Source: EURLEX
Language: es
Format: md

[**Avis juridique important**](../../../editorial/legal_notice.htm)

*|*

# 52000DC0092

**Decimoséptimo informe anual sobre el control de la aplicación del derecho comunitario (1999) /\* COM/2000/0092 final \*/**

  

DECIMOSÉPTIMO INFORME ANUAL SOBRE EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO (1999)

PRÓLOGO

SITUACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES

ÍNDICE

1. PRÓLOGO

1.1. Reseña estadística del año 1999.

1.2. El estado de incorporación de las directivas en 1999.

1.3. Presentación gráfica del conjunto de los procedimientos de infracción iniciados o tramitados por la Comisión durante el año 1999.

1.4. La aplicación por la Comisión del artículo 228 del Tratado CE (evolución en 1999).

2. SITUACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES

2.1. MERCADO INTERIOR

2.1.1. Estrategia general para el mercado interior.

2.1.2. Libre circulación de personas y ciudadanía de la Unión

2.1.2.1. Entrada y residencia

2.1.2.2. Derecho de voto y de elegibilidad

2.1.2.3. Profesiones reguladas

2.1.2.4. Agentes comerciales independientes

2.1.3. Libre circulación de mercancías

2.1.3.1. Artículos 28 y siguientes CE (antiguos artículos 30 y siguientes del Tratado CE)

2.1.3.2. Las normas de prevención previstas en la Directiva 98/34/CE (antigua 83/189/CEE)

2.1.3.3. Legislación armonizada

2.1.3.3.1. Productos alimenticios

2.1.3.3.2. Productos farmacéuticos

2.1.3.3.3. Productos químicos

2.1.3.3.4. Vehículos de motor, tractores, ciclomotores

2.1.3.3.5. Productos de construcción

2.1.3.3.6. Bienes de equipo

2.1.3.3.7. Productos cosméticos

2.1.3.3.8. Productos textiles y calzado

2.1.3.3.9 Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos

2.1.3.4. Regímenes especiales de libre circulación

2.1.3.5. Unión aduanera

2.1.4. Libre circulación de los servicios y derecho de establecimiento

2.1.4.1. Los artículos 43 y siguientes y 49 y siguientes

2.1.4.2. Servicios financieros

2.1.4.3. Comunicaciones comerciales

2.1.4.4. Medios de comunicación

2.1.5. Libre circulación de capitales

2.1.6. Entorno empresarial

2.1.6.1. Derecho de sociedades

2.1.6.2. Propiedad intelectual

2.1.6.3. Protección de los datos

2.1.6.4. Contratos públicos

2.1.6.5. Fiscalidad directa

2.1.6.6. IVA

2.1.6.7. Otros impuestos indirectos

2.2. COMPETENCIA

2.2.1. Empresas públicas

2.2.2. Monopolios

2.3. POLÍTICA DE LA EMPRESA, COMERCIO, TURISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

2.4. EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y JUVENTUD

2.5. ASUNTOS SOCIALES

2.5.1. Libre circulación de trabajadores

2.5.2. Igualdad de trato a hombres y mujeres

2.5.3. Condiciones de trabajo

2.5.4. Salud y seguridad en el lugar de trabajo

2.6. POLÍTICA REGIONAL Y COHESIÓN

2.7. CUESTIONES PRESUPUESTARIAS

2.7.1. Generalidades

2.7.2. Aplicación incorrecta

2.7.2.1. Procedimientos anteriormente iniciados

2.7.2.2. Nuevos procedimientos

2.8. ENERGÍA

2.8.1. Introducción

2.8.2. Mercado interior de la electricidad y del gas natural

2.8.3. Eficacia energética

2.8.4. Hidrocarburos

2.9. TRANSPORTES

2.9.1. Transportes por carretera

2.9.2. Transportes combinados

2.9.3. Transporte por vía navegable

2.9.4. Transporte por ferrocarril

2.9.5. Transporte marítimo

2.9.6. Transporte aéreo

2.10. TELECOMUNICACIONES

2.11. INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, CULTURA Y SECTOR AUDIOVISUAL

2.12. MEDIO AMBIENTE

2.12.1. Libertad de acceso a la información

2.12.2. Evaluación del impacto medioambiental

2.12.3. Aire

2.12.4. Agua

2.12.5. Naturaleza

2.12.6. Ruido

2.12.7. Química y biotecnologías

2.12.8. Residuos

2.12.9. Medio ambiente e industria

2.12.10. Radioprotección

2.13. AGRICULTURA

2.13.1. Libre circulación de los productos agrícolas

2.13.2. Mercados

2.13.3. Ámbitos armonizados

2.13.4. Aplicación de la Directiva 98/34/CE (normas y reglamentos técnicos) en el ámbito agrícola

2.14. PESCA

2.14.1. Recursos

2.14.2. Concesión de pabellón y licencias pesqueras

2.15. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

2.15.1. Incorporación de las directivas aplicables.

2.15.2. Seguridad y salud

2.15.3. Protección de los intereses económicos de los consumidores

2.16. PERSONAL DE LAS COMUNIDADES

2.17. ESTADÍSTICAS

El informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario es elaborado anualmente por la Comisión Europea a raíz de las solicitudes sucesivas del Parlamento Europeo (Resolución de 9 de febrero de 1983) y de los Estados miembros (Declaración n° 19, punto 2, aneja al Tratado firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992). Este informe también responde a las solicitudes expresadas en el Consejo Europeo y del Consejo para sectores específicos.

1. PRÓLOGO

El control de la aplicación del Derecho comunitario constituye una tarea primordial que el artículo 211 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea confía a la Comisión. La Comisión realiza esta tarea, en particular, por medio de la acción por incumplimiento prevista en el artículo 226 del Tratado CE, así como la posibilidad de recurrir por segunda vez al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 228 del Tratado CE, que constituyen el objeto del presente informe.

La presentación del balance de la acción de la Comisión durante el año examinado consta de los elementos siguientes:

- una reseña estadística, que pone de relieve las distintas etapas del control de la aplicación del Derecho comunitario y destaca la evolución respecto del año anterior (apartado 1.1);

- el estado de incorporación de las directivas comunitarias por los Estados miembros, elemento importante de la aplicación del Derecho comunitario (apartado 1.2);

- una presentación gráfica, por Estados miembros, del conjunto de los procedimientos de infracción iniciados o tramitados por la Comisión durante el año (apartado 1.3);

- una reseña de la aplicación del mecanismo de sanción previsto en el artículo 228 del Tratado CE (apartado 1.4).

1.1. Reseña estadística del año 1999.

Los datos estadísticos de 1999 relativos al control de la aplicación del Derecho comunitario traducen, al mismo tiempo, la importancia concedida por los ciudadanos en el ejercicio de la tarea de control de la aplicación del Derecho comunitario y la voluntad firme y constante con que la Comisión ejerce su misión de guardiana del ordenamiento jurídico comunitario:

- el número de denuncias recibidas por los servicios de la Comisión, siguió efectivamente aumentando en 1999, pasando de 1.128 en 1998 a 1.305 en 1999, lo que representa un incremento del 16% frente a 1998. Por otra parte, la Comisión siguió desempeñando en 1999 un papel muy activo en la investigación de infracciones, con 288 casos detectados de oficio, 16 de ellos basados en cuestiones parlamentarias y 10 en peticiones. Un gran número de estos casos se refiere a la no conformidad de las medidas nacionales de ejecución (MNE) de las directivas o a su incorrecta aplicación;

- en 1999 se enviaron 1.075 escritos de requerimiento, cifra que traduce una determinada estabilidad frente a 1998, con 1.101 envíos. Es necesario destacar que el número de requerimientos por incomunicación de las MNE de las directivas aumentó, con 706 requerimientos en 1999 frente a 615 en 1998, mientras que el número de requerimientos por no conformidad de estas medidas o por aplicación incorrecta de las directivas disminuye de 486 en 1998 a 369 en 1999. Tal nexo causal no es evidente y, en todo caso, no está demostrado. La Comisión tiende a sistematizar el control de la conformidad de la normativa nacional con el Derecho comunitario, y más particularmente las directivas, de tal modo que pueda actuar al máximo en la fase previa a las denuncias individuales. Tal control sistemático se beneficiará plenamente del papel reforzado del requerimiento en el procedimiento por incumplimiento, a raíz de las distintas mejoras de los métodos de trabajo en cuanto a procedimientos de infracción que la Comisión introdujo, en particular, a partir de 1996. El escrito de requerimiento debe asumir su verdadera función, a saber, el de una "solicitud de información" que no compromete la posición jurídica de la Comisión, que queda fijada por el dictamen motivado;

- el número de dictámenes motivados enviados en 1999 fue de 460. Comparado con los 675 enviados en 1998, esta cifra representa una reducción del 32%, imputable, en particular, al hecho de que, durante este año, la gestión de esta fase del procedimiento de infracción ha reanudado su ritmo habitual tras el importante esfuerzo realizado en 1998 para reabsorber los retrasos de ejecución de este tipo de decisiones de la Comisión;

- el número de recursos al Tribunal de Justicia aumentó en 1999, puesto que 178 expedientes fueron objeto de recurso frente a 123 en 1998. El número de decisiones de recurso sigue siendo escaso en comparación con el número de requerimientos (16,5%), lo que muestra la eficacia del procedimiento precontencioso. El aumento del número de recursos en cifras absolutas refleja la aceleración constante de la tramitación de los procedimientos de infracción;

- la velocidad de tramitación de los expedientes, en efecto, volvió a aumentar en 1999: 529 de los 722 escritos de requerimiento enviados a los Estados miembros ese año se referían a procedimientos de infracción incoados en 1999, lo que representa un 73% frente a un 48% en 1998. La aceleración es también sensible en los dictámenes motivados, puesto que un 26% de los dictámenes motivados notificados en 1999 se referían a procedimientos incoados en 1999, frente a un 19% en 1998;

- al mismo tiempo, las decisiones de archivo señalaron una ligera reducción del 3,2%, pasando de 1.961 en 1998 a 1.900 en 1999, lo que sigue mostrando un gran número de casos resueltos respecto a la aplicación del Derecho comunitario;

- finalmente, la política de transparencia de la Comisión se continuó en 1999 con 221 comunicados de prensa publicados en relación con procedimientos de infracción, sin olvidar que cada comunicado agrupa a menudo varios procedimientos de infracción distintos.

De estas cifras se desprende claramente que la eficacia general de la gestión de los procedimientos de infracción ha seguido aumentando, sin duda a raíz de las últimas reformas administrativas sobre este tema introducidas por la Comisión.

1.2. El estado de incorporación de las directivas en 1999.

El siguiente cuadro ofrece una visión general del estado de las comunicaciones de las medidas nacionales de ejecución del conjunto de las directivas aplicables a 31 de diciembre de 1999.

A 31 de diciembre de 1999, los Estados miembros habían comunicado por término medio 94,53% de las medidas nacionales de ejecución necesarias para aplicar las directivas. Esta cifra muestra una ligera reducción con relación a 1998, que registró un porcentaje del 95,70%. Esta situación de la incorporación demuestra la necesidad de nuevos esfuerzos por parte de los Estados miembros. Aunque es cierto que, como cifra absoluta, un retraso medio de incorporación de menos del 6% de las directivas aplicables no es muy significativo, tiene consecuencias importantes sobre el funcionamiento de un espacio económico integrado y abarca situaciones de infracción evidentes, más o menos graves según los distintos Estados miembros. Esta es la razón por la que la Comisión se ve obligada a pedir a los Estados miembros que apliquen mejor las directivas comunitarias.

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

Con relación a la situación existente a finales de 1998, los datos correspondientes a 1999 permiten destacar algunos progresos, entre ellos el de un Estado miembro (Italia) cuyo esfuerzo de incorporación realizado en 1999 le permitió avanzar cinco puestos en el ranking del porcentaje de incorporación.

Por el contrario, en el extremo opuesto, el nivel del porcentaje de incorporación alcanzado por Grecia (del 93,82 % en 1998 al 92,02% en 1999) sigue siendo preocupante.

Por lo demás, se constatan ligeros retrocesos en todos los demás Estados miembros.

El cuadro recapitulativo insertado al final de la parte 1 del Anexo IV del presente informe muestra en detalle, por Estados miembros y por sectores, el nivel de incorporación efectuada en 1999.

1.3. Presentación gráfica del conjunto de los procedimientos de infracción iniciados o tramitados por la Comisión durante el año 1999.

Los tres cuadros que siguen muestran el número de expedientes de infracción en curso a 31 de diciembre de 1999, respectivamente en la fase de requerimiento, de dictamen motivado y de recurso al Tribunal de Justicia. En estos tres cuadros un Estado miembro aparece a considerable distancia del segundo. Por otra parte, hay que observar que este mismo Estado miembro fue objeto del mayor número de denuncias en 1999 (225 de 1.305, es decir, un 17% del total).

Por otro lado, los cuadros ponen de manifiesto que tres Estados miembros (Francia, Italia y Grecia) figuran a la cabeza en las tres fases del procedimiento, mientras que el lugar de otros Estados miembros retrocede sensiblemente con el desarrollo del procedimiento, lo que parece mostrar una mayor eficacia respecto a la aplicación del Derecho comunitario antes del recurso al Tribunal de Justicia por la Comisión.

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

1.4. La aplicación por la Comisión del artículo 228 del Tratado CE (evolución en 1999).

En 1999, la Comisión adoptó cuatro decisiones de recurrir por segunda vez al Tribunal de Justicia solicitando la imposición de multas coercitivas contra Bélgica, Grecia, Francia y Luxemburgo. Estas cuatro decisiones se adoptaron en materia social (mientras que en 1998 las decisiones de este tipo se referían más bien al medio ambiente). Recurrió efectivamente al Tribunal de Justicia en 1999 en uno de estos expedientes (Francia: trabajo nocturno de las mujeres). A 31 de diciembre de 1999, se estaban preparando los otros tres recursos.

A 31 de diciembre de 1999, otros cuatro expedientes estaban pendientes ante el Tribunal de Justicia, tres de ellos contra Grecia y uno contra Francia.

Por último, en 1999, la Comisión pudo archivar otros cuatro expedientes (referidos a Grecia, Francia, Italia y Luxemburgo) en los que había decidido recurrir al Tribunal de Justicia solicitando multas coercitivas, pero sin haber llegado a interponer el recurso.

Estos elementos confirman que el sistema de sanciones instaurado por el Tratado de Maastricht surte esencialmente un efecto disuasorio. En efecto, el Tribunal de Justicia, por el momento, no ha tenido que imponer multas coercitivas por incumplimiento de sus sentencias ya que los Estados miembros regularizan la situación de infracción normalmente a partir de la interposición del segundo recurso o incluso antes de que se ejecute la decisión de la Comisión en este sentido.

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

2. SITUACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES

2.1. MERCADO INTERIOR

2.1.1. Estrategia general para el mercado interior.

En su Comunicación de 18 de febrero de 1999 [1], la Comisión presentó una valoración de la aplicación de su Plan de Acción [2], expirado el 31 de diciembre de 1998. A juzgar por los resultados, constituye un éxito: en la mayoría de los casos, pero no en todos, se alcanzó el grado de progreso previsto. Se adoptaron tres de las cuatro propuestas legislativas consideradas esenciales para la realización del marco legislativo. Los debates sobre la fiscalidad recibieron un nuevo impulso. Además, incitados por el Plan de Acción, la Comisión y los Estados miembros avanzaron hacia una aplicación más eficaz de la legislación y la mejora de la calidad del marco legislativo.

[1] "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: "Valoración del Plan de acción del mercado único, junio de 1997 - diciembre de 1998 "- COM (99) 74, de 18 de febrero de 1999.

[2] "Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo: Plan de Acción para el mercado único"- CSE (97) 1 final, de 4 de junio de 1997.

En noviembre de 1999, el cuadro de indicadores del mercado único mostró la progresión de los Estados miembros en la incorporación de las directivas relativas al mercado interior. El porcentaje de directivas aún no incorporadas en uno o más Estados miembros disminuyó a la mitad en dos años y actualmente se sitúa en torno al doce por ciento. El porcentaje medio de no incorporación por Estado miembro también está en clara disminución: sólo cinco Estados miembros presentan aún un déficit de incorporación superior al cinco por ciento.

En una Comunicación de 24 de noviembre [3], la Comisión presentó su "Estrategia para el mercado interior" que define los objetivos estratégicos del mercado interior para los cinco próximos años (2000-2004): mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aumentar la eficacia de los mercados comunitarios de productos y capitales, mejorar el entorno de las empresas y explotar los acervos del mercado interior en un mundo en plena transformación. También se definían una serie de objetivos operativos, que cubrían cada uno una dimensión política particular que contribuye a la realización de uno o más objetivos estratégicos. Las prioridades a corto plazo para realizar estos objetivos operativos se definen como "acciones específicas".

[3] "Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: "Estrategia para el mercado interior europeo"- COM (1999) 624 final, de 24 de noviembre de 1999.

Entre las acciones específicas encaminadas a mejorar la eficacia del marco jurídico cabe mencionar la reducción del déficit de incorporación por los Estados miembros al menos un 1,5% al final del año 2000 y la puesta en marcha de un proyecto piloto que ofrece el apoyo de la Comunidad a las iniciativas nacionales en el ámbito de la cooperación administrativa. Este proyecto piloto toma el relevo del programa de intercambio de funcionarios KAROLUS, que llegó a su término al final de 1999.

La simplificación y la mejora de la calidad de la legislación permanecen entre las prioridades políticas más importantes. La Comisión presentó el 25 de febrero [4] las recomendaciones elaboradas en la tercera fase de la iniciativa SLIM, referidas a la legislación en los ámbitos de los seguros, las normas de coordinación de la seguridad social y la directiva sobre la compatibilidad electromagnética. Los equipos de la fase 4 de la iniciativa SLIM terminaron sus trabajos y formularon recomendaciones destinadas a simplificar la legislación comunitaria en los ámbitos del Derecho de sociedades, de la clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas y de la legislación relativa al preenvasado. Se consultó al Grupo de Expertos de empresas establecido en 1998 en el marco de un proyecto piloto sobre la propuesta de Directiva relativa a los residuos de los equipos eléctricos y electrónicos.

[4] "Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Resultados de la tercera fase de SLIM y seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de las fases primera y segunda"- COM (1999) 88, de 25 de febrero de 1999."

Por último, el Diálogo con los Ciudadanos y las Empresas, que lanzó el Consejo Europeo de Cardiff, tiene por objetivo informar, a través del teléfono y de Internet, sobre la manera de ejercer los derechos que confiere la legislación comunitaria. También permite el retorno de información sobre los problemas encontrados al respecto con el fin de sacar conclusiones concretas para mejorar el funcionamiento del mercado interior. En diciembre de 1998 se creó un sitio Internet para las empresas (http://europa.eu.int/business) en el marco del Diálogo con las Empresas, para ofrecer acceso directo a un amplio abanico de informaciones útiles sobre la manera de ejercer actividades comerciales en el mercado único.

2.1.2. Libre circulación de personas y ciudadanía de la Unión

2.1.2.1. Entrada y residencia

El 17 de marzo de 1999, la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento Europeo un informe sobre la aplicación de las Directivas 90/364, 90/365 y 93/96 (derecho de residencia) [5]. Este informe evalúa la aplicación de las tres Directivas sobre el derecho de residencia de los estudiantes, pensionistas y otro inactivos.

[5] COM(1999)127 final.

El 19 de julio de 1999, la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento Europeo una Comunicación relativa a las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública (Directiva 64/221/CEE) [6]. En esta Comunicación, la Comisión llamó la atención sobre algunas de las dificultades principales que surgen en la aplicación de la Directiva y proporcionó orientaciones y elementos de información en cuanto a la manera de solucionar estas dificultades.

[6] COM(1999)372 final.

2.1.2.2. Derecho de voto y de elegibilidad

Todos los Estados miembros ya han incorporado la Directiva 94/80/CE, puesto que Bélgica adoptó el 27 de enero de 1999 la ley de incorporación de esta Directiva.

El 30 de julio de 1999 la Comisión notificó a Alemania un dictamen motivado relativo a la incorporación incorrecta de la Directiva 93/109/CE. La legislación alemana de incorporación de la Directiva exige que los ciudadanos de la Unión que residen en Alemania soliciten su inscripción en el censo electoral antes de cada elección al Parlamento Europeo, lo que infringe el apartado 4 del artículo 9 de la Directiva.

El 30 de julio la Comisión notificó a Alemania dos dictámenes motivados relativos a la incorporación incorrecta de la Directiva 94/80/CE en los Estados Federados de Baviera y Sajonia. La legislación de incorporación de la Directiva adoptada por estos dos Estados Federados exigen que los ciudadanos de la Unión soliciten su inscripción en el censo electoral antes de cada elección municipal, lo que infringe el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva.

El 11 de agosto de 1999 la Comisión notificó a Grecia un dictamen motivado relativo a la incorporación incorrecta de la Directiva 94/80/CE. La Comisión alega varios motivos de no conformidad de la legislación griega con la Directiva, en particular, la exigencia del conocimiento de la lengua griega y la imposición de un período mínimo de residencia de dos años para ejercer el derecho de voto.

2.1.2.3. Profesiones reguladas

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

En el marco de la sentencia dictada en el asunto prejudicial C-234/97, "Sra. Fernández de Bobadilla contra Museo del Prado" [7], el Tribunal de Justicia precisó el concepto de "profesión regulada" con arreglo a las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE del Consejo, relativas al sistema general de reconocimiento de títulos. De esta sentencia se desprende, en particular, que las disposiciones de un convenio colectivo que regula, de manera general, el acceso a una profesión o su ejercicio pueden constituir disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas que pueden regular una profesión en el sentido de la letra d) del artículo 1 de la Directiva 89/48/CEE y f) del artículo 1 de la Directiva 92/51/CEE y ello, en particular, cuando esta situación se deriva de una política administrativa única definida a nivel nacional.

[7] Sentencia de 8 de julio de 1999, aún no publicada.

Sentencias del Tribunal de Justicia no ejecutadas

En el marco de los procedimientos de infracción iniciados sobre la base del artículo 228 del Tratado CE (incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia), hay que indicar que los procedimientos relativos a la libre prestación de servicios por guías turísticos en Italia y Francia (sentencias dictadas el 26 de febrero de 1991 en los asuntos C-180/89 [8] y C-154/89 [9]) han sido archivados. En efecto, Italia adoptó y notificó a la Comisión las medidas nacionales de ejecución de dicha sentencia y, en cuanto a Francia, adoptó el proyecto de decreto anteriormente notificado a la Comisión.

[8] Sentencia de 26 de febrero de 1991, Rec. 1991, p. I-0709.

[9] Sentencia de 26 de febrero de 1991, Rec. 1991, p. I-0659.

En cuanto al segundo recurso presentado ante el Tribunal de Justicia, solicitando multas coercitivas, en el asunto relativo a la no comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva 89/48/CEE del Consejo (primer sistema general de reconocimiento de títulos) por parte de Grecia (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 1995 en el asunto C-365/93 [10]), el procedimiento sigue pendiente (asunto C-98/197).

[10] Sentencia de 23 de marzo de 1995, Rec. 1995, p. I-0499.

Por lo que se refiere a las otras sentencias del Tribunal de Justicia aún no ejecutadas, hay que mencionar la sentencia de 22 de marzo de 1994 (asunto C-375/92 [11]) contra España, relativa a la libre prestación de servicios de los guías turísticos: tras examinar, en cooperación con las autoridades españolas, los decretos relativos al ejercicio de la profesión adoptados por las Comunidades Autónomas, se ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir ciertas modificaciones en algunos textos regionales. La Comisión se encuentra a la espera de la aprobación de estos textos modificados.

[11] Sentencia 22 de marzo de 1994, Rec. 1994, p. I-0923.

Asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia:

La Comisión recurrió al Tribunal de Justicia por los asuntos siguientes:

- contra España, en lo referente a las condiciones de adquisición de títulos españoles de médico especialista (artículo 8 de la Directiva 93/16/CEE relativa a la libre circulación de los médicos y al reconocimiento mutuo de sus títulos);

- contra Francia, por lo que se refiere al no reconocimiento de las cualificaciones de submarinista en medio hiperbárico obtenidas en los otros Estados miembros, estando esta profesión comprendida en la Directiva 92/51/CEE que completa el sistema general de reconocimiento de títulos;

- contra Italia, por lo que se refiere a la prestación de servicios y el establecimiento de los abogados. En efecto, por una parte, la legislación italiana relativa a la prestación de servicios prohíbe la apertura de un bufete en Italia, lo que es contrario a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-55/94 "Gebhard" [12]; por otra parte, la incorporación de la Directiva 89/48/CEE del Consejo (primer sistema general de reconocimiento de títulos) es incompleta por lo que se refiere a la profesión de abogado.

