX 1

7974/18 ADD 1 og
## DG C 1 ES

COMISIÓN

EUROPEA

Bruselas, 18.4.2018
COM(2018) 194 final

ANNEX 1

**ANEXO**

_**de la**_

**Propuesta de Decisión del Consejo**

**relativa a la celebración del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión**
**Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra**

# **ES ES**

ACUERDO DE PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA

Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,

Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR, POR OTRA

XXXX/es 1

LA UNIÓN EUROPEA (en lo sucesivo denominada «la Unión»),

EL REINO DE BÉLGICA,

LA REPÚBLICA DE BULGARIA,

LA REPÚBLICA CHECA,

EL REINO DE DINAMARCA,

LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,

LA REPÚBLICA DE ESTONIA,

IRLANDA,

LA REPÚBLICA DE CROACIA,

LA REPÚBLICA HELÉNICA,

EL REINO DE ESPAÑA,

LA REPÚBLICA FRANCESA,

LA REPÚBLICA ITALIANA,

LA REPÚBLICA DE CHIPRE,

XXXX/es 2

LA REPÚBLICA DE LETONIA,

LA REPÚBLICA DE LITUANIA,

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,

HUNGRÍA,

LA REPÚBLICA DE MALTA,

EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS,

LA REPÚBLICA DE AUSTRIA,

LA REPÚBLICA DE POLONIA,

LA REPÚBLICA PORTUGUESA,

RUMANÍA,

LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA,

LA REPÚBLICA ESLOVACA,

LA REPÚBLICA DE FINLANDIA,

XXXX/es 3

EL REINO DE SUECIA, y

EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE,

por una parte, y

LA REPÚBLICA DE SINGAPUR (en lo sucesivo denominada «Singapur»),

por otra,

conjuntamente y en lo sucesivo denominados «las Partes»,

RECONOCIENDO su duradera y sólida asociación, basada en los principios y valores comunes

reflejados en el Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados

miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra (en lo sucesivo denominado «el AAC

UE-Singapur»), y sus importantes relaciones económicas, comerciales y de inversión, tal como se

reflejan en el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur (en lo

sucesivo denominado «el ALC UE-Singapur»);

DESEANDO seguir reforzando su relación como parte de sus relaciones generales y de forma

coherente con las mismas, y convencidas de que el presente Acuerdo creará un nuevo clima para un

mayor desarrollo de la inversión entre las Partes;

RECONOCIENDO que el presente Acuerdo complementará y promoverá los esfuerzos de

integración económica regional;

XXXX/es 4

DECIDIDAS a intensificar sus relaciones económicas, comerciales y de inversión de acuerdo con el

objetivo del desarrollo sostenible, en su dimensión económica, social y medioambiental, y a

promover la inversión respetando los elevados niveles de protección medioambiental y laboral y las

normas pertinentes reconocidas internacionalmente y los acuerdos en los que son parte;

REAFIRMANDO su adhesión a los principios del desarrollo sostenible y la transparencia, tal como

se reflejan el ALC UE-Singapur.

REAFIRMANDO el derecho de cada Parte a adoptar y hacer cumplir las medidas necesarias para

perseguir objetivos políticos legítimos, como los sociales y medioambientales y los relacionados

con la seguridad, la salud pública y la promoción y la protección de la diversidad cultural;

REAFIRMANDO su adhesión a la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de

junio de 1945 y teniendo en cuenta los principios articulados en la Declaración Universal de

Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre

de 1948;

RECONOCIENDO la importancia de la transparencia en el comercio y la inversión internacionales

en beneficio de todas las partes interesadas;

BASÁNDOSE en sus derechos y obligaciones respectivos en virtud del Acuerdo de la OMC y de

otros acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, y de los arreglos en los que son parte, en

particular el ALC UE-Singapur.

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

XXXX/es 5

CAPÍTULO UNO

OBJETIVOS Y DEFINICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.1

Objetivo

El objetivo del presente Acuerdo es reforzar el clima de inversión entre las Partes, de conformidad

con las disposiciones del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 1.2

Definiciones

A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

1. «inversión cubierta», toda inversión que sea propiedad, directa o indirecta, o esté bajo el

control, directo o indirecto, de un inversor cubierto de una Parte en el territorio de la otra Parte **[1]** .

**1** Para mayor seguridad, las inversiones realizadas «en el territorio de la otra Parte» incluirán las
inversiones realizadas en una zona económica exclusiva o en una plataforma continental, tal y
como se establece en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10
de diciembre de 1982.

XXXX/es 6

«inversión», cualquier tipo de activo que tenga las características de una inversión, incluidas

características como el compromiso de capital o de otros recursos, la expectativa de ganancia o

beneficio, la asunción de riesgos, o una determinada duración. Una inversión puede revestir, entre

otras, las formas siguientes:

a) tangible o intangible, la propiedad de bienes muebles o inmuebles, así como cualquier otro

derecho de propiedad, como arrendamientos, hipotecas, derechos prendarios o pignoraciones;

b) una empresa, incluidas las filiales, acciones, títulos o cualquier otra forma de participación en

el capital de una empresa, incluidos los derechos derivados de los mismos;

c) bonos, obligaciones y préstamos u otros instrumentos de deuda, incluidos los derechos

derivados de los mismos;

d) otros activos financieros, incluidos los instrumentos derivados, futuros y opciones;

e) contratos «llave en mano», de construcción, gestión, producción, concesión, reparto de

ingresos y otros contratos similares;

f) derechos sobre activos monetarios o sobre otros activos, o sobre cualquier prestación

contractual que tenga valor económico;

XXXX/es 7

g) derechos de propiedad intelectual e industrial **[1]** y fondo de comercio, y

h) licencias, autorizaciones, permisos y otros derechos similares conferidos con arreglo al

Derecho interno, incluidas las concesiones para la búsqueda, el cultivo, la extracción o la

explotación de recursos naturales **[2]** .

Las ganancias que se inviertan serán tratadas como inversiones y ninguna modificación de la forma

en que se inviertan o reinviertan los activos afectará a su clasificación como inversiones.

2. «inversor cubierto», cualquier persona física **[3]** o jurídica de una Parte que haya realizado una

inversión en el territorio de la otra Parte.

**1** Por «derechos de propiedad intelectual e industrial» se entenderán:
a) todas las categorías de propiedad intelectual e industrial que son objeto de las
secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que figura en el anexo 1C del
Acuerdo de la OMC (en lo sucesivo, «el Acuerdo sobre los ADPIC»), a saber:
i) derechos de autor y derechos conexos;
ii) patentes (que, en el caso de la Unión, incluyen los derechos derivados de los
certificados complementarios de protección);
iii) marcas;
iv) dibujos y modelos;
v) los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;
vi) las indicaciones geográficas;
vii) la protección de la información no divulgada, y
b) los derechos relativos a las obtenciones vegetales.
**2** Para mayor seguridad, una resolución o sentencia en el contexto de una acción judicial o
administrativa no constituirá, por sí misma, una inversión.
**3** El término «persona física» incluye a las personas físicas que residen permanentemente en
Letonia y no son ciudadanos de Letonia ni de ningún otro Estado, pero que, en virtud de las
disposiciones legales y reglamentarias de Letonia, tienen derecho a recibir un pasaporte para
personas que no poseen el estatuto de ciudadano (pasaporte para extranjeros).

XXXX/es 8

3. «persona física de una Parte», un nacional de Singapur o de uno de los Estados miembros de

la Unión, conforme a su legislación respectiva.

4. «persona jurídica», cualquier entidad jurídica debidamente constituida u organizada de otro

modo con arreglo al Derecho aplicable, tenga o no fines de lucro y ya sea de propiedad privada o

pública, con inclusión de cualquier sociedad de capital, sociedad fiduciaria, sociedad personal

( _partnership_ ), empresa conjunta, empresa individual o asociación.

5. «persona jurídica de la Unión» o «persona jurídica de Singapur», una persona jurídica

establecida conforme al Derecho de la Unión o de uno de los Estados miembros de la Unión o de

Singapur, respectivamente, y que tiene su domicilio social, administración central **[1]** o centro de

actividad principal en el territorio de uno de los Estados miembros de la Unión o de Singapur,

respectivamente. En caso de que la persona jurídica tenga únicamente su domicilio social o

administración central en el territorio de uno de los Estados miembros de la Unión o de Singapur,

respectivamente, no será considerada persona jurídica de la Unión o persona jurídica de Singapur,

respectivamente, a menos que lleve a cabo operaciones empresariales sustantivas **[2]** en el territorio de

la Unión o de Singapur, respectivamente.

**1** El término «administración central» significa la oficina principal en la que se toman las
decisiones finales.
**2** La Parte UE considera que el concepto de «vinculación efectiva y continua» con la economía
de un Estado miembro de la Unión, consagrado en el artículo 54 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea es equivalente al concepto de «operaciones
empresariales sustantivas». Por consiguiente, la Parte UE ampliará los beneficios del presente
Acuerdo a una persona jurídica creada conforme al Derecho de Singapur que tenga
únicamente su domicilio social o administración central en el territorio de Singapur solo en
caso de que dicha persona jurídica tenga un vínculo económico efectivo y continuo con la
economía de Singapur.

XXXX/es 9

6. «medida», cualquier ley, normativa, procedimiento, requisito o práctica.

7. «trato» o «medida» **[1]** adoptados o mantenidos por una Parte incluye los adoptados por:

a) gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales, y

b) organismos no gubernamentales en el ejercicio de poderes delegados en ellos por gobiernos o

autoridades centrales, regionales o locales.

8. «ganancias», todos los importes generados por una inversión o reinversión o derivados de las

mismas, incluidos los beneficios, dividendos, plusvalías, cánones, intereses y pagos en relación con

derechos de propiedad intelectual e industrial, pagos en especie y todos los demás ingresos lícitos.

9. «moneda libremente convertible», una moneda que es objeto habitual de intercambios

internacionales en los mercados de divisas y se utiliza ampliamente en transacciones

internacionales.

10. por «establecimiento» se entenderá:

a) la constitución, la adquisición o el mantenimiento de una persona jurídica; o

b) la creación o el mantenimiento de una sucursal o una oficina de representación,

con objeto de establecer o mantener vínculos económicos duraderos dentro del territorio de una

Parte a fin de realizar una actividad económica.

**1** Para mayor seguridad, las Partes entienden que los términos «trato» o «medida» pueden
incluir omisiones.

XXXX/es 10

11. «actividad económica» no incluye las actividades de carácter económico realizadas en el

ejercicio de la autoridad gubernamental, es decir, las actividades no realizadas sobre una base

comercial o en competencia con uno o más operadores económicos;

12. «Parte UE» designa a la Unión o sus Estados miembros, o la Unión y sus Estados miembros,

en sus respectivos ámbitos de competencia derivados del Tratado de la Unión Europea y del

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

CAPÍTULO DOS

PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES

ARTÍCULO 2.1

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo será aplicable a los inversores cubiertos y a las inversiones cubiertas que

se hayan efectuado de conformidad con el Derecho aplicable, independientemente de si tales

inversiones se han realizado antes o después de la entrada en vigor del presente Acuerdo **[1]** .

2. Sin perjuicio de lo establecido en cualquier otra disposición del presente Acuerdo, el artículo

2.3 (Trato nacional) no será aplicable a las subvenciones o ayudas proporcionadas por una Parte,

incluidos los préstamos, las garantías y los seguros con respaldo de los gobiernos.

**1** Para mayor seguridad, el presente capítulo no será aplicable al trato concedido por una Parte a
los inversores cubiertos o a las inversiones cubiertas antes de la entrada en vigor del presente
Acuerdo.

XXXX/es 11

3. El artículo 2.3 (Trato nacional), no será aplicable a:

a) la contratación pública llevada a cabo por organismos gubernamentales de bienes y servicios

adquiridos con fines oficiales y no destinados a la reventa comercial o a su utilización en el

suministro de bienes o servicios para la venta comercial, o

b) los servicios audiovisuales;

c) la actividad realizada en el ejercicio de la autoridad gubernamental en los territorios

respectivos de las Partes. A efectos del presente capítulo, «actividad realizada en el ejercicio

de la autoridad gubernamental» significa toda actividad excepto las llevadas a cabo sobre una

base comercial o en competencia con uno o varios proveedores de servicios.

ARTÍCULO 2.2

Inversiones y medidas reglamentarias

1. Las Partes reafirman su derecho a regular en sus territorios para alcanzar objetivos políticos

legítimos, como la protección de la salud pública, los servicios sociales, la educación pública, la

seguridad, el medio ambiente o la moral pública, la protección social o de los consumidores, la

privacidad y la protección de datos, y la promoción y la protección de la diversidad cultural.

XXXX/es 12

2. Para mayor seguridad, el mero hecho de que una Parte regule, incluso mediante una

modificación de su legislación, de tal forma que afecte negativamente a las inversiones o no

satisfaga las expectativas de un inversor, incluidas sus expectativas de beneficios, no constituye un

incumplimiento de ninguna de las obligaciones establecidas en el presente capítulo.

3. Para mayor seguridad, la decisión de una Parte de no conceder, renovar o mantener una

subvención o ayuda:

a) en caso de que no haya ningún compromiso específico en virtud del Derecho interno ni

ningún contrato para conceder, renovar, o mantener esa subvención o ayuda; o

b) si la decisión se toma de conformidad con los términos y condiciones asociados a la

concesión, renovación o mantenimiento de la subvención o ayuda, en caso haberlos,

no constituye una infracción de lo dispuesto en el presente capítulo.

4. Para mayor seguridad, ninguna disposición del presente capítulo se interpretará en el sentido

de que impide a una Parte que suspenda la concesión de una subvención **[1]** o solicite su devolución

cuando dicha acción haya sido ordenada por un órgano jurisdiccional o tribunal administrativo

competente u otra autoridad competente **[2]**, o que conmina a dicha Parte a compensar por ello al

inversor.

**1** En el caso de la Parte UE, «subvención» incluye la «ayuda estatal», tal como se define en el
Derecho de la UE.
**2** En el caso de la Parte UE, a la hora de aplicar el Derecho de la UE en materia de ayudas
estatales, las autoridades competentes facultadas para ordenar las actuaciones mencionadas en
el artículo 2.2, apartado 4, son la Comisión Europea o un órgano jurisdiccional o tribunal de
un Estado miembro.

XXXX/es 13

ARTÍCULO 2.3

Trato nacional

1. Cada Parte concederá, en su territorio, a los inversores cubiertos de la otra Parte y a sus

inversiones cubiertas, un trato no menos favorable que el que concede, en situaciones similares, a

sus propios inversores y sus inversiones con respecto a la explotación, la gestión, la realización, el

mantenimiento, el uso, el disfrute y la venta u otro tipo de enajenación de sus inversiones.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cada Parte podrá adoptar o mantener cualquier

medida con respecto a la explotación, la gestión, la realización, el mantenimiento, el uso, el disfrute

y la venta u otro tipo de enajenación de un establecimiento que no sea incompatible con sus

compromisos indicados en su Lista de Compromisos Específicos de los anexos 8-A y 8-B del

capítulo ocho (Servicios, establecimiento y comercio electrónico) del ALC UE-Singapur,

respectivamente **[1]**, en caso de que dicha medida sea:

a) una medida que se adopte a más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;

**1** Se entiende que una medida «que no sea incompatible con los compromisos indicados en la
Lista de Compromisos Específicos de una Parte, en los anexos 8-A y 8-B del capítulo ocho
(Servicios, establecimiento y comercio electrónico) del ALC UE-Singapur, respectivamente»
podrá incluir cualquier medida respecto de cualquier sector que no se haya indicado y
cualquier medida que no sea incompatible con alguna condición, limitación o reserva que se
haya indicado respecto a cualquier sector en las Listas respectivas, independientemente de si
tal medida afecta al «establecimiento», tal como se define en la letra d) del artículo 8.8
(Definiciones) del ALC UE-Singapur.

XXXX/es 14

b) una medida con arreglo a la letra a) que se mantenga, se sustituya o se modifique después de

la entrada en vigor del presente Acuerdo, a condición de que la medida no resulte menos

coherente con el apartado 1 después de su mantenimiento, sustitución o modificación que tal

como era antes de su mantenimiento, sustitución o modificación; o

c) una medida no comprendida en las letras a) o b), a condición de que no se aplique a las

inversiones cubiertas que se realicen en el territorio de la Parte antes de la entrada en vigor de

tal medida, y no se aplique de manera que cause una pérdida o un perjuicio **[1]** a dichas

inversiones.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, una Parte podrá adoptar o hacer cumplir

medidas que concedan a inversores e inversiones cubiertos de la otra Parte un trato menos favorable

que el que concede a sus propios inversores y sus inversiones en situaciones similares, a condición

de que tales medidas no se apliquen de manera que constituyan un medio de discriminación

arbitraria o injustificada contra los inversores o inversiones cubiertos de la otra Parte en el territorio

de una Parte, o una restricción encubierta respecto a las inversiones cubiertas, en caso de que las

medidas sean:

**1** A los efectos del apartado 2, letra c), se entiende que factores como el hecho de que una Parte
haya establecido un período de introducción progresiva razonable para la aplicación de una
medida, o el hecho de que una Parte haya realizado cualquier otro intento de corregir los
efectos de la medida sobre las inversiones cubiertas realizadas antes de su entrada en vigor,
serán tenidos en cuenta para determinar si la medida ocasiona una pérdida o un perjuicio a
inversiones cubiertas realizadas antes de la entrada en vigor de la medida.

