Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 28.4.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 140/7 |

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Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

(2015/C 140/02)

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| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ponente | : | Markus Töns (DE/PSE), diputado del Parlamento del Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia | | Documento de referencia | : |  | |

I.   OBSERVACIONES GENERALES

EL COMITÉ DE LAS REGIONES EUROPEO

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|  | 1. | recuerda que la Unión Europea (UE), más que una mera comunidad económica, es sobre todo una comunidad de valores que —como se declara en el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE— sitúa a la persona en el centro de su actuación y (...) contribuye al fomento de estos valores comunes dentro del respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así como de la identidad nacional de los Estados miembros y de la organización de sus poderes públicos a escala nacional, regional y local; |

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|  | 2. | hace hincapié en que un acuerdo sobre la ATCI podría dar un impulso más que necesario a la economía europea, contribuir a un crecimiento significativo del PIB europeo y crear nuevos puestos de trabajo de gran calidad; |

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|  | 3. | recuerda que como resultado de la ATCI se establecerán normas vinculantes a ambas orillas del Atlántico y a todos los niveles de gobierno, desde el nacional hasta el local, por lo que podrían ser aplicables a unos 820 millones de personas y constituirían un precedente para los futuros acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio e inversión, como por ejemplo el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS); estas negociaciones revisten, por tanto, la máxima importancia para todos los ciudadanos de la UE y de los EE.UU., por lo que deben llevarse a cabo de manera justa y transparente, teniendo presente el interés superior de dichos ciudadanos; |

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|  | 4. | se felicita de que las directrices de negociación confirmen claramente el derecho de las partes de la negociación a adoptar, mantener y aplicar las medidas necesarias para perseguir objetivos políticos legítimos como proteger la sociedad, el medio ambiente y la salud pública, garantizar la integridad y la estabilidad del sistema financiero, promover la seguridad y la protección públicas, así como fomentar y defender la diversidad cultural; |

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|  | 5. | señala que las negociaciones sobre el acuerdo transatlántico de libre comercio incluyen ámbitos que recaen dentro de las competencias jurídicas de todos los niveles de gobierno y de administración, incluidos los entes locales y regionales, y, dada esta importante dimensión regional y local del acuerdo, pide a la Comisión Europea que dé entrada en el Grupo Consultivo sobre la ATCI creado por ella al Comité de las Regiones, en su calidad de asamblea de representantes regionales y locales de la UE, a fin de garantizar una implicación y participación tempranas de los entes regionales, municipales y locales en las negociaciones; |

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|  | 6. | lamenta, no obstante, que hasta la fecha la Comisión Europea no haya incluido al Comité de las Regiones Europeo en su calidad de representante de la sociedad civil, como miembro del Grupo Consultivo; |

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|  | 7. | subraya la necesidad de preservar los márgenes de actuación reguladora pública, tanto los que existen en la actualidad como los que pudieran decidirse en el futuro, en particular en lo que atañe al establecimiento de normas de protección y a los servicios de interés general. Garantizar los márgenes de actuación es indispensable, sobre todo para las empresas de servicios públicos, ya que estas prestan servicios de interés económico general. Destaca también, en este contexto, en el principio del respeto de la autonomía regional y local sancionado en los Tratados; |

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|  | 8. | se opone a la propuesta de introducir una mayor cooperación reglamentaria, la cual daría al interlocutor comercial e inversor un mayor peso en las fases prelegislativa o legislativa de los procesos legislativos de la UE, los Estados miembros y los entes locales y regionales, o incluso le permitiría retrasar los procedimientos legislativos exigiendo evaluaciones de impacto de la legislación sobre libre comercio; |

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|  | 9. | señala que este acuerdo debe beneficiar a las empresas de todos los tamaños, en concreto a las pymes, que carecen de los recursos financieros, jurídicos o de otro tipo para hacer frente a las divergencias existentes entre los marcos normativos y otros obstáculos al comercio; |

