Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 16.7.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 286/70 |

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de Servicios Digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE

[COM(2020) 825 final — 2020/0361 (COD)]

(2021/C 286/13)

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| Ponente: | Gonçalo LOBO XAVIER |

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| Consulta | Consejo de la Unión Europea, 11.2.2021  Parlamento Europeo, 8.2.2021 |
| Fundamento jurídico | Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Mercado Único, Producción y Consumo |
| Aprobado en sección | 31.3.2021 |
| Aprobado en el pleno | 27.4.2021 |
| Pleno n.o | 560 |
| Resultado de la votación  (a favor/en contra/abstenciones) | 2353/5 |

1.   Conclusiones y recomendaciones

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|  | 1.1. | El CESE acoge favorablemente la propuesta de un mercado único de servicios digitales (Ley de Servicios Digitales) en un momento en el que han surgido nuevos e innovadores servicios (digitales) de la sociedad de la información que han cambiado la vida cotidiana de los ciudadanos de la UE y que configuran y transforman la manera en que estos se comunican, se conectan, consumen y hacen negocios. Estos servicios han contribuido en gran medida a la transformación social y económica en la UE y en el mundo, y la crisis de la COVID-19 ha demostrado lo cruciales que son para crear una sociedad mejor. |

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|  | 1.2. | El CESE apoya los esfuerzos de la Comisión por evitar que el mercado interior se vea fragmentado por una proliferación de normas y reglamentaciones nacionales que podrían socavar el sistema e impedir que todas las empresas europeas se beneficien de un mercado único sólido. El CESE pide por ello una declaración clara sobre el carácter exhaustivo de la Ley de Servicios Digitales. El CESE considera que se trata de una oportunidad para establecer normas globales destinadas a los mercados digitales que puedan conducir a Europa a esta nueva era y garantizar a los consumidores un alto grado de seguridad y protección en línea. |

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|  | 1.3. | El CESE es consciente de que el debate sobre la Ley de Servicios Digitales llevará tiempo y que será necesario llegar a compromisos a largo plazo. A pesar de ello, el CESE pide a la Comisión y a los Estados miembros que fijen un calendario razonable para entablar el debate, lanzar una consulta pública inclusiva y aplicar el Reglamento y la estrategia. Es fundamental que los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñen un papel en este proceso a fin de lograr unas condiciones de competencia equitativas para todos los agentes, independientemente de que estén o no establecidos en la Unión Europea. |

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|  | 1.4. | El CESE también considera que, dada la importancia de las tecnologías digitales, la necesidad de nuevas normas y reglamentaciones para resolver los problemas y retos de estas tecnologías se ha convertido en una prioridad. Una nueva economía requiere nuevos enfoques. |

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|  | 1.5. | El CESE acoge con satisfacción la mayor transparencia sobre los sistemas de recomendación y publicidad. Sin embargo, estos sistemas de recomendación no deben ser demonizados, sino que es preciso garantizar que los consumidores obtengan solo la publicidad que desean. Por lo tanto, las normativas deberían hacer hincapié en la autonomía individual, y el CESE considera que los artículos 29 y 30 del Reglamento deberían lograr en consecuencia un equilibrio adecuado. |

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|  | 1.6. | El CESE señala que existen muchas deficiencias en relación con el principio del país de origen y pide que se examinen cuidadosamente métodos alternativos, como el principio del país de destino, especialmente en materia fiscal, laboral y de consumo, a menos que exista una normativa más estricta a escala de la UE para garantizar una competencia leal y el mayor nivel posible de protección de los consumidores. Debe garantizarse que se apliquen al trabajador de la plataforma las mismas disposiciones en materia de Derecho laboral vigentes en el país en el que se preste el servicio, ya que las malas condiciones de trabajo de los empleados se han vuelto sumamente problemáticas para la competencia leal. El objetivo general es hacer cumplir y reforzar el mercado interior garantizando la igualdad de condiciones para todos los agentes. |

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|  | 1.7. | Las obligaciones de transparencia no deben impedir los avances tecnológicos, en particular en el ámbito de la inteligencia artificial y la informática. Aunque una IA poco transparente plantea riesgos, la IA en sí también puede aportar beneficios significativos. El CESE insiste en la necesidad de garantizar que la ley se perfeccione y no obstaculice el progreso técnico, teniendo en cuenta el mayor nivel posible de protección de los consumidores y los trabajadores. Pide que se desarrolle un marco adecuado que permita a las empresas confirmar la equidad, fiabilidad y seguridad de sus sistemas de IA. |

