Source: EURLEX
Language: es
Format: md

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)

de 10 de julio de 2025 (
[\*1](#t-ECR_62024CJ0037_ES_01-E0001)
)

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Propiedad intelectual — Gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines — Directiva 2006/115/CE — Artículo 8, apartado 2 — Radiodifusión y comunicación al público — Directiva 2014/26/UE — Artículo 16, apartado 2, párrafo segundo — Concesión de licencias — Radiodifusión — Conceptos de “remuneración equitativa” y de “remuneración adecuada” — Criterios para apreciar el carácter equitativo o adecuado — Artículos 17, apartado 2, y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho fundamental a la protección de la propiedad intelectual — Alcance e interpretación de los derechos y principios — Normativa nacional por la que se deroga un sistema de remuneración mínima a tanto alzado»

En el asunto C‑37/24,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía), mediante resolución de 23 de mayo de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de enero de 2024, en el procedimiento entre

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)

y

DADA Music SRL,

con intervención de:

Asociaţia Radiourilor Locale şi Regionale (ARLR),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. A. Kumin, Presidente de Sala, y la Sra. I. Ziemele (Ponente) y el Sr. S. Gervasoni, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretaria: Sra. R. I. Şereş, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de diciembre de 2024;

consideradas las observaciones presentadas:

| – | en nombre de la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), por el Sr. G. Cracea y la Sra. A. Strătulă, avocaţi; |

| – | en nombre de DADA Music SRL, por el Sr. M.‑C. Furtună, avocat; |

| – | en nombre del Gobierno rumano, por las Sras. E. Gane, L. Ghiţă y A. Rotăreanu, en calidad de agentes; |

| – | en nombre del Gobierno danés, por la Sra. D. Elkan, el Sr. M. D. B. Jespersen y la Sra. C. A.‑S. Maertens, en calidad de agentes; |

| – | en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. A. Biolan y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes; |

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

| 1 | La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual ([DO 2006, L 376, p. 28](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2006:376:TOC)), y del artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior ([DO 2014, L 84, p. 72](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2014:084:TOC)), en relación con los artículos 17 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). |

| 2 | Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) [Unión de Productores de Fonogramas de Rumanía (UPFR)], una entidad de gestión colectiva de derechos afines a los derechos de autor de productores de fonogramas, y DADA Music SRL, que opera una emisora de radio local, en relación con el pago por parte de esta última de una remuneración mínima a tanto alzado. |

Marco jurídico

Derecho internacional

Convenio de Berna

| 3 | El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, hecho en Berna el 9 de septiembre de 1886 (Acta de París de 24 de julio de 1971), en su versión resultante de la modificación de 28 de septiembre de 1979 (en lo sucesivo, «Convenio de Berna»), firmado por todos los Estados miembros, establece en su artículo 11 bis, apartados 1 y 2:   | «1) | Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar:   | 1.o | la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes; | |   […]   | 2) | Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión [creada por este Convenio] establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos [de los autores de obras literarias y artísticas] […] y no podrán en ningún caso atentar al derecho […] que le corresponda [al autor] para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.» | |

WPPT

| 4 | La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptó, el 20 de diciembre de 1996, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (en lo sucesivo, «WPPT»). Estos Tratados fueron aprobados en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2000/278/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2000, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor y del Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas ([DO 2000, L 89, p. 6](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2000:089:TOC)), y entraron en vigor, por lo que respecta a la Unión, el 14 de marzo de 2010. |

| 5 | El artículo 15 del WPPT, titulado «Derecho a remuneración por radiodifusión y comunicación al público», establece en sus apartados 1 y 2:   | «1) | Los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales. |  | 2) | Las Partes Contratantes pueden establecer en su legislación nacional que la remuneración equitativa y única deba ser reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante o por el productor de un fonograma o por ambos. Las Partes Contratantes pueden establecer legislación nacional que, en ausencia de un acuerdo entre el artista intérprete o ejecutante y el productor del fonograma, fije los términos en los que la remuneración equitativa y única será compartida entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.» | |

Derecho de la Unión

Directiva 2006/115

| 6 | En los considerandos 5, 7 y 12 de la Directiva 2006/115, se expone lo siguiente:   | «(5) | El esfuerzo creativo y artístico de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes exige unos ingresos suficientes que sirvan de base a nuevos trabajos creativos y artísticos y que las inversiones necesarias, en particular, para la producción de fonogramas y películas son especialmente cuantiosas y aleatorias. Solo una protección jurídica adecuada de los titulares de derechos permite garantizar eficazmente dichos ingresos y amortizar dichas inversiones. |   […]   | (7) | Deben aproximarse las legislaciones de los Estados miembros de conformidad con los convenios internacionales vigentes sobre los que se basan las normas sobre derechos de autor y derechos afines de muchos Estados miembros. |   […]   | (12) | Es necesario establecer un régimen que garantice de manera irrenunciable una remuneración equitativa para autores y artistas intérpretes y ejecutantes, quienes deberán tener la posibilidad de confiar la administración de este derecho a entidades de gestión colectiva que los representen.» | |

| 7 | El artículo 8 de esta Directiva, titulado «Radiodifusión y comunicación al público», dispone lo siguiente en su apartado 2:  «Los Estados miembros establecerán la obligación del usuario de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma, que se utilice para la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público de pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, entre los cuales se efectuará el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas los Estados miembros podrán establecer las condiciones en que deban repartirse dicha remuneración.» |

Directiva 2014/26

| 8 | Los considerandos 2 y 31 de la Directiva 2014/26 tienen el siguiente tenor:   | «(2) | […] Corresponde normalmente al titular elegir entre la gestión individual y la gestión colectiva de sus derechos, salvo que se disponga de otro modo por los Estados miembros, de conformidad con el Derecho de la Unión y las obligaciones internacionales de la Unión y sus Estados miembros. […] |   […]   | (31) | […] Es conveniente que los cánones de licencia o la remuneración determinados por las entidades de gestión colectiva sean razonables en relación con, entre otros factores, el valor económico del ejercicio de los derechos en un contexto particular. […]» | |

| 9 | El artículo 12 de esta Directiva, titulado «Deducciones», establece en su apartado 1:  «Los Estados miembros velarán por que cuando un titular de derechos autorice a una entidad de gestión colectiva a gestionar sus derechos, la entidad de gestión colectiva deba proporcionar al titular de derechos información sobre los descuentos de gestión y otras deducciones de los ingresos de derechos y de cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos, antes de obtener su consentimiento para gestionar sus derechos.» |

| 10 | El artículo 16 de dicha Directiva, titulado «Concesión de licencias», dispone en su apartado 2, párrafo segundo:  «Los titulares de derechos percibirán una remuneración adecuada por la utilización de sus derechos. Las tarifas aplicadas a los derechos exclusivos y a los derechos a remuneración serán razonables en relación con, entre otros factores, el valor económico de la utilización de los derechos negociados, teniendo en cuenta la naturaleza y ámbito de uso de las obras y otras prestaciones, y el valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión colectiva. Las entidades de gestión colectiva informarán al usuario de que se trate de los criterios utilizados para la fijación de esas tarifas.» |

| 11 | El artículo 17 de la referida Directiva, titulado «Obligaciones de los usuarios», tiene la siguiente redacción:  «Los Estados miembros adoptarán disposiciones para velar por que los usuarios proporcionen a la entidad de gestión colectiva, dentro de un plazo y en un formato acordados o establecidos previamente, la información pertinente a su disposición sobre la utilización de los derechos representados por la entidad de gestión colectiva que resulta necesaria para la recaudación de los ingresos de derechos y el reparto y el pago de los importes debidos a los titulares de derechos. […]» |

