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Language: es
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# 51995AC1296

**DICTAMEN DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL sobre las Comunicaciones de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Una política de competitividad industrial para la Unión Europea, y Programa de actuación y calendario de aplicación de las iniciativas anunciadas en la Comunicación sobre « Una política de competitividad industrial para la Unión Europea »** 
  
*Diario Oficial n° C 039 de 12/02/1996 p. 0001*

  

Dictamen sobre las Comunicaciones de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones :

- Una política de competitividad industrial para la Unión Europea, y

- Programa de actuación y calendario de aplicación de las iniciativas anunciadas en la Comunicación sobre « Una política de competitividad industrial para la Unión Europea »

(96/C 39/01)

El 11 de noviembre de 1994, de conformidad con el artículo 198 del Tratado CE, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el documento siguiente : « Una política de competitividad industrial para la Unión Europea ».

El 20 de septiembre de 1995, de conformidad con el artículo 130 del Tratado CE, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el documento siguiente : « Programa de actuación y calendario de aplicación de las iniciativas anunciadas en la Comunicación sobre una política de competitividad industrial para la Unión Europea - Propuesta de Decisión del Consejo sobre la aplicación de un programa de medidas comunitarias de apoyo a la competitividad de la industria europea ».

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos del Comité en estos asuntos, aprobó su dictamen el 7 de noviembre de 1995 (Ponente : Sr. Petersen).

En el 330° Pleno de los días 22 y 23 de noviembre de 1995 (sesión del 22 de noviembre de 1995), el Comité Económico y Social aprobó por unanimidad el presente dictamen.

RESUMEN

1. Introducción (p. 4)

El Comité suscribe el proyecto de política industrial de la Comisión para el establecimiento de una política que cree condiciones marco más adecuadas y fiables que permitan una asignación óptima de los recursos a través del mercado, aceleren el proceso de ajuste estructural y fortalezcan la competitividad de las empresas europeas. La función del Estado es actuar como catalizador y abrir paso a la innovación, y las empresas deben poder contar con que les proporcione no sólo condiciones marco generales claras y fiables, sino también perspectivas para su actividad. No obstante, la responsabilidad principal de la competitividad industrial corresponde a las propias empresas. (Véase punto 1.1.3.)

A juicio del Comité, el artículo 130 del Tratado CE constituye un fundamento jurídico coherente para una política horizontal de la competitividad industrial a escala comunitaria. (Véase punto 1.2.5.)

2. La competitividad de la industria europea (p. 6)

Las variables macroeconómicas que sirven de base al análisis empírico de la Comisión son reveladoras de la posición claramente desfavorable de las empresas europeas -en comparación con los principales países competidores- en el contexto de la distribución del trabajo en la economía mundial. El Comité lamenta que en su análisis la Comisión no preste una atención suficiente al factor « tiempo » de los ciclos de producción, cada vez más cortos. (Véanse puntos 2.1.3 a 2.1.7.)

La Comisión subraya con buen criterio que los factores macroeconómicos no pueden dejar traslucir los elementos fundamentales que constituyen la base de cualquier actuación competitiva, como, por ejemplo, la dimensión microeconómica, el espíritu de empresa, la alta cualificación de la mano de obra y el esfuerzo individual. (Véase punto 2.2.1.)

Por esta razón, el Comité ha suscrito la orientación estratégica del Libro Blanco « Crecimiento, competitividad, empleo », que considera que una industria de tecnología avanzada, altamente productiva y rentable constituye la vertebración económica del modelo europeo de desarrollo económico. (Véanse puntos 2.1.1 y 2.1.2.)

3. Las actuaciones prioritarias de la Comunidad en el ámbito de la política industrial (p. 8)

El Comité sigue en sus grandes líneas el Programa de actuación de la Comisión de marzo de 1995 sobre la política de competitividad industrial. A juicio del Comité, las actuaciones prioritarias se articulan en demasiadas medidas específicas y se disocian los ámbitos políticos habituales. Queda también por perfilar la forma que tendrá y cómo funcionará el reparto de cometidos entre los agentes económicos, entre las empresas y el Estado y entre la Comunidad y los Estados miembros. Si se compara la Comunicación sobre la política de competitividad industrial con el Programa de actuación (doc. COM(95) 87 final) existen igualmente dificultades de comprensión en cuanto a la coordinación de objetivos y medidas. (Véanse puntos 3.1.1 y 3.1.2.)

El Comité suscribe las prioridades de actuación (¿para los próximos dos años ?) que la Comisión antepone a su Programa : desarrollo del mercado interior, mayor consideración de las necesidades de la industria en la política de investigación, surgimiento de la sociedad de la información y fomento de la cooperación industrial. No obstante, resulta sorprendente que otros objetivos, no menos importantes, en materia de política industrial se mencionen sólo de modo marginal o bien falten incluso por completo. (Véase punto 3.2.1.)

Para la aplicación de la política de competitividad industrial, la Comisión presenta un Programa de actuación con objetivos y medidas programadas, así como un calendario indicativo. La Comisión se fija -al igual que en su Comunicación de septiembre de 1994 sobre la política de competitividad industrial- cuatro actuaciones prioritarias, que marcarán el rumbo futuro de la política industrial y al mismo tiempo están en consonancia con las necesidades de la mutación tecnológica :

- fomentar la inversión inmaterial,

- desarrollar la cooperación industrial,

- garantizar una competencia equitativa, y

- modernizar la función de los poderes públicos.

Fomentar la inversión inmaterial (p. 11)

El Comité lamenta que las diversas medidas propuestas en el ámbito del sistema de formación no constituyan la expresión de un proyecto global. Sólo si se consigue de mejor modo que hasta ahora concertar el sistema educativo y el del empleo, se podrá hacer disminuir las tensiones y los desarrollos equivocados en el mercado laboral. Conviene prestar más atención a la formación permanente. (Véase punto 3.3.3.1.)

El Comité, no obstante, lamenta que la Comisión se pronuncie expresamente en favor de la modernización de las formas de organización del trabajo y, sin embargo, no se propongan medidas concretas. (Véase punto 3.3.3.4.)

Cabe acoger favorablemente también la voluntad de la Comisión de fomentar el desarrollo de las « tecnologías no contaminantes » y garantizar su rápida difusión creando para ello un marco adecuado. (Véase punto 3.3.3.6.)

Desarrollar la cooperación industrial (p. 13)

La Comisión declara con razón que « no es responsabilidad de la Unión Europea dirigir las operaciones de cooperación industrial ». Considera, no obstante, que sí debe esforzarse por favorecerlas : organizando, por ejemplo, mesas redondas industriales. El Comité lamenta que la Comisión no se refiera a la composición de dichas mesas redondas. (Véase punto 3.3.4.1.)

El Comité suscribe sin reservas la opinión de la Comisión de que la Unión Europea sigue careciendo de los instrumentos jurídicos adecuados para la organización y cooperación transnacional de las empresas. Ha llegado el momento de poner a disposición de las empresas marcos jurídicos europeos. Esto rige sobre todo para la Sociedad Europea. (Véase punto 3.3.4.2.)

El Comité suscribe las iniciativas reseñadas por la Comisión para una cooperación más estrecha con los Estados asociados de Europa central y las repúblicas de la antigua Unión Soviética. (Véase punto 3.3.4.5.)

Garantizar una competencia equitativa (p. 14)

El Comité acoge con satisfacción el proyecto de la Comisión de desarrollar normas de competencia multilaterales y mecanismos que garanticen su aplicación efectiva con objeto de seguir favoreciendo la apertura de los mercados exteriores. El Comité, no obstante, señala que proyectos tales como normas de competencia con un mecanismo de arbitraje de carácter vincunlante son por el momento irrealistas. Convendría que la Comisión en una primera etapa favoreciese la cooperación entre las administraciones públicas encargadas de la competencia en los países socios, con objeto ante todo de conseguir una convergencia entre las prácticas administrativas. (Véase punto 3.3.5.3.)

Con respecto al mercado interior, el Comité lamenta que en el ámbito de la política de competencia la Comisión sólo aborde el tema de las ayudas. Con ello no tiene en cuenta el papel de la política de competencia como uno de los pilares de la política industrial europea. A juicio del Comité, la política de competencia de la Unión no ha evolucionado al mismo tiempo que la internacionalización de las actividades empresariales. El derecho de acción en asuntos de competencia -con excepción del control de las concentraciones- remonta a principios de los años sesenta y se adaptaba a las condiciones de seis Estados miembros. (Véanse puntos 3.3.5.8, 3.3.5.9 y 3.3.5.11.)

El Comité suscribe sin reservas el anuncio hecho por la Comisión de revisar su política de control de las ayudas nacionales. Las conclusiones del informe más reciente de la Comisión sobre las ayudas confirman los temores del Comité en el sentido de que las diferencias en el período considerado por el informe (1990/1992) se han acrecentado aún más -en proporción relativa- en detrimento de los países que se encuentran en un proceso de recuperación (Grecia, Irlanda, Portugal y España). La Comisión debe identificar y evaluar mejor los falseamientos de la competencia causados por las ayudas públicas de los Estados miembros (propuesta de registro accesible al público). (Véanse puntos 3.3.5.12 a 3.3.5.14.)

Modernizar la función de los poderes públicos (p. 16)

El Comité acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de redefinir las tareas de la función pública desde el punto de vista administrativo y reglamentario. Ello implica, no obstante, que también se siga trabajando en el desarrollo específico de los instrumentos con los que el Estado desempeña sus múltiples tareas de organización. Quien, no obstante, pretenda encontrar en los documentos sobre la política industrial propuestas concretas por parte de la Comisión, sufrirá una decepción. El Comité lamenta al mismo tiempo que la Comisión no aborde sino esporádicamente las condiciones generales macroeconómicas. El Comité ha subrayado en repetidas ocasiones la importancia de unas condiciones macroeconómicas estables y previsibles para la competitividad industrial. (Véanse puntos 3.3.6.1 y 3.3.6.2.)

Como menciona la Comisión en el marco de sus objetivos estratégicos, el fomento de potenciales de crecimiento socialmente significativos ofrece puntos de partida para una actuación estatal común. El Comité considera que la Comunidad y sus Estados miembros disponen de considerables posibilidades de organizar estos potenciales de crecimiento, especialmente en lo que se refiere a todo el sector de las infraestructuras (por ejemplo, transportes, energía, medio ambiente). Otras posibilidades son, por ejemplo, la definición de condiciones jurídicas, reglamentarias y normativas. El Comité considera que los niveles estatales deberían desempeñar de modo específico sus tareas organizativas al objeto de liberar impulsos innovadores por medio de la definición de un marco adecuado. Ello implica también que se faciliten las iniciativas de la economía privada, siempre que sea posible y justificable. (Véase punto 3.3.6.5.)

Proseguir el proceso de desregulación es para la Comisión parte integrante de su Programa de actuación. El Comité considera que el exceso de disposiciones, las disposiciones no suficientemente orientadas a criterios económicos o las disposiciones excesivamente complicadas albergan el peligro de debilitar las fuerzas autorreguladoras del mercado y -sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas- de comprometer la necesaria flexibilidad. El Comité subraya al mismo tiempo que la necesaria flexibilidad de las empresas no debe poner en cuestión el nivel de protección social de los trabajadores. En relación con el informe presentado por un grupo de expertos independientes « sobre la simplificación legislativa y administrativa », el Comité suscribe la sugerencia de que en cada nueva propuesta se señalen los efectos previstos, positivos y negativos, en materia de empleo, competitividad, costes e innovación. (Véanse puntos 3.3.6.6 a 3.3.6.8.)

La Comisión desea utilizar los instrumentos financieros de la política estructural para apoyar y acelerar las transformaciones industriales. Se trata en particular de crear condiciones favorables en el marco de los nuevos programas de iniciativas comunitarias, desarrollar relaciones de cooperación entre las grandes empresas y las PYME y crear redes y conjuntos de actividades. El Comité manifiesta su interés por estos proyectos, pero observa que cualquier intervención por parte del Estado que fuera más allá de su función de catalizador sería errónea. Convendría que los poderes públicos fomentasen el diálogo entre las diversas partes, es decir, entre los agentes de la política industrial. (Véase punto 3.3.6.9.)

El Comité considera que no se puede recurrir en exceso a los Fondos estructurales ampliándose constantemente los objetivos de ayuda. Por tanto, convendría que la Comisión revisase regularmente (evaluación actualizada) el catálogo de las medidas que merecen apoyarse y perfilase mejor las prioridades. Además, el Comité considera que es necesario coordinar mutuamente con más precisión que en el pasado los diversos fondos. (Véase punto 3.3.6.10.)

El calendario del Programa de actuación (p. 18)

El Comité lamenta que el calendario previsto por la Comisión para sus numerosas iniciativas sea incompleto. En el caso de algunas acciones importantes para reforzar la competitividad industrial faltan sobre todo orientaciones sobre las etapas y el correspondiente calendario. El Comité espera que el informe pedido por el Consejo para 1996 sobre el progreso de las medidas de política industrial y posibles adaptaciones del Programa de actuación sirva a la Comisión para llenar los actuales vacíos. (Véase punto 3.3.7.1.)

