Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**Consejo de la**
**Unión Europea**

**Expediente interinstitucional:**

**2020/0361 (COD)**

**NOTA DE TRANSMISIÓN**

**Bruselas, 16 de diciembre de 2020**
**(OR. en)**

**14124/20**

**COMPET 641**
**MI 576**
**JAI 1116**
**TELECOM 268**
**CT 119**
**PI 92**
**AUDIO 65**
**CONSOM 222**

De: Por la secretaria general de la Comisión Europea, D.ª Martine DEPREZ,
directora

Fecha de recepción: 16 de diciembre de 2020

A: D. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretario general del Consejo de
la Unión Europea

N.° doc. Ción.: COM(2020) 825 final

Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de
servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE

–
Adjunto se remite a las Delegaciones el documento COM(2020) 825 final.

Adj.: COM(2020) 825 final

14124/20 og
#### ECOMP.3A ES

COMISIÓN

EUROPEA

Bruselas, 15.12.2020
COM(2020) 825 final

2020/0361 (COD)

Propuesta de

**REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**

**relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que**

**se modifica la Directiva 2000/31/CE**

(Texto pertinente a efectos del EEE)

{SEC(2020) 432 final} - {SWD(2020) 348 final} - {SWD(2020) 349 final}

### **ES ES**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**1.** **CONTEXTO** **DE** **LA** **PROPUESTA**

**•** **Razones y objetivos de la propuesta**

Desde que se adoptó la Directiva 2000/31/CE [1] (la «Directiva sobre el comercio electrónico»),
han aparecido nuevos e innovadores servicios (digitales) de la sociedad de la información que
han transformado la vida cotidiana de los ciudadanos de la Unión y cambiado sus formas de
comunicarse, conectarse, consumir y hacer negocios. Dichos servicios han contribuido en
gran medida a las transformaciones sociales y económicas que se han producido en la Unión y
en el mundo entero. Al mismo tiempo, esos servicios se han convertido en una fuente de
nuevos riesgos y desafíos, tanto para la sociedad en su conjunto como para las personas que
hacen uso de ellos. Los servicios digitales pueden coadyuvar al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible al contribuir a la sostenibilidad económica, social y
medioambiental. La crisis del coronavirus ha demostrado la importancia que tienen las
tecnologías digitales en todos los aspectos de la vida moderna. Ha puesto claramente de
relieve que nuestra economía y nuestra sociedad dependen de los servicios digitales, así como
las ventajas y los riesgos que se derivan del actual marco de funcionamiento de dichos
servicios.

En su Comunicación _Shaping Europe’s Digital Future_ [2] (Configurar el futuro digital de
Europa), la Comisión se comprometió a actualizar las normas horizontales que definen las
responsabilidades y obligaciones de los prestadores de servicios digitales, especialmente de
las plataformas en línea.

De este modo, la Comisión ha tenido en cuenta los problemas detectados en los informes de
iniciativa propia del Parlamento Europeo y ha analizado las propuestas que contienen. El
Parlamento Europeo adoptó dos resoluciones basadas en el artículo 225 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): «Ley de servicios digitales: una mejora del
funcionamiento del mercado único» [3] y «Ley de servicios digitales: adaptación de las normas
de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea» [4] . El Parlamento
Europeo también adoptó una resolución en virtud del procedimiento no legislativo: «Ley de
servicios digitales y cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales» [5] . En esencia,
estas resoluciones son complementarias en muchos aspectos. Incluyen un firme llamamiento a
mantener los principios básicos de la Directiva sobre el comercio electrónico y proteger los
derechos fundamentales en el entorno en línea, así como el anonimato en línea siempre que
sea técnicamente posible. Establecen obligaciones de transparencia, información y rendición
de cuentas para los prestadores de servicios digitales y abogan por la imposición de
obligaciones eficaces para actuar contra los contenidos ilícitos en línea. También abogan por
la supervisión pública en el ámbito nacional y de la UE, así como por la cooperación entre las

1 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados

aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el
[mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2000:178:TOC)
2 [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf.](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf)
3 Parlamento Europeo, Resolución sobre una mejora del funcionamiento del mercado único [2020/2018(INL)].
4 Parlamento Europeo, Resolución sobre la adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades

comerciales que operan en línea [2020/2019(INL)].
5 Parlamento Europeo, Resolución sobre la Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los derechos

fundamentales [2020/2022(INI)].

### ES 1 ES

autoridades competentes de las distintas jurisdicciones para hacer cumplir la ley,
especialmente en relación con asuntos transfronterizos.

La Resolución sobre la Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado
único exige una reforma ambiciosa del actual marco jurídico del comercio electrónico en la
UE, así como el mantenimiento simultáneo de los principios esenciales de su régimen de
responsabilidad, la prohibición de imponer una obligación general de supervisión y la cláusula
de mercado interior, que considera que mantienen su validez hasta hoy. La resolución
confirma los objetivos de la Directiva sobre el comercio electrónico y, a través de una sección
dedicada a los mercados en línea, exige medidas cuya finalidad esencial sea la protección del
consumidor y que garanticen la confianza de este en la economía digital, respetando al mismo
tiempo los derechos fundamentales de los usuarios. La resolución también aboga por que se
adopten normas que sustenten un entorno digital competitivo en Europa, y contempla la Ley
de servicios digitales como un instrumento para establecer normas a escala mundial.

La Resolución sobre la Ley de servicios digitales: adaptación de las normas de Derecho
mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea exige mayor equidad,
transparencia y rendición de cuentas en los procesos de moderación de contenidos de los
servicios digitales, de modo que se asegure el respeto de los derechos fundamentales y se
garanticen vías de recurso judicial independientes. La resolución también solicita un
mecanismo de «notificación y acción» que permita actuar contra los contenidos ilícitos, unas
normas exhaustivas en materia de publicidad en línea, incluida la publicidad personalizada,
así como unas medidas que favorezcan la formulación y aplicación de contratos inteligentes.

La Resolución no legislativa sobre la Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con
los derechos fundamentales pone de manifiesto la necesidad de que exista claridad jurídica
para las plataformas y los usuarios, así como respecto a los derechos fundamentales ante el
rápido desarrollo de la tecnología. Requiere normas armonizadas para combatir los contenidos
ilícitos en línea y para regular las exenciones de responsabilidad y la moderación de
contenidos. La resolución también incluye unas responsabilidades claras de información y
transparencia para las plataformas y las autoridades. Las Conclusiones del Consejo [6] también
acogen con satisfacción el anuncio de una Ley de servicios digitales por parte de la Comisión,
haciendo hincapié en «la necesidad de contar con unas normas sobre responsabilidades y
rendición de cuentas para los servicios digitales que sean claras, armonizadas y basadas en
hechos y que garanticen a los intermediarios de internet un nivel adecuado de seguridad
jurídica» y destacando «la necesidad de potenciar las capacidades de Europa y la cooperación
de las autoridades nacionales, preservando y reforzando los principios fundamentales del
Mercado Único, así como de aumentar la seguridad de los ciudadanos y de proteger sus
derechos en el entorno digital en todo el Mercado Único». Este llamamiento se reiteró en las
Conclusiones del Consejo de 2 de octubre de 2020 [7] .

Sobre la base de los principios esenciales establecidos en la Directiva sobre el comercio
electrónico, que mantienen su validez hasta hoy, esta propuesta pretende garantizar las
mejores condiciones para la prestación de servicios digitales innovadores en el mercado
interior, contribuir a la seguridad en línea y la protección de los derechos fundamentales, y
establecer una estructura de gobernanza robusta y duradera para la supervisión efectiva de los
prestadores de servicios intermediarios.

6 Conclusiones del Consejo sobre la configuración del futuro digital de Europa, 8711/20 de 9 de junio de 2020,

[https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/es/pdf.](https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/es/pdf)
7 [https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf.](https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf)

### ES 2 ES

La propuesta define unas responsabilidades claras, también en materia de rendición de
cuentas, para los prestadores de servicios intermediarios, especialmente las plataformas
en línea como los mercados y las redes sociales. Con la imposición de unas obligaciones
claras de diligencia debida para determinados servicios intermediarios, como procedimientos
de notificación y acción en relación con los contenidos ilícitos y la posibilidad de impugnar
las decisiones de moderación de contenidos de las plataformas, la propuesta trata de mejorar
la seguridad de los usuarios en línea en toda la Unión y reforzar la protección de sus derechos
fundamentales. Además, imponer a determinadas plataformas en línea la obligación de
recibir, conservar y en parte verificar y publicar información sobre los comerciantes usuarios
de sus servicios garantizará un entorno en línea más seguro y transparente para los
consumidores. En reconocimiento del especial impacto que tienen las plataformas en línea de
mayor tamaño en nuestra economía y nuestra sociedad, la propuesta establece un nivel más
alto de transparencia y rendición de cuentas para los procedimientos de moderación de
contenidos utilizados por los prestadores de dichas plataformas, para la publicidad y para los
procesos algorítmicos. Impone obligaciones de evaluar los riesgos que sus sistemas presentan
para desarrollar herramientas de gestión de riesgos a fin de proteger la integridad de sus
servicios frente al empleo de técnicas de manipulación. El umbral operativo de los prestadores
de servicios sujetos a estas obligaciones incluye aquellas plataformas en línea que tienen un
importante alcance en la Unión, estimado actualmente en más de cuarenta y cinco millones de
destinatarios del servicio. Este umbral es proporcional a los riesgos que entraña el alcance de
las plataformas en la Unión; cuando la población de la Unión varíe en un determinado
porcentaje, la Comisión ajustará el número de destinatarios considerado para fijar el umbral,
de modo que se corresponda sistemáticamente con el 10 % de la población de la Unión.
Asimismo, la Ley de servicios digitales establecerá un mecanismo de protección de
corregulación, que incluye el aprovechamiento de iniciativas voluntarias ya existentes.

La propuesta mantiene las normas de responsabilidad para los prestadores de servicios
intermediarios estipuladas en la Directiva sobre el comercio electrónico, ya consolidada como
fundamento de la economía digital y esencial para la protección de los derechos
fundamentales en línea. Dichas normas han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, que ha proporcionado valiosas aclaraciones y orientaciones. No obstante,
para garantizar una armonización efectiva en el conjunto de la Unión y evitar la
fragmentación jurídica, es necesario incluir esas normas en un Reglamento. También es
oportuno aclarar algunos de sus aspectos a fin de eliminar factores que desincentivan las
investigaciones propias de carácter voluntario realizadas por los prestadores de servicios
intermediarios para garantizar la seguridad de sus usuarios y aclarar su rol desde la
perspectiva de los consumidores en determinadas circunstancias. Esas aclaraciones deben
ayudar a los prestadores innovadores de menor tamaño a ampliar su escala y crecer, gracias a
una mayor seguridad jurídica.

Un mercado único más profundo y sin fronteras para los servicios digitales requiere una
mayor cooperación entre los Estados miembros para garantizar la eficacia en la supervisión y
ejecución de las nuevas normas estipuladas en la propuesta de Reglamento. La propuesta
determina unas responsabilidades claras para el Estado miembro que supervisa el
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la propuesta de Reglamento por parte de los
prestadores de servicios radicados en su territorio. De este modo se garantiza la máxima
rapidez y eficacia en la ejecución de las normas y se protege a todos los ciudadanos de la
Unión. Se trata de establecer unos procesos sencillos y claros para que tanto los ciudadanos
como los prestadores de servicios encuentren alivio en sus interacciones con las autoridades
supervisoras. La propuesta de Reglamento contempla medidas de supervisión y ejecución a
escala de la Unión para el caso de que aparezcan riesgos sistémicos.

### ES 3 ES

**•** **Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial**

El marco jurídico que regula los servicios digitales en la UE se sustenta principalmente en la
Directiva sobre el comercio electrónico. La presente propuesta de Reglamento ha de
entenderse sin perjuicio de la Directiva sobre el comercio electrónico y se basa en las
disposiciones que la misma contiene, en particular en relación con el principio del mercado
interior establecido en su artículo 3. La propuesta de Reglamento establece un mecanismo de
cooperación y coordinación para la supervisión de las obligaciones que impone. Con respecto
al marco horizontal de la exención de responsabilidad para los prestadores de servicios
intermediarios, el presente Reglamento suprime los artículos 12 a 15 de la Directiva sobre el
comercio electrónico y los reproduce en el Reglamento, manteniendo las exenciones de
responsabilidad de dichos prestadores, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.

En función del régimen jurídico de cada Estado miembro y el campo del derecho de que se
trate, las autoridades judiciales o administrativas nacionales pueden ordenar a los prestadores
de servicios intermediarios que actúen contra determinados contenidos ilícitos. Estas órdenes,
especialmente cuando requieran que el prestador impida la reaparición de contenidos ilícitos,
deben dictarse en cumplimiento del Derecho de la Unión, especialmente con la prohibición de
imponer obligaciones generales de supervisión, según la interpretación del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea [8] . Esta propuesta, en particular su artículo 8, no afecta a esta
jurisprudencia. La presente propuesta debe constituir el fundamento apropiado para el
desarrollo de tecnologías sólidas que impidan la reaparición de información ilícita,
acompañadas de las salvaguardias más estrictas para evitar que se retiren contenidos lícitos
por error; estas herramientas podrían desarrollarse en virtud de acuerdos voluntarios entre
todas las partes afectadas con el apoyo de los Estados miembros; interesa a todas las partes
implicadas en la prestación de servicios intermediarios adoptar y aplicar tales procedimientos;
las disposiciones del presente Reglamento en materia de responsabilidad no deberían impedir
el desarrollo y el uso efectivo, por las distintas partes interesadas, de sistemas técnicos de
protección e identificación y de reconocimiento automático gracias a la tecnología digital
dentro de los límites establecidos por el Reglamento 2016/679.

**•** **Coherencia con otras políticas de la Unión**

La presente propuesta de Reglamento introduce un marco horizontal para todas las categorías
de contenidos, productos, servicios y actividades en servicios intermediarios. El carácter
ilícito de tales contenidos, productos o servicios no se define en el presente Reglamento, sino
que se deriva del Derecho de la Unión o de legislación nacional conforme al Derecho de la
Unión.

Los instrumentos sectoriales no abarcan todas las carencias reglamentarias reflejadas en el
informe de evaluación de impacto: no establecen normas totalmente desarrolladas sobre las
obligaciones procedimentales relacionadas con los contenidos ilícitos y únicamente incluyen
normas básicas de transparencia y rendición de cuentas de los prestadores de servicios y
mecanismos de supervisión limitados. Además, las leyes sectoriales comprenden situaciones
que necesitan enfoques adaptados. En cuanto a su alcance, están limitadas desde dos puntos
de vista. Primero, las intervenciones sectoriales actúan sobre un pequeño subconjunto de
problemas (por ejemplo, infracciones de derechos de autor, contenidos terroristas, materiales
relacionados con el abuso sexual de menores o delitos de incitación al odio, algunos productos
ilegales). Segundo, solo se refieren a la difusión de tales contenidos en determinados tipos de

8 Por ejemplo, sentencia de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek (C-18/18).

### ES 4 ES

servicios (por ejemplo, un subconjunto de plataformas en línea para la infracción de derechos
de autor, solo plataformas de intercambio de vídeos y solo en relación con contenidos
audiovisuales terroristas o la incitación al odio). Sin embargo, es importante aclarar la
relación que existe entre la nueva propuesta de Reglamento y los instrumentos sectoriales.

La propuesta de Reglamento es complementaria de la legislación sectorial existente y no
afecta a la aplicación de las leyes de la UE que regulan determinados aspectos de la prestación
de servicios de la sociedad de la información, que se aplican con carácter de _lex specialis_ . A
modo de ejemplo, seguirán aplicándose las obligaciones estipuladas en la
Directiva 2010/13/CE, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/1808, sobre los
prestadores de plataformas de intercambio de vídeos (Directiva de servicios de comunicación
audiovisual) en lo que respecta a contenidos audiovisuales y comunicación comercial
audiovisual. Sin embargo, el presente Reglamento se aplica a esos prestadores en la medida
en que la Directiva de servicios de comunicación audiovisual u otros actos jurídicos de la
Unión, como la propuesta de Reglamento para la prevención de la difusión de contenidos
terroristas en línea, no contengan disposiciones de carácter más específico que les sean
aplicables.

El marco establecido en el Reglamento (UE) 2019/1150, sobre el fomento de la equidad y la
transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea, a fin de
garantizar que los usuarios profesionales de dichos servicios y los usuarios de sitios web
corporativos en relación con motores de búsqueda en línea dispongan de opciones apropiadas
de transparencia, de equidad y de reclamación, será de aplicación con carácter de
_lex specialis_ .

Además, las disposiciones de la presente propuesta serán complementarias al acervo de
protección del consumidor y, en concreto, en lo que respecta a la Directiva (UE) 2019/2161,
por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo, y las Directivas 98/6/CE,
2005/29/CE y 2011/83/UE, que establecen normas concretas para aumentar la transparencia
en algunas de las funciones ofrecidas por determinados servicios de la sociedad de la
información.

Esta propuesta ha de entenderse sin perjuicio del Reglamento (UE) 2016/679 (el Reglamento
General de Protección de Datos) y otras normas de la Unión sobre la protección de los datos
personales y la privacidad de las comunicaciones. Por ejemplo, las medidas relativas a la
publicidad en las plataformas en línea complementan, pero no modifican, las normas
existentes sobre consentimiento y el derecho de oposición al tratamiento de los datos
personales. Imponen obligaciones de transparencia para con los usuarios de las plataformas
en línea, y esta información también les permitirá ejercer sus derechos como interesados.
Además, permiten que autoridades e investigadores autorizados examinen la forma en que se
presentan los anuncios y cómo se personalizan.

La presente propuesta se complementará con acciones adicionales en el marco del Plan de
Acción para la Democracia Europea [COM(2020) 790 final], con el objetivo de empoderar a
los ciudadanos y aumentar la resiliencia de las democracias de la Unión. En particular, las
disposiciones del presente Reglamento en materia de códigos de conducta podrían servir de
base para adoptar un Código de práctica sobre desinformación revisado y reforzado, a partir
de las orientaciones de la Comisión, con el que se complementarían.

La propuesta también apoya y es plenamente coherente con las estrategias de igualdad
adoptadas por la Comisión en el contexto de la Unión de la Igualdad. La propuesta ha de

### ES 5 ES

entenderse sin perjuicio de la iniciativa de la Comisión destinada a mejorar las condiciones
laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales.

Por último, la propuesta de Reglamento se basa en la Recomendación sobre contenidos
ilícitos de 2018 [9] . Tiene en cuenta la experiencia adquirida en las medidas de autorregulación
apoyadas por la Comisión, como el compromiso de seguridad de los productos [10], el
memorando de entendimiento contra los productos falsificados [11], el Código de conducta para
combatir el delito de incitación al odio en internet [12], y el Foro de Internet de la UE sobre
contenido terrorista en línea.

**2.** **BASE** **JURÍDICA,** **SUBSIDIARIEDAD** **Y** **PROPORCIONALIDAD**

**•** **Base jurídica**

La base jurídica de la propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, que trata de la adopción de medidas para garantizar el funcionamiento del mercado
interior.

El objetivo principal de la presente propuesta es garantizar el correcto funcionamiento del
mercado interior, especialmente en relación con la prestación de servicios digitales
transfronterizos (más concretamente, servicios intermediarios). En consonancia con este
objetivo, la propuesta trata de establecer unas condiciones armonizadas para el desarrollo de
servicios transfronterizos innovadores en la Unión, al abordar y prevenir la aparición de
obstáculos para tal actividad económica a consecuencia de las distintas maneras de formular
las leyes nacionales, teniendo en cuenta que varios Estados miembros han legislado o
pretenden legislar cuestiones tales como la supresión de contenidos ilícitos en línea, la
diligencia, procedimientos de notificación y acción, y la transparencia. Al mismo tiempo, la
propuesta contempla la adecuada supervisión de los servicios digitales y la cooperación entre
autoridades a escala de la Unión, para favorecer así la confianza, la innovación y el
crecimiento en el mercado interior.

**•** **Subsidiariedad**

Teniendo en cuenta que internet es transfronteriza por naturaleza, las iniciativas legislativas
de ámbito nacional antes mencionadas dificultan la prestación y recepción de los servicios en
el territorio de la Unión y son ineficaces para garantizar la seguridad y la protección uniforme
de los derechos de los ciudadanos y las empresas de la Unión en línea. La armonización de las
condiciones para el desarrollo de servicios digitales transfronterizos innovadores en la Unión,
a la vez que se mantiene un entorno en línea seguro, solo puede llevarse a cabo en el ámbito
de la Unión.

Actuar en el ámbito de la Unión ofrece predictibilidad y seguridad jurídica, y reduce los
costes de cumplimiento en toda la Unión. Al mismo tiempo, fomenta la protección de todos
los ciudadanos de la Unión por igual, garantizando la coherencia en las actuaciones contra los
contenidos ilícitos en línea por parte de los prestadores de servicios intermediarios, sea cual
sea su lugar de establecimiento. Un sistema de supervisión bien coordinado, reforzado en el

9 Recomendación de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir eficazmente los

contenidos ilícitos en línea [COM(2018) 1177 final].
10 [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en)

[safety-pledge_en.](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en)
11       -       -       https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual [property/enforcement/memorandum](https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en) understanding

[sale-counterfeit-goods-internet_en.](https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en)
12 [https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-](https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en)

[xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en.](https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en)

### ES 6 ES

ámbito de la Unión, también garantiza un enfoque coherente aplicable a los prestadores de
servicios intermediarios que operan en todos los Estados miembros.

Para proteger eficazmente a los usuarios en línea y evitar que los prestadores de servicios
digitales radicados en la Unión sufran una desventaja competitiva, es necesario abarcar
también a los prestadores de servicios pertinentes establecidos fuera de la Unión que operen
en el mercado interior.

**•** **Proporcionalidad**

La propuesta pretende fomentar un comportamiento responsable y diligente por parte de los
prestadores de servicios intermediarios para garantizar un entorno en línea seguro, que
permita a los ciudadanos de la Unión y a otras partes ejercer libremente sus derechos
fundamentales, en particular, la libertad de expresión e información. Las características
principales de la propuesta limitan el Reglamento a lo estrictamente necesario para alcanzar
esos objetivos.

En particular, la propuesta establece obligaciones asimétricas de diligencia debida para
diferentes tipos de prestadores de servicios digitales en función de la naturaleza de sus
servicios y su dimensión, al objeto de garantizar que sus servicios no se utilicen
indebidamente para realizar actividades ilícitas y que los prestadores actúen de manera
responsable. Este enfoque aborda determinados problemas detectados únicamente en el lugar
en el que se materializan, sin sobrecargar a los prestadores no afectados por ellos. Ciertas
obligaciones sustantivas se limitan exclusivamente a plataformas en línea de muy gran
tamaño, que por su alcance han adquirido un papel esencial y sistémico para facilitar el debate
público y las transacciones económicas. Los prestadores muy pequeños están completamente
exentos de esas obligaciones.

En lo que respecta a los prestadores de servicios digitales establecidos fuera de la Unión pero
que ofrecen servicios en su territorio, el Reglamento exige el nombramiento de un
representante legal en la Unión que garantice la eficacia en la supervisión y, en su caso, en la
ejecución.

En proporción a tales obligaciones, y teniendo en cuenta el carácter transfronterizo de los
servicios digitales, la propuesta introducirá un mecanismo de cooperación entre los Estados
miembros con una supervisión reforzada de las plataformas en línea de muy gran tamaño en el
ámbito de la Unión. Además, la propuesta no modifica legislación sectorial ni los mecanismos
de ejecución y gobernanza previstos en la misma, sino que establece un marco horizontal de
base para aspectos que van más allá de contenidos específicos o subcategorías de servicios
regulados en actos jurídicos de carácter sectorial.

Mediante el establecimiento de un marco claro, acompañado de la cooperación entre los
Estados miembros y con estos, así como de la autorregulación, esta propuesta tiene por objeto
reforzar la seguridad jurídica e incrementar los niveles de confianza, a la vez que mantiene su
pertinencia y eficacia a largo plazo gracias a la flexibilidad del marco de cooperación.

**•** **Elección del instrumento**

El artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea otorga al legislador la
posibilidad de adoptar reglamentos y directivas.

La Comisión ha decidido presentar una propuesta de Reglamento para asegurar un grado de
protección coherente en toda la Unión y evitar divergencias que dificulten la libre prestación
de los servicios pertinentes en el mercado interior, así como garantizar la protección uniforme
de derechos y obligaciones uniformes para las empresas y los consumidores en todo el

### ES 7 ES

mercado interior. Esto es necesario para ofrecer seguridad jurídica y transparencia a los
operadores económicos y los consumidores por igual. La propuesta de Reglamento también
asegura una vigilancia sistemática de los derechos y las obligaciones, y establece sanciones
equivalentes en todos los Estados miembros, así como una cooperación efectiva entre las
autoridades de supervisión de distintos Estados miembros y en el ámbito de la Unión.

**3.** **RESULTADOS** **DE** **LAS** **EVALUACIONES** _**EX**_ _**POST**_ **,** **LAS** **CONSULTAS** **CON**
**LAS** **PARTES** **INTERESADAS** **Y** **LAS** **EVALUACIONES** **DE** **IMPACTO**

**•** **Evaluaciones** _**ex post**_ **/ controles de adecuación de la legislación existente**

Esta propuesta se basa en la evaluación de la Directiva sobre el comercio electrónico,
realizada de forma consecutiva a la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta. La
Directiva sobre el comercio electrónico tenía como objetivos específicos i) el buen
funcionamiento del mercado interior de servicios digitales, ii) la eliminación efectiva de los
contenidos ilícitos en línea con pleno respeto de los derechos fundamentales, y iii) un nivel
adecuado de información y transparencia para los consumidores.

En lo que respecta a la **eficacia** de la Directiva sobre el comercio electrónico, la evaluación
demuestra que, si bien la Directiva ha supuesto un importante incentivo para el crecimiento
del mercado interior de servicios digitales y ha facilitado el acceso y la expansión de nuevos
prestadores de tales servicios, sus objetivos iniciales no se han alcanzado por completo.

En particular, el crecimiento dinámico de la economía digital y la aparición de nuevos tipos
de prestadores de servicios plantean ciertos retos nuevos, que los Estados miembros gestionan
de forma diferente y que hacen necesario clarificar los objetivos iniciales. Además, estos
hechos ejercen una presión adicional sobre el cumplimiento de los objetivos ya existentes, tal
como demuestra la creciente fragmentación jurídica.

La evaluación también demostró que, si bien varios instrumentos reglamentarios nuevos
realizan contribuciones valiosas para el cumplimiento de algunos de los objetivos marcados
en la Directiva sobre el comercio electrónico, estos solo ofrecen soluciones de carácter
sectorial para algunos de los problemas subyacentes (por ejemplo, para frenar la proliferación
de determinados tipos de actividades ilícitas). Por lo tanto, no abordan esta clase de problemas
de forma coherente en todo el ecosistema digital, ya que se limitan a determinados tipos de
servicios o determinados tipos de contenidos ilícitos. Además, aunque las iniciativas de
autorregulación han mostrado resultados positivos en general, no se pueden hacer cumplir
legalmente, ni abarcan a todos los participantes de la economía digital. En lo que respecta a la
**eficiencia** de la Directiva sobre el comercio electrónico, esta solo imponía costes adicionales
limitados a las administraciones de los Estados miembros y a los prestadores de servicios de
la sociedad de la información. La evaluación no ha revelado unos costes particularmente
elevados o desproporcionados y tampoco se han planteado preocupaciones sustanciales en
cuanto a sus repercusiones para las pequeñas y medianas empresas. El principal problema, en
este sentido, tiene que ver con la falta de claridad en el mecanismo de cooperación entre los
Estados miembros, que genera cargas y duplicación de costes a pesar de que la Directiva se
marcaba como objetivo lo contrario, en particular en lo que respecta a la supervisión de las
plataformas en línea. Esto ha reducido esencialmente su eficiencia para mantener el
funcionamiento del mercado interior.

En relación con las dudas acerca de si los objetivos perseguidos por la Directiva sobre el
comercio electrónico continúan siendo **pertinentes**, la evaluación demuestra que estos
objetivos siguen siendo válidos, aunque al mismo tiempo hay circunstancias nuevas que no
están bien reflejadas en los objetivos de política pública existentes.

### ES 8 ES

Primero, la consulta pública abierta, las comunicaciones específicas de las partes interesadas,
los informes elaborados por el Parlamento Europeo [13], así como las conclusiones del
Consejo [14], confirman que los principios y objetivos de la Directiva sobre el comercio
electrónico siguen siendo válidos en la actualidad. Sin embargo, desde la entrada en vigor de
la Directiva han surgido nuevos riesgos y asimetrías de información, relacionados
concretamente con la aparición de las plataformas en línea, especialmente las de mayor
tamaño, y la magnitud de la transformación digital. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de las
decisiones algorítmicas (que afectan a la intermediación de los flujos de información en línea)
o de los sistemas de publicidad en línea.

La evaluación demostró que la Directiva sobre el comercio electrónico es **coherente** con otras
intervenciones realizadas por la UE desde su adopción. La evaluación tampoco detectó
ninguna incoherencia interna en la Directiva sobre el comercio electrónico.

Por último, al menos parte de las ventajas específicas de la Directiva sobre el comercio
electrónico establecidas en la evaluación podrían considerarse **valor añadido de la UE** . Es
probable que los Estados miembros hubieran continuado aplicando sus propios regímenes de
regulación en ausencia de un conjunto de principios comunes y que algunos Estados
miembros hubieran seguido sin aplicar ningún tipo de normas horizontales. Sin embargo, a
falta de datos fehacientes, no es posible extraer conclusiones firmes en cuanto a la magnitud
de este valor añadido de la UE.

**•** **Consultas con las partes interesadas**

Durante los cinco últimos años, la Comisión ha mantenido consultas con una gran variedad de
partes interesadas, incluidos prestadores de servicios digitales como plataformas en línea y
otros servicios intermediarios, empresas que operan en línea, editores de medios de
comunicación, propietarios de marca y otros negocios, interlocutores sociales, usuarios de
servicios digitales, organizaciones de la sociedad civil, autoridades nacionales, el mundo
académico, la comunidad técnica, las organizaciones internacionales y el público en general.
A través de una serie de iniciativas de consulta selectivas se han recabado opiniones
detalladas de las partes interesadas sobre cuestiones relacionadas con los servicios y las
plataformas digitales a lo largo de los últimos años.

La consulta pública sobre la Ley de servicios digitales permaneció abierta durante catorce
semanas, entre el 2 de junio y el 8 de septiembre, y recibió 2 863 respuestas y unos
trescientos informes de posición de un grupo diverso de partes interesadas. La mayor parte de
las opiniones fueron aportadas por el público en general (el 66 % ciudadanos de la Unión y el
8 % ciudadanos de terceros países), empresas u organizaciones empresariales (el 7,4 %),
asociaciones de empresas (el 6 %) y ONG (el 5,6 %), seguidos de autoridades públicas (el
2,2 %), instituciones académicas o de investigación (el 1,2 %), sindicatos (el 0,9 %) y
organizaciones de consumidores y ecologistas (el 0,4 %).

En conjunto, existe un acuerdo general entre las partes interesadas sobre la necesidad de
actuar, tanto para garantizar la seguridad en línea como para impulsar el mercado interior de
servicios digitales.

Las partes interesadas coinciden en que los principios fundamentales de la Directiva sobre el
comercio electrónico continúan siendo pertinentes y deben mantenerse, incluido el principio

13 Parlamento Europeo, _ibidem_ .
14 La configuración del futuro digital de Europa, disponible en:
[https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/es/pdf.](https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/es/pdf)

### ES 9 ES

del mercado interior para la supervisión de los servicios digitales, el régimen de
responsabilidad, y la prohibición de imponer obligaciones generales de supervisión.

Las partes interesadas también están básicamente de acuerdo en la necesidad de actualizar el
marco a la luz de los retos actuales, mediante el establecimiento de obligaciones claras para
los prestadores de servicios, armonizadas en el conjunto de la UE. La mayoría de los
encuestados de todas las categorías dicen haber encontrado contenidos, productos o servicios
nocivos e ilícitos en línea, y en particular han observado un pico alarmante durante la
pandemia de COVID-19. Una parte importante de los encuestados que dicen haber notificado
contenidos o productos ilícitos a los prestadores de servicios digitales expresan su descontento
con la respuesta y la ineficacia de los mecanismos de información una vez realizada la
denuncia. Además, los usuarios perciben que las políticas adoptadas por los prestadores no se
corresponden con sus acciones concretas.

Existe un amplio consenso, también entre los prestadores de servicios que contestaron a la
consulta, sobre la necesidad de establecer unas obligaciones sencillas, normalizadas y
transparentes de notificación y acción, armonizadas para todo el mercado interior. Esto se
considera esencial para dar una respuesta rápida a la presencia de contenidos ilícitos y
reforzar la claridad jurídica para los usuarios de las plataformas y para las pequeñas
plataformas que desean expandirse en el mercado interior. Los encuestados también coinciden
en la importancia de contar con mecanismos de recurso.

En relación con los mercados en línea, varias partes interesadas señalaron la necesidad de
adoptar medidas más específicas, como la identificación de los vendedores.

Los encuestados también están de acuerdo en general en que el ámbito territorial de estas
obligaciones debería incluir a todos los operadores que ofrecen bienes, información o
servicios en la Unión, sea cual sea su lugar de establecimiento. Una parte importante de los
encuestados resalta además la importancia de estas cuestiones en particular en relación con las
grandes plataformas.

Existe un acuerdo general entre las partes interesadas en que los contenidos «nocivos» (si bien
no ilícitos, o al menos no necesariamente) no deberían estar definidos en la Ley de servicios
digitales y no deberían estar sujetos a obligaciones de retirada, ya que esta es una cuestión
delicada con graves implicaciones para la protección de la libertad de expresión.

Sin embargo, la forma en que los sistemas algorítmicos configuran los flujos de información
en línea es un aspecto que preocupa a una amplia categoría de partes interesadas. Varias
partes interesadas, en particular la sociedad civil y el mundo académico, señalan la necesidad
de realizar auditorías algorítmicas de rendición de cuentas y transparencia, especialmente en
relación con la forma de priorizar y personalizar la información. Del mismo modo, en relación
con la publicidad en línea, las opiniones de las partes interesadas reflejan las preocupaciones
generales sobre la falta de empoderamiento de los usuarios y de medidas significativas de
supervisión y ejecución.

En lo que respecta a la ejecución, existe entre las partes interesadas la idea generalizada de
que debería mejorarse la cooperación entre las autoridades, tanto en el ámbito transfronterizo
como en el de cada Estado miembro. La supervisión por parte de la UE se considera crucial y
la mayoría de los encuestados parecen mostrarse favorables a la existencia de una entidad de
supervisión unificada.

**•** **Obtención y uso de asesoramiento especializado**

Los preparativos de la propuesta se basan en una amalgama de estudios y asesoramiento
experto, incluidos algunos estudios jurídicos que se encargaron en relación con la aplicación

### ES 10 ES

de la Directiva sobre el comercio electrónico y la situación de fragmentación jurídica [15],
estudios sobre la transparencia algorítmica y la rendición de cuentas [16], así como estudios
internos sobre los costes de la moderación de contenidos, regímenes de responsabilidad de los
intermediarios, y el coste de la no Europa, con el apoyo del Centro Común de Investigación
de la Comisión Europea. Para recabar las opiniones y percepciones del público en general, la
Comisión realizó un Eurobarómetro en 2018 con una muestra representativa de más de
33 000 encuestados de todos los Estados miembros [17] .

El análisis jurídico también se basa en abundante jurisprudencia, sentada en particular por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con varias disposiciones de la Directiva
sobre el comercio electrónico y actos conexos, como las disposiciones relativas a la
interpretación del concepto de «servicios de la sociedad de la información» [18] o las
disposiciones relativas a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios [19] .
La Comisión también obtuvo asesoramiento especializado y opiniones a través de consultas
selectivas y actividades de participación, incluida una serie de talleres, conferencias,
entrevistas con expertos y jueces, consultas con el Grupo de Expertos sobre comercio
electrónico, así como numerosas reuniones bilaterales y análisis de informes de posición e
investigación específicos de organizaciones, representantes sectoriales, la sociedad civil y el
mundo académico.

Por último, el análisis se basa en una revisión de bibliografía adicional, estudios e informes de
investigación presentados por académicos en la consulta pública y otros estudios
independientes, incluido el conjunto de estudios realizados para el Parlamento Europeo [20] .

**•** **Evaluación de impacto**

El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable con reservas sobre la
evaluación de impacto, que incluía propuestas de mejora [21] . El informe de evaluación de
impacto se revisó en este sentido, concretamente para aclarar las conexiones existentes entre

15 Van Hoboken J. et al (2018), _Hosting Intermediary Services and Illegal Content Online,_ and Schwemer, S.,

Mahler, T. & Styri, H. (2020). _Legal analysis of the intermediary service providers of non-hosting nature,_ ICF,
Grimaldi, _The Liability Regime and Notice-and-Action Procedures_, SMART 2016/0039.
16 _–_
Optimity Advisors, SMART 2017/ 0055 _Algorithmic Awareness building_ _State of the art report_ and LNE,

_Governance and Accountability Mechanisms for Algorithmic Systems_ (en preparación). SMART 2018/37.
17 Eurobarometer TNS. (2018, julio). _Flash Eurobarometer 469: Illegal content online._
18 Por ejemplo, sentencia de 2 de diciembre de 2010, Ker-Optika, C-108/09, EU:C:2010:725; sentencia de 11 de

septiembre de 2014, Papasavvas, C-291/13, EU:C:2014:2209; sentencia de 15 de septiembre de 2016,
McFadden, C-484/14, EU:C:2016:689; sentencia de 9 de marzo de 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C434/15, EU:C:2017:981 o sentencia de 19 de diciembre de 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, EU:C:2019:1112.
19 Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159; sentencia

de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474; sentencia de 24 de noviembre de 2011,
Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771; sentencia de 16 de febrero de 2012, SABAM, C-360/10,
EU:C:2012:85; sentencia de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192; sentencia
de 15 de septiembre de 2016, McFadden, C-484/14, EU:C:2016:689 o sentencia de 3 de octubre de 2019,

‑
Glawischnig-Piesczek, C 18/18, EU:C:2019:821.
20 Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único, disponible en:

[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_ES.html.](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_ES.html) Ley de [servicios](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_ES.html) digitales:
[adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea,](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_ES.html)
disponible en: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_ES.html.](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_ES.html) [Ley de servicios](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_ES.html)
digitales y cuestiones [relacionadas](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_ES.html) con los derechos fundamentales, disponible en:
[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_ES.html.](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_ES.html)
21 Los enlaces a la ficha de síntesis y al dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario se incorporarán

tras su publicación.

### ES 11 ES

la Ley de servicios digitales y el marco reglamentario general, y aportó descripciones más
detalladas de las opciones políticas y un análisis más detallado de los datos subyacentes
analizados en el informe revisado de la evaluación de impacto.

