Source: EURLEX
Language: es
Format: md

![european flag](./../../../images/eclogo.jpg)COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 9.7.2021

COM(2021) 385 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES EMPTY

relativa al balance y la actualización de las recomendaciones de 2017 para la reforma de la regulación de los servicios profesionales

{SWD(2021) 185 final}

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

relativa al balance y la actualización de las recomendaciones de 2017 para la reforma de la regulación de los servicios profesionales

I. 
   La regulación de los servicios profesionales: contexto general

En enero de 2017, la Comisión formuló recomendaciones a los Estados miembros sobre las reformas nacionales de la regulación de los servicios profesionales
[1](#footnote1)
. El propósito de estas recomendaciones era alentar y ayudar a los Estados miembros a diseñar un entorno normativo propicio para el crecimiento, la innovación y la creación de empleo. Sin embargo, los progresos de las reformas de la regulación profesional en la UE en los últimos años han sido bastante decepcionantes. Pese a las posibles repercusiones económicas positivas que podrían traer consigo las reformas, solo unos pocos Estados miembros han tomado medidas para eliminar la regulación desproporcionada. Con todo, a menudo las reformas únicamente fueron motivadas por procedimientos de infracción. Algunos Estados miembros incluso endurecieron el entorno normativo de determinadas profesiones. Esto concuerda con el análisis realizado en el Informe anual sobre el mercado único de 2021, según el cual el mercado único de servicios continúa lastrado por obstáculos injustificados e innecesarios
[2](#footnote2)
. Así pues, cuatro años después de la adopción de las recomendaciones, y en el contexto de una economía europea gravemente sacudida por la pandemia de COVID-19, es el momento adecuado para hacer balance de las medidas de regulación de los servicios profesionales. Todo ello está en plena consonancia con la Comunicación recientemente adoptada titulada «Actualización del nuevo modelo de industria de 2020»
[3](#footnote3)
, que pone de relieve la urgente necesidad de mejorar el mercado único de servicios como impulsor clave de la competitividad y la resiliencia de la economía de la UE. Por tanto, complementa las medidas previstas en dicha Comunicación para mejorar el funcionamiento del mercado único en el sector de los servicios. Como se anunciaba en el Plan de Acción para Mejorar el Cumplimiento de marzo de 2020, la presente Comunicación supone una actualización de las recomendaciones de 2017 para la regulación de los servicios profesionales
[4](#footnote4)
.

Contexto económico

La conmoción sin precedentes que ha supuesto la pandemia de COVID-19 para la economía de la UE requiere una respuesta en todos los frentes para alcanzar con éxito una recuperación económica. Acompañada de otras medidas, la aplicación de reformas estructurales eficaces y de gran calado en el sector de los servicios podría imprimir un impulso a la recuperación económica y contribuir a que sea sostenible. Los servicios desempeñan un papel prominente en la economía de la UE, no solo en lo que respecta a su contribución directa al valor añadido y el empleo, sino también a través de vínculos a lo largo de las cadenas de valor y de la función vital que desempeñan en los ecosistemas industriales. Los servicios profesionales regulados son omnipresentes en la economía y forman parte de numerosos sectores, como la construcción, la movilidad, la sanidad, el turismo, los servicios públicos y la educación
[5](#footnote5)
. Participan cada vez más en la producción de bienes en el contexto de lo que se ha denominado la «terciarización» de la economía
[6](#footnote6)
. Por tanto, unos mercados de servicios dinámicos, resilientes y que funcionen correctamente pueden ser una base sólida para el rendimiento del resto de la economía.

Concretamente, los servicios a las empresas
[7](#footnote7)
, muchos de los cuales son servicios profesionales regulados, suponen alrededor del 13 % del valor añadido bruto y cerca del 14 % del empleo de la UE
[8](#footnote8)
. Además de esta contribución directa, realizan una importante aportación al resto de la economía, tanto en el plano nacional como transfronterizo
[9](#footnote9)
. Estos servicios, que en su mayoría se considera que requieren un alto nivel de conocimientos, realizan una notable contribución a la innovación y la investigación.

Como ha quedado patente durante la pandemia, la innovación digital desempeña un papel esencial y cada vez mayor en la prestación de servicios, por lo que merece especial atención en el trabajo relacionado con la adecuación de la normativa. Las pruebas revelan que, aunque la automatización digital en el sector de los servicios a las empresas tiene el potencial de transformar el modelo de negocio en su totalidad, desde el acceso a los mercados hasta la automatización de tareas repetitivas, esto no es una realidad todavía para la mayor parte de los proveedores de servicios de la UE
[10](#footnote10)
. Por consiguiente, la aparición de nuevos servicios digitales exige un replanteamiento de los marcos normativos actuales con vistas a que sean más propicios para los servicios innovadores necesarios.

Las pruebas empíricas confirman que una regulación excesiva del mercado puede socavar de forma significativa los resultados económicos. En cambio, la apertura de los mercados a la competencia puede impulsar la productividad, la innovación y el emprendimiento, arrojando, en última instancia, mejores resultados económicos. Por ejemplo, un estudio reciente demuestra que la aplicación de las recomendaciones de reforma de la Comisión de 2017 tan solo en cuatro sectores de servicios a las empresas (jurídicos, de contabilidad, de arquitectura y de ingeniería) podría generar unas ganancias en términos de PIB de más de 14 000 millones de euros y crear más de 50 000 empleos nuevos en doce Estados miembros de la UE en un plazo de tres años, un beneficio considerable habida cuenta del coste público casi insignificante de estas reformas
[11](#footnote11)
. Las repercusiones positivas de las reformas podrían traducirse en una mejora de la productividad, una reducción de los niveles de precios y un aumento del consumo final.

Contexto normativo

La regulación de los servicios profesionales es una competencia compartida entre los Estados miembros y la UE, por lo que se requiere una actuación conjunta para que la regulación se adecúe a su finalidad. En la actualidad, según la información facilitada por los Estados miembros en la base de datos de profesiones reguladas, existen cerca de 6 000 profesiones reguladas en toda la UE, con grandes variaciones entre las cifras de cada país
[12](#footnote12)
. Según una encuesta realizada a escala de la UE, en torno al 22 % de los trabajadores europeos, o más de 47 millones de ciudadanos, están directamente afectados por la regulación profesional
[13](#footnote13)
. 

De hecho, tradicionalmente, muchas de las profesiones del sector de los servicios están altamente reguladas. En las economías de mercado, la regulación está justificada cuando tiene por objetivo corregir deficiencias del mercado provocadas, por ejemplo, por externalidades significativas o asimetrías importantes en cuanto a información. Idealmente, estas correcciones del mercado han de aplicarse de la manera menos restrictiva y con el menor coste posible para los operadores del mercado. No obstante, a menudo las restricciones normativas pueden fijarse por encima del mínimo necesario, por ejemplo, si se ven influidas por los intereses creados de los grupos profesionales.

Un análisis de las restricciones normativas para las profesiones económicamente importantes en las que se centra la presente Comunicación revela obstáculos considerables a la entrada en el mercado y al ejercicio de estas profesiones, así como una amplia gama de enfoques normativos adoptados en los distintos Estados miembros. Estas restricciones abarcan distintos aspectos del acceso a los servicios profesionales y de su ejercicio, desde actividades reservadas y títulos profesionales protegidos, hasta requisitos de formas jurídicas, participación en el capital o seguros. Los efectos acumulativos de los requisitos en la restricción de los mercados de servicios profesionales pueden ser considerables. Un informe reciente, Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers [«Itinerario de las empresas en el mercado único: barreras y obstáculos prácticos», documento en inglés], cita el acceso a las profesiones reguladas y su ejercicio como uno de los obstáculos más importantes y persistentes del mercado único para las empresas
[14](#footnote14)
.

Profesiones que revisten un interés particular

Al igual que las recomendaciones de reforma de 2017, la presente Comunicación se centra en varios grupos de profesiones económicamente importantes: los arquitectos, los ingenieros civiles, los contables, los abogados, los agentes de la propiedad industrial, los agentes de la propiedad inmobiliaria y los guías turísticos. La Comunicación se centra en estos grupos de profesiones dada su importancia económica, su papel en la innovación y su contribución a ecosistemas económicos vitales, así como debido a los beneficios potenciales de reformar las normativas de estos sectores. Estas profesiones pertenecen a cuatro industrias clave más amplias: los servicios a las empresas, la construcción, el sector inmobiliario y el turismo.

Por ejemplo, los sectores de la arquitectura y la ingeniería son responsables directamente del 1,4 % del empleo total y del 1 % del valor añadido bruto de la UE. Su contribución indirecta es aún mayor en términos de insumos clave para otros sectores económicos, como la construcción. Más del 50 % de las empresas europeas del sector de la arquitectura y la ingeniería se consideran «empresas innovadoras». Los sectores de naturaleza jurídica y contable contribuyen conjuntamente al 3 % del empleo global en la UE y al mismo porcentaje del valor añadido bruto total de la UE, y prestan igualmente servicios esenciales a otros sectores económicos.

En cuanto a los guías turísticos, una profesión todavía regulada en dos terceras partes de los Estados miembros, el turismo es una de las principales actividades económicas de la UE, con un amplio abanico de repercusiones en el resto de la economía y en aspectos sociales y culturales. Los agentes de la propiedad industrial fueron seleccionados debido a la función vital que cumplen en la innovación y el desarrollo, habida cuenta de que los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, las marcas y los diseños industriales, son indispensables en numerosas industrias. Las actividades inmobiliarias conforman un importante sector de la economía en su conjunto y desempeñan un papel destacado en la mayoría de los sectores, con repercusiones también en las empresas y en los ciudadanos a nivel individual.

Avance de las reformas normativas

En sus recomendaciones de reforma de 2017, la Comisión propuso ámbitos específicos de la regulación de algunos servicios profesionales seleccionados que se podrían beneficiar de mejoras en la normativa
[15](#footnote15)
. El objetivo era prestar asistencia a los Estados miembros a la hora de seleccionar mejor el ámbito de sus reformas de la regulación y lograr con ellas los mayores beneficios económicos posibles, así como prestar el apoyo político adicional necesario para aplicar dichas reformas. Las reformas de los servicios profesionales se han incluido también en repetidas ocasiones en las recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo dirigidas a una serie de Estados miembros.

Pese a los beneficios económicos evidentes asociados a la relajación de las restricciones normativas del mercado de servicios, en general, en los últimos años apenas se han realizado avances en una amplia gama de sectores de servicios (
[Chart 1](#_Ref66893268)
).

![](./../../../resource.html?uri=comnat:COM_2021_0385_FIN.SPA.xhtml.COM_2021_0385_FIN_SPA_22002.jpg)

Gráfico 1. Barreras del mercado en la Europa de los Veintisiete, 2006-2017. El grado de restricción de la regulación se mide en una escala de 0 a 1. Fuente: Mapping and Assessment of Legal and Administrative Barriers in the Services Sector [«Cartografiado y evaluación de los obstáculos jurídicos y administrativos en el sector de los servicios», documento en inglés], un estudio para la Comisión Europea; véase: https://data.europa.eu/doi/10.2873/690757.

Esta situación se aplica asimismo a los sectores de servicios profesionales analizados. Desde 2017, solo unos pocos países de la UE han adoptado reformas para liberalizar los servicios profesionales (en muchos casos, a raíz de procedimientos de infracción). En términos generales, las reformas solo han tenido en cuenta parcialmente las recomendaciones de la Comisión, por lo que en la mayoría de los Estados miembros todavía queda bastante margen para seguir mejorando la regulación.

En cambio, una serie de Estados miembros han endurecido recientemente las normativas de determinadas profesiones. Por ejemplo, dos Estados miembros han comenzado a regular la profesión de agente de la propiedad inmobiliaria (y hay una iniciativa reglamentaria pendiente en otro país), la cual anteriormente no estaba regulada en esos países. Una serie de Estados miembros han introducido restricciones en determinados aspectos del acceso a los servicios jurídicos, de arquitectura y de ingeniería y de su ejercicio (véanse los detalles más adelante).

Indicador del efecto restrictivo de la regulación de los servicios profesionales

Al igual que en 2017, la presente actualización de las recomendaciones de reforma se basa en una exhaustiva evaluación de los marcos normativos nacionales aplicables a las siete profesiones en las que se centra. Además de un análisis cualitativo pormenorizado, el grado de restricción general de la normativa nacional se calcula empleando un indicador compuesto elaborado en 2017 para evaluar la carga acumulativa de múltiples requisitos reglamentarios
[16](#footnote16)
.