4. Coordinación de las actividades en materia de política industrial (p. 19)

El Comité comparte la preocupación de la Comisión por el hecho de que los centros de decisión públicos con influencia en la actividad industrial son cada vez más numerosos y ejercen sus responsabilidades sin que exista una visión de conjunto ni una coordinación continua y recuerda a la Comisión el artículo 130 del Tratado CE, que en su apartado 2 establece explícitamente que los Estados miembros se consultarán mutuamente en colaboración con la Comisión y, siempre que sea necesario, coordinarán sus acciones (de política industrial). (Véase punto 4.1.)

El Comité estima que las actividades de coordinación de la Comisión comprenden dos aspectos principales : por una parte, es necesario coordinar las políticas industriales nacionales y concertarlas con las iniciativas que se adopten en este sector a escala comunitaria. Por otra parte, entre los servicios de la Comisión es indispensable una coordinación más estrecha de las numerosas actividades en la materia. El Comité considera que es una tarea urgente coordinar las políticas industriales nacionales y concertarlas con las iniciativas que se adopten en este sector a escala comunitaria. El Consejo, por tanto, debería aprobar la « Propuesta de Decisión sobre la aplicación de un programa de medidas comunitarias de apoyo a la competitividad de la industria europea », presentada por la Comisión. Convendría que la Comisión y los Estados miembros aplicasen sin demora las actuaciones prioritarias. (Véase punto 4.2.)

El Comité considera que el diálogo social constituye en sí mismo un importante elemento de la competitividad de la industria europea. Aunque el Comité suscribe por completo el diálogo permanente entre los poderes públicos y los distintos grupos, manifiesta su preocupación por el elevado número de organismos de consulta y su tendencia a aumentar. El Comité propone que en la constitución de dichos organismos se respeten criterios de selección transparentes y se preste en cada caso mayor atención que hasta ahora a una composición profesional competente, lo cual también implica tener en cuenta de modo apropiado a los medios socioeconómicos (por ejemplo, representantes de empresas y trabajadores). Convendría, por último, que la Comisión hiciese públicos los resultados de las deliberaciones y se encargase de un seguimiento pertinente. (Véanse puntos 4.3 y 4.4.)

1. Introducción

1.1. Por una política industrial moderna y dinámica

1.1.1. « Si existe un ámbito en el que es necesario reforzar y profundizar la Comunidad [...], es el de la política industrial » (). El criterio que sirvió de guía a la Comisión era la convicción de que bastaría una política de desarrollo industrial para fomentar y acelerar la política europea. No obstante, ninguna de las tentativas que se han hecho durante decenios ha tenido efectos notables. La distancia que separaba las concepciones fundamentales de los Estados miembros de la Comunidad Europea en materia de política industrial era ya en sí misma un obstáculo que impedía definir una política industrial comunitaria. Algunos Estados miembros se inclinaban más por acciones intervencionistas y concesión de subvenciones en el interior de la Comunidad y, frente al exterior, protección del mercado, mientras que otros preferían sobre todo confiar en el mercado y en la competencia (). La Comisión intentó en repetidas ocasiones solucionar las divergencias principales haciendo concesiones a las dos partes, pero el consenso previsto no llegó a producirse. Las diferencias fundamentales en las concepciones de política industrial y comercial de los Estados miembros subsistieron y en los Consejos Europeos se superaron con muchas dificultades.

1.1.2. La Comisión registró sus primeros resultados positivos en dirección a una política industrial comunitaria a finales de 1990 con su Comunicación « La política industrial en un entorno abierto y competitivo : orientaciones para un proyecto comunitario » (). El título de dicha Comunicación revela ya que la Comisión deseaba hacer intervenir en mayor medida los principios de la economía de mercado en la política industrial europea para consolidar la base industrial. Según la Comisión, se necesitaba « una industria comunitaria con nuevo impulso ». El Comité manifestó su total « acuerdo con la Comisión de la CE en que, desde hace años, la polémica sobre el tema « La política industrial en la Comunidad Europea » está de hecho mediatizada por la falta de definición y de un marco conceptual adecuado » (). Por ello, acogió favorablemente la iniciativa adoptada por la Comisión de desarrollar un proyecto de política industrial moderna y dinámica para toda la Comunidad que al mismo tiempo pudiese inscribirse en una perspectiva industrial y tecnológica a largo plazo.

1.1.3. Para la Comisión, la cuestión fundamental es una política que cree condiciones marco más adecuadas y fiables que permitan una asignación óptima de los recursos a través del mercado, aceleren el proceso de ajuste estructural y fortalezcan la competitividad de las empresas europeas. Se prescinde de enfoques de tipo defensivo, proteccionista y sectorial, a los que en el pasado se recurrió -como reconoce la Comisión- con excesiva frecuencia. En su lugar, los problemas industriales a escala regional o sectorial deberán resolverse cada vez más a través de medidas horizontales. La función del Estado es actuar como catalizador y abrir paso a la innovación, y las empresas deben poder contar con que les proporcione no sólo condiciones marco generales claras y fiables, sino también perspectivas para su actividad. No obstante, la responsabilidad principal de la competitividad industrial corresponde a las propias empresas.

1.1.4. Después de dicha Comunicación, el Consejo aprobó diversas resoluciones y conclusiones en materia de política industrial. Varias comunicaciones e informes de la Comisión, así como el Libro Blanco « Crecimiento, Competitividad, Empleo », fundamentan y completan las actividades comunitarias. Para justificar la diversidad y multiplicidad de las medidas adoptadas, la Comisión señala que « la acción de la Comunidad para la mejora de la competitividad industrial se apoya en general en medidas de todos los ámbitos de la política comunitaria » (). No se deben olvidar las iniciativas sectoriales de la Comisión encaminadas a mejorar el entorno económico en algunos mercados. La Comisión menciona la industria aeronáutica, electrónica, textil, la industria de construcción de máquinas y del automóvil y la industria marítima.

1.2. El artículo 130 del Tratado CE

1.2.1. Para el Comité sólo es una consecuencia lógica de este enfoque que los principios más importantes de la política industrial conforme con las condiciones del mercado, propuesta en 1990, se hayan incorporado también al Tratado de la Unión Europea. El artículo 130 del Tratado CE autoriza a la Comunidad y a sus Estados miembros a asegurar, dentro de un sistema de mercados abiertos y competitivos, la existencia de las condiciones necesarias para la competitividad de la industria. Se prohíbe la adopción de medidas que puedan falsear la competencia. Por otra parte, el Consejo sólo podrá tomar por unanimidad medidas específicas destinadas a apoyar las acciones que se lleven a cabo en los Estados miembros a fin de realizar los objetivos establecidos en dicho artículo.

1.2.2. La Comunicación de la Comisión de 1990 fue recibida también con aprobación en aquellos Estados miembros que hasta ese momento mantenían una actitud de reserva -particularmente por razones de política reglamentaria- frente a todo tipo de ambiciones de la Comunidad en materia de política industrial. No obstante, la incorporación del Título XIII, « Industria », en el Tratado CE sigue suscitando ciertas reservas. Se critica principalmente la delimitación poco clara de las competencias sobre política industrial entre el nivel nacional y el comunitario. La observación de la Comisión de que « la realización de la política industrial que se ha establecido debe ser conforme al principio de subsidiariedad » no es satisfactoria por su carácter general, aunque al mismo tiempo el Comité también comparte la crítica que la Comisión hace a los Estados miembros de que estos a menudo defienden en el Consejo puntos de vista inspirados más en su posición de principio sobre el contenido de una propuesta que en el artículo 3 B del Tratado CE. Por ello, la Comisión debería precisar sistemáticamente -a juicio del Comité- que el principio de subsidiariedad no es un instrumento al servicio de los Estados miembros para, de modo injustificado, complicar o incluso bloquear desde el principio la política comunitaria. Esto es válido especialmente respecto de la realización del mercado interior.

1.2.3. La Comisión debería recordar igualmente que en el sector sensible de la política industrial europea la interdependencia entre competencia nacional y comunitaria existe ya desde hace mucho tiempo en determinados segmentos políticos y que la delimitación practicada funciona. En las normas sobre competencia del Tratado de Roma -por citar un ejemplo de extraordinaria importancia para la política industrial- se consagra desde el primer momento el principio de subsidiariedad. Los artículos 85, 86 y 92, y también el artículo 90, del Tratado CE sólo son aplicables cuando los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas puedan « afectar al comercio entre los Estados miembros ». Asimismo, el control europeo de las concentraciones, que prevé una delimitación entre control nacional y comunitario sobre la base de umbrales de intervención, tiene suficientemente en cuenta el concepto de subsidiariedad ().

1.2.4. Otras objeciones se hacen contra los campos de acción enumerados en el apartado 1 del artículo 130 del Tratado CE : en su formulación, exhaustiva y al mismo tiempo tan indefinida, se aprecia la falta de un « límite claramente impuesto a formas de política industrial dirigista » (). No obstante, no es necesario que el Comité comparta esta inquietud en vista de lo que en el mismo artículo se establece como política de actuación reglamentaria. Al mismo tiempo, el Comité lamenta que no se tenga suficientemente en cuenta la Comunicación de la Comisión de 1990, basada en el Título XIII (« Industria ») del Tratado CE. Si el debate sobre política industrial que se lleva a cabo en los Estados miembros de la Unión Europea estuviese más cimentado en dicha Comunicación y ésta gozara de mayor credibilidad, no cabe duda de que desaparecería la fuerza de los argumentos aducidos para más de una objeción.

1.2.5. Si se consideran los riesgos potenciales que, apoyándose en ejemplos teóricos, señalan los que mantienen una actitud crítica frente a la política industrial europea, apenas puede sorprender que a menudo se proponga que la Conferencia Intergubernamental de 1996 suprima totalmente el artículo 130 del Tratado CE. El Comité se pronuncia en contra de una propuesta de ese tipo y recuerda que el Título XIII del Tratado CE es el componente principal de un fundamento jurídico coherente para una política horizontal de la competitividad industrial a escala comunitaria. Si esta parte -con sus importantes principios de reglamentación- faltara, la política industrial europea volvería a ser la construcción fragmentaria que durante años se tuvo. Es muy de temer que irrumpan con renovados bríos los tiempos de las políticas « de tipo defensivo, sectorial y proteccionista », y seguramente con muchísima mayor rapidez que la que más de un crítico desearía. Se pospondrían y complicarían procesos de ajuste insoslayables acaparando recursos que podrían emplearse más productivamente en cualquier otra actividad.

1.3. La solidez de los principios de la política industrial

1.3.1. En la « Resolución sobre el fortalecimiento de la competitividad de la industria comunitaria » (), de noviembre de 1994, el Consejo observó con razón que los principios de política industrial establecidos en 1990 se habían respetado y también que ya se habían alcanzado objetivos importantes formulados en aquella ocasión (realización del mercado único y conclusión de la Ronda Uruguay). Al mismo tiempo, el Consejo invitaba a la Comisión a que le informase sobre las medidas que hubiese adoptado en aplicación de las resoluciones y conclusiones aprobadas por el Consejo desde 1990 sobre cuestiones de política industrial.

1.3.2. El Comité acoge favorablemente el informe presentado recientemente por la Comisión (), que considera completo e instructivo. Las medidas adoptadas tenían en parte por objetivo la política industrial horizontal, otras iniciativas tenían por objeto mejorar el entorno económico de algunos mercados. No se han detectado intervenciones de tipo dirigista en la estructura económica. El único caso concreto de aplicación del apartado 3 del artículo 130 del Tratado CE está representado por el Programa MEDIA II (). De conformidad con ello, el Consejo, previa propuesta de la Comisión, adoptará por unanimidad medidas específicas destinadas a apoyar las empresas europeas de la industria de programas audiovisuales. Teniendo en cuenta las medidas previstas por la Comisión para los próximos cinco años, el Comité considera necesario que se elaboren con regularidad otros informes sobre la transposición de las resoluciones y conclusiones del Consejo.

2. La competitividad de la industria europea

2.1. El análisis macroeconómico

2.1.1. En los últimos años, los disfuncionamientos coyunturales y estructurales han frenado la dinámica del crecimiento macroeconómico, abriendo en la Unión Europea brechas considerables en materia de empleo que han causado un aumento intolerable del desempleo. Es cierto que entretanto se ha iniciado una nueva recuperación coyuntural, pero -como la Comisión observa con acierto- siguen existiendo considerables riesgos e importantes cuestiones de política industrial están todavía sin resolver. No obstante, hay que congratularse de que en círculos cada vez más amplios se admita la idea de que la reactivación de la economía requiere a largo plazo una industria europea competitiva, eficaz e innovadora. Como subraya el Comité en su dictamen sobre los aspectos industriales del Libro Blanco de la Comisión : « Crecimiento, competitividad, empleo » (), la posición de la industria europea está en juego y deberá reforzarse, porque de lo contrario el conjunto de la economía europea sufriría las consecuencias, se suprimirían más puestos de trabajo y a largo plazo se pondrían en peligro los regímenes de protección social. Si se logra reforzar la competitividad de las empresas, se aumentarán las oportunidades de garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y crear otros nuevos. No obstante, todos los esfuerzos que se hagan para mejorar la productividad y el crecimiento del empleo presupondrán una economía global que funcione con flexibilidad para poder utilizar las oportunidades que brindan las rápidas transformaciones del entorno tecnológico y socioeconómico.

