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Language: es
Format: md

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# 51996IP0131

**Resolución sobre el Informe Económico Anual 1996 de la Comisión (COM(96)0086 - C4-0193/96)** 
  
*Diario Oficial n° C 152 de 27/05/1996 p. 0068*

  

A4-0131/96

Resolución sobre el Informe Económico Anual 1996 de la Comisión (COM(96)0086 - C4-0193/96)

El Parlamento Europeo,

- Visto el Informe Económico Anual 1996 de la Comisión (COM(96)0086 - C4-0193/96),

- Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Madrid relativas a las orientaciones generales de las políticas económicas y al empleo,

- Visto el Tratado CE y, en particular, sus artículos 2, 3 A, 102 A, 103, 130 A y 130 B,

- Vista la propuesta del Presidente Santer en favor de un pacto europeo de confianza para el empleo, las conclusiones del Consejo Europeo de Turín celebrado el 29 de marzo de 1996 y el discurso del Presidente Santer en la Conferencia sobre el empleo del G7 celebrada en Lille el 1 de abril de 1996, actos todos ellos en los que se considera la lucha contra el desempleo una tarea prioritaria,

- Visto el Libro Blanco de la Comisión sobre crecimiento, competitividad y empleo,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo (A4-0131/96),

A. Considerando el Informe Económico Anual 1996 como el trabajo preparatorio de la Comisión para las orientaciones generales de las políticas económicas, de conformidad con el Artículo 103 del Tratado CE,

B. Considerando que, a pesar de que la Comisión estimase, en sus previsiones de noviembre de 1995, que el crecimiento sería del 2,7% en 1995 y que se registraría un crecimiento sostenido, comprendido entre el 3% y el 3,5%, que se mantendría hasta el año 2000, dicho crecimiento no superó el 2% en el segundo y tercer trimestres de 1995, lo que posiblemente demuestra que todavía no se dan los factores determinantes de un crecimiento orientado hacia el empleo e inducido por la inversión capaces de originar una disminución significativa de la tasa de desempleo en el tercer milenio, y coincidiendo con la Comisión en que se requiere una vuelta gradual al proyecto de crecimiento expuesto en el Libro Blanco, como condición previa para reducir los niveles de desempleo,

C. Manifestando su sorpresa por que el Informe no contenga ni una sola estadística para 1996 o 1997 a modo de cálculo o de proyección de cualquier indicador representativo (como el crecimiento del PIB, el crecimiento del consumo o de la inversión, la tasa de desempleo, el crecimiento del comercio o los criterios de convergencia) que podría utilizar con provecho el Parlamento Europeo para evaluar las fuerzas implícitas que determinan el nivel de la actividad económica en la UE durante este año o el próximo; que las previsiones económicas correspondientes al otoño de 1995 continúan siendo las únicas estadísticas disponibles, si bien no se puede confiar plenamente en ellas,

D. Considerando que el desempleo oficial supera los 18 millones de personas, que muchas más buscan empleo, y que más de 50 millones están afectadas por la pobreza en la UE, lo que tiene como resultado que las nuevas formas de exclusión social se estén convirtiendo en un fenómeno cada vez más enraizado,

E. Constatando que unas mayores tasas de crecimiento no han supuesto una reducción de los niveles de desempleo, y tomando nota de que siguen dándose disparidades regionales significativas en el nivel de desempleo, manifiesta, por ello, su sorpresa por que la Comisión no haya realizado ningún tipo de investigación para descubrir por qué en algunas zonas de la UE, como el norte de Italia, el desempleo es inferior a la mitad de la media de la UE,

F. Observando que el informe advierte de que, a menos que se restablezca rápidamente la confianza, el crecimiento no alcanzará el 1,5% en 1996 y probablemente no sobrepasará dicha cifra en 1997,

G. Deplorando que el informe no haya abordado las causas profundas de la falta de confianza de empresas y consumidores, pese a la existencia de condiciones económicas básicas favorables, y no haya propuesto las medidas adecuadas para abordar la crisis de confianza que reviste un carácter estructural; a menos que se lleven a cabo a nivel comunitario cambios fundamentales en las políticas para invertir esta tendencia y se den señales claras e inequívocas a los ciudadanos y a las empresas, el apoyo del público a la construcción europea se debilitará dado que ello situaría a la Comunidad ante el peligro de entrar en un círculo vicioso de un pesimismo de las empresas y de los consumidores que se potenciarían mutuamente,

