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# 52011DC0323

**COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión en 2010 /\* COM/2011/0323 final \*/**

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL
TRIBUNAL DE CUENTAS

Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión en 2010

1.
Introducción

De conformidad
con el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
la Comisión Europea ejecuta el presupuesto bajo su propia responsabilidad
y dentro del límites de los créditos autorizados, con arreglo al principio de
buena gestión financiera. Al adoptar este Informe de Síntesis, la Comisión
asume una responsabilidad política general respecto de la gestión realizada por
sus Directores Generales y Jefes de Servicio, sobre la base de las garantías y
las reservas formuladas por estos en sus informes anuales de actividad (IAA).
En el Informe de Síntesis, la Comisión identifica también los problemas de
gestión esenciales que se han de abordar de forma prioritaria y las medidas a
adoptar para subsanar las deficiencias detectadas.

En 2009, por
tercer año consecutivo, el Tribunal emitió un dictamen positivo sin
reservas sobre las cuentas consolidadas. Continúa la tendencia positiva
a la reducción del índice de error global. Por primera vez, el Tribunal
estimó que el índice de error más probable en el presupuesto se situaba entre
el 2 % y el 5 %. La evaluación de la calidad de los IAA hecha por el
Tribunal[1] también ha mejorado.

Informar sobre los logros de la gestión de la Comisión es más que
informar sobre los índices de error. El contexto económico actual ha hecho que
los gastos de gran calidad y con valor añadido adquieran una gran importancia
para los ciudadanos. En la primera parte de sus informes anuales de actividad,
los ordenadores delegados explican cómo utilizan los recursos financieros y
humanos para lograr los objetivos políticos fijados por el Colegio, conforme a
los principios de buena gestión financiera, mostrando al lector la manera en
que las políticas de la UE han generado un valor añadido para la sociedad.

Al ultimar sus propuestas para el próximo Marco Financiero
Plurianual, la Comisión propondrá mejoras, especialmente en la gestión
compartida, mediante la cual los Estados miembros ejecutan alrededor del 80%
del presupuesto. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ha
incrementado la responsabilidad de los Estados miembros, que deben cooperar con
la Comisión para ejecutar el presupuesto, destacando sus obligaciones de
control y auditoría[2].

2.
Fortalecer las bases de la fiabilidad

El Colegio
delega la ejecución operativa en los Directores Generales y Jefes de Servicio
que, como «ordenadores delegados» (AOD), son responsables de una buena y
eficiente gestión financiera de los recursos y de garantizar unos sistemas de
control adecuados y eficaces en sus servicios. Los Directores Generales y Jefes
de Servicio informan sobre el ejercicio de sus funciones en los IAA[3],
que contienen una declaración de fiabilidad firmada que avala la legalidad y
regularidad de las transacciones financieras. La fiabilidad es un examen objetivo de las
pruebas con el fin de proporcionar una evaluación independiente de la eficacia
de la gestión de los riesgos, el control y los procesos de gobernanza. Este
examen es llevado a cabo por la dirección, que supervisa el funcionamiento de
los sistemas de control internos de forma continuada, así como por los
auditores internos y externos. Los resultados se
presentan en cada IAA, que es el instrumento principal para que los Directores
Generales documenten su responsabilidad ante el Colegio.

2.1.
Impacto de las reorganizaciones internas sobre
la fiabilidad

En el año 2010
se procedió a una serie de cambios importantes y se llevaron a cabo
reorganizaciones.

El Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de diciembre de
2009, creó la figura[4] del Alto Representante de
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la
Comisión, y especificó que el Alto Representante estará asistido por el Servicio
Europeo de Acción Exterior (SEAE). Los preparativos para crear el SEAE
tuvieron lugar durante todo el año 2010 y el servicio se creó el 1 de enero de
2011. Determinadas disposiciones del Reglamento financiero han sido modificadas[5].
La Comisión sigue siendo responsable de la ejecución del presupuesto, incluidos
los créditos operativos ejecutados por los Jefes de Delegación, que son los
ordenadores subdelegados de la Comisión.

Tras el
nombramiento del nuevo Colegio y el reparto de carteras, se han
reestructurado[6] una serie
de Direcciones Generales. En este sentido se han creado nuevas Direcciones
Generales de Justicia, Interior, Acción por el Clima, Energía y Movilidad y
Transportes, además de transferirse una serie de direcciones entre las
diferentes Direcciones Generales. En consonancia con la política de la Comisión
de no solicitar nuevos puestos a las autoridades presupuestarias, se crearon
Direcciones con recursos compartidos y con estructuras de auditoría interna
comunes (SIAC), permitiendo la puesta en común de la experiencia profesional y
generando economías de escala.

La Comisión
ha llevado a cabo estos cambios sin contratiempos. Los servicios centrales han ayudado a la actualización de la
circular[7] sobre cómo proceder con
los IAA en estas circunstancias. Los nuevos Directores Generales recibieron de
sus predecesores notas de transmisión. El Servicio de Auditoría Interna ha
examinado varios aspectos de estas reorganizaciones, contribuyendo así a la
mejora de la administración y la gobernanza.

2.2.
Diálogo entre los Directores Generales y el
Colegio de Comisarios

Cada[8]
IAA confirma explícitamente que el Comisario / los Comisarios han sido
informados de los principales aspectos de los IAA, incluidas todas las reservas
previstas antes de la firma final de la declaración de fiabilidad.

Los IAA constituyen el principal instrumento por medio del cual
los ordenadores delegados documentan su responsabilidad ante el Colegio y como
fuente de pruebas para la DAS. La Comisión ha dado instrucción a la Secretaría
General y a la Dirección General de Presupuestos para que continúen
estableciendo directrices para las Direcciones Generales y los servicios por
medio de la revisión periódica de las instrucciones aplicables, notas
explicativas, acciones de formación y reuniones de revisión interpares. Todos
los Directores Generales y Jefes de Servicio son invitados a prestar su apoyo
activo a todas las medidas promovidas por los servicios centrales con vistas a
mejorar la calidad de las herramientas.

2.3.
Auditoría interna

El Comité de
Seguimiento de las Auditorías (CSA) centró su trabajo en los principales
riesgos identificados por el encargo de auditoría y mejoró el flujo de información
al Colegio sobre cuestiones de auditoría, incluidas cuestiones de dimensión
institucional e incluida información cualitativa sobre de qué manera los planes
de acción mejoran el marco general de control. En su informe anual y notas de
información, el CSA informó al Colegio de que se habían registrado avances en
la ejecución de las recomendaciones de auditoría aceptadas aún pendientes que
se consideraban «críticas» o «muy importantes», tal y como se solicitaba en el
Informe de Síntesis de 2009. En 2010, seis meses después de su fecha de
vencimiento, quedaban pendientes 26 recomendaciones «muy importantes» y ninguna
«crítica». 97 recomendaciones «muy importantes» fueron aceptadas, pero están
pendientes desde hace menos de seis meses.

Sobre la base de la información presentada por el CSA, la Comisión
tomó nota de los progresos realizados en la ejecución de las recomendaciones de
auditoría y encargó a los servicios que continuaran este trabajo. Los
Directores Generales y los Jefes de Servicio deberán garantizar que las
recomendaciones reciben la debida atención.

En marzo de
2011, el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión presentó el Informe de
Auditoría Interna Anual 2010 para el año 2010 tal como se establece en el
artículo 86, apartado 3, del Reglamento financiero.

