Source: EURLEX
Language: es
Format: md

7.2.2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 40/409

**Jueves, 13 de abril de 2000**

**Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el**
**que se modifica el Reglamento (CE) n** **[o]** **723/97 sobre la realización de programas de medidas de los**
**Estados miembros en el ámbito del control de los gastos de la sección de Garantía del FEOGA**
**(COM(1999) 169 �C4-0225/1999 �1999/0091(CNS))**

(Procedimiento de consulta)

_El Parlamento Europeo,_

�
Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(1999) 169) ( [1] )

�
Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 37 del Tratado CE (C4-0225/1999),

�
Considerando que no es precedente el fundamento jurídico propuesto y conviene basarse en el apartado 4 del artículo 280 del Tratado CE,

�
Visto el artículo 67 de su Reglamento,

�
Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre el fundamento jurídico,

�
Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A5-0079/2000),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión así modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2
del artículo 250 del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, en caso de que pretenda apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4. Solicita la apertura del procedimiento de concertación, en caso de que el Consejo pretenda apartarse
del texto aprobado por el Parlamento;

5. Pide que se le consulte de nuevo, en caso de que el Consejo se proponga modificar sustancialmente la
propuesta de la Comisión;

6. Encarga a su Presidenta que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

( [1] ) DO C 137 de 18.5.1999, p. 8.

**7.** **CIG**

**A5-0086/2000**

**Resolución del Parlamento Europeo que contiene sus propuestas para la Conferencia Interguberna-**
**mental (14094/1999 �C5-0341/1999 �1999/0825(CNS))**

_El Parlamento Europeo,_

�
Consultado por el Consejo de conformidad con el apartado 2 del artículo 48 del Tratado de la Unión
Europea, sobre la convocatoria de una Conferencia Intergubernamental (CIG) para examinar las
modificaciones que han de introducirse en los tratados sobre los que se funda la Unión Europea
(C5-0341/1999),

�
Visto el dictamen de la Comisión «Adaptar las instituciones para que la ampliación sea un éxito» de
26 de enero de 2000 (COM(2000) 34 �C5-0072/2000),

�
Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki (10 de diciembre de 1999),

�
Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 17 de febrero de 2000 sobre «La Conferencia Intergubernamental del 2000»,

C 40/410 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES 7.2.2001

**Jueves, 13 de abril de 2000**

�
Visto el dictamen del Comité Económico y Social de 1 de marzo de 2000 sobre «La Conferencia
Intergubernamental 2000 �El papel del Comité Económico y Social» (CES237-2000),

�
Vistas sus Resoluciones de 18 de noviembre de 1999 sobre la preparación de la reforma de los Tratados y la próxima Conferencia Intergubernamental ( [1] ) y de 3 de febrero de 2000 sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental ( [2] ), en particular su apartado 5,

�
Vista su Resolución de 16 de marzo de 2000 sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea ( [3] );

�
Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de
Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, de la Comisión de
Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Libertades y Derechos de
los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de
la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, de la Comisión de Industria, Comercio Exterior,
Investigación y Energía, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural, de la Comisión de Pesca, de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, de la
Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de
Oportunidades (A5-0086/2000),

_**I.**_ _**Por una Unión más democrática y eficaz: composición y funcionamiento de las instituciones y órga-**_
_**nos de la Unión y procedimientos decisorios**_

1. Reafirma que la composición, el funcionamiento y el equilibrio entre las instituciones de la Unión,
Parlamento, Consejo y Comisión, debe reflejar su doble legitimidad como unión de pueblos y unión de
Estados y que, en general, debe alcanzarse un equilibrio entre los pequeños y grandes Estados y pueblos;
considera que debe tenerse en cuenta el principio constitucional según el cual la unión de pueblos está
representada por el Parlamento y la unión de Estados está representada por el Consejo;

2. Observa que las disposiciones que deben adoptarse sobre la composición de las instituciones deberán
tener en cuenta la duración del proceso de ampliación y, en consecuencia, prever normas transitorias de
adaptación;

3. Considera urgentemente necesario que se celebre un debate fundamental sobre las perspectivas del
proceso de unidad europea y los límites de la futura Unión;

4. Subraya la necesidad de concluir la CIG durante 2000, a fin de no retrasar el vital e histórico proceso
de ampliación;

_**Parlamento Europeo**_

5. Confirma la permanencia del número de diputados europeos en el límite de 700 y propone, en lo
que se refiere a su composición, los principios siguientes:

5.1. ya que es probable que una primera ola de algunos nuevos Estados se adhiera a la Unión Europea en
torno a los años 2004 a 2006, propone que en la legislatura del Parlamento de 2004 a 2009 se
proceda a un primer ajuste transitorio del número de escaños por Estado miembro para que éste
no exceda de 700;

