Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**UNIÓN EUROPEA**

**EL PARLAMENTO EUROPEO** **EL CONSEJO**

**Bruselas, 20 de junio de 2019**
**(OR. en)**

**2018/0111 (COD)**
**LEX 1943**

**PE-CONS 28/1/19**

**REV 1**

**TELECOM 58**

**PI 29**

**RECH 84**

**MI 128**

**COMPET 116**

**DATAPROTECT 34**

**CYBER 38**

**CODEC 336**

**DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**

**RELATIVA A LOS DATOS ABIERTOS**

**Y LA REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO**

**(VERSIÓN REFUNDIDA)**

PE-CONS 28/1/19 REV 1

# **ES**

**DIRECTIVA (UE) 2019/…**

**DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**

**de 20 de junio de 2019**

**relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público**

**(versión refundida)**

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo **[1]**,

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario **[2]**,

**1** Dictamen de 17 de octubre de 2018 (DO C 62 de 15.2.2019, p. 238).
**2** Posición del Parlamento Europeo de 4 de abril de 2019 (pendiente de publicación en el
Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 6 de junio de 2019.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 1

# **ES**

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo **[1]** ha sido modificada de

forma sustancial. Dado que deben hacerse nuevas modificaciones y en aras de la claridad,

conviene proceder a la refundición de dicha Directiva.

(2) Con arreglo al artículo 13 de la Directiva 2003/98/CE y cinco años después de la adopción

de la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo **[2]**, que modificó la

Directiva 2003/98/CE, la Comisión, tras consultar a las partes interesadas pertinentes, ha

evaluado y revisado el funcionamiento de la Directiva 2003/98/CE en el marco del

programa de adecuación y eficacia de la reglamentación.

(3) Tras la consulta a las partes interesadas y en vista de los resultados de la evaluación de

impacto, la Comisión consideró que era necesario actuar a escala de la Unión para afrontar

los obstáculos restantes y emergentes a una amplia reutilización de la información del

sector público y financiada con fondos públicos en toda la Unión y actualizar el marco

legislativo con los avances en las tecnologías digitales, y estimular aún más la innovación

digital, en especial en lo que respecta a inteligencia artificial.

**1** Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003,
relativa a la reutilización de la información del sector público (DO L 345 de 31.12.2003,
p. 90).
**2** Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la
que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del
sector público (DO L 175 de 27.6.2013, p. 1).

PE-CONS 28/1/19 REV 1 2

# **ES**

(4) Los cambios de fondo introducidos en el texto legislativo con el fin de explotar plenamente

el potencial de la información del sector público para la economía y la sociedad europeas

se centran en los siguientes aspectos: la prestación de acceso en tiempo real a los datos

dinámicos a través de medios técnicos adecuados, aumentando el suministro de datos

públicos valiosos para la reutilización, incluidos los de las empresas públicas,

organizaciones que financian la investigación y organizaciones que realizan actividades de

investigación, haciendo frente a la aparición de nuevas formas de acuerdos exclusivos, el

uso de excepciones al principio de tarificación del coste marginal y la relación entre la

presente Directiva y determinados instrumentos jurídicos conexos, en particular el

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo **[1]** y las

Directivas 96/9/CE **[2]**, 2003/4/CE **[3]** y 2007/2/CE **[4]** del Parlamento Europeo y del Consejo.

**1** Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016,
p. 1).
**2** Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la
protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20).
**3** Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003,
relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la
Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 de 14.2.2003, p. 26).
**4** Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la
que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea
(Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).

PE-CONS 28/1/19 REV 1 3

# **ES**

(5) El acceso a la información es un derecho fundamental. La Carta de los Derechos

Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») establece que toda persona

tiene derecho a la libertad de expresión, que comprende la libertad de opinión y la libertad

de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades

públicas y sin consideración de fronteras.

(6) El artículo 8 de la Carta garantiza el derecho a la protección de los datos de carácter

personal y establece que dichos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre

la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo

previsto por la ley y sometido al control de una autoridad independiente.

(7) El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la creación de un

mercado interior y de un sistema que impida el falseamiento de la competencia en dicho

mercado. La armonización de las normas y prácticas de los Estados miembros en relación

con la explotación de la información del sector público contribuye a la consecución de

estos objetivos.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 4

# **ES**

(8) El sector público de los Estados miembros recoge, produce, reproduce y difunde una

amplia gama de información en numerosos ámbitos de actividad, como el social, político,

económico, jurídico, geográfico, medioambiental, meteorológico, sísmico, turístico,

empresarial, educativo y de las patentes. Los documentos elaborados por los organismos

del sector público de carácter ejecutivo, legislativo o judicial constituyen un conjunto

amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la sociedad. Ofrecer esta

información, que incluye los datos dinámicos, en un formato electrónico de uso habitual

permite que los ciudadanos y las personas jurídicas hallen nuevas formas de utilizarla y

creen productos y servicios nuevos e innovadores. Los Estados miembros y los organismos

del sector público pueden beneficiarse y recibir un apoyo financiero adecuado de los

fondos y programas de la Unión pertinentes, garantizando un uso generalizado de las

tecnologías digitales o la transformación digital de las administraciones públicas y los

servicios públicos en su empeño por facilitar la reutilización de los datos.

(9) La información del sector público representa una fuente extraordinaria de datos que pueden

contribuir a mejorar el mercado único y al desarrollo de nuevas aplicaciones para los

consumidores y las personas jurídicas. El empleo inteligente de los datos, incluido su

tratamiento a través de aplicaciones de inteligencia artificial, puede tener un efecto

transformador en todos los sectores de la economía.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 5

# **ES**

(10) La Directiva 2003/98/CE estableció un conjunto de normas mínimas que regula la

reutilización y los dispositivos prácticos para facilitar la reutilización de los documentos

existentes que obran en poder de los organismos del sector público de los Estados

miembros, incluidos los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Desde la adopción del

primer conjunto de normas sobre reutilización de la información del sector público, el

volumen de datos, incluidos los públicos, ha aumentado exponencialmente en todo el

mundo, al tiempo que se están generando y recopilando nuevos tipos de datos.

Paralelamente, se está produciendo una constante evolución de las tecnologías para el

análisis, la explotación y el tratamiento de datos, como el aprendizaje automático, la

inteligencia artificial y el internet de las cosas. Esa rápida evolución tecnológica permite la

creación de nuevos servicios y aplicaciones basados en el uso, la agregación o la

combinación de datos. Las normas originales de 2003, y modificadas en 2013 están

desfasadas con respecto a estos rápidos cambios y, como consecuencia de ello, pueden

perderse las oportunidades económicas y sociales que ofrece la reutilización de los datos

públicos.

(11) La evolución hacia una sociedad basada en datos, que utiliza datos de distintos ámbitos y

actividades, afecta a la vida de todos los ciudadanos de la Unión, entre otras cosas al

permitirles contar con nuevos medios para acceder y adquirir el conocimiento.

(12) Los contenidos digitales desempeñan un papel importante en esta evolución. La

producción de contenidos ha dado lugar durante los últimos años, y sigue haciéndolo

actualmente, a un fenómeno de rápida creación de empleo. La mayor parte de estos puestos

de trabajo los crean empresas emergentes y pequeñas y medianas empresas (pymes)

innovadoras.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 6

# **ES**

(13) Uno de los principales objetivos del establecimiento de un mercado interior es la creación

de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de algunos servicios y productos que

abarquen toda la Unión y los Estados miembros. La información del sector público o la

información recogida, producida, reproducida y difundida en el ejercicio de una misión de

servicio público o un servicio de interés general constituye una materia prima importante

para diversos productos y servicios de contenidos digitales y se convertirá en un recurso

cada vez más importante con el desarrollo de tecnologías digitales avanzadas como la

inteligencia artificial, las tecnologías de registro descentralizado y el internet de las cosas.

En este contexto, será asimismo esencial una amplia cobertura geográfica transfronteriza.

Cabe esperar que una amplia posibilidad de reutilización de esos documentos del sector

público permita, entre otras cosas, a todas las compañías europeas, incluidas las

microempresas y las pymes, así como la sociedad civil, aprovechar su potencial y

contribuir al desarrollo económico y a la creación y protección de empleo de calidad, en

particular en beneficio de las comunidades locales, así como a la materialización de

importantes objetivos sociales como la rendición de cuentas y la transparencia.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 7

# **ES**

(14) Autorizar la reutilización de los documentos que obran en poder de un organismo del

sector público les confiere valor añadido para los reutilizadores, para los usuarios finales y

para la sociedad en general y, en muchos casos, para el propio organismo público, ya que

el fomento de la transparencia y la responsabilidad y las aportaciones de reutilizadores y

usuarios finales permiten al organismo del sector público de que se trate mejorar la calidad

de la información recopilada y la realización de sus misiones de servicio público.

(15) Existen considerables diferencias de un Estado miembro a otro en relación con las normas

y prácticas de explotación de los recursos de información del sector público. Estas

diferencias constituyen barreras que obstaculizan el aprovechamiento pleno de las

posibilidades económicas de este recurso esencial. La explotación por organismos del

sector público de información de dicho sector sigue variando de un Estado miembro a otro,

lo que se ha de tener en cuenta. Debe perseguirse, por tanto, una armonización mínima de

las normas y prácticas nacionales en materia de reutilización de los documentos del sector

público en los casos en que las diferencias entre las normas y las prácticas nacionales o la

ausencia de claridad obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior y el

adecuado desarrollo de la sociedad de la información en la Unión.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 8

# **ES**

(16) Por datos abiertos como concepto se entiende en general los datos en formatos abiertos que

puede utilizar, reutilizar y compartir libremente cualquier persona con cualquier fin. Las

políticas de apertura de la información, que propician la disponibilidad y la reutilización

generalizadas de la información del sector público con fines privados o comerciales, con

restricciones mínimas o nulas de carácter jurídico, técnico o económico, y que favorecen la

circulación de la información no solo para los agentes económicos, sino principalmente

para el público, pueden desempeñar una función importante a la hora de fomentar el

compromiso social e impulsar y promover el desarrollo de nuevos servicios basados en

formas novedosas de combinar y utilizar esa información. Por tanto, se anima a los Estados

miembros a promover la creación de datos basados en el principio «abiertos desde el

diseño y por defecto», con respecto a todos los documentos que entren en el ámbito de

aplicación de la presente Directiva. Al hacerlo, deberán garantizar un nivel constante de

protección de los objetivos de interés público, como la seguridad pública, inclusive cuando

afecte a información sensible sobre infraestructuras críticas, y se garantiza la protección de

los datos personales, también cuando la información de un conjunto de datos específico

pueda no suponer un riesgo de identificación o individualización de una persona física,

pero sí suponerlo si se combina con otra información disponible.

(17) Además, en ausencia de una armonización mínima a nivel de la Unión, las actividades

legislativas a nivel nacional, iniciadas ya en algunos Estados miembros ante la necesidad

de dar respuesta a los retos tecnológicos, podrían dar lugar a discrepancias todavía más

importantes. Las consecuencias de estas discrepancias legislativas y de esta incertidumbre

irán acentuándose con el futuro desarrollo de la sociedad de la información, que ha

ocasionado ya una fuerte intensificación de la explotación transfronteriza de la

información.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 9

# **ES**

(18) Los Estados miembros han establecido políticas de reutilización en el marco de la

Directiva 2003/98/CE y algunos de ellos han adoptado ambiciosos planteamientos en

materia de apertura de la información que superan el nivel mínimo fijado en dicha

Directiva con el fin de facilitar la reutilización de los datos accesibles del sector público a

ciudadanos y personas jurídicas. La divergencia de normas en diversos Estados miembros

puede suponer un obstáculo para la oferta transfronteriza de productos y servicios e

impedir que conjuntos de datos públicos comparables puedan reutilizarse en aplicaciones

paneuropeas basadas en ellos. Así pues, es preciso un nivel mínimo de armonización para

determinar los tipos de datos públicos que están disponibles para su reutilización en el

mercado interior de la información, de acuerdo con los regímenes de acceso pertinentes,

tanto generales como sectoriales, como el que se define en la Directiva 2003/4/CE, y sin

afectarles. Las disposiciones del Derecho nacional y de la Unión que superen estos

requisitos mínimos, en particular en casos de legislación sectorial, deben seguir

aplicándose. Entre los ejemplos de disposiciones que superan el nivel mínimo de

armonización de la presente Directiva se incluyen umbrales en la presente Directiva más

bajos en el caso de los gastos admisibles para la reutilización que los umbrales previstos en

el artículo 6 o condiciones de licencias menos restrictivas que las contempladas en el

artículo 8. En particular, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las

disposiciones que superen el nivel mínimo de armonización de esta establecidas en los

Reglamentos Delegados de la Comisión adoptados en virtud de la Directiva 2010/40/UE

del Parlamento Europeo y del Consejo **[1]** .

