Source: EURLEX
Language: es
Format: md

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 330/1

I

_(Comunicaciones)_

COMISIÓN

SEXTO INFORME ANUAL

al Parlamento Europeo

sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario

— 1988 —

(89/C 330/01)

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/3

ÍNDICE

Páginas
INTRODUCCIÓN 5

ANÁLISIS POR SECTORES

I. UN ESPACIO SIN FRONTERAS

_El gran mercado_

Supresión de las fronteras físicas 7

Unión aduanera 7

Libre circulación de productos 8

Artículo 30 8

Artículo 95 9

Supresión de los controles veterinarios y fitosanitarios 10

Supresión de los controles fiscales 10

Eliminación de las fronteras técnicas 11

Libre circulación de mercancías 11

Principios de la libre circulación 11

Artículo 30 11

Reconocimiento mutuo de las normas nacionales 13

Reglamentación técnica 14

Productos diversos 14

Vehículos de motor 14

Productos alimentarios 14

Productos farmacéuticos 14

Productos químicos 15

Productos energéticos 15

Apertura de la contratación pública 15

Libre circulación de los trabajadores y de los miembros de las profesiones liberales 16

Servicios 16

Servicios financieros 16

Nuevas tecnologías y servicios 17

Movimientos de capital 17

Entorno empresarial 18

Derecho de sociedades 18

Propiedad industrial e intelectual 18

_La Europa de los ciudadanos_

Libre circulación de personas 19

Libre circulación a través de las fronteras 19

Medidas fiscales que afectan directamente al ciudadano 19

Derecho de establecimiento y reconocimiento de títulos 20

Prohibición de discriminaciones por razón de nacionalidad 20

Otras cuestiones: permiso de conducción 21

Empleo, política social y educación 21

Protección del consumidor 22

N ° C 330/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

Páginas

II. OTRAS CUESTIONES

Cuestiones estadísticas 22

Personal de las Comunidades 23

Cuestiones presupuestarias 23

Política de medio ambiente 24

Política de competencia 25

Política agraria 25

Política pesquera 27

Política de transportes _27_

Política energética 28

Relaciones exteriores 28

Política de cooperación para el desarrollo 28

CUADROS, GRÁFICOS Y LISTAS

N° 1 Procedimientos de infracción instruidos desde 1981 por fases de procedimiento y por Estado

miembro 29

N° 2 Evolución del número de emplazamientos, de 1985 a 1988, por sectores de actividad 30

N° 3 Evolución del número de dictámenes motivados, de 1985 a 1988, por sectores de actividad .. 31

N° 4 Evolución del número de recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia, de 1985 a 1988,

por sectores de actividad 32
N° 5 Procedimientos de infracción instruidos desde 1981 por fases de procedimiento y por sectores de actividad 33

N° 6 Procedimientos de infracción instruidos desde 1981 por sectores de actividad y por bases

jurídicas 34

N° 7 Número de infracciones instruidos desde 1981 por bases jurídicas y por fases de procedimiento. 35

N° 8 Número de infracciones instruidas desde 1985 por Estado miembro, bases jurídicas y fases

de procedimiento 36

N° 9 Recursos y sentencias del Tribunal de Justicia desde 1981 37

N° 10 Sentencias del Tribunal dictadas hasta el 31 de diciembre de 1988 y no ejecutadas aún 41

N° 11 Relación de sentencias importantes de los organismos jurisdiccionales nacionales supremos. . 53

N° 12 Quejas y casos descubiertos de oficio registrados desde 1982, por sectores de actividad 56

ANEXOS

A. Infracciones a los Tratados y reglamentos 59

B. Infracciones a las directivas 82

APÉNDICE 146

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/5

INTRODUCCIÓN

1. En este Sexto Informe Anual sobre la aplicación del
Derecho comunitario por los Estados miembros se establece un balance del control de la aplicación del Derecho
comunitario durante el año 1988. Responde, como los
anteriores ('), al deseo expresado por el Parlamento Europeo en su Resolución de 9 de febrero de 1983 ( [2] ).

2. El presente informe incluye:

— una relación de las infracciones a los Tratados y al
Derecho derivado hasta el 31 de diciembre de 1988,

así como de las infracciones archivadas durante el

año 1988 (Anexo A);

— un estado de aplicación de las directivas hasta el 31
de diciembre de 1988 (Anexo B).

Estas listas van precedidas de un análisis por sectores, de
diversos cuadros y gráficos, así como de una relación de
las principales sentencias dictadas por los tribunales nacionales superiores.

3. La estructura del informe es, en principio, similar a
la del año anterior. No obstante, atendiendo una solicitud del Parlamento Europeo, se han introducido algunas
innovaciones:

a) en el análisis por sectores, el capítulo correspondiente
al gran mercado se ha redactado siguiendo la estructura del _Libro blanco_ de la Comisión sobre el mer
cado interior, y el capítulo sobre la Europa de los
Ciudadanos se ha completado. Entre las otras cuestiones, vuelve a incluirse un análisis de las relaciones exteriores;

b) en respuesta al interés manifestado por el Parlamento
Europeo sobre la actitud de los tribunales nacionales
en materia de derecho comunitario, la relación anual
de sentencias importantes de dichos tribunales se ha
completado este año con un estudio sobre la evolución de su jurisprudencia. Dicho estudio, que ya se
había anunciado en el Quinto Informe, se publica
como Apéndice del presente informe.

4. Las relaciones y los cuadros de este Sexto Informe
Anual dan pie a las observaciones siguientes:

a) respecto de los métodos de detección de infracciones:

i) las quejas constituyen una fuente de información
fundamental de la Comisión. El número de quejas
registradas sigue aumentando de forma considerable (1 137 en 1988), poniendo de manifiesto que
los ciudadanos están asumiendo un papel cada

O Primer Informe Anual, COM(84) 181 final, de 20. 4. 1984.

Segundo Informe Anual, COM(85) 149 final, de 23. 4. 1985.
Tercer Informe Anual, COM(86) 204 final, de 3. 6. 1986,
publicado en el DO n° C 220 de 1. 9. 1986.
Cuarto Informe Anual, COM(87) 250 final, de 24. 8. 1987,
publicado en el DO n° C 338 de 16. 12. 1987.
Quinto Informe Anual, COM(88) 425 final, de 13.9. 1988,
publicado en el DO n° C 310 de 5. 12. 1988.
O DOn°C68de 14.3. 1983.

vez más activo en la realización efectiva de una

Comunidad de derecho. Como ya se indicó en el
Quinto Informe, la Comisión se esfuerza por pronunciarse en el plazo más breve posible (véase
cuadro n° 12);

ii) en cuanto a los casos descubiertos de oficio, se ha
podido comprobar un aumento (307), al revés de
lo sucedido en 1987. En muchos casos, tienen su
origen en preguntas parlamentarias o en peticiones. También en estos casos, la Comisión trata de
que la tramitación de estos expedientes se realice
lo más rápidamente posible (véase cuadro n° 12);

b) el volumen total de emplazamientos se ha reducido
ligeramente en comparación con el año anterior. En
los sectores de mercado interior y asuntos industriales, la agricultura y el medio ambiente ocupan los primeros puestos por el número de procedimientos de
infracción instruidos. En comparación con 1987, se
ha comprobado un gran aumento en el sector de la
agricultura y un descenso en los sectores de medio
ambiente, empleo y asuntos sociales (véanse cuadros
n [os] 1 y 5 y gráfico n° 2);

c) en cambio, el volumen total de dictámenes motivados
aumentó en 1988, manteniéndose así la tendencia observada en 1987. Los sectores más afectados por este
aumento son medio ambiente, transportes y agricultura. La unión aduanera y la fiscalidad, así como el
mercado interior y asuntos industriales han experimentado una reducción (véanse cuadros n [os] 1 y 5 y
gráfico n° 3);

d) el volumen de recursos ante el Tribunal de Justicia
aumentó levemente en comparación con 1987 (véanse
cuadros n [os] 1 y 5 y gráfico n° 4);

e) el número de sentencias del Tribunal de, Justicia no
ejecutadas aún aumentó considerablemente, agravándose así la tendencia ya denunciada en 1987 (véanse
cuadro n° 9 y relación n° 10).

5. Los datos expuestos permiten formular las siguientes observaciones:

a) Emplazamientos:

i) los sectores en los que se ha enviado un número
mayor de cartas de emplazamiento son mercado
interior y asuntos industriales. Este hecho refleja
la intensificación, por parte de la Comisión, del
control del cumplimiento de los artículos 30 a 36
del Tratado CEE y de la puesta en práctica de las
directivas relativas a la realización del gran mercado;

ii) la agricultura ocupa el segundo lugar. El relativo
aumento que se ha observado en comparación
con 1987 se refiere, sobre todo, al retraso en la
adopción de las medidas nacionales de ejecución
de las directivas en materia de armonización

(sectores fitosanitario, de semillas y plantas, de
alimentos para el ganado y de derecho veterinario);

N° C 330/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

iii) a continuación viene el medio ambiente. La considerable reducción del número de cartas de emplazamiento enviadas refleja indudablemente la
mayor atención que conceden los Estados miembros al cumplimiento de sus obligaciones en esta
materia;

iv) también en el sector social se ha producido una
importante reducción del número de emplazamientos. Esta reducción es consecuencia de la me
jor aplicación por los Estados miembros de las directivas sobre igualdad de hombres y mujeres, de
las directivas sobre seguridad y protección de la
salud en el lugar de trabajo y de las disposiciones
en materia de no discriminación en el acceso a los

puestos de trabajo en el sector público.

b) Dictámenes motivados:

i) el medio ambiente es el sector que ha registrado
un número mayor de dictámenes motivados. Se
trata de la prosecución de una parte de los numerosos procedimientos de infracción incoados durante los años anteriores. No obstante, esto no
debe ocultar el hecho de que un número considerable de expedientes ha podido ser archivado tras
su regularización. Cabe destacar que la opinión
pública ha desempeñado un importante papel en
la salvaguarda del medio ambiente. Así, la presión
ejercida en el caso Karin B favoreció la ejecución
de la Directiva sobre transporte fronterizo de residuos peligrosos en la legislación italiana y, en
consecuencia, la regularización de la situación infractora existente;

ii) al revés de lo que se ha podido comprobar respecto de los emplazamientos, el número de dicta
menes motivados en materia de mercado interior

y de asuntos industriales ha experimentado una
reducción a lo largo de 1988, aunque siga siendo
importante;

¡ii) en el sector de la agricultura, el número de dictámenes motivados se ha duplicado en comparación
con 1989, hecho paralelo al aumento de emplaza_i_ miemos;

iv) por último, el sector de la unión aduanera y de la
fisealidad indirecta ha experimentado una reducción comparable a la de 1986.

c) Se ha comprobado un aumento del número de recursos al Tribunal de Justicia, sobre todo en el sector de
medio ambiente y en el sector social. De todas formas, este pequeño aumento no pone en cuestión la
tendencia observada en el Quinto Informe [letra c)
del apartado 5].

6. Por último, la Comisión desea llamar la atención
del Parlamento Europeo sobre los siguientes puntos:

a) los objetivos que se deben realizar antes de que concluya 1992 exigen una mayor antención de los Estados miembros en materia de puesta en práctica del
Derecho comunitario y, en particular, de las directi

vas. De las directivas relativas al gran mercado que ya
están en vigor, pocas son las que han sido incorporadas en todos los Estados miembros. En este sen
tido ('), la acción de la Comisión en virtud del artículo 169 del Tratado CEE es fundamental, pero debe
completarse con una actividad constante de sensibilización, en la que la Comisión está empeñada. Por
otra parte, el desarrollo de las relaciones entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales podría
contribuir a sensibilizar a estos últimos cuando sea

necesaria la intervención del legislador nacional;

b) habida cuenta de la importancia de su labor, la Comisión atribuye un gran valor a las preguntas parlamentarias, a las peticiones y a las quejas de los ciudadanos
que le son dirigidas. Estas iniciativas le permiten efectuar un control aún más amplio, razón por la que la
Comisión insiste en examinarlas en el plazo más breve
posible;

c) la Comisión manifiesta su inquietud respecto de las
sentencias del Tribunal de Justicia todavía no ejecutadas, aun siendo consciente de que los casos de mala
voluntad política son bastante raros; sin embargo, no
por ello la situación deja de ser una agresión al principio fundamental de una Comunidad de derecho.
Las reglas del juego deben respetarse sin excepción ni
ambigüedades. En cuanto a las soluciones, el sistema
del Tratado sólo prevé un poder de constatación por
parte del Tribunal de Justicia de la no adopción de las
medidas que supone la ejecución de la sentencia (artículo 171 del Tratado CEE). A falta de medios jurídicos adicionales destinados a reforzar la autoridad de

las sentencias del Tribunal, el grave problema de la
no ejecución de las sentencias requiere respuestas de
orden político: sensibilización de gobiernos y particulares, mayor publicidad, información y fomento de
los recursos prejudiciales, etc. En este contexto, la
Comisión se felicita de iniciativas del tipo de la ley n°
86 de 9 de marzo de 1989, llamada «La Pérgola», de
Italia, destinadas a acelerar el proceso de puesta en
práctica del derecho comunitario. La Comisión fomenta tanto más este tipo de iniciativas cuanto que,
con frecuencia, los casos de sentencias no ejecutadas
aún forman parte del ámbito de la puesta en práctica
de directivas y se deben a la lentitud de los procedimientos legislativos internos;

d) en este contexto y en un plano más general, la Comisión llama la atención del Parlamento Europeo sobre
su práctica de dar una publicidad adecuada a los casos comprobados de infracción, así como a la regularización de éstas con objeto de informar a los ciuda

O En general, la Comisión, atendiendo la sugerencia formulada por el Parlamento Europeo (véase punto 5 de la Resolución relativa al Quinto Informe Anual), incluye sistemáticamente en sus nuevas propuestas de directiva una disposición que obliga a los Estados miembros a referirse explícitamente a las directivas en los actos nacionales de ejecución de
las mismas. Esto facilita la labor de control de la Comisión
y, al mismo tiempo, puede contribuir a la mejor protección
jurídica de los ciudadanos.

30. 12. 89 Diario. Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/7

danos sobre sus derechos y desencadenar así, en su
caso, controles indirectos del cumplimiento del derecho comunitario a través del recurso ante los jueces
nacionales que pueden, en su caso, dar lugar a un
procedimiento prejudicial;

e) respecto del procedimiento prejudicial en el control
de la aplicación del derecho comunitario, la Comisión
analiza en cada caso de recurso prejudicial si procede
instruir un procedimiento de infracción. Dicho esto,
las observaciones que se hacen en el quinto informe
sobre la puesta en práctica del artículo 177 del Tratado CEE conservan todo su valor. Así, la Comisión
considera que el problema de los gastos correspondientes al procedimiento sólo podría resolverse en el
contexto de la armonización. En cuanto a los proble

mas que plantea la actitud de los tribunales nacionales
de última instancia respecto del reenvío prejudicial, la
Comisión hace referencia aquí al contenido del cuadro n° 11 que forma parte del presente informe y
trata específicamente de esta cuestión;

f) La Comisión, como el Parlamento Europeo, cree que
interesa garantizar una mejor difusión de los conocimientos en materia de derecho comunitario, que no
puede por menos que reforzar la eficacia del control
de su aplicación. En este sentido, la Comisión desarrolla acciones con objeto de favorecer una difusión
generalizada del Derecho comunitario, sobre todo
entre los grupos más interesados (abogados, magistrados, funcionarios nacionales, asociaciones de consumidores, etc.).

ANÁLISIS POR SECTORES

I. UN ESPACIO SIN FRONTERAS

EL GRAN MERCADO

1. La realización del mercado interior exige:

— la organización del reconocimiento mutuo de normas
nacionales, organización que, en gran medida, se ha
iniciado ya en el campo de la libre circulación de
mercancías pero que se extiende también a la libre
prestación de servicios;

— la adopción de unas trescientas medidas identificadas
en el _Libro blanco_ de la Comisión de junio de 1985 y
limitadas a la mera definición de exigencias fundamentales y de principios generales; estas medidas están destinadas a armonizar las normativas nacionales

dentro de los límites de lo estrictamente necesario

para la protección de la salud, de la seguridad o del
medio ambiente.

2. El seguimiento de la puesta en práctica del _Libro_
_blanco_ figura en los informes periódicos de la Comisión;
tras la publicación del informe de noviembre de 1988

[COM(88) 650], por aplicación del artículo 8 B del Tratado, la Comisión publicó en junio de 1989 el Cuarto
Informe sobre la puesta en práctica del _Libro blanco._

3. Sin embargo, no basta con adoptar medidas; es necesario que los Estados miembros las apliquen efectivamente. En el informe del mes de noviembre de 1988, la
Comisión se felicitaba de que casi un 50 °/o de su programa hubiera sido objeto de decisiones del Consejo.
También manifestaba su inquietud respecto de la recepción de dichas medidas: en efecto, _77_ de las 112 medidas
adoptadas, de las que 65 eran directivas, deberían haber
sido incorporadas por los Estados miembros el 1 de
enero de 1989. Sin embargo, comprobamos que sólo dos
de esas 65 directivas se han puesto en práctica en el conjunto de la Comunidad, ya que algunos Estados miembros no han adoptado hasta la fecha ninguna de las otras
medidas necesarias.

4. Por lo tanto, es importante que la Comisión lleve a
cabo un seguimiento muy estricto de la evolución de la
puesta en práctica de las medidas adoptadas, a fin de garantizar que las demoras de los Estados miembros no
pongan en peligro el objetivo de 1992, manteniendo obstáculos que la Comunidad hubiera decidido suprimir.

_Supresión de las fronteras físicas_

5. En el artículo 8 A del Acta Única Europea se le fija
a la Comunidad un objetivo claro: crear de ahora al 31
de diciembre de 1992 «un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizado». En el _Libro_
_blanco_ de la Comisión sobre la realización del mercado

interior se expone el programa de trabajo para cumplir
dicho objetivo. Es importante que el Consejo recupere el
retraso que se ha producido en la adopción de las medidas necesarias para hacer posible la puesta en práctica de
las medidas en cuestión.

_Unión aduanera_

6. Las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia
durante el año 1988 en el sector de la unión aduanera se

refieren a los impuestos de efecto equivalente a derechos
de aduana percibidos en los intercambios realizados entre los Estados miembros (artículos 9 y siguientes del
Tratado CEE).

7. En la perspectiva de la creación del gran mercado
de 1993, deben citarse en particular las sentencias dictadas en los asuntos 18/87 y 104/86.

8. En la sentencia dictada el 27 de septiembre de 1988
en el asunto 18/87, el Tribunal de Justicia declaraba que
un canon cuyo único objeto fuera la compensación, justificada financiera y económicamente, de una obligación

N ° C 330/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

de control impuesta de la misma forma por el derecho
comunitario no podría ser considerado como un impuesto de efecto equivalente a un derecho de aduana,
porque la armonización de los controles tiene el carácter
de favorecer la libre circulación de mercancías.

9. Además, el Tribunal declaró que los efectos desfavorables que puede tener este tipo de canon sobre la libre
circulación de mercancías en la Comunidad sólo pueden
eliminarse sobre la base de disposiciones comunitarias en
las que se prevea la armonización de los cánones, la obligación de los Estados miembros de hacerse cargo de los
gastos producidos por los controles o la inclusión de dichos gastos en el presupuesto comunitario.

10. En la sentencia de 24 de marzo de 1988 en el

asunto 104/86, el Tribunal de Justicia confirmaba su jurisprudencia anterior, según la cual la primacía y el
efecto directo de las disposiciones del Derecho comunitario no dispensan a los Estados miembros de la obligación de eliminar de su ordenamiento jurídico interno las
disposiciones incompatibles con el Derecho comunitario.

11. Por lo que se refiere a los procedimientos de infracción relativos a la importación de material militar
con franquicia de derechos de aduana, la solución política anunciada por la Comisión en su Quinto Informe
(página 13, n° 32) ha sido tomada con la presentación al
Consejo de una propuesta de reglamento basado en el
artículo 28 del Tratado CEE [véase propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se suspenden temporalmente los derechos de importación sobre determinadas armas y equipos militares (')].

12. En materia de directivas, cabe señalar que todos
los procedimientos de infracción relativos a la asistencia
mutua han podido ser archivados, ya que los Estados
miembros interesados se han atenido al derecho comuni
tario. En cambio, otros procedimientos referentes a Italia
y relativos a la puesta en libre práctica y a los procedimientos de exportación no han surtido el efecto deseado,
a pesar de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia, por lo que se han iniciado nuevos procedimientos
en virtud del artículo 171 del Tratado CEE por incumplimiento de las sentencias del Tribunal. Dicha situación
es inquietante, ya que pone en cuestión la credibilidad de
las sentencias del Tribunal de Justicia.

13. La Comisión tuvo que recurrir al Tribunal de Justicia para que hiciera constar que Bélgica no procede regularmente a satisfacer los derechos reguladores agrícolas y al cálculo del aplazamiento del pago, de conformidad con la Directiva sobre la armonización de las disposiciones relativas al aplazamiento del pago de los derechos de importación o de los derechos de exportación.

O DO n° C 265 de 12. 10. 1988.

_Libre circulación de productos_

14. La supresión de los controles en las fronteras
exige la aplicación directa del Tratado y medidas de armonización. Las medidas de armonización se refieren a

la libre circulación de productos agrícolas y a la eliminación de los controles fiscales en las fronteras (véase el
apartado 34 y siguientes).

_Artículo 30_

15. El artículo 30 del Tratado prohibe entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación y las medidas de efecto equivalente. Esta disposición
permite cuestionar formlidades de importación que no
estén justificadas por razones imperativas, en especial de
protección de la salud o de la seguridad.

16. Así, la Comisión ha cuestionado un cierto número
de normativas que imponen formalidades injustificadas
en la circulación de productos industriales y agrarios.

17. En el campo de los productos industriales, las medidas siguientes han sido modificadas a resultas de la intervención de la Comisión:

— en Francia se ha puesto fin al monopolio de la Caja
de monedas y medallas, que tenía el efecto de impedir cualquier importación de medallas en el territorio
francés; tras una modificación del régimen aplicable,
publicada en el _Boletín Oficial de la República Fran-_
_cesa_ del mes de marzo de 1988, las medallas fabricadas y comercializadas en otros Estados miembros podrán en lo sucesivo importarse libremente en Francia;

— también se ha terminado con las restricciones aplicadas en Portugal a la importación de embarcaciones
de recreo, en forma de documento en el que se certificaba que la embarcación importada no era fabricada en Portugal o podía comprarse en dicho país a
un precio similar;

— los requisitos de autorización previa y de certificados
de origen para la importación y la primera comercialización de bebidas alcohólicas en Grecia también

han sido suprimidos por las autoridades griegas, que
han dado instrucciones al servicio de aduanas para
que no exijan ya certificado de origen para la importación de dichos productos. También se ha suprimido
la obligación de tener un permiso de estancia y cambiar a dracmas el doble del valor de la mercancía

para el despacho en aduana de los bienes de uso personal;

— como consecuencia de la intervención de la Comi
sión, se ha modificado también todo un bloque de la
normativa española en materia de homologación de
productos industriales. En lo sucesivo, pueden introducirse libremente en España los artículos de cuchillería, grifería, decoración y material fotovoltaico,
productos cuya comercialización estaba supeditada
anteriormente a una homologación previa.

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/9

18. Por otra parte, en materia de marca de origen, la
Comisión prosiguió sus acciones contra Italia, el Reino
Unido y Francia, mediante recursos por incumplimento a
fin de evitar que las legislaciones en materia de correctivos de origen tengan el efecto de obstaculizar injustificadamente los intercambios. Éste es, en efecto, el caso de
la indicación del origen geográfico de un producto importado cuando dicho producto ha sido trabajado o manipulado en otro Estado miembro a petición de un comerciante y que el nombre o la marca comercial de este
último se coloca en los productos (práctica muy extendida, en especial en la industria textil).

19. En el sector de los productos agrarios, pueden citarse las siguientes formalidades de importación tratadas
por la Comisión:

— el requisito de certificados que debe expedir el Estado miembro productor para garantizar la conformidad de los productos de que se trate con las normas
del Estado miembro importador; este requisito se
practica en Grecia, Luxemburgo y la República Federal de Alemania respecto de la mantequilla pasteurizada y de muchos productos alimentarios en Grecia a
causa de la radioactividad;

— la exigencia de una licencia o autorización previa a la
importación practicada respecto de las reses de ovino
vivas en la República Federal de Alemania, del semen
para inseminación artificial en Francia y de los animales vivos y carnes frescas en Bélgica;

— las medidas que restringen los intercambios debidas a
la existencia de una organización nacional de mercado, como el régimen practicado en Grecia para los
plátanos;

— las medidas que prohiben las exportaciones o las hacen imposibles, caso del aceite de oliva o del maíz en
Grecia.

_Artículo 95_

20. Esta disposición hace posible prohibir los controles
y las formalidades fiscales desproporcionados respecto
del objetivo de lucha contra el fraude.

21. En este sentido, 1988 ha sido un año especialmente importante para la Comunidad en el campo del
control del derecho comunitario en materia fiscal, tanto
por la muy abundante jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, que, en la casi totalidad de los casos, ha seguido
el punto de vista de la Comisión, como por las disposiciones adoptadas por los Estados miembros para poner
fin a la situación de infracción en la que se encontraban.

22. Como en años anteriores, la acción de la Comisión tenía como objetivos el respeto del artículo 95 del
Tratado y la conformidad de las legislaciones nacionales
con las directivas comunitarias. El mayor número de casos tratados se refería al segundo punto, en particular
sobre la conformidad con las disposiciones de la Sexta

Directiva IVA. La Comisión ha podido comprobar con
satisfacción que los Estados miembros recurren cada vez
menos al instrumento fiscal para proteger la producción
nacional, signo muy positivo para la realización del gran
mercado de 1993. Respecto del primer punto, cabe señalar que, al 31 de diciembre de 1988, acabó en Grecia el
impuesto regulador, que había sido introducido en el
contexto de las negociaciones sobre el memorándum
griego de 23 de marzo de 1982 ('), lo cual permitirá archivar dos procedimientos que estaban relacionados con
la introducción de dicho impuesto, uno relacionado con
el impuesto sobre los quesos y el otro con el impuesto
sobre los artículos de decoración de plástico ordinario O

23. Cabe señalar también que Irlanda ha equiparado
el impuesto sobre las aguas de mesa importadas de otros
Estados miembros al de las de producción nacional, por
lo que la Comisión ha renunciado a proseguir el procedimiento ante el Tribunal ( [3] ).

24. En cambio, a pesar de la sentencia del Tribunal de
21 de junio de 1986 ( [4] ), Italia no ha puesto fin todavía al
impuesto discriminatorio, en materia de IVA, sobre
muestras médicas y tampoco ha adoptado las medidas de
ejecución de las sentencias de 7 de mayo 1987 ( [5] ) relativas al impuesto sobre el consumo de plátanos originarios
de otros Estados miembros, lo cual ha conducido en este
último caso a la Comisión a incoar el procedimiento del
artículo 171 del Tratado CEE.

25. Ha habido que dirigir un dictamen motivado en
varios casos nuevos, de los que se pueden citar como
más significativos: el dictamen emitido contra el Reino
Unido en relación con la tasa parafiscal percibida por la
Sea Fish Industry Authority sobre los productos pesqueros, nacionales e importados, pues los gastos efectuados
por dicha institución benefician fundamentalmente a los
pescadores británicos, y el dictamen emitido contra Grecia a consecuencia del impuesto diferencial sobre las bebidas espirituosas importadas, gravadas con el índice del
36 % de IVA (ginebra, whisky, ron), mientras que la
producción nacional (ouzo, licores) está gravada con un
índice del 18%.

