Source: EURLEX
Language: es
Format: md

[Palabras clave](#IX)
  
[Índice](#SM)

## Palabras clave

1. Política comercial común — Medidas que tienen por objeto impedir la comercialización de mercancías con usurpación de marca y de mercancías piratas — Reglamento (CE) nº 3295/94 — Ámbito de aplicación — Mercancías en tránsito externo — Inclusión — [Reglamento (CEE) nº 3295/94 del Consejo, arst. 2 y 11]

2. Actos de las instituciones — Reglamentos — Ejecución por los Estados miembros — Obligación de interpretación conforme del Derecho nacional — Límites — Principio de legalidad penal

## Índice

1. El artículo 11 del Reglamento nº 3295/94, por el que se establecen determinadas medidas relativas a la introducción en la Comunidad y a la exportación y reexportación fuera de la Comunidad de mercancías que vulneran determinados derechos de propiedad intelectual, en la versión modificada por el Reglamento nº 241/1999, obliga a los Estados miembros a establecer sanciones para el caso de incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 2 de dicho Reglamento de despachar a libre práctica, exportar o reexportar mercancías con usurpación de marca. Estas disposiciones son aplicables a una situación en la que mercancías en tránsito entre dos Estados que no son miembros de la Comunidad Europea son retenidas provisionalmente en un Estado miembro por sus autoridades aduaneras.

(véanse los apartados 55 y 64 y el punto 1 del fallo)

2. La obligación de interpretación conforme del Derecho nacional, a la luz del tenor literal y de la finalidad del Derecho comunitario, con objeto de alcanzar el resultado que éste prescribe, no puede, por sí sola y con independencia de una ley adoptada por un Estado miembro, crear o agravar la responsabilidad penal de quien incumple las disposiciones de un Reglamento comunitario.

En efecto, dicha obligación está limitada por los principios generales del Derecho, que forman parte del Derecho comunitario, y especialmente, por los de seguridad jurídica e irretroactividad. En particular, el principio de legalidad penal, consagrado en el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es un principio general de Derecho comunitario común a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros, se opone a que se sancione penalmente un comportamiento que no esté prohibido por una norma nacional, aun cuando ésta sea contraria al Derecho comunitario.

(véanse los apartados 61, 63 y 64 y el punto 2 del fallo)

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