La importancia de los servicios digitales para nuestra economía y nuestra sociedad seguirá en
aumento, pero también los riesgos que entrañan. En el marco hipotético de referencia, la
Comisión seguirá haciendo cumplir las normas vigentes, también en cuestiones sectoriales, y
apoyará las iniciativas de autorregulación. Sin embargo, enfrentados a la evolución de los
problemas, los Estados miembros continuarán legislando de manera independiente. La
fragmentación jurídica y el consiguiente mosaico de medidas nacionales no solo se mostrarán
ineficaces para combatir las actividades ilícitas y proteger los derechos fundamentales de los
ciudadanos en el conjunto de la UE, sino que además dificultarán la expansión de nuevos
servicios innovadores en el mercado interior, lo que contribuirá a cimentar la posición de los
pocos operadores que puedan permitirse los costes de cumplimiento adicionales. Esto deja la
fijación y ejecución de las normas principalmente en manos de empresas privadas de muy
gran tamaño, con una asimetría de información cada vez mayor entre los servicios en línea,
sus usuarios y las autoridades públicas.

Se evaluaron tres opciones políticas principales, además del marco de referencia. La opción 1
codificaría la Recomendación de 2018: establecería una serie de obligaciones procedimentales
para las plataformas en línea, que deberían actuar contra las actividades ilícitas realizadas por
sus usuarios. Estas obligaciones incluirán, además, las salvaguardias necesarias para proteger
los derechos fundamentales de los usuarios y garantizar la transparencia. También reforzarían
los mecanismos de cooperación administrativa para la resolución de los problemas
transfronterizos por parte de las autoridades a través de una cámara de compensación digital,
lo que facilitaría los flujos de información. La opción 2 —adicionalmente a las medidas de la

—
opción 1 eliminaría los factores que disuaden a los prestadores de servicios de adoptar
medidas voluntarias contra los contenidos ilícitos, e introduciría medidas para reforzar la
transparencia de los sistemas de recomendación y la publicidad. El mecanismo de ejecución y
cooperación se reforzaría con la designación de un coordinador central en cada Estado

— —
miembro. La opción 3 que parte de las medidas descritas en las opciones anteriores
incluye medidas asimétricas selectivas con obligaciones más exigentes para las plataformas
en línea de muy gran tamaño que tienden a entrañar los mayores niveles de riesgo para la
sociedad y la economía de la UE, así como ciertas aclaraciones limitadas del régimen de
responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios y un sistema de gobernanza de
la UE con competencias reforzadas de supervisión y ejecución.

La evaluación de los impactos económicos y sociales detectados, y la comparación de su
eficacia, eficiencia, coherencia y proporcionalidad demostraron que la opción 3 sería la que
más eficazmente cumpliría los objetivos de la intervención al establecer un marco
proporcionado y adecuado para adaptarse a los retos emergentes en el dinámico mundo
digital. Los componentes incluidos en la opción 3 también reciben el apoyo general de las
partes interesadas, incluidas las posiciones del Parlamento Europeo y los Estados miembros.

La opción preferida apoyaría el acceso de los prestadores de servicios intermediarios de la
Unión Europea al mercado interior y su capacidad de expansión al reducir los costes
relacionados con la fragmentación jurídica. Aunque cabe prever que el cumplimiento de las
obligaciones de diligencia debida tenga costes, se calcula que estos se compensarán mediante
la reducción de la fragmentación actual por medio de la armonización. Cabe esperar que ello
tenga un impacto positivo en la competitividad, la innovación y la inversión en servicios
digitales, en particular en empresas de la Unión Europea emergentes y en expansión que
ofrezcan modelos de negocio de plataformas, pero también, en diversa medida, en sectores
sustentados y amplificados por el comercio digital.

### ES 12 ES

La opción preferida pretende definir el reparto apropiado de responsabilidades entre los
servicios intermediarios, sus destinatarios y las autoridades en la lucha contra con los
contenidos ilícitos en línea. Para ello, introduce un enfoque asimétrico de las obligaciones de
diligencia debida que se imponen a las plataformas de muy gran tamaño: se trata de un
enfoque de gestión de riesgos supervisada, que reserva un papel importante al sistema de
gobernanza utilizado con fines de ejecución. Las obligaciones asimétricas solo se imponen a
las plataformas de muy gran tamaño, las cuales, de acuerdo con los datos disponibles, no solo
son las que tienen mayor alcance, sino también grandes empresas con una importante
facturación. En consecuencia, aunque las medidas que se les aplican de manera específica son
más restrictivas que para otras empresas, son proporcionadas a su capacidad de cumplimiento.

En cuanto a las autoridades públicas, la opción propuesta reduciría los costes ocasionados por
las ineficiencias y duplicaciones existentes en el mecanismo establecido para la cooperación
entre ellas. Aunque los Estados miembros soportarían los costes de la designación de una
autoridad competente, nueva o ya establecida, cabe esperar que se compensen con el
incremento de la eficiencia: para las distintas autoridades mediante la mutualización de los
recursos, mejores flujos de información y procesos claros para interactuar con sus homólogas
en el mercado interior, así como con los prestadores de servicios.

**•** **Adecuación regulatoria y simplificación**

La evaluación de impacto que acompaña a esta propuesta cifra el único valor añadido de la
intervención de la Unión que aborda el riesgo de fragmentación jurídica ocasionado por las
divergencias de reglamentación y supervisión (por tanto, sin tener en cuenta el aumento de la
seguridad y la confianza en los servicios digitales) en un posible incremento del comercio
digital transfronterizo del 1 % al 1,8 %, es decir, el equivalente de un incremento de
facturación generado de carácter transfronterizo de 8 600 millones EUR y de hasta 15 500
millones EUR.

Con respecto al valor añadido en la ejecución de las medidas, la iniciativa genera importantes
ventajas de eficiencia en la cooperación entre Estados miembros y la mutualización de
algunos recursos de asistencia técnica a escala de la UE, para inspeccionar y auditar sistemas
de moderación de contenidos, sistemas de recomendación y publicidad en línea en
plataformas digitales de muy gran tamaño. Esto, a su vez, contribuye al incremento de la
eficacia de las medidas de supervisión y ejecución, mientras que el sistema actual se basa en
gran medida en la limitada capacidad de supervisión de un pequeño número de Estados
miembros.

**•** **Derechos fundamentales**

Los ciudadanos de la Unión y de otros países están expuestos a crecientes riesgos y perjuicios
en línea: desde la propagación de contenidos y actividades ilícitos, hasta limitaciones de su
libertad de expresión y otros perjuicios sociales. Las medidas políticas contempladas en la
presente propuesta legislativa mejorarán notablemente esta situación mediante la creación de
un marco de gobernanza moderno y con garantías de futuro, que proteja de manera efectiva
los derechos y los intereses legítimos de todas las partes implicadas, y sobre todo de los
ciudadanos de la Unión. La propuesta introduce importantes salvaguardias para garantizar que
los ciudadanos puedan expresarse con libertad, al tiempo que potencia la participación del
usuario en el entorno en línea, así como el ejercicio de otros derechos fundamentales como el
derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a no sufrir discriminación, los derechos del
niño y la protección de los datos personales y la privacidad en línea.

La propuesta de Reglamento mitigará el riesgo de que se bloquee la libertad de palabra de
forma errónea o injustificada, paliará los escalofriantes efectos sobre la misma y fomentará la

### ES 13 ES

libertad de recibir información y expresar opiniones, además de reforzar las posibilidades de
recurso de los usuarios. Determinados grupos o personas pueden encontrarse en situación de
vulnerabilidad o desventaja en el uso de los servicios en línea por razón de su género, raza u
origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Pueden verse
desproporcionadamente afectados por restricciones y medidas de retirada de contenidos a raíz
de prejuicios (conscientes o no) que puedan incorporarse a los sistemas de notificación por los
usuarios y por terceros, y reproducirse en las herramientas automatizadas de moderación de
contenidos utilizadas por las plataformas. La propuesta mitigará el riesgo de discriminación,
especialmente de aquellos grupos o personas, y contribuirá a la protección de los derechos del
niño y del derecho a la dignidad humana en línea. La propuesta solo exigirá la retirada de
contenidos ilícitos e impondrá salvaguardias obligatorias cuando se retire información de los
usuarios, que incluirán ofrecer explicaciones al usuario, unos mecanismos de reclamación
facilitados por los prestadores de servicios y un mecanismo de resolución extrajudicial de
litigios. Además, garantizará que los ciudadanos de la UE también estén protegidos cuando
utilicen los servicios prestados por prestadores no establecidos en la Unión pero activos en el
mercado interior, dado que esos prestadores también están cubiertos.

Con respecto a la libertad de empresa de los prestadores de servicios, los costes ocasionados a
las empresas se compensan mediante la reducción de la fragmentación en el mercado interior.
La propuesta introduce salvaguardias para aliviar la carga que soportan los prestadores de
servicios, incluidas medidas contra avisos reiterados injustificados y la verificación previa de
los alertadores fiables por parte de las autoridades públicas. Asimismo, algunas obligaciones
están dirigidas a las plataformas en línea de muy gran tamaño, que a menudo es donde se
generan mayores riesgos y que tienen la capacidad de absorber la carga adicional.

La legislación propuesta mantendrá la prohibición de imponer obligaciones generales de
supervisión recogida en la Directiva sobre el comercio electrónico, que en sí misma es crucial
para lograr el justo y necesario equilibrio de los derechos fundamentales en el mundo digital.
El nuevo Reglamento prohíbe imponer obligaciones generales de supervisión porque estas
podrían limitar de forma desproporcionada la libertad de expresión y la libertad de recibir
información, e imponer cargas excesivas a los prestadores de servicios y, de este modo,
interferir indebidamente con su libertad de empresa. La prohibición también limita los
incentivos para la vigilancia en línea y tiene implicaciones positivas para la protección de los
datos personales y de la privacidad.

Todas las medidas recogidas en la propuesta cumplen y se corresponden plenamente con el
alto nivel de protección de los datos personales y de la privacidad de las comunidades y la
vida privada que garantiza la legislación de la Unión Europea.

**4.** **REPERCUSIONES** **PRESUPUESTARIAS**

El impacto presupuestario de la propuesta se cubrirá con las asignaciones previstas en el MFP
2021-2027 bajo las dotaciones financieras del programa Europa Digital y del Programa sobre
el Mercado Único que se detallan en la ficha financiera legislativa que acompaña a la presente
propuesta de Reglamento. Estas repercusiones también hacen necesario reprogramar la
rúbrica 7 de las perspectivas financieras.

La ficha financiera legislativa que acompaña a esta propuesta de Reglamento comprende las
implicaciones presupuestarias del propio Reglamento.

### ES 14 ES

**5.** **OTROS** **ELEMENTOS**

**•** **Planes de ejecución y disposiciones en materia de seguimiento, evaluación y**
**notificación**

La Comisión establecerá un marco integral de seguimiento constante de las realizaciones, los
resultados y las repercusiones del presente instrumento legislativo a partir de la fecha de su
aplicación. De acuerdo con el programa de seguimiento establecido, está previsto realizar una
evaluación del instrumento antes de que se cumplan cinco años de su entrada en vigor.

**•** **Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta**

En el capítulo I se exponen las disposiciones generales, incluido el objeto y el ámbito de
aplicación del Reglamento (artículo 1) y las definiciones de los principales términos utilizados
(artículo 2).

El capítulo II contiene disposiciones sobre la exención de responsabilidad de los prestadores
de servicios intermediarios. Más concretamente, incluye las condiciones en que los
prestadores de servicios por mera transmisión (artículo 3), memoria tampón (artículo 4) y
alojamiento de datos (artículo 5) quedan exentos de responsabilidad por la información de
terceros que transmiten y almacenan. También establece que las exenciones de
responsabilidad no deben invalidarse cuando los prestadores de servicios intermediarios
realicen investigaciones voluntarias por iniciativa propia o cumplan la ley (artículo 6) y
prohíbe la imposición de obligaciones generales de supervisión o de búsqueda activa de
hechos a dichos prestadores (artículo 7). Por último, impone a los prestadores de servicios
intermediarios una obligación con respecto a las órdenes de actuación contra contenidos
ilícitos (artículo 8) y de entrega de información (artículo 9) dictadas por autoridades judiciales
o administrativas nacionales.

En el capítulo III se establecen las obligaciones de diligencia debida para un entorno en línea
transparente y seguro, en cinco secciones diferentes.

En la **sección 1** se establecen obligaciones aplicables a todos los prestadores de servicios
intermediarios, en particular: la obligación de establecer un punto único de contacto para
facilitar la comunicación directa con las autoridades de los Estados miembros, con la
Comisión y con la Junta (artículo 10); la obligación de los prestadores no establecidos en
ningún Estado miembro, pero que ofrecen sus servicios en la Unión, de designar un
representante legal en la Unión (artículo 11); la obligación de que sus condiciones recojan
cualquier restricción que puedan imponer sobre el uso de sus servicios y de actuar con
responsabilidad en la aplicación y ejecución de dichas restricciones (artículo 12); y
obligaciones de transparencia informativa en relación con la retirada de información, o la
inhabilitación del acceso a la misma, que se considere contenido ilícito o contraria a las
condiciones de los prestadores (artículo 13).

En la **sección 2** se establecen obligaciones aplicables a los prestadores de servicios de
alojamiento, adicionales a las recogidas en la sección 1. En particular, esta sección obliga a
dichos prestadores a establecer mecanismos que permitan a terceros notificar la presencia de
contenidos presuntamente ilícitos (artículo 14). Además, si uno de esos prestadores decide
retirar o inhabilitar el acceso a determinada información facilitada por un destinatario del
servicio, impone la obligación de proporcionar a dicho destinatario una exposición de motivos
(artículo 15).

### ES 15 ES

En la **sección 3** se establecen obligaciones aplicables a todas las plataformas en línea,
adicionales a las recogidas en las secciones 1 y 2. Esta sección especifica que no se aplica a
las plataformas que sean microempresas o pequeñas empresas en el sentido del anexo de la
Recomendación 2003/361/CE (artículo 16). Esta sección obliga a las plataformas en línea a
establecer un sistema interno de tramitación de reclamaciones con respecto a las decisiones
adoptadas en relación con presuntos contenidos ilícitos o información incompatible con sus
condiciones (artículo 17). También obliga a las plataformas en línea a trabajar con organismos
certificados de resolución extrajudicial de litigios para resolver cualquier diferencia con los
usuarios de sus servicios (artículo 18). Por otra parte, obliga a las plataformas en línea a
asegurarse de que los avisos enviados por las entidades a las que se haya otorgado la
condición de alertadores fiables se traten de forma prioritaria (artículo 19) y establece las
medidas que las plataformas en línea han de adoptar contra los usos indebidos (artículo 20).
Además, en esta sección se incluye el requisito de que las plataformas en línea informen a las
autoridades policiales en el caso de que llegue a su conocimiento información que levante
sospechas de la existencia de delitos graves que amenacen la vida o la seguridad de las
personas (artículo 21). En esta sección también se obliga a las plataformas en línea a recibir,
almacenar y realizar esfuerzos razonables para valorar la fiabilidad de información específica
sobre los comerciantes que utilicen sus servicios, así como publicar dicha información,
cuando esas plataformas en línea permitan a los consumidores formalizar contratos a distancia
con dichos comerciantes (artículo 22). Dichas plataformas en línea también están obligadas a
organizar su interfaz de manera que permita a los comerciantes respetar el Derecho de la
Unión en materia de consumo y seguridad de los productos (artículo 22 _bis_ ). Las plataformas
en línea también tienen la obligación de publicar informes sobre sus actividades en relación
con la retirada de información, y la inhabilitación del acceso a la misma, que se considere
contenido ilegal o contraria a sus condiciones (artículo 23). En esta sección también se
incluyen obligaciones de transparencia para las plataformas en línea con respecto a la
publicidad en línea (artículo 24).

En la **sección 4** se establecen obligaciones de gestión de riesgos sistémicos —adicionales a las

—
obligaciones recogidas en las secciones 1 a 3 para las plataformas en línea de muy gran
tamaño (según la definición del artículo 25). Las plataformas en línea de muy gran tamaño
están obligadas a realizar evaluaciones de los riesgos sistémicos generados por el
funcionamiento y uso de sus servicios, o relacionados con ellos (artículo 26), y a adoptar
medidas razonables y efectivas dirigidas a reducir dichos riesgos (artículo 27). También deben
someterse a auditorías externas e independientes (artículo 28). En esta sección se incluye
también una obligación específica en el caso de que las plataformas en línea de muy gran
tamaño utilicen sistemas de recomendación (artículo 29) o presenten anuncios en línea en su
interfaz en línea (artículo 30). Además, en la sección se establecen las condiciones en que las
plataformas en línea de muy gran tamaño proporcionan acceso a los datos al coordinador de
servicios digitales de establecimiento o a la Comisión y los investigadores autorizados
(artículo 31), la obligación de designar uno o varios encargados de cumplimiento para que
velen por que se cumplan las obligaciones estipuladas en el Reglamento (artículo 32) y
obligaciones específicas adicionales de transparencia informativa (artículo 33).

La **sección 5** contiene disposiciones transversales relativas a las obligaciones de diligencia
debida, en concreto los procesos que serán objeto de la formulación y aplicación de normas
europeas armonizadas apoyadas y promovidas por la Comisión (artículo 34); el marco de
formulación de códigos de conducta (artículo 35); y el marco de formulación de códigos de
conducta específicos de la publicidad en línea (artículo 36). También existe una disposición
sobre protocolos de crisis para hacer frente a circunstancias extraordinarias que afecten a la
seguridad pública o a la salud pública (artículo 37).

### ES 16 ES

El **capítulo IV** contiene las disposiciones relativas a la aplicación y ejecución del presente
Reglamento.

En la **sección 1** se establecen disposiciones relativas a las autoridades competentes nacionales,
incluidos los coordinadores de servicios digitales, que son las autoridades nacionales
principales designadas por los Estados miembros para la aplicación coherente del presente
Reglamento (artículo 38). Los coordinadores de servicios digitales, al igual que otras
autoridades competentes designadas, son independientes y realizan sus tareas de manera
imparcial, transparente y oportuna (artículo 39). Los Estados miembros donde se encuentra el
establecimiento principal del prestador tienen jurisdicción para hacer cumplir el presente
Reglamento (artículo 40). Los coordinadores de servicios digitales poseen competencias
específicas (artículo 41). Los Estados miembros deben regular las sanciones aplicables a los
incumplimientos de las obligaciones que tienen los prestadores de servicios intermediarios de
conformidad con el presente Reglamento (artículo 42). Los coordinadores de servicios
digitales pueden recibir reclamaciones contra prestadores de servicios intermediarios por
incumplimientos de las obligaciones recogidas en el presente Reglamento (artículo 43). Los
coordinadores de servicios digitales están obligados a publicar informes anuales de sus
actividades (artículo 44) y a colaborar con los coordinadores de servicios digitales de otros
Estados miembros (artículo 45). Los coordinadores de servicios digitales también pueden
participar en investigaciones conjuntas con respecto a las materias reguladas por el presente
Reglamento (artículo 46).

La **sección 2** contiene disposiciones relativas a la Junta Europea de Servicios Digitales, un
grupo consultivo independiente integrado por coordinadores de servicios digitales
(artículo 47). También se establecen la estructura de esa Junta (artículo 48) y sus funciones
(artículo 49).

La **sección 3** se refiere a las labores de supervisión, investigación, ejecución y vigilancia de
las plataformas en línea de muy gran tamaño. Contempla una supervisión reforzada en el caso
de que dichas plataformas infrinjan las disposiciones del capítulo III, sección 4 (artículo 50).
También contempla la posibilidad de que la Comisión intervenga con respecto a las
plataformas en línea de muy gran tamaño en el caso de que las infracciones persistan
(artículo 51). En estos casos, la Comisión puede llevar a cabo investigaciones, por ejemplo, a
través de solicitudes de información (artículo 52), entrevistas (artículo 53) e inspecciones
sobre el terreno (artículo 54), puede adoptar medidas provisionales (artículo 55) y declarar
vinculantes los compromisos adquiridos por las plataformas en línea de muy gran tamaño
(artículo 56), así como vigilar que cumplan con el Reglamento (artículo 57). En caso de
incumplimiento, la Comisión puede adoptar decisiones de apremio (artículo 58), así como
fijar multas (artículo 59) y multas coercitivas (artículo 60) en relación con las infracciones del
Reglamento cometidas por las plataformas en línea de muy gran tamaño, así como por
proporcionar información incorrecta, incompleta o engañosa en el contexto de la
investigación. El Reglamento también establece un período de limitación para la imposición
de sanciones (artículo 61) y para su ejecución (artículo 62). Por último, el Reglamento
establece las garantías procesales ante la Comisión, en particular el derecho a ser oído y tener
acceso al expediente (artículo 63) y la publicación de las decisiones (artículo 64). Esta sección
también contempla la cooperación de la Comisión con los tribunales nacionales (artículo 65) y
la adopción de actos de ejecución sobre las modalidades prácticas de los procedimientos
(artículo 66).

La **sección 4** contiene las disposiciones comunes sobre ejecución. Primero regula un sistema
de intercambio de información en apoyo de las comunicaciones entre los coordinadores de

### ES 17 ES

servicios digitales, la Comisión y la Junta (artículo 67). También contempla el derecho de los
destinatarios de servicios intermediarios a mandatar a un organismo, una organización o una
asociación para que ejerza sus derechos en su nombre (artículo 68).

La **sección 5** se refiere a la adopción de actos delegados y actos de ejecución en virtud de los
artículos 290 y 291, respectivamente, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(artículos 69 y 70).

Por último, el **capítulo V** contiene las disposiciones finales del presente Reglamento, que se
refieren a la supresión de los artículos 12 a 15 de la Directiva sobre el comercio electrónico
dado que se han incorporado al Reglamento (artículo 71), las modificaciones de la
Directiva 2020/XX/CE (artículo 72), la evaluación del Reglamento (artículo 73), y su entrada
en vigor y aplicación (artículo 74).

### ES 18 ES

2020/0361 (COD)

Propuesta de

**REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**

**relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que**

**se modifica la Directiva 2000/31/CE**

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo [22],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [23],

Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos [24],

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) Los servicios de la sociedad de la información y especialmente los servicios
intermediarios se han convertido en una parte importante de la economía de la Unión y
de la vida cotidiana de sus ciudadanos. Veinte años después de la adopción del marco
jurídico vigente aplicable a dichos servicios establecido en la Directiva 2000/31/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo [25], han aparecido nuevos e innovadores modelos
de negocio y servicios, como las redes sociales y los mercados en línea, que han
permitido a los usuarios profesionales y a los consumidores comunicar información y
acceder a ella, y efectuar transacciones de formas novedosas. La mayoría de los
ciudadanos de la Unión utiliza ahora este tipo de servicios a diario. Sin embargo, la
transformación digital y el creciente uso de tales servicios también entraña nuevos
riesgos y desafíos, tanto para los usuarios a título individual como para la sociedad en
su conjunto.

(2) Los Estados miembros están adoptando, o considerando adoptar, cada vez más leyes
nacionales sobre las materias que regula el presente Reglamento, imponiendo en
particular requisitos de diligencia a los prestadores de servicios intermediarios. Las
divergencias entre esas leyes nacionales afectan negativamente al mercado interior, el
cual, en virtud del artículo 26 del Tratado, comprende un espacio sin fronteras

22 DO C […] de […], p. […].
23 DO C […] de […], p. […].
24 DO C […] de […], p. […].
25 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados

aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el
mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

### ES 19 ES

interiores donde se garantiza la libre circulación de bienes y servicios y la libertad de
establecimiento, teniendo en cuenta el carácter intrínsecamente transfronterizo de
internet, que es el medio utilizado en general para la prestación de dichos servicios.
Deben armonizarse las condiciones para la prestación de servicios intermediarios en el
mercado interior, a fin de que las empresas tengan acceso a nuevos mercados y
oportunidades para aprovechar las ventajas del mercado interior, a la vez que se
permite que los consumidores y otros destinatarios de los servicios tengan mayores
posibilidades de elección.

(3) Es esencial que los prestadores de servicios intermediarios se comporten de modo
responsable y diligente para crear un entorno en línea seguro, predecible y confiable, y
para que los ciudadanos de la Unión y otras personas puedan ejercer los derechos
garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo
sucesivo, «la Carta»), en particular la libertad de expresión e información y la libertad
de empresa, así como el derecho a la no discriminación.

(4) Por tanto, a fin de salvaguardar y mejorar el funcionamiento del mercado interior, debe
adoptarse un conjunto específico de normas uniformes, eficaces y proporcionadas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Unión. En el presente Reglamento se
establecen las condiciones para que aparezcan servicios digitales innovadores y se
expandan en el mercado interior. Es necesario aproximar las disposiciones
reglamentarias nacionales en el ámbito de la Unión en relación con los requisitos
aplicables a los prestadores de servicios intermediarios a fin de evitar la fragmentación
del mercado interior y ponerla fin, y garantizar la seguridad jurídica, de modo que se
reduzca la incertidumbre para los desarrolladores y se fomente la interoperabilidad. Si
se aplican requisitos tecnológicamente neutros, la innovación no debería verse
obstaculizada sino estimulada.

(5) El presente Reglamento debe aplicarse a los prestadores de determinados servicios de
la sociedad de la información definidos en la Directiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento Europeo y del Consejo [26], es decir, cualquier servicio prestado
normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a
petición de un destinatario a título individual. En concreto, el presente Reglamento
debe aplicarse a los prestadores de servicios intermediarios, y en particular servicios
intermediarios integrados por los servicios conocidos como de «mera transmisión», de
«memoria tampón» y de «alojamiento de datos», dado que el crecimiento exponencial
del uso que se hace de dichos servicios, principalmente con todo tipo de fines
legítimos y beneficiosos para la sociedad, también ha incrementado su importancia en
la intermediación y propagación de información y actividades ilícitas o de otro modo
nocivas.

(6) en la práctica, algunos prestadores de servicios intermediarios intermedian en relación
con servicios que pueden prestarse o no por vía electrónica, como servicios de
tecnologías de la información remotos, de transporte, de hospedaje o de reparto. El
presente Reglamento solo debe aplicarse a los servicios intermediarios y no afectar a
los requisitos estipulados en el Derecho de la Unión o nacional en relación con
productos o servicios intermediados a través de servicios intermediarios, por ejemplo
en situaciones en las que el servicio intermediario constituye parte integral de otro

26 Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se

establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los
servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).

### ES 20 ES

servicio que no es un servicio intermediario según se especifica en la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(7) A fin de garantizar la eficacia de las normas estipuladas en el presente Reglamento y la
igualdad de condiciones de competencia en el mercado interior, dichas normas deben
aplicarse a los prestadores de servicios intermediarios con independencia de su lugar
de establecimiento o residencia, en la medida en que presten servicios en la Unión,
según se demuestre por una conexión sustancial con la Unión.

(8) Debe considerarse que existe tal conexión sustancial con la Unión cuando el prestador
de servicios tenga un establecimiento en la Unión o, en ausencia de este, cuando exista
un número significativo de usuarios en uno o varios Estados miembros, o se orienten
actividades hacia uno o más Estados miembros. La orientación de las actividades hacia
uno o más Estados miembros puede determinarse en función de todas las
circunstancias pertinentes, incluidos factores como el uso de una lengua o una moneda
utilizada generalmente en ese Estado miembro, o la posibilidad de encargar bienes o
servicios, o el uso de un dominio nacional de alto nivel. La orientación de las
actividades hacia un Estado miembro también puede derivarse de la disponibilidad de
una aplicación para móvil en la tienda de aplicaciones nacional correspondiente, de la
existencia de publicidad local o publicidad en la lengua utilizada en dicho Estado
miembro, o de una gestión de las relaciones con los clientes que incluya, por ejemplo,
la prestación de servicios a los clientes en la lengua comúnmente utilizada en tal
Estado miembro. También se presumirá que existe una conexión sustancial cuando el
prestador de servicios dirija sus actividades hacia uno o más Estados miembros, como
establece el artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo [27] . Por otro lado no cabe considerar que la mera
accesibilidad técnica de un sitio web desde la Unión, por ese motivo en exclusiva,
demuestre la existencia de una conexión sustancial con la Unión.

(9) El presente Reglamento debe complementar pero no afectar a la aplicación de las
normas derivadas de otros actos del Derecho de la Unión que regulan determinados
aspectos de la prestación de servicios intermediarios, en particular la
Directiva 2000/31/CE, con la excepción de los cambios introducidos por el presente
Reglamento, la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en su
versión modificada [28], y el Reglamento (UE) .../.. del Parlamento Europeo y del
Consejo (propuesta de Reglamento para la prevención de la difusión de contenidos
terroristas en línea) [29] . Por consiguiente, el presente Reglamento no afecta a esos otros
actos, que han de tener la consideración de _lex specialis_ en relación con el marco de
aplicación general establecido en el presente Reglamento. Sin embargo, las
disposiciones del presente Reglamento se aplican a problemas que esos otros actos no
resuelven, o no por completo, así como a problemas para los que esos otros actos
dejan abierta la posibilidad de que los Estados miembros adopten determinadas
medidas de ámbito nacional.

27 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a

la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
(DO L 351 de 20.12.2012, p. 1).
28 Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación

de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la
prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual)
(Texto pertinente a efectos del EEE), (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).
29 Reglamento (UE) …/.. del Parlamento Europeo y del Consejo (propuesta de Reglamento para la prevención de

la difusión de contenidos terroristas en línea).

### ES 21 ES

(10) Por razones de claridad, también debe especificarse que el presente Reglamento ha de
entenderse sin perjuicio del Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y
del Consejo [30] ni del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del
Consejo [31], ni de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [32] ni
del Reglamento […/…] por el que se establece una excepción temporal a determinadas
disposiciones de la Directiva 2002/58/CE [33], como tampoco del Derecho de la Unión
en materia de protección de los consumidores, en particular la Directiva 2005/29/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo [34], la Directiva 2011/83/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo [35] y la Directiva 93/13/CEE del Parlamento Europeo y del
Consejo [36], en su versión modificada por la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento
Europeo y del Consejo [37], y en materia de protección de los datos personales, en
particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo [38] . La
protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos personales
se rige exclusivamente por las disposiciones del Derecho de la Unión sobre esa
materia, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE. El
presente Reglamento ha de entenderse además sin perjuicio de las disposiciones del
Derecho de la Unión en materia de condiciones laborales.

(11) Conviene aclarar que el presente Reglamento ha de entenderse sin perjuicio de las
disposiciones del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y derechos
conexos, que establecen normas y procedimientos específicos que no deben quedar
afectados.

(12) A fin de alcanzar el objetivo de garantizar un entorno en línea seguro, predecible y
confiable, para los efectos del presente Reglamento, el concepto de «contenido ilícito»

30 Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización

de precursores de explosivos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y se deroga el
Reglamento (UE) n.º 98/2013 (DO L 186 de 11.7.2019, p. 1).
31 Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento

de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea
(DO L 186 de 11.7.2019, p. 57).
32 Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de

los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
33 Reglamento […/…] por el que se establece una excepción temporal a determinadas disposiciones de la

Directiva 2002/58/CE.
34 Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas

comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo
(«Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»).
35 Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de

los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo.
36 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores.
37 Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la que se

modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las
normas de protección de los consumidores de la Unión.
38 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

### ES 22 ES

debe definirse de forma genérica y comprende además información relacionada con
contenidos, productos, servicios y actividades de carácter ilícito. En particular, debe
entenderse que dicho concepto se refiere a información, sea cual sea su forma, que sea
de por sí ilícita en virtud de la legislación aplicable, como los delitos de incitación al
odio o los contenidos terroristas y los contenidos discriminatorios ilícitos, o que
tengan relación con actividades ilícitas, como el intercambio de imágenes que
representen abusos sexuales de menores, la publicación ilícita no consentida de
imágenes privadas, el acoso en línea, la venta de productos no conformes o
falsificados, el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor o
actividades que conlleven infracciones de la legislación de protección de los
consumidores. En este sentido, es irrelevante si la ilicitud de la información o
actividad tiene su origen en el Derecho de la Unión o en legislación nacional coherente
con el Derecho de la Unión y cuál es la naturaleza o materia precisa de la legislación
en cuestión.

(13) Habida cuenta de las características concretas de los servicios afectados y la
correspondiente necesidad de someter a sus prestadores a determinadas obligaciones
específicas, es necesario distinguir, dentro de la categoría general de prestadores de
servicios de alojamiento de datos que se define en el presente Reglamento, la
subcategoría de plataformas en línea. Cabe definir a las plataformas en línea, como las
redes sociales o los mercados en línea, como prestadores de servicios de alojamiento
de datos que no solo almacenan información proporcionada por los destinatarios del
servicio a petición suya, sino que además difunden dicha información al público, de
nuevo a petición suya. Sin embargo, a fin de evitar la imposición de obligaciones
excesivamente genéricas, los prestadores de servicios de alojamiento de datos no
deberán considerarse plataformas en línea cuando la difusión al público sea tan solo
una característica menor y puramente auxiliar de otro servicio y dicha característica no
pueda utilizarse, por razones técnicas objetivas, sin ese otro servicio principal, y la
integración de dicha característica no sea un medio para eludir la aplicabilidad de las
disposiciones del presente Reglamento aplicables a las plataformas en línea. Por
ejemplo, la sección de comentarios de un periódico en línea podría ser una
característica de esta índole, cuando quede claro que es auxiliar al servicio principal
que representa la publicación de noticias bajo la responsabilidad editorial del editor.

(14) El concepto de «difusión al público», tal como se utiliza en el presente Reglamento,
debe comprender la puesta de información a disposición de un número potencialmente
ilimitado de personas, es decir, hacer que la información sea fácilmente accesible para
los usuarios en general sin necesidad de que el destinatario del servicio que
proporciona la información haga nada más, sean quienes sean las personas que
efectivamente obtengan acceso a la información en cuestión. No cabe entender que la
mera posibilidad de crear grupos de usuarios de un determinado servicio implique, de
por sí, que la información difundida de esa manera no se difunde al público. Sin
embargo, el concepto debe excluir la difusión de información en grupos cerrados
integrados por un número finito de personas predeterminadas. Los servicios de
comunicaciones interpersonales definidos en la Directiva (UE) 2018/1972 del
Parlamento Europeo y del Consejo [39], como los correos electrónicos o los servicios de
mensajería privada, quedan fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

39 Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se

establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida), (DO L 321
de 17.12.2018, p. 36).

### ES 23 ES

La información solo debe considerarse difundida al público en el sentido del presente
Reglamento cuando ello ocurra a petición directa del destinatario del servicio que ha
proporcionado la información.

(15) Cuando algunos de los servicios prestados por un prestador estén sujetos al presente
Reglamento y otros no, o cuando los servicios prestados por un prestador estén sujetos
a diferentes secciones del presente Reglamento, las disposiciones pertinentes del
Reglamento solo deberán aplicarse a los servicios sujetos a su ámbito de aplicación.

(16) La seguridad jurídica que proporciona el marco horizontal de exenciones
condicionadas de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios,
establecido en la Directiva 2000/31/CE, ha hecho posible que aparezcan muchos
servicios novedosos y se expandan en el mercado interior. Por consiguiente, dicho
marco debe conservarse. Sin embargo, en vista de las divergencias en la transposición
y aplicación de las disposiciones pertinentes en el ámbito nacional, y por razones de
claridad y coherencia, dicho marco debe incorporarse al presente Reglamento.
También es necesario aclarar determinados elementos de ese marco, vista la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(17) Las disposiciones pertinentes del capítulo II solo deben establecer cuándo no se
pueden exigir responsabilidades al prestador de servicios intermediarios afectado en
relación con contenidos ilícitos proporcionados por los destinatarios del servicio. No
cabe entender que esas disposiciones sienten una base positiva para establecer cuándo
se pueden exigir responsabilidades a un prestador, determinación que corresponde a
las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión o nacional. Asimismo, las
exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente Reglamento deben aplicarse a
cualquier tipo de responsabilidad al respecto de cualquier tipo de contenido ilícito, sea
cual sea la materia o naturaleza precisa de esas disposiciones legales.

(18) Las exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente Reglamento no deberán
aplicarse cuando, en lugar de limitarse a la prestación neutra de los servicios, por un
tratamiento puramente técnico y automático de la información proporcionada por el
destinatario del servicio, el prestador de servicios intermediarios desempeñe un papel
activo de tal índole que le confiera el conocimiento de dicha información, o control
sobre ella. En consecuencia, no cabe acogerse a dichas exenciones al respecto de
responsabilidades relacionadas con información no proporcionada por el destinatario
del servicio, sino por el propio prestador del servicio intermediario, inclusive cuando
la información se haya elaborado bajo la responsabilidad editorial de dicho prestador.

(19) En vista de la distinta naturaleza de las actividades de «mera transmisión», «memoria
tampón» y «alojamiento de datos» y la diferente posición y capacidad de los
prestadores de los servicios en cuestión, es necesario distinguir las normas aplicables a
dichas actividades, en la medida en que, en virtud del presente Reglamento, están
sujetas a distintos requisitos y condiciones y su ámbito de aplicación es diferente,
según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(20) Un prestador de servicios intermediarios que colabora deliberadamente con un
destinatario de los servicios a fin de llevar a cabo actividades ilícitas no efectúa una
prestación neutra del servicio y, por tanto, no debe poder beneficiarse de las
exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente Reglamento.

(21) Un prestador debe poder beneficiarse de las exenciones de responsabilidad para prestar
servicios de «mera transmisión» y «memoria tampón» cuando no tenga absolutamente
nada que ver con la información transmitida. Esto requiere, entre otras cosas, que el

### ES 24 ES

prestador no modifique la información que transmite. Sin embargo, no cabe entender
que este requisito abarque manipulaciones de carácter técnico que tengan lugar durante
la transmisión, ya que dichas manipulaciones no alteran la integridad de la
información transmitida.

(22) A fin de beneficiarse de la exención de responsabilidad de los servicios de
alojamiento, el prestador deberá, en el momento en que tenga conocimiento efectivo
del contenido ilícito, actuar de manera diligente para retirar dicho contenido o
inhabilitar el acceso al mismo. La retirada o inhabilitación del acceso debe llevarse a
cabo con respeto al principio de libertad de expresión. El prestador puede obtener
dicho conocimiento efectivo, en particular, a través de investigaciones realizadas por
iniciativa propia o avisos recibidos de personas físicas o entidades de conformidad con
el presente Reglamento en la medida en que dichos avisos sean suficientemente
precisos y estén adecuadamente fundamentados para que un operador económico
pueda detectar de manera razonable, evaluar y, en su caso, actuar contra el contenido
presuntamente ilícito.

(23) A fin de garantizar la protección efectiva de los consumidores que efectúan
transacciones comerciales intermediadas en línea, ciertos prestadores de servicios de
alojamiento de datos, en concreto, plataformas en línea que permiten a los
consumidores formalizar contratos a distancia con comerciantes, no deben poder
beneficiarse de la exención de responsabilidad aplicable a los prestadores de servicios
de alojamiento establecida en el presente Reglamento, en la medida en que dichas
plataformas en línea presenten la información pertinente en relación con las
transacciones en cuestión de manera que induzca a los consumidores a creer que la
información ha sido facilitada por las propias plataformas en línea o por destinatarios
del servicio que actúan bajo su autoridad o control, y que dichas plataformas en línea
tienen por tanto conocimiento de la información o control sobre la misma, aunque
puede que en realidad no sea el caso. En ese sentido, deberá determinarse de manera
objetiva, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, si la presentación
podría inducir a un consumidor medio y razonablemente bien informado a creerlo así.

