Source: EURLEX
Language: es
Format: md

###### **`COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS`**

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                        C0M(93)256 final

                        Bruselas, 2 de junio de 1993

   COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

          REFORZAR LA EFICACIA DEL MERCADO INTERIOR

           DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN

      PARA UN PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE EL MERCADO INTERIOR

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      COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL fflMHT*» Y AL PAMJUEHTO

          REFORZAR LA EFICACIA DEL MERCADO INTERIOR

INTRODUCCIÓN

1. El articulo 8A del Tratado define el mercado interior de la Comunidad
como un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de
mercancías, servicios, capitales y personas estará garantizada. En Junio de
1985, la Comisión presentó al Consejo Europeo de Milán su Libro Blanco sobre
la realización del mercado único: se Iniciaba un proceso de integración
comunitaria que ha marcado fundamentalmente la política de la Comunidad en
los últimos ocho años. Este resultado, que pudo obtenerse gracias al Acta
Única, al Libro Blanco y a la fecha limite de 31 de diciembre de 1992,
constituye el fundamento de la unión económica y monetaria y de la
ciudadanía europea, cuya plena realización está inscrita en el Tratado de la
Unión Europea. En este sentido, el mercado único es la base fundamental de
la construcción comunitaria: de su dinamismo dependerá el dinamismo de la
integración económica y política de la Comunidad.

2. El programa legislativo establecido en 1985 ya se ha realizado en más
del 95%, por lo que la actividad legislativa de la Comunidad se reducirá en
los próximos arios. Este programa constituyó de por si un elemento
movilizador de los agentes económicos y modificó profundamente su entorno.
Las mercancías, los servicios y los capitales ya pueden circular libremente
en todo el territorio de la Comunidad. Se han suprimido los trámites en el
paso de las fronteras, los doce sistemas hasta entonces obligatorios de
certificación se sustituyen por un sistema único y las empresas adquieren el
derecho de participar en los contratos públicos de otros Estados miembros.
En cuanto a los ciudadanos, si bien es cierto que no se benefician
totalmente del libre paso de fronteras, pueden residir por razones privadas
en otro Estado miembro y pueden solicitar el reconocimiento de sus títulos
para el ejercicio de su profesión.

No obstante, se observan retrasos importantes en el ámbito de la libre
circulación de personas, ya que se mantienen los controles de identidad en
las fronteras, lo que pone de manifiesto la realidad de las mismas.

3. Por consiguiente, aunque el balance de la actividad legislativa de los
últimos ocho años debe considerarse positivo, la Comisión no

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_AóL_

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                    - 2 
subestima determinados factores de retraso en los efectos que cabla esperar
del mercado interior:

   •n varios sectores, la nueva normativa comunitaria establece periodos
   transitorios y, cuando entre en vigor, tardará cierto tiempo en
   producir sus efectos económicos;

   algunas Incertidumbres sobre la aplicación rigurosa y homogénea por
   todos los Estados miembros de la legislación comunitaria pueden
   cuestionar su eficacia en cuanto a protección de los ciudadanos y
   garantía de la competencia;

    la adopción de un programa legislativo comunitario tan amplio en tan
   poco tiempo puede crear la impresión de una intervención burocrática
   en la gestión de los asuntos nacionales.

Por estos diversos motivos, la realización del mercado interior debe
llevarse adelante con un gran esfuerzo de explicación y Justificación para
que pase a ser una realidad económica y pueda beneficiar de una amplia
aceptación en términos políticos.

4. Este proceso se inscribe en un contexto en el que la Comunidad deberá
dar respuesta a tres dificultades esenciales:

   El mantenimiento de los controles en las fronteras de la identidad de

    las personas supone indudablemente un retraso con respecto a los
   objetivos que establecen el Acta Única y el articulo 8A. Este retraso
   sustenta la impresión de que la construcción comunitaria se hace para
   beneficio exclusivo de las empresas y del mundo de los negocios,
   aunque el ciudadano, como consumidor y profesional, también se
   beneficia de la libre circulación de personas. La Comisión, con el
   apoyo del Parlamento Europeo y dentro de los limites de sus
   competencias, procurará obtener antes de finales de año la plena
   aplicación del articulo 8A.

   La aplicación de las medidas previstas en el programa del Libro Blanco
   se desarrolla en un contexto de reducción considerable del crecimiento
   económico, de inestabilidad monetaria y de dificultades en el proceso
   de ratificación del Tratado de la Unión Europea. El proceso de
   creación de empleo, que se inició en previsión de la realización del
   mercado interior, se ha invertido. Se oye incluso que el propio
   mercado interior contribuye a aumentar las tensiones en los mercados
   comunitarios, sobre todo en el mercado laboral, en lugar de participar
   en la mejora de la vida económica y social de los ciudadanos y de la
   competItIvidad de las empresas. Sin un nuevo impulso, podrían
   producirse reflejos defensivos que amenacen a la unidad del mercado.

```

_**/ik**_

```
                   - 3 
   La mundialización de los intercambios y una mayor competencia generan
   nuevos fenómenos de carácter económico y social que requieren una
   respuesta en la que se combinen los intereses económicos propios de la
   Comunidad y los imperativos de desarrollo y crecimiento de los países
   en désarroi lo.

5. La Comisión considera que corresponde en adelante a las autoridades
políticas de la Comunidad responder, por un lado, a los temores e
IncertIdumbres de los ciudadanos y de tas empresas europeas sobre los
efectos reales de las decisiones adoptadas en la construcción del mercado
interior y, por otro, ofrecer perspectivas para el desarrollo futuro de este
mercado. Limitarse a administrar los logros obtenidos no aportará la
dinámica y el impulso necesarios para la credibilidad política de esta
acción integradora. Asi pues, la Comisión recoge la sugerencia del
Parlamento Europeo de elaborar un programa estratégico que no esté sólo
encaminado a la gestión de las normas, sino que mantenga una dinámica de
desarrollo y de profundización del mercado interior.

DEFINICIÓN COLECTIVA DE UN PROGRAMA ESTRATÉGICO

6. El mercado interior es parte de una política global de la Comunidad,
por lo que no puede apreciarse independientemente de las demás políticas
comunitarias que permiten al espacio comunitario funcionar sin fronteras
interiores:

   La libre circulación de personas está estrechamente relacionada con el
   desarrollo del concepto de ciudadanía europea, la cooperación en los
   asuntos interiores y Judiciales, que son el centro del Tratado de la
   Unión Europea, y la aplicación de la Carta Social.

   La libre circulación de mercancías, servicios y capitales no sólo está
   relacionada con el desarrollo de la cohesión económica y social y la
   aplicación de los instrumentos de la política de competencia, sino
   también con la realización de la unión económica y monetaria.

   Por último, la dimensión interna del mercado único está estrechamente
   relacionada con la consolidación de la personalidad exterior de la
   Comunidad y de sus poderes de negociación.

7. El enfoque global ha permitido dar a la labor realizada desde 1985 su
dimensión política, más allá de la especificidad técnica de cada uno de los
sectores. Preservar este enfoque global dará a la gestión del mercado único
su dimensión política y pondrá al servicio de esta gestión

```

```
fe

```

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                    - 4 
todos los instrumentos disponibles. La Comisión propone que se establezca un
programa estratégico sobre el mercado interior para preservar este enfoque
global, garantizar la transparencia de la acción y permitir la asociación de
todos los participantes.

8. Esta Comunicación representa el primer paso hacia la definición de
dicho programa. Se trata de lanzar un debate que no se limite a las
Instituciones comunitarias, sino que incluya asimismo a los medios
económicos y sociales. El documento de trabajo adjunto, que repasa en
detalle los distintos elementos de un enfoque estratégico de gestión y de
desarrollo del mercado interior, será objeto de una amplia difusión con el
fin de suscitar reacciones. A la luz de las reacciones, tanto exteriores
como de las Instituciones comunitarias, la Comisión preparará un programa
estratégico que orientará la actuación comunitaria en los próximos años.

9. La Comisión ha optado por este procedimiento que refleja la necesidad
de que todas las partes interesadas participen en la definición de los
objetivos y de las condiciones de su realización. Para garantizar que las
medidas adoptadas en el marco del programa legislativo del Libro Blanco
repercutan en la economía comunitaria, es preciso organizar:

    una asociación entre la Comisión y los Estados miembros para la
    aplicación y la gestión eficaz de las normas y

    la movilización de los agentes económicos para contribuir a las
    acciones de desarrollo del mercado interior.

Ello supone el mayor consenso posible sobre las prioridades, sin que la
búsqueda de este consenso pueda afectar al lanzamiento de las iniciativas
más urgentes, que se refieren especialmente a la transparencia del
funcionamiento del mercado interior.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

1) Objetivos

10. El objetivo de la Comunidad sigue siendo, naturalmente, la mejora de
las condiciones de vida de los ciudadanos. El funcionamiento del mercado
Interior sólo puede apreciarse desde esta perspectiva. Por consiguiente, una
estrategia coherente y global de gestión y desarrollo del mercado único debe
garantizar que el marco legislativo de la Comunidad pase a ser una parte
integrante y favorable del entorno de los ciudadanos, de los agentes
económicos y de las administraciones.

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_**4À,**_

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                   - 5 
   Primer objetivo: responder a las expectativas de los ciudadanos

11. El mercado interior debe brindar ventajas tanto a los ciudadanos como
a las empresas, fomentando la creación de empleo y el crecimiento económico.
El ciudadano necesita cerciorarse de que la apertura de los mercados
supondrá una mejora del nivel de protección social y de las condiciones
laborales, asi como del nivel de protección de su salud, de su seguridad, de
sus intereses económicos y de su entorno. Mediante una información fiable,
debe tener la garantía de que la supresión de los controles fronterizos no
le expondrá a nuevos riesgos.

Segundo objetivo: garantizar un entorno competitivo para las empresas

12. La Comunidad debe garantizar la libre circulación y el funcionamiento
del mercado único, pero sus intervenciones legislativas deben limitarse a
los ámbitos en los que el reconocimiento mutuo no pueda garantizar la
protección de las exigencias esenciales. Debe supervisar el funcionamiento
de las normas y su adecuación a los objetivos.

Tercer objetivo: garantizar la dinámica de desarrollo económico y social del
mercado único.

13. La Comunidad no sólo debe garantizar la coherencia del acervo
legislativo frente a las iniciativas nacionales que puedan suponer una nueva
fragmentación del mercado. También debe aportar un valor añadido a este
acervo, Influyendo en los factores de dinamización del mercado, como el
entorno fiscal de las empresas, la calidad industrial y las redes
transeur opeas. Su objetivo debe ser una mejora de las condiciones sociales
en la Comunidad.

2) Instrumentos

14. Estos tres objetivos se presentan en el documento de trabajo adjunto a
la presente Comunicación, en torno a lineas de acción precisas para una
aplicación efectiva de las normas y un desarrollo dinámico del mercado
interior.

a) Para una aplicación efectiva

O Controles me Ior adaptados: los instrumentos para controlar el
cumplimiento de las obligaciones comunitarias se hallan el Tratado y en los
actos de aplicación. Serán plenamente utilizados, s incluso reforzados, de
tal forma que se disponga de los medios adecuados para evitar los
obstáculos.

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```
                    - 6 
La Comisión también debe introducir medidas de asistencia que permitan una
aplicación convergente de las normas. Estas medidas de asistencia incluyen
principalmente la transparencia de los actos de incorporación nacional, la
interpretación común de las normas, los intercambios de información, la
cooperación entre administraciones y las actividades de Información.

Los tribunales nacionales deben tener más facultades para imponer el
cumplimiento de las obligaciones comunitarias. Las actividades de formación
para los Jueces y las profesiones Jurídicas y la mejora del acceso a la
Justicia constituyen las medidas más adecuadas.

H ) Control djBl funcionamiento dflL H a normas; ios Estados miembros deben
tener la garantía de que se controlará el funcionamiento de las normas. A
este respecto, la Comisión debe disponer de los medios que le permitan
evaluar su eficacia. En efecto, el marco legislativo debe responder tanto a
los objetivos de libre circulación y de protección de las exigencias
esenciales como a los objetivos de desarrollo económico y social.

```

**`ill)`** **`Organización`** **`d¿`** **`la.`** **`asociación`** _**SSÜ**_ _**±03.**_ **`Estados`** **`miembros:`** **`y a`** **`se han`**
```
adoptado iniciativas para la cooperación administrativa entre los Estados
miembros, y entre estos últimos y la Comisión, con el fin de garantizar la
aplicación eficaz del derecho comunitario. Se trata de definir concretamente
las condiciones de cooperación por sectores y de identificar las medidas de
apoyo adecuadas a escala comunitaria.

También deberla fomentarse la ampliación de la cooperación científica y
técnica. Las actividades de formación y de intercambio de funcionarios
nacionales son un elemento Indispensable para integrar la dimensión
comunitaria en el funcionamiento de las administraciones nacionales.

iv) Transparencia d¿ H açtMÇJOn comunitaria: la Comisión propone una
mayor transparencia de la legislación vigente (especialmente por medio de la
codificación) y ha adoptado las disposiciones pertinentes para garantizar
una mayor coordinación Interna y, por ende, mejorar la información sobre el
desarrollo de sus políticas (véase el informe anual sobre el funcionamiento
del mercado interior). También ha adoptado las condiciones que permitan una
mayor transparencia del proceso de elaboración de sus propuestas
legislativas.

b) Para un desarrollo dinámico

15. El désarroi lo dinámico del mercado interior se inscribe en el contexto

de varias Iniciativas comunitarias, especialmente las de crecimiento y
empleo, y de las políticas para la cohesión entre regiones. Este desarrollo
requiere que se lleven adelante algunas de las

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# **_i_**

```
                    - 7 
actividades actuales: por ejemplo, la Comisión entiende proseguir la labor
en curso en el ámbito de la propiedad intelectual y de la protección de
datos, fomentar una mayor utilización de la normalización europea voluntaria
en I os medios Industriales y orientar los programas de apoyo a las PYME
hacia una mayor participación ante la apertura de la contratación.

16. A su vez, la Comisión tiene previstas nuevas iniciativas, y en
particular:

   una mejora del entorno fiscal de las empresas para eliminar los
   obstáculos a la cooperación y a la actividad transfronterizas;

   el fomento de la calidad de los productos en la industria europea;

   el apartado exterior del mercado interior;

   un enfoque integrado del desarrollo de las redes transeuropeas para
    fomentar la financiación privada y los Instrumentos interoperativos.

CONCLUSIÓN

17. Por consiguiente, la Comisión informa al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social de las orientaciones de esta
Comunicación. Solicita de los medios económicos y sociales y de los Estados
miembros que aporten su contribución a la definición del programa
estratégico, sobre la base del documento de trabajo adjunto. A la luz de
estas contribuciones, la Comisión elaborará, para octubre de 1993, el
programa estratégico.

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## **A 1**

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     DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN

PARA UN PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE EL MERCADO INTERIOR

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                    - 2 
                     INDICE

INTRODUCCIÓN

SECCIÓN A: ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO COMUNITARIO

I. REALIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR

• I • GESTIÓN fi£ LAS. NORMAS COMUNITARIAS

   a) Control de la incorporación

   b) Control de la aplicación
        i) El control de la Comisión
             Organización de controles en los Estados miembros
             Tramitación de quejas
        i i) Control a cargo de las administraciones nacionales
             Asistencia a ios Estados miembros

            Caracterización de los controles

        ill) Acceso a la Justicia

N I . CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ÚNICO

   a) Prevención de las barreras a ios intercambios
        i) En el ámbito de las mercancías
        i i) En © I ámbito de los servicios
   b) Evaluación de la eficacia de las normas comunitarias

IV. ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CON LOS ESTADOS MIEMBROS

   a) Ámbitos en que se lleva a cabo la asociación
        i) Ámbito de la libre circulación de personas
        i i) Ámbito de la protección de las exigencias esenciales
             Organización de sistema de alerta en casos de
             productos o servicios peligrosos o no conformes con la
            normat iva
             Adaptación de la normativa a los nuevos riesgos
   b) Instrumentos para la asociación
        i) Cooperación administrativa
        i i) Adaptación de las administraciones a las normas de
             funcionamiento del mercado único

V. TRANSPARENCIA DE LAS MEDIDAS COMUNITARIAS

   a) Transparencia de la legislación comunitaria
   b) Medidas de comunicación e información
        i) Informe anual sobre el mercado interior
        i i) Medidas de comunicación e información

```

```
                     - 3 
SECCIÓN B: DESARROLLO DEL MERCADO ÚNICO

I. UN ENTORNO LIBRE DE OBSTÁCULOS

    a) Mejora del entorno Jurídico de las empresas y los ciudadanos
         i) Normas de protección de la propiedad intelectual
         i i) Protección de los datos personales

         i i i) Derecho de sociedades

         iv) Medios de pago transíronterizos
    b) Proseguir los esfuerzos de aproximación de los regímenes
        fiscales y creación de un entorno fisca favorable a las

        empresas
         i) Impuestos indirectos
         i i) Impuestos directos

I I • ilíÜA POLÍTICA ACTIVA DE NORMALIZACIÓN

```

```
I I I

IV.

```

```
POLÍTICA DE LA CALIDAD

MED I DAS DESTI NADAS A LA§. PYME

a) Información a las empresas
b) Medidas que faciliten la adaptación de las
     procedimientos de normalización y certificación
c) Apertura de la contratación pública a las PYME

```

```
PYME a los

```

```
V. POLÍTICA EXTERIOR DINÁMICA Y ABIERTA

    a) Reforzamiento de la competencia externa de la Comunidad
    b) Mejores instrumentos de política comercial
    c) Convergencia de las disposiciones Jurídicas y económicas
    d) Gestión de las fronteras exteriores de la Comunidad

         i) Garantizar la seguridad exterior del mercado interior
         i i) Lucha contra las infracciones

SECCIÓN C: REDES TRANSEUROPEAS

 I. FINALIDADES DE LAS REDES TRANSEUROPEAS

 II. MARCO DE LOS TRABAJOS

 III. ESTADO DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

    a) Planes de redes

    b) Financiación comunitaria

 IV
    NECESIDAD DE COORDINACIÓN

VI.

    MEDIOS

```

```
                     - 4 
                   INTRODUCCIÓN

1. La realización del mercado único, es decir, la aplicación efectiva de
las cuatro libertades de circulación inscritas en el Tratado, ha sido el
hito fundamental de la política comunitaria en los últimos ocho años. Ei
proceso de decisión comunitaria nunca había alcanzado este grado de
dinamismo. La integración comunitaria nunca convocó tanto la atención de los
responsables políticos y económicos.

2. El entorno que constituye la Comunidad es un entorno de apertura de
mercados y, por tanto, de libertad y de competencia. La supresión de todos
los trámites aduaneros, fiscales, veterinarios, fitosanitarios y
estadísticos para el paso de las fronteras, la sustitución de doce sistemas
de certificación obligatorios por un sistema único, el derecho de concurrir
a los contratos públicos en otro Estado miembro, el derecho a residir por
razones privadas en otro Estado miembro y, por último, el reconocimiento de
los títulos que permiten ejercer el derecho de establecimiento, proporcionan
a ias empresas, a los trabajadores y, en términos generales, al ciudadano,
un nuevo espacio de libertad. La consolidación de las normas de competencia
garantiza la protección de las empresas y, en particular, de las PYME contra
las consecuencias para el funcionamiento del mercado de los acuerdos y de
las concentraciones. La supresión de las disposiciones nacionales
discriminatorias y la apertura a la competencia de los propios sistemas
nacionales genera una autodisciplina contra los abusos normativos.

3. Le corresponde a la Comisión un papel propio. Quedan propuestas por
hacer y algunas siguen pendientes en el Consejo pero, ante todo, la Comisión
debe animar la confianza de las administraciones nacionales. La prioridad de
la Comisión es garantizar que el mercado único funcione y ello requiere la
aplicación correcta de las normas, un conjunto de medidas destinadas a
desarrollar el mercado interior y, por último, un conjunto de redes
transeuropeas que proporcione ia infraestructura adecuada para la aplicación
de las normas. Debe descartarse cualquier actitud pasiva de espera. Una
simple gestión administrativa de los avances conseguidos no puede aportar la
dinámica y el impulso necesarios para la credibilidad de la acción. El
equilibrio del funcionamiento del mercado interior sólo puede hallarse en el
movimiento. La preparación del programa estratégico se propone garantizar
dicho movimiento.

4. Con el programa estratégico, la Comisión expresa su voluntad de dar
preferencia a la mejora del marco actual frente al desarrollo de la
actividad legislativa comunitaria. También se trata de manifestar la
voluntad de la Comisión de comprometerse en una asociación activa con las
administraciones nacionales y los agentes económicos para la gestión del
mercado único. Así pues, la publicación del presente documento de trabajo no
constituye sino una primera etapa destinada a recoger las reacciones,
observaciones y contribuciones. Sobre esta base, se establecerá en el
segundo semestre el programa estratégico que definirá las prioridades y las
modalidades de actuación.

```

```
                     - 5 
5. El objetivo principal del enfoque propuesto es inscribir las
actividades relacionadas con el funcionamiento y desarrollo del mercado
interior en un marco global que confiera a estas actividades una dimensión
política, económica, social e industrial:

    Desde un punto de vista político, es importante resaltar que el
    mercado interior constituye una unidad. Sólo un enfoque global puede
    responder a la diversidad de los problemas y de los intereses
    sectoriales y ofrecer un tratamiento equilibrado de todos estos
    problemas.

    Desde un punto de vista económico, i a experiencia adquirida con el
    Libro Blanco es que una actuación sobre el mercado sólo puede tener un
    impacto macroeconómico si participan a todos los sectores.