**1** Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la
que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en
el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte
(DO L 207 de 6.8.2010, p. 1).

PE-CONS 28/1/19 REV 1 10

# **ES**

(19) Además, se anima a los Estados miembros a ir más allá de los requisitos mínimos

establecidos por la presente Directiva aplicando los requisitos de esta a los documentos que

obran en poder de empresas públicas relacionados con actividades que, en virtud del

artículo 34 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo **[1]**, estén

sometidas directamente a la competencia. Los Estados miembros también pueden decidir

aplicar los requisitos de la presente Directiva a las empresas privadas, en particular las que

presten servicios de interés general.

(20) Se necesita disponer de un marco general para las condiciones de reutilización de los

documentos del sector público con el fin de garantizar que dichas condiciones sean

equitativas, proporcionadas y no discriminatorias. Los organismos del sector público

recogen, producen, reproducen y difunden documentos para llevar a cabo su labor de

servicio público. Las empresas públicas recogen, producen, reproducen y difunden

documentos para prestar servicios de interés general. La utilización de dichos documentos

por otros motivos constituye una reutilización. Las políticas de los Estados miembros

pueden ir más allá de las normas mínimas establecidas en la presente Directiva,

permitiendo así una reutilización más amplia. Al transponer la presente Directiva, los

Estados miembros pueden utilizar términos distintos de «documentos», siempre que se

mantenga todo el alcance de la definición del término «documento» tal que establecido en

la presente Directiva.

**1** Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94
de 28.3.2014, p. 243).

PE-CONS 28/1/19 REV 1 11

# **ES**

(21) La presente Directiva debe aplicarse a los documentos cuyo suministro sea una actividad

que incida en el ámbito de la misión de servicio público de los organismos del sector

público implicados, definida con arreglo a la legislación o a otras normas de obligado

cumplimiento del Estado miembro. En ausencia de tales normas, la misión de servicio

público debe definirse de conformidad con la práctica administrativa común del Estado

miembro, siempre y cuando el ámbito de las misiones de servicio público sea transparente

y se someta a revisión. La misión de servicio público puede definirse con carácter general

o caso por caso para los diferentes organismos del sector público.

(22) La presente Directiva debe ser aplicable a los documentos que se hagan accesibles con

fines de reutilización cuando los organismos del sector público suministren con licencia,

vendan, difundan, intercambien o proporcionen información. Para evitar las subvenciones

cruzadas, la reutilización incluye la utilización posterior de los documentos dentro del

propio organismo para actividades distintas de la misión de servicio público. Entre las

actividades ajenas a la misión de servicio público, un ejemplo típico es el suministro de

documentos producidos y por los que se haya pagado un precio en un marco

exclusivamente comercial y en competencia con otros actores del mercado.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 12

# **ES**

(23) La presente Directiva no debe restringir ni afectar en modo alguno el desempeño de las

funciones legales de las autoridades públicas y otros organismos del sector público. La

presente Directiva debe imponer a los Estados miembros la obligación de permitir la

reutilización de todos los documentos existentes, salvo si el acceso está restringido o

excluido en virtud de normas nacionales sobre el acceso a los documentos o sometido a las

demás excepciones establecidas en la presente Directiva. La presente Directiva se basa en

los actuales regímenes de acceso de los Estados miembros y no modifica las normas

nacionales de acceso a documentos. No es aplicable a aquellos casos en que, con arreglo al

régimen pertinente de acceso, los ciudadanos o personas jurídicas puedan obtener un

documento solo si pueden demostrar un interés particular. A nivel de la Unión, el

artículo 41 sobre el derecho a una buena administración y el artículo 42 sobre el derecho de

acceso a los documentos en la Carta reconocen el derecho de todo ciudadano de la Unión y

de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado

miembro a tener acceso a los documentos que obren en poder del Parlamento Europeo, del

Consejo y de la Comisión. Se debe instar a los organismos del sector público a poner a

disposición, con vistas a su reutilización, todos los documentos que conserven. Los

organismos del sector público deben promover y alentar la reutilización de documentos,

inclusive los textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, en los casos en los

que el organismo del sector público tiene el derecho a autorizar su reutilización.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 13

# **ES**

(24) Los Estados miembros a menudo confían la prestación de servicios de interés general a

entidades ajenas al sector público, aunque mantienen un grado elevado de control sobre

estas. Al mismo tiempo, la Directiva 2003/98/CE solo se aplica a los documentos

conservados por organismos del sector público, mientras que excluyen de su ámbito de

aplicación a las empresas públicas. Esto origina una escasez de documentos disponibles

para su reutilización elaborados durante la prestación de servicios de interés general en una

serie de ámbitos, en particular en el sector de los servicios. También reduce

considerablemente el potencial de creación de servicios transfronterizos basados en

documentos conservados por empresas públicas que prestan servicios de interés general.

(25) La Directiva 2003/98/CE debe, por lo tanto, modificarse para garantizar que pueda

aplicarse a la reutilización de documentos existentes elaborados durante la prestación de

servicios de interés general por parte de las empresas públicas que realizan alguna de las

actividades contempladas en los artículos 8 a 14 de la Directiva 2014/25/UE, así como por

las empresas públicas que actúan como operadores de servicio público con arreglo al

artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo **[1]**, las

empresas públicas que actúan como compañías aéreas que cumplen obligaciones de

servicio público con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del

Parlamento Europeo y del Consejo **[2]**, y las empresas públicas que actúan como armadores

comunitarios que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 4 del

Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo **[3]** .

**1** Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y
por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo
(DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).
**2** Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre
de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad
(versión refundida) (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3).
**3** Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el
principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados
miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364 de 12.12.1992, p. 7).

PE-CONS 28/1/19 REV 1 14

# **ES**

(26) La presente Directiva no debe contener una obligación general para permitir la

reutilización de documentos elaborados por empresas públicas. La decisión de autorizar o

no la reutilización debe corresponder a la empresa pública de que se trate, salvo si se exige

otra cosa en la presente Directiva, el Derecho de la Unión o el Derecho nacional. Solo una

vez que la empresa pública haya puesto a disposición un documento para su reutilización,

debe respetar las obligaciones pertinentes establecidas en los capítulos III y IV de la

presente Directiva, en particular en materia de formatos, tarificación, transparencia,

licencias, no discriminación y prohibición de acuerdos exclusivos. Por otra parte, las

empresas públicas no están obligadas a cumplir los requisitos establecidos en el capítulo II,

como las normas aplicables a la tramitación de solicitudes. Al permitir la reutilización de

documentos, debe prestarse especial atención a la protección de información sensible sobre

infraestructuras críticas definidas en la Directiva 2008/114/CE del Consejo **[1]** y de servicios

esenciales en el sentido de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del

Consejo **[2]** .

**1** Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y
designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar
su protección (DO L 345 de 23.12.2008, p. 75).
**2** Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016,
relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las
redes y sistemas de información en la Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).

PE-CONS 28/1/19 REV 1 15

# **ES**

(27) El volumen de datos de investigación generados está creciendo exponencialmente y

pueden ser reutilizados por otros usuarios ajenos a la comunidad científica. Para poder

afrontar con eficacia y de manera global los crecientes desafíos sociales, la posibilidad de

acceder a datos de diferentes fuentes y de todo tipo de sectores y disciplinas, de

combinarlos y reutilizarlos ha pasado a ser algo crucial y urgente. Los datos de

investigación incluyen estadísticas, resultados de experimentos, mediciones, observaciones

derivadas del trabajo de campo, resultados de encuestas, grabaciones e imágenes de

entrevistas. También incluyen metadatos, especificaciones y otros objetos digitales. Los

datos de investigación son diferentes de los artículos científicos que divulgan y comentan

las conclusiones resultantes de sus investigaciones científicas. Durante muchos años, la

libre disponibilidad y la posibilidad de reutilizar los datos de investigaciones científicas

propiciadas por la financiación pública han sido objeto de iniciativas políticas específicas.

Por acceso abierto se entiende la práctica de ofrecer a los usuarios finales el acceso en línea

y gratuito a los resultados de investigaciones, sin más restricciones de la utilización y

reutilización que la posibilidad de exigir que se reconozca la autoría. Las políticas de

acceso abierto se proponen, en particular, proporcionar a los investigadores y al público en

general, tan pronto como sea posible en el proceso de divulgación, el acceso a datos de

investigación y facilitar su uso y reutilización. El acceso abierto mejora la calidad, reduce

la necesidad de duplicaciones innecesarias en la investigación, acelera el progreso

científico, combate el fraude científico y puede favorecer de manera general el crecimiento

económico y la innovación. Además del acceso abierto, es encomiable que se esté

procurando garantizar que la planificación de la gestión de datos se convierta en una

práctica científica estándar y apoyar la divulgación de datos de investigación que sean

fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables (principios FAIR).

PE-CONS 28/1/19 REV 1 16

# **ES**

(28) Por las razones antes expuestas, procede imponer a los Estados miembros la obligación de
adoptar políticas de acceso abierto con respecto a los datos de la investigación financiada
públicamente y garantizar que dichas políticas son ejecutadas por todas las organizaciones
que realizan actividades de investigación y las organizaciones que financian la
investigación. Las organizaciones que realizan actividades de investigación y las
organizaciones que financian la investigación también se pueden organizar como
organismos del sector público y como empresas públicas. La presente Directiva se aplica a
dichas organizaciones híbridas únicamente en su condición de organizaciones que realizan
actividades de investigación y a sus datos de investigación. Las políticas de acceso abierto
permiten normalmente una serie de excepciones a la hora de poner a disposición del
público los resultados de la investigación científica. La Recomendación de la Comisión
de 25 de abril de 2018 relativa al acceso a la información científica y a su preservación
describe, entre otras cosas, elementos pertinentes de las políticas de acceso abierto.
Además, deben mejorarse las condiciones en las cuales pueden reutilizarse determinados
datos de la investigación. Por este motivo, algunas obligaciones derivadas de la presente
Directiva deben ampliarse a los datos de investigación resultantes de actividades de
investigación científica subvencionadas mediante financiación pública o cofinanciadas por
entidades de los sectores público y privado. Con arreglo a las políticas nacionales de
acceso abierto, los datos de la investigación financiada públicamente serán abiertos por
defecto. Sin embargo, en este contexto, deben tenerse debidamente en cuenta las
inquietudes relacionadas con la privacidad, la protección de datos personales, la
confidencialidad, la seguridad nacional, los intereses comerciales legítimos, como los
secretos comerciales, y los derechos de propiedad intelectual de terceros, conforme al
principio «tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario». Por otra parte,
los datos de investigación a los que no puede accederse por motivos de seguridad nacional,
defensa o seguridad pública no deben estar cubiertos por la presente Directiva. Para evitar
cualquier carga administrativa, las obligaciones derivadas de la presente Directiva solo
deben aplicarse a aquellos datos de investigación que ya hayan sido puestos a disposición
del público por investigadores, organizaciones que realizan actividades de investigación u
organizaciones que financian la investigación a través de un registro institucional o
temático, y no deben imponer costes adicionales para la obtención de los conjuntos de
datos ni requerir una selección adicional de los datos. Los Estados miembros pueden hacer
extensiva la aplicación de la presente Directiva a los datos de investigación puestos a
disposición del público a través de infraestructuras de datos distintas de los registros, a
través de publicaciones de acceso abierto o en forma de fichero adjunto a un artículo, a un
artículo de datos o a un artículo en una revista especializada en datos. Los documentos
distintos de los datos de investigación deben seguir estando excluidos del ámbito de la
presente Directiva.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 17

# **ES**

(29) La definición de «organismo del sector público» se basa en la definición del punto 1 del

artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo **[1]** .

