Source: EURLEX
Language: es
Format: md

C 304/12 ES Diario Oficial de la Unión Europea 13.12.2003

1. El artículo 12 del Tratado CE (en la versión resultante del
Tratado de Amsterdam), ¿debe interpretarse en el sentido
de que se opone a los artículos 1 bis, apartado 1,
número 1, y 10, apartado 1, número 1, de la Einkommensteuergesetz (Ley alemana del impuesto sobre la
renta) con arreglo a los cuales un sujeto pasivo residente
en Alemania no puede deducir de la base imponible la
pensión alimenticia que paga a su antigua esposa residente
en Austria, mientras que sí tendría derecho a hacerlo si
ésta siguiera residiendo en Alemania?

2. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: el
artículo 18 CE, apartado 1, ¿debe interpretarse en el
sentido de que se opone a los artículos 1 bis, apartado 1,
número 1, y 10, apartado 1, número 1, de la Einkommensteuergesetz (Ley alemana del impuesto sobre la
renta) con arreglo a los cuales un sujeto pasivo residente
en Alemania no puede deducir de la base imponible la
pensión alimenticia que paga a su antigua esposa residente
en Austria, mientras que sí tendría derecho a hacerlo si
ésta siguiera residiendo en Alemania?

**Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-**
**lución del Gerechtshof te’s-Gravenhage, de fecha 28 de**
**agosto de 2003, en el asunto entre Class International**
**B.V. y 1) Colgate-Palmolive Company, 2) Unilever N.V.,**
**3) Smithkline Beecham PLC, 4) Beecham Group PLC**

**(Asunto C-405/03)**

(2003/C 304/17)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Gerechtshof te’s-Gravenhage, dictada el 28 de
agosto de 2003, en el asunto entre entre Class International
B.V. y 1) Colgate-Palmolive Company, 2) Unilever N.V.,
3) Smithkline Beecham PLC, 4) Beecham Group PLC, y recibida
en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de septiembre de
2003. El Gerechtshof te’s-Gravenhage solicita al Tribunal de
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

1) ¿Puede el titular de una marca oponerse a la introducción,
llevada a cabo sin su consentimiento, de mercancías
procedentes de terceros países, que llevan una marca en
el sentido de la Directiva y/o del Reglamento n [o] 40/94 ( [1] ),
en el territorio de un Estado miembro (en el presente
asunto, el territorio de los Países Bajos o de los Estados
del Benelux) en el marco de comercio de tránsito, como
se describe a continuación?

2) ¿Incluye el término «uso en el tráfico económico» en el
sentido del artículo 5, apartado 1, en relación con el
artículo 5, apartado 3, letras b) y c), de la Directiva y el
artículo 9, apartado 1, en relación con el artículo 9,
apartado 2, letras b) y c), del Reglamento n [o] 40/94, el
almacenamiento en el territorio de un Estado miembro,
en un despacho o en un almacén aduanero, de mercancías

de marca originales (que llevan una marca en el sentido
de la Directiva citada, de la BMW y/o del Reglamento
n [o] 40/94), que no han sido introducidas en el EEE por el
titular de la marca o con su consentimiento, procedentes
de fuera del EEE y que tienen un estatuto aduanero de
mercancías no comunitarias [por ejemplo T1 o AGD
(administratieve geleidedocument; documento administrativo de acompañamiento)]?

3) ¿Tiene relevancia para la respuesta a las cuestiones 1 y 2
el hecho de que, a la llegada al mencionado territorio, no
se conozca aún el destino final de las mercancías o que
dichas mercancías aún no hayan sido objeto de ningún
contrato (de compraventa) con un adquirente de un país
tercero?

4) ¿Tiene relevancia para la respuesta a las cuestiones 1, 2
y 3 la concurrencia de circunstancias adicionales, como,
por ejemplo

a) el hecho de que el comerciante que es propietario
de las mercancías de que se trata o puede disponer
sobre ellas y/o se dedica al comercio paralelo esté
establecido en uno Estado miembro;

b) el hecho de que las mercancías hayan sido ofrecidas
a la venta por un comerciante establecido en un
Estado miembro a partir de este Estado o a un
comerciante establecido en un Estado miembro,
aunque (aún) no conste el lugar de la entrega;