2.1.2. El Comité subraya al mismo tiempo la opinión del Grupo consultivo sobre la competitividad, que en su primer informe () destaca que aunque es cierto que la competitividad comprende aspectos tales como productividad, eficacia y rentabilidad, no constituye por sí misma una finalidad ni un objetivo. Es, por el contrario, un importante instrumento para elevar el nivel de vida y aumentar el bienestar social, es decir, un medio para obtener objetivos. De ello se sigue que la competitividad no puede abordarse independientemente del modelo de desarrollo económico que se desea para el futuro. El Comité ha suscrito la orientación estratégica del Libro Blanco « Crecimiento, competitividad, empleo », que considera que una industria de tecnología avanzada, altamente productiva y rentable constituye la vertebración económica del modelo europeo de desarrollo económico.

2.1.3. El análisis empírico de la Comisión sobre la capacidad de la industria europea ofrece una imagen muy matizada. Entre los mercados, los sectores industriales, los Estados miembros, e igualmente entre la Unión Europea y los terceros países, se aprecian ventajas y deficiencias, se producen con el paso del tiempo múltiples transformaciones. Las estructuras de los sectores de la industria y del empleo evolucionan permanentemente. Tal como demuestra de modo convincente el estudio llevado a cabo por la Comisión sobre la situación y perspectivas de los sectores de la industria y servicios de la Unión Europea, varias industrias tradicionales y « sectores punteros nacionales » están estructuralmente en crisis, otros sectores de la economía manifiestan por el contrario tendencias de desarrollo favorables (). Considerados en sí mismos, los desequilibrios (fluctuantes), las proporciones cambiantes no tienen por qué ser un factor negativo : son, por el contrario, la expresión de la evolución macroeconómica. Además, en repetidas ocasiones se ha comprobado que industrias consideradas sin futuro han conseguido nuevas posibilidades de expansión desarrollando nuevos productos, aumentando la productividad y accediendo a nuevos mercados.

2.1.4. Basta, no obstante, que el margen de acción del crecimiento se reduzca para que el proceso de adaptación estructural se haga más difícil, aumenten los problemas del empleo y se agraven las repercusiones sociales de las dislocaciones estructurales. Por ello, en el dictamen de noviembre de 1991 sobre la política industrial, el Comité abogaba en favor de que, junto a las medidas horizontales destinadas a facilitar el cambio estructural y aumentar la capacidad de adaptación de la industria, se hiciera sitio suficiente a medidas de política industrial que ayudasen a impulsar los necesarios procesos de ajuste en los ámbitos problemáticos (a nivel regional o sectorial) y amortiguasen las repercusiones sociales de los cambios estructurales. Se reclamaba concretamente una política regional orientada al equilibrio que -respetando los objetivos políticos en materia de crecimiento- reforzara el potencial y la capacidad de desarrollo de regiones atrasadas o de regiones con problemas de ajuste económico y estructural. En los casos de crisis estructurales y medidas de racionalización acompañadas de pérdidas considerables de puestos de trabajo se debían añadir facilidades de ajuste específicas y temporalmente limitadas para compensar las desigualdades sociales.

2.1.5. Las variables macroeconómicas seleccionadas son reveladoras de la posición claramente desfavorable de las empresas europeas -en comparación con los principales países competidores- en el contexto de la distribución del trabajo en la economía mundial (). Cabe considerar con ojos críticos, por ejemplo, la disparidad existente entre posiciones dominantes en mercados de consumo específicos y la insuficiente presencia en nuevos espacios industriales, como por ejemplo en la zona del Pacífico. Existe también desequilibrio entre las elevadas partes de mercado en sectores estabilizados o de crecimiento lento y la posición relativamente débil en mercados dinámicos. Los resultados, no obstante, deben interpretarse -como también piensa la Comisión- con la debida precaución. El análisis empírico contiene sólo pocos indicadores macroeconómicos. Otros estudios (World Competitiveness Report) utilizan un mayor número de magnitudes cuantitativas y cualitativas de comparación. Por otra parte, los indicadores seleccionados exponen la mayor parte de las veces promedios muy concentrados que encubren muchos factores y difieren considerablemente según Estados miembros y sectores. No son suficientes los datos estadísticos del sector de los servicios, que representan -según cálculos de la Comisión- más del 60 % del valor añadido y del empleo del conjunto de la producción comunitaria. La solución que se ha dado a la definición y cuantificación de productos de alta tecnología es apenas satisfactoria. Lo mismo puede decirse de la cuantificación de las « partes de mercado » a escala mundial, que -como señalan estudios en la materia- no son sino partes de los intercambios comerciales mundiales. Por último, la Comisión señala la debilidad del conjunto de la actividad económica de los últimos años, desconociéndose en qué medida ha podido influir en los indicadores y ser causa posible de distorsión.

2.1.6. El Comité considera con todo que las deficiencias señaladas por la Comisión son una importante llamada de atención sobre la necesidad de aumentar la capacidad de las empresas europeas, tanto en el mercado interior como en el mercado mundial. La persistente degradación de la competitividad de las empresas es debida sobre todo a los elevados costes de fabricación (costes del trabajo, del capital y de la energía), la insuficiencia de la inversiones en investigación y desarrollo, la lentitud en transformar los resultados de la investigación y el desarrollo en productos comercializables, así como a las carencias evidentes de la infraestructura, los poderes públicos y el sistema educativo.

2.1.7. El Comité lamenta al respecto que la Comisión no preste en sus escenarios de política industrial una atención suficiente al factor « tiempo », no obstante haberse convertido éste a escala mundial -junto a los costes, la calidad y la movilidad- en un objetivo estratégico esencial para las empresas. Los ciclos de producción son cada vez más cortos y los gastos necesarios para el desarrollo y la creación de nuevos productos (con inclusión de las inversiones necesarias para su fabricación) aumentan constantemente. Estos gastos deben rentabilizarse en los mercados en lapsos de tiempo cada vez más cortos para poder seguir el ritmo acelerado de la carrera. El aprovechamiento de las economías de escala por medio de volúmenes de producción elevados se convierte en un factor decisivo para obtener buenos resultados. Posponer simplemente durante algunos meses el lanzamiento de un producto puede limitar sensiblemente en muchos casos el potencial de crecimiento y de beneficios de una empresa. Concretamente en el sector de la microelectrónica, que influye en la competitividad de las empresas que operan en sectores importantes y significativos, el acelerado ritmo de innovación y el aumento extraordinario del rendimiento son evidentes. Para las empresas de este sector, el factor tiempo constituye una prioridad esencial y la competencia se transforma en una carrera contra el tiempo.

2.2. El enfoque microeconómico

2.2.1. En sentido estricto, con ayuda de las magnitudes macroeconómicas sólo puede realizarse un debate sobre el estado de la industria europea si al mismo tiempo que se pregunta por las causas de las deficiencias señaladas se aporta una respuesta a ellas. Estos indicadores, que a su vez remiten a otros aspectos, expresan algo sobre la competitividad de las empresas sólo de modo limitado. La Comisión subraya con buen criterio que los factores macroeconómicos « no pueden dejar traslucir los elementos fundamentales que constituyen la base de cualquier actuación competitiva : la dimensión microeconómica, el espíritu de empresa, la alta cualificación de la mano de obra, el esfuerzo individual, la orientación comercial de las empresas y la dinámica de los grupos de agentes económicos ».

2.2.2. El Comité señaló ya en su dictamen de 1991 sobre la política industrial que la competitividad global, que frecuentemente se presenta como el objetivo de una política industrial comunitaria, es un concepto vago y ambiguo. Naturalmente, las condiciones marco son para las empresas europeas importantes en cuanto a su competitividad a escala mundial. No existe, sin embargo, una competitividad general de la Unión Europea, de los Estados miembros o de los diversos sectores industriales. Por ello, para evaluar la competitividad de una empresa se necesitan otros enfoques (microeconómicos). Las empresas utilizan cada vez más el sistema de indicadores denominado « Benchmarking », que se define como un proceso de comparación y evaluación permanentes de la propia empresa respecto de otras empresas que operan a escala mundial. El « Benchmarking » sirve para que « la empresa disponga de un sistema de vigilancia externa como procedimiento permanente (de aprendizaje) y evite así hacer estimaciones erróneas de la propia competitividad » (). Saber si también en el ámbito de la política económica -como ha propuesto recientemente la European Round Table of Industrialists ()- puede utilizarse un « Benchmarking específico de la competitividad » para adquirir nuevas perspectivas y desarrollar estrategias adecuadas con el fin de mejorar las condiciones generales macroeconómicas en los Estados miembros es algo que requiere un examen más detenido. Desde su perspectiva actual, el Comité se declara escéptico frente a esta propuesta, ya que las objeciones de principio contra la utilización de datos macroeconómicos para valorar la competitividad de las empresas siguen subsistiendo.

3. Las actuaciones prioritarias de la Comunidad en el ámbito de la política industrial

3.1. La política de competitividad industrial

3.1.1. En este capítulo, el Comité sigue en sus grandes líneas la Comunicación de la Comisión de marzo de 1995 sobre el « Programa de actuación y calendario de aplicación de las iniciativas anunciadas en la Comunicación sobre 'Una política de competitividad industrial para la Unión Europea'« en combinación con su « Propuesta de Decisión del Consejo sobre la aplicación de un programa de medidas comunitarias de apoyo a la competitividad de la industria europea », denominada en lo sucesivo « Programa de actuación » (). No obstante, el texto de la Comisión está estrechamente vinculado con las afirmaciones sobre política industrial contenidas en la Comunicación de septiembre de 1994 (), denominada en adelante « Comunicación sobre la política de competitividad industrial ». Por tanto, el Comité estima conveniente remitirse también, en la parte de su dictamen destinada a la valoración política, a esta última Comunicación y -cuando sea necesario- aludir a las divergencias textuales (que requieren, por consiguiente, aclaración) entre las dos Comunicaciones de la Comisión.

3.1.2. En su Comunicación sobre la política de competitividad industrial, la Comisión determina « los sectores en los que [...] sería conveniente reforzar las medidas comunitarias ». La Comisión considera prioritario mejorar la presencia de la industria europea en los mercados en desarrollo generadores de puestos de trabajo. Según la Comisión, el establecimiento de « un número limitado de objetivos y medidas » permitirá aplicar eficazmente la política de competitividad industrial. Contrariamente a lo que declara la Comisión, las actuaciones prioritarias se articulan en muchas medidas específicas. Los ámbitos políticos habituales (por ejemplo, política de investigación y desarrollo) se disocian y se distribuyen en función de varias actuaciones prioritarias. Apenas se puede tener ya una visión general de si determinados ámbitos políticos constituyen un todo homogéneo y consistente. Resultan insatisfactorias algunas formulaciones, en parte por su falta de consistencia y, en parte, porque pueden prestarse a confusión. Por último, queda por perfilar la forma que tendrá y cómo funcionará el reparto de cometidos entre los agentes económicos, entre la empresas y el Estado y entre la Comunidad y los Estados miembros.

3.1.3. En la Resolución del 21 de noviembre de 1994 (), el Consejo acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre « Una política de competitividad industrial para la Unión Europea » y toma nota de las conclusiones extraídas por la Comisión de su análisis. Además, recuerda a la Comisión los objetivos y acciones posibles que se había señalado para la segunda mitad de los años noventa. El Consejo estima sobre todo que la Comisión debe aún concretar el programa y presentar un calendario para la aplicación de las iniciativas anunciadas. El Consejo considera « particularmente urgente » que la Comunidad y los Estados miembros adopten, en el marco de sus competencias respectivas, medidas en cinco sectores principales, subdivididos a su vez en detalle : creación de un marco estable y económicamente viable de condiciones, eliminación de las cargas burocráticas innecesarias que pesan sobre las empresas, garantía de una competencia leal interior y exterior, intensificación de la cooperación industrial con los países terceros más interesados y fomento de los factores de competencia inmateriales.

3.1.4. El Programa de actuación contiene ya la concreción pedida por el Consejo. Se presenta un Programa de actuación con objetivos y medidas programadas, así como un calendario « indicativo » para la aplicación de la política de competitividad industrial. Dicho Programa comprende fundamentalmente las medidas correspondientes a la actualización de políticas comunitarias existentes o a la creación de iniciativas que no impliquen nuevas decisiones oficiales. En concreto, se trata de la mayoría de las medidas de seguimiento recogidas por la Comisión en su Informe sobre la aplicación de las resoluciones y conclusiones del Consejo en materia de política industrial (). Se presenta una diversidad de objetivos y acciones y se destaca de nuevo la envergadura del proyecto de la Unión Europea en materia de política industrial. Surgen, no obstante, dificultades de comprensión cuando los criterios de sistematización se modifican en el espacio de pocos meses. La Comunicación sobre la política de competitividad industrial ofrece un catálogo de medidas que apenas medio año después pasa a ser catálogo de objetivos, mientras que del catálogo inicial de objetivos apenas se habla ya.