Dicho indicador proporciona una base cuantitativa respecto a la cual comparar los marcos normativos de los Estados miembros aplicables a las siete profesiones en cuestión midiendo su grado de restricción en una escala del cero (menos restrictivo) al seis (más restrictivo). Este sigue una metodología muy similar a la de la edición de 2018 de los indicadores de la regulación de los mercados de productos de la OCDE. Los tipos de requisitos reglamentarios cubiertos por el indicador no se han modificado desde 2017 e incluyen los siguientes:

1) enfoque regulador: actividades reservadas a los titulares de cualificaciones específicas y protección del título;

2) requisitos de cualificación: años de educación y formación, examen estatal obligatorio, obligaciones de desarrollo profesional permanente, etc.;

3) otros requisitos de entrada: afiliación obligatoria o registro en un organismo profesional, limitación del número de autorizaciones concedidas, otros requisitos de autorización, etc.;

4) requisitos de ejercicio: restricciones en materia de forma societaria, requisitos de participación en el capital y derechos de voto, restricciones al ejercicio conjunto de profesiones, actividades incompatibles, etc.

En 2017, la metodología empleada para generar el indicador del efecto restrictivo fue objeto de una auditoría estadística a cargo del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, que concluyó que el indicador era estadísticamente coherente y sólido y constituía una herramienta útil y eficiente para condensar distintos aspectos de las normativas nacionales
[17](#footnote17)
. El indicador también fue evaluado en un estudio para el Parlamento Europeo, que concluyó que podía ayudar a demostrar que el efecto restrictivo de la regulación de los servicios profesionales tiende a reducir el buen funcionamiento de los mercados y, por ende, el crecimiento en la UE
[18](#footnote18)
. El estudio señala asimismo que, si bien se basa en la metodología de la regulación de los mercados de productos de la OCDE, el indicador muestra los niveles generales de restricción en los Estados miembros de la UE con un grado de detalle aún mayor, dado que incluye algunos aspectos adicionales en el análisis.

A continuación se presentan los resultados específicos de los Estados miembros sobre el grado de restricción de la regulación de cada una de las siete profesiones. Si bien estos resultados proporcionan una indicación útil del grado general de restricción de la regulación y de su potencial de mejora, no deben utilizarse al margen de la evaluación cualitativa de los contextos normativos nacionales, ni interpretarse como un juicio sobre la proporcionalidad o idoneidad de la regulación, sino que deben constituir el punto de partida de un análisis exhaustivo posterior, en el que los enfoques cualitativo y cuantitativo se complementen mutuamente.

II. 
   Análisis por profesión

En las siguientes secciones se describen las normativas relativas a los distintos servicios profesionales analizados. Los conceptos y la terminología (nacional), así como la organización y el alcance de las actividades de las profesiones suelen diferir de unos Estados miembros a otros. El análisis tiene en cuenta estas diferencias y examina los servicios cubiertos por un sector determinado en lugar de las definiciones nacionales de cada profesión.

La evaluación siguiente se basa principalmente en los elementos que figuran a continuación:

·la información facilitada por los Estados miembros en la base de datos de profesiones reguladas;

·investigación adicional de la Comisión sobre la legislación nacional.

Asimismo, el análisis tiene en cuenta las quejas u otros comentarios de las partes interesadas en relación con las restricciones que afrontan. Esta información se ha comprobado y comentado con los Estados miembros en diversas ocasiones.

Cada análisis contiene un gráfico que ilustra el indicador del efecto restrictivo. Este debe leerse conjuntamente con el análisis descriptivo que se proporciona para cada profesión. El objetivo del indicador es captar la intensidad relativa de las normativas que regulan cada una de las profesiones en cada Estado miembro. En el indicador no se incluyen los obstáculos de carácter no reglamentario, pero se mencionan en la descripción cualitativa en la medida de lo posible y cuando la Comisión dispone de información al respecto. Las recomendaciones se basan en su mayoría en el análisis cualitativo más amplio y, por tanto, es posible que las puntuaciones que facilita el indicador no guarden una correlación exacta con las recomendaciones de reforma.

Sobre la base de dichas recomendaciones, los Estados miembros deben revaluar y reconsiderar las restricciones impuestas a los proveedores de servicios y las normativas que rigen los sectores profesionales seleccionados. Concretamente, deben considerar el efecto acumulativo de contar con múltiples niveles de medidas reglamentarias.

II.1. 
   Arquitectos

Si bien la mayoría de los Estados miembros de la UE regulan la profesión de arquitecto de tal forma que opte al reconocimiento automático en virtud de la Directiva sobre cualificaciones profesionales, siguen existiendo diferencias significativas en cuanto al enfoque adoptado. Varios países asignan las actividades de arquitectura a una sola profesión regulada (por ejemplo, Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo y Malta), mientras que otros han adoptado un enfoque más fragmentado respecto a la regulación (por ejemplo, Letonia, Lituania y Polonia), de forma que diversas actividades están reservadas a profesiones estrechamente relacionadas (como los arquitectos técnicos, los arquitectos paisajistas, los urbanistas o los arquitectos de interiores) o son desempeñadas por especialistas con un mayor nivel de certificación o especialización (como los arquitectos con acreditaciones adicionales para ámbitos específicos de la construcción). Dinamarca, Estonia, Finlandia y Suecia no regulan la profesión en sentido estricto, sino que regulan modalidades de ejercicio específicas o utilizan otras formas de controles de competencias específicas del sector de la construcción.

En 2017, la Comisión formuló una serie de recomendaciones para la profesión de arquitecto, en particular relativas al amplio espectro de actividades reservadas, a las repercusiones de las restricciones sobre la participación en el capital, la forma societaria y las actividades multidisciplinarias, y al impacto que tienen los sistemas de regulación fragmentados y la existencia de múltiples requisitos de certificación.

Según la información disponible, los Estados miembros han llevado a cabo varias reformas desde 2017, pero con niveles de ambición bastante limitados. En algunos casos, las reformas dieron lugar a requisitos reglamentarios más estrictos.

Gráfico 2. Indicador del efecto restrictivo: arquitectos
[19](#footnote19)
 

![](./../../../resource.html?uri=comnat:COM_2021_0385_FIN.SPA.xhtml.COM_2021_0385_FIN_SPA_22003.jpg)

Fuente: Comisión Europea, 2021.

El gráfico 2 muestra la posición relativa de los Estados miembros en términos de grado de restricción para el acceso a la profesión de arquitecto y su ejercicio, de acuerdo con el indicador actualizado del efecto restrictivo desarrollado por la Comisión. El indicador se ha revisado ligeramente respecto a 2017 para captar mejor el alcance de las actividades reservadas a los arquitectos y la existencia de sistemas de certificación o acreditación adicionales que hacen que el acceso a determinadas actividades específicas esté sujeto a requisitos de autorización adicionales. 

En unos pocos Estados miembros se han modificado recientemente los requisitos de cualificación de los arquitectos para reflejar los requisitos mínimos de formación actualizados por la Directiva 2013/55/UE, como es el caso de Chipre, Eslovenia y Lituania. Lituania ha incorporado además una protección del título, obligaciones de desarrollo profesional permanente y el registro obligatorio en un colegio profesional de arquitectos acreditados
[20](#footnote20)
. Eslovenia ha reducido ligeramente los requisitos de formación, pero ha introducido obligaciones de desarrollo profesional. Letonia ha reducido los requisitos de experiencia profesional para los arquitectos que estén sujetos a procedimientos de certificación adicionales.

La situación en los países que no regulan la profesión en un sentido estricto, sino que en su lugar regulan modalidades de ejercicio específicas o utilizan otros controles de competencias específicas del ámbito de la construcción (Dinamarca, Estonia, Finlandia y Suecia) no ha cambiado mucho. La Comisión no ha observado ningún cambio significativo en la legislación desde que dirigió una recomendación en 2017 a los Estados miembros que no regulan esta actividad para que revisaran este modelo a fin de evitar que se convierta en un obstáculo, y no tiene constancia de que se haya reflexionado sobre esta cuestión. La información de que dispone la Comisión confirma las conclusiones iniciales de que las diferencias entre ambos modelos pueden ser menos importantes de lo que podría parecer cuando los países que no regulan la actividad utilizan la certificación de competencias de los arquitectos o la evaluación ad hoc o caso por caso de las competencias para poder prestar servicios específicos (por ejemplo, la presentación de proyectos o permisos de construcción). Por ejemplo, en Finlandia las autoridades toman una decisión caso por caso respecto a las cualificaciones de los coordinadores del diseño, los diseñadores arquitectónicos y los diseñadores especiales durante el proceso de concesión de licencias de obra. Además de las comprobaciones para los permisos de construcción, Suecia regula las actividades de determinados especialistas acreditados (relacionados con la seguridad contra incendios, la ventilación, el acceso de personas con discapacidad o la conservación de la cultura), de los coordinadores de obras y de los expertos técnicos. Estonia puso en marcha una reforma para simplificar las normas de certificación detalladas para «coordinadores especialistas»
[21](#footnote21)
, pero las reformas no introdujeron cambios sustanciales en las condiciones de acceso.

Las mayores diferencias entre Estados miembros pueden observarse en las actividades reservadas. Las actividades de planificación y diseño arquitectónicos y la preparación, presentación y firma de documentación técnica de control y de conformidad suelen estar reservadas a los arquitectos cualificados en todos aquellos países que regulan la profesión. Muchos países reservan asimismo a los arquitectos actividades del sector de la construcción relativas a la gestión de costes y la supervisión de la construcción. Otros servicios, como la arquitectura paisajística, el urbanismo, la ordenación territorial y el diseño de interiores, están reservados a los arquitectos en distinta medida según cada Estado miembro. Unos pocos países tan solo reservan servicios específicos, como Alemania, que únicamente reserva el servicio de presentar documentación para solicitar permisos de construcción, y Austria, que reserva exclusivamente el servicio de elaborar documentos públicos. Cuando los países reservan determinadas actividades profesionales de este modo, tienden a estar compartidas con profesiones conexas, en particular los ingenieros civiles, o con profesiones cercanas, como los arquitectos paisajistas, los urbanistas y los diseñadores de interiores.

La Comisión señala que parecen haberse realizado muy pocos cambios en respuesta a las recomendaciones de 2017 en lo que respecta al amplio alcance de las actividades reservadas a los arquitectos. Por ejemplo, Portugal ha abierto el servicio reservado de solicitar la aprobación de un proyecto de construcción, que ahora está abierto a los ingenieros, y ha anunciado reformas adicionales. De un modo similar, Croacia ha desregulado la actividad del diseño de interiores y la ha abierto a cualquier persona
[22](#footnote22)
.

Otra diferencia importante entre los Estados miembros señalada en 2017 era la existencia de sistemas «unitarios» frente a «fragmentados». Los Estados miembros con un sistema unitario permiten a los arquitectos prestar una amplia gama de servicios, mientras que, en otros Estados miembros, las competencias y responsabilidades están repartidas en distintas categorías de profesionales. En la presente Comunicación, la Comisión ha examinado más detenidamente si la profesión se encuentra fragmentada evaluando todos los requisitos de sistemas de certificación o acreditación adicionales para arquitectos con el fin de poder prestar servicios profesionales específicos (incluidos los requisitos de experiencia profesional adicional).

Partiendo de la información disponible, el análisis constató la fragmentación de la profesión de arquitecto en mayor o menor medida en varios países (como Letonia, Lituania y Polonia). En Letonia, para adquirir un derecho independiente de ejercer la profesión, al solicitante se le exige que obtenga un certificado para la práctica independiente, además de los requisitos generales de formación obligatoria. Si bien Letonia ha reducido ligeramente el número de especialidades para los especialistas de la construcción en respuesta a las recomendaciones de 2017, todavía cuenta con un elevado número de requisitos de certificación
[23](#footnote23)
. La Comisión ha constatado que, desde 2017, Lituania ha incrementado el nivel de fragmentación al aumentar el número de actividades sujetas a acreditaciones adicionales para los arquitectos de «estructuras de importancia no excepcional». Polonia ha notificado la existencia de cuatro tipos de arquitectos
[24](#footnote24)
 y permite especializaciones adicionales relativas a la construcción técnica. Según la información disponible, también existe una fragmentación, aunque en menor grado, en Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Países Bajos, Portugal y Rumanía.

Aunque abrir determinadas actividades profesionales a una o varias profesiones reguladas con requisitos reglamentarios menos estrictos también puede tener efectos positivos, como se informaba en 2017, la fragmentación de las condiciones impuestas al acceso a diversas actividades continúa siendo un importante factor que tener en cuenta al regular la profesión, ya que puede ocasionar una confusión innecesaria y la necesidad de obtener varios niveles de autorización. Concretamente, la Comisión lamenta las escasas medidas adoptadas por los Estados miembros para reducir la fragmentación en la gama de actividades sujetas a requisitos adicionales. La Comisión solicita a esos Estados miembros que reconsideren la proporcionalidad de la regulación de los sistemas fragmentados. En particular, deben evaluar la eficiencia de los sistemas al repartir la responsabilidad en distintas categorías de profesionales dentro del mismo ámbito de actividad, y la carga que origina la necesidad de obtener múltiples certificaciones para actividades estrechamente relacionadas.