(24) Las exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente Reglamento no deben
afectar a la posibilidad de que se dicten requerimientos de distinta índole contra los
prestadores de servicios intermediarios, aunque cumplan las condiciones establecidas
como parte de tales exenciones. Dichos requerimientos podrían consistir, en particular,
en órdenes de tribunales o autoridades administrativas que exijan que se ponga fin a
una infracción o que se impida, por ejemplo, mediante la retirada de contenidos ilícitos
especificados en tales órdenes, dictadas de conformidad con el Derecho de la Unión, o
la inhabilitación del acceso a los mismos.

(25) A fin de crear seguridad jurídica y no desincentivar las actividades destinadas a
detectar, identificar y actuar contra contenidos ilícitos que los prestadores de servicios
intermediarios puedan llevar a cabo de forma voluntaria, conviene aclarar que el mero
hecho de que los prestadores realicen esa clase de actividades no supone que ya no
puedan acogerse a las exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente
Reglamento, siempre que esas actividades se lleven a cabo de buena fe y con
diligencia. Además, es oportuno aclarar que el mero hecho de que esos prestadores
adopten medidas, de buena fe, para cumplir los requisitos del Derecho de la Unión,
incluidos los estipulados en el presente Reglamento en lo que respecta a la aplicación
de sus condiciones, no debe excluir que puedan acogerse a esas exenciones de
responsabilidad. Por consiguiente, las actividades y medidas que un determinado
prestador pueda haber adoptado no deberán tenerse en cuenta a la hora de determinar

### ES 25 ES

si el prestador puede acogerse a una exención de responsabilidad, en particular en lo
que se refiere a si presta su servicio de forma neutra y puede, por tanto, quedar sujeto
al ámbito de aplicación de la disposición pertinente, sin que esta norma implique, no
obstante, que el prestador pueda necesariamente acogerse a ella.

(26) Mientras las disposiciones del capítulo II del presente Reglamento se concentran en la
exención de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios, es
importante recordar que, pese al generalmente importante papel que desempeñan esos
prestadores, el problema de los contenidos y las actividades ilícitos en línea no debe
manejarse poniendo el foco únicamente en sus responsabilidades. En la medida de lo
posible, los terceros afectados por contenidos ilícitos transmitidos o almacenados
en línea deberán intentar resolver los conflictos relativos a dichos contenidos sin
involucrar a los prestadores de servicios intermediarios en cuestión. Los destinatarios
del servicio deberán responder, cuando así lo dispongan las normas aplicables del
Derecho de la Unión y nacional que determinen tales responsabilidades, de los
contenidos ilícitos que proporcionen y puedan difundir a través de servicios
intermediarios. En su caso, otros agentes, por ejemplo, moderadores de grupos en
entornos en línea cerrados, especialmente grandes grupos, también deberán contribuir
a evitar la propagación de contenidos ilícitos en línea, de conformidad con la
legislación aplicable. Además, cuando sea necesario involucrar a los prestadores de
servicios de la sociedad de la información, incluidos los prestadores de servicios
intermediarios, cualquier solicitud u orden de involucrarlos deberá dirigirse, por regla
general, al agente que posea la capacidad técnica y operativa para actuar contra
elementos de contenido ilícito concretos, a fin de prevenir y minimizar los posibles
efectos negativos para la disponibilidad y accesibilidad de información que no sea un
contenido ilícito.

(27) Desde el año 2000, han aparecido nuevas tecnologías que mejoran la disponibilidad,
eficiencia, velocidad, fiabilidad, capacidad y seguridad de los sistemas de transmisión
y almacenamiento de datos en línea, de forma que se ha creado un ecosistema en línea
cada vez más complejo. En este sentido, conviene recordar que los prestadores de
servicios que establecen y facilitan la arquitectura lógica subyacente y el correcto
funcionamiento de internet, incluidas las funciones técnicas auxiliares, también pueden
beneficiarse de las exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente
Reglamento, en la medida en que sus servicios cumplan los requisitos para
considerarse de «mera transmisión», «memoria tampón» o alojamiento de datos.
Dichos servicios pueden incluir, según el caso, redes de área local inalámbricas,
sistemas de nombres de dominio (DNS), registros de nombres de dominio de alto
nivel, autoridades de certificación que expiden certificados digitales, o redes de
suministro de contenidos, que habiliten o mejoren las funciones de otros prestadores
de servicios intermediarios. Del mismo modo, los servicios utilizados con fines de
comunicación también han evolucionado de forma considerable, así como los medios
técnicos para su prestación, dando lugar a servicios en línea como la voz sobre IP,
servicios de mensajería y servicios de correo electrónico vía web, que envían las
comunicaciones a través de un servicio de acceso a internet. También esos servicios
pueden beneficiarse de las exenciones de responsabilidad, en la medida en que
cumplan los requisitos para considerarse de «mera transmisión», «memoria tampón» o
alojamiento de datos.

(28) Los prestadores de servicios intermediarios no deben estar sujetos a una obligación de
supervisión con respecto a obligaciones de carácter general. Esto no afecta a las
obligaciones de supervisión en un caso específico y, en particular, no afecta a las

### ES 26 ES

órdenes dictadas por las autoridades nacionales de conformidad con la legislación
nacional, de conformidad con las condiciones estipuladas en el presente Reglamento.
Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento debe interpretarse como la imposición
de una obligación general de supervisión o de búsqueda activa de hechos, o una
obligación general de que los prestadores adopten medidas proactivas en relación con
contenidos ilícitos.

(29) En función del régimen jurídico de cada Estado miembro y del campo del derecho de
que se trate, las autoridades nacionales judiciales o administrativas pueden ordenar a
los prestadores de servicios intermediarios que actúen contra elementos de contenido
ilícito concretos o que proporcionen determinados elementos de información
concretos. Las leyes nacionales que sirven de base para dictar tales órdenes presentan
diferencias considerables y las órdenes se han de aplicar cada vez más en situaciones
transfronterizas. A fin de garantizar que esas órdenes puedan cumplirse de manera
efectiva y eficiente, para que las autoridades públicas afectadas puedan llevar a cabo
su cometido y los prestadores no se vean sometidos a cargas desproporcionadas, sin
afectar indebidamente a los derechos e intereses legítimos de terceros, es necesario
establecer ciertas condiciones que tales órdenes deberán cumplir y ciertos requisitos
complementarios relativos a su tramitación.

(30) Las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos o de entrega de información
deberán dictarse de conformidad con el Derecho de la Unión, en particular el
Reglamento (UE) 2016/679, y la prohibición establecida en el presente Reglamento de
imponer obligaciones generales de supervisar información o de buscar activamente
hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. Los requisitos y las
condiciones recogidos en el presente Reglamento que se aplican a las órdenes de
actuación contra contenidos ilícitos han de entenderse sin perjuicio de otros actos de la
Unión que establecen sistemas similares de actuación contra determinados tipos de
contenidos ilícitos, como el Reglamento (UE) .../.... [propuesta de Reglamento para la
prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea], o el Reglamento
(UE) 2017/2394, que confiere competencias específicas para ordenar la entrega de
información a las autoridades ejecutivas de consumo de los Estados miembros,
mientras que los requisitos y las condiciones que se aplican a las órdenes de entrega de
información han de entenderse sin perjuicio de otros actos de la Unión que establecen
disposiciones pertinentes análogas en sectores concretos. Dichos requisitos y
condiciones han de entenderse sin perjuicio de las normas de retención y conservación
establecidas en la legislación nacional aplicable, de conformidad con el Derecho de la
Unión y las solicitudes de confidencialidad efectuadas por las autoridades policiales en
relación con la no divulgación de información.

(31) El ámbito territorial de las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos debe
establecerse con claridad sobre la base del Derecho de la Unión o nacional aplicable
que permita dictarlas y no debe exceder de lo estrictamente necesario para el
cumplimiento de sus objetivos. En ese sentido, la autoridad judicial o administrativa
nacional que dicte la orden debe buscar un equilibrio entre el objetivo que la orden
pretenda alcanzar, de acuerdo con la base jurídica que haya permitido dictarla, y los
derechos e intereses legítimos de todos los terceros que puedan verse afectados por
dicha orden, en particular sus derechos fundamentales conforme a la Carta. Además,
cuando la orden referente a la información específica pueda tener efectos fuera del
territorio del Estado miembro de la autoridad de que se trate, la autoridad deberá
evaluar si es probable que la información en cuestión constituya un contenido ilícito
en otros Estados miembros y, en su caso, tener en cuenta las disposiciones pertinentes

### ES 27 ES

del Derecho de la Unión o del Derecho internacional y los intereses de la cortesía
internacional.

(32) Las órdenes de entrega de información reguladas por el presente Reglamento afectan a
la producción de información específica acerca de destinatarios concretos del servicio
intermediario de que se trate, que estén identificados en dichas órdenes con el fin de
determinar si los destinatarios de los servicios cumplen con las normas de la Unión o
nacionales aplicables. Por consiguiente, las órdenes relativas a información sobre un
grupo de destinatarios del servicio que no estén identificados específicamente,
incluidas las órdenes de entrega de información agregada necesaria para fines
estadísticos o para la formulación de políticas basadas en datos contrastados, no deben
verse afectadas por las disposiciones del presente Reglamento sobre la entrega de
información.

(33) Las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos y de entrega de información están
sujetas a las normas que salvaguardan la competencia del Estado miembro de
establecimiento del prestador de servicios al que se dirigen y recogen posibles
excepciones a dicha competencia en determinados casos, estipulados en el artículo 3
de la Directiva 2000/31/CE, únicamente si se cumplen las condiciones de dicho
artículo. Dado que las órdenes en cuestión se refieren, respectivamente, a elementos de
contenido e información concretos de carácter ilícito, cuando se dirigen a prestadores
de servicios intermediarios establecidos en otro Estado miembro, no limitan en
principio la libertad de dichos prestadores para prestar sus servicios a través de las
fronteras. Por consiguiente, las disposiciones del artículo 3 de la
Directiva 2000/31/CE, incluidas las que se refieren a la necesidad de justificar medidas
de excepción a la competencia del Estado miembro de establecimiento del prestador
de servicios por determinados motivos especificados y las que se refieren a la
notificación de dichas medidas, no se aplican con respecto a esas órdenes.

(34) A fin de cumplir los objetivos del presente Reglamento, y en particular de mejorar el
funcionamiento del mercado interior y garantizar un entorno en línea seguro y
transparente, es necesario establecer un conjunto claro y equilibrado de obligaciones
armonizadas de diligencia debida para los prestadores de servicios intermediarios.
Esas obligaciones deben aspirar en particular a garantizar diferentes objetivos de
política pública como la seguridad y confianza de los destinatarios del servicio,
incluidos los menores y los usuarios vulnerables, proteger los derechos fundamentales
pertinentes consagrados en la Carta, garantizar la rendición de cuentas de forma
significativa por parte de dichos prestadores y empoderar a los destinatarios y otras
partes afectadas, facilitando al mismo tiempo la necesaria supervisión por parte de las
autoridades competentes.

(35) En ese sentido, es importante que las obligaciones de diligencia debida se adapten al
tipo y la naturaleza del servicio intermediario de que se trate. Por tanto, el presente
Reglamento establece obligaciones básicas aplicables a todos los prestadores de
servicios intermediarios, así como obligaciones adicionales para los prestadores de
servicios de alojamiento de datos y, más concretamente, plataformas en línea y
plataformas en línea de muy gran tamaño. En la medida en que los prestadores de
servicios intermediarios puedan inscribirse en esas diferentes categorías en vista de la
naturaleza de sus servicios y de su tamaño, deberán cumplir con todas las obligaciones
correspondientes del presente Reglamento. Esas obligaciones armonizadas de
diligencia debida, que deben ser razonables y no arbitrarias, son necesarias para
cumplir los objetivos de política pública marcados, como la salvaguardia de los

### ES 28 ES

intereses legítimos de los destinatarios del servicio, la lucha contra las prácticas ilícitas
y la protección de los derechos fundamentales en línea.

(36) A fin de facilitar unas comunicaciones fluidas y eficientes en relación con las materias
reguladas por el presente Reglamento, los prestadores de servicios intermediarios
deberán estar obligados a establecer un punto único de contacto y a publicar
información pertinente relativa a su punto de contacto, incluidas las lenguas que deban
utilizarse en tales comunicaciones. El punto de contacto también puede ser utilizado
por los alertadores fiables y por entidades profesionales que mantengan una relación
específica con el prestador de servicios intermediarios. Al contrario que el
representante legal, el punto de contacto debe servir a fines operativos y no ha de tener
necesariamente una localización física.

(37) Los prestadores de servicios intermediarios establecidos en un tercer país que ofrezcan
servicios en la Unión deberán designar a un representante legal en la Unión
suficientemente facultado y proporcionar información relativa a sus representantes
legales, para que sea posible la supervisión y, en su caso, la ejecución eficaz del
presente Reglamento en relación con dichos prestadores. También deberá ser posible
que el representante legal funcione como punto de contacto, siempre que se cumplan
los requisitos pertinentes del presente Reglamento.

(38) Aunque en principio debe respetarse la libertad contractual de los prestadores de
servicios intermediarios, es oportuno establecer ciertas normas sobre el contenido, la
aplicación y la ejecución de las condiciones de dichos prestadores en favor de la
transparencia, la protección de los destinatarios del servicio y la prevención de
resultados injustos o arbitrarios.

(39) Para garantizar un nivel adecuado de transparencia y rendición de cuentas, los
prestadores de servicios intermediarios deberán elaborar un informe anual, de
conformidad con los requisitos armonizados recogidos en el presente Reglamento,
sobre su actividad de moderación de contenidos, incluidas las medidas adoptadas a
consecuencia de la aplicación y ejecución de sus condiciones. Sin embargo, a fin de
evitar cargas desproporcionadas, esas obligaciones de transparencia informativa no
deberán aplicarse a los prestadores que sean microempresas o pequeñas empresas, tal
como estas se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión [40] .

(40) Los prestadores de servicios de alojamiento de datos desempeñan un papel
especialmente importante en la lucha contra los contenidos ilícitos en línea, ya que
almacenan información proporcionada por los destinatarios del servicio, y a petición
de estos, y normalmente facilitan el acceso de otros destinatarios a la misma, a veces a
gran escala. Es importante que todos los prestadores de servicios de alojamiento de
datos, sea cual sea su tamaño, establezcan mecanismos de notificación y acción fáciles
de manejar, que faciliten la notificación al prestador de los servicios de alojamiento de
datos afectado de elementos de información concretos que la parte notificante
considere contenidos ilícitos («aviso»), en virtud de la cual pueda el prestador decidir
si está o no de acuerdo con esa valoración y si desea retirar o inhabilitar el acceso a
dicho contenido («acción»). Siempre que se cumplan los requisitos sobre avisos, debe
ser posible que las personas físicas o entidades notifiquen múltiples elementos de
contenido concretos presuntamente ilícitos por medio de un único aviso. La obligación
de establecer mecanismos de notificación y acción debe aplicarse, por ejemplo, a los

40 Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas,

pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

### ES 29 ES

servicios de almacenamiento e intercambio de archivos, los servicios de alojamiento
web, los servidores de publicidad y _pastebins_ (aplicaciones para compartir código
fuente en internet), en la medida en que cumplan los requisitos para considerarse
prestadores de servicios de alojamiento de datos sujetos al presente Reglamento.

(41) Las normas que regulen estos mecanismos de notificación y acción deberán
armonizarse a escala de la Unión, para facilitar la tramitación oportuna, diligente y
objetiva de los avisos conforme a unas normas uniformes, claras y transparentes que
establezcan unas sólidas salvaguardas para proteger los derechos e intereses legítimos
de todas las partes afectadas, en particular los derechos fundamentales que les
garantiza la Carta, sea cual sea el Estado miembro de establecimiento o residencia de
dichas partes y el campo del derecho de que se trate. Los derechos fundamentales
incluyen, según el caso, el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho
al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos
personales, el derecho a la no discriminación y el derecho a la tutela judicial efectiva
de los destinatarios del servicio; la libertad de empresa, incluida la libertad contractual,
de los prestadores de servicios; así como el derecho a la dignidad humana, los
derechos del niño, el derecho a la protección de la propiedad, incluida la propiedad
intelectual, y el derecho a la no discriminación de las partes afectadas por contenidos
ilícitos.

(42) Cuando un prestador de servicios de alojamiento de datos decida retirar la información
proporcionada por un destinatario del servicio, o inhabilitar el acceso a la misma, por
ejemplo después de recibir un aviso o de actuar por propia iniciativa, inclusive por
medios automatizados, dicho prestador deberá comunicar al destinatario su decisión,
los motivos de su decisión y las opciones de impugnación de la decisión, en vista de
las consecuencias negativas que tales decisiones puedan tener para el destinatario, por
ejemplo, en lo que se refiere al ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de
expresión. Esa obligación debe aplicarse con independencia de los motivos de la
decisión, en particular si se ha actuado porque se considera que la información
notificada es un contenido ilícito o incompatible con las condiciones aplicables. Las
vías de recurso disponibles para impugnar la decisión del prestador del servicio de
alojamiento de datos deberán incluir siempre la vía de recurso judicial.

(43) Con vistas a evitar cargas desproporcionadas, las obligaciones adicionales impuestas a
las plataformas en línea en virtud del presente Reglamento no deben aplicarse a las
microempresas o pequeñas empresas definidas en la Recomendación 2003/361/CE de
la Comisión [41], salvo que su alcance y su repercusión sean tales que cumplan los
criterios para considerarse plataformas en línea de muy gran tamaño en virtud del
presente Reglamento. Las normas de consolidación establecidas en esa
Recomendación contribuyen a evitar que se puedan eludir dichas obligaciones
adicionales. No cabe entender que la exención de las microempresas y pequeñas
empresas de esas obligaciones adicionales afecte a su capacidad de establecer, con
carácter voluntario, un sistema que cumpla con alguna de esas obligaciones.

(44) Los destinatarios del servicio deben poder impugnar de manera fácil y efectiva ciertas
decisiones de las plataformas en línea que les afecten negativamente. Por consiguiente,
las plataformas en línea deben estar obligadas a establecer sistemas internos de
tramitación de reclamación, que cumplan ciertas condiciones destinadas a garantizar

41 Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas,

pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

### ES 30 ES

que los sistemas sean fácilmente accesibles y produzcan resultados rápidos y justos.
Además, debe contemplarse la vía de resolución extrajudicial de litigios, incluidas las
que no puedan resolverse de manera satisfactoria a través de los sistemas internos de
tramitación de reclamaciones, por organismos certificados que posean la
independencia, los medios y los conocimientos necesarios para desarrollar sus
actividades con equidad, rapidez y eficacia en términos de costes. Las posibilidades de
impugnar las decisiones de las plataformas en línea así creadas deben ser
complementarias a la posibilidad de recurso judicial, que no debería verse afectada en
ningún aspecto, de conformidad con la legislación del Estado miembro de que se trate.

(45) En relación con las diferencias contractuales entre consumidores y empresas con
respecto a la adquisición de bienes o servicios, la Directiva 2013/11/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo [42] garantiza que los consumidores y las empresas de
la Unión tengan acceso a entidades de resolución alternativa de litigios de calidad
homologada. En este sentido, conviene aclarar que las disposiciones del presente
Reglamento sobre la resolución extrajudicial de litigios han de entenderse sin perjuicio
de la Directiva mencionada, incluido el derecho que la misma confiere a los
consumidores de retirarse del procedimiento en cualquier momento si no están
satisfechos con el funcionamiento o la tramitación del procedimiento.

(46) Se puede actuar de manera más rápida y fiable contra los contenidos ilícitos cuando las
plataformas en línea adoptan las medidas necesarias para asegurarse de que los avisos
enviados por los alertadores fiables a través de los mecanismos de notificación y
acción exigidos por el presente Reglamento se traten de forma prioritaria, sin perjuicio
del requisito de tramitar todos los avisos recibidos a través de dichos mecanismos, y
tomar decisiones al respecto, de manera oportuna, diligente y objetiva. Esta condición
de alertador fiable solo debe otorgarse a entidades, y no personas físicas, que hayan
demostrado, entre otras cosas, que poseen conocimientos y competencias específicos
para luchar contra los contenidos ilícitos, que representan intereses colectivos y que
trabajan de manera diligente y objetiva. Estas entidades pueden ser de carácter
público, como por ejemplo, en el caso de los contenidos terroristas, las unidades de
notificación de contenidos de internet de las autoridades policiales nacionales o de la
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial («Europol») o pueden ser
organizaciones no gubernamentales y organismos semipúblicos, como las
organizaciones que forman parte de la red INHOPE de líneas directas para denunciar
materiales relacionados con abusos sexuales a menores y organizaciones
comprometidas con la notificación de expresiones racistas y xenófobas en línea. En
relación con los derechos sobre la propiedad intelectual, se podría otorgar la condición
de alertadores fiables a organizaciones del sector y de titulares de derechos que hayan
demostrado cumplir las condiciones aplicables. No cabe entender que las
disposiciones del presente Reglamento relativas a los alertadores fiables impidan a las
plataformas en línea dar un tratamiento análogo a los avisos enviados por entidades o
personas físicas a las que no se haya otorgado la condición de alertadores fiables, o
colaborar de otra manera con otras entidades, con arreglo a la legislación aplicable,

42 Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución

alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la
Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 de
18.6.2013, p. 63).

### ES 31 ES

incluido el presente Reglamento y el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento
Europeo y del Consejo [43] .

(47) El uso indebido de los servicios de las plataformas en línea mediante la publicación
frecuente de contenidos manifiestamente ilícitos o mediante el envío frecuente de
avisos o reclamaciones manifiestamente infundados a través de los mecanismos y
sistemas respectivamente establecidos en virtud del presente Reglamento debilita la
confianza y perjudica los derechos e intereses legítimos de las partes afectadas. Por
consiguiente, es necesario establecer salvaguardias apropiadas y proporcionadas contra
dicho uso indebido. Una información debe tener la consideración de contenido
manifiestamente ilícito y los avisos o reclamaciones deben tener la consideración de
manifiestamente infundados cuando sea evidente a una persona lega en la materia, sin
un análisis de fondo, que dicho contenido es ilícito o que los avisos o reclamaciones
son infundados. En determinadas condiciones, las plataformas en línea deberán
suspender temporalmente sus actividades pertinentes al respecto de la persona que
muestre comportamientos abusivos. Esto es sin perjuicio de la libertad que tienen las
plataformas en línea para determinar sus condiciones y establecer medidas más
rigurosas para el caso de un contenido manifiestamente ilícito relacionado con delitos
graves. Por razones de transparencia, esta posibilidad debe quedar establecida, de
forma clara y suficientemente detallada, en las condiciones de las plataformas en línea.
Siempre debe existir la posibilidad de recurrir las decisiones adoptadas en este sentido
por las plataformas en línea y estas deben estar sujetas a la supervisión del coordinador
de servicios digitales competente. Las disposiciones del presente Reglamento relativas
al uso indebido no deben impedir a las plataformas en línea adoptar otras medidas para
combatir la publicación de contenidos ilícitos por los destinatarios de su servicio u
otros usos indebidos de sus servicios, de conformidad con el Derecho de la Unión y
nacional aplicable. Dichas disposiciones han de entenderse sin perjuicio de las
posibilidades de exigir responsabilidades a las personas que efectúen el uso indebido,
inclusive por daños y perjuicios, que se hayan estipulado en el Derecho de la Unión y
nacional aplicable.

(48) En algunos casos, una plataforma en línea puede tener conocimiento, por ejemplo, a
raíz del aviso de una parte notificante o a través de sus propias medidas voluntarias, de
información relativa a una determinada actividad de un destinatario del servicio, como
la publicación de determinados tipos de contenidos ilícitos, que razonablemente
justifique, vistas todas las circunstancias pertinentes de las que dicha plataforma
en línea haya tenido conocimiento, la sospecha de que el destinatario pueda haber
cometido, pueda estar cometiendo o pueda probablemente cometer un delito grave que
amenace la vida o la seguridad de una persona, como los delitos especificados en la
Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo [44] . En esos casos, la
plataforma en línea debe comunicar dicha sospecha a las autoridades policiales
competentes sin dilación y aportar toda la información pertinente de que disponga,
incluso, cuando sea pertinente, el contenido en cuestión y una explicación de su
sospecha. El presente Reglamento no sienta la base jurídica para elaborar perfiles de

43 Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo, (DO L 135
de 24.5.2016, p. 53).
44 Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha

contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se
sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).

### ES 32 ES

los destinatarios de los servicios con miras a la posible detección de delitos por las
plataformas en línea. Las plataformas en línea también deben respetar otras
disposiciones del Derecho de la Unión o nacional aplicable para la protección de los
derechos y las libertades de las personas físicas cuando informen a las autoridades
policiales.

(49) A fin de contribuir a la creación de un entorno en línea seguro, confiable y
transparente para los consumidores, así como para otras partes interesadas tales como
comerciantes competidores y titulares de derechos de propiedad intelectual, y para
disuadir a los comerciantes de vender productos o servicios que infrinjan las normas
aplicables, las plataformas en línea que permitan a los consumidores formalizar
contratos a distancia con los comerciantes deben asegurarse de que dichos
comerciantes sean localizables. Por consiguiente, debe exigirse al comerciante que
facilite determinada información esencial a la plataforma en línea, incluso para
promocionar mensajes o realizar ofertas sobre productos. Dicho requisito también
debe aplicarse a los comerciantes que promocionen mensajes sobre productos o
servicios en nombre de las marcas, en virtud de acuerdos subyacentes. Esas
plataformas en línea deberán almacenar toda la información de manera segura durante
un periodo de tiempo razonable que no exceda de lo necesario, de forma que puedan
acceder a ella, de conformidad con la legislación aplicable, incluida la relativa a la
protección de los datos personales, las autoridades públicas y partes privadas que
tengan un interés legítimo, inclusive a través de las órdenes de entrega de información
a que se refiere el presente Reglamento.

(50) A fin de garantizar una aplicación eficiente y adecuada de esa obligación, sin imponer
cargas desproporcionadas, las plataformas en línea afectadas deben realizar esfuerzos
razonables para verificar la fiabilidad de la información proporcionada por los
comerciantes afectados, en particular mediante el uso de bases de datos en línea e
interfaces en línea oficiales de libre disponibilidad, como los registros mercantiles
nacionales y el sistema de intercambio de información sobre el IVA [45], o bien
solicitando a los comerciantes afectados que proporcionen documentos justificativos
confiables, como copias de documentos de identidad, estados bancarios certificados,
certificados empresariales y certificados del registro mercantil. También pueden
recurrir a otras fuentes, disponibles para su uso a distancia, que ofrezcan un grado
análogo de fiabilidad al efecto de cumplir con esta obligación. Sin embargo, las
plataformas en línea afectadas no deben estar obligadas a realizar actividades
excesivas o costosas de búsqueda de hechos ni a realizar verificaciones sobre el
terreno. Como tampoco cabe entender que esas plataformas en línea, que hayan
realizado los esfuerzos razonables exigidos por el presente Reglamento, garanticen la
fiabilidad de la información al consumidor u otras partes interesadas. Dichas
plataformas en línea también deben diseñar y organizar su interfaz en línea de manera
que permita a los comerciantes cumplir con sus obligaciones conforme al Derecho de
la Unión, en particular los requisitos estipulados en los artículos 6 y 8 de la
Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo [46], el artículo 7 de la

45 [https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=es.](https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=es)
46 Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de

los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo.

### ES 33 ES

Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [47] y el artículo 3 de la
Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [48] .

(51) En vista de las responsabilidades y obligaciones particulares de las plataformas
en línea, deben estar sujetas a obligaciones de transparencia informativa, que se
apliquen adicionalmente a las obligaciones de transparencia informativa que son
aplicables a todos los prestadores de servicios intermediarios en virtud del presente
Reglamento. Para determinar si las plataformas en línea pueden ser plataformas
en línea de muy gran tamaño sujetas a determinadas obligaciones adicionales en virtud
del presente Reglamento, las obligaciones de transparencia informativa de las
plataformas en línea deben incluir determinadas obligaciones relativas a la publicación
y comunicación de información sobre el promedio mensual de destinatarios activos del
servicio en la Unión.

(52) La publicidad en línea desempeña un papel importante en el entorno en línea, también
en relación con la prestación de los servicios de las plataformas en línea. Sin embargo,
la publicidad en línea puede contribuir a generar riesgos significativos, desde anuncios
publicitarios que sean en sí mismos contenidos ilícitos hasta contribuir a incentivar
económicamente la publicación o amplificación de contenidos y actividades en línea
que sean ilícitos o de otro modo nocivos, o la presentación discriminatoria de
publicidad que afecte a la igualdad de trato y oportunidades de los ciudadanos.
Además de los requisitos derivados del artículo 6 de la Directiva 2000/31/CE, las
plataformas en línea, por tanto, deberán estar obligadas a velar por que los
destinatarios del servicio posean determinada información individualizada que
necesiten para saber cuándo y en nombre de quién se presenta la publicidad. Además,
los destinatarios del servicio deben tener información sobre los principales parámetros
utilizados para determinar que se les va a presentar publicidad específica, que ofrezca
explicaciones reveladoras de la lógica utilizada con ese fin, también cuando se base en
la elaboración de perfiles. Los requisitos del presente Reglamento sobre la facilitación
de información relativa a publicidad han de entenderse sin perjuicio de la aplicación de
las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) 2016/679, en particular las relativas
al derecho de oposición, las decisiones individuales automatizadas, incluida la
elaboración de perfiles, y en concreto la necesidad de obtener el consentimiento del
interesado antes del tratamiento de los datos personales para producir publicidad
personalizada. Del mismo modo, han de entenderse sin perjuicio de las disposiciones
de la Directiva 2002/58/CE, en particular las relativas al almacenamiento de
información en equipos terminales y al acceso a la información en ellos almacenada.

(53) Dada la importancia que, debido a su alcance, en particular expresado en el número de
destinatarios del servicio, tienen las plataformas en línea de muy gran tamaño para
facilitar el debate público, las transacciones económicas y la difusión de información,
opiniones e ideas y para influir en la forma en que los destinatarios obtienen y
comunican información en línea, es necesario imponer obligaciones específicas a esas
plataformas, además de las obligaciones aplicables a todas las plataformas en línea.

47 Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas

comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo
(«Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»).
48 Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998 relativa a la protección de

los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores.

### ES 34 ES

Dichas obligaciones adicionales para las plataformas en línea de muy gran tamaño son
necesarias para abordar esas materias de política pública, no existiendo medidas
alternativas y menos restrictivas que puedan alcanzar el mismo resultado de manera
efectiva.

(54) Las plataformas en línea de muy gran tamaño pueden entrañar riesgos para la
sociedad, de distinto alcance y repercusión que los generados por plataformas más
pequeñas. Una vez que el número de destinatarios de una plataforma asciende a un
porcentaje importante de la población de la Unión, los riesgos sistémicos que la
plataforma entraña tienen un impacto desproporcionadamente negativo en la Unión.
Deberá considerarse que existe un alcance tan significativo cuando el número de
destinatarios exceda de un umbral operativo fijado en cuarenta y cinco millones, es
decir, una cifra equivalente al 10 % de la población de la Unión. El umbral operativo
deberá mantenerse actualizado a través de enmiendas promulgadas por medio de actos
delegados, cuando sea necesario. Dichas plataformas en línea de muy gran tamaño
deberán, por tanto, cumplir las obligaciones de diligencia debida más exigentes,
proporcionadas a su impacto social y sus medios.

(55) En vista de los efectos de red que caracterizan a la economía de plataformas, la base de
usuarios de una plataforma en línea puede aumentar rápidamente y alcanzar la
dimensión de una plataforma en línea de muy gran tamaño, con la consiguiente
repercusión para el mercado interior. Tal puede ser el caso cuando experimente un
crecimiento exponencial en un corto periodo de tiempo, o cuando su gran presencia
mundial y facturación permitan a la plataforma en línea explotar al máximo los efectos
de red y las economías de escala y de alcance. En particular, una elevada facturación
anual o capitalización del mercado puede indicar una rápida escalabilidad en términos
de alcance de usuarios. En esos casos, el coordinador de servicios digitales debe poder
solicitar a la plataforma que aporte con más frecuencia información sobre su base de
usuarios a fin de poder determinar oportunamente el momento en que la plataforma
debe considerarse una plataforma en línea de muy gran tamaño para los fines del
presente Reglamento.

(56) Las plataformas en línea de muy gran tamaño tienen un modo de uso que influye en
gran medida en la seguridad en línea, en la opinión y el discurso públicos, y en el
comercio en línea. El diseño de sus servicios se optimiza en general para beneficio de
sus modelos de negocio, a menudo basados en la publicidad, y pueden causar
inquietudes en la sociedad. A falta de una reglamentación y ejecución efectivas,
pueden fijar las reglas del juego, sin determinar y reducir eficazmente los riesgos y los
perjuicios sociales y económicos que pueden causar. Por tanto, de acuerdo con el
presente Reglamento, las plataformas en línea de muy gran tamaño deben evaluar los
riesgos sistémicos que entraña el funcionamiento y uso de su servicio, así como los
posibles usos indebidos por parte de los destinatarios del mismo, y adoptar medidas de
reducción de riesgos apropiadas.

(57) Deben evaluarse en profundidad tres categorías de riesgos sistémicos. La primera
categoría se refiere a los riesgos asociados al uso indebido de su servicio mediante la
difusión de contenidos ilícitos, como la difusión de materiales de abuso sexual de
menores o delitos de incitación al odio, y la realización de actividades ilícitas como la
venta de productos o servicios prohibidos por el Derecho de la Unión o nacional,
incluidos los productos falsificados. Por ejemplo, y sin perjuicio de la responsabilidad
personal que pueda tener el destinatario del servicio de las plataformas en línea de
muy gran tamaño por la posible ilicitud de sus actividades en virtud de la legislación
aplicable, dicha difusión o actividad puede constituir un riesgo sistémico importante

### ES 35 ES

cuando el acceso a esos contenidos pueda amplificarse a través de cuentas con un
alcance especialmente amplio. Una segunda categoría se refiere a los efectos del
servicio para el ejercicio de los derechos protegidos por la Carta de los Derechos
Fundamentales, incluida la libertad de expresión e información, el derecho a la vida
privada, el derecho a la no discriminación y los derechos del niño. Estos riesgos
pueden derivarse, por ejemplo, del diseño de los sistemas algorítmicos utilizados por
la plataforma en línea de muy gran tamaño o por el uso indebido de su servicio
mediante el envío de avisos abusivos u otros métodos destinados a silenciar la opinión
u obstaculizar la competencia. Una tercera categoría de riesgos se refiere a la
manipulación deliberada y a menudo coordinada del servicio de la plataforma, con
efectos previsibles para la salud, el discurso cívico, los procesos electorales, la
seguridad pública y la protección de los menores, en vista de la necesidad de
salvaguardar el orden público, proteger la privacidad y combatir las prácticas
comerciales fraudulentas y engañosas. Estos riesgos pueden derivarse, por ejemplo, de
la creación de cuentas falsas, el uso de _bots_ y otros comportamientos total o
parcialmente automatizados, que pueden dar lugar a la difusión rápida y extendida de
información que sea un contenido ilícito o incompatible con las condiciones de una
plataforma.

(58) Las plataformas en línea de muy gran tamaño deben desplegar los medios necesarios
para reducir diligentemente los riesgos sistémicos determinados en la evaluación de
riesgos. Entre esas medidas de reducción de riesgos, las plataformas en línea de muy
gran tamaño deben considerar, por ejemplo, reforzar o de algún modo adaptar el
diseño y funcionamiento de sus procesos de moderación de contenidos, sistemas
algorítmicos de recomendación e interfaces en línea, de manera que tengan efectos
disuasorios y limitativos de la difusión de contenidos ilícitos, adaptar sus procesos
decisorios, o adaptar sus condiciones. También pueden incluir medidas correctoras,
como suspender la recaudación de ingresos por publicidad en determinados
contenidos, u otro tipo de medidas, como mejorar la visibilidad de fuentes autorizadas
de información. Las plataformas en línea de muy gran tamaño pueden reforzar sus
procesos internos o la supervisión de cualquiera de sus actividades, en particular en lo
que respecta a la detección de riesgos sistémicos. También pueden iniciar o aumentar
la cooperación con alertadores fiables, organizar sesiones de formación e intercambios
con organizaciones de alertadores fiables, y colaborar con otros prestadores de
servicios, por ejemplo, mediante la adopción o la suscripción de códigos de conducta u
otras medidas de autorregulación. Cualquier medida que se adopte debe respetar los
requisitos de diligencia debida del presente Reglamento y ser eficaz y apropiada para
reducir los riesgos específicos detectados, en aras de la salvaguardia del orden público,
la protección de la privacidad y la lucha contra las prácticas comerciales fraudulentas y
engañosas, y debe ser proporcionada en vista de la capacidad económica de la
plataforma en línea de muy gran tamaño y de la necesidad de evitar restricciones
innecesarias del uso de su servicio, teniendo debidamente en cuenta los efectos
negativos que ello puede tener para los derechos fundamentales de los destinatarios del
servicio.

(59) En su caso, las plataformas en línea de muy gran tamaño deberán realizar sus
evaluaciones de riesgos y diseñar sus medidas de reducción del riesgo contando con la
participación de representantes de los destinatarios del servicio, representantes de
grupos potencialmente afectados por sus servicios, expertos independientes y
organizaciones de la sociedad civil.

### ES 36 ES

(60) Dada la necesidad de garantizar la verificación por expertos independientes, las
plataformas en línea de muy gran tamaño deben rendir cuentas, mediante auditorías
independientes, del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente
Reglamento y, cuando sea pertinente, de cualquier compromiso complementario
adquirido de conformidad con códigos de conducta y protocolos de crisis. Deben
otorgar al auditor acceso a todos los datos pertinentes necesarios para realizar la
auditoría debidamente. Los auditores también deben poder recurrir a otras fuentes de
información objetiva, como estudios de investigadores autorizados. Los auditores
deben garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de la información, como
secretos comerciales, que obtengan en el desempeño de sus funciones y tener los
conocimientos necesarios en materia de gestión de riesgos y competencia técnica para
auditar algoritmos. Los auditores deben ser independientes, de modo que puedan
realizar sus funciones de manera adecuada y confiable. Si su independencia no está
fuera de toda duda, deberán dimitir o abstenerse de participar en la auditoría.

(61) El informe de auditoría debe estar fundamentado, de modo que ofrezca un relato
coherente de las actividades realizadas y las conclusiones alcanzadas. Debe contribuir
a informar y, en su caso, inspirar mejoras de las medidas adoptadas por la plataforma
en línea de muy gran tamaño para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente
Reglamento. El informe debe transmitirse sin dilación al coordinador de servicios
digitales de establecimiento y a la Junta, junto con la evaluación de riesgos y las
medidas de reducción del riesgo, así como los planes de la plataforma para atender las
recomendaciones de la auditoría. El informe debe incluir un dictamen de auditoría
basado en las conclusiones extraídas a partir de los datos fehacientes obtenidos en la
auditoría. El dictamen deberá ser favorable cuando todos los datos demuestren que la
plataforma en línea de muy gran tamaño cumple con las obligaciones estipuladas en el
presente Reglamento o bien, en su caso, cualquier compromiso que haya adquirido de
conformidad con un código de conducta o un protocolo de crisis, en particular
mediante la determinación, la evaluación y la reducción de los riesgos sistémicos
generados por su sistema y sus servicios. Un dictamen favorable deberá ir acompañado
de observaciones cuando el auditor desee incluir comentarios que no tengan efectos
importantes sobre el resultado de la auditoría. El dictamen deberá ser negativo cuando
el auditor considere que la plataforma en línea de muy gran tamaño no cumple con el
presente Reglamento o con los compromisos adquiridos.