En mayo de
2011, el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión emitió su primer dictamen
general. Se basa en trabajos realizados por las estructuras de auditoría
interna y el servicio de auditoría interna durante el período 2008 a 2010, como
parte del plan estratégico de auditoría coordinada. El dictamen se centra en la
gestión financiera. El Auditor interno de la Comisión considera que, en 2010,
la Comisión ha puesto en marcha procedimientos de gobernanza, gestión de
riesgos y control interno adecuados para ofrecer garantías razonables en la
consecución de sus objetivos financieros, con excepción de los ámbitos de la
gestión financiera sobre los cuales los Directores Generales han manifestado
reservas en sus declaraciones de fiabilidad y son objeto de observaciones sobre
la gestión de los riesgos relacionadas con los errores en las operaciones
subyacentes. El presente dictamen no abarca el programa del Sistema Mundial de
Navegación por Satélite cuya auditoría no había concluido antes de que
finalizara el año 2010. En particular, tiene en cuenta que la dirección ha
adoptado planes que el SAI considera que son adecuados para paliar los riesgos
residuales identificados por los auditores durante los últimos tres años y para
aplicar las recomendaciones, y que la aplicación de estos planes se supervisará
a través de los informes de gestión y de las auditorías de seguimiento.

La Comisión ha tomado nota de estos informes, que inspiran
confianza al Colegio sobre el desarrollo de los controles internos y la
gobernanza existentes en sus servicios y ofrece una garantía razonable sobre su
capacidad para alcanzar sus objetivos.

2.4.
Mejorar la claridad y la coherencia de los
informes anuales de actividad

Los IAA
constituyen una de las principales fuentes de información para el Tribunal de
Cuentas Europeo (TCE) y las autoridades responsables de la aprobación de la
gestión presupuestaria. Según el Tribunal, la calidad de estos informes ha
mejorado en los últimos años. En su Informe Anual para 2009, el TCE otorgó a
todos los IAA de las Direcciones Generales y servicios de la Comisión la
clasificación «A» y «B»[9].

Las
instrucciones permanentes aplicables a los IAA se han afinado para mejorar la
calidad de la información presentada en apoyo de las garantías y la legibilidad
de los informes.

Los servicios
centrales siguieron interviniendo en una fase temprana del proceso de redacción
de los IAA, debatiendo elementos centrales con las Direcciones Generales y los
servicios, y prestando la orientación necesaria para mejorar la calidad de los
textos finales. De nuevo, las (pre)revisiones interpares han demostrado ser una
plataforma efectiva para los diferentes servicios, en tanto que homólogos, para
compartir su opinión sobre cómo formular una serie de cuestiones transversales
en los IAA, cómo garantizar la coherencia del enfoque y abordar adecuadamente
las deficiencias constatadas.

Durante el
proceso de revisión interpares, se ha identificado una serie de aspectos con el
fin de mejorar la presentación, en particular el conjunto de argumentos en
apoyo de la fiabilidad y la descripción de la contribución de cada uno de los
elementos constitutivos. Entre ellos cabe citar: a) el razonamiento que se debe
utilizar cuando sólo se disponga de una muestra de control basada en el riesgo;
b) la descripción de la metodología de muestreo utilizada y c) los métodos
matemáticos aplicados para extrapolar los resultados de la muestra de auditoría
a toda la población.

La Comisión se ha comprometido a mejorar continuamente la
legibilidad y la comparabilidad de los informes de actividad anuales.

3.
Fiabilidad fundamentada en los informes anuales de
actividad y reservas formuladas por los directores generales

Habiendo
examinado los IAA, y, en particular, la declaración firmada por cada Director
General, la Comisión toma nota de que todos ellos ofrecen garantías
razonables respecto a la utilización de los recursos para el propósito
previsto, el respeto de los principios de buena gestión financiera y el hecho
de que los procedimientos de control utilizados ofrecen las garantías
necesarias sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.
Algunos Directores Generales señalaron deficiencias residuales y formularon
reservas en sus IAA sin poner en entredicho el nivel general de fiabilidad
otorgado.

Doce
Directores Generales y un Director de una Agencia ejecutiva publicaron un total
de diecisiete reservas en sus IAA de 2010. Estas incluyen 15 de las 21
reservas[10] ya presentadas en 2009 y
sobre las que se estaba trabajando a finales de 2010, más dos nuevas reservas.

Los problemas
más comunes se derivan de las complejas normas en materia de
subvencionabilidad para los beneficiarios de subvenciones (un asunto que
afecta a los fondos sujetos a una gestión centralizada directa) y a la aplicación
de las normas de contratación pública (causa frecuente de errores en la
política de cohesión). Cada Director General y Jefe de servicios expone las
razones principales para sus reservas y presenta medidas correctoras para
resolverlas.

Después de una
evaluación de los resultados del control, se retiraron seis reservas
prorrogadas de ejercicios anteriores. Para retirar una reserva, se pidió a los
ordenadores delegados que presentaran las medidas puestas en práctica para
abordar las deficiencias identificadas, que las medidas fueran eficaces y que
las deficiencias se hubieran subsanado efectivamente. En la mayoría de los
casos, esto implica pruebas de auditoría de que los índices de error han
disminuido a un nivel aceptable o que los sistemas se han reforzado y están
funcionando adecuadamente.

3.1.
          Agricultura
y recursos naturales

Por lo que se
refiere a la agricultura y los recursos naturales, un pequeño aumento en el
índice de error ligeramente por encima del 2 % condujo al Tribunal, en su
Informe Anual de 2009, a concluir que este capítulo se ha visto afectado por
errores materiales. El Tribunal reiteró que se requieren más esfuerzos para
simplificar las normas y las condiciones en el ámbito del desarrollo rural.

El Director
General de Agricultura y Desarrollo Rural introdujo una reserva en el
IAA de 2010. Dada la importancia del Sistema Integrado de Gestión y Control
(SIGC) para la gestión y control de los gastos agrícolas, y las graves deficiencias
constatadas en el SIGC en Bulgaria, Portugal y Rumanía, se presentó una
reserva por razones de reputación, aun cuando la incidencia financiera de las
deficiencias no superaba el umbral de materialidad. Esta Dirección General
retiró la reserva para gastos destinados a medidas de desarrollo rural en el
marco del Eje 2 (mejora del medio ambiente y entorno rural), existente
desde 2007.  En 2010, gracias a la labor de la Dirección General de Agricultura
y Desarrollo Rural que ha investigado los informes de los Estados miembros
sobre errores en el caso de medidas del Eje 2 y ha aportado orientaciones
detalladas para tales informes, la calidad y la fiabilidad de las estadísticas
de control de los Estados miembros y el grado de cuantificación de los errores
constatados y comunicados han mejorado significativamente. Estas mejoras han
permitido a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural calcular el
índice de error residual de manera más precisa que en años anteriores en que no
contaba con las garantías necesarias de que los Estados miembros recopilaban
sus estadísticas con el rigor necesario. Sobre la base de los datos comunicados
por los Estados miembros, el índice de error residual estimado en 2010 asciende
al 1,84 % y se sitúa, por lo tanto, por debajo del umbral de materialidad
del 2 % que utiliza el Tribunal de Cuentas. También el índice de error
residual para el desarrollo rural en su conjunto es, con un 1,13 %
(2,1 % en 2009), inferior al umbral de materialidad. Además, el Plan de
Acción establecido en la reserva de los años anteriores ya ha finalizado. Cualquier
nueva reducción de los errores solo podría lograrse aumentando el nivel de los
controles sobre el terreno, lo cual no sería rentable.

El año pasado,
el Director General de Asuntos Marítimos y Pesca formuló una reserva en
relación con los diferentes programas operativos y las medidas relacionadas
con el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP).  Se ha
elaborado un Plan de Acción que se está aplicando con buenos resultados. Como
consecuencia de ello, pudo retirarse la reserva de todos los gastos a excepción
de un programa en Alemania, para el cual se consideraron necesarios, y se están
llevando a cabo, nuevas evaluaciones y controles.

Los resultados
de un estudio adicional sobre el marco jurídico y los argumentos aducidos por
los Estados miembros sobre las normas en materia de subvencionabilidad de
los pagos realizados a favor de los Estados miembros para compensar los costes
adicionales de la comercialización de determinados productos pesqueros de las
regiones ultraperiféricas, mostraron que esta reserva puede retirarse.