La Comisión ha constatado que en las reformas de los requisitos de participación en el capital se han hecho más progresos. Al menos dos países, Austria y Chipre, han reducido sus restricciones a la participación en el capital y la forma societaria a raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia.

El 29 de julio de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en el asunto C-209/18, Comisión/Austria relativa, entre otros aspectos, a los requisitos de ingenieros y arquitectos especializados como ingenieros civiles. El TJUE dictaminó que la (antigua) Ley sobre los ingenieros y arquitectos infringía el Derecho europeo, en particular al imponer condiciones restrictivas a los accionistas
[25](#footnote25)
 y al limitar las actividades multidisciplinarias de los ingenieros y arquitectos que ejercían de ingenieros civiles. En junio de 2019, en Austria entró en vigor una nueva ley por la que se modificaron las normas relativas a los requisitos de forma jurídica y participación en el capital. Mientras que anteriormente solo estaban autorizadas determinadas formas societarias para constituir entidades jurídicas profesionales, la nueva ley autoriza todas las formas jurídicas de sociedad. Además, abrió las normas relativas a la posesión de capital, que ahora puede estar en manos no solo de empresas de arquitectura o ingeniería civil y de personas físicas, sino también de empresas de arquitectura o ingeniería con sede en otro Estado miembro de la UE o el EEE o en Suiza.

Además, en las recomendaciones de 2017 se invitaba a Austria a revisar el único ámbito de actividad de las empresas de arquitectura (la prestación de servicios de arquitectura), que limitaba considerablemente el margen para ejercer esta profesión junto con otras profesiones. A pesar de que las reformas de 2019 no incorporaron esta recomendación, está previsto que la nueva ley se adopte durante el primer semestre de 2021 para tener en cuenta la sentencia del Tribunal sobre este asunto
[26](#footnote26)
.

La Comisión toma nota asimismo de los progresos realizados por Chipre en la reducción de los requisitos de participación en el capital. Aunque anteriormente la participación en el capital de empresas de arquitectura estaba reservada íntegramente a miembros de la Cámara Científica y Técnica de Chipre (ETEK), las enmiendas adoptadas en 2017 en respuesta a los procedimientos de infracción redujeron los requisitos a un 51 % como mínimo. En cambio, la Comisión lamenta que Malta aún mantenga el requisito de participación en el capital del 100 %, a pesar de las recomendaciones de 2017 de reducirlo.

Pese a los anuncios en su plan de acción nacional de 2016, Alemania no ha realizado avances en la armonización a escala nacional de sus requisitos de participación en el capital y derechos de voto.

Por lo que respecta a los requisitos en materia de seguro profesional obligatorio, la situación sigue igual desde 2017.

En siete países existen normas sobre las tarifas, mayoritariamente en forma de precios recomendados para todos los servicios o algunos de ellos (Alemania, Croacia, Eslovenia, Italia, Luxemburgo, Malta y Polonia). 

A este respecto, la Comisión toma nota de los progresos de Alemania en la ejecución de la sentencia del TJUE en el asunto C-377/17, Comisión/Alemania, dado que el país ha modificado sus restricciones de las tarifas aplicables a arquitectos e ingenieros. Las nuevas normas que entraron en vigor el 1 de enero de 2021 mantenían una lista de rangos de tarifas, pero aclaraban que podía tomarse como base para el acuerdo de precios entre las partes contratantes, y dichas partes podían optar por no seguir la lista mediante acuerdo por escrito. Bulgaria prohíbe los precios de la prestación de servicios de diseño por debajo de su coste.

Nueve países mantienen restricciones de publicidad leves que se limitan a prohibir la publicidad de carácter comparativo o no conforme con la ética profesional.

Recomendaciones

Aquellos Estados miembros con un amplio espectro de actividades reservadas deberían revaluar la repercusión de estas restricciones.

Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Rumanía y Portugal deberían tener en cuenta las repercusiones de las restricciones a la participación en el capital o la forma societaria que aplican además de otros requisitos.

Austria debería evaluar la proporcionalidad de las restricciones que aplica a las actividades multidisciplinarias (está pendiente la adopción de la nueva ley en respuesta a la sentencia del TJUE).

Malta necesita revisar el requisito de que el 100 % de las participaciones de una empresa deba estar en manos de profesionales.

Los Estados miembros con un sistema fragmentado que rija la profesión o con múltiples requisitos de certificación, como Letonia, Lituania o Polonia, deberían revaluar las repercusiones de dicho sistema en la libre circulación de profesionales y si los posibles obstáculos están justificados.

Los Estados miembros que imponen la certificación profesional para las profesiones no reguladas o que emplean otras modalidades de controles y equilibrios, especialmente en lo que se refiere a la prestación de servicios específicos, deberían revisar la coherencia global y los efectos prácticos de este requisito para evitar que se convierta en una barrera para el acceso a la profesión.

Se invita a Lituania a que revise y comunique los motivos específicos por los que considera que las acreditaciones para «estructuras de importancia no excepcional» son necesarias y proporcionadas.

II.2. 
   Ingenieros civiles

La situación general de la regulación de la profesión de ingeniero civil en 2021 es, a grandes rasgos, igual que en 2017. Como se indicaba en 2017, existen muchas semejanzas entre los Estados miembros, en especial en el modo en que persiguen los mismos intereses generales a la hora de regular la profesión. No obstante, el enfoque regulador todavía varía de un Estado miembro a otro.

Si bien la mayoría de los Estados miembros consideran que regular la profesión es necesario para velar por la calidad y la seguridad de los servicios de la ingeniería civil, algunos de ellos, como los Países Bajos o Suecia, han hallado otras formas de garantizar la calidad o cumplir los objetivos para salvaguardar el interés general sin regular la profesión en un sentido estricto.

Sin embargo, las diferencias entre ambos enfoques pueden ser menos importantes de lo que podría parecer cuando los países que no regulan la profesión de la forma habitual, como Finlandia y Suecia, utilizan la certificación de competencias de los ingenieros civiles o una evaluación ad hoc de las competencias o la experiencia caso por caso como requisito para que los ingenieros presten servicios específicos (por ejemplo, la presentación de planos de construcción o solicitudes de permiso). Por este motivo, en 2017, la Comisión recomendó a los Estados miembros que no regulaban esta profesión revisar dicho modelo para evitar que se convirtiera en un obstáculo para el ejercicio de estas actividades. La Comisión no ha advertido ningún cambio en la legislación de los países que no regulan la profesión en respuesta a esta recomendación ni tiene constancia de que se hayan realizado consultas al respecto.

Gráfico 3. Indicador del efecto restrictivo: ingenieros civiles
[27](#footnote27)
 

![](./../../../resource.html?uri=comnat:COM_2021_0385_FIN.SPA.xhtml.COM_2021_0385_FIN_SPA_22004.jpg)

Fuente: Comisión Europea, 2021.

El gráfico 3 muestra la posición relativa de los Estados miembros en términos de nivel de restricción para el acceso a la profesión de ingeniero civil y su ejercicio, de acuerdo con el nuevo indicador del efecto restrictivo. Desde 2017, el indicador se ha revisado ligeramente para captar mejor los sistemas de certificación o acreditación adicionales que hacen que el acceso a determinadas actividades específicas esté sujeto a requisitos de autorización adicionales.

Otra diferencia importante entre los Estados miembros señalada en 2017 era la existencia de sistemas «unitarios» frente a «fragmentados». Los Estados miembros con un sistema unitario permiten a los ingenieros civiles prestar una amplia gama de servicios, mientras que, en otros Estados miembros, las competencias y responsabilidades están repartidas en distintas categorías de ingenieros.

Este último enfoque «fragmentado» se aplica, en distinta medida, en Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal y Rumanía. Por ejemplo, en Rumanía existen cuatro profesiones reguladas dentro de la categoría de ingeniero civil y seis en Polonia.

En 2017, la Comisión recomendó a los Estados miembros con sistemas fragmentados que regulaban la profesión o con múltiples niveles de requisitos en función de la actividad específica, como Letonia, que evaluaran las repercusiones de su sistema en la libre circulación de profesionales y si los posibles obstáculos estaban justificados.

Letonia contaba con un sistema particularmente fragmentado, con numerosas especialidades distintas y unos ochenta tipos de certificaciones exigidas a los ingenieros civiles en una serie de servicios. En 2017, Letonia llevó a cabo una reforma que supuso la eliminación de varias especialidades de ingeniero civil (ingeniero civil de edificios, ingeniero civil de estructuras de transporte, ingeniero civil de tecnología de calefacción y gas, ingeniero civil de tecnología hidráulica e ingeniero civil de estructuras hidrotécnicas); ahora estas actividades se incluyen en la lista de servicios reservados a los ingenieros civiles. Al mismo tiempo, Letonia derogó los requisitos reglamentarios para técnicos de la construcción, peritos técnicos de la construcción e hidrógrafos. Sin embargo, a pesar de estas reformas, en Letonia persisten múltiples requisitos de certificación en el sector (se han contabilizado 76).

A raíz de una reforma en 2017, Eslovenia redujo el número de especialidades en el ámbito de la ingeniería civil de cinco a dos (ingeniero colegiado y coordinador de obras), pero introdujo otros requisitos (como la protección del título de ambas profesiones y el desarrollo profesional permanente obligatorio en el caso de los ingenieros colegiados).

Lituania endureció la legislación al exigir una acreditación específica para «estructuras de importancia no excepcional». El país alega que, partiendo de experiencias previas, ello es necesario para proteger objetivos de interés público. Lituania se ha comprometido a dar más detalles sobre los motivos específicos por los que considera que dichos requisitos son necesarios y proporcionados.

En vista de lo anterior, la Comisión lamenta las escasas medidas adoptadas en relación con esta cuestión. La apertura de determinadas actividades profesionales a una o varias profesiones reguladas con requisitos reglamentarios menos estrictos también puede tener repercusiones positivas, como se explicaba en 2017, pero la combinación de sistemas unitarios y fragmentados puede hacer que el acceso a estas actividades sea difícil y complejo y obstaculizar la libre circulación de ingenieros civiles. La proporcionalidad de la regulación en los sistemas fragmentados también suscita dudas, en especial cuando una serie de actividades están sujetas a requisitos adicionales. Concretamente, los Estados miembros deben valorar la eficiencia de los sistemas que distribuyen la responsabilidad en diversas categorías de profesionales dentro del mismo ámbito de actividad (por ejemplo, algunos son responsables del diseño; otros, de la construcción y otros, de la supervisión, o de estructuras pequeñas frente a estructuras importantes), así como la carga que ocasiona la necesidad de obtener múltiples certificaciones para servicios estrechamente relacionados.

Las diferencias en la organización de la profesión se reflejan también en las actividades reservadas, que varían de un país a otro. En general, los Estados miembros reservan principalmente los servicios de diseño y construcción. En 2017, la Comisión recomendó a los Estados miembros con un alcance especialmente amplio de las actividades reservadas, como Austria, Chequia, España, Italia, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía, que reconsiderasen dicho alcance. Se invitó a Malta a que aclarase qué actividades están reservadas a los periti. Asimismo se invitó a España a que revaluara el requisito de obtener un visado del colegio profesional para determinados proyectos u obras de ingeniería.

Sin embargo, ninguno de los Estados miembros citados ha revisado sus normativas. Portugal ha restringido aún más el acceso a actividades reservadas, aunque la Autoridad Portuguesa de la Competencia había propuesto reducir la gama de actividades reservadas manteniendo al mismo tiempo las normas de calidad y seguridad. Portugal ha eliminado casi por completo los derechos adquiridos de los ingenieros cuyos títulos se enumeran en el anexo VI de la Directiva 2005/36/CE para ejecutar proyectos de arquitectura. Esta restricción llevó a la Comisión a adoptar medidas coercitivas y el asunto sigue sin haberse resuelto.

En lo referente a los requisitos de participación en el capital de la profesión de ingeniero, se lograron más progresos. En 2017, la Comisión recomendó a Chipre y a Malta que revisaran el requisito de que el 100 % del capital de una empresa debía estar en manos de los profesionales. La Comisión invitó asimismo a Alemania, Austria y Eslovaquia a evaluar la proporcionalidad de sus requisitos de participación en el capital y, en el caso de Austria, las restricciones a las actividades multidisciplinarias.

En el asunto C-209/18, relativo, entre otras cosas, a las participaciones en el capital y las limitaciones de las actividades multidisciplinarias de los ingenieros civiles en Austria, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las limitaciones de la participación en el capital que exceden del requisito de que una mayoría simple del capital esté en manos de miembros de la profesión vulneran el Derecho de la UE. A raíz de esta sentencia del Tribunal, Austria modificó su legislación para autorizar el uso de cualquier forma jurídica de sociedad. El porcentaje de capital que debe estar en manos de profesionales se limita a una mayoría simple, mientras que el capital restante ahora puede ser propiedad de cualquier otra persona física o empresa de ingeniería civil con sede en Austria o en otro Estado miembro. Está prevista una apertura mayor de estas normas, así como la supresión de las restricciones a las actividades multidisciplinarias, en virtud de una nueva ley que debe adoptarse durante el primer semestre de 2021.