[12] Sentencia de 30 de noviembre de 1995, Rec. 1995, p. I-4165.

Por otro lado, hay que indicar que en el asunto C-98/259 contra Alemania, por lo que se refiere a las condiciones de acceso a la profesión de dentista (Directivas 78/686/CEE y 78/687/CEE del Consejo) y, en particular, de admisión al registro de seguridad social de los nacionales comunitarios, la Comisión retiró el recurso tras la comunicación por Alemania de medidas legislativas que ponían fin a la infracción.

Medidas nacionales de ejecución

La Comisión decidió proceder contra Grecia ante el Tribunal de Justicia por no comunicación de las medidas de ejecución de la Directiva 97/38/CE de la Comisión que modifica la Directiva 92/51/CEE del Consejo.

En 1999 se iniciaron algunos procedimientos contra Estados miembros por no haber comunicado las medidas de incorporación de las Directivas 98/21/CE y 98/63/CE de la Comisión que actualizan las listas de las especialidades médicas de la Directiva 93/16/CEE del Consejo, relativa a la libre circulación de los médicos y al reconocimiento mutuo de sus títulos. Tras comunicarse las medidas de incorporación, se archivaron los procedimientos iniciados contra Alemania, Grecia, España, Italia, Luxemburgo, Austria, Finlandia y Reino Unido sobre la Directiva 98/21/CE, así como los procedimientos iniciados contra Bélgica, Francia, Italia, Austria y Suecia sobre la Directiva 98/63/CE. Por lo que se refiere a la Directiva 98/21/CE, la Comisión decidió llevar ante el Tribunal de Justicia a Irlanda, los Países Bajos y Portugal. Por lo que se refiere a la Directiva 98/63/CE, se notificó un dictamen motivado a España, Irlanda, Países Bajos y Portugal.

En 1999 también se iniciaron y archivaron los procedimientos contra Austria por lo que se refiere a las Directivas 78/686/CEE y 78/687/CEE del Consejo (reconocimiento mutuo de los títulos de dentista y coordinación de su formación) para cuya incorporación Austria gozaba de un plazo excepcional hasta el 31 de diciembre de 1998.

No conformidad y aplicación incorrecta de las directivas

En 1999, la Comisión recibió unas veinte denuncias por restricciones contrarias a los artículos 43 y 49 del Tratado CE, así como a las directivas que facilitan el reconocimiento mutuo de los títulos con fines profesionales. Algunas de ellas dieron lugar al inicio de procedimientos de infracción, otras fueron archivadas por infundadas.

Los procedimientos incoados contra algunos Estados miembros, por incorporación o aplicación incorrectas de las directivas han continuado. Es el caso del procedimiento iniciado contra España sobre la duración de la formación de los enfermeros responsables de cuidados generales, en el que la respuesta de las autoridades españolas al dictamen motivado se encuentra aún en examen.

En 1999, la Comisión dirigió un dictamen motivado a Bélgica relativo a las condiciones impuestas para la prestación de servicios de los arquitectos: el procedimiento existente en Bélgica es demasiado lento, pesado y costoso, lo que se opone a la Directiva 85/384/CEE del Consejo (reconocimiento mutuo de los títulos de arquitecto); y, por otra parte, hay una aplicación desproporcionada de la norma de incompatibilidad entre las profesiones de arquitecto y contratista.

Por otra parte, la Comisión notificó un dictamen motivado a Austria sobre las condiciones relativas a la atribución de puestos de médico del seguro, debido al carácter discriminatorio del sistema de puntos de bonificación establecido por Estados Federados (este sistema favorece a los nacionales nacidos en el Estado Federado en cuestión y a sus descendientes).

Por último, y por lo que se refiere al procedimiento iniciado contra España sobre las condiciones de reconocimiento de títulos de dentista obtenidos en países de América Latina (procedimiento mencionado en los informes anteriores), sigue en la fase de aplazamiento de la interposición del recurso ante el Tribunal de Justicia. En efecto, continúan las negociaciones reiniciadas por las autoridades españolas con el fin de modificar las cláusulas de los acuerdos internacionales relativas al reconocimiento de los títulos.

Diálogo con las autoridades nacionales

Con el fin de reforzar la cooperación administrativa y aportar soluciones rápidas a los problemas detectados, la Comisión mantuvo en 1999 contactos regulares con las autoridades nacionales tanto en el marco del grupo de coordinadores para las Directivas del Consejo 89/48/CEE y 92/51/CEE (sistema general de reconocimiento de títulos), como en el marco de los Comités de altos funcionarios (especialmente de sanidad).

2.1.2.4. Agentes comerciales independientes

Por lo que se refiere al procedimiento de infracción iniciado contra Italia por la incorporación incompleta de la Directiva 86/653/CEE, mencionada en el informe anterior, Italia modificó su legislación el 15 de abril de 1999 en un sentido conforme a las observaciones de la Comisión. Por lo tanto, el asunto fue archivado.

2.1.3. Libre circulación de mercancías

2.1.3.1. Artículos 28 y siguientes CE (antiguos artículos 30 y siguientes del Tratado CE)

El volumen de expedientes que cuestionan diversas medidas estatales susceptibles de obstaculizar los intercambios sigue siendo significativo, aunque las estadísticas demuestran que tal volumen permanece estable desde los últimos ejercicios. En 1999, el número de nuevos expedientes abiertos por la Comisión ascendió a 257, de los que alrededor un centenar se refieren al mismo asunto (crisis de la dioxina). El número de expedientes de infracción no archivados a 31 de diciembre de 1999 asciende a 345.

La evolución del contencioso "libre circulación de las mercancías" mantuvo en 1999 la misma tendencia hacia la complejidad constatada en los últimos ejercicios. La complejidad técnica y jurídica de los expedientes hace que la Comisión continúe haciendo hincapié en métodos de solución de los problemas denunciados que se basan en la estrecha colaboración con las autoridades nacionales. A tal fin, la Comisión favorece el instrumento de las "reuniones paquete", como marco en el que un debate abierto e informal puede aportar soluciones rápidas a los obstáculos denunciados por los operadores. En 1999, se celebraron reuniones de este tipo con todos los Estados miembros a excepción de Luxemburgo y los Países Bajos. En general, el porcentaje de éxito de estas reuniones es elevado: del total de asuntos examinados, más del 50% se resolvieron, bien en el transcurso de la reunión, bien mediante la aprobación por el Estado miembro de una medida que responde a un compromiso asumido en la reunión. En cuanto a los expedientes conflictivos, su porcentaje, aunque ha aumentado este último año, sólo representa alrededor del 15% de los expedientes en cuestión.

La práctica de reunir una vez al año a los Presidentes de las delegaciones nacionales que participan en las reuniones "paquete" se mantuvo en 1999; el encuentro tuvo lugar en febrero. En esta reunión y en las distintas reuniones paquete de 1999, se hizo hincapié en la necesidad de mejorar la aplicación del reconocimiento mutuo, puesto que una buena parte de los expedientes sometidos recientemente a la Comisión podrían solucionarse fácilmente mediante esta mejora (problemas de reconocimiento mutuo para detergentes con lejía, perfiles de acero, productos de caucho, etc.). A este respecto, las reuniones paquete sirvieron de marco para la celebración de seminarios sobre el reconocimiento mutuo dirigidos a las autoridades nacionales, tanto centrales como descentralizadas, encargadas de su aplicación.

Por lo que se refiere a los sectores donde más se ha requerido la acción de la Comisión en 1999, el de los productos alimenticios se sitúa en primer lugar debido a las numerosas denuncias de operadores belgas afectados por las restricciones que los otros Estados miembros impusieron a sus productos a raíz de la crisis de la dioxina. Al ser esta situación totalmente coyuntural, el ámbito de los vehículos de motor permanece en cabeza en cuanto a número de expedientes. Si en 1998 la Comisión solucionó problemas detectados en Francia, Portugal y Alemania, en 1999 fue el turno, en particular, de España. Las autoridades nacionales competentes ya han simplificado el procedimiento de matriculación de los coches y ciclomotores importados por particulares.

Como en años anteriores, la Comisión ha recibido frecuentes denuncias de los operadores sobre la comercialización de complementos alimenticios y los productos alimenticios enriquecidos con vitaminas y nutrientes. Las importaciones paralelas de pesticidas y productos farmacéuticos y los criterios para la fijación de los precios de estos últimos constituyen otros ámbitos donde los operadores comunitarios siguen reclamando la intervención de la Comisión.

En 1999, la Comisión sometió los asuntos siguientes ante el Tribunal de Justicia:

- contra Francia, por someter la comercialización de los productos alimenticios enriquecidos en vitaminas y suplementos a un procedimiento de autorización largo y costoso; contra Alemania y Austria por la clasificación sistemática de los suplementos vitamínicos como medicamentos en cuanto se sobrepasa un porcentaje fijo; y contra Bélgica, por la obligación de poner un número de identificación, por unidad de producto, sobre los complementos alimenticios (nutrientes);

- contra Francia, por no insertar una cláusula de reconocimiento mutuo en la normativa sobre los productos de caucho y por lo que se refiere al no reconocimiento, por la normativa sobre los metales preciosos, de los contrastes de identificación y de garantía de 999 milésimas utilizadas en los otros Estados miembros.

En 1999, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia en los asuntos siguientes:

- contra Italia y España, por prohibir la comercialización de chocolate que contenga materias grasas que no sean manteca de cacao.

Además durante este año, la Comisión envió dictámenes motivados a Austria (importación de medicamentos, indicaciones relativas a la salud sobre productos alimenticios), Francia (importación paralela de medicamentos), Italia (importación y exportación de oro bruto) y Grecia (requisitos en materia de etiquetado que se aplica a las baldosas de cerámica, precio orientativo de las bebidas no alcohólicas, matriculación de camiones importados).

Por lo que se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cabe citar algunas sentencias prejudiciales habida cuenta de su relación con expedientes de infracción tramitados por la Comisión, a saber:

- sentencia de 3 de junio de 1999, C-33/97 "Colim NV" [13], donde el Tribunal de Justicia declaró que un Estado miembro no puede excluir, mediante una obligación lingüística, la comercialización de un producto, legalmente comercializado en otro Estado miembro, en cuya etiqueta figuran elementos (como dibujos, símbolos o pictogramas) que pueden informar plenamente a los consumidores;

[13] Aún no publicada en la Recopilación.

- sentencia de 11 de marzo de 1999, C-100/96 "British Agrochemicals" [14], donde el Tribunal de Justicia clarificó que un producto fitofarmacéutico, importado anteriormente de otro Estado miembro de la Comunidad o del Espacio Económico Europeo y que goza de una autorización de comercialización en dicho Estado y que puede considerarse idéntico a un producto que goza en el Estado miembro de importación de una autorización de comercialización concedida de acuerdo con el Derecho comunitario, no debe ser objeto de una nueva autorización.

[14] Rec. 1999, p. I - 1499.

Por último, la Comisión desea insistir en la utilidad del instrumento de transparencia instaurado por la Decisión 3052/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en virtud de la cual los Estados miembros tienen la obligación de notificar a la Comisión las medidas nacionales que constituyen excepciones al principio de libre circulación de mercancías. Durante 1999, sólo se notificaron 26 medidas nacionales, la mayoría relativas a la comercialización de aparatos médicos y aparatos eléctricos.

2.1.3.2. Las normas de prevención previstas en la Directiva 98/34/CE [15] (antigua 83/189/CEE)

[15] Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las normas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 204, p. 37); esta Directiva codifica y deroga la Directiva 83/189/CEE y sus ulteriores modificaciones; fue modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, que extendió el procedimiento de información a las normas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 217, de 5.8.1998, p. 18).

El procedimiento de información que establece la Directiva 98/34/CE es un instrumento fundamental de prevención de los obstáculos a los intercambios y de información mutua. Esta Directiva obliga a los Estados miembros a presentar a la Comisión y a sus pares sus proyectos de Reglamentos técnicos con vistas al control previo a su adopción definitiva respecto de las normas del mercado interior. Este procedimiento, que antes sólo contemplaba los productos, se extiende desde el 5 de agosto de 1999 a los servicios de la sociedad de la información. En efecto, la Directiva 98/48/CEE, por la que se modifica la Directiva 98/34/CE, tiene por objeto garantizar un marco reglamentario estable, transparente y coherente aplicando a las iniciativas legislativas nacionales que se refieren específicamente a los servicios de la sociedad de la información el sistema de consulta entre la Comisión y los Estados miembros ya utilizado con éxito para las mercancías.

En 1999, la Comisión recibió 591 proyectos de reglamentaciones técnicas (13 de ellas se refieren a normas relativas a los servicios de la sociedad de la información) que fueron objeto de un examen por los correspondientes servicios de la Comisión. La cifra era de 900 en 1997 [16] y de 604 en 1998 [17]. Estas cifras ponen de manifiesto que, a pesar de la realización del mercado interior, los Estados miembros siguen adoptando una multitud de normativas técnicas. Estas normativas corren el riesgo de cuestionar el mantenimiento del mercado único y los beneficios que aporta al conjunto de sus agentes económicos.

[16] Las estadísticas relativas a las reglamentaciones notificadas en 1997 están publicadas en el DO C 281, de 10.09.1998, p. 3.

[17] Las estadísticas relativas a las reglamentaciones notificadas en 1998 están publicadas en el DO C 228, de 11.08.1999, p. 7.

De las 591 notificaciones de 1999, 44 [18] fueron objeto de un dictamen motivado de la Comisión, exigiendo la modificación de la medida considerada con el fin de eliminar obstáculos injustificados a la libre circulación de los bienes o servicios de la sociedad de la información a que podrían dar lugar. Los Estados miembros emitieron, por su parte, 97 [19] dictámenes motivados. Una notificación [20] fue objeto de un aplazamiento de un año debido a que se refería a una materia cubierta por una propuesta de Directiva presentada al Consejo [21].

[18] Cifra a 31 de diciembre de 1999. El período hábil para emitir dictámenes motivados contra los proyectos notificados en 1999 terminó el 31 de marzo de 2000.

[19] Cifra a 31 de diciembre de 1999. El período hábil para emitir dictámenes motivados contra los proyectos notificados en 1999 terminó el 31 de marzo de 2000.

[20] Cifra a 31 de diciembre de 1999. El período hábil para anunciar a los Estados miembros las solicitudes de aplazamiento contra las notificaciones de 1999 terminó el 31 de marzo de 2000.

[21] Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al comercio electrónico en el mercado interior.

Desde 1989, la Comisión garantiza el cumplimiento de la obligación de notificación mediante el examen sistemático de las publicaciones oficiales de todos los Estados miembros. Cuando la Comisión observa una violación de la Directiva 98/34/CE, entabla un diálogo con el Estado miembro interesado con el fin de que rectifique la situación, o incluso inicia un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE. A finales de 1999, estaban en curso de instrucción aproximadamente 15 procedimientos de este tipo.

Por otra parte, el 11 de mayo de 1999, en los asuntos C-425/97 a C-427/97 (Albers), el Tribunal de Justicia tuvo que clarificar, en el marco de un procedimiento prejudicial, el alcance de la excepción a la obligación de notificación a que se acogen las medidas de incorporación de actos comunitarios: una medida que establece, entre otras cosas, la prohibición de administrar una sustancia a los bovinos, adoptada para cumplir las obligaciones derivadas de una Directiva comunitaria, es una norma técnica si reviste carácter obligatorio, pero el Estado que la adoptó, con arreglo al artículo 10 de la Directiva, está exento de la obligación de notificarla a la Comisión.

Además el 3 de junio de 1999, en el asunto C-33/97 (Colim), el Tribunal de Justicia precisó el concepto de reglamento técnico y los requisitos para que una medida que sustituye a una norma técnica existente deba notificarse. No puede considerarse "proyecto" de reglamento técnico ni, en consecuencia, estar sujeta a la obligación de notificación, una medida nacional que reproduzca o sustituya, sin añadir especificaciones nuevas o adicionales, reglamentos técnicos existentes y, si dichos reglamentos fueron adoptados después de la entrada en vigor de la Directiva 83/189/CEE, debidamente notificados a la Comisión. Por otra parte, el Tribunal de Justicia indicó en esta sentencia que los requisitos lingüísticos en materia de etiquetado, el modo de empleo y el certificado de garantía, aunque no constituyen un "reglamento técnico" en el sentido de la Directiva, pueden implicar obstáculos al comercio intracomunitario.

2.1.3.3. Legislación armonizada

Las cuestiones relativas a los productos agrícolas se recogen en el apartado 2.13.2

2.1.3.3.1. Productos alimenticios

Generalmente, en el sector de los productos alimenticios, los Estados miembros adoptan las medidas de ejecución de las Directivas sin por ello respetar en todos los casos los plazos fijados en las mismas.

En 1999 se notificó a la Comisión un número considerable de medidas de incorporación. Así, antes de finales de año pudieron archivarse 66 infracciones por no comunicación. Durante 1999, la Comisión envió escritos de requerimiento en 47 expedientes. Paralelamente, se enviaron 4 dictámenes motivados y la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia en 3 expedientes.

Con respecto a los casos de aplicación incorrecta de Directivas y Reglamentos relativos a los productos alimenticios, la Comisión decidió enviar un escrito de requerimiento y archivó dos expedientes. Al mismo tiempo, se presentaron cuatro expedientes de denuncias y están en examen.

2.1.3.3.2. Productos farmacéuticos

En 1999, se notificaron prácticamente todas las medidas de incorporación que quedaban por transmitir a la Comisión. Hasta ahora, catorce de los quince Estados miembros han incorporado todas las directivas aplicables en el sector de los productos farmacéuticos. Sólo Francia debe aún completar la incorporación.

Como en años anteriores, subsisten también algunos problemas generales acerca de la interpretación y aplicación de las directivas farmacéuticas por los Estados miembros, problemas que se refieren principalmente a las distintas interpretaciones que dan los Estados miembros al término "producto medicinal" (que a veces crean obstáculos a la libre circulación de mercancías), así como denuncias relativas al supuesto incumplimiento por las autoridades nacionales competentes de las disposiciones de la Directiva sobre la transparencia, 89/105/CEE. La incorporación y la aplicación de los incisos i-iii de la letra a) del apartado 8 del artículo 4 de la Directiva 65/65/CEE por los Estados miembros y la gestión de la nueva autorización de productos medicinales "antiguos" son también objeto de procedimientos de infracción en curso. La Comisión examina atentamente estos problemas y denuncias. Hay que señalar que el proyecto de codificación de la legislación farmacéutica (humana y veterinaria) se encuentra muy avanzado (la Comisión presentó una propuesta oficial al Consejo y al Parlamento Europeo en 1999) y que esta codificación mejorará la claridad de la legislación y, en definitiva, la eficacia de su aplicación.

2.1.3.3.3. Productos químicos

En el sector de la química, se archivaron 40 procedimientos de infracción por no comunicación de las medidas de incorporación durante el año 1999, relativas al ámbito de la clasificación, el etiquetado y el embalaje de los preparados peligrosos (Directiva 96/65), la limitación de la comercialización de las sustancias y preparados peligrosos (Directivas 91/338, 94/60, 96/55, 97/10, 97/16, 97/56 y 97/64) y los abonos (Directivas 93/69, 96/28, 97/63 y 98/3). Después del envío de 6 dictámenes motivados relativos a Directivas cuyo plazo de incorporación expiraba durante el año 1998 (97/56, 97/64 y 98/3), la mayoría de los Estados miembros las incorporaron.

Quedan un total de 9 procedimientos de infracción pendientes por no comunicación de medidas de incorporación. La mayor parte se encuentran ante el Tribunal de Justicia. Se refieren sobre todo al ámbito de limitación de la comercialización de las sustancias peligrosas (Directiva 97/56), y también la clasificación, el etiquetado y el embalaje de los preparados peligrosos (Directiva 96/65), los abonos (Directiva 98/3) y los explosivos (Directiva 93/15).

Tres directivas relativas a las buenas prácticas de laboratorio cumplieron el plazo de incorporación en septiembre de 1999 (Directivas 99/662, 99/11, 99/12). Once Estados miembros no las habían incorporado a tiempo.

En el ámbito de la Directiva 93/15/CEE, sobre la comercialización de explosivos, hay dos procedimientos en curso por incorporación incorrecta.

2.1.3.3.4. Vehículos de motor, tractores, ciclomotores

En el ámbito de los vehículos de motor, la incorporación de las directivas comunitarias, por regla general, sigue realizándose dentro de plazo. En caso de retraso en la incorporación, el inicio del procedimientos de infracción por no comunicación suele bastar para garantizar la incorporación en un plazo generalmente corto.

Sin embargo, quizá debido al considerable aumento del número de directivas que adaptan las directivas previas al progreso técnico, la situación se deterioró en 1999, ya que varios Estados miembros no estaban en situación de incorporarlas dentro de plazo. También se observan algunos retrasos de incorporación respecto a la Directiva 98/69/CE (llamada Directiva "Auto-Oil"), que se concibió, entre otras cosas, para garantizar la reducción de los valores-límite de las emisiones contaminantes de algunas categorías de vehículos a motor.

Así pues, las Directivas 98/38/CE, 98/39/CE, 98/40/CE y 98/89/CE de la Comisión, por las que se adaptan al progreso técnico las Directivas del Consejo sobre tractores agrícolas o forestales de ruedas, aún no habían sido incorporadas a finales de 1999 por 6, 5, 4 y 9 Estados miembros respectivamente. Las cifras correspondientes (entre paréntesis) a los casos de no comunicación de las Directivas por las que se adaptan al progreso técnico las Directivas del Consejo sobre vehículos de motor, son los siguientes: Directivas de la Comisión 98/77/CE (4), 98/90/CE (5), 1999/0007/CE (6), 1999/0014/CE (7), 1999/0015/CE (7), 1999/0016/CE (7), 1999/0017/CE (7) y 1999/0018/CE (7). En el ámbito de la adaptación al progreso técnico de las Directivas del Consejo sobre vehículos de dos o tres ruedas, las Directivas de la Comisión 1999/0023/CE, 1999/0024/CE, 1999/0025/CE y 1999/0026/CE a finales de 1999 aún no habían sido incorporadas por 7, 7, 7 y 8 Estados miembros respectivamente.

Por lo que se refiere a la Directiva 98/69/CE relativa a las medidas que deben adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor, 9 Estados miembros aún no la habían incorporado al finalizar 1999.

Tal como se indica en el Decimosexto informe anual (de 1998), la incorporación de la Directiva 97/24/CE relativa a determinados elementos y características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, estaba prevista para el 18 de diciembre de 1998 a más tardar. En virtud de esta Directiva, la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas era obligatoria a partir del 17 de junio de 1999. Al término de 1999, dos Estados miembros seguían sin haber incorporado esta Directiva y los correspondientes procedimientos de infracción por no comunicación habían alcanzado la fase del recurso al Tribunal de Justicia. Por lo que se refiere a la Directiva 98/14/CE, relativa a la homologación de los vehículos de motor y sus remolques, todos los Estados miembros excepto uno la habían incorporado antes de terminar 1999. En este mismo período, dos Estados miembros seguían sin haber incorporado a tiempo la Directiva 97/54/CEE, relativa a la velocidad máxima de los tractores agrícolas o forestales. En consecuencia, se incoaron dos procedimientos con arreglo al artículo 226 del Tratado CE.

2.1.3.3.5. Productos de construcción

Por lo que se refiere a la incorporación de la Directiva 89/106/CEE por Austria, se incoó un procedimiento de infracción, ya que algunos artículos de la legislación austríaca no se ajustan a la Directiva. Se dirigió a las autoridades austríacas una solicitud de información para que clarifiquen su posición.

En el marco de un procedimiento de infracción iniciado contra Grecia sobre el control de la calidad de determinados aceros importados, la respuesta al dictamen motivado, que se había enviado a las autoridades griegas el 4 de diciembre de 1998, no puede considerarse satisfactoria y la Comisión decidió, en diciembre de 1999, autorizar contactos con las autoridades griegas antes de recurrir al Tribunal de Justicia.

2.1.3.3.6. Bienes de equipo

(Mecánica, electromecánica, equipos de protección individual, aparatos de gas, preenvasado, metrología legal, productos médicos y embarcaciones de recreo).

En 1999, todos los Estados miembros adoptaron medidas nacionales que incorporaban las disposiciones de la Directiva 94/25/CE relativa a los embarcaciones de recreo.

Durante este año se han realizado progresos considerables en la incorporación de las directivas pertenecientes a los sectores citados. Así, la mayoría de las directivas cuyo plazo de incorporación vencía el 31 de diciembre de 1999 y, en particular, las Directivas 93/42/CE, 94/9/CE y 97/53/CE a las que se hacía mención en el Decimosexto Informe Anual de 1998, antes citado, han sido incorporadas a todos los ordenamientos nacionales, si bien sigue habiendo problemas con dos directivas que se examinan más adelante.