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|  | 10. | supone que la ATCI podría representar una oportunidad para impulsar el crecimiento y el empleo en la UE, puesto que puede facilitar el acceso recíproco a los mercados para el comercio de bienes y servicios, las inversiones, la contratación pública y los requisitos reglamentarios y eliminar barreras no arancelarias al comercio (BNA); |

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|  | 11. | señala que, teniendo en cuenta que los derechos de aduanas en promedio son del 2 %, los impulsos al crecimiento esperados por la Comisión Europea provendrán sobre todo de la convergencia de la reglamentación y de la supresión de barreras no arancelarias al comercio; |

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|  | 12. | observa, no obstante, que un acuerdo de alcance mundial como este entraña no solo oportunidades sino también riesgos y, por ello, destaca que la participación democrática y las competencias de los representantes de los entes regionales, municipales y locales deben salvaguardarse; |

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|  | 13. | acoge con satisfacción la decisión del Consejo de la UE de hacer públicas las directrices de negociación relativas a la ATCI. El CDR lamenta que esta decisión se adoptara varios meses después de que se hubiera producido una filtración en internet, así como el hecho de que las restricciones sobre las directrices de negociación sigan siendo considerablemente elevadas. Estas restricciones deberían rebajarse para garantizar al público un mejor acceso a la información sobre el estado en que se hallan las negociaciones; |

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|  | 14. | señala, no obstante, que, habida cuenta del alcance del acuerdo entre la UE y los EE.UU., debe asegurarse en todo momento el control democrático de las negociaciones y, por consiguiente, pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que garanticen que estas se conducen con la máxima transparencia. En la práctica, esto significa que deberán hacerse públicos todos los documentos fundamentales y deberán presentarse, de forma oportuna y comprensible y, siempre que sea posible, sin restricciones de acceso, las directrices de las negociaciones a los entes regionales y locales, a todos los grupos pertinentes de la sociedad y a todos los ciudadanos de la Unión Europea; a este respecto se congratula de que los Estados miembros, que comparten la decisión unánime de que se publiquen los documentos de las negociaciones de los acuerdos comerciales, hayan solicitado a la Comisión Europea a comienzos de enero de 2015 que publiquen los textos iniciales de las propuestas de la UE pertenecientes a diversos ámbitos de la negociación; |

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|  | 15. | subraya que la ATCI es un «acuerdo mixto», que está supeditado a la aprobación del Parlamento Europeo y que, además, deberá ser ratificado por la totalidad de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, lo que, de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro, podrá requerir no solo la aprobación del Parlamento nacional, sino también, llegado el caso, la aprobación de los gobiernos, parlamentos o cámaras que representan a los niveles regionales; |

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|  | 16. | propone que se examine la posibilidad de incluir una cláusula de revisión en el Acuerdo entre la UE y los Estados Unidos a fin de que, llegado el caso, sea posible revisar y modificar lo acordado en función de su impacto; |

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|  | 17. | insta a la Comisión a que defienda la consagración del enfoque de listas positivas en el acuerdo de la ATCI y expresa su rechazo del enfoque de listas negativas y las denominadas cláusulas de trinquete (cláusulas ratchet); |

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|  | 18. | estima que el alto nivel de las normas de protección de que disfrutan los ciudadanos de la Unión Europea constituye un patrimonio que debe conservarse a toda costa y pide que las normas legales vigentes en los Estados miembros de la UE —por ejemplo, en materia de protección de la vida, seguridad de los productos, protección de la salud, protección social, medioambiental y climática, seguridad de los alimentos y bienestar de los animales, derechos de los consumidores, protección de datos, derechos de propiedad intelectual y derechos de los trabajadores, así como garantizar las condiciones necesarias para la producción de servicios por parte de los poderes públicos— no se suavicen, sino que el objetivo al que se aspire sea más bien mejorarlas; apoya el punto de vista de que el derecho a regular estos ámbitos esenciales solo pertenece a las instituciones correspondientes del nivel europeo o nacional; |

