Source: EURLEX
Language: es
Format: md

![european flag](./../../../images/eclogo.jpg)COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 20.7.2021

SWD(2021) 712 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

Informe sobre el Estado de Derecho en 2021  
  
  
  
  
  
  
Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Francia

que acompaña al documento

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Informe sobre el Estado de Derecho en 2021  
  
Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

{COM(2021) 700 final} - {SWD(2021) 701 final} - {SWD(2021) 702 final} - {SWD(2021) 703 final} - {SWD(2021) 704 final} - {SWD(2021) 705 final} - {SWD(2021) 706 final} - {SWD(2021) 707 final} - {SWD(2021) 708 final} - {SWD(2021) 709 final} - {SWD(2021) 710 final} - {SWD(2021) 711 final} - {SWD(2021) 713 final} - {SWD(2021) 714 final} - {SWD(2021) 715 final} - {SWD(2021) 716 final} - {SWD(2021) 717 final} - {SWD(2021) 718 final} - {SWD(2021) 719 final} - {SWD(2021) 720 final} - {SWD(2021) 721 final} - {SWD(2021) 722 final} - {SWD(2021) 723 final} - {SWD(2021) 724 final} - {SWD(2021) 725 final} - {SWD(2021) 726 final} - {SWD(2021) 727 final}

Resumen

El sistema judicial francés sigue siendo objeto de una serie de reformas destinadas a mejorar su calidad y eficiencia. Las iniciativas de larga data para reforzar la independencia judicial, especialmente mediante el refuerzo de las competencias del Consejo Superior de la Magistratura, no han avanzado hacia la adopción, lo cual requeriría una mayoría cualificada de los votos emitidos por ambas cámaras del Parlamento. Los recursos dedicados al sistema judicial aumentaron considerablemente. Siguen avanzando los proyectos destinados a lograr la plena digitalización del procedimiento penal y algunos aspectos del procedimiento civil. Dos nuevos proyectos de ley para reforzar la confianza en el sistema judicial abarcan cuestiones como el secreto profesional de los abogados, la creación de tribunales disciplinarios para los profesionales del Derecho y la transmisión de audiencias. El presidente de la República solicitó al Consejo Superior de la Magistratura que emitiera un dictamen sobre la manera de mejorar el régimen de responsabilidad y protección de los magistrados.

Francia ha seguido reforzando su marco institucional para prevenir y combatir la corrupción en los sectores público y privado. Las instituciones especializadas de lucha contra la corrupción, como la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública y la Agencia Anticorrupción francesa, continúan desempeñando sus funciones. Existen normas para los conflictos de intereses y la protección de los denunciantes de irregularidades. Aunque la legislación en vigor sobre la actividad de los grupos de presión no abarca a las personas que entablan contacto con altos funcionarios, el Gobierno aún no ha presentado ninguna propuesta al respecto. Las declaraciones de patrimonio se divulgan y se verifican periódicamente. La Fiscalía Financiera Nacional se reorganizó y sigue teniendo un sólido historial de imposición de condenas, también a través de convenios judiciales de interés público, incluso para funcionarios de alto rango y asuntos de gran valor. Los recursos humanos de la Comisión Nacional sobre Cuentas de Campaña y Financiación Política parecen ser insuficientes en comparación con su carga de trabajo. Se introdujeron medidas específicas de contratación pública en respuesta a la pandemia de COVID-19.

Francia cuenta con un marco jurídico generalmente sólido que salvaguarda el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación. Una próxima modificación legislativa podría dar lugar a una reorganización institucional de la autoridad nacional reguladora de los medios de comunicación y a la creación de un único órgano responsable de la comunicación audiovisual y digital. Los periodistas siguen estando expuestos a diferentes tipos de amenazas. En vista del aumento de los ataques que se producen durante las protestas o manifestaciones, el Gobierno pretende aplicar medidas para mejorar la comunicación entre los periodistas y las fuerzas policiales durante estos acontecimientos. Las autoridades francesas han previsto un plan integral de recuperación para los medios de comunicación a fin de mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 y apoyar la transformación del sector de los medios de comunicación.

Las evaluaciones de impacto y las consultas a las partes interesadas son frecuentes en el proceso legislativo. Sin embargo, el Gobierno ha aumentado considerablemente los procedimientos acelerados de adopción, limitando el debate parlamentario sobre algunos proyectos de ley sensibles. El régimen de emergencia para la pandemia de COVID-19 finalizó el 1 de junio de 2021. Otras medidas que afectan a los derechos fundamentales fueron revisadas por el Consejo Constitucional y el Consejo de Estado, que rechazaron una solicitud del Gobierno de examinar si una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría ser contraria al principio de atribución y la división de competencias entre la UE y sus Estados miembros. Las autoridades independientes siguieron desempeñando un papel muy activo en la salvaguardia de los derechos fundamentales durante la pandemia de COVID-19. El Defensor de los Derechos reconoció la necesidad de mejorar el seguimiento de sus recomendaciones por parte de las autoridades nacionales. La legislación reciente suscita preocupación en cuanto a su posible impacto en el panorama de la sociedad civil. En particular, la nueva Ley de seguridad global recibió fuertes críticas de las partes interesadas y las autoridades independientes, y el Consejo Constitucional declaró inconstitucionales algunas de sus disposiciones, especialmente la destinada a proteger el anonimato de los funcionarios de policía en servicio.

I.Sistema judicial

El sistema judicial está compuesto por dos ramas autónomas de tribunales: los tribunales ordinarios con jurisdicción en causas civiles y penales, por un lado, y los tribunales de lo contencioso-administrativo, por el otro. Ambas ramas constan de tres niveles de tribunales: tribunales de primera instancia, tribunales de apelación y un tribunal superior (el Tribunal de Casación y el Consejo de Estado, respectivamente). El Consejo de Estado también tiene una rama consultiva que emite dictámenes sobre proyectos de legislación, y se encarga de la gestión de los tribunales de lo contencioso-administrativo y los tribunales de apelación. El Consejo Constitucional es competente para verificar la constitucionalidad de las leyes. El Consejo Superior de la Magistratura, la mitad de cuyos miembros son jueces y fiscales elegidos por sus homólogos
[1](#footnote2)
, desempeña un papel importante en la salvaguardia de la independencia judicial. Nombra candidatos para las altas funciones judiciales y, en relación con el nombramiento de jueces por parte del ministro de Justicia, emite dictámenes vinculantes
[2](#footnote3)
. El Ministerio Fiscal forma parte del poder judicial y depende del Ministerio de Justicia
[3](#footnote4)
. Este último puede dar instrucciones generales sobre política procesal, pero tiene prohibido dar instrucciones sobre asuntos individuales
[4](#footnote5)
. Francia participa en la Fiscalía Europea. Los abogados son representados por distintos colegios en toda Francia.

Independencia

El nivel de independencia percibida es medio tanto entre las empresas como entre el público general
[5](#footnote6)
. Entre la población general, el 57 % considera que el nivel de independencia de los tribunales es «bastante bueno o muy bueno», así como el 58 % de las empresas
[6](#footnote7)
. Si bien el nivel de independencia percibida se ha mantenido bastante estable desde 2016 para la población general, este ha disminuido entre las empresas durante el último año
[7](#footnote8)
. En ambos casos, la razón más frecuentemente señalada para justificar la percepción de falta de independencia judicial se refiere a la interferencia o presión que ejercen el Gobierno y los políticos
[8](#footnote9)
.

La reforma constitucional de larga data para reforzar las competencias del Consejo Superior de la Magistratura no ha avanzado
[9](#footnote10)
. En particular, la reforma constitucional
[10](#footnote11)
 haría que el dictamen del Consejo Superior de la Magistratura sobre el nombramiento de los candidatos a fiscales fuera vinculante para el poder ejecutivo, convertiría al Consejo Superior en el órgano competente para decidir sobre las medidas disciplinarias relativas a los fiscales
[11](#footnote12)
, pondría fin al derecho de los expresidentes de la República de pasar a ser miembros del Consejo Constitucional tras salir del cargo y suprimiría el Tribunal de Justicia de la República
[12](#footnote13)
. Un informe sobre los obstáculos a la independencia judicial presentado por una comisión parlamentaria de investigación el 2 de septiembre de 2020
[13](#footnote14)
 destacó la importancia de llevar a cabo esta reforma constitucional. El informe propone reforzar aún más el papel del Consejo Superior, sobre todo armonizando plenamente las normas disciplinarias y de nombramiento de los fiscales con aquellas aplicables a los jueces
[14](#footnote15)
 y otorgando al Consejo Superior la facultad de actuar por propia iniciativa con respecto a cualquier cuestión relacionada con la independencia del poder judicial
[15](#footnote16)
. Para que el proyecto de ley constitucional avance hacia la adopción, el presidente deberá reunir a ambas cámaras del Parlamento en el Congreso
[16](#footnote17)
 para someterlo a votación, lo que requerirá una mayoría cualificada de tres quintas partes de los votos emitidos. La necesidad de reforzar las facultades disciplinarias del Consejo Superior se destacó aún más en el marco de las investigaciones administrativas ordenadas contra tres fiscales de la Fiscalía Financiera Nacional por el ministro de Justicia, las cuales actualmente están pendientes y podrían dar lugar a procedimientos disciplinarios
[17](#footnote18)
. Tres sindicatos de magistrados presentaron una denuncia contra el ministro de Justicia alegando conflictos de intereses relacionados con su actividad previa como abogado
[18](#footnote19)
. El Tribunal de Justicia de la República declaró admisible la denuncia y abrió una investigación judicial el 13 de enero de 2021. El 23 de febrero de 2021, el presidente de la República presentó al Consejo Superior de la Magistratura una solicitud de dictamen sobre la responsabilidad y la protección de los magistrados. Uno de los objetivos es hacer que el sistema de denuncias de los litigantes sea más eficaz para abordar mejor los casos de deficiencias profesionales de los magistrados
[19](#footnote20)
.

Dos nuevos proyectos de ley pretenden aumentar la confianza en el sistema judicial. El 14 de abril de 2021, el ministro de Justicia presentó al Consejo de Ministros dos proyectos de ley para reforzar la confianza en el sistema judicial, que mejorarían, en particular, la protección del secreto profesional de los abogados defensores
[20](#footnote21)
, crearían tribunales disciplinarios nacionales para los profesionales del Derecho, a los que también se encomendaría la elaboración de un código deontológico, y ampliarían la posibilidad de filmar y transmitir audiencias
[21](#footnote22)
 para promover la comprensión del sistema judicial entre el público general.

Calidad

Se están ejecutando varios proyectos para desarrollar aún más la digitalización de la justicia. A pesar de los esfuerzos para mejorar el nivel de digitalización del sistema judicial
[22](#footnote23)
, aún hay margen de mejora en lo que respecta a las normas procesales que permiten la tecnología digital en los tribunales, el uso de tecnología digital y herramientas de comunicación electrónica por parte de los tribunales y las fiscalías, así como las soluciones digitales para incoar, llevar a cabo y seguir los procedimientos
[23](#footnote24)
. En materia penal, un proyecto denominado «procedimiento penal digital» sigue su curso. Su objetivo es digitalizar todas las etapas del procedimiento, desde el registro de una denuncia o la constatación de un delito hasta el pronunciamiento de la sentencia y la presentación de la resolución judicial, así como facilitar el acceso al expediente para las partes y los profesionales del Derecho. La aplicación de las diversas herramientas para digitalizar la comunicación entre todos los actores del procedimiento penal, así como de todos los documentos del expediente
[24](#footnote25)
, comenzó experimentalmente en 2019 en dos tribunales y se ampliará de manera gradual a todos los órganos jurisdiccionales
[25](#footnote26)
. En materia civil, el programa PORTALIS tiene por objeto sustituir las ocho solicitudes existentes utilizadas en los tribunales por una única herramienta digital y, en última instancia, lograr la plena digitalización del procedimiento civil tanto para los litigantes como para los profesionales de la justicia, desde la solicitud hasta la notificación de la resolución judicial en un portal seguro. El primer paso se logró con el lanzamiento de un sitio web dirigido a los litigantes, el cual les permite presentar solicitudes en algunos asuntos civiles desde el 4 de enero de 2021
[26](#footnote27)
. Del mismo modo, se espera que la posibilidad de presentar solicitudes de asistencia jurídica gratuita en línea, que comenzó en tribunales piloto en marzo de 2021 y que se desplegará de manera gradual a nivel nacional, junto con nuevas normas armonizadas para calcular los recursos de los solicitantes
[27](#footnote28)
, reduzca considerablemente el tiempo necesario para tramitar dichas solicitudes. La herramienta PORTALIS entrará en funcionamiento en 2021 en el Tribunal de lo Laboral y después se ampliará a otros tribunales para 2022.