    Desde un punto de vista social, es importante garantizar el desarrollo
    de ios derechos sociales de ios trabajadores derivados de la Carta
    Social de 1989 y del programa de acción social de la Comisión, así
    como el desarrollo de una estrategia comunitaria en favor del empleo.

    Desde un punto de vista industrial, deben poder crearse instrumentos
    horizontales para beneficio de todos los sectores y categorías
    profesionales.

6. El objetivo de este documento de trabajo es solicitar las
observaciones y contribuciones de todos ios responsables y organismos
públicos y privados sobre las prioridades de actuación para gestionar y
desarrollar el mercado interior de tal forma que constituya un instrumento
de desarrollo económico y social para beneficio de los ciudadanos y de las
empresas. Sobre la base de estas contribuciones, la Comisión establecerá
para octubre de 1993 un programa estratégico sobre el mercado interior al
que deberían asociarse todos los interlocutores.

```

```
                     - 6 
SECCIÓN A: ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO COMUNITARIO

I. REALIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR

7. El proceso de realización del mercado único, tal como estaba previsto
en el Libro Blanco, ha llegado a su fin. Aunque nuevos expedientes han
venido a sumarse al programa del Libro Blanco, especialmente en el sector de
la energía, la actividad de la Comunidad en los últimos ocho años nunca se
ha desviado con respecto a este programa, del que ya se ha realizado más del
95%. En la libre circulación de personas, se han acumulado retrasos
importantes: se han suprimido los controles fiscales, se reconoce el derecho
de establecimiento y de residencia, pero para los ciudadanos la realidad
práctica de las fronteras se mantiene con los controles de policía. No
obstante, se ha creado un nuevo entorno para las empresas que les permite
intercambiar productos y servicios y consolidar la integración de la
cooperación y, por ende, el tejido industrial.

8. El programa del Libro Blanco se ha ido aplicando paulatinamente:

    Ya ha concluido la armonización de las normas técnicas prevista en el
    Libro Blanco. Iniciada en principio en ámbitos limitados y
    específicos, se amplió a todo el sector de los productos agrícolas y
    alimentarios, de los productos farmacéuticos y del automóvil. La
    armonización de las exigencias esenciales de seguridad de los
    productos, completada con una política de certificación, y las
    disposiciones generales en materia de seguridad de ios productos y de
    la responsabilidad consiguiente garantizan la cobertura de todos los
    productos manufacturados que se comercializan en la Comunidad.

    Se han adoptado las medidas pertinentes para que las empresas de otros
    Estados miembros puedan competir en la contratación pública,
    independientemente de que estos contratos sean adjudicados por
    administraciones públicas o por servicios públicos e
    independientemente de que se destinen a compras de suministros, a
    servicios o a realización de obras. Estas directivas se complementan
    con las vías de recurso que permiten a los tribunales nacionales
    ejercer su control.

    La Iiberalización de la prestación de servicios es ya una realidad, o
    lo será en breve, con la entrada en vigor progresiva de las directivas
    y reglamentos adoptados en el sector de los transportes, de los
    servicios financieros, de las telecomunicaciones, del reconocimiento
    de títulos y de la posible convalidación de cual ificaciones
    profesionales. Aunque quedan pendientes algunas decisiones finales en
    el ámbito del cabotaje por carretera, habida cuenta de sus relaciones
    con la fiscalidad de los transportes, esta práctica es ya una realidad
    gracias a los cupos anuales que autoriza la Comisión.

    Como no basta con facilitar la libre circulación sino que debe
    permitirse a las empresas sacar todo el provecho de la misma
    facilitando las reestructuraciones de las empresas y sus estrategias
    comerciales, formaban parte integrante de

```

```
                      7 
    I programa las propuestas sobre el derecho de sociedades, la
   fiscal i dad de las empresas y la propiedad industrial e intelectual. El
   objetivo sólo se ha alcanzado en parte: se han aprobado casi todas las
   medidas de armonización en el ámbito de la propiedad industrial e
    intelectual y se han suprimido algunas dobles imposiciones, pero la
    labor más importante sigue pendiente en el Consejo (creación del
   estatuto de sociedad europea, creación de la oficina de marcas,
   supresión de la retención a cuenta sobre los intereses y cánones y
   asunción de las pérdidas en el extranjero.

   Las medidas de apertura de los mercados a los productos, servicios y
   capitales procedentes de otros Estados miembros son ya irreversibles
   gracias a la supresión de la intervención administrativa en el paso de
    las fronteras intracomunitarlas. La supresión el 1 de enero de 1993
   del documento administrativo único en los intercambios

    intracomunitarios y la entrada en vigor de una serie de disposiciones
   que reorganizan los controles fiscales, veterinarios, fitosanitarios,
   sanitarios, de seguridad y estadísticos han permitido suprimir los

   controles fronterizos.

    La libre circulación de personas propiamente dicha no se ha
    concretado. Las personas físicas se benefician de la supresión de
    controles aduaneros fiscales en las fronteras interiores, los

    ciudadanos de la Comunidad pueden ejercer su actividad profesional en
    cualquier Estado miembro sí se reconocen sus títulos o cual ificacioens
    y pueden residir en estos Estados miembros independientemente de toda
    actividad económica. No obstante, aunque se hayan reducido, los
    controles de personas en las fronteras interiores siguen siendo
    legales. La Comisión ha lamentado esta situación en varias ocasiones,
    especialmente ante el Parlamento Europeo. Espera que se realicen
    avances sustanciales en 1993, sobre todo en el marco del Acuerdo de
    Schengen, para provocar un efecto de arrastre en los demás Estados
    miembros y evitar que estos retrasos particularmente sensibles para el

    ciudadano oculten ios esfuerzos considerables efectuados en otros

    ámb i tos.

9. Pero el proceso legislativo no puede limitarse al programa del Libro
Blanco, ya que este programa tiene en sí mismo una dinámica de integración
que rebasa el marco actual.

    En primer lugar, corresponde a la Comisión o al Consejo aplicar las
    disposiciones aprobadas, especialmente en el ámbito de las normas
    técnicas en ei que las disposiciones "marco" se aprobaron sin que la
    Comisión o el Consejo pudieran adoptar las medidas de aplicación. Tal
    es el caso asimismo en los sectores alimentario, veterinario,
    fitosanitario y en el sector de la construcción. En el sector
    veterinario, si han sido aprobadas todas las medidas previstas en ei
    Libro Blanco, necesarias para la creación del mercado interior(con
    excepción del caso de los animales que acompañan a su amo en sus
    desplazamientos), el Consejo o la Comisión aún deben adoptar un número
    importante de decisiones de aplicación.

    La supresión de los controles fronterizos justifica que se adopten
    medidas destinadas a organizar los intercambios en la Comunidad sin
    afectar a los regímenes nacionales o bien a armonizar dichos

```

```
                 - 8 
regímenes. Las medidas más urgentes han sido adoptadas en los sectores
de los bienes culturales, de los explosivos y de los controles de
conformidad en las fronteras exteriores; quedan pendientes otras
propuestas relativas a los siguientes ámbitos:

i) Los controles a la exportación de los productos y tecnologías
de doble finalidad (es decir, que pueden utilizarse con fines civiles
y militares): pese a que el Consejo se comprometió en diciembre de
1992 a alcanzar un acuerdo antes del 31 de marzo de 1993, algunos
problemas políticos y técnicos impiden la evolución de este
expediente.

i i) Las medidas adoptadas en el ámbito de la fiscal i dad indirecta
deben completarse con la adopción de propuestas sobre la fiscalidad de
los transportes de personas. No obstante, la propuesta más importante,
y cuya aprobación resulta apremiante, se refiere al régimen del IVA
sobre los bienes de ocasión, los objetos de arte, las antigüedades y
los bienes de colección.

La supresión de los controles fronterizos requiere por parte de la
Comisión y de los Estados miembros una vigilancia particular para
garantizar que, con respecto a ciertos productos que no han sido
objeto de una armonización, las divergencias de normativa no puedan
dar lugar a fraudes o dificultades para los consumidores. Por este
mismo motivo se anunció, por ejemplo, una propuesta sobre la
certificación de los metales preciosos y, en el ámbito aduanero, una
propuesta para luchar contra el fraude en los intercambios comerciales
y agrícolas.

i i i) En el sector de los transportes, se han cubierto las grandes
prioridades, por lo que resta por organizar la libre prestación de
servicios especiales de transporte, como el transporte de productos
peligrosos y perecederos, los servicios de taxi, los transportes de
seguridad, las ambulancias, el transporte por cuenta propia y el
arrendamiento de vehículos. También se recabó la atención de la
Comisión sobre las complicaciones administrativas que acompañan al
transporte de cuerpos y que justificarían iniciativas para evitar a
las familias la realización de estos trámites.

iv) Ei medio ambiente es un elemento clave para la realización del
mercado interior: la aprobación, a escala comunitaria, de normas
medioambientales exigentes y su aplicación uniforme consolidarán el
proceso de convergencia y cohesión y eliminarán los temores de muchos
países respecto de los productos procedentes de otros Estados miembros
y supuestamente fabricados en condiciones poco respetuosas del medio
ambiente. Esta medida también disipará el temor de los Estados
miembros menos afectados por el deterioro del medio ambiente a verse
sujetos a las presiones de la industrialización y de la explotación
comercial; además, cabe señalar que los reglamentos en materia
ambiental se utilizan para eludir de forma sutil el mercado interior,
mediante la invocación de motivos muy loables. Se trata de un fenómeno
frecuente en el ámbito de los residuos y del acondicionamiento, en
sent ido amp Iio.

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                      9 
   Existen soluciones y varias orientaciones posibles: una de ellas seria
   armonizar las normativas ambientales nacionales. Otra serla aplicar el
   principio de la "equivalencia de condiciones", lo que significa que
   podría procurarse que los distintos sistemas nacionales fueran
   equivalentes desde un punto de vista económico.

   Ante el desarrollo de la actividad transfronteriza, la necesidad para
    las empresas de poder aprovechar toda la flexibilidad de gestión que
   brinda la dimensión comunitaria y la necesidad de preservar los
    intereses públicos de las consecuencias de una competencia falseada,
    la Comisión decidió ampliar las normas de funcionamiento de mercado
    interior a otros ámbitos que inicialmente no estaban previstos en el
   Libro Blanco, especialmente en los sectores relacionados con los
    servicios de telecomunicaciones, los servicios postales y la energía.

    i) En el sector de los servicios de telecomunicaciones, además de
    su acción para el reconocimiento mutuo de la homologación de
    terminales de telecomunicaciones, la apertura de los contratos
    públicos y la normalización europea, la Comisión prosigue su acción de
    apertura de los mercados de servicios con su propuesta, paralela a la
    aplicación de la Directiva marco ONP (Open Network Provision), de una
    apertura completa de los mercados antes del 1 de enero de 1998. Esta
    propuesta de la Comisión es el resultado de una amplia consulta de
    todas las partes interesadas sobre la base del informe presentado por
    la Comisión en 1992, tal como se establecía en las Directivas 90/387
    del Consejo (ONP) y 90/388 de la Comisión (servicios distintos de la
    telefonía vocal).

    i i) En el sector de los servicios postales, a raíz de su Libro
    Verde de mayo de 1992, la Comisión ha sacado las primeras conclusiones
    del amplio proceso de concertación.

    i i i) En el sector de i a energía, además de la aplicación normal del
    Tratado a las normativas incompatibles y al comportamiento de las
    empresas del sector, la Comisión ha desarrollado un enfoque por etapas
    para los sectores de la electricidad, del gas natural y de los
    hidrocarburos. La Comisión ha propuesto la armonización de las
    condiciones de acceso a las actividades de exploración y extracción de
    hidrocarburos. Por lo que se refiere ai gas y a la electricidad, e!
    enfoque de la Comisión obedece a tres objetivos: la libertad de
    circulación y de establecimiento, la competiti vi dad industrial y la
    seguridad de abastecimiento. Para alcanzar estos tres objetivos, se ha
    adoptado una primera serie de medidas relativas al tránsito y a la
    transparencia de los precios; una segunda serie de medidas, pendiente
    de examen en el Consejo y en el Parlamento, debería suprimir los
    últimos obstáculos para consolidar la competencia, la eficacia y la
    transparencia en los mercados comunitarios de la energía.

II. GESTIÓN DE LAS NORMAS COMUNITARIAS

10. La gestión de las normas debe responder a un triple objetivo que
refleja cada uno de los aspectos de la misma: transposición y aplicación de
las normas, garantía de su cumplimiento por parte de los operadores y de la
administración, sanciones. En cada uno de los casos, el em

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                     - 10 
peño de la Comisión en el ejercicio de sus responsabilidades será

    El de asistir a los Estados miembros cuando lo necesiten en el

    desarrollo de sus tareas y organizar regularmente intercambios de
   experiencias en comités especializados.

    El de garantizar la transparencia de los instrumentos de incorporación
    de la normativa en el ordenamiento de los Estados miembros, así como
    de los métodos de aplicación, con el objeto de evitar las dificultades
    con que se pudieran encontrar los operadores y de asegurar una
    confianza mutua entre administraciones nacionales gracias a un mejor

    conocimiento de los distintos sistemas.

a) Control de la Incorporación

11. La Comisión ha hecho hincapié repetidamente en la necesidad de
incorporar debidamente la normativa comunitaria en los ordenamientos
nacionales; desde 1989, y tanto de forma bilateral como multilateral, la
Comisión ha seguido de cerca la situación de los distintos ámbitos cubiertos
por el Libro Blanco a nivel técnico y político. Este seguimiento ha dado
resultados evidentes, ya que casi la mitad de las directivas que debían
adoptarse a nivel nacional lo han sido en todos los Estados miembros y
porque, en mayo de 1993, más del 85% de las medidas de incorporación habían
sido ya adoptadas. Para alcanzar este resultado ha sido necesario un gran
esfuerzo por parte de los Parlamentos y administraciones nacionales; en
algunos ámbitos, como el de los servicios financieros, las
telecomunicaciones y los transportes, han sido necesarias importantes
adaptaciones estructurales.

12. Mientras que hasta entonces el control de la incorporación se hacía de
modo estrictamente bilateral, exceptuando algunos aspectos de publicidad en
la fase del dictamen motivado, desde 1989 cada Estado miembro puede conocer
(información en el Diario Oficial) en qué situación se encuentra con
relación a los demás y darse cuenta de que, a partir del momento en que una
directiva ha sido incorporada a la legislación de la mayoría de los Estados
miembros, los argumentos que aduzca para retrasar su adopción son
irrelevantes. Cada Estado miembro puede igualmente obtener los textos
nacionales de incorporación gracias a la publicación de las referencias. Aún
y todo, esta transparencia podría aumentarse aún más si se dispusiera de los
propios textos. Esta operación seria fácil si no existiera el problema de
las lenguas. Por esa razón, la Comisión considerará la posibilidad, según el
interés que expresen los afectados, de proceder en dos fases:

    En una primera fase, la Comisión publicaría la totalidad de los textos
    nacionales de incorporación por ámbitos legislativos específicos y
    teniendo en cuenta el interés que pudiera presentar dicha publicación.
    Cuanto menos margen de apreciación dejen las directivas, menos interés
    tendrá la publicación de los textos de incorporación.

    En una segunda fase, la Comisión podría examinar todas las propuestas
    de colaboración presentadas por editores privados con el objeto de
    difundir la legislación en las diferentes lenguas de la Comunidad. En
    este caso, la Comisión podría propiciar la constitución de una
    agrupación europea de interés económico que distribuyera las tareas de
    análisis, traducción y publicación.

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                     - I l 
ls. A la Comisión incumbe también la responsabilidad de garantizar la
conformidad de las medidas de incorporación. Toda la pesada tarea que recaía
sobre las administraciones nacionales a la hora de elaborar las medidas de

incorporación recae ahora sobre los servicios de la Comisión. En los ámbitos
cubiertos por el Libro Blanco, deben comprobarse más de 2000 textos en las 9
lenguas comunitarias. A ello se añade el hecho de que las medidas de
incorporación se distribuyen en una serie de textos de diferente nivel
jurídico y procedentes a menudo de autoridades diferentes, según su nivel de
responsabilidad, como es el caso de la incorporación de la Directiva
relativa a los títulos académicos o de las directivas veterinarias. Por otro

lado, la comprobación no puede limitarse a una simple comparación de los
textos, sino que debe tener en cuenta el sistema Jurídico general, como en
el caso del derecho de sociedades asi como el contexto administrativo, como
en el ámbito veterinario. Además, el control de la incorporación se ve a
menudo entorpecido por la complejidad de los los sistemas de incorporación y
por el hecho de que los textos nacionales no están consolidados. La
complejidad de la tarea de comprobación expI ica los diferentes métodos
utilizados:

   En la mayoría de los ámbitos, los servicios de la Comisión analizan
    los proyectos de medidas de incorporación para prevenir los casos de
    infracción y garantizar una convergencia en la interpretación.

   En algunos ámbitos de gran complejidad técnica, la Comisión se sirve
   de la reacción de ios operadores de los Estados miembros, al comprobar
   éstos que las medidas de incorporación son incorrectas; éste es
   generalmente el caso de tas normas y productos veterinarios y
   fi tosan itarios. No obstante, gracias a las frecuentes reuniones que
   celebran los comités veterinarios, zootécnicos, o los relacionados con
    la legislación de productos vegetales y de alimentación animal, es
   posible un seguimiento permanente del funcionamiento de las normas y,
   por consiguiente, de la rectitud de la incorporación.

   En otros ámbitos, la Comisión confia el análisis de las medidas de
    incorporación a especialistas y, en caso necesario, puede iniciar
   procedimientos de infracción.

   En algunos pocos ámbitos de carácter público se han redactado informes
   detallados sobre la incorporación y aplicación efectiva de las
   directivas, sobre todo cuando las informaciones recibidas dejaban
   pensar que existían problemas particulares. En estos casos, la
   Comisión realiza un estudio, como ha sido el caso recientemente con la
   aplicación de las directivas sobre hormonas, inseminación artificial,
   transporte de animales, cánones veterinarios, ect.

   En otros ámbitos, las propias disposiciones comunitarias instituyen
   comités encargados de asistir a la Comisión en el seguimiento de la
   incorporación (Comité IVA, Comité Impuestos Especiales, Comité
   Permanente de Responsables de las Administraciones Fiscales
   Nacionales). Este método ha sido especialmente eficaz para el
   seguimiento de la Incorporación de las directivas relativas al IVA e
   impuestos especiales. Así se ha conseguido que, a pesar de ciertos

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                     - 12 
    retrasos, se hayan tomado medidas administrativas para garantizar la
    entrada en vigor electiva del nuevo régimen para el 1/1/93, incluso en
    lo referente a las medidas de simplificación, que no se adoptaron

    hasta fines de diciembre.

14. Sin embargo, todo esto no permite a la Comisión garantizar un control
sistemático de la conformidad de las medidas de incorporación que ofrezca
una total seguridad a Estados miembros y operadores sobre la conformidad de
un producto o servicio procedente de otro Estado miembro. La comprobación de
la conformidad de las medidas de incorporación debería realizarse sector por
sector en reuniones bilaterales con los Estados miembros. La realización

efectiva de esta actividad dependerá de ios recursos disponibles para ello.

15. Ante las dificultades que presenta el control de la incorporación de
las directivas adoptadas, cabe preguntarse sobre el método a seguir en el
futuro. Las propuestas que ya se han realizado para mejorar la transparencia
de las medidas de incorporación permitirán, sin duda alguna, una mayor
vigilancia mutua de la rectitud de las medidas. Sin embargo, como ya ha
señalado la Comisión repetidamente, en algunas circunstancias debería
recurrirse más a menudo al reglamento en vez de a la directiva. Aún dando
preferencia a la directiva, la Comisión considera que una mayor utilización
del reglamento podría conducir, al menos en dos casos concretos, a una mayor
transparencia y correcta aplicación de las normas, sin por ello atentar
contra los particularismos Jurídicos o administrativos nacionales:

    En primer lugar, como propone el informe Sutherland, cuando en un
    ámbito las tareas de armonización hayan terminado y la aplicación en
    los Estados miembros sea convergente, las directivas podrían volver a
    ser codificadas en forma de reglamento. Este podría ser el caso de
    disposiciones estrictamente técnicas en el ámbito de los tractores,
    del automóvil y los productos farmacéuticos.

    En segundo lugar, podría conseguirse una agi Iización de los
    procedimientos nacionales de incorporación si las medidas de ejecución
    de las directivas tomaran forma de reglamento. Existen casos en los
    que los sistemas nacionales han sido ya adaptados en ei momento de la
    incorporación de la directiva básica, y las disposiciones de ejecución
    sólo determinan las formas de intervención. Cuando los textos básicos

    lo permitan, esta estrategia podría ser de gran utilidad en ámbitos
    que exigen numerosas medidas de ejecución, tales como las normas
    veterinarias y fi tosan itari as.

16. Esta agi Iización de los procedimientos de incorporación no presentaría
especíales dificultades; los casos que plantearían problemas reales serán
muy escasos. Aunque no es posible hacer una lista exhaustiva, cabe citar las
directivas relativas al reconocimiento de títulos académicos, las relativas
a la apertura de la contratación pública, la de prestación de servicios de
televisión, etc.