También se constatan numerosos progresos en los casos de aplicación incorrecta de las directivas o de no conformidad del Derecho nacional con las mismas. Sin embargo, subsisten dificultades en particular, con las Directivas 98/37/CE (máquinas) y 89/686/CEE (equipamientos de protección individual). En efecto, en 1999 se trataron 55 casos de infracción, 20 de ellos registrados en 1999. A finales de 1999, quedaban 28: 7 casos de no comunicación y otros 21 de otras materias. Se recurrió al Tribunal de Justicia una vez, contra Italia, por aplicación incorrecta de la Directiva 73/23/CEE.

Por lo que se refiere a los casos de no comunicación, la situación es la siguiente.

En cuanto a la Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los ascensores, se recurrió al Tribunal de Justicia contra Francia. Italia y Luxemburgo, contra los que se había procedido ante el Tribunal de Justicia en 1999, comunicaron las medidas nacionales de ejecución en 1999.

Por último, por lo que se refiere a la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos a presión, la Comisión decidió en 1999 enviar un dictamen motivado a Alemania, Irlanda, Italia y Luxemburgo. La ejecución de esta decisión tuvo lugar en 1999 por lo que se refiere Luxemburgo.

2.1.3.3.7. Productos cosméticos

En 1999, la Comisión ha constatado ciertos progresos en la aplicación de la normativa comunitaria relativa a los productos cosméticos.

Por lo que se refiere a los casos de no comunicación de las medidas nacionales de incorporación de directivas comunitarias, la Comisión pudo proceder al archivo de numerosos procedimientos de infracción incoados contra Estados miembros a raíz de la notificación por varios de ellos de medidas nacionales de incorporación de las Directivas 97/45/CE, 97/18/CE y 98/16/CE. Sin embargo, la Comisión deplora que la Directiva 97/18/CE, por la que se aplaza la fecha a partir de la cual quedan prohibidos los experimentos con animales para ingredientes o combinaciones de ingredientes de productos cosméticos, que hubiera debido incorporarse al Derecho nacional a más tardar el 31 de diciembre de 1997, con el fin de garantizar a los agentes económicos una cierta seguridad jurídica, aún no haya sido incorporada en varios Estados miembros. Por lo que se refiere a la Directiva 93/35/CEE del Consejo, que modifica por sexta vez la Directiva 76/768/CEE del Consejo, solamente queda Francia por acabar la incorporación publicando los decretos de aplicación. Por último, once Estados miembros ya notificaron a la Comisión las medidas nacionales de incorporación de la vigésimo tercera Directiva 98/62/CE de la Comisión por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/768/CEE, que debía incorporarse en Derecho nacional a más tardar el 30 de junio de 1999.

Por lo que se refiere a los casos de infracción al margen de la no comunicación de las medidas nacionales, éstos son objeto de un examen pormenorizado por parte de la Comisión y los intercambios que tienen lugar entre ella y las autoridades nacionales permiten encontrar soluciones satisfactorias.

2.1.3.3.8. Productos textiles y calzado

El plazo de incorporación de la Directiva 97/37/CE por la que se adaptan al progreso técnico los Anexos I y II de la Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las denominaciones textiles, expiró el 1 de junio de 1998. En 1999 la incorporación se completó en todos los Estados miembros. Los procedimientos de infracción iniciados en 1998 contra Italia, Bélgica y Luxemburgo fueron archivados.

Por lo que se refiere a la Directiva 94/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en relación con el etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado destinado a la venta al consumidor, se ha completado la incorporación en todos los Estados miembros. El procedimiento por no comunicación contra Luxemburgo se archivó en 1999.

2.1.3.3.9 Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos

La Comisión incoó tres procedimientos por incumplimiento por no conformidad de las medidas nacionales. A raíz de la aprobación de la ley austríaca que modificaba la ley de incorporación y que ponía fin a la infracción, este procedimiento pudo archivarse. La Comisión decidió en diciembre de 1999 recurrir al Tribunal de Justicia por lo que se refiere a los asuntos contra Francia y Grecia.

La Directiva 1999/34/CE tiene por objeto extender las normas de la responsabilidad objetiva a las materias primas agrícolas. Los Estados miembros deben poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a esta Directiva el 4 de diciembre de 2000 a más tardar.

Hay un asunto prejudicial pendiente ante el Tribunal de Justicia (C-203/99) que se refiere por primera vez a la interpretación de la Directiva 85/374/CEE. Se refiere a la responsabilidad de las autoridades públicas de un hospital en Dinamarca, donde un paciente no pudo obtener un trasplante de órgano porque éste se estropeó.

2.1.3.4. Regímenes especiales de libre circulación

Bienes culturales

La Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra la República de Austria por no haber incorporado ni comunicado la fecha de incorporación de la Directiva 96/100/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de febrero, que modificaba el Anexo de la Directiva 93/7/CEE [22].

[22] DO L 60, de 1.3.1997, p. 59.

Salvo esta excepción, todos los Estados miembros comunicaron las disposiciones de incorporación de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro [23], y de la Directiva 96/100/CEE antes citada. En consecuencia, la Comisión procedió al análisis, en cooperación con los Estados miembros, de la aplicación de estas directivas con miras al informe que debe presentar al Parlamento, al Consejo y al Comité Económico y Social.

[23] DO L 74 de 27.3.1993, p. 74.

Intervención rápida ante obstáculos graves a la libre circulación de mercancías

A principios de 1999 entró en vigor el Reglamento (CE) nº 2679/98 del Consejo, de 7 de diciembre de 1998, sobre el funcionamiento del mercado interior en relación con la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros [24].

[24] DO L 337 de 12.12.1998, p. 8.

El sistema de alerta previsto en el artículo 3 de este Reglamento se activó varias veces con éxito. Los Estados miembros en cuestión respondieron satisfactoriamente a las solicitudes de informaciones que la Comisión les había enviado y finalmente no se detectaron obstáculos con arreglo al Reglamento. Los casos contemplados se referían a:

- obstáculos en la red de carreteras belga a raíz de las acciones reivindicativas de los transportistas belgas en junio de 1999;

- obstáculos en la red de carreteras belga a raíz de las acciones de protesta de los agricultores belgas con motivo de la crisis de la dioxina en junio de 1999;

- la jornada de acción de los transportistas europeos en octubre de 1999.

2.1.3.5. Unión aduanera

En materia aduanera, la actividad de la Comisión Europea consiste principalmente en gestionar los instrumentos aduaneros necesarios para la aplicación de las políticas comunes (Política comercial, Política agrícola, Medio Ambiente, Salud pública, etc.) de la Unión, en el marco de las competencias delegadas a la Comisión para controlar las fronteras exteriores, garantizando la seguridad de los ciudadanos europeos y la lealtad de los intercambios para las empresas, basándose en la realización del mercado interior y de la Unión Económica y Monetaria. Esta función de gestión de la Unión Aduanera justifica la acción de la Dirección General TAXUD destinada, en particular, a establecer una nomenclatura aduanera integrada, administrar las bases de datos relativas a los regímenes arancelarios y a las normas de origen, y establecer un sistema de intercambio de información relativo al control en el marco de la lucha contra el fraude y las irregularidades. Estas acciones permiten a la Comunidad organizar una política comercial activa tanto en el ámbito de las preferencias como en el del control de las normas de origen o la gestión de las disposiciones relativas al antidumping. . El control de la aplicación de las disposiciones comunitarias sigue siendo, desde este punto de vista, un elemento esencial de la política de la Comisión.

A este respecto, procede destacar que se dirigió un dictamen motivado a Suecia por incumplimiento de los artículos 76 de el Código Aduanero Comunitario, y 254 y siguientes de las disposiciones de aplicación. En efecto, con arreglo a la letra a) in fine del apartado 1 del artículo 76 del Código, con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, y respetando la regularidad de las operaciones, el cumplimiento de los trámites y procedimientos, las autoridades aduaneras permiten, en las condiciones fijadas por el procedimiento del Comité del Código Aduanero, que no se adjunten a la declaración aduanera determinados documentos normalmente necesarios para permitir la aplicación de las disposiciones que regulan el régimen aduanero bajo el cual se declaran las mercancías. Las condiciones fijadas por el procedimiento de dicho Comité fueron establecidas por los artículos 254 y siguientes del Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión [25] por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario. De acuerdo con estas condiciones, contenidas más concretamente en los artículos 255 a 257 de dicho Reglamento, las autoridades aduaneras conceden un plazo para la presentación de los documentos que faltan, siempre que determinadas condiciones se cumplan satisfactoriamente. Ahora bien, las autoridades aduaneras suecas no aplican las disposiciones previamente mencionadas. Así, cuando un importador no dispone de alguno de los documentos requeridos, como el certificado de origen preferencial, las autoridades suecas exigen inmediatamente el importe total de los derechos de importación, sin perjuicio del reembolso de dicho importe cuando se presente dicho documento.

[25] DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.

Se emitió otro dictamen motivado, durante el año de referencia, contra la República Helénica dada, por una parte, la estructura y la organización de los puertos griegos en zona franca que tienen por consecuencia controles aduaneros incompatibles con varias disposiciones del Código Aduanero Comunitario y de sus disposiciones de aplicación, y, por otra parte, la exigencia, en otras situaciones, de trámites y controles relativos a los coches incompatibles con las Directivas 77/388/CEE [26] y 92/12/CEE [27] en materia de IVA.

[26] DO L 145 de 13 6.1977, p. 1.

[27] DO L 76 de 23.3.1992, p. 1.

Dos procedimientos iniciados anteriormente pudieron archivarse cuando los Estados miembros en cuestión se atuvieron al punto de vista de la Comisión. Se trata, en primer lugar, de Bélgica, que derogó la circular que preveía que la declaración de exportación podía presentarse, a elección del exportador, ante la oficina aduanera principalmente competente en Bélgica o ante la oficina aduanera belga por la cual las mercancías abandonaran el país, mientras que el apartado 5 del artículo 161 del Código Aduanero Comunitario exige que la declaración de exportación se presente en la aduana competente para supervisar el lugar de establecimiento del exportador, o bien en el lugar donde las mercancías se embalan o cargan para el transporte de exportación. El segundo procedimiento archivado se refiere a Portugal, que adoptó las medidas para atenerse a la sentencia del Tribunal de Justicia de 17.6.1997 en el asunto C-164/95 relativo a la clasificación arancelaria del queso rallado que, en el momento de la importación, se presente, debido al método de embalaje y de conservación utilizado, bajo una forma aglomerada y, después del desembalaje y exposición al aire ambiente, se desagrega en granos irregulares [28].

[28] Rec. 1997, p. I-3441.

2.1.4. Libre circulación de los servicios y derecho de establecimiento

2.1.4.1. Los artículos 43 y siguientes y 49 y siguientes

Algunas disposiciones de la normativa alemana sobre los agentes de la propiedad industrial relativas al ejercicio de esta profesión disponen que quien no esté domiciliado ni establecido en Alemania solo puede participar en un procedimiento ante de la Oficina de Patentes si nombra como representante a un agente de la propiedad industrial o un abogado del país. Por otra parte, un agente de la propiedad industrial solo puede representar a un depositante ante la Oficina de las Patentes si está domiciliado con un colega establecido en Alemania. Tales requisitos plantean problemas de compatibilidad en relación con el principio de la libre prestación de servicios sentado por el artículo 49 del Tratado CE, lo que justifica la notificación de un dictamen motivado a las autoridades alemanas.

Según la normativa francesa que organiza el depósito de las patentes así como la profesión de los agentes de la propiedad industrial, solamente los agentes de la propiedad industrial inscritos en la lista francesa que hayan superado una prueba de aptitud pueden representar a sus clientes ante el instituto nacional de la propiedad industrial. Además todo agente de la propiedad industrial debe tener un establecimiento profesional en este país. Tales exigencias plantean problemas de compatibilidad con el principio de la libre prestación de servicios sentado por el artículo 49 del Tratado CE y desarrollado por la Directiva 89/48/CEE [29] relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, lo que justifica la notificación de un dictamen motivado a las autoridades francesas.

[29] Op cit.

Por otra parte, la Comisión ha decidido acudir al Tribunal de Justicia por una ley italiana por la que se establecen las listas de autorizaciones para los expedicionarios que exige que toda persona física o jurídica que ejerza dicha actividad se inscriba en un registro específico llevado por la cámara de comercio territorialmente competente. Tal requisito de inscripción obstaculiza el ejercicio de su actividad por un operador económico no establecido en Italia que desea ejercer allí su actividad con carácter ocasional con arreglo al artículo 49 del Tratado CE.

En Portugal, la normativa que establece las normas para la toma de fotografías aéreas en el marco de una prestación de servicios dispone que sólo se autorizará a entidades o personas de nacionalidad extranjera en casos debidamente justificados. Tal discriminación por razón de la nacionalidad que no puede justificarse por razones de seguridad pública motivó la decisión de recurrir al Tribunal de Justicia.

Por lo que se refiere a la puesta a disposición de la mano de obra en el marco de una libre prestación de servicios, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia con respecto a dos legislaciones nacionales. Por una parte, la legislación italiana actual prohíbe toda actividad transfronteriza de las empresas de trabajo temporal y exige que la sede de la empresa se encuentre en territorio italiano. Por otra parte, la legislación alemana permite la puesta a disposición de los trabajadores entre dos empresas que pertenezcan al sector de la construcción, pero la prohíbe en situaciones transfronterizas.

En cuanto a los servicios de seguridad privada, la Comisión había recurrido al Tribunal de Justicia respecto a la exigencia de la normativa belga de tener la sede de la explotación en territorio belga; en sus conclusiones del 16 de septiembre de 1999 (C-355/98), el Abogado General siguió la posición de la Comisión. Del mismo modo, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia con respecto a la legislación italiana de este mismo sector, ya que prevé un requisito de nacionalidad para ejercer toda actividad por cuenta ajena o propia.

2.1.4.2. Servicios financieros

Diálogo con las autoridades nacionales

Con el fin de reforzar la cooperación administrativa y aportar soluciones rápidas a los problemas detectados, la Comisión mantuvo, en 1999, contactos regulares con las autoridades nacionales, tanto en el marco de los Comités Institucionales (Comité Consultivo Bancario, Comité de Seguros y Comité de Contacto OICVM), como en el marco de grupos de interpretación ad hoc (Grupo de expertos nacionales en materia de sistemas de pago, GTIAD en materia bancaria, Grupo de Trabajo de interpretación en materia de seguros, Grupo de interpretación de la Directiva relativa a la adecuación de los fondos propios, etc.) o de grupos de alto nivel (HLSSC, en el sector de los valores mobiliarios).

Denuncias e infracciones comprobadas

En el sector bancario, la infracción de los artículos 43 y 49 del Tratado CE así como de las directivas fue objeto, en 1999, de cinco procedimientos de presunta infracción.

Dos casos se refieren a Italia. En el primer caso, se trata de una presunción de discriminación por razón de la nacionalidad en el reembolso de créditos tributarios a los bancos. Se dirigió un dictamen motivado a este Estado miembro, con el fin de conocer los criterios seleccionados para elaborar la lista sobre cuya base se reembolsaron estos créditos tributarios. El segundo caso se refiere a la normativa relativa a retenciones en la fuente sobre los intereses vinculados a préstamos. La Comisión instruye el examen con el fin de determinar si la legislación italiana discrimina según la entidad de crédito esté situada en Italia o en otro Estado miembro. Se envió una carta a las autoridades italianas para obtener más información.

Se envió un escrito de requerimiento a las autoridades griegas. Estas autoridades conceden una garantía del Estado para préstamos a las empresas en algunas regiones desfavorecidas de Grecia. De las informaciones presentadas a la Comisión, se desprende que esta garantía solo se concede a las entidades de crédito establecidas en Grecia. Los préstamos concedidos en libre prestación de servicios por establecimientos comunitarios establecidos en otro Estado miembro de la Unión no pueden beneficiarse de esta garantía.

Dos presuntas infracciones se refieren a Francia. En el primer caso, la Comisión envió una carta de solicitud de información a este Estado miembro porque no parece permitir - ni a las entidades de crédito francesas ni a las sucursales de establecimientos de otros Estados miembros - remunerar las cuentas corrientes de sus clientes. El otro caso se refiere al incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Ambry [30] por las autoridades francesas (véase "asuntos ante el Tribunal de Justicia").

[30] Sentencia de 1 de diciembre de 1998, asunto C-410/96, Rec. 1998, p. I-7875.

En el sector de los seguros, prosigue el procedimiento contra España relativo a la conformidad con las normas del Tratado CE sobre libre prestación de servicios (artículo 49) de la obligación de autorización previa para operar en territorio español como agentes de seguro.

El procedimiento contra Alemania relativo a la prohibición de acumulación del seguro de enfermedad con otros ramos, juzgada no compatible con las disposiciones de la tercera Directiva no de vida, también sigue su curso.

Por último, el asunto llamado "Champalimaud" dio lugar a incoar un procedimiento contra Portugal, a raíz de la oposición de las autoridades de este país al acuerdo de adquisición de participaciones cualificada de un grupo bancario español en dicho grupo portugués. Este asunto está en vías de resolución.

En el sector de los valores mobiliarios, la Comisión, en los dos procedimientos iniciados en 1998 contra Italia (artículos 49 y 56) y contra Francia (artículos 43, 49 y 56), envió un dictamen motivado a estos dos Estados miembros [31]. En ambos casos, la Comisión atribuye a medidas nacionales de carácter fiscal tener como efecto favorecer los mercados bursátiles nacionales en detrimento de las otras Bolsas de la Unión Europea. En Italia, se trata de ventajas fiscales reservadas a los emisores cuyos valores coticen por primera vez en mercados italianos. En Francia, se trata de exenciones fiscales a que se acogen los contratos de seguro de vida de una duración de al menos ocho años cuando se suscriben en participaciones de fondos comunes de inversión, cuyo activo se componga al menos en un 50% de acciones francesas, de las que al menos 5% coticen o no en el nuevo mercado.

[31] IP/99/755 de 15 de octubre de 1999.

Medidas nacionales de ejecución

Casos de no comunicación

En el ámbito bancario, todos los procedimientos de infracción por no incorporación de directivas bancarias, en particular las que se refieren a la Directiva 95/26/CE del Consejo, se archivaron. Todos los Estados miembros ya han incorporado y comunicado las medidas nacionales de ejecución de las directivas bancarias.

Por lo que se refiere a los seguros, la Comisión archivó los dos procedimientos relativos a la incorporación en Derecho interno de las terceras Directivas "vida" (92/96/CEE) y "no de vida" (92/49/CEE) [32], así como el procedimiento relativo a la incorporación parcial de la Directiva 91/371/CEE del Consejo (Directiva "Acuerdo Suiza") [33], a raíz de la comunicación de las medidas nacionales de ejecución.

[32] Véase la sentencia de 18 de diciembre de 1997 en el asunto C-361/95, Comisión contra España, Rec. 1997, p. I-7351 (acerca de la incorporación parcial de la Directiva 92/49/CEE).

[33] Véase la sentencia de 18 de diciembre de 1997 en el asunto C-360/95, Comisión contra España, Rec. 1997, p. I-7337.

El proceso de recepción en el Derecho interno de las terceras directivas sobre los seguros "vida" y "no de vida" está casi acabado. Los servicios de la Comisión se consagran ahora a los problemas de no conformidad así como al seguimiento de su aplicación en la práctica diaria.

En el ámbito de los valores mobiliarios, la Comisión envió un dictamen motivado a Austria, Francia, Luxemburgo [34] y Portugal [35] por no haber incorporado la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los sistemas de indemnización de los inversores. No habiendo recibido respuesta de Luxemburgo al dictamen motivado, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia.

[34] IP/99/601 de 30 de julio de 1999.

[35] IP/00/9 de 11 de enero de 2000.

En el ámbito de los sistemas de pago, durante el año 1999 dos directivas entraron en vigor: la Directiva 97/5/CE sobre las transferencias transfronterizas y la Directiva 98/26/CE sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores.

La Directiva 97/5/CE tiene por objeto acelerar y abaratar las transferencias transfronterizas de menor cuantía (hasta 50.000 euros). Obliga a los bancos a respetar normas de transparencia antes y después de las transferencias e introduce normas relativas a la ejecución de las transferencias (plazo, prohibición de la doble exacción, reembolso de las transferencias no recibidas por el beneficiario). La Directiva entró en vigor el 14 de agosto de 1999.

A 31 de diciembre de 1999, nueve Estados miembros (Dinamarca, España, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia, Reino Unido) habían incorporado la Directiva y comunicado sus medidas nacionales de incorporación a la Comisión. Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Italia y Portugal aún no la han incorporado. Se iniciaron los procedimientos de infracción mediante carta de 16 de noviembre de 1999.

La Directiva 98/26/CE tiene por objetivo reducir el riesgo sistémico en los sistemas de pago y de liquidación de valores. La reducción de este riesgo es esencial para el buen funcionamiento de los sistemas de pago de mayor cuantía como TARGET y para mejorar en general la eficacia los sistemas de pago y de liquidación de valores. La Directiva establece normas en materia de compensación y garantías e impide el efecto retroactivo de los procedimientos de insolvencia relativos a estos sistemas.

El 31 de diciembre de 1999, cinco Estados miembros (Bélgica, España, Portugal, Austria y Finlandia) comunicaron la incorporación de la Directiva 98/26/CE (entrada en vigor el 11 de diciembre de 1999) en Derecho nacional. Aún no se ha iniciado ningún procedimiento de infracción contra los otros Estados miembros.

Asuntos ante el Tribunal de Justicia

En el sector bancario, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia por considerar incompatible el mantenimiento de cuentas anónimas (de ahorro y de valores) en el territorio de Austria con la obligación de identificación de los clientes que abren una cuenta, prevista por el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 91/308/CEE del Consejo sobre el blanqueo de capitales. En opinión de la Comisión, el carácter anónimo de las cuentas puede facilitar el blanqueo de capitales. Conviene destacar que, por supuesto, la Comisión no desea suprimir el secreto bancario en dicho Estado miembro. Las autoridades austríacas han manifestado su intención de modificar su legislación.

Con respecto a los asuntos prejudiciales, el Tribunal de Justicia dictó sentencia en el asunto Ambry [36]. El Derecho francés exige una garantía financiera inmediatamente movilizable para obtener una licencia administrativa (con el fin de ejercer el oficio de agente de viaje). Sin embargo, la ley francesa prevé que si el establecimiento que concede la garantía se sitúa en otro Estado miembro distinto de Francia, es necesario que tal establecimiento tenga un acuerdo con una entidad bancaria o una compañía de seguros establecida en Francia. El Tribunal de Justicia juzgó que tal exigencia constituye una restricción injustificada del principio de la libre prestación de servicios. Dado que no parece que las autoridades francesas hayan tomado iniciativa alguna para modificar la legislación en este sentido, la Comisión envió a las autoridades francesas un escrito de requerimiento y un dictamen motivado. El próximo paso será recurrir al Tribunal de Justicia.

[36] Sentencia de 1 de diciembre de 1998, asunto C-410/96, Rec. 1998, p. I-7875.

En el asunto Trummer [37], el Tribunal de Justicia juzgó que "la obligación de utilizar la moneda nacional, a fin de constituir una hipoteca, en principio debe calificarse de restricción a los movimientos de capitales". Tras ella, Austria emprendió lo necesario para modificar su legislación. Suecia, sin embargo, parece tener una legislación similar. Por esta razón, la Comisión le envió un escrito de requerimiento.

[37] Sentencia de 16 de marzo de 1999, asunto C-222/97, Rec. 1999, p. 1661.

En el ámbito de los seguros, la violación de los artículos 43 y 49 del Tratado CE así como de las directivas dio lugar, en 1999, a una sentencia del Tribunal de Justicia declarando la ausencia de comunicación por Francia de las medidas necesarias para adaptar el Code de la Mutualité a las exigencias del Derecho comunitario [38]. Hay otros dos asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia: el 27 de octubre tuvo lugar la vista en el asunto que tiene por objeto que se declare que la tercera Directiva no de vida [39] es aplicable a los seguros obligatorios de trabajo del tipo de los regulados en Bélgica, país al que se imputa no haber incorporado correctamente dicha Directiva [40]; el 28 de octubre, el Abogado General Sr. S. Alber, presentó sus conclusiones en otro asunto contra Francia [41], según las cuales procedería considerar la solicitud sistemática de fichas descriptivas o de comercialización como un obstáculo desproporcionado, contrario a las disposiciones de las terceras directivas sobre seguros [42].

[38] Sentencia del Tribunal de Justicia, de 16 de diciembre de 1999, en el asunto C-239/98, Comisión contra Francia (no aún publicada en la Recopilación).

[39] Directiva 92/49/CEE (DO L 228, de 11 de agosto de 1992, pp. 1-23).