Derecho rumano

Ley de Derechos de Autor

| 12 | El artículo 112 de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe) (Ley n.o 8/1996 de Derechos de Autor y de Derechos Afines a los Derechos de Autor), de 14 de marzo de 1996 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 60 de 26 de marzo de 1996, publicada de nuevo en el Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 489, de 14 de junio de 2018; en lo sucesivo, «Ley de Derechos de Autor»), dispone:  «1.   Los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas tendrán derecho a una remuneración única y equitativa por la utilización directa o indirecta de fonogramas publicados con fines comerciales o por su reproducción mediante radiodifusión o por cualquier medio de comunicación al público.  2.   El importe de esta remuneración se determinará mediante metodologías, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 163 a 165.  […]» |

| 13 | El artículo 145 de la Ley de Derechos de Autor establece:  «La gestión colectiva es obligatoria para ejercitar los siguientes derechos:  […]   | c) | el derecho de radiodifusión de obras musicales; |  | d) | el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas a una remuneración equitativa única por la comunicación al público y la radiodifusión de fonogramas publicados con fines comerciales o de reproducciones de dichos fonogramas; |   […]». |

| 14 | El artículo 164 de la citada Ley tiene el siguiente tenor:  «1.   La metodología será negociada por las entidades de gestión colectiva con los representantes citados en el artículo 163, apartado 3, letras b) y c), teniendo en cuenta los siguientes criterios principales:   | a) | la categoría de los titulares de derechos, los tipos de obras y otras prestaciones protegidas, así como el ámbito en el que se llevan a cabo las negociaciones; |  | b) | la categoría de usuarios representados en las negociaciones por las estructuras asociativas o por los demás usuarios designados para negociar; |  | c) | el repertorio gestionado por la entidad de gestión colectiva para sus propios miembros y para los miembros de otras entidades extranjeras similares, sobre la base de contratos de reciprocidad; |  | d) | la proporción en la que se utiliza el repertorio gestionado por una entidad de gestión colectiva; |  | e) | la proporción de usos para los que el usuario ha cumplido sus obligaciones de pago mediante contratos celebrados directamente con los titulares de derechos; |  | f) | los ingresos obtenidos por los usuarios de la actividad que utiliza el repertorio para cuya utilización se negocian las metodologías; |  | g) | la práctica europea relativa a los resultados de las negociaciones entre usuarios y entidades de gestión colectiva. |   2.   En el marco de las negociaciones, las entidades de gestión colectiva podrán solicitar a la misma categoría de usuarios remuneraciones a tanto alzado o remuneraciones calculadas como un porcentaje de los ingresos obtenidos por cada usuario de la actividad en la que se utilice el repertorio o, a falta de ingresos, de los gastos en que haya incurrido para su utilización. Por lo que respecta a la actividad de radiodifusión, las entidades de gestión colectiva solo podrán solicitar remuneraciones calculadas como un porcentaje, diferenciadas de manera directamente proporcional a la parte de utilización por cada usuario, organismo de teledifusión o de radiodifusión, del repertorio gestionado colectivamente en el marco de esta actividad.  3.   Las remuneraciones previstas en el apartado 2 deberán ser razonables en relación con el valor económico y la parte de utilización de los derechos de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance del uso de las obras y otras prestaciones, así como el valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión colectiva. Las entidades de gestión colectiva y los usuarios deben motivar la forma en que se fijan dichas remuneraciones.» |

| 15 | A tenor del artículo 166 de esta Ley:  «1.   Las entidades de gestión colectiva, los usuarios o las estructuras asociativas de usuarios a que se refiere el artículo 163, apartado 3, letras b) y c), podrán presentar una nueva solicitud de apertura de los procedimientos de negociación de tarifas y metodologías únicamente 3 años después de su publicación definitiva en el Monitorul Oficial al României, parte I.  2.   En el caso de las negociaciones previstas en el artículo 114, apartado 4, cualquiera de las partes podrá presentar una nueva solicitud de apertura de procedimientos de negociación de metodologías únicamente 3 años después de su publicación definitiva en el Monitorul Oficial al României, parte I.  3.   Hasta que se publiquen nuevas metodologías, las antiguas metodologías seguirán siendo válidas». |

Ley n.o 74/2018

| 16 | El artículo II de la Legea nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Ley n.o 74/2018 por la que se modifica y completa la Ley n.o 8/1996 de Derechos de Autor y de Derechos Afines a los Derechos de Autor), de 22 de marzo de 2018 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 268 de 27 de marzo de 2018), en vigor desde el 30 de marzo de 2018, establece, en sus apartados 2 y 3:  «2. Las metodologías previstas en el artículo 131 de la [Ley de Derechos de Autor], en su versión modificada y completada, permanecerán en vigor hasta la expiración del plazo para el que se fueron concluidas.  3. Las disposiciones de las metodologías elaboradas con arreglo a los artículos 131 y 1311 de la [Ley de Derechos de Autor], en su versión modificada y completada, que prevén importes o remuneraciones a tanto alzado o mínimas aplicables en caso de radiodifusión, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 1311, apartado 2, en su versión modificada por la presente Ley, dejarán de aplicarse una vez transcurrido un plazo de 90 días a partir de la publicación de la presente Ley en el Monitorul Oficial al României, parte I.» |