17. La entrada en vigor del Tratado de la Unión permitirá a la Comisión
imponer multas, de acuerdo con el articulo 171, a los Estados miembros que
no apliquen las sentencias del Tribunal. Quedan por determinar los criterios
que deba utilizar la Comisión para determinar el monto de las multas
propuestas al Tribunal.

```

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                    - 13 
18. El buen funcionamiento del mercado único depende, no sólo del derecho
comunitario, sino también de convenios intergubernamentales que, gracias a
la cooperación judicial y administrativa por ellos establecida, facilitan la
libre circulación dentro de la Comunidad. Desgraciadamente, se observan
graves retrasos en la entrada en vigor de estos instrumentos, a menudo
debido a los procedimientos de ratificación. De los 21 convenios
intergubernamentales celebrados a nivel comunitario, sólo dos están
efectivamente vigentes, y ello en sólo 10 Estados miembros. La entrada en
vigor del Tratado sobre la Unión Europea, cuyo titulo IV organiza la
cooperación de los Estados miembros en los ámbitos de Justicia e Interior,
dará a la Comisión la posibilidad de desempeñar un papel impulsor y, llegado
el caso, de utilizar su derecho de iniciativa allí donde lo tenga.

b) Control de la aplicación

19. Aparte del problema de la incorporación de las normas, se plantea la
cuestión del control de su aplicación, tanto por las administraciones
nacionales como por los operadores que deben acatar dichas normas. Los
métodos de control recaen principalmente sobre los Estados miembros aunque,
en casos excepcionales, la Comisión debe asumir ciertas funciones especiales
de inspección y verificación in situ.

i) El control de la Comisión

20. De acuerdo con el articulo 155 del Tratado, la Comisión tiene una
función general de vigilancia del respeto de las obligaciones de derecho
comunitario y, con arreglo al articulo 5, debe ser asistida en ello por los
Estados miembros. Para facilitar el desenvolvimiento de esta tarea, en
algunos ámbitos tiene ciertas competencias de inspección in situ.

   Organización de controles en los Estados miembros. De acuerdo con una
   serie de directivas del Consejo, a la Comisión se le ha confiado la
   realización de inspecciones en una amplía gama de sectores tales como
    la carne fresca, los productos cárnicos, las aves de corral, los
   productos lácteos, los de la pesca, etc., para garantizar que se
   cumplan las normas de higiene pública y sanidad animai. En el sector
   fitosanitario existen unas obligaciones análogas. Éstas están ligadas
   al funcionamiento del mercado interior, y se orientan hacia un sistema
   fundado en el control de la producción y la comercialización en el
    lugar de origen o, tratándose de importaciones de terceros países, en
    los puestos fronterizos. Estas nuevas normas llevaron en 1992 a la
   creación, dentro de la Dirección General de Agricultura, de la Oficina
   de Inspección y Control Veterinario y F itosanitario. Sin embargo, la
   capacidad de la Comisión para cumplir sus obligaciones en este ámbito
   es motivo de preocupación. Se ha llamado la atención de los Estados
   miembros sobre ios problemas con que se ha encontrado la Oficina, las
   prioridades establecidas por ésta a la luz de la evolución de las
   normas de higiene pública y sanidad animal, y sobre lo limitado del
   personal de que dispone. Se han señalado los ámbitos en los que cabe
   esperar escasos progresos: productos de la pesca, aves de corral,
   productos cárnicos y bienestar de los animales. Los recursos de que
   dispone la Oficina no concuerdan con las responsabilidades que se han
   encomendado a la Comisión para gestionar estos aspectos del mercado
   interior. La Comisión está estudiando la solución a estos problemas.

```

```
                 - 14 
Hay que señalar que, a escala comunitaria, la función de inspección de
la Oficina no puede sustituir a los controles realizados por los
Estados miembros. De lo que se trata es de garantizar que ios
controles se lleven a cabo correctamente y se mantenga la confianza en
el funcionamiento del mercado único. Por el contrario, tratándose de
terceros países las. funciones de_ inspección de. Jj. Cpmislón no pueden
ser desempeñadas por los Estados miembros que, en un mercado único, no
pueden mantener enfoques diferentes respecto a terceros países. En
este caso, su estrategia consistirá en intentar estimular el sentido
de la responsabilidad de los servicios veterinarios y fitosanitarios
de los terceros países, insistiendo en la reciprocidad y la
equivalencia, en vez del método más tradicional de inspecciones en
todos los establecimientos.

La solución elegida en un proyecto de directiva del ámbito de la
alimentación, en trámite de adopción, ha sido la de disponer que la
Comisión nombre y dé competencias a unos funcionarios que cooperen con
las autoridades de los Estados miembros y controlen y evalúen la
equivalencia y la eficacia de los sistemas de control de dichas
autoridades. Por lo tanto, se trata de una función de auditoria y
evaluación del funcionamiento y eficacia de los métodos de control,
asi como del sistema de equivalencias que va a instituirse.

Una fórmula intermedia seria la de instituir un cuerpo de
control adores en cada Estado miembro que se encargaría, de acuerdo con
las normas que se determinen, de llevar a cabo operaciones de control
en otro Estado miembro concreto. Este método, ya incluido en el
acuerdo administrativo celebrado con Suiza en el ámbito del tránsito
por carretera, permitiría a la vez difundir una información sobre los
resultados de los controles y garantizar una confianza mutua sobre la
efectividad de los mismos.

Tramitación de quejas: La Comisión recibe un gran número de quejas,
que tiende a aumentar según el grado de desarrollo de la legislación
comunitaria, la incorporación de la misma, la sensibilización de las
empresas y la integración de sus actividades. La mayoría de las quejas
tratan de la libre circulación de mercancías (articulo 30 del Tratado
CEE), aunque las relativas a la contratación pública tienden a
aumentar en número. Este aumento, asi como la dificultad de los
servicios de la Comisión de instruir todos los expedientes, le han
llevado a sugerir a los demandantes que se dirijan también a los
tribunales nacionales, sobre todo cuando la queja exija una
instrucción in situ. Por otro lado, en algunos ámbitos la Comisión
hace uso del margen de apreciación que le confiere el articulo 169
para actuar en defensa de la ley.

La Comisión siempre ha considerado fundamental que sus servicios
cooperen con las administraciones nacionales para garantizar y mejorar
la aplicación de los principios fundamentales que regulan la libre
circulación. La Comisión proseguirá esta poli tica y continuará
organizando con ios Estados miembros reuniones periódicas para
examinar asuntos con vistas a una solución no contenciosa. Esta forma

de proceder deberá resultar en una mayor eficacia en la tramitación de
los asuntos y en la creación de un clima de confianza.

```

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                    - 15 
    Con esta misma finalidad, la Comisión ha instituido, dentro del Comité
   Consultivo de Coordinación en el ámbito del mercado interior, y en
    colaboración con los Estados miembros, unos procedimientos rápidos de
    tramitación ligados a la eliminación de los controles en las
    fronteras; estos procedimientos están vigentes desde el 1 de enero de
    1993. Seria conveniente desarrollar estos métodos de trabajo dentro de
   una política de asistencia mutua entre administraciones del tipo de la
    que se lleva a cabo desde hace tiempo en el ámbito veterinario y
    zootécnico.

   La fuente principal de información de la Comisión suele ser de
    carácter informal, ya que suele proceder de los mismos operadores, o
    de las redes instituidas por la Comisión, especialmente la de los
   Centros Europeos de información Empresarial; no obstante, a menudo
   seria preferible disponer de análisis más sistemáticos.

i i) Control a cargo de las administraciones nacionales.

21. Salvo algunos casos -como el del derecho de sociedades o el de la
competencia-, en los que la aplicación de las normas recae directamente en
el Juez, las instancias normales de control y represión de las infracciones
a las normas comunitarias son las administraciones nacionales; a ellas les
incumbe organizarse de acuerdo con su sistema constitucional o
administrativo. Esta descentralización del control debe seguir siendo un
elemento central del sistema comunitario. No cabe duda de que existe una
contrapartida negativa, y es el riesgo de divergencias en el ejercicio de
estas funciones. La cuestión que se plantea es la de cómo y en qué
condiciones puede funcionar este sistema de control sin crear distorsiones
y, sobre todo, sin poner en peligro la confianza mutua entre
administraciones y entre operadores. Es necesaria una cierta homogeneidad o
equivalencia entre las estructuras de control establecidas por los Estados
miembros para evitar riesgos de distorsión, promover la confianza mutua
entre administraciones y operadores económicos y crear la confianza de los
consumidores en relación con la seguridad de los productos. El informe
Sutherland propone unas directrices para estos controles, aunque también son
posibles métodos más informales.

   Asistencia a los Estados miembros: La Comisión debe prestar a los
   Estados miembros la asistencia que necesiten para garantizar una
   aplicación convergente de las normas. Esta asistencia podrá tomar
   diferentes formas: interpretación conjunta de las normas, sistema de
   cooperación entre las instancias de control.

   a) Para garantizar una interpretación convergente de las normas,
   es necesario dar a cada administración una lectura igual de las
   mismas. Por supuesto, los documentos interpretativos no pueden
   sustituir a los actos Jurídicos, únicos que pueden proporcionar una
   seguridad jurídica a operadores y ciudadanos, incluso si el Tribunal
   de Justicia se ha basado recientemente en un documento interpretativo
   para rechazar una reclamación de incorporación incorrecta. Para que
   sean eficaces estas comunicaciones y documentos interpretativos,
   deberán tomarse una serie de precauciones:

```

```
                 - 16 
     Deberán elaborarse en estrecha colaboración con los Estados
     miembros y los interlocutores económicos y sociales, de manera
     que se tengan en cuenta las diversidades nacionales.

     Deberán hacerse públicos para permitir que lleguen a todos.

     Deberán actualizarse regularmente, según la evolución de las
     legislaciones nacionales, de la jurisprudencia del Tribunal,
     de la organización administrativa y de la propia experiencia.

Desde hace tiempo la Comisión tiene por costumbre publicar unas líneas
directrices para el control de los productos farmacéuticos; estas
lineas se determinan en colaboración estrecha con los industriales y
los Estados miembros. En 1993 publicará una guia sobre la aplicación
del nuevo enfoque y un vademécum sobre la contratación pública. En el
ámbito aduanero se están preparando varias comunicaciones
interpretativas y algunas otras guias e instrumentos que permitan una
aplicación uniforme de la legislación; también se pretende hacer
públicas las decisiones y dictámenes emitidos por los comités
aduaneros. Dentro del ámbito del reconocimiento de ti tu los académicos,
en 1993 se realizará un informe que será de gran ayuda para
administraciones, informadores y beneficiarios del sistema de
reconocimiento.

b) Como ya sucede en los ámbitos aduaneros y de la fiscal idad
indirecta, la Comisión debe garantizar el funcionamiento de las redes
de intercambio de información y cooperación para responder a los
problemas de control planteados por la libre circulación. Estas redes
deben también servir para impulsar la cooperación administrativa. La
libre circulación de productos, servicios, capitales y personas ha
hecho que las administraciones de control se vean confrontadas a
situaciones nuevas en las que el ejercicio normal de sus funciones no
podrá llevarse a cabo sin contar con un cierto número de informaciones
en manos de la administración de origen. De no cumplirse este
requisito, puede suceder que recaiga sobre el operador una tarea de
control desproporcionada, o que el trabajo de éste sea ineficaz.

Para la Comisión la situación es nueva porque sus interlocutores en
los Estados miembros están cambiando: mientras que hasta ahora eran
los servicios legislativos de las administraciones centrales, en lo
sucesivo serán los servicios de control o ejecución, que normalmente
no han tenido relación con ios ámbitos comunitarios y que a menudo
están organizados en los Estados miembros de forma descentralizada.

Caracterización de los controles

a) Se han experimentado varias formas de control, desde la simple
identificación de las autoridades encargadas de ejercerlo hasta la
definición de los principios que io regulan.

     La identificación de las autoridades responsables de los
     controles aparecen en las directivas sobre "contratación
     pública", "armas", "televisión" y "títulos académicos", Junto
     con la obligación de hacer un informe sobre la aplicación de
     las directivas para que la Comisión pueda hacer

```

```
                 - 17 
     una comparación de las diferentes medidas nacionales, evaluar
     la eficacia de las directivas y determinar la conveniencia de
     iniciativas particulares.

     En el ámbito de la alimentación deben notificarse los

     servicios de control de los Estados miembros. Sus actividades

     deben responder a principios comunes tales como control de la
     producción -y no sólo de la comercialización- y organización
     de programas de control coordinados; estos criterios se están
     modificando, ya que se van a establecer unas normas de calidad
     en laboratorios oficiales de control, unificar los criterios
     metodológicos generales de los análisis y organizar
     actividades de formación de inspectores nacionales.

     En el ámbito de los transportes, existen normas sobre el grado
     de rigurosidad que debe seguirse en los controles sobre
     cumplimiento de las normas técnicas y sociales en materia de
     carreteras. Estas disposiciones completan las normas de
     armonización de los controles de conformidad de los vehículos,
     garantizándose asi el cumplimiento de las normas técnicas más
     Importantes.

     En el ámbito bancario, los Estados miembros han establecido,
     siguiendo una recomendación de la Comisión, un mediador
     (ombudsman) encargado de facilitar la resolución de
     controversias en caso de giros bancarios transfronterizos.

b) La confianza mutua entre Estados miembros exige que, en cada
uno de los ámbitos y según sus propias características, se definan
unas fórmulas de control a medida que deberán responder a las
siguientes orientaciones:

     Unificación de ciertos principios y formas de control, cuando
     se considere necesario para garantizar su eficacia o la
     equivalencia de su aplicación.

     Recurso a auditorias de los sistemas de control nacionales

     para determinar mejor los problemas y los casos en que es
     necesario realizar una aproximación, así como los medios para
     lograr lo.

c) En el ámbito de la contratación pública, la propuesta
formulada por el informe Sutherland es la de instituir un "mediador"
que, dentro de una total confidencialidad, intervendría ante la
autoridad adjudicadora para corregir errores de procedimiento,
evitándose asi la utilización de los recursos disponibles en estos
casos. Este mediador deberla ser totalmente independiente y trabajaría
dentro de una estricta confidencialidad. Para instaurar este sistema

seria necesario un estudio previo de los sistemas nacionales para
evitar la creación de una nueva instancia burocrática o la
obstaculización de las vias de recurso vigentes. La Comisión va a
tomar esta iniciativa con prudencia, pidiendo en un primer momento a
los Estados miembros que designen en su administración un punto de
contacto que se encargaría de informar y asesorar a las empresas que
lo sol¡citaran.

```

```
                     - 18 
i i i) Acceso a la justicia

22. Los Jueces de primera instancia en materia de conformidad de las
normas y comportamientos a nivel comunitario son los jueces nacionales. Su
papel es fundamental para garantizar la vigencia de las normas comunitarias
ante los tribunales y la aplicación convergente de dichas normas. Por si
sólo, este factor Justifica un programa coherente de trabajo que, por otro
lado, deberá hacer suyas las demás acciones tendentes a la difusión,
transparencia y presentación del derecho comunitario. Este programa deberá
superar el simple ámbito del mercado interior, ya que los problemas que se
plantean en el presente documento afectan también a los terrenos social,
aduanero y medioambiental. Este factor hay que tenerlo presente en el
momento de la entrada en vigor del Tratado sobre la Unión Europea, cuyo
titulo VI pone en relación directa a la Comisión con la cooperación Judicial
entre Estados miembros, otorgándole un derecho de iniciativa en materia
civil. Sin embargo, e independientemente de la evolución que tenga lugar en
este ámbito, los problemas de gestión y desarrollo del mercado interior
permiten ya identificar algunos aspectos sobre los que habrá que
reflexionar. Por ejemplo, los particulares se enfrentan a problemas de
acceso a la justicia para obtener el pago de pensiones alimentarias o de
daños y perjuicios; las empresas, sobre todo las PYME, se encuentran con

dificultades a la hora de cobrar facturas de ventas efectuadas en otro

Estado miembro. Estas situaciones irán multiplicándose debido a la movilidad
de las personas y a la libre circulación de productos y servicios.

a) Un primer aspecto sobre el que habrá que reflexionar es el de los
    recursos con que cuentan los operadores, su eficacia y la información

    sobre los mismos:

        El único caso en el que la Comunidad ha considerado que era
        necesario crear un recurso específico de defensa del
        cumplimiento de las obligaciones comunitarias es el de la
        contratación pública.

        En ios demás ámbitos, las normas comunitarias crean las
        condiciones de un control jurisdiccional; en el ámbito
        aduanero, por ejemplo, el código de aduanas reconoce el
        derecho de toda persona directa e individualmente afectada por
        una decisión en este ámbito de iniciar un recurso contra

        decisiones basadas en la reglamentación del sector. En el
        ámbito del reconocimiento general de títulos académicos
        existen también recursos jurisdiccionales que se pueden
         interponer contra decisiones de reconocimiento, y que
        obligatoriamente deberán motivarse; en el ámbito de los bienes
        culturales y ios servicios financieros, se ha adoptado un
        enfoque símilar.

        En la mayoría de los demás ámbitos no parece justificarse este
        modo de proceder teniendo en cuenta que en todos los Estados
        miembros existen ya procedimientos de derecho común. Sin
        embargo, como el principio de control que informa las normas
        comunitarias es el de control en el mercado, la posibilidad de
        que consumidores y empresas puedan recurrir a la Justicia es
        un elemento fundamental para el buen funcionamiento del
        sistema de control y sanción. Ahora bien, cuando, p

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                     - 19 
        or ejemplo, las costas no puedan repercutirse sobre la parte
        condenada, o cuando las organizaciones de consumidores no
        puedan intervenir por si mismas o en nombre de sus miembros,
        se está lesionando la facultad de los consumidores de recurrir

        a la Justicia. Por estas razones, este problema general se

        tratara en un Libro Verde sobre el acceso de los consumidores

        a la Justicia que la Comisión publicará en 1993.

b) Las medidas de transparencia, codificación e información sobre las
    normas de funcionamiento del mercado interior, asi como la red de
    difusión de dicha información, contribuirán también a una aplicación e
    interpretación correctas por parte de los tribunales nacionales. De
    este modo, en el ámbito de la política de competencia, la Comisión
    adoptó en diciembre de 1992 una Comunicación relativa a la cooperación
    entre la Comisión y las Jurisdicciones nacionales para la aplicación
    de los art i cu los 85 y 86; esta Comunicación será completada en breve
    plazo por una guia explicativa de las normas de procedimiento que
    siguen las jurisdicciones nacionales para llevar a la práctica dichas
    disposiciones. Las medidas adoptadas por el Consejo Europeo de
    Edimburgo en torno a la ampliación de la base de datos CELEX, y
    especialmente las medidas de mejora del acceso a las bases de datos
    comunitarias, son un paso fundamental en este sentido. Estas medidas
    son tanto más importantes cuanto que, en la sentencia Francovitch,
    cuyas consecuencias han sido puestas de relieve en el informe
    Sutherland, el Tribunal reconoció, con ciertos límites, el derecho a
    reparación para las personas perjudicadas por una falta de
    incorporación de normas comunitarias. Independientemente de las
    posibilidades de sanción que ofrece el Tratado de Unión Europea frente
    a un Estado miembro que no cumpla con sus obligaciones, es necesario
    que los que se consideren per judie lados por un sistema jurídico puedan
    acogerse a las posibilidades que le ofrece el Tribunal de Justicia de
    las Comunidades. Para ello, la Comisión está esperando el resultado de
    otros dos asuntos pendientes de índole prejudicial para redactar, en
    cooperación con los Estados miembros, una comunicación interpretativa
    sobre la Jurisprudencia Francovitch con el fin de que se tengan en
    cuenta las especificidades de cada sistema jurídico.

c) La sanción es una parte integrante del control. De nada serviría
    aproximar los diferentes mecanismos de control si con ellos se
   obtienen sanciones dispares. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta
   el momento son muy vagas; por supuesto, es obligación de la
    administración tomar las medidas necesarias cuando un determinado

    producto no cumpla una directiva. Pero sólo en algunos casos,
    concretamente en el ámbito veterinario, o tratándose de delitos de

    iniciados o blanqueo de capitales, se encomienda a los Estados
   miembros la instauración de unos mecanismos de sanción apropiados.
   Ahora bien, son estos ámbitos en los que una divergencia en las
   sanciones puede perjudicar gravemente los intereses colectivos de la
   Comunidad, como han denunciado las organizaciones de consumidores o el
   Parlamento Europeo, tratando de campos tales como la prohibición de
   hormonas, delitos de iniciados y derecho de sociedades. Tratándose de
    infracciones a las normas de control de exportaciones de productos de
   doble finalidad, las multas van desde un máximo de unos 16.000 ecus a

   una cifra ilimitada, y los periodos de encarcelamiento pueden variar
   entre 2 y 7 años (véase punto 15). En general, la Comisión no tiene la
    intención de

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                    - 20 
    emprender una armonización de las sanciones, armonización que sólo
   podría llevarse a cabo teniendo en cuenta las particularidades de los
   procedimientos civiles y penales de cada Estado o la especificidad de
    la Jerarquía de sanciones. Sin embargo, es necesario aumentar la
   transparencia de la información entre Estados miembros; para ello,
   deberla pedírseles a éstos que notifiquen, conjuntamente con las
   disposiciones de incorporación, los sistemas de sanción. Sólo a través
   de una mayor transparencia podrá abrirse, si fuera necesario, un
   debate en torno a los sistemas de sanción.

d) Una vez emitidas las sentencias, hay que garantizar su ejecución. Este
   punto es también muy importante al hablar de medidas de acceso a la
   justicia ya que, en un mercado abierto, las infracciones o perjuicios
   causados por una empresa o persona física de un Estado miembro serán,
   cada vez más, detectados y perseguidos en otro Estado miembro, sin que
   en este último pueda encontrarse un responsable al que acusar. Existen
   numerosos instrumentos, pero no son fáciles de llevar a la práctica.
   Por otro lado, estos instrumentos son convenios intergubernamentales,
   por lo que, hasta que no esté vigente el Tratado de la Unión, la
   Comisión no tiene derecho de iniciativa; por io tanto, sólo puede
   seguir de cerca y apoyar el proceso de ratificación y participar en
    los grupos de trabajo:

        El Convenio sobre reconocimiento de sentencias en materia
        civil, cuya extensión a España y Portugal se ha retrasado
        debido a que Bélgica, Dinamarca, Alemania e Irlanda no han
        ratificado dicha extensión, constituye el instrumento básico
        para el reconocimiento de sentencias. A nivel
        intergubernamental se ha reconocido la eficacia de su
        funcionamiento; la Comisión va a celebrar consultas con los
        medios económicos para que den su aportación a este análisis,
        tanto desde el punto de vista de la rapidez de los
        procedimientos de transmisión de las sentencias como del
        ámbito cubierto por el Convenio. La cuestión de la
        extensión del Convenio a los regímenes matrimoniales y al
        derecho de familia en general será también analizada para
        abarcar nuevas situaciones resultantes de la movilidad de los

        ciudadanos, facilitada y fomentada ésta por varios
        instrumentos comunitarios.