[40] Asunto C-206/98, pendiente.

[41] Asunto C-296/98, pendiente.

[42] Directivas 92/49/CEE (op cit. ) y 92/96/CEE (DO L 360, de 9 de diciembre de 1992, pp. 1-27).

Por lo que se refiere a los servicios de inversión en el ámbito de los valores mobiliarios (Directiva 93/22/CEE del Consejo), el procedimiento incoado contra España pudo archivarse, tras la notificación de su ley de incorporación. Por el contrario, en el procedimiento contra Luxemburgo [43], el Tribunal de Justicia dictó, el 3 de junio de 1999, sentencia declarando el incumplimiento [44].

[43] Asunto C-417/97.

[44] Aún no publicada en la Recopilación.

2.1.4.3. Comunicaciones comerciales

También prosiguió la instrucción de los procedimientos de infracción en curso y el diálogo con las autoridades francesas sobre la interpretación de la Ley "Evin" (que prohíbe la publicidad televisada de bebidas alcohólicas) en el supuesto específico de acontecimientos deportivos que se celebren en el extranjero pero se retransmitan en Francia. Este procedimiento ya fue objeto de un dictamen motivado en 1997. La Comisión también decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra Alemania, cuya legislación relativa a las primas y a los descuentos se considera contraria al artículo 49 del Tratado. Este procedimiento se inició sobre la base de la denuncia de un operador que ofrece bienes y servicios en el marco de un "Club" que opera a partir de otro Estado miembro.

2.1.4.4. Medios de comunicación

La Comisión envió un dictamen motivado a Bélgica sobre los obstáculos a la libre prestación de servicios causados por la tributación de las antenas parabólicas vigentes en numerosos municipios.

2.1.5. Libre circulación de capitales

La situación en cuanto a la libre circulación de capitales y pagos dentro de la CE y frente a los terceros países puede considerarse satisfactoria en general. Durante el año transcurrido se registraron algunos nuevos progresos, como la eliminación de determinadas restricciones a la inversión directa (Reino Unido e Irlanda) y a las actividades de inversión de los fondos de pensión (Bélgica y Finlandia), mientras que determinadas discriminaciones en la admisión de valores en los mercados de capitales, basadas esencialmente en la divisa de emisión, desaparecieron naturalmente con la introducción de la moneda única (Francia y Alemania). Los nuevos casos de infracción, mayoritariamente iniciados tras las denuncias de operadores económicos, se refieren principalmente a restricciones en el ámbito de la concesión de préstamos hipotecarios sobre una base transfronteriza y la adquisición de bienes inmuebles, así como la existencia de derechos especiales introducidos por Estados miembros en algunos activos privatizados.

Anteriormente se habían tramitado distintas infracciones tras la publicación de la Comunicación de la Comisión relativa a determinados aspectos jurídicos en relación con las inversiones intracomunitarias (DO C 220, de 19.07.1997, p. 15), así como las respuestas a un cuestionario destinado a recabar las prácticas de los Estados miembros en el ámbito. En esta categoría de infracciones referentes al mantenimiento de privilegios en favor de los Estados miembros en activos privatizados, dos casos dieron lugar al envío de un dictamen motivado (Reino Unido y España), mientras que otros cuatro fueron objeto de una decisión de recurrir al Tribunal de Justicia (Francia, Italia y Bélgica en dos ocasiones). Por otra parte, anteriormente ya se sometieron al Tribunal de Justicia algunas infracciones de naturaleza similar y están pendientes de sentencia.

Se había decidido también remitir al Tribunal de Justicia una infracción referente a las restricciones a la adquisición de bienes inmuebles en Grecia, pero una modificación de la legislación debería permitir archivar próximamente este asunto.

2.1.6. Entorno empresarial

2.1.6.1. Derecho de sociedades

A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998 (asunto C-191/95), que declaró el incumplimiento de Alemania de las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas del Consejo 68/151/CEE (registro mercantil) y 78/660/CEE (cuentas anuales), las autoridades alemanas elaboraron las medidas de aplicación necesarias. Éstas fueron aprobadas por el Bundestag en diciembre de 1999 y deberían serlo por el Bundesrat a principios de 2000.

Por otra parte, la Comisión inició el examen de las medidas adoptadas en el Reino Unido, en octubre de 1999, para incorporar en Gibraltar las Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE, 90/604/CEE y 90/605/CEE.

2.1.6.2. Propiedad intelectual

Propiedad industrial

En el ámbito de la propiedad industrial, hay actualmente tres directivas vigentes. Se trata de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, relativa a las marcas, y de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 98/44/CE, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, y 98/71/CE, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.

Según la Directiva relativa a las marcas, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo que, a falta de su consentimiento, le habilita para prohibir a terceros el uso del signo.

La armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas nacionales no es total, sino limitada a los aspectos que tienen la incidencia más directa en el funcionamiento del mercado interior. Aparte de los aspectos armonizados, y, en particular, los aspectos de procedimiento, los Estados miembros conservan total libertad en la definición del régimen más adaptado a su tradición.

En principio, el ámbito de la Directiva se limita al derecho sustancial de las marcas registradas y no contiene disposición alguna sobre la armonización de los procedimientos.

El campo de la armonización puede así delimitarse, ya que la Directiva únicamente se aplica: a las marcas registradas (los regímenes de protección de las marcas que resultan del uso son privativos de los Estados miembros); a todas las categorías de marcas registradas conocidas por las legislaciones nacionales (marcas de productos o servicios, marcas individuales, colectivas, de garantía o certificación), sin que ello signifique que los Estados miembros tengan la obligación de introducir en su legislación estas distintas categorías de marcas; y a las marcas que fueron objeto de un registro internacional que producía sus efectos en el Estado miembro.

El plazo para la incorporación de dicha Directiva se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1992. Todos los Estados miembros, incluido los nuevos, han transmitido su normativa nacional de incorporación de esta Directiva.

Como la evolución heterogénea de las legislaciones nacionales relativas a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas en la Comunidad puede desincentivar el desarrollo industrial de tales invenciones y el buen funcionamiento del mercado interior, se ha considerado esencial que la Comunidad se dote de legislación en este ámbito. Pero no se ha considerado necesario crear un Derecho especial que substituya al Derecho nacional de patentes. El marco comunitario puede limitarse a la definición de algunos principios que tienen por objeto determinar la diferencia entre invenciones y descubrimientos con respecto a la patentabilidad de algunos elementos de origen humano, al alcance de la protección que confiere una patente sobre una invención biotecnológica, a la posibilidad de recurrir a un sistema de registro que complete la descripción escrita, y a la posibilidad de obtener licencias obligatorias no exclusivas para dependencia entre variedades vegetales e invenciones.

Los Estados miembros deben poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la Directiva 98/44/CEE a más tardar el 30 de julio del 2000.

La armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de dibujos y modelos, como la armonización de las legislaciones en materia de marcas nacionales, no es completa, sino que está limitada a algunos aspectos que inciden más directamente sobre el funcionamiento del mercado interior. Estos aspectos son la adquisición mediante registro del derecho sobre un dibujo o modelo en condiciones idénticas, la definición unitaria del concepto de dibujo o de modelo, así como de los requisitos de innovación y carácter individual que debe cumplir el dibujo o modelo registrado, y una protección equivalente en todos los Estados miembros. Al margen de los aspectos armonizados, los Estados miembros son totalmente libres para definir el régimen más adaptado a su tradición.

Los Estados miembros deben poner en vigor las disposiciones legales para ajustarse a la dicha Directiva a más tardar el 28 de octubre del 2001.

Derechos de autor y derechos afines

La propiedad intelectual se consideró durante mucho tiempo un ámbito en el cual los Estados miembros incorporaban con dificultades y a menudo con retraso el acervo comunitario.

No obstante, la situación ha mejorado considerablemente, especialmente durante los dos últimos años. Actualmente, todos los Estados miembros, con excepción de Irlanda, han comunicado las medidas nacionales de ejecución de todas las directivas aplicables el 1 de enero de 1997. Por lo que se refiere a la Directiva relativa a las bases de datos, que debía incorporarse antes del 1 de enero de 1998, sólo once Estados miembros han comunicado las medidas nacionales de ejecución.

La Comisión proseguirá sus esfuerzos para que todos los Estados miembros incorporen las directivas al Derecho nacional y velará también por la correcta aplicación de estos textos, que constituyen en lo sucesivo la parte más considerable del contencioso.

Todos los Estados miembros han comunicado ya las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 87/54/CEE del Consejo, relativa a la protección jurídica de las topografías de productos semiconductores, de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador, y de la Directiva 93/98/CEE del Consejo, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines.

En los procedimientos de infracción contra Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal, se han enviado dictámenes motivados por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección jurídica de las bases de datos. A raíz del dictamen motivado, Italia y Países Bajos notificaron medidas nacionales de ejecución, poniéndose en situación de conformidad durante el período de referencia, por lo que se archivaron los respectivos procedimientos de infracción. Por el contrario, se ha recurrido al Tribunal de Justicia contra Grecia (C-1999/484), Irlanda (C-1999/370), Luxemburgo (C-1999/348) y Portugal (C-1999/506).

También se enviaron dictámenes motivados en los procedimientos de infracción contra Bélgica por no haber ratificado los últimos Convenios de Berna (Acta de París de 1971) y de Roma (1961); contra Portugal, por no haber ratificado el Convenio de Roma (1961), y contra Irlanda, por no haber ratificado el Convenio de Berna (Acta de París de 1971). A raíz de la notificación de sus Actas de adhesión a dichos Convenios, se archivaron los procedimientos iniciados contra Bélgica y Portugal. En cambio, se decidió recurrir al Tribunal de Justicia (C-2000/013) contra Irlanda por no haber ratificado el Convenio de Berna (Acta de París de 1971).

Hay un procedimiento de infracción en fase de dictamen motivado contra Italia por no conformidad con la Directiva 93/98/CEE del Consejo, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines. Hay dos procedimientos de infracción en fase de requerimiento contra, por una parte, el Reino Unido por no conformidad con la Directiva 92/100/CEE del Consejo sobre derechos de alquiler y préstamo y, por otra parte, contra Dinamarca, por discriminación de las sociedades de gestión no nacionales.

Por último, en dos asuntos, el Tribunal de Justicia dictó sentencias el 12 octubre de 1999 y 25 de noviembre de 1999 contra Irlanda: una por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de la Directiva 92/100/CEE (C-1998/213), y otro, por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de la Directiva 93/83/CEE, relativa a la radiodifusión por satélite y a la retransmisión por cable (C-1998/212).

2.1.6.3. Protección de los datos

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de los datos en el sector de las telecomunicaciones, entraron en vigor el 25 de octubre de 1998.

Nueve Estados miembros han notificado las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 95/46/CE. Se están examinando las medidas adoptadas para determinar si se trata de incorporaciones completas y correctas.

La Comisión ha decidido ejercitar una acción ante el Tribunal de Justicia contra todos los Estados miembros que no han notificado la incorporación.

Por lo que se refiere a la Directiva 97/66/CE, véase el apartado 2.10 "Telecomunicaciones".

2.1.6.4. Contratos públicos

La realización del mercado interior en un ámbito clave de la economía europea, como los contratos públicos, requiere ante todo una incorporación correcta de las directivas comunitarias adoptadas en la materia. Sin embargo, una serie de directivas adoptadas en el ámbito de los contratos públicos seguían sin haberse incorporado en 1999. Así pues, en relación con las Directivas 97/52/CE y 98/04/CE que se refieren respectivamente a las directivas clásicas [45] y a los sectores especiales [46], y que integran determinadas normas del Acuerdo sobre Contratos Públicos, se han iniciado procedimientos por incumplimiento contra Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido.

[45] Directivas 93/36/CEE, 93/37/CEE y 92/50/CEE relativas, respectivamente, a la adjudicación de contratos públicos de suministro, obras y servicios.

[46] Directiva 93/38/CEE sobre los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones.

El examen de las medidas nacionales comunicadas relativas al conjunto de las directivas en materia de contratos públicos motivó un total de 18 procedimientos por incumplimiento por no conformidad, de los que 7 que se encuentran al menos en la fase del dictamen motivado. Estos casos se refieren a veces a cuestiones de principio.

Por otra parte, aunque la incorporación se haya efectuado, es necesario garantizar la aplicación efectiva de las normas. Por tanto, la Comisión prosiguió su acción de control de la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en procedimientos de adjudicación de contratos particulares, especialmente por medio de denuncias y por el análisis y seguimiento de los casos detectados de oficio.

A este respecto, a lo largo del año, tramitó 409 expedientes, entre ellos 229 nuevos casos. Al mismo tiempo, pudieron archivarse 104 expedientes, en la mayoría de los casos a raíz de acciones emprendidas por los órganos de contratación o sus autoridades tutelares para solucionar las irregularidades cometidas. El procedimiento de diálogo y concertación ("reuniones-paquete") establecido con el fin de ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de buscar, de común acuerdo, soluciones conformes al Derecho comunitario en los litigios en curso, evidentemente, ha contribuido a ello.

Pueden citarse algunos ejemplos.

A raíz de la intervención de los servicios de la Comisión, varios órganos de contratación anularon procedimientos de adjudicación de contratos, en particular, contratos de servicios de recogida de residuos, servicios de seguro y servicios de restauración. Así, por ejemplo, el SACE, organismo encargado del seguro de los créditos a la exportación en Italia, anuló un contrato de gestión de servicios de tesorería. En un caso relativo a Portugal, tras la intervención de los servicios de la Comisión, las autoridades nacionales enviaron a los órganos de contratación una circular que prohibía exigir a los nacionales de la Unión no establecidos en Portugal cualquier inscripción en los registros y colegios profesionales portugueses y que recordaba la obligación de definir con la precisión requerida, antes de iniciar el procedimiento de adjudicación, el objeto y las condiciones de ejecución del contrato.

En 1996, la Comisión había recurrido al Tribunal de Justicia porque en la construcción del centro administrativo de la nueva capital "St. Pölten" para el Estado Federado de Baja Austria, las autoridades competentes no habían publicado anuncios de licitación, retirando así los contratos de la competencia. Como Austria no impugnó el fundamento de las infracciones que se le imputaban, fue condenada por violación de las Directivas 93/37/CEE y 89/665/CEE, así como del artículo 28 [47].

[47] Asunto C-328/96, sentencia de 28 de octubre de 1999.

Por otra parte, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado a Alemania relativo a un contrato público de servicios de la ciudad de Braunschweig para la eliminación térmica de residuos, adjudicado sin haberse publicado el anuncio de licitación y sin que lo justificaran razones técnicas. Aunque las autoridades alemanas han reconocido la violación de la Directiva 92/50/CEE, el procedimiento de infracción prosiguió, puesto que el contrato tiene una duración de 30 años y sigue surtiendo efectos.

Otros casos han sido, o serán sometidos, al Tribunal de Justicia.

Así, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra Italia por no haber comunicado las medidas de incorporación de la Directiva 97/52/CE y por la ley de la región de Lombardía que permite adjudicar contratos públicos y concesiones de obras públicas para la realización de instalaciones de tratamiento de residuos al margen de las normas comunitarias sobre contratos públicos de obras.

La Comisión decidió también recurrir al Tribunal de Justicia contra Francia con respecto a numerosos casos de no publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de contratos de obras adjudicados por organismos responsables de las viviendas sociales, ya que la Comisión considera que estas entidades están incluidas normalmente en el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria.

2.1.6.5. Fiscalidad directa

Durante el año de referencia la Comisión recibió un número creciente de denuncias en el ámbito de los impuestos directos, después de haber eliminado otros obstáculos por medidas legislativas adoptadas a nivel comunitario. A este respecto, hay que destacar la dificultad de corregir las imperfecciones del mercado interior en el ámbito de los impuestos directos dada la norma de unanimidad requerida en el Consejo en relación, en este sector, con el artículo 94 CE. Sin embargo, muchos casos pueden solucionarse en la fase inicial, ya que a menudo se trata de desconocimiento por parte de los denunciantes de sus derechos y obligaciones, o de desconocimiento por parte de las administraciones fiscales de ciertos aspectos del Derecho comunitario que, sin embargo, pueden tenerse en cuenta en el marco de una reclamación.

Por ello, la Comisión sólo emitió en 1999 dos dictámenes motivados. El primero se envió a Alemania, en virtud de los artículos 43 y 48 del Tratado, dado que su legislación sobre tributación de sociedades (KStG) prevé un tipo diferencial sobre los beneficios de las sociedades alemanas. En efecto, los beneficios distribuidos se someten a un tipo impositivo del impuesto de sociedades del 30%, mientras que los beneficios no distribuidos soportan un tipo del 40%. Esta diferencia de trato se debe a que los beneficios distribuidos, es decir, los dividendos, se someten al impuesto sobre la renta del accionista, y este último puede pedir un crédito tributario igual al impuesto de sociedades que grava los dividendos. Por lo que se refiere a las sucursales alemanas de sociedades extranjeras (establecimientos permanentes), los beneficios realizados en Alemania se someten al impuesto de sociedades alemán; para ellas, el tipo es siempre del 40%, tanto si hay redistribución de los beneficios como si no. Esta tributación diferencial es contraria a los artículos del Tratado antes citados.

El segundo dictamen motivado se envió a Grecia por un régimen fiscal discriminatorio para los ciudadanos europeos no griegos en la adquisición de inmuebles con divisas extranjeras. Una ley griega de 1950 preveía, bajo determinadas condiciones, la exención del impuesto sobre la transmisión de bienes inmuebles (que es, según el valor del bien, del 9 o del 11%) para los nacionales griegos que compraran inmuebles con divisas extranjeras. Esta ley sigue estableciendo, para otros casos, un tipo impositivo reducido a la mitad. La exención se abandonó en 1997, pero se incluyeron en la disposición que preveía el tipo reducido las categorías de operaciones antes exoneradas. La Comisión considera que la concesión del tipo preferente únicamente a los nacionales griegos es una infracción de un principio fundamental de la Unión: la no discriminación por razón de la nacionalidad (artículo 12 del Tratado). Se considera que este principio, que forma parte de las distintas libertades constitutivas del mercado interior (artículo 14 del Tratado), no se respeta por vulnerarse en distintas situaciones dichas libertades. Por tanto, la Comisión constató una violación del principio de la libre circulación de personas (para los trabajadores por cuenta ajena: artículo 39 del Tratado y artículo 7 del Reglamento 1612/68 [48]; para los trabajadores por cuenta propia: artículo 43 del Tratado), así como de la libre circulación de capitales (artículo 56 del Tratado).

[48] DO L 257, de 19.10.1968, p. 2.

2.1.6.6. IVA

En materia de IVA, el objetivo principal contemplado por la Dirección General TAXUD sigue siendo la adopción del sistema común de IVA basado en el principio del país de origen. Esta orientación guía el conjunto de los trabajos sobre IVA. No obstante, habida cuenta del ritmo de los mismos, conviene avanzar además en la simplificación y modernización del sistema de IVA, así como en el marco de la armonización indispensable derivada de problemas técnicos concretos.

El cumplimiento de las disposiciones ya adoptadas, en particular, en materia de base imponible uniforme, reviste en este contexto una importancia particular y la Dirección General TAXUD vela por la detección inmediata de cualquier incumplimiento a este respecto. Durante 1999, se incoaron varios procedimientos nuevos por aplicación incorrecta de las disposiciones de la Sexta Directiva IVA [49]:

[49] DO L 145, de 13.6.1977, p. 1.

- Alemania: Las autoridades alemanas exoneran del IVA las actividades de investigación efectuadas por las Altas Escuelas de Estado (véase 4 n° 21.a del USTG), lo que es contrario al apartado 1 del artículo 2 de la Sexta Directiva dado que, por una parte, estas Escuelas son sujetos pasivos en la medida en que, no actuando como entes públicos, efectúan operaciones de carácter oneroso y, por otra parte, las actividades de investigación son imponibles y no están exoneradas.

- Francia: La ley francesa de finanzas para 1998 suprimió la deducibilidad parcial del IVA (50%) correspondiente al gasóleo utilizado para actividades imponibles en vehículos excluidos del derecho a deducción. Esta nueva medida francesa infringe las disposiciones comunitarias ya que, si bien Francia - con arreglo al apartado 6 del artículo 17 de la Sexta Directiva, que autoriza a los Estados miembros a conservar las limitaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de la Sexta Directiva IVA - podía mantener la prohibición del derecho a deducción que preexistía para algunos vehículos, no está autorizada a introducir una exclusión del derecho a deducción para el gasóleo utilizado en dichos vehículos.

- Grecia: Las autoridades griegas imponen la regularización del IVA que haya gravado la adquisición de bienes y haya sido objeto de una deducción por parte del sujeto pasivo comprador, cuando dichos bienes se destruyan y una compañía de seguros reembolse su valor. Esta práctica es contraria a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 20 de la Sexta Directiva, que prohíbe la regularización de las deducciones en caso de destrucción, pérdida o robo fehacientemente justificados.

- Italia: Los sujetos pasivos italianos que habían importado de otros Estados miembros, durante el año 1992 un importe superior al 10% de su volumen de negocios y tuvieran un crédito tributario por un importe no inferior a 100 millones de liras no pudieron deducir el IVA. La ley precisaba que, como compensación, recibirían valores del Estado. Ahora bien, con arreglo el apartado 4 del artículo 18 de la Sexta Directiva, en caso de crédito tributario, los Estados miembros deberán proceder a la devolución del excedente, o bien trasladarlo al período impositivo siguiente. Sin embargo, parece que determinados sujetos pasivos no han recibido dichos valores y que, en la medida en que los sujetos pasivos no han podido hacer líquidos dichos valores, en realidad el Estado italiano ha trasladado la devolución a los períodos siguientes y no al período siguiente (es decir, una única vez) como precisa la Directiva.

La Comisión envió también un dictamen motivado a Alemania, España, Finlandia, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia, que no gravan la subvención pagada por la Unión Europea a las empresas de transformación que producen forraje seco (esta subvención representa una suma pagada por una tercera parte y permite a la empresa obtener un precio rentable en un sector donde el precio mundial es inferior a su precio de coste), mientras que la Directiva prevé que deben incluirse en la base imponible "las subvenciones directamente vinculadas al precio". Esta situación también crea una distorsión de competencia entre las empresas de transformación de los distintos Estados miembros.

También hay que destacar el recurso al Tribunal de Justicia en una serie de procedimientos por incumplimiento iniciados anteriormente por la Comisión. Cuatro de los recursos se refieren a Francia: el primero es sobre el IVA percibido sobre los honorarios de transmisión habida cuenta de las prestaciones de los laboratorios de análisis médicos [50], el segundo sobre el IVA correspondiente a las mercancías compradas a precio reducido con bono de compra [51], el tercero sobre el ejercicio del derecho a deducción para los vehículos destinados a la actividad no exclusiva de autoescuela [52], y el cuarto sobre la exclusión de las propinas en la base imponible del IVA en determinadas empresas (hoteles, restaurantes, cafés, peluquerías, etc.) [53]. Se presentó otro recurso ante el Tribunal de Justicia contra España, visto el tipo reducido de IVA aplicado por este país a los peajes de autopista [54].

[50] Asunto C-76/99.

[51] Asunto C-156/99.

[52] Asunto C-345/99.

[53] Asunto C-404/99.

[54] Asunto C-83/99.

Otras infracciones se archivaron cuando los Estados miembros en cuestión se ajustaron al punto de vista de la Comisión. Es el caso de: España, que modificó su legislación en materia de IVA sobre los organismos deportivos con arreglo a la sentencia del Tribunal de Justicia de 7.5.1988 en el asunto C-124/96 [55]; Alemania, que derogó la legislación impugnada sobre deducción del IVA que grava los gastos efectuados por los sujetos pasivos en un viaje, una misión o un traslado; y, por último, Francia que, en primer lugar, modificó su régimen fiscal relativo a las indemnizaciones que los arrendatarios pagan a la sociedad de arrendamiento financiero en caso de robo o siniestro de coches alquilados y, en segundo lugar, suprimió la tributación diferencial en materia de equipos para minusválidos. Dos infracciones tramitadas anteriormente relativas, por una parte, a la exención del oro en Austria y, por otra, al tipo cero aplicado a las entregas de residuos de metales en Italia, también pudieron archivarse tras resolverse en el marco de los trabajos del Consejo.

[55] Rec. 1998, p. I-6151.

2.1.6.7. Otros impuestos indirectos

El 1 de julio de 1999 desaparecieron las exenciones aplicables a las ventas libres de impuestos entre los Estados miembros, es decir, que las ventas de tabaco o productos alcohólicos a bordo de los transbordadores se sujetan desde entonces a los impuestos especiales, excepto los bienes destinados al consumo a bordo que pueden seguir exentos, como es el caso, por ejemplo, de las ventas de alcohol a bordo de los barcos de cruceros. En 1999, la Dirección General TAXUD también desarrolló acciones para la aplicación de las recomendaciones del grupo de alto nivel por lo que se refiere a la lucha contra el fraude en el ámbito de los impuestos especiales, en particular, la introducción de un sistema de alerta rápida basado en el estudio emprendido en materia de informatización del control de los movimientos de los productos objeto de la lucha contra el fraude.