XXXX/es 15

a) necesarias para proteger la seguridad y la moral públicas o para mantener el orden público **[1]** ;

b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas, de los animales o para preservar los

vegetales;

c) relativas a la conservación de los recursos naturales no renovables, si tales medidas se aplican

conjuntamente con restricciones a inversores o inversiones internos;

d) necesarias para proteger el patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico;

e) necesarias para lograr la observancia de la legislación o normativa que no sean incompatibles

con lo dispuesto en el presente capítulo, incluso los relativos a:

i) la prevención de prácticas engañosas o fraudulentas o los medios para hacer frente a los

efectos del incumplimiento de un contrato;

ii) la protección de la intimidad de los particulares en relación con el tratamiento y la

difusión de datos personales, así como la protección de los registros y cuentas

individuales de carácter confidencial;

iii) la seguridad;

**1** La excepción de orden público únicamente podrá invocarse cuando se plantee una amenaza
verdadera y suficientemente grave para uno de los intereses fundamentales de la sociedad.

XXXX/es 16

f) destinadas a garantizar la imposición o recaudación efectiva o equitativa **[1]** de impuestos

directos respecto de los inversores o las inversiones de la otra Parte.

**1** En las medidas que tienen por objeto garantizar la imposición o recaudación equitativa o
efectiva de impuestos directos están comprendidas las medidas adoptadas por una Parte en
virtud de su régimen fiscal que:
a) se aplican a inversiones o inversores no residentes en reconocimiento del hecho de que
la obligación fiscal de los no residentes se determina con respecto a elementos
imponibles cuyo origen o emplazamiento se halla en el territorio de la Parte;
b) se aplican a los no residentes para garantizar la imposición o recaudación de impuestos
en el territorio de una Parte;
c) se aplican a los no residentes o a los residentes para prevenir la elusión o evasión fiscal,
con inclusión de las medidas de cumplimiento;
d) se aplican a las inversiones realizadas en o desde el territorio de la otra Parte para
garantizar la imposición o recaudación, a tales consumidores, de impuestos cuyo origen
se halla en el territorio de la Parte;
e) establecen una distinción entre los inversores e inversiones sujetos a impuestos sobre
elementos imponibles en todo el mundo y los demás inversores e inversiones, en
reconocimiento de la diferencia existente entre ellos en cuanto a la naturaleza de la base
impositiva; o
f) determinan, asignan o reparten ingresos, beneficios, ganancias, pérdidas, deducciones o
créditos de personas residentes o filiales, o entre personas vinculadas o filiales de la
misma persona, con el fin de salvaguardar la base impositiva de la Parte.
Los términos o conceptos fiscales que figuran en la letra f) y en la presente nota a pie de
página se determinarán con arreglo a las definiciones y conceptos fiscales, o las definiciones y
conceptos equivalentes o similares, de conformidad con el Derecho interno de la Parte que
adopte la medida.

XXXX/es 17

ARTÍCULO 2.4

Nivel de trato

1. Cada una de las Partes concederá, en su territorio, a las inversiones cubiertas de la otra Parte

un trato justo y equitativo **[1]**, así como plena protección y seguridad de conformidad con los

apartados 2 a 6.

2. Una Parte incumplirá la obligación de trato justo y equitativo a la que se hace referencia en el

apartado 1 en caso de que una medida o una serie de medidas constituya:

a) la denegación de justicia **[2]** en procedimientos penales, civiles o administrativos;

b) un incumplimiento esencial de las garantías procesales;

c) una conducta manifiestamente arbitraria;

d) acoso, coacción, abuso de poder o un comportamiento de mala fe similar;

**1** El concepto de trato del presente artículo incluye el trato dispensado a los inversores cubiertos
que afecte directa o indirectamente a la explotación, la gestión, la realización, el
mantenimiento, el uso, el disfrute y la venta u otro tipo de enajenación que hagan dichos
inversores cubiertos de sus inversiones cubiertas.
**2** Para mayor seguridad, el mero hecho de que la demanda del inversor cubierto haya sido
denegada, desestimada o infructuosa no constituye, en sí, una denegación de justicia.

XXXX/es 18

3. Al determinar si se ha infringido la obligación de trato justo y equitativo, tal como se

establece en el apartado 2, un Tribunal podrá tener en cuenta, cuando proceda, si una Parte formuló

observaciones específicas o inequívocas **[1]** a un inversor para inducir a la inversión, que crearon

expectativas legítimas en un inversor cubierto y en las que este confió de forma razonable, pero que

la Parte frustró posteriormente **[2]** .

4. Las Partes deberán, previa petición de una de las Partes o previa recomendación del Comité,

revisar el contenido de la obligación de proporcionar un trato justo y equitativo, conforme al

procedimiento de modificación establecido en el artículo 4.3 (Modificaciones), en particular si un

trato distinto de los citados en el apartado 2 puede constituir también un incumplimiento del trato

justo y equitativo.

5. Para mayor seguridad, por «plena protección y seguridad» solo se entiende la obligación de

una Parte en relación con la seguridad física de los inversores e inversiones cubiertos.

**1** Para mayor seguridad, las observaciones formuladas para inducir a realizar inversiones
incluyen las formuladas para convencer al inversor de que prosiga con la inversión o no la
liquide, o para que realice inversiones posteriores.
**2** Para mayor seguridad, la frustración de expectativas legítimas, tal como se describe en el
presente apartado, no constituye por sí misma una infracción del apartado 2 y tal frustración
de expectativas legítimas debe derivarse de los mismos acontecimientos o circunstancias que
den lugar al incumplimiento del apartado 2.

XXXX/es 19

6. En caso de que una Parte, por sí misma o a través de una entidad mencionada en el apartado 7

del artículo 1.2 (Definiciones), haya contraído un compromiso específico y claramente enunciado

en una obligación contractual por escrito **[1]** hacia un inversor cubierto de la otra Parte con respecto a

la inversión del inversor cubierto o hacia tal inversión cubierta, dicha Parte no frustrará o

menoscabará dicho compromiso mediante el ejercicio de sus facultades gubernamentales **[2]**, ni:

a) deliberadamente, ni

b) de forma que modifique sustancialmente el equilibrio de derechos y obligaciones de la

obligación contractual por escrito, a menos que la Parte proporcione una compensación

razonable para devolver al inversor o la inversión cubiertos a la posición que tendrían si el

compromiso no se hubiera frustrado o menoscabado.

7. Una infracción de otra disposición del presente Acuerdo, o de un acuerdo internacional

distinto, no supone que se haya producido una infracción del presente artículo.

**1** A los efectos del presente apartado, se entiende por «obligación contractual por escrito» un
acuerdo por escrito, celebrado por una Parte, por sí misma o a través de cualquier entidad
mencionada en el apartado 7 del artículo 1.2 (Definiciones), con un inversor o una inversión
cubiertos, ya sea en un solo instrumento o en varios, que establezca una reciprocidad de
derechos y obligaciones vinculante para ambas partes.
**2** A los efectos del presente artículo, una Parte frustra o menoscaba un compromiso mediante el
ejercicio de sus facultades gubernamentales cuando frustra o menoscaba dicho compromiso
mediante la adopción, el mantenimiento o la no adopción de medidas obligatorias o con
fuerza ejecutiva en virtud de la legislación interna.

XXXX/es 20

ARTÍCULO 2.5

Compensación por pérdidas

1. A los inversores cubiertos de una Parte cuyas inversiones cubiertas sufran pérdidas por guerra

u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o

disturbios en el territorio de la otra Parte, esta última Parte les concederá, a título de restitución,

indemnización, compensación u otro arreglo, un trato no menos favorable que el que conceda a sus

propios inversores o los a inversores de cualquier tercer país, según el que resulte más favorable

para el inversor cubierto de que se trate.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, a los inversores cubiertos de una Parte que, en

cualquiera de las situaciones mencionadas en el apartado 1, sufran pérdidas en el territorio de la otra

Parte como consecuencia de:

a) la requisa de su inversión cubierta o de parte de ella por las fuerzas armadas o las autoridades

de la otra Parte, o

b) la destrucción de su inversión cubierta o de parte de ella por las fuerzas armadas o las

autoridades de la otra Parte, sin que así lo exigieran las circunstancias;

la otra Parte les concederá una restitución o compensación.

XXXX/es 21

ARTÍCULO 2.6

Expropiación **[1]**

1. Ninguna de las Partes nacionalizará, expropiará o someterá a medidas de efecto equivalente a

la nacionalización o la expropiación (en lo sucesivo «expropiación»), ni directa ni indirectamente,

las inversiones cubiertas de inversores cubiertos de la otra Parte, salvo:

a) por interés público;

b) con respeto de las garantías procesales;

c) de forma no discriminatoria; y

d) a cambio del pago de una compensación rápida, adecuada y efectiva de conformidad con el

apartado 2.

2. La compensación equivaldrá al precio justo de mercado que tenía la inversión cubierta

inmediatamente antes de que la expropiación o la expropiación inminente fuera de conocimiento

público, más los correspondientes intereses a un tipo razonable desde el punto de vista comercial,

fijado con arreglo a criterios de mercado teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de

la expropiación y la fecha del pago. Tal compensación se pagará sin demora, será efectivamente

realizable y libremente transferible de conformidad con el artículo 2.7 (Transferencia).

**1** Para mayor seguridad, el presente artículo deberá interpretarse con arreglo a lo dispuesto en
los anexos 1 a 3.

XXXX/es 22

Entre los criterios de valoración utilizados para determinar un valor de mercado justo podrán figurar

el valor de la empresa en funcionamiento, el valor de los activos, incluido el valor fiscal declarado

de la propiedad tangible, y otros criterios, según proceda.

3. El presente artículo no es aplicable a la emisión de licencias obligatorias concedidas en

relación con los derechos de propiedad intelectual, en la medida en que dicha emisión sea coherente

con el Acuerdo sobre los ADPIC.

4. Previa solicitud de los inversores cubiertos afectados, cualquier medida de expropiación o

valoración deberá ser revisada por un órgano judicial u otro órgano independiente de la Parte que

adopte la medida.

ARTÍCULO 2.7

Transferencia

1. Cada Parte permitirá que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se

realicen en una moneda libremente convertible, sin restricciones ni retrasos. Entre dichas

transferencias se encuentran:

a) las aportaciones al capital, como el capital principal y los fondos adicionales para mantener,

desarrollar o incrementar la inversión cubierta;

b) los beneficios, los dividendos, las plusvalías y otras ganancias, los ingresos procedentes de la

venta de toda la inversión cubierta o de parte de ella, o de la liquidación parcial o total de la

inversión cubierta;

c) los intereses, los cánones, las tasas de gestión y de asistencia técnica y otras tasas;

XXXX/es 23

d) los pagos efectuados en el marco de un contrato celebrado por el inversor cubierto o de su

inversión cubierta, incluidos los pagos efectuados en virtud de un acuerdo de préstamo;

e) los sueldos y las demás remuneraciones del personal contratado en el extranjero cuyo trabajo

esté relacionada con una inversión cubierta;

f) los pagos efectuados en virtud del artículo 2.6 (Expropiación) y el artículo 2.5 (Compensación

por pérdidas);

g) los pagos de conformidad con el artículo 3.18 (Laudo).

2. Ninguna de las disposiciones del presente artículo se interpretará en el sentido de impedir que

una Parte aplique de forma equitativa y no discriminatoria su Derecho en materia de:

a) quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores;

b) emisión, negociación o comercio de valores, futuros, opciones o instrumentos derivados;

c) información financiera o contabilización de transferencias, cuando sean necesarias para

ayudar a las autoridades responsables del cumplimiento de la legislación o de la

reglamentación financiera;

d) infracciones criminales o penales;

e) garantía del cumplimiento de las órdenes o sentencias en procedimientos judiciales o

administrativos;

XXXX/es 24

f) seguridad social y planes públicos de jubilación o de ahorro obligatorio; o

g) fiscalidad.

3. Cuando, en circunstancias excepcionales de graves dificultades, o de amenaza de tales

dificultades, para el funcionamiento de la política económica y monetaria o la política cambiaria en

cualquiera de las Partes, la Parte afectada podrá adoptar temporalmente medidas de salvaguardia

con respecto a las transferencias. Tales medidas deberán ser estrictamente necesarias, en ningún

caso podrán durar más de seis meses **[1]** y no constituirán un medio de discriminación arbitraria o

injustificada entre una Parte y una no Parte en situaciones similares.

La Parte que adopte las medidas de salvaguardia informará a la otra Parte sin demora y presentará,

lo antes posible, un calendario para su eliminación.

4. Si una Parte experimenta problemas graves en su balanza de pagos y dificultades financieras

externas, o corre el riesgo de experimentarlos, podrá adoptar o mantener medidas restrictivas

respecto a las transferencias relacionadas con las inversiones.

**1** La aplicación de las medidas de salvaguardia podrá prorrogarse mediante su reintroducción
formal en caso de que continúen las circunstancias excepcionales y después de haber
informado a la otra Parte sobre la aplicación de cualquier reintroducción formal propuesta.

XXXX/es 25

5. Las Partes procurarán evitar la aplicación de las medidas restrictivas a las que se refiere el

apartado 4. Las medidas restrictivas adoptadas o mantenidas en virtud del apartado 4 deberán ser no

discriminatorias, de una duración limitada y no excederán de lo necesario para remediar la situación

de la balanza de pagos y la situación financiera externa. Deberán ser conformes con las condiciones

fijadas en el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,

hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 (en lo sucesivo denominado «Acuerdo de la OMC»), y

coherentes con los artículos del Acuerdo del Fondo Monetario Internacional, según proceda.

6. Si cualquier Parte mantiene o ha adoptado medidas restrictivas con arreglo al apartado 4, o las

ha modificado, deberá notificarlas con prontitud a la otra Parte.

7. Si se adoptan o mantienen restricciones con arreglo al apartado 4, se celebrarán consultas con

celeridad en el Comité. En esas consultas se evaluarán la situación de balanza de pagos de la Parte

afectada y las restricciones adoptadas o mantenidas en virtud del apartado 4, teniendo en cuenta,

entre otros, factores como:

a) la naturaleza y el alcance de las dificultades financieras exteriores y de balanza de pagos;

b) el entorno económico y comercial exterior, u

c) otras posibles medidas correctivas a las que pueda recurrirse.

XXXX/es 26

En las consultas se examinará la conformidad de cualquier medida restrictiva con los apartados 4

y 5. Se aceptarán todas las constataciones estadísticas o de otro orden que presente el Fondo

Monetario Internacional (denominado en lo sucesivo «FMI») sobre cuestiones cambiarias, de

reservas monetarias y de balanza de pagos, y las conclusiones se basarán en la evaluación hecha por

el FMI de la situación financiera exterior y de balanza de pagos de la Parte afectada.

ARTÍCULO 2.8

Subrogación

En caso de que una Parte, o un organismo que actúe en su nombre, efectúe un pago en favor de

cualquiera de sus inversores en virtud de una garantía, un contrato de seguro u otra forma de

indemnización que haya introducido o concedido con respecto a una inversión, la otra Parte

reconocerá la subrogación o la transferencia de cualquier derecho o título o la cesión de cualquier

crédito respecto de dicha inversión. La Parte o el organismo tendrán derecho a ejercer el derecho o

crédito subrogado o cedido en la misma medida que el derecho o crédito original del inversor. Tales

derechos subrogados podrán ser ejercidos por la Parte o un organismo, o por el inversor si la Parte o

el organismo lo autorizan.

XXXX/es 27

CAPÍTULO TRES

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

SECCIÓN A

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE INVERSORES Y PARTES

ARTÍCULO 3.1

Ámbito de aplicación y definiciones

1. La presente sección será aplicable a una diferencia entre un demandante de una Parte y la otra

Parte en relación con un trato **[1]** que supuestamente traiga consigo un incumplimiento de lo dispuesto

en el capítulo dos (Protección de las inversiones) que supuestamente cause una pérdida o un

perjuicio al demandante o a su empresa establecida localmente.

