Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 27.10.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 256/3 |

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual»

COM(2005) 276 final — 2005/0127 (COD)

(2007/C 256/02)

El 21 de septiembre de 2005, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de junio de 2007 (ponente: Sr. RETUREAU).

En su 437o Pleno de los días 11 y 12 de julio de 2007 (sesión del 12 de julio de 2007), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 76 votos a favor y 3 en contra el presente Dictamen.

1.   Conclusiones

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| 1.1 | El Comité seguirá atentamente la aplicación coordinada de la Directiva de 2004 con la propuesta modificada de Directiva, así como las decisiones marco complementarias pertinentes, a fin de verificar a lo largo del tiempo la eficacia de la lucha contra la falsificación y contra sus ramificaciones internacionales, también fuera del territorio comunitario. |

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| 1.2 | Aun cuando apoya plenamente las disposiciones propuestas en el planteamiento general, invita a la Comisión a tener presentes las observaciones formuladas en el presente Dictamen, que sugiere concentrar los esfuerzos de represión y cooperación penal y aduanera principalmente en las falsificaciones a gran escala y en las cometidas por organizaciones delictivas o cuando la infracción suponga un riesgo para la salud o la seguridad de las personas |

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| 1.3 | El Comité desea, en particular, que la Directiva abarque el conjunto de los derechos de propiedad industrial y que, en consecuencia, no excluya las patentes de inventos, que suponen, entre estos derechos, los más importantes para la industria europea. |

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| 1.4 | El CESE subraya la imprecisión de determinados conceptos jurídicos, como los de «escala comercial» o «carácter comercial» de las infracciones, que figuran en la propuesta de Directiva sometida a examen, ya que tal indefinición es contraria a los principios fundamentales del Derecho penal, en el sentido de que la consistencia de un delito ha de ser objetiva y definirse de modo claro y preciso. El CESE se pronuncia también en contra del modo de definición de las sanciones previstas en el artículo 2 de la propuesta de Directiva, ya que considera conveniente fijar sólo un marco general de sanción penal (limitándose a prescribir una sentencia de penas de prisión o sanciones pecuniarias o multas), mientras que la fijación de las sanciones concretas debe seguir siendo competencia exclusiva de las legislaciones nacionales. |

2.   Introducción

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| 2.1 | En el documento MEMO/05/437 de 23 de noviembre de 2005, en el que se resume la Comunicación de la misma fecha, la Comisión se felicita por el fallo del Tribunal de Justicia que reconoce las competencias de la Comunidad en la adopción de medidas penales disuasorias y proporcionadas para garantizar la aplicación de las normas relativas a las políticas comunitarias recogidas en el TCE. |

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| 2.2 | En la Comunicación la Comisión expone su interpretación de la sentencia del 13 de septiembre de 2005 por la que el Tribunal anulaba una decisión marco relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. En su opinión, el Tribunal consideró que la Comunidad tenía competencias para tomar las medidas de Derecho penal necesarias para garantizar la efectividad del Derecho comunitario. El alcance de esta sentencia supera ampliamente, según la Comisión, el ámbito del medio ambiente y afecta a la totalidad de las políticas comunitarias, así como a las libertades fundamentales reconocidas por el Tratado. La inclusión de sanciones penales en el Derecho comunitario ha de estar motivada por una necesidad debidamente justificada y respetar la coherencia general de la interpretación del Derecho penal de la Unión. |

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| 2.3 | Esta interpretación amplia de un juicio relacionado con el medio ambiente no ha recibido la adhesión unánime de los Estados miembros ni de la jurisprudencia. Muchos consideran que las incriminaciones y la escala de las sanciones penales correspondientes afectan esencialmente a la subsidiariedad, y que su posible armonización en el ámbito de la UE es materia para la cooperación judicial entre Estados prevista en el TUE. |