3.1.5. En la introducción al Programa de actuación (), la Comisión subraya nuevamente que son las empresas las que deben conseguir su propia competitividad, mientras que el cometido de los poderes públicos es crear un ambiente propicio para la mejora de la competitividad industrial. Además, la competitividad industrial y la cohesión económica y social deben consolidarse mutuamente. El Comité puede suscribir plenamente este enfoque. No obstante, los comentarios que siguen sobre la cohesión económica y social satisfacen apenas las expectativas del Comité en este ámbito. En repetidas ocasiones, el Comité ha señalado a la atención de la Comisión el artículo 130 A del Tratado CE en el que se expone meridianamente que la Comunidad desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social, « a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad ». Este objetivo apunta apenas en el documento de la Comisión. ¿Qué mensaje concreto transmite, por ejemplo, la frase siguiente ? : « Mejorando la estructura y logrando un nivel general óptimo de inversion, una mayor cohesión económica y social puede producir consecuencias externas que influyan positivamente en el funcionamiento del sector privado ». A juicio del Comité, es necesario desarrollar estrategias claras en materia de política industrial y formularlas de un modo igualmente claro.

3.2. Observaciones sobre las prioridades de actuación en materia de política industrial

3.2.1. En su Programa de actuación, la Comisión Europea señala cuatro objetivos (prioridades de actuación) « especialmente importantes » en la política de competitividad industrial :

- desarrollo del mercado interior;

- mayor consideración de las necesidades de la industria en la política de investigación;

- surgimiento de la sociedad de la información; y

- fomento de la cooperación industrial ().

El Comité expresa su acuerdo con la Comisión en que estos objetivos tienen una gran importancia para una política de competitividad industrial. No obstante, resulta sorprendente que otros objetivos, no menos importantes, en materia de política industrial se mencionen sólo de modo marginal y en términos muy generales, o bien falten incluso por completo. En su Comunicación sobre la política de competitividad industrial (), la Comisión concedía « mayor prioridad » a la inversión inmaterial (que, para el Comité, incluye la inversión que se destina a la humanización del trabajo), dentro de las distintas políticas que contribuyen a la ayuda a la inversión, y consideraba la mejora de la formación profesional y el fomento de los recursos humanos como objetivos prioritarios. Consideraba también « especialmente importante » para la competitividad industrial la apertura de los mercados internacionales y el desarrollo de la competencia en el mercado interior : estos debían progresar y consolidarse mutuamente. E igualmente, respecto de la modernización de la función de los poderes públicos, la Comisión consideraba que ésta « es indispensable » para mejorar la competitividad industrial. En estos ámbitos, la Comisión proponía a todos los interesados que actuasen conjuntamente para que las iniciativas necesarias pudiesen dar resultados rápidamente. El Comité se explica difícilmente por qué la Comisión ha modificado de modo tan radical en el espacio de pocos meses la importancia de las medidas que anunció en septiembre de 1994 calificándolas de urgentes.

3.2.2.

Desarrollo del mercado interior

3.2.2.1. La Comisión considera que, para garantizar el funcionamiento eficaz del mercado interior, la contribución más importante de la Unión Europea al fortalecimiento de la competitividad industrial es la continuación del desarrollo de aquél. Desde un punto de vista macroeconómico, el Comité suscribe esta opinión de la Comisión. El Comité acoge favorablemente que el Grupo consultivo sobre la competitividad haya adoptado ahora estos temas y haya suscrito sin reservas la opinión del Comité de influir por medio de medidas específicas en el proceso de desarrollo del mercado interior. Esto rige tanto para su realización como para el aspecto relacionado con una amplia integración del mercado mediante pocas, pero mejores, normativas de la Unión. Si en esta materia -como indica el Grupo consultivo sobre la competitividad- se eliminasen los obstáculos existentes, ello tendría repercusiones positivas en el empleo y la calidad de la oferta de servicios.

3.2.2.2. Los comentarios de la Comisión sobre el desarrollo del mercado interior son lamentablemente de orden muy general. El Comité considera que habría sido más acertado que la Comisión hubiese presentado un detallado paquete de medidas para acelerar el proceso de integración intracomunitaria. El Comité inició ya el pasado año el examen periódico de la aplicación de las normativas que constituyen el marco jurídico del mercado interior. Se creó a tal objeto un instrumento de trabajo suplementario : un observatorio. En su primer dictamen en la materia (), el Comité formuló una serie de recomendaciones encaminadas a afianzar la consolidación del mercado interior. El Comité proponía a la Comisión que adoptase estas recomendaciones y las aplicase.

3.2.2.3. En el sector de la libre circulación de mercancías, la Comisión debería sobre todo instar a que se suprima definitivamente el artículo 115 del Tratado CE. Como señala el Comité en su dictamen de 1991 sobre la política industrial, las medidas proteccionistas nacionales no son compatibles con los principios de una política industrial abierta y orientada a la competencia. El Comité suscribió entonces plenamente la opinión de la Comisión de que la eliminación de los actuales contingentes nacionales y medidas de similar efecto frente a los terceros países es un aspecto importante de la política industrial. Los mercados nacionales quedan así expuestos en mayor grado a una competencia internacional, « preparándolos de este modo para los retos mundiales ». Si se prescindiese del artículo 115 del Tratado CE, el Comité estima apropiado, no obstante, que en casos especialmente difíciles se adopten medidas de acompañamiento en materia de política estructural para poder conseguir con un mínimo de fricciones los ajustes estructurales.

3.2.2.4. Plantean problemas la escasa transparencia y la falta de uniformidad de las normativas y prácticas en materia de normalización, las normativas sobre seguridad y responsabilidad relacionadas con los productos, e igualmente las normas sobre medio ambiente o las normativas sobre el etiquetado de los productos. No se debe olvidar la liberalización de los contratos públicos, que en todos los ámbitos es de capital importancia en materia de política industrial. El Comité ha observado a menudo con preocupación que las pequeñas y medianas empresas (PYME) siguen sin disponer de un acceso satisfactorio a los contratos públicos. Principalmente en el sector de la subcontratación es necesario proceder a un mayor número de mejoras, estableciendo en cada caso -como recomienda el Comité en su dictamen de 1991 sobre la política industrial- límites superiores. Se puede comprobar también la existencia de barreras en los sectores de la libre circulación de servicios, personas y capitales. La Comisión debe fijarse seriamente el objetivo de eliminarlas lo más rápidamente posible adoptando las medidas apropiadas. Por otra parte, el Comité espera que el Grupo consultivo sobre la competitividad formule en futuros informes recomendaciones específicas sobre ámbitos seleccionados del mercado interior.

3.2.3.

Mayor consideración de las necesidades industriales en la política de investigación

3.2.3.1. En sus observaciones sobre la segunda prioridad de actuación, la Comisión señala que la innovación desempeña un papel decisivo en la mejora de la competitividad industrial. El Comité suscribe sin reservas esta afirmación. Las innovaciones en materia de productos, procedimientos y mercados, completadas con nuevos modos de pensar en el sentido de una interrelación de las ideas, son las piedras angulares para solucionar los problemas de crecimiento y empleo. Apenas se discute ya el hecho de que las empresas que invierten en la investigación y la innovación tienen mejores perspectivas de mercado que otras empresas y ofrecen buenas oportunidades de empleo. No obstante, como señala igualmente la Comisión, la industria debe mejorar constantemente la transferencia y el aprovechamiento de los resultados de la investigación.

3.2.3.2. Los costes de la investigación y la innovación aumentan constantemente. Para las pequeñas y medianas empresas sobre todo, este hecho implica una carga considerable que restringe a menudo sus trabajos de investigación y desarrollo. No obstante, a fin de no tener que renunciar a las innovaciones técnicas, se deben canalizar los conocimientos hacia estas empresas -exactamente del mismo modo que propone la Comisión- por medio de asesoramiento y transferencia tecnológicos. Se acelerará así de modo perceptible la transformación de los conocimientos técnicos en productos y procedimientos comercializables.

3.2.3.3. El Comité acoge favorablemente que la Comisión desee llevar a cabo varios proyectos comunes de interés industrial con objeto de aunar esfuerzos en materia de investigación y tecnología por medio de cooperaciones más estrechas (transnacionales también) y crear sinergias mediante el aprovechamiento del mercado interior. Además, el Comité expresa su apoyo al proyecto de Comunicación que la Comisión prepara sobre una mayor articulación de la investigación y la industria, así como un Libro Verde sobre el fomento de la política de innovación en la Unión Europea. El informe anual previsto en el artículo 130 P del Tratado CE sobre las actividades realizadas en materia de investigación y desarrollo tecnológico y de difusión de los resultados representa para el Comité un importante instrumento para dotar de transparencia a la política de investigación. El Comité espera que la Comisión presente un primer informe antes de finales de año.

3.2.4.

Surgimiento de la sociedad de la información

3.2.4.1. La Comisión considera que las medidas encaminadas a fomentar la sociedad de la información constituyen un tercer objetivo de suma prioridad. La nueva revolución tecnológica influirá decisivamente en el conjunto de las actividades industriales de la Unión, aunque no únicamente en ésta. Esta revolución asegurará y fortalecerá la capacidad de innovación de las empresas, condicionará considerablemente el futuro de la producción y del empleo y tendrá efectos muy diversos en el desarrollo de las condiciones de vida y de trabajo. El Comité ha apoyado desde un primer momento las iniciativas de la Comisión en el ámbito de la sociedad de la información y ha expresado igualmente su apoyo al plan de actuación que pondrá a Europa en el camino hacia la sociedad de la información. En su dictamen sobre este asunto (), el Comité lamentaba, no obstante, que el plan de actuación no alcanzase el mismo nivel de precisión de enfoque para todos los ámbitos examinados. Además, no se tuvieron suficientemente en cuenta los aspectos sociales y culturales a la hora de elaborar las nuevas medidas previstas y lamentaba que estos aspectos no fuesen ya objeto de las medidas en curso, especialmente en los ámbitos de la salud, educación, medio ambiente, formación profesional, minusválidos e industria cinematográfica.

3.2.4.2. Actualmente, la Comisión considera que sus tareas prioritarias consisten en agilizar el proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones abriendo a la competencia las infraestructuras (conexiones por cable, redes de radiofonía, satélites) y los servicios que son aún monopolio. Por este motivo, el objetivo prioritario según el programa de trabajo de la Comisión para 1995 es crear un marco normativo sobre competencia en el sector de las telecomunicaciones.

3.2.4.3. El Comité está de acuerdo con la Comisión en que las condiciones de acceso a la información, a las redes por las que circula y a los servicios que facilitan su utilización ejercen un influjo cada vez mayor en la competitividad industrial. Por esta razón, el Comité acoge favorablemente la voluntad de crear un marco legal claro y fiable, pero al mismo tiempo considera indispensable que la transición a la sociedad de la información se complete con otras medidas de acompañamiento, especialmente en los sectores políticos relativos a la tecnología, el empleo y los asuntos sociales.

3.2.4.4. Teniendo en cuenta los numerosos obstáculos que surgirán en el camino hacia la sociedad de la información, el Comité suscribe también la creación de dos órganos consultivos independientes encargados de garantizar un estrecho contacto con todas las partes afectadas. No cabe duda de que es un plateamiento acertado con objeto de que « la sociedad de la información ... pueda responder a las necesidades de todos los ciudadanos y empresas » (). En el « Foro sobre la sociedad de la información » participan los representantes de los medios socioeconómicos (entre otros, diputados, interlocutores sociales, grupos de usuarios y operadores de redes) con el objetivo de examinar los diversos aspectos de la sociedad de la información. Un informe anual presentará los trabajos del Foro y el conjunto de los progresos realizados. El segundo órgano, un grupo de técnicos de alto nivel, estudiará los aspectos sociales y culturales de la sociedad de la información y sus trabajos se articularán en torno a los seis temas prioritarios mencionados en el informe de la Comisión, presentado en el Consejo Europeo de Essen, « La Sociedad de la Información en Europa : una primera evaluación después de Corfú » (). Se ha procedido ya al nombramiento de los catorce expertos, que presentarán antes de noviembre de 1995 un primer informe provisional (se examinará también el potencial de empleo).

3.2.4.5. Cabe acoger favorablemente, por último, la intención de la Comisión de fomentar la aceptación de la sociedad de la información con ayuda de proyectos piloto y recoger otras experiencias relacionadas con las modernas técnicas de información y comunicación. La Oficina para la sociedad de la información (OSI) servirá de centro de recepción de la Unión Europea para tales proyectos piloto y fomentará el intercambio de experiencias.

3.2.5.

Fomento de la cooperación industrial

3.2.5.1. Queda por mencionar el cuarto objetivo de las prioridades de actuación, que también tiene un lugar propio -véase punto 3.3.4- en el Programa de actuación (plurianual) de la Comisión. A fin de evitar en lo posible repeticiones, el Comité se limita aquí a algunas observaciones. La Comisión se refiere concretamente al Programa LEONARDO, que fomenta la cooperación entre las empresas y los demás sectores que participan en la formación profesional. Además, la Comisión menciona el « Programa integrado de apoyo a las PYME y a la artesanía », de mayo de 1994, que servirá particularmente para movilizar los potenciales de crecimiento económico y creación de empleo de las PYME (). El Comité examinó detenidamente el pasado año el Programa integrado (). En particular, acogía con especial satisfacción el intento de abordar de modo integrado los problemas de las PYME europeas, así como concertar y reunir los diversos programas existentes a escala de la Unión Europea y de los Estados miembros en favor de las PYME. No obstante, la Comisión debería prestar atención a que en la revisión de las medidas concretas de apoyo o cuando se trate de aumentar la eficacia de los programas de ayuda no se pierda de vista la indispensable supresión de las diversas ayudas nacionales y comunitarias.