H. Sorprendido por el hecho de que la Comisión no haya hecho constar que, al tiempo que está concluyendo la realización del mercado único, sigue aumentando el desempleo de manera constante, y expresando su profunda inquietud por el empleo de un lenguaje que, aunque parezca preocupado por los problemas que afrontan los ciudadanos de la Unión, no sugiere ninguna solución nueva para los mismos,

I. Considerando que se puede favorecer la creación de puestos de trabajo mediante el desarrollo de la protección del medio ambiente y del trabajo útil desde el punto de vista social,

J. Manifestando su preocupación por el hecho de que, pese al descenso considerable de las tasas de inflación en la UE, los tipos de interés a largo plazo hayan pasado del 6,8% en diciembre de 1993 al 9,0% en diciembre de 1994 y hayan disminuido solamente hasta el 7,7% en diciembre de 1995, a pesar del acusado descenso de los tipos de interés a corto plazo a lo largo de 1995,

K. Considerando que el deterioro del clima económico y la falta de una estrategia adecuada encaminada a la creación de empleo, como la propuesta en el capítulo 10 del Libro Blanco de Delors, ha provocado un aumento de la tasa de desempleo en la UE, con lo que se ha interrumpido la tendencia descendente comenzada en la primavera de 1994,

L. Considerando que las turbulencias monetarias producidas en la primavera de 1995 podrían haber causado cierta pérdida de confianza del consumidor y de competitividad de los precios en los mercados mundiales, así como una reducción muy intensa de los márgenes de beneficio y que, no obstante, el modelo econométrico de la Comisión que evalúa el impacto de las turbulencias monetarias en el crecimiento del PIB ha sobrestimado la disminución del 0,5% en el producto, ya que las exportaciones de la UE aumentaron en un 8,5% en 1995,

M. Considerando que la compensación social forma parte de la economía social de mercado, que la eficiencia de la economía de mercado se fundamenta en la aceptación de una estructura económica que presupone justicia social distributiva y corresponsabilidad social y tiene en cuenta la protección del medio ambiente,

N. Considerando que la competitividad internacional viene determinada en lo fundamental por la capacidad de innovación de la economía, un elevado nivel de formación y una infraestructura de investigación eficaz, así como por la cooperación transfronteriza entre empresas, universidades y organismos de investigación,

O. Considerando que los fondos privados de pensiones no tienen ninguna o prácticamente ninguna obligación de rendir cuentas a la gran mayoría de las personas que han creado estos activos con su trabajo, y que distintos Estados miembros podrían decidir privatizar los fondos de pensiones, lo que desembocaría en una mayor salida de capitales de la Unión,

1. Acoge con satisfacción el Informe Económico Anual 1996 de la Comisión como un documento útil y de carácter global sobre las perspectivas económicas de la Unión Europea para 1996;

2. Señala que el Informe destaca, entre otros muchos, cuatro factores: pesimismo en las empresas y los consumidores unido a una demanda interna débil, el ciclo económico, las turbulencias monetarias y los elevados tipos de interés a largo plazo en 1994, como responsables del comportamiento decepcionante del crecimiento en 1995 (el 2,5%); acoge con satisfacción, en este sentido, el que la Comisión haya reconocido acertadamente que las políticas monetarias y las turbulencias monetarias son las responsables de la reciente desaceleración y las repercusiones negativas sobre el empleo; insta, por tanto, a las autoridades monetarias a que reduzcan aún más sus tasas de interés hasta donde sea posible;

3. Considera imposible evaluar la eficacia de las medidas políticas a menos que la tarea prioritaria de la lucha contra el desempleo se convierta en parte integral de todas las políticas y se determinen las causas de la desaceleración económica y las limitaciones externas;

4. Reconoce que las actuales políticas presupuestarias nacionales disponen de escaso margen de maniobra para llevar a cabo políticas anticíclicas junto con el hecho de que en lo sucesivo las desaceleraciones económicas a menudo se producirán a escala comunitaria, por lo que pide a la Comisión que estudie la posibilidad de instrumentos políticos anticíclicos a escala comunitaria y presente propuestas en este sentido;