Los recursos dedicados al sistema judicial aumentaron considerablemente en 2021
[28](#footnote29)
. De este modo, en virtud de la Ley financiera de 2021
[29](#footnote30)
, se asigna al Ministerio de Justicia un presupuesto de 12 100 millones EUR, es decir, alrededor del 2 % del gasto público total, lo cual representa un aumento del 8 % en comparación con el año anterior (el mayor incremento interanual en más de veinte años), incluidos 127 millones EUR adicionales asignados a las costas judiciales
[30](#footnote31)
. La Ley financiera también crea 2 450 puestos para el sistema judicial, lo que representa un aumento de alrededor del 3 % para un total de unos 90 000 puestos. El presupuesto para la asistencia jurídica gratuita alcanzó los 585 millones EUR en 2021, lo que supone un aumento del 10 % que permite mejorar la remuneración de los abogados en el marco de este régimen, especialmente para determinadas misiones en materia penal y la mediación. Asimismo, se creó una nueva garantía de remuneración de los abogados, con independencia de las faltas cometidas por el solicitante de la asistencia jurídica gratuita
[31](#footnote32)
. Los colegios de abogados consideran que la compensación de los abogados por la asistencia jurídica gratuita sigue siendo en gran medida insuficiente y no cubre los costes de los abogados
[32](#footnote33)
.

Se anularon varias medidas relativas al funcionamiento del sistema de justicia penal introducidas durante la pandemia de COVID-19. El Consejo Constitucional declaró inconstitucional
[33](#footnote34)
 la prórroga automática de la duración de la prisión preventiva establecida mediante una Orden de 25 de marzo de 2020 y aplicada durante el confinamiento hasta el 11 de mayo de 2020, debido a su carácter automático y a la ausencia de control judicial sistemático de la necesidad de la prórroga en un plazo breve, teniendo en cuenta el derecho a la libertad individual. En una Decisión de 5 de marzo de 2021, el Consejo de Estado también dictaminó que esta prórroga automática era contraria al derecho a la libertad consagrado en el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y que la posibilidad de que el juez de un tribunal penal inferior imponga el uso de videoconferencias o la comunicación por vía telefónica vulnera el derecho a un juicio justo protegido por el artículo 6 del CEDH. Mediante la Orden de 27 de noviembre de 2020, el Consejo de Estado ya había suspendido el uso de las videoconferencias sin el consentimiento del acusado para las audiencias ante los tribunales penales superiores, argumentando que constituye una injerencia grave y manifiestamente ilícita en los derechos de defensa y el derecho a un juicio justo.

Eficiencia

Se están adoptando medidas para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la eficiencia de los tribunales civiles y penales, pero la duración de los procedimientos sigue siendo motivo de preocupación general. Las medidas de emergencia adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, sobre todo entre marzo y mayo de 2020, provocaron una ralentización de la actividad de los órganos jurisdiccionales y un aumento de su carga de trabajo. Por tanto, a partir de octubre de 2020, los tribunales civiles experimentaron un aumento de su carga de trabajo de casi 43 000 asuntos y los tribunales penales inferiores, de 19 000 asuntos con respecto a finales de 2019
[34](#footnote35)
. El tiempo necesario estimado para resolver asuntos contenciosos civiles y mercantiles siguió aumentando, con un tiempo medio de 432 días en 2019
[35](#footnote36)
. Por otra parte, la tasa de resolución de los asuntos contenciosos civiles y mercantiles mejoró ligeramente para alcanzar el 99,7 % en 2019
[36](#footnote37)
, pero esta cifra precede a los efectos de la pandemia. A fin de abordar los desafíos a los que se enfrentan los tribunales penales, una nueva ley de 8 de abril de 2021 para mejorar la eficiencia de la justicia local y los procedimientos penales amplía las medidas alternativas al enjuiciamiento, amplía el alcance de las medidas aplicables como parte de una composition pénale
[37](#footnote38)
 y permite la ejecución extrajudicial de servicios comunitarios.

II.Marco de lucha contra la corrupción

Entre las autoridades que intervienen en la lucha contra la corrupción se encuentran la Agencia Anticorrupción (que prepara el plan plurianual de lucha contra la corrupción y brinda apoyo a las personas jurídicas privadas y públicas con respecto a cómo prevenir y detectar la corrupción), la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (responsable de garantizar la integridad de las instituciones y los funcionarios públicos) y la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Tributarios (una policía especial para la investigación de delitos económicos, incluidos la corrupción y el blanqueo de capitales). La Fiscalía Financiera Nacional es competente para la investigación de casos de corrupción de alto nivel.

Los expertos y los directivos de empresas perciben que el nivel de corrupción en el sector público se mantiene relativamente bajo. En el Índice de percepción de la corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, Francia obtiene una puntuación de 69/100 y ocupa el puesto n.o 8 en la Unión Europea y el n.o 23 del mundo
[38](#footnote39)
. Esta percepción se ha mantenido relativamente estable
[39](#footnote40)
 durante los cinco últimos años
[40](#footnote41)
.

Se está aplicando el plan nacional de lucha contra la corrupción para 2020-2022. El plan se centra en las siguientes acciones
[41](#footnote42)
: i) optimizar el análisis de datos para mejorar la comprensión y la detección de la corrupción, ii) formar y sensibilizar a los empleados públicos, iii-a) apoyar a los ministerios para que establezcan programas de lucha contra la corrupción, iii-b) apoyar a los principales municipios y sus establecimientos para que establezcan programas de lucha contra la corrupción, iii-c) fomentar la integridad en las organizaciones y los acontecimientos deportivos, iii-d) apoyar a las empresas en la aplicación del marco francés de lucha contra la corrupción y animarlas a hacer del cumplimiento de las medidas anticorrupción un medio para impulsar su competitividad, iii-e) reforzar las penas en materia de corrupción y iv) mejorar la acción internacional de Francia
[42](#footnote43)
.

El enjuiciamiento y la resolución de asuntos de corrupción muestran resultados positivos, incluso para aquellos en los que están implicados funcionarios de alto rango. La legislación nacional penaliza todas las formas de delitos de corrupción (soborno activo, pasivo, nacional o en el extranjero) en los sectores público y privado, incluso en el ámbito del deporte y el tráfico de influencias en el sector público. La Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Tributarios (OCLCIFF, por sus siglas en francés) es una policía especial para la investigación de delitos económicos, incluidos la corrupción y el blanqueo de capitales. La Oficina cuenta con ochenta y seis funcionarios, divididos en unidades de análisis de datos financieros, investigación y recopilación de pruebas
[43](#footnote44)
. En 2020, la Oficina confiscó 166 millones EUR en activos ilegales
[44](#footnote45)
. Sin embargo, la contratación, la formación (a veces durante tres años) y la retención de recursos humanos altamente cualificados, especialmente analistas de datos financieros e investigadores experimentados, representan un desafío para la Oficina
[45](#footnote46)
.

La Fiscalía Financiera Nacional se ha reorganizado con el fin de mejorar su eficacia, incluso mediante recursos complementarios y una mayor independencia. En 2020, la Fiscalía Financiera Nacional creó un equipo especial para la investigación de pruebas a través de bases de datos de código abierto
[46](#footnote47)
. En 2020, la Fiscalía Financiera Nacional incoó 123 procedimientos nuevos, lo que dio lugar a veintiuna acusaciones, por un valor agregado estimado de 2 000 millones EUR, con sesenta y cinco personas implicadas
[47](#footnote48)
. Hasta la fecha se ha celebrado un total de doce convenios judiciales de interés público (CJIP)
[48](#footnote49)
. En respuesta a las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO)
[49](#footnote50)
, la Fiscalía Financiera Nacional prevé contratar fiscales adicionales para 2021
[50](#footnote51)
. Sin embargo, en lo que respecta a las demás recomendaciones del GRECO
[51](#footnote52)
, no se informó de ninguna medida pertinente.

La Agencia Anticorrupción (AFA) prepara el plan plurianual de lucha contra la corrupción y supervisa la aplicación de medidas preventivas en entidades públicas (nacionales o locales) y privadas
[52](#footnote53)
. En septiembre de 2020, la AFA publicó un estudio en el que se analizaban los programas de lucha contra la corrupción de empresas privadas
[53](#footnote54)
 y una guía práctica para las empresas en el ámbito de la aceptación de regalos y muestras de hospitalidad
[54](#footnote55)
. En 2021, tras una consulta pública
[55](#footnote56)
, la AFA emitió una segunda serie de recomendaciones
[56](#footnote57)
 (la primera se emitió en 2017) sobre el desarrollo y la aplicación de mecanismos de cumplimiento para las personas jurídicas
[57](#footnote58)
. La administración de la AFA considera adecuados los recursos técnicos y financieros de los que dispone
[58](#footnote59)
. Aunque los funcionarios que trabajan en la AFA tienen experiencia tanto en el sector público (principalmente investigadores en comisión de servicios y fiscales, pero también analistas de datos financieros) como en el sector privado, el tamaño y la elevada rotación de su personal parecen ser un desafío
[59](#footnote60)
.

La Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP, por sus siglas en francés) sigue supervisando la aplicación de las normas de integridad de los funcionarios públicos, incluidas aquellas sobre las declaraciones de patrimonio
[60](#footnote61)
. La HATVP es responsable de garantizar la integridad de las instituciones y los funcionarios públicos. Sus tareas incluyen la verificación de las declaraciones de patrimonio e intereses. En 2020, la HATVP recibió 17 713 declaraciones de intereses y patrimonio de funcionarios públicos, y 825 de ministros y parlamentarios. Si bien las declaraciones de los funcionarios y los ministros son públicas, las de los parlamentarios solo están disponibles previa solicitud
[61](#footnote62)
. El control realizado por la HATVP en 2020 indica que alrededor del 53 % de las declaraciones eran conformes, el 22 % dio lugar a solicitudes de aclaraciones menores y el 25 % presentaba deficiencias importantes
[62](#footnote63)
. En 2020, se transmitieron diez expedientes a la Fiscalía Financiera Nacional para su posible seguimiento penal. La HATVP asesora a los funcionarios de ética institucional (responsables déontologues), apoyándolos en la formación y la educación en materia de ética
[63](#footnote64)
. La HATVP también publica directrices éticas más generales y puede firmar acuerdos con ONG para promover la transparencia
[64](#footnote65)
. 

La HATVP ha propuesto modificar la legislación sobre la actividad de los grupos de presión. La HATVP es responsable de gestionar el registro de los grupos de presión. En noviembre de 2020, la tasa de declaraciones recibidas fue del 90 % de los grupos de presión registrados
[65](#footnote66)
. En 2020, la HATVP sugirió que se modificara la legislación sobre la actividad de los grupos de presión, según lo recomendado por el GRECO, a fin de incluir a las personas que realizan actividades de presión (y no solo a las organizaciones) y que entablan contacto con altos funcionarios
[66](#footnote67)
. Hasta la fecha, el Gobierno no ha presentado ninguna propuesta
[67](#footnote68)
. En 2020, se amplió el mandato de la HATVP para supervisar la aplicación de las normas sobre incompatibilidades y puertas giratorias
[68](#footnote69)
. Por término medio, el 10 % de los casos controlados revela una incompatibilidad. En 2020, la HATVP emitió una decisión de incompatibilidad de un antiguo asesor de un gabinete ministerial
[69](#footnote70)
.