26. Entre los procedimientos iniciados anteriormente
y que se han proseguido mediante el recurso ante el Tribunal caben destacar, en particular, los instruidos contra
Dinamarca y Grecia por lo que se refiere a la imposición
sobre los automóviles. En efecto, en estos dos países, el
carácter exorbitante de la imposición provoca un aumento del precio de los automóviles que hace que los
consumidores de estos dos Estados miembros se encuen
tren en condiciones extremadamente desfavorables en

comparación con los demás ciudadanos de la Comuni

(») COM(82) 348 final.
( [2] ) Quinto Informe, punto 38.
O Asunto 202/87, cancelado el 27. 4. 1988.
( [4] ) Sentencia de 21. 6. 1988 en el asunto 257/86.
O Sentencias de 7. 5. 1987 en los asuntos 184/85 y 193/85.

N ° C 330/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

dad, constituyendo al mismo tiempo un obstáculo artificial a la importación de estos productos. En el caso de
Dinamarca, se trata del impuesto de matriculación de los
vehículos, cuyo nivel es tan elevado que influye en la
densidad del parque automovilístico del país, y en el caso
de Grecia, de un sistema fiscal que perjudica en particular a los vehículos de cilindrada superior a 1 800 cm', de
los que no hay producción nacional.

_Supresión de los controles veterinarios y fitosanitarios_

_27._ El libro blanco prevé medidas de armonización
para suprimir la motivación de determinados controles.
Como se indica en el informe COM(88) 650 (citado anteriormente), las únicas medidas adoptadas hasta el momento en materia de controles en las fronteras se refie
ren a la supresión de los controles veterinarios y fitosanitarios, aunque la Comisión haya lamentado, en reiteradas ocasiones, las demoras del Consejo. En este sector,
veintidós directivas del programa del Libro blanco entraron en vigor el 31 de diciembre de 1988, de las que hasta
el momento ninguna ha sido introducida en el conjunto
de la Comunidad.

La Comisión, por lo tanto, tendrá que iniciar, para cada
una de estas medidas, los procedimientos del Tratado
con la mayor diligencia, habida cuenta de la relación de
dichas disposiciones con el objetivo de 1992. La Comisión debe garantizar también la aplicación del conjunto
de la legislación, en su mayor parte anterior al programa
del Libro blanco, de la que depende la gestión del derecho vigente. Así, en 1988, la Comisión instruyó ciento
treinta nuevos procedimientos de infracción en virtud del
artículo 169 del Tratado CEE por la no comunicación de
las medidas nacionales de ejecución de las directivas correspondientes a los sectores citados.

_Supresión de los controles fiscales_

28. El control de la aplicación correcta de la Sexta
Directiva IVA ('), que establece las normas para determinar una base uniforme para la percepción del impuesto,
constituye una labor particularmente importante en el
contexto del programa fiscal de la Comisión para 1993.
En efecto, es fundamental que las disposiciones de la
Sexta Directiva se apliquen de una forma absolutamente
correcta si se quieren evitar distorsiones de la competencia que tendrían consecuencias aún más graves a partir
del momento en que se realice la aproximación de los
tipos de dicho impuesto.

29. Como consecuencia de la acción de la Comisión,
el Tribunal de Justicia dictó un gran número de sentencias de considerable importancia, no sólo porque regularizan varias infracciones, sino también porque permiten
aclarar el alcance de determinadas disposiciones de la citada directiva.

30. Entre las sentencias más significativas, cabe citar,
por una parte, la sentencia dictada contra Irlanda y el
Reino Unido ( [2] ) que habían mantenido un tipo cero de

(') D O n ° L 145 de 13. 6. 1977.
( [2] ) Setencias de 21. 6. 1988 en los asuntos 415/85 y 416/85.

IVA en algunos bienes y servicios (en especial, la construcción de edificios y el suministro de agua, energía y
combustibles) que no es conforme con el apartado 2 del
artículo 28 de la Sexta Directiva.

También cabe citar la sentencia dictada contra Bélgica( [3] ),
en la que el Tribunal declara que dicho Estado miembro,
en la ley de 31 de julio de 1984 sobre el precio de catálogo como base para la imposición de los vehículos nuevos y de los vehículos mixtos nuevos, no ha adoptado las
medidas que implica la ejecución de la sentencia del Tribunal de 10 de abril de 1984 ( [4] ).

31. Por decisión de 21 de septiembre de 1988 ( [5] ), el
Tribunal de Justicia aprobó también un importante principio en materia de derecho de deducción del IVA,
puesto que declaró contrario a la Sexta Directiva que se
mantuviera en vigor en Francia tal derecho para las empresas que alquilan edificios que han adquirido o hecho
construir.

32. Por último, por lo que se refiere al artículo 25 de
la Sexta Directiva, el Tribunal condenó la sobrecompensación que se realiza en Italia ( [6] ) en los sectores de la
carne de vacuno y de ganado porcino, en el contexto de
las entregas y prestaciones de servicios destinadas a los
agricultores a destajo.

33. La Comisión vela por la correcta ejecución de estas sentencias en los Estados miembros interesados y, por
esta razón, se ha visto obligada a instruir un procedimiento contra los Países Bajos que todavía no han adaptado su normativa a la sentencia de 26 de marzo de
1987 ( [7] ) relativa a la no percepción por dicho país del
IVA correspondiente a las funciones públicas ejercidas
por notarios y ujieres.

34. En cambio, la Comisión comprueba con satisfacción que el Reino Unido ha respetado la sentencia de 23
de febrero de 1988 ( [8] ) en la que se condena la no percepción del IVA correspondiente a las entregas de bienes
(por ejemplo, cristales correctores hechos por ópticos reconocidos) en la medida en que dichos bienes no son
parte integrante de la prestación de servicios; también ha
podido renunciar al procedimiento ante el Tribunal ( [9] ) en
el caso incoado contra Italia por la no percepción del
IVA de las tarjetas de crédito.

35. No obstante, durante el año pasado se instruyó un
nuevo procedimiento contra España, que había introducido un tipo cero de IVA para las prestaciones de servicios realizadas por los abogados y procuradores así

O Sentencia de 4. 2. 1988 (asunto 391/85).

O Asunto 324/82.

O Sentencia de 21. 9. 1988 (asunto 50/87).
( [6] ) Sentencia de 28. 6. 1988 (asunto 3/86).
( [7] ) Asunto 235/85, Quinto Informe, apartado 37.
( [8] ) Asunto 353/85.

O Asunto 103/87, cancelado el 27. 10. 1988.

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N ° C 330/11

como para las asociaciones deportivas y los espectáculos
de deporte, y se introdujo un recurso ante el Tribunal
por dos casos instruidos anteriormente, uno de ellos correspondiente a la República Federal de Alemania, a
consecuencia de la no percepción del IVA de las agencias de viaje por los viajes a España, y otro correspondiente a Francia, dado el régimen fiscal aplicable al sector de los juegos automáticos (').

36. La República Francesa había sido condenada el 21
de junio de 1983 ( [2] )por infracción del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 7 2 / 4 6 4 / C E E ( [3] ) que dispone que

los precios de venta al por menor de tabacos manufacturados vienen determinados por los fabricantes o los importadores y no por las autoridades públicas, como suce
día efectivamente en Francia. La Comisión no ha consi
derado satisfactorias las medidas adoptadas por las autoridades francesas y ha recurrido de nuevo al Tribunal en

virtud del artículo 171 del Tratado CEE. En la sentencia
de 13 de julio de 1988 ( [4] ), el Tribunal aceptó el recurso
de la Comisión condenando de nuevo a Francia por no
haber adoptado las medidas de ejecución de la sentencia
precedente, es decir, la aplicación del citado artículo 5

que establece la libertad de precio en la venta al por me
nor de tabacos manufacturados.

37. Cabe señalar por último que en 1988 se emitió un
dictamen motivado dirigido a España, cuyas autoridades
públicas fijan también el precio de venta al por menor de
los tabacos, contrariamente a las disposiciones de la Di
rectiva.

_Eliminación_ _de las fronteras_ _técnicas_

38. Un _70_ % de los avances realizados en el contexto

del Libro blanco se enmarcan en el sector de las fronte
ras técnicas; esto significa que es en dicho sector donde
se presentarán las primeras dificultades de puesta en

práctica de las disposiciones adoptadas.

_Libre circulación_ _de_ _mercancías_

39. La libre circulación de mercancías no sólo se ve

obstaculizada por requisitos de importación (véanse pá
rrafos anteriores), sino que tiene que hacer frente tam
bién a normativas diferentes para la comercialización de

los productos.

_Principios_ _de la libre_ _circulación_

40. La eliminación de los obstáculos no arancelarios a

los intercambios intracomunitarios de mercancías consti
tuye la piedra angular de la realización del mercado interior. La Comisión dispone para ello de dos instrumentos

(') Quinto Informe, apartado 38.

O Asunto 90/82.
( [3] ) DO n° L 303 de 31. 12. 1972, p. 1.
( [4] ) Asunto 169/87.

fundamentales que son, por un lado, la prohibición de
cualquier medida de efecto equivalente a las restricciones
cuantitativas (artículos 30 a 36 del Tratado CEE) y, por
otro lado, la aproximación de las legislaciones naciona
les.

_Artículo_ _30_

41. El artículo 30 del Tratado CEE prohibe, entre los
Estados miembros, las restricciones cuantitativas a la im
portación y las medidas de efecto equivalente. La amplia
interpretación que se ha hecho de este último concepto
que se refiere — según los términos utilizados por el Tribunal de Justicia — «a toda reglamentación comercial
que pueda afectar, directa o indirectamente, real o potencialmente, a los intercambios intracomunitarios» permite a la Comisión, en su calidad de «guardián de los
Tratados», actuar con objeto de suprimir todo tipo de

obstáculos a los intercambios.

42. Esta acción es consecuencia de las quejas planteadas ante la Comisión por operadores económicos y particulares. Por otra parte, los servicios desarrollan una actividad de control propia (casos descubiertos de oficio)
como resultado de informaciones comunicadas por el
Parlamento Europeo (preguntas) o recogidas por sus
propios medios (por ejemplo, los boletines oficiales nacionales).

43. En el campo de los productos industriales, la actividad de control ha experimentado un constante desarrollo, como atestigua la cifra de nuevas quejas presentadas
en 1988 (518) y los casos descubiertos de oficio (46, de
los que 6 son consecuencia de preguntas parlamentarias).

44. Además, debe añadirse a estos datos el número de

reglamentaciones técnicas notificadas en virtud de la Directiva 83/189/CEE y analizadas en relación con los artículos 30 y 36 del Tratado CEE (véanse párrafos siguientes).

45. Visto el constante aumento de los casos que llegan
a su conocimiento, los servicios se han visto obligados a
dejar de lado la regulación puntual de los asuntos y a
desarrollar un «planteamiento global» de los problemas
en dos planos.

46. Por lo que se refiere a las soluciones de fondo, los
problemas que se han presentado resultan ser similares
en todos los Estados miembros (por ejemplo, homologación de productos industriales, mención de origen en los
productos importados, responsabilidad de los importadores, precio de los medicamentos, etc.).

47. En cuanto a la instrucción de los expedientes, los

servicios de la Comisión han tratado de resolver el

mayor número de casos posible en la fase precontenciosa. En este espíritu, se ha desarrollado la práctica de
las reuniones llamadas «paquete» con los representantes
de las administraciones interesadas, celebradas periódica
mente en cada Estado miembro. En el curso de estas reu
niones, se estudia el conjunto del contencioso correspondiente a un Estado miembro. Estas reuniones hacen posible, desde la fase de la queja, buscar en común soluciones pragmáticas y conformes al Derecho comunitario.
Los resultados de tal práctica han sido especialmente no

N ° C 330/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

tables para los Estados miembros (Italia, Francia, Portugal y Grecia) con los que se han celebrado reuniones en
1988. Pueden citarse a modo de ejemplo los resultados
siguientes:

— Italia (veintidós asuntos examinados):

— los televisores importados podrán en lo sucesivo
entrar en Italia provistos de una autocertificación
del fabricante sobre los aspectos de seguridad, de
conformidad con la Directiva 73/23/CEE;

— los requisitos de etiquetado — indicación de la
razón social del importador además de la del fabricante extranjero — han podido ser suprimidos
mediante una circular interpretativa;

— por aplicación de la jurisprudencia en el caso
«Cassis de Dijon», ha podido darse a varios casos
una solución que garantiza el libre acceso de los
productos legalmente fabricados y comercializados en otros Estados miembros. Puede citarse el

caso de las bebidas alcohólicas con un contenido

de alcohol inferior al 9 %, que no podían ser comercializadas como tales en Italia. En el mismo

sector, debe recordarse el caso de los aguardientes cuya importación estaba supeditada a una autorización que hiciera posible verificar su conformidad con la reglamentación italiana.

— Francia:

— se han podido regular antiguos casos de infracción: así, los aparatos de franqueo postal de la
empresa británica Pitney Bowes han podido ser
finalmente autorizados por las autoridades competentes gracias al procedimiento consiguiente a
una sentencia del Tribunal;

— otra infracción iniciada en 1985, relativa a los
productos alimentarios (productos de charcutería), encontró también una solución satisfactoria
gracias a la publicación de una circular en la que
se consagra la posibilidad de que los productos
importados conserven su denominación, aunque
no respondan a la «receta francesa»,

— también se ha suprimido el monopolio de la venta
en farmacia de edulcorantes sintéticos, como consecuencia de una ley de 1902;

— se ha puesto fin asimismo a la prohibición de que
los particulares importen medicamentos de uso
personal no autorizados en Francia.

— Portugal:

— se ha introducido el principio de la certificación
sin repetición del procedimiento en el caso de la
certificación obligatoria de la maquinaria agrícola
y forestal y se ha incluido en los textos.

Grecia:

puede citarse el caso de los pararrayos, para los
que la normativa imponía la conformidad con
prescripciones técnicas nacionales para su acceso
a la contratación pública. Esta normativa ha sido
modificada mediante circular dirigida a las distintas administraciones interesadas.

48. En el ámbito de la libre circulación de productos,
1988 se ha caracterizado por el surgimiento de medidas
obstaculizantes cuya justificación reside en la protección
del medio ambiente. En este sentido, la sentencia dictada
por el Tribunal de Justicia el 20 de septiembre en el
asunto 302/86 (Comisión contra el Reino de Dinamarca,
sobre el sistema obligatorio de recuperación de embalajes
de cerveza y refrescos) ha confirmado la legitimidad de
un sistema de consigna y recuperación de embalajes y la
necesidad del mismo para alcanzar el objetivo perseguido, es decir, la protección del medio ambiente.

49. El Tribunal ha definido dicho objetivo como «uno
de los objetivos fundamentales de la Comunidad que
puede justificar. .. determinadas limitaciones del principio de libre circulatión de mercancías. Esta opinión ha
sido confirmada, además, por el Acta Única Europea»
(considerando 8).

50. Respecto de las nuevas normativas analizadas por
la Comisión, debe citarse las normativas alemanas — de
seis «Lánder» — que prevén que en caso de «smog» se
prohiba la circulación, excepto de los vehículos que
atienden servicios prioritarios (ambulancias y otros).

51. En el sector de los productos alimentarios, el año
1988 se ha caracterizado por importantes sentencias que
han confirmado la jurisprudencia anterior, así como las
tesis de la Comisión, en particular por lo que se refiere a
la reserva de denominaciones únicamente para los productos conformes a las especificaciones nacionales y las
prohibiciones de importación o de venta de productos no
conformes a las normativas nacionales.

52. Así, en las sentencias sobre «yogur congelado» de
14 de julio de 1988 (asunto 298/87 — Francia) y
«EDAM» de 22 de septiembre de 1988 (asunto 286/86
— Francia), el Tribunal se pronunció de nuevo contra
las reservas de denominación, dado que las características de los productos no son substancialmente diferentes
y que un etiquetado adecuado es suficiente para ofrecer
al consumidor la información necesaria.

53. Por otra parte, en las sentencias sobre «pastas alimentarias» de 14 de julio de 1988 (asuntos 90/86 y
407/85 — Italia), «sucedáneos de leche» de 23 de febrero de 1988 (asunto 216/84 — Comisión contra República Francesa) y «leche pasteurizada, crema de leche
pasteurizada o congelada» de 4 de Febrero de 1988
(asunto 261/85 — Comisión contra Reino Unido), el
Tribunal condenó, por considerarlas incompatibles con el
artículo 30 del Tratado CEE y no justificadas por el artí

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/13

culo 36, las prohibiciones de venta de pastas fabricadas
con trigo blando o con mezcla de trigo blando y trigo
duro, de importación de sucedáneos de leche en polvo y
de importación de leche pasteurizada y de crema de leche pasteurizada no congelada.

54. El Tribunal ha vuelto a confirmar una vez más

que, a falta de consideraciones relacionadas con la protección de la salud pública, el único requisito imperativo
que puede en su caso justificar el rechazo de un producto alimentario fabricado en otro Estado miembro, de
acuerdo con las especificaciones de calidad aplicables en
dicho Estado, es el de proteger a los consumidores ante
los engaños y a los productores ante la competencia desleal. Ahora bien, las normas comunitarias existentes sobre etiquetado permiten, en general, garantizar una información adecuada y prevenir posibles errores. Los obstáculos a la libre circulación de productos alimentarios
resultantes de la aplicación a los productos importados
de especificaciones de calidad pueden, por lo tanto, elimimarse sobre la base de los artículos 30 y 36. En 1989,
la Comisión va a publicar una Comunicación en la que
se precisarán las orientaciones de interpretación que ha
podido deducir de las sentencias dictadas por el Tribunal
en el sector de los productos alimentarios.

55. En el sector de los productos agrarios, que son los
productos incluidos en el Anexo II del Tratado CEE,
debe señalarse que los artículos 30 y 34, que tratan de la
supresión de las restricciones cuantitativas y cualquier
medida de efecto equivalente en la importación o la exportación, son parte integrante de las organizaciones comunes de mercado (véase la sentencia del Tribunal de
Justicia en el asunto 83/78, Pigs Marketing Board/Redmond, Repertoiro de la Jurisprudencia del Tribunal
1978-9, p. 2 373, considerando 55) y que los obtaculos a
los intercambios de productos cubiertos por dichas organizaciones afectan al normal funcionamiento de las mis
mas. Así, los obstáculos perseguidos por la Comisión son
múltiples y variados, como demuestran los ejemplos siguientes:

— disposiciones técnicas sobre presentación, calidad o
acondicionamiento de los productos que tengan el
efecto de limitar o desanimar las importaciones: la
Comisión ha tenido que perseguir este tipo de medidas en el caso de restricciones impuestas a la comercialización o a la importación en Italia de materias
grasas (contenido mínimo de materia grasa), así
como en el caso de la normativa alemana que reserva
la utilización de una determinada forma de botellas a

derterminados productores alemanes (Bocksbeutel);

— las medidas nacionales del sector veterinario, sanitario y fitosanitario o del sector de aditivos que prohiben las importaciones o las hacen imposibles, como
las medidas relativas a la leche pasteurizada en el
Reino Unido, algunas conervas de carne en la República Federal de Alemania o los quesos en Italia y en
Grecia (contenido máximo de nitratos);

— en Grecia se ha practicado en el comercio del aceite
de oliva la fijación de un precio máximo, que tiene al
efecto de desincentivar y restringir las importaciones;

— medidas que restringen la publicidad de los productos
importados, como rechazar la transmisión por las cadenas públicas griegas de anuncios de promoción de
productos alimentarios procedentes de diversos Estados miembros.

_Reconocimiento mutuo de las normas nacionales_

56. De acuedo con la estrategia expuesta en el _Libro_
_blanco_ sobre el mercado interior, la Comisión privilegia
la aplicación de las normas del Tratado CEE en materia
de libre circulación de mercancías (artículos 30 a 36) y se
esfuerza por que se incluya sistemáticamente en las normativas nacionales el principio del reconomimiento mutuo. En efecto, dicho principio permite que cualquier
producto legalmente fabricado y comercializado en un
Estado miembro tenga libre acceso al mercado de los demás Estados miembros, salvo si pone en peligro la seguridad y la salud.

57. En esta última hipótesis, las medidas adoptadas
deberán en cualquier caso ser estrictamente proporcionales a los objetivos perseguidos. La Comisión tiene como
objetivo lograr la inclusión sistemática en las normativas
nacionales del principio de reconocimiento mutuo. Esta
estrategia ha hecho posible acabar en España con la homologación obligatoria de los productos industriales y a
que se incluya el principio de reconocimiento de los productos que garantice un nivel de protección equivalente
en los casos en que se justifique. También ha permitido
flexibilizar los procedimientos de aprobación a los que
están sujetos los equipos y terminales de telecomunicaciones en Portugal. Pueden citarse además los casos de
los electrodomésticos, como las cocinas y los refrigeradores-congeladores, que en Francia estaban sujetos a las
normas nacionales;

— la importación y comercialización en la República
Federal de Alemania de materiales de construcción

— paneles de partículas — fabricados, controlados y
comercializados en Francia ha sido posible gracias a
la aplicación del artículo 30 del Tratado CEE. Así,
las autoridades alemanas conceden en los sucesivo la

autorización para dichos paneles, basándose en los
resultados obtenidos en Francia con arreglo a métodos de control de dicho Estado miembro, sin someterlos sistemáticamente a nuevas pruebas;

— por último, puede citarse también la normativa británica que imponía la conformidad exclusiva a los requisitos nacionales en materia de temperatura de superficie de todas las cocinas de gas y eléctricas importadas.

58. A este control _a posteriori_ se añade, para los productos industriales, el control _a priori_ realizado por la
Comisión en aplicación de la Directiva 83/189/CEE,

N ° C 330/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

que obliga a los Estados miembros a someter los proyectos de reglamentación técnica a un control previo en el
contexto de un procedimiento de información. Esta obligación, que no cubría los sectores agrario, alimentario,
farmacéutico y de productos cosméticos, se ha extendido
al conjunto de las reglamentaciones técnicas a partir del
1 de enero de 1989.

59. En 1988, se examinaron a la luz del Tratado y del
Derecho derivado ciento cinuenta y siete proyectos de
reglamentación y normas técnicas. Este examen condujo
a la Comisión a solicitar, en 64 casos, modificaciones
para garantizar que la adopción de dichas disposiciones
no suponga nuevos obstáculos a la libre circulación de
mercancías. En cuatro casos, la Comisión anunció la presentación de un proyecto de directiva comunitaria cuyas
disposiciones sustituirán a las disposiciones nacionales.

_Reglamentación técnica_

60. Han entrado en vigor veinticuatro medidas del
programa del _Libro blanco,_ a las que hay que añadir
otras cincuente directivas adoptadas antes de la aparición
del _Libro blanco_ o en el marco de la gestión del derecho
existente. Sólo una de esas veinticuatro medidas, relativa
a los productos farmacéuticos (Directiva 87/21/CEE),
había sido incorporada a los ordenamientos jurídicos del
conjunto de la Comunidad el 31 de diciembre de 1988,
habida cuenta de la exención de la que disfrutan hasta el
31 de diciembre de 1992 España, Grecia y Portugal.
Otras directivas, tan importantes como las relativas a las
emisiones de gases de los vehículos automóviles, que debían ser incorporadas antes del 1 de julio de 1988 (Directivas 88/76/CEE, 88/77/CEE) o antes del 1 de octubre de 1988 (Directiva 88/436/CEE) sólo habían sido
imcorporadas en un reducido número de Estados miembros. Todavía están en curso unos cincuenta procedimientos de infracción.

_Productos diversos_

61. Gran número de procedimientos — cincuenta y
un casos — se refieren a la no comunicación de medidas

de ejecución. Como en el pasado, en general son consecuencia de la lentitud de los procedimientos nacionales
de modificación de la legislación. No obstante, puede
observarse un claro avance, ya que cuarenta y un casos
han sido regularizados por los Estados miembros interesados en 1988. Sin embargo, en Italia siguen abiertos dos
casos (termómetros médicos). El Tribunal de Justicia
condenó a la República Italiana en uno de los casos,
mientras que en el otro se ha introducido un recurso.
Por lo que se refiere a la aplicación por Espaána y Portugal de directivas de estos sectores de actividad, han seguido adelante los contactos con las autoridades nacionales competentes, con objeto de recuperar rápidamente
las demoras que se han producido en la introcucción de
las directivas en el ordenamiento jurídico español y portugués.

62. En cuanto a la no conformidad o a la incorrecta

aplicación de las legislaciones nacionales respecto de las
directivas comunitarias, los casos de infracción en curso
son los que restan de los observados en 1987, es decir,
un procedimiento contra el Reino Unido y otro contra
España, relativos ambos a la Directiva 73/23/CEE, llamada de «baja tensión». La normativa británica en cuestión está siendo adaptada. En España, a pesar de la entrada en vigor el 1 de diciembre de 1988 del Real Decretp 7/1988, que incorpora dicha Directiva al derecho
interno, subsisten obstáculos a los intercambios de productos incluidos en el campo de aplicación de la citada
Directiva, según las quejas presentadas recientemente
ante la Comisión. La Comisión, por su parte, sigue analizando estos casos, debidos aparentemente a una interpretación errónea de la Directiva comunitaria. Mientras
tanto, se mantiene el asunto ante el Tribunal de Justicia.

_Vehículos de motor_

63. En los Estados miembros ha seguido adelante la
aplicación de las directivas en el sector de los vehículos
de motor, tractores agrícolas y ciclomotores; ciento veinticuatro de dichas directivas han sido incorporadas en la
actualidad. A lo largo del año se han instruido cuatro
procedimientos de infracción por la no incorporación de
directivas. La causa de estas infracciones es siempre la
lentitud administrativa de algunos Estados miembros
para incorporar a su ordenamiento jurídico las directivas
comunitarias.

_Productos alimentarios_

64. Los procedimientos instruidos por las directivas
sólo se refieren a casos de no comunicación de las medi
das nacionales de ejecución. Han podido ser archivadas
cuarenta y tres infracciones, mientras que diecinueve expedientes están en fase de emplazamiento y tres en fase
de dictamen motivado.

65. La Comisión presentó recursos por la no incorporación de la Directiva 83/417/CEE (lacto-proteínas)
contra Francia y los Países Bajos y de la Directiva
83/635/CEE (leche en conserva) contra Francia.

_Productos farmacéuticos_

66. Los procedimientos instruidos respecto de las directivas de «medicamentos» sólo afectan a Italia. La Co
misión ha tenido que presentar recurso ante el Tribunal
por el no respeto por dicho país de la sentencia de 15 de

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N ° C 330/15

marzo de 1983 sobre la no incorporación de las dos Directivas de base sobre especialidades farmacéuticas
(65/65/CEE y 75/319/CEE).

_Productos químicos_

67. En este sector, siguen existiendo retrasos considerables, aunque algunos Estados hayan incorporado un
buen número de directivas. Dado el gran número de directivas (31) y la complejidad técnica de las mismas, se
han flexibilizado para España y Portugal los plazos de
incorporación en sus ordenamientos jurídicos nacionales.

68. A lo largo del ejercicio, se notificaron a la Comisión _22_ casos de aplicación de directivas del sector químico. Se trata fundamentalmente de directivas sobre el

amianto y sobre pinturas y barnices.

69. La Comisión inició un procedimiento de recurso
contra la República Federal de Alemania sobre los PCB/
PCT. A pesar de la condena del Tribunal de Justicia,
Bélgica e Italia siguen sin aplicar las dos directivas sobre
detergentes. Las cartas de emplazamiento han sido enviadas. De las nueve cartas de emplazamiento dirigidas a los
Etados miembros, ocho han producido efectos.

_Productos energéticos_

70. Respecto de las acciones mencionadas en el
Quinto Informe, cabe señalar la siguiente evolución.

71. Tras haber presentado recurso ante el Tribunal de
Justicia contra Bélgica por la no transmisión de datos estadísticos sobre los precios del petróleo bruto y de los
productos petrolíferos, la Comisión renunció a proseguir
el procedimiento, dado que dicho Estado miembro,
mientras tanto, había subsanado el fallo.

_72._ En cuanto a la aplicación de las directivas sobre
rendimiento de los generadores de calor, la Comisión
prosiguió la evaluación comparativa de las medidas nacionales de ejecución, evaluación que se concluirá en
1989.