La definición de organismo de Derecho público y la de empresa pública establecidas en la

Directiva 2014/25/UE deben aplicarse a la presente Directiva.

(30) La presente Directiva establece una definición del término documento y esa definición

debe incluir cualquiera de sus partes. El término documento debe abarcar todas las formas

de representación de actos, hechos o información, y cualquier recopilación de los mismos,

independientemente del soporte (escrito en papel, almacenado en forma electrónica o como

grabación sonora, visual o audiovisual). La definición de documento no pretende incluir

los programas informáticos. Los Estados miembros pueden hacer extensiva la aplicación

de la presente Directiva a los programas informáticos.

**1** Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94
de 28.3.2014, p. 65).

PE-CONS 28/1/19 REV 1 18

# **ES**

(31) Cada vez es más frecuente que los organismos del sector público pongan a disposición sus

documentos para su reutilización de una manera proactiva, garantizando la detectabilidad

en línea y la disponibilidad real de los documentos y los metadatos conexos en formatos

abiertos, legibles por máquina y que garantizan la interoperabilidad, la reutilización y la

accesibilidad. Los documentos también deben estar disponibles para su reutilización a raíz

de una solicitud presentada por un reutilizador. En tales casos, los plazos de respuesta a las

solicitudes de reutilización de los documentos deben ser razonables y adecuarse a los

plazos de respuesta a las solicitudes de acceso al documento en virtud del régimen

correspondiente de acceso. Las empresas públicas, los centros educativos, las

organizaciones que realizan actividades de investigación y las organizaciones que

financian la investigación deben, no obstante, quedar exentas de este requisito. La fijación

de plazos razonables a escala de la Unión estimulará la creación de nuevos productos y

servicios de información agregada a escala paneuropea. Esto es particularmente importante

para los datos dinámicos (incluidos los datos medioambientales, la información sobre el

tráfico, los datos obtenidos vía satélite, los datos meteorológicos y los datos generados por

sensores), cuyo valor económico depende de su puesta a disposición inmediata y de una

actualización regular. Por lo tanto, los datos dinámicos deben ponerse a disposición

inmediatamente después de su recopilación o, cuando se trate de una actualización manual,

inmediatamente después de la modificación del conjunto de datos, a través de una interfaz

de programación de aplicaciones (API) con el fin de facilitar el desarrollo de aplicaciones

de internet, de telefonía móvil y en la nube basadas en dichos datos. Cuando ello no sea

posible debido a limitaciones técnicas o financieras, los organismos del sector público

deben poner a disposición los documentos en un plazo que permita aprovechar plenamente

el potencial económico de dichos documentos. Se deben tomar medidas específicas para

eliminar las limitaciones técnicas y financieras pertinentes. Cuando se utilice una licencia,

el plazo en que los documentos se ponen a disposición puede ser parte integrante de las

condiciones de la licencia. Cuando la verificación de los datos sea esencial por razones

justificadas de interés público, en particular por motivos de salud y seguridad públicas, los

datos dinámicos deben ponerse a disposición inmediatamente después de su verificación.

Dicha verificación esencial no debe afectar a la frecuencia de las actualizaciones.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 19

# **ES**

(32) Para obtener acceso a los datos abiertos para su reutilización por la presente Directiva,

resulta útil garantizar el acceso a los datos dinámicos a través de API bien diseñadas.

Una API es un conjunto de funciones, procedimientos, definiciones y protocolos para la

comunicación de máquina a máquina y el intercambio fluido de datos. Las API deben estar

respaldadas por documentación técnica clara, completa y disponible en línea. Cuando sea

posible, deben utilizarse API abiertas. Cuando proceda, deben aplicarse protocolos

estándar reconocidos a escala de la Unión o internacional y emplearse normas

internacionales para los conjuntos de datos. Las API pueden tener diferentes niveles de

complejidad y pueden adoptar la forma de un simple enlace a una base de datos para

obtener conjuntos de datos específicos, de una interfaz web o de estructuras más

complejas. La reutilización y el intercambio de datos a través de un uso adecuado de API

crean valor general, dado que ayudarán a los desarrolladores y a las empresas emergentes a

crear nuevos servicios y productos. También es un elemento decisivo a la hora de crear

ecosistemas valiosos alrededor de activos de datos que están a menudo sin utilizar. La

creación y la utilización de API ha de basarse en varios principios: disponibilidad,

estabilidad, mantenimiento durante la vida útil, uniformidad de uso y normas, facilidad de

uso y seguridad. En el caso de los datos dinámicos, a saber, los datos que se actualizan con

frecuencia, a menudo en tiempo real, los organismos del sector público y las empresas

públicas deben ponerlos a disposición para su reutilización inmediatamente después de su

recopilación por medio de API adecuadas y, cuando proceda, en forma de descarga masiva,

excepto en los casos en los que esto supondría un esfuerzo desproporcionado. Al evaluar la

proporcionalidad del esfuerzo debe tenerse en cuenta el tamaño y el presupuesto de

funcionamiento del organismo del sector público o de la empresa pública de que se trate.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 20

# **ES**

(33) Las posibilidades de reutilización pueden mejorarse si se limita la necesidad de digitalizar

documentos existentes en papel o de procesar los archivos digitales para hacerlos

mutuamente compatibles. Así pues, los organismos del sector público deben ofrecer los

documentos en todos los formatos o lenguas preexistentes, por medios electrónicos cuando

resulte posible y oportuno. También deben contemplar favorablemente las solicitudes de

expedición de extractos de un documento existente, siempre que no conlleven más que una

operación simple. Sin embargo, los organismos del sector público no deben estar obligados

a proporcionar extractos de documentos o a modificar el formato de la información

solicitada cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado. Con el fin de facilitar la

reutilización, los organismos del sector público deben poner a disposición sus propios

documentos en un formato que, en la medida de lo posible y si es adecuado, no dependa de

la utilización de programas específicos. Siempre que sea posible y adecuado, los

organismos del sector público deben tener en cuenta las posibilidades de reutilización de

los documentos por personas con discapacidad y a ellas destinados ofreciendo la

información en formatos accesibles de conformidad con los requisitos de la Directiva

(UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo **[1]** .

(34) Para facilitar la reutilización, los organismos del sector público deben poner, siempre que

sea posible y apropiado, los documentos, incluidos los publicados en páginas web, a

disposición del público mediante formatos abiertos y legibles por máquina junto con sus

metadatos, con los niveles más elevados de precisión y granularidad, en un formato que

garantice su interoperabilidad; por ejemplo, procesándolos de forma coherente con los

principios que rigen los requisitos de facilidad de utilización y compatibilidad de la

información espacial en virtud de la Directiva 2007/2/CE.

**1** Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016,
sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los
organismos del sector público (DO L 327 de 2.12.2016, p. 1).

PE-CONS 28/1/19 REV 1 21

# **ES**

(35) Debe considerarse que un documento se presenta en formato legible por máquina si tiene

un formato de archivo estructurado de tal forma que permite a las aplicaciones

informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad los datos específicos que

contiene. Los datos codificados en archivos estructurados en un formato legible por

máquina deben considerarse datos legibles por máquina. Los formatos legibles por

máquina pueden ser abiertos o propietarios; pueden ser normas formales o no serlo. Los

documentos codificados en un formato de archivo que limita este procesamiento

automático, por el hecho de que los datos no pueden extraerse o no pueden extraerse

fácilmente de ellos, no deben considerarse documentos en un formato legible por máquina.

Cuando sea posible y proceda, los Estados miembros deben fomentar el uso de formatos

abiertos y legibles por máquina reconocidos a escala de la Unión o internacional. Al

elaborar soluciones técnicas para la reutilización de documentos, debe tenerse en cuenta,

cuando proceda, el Marco Europeo de Interoperabilidad.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 22

# **ES**

(36) Las tarifas por la reutilización de documentos constituyen una importante barrera de

entrada al mercado para las empresas emergentes y las pymes. Los documentos deben, por

consiguiente, ponerse a disposición para su reutilización gratuitamente y, cuando sea

necesario aplicar una tarifa, esta debe limitarse en principio a los costes marginales. En los

casos en que los organismos del sector público busquen la información solicitada de

manera especialmente exhaustiva o realicen modificaciones extremadamente costosas del

formato de la información solicitada, ya sea voluntariamente o con arreglo a lo dispuesto

en la legislación nacional, los costes marginales pueden abarcar los costes relacionados con

dichas actividades. En casos excepcionales debe tomarse en consideración muy

especialmente la necesidad de no entorpecer el funcionamiento normal de los organismos

del sector público a los que se exige generar ingresos para cubrir una parte considerable de

sus gastos derivados de la realización de sus misiones de servicio público. Lo anterior

también es aplicable en los casos en que un organismo del sector público haya puesto a

disposición datos en forma de datos abiertos, pero se le exija generar ingresos para sufragar

una parte considerable de sus gastos derivados de la realización de otras misiones de

servicio público. También debe reconocerse la función de las empresas públicas en un

entorno económico competitivo. En tales casos, los organismos del sector público y las

empresas públicas deben, por lo tanto, poder cobrar tarifas superiores a los costes

marginales. Dichas tarifas superiores a los costes marginales deben establecerse de acuerdo

con criterios objetivos, transparentes y verificables, y los ingresos totales obtenidos por el

suministro y por autorizar la reutilización de documentos no deben superar el coste de

recogida y producción, incluida la compra a terceros, reproducción, mantenimiento,

almacenamiento y difusión, incrementado por un margen de beneficio razonable de la

inversión. En su caso, los costes de anonimización de datos personales y los costes de las

medidas tomadas para proteger la confidencialidad de los datos también deben poder

incluirse en los costes elegibles. Los Estados miembros pueden exigir a los organismos del

sector público y a las empresas públicas que den a conocer dichos costes. El requisito de

generar ingresos para cubrir una parte considerable de los gastos de los organismos del

sector público derivados de la realización de sus misiones de servicio público o del ámbito

de aplicación de los servicios de interés general confiados a empresas públicas no ha de

estar incluido en la legislación y puede derivarse, por ejemplo, de las prácticas

administrativas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben revisar

periódicamente dicho requisito.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 23

# **ES**

(37) El margen de beneficio de la inversión puede entenderse como un porcentaje, aparte de los

costes marginales, que permite recuperar el coste del capital e incluir una tasa de

rentabilidad real. Puesto que el coste del capital está estrechamente vinculado a los tipos de

interés de las entidades de crédito, basados en el interés fijo del Banco Central Europeo

(BCE) sobre las operaciones principales de financiación, el margen de beneficio razonable

de la inversión no debería ser superior al 5 % del tipo de interés fijo del BCE.

(38) Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos deben poder cobrar

tarifas superiores a los costes marginales con objeto de no entorpecer su funcionamiento

normal. En el caso de esos organismos del sector público, los ingresos totales obtenidos

por el suministro y por autorizar la reutilización de documentos durante el ejercicio

contable apropiado no han de superar el coste de recogida, producción, reproducción,

difusión, conservación y compensación de derechos, incrementado por un margen de

beneficio razonable de la inversión. En su caso, los costes de anonimización de datos

personales o de información comercial sensible también deben incluirse en los costes

elegibles. Por lo que respecta a las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los

archivos, y atendiendo a sus particularidades, los precios aplicados por el sector privado

para la reutilización de documentos idénticos o similares pueden tenerse en cuenta al

calcular el beneficio razonable de la inversión.

(39) Los límites superiores para las tarifas establecidos en la presente Directiva se entienden sin

perjuicio del derecho de los Estados miembros de aplicar tarifas inferiores o no aplicarlas

en absoluto.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 24

# **ES**

(40) Los Estados miembros deben establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a

los costes marginales. Deben poder, por ejemplo, establecer tales criterios en normas

nacionales o designar al organismo u organismos apropiados, distintos del propio

organismo del sector público de que se trate, con competencia para establecer dichos

criterios. La organización de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas

constitucionales y jurídicos de los Estados miembros. Puede tratarse de un organismo

existente con competencias de ejecución presupuestaria y bajo una responsabilidad

política.