        El Convenio de Roma sobre obligaciones contractuales desempeña
        y desempeñará un papel cada vez más importante debido a que,
        con la integración económica y la movilidad de las
        prestaciones de servicios, las relaciones contractuales
        transfronter izas se van a convertir en una forma normal de
        transacción comercial, lo que origina problemas de
        determinación de la ley aplicable. Este Convenio está vigente
        en toda la Comunidad exceptuando España y Portugal, debido a
        los retrasos que se han producido en su ratificación en todos
        los Estados miembros menos en los Paises Bajos. Se someterá
        también a examen la eficacia de este Convenio, así como la
        conveniencia de ampliarlo a otros ámbitos del derecho civil y
        mercant i I.

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                    - 21 
    La entrada en vigor del Tratado sobre la Unión Europea, y
    especialmente de su titulo VI, puede ser una buena ocasión para que
    los Estados miembros refuercen su cooperación judicial y den un nuevo
    impulso a sus trabajos en esta materia. La Comisión ofrecerá todo su
    apoyo al proceso y procurará que en el mercado interior se den las
    condiciones minimas necesarias, tomándose en caso necesario las
    iniciativas oportunas.

    Una vez entre en vigor el Tratado sobre la Unión Europea deberá
    reorganizarse esta cooperación, cualquiera que sea su forma, dentro de
    una acción común aprobada por el Consejo de acuerdo con lo dispuesto
    en el titulo VI del Tratado. La iniciativa podría corresponder a la
    Comisión, que se inspirarla en la experiencia adquirida en otros
    ámb i tos.

e) Finalmente, no hay que excluir a jueces y juristas en general de las
    iniciativas actuales o futuras de refuerzo de la cooperación entre
    administraciones nacionales. Esta cooperación debe orientarse en dos
    direcciones: por una parte, difundir el conocimiento de las normas
    comunitarias y, por otra, facilitar el conocimiento y la comprensión
    de los diferentes sistemas jurídicos y Judiciales. Puede pensarse en
    varios métodos:

        Organización de intercambios entre centros de formación de
        magistrados, siguiendo el modelo de los programas ERASMUS o

        FORCE.

        Organización de ciclos de formación para magistrados en los
        Estados miembros; dentro del limite de recursos
        presupuestarios disponibles, ya se han realizado actividades
        de formación con magistrados franceses y españoles. De
        obtenerse unos recursos presupuestarios suplementarios, i a
        Comisión podria organizar este tipo de iniciativas en centros
        especializados en este tipo de actividades (tales como el
        Colegio de Europa de Brujas, el Instituto Europeo de
        Administración Pública de Maastricht, o las Universidades de
        Tróveris y Oxford).

        Organización de intercambios de magistrados mediante extensión
        del actual programa de intercambio de funcionarios, que se
        aplica en las administraciones encargadas de la puesta en
        marcha de la legislación comunitaria en el ámbito del mercado
        interior (programa KAROLUS).

III. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ÚNICO

a) Prevención de las barreras a. los intercambios

23. La Comisión dispone de varios instrumentos para asegurar la
concordancia de las normas nacionales con el Tratado, desarrollar el
reconocimiento mutuo y eliminar los obstáculos, que el Tratado propicia a
través de una acción legislativa. Esta acción de prevención que tiene como
primera etapa i a aplicación de las disposiciones del Tratado es y continuará
siendo esencial para el funcionamiento del mercado único, debido, por un

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                    - 22

lado, a que en todos los Estados miembros se manifiesta una tendencia
natural a establecer nuevas reglamentaciones, por motivos totalmente
legítimos, pero sin tener en cuenta las repercusiones que éstas pueden tener
sobre los intercambios y, por otro, a que el control de esta normativa
permite identificar las nuevas necesidades de reglamentación a escala
comunitaria. La política de competencia desempeña un papel decisivo en la
prevención de las barreras a los intercambios, al impedir que determinados
mercados queden protegidos por la actuación de carteles, abusos de posición
dominante, ayudas públicas o derechos exclusivos.

i) En el ámbito de las mercancías

24 En aplicación de la Directiva 83/189/CEE, ampliada en 1988 a la
totalidad de los productos, cada uno de los Estados miembros deberá
notificar a la Comisión y a todos los demás sus proyectos de reglamentación.
Esta Directiva se ha convertido en el instrumento de base para la prevención
de las barreras a los intercambios . La obligación de notificación y, por lo
tanto, de transparencia, no tiene como único efecto la puesta en marcha de
los procedimientos de control, sino que, además, instaura el diálogo y la
cooperación entre los Estados miembros y la Comisión. No obstante, esta
Directiva ha demostrado serias lagunas por lo que respecta a su ámbito de
aplicación y a sus procedimientos. Precisamente para colmar estas lagunas,
se ha elaborado una propuesta que está siendo examinada por el Consejo y el
Par lamento.

25 Asimismo, podría emprenderse una iniciativa de transparencia en los
procedimientos de reconocimiento mutuo. Normalmente, una administración
tiende a asegurarse de que el producto que entra en su mercado se atiene a
las normas por ella establecidas, salvo que pueda demostrarse que la
adecuación del producto a las normas de otro Estado miembro garantiza una
protección equivalente. Asi pues, hay que demostrar caso por caso una
equivalencia que, a su vez, puede variar en función de la evolución de las
propias reglamentaciones. Deberla ser posible exigir a los Estados miembros
que declararan los casos de no reconocimiento de las normas de ios demás
Estados miembros. La Comisión podrá difundir asi las normas no reconocidas
por uno o varios Estados miembros. Con este método multilateral de
evaluación de la equivalencia cabrá plantearse serias dudas cuando un solo
Estado miembro cuestione una normativa nacional reconocida por todos los
demás. Próximamente, la Comisión presentará una propuesta relacionada con
esta cuest ion.

26. Por último, hay que conceder especial atención ai problema planteado
en ios sectores veterinario y fitosanitario, en los que sigue existiendo el
riesgo de que se tomen medidas que afecten a los intercambios de animales y
productos de origen animal. Durante ios últimos meses, hemos asistido a un
deterioro de la situación sanitaria en la Comunidad. Este fenómeno ha

provocado serias tensiones entre los Estados miembros, ya que algunos de
ellos han expresado su firme voluntad de evitar la entrada de enfermedades
graves procedentes de otros Estados miembros y de terceros paises. La
Comisión ha aplicado con éxito las medidas comunitarias necesarias,
compatibles con la supresión de los controles fronterizos; no obstante, cabe
señalar que los Estados miembros han tendido a aplicar medidas nacionales
uni lateralmente. Para que a nivel sanitario exista un máximo de seguridad,
es necesario facilitar urgentemente los recursos y procedimientos que
permitan que la Comunidad reaccione de forma rápida ante la aparición de una
enfermedad y que apoye con eficacia los programas de errad ic

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                     - 23 
ación con objeto de lograr y mantener un nivel sanitario lo más alto
posible. De no conseguirse este objetivo, el mercado interior en el sector
veterinario y de productos de origen animal no podrá desarrollarse ni
reforzarse.

i i) En el ámbito de los servicios

27 En el ámbito de los servicios, la prevención de las barreras a los
intercambios adolece de peor organización. Si bien es cierto que en el
sector de los transportes existe desde 1962 un procedimiento de examen y
consulta previos en relación con las medidas proyectadas por los Estados
miembros, en el de los servicios la aplicación de este procedimientos es
excepcional. Por esta razón y al margen de los ámbitos ya armonizados, la
Comisión podria ampliar a este sector el procedimiento en vigor en el ámbito
de las normas técnicas.

28 El desarrollo de la prestación de servicios enfrenta, en mayor grado
que la libre circulación, a los sistemas fiscales y sociales de los
distintos Estados miembros. Aunque esta situación sea totalmente conforme a
los principios de funcionamiento del mercado único, basados en la aplicación
de la legislación del pais de origen del servicio, la Comisión debe velar
por que las divergencias entre los regímenes sociales y fiscales no
provoquen situaciones inaceptables desde el punto de vista Jurídico o
politico. Para evitar que la prestación de servicios de lugar a la
infracción de las disposiciones en materia social en el país del destino, la
Comisión ha elaborado, en ei marco de la Carta Social, una propuesta sobre
expatriación de los trabajadores que define las condiciones de aplicación de
la legislación del país de destino. En el ámbito fiscal, el propio Tribunal
de Justicia ha señalado a la Comisión la necesidad de una acción
comunitaria. En la actualidad, la Comisión esta analizando el problema.

b) Evaluación de. JA Qftçacl». ¿ftlflS. normas comunitaria?

29. La Comisión es sensible a la preocupación manifestada por algunos
Estados miembros y determinados sectores industriales sobre la
disponibilidad de estadísticas sobre los intercambios comunitarios. El
anterior método de recogida de datos, basado en las declaraciones de
aduanas, ha sido sustituido por uno nuevo sistema basado en las
declaraciones directas realizadas mensualmente por las empresas. Los
primeros resultados obtenidos por algunos Estados miembros animan a pensar
que los problemas inherentes a la puesta en marcha del sistema son pasajeros
y que la naturaleza y la calidad de las estadísticas suministradas serán
comparables a las de las existentes hasta 1993. Asi pues, la Comisión podrá
ejercer en condiciones similares un control de la evolución de los flujos
comerciales que debe complementar las decisiones políticas que se tomen en
el ámbito de los intercambios.

30 La repercusión del mercado interior en la actividad de las empresas,
de los diversos sectores y, más en general, de la economía en su conjunto,
se ha descrito en el informe Cecchini y otras publicaciones teóricas. La
siguiente fase consistirá en comprobar si se cumplen las estimaciones
previstas en estos informes, No obstante, la comprobación sólo podrá
llevarse a cabo una vez que hayan entrado en vigor todas las disposiciones.
Aunque la mayor parte de las disposiciones relativas a i a fabricación de los
productos ya estén en vigor y la supresión de los controles en las fronteras
sea una realidad, las empresas de fabri

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                    - 24 
cae ión siguen dependiendo del conjunto de servicios que adquieren para
organizar la producción y comercialización de sus productos y, en
contrapartida, la mayoría de las disposiciones relativas a estos servicios
sólo irán entrando en vigor progresivamente, en particular en los sectores
de seguros, servicios de telecomunicación, energía y transportes. Por este
motivo, en su resolución de 7 de diciembre de 1992 el Consejo solicitaba la
realización de tal estimación para 1996.

31. La evaluación del impacto económico y social del mercado único deberá
hacer frente a tres tipos de dificultades:

    En primer lugar, habrá que obtener información que permita evaluar las
    repercusiones de la apertura de las fronteras sobre la actividad de
    las empresas, y como consecuencia, en la estructura de sus mercados y
    en su estrategia: el observatorio de las empresas podria aportar datos
    al respecto. Las grandes empresas ofrecen ejemplos concretos de
    modificación del mercado y de la estrategia, pero la dificultad es
   mayor cuando se trata de recoger información sobre los servicios a las
    empresas y, sobre todo, a las PYME.

    Asimismo, habrá que evaluar los efectos del comportamiento de los
    operadores, de las administraciones públicas, de los consumidores y de
    los trabajadores, que reaccionan también ante el mercado único e
    influyen en el grado de conocimiento y en el comportamiento de las
    empresas, amplificando o atenuando las repercusiones del mercado
    ún i co.

    Por último, el estudio deberá tener en cuenta los plazos de reacción
    de los operadores a las normas comunitarias.

La evaluación del impacto del mercado interior es pues una tarea a largo
plazo. Sin embargo, el trabajo puede emprenderse inmediatamente, y la
Comisión, recurriendo a los medios presupuestarios disponibles y basándose
en los trabajos preliminares que ya se están desarrollando, empezará a
organizar a principios de 1994 este tarea de evaluación que se realizará a
lo largo de tres años.

32. Por otro lado, hay que garantizar que el funcionamiento del mercado
interior se adecúa a las necesidades y expectativas de los operadores y de
los ciudadanos. Ahora bien, es difícil llevar a cabo un control al respecto,
puesto que no existe un marco de evaluación general del mercado único.
Aunque se han creado numerosos comités para llevar a cabo tales
evaluaciones, a menudo tomando como base los informes que la Comisión tiene
que presentar al Consejo y al Parlamento, y si bien dichos comités pueden
convertirse en instrumentos eficaces de evaluación de las normas, es difícil
evaluar el impacto económico, social e industrial de éstas sobre una base
estrictamente sectorial, ya que el entorno de las empresas, de los
trabajadores y de los consumidores se ve determinado por el conjunto de las
normas que rigen la competitividad de dicho entorno. Por lo tanto, lo que se
plantea es cómo hacer para que la Comisión, los Estados miembros y los
operadores económicos afectados se organicen para controlar y evaluar el
impacto global de las normas.

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                    - 25 
33. No basta con evaluar las consecuencias económicas del mercado único,
hay que garantizar asimismo que todas y cada una de las normas adoptadas
responde a las expectativas de los operadores, los consumidores y los
ciudadanos. Con ese fin, la Comisión cuenta con diversos grupos y comités
que reúnen a los Estados miembros, los operadores económicos o a los
consumidores como, por ejemplo, los comités consultivos en los ámbitos
veterinario y alimentario, que reúnen a los diferentes profesionales del
sector y a los consumidores. Para poder controlar de forma más general el
funcionamiento del mercado único, la Comisión recurre al comité consultivo
para la coordinación en el ámbito del mercado interior con objeto de que
recoja toda información, estudio u observación sobre el funcionamiento del
mercado único; este comité podrá paliar, en caso necesario, los problemas de
comunicación entre la Comisión y los Estados miembros. Por lo que respecta a
los contactos con los sectores económicos y sociales, la Comisión está
dispuesta a solicitar, de acuerdo con la resolución del Parlamento Europeo
de 18.12.1992, la colaboración del Comité económico y Social, que reúne a
los representantes de todos estos sectores y que, por lo tanto, cuenta con
la competencia técnica y la sensibilidad política necesarias para llevar a
cabo tales evaluaciones.

IV. ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CON LOS ESTADOS MIEMBROS

a) Ámbitos en que se I leva a. cabo la asociación

i) Ámbito de la libre circulación de personas

34. La libre circulación de personas obedece a normas particulares que van
a evolucionar con la entrada en vigor del Tratado de la Unión. No obstante,
no se cuestiona la competencia comunitaria en el ámbito de los capitales o
los productos sensibles tales como las drogas destinadas a mercados legales
(farmacéutico o médico), los precursores de droga y las armas individuales.
Es fundamental que en estos distintos sectores la Comisión favorezca el
contacto entre los Estados miembros. Asimismo, es importante que la Comisión
pueda garantizar el intercambio de información en los ámbitos que no se
hallan regulados a nivel comunitario, como el de las sustancias
psicotrópicas y el de la protección de la moralidad; en este contexto y con
tal finalidad, el Consejo de 8 de febrero de 1993 adoptó el reglamento por
el que se crea el observatorio europeo de drogas y toxicomanías. Al margen
de la cuestión de la cooperación entre administraciones que debe
complementar la aplicación de las normas comunitarias, cuando éstas existen,
hay que asegurar un intercambio de información y de experiencias para lograr
un clima de confianza entre las administraciones nacionales. Asi pues, la
Comisión organizará regularmente seminarios que propicien la convergencia de
los sistemas nacionales sin tener que pasar necesariamente por medidas
legislativas o convenios, a fin de evitar posibles problemas y lograr que el
Consejo defina ciertas orientaciones de actuación.

i i) Ámbito de la protección de las exigencias esenciales

35. La solidaridad entre los Estados miembros en la gestión del mercado
único implica la existencia de una cooperación entre las administraciones
que garantice la protección del consumidor frente a productos peligrosos o
que evite que se transporte de un Estado miembro a otro productos no
conformes con las normas; esta solidaridad implica,

```

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                    - 26 
además, que la Comisión tenga capacidad para hacer evolucionar las normas
comunitarias para responder a nuevas exigencias, y que para ello disponga de
los datos científicos necesarios; por último, implica asimismo la unión en
la lucha contra el fraude.

   Organización de sistemas de alerta en caso de productos o servicios
   peligrosos o no conformes con la normativa. Habida cuenta de las
   numerosas medidas de organización de redes de alerta concretas
   establecidas por las directivas específicas asi como de la entrada en
   vigor en 1994 de la Directiva sobre la seguridad general de los
   productos, se halla cubierta la totalidad de los productos de consumo
   que circulan por territorio comunitario.

   La primera cuestión que se plantea es saber si los diversos sistemas
   existentes pueden funcionar eficazmente y, de ser asi, la forma en que
    lo hacen. Las experiencia actual pone de manifiesto que las
   administraciones no están excesivamente familiarizadas con ellos y que
   no todos los Estados miembros los emplean por igual . Los Estados
   miembros se enfrentarán al reto de garantizar un buen funcionamiento
   cotidiano de estos sistemas de urgencia. Existe el riesgo de que la
   multiplicación de las redes y de los interlocutores dentro de la
   propia Comisión provoque la opacidad del sistema y por lo tanto lo
   vuelva ineficaz. Para paliar la situación podrían preverse una serie
   de medidas:

        acelaración de la transmisión de informaciones;
        limitación del empleo del procedimiento a los casos
        verdaderamente urgentes,
        en determinados sectores, al menos, mayor precisión de la
        información facilitada por las autoridades nacionales;
        una utilización más uniforme del sistema de alerta por parte
        de los Estados miembros;
        una reacción más transparente de las autoridades nacionales
        con respecto a los casos señalados;
        una mayor coordinación comunitaria en el tratamiento de la
        información (confidencialidad/publicidad);
        una organización más sistemática de los debates a escala
        comunitaria sobre el tratamiento de los casos señalados.

    La segunda cuestión que se plantea es la de comprobar con los Estados
   miembros la utilidad de los sistemas de alerta en el ámbito de los

    servicios. Dichos sistemas se han desarrollado para resolver de forma
    práctica hechos concretos y graves en el ámbito de las profesiones
    liberales que pueden repercutir negativamente en la prestación de
    servicios. Asi pues, estos métodos siguen constituyendo una excepción
   en el sector de los servicios. Sin embargo, el desarrollo del cabotaje
    en los diferentes medios de transporte podria Justificar, por ejemplo,
    la información a todos los Estados miembros de las medidas tomadas

    contra una empresa que pudieran tener consecuencias sobre el
    territorio de los demás Estados miembros. Asi pues, la Comisión va a
   analizar la utilidad de crear redes de urgencia en el sector de los
    servicios.

```

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                 - 27 
Adaptación de la normativa a los nuevos riesgos: asimismo, la Comisión
deberá dotarse de instrumentos que le permitan garantizar la
adecuación de la normativa a las nuevas exigencias con la suficiente
eficacia y rapidez. Esta función deberá tenerse en cuenta tanto en la
elaboración y la adaptación de las normas como en su aplicación por
parte de los Estados miembros. Ambos niveles, estrechamente vinculados
e interactivos, llevan aparejadas responsabilidades y competencias de
distinto tipo:

     por lo que respecta a la elaboración y la adaptación de las
     normativas, es necesario disponer de capacidades de evaluación
     técnica o científica y poner en marcha procesos legislativos
     cuya rapidez se adecúe a la urgencia de las necesidades. El
     mayor problema que se plantea al respecto es el de la gran
     diversidad de los grados de urgencia, que vari an según los
     sectores y los tipos de riesgo. Cuanto más critico es el
     riesgo, mayor es la necesidad de eficacia de la acción
     comunitaria y más estructurada debe ser, por consiguiente, la
     cooperación entre los Estados miembros y la Comisión. Un claro
     ejemplo lo constituyen los diferentes comités cientificos
     creados en los ámbitos veterinario, fitosanitar¡o y
     alimentario, que reúnen a los más importantes expertos
     europeos independientes. El objetivo de estos comités es
     facilitar a la Comunidad análisis científicos lo más fiables

     posible que sirvan de base para la elaboración y la adaptación
     de las normativas comunitarias. En otros sectores tales como
     el de la seguridad del automóvil, la seguridad química y la
     seguridad en los productos de consumo existen necesidades
     similares.

     La eficacia de la acción comunitaria debe evaluarse de forma
     global y debe abarcar la totalidad del proceso de decisión que
     puede durar de 3 a 5 años, según los tipos de legislación y el
     procedimiento de decisión aplicable. La extensión de los
     plazos puede ser incompatible con la gravedad del riesgo
     estimado y puede llevar entre tanto al establecimiento de
     normativas nacionales que, a su vez, pueden volver a
     fragmentar el mercado. Asi pues, la Comisión debería poder
     recurrir a procedimientos adaptados a sus necesidades y
     deber i a poder tomar medidas de urgencia para hacer frente a
     problemas asimismo urgentes. En la Directiva sobre seguridad
     general de los productos se prevé, bajo determinadas
     condiciones, un procedimiento de este tipo.