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|  | 19. | pide que las partes negociadoras trabajen para mejorar estas normas y, de ser necesario, impulsen la adopción o el reconocimiento de las normas de mayor rango del país socio de que se trate; solicita asimismo que, en el futuro, estos niveles de protección puedan ser optimizados sin restricciones; debería instaurarse un mecanismo que permita adaptar estos niveles de acuerdo con los conocimientos científicos más recientes; |

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|  | 20. | subraya que el principio de cautela es uno de los principios fundamentales de las políticas europeas de medio ambiente, salud y protección del consumidor, en virtud del cual se toman medidas tempranas y proactivas a fin de impedir posibles riesgos para la salud de las personas, animales o plantas o evitar que se produzcan efectos nocivos en el medio ambiente. Considerando lo anterior, señala que el acuerdo transatlántico de libre comercio no puede conducir a una merma del principio de cautela vigente en la UE, en particular, en los ámbitos del medio ambiente, la salud, los productos alimenticios y la protección del consumidor; |

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|  | 21. | reitera además que deberán negociarse todas las cuestiones de detalle importantes del acuerdo y que, posteriormente, ningún problema de reglamentación debería transferirse a grupos de expertos creados con este objetivo específico, eludiendo de este modo el procedimiento legislativo democrático; |

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|  | 22. | lamenta que las acciones de interceptación, descodificación y explotación de las comunicaciones electrónicas llevadas a cabo por los servicios secretos en todo el mundo —entre otros por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA), así como por los servicios de inteligencia amigos de Estados miembros de la UE– hayan causado un impacto negativo y duradero en la confianza de los ciudadanos europeos en las normas internacionales vinculantes en materia de protección de datos y, por todo ello, pide a las partes del acuerdo que garanticen el derecho a la protección de la vida privada y aseguren la salvaguarda de la libertad y los derechos de los ciudadanos, también en internet; |

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|  | 23. | destaca la necesidad de vincular las negociaciones sobre la ATCI a la celebración de un acuerdo global en materia de protección de datos entre la UE y los EE.UU.; |

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|  | 24. | observa que el conjunto de la legislación de la UE (el «acervo comunitario») contiene disposiciones de obligado cumplimiento relativas tanto a la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como a la protección de la seguridad y la salud en el trabajo y de la seguridad de los productos y, habida cuenta de ello, hace hincapié en que debe preverse expresamente el mantenimiento de las normas laborales básicas de la OIT y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, también durante las negociaciones posteriores de la ATCI; |

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|  | 25. | por el contrario, se pronuncia en contra de que los derechos, tanto actuales como futuros, de los trabajadores, como el derecho a la participación, la organización de los trabajadores en las empresas y otros derechos que protegen a los trabajadores, sean declarados por la ATCI barreras no arancelarias al comercio; deberán respetarse, asimismo, la regulación del mercado de trabajo, los regímenes de seguridad social, el derecho de negociación colectiva, la libertad de asociación, el derecho a la huelga, los salarios mínimos y los convenios colectivos de los Estados miembros de la UE deberán seguir siendo competencias nacionales; |

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|  | 26. | valora positivamente que las directrices de negociación de la UE afirmen que «la elevada calidad de los servicios públicos de la UE debe conservarse con arreglo al TFUE y en particular el Protocolo no 26 sobre Servicios de Interés General, y teniendo en cuenta el compromiso de la UE en esta materia, incluido el AGCS»; no obstante, a este respecto se remite a las disposiciones comunes del Tratado de la Unión Europea (TUE), de conformidad con las cuales «la Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente en las estructuras fundamentales políticas y constitucionales, también en lo referente a la autonomía local y regional» (artículo 4, apartado 2, del TUE); |