5. Recuerda a la Comisión que, aunque sorprendentemente esta cuestión no se ha abordado en el Informe, la Comunidad debería basar sus políticas económicas y estructurales en una adhesión clara e inequívoca al modelo social europeo, que constituye uno de los aspectos positivos más importantes de la competitividad europea;

6. Considera que la Comisión debería haber examinado otros factores, como los salarios, la flexibilidad del mercado de trabajo, las inversiones públicas en activo fijo, los costes de seguridad social y el endeudamiento privado, que determinan la competitividad y la rentabilidad o la demanda global, o ambas cosas; pide en este sentido a la Comisión que presente, en sucesivos informes anuales, cifras comparativas, en el caso de que existan, para las mencionadas categorías, para cada uno de los países con los que está compitiendo la Unión;

7. Hace suyo el punto de vista de la Comisión según el cual es necesaria una rentabilidad saludable para que se produzca un crecimiento inducido por la inversión, pero señala que la inversión está motivada por una serie de factores complejos, entre los cuales figuran los mercados emergentes o nuevos de bienes y servicios; a este respecto, la UE todavía no ha realizado innovaciones de manera satisfactoria en comparación con los EE.UU. y el Japón, donde el gasto en I+D se concentra más cerca del mercado que en la UE;

8. Comparte la preocupación expresada en el Libro Verde de la Comisión sobre la innovación (COM(95)0688) de que la innovación en Europa se encuentra estancada;

9. Considera que siguen siendo válidas las conclusiones expresadas en el Libro Blanco de 1994 sobre «El crecimiento, la competitividad y el empleo» relativas a que la base industrial y de investigación europea adolece de una serie de puntos débiles:

a) la CE invierte en proporción menos que sus competidores en investigación y desarrollo tecnológico (I+D),

b) la falta de coordinación de los programas y estrategias en materia de I+D,

c) la capacidad limitada para convertir los adelantos científicos y los logros tecnológicos en éxitos industriales y comerciales;

d) la insuficiente inversión en infraestructuras.

Por ello, insta al Consejo y a la Comisión a que presenten propuestas concretas con miras a: la estimulación y el fomento de la I+D mediante beneficios fiscales adecuados, en particular para las PYME, facilitando el acceso y la disponibilidad del capital especulativo para las PYME activas en el ámbito de la I+D y promoviendo una infraestructura de investigación eficaz y la estrecha cooperación transfronteriza entre empresas, universidades y organismos de investigación;

10. Pide, por tanto, al Consejo y a la Comisión que consideren urgentemente la adopción de medidas que fomenten la inversión, como la ampliación del papel de garante de préstamos del BEI y medidas que garanticen una mayor cooperación entre la investigación y las empresas así como entre los Estados miembros, a fin de responder enérgicamente a estos puntos débiles;

11. Apoya las iniciativas que promueven la formación profesional a lo largo de toda la vida, con objeto de que los trabajadores puedan dominar la introducción de nuevas tecnologías en el proceso de producción;

12. Deplora el hecho de que no se haya prestado la debida atención al papel crucial de la inversión pública y privada a la hora de fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, tanto en el análisis económico como en las recomendaciones políticas;

13. Pide, por consiguiente, como una contribución vital a los objetivos comunitarios claves de reducción sustancial del desempleo y transición satisfactoria a la UEM para el 1 de enero de 1999, que se amplíen los instrumentos financieros comunitarios como el BEI y el FEI y que se creen bonos comunitarios para la financiación de proyectos comunitarios importantes de inversión y apoyo económico, en particular para las PYME, teniendo en cuenta que la inversión privada corre el peligro de no poder garantizar por sí sola una recuperación adecuada y un crecimiento económico duradero en Europa; en este contexto, insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que los recortes presupuestarios no afecten a las inversiones públicas y a que se centren en otros ámbitos, como, en particular, los gastos en armamento, que resultan improductivos y son enormemente costosos;

14. Señala que el Informe Anual analiza correctamente el mecanismo de transmisión de las fluctuaciones del dólar de los EE.UU y su impacto sobre la economía de la UE y subraya que para proteger la economía respecto de este tipo de fluctuaciones monetarias, extrañas a la propia Comunidad, es de la máxima importancia la implantación de la moneda única, que al mismo tiempo haría posible un uso más eficaz de la política monetaria;