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| 2.4 | Es preciso señalar que el Parlamento Europeo comparte en buena medida esta interpretación, puesto que los ámbitos que pueden corresponder a una competencia penal comunitaria ya no dependen únicamente de la unanimidad de los Estados miembros en el Consejo, sino de una mayoría cualificada en un procedimiento de codecisión que incluye al Parlamento, cuyas competencias como colegislador quedan de este modo ampliadas[(1)](#ntr1-C_2007256ES.01000301-E0001). |

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| 2.5 | Pero se trata de una ampliación considerable de las competencias comunitarias, resultado de una decisión jurídica, y los riesgos de divergencia en la interpretación de las distintas instituciones pueden, entre otras cosas, demorar la aprobación de legislaciones que incluyan disposiciones penales, o bien limitar a posteriori su alcance, por ejemplo si se producen nuevos recursos judiciales o compromisos. En el caso de esta propuesta de Directiva, sigue abierta la cuestión de incluir o no las patentes de inventos en el campo de la protección penal, puesto que el Parlamento considera que la sentencia del Tribunal sólo afecta al Derecho comunitario, mientras que la Comisión cree que atañe a toda la legislación, tanto comunitaria como nacional, de la propiedad intelectual. |

3.   Propuestas de la Comisión

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| 3.1 | La propuesta modificada de Directiva COM(2006) 168 final pretende establecer un marco penal horizontal y armonizado para garantizar el respeto de los derechos de propiedad industrial y de propiedad literaria y artística, así como otros derechos inmateriales asimilados (reunidos bajo la denominación «propiedad intelectual»). La propuesta afecta al mercado interior y está motivada por la necesidad clara de una intervención europea en este ámbito, respetando los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Su fundamento jurídico es el artículo 95 del TCE. |

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| 3.2 | Dicho artículo establece un marco penal general que define los «derechos de propiedad intelectual» (DPI) protegidos, las infracciones a estos derechos y las sanciones penales máximas de aplicación con vistas a armonizar, en el seno del mercado interior, la represión penal de la falsificación de bienes materiales, servicios y creaciones intelectuales y artísticas protegidas por el Derecho sustantivo europeo y los Derechos nacionales, así como por los convenios internacionales pertinentes y, en particular, el ADPIC[(2)](#ntr2-C_2007256ES.01000301-E0002) firmado en la OMC en 1994, que contiene las disposiciones relativas a la sanción penal[(3)](#ntr3-C_2007256ES.01000301-E0003) por violación de ciertos derechos protegidos. |

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| 3.3 | Una Directiva aprobada en 2004 establece ya un marco de protección contra la copia, la piratería y la falsificación[(4)](#ntr4-C_2007256ES.01000301-E0004) con fines comerciales, y en una declaración de la Comisión[(5)](#ntr5-C_2007256ES.01000301-E0005) se presenta una lista detallada de los derechos protegidos por el artículo 2 de esta Directiva. Se trata de la propiedad industrial (patentes de inventos y certificados complementarios, certificados de utilidad, marcas, denominaciones de origen, diseños y modelos, obtenciones vegetales) y de los derechos de autor y derechos afines, así como de los derechos sui generis creados por el Derecho comunitario sobre diseño de circuitos electrónicos y bases de datos. Se trata de derechos exclusivos y jurídicamente se considera que forman parte de un derecho de propiedad inmaterial. Parte de estos derechos está incluida en el acervo comunitario, e incluso es objeto de una protección material comunitaria organizada (diseños y modelos, marcas, obtenciones vegetales)[(6)](#ntr6-C_2007256ES.01000301-E0006). Otros, como las patentes, corresponden exclusivamente a la legislación nacional, a la espera de la patente comunitaria reclamada por todos los sectores industriales. Se trata, pues, de un campo muy heterogéneo de derechos inmateriales agrupados bajo el nombre consagrado de propiedad intelectual, cuya naturaleza y régimen jurídico difieren considerablemente. |

