Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 23.2.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | CE 45/71 |

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Protección jurídica de los adultos: implicaciones transfronterizas

P6\_TA(2008)0638

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2008, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la protección jurídica de los adultos: implicaciones transfronterizas (2008/2123(INI))

(2010/C 45 E/13)

El Parlamento Europeo,

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| — | Visto el artículo 192, párrafo segundo, del Tratado CE, |

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| — | Visto el Convenio de La Haya, de 13 de enero de 2000, sobre la protección internacional de adultos, |

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| — | Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, |

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| — | Vista la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (COM(2008) 0530), |

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| — | Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2005, titulada «Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años. Una asociación para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia» (COM(2005) 0184), |

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| — | Vistos los artículos 39 y 45 de su Reglamento, |

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| — | Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0460/2008), |

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| A. | Considerando que, en el marco de su comunicación citada más arriba sobre el Programa de La Haya, la Comisión ha hecho hincapié, como parte de sus prioridades, en la necesidad de garantizar un auténtico espacio europeo en el marco de la justicia civil y, en particular, en lo relativo al reconocimiento y la ejecución de las decisiones judiciales, |

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| B. | Considerando los trabajos y consultas desarrollados en dicho marco sobre las decisiones relativas al patrimonio familiar, las sucesiones y los testamentos, con vistas a la preparación de nuevas propuestas legislativas, |

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| C. | Considerando la necesidad de favorecer asimismo el reconocimiento y la ejecución de las decisiones judiciales o administrativas adoptadas respecto de personas que son objeto de medidas de protección, |

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| D. | Considerando la atención que se ha de prestar a las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad de las personas que son objeto de medidas de protección, así como la necesaria celeridad con que se han de tramitar las solicitudes de cooperación, información o reconocimiento y ejecución, |

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| E. | Considerando la evolución de las situaciones en las que la puesta en práctica de una medida de protección jurídica concierne a dos o más Estados miembros, |

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| F. | Considerando que la situación ha evolucionado de tal forma que también se dan casos que implican protección jurídica y que afectan a dos o más Estados miembros y a Estados miembros de la UE y a Estados no miembros de la misma, debido, en particular, a los flujos migratorios tradicionales (antiguas colonias, los Estados Unidos y Canadá), |

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| G. | Considerando que han surgido problemas debido a una circulación cada vez mayor entre los Estados miembros con un flujo de salida neto de jubilados, entre los que se incluyen adultos vulnerables, y los Estados miembros con un flujo de entrada neto de jubilados, |

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| H. | Considerando que, en el marco de la Recomendación del Consejo de Europa no R (99) 4 del Comité de Ministros dirigida a los Estados miembros y relativa a la protección jurídica de los adultos incapacitados, adoptada el 23 de febrero de 1999, todos los Estados miembros de la UE coincidieron en que era necesario contar con unos principios para regular la protección jurídica de los adultos vulnerables y llegaron a un acuerdo al respecto, |

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| I. | Considerando que la protección jurídica de los adultos vulnerables debe ser un pilar del derecho a la libre circulación de las personas, |

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| J. | Considerando las disparidades que existen entre las legislaciones de los diferentes Estados miembros en el ámbito de las medidas de protección, |

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| K. | Considerando que deben tenerse en cuenta las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, |

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| L. | Considerando que las disposiciones del Convenio de La Haya pueden contribuir al logro del objetivo consistente en la realización del espacio de justicia, libertad y seguridad, facilitando el reconocimiento y la ejecución de las decisiones por las que se dicta una medida de protección, la determinación de la normativa aplicable y la cooperación entre autoridades centrales, |

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| M. | Considerando que sería oportuno aplicar medidas específicas y apropiadas de cooperación entre Estados miembros que podrían basarse en los instrumentos del mencionado convenio, |

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| N. | Considerando que se podrían elaborar unos formularios comunitarios únicos para favorecer la información sobre las decisiones en materia de protección y la circulación, el reconocimiento y la ejecución de las mismas, |

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| O. | Considerando que, en el caso de las sentencias de incapacitación, se podría elaborar un formulario único a escala de la Unión Europea, con el fin de garantizar su efectividad en todos los Estados miembros, |