(62) Una parte fundamental del negocio de una plataforma en línea de muy gran tamaño es
la manera en que prioriza y presenta la información en su interfaz en línea para
facilitar y optimizar el acceso a la misma por los destinatarios del servicio. Esto se
hace, por ejemplo, mediante la recomendación, clasificación y priorización algorítmica
de la información, mediante la distinción de texto u otras representaciones visuales, o
la organización de otro modo la información facilitada por los destinatarios. Estos
sistemas de recomendación pueden afectar significativamente a la capacidad de los
destinatarios para obtener información en línea e interactuar con ella. También
desempeñan un papel importante en la amplificación de determinados mensajes, la
difusión viral de información y la promoción de comportamientos en línea. En
consecuencia, las plataformas en línea de muy gran tamaño deben asegurarse de que
los destinatarios estén debidamente informados y puedan influir en la información que
se les presenta. Deben presentar con claridad los parámetros principales de dichos
sistemas de recomendación de manera fácilmente comprensible para asegurarse de que
los destinatarios entienden cómo se prioriza la información para ellos. También deben
velar por que los destinatarios dispongan de opciones alternativas para los parámetros

### ES 37 ES

principales, incluidas opciones que no se basen en la elaboración de un perfil del
destinatario.

(63) Los sistemas publicitarios utilizados por las plataformas en línea de muy gran tamaño
entrañan especiales riesgos y requieren supervisión pública y reglamentaria adicional
debido a su escala y capacidad para dirigirse y llegar a los destinatarios del servicio en
función de su comportamiento dentro y fuera de la interfaz en línea de dicha
plataforma. Las plataformas en línea de muy gran tamaño deben garantizar el acceso
público a los repositorios de anuncios publicitarios presentados en sus interfaces
en línea para facilitar la supervisión y la investigación de los riesgos emergentes
generados por la distribución de publicidad en línea, por ejemplo en relación con
anuncios ilícitos o técnicas manipulativas y desinformación con efectos negativos
reales y previsibles para la salud pública, la seguridad pública, el discurso civil, la
participación política y la igualdad. Los repositorios deben incluir el contenido de los
anuncios publicitarios y datos conexos sobre el anunciante y la entrega del anuncio,
especialmente en lo que respecta a la publicidad personalizada.

(64) A fin de supervisar debidamente el cumplimiento de las plataformas en línea de muy
gran tamaño con las obligaciones estipuladas en el presente Reglamento, el
coordinador de servicios digitales de establecimiento o la Comisión pueden requerir
acceso o informes relativos a datos específicos. Este requerimiento puede incluir, por
ejemplo, los datos necesarios para valorar los riesgos y posibles perjuicios generados
por los sistemas de la plataforma, datos sobre la precisión, el funcionamiento y las
pruebas de los sistemas algorítmicos de moderación de contenidos, sistemas de
recomendación o sistemas publicitarios, o datos sobre procesos y resultados de
moderación de contenidos o de los sistemas internos de tramitación de reclamaciones
en el sentido del presente Reglamento. Las investigaciones sobre la evolución y la
gravedad de los riesgos sistémicos en línea son especialmente importantes para
compensar asimetrías de información y establecer un sistema resiliente de reducción
de riesgos, con información para las plataformas en línea, los coordinadores de
servicios digitales, otras autoridades competentes, la Comisión y el público. Por
consiguiente, el presente Reglamento establece un marco para exigir a las plataformas
en línea de muy gran tamaño que faciliten el acceso de investigadores autorizados a
los datos. Todos los requisitos relativos al acceso a los datos en virtud de dicho marco
deben ser proporcionados y proteger debidamente los derechos e intereses legítimos,
como secretos comerciales y otra información confidencial, de la plataforma y de
cualquier otra parte afectada, incluidos los destinatarios del servicio.

(65) Dada la complejidad del funcionamiento de los sistemas desplegados y los riesgos
sistémicos que entrañan para la sociedad, las plataformas en línea de muy gran tamaño
deben designar encargados de cumplimiento, quienes deben poseer la cualificación
necesaria para poner en práctica medidas y vigilar el cumplimiento del presente
Reglamento en la organización de la plataforma. Las plataformas en línea de muy gran
tamaño deben asegurarse de que el encargado de cumplimiento participe, de manera
apropiada y oportuna, en todas las cuestiones que se refieren al presente Reglamento.
En vista de los riesgos adicionales relacionados con sus actividades y sus obligaciones
adicionales en virtud del presente Reglamento, el resto de los requisitos de
transparencia estipulados en el presente Reglamento deben complementarse con
requisitos adicionales de transparencia aplicables específicamente a las plataformas
en línea de muy gran tamaño, especialmente informar sobre las evaluaciones de
riesgos realizadas y las medidas consiguientemente adoptadas según lo estipulado en
el presente Reglamento.

### ES 38 ES

(66) Para facilitar la aplicación efectiva y coherente de las obligaciones estipuladas en el
presente Reglamento que pueda ser preciso ejecutar por medios tecnológicos, es
importante promover normas industriales voluntarias que comprendan determinados
procedimientos técnicos, de modo que la industria pueda colaborar al desarrollo de
medios normalizados para cumplir con el presente Reglamento, como permitir el envío
de avisos, por ejemplo a través de interfaces de programación de aplicaciones, o en
relación con la interoperabilidad de los repositorios de anuncios publicitarios. Estas
normas podrían ser especialmente útiles para los prestadores de servicios
intermediarios relativamente pequeños. Las normas podrían distinguir entre distintos
tipos de contenidos ilícitos o distintos tipos de servicios intermediarios, según proceda.

(67) La Comisión y la Junta deberían fomentar la elaboración de códigos de conducta que
contribuyan a la aplicación del presente Reglamento. Aunque la aplicación de los
códigos de conducta debe ser medible y estar sujeta a supervisión pública, ello no debe
afectar al carácter voluntario de dichos códigos y a la libertad de las partes interesadas
para decidir si desean participar. En determinadas circunstancias, es importante que las
plataformas en línea de muy gran tamaño cooperen en la elaboración de códigos de
conducta específicos y los suscriban. Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento
impide que otros prestadores de servicios suscriban las mismas normas de diligencia
debida, adopten buenas prácticas y se beneficien de las orientaciones proporcionadas
por la Comisión y la Junta, mediante su participación en los mismos códigos de
conducta.

(68) Es apropiado que el presente Reglamento señale determinados aspectos para que se
tomen en consideración en dichos códigos de conducta. En particular, deben
explorarse medidas de reducción de riesgos relativas a tipos concretos de contenidos
ilícitos a través de acuerdos de autorregulación y corregulación. Otro aspecto que
debería tomarse en consideración son las posibles repercusiones negativas de los
riesgos sistémicos para la sociedad y la democracia, como la desinformación o las
actividades manipulativas y abusivas. Esto incluye operaciones coordinadas dirigidas a
amplificar información, incluida la desinformación, como el uso de _bots_ y cuentas
falsas para generar información falsa o engañosa, a veces con el fin de obtener un
beneficio económico, que son especialmente nocivas para destinatarios vulnerables del
servicio, como los niños. En relación con estos aspectos, la suscripción y el
cumplimiento de un determinado código de conducta por una plataforma en línea de
muy gran tamaño puede considerarse una medida apropiada de reducción de riesgos.
La negativa de una plataforma en línea a participar en la aplicación de un código de
conducta de esta índole a invitación de la Comisión, sin explicaciones adecuadas,
podría tenerse en cuenta, cuando sea pertinente, a la hora de determinar si la
plataforma en línea ha incumplido las obligaciones estipuladas en el presente
Reglamento.

(69) Las disposiciones del presente Reglamento relativas a los códigos de conducta podrían
servir de base para iniciativas de autorregulación ya establecidas a escala de la Unión,
como el compromiso de seguridad con los productos, el memorando de entendimiento
contra los productos falsificados, el Código de conducta para combatir el delito de
incitación al odio en internet, y el Código de buenas prácticas en materia de
desinformación. En particular en relación con este último, la Comisión publicará
orientaciones para reforzar el Código de buenas prácticas en materia de
desinformación, como se anunció en el Plan de Acción para la Democracia Europea.

(70) En la publicidad en línea generalmente intervienen varios actores, incluidos los
servicios intermediarios que conectan a los publicistas con los anunciantes. Los

### ES 39 ES

códigos de conducta deben apoyar y complementar las obligaciones de transparencia
relativas a la publicidad para plataformas en línea y plataformas en línea de muy gran
tamaño estipuladas en el presente Reglamento a fin de establecer unos mecanismos
flexibles y eficaces para facilitar y potenciar el cumplimiento de dichas obligaciones,
en particular en lo que se refiere a las modalidades de transmisión de la información
pertinente. La participación de una gran variedad de partes interesadas debería
garantizar que dichos códigos de conducta cuenten con un amplio apoyo, sean
técnicamente sólidos y eficaces, y ofrezcan niveles máximos de facilidad en el manejo
para garantizar que las obligaciones de transparencia cumplan sus objetivos.

(71) En el caso de que existan circunstancias extraordinarias que afecten a la seguridad
pública o a la salud pública, la Comisión podrá iniciar la elaboración de protocolos de
crisis para coordinar una respuesta rápida, colectiva y transfronteriza en el entorno
en línea. Cabe considerar circunstancias extraordinarias cualquier hecho imprevisible,
como terremotos, huracanes, pandemias y otras amenazas transfronterizas graves para
la salud pública, guerras y actos de terrorismo, por ejemplo, cuando las plataformas
en línea puedan utilizarse indebidamente para propagar rápidamente contenidos ilícitos
o desinformación, o bien cuando surja la necesidad de difundir rápidamente
información fiable. En vista del importante papel que desempeñan las plataformas
en línea de muy gran tamaño en la difusión de información en nuestras sociedades y a
través de las fronteras, debe animarse a dichas plataformas a elaborar y aplicar
protocolos de crisis específicos. Dichos protocolos de crisis solo deben activarse
durante un período limitado y las medidas adoptadas también deben limitarse a lo
estrictamente necesario para hacer frente a la circunstancia extraordinaria. Esas
medidas deben ser coherentes con el presente Reglamento, y no deben suponer una
obligación general para las plataformas en línea de muy gran tamaño participantes de
supervisar la información que transmiten o almacenan, ni de buscar activamente
hechos o circunstancias que indiquen contenidos ilícitos.

(72) La tarea de garantizar una supervisión y ejecución adecuadas de las obligaciones
estipuladas en el presente Reglamento debe atribuirse, en principio, a los Estados
miembros. Con este fin, deberán designar al menos una autoridad encargada de aplicar
y ejecutar el presente Reglamento. No obstante, los Estados miembros deben poder
encomendar a más de una autoridad competente el desempeño de determinadas
funciones y competencias de supervisión o ejecución relativas a la aplicación del
presente Reglamento, por ejemplo para sectores concretos, como los reguladores de
comunicaciones electrónicas, los reguladores de medios de comunicación o las
autoridades de protección del consumidor, que reflejen su estructura constitucional,
organizativa y administrativa nacional.

(73) Dada la naturaleza transfronteriza de los servicios en cuestión y la horizontalidad de
las obligaciones que introduce el presente Reglamento, la autoridad encargada de
supervisar la aplicación y, en su caso, ejecución del presente Reglamento deberá
identificarse como coordinador de servicios digitales en cada Estado miembro.
Cuando se designe más de una autoridad competente para aplicar y ejecutar el presente
Reglamento, solo una autoridad de dicho Estado miembro deberá identificarse como
coordinador de servicios digitales. El coordinador de servicios digitales debe actuar
como punto único de contacto con respecto a todos los asuntos relacionados con la
aplicación del presente Reglamento para la Comisión, la Junta, los coordinadores de
servicios digitales de otros Estados miembros y otras autoridades competentes del
Estado miembro en cuestión. En particular, cuando se encomiende a varias autoridades
competentes el desempeño de funciones establecidas en el presente Reglamento en un

### ES 40 ES

determinado Estado miembro, el coordinador de servicios digitales deberá coordinarse
y cooperar con esas autoridades de conformidad con la legislación nacional que
establezca sus funciones respectivas, y deberá velar por que todas las autoridades
pertinentes participen de manera efectiva en la supervisión y ejecución en el ámbito de
la Unión.

(74) El coordinador de servicios digitales, así como otras autoridades competentes
designadas en virtud del presente Reglamento, desempeñan un papel crucial para
garantizar la efectividad de los derechos y obligaciones estipulados en el presente
Reglamento y el cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, es necesario
garantizar que dichas autoridades actúen con completa independencia de organismos
públicos y privados, sin obligación o posibilidad de solicitar o recibir instrucciones, ni
siquiera del Gobierno, y sin perjuicio de los deberes específicos de cooperación con
otras autoridades competentes, con los coordinadores de servicios digitales, con la
Junta y con la Comisión. Por otra parte, la independencia de estas autoridades no debe
suponer que no puedan someterse, de conformidad con las constituciones nacionales y
sin poner en peligro el cumplimiento de los objetivos del presente Reglamento, a los
mecanismos nacionales de control o supervisión de su gasto financiero o a revisión
judicial, o que no tengan la posibilidad de consultar con otras autoridades nacionales,
incluidas las autoridades policiales o las autoridades de gestión de crisis, en su caso.

(75) Los Estados miembros pueden designar una autoridad nacional ya existente que
desempeñe la función de coordinador de servicios digitales, o que tenga funciones
específicas de aplicación y ejecución del presente Reglamento, siempre que dicha
autoridad designada cumpla los requisitos estipulados en el presente Reglamento, por
ejemplo, en lo que respecta a su independencia. Además, nada impide a los Estados
miembros combinar funciones en una autoridad existente, de conformidad con el
Derecho de la Unión. Las medidas que se adopten a tal efecto pueden incluir, entre
otras cosas, la imposibilidad de cesar al presidente o a un miembro de la dirección de
un órgano colegiado de una autoridad existente antes de que finalice su mandato, por
el único motivo de que se haya realizado una reforma institucional que implique la
combinación de diferentes funciones en una sola autoridad, a falta de normas que
garanticen que esta clase de ceses no pongan en peligro la independencia e
imparcialidad de tales miembros.

(76) En ausencia de un requisito general de que los prestadores de servicios intermediarios
garanticen la presencia física en el territorio de uno de los Estados miembros, es
necesario dejar claro cuál es el Estado miembro que tiene jurisdicción sobre esos
prestadores con el fin de que las autoridades competentes nacionales hagan cumplir las
disposiciones de los capítulos III y IV. Un prestador debe someterse a la jurisdicción
del Estado miembro donde se encuentre su establecimiento principal, es decir, donde
el prestador tenga su sede central o domicilio social en el que lleve a cabo las
principales funciones financieras y el control de sus operaciones. Con respecto a los
prestadores que no tengan un establecimiento en la Unión pero que ofrezcan sus
servicios en ella y, por tanto, se inscriban en el ámbito de aplicación del presente
Reglamento, la jurisdicción debe corresponder al Estado miembro donde dichos
prestadores hayan designado a su representante legal, teniendo en cuenta la función
que desempeñan los representantes legales en virtud del presente Reglamento. No
obstante, en aras de la aplicación efectiva del presente Reglamento, todos los Estados
miembros deben tener jurisdicción sobre los prestadores que no hayan designado un
representante legal, siempre que se respete el principio de _ne bis in idem_ . Con este fin,
cada Estado miembro que ejerza su jurisdicción sobre tales prestadores deberá

### ES 41 ES

comunicar a todos los demás Estados miembros, sin dilaciones indebidas, las medidas
que haya adoptado para ejercer dicha jurisdicción.

(77) Los Estados miembros deberán otorgar al coordinador de servicios digitales, y a
cualquier otra autoridad competente designada en virtud del presente Reglamento,
competencias y medios suficientes para garantizar una investigación y ejecución
eficaces. En particular, los coordinadores de servicios digitales deben poder buscar y
obtener información localizada en su territorio, también en el contexto de
investigaciones conjuntas, con la debida consideración del hecho de que las medidas
de supervisión y ejecución relativas a un prestador sujeto a la jurisdicción de otro
Estado miembro deberán adoptarse por el coordinador de servicios digitales de ese
otro Estado miembro, cuando sea pertinente de conformidad con los procedimientos
relativos a la cooperación transfronteriza.

(78) Los Estados miembros deberán estipular en su Derecho nacional, de conformidad con
el Derecho de la Unión y, en particular, con el presente Reglamento y la Carta,
condiciones y límites detallados para el ejercicio de las competencias de investigación
y ejecución de sus coordinadores de servicios digitales, y otras autoridades
competentes cuando proceda, en virtud del presente Reglamento.

(79) En el ejercicio de esas competencias, las autoridades competentes deben cumplir las
normas nacionales aplicables en relación con procedimientos y materias tales como la
necesidad de una autorización judicial previa para acceder a determinadas
instalaciones y la prerrogativa de secreto profesional en la relación clienteabogado. Esas disposiciones deben garantizar, en particular, el respeto de los derechos
fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, incluidos los derechos
de la defensa y el derecho al respeto de la vida privada. En este sentido, las garantías
establecidas en relación con los procedimientos de la Comisión de conformidad con el
presente Reglamento podrían ser un punto de referencia apropiado. Debe garantizarse
un procedimiento previo justo e imparcial antes de adoptar una decisión final, que
incluya los derechos de las personas afectadas a ser oídas y a acceder al expediente
que les concierna, respetando al mismo tiempo la confidencialidad y el secreto
profesional y empresarial, así como la obligación de motivar debidamente las
decisiones. Sin embargo, esto no debe impedir que se adopten medidas en casos de
urgencia debidamente fundamentados y con sujeción a condiciones y trámites
procesales apropiados. El ejercicio de las competencias también debe ser
proporcionado, entre otras cosas, a la naturaleza y al perjuicio general real o potencial
causado por la infracción o la presunta infracción. En principio, las autoridades
competentes deben tener en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes del
caso, incluida la información recabada por las autoridades competentes en otros
Estados miembros.

(80) Los Estados miembros deben asegurarse de que las violaciones de las obligaciones
estipuladas en el presente Reglamento puedan sancionarse de manera efectiva,
proporcionada y disuasoria, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad, recurrencia y
duración de la violación, en vista del interés público perseguido, el alcance y la clase
de actividades realizadas, así como la capacidad económica del infractor. En
particular, las sanciones deben tener en cuenta si el prestador de servicios
intermediarios afectado incumple de forma sistemática o recurrente sus obligaciones
en virtud del presente Reglamento, así como, cuando sea pertinente, si el prestador
mantiene actividad en varios Estados miembros.

### ES 42 ES

(81) A fin de garantizar la ejecución efectiva del presente Reglamento, las personas físicas
o las organizaciones representativas deben poder presentar reclamaciones relacionadas
con el incumplimiento del presente Reglamento al coordinador de servicios digitales
del territorio donde hayan recibido el servicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el
presente Reglamento en materia de jurisdicción. Las reclamaciones deben ofrecer una
exposición fiel de las inquietudes relacionadas con el cumplimiento de un determinado
prestador de servicios intermediarios y también podrían informar al coordinador de
servicios digitales de cualquier otra cuestión transversal. El coordinador de servicios
digitales debe involucrar a otras autoridades competentes nacionales, así como al
coordinador de servicios digitales de otro Estado miembro, y en particular al del
Estado miembro donde el prestador de servicios intermediarios afectado esté
establecido, si el problema requiere cooperación transfronteriza.

(82) Los Estados miembros deben asegurarse de que los coordinadores de servicios
digitales puedan adoptar medidas eficaces y proporcionadas para corregir
determinadas infracciones particularmente graves y persistentes. Especialmente
cuando esas medidas puedan afectar a los derechos e intereses de terceros, según
pueda ser el caso en particular cuando se limite el acceso a interfaces en línea, es
oportuno exigir que las medidas sean ordenadas por una autoridad judicial competente
a petición de los coordinadores de servicios digitales y que estén sujetas a
salvaguardias adicionales. En particular, los terceros potencialmente afectados deben
tener la oportunidad de ser oídos y dichas órdenes deben dictarse únicamente cuando
no se disponga razonablemente de competencias para adoptar ese tipo de medidas
según lo dispuesto en otros actos del Derecho de la Unión o en el Derecho nacional,
por ejemplo para proteger los intereses colectivos de los consumidores, para garantizar
la retirada inmediata de páginas web que contengan o difundan pornografía infantil, o
para inhabilitar el acceso a servicios que estén siendo utilizados por un tercero para
infringir un derecho de propiedad intelectual.

(83) Este tipo de órdenes de limitación del acceso no deben exceder de lo necesario para
alcanzar su objetivo. Con ese fin, deben ser temporales y dirigirse en principio a un
prestador de servicios intermediarios, como el prestador del servicio de alojamiento de
datos pertinente, el prestador del servicio de internet o el registro de nombres de
dominio, que esté en una posición razonable para alcanzar ese objetivo sin limitar
indebidamente el acceso a información lícita.

(84) El coordinador de servicios digitales debe publicar periódicamente un informe sobre
las actividades realizadas de conformidad con el presente Reglamento. Dado que el
coordinador de servicios digitales también tiene conocimiento de las órdenes de
actuación contra contenidos ilícitos o de entrega de información reguladas por el
presente Reglamento a través del sistema común de intercambio de información, el
coordinador de servicios digitales debe incluir en su informe anual el número y
categoría de dichas órdenes dirigidas a prestadores de servicios intermediarios por las
autoridades judiciales y administrativas de su Estado miembro.

(85) Cuando un coordinador de servicios digitales solicite a otro coordinador de servicios
digitales que actúe, el coordinador de servicios digitales solicitante, o la Junta en el
caso de que haya formulado una recomendación para que se evalúen cuestiones que
afecten a más de tres Estados miembros, debe poder remitir el asunto a la Comisión en
caso de que existan discrepancias sobre las evaluaciones o las medidas adoptadas o
propuestas o que no se adopten medidas. La Comisión, en virtud de la información
facilitada por las autoridades afectadas, deberá poder solicitar en consecuencia al
coordinador de servicios digitales competente que reevalúe el asunto y adopte las

### ES 43 ES

medidas necesarias para garantizar el cumplimiento en un período definido. Esta
posibilidad ha de entenderse sin perjuicio del deber general de la Comisión de
supervisar la aplicación del Derecho de la Unión, y en caso necesario exigir su
cumplimiento, bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
conformidad con los Tratados. Si el coordinador de servicios digitales de
establecimiento no adoptase medidas en respuesta a dicha solicitud, la Comisión
podría intervenir conforme a la sección 3 del capítulo IV del presente Reglamento,
cuando el presunto infractor sea una plataforma en línea de muy gran tamaño.

(86) A fin de facilitar la supervisión transfronteriza e investigaciones que afecten a varios
Estados miembros, los coordinadores de servicios digitales deberán poder participar,
de forma permanente o temporal, en actividades conjuntas de supervisión e
investigación relativas a las materias reguladas por el presente Reglamento. Esas
actividades pueden incluir a otras autoridades competentes y comprender una variedad
de asuntos, desde ejercicios coordinados para recabar datos hasta solicitudes de
información o inspecciones de instalaciones, dentro de los límites y del alcance de las
competencias de cada autoridad participante. Se puede solicitar a la Junta que ofrezca
asesoramiento en relación con esas actividades, por ejemplo, proponiendo hojas de
ruta y plazos para las actividades o grupos de trabajo _ad hoc_ con la participación de las
autoridades implicadas.

(87) En vista de los problemas concretos que pueden presentarse en relación con la
evaluación y el control del cumplimiento de una plataforma en línea de muy gran
tamaño, por ejemplo en relación con la escala o complejidad de una presunta
infracción o la necesidad de contar con conocimientos o capacidades particulares a
escala de la Unión, los coordinadores de servicios digitales deben tener la posibilidad
de solicitar, con carácter voluntario, que la Comisión intervenga y ejerza sus
competencias de investigación y ejecución en virtud del presente Reglamento.

(88) A fin de velar por que el presente Reglamento se aplique de manera coherente, es
necesario crear un grupo consultivo independiente a escala de la Unión, que deberá
prestar apoyo a la Comisión y ayudar a coordinar las acciones de los coordinadores de
servicios digitales. Esa Junta Europea de Servicios Digitales debe estar integrada por
los coordinadores de servicios digitales, sin perjuicio de la posibilidad de que estos
inviten a sus reuniones o designen a delegados _ad hoc_ de otras autoridades
competentes que tengan funciones específicas encomendadas en virtud del presente
Reglamento, cuando eso sea necesario de conformidad con su reparto nacional de
funciones y competencias. En el caso de que haya varios participantes de un mismo
Estado miembro, el derecho de voto deberá permanecer limitado a un representante
por Estado miembro.

(89) La Junta deberá contribuir a alcanzar una perspectiva común de la Unión sobre la
aplicación coherente del presente Reglamento y a la cooperación entre autoridades
competentes, por ejemplo, asesorando a la Comisión y a los coordinadores de servicios
digitales en relación con medidas apropiadas de investigación y ejecución, en
particular con respecto a las plataformas en línea de muy gran tamaño. La Junta
también debe colaborar en la preparación de unos modelos y códigos de conducta
pertinentes y analizar las tendencias generales emergentes en el desarrollo de servicios
digitales en la Unión.

(90) Para tal fin, la Junta debe poder adoptar dictámenes, solicitudes y recomendaciones
dirigidos a los coordinadores de servicios digitales u otras autoridades competentes
nacionales. Aunque no sean legalmente vinculantes, la decisión de desviarse de ellos

### ES 44 ES

debe explicarse debidamente y puede ser tenida en cuenta por la Comisión para
evaluar el cumplimiento del presente Reglamento por el Estado miembro afectado.

(91) La Junta debe reunir a los representantes de los coordinadores de servicios digitales y
otras posibles autoridades competentes bajo la presidencia de la Comisión, con miras a
garantizar que los asuntos que se le presenten se evalúen desde un punto de vista
plenamente europeo. En vista de posibles elementos transversales que puedan ser
pertinentes para otros marcos reglamentarios a escala de la Unión, la Junta debe estar
autorizada a cooperar con otros organismos, oficinas, agencias y grupos consultivos de
la Unión con responsabilidades en materias tales como la igualdad, incluida la
igualdad entre hombres y mujeres, y la no discriminación, la protección de datos, las
comunicaciones electrónicas, los servicios audiovisuales, la detección e investigación
de fraudes contra el presupuesto de la UE en relación con aranceles de aduanas, o la
protección del consumidor, según sea necesario para el desempeño de sus funciones.

(92) La Comisión, desde la presidencia, deberá participar en la Junta sin derechos de voto.
Desde la presidencia, la Comisión deberá velar por que el orden del día de las
reuniones se establezca de conformidad con lo solicitado por los miembros de la Junta
según lo dispuesto en su reglamento interno y en cumplimiento de los deberes de la
Junta estipulados en el presente Reglamento.

(93) En vista de la necesidad de garantizar el apoyo a las actividades de la Junta, esta
deberá poder utilizar los conocimientos y recursos humanos de la Comisión y de las
autoridades competentes nacionales. Los mecanismos específicos de funcionamiento
interno de la Junta deberán especificarse con mayor concreción en el reglamento
interno de la Junta.

(94) Dada la importancia de las plataformas en línea de muy gran tamaño, en vista de su
alcance y repercusión, el incumplimiento por su parte de las obligaciones específicas
que les son aplicables puede afectar a un número importante de destinatarios de los
servicios de diferentes Estados miembros y puede causar grandes perjuicios sociales,
mientras que dichos incumplimientos pueden ser además especialmente difíciles de
detectar y corregir.

(95) A fin de abordar esos objetivos de política pública es por tanto necesario establecer un
sistema común de supervisión y ejecución reforzadas a escala de la Unión. Una vez
detectada una infracción de una de las disposiciones que se aplican exclusivamente a
las plataformas en línea de muy gran tamaño, por ejemplo en virtud de investigaciones
individuales o conjuntas, auditorías o reclamaciones, el coordinador de servicios
digitales de establecimiento, por propia iniciativa o por indicación de la Junta, deberá
supervisar cualquier medida que se adopte posteriormente por la plataforma en línea
de muy gran tamaño afectada según lo establecido en su plan de acción. El
coordinador de servicios digitales debe poder solicitar, cuando sea oportuno, que se
lleve a cabo una auditoría específica adicional, con carácter voluntario, para
determinar si esas medidas bastan para corregir la infracción. Al final de ese
procedimiento, deberá comunicar a la Junta, a la Comisión y a la plataforma afectada
si considera que esa plataforma ha corregido o no la infracción y especificar en
particular la conducta pertinente y su evaluación de las medidas que se hayan
adoptado. El coordinador de servicios digitales debe desempeñar su función conforme
a este sistema común en el momento oportuno y teniendo debidamente en cuenta los
dictámenes y otro asesoramiento de la Junta.

(96) Cuando la infracción de la disposición que se aplique exclusivamente a las plataformas
en línea de muy gran tamaño no sea corregida de manera efectiva por esa plataforma

### ES 45 ES

de conformidad con el plan de acción, solo la Comisión podrá, por propia iniciativa o
por indicación de la Junta, decidir que se investigue en mayor profundidad la
infracción de que se trate y las medidas que la plataforma haya adoptado
posteriormente, quedando excluido el coordinador de servicios digitales de
establecimiento. Una vez realizadas las investigaciones necesarias, la Comisión deberá
poder adoptar decisiones en las que señale una infracción e imponga sanciones a las
plataformas en línea de muy gran tamaño cuando ello esté justificado. También debe
tener la posibilidad de intervenir en situaciones transfronterizas cuando el coordinador
de servicios digitales de establecimiento no haya adoptado ninguna medida pese a que
la Comisión lo haya solicitado, o en situaciones en las que el propio coordinador de
servicios digitales de establecimiento haya solicitado la intervención de la Comisión,
con respecto a una infracción de cualquier otra disposición del presente Reglamento
cometida por una plataforma en línea de muy gran tamaño.

(97) La Comisión debe mantener su libertad para decidir si desea intervenir o no en alguna
de las situaciones en que está facultada para hacerlo en virtud del presente
Reglamento. Una vez iniciado el procedimiento por la Comisión, debe excluirse la
posibilidad de que los coordinadores de servicios digitales de establecimiento
afectados ejerzan sus competencias de investigación y ejecución al respecto de la
conducta pertinente de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada, a fin de
evitar duplicaciones, incoherencias y riesgos desde el punto de vista del principio de
_ne bis in idem_ . Sin embargo, en aras de la eficacia, no deberá excluirse la posibilidad
de que esos coordinadores de servicios digitales ejerzan sus competencias, bien para
ayudar a la Comisión, cuando esta lo solicite para el desempeño de sus funciones de
supervisión, o bien al respecto de otras conductas, incluida una conducta de la misma
plataforma en línea de muy gran tamaño que presuntamente constituya una nueva
infracción. Esos coordinadores de servicios digitales, así como la Junta y otros
coordinadores de servicios digitales cuando sea pertinente, deberán facilitar a la
Comisión toda la información y la asistencia necesarias para que esta pueda
desempeñar sus funciones de manera efectiva, mientras que, a la inversa, la Comisión
deberá mantenerles informados del ejercicio de sus competencias según sea oportuno.
En ese sentido, la Comisión deberá tener en cuenta, cuando proceda, cualquier
evaluación pertinente realizada por la Junta o por los coordinadores de servicios
digitales afectados y todas las pruebas e informaciones pertinentes que los mismos
recaben, sin perjuicio de las competencias y la responsabilidad de la Comisión de
llevar a cabo investigaciones adicionales cuando sea necesario.

(98) En vista de los problemas concretos que puedan surgir para asegurar el cumplimiento
por parte de las plataformas en línea de muy gran tamaño y de la importancia de
hacerlo de manera efectiva, tomando en consideración su dimensión e impacto y los
perjuicios que pueden causar, la Comisión deberá poseer amplios poderes de
investigación y ejecución que le permitan investigar, hacer cumplir y supervisar
algunas de las normas estipuladas en el presente Reglamento, respetando plenamente
el principio de proporcionalidad y los derechos e intereses de las partes afectadas.

(99) En particular, la Comisión debe tener acceso a cualquier documentación, datos e
información pertinentes y necesarios para iniciar y llevar a cabo investigaciones, y
para vigilar el cumplimiento de las obligaciones pertinentes estipuladas en el presente
Reglamento, con independencia de quién sea el poseedor de la documentación, datos e
información en cuestión, y sea cual sea su forma o formato, su medio de
almacenamiento, o el lugar preciso en el que se conserven. La Comisión deberá poder
exigir directamente que la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o terceros

### ES 46 ES

pertinentes, que no sean personas físicas, aporten pruebas, datos e informaciones
pertinentes. Asimismo, la Comisión debe poder solicitar cualquier información
pertinente a cualquier autoridad, organismo o agencia públicos del Estado miembro, o
a cualquier persona física o jurídica para los fines del presente Reglamento. La
Comisión debe estar facultada para exigir acceso y explicaciones relativas a bases de
datos y los algoritmos de las personas pertinentes, y para entrevistar, con su
consentimiento, a cualquier persona que pueda estar en posesión de información útil y
levantar acta de las declaraciones efectuadas. La Comisión también debe estar
facultada para llevar a cabo las inspecciones que sean necesarias para hacer cumplir
las disposiciones pertinentes del presente Reglamento. Dichas competencias de
investigación tienen por objeto complementar la posibilidad que tiene la Comisión de
solicitar asistencia a los coordinadores de servicios digitales y a las autoridades de
otros Estados miembros, por ejemplo, al facilitar información o en el ejercicio de tales
competencias.

(100) El cumplimiento de las obligaciones pertinentes impuestas en virtud del presente

Reglamento debe garantizarse mediante multas y multas coercitivas. A tal fin, también
deben estipularse niveles adecuados para las multas y las multas coercitivas por el
incumplimiento de las obligaciones y la violación de las normas de procedimiento, con
sujeción a unos plazos de prescripción adecuados.

(101) Las plataformas en línea de muy gran tamaño afectadas y otras personas sujetas al

ejercicio de las competencias de la Comisión cuyos intereses puedan verse afectados
por una decisión deben tener la oportunidad de presentar sus observaciones de
antemano, y las decisiones adoptadas deberán difundirse ampliamente. Al tiempo que
se garantizan los derechos de defensa de las partes afectadas, y en particular el derecho
de acceso al expediente, es esencial que se proteja la información confidencial.
Además, siempre respetando la confidencialidad de la información, la Comisión debe
asegurarse de que cualquier información en la que se base para adoptar su decisión se
divulgue en la medida suficiente para que el destinatario de la decisión pueda entender
los hechos y consideraciones que han llevado a adoptar la decisión.

(102) Por razones de eficacia y eficiencia, además de la evaluación general del Reglamento,

que deberá llevarse a cabo antes de que se cumplan cinco años de su entrada en vigor,
tras la fase de puesta en marcha inicial y basada en los tres primeros años de
aplicación del presente Reglamento, la Comisión también deberá realizar una
evaluación de las actividades de la Junta y de su estructura.

(103) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento,

deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias
deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo [49] .

(104) Con el fin de cumplir los objetivos del presente Reglamento, el poder de adoptar actos

de conformidad con el artículo 290 del Tratado debe delegarse en la Comisión de
forma complementaria al presente Reglamento. En particular, deberán adoptarse actos
delegados en relación con los criterios de identificación de las plataformas en línea de
muy gran tamaño y de determinación de las especificaciones técnicas para las
solicitudes de acceso. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las

49 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se

establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados
miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

### ES 47 ES

consultas oportunas y que dichas consultas se realicen de conformidad con los
principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la
legislación, de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación
equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el
Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los
Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de
los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos
delegados.

(105) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales reconocidos en la Carta y

los derechos fundamentales que constituyen principios generales del Derecho de la
Unión. En consecuencia, el presente Reglamento ha de interpretarse y aplicarse de
conformidad con tales derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión e
información, y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. En el
ejercicio de las competencias estipuladas en el presente Reglamento, todas las
autoridades públicas implicadas deberán alcanzar, en situaciones en las que los
derechos fundamentales pertinentes entren en conflicto, un equilibrio justo entre los
derechos afectados, de conformidad con el principio de proporcionalidad.

(106) Dado que el objetivo del presente Reglamento, en concreto el correcto funcionamiento

del mercado interior y garantizar un entorno en línea seguro, predecible y confiable en
el que los derechos fundamentales consagrados en la Carta estén debidamente
protegidos, no puede ser alcanzado suficientemente por los Estados miembros porque
no pueden conseguir la armonización y cooperación necesarias actuando por sí solos,
sino que se puede alcanzar mejor a escala de la Unión, por motivo de su ámbito de
aplicación territorial y personal, la Unión podrá adoptar medidas, de conformidad con
el principio de subsidiariedad estipulado en el artículo 5 del Tratado de la Unión
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en dicho
artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho
objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

##### **–** **Capítulo I  Disposiciones generales**

_Artículo 1_
_Objeto y ámbito de aplicación_

1. El presente Reglamento establece normas armonizadas sobre la prestación de
servicios intermediarios en el mercado interior. En particular, establece:

a) un marco para la exención condicionada de responsabilidad de los prestadores
de servicios intermediarios;

b) normas sobre obligaciones específicas de diligencia debida adaptadas a
determinadas categorías específicas de prestadores de servicios intermediarios;

c) normas sobre aplicación y ejecución del presente Reglamento, por ejemplo, en
relación con la cooperación y coordinación entre autoridades competentes.

2. El presente Reglamento tiene los siguientes fines:

a) contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior de servicios
intermediarios;

### ES 48 ES

b) establecer unas normas uniformes para crear un entorno en línea seguro,
predecible y confiable, en el que los derechos fundamentales consagrados en la
Carta estén efectivamente protegidos.

3. El presente Reglamento se aplicará a los servicios intermediarios prestados a
destinatarios del servicio que tengan su lugar de establecimiento o residencia en la
Unión, con independencia del lugar de establecimiento de los prestadores de dichos
servicios.

4. El presente Reglamento no se aplicará a ningún servicio que no sea un servicio
intermediario ni a ningún requisito que se imponga al respecto de un servicio de esa
índole, con independencia de si el servicio se presta mediante el uso de un servicio
intermediario.

5. El presente Reglamento ha de entenderse sin perjuicio de las disposiciones
establecidas en los siguientes instrumentos jurídicos:

a) la Directiva 2000/31/CE;

b) la Directiva 2010/13/CE;

c) el Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y derechos conexos;

d) el Reglamento (UE) .../.... para la prevención de la difusión de contenidos
terroristas en línea [completar una vez se adopte];

e) el Reglamento (UE) …./…. sobre las órdenes europeas de entrega y
conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal y la
Directiva (UE) …./…. por la que se establecen normas armonizadas para la
designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para
procesos penales [pruebas electrónicas una vez se adopte];

f) el Reglamento (UE) 2019/1148;

g) el Reglamento (UE) 2019/1150;

h) el Derecho de la Unión en materia de protección del consumidor y seguridad
de los productos, incluido el Reglamento (UE) 2017/2394;

i) el Derecho de la Unión en materia de protección de los datos personales, en
particular el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE.