5.2. antes de las elecciones de 2009 y con independencia del ritmo de las adhesiones, el número de
representantes en el Parlamento que deberán elegirse en cada uno de los Estados miembros se calculará sobre la base de la población de una Unión a la que se hayan adherido todos los Estados candidatos con que se negocie, con el límite máximo de 700 escaños; se determinará en función de la
población, según una clave de reparto proporcional corregida por la atribución de un número
mínimo de cuatro escaños ( [4] ) por Estado;

6. Propone que el Tratado contemple la posibilidad de que un número de diputados pueda ser elegido
en el marco de una circunscripción europea única, atribuyendo a cada elector dos sufragios: uno para las
listas nacionales y otro para las listas europeas; las listas europeas incluirán al menos un ciudadano de cada
Estado miembro;

( [1] ) «Textos Aprobados» de esa fecha, punto 4.
( [2] ) «Textos Aprobados» de esa fecha, punto 11.
( [3] ) «Textos Aprobados» de esa fecha, punto 4.
( [4] ) Disminución en un tercio del mínimo actual de seis miembros por Estado debido al aumento en un tercio de la
población de la Unión.

7.2.2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 40/411

**Jueves, 13 de abril de 2000**

7. Pide que se modifique el apartado 5 del artículo 190 del Tratado CE de la siguiente forma: «El Parlamento Europeo establecerá el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones de sus
miembros»;

8. Propone que los partidos políticos se atengan a las disposiciones siguientes:

8.1. el artículo 191 del Tratado CE debe redactarse del siguiente modo: Los partidos políticos a escala
europea contribuirán a la formación de una conciencia europea y a expresar la voluntad política de
los ciudadanos de la Unión; a propuesta de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, de conformidad con el procedimiento al que se refiere el artículo 251 en un plazo de doce
meses a partir de la entrada en vigor del presente Tratado, los requisitos para el reconocimiento, el
estatuto y las modalidades de financiación (incluida la financiación comunitaria) de los partidos políticos europeos;

8.2. los partidos políticos europeos que no respeten los principios democráticos y los derechos fundamentales podrán ser objeto ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a instancias de la
Comisión y previo dictamen del Parlamento Europeo y del Consejo, de un procedimiento de suspensión de su financiación por parte de la Unión Europea; las modalidades de suspensión que puedan
adoptarse sobre la base del presente artículo se tomarán a propuesta de la Comisión, mediante decisión del Parlamento y del Consejo adoptada, en un plazo de doce meses a partir de la entrada en
vigor del presente Tratado, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 251;

9. Propone que se añada la siguiente frase al artículo 289 del Tratado CE: «Por lo que respecta al Parlamento Europeo, éste fijará su sede y el lugar de celebración de todas sus reuniones por mayoría absoluta
de sus miembros»;

_**Consejo**_

10. Propone, en lo que se refiere a la votación por mayoría cualificada:

10.1. que las deliberaciones del Consejo que requieran una mayoría cualificada se consideren aprobadas si
obtienen al menos el voto favorable de la mayoría simple de los Estados miembros que representen
al menos a la mayoría de la población total de los Estados miembros de la Unión;

10.2. que la CIG establezca el principio democrático de publicidad de los trabajos del Consejo cuando
actúe en calidad de legislador o de autoridad presupuestaria; se publicará un acta literal de las reuniones del Consejo, que dará cuenta de sus deliberaciones al Parlamento;

11. Con objeto de mejorar su propia eficacia y disciplina, el Consejo Europeo adoptará y publicará un
reglamento que deberá acatar;

_**Comisión**_

12. Propone, en lo que se refiere a la composición de la Comisión, lo siguiente:

12.1. la Comisión debe tener un tamaño que le permita trabajar; debe estar integrada

�
bien por un número fijo de 20 Comisarios más el Presidente, siempre que se prevea un sistema
de rotación que garantice con el paso del tiempo una igualdad de oportunidades para la participación de ciudadanos de cada uno de los Estados miembros,

�
bien por un Comisario por Estado miembro, siempre que se refuerce el papel del Presidente y
se establezca una jerarquía interna que permita a la Comisión operar de manera eficiente;

12.2. el Parlamento elegirá al Presidente de la Comisión entre los candidatos propuestos por el Consejo;

12.3. el Presidente de la Comisión, de acuerdo con los Estados miembros, designará a los miembros del
Colegio; velará por que la Comisión tenga un ciudadano de cada Estado miembro al menos cada dos
mandatos( [1] );

12.4. la Comisión será investida por el Parlamento Europeo;

12.5. el Parlamento evaluará, por medio de comparecencias de los candidatos en cuestión, la calidad de
los Comisarios propuestos;

12.6. todo miembro de la Comisión que hubiere cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones
deberá presentar su dimisión cuando el Presidente de la Comisión se lo solicite;

12.7. de conformidad con el artículo 216, todo miembro de la Comisión podrá ser cesado por el Tribunal
de Justicia también a petición del Parlamento Europeo;

( [1] ) Cada país podría proponer un Comisario en cinco de cada siete colegiaturas.