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| P. | Considerando que podrían introducirse mecanismos destinados a agilizar el reconocimiento, el registro y la utilización de poderes de representación estables en toda la Unión Europea, |

1.   Acoge con satisfacción el compromiso asumido por la Presidencia francesa en relación con la situación de los adultos vulnerables y su protección jurídica transfronteriza; felicita a los Estados miembros que han firmado y ratificado el Convenio de La Haya, y alienta a los Estados miembros que aún no lo han firmado o ratificado, a que lo hagan;

2.   Pide a la Comisión que, en cuanto se haya adquirido suficiente experiencia con el funcionamiento del Convenio de La Haya, le presente, basándose en el artículo 65 del Tratado CE, una propuesta legislativa para reforzar la cooperación entre los Estados miembros y mejorar el nivel de reconocimiento y ejecución de las decisiones relativas a la protección de las personas mayores de edad, de las sentencias de incapacitación y de poderes de representación estables, con arreglo a las recomendaciones detalladas que se exponen más abajo;

3.   Pide a la Comisión que supervise la aplicación del Convenio de La Haya y su puesta en práctica en los Estados miembros, y que presente al Consejo y al Parlamento, a su debido tiempo, un informe que resuma los problemas y las mejores prácticas en su aplicación concreta y que incluya, en su caso, propuestas de disposiciones comunitarias que complementen o especifiquen el modo en que se aplica el Convenio de La Haya;

4.   Pide a la Comisión que examine la posibilidad de que la Comunidad se adhiera al Convenio de La Haya; considera que éste podría ser un ámbito de cooperación reforzada entre los Estados miembros;

5.   Pide a todos los Estados miembros que todavía no la han firmado o ratificado que se adhieran a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dado que esto contribuiría a reforzar la protección de los adultos vulnerables en la UE;

6.   Pide a la Comisión que financie un estudio que permita comparar la legislación de los Estados miembros en relación con los adultos vulnerables y las medidas de protección, con objeto de determinar en qué casos pueden surgir problemas jurídicos, así como las medidas que pueden resultar necesarias a nivel de la UE o de los Estados miembros para resolver cualquier cuestión de esta índole; considera que dicho estudio debería también abordar la cuestión de los adultos con discapacidad intelectual acogidos en centros de atención en lo que respecta a su tutela y a su capacidad de ejercer sus derechos legales; pide a la Comisión que organice una serie de conferencias para los profesionales del Derecho a los que les afectan directamente estos casos y que tenga en cuenta los resultados del estudio y los puntos de vista de los profesionales en la futura legislación;

7.   Pide a los Estados miembros que velen por que las medidas de protección se correspondan con la situación de los adultos vulnerables en cuestión, de manera que no se niegue a los ciudadanos individuales de la UE un derecho cuando todavía tienen capacidad para ejercerlo;

8.   Pide a los Estados miembros que tomen medidas para evitar que los adultos vulnerables sean víctimas de robo de identidad, fraude u otros delitos telefónicos o informáticos, incluidas medidas legales para reforzar la protección o limitar el acceso a los datos personales de los adultos vulnerables;

9.   Apoya la creación de mecanismos seguros, sujetos a unas normas estrictas de protección de los datos personales y a normas sobre la limitación del acceso, con vistas a compartir las mejores prácticas y otras informaciones relacionadas con las medidas de protección aplicadas actualmente entre los Estados miembros, incluida la posibilidad de que los sistemas judiciales de los Estados miembros compartan información sobre la situación en lo que se refiere a la protección de un adulto vulnerable;

10.   Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que no todos los adultos vulnerables lo son debido a su edad avanzada, y pide que se tomen medidas para reforzar la protección jurídica y los derechos no sólo de los adultos vulnerables por razones de edad, sino también de aquellos adultos que son vulnerables a causa de una discapacidad física o mental grave, y que se tengan en cuenta sus necesidades también cuando se adopten en el futuro medidas sociales para garantizarles esos derechos legales;

11.   Constata que la presente Resolución respeta el principio de subsidiariedad y proporcionalidad, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos;

12.   Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras;

13.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que se detallan en el anexo a la Comisión y al Consejo, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

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