Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 8.4.2004 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | CE 88/636 |

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(2004/C 88 E/0653)

PREGUNTA ESCRITA E-3117/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(22 de octubre de 2003)

Asunto:   Importaciones ilegales de productos textiles procedentes de China

Sabiendo que:

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| — | El 10 de octubre de 2003, la Asociación Textil de Barletta (provincia de Bari) proclamó el estado de movilización en protesta por la ilegalidad de las importaciones de productos textiles procedentes de China y para pedir a la Unión Europea que adoptara medidas concretas para luchar contra ese fenómeno. |

¿Puede indicar la Comisión:

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| — | de qué información dispone por lo que respecta a los controles en las fronteras y en el territorio comunitario de todas las formas de ilegalidad (evitación tributaria, evasión fiscal, usurpación de marcas), al cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de importaciones procedentes de los países extracomunitarios, en particular del Lejano Oriente, y al pago de los correspondientes aranceles? O bien, ¿qué iniciativas piensa promover para intensificarlos? |

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| — | ¿Qué iniciativas piensa promover para que se introduzcan en los países del Lejano Oriente controles del cumplimiento de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, incluidos aquellos relativos al trato económico de los trabajadores? |

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 2003)

La Comisión es consciente de alegaciones tales como el incumplimiento de los derechos laborales básicos, la existencia de declaraciones de origen falsas y la elusión de las cuotas, así como el incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, por algunos países exportadores que no respetan las obligaciones de los compromisos contraídos en virtud de los acuerdos textiles bilaterales celebrados con la Comunidad.

Por lo que se refiere a los límites cuantitativos a las exportaciones de textiles y ropa de vestir vigentes en virtud de acuerdos bilaterales, se gestionan mediante un sistema de doble control según el cual las autoridades comunitarias conceden las licencias de importación sólo tras la presentación de licencias de exportación válidas y a condición de la disponibilidad de la cantidad correspondiente dentro de los contingentes. Asimismo, es necesaria la presentación de certificados de origen para evitar la elusión de los contingentes, un hecho que causa perjuicio tanto a la Comunidad como al país socio; cuando se sospecha una elusión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede realizar investigaciones; si se prueba su existencia se intenta un ajuste de los contingentes para reparar la situación.

Mediante el Reglamento (CE) no 1383/2003 de 22 de julio de 2003[(1)](#ntr1-CE2004088ES.01063602-E0001) la Comunidad reforzó sus intervenciones aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos.

La cuestión de los controles en las fronteras exteriores es extremadamente importante para la Comisión y ha llevado a la reciente publicación de una Comunicación relativa al «papel de la aduana en la gestión integrada de las fronteras exteriores»[(2)](#ntr2-CE2004088ES.01063602-E0002), en la que se fijan la estrategia y la orientación adoptadas y que incluye varias recomendaciones con objeto de que los Estados miembros mejoren los controles. Por lo que respecta concretamente a la usurpación de marcas, se han emprendido una serie de medidas; gracias a una nueva ley aduanera (Reglamento (CE) no 1383/2003 de 22 de julio de 2003), se reforzarán los controles aduaneros, especialmente en el campo de los derechos de propiedad intelectual y a través del programa «Aduana 2007» se establece una cooperación reforzada con los Estados miembros y con las empresas afectadas por la falsificación y las copias.

En materia de política comercial, la Comunidad es contraria a una postura basada en la imposición de sanciones y a las medidas encaminadas a utilizar los derechos laborales con fines proteccionistas. Por ello, promociona la aplicación efectiva de los derechos laborales fundamentales a través de instrumentos adecuados y sobre la base de la concesión de incentivos, por ejemplo mediante el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), que permite a los países beneficiarios obtener preferencias adicionales cuando se suscriben las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Acuerdo de Cotonú, firmado entre la Comunidad, sus Estados miembros y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), que contiene disposiciones específicas sobre comercio y normas de trabajo.

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