C 40/412 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES 7.2.2001

**Jueves, 13 de abril de 2000**

13. Estima necesario garantizar la plena independencia de la Comisión, su papel de guardiana de los
Tratados y su colegialidad, particularmente mediante el fortalecimiento del papel político de su Presidente;
propone, en lo que se refiere al funcionamiento y a las competencias de la Comisión, lo siguiente:

13.1. el Presidente de la Comisión podrá plantear, previa deliberación del Colegio, la cuestión de confianza ante el Parlamento; si la mayoría de los miembros que componen el Parlamento denegara
su confianza a la Comisión, ésta dimitirá;

13.2. la Comisión ejercerá las funciones ejecutivas y la potestad normativa bajo el control de las autoridades legislativas, según modalidades adoptadas por el Consejo y el Parlamento de conformidad
con el procedimiento al que se refiere el artículo 251 del Tratado CE;

13.3. la Comisión dispondrá de la iniciativa legislativa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 192 del
Tratado CE y en los títulos V (Disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común) y
VI (Disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal) y el artículo 48 del
Tratado de la Unión;

_**Tribunal de Justicia y Tribunal de Primera Instancia**_

14. Propone que el Tribunal de Justicia esté compuesto por un número impar de jueces superior o igual
al número de Estados miembros y que el número de abogados generales aumente de forma correspondiente;

15. Propone que los miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia sean designados por un período de nueve años no renovable;

16. Estima que las decisiones relativas a las categorías de recursos y a la modificación del Estatuto del
Tribunal de Justicia deberán ser adoptadas por el Consejo, por mayoría cualificada, previo dictamen conforme del Parlamento Europeo; los reglamentos de procedimiento serán aprobados y modificados, en su
caso, por el Tribunal al que se aplican;

17. Propone que se suprima del artículo 225 del Tratado CE la privación de competencia al Tribunal de
Primera Instancia para conocer de cuestiones prejudiciales con vistas a poder hacer frente a los problemas
que puedan plantearse en el futuro para determinadas categorías de recursos, siempre que se prevea la
posibilidad de recurso ante el Tribunal de Justicia contra las decisiones del Tribunal de Primera Instancia,
en interés de la ley;

18. Propone que se amplíen las competencias del Tribunal de Justicia a todas las materias cubiertas por
el Título IV del Tratado CE (visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación
de personas) y el Título VI del Tratado de la Unión Europea (disposiciones relativas a la cooperación
policial y judicial en materia penal), suprimiendo las limitaciones y reservas en vigor;

19. Propone que se incluya al Parlamento entre las instancias facultadas para pedir al Tribunal de Justicia, de conformidad con el apartado 3 del artículo 68 del Tratado CE, que se pronuncie sobre una cuestión;

20. Pide que el sistema normal de cuestores prejudiciales ante el Tribunal de Justicia se aplique a las
materias contempladas en el Título IV del Tratado CE;

21. Considera necesario que se modernicen y simplifiquen los procedimientos permitiendo la utilización
de los medios modernos de comunicación;

22. Propone que se modifique el artículo 230 del Tratado CE para conceder al Parlamento el derecho de
recurrir al Tribunal de Justicia en casos de abusos de poder, falta de competencia, infracción de un procedimiento esencial, infracción del Tratado o cualquier disposición jurídica relativa a su aplicación, así como
en casos de omisión;

23. Propone que se faculte al Tribunal de Justicia, con arreglo a las condiciones establecidas en el apartado 6 del artículo 300 del Tratado CE, para pronunciarse sobre una solicitud del Parlamento cuando, de
conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 300, éste
haya sido consultado en relación con la proyectada conclusión de un acuerdo;

_**Fiscalía europea**_

24. Propone la creación de una Fiscalía europea como órgano independiente encargado de la protección
de los intereses de la Unión contra el fraude en todo el territorio comunitario;

25. Estima necesario modificar el artículo 280 del Tratado CE para permitir a la Unión que adopte
medidas legislativas en materia penal en el ámbito del fraude en perjuicio de los intereses de la Unión;

7.2.2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 40/413

**Jueves, 13 de abril de 2000**

_**Tribunal de Cuentas**_

26. Propone que el Tribunal de Cuentas esté integrado por un número fijo de miembros; serán designados para un mandato de seis años por el Consejo, por mayoría cualificada, previo dictamen conforme
del Parlamento; cada tres años se producirá una renovación parcial de sus miembros; en caso de que el
número de miembros del Tribunal de Cuentas fuera inferior al de Estados miembros, se instaurará un
sistema de rotación para garantizar que tenga un ciudadano de cada uno de los Estados miembros al
menos cada tres años; el Tribunal de Cuentas deberá tener derecho a acceder directamente al control
financiero de las autoridades nacionales y regionales, en la medida en que éstas intervengan en el gasto
con cargo al presupuesto de la UE;

_**Banco Central Europeo**_

27. Considera que la estructura del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y de los
demás órganos decisorios del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) también deberá tener en cuenta
la ampliación, a fin de preservar la eficacia del proceso de toma de decisiones del BCE y del SEBC;