En general, la Comisión no dispone de las capacidades técnicas y
científicas necesarias para evaluar cuáles son las necesidades en
materia de regulación. Por lo tanto, deberán establecerse nuevos
métodos de trabajo que permitan confiar ciertas tareas a grupos de
expertos o a laboratorios designados por la Comisión con el acuerdo de
los Estados miembros. Este método se ha experimentado ya ampliamente
en el sector farmacéutico.

```

```
                    - 28 
b) Instrumentos para 1 ¿ asociación

i) Cooperación administrativa

36. En aplicación del principio de subsidiar i edad, la cooperación
administrativa se justifica por diversas razones: ofrecer niveles
comparables de protección de la salud y la seguridad, fomentar la confianza
mutua y garantizar la competencia. La supresión de los controles
administrativos en el momento de traspasar las fronteras internas de la
Comunidad hace aumentar el riesgo de fraude cuando la normativa comunitaria
permite la coexistencia de regímenes nacionales diferentes y subordina el
paso de las fronteras a procedimientos o condiciones particulares. Los
riesgos de fraude pueden aparecer asimismo cuando las modalidades de control
no son equivalentes, como demuestra el informe de la Comisión sobre las
hormonas. En esos casos, la intervención de las administraciones puede tener
repercusiones en el territorio de los demás Estados miembros. Al haberse
suprimido la intervención de la administración de aduanas, se puede dar el
caso de que un único problema sea tratado por varias administraciones
diferentes.

37. La lucha contra el fraude en relación con el presupuesto comunitario
es una cuestión conocida de todos. El incumplimiento de las normas
comunitarias ha existido siempre pero, hasta ahora, cada uno de los Estados
miembros creía firmemente poderlo controlar a través de sus procedimientos
administrativos. A partir de ahora, habrá que establecer los instrumentos de
cooperación administrativa necesarios para encarar este riesgo. El
desarrollo de iniciativas independientes hace temer cierta opacidad en los
intercambios de información y un desequilibrio en el tratamiento de los
casos. Asi pues, según las propuestas realizadas en el informe Sutherland,
seria beneficioso establecer mecanismos de control organizados. Los
consumidores y el público en general saldrán ganando con el establecimiento
de un sistema de asistencia mutua entre las administraciones nacionales tan

eficaz como el que existe en los propios Estados miembros.

38. El objeto de la cooperación entre administraciones puede ser
sencillamente la gestión de los actos comunitarios que implica, a menudo, la
necesidad de disponer de datos recogidos en otros Estados miembros. Esta es
la situación en la mayor i a de las directivas, y es generalmente la misión de
los comités constituidos en el seno de la Comisión y de las redes de
autoridades responsables. Generalmente, los servicios que entran en esta red
son los existentes en los Estados miembros para la gestión de las normas
internas, pero también puede tratarse de servicios creados especialmente
para la correcta aplicación de las directivas, como ocurre en el caso de la
gestión del sistema de reconocimiento general de diplomas.

39. La organización de la cooperación puede revestir diversas formas:

(a) en algunos sectores, la asistencia mutua se organiza a través de
   procedimientos precisos gestionados por comités; esto ocurre,
   concretamente, en los sectores alimentario, farmacéutico y
   veterinario. La supresión de las fronteras fiscales ha permitido el
   establecimiento de órganos de cooperación entre las administraciones
   en el seno del comité permanente de cooperación administrativa,
   cooperación propiciada por la creación de oficinas de enlace en cada

```

```
                    - 29 
   uno de los Estados miembros. Esta organización permitirá la asistencia
   mutua cuando un Estado miembro lleve a cabo controles en su territorio
   a petición de otro Estado miembro. Las modalidades de esta asistencia
   mutua quedan establecidas en el Reglamento 218/92 sobre cooperación
   administrativa en materia de IVA, Además, en la Directiva 77/779/CEE
   aparecen disposiciones en materia de asistencia mutua que se han
   ampliado al ámbito de los impuestos especiales. En el sector de los
   productos alimenticios y, en el marco de una propuesta de Directiva
   por la que se completa la Directiva sobre control oficial, se están
   adoptando procedimientos de cooperación que establecen un punto de
   contacto por Estado miembro, asi como la obligatoriedad de dicha
   cooperación. Por otro lado, acaba de adoptarse una directiva mediante
    la que se establece la cooperación científica entre los Estados
   miembros y la Comisión.

(b) En la mayoría de los sectores restantes, los textos comunitarios
   obligan únicamente a los Estados miembros a garantizar la puesta en
   práctica de esta asistencia, pero sin indicar cuáles son las tareas
   asignadas a las autoridades competentes.

40. Partiendo de la experiencia acumulada, se pueden aportar una serie de
orientaciones que pueden dar lugar a un nuevo enfoque. Dicha orientaciones,
que se desarrollarán en una comunicación especifica, son las siguientes:

a) la notificación, por parte de los Estados miembros, de las medidas de
   aplicación de los actos comunitarios, es decir, no sólo de las medidas
   de incorporación que se suelen notificar de una sola vez, sino también
   de las disposiciones administrativas de aplicación.

b) la definición, antes de finales de año, de los objetivos y modalidades
   de una cooperación administrativa en la fase de aplicación de las
    normas en cada uno de los ámbitos de la legislación comunitaria. Dicha
    reflexión se llevará a cabo en el seno de los grupos y comités
    adecuados y tendrá como finalidad identificar claramente a las
    autoridades responsables de la aplicación de la legislación, definir
    los objetivos, necesidades y modalidades de la cooperación
   administrativa, evaluar la eficacia de estas modalidades en los
   sectores en los que la cooperación administrativa es ya una realidad
   y, por último, identificar la forma en que la Comisión podria
   contribuir eficazmente a esta cooperación.

c) el establecimiento de los principios que deben guiar la cooperación
   administrativa, basándose, en su caso, en una propuesta de la
   Comisión. El objeto de la propuesta seria establecer los elementos
    fundamentales de la cooperación entre administraciones en los sectores
   en que no existe ninguna disposición especifica, intentando evitar la
   burocratización y la duplicación de los foros de discusión y crear un
   marco lo suficientemente flexible como para poder adaptarlo a las
   necesidades y particularidades de cada sector.

d) la elaboración por parte de la Comisión de un programa de apoyo a la
   cooperación administrativa.

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                    - 30 
e) presentación de un informe ante el Consejo y el Parlamento, a
   principios de 1994, sobre la situación de la cooperación entre
    administraciones, acompañado de las propuestas complementarias
   pertinentes.

i i) Adaptación de las administraciones a las normas de funcionamiento del
mercado único.

41. Para que la cooperación entre las administraciones sea una realidad y,
más en general, para que las normas se respeten plenamente con objeto de
lograr tanto la seguridad de las transacciones como la de los consumidores,
es necesario que las estructuras administrativas se adecúen con las
obligaciones asumidas. Ahora bien, para que la información entre
administraciones circule y sea posible el diálogo entre las diversas
instancias, las administraciones nacionales deberán haber integrado la
dimensión comunitaria a todos los niveles en sus normas de funcionamiento y
en su organización. Por lo que respecta al entorno de las empresas, una
administración eficaz es tan importante como la propia normativa.

(a) Reorganización de las infraestructuras administrativas: la libre
    circulación dentro de la comunidad ha puesto de manifiesto la
    importancia de la organización de controles en las fronteras externas.
   Seria muy positivo para la Comunidad en su conjunto que las
    administraciones de aduanas y sanitarias dispusieran en los puestos
    fronterizos de los equipos necesarios para llevar a cabo su tarea,
    porque su acción compromete a todos los Estados miembros. Por otro
    lado, la Comisión ha elaborado una encuesta dirigida a los Estados
   miembros sobre la gestión de controles de personas en las fronteras

    externas.

    Dentro de toda la Comunidad se da una situación similar: las
    autorizaciones para la comercialización o los controles sobre el
   mercado se efectúan en beneficio de los consumidores en su conjunto.
    Esto ocurre, sobre todo, en los ámbitos en los que se ha llevado a
    cabo la armonización de los requisitos fundamentales que deben cumplir
    los productos, tarea para la que se requieren laboratorios y servicios
    de prueba eficaces. En la actualidad, la Comisión está elaborando un
   estudio sobre el conjunto de los servicios de prueba, inspección y
    certificación en la Comunidad a fin de evaluar la situación y
   establecer en consecuencia un programa de refuerzo de las
    infraestructuras, en colaboración con los Estados miembros. Sólo una
    nivelación de las competencias de los organismos de prueba y
    certificación hará posible la credibilidad de los organismos de
   certificación y la confianza mutua entre los sistemas nacionales de
    control; asimismo, habrá que establecer redes de acuerdos mutuos entre
    las instancias de autorización con el pleno apoyo de las autoridades
   públicas nacionales y comunitarias.

   No hay que excluir la posibilidad de que la Comunidad, en el marco del
   programa PRISMA, en vigor hasta el 31-12-93, aporte su respaldo
    financiero para el establecimiento de infraestructuras tales como
    laboratorios de control, de normalización de pesos y medidas y
   organismos de prueba y certificación.

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                      31 
(b) formación de las administraciones nacionales: las administraciones
   nacionales tienen que hacer frente a nuevas normas que deben aplicar
   en función de la dimensión comunitaria. A la hora de efectuar un

    control sobre el mercado deben poder comprender el significado de la
   marca y de los documentos que acompañan al producto para poder
    reaccionar de forma coherente con la legislación comunitaria.
   Asimismo, cuando la policía controle la carga de una camión procedente
    de otro Estado miembro, deberá saber cuáles son ios documentos
    concretos que el conductor debe facilitar para que el control ejercido
    sea eficaz y proporcionado. Este problema de formación, al que ya se
    ha aludido en relación con el acceso a la justicia, atañe a todas las
    administraciones nacionales y, en particular, a las administraciones
    de ejecución. Aunque ya se han tomado medidas para facilitar el
    conocimiento de la dimensión comunitaria por parte de las
    administraciones, éstas siguen siendo insuficientes.

        El intercambio de funcionarios constituye un instrumento
        esencial de cooperación entre las administraciones y una
        prueba de confianza mutua. Por lo que respecta a la gestión
        del mercado interior, las posibilidades de intercambio siguen
        siendo limitadas, aunque se van desarrollando lentamente. Los
         intercambios que, en el ámbito veterinario, se llevan
        efectuando desde 1991, se han ampliado ya al conjunto de los
        sectores sujetos a las normas internas comunitarias a través
        del programa KAROLUS, que empezó a aplicarse el 1/1/1993. Este
        programa permitirá el intercambio de 1900 funcionarios a lo
         largo de 5 años en sectores que se determinarán cada año en
        función de la experiencia adquirida. Esta posibilidad de
         intercambio ya existe en el ámbito de las aduanas y se
        extenderá a título experimental al sector de la fiscal¡dad,
        mediante un programa específico (MATTHAEUS-TAX) que está
        siendo debatido en el Consejo.

        Aunque estos programas de intercambio vayan acompañados de
        programas de formación para los beneficiarios, no existe una
         iniciativa sistemática de formación de funcionarios
        nacionales. Únicamente en el sector veterinario se organizan
        cursos de perfeccionamiento para inspectores. En los sectores
        de aduanas y fiscal, los intercambios irán acompañados de un
        importante programa de seminarios de formación, asi como de la
        elaboración de programas comunes de formación. Como ya se ha
        propuesto en el ámbito de la formación de magistrados,
        convendría facilitar el intercambio de estudiantes y
        profesores en los centros de formación de funcionarios.

        Por último, la Comisión está estudiando la viabilidad de un
        publicación periódica documental y de contacto destinada a las
        administraciones nacionales.

(c) Las redes telemáticas entre Estados miembros: la cooperación entre
    administraciones sólo podrá ser eficaz si se apoya en infraestructuras
    telemáticas. La Comisión ya definió en 1991 las necesidades en
    diversos campos, derivadas de la libre circulación de servicios dentro
    de la Comunidad. Desde entonces, además de las iniciativas destinadas
    a la gestión de las fronteras externas (SID, TARI

```

```
                    - 32 
   C) para la gestión del propio mercado interior, se han tomado diversas
   iniciativas para establecer la red en el ámbito de la fiscal i dad
   indirecta (VIES), en el de los controles veterinarios (ANIMO y SHIFT),
   en el ámbito fitosanitario (PHYSAN), en el de las drogas y
   toxicomanias (REITOX) y en el del comercio intracomunitario (EDICOM);
   el establecimiento de estas redes quedaba Justificado por la supresión
   de los controles en las fronteras. Actualmente, están empezando a
   manifestarse nuevas necesidades, por ejemplo, por lo que respecta a la
   gestión de los controles a la exportación de los bienes de doble
   finalidad, la recepción comunitaria de vehículos, la apertura de la
   contratación pública, la difusión de las ofertas y demandas de empleo,
   la seguridad social y la gestión de las autorizaciones de
   comercialización de los productos farmacéuticos y el control del
   mercado sobre los productos alimenticios. A medida que vayan entrando
   en vigor las nuevas directivas, irán surgiendo nuevas necesidades.

   Para evitar la dispersión de las iniciativas, la Comisión ha
   presentado ante el Consejo el programa TNA-IDA, que propone planes
   directores de las redes telemáticas para guiar cualquier proyecto de
   red transnacional, incluso al margen de cualquier financiación
   comunitaria, y crea un instrumento para la financiación de los
   estudios de viabilidad y de la realización de la red.

   Los primeros análisis muestran que son tres los tipos de redes
   utilizadas: las redes de correo electrónico, las redes de
   transferencia de archivos y las redes de consulta y actualización de
    las bases de datos. En su funcionamiento, cada una de estas redes
   deberá atenerse a una serie de normas en materia de seguridad y
   flabilidad. La cuestión de las redes telemáticas en su conjunto,
   requiere, tanto a escala institucional como nacional, un enfoque
   coherente y global que no debe limitarse a la Comunidad, sino que debe
   cubrir asimismo los sistemas relacionados con los demás pilares del
   Tratado de la Unión. Con objeto de proceder a un desarrollo coherente
   y programado de estas redes en los próximos años, se emprenderá una
   acción destinada a definir las normas de construcción común de un
   servicio de correo electrónico entre las instituciones comunitarias y
    los Estados miembros, por un lado y entre las instituciones
   comunitarias entre si, por otro. En una primera fase, este servicio
   permitirá el intercambio de documentos para gestionar las reuniones,
   por ejemplo; más adelante, este correo electrónico contará con
   aplicaciones especificas a determinados sectores.

(d) La Comisión pretende poner en marcha la operación de las redes
   telemáticas contando con la ayuda de dos órganos. El Comité Consultivo
   de Coordinación en el Ámbito del Mercado Interior podria definir las
   necesidades y prioridades y evaluar la eficacia de las redes. El TAG
   (Telematic for Administration Group) deberla permitir gestionar la
    instalación de las redes, con todos los problemas técnicos,
   financieros y de organización que esta operación lleva aparejados,
   respetando, al mismo tiempo, las competencias de los comités
   sectoriales.

```

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                    - 33 
V. TRANSPARENCIA DE LAS MEDIDAS COMUNITARIAS

42. La transparencia se ha convertido en uno de los principales retos de
la Comunidad, que afecta tanto a su imagen en el interior como frente al
exterior. De ahi la importancia atribuida por el Consejo Europeo, reunido en
Edimburgo, a la codificación legislativa, al solicitar que se adopte un
método acelerado de trabajo que resulte aceptable para todas las
instituciones comunitarias, con el fin de aprobar de forma rápida y eficaz
las propuestas codificadas. La transparencia no constituye tan solo un
presupuesto para que las normas aprobadas sean aceptadas política o
socialmente, sino que representa también la base de su correcta aplicación
en los Estados miembros. Aunque éstos han de desempeñar la función que les
corresponde, su eficacia dependerá de la capacidad de hacer valer sus
iniciativas en el ámbito de las medidas comunes entre la Comisión y los
demás Estados miembros. Con todo, cualquier medida de comunicación e
información ha de basarse en la transparencia de la legislación comunitaria.
Estos dos temas han dado lugar a varias comunicaciones de i a Comisión: las
de 2 de diciembre de 1992 y 2 de junio de 1993, sobre la transparencia, y la
de 5 de mayo de 1993, sobre el acceso a la información.

A) Transparencia de. J A legislación comunitaria

43. Como ya anunció en su Comunicación de 2 de diciembre de 1992 sobre la
continuación del informe Sutherland, la Comisión va a hacer públicas las
necesidades de codificación conforme al estado actual de la legislación y a
la evolución previsible. El programa legislativo de 1993 prevé ya la
codificación de numerosas normas en el ámbito del mercado interior. De forma
paralela, la base INFO 92 pone a disposición del público la legislación en
su versión codificada; por ahora se puede acceder a la legislación
farmacéutica, alimentaria y sobre derecho de sociedades, pero este proceso
se ampliará gradualmente al resto de la legislación. Cabe señalar que las
versiones codificadas figuran en los nueve idiomas de la Comunidad. Además,
se lograrán otros avances en materia de codificación gracias al programa
puesto en marcha por la Oficina de Publicaciones desde el 1 de enero de
1993.

44. Asimismo, la Comisión publicará en las nueve lenguas oficiales
recopilaciones de textos jurídicos sobre cada materia. La primera
publicación de este tipo se referirá al ámbito alimentario y agrupará la
totalidad de las normas que regulan directa o indirectamente esta materia.
La siguiente publicación versará sobre el sector farmacéutico.

45. Como ya se ha indicado, la Comisión está dispuesta a emprender medidas
de edición conjunta para poner a disposición del público especializado no
sólo la legislación comunitaria, sino también la legislación de
incorporación. La Comisión ya está analizando varias propuestas en esta
linea, pero para que estas iniciativas puedan responder a las necesidades
existentes en cada lengua comunitaria, está dispuesta a fomentar la creación
de una agrupación europea de interés económico con distintos editores en las
nueve lenguas de la Comunidad, que pongan en común sus recursos de
traducción, investigación y edición.

```

```
                    - 34 
b_) Medidas & comunicación £ información

i) Informe anual sobre el mercado interior

46. La Com i s ion ha anunciado la publicación de un informe anual sobre el
mercado interior. Sin ser una repetición de los informes generales de la
Comisión o del informe al Parlamento sobre la aplicación del derecho
comunitario, este informe deberla servir para que los responsables políticos
de la Comunidad determinen las prioridades y los operadores económicos
puedan informarse sobre el funcionamiento del mercado interior. Su objetivo
no será tan sólo facilitar información sobre el proceso de toma de
decisiones, que ya se contempla en el informe anual, ni analizar los
programas de incorporación y aplicación de la legislación, que se examinan
en el Informe sobre la aplicación del derecho comunitario, sino realizar un
balance de los distintos aspectos de la gestión del mercado único, tal y
como se presentan en este documento. Este informe deberá realizarse en
cooperación con los Estados miembros, a fin de facilitar también información
sobre la aplicación de la legislación en sus paises. Se puede considerar
también la posibilidad de incluir en el mismo todos los demás informes que
la Comisión está obligada a presentar en aplicación de directivas
especificas, asi como los informes que deben realizar los Estados miembros.

i i) Medidas de comunicación e información

47. A partir de las conclusiones del informe Sutherland, la Comisión
decidió reforzar las medidas de información y comunicación relativas al
mercado interior. Asi, la Comisión está realizando un inventario de sus
actividades a través de un grupo formado por miembros de distintos
servicios, que hará asimismo las propuestas complementarias necesarias.
Además, el grupo formulará recomendaciones constructivas con el fin de
mejorar la coordinación entre sus servicios y las organizaciones y enlaces
exteriores. Ello aumentará la repercusión de los mensajes comunicados al
gran público y a los circuios especializados. Entre las medidas destinadas a
reforzar la información figuran las siguientes:

(a) utilización de medios de comunicación más modernos y eficaces;

(b) organización de un sistema de cooperación con los Estados miembros,
    las instituciones comunitarias y las organizaciones exteriores;

(c) revisión de las publicaciones y búsqueda de nuevas oportunidades;

(d) mejora de la difusión de la base de datos INFO 92, a la que se
    accederá a través de una red europea destinada al gran público, y que
    facilita información básica sobre el conjunto de las normas de
    funcionamiento del mercado interior; esta base de datos constituye el
    instrumento fundamental de las medidas informativas de la Comisión;

(e) adopción de medidas con objetivos más específicos.