Si bien la sentencia iba dirigida a Austria, el Tribunal de Justicia estableció una serie de principios generales que se aplican asimismo a otros Estados miembros. Por consiguiente, todos los Estados miembros deben examinar su legislación a la luz del asunto citado.

Chipre también ha realizado avances al reducir del 100 % al 51 % el porcentaje de participaciones que han de estar en manos de profesionales que sean miembros del Colegio de Ingenieros chipriota.

No obstante, en Malta la situación sigue sin haber cambiado. El 100 % del capital de una empresa ha de seguir estando en manos de profesionales. También en Italia, el número de miembros profesionales y su participación en el capital en acciones deben constituir una mayoría de dos tercios por lo que respecta a la toma de decisiones de los accionistas (66,66 %).

En 2017, unos catorce Estados miembros exigían la afiliación a una organización profesional y en dieciséis Estados miembros era obligatorio disponer de un seguro de responsabilidad profesional; la situación sigue igual en 2021.

Desde que se procedió a reformar en Alemania las tarifas fijas de arquitectos e ingenieros («HOAI») a raíz de una medida coercitiva y una sentencia del TJUE, ya no existen tarifas obligatorias. Bulgaria prohíbe los precios de los servicios de diseño por debajo de su coste. La publicidad comparativa está prohibida en Chipre, Grecia, Italia y Portugal. En 2021, Croacia ha suprimido la prohibición total de la publicidad de los ingenieros.

Recomendaciones

Aquellos Estados miembros con un amplio alcance de las actividades reservadas deberían reconsiderar la repercusión de estas restricciones.

Malta debería aclarar qué actividades están reservadas a los periti.

España debería revaluar el requisito de obtener un visado del colegio profesional para determinados proyectos u obras.

Malta necesita revisar el requisito de que el 100 % del capital de una empresa deba estar en manos de los profesionales. Italia necesita revisar el requisito de que el número de miembros profesionales y su participación en el capital en acciones deben constituir una mayoría de dos tercios.

Los Estados miembros que imponen la certificación profesional para las profesiones no reguladas o que aplican otros controles, especialmente en lo que se refiere a la prestación de servicios de ingeniería específicos, deberían revisar la coherencia global y los efectos prácticos de estos requisitos para evitar que se conviertan en una barrera para el acceso a la profesión.

Los Estados miembros con un sistema fragmentado de la profesión o que imponen múltiples requisitos en función de las actividades específicas, como Letonia, deberían evaluar la repercusión de dicho sistema en la libre circulación de profesionales y si los posibles obstáculos están justificados. Asimismo, deberían evaluar la eficiencia y la proporcionalidad de las normas que distribuyen la responsabilidad en distintas categorías de profesionales dentro del mismo ámbito de actividad. Se invita a Lituania a que revise y comunique los motivos específicos por los que considera que las acreditaciones para «estructuras de importancia no excepcional» son necesarias y proporcionadas.

II.3. 
   Contables y asesores fiscales

La contabilidad y el asesoramiento fiscal son actividades desempeñadas por un grupo especialmente diverso de profesiones, tales como los contables, los censores jurados de cuentas y los asesores fiscales, con notables diferencias entre los Estados miembros en cuanto al modo en que organizan y regulan estas profesiones. Una o varias profesiones de este sector están reguladas en diecinueve Estados miembros:

·mediante actividades reservadas y títulos protegidos (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía);

·mediante actividades reservadas (Bulgaria, Chequia, Hungría e Irlanda); o

·solo mediante la protección del título profesional (los Países Bajos).

En nueve Estados miembros (Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Suecia), ninguna de las profesiones de este ámbito está directamente regulada. En términos generales, los otros Estados miembros justifican la regulación del sector por el papel que desempeñan los asesores fiscales o contables en todos los sistemas fiscales ayudando a los consumidores, empresas y contribuyentes a cumplir sus obligaciones fiscales.

En 2017, la Comisión formuló una serie de recomendaciones aplicables a las profesiones de contable y asesor fiscal que se centraban en el enfoque por el cual se reservaban tareas rutinarias o menos complejas únicamente a profesionales altamente cualificados, como el pago de los salarios o la elaboración de declaraciones fiscales estándar, así como en el amplio abanico de actividades reservadas. La Comisión instó asimismo a determinados Estados miembros a suprimir los requisitos de residencia y a revaluar la proporcionalidad de la fijación de requisitos de participación en el capital y las normas de incompatibilidad.

Según la información disponible, desde 2017 tan solo se han adoptado unas pocas reformas. La Comisión lamenta la escasa aceptación de las recomendaciones para las profesiones de contable y asesor fiscal, pese al potencial de las reformas de tener una repercusión positiva en la competitividad y en la apertura a la innovación.

La digitalización en el sector de los servicios ha creado oportunidades para nuevos e innovadores modelos de negocio. Los servicios de contabilidad y asesoramiento fiscal poseen un gran potencial para aprovechar estos avances. Las herramientas informáticas y los algoritmos al servicio de las actividades profesionales no solo reducen los costes, sino también la complejidad de una serie de tareas. Por lo tanto, reservar esas tareas, y en general las tareas mecánicas o menos complejas, únicamente a profesionales altamente cualificados merece ser objeto de una revaluación. El panorama normativo en toda la UE debe adaptarse para propiciar una adopción sencilla, el desarrollo de soluciones digitales y la creación de modelos de negocio innovadores y centrados en el usuario, a fin de que los consumidores y las empresas puedan beneficiarse de los avances actuales y futuros.

En términos generales, las reformas acometidas desde 2017 se han caracterizado por un nivel de ambición limitado y en parte han sido el resultado de la obligación de ejecutar las sentencias dictadas por el TJUE.

Alemania ha modificado sus normas aplicables a los asesores fiscales para ejecutar la sentencia en el asunto C-342/14, pero no ha seguido las recomendaciones relativas a las actividades reservadas y las restricciones de la participación en el capital.

Otro avance positivo es que Bélgica ha reemplazado las cuatro profesiones de contable anteriores por dos nuevas profesiones, y ha reducido notablemente el nivel de restricción de ambas al suprimir los requisitos restantes en cuanto a la forma jurídica y la participación en el capital. Bélgica ha modificado asimismo sus normas sobre actividades incompatibles y sobre el ejercicio conjunto de la profesión de contable con objeto de ejecutar la sentencia en el asunto C-384/18. Ahora, las nuevas profesiones pueden prestar servicios multidisciplinarios en la medida en que no comprometan su independencia, imparcialidad y secreto profesional.

Una reforma emprendida en Austria en 2017 amplió el margen de los profesionales para cooperar con otros profesionales por cuenta propia en materia de tareas y contratos específicos, pero también impuso una obligación nueva de desarrollo profesional permanente.

En Croacia se ha adoptado una reforma de mayor alcance que elimina el requisito de residencia y las restricciones concernientes a la forma jurídica, que impedían a los asesores fiscales constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Croacia ha decidido no ampliar el alcance de las actividades reservadas, como había previsto inicialmente, y continuar sin regular la profesión de contable. Además, ahora los asesores fiscales pueden participar en una empresa multidisciplinaria que también preste otros servicios al margen del asesoramiento fiscal, siempre y cuando se cumplan los requisitos relativos a la participación en el capital, los derechos de voto y el consejo de administración. Por último, Croacia ya no prohíbe a los asesores fiscales desempeñar otros tipos de actividades profesionales.

En 2019, Francia amplió y aclaró las actividades que pueden desempeñar los contables. Ahora, estos profesionales pueden gestionar el pago y el cobro de deudas en nombre de sus clientes, así como representarlos ante las autoridades fiscales y los organismos de la seguridad social. Las tareas de menor complejidad, como la elaboración de asientos contables por medios electrónicos, pueden efectuarlas otras personas que no sean contables (como los empleados de una empresa), siempre y cuando un contable las valide in fine. Francia ha retirado asimismo la prohibición de que los contables que también sean auditores realicen actos de comercio.

Gráfico 4. Indicador del efecto restrictivo: contables / asesores fiscales
[28](#footnote28)
 

![](./../../../resource.html?uri=comnat:COM_2021_0385_FIN.SPA.xhtml.COM_2021_0385_FIN_SPA_22005.jpg)

Fuente: Comisión Europea, 2021.

El gráfico 4 muestra la posición relativa de los Estados miembros en términos de grado de restricción para el acceso a la profesión de contable o asesor fiscal y su ejercicio, según el indicador actualizado del efecto restrictivo. El indicador no tiene en cuenta la regulación de la profesión de auditor, que está regulada en todos los Estados miembros sobre la base de la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas. El indicador se ha revisado ligeramente respecto a 2017 para captar mejor el alcance de las actividades reservadas a los contables y asesores fiscales y el grado de restricción de otros tipos de requisitos.

Algunos Estados miembros reservan tanto el asesoramiento fiscal como las actividades de contabilidad (a menudo compartidos con otras actividades profesionales, por ejemplo, en Austria, Chequia, Francia
[29](#footnote29)
, Hungría y Rumanía). Bélgica, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal únicamente reservan las actividades de contabilidad, es decir, la teneduría de libros o la elaboración de los estados financieros consolidados, a la profesión de contable. Alemania, Croacia, Eslovaquia y Polonia tan solo reservan los servicios de asesoramiento fiscal a una profesión regulada.

Bélgica cuenta con una profesión de contable y Rumanía con dos, además de la profesión de asesor fiscal. Grecia, Italia y Luxemburgo disponen de dos profesiones de contable, mientras que Austria dispone de tres distintas, además de la profesión de asesor fiscal. Para algunos de estos Estados miembros, la distinción entre las actividades reservadas a cada profesión y su alcance global no están muy claros o no son muy coherentes.

Algunos Estados miembros, por ejemplo Alemania, Austria, Francia, Italia y Portugal, cuentan con prohibiciones al ejercicio conjunto de actividades y solo permiten la cooperación con un número limitado de profesiones, como en los sectores de naturaleza jurídica o contable.

En Austria, los asesores fiscales solo disponen de un número limitado de formas jurídicas. En Alemania, los asesores fiscales pueden optar por establecerse bajo cualquier forma jurídica, si bien los miembros del consejo de administración o los directores generales han de ser asesores fiscales, abogados, auditores, censores jurados de cuentas o mandatarios fiscales. Al menos un asesor fiscal que sea miembro del consejo de administración, director general o socio con responsabilidad personal debe tener su establecimiento profesional en la sede de la empresa o en las proximidades. En Croacia y Luxemburgo, la mayoría de los directores o del consejo de administración han de ser profesionales. En Francia, al menos un miembro de la profesión que ejerza en el seno de una empresa multiprofesional, ya sea como socio o como empleado, debe ser miembro del consejo de administración o de supervisión. En Polonia, la mayoría de los miembros del consejo deben ser asesores fiscales y, si el consejo de administración se compone de dos personas como máximo, una de ellas debe ser un asesor fiscal.

Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Francia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía exigen que al menos el 50 % de las participaciones o los derechos de voto los ostenten profesionales. En Austria, en lo referente a la profesión de asesor fiscal, los profesionales de otros Estados miembros no pueden ostentar más del 25 % de las participaciones y de los derechos de voto.

Recomendaciones

Todos los Estados miembros que regulan las profesiones del sector deberían reconsiderar la reserva de tareas menos complejas como el pago de los salarios o la elaboración de declaraciones fiscales estándar a profesionales altamente cualificados, en particular en vista de los avances en la digitalización del sector.

Grecia, Italia y Rumanía deberían aclarar el alcance de las actividades reservadas y evaluar su coherencia y distribución entre las múltiples profesiones reguladas en el sector. 

Alemania, Croacia, Francia, Luxemburgo y Polonia deberían revisar sus restricciones a la composición de los consejos de administración o de los directores generales.

Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Francia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía deberían evaluar la proporcionalidad de sus requisitos concernientes a la participación en el capital o a los derechos de voto.

Austria debería revisar sus restricciones relativas a la participación en el capital y a los derechos de voto de profesionales de otros Estados miembros,

así como sus restricciones en cuanto a las formas jurídicas disponibles para los asesores fiscales.

Alemania, Austria, Francia, Italia y Portugal deberían evaluar la proporcionalidad de sus restricciones al ejercicio conjunto de actividades.

II.4. 
   Abogados

Los enfoques nacionales respecto a la regulación de la profesión de abogado son bastante uniformes en todos los Estados miembros, en el sentido de que todos ellos regulan la profesión mediante actividades reservadas y títulos protegidos
[30](#footnote30)
. A nivel de la UE, la Directiva 98/5/CE y la Directiva 77/249/CEE facilitan la movilidad de los abogados por toda la Unión.