La Dirección
General de Medio Ambiente ha aplicado con éxito el Plan de Acción adoptado
el año pasado tras efectuar una reserva sobre la subvencionabilidad del
gasto declarado por los beneficiarios de una subvención. Por lo tanto, la
reserva ha sido retirada.

El Director
General de Acción por el Clima formuló una reserva como consecuencia de los
perjuicios a la reputación de la Comisión resultantes de una violación
importante de la seguridad en los registros nacionales del Régimen de Comercio
de Derechos de Emisión de la UE (RCDE).

La Comisión recuerda la necesidad de una
adecuada aplicación del SIGC en Bulgaria, Rumanía y Portugal. Se insta a las
autoridades portuguesas a reforzar su Plan de Acción. La puntual aplicación del
Plan búlgaro será supervisada de cerca. Rumanía ya ha finalizado su Plan de
Acción, y será objeto de un estrecho seguimiento a fin de garantizar la
aplicación correcta de los nuevos elementos en la tramitación de las
solicitudes de 2011.

3.2.
          Cohesión

La política de
cohesión se aplica sobre la base de una gestión compartida y ha tenido durante
muchos años un nivel de error estimado considerablemente más alto que el de
otros grupos de políticas. En 2009 se produjo una disminución significativa en
la estimación por el Tribunal del índice de error más probable. La Comisión
considera[11] que esta mejora refleja
en parte la mejora de las disposiciones de control recogidas en el marco
regulador de la cohesión para 2007-2013, así como el impacto del Plan de Acción
de la Comisión de 2008 que esta ha ejecutado con el fin de reforzar su papel de
supervisión. Sin embargo, las variaciones anuales en los índices de error
detectados también están influidas por la etapa correspondiente en el ciclo de
ejecución plurianual. El año 2010 fue el primer año en el que la mayoría de los
programas del marco regulador vigente estaban plenamente en funcionamiento, y
la mayoría de las autoridades nacionales ejecutaron proyectos y declararon los
gastos, incrementando así el riesgo inherente de errores.

Por lo tanto,
la Comisión ha propuesto, con ocasión de la revisión del Reglamento financiero,
que las autoridades nacionales ofrezcan una declaración anual de la gestión
para todos los programas en gestión compartida. Esta es la mejor manera de
proporcionar una garantía creíble y fiable de que el presupuesto de la UE en su
conjunto se utiliza y se controla adecuadamente.

No
obstante, la política de cohesión sigue siendo el ámbito de gasto con el mayor
índice de error en la DAS 2009 y es la única política en la que el Tribunal
considera que el índice de error probable es superior al 5 %. La Comisión considera que es necesario aumentar los esfuerzos
para reducir este índice de error.

El Director
General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha realizado dos reservas:
una se refiere a los sistemas de gestión y control para los programas
operativos identificados del FSE 2000-2006 (en Alemania, Francia, Italia y
España) y la otra del FSE 2007-2013 (en Austria, Bélgica, Bulgaria, Alemania,
Irlanda, Italia, Eslovaquia, España y el Reino Unido). La primera reserva se
cifra en un 0,14 % de los pagos intermedios realizados para el
período 2000-2006; la segunda se cifra en el 1,13 % de los
pagos intermedios para el período 2007-2013. Ambas reservas se formularon por
motivos de reputación, vistas las deficiencias importantes en los aspectos
clave de los sistemas de gestión y control de los programas operativos.

El Director
General de Política Regional formuló dos reservas: una sobre los sistemas
de gestión y control en el marco del FEDER/Fondo de Cohesión en el periodo
2000-2006 (en Bulgaria, Alemania, Hungría, Italia, Letonia, los Países Bajos y
con respecto a 9 programas Interreg) y otra sobre los sistemas de gestión y
control del FEDER/Fondo de Cohesión para el período 2007-2013 (en Bulgaria, la
República Checa, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Rumanía, España,
Reino Unido, 13 programas de cooperación territorial europea y 6 programas en
el marco del IPA / cooperación transfronteriza).

En términos
generales, la estimación del importe que presenta un riesgo respecto a los
programas operativos que han comunicado para la política de cohesión
corresponde a entre el 0,8 % y el 1,5 % de los pagos de 2010 para la
política de cohesión en su conjunto. Esta media estimada se indica sin
perjuicio de las grandes variaciones en los índices de error subyacentes entre
los Estados miembros y, en algunos casos, entre los programas operativos y las
regiones en un único Estado miembro. Aunque el riesgo de irregularidades en una
serie de programas se puede considerar gestionable con carácter plurianual,
puede ser mucho más alto que los promedios estimados para un número de
programas y Estados miembros si se mide anualmente. La Comisión seguirá
ejerciendo rigurosamente su función de supervisión presionando a los Estados
miembros para que resuelvan las deficiencias detectadas en sus sistemas de
gestión y control, y también mediante la aplicación de interrupciones y
suspensiones de los pagos, así como correcciones financieras cuando se estime
necesario.

La Comisión
centrará sus esfuerzos en estos sistemas, en particular mediante acciones
preventivas y correctivas concertadas.

Los importes
que presentan un riesgo difieren del índice de error calculado por el Tribunal
de Cuentas Europeo para la DAS en su Informe Anual. La diferencia entre la
garantía razonable ofrecida por los ordenadores delegados y la evaluación del
Tribunal de los sistemas de control se deriva de diversos factores. Estos incluyen
el hecho de que la Comisión aplica, en una serie de políticas, unas estrategias
de control plurianuales y, por lo tanto, los ordenadores delegados evalúan el
funcionamiento de los sistemas de control sobre esa misma base, mientras que el
Tribunal está obligado a emitir un dictamen anual. El importe que presenta un
riesgo mencionado en los IAA por los servicios de la Comisión para las acciones
estructurales tiene en cuenta las distintas acciones de mitigación y corrección
en virtud de los sistemas de control y de gestión plurianuales (que permiten
efectuar correcciones algunos años después del desembolso de los fondos por el
Estado miembro a los beneficiarios y por la Comisión al Estado miembro) y el
análisis trata sobre la situación específica de cada programa.

Por lo tanto, el
índice de error de acuerdo con la DAS del Tribunal será probablemente superior
dado que incluye errores que pueden corregirse en años posteriores una vez que
han intervenido todos los agentes en la cadena de control.  Otro factor de
diferencia es el hecho de que el índice de error comunicado anualmente por el
Tribunal se calcula sobre la base de los errores identificados en el año en una
muestra de programas y extrapolados a todos los gastos incluidos en la política
de cohesión. Esto puede explicarse por el hecho de que la mayoría de los
programas y autoridades ya han ejecutado los proyectos sobre el terreno y
declarado los gastos, lo que incrementa el riesgo intrínseco de errores.

Las reservas
para el período de programación 2007-2013 formuladas por el Director General de
Política Regional tienen un ámbito de aplicación más amplio que en años
anteriores, relativo a varios programas operativos en varios Estados miembros y
con mayores importes estimados en riesgo. Las reservas para el período de
programación 2007-2013 formuladas por el Director General de Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión se refieren a menos programas operativos que en 2009, pero
en más Estados miembros, con un menor índice global estimado de importes en
riesgo.

Además, 2010
fue el primer año en el que las autoridades nacionales de auditoría debieron
informar sobre el índice de error constatado de acuerdo con las auditorías de
muestras representativas de las operaciones. A partir de este año, el Director
General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, se ha basado en esos índices
para el cálculo de la incidencia financiera de la reserva, más que en los
niveles de error estimado predefinidos[12], cuando se
consideraba que la calidad de estas cifras era la adecuada. El planteamiento
para el futuro se basa, en la medida de lo posible, en los índices de error
comunicados por las autoridades nacionales de auditoría, en caso de que se
consideren que poseen la calidad adecuada.