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|  | 1.8. | La exención de responsabilidad por alojamiento solo debe dejarse de aplicar en el caso de contenidos que sean claramente ilegales o hayan sido declarados ilegales por resolución judicial. El CESE recomienda establecer un régimen de responsabilidad positiva para los mercados en línea que sea de aplicación en determinadas circunstancias. |

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|  | 1.9. | Las definiciones utilizadas deben racionalizarse y, en la medida de lo posible, armonizarse con los textos jurídicos conexos, como la Ley de Mercados Digitales, la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital y el Reglamento sobre las relaciones entre las plataformas y las empresas. |

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|  | 1.10. | La Ley de Servicios Digitales forma parte de un enfoque regulador más amplio en relación con la economía de plataformas, el cual también debe abordar la fiscalidad, los derechos de los trabajadores (incluidos la protección social, la salud y la seguridad, el derecho de sindicación y de negociación colectiva), la distribución de la riqueza, la sostenibilidad y la seguridad de los productos. El CESE llama la atención sobre la enorme tarea de lograr una coordinación adecuada entre todos los instrumentos e iniciativas pertinentes, en particular en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, las telecomunicaciones, los datos y la privacidad, la responsabilidad por productos defectuosos, la seguridad de los productos, el sector audiovisual y, por supuesto, la Directiva sobre el comercio electrónico. Es necesario tener una visión general de cómo pueden integrarse estas diferentes perspectivas que afectan a la Ley de Servicios Digitales. |

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|  | 1.11. | El CESE seguirá prestando especial atención a la fiscalidad, la gobernanza de los datos, la situación profesional, las condiciones de trabajo y la protección de los consumidores, ya que son factores importantes que influyen en la competencia a veces desleal de las economías digitales. El Comité subraya que estos retos deben abordarse a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda Digital, la Carta de los Derechos Fundamentales y el pilar europeo de derechos sociales. |

2.   Observaciones generales

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|  | 2.1. | Las tecnologías digitales pueden ser cruciales en nuestra vida cotidiana. Pueden resultar de gran utilidad para la sociedad y la economía, y ahora se reconoce universalmente que son indispensables para el funcionamiento del mercado y la manera en que nos relacionamos entre nosotros, con beneficios reales para la comunidad en general. Sin embargo, los servicios digitales también han planteado retos importantes para las personas, la sociedad y el mercado. Una Europa más justa depende de una regulación adecuada del sector digital y de garantizar una distribución apropiada de esos beneficios y una protección adecuada de todos los participantes en el mercado (ciudadanos, consumidores, trabajadores y empresas, independientemente de su tamaño). |

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|  | 2.2. | La respuesta de la Comisión a una serie de documentos, hitos de jurisprudencia y llamamientos —en los que, por una parte, se defiende una reforma ambiciosa del actual marco jurídico del comercio electrónico en la UE en la que, no obstante, se mantengan los principios esenciales de su régimen de responsabilidad, la prohibición de imponer una obligación general de supervisión y la cláusula de mercado interior y, por otra parte, se pide un mercado digital modernizado, competitivo y más equitativo— se centra en dos ámbitos principales: la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. |

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|  | 2.3. | Con la Ley de Servicios Digitales, la UE debería garantizar un alto nivel de protección de los consumidores europeos en varios aspectos de la economía digital, especialmente en las plataformas digitales en línea. Entre los aspectos más importantes y polémicos de esta propuesta se cuentan la lucha contra los contenidos ilícitos y el aumento de la transparencia sobre la forma en que la publicidad se dirige al público. |

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|  | 2.4. | Con la Ley de Mercados Digitales la Comisión se centra en el funcionamiento del mercado digital europeo, al tiempo que intenta hacerlo más equilibrado, competitivo e innovador a fin de proporcionar a las personas más y mejores servicios mediante la creación de unas condiciones de competencia equitativas para todos los participantes en el mercado. |

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|  | 2.5. | Por consiguiente, el CESE acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión por regular en mayor medida la economía digital y hacerla fiable para la sociedad y la economía. Los ciudadanos, los trabajadores y los operadores económicos, especialmente las personas vulnerables y las pymes, necesitan salvaguardas en sus relaciones con las plataformas digitales, y la seguridad debe garantizarse en todas las operaciones, tanto en términos de contenido como de transacciones económicas e incluso de derechos de propiedad intelectual e industrial. |

