Source: EURLEX
Language: es
Format: md

C 55/8 ES Diario Oficial de la Unión Europea 8.3.2003

**Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-**
**lución del Bundesfinanzhof, de fecha 29 de octubre de**
**2002, en el asunto entre Hauptzollamt Bremen (Adminis-**
**tración Principal de Aduanas de Bremen) y ITG GmbH**
**Internationale Spedition**

**(Asunto C-452/02)**

(2003/C 55/15)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Bundesfinanzhof, dictada el 29 de octubre de
2002, en el asunto entre Hauptzollamt Bremen (Administración Principal de Aduanas de Bremen) y ITG GmbH Internationale Spedition, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
Justicia el 12 de diciembre de 2002. El Bundesfinanzhof
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
siguientes cuestiones:

1) ¿Da lugar a una deuda aduanera de importación, de
conformidad con el artículo 203, apartado 1, del Reglamento (CEE) n [o] 2913/92 ( [1] ), el que una mercancía que se
encuentre en situación de depósito temporal no se
presente, en contra de las instrucciones cursadas, a
la autoridad aduanera original, sino a otra autoridad
aduanera, sin haber tramitado el régimen de tránsito
comunitario prescrito para la circulación dela mercancía?

2) En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, en
el caso expuesto en la primera cuestión, ¿existe un
incumplimiento de una obligación que, de conformidad
con el artículo 204, apartado 1, letra a), del Reglamento
(CEE) n [o] 2913/92, pueda dar lugar a una deuda aduanera
de importación?

3) En caso de respuesta positiva a la segunda cuestión:

a) El artículo 859, número 5, del Reglamento (CEE)
n [o] 2454/93 ( [2] ), ¿debe interpretarse en el sentido de
que sólo se refiere a un traslado no autorizado que
hubiera podido ser autorizado por las autoridades
aduaneras, o debe entenderse que se refiere a
cualquier eventual traslado?

b) El artículo 859, número 5, del Reglamento (CEE)
n [o] 2454/93, ¿debe interpretarse en el sentido de que
el requisito que establece, en virtud del cual la
mercancía que se encuentre en situación de depósito
temporal pueda ser presentada a las autoridades
aduaneras a instancia de éstas, sólo se cumple
cuando la mercancía se presenta en la oficina de
aduanas en la que fue inicialmente presentada, o se
cumple también dicho requisito cuandola mercancía
se presenta en otra oficina de aduanas situada en la
misma ciudad, pero que, desde un punto de vista
organizativo, pertenece a otra autoridad aduanera?

( [1] ) DO L 302, p. 1.
( [2] ) DO L 253, p. 1.

**Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2002 contra**
**el Reino Unido por la Comisión de las Comunidades**
**Europeas**

**(Asunto C-458/02)**

(2003/C 55/16)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 18 de diciembre de 2002 un recurso contra el
Reino Unido formulado por la Comisión de las Comunidades
Europeas, representada por el Sr. K. Banks, en calidad de
agente, que designa domicilio en Luxemburgo.

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

—
Declare que el Reino Unido no ha adaptado correctamente el Derecho nacional al artículo 8, apartado 2, de la
Directiva 92/100/CEE del Consejo, sobre derechos de
alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos
de autor en el ámbito de la propiedad intelectual ( [1] ), al
haber previsto una excepción al derecho de los artistas
intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas a recibir una remuneración equitativa cuando un
fonograma publicado con fines comerciales, o una reproducción de dicho fonograma, se utilice para cualquier
tipo de comunicación al público (excepción que se refiere
a cualquier comunicación dirigida a un público que no
paga por ella).

— Condene en costas al Reino Unido.

_Motivos y principales alegaciones_

Las únicas excepciones permitidas al derecho que tienen tanto
los productores como los artistas intérpretes o ejecutantes a
recibir una remuneración equitativa con arreglo al artículo 8,
apartado 2, de la Directiva 92/100/CEE, están previstas en el
artículo 10 de dicha Directiva. En el presente caso, el Reino
Unido sólo puede basarse en las limitaciones admitidas por el
artículo 10, apartado 2, porque las excepciones previstas en el
apartado 1 de dicha disposición no son pertinentes.

Respecto a la aplicación de las limitaciones admitidas por el
artículo 10, apartado 2, debe tenerse en cuenta que, de
conformidad con esa disposición, los Estados miembros sólo
podrán imponer restricciones a la protección de artistas
intérpretes o ejecutantes en la medida en que se efectúen
legalmente con relación a la protección de los derechos de
autor sobre obras literarias y artísticas. Sin embargo, del
artículo 11 bis, apartado 2, del Convenio de Berna se
deduce que la normativa nacional no podrá en ningún caso
menoscabar el derecho del autor a obtener una remuneración

equitativa.