3.2.5.2. El Comité lamenta que la Comisión no haya clasificado como prioritaria ninguna otra medida específica para el fomento de la cooperación industrial. En lugar de ello, declara únicamente : « La Unión debe ... poner su empeño en eliminar los obstáculos [jurídicos y fiscales] para la cooperación industrial desarrollando instrumentos de cooperación industrial ». El Comité considera que la Comisión debería intervenir para que a escala europea se desarrollasen líneas directrices con objeto de mejorar las relaciones de subcontratación entre empresas de dimensiones diferentes e igualmente entre los servicios estrechamente relacionados con la industria y la industria de producción. Debido a la complejidad de los sistemas de fabricación, la industria europea necesita más que nunca una colaboración entre las empresas basada en la cooperación a largo plazo. El clásico modelo estructural (articulado en tres sectores) de la transformación industrial debe sustituirse por un enfoque integrado. Se trata de una red peculiar de bienes, servicios e información. Es necesario modificar cualitativamente las estructuras tradicionales, cosa que con toda seguridad significa un esfuerzo considerable para todas las partes afectadas : la estrecha cooperación entre las empresas debe comenzar en una fase más temprana. Los fabricantes y los subcontratantes deberían definir de común acuerdo planificación de costes, racionalización, garantía de calidad y logística de los futuros productos. Teniendo en cuenta estas exigencias, tampoco resulta por tanto satisfactoria la declaración general siguiente que hace la Comisión : « Para fomentar esta cooperación es conveniente afianzar todos los vínculos posibles en los aspectos industrial, económico, comercial, de inversión y de transferencia de conocimientos prácticos con los terceros países, de manera que se contribuya a su plena integración en la economía mundial. » El Comité lamenta sobre todo la ausencia de iniciativas concretas por parte de la Comisión, como por ejemplo el anuncio de una revisión de la legislación europea en materia de competencia con objeto de determinar si representa un obstáculo a la cooperación industrial global.

3.3. Observaciones sobre las actuaciones prioritarias (plurianuales) en materia de política industrial

3.3.1. De conformidad con el Programa de actuación (plurianual) (), cuatro actuaciones prioritarias, que al mismo tiempo están en consonancia con las necesidades de la transformación tecnológica, marcarán -como se expone en la Comunicación sobre la política de competitividad industrial- el rumbo futuro de la política industrial :

- fomentar la inversión inmaterial,

- desarrollar la cooperación industrial,

- garantizar una competencia equitativa, y

- modernizar la función de los poderes públicos.

3.3.2. Las actuaciones prioritarias reúnen tres categorías de medidas : medidas ya en curso o de próxima ejecución y que contribuyen de forma inmediata al aumento de la competitividad industrial; medidas que antes de ser llevadas a la práctica requieren una definición más precisa de su orientación política; y medidas que requieren la adopción de propuestas legislativas.

3.3.3.

Fomentar la inversión inmaterial

3.3.3.1. El Comité apoya expresamente el objetivo de la Comisión de fomentar la inversión inmaterial. Lamenta, no obstante, que las diversas medidas propuestas en el ámbito del sistema de formación no constituyan la expresión de un proyecto global. En el dictamen de 1991 (), el Comité había afirmado claramente que la difusión de las técnicas de datos y de información en todos los ámbitos de la economía y la sociedad hace que la utilización responsable de las nuevas tecnologías sea para un número cada vez mayor de personas un importante elemento en la organización de su vida y de su futuro. Las nuevas tecnologías de la información proporcionan al ser humano conocimientos específicos a un ritmo y en una abundancia que antes desconocía. Es cada vez más importante la capacidad de coordinar datos sueltos y poder reconocer relaciones entre ellos. Estos cambios colocan al sistema educativo de los Estados miembros de la Unión ante nuevos cometidos. Por una parte, dicho sistema deberá tener en cuenta las nuevas y, por lo general, mayores exigencias de cualificación del cambio técnico y contribuir a que ya en las escuelas se imparta una formación básica en técnicas de información. Por otra parte, es en la educación donde debe ponerse la primera piedra para poder superar intelectualmente dicho cambio.

3.3.3.2. Sólo si se consigue de mejor modo que hasta ahora concertar el sistema educativo y el del empleo, se podrá llenar el hueco existente entre la oferta y la demanda en materia de cualificación y hacer disminuir las tensiones y los desarrollos equivocados en el mercado laboral. Las distintas aptitudes y los diversos requisitos en materia de conocimientos, capacidad y habilidades en el puesto de trabajo requieren una mayor diversidad de estudios y carreras equivalentes. Se debe fomentar específicamente el pensamiento analítico en un contexto de relaciones, porque la familiarización con las nuevas técnicas así lo requiere de modo especial. No obstante, la formación en la enseñanza secundaria, universitaria y profesional sólo constituye la « armazón básica » que deberá ampliarse constantemente durante la vida profesional. Por tanto, conviene prestar más atención a la formación permanente, para que el aprovechamiento del progreso técnico no fracase por cualificaciones deficientes y falta de aceptación. En el propio interés y para el bienestar de la sociedad -como observa el Grupo consultivo sobre la competitividad-, las empresas europeas deben desempeñar un papel más importante en materia de educación. Este papel es de extraordinaria importancia en el caso de la reconversión de los asalariados y en materia de difusión de nuevos hábitos de aprendizaje que puedan servir para toda la vida. Lo que se necesita es un trabajo de formación permanente en función de las necesidades y de adaptación específica.

3.3.3.3. Es indispensable también la formación permanente del personal directivo. Los métodos de dirección tienen efectos persistentes en la calidad del trabajo, el ambiente de la empresa, la motivación para el rendimiento y otros factores que influyen en la rentabilidad de una empresa. Los objetivos de la formación permanente deben orientarse en este sentido. Se necesitan sobre todo, además de la profundización de los conocimientos vinculados con la función y los especializados, cursos para la aplicación de los modernos métodos de dirección empresarial. La formación permanente debe contribuir a que se apliquen rápida y útilmente los conocimientos aprovechables de la experiencia práctica y la investigación. Los empresarios equivocan su función si la respuesta al carácter dinámico de la técnica y la innovación es la protección desvalorizadora de lo alcanzado. La intensificación de la competitividad internacional obliga a descubrir y aplicar constantemente nuevas soluciones. Los empresarios deben tener una actitud de apertura hacia los cambios, también en el propio interés de los empleados.

3.3.3.4. La Comisión se pronuncia expresamente en favor de la modernización de las formas de organización del trabajo, pero evita proponer medidas concretas. El Comité no piensa al respecto en propuestas, por ejemplo, destinadas a mejorar los procesos de producción en el seno de las empresas, ya que ello no es de la incumbencia de la Comisión ni de otros organismos nacionales. Sí lamenta, no obstante, la ausencia de una contribución constructiva a la definición de condiciones generales en la materia. Por lo demás, la búsqueda de nuevas formas de organización del trabajo -a escala nacional o de la Unión- sólo podrá aprovechar plenamente el potencial existente de creatividad y productividad cuando los trabajadores o sus representantes legalmente reconocidos participen en el proceso de búsqueda. La cualificación profesional y la motivación de los trabajadores son importantes recursos para la solución de esta compleja tarea. El Comité expresa, por tanto, su apoyo al propósito de la Comisión de intensificar el diálogo social teniendo en cuenta los procedimientos y las experiencias nacionales. Esto es válido también respecto de la participación de los interlocutores sociales en iniciativas que tengan un efecto en el empleo.

3.3.3.5. El Comité aprueba el objetivo de la Comisión de crear un entorno jurídico favorable a la investigación, mediante el desarrollo de un enfoque global de la propiedad intelectual e industrial, principalmente en el sector de las patentes, marcas, diseños y modelos, así como las denominaciones de origen. Los instrumentos para la protección de la propiedad intelectual e industrial existen en su casi totalidad : Convenio de Munich sobre la concesión de patentes, Acuerdo de cooperación sobre patentes, Reglamento CE sobre la marca comunitaria, Reglamento CE sobre la protección jurídica de diseños y modelos (en preparación), diversas directivas sobre la protección de la propiedad intelectual (programas informáticos, derechos de arrendamiento y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, período de protección del derecho de autor). Cabe lamentar únicamente que la Directiva sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas haya sido rechazada por el Parlamento Europeo, lo cual con toda seguridad constituye una señal negativa para el conjunto de la industria de la investigación. En las fronteras exteriores, el Reglamento 3295/94 () sobre exportación y tránsito de mercancías con usurpación de marca y mercancías pirata confiere a las autoridades aduaneras el derecho de adoptar medidas contra las importaciones que atenten contra los derechos de marcas, de autor o de propiedad intelectual de diseños y modelos. Naturalmente, su éxito depende de la capacidad de las autoridades aduaneras para intervenir con eficacia también en el caso de envíos sospechosos en proporciones relativamente importantes. Convendría, pues, examinar las mejoras de orden práctico que son necesarias para que las autoridades aduaneras desempeñen su cometido. Además, es indispensable reforzar la cooperación internacional -también con los Estados interlocutores de Europa oriental-, para que ya en los países de origen de las mercancías se pueda luchar eficazmente contra la piratería.

3.3.3.6. Cabe acoger favorablemente la voluntad de la Comisión de fomentar el desarrollo de las « tecnologías no contaminantes » y garantizar su rápida difusión creando para ello un marco adecuado. El abanico de posibilidades es amplio : Desde las técnicas de reciclado, pasando por la reutilización de desechos y residuos de productos, hasta la microelectrónica, que desde el punto de vista de la producción y aplicación puede calificarse de técnica no contaminante por excelencia. El Comité considera que la previa existencia de objetivos en materia de política medioambiental facilitará sensiblemente la creación de nuevos mercados, siempre que no obstante se deje a la discreción de las empresas la elección del mejor camino. Este enfoque favorece unas condiciones de innovación que acelerarán el progreso técnico y, al mismo tiempo, crearán incentivos con efectos positivos en el crecimiento y el empleo. Cabe destacar el correcto planteamiento por parte de la Comisión de que la protección del medio ambiente es un problema transnacional que no puede solucionarse con tentativas nacionales aisladas. Convendría que la Comunidad Europea y sus Estados miembros definiesen -con la colaboración de los medios socioeconómicos- el nivel de protección medioambiental deseable y necesario, económicamente soportable, con objeto de poder adoptar y aplicar sobre esta base medidas eficaces apropiadas para alcanzar los objetivos ecológicos. La Comisión estima al respecto que « un enfoque global ... que tenga en cuenta las condiciones impuestas por la competencia mundial parece preferible a una multiplicación de impuestos distintos según productos » ().

3.3.4.

Desarrollar la cooperación industrial

3.3.4.1. La Comisión declara con razón que « no es responsabilidad de la Unión Europea dirigir las operaciones de cooperación industrial » y que éstas dependen ante todo de las empresas y de los propios empresarios. No obstante -dice-, la Unión Europea sí debe esforzarse por favorecerlas : organizando, por ejemplo, mesas redondas industriales, como las que ya se han constituido con Japón y los países bálticos o con determinadas industrias. El Comité lamenta que la Comisión no se manifieste explícitamente sobre la composición de dichas mesas redondas. En cualquier caso, convendría evitar por ejemplo recurrir sólo al « grupo de directores generales » para el examen de las medidas en materia de cooperación industrial. El Comité alberga serias dudas respecto de que la Comisión y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros estén realmente en condiciones de apreciar en su globalidad cuestiones de esta naturaleza y formular propuestas orientadas a la práctica. Cabe acoger favorablemente la intención de la Comisión de eliminar los obstáculos a la cooperación industrial en el terreno jurídico y fiscal, así como la de presentar un Libro Verde sobre los instrumentos jurídicos de la cooperación industrial a escala comunitaria. El Comité suscribe igualmente el deseo de la Comisión de que los países del Este se integren en un espacio económico paneuropeo.

3.3.4.2. El Comité suscribe sin reservas la opinión de la Comisión de que la Unión Europea sigue careciendo de los instrumentos jurídicos adecuados para la organización y cooperación transnacional de las empresas. El ámbito de aplicación del Reglamento sobre los grupos europeos de interés económico está limitado a casos de cooperación muy reducidos. Tras los grandes progresos de armonización legislativa en el ámbito del mercado interior, ha llegado el momento de poner a disposición de la empresas marcos jurídicos europeos.