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|  | 27. | subraya, en principio, que debe preservase la soberanía organizativa de los entes locales y regionales, pues es uno de los ámbitos esenciales del derecho de autonomía local, y que deberá seguir siendo posible proceder sin restricciones a remunicipalizar los servicios públicos, es decir, la prestación en todo momento de servicios públicos por parte de organismos públicos de dichos entes, incluso tras la privatización de tales servicios, en función de las circunstancias locales y sobre la base de la voluntad popular expresada a nivel local; |

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|  | 28. | recuerda expresamente que las directrices de negociación de la Comisión están limitadas por el marco constitucional, por lo que debe respetarse la protección que dispensan los Estados miembros a todo aquello que sea de interés general; |

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|  | 29. | reitera que en las directrices de negociación de la UE, de conformidad con lo dispuesto en el punto 20, los servicios prestados en el ejercicio de la autoridad pública quedan excluidos de las negociaciones e insta a que se aclare que con ello quedan excluidos de las negociaciones los servicios que, con arreglo a la jurisprudencia de cada una de las partes del acuerdo o del Estado miembro de que se trate, sean considerados servicios prestados en el ejercicio de la autoridad pública; |

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|  | 30. | pide que se aclare si los servicios públicos a que se hace referencia en el punto 19 de las directrices de negociación de la UE son aquellos que, de conformidad con la jurisprudencia de cada una de las partes del acuerdo o del Estado miembro de que se trate, están sujetos a regímenes reglamentarios específicos o se caracterizan por la imposición de obligaciones específicas a los proveedores de servicio en los niveles nacional, regional o local en nombre del interés general; entre estos cabe citar, por ejemplo, el suministro de agua y de energía, el tratamiento de residuos y el alcantarillado, los servicios de emergencia, los servicios de sanidad y bienestar social, el transporte público local de viajeros, la vivienda y las medidas de planificación y desarrollo urbanos; |

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|  | 31. | pide a la Comisión que, para los servicios públicos a los que se refiere el punto 19 de las directrices de negociación de la UE, se establezca una excepción horizontal respecto de cualquier obligación derivada de los principios de acceso al mercado y trato nacional; solicita además que, en todo lo que se refiere a los servicios públicos, se imponga a las partes del acuerdo una reserva para todos los sectores y todas las medidas vigentes y futuras, se limite el número de servicios y de proveedores de servicios, se fijen obligaciones específicas para los proveedores de servicios y se regule la prestación de estos servicios teniendo en cuenta el interés general; |

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|  | 32. | señala que no considera necesaria una mayor apertura, en particular para los servicios educativos de financiación mixta, entre otros en el campo de la enseñanza preescolar, escolar y superior, así como en el área de la educación de adultos y la formación continua, puesto que en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) ya contiene numerosas obligaciones de liberalización para el ámbito de los servicios educativos; |

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|  | 33. | acoge con satisfacción el informe publicado por la Comisión Europea acerca del procedimiento de consulta pública que puso en marcha sobre el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, en inglés); considera que se trata de una nueva y notable contribución a los esfuerzos realizados, tanto por los EE.UU. como por la Comisión, para garantizar una mayor transparencia en las negociaciones sobre la ATCI y permitir que se tenga en cuenta el punto de vista de una amplia gama de partes interesadas; recomienda encarecidamente a la Comisión que, en vista de las 1 50  000 respuestas recibidas, que demuestran, entre otras cosas, que existe una amplia oposición al ISDS, tenga en cuenta sin falta los resultados de esta consulta en la evaluación final previa a la conclusión del acuerdo; asimismo, valora positivamente que la nueva Comisión haya declarado que no aceptaría que la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE se viera limitada mediante regímenes especiales para demandas interpuestas por los inversores y que en este contexto también deberían prevalecer el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley; |

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|  | 34. | apoya firmemente la decisión de la Comisión de presentar nuevas propuestas destinadas a aumentar el nivel de transparencia e imparcialidad del ISDS; |