Los IAA
especifican claramente la naturaleza de los problemas que se han planteado y
presentan unos planes de acción sólidos. Los siguientes ámbitos de acción
son ejemplos destacables:

–
Utilización de los procedimientos de
interrupción y suspensión y de las correcciones financieras (véase el
apartado 4.2.1).

–
Los servicios seguirán proporcionando
orientaciones adicionales y apoyo a las autoridades nacionales de
auditoría, especialmente sobre la cobertura y la calidad de las auditorías y
sobre la elaboración de informes de control y opiniones de auditoría anuales
para maximizar el valor añadido de éstos.

–
Los servicios concentrarán los esfuerzos de
control, y también las orientaciones y actividades de desarrollo de la
capacidad administrativa, en la suvencionabilidad de los costes y en la
aplicación de las normas de contratación pública, ámbitos en los
que se han producido la mayoría de los errores estimados en 2008 y 2009.  La
Comisión está tomando iniciativas para simplificar más los procedimientos de
contratación pública (véase el apartado 4.4.2).

–
Los servicios seguirán llevando a cabo o, en
su caso, incrementando las auditorías in situ de las operaciones y
sistemas que utilicen un enfoque basado en el riesgo, en el marco de sus
estrategias de auditoría.

La
Comisión también está preocupada por la eficacia de los fondos de la UE
gastados por las regiones/los Estados miembros para reembolsar los proyectos
que ya se han completado y pagado con cargo a los presupuestos nacionales antes
de la fecha de inicio de la subvencionabilidad y fuera del marco de las normas
aplicables a la selección del proyecto («proyectos retrospectivos»). La
Comisión, en cooperación con los Estados miembros, aportará mayor claridad a
las normas de subvencionabilidad y a las condiciones y los requisitos previos
para la inclusión de proyectos retrospectivos legales y regulares en los
programas cofinanciados y así lo propondrá mediante nuevas normas sobre este
tema en su paquete para los Fondos Estructurales después de 2013.

La Comisión propuso, en el contexto de la revisión del Reglamento
financiero, introducir las declaraciones anuales de garantía de la gestión por
los organismos acreditados para todos los programas ejecutados en el marco de
la gestión compartida.

La Comisión solicita a los Estados miembros que muestren ya su compromiso
con la mejora de la rendición de cuentas mediante el refuerzo, cuando sea
necesario, de las medidas de control, en particular por lo que se refiere a los
controles de la gestión de primer nivel, antes de la certificación de los
gastos ante la Comisión y siguiendo sus orientaciones sobre los resúmenes
anuales a fin de hacer de ellos una valiosa fuente adicional de garantía. Aun
cuando la base jurídica para los resúmenes anuales no exige una declaración de
fiabilidad general, la Comisión anima a todos los Estados miembros a seguir el
ejemplo de los once que en 2010 incluyeron declaraciones de fiabilidad, así
como a adoptar otras medidas para demostrar su compromiso con la buena gestión
de los fondos de la UE.

La Comisión ha encargado a las Direcciones Generales responsables
de la política de cohesión que garanticen un alto nivel de transparencia
respecto a su evaluación de los sistemas de control en cada Estado miembro, así
como información sobre las interrupciones, las suspensiones de los pagos y las
correcciones financieras, informando de forma sistemática al respecto en sus
IAA. Además, la Comisión también ha dado instrucciones para continuar de manera
sistemática y oportuna las interrupciones y los procedimientos de suspensión
cuando se constaten graves deficiencias o irregularidades en los controles.

3.3.
          Investigación, energía y transporte

La estrategia
de auditoría común de la Dirección General de Investigación para el Sexto Programa
Marco (VI PM) (2007-2010) ha demostrado ser un éxito en términos de
cobertura de la auditoría y de resultados alcanzados. Al final del período, el
índice de error residual plurianual[13] se redujo
sustancialmente, y en el caso de algunas Direcciones Generales, a un nivel muy
cercano al objetivo del 2 %. No se han retirado las reservas recurrentes
del VI PM, con excepción de la del Director General de la Sociedad de la
Información y los Medios de Comunicación, que decidió no calificar su
declaración de fiabilidad, a pesar de haber constatado un índice de error
residual ligeramente por encima del umbral del 2 %. El Director General
explicó en su IAA por qué espera que el índice de error plurianual (es decir,
para el conjunto del VI PM) caiga por debajo del objetivo en el transcurso de
2011.

El Séptimo
Programa Marco de Investigación (VII PM) está cobrando impulso. Como
resultado, el importe de la prefinanciación será inferior al importe de los
pagos correspondientes a las declaraciones de gastos. Estas últimas se
considera que representan un mayor riesgo inherente (y, por lo tanto, unos
índices de errores potenciales mayores). La muestra de auditoría que se ha
realizado hasta ahora no es suficientemente representativa para poder calcular
con precisión el índice de error residual y extraer conclusiones sobre la
fiabilidad en esta fase. Se espera que, a partir de 2011, la muestra auditada
será suficiente para que los ordenadores delegados puedan basarse también en el
criterio del índice de error residual y para decidir si es necesaria una
reserva para este Programa Marco.  Los índices de error provisionales
(entre el 4 % y el 5 %) en las auditorías realizadas hasta el momento
indican que el índice de error para la totalidad de la población podría superar
el umbral del 2 %.

Las
disposiciones sobre los costes que pueden optar a la financiación son complejas
y las auditorías reflejaban que eran las diferencias de interpretación de estas
disposiciones las que causaban la mayoría de los errores detectados en el
capítulo «Investigación, energía y transporte». En 2010, un grupo operativo de
alto nivel examinó los asuntos de gestión y organización en el ámbito de la
investigación y emitió recomendaciones que incluían medidas para mejorar la
gobernanza de las auditorías y el control en este ámbito.

Entretanto, se
han introducido nuevas medidas correctivas para el VII PM, proporcionando un
marco común para que los auditores externos emitan certificados de auditoría,
incluida la definición de un conjunto de procedimientos obligatorios. Además,
se espera que las medidas de simplificación[14] introducidas
el 24 de enero de 2011 reduzcan aún más la tasa de error. Se espera que la
decisión de permitir a los beneficiarios aplicar sus métodos contables legales
cuando se solicite el reembolso de los costes medios de personal y la
posibilidad de reembolsar a los propietarios de las PYME (y otras personas
físicas que no reciben un sueldo) a través de pagos a tanto alzado tenga un
efecto positivo en los índices de error. A pesar de los efectos positivos de
las medidas de simplificación, la situación se revisará de nuevo una vez que el
importe de los pagos contrastados con las declaraciones de gastos sea superior
y la muestra de auditoría suficientemente amplia en términos estadísticos.

En su Comunicación de 2010 «Simplificar la ejecución de los
Programas Marco de Investigación»[15], la Comisión presentó
medidas y opciones para simplificar la financiación de la investigación por
parte de la UE e instó a las demás instituciones europeas a contribuir al
debate y dar información sobre las distintas opciones.

3.4.
          Ayuda exterior, desarrollo y
ampliación

Globalmente,
la situación de control interno relativa a las acciones exteriores ha sido
satisfactoria en 2010. Para justificar mejor la fiabilidad en el ámbito de la
ayuda exterior, la DG EuropeAid está desarrollando un indicador del impacto
estimado de los errores residuales, con el compromiso de poner en marcha una
metodología a este efecto en 2011.

El Director
General de Relaciones Exteriores retiró la reserva formulada por motivos de
reputación sobre la gestión de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)
y el Instrumento de Estabilidad tras las mejoras en la metodología y la
capacidad para la ejecución de los controles a posteriori.