```

```
                    - 35 
SECCIÓN B: DESARROLLO DEL MERCADO ÚNICO

```

**`I.`** _**m**_ **`ENTORNO`** **`LIBRE Pl OBSTÁCULOS`**

```
48. En el supuesto de que la totalidad de las medidas adoptadas sean
debidamente Incorporadas, aplicadas y controladas por los Estados miembros,
es preciso cerciorarse de que responden a las necesidades de funcionamiento
del mercado único. Una vez finalizado el programa legislativo previsto en el
Libro Blanco, existe ya una estructura básica de normas comunitarias en la
que se apoya el funcionamiento del mercado único. Con todo, surgen nuevas
necesidades en materia de protección de la salud, la seguridad, el medio
ambiente, los consumidores, etc., que requieren la adaptación de la
normativa vigente o la elaboración de nuevas normas. Si bien en el articulo
8A se atribuye a la Comunidad la competencia clara y exclusiva de garantizar
el funcionamiento del mercado único, las instituciones comunitarias han de
velar por que se respete el principio de proporcionalidad en el contexto de
una mayor transparencia. La inclusión del principio de subsidiar iedad en el
Tratado de la Unión Europea representa, aún más que antes, una exigencia de
transparencia tanto en lo que se refiere a la motivación de cada iniciativa
como en lo relativo a los distintos criterios de aplicación de dicho
principio. Para lograr dicha transparencia, es fundamental que se elaboren
una metodología y un marco de análisis para llevar a cabo las tareas de
preparación y que todas las partes afectadas puedan acceder a un
procedimiento de información y consultas.

49. La elaboración de una metodología y un sistema de análisis requiere en
primer lugar que se definan los criterios empleados para evaluar las nuevas
necesidades legislativas, tanto en lo relativo a la necesidad de elaborar
una nueva normativa, como a la elección de las soluciones que garanticen
simultáneamente el máximo efecto útil (eficacia) y la mínima intensidad
legislativa con respecto al objetivo (proporcionalidad). Estos criterios
tendrán diversas funciones: determinar los objetivos comunitarios
(eliminación de obstáculos para la libre circulación y alteraciones de la
competencia, objetivos sociales y de armonización técnica, etc.), precisar
su contenido teniendo en cuenta las relaciones entre ellos (lo que
facilitará la elección de la base Jurídica) y establecer las necesidades de
intervención con arreglo a los objetivos comunitarios. Estos criterios han
de influir también en el método de evaluación de la importancia económica de
las necesidades legislativas y de sus costes. Por último, permitirán
determinar el tipo y el contenido de la intervención con arreglo a las
necesidades y los objetivos señalados, al ofrecer una gama de soluciones
posibles sobre la base de la experiencia de la Comunidad.

50. A partir de este método de evaluación y análisis para la elaboración
de propuestas, el objetivo de la Comisión es garantizar la máxima
concordancia de la política legislativa comunitaria y la coherencia entre
distintos tipos de intervención que responden a diferentes objetivos
comunitarios. Esta adecuación ha de lograrse tanto en la coordinación
interna de la Comisión como en las demás instituciones comunitarias, e
incluso en las administraciones nacionales. La transparencia del proceso de
elaboración de propuestas de la Comisión ha de ser un instrumento de esta
coordinación. Se han realizado avances en materia de transparencia, gracias
al mayor rigor en la elaboración de las exposiciones de motivos, la

```

```
                    - 36 
publicación del programa legislativo de la Comisión y la elaboración de
libros verdes y blancos; se están elaborando diversos libros verdes, como
los que versan sobre la comunicación comercial o el acceso de los
consumidores a los tribunales; por otra parte, se están celebrando debates
•obre el libro verde relativo a la concentración y el pluralismo de los
medios de comunicación, asi como el mercado Interior de los servicios de
correos. Puede aumentarse esta transparencia conforme a las pautas
propuestas en el informe Sutherland:

   Hacer pública en el DOCE la intención de preparar nuevas propuestas;
   de este modo, la Comisión deberá tomar una decisión sobre la
   oportunidad de la medida antes de tener que adoptar una decisión sobre
    la misma.

   Siempre que se den las condiciones necesarias, elaborar directrices
   que permitan garantizar a priori la máxima coherencia de determinados
    tipos de intervención que responden a objetivos concretos; una de las
   opciones es la publicación de libros verdes, que puede convertirse en
   un complemento esencial de toda iniciativa a favor de la transparencia
    y la coherencia legislativa de la Comunidad.

51. Pese a los resultados logrados hasta la fecha, subsisten obstáculos en
los flujos comerciales que la Comunidad deberá suprimir mediante el empleo
de los métodos de trabajo descritos y conforme al sistema de prioridades
establecido en este documento. Podrá determinarse si estas prioridades son
las más acertadas mediante un procedimiento abierto de consultas.

```

**`aj`** **`MejQJJL Jtel`** **`ADlQXDQ.`** **`lur`** **`IdlCP.`** **`Jfe`** _**133.**_ _**OEBIS&SL**_ **`X`** **`iflS.`** **`Cltt4«ftffîQB`**

```
i) Normas de protección de la propiedad intelectual.

52. A partir del Libro Blanco, se han eliminado numerosas divergencias
entre las legislaciones nacionales que afectaban a la libre circulación de
productos y servicios. Ha de continuarse con estas medidas con el objetivo
de fomentar la innovación dentro de ios limites establecidos por las normas
de competencia:

    Debe fomentarse la libre circulación de mercancías mediante la
    armonización de las normas de protección de los productos
    biotecnológico8 y variedades vegetales -que han sido objeto de una
    propuesta al Consejo-, asi como de los diseños y modelos.

    Ha de facilitarse la libre prestación de servicios y la libre
    circulación de mercancías mediante la armonización de las normas sobre
    radiodifusión por satélite y retransmisión por cable, duración de la
   protección de los derechos de autor y derechos afines y protección
    Jurídica de las bases de datos.

53. No obstante, además de las normas de armonización, es preciso dar
otras facilidades a las empresas y poner a su disposición sistemas de
protección de las patentes, marcas, variedades vegetales y diseños y modelos
basados en un único registro formal y en un sistema comunitario de
protección. Se han presentado propuestas al Consejo en materia de marcas y
variedades vegetales; el Convenio sobre la patente comunitaria está en curso
de ratificación y la Comisión presentará próximamente una propuesta sobre
los diseños y modelos.

```

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                    - 37 
il) Protección de los datos personales.

54. Se ha presentado al Consejo un conjunto de propuestas, entre las
cuales figura una propuesta de Directiva (modificada en octubre de 1992 como
consecuencia del dictamen del Parlamento Europeo), relativas a la protección
de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de datos. El flujo de Información de tipo personal
(dentro de las empresas o entre ellas, en el marco de la asistencia
reciproca entre administraciones, entre centros de Investigación y, sobre
todo, en el ámbito médico y epidemiológico) aumenta de forma paralela a la
integración comunitaria y al desarrollo de la libre circulación. La
protección de los ciudadanos exige que se refuerce la protección de su
Intimidad contra la utilización de sus datos personales.

ill) Derecho de sociedades

55. La creación del estatuto de sociedad europea ofrecerla a las empresas
que lo desearan una alternativa jurídica complementaria y permitirla también
superar un obstáculo anacrónico: las empresas procedentes de distintos
Estados miembros no siempre pueden fusionarse sin unos trámites previos
complejos y costosos. Esta situación resulta aún más anormal si se tiene en
cuenta que el régimen fiscal de estas fusiones se armonizó mediante una
Directiva del Consejo de Julio de 1990. La sociedad europea representarla
para las empresas una alternativa y una simplificación, además de su valor
simbólico. Por otra parte, su aprobación permitiría desbloquear otras
iniciativas, como el estatuto de la cooperativa europea o la Décima
Directiva sobre las fusiones transfronterizas, sobre las cuales el
Parlamento aún no se ha pronunciado, en espera de que se encuentre una
solución sobre la participación de los trabajadores.

iv) Medios de pago transfronterizos.

56. Los consumidores y las empresas han manifestado su perplejidad ante el
coste de las transferencias transfronterizas; estos pagos representan costes
a veces desproporcionados y poco transparentes, sobre todo cuando se trata
de pequeñas cantidades. SI bien las grandes empresas suelen encontrar la
forma de eludir este obstáculo, constituye uno de los costes más gravosos
para el comercio transfronterizo de las PYME.

57. En marzo de 1992, la Comisión publicó una Comunicación al respecto, en
la que instaba a los bancos a tomar iniciativas voluntarias, sobre todo para
aumentar la eficacia de los sistemas de transferencia y de su Interconexión,
pero también, por ejemplo, para mejorar la transparencia de los costes de
los pagos transfronterizos frente a los clientes; este tipo de iniciativas
llevarla a establecer una comparación entre organismos financieros, de la
cual podría surgir una competencia entre ellos.

58. En la Comunicación se llegaba a la conclusión de que la situación
serla objeto de un nuevo examen en la primera mitad de 1993 y que, a falta
de progresos, la Comisión tomarla las medidas necesarias, en su caso
legislativas. El Parlamento apoya el planteamiento de la Comisión y
considera que deberían tomarse medidas más vinculantes en ciertos aspectos.

```

```
                    - 38 
59. No obstante, para lograr los avances deseados, habrá que esperar un
periodo más o menos largo en función de la dificultad de los problemas que
han de resolverse. Por otra parte, los bancos alegan con frecuencia que el
reducido importe de los pagos transfronterizos no Justifica su
automatización, único medio de reducir sus costes. Siguen presentándose
numerosas denuncias y el Parlamento Europeo ha abordado el problema con
decisión. En su opinión, se precisa una nueva Iniciativa más vinculante y en
su caso legislativa, que ha de incluir la obligación de obtener resultados.

b_) Proseguir los estuarios de aproximación de los regímenes fiscales v_
creación da un entorno fiscal favorable a las emnresa*

i) Impuestos Indirectos

60. La supresión de las fronteras fiscales y la introducción de tipos
mínimos comunitarios del IVA y de los impuestos especiales constituyen desde
el 1 de enero de 1993 la base del desarrollo del mercado interior a lo largo
de Ios próximos años. Entre dichos avances figura el pago del IVA en el pals
de origen, que se prevé en principio para el 1 de enero de 1997. La apertura
de las fronteras y las fuerzas de mercado son factores favorables a la
aproximación de los tipos de IVA que se ha hecho realidad en los últimos
años y en la que ha de profundizarse en interés de los consumidores y del
crecimiento económico.

En cuanto a los tipos mínimos comunitarios de los impuestos especiales sobre
el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos, podrán revisarse cada dos artos a
partir del 1 de enero de 1995, con el fin de responder a las necesidades de
protección de la salud pública y del medio ambiente.

62. En cuanto al comienzo del pago del IVA en el pais de origen, se ha
establecido un calendario preciso en la Directiva 91/680 de 16 de diciembre
de 1991 (DOCE L 376 de 31-12-1991). Conforme al mismo, la Comisión
presentará un informe y diversas propuestas antes de finales de 1994 y el
Consejo se pronunciará al respecto antes de finales de 1995, pues en
principio el sistema definitivo de IVA debe entrar en vigor el 1 de enero de
1997. Su objetivo es eliminar todas las diferencias en cuanto al IVA entre
las transacciones meramente nacionales y aquéllas en las que intervienen dos
o más Estados miembros.

II) Impuestos directos

63. El reforzamiento del mercado interior hace necesaria la creación de un

entorno fiscal favorable al dinamismo empresarial. Por lo que respecta a la
fiscal I dad directa de las empresas, la Comisión ha precisado sus criterios
en una Comunicación de Junio de 1992, en la que se recogían las conclusiones
del informe elaborado por expertos independientes del Comité de reflexión
presidido por el Sr. Ruding. Ha llegado el momento de poner en práctica
dichos criterios en estrecha colaboración con los Estados miembros. La
celebración de reuniones periódicas entre los directores generales en
materia de impuestos directos representa el instrumento adecuado para la
cooperación y puede servir también para encauzar una auténtica coordinación
de las políticas fiscales nacionales. Además, la coordinación en materia de
impuestos directos adquiere aún mayor importancia al convertirse éstos en un
instrumento de ayuda que afecta a las condiciones de competencia.

```

```
                     39 
64. En general, el buen funcionamiento y la eficacia del mercado interior
para las empresas requiere en el ámbito fiscal que se alcancen tres
objetivos: el primero de ellos se refiere a la supresión de la doble
imposición de los flujos de Ingresos transfronterizos. El segundo consiste
en que se conceda prioridad al marco fiscal de las pequeñas y medianas
empresas (PYME). El tercer objetivo, relacionado con la competencia
económica mundial, es reducir en la medida de lo posible la carga fiscal
global de las empresas, mediante los incentivos fiscales adecuados.

    Eliminación d¿ la. doble Imposición de. Jo¿ flulos transfronter Izos:
    tras la adopción por el Consejo de dos Directivas en Julio de 1990
    (régimen de fusiones y eliminación de las retenciones sobre los
    dividendos pagados por una filial a su sociedad matriz Instalada en
   otro Estado miembro) y de un acuerdo sobre los precios de
    transferencia, la Comisión ha presentado otras dos propuestas cuya
    adopción por el Consejo, muy esperada por las empresas, es
    imprescindible para la plena realización del gran mercado.

        La primera propuesta tiene por objeto eliminar las retenciones
        sobre los intereses y cánones abonados por una filial a su
        sociedad matriz cuando ésta está domiciliada en otro Estado

        miembro.

        La segunda se refiere a la posibilidad de que las empresas
        contabilicen las pérdidas sufridas por sus establecimientos y
        filiales situados en otros Estados miembros.

    Se prevén otras medidas a corto plazo para reforzar el mercado
    Interior. Algunas de ellas de refieren en concreto a las PYME (véase
    más adelante). Entre las demás, cabe destacar dos de ellas, que son
    consecuencla de I informe Ruding: la amp I iac ión de I ámbi to de
    aplicación de las Directivas sobre fusiones y sociedades matrices y
    filiales, con el fin de eliminar algunos supuestos de doble
    imposición, y la simplificación de los procedimientos de aplicación de
    las cláusulas que establecen, en los convenios fiscales bilaterales,
    la reducción o la supresión de las retenciones en origen.

```

**`Entorno`** **`fiscal d¿`** **`las.`** **`pequeñas`** _**l_**_ **`medianas`** **`empresas: como consecuencia`**
```
    del informe Ruding, la Comisión llegó a la importante conclusión de
    que debía ofrecerse a las empresas no constituidas como sociedades
    capitalistas la facultad de someterse al impuesto sobre sociedades.
    Esta medida permite dar un tratamiento fiscal igualitario a las
    empresas con independencia de su forma Jurídica. Como en la mayoría de
    los Estados miembros los tipos del impuesto sobre sociedades son
    inferiores al tipo marginal del impuesto sobre la renta de las
    personas físicas, el reconocimiento de este derecho de opción
    favorecerla el aumento de la capacidad de autofinane i ación de las PYME
    no constituidas como sociedades de capital. La Comisión está
    elaborando una propuesta en este sentido.

```

```
                    - 40 
   La Comisión estudia en la actualidad otras dos cuestiones en el ámbito

   de la fiscalidad de las PYME:

        Se plantea, en primer lugar, el tratamiento fiscal de las
        transmisiones de empresas y, en especial, sus aspectos
        transfronter izos: en una época en la que una generación de
        empresarios se retirará de la vida activa y aumentan los
        procesos de reestructuración de empresas, la transmisión de
        empresas se enfrenta a importantes obstáculos fiscales que
        pueden conducir directamente a su desaparición.

        Otro tema de reflexión es la supresión de los obstáculos
        fiscales para el desarrollo del capital de riesgo. En la
        mayoría de los Estados miembros, los fondos de capital de
        riesgo han de recurrir a complejos mecanismos (o establecerse
        fuera de la Comunidad) para evitar la doble imposición de sus
        ingresos (como fondo, además de como inversor). Estas
        dificultades son aún mayores en el caso de las operaciones
        transfronterizas de los fondos.

    Incentivos fiscales: Se trata de una cuestión compleja. Al tratarse de
   medidas que constituyen una excepción al derecho común, es preciso
   establecer un conjunto de condiciones de acceso lo bastante
    restrictivas para evitar abusos, sin dificultar excesivamente su
   aplicación. Los incentivos fiscales no pueden falsear la competencia
   en el mercado único. Con frecuencia, resulta difícil evaluar la
    repercusión económica real de un régimen de incentivos fiscales, como
   por ejemplo los que fomentan la Inversión. A la Inversa, la elevada
    carga fiscal global de las empresas (impuestos y cotizaciones sociales
   obligatorias) en determinados Estados miembros y como promedio
   comunitario, en comparación con el resto del mundo, Justifica que se
   examinen posibles incentivos que fomenten, sobre todo, la creación de
   empleo. La Comisión está estudiando la posibilidad de conceder
    incentivos fiscales en tres ámbitos: creación y desarrollo de PYME,
    que constituyen la principal fuente de creación de empleo,
    investigación y protección del medio ambiente.

65. La imposición de las rentas de las personas que residen en un Estado
miembro distinto de aquél en el que trabajan y, sobre todo, la situación
fiscal de los trabajadores fronterizos, plantean problemas desde hace
tiempo. La apertura de las fronteras y la creciente movilidad de los
trabajadores hacen cada más gravosas para los ciudadanos las
discriminaciones fiscales en materia de impuestos sobre la renta, que en la
práctica no se eliminan por completo a través de convenios fiscales
bilaterales. Estas discriminaciones, que afectan en la actualidad a cientos
de miles de personas, representan obstáculos directos para la libre
circulación. El tratamiento fiscal discriminatorio afecta por Igual a
trabajadores dependientes y a profesionales liberales. La Comisión utilizará
los medios adecuados para garantizar la supresión de las discriminaciones
observadas y evitar que surjan nuevos supuestos.

```

```
                 - 41 
11. UNA POLÍTICA ACTIVA P£ NORMALIZACIÓN

66. La normalización europea ha sido uno de los pilares de la construcción
del mercado Interior de productos Industriales y un factor importante de la
adhesión de las empresas a este proceso.

67. En la actualidad existe un amplio consenso sobre la importancia de
desarrollar y reforzar esta actividad, tanto para la aplicación efectiva de
la legislación comunitaria (Directivas que contemplan el reenvío a normas y
Directivas sobre contratación pública), como para fomentar un entorno
técnico integrado que favorezca las actividades industriales.

68. A pesar del consenso político (confirmado en la resolución del Consejo
de Junio de 1992 que siguió al Libro Verde sobre la normalización europea) y
de los grandes avances logrados en los ocho últimos años, ha de reconocerse
que el proceso avanza lentamente en comparación con la magnitud de la tarea
y el número de normas indispensables para el funcionamiento del gran
mercado.

69. La Comisión expresó ya en el Libro Verde el temor de que el proceso de
normalización no pudiera arrojar todos los resultados que se esperaban del
mismo ni hacerlo al ritmo impuesto por la plena realización y el
funcionamiento del mercado Interior. En concreto, subrayó la importancia de
reforzar los organismos europeos de normalización para que pudieran
programar sus recursos de forma plurianual, aumentar la eficacia y la
rapidez de sus procedimientos de trabajo y de adopción de normas y contar
con la adhesión y el apoyo directo de la industria europea, gracias al
impulso de las empresas que ya han adaptado sus estrategias a las nuevas
dimensiones del mercado único.

70. Sin llegar a reabrir el debate que siguió al Libro Verde, en cuanto a
las posibilidades efectivas de encontrar un nuevo equilibrio entre las
estructuras nacionales y europeas, es importante reflexionar sobre la
repercusión política que podría tener una intervención de la Comisión con
los siguientes objetivos:

    Garantizar a los organismos europeos de normalización una financiación
    proporcional a la magnitud de su tarea, sin depender excesivamente del
    presupuesto comunitario ni de las cotizaciones de sus miembros
    nacionales. Puede estudiarse la posibilidad de basar la financiación
    en la venta de normas europeas.

    Examinar, como ha solicitado el Consejo, la posibilidad de recurrir
    con mayor frecuencia a la normalización dentro de la actividad
    legislativa comunitaria.

    Lograr que la programación de sus tareas se adapte mejor a las
    necesidades y las prioridades del mercado único, tanto en lo relativo
    a las normas necesarias para la legislación como en el aspecto más
    general de la actividad empresarial.

    Por último, fomentar la aproximación progresiva de las medidas de
    calidad aplicadas en cada mercado nacional, mediante la atribución de
    una importancia creciente a las estructuras europeas

```

```
                    - 42 
   (normalización y certificación) y una mejora de su repercusión sobre
   el comportamiento de los operadores, tanto en el lado de la oferta
   como en el de la demanda.

III. POLÍTICA BE.ÍACAUPAP

71. Paralelamente a su política de normalización, la Comisión lleva más de
diez años aplicando también una política de evaluación de conformidad, con
objeto de aumentar la utilización, en la Comunidad, de los instrumentos de
calidad, tanto obligatorios como voluntarios, (certificación de productos,
certificación de procesos de producción, pruebas, control metro lógico,
sistemas de acreditación para organismos de certificación y de prueba,
etc.). Las políticas de normalización y de la calidad son indlsoclables, ya
que ambas contribuyen tanto a la creación de unas condiciones que permitan
un funcionamiento correcto y eficaz del mercado interior, como al fomento de
la competItividad industrial. Nos referimos aquí a calidad en su sentido más
amplio, Incluyendo todas las carácter It leas y todas las prestaciones de un
producto, un servicio o un sistema productivo, en respuesta a exigencias
impuestas por la normativa o voluntarias.

72. Reforzar los instrumentos de la calidad a escala comunitaria, fomentar
su utilización por parte de las empresas, y difundir técnicas de control de
la ca11 dad de I a produce Ión i ndustrial en la Común I dad const i tuyen
prioridades políticas que deben traducirse en un programa de medidas
concretas, en cuya elaboración deben participar los agentes económicos y las
organizaciones europeas competentes en la materia.

73. Sin prejuzgar el contenido de dicho programa, deberla articularse en
torno a los siguientes objetivos:

   Mayor armonización de la política legislativa comunitaria, incluidos
    los sistemas de reconocimiento reciproco de normativas nacionales en
   relación con los principios, procedimientos e instrumentos de control
   de conformidad, definidos y aplicados a escala comunitaria.

   Fomento de una convergencia de los mercados nacionales en un nivel de
   calidad elevado, a fin de reducir las diferencias existentes que, en
   algunos casos, pueden comportar dificultades de acceso de los
   productos procedentes de otros Estados miembros y obstaculizar la
   protección al consumidor.

   Aproximación y racionalización, en los organismos europeos competentes
   y de forma voluntaria, de los múltiples sistemas de marcado,
   certificación, etiquetado, etc. que se sobreponen en el mercado
   comunitario y cuya significación y alcance a menudo no son
   comparables, con la consiguiente distorsión tanto de la competencia
   como de la información y el consumo.