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| 3.4 | Los Estados miembros están sometidos a las obligaciones del ADPIC, que exige la aplicación de una legislación nacional adecuada en materia de actuaciones judiciales y sanciones penales por falsificación con fines comerciales. No obstante, es posible una cierta laxitud en la interpretación y, por otra parte, hay países, incluidos algunos Estados miembros, que aún uno han fijado una pena proporcionada a las violaciones de los DPI cometidas en su territorio. La Directiva de 2004 permite a las víctimas de violaciones de sus derechos obtener una reparación, siendo obligación de los Estados miembros la investigación, actuación, confiscación[(7)](#ntr7-C_2007256ES.01000301-E0007) e indemnización, con el objetivo de armonizar el Derecho aplicable y la lucha contra la delincuencia organizada[(8)](#ntr8-C_2007256ES.01000301-E0008), muy activa en cuestiones de falsificación. Sin embargo, esta Directiva sólo afecta a la actuación y las sanciones en materia civil, comercial y administrativa, y se centra principalmente en la reparación de los daños causados a los titulares de derechos protegidos que hayan iniciado un recurso por falsificación. Sorprendentemente, algunos Estados miembros aún no la han transpuesto. |

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| 3.5 | La protección de la «propiedad intelectual» se inscribe en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, declaración solemne aprobada en Niza en diciembre de 2000. Asimismo, está prevista una protección internacional que garantizan los convenios firmados en el marco de las correspondientes organizaciones especializadas de las Naciones Unidas (OMPI, UNESCO) o en el ámbito regional (Convenio de Múnich de 1973, por el que se creó la Oficina Europea de Patentes y la patente europea). Sólo el ADPIC contiene, por ahora, disposiciones penales mínimas. La propuesta de la Comisión pretende aportar una cierta armonización comunitaria obligando a los Estados miembros a introducir sanciones penales en su Derecho nacional con definición de las infracciones y las sanciones tipo comunes. |

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| 3.6 | La propuesta modificada de Directiva busca, pues, aproximar la cuantía de las penas por infracción de los DPI en lo referente a las penas de prisión, multas penales y confiscaciones. Pretende fijar normas de competencia judicial para centralizar, si es posible, las actuaciones judiciales en un solo Estado miembro cuando la infracción afecta a varios y facilitar las investigaciones. Se propone que las víctimas o sus representantes participen en tales investigaciones. |

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| 3.7 | La innovación principal respecto de las propuestas anteriores es que se fija la cuantía y naturaleza de las sanciones penales aplicables a las inculpaciones por infracción de la propiedad intelectual, que también se definen en el proyecto. |

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| 3.8 | Las personas físicas culpables de las infracciones recogidas en el artículo 3 de la Directiva deberían ser castigadas con una pena máxima de, al menos, cuatro años de prisión si han actuado en el marco de una organización delictiva o si la infracción ha supuesto un riesgo para la salud o la seguridad de las personas (punto 1 del artículo 2). |

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| 3.9 | Las personas físicas y jurídicas culpables de las infracciones recogidas en el artículo 3 de la Directiva deberían ser objeto de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas, incluidas las multas penales y no penales por un máximo de, al menos, 100 000 euros (300 000 euros en los casos graves que señala el punto 1 del artículo 2, sin perjuicio de unas penas mayores en caso de riesgo de muerte o enfermedad). |

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| 3.10 | El Derecho nacional debería prever el decomiso de los productos falsificados, de los bienes e instrumentos relacionados con el delito, al menos en los casos graves (delincuencia organizada, riesgo para la salud y la seguridad de las personas) (artículo 3). |

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| 3.11 | La propuesta modificada permite a los Estados miembros superar los niveles establecidos. |

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| 3.12 | Tras la retirada del proyecto de Decisión marco del Consejo que acompañaba al proyecto inicial, la Comisión Europea tiene previsto aplicar el enfoque horizontal en el marco de los procedimientos penales aprobado el 23 de diciembre de 2005, cuyo objetivo es apoyar la colaboración judicial entre países y armonizar las penas que aplican a fin de poder poner en marcha Eurojust[(9)](#ntr9-C_2007256ES.01000301-E0009). |

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| 3.13 | La iniciativa de las investigaciones y actuaciones judiciales corresponde a los Estados: no debería depender únicamente de la denuncia de las víctimas. |