En este ámbito de los impuestos especiales, el cumplimiento de las disposiciones del artículo 90 del Tratado, destinado a garantizar la ausencia de discriminación respecto de los productos importados de otros Estados miembros, es objeto de una vigilancia intensa por parte de los servicios de la Comisión, de ahí el inicio de varios procedimientos nuevos tanto en el sector de las bebidas alcoholizadas y del tabaco, como sobre la imposición de los vehículos automóviles.

Por lo que se refiere a los derechos indirectos sobre el alcohol, la Comisión envió un dictamen motivado a los Estados miembros siguientes:

- Austria: la Comisión considera que el impuesto municipal austríaco sobre las bebidas sólo se recauda con el fin de permitir a los municipios austríacos obtener ingresos complementarios, pero no persigue una "finalidad específica", por ejemplo, social o medioambiental. También considera que la exención del impuesto municipal en favor del vino directamente suministrado por los productores a los consumidores finales debe considerarse discriminatoria para los productos procedentes de los otros Estados miembros.

- Grecia: las autoridades griegas introdujeron un tipo reducido al 50% sobre el ouzo, mientras que las bebidas similares importadas de los otros Estados miembros siguen gravándose al tipo pleno. Tal tributación diferencial, que beneficia solamente a los fabricantes griegos de ouzo - Grecia es el productor exclusivo de esta bebida - es contraria al artículo 90 del Tratado.

- Irlanda: las autoridades irlandesas aplican a la cerveza un impuesto especial de 15,65 IEP por hectolitro y grado de alcohol de producto acabado. Esto corresponde, en el caso de una cerveza con un volumen del 5%, a aproximadamente 78 IEP por hectolitro. Por el contrario, un vino con un grado de alcoholimetría comparable se grava con un impuesto especial de 215 IEP. Puesto que consta que la producción de vino en este país es casi inexistente, la medida en cuestión constituye una tributación diferencial inaceptable según lo dispuesto en el artículo 90 del Tratado.

En este mismo sector, se archivaron dos infracciones contra Francia tras la modificación de la legislación nacional al respecto a raíz de la acción de la Comisión. Por una parte, se trata de la infracción relativa al derecho de fabricación sobre los alcoholes y, por otra parte, de la relativa a la tributación de algunas mezclas de bebidas alcoholizadas y no alcoholizadas, aunque la conformidad de la nueva legislación francesa sobre estos productos están siendo objeto de un examen detallado.

Por lo que se refiere a los impuestos especiales sobre los tabacos manufacturados, la Comisión envió un dictamen motivado a Francia por la nueva legislación relativa a los cigarrillos. Ésta prevé, por una parte, que el precio por 1.000 unidades de cigarrillos de una categoría vendidos con la misma marca no puede ser inferior al precio aplicado al producto más vendido de la marca (precio de referencia mínimo) y, por otra parte, que el tipo mínimo del impuesto especial sobre cigarrillos negros es inferior al impuesto especial sobre cigarrillos rubios. Estas nuevas disposiciones no se ajustan a la Directiva 95/59/CEE [56], que establece que los fabricantes determinarán libremente los precios de venta al por menor de cada uno de sus productos (la nueva obligación de determinar el precio en función de 1.000 unidades equivale a imponer un precio de referencia mínimo), ni a las Directivas 92/79/CEE [57] y 95/59/CEE, que prevén la aplicación de un solo impuesto especial mínimo e idéntico para todas las marcas y clases de cigarrillos. Además, dado que Francia fabrica mayoritariamente cigarrillos negros, la nueva legislación infringe también la prohibición de discriminación y protección fiscales prevista en el artículo 90 del Tratado.

[56] DO L 291, de 6.12.1995, p. 40.

[57] DO L 316, de 31.10.1992, p. 8.

Se inició también un procedimiento contra Italia que percibe un impuesto de 1.260.000 ITL por tonelada sobre los lubricantes. Ahora bien, con arreglo al apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 92/82/CEE [58], la utilización de hidrocarburos como lubricante está expresamente exonerada del impuesto especial. Además, el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 92/12/CEE [59] sólo autoriza a los Estados miembros a mantener otros derechos o impuestos sobre los productos sujetos a impuestos especiales armonizados en la medida en que respeten la estructura de los impuestos especiales armonizados. En cambio, un producto exonerado del impuesto especial armonizado no puede ser gravado por otro derecho.

[58] DO L 316, de 31.10.1992, p. 19.

[59] DO L 76, de 23.3.1992, p. 1.

En el sector de los impuestos indirectos sobre los vehículos automóviles, procede señalar el inicio de dos procedimientos contra Portugal. El primero se refiere a los impuestos reducidos aplicados a algunos vehículos polivalentes en función de algunos criterios (peso igual o superior a 2.500 kg, altura igual o superior a 1,20 m, etc.), criterios que corresponden solamente a vehículos polivalentes fabricados en Portugal. Por tanto, los vehículos polivalentes fabricados en los otros Estados miembros - cuyos datos técnicos varían ligeramente, pero son evidentemente productos similares - quedan excluidos de esta ventaja fiscal concedida por la legislación portuguesa, lo que constituye una discriminación según lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 90 del Tratado. El segundo procedimiento se refiere a la tributación en Portugal de los coches de ocasión importados de otros Estados miembros. En efecto, con el fin de ajustarse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que exige a los Estados miembros tener en cuenta la depreciación real del vehículo de ocasión con el fin de calcular la base imponible (taxable amount), Portugal adoptó un método de cálculo global de la depreciación de los vehículos, dado que el tipo máximo de reducción se fijó en el 67% para los vehículos de 8 años y más. Ahora bien, la Comisión considera que, habida cuenta de la evolución de la técnica, los vehículos todavía pueden circular después de 8 años y que siguen despreciándose después de esa edad. Por lo tanto, el método de cálculo global portugués es discriminatorio para los vehículos de ocasión procedentes de los otros Estados miembros (los coches de ocasión portugueses ya soportaron el impuesto cuando eran nuevos). Conviene subrayar que, en un caso similar contra Grecia, el Tribunal de Justicia concluyó la existencia de un incumplimiento por parte del Estado miembro en cuestión (sentencia de 23.10.1997 en el asunto C-375/95) [60].

[60] Rec. 1997, p. I-5981.

En este mismo sector, un nuevo procedimiento tiene por objeto cuestionar la legislación austríaca en materia de IVA, que prevé que solamente los vehículos equipados de fábrica con un espacio de carga de un mínimo de 500 mm de longitud situado completamente al fondo tras la tercera fila de asientos, tienen derecho a la deducción del IVA. Ahora bien, en la práctica, entre todos los vehículos del mismo tipo de origen comunitario, un único polivalente (Chrysler Grand Voyager), fabricado en Austria, se beneficia realmente de esta medida. Esta disposición fiscal debe considerarse discriminatoria y, en cualquier caso, proteccionista, según lo dispuesto en el artículo 90 del Tratado, para los polivalentes producidos en los demás Estados miembros de la Unión Europea.

Por último, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra Francia sobre un procedimiento anteriormente iniciado en materia de impuestos a la importación de los vehículos de gran potencia [61], así como de los vehículos equipados de una caja de cambios automática de cinco velocidades o de una caja de cambios manual de 6 velocidades. Por el contrario, la infracción tramitada contra Países Bajos relativa al nuevo impuesto de matriculación, llamado BPM, pudo archivarse cuando el método de cálculo del impuesto para los vehículos importados se corrigió en función de las observaciones hechas por la Comisión, puesto que ahora este método de cálculo se ajusta al artículo 90 del Tratado.

[61] Asunto C-265/99.

2.2. COMPETENCIA

El número de procedimientos iniciados contra Estados miembros no evolucionó sensiblemente con relación a 1998 (36 en vez de 35). A 31 de diciembre de 1999, la Dirección General de competencia había tramitado 69 expedientes de infracción. Por lo que se refiere a los ámbitos de actividades, un cambio importante con relación a 1998 es la disminución de nuevos casos en el sector de las telecomunicaciones (1998: 26 nuevos casos; 1999: 11 nuevos casos). Se sigue observando también una reducción del número de nuevos asuntos en el ámbito de los transportes (solamente 5 nuevos casos). Paralelamente, procede señalar la aparición o el aumento de casos en el ámbito de los seguros sociales, las profesiones liberales y los juegos de azar.

Por lo que se refiere a la aplicación de las directivas en materia de competencia en el sector de las telecomunicaciones, el equipo común ("joint team") examinó con todo detalle con cada uno de los Estados miembros la correcta incorporación y la aplicación efectiva de estas directivas, con motivo de la preparación del Quinto informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de telecomunicaciones [62], adoptado el 10 de noviembre de 1999 por la Comisión. Paralelamente, la Comisión prosiguió los procedimientos del artículo 226 del Tratado ya incoados contra algunos Estados miembros e incoó otros nuevos.

[62] COM(1999)537 final.

2.2.1. Empresas públicas

En el sector de las telecomunicaciones, se archivaron 9 procedimientos y se incoaron 11.

En este sector, la Comisión decidió enviar en 1999 5 dictámenes motivados por no conformidad de normativas nacionales a directivas sobre competencia en materia de telecomunicaciones o aplicación incorrecta de estas directivas. Estos dictámenes se enviaron a Austria, España, Francia, Grecia e Italia.

Procede añadir dos dictámenes motivados, a Bélgica y a Portugal, no mencionados en el informe de 1998, en los que la decisión de la Comisión data de 2 de diciembre de 1998, pero que no se enviaron hasta marzo de 1999. Sin embargo, el asunto portugués pudo archivarse el 22 de diciembre de 1999. La infracción era no haber incorporado la Directiva 90/388 [63], en su versión modificada por la Directiva 96/19 [64], en relación con la Decisión de la Comisión, de 12 de febrero de 1997, relativa a la concesión a Portugal de plazos suplementarios para aplicar la Directiva 90/388 por lo que se refiere a la plena competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Estas disposiciones preveían la notificación a la Comisión de todas las medidas adoptadas, a más tardar el 1 de julio de 1997, para suprimir las restricciones al establecimiento y utilización de infraestructuras alternativas para la oferta de servicios ya liberalizados. Ahora bien, Portugal no había notificado todas las medidas necesarias. Había suprimido las restricciones legales, pero había previsto un plazo de 120 días para modificar las licencias existentes. Además, no había definido los derechos de los inversores potenciales ni fijado el importe de los cánones. Pudo archivarse tras la notificación, el 21 de abril de 1999, del Decreto-Ley 92/99 y la confirmación, en una reunión bilateral, el 14 de septiembre, de que ya se habían concedido 8 licencias desde principios de 1999. El asunto belga fue objeto de un recurso ante el Tribunal de Justicia, del que se informa infra. Lo mismo ocurre con otro asunto portugués, relativo a los servicios "call back", en el que se había decidido enviar un dictamen motivado el 21 de abril de 1999.

[63] Directiva de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones

[64] Directiva de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo referente a la realización de la plena competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

Austria aplicó mal la Directiva 96/2/CE, prohibiendo la atribución de frecuencias DCS-1800 a los operadores ya titulares de frecuencias GSM-900, salvo si podían demostrar problemas de congestión en la banda de los 900 MHz. Esta excepción favorecía no obstante a Mobilkom, el antiguo operador público, que fue autorizado a iniciar su servicio cerca de tres años antes del segundo operador, Maxmobil, y tiene por lo tanto más abonados. Austria, no obstante, concedió también frecuencias 1800 al segundo operador, lo que puso fin a la infracción.

A principios de 1999, la Comisión también envió dictámenes motivados a Italia y España, que no habían autorizado a los antiguos monopolios de telecomunicaciones a reequilibrar sus tarifas (y, en particular, a ajustar la tasación a los costes subyacentes), sin, como prevé la Directiva 90/388/CEE modificada por la Directiva 96/19, notificar un calendario detallado para eliminar el desequilibrio. No obstante, la Comisión aplazó la interposición del recurso en estos dos procedimientos, cuando España confirmó que consideraba que las tarifas de Telefónica estaban suficientemente reequilibradas e Italia decidió las adaptaciones arancelarias e introdujo un "price cap" que permitía a Telecom Italia cambiar sus tarifas respetando los límites máximos previstos. La Comisión, sin embargo, prosiguió el examen de estas medidas, habida cuenta, en particular, de la denuncia de Telefónica contra la decisión del Gobierno español de considerar sus tarifas reequilibradas.

La Comisión envió también un dictamen motivado a Francia, por una parte, por haber impuesto, en particular, a los operadores móviles, contribuciones al coste neto del servicio universal prestado por France Télécom en 1997, mientras que esta última todavía gozaba del monopolio de la telefonía vocal y, por otra parte, haber aplicado un método de cálculo de este coste neto susceptible de sobreevaluar el coste. Por último, la Comisión envió un dictamen motivado a Grecia, que seguía sin incorporar ni aplicar correctamente la Directiva 94/46/CE [65], que liberaliza la prestación de servicios por satélite. En efecto, las autoridades griegas aún no habían autorizado a ninguna empresa además de al operador público OTE a prestar tales servicios.

[65] Directiva de la Comisión, de 13 de octubre de 1994, por la que se modifican las Directivas 88/301/CEE y 90/388/CEE especialmente en relación con las comunicaciones por satélite.

En 1999, la Comisión sometió al Tribunal de Justicia 5 recursos por no conformidad de normativas nacionales a directivas sobre la competencia en materia de telecomunicaciones o aplicación incorrecta de estas directivas. Los recursos se interpusieron contra Bélgica y Grecia (2 cada una) y Portugal.

Los recursos contra Bélgica se referían, por una parte, a la no incorporación de la obligación de definir principios de contabilidad analítica para el operador público de telefonía vocal, prevista en el artículo 4 de la Directiva 90/388, modificada por la Directiva 96/19, y, por otra parte, a la no conformidad con esta Directiva y con la Directiva 97/33 [66] de la normativa belga, que incluía indebidamente en el servicio universal tarifas preferentes en favor de la prensa escrita y no preveía ni el método de cálculo de las contribuciones de los operadores a la financiación del servicio universal (SU) ni un método provisional para el cálculo del coste neto de este servicio. No obstante, el primer recurso, interpuesto el 1 de julio contra Bélgica, se retiró posteriormente, a raíz de la aprobación de un Real Decreto, de 4 de octubre de 1999 estableciendo principios contables, lo que puso término a la infracción.

[66] Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP).

Se interpusieron dos recursos contra Grecia. El primero se refería a la aplicación incorrecta de la Directiva 90/388, modificada por la Directiva 96/2 [67], debido a que, a pesar de la disponibilidad de frecuencias, el Gobierno griego no definió las condiciones que había que cumplir para la concesión de una licencia móvil DCS 1800 adicional. El segundo se refería a la incorrecta aplicación del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 96/2, puesto que Grecia no liberalizó los servicios DECT en el plazo prescrito. Por último, el recurso contra Portugal, por no conformidad de su normativa con la Directiva 90/388, modificada por la Directiva 96/19, impugnaba la prohibición en dicho Estado miembro de servicios "call back", indebidamente asimilados a la telefonía vocal.

[67] Directiva de la Comisión, de 16 de enero de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en relación con las comunicaciones móviles y personales.

También en 1999 se dirigió un dictamen motivado a Portugal en un asunto de concentración. El 20 de julio, la Comisión adoptó una decisión en el asunto IV/M.1616 - BSCH/Champalimaud, en virtud del Reglamento n° 4064/89 del Consejo, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas. Esta decisión ordenó la suspensión de la decisión del Ministro de Hacienda portugués, de 18 de junio de 1999, oponiéndose a la concentración, debido a la contradicción entre esta decisión y el artículo 21 del Reglamento. En efecto, por una parte, las autoridades portuguesas no habían notificado previamente estas medidas y, por otra parte, los intereses que alegaban, en particular, los intereses nacionales y estratégicos, no podían ser considerados legítimos por la Comisión. Por lo que se refiere a los intereses prudenciales, también alegados, la Comisión expresó dudas fundadas sobre el hecho de fueran la base de las medidas adoptadas por estas autoridades. Mediante carta de 11 de agosto de 1999, las autoridades portuguesas impugnaron la decisión de la Comisión. En consecuencia, se inició un procedimiento de infracción contra Portugal. Vista la urgencia, por tratarse de una concentración en curso, el plazo de respuesta al requerimiento se redujo a 2 semanas. Las autoridades portuguesas transmitieron sus observaciones a la Comisión el último día del plazo, el 24 de septiembre. Estas observaciones no contenían ningún elemento nuevo y las autoridades reiteraban su intención de interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia contra la decisión de la Comisión de 20 de julio. La Comisión, por lo tanto, decidió enviar un dictamen motivado y, vista la urgencia, decidió reducir a una semana el plazo fijado para ajustarse a él. Este plazo expiró el 20 de octubre sin que las autoridades portuguesas proporcionaran la menor información a la Comisión. Una verificación efectuada el 26 de octubre confirmó la ausencia de respuesta. Posteriormente, hubo negociaciones entre el Comisario responsable de la competencia y el Ministro. A pesar de los sustanciales progresos, el procedimiento seguía abierto a 31 de diciembre de 1999.

En cuanto a la Directiva 93/84/CEE, por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, a raíz del envío, decidido el 15 de octubre de 1997, de un dictamen motivado a Grecia debido a un desacuerdo sobre el alcance de la obligación de comunicación exigida por la Directiva a los Estados miembros, las autoridades griegas comunicaron a la Comisión, el 2 de julio de 1998, las disposiciones adoptadas para incorporar la Directiva a la legislación griega. Visto el desacuerdo que subsistía entre la Comisión y Grecia sobre el alcance de las obligaciones impuestas a los Estados miembros por la Directiva, la Comisión había solicitado informaciones complementarias a las autoridades griegas el 19 de octubre de 1998, con un recordatorio de 7 de diciembre. El 24 de febrero de 1999, estas autoridades proporcionaron la lista de las 6 empresas que en 1997 estaban comprendidas en el ámbito de la Directiva, pero no las cuentas anuales de estas empresas, que, con arreglo a la Directiva, debían comunicar en un plazo máximo de nueve meses a partir del cierre del ejercicio financiero de las empresas. Por tanto, el procedimiento no pudo archivarse.

En el ámbito de los transportes, la Comisión adoptó el 10 de febrero una decisión contra Portugal en virtud del apartado 3 del artículo 86 [68], constatando que el sistema de descuento sobre las tasas de aterrizaje y la gradación según el origen del vuelo constituía una medida discriminatoria incompatible con el apartado 1 del artículo 86 en relación con el artículo 82. Las autoridades portuguesas interpusieron el 4 de mayo de 1999 un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia, pero sin solicitar la suspensión de la ejecución. Como Portugal no se ajustó a la decisión en el plazo prescrito de dos meses, la Comisión notificó a las autoridades portuguesas un escrito de requerimiento, tal como prevé el artículo 226 del Tratado.

[68] Publicada en el DO L 69, de 16.03.1999, p. 31.

2.2.2. Monopolios

No hay que señalar ningún caso de infracción del artículo 31 del Tratado en 1999.

2.3. POLÍTICA DE LA EMPRESA, COMERCIO, TURISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

Dos denuncias recibidas en 1999 fueron objeto de procedimientos de infracción por violación de los nuevos artículos 12 y 49 del Tratado CE.

La primera denuncia, contra la República portuguesa, se refería a tarifas preferentes concedidas únicamente a los nacionales portugueses de más de 60 años que se alojan en los hoteles tipo "Pousadas", administrados de manera exclusiva por la sociedad nacional ENATUR (sociedad nacional de turismo) por concesión del Gobierno portugués, que posee la totalidad de las acciones de esta sociedad nacional.

A raíz de la correspondencia mantenida por los servicios de la Comisión con las autoridades portuguesas, y a pesar de la ausencia de reconocimiento formal de la existencia de prácticas tarifarias discriminatorias por las autoridades portuguesas, las tarifas publicadas en el sitio web de "Pousadas de Portugal" en inglés se modificaron para incluir una promoción especial del 40% destinada a las personas de más de 60 años independientemente de su nacionalidad. Sobre esta base, se archivó el procedimiento de infracción.

La segunda, contra la República italiana, trataba de las tarifas preferentes discriminatorias concedidas únicamente a los nacionales italianos de más 60 años para la entrada en los museos y monumentos públicos italianos.

En ausencia de respuesta de las autoridades italianas a las solicitudes de información, se notificó un escrito de requerimiento el 01.07.99. El Gobierno italiano respondió el 05.10.99, habiendo vencido el plazo de respuesta el 01.09.99. Esta respuesta se juzgó insuficiente en la medida en que reconoce la existencia de la infracción sin ofrecer medidas adecuadas para poner término al incumplimiento. Por ello, la Comisión emitió contra la República italiana el dictamen motivado previsto en párrafo primero del artículo 226 del Tratado CE.

2.4. EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y JUVENTUD

El número de las denuncias e infracciones relativas al ámbito de la educación no presenta cambios frente a años anteriores. Así, la cifra de denuncias, solicitudes de información y cartas de estudiantes que encuentran dificultades u obstáculos en su movilidad en este sector es creciente. Sin embargo, solamente un número reducido de casos se refieren a situaciones donde la legislación de los Estados miembros implica una discriminación directa o indirecta fundada en la nacionalidad es contraria al Tratado. Es necesario saber que ahora, y de conformidad con el Tratado CE, cada Estado miembro es responsable del contenido de la enseñanza que imparte y de la organización de su propio sistema educativo.

Las autoridades competentes tienen derecho a supeditar la inscripción a un curso a la obtención previa del reconocimiento académico de las cualificaciones adquiridas en otro Estado miembro. Éstos son también libres de establecer las normas que regulan este tipo de procedimiento, ya que no hay normas comunitarias que exijan a un Estado miembro el reconocimiento, con fines académicos, de los títulos obtenidos en otro Estado miembro. Sin embargo, por lo que se refiere a las condiciones de acceso a la educación y a la formación profesional, los Estados miembros deben abstenerse, con arreglo al artículo 12 del Tratado CE, de toda discriminación directa o indirecta basada en la nacionalidad.

Gran número de estos casos particulares que llegan a nuestro conocimiento pueden solucionarse facilitando a los interesados informaciones claras sobre sus derechos y el alcance del Derecho comunitario en este ámbito.

Sin embargo, la Comisión envió sendos escritos de requerimiento a Bélgica y a Austria. En ambos casos, la Comisión consideró contraria al Tratado la legislación nacional que impone a quienes están en posesión de títulos de enseñanza secundaria expedidos en otro Estado miembro condiciones de acceso a la enseñanza universitaria o superior diferentes de las que se exigen a quienes están en posesión de títulos nacionales. Estas medidas, que consisten bien en la superación de un examen o en la presentación de un certificado que demuestra que el estudiante ya ha sido admitido en los cursos de su elección en el Estado miembro de origen, constituyen una discriminación prohibida por el Tratado.

2.5. ASUNTOS SOCIALES

Está prácticamente acabada la incorporación nacional de las directivas sociales. De un total de 63 directivas, 53 ya han entrado en vigor y requirieron la aprobación de medidas de incorporación en los quince Estados miembros. Un 71,69% de estas últimas, es decir, 38 directivas, ya se han incorporado en todos los Estados. El pleno cumplimiento de estas disposiciones es la principal preocupación de la Comisión, que verifica la incorporación conforme en cada Estado miembro.

2.5.1. Libre circulación de trabajadores

La Comisión inició o prosiguió una serie de procedimientos de infracción contra varios Estados miembros relativos a la aplicación de los Reglamentos (CEE) n° 1612/68 y 1408/71.

Continúa el procedimiento de infracción contra Bélgica por no ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-47/93, relativo a la financiación de las universidades belgas para la recepción de estudiantes de otros Estados miembros con el solo objetivo de seguir cursos universitarios.

Los procedimientos de infracción contra Alemania relativos, por una parte, a la prestación de asistencia social a los trabajadores migrantes a raíz de la reagrupación familiar y, por otra, a condicionar la concesión de asignaciones sociales a la presentación de la tarjeta de residencia, prosiguen su curso. A raíz de los dictámenes motivados dirigidos a Alemania a este respecto, los servicios de la Comisión colaboran con las autoridades alemanas con el fin de lograr una solución satisfactoria de estas cuestiones.