73. En 1988, la Comisión inició sólo una nueva acción

destinada a verificar la conformidad del Derecho nacio
nal del Derecho nacional de los Estados miembros con

las disposiciones de la Directiva 85/536/CEE sobre la
utilización de carburantes de sustución. La legislación de
cuatro Estados miembros (República Federal de Alemania, Dinamarca, Luxemburgo y España) es conforme a la
Directiva comunitaria. Un quinto Estado miembro (Francia) ha incorporado la Directiva en el ordenamiento jurídico nacional. La Comisión ha solicitado algunas aclaraciones y precisiones sobre determinados artículos de la
legislación francesa. En virtud del Tratado de adhesión,
Portugal disfruta de un plazo adicional para adaptar su
legislación al Derecho comunitario. El 28 de septiembre
de 1988, la Comisión envió a los otros seis Estados
miembros una nota en la que les recordaba sus obligaciones en materia de comunicación de medidas nacionales

de ejecución de la Directiva 85/536/CEE. A 31 de diciembre de 1988, la Comisión estaba informada de que
dos de los Estados destinatarios de dicha nota (Países
Bajos y Reino Unido) habrían completado la incorporación de la Directiva a sus respectivos ordenamientos jurídicos a principios de 1989.

_Apertura de la contratación pública_

74. La apertura de la contratación pública es una de
las condiciones clave de la realización del mercado inte
rior. En 1988, como en el año anterior, la Comisión dio
gran importancia a la correcta aplicación de las directivas
comunitarias de coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras y suministro y se aseguró de utilizar al máximo las normas de
los tratados sobre la libre prestación de servicios y la libre circulación de las mercancías.

75. Las infracciones se han producido fundamental
mente en:

— la elección del procedimiento de adjudicación y de
publicación en el _Diario Oficial de las Comunidades_
_Europeas_ que los poderes adjudicadores deben hacer
de los contratos: por ejemplo, en Italia, se lanzó una
convocatoria de licitación para la construcción de
una instalación de incineración de residuos sólidos

urbanos en Spezia sin publicación previa; el poder
adjudicador invitaba directamente a determinadas
empresas italianas a presentar sus ofertas. Gracias a
las medidas adoptadas por la Comisión en 1987 para
acelerar el tratamiento de las infracciones, este caso,
del que la Comisión tuvo conocimiento en enero de
1988, pudo llevarse al Tribunal de Justicia a tiempo
(en el mes de julio) para obtener del Tribunal que
ordenase la suspensión del contrato hasta que se dictara sentencia;

— la interpretación del campo de aplicación de las directivas y de los sectores excluidos: por ejemplo, se
envió a Portugal un dictamen motivado, pues la empresa pública que tiene la gestión del aeropuerto de
Lisboa no ha sacado a competencia comunitaria, mediante la publicación del correspondiente anuncio en
el _Diario Oficial de las Comunidades Europeas,_ un
contrato de suministro e instalación de una central

telefónica;

— los criterios de selección de los candidatos o de los

licitadores: por ejemplo, se dirigió a la República Federal de Alemania un dictamen motivado porque,
para la construcción de una estación depuradora en
Duisburg, el poder adjudicador exigía que los empresarios estuvieran afiliados a un organismo alemán de
protección de la calidad y que la fianza para la garantía de las obras la proporcionara una entidad de
seguro o de crédito reconocida por la República Federal de Alemania. También se dirigió un dictamen
motivado a Italia, porque el anuncio relativo a un
contrato público de obras lanzado por la Universidad
de Pavía exigía que los empresarios estuvieran inscritos en la lista italiana de empresarios reconocida, así
como en el registro profesional italiano;

N ° C 330/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

— los requisitos técnicos de los productos: en este sentido, debe recordarse la sentencia dictada por el Tribunal el 22 de septiembre de 1988 (asunto 45/87) en
el recurso que la Comisión había interpuesto en 1987
contra Irlanda a propósito de la licitación para las
obras del «Dundalk Water Supply Augmentation
Scheme: contract n° 4». En dicha sentencia, el Tribunal, a la vez que declaraba que el poder adjudicador
era un organismo excluido del campo de aplicación
de la Directiva 71/305/CEE, condenaba a Irlanda
por violación del artículo 30 del Tratado CEE. En
efecto, el poder adjudicador había exigido la utilización de materiales certificados conformes a una

norma nacional y había descartado la posibilidad de
tener en cuenta ofertas basadas en otras normas téc
nicas reconocidas en otro Estado miembro como nor
mas que ofrecieran garantías equivalentes;

— Los criterios de atribución del contrato: por ejemplo,
la Comisión local de concentración de Waterland, en
una adjudicación pública de obras que fue objeto de
un dictamen motivado dirigido a los Países Bajos,
utilizó para adjudicar el contrato criterios que no habían sido precisados previamente y en los que, por
consiguiente, no se podía basar. Debe señalarse que
este contrato público dio lugar a cuestiones prejudiciales por parte del «Arrondissementsrechtbank» de la
Haya, sobre las que el Tribunal se pronunció en su
sentencia de 20 de septiembre de 1988 (asunto
31/87). Dicha sentencia es especialmente importante
por lo que se refiere a la apertura de la contratación
pública para la interpretación funcional que ha hecho
el Tribunal de la noción de poder adjudicador, precisada en la Directiva 71/305/CEE. En efecto, el Tribunal declara que una entidad como la Comisión local de concentración está obligada a respetar dicha
directiva, pues «el objetivo de la Directiva, que está
dirigida a la realización efectiva de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios en
materia de contratación pública de obras, se vería
comprometida si la aplicación del sistema de la Directiva tuviera que quedar excluida por el simple hecho de que un contrato público de obras es adjudicado por un organismo que, habiendo sido creado
para ejecutar tareas que le confiere la ley, no está
formalmente integrado en la administración del Estado». Esta sentencia también es importante porque
el Tribunal ha reconocido el efecto directo de los ar
tículos 20, 26 y 29 de la citada Directiva.

76. En el contexto del control de la recepción de directivas en el ordenamiento jurídico de los Estados
miembros, la Comisión dirigió un dictamen motivado a
Grecia por la incorrecta incorporación en su ordenamiento jurídico de la Directiva 71/305/CEE.

_77._ Aunque el aumento de las quejas es testimonio de
que los operadores económicos europeos son cada vez
más conscientes de los derechos que les concede la normativa comunitaria en materia de contratación pública,
subsiste, sin embargo, una cierta reticencia en este
campo, en particular por temor a posibles represalias en
otras convocatorias de licitación.

78. En consecuencia, la Comisión ha reforzado los

medios destinados a descubrir de oficio los casos de in
fracción, preparando medidas que deben ser operativas
en 1989. Por un lado, ha adoptado un nuevo sistema de
control de las normas de «contratación pública» para la
realización de los proyectos de programas financiados
por los Fondos Estructurales y los instrumentos financieros comunitarios ('). El anterior sistema de control se ha
ampliado a todas las formas de financiación comunitaria
y se ha reforzado por lo que se refiere al objeto del control, que se refiere no sólo a las normas de publicidad y a
las excepciones a las mismas sino también al desarrollo
de los procedimientos. Por otra parte, ha firmado un
contrato piloto de «monitoring» con una empresa de
análisis, encargada de examinar sistemáticamente, durante varios períodos a lo largo del año 1989, las convocatorias de licitación pública que aparezcan en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas o en la prensa de
los distintos Estados miembros. Además, se encarga a dicha empresa que reúna todas las informaciones disponibles sobre los contratos públicos celebrados de común
acuerdo y sobre los contratos celebrados en los sectores
excluidos.

79. Se han adoptado además otras medidas con objeto
de mejorar los medios de instrucción de los casos de infracción mediante un conocimiento más minucioso de las

situaciones, de las reglamentaciones y de las prácticas
existentes en cada Estado miembro. La Comisión ha ce
lebrado, a tal efecto, un contrato de servicios con especialistas expertos en el campo de la contratación pública.

80. Junto a la consolidación del control del respeto
del derecho comunitario en materia de contratación pública, la Comisión ha proseguido su acción de sensibilización destinada a prevenir las infracciones. Se han realizado para ello numerosos seminarios y conferencias, destinados a formar a los poderes adjudicadores actuales,
así como a las demás entidades consideradas como tales

en las propuestas de directivas de «obras» y «sectores excluidos». Por otra parte, esta acción se ha desarrollado a
través de una amplia campaña de formación de las euroventanillas y de información de los potenciales licitado
res.

_Libre circulación de los trabajadores y de los miembros de_
_las profesiones liberales_

Véase el capítulo «La Europa de los ciudadanos».

_Mercado de servicios_

_Servicios financieros_

81. Si bien la dinámica de 1992 ha hecho posible relanzar los trabajos sobre la libre prestación de servicios
financieros y hacer adoptar un cierto número de directi

(') Véase la Comunicación de la Comisión publicada en el DO
n° C 22 de 28. 1. 1989.

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N ° C 330/17

vas sobre entidades bancarias, seguros y valores mobiliarios, ninguna de estas medidas se aplica aún en los Estados miembros.

82. Tras la invitación hecha al público en general de
comunicar a la Comisión una copia de la correspondencia con los bancos relacionada con la percepción de comisiones sobre los eurocheques cobrados en el extranjero, la Comisión ha recibido numerosas cartas. En la actualidad dispone de una mayor información sobre los
problemas concretos a los que se enfrentan los usuarios
de eurocheques. En cuanto a la percepción de los impuestos de timbre al cobrar cheques en Italia, la Comisión, respetando la soberanía fiscal de los Estados miembros, no ha podido reclamar la abolición de tales derechos, siempre que no se perciban de forma discriminatoria. Ha considerado, por lo tanto, que sólo no es conforme al derecho comunitario el impuesto de timbre de
500 liras italianas con que se gravan sistemáticamente los
cheques que implican una operación en divisas, en especial los eurocheques girados sobre un banco extranjero.

83. Se han recibido varias cartas en las que los autores
se quejan de los gastos de transferencia de dinero entre
países de la Comunidad. La Comisión es consciente de
esta situación poco satisfactoria, pero sólo puede tratar
de encontrar una solución mediante una iniciativa específica que se ha propuesto lanzar por lo que se refiere a la
transparencia de las condiciones de los bancos.

84. Se dirigió un dictamen motivado a Italia por el no
respeto, por parte de la policía italiana, de la obligación
de no exigir ya la carta verde como prueba de que un
vehículo está asegurado. El sistema comunitario se basa
en un convenio entre las entidades nacionales de seguro
por el que se comprometen a indemnizar a las víctimas
de siniestros causados en el extranjero por vehículos matriculados en otro Estado miembro, por el mero hecho
de la matriculación. En varios casos, la exigencia de la
carta verde ha tenido consecuencias absolutamente ina
ceptables y desproporcionadas (como el embargo del vehículo o la prolongación involuntaria de la estancia a la
espera de recibir la carta verde enviada desde el país de
origen).

85. Como consecuencia de las sentencias del Tribunal

en materia de coaseguro, sólo Dinamarca ha adaptado su
legislación . Las autoridades francesas e irlandesas, a la
espera de una modificación formal de sus respectivas legislaciones, se han limitado a dar instrucciones administrativas para que ya no se exija el establecimiento del primer firmante en el territorio nacional, mientras que el
gobierno alemán, que está preparando una modificación
de su legislación, no ha considerado necesario adoptar
medidas provisionales. La Comisión volverá a tratar esta
cuestión en el contexto del control de la puesta en práctica de la Segunda Directiva de seguros directo distinto
del seguro de vida, de 22 de junio de 1988 (Directiva
88/357/CCE).

_Nuevas tecnologías y servicios_

86. Para garantizar la libre circulación de las emisiones de radiodifusión dentro de la Comunidad, el Tratado
CEE ofrece dos tipos de medios: la coordinación de las
legislaciones nacionales y la aplicación directa de las disposiciones del Tratado, en especial de los artículos 59 y
62.

87. Por lo que se refiere al primer aspecto, tras el dictamen emitido por el Parlamento sobre la propuesta de
directiva relativa a la radiodifusión (DO n° C 49 de 22.
2. 1988), la Comisión trransmitió al Consejo, el 6 de abril de 1988, su propuesta de directiva modificada (DO n°
C 110 de 27. 4. 1988).

88. En cuanto a la aplicación directa del Tratado, los
procedimientos iniciados en 1987 han experimentado una
evolución favorable. La Comisión ha archivado el asunto

instruido respecto a la República Federal de Alemania,
dado que la retransmisión por cable de programas procedentes de otros Estados miembros ya no puede se restringida por la aplicación de las exigencias de pluralismo
que afectan a los radiodifusores establecidos en el
«Land» de Bremen y en los otros «Lánder».

89. Por otra parte, el Tribunal dictó el 26 de abril de
1988 una sentencia en interpretación prejudicial sobre la
normativa neerlandesa sobre la difusión por cable de
programas extranjeros de televisión («Kableregeling»).
En dicha sentencia, el Tribunal declaraba que la prohibición, existente en la «Kabelregeling», de retransmitir por
cable en los Países Bajos programas de otros Estados
miembros recibidos vía satélite, subtitulados en neerlandés y con publicidad específicamente dirigida al público
neerlandés suponía una restricción a la libre prestación
de servicios, prohibida por el artículo 50 del Tratado
CEE.

90. Por último, se ha llamado la atención de la Comisión sobre la imposibilidad de que los particulares, en
Bélgica, tengan antenas parabólicas, que permiten recibir
emisiones de televisión vía satélite de telecomunicaciones.

La Comisión inició el procedimiento en virtud del artículo 169 del Tratado CEE en contra de esta prohibición.

91. En este mismo contexto debe recordarse que la
Directiva 87/372/CEE sobre la reserva de bandas de fre
cuencia para el sistema pan-europeo de telefonía celular
móvil agotó el plazo de incorporación el 25 de diciembre
de 1988.

_Movimientos de capital_

92. En materia de movimientos de capital (artículo 67
y siguientes del Tratado CEE), la mejora de la situación
de pagos exteriores de Irlanda llevó a la Comisión a no
porrogar la Decisión por la que se autoriza a dicho Es

N ° C 330/18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

tado miembro, en virtud del apartado 3 del artículo 108
del Tratado CEE, a mantener hasta el 31 de diciembre
de restricciones a determinados movimientos de capital
liberalizados en derecho comumintario ('). Irlanda ha tenido que adoptar las disposiciones necesarias para respetar, a partir del 1 de enero de 1989, el conjunto de sus
obligaciones comunitarias en materia de libre circulación
de capitales. La Decisión de la Comisión relativa a Grecia, adoptada en noviembre de 1985, en apoyo de un
programa de recuperación de la balanza de pagos de dicho país, también se ha revisado a fin de que se flexibilicen considerablemente las restricciones a los movimien
tos de capital autorizados por dicha directiva. La mejora
del equilibrio exterior de Grecia justificaba esta flexibilización, aunque no permitía todavía en dicha fase la supresión de todas las medidas de salvaguardia inicialmente
autorizadas. La autorización de aplicar algunas de tales
medidas se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de

1989 ( [2] ). También España y Portugal pueden mantener
algunas restricciones a los movimientos de capital, hasta

1990 y 1992 respectivamente, en virtud de disposiciones
transitorias previstas en el Acta de adhesión.

93. Como consecuencia de la sentencia del Tribunal

de Justicia de 3 de diciembre de 1987 en el asunto

194/84 relativa a los fondos bloqueados en Grecia, las
autoridades griegas adoptaron un conjunto de medidas
para adaptarse a dicha sentencia. No obstante, en algunos aspectos dichas medidas son incompletas y la Comisión ha iniciado un nuevo procedimiento en esta materia.

_Entorno empresarial_

94. En el programa del Libro blanco, sólo se adoptaron y entraron en vigor algunas de las medidas previstas
en materia de derecho de sociedades y de propriedad industrial.

_Derecho de sociedades_

95. En el ámbito del derecho de sociedades, 1988 se
caracterizó por la incorporación de una serie de directivas en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.
La Tercera y la Sexta Directiva, sobre «fusiones»
78/855/CEE y «escisiones» (82/891/CEE) han sido incorporadas por Grecia, el Reino Unido, Francia, Luxemburgo e Irlanda. La Séptima Directiva sobre «cuentas
consolidadas» (83/349/CEE) ha sido incorporada por
Luxemburgo y la Octava Directiva sobre «cualificaciones
de los interventores de cuentas» (84/253/CEE) ha sido
incorporada por España. En cambio, a pesar de la decisión del Tribunal de Justicia (17/85), Italia no ha incorporado todavía la Cuarta Directiva sobre «cuentas anuales de las sociedades de capital» (78/660/CEE). Más detalladamente:

(') Decisión 85/15/CEE, modificada por la Decisión
88/12/CEE (DO n° L 5 de 8. 1. 1988).
( [2] ) Decisión 85/594/CEE, modificada por la Decisión
88/600/CEE (DO n° L 325 de 29. 11. 1988).

— La Cuarta Directiva (78/660/CEE) del Consejo, de
25 de julio de 1978, relativa a las cuentas anuales de
las sociedades de capital, ha sido incorporada en todos los Estados miembros salvo en España, Italia y
Portugal. El Tribunal de Justicia condenó a Italia en
una sentencia de 20 de marzo de 1986 (asunto
17/85) por la no incorpración de la Directiva. Puesto
que Italia en una sentencia de 20 de marzo de 1986
(asunto 17/85) por la no incorporación de la Directiva. Puesto que Italia no ha ejecutado la sentencia, la
Comisión ha instruido en nuevo procedimiento de infracción basado en el artículo 171 del Tratado;

— en cuanto a la incorporación de la Tercera Directiva
(78/855/CEE) del Consejo, de 9 de octubre de 1978,
en materia de fusiones, y de la Sexta Directiva
(82/891/CEE) del Consejo, de 17 de diciembre de
1982, sobre escisiones, la Comisión ha podido archivar los procedimientos instruidos contra Francia, el
Reino Unido, Grecia, Irlanda y Luxemburgo toda
vez que dichos Estados miembros han adaptado sus
legislaciones de conformidad con el Derecho comunitario. La Comisión ha proseguido ante el Tribunal
de Justicia los procedimientos instruidos contra Bélgica e Italia por la no incorporación de las dos Directivas antes mencionadas;

— por lo que se refiere a la incorecta aplicación por los
Estados miembros de las directivas en materia de de
recho de sociedades, la Comisión ha archivado dos
asuntos, el primero contra Bélgica sobre la Segunda
Directiva (77/91/CEE) del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, y el segundo contra los Países Bajos
sobre la Séptima Directiva (83/349/CEE) del Consejo, de 13 de junio de 1983. La Comisión ha instruido, en cambio, dos nuevos procedimientos contra
la República Federal de Alemania referidos, respectivamente, a la aplicación de la Primera Directiva
(68/151/CEE) del Consejo, de 9 de marzo de 1968,
y de la Séptima Directiva (85/349/CEE) del Consejo, de 13 de junio de 1983.

96. Por otra parte, se han presentado a la Comisión
quejas sobre restricciones en diferentes Estados miembros a la adquisición de participaciones en el capital de
empresas por parte de ciudadonaos comunitarios. Estos
casos han podido resolverse en su mayoría de manera
satisfactoria.

_Propiedad industrial e intelectual_

97. De las dos medidas adoptadas, sólo la Directiva
sobre la protección legal de los micro-circuitos entró en
vigor. Esta Directiva ha sido incorporada por ocho Estados miembros, siendo objeto los demás Estados miembros de procedimientos de infracción.

LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS

98. La mayoría de las medidas adoptadas en el contexto de la realización del gran mercado afectan directamente a los ciudadanos, bien en la protección de sus derechos de circulación y establecimiento, bien en la con

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N ° C 330/19

firmación de su libertad de utilzación de productos y de
acceso a los servicios liberalizados en la Comunidad.

99. Se pueden citar, a modo de ejemplo, las acciones
emprendidas a las que se ha hecho referencia en aparta
dos anteriores:

— para resolver las dificultades relacionadas con la ma
triculación de vehículos;

— para garantizar la libertad de importación de medicamentos destinados al uso personal;

— para garantizar en Bélgica la libre utilización de ante
nas parabólicas para recibir emisiones de televisión

transmitidas vía satélite.

100. En cualquier caso, se han adoptado medidas destinadas específicamente a la protección de los ciudadanos, que justifican un examen desde el punto de vista de
su aplicación. Sin embargo, no se puede olvidar que, en
este campo, muchas de las medidas se adoptan en el contexto de actos que no tienen fuerza obligatoria: éste es,
por ejemplo, el caso de la introducción del pasaporte europeo, de la cartilla sanitaria, de la supresión de cartel de
aduana, etc.

_Libre circulación_ _de personas_

101. En las fronteras interiores de Euorpa, en las que
subsisten controles de inmigración y formalidades aduaneras, es donde se sigue recordando a los ciudadanos
hasta qué punto la Comunidad está todavía comparti
mentada. La supresión de estos obstáculos constituirá
una de las ventajas más directas y visibles que la Comunidad puede aportar a los europeos. Será el primer paso

hacia la creación de una Europa de los ciudadanos, una
Europa positiva que ayuda a sus habitantes en su vida
diaria y no una Europa de reglamentos. Por otra parte,
no puede olvidarse que los obtáculos a la libre circula
ción de las personas no se limitan a los problemas que
puedan plantearse en las fronteras, sino que se refieren
también a las reglamentaciones nacionales que, sin tener
relación con los controles fronterizos, no dejan de constituir obstáculos tangibles al desarrollo y la expansión de

las actividades económicas de los ciudadanos de otros

Estados miembros.

_Libre circulación_ _a través de las fronteras_

102. Se han presentado a la Comisión abundantes
quejas y reclamaciones por las dificultades relacionadas

con el cruce de fronteras, bien en el control de mercan
cías, bien en el control de identidad de las personas. En
efecto, con demasiada frecuencia hay que soportar las
colas en los aeropuertos o en las fronteras de carretera, a
consecuencia de la mala organización de los controles,
cuyo resultado es alterar la imagen de la Comunidad.
Las peticiones presentadas ante la Comisión parlamentaria competente son testimonio de este tipo de problemas.

103. La Comisión carece con demasiada frecuencia de

los medios jurídicos de acción necesarios. Los únicos instrumentos disponibles son los establecidos en el artículo
7 del Tratado y en la Directiva sobre entrada y estancia.

A menudo, los criterios de aplicación de estas dos disposiciones no se complementan, bien porque la discrimina
ción no se ha demostrado, bien porque los controles se
realizan con arreglo al texto de la Directiva.

104. N o obstante, la Comisión está desarrollando un

enfoque dinámico en la puesta en práctica del Derecho

comunitario existente, como lo demuestra el hecho de

poner en cuestión el control sistemático del permiso de
estancia al cruzar la frontera entre la República Federal
de Alemania y Bélgica. En este caso, el Tribunal acaba
de confirmar los límites del poder discrecional de la administración de policía, sin por ello poner en cuestión,
como hubiera querido la Comisión, el control del per
miso de estancia.

105. Como resultado de los procedimientos de infracción instruidos contra estos dos países, Grecia y Portugal
suprimieron para los ciudadanos comunitarios, como ya

habían hecho los demás Estados miembros con anteriori
dad, la práctica de sellar los pasaportes al entrar o salir

de su territorio.

106. La República Federal de Alemania y Dinamarca
suprimieron las disposiciones que prohibían a los ciuda
danos de los otros países de la Comunidad cruzar la

frontera por los pequeños puestos fronterizos.

107. Por último, la Comisión decidió llevar ante el

Tribunal de Justicia la diferencia de principio que le
opone a los Países Bajos sobre la extensión de los poderes de los agentes encargados de controlar el paso de
viajeros por las fronteras.

_Medidas fiscales que afectan directamente_ _al_ _ciudadano_

108. En el informe anterior ( [x] ), se trataba ya del tema
de la doble imposición de bienes de ocasión comprados
por particulares en otro Estado miembro, con arreglo a
la jurisprudencia del asunto «Gastón Schul» ( [2] ), confirmada por la jurisprudencia de la sentencia, de 25 de febrero de 1988, en el asunto prejudicial «Rainer
Drexl» ( [3] ).

109. Mientras que el procedimiento contra los Países
Bajos ya había sido archivado en 1987, también pudo
serlo en 1988 respecto de otros Estados miembros que, a
su vez, aplican en lo sucesivo correctamente dicha jurisprudencia, en todos los casos, a saber: República Federral de Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido y
Dinamarca. Quedan por examinar algunas cuestiones de
detalle en el caso de Francia. H a habido que dirigir un

dictamen motivado a dos Estados miembros más recien
tes, Grecia y España.

(') Quinto Informe, apartado 58.
( [2] ) Sentencias de 5. 5. 1982 y 21. 5. 1985 en los asuntos 15/81 y
47/84 (DO n° C 13 de 21. 1. 1986, p. 2).
( [3] ) Asunto 299/86.

N° C 330/20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

110. Por lo que se refire a las franquicias fiscales concedidas a los viajeros de la Comunidad, cabe señalar que
se ha archivado el procedimiento instruido contra el
Reino Unido por la exigencia de un formulario especial
para obtener la desgravación, puesto que la Directiva
prevé únicamente que se presente la factura o cualquier
otro documento justificativo, dado que dicho Estado
miembro haba modificado la legislación sobre esta cuestión. Sin embargo, en otros cuatro casos la Comisión ha
tenido que recurrir al Tribunal, ya que los Estados
miembros no se habían atenido al dictamen motivado. Se

trata de Dinamarca e Irlanda, debido, por un lado, a las
restricciones establecidas desde abril de 1987 por estos
dos Estados miembros para conceder la franquicia a los
viajeros de corta duración y, por otro lado, a la implantación de un límite cuantitativo para la cerveza (').

111. También debe señalarse la instrucción de dos

procedimientos en virtud del artículo 171 del Tratado
CEE ( [2] ) contra Italia, que todavía no ha adoptado las
medidas necesarias para atenerse a la Directiva
83/181/CEE sobre la exención del IVA para determinadas importaciones definitivas de bienes (en particular,
muestras), ni a la Directiva 83/183/CEE relativa, en particular, a las franquicias por mudanza.

112. En relación con la Directiva de «mudanza», debe
señalarse el envío de un dictamen motivado a España y a
Grecia. En efecto, contrariamente a las disposiones de la
Directiva, Grecia no aplica la franquicia a los coches adquiridos por sucesión y limita la cuantía de la misma en
los coches de cilindrada superior a 1 800 ce, mientras
que España exige el pago del IVA si el tipo de IVA vigente en el país de origen es inferior al practicado por las
autoridades españolas, cuando la Directiva prevé en este
punto una franquicia total.

_Derecho de establecimiento y reconocimiento de títulos_

113. Tres de las cinco medidas adoptadas por el Consejo del programa Libro blanco, relativas al reconocimiento de títulos de los farmacéuticos y de los médicos
generalistas, han entrado en vigor; las otras dos medidas
se refieren al sistema general de reconocimiento de títulos que no entrará en vigor hasta enero de 1991 y a la
equivalencia de las cualificaciones profesionales, cuya
entrada en vigor está supeditada a la publicación por la
Comisión de listas de cualificaciones en un cierto

(') Quinto Informe, apartado 58.
( [2] ) Sentencias de 24. 11. 1987, en los asuntos 124/86 y 125/86.

número de sectores. Las tres directivas vigentes han sufrido demoras en la incorporación en un Estado miembro en el caso de los títulos de farmacéutico y en cinco
Estados miembros en el caso de los médicos generalistas.

114. La Comisión ha tenido también que hacerse seguimiento de otras directivas, anteriores al _Libro blanco,_
relativas a las profesiones liberales y otros. El Tribunal
de Justicia, como consecuencia de las acciones emprendidas por la Comisión, dictó en 1988 tres sentencias sobre
esta cuestión: contra la República Federal de Alemania,
por la incorrecta incorporación de la Directiva sobre
«abogados» (asuntos 427/85), contra Bélgica (asunto
283/86) y contra Italia (asunto 310/86) sobre libre circulación de «auxiliares de transportes». A final de 1988,
dos procedimientos de infracción (Francia, por la Directiva de «abogados», y Grecia, por la Directiva sobre
«auxiliares de transportes») estaban en fase de dictamen
motivado. Sin embargo, este número puede aumentar en
1989 si los emplazamientos por la no incorpración o la
no conformidad de la incorporación de las Directivas de
«farmacéuticos» y «arquitectos», que entraron en vigor el
1 de octubre de 1987 y el 1 de agosto de 1988 respectivamente, no dan lugar a la regularización por parte de
los Estados miembros interesados.