2. A los efectos de la presente sección y a no ser que se especifique otra cosa, se entenderá por:

a) «partes en la diferencia», el demandante y el demandado;

**1** Las Partes entienden que el término «trato» puede incluir las omisiones.

XXXX/es 28

b) «demandante», un inversor de una Parte que pretende presentar o ha presentado una demanda

con arreglo a la presente sección, ya sea:

i) actuando por cuenta propia, o

ii) actuando en nombre de una empresa establecida localmente, tal como se define en la

letra c), que posea o controle **[1]** ;

c) «empresa establecida localmente», una persona jurídica que sea propiedad o esté bajo el

control **[2]** de un inversor de una Parte, que esté establecida en el territorio de la otra Parte;

d) «Parte que está al margen de la diferencia», bien Singapur, en caso de que el demandado sea

la Unión o uno de sus Estados miembros, o bien la Unión, en caso de que el demandado sea

Singapur;

e) «demandado», bien Singapur, o bien, en el caso de la Parte UE, la Unión o el Estado miembro

de la Unión que haya recibido el anuncio con arreglo al artículo 3.5 (Anuncio de intención); y

**1** Para que no haya lugar a dudas, el apartado 2, letra b), constituirá el acuerdo de las Partes para
tratar a una empresa establecida localmente como nacional de otro Estado contratante a los
efectos del artículo 25, apartado 2, letra b), del Convenio sobre Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, de 18 de marzo de 1965.
**2** Una persona jurídica:
a) es propiedad de personas físicas o jurídicas de la otra Parte si personas físicas o
jurídicas de dicha Parte tienen la propiedad efectiva de más del 50 % de su capital
social;
b) está bajo el control de personas físicas o jurídicas de la otra Parte si tales personas
físicas o jurídicas tienen la facultad de designar a la mayoría de sus administradores o
de dirigir legalmente de otro modo sus operaciones.

XXXX/es 29

f) «financiación de terceros», toda financiación facilitada por una persona física o jurídica que

no sea parte en la diferencia pero llegue a un acuerdo con una parte en la diferencia para

financiar una parte o la totalidad de los costes del procedimiento, a cambio del pago de una

cuota u otro interés en la ganancia o posible ganancia del procedimiento sobre la que la parte

en la diferencia pueda adquirir un derecho, o bien en forma de donación o ayuda.

ARTÍCULO 3.2

Solución amistosa

En la medida de lo posible, toda diferencia debe solucionarse de forma amistosa a través de

negociaciones y, cuando sea posible, antes de la presentación de una solicitud de consultas de

conformidad con el artículo 3.3 (Consultas). En cualquier momento podrá alcanzarse una solución

amistosa, incluso una vez que haya comenzado el procedimiento de solución de diferencias de

conformidad con la presente sección.

ARTÍCULO 3.3

Consultas

1. En caso de que no pueda solucionarse una diferencia conforme a lo dispuesto en el artículo

3.2 (Solución amistosa), un demandante de una Parte que alegue un incumplimiento de lo dispuesto

en el capítulo dos (Protección de las inversiones) podrá presentar una solicitud de consultas a la otra

Parte.

XXXX/es 30

2. En la solicitud de consultas figurará la información siguiente:

a) el nombre y la dirección del demandante y, cuando tal solicitud se presente en nombre de una

empresa establecida localmente, el nombre, la dirección y el lugar de constitución de la

empresa establecida localmente;

b) las disposiciones del capítulo dos (Protección de las inversiones) que supuestamente se han

incumplido;

c) la base jurídica y fáctica de la diferencia, incluido el trato que supuestamente incumple lo

dispuesto en el capítulo dos (Protección de las inversiones), y

d) el resarcimiento que se pretende y la pérdida estimada o el perjuicio supuestamente causado al

demandante o su empresa establecida localmente con motivo de dicho incumplimiento.

3. La solicitud de consultas se presentará:

a) en un plazo de treinta meses a partir de la fecha en la que el demandante o, si procede, la

empresa establecida localmente, tenga constancia o debería haber tenido constancia del trato

que supuestamente ha incumplido lo dispuesto en el capítulo dos (Protección de las

inversiones); o

XXXX/es 31

b) en caso de que se estén siguiendo vías de recurso locales cuando transcurra el período al que

se hace referencia en la letra a), en un plazo de un año a partir de la fecha en que el

demandante o, si procede, la empresa establecida localmente, haya dejado de seguir esas vías

de recurso locales; y, en cualquier caso, en un plazo máximo de diez años a partir de la fecha

en la que el demandante o, si procede, su empresa establecida localmente, tenga constancia o

debería haber tenido constancia del trato que supuestamente ha incumplido lo dispuesto en el

capítulo dos (Protección de las inversiones).

4. En caso de que el demandante no haya presentado una demanda de conformidad con el

artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal) en un plazo de dieciocho meses a partir

de la presentación de la solicitud de consultas, se considerará que el demandante ha retirado su

solicitud de consultas y cualquier anuncio de intención y que ha renunciado a sus derechos a

presentar tal demanda. Este período podrá ampliarse de mutuo acuerdo entre las partes que

participan en las consultas.

5. Los plazos mencionados en los apartados 3 y 4 no darán lugar a la inadmisibilidad de una

demanda si el demandante puede demostrar que la omisión de solicitar consultas o de presentar una

demanda, según el caso, se debe a la incapacidad de actuar del demandante como consecuencia de

acciones emprendidas deliberadamente por la otra Parte, a condición de que el demandante actúe de

la forma más rápida razonablemente posible.

6. En caso de que la solicitud de consultas se refiera a un supuesto incumplimiento del presente

Acuerdo por la Unión o por cualquiera de sus Estados miembros, será enviada a la Unión.

7. Cuando proceda, las partes en la diferencia podrán celebrar las consultas por videoconferencia

u otros medios, por ejemplo si el inversor es una pequeña o mediana empresa.

XXXX/es 32

ARTÍCULO 3.4

Mediación y solución de diferencias alternativa

1. En cualquier momento, incluso antes de la entrega de un anuncio de intención, las partes en la

diferencia podrán ponerse de acuerdo para recurrir a mediación.

2. El recurso a mediación es voluntario y sin perjuicio de la posición jurídica de cualquiera de

las partes en la diferencia.

3. El recurso a mediación podrá regirse por las normas expuestas en el anexo 6 (Mecanismo de

mediación para las diferencias entre inversores y Partes) o por otras normas de ese tipo que

acuerden las partes en la diferencia. Cualquier plazo mencionado en el anexo 6 (Mecanismo de

mediación para las diferencias entre inversores y Partes) podrá modificarse de mutuo acuerdo entre

las partes en la diferencia.

4. El mediador será designado por acuerdo entre las partes en la diferencia o de conformidad con

el artículo 3 (Selección del mediador) del anexo 6 (Mecanismo de mediación para las diferencias

entre inversores y Partes). Los mediadores deberán cumplir el anexo 7 (Código de conducta de los

miembros del Tribunal y el Tribunal de Apelación y de los mediadores).

5. Las partes en la diferencia procurarán llegar a una solución de mutuo acuerdo en el plazo de

sesenta días a partir de la fecha de designación del mediador.

XXXX/es 33

6. Una vez que las partes en la diferencia acuerden recurrir a mediación, los apartados 3 y 4 del

artículo 3.3 (Consultas) dejarán de aplicarse entre la fecha en que se acordó recurrir a la mediación

y treinta días después de la fecha en la que cualquiera de las partes en la diferencia decida poner fin

a la mediación mediante una carta enviada al mediador y a la otra parte en la diferencia.

7. Ninguna disposición del presente artículo impedirá que las partes en la diferencia recurran a

formas alternativas de solución de diferencias.

ARTÍCULO 3.5

Anuncio de intención

1. Si la diferencia no puede solucionarse en un plazo de tres meses a partir de la presentación de

la solicitud de consultas, el demandante podrá entregar un anuncio de intención en el que se

especifique por escrito que el demandante tiene intención de presentar la demanda de solución de

diferencias y en el que figure la información siguiente:

a) el nombre y la dirección del demandante y, cuando tal solicitud se presente en nombre de una

empresa establecida localmente, el nombre, la dirección y el lugar de constitución de la

empresa establecida localmente;

b) las disposiciones del capítulo dos (Protección de las inversiones) que supuestamente se han

incumplido;

c) la base jurídica y fáctica de la diferencia, incluido el trato que supuestamente incumple las

disposiciones del capítulo dos (Protección de las inversiones), y

XXXX/es 34

d) el resarcimiento que se pretende y la pérdida estimada o el perjuicio supuestamente causado al

demandante o su empresa establecida localmente con motivo de dicho incumplimiento.

El anuncio de intención será enviado a la Unión o a Singapur, según proceda.

2. En caso de que se haya enviado un anuncio de intención a la Unión, esta determinará cuál es

el demandado en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción del anuncio. La Unión

informará inmediatamente al demandante sobre esta determinación, sobre la base de la cual el

demandante podrá presentar una demanda de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una

demanda ante el Tribunal).

3. Si no se ha determinado cuál es el demandado de conformidad con el apartado 2, será

aplicable lo siguiente:

a) en caso de que el anuncio de intención identifique exclusivamente un trato por un Estado

miembro de la Unión, dicho Estado miembro actuará como demandado;

b) en caso de que el anuncio de intención identifique cualquier trato por una institución, un

organismo o una agencia de la Unión, la Unión actuará como demandada.

4. En caso de que la Unión o un Estado miembro actúe como demandado, ni la Unión ni el

Estado miembro afectado afirmarán la inadmisibilidad de una demanda, ni tampoco que una

demanda o un laudo carecen de fundamento o de validez por el motivo de que el demandado

adecuado debería ser o haber sido la Unión en lugar del Estado miembro, o viceversa.

XXXX/es 35

5. Para mayor certidumbre, ninguna disposición del presente Acuerdo ni las normas de solución

de diferencias aplicables impedirán que la Unión y el Estado miembro afectado intercambien toda la

información sobre una diferencia.

ARTÍCULO 3.6

Presentación de una demanda ante el Tribunal

1. Como muy pronto tres meses a partir de la fecha del anuncio de intención entregado de

conformidad con el artículo 3.5 (Anuncio de intención), el demandante podrá presentar la demanda

ante el Tribunal de conformidad con una de las siguientes normas de solución de diferencias **[1]** :

a) el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales

de Otros Estados, de 18 de marzo de 1965 (en lo sucesivo denominado el «Convenio del

CIADI»), siempre que tanto el demandado como el Estado del demandante sean partes en el

Convenio del CIADI;

**1** Para mayor certidumbre:
a) serán aplicables las normas de los mecanismos de solución de diferencias pertinentes,
sujetas a las normas específicas expuestas en la presente sección y complementadas por
las decisiones adoptadas con arreglo al apartado 4, letra g), del artículo 4.1 (Comité), y
b) no serán admisibles las demandas en las que un representante presente una demanda en
nombre de una categoría formada por un número indeterminado de demandantes no
identificados y pretenda desarrollar los procedimientos representando los intereses de
dichos demandantes y tomando todas las decisiones relativas a la realización de la
demanda en nombre de ellos.

XXXX/es 36

b) el Convenio del CIADI de conformidad con el Reglamento del mecanismo complementario

para la administración de procedimientos por la Secretaría del Centro Internacional de

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en lo sucesivo denominado «el Reglamento

del mecanismo complementario del CIADI»), siempre que bien el demandado o bien el

Estado del demandante sea una parte signataria del Convenio del CIADI **[1]** ;

c) las normas de arbitraje del Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI); o

d) cualquier otra norma si así lo acuerdan las partes en la diferencia.

2. El apartado 1 del presente artículo constituirá el consentimiento del demandado a la

presentación de una demanda con arreglo a la presente sección. Se considerará que el

consentimiento con arreglo al apartado 1 y la presentación de una demanda con arreglo a la presente

sección satisfacen los requisitos de:

a) El capítulo II del Convenio del CIADI y el Reglamento del mecanismo complementario del

CIADI, para el consentimiento por escrito de las partes en la diferencia; y

b) el artículo II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la

Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de

1958 (en lo sucesivo denominada «Convención de Nueva York») en el caso de un «acuerdo

por escrito».

**1** A efectos de las letras a) y b), se considera que el término «Estado» incluye a la Unión en
caso de que esta se adhiera al Convenio del CIADI.

XXXX/es 37

ARTÍCULO 3.7

Condiciones para la presentación de una demanda

1. Podrá presentarse una demanda con arreglo a la presente sección únicamente si:

a) la presentación de la demanda va acompañada del consentimiento por escrito del demandante

a solucionar la diferencia con arreglo a los procedimientos expuestos en la presente sección y

de la designación por el demandante de uno de los foros mencionados en el apartado 1 del

artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal) como las normas para la solución

de diferencias;

b) han transcurrido al menos seis meses desde la presentación de la solicitud de consultas con

arreglo al artículo 3.3 (Consultas) y al menos tres meses desde la presentación del anuncio de

intención con arreglo al artículo 3.5 (Anuncio de intención);

c) la solicitud de consultas y el anuncio de intención presentados por el demandante cumplían

los requisitos expuestos en el apartado 2 del artículo 3.3 (Consultas) y en el apartado 1 del

artículo 3.5 (Anuncio de intención), respectivamente;

d) la base jurídica y fáctica de la diferencia fue objeto de consulta previa con arreglo al artículo

3.3 (Consultas);

e) todas las reclamaciones señaladas en la presentación de la demanda efectuada con arreglo al

artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal) se basan en un trato identificado

en el anuncio de intención efectuado con arreglo al artículo 3.5 (Anuncio de intención);

XXXX/es 38

f) el demandante:

i) retira cualquier demanda pendiente presentada ante el Tribunal, o ante cualquier otro

órgano jurisdiccional o tribunal interno o internacional con arreglo al Derecho interno o

internacional, en relación con el mismo trato que supuestamente incumple las

disposiciones del capítulo dos (Protección de las inversiones);

ii) declara que no presentará una demanda de este tipo en el futuro, y

iii) declara que no ejecutará ningún laudo dictado conforme a la presente sección antes de

que dicho laudo sea definitivo y que no solicitará el recurso, la reconsideración, la

retirada, la anulación, la revisión o la interposición de cualquier otro procedimiento

similar ante un órgano jurisdiccional o tribunal internacional o interno respecto a un

laudo con arreglo a la presente sección.

2. A efectos del apartado 1, letra f), el término «demandante» hace referencia al inversor y,

cuando proceda, a la empresa establecida localmente. Además, a efectos del apartado 1, letra f),

inciso i), el término «demandante» engloba a todas las personas que tengan intereses directos o

indirectos como propietarios o que estén controlados por el inversor o, en su caso, por la empresa

establecida localmente.

3. Previa solicitud del demandado, el Tribunal se inhibirá en caso de que el demandante

incumpla cualquiera de los requisitos o las declaraciones mencionados en los apartados 1 y 2.

XXXX/es 39

4. Lo dispuesto en el apartado 1, letra f), no impedirá que el demandante persiga medidas de

protección provisionales ante órganos jurisdiccionales o tribunales administrativos del demandado

antes de que se instituyan los procedimientos o mientras estén pendientes los procedimientos ante

cualquiera de los foros de solución de diferencias mencionados en el artículo 3.6 (Presentación de

una demanda ante el Tribunal). A los efectos del presente artículo, el único propósito de las medidas

de protección provisionales será preservar los derechos e intereses del demandante y dichas

medidas no supondrán el pago de daños y perjuicios ni una solución en cuanto al fondo del asunto

de la diferencia.

5. Para mayor certidumbre, el Tribunal se inhibirá en caso de que la diferencia haya surgido o

sea muy probable que haya surgido en el momento en que el demandante adquirió la propiedad o el

control de la inversión objeto de la diferencia, y el Tribunal establezca, basándose en los hechos,

que el demandante ha adquirido la propiedad o el control de la inversión con la finalidad principal

de presentar la demanda con arreglo a la presente sección. Lo anterior se entiende sin perjuicio de

otras objeciones en materia de jurisdicción que pudiera albergar el Tribunal.

ARTÍCULO 3.8

Financiación de una tercera parte

1. Toda parte en la diferencia que se beneficie de la financiación de una tercera parte notificará a

la otra parte en la diferencia y al Tribunal el nombre y la dirección del financiador de la tercera

parte.

2. Dicha notificación se efectuará en el momento de la presentación de una demanda o, sin

demora, en cuanto se acuerde, se done o se conceda, según proceda, la financiación de la tercera

parte.

XXXX/es 40

ARTÍCULO 3.9

Tribunal de Primera Instancia

1. Se crea un Tribunal de Primera Instancia («el Tribunal») para atender las demandas

presentadas de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal).

2. Tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité nombrará seis miembros del

Tribunal. A los efectos de dicho nombramiento:

a) La Parte UE nombrará dos miembros;

b) Singapur nombrará dos miembros; y

c) La Parte UE y Singapur nombrarán conjuntamente dos miembros, que no deberán ser

nacionales de ningún Estado miembro de la Unión ni de Singapur.

3. El Comité podrá decidir aumentar o reducir el número de miembros por múltiplos de tres. Los

nombramientos adicionales se realizarán en las mismas condiciones que se establecen en el

apartado 2.

4. Los miembros deberán tener las cualificaciones necesarias en sus países respectivos para el

ejercicio de funciones jurisdiccionales, o bien ser juristas de reconocida competencia. Deberán tener

conocimientos especializados o experiencia en el ámbito del Derecho internacional público. Es

conveniente que tengan conocimientos especializados en particular sobre Derecho internacional en

materia de inversiones, Derecho mercantil internacional, o solución de diferencias que surjan en el

marco de acuerdos internacionales de inversión o de comercio.

XXXX/es 41

5. Los miembros serán nombrados para un mandato de ocho años. No obstante, los mandatos

inaugurales de tres de las seis personas nombradas inmediatamente después de la entrada en vigor

del presente Acuerdo, que se determinarán por sorteo, se ampliarán a doce años. Una vez que haya

expirado, el mandato de un miembro podrá prorrogarse mediante decisión del Comité. Las vacantes

se cubrirán a medida que se produzcan. La persona nombrada para reemplazar a otra cuyo mandato

no haya terminado desempeñará el cargo durante el período que falte para completar dicho

mandato. Cuando expire el mandato de una persona que preste servicio en una división del Tribunal

podrá, con la autorización del presidente del Tribunal, seguir prestando servicio en la división hasta

que se clausure el procedimiento de esa división y se considera que sigue siendo miembro del

Tribunal exclusivamente a efectos de dicho procedimiento.

6. Deberá haber un presidente y un vicepresidente del Tribunal, que se encargarán de las

cuestiones organizativas. Serán nombrados por un período de cuatro años y serán elegidos por

sorteo de entre los miembros nombrados con arreglo al apartado 2, letra c). Ejercerán sus funciones

sobre la base de una rotación que el presidente del Comité seleccionará por sorteo. El vicepresidente

sustituirá al presidente cuando este no esté disponible.

7. El Tribunal considerará los asuntos por divisiones formadas por tres miembros, en las que uno

de ellos deberá haber sido nombrado con arreglo al apartado 2, letras a), b) y c), respectivamente.

La división estará presidida por el miembro que haya sido nombrado con arreglo al apartado 2, letra

c).

8. En un plazo de noventa días a partir de la presentación de una demanda de conformidad con el

artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal), el presidente del Tribunal nombrará,

con carácter rotatorio, a los miembros que compongan la división del Tribunal que considerará el

asunto, garantizando que la composición de cada división sea aleatoria e imprevisible, al mismo

tiempo que se da a todos los miembros igualdad de oportunidades para ejercer sus funciones.

XXXX/es 42

9. No obstante lo dispuesto en el apartado 7, las partes en la diferencia podrán acordar que un

asunto sea considerado por un único miembro. Dicho miembro será seleccionado por el presidente

del Tribunal de entre aquellos que hayan sido nombrados de conformidad con el apartado 2, letra c).

El demandado considerará favorablemente tal solicitud del demandante, en particular en caso de

que este sea una pequeña o mediana empresa, o si la indemnización o los perjuicios reclamados son

relativamente bajos. Tal solicitud debe realizarse al mismo tiempo que la presentación de la

demanda de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante del Tribunal).

10. El Tribunal establecerá sus propios procedimientos de trabajo.

11. Los miembros del Tribunal garantizarán que están disponibles y son capaces de desempeñar

las funciones establecidas con arreglo a la presente sección.

12. A fin de garantizar su disponibilidad, se pagarán a los miembros unos honorarios mensuales

que serán fijados mediante decisión del Comité. El presidente del Tribunal —o, cuando proceda, el

vicepresidente— recibirá unos honorarios equivalentes a los determinados de conformidad con el

artículo 3.10, apartado 11 (Tribunal de Apelación) por cada día trabajado en el desempeño de las

funciones de presidente del Tribunal con arreglo a la presente sección.

13. Los honorarios mensuales y los honorarios diarios para el presidente o el vicepresidente del

Tribunal cuando trabajen en el desempeño de las funciones de presidente del Tribunal con arreglo a

la presente sección deberán ser abonados a partes iguales por ambas Partes en una cuenta

gestionada por la Secretaría del CIADI. En caso de que una Parte no pague los honorarios

mensuales o los honorarios diarios, la otra Parte podrá optar por pagar. Deberán seguir pagándose

los atrasos de este tipo, junto con los intereses correspondientes.

XXXX/es 43

14. Salvo que el Comité adopte una decisión con arreglo al apartado 15, el importe de los demás

honorarios y gastos de los miembros de una división del Tribunal será el que se determine con

arreglo a la regla 14, apartado 1, del Reglamento Administrativo y Financiero del Convenio CIADI

vigente en la fecha de la presentación de la demanda y asignada por el Tribunal entre las partes en

la diferencia, de conformidad con el artículo 3.21 (Costes).

15. Previa decisión del Comité, los honorarios mensuales y los demás honorarios y gastos podrán

transformarse de forma permanente en un salario regular. En tal caso, los miembros desempeñarán

su trabajo en régimen de jornada completa y el Comité determinará su remuneración y las

cuestiones organizativas relacionadas. En ese caso, los miembros no estarán autorizados a ejercer

otra profesión, sea o no sea retribuida, salvo autorización concedida con carácter excepcional por el

presidente del Tribunal.

16. La Secretaría del CIADI actuará como Secretaría del Tribunal y le facilitará un apoyo

adecuado. El Tribunal repartirá los gastos de dicho apoyo entre las partes en la diferencia, de

conformidad con el artículo 3.21 (Costes).

ARTÍCULO 3.10

Tribunal de Apelación

1. Se crea un Tribunal de Apelación permanente para atender los recursos de los laudos

provisionales emitidos por el Tribunal.

XXXX/es 44

2. Tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité nombrará seis miembros del

Tribunal de Apelación. A los efectos de dicho nombramiento:

a) La Parte UE nombrará dos miembros;

b) Singapur nombrará dos miembros; y

c) La Parte UE y Singapur nombrarán conjuntamente dos miembros, que no deberán ser

nacionales de ningún Estado miembro de la Unión ni de Singapur.

3. El Comité podrá decidir aumentar o reducir el número de miembros del Tribunal de

Apelación por múltiplos de tres. Los nombramientos adicionales se realizarán en las mismas

condiciones que se establecen en el apartado 2.

4. Los miembros del Tribunal de Apelación deberán tener las cualificaciones necesarias en sus

países respectivos para el ejercicio de las más altas funciones jurisdiccionales, o bien ser juristas de

reconocida competencia. Deberán tener conocimientos especializados en el ámbito del Derecho

internacional público. Es conveniente que tengan conocimientos especializados en particular sobre

Derecho internacional en materia de inversiones, Derecho mercantil internacional, o solución de

diferencias que surjan en el marco de acuerdos internacionales de inversión o de comercio.

XXXX/es 45

5. Los miembros del Tribunal de Apelación serán nombrados para un mandato de ocho años. No

obstante, los mandatos inaugurales de tres de las seis personas nombradas inmediatamente después

de la entrada en vigor del presente Acuerdo, que se determinarán por sorteo, se ampliarán a doce

años. Una vez que haya expirado, el mandato de un miembro podrá prorrogarse mediante decisión

del Comité. Las vacantes se cubrirán a medida que se produzcan. La persona nombrada para

reemplazar a otra cuyo mandato no haya terminado desempeñará el cargo durante el período que

falte para completar dicho mandato. Cuando expire el mandato de una persona que preste servicio

en una división del Tribunal de Apelación podrá, con la autorización del presidente del Tribunal de

Apelación, seguir prestando servicio en la división hasta que se clausure el procedimiento de esa

división y se considera que sigue siendo miembro del Tribunal de Apelación exclusivamente a

efectos de dicho procedimiento.

6. Deberá haber un presidente y un vicepresidente del Tribunal de Apelación, que se encargarán

de las cuestiones organizativas. Serán nombrados por un período de cuatro años y serán elegidos

por sorteo de entre los miembros del Tribunal de Apelación nombrados con arreglo al apartado 2,

letra c). Ejercerán sus funciones sobre la base de una rotación que el presidente del Comité

seleccionará por sorteo. El vicepresidente sustituirá al presidente cuando este no esté disponible.

7. El Tribunal de Apelación considerará los asuntos por divisiones formadas por tres miembros,

en las que uno de ellos deberá haber sido nombrado con arreglo al apartado 2, letras a), b) y 2 c),

respectivamente. La división estará presidida por el miembro que haya sido nombrado con arreglo

al apartado 2, letra c).

8. El presidente del Tribunal de Apelación nombrará, con carácter rotatorio, a los miembros que

compongan la división del Tribunal de Apelación que considerará el recurso, garantizando que la

composición de cada división sea aleatoria e imprevisible, al mismo tiempo que se da a todos los

miembros igualdad de oportunidades para ejercer sus funciones.

9. El Tribunal de Apelación establecerá sus propios procedimientos de trabajo.

XXXX/es 46

10. Los miembros del Tribunal de Apelación garantizarán que están disponibles y son capaces de

desempeñar las funciones establecidas con arreglo a la presente sección.

11. A fin de garantizar su disponibilidad, se pagarán a los miembros unos honorarios mensuales y

recibirán honorarios diarios por cada día que trabajen como miembro, que serán fijados mediante

decisión del Comité. El presidente del Tribunal de Apelación —o, cuando proceda, el

vicepresidente— recibirá unos honorarios por cada día trabajado en el desempeño de las funciones

de presidente del Tribunal de Apelación con arreglo a la presente sección.

12. Los honorarios mensuales y los honorarios diarios para el presidente o el vicepresidente del

Tribunal de Apelación cuando trabajen en el desempeño de las funciones de presidente del Tribunal

de Apelación con arreglo a la presente sección deberán ser abonados a partes iguales por ambas

Partes en una cuenta gestionada por la Secretaría del CIADI. En caso de que una Parte no pague los

honorarios mensuales o los honorarios diarios, la otra Parte podrá optar por pagar. Deberán seguir

pagándose los atrasos de este tipo, junto con los intereses correspondientes.

13. Previa decisión del Comité, los honorarios mensuales y los honorarios diarios podrán

transformarse de forma permanente en un salario regular. En tal caso, los miembros del Tribunal de

Apelación desempeñarán su trabajo en régimen de jornada completa y el Comité determinará su

remuneración y las cuestiones organizativas relacionadas. En ese caso, los miembros del Tribunal

de Apelación no estarán autorizados a ejercer otra profesión, sea o no sea retribuida, salvo

autorización concedida con carácter excepcional por el presidente del Tribunal de Apelación.

14. La Secretaría del CIADI actuará como Secretaría del Tribunal de Apelación y le facilitará un

apoyo adecuado. El Tribunal repartirá los gastos de dicho apoyo entre las partes en la diferencia, de

conformidad con el artículo 3.21 (Costes).

XXXX/es 47

ARTÍCULO 3.11

Código ético

1. Los miembros del Tribunal y del Tribunal de Apelación serán elegidos entre personas cuya

independencia esté fuera de toda duda. No estarán vinculadas a ningún gobierno **[1]** y, en particular,

no recibirán instrucciones de ningún gobierno u organización con respecto a cuestiones relacionadas

con la diferencia. No intervendrán en el examen de ninguna diferencia que pueda generar un

conflicto directo o indirecto de intereses. De este modo, cumplirán el anexo 7 (Código de conducta

de los miembros del Tribunal y el Tribunal de Apelación y de los mediadores). Además, una vez

que hayan sido nombrados, se abstendrán de actuar como asesores, expertos nombrados por una

parte o testigos nombrados por una parte en cualquier diferencia pendiente o nueva en materia de

protección de las inversiones con arreglo al presente Acuerdo, a cualquier otro acuerdo o al Derecho

interno.

2. Si una parte en la diferencia considera que un miembro tiene un conflicto de intereses, deberá

enviar un anuncio de recusación del nombramiento de dicho miembro al presidente del Tribunal o

al presidente del Tribunal de Apelación, respectivamente. El anuncio de recusación deberá enviarse

en un plazo de quince días a partir de la fecha en la que se comunicó a la parte en la diferencia la

composición de la división del Tribunal o del Tribunal de Apelación, o en un plazo de quince días a

partir de la fecha en la que se enteró de los hechos pertinentes, en caso de que no hubiera sido

razonablemente posible que los conociera en el momento de la composición de la división. En el

anuncio de recusación deberán exponerse los motivos de la recusación.

**1** Para mayor seguridad, el hecho de que una persona perciba ingresos del gobierno o haya
trabajado anteriormente para el gobierno, o tenga relación familiar con una persona que
perciba ingresos del gobierno, no hace, por sí solo, inelegible a tal persona.

XXXX/es 48

3. Si, en un plazo de quince días a partir de la fecha del anuncio de recusación, el miembro

recusado ha optado por no dimitir de dicha división, el presidente del Tribunal o el presidente del

Tribunal de Apelación, después de oír a las partes en la diferencia y de dar al miembro la

oportunidad de formular observaciones, tomará su decisión en un plazo de cuarenta y cinco días a

partir de la recepción del anuncio de recusación y la comunicará inmediatamente a las partes en la

diferencia y los demás miembros de la división.

4. Las recusaciones contra el nombramiento, en una división, del presidente del Tribunal serán

decididas por el presidente del Tribunal de Apelación y viceversa.

5. Tras una recomendación motivada del presidente del Tribunal de Apelación, las Partes,

mediante decisión del Comité, podrán decidir la expulsión de un miembro del Tribunal o del

Tribunal de Apelación en caso de que su comportamiento sea incompatible con las obligaciones

establecidas en el apartado 1 e incompatible con su permanencia como miembro del Tribunal o del

Tribunal de Apelación. En caso de que el comportamiento cuestionado sea el del presidente del

Tribunal de Apelación, será el presidente del Tribunal de Primera Instancia quien presente la

recomendación motivada. Serán aplicables, _mutatis mutandis_, el apartado 5 del artículo 3.9

(Tribunal de Primera Instancia) y el apartado 4 del artículo 3.10 (Tribunal de Apelación) para cubrir

las vacantes que puedan producirse en virtud del presente apartado.

XXXX/es 49

ARTÍCULO 3.12

Mecanismo multilateral de solución de diferencias

Las Partes perseguirán, entre sí y con otros socios comerciales que estén interesados, la creación de

un tribunal multilateral de inversiones y de un mecanismo de apelación para la solución de

diferencias en materia de inversiones internacionales. Al crear tal mecanismo multilateral, el

Comité considerará la posibilidad de adoptar una decisión a fin de establecer que las diferencias en

materia de inversiones con arreglo a la presente sección se resuelvan con arreglo a dicho

mecanismo multilateral, y de formular las disposiciones transitorias oportunas.

ARTÍCULO 3.13

Derecho aplicable y normas de interpretación

1. El Tribunal decidirá si el trato que es objeto de la demanda incumple una obligación con

arreglo al capítulo dos (Protección de las inversiones).

XXXX/es 50

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el Tribunal aplicará el presente Acuerdo

interpretándolo de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y

otras normas y principios de Derecho internacional aplicables entre las Partes **[1]** .

3. En caso de que surjan problemas graves sobre cuestiones de interpretación que puedan afectar

a las cuestiones relacionadas con el presente Acuerdo, el Comité, con arreglo al apartado 4, letra f),

del artículo 4.1 (Comité), podrá formular interpretaciones sobre disposiciones del presente Acuerdo.

Toda interpretación que haya sido adoptada por el Comité será vinculante para el Tribunal y el

Tribunal de Apelación y todo laudo deberá ser coherente con dicha decisión. El Comité podrá

decidir que una interpretación tenga efecto vinculante a partir de una fecha determinada.

ARTÍCULO 3.14

Demandas manifiestamente carentes de valor jurídico

1. A más tardar en un plazo de treinta días a partir de la constitución de una división del

Tribunal con arreglo al artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia) y, en cualquier caso, antes de la

primera sesión de dicha división del Tribunal, el demandado podrá interponer la objeción de que

una demanda carece manifiestamente de valor jurídico.