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|  | 35. | hace hincapié expresamente en que las disposiciones sobre protección de las inversiones y mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados entre la UE y los Estados Unidos (ISDS) que eludan los tribunales ordinarios competentes entrañan un elevado riesgo y, por ello, estima que debe renunciarse a ellas. El acervo de la legislación europea no debe verse afectado por un acuerdo transatlántico de libre comercio; espera que se garantice el margen de maniobra de la Unión Europea y de los parlamentos y gobiernos de los Estados miembros, salvaguardando así las posibilidades democráticas de influencia de los ciudadanos, y que los litigios sobre inversiones se resuelvan ante los tribunales nacionales; |

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|  | 36. | subraya que las medidas políticas y administrativas legalmente establecidas y legitimadas democráticamente no pueden ser puestas en tela de juicio por órganos de arbitraje, en particular respecto de reclamaciones posteriores por daños y perjuicios, y señala que las cláusulas de protección de las inversiones incluidas en la ATCI no pueden en ningún caso conducir a injerencias directas o indirectas en el derecho a regular del Estado; |

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|  | 37. | señala que la legislación sobre la gestión pública de las cajas de ahorro y bancos regionales no debe verse puesta en entredicho por el ATCI u otros acuerdos comerciales de la UE. Dicha legislación no representa ni un obstáculo al acceso al mercado ni ninguna forma de discriminación. |

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|  | 38. | señala que, en la actualidad, el 85 % de las licitaciones públicas en la Unión Europea ya son accesibles a los licitadores de Estados Unidos y que, por el contrario, solo el 32 % de las licitaciones que se llevan a cabo en los EE.UU. son accesibles a los licitadores europeos, desequilibrio que se verá acentuado por un sistema de participación voluntaria (opt-in) para los Estados de Estados Unidos. Por esta razón, el acuerdo deberá promover la igualdad de oportunidades entre las dos partes, hecho que beneficiará especialmente a las pymes europeas para acceder a la contratación pública estadounidense; |

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|  | 39. | subraya que no deben ponerse en cuestión los aspectos relativos a la fijación de normas del Derecho europeo de contratación pública, tal y como se aplican en la práctica, sobre todo a nivel regional y local, cuando se tiene en cuenta, por ejemplo, el cumplimiento de la normativa laboral y social y los convenios colectivos, la contratación pública ecológica o la atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes), lo que garantiza que, a la hora de adjudicar el contrato al mejor postor, se podrán sopesar, además del precio, otros criterios como los aspectos sociales y los relacionados con la sostenibilidad; |

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|  | 40. | recuerda a la Comisión que siga de cerca el cumplimiento de las normas en materia de salud y seguridad en el trabajo en las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI); |

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|  | 41. | señala que deben garantizarse las exenciones a las normas del Derecho de contratación pública de la UE actualmente previstas en distintas directivas sobre contratos públicos y sobre concesiones (umbrales, servicios internos, cooperación intermunicipal, excepciones para determinados sectores, como el del agua o los servicios de emergencia); |

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|  | 42. | acoge con satisfacción que, por primera vez, un acuerdo de libre comercio de la UE vaya a incluir un capítulo dedicado expresamente a las pymes y que la ATCI se fije como objetivo facilitar, en especial a las pymes, el acceso a los respectivos mercados así como el comercio y las actividades de inversión en ambos lados del Atlántico, en especial mediante la supresión de los obstáculos no arancelarios al comercio, que suponen una carga mayor para las pymes; mediante una mayor seguridad jurídica, especialmente para las pymes del sector de servicios, y mediante el refuerzo y protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, cuyos beneficios también alcanzarán a estas empresas; |

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|  | 43. | teme que la diversidad de normas en materia de protección del medio ambiente, protección social de los trabajadores, ayudas públicas, procedimientos de patentes y energía, etc., pueda provocar una fuga de actividades, de producción y de otro tipo, de las distintas empresas situadas en las regiones de la UE hacia los Estados Unidos, debido a los menores costes relacionados, por ejemplo, con la energía, la financiación de los recursos renovables, las emisiones de CO2, las normas sociales aplicables a los trabajadores, así como la investigación y desarrollo, gracias, en particular, a la mayor rapidez de los procedimientos de patentes, etc.; |