(41) Garantizar que las condiciones de reutilización de los documentos del sector público sean

claras y estén a disposición del público constituye una condición previa para el desarrollo

de un mercado de la información que abarque la totalidad de la Unión. Por consiguiente,

debe informarse claramente a los reutilizadores potenciales de todas las condiciones

aplicables a la reutilización de documentos. Los Estados miembros deben alentar la

creación de índices accesibles en línea, cuando sea oportuno, de los documentos

disponibles para fomentar y facilitar las solicitudes de reutilización. Los solicitantes de la

reutilización de documentos que obran en poder de entidades distintas de las empresas

públicas, centros de enseñanza, organizaciones que realizan actividades de investigación y

organizaciones que financian la investigación deben estar informados de las vías de recurso

de las que disponen para impugnar las decisiones y las prácticas que les afecten. Ello es

particularmente importante para las empresas emergentes y pymes, que pueden no estar

acostumbradas a relacionarse con organismos del sector público de otros Estados

miembros y desconocen las vías de recurso de las que disponen.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 25

# **ES**

(42) Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión por un órgano de revisión

imparcial. Dicho órgano puede ser una autoridad nacional ya existente, como la autoridad

nacional de competencia, la autoridad de control establecida de conformidad con el

Reglamento (UE) 2016/679, la autoridad nacional reguladora del acceso a los documentos

o una autoridad judicial nacional. La organización de ese organismo debe estar en

consonancia con los sistemas constitucionales y jurídicos de los Estados miembros. El

recurso a dicho organismo no debe prejuzgar ninguna vía de recurso disponible de otra

forma para los solicitantes de reutilización. Sin embargo, debe ser distinto del mecanismo

del Estado miembro encargado de establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores

a los costes marginales. Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión de las

decisiones negativas, pero también de aquellas decisiones que, aunque permitan la

reutilización, puedan también afectar a los solicitantes por otros motivos, en particular por

lo que se refiere a las normas de tarifación aplicadas. El proceso de revisión debe ser

rápido, de conformidad con las necesidades de un mercado en rápida evolución.

(43) La publicidad de todos los documentos de libre disposición que obran en poder del sector

―
público referentes no solo a los procedimientos políticos, sino también a los judiciales y

administrativos― es un instrumento esencial para el desarrollo del derecho al

conocimiento, que constituye un principio básico de la democracia. Este objetivo es

aplicable a las instituciones tanto a nivel local como nacional o internacional.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 26

# **ES**

(44) En determinados casos, la reutilización de documentos se hará sin que se haya concedido

una licencia. En otros casos, se puede expedir una licencia que imponga a su titular una

serie de condiciones de reutilización referidas a cuestiones como la responsabilidad, la

protección de los datos personales, el uso correcto de los documentos, la garantía de que

los documentos no serán modificados y la indicación de la fuente. Si los organismos del

sector público conceden licencias para la reutilización de documentos, las condiciones de

la licencia deben ser justas y transparentes. Las licencias tipo disponibles en línea pueden

desempeñar asimismo un papel importante al respecto. Por consiguiente, los Estados

miembros deben procurar que estén a disposición licencias tipo. En cualquier caso, las

licencias para la reutilización de información del sector público deben plantear las mínimas

restricciones posibles sobre la reutilización, limitándolas, por ejemplo, a una indicación de

la fuente. Las licencias abiertas en forma de licencias tipo públicas disponibles en línea,

que permiten a cualquier persona y para cualquier fin acceder a datos y contenido, así

como utilizarlos, modificarlos y compartirlos de manera gratuita, y que se basan en

formatos de datos abiertos, deben desempeñar una importante función en este aspecto. Por

consiguiente, los Estados miembros deben fomentar el uso de licencias abiertas, que, en su

momento, debe pasar a ser práctica común en toda la Unión. Sin perjuicio de los requisitos

en materia de responsabilidad impuestos por el Derecho de la Unión o el Derecho nacional,

cuando un organismo del sector público o una empresa pública ponga a disposición

documentos para su reutilización sin condiciones ni restricciones, dicho organismo del

sector público o empresa pública puede eximirse de toda responsabilidad con respecto a los

documentos puestos a disposición para su reutilización.

(45) Cuando la autoridad competente decida no seguir permitiendo la reutilización de

determinados documentos, o dejar de actualizarlos, debe hacer públicas estas decisiones en

el plazo más breve y, si ello es posible, por vía electrónica.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 27

# **ES**

(46) Las condiciones de reutilización no deben ser discriminatorias para tipos comparables de

reutilización. A este respecto la prohibición de discriminación no debe impedir, por

ejemplo, el intercambio gratuito de información entre organismos del sector público

cuando estos organismos desempeñen sus misiones de servicio público, mientras que otras

partes deban abonar una tarifa por la reutilización de los mismos documentos. Tampoco

debe impedir la adopción de una política de tarifas diferenciada para la reutilización

comercial y no comercial.

(47) En particular, los Estados miembros deberán asegurarse de que la reutilización de

documentos de empresas públicas no dé lugar a la distorsión del mercado y de que no se

menoscabe la competencia leal.

(48) Los organismos del sector público deben tomar en consideración las normas de

competencia al establecer los principios para la reutilización de documentos, evitando en la

medida de lo posible acuerdos exclusivos entre ellos mismos y socios particulares. No

obstante, con vistas a la prestación de un servicio de interés económico general, puede

resultar a veces necesario conceder un derecho exclusivo a la reutilización de determinados

documentos del sector público. Tal puede ser el caso si ningún editor comercial está

dispuesto a publicar la información de no concedérsele derechos exclusivos. A este

respecto procede tener en cuenta los contratos de servicios públicos excluidos del ámbito

de aplicación de la Directiva 2014/24/UE en virtud de su artículo 11, y las asociaciones

para la innovación a que se refiere el artículo 31 de la Directiva 2014/24/UE.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 28

# **ES**

(49) Existen numerosos acuerdos de cooperación entre bibliotecas, incluidas las universitarias,

museos, archivos y socios privados que implican la digitalización de recursos culturales y

por los que se otorgan derechos exclusivos a socios privados. La experiencia ha

demostrado que tales asociaciones público-privadas pueden facilitar una utilización

adecuada de los fondos culturales y aceleran al mismo tiempo el acceso de los ciudadanos

al patrimonio cultural. Conviene, por lo tanto, atender a las actuales divergencias de los

Estados miembros en cuanto a la digitalización de los recursos culturales, mediante un

conjunto de normas específico relativo a los acuerdos sobre la digitalización de tales

recursos. Cuando exista un derecho exclusivo relacionado con la digitalización de los

recursos culturales, es posible que se requiera un período de exclusividad para dar al socio

privado la posibilidad de amortizar su inversión. Dicho período debe tener un límite

temporal lo más corto posible con el fin de respetar el principio según el cual el material de

dominio público debe permanecer en el dominio público tras su digitalización. El período

de vigencia de un derecho exclusivo para la digitalización de recursos culturales no debe

ser superior, por regla general, a diez años. Los períodos de vigencia del derecho exclusivo

superiores a diez años deben estar sometidos a revisión, teniendo en cuenta los cambios

tecnológicos, económicos y administrativos que se produzcan en el entorno desde la

celebración del acuerdo. Además, toda asociación público-privada para la digitalización de

recursos culturales debe otorgar a la institución cultural socia plenos derechos respecto de

la utilización de recursos culturales digitalizados posterior a la terminación del acuerdo.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 29

# **ES**

(50) Los acuerdos entre titulares de datos y reutilizadores de datos que no concedan

expresamente derechos exclusivos pero de los que pueda esperarse razonablemente que

restringen la disponibilidad de documentos para su reutilización deben someterse a un

control público suplementario. Por lo tanto, los aspectos esenciales de dichos acuerdos

deben publicarse en línea al menos dos meses antes de su entrada en vigor, es decir, dos

meses antes de la fecha acordada para que se inicie la prestación de las obligaciones de las

partes. La publicación debe ofrecer a las partes interesadas la posibilidad de solicitar la

reutilización de los documentos cubiertos por los acuerdos y prevenir el riesgo de restringir

el número de reutilizadores potenciales. En cualquier caso, los aspectos esenciales de

dichos acuerdos en su forma definitiva acordada por las partes también deben hacerse

públicos en línea y sin demora indebida tras su celebración.

(51) La presente Directiva tiene por objeto reducir al mínimo el riesgo de ventaja excesiva del

pionero que podría limitar el número de reutilizadores potenciales de los datos. Cuando los

acuerdos contractuales puedan implicar, además de las obligaciones de los Estados

miembros en virtud de la presente Directiva para conceder documentos, una transferencia

de recursos del Estado en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, la presente

Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las ayudas de Estado y otras

normas de competencia establecidas en los artículos 101 a 109 del TFUE. De las normas

sobre ayudas estatales establecidas en los artículos 107, 108 y 109 del TFUE se desprende

que el Estado miembro debe comprobar previamente si una ayuda estatal puede estar

incluida en el correspondiente acuerdo contractual y garantizar que cumple las normas en

materia de ayudas estatales.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 30

# **ES**

(52) La presente Directiva no afecta a la protección de las personas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión, en

particular de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo **[1]**, e incluida toda disposición de Derecho nacional

adicional. Ello significa, entre otras cosas, que la reutilización de datos personales solo es

admisible si se cumple el principio de limitación de la finalidad previsto en el artículo 5,

apartado 1, letra b), y en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679. Información

anónima es información que no se refiere a una persona física identificada o identificable

ni a datos personales que se hayan anonimizado de forma que el interesado no sea

identificable o haya dejado de serlo. Anonimizar la información constituye un medio para

conciliar los intereses a la hora de hacer la información del sector público tan reutilizable

como sea posible con las obligaciones contraídas en virtud de la normativa sobre la

protección de datos, pero tiene un coste. Procede considerar este coste como un elemento

del coste que debe tenerse en cuenta como parte de los costes marginales de difusión a que

se refiere la presente Directiva.

(53) A la hora de tomar decisiones sobre el alcance y las condiciones de la reutilización de

documentos del sector público que contengan datos personales, por ejemplo en el sector de

la salud, podrá ser necesario efectuar evaluaciones de impacto en materia de protección de

datos de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679.

**1** Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002,
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector
de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

PE-CONS 28/1/19 REV 1 31

# **ES**

(54) La presente Directiva no afecta a los derechos de propiedad intelectual de terceros. Para

evitar confusiones, se entenderá por derechos de propiedad intelectual únicamente los

derechos de autor y derechos afines (incluidas las formas de protección _sui generis_ ). La

presente Directiva no se aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad

industrial como las patentes y marcas registradas, y los diseños o dibujos y modelos. La

presente Directiva tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de

los organismos del sector público ni a su posesión por estos, ni restringe en modo alguno el

ejercicio de esos derechos fuera de los límites establecidos por la presente Directiva. Las

obligaciones impuestas de conformidad con la presente Directiva solo deben aplicarse en la

medida en que sean compatibles con los acuerdos internacionales sobre protección de los

derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de Berna para la protección de

las obras literarias y artísticas (Convenio de Berna), el Acuerdo sobre aspectos de los

derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC) y el

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. No obstante, los organismos del sector

público deben ejercer sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.

(55) Habida cuenta del Derecho de la Unión y de las obligaciones internacionales de los

Estados miembros y de la Unión, en particular con arreglo al Convenio de Berna y al

Acuerdo sobre los ADPIC, los documentos sobre los que existan derechos de propiedad

intelectual por parte de terceros deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la

presente Directiva. En caso de que un tercero fuese el titular inicial de los derechos de

propiedad intelectual de un documento que obra en poder de una biblioteca (incluidas las

universitarias), museo o archivo, y el período de protección esté aún vigente, a los efectos

de la presente Directiva debe considerarse que sobre dicho documento existen derechos de

propiedad intelectual por parte de terceros.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 32

# **ES**

(56) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos, incluidos los derechos

económicos y morales, que puedan asistir a los empleados de los organismos del sector

público en virtud de la normativa nacional.

(57) Además, cuando un documento se ponga a disposición del público para su reutilización, el

organismo del sector público interesado ha de conservar el derecho a explotar dicho

documento.

(58) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la Directiva 2014/24/UE.