Los recursos humanos de la Comisión Nacional sobre Cuentas de Campaña y Financiación Política (CNCCFP, por sus siglas en francés) resultan insuficientes en comparación con su carga de trabajo. La CNCCFP es el organismo que audita los informes contables tanto de los partidos políticos como de las campañas electorales
[70](#footnote71)
. El departamento electoral está compuesto por nueve magistrados (asignados en comisión de servicios por el Tribunal de Cuentas y otras instituciones judiciales), además de cincuenta y ocho funcionarios auxiliares. En 2020, se auditaron 2 200 casos, con el apoyo de 143 asesores externos
[71](#footnote72)
. Por término medio, hasta el 4 % de los informes de las campañas electorales tienen problemas de contabilidad. El departamento de auditoría de los partidos políticos cuenta con seis funcionarios
[72](#footnote73)
 y, debido a la carga de trabajo, la presentación de informes contables precisos y detallados en el plazo de procedimiento de seis meses a partir del día de las elecciones sigue siendo un desafío.

El Comisionado de Ética de la Asamblea Nacional supervisa la aplicación de las normas éticas para los parlamentarios. Las normas éticas para los parlamentarios están incluidas en el Reglamento de la Asamblea Nacional
[73](#footnote74)
, así como en un código deontológico
[74](#footnote75)
. Los parlamentarios que se encuentren en una situación de conflicto de intereses informarán a la Oficina de la Asamblea Nacional y se abstendrán de participar en una votación en conflicto. Cualquier donación, patrocinio y dieta de viaje que reciba un parlamentario debe declararse y posteriormente publicarse en la página de transparencia de la Asamblea Nacional. En caso de sospecha de infracción de las normas éticas, el Comisionado de Ética podrá llevar un caso a la atención del presidente de la Asamblea, que a continuación podrá remitir el expediente a la Oficina de la Asamblea para un examen más a fondo y la adopción de posibles medidas
[75](#footnote76)
.

La Agencia Anticorrupción (AFA) formuló recomendaciones sobre el desarrollo de mecanismos para los denunciantes de irregularidades. A la luz de la normativa vigente en materia de protección de los denunciantes de irregularidades
[76](#footnote77)
, las recomendaciones formuladas en enero de 2021
[77](#footnote78)
 pretenden ayudar a las entidades de los sectores público y privado a prevenir y detectar el soborno, el tráfico de influencias, la extorsión por parte de funcionarios públicos, la apropiación ilícita de intereses, la malversación de fondos públicos y el favoritismo. Los denunciantes pueden presentar sus denuncias en primer lugar a través del canal existente en su empresa o su Administración pública y, en circunstancias concretas, la denuncia puede presentarse a la AFA
[78](#footnote79)
. El Defensor de los Derechos ofrece apoyo y asesoramiento a los denunciantes de irregularidades
[79](#footnote80)
, incluida una guía. El Defensor de los Derechos cuenta con un funcionario a tiempo completo para la unidad de asesoramiento. Desde 2017, por término medio, el Defensor de los Derechos ha tratado 80 denuncias de irregularidades al año, mientras que en 2020 se registró una disminución de casi el 20 %
[80](#footnote81)
. La falta de un apoyo financiero y jurídico adecuado
[81](#footnote82)
 constituye un desafío para la protección práctica de los denunciantes de irregularidades.

Se publicaron orientaciones específicas sobre la lucha contra la corrupción en el ámbito de la contratación pública para mitigar los riesgos durante la pandemia de COVID-19. En junio de 2020, la Agencia Anticorrupción y la Dirección de Contratación Pública publicaron directrices sobre la gestión del riesgo de corrupción en el ciclo de la contratación pública
[82](#footnote83)
. Para cada etapa de la contratación pública, las directrices indican los riesgos asociados de corrupción, sugieren medidas de mitigación y ofrecen recomendaciones sobre cómo elaborar un mapa de riesgos organizativos y códigos de conducta anticorrupción.

III.Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

La Constitución francesa garantiza la libertad de expresión y de información, así como el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación. Estos principios están consagrados asimismo en la legislación sectorial, aplicada por el organismo regulador independiente de los medios de comunicación. El marco francés de pluralismo de los medios de comunicación garantiza tanto el «pluralismo externo», definido en términos de pluralidad de agentes de los medios de comunicación, como el «pluralismo interno», definido en términos de equidad y diversidad de voces. El sistema jurídico francés también establece normas específicas relativas a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación
[83](#footnote84)
. Francia ha adoptado varias leyes destinadas a transponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada y aún están previstos tres decretos adicionales para completar el proceso de transposición.

El organismo regulador nacional de los medios de comunicación, el Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), experimentará cambios institucionales
[84](#footnote85)
. Recientemente, el Gobierno ha presentado una propuesta que permite la fusión del Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) con la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet (HADOPI), la autoridad de protección de la propiedad intelectual, con el fin de crear un único organismo responsable de la comunicación audiovisual y digital (ARCOM)
[85](#footnote86)
. Esto conllevaría la atribución a la ARCOM de un conjunto de competencias relacionadas con la protección de los menores en línea, la desinformación, la incitación al odio y la piratería en línea. El CSA acogió con satisfacción la propuesta del Gobierno, en la que se exponen, no obstante, algunas preocupaciones relacionadas con el presupuesto y la composición del nuevo organismo
[86](#footnote87)
. La propuesta prevé que la ARCOM esté sujeta a las mismas garantías de independencia que el CSA y la HADOPI. Al igual que en 2020, el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación de 2021 (Media Pluralism Monitor, MPM)
[87](#footnote88)
 calificó los riesgos para la independencia y la eficacia del organismo regulador francés de los medios de comunicación como bajos, destacando que la autoridad dispone de un presupuesto autónomo y que su funcionamiento, incluido el nombramiento de sus miembros, es transparente.

El Consejo de deontología periodística se centra en el cumplimiento de las normas deontológicas. El Consejo, compuesto por representantes de periodistas, editores y el público, examina las presuntas infracciones de las normas periodísticas en artículos de prensa (tanto textos como imágenes, publicados fuera de línea y en línea) y en programas de noticias audiovisuales. Desde su creación en 2019, el Consejo ha registrado casi 411 casos de infracción y ha publicado treinta y cuatro avisos
[88](#footnote89)
.

El CSA recomendó iniciar un proceso de reflexión sobre el marco de propiedad de los medios de comunicación. El 22 de marzo de 2021, el CSA emitió un dictamen en el que afirmaba que el actual marco anticoncentración es obsoleto en varios aspectos en vista de la evolución demográfica, económica y tecnológica en este sector
[89](#footnote90)
. El CSA sugirió que el Gobierno pusiera en marcha un grupo de expertos para trabajar en esta cuestión. El sistema jurídico francés establece la obligación de publicar todos los propietarios directos y reales de los medios de comunicación. La asignación de frecuencias para los servicios audiovisuales también depende de la información sobre el propietario del servicio que la solicita. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación está controlada por la Autoridad de Competencia, que debe consultar al CSA cuando se trate de medios audiovisuales o la radio
[90](#footnote91)
. El MPM 2021 señala un bajo riesgo para la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, mencionando, no obstante, que la estructura de propiedad multinivel de múltiples conglomerados de medios de comunicación podría crear un cierto grado de opacidad. Por otra parte, el MPM 2021 señala que persiste un nivel elevado de concentración horizontal y cruzada de medios de comunicación
[91](#footnote92)
.

Las autoridades francesas han concedido una ayuda financiera importante a los medios de comunicación. En 2020, con el fin de mitigar el impacto económico de la pandemia de COVID-19, el Gobierno francés asignó 106 millones EUR para garantizar la continuidad de la distribución de prensa y apoyar a los agentes de los medios de comunicación más afectados, a saber, los vendedores de periódicos, los títulos de ultramar y los editores. Todos los trabajadores de los medios de comunicación, incluidos los trabajadores autónomos, también podían optar a una indemnización por reducción del tiempo de trabajo. Por lo que se refiere al apoyo a largo plazo, el plan integral de recuperación prevé 377 millones EUR en los próximos dos años para apoyar las transiciones digital y ecológica del sector de los medios de comunicación
[92](#footnote93)
. Esto incluye también un fondo de 18 millones EUR para apoyar a los periodistas en la situación más precaria, tales como los trabajadores autónomos, los reporteros gráficos y los historietistas
[93](#footnote94)
. Asimismo, el Gobierno francés contempló cambios en el marco de apoyo financiero para los vendedores de periódicos, especialmente en lo que se refiere a las condiciones de solicitud y los métodos de cálculo de la ayuda financiera
[94](#footnote95)
.

En Francia, los periodistas siguen estando expuestos a diferentes tipos de amenazas. Se ha informado de ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, tanto por parte de manifestantes como de las fuerzas policiales, durante las protestas y manifestaciones
[95](#footnote96)
. En este contexto, el Gobierno encargó un informe independiente
[96](#footnote97)
, que incluye una serie de propuestas de medidas destinadas a mejorar la seguridad de los periodistas, así como su comunicación con las fuerzas policiales durante las protestas y manifestaciones
[97](#footnote98)
. El Consejo de Estado también declaró ilícitas cuatro disposiciones del Plan de mantenimiento del orden, que limitaban la actividad de los periodistas durante las protestas o manifestaciones
[98](#footnote99)
. Se han observado acontecimientos preocupantes en relación con la confidencialidad de las fuentes de los periodistas
[99](#footnote100)
, las amenazas de violencia física
[100](#footnote101)
 o los casos de acoso en línea, especialmente de mujeres periodistas
[101](#footnote102)
. La Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas registró quince alertas para Francia desde octubre de 2020, la mayoría de las cuales se referían a ataques físicos, acoso e intimidación de periodistas
[102](#footnote103)
. El MPM 2021 destaca que el uso frecuente del estado de emergencia y una definición muy amplia de desinformación también podrían afectar negativamente la situación de los periodistas.

El Consejo Constitucional invalidó disposiciones controvertidas que podrían haber afectado a las actividades de los periodistas. Tras la recepción crítica por parte de la comunidad periodística del proyecto de ley de «seguridad global», el Gobierno propuso cambios significativos al proyecto de disposición que penalizan la difusión de imágenes que muestren el rostro u otras características identificativas de un miembro de la policía nacional o de la gendarmerie que participe en una operación policial. El texto legislativo, adoptado en abril de 2021, incluía un nuevo delito que consiste en la difusión malintencionada de la imagen de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones con la intención evidente de dañar su integridad física o psicológica (artículo 52.1). El Consejo Constitucional declaró este artículo incompatible con la Constitución francesa, debido a la falta de seguridad jurídica derivada de la formulación imprecisa de esta disposición. Las partes interesadas de los medios de comunicación acogieron favorablemente la decisión del Consejo Constitucional
[103](#footnote104)
. Los representantes del Gobierno declararon su disposición a proponer una versión revisada del artículo
[104](#footnote105)
.

IV.Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios

Francia tiene un sistema semipresidencial de gobierno, con un presidente directamente elegido por los ciudadanos y un primer ministro que debe rendir cuentas ante el Parlamento. El Parlamento bicameral se compone de la Asamblea Nacional y del Senado. Las propuestas legislativas pueden partir del Gobierno o de miembros de ambas Cámaras del Parlamento. El Consejo Constitucional examina la constitucionalidad de las leyes, antes o después de su adopción. Las autoridades independientes desempeñan un papel importante en el sistema de controles y equilibrios.

Las evaluaciones de impacto y las consultas con las partes interesadas son frecuentes en el proceso legislativo, aunque no son obligatorias en todos los casos. El número de evaluaciones de impacto publicadas que acompañan a los proyectos de ley procedentes del Gobierno aumentó a veinticinco
[105](#footnote106)
 de los sesenta y un proyectos de ley en 2020, frente a una media anual de nueve. La participación de las partes interesadas y del público no es obligatoria para el desarrollo de nuevas leyes
[106](#footnote107)
; según el Consejo de Estado, son frecuentes las consultas informales, incluidas las reuniones con las partes interesadas, y las consultas a través de comités consultivos
[107](#footnote108)
. Tras nueve meses de deliberaciones, la Convención Ciudadana sobre el Clima
[108](#footnote109)
 presentó sus propuestas al Gobierno, que publicó su proyecto de ley sobre el clima el 10 de febrero de 2021
[109](#footnote110)
. Además, a raíz de una propuesta de la Convención, el presidente se comprometió a celebrar un referéndum para introducir una cláusula sobre el clima en la Constitución
[110](#footnote111)
.