_Artículo 2_
_Definiciones_

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «servicios de la sociedad de la información»: todo servicio en el sentido del
artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535;

b) «destinatario del servicio»: toda persona física o jurídica que utilice el servicio
intermediario pertinente;

c) «consumidor»: toda persona física que actúe con fines ajenos a su actividad
comercial, negocio o profesión;

d) «ofrecer servicios en la Unión»: hacer posible que las personas físicas o jurídicas de
uno o varios Estados miembros utilicen los servicios del prestador de servicios de la
sociedad de la información que tenga una conexión sustancial con la Unión; se
considerará que existe dicha conexión sustancial cuando el prestador tenga un

### ES 49 ES

establecimiento en la Unión; en ausencia de dicho establecimiento, la determinación
de la conexión sustancial se basará en criterios objetivos específicos, como por
ejemplo:

–
un número significativo de usuarios en uno o varios Estados miembros, o

–
que se dirijan actividades hacia uno o varios Estados miembros;

e) «comerciante»: toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe,
incluso a través de otra persona que actúe en su nombre o en su representación, con
fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión;

f) «servicio intermediario»: uno de los siguientes servicios:

–
un servicio de «mera transmisión» consistente en transmitir, en una red de
comunicaciones, información facilitada por el destinatario del servicio o en
facilitar acceso a una red de comunicaciones;

–
un servicio de memoria tampón ( _caching_ ) consistente en transmitir por una red
de comunicaciones información facilitada por el destinatario del servicio, que
conlleve el almacenamiento automático, provisional y temporal de esta
información, con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior
de la información a otros destinatarios del servicio, a petición de estos;

–
un servicio de «alojamiento de datos» consistente en almacenar datos
facilitados por el destinatario del servicio y a petición de este;

g) «contenido ilícito»: toda información que, por sí sola o en referencia a una actividad,
incluida la venta de productos o la prestación de servicios, incumpla las leyes de la
Unión o las leyes de un Estado miembro, sea cual sea el objeto o carácter concreto de
esas leyes;

h) «plataforma en línea»: un prestador de un servicio de alojamiento de datos que, a
petición de un destinatario del servicio, almacena y difunde al público información,
salvo que esa actividad sea una característica menor y puramente auxiliar de otro
servicio y, por razones objetivas y técnicas, no pueda utilizarse sin ese otro servicio,
y la integración de la característica en el otro servicio no sea un medio para eludir la
aplicabilidad del presente Reglamento;

i) «difusión al público»: poner información a disposición de un número potencialmente
ilimitado de terceros a petición del destinatario del servicio que ha facilitado dicha
información;

j) «contrato a distancia»: un contrato en el sentido del artículo 2, punto 7, de la
Directiva 2011/83/UE;

k) «interfaz en línea»: todo programa informático, incluidos los sitios web o partes de
sitios web, y las aplicaciones, incluidas las aplicaciones móviles;

l) «coordinador de servicios digitales de establecimiento»: el coordinador de servicios
digitales del Estado miembro donde el prestador de un servicio intermediario esté
establecido o su representante legal resida o esté establecido;

m) «coordinador de servicios digitales de destino»: el coordinador de servicios digitales
de un Estado miembro donde se preste el servicio intermediario;

n) «publicidad»: información diseñada para promocionar el mensaje de una persona
física o jurídica, con independencia de si trata de alcanzar fines comerciales o

### ES 50 ES

no comerciales, y presentada por una plataforma en línea en su interfaz en línea a
cambio de una remuneración específica por la promoción de esa información;

o) «sistema de recomendación»: un sistema total o parcialmente automatizado y
utilizado por una plataforma en línea para proponer en su interfaz en línea
información específica para los destinatarios del servicio, por ejemplo, a
consecuencia de una búsqueda iniciada por el destinatario o que determine de otro
modo el orden relativo o la relevancia de la información presentada;

p) «moderación de contenidos»: actividades realizadas por los prestadores de servicios
intermediarios destinadas a detectar, identificar y actuar contra contenidos ilícitos o
información incompatible con sus condiciones, que los destinatarios del servicio
hayan proporcionado, por ejemplo la adopción de medidas que afecten a la
disponibilidad, visibilidad y accesibilidad de dicho contenido ilícito o de dicha
información, como la relegación de la información, la inhabilitación del acceso a la
misma o su retirada, o que afecten a la capacidad de los destinatarios del servicio de
proporcionar dicha información, como la eliminación o suspensión de la cuenta de un
destinatario del servicio;

q) «condiciones»: todas las condiciones o especificaciones, sea cual sea su nombre y
forma, que rigen la relación contractual entre el prestador de servicios intermediarios
y los destinatarios de los servicios.

##### **–** **Capítulo II  Responsabilidad de los prestadores de servicios** **intermediarios**

_Artículo 3_

_Mera transmisión_

1. Cuando se preste un servicio de la sociedad de la información que consista en
transmitir, en una red de comunicaciones, información facilitada por el destinatario
del servicio o en facilitar el acceso a una red de comunicaciones, no se podrá
considerar al prestador del servicio responsable de la información transmitida, a
condición de que el prestador del servicio:

a) no haya originado él mismo la transmisión;

b) no seleccione al receptor de la transmisión; y

c) no seleccione ni modifique la información transmitida.

2. Las actividades de transmisión y concesión de acceso enumeradas en el apartado 1
engloban el almacenamiento automático, provisional y transitorio de la información
transmitida, siempre que dicho almacenamiento se realice con la única finalidad de
ejecutar la transmisión en la red de comunicaciones y que su duración no supere el
tiempo razonablemente necesario para dicha transmisión.

3. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad
administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros,
exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida.

### ES 51 ES

_Artículo 4_
_Memoria tampón (Caching)_

1. Cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en
transmitir por una red de comunicaciones información facilitada por un destinatario
del servicio, el prestador del servicio no podrá ser considerado responsable del
almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, realizado
con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a
otros destinatarios del servicio, a petición de estos, a condición de que:

a) el prestador de servicios no modifique la información;

b) el prestador de servicios cumpla las condiciones de acceso a la información;

c) el prestador de servicios cumpla las normas relativas a la actualización de la
información, especificadas de una manera ampliamente reconocida y utilizada
por el sector;

d) el prestador de servicios no interfiera en la utilización lícita de tecnología,
ampliamente reconocida y utilizada por el sector, con el fin de obtener datos
sobre la utilización de la información; y

e) el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar la información que
haya almacenado, o inhabilitar el acceso a la misma, en cuanto tenga
conocimiento efectivo del hecho de que la información contenida en la fuente
inicial de la transmisión ha sido retirada de la red, de que se ha inhabilitado el
acceso a dicha información o de que un tribunal o una autoridad administrativa
ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.

2. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad
administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros,
exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida.

_Artículo 5_
_Alojamiento de datos_

1. Cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en
almacenar información facilitada por un destinatario del servicio, el prestador de
servicios no podrá ser considerado responsable de los datos almacenados a petición
del destinatario, a condición de que el prestador de servicios:

a) no tenga conocimiento efectivo de una actividad ilícita o de un contenido ilícito
y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga
conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o el contenido
revele su carácter ilícito, o de que

b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe
con prontitud para retirar el contenido ilícito o inhabilitar el acceso al mismo.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la
autoridad o el control del prestador de servicios.

3. El apartado 1 no se aplicará con respecto a la responsabilidad, en virtud de la
legislación de protección al consumidor, de las plataformas en línea que permitan
que los consumidores formalicen contratos a distancia con comerciantes, cuando
dicha plataforma en línea presente el elemento de información concreto, o haga
posible de otro modo la transacción concreta de que se trate, de manera que pueda

### ES 52 ES

inducir a un consumidor medio y razonablemente bien informado a creer que esa
información, o el producto o servicio que sea el objeto de la transacción, se
proporcione por la propia plataforma en línea o por un destinatario del servicio que
actúe bajo su autoridad o control.

4. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad
administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros,
exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida.

_Artículo 6_
_Investigaciones voluntarias por iniciativa propia y cumplimiento de la legislación_

Los prestadores de servicios intermediarios no serán considerados inelegibles para acogerse a
las exenciones de responsabilidad a que se refieren los artículos 3, 4 y 5 por la única razón de
que realicen investigaciones por iniciativa propia u otras actividades de forma voluntaria con
el fin de detectar, identificar y retirar contenidos ilícitos, o inhabilitar el acceso a los mismos,
o adoptar las medidas necesarias para cumplir los requisitos del Derecho de la Unión,
incluidos los estipulados en el presente Reglamento.

_Artículo 7_
_Inexistencia de obligación general de supervisión o de búsqueda activa de hechos_

No se impondrá a los prestadores de servicios intermediarios ninguna obligación general de
supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni de buscar activamente hechos o
circunstancias que indiquen la existencia de actividades ilícitas.

_Artículo 8_
_Órdenes de actuación contra contenidos ilícitos_

1. Los prestadores de servicios intermediarios, cuando reciban una orden de actuación
contra un elemento concreto de contenido ilícito, dictada por las autoridades
judiciales o administrativas nacionales pertinentes, en virtud del Derecho de la Unión
o nacional aplicable, de conformidad con el Derecho de la Unión, informarán a la
autoridad que haya dictado la orden, sin dilaciones indebidas, acerca de su aplicación
y especificarán las actuaciones realizadas y el momento en que se realizaron.

2. Los Estados miembros velarán por que las órdenes a que se refiere el apartado 1
cumplan las siguientes condiciones:

a) que las órdenes contengan los siguientes elementos:

–
una exposición de motivos en la que se explique por qué la información
es un contenido ilícito, haciendo referencia a la disposición específica del
Derecho de la Unión o nacional que se haya infringido;

–
uno o varios localizadores uniformes de recursos (URL) exactos y, en su
caso, información adicional que permita identificar el contenido ilícito de
que se trate;

–
información acerca de las vías de recurso disponibles para el prestador
del servicio y para el destinatario del servicio que haya proporcionado el
contenido;

b) que el ámbito de aplicación territorial de la orden, en virtud de las
disposiciones aplicables del Derecho de la Unión y nacional, incluida la Carta

### ES 53 ES

y, en su caso, los principios generales del Derecho internacional, no exceda de
lo estrictamente necesario para alcanzar su objetivo;

c) que la orden se redacte en la lengua declarada por el prestador y se envíe al
punto de contacto designado por el prestador, de conformidad con el
artículo 10.

3. El coordinador de servicios digitales del Estado miembro de la autoridad judicial o
administrativa que dicte la orden transmitirá, sin dilaciones indebidas, una copia de
las órdenes a que se refiere el apartado 1 a todos los demás coordinadores de
servicios digitales a través del sistema establecido de conformidad con el artículo 67.

4. Las condiciones y los requisitos estipulados en el presente artículo se entenderán sin
perjuicio de los requisitos establecidos en el Derecho procesal penal nacional de
conformidad con el Derecho de la Unión.

_Artículo 9_
_Órdenes de entrega de información_

1. Los prestadores de servicios intermediarios, cuando reciban una orden de entrega de
un elemento de información concreto acerca de uno o varios destinatarios concretos
del servicio, dictada por las autoridades judiciales o administrativas nacionales
pertinentes en virtud del Derecho de la Unión o nacional aplicable, de conformidad
con el Derecho de la Unión, informarán a la autoridad que haya dictado la orden, sin
dilaciones indebidas, acerca de su recepción y aplicación.

2. Los Estados miembros velarán por que las órdenes a que se refiere el apartado 1
cumplan las siguientes condiciones:

a) que la orden contenga los siguientes elementos:

–
una exposición de motivos en la que se explique con qué fin se requiere
la información y por qué el requisito de entrega de la información es
necesario y proporcionado para determinar el cumplimiento de las
normas de la Unión o nacionales aplicables por parte de los destinatarios
de los servicios intermediarios, salvo que no se pueda aportar dicha
exposición por razones relacionadas con la prevención, investigación,
detección y enjuiciamiento de delitos;

–
información acerca de las vías de recurso disponibles para el prestador y
para los destinatarios del servicio de que se trate;

b) que la orden solo requiera que el prestador aporte información ya recabada para
los fines de la prestación del servicio y que esté bajo su control;

c) que la orden se redacte en la lengua declarada por el prestador y se envíe al
punto de contacto designado por dicho prestador, de conformidad con el
artículo 10.

3. El coordinador de servicios digitales del Estado miembro de la autoridad nacional
judicial o administrativa que dicte la orden transmitirá, sin dilaciones indebidas, una
copia de la orden a que se refiere el apartado 1 a todos los coordinadores de servicios
digitales a través del sistema establecido de conformidad con el artículo 67.

4. Las condiciones y los requisitos estipulados en el presente artículo se entenderán sin
perjuicio de los requisitos establecidos en el Derecho procesal penal nacional de
conformidad con el Derecho de la Unión.

### ES 54 ES

##### **Capítulo III** **Obligaciones de diligencia debida para crear un entorno en línea** **transparente y seguro**

###### **S ECCIÓN 1** **D ISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS PRESTADORES DE SERVICIOS**

**INTERMEDIARIOS**

_Artículo 10_

_Puntos de contacto_

1. Los prestadores de servicios intermediarios establecerán un punto único de contacto
que permita la comunicación directa, por vía electrónica, con las autoridades de los
Estados miembros, con la Comisión y con la Junta a que se refiere el artículo 47 con
respecto a la aplicación del presente Reglamento.

2. Los prestadores de servicios intermediarios harán pública la información necesaria
para identificar a sus puntos únicos de contacto y comunicarse con ellos fácilmente.

3. Los prestadores de servicios intermediarios especificarán, en la información a que se
refiere el apartado 2, la lengua o lenguas oficiales de la Unión que puedan utilizarse
en las comunicaciones con sus puntos de contacto y que incluirán al menos una de
las lenguas oficiales del Estado miembro en que el prestador de servicios
intermediarios tenga su establecimiento principal o donde su representante legal
resida o esté establecido.

_Artículo 11_
_Representantes legales_

1. Los prestadores de servicios intermediarios que no tengan un establecimiento en la
Unión pero que ofrezcan servicios en la Unión designarán, por escrito, a una persona
física o jurídica como su representante legal en uno de los Estados miembros donde
el prestador ofrezca sus servicios.

2. Los prestadores de servicios intermediarios mandatarán a sus representantes legales,
además o en lugar del prestador, como destinatarios de las comunicaciones enviadas
por las autoridades de los Estados miembros, la Comisión y la Junta sobre todas las
cuestiones necesarias para la recepción, el cumplimiento y la ejecución de las
decisiones adoptadas en relación con el presente Reglamento. Los prestadores de
servicios intermediarios otorgarán a su representante legal las facultades y los
recursos necesarios para cooperar con las autoridades de los Estados miembros, la
Comisión y la Junta y cumplir esas decisiones.

3. Se podrán exigir responsabilidades al representante legal designado por el
incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Reglamento, sin
perjuicio de la responsabilidad del prestador de servicios intermediarios y de las
acciones legales que puedan iniciarse contra este.

4. Los prestadores de servicios intermediarios notificarán el nombre, el domicilio, la
dirección de correo electrónico y el número de teléfono de su representante legal al
coordinador de servicios digitales del Estado miembro donde dicho representante

### ES 55 ES

legal resida o esté establecido. Se asegurarán de que esa información se mantenga
actualizada.

5. La designación de un representante legal en la Unión en virtud del apartado 1 no
equivaldrá a un establecimiento en la Unión.

_Artículo 12_

_Condiciones_

1. Los prestadores de servicios intermediarios incluirán en sus condiciones información
sobre cualquier restricción que impongan en relación con el uso de su servicio al
respecto de la información proporcionada por los destinatarios del servicio. Dicha
información abarcará información sobre todo tipo de políticas, procedimientos,
medidas y herramientas que se utilicen con fines de moderación de contenidos,
incluidas las decisiones algorítmicas y la revisión humana. Se expondrá en lenguaje
claro e inequívoco y se hará pública en un formato fácilmente accesible.

2. Los prestadores de servicios intermediarios actuarán de manera diligente, objetiva y
proporcionada para aplicar y ejecutar las restricciones a que se refiere el apartado 1,
con la debida consideración de los derechos e intereses legítimos de todas las partes
implicadas, incluidos los derechos fundamentales aplicables de los destinatarios del
servicio consagrados en la Carta.

_Artículo 13_
_Obligaciones de transparencia informativa de los prestadores de servicios intermediarios_

1. Los prestadores de servicios intermediarios publicarán, al menos una vez al año,
informes claros, detallados y fácilmente comprensibles sobre cualquier actividad de
moderación de contenidos que hayan realizado durante el período pertinente. Esos
informes incluirán, en particular, información sobre lo siguiente, según proceda:

a) el número de órdenes recibidas de las autoridades de los Estados miembros,
categorizadas según el tipo de contenido ilícito de que se trate, incluidas las
órdenes dictadas de conformidad con los artículos 8 y 9, y el tiempo medio
necesario para llevar a cabo la actuación especificada en dichas órdenes;

b) el número de avisos enviados de conformidad con el artículo 14, categorizados
según el tipo de contenido presuntamente ilícito de que se trate, cualquier
actuación que se haya llevado a cabo en virtud de dichos avisos distinguiendo
si se hizo conforme a la legislación o a las condiciones del prestador, y el
tiempo medio necesario para llevarla a cabo;

c) la actividad de moderación de contenidos realizada por iniciativa propia del
prestador, incluido el número y tipo de medidas adoptadas que afecten a la
disponibilidad, visibilidad y accesibilidad de la información proporcionada por
los destinatarios del servicio y a la capacidad de los destinatarios para
proporcionar información, categorizada según el tipo de motivo y fundamento
para adoptar esas medidas;

d) el número de reclamaciones recibidas a través del sistema interno de
tramitación de reclamaciones a que se refiere el artículo 17, el fundamento de
dichas reclamaciones, las decisiones adoptadas al respecto de dichas
reclamaciones, el tiempo medio necesario para adoptar dichas decisiones y el
número de casos en que se revirtieron dichas decisiones.

### ES 56 ES

2. El apartado 1 no se aplicará a los prestadores de servicios intermediarios que sean
microempresas o pequeñas empresas en el sentido del anexo de la
Recomendación 2003/361/CE.

###### **S ECCIÓN 2** **D ISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS** **DE ALOJAMIENTO DE DATOS, INCLUIDAS LAS PLATAFORMAS EN LÍNEA**

_Artículo 14_
_Mecanismos de notificación y acción_

1. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos establecerán mecanismos que
permitan que cualquier persona física o entidad les notifique la presencia en su
servicio de elementos de información concretos que esa persona física o entidad
considere contenidos ilícitos. Dichos mecanismos serán de fácil acceso y manejo, y
permitirán el envío de avisos exclusivamente por vía electrónica.

2. Los mecanismos mencionados en el apartado 1 serán tales que faciliten el envío de
avisos suficientemente precisos y adecuadamente fundamentados, de acuerdo con los
cuales un operador económico diligente pueda determinar la ilicitud del contenido en
cuestión. Con ese fin, los prestadores adoptarán las medidas necesarias para habilitar
y facilitar el envío de avisos que contengan todos los elementos siguientes:

a) una explicación de los motivos por los que una persona física o entidad
considera que la información en cuestión es contenido ilícito;

b) una indicación clara de la localización electrónica de esa información, en
particular la(s) URL exacta(s) y, en su caso, información adicional que permita
detectar el contenido ilícito;

c) el nombre y una dirección de correo electrónico de la persona física o entidad
que envíe el aviso, excepto en el caso de información que se considere que
implica uno de los delitos a que se refieren los artículos 3 a 7 de la
Directiva 2011/93/UE;

d) una declaración que confirme que la persona física o entidad que envíe el aviso
está convencida de buena fe de que la información y las alegaciones que dicho
aviso contiene son precisas y completas.

3. Se considerará que los avisos que incluyan los elementos a que se refiere el
apartado 2 confieren un conocimiento efectivo para los efectos del artículo 5 al
respecto del elemento de información concreto de que se trate.

4. Cuando el aviso contenga el nombre y la dirección de correo electrónico de la
persona física o entidad que lo envíe, el prestador de servicios de alojamiento enviará
de inmediato un acuse de recibo del aviso a dicha persona física o entidad.

5. El prestador también notificará a esa persona física o entidad, sin dilaciones
indebidas, su decisión al respecto de la información a que se refiera el aviso e
incluirá información sobre las vías de recurso disponibles al respecto de esa decisión.

6. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos tramitarán los avisos que
reciban a través de los mecanismos a que se refiere el apartado 1, y adoptarán sus
decisiones al respecto de la información a que se refieran tales avisos, de manera
oportuna, diligente y objetiva. Cuando utilicen medios automatizados para dicha

### ES 57 ES

tramitación o decisión, incluirán información sobre dicho uso en la notificación a que
se refiere el apartado 4.

_Artículo 15_
_Exposición de motivos_

1. Cuando un prestador de servicios de alojamiento de datos decida retirar elementos de
información concretos proporcionados por los destinatarios del servicio, o inhabilitar
el acceso a los mismos, con independencia de los medios utilizados para detectar,
identificar o retirar dicha información o inhabilitar el acceso a la misma y del motivo
de su decisión, comunicará la decisión al destinatario del servicio, a más tardar en el
momento de la retirada o inhabilitación del acceso, y aportará una exposición clara y
específica de los motivos de tal decisión.

2. La exposición de motivos a que se refiere el apartado 1 contendrá al menos la
siguiente información:

a) si la decisión conlleva la retirada de la información, o la inhabilitación del
acceso a la misma, y, cuando proceda, el ámbito territorial de la inhabilitación
del acceso;

b) los hechos y circunstancias en que se ha basado la adopción de la decisión, que
incluirán, en su caso, si la decisión se ha adoptado en respuesta a un aviso
enviado de conformidad con el artículo 14;

c) en su caso, información sobre el uso de medios automatizados para adoptar la
decisión, que incluirá si la decisión se ha adoptado al respecto de contenidos
detectados o identificados utilizando medios automatizados;

d) cuando la decisión se refiera a contenidos presuntamente ilícitos, una
referencia al fundamento legal utilizado y explicaciones de por qué la
información se considera contenido ilícito conforme a tal fundamento;

e) cuando la decisión se base en la presunta incompatibilidad de la información
con las condiciones del prestador, una referencia al fundamento contractual
utilizado y explicaciones de por qué la información se considera incompatible
con tal fundamento;

f) información sobre las posibilidades de recurso disponibles para el destinatario
del servicio al respecto de la decisión, en particular a través de los mecanismos
internos de tramitación de reclamaciones, resolución extrajudicial de litigios y
recurso judicial.

3. La información facilitada por los prestadores de los servicios de alojamiento de datos
de conformidad con el presente artículo será clara y fácil de comprender, y tan
precisa y específica como sea razonablemente posible en las circunstancias
concretas. En particular, la información será de tal naturaleza que permita
razonablemente al destinatario del servicio afectado ejercer de manera efectiva las
posibilidades de recurso a que se refiere la letra f) del apartado 2.

4. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos publicarán las decisiones y las
exposiciones de motivos a que se refiere el apartado 1 en una base de datos de acceso
público gestionada por la Comisión. Dicha información no contendrá datos
personales.

### ES 58 ES

###### **S ECCIÓN 3** **D ISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES A LAS PLATAFORMAS EN LÍNEA**

_Artículo 16_
_Exclusión de microempresas y pequeñas empresas_

Esta sección no se aplicará a las plataformas en línea que sean microempresas o pequeñas
empresas en el sentido del anexo de la Recomendación 2003/361/CE.

_Artículo 17_

_Sistema interno de tramitación de reclamaciones_

1. Las plataformas en línea facilitarán a los destinatarios del servicio, durante un
período mínimo de seis meses desde la decisión a que se refiere este apartado, acceso
a un sistema interno eficaz de tramitación de reclamaciones, que permita presentar
las reclamaciones por vía electrónica y de forma gratuita, contra las siguientes
decisiones adoptadas por la plataforma en línea sobre la base de que la información
proporcionada por los destinatarios del servicio es contenido ilícito o incompatible
con sus condiciones:

a) las decisiones de retirar la información o inhabilitar el acceso a la misma;

b) las decisiones de suspender o cesar la prestación del servicio, en todo o en
parte, a los destinatarios;

c) las decisiones de suspender o eliminar la cuenta de los destinatarios.

2. Las plataformas en línea velarán por que sus sistemas internos de tramitación de
reclamaciones sean de fácil acceso y manejo y habiliten y faciliten el envío de
reclamaciones suficientemente precisas y adecuadamente fundamentadas.

3. Las plataformas en línea tramitarán las reclamaciones enviadas a través de su sistema
interno de tramitación de reclamaciones de manera oportuna, diligente y objetiva.
Cuando una reclamación contenga motivos suficientes para que la plataforma
en línea considere que la información a que se refiere la reclamación no es ilícita ni
incompatible con sus condiciones, o contenga información que indique que la
conducta del reclamante no justifica la suspensión o el cese del servicio ni la
suspensión o eliminación de la cuenta, revertirá la decisión a que se refiere el
apartado 1 sin dilaciones indebidas.

4. Las plataformas en línea comunicarán a los reclamantes, sin dilaciones indebidas, la
decisión que hayan tomado al respecto de la información a que se refiera la
reclamación e informarán a los reclamantes de la posibilidad de resolución
extrajudicial de litigios recogida en el artículo 18 y otras posibilidades de recurso de
que dispongan.

5. Las plataformas en línea velarán por que las decisiones a que se refiere el apartado 4
no se adopten exclusivamente por medios automatizados.

_Artículo 18_
_Resolución extrajudicial de litigios_

1. Los destinatarios del servicio a quienes van destinadas las decisiones a que se refiere
el artículo 17, apartado 1, tendrán derecho a elegir cualquier órgano de resolución
extrajudicial de litigios que haya sido certificado de conformidad con el apartado 2

### ES 59 ES

para resolver litigios relativos a esas decisiones, incluidas las reclamaciones que no
hayan podido resolverse a través del sistema interno de tramitación de reclamaciones
mencionado en dicho artículo. Las plataformas en línea tratarán de buena fe con el
órgano seleccionado con miras a resolver el litigio y quedarán vinculadas por la
decisión que dicho órgano adopte.

El párrafo primero ha de entenderse sin perjuicio del derecho del destinatario
afectado a recurrir la decisión ante un tribunal de conformidad con la legislación
aplicable.

2. El coordinador de servicios digitales del Estado miembro donde el órgano de
resolución extrajudicial de litigios esté establecido certificará a dicho órgano, a
petición de este, cuando el mismo haya demostrado cumplir todas las condiciones
siguientes:

a) que es imparcial e independiente de las plataformas en línea y de los
destinatarios del servicio prestado por las plataformas en línea;

b) que tiene los conocimientos necesarios en relación con las cuestiones
planteadas en uno o varios aspectos concretos de los contenidos ilícitos, o en
relación con la aplicación y ejecución de las condiciones de uno o varios tipos
de plataformas en línea, para poder contribuir de manera eficaz a la resolución
de un litigio;

c) que el mecanismo de resolución de litigios es fácilmente accesible a través de
tecnologías de comunicación electrónicas;

d) que es capaz de resolver litigios de manera rápida, eficiente y eficaz en
términos de costes y al menos en una lengua oficial de la Unión;

e) que la resolución del litigio se lleva a cabo con arreglo a unas normas de
procedimiento claras y justas.

El coordinador de servicios digitales, en su caso, especificará en el certificado las
cuestiones concretas a las que se refieren los conocimientos del órgano y la lengua o
lenguas oficiales de la Unión en las que el órgano es capaz de resolver litigios, como
se indica respectivamente en las letras b) y d) del párrafo primero.

3. Si el órgano resuelve el litigio en favor del destinatario del servicio, la plataforma
en línea reembolsará al destinatario los honorarios y otros gastos razonables que el
destinatario haya desembolsado o deba desembolsar en relación con la resolución del
litigio. Si el órgano resuelve el litigio en favor de la plataforma en línea, el
destinatario no estará obligado a reembolsar los honorarios u otros gastos que la
plataforma en línea haya desembolsado o deba desembolsar en relación con la
resolución del litigio.

Los honorarios percibidos por el órgano por la resolución del litigio serán razonables
y en ningún caso serán superiores a sus costes.

Los órganos certificados de resolución extrajudicial de litigios comunicarán sus
honorarios, o los mecanismos utilizados para determinar sus honorarios, al
destinatario de los servicios y a la plataforma en línea afectada antes de iniciar la
resolución del litigio.

4. Los Estados miembros podrán establecer órganos de resolución extrajudicial de
litigios para los fines del apartado 1 o colaborar en las actividades de todos o algunos

### ES 60 ES

de los órganos de resolución extrajudicial de litigios que hayan certificado de
conformidad con el apartado 2.

Los Estados miembros velarán por que ninguna de las actividades que lleven a cabo
de conformidad con el párrafo primero afecte a la capacidad de sus coordinadores de
servicios digitales para certificar a los órganos de que se trate de conformidad con el
apartado 2.

5. Los coordinadores de servicios digitales notificarán a la Comisión los órganos de
resolución extrajudicial de litigios que hayan certificado de conformidad con el
apartado 2, indicando, en su caso, las especificaciones a que se refiere el párrafo
segundo de ese apartado. La Comisión publicará una lista de esos órganos, incluidas
dichas especificaciones, en un sitio web destinado a tal fin, y la mantendrán
actualizada.

6. El presente artículo ha de entenderse sin perjuicio de la Directiva 2013/11/UE y de
los procedimientos y entidades de resolución alternativa de litigios para los
consumidores establecidos en virtud de dicha Directiva.

_Artículo 19_
_Alertadores fiables_

1. Las plataformas en línea adoptarán las medidas técnicas y organizativas necesarias
para asegurarse de que los avisos enviados por los alertadores fiables, a través de los
mecanismos a que se refiere el artículo 14, se tramiten y resuelvan de forma
prioritaria y sin dilación.

2. La condición de alertador fiable en virtud del presente Reglamento será otorgada,
previa solicitud de las entidades que lo deseen, por el coordinador de servicios
digitales del Estado miembro donde el solicitante esté establecido, cuando este haya
demostrado cumplir todas las condiciones siguientes:

a) poseer conocimientos y competencias específicos para detectar, identificar y
notificar contenidos ilícitos;

b) representar intereses colectivos y no depender de ninguna plataforma en línea;

c) realizar sus actividades con el fin de enviar avisos de manera oportuna,
diligente y objetiva.

3. Los coordinadores de servicios digitales comunicarán a la Comisión y a la Junta los
nombres, domicilios y direcciones de correo electrónico de las entidades a las que
hayan otorgado la condición de alertador fiable de conformidad con el apartado 2.

4. La Comisión publicará la información a que se refiere el apartado 3 en una base de
datos pública y mantendrá dicha base de datos actualizada.

5. Cuando una plataforma en línea posea información que indique que un alertador
fiable ha enviado un número significativo de avisos insuficientemente precisos o
inadecuadamente fundamentados a través de los mecanismos a que se refiere el
artículo 14, incluida información recabada en relación con la tramitación de
reclamaciones a través de los sistemas internos de tramitación de reclamaciones a
que se refiere el artículo 17, apartado 3, comunicará dicha información al
coordinador de servicios digitales que haya otorgado la condición de alertador fiable
a la entidad en cuestión y aportará las explicaciones y los documentos justificativos
que sean necesarios.

### ES 61 ES

6. El coordinador de servicios digitales que haya otorgado la condición de alertador
fiable a una entidad revocará dicha condición si determina, a raíz de una
investigación realizada por iniciativa propia o basada en información recibida de
terceros, incluida la información proporcionada por una plataforma en línea en virtud
del apartado 5, que esa entidad ya no cumple las condiciones estipuladas en el
apartado 2. Antes de revocar esa condición, el coordinador de servicios digitales dará
a la entidad una oportunidad de reaccionar a las conclusiones de su investigación y a
su intención de revocar la condición de alertador fiable de esa entidad.

7. La Comisión, previa consulta con la Junta, podrá ofrecer orientaciones que guíen a
las plataformas en línea y a los coordinadores de servicios digitales en la aplicación
de los apartados 5 y 6.

_Artículo 20_
_Medidas y protección contra usos indebidos_

1. Las plataformas en línea suspenderán, durante un período razonable y después de
haber realizado una advertencia previa, la prestación de sus servicios a los
destinatarios del servicio que proporcionen con frecuencia contenidos
manifiestamente ilícitos.

2. Las plataformas en línea suspenderán, durante un período razonable y después de
haber realizado una advertencia previa, la tramitación de avisos y reclamaciones
enviados a través de los mecanismos de notificación y acción y los sistemas internos
de tramitación de reclamaciones a que se refieren los artículos 14 y 17,
respectivamente, por personas físicas o entidades o por reclamantes que envíen con
frecuencia avisos o reclamaciones que sean manifiestamente infundados.

3. Las plataformas en línea evaluarán, caso por caso y de manera oportuna, diligente y
objetiva, si un destinatario, persona física, entidad o reclamante efectúa los usos
indebidos a que se refieren los apartados 1 y 2, teniendo en cuenta todos los hechos y
circunstancias pertinentes que se aprecien a partir de la información de que disponga
la plataforma en línea. Tales circunstancias incluirán, como mínimo, lo siguiente:

a) las cifras absolutas de elementos de contenido manifiestamente ilícitos o avisos
o reclamaciones manifiestamente infundados, que se hayan enviado el año
anterior;

b) su proporción relativa en relación con la cifra total de elementos de
información proporcionados o avisos enviados el año anterior;

c) la gravedad de los usos indebidos y sus consecuencias;

d) la intención del destinatario, persona física, entidad o reclamante.

4. Las plataformas en línea expondrán en sus condiciones, de manera clara y detallada,
su política al respecto de los usos indebidos a que se refieren los apartados 1 y 2,
también en relación con los hechos y circunstancias que tengan en cuenta para
evaluar si un determinado comportamiento constituye uso indebido y la duración de
la suspensión.

_Artículo 21_
_Notificación de sospechas de delitos_

1. Cuando una plataforma en línea tenga conocimiento de cualquier información que le
haga sospechar que se ha cometido, se está cometiendo o es probable que se cometa

### ES 62 ES

un delito grave que implique una amenaza para la vida o la seguridad de las
personas, comunicará su sospecha de inmediato a las autoridades policiales o
judiciales del Estado miembro o Estados miembros afectados y aportará toda la
información pertinente de que disponga.

2. Cuando la plataforma en línea no pueda determinar con una seguridad razonable cuál
es el Estado miembro afectado, informará a las autoridades policiales del Estado
miembro en que esté establecido o tenga su representante legal o bien informará a
Europol.

Para los fines del presente artículo, el Estado miembro afectado será el Estado
miembro en el que se sospeche que se ha cometido, se está cometiendo o es probable
que se cometa el delito, o el Estado miembro donde resida o se encuentre el presunto
delincuente, o el Estado miembro donde resida o se encuentre la víctima del presunto
delito.

_Artículo 22_

_Trazabilidad de los comerciantes_

1. Cuando una plataforma en línea permita a los consumidores formalizar contratos a
distancia con comerciantes, se asegurará de que los comerciantes solo puedan utilizar
sus servicios para promocionar mensajes o realizar ofertas sobre productos o
servicios a los consumidores localizados en la Unión si, previamente al uso de sus
servicios, la plataforma en línea ha obtenido la siguiente información:

a) el nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo
electrónico del comerciante;

b) una copia del documento de identificación del comerciante o cualquier otra
identificación electrónica con arreglo a la definición del artículo 3 del
Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo [50] ;

c) los datos bancarios del comerciante, cuando el comerciante sea una persona
física;

d) el nombre, el domicilio, el número de teléfono y la dirección de correo
electrónico del operador económico, en el sentido del artículo 3, apartado 13, y
el artículo 4 del Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del
Consejo [51] o cualquier acto pertinente del Derecho de la Unión;

e) cuando el comerciante esté inscrito en un registro mercantil o registro público
análogo, el registro mercantil en el que dicho comerciante esté inscrito y su
número de registro o medio equivalente de identificación en ese registro;

f) una certificación del propio comerciante por la que se comprometa a ofrecer
exclusivamente productos o servicios que cumplan con las disposiciones
aplicables del Derecho de la Unión.

50 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la

identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior
y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
51 Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la

vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y
los Reglamentos (CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011 (DO L 169 de 25.6.2019, p. 1).

### ES 63 ES

2. Una vez recibida esa información, la plataforma en línea hará esfuerzos razonables
para evaluar si la información a que se refieren las letras a), d) y e) del apartado 1 es
fiable mediante el uso de cualquier base de datos en línea o interfaz en línea oficial
de libre acceso puesta a disposición por un Estado miembro o por la Unión o
solicitando al comerciante que aporte documentos justificativos de fuentes fiables.

3. Cuando la plataforma en línea obtenga indicaciones de que alguno de los elementos
de información a que se refiere el apartado 1 obtenido del comerciante en cuestión es
inexacto o incompleto, dicha plataforma solicitará al comerciante que corrija la
información en la medida en que sea necesario para garantizar que toda la
información sea exacta y completa, sin dilación o en el plazo marcado por el Derecho
de la Unión y nacional.

Cuando el comerciante no corrija o complete dicha información, la plataforma
en línea suspenderá la prestación de su servicio al comerciante hasta que se atienda la
solicitud.

4. La plataforma en línea conservará la información obtenida con arreglo a los
apartados 1 y 2 de manera segura durante todo el tiempo que mantenga su relación
contractual con el comerciante en cuestión. Posteriormente suprimirá la información.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la plataforma solo revelará la
información a terceros cuando así lo requiera la legislación aplicable, incluidas las
órdenes a que se refiere el artículo 9 y cualquier orden dictada por las autoridades
competentes de los Estados miembros o la Comisión para el desempeño de sus
funciones en virtud del presente Reglamento.

6. La plataforma en línea pondrá la información a que se refieren las letras a), d), e) y f)
del apartado 1 a disposición de los destinatarios del servicio, de manera clara,
fácilmente accesible y comprensible.

7. La plataforma en línea diseñará y organizará su interfaz en línea de manera que los
comerciantes puedan cumplir con sus obligaciones en relación con la información
precontractual y la información de seguridad del producto en virtud del Derecho de
la Unión aplicable.

_Artículo 23_
_Obligaciones de transparencia informativa de los prestadores de plataformas en línea_

1. Además de la información a que se refiere el artículo 13, las plataformas en línea
incluirán en los informes a que se refiere dicho artículo información sobre lo
siguiente:

a) el número de litigios presentados ante los órganos de resolución extrajudicial
de litigios a que se refiere el artículo 18, los resultados de la resolución de los
litigios y el tiempo medio necesario para completar los procedimientos de
resolución de los litigios;

b) el número de suspensiones impuestas en virtud del artículo 20, distinguiendo
entre suspensiones aplicadas por proporcionar contenido manifiestamente
ilegal, enviar avisos manifiestamente infundados y enviar reclamaciones
manifiestamente infundadas;

c) el uso de medios automáticos con fines de moderación de contenidos, incluida
una especificación de los fines precisos, los indicadores de la precisión de los
medios automatizados para cumplir dichos fines y las salvaguardias aplicadas.