   Fomento de la calidad en el mercado comunitario, tanto por parte de la
   oferta como de la demanda, a fin de contribuir a la integración
   económica y al logro de una mayor competitividad industrial externa e

    Interna.

```

```
                    - 43 
IV. MEDIDAS DESTINADAS A LAS PYME

74. El mercado único exige que las empresas se adapten a un nuevo contexto
Jurídico y a una mayor competencia. No debe subvalorarse el esfuerzo de
ajuste exigido a la mayoría de empresas, esfuerzo que antes de generar
beneficio alguno está suponiendo un coste difícil de soportar, especialmente
en un periodo de contracción económica. Se Insiste en las oportunidades
creadas por el mercado interior, pero las PYME, y sobre todo las
microempresas, se encuentran demasiado retrasadas en el proceso de
integración europea. La complejidad del proceso no les ha permitido adaptar
sus instrumentos de producción a las nuevas exigencias de la competencia o
de la normativa, debido a restricciones financieras o a insuficiencias de
gestión.

75. La recuperación de la confianza de las PYME en su capacidad para
adaptarse al mercado único debe también formar parte de la gestión y
desarrollo del mercado interior. De ahi que la Comunidad deba mejorar y
ampliar los instrumentos que ya existen en el ámbito de la información, la
cooperación y el apoyo a las empresas. En este sentido, cabe destacar
también la Integración de la política de las PYME en la iniciativa
comunitaria de crecimiento adoptada en el Consejo Europeo de Edimburgo,
celebrado los días 11 y 12 de diciembre pasado. Posteriormente, el Consejo
de Industria del pasado 4 de mayo aprobó las propuestas presentadas por la
Comisión, destinadas a reforzar los ejes prioritarios de la política
comunitaria de la empresa y a garantizar su continuidad. El nuevo programa
entrará en vigor el 1 de julio de 1993 y, además del logro de sus objetivos
de apoyo a la recuperación económica y de fomento del empleo, permitirá
también impulsar el mercado interior. El conjunto de medidas de este
programa contribuirá a una mejor integración de las PYME en el mercado
interior. Sin entrar en detalles acerca del programa, es preciso señalar que
en él se contemplan medidas complementarias que refuerzan lineas de
actuación antes mencionadas. Sin embargo, este asunto no es competencia
exclusiva de la Comunidad; ésta debe contribuir, con sus iniciativas, a
reforzar las medidas de los Estados miembros, pero no puede ni debe
sustituirlas. Asi, por ejemplo, hay que proteger a las PYME, que normalmente
son sociedades de personas, de los riesgos que comporta una transmisión de
empresas, muy influidas por el régimen fiscal aplicable. De ahí que la
Comisión deba emprender un análisis del tratamiento fiscal de las
transmisiones de empresas, incluidos los aspectos transfronterizos.

a.) información a. las. empresas

76. Los directivos de PYME siguen teniendo dificultades para informarse de
los cambios que ha generado el mercado interior y para modificar sus
estrategias consecuentemente. Por esta razón, el nuevo programa PYME prevé
que los CEIE den prioridad a una Información adaptada a sus necesidades. La
información deberla centrarse en los siguientes aspectos:
    normas, pruebas, certificación y marcado de conformidad CE
    innovación y propiedad intelectual,
    participación en contratos públicos,
    prácticas comerciales y derecho de la competencia.

```

**- 44 -**

**b_)** **MfisLLslaa.** **jBUft facilitón** **la,** **adaptación** _**<&**_ _**lis.**_ **PYME** **A** **Isa.** **procediplentos**
_**ÛÈ.**_ **normal Ilación x** **certificación**

```
77. Debido a las exigencias de las directivas comunitarias y de las normas
europeas en que éstas se basan, los procedimientos de certificación resultan
especialmente farragosos para las PYME, incluidas las que desean limitarse a
su mercado nacional. Para lograr una auténtica integración de las PYME en el
mercado interior y para facilitar su adaptación a las normas europeas
podrían considerarse las medidas siguientes, algunas de las cuales deben
consultarse con los organismos de normalización:

   garantizar, a escala europea, la participación de las PYME en la
    elaboración de las normas en el CEN/CENELEC/ETSI,
    reforzar la información a las PYME sobre la política europea de
    normalización, con la colaboración de las cámaras de comercio, las
   organizaciones profesionales y los Centros Europeos de Información
    Empresarial.

```

**`c_)`** **`Apertura`** **`Üfi.`** _**1A**_ **`contratación`** **`pública,`** **`A`** **`182.`** **`PYME`**

```
78. Tal como puso de relieve la Comisión en su comunicación de 1992 sobre
la participación de las PYME en la contratación pública, éstas no se
encuentran en pie de Igualdad con las grandes empresas en la adjudicación
de contratos públicos. A partir de los actuales instrumentos, los Centros
Europeos de Información Empresarial y la red BC-net podrían contribuir a
definir las dificultades propias de las PYME. Estas organizaciones podrían
informar de las dificultades de participación en contratos públicos que
llegaran a su conocimiento. De esta forma, cuando se adaptaran las normas
comunitarias, como actualmente se está haciendo con el cálculo de los
plazos, podrían tenerse en cuenta los problemas particulares de las PYME.
Una mejor difusión de la base TED darla más facilidades a las PYME.

79. Otro aspecto más importante todavía son las dificultades que
experimentan las PYME para dedicar tiempo a la formación y, a consecuencia
de ello, responder a las licitaciones que a menudo exigen personal
cualificado capaz de analizar y comprender el contenido de las mismas. La
Com i s ion debe plantarse iniciar un proyecto experimental de ciclos de
formación destinados a directivos de PYME.

V. POLÍTICA EXTERIOR P|NÂM|ÇA X ABIERTA

80. La repercusión externa del mercado único, en cuanto a aumento del
comercio mundial, depende en gran parte de la Ronda Uruguay. Es preciso que
exista un equilibrio justo entre mercado interior y competencias externas de
la Comunidad, especialmente en los servicios y muy en particular en los
transportes, o en el ámbito de la fiscalidad directa.

```

**`a.)`** **`RoforianHontg`** **`da. la.`** **`competencia externa`** _**sis.**_ _**la.**_ **`Comunidad`**

```
81. El funcionamiento del mercado interior podría verse dificultado por
las lagunas de la política comercial respecto a mercancías o a servicios, en
lo que se refiere a la eliminación de restricciones cuantitativas o a la
limitación de los acuerdos bilaterales entre Estados miembros sobre
reconocimiento de certificaciones y prestación de servicios. Una posible
so Iuc i

```

```
                    - 45 
ón a este problema radica en el reforzamiento de la política comercial común
y el ámbito de la política de la competencia para los Estados que cuentan
con estas normas. A este respecto, la Comisión, en los foros bilaterales y
muí ti laterales (OCDE, GATT) trata de fomentar la "cortesía posit iva"
(positive comity). Etta enfoque, que se propone combatir los obstáculos de
origen privado a los Intercambios con terceros países, permite a los países
cuyos exportadores son objeto de prácticas contrarias a la competencia en un
tercer pals solicitar a este último que aplique sus propias normas de
competencia para restablecer la situación. En este sentido, deben emplearse
todos los medios bilaterales y multilaterales para lograr un desarrollo
generalizado de sistemas eficaces de política de competencia.

82. As i pues, es preciso que en estos ámbitos la Comunidad cuente con una
auténtica política, más coherente y más eficaz, que deberá basarse
fundamentalmente en el articulo 113. Sin prejuzgar la discusión sobre el
alcance de dicho articulo, es evidente que la negociación de todos estos
acuerdos externos es competencia exclusiva de la Comunidad. De ahí que, al
aplicar una política comercial común deba existir una estrecha cooperación
entre la Comisión y los Estados miembros, tal como prevé el Tratado de Roma
y, en algunos casos concretos, incluso una asociación. En los ámbitos que
no quedan cubiertos por la política comercial común, pero en los que la
Comunidad cuenta con competencias externas en virtud de la jurisprudencia
AETR, debe buscarse una vía idéntica.

i) Ejercicio de las competencias de negociación de la Comunidad.
    La legislación sobre certificación de conformidad de productos, libre
    prestación de servicios financieros o de transportes, o contratos
    públicos ha proporcionado a la Comunidad nuevas responsabilidades, de
    salvaguardia del acervo interno y del funcionamiento homogéneo del
   mercado Interior.

    Dada la vocación de apertura del mercado interior, la Comisión debe
    emprender negociaciones con sus principales socios exteriores, a fin
    de garantizar una igualdad de acceso. El principal problema se
    presenta en el ámbito de la certificación de productos y del
    transporte.

    La estrategia de la Comunidad en las negociaciones sobre el mercado
    único o sobre otros asuntos debe ser coherente con sus objetivos
    industriales, comerciales y geográficos. La Comisión ya ha propuesto
    las lineas directrices de dicha política.

II) Representación de la Comunidad en las instancias internacionales
   Muchas normas comunitarias resultan de negociaciones en organizaciones
    internacionales. Actualmente la Comisión representa a la Comunidad en
    varios foros (Farmacopea europea, FAO, OMS-WHO, Codex al Imentar lus,
    OIE, IPPO, etc.). En otros foros, el buen funcionamiento del mercado
    único exige una participación más activa de la Comisión, que a menudo
    participa Junto con los Estados miembros y en cooperación con los
    mismos. Tras la entrada en vigor de las directivas sobre bancos y
    seguros, la Comisión deberá ejercer sus responsabilidades en las
    Instancias internacionales competentes.

```

```
                    - 46 
III) Gestión de acuerdos bilaterales y multilaterales. La Comunidad, en
    tanto que signataria de determinados acuerdos, tiene una
    responsabilidad propia de gestión. En este sentido, la entrada en
   vigor del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo implicará una
   negociación constante sobre la integración y la gestión de la
   normativa interna de la Comunidad en el mismo. Este acuerdo ya ee por
   si solo un desafio de gestión par la Comisión, que deberá velar por
   que el funcionamiento interno de la Comunidad no resulte afectado.
    Fuera de éste en particular, son pocos los casos en que la Comunidad
    cuente con una responsabilidad de gestión, aunque tienen gran
    importancia en algunos ámbitos. Por ejemplo, la Comisión es la única
    responsable en la fijación de las condiciones sanitarias de entrada de
    carnes y productos de origen animal en la Comunidad. El acuerdo con
    los Estados Unidos sobre contratos públicos exigirá a la Comisión un
    importante trabajo de supervisión del funcionamiento del acuerdo y la
   continuación de las negociaciones para ampliar dicho acuerdo.

```

_**tú**_ **`Mejores,`** **`instrumentos`** _**as.**_ **`PQI`** **`It lea comercial`**

```
83. En momentos de dificultades económicas, Europa no escapa a la
tentación del proteccionismo, espiral que debe evitarse a cualquier precio.
No obstante, es más fácil combatir estas tendencias recurrentes si la
Comunidad garantiza a sus empresas la existencia de dispositivos eficaces de
supervisión de la lealtad en los intercambios. Estos objetivos sirven
también para reforzar la rigurosa política de competencia de la Comunidad y
su principal objetivo es la apertura correlativa de los mercados de los
terceros países cuando existan barreras injustificadas.

84. El problema con que se enfrenta la Comunidad al aplicar su defensa
comercial es la demanda generalizada de que emplee armas equivalentes a las
de sus principales competidores.

85. Las empresas se quejan de las complicaciones y de los plazos en los
procedimientos anti-dumping y del "nuevo instrumento de política comercial"
y se interrogan sobre la coherencia entre una política de la competencia
fuerte dentro del mercado único y una política que consideran débil frente
al dumping o el comercio desleal de terceros paises. Es fundamental aclarar
la posición de la Comunidad al respecto, salvando las posiciones dogmáticas
que obstaculizan el debate en el Consejo.

86. Las distintas posiciones actualmente en discusión en el Consejo
constituyen un todo equilibrado: apertura radical al exterior suprimiendo
varios miles de restricciones cuantitativas, tras la apertura del mercado
único, y reforma del procedimiento de adopción de decisiones en materia de
defensa comercial, para lograr una mayor eficacia (plazos, adopción de
decisiones). Ante el bloqueo actual en el Consejo, existe el riesgo de
fragmentar todavía más el mercado interior con nuevas demandas de cuotas
nacionales basadas en el articulo 115.

87. En resumen, se trata, básicamente, de que los instrumentos
comunitarios de política comercial funcionen con toda su eficacia.

```

```
                   - 47 
£) Convergencia de las disposiciones jurídicas v económicas

88. A la Comunidad le interesa fomentar un desarrollo paralelo del mercado
único en terceros países. Las autoridades comunitarias consideran que las
ventajas del mercado interior serian todavía mayores si existiera una
convergencia entre las normas comunitarias y las vigentes en terceros
países. La Comunidad lleva tiempo trabajando sobre eeta convergencia en sus
contactos con los países de América del Norte, Japón y con otros países de
Asta (China por ejemplo). El actual enfoque, que busca la creación de una
zona de convergencia con los países geográficamente más próximos a la
Comunidad, tendría efectos especialmente positivos a largo plazo al difundir
nuestra normativa Jurídica y económica en estos países.
d) Gestión de las fronteras exteriores de la Comunidad

89. La gestión de las fronteras exteriores de la Comunidad debe partir de
instrumentos comunes y de una cooperación permanente entre las
administraciones responsables, fundamentalmente las administraciones de
po11cI a y de aduanas.

i) Garantizar la seguridad exterior del mercado interior

90. La supresión de las fronteras internas ha venido acompañada de un
reforzamiento de la eficacia de los controles en las fronteras exteriores de

la Comunidad. En este sentido, la Comunidad y sus Estados miembros han
adoptado disposiciones para que el gran mercado sea un espacio eficazmente
protegido de los fraudes y los traficantes internacionales (droga,
terrorismo, etc.). Esta actuación, ajena a cualquier noción de
proteccionismo, se ha traducido fundamentalmente en la adopción de un único
Código aduanero para toda la Comunidad.

91. La mayor cooperación administrativa entre las aduanas de los Estados
miembros y con la Comisión ha supuesto la creación de una nueva red
informat izada de intercambio de Informaciones, el Sistema de Información
Aduanero (SID). Este sistema, operativo desde 1992, garantiza un contacto
estrecho y en tiempo real, mediante una red informática, entre los distintos
puestos de aduanas en puertos y aeropuertoe de la Comunidad y en las
fronteras terrestres externas. Estos enlaces directos facilitan enormemente

la intervención aduanera en la lucha contra el fraude. En 1993 el sistema
SID experimentará un nuevo avance, con un aumento de los terminales
conectados al sistema y la creación de una base común de datos que se
incorporará a las bases accesibles en cada Estado miembro.

92. Existen también otros instrumentos en relación con la gestión de las
fronteras exteriores: para la aplicación de restricciones cuantitativas de
los controles veterinarios y fitosanitarios, para el control de los
productos peligrosos y no conformes, para el control de los precursores de
droga y de la droga y, finalmente, para el control de la exportación de
bienes culturales. Queda pendiente la elaboración de normas para el control
de la exportación de bienes de doble uso. Estas disposiciones completan la
normativa aduanera que ha codificado el Consejo. También el control de las
personas se regirá por normas comunes de asilo, visado e identificación, que
se basarán en el convenio sobre asilo y el convenio sobre fronteras
exteriores una vez ratificados.

```

```
                    - 48 
93. Todas estas normas de gestión de las fronteras exteriores plantean la
necesidad de adaptar las infraestructuras de control y de formación de los
funcionarios:

   en cuanto a Infraestructuras, además del apoyo que el programa
    INTERREG aporta al reforzamiento de las redes de telecomunicaciones en
    I as regiones fronterizas externas, en especial en cuanto a sus
   necesidades de comunicación, la Comisión ha creado varios instrumentos
    informáticos, como:

        el sistema TARIC, que proporciona información actualizada
        sobre los derechos de aduana y las exacciones agrícolas,
        el sistema "Informaciones arancelarias obligatorlas" sobre las
        decisiones de clasificación de mercancías,
        el sistema QUOTA sobre máximos y contingentes,
        el sistema SIGL (Sistema Integrado de Gestión centralizada de
        Licencias), de gestión de licencias de importación y
        exportación y de supervisión eficaz de las restricciones
        comunitarias a las importaciones, en particular las
        restricciones cuantitativas contenidas en los acuerdos

        textiles. Este sistema deberia ser operativo en la segunda
        mitad de 1993.

   En materia de formación, el programa MATTHAEUS posibilita el
    intercambio de funcionarios entre las administraciones aduaneras. El
   programa, en funcionamiento desde 1991, habrá permitido a finales de
   año el intercambio de más de 1 200 funcionarios, asi como organizar
   seminarlos de formación para poner en común experiencias y
   conocimientos, a fin de lograr una mayor convergencia en las prácticas
   aduaneras. Por último, los centros nacionales de formación contaron en
   1991 con programas comunes de formación. Actualmente se está
   estudiando la creación de un centro común de formación, que garantice
    la coordinación de las actividades de los centros de formación de las

   aduanas.

II) Lucha contra las Infracciones

94. La lucha contra las infracciones ha pasado a ser un aspecto
fundamental de la política aduanera y debe organizarse de forma concertada
entre las administraciones nacionales competentes de los Estados miembros,
las organizaciones profesionales y los principales agentes económicos
comerciales implicados.

   La Comisión desea reforzar la eficacia de la lucha contra el fraude,
   en especial aumentando la ayuda mutua. Se ha presentado una propuesta
   al Consejo en este sentido.

   Una buena organización de la lucha contra el fraude exige que la
   cooperación no se vea frenada por el debate sobre los limites de la
   competencia comunitaria. En eete sentido, los Estados miembros y la
   Comisión han creado dentro del Grupo de Ayuda Mutua (GAM) mecanismos
   de lucha contra la droga, basados en el Reglamento del Consejo que
    Introduce un sistema obligatorio de autorización a la exportación de
    la lista de sustancias acordada en el G7. Esta cooperación

```

```
                 - 49 
ha posibilitado organizar un único sistema Informat izado (SID) que
integra los elementos que dependen de las normas comunitarias con los
que dependen de otras normas. Actualmente existen 130 terminales en
los Estados miembros.

La eficacia de la lucha contra el fraude precisa medidas aplicadas
desde terceros países. Este es el objeto de los acuerdos de
cooperación aduanera celebrados con los principales socios comerciales
de la Comunidad. Se han celebrado acuerdos de este tipo tanto en el
marco del Espacio Económico Europeo como con los países de Europa
central y oriental. En 1993 se emprenderán negociaciones con los
Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea y Hong Kong.

En la actualidad es preciso reforzar los dispositivos comunitarios en
lo que respecta a las medidas adoptadas en las fronteras para prevenir
infracciones al derecho de propiedad intelectual, como marcas,
patentes, derechos de autor (Incluido diseños y modelos). Con esta
finalidad, la Comisión propondrá una modificación del reglamento sobre
la lucha contra las imitaciones, a fin de reforzar su eficacia.
Además, deberá procederse a una verificación de las sanciones que
aplican los Estados miembros a las infracciones a estas disposiciones.

La Comisión deeea reforzar la lucha contra el fraude en las

importaciones textiles sujetas a limitaciones. En el marco del
programa TAFI (Textil Antl Fraude Initiative) de medidas coordinadas
con los Estados miembros y con la industria textil europea, la
Comisión se propone llevar a cabo una investigación del fraude en
seis zonas geográficas en que existe una importante presunción de
fraude.

En el contexto del GATT, la Comunidad debe garantizar que se adopten
medidas generales de lucha contra las imitaciones.

```

```
                    - 50 
SECCIÓN C: REDES TRANSEUROPEAS

I. FINALIDADES ££ LAS. REDES TRANSEUROPEAS

95. El concepto de redes transeuropeas en el sector de la energía, los
transportes y las telecomunicaciones es común a varias políticas
comunitarias muy respaldadas: mercado interior, crecimiento económico e
industrial y cohesión e integración del espacio europeo.

    La creación de redes transeuropeas va estrechamente ligada a la
    realización del mercado único. Por esta razón, el concepto ha sido
    fruto de los trabajos del Consejo sobre mercado interior. Ello es
    lógico ya que ¿qué significación tendrían las normas, por ejemplo, de
    contratación pública, si su aplicación tropezase con
    incompatibilidades técnicas? 0, ¿qué sentido tendría la creación de un
    espacio sin fronteras si, por ejemplo, se pusiesen obstáculos a la
    circulación de los trenes por problemas de interoperabiIidad, como
    ocurre en el caso de los trenes de gran velocidad? En este sentido,
    las redee constituyen una consecuencia lógica del mercado único: trae
    la supresión de las barreras entre los Estados miembros es necesario
    construir o mejorar las vías de comunicación entre ellos, garantizando
    al mismo tiempo su prolongación hacia los otros países europeos.

    El establecimiento coordinado de redes también constituye un
    imperativo de la competItividad: las redes contribuirán a aumentar la
    competitIvidad de las empresas mediante la reducción de las
    deficiencias, la mlnimizaclón de los costes y plazos de transporte, el
    fomento y la aceleración de los intercambios y la optimización de la
    capacidad de las infraestructuras. Al mismo tiempo, realizarán una
    aportación a las tareas comunes, sin afectar a la subsidiar iedad, al
    constituir bancos de datos y ofrecer servicios de base compatibles.

    Además, las redes estarán al servicio de la cohesión de la Comunidad y
    de su política regional. Contribuir a romper el aislamiento de las
    regiones periféricas o insulares uniéndolas a las regiones centrales
    de la Comunidad constituye, sin duda, el modo más eficaz de reducir
    las desventajas geográficas.

    El establecimiento coordinado de estas redee supondrá también la
    adopción de ciertas decisiones sobre el ordenamiento del espacio
    europeo que determinará la orientación para varias décadas. El
    objetivo de protección del medio ambiente deberá constituir,
    igualmente, uno de los principales parámetros en que se basen dichas
    decisiones.

```

**`II.`** **`MARCO`** **`PJE.`** _**LOS.**_ **`TRABAJOS`**

```
96. La necesidad de desarrollar una política de redes transeuropeas ha
aparecido a la luz de las reflexiones mantenidas a nivel ministerial en el
marco del Consejo sobre mercado interior, como consecuencia de la
complementar iedad que debe aportar la realización de las redes transeuropeas
a la aplicación de las normas de funcionamiento de dicho mercado. La

```

```
                    - 51 
importancia de estas redes ha sido subrayada por los Consejos Europeos de
Estrasburgo (1989) y Dublin (1990) [1], que llevaron a la Comisión a presentar
un programa de acción en materia de redes en diciembre de 1990 [2] . Este
programa venia acompañado de un proyecto de resolución sobre las redes
transeuropeas.