El uso de procedimientos acelerados, concebidos para casos excepcionales, ha aumentado considerablemente
[111](#footnote112)
. En la última sesión parlamentaria (2019-2020), treinta y siete de las cincuenta y ocho leyes se adoptaron mediante el procedimiento acelerado
[112](#footnote113)
. Desde el inicio de la legislatura en la Asamblea Nacional, el 57 % de las leyes se ha debatido siguiendo este procedimiento. De este modo, el procedimiento acelerado, concebido inicialmente como una excepción, se está convirtiendo en la norma, incluso para las leyes que tienen un impacto significativo en las libertades individuales
[113](#footnote114)
, lo que requeriría, por tanto, un amplio debate parlamentario
[114](#footnote115)
.

El régimen de emergencia introducido en el contexto de la pandemia de COVID-19 se ha prorrogado varias veces y ha finalizado el 1 de junio de 2021. Establecido por dos meses mediante la ley de 23 de marzo de 2020, el estado de emergencia sanitaria
[115](#footnote116)
 se prorrogó hasta el 10 de julio de 2020. A continuación, la ley de 9 de julio de 2020 estableció un régimen transitorio a partir del 11 de julio por el que se autorizaba al Gobierno la adopción de medidas excepcionales para hacer frente a la pandemia hasta el 31 de octubre de 2020. El estado de emergencia sanitaria nacional fue declarado de nuevo mediante decreto a partir del 17 de octubre de 2020 y su prórroga fue autorizada por ley en dos ocasiones, primero hasta el 16 de febrero de 2021 y, posteriormente, hasta el 1 de junio de 2021. Permitió al Gobierno adoptar una serie de medidas mediante decreto para hacer frente a la pandemia. El 27 de mayo de 2021, el Parlamento aprobó una ley sobre la gestión de la salida de la crisis sanitaria, que establece un régimen transitorio
[116](#footnote117)
 aplicable tras el levantamiento del estado de emergencia sanitaria, del 2 de junio al 30 de septiembre de 2021. El Consejo Constitucional declaró constitucionales varias disposiciones de la ley impugnadas por un grupo de diputados
[117](#footnote118)
.

Se solicitó a los tribunales superiores que revisaran las medidas que afectaban a los derechos fundamentales. El Consejo Constitucional revisó la validez de la ley por la que se autoriza la prórroga del estado de emergencia sanitaria hasta el 16 de febrero de 2021 y se introducen medidas para hacer frente a la crisis sanitaria
[118](#footnote119)
, y anuló la prórroga automática de la duración de la prisión preventiva
[119](#footnote120)
. Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, el Consejo de Estado se pronunció en procedimientos urgentes sobre 647 solicitudes que impugnaban la gestión de la pandemia por parte del Gobierno y ordenó medidas o suspendió actos de las autoridades públicas en cincuenta y un casos. En particular, el Consejo de Estado suspendió el uso obligatorio de videoconferencias durante las audiencias en procesos penales
[120](#footnote121)
, reguló el uso de drones por parte de la policía para vigilar las manifestaciones
[121](#footnote122)
 y dictaminó que los clientes deben poder consultar a su abogado incluso después del toque de queda
[122](#footnote123)
. En cincuenta y un casos en los que se rechazó formalmente la solicitud, los intercambios durante las audiencias llevaron al Gobierno a adoptar medidas correctoras
[123](#footnote124)
, y el Consejo de Estado recordó al Estado sus funciones o especificó sus obligaciones en alrededor de 130 casos. El Consejo de Estado ha dictado otras sentencias importantes en relación con los derechos fundamentales, incluida una sentencia sobre la conservación de datos que suscita preocupación en cuanto a su interacción con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea
[124](#footnote125)
. En esta última sentencia, haciendo referencia al carácter vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia, el Consejo de Estado rechazó, no obstante, la solicitud del Gobierno de examinar si una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría ser contraria al principio de atribución y la división de competencias entre la Unión y sus Estados miembros
[125](#footnote126)
.

Las autoridades independientes han desempeñado un papel activo en la defensa de los derechos fundamentales a lo largo de la pandemia de COVID-19. En 2020, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH)
[126](#footnote127)
 publicó dieciocho dictámenes en el ejercicio de su mandato de controlar el cumplimiento de las normas en materia de derechos fundamentales por parte de las autoridades, actuando en ocasiones por iniciativa propia en relación con proyectos de ley para los que no haya sido consultada por el Gobierno y formulando recomendaciones específicas para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales y las libertades individuales
[127](#footnote128)
. Este enfoque de defensa de enmiendas legislativas está en consonancia con la recomendación del Subcomité de Acreditación (SCA) de la GANHRI, que animaba a la CNCDH a seguir ampliando sus actividades en relación con su mandato de protección
[128](#footnote129)
. El Defensor de los Derechos
[129](#footnote130)
 también mantuvo la continuidad de sus actividades. En 2020, tramitó un total de 96 894 denuncias y atendió 69 705 llamadas, lo que representa un aumento del 10 % con respecto al año anterior, y emitió 234 recomendaciones
[130](#footnote131)
. Sin embargo, a fin de reforzar los derechos de aquellos que recurren a él, el Defensor de los Derechos reconoció la necesidad de mejorar el seguimiento de sus recomendaciones por parte de las autoridades nacionales, señalando que solo el 56 % recibió una respuesta en 2019, de las cuales el 31 % fueron denegaciones
[131](#footnote132)
. El Defensor de los Derechos también emitió dos dictámenes sobre el régimen jurídico del estado de emergencia sanitaria para garantizar que las medidas legislativas y reglamentarias adoptadas para luchar contra la pandemia respeten los derechos y libertades de las personas y garanticen la igualdad de trato
[132](#footnote133)
.

La legislación reciente suscita preocupación en cuanto a su posible impacto en la situación de la sociedad civil. Se sigue considerando que el panorama de la sociedad civil en Francia es reducido
[133](#footnote134)
, y las restricciones impuestas a las reuniones públicas durante la pandemia
[134](#footnote135)
, especialmente su aplicación por parte de las autoridades locales, han suscitado nuevas preocupaciones a este respecto
[135](#footnote136)
. La nueva Ley de seguridad global, aprobada por el Parlamento el 15 de abril de 2021, recibió críticas considerables de diversas partes interesadas
[136](#footnote137)
 y autoridades independientes
[137](#footnote138)
 por su posible impacto en las libertades de expresión e información y en el derecho a manifestarse. Ofrece la posibilidad de que las patrullas policiales lleven cámaras y utilicen drones para transmitir en directo las imágenes de los manifestantes y transeúntes a un centro de mando, y ha creado un nuevo delito que consiste en la difusión malintencionada de la imagen de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones con la intención evidente de dañar su integridad física o psicológica
[138](#footnote139)
. Este nuevo delito suscitó fuertes críticas por su impacto en el derecho a la información, teniendo en cuenta la importancia de las denuncias por parte de testigos distintos de los periodistas profesionales
[139](#footnote140)
. Para abordar estas preocupaciones, el primer ministro decidió presentar la ley en su totalidad al Consejo Constitucional. Este último declaró inconstitucionales varias disposiciones, incluido el artículo por el que se creaba el nuevo delito antes mencionado, y formuló reservas respecto a otras disposiciones
[140](#footnote141)
. También se criticó un proyecto de ley para «reforzar el respeto de los principios republicanos», presentado al Parlamento el 9 de diciembre de 2020, debido a las restricciones que podría imponer a la libertad de asociación y de expresión
[141](#footnote142)
. En particular, las disposiciones por las que se establece el control de la financiación extranjera de las asociaciones religiosas por encima de un umbral determinado, se amplían los motivos de disolución de las asociaciones, incluidos los actos cometidos por sus miembros, y se impone la obligación de firmar un «contrato de compromiso republicano», definido de manera amplia, sobre las asociaciones que solicitan subvenciones suscitan preocupación tanto a nivel nacional
[142](#footnote143)
 como europeo
[143](#footnote144)
.

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético\*

\* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en 
<https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es>
.

Agence Française Anticorruption (2020), Informe anual de actividad (
<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/RA_AFA_2020_V2_WEB.pdf>
).

Agence Française Anticorruption (2020), Plan de lucha contra la corrupción 2020-2022 (
<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/RA_AFA_2020_ENG_Version_Finale.pdf>
).

Agence Française Anticorruption (2020), Directrices sobre la gestión del riesgo de corrupción en el ciclo de la contratación pública (
<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide_maitrise_risque_corruption-Hyperlien.pdf>
).

Agence Française Anticorruption (2020), Directrices sobre el desarrollo de mecanismos para los denunciantes de irregularidades (
<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Recommandations%20AFA.pdf>
).

Agence Française Anticorruption (2020), Diagnóstico nacional sobre los sistemas anticorrupción en las empresas (
<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Diagnostic%20national%20sur%20les%20dispositifs%20anticorruption%20dans%20les%20entreprises.pdf>
).

Agence Française Anticorruption (2020), Guía práctica para empresas en el ámbito de la aceptación de regalos y muestras de hospitalidad (
<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20politique%20cadeaux%20et%20invitations.pdf>
).

Agence Française Anticorruption (2021), Recomendaciones, Diario Oficial de 12 de enero de 2021 (
<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Recommandations%20AFA.pdf>
).

Agence Française Anticorruption, director (2020), Audiencia con representantes de la Asamblea Nacional, abril de 2021 (vídeo disponible en 
[http://videos.assemblee-nationale.fr/video.10597957\_60656dae755b9.lutte-contre-la-corruption--m-charles-duchaine-directeur-de-l-agence-francaise-anticorruption-1-avril-2021](http:\videos.assemblee-nationale.fr\video.10597957_60656dae755b9.lutte-contre-la-corruption--m-charles-duchaine-directeur-de-l-agence-francaise-anticorruption-1-avril-2021)
).

L’Assemblée citoyenne des originaires de turque y otros (2021), Carta conjunta a los senadores de 7 de abril de 2021 (
<https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/04/Lettre-aux-senatrices-et-senateurs-avec-les-derniers-signataires.pdf>
).

Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2021), Media Pluralism Monitor 2021.

Conseil supérieur de l’audiovisuel (2021), Dictamen sobre el proyecto de ley relativo a la protección del acceso público a las obras culturales en la era digital y el proyecto de ley sobre la protección del acceso público a las obras culturales, 22 de marzo de 2021 (
<https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Avis-du-CSA-au-gouvernement/Avis-du-22-mars-2021-sur-le-projet-de-loi-organique-relatif-a-la-protection-de-l-acces-du-public-aux-oeuvres-culturelles-a-l-ere-numerique-et-le-projet-de-loi-relatif-a-la-protection-de-l-acces-de-l-acces-du-public-aux-oeuvres-culturelles>
).

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities».

Consejo de Europa, Consejo de Expertos en Derecho de las ONG de la Conferencia de OING (2021), Dictamen de 31 de marzo de 2021 sobre la compatibilidad con las normas europeas del proyecto de ley para garantizar el respeto de los principios de la República por parte de todos (
<https://rm.coe.int/opinion-on-the-bill-to-ensure-respect-for-the-principles-of-the-republ/1680a1f40e>
).

Consejo de Europa, Sitio web (
<https://www.coe.int/en/web/media-freedom/france>
).

Consejo de Europa (2020), Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, alerta de 16 de diciembre de 2020, Two Media Workers Injured in Knife Attack (https://www.coe.int/en/web/media-freedom/detail-alert?p\_p\_id=sojdashboard\_WAR\_coesojportlet&p\_p\_lifecycle=0&p\_p\_col\_id=column-3&p\_p\_col\_count=7&\_sojdashboard\_WAR\_coesojportlet\_alertPK=78942550).

Defensor de los Derechos (2021), Informe anual de actividad 2020 (
<https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rapport-annuel-2020_25-03-2021.pdf>
).