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|  | 2.6. | Las normas de la UE sobre el ciberespacio son cada vez más complejas y fragmentarias. Debe hacerse un esfuerzo por aumentar su legibilidad y coherencia. Unas normas excesivamente complejas pueden ser malas tanto para las empresas como para los ciudadanos y frenar la innovación, aumentar los costes y dificultar que las personas ejerzan sus derechos. Por ello, el CESE acoge favorablemente la intención de la Comisión de coordinar y racionalizar los aspectos procedimentales de las normas de ejecución en los Estados miembros y aplaude, asimismo, la elección de un instrumento jurídico directamente aplicable. |

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|  | 2.7. | El CESE hace hincapié en que la Ley de Servicios Digitales debe ser coherente con el posible marco jurídico que aborde otras cuestiones pertinentes relacionadas con la economía de las plataformas, como los derechos de los trabajadores (incluidos la protección social, la salud y la seguridad, el derecho de organización y negociación colectiva) [(1)](#ntr1-C_2021286ES.01007001-E0001), la distribución de la riqueza y la fiscalidad y la sostenibilidad, y destaca la necesidad de abordar estos retos a escala europea y a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda Digital, la Carta de los Derechos Fundamentales y el pilar europeo de derechos sociales. Entre las futuras iniciativas de la Comisión, el Comité Económico y Social Europeo prestará especial atención a la fiscalidad, la gobernanza de los datos, la situación profesional, las condiciones de trabajo y la protección de los consumidores, ya que son factores importantes que influyen en la competencia a veces desleal de las economías digitales. |

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|  | 2.8. | La regulación del ciberespacio debe tener perspectivas de futuro y ser tan tecnológicamente neutra como sea posible. Esto proporcionará claridad y brindará oportunidades de mercado para todos, al mismo tiempo que se presta especial atención a la protección y la seguridad de los consumidores. |

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|  | 2.9. | Es importante que, en el ámbito de la fiscalidad digital, la Comisión adopte iniciativas en el marco de los debates internacionales aportando principios de equidad y transparencia, distribución de la riqueza y sostenibilidad, y la Comisión subraya la necesidad de abordar estas cuestiones a escala europea y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Estrategia Digital, la Carta de los Derechos Fundamentales y el pilar europeo de derechos sociales. |

3.   Observaciones particulares

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|  | 3.1. | Una regulación mejor y más eficiente, entre otras cosas para evitar la competencia desleal, constituye uno de los principales asuntos en esta nueva economía. La Comisión cree claramente —y el CESE la apoya— que son necesarios nuevos medios y enfoques para regular un mercado que no puede utilizar las mismas herramientas y hacer como si nada hubiese pasado. Es un hecho que el marco regulador «normal» de la competencia no es suficiente para afrontar de manera eficiente los retos y dificultades causados por la existencia de las grandes empresas tecnológicas. |

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|  | 3.2. | El CESE pide normas más claras, como las que la Comisión está dispuesta a estudiar sobre la base de un marco regulador simplificado y rápido del mercado interior para el mundo digital. La UE debe actualizar su conjunto de instrumentos reguladores para abordar eficazmente los mercados digitales, así como las cuestiones relativas a las plataformas que actúan como guardianes de acceso. La nueva economía requiere actuar de modo diferente, por lo que el CESE también acoge con satisfacción la iniciativa de la Ley de Mercados Digitales [(2)](#ntr2-C_2021286ES.01007001-E0002). |

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|  | 3.3. | La soberanía digital europea debe tenerse en cuenta en todos los ejercicios normativos con el fin de proteger no solo a las empresas sino también a los trabajadores, consumidores y ciudadanos. La crisis de la COVID-19 ha hecho que la venta de productos inseguros, las evaluaciones falsas, las prácticas comerciales desleales y otras violaciones de la legislación en materia de consumo, la piratería y la falsificación en plataformas digitales hayan aumentado hasta niveles inaceptables. Esto ilustra el valor de la iniciativa de la Ley de Servicios Digitales y la necesidad urgente de actuar. |