**1** Para mayor seguridad, el Derecho interno de las Partes no formará parte del Derecho
aplicable. En caso de que se pida al Tribunal que aclare el significado de una disposición del
Derecho interno de una de las Partes como un elemento de hecho, deberá seguir la
interpretación predominante que hayan realizado los órganos jurisdiccionales o las
autoridades de dicha Parte, y ningún significado que el Tribunal haya dado a las disposiciones
nacionales de Derecho interno pertinentes será vinculante para los órganos jurisdiccionales o
las autoridades de cada una de las Partes. El Tribunal no será competente para determinar la
legalidad de una medida que supuestamente constituya una violación del presente Acuerdo, de
conformidad con el Derecho interno de la Parte litigante.

XXXX/es 51

2. El demandado deberá especificar la base de la objeción con la mayor precisión posible.

3. El Tribunal, después de dar a las partes en la diferencia la oportunidad de presentar sus

observaciones sobre la objeción, emitirá, en la primera sesión de la división del Tribunal o poco

después de ella, una decisión o un laudo provisional sobre la objeción.

4. Este procedimiento y toda decisión del Tribunal se entenderán sin perjuicio del derecho de un

demandado a objetar de conformidad con el artículo 3.15 (Demandas infundadas como cuestión de

Derecho) o, en el transcurso del proceso, del valor jurídico de una demanda y sin perjuicio de la

autoridad del Tribunal para abordar otras objeciones como cuestión prejudicial.

ARTÍCULO 3.15

Demandas infundadas como cuestión de Derecho

1. Sin perjuicio de la autoridad del Tribunal de abordar otras objeciones como cuestión

prejudicial o del derecho de un demandado a plantear tales objeciones en el momento adecuado, el

Tribunal formulará y resolverá como cuestión prejudicial cualquier objeción por parte del

demandado que, como cuestión de Derecho, demanda, o cualquier parte de ella, presentada con

arreglo a la presente sección no sea una demanda para la cual pueda dictarse un laudo favorable

para el demandante con arreglo al artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal),

aunque se haya supuesto que los hechos alegados son ciertos. El Tribunal también podrá considerar

cualquier otro hecho pertinente que no sea objeto de la diferencia.

XXXX/es 52

2. Se presentará al Tribunal una objeción con arreglo al apartado 1 lo antes posible a partir de la

constitución de la división del Tribunal y en ningún caso después de la fecha que el Tribunal fije

para que el demandado presente su escrito de contestación o, en caso de modificación de la

demanda, la fecha que fije el Tribunal para que el demandado presente su respuesta a la

modificación. No se podrá presentar una objeción con arreglo al apartado 1 mientras estén

pendientes procedimientos con arreglo al artículo 3.14 (Demandas manifiestamente carentes de

valor jurídico), a menos que el Tribunal dé permiso para formular una objeción con arreglo al

presente artículo tras haber tenido debidamente en cuenta las circunstancias del caso.

3. Una vez recibida una objeción con arreglo al apartado 1 y a no ser que considere que esta es

manifiestamente infundada, el Tribunal suspenderá cualquier procedimiento sobre el fondo, fijará

un calendario para considerar la objeción que sea compatible con cualquier otro calendario que haya

fijado para considerar cualquier otra cuestión prejudicial, y emitirá una decisión o un laudo

provisional sobre la objeción, indicando sus motivos para ello.

ARTÍCULO 3.16

Transparencia del procedimiento

El anexo 8 (Normas sobre el acceso del público a los documentos, las audiencias y la posibilidad de

que terceras personas presenten observaciones) será aplicable a las diferencias con arreglo a la

presente sección.

XXXX/es 53

ARTÍCULO 3.17

La Parte en el Acuerdo que está al margen de la diferencia

1. El Tribunal aceptará o, tras celebrar consultas con las partes en la diferencia, podrá invitar a

que la Parte en el Acuerdo que está al margen de la diferencia formule observaciones oralmente o

por escrito sobre cuestiones relacionadas con la interpretación de los tratados.

2. El Tribunal no sacará ninguna conclusión de la falta de observaciones o respuestas a las

invitaciones realizadas con arreglo al apartado 1.

3. El Tribunal velará por que ninguna observación presentada altere o dificulte indebidamente el

procedimiento, ni que perjudique injustamente a cualquier parte en la diferencia.

4. El Tribunal también velará por que se dé a las partes en la diferencia una oportunidad

razonable de que presenten sus observaciones sobre cualquier observación formulada por la Parte

en el Acuerdo que está al margen de la diferencia.

ARTÍCULO 3.18

Laudo

1. En caso de que el Tribunal decida que el trato que es objeto de la diferencia infringe una

obligación conforme al capítulo dos (Protección de las inversiones), el Tribunal podrá fallar, de

forma separada o combinada, únicamente **[1]** :

**1** Para mayor seguridad, se emitirá un laudo sobre la base de una solicitud del demandante y
tras haber tenido en cuenta todas las observaciones de las partes en la diferencia.

XXXX/es 54

a) una indemnización pecuniaria y los intereses que sean aplicables, y

b) la restitución de propiedades, a condición de que el demandado pueda pagar indemnizaciones

pecuniarias y los intereses que sean aplicables, según determine el Tribunal de conformidad

con el capítulo dos (Protección de las inversiones), como indemnización sustitutoria.

2. Los daños y perjuicios dinerarios no serán superiores a la pérdida sufrida por el demandante

o, según proceda, su empresa establecida localmente, como resultado del incumplimiento de las

disposiciones pertinentes del capítulo dos (Protección de las inversiones), y se les deducirá el

importe de los daños y perjuicios o las indemnizaciones que ya hayan sido pagados por la Parte

afectada. El Tribunal no concederá resarcimientos de carácter punitivo.

3. En caso de que una demanda se presente en nombre de una empresa establecida localmente, el

laudo estará dirigido a la empresa establecida localmente.

4. Por norma general, el Tribunal emitirá un laudo provisional en un plazo de dieciocho meses a

partir de la fecha de presentación de la demanda. En caso de que el Tribunal considere que no puede

emitir su laudo provisional en un plazo de dieciocho meses, informará por escrito a las partes en la

diferencia sobre el motivo del retraso y facilitará al mismo tiempo una estimación del plazo en el

que lo emitirá. El laudo provisional se convertirá en definitivo en caso de que hayan transcurrido

noventa días desde que fue emitido y ninguna parte en la diferencia haya recurrido el laudo ante el

Tribunal de Apelación.

XXXX/es 55

ARTÍCULO 3.19

Procedimiento de apelación

1. Cualquiera de las partes en la diferencia podrá recurrir un laudo provisional ante el Tribunal

de Apelación en un plazo de noventa días a partir de la fecha en que fue emitido. Los motivos para

recurrir son los siguientes:

a) que el Tribunal haya incurrido en error en su interpretación o aplicación del Derecho

aplicable;

b) que el Tribunal haya incurrido manifiestamente en error en su apreciación de los hechos,

incluida la apreciación del Derecho interno pertinente; o,

c) los establecidos en el artículo 52 del Convenio del CIADI, en la medida en que no estén

contemplados en las letras a) y b).

2. Si el Tribunal de Apelación desestima el recurso, el laudo provisional se convertirá en

definitivo. El Tribunal de Apelación también podrá desestimar el recurso con carácter acelerado

cuando sea evidente que el recurso es manifiestamente infundado, en cuyo caso el laudo provisional

se convertirá en definitivo.

3. Cuando se estime el recurso, el Tribunal de Apelación modificará o revocará, total o

parcialmente, las constataciones y conclusiones jurídicas del laudo provisional. El Tribunal de

Apelación devolverá el asunto al Tribunal, indicando exactamente cómo ha modificado o revocado

las constataciones y conclusiones pertinentes del Tribunal. El Tribunal estará legalmente obligado

por las constataciones y conclusiones del Tribunal de Apelación y, si procede y previa audiencia de

las partes en la diferencia, revisará su laudo provisional en consecuencia. El Tribunal procurará

emitir su laudo revisado en un plazo de noventa días desde que se le haya devuelto el asunto.

XXXX/es 56

4. Por regla general, la duración del procedimiento de apelación entre la fecha en que una parte

en la diferencia notifique formalmente su decisión de apelar y la fecha en que el Tribunal de

Apelación emita su decisión no excederá de ciento ochenta días. En caso de que el Tribunal

considere que no puede emitir su decisión en un plazo de ciento ochenta días, informará por escrito

a las partes en la diferencia sobre el motivo del retraso y facilitará al mismo tiempo una estimación

del plazo en el que la emitirá. En ningún caso la duración del procedimiento excederá de doscientos

setenta días.

5. La parte en la diferencia que interponga un recurso deberá constituir garantía de los costes de

apelación. La parte en la diferencia también constituirá cualquier otra garantía que pueda ser

ordenada por el Tribunal de Apelación.

6. Las disposiciones del artículo 3.8 (Financiación por terceros), del anexo 8 (Normas sobre el

acceso del público a los documentos, las audiencias y la posibilidad de que terceras personas

presenten observaciones), del artículo 3.17 (La Parte en el Acuerdo que está al margen de la

diferencia) y del artículo 3.21 (Costes) serán aplicables, _mutatis mutandis_, con respecto al

procedimiento de apelación.

ARTÍCULO 3.20

Indemnizaciones u otro tipo de resarcimiento

El demandado no podrá afirmar y el Tribunal no aceptará, como defensa, contrademanda, derechos

de compensación, o por cualquier otra razón, que el demandante ha recibido o recibirá

indemnizaciones u otro tipo de resarcimiento en virtud de un contrato de seguro o de garantía, por la

totalidad o por una parte de los daños y perjuicios reclamados en una diferencia iniciada de

conformidad con la presente sección.

XXXX/es 57

ARTÍCULO 3.21

Costes

1. El Tribunal dictaminará que los costes del procedimiento sean soportados por la parte

perdedora en la diferencia. En circunstancias excepcionales, el Tribunal podrá repartir los costes

entre las partes en la diferencia si determina que el reparto es apropiado dadas las circunstancias del

caso.

2. La parte perdedora soportará otros costes razonables, incluidos los de representación y

asistencia jurídicas, a no ser que el Tribunal determine que tal reparto de costes no es apropiado

dadas las circunstancias del caso.

3. En caso de que solo se hayan ganado algunas partes de las demandas, se ajustarán los costes

concedidos en proporción al número o la medida de las partes de las demandas que se hayan

ganado.

4. En caso de que se desestime una demanda, o partes de ella, en aplicación del artículo 3.14

(Demandas manifiestamente carentes de valor jurídico) o del artículo 3.15 (Demandas infundadas

como cuestión de Derecho), el Tribunal ordenará que todos los costes relacionados con tal

demanda, o con partes de la misma, incluidos los costes de los procedimientos y otros gastos

razonables, entre ellos los de representación y asistencia jurídicas, serán soportados por la parte

perdedora en la diferencia.

XXXX/es 58

5. El Comité considerará la posibilidad de adoptar normas adicionales en materia de honorarios

a fin de determinar el importe máximo de los costes de representación y asistencia jurídicas que

puedan ser soportados por categorías específicas de partes perdedoras en la diferencia. Tales normas

adicionales podrán tener en cuenta los recursos financieros de un demandante que sea una persona

física o una pequeña o mediana empresa. El Comité procurará adoptar tales normas adicionales

antes de que haya transcurrido un año desde la entrada en vigor del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 3.22

Ejecución de los laudos

1. Los laudos dictados conforme a la presente sección no serán ejecutables hasta que sean

definitivos con arreglo al apartado 4 del artículo 3.18 (Laudo), o los apartados 2 y 3 del

artículo 3.19 (Procedimiento de apelación). Los laudos definitivos dictados por el Tribunal de

conformidad con la presente sección serán vinculantes entre las partes en la diferencia y no serán

objeto de apelación, reconsideración, retirada, anulación o cualquier otro recurso **[1]** .

2. Cada Parte reconocerá que los laudos dictados conforme al presente Acuerdo son vinculantes

y hará cumplir la obligación pecuniaria en su territorio como si se tratase de una sentencia definitiva

de un órgano jurisdiccional de esa Parte.

**1** Para mayor seguridad, esto no impide que una parte en la diferencia solicite al Tribunal que
revise, rectifique o interprete un laudo, por ejemplo con arreglo a los artículos 50 y 51 del
Convenio del CIADI o a los artículos 37 y 38 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI o a
disposiciones equivalentes de otras normas que sean aplicables al procedimiento en cuestión.

XXXX/es 59

3. La ejecución del laudo se regirá por las leyes relativas a la ejecución de sentencias o laudos

que estén vigentes donde se solicite tal ejecución.

4. Para mayor seguridad, el artículo 4.11 (Ausencia de efectos directos) del capítulo cuatro

(Disposiciones institucionales, generales y finales) no impedirá el reconocimiento, la ejecución ni la

observancia de laudos dictados con arreglo a la presente sección.

5. A efectos del artículo I de la Convención de Nueva York, los laudos definitivos dictados de

conformidad con la presente sección son laudos arbitrales supuestamente derivados de una relación

o transacción comercial.

6. Para mayor seguridad y sin perjuicio del apartado 1, en caso de que se haya presentado una

demanda para una solución de diferencias de conformidad con el apartado 1, letra a) del artículo 3.6

(Presentación de una demanda ante el Tribunal), un laudo definitivo con arreglo a la presente

sección se considerará un laudo con arreglo a la sección 6 del capítulo IV del Convenio del CIADI.

ARTÍCULO 3.23

Función de las Partes en el Acuerdo

1. Ninguna de las Partes dará protección diplomática ni interpondrá una demanda internacional

respecto a una diferencia que uno de sus inversores y la otra Parte hayan consentido en presentar o

hayan presentado para solución de diferencias de conformidad con la presente sección, a no ser que

esa otra Parte no haya acatado y cumplido el laudo emitido en la diferencia. A los efectos del

presente apartado, la protección diplomática no incluirá intercambios diplomáticos informales con

el único fin de facilitar una solución de la diferencia.

XXXX/es 60

2. Para mayor seguridad, el apartado 1 no excluirá la posibilidad de que una Parte recurra a

procedimientos de solución de diferencias de conformidad con el capítulo tres (Solución de

diferencias), sección B (Solución de diferencias entre las Partes), respecto a una medida de

aplicación general, incluso si supuestamente dicha medida hubiera infringido el Acuerdo en

relación con una inversión específica respecto a la cual ha sido presentada una demanda de

conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal), sin perjuicio del

artículo 3.17 (La Parte en el Acuerdo que está al margen de la diferencia).

ARTÍCULO 3.24

Acumulación

1. En caso de que dos o más demandas que se hayan presentado por separado de conformidad

con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal) tengan una cuestión de derecho o

de hecho en común y se deriven de los mismos acontecimientos o las mismas circunstancias, una

parte en la diferencia podrá intentar que se establezca una división del Tribunal distinta («división

de acumulación») y solicitar que dicha división dicte una orden de acumulación de conformidad

con:

a) el acuerdo de todas las partes en la diferencia a las que se pretende incluir en la orden, en

cuyo caso las partes en la diferencia presentarán una solicitud conjunta de conformidad con el

apartado 3, o

b) los apartados 2 a 12, a condición de que se pretenda que solo se incluya un demandado en la

orden.

XXXX/es 61

2. La parte en la diferencia que pretenda una orden de acumulación deberá, en primer lugar,

entregar un anuncio a las demás partes en la diferencia a las que se pretende incluir en la orden. En

dicho anuncio se especificarán:

a) los nombres y las direcciones de todas las partes en la diferencia a las que se pretende incluir

en la orden;

b) las demandas, o partes de ellas, que se pretenden incluir en la orden, y

c) los motivos por los que se pretende obtener la orden.

Las partes en la diferencia procurarán ponerse de acuerdo sobre la orden de acumulación que se

pretende obtener y sobre las normas aplicables en materia de solución de diferencias.

3. En caso de que las partes en la diferencia mencionadas en el apartado 2 no hayan alcanzado

un acuerdo sobre la acumulación en un plazo de treinta días a partir del anuncio, una parte en la

diferencia podrá formular una solicitud de orden de acumulación con arreglo a los apartados 3 a 7.

La solicitud deberá presentarse por escrito al presidente del Tribunal y a todas las partes en la

diferencia que se pretenda incluir en la orden. En dicha solicitud se especificarán:

a) los nombres y las direcciones de todas las partes en la diferencia a las que se pretende incluir

en la orden;

b) las demandas, o partes de ellas, que se pretenden incluir en la orden, y

c) los motivos por los que se pretende obtener la orden.

XXXX/es 62

En caso de que las partes en la diferencia hayan alcanzado un acuerdo sobre la acumulación de las

demandas, presentarán una solicitud conjunta al presidente del Tribunal con arreglo al presente

apartado.

4. A no ser que, en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud con arreglo al

apartado 3, el presidente del Tribunal llegue a la conclusión de que la solicitud es manifiestamente

infundada, se establecerá una división de acumulación del Tribunal con arreglo al apartado 8 del

artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia).