Defensor de los Derechos (2020), Dictamen 20-03, de 27 de abril de 2020, relativo a la aplicación del estado de emergencia sanitaria para hacer frente a la pandemia de COVID-19, así como las órdenes y los decretos adoptados para su aplicación (
<https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19735>
).

Defensor de los Derechos (2020), Dictamen 20-06, de 17 de noviembre de 2020, sobre el texto adoptado por la Comisión de Derecho respecto del proyecto de ley de seguridad global (
<https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=35092&opac_view=-1&lang_sel=es_ES>
).

Defensor de los Derechos (2020), Dictamen 20-10, de 3 de diciembre de 2020, sobre el régimen jurídico del estado de emergencia sanitaria (
<https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=20282>
).

Defensor de los Derechos (2020), Dictamen 20-12, de 16 de diciembre de 2020, sobre la aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc\_num.php?explnum\_id=20315).

Defensor de los Derechos (2021), Dictamen 21-01, de 12 de enero de 2021, sobre el proyecto de ley para reforzar el respeto de los principios de la República (
<https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=20384>
).

Délégation des Barreaux (2021), Aportación de la Délégation des Barreaux de France al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Dirección General de Comunicación (2019), Encuesta «Flash» del Eurobarómetro 482: Actitudes de las empresas respecto a la corrupción en la UE.

Dirección General de Comunicación (2020), Eurobarómetro Especial n.o 502: Corrupción.

Foro Cívico Europeo (2021), Aportación del Foro Cívico Europeo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Comisión Europea (2020), Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Francia.

Comisión Europea (2021), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.

Comisión Europea (2018), Estudio sobre la aplicación de las nuevas disposiciones de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada (
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-implementation-new-provisions-revised-audiovisual-media-services-directive-avmsd>
).

Federación Europea de Periodistas, Sitio web (
<https://europeanjournalists.org/blog/database/covid-19-what-financial-support-has-the-media-and-journalists-received-in-europe/>
).

Consejo Constitucional francés, Decisión n.o 2020-808 DC, de 13 de noviembre de 2020.

Consejo Constitucional francés, Decisión n.o 2020-878/879 QPC, de 29 de enero de 2021.

Consejo Constitucional, francés, Decisión n.o 2021-817 DC, de 20 de mayo de 2021.

Consejo Constitucional, francés, Decisión n.o 2021-819 DC, de 31 de mayo de 2021.

Consejo de Estado francés (2021), Aportación del Consejo de Estado al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Consejo de Estado francés, Orden de 27 de noviembre de 2020.

Consejo de Estado francés, Decisión de 22 de diciembre de 2020.

Consejo de Estado francés, Decisión de 3 de marzo de 2021.

Consejo de Estado francés, Decisión de 5 de marzo de 2021.

Consejo de Estado francés, Decisión de 21 de abril de 2021.

Consejo de Estado francés, Orden de 18 de mayo de 2020.

Consejo de Estado francés, Decisión de 10 de junio de 2021.

Consejo de Estado francés, Decisión de 13 de junio de 2020.

Consejo de Estado francés, Decisión de 6 de julio de 2020.

Gobierno de Francia (2021), Aportaciones de Francia al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Gobierno de Francia (2021), Informe de 2 de abril de 2021 de la Comisión Independiente sobre las relaciones entre la prensa y las fuerzas y cuerpos de seguridad (
<https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/05/rapport_commission_independante_sur_les_relations_entre_le_presse_et_les_forces_de_lordre.pdf>
).

Consejo de deontología periodística, Sitio web (
<https://cdjm.org/decisions/>
).

Ministerio de Cultura francés (2020), Comunicado de prensa de 27 de agosto de 2020 (
<https://www.culture.gouv.fr/es/Presse/Communiques-de-presse/Annonce-du-plan-de-soutien-a-la-filiere-presse>
).

Ministerio de Cultura francés (2021), Comunicado de prensa de 8 de abril de 2021 (
<https://www.culture.gouv.fr/es/Presse/Communiques-de-presse/Presentation-en-conseil-des-ministres-du-projet-de-loi-relatif-a-la-regulation-et-a-la-protection-de-l-acces-aux-aeuvres-culturelles-a-l-ere-numerique>
).

Ministerio de Cultura francés, Sitio web (
<https://www.culture.gouv.fr/es/Sites-thematiques/Presse/Aides-a-la-Presse/L-aide-a-la-modernisation-des-diffuseurs>
).

Asamblea Nacional francesa, Oficina de la Asamblea Nacional, Resúmenes de las reuniones (
<https://www2.assemblee-nationale.fr/15/le-bureau-de-l-assemblee-nationale>
).

Parlamento francés, Comisión de Investigación (2020), Informe sobre los obstáculos a la independencia judicial (
<https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cejustice/l15b3296_rapport-enquete>
).

Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), Subcomité de Acreditación (SCA) (2019), Informe de marzo de 2019.

GRECO (2020), Quinta Ronda de Evaluación – Informe de evaluación sobre Francia.

Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública, Dictámenes a petición de los funcionarios de ética (
[https://www.hatvp.fr/consulter-les-deliberations-et-avis](https://www.hatvp.fr/consulter-les-deliberations-et-avis/)
/).

Le Monde (2021), Ley de «seguridad global»: el Consejo Constitucional censura el antiguo artículo 24 (Loi « sécurité globale » : le Conseil constitutionnel censure l’ex-article 24) (
<https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/20/le-conseil-constitutionnel-censure-l-ex-article-24-de-la-proposition-de-loi-securite-globale_6080897_3224.html>
).

Observatoire des libertés et du numérique (2020), Comunicación de 12 de noviembre de 2020.

Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) (2020), Dictamen, de 26 de noviembre de 2020, sobre la propuesta de ley de seguridad global.

Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) (2021), Primer dictamen, de 28 de enero de 2021, sobre el proyecto de ley para reforzar el respeto de los principios de la República (
<https://www.cncdh.fr/sites/default/files/a_-_2021_-_1_-_pjl_principes_de_la_republique_janv_2021.pdf>
).

Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) (2021), Segundo dictamen, de 25 de marzo de 2021, sobre el proyecto de ley para reforzar el respeto de los principios de la República (
<https://www.cncdh.fr/sites/default/files/a_-_2021_-_4_-_2nd_avis_sur_le_pjl_principes_de_la_republique_mars_2021.pdf>
).

Reporteros sin Fronteras, Sitio web (
<https://rsf.org/es/francia>
).

The Local (2021), El Tribunal Constitucional de Francia rechaza un proyecto de ley que limita la grabación de los funcionarios de policía (France’s constitutional court rejects proposed law limiting filming of police officers) (
<https://www.thelocal.fr/20210520/frances-constitutional-court-rejects-proposed-law-limiting-filming-of-police-officers/>
).

Transparencia Internacional (2021), Índice de percepción de la corrupción de 2020.

Union Syndicale des Magistrats (2020), Syndicat de la Magistrature, Carta abierta de 21 de diciembre de 2020.

Anexo II: Visita a Francia

Los servicios de la Comisión celebraron una serie de reuniones virtuales en abril de 2021 con:

·Agence France Presse

·La Agencia Anticorrupción

·La Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Tributarios

·El Consejo de Estado

·El Defensor de los Derechos

·La Delegación de los Colegios de Abogados de Francia

·El Comisionado de Ética de la Asamblea Nacional

·La Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública

·El Consejo Superior de los Medios Audiovisuales

·El Consejo Superior de la Magistratura

·El Consejo de Deontología Periodística y de Mediación

·El Ministerio de Justicia

·La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH)

·El Consejo Nacional de Colegios de Abogados

·La Fiscalía Financiera Nacional

·El Sindicato Nacional de Periodistas

·Reporteros sin Fronteras

·El Syndicat de la Magistrature

·La Union syndicale des magistrats

\* La Comisión también se reunió con las siguientes organizaciones en varias reuniones transversales:

·Amnistía Internacional

·Centro de Derechos Reproductivos

·CIVICUS

·Civil Liberties Union for Europe

·Civil Society Europe

·Conferencia de Iglesias Europeas

·EuroCommerce

·European Center for Not-for-Profit Law

·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación

·Foro Cívico Europeo

·Federación Europea de Periodistas

·European Partnership for Democracy

·Foro Europeo de la Juventud

·Front Line Defenders

·Human Rights House Foundation

·Human Rights Watch

·ILGA-Europe

·Comisión Internacional de Juristas

·Federación Internacional por los Derechos Humanos

·Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF EN)

·Instituto Internacional de la Prensa

·Comité Helsinki de los Países Bajos

·Open Society European Policy Institute

·Philanthropy Advocacy

·Protection International

·Reporteros sin Fronteras

·Transparencia Internacional UE

:   [(1)](#footnoteref2)
     
       El Consejo Superior de la Magistratura tiene dos formaciones distintas. En su formación relativa a jueces, está compuesto por el presidente del Tribunal de Casación, cinco jueces, un fiscal, un miembro del Consejo de Estado, un abogado y otros seis miembros cualificados que no estén vinculados ni al Parlamento, ni al poder judicial ni al orden administrativo. Un juez adicional completa esta formación cuando actúa como consejo disciplinario. En la formación relativa a fiscales, está compuesto por el fiscal general del Tribunal de Casación, cinco fiscales, un juez, el mismo miembro del Consejo de Estado que se ha mencionado anteriormente, el mismo abogado que se ha mencionado anteriormente y los mismos seis miembros cualificados adicionales que se han mencionado anteriormente. Un fiscal adicional completa esta formación cuando actúa como consejo disciplinario. Véase también a este respecto el apartado 27 de la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que establece que «al menos la mitad de los miembros de estos consejos [para el poder judicial] deben ser jueces seleccionados por sus homólogos de entre todos los niveles del sistema judicial y con respeto del pluralismo interno de dicho sistema».
:   [(2)](#footnoteref3)
     
       Actualmente, los fiscales son nombrados por el ministro de Justicia, tras un dictamen consultivo del Consejo.
:   [(3)](#footnoteref4)
     
       Art. 5 de la Ordenanza 58/1270, de 22 de diciembre de 1958.
:   [(4)](#footnoteref5)
     
       Art. 1 de la Ley 2013/669, de 25 de julio de 2013.
:   [(5)](#footnoteref6)
     
       El nivel de la percepción de la independencia judicial se clasifica de la siguiente manera: muy bajo (menos del 30 % de los encuestados percibe la independencia judicial como bastante buena o muy buena); bajo (entre el 30 % y el 39 %), medio (entre el 40 % y el 59 %), alto (entre el 60 % y el 75 %) y muy alto (por encima del 75 %).
:   [(6)](#footnoteref7)
     
       Mientras que el 5 % de la población general y el 7 % de las empresas indican que perciben el nivel de la independencia judicial como «muy bueno» y el 52 % de la población general y el 51 % de las empresas perciben que es «bastante bueno», el 29 % de la población general y el 26 % de las empresas perciben que es «muy malo o bastante malo». Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021, gráficos 48 y 50; encuesta del Eurobarómetro.
:   [(7)](#footnoteref8)
     
       Gráficos 48 y 50 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.
:   [(8)](#footnoteref9)
     
       Gráficos 49 y 51 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.
:   [(9)](#footnoteref10)
     
       Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Francia, pp. 1 y 2.
:   [(10)](#footnoteref11)
     
       El proyecto de ley constitucional se presentó en la Asamblea Nacional el 29 de agosto de 2019.
:   [(11)](#footnoteref12)
     
       Actualmente, el Consejo Superior de la Magistratura emite un dictamen no vinculante sobre los nombramientos de los fiscales propuestos y sobre las decisiones disciplinarias del ministro de Justicia. Sin embargo, en la práctica, el ministro de Justicia siempre sigue este dictamen y el cambio propuesto consagraría este compromiso en Derecho positivo.
:   [(12)](#footnoteref13)
     
       Este tribunal especial, compuesto por seis miembros del Senado, seis miembros de la Asamblea Nacional y tres jueces del Tribunal de Casación, es competente para conocer de causas penales relativas a las actuaciones de los miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones. En su lugar, sería el Tribunal de Apelación de París el que conocería de estas causas.
:   [(13)](#footnoteref14)
     