### ES 64 ES

2. Las plataformas en línea publicarán, al menos una vez cada seis meses, información
sobre el número medio mensual de destinatarios del servicio activos en cada Estado
miembro, calculado como promedio de los seis últimos meses, de conformidad con
la metodología estipulada en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 25,
apartado 2.

3. Las plataformas en línea comunicarán al coordinador de servicios digitales de
establecimiento, a petición de este, la información a que se refiere el apartado 2,
actualizada hasta el momento de efectuarse tal petición. Dicho coordinador de
servicios digitales podrá exigir a la plataforma en línea que proporcione información
adicional en relación con el cálculo a que se refiere dicho apartado, con explicaciones
y justificaciones de los datos utilizados. Dicha información no incluirá datos
personales.

4. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para establecer modelos de forma,
contenido y otros detalles de los informes elaborados en virtud del apartado 1.

_Artículo 24_
_Transparencia sobre la publicidad en línea_

Las plataformas en línea que presenten publicidad en sus interfaces en línea se asegurarán de
que los destinatarios del servicio puedan conocer, por cada anuncio publicitario concreto
presentado a cada destinatario específico, de manera clara e inequívoca y en tiempo real:

a) que la información presentada es un anuncio publicitario;

b) la persona física o jurídica en cuyo nombre se presenta el anuncio publicitario;

c) información significativa acerca de los principales parámetros utilizados para
determinar el destinatario a quién se presenta el anuncio publicitario.

###### **S ECCIÓN 4** **O BLIGACIONES ADICIONALES DE GESTIÓN DE RIESGOS SISTÉMICOS PARA**

**PLATAFORMAS EN** **LÍNEA DE MUY GRAN TAMAÑO**

_Artículo 25_
_Plataformas en línea de muy gran tamaño_

1. Esta sección se aplicará a las plataformas en línea que presten sus servicios a un
número medio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión igual o
superior a cuarenta y cinco millones, calculado de acuerdo con la metodología
establecida en los actos delegados a que se refiere el apartado 3.

2. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 69 para ajustar
el número medio mensual de destinatarios del servicio en la Unión a que se refiere el
apartado 1, cuando la población de la Unión aumente o disminuya al menos un 5 %
en relación a su población en 2020 o bien, tras un ajuste por medio de un acto
delegado, a su población en el año en que se adoptase el último acto delegado. En ese
caso, ajustará el número para que se corresponda con el 10 % de la población de la
Unión en el año en que adopte el acto delegado, redondeado al alza o a la baja para
poder expresarlo en millones.

3. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 69, previa
consulta con la Junta, para establecer una metodología específica para calcular el
número medio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión, a los efectos

### ES 65 ES

del apartado 1. Dicha metodología especificará, en particular, cómo determinar la
población y los criterios de la Unión para determinar el número medio mensual de
destinatarios del servicio activos en la Unión, teniendo en cuenta diferentes
características de accesibilidad.

4. El coordinador de servicios digitales de establecimiento verificará, al menos cada
seis meses, si el número medio mensual de destinatarios del servicio activos en la
Unión de las plataformas en línea bajo su jurisdicción es igual o superior al número a
que se refiere el apartado 1. De acuerdo con esa verificación, adoptará una decisión
en la que otorgará a la plataforma en línea la designación de plataforma en línea de
muy gran tamaño para los fines del presente Reglamento, o retirará dicha
designación, y comunicará esa decisión, sin dilaciones indebidas, a la plataforma
en línea afectada y a la Comisión.

La Comisión se asegurará de que la lista de plataformas en línea designadas de muy
gran tamaño se publique en el _Diario Oficial de la Unión Europea_ y mantendrá dicha
lista actualizada. Las obligaciones estipuladas en esta sección se aplicarán, o dejarán
de aplicarse, a las plataformas en línea de muy gran tamaño afectadas al cabo de
cuatro meses desde esa publicación.

_Artículo 26_
_Evaluación de riesgos_

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño detectarán, analizarán y evaluarán,
desde la fecha de aplicación a que se refiere el artículo 25, apartado 4, párrafo
segundo, y al menos una vez al año a partir de entonces, cualquier riesgo sistémico
significativo que se derive del funcionamiento y uso que se haga de sus servicios en
la Unión. Esta evaluación de riesgos será específica de sus servicios e incluirá los
siguientes riesgos sistémicos:

a) la difusión de contenido ilícito a través de sus servicios;

b) cualquier efecto negativo para el ejercicio de los derechos fundamentales al
respeto de la vida privada y familiar, la libertad de expresión e información, la
prohibición de la discriminación y los derechos del niño, consagrados en los
artículos 7, 11, 21 y 24 de la Carta respectivamente;

c) la manipulación deliberada de su servicio, por ejemplo, por medio del uso
no auténtico o la explotación automatizada del servicio, con un efecto negativo
real o previsible sobre la protección de la salud pública, los menores, el
discurso cívico o efectos reales o previsibles relacionados con procesos
electorales y con la seguridad pública.

2. Cuando realicen evaluaciones de riesgos, las plataformas en línea de muy gran
tamaño tendrán en cuenta, en particular, cómo influyen sus sistemas de moderación
de contenidos, sistemas de recomendación y sistemas de selección y presentación de
publicidad en cualquiera de los riesgos sistémicos a que se refiere el apartado 1,
incluida la difusión potencialmente rápida y amplia de contenido ilícito y de
información incompatible con sus condiciones.

### ES 66 ES

_Artículo 27_
_Reducción de riesgos_

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño aplicarán medidas de reducción de
riesgos razonables, proporcionadas y efectivas, adaptadas a los riesgos sistémicos
específicos detectados de conformidad con el artículo 26. Dichas medidas podrán
incluir, cuando proceda:

a) la adaptación de los sistemas de moderación de contenidos o de
recomendación, sus procesos decisorios, las características o el funcionamiento
de sus servicios, o sus condiciones;

b) medidas selectivas dirigidas a limitar la presentación de anuncios publicitarios
en asociación con el servicio que prestan;

c) el refuerzo de los procesos internos o la supervisión de cualquiera de sus
actividades, en particular en lo que respecta a la detección de riesgos
sistémicos;

d) la puesta en marcha o el ajuste de la cooperación con los alertadores fiables de
conformidad con el artículo 19;

e) la puesta en marcha o el ajuste de la cooperación con otras plataformas en línea
mediante los códigos de conducta y los protocolos de crisis a que se refieren
los artículos 35 y 37 respectivamente.

2. La Junta, en cooperación con la Comisión, publicará informes exhaustivos, una vez
al año, que incluirán lo siguiente:

a) detección y evaluación de los riesgos sistémicos más destacados y recurrentes
notificados por las plataformas en línea de muy gran tamaño o detectados a
través de otras fuentes de información, en particular las proporcionadas de
conformidad con los artículos 31 y 33;

b) buenas prácticas para las plataformas en línea de muy gran tamaño para la
reducción de los riesgos sistémicos detectados.

3. La Comisión, en colaboración con los coordinadores de servicios digitales, podrá
publicar orientaciones generales sobre la aplicación del apartado 1 en relación con
riesgos concretos, en particular para presentar buenas prácticas y recomendar
posibles medidas, con la debida consideración de las posibles consecuencias de esas
medidas para los derechos fundamentales consagrados en la Carta de todas las partes
implicadas. Durante la preparación de dichas orientaciones, la Comisión organizará
consultas públicas.

_Artículo 28_
_Auditoría independiente_

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño se someterán, a su propia costa y al
menos una vez al año, a auditorías para evaluar el cumplimiento de lo siguiente:

a) las obligaciones estipuladas en el capítulo III;

b) cualquier compromiso adquirido en virtud de los códigos de conducta a que se
refieren los artículos 35 y 36 y los protocolos de crisis a que se refiere el
artículo 37.

### ES 67 ES

2. Las auditorías efectuadas en virtud del apartado 1 serán realizadas por
organizaciones que:

a) sean independientes de la plataforma en línea de muy gran tamaño de que se
trate;

b) posean conocimientos probados en el ámbito de la gestión de riesgos,
competencia y capacidades técnicas;

c) tengan objetividad y ética profesional probadas, basadas en particular en su
cumplimiento de códigos de práctica o normas apropiadas.

3. Las organizaciones que lleven a cabo las auditorías elaborarán un informe de cada
auditoría. Dicho informe será por escrito e incluirá al menos lo siguiente:

a) el nombre, domicilio y punto de contacto de la plataforma en línea de muy gran
tamaño sujeta a la auditoría y el período que abarque;

b) el nombre y domicilio de la organización que realice la auditoría;

c) una descripción de los elementos concretos auditados y de la metodología
aplicada;

d) una descripción de las principales conclusiones extraídas de la auditoría;

e) un dictamen que determine si la plataforma en línea de muy gran tamaño
sometida a la auditoría ha cumplido con las obligaciones y los compromisos a
que se refiere el apartado 1, ya sea favorable, favorable con observaciones o
negativo;

f) cuando el dictamen de la auditoría no sea favorable, recomendaciones
operativas sobre medidas concretas para alcanzar el cumplimiento.

4. Las plataformas en línea de muy gran tamaño que reciban un informe de auditoría
que no sea favorable tendrán debidamente en cuenta las recomendaciones operativas
que se les efectúen, con miras a adoptar las medidas necesarias para aplicarlas. En el
plazo de un mes desde la recepción de dichas recomendaciones, adoptarán un
informe de aplicación de la auditoría que recoja dichas medidas. Cuando no apliquen
las recomendaciones operativas, justificarán en el informe de aplicación de la
auditoría las razones para no hacerlo y describirán cualquier medida alternativa que
puedan haber adoptado para subsanar cualquier incumplimiento detectado.

_Artículo 29_

_Sistemas de recomendación_

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño que utilicen sistemas de
recomendación establecerán en sus condiciones, de manera clara, accesible y fácil de
comprender, los parámetros principales utilizados en sus sistemas de recomendación,
así como cualquier opción que puedan haber puesto a disposición de los destinatarios
del servicio para modificar o influir en dichos parámetros principales, incluida al
menos una opción que no se base en la elaboración de perfiles, en el sentido del
artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/679.

2. Cuando haya varias opciones disponibles de conformidad con el apartado 1, las
plataformas en línea de muy gran tamaño proporcionarán una funcionalidad de fácil
acceso en su interfaz en línea que permita al destinatario del servicio seleccionar y
modificar en cualquier momento su opción preferida para cada uno de los sistemas

### ES 68 ES

de recomendación que determine el orden relativo de información que se les
presente.

_Artículo 30_
_Transparencia adicional sobre la publicidad en línea_

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño que presenten publicidad en sus
interfaces en línea recopilarán y harán público mediante interfaces de programación
de aplicaciones un repositorio que contenga la información a que se refiere el
apartado 2, hasta un año después de la última vez que se presente la publicidad en sus
interfaces en línea. Se asegurarán de que el repositorio no contenga ningún dato
personal de los destinatarios del servicio a quienes se haya o se pueda haber
presentado la publicidad.

2. El repositorio incluirá al menos toda la información siguiente:

a) el contenido de la publicidad;

b) la persona física o jurídica en cuyo nombre se presenta el anuncio publicitario;

c) el período durante el que se haya presentado la publicidad;

d) si la publicidad estaba destinada a presentarse en particular a uno o varios
grupos concretos de destinatarios del servicio y, en tal caso, los parámetros
principales utilizados para tal fin;

e) el número total de destinatarios del servicio alcanzados y, en su caso, el total
general del grupo o grupos de destinatarios a quienes la publicidad estuviera
específicamente dirigida.

_Artículo 31_
_Acceso a datos y escrutinio_

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño proporcionarán al coordinador de
servicios digitales de establecimiento o a la Comisión, cuando lo soliciten de forma
motivada y en un período razonable, especificado en la solicitud, acceso a los datos
que sean necesarios para vigilar y evaluar el cumplimiento del presente Reglamento.
El coordinador de servicios digitales y la Comisión solo utilizarán esos datos para
esos fines.

2. Previa solicitud motivada del coordinador de servicios digitales de establecimiento o
de la Comisión, las plataformas en línea de muy gran tamaño proporcionarán acceso
a los datos en un período razonable, especificado en la solicitud, a investigadores
autorizados que cumplan los requisitos estipulados en el apartado 4 del presente
artículo, con la única finalidad de realizar estudios que contribuyan a la detección y
comprensión de los riesgos sistémicos descritos en el artículo 26, apartado 1.

3. Las plataformas en línea de muy gran tamaño proporcionarán acceso a los datos en
virtud de los apartados 1 y 2 a través de bases de datos en línea o interfaces de
programación de aplicaciones, según proceda.

4. Para ser autorizados, los investigadores deberán estar afiliados a instituciones
académicas, ser independientes de intereses comerciales y tener una historia probada
de especialización en los campos relacionados con los riesgos investigados o
metodologías de estudio conexas, y adquirirán el compromiso y tendrán la capacidad

### ES 69 ES

de preservar los requisitos específicos de seguridad y confidencialidad de los datos
correspondientes a cada solicitud.

5. La Comisión, previa consulta con la Junta, adoptará actos delegados que establezcan
las condiciones técnicas con arreglo a las cuales las plataformas en línea de muy gran
tamaño deban compartir datos en virtud de los apartados 1 y 2 y los fines para los
que puedan utilizarse dichos datos. Esos actos delegados estipularán las condiciones
específicas en las que puedan compartirse los datos con investigadores autorizados
en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, teniendo en cuenta los derechos e
intereses de las plataformas en línea de muy gran tamaño y los destinatarios del
servicio de que se trate, incluida la protección de información confidencial, en
particular secretos comerciales, y manteniendo la seguridad de su servicio.

6. En un plazo de quince días desde la recepción de una de las solicitudes a que se
refieren los apartados 1 y 2, una plataforma en línea de muy gran tamaño podrá
solicitar al coordinador de servicios digitales de establecimiento o a la Comisión,
según proceda, que modifique la solicitud, cuando considere que no puede otorgar
acceso a los datos solicitados por una de las dos razones siguientes:

a) que no tenga acceso a los datos;

b) que otorgar acceso a los datos implique vulnerabilidades importantes para la
seguridad de su servicio o para la protección de información confidencial, en
particular secretos comerciales.

7. Las solicitudes de modificación en virtud del apartado 6, letra b), propondrán uno o
varios medios alternativos mediante los cuales pueda otorgarse el acceso a los datos
solicitados u otros datos que sean apropiados y suficientes para la finalidad de la
solicitud.

El coordinador de servicios digitales de establecimiento o la Comisión tomará una
decisión sobre la solicitud de modificación en un plazo de quince días y comunicará
a la plataforma en línea de muy gran tamaño su decisión y, en su caso, la solicitud
modificada y el nuevo plazo para cumplir con la solicitud.

_Artículo 32_
_Encargados de cumplimiento_

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño designarán uno o varios encargados de
cumplimiento con la responsabilidad de vigilar el cumplimiento del presente
Reglamento.

2. Las plataformas en línea de muy gran tamaño solo designarán como encargados de
cumplimiento a personas que posean las cualificaciones profesionales, los
conocimientos, la experiencia y la capacidad necesarias para desempeñar las
funciones a que se refiere el apartado 3. Los encargados de cumplimiento pueden ser
miembros del personal de la plataforma en línea de muy gran tamaño de que se trate
o desempeñar esas funciones por contrato con dicha plataforma.

3. Los encargados de cumplimiento desempeñarán las siguientes funciones:

a) colaborar con el coordinador de servicios digitales de establecimiento y la
Comisión para los fines del presente Reglamento;

### ES 70 ES

b) organizar y supervisar las actividades de la plataforma en línea de muy gran
tamaño en relación con la auditoría independiente realizada de conformidad
con el artículo 28;

c) informar y asesorar a la dirección y a los empleados de la plataforma en línea
de muy gran tamaño acerca de las obligaciones pertinentes estipuladas en el
presente Reglamento;

d) vigilar el cumplimiento por parte de la plataforma en línea de muy gran tamaño
de sus obligaciones conforme al presente Reglamento.

4. Las plataformas en línea de muy gran tamaño adoptarán las medidas necesarias para
asegurarse de que los encargados de cumplimiento puedan desempeñar sus funciones
de manera independiente.

5. Las plataformas en línea de muy gran tamaño comunicarán el nombre y los datos de
contacto del encargado de cumplimiento al coordinador de servicios digitales de
establecimiento y a la Comisión.

6. Las plataformas en línea de muy gran tamaño apoyarán al encargado de
cumplimiento en el desempeño de sus funciones y le proporcionarán los recursos
necesarios para que lleve dichas funciones a cabo de forma adecuada. El encargado
de cumplimiento rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico de la
plataforma.

_Artículo 33_
_Obligaciones de transparencia informativa para las plataformas en línea de muy gran_

_tamaño_

1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño publicarán los informes a que se
refiere el artículo 13 en un plazo de seis meses desde la fecha de aplicación a que se
refiere el artículo 25, apartado 4, y a partir de entonces cada seis meses.

2. Además de los informes estipulados en el artículo 13, las plataformas en línea de
muy gran tamaño harán públicos y transmitirán al coordinador de servicios digitales
de establecimiento y a la Comisión, al menos una vez al año y en los treinta días
siguientes a la adopción del informe de aplicación de la auditoria estipulado en el
artículo 28, apartado 4:

a) un informe que presente los resultados de la evaluación de riesgos realizada en
virtud del artículo 26;

b) las medidas de reducción de riesgos conexas establecidas y aplicadas en virtud
del artículo 27;

c) el informe de auditoría estipulado en el artículo 28, apartado 3;

d) el informe de aplicación de la auditoría estipulado en el artículo 28, apartado 4.

3. Cuando una plataforma en línea de muy gran tamaño considere que la publicación de
información en virtud del apartado 2 pueda dar lugar a la revelación de información
confidencial de esa plataforma o de los destinatarios del servicio, pueda causar
vulnerabilidades importantes para la seguridad de su servicio, pueda menoscabar la
seguridad pública o pueda perjudicar a los destinatarios, la plataforma podrá retirar
dicha información de los informes. En ese caso, la plataforma transmitirá los
informes completos al coordinador de servicios digitales de establecimiento y a la

### ES 71 ES

Comisión, acompañados de una exposición de los motivos por los que se haya
retirado la información de los informes públicos.

###### **S ECCIÓN 5** **O TRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A OBLIGACIONES DE DILIGENCIA DEBIDA**

_Artículo 34_

_Normas_

1. La Comisión apoyará y promoverá la elaboración y aplicación de normas sectoriales
voluntarias por parte de los organismos internacionales y europeos de normalización
pertinentes al menos en relación con lo siguiente:

a) el envío electrónico de avisos en virtud del artículo 14;

b) el envío electrónico de avisos por los alertadores fiables en virtud del
artículo 19, por ejemplo, a través de interfaces de programación de
aplicaciones;

c) interfaces específicas, incluidas las interfaces de programación de aplicaciones,
para facilitar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los
artículos 30 y 31;

d) la auditoría de plataformas en línea de muy gran tamaño en virtud del
artículo 28;

e) la interoperabilidad de los repositorios de anuncios publicitarios a que se
refiere el artículo 30, apartado 2;

f) la transmisión de datos entre intermediarios de publicidad para colaborar al
cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas de conformidad
con las letras b) y c) del artículo 24.

2. La Comisión colaborará en la actualización de las normas en vista de los avances
tecnológicos y del comportamiento de los destinatarios de los servicios en cuestión.

_Artículo 35_
_Códigos de conducta_

1. La Comisión y la Junta fomentarán y facilitarán la elaboración de códigos de
conducta en el ámbito de la Unión para contribuir a la debida aplicación del presente
Reglamento, teniendo en cuenta en particular las dificultades concretas que conlleva
actuar contra diferentes tipos de contenidos ilícitos y riesgos sistémicos, de
conformidad con el Derecho de la Unión, en particular en materia de competencia y
de protección de los datos personales.

2. Cuando se genere un riesgo sistémico significativo en el sentido del artículo 26,
apartado 1, y afecte a varias plataformas en línea de muy gran tamaño, la Comisión
podrá invitar a las plataformas en línea de muy gran tamaño afectadas, otras
plataformas en línea de muy gran tamaño, otras plataformas en línea y otros
prestadores de servicios intermediarios, según sea oportuno, así como a
organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, a participar en la
elaboración de códigos de conducta, por ejemplo estableciendo compromisos de
adopción de medidas específicas de reducción de riesgos, así como un marco de
información periódica sobre las medidas que se puedan adoptar y sus resultados.

### ES 72 ES

3. En aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, la Comisión y la Junta tratarán
de asegurarse de que los códigos de conducta expongan claramente sus objetivos,
contengan indicadores clave de desempeño para valorar el cumplimiento de dichos
objetivos y tengan debidamente en cuenta las necesidades e intereses de todas las
partes interesadas, incluidos los ciudadanos, en el ámbito de la Unión. La Comisión y
la Junta también tratarán de asegurarse de que los participantes informen
periódicamente a la Comisión y a sus respectivos coordinadores de servicios digitales
de establecimiento acerca de las medidas que puedan adoptarse y sus resultados,
valoradas con arreglo a los indicadores clave de desempeño que contengan.

4. La Comisión y la Junta evaluarán si los códigos de conducta cumplen los fines
especificados en los apartados 1 y 3, y vigilarán y evaluarán periódicamente el
cumplimiento de sus objetivos. Publicarán sus conclusiones.

5. La Junta vigilará y evaluará periódicamente el cumplimiento de los objetivos de los
códigos de conducta, teniendo en cuenta los indicadores clave de desempeño que
puedan contener.

_Artículo 36_
_Códigos de conducta relativos a publicidad en línea_

1. La Comisión fomentará y facilitará la elaboración de códigos de conducta en el
ámbito de la Unión entre plataformas en línea y otros prestadores de servicios
pertinentes, como los prestadores de servicios intermediarios de publicidad en línea u
organizaciones que representen a destinatarios del servicio y organizaciones de la
sociedad civil o autoridades pertinentes para contribuir a una mayor transparencia en
la publicidad en línea por encima de los requisitos de los artículos 24 y 30.

2. La Comisión tratará de asegurarse de que los códigos de conducta persigan una
transmisión efectiva de información, con pleno respeto a los derechos e intereses de
todas las partes implicadas, y la existencia de un entorno competitivo, transparente y
equitativo en la publicidad en línea, de conformidad con el Derecho de la Unión y
nacional, en particular en materia de competencia y protección de los datos
personales. La Comisión tratará de asegurarse de que los códigos de conducta
aborden al menos:

a) la transmisión de información que obre en poder de los intermediarios de
publicidad en línea a los destinatarios del servicio con respecto a los requisitos
establecidos en las letras b) y c) del artículo 24;

b) la transmisión de información que obre en poder de los prestadores de servicios
intermediarios de publicidad en línea a los repositorios creados de conformidad
con el artículo 30.

3. La Comisión fomentará la elaboración de los códigos de conducta en el plazo de un
año desde la fecha de aplicación del presente Reglamento y su aplicación a más
tardar en un plazo de seis meses a partir de esa fecha.

_Artículo 37_

_Protocolos de crisis_

1. La Junta podrá recomendar a la Comisión que inicie la elaboración, de conformidad
con los apartados 2, 3 y 4, de protocolos destinados a abordar situaciones de crisis

### ES 73 ES

que se limiten estrictamente a circunstancias extraordinarias que afecten a la
seguridad pública o a la salud pública.

2. La Comisión fomentará y facilitará que las plataformas en línea de muy gran tamaño
y, cuando proceda, otras plataformas en línea, con la participación de la Comisión,
participen en la elaboración, prueba y aplicación de dichos protocolos de crisis, que
incluyan una o varias de las medidas siguientes:

a) presentar información destacada sobre la situación de crisis proporcionada por
las autoridades de los Estados miembros o en el ámbito de la Unión;

a) asegurar que el punto de contacto a que se refiere el artículo 10 sea responsable
de la gestión de crisis;

b) cuando proceda, adaptar los recursos dedicados al cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en los artículos 14, 17, 19, 20 y 27 a las necesidades
creadas por la situación de crisis.

3. La Comisión podrá involucrar, cuando proceda, a las autoridades de los Estados
miembros y a los organismos, las oficinas y las agencias de la Unión en la
elaboración, prueba y supervisión de la aplicación de los protocolos de crisis. La
Comisión podrá, cuando sea necesario y oportuno, involucrar también a
organizaciones de la sociedad civil u otras organizaciones pertinentes en la
elaboración de los protocolos de crisis.

4. La Comisión tratará de asegurarse de que los protocolos de crisis expongan
claramente todo lo siguiente:

a) los parámetros específicos para determinar qué constituye la circunstancia
extraordinaria específica que el protocolo de crisis pretende abordar y los
objetivos que persigue;

b) el papel de cada uno de los participantes y las medidas que deben adoptar en la
preparación del protocolo de crisis y una vez que se haya activado este;

c) un procedimiento claro para determinar cuándo ha de activarse el protocolo de
crisis;

d) un procedimiento claro para determinar el período durante el cual deberán
aplicarse las medidas que se adopten una vez activado el protocolo de crisis,
que se limite a lo estrictamente necesario para abordar las circunstancias
extraordinarias concretas de que se trate;

e) salvaguardias para contrarrestar posibles efectos negativos para el ejercicio de
los derechos fundamentales consagrados en la Carta, en particular la libertad de
expresión e información y el derecho a la no discriminación;

f) un proceso para informar públicamente sobre las medidas que se adopten, su
duración y sus resultados, una vez finalice la situación de crisis.

5. Si la Comisión considera que un protocolo de crisis no es eficaz para abordar la
situación de crisis, o para salvaguardar el ejercicio de los derechos fundamentales a
que se refiere la letra e) del apartado 4, podrá solicitar a los participantes que revisen
el protocolo de crisis, por ejemplo adoptando medidas adicionales.

### ES 74 ES

##### **Capítulo IV** **Aplicación, cooperación, sanciones y ejecución**

###### **S ECCIÓN 1** **A UTORIDADES COMPETENTES Y COORDINADORES DE SERVICIOS DIGITALES**

**NACIONALES**

_Artículo 38_
_Autoridades competentes y coordinadores de servicios digitales_

1. Los Estados miembros designarán una o varias autoridades competentes responsables
de la aplicación y ejecución del presente Reglamento (en lo sucesivo, «autoridades
competentes»).

2. Los Estados miembros designarán a una de las autoridades competentes como su
coordinador de servicios digitales. El coordinador de servicios digitales será
responsable en todas las materias relacionadas con la aplicación y ejecución del
presente Reglamento en ese Estado miembro, a menos que el Estado miembro de que
se trate haya asignado determinadas funciones o sectores específicos a otras
autoridades competentes. En todo caso, el coordinador de servicios digitales será
responsable de garantizar la coordinación en el ámbito nacional al respecto de tales
materias y de contribuir a la aplicación y ejecución efectiva y coherente del presente
Reglamento en toda la Unión.

Con ese fin, los coordinadores de servicios digitales cooperarán entre sí, con otras
autoridades competentes nacionales, con la Junta y con la Comisión, sin perjuicio de
la posibilidad de que los Estados miembros organicen intercambios periódicos de
opiniones con otras autoridades cuando sea pertinente para el desempeño de las
funciones de esas otras autoridades y del coordinador de servicios digitales.

Cuando un Estado miembro designe más de una autoridad competente además del
coordinador de servicios digitales, se asegurará de que las funciones respectivas de
esas autoridades y del coordinador de servicios digitales estén claramente definidas y
que mantengan una cooperación estrecha y eficaz en el desempeño de estas. El
Estado miembro de que se trate comunicará el nombre de las otras autoridades
competentes, así como sus funciones respectivas, a la Comisión y a la Junta.

3. Los Estados miembros designarán a los coordinadores de servicios digitales en un
plazo de dos meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento.

Los Estados miembros harán público, y comunicarán a la Comisión y a la Junta, el
nombre de la autoridad competente que hayan designado como coordinador de
servicios digitales, así como su información de contacto.

4. Los requisitos aplicables a los coordinadores de servicios digitales estipulados en los
artículos 39, 40 y 41 también se aplicarán a cualquier otra autoridad competente que
los Estados miembros designen en virtud del apartado 1.

_Artículo 39_
_Requisitos aplicables a los coordinadores de servicios digitales_

1. Los Estados miembros velarán por que sus coordinadores de servicios digitales
desempeñen sus funciones en virtud del presente Reglamento de manera imparcial,

### ES 75 ES

transparente y oportuna. Los Estados miembros se asegurarán de que sus
coordinadores de servicios digitales posean recursos técnicos, financieros y humanos
adecuados para desempeñar sus funciones.

2. En el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus competencias de
conformidad con el presente Reglamento, los coordinadores de servicios digitales
actuarán con completa independencia. Permanecerán libres de cualquier influencia
externa, ya sea directa o indirecta, y no solicitarán ni aceptarán instrucciones de
ninguna otra autoridad pública o parte privada.

3. El apartado 2 ha de entenderse sin perjuicio de las funciones que corresponden a los
coordinadores de servicios digitales en el sistema de supervisión y ejecución
contemplado en el presente Reglamento y de la cooperación con otras autoridades
competentes de conformidad con el artículo 38, apartado 2. El apartado 2 no
impedirá la supervisión de las autoridades afectadas de conformidad con el Derecho
constitucional nacional.

_Artículo 40_

_Jurisdicción_

1. El Estado miembro en el que se encuentre el establecimiento principal del prestador
de servicios intermediarios tendrá jurisdicción para los fines de los capítulos III y IV
del presente Reglamento.

2. Se considerará, para los fines de los capítulos III y IV, que un prestador de servicios
intermediarios que no tenga un establecimiento en la Unión pero que ofrezca
servicios en ella estará sujeto a la jurisdicción del Estado miembro donde su
representante legal resida o esté establecido.

3. Cuando un prestador de servicios intermediarios no designe un representante legal de
conformidad con el artículo 11, todos los Estados miembros tendrán jurisdicción para
los fines de los capítulos III y IV. Cuando un Estado miembro decida ejercer su
jurisdicción en virtud del presente apartado, informará a todos los demás Estados
miembros y velará por que se respete el principio de _ne bis in idem_ .

4. Los apartados 1, 2 y 3 han de entenderse sin perjuicio del artículo 50, apartado 4,
párrafo segundo, y del artículo 51, apartado 2, párrafo segundo, y de las funciones y
competencias de la Comisión en virtud de la sección 3.

_Artículo 41_
_Competencias de los coordinadores de servicios digitales_

1. Cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones, los coordinadores de
servicios digitales dispondrán como mínimo de las siguientes competencias de
investigación al respecto de la conducta de los prestadores de servicios
intermediarios sujetos a la jurisdicción de su Estado miembro:

a) la competencia de exigir que dichos prestadores, así como cualquier otra
persona que actúe con fines relacionados con su actividad comercial, negocio,
oficio o profesión que pueda tener razonablemente conocimiento de
información relativa a una presunta infracción del presente Reglamento,
incluidas las organizaciones que realicen las auditorías a que se refieren el
artículo 28 y el artículo 50, apartado 3, faciliten dicha información en un plazo
razonable;

### ES 76 ES

b) la competencia de inspeccionar sobre el terreno cualquier instalación que
dichos prestadores o dichas personas utilicen con fines relacionados con su
actividad comercial, negocio, oficio o profesión, o de solicitar a otras
autoridades públicas que lo hagan, a fin de examinar, tomar u obtener o
incautarse de información relativa a una presunta infracción en cualquier
forma, sea cual sea el medio de almacenamiento;

c) la competencia de solicitar a cualquier miembro del personal o representante de
dichos prestadores o dichas personas que ofrezcan explicaciones al respecto de
cualquier información relativa a una presunta infracción y de levantar acta de
las respuestas.

2. Cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones, los coordinadores de
servicios digitales dispondrán como mínimo de las siguientes competencias de
ejecución al respecto de los prestadores de servicios intermediarios sujetos a la
jurisdicción de su Estado miembro:

a) la competencia de aceptar los compromisos ofrecidos por dichos prestadores en
relación con su cumplimiento del presente Reglamento y de declarar dichos
compromisos vinculantes;

b) la competencia de ordenar que cesen las infracciones y, en su caso, imponer
remedios proporcionados a la infracción y necesarios para poner fin a la
infracción de manera efectiva;

c) la competencia de imponer multas de conformidad con el artículo 42 por
incumplimientos del presente Reglamento, por ejemplo, de cualquiera de las
órdenes dictadas en virtud del apartado 1;

d) la competencia de imponer una multa coercitiva de conformidad con el
artículo 42 para asegurarse de que se ponga fin a una infracción en
cumplimiento de una orden dictada de conformidad con la letra b) del presente
apartado o por el incumplimiento de cualquiera de las órdenes dictadas en
virtud del apartado 1;

e) la competencia de adoptar medidas provisionales para evitar el riesgo de daños

graves.

En lo que respecta a las letras c) y d) del párrafo primero, los coordinadores de
servicios digitales también tendrán las competencias de ejecución establecidas en
dichas letras al respecto del resto de personas a que se refiere el apartado 1 por el
incumplimiento de cualquiera de las órdenes a ellas destinadas y dictadas en virtud
de dicho apartado. Solo ejercerán esas competencias de ejecución después de haber
proporcionado a esas otras personas, con antelación adecuada, toda la información
pertinente relativa a dichas órdenes, incluido el plazo aplicable, las multas o multas
coercitivas que puedan imponerse por incumplimiento y las posibilidades de recurso.

3. Cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones, los coordinadores de
servicios digitales también tendrán, al respecto de los prestadores de servicios
intermediarios sujetos a la jurisdicción de su Estado miembro, cuando todas las
demás competencias previstas en el presente artículo para poner fin a una infracción
se hayan agotado, la infracción persista y cause daños graves que no puedan evitarse
mediante el ejercicio de otras competencias disponibles conforme al Derecho de la
Unión o nacional, la competencia de adoptar las medidas siguientes:

### ES 77 ES

a) exigir al órgano de dirección de los prestadores, en un plazo razonable, que
examine la situación, adopte y presente un plan de acción en el que exponga las
medidas necesarias para poner fin a la infracción, se asegure de que el
prestador adopte tales medidas, e informe sobre las medidas adoptadas;

b) cuando el coordinador de servicios digitales considere que el prestador no ha
cumplido suficientemente con los requisitos del primer guion, que la infracción
persiste y causa daños graves, y que la infracción supone un delito grave que
amenaza la vida o la seguridad de las personas, solicitará a la autoridad judicial
competente de dicho Estado miembro que ordene que los destinatarios del
servicio afectado por la infracción tengan limitado el acceso al mismo o bien,
únicamente cuando ello no sea técnicamente viable, a la interfaz en línea del
prestador de servicios intermediarios en la que tenga lugar la infracción.

El coordinador de servicios digitales, excepto cuando actúe a petición de la Comisión
conforme al artículo 65, antes de presentar la petición a que se refiere la letra b) del
párrafo primero, invitará a las partes interesadas a presentar observaciones por
escrito en un plazo que no será inferior a dos semanas, explicando las medidas que
pretenda solicitar e identificando al destinatario o destinatarios previstos de las
mismas. El prestador, el destinatario o destinatarios previstos y cualquier otro tercero
que demuestre un interés legítimo tendrán derecho a participar en los procedimientos
ante la autoridad judicial competente. Toda medida que se ordene será proporcionada
a la naturaleza, gravedad, recurrencia y duración de la infracción, sin limitar
indebidamente el acceso de los destinatarios del servicio afectado a información

lícita.

La limitación se mantendrá durante un período de cuatro semanas, supeditada a la
posibilidad de que la autoridad judicial competente, en su orden, permita que el
coordinador de servicios digitales prorrogue dicho período por períodos de idéntica
duración, debiendo establecer dicha autoridad judicial un número máximo de
prórrogas. El coordinador de servicios digitales solo prorrogará ese período cuando
considere, en vista de los derechos e intereses de todas las partes afectadas por la
limitación y todas las circunstancias pertinentes, incluida cualquier información que
el prestador, el destinatario o destinatarios y cualquier otro tercero que haya
demostrado un interés legítimo puedan proporcionarle, que se han cumplido las dos
condiciones siguientes:

a) que el prestador no ha adoptado las medidas necesarias para poner fin a la
infracción;

b) que la limitación temporal no limita indebidamente el acceso de los
destinatarios del servicio a información lícita, teniendo en cuenta el número de
destinatarios afectados y si existe alguna alternativa adecuada y fácilmente
accesible.

Cuando el coordinador de servicios digitales considere que se han cumplido ambas
condiciones, pero no pueda prorrogar el período de conformidad con el párrafo
tercero, presentará una nueva petición a la autoridad judicial competente, según se
indica en la letra b) del párrafo primero.

4. Las competencias enumeradas en los apartados 1, 2 y 3 han de entenderse sin
perjuicio de la sección 3.

5. Las medidas adoptadas por los coordinadores de servicios digitales en el ejercicio de
las competencias enumeradas en los apartados 1, 2 y 3 serán eficaces, disuasorias y

### ES 78 ES

proporcionadas, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza, gravedad,
recurrencia y duración de la infracción o presunta infracción a la que se refieran
dichas medidas, así como la capacidad económica, técnica y operativa del prestador
de servicios intermediarios afectado cuando sea pertinente.

6. Los Estados miembros velarán por que el ejercicio de sus competencias en virtud de
los apartados 1, 2 y 3 se someta a salvaguardias adecuadas establecidas en la
legislación nacional aplicable de conformidad con la Carta y con los principios
generales del Derecho de la Unión. En particular, solo se adoptarán esas medidas de
conformidad con el derecho al respeto de la vida privada y los derechos de defensa,
incluidos los derechos a ser oído y a tener acceso al expediente, y con sujeción al
derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes afectadas.

_Artículo 42_

_Sanciones_

1. Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable en caso de
incumplimiento del presente Reglamento por los prestadores de servicios
intermediarios bajo su jurisdicción y adoptarán todas las medidas necesarias para
garantizar su aplicación de conformidad con el artículo 41.

2. Las sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados
miembros comunicarán a la Comisión el régimen establecido y las medidas
adoptadas y le notificarán, sin dilación, cualquier modificación posterior.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que el máximo importe de las sanciones
impuestas por un incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente
Reglamento no exceda del 6 % de la renta o facturación anual del prestador de
servicios intermediarios afectado. Las sanciones por proporcionar información
incorrecta, incompleta o engañosa, por no responder o rectificar información
incorrecta, incompleta o engañosa o por no someterse a una inspección sobre el
terreno no excederán del 1 % de la renta o facturación anual del prestador afectado.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que el máximo importe de una multa
coercitiva no exceda del 5 % de la facturación media diaria del prestador de servicios
intermediarios afectado en el ejercicio fiscal anterior por día, calculado a partir de la
fecha especificada en la decisión de que se trate.

_Artículo 43_
_Derecho a presentar una reclamación_

Los destinatarios del servicio tendrán derecho a presentar una reclamación contra los
prestadores de servicios intermediarios con motivo de una infracción del presente Reglamento
al coordinador de servicios digitales del Estado miembro donde el destinatario resida o esté
establecido. El coordinador de servicios digitales evaluará la reclamación y, cuando sea
oportuno, la transmitirá al coordinador de servicios digitales de establecimiento. Cuando la
reclamación sea responsabilidad de otra autoridad competente en su Estado miembro, el
coordinador de servicios digitales que reciba la reclamación la transmitirá a dicha autoridad.