La Comisión ha
creado el Servicio de Instrumentos de Política Exterior responsable de
garantizar el control financiero de los instrumentos, incluido el presupuesto
PESC y el Instrumento de Estabilidad. Este servicio de la Comisión dependerá
directamente del Vicepresidente y del Alto Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

La Comisión ha dado instrucciones al Jefe del Servicio de
Instrumentos de Política Exterior para supervisar estrechamente la continuación
de la ejecución del Plan de Acción iniciado anteriormente por el Director
General de Relaciones Exteriores.

3.5.
          Educación y ciudadanía

El Director
General de Comunicación mantuvo la reserva de 2008 respecto de la posible
falta de conformidad con la legislación aplicable en materia de derechos de
propiedad intelectual por los servicios de la Comisión, por motivos de
reputación.  La mayoría de las medidas correctoras detalladas en el Plan de
Acción ya se han adoptado, en particular en materia de formación,
sensibilización y coordinación internacional. El Director General de
Comunicación ha anunciado que esta reserva se levantará en cuanto se alcancen los
acuerdos en materia de derechos de autor relativos a la preparación de una
revista de prensa diaria elaborada por esta Dirección General.

El Director
General de Educación y Cultura mantuvo la reserva sobre el índice de error
en la gestión directa centralizada, dada la frecuencia considerable de
errores en las operaciones subyacentes detectados en los controles a
posteriori. Esta reserva se amplía con una reserva formulada por el
Director de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y
Cultural.  El índice de error en las DG de tutela fue del 3,4 %,
mientras que el índice de error de dos de los siete principales programas
gestionados por la Agencia Ejecutiva, el programa Cultura y el programa
Juventud, fue del 4,28 % y del 7,38 %, respectivamente. Los
errores observados se referían sobre todo a la incapacidad de los beneficiarios
para presentar justificantes o documentos con la calidad necesaria. La DG de
tutela y la Agencia disponen de un Plan de Acción coordinado para mejorar la
información a los beneficiarios y las estrategias de control documental sobre
la base de una evaluación del riesgo.

El Director
General de Asuntos de Interior introdujo dos reservas en el IAA de 2010,
ambas relativas al daño en la reputación causado por los retrasos en la
implantación a gran escala de sistemas de tecnologías de la información. Se
ha avanzado notablemente en 2010 de cara a su despliegue en buenas condiciones.
El Plan de Acción detallado fue ejecutado en su totalidad, pero nuevos
acontecimientos provocaron retrasos adicionales tales como la falta de
preparación en algunos Estados miembros y la situación política en el Norte de
África, lo que ha tenido un impacto en el desarrollo del VIS.

El Director
General de Justicia pudo retirar la reserva sobre el riesgo financiero
correspondiente al índice de error residual estimado en 2,15 % del conjunto
de subvenciones no auditadas en el marco de la actividad PA 1804 - Derechos
fundamentales y ciudadanía.

La Comisión está satisfecha con el trabajo emprendido para abordar
la posible infracción de los derechos de propiedad intelectual por sus
servicios.

La Comisión lamenta que los controles ex post en la
Dirección General de Educación y Cultura muestren un aumento de los índices de
error y que la reserva haya sido ampliada a dos programas gestionados por la
agencia ejecutiva, a pesar del trabajo realizado para informar mejor a los
beneficiarios sobre los requisitos. Invita a sus servicios a intensificar sus
esfuerzos.

La Comisión reconoce que el desarrollo y la gestión de los
sistemas de tecnologías de la información de gran alcance como SIS II y VIS
presentan desafíos especiales. Proseguirá sus esfuerzos para mejorar la
gobernanza y la cooperación con las partes interesadas en relación con el SIS
II, y para hacer un seguimiento de la situación política en los Estados
miembros y en el Norte de África para reducir el riesgo de retraso en el VIS.

3.6.
Asuntos económicos y financieros

También para
2010, el Director General de Empresa e Industria formuló una reserva
relativa a la fiabilidad de los informes financieros por un organismo delegado. 
Las acciones relacionadas con la mejora del marco de seguimiento y control así
como las deficiencias en los procedimientos de contratación han sido abordadas
como se anunció en 2009. Pero las pruebas de auditoría sobre las cuentas
anuales de 2009 indicaban otras deficiencias de los sistemas de control interno
del organismo delegado y ponían de manifiesto cierta preocupación sobre la
fiabilidad de los informes financieros para 2010. No es posible cuantificar el
impacto, en el caso de haber alguno, puesto que solo se conocerá después de la
auditorías de los informes financieros de 2010, previstas para 2011.

La gestión compartida presenta unos desafíos particulares en
materia de gestión de los fondos de la UE. La Comisión ha dado instrucción a la
Secretaría General y a la Dirección General de Presupuestos para que acometan,
junto con los servicios responsables, una revisión de los problemas que se
encuentran con mayor frecuencia y propongan, cuando se considere adecuado,
posibles mejoras en el ámbito de la gestión compartida.

4.
Aspectos transversales y soluciones
4.1.
La rentabilidad del control

El gasto
público exige controles efectivos, eficientes y proporcionados que aporten
garantías a los ciudadanos y a sus representantes. Sin embargo, existe un nivel
de control más allá del cual los controles adicionales entrarían en conflicto
con el objetivo de la eficacia del programa (si el resultado es que los
posibles solicitantes elijan no solicitar la ayuda de la UE) y/o los objetivos
de buena gestión financiera.

En 2010, la
Comisión adoptó una Comunicación en la que se propone un riesgo de error
aceptable (REA) específico para las políticas de investigación, energía y
transporte, y desarrollo rural[16]. La Iniciativa REA
partió de la necesidad de proporcionar una comprensión clara y compartida del
correcto equilibrio entre riesgos y controles, teniendo en cuenta el valor
añadido a escala de la UE de invertir en determinados ámbitos, manteniendo los
sistemas de control dentro de un nivel aceptable de coste. Se están celebrando
debates interinstitucionales sobre este concepto.

Entretanto,
las Direcciones Generales sobre cuyo ámbito de actuación política ya ha
publicado la Comisión una propuesta, están ofreciendo más información sobre la
rentabilidad de los controles en los IAA.  Su análisis compara los costes de
los posibles controles adicionales con sus beneficios, es decir, el valor de los
errores susceptibles de ser detectados y corregidos. Este análisis no cambia el
nivel de materialidad del 2 % actualmente aplicable respecto de la
legalidad y la regularidad, pero proporciona información valiosa a los
ordenadores delegados sobre si los controles adicionales están justificados a
la vista de los riesgos, teniendo en cuenta los principios de buena gestión
financiera.

La Comisión insta a los servicios centrales a que ayuden a otros
servicios en el desarrollo posterior de sus análisis y en la presentación de
informes sobre la rentabilidad de los controles en los próximos informes
anuales de actividad y a ampliar este análisis a otras políticas.

La Comisión solicita a los ordenadores
delegados que adapten los sistemas de control a los riesgos identificados y la
rentabilidad de los controles, en consonancia con los nuevos requisitos
propuestos en el Reglamento financiero revisado[17], que debe entrar en vigor a partir de 2012. La Comisión
continuará trabajando con las autoridades competentes de los Estados miembros
para optimizar la rentabilidad de los sistemas de control.

4.2.
Mejora de la información en materia de
gestión compartida en caso de suspensión de los pagos, recuperaciones y
correcciones financieras
4.2.1.
Información sobre los procedimientos de interrupción
y suspensión de los pagos

La Comisión
animó a sus servicios a interrumpir los procedimientos de pago, y a proponer,
en caso necesario y tan pronto como se hayan cumplido las condiciones
jurídicas, los procedimientos de suspensión.

Por lo que se
refiere a la gestión compartida, la Comisión ha aumentado el número de
procedimientos de interrupción o suspensión de los pagos, desde el momento en
que existen indicios de deficiencias significativas en los sistemas de gestión
y control de conformidad con los artículos 91 y 92 del Reglamento (CE) nº
1083/2006.