(59) Los instrumentos auxiliares de búsqueda por los reutilizadores potenciales de los

documentos disponibles para su reutilización, así como las condiciones de reutilización,

pueden facilitar considerablemente la utilización transfronteriza de los documentos del

sector público. Por ello, los Estados miembros deben asegurar la existencia de dispositivos

prácticos que ayuden a los reutilizadores en su búsqueda de documentos para su

reutilización. Listados, de acceso en línea preferentemente, de los principales documentos

(documentos que se reutilizan ampliamente, o que pueden ser reutilizados ampliamente) y

portales conectados a listados descentralizados constituyen ejemplos de los dispositivos

prácticos mencionados. Los Estados miembros también deben facilitar la disponibilidad a

largo plazo para la reutilización de información del sector público, de conformidad con las

políticas de conservación aplicables.

(60) La Comisión debe facilitar la cooperación entre los Estados miembros y apoyar la

concepción, el ensayo, la ejecución y el despliegue de interfaces electrónicas

interoperables que permitan la prestación de servicios públicos más eficientes y seguros.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 33

# **ES**

(61) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo **[1]** . Dispone las condiciones en las que los organismos del sector

público pueden ejercer sus derechos de propiedad intelectual en el mercado interior de la

información cuando permitan la reutilización de documentos. Cuando los organismos del

sector público sean titulares del derecho previsto en el artículo 7, apartado 1, de la

Directiva 96/9/CE, no deben ejercer dicho derecho para impedir la reutilización o restringir

la reutilización de los documentos existentes más allá de los límites previstos en la presente

Directiva.

(62) La Comisión ha respaldado la elaboración de un informe sobre el desarrollo de los datos

abiertos en línea con indicadores de resultados pertinentes para la reutilización de la

información del sector público en todos los Estados miembros. La actualización periódica

de dicho informe contribuirá al intercambio de información entre Estados miembros y a la

disponibilidad de información sobre políticas y prácticas en toda la Unión.

(63) Es necesario velar por que los Estados miembros controlen la reutilización de la

información del sector público, las condiciones que rigen su disponibilidad y las prácticas

en materia de recurso.

**1** Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001,
relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos
afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001,
p. 10).

PE-CONS 28/1/19 REV 1 34

# **ES**

(64) La Comisión puede ayudar a los Estados miembros a aplicar la presente Directiva de forma

coherente formulando y actualizando las directrices vigentes, especialmente en lo que

respecta a las licencias normalizadas recomendadas, los conjuntos de datos y el cobro por

la reutilización de los documentos, previa consulta de las partes interesadas.

(65) Uno de los principales objetivos del establecimiento del mercado interior es la creación de

unas condiciones que favorezcan el desarrollo de servicios que abarquen toda la Unión.

Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos contienen una

considerable cantidad de valiosos recursos de información del sector público, dado en

particular que los proyectos de digitalización han multiplicado la cantidad de material

digital de dominio público. Estos fondos de patrimonio cultural y metadatos conexos

constituyen una base potencial para productos y servicios de contenidos digitales y tienen

un enorme potencial de reutilización innovadora en sectores tales como el aprendizaje y el

turismo. Otros tipos de instituciones culturales (como orquestas, óperas, ballets y teatros),

incluidos los archivos que forman parte de las mismas, deben permanecer excluidas del

ámbito de aplicación de la presente Directiva debido a su especificidad respecto de las

artes escénicas y dado que la práctica totalidad de su material está sujeto a derechos de

propiedad intelectual de terceros.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 35

# **ES**

(66) Con el fin de proporcionar condiciones favorables a la reutilización de documentos, que

conlleva importantes beneficios socioeconómicos pues tiene un valor especialmente

elevado para la economía y la sociedad, se debe establecer en un anexo una lista de

categorías temáticas de conjuntos de datos de alto valor. A modo ilustrativo y sin perjuicio

de los actos de ejecución que determinen conjuntos de datos de alto valor a los cuales son

de aplicación los requisitos específicos establecidos en la presente Directiva, tomando en

consideración las directrices de la Comisión sobre las licencias normalizadas

recomendadas, los conjuntos de datos y el cobro por la reutilización de los documentos, las

categorías temáticas podrían abarcar, entre otras cosas, códigos postales, mapas nacionales

y locales («Geoespacial»), consumo de energía e imágenes de satélite («Observación de la

Tierra y medio ambiente»), datos _in situ_ procedentes de instrumentos y previsiones

meteorológicas («Meteorología»), indicadores demográficos y económicos («Estadística»),

registros mercantiles e identificadores de registro («Sociedades y propiedad de

sociedades»), señalización vial y vías de navegación interior («Movilidad»).

PE-CONS 28/1/19 REV 1 36

# **ES**

(67) Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos, con arreglo al artículo 290

del TFUE, a fin de modificar la lista de categorías temáticas de conjuntos de datos de alto

valor añadiendo nuevas categorías temáticas. Reviste especial importancia que la Comisión

lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos,

y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el

Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación **[1]** . En

particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos

delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo

tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso

sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen

de la preparación de actos delegados.

**1** DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 37

# **ES**

(68) Una lista a escala de la Unión de conjuntos de datos con un potencial particular para

generar beneficios socioeconómicos, junto con condiciones de reutilización armonizadas,

constituye un importante factor de aplicaciones y servicios de datos transfronterizos. A fin

de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben

conferirse a la Comisión competencias de ejecución para apoyar la reutilización de

documentos asociados a importantes beneficios socioeconómicos adoptando una lista de

conjuntos específicos de datos de alto valor a los que se apliquen los requisitos específicos

de la presente Directiva, así como las modalidades de su publicación y reutilización. Por

tanto, no serán de aplicación tales requisitos específicos antes de que la Comisión adopte

los actos de ejecución. La lista debe tener en cuenta los actos jurídicos de la Unión sobre el

sector, que ya regula la publicación de conjuntos de datos, como las Directivas 2007/2/CE

y 2010/40/UE, para garantizar que los conjuntos de datos se ponen a disposición de

conformidad con las normas y conjuntos de metadatos correspondientes. La lista se basará

en las categorías conforme a la presente Directiva. Al elaborar la lista, la Comisión debe

efectuar las consultas pertinentes, también a nivel de expertos. Además, al decidir sobre la

inclusión en la lista de datos que obran en poder de empresas públicas o sobre su

disponibilidad gratuita, se deben tener en cuenta los efectos sobre la competencia en los

mercados correspondientes. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el

Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo **[1]** .

**1** Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero
de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las
modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias
de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

PE-CONS 28/1/19 REV 1 38

# **ES**

(69) A fin de garantizar su máxima repercusión y facilitar la reutilización, los conjuntos de

datos de alto valor deben ponerse a disposición para su reutilización con muy pocas

restricciones legales y sin coste alguno. También deben ser publicados a través de API. Sin

embargo, ello no impide que los organismos del sector público cobren por servicios que

proporcionan en relación con los conjuntos de datos de alto valor en el ejercicio de su

autoridad pública, concretamente al certificar la autenticidad o la veracidad de los

documentos.

(70) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, facilitar la creación de productos y

servicios de información basados en documentos del sector público que cubran la totalidad

de la Unión, garantizar la eficacia del uso transfronterizo de documentos del sector público

por las compañías privadas, de una parte, en particular por las pequeñas y medianas

empresas, para que ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido y por

los ciudadanos, de otra parte, para facilitar la libre circulación de la información y la

comunicación, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros

pero, debido a la dimensión paneuropea de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a

escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de

subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De

conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la

presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 39

# **ES**

(71) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios

reconocidos, en particular, por la Carta, incluidos el derecho a la privacidad, la protección

de los datos de carácter personal, el derecho a la propiedad y la integración de personas

con discapacidad. Nada de lo contenido en la presente Directiva debe interpretarse o

aplicarse en un sentido que no sea acorde con el Convenio Europeo para la Protección de

los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo Europeo.

(72) El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformidad con el

artículo 28, apartado 2 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y emitió un dictamen

el 10 de julio de 2018 **[1]** .

(73) La Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva. De conformidad con el

Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación esta

evaluación debe basarse en los cinco criterios siguientes: la eficiencia, la eficacia, la

pertinencia, la coherencia y el valor añadido, y deben servir de base para las evaluaciones

de impacto de otras posibles medidas.

(74) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas

a los plazos de transposición al Derecho interno de las Directivas que se indica en el

anexo II, parte B.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

**1** DO C 305 de 30.8.2018. p. 7.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 40

# **ES**

## **CAPÍTULO I** **DISPOSICIONES GENERALES**

_Artículo 1_

_Objeto y ámbito de aplicación_

1. Con el fin de fomentar el uso de datos abiertos y estimular la innovación de los productos y

servicios, la presente Directiva establece un conjunto de normas mínimas que regula la

reutilización y los dispositivos prácticos destinados a facilitar la reutilización de:

a) los documentos existentes conservados por organismos del sector público de los

Estados miembros;

b) los documentos existentes conservados por empresas públicas que:

i) lleven a cabo su actividad en los ámbitos definidos en la Directiva 2014/25/UE,

ii) que actúen como operadores de servicio público con arreglo al artículo 2 del

Reglamento (CE) n.º 1370/2007,

iii) que actúen como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio

público con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008, o

iv) que actúen como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de

servicio público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 3577/92;

PE-CONS 28/1/19 REV 1 41

# **ES**

c) los datos de investigación, con arreglo a las condiciones establecidas en el

artículo 10.

2. La presente Directiva no se aplicará a:

a) los documentos cuyo suministro sea una actividad que se salga del ámbito de la

misión de servicio público de los organismos del sector público afectados, definida

con arreglo a la legislación o a otras normas de obligado cumplimiento del Estado

miembro, o en ausencia de tales normas, definida con arreglo a la práctica

administrativa común del Estado miembro en cuestión, siempre y cuando el ámbito

de las misiones de servicio público sea transparente y se someta a revisión;

b) los documentos conservados por las empresas públicas:

i) producidos fuera del ámbito de la prestación de servicios de interés general,

según se defina en la legislación o en otras normas de obligado cumplimiento

del Estado miembro,

ii) relativos a actividades sometidas directamente a la competencia y, por tanto,

conforme al artículo 34 de la Directiva 2014/25/UE, no sujetas a las normas de

contratación;

c) los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual por parte de

terceros;

d) los documentos, por ejemplo los datos sensibles, a los que no pueda accederse en

virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros por motivos, entre otros, de:

i) protección de la seguridad nacional (a saber, seguridad del Estado), defensa o

seguridad pública,

PE-CONS 28/1/19 REV 1 42

# **ES**

ii) confidencialidad estadística,

iii) confidencialidad comercial (incluidos secretos comerciales, profesionales o

empresariales);

e) documentos cuyo acceso esté excluido o limitado por motivos de protección de

información sensible sobre infraestructuras críticas, tal como se define en el

artículo 2, letra d), de la Directiva 2008/114/CE;

f) documentos cuyo acceso esté limitado en virtud de regímenes de acceso de los

Estados miembros, incluidos, entre otros, aquellos casos en los que los ciudadanos o

personas jurídicas tengan que demostrar un interés particular en obtener acceso a los

documentos;

g) logotipos, divisas e insignias;

h) los documentos cuyo acceso esté excluido o limitado en virtud de regímenes de

acceso por motivos de protección de los datos personales, y las partes de documentos

accesibles en virtud de dichos regímenes que contengan datos personales cuya

reutilización se haya definido por ley como incompatible con la legislación relativa a

la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos

personales o como un menoscabo de la protección de la intimidad y la integridad de

las personas, en particular de conformidad con la legislación nacional o de la Unión

sobre protección de datos personales;

PE-CONS 28/1/19 REV 1 43

# **ES**

i) los documentos conservados por las entidades de radiodifusión de servicio público y

sus filiales, y por otras entidades o sus filiales para el cumplimiento de una misión de

radiodifusión de servicio público;

j) los documentos conservados por instituciones culturales que no sean bibliotecas,

incluidas las universitarias, museos y archivos;

k) los documentos conservados por instituciones educativas de nivel secundario e

inferior y, en el caso de todas las demás instituciones educativas, documentos

distintos de los contemplados en el apartado 1, letra c);

l) los documentos distintos de los mencionados en el apartado 1, letra c), conservados

por organizaciones que realizan actividades de investigación y organizaciones que

financian la investigación, incluidas las organizaciones creadas para la transferencia

de los resultados de la investigación.