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|  | 3.4. | También está claro que los mecanismos de cumplimiento destinados a combatir el fraude y la actividad ilegal asociados a las plataformas digitales representan un reto y garantizan que las empresas que más se benefician de la economía digital también tengan más responsabilidades. El CESE considera que la Ley de Servicios Digitales tiene un papel fundamental que desempeñar para restablecer la confianza en el mercado y conseguir que los Estados miembros definan un mecanismo de cumplimiento rápido y eficiente que se adapte a todos los Estados miembros y tenga en cuenta las diferencias entre ellos. El CESE celebra que la Ley de Servicios Digitales vaya muy probablemente a reducir las deficiencias en materia de cumplimiento en el ámbito de la publicidad en línea ilegal. |

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|  | 3.5. | Sea cual sea el enfoque adoptado en términos de sistemas y mecanismos de cumplimiento, la Comisión y los Estados miembros deben asignar fondos suficientes para invertir en recursos humanos, sistemas de formación y programas y equipos informáticos que puedan reforzar la confianza del mercado y las personas. Por lo tanto, es prioritario definir los costes que ello conlleva la aplicación de la Ley de Servicios Digitales, así como los costes previstos para la sociedad si no se toman medidas, y garantizar unas condiciones adecuadas para que todos los Estados miembros participen. |

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|  | 3.6. | En cuanto al ámbito de aplicación de la Ley de Servicios Digitales, el tamaño es importante: no todas las empresas en este ámbito deben recibir el mismo trato a fin de evitar una competencia desleal basada en el poder financiero y las dimensiones. Sin embargo, el criterio propuesto, es decir, el número de trabajadores, podría resultar inadecuado y fácil de eludir. Esto es algo crucial, ya que una parte significativa de las obligaciones de las plataformas que estipula la propuesta de Reglamento no se aplica a las microempresas o a las pequeñas empresas, como las relativas a la tramitación de reclamaciones, los comportamientos abusivos, la denuncia de delitos, la transparencia de la publicidad, las auditorías independientes y los alertadores fiables. |

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|  | 3.7. | No obstante, el CESE subraya que es importante proteger a las pymes, las microempresas y las empresas de la economía social. Es posible que estas no puedan permitirse los costes de cumplimiento y de inversión y es preciso garantizar que no se verán afectadas por la aplicación de un Reglamento que se suponía traería una competencia leal. Por consiguiente, el CESE pide que se establezcan criterios alternativos para definir las microempresas y las pequeñas empresas (artículo 16), tales como el volumen de negocios anual o la estructura organizativa o de propiedad. |

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|  | 3.8. | El CESE acoge favorablemente el período de adaptación para las empresas que entran en la categoría de plataformas en línea de muy gran tamaño (artículo 25, apartado 4). A menudo, estas empresas crecen muy rápidamente y deben tener una oportunidad justa de adaptarse a los requisitos y deberes más estrictos establecidos en la propuesta. |

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|  | 3.9. | Aunque la propuesta deja claro que debe entenderse como lex generalis, parece haber muchas definiciones estrechamente relacionadas en diferentes instrumentos, lo que puede dificultar demasiado el cumplimiento de los requisitos y supone costes adicionales para las empresas y los consumidores. Por ejemplo, el concepto de «plataforma en línea» se define en la propuesta; el concepto de «plataforma» no está definido, pero se utiliza en el Reglamento sobre las relaciones entre las plataformas y las empresas [Reglamento (UE) 2019/1150 [(3)](#ntr3-C_2021286ES.01007001-E0003)]; la Directiva sobre el mercado único digital [Directiva (UE) 2019/790 [(4)](#ntr4-C_2021286ES.01007001-E0004)] utiliza el concepto de «prestadores de servicios para compartir contenidos en línea»; y la propuesta de Ley de Mercados Digitales se refiere a los «guardianes de acceso» y a los «servicios de plataformas básicas» |

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|  | 3.10. | Con el auge de los servicios digitales, los modelos de negocio han evolucionado y se han vuelto más complejos, y las diferencias entre los distintos agentes se han difuminado. Dada la rápida evolución del sector, que supone un reto para los reguladores, es necesario ofrecer definiciones claras. El CESE recomienda definir más claramente los términos siguientes: plataformas, usuarios o destinatarios (la propuesta utiliza ambos términos, pero «destinatarios» aparece con mucha más frecuencia), consumidores y trabajadores de la economía digital. |

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|  | 3.11. | Con arreglo a la propuesta objeto de examen, las normas sobre trazabilidad de los comerciantes solo se aplican «cuando una plataforma en línea permita a los consumidores formalizar contratos a distancia con comerciantes» (artículo 22). Una alternativa es definir como «mercados» a los prestadores/plataformas que permiten a los consumidores formalizar contratos a distancia con comerciantes y aclarar qué normas se aplican a esa categoría de intermediarios. |