4.   Observaciones generales del Comité

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| 4.1 | El Comité constata la utilización cada vez más generalizada de un concepto vago, el de «propiedad intelectual», que mezcla conceptos jurídicos muy distintos y diversos modos de protección y de utilización. Sin embargo, este término ha quedado consagrado por el Derecho europeo e internacional. La naturaleza, la duración y el alcance de cada uno de los derechos inmateriales incluidos difieren considerablemente, cada uno corresponde a un régimen jurídico propio, tiene una validez territorial variable e instituciones específicas para su registro o protección. Además, la interpretación de las infracciones de estos derechos puede variar según el país y, en ciertos casos, cambia con mucha rapidez. |

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| 4.2 | Los análisis de la composición de los medicamentos (cuyos resultados no se explotan ni se publican), la ingeniería inversa de programas informáticos o componentes electrónicos para lograr la interoperabilidad, o el ejercicio de un derecho legítimo como es el derecho a la copia privada eludiendo un dispositivo de protección (por lo general bastante débil) podrían calificarse como falsificación o copia ilegal en varios Estados miembros, en los que, además, las penas pueden ser muy elevadas aun cuando no exista intención comercial ni asociación delictiva. |

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| 4.2.1 | El Comité ya se ha pronunciado a favor de la lucha coordinada a escala comunitaria contra las diversas formas de falsificación comercial que afectan a la economía europea y también a favor de la represión de los distintos delitos que conculcan la propiedad industrial y los derechos de autor[(10)](#ntr10-C_2007256ES.01000301-E0010) y provocan graves perjuicios a la economía europea. La falsificación a gran escala suele ser obra de organizaciones delictivas o de bandas organizadas y puede afectar a la salud, la seguridad o la vida de las personas. En este último caso es preciso aplicar circunstancias agravantes en la determinación de las sanciones penales. El proyecto de Directiva debería incluir el principio de incremento de las penas para la totalidad de las circunstancias agravantes. |

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| 4.2.2 | El Comité aprueba, al igual que en el caso de la Directiva de 2004, el hecho de que la armonización prevista se refiera sólo a las infracciones cometidas a escala comercial y, en consecuencia, de naturaleza tal que pueden afectar de forma sustancial al mercado único. No obstante, sería útil definir mejor este carácter «comercial», precisando, por ejemplo, que los productos o servicios falsificados están destinados a la venta en grandes volúmenes, por lo que pueden provocar un perjuicio económico significativo, o bien son peligrosos para las personas, independientemente de la cantidad vendida, o que, en cualquier caso, los autores de estos delitos actúan con la finalidad de obtener unos beneficios económicos ilícitos. La aplicación de sanciones penales supone una infracción manifiesta al orden público que puede variar en intensidad y gravedad: la escala de los delitos y de las penas ha de ser proporcionada a la infracción, pero cabe preguntarse si la distinción entre «violación a escala comercial de un derecho de propiedad intelectual» y «violaciones graves» y el rigor de las penas correctivas propuestas responden bien al principio de proporcionalidad inherente al Derecho penal. Por otra parte, los intercambios privados de ficheros en Internet, la reproducción (o remezcla) de música o la representación de obras, sean materiales o intelectuales, en un ámbito familiar o privado o con fines de estudio y experiencia están implícitamente excluidos del campo de aplicación de la legislación propuesta: sería útil que esta exclusión fuese explícita. |

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| 4.2.3 | El Comité recuerda que los derechos inmateriales conculcados por la falsificación no son derechos absolutos: cada uno de estos derechos posee sus rasgos propios, y cada uno permite en principio la explotación exclusiva y en monopolio temporal, cuya duración y extensión geográfica varían, es decir, que instaura una medida proteccionista limitada en el tiempo (contra la publicación de un invento en el caso de las patentes o de una obra intelectual en el caso de los derechos de autor). Pero también tienen derechos los titulares de licencias y los usuarios legítimos o de buena fe de productos y servicios o de obras intelectuales, en ocasiones muy amplios en el caso de ciertas licencias[(11)](#ntr11-C_2007256ES.01000301-E0011). Ahora bien, en varias legislaciones nacionales se observan incoherencias y con frecuencia se favorecen de manera unilateral los derechos de los productores, distribuidores e industrias en detrimento de los derechos de los consumidores. La voluntad de introducir en el Derecho nacional de muchos países sanciones penales rigurosas parece seguir esta línea. Esta paradoja se produce porque la pena máxima por infracción a escala comercial, según la propuesta de Directiva, podría ser igual o incluso inferior a la que se aplica a una infracción individual. |