Metodología relativa a la remuneración

| 17 | La metodologia privind remunerația datorata artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune (metodología relativa a la remuneración de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas por la radiodifusión de fonogramas publicados con fines comerciales o sus reproducciones por organismos de radiodifusión; en lo sucesivo, «metodología relativa a la remuneración») enuncia en sus puntos 4 a 6:  «4. Los organismos de radiodifusión, denominados «usuarios» a los efectos de la presente metodología, estarán obligados a pagar trimestralmente a las entidades de gestión colectiva designadas por [la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (Oficina Rumana de Derechos de Autor)] como recaudadores por cuenta de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas una remuneración que represente derechos patrimoniales afines por el uso de fonogramas comerciales o de sus reproducciones, establecidos mediante la aplicación de un porcentaje, de conformidad con el cuadro que figura a continuación, a la base de cálculo contemplada en el punto 5 de la metodología, por cada emisora de radio de que se trate.   |  |  | | --- | --- | | Parte de utilización de fonogramas comerciales en los programas | Artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas | | Hasta un 35 % incluido | 1,8 % | | Por encima del 35 % y hasta el 65 % incluido | 2,4 % | | Por encima del 65 % | 3 % |   Los organismos de radiodifusión deben pagar cada trimestre a las entidades de gestión colectiva designadas por [la Oficina Rumana de Derechos de Autor] como recaudadores para los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas una remuneración que represente derechos patrimoniales afines por la utilización de los fonogramas publicados con fines comerciales o de sus reproducciones, calculada aplicando al total de los ingresos brutos mensuales procedentes de la actividad de radiodifusión un porcentaje del 3 % en caso de utilización de los fonogramas hasta el 100 % del tiempo total de emisión de los programas. En caso de una utilización menor, el porcentaje del 3 % se reducirá de manera directamente proporcional a la parte de utilización de los fonogramas en el tiempo total de difusión de los programas.  […]  5. La base de cálculo a la que se aplicarán los porcentajes indicados en el punto 3 será el total de los ingresos brutos mensuales, menos el impuesto sobre el valor añadido, que los usuarios obtengan de la actividad de radiodifusión, incluidos, entre otros, ingresos procedentes de la publicidad, intercambios, suscripciones, anuncios e información, llamadas telefónicas y SMS con tarificación adicional, patrocinio, concursos y juegos radiodifundidos, alquiler de espacios de emisión, otras contribuciones financieras, autorizaciones de recepción, ingresos procedentes de radiodifusiones realizadas por encargo, ingresos procedentes de asociaciones u otras actividades relacionadas con la radiodifusión. Se incluirán también en la base de cálculo los ingresos de terceras sociedades, en particular de las sociedades de producción y de compra de publicidad, en la medida en que se perciban por la actividad de radiodifusión del usuario correspondiente al fonograma o a los fonogramas publicados con fines comerciales, radiodifundidos, y en la medida en que exista una transferencia injusta, contraria a las prácticas leales en las relaciones comerciales, específicas del ámbito de que se trate.  A falta de ingresos, la base de cálculo estará constituida por el conjunto de los gastos en que incurra el usuario por la actividad de radiodifusión (como gastos de personal, gastos por servicios prestados por terceros, compras de cualquier tipo, etc.) durante el trimestre en el que se adeude la remuneración.  6. Los importes resultantes de la aplicación de los porcentajes a la base de cálculo no podrán ser inferiores al equivalente en [leus rumanos] (RON), calculado al tipo de cambio del BNR [(Banca Națională a României [Banco Nacional de Rumanía])] en la fecha de vencimiento, de 500 euros/trimestre, que representa la remuneración mínima adeudada por los usuarios por cada emisora de radio local de que se trate, o de 1000 euros/trimestre, que representa la remuneración mínima adeudada por los usuarios por cada emisora de radio nacional de que se trate.» |

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

| 18 | El 20 de octubre de 2011, la UPFR, entidad de gestión colectiva de derechos afines a los derechos de autor de productores de fonogramas, celebró con DADA Music un contrato de licencia no exclusiva para la radiodifusión de fonogramas comerciales. En virtud de dicho contrato, DADA Music adquirió el derecho a difundir estos fonogramas a través de su cadena de radio, asumiendo la obligación correlativa de pagar la remuneración establecida mediante la metodología que fija su cálculo. |

| 19 | El citado contrato estipulaba que, en función de la parte de utilización de los fonogramas en los programas de radio, DADA Music debía pagar a la UPFR una remuneración porcentual calculada sobre la totalidad de sus ingresos o, a falta de ingresos, sobre la totalidad de sus gastos por la actividad de radiodifusión. |

| 20 | Según el mismo contrato, la remuneración así adeudada no podía ser inferior a una cantidad a tanto alzado correspondiente al equivalente en leus rumanos de 250 euros por trimestre, en concepto de remuneración mínima adeudada por los usuarios por cada emisora de radio local de que se tratara, o de 500 euros por trimestre, que representaba la remuneración mínima a tanto alzado adeudada por los usuarios por cada emisora de radio nacional de que se tratara, de conformidad con la metodología relativa a la remuneración. |

| 21 | Tras la entrada en vigor de la Ley n.o 74/2018, que derogó, con efectos a partir de los noventa días siguientes a su publicación, las disposiciones relativas a las remuneraciones mínimas aplicables a la radiodifusión, DADA Music se negó a seguir pagando la remuneración a tanto alzado, al considerar que dicha Ley era inmediatamente aplicable y que solo estaba obligada a pagar una remuneración en función de los ingresos efectivamente percibidos. |

| 22 | La UPFR, por su parte, sostuvo que seguía adeudándose la remuneración mínima a tanto alzado, calculada con arreglo a la metodología relativa a la remuneración, hasta que se adoptara una nueva metodología. |

| 23 | El 24 de junio de 2019, la UPFR presentó una demanda ante el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest, Rumanía) solicitando que se condenara a DADA Music a pagarle las cantidades adeudadas en virtud del contrato de licencia, de conformidad con la metodología relativa a la remuneración. |

| 24 | El 28 de enero de 2022, dicho tribunal estimó parcialmente la demanda y condenó a DADA Music a pagar a la UPFR el importe de 16,13 RON (aproximadamente 3 euros), así como un importe de 70,68 RON (aproximadamente 14 euros) en concepto de intereses de demora. En esencia, el referido tribunal declaró que tanto el artículo 164, apartado 2, de la Ley de Derechos de Autor como el artículo II de la Ley n.o 74/2018 eran aplicables al litigio principal. Habida cuenta de que las disposiciones relativas a la remuneración mínima a tanto alzado ya no estaban en vigor durante el período controvertido, estimó que, para dicho período, solo se adeudaba una remuneración porcentual, correspondiente a los ingresos efectivamente percibidos, con exclusión de cualquier remuneración mínima a tanto alzado. |

| 25 | La UPFR y DADA Music recurrieron en apelación la anterior sentencia ante la Curtea de Apel București (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía), que es el órgano jurisdiccional remitente. |

| 26 | En apoyo de su recurso de apelación, la UPFR alegó, en esencia, que las disposiciones del artículo II de la Ley n.o 74/2018 solo eran aplicables en el contexto de la adopción de una nueva metodología. Hasta la adopción de tal metodología, la metodología relativa a la remuneración seguía siendo plenamente aplicable. Según la UPFR, si estas disposiciones se interpretaran en el sentido de que son directamente aplicables en el asunto, serían contrarias al artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 y al artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2014/26. |

| 27 | El órgano jurisdiccional remitente señala que, en el presente asunto, se plantea la cuestión de si el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 y el artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26, en relación con los artículos 17 y 52 de la Carta, se oponen a una legislación nacional que no garantiza una remuneración mínima a tanto alzado a los titulares de derechos representados por las entidades de gestión colectiva, al margen de los ingresos obtenidos o de los gastos realizados por los organismos de radiodifusión y televisión. |