       Parlamento francés, Comisión de Investigación (2020), Informe sobre los obstáculos a la independencia judicial, 
    <https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cejustice/l15b3296_rapport-enquete>
    <.>
:   [(14)](#footnoteref15)
     
       De este modo, el Consejo Superior propondría los nombramientos de los jefes de las fiscalías, en lugar de limitarse a emitir un dictamen sobre las propuestas del ministro de Justicia.
:   [(15)](#footnoteref16)
     
       Actualmente, en virtud del artículo 65 de la Constitución, solo el presidente puede recurrir al pleno del Consejo Superior para que emita un dictamen en su función de garante de la independencia del poder judicial. Esta posibilidad rara vez se utiliza y la única manera de que el Consejo Superior actúe por propia iniciativa en estos asuntos es emitir comunicaciones, las cuales, sin embargo, carecen de valor jurídico. El Consejo Superior publicó varias comunicaciones en 2020 y 2021, cuando percibió amenazas a la independencia del poder judicial o a la autoridad de las resoluciones judiciales.
:   [(16)](#footnoteref17)
     
       De conformidad con el artículo 89 de la Constitución, el Congreso es el nombre que se da al órgano creado cuando ambas cámaras del Parlamento se reúnen para votar sobre las revisiones de la Constitución o para escuchar un discurso del presidente.
:   [(17)](#footnoteref18)
     
       En virtud de los artículos 58 y 59-1 de la Orden n.o 58-1270, de 22 de diciembre de 1958, el Consejo Superior solo emite un dictamen no vinculante sobre si sancionar o no a los fiscales, y la decisión final corresponde al ministro de Justicia. Mediante Decreto de 23 de octubre de 2020, el ministro de Justicia transfirió al primer ministro la competencia para actuar en asuntos en los que había intervenido anteriormente como abogado, pero ello no afecta a la decisión inicial de abrir las investigaciones administrativas contra los fiscales, las cuales aún están pendientes.
:   [(18)](#footnoteref19)
     
       Carta abierta del Syndicat de la Magistrature y la Union Syndicale des Magistrats, publicada el 21 de diciembre de 2020.
:   [(19)](#footnoteref20)
     
       Desde 2011, en virtud de la Ley Orgánica n.o 2010-830, de 22 de julio de 2010, los ciudadanos pueden remitir el asunto directamente al Consejo Superior si se consideran víctimas de una falta disciplinaria por parte de un magistrado. Sin embargo, desde que existe esta posibilidad, muy pocas denuncias fueron declaradas admisibles y una cantidad aún menor se remitió a la sección disciplinaria. De este modo, en 2019, de las 324 denuncias registradas, solo once fueron declaradas admisibles, de las cuales nueve fueron desestimadas. Solo se remitió una denuncia a la sección disciplinaria. Muchas denuncias fueron declaradas manifiestamente inadmisibles porque el litigante intentaba impugnar la propia resolución judicial en lugar de alegar una deficiencia profesional o una falta disciplinaria.
:   [(20)](#footnoteref21)
     
       El artículo preliminar del Código de Procedimiento Penal se completaría para afirmar que «durante el procedimiento se garantiza el respeto del secreto profesional de la defensa». Los registros en el despacho de un abogado, las escuchas telefónicas de su línea profesional o privada y el acceso a sus facturas telefónicas detalladas solo serían posibles si se sospecha que el abogado ha cometido o intentado cometer un delito.
:   [(21)](#footnoteref22)
     
       Actualmente, solo pueden filmarse los juicios de importancia histórica. Con arreglo al proyecto de ley, la difusión de las grabaciones solo sería posible cuando el asunto se juzgue definitivamente. Sin embargo, ante el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación, la audiencia pública podría transmitirse en directo con el consentimiento previo de las partes.
:   [(22)](#footnoteref23)
     
       Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Francia, p. 3.
:   [(23)](#footnoteref24)
     
       Véanse los gráficos 40 a 45 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.
:   [(24)](#footnoteref25)
     
       La denominada «Oficina penal digital» constituirá el único punto de acceso a una serie de aplicaciones destinadas, entre otras cosas, a crear y gestionar asuntos digitalmente y a transmitir documentos de forma segura entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, así como a los abogados de las partes.
:   [(25)](#footnoteref26)
     
       En el contexto de la visita a Francia, las autoridades francesas declararon que el sistema debería estar operativo en treinta departamentos de cien durante el primer trimestre de 2022. En los próximos dieciocho meses, se digitalizarán gradualmente los documentos relativos a los procedimientos de emergencia, las audiencias y los intercambios entre todos los agentes implicados en los procedimientos penales. También se aplicarán las firmas electrónicas, el acceso de los abogados a los documentos de los expedientes a través de tabletas digitales y la digitalización de las solicitudes de acceso a documentos.
:   [(26)](#footnoteref27)
     
       En la página web 
    <https://www.justice.fr/>
    , los litigantes también pueden presentar una solicitud en línea ante determinados órganos jurisdiccionales, por ejemplo en materia familiar. En el futuro, esta posibilidad se ampliará a todos los tribunales civiles y los litigantes podrán seguir el procedimiento y recibir todos los documentos judiciales en línea. El sitio web también ofrece información sobre las normas procesales y los órganos jurisdiccionales competentes, notas explicativas y documentos que deben cumplimentarse, así como los datos de contacto de los profesionales del Derecho, como los abogados.
:   [(27)](#footnoteref28)
     
       Desde el 1 de enero de 2021, en virtud del Decreto n.o 2020-1717, de 28 de diciembre de 2020, los ingresos fiscales de referencia son uno de los criterios, junto con los activos y los ahorros, para evaluar los recursos de las personas físicas.
:   [(28)](#footnoteref29)
     
       Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Francia, p. 4.
:   [(29)](#footnoteref30)
     
       Ley n.o 2020-1721, de 29 de diciembre de 2020, relativa a las finanzas para 2021.
:   [(30)](#footnoteref31)
     
       Las costas judiciales son los costes totales de un juicio. Incluyen no solo los costes directamente relacionados con el juicio (por ejemplo, los honorarios del agente judicial y del perito), sino también los gastos de defensa jurídica.
:   [(31)](#footnoteref32)
     
       El nuevo artículo 19-1 de la Ley n.o 91-647, de 10 de julio de 1991, garantiza la compensación del abogado designado por determinadas misiones llevadas a cabo aunque el solicitante no envíe los documentos necesarios para presentar la solicitud de asistencia jurídica gratuita o no cumpla los requisitos para beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita.
:   [(32)](#footnoteref33)
     
       Véase la aportación de la Délégation des Barreaux de France al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 8. El valor unitario de la compensación en concepto de asistencia jurídica gratuita se incrementó de 32 EUR a 34 EUR, muy por debajo de los 40 EUR propuestos en un informe de misión presentado en agosto de 2020 al ministro de Justicia sobre el futuro de la profesión de abogado en Francia por el antiguo ministro de Justicia Dominique Perben. Además, la mediación debe conducir a un acuerdo para que el abogado obtenga una compensación en concepto de asistencia jurídica gratuita.
:   [(33)](#footnoteref34)
     
       Decisión n.o 2020-878/879 QPC de 29 de enero de 2021.
:   [(34)](#footnoteref35)
     
       Aportaciones de Francia al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 24.
:   [(35)](#footnoteref36)
     
       Gráfico 6 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.
:   [(36)](#footnoteref37)
     
       Gráfico 11 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.
:   [(37)](#footnoteref38)
     
       Esta alternativa al enjuiciamiento establecida por la Ley de 23 de junio de 1999 permite al fiscal proponer a una persona que admita haber cometido un delito una o varias medidas que deben ejecutarse en un plazo determinado.
:   [(38)](#footnoteref39)
     
       Transparencia Internacional, Índice de percepción de la corrupción de 2020, pp. 2 y 3. El nivel percibido de corrupción se clasifica de la siguiente manera: bajo (puntuaciones de percepción entre los expertos y los directivos de empresas de la corrupción en el sector público superiores a 79); relativamente bajo (puntuaciones entre 79 y 60), relativamente alto (puntuaciones entre 59 y 50), alto (puntuaciones inferiores a 50).
:   [(39)](#footnoteref40)
     
       En 2015, la puntuación fue de 70, mientras que, en 2020, la puntuación es de 69. La puntuación aumenta / disminuye considerablemente cuando cambia más de cinco puntos; mejora o se deteriora cuando varía entre 4 y 5 puntos; es relativamente estable (cambios de entre 1 y 3 puntos) durante los últimos cinco años.
:   [(40)](#footnoteref41)
     
       Los datos del Eurobarómetro sobre la percepción de la corrupción y la experiencia de los ciudadanos y las empresas, tal como se indicó el año pasado, se actualizan cada dos años. El último conjunto de datos es el Eurobarómetro especial n.º 502 (2020) y la encuesta «Flash» de Eurobarómetro n.º 482 (2019).
:   [(41)](#footnoteref42)
     
       Agence Française Anticorruption (AFA) (2020), Plan de lucha contra la corrupción 2020-2022, p. 13.
:   [(42)](#footnoteref43)
     
       AFA, Informe de actividad, p. 11.
:   [(43)](#footnoteref44)
     
       Hay cinco investigadores de ciberdelincuencia que buscan, recopilan y analizan datos digitales a través de una herramienta informática específica (LION). Hasta enero de 2021, la OCLCIFF ha tratado 285 asuntos, incluidos 138 casos de fraude fiscal, cincuenta y cinco de delitos económicos y noventa y dos de corrupción. Aportaciones de Francia al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.
:   [(44)](#footnoteref45)
     
       En particular: 106 millones EUR procedentes de casos de fraude fiscal (incluido un caso único por valor de 83 millones EUR), 20 millones EUR de casos de delitos económicos y 38 millones EUR de casos de corrupción. Aportaciones de Francia al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.
:   [(45)](#footnoteref46)
     
       Información recibida en el contexto de la visita a Francia.
:   [(46)](#footnoteref47)
     
       Información recibida en el contexto de la visita a Francia.
:   [(47)](#footnoteref48)
     
       Con la participación, por ejemplo, de un expresidente de la República, un exministro y alcaldes. Aportaciones de Francia al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.
:   [(48)](#footnoteref49)
     
       A saber, siete casos relacionados con la corrupción y cinco casos de fraude fiscal. Información recibida en el contexto de la visita a Francia. Cada caso incluye una multa de interés público, cuyo valor agregado (para los últimos doce CJIP) asciende a poco más de 3 000 millones EUR. Se han pagado todas las multas. Además, cinco casos incluían programas de cumplimiento, a cargo de la empresa encargada de la aplicación y bajo la supervisión de la AFA, a través de auditorías de conformidad realizadas por un período de tres años. Aportaciones de Francia al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.
:   [(49)](#footnoteref50)
     
       Quinta ronda de evaluación del GRECO - Informe de evaluación, recomendaciones sobre la necesidad de dotar a la Fiscalía Financiera Nacional de personal adicional.
:   [(50)](#footnoteref51)
     
       El plan es alcanzar un total de dieciocho fiscales, que trabajarán con el personal de apoyo existente, que consta de seis asistentes especializados y un asistente jurídico. Información recibida en el contexto de la visita a Francia.
:   [(51)](#footnoteref52)
     
       En la Quinta ronda de evaluación del GRECO - Informe de evaluación, apartado 136, se recomendó que se velara por su independencia del poder ejecutivo con garantías adicionales sobre la transmisión al Gobierno de información relativa a procedimientos en curso contra personas que ocupan cargos ejecutivos de alto nivel a fin de preservar la integridad de las investigaciones.
:   [(52)](#footnoteref53)
     
       Ley n.o 2016-1691 de transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de la vida económica.
:   [(53)](#footnoteref54)
     
       Se ha enviado a las federaciones profesionales un cuestionario en línea anónimo dirigido a todas las empresas, independientemente de su volumen de negocios, su mano de obra y sus actividades, para que lo difundan entre sus miembros. Se recogió información de 2 000 empresas. AFA, Diagnóstico nacional sobre los sistemas anticorrupción en las empresas.
:   [(54)](#footnoteref55)
     