_**Comité de las Regiones**_

28. Propone en lo que se refiere a la composición del Comité:

28.1. el número de miembros del Comité no podrá exceder del de la mitad de diputados al Parlamento
Europeo;

28.2. para preservar la legitimidad política del Comité, sus miembros deberán ser miembros electos de un
ente regional o local o tener una responsabilidad política en el seno de una asamblea elegida por
sufragio universal directo;

28.3. Para salvaguardar sus prerrogativas, el Comité de las Regiones podrá recurrir al Tribunal de Justicia

europeo;

_**Comité Económico y Social**_

29. Propone en lo que se refiere a la composición del Comité:

29.1. el número de miembros del Comité Económico y Social no podrá exceder de un tercio del número
de diputados al Parlamento Europeo;

29.2. el Comité estará integrado por representantes de la sociedad civil e incluirá representantes de las
distintas categorías de la vida económica y social;

29.3. su funcionamiento deberá adaptarse con vistas a fortalecer su papel como marco de diálogo social y
de enlace con la sociedad civil;

_**Procedimientos decisorios**_

30. Propone en cuanto a los procedimientos decisorios:

30.1. el procedimiento de codecisión al que se refiere el artículo 251 del Tratado CE (que no requiere
modificación) y la votación por mayoría cualificada en el Consejo serán la regla general para la
toma de decisiones en el ámbito legislativo; el procedimiento de cooperación aún aplicable en el
marco del título VII del Tratado CE (política económica y monetaria) quedará suprimido; también
se aplicará a la legislación derivada del título VI del Tratado de la Unión;

30.2. la votación por mayoría cualificada se aplicará por el procedimiento de codecisión asimismo a las
decisiones relativas a los nombramientos en las instituciones y órganos de la Unión; en el caso de
las instituciones u órganos cuya composición garantice la presencia de un número determinado de
miembros por Estado, los nombramientos requerirán la aprobación del Estado miembro interesado;

30.3. la votación por unanimidad del Consejo se limitará a las decisiones de carácter constitucional que,
de conformidad con el Tratado, requieren la ratificación de los Parlamentos nacionales ( [1] );

( [1] ) La unanimidad respecto a las adhesiones se refiere a cada proceso de adhesión: no debe ser posible que un primer
nuevo Estado miembro bloquee al siguiente si no hay un cierto lapso de tiempo respecto a la adhesión siguiente.

C 40/414 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES 7.2.2001

**Jueves, 13 de abril de 2000**

30.4. considera que el recurso reiterado al artículo 308 del Tratado CE para la creación de agencias descentralizadas, la cooperación económica, financiera y técnica con terceros Estados y el sector de la
energía justifica la creación de fundamentos jurídicos específicos en el Tratado CE, sometidos al
procedimiento previsto en el artículo 251 o, en el caso de acuerdos de cooperación con terceros
países, a la votación por mayoría cualificada en el Consejo y al dictamen conforme del Parlamento;

30.5. el Parlamento habrá de emitir dictamen conforme sobre la revisión de los Tratados, sobre todos los
acuerdos internacionales de conformidad con el artículo 300 del Tratado CE, cuando el procedimiento a que se refiere el artículo 251 sea de aplicación en el ámbito interno, sobre las decisiones
relativas a los recursos propios, así como para las designaciones en el Tribunal de Cuentas, en el
Tribunal de Justicia, en el Tribunal del Primera Instancia y en el Comité Ejecutivo del Banco Central
Europeo;

_**II.**_ _**Por un proceso constitucional en la Unión**_

31. Propone, para la constitucionalización de los Tratados, las disposiciones siguientes:

31.1. los Tratados se simplificarán y consolidarán en un texto único con dos partes:

�
parte A: disposiciones de naturaleza constitucional: preámbulo, objetivos de la Unión, Carta de
los derechos fundamentales, instituciones, procedimientos decisorios y el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros,

�
parte B: los demás ámbitos cubiertos por los Tratados actuales;

31.2. introducción de una jerarquía de normas:

�
la parte A del Tratado será aprobada por el Consejo por unanimidad, sometida a la aprobación
del Parlamento y ratificada por los Estados miembros,

�
la parte B del Tratado podrá ser modificada por el Consejo, previo dictamen conforme del
Parlamento,

�
los actos legislativos serán adoptados por el Consejo, por mayoría cualificada, y el Parlamento,
de conformidad con el procedimiento al que se refiere el artículo 251 del Tratado CE, que
contiene una definición de acto legislativo ( [1] ),

�
los actos administrativos, sin perjuicio de las competencias autónomas respectivas de las instituciones y órganos de la Unión, serán adoptados por la Comisión; las modalidades de control
serán fijadas por el Parlamento y el Consejo de conformidad con el procedimiento al que se
refiere el artículo 251 del Tratado CE, en un plazo de seis meses tras la entrada en vigor del
presente Tratado;

32. Se pronuncia, en aras de una atribución transparente de la responsabilidad política para los ciudadanos de la Unión, en favor de una delimitación más clara de las competencias del nivel europeo y el
nacional;