115. Respecto de las profesiones reglamentadas para
las que las directivas comunitarias no son aplicables o todavía no se aplican, la Comisión trata de que los Estados
miembros pongan en práctica los principios establecidos
por los Estados miembros pongan en práctica los principios establecidos por el Tribunal en la sentencia dictada
en el asunto 222/86 (sentencia de 15 de octubre de 1987
— G. Heylens, no publicada todavía). En este asunto, el
Tribunal consideró que, incluso a falta de una armonización de las condiciones de acceso a una profesión, los
Estados miembros deben «valorar la equivalencia del título extranjero considerando exclusivamente el nivel de
los conocimientos y cualficaciones que dicho título permite suponer que posee el titular del mismo, habida
cuenta de la naturaleza y la duración de los estudios y la
formación práctica que el título atestigua» (decimotercer
considerado de la sentencia, p. 8).

_Prohibición de discriminaciones por razón de nacionalidad_

116. La Comisión prosiguió la instrucción de las quejas que le habían sido presentadas en el ámbito de las
profesiones liberales y artesanales, pero ha desarrollado
sobre todo sus acciones con objeto de poner en cuestión
la discriminación existente en las funciones públicas nacionales, según las orientaciones generales publicadas en
su comunicación sobre la aplicación del apartado 4 del
artículo 48 (DO n° C 72 de 18. 3. 1988, p. 2).

3 0 . ^ . 8 9 Diario r i c i a l de las comunidades Europeas ^ C M ^ O ^ l

M7. En los casos de discriminaciones por razón de
nacionalidad,lasaccionesemprendidasporlaó^omisión
han permitido que, en 1988,elTrihunalde]usticiadicD
tasedossentenciascondenandoaC^recia, quehah^are^
servado para sus propios ciudadanos el ejercicio de la
procesión de enseñante (asunto ^7B8D), ahogado, geóme^
tra, arquitecto e ingeniero civil (asunto 38B87), y una
sentenciacondenandoa Italia, quehah^ae^cluido alos
ciudadanos comunitarios no italianos del henencio de las

ventaiasdelcréditohipotecarioparalas viviendas cons^
truidas por los poderes púhlicos(asuntOD3B8D).LaC^o^
misión recurrió tamhién ante elTrihunal por uncaso de
discriminación practicadaen Rrancia contra ciudadanos
comunitarios en algunos de los territorios de Ultramar
(asunto^D^B88).Este caso de discriminación se anadea
otro caso, practicado en precia y relacionado con la
compra de hienes inmohiliarios en algunas regiones de
(Grecia, por el que laComisiónhahta presentado recurso
ante el Tribunal de]usiticaenr987(asunto305B87).A
únales det988 hadados casos pendientes ante elTrihuD
nal.

t!8. Ror otra parte, la Comisión inició un procedP
miento contra ltalia,hasadoenelardculo P7t delTra^
tado, a consecuencia delanoe^ecución delasentencia
dictada en t98D en el asunto tD8B85yrelativaalae^P
gencia de nacionalidad para accederadiversaspro^esio^
nes(periodistas,^armacéuticos,etc).

tt9. Atentaaloscasosdenunciados en las preguntas
parlamentarias, oralesyescritas, la comisión emitió tamD
hiéndictámenes motivados contra Rrancia,óGreciaelta^
lia por discriminación en materia de nacionalidad para
accederalapro^esióndegu^a de turismo.

1^0. Italia adoptó medidas nacionales de incorporad
ción de la Directiva 80B1^3BC^EE en 1988, ateniéndose
as^i a l a sentenciadelTrihunalde 7 de mayo de 1987
(asunto ^19B85^ el modelo de permiso de conducción
comunitario estará disponible en 1989. Bélgicaque, tras
la sentencia del Tribunal de 1^ de marzo de 1987

(asunto 9B8D), adoptó las medidas legislativas necesarias,
ha puesto en vigor el modelo de permiso de conducción
comunitario e l i d e enero de!989.En cuantoaRrancia,
contra la que sehab^ainiciadounprocedimientodeinD
fracción, ha eiecutado la Directivayha puesto en vigor
el nuevo modelo el D de febrero de 1989. El Reino

Unidoelrlanda,apesar de haber incorporado la mayor
parte de las disposiciones de la Directiva, siguen si haber
introducido el modelo de permiso de conducción comu
nitario.^u adopción deberá producirse en el mes de sep
t i e m b r e d e l 9 8 9 e n l r l a n d a y e l l d e e n e r o d e l 9 9 0 e n e l
ReinoUnido.

1^1. Este tema sigue suscitando la atención de los parD
ticularesinteresados,enespecial mediante la transmisión
de queias a la comisión o de peticiones al Rarlamento
Europeo. En la mayoría de los casos, la quedas son con

secuencia del malconocimiento déla Directiva comunP

taria80Bl^D3BCEE.LaC^omisiónhapodidoresolverla
mayona de los problemas. Emitió un dictamen motivado
contra la República Rederal de Alemania por la inco
rrecta interpretación del concepto de presidencia ordinaD
ria^,que aparece en el art^culo8de la Directiva aplicado
al casodelosestudiantes.

^ ^ ^ ^ ^ c ^ ^ c ^ ^ ^ c ^ c ^

1 ^ . En materia social, la Comisión se ha escorzado
engarantizar el respeto del Tratado(ardculo ^8 por lo
que se refiere alalibrecirculación de los trabajdaores,
art^culoll9 respecto de la igualdad de remuneración de
hombresymujeres)ydelosreglamentos adoptados por
elC^onsejo (por ejemplo, reglamentos sóbrela libre cir
culación délos trabajdoresy sobre laaplicaciónde los
regímenes de seguridad socialalos trabajadores migraña
tes). Además, ha proseguido el procedimiento iniciado
contra algunos Estadosmiembros que aún tienen que ad
optar medidas nacionales de incorporación para atenerse
alas directivas^ dichas directivas se reheren tanto al desD

plazamientoyla estancia de los trabajadores de los Esta^
dos miembros dentro delaComunidadcomoala igual
dad de trato de hombreymujeres en materia de empleo
y seguridad socialoala protección de los trabadores en
el lugar de trabajo.

1^3. En cuanto al respeto de los artículos delTratado
y de las disposiciones de los reglamentos, la Comisión ha
recurrido en 1988 alTribunalde]usticiaporunasunto
relativo a Rrancia y otro relativo a Bélgica. Hay otro
asuntoanteelTribunal.Dosnuevasin^racciones(Rran
cia) han sido objeto de dictámenes motivados, uno de los
cuales ha sido seguido de un recurso ante el Tribunal.
Ror otra parte, se han regularizado dos situaciones de
infracción de Irlandaydeltaliayla comisión ha podido
archivar los espedientes correspondientes.

1 ^ . En cuantoala no contbrmidadoala incorrecta

aplicación de las directivas, se han suprimido once inD
fracciones, en especial en el campo de la igualdad de
trato dehombresymujeres, lo cual ha permitido archi
varloscorrespondientes procedimientos.

1^5. En este campo, cabe destacar los hechos siguien^
tes^

— encuantoalcontroldelaentrada,elpermisodeesD
tanciaoel establecimiento de los ciudadanos comuni

tarios beneficiarios de las disposiones de libre circula
ción (Directivas D8B^DeBóeEE y 73B1^8B(GEE), la
comisión interpusoante el Tribunalun recurso conD
tra Bélgica (asunto^3B88), al que renunció. Hay un
asunto pendiente ante elTribunal^

N° C 330/22 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

— respecto del ámbito de aplicación de la Directiva
76/207/CEE, sobre igualdad de trato de hombres y
mujeres en materia de acceso al empleo, se han podido archivar ocho procedimientos de infracción, que
habían sido regulados de manera satisfactoria;

— en cuanto a la Directiva 77/187/CEE, un procedimiento de infracción contra Grecia ha sido objeto de
un dictamen motivado seguido de un recurso ante el
Tribunal;

— también ha sido objeto de un dictamen motivado un
procedimiento de infracción contra Bélgica por incorrecta aplicación de la Directiva 79/7/CEE, relativa a
la igualdad de trato de hombres y mujeres en materia
de seguridad social;

— se presentó ante el Tribunal un recurso contra Grecia
(asunto 53/88) por la no conformidad de las medidas
nacionales de ejecución de la Directiva 80/987/CEE
sobre la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario. Sigue pendiente ante el Tribunal un asunto contra Italia.

126. Por lo que se refiere a la no comunicación de las
medidas nacionales de ejecución de las directivas, la Comisión pudo archivar diez procedimientos de infracción,
correspondientes a Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido, en materia de
seguridad, higiene y protección de la salud en el lugar de
trabajo. En cambio, se introdujo ante el Tribunal un recurso contra Italia por la no incorporación de la Directiva 82/605/CEE sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con una exposición al
plomo metálico; en cuanto a la Directiva 83/477/CEE,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al amianto, ni Italia ni los
Países Bajos han comunicado las medidas nacionales de
ejecución. Por último, la Comisión ha prestado particular
atención al hecho de que Italia siga sin incorporar a su
ordenamiento jurídico la Directiva 75/129/CEE sobre
despidos colectivos, a pesar de las dos sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 1982 y 6 de noviembre
de 1985 en los asuntos 91/81 y 131/84, respectivamente.

_Protección del consumidor_

127. En este campo, no ha habido una evolución
digna de mención en comparación con el año anterior. A
lo largo de 1988, sólo se han instruido once quejas. En
consecuencia, el control efectuado por la Comisión ha
consistido fundamentalmente en verificar la incorporación formal de las directivas comunitarias en el ordena
miento jurídico de los Estados miembros.

128. La sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto
152/84, Marshall v. Southampton Área Healt Authority,
confirma que las directivas no tienen efectos directos
«horizontales» y que, por consiguiente, los particulares
no pueden invocar la directiva propiamente dicha en un
litigio si el Estado miembro de que se trate no la ha incorporado al ordenamiento jurídico nacional. A la vista

de esta situación jurídica, se comprueba que los consumidores, primeros beneficiarios de un gran mercado, siguen
utilizando poco los otros medios de defensa de sus derechos específicos ofrecidos por el derecho comunitario, en
particular las quejas a la Comisión.

129. Esta situación puede explicarse, por un lado, por
el hecho de que, en los Estados miembros en los que los
consumidores son más conscientes de sus derechos, el
Derecho nacional ofrece ya un buen nivel de protección
y posibilidades de recurso y las directivas comunitarias
han sido bien incorporadas, en general. Por otro lado,
hay Estados miembros en los que la incorporación de las
directivas es menos satisfactoria, pero esta situación suele
ir emparejada con una falta de sensibilización por parte
de los consumidores en relación con sus derechos. Otra

consideración que se puede hacer es que, aunque un obstáculo a los intercambios intracomunitarios pueda afectar
a un comerciante de manera continuada y, en consecuencia, provocar su interés por actuar contra una norma
nacional, el consumidor particular sólo se ve afectado
por el no respeto de sus derechos de vez en cuando, a
menos que su problema se refiere a un producto de consumo diario. Por lo tanto, puede darse la tendencia de
que el consumidor no ejerza la defensa de sus derechos.

130. Por otra parte, debe recordarse también que los
intereses de los consumidores también se tienen en

cuenta al realizar el control de la aplicación del derecho
de libre circulación de bienes y servicios, de las disposiciones agrarias, de las normas de competencia y de las
disposiciones relacionadas con el medio ambiente (véanse
las correspondientes secciones del presente Informe).

II. OTRAS CUESTIONES

_Cuestiones estadísticas_

131. La aplicación del Derecho comunitario correspondiente a un ámbito estadístico determinado presenta
unas características totalmente específicas, dado que la
correcta ejecución por un Estado miembro de su obligación de facilitar datos en cifras según un calendario y un
plan previamente establecidos puede ser puesto en cuestión en cada ocasión, al tratarse de una obligación de
carácter repetitivo periódico. Además, cuando la normativa comunitaria es objeto de directivas, la incorporación
formal en el ordenamiento nacional no es requisito indispensable para la aplicación de la directiva, que puede derivar simplemente del suministro por parte de la administración competente de los datos requeridos.

132. En definitiva, se comprueba que los incumplimientos observados en el campo de la estadística son en
general poco frecuentes, puesto que un retraso ocasional
no constituye _ipso facto,_ y en ausencia de elementos negativos complementarios, una falta que justifique iniciar
un procedimiento de infracción. No obstante, la casi totalidad de los hechos señalados o sancionados contra los

Estados miembros se refieren a retrasos inadmisibles, y
menos frecuentemente a las condiciones en que se han
recogido los datos.

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/23

133. El expediente al que se hacía referencia en el informe anterior no ha sido regularizado todavía por el
Estado miembro interesado. Se trata, en este caso, de
Italia que infringe las obligaciones derivadas de la Directiva 78/564/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1978,
sobre el transporte de mercancías por carretera. Tras haber sido condenado por el Tribunal en 1985 por no facilitar la parte de datos requeridos correspondientes al
transporte de mercancías realizado por transportistas nacionales, dicho Estado miembro es actualmente objeto de
una recurso por incumplimiento de una sentencia del
Tribunal.

134. Aparte del caso citado, la Comisión ha tenido
que analizar durante el año 1988 varias situaciones litigiosas, tres de las cuales han dado lugar a que iniciara el
procedimiento de infracción mediante el envío previo de
un emplazamiento. En dos de estos casos, a falta de respuesta la decisión de la Comisión de enviar el dictamen
motivado se adoptó a finales de 1988. En el tercer caso,
la respuesta al emplazamiento suscitó peticiones complementarias de información que han conducido a posponer
el inicio de las siguientes fases del procedimiento.

_Personal de las Comunidades_

135. En materia de transferencia de derechos de pensión, tras la sentencia dictada, el 17 de diciembre de
1987, por el Tribunal de Justicia en el asunto 315/85,
Comisión de las Comunidades Europeas contra el Gran
Ducado de Luxemburgo, en la que el Tribunal confirmaba la tesis de la Comisión, según la cual el funcionario
tiene derecho a solicitar en toda situación la transferen
cia del equivalente actuarial, incluso si el régimen nacional sólo prevé la transferencia de la cantidad a
tanto alzado de rescate, la Comisión decidió retirar los
recursos contra la República Federal de Alemania
(asunto 146/86) y Francia (asunto 303/85) que se basaban fundamentalmente en el mismo motivo. Los Países

Bajos adaptaron su legislación para hacer posible la
transferencia, para la que, sin embargo, se necesitará
concluir un acuerdo formal con la Comisión. Las negociaciones con Bélgica están a punto de concluir.

136. Por lo que se refiere a la acumulación de prestaciones familiares, tras las sentencias de 7 de mayo de
1987 que consagraban el carácter complementario de las
prestaciones familiares comunitarias respecto de las prestaciones familiares, se está negociando con la República
Federal de Alemania con objeto de determinar la forma
de ejecutar dichas sentencias respecto del pasado. En el
caso de Bélgica, se ha aprobado ya el sistema y su ejecución está en curso.

137. En 1988 han podido archivarse los diferentes
procedimientos de infracción iniciados contra Bélgica en
casos relativos a la situación de los funcionarios de las

Comunidades Europeas destinados en Bélgica. El
acuerdo alcanzado en abril de 1987 con las autoridades

belgas, en particular sobre la mención del personal co

munitario en un apartado especial de los registros municipales de población, ha permitido resolver los distintos
problemas que se habían planteado, tales como el impuesto sobre la segunda residencia, la negativa a conceder una prima por adquisición y renovación de edificios,
tarifas «no residente» en clubs deportivos y culturales y
por consumo de agua.

138. En virtud de la letra e) del artículo 12 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades, sólo en caso de
traslado y de cese en funciones, los funcionarios y otros
agentes de las Comunidades tienen derecho a importar
(traslado) y reexportar (cese en funciones) su automóvil
en franquicia de IVA. Debido a las dificultades con que
se han encontrado en Portugal antiguos funcionarios o
agentes de la Comisión para realizar la importación en
franquicia, se ha dirigido a las autoridades portuguesas
un dictamen motivado. En el caso de Bélgica, el procedimiento iniciado en relación con los requisitos impuestos
para la exención del IVA a la importación de vehículos
se ha archivado porque se ha considerado que el principal motivo invocado por la Comisión carecía de funda
mento.

139. Respecto del procedimiento sobre la reducción
de un 50 °/o de las remuneraciones abonadas por la administración belga a los profesores belgas destinados en
las Escuelas Europeas, la Comisión decidió presentar un
recurso ante el Tribunal de Justicia.

_Cuestiones presupuestarias_

140. La Comisión pudo archivar un procedimiento de
infracción iniciado por no haber abonado derechos de
aduana, puesto que Bélgica abonó las cantidades solicitadas.

141. Por lo que se refiere a los intereses en caso de
demora en el pago de los recursos propios, la Comisión
recurrió ante el Tribunal en un caso contra Italia y, en
otro caso contra dicho Estado miembro, emitió un dictamen motivado. Pudo archivarse un procedimiento de infracción iniciado por esta misma razón contra Grecia
porque fueron abonadas las cantidades que se habían solicitado.

142. Con objeto de conseguir el abono de los recursos
propios del IVA no abonados, así como los intereses de
demora debidos -a causa de infracciones a la Directiva

77/388/CEE y al Reglamento (CEE) n° 2892/77 modificado-, la Comisión emitió un dictamen motivado contra
Francia, mientras que iniciaba ante el Tribunal un procedimiento contra la República Federal de Alemania. En
este punto, la Comisión pudo archivar tres procedimientos de infracción, dado que los Estados miembros interesados (Irlanda, Países Bajos y Reino Unido) abonaron
los recursos IVA y los intereses de demora debidos.

N° C 330/24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

_Política de medio ambiente_

143. En el cuarto programa comunitario de acción en
materia de medio ambiente (') se estipula que la aplicación del derecho de medio ambiente es una de las prioridades para los años venideros. Esta prioridad se confirmó explícitamente en la Resolución del Consejo de 19
de octubre de 1987 ( [2] ) y ha sido reconocida también por
el Parlamento Europeo.

144. A lo largo de 1988, el Tribunal de Justicia dictó
un número considerable de sentencias que influirán positivamente en la protección del medio ambiente. Por
ejemplo, en los asuntos 227 a 230/85, el Tribunal condenó por segunda vez a Bélgica porque no había adoptado las medidas necesarias para poner en práctica las
Directivas del Consejo sobre residuos (78/176/CEE,
75/442/CEE, 75/439/CEE y 76/403/CEE). Ante esta
situación absolutamente inaceptable, la Comisión se
verá obligada a emprender todos los trámites necesarios
incluidos en el ámbito de su competencia, en particular
analizando la financiación de acciones comunitarias en

materia de medio ambiente en Bélgica. En el asunto
322/86, el Tribunal dictó una sentencia el 12 de julio de
1988 contra Italia por aplicación parcial de la Directiva
78/659/CEE (aguas piscícolas). La sentencia ofrece a la
Comisión una sólida base para conseguir la aplicación de
dicha Directiva en los doce Estados miembros. Por úl
timo, en el asunto 302/86 (sentencia de 29 de septiembre
de 1988) contra Dinamarca, el Tribunal confirmó la sentencia que había dictado en el caso 240/83, a saber, que
la protección del medio ambiente constituye un interés
general importante que justifica ciertas limitaciones del
principio de libre circulación de mercancías.

145. Como en 1987, la acción de la Comisión en 1988
se ha caracterizado por un mayor número de acciones
sobre la conformidad parcial y la incorrecta aplicación
de las disposiciones comunitarias en materia de medio
ambiente.

146. La incorporación de las directivas sobre medio
ambiente por los Estados miembros sigue haciéndose con
una cierta demora y la Comisión se ha visto obligada a
dirigir un número considerable de emplazamientos a los
Estados miembros par la no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas. Debe citarse, en particular, la Directiva 85/335/CEE sobre la
evaluación del impacto en el medio ambiente. A pesar de
contar con un plazo de incorporación de tres años, en la
fecha de entrada en vigor de la Directiva (4 de julio de
1988) sólo cinco Estados miembros habían informado a
la Comisión de las medidas nacionales de ejecución. En
el sector de los residuos, la demora en la incorporación
de las directivas comunitarias por un número considerable de Estados miembros tuvo como consecuencia, en el
verano de 1988, que la opinión pública de Europa y del
Tercer Mundo experimentara una fuerte reacción provocada por el transporte de residuos tóxicos, tanto dentro
de la Comunidad como hacia el Terer Mundo. La aplicación completa y efectiva de las directivas comunitarias

O DO n° C 328 de 7. 12. 1987, p. 1.
O DO n° C 328 de 7. 12. 1987, p. 2.

existentes, en particular de las Directivas 84/631/CEE y
86/279/CEE, hubiera podido evitar el tráfico ilegal.

147. En cuanto a la aplicación incompleta de las directivas sobre medio ambiente, debe citarse en primer lugar la legislación nacional y regional de caza, porque no
es conforme a las disposiciones de la Directiva sobre
protección de los pájaros (79/409/CEE). En 1988, la
Comisión recurrió ante el Tribunal de Justicia en el caso

de dos Estados miembros [República Federal de Alemania (asunto 88/288) y Países Bajos (asunto 87/339)] y
emitió un cierto número de emplazamientos y dictámenes motivados. Debe constatar que, en el momento actual, los Estados miembros, algunas de cuyas prácticas de
caza o de captura de pájaros han sido declaradas ilegales
en sentencias del Tribunal de 1987 y 1988, siguen sin
modificar sus legislaciones. Así, la Comisión ha tenido
que iniciar nuevos procedimientos contra algunos Estados.

148. La situación más grave se produce, indudablemente, en la aplicación efectiva de las disposiciones comunitarias y nacionales existentes. Es necesario constatar
que el medio ambiente en toda la Comunidad se encontraría en mucho mejor estado si las disposiciones existentes se aplicaran efectivamente en toda la Comunidad.
Esta observación es válida para todos los sectores -agua,
aire, residuos, substancias e instalaciones químicas, naturaleza y ruido-. Muchos Estados miembros parecen encontrar especiales dificultades cuando una disposición
comunitaria les obliga a elaborar y poner en práctica planes y programas de saneamiento. Asimismo, la declaración de zonas especiales y las medidas de saneamiento,
de conservación o de vigilancia que deben adoptarse,
suelen plantear problemas. En este sentido, hay que volver a referirse a la Directiva 70/409/CEE en los casos en

que casi la mitad de las zonas de protección especial para
las aves han sido declaradas y en las que los trabajos de
ordenación y las actividades económicas dentro de dichos conjuntos han obligado a la Comisión a iniciar toda
una serie de procedimientos de infracción. Es de temer
que los ataques a las zonas de aves sigan poniendo seriamente en peligro los esfuerzos que se están realizando en
la Comunidad para la protección de la naturaleza.

149. En materia de residuos, todos los Estados miembros acusan un considerable retraso en la publicación y
la transmisión de los programas de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos. En 1988, la Comisión recordó
a los Estados miembros sus obligaciones derivadas de la
Directiva 78/319/CEE y llamó su atención sobre el impacto que tendrá la realización del mercado interior en
las políticas de eliminación de residuos.

150. Respecto del agua, la aplicación efectiva de
las Directivas 75/440/CEE (aguas superficiales),
76/160/CEE (aguas de baño), 80/68/CEE (aguas subterráneas), 80/778/CEE (agua potable), 78/659/CEE
(aguas piscícolas) dista mucho de ser satisfactoria. En
1988, la Comisión se concentró fundamentalmente en las
Directivas sobre aguas de baño, decidiendo medidas de

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/25

infracción contra todos los Estados miembros, y sobre
agua potable. En esta Directiva, el respeto de los valores
correspondientes al nitrato y a los pesticidas plantea en
buen número de Estados miembros problemas graves. El
control de la aplicación por parte de la Comisión es difícil, debido a que la Directiva 80/778/CEE no prevé un
dispositivo de información a la Comisión sobre la aplicación de la Directiva.

151. Apenas se realiza el control de la aplicación de
las disposiciones de los convenios internacionales de los
que forma parte la Comunidad. Así, los mares comunitarios no son objeto de medidas de control por parte de la
Comisión, lo cual constituye una omisión en el contexto
de la protección efectiva del medio ambiente comunitario.

152. El número de quejas ha vuelto a aumentar en
1988, llegando casi a las doscientas. En su mayoría, se
refieren a la protección de la naturaleza, viniendo a continuación la contaminación del agua y de la atmósfera.
La Comisión comprueba con satisfacción que las quejas
sobre medio ambiente le han sido dirigidas no sólo por
particulares y asociaciones de protección de la naturaleza, sino también por partidos políticos, fracciones políticas de los parlamentos nacionales, autoridades municipales y embajadas. La Comisión ve en esta evolución la
expresión del interés general que suscita la proteción del
medio ambiente. Considera que la queja es un instrumento útil para asegurar un control eficaz de la aplicación efectiva del Derecho comunitario sobre medio am
biente.

153. A finales de 1988, como consecuencia de una
queja individual, la Comisión presentó un recurso ante el
Tribunal de Justicia a fin de obtener la regularización de
una situación que se producía en el tratamiento y la eliminación de residuos peligrosos en España (asunto
21/89). La Comisión considera que España violaba varias
de las directivas sobre hexaclorocicloexano; además, hay
una falta de cooperación de las autoridades españolas en
la verificación sobre el terreno.

_Política de competencia_

154. En materia de adecuación de los monopolios nacionales de carácter comercial, la Comisión tuvo que tratar, en particular, dos casos. Respecto del monopolio de
petróleos griego, la Comisión tuvo que constatar que las
propuestas de adecuación comunicadas por Grecia para
conformarse a las disposiciones del artículo 40 del Acta
de adhesión no eran aceptables y, en consecuencia, el 8
de junio de 1988 decidió llevar esta cuestión ante el Tribunal. En cuanto al monopolio de petróleos español, que
debe ser adaptado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 48 del Acta de adhesión y en los artículos 30 y
37 del Tratado CEE, la Comisión tomó nota de los compromisos manifestados por el Gobierno español el 25 de
enero de 1988 de conformarse en el plazo más breve posible al dictamen motivado de la Comisión de 22 de di
ciembre de 1987.

155. En materia de medidas estatales en el sentido del

artículo 90 del Tratado CEE, cabe destacar en particular
los casos siguientes:

— mediante sentencia dictada el 30 de junio de 1988 en
el asunto 226/87, el Tribunal de Justicia condenó a
la República Helénica porque no había adoptado las
medidas necesarias para atenerse a la Decisión de la
Comisión de 24 de abril de 1985 (') relativa al seguro
de bienes públicos en Grecia y de los créditos concedidos por los bancos públicos griegos. Dado que el
Gobierno de Grecia no ha comunicado todavía las

medidas necesarias para atenerse a la citada Decisión,
la Comisión piensa iniciar un nuevo procedimiento
en virtud del artículo 169 del Tratado CEE por incumplimiento de las obligaciones que le corresponden
en virtud del artículo 171 del Tratado CEE;

— tras la Decisión adoptada por la Comisión en virtud
del apartado 3 del artículo 90 del Tratado CEE el 22
de junio de 1987 ( [2] ), respecto de las tarifas especiales
de transporte aéreo y marítimo reservadas exclusivamente para los residentes españoles de las Islas Canarias y de las Baleares, España adoptó medidas para
extender el beneficio de dichas tarifas a los residentes

nacionales de otros Estados miembros con efecto a

partir del 1 de enero de 1988. En 1988, Portugal adoptó una solución similar para su régimen de tarifas
preferenciales en el transporte aéreo. En lo sucesivo,
los nacionales de los demás Estados miembros que
residan en las Azores y en Madeira puede beneficiarse de tarifas reducidas, que antes estaban reservadas únicamente a los residentes nacionales.

156. La Comisión instruyó también un expediente sobre el rechazo del Gobierno alemán a prestar asistencia a
los agentes de la Comisión en el contexto de la aplicación de las normas de competencia. La Comisión decidió posponer el análisis de este asunto, en espera de la
sentencia «Hoechst».