5. La división de consolidación del Tribunal llevará a cabo sus procedimientos como se describe

a continuación:

a) a no ser que todas las partes en la diferencia acuerden otra cosa, en caso de que todas las

demandas para las que se pretende obtener una orden de acumulación se hayan presentado

con arreglo a las mismas normas en materia de solución de diferencias, la división de

acumulación procederá con arreglo a las mismas normas en materia de solución de

diferencias;

b) en caso de que las demandas para las que se pretende obtener una orden de acumulación no se

hayan presentado con arreglo a las mismas normas en materia de solución de diferencias:

i) las partes en la diferencia podrán ponerse de acuerdo en las normas en materia de

solución de diferencias aplicables de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de

una demanda ante el Tribunal) que serán aplicables para el procedimiento de

acumulación, o

ii) si las partes en la diferencia no logran ponerse de acuerdo sobre las mismas normas en

materia de solución de diferencias en un plazo de treinta días a partir de la solicitud

formulada de conformidad con el apartado 3, las normas de arbitraje de la CNUDMI

serán aplicables para el procedimiento de acumulación.

XXXX/es 63

6. En caso de que la división de acumulación esté satisfecha con que dos o más demandas que se

hayan presentado de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el

Tribunal) tengan una cuestión de Derecho o de hecho en común y se deriven de los mismos

acontecimientos o circunstancias, la división de acumulación, en aras de una resolución de las

demandas justa y eficiente, que tenga en cuenta la coherencia de los laudos, y tras haber oído a las

partes en la diferencia, podrá, mediante una orden:

a) asumir la jurisdicción de la totalidad o parte de las demandas, así como atender y determinar

conjuntamente la totalidad o parte de las demandas, o

b) asumir la jurisdicción de una o más de las demandas, así como atender y determinar una o

más de las demandas cuya determinación crea que ayudaría a resolver las demás.

7. En caso de que se haya establecido una división de acumulación, un demandante que haya

presentado una demanda de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el

Tribunal) y cuyo nombre no figure en una solicitud formulada con arreglo al apartado 3 podrá

formular una solicitud por escrito a la división de acumulación para que se le incluya en cualquier

orden formulada con arreglo al apartado 6. Tal solicitud deberá cumplir los requisitos expuestos en

el apartado 3.

8. Previa solicitud de una parte en la diferencia, la división de consolidación, en espera de su

decisión de conformidad con el apartado 6, podrá ordenar que se suspenda el procedimiento de una

división establecida con arreglo al artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia), a no ser que esta

última división ya haya aplazado sus procedimientos.

9. Una división del Tribunal establecida de conformidad con el artículo 3.9 (Tribunal de Primera

Instancia) dejará de tener jurisdicción para resolver una demanda, o partes de ella, sobre la cual una

división de acumulación haya asumido la jurisdicción, y el procedimiento de una división

establecida con arreglo al artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia) se suspenderá o se aplazará

en consecuencia.

XXXX/es 64

10. El laudo de la división de acumulación en relación con las demandas, o partes de ellas, sobre

las que haya asumido la jurisdicción serán vinculantes para las divisiones establecidas con arreglo al

artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia) respecto a dichas demandas a partir de la fecha en que

el laudo pase a ser definitivo de conformidad con el apartado 4 del artículo 3.18 (Laudo) y los

apartados 2 y 3 del artículo 3.19 (Procedimiento de apelación).

11. Un demandante podrá retirar su demanda, o parte de ella, sujeta a acumulación de un

procedimiento de solución de diferencias con arreglo al presente artículo, pero dicha demanda o

dicha parte de ella no podrá volver a presentarse con arreglo al artículo 3.6 (Presentación de una

demanda ante el Tribunal).

12. Previa solicitud de una de las partes en la diferencia, la división de acumulación podrá tomar

las medidas de este tipo que considere adecuadas para mantener la confidencialidad de la

información protegida de dicha parte en la diferencia respecto a otras partes en la diferencia. Estas

medidas serán, entre otras, permitir que se presenten a las demás partes en la diferencia versiones

expurgadas de documentos que contengan información protegida, o arreglos para celebrar algunas

partes de la audiencia en privado.

SECCIÓN B

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES

ARTÍCULO 3.25

Ámbito de aplicación

La presente sección será aplicable a cualquier diferencia referente a la interpretación y la aplicación

de las disposiciones del presente Acuerdo, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

XXXX/es 65

ARTÍCULO 3.26

Consultas

1. Las Partes procurarán resolver cualquier diferencia respecto de la interpretación o la

aplicación de las disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación) entablando

consultas de buena fe para llegar a una solución consensuada.

2. Una Parte solicitará una consulta mediante una solicitud por escrito a la otra Parte, con copia

al Comité, y en ella figurarán las razones de la solicitud, indicando las medidas cuestionadas, las

disposiciones aplicables a que se refiere el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación) y las razones para la

aplicabilidad de dichas disposiciones.

3. Las consultas se celebrarán en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud y

tendrán lugar, salvo que las Partes acuerden otra cosa, en el territorio de la Parte demandada. Las

consultas se considerarán concluidas dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de recepción de

la solicitud, salvo que las Partes acuerden otra cosa. Las consultas serán confidenciales y no

prejuzgarán los derechos de ninguna Parte en otras posibles diligencias.

4. Las consultas sobre cuestiones de urgencia se celebrarán en un plazo de quince días a partir de

la fecha de recepción de la solicitud, y se considerarán concluidas treinta días después de la fecha de

recepción de la solicitud, salvo que las Partes acuerden otra cosa.

XXXX/es 66

5. Si la Parte a la cual se presenta la solicitud no responde a la solicitud de consultas en un plazo

de diez días a partir de la fecha de su recepción, o si las consultas no se celebran en los plazos

establecidos en el apartado 3 o en el apartado 4, respectivamente, o si estas finalizan sin haberse

llegado a una solución de mutuo acuerdo, la Parte demandante podrá solicitar la constitución de un

grupo especial de arbitraje con arreglo al artículo 3.28 (Inicio del procedimiento arbitral).

ARTÍCULO 3.27

Mediación

Cualquiera de las Partes podrá solicitar de la otra Parte que participe en un procedimiento de

mediación en lo que respecta a cualquier medida que afecte negativamente a la inversión entre las

Partes, de conformidad con el anexo 10 (Mecanismo de mediación para las diferencias entre

inversores y Partes).

ARTÍCULO 3.28

Inicio del procedimiento arbitral

1. Si las Partes no pueden resolver la diferencia mediante consultas con arreglo a lo dispuesto en

el artículo 3.26 (Consultas), la Parte demandante podrá solicitar la constitución de un grupo especial

de arbitraje de conformidad con el presente artículo.

XXXX/es 67

2. La solicitud de constitución de un grupo especial de arbitraje se dirigirá, por escrito, a la Parte

demandada y al Comité. La Parte demandante describirá en su solicitud la medida específica

cuestionada y explicará las razones por las que constituye una infracción de las disposiciones

citadas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación) de forma suficientemente detallada para constituir

la base jurídica de la demanda.

ARTÍCULO 3.29

Constitución del grupo especial de arbitraje

1. El grupo especial de arbitraje estará compuesto por tres árbitros.

2. En un plazo de cinco días a partir de la fecha en que la Parte demandada haya recibido la

solicitud contemplada en el apartado 1 del artículo 3.28 (Inicio del procedimiento arbitral), las

Partes celebrarán consultas con el fin de llegar a un acuerdo sobre la composición del grupo

especial de arbitraje.

3. En caso de que las Partes no consigan llegar a un acuerdo, en un plazo de diez días a partir del

inicio de las consultas mencionadas en el apartado 2, sobre la presidencia del grupo especial de

arbitraje, el presidente del Comité o su delegado, seleccionará por sorteo, en un plazo de veinte días

a partir de la fecha de inicio de las consultas mencionadas en el apartado 2, de la lista mencionada

en el apartado 1 del artículo 3.44 (Listas de árbitros), un árbitro que ejerza de presidente.

4. En caso de que, en un plazo de diez días a partir del inicio de las consultas mencionadas en el

apartado 2, las Partes no consigan ponerse de acuerdo sobre los árbitros:

XXXX/es 68

a) cada una de las Partes podrá seleccionar un árbitro, que no actuará como presidente, de entre

quienes figuren en la lista establecida con arreglo al apartado 2 del artículo 3.44 (Listas de

árbitros), en un plazo de quince días a partir de la fecha de inicio de las consultas

mencionadas en el apartado 2; y

b) en caso de que una Parte no seleccione a un árbitro de conformidad con el apartado 4, letra a),

el presidente del Comité, o su delegado, seleccionará a los restantes árbitros, por sorteo, de

entre las personas propuestas por la Parte de conformidad con el apartado 2 de artículo 3.44

(Listas de árbitros), en un plazo de veinte días a partir del inicio de las consultas mencionadas

en el apartado 2.

5. En caso de que la lista prevista en el apartado 2 del artículo 3.44 (Listas de árbitros) no se

haya establecido en el momento requerido conforme al apartado 4:

a) si ambas Partes han propuesto personas de conformidad con el apartado 2 del artículo 3.44

(Listas de árbitros), cada Parte podrá seleccionar un árbitro, que no ejercerá como presidente,

de entre las personas propuestas, en un plazo de quince días a partir de la fecha de inicio de

las consultas mencionadas en el apartado 2; si una Parte no selecciona a un árbitro, lo

seleccionará por sorteo el presidente del Comité, o su delegado, de entre las personas

propuestas por la Parte que no haya seleccionado a su árbitro, o

b) si solo una de las Partes ha propuesto personas de conformidad con el apartado 2 del

artículo 3.44 (Listas de árbitros), cada Parte podrá seleccionar un árbitro, que no ejercerá

como presidente, de entre las personas propuestas, en un plazo de quince días a partir de la

fecha de inicio de las consultas mencionadas en el apartado 2; si una Parte no selecciona un

árbitro, lo seleccionará por sorteo el presidente del Comité, o su delegado, de entre las

personas propuestas.

XXXX/es 69

6. En caso de que la lista prevista en el apartado 1 del artículo 3.44 (Listas de árbitros) no se

haya establecido en el momento requerido de conformidad con el apartado 3, el presidente será

seleccionado, por sorteo, de entre los antiguos miembros del órgano de apelación de la OMC, y no

deberá ser una persona de ninguna de las Partes.

7. La fecha de constitución del grupo especial de arbitraje será la fecha en que se designe al

último de los tres árbitros.

8. Los árbitros solo se sustituirán por los motivos y según los procedimientos detallados en las

normas 19 a 25 del anexo 9 (Reglamento interno del procedimiento arbitral).

ARTÍCULO 3.30

Laudo preliminar sobre la urgencia

Si una Parte lo solicita, el grupo especial de arbitraje podrá emitir, en un plazo de diez días a partir

de su fecha de constitución, un laudo preliminar sobre si considera que el asunto es urgente.

XXXX/es 70

ARTÍCULO 3.31

Informe provisional del grupo especial

1. El grupo especial de arbitraje presentará a las Partes un informe provisional en el que se

expongan las evidencias de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes y la

fundamentación de sus constataciones y recomendaciones a más tardar en un plazo de noventa días

a partir de la fecha de constitución del grupo especial de arbitraje. Si considera que este plazo no

puede cumplirse, el presidente del grupo especial de arbitraje deberá notificarlo a las Partes y al

Comité por escrito, indicando las razones del retraso y la fecha en la que dicho grupo especial prevé

emitir su informe provisional. El informe provisional no debe emitirse en ningún caso en un plazo

superior a ciento veinte días a partir de la fecha de constitución del grupo especial de arbitraje.

2. Cualquiera de las Partes podrá presentar por escrito al grupo especial de arbitraje una solicitud

de reconsideración de aspectos concretos del informe provisional en un plazo de treinta días a partir

de la notificación.

3. En casos de urgencia, el grupo especial de arbitraje hará todo lo posible por emitir su informe

provisional y cualquier Parte podrá solicitar por escrito al grupo especial de arbitraje que

reconsidere aspectos concretos del informe provisional en la mitad de los plazos previstos,

respectivamente, en los apartados 1 y 2.

4. Tras considerar cualquier observación escrita de las Partes sobre el informe provisional, el

grupo especial de arbitraje podrá modificar dicho informe y realizar cualquier otro examen que

considere oportuno. Las constataciones del laudo final del grupo especial incluirán un debate

suficiente de las alegaciones presentadas en la etapa de reconsideración provisional y responderán

claramente a las observaciones por escrito de ambas Partes.

XXXX/es 71

ARTÍCULO 3.32

Laudo del grupo especial de arbitraje

1. El grupo especial de arbitraje transmitirá su laudo a las Partes y al Comité en un plazo de

ciento cincuenta días a partir de la fecha de constitución del grupo especial de arbitraje. Si considera

que este plazo no puede cumplirse, el presidente del grupo especial de arbitraje deberá notificarlo a

las Partes y al Comité por escrito, indicando las razones del retraso y la fecha en la que el grupo

especial de arbitraje prevé emitir su laudo. El laudo del grupo especial de arbitraje no debe emitirse,

en ningún caso, en un plazo superior a ciento ochenta días a partir de la fecha de constitución de

dicho grupo especial.

2. En casos de urgencia, el grupo especial de arbitraje hará todo lo posible por emitir su laudo en

un plazo de setenta y cinco días a partir de la fecha de su constitución. El laudo del grupo especial

de arbitraje no debe emitirse en ningún caso en un plazo superior a noventa días a partir de la fecha

de constitución de dicho grupo especial.

ARTÍCULO 3.33

Cumplimiento del laudo del grupo especial de arbitraje

Cada Parte adoptará las medidas necesarias para cumplir de buena fe el laudo del grupo especial de

arbitraje y las Partes procurarán llegar a un acuerdo sobre el plazo de cumplimiento del laudo.

XXXX/es 72

ARTÍCULO 3.34

Plazo razonable para el cumplimiento

1. En un plazo de treinta días a partir de la notificación del laudo del grupo especial de arbitraje

a las Partes, la Parte demandada notificará a la Parte demandante y al Comité el tiempo que

precisará para dar cumplimiento (en lo sucesivo denominado el «plazo razonable») al laudo, en caso

de que no sea posible un cumplimiento inmediato.

2. En caso de desacuerdo entre las Partes sobre el plazo razonable de cumplimiento del laudo del

grupo especial de arbitraje, la Parte demandante, en un plazo de veinte días a partir de la recepción

de la notificación realizada con arreglo al apartado 1 por la Parte demandada, solicitará por escrito

al grupo especial de arbitraje inicial que determine la duración del plazo razonable. Dicha solicitud

se notificará simultáneamente a la otra Parte y al Comité. El grupo especial de arbitraje transmitirá

su laudo a las Partes y al Comité en un plazo de veinte días a partir de la fecha de presentación de la

solicitud.

3. Si algún miembro del grupo especial de arbitraje inicial ya no estuviera disponible, serán

aplicables los procedimientos fijados en el artículo 3.29 (Constitución del grupo especial de

arbitraje). El plazo para emitir el laudo será de treinta y cinco días a partir de la fecha de

presentación de la solicitud mencionada en el apartado 2.

4. La Parte demandada informará a la Parte demandante por escrito de sus avances para dar

cumplimiento al laudo del grupo especial de arbitraje al menos un mes antes de que expire el plazo

razonable.

XXXX/es 73

5. El plazo razonable podrá prorrogarse por mutuo acuerdo entre las Partes.

ARTÍCULO 3.35

Reconsideración de las medidas adoptadas para cumplir el laudo del grupo especial de arbitraje

1. Antes del final del plazo razonable, la Parte demandada notificará a la Parte demandante y al

Comité las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento al laudo del grupo especial de

arbitraje.

2. En caso de desacuerdo entre las Partes sobre la existencia o coherencia de las medidas

notificadas con arreglo al apartado 1 con las disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito

de aplicación), la Parte demandante podrá solicitar por escrito al grupo especial de arbitraje inicial

que se pronuncie sobre la cuestión. En dicha solicitud se indicará la medida específica cuestionada y

las disposiciones citadas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación) sobre las que considera que la

medida no es coherente, de forma suficientemente detallada para constituir la base jurídica de la

demanda de forma clara, y se explicará por qué la medida es incompatible con lo dispuesto en el

artículo 3.25 (Ámbito de aplicación). El grupo especial de arbitraje notificará su laudo en un plazo

de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

3. Si algún miembro del grupo especial de arbitraje inicial ya no estuviera disponible, serán

aplicables los procedimientos fijados en el artículo 3.29 (Constitución del grupo especial de

arbitraje). El plazo para emitir el laudo será de sesenta días a partir de la fecha de presentación de la

solicitud mencionada en el apartado 2.