Los  servicios
que realizan transacciones en modo de gestión compartida han informado en sus
IAA sobre todas las decisiones de interrupción/suspensión. Esta información
incluye los programas operativos de que se trate, los Estados miembros
afectados, el tipo de deficiencias, los principales hechos que han dado lugar a
la decisión y la incidencia presupuestaria de la decisión.  Esta información
constituye un aspecto importante de la garantía razonable.

A raíz de la introducción del nuevo instrumento de interrupción
para el periodo de programación 2007-2013, en 2010, los Directores Generales
que operan mediante gestión compartida tomaron la decisión formal de
interrumpir los pagos por un importe total de 2 600 millones EUR.  El
Colegio adoptó asimismo seis decisiones de suspensión de los pagos.

La Comisión confirma que los ordenadores delegados deben
interrumpir sistemáticamente los procedimientos de pago y proponer al Colegio
suspender los procedimientos cuando se cumplan las condiciones aplicables y
hasta que las medidas correctoras necesarias hayan sido ejecutadas por las
autoridades nacionales competentes.

4.2.2.
Información procedente de los Estados miembros
sobre correcciones financieras y las recuperaciones realizadas a su nivel

La corrección de los importes abonados indebidamente es un aspecto importante de la buena gestión financiera. En 2010,
se han hecho esfuerzos continuados para imponer correcciones financieras en
caso necesario, mejorar la calidad de los datos de los Estados miembros sobre
las correcciones y recuperaciones financieras, y fomentar el uso de las mejores
prácticas, para garantizar así un mejor mecanismo de recuperación a nivel de
los Estados miembros y de la UE.

Por lo que se refiere a la gestión compartida, los IAA
proporcionan información detallada sobre las correcciones financieras aplicadas
y comunicadas por el Estado miembro a la Comisión y una evaluación de los
sistemas de control nacionales (véase el apartado 4.2.4).  Esta información
adicional responde a las peticiones formuladas por el ponente responsable de la
aprobación de la gestión presupuestaria durante el debate sobre la resolución
relativa a dicha aprobación para 2009.

En el ámbito
de la política de cohesión, los Estados miembros aplican correcciones
financieras derivadas de sus propias actividades de auditoría y de las
auditorías de la UE.  Se informa sobre ellas con un retraso de un año, por lo
que en el 2010 se informó sobre las correcciones de 2009.

Por lo que se
refiere a la política regional, los Estados miembros han informado de que, a
finales de 2009, se habían efectuado correcciones financieras acumuladas
por un importe de 3 600 millones EUR en los programas del periodo
2000-2006 (incluidos ingresos por valor de 1 700 millones EUR y retiradas por
un importe de 1 900 millones EUR).

Por lo que se
refiere al empleo, los Estados miembros han comunicado que aplicaron
correcciones financieras acumuladas para el período 2000-2009 por un valor de 1
200 millones EUR (de los cuales, las recuperaciones ascendieron a 200 millones
EUR y, las retiradas, a 1 000 millones EUR).

4.2.3.
Correcciones financieras impuestas por la
Comisión a los Estados miembros

Las demás correcciones
financieras de las que se ha informado fueron las impuestas por la
Comisión a los Estados miembros. La Dirección General de Política Regional
ha informado sobre correcciones financieras acumuladas resultantes de las
auditorías de la UE en el período 2000-2010 por valor de 6 700 millones EUR.
Más de la mitad del total de las correcciones se realizaron en los últimos tres
años de este período (3 900 millones EUR en 2008-2010). La Dirección General de
Empelo, Asuntos Sociales e Inclusión ha informado sobre correcciones
financieras acumuladas resultantes de las auditorías de la UE por valor de 1
500 millones EUR. En el ejercicio financiero de 2010, la DG AGRI introdujo
correcciones financieras derivadas de las auditorías de la UE por valor de 834
millones EUR. El 97 % de las correcciones financieras acordadas/decididas
para los programas en el marco de la política de cohesión en su conjunto ya han
sido introducidas a finales de 2010 (a través de órdenes de recuperación o
retiradas por los Estados miembros a partir de las subsiguientes reclamaciones
de créditos).

Desde 2009, las notas a la contabilidad anual de la Unión Europea
contienen mayor información sobre las correcciones financieras decididas por la
Comisión y su aplicación a lo largo del año, así como sobre las recuperaciones.
Esta información se ampliará en las notas que acompañan a las cuentas de 2010.

4.2.4.
Evaluación de los sistemas de control en los
Estados miembros

Por primera
vez, los IAA de 2010 mostraban la evaluación de la Comisión de cada sistema
de control de los Estados miembros a la luz de los distintos niveles de
fiabilidad por programa en cada Estado miembro.   El número de Estados miembros
en los que la evaluación dio como resultado una reserva, ha variado según las
políticas: doce Estados miembros más varios programas transfronterizos para la
política de ayudas regionales, en contraste con diez Estados miembros para la
política de empleo, cuatro Estados miembros para la aplicación de la política
pesquera y tres Estados miembros en el caso de la agricultura. Se proporciona
también información sobre cómo la evaluación de los sistemas de control permite
a los Directores Generales la cuantificación del importe total en reserva.

4.3.
Añadir valor a las declaraciones de las
autoridades públicas competentes

El año 2010
fue el primer año de plena aplicación del sistema de auditoría única en
la política de cohesión para el período de programación 2007-2013. Como para
todos los sistemas nuevos, se produjeron algunos problemas iniciales en lo que
se refiere a la fiabilidad de la información facilitada por las autoridades de
auditoría de los Estados miembros. Los informes anuales de control
presentados a finales de 2010 cubrían los resultados de las auditorías llevadas
a cabo durante el período de 12 meses previo, concluido el 30 de junio de
2010.   De las 460 opiniones de auditoría nacionales que se debían presentar,
14 incluían una abstención (207 en 2009), 265 fueron sin reservas (108 en
2009), 175 fueron con reservas (93 en 2009), 5 fueron desfavorables (2 en 2009)[18],
y 1 no fue recibida. La Comisión analizó atentamente las opiniones de auditoría
comunicadas y añadió sus propias evaluaciones cuando lo estimó oportuno. En
ejercicios futuros, todas las partes habrán adquirido mayor experiencia y se
espera que mejore la fiabilidad de los índices de error comunicados.

La mayor
responsabilidad de los Estados miembros en la ejecución de los fondos en
gestión compartida fue propuesta también en la
revisión trienal del Reglamento financiero, introduciendo la obligación de que
todas las entidades a las que se ha confiado la gestión de los fondos de la UE
en gestión compartida[19] presenten declaraciones
de garantía de gestión.

En cuanto a la
política de desarrollo agrícola y rural, los 82 organismos facilitaron una
declaración de fiabilidad anual que incluye la integralidad, exactitud y
veracidad de las cuentas, así como una declaración de que existe un sistema que
ofrece suficientes garantías sobre la legalidad y regularidad de las
operaciones subyacentes.  Además, los Estados miembros con más de un organismo
pagador (excepto Rumanía) presentaron un resumen anual de conformidad con los
requisitos legales.  El alcance de las reservas para estas declaraciones y
resúmenes se presenta en el IAA correspondiente y no es importante en general.

La Comisión puso en marcha una evaluación externa de los resúmenes
anuales de los Estados miembros, que se ha puesto recientemente a disposición
de las otras instituciones. Este estudio concluye que el resumen anual, en su
forma actual, ha supuesto poco valor añadido.

La Comisión continuará organizando reuniones anuales tales como
reuniones del «grupo de homólogos»[20], así como reuniones de
coordinación de control bilaterales y reuniones de gestión anual, además de medidas
de formación. Para reforzar la responsabilidad de los Estados miembros con
arreglo al artículo 317 del TFUE, la Comisión ha incluido en su propuesta para
la revisión trienal del Reglamento financiero la exigencia de que los
organismos responsables acreditados en los Estados miembros faciliten una
declaración de gestión anual que abarque todos los fondos sujetos a gestión
compartida.