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| 4.2.4 | El Comité desearía, por ejemplo, que a instancias de la Comisión se realizara un estudio comparativo y exhaustivo de los Derechos nacionales después de la transposición y que se llevara a cabo una verdadera revisión del Derecho penal nacional en relación con el comunitario, para lograr una auténtica armonización europea, en particular en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines, que en ocasiones son objeto de unas sanciones penales exageradas, con lo que se crea desproporción entre sanciones y penas sin que sea realmente necesario, puesto que los modelos comerciales de difusión de las obras están en plena evolución y en breve se suprimirán los sistemas de protección contra la copia y, en ocasiones, los impuestos sobre los soportes indemnizan ampliamente a los titulares de los derechos contra las copias ilegales. |

4.3   Observaciones específicas

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| 4.3.1 | El Comité desearía una definición más clara de la naturaleza del delito de culpabilidad moral para las infracciones de falsificación e imitación de productos o servicios cubiertos por la propiedad intelectual. Una infracción penal incluye un elemento de intencionalidad por parte del responsable o sus cómplices: el ADPIC menciona el «acto deliberado de falsificar» y la Directiva habla de un acto intencionado, deliberado. La infracción incluye igualmente un elemento material, que es la comisión del delito o, al menos, la tentativa de cometerlo, que es asimilable a iniciar la comisión del delito. Estos dos elementos son acumulativos, pues la simple intención no basta para dar lugar a la infracción (salvo que se cree una policía del pensamiento). Sin embargo, en general no es posible probar la incitación a cometer un delito, puesto que el incitador no aporta instrumentos (generalmente ilegales) para los fines concretos de la comisión del delito en cuestión. Además, en opinión del Comité, el mero hecho de facilitar materiales o programas informáticos de uso corriente, o un acceso a Internet, no puede equivaler a la complicidad ni a un delito de «incitación» (que, en general, sólo existe en situaciones muy limitadas en el Derecho penal y es, por lo demás, difícil de probar) si los falsificadores utilizan tales medios. En la legislación comunitaria debería bastar con el concepto de complicidad, ya que el problema de los coautores se resuelve con detalle en las legislaciones nacionales. En caso contrario podrían producirse incriminaciones sin que existieran elementos de intencionalidad, lo cual provocaría gran incertidumbre jurídica entre muchos proveedores de materiales o servicios. |

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| 4.3.2 | La reproducción ilícita de obras, modelos, procedimientos o inventos protegidos por un monopolio temporal constituye un delito de falsificación. Sería preciso remitirse a esta definición sin ampliarla con el concepto de piratería (que consiste generalmente en la intrusión no autorizada en los sistemas informáticos para controlarlos, robar datos o utilizar la banda ancha, normalmente con fines ilegales). La piratería es distinta de la falsificación propiamente dicha, y los delitos penales deben mantener una interpretación estricta. La intrusión no autorizada en los sistemas informáticos, el robo de datos o de banda ancha y la intromisión en la vida privada deben ser ciertamente objeto de incriminaciones penales apropiadas, pero no son propiamente una falsificación. La represión de la piratería informática debería tratarse de forma específica, aun cuando los conceptos se utilicen de forma imprecisa en numerosas declaraciones políticas, que suelen mezclarlos y provocan una cierta confusión. La piratería informática se utiliza en el marco de empresas terroristas: debería ser objeto de una atención muy particular y de una cooperación internacional apropiada. |