33. Pide a la CIG que:

33.1. incluya en su orden del día la incorporación en el Tratado de la Carta de los Derechos Fundamentales para dotarla de un carácter jurídico vinculante, habida cuenta del papel crucial que le corresponderá desempeñar en la perspectiva de la realización de una Unión cada vez más estrecha entre
los pueblos de Europa;

33.2. procure que la Unión se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos con el fin de establecer una cooperación estrecha con el Consejo de Europa y evitar posibles conflictos o superposiciones entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos;

33.3. que mejore el acceso de cualquier persona física o jurídica al Tribunal de Justicia, completando para
ello los mecanismos de control jurisdiccional existentes e instituyendo los procedimientos prejudiciales adecuados en las jurisdicciones nacionales;

34. Estima que, en todo caso, el procedimiento de revisión de los Tratados a que se refiere el artículo
48 del Tratado de la Unión debe reflejar la doble legitimidad de la Unión como unión de pueblos y unión
de Estados;

35. Considera que debería abandonarse progresivamente la actual estructura de pilares y la cooperación
intergubernamental, puesto que ya no permite una toma de decisiones eficaz y democrática;

( [1] ) Véase el informe de la Comisión sobre el ámbito de aplicación de la codecisión (SEC(96) 1225 �C4-0464/96),
aprobado el 3.7.1996, p. 10, y los apartados 3 y 4 de la correspondiente Resolución del Parlamento de 14.11.1996
(DO C 362 de 2.12.1996, p. 267).

7.2.2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 40/415

**Jueves, 13 de abril de 2000**

36. Propone que se modifique el procedimiento de suspensión de un Estado miembro de la Unión
Europea: el Consejo, por mayoría de cuatro quintas partes de los Estados miembros, a propuesta de un
tercio de los Estados miembros o del Parlamento o de la Comisión y previo dictamen conforme del Parlamento, podrá constatar la existencia de una violación grave ( [1] ) por un Estado miembro de los principios
enunciados en el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión, tras haber invitado al Gobierno de
dicho Estado miembro a presentar las observaciones que considere oportunas al respecto; se aplicarán las
demás disposiciones del artículo 7 del Tratado UE;

37. Considera que la cooperación reforzada deberá constituir una fuerza de atracción para conseguir
que progrese la Unión; que se debe recurrir a la cooperación reforzada sólo en los casos de verdadera
imposibilidad de acción conjunta por parte de la Unión Europea; en tales casos, la Unión Europea velará
por que resulte factible la cooperación de todos los Estados miembros y propone, en lo que se refiere a las
disposiciones vinculadas a ella, lo siguiente:

37.1. la cooperación reforzada será objeto de un solo capítulo del Tratado de la Unión aplicable a los
títulos V (disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común), VI (disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en material penal) del mismo Tratado y al Tratado CE;

37.2. la cooperación reforzada afectará al menos a un tercio de los Estados miembros; se mantendrán las
demás condiciones (a las que se refiere el apartado 1 del artículo 40 y el apartado 1 del artículo 43
del Tratado de la Unión, así como el apartado 1 del artículo 11 del Tratado CE) necesarias para la
instauración de una cooperación reforzada;

37.3. la autorización para instaurar una cooperación reforzada será concedida por el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previo dictamen conforme del Parlamento, por mayoría
de los diputados que lo componen; deberá preservarse, a este respecto, la unidad del ordenamiento
jurídico y de las instituciones;

_**III.**_ _**Por un refuerzo del papel exterior de la Unión Europea**_

_**Personalidad jurídica de la Unión**_

38. Estima que la Unión debe poseer una personalidad jurídica propia delimitada procesalmente dentro
de los límites y las condiciones fijadas por el Tratado, en defecto de lo cual quedará reducido su estatuto
internacional, su visibilidad y su poder de negociación;

_**Relaciones económicas exteriores**_

39. Propone que se apliquen igualmente las disposiciones de los apartados 1 a 4 del artículo 133 del
Tratado CE a las negociaciones y acuerdos internacionales relativos a los sectores de los servicios, inversiones y derechos de propiedad intelectual;

40. Pide que se simplifiquen los procedimientos y se refuercen los poderes del Parlamento al respecto:

40.1. mediante la introducción del procedimiento de codecisión en el contexto de las medidas de política
comercial (apartado 2 del artículo 133 del Tratado CE);

40.2. mediante la ampliación del dictamen conforme a los acuerdos del artículo 133 del Tratado CE y a
todos los restantes acuerdos internacionales cuando se refieran a un ámbito en el que se requiera el
procedimiento de codecisión previsto en el artículo 251 del Tratado CE para adoptar normas internas, así como a las medidas que deban tomarse en materia de sanciones económicas (artículo 300 y
301 del Tratado CE);

40.3. mediante la completa asociación del Parlamento al procedimiento de elaboración y celebración de
acuerdos internacionales, en particular:

�
Antes de la autorización de la Comisión por el Consejo (concesión del mandato):

a) mejor intregración del Parlamento en el procedimiento de celebración de acuerdos internacionales y comerciales, consultándose al Parlamento antes de la autorización del Consejo
(por ejemplo, aplicación apartado 3 del artículo 133);

( [1] ) Desaparece la condición de persistencia.