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|  | 44. | hace hincapié en que los derechos de aduana, unos requisitos administrativos excesivos y los gravosos procedimientos de verificación y comprobación de la conformidad suponen, en concreto para las pymes, esfuerzos y costes muy desproporcionados, que a menudo tienen como consecuencia que se renuncie a comerciar con socios estadounidenses. En la Unión Europea hay más de veinte millones de pymes, que generan dos de cada tres puestos de trabajo en el sector privado. La prevista reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio y al acceso al mercado abriría mejores posibilidades de exportación para las pymes y, por ende, más oportunidades de empleo; |

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|  | 45. | reitera que en Europa la mayoría de los Estados miembros se opone al cultivo, la importación y la transformación de organismos modificados genéticamente (OMG); |

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|  | 46. | insta a garantizar que se prevean regulaciones específicas para el sector agrícola que impidan la autorización de la importación de determinados productos a la UE; esto afecta principalmente a los productos que no se ajustan a la Directiva sobre etiquetado de la UE, productos que contengan o se hayan producido a partir de OMG, animales que hayan sido tratados con hormonas de crecimiento y la comercialización de alimentos procedentes de animales clonados. El mismo trato ha de dispensarse a los productos alimenticios que hayan sido tratados con sustancias prohibidas en la UE o a aquellos cuyos ingredientes no se especifican de modo suficiente; |

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|  | 47. | subraya que la agrobiodiversidad forma la base de la producción de alimentos y observa que el acuerdo de la ATCI previsto no puede dar lugar ni a una limitación de las semillas antiguas, ni a un empobrecimiento de nuestros cultivos tradicionales, ni concluirse en detrimento de una agricultura de alta calidad y guiada por consideraciones medioambientales; |

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|  | 48. | pide un capítulo específico sobre las indicaciones geográficas (IG) con el objetivo de instaurar normas para la protección de las IG en ambas jurisdicciones y un sistema de reconocimiento mutuo de las denominaciones de la UE y de los Estados Unidos, mediante la indicación específica del uso genérico del nombre de un producto o de su lugar de producción; |

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|  | 49. | destaca expresamente que debe permitirse que los Estados miembros, las regiones y los municipios sigan adoptando medidas reglamentarias y financieras para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y para mantener o desarrollar el sector audiovisual y otros servicios relacionados, a fin de dar respuesta a las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad, con independencia de las tecnologías o las plataformas de distribución utilizadas; la soberanía cultural y de los medios de comunicación de los Estados miembros debe salvaguardarse mediante una clara excepción de la cultura y de los medios de comunicación en el mandato de negociación; |

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|  | 50. | confía en que los negociadores, habida cuenta de las repercusiones globales que tendrá el acuerdo de libre comercio, se pronuncien en favor de normas comerciales justas y sostenibles a fin de no comprometer los esfuerzos de las políticas de desarrollo de la UE y los Estados Unidos encaminados a mejorar la situación de los países en desarrollo, y en que conduzcan las negociaciones con un espíritu de responsabilidad y solidaridad global con los países en desarrollo; |

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|  | 51. | subraya la necesidad de recopilar, analizar, evaluar y gestionar datos exhaustivos y comparables que anticipen o pongan de manifiesto el impacto de la ATCI en los niveles regional, local y municipal, con especial atención a las regiones ultraperiféricas, a fin de permitir que en el futuro se puedan realizar estimaciones estadísticas y previsiones económicas más precisas; asimismo debería publicarse un estudio al respecto fundamentado en bases científicas. |

Bruselas, 12 de febrero de 2015.

El Presidentedel Comité de las Regiones Europeo

Markku MARKKULA

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