| 28 | A este respecto, dicho órgano jurisdiccional señala, en primer término, que nada en las disposiciones antes citadas parece justificar una interpretación según la cual sea obligatorio establecer una remuneración mínima a tanto alzado. |

| 29 | En segundo término, el referido órgano jurisdiccional subraya que el artículo II de la Ley n.o 74/2018 deroga con efecto inmediato, en beneficio de los organismos de radiodifusión, un componente del sistema de remuneración aplicable, sin modificar los criterios de cálculo de la remuneración y sin establecer un plazo máximo para la celebración de nuevos acuerdos para la determinación del importe de la remuneración equitativa, modificándose la situación existente en favor de los organismos de radiodifusión, sin que se haya previsto un sistema que garantice que las remuneraciones debidas al productor de fonogramas sean razonables. |

| 30 | En tercer término, por lo que respecta al carácter equitativo y razonable de la remuneración, el mismo órgano jurisdiccional alberga dudas sobre los criterios que pueden utilizarse para tal apreciación, que, a su juicio, se rigen por el Derecho de la Unión. En particular, pretende dilucidar si, en el supuesto de que compruebe que la remuneración adeudada en aplicación de los criterios establecidos en la normativa presenta un carácter irrisorio, puede o debe aplicar criterios alternativos para garantizar que los titulares de los derechos perciben una remuneración adecuada. |

| 31 | En tales circunstancias, la Curtea de Apel București (Tribunal Superior de Bucarest) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:   | «[1)] | El artículo 8, apartado 2, de la Directiva [2006/115] y el artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva [2014/26], en relación con los artículos 17 y 52 de la [Carta,] […] ¿deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que no garantiza una remuneración equitativa mínima (a tanto alzado) a los titulares de derechos (productores de fonogramas) representados por las entidades de gestión colectiva, al margen de los ingresos obtenidos o de los gastos realizados por los organismos de radiodifusión y televisión? |  | 2) | En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que suprime con efecto inmediato las remuneraciones mínimas (a tanto alzado) fijadas en un método de cálculo negociado previamente por la entidad de gestión colectiva y los usuarios, sin modificar los criterios de cálculo de la remuneración y sin prever un plazo máximo para negociar nuevos acuerdos (métodos de cálculo) para cuantificar las remuneraciones equitativas? |  | 3) | En caso de respuesta negativa a las dos primeras cuestiones prejudiciales, ¿está el órgano jurisdiccional nacional facultado y, en su caso, obligado a comprobar si las remuneraciones porcentuales calculadas sobre la base de los ingresos efectivos declarados por los organismos de radiodifusión y televisión son equitativas y razonables para los titulares de derechos, por una parte, y para los usuarios, por otra parte, o si, por el contrario, son manifiestamente irrisorias o, en su caso, manifiestamente excesivas, y cuáles son los criterios que se pueden emplear a efectos de tal apreciación? |  | 4) | En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión prejudicial y si constata que la remuneración debida con arreglo al método de cálculo modificado por la nueva normativa nacional es irrisoria, ¿está el órgano jurisdiccional nacional facultado u obligado a aplicar criterios alternativos al de los ingresos declarados, tales como la determinación de la remuneración sobre la base de los gastos realizados por las emisoras de radio por la actividad de radiodifusión, la remuneración pagada por emisoras de radio similares u otros criterios análogos, con el fin de garantizar que los titulares de derechos perciban una remuneración adecuada sin menoscabo de los intereses legítimos de los usuarios, es decir, que no sea irrisoria y, al mismo tiempo, que no sea excesivamente gravosa para los organismos de radiodifusión y televisión?» | |

Sobre las cuestiones prejudiciales

Cuestiones prejudiciales primera y segunda

| 32 | Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115, el artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26 y el artículo 17, apartado 2, de la Carta, en relación con el artículo 52, apartado 1, de esta última, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional que no garantiza a los productores de fonogramas una remuneración mínima a tanto alzado por la radiodifusión de fonogramas publicados con fines comerciales y que deroga, con efectos a partir de los noventa días siguientes a su publicación, las disposiciones relativas a las remuneraciones mínimas a tanto alzado aplicables a la radiodifusión establecidas mediante una metodología anteriormente aplicable, sin modificar, no obstante, los criterios de cálculo de la remuneración y sin establecer un plazo máximo para la adopción de nuevos métodos de determinación de su importe. |

| 33 | Con carácter preliminar, procede señalar que ni el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 ni el artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26 remiten al Derecho de los Estados miembros en cuanto al sentido que debe darse a los conceptos que figuran en dichas disposiciones. |

| 34 | A este respecto, procede recordar que de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de esa disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar (sentencias de 18 de enero de 1984, Ekro, [327/82](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1984%3A11&locale=es), [EU:C:1984:11](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1984%3A11), apartado [11](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1984%3A11&anchor=#point11), y de 8 de septiembre de 2020, Recorded Artists Actors Performers, [C‑265/19](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677&locale=es), [EU:C:2020:677](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677), apartado [46](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677&anchor=#point46) y jurisprudencia citada). |

| 35 | En primer lugar, por lo que respecta al tenor de las disposiciones controvertidas, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 dispone que los Estados miembros tienen la obligación de establecer un derecho para garantizar que el usuario de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de ese fonograma, que se utilice para la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público pague una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas de que se trate, entre los cuales se efectuará el reparto de dicha remuneración. En caso de que no haya acuerdo entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, los Estados miembros pueden establecer las condiciones de reparto de dicha remuneración entre ellos. |

| 36 | Según el tenor del artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26, los titulares de derechos percibirán una remuneración adecuada por la utilización de sus derechos. Las tarifas aplicadas a los derechos exclusivos y a los derechos a remuneración deben ser razonables en relación con, entre otros factores, el valor económico de la utilización de los derechos negociados, teniendo en cuenta la naturaleza y ámbito de uso de las obras y otras prestaciones, y el valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión colectiva. Corresponde a las entidades de gestión colectiva informar al usuario de que se trate de los criterios utilizados para la fijación de esas tarifas. |

| 37 | Así pues, ni del tenor del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 ni del artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26 se desprende que los Estados miembros deban garantizar a los titulares de derechos una remuneración mínima a tanto alzado por la radiodifusión de un fonograma publicado con fines comerciales, ya que estas disposiciones establecen, respectivamente, que la remuneración debe ser «equitativa» o «adecuada». En efecto, la expresión «remuneración mínima a tanto alzado» implica, según su sentido habitual en el lenguaje corriente, una remuneración que puede carecer de cualquier vinculación con el valor económico de la prestación remunerada, sin consideración de su carácter equitativo o adecuado. |