XXXX/es 74

ARTÍCULO 3.36

Soluciones temporales en caso de incumplimiento

1. Si la Parte demandada no notifica las medidas adoptadas para cumplir el laudo del grupo

especial de arbitraje antes del final del plazo razonable, o si el grupo especial de arbitraje establece

que no se ha adoptado ninguna medida de cumplimiento o que la medida notificada con arreglo al

apartado 1 del artículo 3.35 (Reconsideración de las medidas adoptadas para cumplir el laudo del

grupo especial de arbitraje) no es compatible con las obligaciones de dicha Parte con arreglo a las

disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación), la Parte demandada iniciará

negociaciones con la Parte demandante para alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable sobre

compensación.

2. Si no se alcanza ningún acuerdo sobre compensación en un plazo de treinta días a partir del

final del plazo razonable o de la emisión del laudo del grupo especial de arbitraje con arreglo al

artículo 3.35 (Reconsideración de las medidas adoptadas para cumplir el laudo del grupo especial

de arbitraje) en el sentido de que no se ha adoptado ninguna medida de cumplimiento o de que la

medida adoptada no es compatible con las disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito

de aplicación), la Parte demandante tendrá derecho, tras notificar a la otra Parte y al Comité, a

adoptar las medidas oportunas a un nivel equivalente a la anulación o al menoscabo causado por la

infracción. La notificación especificará tales medidas. La Parte demandante podrá adoptar tales

medidas en cualquier momento diez días laborables después de la fecha de recepción de la

notificación por la Parte demandada, a menos que la Parte demandada haya solicitado un arbitraje

conforme al apartado 3.

XXXX/es 75

3. Si la Parte demandada considera que las medidas adoptadas por la parte demandante no son

equivalentes a la anulación o al menoscabo causado por la infracción, podrá solicitar por escrito al

grupo especial de arbitraje inicial que se pronuncie sobre la cuestión. Dicha solicitud se notificará a

la Parte demandante y al Comité antes del final del período de diez días mencionado en el apartado

2. El grupo especial de arbitraje, tras solicitar, si procede, el dictamen de expertos, notificará su

laudo sobre el nivel de la suspensión de las obligaciones a las Partes y al Comité en un plazo de

treinta días a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Las medidas no serán adoptadas hasta

que el grupo especial de arbitraje inicial haya emitido su laudo, y toda medida será coherente con el

laudo del grupo especial de arbitraje.

4. Si algún miembro del grupo especial de arbitraje inicial ya no estuviera disponible, serán

aplicables los procedimientos fijados en el artículo 3.29 (Constitución del grupo especial de

arbitraje). El plazo para emitir el laudo será de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de la

presentación de la solicitud mencionada en el apartado 3.

5. Las medidas previstas en el presente artículo serán temporales y no se aplicarán una vez que:

a) las Partes hayan alcanzado una solución de mutuo acuerdo con arreglo al artículo 3.39

(Solución de mutuo acuerdo), o

b) las Partes hayan llegado a un acuerdo sobre si la medida notificada con arreglo al apartado 1

de artículo 3.37 (Reconsideración de las medidas de cumplimiento tomadas tras la adopción

de soluciones temporales por incumplimiento) hace que la Parte demandada se ajuste a lo

dispuesto en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación), o

XXXX/es 76

c) cualquier medida considerada incompatible con lo dispuesto en el artículo 3.25 (Ámbito de

aplicación) se retire o modifique con objeto de que se ajuste a dichas disposiciones, según lo

dispuesto en el apartado 2 del artículo 3.37 (Reconsideración de las medidas de cumplimiento

tomadas tras la adopción de soluciones temporales por incumplimiento).

ARTÍCULO 3.37

Reconsideración de las medidas de cumplimiento tomadas tras la adopción de soluciones

temporales por incumplimiento

1. La Parte demandada notificará a la Parte demandante y al Comité toda medida que adopte

para cumplir el laudo del grupo especial de arbitraje y su solicitud de finalización de la suspensión

de las medidas aplicadas por la Parte demandante.

2. Si las Partes no alcanzan un acuerdo sobre si la medida notificada hace que la Parte

demandada se ajuste a las disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación) en

un plazo de treinta días a partir de la fecha de la notificación, la Parte demandante solicitará por

escrito al grupo especial de arbitraje inicial que decida sobre el asunto. Dicha solicitud se notificará

simultáneamente a la otra Parte y al Comité. El laudo del grupo especial de arbitraje se notificará a

las Partes y al Comité en un plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de presentación de la

solicitud. Si el grupo especial de arbitraje determina que las medidas de cumplimiento se ajustan a

las disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación), finalizarán las medidas

mencionadas en el artículo 3.36 (Soluciones temporales en caso de incumplimiento).

XXXX/es 77

ARTÍCULO 3.38

Suspensión y finalización de los procedimientos arbitrales

1. Previa petición por escrito de ambas Partes, el grupo especial de arbitraje podrá suspender su

trabajo en todo momento durante un período acordado por las Partes, que no excederá de los doce

meses, y reanudará su trabajo al final de dicho período acordado, previa petición por escrito de la

Parte demandante, o antes de que finalice dicho período acordado, previa petición por escrito de

ambas Partes. En caso de que la Parte demandante no solicite la reanudación del trabajo del grupo

especial de arbitraje antes de que finalice el período de suspensión acordado, se darán por

concluidos los procedimientos de solución de diferencias iniciados conforme a la presente sección.

A reserva de lo dispuesto en el artículo 3.45 (Relación con las obligaciones derivadas de la OMC),

la suspensión y la finalización del trabajo del grupo especial de arbitraje se entenderán sin perjuicio

de los derechos de las Partes en otros procedimientos.

2. En todo momento, las Partes podrán acordar la terminación de los procedimientos de solución

de diferencias iniciados de conformidad con la presente sección.

ARTÍCULO 3.39

Solución de mutuo acuerdo

Las Partes podrán alcanzar en cualquier momento una solución de mutuo acuerdo conforme a la

presente sección. Notificarán al Comité y al grupo especial de arbitraje, en caso de haberlo,

cualquier solución de este tipo. Si la solución exige una aprobación conforme a los procedimientos

internos correspondientes de cualquiera de las Partes, la notificación se referirá a esa exigencia, y se

suspenderán los procedimientos de solución de diferencias iniciados conforme a la presente sección.

Si no se exige esa aprobación, o una vez notificada la conclusión de tales procedimientos internos,

se dará por terminado el procedimiento.

XXXX/es 78

ARTÍCULO 3.40

Reglamento interno

1. Los procedimientos de solución de diferencias con arreglo al presente capítulo se regirán por

el anexo 9 (Reglamento interno del procedimiento arbitral).

2. Las audiencias de los grupos especiales de arbitraje estarán abiertas al público de conformidad

con el anexo 9 (Reglamento interno del procedimiento arbitral).

ARTÍCULO 3.41

Comunicación de información

1. A petición de una Parte o por propia iniciativa, el grupo especial de arbitraje podrá obtener

información de cualquier fuente, incluso de las Partes implicadas en la diferencia, que considere

adecuada para el procedimiento del grupo especial de arbitraje. El grupo especial de arbitraje

también tendrá derecho a solicitar el dictamen pertinente de expertos, si lo considera conveniente.

El grupo especial de arbitraje consultará a las Partes antes de designar a dichos expertos. Toda la

información obtenida de este modo deberá comunicarse a las Partes y se les enviará para que

formulen sus observaciones.

2. Las personas físicas o jurídicas interesadas de las Partes podrán presentar observaciones

_amicus curiae_ al grupo especial de arbitraje, de conformidad con el anexo 9 (Reglamento interno

del procedimiento arbitral).

XXXX/es 79

ARTÍCULO 3.42

Normas de interpretación

El grupo especial de arbitraje interpretará las disposiciones contempladas en el artículo 3.25

(Ámbito de aplicación) de conformidad con las normas habituales de interpretación del Derecho

público internacional, incluidas las que figuran en la Convención de Viena sobre el Derecho de los

Tratados. En los casos en que una obligación en virtud del presente Acuerdo sea idéntica a una

obligación en virtud del Acuerdo de la OMC, el grupo especial de arbitraje tendrá en cuenta una

interpretación coherente con cualquier interpretación pertinente establecida en resoluciones del

Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (en lo sucesivo «OSD»). Los laudos del grupo

especial de arbitraje no podrán ampliar ni recortar los derechos ni las obligaciones que figuran en

las disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación).

ARTÍCULO 3.43

Decisiones y laudos del grupo especial de arbitraje

1. El grupo especial de arbitraje hará todo lo posible para adoptar todas las decisiones por

consenso. No obstante, cuando no se pueda llegar a una decisión por consenso, la decisión sobre la

cuestión examinada se tomará por mayoría de votos.

2. Los laudos del grupo especial de arbitraje serán vinculantes para las Partes y no crearán

derechos ni obligaciones para las personas físicas o jurídicas. El laudo establecerá las evidencias de

hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de

aplicación) y la fundamentación de sus constataciones y conclusiones. El Comité hará públicos los

laudos del grupo especial de arbitraje en todos sus elementos, a menos que decida no hacerlo para

asegurar la confidencialidad de toda información que cualquiera de las Partes haya señalado como

confidencial.

XXXX/es 80

ARTÍCULO 3.44

Listas de árbitros

1. Las Partes establecerán, a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, una lista de

cinco personas dispuestas y capacitadas para ejercer como presidente del grupo especial de arbitraje

mencionado en el artículo 3.29 (Constitución del grupo especial de arbitraje).

2. A más tardar seis meses después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité

establecerá una lista de al menos diez personas dispuestas y capacitadas para ejercer de árbitro. En

el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada Parte propondrá al menos cinco

personas para ejercer de árbitro.

3. El Comité garantizará que se mantenga la lista de personas que ejerzan de presidente o de

árbitro, establecida de conformidad con los apartados 1 y 2, respectivamente.

4. Los árbitros tendrán conocimientos especializados o experiencia en Derecho y en comercio o

inversión internacionales, o en solución de diferencias que surjan en virtud de acuerdos

internacionales de comercio. Serán independientes, actuarán a título personal y no estarán afiliados

al gobierno de ninguna de las Partes, y cumplirán el anexo 11 (Código de conducta de los árbitros y

los mediadores).

XXXX/es 81

ARTÍCULO 3.45

Relación con las obligaciones derivadas de la OMC

1. El recurso a las disposiciones sobre solución de diferencias de la presente sección será sin

perjuicio de cualquier acción en el marco de la OMC, incluidos los procedimientos de solución de

diferencias.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si una Parte inicia un procedimiento de solución de

diferencias, conforme a la presente sección o al Acuerdo de la OMC, en relación con una medida

concreta, no podrá iniciar ningún procedimiento de solución de diferencias con respecto a la misma

medida en el otro foro hasta que el primer procedimiento haya finalizado. Además, ninguna Parte

incoará un procedimiento de solución de diferencias conforme a la presente sección y conforme al

Acuerdo de la OMC, a menos que se cuestionen obligaciones sustancialmente diferentes en el

marco de ambos acuerdos, o a menos que el foro seleccionado, por razones procesales o

jurisdiccionales, no llegue a ninguna conclusión sobre la demanda por la que se pretende una

compensación de la obligación, siempre que la falta de conclusiones del foro no se deba a la falta de

diligencia de una Parte en la diferencia.

3. A efectos del apartado 2:

a) se considera que se ha iniciado un procedimiento de solución de diferencias conforme al

Acuerdo de la OMC cuando una Parte haya solicitado la constitución de un grupo especial de

conformidad con el artículo 6 del Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por

los que se rige la Solución de Diferencias de la OMC incluido en el anexo 2 del Acuerdo de la

OMC (en lo sucesivo «ESD») y se considerará que ha finalizado cuando el OSD adopte el

informe del grupo especial o el informe del Órgano de Apelación, según proceda, con arreglo

al artículo 16 y el artículo 17, apartado 14, del ESD; y

XXXX/es 82

b) se considerará que se ha iniciado un procedimiento de solución de diferencias conforme a la

presente sección cuando una Parte solicite la constitución de un grupo especial de arbitraje

con arreglo al apartado 1 del artículo 3.28 (Inicio del procedimiento arbitral) y se considerará

que ha finalizado cuando el grupo especial de arbitraje transmita su laudo a las Partes y al

Comité con arreglo al apartado 2 del artículo 3.32 (Laudo del grupo especial de arbitraje) o

cuando las partes hayan alcanzado una solución de mutuo acuerdo con arreglo al artículo 3.39

(Solución de mutuo acuerdo).

4. Ninguna disposición de la presente sección impedirá a una Parte aplicar la suspensión de

obligaciones autorizada por el OSD. No podrán invocarse ni el Acuerdo de la OMC ni el ALC UE

Singapur para impedir que una Parte adopte las medidas oportunas con arreglo al artículo 3.36

(Soluciones temporales en caso de incumplimiento) de la presente sección.

ARTÍCULO 3.46

Plazos

1. Todos los plazos establecidos en la presente sección, incluidos los plazos para que los grupos

especiales de arbitraje emitan sus laudos, se contarán en días naturales, y el primer día será el día

siguiente al acto o hecho al que se refieren, a no ser que se especifique otra cosa.

2. Los plazos contemplados en la presente sección podrán ser modificados de mutuo acuerdo

entre las Partes.

XXXX/es 83

CAPÍTULO CUATRO

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES, GENERALES Y FINALES

ARTÍCULO 4.1

Comité

1. Las Partes crean un Comité, formado por representantes de la Parte UE y de Singapur.

2. El Comité se reunirá normalmente cada dos años en la Unión o en Singapur alternativamente

o, sin demora indebida, a petición de cualquier Parte. El Comité será copresidido por el ministro de

Comercio e Industria de Singapur y el miembro de la Comisión Europea responsable de Comercio,

o por sus respectivos delegados. El Comité acordará su calendario de reuniones y fijará su orden del

día, y podrá adoptar su propio reglamento interno.

3. El Comité:

a) velará por el buen funcionamiento del presente Acuerdo;

b) supervisará y facilitará la ejecución y aplicación del presente Acuerdo y promoverá sus

objetivos generales;

XXXX/es 84

c) analizará las formas de reforzar las relaciones comerciales entre las Partes;

d) examinará las dificultades que puedan surgir en la aplicación del capítulo tres (Solución de

diferencias), sección A (Solución de diferencias entre inversores y Partes), y estudiará las

posibles mejoras, en particular teniendo en cuenta la experiencia y la evolución en otros foros

internacionales;

e) revisará de forma general el funcionamiento del capítulo tres (Solución de diferencias),

sección A (Solución de diferencias entre inversores y Partes), teniendo también en cuenta las

cuestiones derivadas de los esfuerzos por crear el mecanismo de solución de diferencias

contemplado en el artículo 3.12 (Mecanismo multilateral de solución de diferencias);

f) sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo tres (Solución de diferencias), tratará de resolver

los problemas que puedan surgir en los ámbitos abarcados por el presente Acuerdo, o resolver

las diferencias que se puedan plantear respecto de la interpretación o la aplicación del

presente Acuerdo, y

g) examinará cualquier otra cuestión de interés relativa a un ámbito abarcado por el presente

Acuerdo.

4. Previo acuerdo entre las Partes y tras la finalización de sus respectivos requisitos y

procedimientos jurídicos, el Comité podrá decidir lo siguiente:

a) nombrar a los miembros del Tribunal y los miembros del Tribunal de Apelación con arreglo al

apartado 2 del artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia) y al apartado 2 del artículo 3.10

(Tribunal de Apelación), para aumentar o reducir el número de miembros con arreglo al

artículo 3.9, apartado 3, y al artículo 3.10, apartado 3, y para expulsar a un miembro del

Tribunal o del Tribunal de Apelación de conformidad con el apartado 5 del artículo 3.11

(Código ético);

XXXX/es 85

b) fijar los honorarios mensuales de los miembros del Tribunal y del Tribunal de Apelación de

conformidad con el artículo 3.9, apartado 12, y el artículo 3.10, apartado 11, y el importe de

los honorarios diarios de los miembros que presten servicio en una división del Tribunal de

Apelación, así como de los presidentes del Tribunal y del Tribunal de Apelación con arreglo

al artículo 3.10, apartado 12, y al artículo 3.9, apartado 13;

c) transformar los honorarios mensuales y los demás honorarios y gastos de los miembros del

Tribunal y del Tribunal de Apelación en un salario regular con arreglo al artículo 3.9,

apartado 15, y al artículo 3.10, apartado 13;

d) especificar cualquier disposición transitoria que sea necesaria de conformidad con el

artículo 3.12 (Mecanismo multilateral de solución de diferencias);

e) adoptar normas adicionales sobre honorarios de conformidad con el apartado 5 del

artículo 3.21 (Costes);

f) formular interpretaciones de las disposiciones del presente Acuerdo, que serán vinculantes

para las Partes y para todos los organismos creados en virtud del presente Acuerdo, incluidos

el Tribunal y el Tribunal de Apelación a los que se hace referencia en el capítulo tres

(Solución de diferencias), sección A (Solución de diferencias entre inversores y Partes), y los

grupos especiales de arbitraje a los que se hace referencia en el capítulo tres (Solución de

diferencias), sección B (Solución de diferencias entre las Partes), y

g) adoptar normas que complementen las normas aplicables sobre solución de diferencias o las

normas que figuran en los anexos. Tales normas serán vinculantes para el Tribunal y el

Tribunal de Apelación a los que se hace referencia en el capítulo tres (Solución de

diferencias), sección A (Solución de diferencias entre inversores y Partes) y los grupos

especiales de arbitraje a los que se hace referencia en el capítulo tres (Solución de

diferencias), sección B (Solución de diferencias entre las Partes).