_Política agraria_

157. Las infracciones a las medidas específicas de organización del mercado destinadas a realizar los objetivos inscritos en el artículo 39 del Tratado CEE se refie
ren a la demora producida en la aplicación de la normativa comunitaria (destinada a aplicarse a corto plazo, a
fin de que produzca los efectos deseados por el legislador comunitario) o a la incorrecta aplicación de las disposiciones comunitarias en sí mismas.

158. La Comisión ha tenido que perseguir los retrasos
registrados en la aplicación del régimen de la tasa de corresponsabilidad suplementaria en el sector lácteo de Italia, en el pago de las primas por abandono de superficies

(') DO n° L 152 de 11. 6. 1985, p. 25.
O DO n° L 194 de 15. 7. 1987, p. 28.

N° C 330/26 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

plantadas de viñas en Italia, en la creación de un fichero
informatizado de los datos oleícolas en Italia y Grecia y
en la adopción de medidas sancionadoras en caso de infracción del régimen de ayudas a la producción de aceite
de oliva en Francia.

159. Por lo que se refiere a la incorrecta aplicación de
la normativa comunitaria, ha afectado al funcionamiento
de las organizaciones de mercado:

— en los sectores de cereales y de aceite de oliva en
Grecia por las intervenciones estatales a nivel de precios comunitarios o de la compra de cereales que no
respondían a los criterios establecidos por la normativa comunitaria, pero sobre todo por intervenciones
nacionales en la gestión del mercado de cereales contrarias a las normas de la organización común de
mercado a través de la organización KYDEP, instrumento del Estado griego, que cubre los déficits de
dicho organismo;

— en los sectores de frutas y hortalizas, de productos
lácteos y de vino en Italia, por la falta de controles
destinados a garantizar el respeto de las normas de
calidad de las frutas y hortalizas, por fijar el precio
de la leche en una fase que depende exclusivamente
de la competencia comunitaria o por la inclusión injustificada de ciertas áreas vitícolas en una región determinada (lago di Caldaro);

— en el sector del vino en la República Federal de Alemania por el aumento ilegal del grado alcohólico natural de los vinos de Mosela, por la admisión de vinos de calidad (vcprd) producidos fuera de las regiones determinadas o por la prohibición de utilizar
mostos de uva concentrados rectificados en la elabo
ración de vinos locales y de vcprd, por la no adopción de una legislación sancionadora en el sector de
la orgnización común de mercados vitivinícolas para
garantizar la ejecución de destilación obligatoria;

— en el sector vitivinícola en Portugal por la incorrecta
aplicación (por ejemplo, requisitos adicionales no
previstos) del régimen comunitario de primas por
arranque de viñedos;

— en el sector de huevos y aves de corral de los Países
Bajos, por la obligación que tienen los exportadores
neerlandeses instalados fuera del territorio neerlan
dés, en especial, de poner en los embalajes de huevos
el número de un centro autorizado neerlandés.

160. En materia de armonización, los sectores cubiertos son los siguientes: los sectores fitosanitarios, las semillas y plantas, los alimentos para el ganado y el derecho
veterinario.

161. Por no comunicación de las medidas nacionales

de ejecución de las directivas correspondientes a los sectores antes citados, en 1988 la Comisión tuvo que iniciar
ciento treinta nuevos procedimientos de infracción en
virtud del artículo 169 del artículo 169 del Tratado CEE.

162. Aunque el número haya aumentado sensiblemente, se ha puesto de manifiesto que los Estados miembros adoptan las medidas nacionales de ejecución sin que
la Comisión tenga que recurrir al Tribunal de Justicia: en
1988, en diecisiete de los diecinueve casos que se produjeron, los Estados miembros se atuvieron a los dictámenes motivados emitidos por la Comisión antes del mes de
diciembre de dicho año. Sólo en un caso se inició un

recurso ante el Tribunal (caso que, por otra parte, ha
sido regularizado poco después del recurso).

163. Por lo que se refiere a la ejecución de las sentencias del Tribunal, Italia (único Estado miembro interesado) adoptó, basándose en la ley de habilitación (') las
medidas de incorporación de once directivas (de dieciséis); para las otras cinco directivas, la Comisión inició
procedimientos en virtud del artículo 171 del Tratado
CEE.

164. En cuanto a los rasgos característicos de los incumplimientos de los Estados miembros, las observaciones publicadas en los informes precedentes ( [2] ) siguen
siendo válidas. La ausencia de una evolución significativa
hace inútil volver a repetirlas.

165. En su último Informe ( [3] ), la Comisión hacía referencia al carácter preocupante de la no ejecución por
parte de Italia de la sentencia del Tribunal de Justicia de
12 de febrero de 1987 en el asunto 69/86, en la que el
Tribunal, en virtud del artículo 171, condenaba a Italia
por no haber cumplido la sentencia dictada el 15 de noviembre de 1983 en el asunto 322/82, por no respetar las
reglas de control de las normas de calidad en el sector de
frutas y hortalizas.

166. Esta observación también sigue siendo válida
pues, a pesar de las múltiples intervenciones de la Comisión, Italia sigue sin cumplir el doble veredicto del Tribunal de Justicia. La Comisión está obligada a denunciar
esta actitud que perjudica al buen functionamiento de la
Comunidad, basado en el respeto del derecho.

(') La ley de habilitación de 16 de abril de 1987 (Diario Oficial
de la República Italiana n° 109 de 13 de mayo de 1987) confería al Gobierno italiano una delegación de un año para la
incorporación de un determinado número de directivas comunitarias. Mientras tanto, los efectos de esta ley han cesado.
( [2] ) Véase en especial el Quinto Informe Anual al Parlamento
Europeo sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, 1987. Documento COM(88) 425 final de 13. 9.
1988, p. 42.
( [3] ) Quinto Informe al Parlamento Europeo (DO n° C 310 de 5.
12. 1988, p. 47).

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/27

_Política pesquera_

167. Por lo que se refiere al régimen comunitario de
conservación y gestión de los recursos pesqueros, el estrecho control realizado por la Comisión en años precedentes ha dado lugar a que la mayoría de los Estados
miembros pongan en práctica disposiciones más estrictas
destinadas a hacer respetar las medidas técnicas de conservación y las cuotas de pesca. La Comisión sigue persiguiendo los casos en los que se han superado las cuotas
de capturas; el esceso de capturas es un índice de carencias de los Estados miembros interesados en materia de

control de pesca. Por esta razón se han enviado dictámenes motivados al Reino Unido (esceso de capturas 1985),
a los Países Bajos (exceso de capturas 1986) y a Francia
(exceso de capturas 1985 y 1986). El asunto instruido en
1987 contra los Países Bajos por los casos de exceso de
capturas constatados durante los años 1983, 1984 y 1985
sigue ante el Tribunal de Justicia.

168. En cuanto a los procedimientos de control, que
los Estados miembros deben poner en marcha, se ha podido archivar un procedimiento iniciado contra Bélgica.
Otro expediente instruido contra Francia, debido a un
control incorrecto del respeto de las medidas técnicas de
conservación, ha dado lugar finalmente a un recurso
ante el Tribunal de Justicia. Por la misma razón se ha

enviado un dictamen motivado a España, en el que se
constata un incumplimiento de la obligación de registrar
las capturas de las especies sujetas a TAC o cuotas, incumplimiento que puede poner en cuestión las posibilidades de la Comisión de garantizar que el Estado miembro
interesado no supere las cuotas.

169. La aplicación por los Estados miembros de la
normativa comunitaria por la que se establece la obligación de comunicar los datos previstos en el contexto de
la organización común de mercados ha mejorado considerablemente. La Comisión ha podido archivar los expedientes correspondientes a Dinamarca, los Países Bajos y
el Reino Unido. Sigue habiendo fallos en la comunicación de datos por parte de Francia, Italia, Irlanda y Grecia. Los tres últimos casos han tenido que llevarse al Tribunal de Justicia.

170. Como en años anteriores, la Comisión insiste en
que cada Estado miembro notifique en la forma y plazo
previstos las medidas nacionales en materia de pesca.
Así, se puede controlar la conformidad de dichas medidas con el Derecho comunitario y se garantiza una
mayor coherencia de la política comunitaria. En 1988 se
archivó un último expediente sobre esta cuestión correspondiente a los Países Bajos.

171. La Comisión sigue prestando una atención sistemática a las legislaciones nacionales relacionadas con el
sector de la pesca con objeto de poder apreciar su conformidad con las disposiciones y las prerrogativas comunitarias aplicables. En este sentido, la Comisión decidió
pasar a la fase de recurso contra una norma irlandesa
que supedita la concesión de licencias a pesca a un requisito de nacionalidad, restringiendo así la libertad de esta

blecimiento. La Comisión decidió también llevar ante el

Tribunal un expediente relativo a la extensión de las
aguas territoriales por parte del Reino Unido, que implica restricciones a derechos específicos de pescadores
de otros Estados miembros ratificados por el Acta de adhesión y por el Reglamento (CEE) n° 170/83.

_Política común de transportes_

172. La mayoría de las medidas adoptadas en el sector
del transporte por carretera, del transporte aéreo y del
transporte marítimo adoptan la forma de reglamentos y
decisiones directamente aplicables: así, en 1988 entraron
en vigor tres medidas, relativas, por un lado, al transporte aéreo (Decisión 87/602/CEE, sobre la distribución
de capacidades y acceso al mercado, y Reglamento
3975/87/CEE, sobre la aplicación de los artículos 85 y
86 del Tratado CEE), y, por otra parte, al transporte por
carretera [Reglamento (CEE) n° 1841/88, sobre el contingente comunitario]. Sólo las tarifas de los servicios aéreos regulares entre Estados miembros han sido objeto
de una directiva (Directiva 87/801/CEE), que está en vigor desde el 31 de diciembre de 1987 y que, transcurrido
un año, no había sido incorporada por la mayoría de los
Estados miembros.

173. Italia sigue sin ejecutar las sentencias del Tribunal de Justicia relativas a la no incorporación de las tres
directivas sobre acceso a la profesión de transportista de
mercancías, de transportista de viajeros y sobre el reconocimiento mutuo de los títulos de transportista, a pesar
de las nuevas condenas del Tribunal en virtud del artí
culo 171 del Tratado, por lo que se refiere a las dos primeras directivas, y de un nuevo recurso ante el Tribunal,
en virtud del mismo artículo, por lo que se refiere a la
tercera. Los asuntos contra Grecia, por la no incorporación de dichas directivas, siguen ante el Tribunal.

174. En cambio, Italia adoptó la legislación relativa a
los incentivos fiscales previstos en la Directiva
82/603/CEE en materia de transporte de mercancías
combinado ferrocarril/carretera, de conformidad con la
sentencia del Tribunal de 7 de julio de 1987 en el asunto
420/85.

175. En cuanto a la Directiva 86/544/CEE sobre esta

misma cuestión, en la actualidad es aplicada en todos los
Estados miembros.

176. En el momento actual, Bélgica es el único país
que no ha incorporado la Directiva 82/714/CEE, por la
que se establecen las prescripciones técnicas de los barcos. Bélgica fue condenada por el Tribunal de Justicia el
24 de mayo de 1988.

177. En el importante tema de pesos y dimensiones de
los vehículos de transporte por carretera, Directiva
86/364/CEE, dos países han adaptado su normativa tras
los emplazacimientos enviados por la Comisión. Otros

N° C 330/28 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

dos Estados miembros tienen aún que adoptar las medidas correspondientes a dicha Directiva, así como a la
nueva Directiva sobre simplificación del cruce de fronteras (Directiva 87/53/CEE).

178. Excepto el Reino Unido, que presentó un
proyecto de legislación a la Comisión, todos los Estados
miembros han incorporado las dos directivas sobre transportes aéreos interregionales. En cuanto a la Directiva
sobre las tarifas en el transporte aéreo regular entre Estados miembros, incluido el «paquete aéreo» de diciembre
de 1987, se han iniciado procedimientos de infracción
contra dos Estados miembros. En 1988 surgió un importante asunto en materia de aplicación de la Decisión
87/602/CEE, sobre la capacidad y el acceso al mercado,
incluida también en el «paquete aéreo». Las autoridades
italianas denegaron a Air Lingus los derechos de la
quinta libertad (posibilidad de transportar carga y pasajeros entre aeropuertos situados en Estados distintos al de
la nacionalidad de la compañía aérea) en los vuelos entre
Manchester y Milán, integrados en la línea Dublín/Manchester/Milán. La Comisión presentó un recurso ante el
Tribunal de Justicia. La prensa ha prestado particular
atención a este asunto.

179. Otro importante procedimiento de infracción que
ha tenido un cierto eco en los medios de comunicación

ha sido el procedimiento iniciado contra Portugal en materia de aplicación del Reglamento n° 4055/86/CEE sobre la libre prestación de servicios en el sector del transporte marítimo (incluido en el «paquete marítimo» de diciembre de 1986). Portugal había adoptado a principios
de 1987 un nuevo régimen de preferencia de pabellón
para el transporte de mercancías que aumentó el alcance
de la preferencia de pabellón nacional ya existente y lo
extendió a los buques fletados por armadores nacionales,
lo cual es manifiestamente contrario de las exenciones

aún permitidas por el Reglamento. Esta infracción parece
poder concluir próximamente, por la publicación de un
nuevo Decreto ley cuyo texto ha recibido un dictamen
favorable de la Comisión.

_Política energética_

180. En el 27 de abril de 1988, la Comisión adoptó, y
luego transmitió al Consejo y al Parlamento Europeo, un
documento de trabajo sobre el mercado interior de la
energía [COM(88) 238 final de 2 de mayo de 1988]. Dicho documento, en el que se hace un inventario lo más
exahustivo posible de los obstáculos existentes para la
realización del mercado interior de la energía, propone
cuatro marcos de acción que deberían hacer posible eliminar los obstáculos. Uno de dichos marcos de acción se

refiere a la aplicación del derecho comunitario. La Comisión dispone fundamentalmente de cuatro bloques de
instrumentos jurídicos que puede utilizar: los destinados
a garantizar la libre circulación de mercancías y servicios; los correspondientes a los monopolios de Estado y
a los derechos exclusivos; los que regulan las condiciones
de competencia y, por último, los que se aplican a las
ayudas de Estado.

181. A la vez que adoptaba su documento de trabajo,
la Comisión encargó a los servicios que examinaran la
consolidación de los instrumentos jurídicos puestos a su
disposición, con objeto de garantizar el respeto del derecho comunitario en el sector de la energía. En el contexto de este mandato, los servicios emprendieron, en
concreto, el examen de los problemas planteados en materia de comercio intracomunitario de electricidad por el
sistema alemán de ayuda indirecta al carbón consumido
en las centrales eléctricas. Los servicios emprendieron
también una encuesta en cinco países miembros (Bélgica,
República Federal de Alemania, España, Francia y Reino
Unido), con objeto de establecer si las condiciones contractuales que vinculan a las industrias del carbón y a las
eléctricas son aceptables en virtud de las artículos 85 y
86 del Tratado CEE.

182. Una vez concluidos estos trabajos, la Comisión
decidirá en 1989 las líneas generales de acción. En este
contexto se situarán las medidas que la Comisión proponga para eliminar los obstáculos a la compra transfronteriza de electricidad, como se anunciaba en la Comunicación sobre el «Régimen comunitario de contratación pública en los sectores excluidos: agua, energía,
transporte y telecomunicaciones» [COM(88) 376 final de
11 de octubre de 1988].

_Relaciones exteriores_

183. Por aplicación de la Decisión 393/74/CEE del
Consejo, por la que se establece la obligación de información y consulta previa en materia de acuerdos de cooperación celebrados por los Estados miembros con terceros países, la Comisión dirigió a Grecia un dictamen motivado por no respetar las citadas obligaciones antes de
negociar un acuerdo de cooperación.

184. En otro orden de cosas, la Comisión decidió, en
el curso de 1988, enviar un dictamen motivado a Francia, debido a los obstáculos a la importación de abonos
procedentes de Hungría.

_Política de cooperación para el desarrollo_

185. En este sector, el control de la aplicación del derecho comunitario efectuado por la Comisión se propone
fundamentalmente garantizar que los Estados miembros
respeten los diversos protocolos celebrados en el contexto del Convenio de Lomé y de actos comunitarios derivados de algunos acuerdos internacionales sobre productos.

186. Por otra parte, en el contexto de las relaciones
entre la Comunidad Económica Europea y los países y
territorios de Ultramar (CEE/PTUM), las autoridades
francesas han hecho llegar a la Comisión el 22 de enero
de 1988 una respuesta positiva, indicando que la legislación en Nueva Caledonia y Polinesia francesa está
siendo modificada con objeto de respetar la libertad de
establecimiento de las personas, para ejercer cinco profesiones relacionadas con la salud.

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/29

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30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/35

A* 7

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30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 330/51

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PAÍSES BAJOS

Sentencia de

17. 9. 1987

Sentencia de

13. 10. 1987

REINO UNIDO

Sentencia de

21. 6. 1988

Asunto 291/84 Protección de las aguas subterráneas (A 71/83) Nuevo procedimiento de infracción
(A 532/88)

Asunto 236/85 Pájaros salvajes (A 125/84) Nuevo procedimiento de infracción
(A 60/89)

Asunto 416/85 Aplicación del índice cero La nueva ley financiera de 1989 prevé la aplicación de la sentencia.

(A 203/81)

3 0 . 1 2 . 8 9 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N ° C 330/53

_N° 11_

Relación de sentencias importantes de los tribunales nacionales de última instancia

En el Quinto Informe, la Comisión informaba al Parlamento
Europeo de que había realizado un minucioso estudio sobre la
actitud de los tribunales nacionales superiores respecto del Derecho comunitario, estudio que habría sido publicado.

La Comisión decidió publicar dicho estudio como complemento
del presente informe, con objeto de ofrecer información más
completa al Parlamento Europeo.

Las soluciones dadas por los tribunales superiores a los problemas planteados por posibles conflictos entre el Derecho comunitario y el Derecho nacional, así como la aplicación por dichas
jurisdicciones de tres principios fundamentales de Derecho comunitario (primacía sobre la ley nacional posterior, efecto directo, en particular de las directivas, y unidad de la jurisprudencia) son analizadas por países y de forma evolutiva.

La conclusión del estudio es que las posturas heterodoxas de los
tribunales superiores son cada vez menos frecuentes y que éstos
colaboran eficazmente en la aplicación del Derecho comunitario.

Se hace sentir cada vez más la influencia de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia que, en la sentencia 283/81, «Cilfit» ('),
hizo una interpretación definitiva del párrafo tercero del artículo 177: cuando ante un tribunal cuyas decisiones no pueden
ser objeto de un recurso jurisdiccional de Derecho interno se
plantee una cuestión de Derecho comunitario, este tribunal deberá pronunciarse sobre la misma, a menos que haya comprobado:

— que la cuestión planteada no es pertinente,

o

— que la disposición comunitaria en cuestión ya ha sido objeto
de una interpretación por parte del Tribunal de Justicia,

o

— que la aplicación correcta del Derecho comunitario se impone de forma tan evidente que no deja lugar a ninguna
duda razonable; la existencia de tal eventualidad debe evaluarse en función de las características propias del derecho
comunitario, de las dificultades específicas que presente su
interpretación y del riesgo de divergencias de jurisprudencia
dentro de la Comunidad.

Por lo que se refiere más concretamente al año 1988, la Comisión constata que las observaciones formuladas en el Quinto Informe siguen siendo válidas.

En general, los distintos tribunales y órganos jurisdiccionales de
los diferentes Estados miembros aplican plenamente el Derecho
comunitario. Deciden por sí mismos sobre cuestiones de Derecho comunitario ya resueltas, cuando se plantean, y recurren
cada vez más al Tribunal de Justicia en cuestiones prejudiciales
en virtud del artículo 177 del Tratado, y esto sucede tanto en
los tribunales de rango inferior como en los tribunales de última
instancia.

Como para 1987, la Comisión ha hecho una relación de las sentencias de los tribunales de última instancia que tienen un carácter significativo respecto de los problemas subsistentes.

De hecho, la Comisión, con los limitados miembros de que dispone, sólo ha tenido conocimiento de tres casos que merezcan
citarse y que se refieren al Consejo de Estado italiano y al Consejo de Estado francés (véase más abajo). Estas tres sentencias
son especialmente significativas, dado que, por un lado, no se
ha recurrido al Tribunal de Justicia y que, por otra parte, los
dos tribunales hacen una interpretación errónea del Derecho comunitario.

Atendiendo la sugerencia de la resolución del Parlamento Europeo (punto 4) sobre el Quinto Informe, la Comisión está estudiando un sistema que permita disponer de relaciones anuales
completas de las sentencias dictadas por los tribunales nacionales superiores.

Habida cuenta de la complejidad y de las dificultades de organización para los doce Estados miembros, la Comisión se orienta
hacia una experiencia piloto referida a uno o varios Estados
miembros, con objeto de adquirir los elementos necesarios para
una eventual generalización del sistema.

Por lo que se refiere más concretamente a casos en los que los
tribunales nacionales no tienen en cuenta el alcance y los requisitos del artículo 177 del Tratado CEE, la Comisión señala haber incoado un procedimiento de infracción contra Francia en
relación con la sentencia del Tribunal de Casación, a la que ya
se hizo referencia en el punto A.l de la página 44 del Quinto
Informe.

Como ya se ha indicado en el curso de los debates sobre este
último punto, debido al principio universal de la independencia
del poder judicial, la Comisión no considera tener fundamentos
para reprochar a un Estado miembro el comportamiento de uno
de sus tribunales.

El número de cuestiones prejudiciales planteadas ha pasado de
144 en 1987 a 179 en 1988. En este último año, se distribuyen
por Estados y por tribunales de la siguiente forma ( [2] ):

Estados

Alemania

Bélgica

Dinamarca

España

Francia

Grecia

Irlanda

Italia

Luxemburgo
Países Bajos
Portugal

Reino Unido

miembros Total

34 (32)

32 (15)

4 ( 5)

1 ( 1)
37 (36)

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28 ( 5)

2 ( 3)

25 (19)

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16 ( 9)

Solicitudes de los
tribunales de última
instancia

8 (10)

1 ( 3)

2 ( 2)

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4 ( 3)

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(') Sentencia de 6. 10. 1982, _Repertorio de la jurisprudencia del_
_Tribunal_ 1982, p. 3415. ( [2] ) Entre parétnesis, la situación en 1987.

N ° C 330/54 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

En el caso en cuestión, la Comisión consideró que la administración francesa, que había cometido un error al perseguir a una
empresa por un delito que, en realidad, no se había cometido,
no estaba autorizada, sobre la base del Derecho comunitario, a
invocar la sentencia dictada en su favor, que reposaba sobre el
mismo error manifiesto en la aplicación del Derecho comunitario.

En la actualidad, el procedimiento se halla en la fase de dictamen motivado.

_1._ _Consejo de Estado italiano. Sala VI. Sentencia de 2 de diciem-_
_bre de 1988. Cooperativa Carrettierei la Rinascita_

Esta sentencia destaca, por una parte, por la omisión injustificada de recurrir al Tribunal de Justicia y, por otra parte,
por una aplicación errónea del Derecho comunitario.

El Consejo de Estado debía decidir sobre la demanda que
tres empresas italianas habían interpuesto contra una sentencia del Tribunal administrativo regional del Lacio, que había
rechazado el recurso presentado contra una circular del Ministerio de Transportes por la que se habían revocado todas
las medidas de ejecución de la ley n° 815/1980, que había
creado ayudas en favor de las empresas de transporte de
mercancías.

Dicha circular se proponía ejecutar la decisión de la Comisión de 20 de julio de 1983, por la que esta última había
declarado dichas ayudas para la compra de vehículos incompatibles con el apartado 1 del artículo 92 del Tratado; puesto
que la derogación de la ley censurada por la Comisión exigía
la adopción de una nueva ley, el Gobierno italiano había
cumplido provisionalmente sus obligaciones «comunitarias»
mediante un acto administrativo que «congelaba» con carácter definitivo todos los procedimientos de concesión de ayudas en cuestión.

El Consejo de Estado italiano revocó la sentencia del Tribunal administrativo de Primera Instancia y anuló la circular
antes mencionada puesto que, según el alto tribunal, mientras
la ley n° 815/1980 estuviera en vigor, la administración italiana no podría revocar legítimamente las medidas de ejecución de la misma. El Consejo de Estado afirmaba que la retirada hubiera debido seguir, y no proceder, a la derogación
de la ley de 1980, única medida capaz de ejecutar correctamente la decisión de la Comisión de 20 de julio de 1983.

De esta forma, el Consejo de Estado desestimó, sin ninguna
motivación, la tesis del Gobierno italiano, según la cual el
conflicto que el alto tribunal debía resolver oponía a la ley
italiana no la decisión de la Comisión, en virtud del apartado
2 del artículo 93, sino el apartado 1 del artículo 92 del propio Tratado. Por otra parte, esta tesis era totalmente conforme a la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia
en la materia (sentencia de 19 de junio de 1973, «Capolongo» asunto 77/72).

Por lo que se refiere a los efectos jurídicos de la decisión de
la Comisión, según el Consejo de Estado:

— «... las decisiones, que, a diferencia de los reglamentos,
no tienen alcance general, tienen la misma fuerza obliga

toria que las directivas, que están dirigidas a los Estados y
no tienen alcance general ni son precisas y que por lo
tanto, como tales, no son directamente aplicables (en los
Estados miembros).»

Además,

— «... las decisiones de las instituciones comunitarias son...

actos concretos y puntuales que, aunque vinculen al Estado destinatario en cuanto a las obligaciones que imponen, no pueden ser directamente aplicables en el ordenamiento jurídico nacional, puesto que no contienen disposiciones de alcance general.»

Es evidente que estas afirmaciones contrastan con la jurisprudencia constante del Tribunal en materia de efectos
jurídicos de las decisiones.

Por lo tanto, se pone de manifiesto que el Consejo de Estado
italiano omitió presentar al Tribunal de Justicia una cuestión
prejudicial, cuando todas las partes del asunto habían avanzado argumentos de Derecho comunitario y el Gobierno italiano había pedido expresamente al alto tribunal administrativo que planteara al Tribunal una cuestión de interpretación
del artículo 92 del Tratado CEE; por otra parte, el Consejo
de Estado italiano no tuvo en cuenta la jurisprudencia del
Tribunal relativa a la normativa comunitaria en materia de

ayudas de Estado y ha resultado no ser capaz de resolver de
forma correcta, como la indicada tanto por el Tribunal de
Justicia como por el Tribunal constitucional italiano en su
célebre sentencia n° 170/1984, «Granital», los conflictos entre la legislación interna y la legislación comunitaria. Como
en su sentencia n° 504, de 6 de mayo de 1980, relativa a los
efectos de una directiva en el ordenamiento jurídico interno,
el Consejo de Estado italiano persiste en negarse a reconocer
el efecto directo de los actos de las instituciones comunitarias

en el Derecho nacional

2. _Consejo de Estado francés. Sentencia de 27 de abril de 1988._
_Subsecciones novena y décima reunidas. 63 772. Sociedad Ber-_
_nard Carant_

En esta setencia, el Consejo de Estado, a la vez que omitía
recurrir al Tribunal de Justicia, adoptaba una postura heterodoxa respecto de las relaciones entre Derecho comunitario y
ley nacional posterior.

La empresa demandante había solicitado la anulación de un
decreto de 31 de agosto de 1984 que había suspendido por
un año la fabricación, exportación, importación y comercialización de gomas de borra que, por su forma, presentación u
olor se parecieran a productos alimentarios y pudieran ingerirse fácilmente.

Al plantearse expresamente una cuestión de Derecho comunitario, el Consejo de Estado afirma que «la empresa demandante no puede utilizar como argumento que el decreto impugnado no ha tenido en cuenta las disposiciones de los artículos 30 y 34 del Tratado de Roma, puesto que se adoptó
tomando como fundamento la citada ley de 21 de julio de
1983, que es posterior a la entrada en vigor de dicho Tratado».

Es evidente que no se ha tenido en cuenta el principio de la
primacía del derecho comunitario (tratándose, además, en
este caso del propio Tratado).