| 38 | A este respecto, por un lado, si bien es cierto que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 se refiere al concepto de «remuneración equitativa», mientras que el artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26 incluye la expresión «remuneración adecuada», es preciso señalar que ambas disposiciones tienen por objeto garantizar el pago a los titulares de derechos de una remuneración vinculada al valor económico de la prestación realizada. Por otro lado, como ha declarado el Tribunal de Justicia, habida cuenta de las exigencias de unidad y de coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, los conceptos empleados por las Directivas 2006/115 y 2014/26 deben tener el mismo significado, salvo que el legislador de la Unión haya expresado una voluntad diferente en un contexto legislativo preciso (véase, en este sentido, la sentencia de 31 de mayo de 2016, Reha Training, [C‑117/15](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A379&locale=es), [EU:C:2016:379](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A379), apartado [28](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A379&anchor=#point28)), de modo que los conceptos de «remuneración equitativa» y de «remuneración adecuada», a los que se refieren dichas Directivas, deben ser objeto de una interpretación uniforme. |

| 39 | En segundo lugar, por lo que respecta al contexto en el que se inscriben el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 y el artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26, procede recordar que las disposiciones de estas Directivas deben interpretarse a la luz del Derecho internacional y, en especial, de los tratados que dichas Directivas tienen justamente por objeto aplicar, tal y como se menciona en el considerando 7 de esa primera Directiva y, en esencia, en el considerando 2 de la Directiva 2014/26 (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de noviembre de 2020, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, [C‑147/19](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A935&locale=es), [EU:C:2020:935](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A935), apartado [34](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A935&anchor=#point34)). |

| 40 | En este contexto, por un lado, el artículo 15, apartado 1, del WPPT establece específicamente que los productores de fonogramas tienen derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales. El Tribunal de Justicia ha declarado que, en el momento de la entrada en vigor del WPPT para la Unión, a saber, el 14 de marzo de 2010, la transposición de esta obligación al Derecho de la Unión ya estaba asegurada por el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 (sentencia de 8 de septiembre de 2020, Recorded Artists Actors Performers, [C‑265/19](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677&locale=es), [EU:C:2020:677](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677), apartado [63](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677&anchor=#point63)). |

| 41 | Por otro lado, procede señalar que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 y el artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26 coinciden, en esencia, con el artículo 11 bis, apartado 2, del Convenio de Berna, que se refiere específicamente, en el apartado 1 de dicho artículo, a la radiodifusión de obras literarias y artísticas. En efecto, el artículo 11 bis, apartado 2, del referido Convenio establece, en esencia, que los autores de obras literarias y artísticas tienen derecho a obtener una «remuneración equitativa» en caso de radiodifusión de esas obras. Pues bien, según jurisprudencia reiterada, cuando el Tribunal de Justicia interpreta dicho concepto en el sentido de esas disposiciones del Derecho de la Unión, lo hace de conformidad con la citada disposición del Convenio (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de marzo de 2017, AKM, [C‑138/16](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A218&locale=es), [EU:C:2017:218](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A218), apartado [21](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A218&anchor=#point21) y jurisprudencia citada). |

| 42 | A este respecto, de la «Guía sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos Administrados por la OMPI», que es un documento interpretativo elaborado por la OMPI que, sin ser jurídicamente vinculante, contribuye, no obstante, a la interpretación del Convenio de Berna (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros, [C‑403/08 y C‑429/08](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A631&locale=es), [EU:C:2011:631](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A631), apartado [201](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A631&anchor=#point201) y jurisprudencia citada), se desprende que la remuneración solo puede considerarse equitativa si corresponde más o menos al importe del pago que el autor habría podido acordar, previa negociación, en ausencia de una licencia obligatoria. |

| 43 | En tercer lugar, por lo que respecta a los objetivos perseguidos por las Directivas 2006/115 y 2014/26, por un lado, los considerandos 5 y 12 de la Directiva 2006/115 precisan, en esencia, que una protección jurídica adecuada de los titulares de derechos debe garantizar a dichos titulares la posibilidad tanto de percibir una remuneración equitativa e irrenunciable como de amortizar las inversiones correspondientes, en particular, a la producción de fonogramas y películas. Por otro lado, como se desprende del considerando 31 de la Directiva 2014/26, la remuneración de los titulares de derechos, cuando la determina una entidad de gestión colectiva, debe ser razonable, en relación con, entre otros factores, el valor económico del ejercicio de los derechos en un contexto particular. |

| 44 | A la luz de estos objetivos, debe considerarse que los conceptos de «remuneración equitativa» o de «remuneración adecuada» tratan de lograr un equilibrio adecuado entre el interés de los productores de fonogramas de percibir una remuneración por la radiodifusión de un fonograma determinado y el interés de los terceros de poder emitir dicho fonograma en condiciones razonables (véase, por analogía, la sentencia de 6 de febrero de 2003, SENA, [C‑245/00](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2003%3A68&locale=es), [EU:C:2003:68](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2003%3A68), apartado [36](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2003%3A68&anchor=#point36)). |

| 45 | Esta remuneración, que representa la contraprestación de la utilización de un fonograma comercial, en particular para su radiodifusión, implica que su carácter equitativo sea analizado con referencia, entre otros criterios, al valor de dicha utilización en los intercambios económicos (sentencia de 6 de febrero de 2003, SENA, [C‑245/00](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2003%3A68&locale=es), [EU:C:2003:68](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2003%3A68), apartado [37](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2003%3A68&anchor=#point37)). |

| 46 | Sin embargo, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no corresponde a este sustituir a los Estados miembros, que disponen de un margen de apreciación para fijar los criterios de una remuneración equitativa o determinar límites generales y preestablecidos para la fijación de tales criterios. En cambio, puede proporcionar al órgano jurisdiccional remitente los elementos que le permitan apreciar si los criterios nacionales que sirven para calcular la remuneración de los productores de fonogramas son adecuados para garantizar su remuneración equitativa respetando el Derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de febrero de 2003, SENA, [C‑245/00](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2003%3A68&locale=es), [EU:C:2003:68](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2003%3A68), apartado [40](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2003%3A68&anchor=#point40)). |

| 47 | Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 no se opone a un método de cálculo de la remuneración equitativa de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas, siempre que, en particular, no sea contrario a ningún principio del Derecho de la Unión (sentencia de 6 de febrero de 2003, SENA, [C‑245/00](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2003%3A68&locale=es), [EU:C:2003:68](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2003%3A68), apartado [46](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2003%3A68&anchor=#point46)). |

| 48 | Por consiguiente, la definición de los criterios para fijar la remuneración equitativa o adecuada debe realizarse respetando el Derecho de la Unión. En particular, al hacerlo, los Estados miembros no pueden ignorar las disposiciones de la Carta. |

| 49 | Pues bien, a tenor de las cuestiones prejudiciales primera y segunda, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas expresamente sobre la compatibilidad de los métodos de determinación de la remuneración de los titulares de derechos establecidos por la Ley n.o 74/2018, que derogó, con efectos a partir de los noventas días siguientes a su publicación, las disposiciones relativas a las remuneraciones mínimas a tanto alzado aplicables a la radiodifusión, con el artículo 17, apartado 2, de la Carta. No obstante, procede recordar que, en virtud del artículo 51, apartado 1, de esta, las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. |