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|  | 3.12. | La elaboración de códigos de conducta con arreglo a los artículos 35 y 36 debe llevarse a cabo de manera abierta y participativa. Es necesaria la implicación de las organizaciones que representan a los usuarios y destinatarios, de las organizaciones de la sociedad civil, de los interlocutores sociales y de las autoridades pertinentes. |

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|  | 3.13. | El CESE señala que existen muchas deficiencias en relación con el principio del país de origen y pide que se examinen cuidadosamente métodos alternativos, como el principio del país de destino, especialmente en materia fiscal, laboral y de consumo, a menos que exista una normativa más estricta a escala de la UE para garantizar una competencia leal y el mayor nivel posible de protección de los consumidores. Debe garantizarse que se apliquen al trabajador de la plataforma las mismas disposiciones en materia de Derecho laboral vigentes en el país en el que se preste el servicio, ya que las malas condiciones de trabajo de los empleados se han vuelto sumamente problemáticas para la competencia leal. El objetivo general es hacer cumplir y reforzar el mercado interior garantizando la igualdad de condiciones para todos los agentes. |

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|  | 3.14. | Además, el sistema contemplado en los artículos 8 y 9 de la propuesta no debe considerarse una alternativa al reconocimiento y la ejecución de sentencias y es preciso aclarar que las normas sobre denegación del reconocimiento y de la ejecución siguen siendo válidas y aplicables. |

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|  | 3.15. | El CESE acoge con satisfacción la aclaración de que las investigaciones realizadas por iniciativa propia no afectan a la aplicabilidad de los puertos seguros (artículo 6) ni al hecho de que se mantenga el principio general de falta de obligación de supervisión (artículo 7). No obstante, dichas normas no deben afectar a la obligación de los mercados en línea, establecida en el artículo 22, de llevar a cabo controles periódicos de los comerciantes y de los productos y servicios ofrecidos. |

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|  | 3.16. | También es preciso aclarar la primera frase del apartado 1 del artículo 12 especificando si la disposición cubre información como los datos técnicos facilitados a un vendedor de programas informáticos en el marco de un acuerdo de «software como servicio» (SaaS). |

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|  | 3.17. | El CESE acoge con satisfacción la regulación detallada de la notificación y del procedimiento interno de tramitación de reclamaciones y las salvaguardias que ofrece la propuesta. Sin embargo, el CESE considera que un puerto seguro (artículo 5) solo debería excluirse cuando el contenido sea manifiestamente ilegal en virtud de la legislación nacional del país de origen o del Derecho de la UE directamente aplicable o cuando un tribunal haya declarado que es ilegal. De lo contrario, los intermediarios tendrán incentivos para eliminar contenidos por defecto. La evaluación jurídica de determinados tipos de contenidos puede ser muy compleja y los intermediarios no deben ser considerados responsables si no los han eliminado. Esto está en consonancia con el deber de suspensión establecido en el artículo 20, que se refiere a contenidos manifiestamente ilícitos. |

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|  | 3.18. | La creación de servicios digitales se basa esencialmente en la capacidad de gestionar los datos y acceder a ellos. A este respecto, es importante recordar la Ley de Gobernanza de Datos [COM (2020) 767 final], que menciona la posibilidad de crear «cooperativas de datos» para la gestión y el intercambio de datos, un instrumento que favorecerá a pequeñas empresas y empresarios individuales que, por sí solos, podrían no ser capaces de acceder a grandes cantidades de datos o de procesarlos. Estas estructuras podrían proporcionar una gobernanza participativa común para gestionar servicios de intermediación, intercambio o uso compartido de datos entre empresas y empresarios individuales, los cuales podrían proporcionar datos, pero también beneficiarse de ellos y utilizarlos. |

4.   Estrategia de aplicación: hacer realidad las cosas

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|  | 4.1. | Se afirma que el informe de evaluación de impacto aclaró los vínculos entre la Ley de Servicios Digitales y el marco normativo más amplio, proporcionando descripciones más detalladas de las opciones políticas, con un análisis más exhaustivo de las pruebas subyacentes tratadas en el informe de evaluación de impacto revisado. Esto es crucial, pero no significa que la sociedad no vaya a seguir mostrándose inquieta ante todas las variables implicadas y no siga siendo prudente. Seguirá aumentando la importancia de los servicios digitales en nuestra economía y sociedad, pero también los crecientes riesgos que estos entrañan. |