Gráfico 5. Indicador del efecto restrictivo: abogados
[31](#footnote31)
 

![](./../../../resource.html?uri=comnat:COM_2021_0385_FIN.SPA.xhtml.COM_2021_0385_FIN_SPA_22006.jpg)

Fuente: Comisión Europea, 2021.

El gráfico 5 muestra la posición relativa de los Estados miembros en términos de grado de restricción para el acceso a la profesión de abogado y su ejercicio, de acuerdo con el indicador actualizado del efecto restrictivo. El indicador se ha revisado ligeramente respecto a 2017 para captar mejor el alcance de las actividades reservadas a los abogados, así como el grado de restricción de otros tipos de requisitos.

En 2017, la Comisión formuló una serie de recomendaciones para la profesión de abogado. Invitó a los Estados miembros a revisar el alcance de las actividades reservadas a los abogados y a evaluar los efectos acumulativos de los requisitos relativos a la forma jurídica, la participación en el capital y las asociaciones aplicables a estos profesionales. Además, la Comisión instó a los Estados miembros a suprimir los requisitos de nacionalidad o residencia todavía existentes.

Según la información disponible, desde las recomendaciones de reforma de 2017 tan solo se han adoptado unas pocas reformas. Hasta el momento no se ha adoptado ninguna reforma relativa al campo de aplicación de las actividades reservadas a los abogados en relación con el desarrollo de la economía digital y la aparición de nuevos proveedores a raíz de la expansión de la tecnología al servicio del Derecho. No obstante, en lo concerniente a las formas jurídicas disponibles para los abogados y los bufetes de abogados, algunos Estados miembros han ampliado el alcance de las posibilidades existentes. Austria adoptó una reforma en 2020 para autorizar todas las formas jurídicas para el ejercicio de la actividad de los abogados y bufetes de abogados, a excepción de las sociedades anónimas. Desde 2017, Italia permite que los abogados constituyan asociaciones multiprofesionales y que las personas que no sean profesionales del Derecho participen en el capital de bufetes de abogados, siempre y cuando el 66 % de las participaciones estén en manos de abogados. Irlanda ha separado los reguladores jurídicos de los abogados del organismo representativo y ha autorizado que las asociaciones de solicitors funcionen como asociaciones de responsabilidad limitada.

Otros Estados miembros han adoptado o están en proceso de adoptar reformas a raíz de medidas coercitivas:

ØEslovenia ha derogado su requisito de nacionalidad para los abogados de la UE cualificados en ese país;

ØChipre ha derogado su requisito de residencia para los abogados de la UE;

ØItalia está en proceso de suprimir la obligación de que los abogados lleven como mínimo cinco casos al año;

ØGrecia ha modificado su legislación para reconocer la formación y experiencia obtenidas en otro Estado miembro para acceder a períodos de prácticas en el ámbito jurídico;

ØFrancia ha adoptado en 2021 un decreto que permite a los abogados que ejerzan ante el Tribunal Supremo de otros Estados miembros con el título de su país de origen acceder a estas actividades en Francia;

ØCroacia está en proceso de adoptar una reforma relativa a las condiciones aplicables a los abogados y bufetes de abogados extranjeros;

ØEspaña está en proceso de adoptar una reforma concerniente a los procuradores que derogaría las tarifas fijas, permitiría las asociaciones multidisciplinarias entre abogados y procuradores, y crearía una única trayectoria educativa para abogados y procuradores.

Las normas sobre el acceso a la profesión jurídica y el ejercicio de esta se encuentran entre las más estrictas del sector de los servicios empresariales. En lo que a la cualificación respecta, en todos los Estados miembros se exige una titulación en Derecho de educación superior, seguida de un período de prácticas obligatorio o de cualificaciones profesionales adicionales y de un examen para la abogacía. La duración total mínima de la educación y la formación para acceder a la profesión oscila entre los cinco años y medio (por ejemplo, en España, Francia, Grecia y Portugal) y los nueve años (como en Eslovenia y Finlandia). En la mayoría de los Estados miembros es obligatorio el desarrollo profesional permanente, excepto en Chequia, Eslovaquia, España, Grecia y Malta, donde es voluntario.

Todos los Estados miembros reservan a los abogados las actividades relativas a la representación de clientes ante las autoridades judiciales, aunque algunos permiten que la actividad se comparta con otras profesiones jurídicas. En Malta, tanto los advocates como los legal procurators pueden representar a sus clientes ante tribunales de instancias inferiores. En España, la representación ante un tribunal se comparte entre los abogados (defensa del cliente) y los procuradores (representación técnica y notificación de documentos a los tribunales). En Polonia, tanto los asesores jurídicos como los abogados pueden representar a los clientes ante los tribunales
[32](#footnote32)
. En Irlanda, los solicitors representan al cliente en los tribunales de instancias inferiores, mientras que los barristers asesoran a los solicitors y pueden defender casos ante todos los tribunales
[33](#footnote33)
.

Algunos Estados miembros imponen requisitos adicionales de cualificación profesional para poder ejercer ante tribunales superiores (Alemania, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia y Países Bajos). Además, algunos de estos países (como Alemania, Bélgica y Francia) imponen restricciones cuantitativas al número de puestos disponibles para ejercer ante los tribunales supremos. Desde 2017, Francia ha incrementado gradualmente el número de puestos disponibles y, en 2021, ha adoptado un decreto que autoriza, con arreglo a determinadas condiciones, el acceso a estas actividades por parte de abogados de otros Estados miembros que ejerzan con el título de su país de origen.

En muchos Estados miembros, se han establecido proveedores nuevos que prestan servicios jurídicos empleando algoritmos y soluciones de aprendizaje automático. Estos avances son objeto de intensos debates y han dado lugar a procesos judiciales ante la dificultad de determinar qué constituye asesoramiento jurídico en ámbitos como las consultas jurídicas en línea, el cobro de deudas y la elaboración automática de documentos jurídicos. Al mismo tiempo, estos avances han incitado a los profesionales de la justicia a reivindicar una adaptación del marco normativo para facilitar la adopción de tales soluciones técnicas al servicio del Derecho. En Alemania, se han elaborado proyectos de ley con el fin de promover en el mercado los servicios jurídicos de uso fácil para el consumidor abriendo determinados servicios jurídicos a los operadores de tecnología al servicio del Derecho y garantizando a la vez la igualdad de condiciones entre los abogados y los proveedores de servicios de cobro de deudas.

La mayoría de los Estados miembros imponen estrictas normas de incompatibilidad y restricciones multidisciplinarias
[34](#footnote34)
. Todos los Estados miembros disponen de una norma general para evitar conflictos de intereses o normas detalladas sobre incompatibilidades que prohíben el ejercicio de determinadas actividades como el comercio o el empleo asalariado, a excepción de las permitidas explícitamente (por ejemplo, la enseñanza o la investigación). Las restricciones multidisciplinarias van desde la prohibición total (como en Chequia, Letonia y Lituania) hasta la autorización de determinadas actividades multidisciplinares con un número limitado de profesiones (Alemania, Francia y Países Bajos). En Estonia, los abogados pueden participar en la gestión de una empresa cuando dicha participación sea compatible con las actividades profesionales de un advokaat y no comprometa la independencia del abogado. En Francia, los profesionales pueden fundar una société pluriprofessionnelle d’exercice que agrupe diversas profesiones jurídicas y contables. En Bélgica, los abogados pueden organizar determinadas formas de cooperación con un número limitado de profesiones distintas, pero no pueden adoptar la forma de sociedad de responsabilidad limitada. 

En lo referente a las formas jurídicas autorizadas para el ejercicio de la abogacía, muchos Estados miembros permiten un amplio abanico de formas jurídicas, excluyendo no obstante determinadas formas (como la sociedad anónima en Austria o las formas comerciales en Francia, o con la restricción de que no pueden cotizarse acciones en la bolsa de valores en Bélgica). Por lo general, se permiten asociaciones simples y, en muchos Estados miembros, los servicios profesionales también pueden prestarse en forma de sociedad profesional. Varios países permiten a los abogados constituirse como una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia y Francia. En noviembre de 2019, Irlanda incorporó normativas para permitir a las asociaciones de solicitors constituirse como asociaciones de responsabilidad limitada. A raíz de una reforma llevada a cabo en 2020, Austria amplió la gama de formas jurídicas disponibles para los bufetes de abogados, a excepción de las sociedades anónimas. No obstante, en la mayoría de los Estados miembros los abogados no pueden constituir sociedades de responsabilidad limitada.

La posibilidad de constituir un bufete de abogados bajo una forma jurídica específica está estrechamente relacionada con los requisitos de participación en el capital y los derechos de voto. La gran mayoría de los Estados miembros exigen que todo el capital esté en manos de abogados. En algunos Estados miembros, también existen limitaciones al número de bufetes de abogados en los que un mismo abogado puede ser accionista, a saber, en Estonia o Hungría un abogado únicamente puede ser accionista de un solo bufete. Un número limitado de Estados miembros permiten la participación de no abogados en bufetes de abogados. En España, está permitido que la titularidad de los bufetes esté en manos de no abogados (hasta un 49 %
[35](#footnote35)
), al igual que en Francia, si bien únicamente se admiten profesiones jurídicas y contables, en Italia (hasta un 34 %), en Polonia (pero solo se admiten profesiones jurídicas) y en los Países Bajos (pero solo notarios, agentes de la propiedad industrial y asesores fiscales). En Alemania, más del 50 % de las acciones de una empresa deben estar en manos de abogados y solo otros profesionales juristas o contables pueden ser accionistas. En Dinamarca y Suecia, como máximo un 10 % de las acciones pueden estar en manos de no abogados. Ningún Estado miembro permite la participación puramente financiera. En Alemania, una propuesta de reforma de enero de 2021 plantea eximir de la mayoría de los requisitos aplicables a los consejos de bufetes de abogados
[36](#footnote36)
, autorizar las sociedades limitadas unipersonales y permitir a todas las profesiones liberales constituir una empresa junto con abogados y ser accionistas.

En la inmensa mayoría de los Estados miembros, los abogados pueden publicitar sus servicios, siempre que las comunicaciones se atengan a la ética profesional. Sin embargo, en Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Malta y Polonia, los abogados siguen estando sujetos a una prohibición total, en contravención del artículo 24 de la Directiva 2006/123/CE.

El acuerdo libre del importe de las tarifas entre el abogado y el cliente parece ser la norma en la gran mayoría de los Estados miembros. No obstante, en Bulgaria, Chipre, Croacia, Grecia y Polonia, los abogados deben ajustarse a unas tarifas fijas o mínimas. Croacia está en proceso de incluir la posibilidad de establecer excepciones a dichos honorarios mínimos fijos mediante acuerdo escrito entre el cliente y el abogado. Un cambio legislativo pendiente de aplicarse en España suprimirá las tarifas mínimas de los procuradores.

Recomendaciones

Todos los Estados miembros que reserven el asesoramiento jurídico exclusivamente a los abogados deberían velar por que los servicios jurídicos puedan evolucionar e innovar con el desarrollo de soluciones digitales, sin que un espectro excesivamente amplio de actividades reservadas lo dificulte. Bulgaria debería mantener un régimen abierto de servicios jurídicos.

Todos los Estados miembros deberían evaluar los requisitos de forma jurídica y de participación en el capital, las normas de incompatibilidad y las restricciones multidisciplinarias, teniendo en cuenta en particular la necesidad de innovar y de desplegar soluciones digitales y modelos de negocio emergentes. Irlanda debería adoptar todas las medidas de ejecución de la Ley de 2015 de Regulación de los Servicios Jurídicos, a fin de permitir a los abogados prestar servicios multidisciplinarios.

Alemania y Bélgica deberían introducir más transparencia y revisar la proporcionalidad de las normas de acceso para los abogados que deseen ejercer ante sus respectivos tribunales supremos, y, en particular, aclarar las normas aplicables a los abogados de la UE. Alemania debería revisar la necesidad de mantener las restricciones de edad mínima para ejercer ante el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal (Bundesgerichtshof), en lugar de medidas que parecen más adecuadas para alcanzar los objetivos establecidos, tales como la experiencia profesional.

Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Malta y Polonia deberían suprimir todas las prohibiciones totales de las comunicaciones comerciales de abogados.

II.5.
   Agentes de la propiedad industrial

La profesión de agente de la propiedad industrial
[37](#footnote37)
 está regulada en todos los Estados miembros salvo dos; únicamente Dinamarca y Malta no regulan este servicio empresarial
[38](#footnote38)
.

Gráfico 6. Indicador del efecto restrictivo: agentes de la propiedad industrial
[39](#footnote39)
 

![](./../../../resource.html?uri=comnat:COM_2021_0385_FIN.SPA.xhtml.COM_2021_0385_FIN_SPA_22007.jpg)

Fuente: Comisión Europea, 2021.