| 50 | Para determinar si una medida nacional guarda relación con la «aplicación del Derecho de la Unión», en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, se ha de comprobar, entre otros aspectos, si la finalidad de la normativa nacional controvertida en el litigio principal es aplicar una disposición del Derecho de la Unión (sentencia de 5 de mayo de 2022, BPC Lux 2 y otros, [C‑83/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A346&locale=es), [EU:C:2022:346](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A346), apartado [27](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A346&anchor=#point27) y jurisprudencia citada). |

| 51 | En el presente asunto, cuando los titulares de derechos y los usuarios no lleguen a un acuerdo sobre los métodos de determinación de la remuneración de dichos titulares, tales métodos serán fijados por la Ley n.o 74/2018 con arreglo a criterios que Rumanía ha definido en el ejercicio del margen de apreciación de que dispone a estos efectos. Pues bien, de la resolución de remisión parece desprenderse que las disposiciones de la citada Ley constituyen una aplicación del Derecho de la Unión y, en particular, del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 y del artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26, extremo que, no obstante, corresponde confirmar al órgano jurisdiccional remitente. |

| 52 | En tales circunstancias, corresponderá al Estado miembro respetar las disposiciones de la Carta y, en particular, su artículo 17, al aplicar dichas disposiciones. |

| 53 | A este respecto, procede subrayar que el artículo 17 de la Carta, que se inspira en el artículo 1 del Protocolo Adicional al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, establece en su apartado 1 que toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente y que nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. La protección de la propiedad intelectual se menciona expresamente en el apartado 2 de este artículo, debido a su importancia, y las garantías previstas en el apartado 1 se aplican, en su caso, a la propiedad intelectual. |

| 54 | De la jurisprudencia se desprende que el derecho a una remuneración equitativa constituye, en el ámbito de la Unión, un derecho afín a los derechos de autor y, por tanto, forma parte de la protección de la propiedad intelectual consagrada en el artículo 17, apartado 2, de la Carta (sentencia de 8 de septiembre de 2020, Recorded Artists Actors Performers, [C‑265/19](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677&locale=es), [EU:C:2020:677](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677), apartado [85](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A677&anchor=#point85) y jurisprudencia citada). |

| 55 | Dado que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 y el artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26 garantizan el derecho a remuneración de los titulares de derechos en caso de utilización de sus derechos, una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que derogó, con efectos a partir de los noventa días siguientes a su publicación, las disposiciones relativas a las remuneraciones mínimas a tanto alzado aplicables a la radiodifusión puede, por tanto, constituir una limitación de la protección del derecho de propiedad intelectual consagrada en el artículo 17, apartado 2, de la Carta. |

| 56 | Dicho esto, no se desprende ni de esta disposición ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el derecho de propiedad intelectual, consagrado en la mencionada disposición, sea intangible y que, por lo tanto, su protección deba garantizarse en términos absolutos (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de abril de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, [C‑401/19](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A297&locale=es), [EU:C:2022:297](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A297), apartado [92](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A297&anchor=#point92) y jurisprudencia citada). |

| 57 | A este respecto, el artículo 52, apartado 1, de la Carta admite que puedan introducirse limitaciones al ejercicio de derechos como los reconocidos por ella, siempre que tales limitaciones estén establecidas por la ley, respeten el contenido esencial de dichos derechos y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás (sentencias de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke y Eifert, [C‑92/09 y C‑93/09](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2010%3A662&locale=es), [EU:C:2010:662](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2010%3A662), apartado [50](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2010%3A662&anchor=#point50), y de 5 de mayo de 2022, BPC Lux 2 y otros, [C‑83/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A346&locale=es), [EU:C:2022:346](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A346), apartado [51](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A346&anchor=#point51) y jurisprudencia citada). |

| 58 | Si bien corresponde en último término al juez nacional, que es el único competente para apreciar los hechos e interpretar la legislación nacional, determinar si los requisitos que prevé la normativa nacional se ajustan a las condiciones establecidas en el Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia, en el marco de la remisión prejudicial, es competente para facilitar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones útiles, basadas en los autos del asunto principal y en las observaciones escritas y orales que se le hayan presentado, que le permitan resolver el litigio del que conoce (sentencia de 4 de octubre de 2024, Tecno\*37, [C‑242/23](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A831&locale=es), [EU:C:2024:831](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A831), apartado [67](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2024%3A831&anchor=#point67) y jurisprudencia citada). |

| 59 | En primer término, consta que las limitaciones al ejercicio de los derechos protegidos por el artículo 17, apartado 2, de la Carta, inherentes al régimen controvertido en el litigio principal, están previstas en la Ley n.o 74/2018. |

| 60 | En segundo término, siempre que una legislación nacional que no garantiza una remuneración mínima a tanto alzado para los productores de fonogramas, en la medida en que ha derogado, con efectos a partir de los noventa días siguientes a su publicación, las disposiciones relativas a dicha remuneración aplicables a la radiodifusión, no suponga una privación de propiedad, no afectará a la esencia misma del derecho de propiedad (véase, por analogía, la sentencia de 5 de mayo de 2022, BPC Lux 2 y otros, [C‑83/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A346&locale=es), [EU:C:2022:346](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A346), apartado [53](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A346&anchor=#point53) y jurisprudencia citada). En efecto, de la documentación que obra en poder del Tribunal de Justicia se desprende que los métodos previstos por la legislación controvertida en el litigio principal para fijar las remuneraciones de los titulares de derechos dieron lugar al pago a estos últimos de remuneraciones proporcionales a los ingresos efectivamente percibidos por las emisoras de radio locales. |

| 61 | En tercer término, de esa documentación se desprende que el objetivo de la Ley n.o 74/2018 es establecer un sistema que tenga en cuenta la situación económica de las emisoras de radio locales que, debido a su reducida audiencia y a sus ingresos a menudo limitados, no pueden soportar costes excesivos en relación con sus ingresos. Sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, tal objetivo parece legítimo, ya que tiene por objeto garantizar la viabilidad económica de dichas emisoras. |

| 62 | En cuarto término, por lo que respecta al carácter proporcionado de la limitación al derecho consagrado en el artículo 17, apartado 2, de la Carta en relación con el objetivo perseguido por la legislación controvertida en el litigio principal, parece, de entrada, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, que la determinación de la remuneración adeudada a los titulares de derechos basándose únicamente en los ingresos de los organismos de radiodifusión puede alcanzar el objetivo perseguido por la legislación controvertida en el litigio principal, puesto que permite tener en cuenta la capacidad económica de las emisoras locales. |