C 40/416 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES 7.2.2001

**Jueves, 13 de abril de 2000**

�
Durante las negociaciones:

b) información regular de la Comisión al Parlamento durante las negociaciones en el marco de
un procedimiento de diálogo;

c) autorización al Parlamento para presentar propuestas y recomendaciones a la Comisión en
toda fase de las negociaciones;

d) aplicación del procedimiento de concertación, de conformidad con el Acuerdo Interinstitucional de 1975, en caso de que hubiera diferencias de opinión entre las instituciones de la
Unión Europea con respecto a la participación del Parlamento;

�
Después de la conclusión de las negociaciones:

e) dictamen conforme del Parlamento sobre el «corpus» legislativo internacional y codecisión
en la legislación europea interna necesaria;

_**Política Exterior y de Seguridad Común**_

41. Considera que las decisiones del Consejo Europeo de Helsinki dejan abierta la cuestión de si es
necesario, y en qué medida, modificar los Tratados para realizar una política europea de seguridad y de
defensa común, y que, en su caso, habría que aportar las modificaciones siguientes al Tratado UE:

41.1. la distinción entre los pilares primero y segundo del Tratado deberá reducirse progresivamente, y
deberá reforzarse la competencia comunitaria, en particular atribuyendo a la Comisión un papel
primordial en la coordinación de los instrumentos comunitarios y nacionales no militares en lo
que se refiere a la gestión internacional de las crisis;

41.2. procede crear un Consejo de Ministros de Defensa que se ocupe de las cuestiones técnicas y operativas de la política europea de seguridad y defensa, debiéndose proponer al Consejo de Asuntos
Generales todas las decisiones que afecten a la PESC, a quien corresponde decidir sobre cada propuesta;

41.3. si se transfieren las funciones de la UEO relacionadas con la aplicación de las misiones de Petersberg
antes de finales del 2000 a la UE, resulta necesaria una revisión de distintos aspectos del artículo 17
(con la posible supresión de las referencias a la UEO);

41.4. la transferencia de las estructuras institucionales y de las capacidades operativas de la UEO exigirá
redefinir las disposiciones del Tratado de la Unión, en particular la cláusula de asistencia, a la que se
refiere el artículo V del Tratado de la UEO que debería unirse en un protocolo al Tratado UE, lo que
daría a cada uno de los Estados miembros la posibilidad de adherirse;

41.5. los problemas institucionales planteados por una integración de este tipo y sus consecuencias deben
tenerse en cuenta en su justa medida, y los Estados miembros tradicionalmente neutrales y los que
no forman parte de ninguna alianza deben poder participar plenamente y en pie de igualdad en las
operaciones de la Unión Europea;

41.6. en el artículo 25 del Tratado de la Unión, el «Comité político» actual deberá sustituirse por el
«Comité político y de seguridad permanente»; en su caso, también procedería mencionar el «Comité
militar»; estas instancias deberían encontrarse bajo la dirección del Alto Representante, mientras que
el Comisario encargado de las relaciones exteriores sería responsable del mecanismo de coordinación para la gestión civil de las crisis;

41.7. en el apartado 2 del artículo 23 del Tratado de la Unión, deberá revisarse la posibilidad de veto
relativo a las decisiones por mayoría cualificada y la remisión al Consejo Europeo; en lugar del
veto, deberán estudiarse soluciones en la CIG que permitan que un Estado miembro que se oponga
a una posición común o a una acción conjunta se sustraiga a la aprobación de la posición común o
a la participación en la acción conjunta;

41.8. en el artículo 21 del Tratado de la Unión, en lo que se refiere a la información y consulta al Parlamento, habría que añadir que esta institución no sólo debe ser informada periódicamente por la
Presidencia y por la Comisión de la evolución de la política exterior y de seguridad, sino también
por el Alto Representante de la PESC; con miras a la plena integración de la PESC en los procedimientos de decisión comunitarios normales, deberían tomarse medidas adicionales para garantizar
que el Parlamento esté vinculado con las decisiones de mayor importancia y tenga la posibilidad de
contribuir a definir las directrices generales de la PESC;

7.2.2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 40/417

**Jueves, 13 de abril de 2000**

41.9. en el artículo 28 del Tratado UE, relativo a la financiación de los gastos operativos en el marco de
las misiones de Petersberg, debe quedar bien claro que, si bien la financiación de las tropas y su
armamento durante la gestión de las crisis correrá a cargo de los Estados miembros participantes,
las acciones comunes correrán a cargo, en su totalidad, del presupuesto de las Comunidades; de
esta forma se subrayaría el aspecto de la solidaridad política;