3. La presente Directiva se basa en los regímenes de acceso nacionales y de la Unión y no les

afecta de forma alguna.

4. La presente Directiva se entiende sin perjuicio del Derecho nacional y de la Unión relativas

a la protección de datos personales, en particular del Reglamento (UE) 2016/679 y la

Directiva 2002/58/CE, así como de las disposiciones correspondientes de Derecho

nacional.

5. Las obligaciones impuestas de conformidad con la presente Directiva se aplicarán

únicamente en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de los acuerdos

internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular el

Convenio de Berna, el Acuerdo ADPIC y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 44

# **ES**

6. Los organismos del sector público no ejercerán el derecho del fabricante de una base de

datos, previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, para evitar la

reutilización de documentos o restringir la reutilización más allá de los límites establecidos

por la presente Directiva.

7. La presente Directiva regula la reutilización de los documentos existentes conservados por

los organismos del sector público y las empresas públicas de los Estados miembros,

incluidos los documentos a los que se aplica la Directiva 2007/2/CE.

_Artículo 2_

_Definiciones_

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) «organismo del sector público»: el Estado, los entes territoriales, los organismos de

derecho público y las asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes o por uno o

más de dichos organismos de Derecho público;

2) «organismo de Derecho público»: cualquier organismo que ostente todas las condiciones

siguientes:

a) que haya sido creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general,

que no tenga carácter industrial o mercantil;

PE-CONS 28/1/19 REV 1 45

# **ES**

b) que esté dotado de personalidad jurídica, y

c) cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales

u otros organismos de Derecho público; o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de

dichas autoridades u organismos; o que tenga un órgano de administración, de

dirección o de vigilancia compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean

nombrados por las autoridades estatales, regionales o locales u otros organismos de

Derecho público;

3) «empresa pública»: aquella empresa que opera en los ámbitos establecidos en el artículo 1,

apartado 1, letra b), sobre la cual los organismos del sector público puedan ejercer, directa

o indirectamente, una influencia dominante por el hecho de tener la propiedad de la misma,

una participación financiera en la misma, o en virtud de las normas que la rigen. Se

considerará que los organismos del sector público ejercen una influencia dominante,

directa o indirectamente, en cualquiera de los casos siguientes en que dichos organismos,

directa o indirectamente:

a) posean la mayoría del capital suscrito de la empresa;

b) dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas

por la empresa;

c) puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de

dirección o de vigilancia de la empresa;

4) «universidad»: todo organismo del sector público que imparta enseñanza superior

postsecundaria conducente a la obtención de títulos académicos;

PE-CONS 28/1/19 REV 1 46

# **ES**

5) «licencia tipo»: conjunto de condiciones de reutilización predefinidas en formato digital,

preferiblemente compatibles con licencias modelo públicas disponibles en línea;

6) «documento»:

a) cualquier contenido sea cual sea el soporte (escrito en papel o almacenado en forma

electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual);

b) cualquier parte de tal contenido;

7) «anonimización»: proceso por el que se transforman documentos en documentos anónimos

que no se refiere a una persona física identificada o identificable o al proceso de convertir

datos personales que se hayan anonimizado, de forma que el interesado no sea identificable

o haya dejado de serlo;

8) «datos dinámicos»: documentos en formato digital, sujetos a actualizaciones frecuentes o

en tiempo real, debido, en particular, a su volatilidad o rápida obsolescencia; los datos

generados por los sensores suelen considerarse datos dinámicos;

9) «datos de investigación»: documentos en formato digital, distintos de las publicaciones

científicas, recopilados o elaborados en el transcurso de actividades de investigación

científica y utilizados como prueba en el proceso de investigación, o comúnmente

aceptados en la comunidad investigadora como necesarios para validar las conclusiones y

los resultados de la investigación;

PE-CONS 28/1/19 REV 1 47

# **ES**

10) «conjuntos de datos de alto valor»: documentos cuya reutilización está asociada a

considerables beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía, en particular

debido a su idoneidad para la creación de servicios de valor añadido, aplicaciones y

puestos de trabajo nuevos, dignos y de calidad, y del número de beneficiarios potenciales

de los servicios de valor añadido y aplicaciones basados en tales conjuntos de datos;

11) «reutilización»: el uso por personas físicas o jurídicas de documentos que obran en poder

de:

a) organismos del sector público, con fines comerciales o no comerciales distintos del

propósito inicial que tenían esos documentos en la misión de servicio público para la

que se produjeron, excepto para el intercambio de documentos entre organismos del

sector público en el marco de sus actividades de servicio público, o

b) empresas públicas, con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito

inicial que tenían esos documentos de prestar servicios de interés general para el que

se produjeron, excepto para el intercambio de documentos entre empresas públicas y

organismos del sector público que se realice exclusivamente en el desarrollo de las

actividades de servicio público de los organismos del sector público;

12) «datos personales»: datos personales tal como se definen en el artículo 4, punto 1, del

Reglamento (UE) 2016/679;

13) «formato legible por máquina»: formato de archivo estructurado que permita a las

aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad datos específicos,

incluidas las declaraciones fácticas y su estructura interna;

PE-CONS 28/1/19 REV 1 48

# **ES**

14) «formato abierto»: formato de archivo independiente de plataformas y puesto a disposición

del público sin restricciones que impidan la reutilización de los documentos;

15) «norma formal abierta»: norma establecida por escrito que especifica los criterios de

interoperabilidad de la aplicación informática;

16) «margen de beneficio razonable de la inversión»: porcentaje de la tarifa total, además de la

cantidad necesaria para recuperar los costes elegibles, no superior a cinco puntos

porcentuales por encima del tipo de interés fijo del BCE;

17) «tercero»: toda persona física o jurídica distinta de un organismo del sector público o de

una empresa pública que esté en posesión de los datos.

_Artículo 3_

_Principio general_

1. Sin perjuicio del apartado 2 del presente artículo, los Estados miembros velarán por que los

documentos a los que se aplica la presente Directiva, de conformidad con el artículo 1,

puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con los

capítulos III y IV.

2. En el caso de los documentos respecto de los que las bibliotecas, incluidas las

universitarias, los museos y los archivos posean derechos de propiedad intelectual y en el

caso de los documentos que obren en poder de empresas públicas, los Estados miembros

velarán por que, cuando esté autorizada la reutilización de dichos documentos, estos

puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con los

capítulos III y IV.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 49

# **ES**

## **CAPÍTULO II** **SOLICITUDES DE REUTILIZACIÓN**

_Artículo 4_

_Tratamiento de solicitudes de reutilización_

1. Los organismos del sector público tramitarán, por medios electrónicos cuando resulte

posible y oportuno, las solicitudes de reutilización y pondrán el documento a disposición

del solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia, ultimarán la

oferta de licencia al solicitante en un plazo razonable coherente con los plazos establecidos

para el tratamiento de solicitudes de acceso a los documentos.

2. Cuando no se haya establecido ningún plazo ni otras normas que regulen la entrega

oportuna de los documentos, los organismos del sector público tramitarán la solicitud y

entregarán los documentos al solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una

licencia, ultimarán la oferta de licencia al solicitante lo antes posible o, en cualquier caso,

en un plazo de 20 días hábiles, a partir del momento de su recepción. Dicho plazo podrá

ampliarse en otros 20 días hábiles para solicitudes extensas o complejas. En tales casos, se

notificará al solicitante lo antes posible y, en cualquier caso, en el curso de las tres semanas

siguientes a la solicitud inicial que se necesita más tiempo para tramitarla y las razones que

lo justifican.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 50

# **ES**

3. En caso de adoptarse una Decisión negativa, los organismos del sector público

comunicarán al solicitante los motivos de la denegación con arreglo a las disposiciones

aplicables del régimen de acceso del Estado miembro correspondiente o de las

disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva, en particular el

artículo 1, apartado 2, letras a) a h), o el artículo 3. Si la Decisión negativa se basa en el

artículo 1, apartado 2, letra c), el organismo del sector público incluirá una referencia a la

persona física o jurídica titular de los derechos, cuando esta sea conocida, o,

alternativamente, al cedente del que el organismo del sector público haya obtenido el

material en cuestión. Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos

no estarán obligados a incluir tal referencia.

4. Toda decisión de reutilización contendrá una referencia a las vías de recurso a que pueda

acogerse en su caso el solicitante. Las vías de recurso incluirán la posibilidad de revisión

por un órgano de revisión imparcial con la experiencia técnica adecuada, como la autoridad

nacional de competencia, la autoridad reguladora del acceso a los documentos

correspondiente, una autoridad nacional de supervisión establecida de conformidad con el

Reglamento (UE) 2016/679 o una autoridad judicial nacional, cuyas decisiones sean

vinculantes para el organismo del sector público afectado.

5. A efectos del presente artículo, los Estados miembros definirán dispositivos prácticos para

facilitar la reutilización eficaz de los documentos. Dichos dispositivos podrán incluir, en

particular, modalidades para proporcionar información adecuada sobre los derechos

previstos en la presente Directiva y ofrecer ayuda y orientación pertinentes.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 51

# **ES**

6. Las siguientes entidades no estarán obligadas a cumplir con el presente artículo:

a) empresas públicas;

b) centros de enseñanza, organizaciones que realizan actividades de investigación y

organizaciones que financian la investigación.

## **CAPÍTULO III** **CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN**

_Artículo 5_

_Formatos disponibles_

1. Sin perjuicio del capítulo V, los organismos del sector público y las empresas públicas

facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y,

siempre que sea posible y apropiado, por medios electrónicos, en formas o formatos que

sean abiertos, legibles por máquina, accesibles, fáciles de localizar y reutilizables,

conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos cumplirán, cuando

sea posible, normas formales abiertas.

2. Los Estados miembros animarán a los organismos del sector público y a las empresas

públicas a elaborar y facilitar documentos incluidos en el ámbito de aplicación de la

presente Directiva con arreglo al principio de «documentos abiertos desde el diseño y por

defecto».

PE-CONS 28/1/19 REV 1 52

# **ES**

3. El apartado 1 no supone que los organismos del sector público estén obligados, para

cumplir dicho apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de

documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más

que una operación simple.

4. Con arreglo a la presente Directiva, no podrá exigirse a los organismos del sector público

que mantengan la producción y el almacenamiento de determinados tipos de documentos

con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público.

5. Los organismos del sector público pondrán a disposición datos dinámicos para su

reutilización inmediatamente después de su recopilación, a través de las API adecuadas y,

cuando proceda, en forma de descarga masiva.

6. Cuando la puesta a disposición de datos dinámicos para su reutilización inmediatamente

después de su recopilación, con arreglo al apartado 5, pueda superar las capacidades

financieras y técnicas del organismo del sector público, suponiendo así un esfuerzo

desproporcionado, esos datos dinámicos se pondrán a disposición para su reutilización en

un plazo o con restricciones técnicas temporales que no perjudiquen indebidamente la

explotación de su potencial económico y social.

7. Los apartados 1 a 6 se aplicarán a los documentos que obren en poder de las empresas

públicas y que estén disponibles para su reutilización.

8. Los conjuntos de datos de alto valor, tal que relacionados conforme al artículo 14,

apartado 1, se pondrán a disposición para su reutilización en un formato legible por

máquina, a través de las API adecuadas y, cuando proceda, en forma de descarga masiva.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 53

# **ES**

_Artículo 6_

_Principios de tarifación_

1. La reutilización de documentos será gratuita.

No obstante, podrá permitirse la recuperación de los costes marginales en que se incurra

para la reproducción, puesta a disposición y difusión de los documentos, así como para la

anonimización de datos personales y las medidas adoptadas para proteger información

comercial confidencial.

2. A título de excepción, el apartado 1 no se aplicará a:

a) los organismos del sector público a los que se exija generar ingresos para cubrir una

parte sustancial de sus costes relativos a la realización de sus misiones de servicio

público;

b) las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos;

c) las empresas públicas.

3. Los Estados miembros publicarán en línea una lista de organismos del sector público a que

se refiere el apartado 2, letra a).