| 63 | A continuación, por lo que respecta a la necesidad de la medida prevista por dicha legislación, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, teniendo en cuenta el margen de apreciación de que dispone Rumanía, mencionado en el apartado 51 de la presente sentencia, si resulta evidente que existen medidas menos restrictivas que permitan alcanzar el objetivo perseguido por la referida legislación. |

| 64 | Por último, por lo que respecta a la proporcionalidad en sentido estricto de la misma legislación, con el fin de aportar al órgano jurisdiccional remitente elementos que le permitan llevar a cabo tal examen, procede subrayar que la determinación de la remuneración equitativa o adecuada que debe pagarse a los titulares de derechos debe tener en cuenta el valor económico de la utilización de las obras en el contexto de la radiodifusión. En efecto, solo si se cumple este requisito puede garantizarse un justo equilibrio entre, por un lado, el interés de los titulares de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la protección de su derecho de propiedad intelectual, garantizada en el artículo 17, apartado 2, de la Carta, y, por otro lado, la protección de los intereses de los usuarios de fonogramas (véase, por analogía, la sentencia de 29 de julio de 2019, Pelham y otros, [C‑476/17](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A624&locale=es), [EU:C:2019:624](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A624), apartado [32](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A624&anchor=#point32) y jurisprudencia citada). |

| 65 | En particular, una remuneración cuyo importe sea muy inferior a dicho valor no puede considerarse equitativa ni adecuada a la luz del principio de proporcionalidad. |

| 66 | Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115, el artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26 y el artículo 17, apartado 2, de la Carta, en relación con el artículo 52, apartado 1, de esta última, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación nacional que no garantiza a los productores de fonogramas una remuneración mínima a tanto alzado por la radiodifusión de fonogramas publicados con fines comerciales y que deroga, con efectos a partir de los noventa días siguientes a su publicación, las disposiciones relativas a las remuneraciones mínimas a tanto alzado aplicables a la radiodifusión establecidas mediante una metodología anteriormente aplicable, sin modificar, no obstante, los criterios de cálculo de la remuneración y sin establecer un plazo máximo para la adopción de nuevos métodos de determinación de su importe, siempre que dicha legislación garantice el carácter equitativo o adecuado de la remuneración pagada a los titulares de derechos y respete el principio de proporcionalidad. |

Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta

Sobre la admisibilidad

| 67 | DADA Music alega que las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta son inadmisibles porque no guardan relación con la solución del litigio principal. En efecto, para DADA Music, la UPFR no solicitó al juez nacional que comprobara si las remuneraciones porcentuales calculadas en relación con los ingresos efectivos declarados por los organismos de radiodifusión y de televisión tienen un carácter equitativo y razonable. |

| 68 | Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la solución del litigio que deban dirimir (sentencias de 20 de junio de 2013, Impacto Azul, [C‑186/12](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A412&locale=es), [EU:C:2013:412](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A412), apartado [26](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A412&anchor=#point26), y de 1 de agosto de 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, [C‑184/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A601&locale=es), [EU:C:2022:601](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A601), apartado [47](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A601&anchor=#point47) y jurisprudencia citada). |

| 69 | A este respecto, es preciso recordar que, en el contexto de este procedimiento, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la resolución judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. De ello se sigue que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional solo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia de 3 de junio de 2021, BalevBio, [C‑76/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2021%3A441&locale=es), [EU:C:2021:441](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2021%3A441), apartado [46](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2021%3A441&anchor=#point46) y jurisprudencia citada). |

| 70 | De una jurisprudencia reiterada resulta igualmente que la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional exige que este defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones. En la resolución de remisión deben figurar además las razones precisas que han conducido al juez nacional a preguntarse sobre la interpretación del Derecho de la Unión y a estimar necesario someter una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia (sentencia de 1 de agosto de 2022, Roma Multiservizi y Rekeep, [C‑332/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A610&locale=es), [EU:C:2022:610](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A610), apartado [43](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A610&anchor=#point43) y jurisprudencia citada). |

| 71 | En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente ha expuesto de manera suficientemente clara las razones por las que considera que es necesaria una respuesta a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta para poder pronunciarse sobre el litigio principal. En particular, como se ha señalado en el apartado 30 de la presente sentencia, dicho órgano jurisdiccional indicó que albergaba dudas sobre los criterios que podían utilizarse para apreciar el carácter equitativo y razonable de la remuneración que debía pagarse a los titulares de derechos y sobre si, en el supuesto de que constatara que la remuneración adeudada con arreglo a los criterios establecidos en la normativa presenta un carácter irrisorio, podría o debería aplicar criterios alternativos para garantizar que los titulares de derechos perciben una remuneración adecuada. |

| 72 | De ello se deduce que las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta son admisibles. |

Sobre el fondo

| 73 | Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si le incumbe, y en qué condiciones, comprobar si el importe de la remuneración pagada a los titulares de derechos, calculada según los métodos definidos por la legislación nacional, garantiza un equilibrio adecuado entre los intereses de los titulares de derechos y los de los usuarios de fonogramas y, en caso afirmativo, si, al conocer de un litigio entre particulares, puede aplicar directamente las disposiciones de la Directiva 2006/115 y de la Directiva 2014/26 para dejar inaplicada una legislación nacional que no garantice tal equilibrio. |

| 74 | Habida cuenta de las consideraciones expuestas en los apartados 45 y 46 de la presente sentencia, corresponde al juez nacional que conoce de un litigio relativo al carácter equitativo o adecuado de la remuneración adeudada a los titulares de derechos proceder a realizar las comprobaciones en tal sentido, a la vista, en particular, como se desprende del artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26, del valor económico de la utilización de los derechos negociados, teniendo en cuenta la naturaleza y ámbito de uso de las obras y otras prestaciones, así como del valor del servicio prestado por la entidad de gestión. |

| 75 | En este contexto, incumbe, en particular, al juez nacional tomar en consideración la naturaleza particular de los derechos de autor e intentar lograr un equilibrio adecuado entre el interés de los titulares de derechos en obtener una remuneración por la utilización de sus derechos y el de los usuarios de los fonogramas en poder utilizar dichas obras y otras prestaciones de que se trate en condiciones razonables (véase, por analogía, la sentencia de 25 de noviembre de 2020, SABAM, [C‑372/19](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A959&locale=es), [EU:C:2020:959](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A959), apartado [30](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A959&anchor=#point30) y jurisprudencia citada). |

| 76 | A este respecto, el principio de primacía del Derecho de la Unión consagra la preeminencia del Derecho de la Unión sobre el Derecho de los Estados miembros e impone la obligación de garantizar la plena eficacia de las distintas normas de la Unión, sin que el Derecho de los Estados miembros pueda menoscabar la eficacia reconocida a esas distintas normas en el territorio de dichos Estados (sentencia de 18 de enero de 2022, Thelen Technopark Berlin, [C‑261/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&locale=es), [EU:C:2022:33](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33), apartado [25](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&anchor=#point25) y jurisprudencia citada). |