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/55

_3._ _Consejo de_ _Estado_ _francés._ _Sentencia_ _de 2 de marzo de 1988._
_Asociación_ _«Club de_ _chasse_ _du Vert_ _Galant»._ _Requerimientos_ _n°_
_25275,_ _25276_ _y 57837_

Esta sentencia pone de relieve otro punto fuerte de la jurisprudencia del Consejo de Estado: el rechazo de lo que se ha
denominado «efecto directo» de las directivas.

El litigio entre la empresa demandante y la Administración
fiscal se refería al hecho de saber si los costes de funcionamiento de la asociación, cubiertos en lo fundamental por las
contribuciones a tanto alzado de los cazadores, constituían o
no ingresos sujetos al IVA.

La legislación nacional respondía afirmativamente a la cuestión, mientras que la empresa demandante sostenía que la imposición no tenía en cuenta las disposiciones de la Sexta Di

rectiva IVA del Consejo, de 17 de mayo de 1977. El Consejo
de Estado, omitiendo una vez más recurrir al Tribunal,
afirma que, en virtud del artículo 189 del Tratado CEE, las
autoridades nacionales siguen siendo las únicas competentes
para decidir los medios adecuados para hacer posible que las
directivas produzcan efectos en el ordenamiento jurídico interno. Así, según este órgano jurisdiccional, cualesquiera que
sean las precisiones que contengan para los Estados miembros los ciudadanos de dichos Estados no pueden invocar las
directivas en apoyo de un recurso relativo a un litigio fiscal.
El Consejo de Estado constata, sin embargo, que durante el
período de imposición litigiosa las medidas adecuadas para
hacer posible que la Sexta Directiva produjera efectos en el
ordenamiento jurídico interno francés todavía no se habían
adoptado: en esta situación, dicha Directiva no puede influir
en las disposiciones legislativas aplicables en el caso en cuestión.

N° C 330/56 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

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30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/59

_ANEXO A_

Infracciones a los tratados y reglamentos

_índice_

Páginas

Relaciones exteriores 62

Política económica y monetaria 62

Mercado interior y asuntos industriales 62

Competencia 69

Empleo, asuntos sociales y educación 69

Agricultura 70

Transportes 74

Desarrollo 75

Asuntos administrativos 75

Medio ambiente 76

Pesca 76

Cuestiones presupuestarias 78

Unión aduanera 78

Impuestos indirectos 80

_Base jurídica_

La base jurídica se deriva del número de documento (de la base de datos Celex), el cual se deriva del
número original del acto; se compone (ver cuadro adjunto):

— de una cifra que identifica el sector documental (ejemplo: 1 = sector que comprende los Tratados
constitutivos de las Comunidades);

— de dos cifras que corresponden al año de referencia (año de publicación, de la firma, etc.);

— de una o dos letras que identifican el tipo de documento (ejemplo: E (del sector 1) = Tratado CEE);

— de un número, derivado del número con el que el documento fue publicado o del número del artículo.

Ejemplo: 3 80 R 2144

Sector 3: derecho derivado

Año de publicación

Reglamento

Reglamento (CEE) n° 2144/80

N° C 330/60 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES
TRATADOS DE MODIFICACIÓN O DE ADHESIÓN

Tratado Euratom

Tratado de adhesión DK, IRL, GB, N

Tratado CEE

Tratado de fusión

Tratado por el que se modifican determinadas disposiciones presupuestarias

Tratado de adhesión de Grecia

Tratado CECA

Tratado por el que se modifican determinadas disposiciones financieras

Tratado por el que se modifican determinadas disposiciones de
los estatutos del BEI

Tratado relativo a Groenlandia

DERECHO PROVENIENTE DE LAS RELACIONES EXTERIORES

DE LAS COMUNIDADES

Acuerdos con terceros países

DERECHO DERIVADO

Presupuesto

Censura

Decisiones (salvo decisiones generales CECA)

Directivas CEE/Euratom

Recomendaciones CECA

Reglamentos CEE/Euratom

Decisiones CECA de alcance general

Otros actos (Resoluciones, dictámenes, etc.) publicados en el DO «L» (o
DO único)

Otros actos publicados en el DO «C»

DERECHO COMPLEMENTARIO

Acuerdos internos

Decisiones (de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros)

Otros actos publicados en el DO «L» (o DO único)

Otros actos publicados en el DO «C»

ACTOS PREPARATORIOS

Propuestas de la Comisión

Dictamen del PE (previa consulta)

Dictamen del PE (iniciativas)

Dictamen del CES (previa consulta)

Dictamen del CES (iniciativas)

Dictamen del Tribunal de Cuentas

Actos preparatorios del presupuesto

Sector

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Tipo de
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30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/61

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

Observaciones

Conclusiones del abogado general

Sentencia

Providencia

Recurso y sentencia

Tercería

Dictamen

Otros actos

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

Preguntas escritas

Preguntas planteadas en el turno de preguntas

Preguntas orales

Petición

Sector

6

9

Tipo de
documento

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_NB:_ Sectores en proyecto:

7 — Medidas nacionales de ejecución.
8 — Jurisprudencia nacional.
10 — Doctrina.

N° C 330/62 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

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N° C 330/66 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

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N° C 330/82 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

_ANEXO B_

Infracciones a las directivas

_índice_

Páginas

Cuestiones estadísticas 83

Mercado interior y asuntos industriales 83

Competencia 99

Instituciones financieras y derecho de sociedades 99

Empleo, asuntos sociales y educación 101

Medio ambiente, protección de los consumidores 103

Agricultura 117

Transportes 135

Energía 139

Presupuestos 139

Unión aduanera e impuestos indirectos 139

Telecomunicaciones, industrias de la información e innovación 145

_Explicación_ _de las_ _referencias_

78/546

(31. 12. 1980)

sin mención

si

no MNE

no conf.

mala aplic.

1. 1. 1984

A 74/82

asunto 171/84

sentencia 13. 3. 1980

D.M.

referencias a la directiva

vencimiento del plazo de incorporación de la directiva al Derecho nacional

medidas no comunicadas el 31 de diciembre de 1987, lo que no excluye
que mientras tanto las medidas hayan sido incorporadas (comunicación del
Estado miembro que se está examinando en la actualidad) procedimiento
de infracción decidido pero aún no iniciado

medidas nacionales de ejecución comunicadas

procedimiento de infracción incoado o seguido por no comunicación de
las medidas nacionales

procedimiento de infracción seguido por no conformidad de las medidas
comunicadas

procedimiento de infracción seguido por mala aplicación de la directiva

vencimiento del plazo de incorporación para un Estado miembro en particular

referencias del procedimiento de infracción ( /82 = año de inicio del
procedimiento

referencias del asunto en los registros del Tribunal de Justicia

fecha de la sentencia del Tribunal

dictamen motivado

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/83

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75/319 Especialidades sí
(22. 11. 1976) farmacéuticas

75/324 Aerosol

(1. 1. 1981)

75/363 Médicos

(20. 12. 1976)

76/434 Mareaje de cables sí
(1. 1. 1981) y cadenas

1. 1. 1991

1. 1. 1991

76/756 Vehículos a motor sí

(1. 10. 1977)

76/767 Aparatos a presión sí
(1. 1. 1981)

76/891 Contadores de

(1. 1. 1981) electricidad

A 232/84

no conf.

recurso asunto

60/86

sentencia

12. 7. 1988

N° C 330/86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

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Directiva Objeto DK GB GR IRL NL

78/1015 Vehículos a motor sí

(1 1 1981)

78/1027 Veterinarios sí

(21 12 1980)

80/720 Tractores sí

(27 12 1981) agrícolas
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80/767 Contratos públicos si A 257/86
(1 1 1981) de suministro noMNE o

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81/487 Zumos de fruta sí

(1 7 1983/
1 7 1984)

81/851 Medicamentos

(9 10 1983) veterinarios

81/852 Medicamentos

(9 10 1983) veterinarios

82/76 Médicos

(31 12 1982)

A 6/84

no conf

sentencia

7 7 1987

asunto

49/86

A 88/112

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carta 169

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Residuos tóxicos

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30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 330/119

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Directiva Objeto DK GB GR IRL NL

71/119 Carnes frescas de ave sí

(1 1 1986)

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(31 12 1985) de multiplicación
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(31 12 1985)
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(31 12 1985) de hortalizas

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72/169 Variedades de viña sí

(31 12 1985)

72/180 Variedades de plantas si
(31 12 1985) agrícolas

72/274 Semillas

(31 12 1985)

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30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 330/127

3
Directiva Objeto DK GB GR IRL NL

84/643 Fiebre aftosa

(31. 12. 1984)

84/644 Brucelosis

(30. 8. 1985)

84/645 Peste porcina sí
(31. 3. 1985)

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recurso

Asunto

328/87

A 352/85

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recurso

Asunto

329/87

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85/38 Semillas de plantas sí n
(1.1. 1986) forrajeras
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85/320 Peste porcina
(1. 1. 1986)

85/321 Peste porcina sí
(1. 1. 1986)

85/322 Peste porcina
(1. 1. 1986)

85/325 Carnes frescas

(1. 1. 1986)

A 321/86

no MNE

D.M.

A 323/86

noMNE

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30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/129

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75/130

(1. 10. 1975)

77/796

(1. 1. 1979)

80/1263

(30. 6. 1982)

Transporte combinado sí
ferrocarril — carretera

Reconocimiento de

títulos

Permiso de

conducción

A 121/87

no conf.

D.M.

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recurso

Asunto

282/87

A 99/82

mala aplic.
sentencia

28. 3. 1985

Asunto

2/84

A 263/87

mala aplic.
D.M.

A 490/87

mala aplic.
D.M.

A 141/80

noMNE

sentencia

11. 10. 1983

Asunto

273/82

A 17/85

no MNE

recurso

Asunto

71/88

A 123/87

no conf.

D.M.

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 330/137

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N°C 330/142 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

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30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 330/143

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N° C 330/144 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

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86/364 Telecomunicaciones

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N ° C 330/146 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

APÉNDICE

Actitud de los tribunales nacionales superiores respecto del Derecho comunitario

PRÓLOGO

La eficacia del Derecho comunitario depende en gran
medida de los tribunales nacionales. En efecto, la aplicación del Derecho comunitario, en todos aquellos asuntos
de los que la Comunidad no es parte, que están reservados al Tribunal de Justicia, entra dentro de sus competencias (sin perjuicio del recurso prejudicial ante el Tribunal de Justicia en interpretación o en apreciación de
validez).

En el presente Informe se estudia cómo han cumplido su
tarea de hacer respetar el Derecho comunitario los tribunales superiores de los Estados miembros que son quienes tienen la última palabra en este proceso y cuya jurisprudencia orienta también la de los tribunales de rango
inferior.

El informe estudia, Estado por Estado:

1) las soluciones dadas por los tribunales superiores a
los problemas planteados por posibles conflictos entre el
Derecho comunitario y las constituciones nacionales;

2) la aplicación por dichos tribunales de tres principios fundamentales del Derecho comunitario: la primacía
sobre la ley nacional posterior, el efecto directo, en particular de algunas directivas, y la unidad de jurisprudencia (obligación de solicitar al Tribunal de Justicia la interpretación de las disposiciones de Derecho comunitario
que deban aplicarse, excepto si la disposición es incontestablemente clara o si ha sido ya interpretada por el
Tribunal; obligación de respetar la sentencia del Tribunal).

El estudio de la situación pone de manifiesto que, a pesar de la dificultad que supone aceptar de plano las limitaciones de soberanía impuestas al legislador y al juez
nacional, los tribunales nacionales han superado las dificultades iniciales y están colaborando eficamente en la
aplicación del Derecho comunitario. No obstante, sigue
habiendo excepciones: la postura del Consejo de Estado
francés, que considera que no puede hacer prevalecer el
Derecho comunitario sobre la ley nacional posterior; las
reticencias de varios tribunales a reconocer el efecto di
recto de las directivas, el abuso del recurso a la teoría del
«acto claro»; la no aplicación de algunas sentencias del
Tribunal de Justicia.

I. Introducción

1. La eficacia del Derecho comunitario depende en
gran medida de la acción de los tribunales nacionales: en
efecto, son ellos los responsables de su aplicación en todos los asuntos judiciales que no están reservados por los
Tratados a la jurisdicción del Tribunal de Justicia: prácticamente todos los asuntos de los que la Comunidad no
es parte, a saber, los litigios entre particulares y entre
particulares y un Estado miembro. En la administración
de justicia, como en el terreno legislativo y en el administrativo, se ejerce la cooperación de las autoridades nacionales en la aplicación de los actos comunitarios, prevista en particular en el artículo 5 del Tratado CEE, que
es esencial para la existencia misma de la Comunidad.

Los tribunales supremos de los Estados miembros desempeñan un papel especialmente importante, pues sus sentencias no sólo resuelven definitivamente los litigios que
les son presentados, sino que también orientan, debido a
su autoridad, la jurisprudencia futura de los tribunales de
rango inferior. Por estas razones, los artículos 177 del
Tratado CEE y 150 del Tratado Euratom, que autorizan
a todo juez nacional a dirigir al Tribunal de Justicia
cuestiones de interpretación o de apreciación de validez
del Derecho comunitario cuya solución es necesaria para
dictar sentencia hacen de ello una obligación para el juez
nacional «cuyas decisiones no son susceptibles de recurso
jurisdiccional de Derecho interno».

Respondiendo a una solicitud hecha al Servicio Jurídico

[COM(87) PV 856 de 7 de enero de 1987], el presente
Informe examina la manera en la que los tribunales supremos han cumplido su función de hacer respetar el
Derecho comunitario.

2. Se estudian en primer lugar las soluciones dadas
por algunos tribunales nacionales a los problemas planteados por la relación entre el Derecho comunitario y su
constitución.

— ¿Las limitaciones de competencia en favor de la Comunidad impuestas por los Tratados de París y de
Roma y por los actos que los han modificado o completado eran posibles sin una revisión de la constitución?

— ¿Puede ponerse en cuestión la aplicación del Derecho
comunitario si entra en conflicto con principios fundamentales de la constitución?

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N ° C 330/147

Indudablemente, es legítimo plantearse la cuestión de la
constitucionalidad de los Tratados originarios y de su
evolución posterior antes de que, con la ratificación, el
Estado haya asumido las obligaciones correspondientes.
Algunos tribunales nacionales han tenido que hacer
frente a esta cuestión.

En cambio, una vez ratificados, los Tratados ya no tendrían por qué volver a ser discutidos. En cualquier caso,
resultaría inadmisible que un Estado siguiera siendo
miembro de la Comunidad, disfrutando de las ventajas
inherentes a tal condición, pero se negara a aceptar determinadas obligaciones. En su sentencia del asunto
6/64, de 15 de julio de 1964, Costa contra ENEL ('), el
Tribunal de Justicia declaraba que «nacido de una fuente
autónoma, al Derecho nacido del Tratado, en razón de
su naturaleza específica original, no se le podría oponer
judicialmente un texto interno». La solución ideal, desde
la perspectiva del Derecho comunitario, sería que la primacía del mismo sobre el Derecho nacional estuviera re
conocida también en la constitución. Este reconoci
miento no aparece en ninguna sentencia de los tribunales
superiores pero cuando se les ha planteado esta cuestión,
salvo en casos excepcionales que luego veremos, han podido excluir la existencia misma de un conflicto entre los

dos ordenamientos jurídicos; se han apoyado en una disposición que figura en la mayor parte de las constituciones de los Estados miembros, según la cual se prevé expresamente la posibilidad de limitar las competencias del
Estado en favor de una organización internacional.

En los sistemas alemán e italiano, el control de la constitucionalidad de las leyes de ratificación de los Tratados
no sólo se realiza antes de adoptar la ley, como en Francia, sino también después de haber sido adoptada; incluso suele producirse bastante después (por incidente
planteado en un proceso). De esta forma, la cuestión de
la constitucionalidad de la limitación de competencias
que implican los Tratados originarios ha podido plantearse formalmente ante los tribunales constitucionales

alemán e italiano tras su ratificación. Pero en otros Esta
dos miembros, los tribunales han podido también poner
en cuestión la aplicación de algunos principios del Derecho comunitario, como la primacía sobre la ley nacional
posterior, con argumentos sacados de sus respecivas
constituciones.

3. A continuación, se estudia cómo han aplicado los
tribunales superiores los principios fundamentales del
Derecho comunitario.

a) _Primacía sobre la ley nacional_

Toda norma comunitaria que tenga efecto directo
debe producir dicho efecto:

— desde su entrada en vigor, a pesar de la posible
existencia previa de una ley nacional incompatible,

y

— mientras esté vigente, a pesar de la posible adopción posterior de una ley nacional incompatible.

Los tribunales nacionales no han dudado en ningún
momento en reconocer la primacía del Derecho comunitario sobre las leyes nacionales preexistentes. En
cambio, la primacía de las leyes posteriores ha planteado problemas, en particular en Italia; sentencia
Costa contra ENEL, de 7 de marzo de 1964 (véase
página 156, nota 1). El Tribunal de Justicia proclamó
el principio de la primacía sobre la ley posterior en su
sentencia de 15 de julio de 1964 en el asunto entre
estas mismas partes (véase nota 1). Puesto que el Tribunal Constitucional italiano, en la sentencia ICIC de
30 de octubre de 1975 (véase página 156, nota 2), admitió la necesidad de hacer prevalecer el Derecho comunitario sobre la ley posterior incompatible, pero se
atribuyó el monopolio de suprimir dicho obstáculo
mediante una declaración de inconstitucionalidad que
adoptaría a instancia del juez competente en cuanto
al fondo, el Tribunal de Justicia, en la sentencia del
asunto 106/77, de 9 de marzo de 1978, Simmental ( [2] ), declaraba que la única solución conforme al
Derecho comunitario era el poder del juez competente en cuanto al fondo de evitar él mismo la ley
nacional incompatible, incluso posterior, «sin tener
que solicitar o esperar la eliminación de dicha ley por
vía legislativa u otro procedimiento constitucional».

b) _Efecto directo_

Gran parte de las normas de los Tratados y de los
actos promulgados por las instituciones comunitarias
tienen «efecto directo», es decir, producen efectos jurídicos respecto de los justiciables sin intervención del
legislador nacional y crean derechos y obligaciones
que los tribunales nacionales deben salvaguardar.

Los Tratados han consagrado explícitamente la «aplicabilidad directa» de los reglamentos, pero el Tribunal de Justicia ha reconocido un efecto directo a las

disposiciones de directivas que crean para los Estados
miembros obligaciones claras e incondicionales, en el
sentido de que los particulares pueden invocarlas contra los Estados que no las hayan incorporado o lo
hayan hecho de forma incorrecta en sus ordenamientos. Se trata de un efecto directo (vertical) menos extendido que el que producen los reglamentos, sobre
los que también pueden basarse acciones en justicia
contra otros particulares.

Así, se podrá recurrir a los tribunales nacionales para

que:

— anulen o desestimen las disposiciones nacionales
incompatibles;

(') _Repertorio de la_ _jurisprudencia_ _del Tribunal,_ 1964, p. 1127. ( [2] ) _Repertorio_ _de_ _la jurisprudencia_ _del_ _Tribunal,_ 1978, p. 629.

N° C 330/148 Diario Oficial de las

— en la medida en que dichas disposiciones ya hayan
sido aplicadas, condenen al Estado o a otros particulares, beneficiarios de las mismas, a que reembolsen las cantidades percibidas indebidamente
por aplicación de las disposiciones o a que paguen
daños y perjuicios.

Mientras que hay una abundante jurisprudencia comunitaria y nacional sobre la devolución de cantidades indebidamente percibidas, y que la jurisprudencia
de los tribunales superiores es conforme a la del Tribunal de Justicia, poco es lo que se ha dicho sobre
daños y perjuicios. En la sentencia del asunto 60/75,
de 22 de enero de 1976, Russo contra Aima ('), el
Tribunal de Justicia declaraba «que, en caso de que el
perjuicio hubiera sido causado por una violación del
Derecho comunitario, incumbiría al Estado asumir,
respecto de la persona perjudicada, las consecuencias
en el contexto de las disposiciones del Derecho nacional relativas a la responsabilidad del Estado».

c) _Unidad de_ _la_ _jurisprudencia_

En los Estados, la unidad de la jurisprudencia está
garantizada por un tribunal supremo que tiene facultad de reformar o anular las sentencias de tribunales

de rango inferior. En la Comunidad, el Tribunal de
Justicia realiza este mismo objetivo de otra forma: no
mediante la subordinación de los jueces nacionales,
sino mediante una colaboración con dichos jueces a
través del procedimiento prejudicial de los artículos
177 del Tratado CEE y 150 del Tratado Euratom.

aa) Los tribunales superiores están obligados a dirigirse al Tribunal de Justicia si se plantea una
cuestión de interpretación del Derecho comunitario o de apreciación de validez de un acto de Derecho comunitario derivado y si su solución es
necesaria para dictar sentencia. Es sabido que estos tribunales tienden a evitar recurrir al Tribunal

de Justicia en interpretación por considerar que
las disposiciones comunitarias que deben aplicarse
no requieren interpretación puesto que son claras.
En su sentencia del asunto 283/81, de 6 de octubre de 1982, Cilfit( [2] ), el Tribunal de Justicia
adoptó una postura matizada sobre la «teoría del
acto claro», al aceptar que no hay obligación de
recurrir:

— si la disposición en cuestión ha sido ya objeto
de una interpretación del Tribunal de Justicia,
que el tribunal entiende aplicar,

o

— si «la aplicación correcta del Derecho comunitario es tan evidente que no deja lugar a
ninguna duda razonable».

Comunidades Europeas 30. 12. 89

bb) Hay que diferenciar entre los casos en que la disposición comunitaria en cuestión todavía no ha
sido interpretada por el Tribunal de Justicia y los
casos en los que ya ha sido interpretada. En el
primer caso, el tribunal superior dispone de un
margen de apreciación: si decide interpretar por
sí mismo la disposición considerándola «clara» y
no recurrir al Tribunal de Justicia, será difícil
censurarle, incluso si en la primera ocasión que se
presente el Tribunal de Justicia da a dicha disposición una interpretación diferente. En cambio, en
el segundo caso, el tribunal superior sólo puede
atenerse a la interpretación hecha por el Tribunal
o recurrir de nuevo al Tribunal de Justicia con

objeto de convencerle de que modifique la jurisprudencia. Negarse a recurrir al Tribunal y dar a
la disposición una interpretación diferente supondría un grave atentado a la autoridad de la jurisprudencia del Tribunal.

ce) Cuando el Tribunal ha dictado una sentencia prejudicial, esta última obliga a las partes en causa y
al juez del asunto: no sólo al juez que recurre al
Tribunal sino también a cualquier juez, incluso
de un tribunal de rango superior, que dicte sentencia en el mismo caso.

II. Situación en los Estados miembros

1. BÉLGICA

El reconocimiento de los principios de la primacía del
Derecho comunitario y de su efecto directo ha sido consagrado por el Tribunal de apelación en su sentencia de
principio de 27 de mayo de 1971 (asunto Fromagerie «Le
Ski» contra Estado belga) ( [3] ): «Considerando que
cuando existe conflicto entre una norma de Derecho in
terno y una norma de Derecho internacional que tiene
efectos directos en el ordenamiento jurídico interno, la
norma establecida por el Tratado debe prevalecer y que
su preeminencia resulta de la naturaleza misma del Derecho internacional convencional».

«Considerando que, con mayor motivo, éste es el caso
cuando el conflicto se produce, como en esta ocasión,
entre una medida de Derecho interno y una norma de
Derecho comunitario; que los Tratados que han creado
el Derecho comunitario han constituido un nuevo orden

jurídico en favor del cual los Estados miembros han limitado el ejercicio de sus poderes soberanos en los campos
que determinan dichos Tratados. . .».

Hasta el momento, estos puntos no han vuelto a ser
planteados ante el juez.

(') _Repertorio de la jurisprudencia del Tribunal,_ 1976, p. 45.
( [2] ) _Repertorio de_ _la_ _jurisprudencia del Tribunal,_ 1982, p. 3415. ( [3] ) _Revista trimestral de Derecho europeo,_ 1971, p. 494.

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N ° C 330/149

Asimismo, la utilización por los tribunales belgas del recurso prejudicial tampoco ha revelado ningún problema
específico. No obstante, hay que señalar que en un
asunto presentado al Consejo de Estado, en el que se
había invocado una violación del artículo 30 del Tratado

CEE, dicho tribunal consideró que podía resolver el litigio sin plantear una cuestión prejudicial [sentencia de 27
de enero de 1984, Mees contra Estado belga (')]. Esta
actitud fue objeto de críticas doctrinales. En cualquier
caso, convendría analizar si se trata de un caso en particular o de una actitud de principio.

2. DINAMARCA

Sin que hayan sido explícitamente consagrados por la jurisprudencia, los principios de primacía del Derecho comunitario y de su efecto directo no han provocado problemas de aplicación especiales. Tampoco la utilización
por los tribunales daneses del reenvío prejudicial ha
puesto de manifiesto ningún problema específico, aparte
de un caso aislado en el que el Tribunal Supremo, en
1980 ( [2] ), se había pronunciado sobre el punto de si la
motivación dada para la expulsión de un ciudadano francés era suficiente sin plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

3. REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

1. El artículo 100 de la Consitución o «ley fundamental»
(«Grundgesetz») hace posible un control constitucional de cualquier norma jurídica aprobada tras la entrada en vigor de la Constitución. Tratándose de reglamentos comunitarios, la sentencia del Tribunal
constitucional («Bundesverfassungsgericht») de 18 de
octubre de 1967 ( [J] ) rechaza la posibilidad de tal control, dado que las disposiciones aprobadas por la Comunidad, a la que la República Federal de Alemania
ha podido transferir poderes soberanos en virtud del
apartado 1 del artículo 24 de la Constitución no son
actos de la autoridad pública alemana. «La Comunidad . . . es. . . una organización interestatal en el sentido del artículo 24 de la ley fundamental, a la que la
República Federal de Alemania y los demás Estados
miembros han transferido determinados poderes soberanos. Se ha creado así una nueva autoridad, autónoma e independiente respecto de la autoridad de los
diferentes Estados miembros; por lo tanto, sus actos
no necesitan ser confirmados ni ratificados por los Estados, que tampoco pueden anularlos».

Sin embargo, el Tribunal constitucional hacía una reserva en la hipótesis de la conformidad del Derecho
comunitario con los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. El Tribunal constitucional

(') _Journal des Trihunaux,_ 1987, p. 188.
( [2] ) UfR, 1980, p. 504.
( [J] ) _Repertorio_ _oficial,_ vol 22, p. 293; _Reviita_ _trimestral_ _de Dere-_
_cho_ _europeo,_ n° 1/1968, p. 203.

explicaba esta reserva en una sentencia de 29 de mayo
de 1974 ("): la protección de los derechos fundamentales es un elemento esencial e irrenunciable de la

Constitución que no puede verse limitado ni siquiera
por una ley constitucional (artículo 24). Es cierto que
el Tribunal de Justicia protege también los derechos
fundamentales, pero no existe un catálogo preciso de
derechos fundamentales establecido con la participación de un parlamento elegido por sufragio universal.
Mientras se mantenga esta situación, el juez puede dirigirse al Tribunal constitucional que, si reconoce una
violación de un derecho fundamental, declarará el reglamento inaplicable en la República Federal de Alemania. (Debe señalarse que, en el caso de referencia,
el Tribunal rechazaba este argumento.)

Era inadmisible que el juez constitucional nacional sometiera a control un acto reglamentario comunitario y
lo declarara, si no inválido, al menos inaplicable en el
país. Un acto comunitario sólo puede ser impugnado
ante el Tribunal de Justicia artículos 164 y ss. CEE).
El tribunal alemán ponía así en peligro la unidad y la
indivisibilidad del Derecho comunitario. En cualquier
caso, a la vista de la creciente sensibilidad de la que
ha hecho prueba el Tribunal de Justicia ante el tema
de los derechos fundamentales, de la declaración de
las tres instituciones políticas de la Comunidad sobre
los derechos fundamentales y de la elección del Parlamento Europeo por sufragio universal, se ha esbozado
un cambio [sentencia de 25 de julio de 1979 del Tribunal constitucional ( [5] ) y de 1 de diciembre de 1982
del «Bundesverwaltungsgericht» ( [6] ), hasta llegar a un
punto culminante en la sentencia de 22 de octubre de
1986 del Tribunal constitucional ( [7] )]. En efecto, en dicha sentencia el Tribunal afirma que, mientras las Comunidades Europeas, y más concretamente la jurisprudencia del Tribunal, garanticen una protección eficaz de los derechos fundamentales, renunciará a decidir sobre la aplicabilidad del Derecho comunitario derivado. Esta sentencia reviste una considerable importancia para la eficacia del Derecho comunitario en la
República Federal de Alemania.