3.3.4.3. Esto rige sobre todo para las propuestas sobre la Sociedad Europea. El Comité se ha manifestado ya en varias ocasiones sobre este proyecto, por última vez en su dictamen sobre el Estatuto de la Sociedad Europea (), considerando oportuno mejorar la cooperación transnacional de las empresas y fomentar la integración económica en la Comunidad. El Grupo consultivo sobre la competitividad se expresa en el mismo sentido : más importante aún que las reducciones potenciales de gastos parece el hecho de que las pequeñas y medianas empresas puedan realizar su expansión con más facilidad a escala europea, fomentando así su integración de modo persistente. Las propuestas sobre el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, el Estatuto de la Mutualidad Europea y el Estatuto de la Asociación Europea pueden constituir también instrumentos jurídicos apropiados para determinados sectores de actividad y el Comité se ha expresado favorablemente sobre ellas (). El Comité pide al Consejo que reanude lo antes posible las deliberaciones bloqueadas por motivos políticos sobre el Estatuto de la Sociedad Europea y apruebe las propuestas (reglamento y directiva). Como afirma el Grupo consultivo sobre la competitividad, sólo se realizará plenamente el mercado interior cuando las empresas europeas puedan desarrollar sus actividades de modo más flexible y eficaz en el conjunto de la Unión.

3.3.4.4. Adolece de falta de claridad la propuesta de la Comisión de desarrollar un enfoque jurídico coherente para una promoción común eficaz de la inversión europea en el extranjero. El Comité comparte ciertamente la opinión de la Comisión de que para las empresas europeas es de capital importancia lograr un nivel de protección elevado para las propias inversiones directas en los terceros países. No obstante, la OCDE se ocupa actualmente de la elaboración de un acuerdo general sobre protección de las inversiones. El Comité considera que sobre la base de éste se debería elaborar también al nivel de la OMC un acuerdo sobre protección de las inversiones en el que se incluyan los países en vías de desarrollo y de industrialización, así como los Estados de Europa central y oriental.

3.3.4.5. En la Comunicación sobre la política de competitividad industrial y en el Programa de actuación () se menciona reiteradamente la cooperación con los Estados asociados de Europa central y las repúblicas de la antigua Unión Soviética. El Comité suscribe las iniciativas reseñadas. El Comité ha examinado con detenimiento en varios dictámenes los acuerdos europeos. Lo mismo puede decirse respecto de los acuerdos de colaboración y cooperación con diversas repúblicas de la CEI (Rusia, Ucrania y Belarús) (). No obstante, las iniciativas propuestas por la Comisión se refieren sólo a pocos aspectos de la cooperación industrial con los Estados asociados de Europa central y oriental.

3.3.4.6. Así, por ejemplo, lo acordado en materia de cooperación industrial en el Acuerdo de colaboración y cooperación con Ucrania -por citar un ejemplo que en este ámbito puede ser representativo para otros acuerdos- comprende las siguientes iniciativas : establecimiento de relaciones comerciales entre los agentes económicos de ambas partes (por ejemplo, en relación con la transferencia de tecnología y conocimientos); participación de la Comunidad en los esfuerzos (de Ucrania) destinados a reestructurar y modernizar técnicamente su industria; mejora de la gestión; desarrollo de normas y actuaciones apropiadas para los intercambios comerciales (con inclusión de la comercialización de los productos); protección del medio ambiente; adaptación estructural de la producción industrial a las normas de la moderna economía de mercado; reconversión del complejo militar industrial.

3.3.4.7. Además, se examina detenidamente la cooperación entre pequeñas y medianas empresas : incluye la ayuda técnica (en especial, con miras a la creación de un marco jurídico para las PYME), el establecimiento de una infraestructura adecuada para las PYME y la creación de parques tecnológicos. Se especifican también los acuerdos en materia de fomento y protección de las inversiones. El objetivo principal es conseguir mejores condiciones para la protección de las inversiones, la transferencia de capitales y el intercambio de información sobre posibilidades de inversión. El Comité ha examinado detenidamente el contenido de los acuerdos y, por tanto, no considera necesario volver a comentar las iniciativas expuestas en las dos Comunicaciones sobre política industrial en relación con los Estados de Europa central y oriental, remitiéndose a tal efecto a sus dictámenes sobre los acuerdos europeos y sobre los acuerdos de colaboración y cooperación.

3.3.5.

Garantizar una competencia equitativa

3.3.5.1. En su Comunicación de noviembre 1990 sobre la política industrial, la Comisión observaba que una política comercial abierta es el complemento necesario para la apertura del mercado interior. Este concepto implica que « las reglas del juego sean observadas por todos los socios comerciales, dado que la economía de la Comunidad, al hilo de su progresiva apertura, se hace cada vez más sensible a las infracciones contra ellas » (). Por tanto, la Comisión insiste particularmente en la necesidad de una competencia « leal » y de prácticas comerciales « equitativas », que son « los pilares del libre comercio ». Para alcanzar sus objetivos, la Comisión se propone adoptar medidas específicas en los mercados exteriores y en el mercado interior.

3.3.5.2. El objetivo de garantizar una competencia equitativa en los mercados exteriores requiere entre otras cosas que se solucionen definitivamente los problemas de la Ronda Uruguay aún no completamente resueltos. Concretamente, deben proseguirse y concluirse en un futuro previsible las negociaciones en los sectores del acero, la aeronáutica y los servicios, así como los esfuerzos encaminados a armonizar las normas de origen no preferenciales. Es necesario encontrar soluciones multilaterales en el marco de la OMC. Una de ellas es el proyecto de la Comisión de participar, en colaboración con la Oficina Internacional del Trabajo, en los debates sobre las cuestiones sociales, que permiten sobre todo fomentar el progreso social.

3.3.5.3. El Comité acoge con satisfacción el proyecto de la Comisión de desarrollar normas de competencia multilaterales y mecanismos que garanticen su aplicación efectiva con objeto de seguir favoreciendo la apertura de los mercados exteriores. El Comité, no obstante, señala que el proyecto es por el momento irrealista. En el seno de la tríada (Unión Europea, EE.UU y Japón), donde reinan unas condiciones de competencia muy duras, existen ya disposiciones legislativas eficaces en materia de competencia, sumamente diferenciadas únicamente en cuanto a su modo de aplicación. En lugar de nuevas normas, convendría que la Comisión en una primera etapa favoreciese la cooperación entre las administraciones públicas encargadas de la competencia en los principales países socios, con objeto ante todo de conseguir una convergencia entre las prácticas administrativas. Además, las autoridades deberían llegar a un acuerdo sobre su competencia respectiva en los casos internacionales. En adelante, convendría evitar los procedimientos paralelos y la aplicación extraterritorial de las normas nacionales sobre competencia. En el caso de las transacciones globales, los procedimientos cortos y previsibles son de vital importancia para las empresas. Las normas de competencia multilaterales con un mecanismo de arbitraje de carácter vinculante sólo pueden tenerse en cuenta como un objetivo a largo plazo. Las concepciones de los Estados miembros en la materia son aún demasiado divergentes.

3.3.5.4. La situación es diferente en el caso de los países de Europa central y oriental. En sus dictámenes sobre los acuerdos europeos, el Comité suscribió sin reservas las principales disposiciones de los acuerdos en relación con la competencia y las ayudas estatales. La Comunidad debía instar a las Partes contratantes asociadas a que adaptasen sus legislaciones nacionales en materia de competencia del modo más próximo posible a las normas sobre competencia de la Comunidad Europea. Esto no afecta únicamente -como expone con razón la Comisión- a la aproximación de los textos legislativos, sino también al mismo tiempo a la creación de las condiciones administrativas necesarias para la aplicación eficaz de las disposiciones (). En cuanto a los acuerdos de colaboración y cooperación con las repúblicas independientes de la antigua Unión Soviética, el Comité calificó de punto débil de los acuerdos las cláusulas sobre competencia. Aunque los Estados interlocutores están indirectamente obligados a promulgar y aplicar unas normas propias en materia de competencia, las cláusulas acordadas están redactadas -en comparación con los acuerdos europeos- de modo tan poco riguroso y con un carácter tan poco vinculante que apenas pueden dar lugar a derecho, tanto para las Partes contratantes como para las empresas europeas. No obstante, el Comité espera que el interés de la Comunidad se oriente en el sentido de recomendar a los interlocutores del Este que se reúnen en el marco del Consejo de Cooperación la adopción de unas normas sobre competencia lo más aproximadas posible a los principios fundamentales de la CE.

3.3.5.5. En el comercio internacional (europeo), las disposiciones legislativas « de menor importancia » son a menudo las que crean las mayores barreras de acceso al mercado, por ejemplo las normas. El Comité ha subrayado en diversas ocasiones que la armonización de las normas es un factor clave para la integración de los mercados. Eliminan las barreras comerciales de tipo técnico, tienen un efecto desregulador, facilitan la cooperación industrial transnacional y permiten aprovechar el potencial resultante de las economías de escala en las empresas. El Comité pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos en materia de armonización de normas -a escala comunitaria e internacional- y al mismo tiempo cuide de que se creen de modo creciente en la Comunidad procedimientos eficaces para la aplicación de las normas. Conviene que la Comisión aborde el examen de estos problemas lo antes posible colaborando también con sus interlocutores del comercio internacional. Por esta razón, el Comité acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de crear un « mecanismo de evaluación industrial ». Este instrumento ha dado pruebas de su eficacia para la comprensión mutua con ocasión precisamente de los esfuerzos realizados con vistas a la apertura de los mercados japoneses.

3.3.5.6. El Comité estima indispensable actuar en favor de una mejora de la coordinación de las acciones nacionales y comunitarias en materia de fomento de las inversiones. El objetivo de esta coordinación debe ser el aumento de la eficacia, la transparencia y el impacto del fomento de las inversiones, así como evitar el doble trabajo y el despilfarro de los recursos. Además, el sistema de fomento de las exportaciones de la Comunidad puede mejorarse. Éste adolece sobre todo de falta de transparencia. Los Estados miembros y las cámaras profesionales privadas han creado estructuras paralelas, originándose así un doble trabajo que acarrea costes considerables. Convendría, a juicio del Comité, evitar que se produjese una competencia entre las medidas nacionales y comunitarias en materia de fomento de las exportaciones. Se debería revisar la eficacia de las estructuras existentes.

3.3.5.7. Aunque el Comité está de acuerdo con la Comisión en muchas de las medidas propuestas, previene contra el deseo de conseguir una competencia « leal » a escala internacional con ayuda de iniciativas adoptadas unilateralmente. Es objetable sobre todo el proyecto de la Comisión de « perfeccionar, haciéndolos más eficaces y operacionales, los instrumentos de política comercial teniendo en cuenta la evolución de las estructuras de producción y comercio y, en particular, las consecuencias de la internacionalización creciente de la producción ». El mismo carácter tiene el objetivo de reflexionar « sobre el modo en que los instrumentos de política y protección comercial pueden contribuir al desarrollo de los servicios vinculados a la desmaterialización creciente de la economía y al correcto funcionamiento de sus mercados » (). Estas fórmulas suscitan dudas sobre el carácter de la concepción esencialmente abierta al mundo por parte de la Comunidad. Sería ampliamente preferible que, junto con sus socios comerciales -en el sentido del mencionado mecanismo de evaluación industrial-, la Comisión solucionara los problemas concretos en el marco de los procedimientos bilaterales y multilaterales previstos a este fin.

3.3.5.8. Con respecto al mercado interior, el Comité lamenta que en el ámbito de la política de competencia la Comisión sólo aborde programáticamente el tema de las ayudas. Con ello no tiene suficientemente en cuenta el papel de la política de competencia como uno de los pilares de la política industrial europea. Cuando la Comisión menciona las normas sobre competencia del Tratado y su funcionamiento, se contenta con generalidades, como por ejemplo el papel de las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas no son más que cooperaciones entre empresas a escala de mercados mundiales. No son merecedoras de trato ventajoso ni desventajoso por parte de las autoridades encargadas de la competencia. El Comité no puede apreciar la existencia de un creciente potencial de peligro que justifique una prioridad de acción cuyo objetivo sea la « aplicación de un procedimiento coherente y armonizado frente a las alianzas estratégicas ».

3.3.5.9. La política de competencia de la Unión no ha evolucionado al mismo tiempo que la internacionalización de las actividades empresariales. El derecho de acción en asuntos de competencia -con excepción del control de las concentraciones- remonta a principios de los años sesenta y se adaptaba a las condiciones de seis Estados miembros. Para la Unión de los quince Estados miembros resulta anticuado y no es conforme con la situación actual de la jurisprudencia. Esto es válido sobre todo para el ámbito de los derechos fundamentales, derechos de consulta y derechos de defensa. Además, las empresas se quejan de los procedimientos excesivamente lentos, la situación jurídica complicada, la insuficiente transparencia de los procedimientos de adopción de decisiones y la falta de determinación de prioridades por parte de la Comisión en el examen de los casos.

3.3.5.10. Convendría someter a examen la política realizada hasta ahora por la Comisión consistente en aplicar la prohibición de competencia que establece el artículo 85 del Tratado CE a todas las cooperaciones de carácter vertical. En la medida en que no existan restricciones de la competencia, se debería aplicar un procedimiento flexible. Los reglamentos elaborados por la Comisión sobre las exenciones de grupo para determinadas categorías de acuerdos llevan a una situación jurídica inextricable y, en parte, contradictoria. Desde el punto de vista de la política de la competencia se origina una situación anómala, porque la Comisión impone a las empresas acuerdos uniformes. El Comité observa que en un mercado interior europeo las empresas deben disponer por principio de la libertad de organización de sus actividades. El Comité toma nota con satisfacción de que la Comisión publicará próximamente un Libro Verde sobre el trato futuro que deba darse a estos casos desde el punto de vista de la competencia. El Comité propone ya desde ahora que se intervenga sólo en el caso de aquellas cooperaciones verticales que representen una amenaza perceptible de creación de barreras para el acceso al mercado interior. Sólo cuando se haya sobrepasado este estadio podrá hablarse con propiedad de una restricción del libre juego de la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE.