| 77 | Este principio obliga en particular a los órganos jurisdiccionales nacionales, con el fin de garantizar la efectividad del conjunto de las disposiciones del Derecho de la Unión, a interpretar su Derecho interno, en la medida de lo posible, de conformidad con el Derecho de la Unión y a reconocer a los particulares la posibilidad de obtener reparación cuando sus derechos resulten lesionados por una infracción del Derecho de la Unión imputable a un Estado miembro (sentencia de 18 de enero de 2022, Thelen Technopark Berlin, [C‑261/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&locale=es), [EU:C:2022:33](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33), apartado [26](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&anchor=#point26) y jurisprudencia citada). |

| 78 | Más concretamente, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que, cuando conoce de un litigio entablado exclusivamente entre particulares, un órgano jurisdiccional nacional está obligado, al aplicar las normas del Derecho interno adoptadas con objeto de adaptarlo a las obligaciones establecidas por una directiva, a tomar en consideración todas las normas del Derecho nacional y a interpretarlas, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de dicha directiva para llegar a una solución conforme con el objetivo perseguido por esta (sentencia de 18 de enero de 2022, Thelen Technopark Berlin, [C‑261/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&locale=es), [EU:C:2022:33](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33), apartado [27](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&anchor=#point27) y jurisprudencia citada). |

| 79 | No obstante, el principio de interpretación conforme del Derecho nacional tiene determinados límites. Así, la obligación del juez nacional de utilizar como referencia el contenido de una directiva cuando interpreta y aplica las normas pertinentes del Derecho interno está limitada por los principios generales del Derecho y no puede servir de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional (sentencia de 18 de enero de 2022, Thelen Technopark Berlin, [C‑261/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&locale=es), [EU:C:2022:33](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33), apartado [28](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&anchor=#point28) y jurisprudencia citada). |

| 80 | Además, también en virtud del principio de primacía, cuando no resulte posible interpretar la normativa nacional conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, el juez nacional encargado de aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones del Derecho de la Unión tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de tales disposiciones, dejando inaplicada si fuera necesario, y por su propia iniciativa, cualquier disposición contraria de la legislación nacional, aun posterior, sin que deba solicitar o esperar su previa eliminación por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de enero de 2022, Thelen Technopark Berlin, [C‑261/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&locale=es), [EU:C:2022:33](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33), apartado [30](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&anchor=#point30) y jurisprudencia citada). |

| 81 | No obstante, hay que tener también en cuenta las demás características esenciales del Derecho de la Unión y, más concretamente, la naturaleza y los efectos jurídicos de las directivas (sentencia de 18 de enero de 2022, Thelen Technopark Berlin, [C‑261/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&locale=es), [EU:C:2022:33](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33), apartado [31](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&anchor=#point31) y jurisprudencia citada). |

| 82 | Así pues, una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular ni, por consiguiente, puede ser invocada, como tal, en su contra ante un órgano jurisdiccional nacional. En efecto, con arreglo al artículo 288 TFUE, párrafo tercero, el carácter vinculante de una directiva, en el que se basa la posibilidad de invocarla, existe únicamente con respecto «al Estado miembro destinatario», y la Unión solo está facultada para establecer con efectos inmediatos, con carácter general y abstracto, obligaciones a cargo de los particulares en los casos en que se le atribuye la facultad de adoptar reglamentos. Por lo tanto, aun cuando sea clara, precisa e incondicional, la disposición de una directiva no permite al juez nacional excluir una disposición de su Derecho interno contraria a la misma si, con ello, se impusiese al particular una obligación adicional (sentencia de 18 de enero de 2022, Thelen Technopark Berlin, [C‑261/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&locale=es), [EU:C:2022:33](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33), apartado [32](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&anchor=#point32) y jurisprudencia citada). |

| 83 | De ello se deduce que un órgano jurisdiccional nacional no está obligado, sobre la base exclusivamente del Derecho de la Unión, a abstenerse de aplicar una disposición de su Derecho nacional contraria a una disposición del Derecho de la Unión si esta última disposición carece de efecto directo, sin perjuicio, no obstante, de la posibilidad de que dicho órgano jurisdiccional y toda autoridad administrativa nacional competente excluyan, sobre la base del Derecho interno, cualquier disposición de Derecho nacional contraria a una disposición del Derecho de la Unión que no tenga tal efecto (sentencia de 18 de enero de 2022, Thelen Technopark Berlin, [C‑261/20](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&locale=es), [EU:C:2022:33](./../../../legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33), apartado [33](./../../../legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2022%3A33&anchor=#point33) y jurisprudencia citada). |

| 84 | Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta que corresponde al juez nacional que conoce de un litigio entre particulares relativo al carácter equitativo o adecuado de la remuneración pagada a los titulares de derechos por la radiodifusión de fonogramas publicados con fines comerciales, calculada con arreglo a los métodos definidos por la legislación nacional, comprobar si dicha remuneración es equitativa o adecuada, en el sentido del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 y del artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26, a saber, que garantice un equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos y los de los usuarios de esos fonogramas. Si la aplicación de esa legislación no permite la determinación de tal remuneración, no cabe invocar las disposiciones de dichas Directivas para excluir la aplicación de la referida legislación, salvo que el Derecho interno disponga otra cosa. |

Costas

| 85 | Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. |

|  | En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara: |

|  | | 1) | El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, el artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, y el artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con el artículo 52, apartado 1, de esta última,  deben interpretarse en el sentido de que  no se oponen a una legislación nacional que no garantiza a los productores de fonogramas una remuneración mínima a tanto alzado por la radiodifusión de fonogramas publicados con fines comerciales y que deroga, con efectos a partir de los noventa días siguientes a su publicación, las disposiciones relativas a las remuneraciones mínimas a tanto alzado aplicables a la radiodifusión establecidas mediante una metodología anteriormente aplicable, sin modificar, no obstante, los criterios de cálculo de la remuneración y sin establecer un plazo máximo para la adopción de nuevos métodos de determinación de su importe, siempre que dicha legislación garantice el carácter equitativo o adecuado de la remuneración pagada a los titulares de derechos y respete el principio de proporcionalidad. | |

|  | | 2) | Corresponde al juez nacional que conoce de un litigio entre particulares relativo al carácter equitativo o adecuado de la remuneración pagada a los titulares de derechos por la radiodifusión de fonogramas publicados con fines comerciales, calculada con arreglo a los métodos definidos por la legislación nacional, comprobar si dicha remuneración es equitativa o adecuada, en el sentido del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 y del artículo 16, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/26, a saber, que garantice un equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos y los de los usuarios de esos fonogramas. Si la aplicación de esa legislación no permite la determinación de tal remuneración, no cabe invocar las disposiciones de dichas Directivas para excluir la aplicación de la referida legislación, salvo que el Derecho interno disponga otra cosa. | |

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|  | Firmas |

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(
[\*1](#c-ECR_62024CJ0037_ES_01-E0001)
) Lengua de procedimiento: rumano.

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