El gráfico 6 muestra la posición relativa de los Estados miembros en términos de grado de restricción para el acceso a la profesión de agente de la propiedad industrial y su ejercicio, de acuerdo con el indicador actualizado del efecto restrictivo. El indicador se ha revisado ligeramente respecto a 2017 para captar mejor el alcance de las actividades reservadas a los agentes de la propiedad industrial, así como el grado de restricción de otros tipos de requisitos.

La necesidad de conocimientos especializados acerca de leyes de propiedad intelectual y aspectos técnicos de las innovaciones a menudo de gran complejidad, así como el deseo de proteger a los clientes (por ejemplo, los titulares de derechos) frente a la gestión indebida de los procedimientos, podrían constituir razones válidas para regular la profesión, pero las normas sobre el acceso a la profesión y su ejercicio deben ser proporcionadas. Por ello, en 2017 la Comisión formuló una serie de recomendaciones para la profesión de agente de la propiedad industrial centradas en el alcance de las actividades reservadas, en los múltiples niveles de medidas reglamentarias —por ejemplo, exigir varios años de experiencia profesional o formación profesional además de los requisitos de formación básica—, en los requisitos de participación en el capital y las restricciones al ejercicio conjunto, así como en las restricciones aplicables a situaciones transfronterizas.

Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó, en un asunto relativo a las normas aplicables en Austria a los agentes de la propiedad industrial, que el requisito en materia de domicilio social, así como las normas multidisciplinarias y sobre la participación en el capital, incumplían los artículos 14, 15 y 25 de la Directiva de servicios
[40](#footnote40)
.

Según la información disponible, desde las recomendaciones de 2017, se han promulgado reformas de alcance diverso en Alemania, Austria, Bélgica, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania y Polonia.

Entre los avances positivos, cabe señalar que Austria llevó a cabo una reforma en 2019 que tenía en cuenta algunas de las recomendaciones, como la apertura de los requisitos en materia de formación y la ligera reducción de la duración de la experiencia profesional previa requerida. Además, relajó las normas sobre la participación en el capital, suprimió las normas sobre los derechos de voto y retiró determinadas restricciones al ejercicio conjunto. En mayo de 2021, Austria adoptó modificaciones adicionales para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal anteriormente citada.

Hungría también ha liberalizado recientemente las normas relativas a restricciones respecto a las cuales la Comisión había recomendado efectuar una evaluación de la proporcionalidad. Si bien en las empresas profesionales el 75 % de las participaciones debían estar en manos de agentes de la propiedad industrial, Hungría ha reducido este requisito a la tenencia de «más del 50 %». Por lo que respecta a las oficinas de agentes de la propiedad industrial, ha reducido el requisito de participación en el capital del 100 % al requisito de que solo una de las personas físicas que puedan ser socias sea agente de la propiedad industrial y director de la oficina. En ambos casos, los agentes de la propiedad industrial deben seguir reuniendo dos tercios de los votos. Hungría ha modificado las normas que regulan la posibilidad de prestar servicios multidisciplinarios suavizando la prohibición de prestar otros servicios.

Polonia ha modificado las normas relativas a las tarifas a raíz de los procedimientos de infracción puestos en marcha por la Comisión y ha eliminado las tarifas mínimas.

Por último, como consecuencia de las medidas coercitivas de la Comisión, Alemania traspuso la Directiva 2013/55/UE a fin de que la profesión de agente de la propiedad industrial fuera conforme con el Derecho de la UE.

Una serie de países han decidido incorporar normas nuevas, entre ellos Grecia y Letonia, que han introducido la profesión de agente de la propiedad industrial. Si bien en Letonia anteriormente la profesión no estaba regulada, en Grecia el registro de patentes y marcas antes de la reforma estaba reservado a los abogados, que también gozaban del derecho exclusivo de ofrecer asesoramiento jurídico, entre otras cosas sobre cuestiones relacionadas con la legislación en materia de patentes y marcas. Por ello, ahora estas actividades se comparten entre los abogados y la profesión recientemente creada de agente de la propiedad industrial.

Una nueva ley en Bélgica ha introducido requisitos adicionales, como la protección del título, la afiliación obligatoria ligada a tasas de afiliación, el seguro obligatorio y obligaciones de desarrollo profesional permanente. Aunque algunas secciones de esta nueva ley entraron en vigor el 2 de diciembre de 2020, las disposiciones que rigen los requisitos adicionales aún no han entrado en vigor, dado que requieren la adopción de un real decreto.

Estonia ha añadido también nuevos requisitos, como mayores requisitos de formación, una nueva colegiación obligatoria que implica obligaciones de desarrollo profesional permanente y la protección del título de los miembros del colegio. El requisito de contar con una experiencia profesional relativamente larga, de cuatro años, no se ha modificado.

Si bien Lituania ha revisado sus requisitos de cualificación para los agentes de la propiedad industrial (patentinis patiketinis) y reducido el requisito de experiencia profesional previa, al mismo tiempo ha introducido la protección del título, el registro obligatorio en un colegio profesional, una obligación de desarrollo profesional permanente y un seguro de responsabilidad profesional obligatorio.

El alcance de las actividades reservadas difiere entre los Estados miembros, y en algunos casos sigue siendo bastante amplio. Este es el caso, en particular, de Austria, Estonia y Hungría. Las reservas incluyen el asesoramiento y la representación ante la Oficina de Patentes u otras autoridades administrativas, la elaboración de documentos jurídicos sobre cuestiones de propiedad intelectual y la representación de clientes ante los tribunales en asuntos relacionados con la propiedad intelectual (aunque en Austria estos servicios pueden prestarlos tanto abogados como notarios). En Estonia, los agentes de la propiedad industrial tienen asimismo la facultad de certificar traducciones y copias de documentos sobre propiedad industrial que deban presentarse a las autoridades (actividad que comparten con los notarios y los traductores jurados).

En Chipre, que no cuenta con una profesión independiente de agente de la propiedad industrial, estos servicios están reservados exclusivamente a los abogados.

Se exige una experiencia profesional previa en numerosos Estados miembros, pero la duración varía desde los dos años (Bulgaria) hasta los seis años y medio (Austria). El período de prácticas bajo la supervisión de un agente de la propiedad industrial se exige en determinados Estados miembros (Alemania, Bélgica, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Polonia). La duración total de la formación requerida oscila entre los tres años en Portugal (donde tampoco se exige un período de prácticas ni experiencia previa) y los siete años en Alemania (donde, además, se exige un período de prácticas de tres años). Los múltiples años de experiencia profesional y de formación deben evaluarse a la luz del hecho de que los servicios también pueden prestarlos, por ejemplo, abogados sin necesidad de especialización en Derecho de la propiedad intelectual.

Varios Estados miembros establecen requisitos de participación en el capital. Chipre exige que el 100 % de los socios de un bufete de abogados sean abogados, lo cual por consiguiente también afecta a los servicios prestados por los agentes de la propiedad industrial. Alemania y Polonia exigen que los profesionales posean como mínimo el 50 % de las participaciones.

Hungría mantiene (aunque ligeramente revisada) la prohibición de ejercer la profesión de agente de la propiedad industrial a la vez que otras profesiones, mientras que Alemania y Estonia restringen el ejercicio conjunto únicamente a las profesiones jurídicas o contables.

Eslovaquia todavía exige que los titulares de diplomas de otros Estados miembros se sometan a un procedimiento de reconocimiento académico, en lugar de reconocer sus cualificaciones profesionales, antes de poder ejercer esta profesión en el país. La legislación eslovaca prevé el procedimiento de reconocimiento académico para el acceso a profesiones no reguladas por parte de titulares de diplomas extranjeros.

Recomendaciones

Eslovaquia debería garantizar que el procedimiento de reconocimiento que aplica a los titulares de diplomas extranjeros que deseen acceder a la profesión de agente de la propiedad industrial adjunto cumple las disposiciones del TFUE en materia de libre circulación de trabajadores y de no discriminación y la jurisprudencia aplicable.

Alemania debería reconsiderar la necesidad de contar con diferentes niveles de requisitos de cualificación, que exigen, por ejemplo, varios años de experiencia profesional o formación profesional además de formación básica, y debería intentar ofrecer vías alternativas para la obtención de la cualificación.

Austria, Estonia y Letonia deberían revaluar la condición de experiencia profesional previa como requisito para el acceso a la profesión de agente de la propiedad industrial.

Austria, Estonia y Hungría deberían evaluar el alcance de las actividades reservadas para los agentes de la propiedad industrial.

Chipre debería valorar la proporcionalidad de las medidas que reservan las actividades relativas a la propiedad industrial exclusivamente a los abogados.

Alemania, Estonia y Hungría deberían evaluar la proporcionalidad de las restricciones al ejercicio conjunto de la profesión de agente de la propiedad industrial con otras profesiones.

Alemania y Polonia deberían evaluar la proporcionalidad de los requisitos de participación en el capital.

II.6. 
   Agentes de la propiedad inmobiliaria

Con la posible excepción de los países nórdicos
[41](#footnote41)
, la naturaleza y la complejidad de las tareas habitualmente desempeñadas por los agentes de la propiedad inmobiliaria en los países de la UE son muy similares. Se centran en la intermediación entre compradores y vendedores de bienes inmuebles, lo que incluye el asesoramiento (jurídico) sobre determinados aspectos de la transacción. Pese a estas semejanzas, los países de la UE han adoptado enfoques muy distintos respecto a si regular o no la profesión de agente de la propiedad inmobiliaria y cómo hacerlo.

En 2017, tan solo catorce Estados miembros consideraban necesario regular el acceso a la profesión
[42](#footnote42)
. Los países que no lo regulan emplean otros medios para proteger los intereses de los consumidores, como legislación de carácter general en materia de protección de los consumidores y el Derecho civil y penal. Además, la autorregulación y los sistemas de certificación voluntaria son una alternativa a la regulación en algunos países (Alemania, Estonia, Lituania, Países Bajos y Polonia).

Gráfico 7. Indicador del efecto restrictivo: agentes de la propiedad inmobiliaria
[43](#footnote43)
 

![](./../../../resource.html?uri=comnat:COM_2021_0385_FIN.SPA.xhtml.COM_2021_0385_FIN_SPA_22008.jpg)

Fuente: Comisión Europea, 2021.

El gráfico 7 muestra la posición relativa de los Estados miembros en términos de grado de restricción para el acceso a la profesión de agente de la propiedad inmobiliaria y su ejercicio, de acuerdo con el indicador actualizado del efecto restrictivo. El indicador se ha revisado ligeramente respecto a 2017 para captar mejor el alcance de las actividades reservadas a los agentes de la propiedad inmobiliaria, así como el grado de restricción de otros tipos de requisitos.

La amplia variación del nivel de restricción en los distintos Estados miembros ha llevado a la Comisión Europea a cuestionar la justificación y proporcionalidad de algunos de los enfoques más restrictivos. En 2017, la Comisión formuló una serie de recomendaciones para la profesión de agente de la propiedad inmobiliaria centradas en particular en las actividades exclusivamente reservadas, la duración de los requisitos de la cualificación obligatoria, la falta de vías alternativas para acceder a la profesión, las restricciones a la participación en el capital y los derechos de voto, las normas de incompatibilidad, las normativas regionales y la necesidad de un reconocimiento académico de los diplomas.

Desafortunadamente, el seguimiento de estas recomendaciones ha sido muy limitado y la mayoría de los Estados miembros no han realizado ningún esfuerzo real por revaluar la proporcionalidad de los requisitos. Por el contrario, algunos Estados miembros han optado por endurecer sus normativas.

Dos Estados miembros, Chequia y Malta, han comenzado recientemente a regular el acceso a la profesión. Por el momento, estas profesiones recién reguladas no se han notificado en la base de datos de profesiones reguladas, y los Estados miembros en cuestión no han comunicado los resultados de ninguna evaluación previa de la proporcionalidad basada en el marco establecido en la Directiva sobre el test de proporcionalidad. La decisión de introducir normativas nuevas resulta especialmente sorprendente en el caso de Malta, que, según el Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de 2016, cuenta con el mercado inmobiliario que mejor funciona de toda la UE
[44](#footnote44)
.

En 2018, Francia adoptó legislación para proteger el título de agente de la propiedad inmobiliaria.

Si bien Alemania ha descartado sus planes de adoptar una normativa aplicable a los agentes de la propiedad inmobiliaria, Rumanía parece tener la intención de regular el acceso a la profesión.

Por lo que respecta a la formación, la mayoría de los países exige que dure entre dos y tres años, y puede tener que ser completada por un período de prácticas, experiencia laboral o un examen. Esto contrasta con países como Croacia, Finlandia, Hungría, Italia y Malta, que tienen unos requisitos de cualificación relativamente bajos. Salvo Croacia, Finlandia, Hungría, Italia y Suecia, la mayoría de los países cuentan con vías alternativas para obtener las cualificaciones necesarias.