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|  | 4.2. | Por lo que se refiere al valor añadido para la ejecución de las medidas, la iniciativa mejora sustancialmente la eficiencia de la cooperación entre los Estados miembros y pone en común algunos recursos para la asistencia técnica a escala de la UE en lo que respecta a la inspección y auditoría de los sistemas de moderación de contenidos, los sistemas de recomendaciones y la publicidad en línea en plataformas en línea de muy gran tamaño. Esto, a su vez, hará que las medidas de ejecución y supervisión sean más eficaces, ya que el sistema actual depende en gran parte de la limitada capacidad de supervisión de un pequeño número de Estados miembros. Sin embargo, la propuesta debe mejorarse para garantizar que el cumplimiento y las vías de recurso para los consumidores sean eficaces y rápidas. La Ley de Servicios Digitales debe incluir medidas de tutela judicial para los consumidores —entre ellas la indemnización por daños y perjuicios— en los casos en que las empresas incumplan las obligaciones que se derivan de esta Ley. |

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|  | 4.3. | Se afirma que la Comisión establecerá un marco integral de seguimiento constante de las realizaciones, los resultados y las repercusiones de este instrumento legislativo a partir de la fecha de su aplicación. De acuerdo con el programa de seguimiento establecido, está previsto realizar una evaluación del instrumento antes de que se cumplan cinco años de su entrada en vigor. El CESE considera que no se trata de un plazo razonable que inspire confianza en el mercado y los ciudadanos y garantice la coherencia con la revisión de la Directiva sobre el comercio electrónico. La Comisión debería prever una evaluación periódica cada dos años. |

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|  | 4.4. | Las normas deben comunicarse de manera eficaz y no empañar la imagen de la UE. La protección de los ciudadanos de la UE y de los consumidores debería ser uno de los principales puntos de la futura Comunicación y de su cumplimiento. La UE es, y debe seguir siendo, un lugar de acogida para las empresas, los trabajadores y los ciudadanos, incluidos aquellos de fuera de la UE. El Reglamento no debería percibirse como una carga o un obstáculo, sino más bien como un enfoque equilibrado para la regulación de internet en el siglo XXI, que establece las normas para una economía digital mejor y más justa y un espacio en línea más seguro y salvaguarda unas democracias dinámicas. |

5.   Derechos fundamentales

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|  | 5.1. | Es preciso proteger adecuadamente los derechos de los trabajadores y las libertades fundamentales, como la libertad de empresa y de prestación de servicios y la libertad de expresión, pensamiento y opinión, así como garantizar un alto grado de protección de los consumidores, de la privacidad y de los datos personales, de conformidad con la legislación y en consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales. La propuesta debería buscar un equilibrio justo a este respecto. |

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|  | 5.2. | Un aspecto importante de la propuesta es la equidad de los procedimientos. Sin embargo, esto puede no ser suficiente por sí solo para garantizar una equidad real y efectiva si los incentivos no guardan la debida consonancia. Un concepto amplio de contenido ilícito o, como algunos han propuesto, de «contenido nocivo» puede resultar en una restricción de la libertad de expresión y opinión. |

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|  | 5.3. | La dignidad humana queda salvaguardada por normas sólidas y claras que protejan a los ciudadanos y los consumidores, aspectos que desempeñan un papel importante en la propuesta y que deben mantenerse. |

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|  | 5.4. | El marco propuesto por la Ley de Servicios Digitales proporciona a las autoridades las herramientas de prevención, vigilancia y respuesta adecuadas contra la manipulación, el riesgo de discriminación y otros abusos. El CESE considera que la UE y sus Estados miembros deben invertir recursos considerables y garantizar que estos se aprovechen en beneficio de la sociedad en su conjunto. |

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|  | 5.5. | Para mitigar el riesgo de discriminación, el CESE insta a que la UE y sus Estados miembros inviertan recursos suficientes para controlar y supervisar los algoritmos utilizados por las plataformas. El CESE valora positivamente el mayor acceso a los datos y los algoritmos, y recomienda que se garantice a las autoridades públicas a todos los niveles, así como a investigadores independientes acreditados, incluidos los de la sociedad civil independiente que trabajan en aras del interés público. |

Bruselas, 27 de abril de 2021.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG

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