3.3.5.11. Convendría que la Comisión considerase con mayor atención que hasta ahora la situación internacional en materia de competencia. El Comité lamenta que la actividad práctica de la Comisión no se caracterice por manifestar de un modo suficientemente consecuente el punto de vista de la perspectiva económica. Un ejemplo ilustrativo : la práctica administrativa más reciente de la Comisión es cada vez más restrictiva en lo que se refiere a la delimitación de los mercados importantes. Esto es válido en particular para el control europeo de las concentraciones e igualmente para la aplicación del artículo 85 del Tratado CE. El Comité recomienda nuevamente a la Comisión que en su futuro trabajo preste mayor atención a la competencia internacional. Los mercados experimentan una transformación radical no sólo en Europa, sino también a escala mundial (la sociedad de la información puede tomarse como referencia). La legislación sobre la competencia no debe convertirse en un obstáculo a la necesaria reestructuración de las empresas.

3.3.5.12. El Comité suscribe plenamente el anuncio hecho por la Comisión de revisar su política de control de las ayudas nacionales. No obstante, el Comité expresa sus reservas sobre la sugerencia formulada por la Comisión en el sentido de que la realización de la cohesión económica y social sigue siendo compatible con la propuesta de que la competencia leal tendrá por efecto la reducción de las ayudas estatales. Las ayudas estatales deberían reducirse globalmente, teniendo en cuenta los desequilibrios regionales. Se deberían revisar los criterios de autorización de ayudas, mejorar la coherencia entre políticas estructurales y control de las ayudas nacionales y simplificar las normas actuales. El Comité subraya la importancia y la urgencia de las medidas anunciadas. En un mercado interior que funciona, las empresas experimentan con mayor intensidad y más directamente los efectos falseadores de la competencia producidos por las medidas nacionales de apoyo e igualmente por los programas de ayuda comunitarios.

3.3.5.13. Las conclusiones del informe más reciente de la Comisión sobre las ayudas confirman los temores del Comité en el sentido de que el promedio anual de las ayudas concedidas por los Estados miembros a sus industrias sólo ha experimentado una ligera reducción durante el período considerado por el informe (1990/1992) (). Tomando como referencia el valor añadido bruto de la industria de la transformación, el promedio de las ayudas nacionales en las cuatro principales economías de la Unión Europea () ha experimentado sólo una reducción del 4 % (1988/1990) al 3 % (1990/1992), mientras que este mismo indicador ha experimentado una reducción mucho más importante en los países que se encuentran en un proceso de recuperación (Grecia, Irlanda, Portugal y España), pasando de un promedio del 6 % a apenas el 3 %. Los porcentajes correspondientes al conjunto de los gastos de las ayudas en el seno de la Unión han evolucionado de modo igualmente insatisfactorio : el porcentaje de los cuatro Estados más pequeños se redujo, pasando de un promedio del 15 % (1988/1990) al 8 % (1990/1992), mientras que para los cuatro países mayores el retroceso registrado sólo fue del 82 % (1988/1990) a algo más del 72 % (1990/1992). Por consiguiente, entre los Estados miembros siguen persistiendo considerables diferencias, que en el período considerado por el informe se han acrecentado aún más -en proporción relativa- en detrimento de los Estados más pequeños. La Comisión comprueba con razón que el escaso retroceso de las ayudas públicas en el promedio de los cuatro mayores Estados miembros es incompatible con el objetivo de la cohesión. Es cierto que los falseamientos de la competencia causados por las ayudas públicas se amortiguan en parte con intervenciones procedentes de los Fondos estructurales, pero esto no es en modo alguno suficiente para realizar este objetivo de la Comunidad.

3.3.5.14. En su dictamen de 1991 sobre la política industrial (), el Comité pedía ya a los Estados miembros de la Comunidad Europea, especialmente a los cuatro mayores, que continuaran en su esfuerzo de introducir claridad en la jungla de las subvenciones y redujesen sensiblemente las ayudas nacionales. El Comité vuelve a pedir a los Estados miembros e igualmente a la Comunidad que sometan definitivamente las concesiones de ayudas a la necesidad de un control estricto. El volumen de las ayudas concedidas a escala de la Comunidad debe reducirse claramente. Para la política de ayuda de la Comunidad han de valer las mismas normas que para la política seguida por los Estados miembros (artículo 92 del Tratado CE). Además, la Comisión debe identificar y evaluar mejor los falseamientos de la competencia causados por las ayudas públicas directas e indirectas. Por tanto, la Comisión debería intensificar sus consultas con las partes afectadas, llevar a cabo una gestión más enérgica de las prioridades y examinar si se podría -sin excesiva burocracia- crear en su seno un registro accesible al público de todas las ayudas que otorga. Según la Comisión, una estricta disciplina en materia de ayudas es una condición indispensable para acrecentar la competencia, sin la cual no será posible obtener más que un volumen muy reducido de los beneficios que se esperan del mercado interior. En relación con la competencia global, no obstante, conviene que la Comisión tenga también en cuenta las prácticas de los terceros países en materia de ayudas. En cualquier caso, la Comisión deberá presentar ante el Consejo de arbitraje de la OMC las ayudas identificables de los terceros países que atenten contra el código del GATT en materia de ayudas.

3.3.6.

Modernizar la función de los poderes públicos

3.3.6.1. En su Comunicación sobre la política de competitividad industrial y en el Programa de actuación (), la Comisión subrayó con razón en repetidas ocasiones que la responsabilidad de la competitividad industrial incumbe ante todo a las empresas. La Comisión indica que la función de los poderes públicos es ante todo -como se ha expresado- la de servir de catalizador y precursor en materia de innovación al objeto de que las empresas puedan disponer de unas condiciones marco exteriores claras y fiables, así como de perspectivas para sus actividades. Más aún : debido a su importante función, tanto en su calidad de cliente como por sus inversiones, los poderes públicos pueden contribuir de un modo decisivo a fomentar un desarrollo dinámico de los mercados. El Comité acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de redefinir las tareas de la función pública desde el punto de vista administrativo y reglamentario. A tal objeto se deberá seguir trabajando también en el desarrollo específico de los instrumentos con los que el Estado desempeña sus múltiples tareas de organización. Quien, no obstante, pretenda encontrar en el Programa de actuación sobre la política industrial propuestas concretas por parte de la Comisión, sufrirá una decepción. En su lugar, se expone escuetamente que queda aún por determinar la nueva definición de las tareas de los poderes públicos.

3.3.6.2. El Comité lamenta al mismo tiempo que en su Programa de actuación la Comisión no aborde sino esporádicamente y de modo fragmentario las condiciones generales macroeconómicas. El Comité ha subrayado en repetidas ocasiones en sus correspondientes dictámenes la importancia de unas condiciones macroeconómicas estables y previsibles para reforzar la competitividad industrial. Quien desea realizar inversiones a largo plazo, debe poder calcular en consecuencia : costes y beneficios. Cuanto antes se consiga mejorar las condiciones macroeconómicas para las actividades empresariales, tanto más rápidamente se ampliará el margen de acción para todos los agentes interesados en el proceso económico y se estimulará el espíritu de iniciativa para asumir riesgos económicos y técnicos y la capacidad de rendimiento. Son también importantes, por otra parte, las condiciones políticas generales, cuyo impacto estructural no es objeto la mayor parte de las veces de la debida atención.

3.3.6.3. Igualmente, en el Programa de actuación de la Comisión no se examina de modo suficiente la importancia de la infraestructura, y especialmente de las redes transeuropeas (TEN). Una industria con un alto nivel de desarrollo tecnológico necesita infraestructuras eficaces. La Unión europea está aún muy lejos de este objetivo. Incluso las infraestructuras tradicionales del transporte no resultan ya satisfactorias. El aumento de las retenciones y atascos, que afectan de modo sensible al bienestar, demuestran que conviene tomar medidas urgentemente. La mayoría de los Estados miembros muestran un retraso significativo en lo que se refiere a infraestructuras con futuro, como son las de las tecnologías de la información. Además, el establecimiento de las redes transeuropeas muestra insuficiencias considerables. El Comité subraya nuevamente que la existencia de infraestructuras eficaces representa un elevado valor añadido económico para la industria europea. La reducción de los costes de las transacciones y de los intercambios aumenta la productividad. Por último, el Comité lamenta que no se hayan solucionado aún, pese a la bondad de las declaraciones, los problemas organizativos, técnicos y financieros de los proyectos clasificados explícitamente por el Consejo como sumamente prioritarios.

3.3.6.4. Por otra parte, tanto el Consejo como la Comisión deberían examinar con mayor determinación que hasta ahora el modo de garantizar la coordinación de todas las partes afectadas. El apartado 1 del artículo 130 del Tratado CE obliga, en efecto, a la Comunidad y a los Estados miembros a asegurar la existencia de las condiciones necesarias para la competitividad de la industria comunitaria. Tal como expone el Consejo en su Resolución de 21 de noviembre de 1994 (), revisten un carácter particularmente urgente a escala macroeconómica el ajuste uniforme de la política de los Estados miembros a los objetivos de convergencia de la Comunidad, una resuelta continuación de la consolidación presupuestaria en todos los niveles del Estado, la realización de la Unión Económica y Monetaria y la fiabilidad a largo plazo en todos los sectores de la actuación estatal. La misma importancia tiene la eliminación de las cargas burocráticas innecesarias que pesan sobre las empresas para reforzar su capacidad de inversión y aumentar las posibilidades de crear nuevos puestos de trabajo.

3.3.6.5. Como menciona la Comisión en el marco de sus objetivos estratégicos, el fomento de potenciales de crecimiento socialmente significativos ofrece otros puntos de partida para una actuación estatal común. A tal efecto se requiere también una cooperación más estrecha y una coordinación más eficaz respecto de las medidas que se deben adoptar. El Comité considera que la Comunidad y sus Estados miembros disponen de considerables posibilidades de organizar estos potenciales de crecimiento, especialmente en lo que se refiere a todo el sector de las infraestructuras (por ejemplo, transportes, energía, medio ambiente). Los instrumentos utilizables son numerosos : van desde la adjudicación de contratos públicos hasta las diversas formas de financiación mixta (por ejemplo, en el sector de la infraestructura de la energía). La Comunidad y los Estados miembros disponen de otras posibilidades, como la definición de condiciones jurídicas, reglamentarias, normativas y políticas. Esto vale concretamente para las tecnologías de la información, del medio ambiente y para la biotecnología. El Comité considera que los niveles estatales deberían desempeñar de modo específico sus tareas organizativas al objeto de liberar impulsos innovadores por medio de la definición de un marco adecuado. Ello implica también facilitar las iniciativas de la economía privada, siempre que sea posible y justificable.

3.3.6.6. Proseguir el proceso de desregulación es para la Comisión parte integrante de su Programa de actuación. Se trata, por una parte, de eliminar determinadas disparidades derivadas de legislaciones nacionales divergentes (artículos 101 y 102 del Tratado CE) y, por otra, de suprimir las disposiciones burocráticas superfluas y disuasivas. En 1990, la Comisión escribía ya que el mercado interior debe realizarse con la menor burocracia posible. En su dictamen de aquel momento sobre la política industrial, el Comité observaba también que el exceso de disposiciones, las disposiciones no suficientemente orientadas a criterios económicos o las disposiciones excesivamente complicadas albergan siempre el peligro de debilitar las fuerzas autorreguladoras del mercado y -sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas- de comprometer la necesaria flexibilidad. Además, subrayaba que la necesaria flexibilidad de las empresas no debe poner en cuestión el nivel de protección social de los trabajadores. Una adecuada protección social -como afirmaba también la Comisión- constituye una « red de seguridad » que disminuye los riesgos asociados a los cambios (estructurales) y fomenta la movilidad.

3.3.6.7. Entretanto, un grupo de expertos independientes ha presentado su informe « sobre la simplificación legislativa y administrativa » al Consejo Europeo de Cannes (26 y 27 de junio de 1995) (). El Consejo ha tomado nota del informe sin emitir observaciones y ha pedido a la Comisión que antes de finales de año presente « medidas concretas sobre la simplificación de las disposiciones administrativas ». El Comité está de acuerdo con el Consejo en que para estimular el empleo, la competitividad y la innovación es preciso luchar contra los excesos de reglamentación allí donde se impone una simplificación, sin atentar contra lo adquirido. Se necesitan, en otros términos, regulaciones que apoyen a largo plazo la evolución socioeconómica y limiten la propensión al perfeccionismo por parte de la legislación y la administración. Del mismo modo aproximadamente se pronunció el Parlamento Europeo en su informe relativo a la Comunicación sobre la política de competitividad industrial (). El informe expone en sustancia que es necesario adoptar una reglamentación adecuada e innovadora que también comprenda -en función de la situación- la supresión de reglamentaciones que se hayan hecho superfluas, la simplificación y aceleración de los procedimientos administrativos, un mejor aprovechamiento de los estímulos de la economía de mercado y, en su caso, la privatización.