2. Al margen del artículo 24 de la Constitución y gracias
a una dilatada familiaridad de los juristas con el sistema federal, el reconocimento de la primacía del Derecho comunitario sobre la ley posterior y de su
efecto directo se ha realizado con relativa facilidad.

Anunciado en la citada sentencia del Tribunal consti
tucional de 18 de octubre de 1967 el reconocimiento

explícito de la primacía del Derecho comuni

( [4] ) _Repertorio oficial,_ vol 37, p. 271.
( [5] ) _Europaiscbe Grundrechtezeitschrift,_ 1979, p. 574.
(*) _CVerug7C_ 87.78.
O _Europaiscbe Grundrechtezeitschrift,_ 1987, p. 1.

N ° C 330/150 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

tario se realizó mediante la importante decisión de dicho tribunal de 9 de junio de 1971 (*). El Tribunal se
basa en el apartado 1 del artículo 24 de la ley fundamental que, al permitir la transferencia de los derechos de soberanía a una organización interestatal, ha
hecho posible que la República Federal de Alemania
participe en la creación de una Comunidad dotada de
un ordenamiento jurídico autónomo, cuyos actos
«deben ser reconocidos por el titular originariamente
exclusivo del poder soberano».

El Tribunal reconocía por otra parte que no era competencia suya, sino del juez del caso,* el evitar la ley
posterior incompatible con el Derecho comunitario:
«es competencia del poder judicial controlar toda
norma que deba aplicarse en el caso de que se trate,
ante todo desde el punto de vista de la validez de la
misma. En caso de contradicción de una norma y otra
de rango superior, el juez no debe aplicar la primera
en el caso de que se trate». Esta es la única solución
que respeta plenamente los principios de efecto directo y de primacía, como declararía el Tribunal de
Justicia en la sentencia Simmenthal de 9 de mayo de
1978.

3. En materia de efecto directo, cabe señalar las recientes decisiones [28 de agosto de 1984 y 5 de junio de
1986 ( [2] )] del Bundesverwaltungsgericht (tribunal superior administrativo federal) emitidas sobre determinadas disposiciones de directivas. Dicho tribunal fundamenta el efecto directo de las mismas en el principio de buena fe («Treu und Glauben»). De esta
forma, los particulares pueden defenderse contra un
comportamiento del gobierno que esté en contradicción con las obligaciones que le incumben en virtud
de una directiva comunitaria.

No obstante, y siempre a propósito del efecto directo
de las directivas, cabe señalar la sentencia de otro tribunal, el Bundesfinanzhof, de 25 de abril de 1985 ( [J] ),
que, no respetando la sentencia dictada por el tribunal
prejudicial en cuestión, en el asunto 70/83 (Kloppenburg contra Finanzamt Leer) ( [4] ), se niega a reconocer
que las disposiciones de las directivas tengan efecto
directo. A este respecto, la Comisión había iniciado
un procedimiento de infracción contra la República
Federal de Alemania (caso B 117/85); sin embargo,
dicho procedimiento pudo darse por concluido porque la administración alemana dio las instrucciones
oportunas para que todos los casos que todavía estaban abiertos quedaran regulados de conformidad con
el Derecho comunitario.

(') _Repertorio oficial,_ vol. 31, p. 145.
O _Repertorio BVerwG,_ 70, p. 41, y _Europarecbt,_ 1986, p. 372,

respectivamente.
O _Europarecbt,_ 1985, p. 191.
( [4] ) _Repertorio_ _de_ _la jurisprudencia_ _del_ _Tribunal,_ 1984, p. 1075.

Por otra parte, como consecuencia del recurso constitucional de la demandante, basado en la violación por
el Bundesfinanzhof del artículo 101 de la ley fundamental, consistente en el incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia, el Bundesverfassungsgericht anuló, mediante sentencia de 8 de abril de 1987,

la sentencia del Bundesfinanzhof de 25 de abril de

1985 ( [5] ).

4. El artículo 101 de la ley fundamental garantiza que
nadie puede ser privado de su juez legal («gesetzlicher
Richter»).

En la sentencia, ya mencionada, de 22 de octubre de

1986 ( [6] ), el Bundesverfassungsgericht reconocía al
Tribunal de Justicia la calidad de juez legal en el sentido del artículo 101. Consolida así la eficacia del procedimiento del artículo 177 del Tratado CEE; un tribunal nacional que omitiese de forma arbitraria utilizar dicho procedimiento o que no se atuviera a la
sentencia del Tribunal de Justicia, podría ver anulada
su decisión por el Tribunal constitucional por violación del artículo 101 de la ley fundamental. Se trata
de una evolución decisiva en la concretización del de
ber de colaboración entre el Tribunal de Justicia y los
tribunales nacionales.

La sentencia del Tribunal constitucional de 8 de abril

de 1987 por la que se anula la sentencia del Bundesfinanzhof de 25 de abril de 1985 en el asunto Kloppenburg supone una primera aplicación importante de dicho principio.

En otra sentencia, dictada el 9 de noviembre de 1987,
el Bundesverfassungsgericht precisaba más aún los casos tipo que pueden constituir una violación del artículo 101 ( [7] ).

Haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal
en materia de interpretación del artículo 177 en el
asunto 283/81, Cilfit ( [8] ), el Bundesverfassungsgericht
considera omisión arbitraria del artículo 101 de la ley
fundamental no sólo los casos en los que el tribunal
no tiene en cuenta deliberadamente la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia, como hizo el Bundesfinanzhof en el asunto Kloppenburg, sino también los casos
en los que el tribunal ignora de manera evidente («in
unvertretbarer Weise») la obligación de plantear una
cuestión prejudicial. En el caso en cuestión, los tribunales civiles tenían que juzgar la pretendida incidencia
de la normativa agraria sobre cereales sobre las patentes detentadas por la demandante. El Bundesverfassungsgericht declaró que no se daban las condiciones
de violación del artículo 101 de la ley fundamental.

4. GRECIA

El principio de la primacía de los tratados internacionales sobre la ley nacional está explícitamente reconocido

O _Europarecbt,_ 1987, p. 333.
( [6] ) _BVer/G_ _E,_ 73, pp. 336 y 339.
O _BVerfG Europarecbt,_ 1988, p. 190.
( [8] ) _Repertorio_ _de la_ _jurisprudencia_ _del_ _Tribunal,_ 1982, p. 3415.

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 330/151

en la Constutución griega (artículo 28); en cambio, no lo
está por lo que se refiere a la propia constitución, sin que
por ello se hayan planteado problemas especiales hasta el

momento.

Los principios de la primacía y del efecto directo han
sido reconocidos de manera particularmente explícita por
el Consejo de Estado desde 1980 (dictamen 406/80 de la
sección administrativa). Más recientemente, el Consejo
de Estado confirmó esta postura en diversas sentencias
(n [os] 1886/83, 4190/83 y 815/84, respecto del principio
de primacía, y n° 1258/85, respecto del efecto directo).

En materia de reenvío prejudicial, la situación es más delicada.

Sólo se han planteado tres asuntos prejudiciales, uno de
ellos emanado del Consejo de Estado (formación plena,
asunto 254/86), que hasta el momento se ha mostrado
más bien reticente respecto del procedimiento prejudicial.
En efecto, este órgano jurisdiccional ha tenido muchas
ocasiones de dirigirse al Tribunal, pero no lo ha hecho,
basándose unas veces, al menos tácitamente, en la teoría
del acto claro (véase la sentencia del Consejo de Estado
n° 815/84 a propósito de la prohibición de importar plátanos en Grecia), o utilizando como base de su razonamiento exclusivamente el Derecho interno en casos en

los que su aplicación conduciría al mismo resultado que
la del Derecho comunitario, que analiza de pasada

[véase la sentencia n° 520/83 (')], o incluso basándose
únicamente en el Derecho interno cuya aplicación ha
conducido por casualidad a la misma solución que la del
Derecho comunitario, que no ha sido tenido en cuenta
en absoluto (véase la sentencia n° 1463/86, en la que la
cuestión de Derecho comunitario, que no se ha planteado, se refería al apartado 3 del artículo 40 del Tratado en el contexto de la organización común de mercados del aceite de oliva).

Durante un tiempo, el punto negro en las relaciones entre el Consejo de Estado y el Tribunal de Justicia por lo
que se refiere al correcto desarrollo del procedimiento
del artículo 177, fue la ley griega 1470/1984, cuyo artículo 1 dispone en el apartado 5 que:

«El reenvío de un asunto ante el pleno (del Consejo de
Estado) es. . . obligatorio cuando la sección (sala) considere que debe plantearse al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas una cuestión prejudicial.»

La sala cuarta del Consejo de Estado aplicó esta disposición en su sentencia n° 1250/85 y reenvió el asunto al
pleno que, tras considerar que procedía recurrir al Tribunal de Justicia, se dirigió al mismo por primera vez
(asunto 254/86).

A petición de la Comisión, dicha disposición ha sido derogada.

(') Véase también la sentencia n° 348/85 del Tribunal de apelación.

La Comisión considera que la obligación previa que supone la ley 1470/1984 no es conforme a las prescripciones del artículo 177 del Tratado CEE. Esta situación es

también objeto del procedimiento interno en materia de
infracciones (caso B/85/140).

Además, en dos asuntos que le han sido presentados, el
Tribunal especial supremo ha omitido en un caso, a pesar de las cuestiones de Derecho comunitario que se
planteaban, dirigirse al Tribunal, mientras que en el otro
caso ni siquiera ha examinado las soluciones que ofrece
el Derecho comunitario.

5. ESPAÑA

1. Existe una tradición doctrinal y de jurisprudencia bien
establecida en favor de la primacía del Derecho internacional general sobre el Derecho interno. Esta solución deriva también de la interpretación combinada
del párrafo 1 del artículo 96 y del párrafo 3 del artículo 9 de la Constitución de 1978. Lo mismo puede
decirse del efecto directo de las disposiciones de Derecho internacional.

Estos principios se han aplicado, con mayor motivo
aún, al Derecho comunitario.

Así, en una providencia de 24 de mayo de 1988 ( [2] ) en
una asunto relativo a la ejecución de una decisión de
la Comisión en la que esta última exigía el pago de las
exacciones CECA por una empresa española, el juez
español declaró, citando la sentencia del Tribunal de
5 de febrero de 1963 (asunto 26/62, Van Gend &
Loos), que las Comunidades Europeas implican un
nuevo ordenamiento jurídico en Derecho internacional en favor del cual los Estados miembros han limi
tado su propia soberanía y que dicho ordenamiento
jurídico es una fuente de derechos y obligaciones no
sólo para los Estados sino también para los particula
res.

2. No se ha observado ningún problema particular por
lo que se refiere al reenvío con carácter prejudicial,
que ya ha sido utilizado por los tribunales españoles
en varios asuntos ( [3] ).

3. La existencia de un Tribunal constitucional que tiene
el monopolio del control de la constitucionalidad de
las leyes (artículo 163 de la Constitución) supone el
riesgo de que el conflicto entre el Derecho comunitario y una ley nacional posterior se califique de cuestión de constitucionalidad y sea considerado de la
competencia exclusiva de dicho tribunal Se sabe

[véase la letra a) del punto 3 de la Introducción] que

( [2] ) Providencia de 24. 5. 1988 del jeuz de primera instancia de
Almendaralejo (Badajoz).
( [3] ) Véanse, por ejemplo, los asuntos 126/86 (Zaera contra
INSS) y 170/88 (Ford España contra Estado español).

N ° C 330/152 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

una solución de este tipo ha sido rechazada por los
tribunales constitucionales existentes en los otros Es
tados miembros y ha sido condenada por el Tribunal
de Justicia en la sentencia Simmenthal, de 9 de marzo
de 1978, como contraria a los principios de primacía y
efecto directo. Debe esperarse que España opte por la
solución ortodoxa. En cualquier caso, sería conveniente informar a los medios judiciales españoles de la
evolución de la jurisprudencia a la que se ha hecho
referencia.

6. FRANCIA

1. Los Tratados de París y de Roma se firmaron, ratificaron y publicaron con arreglo a las normas constitucionales y, en consecuencia, en Francia no puede
plantearse ningún argumento de inconstitucionalidad contra las disposiciones de dichos Tratados ('),
como se confirmó en dos decisiones del Consejo
constitucional de 30 de diciembre de 1977 ( [2] ). En
cuanto a las disposiciones de leyes financieras para
la aplicación de los reglamentos comunitarios sobre
la isoglucosa y la leche, el Consejo constitucional ha
señalado que el pretendido menoscabo de las competencias del legislador nacional «sólo es la consecuencia de compromisos internacionales suscritos
por Francia, que han entrado en el ámbito de aplicación del artículo 55 de la Constitución»; el consejo hace referencia también al artículo 189 del Tratado CEE y a la fuerza que confiere a los reglamentos: «la fuerza obligatoria que se atribuye a las disposiciones de los reglamentos no está supeditada a
una intervención de los Estados miembros».

En las dos ocasiones en las que se ha recurrido al
Consejo constitucional por leyes que introducían
modificaciones importantes en los Tratados originales —en 1970, el Tratado por el que se refuerzan los
poderes presupuestarios del Parlamento Europeo y
la decisión sobre «recursos propios» ( [3] ) y, en 1976,
el acto relativo a la elección del Parlamento Europeo por sufragio universal ( [4] )—, el Consejo no ha
obstaculizado las modificaciones. Es cierto que en la
motivación de la segunda de estas decisiones se manifestaban ciertas reservas que hacían pensar que los
futuros avances hacia la integración europea plantearían por su parte objeciones de constitucionalidad
basadas en la noción de la soberanía nacional.

2. El artículo 55 de la Constitución estipula que «los
tratados o acuerdos regularmente ratificados o
aprobados tienen, desde el momento de su publicación, una autoridad superior a la de las leyes, siempre que cada acuerdo o tratado sea aplicado por la

otra parte».

(') El Consejo constitucional no fue creado hasta la Constitución de 4 de octubre de 1958. Por lo tanto, ni siquiera existió la posibilidad de hacer controlar su conformidad con la
Constitución.
( [2] ) _Journal officiel de la République frangaise_ de 31. 12. 1977, p.
6385.
( [3] ) _Journal officiel de la République frangaise_ de 21. 6. 1970 y
rectificativo de 23. 6. 1970.
( [4] ) _Journal_ _officiel_ _de la_ _République frangaise_ de 31. 12. 1976, p.
7651.

Esta disposición que, a primera vista, consagra la
primacía del Derecho internacional, dio lugar a vivas controversias y los jueces franceses se limitaron
durante mucho tiempo a aplicar este principio a los
conflictos entre un tratado y una ley anterior,
cuando hubieran podido llegar al mismo resultado
argumentando en términos de derogación. En cambio, han dudado en aplicarlo a una ley posterior, no
atreviéndose a ir contra la voluntad del legislador.
Es cierto que han tratado de interpretar la ley posterior de forma que diera al tratado todo su alcance y,
en particular, cuando el tratado tiene un campo de
aplicación más restringido que la ley interna, han
procurado argumentar como si la ley reservase implícitamente la aplicación del tratado. No obstante,
este esfuerzo de interpretación no siempre fue posible.

Respecto de este problema, el Tribunal de apelación
y el Consejo de Estado han seguido vías divergen
tes.

La primacía del tratado sobre la ley nacional, incluso posterior, fue reconocida por el Tribunal de
aplelación en una primera sentencia de 22 de octubre de 1970 (Administración de contribuciones contra Ramel) ( [5] ). El Tribunal confirmó y explicó su
postura con un argumento basado no sólo en el artículo 55 sino tembién en la especificidad del Derecho
comunitario en su sentencia de 24 de mayo de 1975
(J. Vabre) ( [6] ) y sólo en este segundo argumento en
la sentencia de 1 de diciembre de 1975 (Von Kempis) O

Mientras, el Consejo constitucional había facilitado
el camino a la solución por el juez del caso de los
conflictos entre una ley y un tratado al declarar que
no constituyen casos de inconstitucionalidad sujetos
al Consejo constitucional (decisión de 15 de enero
de 1975) ( [8] ). El Tribunal de apelación no ha renunciado a su actitud general (como ejemplo reciente:
sentencia de 15 de mayo de 1985, E. Leclerc contra
Sindicato de libreros de Loire-Océan) ( [9] ).

El Consejo de Estado, por el contrario, se negó
siempre a comprometerse en esta vía [sentencias de
1 de marzo de 1968, asunto Sindicato general de
fabricantes de sémola ( [10] ), y de 22 de octubre de
1979, asunto Unión democrática del trabajo y
asunto Elección de representantes de la Asamblea de
las Comunidades Europeas (")]. Como motivo principal, el Consejo de Estado se atiene a la concep

( [5] ) _Gazette du Palais,_ 1970, 6, n° 343.
( [6] ) _Cuadernos de Derecho europeo,_ 1974, p. 394 y especialmente
p. 411.
( [7] ) _Bulletin civil,_ III, n° 173, p. 282.
(") _Journal officiel de la République frangaise,_ de 1. 6. 1976,
p. 67.
f) _Gazette du Palais,_ 1985, n° 359.
( [10] ) _Repertorio Dalloz-Sirey,_ 1968, p. 285.

(") _AJDA,_ 1980, p. 40.

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N ° C 330/153

ción tradicional de Derecho interno según la cual,

cuando resuelve en lo contencioso, no le corres
ponde entender en un litigio en el que se ponga en
cuestión la validez de disposiciones legislativas. A
pesar de las críticas doctrinales formuladas a propósito de su motivación, el Consejo de Estado mantuvo esta jurisprudencia en virtud de la cual la ley
posterior constituye una «pantalla» que se opone al
ejercicio del control jurisdiccional, por oposición al
principio de la primacía del Derecho comunitario (')

incluido después de que el Tribunal de Justicia se
haya pronunciado sobre el carácter infractor de las
medidas de que se trate ( [2] ).

Por lo tanto, el control por el juez administrativo de
la conformidad de las medidas nacionales respecto

del Derecho comunitario se limita a los textos del

ejecutivo, tanto si proceden del poder reglamentario

autónomo (artículo 37 de la Constitución) como si

proceden del poder reglamentario de ejecución de
las leyes.

En cualquier caso, el Consejo de Estado matizó en
parte su postura al señalar ( [3] ) que la aplicación de la
teoría de la «ley-pantalla» es limitada, en el sentido
de que, cuando una ley posterior al Tratado es una
simple ley marco que se limita a atribuir al poder
reglamentario una competencia sin fijar las líneas
directrices para el ejercicio de la misma, el juez
puede apreciar la conformidad del reglamento respecto del Tratado ( [4] ) sin convertirse en juez de la
ley.

3. También hay que señalar la negativa actitud del
Consejo de Estado respecto del efecto directo que
hay que reconocer a las directivas que imponen a
los Estados miembros obligaciones precisas e incon
dicionales. En su sentencia de 22 de diciembre de
1978, Cohn-Bendit ( [5] ), el alto órgano jurisdiccional

administrativo entró claramente en contradicción

con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al ne

(«) _AJDA,_ 1986, p. 174.
_Q)_ Véase la sentencia de 13 de diciembre de 1985, asunto International Sales _(Recueil Lebon,_ p. 377), tras la sentencia del
Tribunal de Justicia de 21 de junio de 1983, asunto 90/82,
Comisión contra Francia, fijación del precio de venta del tabaco manufacturado _{Repertorio_ _de_ _la jurisprudencia_ _del_ _Tri-_
_bunal_ 1983, p. 2011).
( [3] ) _Estudios_ _y_ _documentos_ _del_ _Consejo_ _de_ _Estado,_ junio de 1987,
pp. 128 y 129.
( [4] ) Sentencia de 19 de noviembre de 1986, sociedad Smanor,
_AJDA,_ 1986, pp. 714 y 681.
( [5] ) _Recueil Dalloz,_ 1979, J. 155. Esta postura es objeto de una
constante jurisprudencia del Consejo de Estado: véanse las
sentencias de 10 de junio de 1986, Sari Société de courtage
d'assurance Renouf, y de 16 de junio de 1986, Sari Gabinete
Mantout.

garse a reconocer el efecto directo del artículo 6 de
la directiva del Consejo de 25 de febrero de 1964.

Basándose exclusivamente en el texto del artículo

189 del Tratado CEE, dedujo que las autoridades
nacionales «son las únicas competentes para decidir
la forma que debe darse a la ejecución de las directivas y fijar por sí mismas, bajo control de los tribunales nacionales, los medios adecuados para que

produzcan efecto en el Derecho interno»; en consecuencia, «cualesquiera que sean las precisiones que
contengan respecto de los Estados miembros, los
ciudadanos de dichos Estados no pueden invocarlas
en apoyo de un recurso contra un acto administra
tivo individual».

Respecto de los actos reglamentarios, en cambio, la
sentencia Cohn-Bendit admitía la «impugnación sobre la legalidad de las medidas reglamentarias adoptadas por el Gobierno francés para atenerse a las directivas». El Consejo de Estado aplicó este principio
en sus sentencias de 28 de septiembre ( [6] ) y 7 de diciembre de 1984 ( [7] ) que anularon un artículo de un
decreto de 1 de octubre de 1980 y cuatro órdenes
ministeriales de _20_ de abril de 1982, que se consideraron contrarias a los objetivos definidos por las Directivas del Consejo de 18 de julio de 1977 y 2 de
abril de 1979, respectivamente.

En la introducción hemos dicho ya que en los Estados miembros hay poca jurisprudencia sobre una de
las consecuencias que deben extraerse del efecto di
recto del Derecho comunitario: la concesión de da
ños y perjuicios por el perjuicio debido a una medida nacional contraria al Derecho comunitario pro
ducido antes de la supresión de dicha medida. Probablemente, esta carencia se debe en parte a las limitaciones existentes en el ordenamiento jurídico de
la mayoría de los Estados miembros para condenar
al Estado por daños y perjuicios, en especial cuando
el perjuicio se debe a un acto del legislador.

En Derecho francés, la reparación del perjuicio causado por un acto reglamentario está ampliamente
admitida siempre que dicho acto pueda considerarse
viciado por una ilegalidad culpable.

Los tribunales administrativos franceses han tenido

ocasión de conceder daños y perjuicios por viola
ción de normas comunitarias. En el asunto Alivar

contra Ministerio de Comercio Exterior, el Tribunal

administrativo de París condenó al Estado a pagar
1 961 250 francos franceses a una empresa italiana

( [6] ) 28 de septiembre de 1984, Confederación nacional de sociedades de protección de los animales, _Revista trimestral_ _de_
_Derecho europeo,_ 1984, p. 759.
( [7] ) 7 de diciembre de 1984, Federación francesa de sociedades
de protección de la naturaleza, _ibidem_ 1985, p. 187.

N° C 330/154 Diario Oficial de las

perjudicada por una prohibición de exportación de
patatas, que intervino por aplicación de un procedimiento de declaración previa de exportaciones que
el Tribunal de Justicia había declarado mientras

tanto constitutiva de infracción por violación del artículo 34 del Ttratado CEE ('). Ante el recurso del
Ministerio, el Consejo de Estado estimó que la medida se había adoptado «por motivos de interés general derivados de la situación de penuria en que se
encontraba el mercado de la patata en Francia»;
que, «en consecuencia, el Estado francés sólo está
obligado a reparar los perjuicios causados a dicha
sociedad sobre el fundamento de responsabilidad sin
falta en caso de que se justificara un perjuicio anormal y especial imputable a la intervención de la Administración francesa». Sin embaro, reconocía el
perjuicio y conformaba la cuantía de la indemnización concedida por los primeros jueces.

No obstante, es curioso constatar que el juez administrativo francés no aplicó en dicho caso las soluciones generalmente válidas para la responsabilidad
derivada de actos administrativos, sino el régimen,
más restrictivo, de la responsabilidad derivada de
leyes o convenios internacionales, lo que le permitió evitar pronunciarse sobre la legalidad de la medida en cuestión ( [2] ).

4.1. En materia de recursos prejudiciales, el Tribunal de
casación se mostró interesado en respetar la forma y
el fondo del artículo 177 del Tratado CEE, cuyo
objetivo es garantizar la unidad de jurisprudencia en
la Comunidad.

Incluso si la sala de lo criminal ha tenido alguna
duda en plantear cuestiones prejudiciales [sentencias
de 18 de noviembre de 1986, asunto Brudet y
otros ( [3] ) y asunto Poupon; sentencia de 8 de enero
de 1985, asunto Malagutti ( [4] ) ( [5] )], dicho Tribunal no
dudó, en general, en justificar el recurso al procedimiento previsto en el artículo 177 del Tratado CEE
y ha reconocido en todo momento la fuerza obligatoria plena de las respuestas del Tribunal de Justicia.
Como ejemplos recientes pueden citarse las sentencias de 16 de julio de 1983, Dirección general de

(') Sentencia de 16 de marzo de 1977, asunto 68/76, Comisión
contra Francia. _Repertorio de la jurisprudencia del Tribunal,_
_1977,_ p. 515.
( [J] ) DS; 1986, p. 24.
( [3] ) _Boletín Crim.,_ 1986, n° 9, p. 852.
( [4] ) DS, 1985, p. 586.
( [5] ) Algunos días después de pronunciarse la sentencia, el Tribunal de policía de Dijon presentó al Tribunal de Justicia una
cuestión prejudicial sobre el mismo problema (asunto 54/85,
MP contra Mirepoix).

Europeas 30. 12. 89

impuestos contra Humblot ( [6] ), y de 10 de diciembre

de 1985, Administración de Aduanas contra Roquette ( [7] ).

4.2. El Consejo de Estado, en cambio, se inspiró en una
concepción especialmente extensiva del «acto claro»

para no invocar el artículo 177 del Tratado CEE,
empezando por la sentencia de 19 de junio de 1964,
Société Pétroles Shell-Berre ( [8] ), cuyo objeto era una
disposición particularmente difícil del Tratado CEE,
el artículo 37. La doctrina expresó sus reservas ( [9] ).
Desde entonces, el Consejo de Estado ha afirmado
en varias ocasiones la claridad de disposiciones suficientemente controvertidas para que las partes y el
delegado del Gobierno soliciten su interpretación ( [10] ). N o obstante, la concepción extensiva del
acto claro no ha sido algo privativo del alto órgano
jurisdiccional administrativo francés.

Una infracción más grave del principio de unidad de
la jurisprudencia ha sido la de las sentencias antes
citadas de 22 de septiembre, Cohn-Bendit, y 19 de
noviembre de 1986, Smanor, en las que el Consejo
adoptó soluciones que estaban en contradicción con
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sin tratar
previamente de modificarla, planteando de nuevo la
cuestión de interpretación al Tribunal.

Por último, en otras ocasiones, el Consejo de Estado no se ha atenido a la sentencia dictada por el

Tribunal de Justicia en el mismo asunto. En sus sen
tencias [ O N I C contra Huileries de Pont-á-Mous
son, de 9 de mayo de 1985 (") y O N I C contra Maiserie de la Beauce, de 26 de julio de 1985 ( [12] )], el
Consejo de Estado se negaba a hacer efectivas sentencias del Tribunal de Justicia que, estatuyendo
con carácter prejudicial, habían limitado las consecuencias de la invalidación de reglamentos comuni
tarios.