XXXX/es 86

ARTÍCULO 4.2

Toma de decisiones

1. En los casos previstos en el presente Acuerdo, las Partes podrán adoptar decisiones en el

Comité. Las decisiones adoptadas serán vinculantes para las Partes, que adoptarán las medidas

necesarias para aplicarlas.

2. En los casos previstos en el presente Acuerdo, el Comité podrá formular las recomendaciones

oportunas.

3. El Comité elaborará sus decisiones y recomendaciones mediante acuerdo entre las Partes.

ARTÍCULO 4.3

Modificaciones

1. Las Partes podrán acordar por escrito modificar el presente Acuerdo. Las modificaciones

entrarán en vigor después de que las Partes intercambien por escrito notificaciones que certifiquen

que han finalizado sus respectivos procedimientos y requisitos jurídicos aplicables, según se expone

en el instrumento de modificación.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las Partes podrán, en el Comité, adoptar una

decisión por la que se modifique el presente Acuerdo en los casos previstos en el presente Acuerdo.

XXXX/es 87

ARTÍCULO 4.4

Reconocimiento de medidas prudenciales

1. Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de impedir a una Parte

adoptar o mantener medidas razonables por motivos prudenciales, tales como:

a) proteger a los inversores, los depositantes, los tenedores de pólizas o las personas acreedoras

de obligaciones fiduciarias a cargo de un proveedor de servicios financieros;

b) mantener la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad financiera de los proveedores de

servicios financieros; o

c) garantizar la integridad y la estabilidad del sistema financiero de dicha Parte.

2. Estas medidas no serán más gravosas de lo necesario para alcanzar su objetivo y no deben

constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable contra los proveedores de servicios

financieros de la otra Parte, en comparación con sus propios proveedores de servicios financieros

similares, ni una restricción encubierta del comercio de servicios.

3. Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará de manera que se obligue a una

Parte a revelar información relativa a las actividades y a las cuentas de consumidores individuales

ni cualquier información confidencial o de dominio privado en poder de entidades públicas.

XXXX/es 88

ARTÍCULO 4.5

Excepciones relativas a la seguridad

Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de:

a) exigir a cualquier Parte que facilite información cuya difusión considere contraria a sus

intereses esenciales de seguridad;

b) impedir a cualquier Parte que adopte las medidas que estime necesarias para la protección de

sus intereses esenciales de seguridad:

i) conexas a la producción o al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y

relativas al tráfico de otros artículos y materiales y a actividades económicas llevadas a

cabo directa o indirectamente para asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;

ii) relativas al suministro de servicios destinados directa o indirectamente a asegurar el

abastecimiento de las fuerzas armadas;

iii) relativas a materiales fisionables y fusionables o a los materiales de los que estos se

derivan; o

iv) adoptadas en tiempo de guerra u otras emergencias en las relaciones internacionales, o

para proteger las infraestructuras públicas críticas (es decir, las comunicaciones, la

energía o las infraestructuras hídricas que suministran bienes o servicios esenciales para

el público en general) de intentos deliberados de desactivarlas o perturbarlas;

XXXX/es 89

c) impedir a cualquier Parte que adopte medidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad

internacionales.

ARTÍCULO 4.6

Fiscalidad

1. El presente Acuerdo solo será aplicable a las medidas fiscales en la medida en que la

aplicación sea necesaria para dar efecto a las disposiciones del presente Acuerdo **[1]** .

2. Ninguna disposición del presente Acuerdo afectará a los derechos y obligaciones ni de

Singapur, ni de la Unión o de cualquiera de sus Estados miembros en virtud de cualquier acuerdo

fiscal entre Singapur y la Unión o cualquiera de sus Estados miembros. En caso de incompatibilidad

entre el presente Acuerdo y un acuerdo de esa naturaleza, prevalecerán las disposiciones de dicho

acuerdo respecto de la incompatibilidad. En el caso de un acuerdo fiscal entre Singapur y la Unión o

uno de sus Estados miembros, las autoridades competentes en virtud de dicho acuerdo serán las

únicas responsables para determinar si existen incompatibilidades entre el presente Acuerdo y dicho

acuerdo.

**1** Por el término «disposiciones del presente Acuerdo», se entienden las disposiciones que
conceden: a) un trato no discriminatorio a los inversores, en la forma y la medida establecidas
en el artículo 2.3 (Trato nacional); y b) protección a los inversores y sus inversiones contra la
expropiación, en la forma y la medida establecidas en el artículo 2.6 (Expropiación).

XXXX/es 90

3. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a ninguna de las Partes adoptar o

mantener cualquier medida fiscal que distinga entre los contribuyentes basándose en criterios

racionales, como los contribuyentes que no se encuentren en la misma situación, en particular en lo

que respecta a su lugar de residencia o al lugar en que esté invertido su capital **[1]** .

4. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá la adopción o el mantenimiento de

cualquier medida destinada a prevenir la evasión fiscal conforme a las disposiciones fiscales de

acuerdos para evitar la doble imposición u otros acuerdos fiscales, o cualquier legislación fiscal

nacional.

5. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a Singapur adoptar o mantener medidas

fiscales que sean necesarias para proteger intereses políticos públicos fundamentales de Singapur

derivados de sus limitaciones de espacio específicas.

ARTÍCULO 4.7

Excepción específica

Ninguna disposición del presente Acuerdo será aplicable a las actividades realizadas por un banco

central, autoridad monetaria o cualquier otra entidad pública en la conducción de políticas

monetarias o cambiarias.

**1** Para mayor seguridad, las Partes están de acuerdo en que ninguna disposición del presente
Acuerdo impedirá que se adopte ninguna medida fiscal dirigida a la asistencia social, la salud
pública u otros objetivos socioeconómicos, o a la estabilidad macroeconómica, o a beneficios
fiscales relacionados con el lugar de constitución y no con la nacionalidad del propietario de
la empresa. Las medidas fiscales encaminadas a la estabilidad macroeconómica son medidas
en respuesta a la evolución y las tendencias en la economía nacional para abordar o para
evitar desequilibrios sistémicos que amenacen gravemente la estabilidad de la economía
nacional.

XXXX/es 91

ARTÍCULO 4.8

Fondos soberanos

Cada Parte animará a sus fondos soberanos a respetar los principios y prácticas generalmente

aceptados (Principios de Santiago).

ARTÍCULO 4.9

Divulgación de información

1. Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que exige a ninguna

Parte la obligación de revelar información confidencial cuya divulgación pueda constituir un

obstáculo para hacer cumplir las leyes o ser de otra manera contraria al interés público, o pueda

lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.

2. Cuando una Parte comunique al Comité información que considere confidencial en virtud de

sus leyes y reglamentos, la otra Parte tratará dicha información como confidencial, a menos que la

Parte que la presenta acuerde otra cosa.

XXXX/es 92

ARTÍCULO 4.10

Cumplimiento de las obligaciones

Las Partes adoptarán todas las medidas generales o específicas necesarias para cumplir sus

obligaciones en virtud del presente Acuerdo. Velarán por que se alcancen los objetivos fijados en el

presente Acuerdo.

ARTÍCULO 4.11

Ausencia de efectos directos

Para mayor seguridad, ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que

concede derechos o impone obligaciones a personas, distintos de los creados entre las Partes con

arreglo al Derecho internacional público.

ARTÍCULO 4.12

Relación con otros Acuerdos

1. El presente Acuerdo formará parte integrante de las relaciones bilaterales generales que se

rigen por el AAC UE-Singapur y formará parte de un marco institucional común. Constituye un

acuerdo específico que da efecto a las disposiciones comerciales del AAC UE-Singapur.

2. Para mayor seguridad, las Partes están de acuerdo en que ninguna disposición del presente

Acuerdo las obliga a actuar de manera contraria a sus obligaciones en virtud del Acuerdo de la

OMC.

XXXX/es 93

3. a) A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, los Acuerdos entre los Estados

miembros de la Unión y Singapur enumerados en el anexo 5 (Acuerdos a los que se

hace referencia en el artículo 4.12), incluidos los derechos y obligaciones derivados de

ellos, dejarán de tener efecto y serán sustituidos por el presente Acuerdo.

b) En caso de aplicación provisional del presente Acuerdo de conformidad con el

apartado 4 del artículo 4.15 (Entrada en vigor), a partir de la fecha de aplicación

provisional se suspenderán la aplicación de las disposiciones de los Acuerdos

enumerados en el anexo 5 (Acuerdos a los que se hace referencia en el artículo 4.12) y

los derechos y obligaciones derivados de ellos. En caso de que se ponga término a la

aplicación provisional del presente Acuerdo y este no entre en vigor, cesará la

suspensión y tendrán efecto los Acuerdos enumerados en el anexo 5 (Acuerdos a los que

se hace referencia en el artículo 4.12).

c) No obstante lo dispuesto en el apartado 3, letras a) y b), podrá presentarse una demanda

conforme a lo dispuesto en uno de los Acuerdos enumerados en el anexo 5 (Acuerdos a

los que se hace referencia en el artículo 4.12) en relación con el trato concedido

mientras dicho Acuerdo estuvo en vigor, de conformidad con las normas y los

procedimientos establecidos en dicho Acuerdo y a condición de que no hayan

transcurrido más de tres años desde la fecha de suspensión del Acuerdo de conformidad

con el apartado 3, letra b), o, si el Acuerdo no se suspendió de conformidad con el

apartado 3, letra b), desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

XXXX/es 94

d) No obstante lo dispuesto en el apartado 3, letras a) y b), si se pone término a la

aplicación provisional del presente Acuerdo y este no entra en vigor, podrá presentarse

una demanda con arreglo al capítulo tres (Solución de diferencias), sección A (Solución

de diferencias entre inversores y Partes) en relación con el trato concedido durante el

período de aplicación provisional del presente Acuerdo, a condición de que no hayan

transcurrido más de tres años desde la fecha de terminación de la aplicación provisional.

A los efectos del presente apartado, no se aplicará la definición de «entrada en vigor del presente

Acuerdo» establecida en el apartado 4, letra d), del artículo 4.15 (Entrada en vigor).

ARTÍCULO 4.13

Aplicación territorial

El presente Acuerdo se aplicará:

a) respecto a la Parte UE, en los territorios en los que sean aplicables el Tratado de la Unión

Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en las condiciones establecidas

en dichos Tratados, y

b) respecto a Singapur, en su territorio.

Las referencias del presente Acuerdo al «territorio» se entenderán en este sentido, salvo que se

disponga explícitamente otra cosa.

XXXX/es 95

ARTÍCULO 4.14

Anexos, apéndices, declaraciones conjuntas, protocolos y entendimientos

Los anexos, apéndices, declaraciones conjuntas, protocolos y entendimientos del presente Acuerdo

formarán parte integrante del mismo.

ARTÍCULO 4.15

Entrada en vigor

1. El presente Acuerdo será aprobado por las Partes de conformidad con sus respectivos

procedimientos.

2. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a aquel en que

las Partes intercambien por escrito notificaciones que certifiquen que han finalizado sus respectivos

procedimientos y requisitos jurídicos aplicables para la entrada en vigor del presente Acuerdo. Las

Partes podrán fijar otra fecha de común acuerdo.

3. Las notificaciones se remitirán al Secretario General del Consejo de la Unión y al Director del

Departamento para América del Norte y Europa del Ministerio de Comercio e Industria de

Singapur, o a sus respectivos sucesores.

XXXX/es 96

4. a) El presente Acuerdo se aplicará provisionalmente a partir del primer día del mes

siguiente a la fecha en la que la Unión y Singapur se hayan notificado mutuamente el

cumplimiento de sus procedimientos pertinentes respectivos. Las Partes podrán fijar

otra fecha de común acuerdo.

b) Si determinadas disposiciones del presente Acuerdo no pudieran aplicarse

provisionalmente, la Parte que no pueda llevar a cabo dicha aplicación provisional

notificará a la otra Parte las disposiciones que no puedan aplicarse provisionalmente.

No obstante lo dispuesto en el apartado 4, letra a), si la otra Parte ha finalizado los

procedimientos necesarios y no se opone a la aplicación provisional en los diez días

siguientes a la notificación de que determinadas disposiciones no pueden aplicarse

provisionalmente, las disposiciones del presente Acuerdo que no hayan sido notificadas

se aplicarán provisionalmente el primer día del mes siguiente a la notificación.

c) La Unión o Singapur podrán poner término a la aplicación provisional mediante

notificación escrita a la otra Parte. Dicha terminación surtirá efecto el primer día del

segundo mes siguiente al de su notificación.

d) Si el presente Acuerdo o algunas de sus disposiciones se aplican provisionalmente, se

entenderá por «entrada en vigor del presente Acuerdo» la fecha de aplicación

provisional. El Comité podrá ejercer sus funciones durante la aplicación provisional del

presente Acuerdo. Cualquier decisión adoptada en el ejercicio de estas funciones solo

dejará de ser efectiva si se pone término a la aplicación provisional del presente

Acuerdo y este no entra en vigor.

XXXX/es 97

ARTÍCULO 4.16

Duración

1. El presente Acuerdo tendrá duración indefinida.

2. Tanto la Parte UE como Singapur podrán notificar por escrito a la otra Parte su intención de

poner término al presente Acuerdo.

3. Se pondrá término al presente Acuerdo seis meses después de la notificación con arreglo al

apartado 2, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.17 (Terminación).

4. En un plazo de treinta días a partir de la presentación de una notificación con arreglo al

apartado 2, cualquiera de las Partes podrá solicitar la celebración de consultas sobre si la

terminación de cualquier disposición del presente Acuerdo debe surtir efecto en una fecha posterior

a la establecida en el apartado 2. Dichas consultas comenzarán en un plazo de treinta días a partir de

que una Parte presente tal solicitud.

XXXX/es 98

ARTÍCULO 4.17

Terminación

En caso de que se decida poner término al presente Acuerdo de conformidad con el artículo 4.16

(Duración), el presente Acuerdo seguirá teniendo efecto durante un período adicional de veinte años

a partir de tal fecha con respecto a las inversiones cubiertas efectuadas antes de la fecha de

terminación del presente Acuerdo. El presente artículo no será aplicable en caso de que se ponga

término a la aplicación provisional del presente Acuerdo y este no entre en vigor.

ARTÍCULO 4.18

Adhesión de nuevos Estados miembros a la Unión

1. La Unión notificará a Singapur, sin retrasos indebidos, cualquier solicitud de adhesión de un

tercer país a la Unión.

2. Durante las negociaciones entre la Unión y el país candidato a la adhesión, la Unión

procurará:

a) facilitar, previa solicitud de Singapur y en la mayor medida posible, información sobre

cualquier asunto contemplado en el presente Acuerdo, y

b) tener en cuenta todas las preocupaciones expresadas por Singapur.

XXXX/es 99

3. La Unión notificará a Singapur, tan pronto como sea posible, los resultados de las

negociaciones de adhesión con el país candidato a la adhesión a la Unión, y también le notificará la

entrada en vigor de cualquier posible adhesión a la Unión.

4. El Comité examinará los efectos de dicha adhesión sobre el presente Acuerdo con suficiente

antelación con respecto a la fecha de adhesión y se pronunciará sobre los ajustes o las disposiciones

transitorias que puedan ser necesarios.

5. Todo nuevo Estado miembro de la UE se adherirá al presente Acuerdo al depositar un Acta de

adhesión al presente Acuerdo ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea y ante el

Director del Departamento para América del Norte y Europa del Ministerio de Comercio e Industria

de Singapur, o ante sus respectivos sucesores.

ARTÍCULO 4.19

Textos auténticos

El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en lenguas alemana, búlgara, checa, croata,

danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana,

letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, siendo cada uno de estos

textos igualmente auténtico.

XXXX/es 100