### ES 79 ES

_Artículo 44_
_Informes de actividad_

1. Los coordinadores de servicios digitales elaborarán un informe anual de sus
actividades conforme al presente Reglamento. Harán públicos dichos informes
anuales y los comunicarán a la Comisión y a la Junta.

2. El informe anual deberá incluir, como mínimo, la información siguiente:

a) el número y objeto de las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos y de
las órdenes de entrega de información dictadas de conformidad con los
artículos 8 y 9 por cualquier autoridad judicial o administrativa nacional del
Estado miembro del coordinador de servicios digitales afectado;

b) los efectos que hayan tenido dichas órdenes, según se comuniquen al
coordinador de servicios digitales de conformidad con los artículos 8 y 9.

3. Cuando un Estado miembro haya designado varias autoridades competentes en virtud
del artículo 38, velará por que el coordinador de servicios digitales elabore un único
informe que comprenda las actividades de todas las autoridades competentes y que el
coordinador de servicios digitales reciba toda la información pertinente y el apoyo
que necesite a tal efecto de parte del resto de autoridades competentes afectadas.

_Artículo 45_
_Cooperación transfronteriza entre coordinadores de servicios digitales_

1. Cuando un coordinador de servicios digitales tenga razones para sospechar que un
prestador de un servicio intermediario, no sujeto a la jurisdicción del Estado
miembro afectado, ha infringido el presente Reglamento, solicitará al coordinador de
servicios digitales de establecimiento que evalúe el asunto y adopte las medidas
necesarias de investigación y ejecución para garantizar el cumplimiento del presente
Reglamento.

Cuando la Junta tenga razones para sospechar que un prestador de servicios
intermediarios ha infringido el presente Reglamento de manera que afecte al menos a
tres Estados miembros, podrá recomendar al coordinador de servicios digitales de
establecimiento que evalúe el asunto y adopte las medidas necesarias de
investigación y ejecución para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

2. Una solicitud o recomendación en virtud del apartado 1 indicará, como mínimo, lo
siguiente:

a) el punto de contacto del prestador de servicios intermediarios afectado según lo
dispuesto en el artículo 10;

b) una descripción de los hechos pertinentes, las disposiciones del presente
Reglamento afectadas y los motivos por los que el coordinador de servicios
digitales que haya enviado la solicitud, o la Junta, sospeche que el prestador ha
infringido el presente Reglamento;

c) cualquier otra información que el coordinador de servicios digitales que haya
enviado la solicitud, o la Junta, considere pertinente, incluida, en su caso, la
información que haya recabado por iniciativa propia o las propuestas de
adopción de medidas específicas de investigación o ejecución, incluidas las
medidas provisionales.

### ES 80 ES

3. El coordinador de servicios digitales de establecimiento tendrá en la debida
consideración la solicitud o recomendación conforme al apartado 1. Cuando
considere que no posee suficiente información para actuar con arreglo a dicha
solicitud o recomendación y tenga razones para considerar que el coordinador de
servicios digitales que haya enviado la solicitud, o la Junta, podría aportar
información adicional, podrá solicitar dicha información. El plazo establecido en el
apartado 4 quedará en suspenso hasta que se aporte la información adicional.

4. El coordinador de servicios digitales de establecimiento, sin dilaciones indebidas y
en todo caso a más tardar dos meses después de que se reciba la solicitud o
recomendación, comunicará al coordinador de servicios digitales que haya enviado la
solicitud, o a la Junta, su evaluación de la presunta infracción, o la de cualquier otra
autoridad competente en virtud de la legislación nacional cuando proceda, y una
explicación de las medidas de investigación o ejecución que pueda haber adoptado o
previsto al respecto para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

5. Cuando el coordinador de servicios digitales que haya enviado la solicitud o bien,
cuando proceda, la Junta, no haya recibido respuesta en el plazo estipulado en el
apartado 4, o cuando no esté de acuerdo con la evaluación del coordinador de
servicios digitales de establecimiento, podrá remitir el asunto a la Comisión,
aportando toda la información pertinente. Esa información incluirá, como mínimo, la
solicitud o recomendación enviada al coordinador de servicios digitales de
establecimiento, cualquier información adicional aportada de conformidad con el
apartado 3 y la comunicación a que se refiere el apartado 4.

6. La Comisión evaluará el asunto en un plazo de tres meses desde la remisión del
asunto de conformidad con el apartado 5, previa consulta con el coordinador de
servicios digitales de establecimiento y, a menos que ella misma haya remitido el
asunto, con la Junta.

7. Cuando, en virtud del apartado 6, la Comisión concluya que la evaluación o las
medidas de investigación o ejecución adoptadas o previstas en virtud del apartado 4
son incompatibles con el presente Reglamento, solicitará al coordinador de servicios
digitales de establecimiento que evalúe el asunto en mayor profundidad y adopte las
medidas de investigación o ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento del
presente Reglamento, y que le informe acerca de las medidas adoptadas en un plazo
de dos meses desde dicha solicitud.

_Artículo 46_
_Investigaciones conjuntas y solicitudes de intervención de la Comisión_

1. Los coordinadores de servicios digitales podrán participar en investigaciones
conjuntas, que podrán coordinarse con el apoyo de la Junta, con respecto a las
materias reguladas por el presente Reglamento, que afecten a los prestadores de
servicios intermediarios que operen en varios Estados miembros.

Estas investigaciones conjuntas han de entenderse sin perjuicio de las funciones y
competencias de los coordinadores de servicios digitales participantes y de los
requisitos aplicables al desempeño de dichas funciones y al ejercicio de dichas
competencias conforme al presente Reglamento. Los coordinadores de servicios
digitales participantes pondrán los resultados de las investigaciones conjuntas a
disposición de otros coordinadores de servicios digitales, de la Comisión y de la
Junta por medio del sistema establecido en el artículo 67 para el desempeño de sus
respectivas funciones en virtud del presente Reglamento.

### ES 81 ES

2. Cuando un coordinador de servicios digitales de establecimiento tenga razones para
sospechar que una plataforma en línea de muy gran tamaño ha infringido el presente
Reglamento, podrá solicitar a la Comisión que adopte las medidas de investigación y
ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento de
conformidad con la sección 3. Dicha solicitud contendrá toda la información
enumerada en el artículo 45, apartado 2, y en ella se expondrán las razones por las
que se solicita la intervención de la Comisión.

###### **S ECCIÓN 2** **J UNTA E UROPEA DE S ERVICIOS D IGITALES**

_Artículo 47_
_Junta Europea de Servicios Digitales_

1. Se establece un grupo consultivo independiente integrado por coordinadores de
servicios digitales para la supervisión de los prestadores de servicios intermediarios,
denominado «Junta Europea de Servicios Digitales» («la Junta»).

2. La Junta asesorará a los coordinadores de servicios digitales y a la Comisión de
conformidad con el presente Reglamento para alcanzar los siguientes objetivos:

a) contribuir a la aplicación coherente del presente Reglamento y a la cooperación
efectiva de los coordinadores de servicios digitales y la Comisión con respecto
a las materias reguladas por el presente Reglamento;

b) coordinar y contribuir a las orientaciones y los análisis de la Comisión y los
coordinadores de servicios digitales y otras autoridades competentes sobre
problemas emergentes en el mercado interior con respecto a las materias
reguladas por el presente Reglamento;

c) asistir a los coordinadores de servicios digitales y a la Comisión en la
supervisión de las plataformas en línea de muy gran tamaño.

_Artículo_ _48_

_Estructura de la Junta_

1. La Junta estará integrada por los coordinadores de servicios digitales, que estarán
representados por funcionarios de alto nivel. Cuando lo prevea la legislación
nacional, en la Junta participarán otras autoridades competentes que tengan
encomendadas responsabilidades operativas específicas de aplicación y ejecución del
presente Reglamento junto al coordinador de servicios digitales. Se podrá invitar a
otras autoridades nacionales a las reuniones, cuando los temas tratados sean de
relevancia para ellas.

2. Cada Estado miembro dispondrá de un voto. La Comisión no tendrá derechos de

voto.

La Junta adoptará sus actos por mayoría simple.

3. La Junta estará presidida por la Comisión. La Comisión convocará las reuniones y
elaborará el orden del día de conformidad con las funciones de la Junta en virtud del
presente Reglamento y con su reglamento interno.

4. La Comisión prestará apoyo administrativo y analítico a la Junta en sus actividades
de conformidad con el presente Reglamento.

### ES 82 ES

5. La Junta podrá invitar a expertos y observadores a que asistan a sus reuniones, y
podrá cooperar con otros órganos, oficinas, agencias y grupos consultivos de la
Unión, así como con expertos externos cuando proceda. La Junta hará públicos los
resultados de esta cooperación.

6. La Junta adoptará su reglamento interno con el consentimiento de la Comisión.

_Artículo 49_

_Funciones de la Junta_

1. Cuando sea necesario para cumplir los objetivos expuestos en el artículo 47,
apartado 2, la Junta, en particular:

a) colaborará en la coordinación de las investigaciones conjuntas;

b) colaborará con las autoridades competentes en el análisis de los informes y
resultados de las auditorías de las plataformas en línea de muy gran tamaño que
se han de transmitir de conformidad con el presente Reglamento;

c) ofrecerá dictámenes, recomendaciones o asesoramiento a los coordinadores de
servicios digitales de conformidad con el presente Reglamento;

d) asesorará a la Comisión en la adopción de las medidas a que se refiere el
artículo 51 y, cuando la Comisión lo solicite, adoptará dictámenes sobre
proyectos de medidas de la Comisión en relación con plataformas en línea de
muy gran tamaño de conformidad con el presente Reglamento;

e) apoyará y promoverá la elaboración y aplicación de normas europeas,
directrices, informes, modelos y códigos de conducta según lo dispuesto en el
presente Reglamento, así como la determinación de problemas emergentes, con
respecto a las materias reguladas por el presente Reglamento.

2. Los coordinadores de servicios digitales y otras autoridades competentes nacionales
que no actúen conforme a los dictámenes, solicitudes o recomendaciones adoptados
por la Junta y a ellos destinados deberán explicar los motivos de su decisión cuando
aporten información de conformidad con el presente Reglamento o cuando adopten
sus decisiones pertinentes, según proceda.

###### **S ECCIÓN 3** **S UPERVISIÓN, INVESTIGACIÓN, EJECUCIÓN Y VIGILANCIA AL RESPECTO DE LAS**

**PLATAFORMAS EN** **LÍNEA DE MUY GRAN TAMAÑO**

_Artículo 50_
_Supervisión reforzada de plataformas en línea de muy gran tamaño_

1. Cuando el coordinador de servicios digitales de establecimiento adopte una decisión
en la que determine que una plataforma en línea de muy gran tamaño ha infringido
alguna de las disposiciones de la sección 4 del capítulo III, hará uso del sistema de
supervisión reforzado establecido en el presente artículo. Tomará en la debida
consideración cualquier dictamen o recomendación de la Comisión y de la Junta de
conformidad con el presente artículo.

La Comisión por iniciativa propia, o la Junta por iniciativa propia o a petición de al
menos tres coordinadores de servicios digitales de destino, podrá, cuando tenga
razones para sospechar que una plataforma en línea de muy gran tamaño ha
infringido alguna de esas disposiciones, recomendar que el coordinador de servicios

### ES 83 ES

digitales de establecimiento investigue la presunta infracción con miras a que dicho
coordinador de servicios digitales adopte dicha decisión en un plazo razonable.

2. Cuando comunique la decisión a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 a la
plataforma en línea de muy gran tamaño de que se trate, el coordinador de servicios
digitales de establecimiento le solicitará que elabore y comunique al coordinador de
servicios digitales de establecimiento, a la Comisión y a la Junta, en el plazo de un
mes de dicha decisión, un plan de acción en el que especifique cómo pretende esa
plataforma poner fin o remedio a la infracción. Las medidas expuestas en el plan de
acción podrán incluir, en su caso, la participación en un código de conducta según lo
dispuesto en el artículo 35.

3. En el plazo de un mes desde la recepción del plan de acción, la Junta comunicará su
dictamen sobre el plan de acción al coordinador de servicios digitales de
establecimiento. En el plazo de un mes desde la recepción de dicho dictamen, ese
coordinador de servicios digitales decidirá si el plan de acción es apropiado para
poner fin o remedio a la infracción.

Cuando el coordinador de servicios digitales de establecimiento tenga dudas sobre la
capacidad de las medidas para poner fin o remedio a la infracción, podrá solicitar a la
plataforma en línea de muy gran tamaño afectada que se someta a una auditoría
independiente adicional para evaluar la eficacia de dichas medidas para poner fin o
remedio a la infracción. En tal caso, esa plataforma enviará el informe de auditoría a
ese coordinador de servicios digitales, a la Comisión y a la Junta en un plazo de
cuatro meses desde la decisión a que se refiere el párrafo primero. Cuando solicite
dicha auditoría adicional, el coordinador de servicios digitales podrá especificar la
organización de auditoría concreta que haya de realizar la auditoría, a costa de la
plataforma afectada, elegida en virtud de los criterios establecidos en el artículo 28,
apartado 2.

4. El coordinador de servicios digitales de establecimiento comunicará a la Comisión, a
la Junta y a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada sus opiniones en
cuanto a si la plataforma en línea de muy gran tamaño ha puesto fin o remedio a la
infracción y sus razones. Lo hará en los siguientes plazos, según proceda:

a) en el plazo de un mes desde la recepción del informe de auditoría a que se
refiere el párrafo segundo del apartado 3, cuando se haya realizado tal
auditoría;

b) en el plazo de tres meses desde la decisión sobre el plan de acción a que se
refiere el párrafo primero del apartado 3, cuando no se haya realizado tal
auditoría;

c) inmediatamente después de que finalice el plazo estipulado en el apartado 2,
cuando esa plataforma no haya comunicado el plan de acción en ese plazo.

De conformidad con dicha comunicación, el coordinador de servicios digitales de
establecimiento dejará de tener derecho a adoptar medidas de investigación o
ejecución al respecto de la conducta pertinente por parte de la plataforma en línea de
muy gran tamaño afectada, sin perjuicio del artículo 66 o de cualquier otra medida
que pueda adoptar a petición de la Comisión.

### ES 84 ES

_Artículo 51_
_Intervención por la Comisión e incoación de procedimientos_

1. La Comisión, por recomendación de la Junta o por iniciativa propia después de
consultar con la Junta, podrá incoar procedimientos en vista de la posible adopción
de decisiones en virtud de los artículos 58 y 59 al respecto de la conducta pertinente
por parte de la plataforma en línea de muy gran tamaño cuando:

a) se sospeche que ha infringido alguna de las disposiciones del presente
Reglamento y el coordinador de servicios digitales de establecimiento no haya
adoptado ninguna medida de investigación o ejecución, conforme a la solicitud
de la Comisión a que se refiere el artículo 45, apartado 7, una vez finalizado el
plazo establecido en dicha solicitud;

b) se sospeche que ha infringido alguna de las disposiciones del presente
Reglamento y el coordinador de servicios digitales de establecimiento haya
solicitado la intervención de la Comisión de conformidad con el artículo 46,
apartado 2, tras recibir dicha solicitud;

c) se haya determinado que ha infringido alguna de las disposiciones de la
sección 4 del capítulo III, una vez finalizado el plazo pertinente para la
comunicación a que se refiere el artículo 50, apartado 4.

2. Cuando la Comisión decida incoar un procedimiento en virtud del apartado 1, lo
notificará a todos los coordinadores de servicios digitales, a la Junta y a la plataforma
en línea de muy gran tamaño afectada.

En lo que respecta al apartado 1, letras a) y b), de conformidad con dicha
notificación, el coordinador de servicios digitales de establecimiento afectado dejará
de tener derecho a adoptar medidas de investigación o ejecución al respecto de la
conducta pertinente por parte de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada,
sin perjuicio del artículo 66 o de cualquier otra medida que pueda adoptar a petición
de la Comisión.

3. El coordinador de servicios digitales a que se refieren el artículo 45, apartado 7, el
artículo 46, apartado 2, y el artículo 50, apartado 1, según proceda, transmitirá a la
Comisión, sin dilaciones indebidas una vez que sea informado:

a) cualquier información que ese coordinador de servicios digitales haya
intercambiado en relación con la infracción o presunta infracción, según
proceda, con la Junta y con la plataforma en línea de muy gran tamaño
afectada;

b) el expediente de ese coordinador de servicios digitales en relación con la
infracción o presunta infracción, según proceda;

c) cualquier otra información que obre en poder de ese coordinador de servicios
digitales que pueda ser pertinente para el procedimiento incoado por la
Comisión.

4. La Junta, y los coordinadores de servicios digitales que efectúen la solicitud a que se
refiere el artículo 45, apartado 1, transmitirán a la Comisión, sin dilaciones indebidas
una vez que sean informados, cualquier información que obre en su poder que pueda
ser pertinente para el procedimiento incoado por la Comisión.

### ES 85 ES

_Artículo 52_
_Solicitudes de información_

1. A fin de desempeñar las funciones que le corresponden según lo dispuesto en la
presente sección, la Comisión podrá, mediante una simple solicitud o mediante una
decisión, requerir a las plataformas en línea de muy gran tamaño afectadas, así como
a cualquier otra persona que actúe con fines relacionados con su actividad comercial,
negocio, oficio o profesión que pueda razonablemente tener conocimiento de
información relativa a la infracción o presunta infracción, según proceda, incluidas
las organizaciones que realicen las auditorías a que se refieren el artículo 28 y el
artículo 50, apartado 3, que entreguen dicha información en un plazo razonable.

2. Cuando envíe una simple solicitud de información a la plataforma en línea de muy
gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52,
apartado 1, la Comisión expondrá la base jurídica y la finalidad de la solicitud,
especificará que información requiere y establecerá el plazo en el que deberá
entregarse la información, así como las sanciones previstas en el artículo 59 por
proporcionar información incorrecta o engañosa.

3. Cuando la Comisión adopte una decisión por la que requiera la entrega de
información a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de
las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, expondrá la base jurídica y la
finalidad de la solicitud, especificará que información requiere y establecerá el plazo
en el que deberá entregarse. Asimismo, indicará las sanciones previstas en el
artículo 59 e indicará o impondrá las multas coercitivas previstas en el artículo 60.
Asimismo, indicará el derecho a someter la decisión a revisión por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.

4. Los propietarios de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier
otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, o sus representantes y,
en el caso de personas jurídicas, sociedades o empresas, o cuando no tengan
personalidad jurídica, las personas autorizadas a representarles por ley o por su
constitución proporcionarán la información solicitada en nombre de la plataforma
en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se
refiere el artículo 52, apartado 1. Los abogados debidamente autorizados para actuar
podrán proporcionar la información en nombre de sus clientes. Estos últimos
seguirán siendo plenamente responsables si la información proporcionada es
incompleta, incorrecta o engañosa.

5. A petición de la Comisión, los coordinadores de servicios digitales y otras
autoridades competentes entregarán a la Comisión toda la información necesaria para
el desempeño de las funciones que le corresponden de conformidad con esta sección.

_Artículo 53_
_Competencia para realizar entrevistas y tomar declaraciones_

A fin de desempeñar las funciones que le corresponden de conformidad con esta sección, la
Comisión podrá entrevistar a cualquier persona física o jurídica que consienta en ser
entrevistada con el fin de recabar información, relativa al objeto de una investigación, en
relación con la infracción o presunta infracción, según proceda.

### ES 86 ES

_Artículo 54_
_Competencia para realizar inspecciones sobre el terreno_

1. A fin de desempeñar las funciones que le corresponden de conformidad con esta
sección, la Comisión podrá realizar inspecciones sobre el terreno en las instalaciones
de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las
personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1.

2. Las inspecciones sobre el terreno también podrán realizarse con la ayuda de
auditores o expertos designados por la Comisión de conformidad con el artículo 57,
apartado 2.

3. Durante las inspecciones sobre el terreno, la Comisión y los auditores o expertos
designados por ella podrán requerir a la plataforma en línea de muy gran tamaño
afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1,
que proporcione explicaciones sobre su organización, funcionamiento, sistema
informático, algoritmos, gestión de datos y conducta empresarial. La Comisión y los
auditores o expertos designados por ella podrán formular preguntas al personal clave
de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las
personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1.

4. La plataforma en línea de muy gran tamaño o cualquier otra de las personas a que se
refiere el artículo 52, apartado 1, está obligada a someterse a una inspección sobre el
terreno cuando la Comisión lo ordene por medio de una decisión. Dicha decisión
especificará el objeto y la finalidad de la visita, fijará la fecha en la que deba
comenzar e indicará las sanciones previstas en los artículos 59 y 60 y el derecho a
someter la decisión a la revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

_Artículo 55_
_Medidas provisionales_

1. En el contexto de un procedimiento que pueda dar lugar a que se adopte una decisión
de incumplimiento de conformidad con el artículo 58, apartado 1, cuando exista una
urgencia debido al riesgo de daños graves para los destinatarios del servicio, la
Comisión podrá, mediante una decisión, ordenar medidas provisionales contra la
plataforma en línea de muy gran tamaño afectada basadas en la constatación _prima_
_facie_ de una infracción.

2. Una decisión adoptada en virtud del apartado 1 será de aplicación durante un plazo
especificado y podrá prorrogarse en la medida en que sea necesario y apropiado.

_Artículo 56_

_Compromisos_

1. Si, durante uno de los procedimientos previstos en esta sección, la plataforma
en línea de muy gran tamaño afectada ofrece compromisos que garanticen el
cumplimiento de las disposiciones pertinentes del presente Reglamento, la Comisión
podrá, mediante una decisión, declarar dichos compromisos vinculantes para la
plataforma en línea de muy gran tamaño afectada y que no existen motivos
adicionales para actuar.

2. La Comisión podrá, previa solicitud o por iniciativa propia, reabrir el procedimiento:

a) cuando se haya producido un cambio sustancial en alguno de los hechos sobre
los que se haya basado la decisión;

### ES 87 ES

b) cuando la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada actúe
contrariamente a sus compromisos; o

c) cuando la decisión se haya basado en información incompleta, incorrecta o
engañosa proporcionada por la plataforma en línea de muy gran tamaño
afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52,
apartado 1.

3. Cuando la Comisión considere que los compromisos ofrecidos por la plataforma
en línea de muy gran tamaño afectada no pueden garantizar el cumplimiento efectivo
de las disposiciones pertinentes del presente Reglamento, rechazará dichos
compromisos en una decisión motivada al finalizar el procedimiento.

_Artículo 57_
_Acciones de vigilancia_

1. Con el fin de desempeñar las funciones que le corresponden de conformidad con esta
sección, la Comisión podrá emprender las acciones necesarias para vigilar la
aplicación y el cumplimiento efectivos del presente Reglamento por la plataforma
en línea de muy gran tamaño afectada. La Comisión también podrá ordenar a esa
plataforma que proporcione acceso a sus bases de datos y algoritmos, y explicaciones
al respecto.

2. Las acciones previstas en el apartado 1 podrán incluir la designación de expertos y
auditores externos independientes para que ayuden a la Comisión a vigilar el
cumplimiento de las disposiciones pertinentes del presente Reglamento y aporten
conocimientos o experiencia específicos a la Comisión.

_Artículo 58_
_Incumplimiento_

1. La Comisión adoptará una decisión de incumplimiento cuando constate que la
plataforma en línea de muy gran tamaño incumple una o varias de las siguientes

cosas:

a) las disposiciones pertinentes del presente Reglamento;

b) medidas provisionales ordenadas de conformidad con el artículo 55;

c) compromisos que se hayan declarado vinculantes de conformidad con el
artículo 56.

2. Antes de adoptar la decisión prevista en el apartado 1, la Comisión comunicará sus
conclusiones preliminares a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada. En
las conclusiones preliminares, la Comisión explicará las medidas que considere
adoptar, o que considere que la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada
debe adoptar, a fin de reaccionar de manera efectiva a las conclusiones preliminares.

3. En la decisión adoptada en virtud del apartado 1, la Comisión ordenará a la
plataforma en línea de muy gran tamaño afectada que adopte las medidas necesarias
para garantizar el cumplimiento de la decisión adoptada en virtud del apartado 1 en
un plazo razonable y que proporcione información sobre las medidas que dicha
plataforma pretenda adoptar para cumplir con la decisión.

### ES 88 ES

4. La plataforma en línea de muy gran tamaño afectada proporcionará a la Comisión
una descripción de las medidas que haya adoptado para garantizar el cumplimiento
de la decisión conforme al apartado 1 tras su aplicación.

5. Cuando la Comisión constate que no se cumplen las condiciones del apartado 1,
cerrará la investigación mediante una decisión.

_Artículo 59_

_Multas_

1. En la decisión adoptada en virtud del artículo 58, la Comisión podrá imponer a la
plataforma en línea de muy gran tamaño multas que no excedan del 6 % de su
facturación total en el ejercicio financiero anterior cuando constate que dicha
plataforma, de forma intencionada o por negligencia:

a) infringe las disposiciones pertinentes del presente Reglamento;

b) incumple una decisión por la que se ordenen medidas provisionales de
conformidad con el artículo 55; o

c) incumple una medida voluntaria que se haya declarado vinculante por medio
de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 56.

2. La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a la plataforma en línea de muy gran
tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52,
apartado 1, multas que no excedan del 1 % de la facturación total del ejercicio
financiero anterior cuando, de forma intencionada o por negligencia:

a) proporcionen información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a
una solicitud conforme al artículo 52 o bien, cuando la información sea
solicitada mediante una decisión, no respondan a la solicitud en el plazo
establecido;

b) no rectifiquen, en el plazo establecido por la Comisión, la información
incorrecta, incompleta o engañosa proporcionada por un miembro del personal,
o no proporcionen o se nieguen a proporcionar información completa;

c) se nieguen a someterse a una inspección sobre el terreno de conformidad con el
artículo 54.

3. Antes de adoptar la decisión prevista en el apartado 2, la Comisión comunicará sus
conclusiones preliminares a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o
cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1.

4. Para fijar el importe de la multa, la Comisión tendrá en cuenta la naturaleza,
gravedad, duración y recurrencia de la infracción y, en el caso de las multas
impuestas de conformidad con el apartado 2, la demora causada al procedimiento.

_Artículo 60_

_Multas coercitivas_

1. La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a la plataforma en línea de muy gran
tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52,
apartado 1, según proceda, multas coercitivas que no excedan del 5 % de la
facturación media diaria del ejercicio financiero anterior por día, calculadas a partir
de la fecha fijada por esa decisión, para obligarlas a:

### ES 89 ES

a) proporcionar información correcta y completa en respuesta a una decisión que
requiera información de conformidad con el artículo 52;

b) someterse a una inspección sobre el terreno que haya ordenado, mediante
decisión, de conformidad con el artículo 54;

c) cumplir con una decisión por la que ordene medidas provisionales de
conformidad con el artículo 55, apartado 1;

d) cumplir compromisos declarados legalmente vinculantes por una decisión de
conformidad con el artículo 56, apartado 1;

e) cumplir con una decisión adoptada de conformidad con el artículo 58,
apartado 1.

2. Cuando la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las
personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, haya satisfecho la obligación que
la multa coercitiva tuviera por objeto hacer cumplir, la Comisión podrá fijar el
importe definitivo de la multa coercitiva en una cifra inferior a la que se aplicaría en
virtud de la decisión original.

_Artículo 61_
_Plazo de prescripción para la imposición de sanciones_

1. Las competencias conferidas a la Comisión por los artículos 59 y 60 estarán sujetas a
un plazo de prescripción de cinco años.

2. El plazo comenzará a contar a partir del día en que se cometa la infracción. No
obstante, en el caso de infracciones continuadas o reiteradas, el plazo comenzará a
contar el día en que cese la infracción.

3. Cualquier acción emprendida por la Comisión o por el coordinador de servicios
digitales para los fines de la investigación o del procedimiento al respecto de una
infracción interrumpirá el plazo de prescripción para la imposición de multas o
multas coercitivas. Las acciones que interrumpen el plazo de prescripción incluyen,
en particular, las siguientes:

a) las solicitudes de información de parte de la Comisión o de un coordinador de
servicios digitales;

b) una inspección sobre el terreno;

c) la incoación de un procedimiento por la Comisión en virtud del artículo 51,
apartado 2.

4. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio. Sin
embargo, el plazo de prescripción para la imposición de multas o multas coercitivas
finalizará, a más tardar, el día en el que haya transcurrido un período equivalente al
doble del plazo de prescripción sin que la Comisión haya impuesto una multa o
multa coercitiva. Dicho período se prorrogará por el tiempo durante el cual se
suspenda el plazo de prescripción de conformidad con el apartado 5.

5. El plazo de prescripción para la imposición de multas o multas coercitivas se
suspenderá mientras la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento
pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

### ES 90 ES

_Artículo 62_
_Plazo de prescripción para la ejecución de sanciones_

1. La competencia de la Comisión de ejecutar las decisiones adoptadas en virtud de los
artículos 59 y 60 estará sujeta a un plazo de prescripción de cinco años.

2. El tiempo comenzará a contar el día en que la decisión sea firme.

3. El plazo de prescripción para la ejecución de las sanciones se interrumpirá:

a) por la notificación de una decisión que modifique el importe inicial de la multa
o de la multa coercitiva o que rechace una solicitud tendente a obtener tal
modificación;

b) por cualquier acción de la Comisión, o de un Estado miembro que actúe a
petición de la Comisión, que esté destinada a la recaudación por vía ejecutiva
de la multa o de la multa coercitiva.

4. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio.

5. Quedará suspendido el plazo de prescripción en materia de ejecución de sanciones
mientras:

a) dure el plazo concedido para efectuar el pago;

b) dure la suspensión del cobro por vía ejecutiva en virtud de una decisión del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

_Artículo 63_
_Derecho a ser oído y de acceso al expediente_

1. Antes de adoptar una decisión en virtud del artículo 58, apartado 1, del artículo 59 o
del artículo 60, la Comisión dará a la plataforma en línea de muy gran tamaño
afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, la
oportunidad de ser oída en relación con:

a) las conclusiones preliminares de la Comisión, incluido cualquier asunto
respecto del cual la Comisión haya formulado objeciones; y

b) las medidas que la Comisión pueda proponerse adoptar en vista de las
conclusiones preliminares a que se refiere la letra a).

2. La plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas
a que se refiere el artículo 52, apartado 1, podrá enviar sus observaciones sobre las
conclusiones preliminares de la Comisión en un período razonable que la Comisión
haya establecido en dichas conclusiones preliminares, que no podrá ser inferior a
catorce días.

3. La Comisión basará sus decisiones únicamente en las objeciones sobre las que las
partes afectadas hayan podido manifestarse.

4. Los derechos de defensa de las partes estarán garantizados plenamente en el curso
del procedimiento. Tendrán derecho de acceso al expediente de la Comisión en
virtud de una divulgación negociada, sujeta al interés legítimo de la plataforma
en línea de gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el
artículo 52, apartado 1, en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de
acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial y a los
documentos internos de la Comisión o de las autoridades de los Estados miembros.
En particular, el derecho de acceso no se extenderá a la correspondencia entre la

### ES 91 ES

Comisión y dichas autoridades. Nada de lo dispuesto en este apartado impedirá que
la Comisión utilice o divulgue la información necesaria para demostrar una
infracción.

5. La información recabada de conformidad con los artículos 52, 53 y 54 se utilizará
únicamente para los fines del presente Reglamento.

6. Sin perjuicio del intercambio y del uso de información a que se refieren el artículo
51, apartado 3, y el artículo 52, apartado 5, la Comisión, la Junta, las autoridades de
los Estados miembros y sus respectivos empleados, funcionarios y otras personas que
trabajen bajo su supervisión, y cualquier otra persona física o jurídica implicada,
incluidos los auditores y expertos designados de conformidad con el artículo 57,
apartado 2, no divulgarán información adquirida o intercambiada por ellos conforme
a lo dispuesto en esta sección y de la clase protegida por la obligación de secreto
profesional.

_Artículo 64_

_Publicación de las decisiones_

1. La Comisión publicará las decisiones que adopte de conformidad con el artículo 55,
apartado 1, el artículo 56, apartado 1, y los artículos 58, 59 y 60. Dicha publicación
mencionará los nombres de las partes y el contenido principal de la decisión,
incluidas las sanciones impuestas.

2. La publicación tendrá en cuenta los derechos e intereses legítimos de la plataforma
en línea de muy gran tamaño afectada, de cualquier otra de las personas a que se
refiere el artículo 52, apartado 1, y de cualquier tercero en la protección de su
información confidencial.

_Artículo 65_
_Solicitudes de restricción de acceso y de cooperación con los tribunales nacionales_

1. Cuando se hayan agotado todas las competencias conforme al presente artículo para
poner fin a una infracción del presente Reglamento, la infracción persista y cause
daños graves que no puedan evitarse mediante el ejercicio de otras competencias
disponibles conforme al Derecho de la Unión o nacional, la Comisión podrá solicitar
al coordinador de servicios digitales de establecimiento de la plataforma en línea de
muy gran tamaño afectada que actúe de conformidad con el artículo 41, apartado 3.

Antes de efectuar dicha solicitud al coordinador de servicios digitales, la Comisión
invitará a las partes interesadas a presentar observaciones por escrito en un plazo que
no será inferior a dos semanas, explicando las medidas que tenga intención de
solicitar e identificando al destinatario o destinatarios de las mismas.

2. Cuando sea necesario para la aplicación coherente del presente Reglamento, la
Comisión, por iniciativa propia, podrá presentar observaciones por escrito a la
autoridad judicial competente a que se refiere el artículo 41, apartado 3. Con permiso
de la autoridad judicial en cuestión, también podrá realizar observaciones verbales.

Con el único fin de preparar sus observaciones, la Comisión podrá solicitar a dicha
autoridad judicial que le transmita o se asegure de que se le transmita cualquier
documentación necesaria para evaluar el caso.

### ES 92 ES

_Artículo 66_
_Actos de ejecución relativos a la intervención de la Comisión_

1. En relación con la intervención de la Comisión prevista en esta sección, la Comisión
podrá adoptar actos de ejecución relativos a las modalidades prácticas para:

a) los procedimientos previstos en los artículos 54 y 57;

b) las audiencias previstas en el artículo 63;

c) la divulgación negociada de información prevista en el artículo 63.

2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento
consultivo a que se refiere el artículo 70. Antes de adoptar medida alguna en virtud
del apartado 1, la Comisión publicará un proyecto de la misma e invitará a todas las
partes interesadas a presentar sus observaciones en el plazo establecido en la misma,
que no será inferior a un mes.

###### **S ECCIÓN 4** **D ISPOSICIONES COMUNES DE EJECUCIÓN**

_Artículo 67_
_Sistema de intercambio de información_

1. La Comisión establecerá y mantendrá un sistema de intercambio de información
seguro y fiable que facilite las comunicaciones entre los coordinadores de servicios
digitales, la Comisión y la Junta.

2. Los coordinadores de servicios digitales, la Comisión y la Junta utilizarán el sistema
de intercambio de información para todas las comunicaciones efectuadas en virtud
del presente Reglamento.

3. La Comisión adoptará actos de ejecución que estipulen las modalidades prácticas y
operativas para el funcionamiento del sistema de intercambio de información y su
interoperabilidad con otros sistemas pertinentes. Dichos actos de ejecución se
adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el
artículo 70.

_Artículo 68_

_Representación_

Sin perjuicio de la Directiva 2020/XX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo [52], los
destinatarios de servicios intermediarios tendrán derecho a mandatar a un organismo,
organización o asociación para que ejerza los derechos a que se refieren los artículos 17, 18
y 19 en su nombre, siempre que dicho organismo, organización o asociación cumpla todas las
condiciones siguientes:

a) que opere sin ánimo de lucro;

b) que se haya constituido correctamente con arreglo al Derecho de un Estado miembro;

c) que sus objetivos legales incluyan un interés legítimo en velar por que se cumpla el
presente Reglamento.

52 [Referencia].

### ES 93 ES

###### **S ECCIÓN 5** **A CTOS DELEGADOS**

_Artículo 69_
_Ejercicio de la delegación_

1. El poder para adoptar actos delegados se otorga a la Comisión con sujeción a las
condiciones estipuladas en el presente artículo.

2. La delegación de competencias a que se refieren los artículos 23, 25 y 31 se otorgará
a la Comisión por un período indefinido a partir de [la fecha prevista de adopción del
Reglamento].

3. La delegación de competencias a que se refieren los artículos 23, 25 y 31 podrá ser
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La
decisión de revocación pondrá término a la delegación de competencias especificada
en dicha decisión. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el
_Diario Oficial de la Unión Europea_ o en una fecha posterior indicada en la misma.
No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al
Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 23, 25 y 31 entrarán en
vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o
si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la
Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del
Parlamento Europeo o del Consejo.

_Artículo 70_

_Comité_

1. La Comisión estará asistida por el Comité de Servicios Digitales. Dicho comité lo
[será en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182)

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, será de aplicación el
[artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182)

##### **Capítulo V** **Disposiciones finales**

_Artículo 71_
_Supresión de determinadas disposiciones de la Directiva 2000/31/CE_

1. Se suprimirán los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE.

2. Las referencias a los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE se interpretarán
como referencias a los artículos 3, 4, 5 y 7 del presente Reglamento,
respectivamente.

### ES 94 ES

_Artículo 72_
_Modificaciones de la Directiva 2020/XX/CE sobre acciones representativas para la_

_protección de los intereses colectivos de los consumidores_

3. Se agrega lo siguiente al anexo I:

«(X) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único
de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la
Directiva 2000/31/CE».

_Artículo 73_

_Evaluación_

1. Al cabo de cinco años desde la entrada en vigor del presente Reglamento a más
tardar, y cada cinco años a partir de entonces, la Comisión evaluará el presente
Reglamento y elevará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité
Económico y Social Europeo.

2. Para los fines del apartado 1, los Estados miembros y la Junta enviarán información a
petición de la Comisión.

3. Para realizar las evaluaciones a que se refiere el apartado 1, la Comisión tendrá en
cuenta las posiciones y conclusiones del Parlamento Europeo, del Consejo y de otros
órganos o fuentes pertinentes.

4. Al cabo de tres años desde la fecha de aplicación del presente Reglamento a más
tardar, la Comisión, previa consulta con la Junta, evaluará el funcionamiento de la
Junta y elevará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité
Económico y Social Europeo, teniendo en cuenta los primeros años de aplicación del
Reglamento. Sobre la base de las conclusiones y teniendo debidamente en cuenta la
opinión de la Junta, dicho informe irá acompañado, según proceda, de una propuesta
de modificación del presente Reglamento con respecto a la estructura de la Junta.

_Artículo 74_
_Entrada en vigor y aplicación_

1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
_Diario Oficial de la Unión Europea_ .

2. Será de aplicación a partir de [fecha - tres meses después de su entrada en vigor].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

_Por el Parlamento Europeo_ _Por el Consejo_
_El Presidente_ _El Presidente_

### ES 95 ES

**FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA**

**1.** **MARCO** **DE** **LA** **PROPUESTA/INICIATIVA**

1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa

1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s)

1.3. La propuesta/iniciativa se refiere a:

1.4. Justificación de la propuesta/iniciativa

1.6. Duración e incidencia financiera

1.7. Modo(s) de gestión previsto(s)

**2.** **MEDIDAS** **DE** **GESTIÓN**

2.1. Disposiciones en materia de seguimiento e informes

2.2. Sistema(s) de gestión y de control

2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

**3.** **INCIDENCIA** **FINANCIERA** **ESTIMADA** **DE** **LA** **PROPUESTA/INICIATIVA**

3.1. Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y nueva(s) línea(s)
presupuestaria(s) de gastos propuesta(s)

3.2. Incidencia estimada en los gastos

_3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos_

_3.2.2. Resumen de la incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo_

_3.2.3. Contribución de terceros_

3.3. Incidencia estimada en los ingresos

### ES 96 ES

**FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA**

**1.** **MARCO** **DE** **LA** **PROPUESTA/INICIATIVA**

**1.1.** **Denominación de la propuesta/iniciativa**

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de
servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la
Directiva 2000/31/CE.