8.3.2003 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 55/9

Puesto que, conforme al artículo 10, apartado 2, de la Directiva,
productores y artistas intérpretes o ejecutantes deber ser
tratados en igualdad de condiciones que los autores, el
Reino Unido no puede excluir el derecho a reclamar una
remuneración equitativa cuando un programa transmitido por
radiodifusión o por cable que contiene una grabación es vista
u oída por un público que no paga por él, como se ha
establecido en el apartado 18 del anexo 2 de la 1988
Copyright, Designs and Patents Act (Ley de derechos de autor,
dibujos y patentes de 1988).

En opinión de la Comisión, el criterio de un público que
no paga según se define en la disposición anteriormente
mencionada va mucho más lejos que las excepciones al
derecho permitidas conforme al artículo 10 de la Directiva.

Por lo tanto, la Comisión considera que el Reino Unido ha
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
Derecho comunitario, en particular del artículo 8, apartado 2,
de la Directiva 92/100/CEE, al prever excepciones al derecho a
una remuneración equitativa concedido a los artistas intérpretes o ejecutantes cuando una emisión o comunicación al
público de una obra protegida es vista u oída por un público
que no paga por ella.

( [1] ) DO L 346 de 27.11.1992, p. 61.

**Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2002 contra la**
**República Italiana por la Comisión de las Comunidades**
**Europeas**

**(Asunto C-460/02)**

(2003/C 55/17)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 19 de diciembre de 2002 un recurso contra
la República Italiana formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por los Sres. Mikko
Huttunen y Antonio Aresu, en calidad de agentes.

La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

a) Declare que la República Italiana ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
96/67/CE del Consejo ( [1] ), de 15 de octubre de 1996,
relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los
aeropuertos de la Comunidad, en la medida en que el
Decreto legislativo n [o] 18, de 13 de enero de 1999:

—
no fija el período, cuya duración máxima es de siete
años, por el que se seleccionarán los agentes de
asistencia en tierra, conforme al artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva en cuestión;

—
su artículo 14 introduce una medida social incompatible con el artículo 18 de la Directiva;

—
en su artículo 20 prevé disposiciones de carácter
transitorio no autorizadas por la citada Directiva.

b) Condene en costas a la República Italiana.

_Motivos y principales alegaciones_

El artículo 11 del Decreto n [o] 18, de 13 de enero de 1999, no
fija la duración máxima del período por el que se seleccionarán
los agentes de asistencia en los aeropuertos en los que el
acceso al mercado se produce mediante un procedimiento de
selección. El artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva
96/67/CE prevé expresamente una duración máxima, que fija
en siete años. La Comisión considera, por tanto, que la falta de
un límite en la duración de los contratos de servicios de
asistencia en tierra en los aeropuertos italianos resulta incompatible con las obligaciones impuestas por la Directiva.

El artículo 18 de la Directiva 96/67/CE permite a los Estados
miembros adoptar las medidas necesarias para garantizar la
protección de los derechos de los trabajadores. No obstante,
estas medidas se adoptarán sin perjuicio de la aplicación de la
propia Directiva y respetando las demás disposiciones de
Derecho comunitario. En otras palabras, la protección de los
derechos de los trabajadores se admite, conforme al artículo 18
de la Directiva, siempre que no sea contraria a la aplicación de
la Directiva en lo que se refiere a los servicios de asistencia en
tierra. El artículo 14, apartado 1, del Decreto 18/99 establece
como objetivo la adopción de medidas para garantizar el
mantenimiento de los niveles de ocupación del personal
dependiente del gestor anterior y la continuidad de la relación
laboral. En consecuencia, el apartado 2 de la disposición
controvertida impone la obligación de transferir el personal
cada vez que se produzca un «traspaso de actividad» relativo a
una o más categorías de servicios de asistencia en tierra
enumerados en los anexos A y B. Una disposición de este tipo
excede manifiestamente la protección garantizada ya por la
Directiva 77/187/CEE del Consejo ( [2] ), de 14 de febrero de
1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los
trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de
actividad o de partes de centros de actividad, en su versión
modificada por la Directiva 98/50/CE del Consejo ( [3] ) y codificada por la Directiva 2001/23/CE del Consejo ( [4] ), de 12 de
marzo de 2001. En consecuencia, la Comisión estima que el
artículo 14 del Decreto 18/99 excede las medidas que pueden
considerarse admisibles para garantizar la tutela de los derechos de los trabajadores conforme al artículo 18de la Directiva
96/67/CE.