Aunque no es un requisito jurídico formal, cuatro[21] Estados miembros
también han elaborado declaraciones nacionales a un alto nivel. Estas
declaraciones son valiosas para hacer más transparentes las estructuras de
control y rendición de cuentas. No pretenden facilitar información adicional a
la incluida en los informes existentes.

4.4.
Simplificar y reducir la carga administrativa

La complejidad
de las normas que establecen los costes que pueden optar a la financiación,
incluida la obligación de reembolsar los gastos efectivamente realizados, ha
sido un motivo frecuente de las reservas formuladas por los ordenadores
delegados. Ha sido la causa de las reservas recurrentes en el capítulo «Investigación,
energía y transporte» desde hace varios años, y ha afectado a algunos ámbitos
de los gastos en los capítulos «Política de cohesión» y «Educación y
ciudadanía».

4.4.1.
Revisión del Reglamento financiero y de sus
normas de desarrollo

En 2010, la
Comisión utilizó la revisión trienal del Reglamento financiero para adaptar las
normas financieras con tres objetivos: simplificar las normas y, en particular,
la gestión de las subvenciones mediante la ampliación del uso de cantidades
fijas únicas, financiación a tipo fijo y baremos de costes unitarios; aumentar
el efecto multiplicador de los fondos de la UE permitiendo la utilización de
los fondos fiduciarios de la UE, los instrumentos financieros y las
asociaciones de los sectores público y privado y aumentar la responsabilidad de
la Comisión y de los socios en la ejecución mediante la armonización de los
actuales modos de gestión y el refuerzo de sus disposiciones.

El siguiente
paso es aprovechar esta oportunidad para modificar la legislación sectorial
siguiendo líneas similares. Se ha creado un grupo interservicios con el
mandato de garantizar la coherencia entre las disposiciones del Reglamento
financiero y la legislación sectorial.  El producto final de este ejercicio
debe cumplir tres criterios:   a) reducir el riesgo de errores, b)
reducir la carga administrativa para los beneficiarios (en particular las PYME)
y otras partes interesadas (como organismos de ejecución y contratistas), y c),
reducir el coste operativo de los controles.

La Comisión invita a las demás
instituciones a responder positivamente a su propuesta para la revisión trienal
del Reglamento financiero.

4.4.2.
Normas sobre subvenciones y contratos públicos

Los errores en
la aplicación de las normas que gobiernan la contratación pública constituyen
una causa importante de errores subyacentes en el capítulo «Cohesión». La
Comisión presentó un Libro Verde[22] sobre la actualización
de las normas de contratación pública de la UE con el objetivo de garantizar
que el dinero de los contratos se gaste de la mejor manera posible.

Junto con los
resultados de la evaluación económica de la eficacia de las disposiciones en
vigor, los resultados de la consulta sobre el Libro Verde alimentarán la
reflexión sobre cómo puede mejorarse exactamente las normas de contratación
pública de la UE. En el Acta del Mercado Único se anunciaba una propuesta
legislativa para finales de 2011.

La política
regional se ha visto especialmente afectada por las irregularidades vinculadas
a una aplicación incorrecta de las normas de contratación pública, así como por
las deficiencias en las verificaciones de la gestión para detectar estas
irregularidades. Se han previsto acciones para abordar esta particular fuente
de errores, en especial a través de un análisis en profundidad y de conversaciones
posteriores con las autoridades de gestión de los Estados miembros interesados.
Se han previsto acciones concretas adicionales de orientación y formación para
las autoridades públicas y los beneficiarios con el fin de aumentar la
capacidad administrativa cuando se estime necesario.

4.5.
Estrategia institucional para los sistemas de
información de la gestión

El trabajo de
auditoría realizado por el servicio de auditoría interna en los últimos años
sobre los grandes sistemas tecnología de la información y los sistemas de
tecnología de la información institucional, confirmó la necesidad de mejorar la
toma de decisiones estratégicas en materia de tecnología de la información, los
procesos de contratación y la gestión de los proyectos a nivel tanto de la DG
como de la Comisión, con el fin de garantizar que los proyectos están en
consonancia con los objetivos de la Comisión, están mejor coordinados y suponen
una adecuada relación calidad-precio además de ejecutarse con éxito y en el
momento oportuno.

En 2010, se
creó un grupo de trabajo interservicios con un mandato para estudiar la
situación actual de la tecnología de la información en la Comisión. Sus
conclusiones fueron aprobadas oficialmente en una Comunicación a la Comisión[23]. 
De resultas de ello, se ha puesto en marcha una nueva gobernanza en materia
tecnología de la información. El nuevo Comité Director[24]
ABM+IT propondrá una estrategia empresarial de tecnología de la información
para la Comisión, supervisará la racionalización y armonización de los proyectos
y fijará objetivos para aumentar la eficiencia y la seguridad en las
tecnologías de la información.

Con el fin de
mejorar la preparación y permitir una respuesta coordinada frente a los
ciberataques contra la Comisión, la Dirección General de Recursos Humanos y
Seguridad, en cooperación con la Dirección General de Informática, ha creado un
Equipo de Respuesta frente a los Ataques Informáticos (CART).

4.6.
Recursos humanos

Desde 2008, la Comisión ha supervisado regularmente la
contratación de personal mediante el establecimiento de objetivos por Dirección
General y por grupo de función y aprobando un sistema de seguimiento destinado
a reorganizar el equilibrio geográfico después de la ampliación de 2004 y a
obtener un reparto equilibrado entre los diferentes servicios. El período
transitorio para la contratación de los nacionales de la EU-10 finalizó el
31 de diciembre de 2010.  El objetivo de la contratación de EU-10 ya se había
superado en términos totales en 2008, aunque sigue habiendo una proporción relativamente
elevada de agentes temporales. En 2010, la proporción de agentes temporales
disminuyó de manera constante, como consecuencia de la contratación de los
candidatos EU-10 aprobados en los concursos internos y abiertos. Por analogía
con la EU-10, se fijaron los objetivos de contratación para las contrataciones
EU-2, y se introdujo un sistema de seguimiento en 2009, que debe mantenerse
hasta el final del período de transición de la EU-2 (finales de 2011).

En un clima de crecimiento cero, deben alcanzarse nuevas
prioridades políticas mediante una asignación óptima del personal y la redistribución
interna de los puestos.  Como resultado de las medidas concretas en estos
ámbitos, el «informe de control» anual de 2009 y las actualizaciones de 2010 pusieron
de manifiesto un descenso continuo del porcentaje del personal de la Comisión
dedicado a funciones administrativas y de apoyo.

La
Comisión reitera su compromiso de reducir los gastos generales y reasignar los
ahorros a actividades prioritarias.

Resumen

–
La Comisión constata que los ordenadores
delegados lograron corregir las deficiencias en el 25 % de las reservas
formuladas el año pasado. Estas mejoras incluyen un mayor cumplimiento de las
normas de subvencionabilidad de los gastos declarados por los beneficiarios de
las subvenciones.

–
Aún existe margen para la mejora, en
particular en ciertos ámbitos de la gestión compartida. La Comisión proseguirá
su trabajo con los Estados miembros dadas las mayores responsabilidades de
estos con arreglo al artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. Se les invita a que prosigan reforzando los sistemas de gestión y
control y, en especial, el primer nivel de control de la gestión, antes de que
los gastos sean certificados a la Comisión. Continuará ejerciendo rigurosamente
su papel de supervisión solicitando a los Estados miembros que aborden los
puntos más débiles de sus sistemas de gestión y control, y mediante la
aplicación, de manera sistemática y a tiempo, de las correspondientes interrupciones
y suspensiones de los pagos así como de las oportunas correcciones financieras.
La Comisión invita a las demás instituciones a apoyar su propuesta sobre las
declaraciones de gestión anuales para todos los gastos sujetos a gestión
indirecta o compartida en el marco de la revisión del Reglamento financiero, e
invita a los Estados miembros a prepararse para la entrada en vigor de estas
disposiciones.