15. Recuerda a los Estados miembros que la devaluación, que puede suponer un beneficio a corto plazo, no es un sucedáneo de una estrategia económica a largo plazo;

16. Señala que para aprovechar plenamente las ventajas del mercado único, las relaciones entre los tipos de cambio de las diferentes monedas deben mantener una cierta disciplina, como la que proporciona el mecanismo del tipo de cambio y llama a los Estados miembros cuyas monedas no participan de este mecanismo a integrarse en el mismo con la mayor rapidez posible;

17. Observa con interés que en el Informe se manifiesta la existencia de una «estrecha relación entre los tipos de interés a corto plazo y el crecimiento subsiguiente de la actividad ... en la Comunidad en las dos últimas décadas» (sección 1.2.1.), lo que implica que la política monetaria puede afectar a la actividad económica y al crecimiento;

18. Señala que los elogios realizados en el Informe al mínimo histórico de la inflación alcanzado en 1995 deberían considerarse en perspectiva; durante el período comprendido entre 1993 y 1995, la caída de los precios del 4,6% al 3,1% se vió acompañada de un incremento de la tasa de desempleo del 9,3% a alrededor del 11%; y la tasa media de crecimiento del 1,3% estuvo acompañada de un descenso del índice de desempleo del -1% durante el mismo período;

19. Insta a los Estados miembros a que refuercen la cohesión social y el empleo mediante la celebración de un pacto europeo por el empleo que tenga verdadero peso y que combine la verdadera creación de puestos de trabajo con una redistribución entre capital y trabajo de los incrementos de productividad, una redistribución del empleo asalariado y la reorientación de los recursos utilizados actualmente para financiar medidas pasivas tales como la jubilación anticipada y los subsidios de desempleo hacia el amortiguamiento de las repercusiones sociales del desempleo;

20. Manifiesta su preocupación en relación con la transferencia de la inversión productiva a inversiones especulativas o financieras, dada la mayor rentabilidad del factor capital; considera que la creación de un impuesto sobre las transacciones especulativas de capitales podría ayudar a mejorar la rentabilidad del factor trabajo y a premiar la reinversión de los beneficios en el sector productivo, contribuyendo así también a la estabilidad monetaria;

21. Celebra el hecho de que, pese al escaso crecimiento, los déficit públicos se hayan reducido desde 1993, hasta alcanzar un nivel (el -4,7 en 1995) próximo al criterio de convergencia; no obstante, la relación deuda/PIB ha continuado incrementándose, hasta alcanzar un nivel sin precedentes del 71%;

22. Apoya el que la Comisión subraye la necesidad de que las autoridades públicas adopten las medidas necesarias para evitar que el déficit público se siga alejando de su criterio de convergencia, en aquellos casos en que esto haya sucedido; destaca asimismo la necesidad de que se establezcan en los distintos Estados miembros planes claros de consolidación fiscal, a fin de fomentar la confianza creando un entorno más seguro para el crecimiento que resulta tan necesario en los ámbitos de la inversión y el consumo;

23. Recuerda a los Estados miembros y a la Comisión las terribles consecuencias de los déficit públicos elevados, que exigirían para su financiación unos tipos de interés superiores, y subraya la necesidad de proseguir en la línea del esfuerzo en la consolidación presupuestaria;

24. Reconoce, sin embargo, que la prosecución del proceso de consolidación presupuestaria en cada Estado miembro debe fundamentar la reducción sobre todo en los gastos corrientes reducibles y no en los gastos de inversión, principalmente en los sectores de la educación, la formación profesional y la creación de infraestructuras, sectores que pueden generar efectos externos positivos para la dinamización económica y la competitividad empresarial, especialmente en las regiones más desfavorecidas, promiviendo así la convergencia real y la cohesión económica y social;

25. Reconoce la importancia de la contribución de los Fondos estructurales para la reducción de las disparidades regionales y para la consolidación del mercado interior, esencial para dar respuestas homogéneas a impactos económicos externos o a la introducción de nuevas políticas, así como en relación con el objetivo de la cohesión económica y social;

26. Considera que una reducción salarial implicará una reducción de los ingresos en materia de seguridad social, fiscal y otros, y que ésta pérdida de ingresos podría generar un aumento de los déficits presupuestarios en distintos Estados;