Prosigue el procedimiento de infracción sobre la normativa y las prácticas danesas que limitan la utilización en Dinamarca, por parte de los trabajadores fronterizos que allí residen, de vehículos matriculados en otro Estado miembro que pertenezcan a su empresario establecido en Dinamarca. Entretanto, Dinamarca ha modificado su normativa de manera no enteramente satisfactoria según la Comisión.

Tras las gestiones de la Comisión, Francia, Luxemburgo y Bélgica modificaron sus normativas sobre la exclusión de los trabajadores fronterizos de las tarifas reducidas para familias numerosas en los medios de transporte de estos países debido a que no residen en ellos. Por consiguiente, la Comisión decidió archivar estos procedimientos de infracción.

Al modificar los Países Bajos su normativa, se archivó el procedimiento de infracción contra este Estado, relativo a la exclusión de los trabajadores fronterizos belgas en paro del beneficio de un fondo que tenía como objetivo la financiación del seguro de pensión complementaria durante el período de desempleo subsidiado.

A raíz de las gestiones de la Comisión ante las autoridades neerlandesas sobre la cuestión del coste de la expedición de los documentos de residencia permanente en ese país, se regularizó la situación y se archivó el procedimiento de infracción.

Al haber modificado Luxemburgo su legislación, la Comisión decidió archivar el procedimiento de infracción contra ese Estado relativo al requisito de nacionalidad para acceder a la función pública luxemburguesa. En cambio, siguen su curso los procedimientos de infracción contra Grecia, sobre la base del artículo 228 del Tratado CE, y contra España, sobre la base del artículo 226 del Tratado CE, en el mismo ámbito. En el caso de Grecia, si se recurre finalmente al Tribunal de Justicia, la Comisión propondrá que imponga una multa coercitiva de 57400 EUR.

A raíz de la jurisprudencia Schöning [69] y Comisión contra Grecia [70], y sobre la base de las denuncias correspondientes, la Comisión comenzó el análisis de las normativas de una serie de Estados miembros por lo que se refiere a la consideración de antigüedad que un trabajador contratado por el servicio público de un Estado miembro haya adquirido en el servicio público de otro Estado miembro. Como consecuencia de este examen, la Comisión envió dictámenes motivados a Alemania y a Irlanda.

[69] Sentencia del Tribunal de Justicia, de 15 de enero de 1998, en el asunto C-15/96, Kalliope Schöning-Kougebetopoulou contra Freie und Hansestadt Hamburg, Rec. 1998, p. I-47.

[70] Sentencia del Tribunal de Justicia, de 12 de marzo de 1998, en el asunto C-187/96, Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica, Rec. 1998, p. I-1095.

En el ámbito de la coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia en relación con la ley especial alemana sobre las prestaciones de seguridad social para los artistas (Kunstlersocialversicherungsgesetz-KSVG) [71]: Alemania retiene contribuciones sobre las remuneraciones pagadas por los editores alemanes a los escritores no sujetos a la legislación alemana, según las disposiciones del Reglamento 1408/71 relativas a la determinación de la ley aplicable. Además, el Tribunal de Justicia estimó ambos recursos en los asuntos relativos a la retención por las autoridades francesas de la "contribución social generalizada" (CSG) [72] y de la "Cotización para el reembolso de la deuda social" (CRDS) [73] sobre las rentas del trabajo y de sustitución de los trabajadores fronterizos. Sigue pendiente ante el Tribunal de Justicia el asunto contra Bélgica relativo a la exacción de una cotización personal del 13,07% sobre las pensiones belgas de los beneficiarios que residen en otro Estado miembro, donde reciben otra pensión concedida por este Estado [74].

[71] Asunto C-68/99.

[72] Asunto C-169/98.

[73] Asunto C-34/98.

[74] Asunto C-347/98.

La Comisión decidió archivar el asunto contra Francia relativo a la interpretación de las condiciones administrativas previstas por el artículo R313.5 del Código francés de Seguridad Social, cuando la persona que solicita una prestación de invalidez no trabajaba en territorio francés en el momento en que se materializó el riesgo de invalidez. Las autoridades francesas se comprometieron a interpretar estas disposiciones a la luz de las disposiciones pertinentes del Tratado y se redactó una circular en este sentido.

Se iniciaron tres nuevos procedimientos con el envío de un dictamen motivado:

- a Dinamarca, por lo que se refiere a la negativa de sus autoridades a aplicar su legislación y a pagar prestaciones a los trabajadores de los otros Estados miembros que trabajan en una plataforma petrolífera en la plataforma continental danesa. Esta negativa priva a varios trabajadores británicos de los beneficios de seguridad social. La Comisión opina que el artículo 39 del Tratado CE y la letra a) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento 1408/71 obligan Dinamarca a afiliar a estos trabajadores a su sistema de seguridad social, a pesar de que el empresario resida en la Isla de Man;

- a las autoridades neerlandesas, por lo que se refiere a la negativa a seguir pagando subsidios de desempleo a un trabajador fronterizo que desea buscar trabajo durante tres meses en Francia. La Comisión considera que el artículo 69 del Reglamento 1408/71 obliga a los Países Bajos a exportar los subsidios de desempleo, y no distingue entre los trabajadores fronterizos y los demás trabajadores;

- en Francia, por lo que se refiere al derecho de los funcionarios de la enseñanza que, según la legislación francesa, no percibirían su pensión francesa para los períodos de desplazamiento a pesar de que, durante los mismos, están obligados a pagar las cotizaciones de seguro de vejez previstas tanto en la legislación francesa como en la legislación del Estado miembro de acogida. La Comisión considera que esta situación constituye un obstáculo a la libre circulación de trabajadores.

2.5.2. Igualdad de trato a hombres y mujeres

La Comisión interpuso ante el Tribunal de Justicia un recurso contra Francia [75], en virtud del artículo 228 del Tratado CE, por no haber adoptado las medidas necesarias para ajustarse a la sentencia dictada el 13 de marzo de 1997 en el asunto C-197/96 [76], que condenaba a Francia por haber mantenido una prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en la industria mientras que tal prohibición no se aplica a los hombres. La Comisión pide al Tribunal de Justicia que imponga a Francia una multa coercitiva de 142.425EUR. En cambio, el procedimiento de infracción similar incoado contra Italia a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de diciembre de 1997 [77] se archivó tras la comunicación de las medidas que modifican la legislación incompatible con el Derecho comunitario.

[75] Asunto C-224/99.

[76] Sentencia del Tribunal de Justicia, de 13 de marzo de 1997, en el asunto C-197/96, Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa, Rec. 1997, p. I-1489.

[77] Asunto C-207/96, Comisión contra Italia, (Rec. 1997, p. I-6869).

Respecto a la Directiva 92/85/CEE sobre la protección de las mujeres embarazadas, la Comisión envió varios dictámenes motivados:

- a Francia, por no haber previsto específicamente en su legislación la posibilidad de que las mujeres embarazadas puedan ser dispensadas de trabajar si es necesario para la protección de su salud;

- a Irlanda, en la medida en que la evaluación que hay que hacer de los riesgos para la salud de las trabajadoras debe referirse a una serie de actividades recogidas en una lista no exhaustiva adjunta a la Directiva. Ahora bien, la normativa considera exhaustiva esta lista, lo que es contrario a la Directiva;

- a Italia, por haber establecido una prohibición absoluta del trabajo nocturno en el sector manufacturero desde la concepción hasta el séptimo mes después del parto;

- a Luxemburgo, en primer lugar, por haber establecido en su legislación que la mujer embarazada deba estar afiliada a un sistema de seguridad social, lo cual no está previsto en la Directiva; en segundo lugar, por no haber exigido al empresario proceder a una evaluación de los riesgos para la salud y la seguridad de las mujeres embarazadas y, por último, por haber prohibido indebidamente el trabajo nocturno de las mujeres en determinadas circunstancias;

- y a Suecia, por no haber previsto en su legislación un período obligatorio de dos semanas durante las cuales se prohíbe a las trabajadoras trabajar.

Respecto a la Directiva 96/34/CE sobre el permiso parental, la Comisión decidió llevar a Italia ante el Tribunal de Justicia por no haber incorporado esta Directiva en Derecho nacional antes de junio de 1998 [78].

[78] Asunto C-445/99.

La Comisión decidió interponer recursos ante el Tribunal de Justicia contra Grecia [79], Francia [80] y Luxemburgo [81] por no comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva 96/97/CE del Consejo, por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social. De acuerdo con el artículo 3 de dicha Directiva, los Estados miembros habrían debido adoptar las medidas para su incorporación a más tardar el 1 de julio de 1997. Por lo que se refiere al procedimiento contra la República Francesa, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 8 de julio de 1999, la condenó y se inició un nuevo procedimiento basado en el artículo 228 del Tratado CE.

[79] Asunto C-457/98.

[80] Asunto C-354/98.

[81] Asunto C-438/98. El Abogado General Sr. La Pergola presentó sus conclusiones el 24 de junio de 1999.

Por lo que se refiere a la aplicación de la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (regímenes legales), en su sentencia de 28 de octubre de 1999 el Tribunal de Justicia condenó a Grecia [82] por no conformidad de la legislación griega relativa a la concesión de la asignación por matrimonio y del cómputo de esta asignación para calcular la pensión de vejez o jubilación. Grecia no había retrotraído al 23 de diciembre de 1984 (fecha de entrada en vigor de la Directiva) los efectos de las medidas de incorporación de esta Directiva que establece la igualdad de trato a hombres y mujeres en materia de concesión de la asignación por matrimonio y su cómputo para la fijación del importe de la pensión de vejez o jubilación. Hay que señalar que esta diferencia de cálculo de la asignación por matrimonio implica también la no conformidad de esta legislación con la Directiva 75/117/CEE y el artículo 141 del Tratado CE. El efecto retroactivo de las medidas de incorporación no llega hasta la fecha del 1 de enero de 1981 (fecha de entrada en vigor en Grecia de la Directiva 75/117/CEE).

[82] En el asunto C-187/98, Comisión contra República Helénica.

2.5.3. Condiciones de trabajo

En cuanto a la Directiva 93/104/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, a raíz del dictamen motivado enviado por la Comisión, varios Estados miembros notificaron su incorporación. Así, Grecia la incorporó mediante la publicación de un decreto presidencial 88/1999; Portugal, mediante la Ley 73/1999, de 10 de noviembre. La Comisión interpuso dos nuevos recursos ante el Tribunal de Justicia contra Francia [83] y Luxemburgo [84]; el Abogado General Sr. Alber presentó sus conclusiones en este último asunto el 16 de noviembre de 1999. Este día, el Abogado General Sr. Jacobs también presentó sus conclusiones en el asunto pendiente contra Italia [85].

[83] Asunto C-46/99.

[84] Asunto C-48/99.

[85] Asunto C-386/98.

En una sentencia de 16 de diciembre de 1999, el Tribunal de Justicia condenó a Luxemburgo [86] por no haber comunicado la incorporación de la Directiva 94/33/CE, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo. También se recurrió al Tribunal de Justicia en el procedimiento contra Francia [87] relativo a la incorporación de dicha Directiva. Italia, por el contrario, incorporó la Directiva mediante instrumento normativo de 4 de agosto de 1999, que fue notificado a la Comisión.

[86] Asunto C-47/99.

[87] Asunto C-45/99.

A raíz del recurso al Tribunal de Justicia, Luxemburgo fue condenado por no haber incorporado la Directiva 94/45/CE sobre la constitución de un comité de empresa europeo [88]. Portugal, que fue objeto de un recurso por esta misma razón, incorporó esta Directiva mediante Ley de 9 de junio de 1999, debidamente comunicada a la Comisión.

[88] Sentencia de 21 de octubre de 1999, asunto C-430/98, no aún publicada en la Recopilación.

Por otra parte, se envió un dictamen motivado a Italia por la incorrecta incorporación de la Directiva 77/187/CEE sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas. Se envió otro dictamen motivado a Grecia por la incorrecta incorporación de la Directiva 98/59/CE relativa a los despidos colectivos. En el asunto pendiente relativo a la incorporación de la Directiva 80/987/CEE sobre la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario [89], se comunicó una nueva ley a la Comisión, que está en examen para decidir el procedimiento a seguir.

[89] Véase la sentencia del Tribunal de Justicia, de 8 de noviembre de 1990, en el asunto C-53/88, Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica, Rec. 1990, p. I-3917.

2.5.4. Salud y seguridad en el lugar de trabajo

Por lo que se refiere a la Directiva marco 89/391/CEE del Consejo y sus directivas particulares [90], así como a la Directiva llamada "independiente" (92/29/CEE sobre la asistencia médica a bordo de los buques), solamente un Estado miembro, Luxemburgo, no ha incorporado aún la Directiva 92/29/CEE. A este respecto, prosigue el procedimiento de infracción del artículo 228 del Tratado CE, por no ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia que declara el incumplimiento de Luxemburgo [91]. Irlanda e Italia, cuyos incumplimientos por no haber incorporado la Directiva 93/103/CE habían sido declarados por el Tribunal de Justicia [92], comunicaron recientemente a la Comisión sus medidas nacionales de ejecución.

[90] Directivas 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/91/CEE, 92/104/CEE y 93/103/CE.

[91] Sentencia del Tribunal de Justicia, de 29 de octubre de 1998, en el asunto C-410/97, Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo, Rec. 1998, p. I-6813.

[92] Sentencias del Tribunal de Justicia de 27 de octubre de 1998, en el asunto C-364/97, Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda, Rec. 1998, p. I-6593; de 21 de septiembre de 1999, en el asunto C-362/98, Comisión de las Comunidades Europeas contra República italiana, aún no publicada en la Recopilación.

En cuanto a las directivas que modifican o adaptan al progreso técnico las directivas particulares [93], el porcentaje de comunicación de las medidas nacionales de ejecución mejoró claramente durante 1999, pero aún no es plenamente satisfactorio. Por lo tanto, hay procedimientos de infracción en curso contra los Estados miembros que aún no han comunicado a la Comisión sus medidas nacionales de ejecución. Algunos de estos procedimientos ya se encuentran pendientes ante el Tribunal de Justicia, como es el caso de Italia, por no haber incorporado las Directivas 95/30/CE [94], 97/59/CE [95] y 97/65/CE [96].

[93] Directivas 93/88/CE, 95/30/CE, 97/59/CE, 97/65/CE y 95/63/CE.

[94] Asunto C-439/98.

[95] Asunto C-312/99.

[96] Asunto C-312/99.

Por lo que se refiere a la conformidad de las medidas nacionales de ejecución de la Directiva marco 89/391/CEE, la Comisión emitió dictámenes motivados a Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos por incorporación incorrecta.

Además, también se enviaron dictámenes motivados por incorporación incorrecta de las Directivas 89/655/CEE (Italia), 90/269/CEE (Suecia) y 90/270/CEE (Italia) a los Estados miembros en cuestión.

2.6. POLÍTICA REGIONAL Y COHESIÓN

El artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2052/88, relativo a las funciones de los Fondos Estructurales, así como el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento (CE) n° 1164/94, por el que se crea el Fondo de Cohesión, establecen el principio de que las acciones cofinanciadas por la Comunidad deben ajustarse al Derecho comunitario. Este principio se recogió en el artículo 12 del Reglamento (CE) n°1260/99, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. La consecuencia de este principio es que toda constatación de un incumplimiento del Derecho comunitario puede dar lugar, inicialmente, a la suspensión y, más tarde, a la reducción o supresión de la ayuda.

Por otra parte, de acuerdo con las orientaciones expuestas en el documento "Correcciones financieras netas en el marco de la aplicación del artículo 24 del Reglamento (CEE) n° 4253/88" (C(97) 3151 final-II), la Comisión puede pedir la supresión definitiva de una ayuda pero, además, puede proponer que se sustituya el proyecto. No obstante, cuando hay incompatibilidad con el Derecho comunitario, la Comisión no tiene obligación jurídica de autorizar la sustitución de un proyecto por otro.

Para el nuevo período de programación (2000-2006), el artículo 39 del Reglamento (CE) n° 1260/99, antes mencionado, tiene por objeto reforzar la política del respeto del Derecho comunitario y precisa la división de las competencias entre la Comisión y los Estados miembros.

En el marco de las acciones cofinanciadas por estos Fondos, el control de la aplicación del Derecho comunitario y la obligación de aportar las correcciones financieras incumben, en primer lugar y en virtud del principio de subsidiariedad, a los Estados miembros. Sin embargo, en ningún caso la subsidiariedad priva de responsabilidad a la Comisión y no prejuzga sus derechos, de conformidad con el artículo 226 del Tratado. Al contrario, la Comisión debe velar por que los Estados establezcan sistemas de control convenientes y que los beneficiarios respeten el Derecho comunitario.

El procedimiento de infracción es independiente del antiguo artículo 24 del Reglamento nº 4253/88 y del nuevo artículo 39 del Reglamento nº 1260/99. Esto fue confirmado por la jurisprudencia comunitaria (T-461/93, An Taisce-The National Trust for Ireland y WWF, sentencia de 23 de septiembre de 1994). Sin embargo, es necesaria una coherencia entre estos dos procedimientos. Así, en principio, en el caso de envío de un escrito de requerimiento en un procedimiento de infracción, se produce la suspensión del pago de la ayuda. Además, tras el envío del dictamen motivado, debe incoarse el procedimiento de reducción o supresión de la ayuda. Del mismo modo, el archivo de un caso de infracción en virtud del artículo 226 del Tratado CE no implica necesariamente que la Comisión pierda su derecho a suprimir la cofinanciación comunitaria, si considera que la violación cometida era suficientemente grave.

Sin embargo, hay que observar que antes de tomar una decisión de supresión o reducción de una ayuda comunitaria, la Comisión evalúa en cada caso la gravedad de la infracción. Esta evaluación permite evitar que las infracciones graves queden sin consecuencias en cuanto a la cofinanciación comunitaria o que las infracciones menores afecten desproporcionadamente al desarrollo de las regiones menos avanzadas o en reconversión. Por otra parte, el artículo 39 del Reglamento nº 1260/99 prevé que las correcciones financieras deberán ser proporcionadas y, a tal efecto, establece una serie de criterios, a saber: la naturaleza de la irregularidad o de la modificación, así como la amplitud o las consecuencias financieras de las deficiencias de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros.

Por último, es evidente que tras una decisión de la Comisión de reducir o suprimir una ayuda, el Estado miembro en cuestión tiene derecho a interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 230 del Tratado CE.

Las infracciones relacionadas con operaciones cofinanciadas por el FEDER y el Fondo de Cohesión se refieren principalmente al respeto de las directivas en materia de medio ambiente y al respeto de las normas comunitarias en materia de adjudicación de contratos públicos. La alegación más frecuente es el incumplimiento de la Directiva 85/337/CEE (evaluación de impacto medioambiental) y la falta de consideración de las obligaciones que se derivan de la Directiva 92/43/CEE ("Hábitats").

En relación con el total de infracciones de las normas sobre medio ambiente y a la adjudicación de contratos públicos, el número de infracciones (presuntas o constatadas) relacionadas, o que pudieran estar relacionadas, con una cofinanciación comunitaria es relativamente escaso: un 6,3% de los casos relativos al medio ambiente y un 5,6% de los casos relativos a los contratos públicos.

Estas cifras son orientativas, habida cuenta de las dificultades objetivas para la Comisión de entender el alcance del problema de las infracciones relacionadas con las cofinanciaciones comunitarias. Efectivamente, por razones relacionadas con la forma en que se producen las intervenciones comunitarias del FEDER (intervención por programas operativos y no por proyectos individuales) y con la opacidad de los sistemas nacionales de gestión para la Comisión, algunos casos de infracción no llegan al conocimiento de la Comisión. En otros, es difícil establecer directamente la relación entre la infracción y la existencia de cofinanciación comunitaria. Por el contrario, detectar las infracciones es relativamente más fácil en el Fondo de Cohesión, cuyas intervenciones son por proyecto individual y no por programa.

Sin embargo, y a pesar de estas dificultades objetivas, ha habido suspensiones y supresiones de ayuda. Así pues, por decisión de la Comisión, en el marco de un concurso de arquitectura en Francia, se suprimió la ayuda del FEDER. Se trataba de una violación de las normas del Tratado relativas a la libre prestación de servicios y, por lo tanto, era una irregularidad grave.

En otros casos, donde el procedimiento de infracción está en curso, las ayudas comunitarias permanecen actualmente suspendidas. Se trata de la suspensión de la ayuda por razones vinculadas a un procedimiento de adjudicación de contratos públicos en el marco de un proyecto griego de construcción de un hospital. Por razones medioambientales, actualmente se encuentran en suspenso las ayudas para un proyecto de carreteras español, un proyecto común a Alemania y a los Países Bajos, un proyecto de un campo de golf irlandés y un proyecto de protección de la tortuga "caretta-caretta" en Grecia.

2.7. CUESTIONES PRESUPUESTARIAS

2.7.1. Generalidades

Procede constatar que en el ámbito presupuestario muy pocos expedientes de infracción alcanzan la fase del dictamen motivado o del recurso al Tribunal de Justicia. Aunque el número de procedimientos, en particular, en el ámbito de los recursos propios tradicionales, haya seguido una tendencia creciente en 1999, la mayoría de los expedientes han podido solucionarse antes de esta fase.

2.7.2. Aplicación incorrecta

2.7.2.1. Procedimientos anteriormente iniciados

Se archivó el procedimiento de infracción iniciado contra Bélgica que, al autorizar al sujeto pasivo a saldar su deuda en pagos escalonados, no abonaba los recursos propios correspondientes hasta haber recibido la suma íntegra pendiente. Bélgica aceptó pagar la deuda principal y los intereses de demora devengados sobre la base del artículo 11 del Reglamento del Consejo n° 1552/89 [97] por pago extemporáneo.

[97] DO L 155, de 7.6.1989, p.1.

Por el contrario, respecto al procedimiento contra Italia, que aplicó deducciones no suficientemente justificadas al pago de los recursos propios aduaneros por mercancías importadas con destino San Marino, se decidió recurrir el 2 de diciembre de 1998. Al no haberse podido invalidar durante un periodo de suspensión la imputación a Italia de incumplimiento del Reglamento n° 1552/89 y del anterior Reglamento del Consejo n° 2891/77 [98] y, en particular, de sus sendos artículos 2, la Comisión decidió proceder a la interposición del recurso el 13 de octubre de 1999.

[98] DO L 336, de 27.12.1977, p.1.

2.7.2.2. Nuevos procedimientos

La Comisión tuvo que iniciar un procedimiento de infracción contra Italia relativo a los intereses de demora devengados con arreglo al artículo 11 del Reglamento n° 1552/89, antes mencionado, por la inscripción extemporánea de un importe de recursos propios de 1.484.936.000.000 LIT.

2.8. ENERGÍA

2.8.1. Introducción

Por lo que se refiere a la aplicación del conjunto de las directivas, el porcentaje de incorporación ha aumentado en relación con el de 1998 y ha alcanzado un 81%.

2.8.2. Mercado interior de la electricidad y del gas natural

La Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que debía incorporarse a más tardar el 19 de febrero de 1999, aún no ha sido incorporada por Francia ni Luxemburgo.

La Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, debe incorporarse a más tardar el 10 de agosto de 2000.

2.8.3. Eficacia energética

Italia todavía no ha incorporado la Directiva 96/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los requisitos de rendimiento energético de los frigoríficos, congeladores y aparatos combinados eléctricos.

Prosiguen los procedimientos de infracción relativos a las directivas de aplicación de la Directiva marco 92/75/CEE, que tiene por objeto la indicación del consumo de energía.

La Directiva 96/60/CE de la Comisión, relativa al etiquetado energético de las lavadoras-secadoras combinadas domésticas, ha sido incorporada por todos los Estados miembros. Bélgica todavía no ha incorporado la Directiva 96/89/CE de la Comisión, por la que se modifica la Directiva 95/12/CE. La Directiva 97/17/CE de la Comisión, en lo que respecta al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos, que debía incorporarse a más tardar el 28 de febrero de 1999 [99], solamente ha sido incorporada por España, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos. La Directiva 98/11/CE, de 27 de enero de 1998, en lo que respecta al etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico, que debía incorporarse a más tardar el 14 de junio de 1999, solamente ha sido incorporada por Dinamarca, España, Francia, Reino Unido y Suecia.

[99] Plazo de incorporación modificado por la Directiva 99/9/CE, de 26 de febrero de 1999, publicada en el DO L 56, de 4.3.1999.

2.8.4. Hidrocarburos

La Directiva 98/93/CE del Consejo, de 14 de diciembre de 1998, que modifica la Directiva 68/414/CEE por la que se obliga a los Estados miembros de la CEE a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o de productos petrolíferos, que debía incorporarse a más tardar el 31 de diciembre de 1999, solo ha sido incorporada por Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y España.

2.9. TRANSPORTES

El control de la aplicación del Derecho comunitario sobre transportes ejercido por la Comisión se refiere a tres aspectos: el control de la comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas; el examen de la conformidad de estas medidas nacionales; y el control de la aplicación práctica de las directivas, reglamentos y disposiciones del Tratado.