En marzo de 2020, Chipre adoptó una circular en la que se interpretaba la legislación nacional en el sentido de que exige que cualquier persona física vinculada a una agencia inmobiliaria sea un agente de la propiedad inmobiliaria registrado, lo que parece sumar un requisito de participación en el capital del 100 %. En Malta, la nueva normativa limita la forma jurídica bajo la cual los agentes de la propiedad inmobiliaria pueden ejercer su profesión a una sociedad civil. Esto implica que los agentes de la propiedad inmobiliaria no pueden constituir una empresa con personas que no sean profesionales ni con cualquier otro profesional que no esté autorizado como agente de la propiedad inmobiliaria. Bélgica todavía exige que el 60 % de las participaciones y los derechos de voto de las agencias inmobiliarias profesionales estén en manos de profesionales cualificados.

En España, algunas regiones como Cataluña siguen regulando la profesión reservando actividades y protegiendo el título.

Dado que Eslovaquia sostiene que la profesión de agente de la propiedad inmobiliaria no está regulada, los profesionales de otros Estados miembros de la UE que deseen trabajar como agentes de la propiedad inmobiliaria siguen teniendo que someterse a un procedimiento de reconocimiento académico de sus diplomas.

Entretanto, Eslovenia ha suprimido su requisito de ciudadanía.

Recomendaciones

Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Irlanda y Suecia deberían estudiar la posibilidad de abrir a otros profesionales el acceso a las actividades actualmente reservadas con carácter exclusivo a agentes de la propiedad inmobiliaria.

Austria, Bélgica, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Irlanda y Suecia deberían evaluar hasta qué punto la duración de los requisitos de la cualificación obligatoria es indispensable habida cuenta de los servicios que prestan los agentes de la propiedad inmobiliaria y los objetivos de la regulación.

Croacia, Finlandia, Hungría, Italia y Suecia deberían considerar crear vías alternativas de acceso a la profesión.

Bélgica debería evaluar la necesidad de restricciones a la participación en el capital y los derechos de voto.

Chipre y Malta deberían revaluar la justificación y la proporcionalidad del requisito de que los agentes de la propiedad inmobiliaria estén en posesión del 100 % de las participaciones.

Italia debería evaluar la necesidad y la proporcionalidad de la prohibición relativa a las actividades incompatibles.

España debería revisar los reglamentos autonómicos existentes, que pueden ocasionar confusión en relación con el acceso a esta profesión y su ejercicio y podrían crear obstáculos a la movilidad.

Eslovaquia debería eliminar el requisito de que los titulares de cualificaciones de otros Estados miembros de la UE se sometan a un procedimiento de reconocimiento académico de diplomas.

II.7. 
   Guías turísticos

La profesión de guía turístico todavía está regulada en dos tercios de los Estados miembros, concentrados claramente desde el punto de vista geográfico en el sur y el este de Europa.

Gráfico 8. Indicador del efecto restrictivo: guías turísticos
[45](#footnote45)
 

![](./../../../resource.html?uri=comnat:COM_2021_0385_FIN.SPA.xhtml.COM_2021_0385_FIN_SPA_22009.jpg)

Fuente: Comisión Europea, 2021.

El gráfico 8 muestra la posición relativa de los Estados miembros en términos de grado de restricción para el acceso a la profesión de guía turístico y su ejercicio, de acuerdo con el indicador actualizado del efecto restrictivo. El indicador se ha revisado ligeramente respecto a 2017 para captar mejor el alcance de las actividades reservadas a los guías turísticos y el grado de restricción de otros tipos de requisitos.

Ni Bélgica ni Bulgaria han indicado esta profesión en la base de datos de profesiones reguladas, pero es evidente que ambos Estados miembros la regulan desde 2016 como mínimo.

Las recomendaciones de 2017 se centraban en la justificación y proporcionalidad de la regulación de la profesión, así como en la revisión y evaluación del alcance de las actividades reservadas. A los Estados miembros con diversas normativas regionales se les solicitó que examinaran detenidamente la fragmentación de las normas y el ámbito geográfico de las autorizaciones de los guías turísticos. Por último, la Comisión invitó a los Estados miembros a que revisaran las listas que reservaban el derecho a trabajar en un significativo número de lugares de interés turístico a los titulares de autorizaciones específicas.

La Comisión recomendó a todos los Estados miembros que regulaban esta profesión valorar si ello era necesario o si con unas normas menos restrictivas podía lograrse el objetivo de proteger el patrimonio cultural, histórico, arqueológico y artístico y su debida apreciación. Estas consideraciones, alegadas por los Estados miembros para justificar la regulación, fueron reconocidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como razones imperiosas de interés general que pueden justificar una restricción. Sin embargo, la proporcionalidad de tales normas debe evaluarse cuidadosamente. Por ello, los Estados miembros solo deben imponer normas y obligaciones sobre el acceso a la profesión de guía turístico y su ejercicio si son claramente necesarias para prevenir daños a la riqueza cultural de un Estado miembro.

Ninguno de los Estados miembros que regulan la profesión han informado a la Comisión de haber efectuado una revisión, y la Comisión advierte que solo se han llevado a cabo reformas muy limitadas.

En Eslovenia, aunque la profesión sigue estando regulada con un amplio espectro de actividades reservadas, los requisitos de acceso se simplificaron al eliminar las condiciones previas para presentarse al examen estatal.

Lituania modificó la normativa de los guías turísticos en 2018, pero, a pesar de las recomendaciones, los requisitos que rigen el acceso a la profesión se endurecieron, en particular por lo que respecta al alcance de las actividades reservadas. No obstante, Lituania relajó varios requisitos, por ejemplo, al suprimir la parte teórica del examen estatal.

Croacia adoptó a finales de 2017 una nueva Ley sobre Servicios Turísticos. Sin embargo, las modificaciones no daban respuesta a ninguna de las preocupaciones planteadas por la Comisión respecto a los guías turísticos, e incluso parecen haber empeorado la situación. La nueva ley, no obstante, suprimió el requisito de demostrar «capacidad empresarial».

Grecia no ha acometido ninguna reforma, pero, desde 2017, las Escuelas de Guías Turísticos del Ministerio de Turismo funcionan de nuevo ofreciendo un programa de dos años para obtener un título. La matriculación en estas escuelas está sujeta a condiciones y restricciones. Francia ha suavizado ligeramente sus restricciones y facilitado el acceso a la profesión al añadir una tercera vía para obtener las cualificaciones profesionales requeridas.

Por último, la Comisión entiende que, en 2021, Chequia ha adoptado una reforma de la profesión de guía turístico que implica su regulación a través de la protección del título. La profesión de guía turístico puede ejercerse únicamente si se dispone de una tarjeta (de grado I o II) situada en un lugar visible y expedida por el Ministerio de Desarrollo Regional previa solicitud. Para obtener una tarjeta de grado II, se exige una cualificación profesional.

Austria, Bulgaria, Eslovenia y Malta reservan una extensísima gama de actividades a los titulares de cualificaciones profesionales específicas. Entre ellas se incluye trabajar como guía para mostrar y explicar la situación social y política del país en un contexto nacional o internacional o, a veces incluso, como guía durante acontecimientos deportivos y sociales o como acompañante de turistas desde el aeropuerto hasta su hotel. Tales restricciones obstaculizan severamente el acceso a estas actividades y deben limitarse a lo estrictamente necesario para proteger el interés público general.

Bulgaria revisó la regulación de la profesión en 2019, pero mantuvo inalterado el alcance de las actividades reservadas. Las modificaciones de la legislación en Eslovenia no han afectado a las normas sobre el alcance de las restricciones. En Austria y Malta no se ha adoptado ninguna modificación.

En Croacia, España e Italia, la profesión está regulada a nivel regional y, por consiguiente, los profesionales pueden tener que obtener distintas cualificaciones y autorizaciones dentro de un mismo Estado miembro si desean prestar sus servicios en más de una región. Estas diferencias dificultan el acceso a la profesión y su ejercicio
[46](#footnote46)
 y podrían suscitar problemas de compatibilidad con el Derecho de la UE, en particular con el artículo 10, apartado 4, de la Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE) y el artículo 7, apartado 2 bis, de la Directiva sobre las cualificaciones profesionales (Directiva 2005/36/CE).

A raíz de un procedimiento de infracción incoado por la Comisión, Croacia anunció que reemplazaría los veintiún exámenes profesionales específicos por provincia por un examen centralizado. España e Italia no han informado a la Comisión de ninguna reforma o aclaración sobre el sistema actual por lo que respecta a la existencia de varias normativas distintas.

En 2016, Bélgica introdujo la protección de los títulos de distintos tipos de guías turísticos en la Región Valona. Si bien la validez de estos títulos está limitada a dicha región, no está previsto un régimen de reconocimiento mutuo específico para guías turísticos de las otras dos regiones, dado que Bruselas y la Región Flamenca no estiman necesario regular la profesión.

En Eslovenia, los municipios todavía pueden establecer las condiciones del acceso a la profesión en una zona turística determinada y garantizar la protección del título de quienes reúnan esas condiciones. Puesto que las actividades reservadas a los guías turísticos se determinan a nivel municipal, dichas reservas podrían variar en gran medida dentro del país.

Croacia y Francia mantienen listas de lugares en los que el trabajo de guía está reservado a los titulares de cualificaciones específicas. Esto podría dar lugar a una fragmentación del mercado y suponer una carga significativa para los proveedores de servicios de otros Estados miembros que acompañan a turistas a través de diferentes partes de un país y que no limitan la prestación de sus servicios a un lugar particular. Dichas listas, en particular si engloban un número significativo de lugares de interés turístico, dan lugar a restricciones injustificadas si los motivos por los que se ha incluido un lugar determinado no se han evaluado debidamente.

Si bien Francia solo permite que trabajen guías turísticos cualificados en un determinado número de monumentos históricos, la legislación de Croacia incluye una extensa lista de localidades y emplazamientos protegidos (que incluyen la mayoría de las atracciones turísticas croatas más destacadas) para los cuales se exige que los guías turísticos superen uno o varios exámenes distintos. Esto implica que un guía turístico que desee trabajar en lugares protegidos diseminados por toda Croacia necesitaría aprobar hasta veintiún exámenes distintos específicos por cada provincia, los cuales suelen organizarse de forma independiente en cada una de ellas y requieren que el candidato pague una tasa por examen. Malta utiliza una lista similar de lugares protegidos.

A raíz de los procedimientos de infracción incoados por la Comisión, Croacia anunció que reduciría considerablemente el número de emplazamientos incluidos en la lista de lugares protegidos, que actualmente engloba la mayoría de los principales atractivos turísticos.

En 2017, Italia derogó su lista de 2015, que reservaba un significativo número de lugares de interés turístico a los titulares de autorizaciones específicas, a raíz de una resolución dictada por un tribunal administrativo.

Recomendaciones

Todos los Estados miembros que regulan esta profesión deberían considerar la justificación y proporcionalidad de dicha regulación.

Austria, Bulgaria, Eslovenia y Malta deberían examinar la posibilidad de introducir una definición más precisa de las actividades reservadas, habida cuenta su alcance muy amplio o indeterminado.

Croacia, Eslovenia e Italia deberían aclarar el marco normativo por el que se rigen los guías turísticos, dadas las distintas normativas regionales que parecen obstaculizar el acceso al mercado y que afectan a los proveedores de servicios nacionales, así como, en algunas ocasiones, a los que prestan servicios temporales.

Croacia y Malta deberían revisar la lista de lugares reservados a los titulares de cualificaciones específicas y considerar la proporcionalidad de cada restricción.

España debería: i) revisar el acceso a la actividad de guía turístico, que actualmente difiere entre las comunidades autónomas, lo cual limita el acceso a la profesión y su ejercicio para los proveedores de servicios establecidos, así como para los que prestan servicios temporales; ii) garantizar la validez a escala nacional de las autorizaciones.

III. 
   Medidas de seguimiento

La anterior exposición general revela que, pese a las orientaciones específicas proporcionadas por la Comisión en sus recomendaciones de reforma de 2017, los Estados miembros no han realizado grandes avances en la revaluación y eliminación de la regulación profesional injustificada o desproporcionada. La presente Comunicación tiene por objetivo apoyar y reforzar los esfuerzos a nivel nacional en favor de la adecuación de las normativas, y complementa otras iniciativas de la UE, como la actualización del nuevo modelo de industria de 2020, indicando ámbitos específicos con niveles de regulación comparativamente elevados y señalando posibilidades concretas de aumentar la competitividad del mercado único de servicios.

La Comisión tiene previsto dar seguimiento a dichas recomendaciones supervisando estrechamente la actuación de los Estados miembros en este ámbito y manteniendo un diálogo permanente con las partes interesadas, en particular a través de sus grupos de expertos. El progreso de las reformas o la falta de ello será asimismo un tema clave recurrente del diálogo con los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En caso de que las normas nacionales incumplan manifiestamente el Derecho de la UE, la Comisión se dirigirá a los Estados miembros de que se trate y, de ser necesario, adoptará medidas coercitivas. La Comisión tiene intención de seguir actualizando las recomendaciones de reforma cuando sea necesario y resulte adecuado. Asimismo, se estudiará la posibilidad de desarrollar indicadores adicionales y de ampliar el ámbito de aplicación a otras profesiones económicamente importantes.