27. Subraya la importancia de un equilibrio apropiado de las políticas económicas que se base en estrategias fiscales y monetarias que tiendan a reducir los déficits públicos y a fomentar políticas activas del mercado de trabajo con el fin de luchar contra la exclusión mediante el apoyo a la adaptación al mundo del trabajo y/o la formación profesional, de modo que se mejore la flexibilidad de los mercados de trabajo y de capitales;

28. Destaca que en la situación económica actual la reducción a largo plazo de la deuda pública, acrecentada irresponsablemente en los últimos veinte años, ha de combinarse con la prioridad a corto plazo de la política de empleo y con la prioridad a medio plazo del fomento de la innovación y el crecimiento selectivo;

29. Manifiesta, por consiguiente, su acuerdo con las orientaciones políticas señaladas en el Informe con respecto a los siguientes ámbitos:

a) los aumentos de los salarios deberían ser compatibles con la estabilidad de los precios;

b) una evolución adecuada de los salarios nominales y reales debería garantizar un rentabilidad atrayente de las inversiones, ajustándose al mismo tiempo a la evolución de la productividad, y tener plenamente en cuenta la necesidad de una evolución óptima del poder adquisitivo con miras a lograr un ahorro y una conducta del consumidor adecuados, sobre todo dado el pesimismo latente en los consumidores;

c) debería fomentarse la diferenciación de los salarios según el nivel de cualificación, la formación, las necesidades regionales y la experiencia laboral;

d) debería realizarse una redistribución justa entre capital y trabajo de las ganancias de productividad;

e) en el marco de medidas negociadas entre los interlocutores sociales, las diferencias en los beneficios generados por una evolución salarial que fueran inferiores a los beneficios de productividad sólo deberían justificarse desde el punto de vista económico y social si se tradujeran en medidas e inversiones que generaran empleo;

30. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que recurran a la combinación adecuada de políticas para generar un crecimiento propiciado por las inversiones, como elemento clave para reducir con éxito el grueso del desempleo en la UE;

31. Considera que la atonía de la actividad económica prevista para 1996 ejercerá una repercusión negativa sobre el empleo; por consiguiente, aunque la política económica se centre prioritariamente en medidas que impulsen el crecimiento, también son necesarios una serie de ajustes estructurales de conformidad con los objetivos definidos en el Consejo Europeo de Essen; debería darse prioridad a:

a) la reducción global del horario de trabajo por persona empleada, mediante una estrategia diferenciada que deberán aplicar los interlocutores sociales, con la contribución de ayuda pública en forma de los marcos jurídicos adecuados y ayudas financieras,

b) la reducción de los costes no salariales de la mano de obra, sobre todo en el extremo inferior de la escala de salarios,

c) una mejora del control de la fuerza del trabajo y de la información sobre el mercado laboral tanto en términos de frecuencia como de posibilidad de comparación de los datos,

d) la creación de una amplia estrategia activa de apoyo al empleo, tanto público como privado, sobre todo a escala local así como en el sector de la tecnología medioambiental, que tanto futuro tiene;

32. Rechaza la idea de liberalizar el mercado laboral para impulsar el empleo;

33. Rechaza la idea de que la disminución de los niveles generales de imposición reducirá la tasa de desempleo, ya que este tipo de medidas contribuye a aumentar los déficits presupuestarios y , por consiguiente, pone en peligro los puestos de trabajo en el sector público;

34. Insta una vez más a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a que cumplan su importantísima función de desarrollo económico mediante:

a) la creación de un clima favorable a la actividad de ahorro e inversión y a la creación de empresas, así como de unas condiciones marco que faciliten la participación de los trabajadores en los beneficios y las inversiones (capital productivo) surgidas en último extremo gracias a una política de contención (por ejemplo, orientada a la productividad) de los salarios efectivos,

b) el fomento de la producción industrial en los ámbitos de las tecnologías de vanguardia,

c) el desbloqueo de las redes transeuropeas (transportes, telecomunicaciones),

d) el apoyo de programas de inversión sostenibles desde el punto de vista ecológico y que refuercen la cohesión social;

35. Opina que una estrategia fiable de crecimiento se desarrolla mejor en una sociedad con condiciones sociales estables, que incluyan el pleno empleo, la igualdad entre los distintos grupos sociales, entre hombres y mujeres, y con un equilibrio regional;