En el ámbito de la legislación comunitaria sobre transportes, once nuevas directivas alcanzaron su plazo de incorporación durante el año 1999. Como en años anteriores, desgraciadamente hay que señalar que la mayoría de los Estados miembros adopta las medidas nacionales de incorporación con mucho retraso. Esta tendencia se traduce en un porcentaje muy bajo de comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas cuyo plazo de incorporación estaba fijado para 1999.

Sin embargo, en el momento en que se incoan procedimientos de infracción, se observa una verdadera aceleración de las notificaciones de las medidas de incorporación. Por eso, de los 125 expedientes de infracción que han sido objeto de una decisión de archivo por la Comisión en 1999, más de 4/5 se referían a casos de no comunicación.

Ocho de las once nuevas directivas son modificaciones de directivas más antiguas cuyo objetivo es bien adaptarlas al progreso técnico, bien favorecer la aproximación de las legislaciones nacionales, o reforzar las disposiciones comunitarias o tener en cuenta disposiciones previstas por convenios internacionales.

No obstante, hay que observar que, a pesar de las once nuevas directivas, el porcentaje medio de incorporación de las directivas de "transporte" ha mejorado sensiblemente para rebasar el 86% a finales del 1999 (frente a menos del 80% a finales de 1998), con notables progresos registrados en el sector del transporte marítimo, donde el porcentaje de incorporación se ha elevado más de 20 puntos (al 79% a finales de 1999 frente al 59% a finales de 1998).

Por último, el número de las denuncias registradas y de casos detectados de oficio por los servicios permaneció estable de un año a otro.

2.9.1. Transportes por carretera

Por lo que se refiere al expediente del permiso de conducir, cabe señalar que si bien todos los procedimientos de infracción por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de la última Directiva de modificación 97/26/CE "permiso de conducir" pudieron archivarse, la incorporación de la Directiva básica 91/439/CEE sigue siendo extremadamente preocupante. En efecto, el análisis de las medidas nacionales de incorporación reveló en nueve Estados miembros numerosos puntos de no conformidad, como la edad mínima para una categoría de vehículo, la renovación del permiso de conducir a ciudadanos que ya no tienen su residencia en el Estado miembro de expedición, los criterios de los vehículos de examen, la duración de la prueba práctica o las normas mínimas relativas a la aptitud física y mental. Además, los procedimientos de registro sistemático de los permisos cuyos titulares cambian de Estado de residencia son contrarios al principio del reconocimiento mutuo de los permisos de conducir.

En cuanto a la comunicación de la legislación relativa a las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y a los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional de los vehículos de transporte por carretera, solo dos Estados miembros siguen sin notificar sus medidas nacionales de incorporación de la Directiva 96/53/CE. Sin embargo, se incoaron tres procedimientos contra Estados miembros, tras el examen de sus medidas nacionales, por detectarse extremos no conformes con las disposiciones previstas por la Directiva.

Por lo que se refiere al control técnico de los vehículos, los cinco procedimientos de infracción por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de la Directiva 96/96/CE pudieron archivarse en 1999, y el último expediente en curso, que fue objeto de un recurso al Tribunal de Justicia, debería poder archivarse tras la aprobación de las medidas de incorporación por el Estado miembro en cuestión.

En cuanto a la seguridad vial, la Directiva 94/55/CE, modificada por la Directiva 96/86/CE, permite la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre transporte de mercancías fijando en este sector las condiciones en las que pueden transportarse las mercancías peligrosas embaladas y a granel. Ahora bien, estas directivas, que se aplican al transporte de mercancías peligrosas efectuado por carretera, siguen sin ser incorporadas en Irlanda y Grecia, por lo que la Comisión decidió recurrir contra dichos países al Tribunal de Justicia por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de dichas directivas. Por otra parte, se decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra el único Estado miembro (Irlanda) que aún no ha comunicado sus medidas nacionales de ejecución de la Directiva 95/50/CE, cuyo objetivo es armonizar los procedimientos de control relativos al transporte de mercancías peligrosas por carretera con el fin de hacer más eficaz la comprobación del cumplimiento de las normas de seguridad. A este respecto, hay que señalar que Irlanda no ha incorporado ninguna de las directivas sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera ni por ferrocarril.

En materia fiscal, sigue pendiente un procedimiento de infracción contra Bélgica por no conformidad de las medidas de ejecución de la Directiva 93/89/CEE (relativa a los impuestos, peajes y derechos de uso). A raíz del dictamen motivado, Bélgica acaba de transmitir los textos de incorporación, que están en estudio.

2.9.2. Transportes combinados

Todos los Estados miembros han incorporado ya la Directiva 92/106/CEE, relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros. Sin embargo los dos procedimientos incoados contra Italia y Finlandia por aplicación incorrecta o no conformidad de las medidas nacionales de ejecución fueron objeto de una decisión de la Comisión de recurrir al Tribunal de Justicia, en el caso de Italia, y de envío de un dictamen motivado, en el caso de Finlandia.

2.9.3. Transporte por vía navegable

La incorporación de la Directiva 96/50/CE, sobre la armonización de los requisitos de obtención de los títulos nacionales de patrón de embarcaciones de navegación interior, cuyo plazo de incorporación expiró en 1998, ha motivado procedimientos por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución, de los cuales tres siguen en curso. No obstante, dos Estados miembros afectados, Francia y Países Bajos, comunicaron recientemente proyectos normativos de incorporación de esta Directiva, por lo que los procedimientos deberían poder archivarse en las primeras semanas del año 2000.

Por otra parte, los procedimientos iniciados contra los dos Estados miembros que habían celebrado acuerdos bilaterales con terceros países en el ámbito de la navegación interior prosiguen con la decisión de la Comisión de enviar dictámenes motivados a estos dos Estados miembros, puesto que esta materia es competencia exclusiva de la Comunidad.

2.9.4. Transporte por ferrocarril

La Directiva 95/18/CE, sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias, y la Directiva 95/19/CE, sobre la adjudicación de las capacidades de la infraestructura ferroviaria y la fijación de los correspondientes cánones de utilización, que tienen por objetivo reforzar la Directiva 91/440/CEE, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, para facilitar su adaptación a las exigencias del mercado único y aumentar su eficacia, habían sido objeto de numerosos procedimientos de infracción por no comunicación de las medidas nacionales. Por último, todos estos procedimientos se archivaron, habiendo llegado algunos de ellos a la fase de recurso al Tribunal de Justicia.

Subsiste el problema del examen de la conformidad de las medidas de ejecución de estas directivas, que ha llevado a la Comisión a iniciar un procedimiento contra Portugal por incorporación incorrecta de la Directiva 95/19/CE sobre la adjudicación de las capacidades de la infraestructura ferroviaria y la fijación de los correspondientes cánones de utilización.

En cuanto a la seguridad ferroviaria, la Directiva 96/49/CE, modificada por la Directiva 96/87/CE, permite la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías fijando en este sector normas de seguridad uniformes con el fin de mejorar la seguridad y la circulación de los equipamientos en el conjunto de la Comunidad. Ahora bien, estas directivas, que se aplican al transporte de mercancías peligrosas efectuado por ferrocarril dentro de un Estado miembro o entre Estados miembros, siguen sin incorporarse en Irlanda, Grecia y Portugal, por lo que la Comisión decidió emitir un dictamen motivado contra dichos países por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de estas directivas.

Por último, la situación de la Directiva 96/48/CE, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad, cuyo plazo de incorporación expiró en 1999, sigue siendo preocupante puesto que de los doce expedientes de infracción abiertos, once ya están en la fase del envío de los dictámenes motivados. El objetivo de esta Directiva es favorecer la interconexión y la interoperabilidad de las redes nacionales de trenes de alta velocidad en las distintas fases de concepción, construcción y puesta en servicio, y también de explotación y acceso a las redes.

2.9.5. Transporte marítimo

En el sector del transporte marítimo, los servicios de la Comisión observaron una mejora de la aplicación del Derecho comunitario tanto con respecto a la libre prestación de servicio como para todos los aspectos relativos a la seguridad marítima.

En cuanto al derecho de establecimiento, hay un procedimiento de infracción contra Italia por no conformidad con los artículos 43 y 48 del Tratado de su legislación nacional que fija las condiciones en las que las compañías marítimas legalmente establecidas en otro Estado miembro pueden beneficiarse del mismo trato que las compañías marítimas italianas para ser admitido a la cuota italiana en el tráfico regido por un sistema de conferencia marítima.

El respeto de la legislación comunitaria en cuanto a registro de buques y atribución del pabellón sigue planteando dificultades. Si el procedimiento contra Bélgica finalmente pudo archivarse, las condiciones de inscripción de los buques en los registros de buques y la concesión del pabellón nacional siguen siendo discriminatorias en Francia, Países Bajos y Finlandia, donde los procedimientos de infracción prosiguen contra estos Estados. El Tribunal de Justicia había condenado a Irlanda [100] y a Grecia [101] por mantener requisitos de nacionalidad contrarios al Derecho comunitario en materia de matriculación de los buques mercantes, y la Comisión tuvo que incoar sendos procedimientos, con arreglo al artículo 228 del Tratado, por no ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia. El procedimiento contra Irlanda pudo archivarse cuando comunicó nuevas medidas nacionales conformes con el Derecho comunitario. Grecia comunicó un proyecto de decreto presidencial conforme que aún debe firmarse y publicarse.

[100] Asunto C-1996/151 - Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de junio de 1997 - Comisión contra Irlanda - Rec. 1997, p. I-3327.

[101] Asunto C-1996/062 - Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 27 de noviembre de 1997 - Comisión contra República Helénica - Rec. 1997, p. I-6725.

En cuanto al cabotaje marítimo, varios Estados miembros son objeto de un procedimiento de infracción debido al mantenimiento o aprobación de una normativa nacional en contradicción con el Reglamento (CEE) n° 3577/92, que liberalizó el cabotaje marítimo a partir del 1 de julio de 1993 para los armadores comunitarios que explotan buques registrados en un Estado miembro y enarbolan pabellón de ese Estado miembro.

En cuanto a los acuerdos de reparto de cargas entre Estados miembros y terceros países, no todos los Estados miembros respetan el principio de la libre prestación de servicios garantizado por el Reglamento (CEE) n° 4055/86. En 1999, el Tribunal de Justicia dictó sentencias contra Bélgica por su acuerdo con el Zaire [102], Costa de Marfil, Senegal, Malí [103] y Togo [104], y contra Luxemburgo por su acuerdo con Costa de Marfil, Senegal y Malí [105]. El procedimiento contra Portugal por sus acuerdos con Angola y los Estados sucesores de Yugoslavia también prosigue.

[102] Asunto C-1998/170 - Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de septiembre de 1999 - Comisión contra Bélgica - Rec. 1999, p. 0000.

[103] Asunto C-1998/171 - Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de septiembre de 1999 - Comisión contra Bélgica - Rec. 1999, p. 0000.

[104] Asunto C-1998/201 - Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de septiembre de 1999 - Comisión contra Bélgica - Rec. 1999, p. 0000.

[105] Asunto C-1998/202 - Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de septiembre de 1999 - Comisión contra Luxemburgo - Rec. 1999, p. 0000.

La acción de la Comisión por mejorar la seguridad del transporte marítimo y la prevención de la contaminación marina continúa, aunando el refuerzo de la aplicación de las normas internacionales en los Estados del pabellón y el establecimiento de un sistema armonizado de control por parte del Estado del puerto como instrumento de vigilancia. La Comisión lamenta, a este respecto, el retraso generalizado de los Estados miembros en incorporar correctamente las directivas en este ámbito.

Con el fin de evitar las circunstancias que pueden implicar accidentes en el transporte de mercancías peligrosas o contaminantes y limitar los daños que ocasionan cuando ocurren, los Estados miembros debían aplicar las disposiciones de la Directiva 93/75/CEE y de sus Directivas de modificación 96/39/CE, 97/34/CE y 98/55/CE, que tratan de la aplicación a escala comunitaria de las normas internacionales relativas a las condiciones mínimas exigidas a los buques que transportan mercancías peligrosas o contaminantes. Si bien las incorporaciones se realizaron con varios años de retraso, es una satisfacción señalar que casi todos los procedimientos iniciados por no comunicación de las medidas nacionales pudieron archivarse en 1999.

De igual modo, la Directiva 94/57/CE, que adopta las medidas que deben observar los Estados miembros y los organismos responsables de la inspección, peritaje y certificación de los buques con el fin de garantizar la conformidad con los convenios internacionales sobre seguridad marítima y la prevención de la contaminación marina, y su Directiva de modificación 97/58/CE, han experimentado un claro avance en su incorporación por parte de los Estados miembros. En efecto, pudieron archivarse todos los procedimientos de infracción por no comunicación iniciados, pero siguen su curso cuatro procedimientos de infracción por incorporación no conforme.

A raíz de los accidentes marítimos de estos últimos años (el naufragio del Herald of Free Enterprise y la tragedia del Estonia), la necesidad de mejorar la seguridad de los transportes marítimos de pasajeros condujo a la aprobación de las dos directivas; la Directiva 98/18/CE sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que efectúan travesías nacionales y que permiten definir procedimientos de negociación a nivel internacional para armonizar las normas aplicables a los buques de pasaje que efectúan travesías internacionales, y la Directiva 98/41/CE relativa al registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje que operan con destino o salida en puertos de Estados miembros de la Comunidad. El objetivo de estas dos directivas es reforzar la seguridad y las posibilidades de rescate de los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de los buques de pasaje con destino o con salida en los puertos de los Estados miembros de la Comunidad y garantizar una gestión más eficaz de las consecuencias de un posible accidente. Ahora bien, desgraciadamente hay que observar un retraso considerable en la comunicación de las medidas nacionales de incorporación de estas dos directivas, lo que motivó el inicio de veinte nuevos procedimientos de infracción en este ámbito de la seguridad de los transportes marítimos de pasajeros. Sigue habiendo procedimientos pendientes sobre una o ambas directivas contra Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido.

El problema de la incorporación tardía de las directivas en el sector del transporte marítimo queda perfectamente ilustrado con el ejemplo de la Directiva 96/98/CE sobre equipos marinos y su modificación por la Directiva 98/85/CE. En efecto, diez de los doce procedimientos incoados en 1998 por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución se archivaron en 1999 y, al mismo tiempo, se abrieron ocho expedientes de infracción por no comunicación de las medidas de ejecución de la Directiva de modificación 98/85/CE. Aún hay procedimientos pendientes contra Bélgica, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.

Por lo que se refiere a la Directiva 95/21/CE (control por el Estado del puerto) que armoniza los criterios de inspección de los buques, las condiciones de su inmovilización y/o la denegación de acceso a los puertos comunitarios, el Tribunal de Justicia dictó sentencia [106] contra Italia por no haber notificado las medidas de incorporación a la Comisión; pero, en cambio, se archivaron los procedimientos por incorporación no conforme contra Bélgica, Irlanda y Portugal. Sigue habiendo dificultades con tres Estados miembros (Italia, Luxemburgo y Portugal) en cuanto a la comunicación de las medidas de incorporación de las Directivas de modificación 98/25/CE y 98/42/CE.

[106] Asunto C-1998/315 - Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de noviembre de 1999 - Comisión contra Italia - Rec. 1999, p. 0000.

Por lo que se refiere al elemento humano, la Comisión decidió incoar procedimientos por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de la Directiva 98/35/CE por la que se modifica la Directiva 94/58/CE relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas. Ocho Estados miembros que aún no han notificado a la Comisión las medidas de incorporación recibieron un dictamen motivado.

Por último, hay que señalar que la incorporación de la Directiva 97/70/CE por la que se establece un régimen armonizado de seguridad para los buques de pesca de eslora igual o superior a 24 metros sigue planteando numerosas dificultades y que cuatro de los nueve expedientes de infracción por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de la Directiva acaban de ser objeto de una decisión de recurrir al Tribunal de Justicia (Francia, Italia, Países Bajos y Portugal).

2.9.6. Transporte aéreo

En los ámbitos de actividad del transporte aéreo el porcentaje medio de incorporación de las directivas es bastante satisfactorio (cerca del 90% a finales de 1999), pero se han observado retrasos y omisiones de incorporación por parte de algunos Estados miembros.

Así pues, la comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva 98/20/CE por la que se modifica la Directiva 92/14/CEE que tiene por objetivo limitar la utilización de determinados tipos de aviones de reacción subsónicos civiles, se retrasó mucho y llevó a la Comisión a incoar doce procedimientos de infracción, de los que solamente cuatro pudieron archivarse en 1999.

Se han observado progresos importantes en la incorporación de los principios fundamentales que regulan las investigaciones de accidentes e incidentes en la aviación civil establecidos por la Directiva 94/56/CE. De los ocho procedimientos en curso en 1998, solo dos están aún pendientes en la fase de recurso ante el Tribunal de Justicia contra Grecia y se dictó una sentencia [107] contra Luxemburgo, que no ha notificado las medidas de incorporación a la Comisión.

[107] Asunto C-1999/138 - Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de diciembre de 1999 - Comisión contra Luxemburgo - Rec. 1999, p. 0000.

Por lo que se refiere a la gestión del tráfico aéreo, se archivaron todos los procedimientos iniciados por no comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva 97/15/CE (adaptación a las nuevas normas Eurocontrol) (con la única excepción de Alemania).

Prosiguió en 1999 la sensible disminución constatada en 1998 del número de denuncias y de procedimientos relativos a las licencias del personal de la aviación civil y de problemas relativos a la conformidad de las medidas nacionales con la Directiva 91/670/CEE. Pero, si el procedimiento contra Alemania pudo finalmente archivarse, los expedientes por aplicación incorrecta de la Directiva sobre la aceptación recíproca de licencias del personal que ejerce funciones en la aviación civil en Bélgica y Francia, en cambio, fueron objeto de decisiones de recurso al Tribunal de Justicia.

Respecto a las omisiones en materia de incorporación de la Directiva 96/67/CE, que se refería a la asistencia en tierra, se constataron también algunos progresos en 1999. Solo dos Estados miembros no han incorporado todavía la Directiva a su Derecho interno y se ha decidido recurrir al Tribunal de Justicia contra Bélgica y Suecia. Pero actualmente los servicios de la Comisión están examinando también dos denuncias relativas a la aplicación por los Estados miembros de la Directiva 96/67/CE.

Por otra parte, se tramitaron las infracciones detectadas en materia de tasas aeroportuarias. Se trata de las tasas aplicadas en algunos Estados miembros cuyo importe varía según el destino de los pasajeros (vuelos interiores/líneas intracomunitarias y/o internacionales), lo que es incompatible con el principio de la libre prestación de servicios aplicados en el ámbito del transporte aéreo por el Reglamento (CEE) n° 2408/92 y contrario al ejercicio de la libertad de circulación concedido a los ciudadanos de la Unión con arreglo al artículo 18 del Tratado. La existencia de estas medidas de imposición discriminatoria llevó a la Comisión a decidir recurrir al Tribunal de Justicia contra Irlanda, Italia, Portugal y Grecia y a proseguir la instrucción del procedimiento contra Países Bajos, España y Reino Unido, que han comunicado proyectos de textos reglamentarios para adaptar su legislación al Derecho comunitario.

Por último, los procedimientos de infracción relativos a los acuerdos bilaterales llamados "de cielo abierto" con Estados Unidos de América, que llevaron a la Comisión a recurrir al Tribunal de Justicia en 1998 por los acuerdos celebrados por ocho Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Luxemburgo, Austria, Suecia y Reino Unido) prosiguieron en 1999 contra otros dos Estados miembros (Francia y Países Bajos).

2.10. TELECOMUNICACIONES

La incorporación del conjunto de la legislación comunitaria relativa a la armonización de la normativa nacional en materia de telecomunicaciones debía estar terminada el 1 de enero de 1999, dado que este marco reglamentario se completó con la Directiva 98/61/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 24 de septiembre de 1998, por la que se modifica la Directiva 97/33/CE en lo que se refiere a la portabilidad de los números entre operadores y la preselección del operador, Directiva cuyo plazo de incorporación vencía el 31 de diciembre de 1998.

El 10 de noviembre de 1999, la Comisión adoptó su Quinto informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones. [108] Como principal conclusión, la Comisión considera que veintiún meses después de la liberalización completa, la normativa existente regula los mercados de servicios de telecomunicaciones en los Estados miembros caracterizados por un índice de crecimiento en aumento, numerosos recién llegados y tarifas a la baja. Detrás de las cifras económicas, en los Estados miembros hay regímenes eficaces para las licencias, la interconexión, las tarifas, la numeración y las frecuencias, que son supervisados por las autoridades reglamentarias sobre la base de los principios de la Comunidad y la OMC.

[108] COM(1999)537 final.

La Comisión ha observado las mejoras en materia de incorporación, en particular, por lo que se refiere a la Directiva "Licencias" (cuatro nuevos Estados miembros procedieron a una incorporación sustancial tras la publicación del Cuarto informe) y la Directiva "Interconexión" (tres Estados miembros). Además, trece Estados miembros incorporaron la Directiva "Numeración" sustancial o parcialmente, y once Estados miembros incorporaron la Directiva "Protección de los datos". La Comisión instó a los Estados miembros responsables de algunas lagunas, que subsisten en materia de incorporación, a adoptar rápidamente las medidas necesarias para garantizar la seguridad jurídica de los operadores del mercado y para sentar firmemente las bases necesarias para la futura evolución de la normativa.

Desde la instauración de la plena liberalización el 1 de enero de 1998, un número significativo de procedimientos de infracción alcanza ahora la fase final ante el Tribunal de Justicia: de un total de 46 procedimientos a finales de 1999, 12 están en la fase del dictamen motivado (4 por no comunicación, 8 por no conformidad), mientras que la Comisión ya ha decidido remitir 22 asuntos (14 por no comunicación, 8 por no conformidad) ante el Tribunal de Justicia. En cambio, en 1999 se archivaron 35 casos (33 por no comunicación y 2 por no conformidad), tras la adopción de las medidas por los Estados miembros para atenerse al marco normativo armonizado de las telecomunicaciones.

Por lo que se refiere al estado de aplicación de las distintas directivas y decisiones y a los procedimientos incoados en aplicación del artículo 226 del Tratado CE, la situación es la siguiente.

Todos los Estados miembros ya incorporaron en 1998 la Directiva marco ONP (90/387/CEE), relativa a los principios que deben aplicarse en la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones.

Por lo que se refiere a la Directiva 92/44/CEE (líneas arrendadas), todos los Estados miembros comunicaron a la Comisión medidas nacionales de incorporación. En consecuencia, el último procedimiento que seguía pendiente contra Bélgica por no comunicación se archivó en 1999. En diciembre de 1999, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado contra Luxemburgo, por considerar que las normas nacionales notificadas no se ajustan a las disposiciones de la Directiva.

La Directiva 97/51/CE modifica las dos directivas anteriores para adaptarlas a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones. Tras la notificación de las medidas nacionales de incorporación de Grecia, Portugal y Suecia, los procedimientos que seguían pendientes por no comunicación se archivaron en 1999. En cuanto a los Estados miembros que aún no han notificado las medidas nacionales de incorporación, el recurso contra Italia se interpuso en noviembre y la Comisión decidió recurrir contra Francia en diciembre de 1999.

Respecto a la Directiva 95/62/CE, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal, todos los Estados miembros excepto uno notificaron medidas de incorporación. En consecuencia, la Comisión decidió recurrir contra Bélgica. En cambio, el procedimiento incoado contra Grecia por no comunicación se archivó en diciembre de 1999. Por otra parte, a raíz de una nueva legislación, también se archivó el procedimiento contra Portugal sobre la aplicación de las disposiciones de la Directiva relativa a la contabilidad analítica.

Por lo que se refiere a la nueva Directiva "telefonía vocal" (98/10/CE), que había derogado la Directiva 95/62/CE con efectos del 30 de junio de 1998, todos los Estados miembros, excepto Francia e Italia, notificaron medidas de incorporación. En consecuencia, los procedimientos contra Grecia, Irlanda, Países Bajos, Portugal y Suecia se archivaron en 1999; por el contrario, se interpuso un recurso contra Italia y la Comisión decidió recurrir contra Francia. Por otra parte, tras analizar la legislación notificada, la Comisión decidió, en diciembre de 1999, enviar un dictamen motivado contra Bélgica, Luxemburgo y Austria, por considerar que las normas nacionales notificadas no se ajustan a las disposiciones de la Directiva.