A pesar de algunos signos de evolución, la actitud
del Consejo de Estado sigue siendo incompatible en
varios aspectos importantes con la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia. Por su parte, la Comisión se ha

(*) _Boletín,_ 1985, n° 213.
( [7] ) DS, 1986, p. 250. Esta última decisión es tanto más curiosa
cuanto que la cuestión planteada al Tribunal se refería a las
consecuencias de la invalidación de reglamentos comunitarios, pronunciada por el Tribunal de Justicia en su sentencia
de 15 de octubre de 1980, sobre una cuestión prejudicial. El
Tribunal de casación se atuvo sin reservas a la sentencia del
Tribunal de Justicia, al revés que el Consejo de Estado en
un caso igual (véase más abajo).

(•) RDP 1976, p. 1018.
( [9] ) Véase la crítica del decano Colliard sobre «la oscura claridad del artículo 37 del Tratado CEE» (D. 1964, Chr. 263).
( [10] ) Véase recientemente sentencia de 7 de octubre de 1987,
cónyuges Genty, y sentencia de 23 de diciembre de 1987,
Joseph Griesmar.

(")• _A/DA,_ 1980, p. 535.
(") _A/DA,_ 1985, p. 615.

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N ° C 330/155

dirigido al Gobierno francés para que suprima al
menos las consecuencias de esta situación infractora

y, teniendo en cuenta el principio de la separación
de poderes, ha insistido para que al menos el agente
de la administración defienda en los pocedimientos
ante el Consejo de Estado posturas conformes en el
fondo con la jurisprudencia del Tribunal.

7. IRLANDA

1. La Consticución irlandesa no contiene, como las de la
mayoría de los otros países de Europa, una disposición que permita admitir limitaciones de soberanía en
favor de una organización internacional. En consecuencia, en 1972, se consideró que había que modificar la Constitución para hacer posible la incoporación
de Irlanda a la Comunidad. Mediante referéndum ce
lebrado el 10 de mayo de 1972 se adoptó la Third
Amendment of the Constitution Act, 1972, donde se
estipula:

«Ninguna disposición de la presente Constitución invalida las normas, actos o medidas adoptados por el
Estado y que sean necesarios por sus obligaciones
como miembro de la Comunidad, ni impedirá que las
normas, actos o medidas adoptados por las Comunidades o sus instituciones tengan fuerza de ley en el
Estado.»

Cuando el Parlamento irlandés autorizó la ratificación del Acta Única Europea, un simple ciudadano, el
Sr. Crotty, logró bloquear, mediante un procedimiento de urgencia, que se depositase el instrumento
de ratificación y, después de que su recurso fuera desestimado en cuanto al fondo por el High Court, obtuvo del Supreme Court una sentencia en la que se
declaraba la incompatibilidad con la Constitución del
Título III del Acta Única, por el que los Estados
miembros se comprometen a mantener una cooperación política en materia de relaciones exteriores. La
obligación de ponerse de acuerdo y tratar de llegar a
una postura común en este nuevo campo, extraño a
los Tratados originarios, constituiría una limitación de
soberanía que no está prevista por la modificación de
1972 de la Constitución irlandesa.

En cambio, la ratificación de las demás disposiciones
del Acta Única se consideró compatible con la Constitución.

En este sentido, el Tribunal debía axaminar la constitucionalidad del European Communities Act, 1986,
acto por el que el legislador nacional contaba incorporar al ordenamiento jurídico nacional el apartado 1
del artículo 3, el Título II, el artículo 31, el artículo
32 y, en parte, los artículos 33 y 34 del AUE. Decidió que no había ningún obstáculo constitucional a
dicha legislación, dado que la modificación constitucional de 1972 autorizaba al Estadp no sólo a adherirse a las Comunidades tal como estaban constituidas

en 1973, sino también a aceptar modificaciones de los
Tratados en la medida en que dichas modificaciones
no cambiasen sustancialmente el alcance y los objetivos de las Comunidades.

No obstante, habida cuenta de la decisión del Tribunal Supremo respecto del Título II, fue necesario un
referéndum para modificar la constitución con objeto
de hacer posible la ratificación del Acta Única por el
Gobierno irlandés. El referéndum se celebró en mayo
de 1987 y el resultado positivo del mismo permitió al
Gobierno depositar el instrumento de ratificación el
24 de junio de 1987.

2. Desde la adhesión, los principios de primacía y efecto
directo no han sido puestos en cuestión.

3. La utilización por los tribunales irlandeses del reenvío
prejudicial tampoco ha planteado problemas específicos. Destaquemos una sentencia de 15 de junio de
1983 del Tribunal Supremo (asunto Campus Oil) en
la que se consideraba que una decisión del High
Court por la que se aplicaba el procedimiento previsto
en el artículo 177 del Tratado CEE no podría ser
apelada; la solución corresponde plenamente a las
finalidades de dicho procedimiento.

8. ITALIA

1. En Italia, como en Alemania, una ley puede ser sometida al control de constitucionalidad mucho tiempo
después de haber sido adoptada. Esto también es válido para una ley de ratificación de un tratado. Las
sentencias n° 98, de 27 de diciembre de 1965, asunto
Acciaierie S. Michele (') y n° 183, de 27 de diciembre
de 1973, asunto Frontini ( [2] ) fueron dictadas por el
Tribunal constitucional a petición de tribunales que
habían manifestado dudas sobre la constitucionalidad

de disposiciones de los Tratados CECA y CEE que
atribuían poderes jurisdiccionales al Tribunal de Justicia y poderes legislativos al Consejo y la Comisión,
limitando los poderes de los jueces y del Parlamento
italiano. El Tribunal reconoció la compatibilidad de
los Tratados con la Constitución utilizando dos argu
mentos :

— en virtud del artículo 11 de la Constitución, Italia
«acepta, en condiciones de igualdad con los demás
Estados, las limitaciones de soberanía necesarias a
un orden que garantice la paz y la justicia entre
las naciones»;

(') _Foro_ _it,_ 1966, I, p. 8.
( [2] ) _Foro it.,_ 1974 I, p. 314 y _Boletín de los_ _Tribunales,_ 1974,
p. 409.

N ° C 330/156 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89

— la forma en la que la Comunidad ha sido estructurada y ha organizado el ejercicio de sus propios
poderes forma parte del ordenamiento comunitario, autónomo y distinto respecto del ordenamiento nacional, y en consecuencia queda al margen de las prescripciones constitucionales del Estado, incluidas las que reservan al Estado el ejercicio de los poderes judicial y legislativo.

El Tribunal constitucional se ha preguntado si la salvaguarda de determinados valores fundamentales que
son la base de la Constitución, y en particular los derechos fundamentales, no constituía una limitación a
la transferencia a las organizaciones internacionales
de poderes soberanos prevista por el artículo 11 de la
Constitución (sentencia Acciaierie S. Michele). La
sentencia Frontini da una respuesta positiva pero sub
raya:

a) que el ordenamiento comunitario incluye un sistema de protección jurídica caracterizada por la
plenitud de las funciones atribuidas al Tribunal de
Justicia;

b) que queda excluido que las limitaciones de soberanía permitidas en favor de la Comunidad «en el
Tratado de Roma —suscrito por países en los que
los ordenamientos jurídicos se inspiran en los principios del Estado de derecho y que garantizan las
libertades fundamentales de los ciudadanos— puedan en ningún caso suponer para los órganos de la
Comunidad un poder inaceptable de violar los
principios fundamentales. . . o los derechos inalienables de la persona humana»;

c) «que nunca debería hacerse una interpretación tan
aberrante del artículo 189, que en tal hipótesis la
garantía del control jurisdiccional de dicho Tribunal seguiría estando asegurada», pero se ejercería
«bajo la permanencia de la compatibilidad del Tratado con dichos principios fundamentales», quedando excluido en cambio «que dicho Tribunal
pueda controlar reglamentos particulares».

Esta solución, confirmada por la sentencia n° 170 de 8
de junio de 1984 (véase más abajo), que elimina cualquier problema mientras el ordenamiento comunitario
se inspire en el respeto de los derechos fundamentales,
puede compararse a la que ha prevalecido en la República Federal de Alemania desde la sentencia de 22 de

octubre de 1986 del Bundesverfassungsgericht.

2. En un principio, la jurisprudencia italiana tuvo problemas para reconocer que el Derecho comunitario
tenía primacía sobre la ley nacional posterior. Tras la
sentencia hostil n° 14, de 7 de de marzo de 1964,
Costa contra ENEL ('), el Tribunal constitucional ini

(') _Foro_ _it.,_ 1964, I, p. 465.

ció una «larga marcha» hacia el reconocimiento de dicho principio. La sentencia de 27 de diciembre de
1973, Frontini (véase el apartado 1 anterior), sin resolver todos los problemas, da los primeros pasos hacia el reconocimiento. Le seguirá la sentencia n° 232,
de 30 de octubre de 1975, ICIC, del Tribunal constitucional ( [2] ). La tesis del Tribunal era que la ley incompatible con el Derecho comunitario es contraria al
antes citado artículo 11 de la Constitución; por lo
tanto, puede y debe ser declarada inconstitucional;
pero esto significa también que el juez del asunto no
puede dejar de tener en cuenta la ley nacional incompatible: debe recurrrir al Tribunal constitucional para
que este último declare la inconstitucionalidad de la
misma. Esta solución, poco práctica, que como subraya el Tribunal de Justicia en la sentencia 106/77 de
9 de marzo de 1978, Simmenthal, no está de acuerdo
con los principios del efecto directo y de la primacía,
ha sido finalmente abandonada por la sentencia 170,
de 8 de junio de 1984, Granital ( [3] ), última etapa de
esta evolución de la jurisprudencia. Basándose en el
hecho del ordenamiento jurídico interno, el Tribunal
constitucional renuncia a ejercer el control respecto a
la compatibilidad entre una ley nacional y un reglamento comunitario. La ley interna no interfiere en el
campo regulado por el Derecho comunitario; en lo
sucesivo, el reglamento comunitario debe aplicarse
siempre, tanto si sigue como si precede en el tiempo a
las leyes ordinarias incompatibles con él: en caso de
que se planteen problemas de aplicación, el juez nacional utilizará el procedimiento de la cuestión prejudicial.

Otras sentencias del Tribunal constitucional han con
firmado este cambio.

Esta nueva orientación de la jurisprudencia del Tribunal constitucional ha sido seguida por un considerable
número de sentencias del Tribunal de casación, en las
que dicho Tribunal se ha servido sistemáticamente de
la facultad de comprobar directamente la incompatibilidad de una ley nacional con el Derecho comunitario, evitando así su aplicación en los casos que se le
habían presentado ( [4] ).

( [2] ) _Foro it.,_ 1975, I, p. 2661, y _Revista_ _trimestral_ _de Derecho_
_europeo,_ 1976, p. 271.
O _Foro_ _it.,_ 1984, I. p. 2063.
( [4] ) Véanse por ejemplo las sentencias del Tribunal de casación
que deciden en favor del Derecho comunitario la cuestión
relativa al conflicto entre este último y el decreto ley n° 5129
de 18. 10. 1985, 5235 de 24. 10. 1985, 2144 de 26. 3. 1986,
2145 de la misma fecha, 2339 de 4. 4. 1986, 2415 de 7. 6.
1986, 2425 de la misma fecha, 2717 de 16. 4. 1986, 3061 de
7. 5. 1986, 339 de 20. 5. 1986, 4063 de 18. 6. 1986 y 4761 de
25. 7. 1986.

30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N ° C 330/157

3. Respecto del efecto directo de las directivas, subsisten
todavía muchas dudas, en particular por parte del Tribunal de casación [sentencias de 21 de julio y de 7 de
octubre 1981 (')] y del Consejo de Estado [sentencia
de 6 de mayo de 1980 ( [2] )].

4. En cuanto a la colaboración entre los tribunales na
cionales y el Tribunal de Justicia, cabe señalar una
cierta resistencia por parte del Consejo de Estado a
utilizar el procedimiento prejudicial.

El Tibunal constitucional, por su parte, reforzó la autoridad de la jurisprundencia del Tribunal al precisar
en su sentencia n° 113, de 23 de abril de 1985,
BECA ( [3] ), que el deber del juez de hacer prevalecer el
Derecho comunitario directamente aplicable sobre la
ley nacional, incluso posterior, enunciado en su sentencia de 8 de junio de 1984, Granital (véase el apartado 2 anterior), también es válido cuando la ley nacional es contraria a un principio que el Tribunal haya
deducido por vía de interpretación del Derecho comunitario con ocasión de un procedimeinto prejudicial.

9. LUXEMBURGO

En materia de primacía, los tribunales luxemburgueses se
atienen a una sentencia del Tribunal superior de justicia
de 14 de julio de 1954 ( [4] ) en la que se reconcía que un
tratado tiene «una categoría superior... y que, en caso
de conflicto entre las disposiciones de un tratado internacional y las de una ley nacional posterior, la ley internacional debe prevalecer sobre la ley nacional» [respecto
del Derecho comunitario, Consejo de Estado, sentencia
de 21 de noviembre de 1984, Bellion contra Ministerio
de la Función Pública (*)]. El juez luxemburgués ha reconocido también explícitamente el efecto directo del Derecho comunitario [Consejo de Estado, sentencia de 21
de noviembre de 1984, antes citada, y Tribunal de apelación, sentencia de 2 de mayo de 1985, Banque nationale
de París contra Stoffel ( [6] )]. La utilización por los tribunales luxemburgueses del recurso prejudicial no ha planteado problemas específicos.

(') Sentencias n [os] 4686 y 5266. El Tribunal de casación afirma
en dichas sentencias que las directivas sólo vinculan a los
Estados y carecen de efecto directo en el ordenamiento jurídico nacional. Cualquier divergencia entre la disposición nacional y la directiva forma parte, según el Tribunal, de las
responsabilidades internacionales del Estado.
( [J] ) Sentencia n° 504. El Consejo de Estado precisa que «es competencia de los Tribunales internacionales _(sic)_ todo litigio
relativo a la obligación de un Estado de adaptar su legislación a las directivas comunitarias».
( [3] ) _Foro it.,_ 1985, I, p. 1600.
( [4] ) _Pas. Lux.,_ XVI, p. 150.
( [5] ) _Pas. Lux.,_ XXVI, p. 174.
(') _Pas. Lux.,_ XXVI, p. 273.

10. PAÍSES BAJOS

1. El principio de la primacía de los tratados internacionales y de las decisiones de organizaciones internacionales sobre la ley nacional está expresamente reconocido en el artículo 94 de la Constitución de 1983. De

acuerdo con dicho artículo, la ley nacional no se
aplica si no es compatible con disposiciones «self-executing» (de efecto directo) de tratados o disposiciones
de organizaciones internacionales. Según el artículo
93 de la Constitución, tales disposiciones sólo tienen
fuerza obligatoria después de haber sido publicadas.
Respecto de la normativa comunitaria, es suficiente su
pulicación en el _Diario Oficial de las Comunidades_
_Europeas_ ( [7] ).

Los tribunales superiores de los Países Bajos reconocieron la primacía del Derecho comunitario bien basándose en su propia naturaleza ( [s] ), bien en virtud de
dicho artículo 94 ( [9] ). Esta primacía, así como el efecto
directo del Derecho comunitario derivado e incluso

de las directivas, no ha planteado dificultades ante los
tribunales neerlandeses ( [10] ).

2. La utilización por los tribunales neerlandeses del
reenvío prejudicial tampoco ha planteado problemas
graves desde el punto de vista europeo. La Hoge
Raad sólo ha tenido que recurrir excepcionalmente a
la teoría del acto claro ( [n] ). Por otra parte, una cuestión de este mismo tribunal dio lugar al primer ejemplo de la teoría del acto «aclarado» ( [12] ), es decir, la
teoría según la cual un tribunal nacional no está obligado a recurrir al Tribunal por una cuestión sobre la
que este último ya ha tenido ocasión de pronuncia
rese.

11. PORTUGAL

Hay un riesgo teórico, dado que la constitución portuguesa de 1976, revisada en 1982, abre un control a pos

( [7] ) Artículo 7 de la ley de 22 de junio de 1961, Stb. 207.

( [8] ) Cas. Crim. 18. 5. 1962 (Bosch), NJ 1965, n° 115. Efecto
directo de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE.
(') Céntrale Raad van Beroep 19. 11. 1963 y Tarief Commissie
21. 12. 1965, citados por G. Bebr, How supreme is Community Law? en la _Common Market Law Review,_ 1974,
P-3.
( [10] ) El presidente del Tribunal de la Haya ha obligado incluso
al legislador nacional a ejecutar la Tercera Directiva sobre
seguridad social (igualdad de hombres _y_ mujeres), porque
contenía normas de efecto directo y su plazo de ejecución
había transcurrido. Esta sentencia fue anulada porque no
tenía en cuenta la separación de poderes; véase NJ 1985,
pp. 262 y 263.

(") HR, 20 febrero de 1985, BNB 1985/128. Para más datos,
véase M.R. Mok, Experience of the Netherlands Courts in
applying the preliminary proceedings of Article 177 CEE,
_Papers of the Asser Institute Colloquium on European Law,_
15th session 1985.

(") Casos 28, 29, 1, 30/62, 1963, ECR,. p. 31 (Da Costa &
Schaake).

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teriori de la constitucionalidad de las disposiciones de los
tratados o convenios internacionales (artículo 280). Sin
embargo, cabe suponer que, como los Tribunales constitucionales italiano y alemán, el Tribunal constitucional
portugués, si hubiera que recurrir a él, rechazaría cualquier excepción de inconstitucionalidad planteada contra
el Derecho comunitario.

La Constitución portuguesa consagra en términos explícitos el efecto directo del Derecho internacional (artículo
8). Al margen de esta disposición, la jurisprudencia ha
reconocido, en general, el principio de la primacía del
Derecho internacional [véase, por ejemplo, la sentencia
de 19 de junio de 1984 del Tribunal constitucional,
asunto 107/83 (')].

Respecto del Derecho comunitario, la única sentencia
dictada hasta el momento por un tribunal portugués
(Tribunal de apelación de Coimbra, de 30 de julio de
1986) confirmó sin ambages los principios de la primacía
y el efecto directo ( [2] ).

Por lo que se refiere al recurso prejudicial, es prematuro
comentar su utilización puesto que hasta la fecha no se
ha planteado ninguna cuestión.

12. REINO UNIDO

1. La práctica constitucional británica en materia de tratados se basa en una separación estricta entre las atribuciones del poder ejecutivo y del poder legislativo.
La conclusión de un tratado internacional es competencia exclusiva de la Corona, pero, sin la intervención del Parlamento, un tratado sólo produce efectos
internacionales. Para que se produzcan efectos internos, el Parlamento debe votar una ley específica. Por
lo tanto, para la adhesión a las Comunidades fue necesario, por un lado, que la reina ratificara el Tratado
de adhesión y, por otro lado, que el Parlamento adoptara la European Communities Act, por la que los
Tratados quedaban incorporados al ordenamiento jurídico interno. Se trataba de superar las dificultades
de ejecución del Derecho comunitario vinculadas a la
tradición dualista y al principio por el que ningún
Parlamento puede vincular a parlamentos futuros. El
apartado 1 de la sección 2 de la European Communities Act consagra el principio de la aplicabilidad directa. El principio de la primacía se aplica de manera
pragmática por el apartado 4 de la sección 2, que
obliga a las autoridades a interpretar y a aplicar la
legislación nacional, incluso posterior, de forma que

(•') DR II, 29 de diciembre de 1984, p. 11681.
( [2] ) Es interesante señalar que se trataba en este caso de una directiva que no había sido todavía incorporada al ordenamiento jurídico portugués.

el Derecho comunitario produzca sus efectos. El
apartados 1 de la sección 3, que obliga a resolver las
cuestiones de Derecho comunitario de conformidad

con las sentencias del Tribunal de Justicia, no sólo
afirma el principio de la unidad de la jurisprudencia,
sino que además consolida la aplicabilidad directa y la
primacía como principios consagrados por las sentencias del Tribunal. El único punto débil de esta construcción es que la European Communities Act podría
también ser derogada o modificada por el Parla
mento.

En las sentencias de 27 de febrero de 1971, Blackburn
contra Attorney General ( [3] ) y de' 1972, McWhirter
contra Attorney General ( [4] ), el Tribunal de apelación
rechazó dos recursos contra el procedimiento de adhesión, uno de ellos basado en el abandono parcial
irreversible de soberanía y el otro, en una supuesta
incompatibilidad con el Bill of Right de 1688. En sentencia de 7 de marzo de 1975, Gibson contra Lord
Advócate ( [5] ), el Court of Session de Escocia rechazó
un recurso contra la European Communities Act, calificada de contraria al Act of Union de 1707.

2. Los jueces británicos han afirmado la primacía del
Derecho comunitario por referencia a la European
Communities Act. En este sentido, la primera sentencia fue la dictada el _27_ de noviembre de 1973 por el
High Court, Chancery División, Aero Zipp Fasteners
contra YKK Fasteners ( [6] ). En la sentencia de 27 de
abril de 1978 del Tribunal de apelación, Shields contra Coombes ( [7] ), Lord Denning no menciona el apartado 4 de la sección 2 sino el apartado 1 de la sección
3, que obliga a los jueces a atenerse a los principios
consagrados por el Tribunal de Justicia, entre otras
cosas en materia de aplicabilidad directa y de primacía. En la sentencia del Tribunal de apelación de 19
de julio de 1979, Macarthys contra Smith ( [8] ), Lord
Denning vuelve a afirmar el principio, pero en un
«obiter dictum» hace la siguiente observación: «Si tuviera que llegar el día en que el Parlamento adopte
deliberadamente una ley con la intención de rechazar
el Tratado o cualquier disposición del mismo y lo
diga en términos explícitos, yo consideraría entonces
que nuestros tribunales tienen el deber de seguir la
ley». Esta reserva parece, sobre todo, un homenaje al
principio tradicional de soberanía del Parlamento. En
todo caso, la hipótesis formulada no se ha planteado
hasta la fecha.

El respeto del Tratado CEE en un caso de conflicto
aparente con una ley posterior lo garantizó la House
of Lords en su sentencia de 22 de abril de 1982, Garland contra British Rail Engineering ( [9] ).

3 ) _Common_ _Market_ _Law_ _Reports,_ 1971, p. 784.

_[") Common Market_ _Law_ _Reports,_ 1972, p. 882.
; [5] ) _Common Market_ _Law_ _Reports,_ 1975, p. 563.
; [6] ) _Common Market_ _Law_ _Reports,_ 1973, p. 819.
7) / _Weekly_ _Law_ _Reports_ 1978, p. 1408.
; [8] ) 3 ALL. ER 325, caso 129/79 y _The_ _Times_ de 18. 4. 1980.
; [9] ) 2 _Weekly_ _Law_ _Reports_ 1982, p. 918.

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No obstante, no se argumenta en términos de primacía. Lord Diplock recuerda simplemente que, en la
medida de lo posible, hay que interpretar las leyes con
arreglo a las obligaciones internacionales (principio
válido _afortiori_ para las obligaciones derivadas de los
tratados comunitarios a los que se refiere la sección 2
de la European Communities Act), pues la disposición
litigiosa podía ser interpretada de conformidad con el
Tratado «sin forzar indebidamente el sentido normal

del lenguaje utilizado».

3. En general, los jueces británicos no han tenido problemas con el principio del efecto directo.

No obstante, el reconocimiento del efecto directo no
ha llegado hasta conceder daños y perjuicios por un
acto de alcance general contrario a los tratados. En su
sentencia en el caso Bourgoin contra Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación 1985 ('), el Tribunal de Apelación rechazó la demanda de productores
e importadores de pavos franceses perjudicados por
una prohibición de importación dictada por el Ministerio de Agricultura alegando razones sanitarias, que
en realidad era contraria al artículo 30 del Tratado

CEE. El Tribunal se basó en el hecho de que el Derecho nacional no preveía la responsabilidad de las instituciones comunitarias. Los demandantes recurrieron

a la House of Lords, pero antes de que ésta decidiera,
aceptaron con carácter extrajudicial una indemnización que ascendía a unas 3 500 000 libras esterlinas.

4. En un principio, los jueces británicos dudaron en utilizar el procedimiento prejudicial, pero posteriormente han recurrido muy frecuentemente al Tribunal
de Justicia para la interpretación de disposiciones comunitarias, en particular (ante leyes nacionales incompatibles) para saber si tienen un efecto directo: el juez
británico prefiere apoyarse en la autoridad del Tribunal antes que no tener en cuenta una ley del Parla
mento.

Por lo que se refiere al respeto debido a las sentencias
del Tribunal de Justicia, hay un caso de aparente no
conformidad [sentencia Santillo contra Home Secretary, 1980 ( [2] )], pero parece más bien que el tribunal
nacional ha decidido manteniéndose dentro del mar
gen de apreciación que la sentencia del Tribunal de
Justicia le había dejado.

O _3 Weekly Law_ _Reports_ 1985, p. 1 027.
( [2] ) _Common_ _Market Law_ _Reports,_ de 7. 10. 1980, p. 212.

III. Conclusiones

Sin la colaboración leal de los tribunales nacionales, los
tratados y los actos de las instituciones comunitarias no
hubieran tenido una aplicación satisfactoria. Pero para
que esta colaboración esté garantizada —por unas autoridades tan independientes como son las autoridades judiciales—, era necesario que comprendieran el sentido
de la nueva realidad comunitaria y se adhirieran a los
cambios que suponía dicha realidad.

No era una tarea sencilla. Hasta entonces, los Estados
no habían aceptado limitaciones tan considerables de su
soberanía. En países de tradición dualista, como la República Federal de Alemania, Italia o el Reino Unido, pero
también en otros lugares, no era fácil aceptar de entrada
la aplicabilidad directa y la primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional. En ningún país, los
tribunales «supremos» aceptaban con gusto la obligación
de solicitar la interpretación del Derecho a otro tribunal,
extraño a su ordenamiento jurídico, ni la obligación de
antenerse a dicha interpretación.

Todo ello explica una cierta resistencia: la reivindicación
del Tribunal constitucional alemán de poder declarar
inaplicables actos comunitarios que afectan a los derechos fundamentales; el rechazo inicial del Tribunal constitucional italiano y el persistente rechazo del Consejo de
Estado francés de reconocer la primacía del Derecho comunitario; el recurso abusivo a la teoría del acto claro y
la negativa del Consejo de Estado y del Bundesfinanzhof
a reconocer el carácter obligatorio de determinadas decisiones del Tribunal de Justicia.

Hoy día, la mayor parte de estas posturas heterodoxas
han sido abandonadas. Sigue habiendo distorsiones menos graves, como el abuso al recurso del «acto claro»,
otras que se están eliminando, como la actitud del Bundesfinanzhof, y por último la conocida oposición del
Consejo de Estado francés a hacer prevalecer el Derecho
comunitario sobre la ley posterior y a aceptar determinadas decisiones del Tribunal.

En consecuencia, la impresión que puede sacarse es netamente positiva, más aún si se compara la situación actual
con las indecisiones del principio: hoy día se puede comprobar, con la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido, la importancia del camino que se ha recorrido.

Es cierto que sigue habiendo situaciones conflictivas preocupantes. Esto plantea el problema de las soluciones
que tiene a su disposición la Comisión.

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La Comisión, al tomar postura respecto de los Estados
miembros, incluso en virtud del artículo 169 del Tratado
CEE, evita poner en cuestión la independencia del poder
judicial. Por un lado, se limita a exigir que los agentes de
los, gobiernos que participan en el proceso defiendan tesis
conformes al Derecho comunitario y, por otro lado, que
si las sentencias de los tribunales nacionales se apartan
del Derecho comunitario, los gobiernos adopten todas
las disposiciones necesarias para que los efectos prácticos
incompatibles con el Derecho comunitario sean eliminados.

Además, la Comisión favorece la adecuada evolución de
las jurisprudencias nacionales fomentando la elaboración

de estudios, la publicación de artículos y la organización
de conferencias, coloquios y debates para informar y
convencer a los medios judiciales. Desde 1986, también
el Parlamento Europeo ha reaccionado ante las sentencias significativas de los tribunales nacionales superiores
a través de un capítulo del _Informe anual sobre el control_
_de la aplicación del Derecho comunitario,_ especialmente
dedicado a este tema.

Hay que seguir adelante, sin cejar en el empeño de mejorar la situación, en especial en la perspectiva del gran
mercado, y es indispensable que los operadores puedan
lograr que los jueces nacionales aseguren el respeto de
las normas comunitarias.