c) el hecho de que las mercancías hayan sido ofrecidas
a la venta por un comerciante establecido en un
Estado miembro a partir de este Estado o a un
comerciante establecido en un Estado miembro,
cuando consta el lugar de la entrega de las mercancías ofrecidas o vendidas de tal forma, pero no su
destino final, con o sin la mención expresa o
precisión contenida en una cláusula contractual que
indique que se trata de mercancías no comunitarias
(en régimen de tránsito);

d) el hecho de que las mercancías hayan sido ofrecidas
a la venta o vendidas por un comerciante establecido
en un Estado miembro a un comerciante establecido
fuera del EEE, aunque eventualmente no conste el
lugar de la entrega y/o de destino final de dichas
mercancías;

e) el hecho de que las mercancías hayan sido ofrecidas
a la venta o vendidas por un comerciante establecido
en un Estado miembro a un comerciante establecido
fuera del EEE del que el comerciante (paralelo) sabe
o tiene serios motivos para suponer que revenderá
o entregará las citadas mercancías a consumidores
finales dentro del EEE?.

13.12.2003 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 304/13

5) ¿El término «ofrecer» contenido en las disposiciones a que
se refiere la primera cuestión debe interpretarse en el
sentido de que incluye el ofrecimiento (a la venta) de
mercancías originales de marca (provistas con una marca
en el sentido de la Directiva, de la BMW y/o del
Reglamento n [o] 40/94), almacenadas en una oficina o
depósito aduanero en el territorio de Estado miembro,
que no han sido introducidas en el EEE por el titular de la
marca o con su consentimiento, proceden de fuera del
EEE y tienen el estatuto de mercancías no comunitarias
(por ejemplo T1 y AGD), en las circunstancias descritas
en las cuestiones 3 y 4?

6) ¿Qué parte soporta la carga de la prueba de los hechos
mencionados en las cuestiones 1, 2 y 5?

( [1] ) Reglamento (CE) n [o] 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de
1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11 de 14.1.1994, p. 1).

**Recurso interpuesto el 1 de octubre de 2003 contra la**
**República Italiana por la Comisión de las Comunidades**
**Europeas**

**(Asunto C-410/03)**

(2003/C 304/18)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 1 de octubre de 2003 un recurso contra
la República Italiana formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por la Sra. Karen Banks
y el Sr. Knut Simonsson, en calidad de agentes.

La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

—
Declare que la República Italiana ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
1999/95/CE ( [1] ) del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de diciembre de 1999, sobre el cumplimiento de las
disposiciones relativas al tiempo de trabajo de la gente de
mar a bordo de buques que hagan escala en puertos de la
Comunidad, al no haber adoptado las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva, o, en
cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

—
Condene en costas a la República Italiana.

_Motivos y principales alegaciones_

El plazo previsto para adaptar el Derecho interno a la Directiva
expiró el 30 de junio de 2002.

( [1] ) DO L 14, p. 29.

**Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2003 contra la**
**Comisión de las Comunidades Europeas por la República**
**Italiana**

**(Asunto C-430/03)**

(2003/C 304/19)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 30 de septiembre de 2003 un recurso contra la
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
República Italiana, representada por el Sr. Ivo M. Braguglia, en
calidad de agente, asistido por el Sr. Maurizio Fiorilli, avvocato
dello Stato.

La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

Anule la Decisión 2003/536/CE de la Comisión, de 22 de julio
de 2003, en la medida en que excluye de la financiación
comunitaria las siguientes partidas:

a) Frutas y hortalizas — Italia — 1515 — Corrección a
tanto alzado del 5 % (2000/2001) y del 10 % (1999/
2000) por irregularidades en los controles:
22 251 827,08 euros.

b) Aceite de oliva, plantas textiles y semillas — Italia — 1210
— Corrección a tanto alzado del 2 % por insuficiencias en
la gestión y la eficacia de los controles:
13 048 335,00 euros.

_Motivos y principales alegaciones_

La demandante sostiene que las correcciones a tanto alzado
relativas al régimen de ayudas a la transformación del tomate
y la corrección a tanto alzado relativa al régimen de ayuda a la
producción de aceite de oliva, notificadas mediante la Decisión
2003/536/CE ( [1] ) de la Comisión, de 22 de julio de 2003, son
ilegales en la medida en que se basan en un procedimiento
irregular y han vulnerado las normas de cooperación leal.
Según la demandante, las correcciones financieras deben, en
consecuencia, ser anuladas.

( [1] ) DO L 184 de 23.7.2003, p. 42.