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| 4.3.3 | El término «organización delictiva» o delincuencia organizada que figura en la exposición de motivos debería completarse con el de «banda organizada», que ya existe como circunstancia agravante en ciertas legislaciones penales. Cuando el delito de falsificación comercial es cometido por una banda organizada o una organización criminal debería constituir una circunstancia agravante que justificaría el incremento de las penas y multas. |

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| 4.3.4 | La Comisión señala que los Estados miembros tienen libertad para adoptar las penas más graves o sancionar otras acciones. Podría interpretarse que se anima a penalizar acciones que pueden no tener una finalidad comercial, incluso a ampliar el delito de falsificación a hechos que no son la reproducción o copia propiamente dichas de un producto, un procedimiento o una obra. |

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| 4.3.5 | El Comité se pregunta por la asimilación que está produciéndose en el Derecho comunitario y en algunos países de los programas de copia que pueden eludir o anular los dispositivos DRM[(12)](#ntr12-C_2007256ES.01000301-E0012) (dispositivos anticopia, materiales o programas, casi siempre de escasa capacidad y sin encriptar) con su falsificación, cuando lo que se califica de «falsificación» no constituye copia o reproducción del dispositivo original. Además, los dispositivos denominados DRM no son estándar y dependen de una plataforma o de un proveedor. Los formatos de los archivos pueden estar registrados, lo cual representa un obstáculo a la interoperabilidad o bien pretende crear mercados cautivos eliminando la competencia. La creación y utilización de medios de copia para que el consumidor o la empresa titular de una licencia de software puedan ejercer sus derechos (copia privada, de seguridad, para la utilización en distintos soportes estándar) no deberían estar penalizadas en sí, sólo si existen la componente moral y la componente material de un delito a escala comercial. |

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| 4.3.6 | El Comité respalda el principio de que la acción penal ha de ser independiente de que la víctima recurra a la vía civil o penal. En efecto, si una mafia estuviera implicada, las víctimas podrían dudar a la hora de presentar una denuncia para proteger sus derechos. Por otra parte, la falsificación comercial, en particular la cometida por bandas u organizaciones de delincuencia organizada, incluso terroristas, afecta a las economías y al bienestar social, y su represión es responsabilidad del Estado. |

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| 4.3.7 | El Comité espera que una cooperación eficaz entre los Estados miembros permita luchar eficazmente contra las redes internacionales de falsificación, en particular las relacionadas con organizaciones delictivas y actividades de blanqueo de dinero, recordando que muchas de estas redes operan desde terceros países y que es indispensable llevar la acción más allá de las fronteras de la Unión utilizando los medios que ofrece el Derecho internacional. |

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| 4.3.8 | A escala comunitaria, el Comité considera que los equipos normales de investigación policial deberían cooperar también con los equipos aduaneros y con las víctimas de falsificaciones o sus expertos. Asimismo, el Comité celebra la integración de las víctimas en los procesos de investigación, aunque propone que su papel se limite a informar a las autoridades públicas. Resultaría excesivo que tras, una acusación de falsificación a escala comercial, una empresa pueda, por ejemplo, participar en controles y confiscaciones en los locales de un competidor, que será inocente hasta que se pruebe lo contrario con pruebas judiciales y definitivas y una sentencia firme. El Comité desea evitar problemas de justicia privada, injerencia o intrusión abusiva de personas carentes de autoridad pública en los procedimientos penales. |

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| 4.3.9 | Por último, el Comité expresa su preocupación ante la tendencia a la creciente ocupación comercial de las redes de Internet y las demandas de que se amplíen a este sector de actividad las sanciones penales previstas en los acuerdos TRIPS, como se expresa claramente en el informe de 2006 del Ministerio de Comercio de Estados Unidos sobre los capítulos 301 y súper 301[(13)](#ntr13-C_2007256ES.01000301-E0013), en aplicación de los tratados de la OMPI sobre la propiedad intelectual en Internet, instrumento libre de dominio público y bien común universal. |

Bruselas, 12 de julio de 2007.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Dimitris DIMITRIADIS

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