**1.2.** **Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA** **[53]**

Ámbito político: Redes de comunicación, contenido y tecnologías; mercado interior,
industria, emprendimiento y pymes.

La incidencia presupuestaria se refiere a las nuevas funciones encomendadas a la
Comisión, incluidas las de supervisión directa y asistencia a la Junta.

Actividad: La configuración del futuro digital de Europa.

**1.3.** **La propuesta/iniciativa se refiere a:**

 **una acción nueva**

 **una acción nueva a raíz de un proyecto piloto/una acción preparatoria** **[54]**

 **la prolongación de una acción existente**

 **una fusión o reorientación de una o más acciones hacia otra/una nueva acción**

**1.4.** **Justificación de la propuesta/iniciativa**

_1.4.1._ _Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo, incluido un calendario_
_detallado para la aplicación de la iniciativa_

El Reglamento debe ser aplicable directamente al cabo de [tres meses] de su
adopción y, para entonces, la gobernanza de la UE debe permitir la supervisión
efectiva los servicios digitales a través de las fronteras. Para entonces, por tanto, los
Estados miembros habrán designado autoridades ya existentes o autoridades de
nueva creación para que desempeñen las funciones de los coordinadores de servicios
digitales. Al mismo tiempo, deberá haberse creado un grupo consultivo
independiente _ad hoc_ (la Junta) de forma efectiva para que pueda planificar sus
acciones y comenzar a recibir y procesar información de los coordinadores de
servicios digitales y la Comisión, a fin de ofrecer sus consejos, dictámenes y
recomendaciones para garantizar la aplicación coherente del Reglamento. Además, la
Comisión estará facultada para supervisar directamente determinadas plataformas, de
conformidad con los procedimientos y criterios establecidos en actos delegados. Al
mismo tiempo, la plataforma europea que facilite el intercambio de información
deberá estar plenamente operativa.

En la fase de puesta en marcha inicial y hasta la primera revisión a corto plazo del
Reglamento, la Comisión deberá encargarse de las actividades de apoyo a la Junta,
así como de la infraestructura informática y de aplicaciones internas, con la posible

53 GPA: gestión por actividades; PPA: presupuestación por actividades.
54 Tal como se contempla en el artículo 58, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento Financiero.

### ES 97 ES

contribución/intervención de personal de los coordinadores de servicios digitales
nacionales.

_1.4.2._ _Valor añadido de la intervención de la Unión (puede derivarse de distintos factores,_
_como mejor coordinación, seguridad jurídica, mejora de la eficacia o_
_complementariedades). A efectos del presente punto, se entenderá por «valor_
_añadido de la intervención de la Unión» el valor resultante de una intervención de la_
_Unión que viene a sumarse al valor que se habría generado de haber actuado los_
_Estados miembros de forma aislada._

Motivos para actuar a nivel europeo ( _ex ante_ ): A fin de garantizar el correcto
funcionamiento del mercado único, la intervención prevé, entre otras cosas, la
adecuada supervisión de los servicios digitales y la cooperación entre autoridades a
escala de la UE, para favorecer así la confianza, la innovación y el crecimiento en el
mercado único. Esto es necesario para garantizar las mejores condiciones para el
desarrollo de servicios digitales transfronterizos innovadores en los territorios
nacionales y mantener al mismo tiempo un entorno en línea seguro para todos los
ciudadanos de la Unión, objetivos que solo pueden alcanzarse a escala europea.
Además, con respecto a las _plataformas de muy gran tamaño_, también es necesario
un nivel europeo reforzado de supervisión, coordinación y complemento de los
reguladores nacionales, en vista del alcance y los efectos paneuropeos de la
regulación y supervisión de estos actores.

Valor añadido de la Unión que se prevé generar ( _ex post_ ): La evaluación de impacto
que acompaña a esta propuesta cifra el único valor añadido de la intervención de la
Unión que aborda el riesgo de fragmentación jurídica ocasionado por las
divergencias de reglamentación y supervisión (por tanto, sin tener en cuenta el
aumento de la seguridad y la confianza en los servicios digitales) en un posible
incremento del comercio digital transfronterizo del 1 % al 1,8 %, es decir, el
equivalente de un incremento de facturación generado de carácter transfronterizo de
8 600 millones EUR y de hasta 15 500 millones EUR.

Con respecto al valor añadido en la ejecución de las medidas, la iniciativa genera
importantes ventajas de eficiencia en la cooperación entre Estados miembros y la
mutualización de algunos recursos de asistencia técnica a escala de la UE, para
inspeccionar y auditar sistemas de moderación de contenidos, sistemas de
recomendación y publicidad en línea en plataformas en línea de muy gran tamaño.
Esto, a su vez, contribuye al incremento de la eficacia de las medidas de supervisión
y ejecución, mientras que el sistema actual se basa en gran medida en la limitada
capacidad de supervisión de un pequeño número de Estados miembros.

### ES 98 ES

_1.4.3._ _Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores_

La Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico proporciona el marco principal
para el funcionamiento del mercado único y la supervisión de los servicios digitales y
establece una estructura básica para un mecanismo general de cooperación entre los
Estados miembros, que abarca en principio todos los requisitos aplicables a los
servicios digitales. En la evaluación de la Directiva se señalaron deficiencias en
varios aspectos de este mecanismo de cooperación, incluidos importantes aspectos
relativos al procedimiento como la falta de plazos claros para la respuesta de los
Estados miembros, junto con una falta general de respuesta a las solicitudes de sus
homólogos. A lo largo de los años, esto ha generado desconfianza entre los Estados
miembros para hacer frente a las inquietudes que suscitan los prestadores que ofrecen
servicios digitales a través de las fronteras, en particular en lo que respecta a las
plataformas en línea. En lugar de ello, los Estados miembros han regulado de forma
independiente, en particular para imponer normas diferentes aplicables a las
obligaciones de las plataformas en línea y otros intermediarios en línea en lo que
respecta a contenidos, bienes o servicios ilícitos proporcionados por sus usuarios.
Esta fragmentación legal tiene graves repercusiones tanto en la capacidad de los
prestadores de servicios europeos para expandirse en el mercado único, como en la
protección y seguridad en línea de los ciudadanos de la Unión. La evaluación de la
Directiva y la evaluación de impacto demostraron la necesidad de definir un conjunto
diferenciado de normas y requisitos a escala europea, incluidas obligaciones
específicas para las plataformas de muy gran tamaño, que requerirían instrumentos y
mecanismos de supervisión apropiados y coherentes a escala europea. Por esta razón,
la aplicación de las obligaciones específicas estipuladas en el presente Reglamento
requeriría un mecanismo de cooperación específico a escala europea, con una
estructura de gobernanza que garantice la coordinación de los órganos responsables
específicos a escala europea, y una supervisión reforzada y ágil a escala europea de
las plataformas en línea de muy gran tamaño.

_1.4.4._ _Compatibilidad y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados_

La Ley de servicios digitales define un nuevo marco común de requisitos aplicables a
determinados servicios de la sociedad de la información (intermediarios), que va
mucho más allá del marco básico proporcionado por la Directiva sobre el comercio
electrónico. Por este motivo, es necesario crear con esta propuesta una nueva función
de regulación y supervisión nacional y europea.

En lo que respecta a posibles sinergias con el modelo de cooperación actual
conforme a la Directiva sobre el correo electrónico, el presente Reglamento podría
generar sinergias en particular a escala nacional, donde también se podría
encomendar al coordinador de servicios digitales la función de gestionar las
notificaciones en virtud del artículo 3 de la Directiva sobre el comercio electrónico,
aunque el Reglamento no lo mandata.

### ES 99 ES

**1.5.** **Duración e incidencia financiera**

 **duración limitada**

–  en vigor desde [el] [DD.MM]AAAA hasta [el] [DD.MM]AAAA

–  Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA para los créditos de

compromiso y desde AAAA hasta AAAA para los créditos de pago.

 **duración ilimitada**

–
Ejecución con una fase de puesta en marcha desde 2023 hasta 2026,

–
y pleno funcionamiento a partir de la última fecha.

**1.6.** **Modo(s) de gestión previsto(s)** **[55 ]**

 **Gestión directa** a cargo de la Comisión

–  por sus departamentos, incluido su personal en las delegaciones de la Unión;

–  por las agencias ejecutivas.

 **Gestión compartida** con los Estados miembros

 **Gestión indirecta** mediante delegación de tareas de ejecución presupuestaria en:

–  terceros países o los organismos que estos hayan designado;

–  organizaciones internacionales y sus agencias (especifíquense);

–  el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones;

–  los organismos a que se hace referencia en los artículos 208 y 209 del

Reglamento Financiero;

–  organismos de Derecho público;

–  organismos de Derecho privado investidos de una misión de servicio público,

en la medida en que presenten garantías financieras suficientes;

–  organismos de Derecho privado de un Estado miembro a los que se haya

encomendado la ejecución de una colaboración público-privada y que presenten
garantías financieras suficientes;

–  personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas

en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC), de conformidad
con el título V del Tratado de la Unión Europea, y que estén identificadas en el
acto de base correspondiente.

–
_Si se indica más de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de observaciones._

Observaciones

55 Las explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden
consultarse en el sitio BudgWeb: [http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html](http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.) .

### ES 100 ES

**2.** **MEDIDAS** **DE** **GESTIÓN**

**2.1.** **Disposiciones en materia de seguimiento e informes**

_Especifíquense la frecuencia y las condiciones de dichas disposiciones._

El Reglamento se revisará y evaluará periódicamente, dentro de los cinco años
siguientes a su entrada en vigor, y a partir de entonces cada cinco años. Además, la
Comisión deberá llevar a cabo varias acciones de seguimiento, posiblemente con
asesoramiento de la Junta, para evaluar continuamente la eficacia y eficiencia de las
medidas, en el contexto de la aplicación de las medidas, incluida la supervisión y el
análisis de problemas emergentes.

Más aún, la Comisión debe realizar específicamente una evaluación a corto plazo
para valorar el desempeño de la Junta en relación con sus objetivos, mandato y
funciones. La evaluación analizará, en particular, la posible necesidad de crear una
agencia autónoma, y las repercusiones financieras de tal modificación. La Comisión
deberá informar sobre las conclusiones de la evaluación al Parlamento Europeo, al
Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.

**2.2.** **Sistema de gestión y de control**

_2.2.1._ _Justificación del modo o los modos de gestión, el mecanismo o los mecanismos de_
_aplicación de la financiación, las modalidades de pago y la estrategia de control_
_propuestos_

El Reglamento establece una nueva política con respecto a normas armonizadas para
la prestación de servicios de la sociedad de la información en el mercado interior, al
tiempo que garantiza la seguridad y confiabilidad de los servicios en línea y los
derechos fundamentales en línea. Estas nuevas normas también requieren un
mecanismo de coherencia para la aplicación transfronteriza de las obligaciones
estipuladas en el presente Reglamento, un nuevo grupo consultivo que coordine las
actividades de las autoridades nacionales y de la Comisión, así como competencias
ejecutivas directas para la Comisión y el establecimiento de un sistema de
información que facilite los flujos de información entre coordinadores de servicios
digitales.

Para que puedan afrontar estas tareas, es necesario dotar de recursos apropiados a los
servicios de la Comisión. Se calcula que la ejecución del nuevo Reglamento
requerirá cincuenta ETC en total (quince EJC para la gestión de las nuevas funciones
y decisiones de supervisión directa y treinta y cinco ETC para el apoyo a las
actividades de la Junta en las investigaciones de la Comisión o las investigaciones
conjuntas de los coordinadores de servicios digitales).

_2.2.2._ _Información relativa a los riesgos identificados y al sistema o los sistemas de control_
_interno establecidos para mitigarlos_

A fin de asegurar que la Junta cumpla el mandato establecido en el presente
Reglamento, está previsto que la Presidencia de la Junta corresponda a la Comisión,
que podrá preparar el orden del día para que los miembros tomen sus decisiones de
conformidad con las funciones consagradas en el presente Reglamento.

Además, a fin de asegurar que los miembros de la Junta tengan la posibilidad de
tomar decisiones con conocimiento de causa, basadas en elementos fácticos y

### ES 101 ES

análisis de fondo, se prevé que la Junta cuente con el apoyo de la estructura
administrativa de la Comisión.

**2.3.** **Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades**

_Especifíquense las medidas de prevención y protección existentes o previstas._

Las medidas existentes de prevención del fraude aplicables a la Comisión cubrirán
los créditos adicionales necesarios para el presente Reglamento.

### ES 102 ES

**3.** **INCIDENCIA** **FINANCIERA** **ESTIMADA** **DE** **LA** **PROPUESTA/INICIATIVA**

**3.1.** **Rúbrica del marco financiero plurianual y nueva(s) línea(s) presupuestaria(s) de**

|Col1|gastos propuesta(s)|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Rúbrica<br>del<br>marco<br>financier<br>o <br>plurianu<br>al|Línea presupuestaria|Tipo<br>de gasto|Contribución|Contribución|Contribución|Contribución|
|Rúbrica<br>del<br>marco<br>financier<br>o <br>plurianu<br>al|Número <br>Rúbrica 1|CD/CN<br>D56|de<br>países<br>de<br>la<br>AELC57 <br>|de países<br>candidat<br>os58 <br>|de<br>tercer<br>os<br>países|a efectos de lo<br>dispuesto<br>en<br>el<br>artículo<br>[21,<br>apartado 2, letra<br>b),]<br>del<br>Reglamento<br>Financiero|
|1|**02 04 05 01**<br>**Programa**<br>**Europa**<br>**Digital**<br>**- **<br>Despliegue,<br>mejor<br>uso<br>de<br>las<br>capacidades<br>digitales<br>e <br>interoperabilidad <br> <br>**03 02 01 01**<br>**Programa sobre el Mercado Único -**<br>Funcionamiento<br>y <br>desarrollo<br>del<br>mercado interior de bienes y servicios|CD|SÍ|NO|NO|NO|
|1|<br>**03 01 01 01**<br>**Gasto de apoyo al «Programa sobre**<br>**el Mercado Único (incl. pymes)»**|CND|SÍ|NO|NO|NO|

56 CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados.
57 AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.
58 Países candidatos y, en su caso, candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales.

### ES 103 ES

**3.2.** **Incidencia estimada en los gastos**

La incidencia presupuestaria de la propuesta se satisfará íntegramente con las asignaciones previstas en el MFP 2021-2027 en el marco
de las dotaciones financieras del Programa Europa Digital y del Programa sobre el Mercado Único. No se ha previsto gasto alguno en el
contexto del MFP vigente.

_3.2.1._ _Resumen de la incidencia estimada en los gastos_

|Rúbrica del marco financiero plurianual|Col2|Col3|1|Col5|Rúbrica 1|Col7|Col8|Col9|Col10|Col11|Col12|Col13|Col14|Col15|Col16|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Créditos de operaciones<br>|Créditos de operaciones<br>|Créditos de operaciones<br>|Créditos de operaciones<br>|2021|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|_Después_<br>_de 202759 _|TOTAL<br>2023-<br>2027|TOTAL<br>GENER<br>AL|TOTAL<br>GENER<br>AL|
|02 04 05 01<br>Programa<br>Europa<br>Digital<br>- <br>Despliegue, uso óptimo de las<br>capacidades<br>digitales<br>e <br>interoperabilidad|Compromisos|(1)|(1)||||4,526|6,076|9,802|9,802|9,802|_9,802_|40,008|49,810|49,810|
|02 04 05 01<br>Programa<br>Europa<br>Digital<br>- <br>Despliegue, uso óptimo de las<br>capacidades<br>digitales<br>e <br>interoperabilidad|Pagos|(2)|(2)||||2,525|4,526|5,075|8,800|9,000|_19,584_|30,226|49,810|49,810|
|03 02 01 01<br>Programa sobre el Mercado Único -<br>Funcionamiento y desarrollo del<br>mercado<br>interior<br>de<br>bienes<br>y <br>servicios|Compromisos|(3)|(3)|||||2,600|5,400|5,400|5,400|_5,400_|18,800|24,200|24,200|
|03 02 01 01<br>Programa sobre el Mercado Único -<br>Funcionamiento y desarrollo del<br>mercado<br>interior<br>de<br>bienes<br>y <br>servicios|Pagos|(4)|(4)|||||2,600|5,400|5,400|5,400|_5,400_|18,800|24,200|24,200|
|03 01 01 01<br>Gasto de apoyo al Programa sobre el<br>Mercado Único|Compromisos<br>= Pagos|(5)|(5)||||0,025|0,230|0,220|0,220|0,220||0,915|0,915|0,915|

59 Todas las cifras de esta columna son indicativas y están sujetas a la continuidad de los programas y la disponibilidad de créditos.

### ES 104 ES

|TOTAL de los créditos de la<br>dotación del programa|Compromisos|(1)+(3)+(5)|Col4|Col5|4,551|8,906|15,422|15,422|15,422|15,202|59,723|74,925|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|TOTAL de los créditos de la<br>dotación del programa|Pagos|(2)+(4)+(5)|||2,550|7,356|10,695|14,420|14,920|_24,984_|49,941|74,925|

En millones EUR (al tercer decimal)

|Col1|Col2|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|Despué<br>s de<br>202760|TOTAL<br>(2023-2027)|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Recursos humanos|Recursos humanos|||0,750|3,750|6,295|6,295|6,295|_6,295_|**23,385**|
|Otros gastos administrativos|Otros gastos administrativos|||0,140|0,250|0,275|0,300|0,325|_0,325_|**1,290**|
|**TOTAL**<br>**de**<br>**los**<br>**créditos**<br>**para**<br>**la**<br>**RÚBRICA 7**<br>**del**<br>**marco**<br>**financiero**<br>**plurianual**|(Total<br>de<br>los<br>compromisos = total de<br>los pagos)|||**0,890**|**4,000**|**6,570**|**6,595**|**6,620**|**_6,620_**|**24,675**|

En millones EUR (al tercer decimal)

|Col1|Col2|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|Despué<br>s de<br>2027|TOTAL<br>(2023-2027)|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**TOTAL**<br>**de**<br>**los**<br>**créditos**|Compromisos|||5,441|12,906|21,992|22,017|22,042|**_21,822_**|**84,398**|

60 Todas las cifras de esta columna son indicativas y están sujetas a la continuidad de los programas y la disponibilidad de créditos.

### ES 105 ES

**de** **las** **distintas** **RÚBRICAS**
Pagos _**31,640**_ **74,616**
del marco financiero plurianual 3,440 11,356 17,265 21,015 21,540

### ES 106 ES

_3.2.2._ _Resumen de la incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo_

–  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de carácter

administrativo.

–  La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de carácter

administrativo, tal como se explica a continuación:

En millones EUR (al tercer decimal)

|RÚBRICA 7<br>del marco financiero<br>plurianual|Col2|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Recursos humanos|||0,75|3,75|6,295|6,295|6,295|**23,385**|
|Otros gastos<br>administrativos|||0,140|0,250|0,275|0,300|0,325|**1,290 **|
|**Subtotal para la**<br>**RÚBRICA 7** <br>**del marco financiero**<br>**plurianual**|||**0,890**|**4,000**|**6,570**|**6,595**|**6,620 **|**24,675 **|

|Al margen de la<br>RÚBRICA 761<br>del marco financiero<br>plurianual|Col2|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Recursos humanos|||||||||
|Otros gastos <br>de carácter administrativo|||0,025|0,230|0,220|0,220|0,220|**0,915 **|
|**Subtotal** <br>**al margen de la**<br>**RÚBRICA 7** <br>**del marco financiero**<br>**plurianual**|||0,025|0,230|0,220|0,220|0,220|**0,915 **|

Los créditos necesarios para recursos humanos y otros gastos de carácter administrativo se cubrirán mediante créditos de la
DG ya asignados a la gestión de la acción o reasignados dentro de la DG, que se complementarán, en caso necesario, con
cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la
luz de los imperativos presupuestarios existentes [62] .

61 Asistencia técnica o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas o acciones de la UE
(antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.
62 Dado que la iniciativa es de carácter horizontal y abarca varios ámbitos de competencia de la Comisión,
como los relacionados con el mercado interior, los servicios digitales, la protección al consumidor o la

### ES 107 ES

protección de las libertades fundamentales en línea, el plan es combinar recursos de todas las DG de la
Comisión, previo acuerdo de RR. HH. y de las DG afectadas, pendiente de negociar.

### ES 108 ES

3.2.2.1. Necesidades estimadas de recursos humanos

–  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos.

–  La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se

explica a continuación:

_Estimación que debe expresarse en unidades de equivalente a jornada completa_

|Años|Col2|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|** Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**|** Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**|** Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**|** Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**|** Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**|** Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**|** Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**|** Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**|** Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**|
|Sede y Oficinas de Representación de la<br>Comisión|Sede y Oficinas de Representación de la<br>Comisión|||6|19|32|32|32|
|Delegaciones|Delegaciones||||||||
|Investigación|Investigación||||||||
|** Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa: EJC): AC, AL, ENCS, INT y JED63 **<br>Rúbrica 7|** Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa: EJC): AC, AL, ENCS, INT y JED63 **<br>Rúbrica 7|** Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa: EJC): AC, AL, ENCS, INT y JED63 **<br>Rúbrica 7|** Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa: EJC): AC, AL, ENCS, INT y JED63 **<br>Rúbrica 7|** Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa: EJC): AC, AL, ENCS, INT y JED63 **<br>Rúbrica 7|** Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa: EJC): AC, AL, ENCS, INT y JED63 **<br>Rúbrica 7|** Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa: EJC): AC, AL, ENCS, INT y JED63 **<br>Rúbrica 7|** Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa: EJC): AC, AL, ENCS, INT y JED63 **<br>Rúbrica 7|** Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa: EJC): AC, AL, ENCS, INT y JED63 **<br>Rúbrica 7|
|Financiado con<br>cargo a la<br>RÚBRICA 7 del<br>marco financiero<br>plurianual|- en la sede||||11|18|18|18|
|Financiado con<br>cargo a la<br>RÚBRICA 7 del<br>marco financiero<br>plurianual|- en las<br>delegaciones||||||||
|Financiado con<br>cargo a la<br>dotación del<br>programa **64 **|- en la sede||||||||
|Financiado con<br>cargo a la<br>dotación del<br>programa **64 **|- en las<br>delegaciones||||||||
|Investigación|Investigación||||||||
|Otro (especifíquese)|Otro (especifíquese)||||||||
|**TOTAL**|**TOTAL**|||**6 **|**30**|**50**|**50**|**50**|

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la
acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará, en caso necesario, con cualquier dotación
adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de
los imperativos presupuestarios existentes.

Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo:

|Funcionarios y agentes temporales|Supervisión de la correcta aplicación de las obligaciones establecidas por el<br>Reglamento para las empresas privadas y los Estados miembros<br>Preparación y redacción de actos de ejecución y delegados, de conformidad con el<br>presente Reglamento<br>Realización de investigaciones, auditorías y otros análisis, incluida la analítica de datos<br>Gestión de consultas públicas y selectivas<br>Contratación y gestión de estudios externos relacionados con el análisis de sistemas<br>algorítmicos, de inteligencia artificial y de gestión de datos<br>Apoyo administrativo a la Junta y organización de reuniones, preparación de<br>dictámenes y otra asistencia a la Junta|
|---|---|
|Personal externo|Realización de investigaciones, auditorías y otros análisis<br>Gestión de consultas públicas y selectivas<br>Apoyo administrativo a la Junta y organización de reuniones, preparación de|

63 AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios; INT =
personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»); JPD= joven profesional en delegación.
64 Por debajo del límite de personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»).

### ES 109 ES

dictámenes y otra asistencia a la Junta

### ES 110 ES

_3.2.3._ _Contribución de terceros_

–  no prevé la cofinanciación por terceros

–  prevé la cofinanciación por terceros que se estima a continuación:

Créditos en millones EUR (al tercer decimal)

|Col1|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Especifíquese<br>el<br>organismo<br>de<br>cofinanciación|||||||||
|TOTAL de los créditos<br>cofinanciados|||||||||

### ES 1 ES

**3.3.** **Incidencia estimada en los ingresos**

–  La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos.

–  La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a continuación:

–  en los recursos propios

–  en ingresos diversos

indíquese si los ingresos se asignan a las líneas de gasto 

En millones EUR (al tercer decimal)

|Línea presupuestaria de<br>ingresos:|Incidencia de la propuesta/iniciativa65|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Línea presupuestaria de<br>ingresos:|**2021**|**2022**|**2023**|**2024**|**2025**|**2026**|**2027**|
|Artículo ….||||||||

#### **ANEXO** **de la FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA**

Denominación de la propuesta/iniciativa:

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios
digitales

1) NÚMERO Y COSTE DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE SE CONSIDERAN
NECESARIOS

2) COSTE DE OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

3) MÉTODOS DE CÁLCULO UTILIZADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTES

a) Recursos humanos

b) Otros gastos administrativos

65 Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana, cotizaciones sobre el azúcar), los
importes indicados deben ser importes netos, es decir, importes brutos una vez deducido el 20 % de los gastos de
recaudación.

### ES 2 ES

1) Coste de los recursos humanos que se consideran necesarios

 La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos
 La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación:

En millones EUR (al tercer decimal)

|RÚBRICA 7<br>del marco financiero<br>plurianual|Col2|2021|Col4|2022|Col6|2023|Col8|2024|Col10|2025|Col12|2026|Col14|2027|Col16|TOTAL|Col18|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||ETC|Créditos|ETC|Créditos|ETC|Créditos|ETC|Créditos|ETC|Créditos|ETC|Créditos|ETC|Créditos|ETC|Créditos|
| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**| **Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)**|
|Sede y Oficinas<br>de<br>Representación<br>de la Comisión|AD|||||5|0,60|16|2,4|27|4,05|27|4,05|27|4,05|||
|Sede y Oficinas<br>de<br>Representación<br>de la Comisión|AST|||||1|0,15|3|0,45|5|0,75|5|0,75|5|0,75|||
|En<br>las<br>Delegaciones<br>de la Unión|AD|||||||||||||||||
|En<br>las<br>Delegaciones<br>de la Unión|AST|||||||||||||||||
| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**| **Personal externo66**|
|Dotación global|AC|||||||7|0,56|7|0,56|7|0,56|7|0,56|||

66 AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios; INT = personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»); JPD = joven
profesional en delegación.

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción o reasignado dentro de la DG, que se complementará, en
caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos
presupuestarios existentes.

### ES 3 E

|Col1|ENCS|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|4|0,34|11|0,935|11|0,935|11|0,935|Col17|Col18|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||INT|||||||||||||||||
|Otras<br>líneas<br>presupuestarias<br>(_especifíquense_)||||||||||||||||||
|**Subtotal para**<br>**la RÚBRICA 7**<br>del marco<br>financiero<br>plurianual||||||6|0,75|30|3,75|50|6,295|50|6,295|50|6,295|||

### ES 4 E

2) Coste de otros gastos de funcionamiento administrativo

 La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos
 La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal como se explica a continuación:

_En millones EUR (al tercer decimal)_

|RÚBRICA 7<br>del marco financiero plurianual|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**En la sede:**|||||||||
|Gastos de misión y representación||||0,05|0,075|0,1|0,125|**0,35**|
|Costes de conferencias y reuniones|||0,1|0,14|0,14|0,14|0,14|** 0,66**|
|Costes de las operaciones en relación con los<br>resultados (véanse los métodos de cálculo)|||0,04|0,06|0,06|0,06|0,06|**0,28**|
|Otras líneas presupuestarias (_especifíquense, en su_<br>_caso_)|||||||||
|**En Delegaciones de la Unión**|||||||||
|Gastos de misiones, conferencias y representación|||||||||
|Formación adicional del personal|||||||||
|Adquisición, alquiler y gastos asociados|||||||||
|Equipos, mobiliario, suministros y servicios|||||||||
|**Subtotal para la RÚBRICA 7**<br>del marco financiero plurianual|||0,140|0,250|0,275|0,300|0,325|**1,290**|

### ES 5 E

_En millones EUR (al tercer decimal)_

|Al margen de la RÚBRICA 7<br>del marco financiero plurianual|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Gastos en asistencia técnica y administrativa (con<br>exclusióndel personal externo) con cargo a créditos<br>operativos (antiguas líneas «BA»)|||||||||
|- en la sede|||||||||
|- en Delegaciones de la Unión|||||||||
|Otros gastos de gestión destinados a investigación|||||||||
|Otras líneas presupuestarias (_especifíquense, en su_<br>_caso_)|||||||||
|Actividades de comunicación/consulta|||0,025|0,230|0,220|0,220|0,220|**0,915**|
||||||||||
|**Subtotal al margen de la RÚBRICA 7**<br>del marco financiero plurianual|||||||||

Los créditos necesarios para recursos humanos y otros gastos de carácter administrativo se cubrirán mediante créditos de la DG ya asignados a la gestión de la acción y/o reasignados
dentro de la DG, que se complementarán, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y
a la luz de los imperativos presupuestarios existentes.

### ES 6 E

### ES 7 E

3) Métodos de cálculo utilizados para la estimación de los costes

a) Recursos humanos

_En el presente apartado se recoge el método de cálculo utilizado para estimar los recursos humanos que se_
_consideran necesarios [hipótesis del volumen de trabajo, incluidos puestos de trabajo específicos (perfiles de_

_trabajo de Sysper 2), categorías de personal y los correspondientes costes medios]_

**Al margen de la RÚBRICA 7** del marco financiero plurianual


Únicamente puestos financiados con cargo al presupuesto de investigación

 Personal externo

b) Otros gastos administrativos

### ES 8 ES

_Detállese el método de cálculo utilizado para cada línea presupuestaria_

_y, en particular, las hipótesis subyacentes (p. ej., número de reuniones al año, costes medios, etc.)_

**RÚBRICA 7** del marco financiero plurianual

Gastos de misión y representación

       - Para investigaciones sobre el terreno de plataformas en línea de muy gran tamaño: no se prevén inspecciones de
esta índole durante el primer año (2023), pero se estima que este tipo de misiones serán cada vez más necesarias
después de la entrada en vigor: quince en 2025, veinte en 2026 y veinticinco en 2027, a medida que se
intensifiquen las actividades ejecutivas. Se calcula un coste medio por investigación de 0,005 millones EUR,
suponiendo que intervengan hasta dos miembros del personal sobre el terreno y que la investigación dure
cinco días

Costes de conferencias y reuniones

       - Reuniones mensuales de la Junta con apoyo de la Comisión, con una estimación de 0,01 millones EUR por
reunión. Se estima que solo se celebrarán ocho reuniones en 2023

       - Otras reuniones de expertos: estimaciones conservadoras de que se organizarán hasta cuatro reuniones al año
para recabar información y asesoramiento sobre cuestiones técnicas, jurídicas y sociales de grandes expertos en
la materia

Costes de las operaciones en relación con los resultados

       - Preparación y formulación de dictámenes de la Junta: se estima que sería necesario y viable emitir un dictamen
por cada reunión de la Junta. Se estima que uno de cada dos dictámenes conllevaría un estudio técnico de apoyo
_ad hoc_ valorado en 0,1 millones EUR.

**Al margen de la RÚBRICA 7** del marco financiero plurianual (gasto de apoyo y de operaciones)

**Gasto de apoyo**

       - La Comisión y la Junta tendrán que mantener amplias consultas sobre la mayoría de los entregables principales.
Se estima que el coste medio por consulta será de 0,005 millones EUR, con previsión de que se celebren
consultas selectivas y reuniones físicas, y que la mayoría de las consultas se lleven a cabo en línea. Las consultas
se centran en: marcos de evaluación de riesgos (dos en 2024 y 2025 respectivamente, y uno en 2026), proyectos
de orientaciones (dos al año en 2023 hasta 2025, con previsión de aumentarlas a tres al año a partir de entonces),
consultas previas a la adopción de actos de ejecución y delegados (tres en 2023 y dos en 2024).

       - Un presupuesto continuo de apoyo a la comunicación, para facilitar la participación de las partes interesadas en
todas las etapas de consulta, previsto en 0,2 millones EUR al año a partir de 2024.

**Gastos operativos**
Estudios y asesoramiento
La Comisión, en sus actividades de apoyo a la Junta y para sus propias funciones ejecutivas directas, tendrá que poder
realizar análisis en profundidad de los sistemas algorítmicos, de gestión de datos y de inteligencia artificial que se utilicen en
los servicios de las plataformas de muy gran tamaño (aproximadamente entre veinte y veinticinco en toda la UE). Para ello
será necesario recurrir a conocimientos muy especializados a través de estudios _ad hoc_ o asesores que colaboren en el
análisis y, en particular:

       - Solicitudes de acceso a datos para evaluación de riesgos: gastos relacionados con el tratamiento de datos y la
asistencia técnica externa, con una estimación media de 0,025 millones EUR por solicitud. Se prevé que el
volumen de solicitudes aumente y se estabilice en dos solicitudes al año por cada prestador de servicios de muy
gran tamaño supervisado (para un número previsto de veinte prestadores de servicios), es decir,
cuarenta solicitudes de este tipo al año a partir de 2026, con cinco en 2023 y veinte en 2025.

       - Será necesario gastar en estudios y expertos analistas de datos para establecer el marco metodológico y la base
de conocimientos necesarios para detectar riesgos y aumentar las capacidades de las autoridades públicas para
proteger a los ciudadanos y las empresas de Europa contra incumplimientos del Reglamento, así como normas y
metodologías para subsanarlos. Se considera que se necesitarán estudios periódicos para consolidar las

### ES 9 ES

### ES 10 ES

### ES 11 ES

Apéndice: Resumen detallado de los gastos operativos y de RR. HH.

|Col1|Col2|Col3|Col4|2023|Col6|Col7|2024|Col9|Col10|2025|Col12|Col13|2026|Col15|Col16|2027|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||||
|||cantida<br>d|coste<br>unitari<br>o|total|cantida<br>d|coste<br>unitari<br>o|total|cantida<br>d|coste<br>unitari<br>o|total|cantida<br>d|coste<br>unitari<br>o|total|cantida<br>d|coste<br>unitari<br>o|total||
|Gastos<br>de<br>misión<br>y <br>representación|Gastos de misión y<br>representación<br>(para<br>inspecciones)|||0|10|0,005|0,05|15|0,005|0,075|20|0,005|0,1|25|0,005|0,125||
||**SUBTOTAL**|||**0 **|||**0,05**|||**0,075**|||**0,1**|||**0,125**|**0,35**|
|Costes<br>de<br>conferencias y<br>reuniones|Reuniones de la Junta|8|0,01|0,08|12|0,01|0,12|12|0,01|0,12|12|0,01|0,12|12|0,01|0,12||
||Otras reuniones de<br>expertos|4|0,005|0,02|4|0,005|0,02|4|0,005|0,02|4|0,005|0,02|4|0,005|0,02||
||**SUBTOTAL**|||**0,1**|||**0,14**|||**0,14**|||**0,14**|||**0,14**|**0,66**|
|Costes de las<br>operaciones en<br>relación<br>con<br>los resultados|Dictámenes|8|0,005|0,04|12|0,005|0,06|12|0,005|0,06|12|0,005|0,06|12|0,005|0,06||
||**SUBTOTAL**|||**0,04**|||**0,06**|||**0,06**|||**0,06**|||**0,06**|**0,28**|
|Estudios<br>y <br>asesoramiento|Estudios<br>marco<br>de<br>evaluación de riesgos|1|1|1|2|1|2|3|1|3|3|1|3|3|1|3||
||Estudios técnicos y<br>marcos de auditoría<br>algorítmica|3|0,3|0,9|6|0,3|1,8|12|0,3|3,6|12|0,3|3,6|12|0,3|3,6||

### ES 12 ES

|Col1|Estudios de viabilidad<br>de normas técnicas|2|0,05|0,1|2|0,05|0,1|2|0,05|0,1|2|0,05|0,1|2|0,05|0,1|Col18|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Solicitudes de acceso<br>a datos y tratamiento<br>de<br>datos<br>para<br>evaluaciones<br>de<br>riesgos|5|0,025|0,125|15|0,025|0,375|20|0,025|0,5|40|0,025|1|40|0,025|1||
||Estudio anual sobre<br>riesgos destacados|1|0,4|0,4|2|0,4|0,8|4|0,4|1,6|4|0,4|1,6|4|0,4|1,6||
||Inspecciones técnicas<br>y <br>auditorías<br>(alta<br>complejidad)||0,5|0|1|0,5|0,5|3|0,5|1,5|3|0,5|1,5|3|0,5|1,5||
||Inspecciones técnicas<br>y <br>auditorías<br>(complejidad media)||0,3|0|7|0,3|2,1|13|0,3|3,9|13|0,3|3,9|13|0,3|3,9||
||Consultas<br>sobre<br>orientaciones|2|0,005|0,01|2|0,005|0,01|2|0,005|0,01|3|0,005|0,015|3|0,005|0,015||
||Consultas<br>sobre<br>marcos de evaluación<br>de riesgos||0,005|0|2|0,005|0,01|2|0,005|0,01|1|0,005|0,005|1|0,005|0,005||
||Consultas sobre actos<br>de<br>ejecución<br>y <br>delegados|3|0,005|0,015|2|0,005|0,01||0,005|0||0,005|0||0,005|0||
||Apoyo<br>a <br>comunicaciones y a la<br>participación de las<br>partes interesadas||0,2|0|1|0,2|0,2|1|0,2|0,2|1|0,2|0,2|1|0,2|0,2||
||**SUBTOTAL**|||**2,55**|||**7,905**|||**14,42**|||**14,92**|||**14,92**|**54,715**|

### ES 13 ES

|Sistemas de<br>información y<br>gestión|Desarrollo de<br>plataformas digitales<br>de intercambio de<br>información|1|2|2|Col6|1|1|Col9|1|1|Col12|0,5|0,5|Col15|0,5|0,5|Col18|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Mantenimiento||0,001|0,001||0,001|0,001||0,002|0,002||0,002|0,002||0,002|0,002||
||**SUBTOTAL**|||**2,001**|||**1,001**|||**1,002**|||**0,502**|||**0,502**|**5,008**|
|SUBTOTAL<br>gastos||||**4,691**|||**9,156**|||**15,69**<br>**7 **|||**15,72**<br>**2 **|||**15,74**<br>**7 **|**61,013**|
|Presupuesto de<br>RR. HH||||0,750|||3,750|||6,295|||6,295|||6,295|**23,385**|
|**TOTAL**<br>**GENERAL**||||**5,441**|||**12,90**<br>**6 **|||**21,99**<br>**2 **|||**22,01**<br>**7 **|||**22,04**<br>**2 **|**84,398**|

Los créditos necesarios para recursos humanos y otros gastos de carácter administrativo se cubrirán mediante créditos de la DG ya asignados a la gestión de la acción y/o reasignados dentro de la DG,
que se complementarán, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos
presupuestarios existentes.

### ES 14 ES