41.10. a su debido tiempo, los puestos de Alto Representante y Comisario responsable de Relaciones
Exteriores deberían fundirse en un Vicepresidente de la Comisión de designación especial;

_**IV.**_ _**Por un refuerzo de las políticas internas**_

_**Coordinación de las políticas económica, social y del empleo**_

42. Subraya la importancia de la naturaleza y del significado de la «economía social de mercado» y pide
que la CIG la incluya en el Tratado en un lugar apropiado;

43. Considera, no obstante, que debería preverse una mayor participación del Parlamento en relación
con todos los asuntos referidos a las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados
miembros y de la Comunidad, a fin de compensar el déficit democrático que caracteriza actualmente a la
Unión Económica y Monetaria; pide, en particular, que la Comisión presente las orientaciones generales de
las políticas económicas en forma de propuesta, más que de recomendación, y que se consulte formalmente al Parlamento en el marco de este proceso;

44. Estima que sería posible considerar la posibilidad de que el Consejo adopte por mayoría cualificada
las grandes orientaciones de las políticas económicas, del empleo y de la convergencia social, a propuesta
de la Comisión y previo dictamen del Parlamento, que debe ser consultado a lo largo de todo el procedimiento y en particular en dos ocasiones:

44.1. el debate de la política económica, del empleo y de la convergencia social sobre la base de la
recomendación de la Comisión sobre las grandes orientaciones de política económica, del empleo
y de la convergencia social, con la participación activa de la Comisión y del Consejo;

44.2. la participación del Presidente del Parlamento en el Consejo Europeo de junio de cada año que
debatirá la política económica, del empleo y de la convergencia social, lo que dará una mayor
visibilidad a las opciones adoptadas;

45. Pide que se consulte sistemáticamente al Parlamento sobre los actos que impliquen una propuesta o
una recomendación del BCE y/o de la Comisión en los ámbitos que tienen cabida dentro del Título VII del
Tratado CE («Política económica y monetaria»);

46. Propone que los actuales procedimientos en el ámbito del empleo (Título VIII del Tratado CE) y de
la política económica (Título VII, artículos 103 y 104) se conciban y consoliden en el contexto de la
proyectada reforma del Tratado; considera que esto resulta esencial sobre todo con miras a lograr un
mejor equilibrio entre las dimensiones económica y monetaria dentro de la UEM antes de cualquier
nueva ampliación de la UE;

47. Opina, en relación con el protagonismo mucho mayor del BEI como instrumento clave a disposición de la UE a la hora de alcanzar sus objetivos políticos, tanto dentro como fuera de la Comunidad, que
habría que considerar una revisión de los términos del Protocolo A anexo al Tratado para garantizar una
mayor transparencia de las actividades de esta institución;

48. Estima que, en el marco de la política social, debe ser informado periódicamente de las negociaciones entre los interlocutores sociales y sobre los acuerdos entre ellos; cuando se apliquen en virtud de una
decisión del Consejo, deben someterse a su dictamen conforme;

49. Pide que se reconozca en el Tratado la protección social como un asunto de interés comunitario y
que se recojan los derechos sociales fundamentales en la Carta de los Derechos Fundamentales;

50. Pide que se introduzca en el Tratado un fundamento jurídico único y coherente para la igualdad
entre hombres y mujeres en todos los ámbitos políticos;

C 40/418 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES 7.2.2001

**Jueves, 13 de abril de 2000**

_**Presupuesto**_

51. Estima necesaria una revisión de los Tratados, en particular las disposiciones relativas al procedimiento presupuestario, que la práctica de las instituciones ha dejado obsoletos, mediante sucesivos acuerdos interinstitucionales sobre las perspectivas financieras, y propone lo siguiente:

51.1. debe suprimirse la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios;

51.2. debe reforzarse la unidad del presupuesto: es necesario incorporar al presupuesto de la Unión el
Fondo Europeo de Desarrollo, así como la financiación de las agencias descentralizadas;

51.3. deben consolidarse en el Tratado las perspectivas financieras en forma de programación financiera
a medio plazo, adoptada de común acuerdo por el Parlamento y el Consejo;

51.4. la Unión no debe financiarse con aportaciones de los Estados miembros, sino con recursos propios,
cuya cuantía será fijada por el Parlamento en codecisión con el Consejo;

_**Procedimiento de aprobación de la gestión**_

52. Propone en lo que respecta a la aprobación de la gestión a la que se refiere el artículo 276 del
Tratado CE:

52.1. el acto de aprobar la gestión debe articularse en dos elementos: en la aprobación propiamente
dicha (sobre la base de una evaluación política de la responsabilidad de la Comisión en la ejecución
presupuestaria) y el cierre de cuentas (verificación que clausura el procedimiento presupuestario de
un ejercicio dado);

52.2. la autoridad que aprueba debe disponer directamente de las informaciones proporcionadas por los
gestores de los fondos comunitarios en los Estados miembros;

_**Espacio de seguridad, libertad y justicia**_

53. Constata que el desarrollo de la Unión como espacio de libertad, seguridad y justicia impone una
simplificación sustancial del marco normativo e institucional mediante:

53.1. la fusión en el marco comunitario de la cooperación judicial y policial penal con la cooperación
judicial civil y las medidas relacionadas con la libre circulación de personas;

53.2. el reconocimiento, en aplicación del principio del Estado de derecho (artículo 6, apartado 1 del
Tratado UE) de la plena jurisdicción del Tribunal de Justicia sobre todas las medidas vinculadas a
la realización del espacio de libertad, seguridad y justicia, puesto que la diferenciación de la protección jurisdiccional en el tercer pilar es contraria al principio de igualdad de los ciudadanos
europeos ante la ley;

53.3. la transformación en aras de asegurar al nivel de la Unión una protección igual a los ciudadanos
europeos, de la cooperación denominada «Schengen» en norma general para los quince Estados
miembros y la renegociación de los estatutos particulares de determinados Estados miembros a
fin de reducir al estricto mínimo las excepciones al régimen común;

53.4. la transición al procedimiento de codecisión y al voto por mayoría cualificada para todas las medidas referentes a la realización del espacio de libertad, seguridad y justicia, dado que la corresponsabilidad del Parlamento Europeo al nivel de la Unión es el corolario de la función realizado por
los Parlamentos de los Estados miembros en los ámbitos de las libertades y del derecho penal;

54. Solicita la integración de EUROPOL en el marco institucional de la Unión como estructura operativa y como agencia especializada para la cooperación policial (tanto dentro como fuera de la cooperación
Schengen); desde esta perspectiva, pide el establecimiento, mediante un protocolo específico adjunto a los
Tratados:

54.1. de formas de control apropiadas por parte del Parlamento y de la competencia jurisdiccional por
parte del Tribunal de Justicia, concretamente sobre las actividades que se ejerzan en interés de las
instituciones de la Unión;

54.2. de una cooperación estructural (EUROJUST) con las autoridades judiciales y policiales de los Estados miembros que deseen utilizarla para investigaciones nacionales no pertenecientes al ámbito de
competencias de la Unión;

7.2.2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 40/419

**Jueves, 13 de abril de 2000**

_**Asuntos varios**_

55. Pide que se instaure una jurisdicción comunitaria especializada competente para los litigios relativos
tanto a la validez de la patente comunitaria como a su violación, con objeto de garantizar su seguridad
jurídica en todo el territorio de la Unión;

56. Pide que en el Tratado se incluya un fundamento jurídico propio para una coordinación del sector
turístico en la que se respete el principio de subsidiariedad;

57. Estima que no existen disposiciones y mecanismos institucionales claros para definir una política de
energía común; al figurar en los Tratado CECA y Euratom determinadas disposiciones, procede incluir un
nuevo capítulo consolidado en el Tratado CE, garantizando al mismo tiempo un papel para el Parlamento
en lo que se refiere a la legislación en materia nuclear;

58. Reafirma su petición de que se complete el Tratado CE con disposiciones relativas a la creación de
un sistema único europeo de control del tráfico aéreo;

                                   
                                  -                                  

59. Encarga a su Presidenta que examine con los Presidentes de los Parlamentos nacionales de los países
miembros y candidatos la propuesta de convocar en los próximos meses, antes de que concluya la CIG,
una Conferencia interparlamentaria que tenga como objeto debatir los retos fundamentales de la construcción europea en la próxima década y sus implicaciones para la Conferencia Intergubernamental y el próximo Tratado;

60. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución a la Conferencia Intergubernamental
para la reforma del Tratado, al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales y a los países candidatos.

**8.** **Iraq**

**B5-0342, 0349, 0365 y 0374/2000**

**Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en el Iraq**

_El Parlamento Europeo,_

�
Vistas las Resoluciones 687, 688, 1293 y 1284 de las Naciones Unidas (esta última aprobada por dos
miembros permanentes del Consejo de Seguridad),

A. Considerando la obligación de que el Gobierno iraquí continúe aceptando y favoreciendo el control de
las Naciones Unidas para la destrucción de las armas nucleares y químicas, así como de que coopere
con el Comité Internacional de la Cruz Roja, encargado de encontrar y repatriar a todos los desaparecidos durante la ocupación de Kuwait por el Iraq,

B. Considerando la dramática situación en que se encuentra el pueblo iraquí, resultado de la aplicación
del embargo,

C. Considerando que este embargo viene penalizando a la población civil desde hace nueve años sin
debilitar al régimen iraquí, que estuvo en el origen del conflicto y es el principal responsable del
mismo,

D. Considerando que numerosos organismos internacionales y varios antiguos responsables de las Naciones Unidas encargados de vigilar el Programa «petróleo a cambio de alimentos» están denunciando las
consecuencias trágicas de este embargo para la población iraquí, y que incluso algunos de ellos han
llegado a dimitir de sus funciones,

E. Considerando que, según UNICEF, más de medio millón de niños han muerto en los diez años que
han transcurrido desde que se impusieron las sanciones,