3.3.6.8. El Comité se congratula de que en la parte correspondiente a las observaciones generales los expertos hayan hecho propuestas de procedimiento destinadas a frenar el aluvión de medidas reguladoras. En esta parte del informe es importante sobre todo la sugerencia de que para la preparación de propuestas legislativas se consulte « eficaz, sistemáticamente y con la antelación necesaria » a los medios más directamente afectados por la nueva normativa, especialmente consumidores, empresarios y trabajadores. Es importante también la sugerencia de que en cada nueva propuesta se señalen en la exposición de motivos los efectos previstos, positivos y negativos, en materia de empleo, competitividad, costes e innovación. Y, finalmente, el Comité suscribe la propuesta de que la Comisión prosiga atentamente la simplificación de las normativas a escala de la UE y de los Estados miembros y presente un informe en la materia al Consejo. El Comité supone que también se informará al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social.

3.3.6.9. La Comisión desea utilizar los instrumentos financieros de la política estructural para apoyar y acelerar las transformaciones industriales. Se trata en particular de crear condiciones favorables en el marco de los nuevos programas de iniciativas comunitarias (), desarrollar relaciones de cooperación entre las grandes empresas y las PYME y crear redes y conjuntos de actividades (« clusters »). El Comité manifiesta su interés por estos proyectos, pero observa que, por ejemplo, el desarrollo de relaciones de cooperación -es decir, la cooperación estructurada entre empresas- es competencia exclusiva de las empresas afectadas. Cualquier intervención por parte del Estado que fuera más allá de su función de catalizador sería errónea. El Comité supone que la Comisión comparte también esta convicción. Por tanto, recomienda que se preste especial atención al modo como se formulen estos campos de acción, a fin de excluir por adelantado cualquier señal que pueda ser interpretada negativamente. Por otra parte, entre todos los interesados es cada vez mayor la disposición al diálogo, y a ello ha contribuido no poco la impresión producida por las profundas transformaciones estructurales. Convendría que los poderes públicos fomentasen el diálogo entre las diversas partes, los agentes de la política industrial y la búsqueda conjunta de principios de solución prometedores. Los problemas pendientes son demasiado difíciles y no se contribuye a solucionarlos por medio de duros enfrentamientos y actitudes progresivamente distanciadas. El poder público (Estados miembros y Unión Europea) tiene en la materia un importante papel que desempeñar en calidad de moderador.

3.3.6.10. Para financiar las diferentes iniciativas del Programa de actuación, la Comisión se refiere en varias ocasiones a la utilización de los Fondos estructurales de la Comunidad. Para el Comité se trata de un recurso evidente, pero cabe temer que el excesivo recurso a los Fondos estructurales, ampliando constantemente los objetivos de ayuda, acabe por afectar a sus funciones precisas. Hasta ahora, los Fondos estructurales han conservado su función esencial en el desempeño de sus cometidos. Para evitar que en el futuro la situación cambie, convendría que la Comisión revisase regularmente el catálogo de las medidas que merecen apoyarse y perfilarse mejor las prioridades. Convendría también mejorar el control financiero y de seguimiento de los instrumentos de ayuda. En los informes de control del Tribunal de Cuentas se atisban ya indicios prometedores. En una primera fase, el Comité recomienda una evaluación actualizada que permita interrumpir a tiempo las medidas que no muestren unos resultados suficientemente concluyentes. Teniendo en cuenta los aumentos de financiación previsibles, el Comité considera además que es necesario coordinar mutuamente con más precisión que en el pasado los diversos fondos.

3.3.7.

El calendario del Programa de actuación

3.3.7.1. El calendario -pensado como ayuda orientativa aproximada- se presta apenas a comentario. Desempeñan un papel en la materia muchos factores que sólo la Comisión conoce. Es lamentable, no obstante, que respecto de algunas acciones importantes para reforzar la competitividad industrial no existan aún al parecer orientaciones sobre las etapas y el correspondiente calendario. Esto es válido tanto para la urgente revisión que necesitan los criterios de atribución de ayudas como para la mejora de la coherencia entre las políticas estructurales y el control de las ayudas estatales, o también entre las reglamentaciones en materia de las ayudas estatales y las condiciones de financiación comunitarias en el marco de otras políticas no estructurales. Es de esperar que el informe pedido por el Consejo para 1996 sobre el progreso de las medidas y posibles adaptaciones sirva a la Comisión para llenar los actuales vacíos existentes en el Programa de actuación (plurianual) y en el calendario, al objeto de poder definir para los próximos años prioridades convincentes en materia de política industrial.

4. Coordinación de las actividades en materia de política industrial

4.1. En su Comunicación sobre la política de competitividad industrial, la Comisión expresa su preocupación por el hecho de que los centros de decisión públicos con influencia en la actividad industrial son cada vez más numerosos y ejercen sus responsabilidades sin que exista una visión de conjunto ni una coordinación continua (). El Comité comparte esta preocupación y recuerda a la Comisión el artículo 130 del Tratado CE, que en su apartado 2 establece explícitamente que los Estados miembros se consultarán mutuamente en colaboración con la Comisión y, siempre que sea necesario, coordinarán sus acciones (de política industrial). La Comisión podrá adoptar cualquier iniciativa adecuada para fomentar dicha coordinación. El Comité considera que, a la vista de las experiencias de que se dispone, es necesario adoptar decisiones urgentemente. Pide al mismo tiempo a la Comisión que examine cuanto antes de qué modo se puede atender la necesidad de « simplificar y hacer más coherentes las múltiples estructuras que intervienen en la política industrial ». Convendría impedir, en la medida de lo posible, las duplicaciones y la disminución de eficiencia resultante de ello en el sector de la política industrial.

4.2. El Comité estima que las actividades de coordinación de la Comisión comprenden dos aspectos principales : por una parte, es necesario coordinar las políticas industriales nacionales y concertarlas con las iniciativas que se adopten en este sector a escala comunitaria. Por otra parte, entre los servicios de la Comisión es indispensable una coordinación más estrecha de las numerosas actividades en la materia.

- El Comité estima que es una tarea urgente coordinar las políticas industriales nacionales y concertarlas con las iniciativas que se adopten en este sector a escala comunitaria. El Consejo, por tanto, debería aprobar la « Propuesta de Decisión sobre la aplicación de un programa de medidas comunitarias de apoyo a la competitividad de la industria europea » (), presentada por la Comisión. Convendría que la Comisión y los Estados miembros aplicasen sin demora las actuaciones prioritarias. El Comité se congratula de que el debate que se ha realizado a escala de los Estados miembros sobre una adecuada política industrial conforme con las condiciones del mercado haya suscitado « reacciones en cadena » positivas en los Estados miembros de la Unión. La cuestión ahora es encontrar un camino común en materia de política industrial que refuerce la competitividad de las empresas europeas y, por tanto, permita la creación de nuevos puestos de trabajo.

- Para mejorar la coordinación a escala comunitaria, la Comisión ha creado varios grupos de alto nivel (como, por ejemplo, para la industria marítima, la industria aeronáutica o el programa « auto oil »), gracias a los cuales se podrá proceder a una primera fijación de prioridades. No obstante, existen también (o se prevén) grupos de expertos de alto nivel para la sociedad de la información y mesas redondas industriales constituidas con diversos países (Japón, Rusia) y regiones (Europa central y oriental, países mediterráneos y Asia). Finalmente, se han creado ya o están previstos grupos de trabajo en ámbitos seleccionados : por ejemplo, para definir en común objetivos europeos en materia de investigación y mejorar la coordinación mutua sobre los programas de investigación (por ejemplo, automóvil del futuro, programas educativos « multimedia » o construcción aeronáutica).

4.3. El Comité subraya la importancia del diálogo social. El Comité considera que éste constituye en sí mismo un importante elemento de la competitividad de la industria europea.

4.4. Aunque el Comité suscribe por completo el diálogo permanente entre los poderes públicos y los distintos grupos, manifiesta su preocupación por el elevado número de organismos de consulta y su tendencia a aumentar. Si se quiere coordinar adecuadamente las actividades de tales organismos y organizar eficazmente sus trabajos, conviene que su número se mantenga dentro de unos límites razonables. Además, se deberían cortar de raíz las tentativas de institucionalizar la participación de estos organismos en el proceso de formación de la política nacional. Los organismos pueden tener únicamente función consultiva, no deben convertirse en centros de decisión política. El Comité propone que en la constitución de dichos organismos se respeten criterios de selección transparentes y se preste, en cada caso, mayor atención que hasta ahora a una composición profesional competente, lo cual también implica tener en cuenta de modo apropiado los medios socioeconómicos (por ejemplo, representantes de empresas y trabajadores). Convendría, por último, que la Comisión hiciese públicos los resultados de las deliberaciones y se encargase de un seguimiento pertinente. En este sentido, el Comité pide a la Comisión que adopte sin demora las iniciativas anunciadas teniendo en cuenta las propuestas. Esto implica también naturalmente que los temas políticamente delicados -como, por ejemplo, modernizar la función de los poderes públicos- no se sigan posponiendo indefinidamente.

Hecho en Bruselas, el 22 de noviembre de 1995.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() Doc. COM(70) 100 final.

() La encuesta efectuada por la International Trade Commission de los Estados Unidos (titulada « Foreign Industrial Targeting and its effects on US Industries ») ofrece un panorama de la diversidad de las medidas de política industrial. Phase II : The European Community and Member States. Report to the Subcommittee on Ways and Means, US House of Representatives on Investigation, n° 332-162. USITC Publication 1517, April 1984.

() Doc. COM(90) 556 final.

() DO n° C 40 de 17. 2. 1992, p. 32.

() Doc. SEC(95) 437 final.

() DO n° C 34 de 2. 2. 1994, p. 83 y DO n° C 388 de 31. 12. 1994, p. 41.

() Ordnungspolitische Orientierung fuer die Europaeische Union (Informe del Comité consultivo científico del ministerio federal de Economía), Tuebingen, 31. 8. 1994.

() DO n° C 343 de 6. 12. 1994, p. 1.

() Doc. SEC(95) 437 final.

() Doc. COM(94) 523 final.

() DO n° C 295 de 22. 10. 1994, p. 47.

() Fomento de la competitividad europea. Primer informe al Presidente de la Comisión y a los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno (Grupo consultivo sobre la competitividad, junio de 1995).

() Comisión Europea : Panorama de la industria de la UE - 1994.

() Comisión Europea : Panorama de la industria de la UE - 1994.

() K. Kleinfeld, Benchmarking fuer Prozesse, Produkte und Kaufteile. Ein Weg zu permanenter Verbesserung im Unternehmen. In : Marktforschung und Management, Jg. 38, 1. Quartal 1994.

() La competitividad europea. El camino hacia el crecimiento y el empleo (European Round Table of Industrialists, 15 de noviembre de 1994).

() Doc. COM(95) 87 final.

() Doc. COM(94) 319 final.

() DO n° C 343 de 6. 12. 1994.

() Doc. SEC(95) 437 final.

() Doc. COM(95) 87 final.

() Doc. COM(95) 87 final.

() Doc. COM(94) 319 final.

() DO n° C 393 de 31. 12. 1994, p. 14.

() DO n° C 110 de 2. 5. 1995, p. 37.

() Doc. IP (95) 150.

() Doc. COM(94) 347 final.

() Doc. COM(94) 207 final.

() DO n° C 393 de 31. 12. 1994, p. 221.

() Doc. COM(95) 87 final.

() DO n° C 40 de 17. 2. 1992, p. 31.

() DO n° C 52 de 19. 2. 1994, p. 37.

() Doc. COM(94) 319 final.

() DO n° C 124 de 21. 5. 1990, p. 34.

() DO n° C 223 de 31. 8. 1992, pp. 42, 48 y 52.

() Docs. COM(94) 319 final y COM(95) 87 final.

() DO n° C 339 de 31. 12. 1991; DO n° C 19 de 25. 1. 1993; DO n° C 129 de 10. 5. 1993; DO n° C 102 de 24. 4. 1995.

() Doc. COM(90) 556 final.

() Doc. COM(95) 163 final.

() Doc. COM(94) 319 final.

() Doc. COM(95) 365 final.

() Bundesrepublik Deutschland in den Grenzen vor Oktober 1990.

() DO n° C 40 de 17. 2. 1992, p. 31.

() Docs. COM(94) 319 final y COM(95) 87 final.

() DO n° C 343 de 6. 12. 1994.

() Informe del grupo de expertos independientes sobre la simplificación legislativa y administrativa (doc. COM(95) 288 final/2).

() Informe sobre la Comunicación de la Comisión relativa a una política de competitividad industrial para la Unión Europea (doc. COM(94) 319 final). Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial. Parlamento Europeo - 29. 5. 1995.

() En especial, las iniciativas PYME, ADAPT e igualmente LEONARDO.

() Doc. COM(94) 319 final.

() Doc. COM(95) 87 final.

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