36. Destaca que el Informe no trata suficientemente las repercusiones a corto plazo en relación con las repercusiones a largo plazo de la UEM sobre el empleo, y a menos que Europa vuelva a un período de tasas elevadas de crecimiento capaz de reducir el desempleo antes de 1999, combinado con verdaderos progresos hacia la cohesión económica y social, todo el proyecto de la UEM correrá un grave peligro;

37. Comparte la opinión de la Comisión en el sentido de que la prosperidad económica a largo plazo depende de un medio sano y acoge con satisfacción las medidas concretas adoptadas con vistas a que los productores y los consumidores obtengan una señal de los precios más precisa con respecto a los costes integrales de bienes y servicios;

38. Destaca el efecto positivo que puede tener sobre la creación de empleo el desplazamiento gradual de la carga fiscal mediante la reducción de los impuestos sobre la renta del trabajo y la introducción de impuestos que graven la utilización de materias primas escasas y las actividades contaminantes (como el impuesto C02/energía);

39. Coincide con el punto de vista de la Comisión consistente en que el crecimiento sostenible exige una combinación óptima de distintas políticas: económica, monetaria, presupuestaria y de empleo, no obstante debería reconocerse que estas tres políticas adolecen de tres problemas que obstaculizan considerablemente su eficacia:

a) carecen de una coordinación eficaz, lo cual da lugar a un desequilibrio que ha de ser abordado por la CIG, con objeto de reforzar el artículo 103 del Tratado;

b) no siempre se complementan con políticas estructurales;

c) su eficacia resulta más necesaria que nunca debido a la creciente globalización de la economía;

40. Reitera su parecer de que la carga fiscal sobre la mano de obra es excesiva comparada con la carga fiscal sobre el capital, por lo que insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que reformen los sistemas fiscales de tal manera que puedan asumir los retos del crecimiento, la competitividad y el empleo que ha de afrontar la Comunidad;

41. Mantiene el punto de vista consistente en que una estrategia de crecimiento solvente exige la aplicación efectiva de políticas y de una legislación relativas al mercado único y, en particular:

a) la reducción de la carga normativa que afecta a las PYME según la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial,

b) la trasposición de la legislación de la UE a la legislación nacional en sectores importantes como la contratación pública, los seguros, la libre circulación de personas, los servicios audiovisuales y los derechos de propiedad intelectual e industrial;

c) un apoyo especial al sector de la artesanía y a la pequeña empresa,

d) tipos de impuestos más reducidos para los beneficios invertidos que para los distribuidos;

42. Manifiesta su preocupación por la tendencia de las empresas europeas a invertir fuera de la UE más bien que dentro de ella y por el hecho de que el flujo de la inversión extranjera directa en la UE muestre signos de disminuir; insta a la Comisión a que introduzca cambios en la legislación comunitaria en materia de derecho de sociedades en todos los sectores, incluido el financiero, con lo que se garantizará que los ciudadanos de la UE puedan ejercer sus derechos como accionistas en el proceso de toma de decisiones;

43. Considera que el dinamismo renovado del comercio mundial constituye una oportunidad única para la UE e insta a la Comisión a que introduzca modificaciones en la legislación en materia de derechos de sociedades con vistas a garantizar que se tendrán en cuenta consideraciones de tipo social y medioambiental en las políticas de inversión;

44. Considera que es sumamente importante que la Presidencia irlandesa presente en la sesión plenaria de julio de 1996 en Estrasburgo la recomendación sobre las orientaciones generales de la política económica de los Estados miembros y de la Comunidad de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Tratado, tal como ya hizo la Presidencia española en 1995;

45. Pide a la Comisión y al Consejo que refuercen la coordinación de la política económica y la convergencia de los rendimientos económicos de tal manera que se mejore el proceso de las orientaciones generales de la política económica de los Estados miembros y de la Comunidad, estableciendo objetivos a corto plazo para los distintos Estados miembros y previendo, en su caso, recomendaciones para aquellos Estados miembros que no consigan realizar los objetivos fijados por los Estados miembros;

46. Pide a la Comisión que, teniendo en cuenta la mundialización del comercio, garantice que la representación de la Unión en la OMC incluya una representación de los interlocutores sociales y de las ONG que operen en el Tercer Mundo y en el ámbito del medio ambiente;

47. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros.

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