       AFA, Guía práctica para empresas en el ámbito de la aceptación de regalos y muestras de hospitalidad.
:   [(55)](#footnoteref56)
     
       Entre el 16 de octubre y el 16 de noviembre de 2020 se llevó a cabo una consulta pública en la que participaron alrededor de cuarenta colaboradores, entre ellos trece asociaciones, siete federaciones empresariales, diez bufetes de abogados y consultores, cinco Administraciones centrales y dos organizaciones no gubernamentales.
:   [(56)](#footnoteref57)
     
       AFA, Recomendaciones, Diario Oficial de 12 de enero de 2021.
:   [(57)](#footnoteref58)
     
       Las recomendaciones indican buenas prácticas para llevar a cabo la evaluación y la identificación de riesgos, con medidas de prevención y detección del riesgo de corrupción y medidas correctoras.
:   [(58)](#footnoteref59)
     
       Información recibida en el contexto de la visita a Francia.
:   [(59)](#footnoteref60)
     
       Esta opinión fue expresada por el director de la AFA en una audiencia con representantes de la Asamblea Nacional en abril de 2021 (vídeo disponible en 
    <http://videos.assemblee-nationale.fr/video.10597957_60656dae755b9.lutte-contre-la-corruption--m-charles-duchaine-directeur-de-l-agence-francaise-anticorruption-1-avril-2021>
    ). Por otra parte, la rotación del personal facilita la difusión de una cultura de cumplimiento entre el sector público y el privado. Información recibida en el contexto de la visita a Francia.
:   [(60)](#footnoteref61)
     
       Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Francia, p. 6.
:   [(61)](#footnoteref62)
     
       Véase el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.
:   [(62)](#footnoteref63)
     
       Información recibida en el contexto de la visita a Francia.
:   [(63)](#footnoteref64)
     
       En 2020, la HATVP emitió 150 dictámenes específicos a petición de los funcionarios de ética. Estos están publicados en la página web de la HATVP, 
    [https://www.hatvp.fr/consulter-les-deliberations-et-avis](https://www.hatvp.fr/consulter-les-deliberations-et-avis/)
    /.
:   [(64)](#footnoteref65)
     
       Una vez firmado el acuerdo, la ONG puede solicitar el asesoramiento de la HATVP sobre cuestiones relacionadas con los conflictos de intereses y las declaraciones de patrimonio, página web de la HATVP, 
    [https://www.hatvp.fr/la-haute-autorite/la-diffusion-dune-culture-de-lintegrite/promouvoir-la-transparence/#:~:text=Pour%20solliciter%20l'agr%C3%A9ment%2C%20l,conditions%20requises%20pour%20%C3%AAtre%20agr%C3%A9%C3%A9](https://www.hatvp.fr/la-haute-autorite/la-diffusion-dune-culture-de-lintegrite/promouvoir-la-transparence/%23:~:text=Pour%20solliciter%20l'agrément,%20l,conditions%20requises%20pour%20être%20agréé)
    . Por otra parte, para que una asociación tenga locus standi e intervenga como parte civil en un procedimiento penal en un asunto de corrupción, debe estar oficialmente autorizada por el Ministerio de Justicia.
:   [(65)](#footnoteref66)
     
       Información recibida en el contexto de la visita a Francia.
:   [(66)](#footnoteref67)
     
       Quinta Ronda de Evaluación del GRECO – Prevención de la corrupción y la promoción de la integridad. Recomendación de modificar el registro de los grupos de presión.
:   [(67)](#footnoteref68)
     
       Información recibida en el contexto de la visita a Francia.
:   [(68)](#footnoteref69)
     
       La HATVP emite un dictamen antes de la contratación para un cargo público de alto nivel de una persona que haya estado anteriormente empleada en el sector privado, el cual determinará dicha contratación. Antes del nombramiento de cualquier miembro del Gobierno y en lo referente a la persona para la que se prevea el nombramiento, el presidente de la República podrá solicitar a la HATVP información que indique, en la fecha de la solicitud y teniendo en cuenta la información de la que dispone la HATVP, si esta persona se encuentra en una situación que pueda constituir un conflicto de intereses, así como las medidas necesarias para evitar este conflicto de intereses o actuar para ponerle fin de inmediato. Véase el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.
:   [(69)](#footnoteref70)
     
       Información recibida en el contexto de la visita a Francia.
:   [(70)](#footnoteref71)
     
       En el caso de estos últimos, se trata de los fondos recibidos o utilizados durante las campañas electorales.
:   [(71)](#footnoteref72)
     
       Los asesores externos se seleccionarán de una lista permanente de alrededor de doscientos profesionales, con experiencia en materia fiscal y de auditoría. Información recibida en el contexto de la visita a Francia.
:   [(72)](#footnoteref73)
     
       En 2019, se auditaron alrededor de 511 cuentas de partidos políticos, y los resultados muestran principalmente irregularidades formales de menor importancia. En caso de que se detecte una irregularidad, la Comisión podrá solicitar aclaraciones a la entidad auditada o, en caso de sospecha de delito o fraude electoral, remitir el expediente a los fiscales o al juez electoral, respectivamente. Información recibida en el contexto de la visita a Francia.
:   [(73)](#footnoteref74)
     
       Artículos 80 y siguientes del Reglamento de la Asamblea Nacional.
:   [(74)](#footnoteref75)
     
       Código deontológico de 2019.
:   [(75)](#footnoteref76)
     
       La Oficina de la Asamblea es un comité formado por veintidós parlamentarios, competente para el funcionamiento interno de la Asamblea Nacional. Dentro de la Oficina, hay una delegación de cinco miembros dedicada a la regulación de los grupos de presión. Los resúmenes de las reuniones de la Oficina se publican en línea en 
    <https://www2.assemblee-nationale.fr/15/le-bureau-de-l-assemblee-nationale>
    .
:   [(76)](#footnoteref77)
     
       Tal como se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, con la adopción de la Ley Sapin II en 2016, se ha establecido un régimen general para la protección de los denunciantes de irregularidades en los sectores público y privado.
:   [(77)](#footnoteref78)
     
       AFA, Recomendaciones sobre el desarrollo de mecanismos para los denunciantes de irregularidades.
:   [(78)](#footnoteref79)
     
       Información escrita recibida del Ministerio de Justicia.
:   [(79)](#footnoteref80)
     
       El asesoramiento tiene por objeto ayudar a comprender las legalidades de los procedimientos de denuncia de irregularidades o los requisitos necesarios para obtener protección para los denunciantes.
:   [(80)](#footnoteref81)
     
       Los asuntos se refieren tanto al sector público como al privado, por igual. Información recibida en el contexto de la visita a Francia.
:   [(81)](#footnoteref82)
     
       Información recibida en el contexto de la visita a Francia. Véanse el Dictamen n.o 20-12 del Defensor de los Derechos, de 16 de diciembre de 2020, la Recomendación n.o 13 y el Informe anual de actividad de 2020 del Defensor de los Derechos, p. 89: Para romper el aislamiento de los denunciantes de irregularidades, deben establecerse mejores medidas de protección y apoyo ejemplar, en particular permitiendo que se beneficien de la ayuda financiera directa mediante la creación de un fondo de apoyo y la concesión de asistencia jurídica gratuita sin ninguna evaluación de los recursos económicos, basándose, en su caso, en un certificado expedido por la Oficina del Defensor de los Derechos.
:   [(82)](#footnoteref83)
     
       AFA, Directrices sobre la gestión del riesgo de corrupción en el ciclo de la contratación pública.
:   [(83)](#footnoteref84)
     
       Francia ocupa el puesto n.o 34 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras de 2021 (el n.o 16 en la UE), el mismo puesto que el año pasado, pero cuatro puestos por encima del que ocupaba hace cinco años. Véase el sitio web de Reporteros sin Fronteras, 
    <https://rsf.org/es/francia>
    .
:   [(84)](#footnoteref85)
     
       Ministerio de Cultura francés, Comunicado de prensa de 8 de abril de 2021.
:   [(85)](#footnoteref86)
     
       El cambio institucional ya fue examinado en el marco del proceso de transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada.
:   [(86)](#footnoteref87)
     
       Conseil supérieur de l’audiovisuel (2021), Dictamen sobre el proyecto de ley relativo a la protección del acceso público a las obras culturales en la era digital y el proyecto de ley sobre la protección del acceso público a las obras culturales.
:   [(87)](#footnoteref88)
     
       Media Pluralism Monitor, Informe sobre Francia, p. 12.
:   [(88)](#footnoteref89)
     
       Sitio web del Consejo de deontología periodística, 
    <https://cdjm.org/decisions/>
    .
:   [(89)](#footnoteref90)
     
       Conseil supérieur de l’audiovisuel (2021), Dictamen sobre el proyecto de ley relativo a la protección del acceso público a las obras culturales en la era digital y el proyecto de ley sobre la protección del acceso público a las obras culturales.
:   [(90)](#footnoteref91)
     
       Comisión Europea, Estudio sobre la aplicación de las nuevas disposiciones de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada.
:   [(91)](#footnoteref92)
     
       En el caso de los medios de comunicación en línea, la falta de datos exhaustivos y normalizados impide el establecimiento de cualquier tasa de concentración. Media Pluralism Monitor, Informe sobre Francia, p. 13.
:   [(92)](#footnoteref93)
     
       Ministerio de Cultura francés, Comunicado de prensa de 27 de agosto de 2020.
:   [(93)](#footnoteref94)
     
       Sitio web de la Federación Europea de Periodistas, 
    <https://europeanjournalists.org/blog/database/covid-19-what-financial-support-has-the-media-and-journalists-received-in-europe/>
    .
:   [(94)](#footnoteref95)
     
       Sitio web del Ministerio de Cultura francés, 
    <https://www.culture.gouv.fr/es/Sites-thematiques/Presse/Aides-a-la-Presse/L-aide-a-la-modernisation-des-diffuseurs>
    .
:   [(95)](#footnoteref96)
     
       Véase: Sitio web de Reporteros sin Fronteras, 
    <https://rsf.org/es/francia>
    , 
    <https://rsf.org/en/news/cases-violence-against-french-reporters>
     y Consejo de Europa (2021), Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, alerta de 4 de enero de 2021, Journalists Obstructed during Yellow Vest Demonstrations.
:   [(96)](#footnoteref97)
     
       El informe se presentó al primer ministro francés el 3 de mayo de 2021. Véase el anexo I.
:   [(97)](#footnoteref98)
     
       Las autoridades francesas declararon que las recomendaciones del informe serían aplicadas conjuntamente por los ministros del Interior y de Cultura.
:   [(98)](#footnoteref99)
     
       Decisión n.o 444849 del Consejo de Estado, de 10 de junio de 2021.
:   [(99)](#footnoteref100)
     
       La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa informa de que, en 2020, al menos dos periodistas fueron citados para ser interrogados por la IGPN (el departamento de asuntos internos de la policía) por presunta complicidad en una violación de la confidencialidad policial. Reporteros sin Fronteras expresó su preocupación respecto de la legislación francesa sobre la prensa, que permite a la policía invocar una «exigencia imperiosa de interés general» como motivo para abrir una investigación destinada a identificar la fuente de un periodista. Véase 
    <https://rsf.org/en/news/france-rsf-denounces-use-concealment-professional-secrecy-accusation-and-calls-its-removal>
    .
:   [(100)](#footnoteref101)
     
       El 25 de septiembre de 2020 tuvo lugar un apuñalamiento fuera de la antigua sede de la revista satírica francesa 
    [Charlie Hebdo](https://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo)
    . Antes del ataque, el autor declaró en un vídeo que buscaba venganza contra 
    [Charlie Hebdo](https://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo)
    . Véase: Consejo de Europa (2020), Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, alerta de 16 de diciembre de 2020, Two Media Workers Injured in Knife Attack.
:   [(101)](#footnoteref102)
     
       Tal como se confirmó en el MPM 2021, así como en los debates celebrados en el contexto de la visita a Francia. Media Pluralism Monitor, Informe sobre Francia, p. 13.
:   [(102)](#footnoteref103)
     