Las recomendaciones y su seguimiento son complementarias a las acciones anunciadas en la actualización del nuevo modelo de industria de 2020
[47](#footnote47)
. Estas acciones podrían abordar ámbitos económicos similares y facilitarán la permeabilidad del mercado único, entre otras cosas estudiando enfoques novedosos que se desarrollarán dialogando con los Estados miembros y las partes interesadas, en particular una evaluación de las ventajas de adoptar normas armonizadas en aquellos servicios en los que puedan aportar un valor añadido
[48](#footnote48)
.

:   [(1)](#footnoteref1)

    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a las recomendaciones para la reforma de la regulación de los servicios profesionales [COM(2016) 820], acompañada por el documento SWD(2016) 436.
:   [(2)](#footnoteref2)

    SWD(2021) 351, Informe anual sobre el mercado único de 2021, que acompaña el documento COM(2021) 350, «Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa».
:   [(3)](#footnoteref3)

    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, «Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa» [COM(2021) 350].
:   [(4)](#footnoteref4)

    Plan de acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único [COM(2020) 94 final].
:   [(5)](#footnoteref5)

     Véase: 
    <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/>
    .
:   [(6)](#footnoteref6)

    Es decir, el aumento de la contribución indirecta de los servicios a la producción de bienes, ya sea en forma de insumos y actividades dentro de las empresas o de resultados ligados a los bienes. Por ejemplo, Copenhagen Economics estima que entre un 25 % y un 60 % del empleo dentro de las empresas manufactureras corresponde a funciones de servicio, y en las exportaciones de bienes de la UE están involucrados en torno a 14 millones de puestos de trabajo del sector de los servicios [Copenhagen Economics, 2018: «Making EU trade in services work for all» (Lograr que el comercio de la UE en el sector de los servicios funcione para todos, documento en inglés)]. Véase: 
    <https://www.copenhageneconomics.com/publications/publication/making-eu-trade-in-services-work-for-all>
    .
:   [(7)](#footnoteref7)

    Los «servicios a las empresas» son sectores que prestan apoyo a las empresas con una serie de actividades, como los servicios jurídicos, de contabilidad o de ingeniería. Si bien los servicios profesionales regulados están presentes en muchos otros sectores de la economía, la mayoría de las profesiones contempladas en la presente Comunicación pertenecen al sector de los servicios a las empresas.
:   [(8)](#footnoteref8)

    Eurostat, 2017.
:   [(9)](#footnoteref9)

    A modo ilustrativo, en torno al 5 % de los insumos totales del sector de la construcción en la UE los aportan servicios de arquitectura e ingeniería (Eurostat, 2019).
:   [(10)](#footnoteref10)

    Consorcio liderado por Prometeia SpA (2021): The impact of regulatory environment on digital automation in professional services [«El impacto del entorno normativo en la automatización digital de los servicios profesionales», documento en inglés]. Estudio para la Comisión Europea. El estudio abarca los servicios jurídicos, de arquitectura, de ingeniería y de contabilidad en doce Estados miembros (BE, HR, FR, DE, IE, IT, NL, PL, PT, RO, ES, SE). Véase: 
    <https://data.europa.eu/doi/10.2873/310173>
    .
:   [(11)](#footnoteref11)

     Ídem.
:   [(12)](#footnoteref12)

    Véase 
    <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/>
    . La base de datos incluye información sobre las profesiones reguladas por la Directiva 2005/36/CE y muestra que unas seiscientas «profesiones genéricas» distintas están sujetas a regulación. Cada profesión genérica suele englobar muchas más profesiones específicas, por lo que la cifra de profesiones reguladas en la UE asciende a cerca de 6 000.
:   [(13)](#footnoteref13)

    Koumenta, M. y M. Pagliero, 2016: Measuring Prevalence and Labour Market Impacts of Occupational Regulation in the EU [«La medición de la prevalencia y las repercusiones en el mercado laboral de la regulación profesional en la UE», documento en inglés]. Véase: 
    <https://ec.europa.eu/growth/content/measuring-prevalence-and-labour-market-impacts-occupational-regulation-eu_en>
    .
:   [(14)](#footnoteref14)

    SWD(2020) 54.
:   [(15)](#footnoteref15)

    COM(2016) 820.
:   [(16)](#footnoteref16)

    Para consultar los detalles metodológicos, véase el correspondiente documento de trabajo de los servicios de la Comisión.
:   [(17)](#footnoteref17)

    JRC (2018): Statistical Audit of the Restrictiveness Index for Seven Regulated Professions [«Auditoría estadística del índice del efecto restrictivo para siete profesiones reguladas», documento en inglés]. Véase: 
    <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/jrc-statistical-audit-restrictiveness-index-seven-regulated-professions>
    .
:   [(18)](#footnoteref18)

    Pelkmans J. (2017): The New Restrictiveness Indicator for Professional Services: an Assessment [«El nuevo indicador del efecto restrictivo para servicios profesionales: una evaluación», documento en inglés]. Estudio para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo. Véase: 
    <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/607349/IPOL_STU(2017)607349_EN.pdf>
    .
:   [(19)](#footnoteref19)

    El indicador muestra el grado general de restricción de la regulación en una escala del cero (menos restrictivo) al seis (más restrictivo). Las puntuaciones de 2017 han sido recalculadas para tener en cuenta ajustes metodológicos y nueva información facilitada por los Estados miembros.
:   [(20)](#footnoteref20)

    Es decir, arquitectos sujetos a procedimientos de acreditación adicionales para desempeñar actividades específicas.
:   [(21)](#footnoteref21)

    En Estonia, cualquier empresa que desee prestar servicios en los sectores de la construcción, el diseño, los peritajes de edificios, las auditorías energéticas, la supervisión de propietarios, las consultorías sobre proyectos de construcción y edificios, y la expedición de certificados energéticos deben inscribirse en el Registro de Actividades Económicas y nombrar a un «coordinador especialista» de ese ámbito en particular.
:   [(22)](#footnoteref22)

    Croacia ha suprimido asimismo los requisitos de colegiación para los encargados. Según las autoridades croatas, se ha eliminado asimismo el requisito relativo a la residencia.
:   [(23)](#footnoteref23)

    Setenta y seis ámbitos de actividad certificables en el sector de la construcción, de los cuales, dieciséis actividades se enmarcan en el ámbito del diseño.
:   [(24)](#footnoteref24)

    Arquitectos con una licencia completa, arquitectos con una licencia de edificación en la especialidad de estructura y construcción, arquitectos con una licencia de edificación en la especialidad de arquitectura, y arquitectos técnicos con una licencia de edificación en la especialidad de arquitectura.
:   [(25)](#footnoteref25)

    Con arreglo a la ley anterior, solo las personas físicas y las empresas de ingeniería civil podían ser socias de una empresa de arquitectos o ingenieros, y únicamente las personas físicas socias de dicha empresa que poseyeran la mayoría de sus participaciones podían ser nombradas administradores y representantes de la empresa.
:   [(26)](#footnoteref26)

    El TJUE dictaminó que Austria no ha formulado ninguna alegación concreta para demostrar que otras medidas menos restrictivas, como la adopción de normas de organización interna de una sociedad multidisciplinaria, prevista por la Comisión en sus alegaciones, no son aptas para garantizar la imparcialidad, la independencia y la integridad de un [arquitecto o ingeniero] que ejerce su actividad en el marco de tal sociedad.
:   [(27)](#footnoteref27)

    El indicador muestra el grado general de restricción de la regulación en una escala del cero (menos restrictivo) al seis (más restrictivo). Las puntuaciones de 2017 han sido recalculadas para tener en cuenta ajustes metodológicos y nueva información facilitada por los Estados miembros.
:   [(28)](#footnoteref28)

    El indicador muestra el grado general de restricción de la regulación en una escala del cero (menos restrictivo) al seis (más restrictivo). Las puntuaciones de 2017 han sido recalculadas para tener en cuenta ajustes metodológicos y nueva información facilitada por los Estados miembros.
:   [(29)](#footnoteref29)

    En Francia, el asesoramiento fiscal está reservado a los abogados, pero los contables expertos pueden brindar este tipo de asesoramiento a sus clientes si se trata de una actividad complementaria vinculada a su actividad contable principal. Los auditores y los notarios también pueden proporcionar asesoramiento fiscal siempre que guarde relación con sus actividades.
:   [(30)](#footnoteref30)

    Basándose en las similitudes en la regulación de la profesión, especialmente mediante la protección del título profesional, los abogados se benefician de dos Directivas específicas: una de ellas concede la posibilidad de prestar servicios de manera temporal u ocasional con el título profesional del país de origen (Directiva 77/249/CEE), y la otra ofrece la posibilidad de establecerse de forma permanente en otro Estado miembro con el título profesional del país de origen (Directiva 98/5/CE). Aunque estas dos Directivas no especifican las actividades reservadas a la profesión en general, hacen referencia a las «actividades de la abogacía», tales como las actividades relativas a la representación de un cliente ante los tribunales o ante las autoridades públicas, así como el asesoramiento jurídico.
:   [(31)](#footnoteref31)

    El indicador muestra el grado general de restricción de la regulación en una escala del cero (menos restrictivo) al seis (más restrictivo). Las puntuaciones de 2017 han sido recalculadas para tener en cuenta ajustes metodológicos y nueva información facilitada por los Estados miembros.
:   [(32)](#footnoteref32)

    Únicamente los asesores jurídicos pueden trabajar en una relación laboral; los abogados no pueden.
:   [(33)](#footnoteref33)

    Un cliente no puede contratar a un barrister directamente; debe hacerlo a través de un solicitor.
:   [(34)](#footnoteref34)

    Véase el asunto C-309/99, Wouters.
:   [(35)](#footnoteref35)

    Cuando la profesión no se considere incompatible con la de abogado.
:   [(36)](#footnoteref36)

    A excepción de las empresas que deseen mantener el título de Rechtsanwaltsgesellschaft.
:   [(37)](#footnoteref37)

    En una serie de Estados miembros, los agentes de la propiedad industrial se denominan abogados de patentes (por ejemplo, en Austria y Alemania, Patentanwälte).
:   [(38)](#footnoteref38)

    La existencia de la cualificación de agente europeo de la propiedad industrial basada en el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, firmado por todos los Estados miembros de la UE, también es digna de mención. Esta cualificación permite al profesional utilizar el mencionado título a la hora de actuar como representante ante la Oficina Europea de Patentes. No obstante, esta cualificación no permite el ejercicio de la profesión de agente de la propiedad industrial en los países signatarios que regulan la profesión.
:   [(39)](#footnoteref39)

    El indicador muestra el grado general de restricción de la regulación en una escala del cero (menos restrictivo) al seis (más restrictivo). Las puntuaciones de 2017 han sido recalculadas para tener en cuenta ajustes metodológicos y nueva información facilitada por los Estados miembros.
:   [(40)](#footnoteref40)

    Sentencia del TJUE de 29 de julio de 2019, Comisión/Austria, C-209/18.
:   [(41)](#footnoteref41)

    En estos países, lo habitual es que no sea obligatorio que intervenga un notario o abogado en el proceso de transmisión de la propiedad, y los agentes de la propiedad inmobiliaria pueden trabajar a lo largo de todo ese proceso, también durante la fase de traspaso de la escritura y de pago.
:   [(42)](#footnoteref42)

    En España existe cierta regulación autonómica de los servicios de los agentes de la propiedad inmobiliaria.
:   [(43)](#footnoteref43)

     El indicador muestra el grado general de restricción de la regulación en una escala del cero (menos restrictivo) al seis (más restrictivo). Las puntuaciones de 2017 han sido recalculadas para tener en cuenta ajustes metodológicos y nueva información facilitada por los Estados miembros.
:   [(44)](#footnoteref44)

    Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de 2016, disponible en: 
    <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer_markets_scoreboard_2016_en.pdf>
    .
:   [(45)](#footnoteref45)

    El indicador muestra el grado general de restricción de la regulación en una escala del cero (menos restrictivo) al seis (más restrictivo). Las puntuaciones de 2017 han sido recalculadas para tener en cuenta ajustes metodológicos y nueva información facilitada por los Estados miembros.
:   [(46)](#footnoteref46)

    Véase también el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre los resultados de los controles de funcionamiento del mercado interior de servicios SWD(2012) 147 que acompaña a la Comunicación de la Comisión sobre la implementación de la Directiva de servicios COM(2012) 261.
:   [(47)](#footnoteref47)

    COM(2021) 350.
:   [(48)](#footnoteref48)

    Estas iniciativas podrían concernir a otros sectores de servicios distintos de los contemplados en la presente Comunicación, en función de los resultados de la evaluación exploratoria que se llevará a cabo.

[Top](#document1)