4. En los casos a los que se hace referencia en el apartado 2, letras a) y c), el precio total se

calculará conforme a criterios objetivos, transparentes y comprobables. Los Estados

miembros establecerán dichos criterios.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 54

# **ES**

Los ingresos totales obtenidos por suministrar documentos y autorizar su reutilización

durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de su recogida, producción,

reproducción, difusión y almacenamiento de datos, incrementado por un margen de

beneficio razonable de la inversión y, en su caso, anonimización de datos personales y

medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial.

Las tarifas se calcularán conforme a los principios contables aplicables.

5. Cuando sean los organismos del sector público mencionados en el apartado 2, letra b), los

que apliquen tarifas, los ingresos totales obtenidos por suministrar y autorizar la

reutilización de documentos durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste

de recogida, producción, reproducción, difusión, almacenamiento de datos, conservación y

compensación de derechos y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas

adoptadas para proteger información comercial confidencial, incrementado por un margen

de beneficio razonable de la inversión.

Las tarifas se calcularán conforme a los principios contables aplicables a los organismos

del sector público correspondientes.

6. Los usuarios podrán reutilizar gratuitamente:

a) a reserva del artículo 14, apartados 3, 4 y 5, los conjuntos de datos de alto valor, tal

que relacionados de conformidad con el apartado 1 de dicho artículo;

b) los datos de investigación contemplados en el artículo 1, apartado 1, letra c).

PE-CONS 28/1/19 REV 1 55

# **ES**

_Artículo 7_

_Transparencia_

1. En el caso de tarifas estándar para la reutilización de documentos, las condiciones

aplicables, así como el importe de dichas tarifas, incluida su base de cálculo, se fijarán de

antemano y se publicarán, mediante medios electrónicos cuando resulte posible y

oportuno.

2. Cuando se trate de tarifas para la reutilización distintas de las mencionadas en el

apartado 1, los factores que se tendrán en cuenta para el cálculo de dichas tarifas se

indicarán por adelantado. Cuando se solicite, el titular de los documentos de que se trate

también indicará cómo se han calculado dichas tarifas en relación con una solicitud de

reutilización concreta.

3. Los organismos del sector público se asegurarán de que los solicitantes de reutilización de

documentos estén informados de las vías de recurso de que disponen para impugnar las

decisiones y las prácticas que les afecten.

_Artículo 8_

_Licencias tipo_

1. La reutilización de documentos no estará sujeta a condiciones, a menos que dichas

condiciones sean objetivas, proporcionadas, no discriminatorias y estén justificadas por un

objetivo de interés público.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 56

# **ES**

Cuando la reutilización esté sujeta a condiciones, tales condiciones no restringirán sin

necesidad las posibilidades de reutilización y no se usarán para restringir la competencia.

2. En los Estados miembros en que se utilicen licencias, los Estados miembros velarán por

que las licencias tipo para la reutilización de documentos del sector público, que podrán

adaptarse para responder a aplicaciones concretas de la licencia, estén disponibles en

formato digital y puedan ser procesadas electrónicamente. Los Estados miembros alentarán

el uso de dichas licencias tipo.

_Artículo 9_

_Dispositivos prácticos_

1. Los Estados miembros crearán dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de los

documentos disponibles para su reutilización, tales como listados de documentos

principales con los metadatos pertinentes, accesibles, siempre que sea posible y apropiado,

en línea y en formato legible por máquina, y portales conectados a los listados

descentralizados. En la medida de lo posible, los Estados miembros facilitarán la búsqueda

lingüística de los documentos en varios idiomas, en particular permitiendo la agregación de

metadatos a escala de la Unión.

Los Estados miembros también promoverán la creación por los organismos del sector

público de dispositivos prácticos que faciliten la conservación de los documentos

disponibles para su reutilización.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 57

# **ES**

2. Los Estados miembros en cooperación con la Comisión, continuarán los esfuerzos de

simplificación del acceso a conjuntos de datos, en particular proporcionando un único

punto de acceso y poniendo progresivamente a disposición conjuntos de datos adecuados

que obren en poder de organismos del sector público en relación con todos los documentos

a los que aplica la presente Directiva, así como con datos que obren en poder de las

instituciones de la Unión, en formatos que sean accesibles, fáciles de localizar y

reutilizables por medios electrónicos.

_Artículo 10_

_Datos de investigación_

1. Los Estados miembros apoyarán la disponibilidad de los datos de investigación mediante la

adopción de políticas nacionales y actuaciones pertinentes destinadas a hacer que los datos

de la investigación financiada públicamente sean plenamente accesibles («políticas de

acceso abierto») en aplicación del principio de apertura por defecto y de compatibilidad

con los principios FAIR. En este contexto, deberán tenerse en cuenta las inquietudes

relacionadas con los derechos de propiedad intelectual e industrial, la protección de datos

personales y la confidencialidad, la seguridad y los intereses comerciales legítimos de

conformidad con el principio «tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea

necesario». Estas políticas de acceso abierto se dirigirán a las organizaciones que realizan

actividades de investigación y a las organizaciones que financian la investigación.

2. Sin perjuicio del artículo 1, apartado 2, letra c), los datos de investigación serán

reutilizables para fines comerciales o no comerciales de conformidad con los capítulos III

y IV, en la medida en que sean financiados con fondos públicos y en que investigadores,

organizaciones que realizan actividades de investigación u organizaciones que financian la

investigación ya los hayan puesto a disposición del público a través de un repositorio

institucional o temático. En este contexto, deberán tenerse en cuenta los intereses

comerciales legítimos, las actividades de transferencia de conocimientos y los derechos de

propiedad intelectual preexistentes.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 58

# **ES**

## **CAPÍTULO IV** **NO DISCRIMINACIÓN Y PRÁCTICAS COMERCIALES JUSTAS**

_Artículo 11_

_No discriminación_

1. Las condiciones que se apliquen para la reutilización de un documento no deberán ser

discriminatorias para categorías comparables de reutilización, incluida la reutilización

transfronteriza.

2. Si un organismo del sector público reutiliza los documentos como parte de sus actividades

comerciales ajenas a su misión de servicio público, deberán aplicarse a la entrega de

documentos para dichas actividades las mismas tarifas y condiciones que se apliquen a los

demás usuarios.

_Artículo 12_

_Acuerdos exclusivos_

1. La reutilización de documentos estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado,

incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido

basados en estos documentos. Los contratos o acuerdos de otro tipo entre los organismos

del sector público o empresas públicas que estén en posesión de los documentos y los

terceros no otorgarán derechos exclusivos.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 59

# **ES**

2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio

de interés público, deberá reconsiderarse periódicamente, y en todo caso cada tres años, la

validez del motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo. Los acuerdos

exclusivos establecidos a partir del… [ _fecha de entrada en vigor de la presente Directiva_ ]

se pondrán a disposición del público en línea al menos dos meses antes de su entrada en

vigor. Las condiciones finales de tales acuerdos serán transparentes y se pondrán a

disposición del público en línea.

El presente apartado no se aplicará a la digitalización de los recursos culturales.

3. No obstante el apartado 1, cuando exista un derecho exclusivo relacionado con la

digitalización de los recursos culturales, el período de exclusividad no será superior, por

regla general, a diez años. En el caso de que dicho período sea superior a diez años, su

duración se revisará durante el undécimo año y, si procede, cada siete años a partir de

entonces.

Los acuerdos que concedan derechos exclusivos en el sentido del párrafo primero serán

transparentes y se pondrán en conocimiento del público.

Cuando exista un derecho exclusivo en el sentido del párrafo primero deberá facilitarse

gratuitamente al organismo del sector público en cuestión, como parte de dichos acuerdos,

una copia de los recursos culturales digitalizados. Esa copia estará disponible para su

reutilización una vez finalizado el período de exclusividad.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 60

# **ES**

4. Los acuerdos jurídicos o prácticos que, sin conceder expresamente un derecho exclusivo,

tengan como objetivo, o quepa esperar razonablemente que implican, una disponibilidad

limitada para la reutilización de documentos por entidades distintas de los terceros que

participen en el acuerdo, se pondrán a disposición del público en línea al menos dos meses

antes de su entrada en vigor. El efecto de estos acuerdos jurídicos o prácticos sobre la

disponibilidad de datos para su reutilización estará sujeto a revisiones periódicas y, en

cualquier caso, se someterá a revisión cada tres años. Las condiciones finales de tales

acuerdos serán transparentes y se pondrán a disposición del público en línea.

5. Los acuerdos exclusivos existentes a 17 de julio de 2013 a los que no se apliquen las

excepciones contempladas en los apartados 2 y 3 y que fuesen celebrados por organismos

del sector público concluirán cuando expire el contrato y, en cualquier caso, a más tardar

el 18 de julio de 2043.

Los acuerdos exclusivos existentes el… [ _fecha de entrada en vigor de la presente_

_Directiva_ ] a los que no se apliquen las excepciones contempladas en los apartados 2 y 3 y

que fuesen celebrados por empresas públicas concluirán cuando expire el contrato o, en

cualquier caso, a más tardar el… [ _30 años después de la entrada en vigor de la presente_

_Directiva_ ].

PE-CONS 28/1/19 REV 1 61

# **ES**

## **CAPÍTULO V** **CONJUNTOS DE DATOS DE ALTO VALOR**

_Artículo 13_

_Lista de categorías temáticas de conjuntos de datos de alto valor_

1. Al objeto de fijar las condiciones para su reutilización, figura en el anexo I una lista de

categorías temáticas de datos de alto valor.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el

artículo 15 para modificar el anexo I mediante la inclusión de nuevas categorías temáticas

de conjuntos de datos de alto valor con el fin de reflejar los avances tecnológicos y de

mercado.

_Artículo 14_

_Conjuntos de datos de alto valor y modalidades de publicación y reutilización_

1. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan una lista de conjuntos de datos

específicos de alto valor que se engloben dentro de las categorías que figuran en el anexo I

y que obren en poder de organismos del sector público y de empresas públicas entre los

documentos a los que se aplica la presente Directiva.

Dichos datos de alto valor:

a) estarán disponibles gratuitamente, a reserva de los apartados 3, 4 y 5;

b) serán legibles por máquina;

PE-CONS 28/1/19 REV 1 62

# **ES**

c) se suministrarán a través de API, y

d) se proporcionarán en forma de descarga masiva, cuando proceda.

Dichos actos de ejecución podrán especificar los acuerdos organizativos relativos a la

publicación y de reutilización de los tipos de conjuntos de datos de alto valor. Esos

acuerdos serán compatibles con las licencias tipo abiertas.

Los acuerdos podrán incluir condiciones aplicables a la reutilización, el formato de los

datos y los metadatos, así como acuerdos técnicos para la difusión. Las inversiones que

hagan los Estados miembros en iniciativas en materia de datos abiertos, como las

inversiones en el desarrollo y el despliegue de determinadas normas, se tendrán en cuenta y

se ponderarán frente a los potenciales beneficios derivados de la inclusión en la lista.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a

que se refiere el artículo 16, apartado 2.

2. La definición de conjuntos de datos específicos de alto valor contemplados en el apartado 1

se basará en la valoración de su potencial para:

a) generar beneficios socioeconómicos o medioambientales importantes y servicios

innovadores;

b) beneficiar a un gran número de usuarios, en concreto pymes;

c) contribuir a generar ingresos, y

d) ser combinados con otros conjuntos de datos.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 63

# **ES**

Al objeto de definir tales tipos específicos de conjuntos de datos de alto valor, la Comisión

llevará a cabo consultas adecuadas, también a nivel de expertos, elaborará una evaluación

de impacto y garantizará la complementariedad con los actos jurídicos vigentes, como la

Directiva 2010/40/UE, con respecto a la reutilización de documentos. La evaluación de

dicho impacto incluirá un análisis coste-beneficio y un análisis sobre si el hecho de que

organismos del sector público, a los que se exige generar ingresos para sufragar una parte

importante de sus costes relativos a la realización de sus misiones de servicio público,

proporcionen de manera gratuita conjuntos de datos de alto valor podría tener un impacto

sustancial en el presupuesto de dichos organismos. Cuando se vean afectados los conjuntos

de datos de alto valor en posesión de empresas públicas, la evaluación de impacto prestará

especial consideración a la función de las empresas públicas en un entorno económico

competitivo.

3. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), los actos de

ejecución a los que se refiere el apartado 1 establecerán que la disponibilidad gratuita de

conjuntos de datos de alto valor no se aplicará a conjuntos de datos específicos que obren

en poder empresas públicas, cuando el hecho de poner a disposición dichos conjuntos de

datos de manera gratuita pudiera provocar una distorsión de la competencia en los

mercados correspondientes.

4. El requisito de poner a disposición de forma gratuita conjuntos de datos de alto valor en

virtud del apartado 1, párrafo segundo, letra a), no se aplicará a las bibliotecas, incluidas

las universitarias, los museos y los archivos.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 64

# **ES**

5. Cuando el hecho de que organismos del sector público a los que se exige generar ingresos

para sufragar una parte importante de sus costes relativos a la realización de sus misiones

de servicio público pongan a disposición de forma gratuita conjuntos de datos de alto valor

pueda tener un impacto sustancial en el presupuesto de los organismos implicados, los

Estados miembros podrán eximir a dichos organismos del requisito de poner a disposición

de forma gratuita esos conjuntos de datos de alto valor por un período que no superará los

dos años a partir de la entrada en vigor del acto de ejecución correspondiente adoptado de

conformidad con el apartado 1.

## **CAPÍTULO VI** **DISPOSICIONES FINALES**

_Artículo 15_

_Ejercicio de la delegación_

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones

establecidas en el presente artículo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 13, apartado 2, se

otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del… [ _fecha de entrada en_

_vigor de la presente Directiva_ ]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de

poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La

delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto

si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses

antes del final de cada período.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 65

# **ES**

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 13, apartado 2, podrá ser revocada en

cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación

pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión

surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el _Diario Oficial de la Unión Europea_ o

en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos

delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos

designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el

Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al

Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 13, apartado 2 entrarán en vigor

únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al

Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de

dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se

prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 66

# **ES**

_Artículo 16_

_Procedimiento de comité_

1. La Comisión estará asistida por el Comité para los datos abiertos y la reutilización de la

información del sector público. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento

(UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de aplicación el artículo 5

del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

_Artículo 17_

_Transposición_

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y

administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el…

[ _dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva_ ]. Comunicarán

inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia

a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.

Incluirán asimismo una mención que precise que las referencias hechas en las

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor a las Directivas derogadas

por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados

miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia y la formulación de

dicha mención.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 67

# **ES**

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones

de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

_Artículo 18_

_Evaluación de la Comisión_

1. No antes del… [ _seis años después de la entrada en vigor de la presente Directiva_ ], la

Comisión llevará a cabo una evaluación de la presente Directiva y presentará un informe

sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo, así como al Comité

Económico y Social Europeo.

Los Estados miembros suministrarán a la Comisión la información necesaria para la

elaboración del informe.

2. En dicha evaluación se abordará en particular el ámbito de aplicación y las repercusiones

sociales y económicas de la presente Directiva, señalando:

a) la medida en que haya aumentado la reutilización de documentos del sector público a

los cuales se aplica la presente Directiva, especialmente por parte de pymes;

b) la repercusión de los conjuntos de datos de alto valor;

c) los efectos de los principios de tarifación aplicados y de la reutilización de textos

oficiales de carácter legislativo y administrativo;

PE-CONS 28/1/19 REV 1 68

# **ES**

d) la reutilización de documentos conservados por otras entidades distintas de los

organismos del sector público;

e) la disponibilidad y utilización de API;

f) la interacción entre las normas sobre protección de datos y las posibilidades de

reutilización, y

g) otras formas de mejorar el correcto funcionamiento del mercado interior, apoyando

el desarrollo económico y del mercado laboral.

_Artículo 19_

_Derogación_

La Directiva 2003/98/CE, modificada por la Directiva indicada en el anexo II, parte A, queda

derogada con efectos a partir del… [ _dos años después de la entrada en vigor de la presente_

_Directiva_ ], sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de

transposición al Derecho nacional y las fechas de aplicación de las Directivas enumeradas en el

anexo II, parte B.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a la

tabla de correspondencias que figura en el anexo III.

PE-CONS 28/1/19 REV 1 69

# **ES**

_Artículo 20_

_Entrada en vigor_

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el _Diario Oficial de la_

_Unión Europea_ .

_Artículo 21_

_Destinatarios_

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

_Por el Parlamento Europeo_ _Por el Consejo_

_El Presidente_ _El Presidente_

PE-CONS 28/1/19 REV 1 70

# **ES**

**ANEXO I**

Lista de categorías temáticas de conjuntos de datos de alto valor contemplado en el artículo 13,

apartado 1

1. Geoespacial

2. Observación de la Tierra y medio ambiente

3. Meteorología

4. Estadística

5. Sociedades y propiedad de sociedades

6. Movilidad

PE-CONS 28/1/19 REV 1 1

# ANEXO I ES

**ANEXO II**

Parte A

Directiva derogada con sus modificaciones sucesivas

(a que se refiere el artículo 19)

|Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del<br>Consejo<br>(DO L 345 de 31.12.2003, p. 90)|Col2|
|---|---|
|Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo<br>y del Consejo<br>(DO L 175 de 27.6.2013, p. 1)||

Parte B

Plazos de transposición al Derecho nacional y fecha de aplicación

(a que se refiere el artículo 19)

|Directiva|Fecha límite de transposición|Fecha de aplicación|
|---|---|---|
|2003/98/CE|1 de julio de 2005|1 de julio de 2005|
|2013/37/UE|18 de julio de 2015|18 de julio de 2015|

PE-CONS 28/1/19 REV 1 1

# ANEXO II ES

**ANEXO III**

Tabla de correspondencias

|Directiva 2003/98/CE|La presente Directiva|
|---|---|
|Artículo 1, apartado 1<br> <br> <br>Artículo 1, apartado 2, frase introductoria<br>Artículo 1, apartado 2, letra a)<br>— <br>Artículo 1, apartado 2, letra b)<br>Artículo 1, apartado 2, letra c)<br>— <br>Artículo 1, apartado 2, letra c_bis_) <br>Artículo 1, apartado 2, letra c_ter_) <br>Artículo 1, apartado 2, letra c_quater_) <br>Artículo 1, apartado 2, letra d)<br>Artículo 1, apartado 2, letra e)<br>Artículo 1, apartado 2, letra f)<br>— <br>Artículo 1, apartado 3<br>Artículo 1, apartado 4|Artículo 1, apartado 1, frase introductoria, y<br>artículo 1, apartado 1, letras a), b) y c)<br> <br> <br>Artículo 1, apartado 2, frase introductoria<br>Artículo 1, apartado 2, letra a)<br>Artículo 1, apartado 2, letra b)<br>Artículo 1, apartado 2, letra c)<br>Artículo 1, apartado 2, letra d)<br>Artículo 1, apartado 2, letra e)<br>Artículo 1, apartado 2, letra f)<br>Artículo 1, apartado 2, letra g)<br>Artículo 1, apartado 2, letra h)<br>Artículo 1, apartado 2, letra i)<br>Artículo 1, apartado 2, letra l)<br>Artículo 1, apartado 2, letra j)<br>Artículo 1, apartado 2, letra k)<br>Artículo 1, apartado 3<br>Artículo 1, apartado 4|

PE-CONS 28/1/19 REV 1 1

# ANEXO III ES

|Directiva 2003/98/CE|La presente Directiva|
|---|---|
|Artículo 1, apartado 5<br>— <br> <br>Artículo 2, frase introductoria<br>Artículo 2, punto 1<br>Artículo 2, punto 2<br>— <br> <br>Artículo 2, punto 3<br>— <br> <br> <br> <br>Artículo 2, punto 4<br>Artículo 2, punto 5<br>Artículo 2, punto 6<br>Artículo 2, punto 7<br>Artículo 2, punto 8<br>Artículo 2, punto 9<br>— <br> <br>Artículo 3, apartado 1<br>Artículo 4, apartado 1<br>Artículo 4, apartado 2|Artículo 1, apartado 5<br>Artículo 1, apartados 6 y 7<br> <br>Artículo 2, frase introductoria<br>Artículo 2, punto 1<br>Artículo 2, punto 2<br>Artículo 2, puntos 3 y 5<br> <br>Artículo 2, punto 6<br>Artículo 2, puntos 7 a 10<br> <br> <br> <br>Artículo 2, punto 11<br>Artículo 2, punto 12<br>Artículo 2, punto 13<br>Artículo 2, punto 14<br>Artículo 2, punto 15<br>Artículo 2, punto 4<br>Artículo 2, puntos 16 y 17<br> <br>Artículo 3<br>Artículo 4, apartado 1<br>Artículo 4, apartado 2|

PE-CONS 28/1/19 REV 1 2

# ANEXO III ES

|Directiva 2003/98/CE|La presente Directiva|
|---|---|
|Artículo 4, apartado 3<br>Artículo 4, apartado 4<br>— <br>Artículo 4, apartado 5<br>— <br> <br>Artículo 5, apartado 1<br>— <br>Artículo 5, apartado 2<br>Artículo 5, apartado 3<br>— <br> <br> <br> <br>— <br>Artículo 6, apartado 1<br>Artículo 6, apartado 2, frase introductoria<br>Artículo 6, apartado 2, letra a)<br>Artículo 6, apartado 2, letra b)<br>Artículo 6, apartado 2, letra c)<br>— <br>— <br>Artículo 6, apartado 3<br>Artículo 6, apartado 4|Artículo 4, apartado 3<br>Artículo 4, apartado 4<br>Artículo 4, apartado 5<br>Artículo 4, apartado 6, frase introductoria<br>Artículo 4, apartado 6, letras a) y b)<br> <br>Artículo 5, apartado 1<br>Artículo 5, apartado 2<br>Artículo 5, apartado 3<br>Artículo 5, apartado 4<br>Artículo 5, apartados 5 a 8<br> <br> <br> <br>Artículo 6, apartado 1, párrafo primero<br>Artículo 6, apartado 1, párrafo segundo<br>Artículo 6, apartado 2, frase introductoria<br>Artículo 6, apartado 2, letra a)<br>— <br>Artículo 6, apartado 2, letra b)<br>Artículo 6, apartado 2, letra c)<br>Artículo 6, apartado 3<br>Artículo 6, apartado 4<br>Artículo 6, apartado 5|

PE-CONS 28/1/19 REV 1 3

# ANEXO III ES

|Directiva 2003/98/CE|La presente Directiva|
|---|---|
|— <br>Artículo 7, apartado 1<br>Artículo 7, apartado 2<br>Artículo 7, apartado 3<br>Artículo 7, apartado 4<br>Artículo 8<br>Artículo 9<br>— <br>— <br> <br>Artículo 10<br>Artículo 11, apartado 1<br>Artículo 11, apartado 2<br>Artículo 11, apartado 2_bis_ <br>— <br>Artículo 11, apartado 3<br>Artículo 11, apartado 4<br>— <br> <br> <br> <br>Artículo 12<br>— <br>Artículo 13, apartado 1|Artículo 6, apartado 6<br>Artículo 7, apartado 1<br>Artículo 7, apartado 2<br>— <br>Artículo 7, apartado 3<br>Artículo 8<br>Artículo 9, apartado 1<br>Artículo 9, apartado 2<br>Artículo 10, apartados 1 y 2<br> <br>Artículo 11<br>Artículo 12, apartado 1<br>Artículo 12, apartado 2<br>Artículo 12, apartado 3<br>Artículo 12, apartado 4<br>— <br>Artículo 12, apartado 5<br>Artículos 13 a 16<br> <br> <br> <br>Artículo 17, apartado 1<br>Artículo 17, apartado 2<br>Artículo 18, apartado 1|

PE-CONS 28/1/19 REV 1 4

# ANEXO III ES

|Directiva 2003/98/CE|La presente Directiva|
|---|---|
|Artículo 13, apartado 2<br>Artículo 13, apartado 3<br>— <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br>— <br>Artículo 14<br>Artículo 15<br>— <br> <br>|— <br>Artículo 18, apartado 2, frase introductoria<br>Artículo 18, apartado 2, letras a) a g)<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br>Artículo 19<br>Artículo 20<br>Artículo 21<br>Anexos I, II y III<br> <br>|

PE-CONS 28/1/19 REV 1 5

# ANEXO III ES