97. Los trabajos preparatorios en el Consejo sobre mercado interior no han
permitido su adopción debido a las dificultades para la financiación
comunitaria de las infraestructuras. No obstante, se han logrado avances
decisivos en los Consejos Europeos de Maastricht y Edimburgo mediante la
inclusión en el Tratado de la Unión de un nuevo Titulo XII sobre las redes
transeuropeas y su valorización en aras de la cohesión, en el marco de las
acciones estructurales y del reforzamiento de la competitividad de la
industria comunitaria perseguido por las políticas internas. Las redes han
ocupado un lugar central en la iniciativa comunitaria de crecimiento
decidida Igualmente en Edimburgo.

98. De ahora en adelante, la realización de las redes transeuropeas debe
enmarcarse en el proceso de unión europea. El proyecto de Tratado de la
Unión ofrece los Instrumentos jurídicos necesarios, y las nuevas
perspectivas financieras proporcionan los instrumentos financieros para su
realización.

99. Estos objetivos sólo pueden lograrse de forma progresiva en una
perspectiva a medio y largo plazo. Asi, como continuación de la firma del
Tratado de Maastricht, el Consejo sobre mercado Interior adoptó, el 31 de
marzo de 1992, unas conclusiones por las que se invitaba:

   A los Estados miembros y la Comisión a coordinar las acciones que
    puedan tener un impacto significativo sobre el establecimiento y
   desarrollo de las redes transeuropeas.

   A la Comisión a que le preeentase orientaciones en materia de redes
    transeuropeas que puedan servir de base para preparar, lo antes
   posible, la aplicación del Titulo XII del Tratado constitutivo de la
   Comunidad Económica Europea.

   A la Comisión a que presente regularmente al Consejo sobre mercado
    interior un informe acerca del estado de desarrollo de los trabajos,
   que el Consejo se compromete a analizar.

100. La presente Comunicación responde a los deseos del Consejo y su
objetivo es indicar el estado de desarrollo de los trabajos y subrayar la
relación existente entre la realización de las redes transeuropeas y el
funcionamiento del mercado interior, y entre dicha realización y la
estrategia de crecimiento económico.

1 Resolución del Consejo de 22 de enero de 1990, DO no. 27, de 6.2.1990
2 Véanse los anteriores documentos de debate sobre las redes

   transeuropeas (SEC (89) 1670, COM (89) 643 final, COM (90) 310,
    19.7.1990), asi como la Comunicación de la Comisión al Consejo y al
   Parlamento: "Hacia unas redes transeuropeas: programa de actuación
   comunitario", COM (90) 585 final.

```

```
                   - 52 
ILL. ESTADO DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

101. De conformidad con las conclusiones del Consejo [3] y con la Resolución
del Parlamento [4], la Comisión presentó ya en 1992 una primera serie de
propuestas en relación con las redes transeuropeas.

102. La aplicación del concepto de redes ya está siendo objeto de
discusiones en el seno del Consejo de transportes a partir de las propuestas
de programas de redes para el tren de gran velocidad, el transporte por
carretera, el transporte combinado y el transporte fluvial. Asimismo, se ha
discutido en reuniones informales de los ministros de ordenación del
territorio, y acaban de realizarse propuestas en relación con las redes
telemáticas entre administraciones y con una declaración de interés europeo.

```

**aj** **planee** _**sis,**_ **retos**

```
103. La elaboración de un conjunto de orientaciones a través de una
estrecha cooperación con los Estados miembros, el Parlamento y los agentes
económicos afectados, constituye el elemento fundamental para garantizar la
coherencia y transparencia de la intervención a escala comunitaria. La
identificación de proyectos de inversión para la realización de redes
transeuropeas constituye la expresión más evidente del interés común. La
movilización de las empresas del sector, operadores de redes y
suministradores de bienes de equipo, es la condición necesaria para la
recuperación de la actividad económica.

i) Infraestructuras de transporte. En el sector del transporte, la
    Comisión aprobó, el 10 de junio de 1992, tres planes de carreteras,
    vías navegables y transportes combinados (véase COM (92) 231 final y
    COM (92) 230 final) que vienen a añadirse al plane de trenes de gran
    velocidad. En su reunión del 15 de marzo de 1993, el Consejo de
    transportes subrayó la Importancia de los planes directores y acogió
    favorablemente los trabajos ya realizados en los sectores del
    transporte combinado, el transporte por carretera y las vías
    navegables. Actualmente los trabajos se centran en la preparación de
    los planes de infraestructuras de transporte aéreo, de
    infraestructuras marítimas y de infraestructuras ferroviarias
    convencionales.

    Estos planes van acompañados de un proyecto de reglamento para la
    financiación de las infraestructuras de transporte, que consiste
   esencialmente en una prórroga, durante los años 1993 y 1994, del
    reglamento no. 3359/90, cuya validez expiró a finales de 1992 y que
    deberá sustituirse una vez que haya entrado en vigor el Tratado de la
    Unión.

i i) Infraestructuras energéticas. La Comisión ha aprobado una comunicación
    sobre las infraestructuras de transporte de electricidad y de gas (COM
    (92) 553 final), que ha servido de base para las discusiones con los
    Estados miembros y los circuios interesados. El proyecto de propuesta
   que establece las orientaciones de la Comisión en la materia está
   siendo ultimado y podría presentarse a la Comisión antes del verano.

3 Conclusiones del Consejo sobre mercado interior de 31 de marzo de
    1992.
4 DO np. C 125, de 18.5.1992, pág. 87.

```

```
                    - 53 
        El objetivo de dichas orientaciones es garantizar el
        desarrollo coherente de las redes con el fin de contribuir a
        la realización del mercado interior, al reforzamlento de la
        cohesión económica y social y al reforzamiento de la seguridad
        de aprovisionamiento energético de la Comunidad.

I i i) Infraestructuras de telecomunicación. En el sector de
   telecomunicaciones, el objetivo primordial de la polIt lea comunitaria
   es el establecimiento de redes transeuropeas de carácter general y de
    los servicios básicos. En el marco de un mercado abierto y
   competitivo, las medidas que debe adoptar la Comisión deben estar
   encaminadas a fomentar la interconexión y la interoperabiIidad de las
   redes nacionales asi como el acceso a dichas redes.

   En cuanto a las aplicaciones, en marzo de 1993, la Comisión aprobó una
   comunicación al Parlamento y al Consejo, acompañada de dos propuestas
   de decisión del Consejo relativas, la primera, a un conjunto de
   orientaciones en materia de redes telemáticas transeuropeas entre
   administrée ionee y, la segunda, al establecimiento, en este ámbito, de
   un apoyo comunitario en forma de un programa de acción plurianual
    (IDA). Por otra parte, partiendo de las comunicaciones sobre las
    lineas directrices para la acción comunitaria en el ámbito de la
   educación y la formación (COM (93) 183), la Comisión considera que las
    redes modernas de telecomunicación deberán utilizarse igualmente con
   fines de formación, especialmente en materia de educación a distancia.

    En lo que se refiere a lae redes de telecomunicación, se está
   finalizando la elaboración de un proyecto de comunicación relativo a
    la red numérica de servicios integrados (RNSI), cuyo objetivo es el
   desarrollo en el conjunto del territorio comunitario de una red
    transeuropea RNSI que ofrezca un conjunto de servicios perfectamente
   compatibles con las normas armonizadas europeas EURO-RNSI. También
   está prevista la elaboración de un conjunto de orientaciones relativas
   al desarrollo de una red de bandas anchas.

b_) Financiación comunitaria

i) Cohesión y medidae estructurales

104. La Comunidad contribuye sustancialmente a la financiación de
infraestructuras en el marco de los Fondos Estructurales (especialmente del
FEDER), y seguirá interviniendo a través de los nuevos Marcos Comunitarios
de Apoyo y las Iniciativas Comunitarias a partir de 1994. Una parte de esta
financiación podrá enmarcarse en los planes de redes establecidos a escala
comunitaria o en medidas de acompañamiento que permitan el aprovechamiento
de las infraestructuras en las regiones cruzadas por éstas.

En los Estados miembros susceptibles de beneficiarse del Fondo de Cohesión,
la Comunidad puede contribuir, a partir del 1 de abril de 1993, a la
financiación de proyectos específicos en materia de infraestructuras de
transporte, en el marco del instrumento financiero de coheeión y del Fondo
de Cohesión, una vez que el Tratado de la Unión haya entrado en vigor.

```

```
                    - 54 
ii) Instrumentos de préstamo y de garantía

105. El Banco Europeo de inversiones proporciona capitales a largo plazo
para la financiación de proyectos de infraestructura en los sectores del
transporte, la energía y las telecomunicaciones. A titulo indicativo, en el
periodo 1987-1991, el Banco dedicó 8.000 millones de ecus para la
construcción de redes transeuropeas de transporte, de los cuales 3.800
millones fueron destinados a las regiones asistidas.

106. El papel del BEI en la financiación de las redes deberla verse
reforzado por la Iniciativa de crecimiento y los nuevos instrumentos de
financiación decididos en Edimburgo, a saber:

    El mecanismo temporal de préstamo para el periodo 1993-1994, cuyo
    volumen se eleva a 5.000 millones de ecus (de esta suma, ya se han
    comprometido 2.200 millones de ecus desde el comienzo de la
    operación).

    El Fondo Europeo de Inversiones, dotado de 2.000 millones de ecus,
    cuyo objetivo es ofrecer garantías para la obtención de préstamos
    sobre una base comercial.

107. En menor medida, los préstamos CECA pueden contribuir a la
financiación de infraestructuras en la que se utiliza el acero, tales como
el Canal Rhin-Meno-Danubio, el TGV Atlantique o la infraestructura gas 1sta
en Grecia.

M i ) Políticas internas

108. El presupueeto comunitario financia ya numerosas intervenciones en
beneficio de redes transeuropeas, en forma de estudios de viabilidad y
proyectos piloto, bonificaciones de Intereses y garantías para la obtención
de préstamos (Fondo Europeo de inversiones), con cargo a las lineas
presupuestarias sobre redes (221,5 millones de ecus en 1993, de los cuales
185 millones para el transporte). El ejemplo más claro es el programa
plurianual de infraestructuras de transporte y de redes telemáticas entre
administraciones.

iv) Otras fuentes de financiación

109. Independientemente de estos instrumentos en el sector del transporte,
el Tratado sobre el Espacio Económico Europeo prevé una asistencia
financiera en el marco del objetivo de cohesión (mecanismo financiero EEE)
en forma de 1.500 millones de ecus en préstamos, con un 2% de bonificaciones
de intereses y 500 millones de ecus de subvenciones financiados por los
países signatarios del acuerdo y ejecutados por el BEI.

110. La Comunidad Interviene asimismo de forma puntual en la financiación
de redes en el marco de los préstamos BE I-PECO (1.700 millones de ecus en
1993) y del programa PHARE (20.000 millones de ecus en 1993).

```

```
                    - 55 
v) Declaración de Interés europeo

111. Por otra parte, con objeto de atraer la Inversión privada, la Comisión
aprobó, el 16 de abril de 1993, un proyecto de modificación de la propuesta
de reglamento relativo a una declaración de interés europeo en los sectores
de transportes, energía y telecomunicación. En particular, el proyecto de
modificación establece una relación entre la concesión de la declaración de
Interés europeo y la posibilidad de una financiación comunitaria.

JV. NECESIDAD DE COORDINACIÓN

112. El establecimiento de redes transeuropeas depende principalmente de la
aprobación de planes de redes por el Consejo y de su realización en un
periodo de tiempo razonable, con lo cual estos planes adquieren el carácter
de planes de infraestructura a medio plazo. La aprobación de estos planes de
redes constituye la señal más evidente para loe agentes económicos y los
operadores de los mercados financieros.

113. No obstante, el establecimiento de cada red se desarrolla en su propio
sector y con arreglo a un calendario especifico. Este enfoque
compart(mentado no garantiza en modo alguno que las diferentes iniciativas
sean aprovechadas suficientemente desde el punto de vista politico ni que se
integren en un enfoque global tendente a un ordenamiento óptimo del espacio
europeo, al funcionamiento del mercado interior y al desarrollo de la
actividad económica. Una acción de valorización deberá respetar las
particularidades de los tres sectoree asi como sus estructuras de decisión.
En este sentido, la acción global debe servir de complemento a las medidas
ya aplicadas o a punto de serlo.

114. Por otra parte, el enfoque seguido hasta ahora ha favorecido la
interconexión de las redes. Sin embargo, el mismo presenta algunas
limitaciones ya que los planes son de carácter indicativo y no garantizan
ni la eficacia de los sistemas de comunicación ni las condiciones de
seguridad y protección del medio ambiente y de los consumidores en el
conjunto de la red, ni un marco Jurídico para el desarrollo de una
cooperación entre las empresas que construirán la red y se encargarán de su
funcionamiento.

115. Asi puee, el desarrollo de las redes supone un enfoque integrado tanto
en lo que se refiere a los diferentes sectores afectados como en cuanto a
los instrumentos util izados:

i) El desarrollo de las redes supone una Interoperabl I Idad de las
    Infraeetructurae y no únicamente una interconexión; la
    InteroperablIIdad de las redes requiere una acción de armonización de
    las normas técnicas de los bienes de equipo y de los sistemas para
   permitir simultáneamente un funcionamiento eficaz de las redes y una
   reducción del coste de los bienes de equipo.

   Asi, por ejemplo, se estima que la construcción del TGV Parls   Bruse I as-Colon I a-Amsterdam ha supuesto un aumento del 60% del coste
   por asiento respecto del TGV tipo que circula en la red ferroviaria
   francesa, ya que su diseño debe adaptarse a varios tipos de
   alimentación de sistema de captación y de control-accionamiento y debe
   ajustarse a reglamentaciones diferentes en materia de seguridad,
   ruido, compatibilidad electromagnética, etc.

```

```
                  - 56 
  Paralelamente a la acción de armonización que se está llevando a cabo
  en algunos sectores (TGV y bienes de equipo para el tráfico aéreo) hay
  que aplicar una estrategia global y realizar nuevos esfuerzos para
   tener en cuenta el conjunto de condiciones de carácter técnico,
   reglamentario y operativo que dificultan la interoperablIIdad de las
   redes y el desarrollo de un verdadero mercado interior de servicios.

i) Se requiere Igualmente una cooperación entre empresas para la
  construcción, financiación y gestión de las redes; la cooperación de
   las empresas y de las autoridades públicas es fundamental para la
  creación de las redes, habida cuenta de la magnitud de las Inversiones
  necesarias y de la Incertidumbre inherente a la realización de una
  operación de este tipo. A titulo indicativo se puede citar:

       El desarrollo del transporte combinado que exige acuerdos
       equitativos en materia de tarifas capaces de ofrecer un grado
       de estabilidad adecuado a las inversiones [5] .

       El funcionamiento a escala comunitaria de redes telefónicas
       móviles, cuya realización se basa en la existencia de acuerdos
       transfronterizoe entre operadores que permiten la
       Interconexión de redes, el reparto de los Ingresos de abono y
       la facturación coherente de los servicios prestados en
       trayectos transfronterizos.

       El desarrollo de redee telemáticas que exige, entre otras
       cosas, la aplicación de métodos y mecanismos administrativos
       compatibles, la definición de especificaciones técnicas
       comunes y la armonización de las normas utilizadas.

  Es evidente que esta cooperación se verá facilitada cor medidas en
   favor de la transparencia de las normas comunitarias, sobre todo en
  relación con sus modalidades de ejecución en los Estados miembros, que
  garanticen a los operadores económicos una aplicación adecuada del
  derecho comunitario.

  Además, la aprobación por el Consejo de diferentes propuestas, tales
  como las relativas a la creación del estatuto de la SAE, las marcas y
  patentes comunitarias y la supresión de la doble imposición en la
  cooperación entre empresas, puede tener un efecto de impulsión
  positivo. No obstante, únicamente un enfoque global que Integre los
  aspectos de Interconexión, interoperablIIdad y acceeo a los mercados
  puede crear las condiciones favorables para la creación de dichas
   redes.

  Con estas miras, la Comisión proporciona apoyo financiero a lineas
  piloto de transporte combinado diseñadas y desarrolladas por los
  operadores económicos en varios Estados miembros (cf. Decisión 93/45
  de la Comisión, de 22.12.1992 (DOCE L 16/55, de 25.1.1993).

```

```
                    - 57 
i i i) El desarrollo de las redee exige una acción a medio plazo. Los
    obstáculos a la creación de las redes son numerosos y se pueden
    agrupar en cinco categorías:

    dificultades en el establecimiento de prioridades y proyectos de
    interés común debido a las di vergene iae de Intereses y prioridades a
    escala nacional y a la ausencia de una visión de futuro global;

    procedimientos de decisión y ejecución largos y fastidiosos en razón
    de la multitud de participantes, asi como de problemas jurídicos
    Inherentes a la realización de las redes (política de ordenación del
    territorio, particularidades locales, expropiaciones, permisos de
    construcción, litigios, etc.);

    problemas de financiación derivados de la búsqueda de una rentabilidad
    a corto plazo, de una rentabilidad financiera a menudo negativa, de
    restricciones del presupuesto público, de perspectivas demasiado
    alejadas para llegar a un compromiso político y de las dificultades de
    movilizar de forma generalizada los capitales privados debido al
    elevado grado de Incertidumbre, ya que la previ s ib i IIdad del marco
    reglamentario constituye uno de los factores de seguridad de las
    inversiones;

    escasez y dispersión de los recursos financieros y humanos a escala de
    los Estados miembros, debido a la disparidad de sus situaciones y a
    las dificultades de cooperación transfronteriza, asi como, también, a
    la ausencia de una visión global respecto de la aplicación de loe
    Instrumentos comunitarios;

    inexistencia de interoperablIidad transfronteriza debido a la
    diversidad de las normas y a la gran disparidad en las estructuras
    administrativas y normas de gestión, que llevan a una fragmentación de
    los mercados.

116. La naturaleza de estas dificultades plantea la necesidad de promover
una acción coordinada para que el proyecto de creación de redes
transeuropeas pueda contribuir al crecimiento económico, yendo más allá de
los propios proyectos y provocando un efecto endógeno sobre el crecimiento y
la competi11vI dad de las empresas. Esta estrategia debe complementar los
esfuerzos de reactivación macroeconómica a corto plazo.

V. MEPIOS

117. Desde el punto de vista de la financiación, se observa una
Inadecuación entre la amortización a largo plazo de las inversiones de
infraestructura y la búsqueda de una rentabilidad a corto plazo, lo que no
constituye un elemento favorable a la creación de redes. Sobre la base de
los planes de redes propuestos o en vi as de elaboración, una primera
evaluación por sector cifra las necesidades de inversión en 20.000 millones
de ecus anuales. Para facilitar la financiación de estas inversiones en
proyectos de interés común, hay que garantizar la coordinación de los
recursos presupuestarios nacionales, los recursos comunitarios y la
financiación privada. Asimismo, deben desarrollarse los instrumentos
previstos en el articulo 129 C del Titulo XII del Tratado de la Unión,

```

```
                    - 58 
es decir, eetudioe de viabilidad, bonificaciones de intereses y garantías
para la obtención de préstamos, como está haciendo la Comunidad por medio
del Fondo Europeo de Inversiones.

118. Se observan Importantes retrasos en la elaboración de normas en los
sectores de transportes y telecomunicaciones, lo que crea obstáculos a la
interoperablIIdad de las redes (por ejemplo, el aumento del tráfico aéreo
como consecuencia de la I ibera Iización del sector tropieza con la
inexistencia de compatibilidad de loe sistemas de gestión del mismo). Por
otra parte, se encuentran bloqueadas, en diferentes fases del procedimiento,
propuestas relativas a la creación de un mercado interior en el sector de la
energía y los transportes por carretera.

119. Por consiguiente, debe adoptarse un nuevo enfoque que permita la
creación de instrumentos de realización de los proyectos y la instauración
de la confianza de los participantes, ya sean autoridades públicas, empresas
Industriales, bancos u operadores de redes:

   En una primera etapa habrá que volver a adoptar un enfoque que sitúe
    las iniciativas "sectoriales" en un contexto global y permita enmarcar
    las inversiones en los planes de redee, lo que les garantizará una
   mayor seguridad; una presentación global de los planes de redes
   aumentará su contribución a la ordenación del territorio y al
   equilibrio del espacio europeo. Un compromiso politico del Consejo
   Europeo en relación con los planes de redes en los diferentes sectores
   constituirla una clara señal para los inversores y los mercados
   financieros, que se podría completar con la aprobación formal de los
   diferentes programas de redes antes de una fecha determinada (fin de
   año) en los consejos especializados.

   En una segunda etapa, que deberá abarcar un periodo más largo, deberán
   garantizarse:

    i) unas mejores condiciones de desarrollo de la cooperación
        internacional entre los promotores de proyectos, los
        operadores de redes, los inversores y los otros operadores
        económicos afectados, con objeto de facilitar el
        establecimiento, la financiación y la gestión de los proyectos
        transeuropeos;

    i i) las condiciones más eficaces para asegurar la
        interoperablIidad de las redes.

```

**BSN** **0257-9545**

###### **COM(93) 256 final**

### **DOCUMENTOS**

##### **ES 10** **N° de catálogo : CB-CO-93-289-ES-C** **ISBN 92-77-56491-1**

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