–
La Comisión reconoce las dificultades que
plantean las normas complejas que afectan a los beneficiarios de subvenciones.
Ya ha presentado propuestas para simplificar las normas relativas a los
regímenes de subvenciones en el contexto de la revisión trienal del Reglamento
financiero y está trabajando ahora para aplicar estas simplificaciones en la
legislación sectorial.

–
 Las normas de contratación pública de la UE
deben modernizarse. Se ha presentado un Libro Verde[25]
sobre la actualización de las normas de contratación pública de la UE que cubre
una amplia gama de posibles aspectos de la futura reforma legislativa.  La
Comisión ha anunciado la adopción de una propuesta legislativa para la revisión
de las Directivas sobre contratación pública a finales de 2011.

–
La Comisión invita a las demás instituciones y
a los Estados miembros a que utilicen los debates sobre el próximo Marco
Financiero Plurianual para mejorar la concepción de los regímenes de
financiación, así como sus mecanismos de ejecución, gestión y control, a fin de
aumentar su eficacia y garantizar que el control del gasto de la UE sea
eficiente, proporcional y rentable.

–
La Comisión observa que, en el caso de la
política de cohesión, la mayor parte de los programas y autoridades ya han
ejecutado los proyectos sobre el terreno y han declarado los gastos. Aunque los
programas en el marco de la cohesión son plurianuales por naturaleza, este
incremento en las transacciones incrementa también el riesgo inherente de error
en 2010. Por lo que se refiere al conjunto de la política de cohesión como un
todo, durante el año de referencia del informe se ha registrado un importante
incremento del índice de error y del volumen de pagos erróneos. Las reservas
hechas por la Dirección General de Política Regional en 2010 cubren más
programas operativos en más Estados miembros que en años anteriores.  Por lo
que se refiere al Empleo y Asuntos sociales, las reservas formuladas afectan a
menos programas operativos que en 2009, pero en más Estados miembros (43
programas estaban en reserva en 2010, correspondientes a los períodos de
programación 2000-2006 y 2007-2013 en diez Estados miembros, frente a los 59
programas en siete Estados miembros de 2009). Además, en 2010, la Dirección
General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión se basó en los índices de error
comunicados por las autoridades de auditoría de los Estados miembros siempre
que estas cifras se consideraban de calidad adecuada. Esta diferencia de método
explica en parte la diferencia de los índices notificados por el Tribunal de
Cuentas Europeo.

–
La Comisión se congratula de la iniciativa
tomada por Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido de facilitar
voluntariamente las declaraciones nacionales. En 2010, la Comisión publicó un
documento de trabajo de sus servicios[26]
que examinaba en detalle el alcance y el contenido de las declaraciones
nacionales voluntarias. En el mismo documento, la Comisión ofreció orientación
técnica para las autoridades públicas a la hora de añadir valor a las
declaraciones y aumentar la garantía de ejecución en el marco de la gestión
compartida. El documento se envió al Parlamento Europeo y al Consejo de la
Unión Europea el 23 de febrero de 2011. Las orientaciones concluyen que la
propuesta de Reglamento financiero de la Comisión en cuanto a las declaraciones
de gestión anuales firmadas por los organismos acreditados, constituiría sin embargo
un primer paso más útil y práctico. Esta afirmación se ve reforzada por la
reciente evaluación externa de los resúmenes anuales que concluye que estos
documentos, en su forma actual, ofrecen un escaso valor añadido al proceso de
la Comisión relativo a la fiabilidad.

[1]    DO C 303 de 9.11.2010, apartados 1.27-1.31.

[2]    Artículo 317 del TFUE.

[3]    Artículo 60 del Reglamento financiero.

[4]    La Decisión por la que se establece el SEAE fue presentada al
Consejo el 22 de abril. Posteriormente dio lugar a varias modificaciones en el
Reglamento financiero y el Estatuto de los funcionarios así como a la adopción
de un presupuesto rectificativo.

[5]    Reglamento (CE) nº 1081/2010 de 24 de noviembre de 2010.

[6]    El anuncio de las decisiones sobre las carteras fue hecho por el
Presidente electo, el 27 de noviembre de 2009.

[7]    La Circular SEC(2002) 657 fue sustituida por la SEC(2010) 1333,
sección 3, «Cambio de los Directores Generales y Jefes de Servicio/AOD, y
transmisión/distribución de actividades entre los servicios».

[8]    Los Directores Generales de Recursos Humanos y Seguridad y el
Director de la Oficina Europea de Selección de Personal no lo indicaron en sus
IAA, pero confirmaron este extremo en consecuencia en una nota dirigida a los
servicios centrales.

[9]    Una calificación «A» significa que el informe anual de actividad y
la declaración del Director General presentan una valoración correcta de la
gestión financiera por lo que respecta a la regularidad, la calificación «B»
significa que el informe anual de actividad y la declaración del Director
General presentan una valoración parcialmente correcta de la gestión financiera
por lo que respecta a la regularidad, la «C» significa que el informe anual de
actividad y la declaración del Director General presentan una valoración incorrecta
de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad (DO C 303 de
9.11.2010, p. 88.).

[10]   Este número incluye un ajuste para reflejar la creación de las
Direcciones Generales de Movilidad y Transportes y de Energía. El año pasado,
la reserva formulada por la Dirección General de Energía y Transportes fue
contabilizada como una única reserva en el Informe de Síntesis de 2009.

[11]   Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al
Tribunal de Cuentas - «Impacto del plan de acción para reforzar la función
supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones
estructurales» COM(2010)52 de 18.2.2010.

[12]   Los llamados «importes a tanto alzado para las correcciones
financieras».

[13]   El índice de error residual plurianual refleja la incidencia real de
un error sobre el presupuesto de la UE teniendo en cuenta las correcciones y
recuperaciones, incluidas las efectuadas en años posteriores.

[14]   C(2011)
174 final de 24.1.2011, Decisión de la Comisión de 24 de
enero de 2011 relativa a tres medidas para simplificar la aplicación de
la Decisión n° 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión
n° 2006/970/Euratom del Consejo  y por la que se modifican las
Decisiones C (2007) 1509 y C (2007) 1625.

[15]   COM(2010) 187 de 29.4.2010.

[16]   COM(2010) 261, 26.5.2010.

[17]   COM(2010) 815, y artículo 63, apartado 2.

[18]   También hubo cuatro «casos no aplicables» en los que la evaluación
de conformidad aún no se había aprobado.

[19]   Los gastos en gestión compartida afectan principalmente a gastos
estructurales y agrícolas.

[20]   Grupo de contacto para la cooperación con las autoridades de
auditoría de los Estados miembros, la Comisión y el Tribunal de Cuentas.

[21] Las declaraciones
nacionales (gubernamentales) han sido firmadas por el Ministro de Hacienda de
los Países Bajos y de Suecia, el Secretario Permanente del Reino Unido, y la
Intervención General en Dinamarca.

[22]   Examen de la aplicación de las actuales Directivas de la UE
(2004/18/CE y 2004/17/CE).

[23]   SEC(2010) 1182, 7.10.2010, «Obtener lo mejor de las tecnologías de
la información de la Comisión».

[24]   Grupo Director de la gestión basada en las actividades para las
tecnologías de la información presidido por el Secretario General.

[25]   Libro Verde sobre la futura modernización de las Directivas de la UE
sobre contratación pública (2004/18/CE y 2004/17/CE).

[26]   Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: «Añadir valor
a las declaraciones: aumentar la garantía de la ejecución en el ámbito de la
gestión compartida», SEC(2011) 250 de 23.2.2011.

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