       Si bien las autoridades francesas han respondido a la mayoría de las alertas registradas en 2021, aún no se ha calificado ninguna de ellas como resuelta. Véase el sitio web del Consejo de Europa, 
    <https://www.coe.int/en/web/media-freedom/france>
    .
:   [(103)](#footnoteref104)
     
       Véase Le Monde (2021), Ley de «seguridad global»: el Consejo Constitucional censura el antiguo artículo 24, 
    <https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/20/le-conseil-constitutionnel-censure-l-ex-article-24-de-la-proposition-de-loi-securite-globale_6080897_3224.html>
    ; The Local (2021), El Tribunal Constitucional de Francia rechaza un proyecto de ley que limita la grabación de los funcionarios de policía, 
    <https://www.thelocal.fr/20210520/frances-constitutional-court-rejects-proposed-law-limiting-filming-of-police-officers/>
    .
:   [(104)](#footnoteref105)
     
       Ibid.
:   [(105)](#footnoteref106)
     
       Aportaciones de Francia al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 43. Con arreglo al artículo 8 de la Ley orgánica n.o 2009-403, de 15 de abril de 2009, los proyectos de legislación procedentes del Gobierno se someten a una evaluación de impacto y se presentan al Consejo de Estado para que emita un dictamen consultivo. Desde 2015, una decisión oral del presidente de la República hizo posible la publicación de este dictamen en la mayoría de los casos.
:   [(106)](#footnoteref107)
     
       Excepto en el caso de la legislación laboral, para la que es obligatorio un proceso de consulta con los sindicatos en virtud del artículo L1 del Código de Trabajo.
:   [(107)](#footnoteref108)
     
       Véase la aportación del Consejo de Estado al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 24. No se dispone de cifras específicas.
:   [(108)](#footnoteref109)
     
       Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Francia, p 10. La Convención, establecida en octubre de 2019, reunió a 150 ciudadanos seleccionados de manera aleatoria para representar al público francés con el fin de debatir el cambio climático y preparar proyectos de ley para abordarlo.
:   [(109)](#footnoteref110)
     
       El proyecto de ley del clima incluye cuarenta y seis de las 149 propuestas de los ciudadanos, diecisiete de las cuales solo parcialmente.
:   [(110)](#footnoteref111)
     
       El Gobierno presentó un proyecto de ley constitucional con este fin el 20 de enero de 2021.
:   [(111)](#footnoteref112)
     
       El artículo 45, párrafo segundo, de la Constitución permite al Gobierno limitar los debates parlamentarios a una sola lectura para cada cámara del Parlamento para un texto determinado. Este procedimiento acelerado también suprime la obligación de que transcurran seis semanas antes de que la primera cámara celebre un debate público sobre el texto, y cuatro semanas antes de que lo haga la segunda cámara.
:   [(112)](#footnoteref113)
     
       Véase la aportación del Consejo de Estado al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 25.
:   [(113)](#footnoteref114)
     
       Véase la aportación del Foro Cívico Europeo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 23.
:   [(114)](#footnoteref115)
     
       Por ejemplo, el Gobierno sometió el proyecto de ley para reforzar el respeto de los principios de la República al procedimiento legislativo acelerado. En dos dictámenes separados, de 28 de enero de 2021 y 25 de marzo de 2021, sobre este proyecto de ley, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) lamentó que se acortara el debate parlamentario.
:   [(115)](#footnoteref116)
     
       La ley de 23 de marzo de 2020 introdujo un nuevo régimen de estado de emergencia específicamente diseñado para las emergencias sanitarias, y separado de los regímenes de estado de emergencia anteriores. El estado de emergencia sanitaria se declara en primer lugar mediante decreto por una duración máxima de un mes, y su prórroga más allá de un mes debe ser autorizada por ley, por una duración determinada.
:   [(116)](#footnoteref117)
     
       En virtud de este régimen, el primer ministro puede limitar la libre circulación y la apertura de establecimientos abiertos al público, así como las reuniones y manifestaciones. Los prefectos podrán adoptar estas medidas a nivel local.
:   [(117)](#footnoteref118)
     
       Consejo Constitucional, Decisión n.o 2021-819 DC, de 31 de mayo de 2021.
:   [(118)](#footnoteref119)
     
       Mediante la Decisión n.o 2020-808 DC, de 13 de noviembre de 2020, el Consejo Constitucional declaró constitucional la prórroga del estado de emergencia sanitaria hasta el 16 de febrero de 2021 y autorizó las medidas adoptadas con algunas reservas.
:   [(119)](#footnoteref120)
     
       Mediante la Decisión n.o 2020-878/879 QPC, de 29 de enero de 2021, véase más arriba.
:   [(120)](#footnoteref121)
     
       Orden de 27 de noviembre de 2020 y Decisión de 5 de marzo de 2021, véase más arriba.
:   [(121)](#footnoteref122)
     
       Orden de 18 de mayo de 2020 y Decisión de 22 de diciembre de 2020 sobre el uso de drones para supervisar las manifestaciones en París.
:   [(122)](#footnoteref123)
     
       En una Decisión de 3 de marzo de 2021, el Consejo de Estado consideró que el hecho de no establecer esta exención durante el toque de queda constituye una violación grave y manifiestamente ilícita de la libertad fundamental de interponer un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional.
:   [(123)](#footnoteref124)
     
       Por ejemplo, elaborando informes sobre el impacto de las medidas de confinamiento en la salud mental y aclarando los motivos de los viajes autorizados.
:   [(124)](#footnoteref125)
     
       Decisión del Consejo de Estado de 21 de abril de 2021, dictada a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 6 de octubre de 2020 en el asunto C-511/18, La Quadrature du Net y otros.
:   [(125)](#footnoteref126)
     
       No obstante, el Consejo de Estado recordó que la Constitución sigue siendo la norma suprema del sistema jurídico nacional y que debe velar por que la aplicación del Derecho de la UE, tal como ha precisado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no ponga en peligro, en la práctica, los requisitos constitucionales que no están garantizados de manera equivalente por el Derecho de la UE (apartados 9 y 10 de la Decisión).
:   [(126)](#footnoteref127)
     
       Asimilada a una autoridad administrativa independiente, la CNCDH es una institución nacional de derechos humanos acreditada con la clase «A» por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés). Se compone de sesenta y cuatro miembros: representantes de las principales ONG activas en el ámbito de los derechos humanos, representantes de las principales confederaciones de sindicatos y otros expertos.
:   [(127)](#footnoteref128)
     
       En sus dictámenes publicados de oficio el 28 de enero y el 25 de marzo de 2021 sobre las versiones sucesivas del proyecto de ley para reforzar el respeto de los principios de la República, la CNCDH lamenta no haber sido consultada durante la preparación del proyecto y formula, en total, treinta y cinco recomendaciones, algunas de las cuales abordan la redacción exacta de la ley.
:   [(128)](#footnoteref129)
     
       Informe del Subcomité de Acreditación de la GANHRI – marzo de 2019.
:   [(129)](#footnoteref130)
     
       Cualquier persona física o jurídica puede recurrir a este organismo consagrado en la Constitución, encargado de proteger los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las autoridades estatales. Tiene competencias para llevar a cabo investigaciones, mediar, emitir recomendaciones y proponer reformas legislativas.
:   [(130)](#footnoteref131)
     
       De conformidad con el artículo 25 de la Ley orgánica n.o 2011-333, de 29 de marzo de 2011, cuando se recurra a él, el Defensor de los Derechos podrá formular cualquier recomendación a las autoridades o personas afectadas, quienes deberán informar del seguimiento dado a las recomendaciones. A falta de información o si el seguimiento no es satisfactorio, el Defensor de los Derechos podrá ordenar al acusado que adopte, en un plazo determinado, las medidas necesarias. Cuando no se haya dado seguimiento a esta orden, el Defensor de los Derechos elabora un informe especial que se comunica a la persona afectada. El Defensor de los Derechos publica este informe y, en su caso, la respuesta de la persona afectada.
:   [(131)](#footnoteref132)
     
       Véase el Informe anual de actividad de 2020 del Defensor de los Derechos, p. 20.
:   [(132)](#footnoteref133)
     
       Dictamen 20-03, de 27 de abril de 2020, relativo a la aplicación del estado de emergencia sanitaria para hacer frente a la pandemia de COVID-19, así como las órdenes y los decretos adoptados para su aplicación, y Dictamen 20-10, de 3 de diciembre de 2020, sobre el régimen jurídico del estado de emergencia sanitaria.
:   [(133)](#footnoteref134)
     
       Como se señala en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Francia, p. 11. Véase la clasificación proporcionada por CIVICUS; consiste en una escala de cinco categorías: abierto, reducido, obstruido, represivo y cerrado.
:   [(134)](#footnoteref135)
     
       Algunas de estas medidas fueron impugnadas con éxito ante los tribunales. Mediante Decisión de 13 de junio de 2020, el Consejo de Estado dictaminó que la prohibición general de manifestaciones que reúnan a más de diez personas, impuesta mediante Decreto de 31 de mayo de 2021, no estaba justificada por la situación sanitaria actual, cuando las medidas de seguridad podían respetarse o cuando era poco probable que el acontecimiento reuniera a más de 5 000 personas. El 21 de junio, un nuevo decreto permitió a los prefectos autorizar las reuniones públicas si los organizadores podían garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad. Mediante Decisión de 6 de julio de 2020, el Consejo de Estado suspendió el requisito de autorización por considerarlo una vulneración desproporcionada del derecho a manifestarse.
:   [(135)](#footnoteref136)
     
       Por ejemplo, los prefectos invocaron el riesgo de perturbación del orden público o el estado de emergencia sanitaria para imponer prohibiciones o restricciones a las manifestaciones contra el proyecto de ley de seguridad global, pero sus órdenes fueron suspendidas por los tribunales. Véase la aportación del Foro Cívico Europeo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 25.
:   [(136)](#footnoteref137)
     
       Por ejemplo, el 12 de noviembre de 2020, el Observatoire des libertés et du numérique publicó una comunicación que recogía firmas de múltiples organizaciones, entre ellas la Ligue des droits de l’Homme, La Quadrature du Net, el Syndicat des avocats de France y el Syndicat de la Magistrature.
:   [(137)](#footnoteref138)
     
       Véase Defensor de los Derechos, Dictamen 20-06, de 17 de noviembre de 2020, sobre el texto adoptado por la Comisión de Derecho respecto del proyecto de ley de seguridad global, y CNCDH, Dictamen, de 26 de noviembre de 2020, sobre la propuesta de ley de seguridad global.
:   [(138)](#footnoteref139)
     
       Véase la sección III.
:   [(139)](#footnoteref140)
     
       Véase el dictamen del Defensor de los Derechos supra, p. 5, y el dictamen de la CNCDH supra, pp. 6 y 7.
:   [(140)](#footnoteref141)
     
       Decisión del Consejo Constitucional n.o 2021-817 DC, de 20 de mayo de 2021.
:   [(141)](#footnoteref142)
     
       Véase la aportación del Foro Cívico Europeo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, pp. 26 y 27. Amnistía Internacional también expresó su preocupación acerca de este proyecto de ley en una comunicación de 29 de marzo de 2021.
:   [(142)](#footnoteref143)
     
       Véase Defensor de los Derechos, Dictamen 21-01, de 12 de enero de 2021, sobre el proyecto de ley para reforzar el respeto de los principios de la República, y CNCDH, Segundo dictamen, de 25 de marzo de 2021, sobre el proyecto de ley para reforzar el respeto de los principios de la República, así como la carta conjunta dirigida por un gran número de asociaciones y sindicatos a los senadores, de 7 de abril de 2021, 
    <https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/04/Lettre-aux-senatrices-et-senateurs-avec-les-derniers-signataires.pdf>
    .
:   [(143)](#footnoteref144)
     
       Véase el dictamen del Consejo de Expertos en Derecho de las ONG de la Conferencia de ONG del Consejo de Europa, de 31 de marzo de 2021, sobre la compatibilidad con las normas europeas del proyecto de ley para garantizar el respeto de los principios de la República por parte de todos.

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