A raíz de la notificación de las disposiciones nacionales con respecto a la Directiva "licencias" (97/13/CE) por Grecia y Países Bajos, los procedimientos que seguían pendientes por no comunicación se archivaron en 1999. Por considerarse que las normas nacionales notificadas no se ajustan a las disposiciones de la Directiva, se interpuso un recurso contra Luxemburgo y Austria y la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra Bélgica, Francia e Italia (los servicios de la Comisión están examinando las disposiciones complementarias notificadas a finales de 1999 por Italia). Por la misma razón, se envió un dictamen motivado a España; además, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado contra Alemania en diciembre de 1999.

Por lo que se refiere a la Directiva "interconexión" (97/33/CE), todos los Estados miembros notificaron medidas de aplicación; en consecuencia, los procedimientos que seguían pendientes por no comunicación contra Grecia, España, Países Bajos, Portugal y Suecia se archivaron en 1999. Por considerar que las normas nacionales notificadas no se ajustan a las disposiciones de la Directiva, la Comisión decidió recurrir contra Bélgica, Francia y Luxemburgo. Por otra parte, en noviembre de 1999, se envió un dictamen motivado a Alemania por no conformidad.

Por lo que se refiere a la Directiva "numeración" (98/61/CE), por la que se modifica la Directiva 97/33/CE en lo que se refiere a la portabilidad de los números entre operadores y la preselección del operador, todos los Estados miembros notificaron medidas de aplicación a finales de 1999, excepto uno (Bélgica), contra el que se envió un dictamen motivado. En consecuencia, siete procedimientos que incoados por no comunicación ya pudieron archivarse. En un caso (Reino Unido), estaba pendiente una decisión sobre una solicitud de aplazamiento de la introducción de la preselección del operador.

En relación con la Directiva "protección de datos de carácter personal" (97/66/CE), ocho Estados miembros (Alemania, España, Italia, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia y Suecia) notificaron medidas de aplicación. En consecuencia, los procedimientos contra Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia y Suecia se archivaron en 1999. Por el contrario, se notificaron dictámenes motivados a Bélgica, Dinamarca e Irlanda. Además, en diciembre de 1999, la Comisión decidió recurrir contra Grecia, Francia, Luxemburgo y Reino Unido, por notificación incompleta de las medidas nacionales de ejecución. La Comisión está evaluando las medidas de aplicación que se le notificaron.

Por lo que se refiere a las tres directivas sobre bandas de frecuencia, es decir las Directivas 87/372/CEE (GSM), 90/544/CEE (Ermes) y 91/287/CEE (DECT), todos los Estados miembros habían notificado ya sus medidas nacionales de ejecución.

Por último, todos los Estados miembros, excepto Francia, Países Bajos y Austria, notificaron medidas nacionales de incorporación de la Directiva 95/47/CE, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión, las cuales están siendo objeto de análisis. A raíz de la notificación de las disposiciones nacionales por Grecia, Italia, Portugal y Suecia, los procedimientos que seguían pendientes por no comunicación se archivaron en 1999. Los procedimientos de infracción incoados contra los demás Estados miembros prosiguieron con la interposición de recursos contra Francia y Austria respectivamente; por lo que se refiere a Países Bajos, la Comisión decidió recurrir en julio de 1999.

Respecto a la Decisión de numeración 91/396/CEE, relativa a la introducción del "112" como número de llamada de urgencia único europeo, todos los Estados miembros adoptaron medidas para aplicar esta decisión, pero el número no estaba operativo en Grecia a finales de 1999, por lo que se le envió un dictamen motivado.

Todos los Estados miembros han incorporado ya la Decisión 92/264/CEE, relativa a la introducción del prefijo "00" como prefijo común de acceso a la red telefónica internacional en la Comunidad.

Por último, las Directivas 91/263/CE y 93/97/CE, codificadas por la Directiva 98/13/CE relativa a los equipos terminales de telecomunicaciones y a los equipos de estaciones terrenas de comunicaciones por satélite, incluido el reconocimiento mutuo de su conformidad no plantean problemas importantes por lo que se refiere a su incorporación y aplicación por las autoridades nacionales. A este respecto, procede indicar que esta última Directiva va a ser sustituida por la Directiva 99/5/CE, sobre equipos radioeléctrico y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, que debe ser incorporada por los Estados miembros a más tardar el 7 de abril de 2000.

2.11. INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, CULTURA Y SECTOR AUDIOVISUAL

Las informaciones contenidas en el 16º Informe sobre el estado del Derecho comunitario relativo a la evolución legislativa en el ámbito audiovisual siguen de actualidad.

Sin embargo, procede precisar que hay varios casos de infracción en curso: aún hay 10 casos pendientes por no comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 97/36/CE (F, L, BE, NL, DE, IT, UK, IRL, EL, AT).

Dos casos de no conformidad con la Directiva 89/552/CEE se refieren a Luxemburgo y a Francia. Tres casos de aplicación incorrecta de la Directiva 89/552/CEE se refieren a Italia, Grecia, y España. Un caso de aplicación incorrecta de la Directiva 97/36/CE se refiere a Bélgica.

2.12. MEDIO AMBIENTE

La anterior edición del presente informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario desarrollaba el marco en el cual se ejerce la misión de la Comisión, guardiana del Derecho comunitario de medio ambiente, mediante el procedimiento por incumplimiento previsto en el artículo 226 (antiguo 169) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea [109].

[109] DO C 354, de 7.12.1999, p. 42.

Nos limitaremos a destacar aquí algunos elementos estadísticos generales sobre la actividad de la Comisión en materia de control de la aplicación del Derecho comunitario de medio ambiente, que ilustren la vigilancia de la institución en el ejercicio de su misión. En 1999, la Comisión sometió al Tribunal de Justicia 43 asuntos (ninguno de ellos basado en el artículo 228) y envió a los Estado miembros 63 dictámenes motivados o dictámenes motivados complementarios (3 de ellos basados en el artículo 228) en el sector de medio ambiente.

El procedimiento fundado en el artículo 228 (antiguo 171) ha seguido demostrando su eficacia. Por lo que respecta al Derecho de medio ambiente, la mayoría de los asuntos incoados pudieron archivarse. Así pues, la Comisión pudo retirar el recurso en el asunto relativo a la incorporación por Francia de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres (asunto C-373/98), a raíz de la comunicación de las medidas de incorporación, así como archivar el asunto relativo a la incorporación por Italia de la Directiva relativa a las aguas urbanas residuales, en el cual había decidido recurrir al Tribunal de Justicia en 1998. Hay que señalar que durante el año 1999, la Comisión no tuvo que someter al Tribunal de Justicia nuevos casos sobre la base del artículo 228. Sin embargo, varios procedimientos han alcanzado la fase del escrito de requerimiento o del dictamen motivado, por no comunicación, no conformidad o aplicación incorrecta. Todos estos asuntos se mencionan con más detalle en la segunda parte dedicada a los sectores.

Se destacará que, por primera vez desde la entrada en vigor en 1993 de las nuevas disposiciones que regulan los procedimientos en ejecución de sentencias, un Abogado General ha presentado sus conclusiones en un asunto basado en el artículo 228. Se trata del asunto C-387/97, que opone la Comisión a Grecia, sobre la eliminación de los residuos en Creta (véase la sección "residuos" infra).

Por último, hay que señalar que, ante los considerables retrasos de varios Estados miembros para responder a las solicitudes de información de la Comisión relativas a denuncias o a casos detectados de oficio, solicitudes encaminadas a permitir la instrucción de un caso y a efectuar un primer análisis sobre la eventual existencia de una infracción, en 1999 la Comisión inició contra estos Estados (Irlanda, Francia e Italia) procedimientos con arreglo al artículo 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Esta disposición obliga a los Estados miembros a cooperar lealmente con las instituciones comunitarias. La Comisión no puede sino lamentar tal situación, puesto que las respuestas de los Estados miembros a estas solicitudes de información suelen llevar a concluir la ausencia de infracción, y una respuesta rápida y completa permitiría evitar mantener abierta la instrucción de casos que realmente son infundados. Tal situación es perjudicial para el buen funcionamiento de la cooperación entre la Comisión y las administraciones nacionales. Estas decisiones se acompañaron de comunicados de prensa destinados a llamar la atención del público sobre esta falta de cooperación que impide a la Comisión desempeñar con eficacia su papel de guardiana del Tratado.

Paralelamente, en 1999, la Comisión prosiguió también sus trabajos tras la Comunicación que adoptó en octubre de 1996 sobre "La aplicación del Derecho comunitario de medio ambiente" [110]. Cabe señalar progresos significativos en cuanto a la Propuesta de recomendación del Consejo sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros, adoptada por la Comisión el 16 de diciembre de 1998 [111]. El Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones emitieron un dictamen favorable sobre la propuesta de la Comisión respectivamente el 28 abril [112] y 16 de septiembre de 1999 [113]. El Parlamento Europeo aprobó un dictamen en su sesión plenaria de 16 de septiembre de 1999 [114], recomendando, en particular, que la propuesta se adoptara en forma de directiva y no de recomendación.

[110] COM(1996)500 final, de 22 de octubre de 1996.

[111] COM(1998)772 final, de 16 de diciembre de 1998.

[112] DO C 169, de 16.6.1999.

[113] DO C 374, de 23.12.1999.

[114] Aún no publicado.

El 3 de diciembre de 1999, la Comisión adoptó una propuesta modificada que recogía varias de las enmiendas del Parlamento, pero sin aceptar que la forma de la propuesta fuera de directiva. Bajo la Presidencia finlandesa se celebraron varias reuniones del Grupo de Trabajo del Consejo y el 13 de diciembre de 1999 se logró un acuerdo político del Consejo sobre una posición común. El texto adoptado no incluía en su ámbito de aplicación referencia alguna a las inspecciones en el sector nuclear, mencionadas en la propuesta inicial de la Comisión, ya que una mayoría de Estados miembros había indicado en los debates del Consejo que un instrumento separado en el marco del Tratado Euratom sería más apropiado. La propuesta se refiere a directrices para los criterios mínimos relativos a las inspecciones medioambientales de todas las instalaciones industriales y otras empresas y lugares cuyas emisiones en el aire o en el agua, así como los residuos, están sujetas a autorización, permiso o licencia en virtud de las disposiciones comunitarias. El texto adoptado recoge, aunque bajo una forma ligeramente diferente, varias enmiendas propuestas por el Parlamento.

Cabe esperar la adopción de una posición común a principios del año 2000 y la continuación de debates fructíferos con el Parlamento en la próxima etapa del procedimiento de codecisión, lo que permitiría una aprobación definitiva de la propuesta cuanto antes.

Esto constituye la primera etapa de un programa en curso relativo a las inspecciones y al control de la aplicación. A la luz de la experiencia adquirida en la aplicación de la recomendación y previa consulta a las partes interesadas, incluida la red IMPEL, convendrá prever las etapas siguientes para ampliar el objeto, el ámbito de aplicación de las exigencias mínimas y, en particular, ir más allá del control de las fuentes puntuales para el que se redactaron las directrices, con el fin de cubrir las fuentes difusas, y de las inspecciones más generales de las instalaciones industriales sobre la base de las mejores técnicas disponibles en los Estados miembros. Será posible entonces estudiar la posibilidad de una Directiva sobre el tema.

La red IMPEL ("Implementation and Enforcement of EU Environmental Law", red europea para la aplicación del Derecho de medio ambiente) prosiguió sus actividades. En la reunión de Berlín de junio de 1999 se convino modificar ligeramente las estructuras y el ritmo de las reuniones de la red.

La Comisión prosiguió también en 1999 su reflexión sobre la responsabilidad civil medioambiental.

El informe anterior sobre la aplicación del Derecho comunitario exponía cómo el control de la aplicación del Derecho comunitario de medio ambiente ejercido por la Comisión se refiere a tres aspectos: el control de la comunicación de las medidas nacionales de ejecución, el examen de la conformidad de las medidas nacionales con las directivas que incorporan y el control de la aplicación práctica de directivas y reglamentos.

Por lo que se refiere a la comunicación por los Estados miembros de las medidas nacionales de ejecución, no ha habido cambios significativos en el ámbito del medio ambiente en relación con el informe anterior. Hay que señalar que, en 1999, expiró el plazo de incorporación de varias directivas:

- Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación;

- Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas;

- Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente;

- Directiva 98/73/CE de la Comisión, de 18 de septiembre de 1998, por la que se adapta, por vigésimo cuarta vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas;

- Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo;

- Directiva 98/101/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1998, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 91/157/CEE del Consejo relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.

En 1999, como en el pasado, la Comisión debió iniciar varios procedimientos de infracción por no comunicación de las medidas de incorporación contra todos los Estados miembros.

En las secciones siguientes relativas a los sectores y directivas se dan algunos detalles sobre estos procedimientos.

Por lo que se refiere a la conformidad de las medidas nacionales de incorporación, hay que señalar que existen procedimientos por no conformidad en todos los sectores de la legislación medioambiental y contra todos los Estados miembros. Se destacará que el control de la adaptación de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros a las obligaciones que se derivan de las directivas medioambientales constituye una prioridad para la Comisión. La Comisión debe constatar de nuevo que no hubo mejoras en la notificación, con los actos legislativos o reglamentarios destinados a incorporar las directivas, explicaciones detalladas o cuadros de concordancia entre las disposiciones nacionales y comunitarias correspondientes, y que solamente Dinamarca, Alemania, Finlandia y Suecia, y a veces Irlanda, proceden a tal ejercicio.

La Comisión tiene también que comprobar la correcta aplicación por los Estados miembros del Derecho comunitario (directivas y reglamentos) de medio ambiente, lo que constituye una parte importante de su tarea. Este control se refiere tanto a la ejecución práctica de algunas obligaciones generales de aplicación que incumben a los Estados miembros (por ejemplo, designación de zonas o realización de programas), como a los casos específicos en los que se denuncia una práctica o una decisión administrativa concreta, contraria a las obligaciones que se derivan del Derecho comunitario. Las denuncias de los particulares u organizaciones no gubernamentales, las cuestiones escritas y orales y las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo se refieren generalmente a la aplicación incorrecta.

El número de denuncias siguió aumentando en 1999 después del aumento ya constatado en 1998. España, Francia y Alemania fueron objeto del mayor número de denuncias. Por grandes categorías, y sabiendo que las denuncias citan frecuentemente varios problemas, las denuncias registradas en 1999 trataban de problemas relacionados con la naturaleza en casi la mitad de los casos, de la evaluación del impacto medioambiental en un caso de cada cuatro, de los problemas de residuos en un caso de cada diez, de la contaminación del aire en un caso de cada diez y de la contaminación del agua en un caso de cada diez.

Como señalaba el informe anterior, al examinar los casos particulares, la Comisión tiene que entrar a analizar las situaciones de hecho y de Derecho más concretas y más próximas al ciudadano, lo que no deja de plantear algunos problemas prácticos. Esta es la razón por la que la Comisión, sin abandonar la instrucción de los casos de aplicación incorrecta, especialmente los que ponen de manifiesto cuestiones de principio o de carácter horizontal, o incluso prácticas administrativas contrarias a las directivas, concentra sus esfuerzos en la tramitación de los problemas de conformidad.

Hay que observar que la Comisión se enfrenta frecuentemente a retrasos significativos en la aplicación por parte de los Estados miembros de una disposición particular de las Directivas medioambientales, que se refiere a la comunicación de informes. La Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente, prevé la comunicación regular de estos informes sobre periodos claramente determinados que hay que examinar. Ahora bien, como en 1998 en el ámbito del agua, la Comisión inició en 1999 procedimientos de infracción para obligar a una serie de Estados miembros (España, Dinamarca, Portugal, Francia, Italia, Países Bajos, Grecia, Irlanda) a comunicar estos informes referentes a determinadas directivas sobre residuos.

2.12.1. Libertad de acceso a la información

La Directiva 90/313/CEE, relativa a la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, constituye una legislación con vocación global especialmente importante ya que la difusión de la información al ciudadano permite tener en cuenta todos los problemas medioambientales, la participación consciente y efectiva en las elecciones colectivas y un control democrático. La Comisión considera que los ciudadanos, gracias a este instrumento, pueden contribuir de manera útil a la protección del medio ambiente.

Ahora bien, a este respecto, aunque todos los Estados miembros comunicaron las medidas nacionales de incorporación de la Directiva, la conformidad de los Derechos nacionales con las exigencias de esta Directiva sigue sin encontrar solución en varios casos.

El 9 de septiembre de 1999l el Tribunal de Justicia dictó sentencia en el asunto C-217/97 iniciado por la Comisión contra Alemania. Declaró el incumplimiento de Alemania respecto de las excepciones al principio de comunicación, de la comunicación parcial y del coste razonable de la comunicación de información. La Comisión también decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra este Estado miembro por algunos aspectos de la aplicación de la Directiva en el Estado Federado de Schleswig-Holstein.

Por otra parte, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra España (asunto C-189/99) por lo que se refiere a varios puntos de no conformidad de la incorporación de la Directiva (coste razonable, informaciones excluidas, decisión implícita de denegación).

A principios del 1999 había dos procedimientos de infracción contra Portugal. En primer lugar, por lo que se refiere a la no comunicación a la Comisión por este Estado miembro del informe previsto en el artículo 8 de la Directiva, la Comisión recurrió en 1999 al Tribunal de Justicia (asunto C-106/99). Habiéndose notificado el informe, la Comisión retiró su recurso y archivó el asunto. En segundo lugar, respecto de la no conformidad de la legislación portuguesa que incorpora la Directiva por lo que se refiere a la definición de las autoridades cubiertas por la Directiva y de los beneficiarios del derecho de acceso, así como por lo que se refiere al contenido de la información y de las informaciones excluidas, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia. No obstante, esta decisión no se ejecutó porque este Estado miembro comunicó una nueva legislación [115], que seguía en examen a finales del año 1999.

[115] Ley 94/99.

Se recurrió al Tribunal de Justicia contra Bélgica por varios aspectos no conformes de la incorporación, tanto por parte del Estado Federal, como por Bruselas, Flandes y Valonia (asunto C-402/99). La Comisión también decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra este Estado miembro por no haber adoptado las medidas necesarias para incorporar la obligación de motivar formalmente la negativa de acceso a la información que figura en del apartado 4 del artículo 3 de la Directiva.

La Comisión también decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra Francia, porque las medidas francesas no garantizan una incorporación formal, explícita y conforme de varios elementos de la Directiva, entre ellos la obligación de motivar formalmente las negativas de acceso a la información.

El Reino Unido, en cambio, enmendó su normativa anterior a raíz del procedimiento iniciado por la Comisión, por lo que pudo archivarse.

La Comisión sigue recibiendo denuncias referentes generalmente a cuestiones como la negativa de las Administraciones nacionales a dar curso a las solicitudes de información, los plazos de respuesta, la interpretación excesivamente amplia por parte de las Administraciones nacionales de las excepciones al principio de comunicación o la exigencia de pago de cánones que exceden los importes razonables. La Directiva 90/313/CEE es una de las raras directivas que contiene una disposición en virtud de la cual los Estados miembros están obligados a instaurar mecanismos de recurso nacionales contra decisiones erróneamente desestimadas o ignoradas o contra respuestas no satisfactorias otorgadas por las autoridades que tramitan las solicitudes de acceso a la información. Cuando la Comisión recibe denuncias sobre esta clase de situaciones, recomienda a los denunciantes hacer uso de las vías de recurso nacionales que permiten la aplicación efectiva de los objetivos de la Directiva. Por esta razón, en general la Comisión no da curso a este tipo de denuncias individuales mediante procedimientos de infracción, a menos que éstas revelen la existencia de una práctica administrativa generalizada en el Estado miembro en cuestión.

El Tribunal de Justicia ha sido interrogado sobre el concepto de instrucción preliminar respecto al acceso a un peritaje establecido en el marco de un procedimiento administrativo para el cierre de una mina, a raíz de otra petición de decisión prejudicial de un tribunal alemán (asunto C-296/97).

Sobre la base de los informes nacionales comunicados con arreglo al artículo 8 de la Directiva, la Comisión siguió preparando en 1999 su informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva.

Hay que recordar que, en junio de 1998, la Comunidad y los Estados miembros firmaron el Convenio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en el ámbito del medio ambiente (conocido como "Convenio de Aarhus"). De conformidad con la práctica comunitaria, la Comunidad no podrá ratificar el Convenio hasta que las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario, incluidas las de la Directiva 90/313/CEE, hayan sido debidamente modificadas para recoger estas obligaciones internacionales.

En 1999, los servicios competentes de la Comisión (Dirección General de Medio Ambiente) prepararon un documento de trabajo sobre los principios que pueden regir la revisión de la Directiva 90/313/CEE, en particular, respecto a las exigencias del Convenio de Aarhus. Se inició una amplia consulta entre los Estados miembros, la red IMPEL, las organizaciones no gubernamentales y los operadores económicos, y se les envió este documento de trabajo en diciembre de 1999. Se organizarán reuniones con estos interlocutores a principios de 2000. También podría adoptarse una propuesta de modificación de la Directiva durante el primer semestre de 2000.

2.12.2. Evaluación del impacto medioambiental

La Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, constituye el instrumento jurídico con vocación medioambiental global por excelencia. En efecto, la Directiva exige que se tengan en cuenta las consecuencias medioambientales en numerosas decisiones de alcance colectivo.

El plazo de incorporación de la Directiva 97/11/CE, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE expiró el 14 de marzo de 1999. Se iniciaron procedimientos de infracción contra todos los Estados miembros excepto los Países Bajos, por no incorporación o por incorporación incompleta. Tres Estados, Suecia, Italia e Irlanda, transmitieron en 1999 medidas de incorporación y se archivaron los procedimientos que les concernían. Respecto a los demás Estados miembros, continúan los procedimientos de infracción: la Comisión ha decidido, en particular, enviar un dictamen motivado al Reino Unido, Alemania, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Grecia, España y Austria. Las medidas comunicadas por Finlandia, Dinamarca y Portugal están en examen, pero los procedimientos de infracción en su contra seguían pendientes a finales de 1999.

Tras el dictamen emitido por el Parlamento Europeo el 20 de octubre de 1998 sobre la propuesta de Directiva adoptada por la Comisión en diciembre de 1996 relativa a la evaluación de las incidencias de algunos planes y programas sobre el medio ambiente [116], la Comisión adoptó, en febrero de 1999, una propuesta modificada [117]. Esta propuesta pretende integrar las consideraciones medioambientales en la fase de preparación y de adopción de los actos por los que se establece el marco en el que tendrán lugar los futuros proyectos. Por otra parte, el 13 de diciembre de 1999, el Consejo llegó a un acuerdo unánime para adoptar una posición común respecto al texto de esta propuesta de Directiva.

[116] COM(96)511 final.

[117] COM(1999)73 final.

Como ya se indica en los anteriores informes sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, numerosas denuncias recibidas por la Comisión y numerosas peticiones presentadas al Parlamento Europeo censuran, al menos con carácter de incidente, la aplicación incorrecta por las autoridades nacionales de la Directiva 85/337/CEE modificada. Estas denuncias, que cuestionan la calidad de los estudios de impacto y alegan su insuficiente consideración, plantean importantes problemas a los servicios de la Comisión, ya que el control del cumplimiento de estas disposiciones por las autoridades nacionales es de los más difíciles y la naturaleza esencialmente procesal de la Directiva no permite impugnar las opciones efectuadas en última instancia por las autoridades nacionales competentes si el procedimiento fijado por la Directiva se ha respetado. A este respecto, la Comisión repite que, dado que los casos de aplicación incorrecta sometidos a la Comisión en relación con esta Directiva plantean generalmente cuestiones de hecho (existencia y calificación), el control de las posibles infracciones se ejercerá, sin lugar a dudas, con más eficacia de manera descentralizada, a través de los órganos jurisdiccionales nacionales.

El Tribunal de Justicia había dictado el 22 de octubre de 1998 sentencia contra Alemania (asunto C-301/95), declarando varios incumplimientos de este Estado miembro. A falta de medidas de ejecución de dicha sentencia, la Comisión debió incoar el procedimiento del artículo 228 del Tratado contra Alemania y decidió enviarle un dictamen motivado. Conviene recordar que los incumplimientos en cuestión se refieren principalmente al retraso en la adopción de las medidas necesarias para atenerse a la Directiva, en la medida en que Alemania no comunicó a la Comisión todas las medidas adoptadas para ajustarse a la Directiva, en particular, las adoptadas por Estados Federados, y sobre la inaplicación de la Directiva a todos los proyectos autorizados después del 3 de julio de 1988. A este respecto, el Tribunal de Justicia había declarado que, al no prever la obligación de evaluar sus repercusiones sobre el medio ambiente para todos los proyectos que deban someterse a dicha evaluación de acuerdo con la Directiva y cuyo expediente de autorización se inició después del 3 de julio de 1988, Alemania también incumplió sus obligaciones. Con respecto a la incorporación incompleta del artículo 2 de la Directiva en los proyectos enumerados en el Anexo II de la misma, el Tribunal de Justicia constató que, al eximir por anticipado de la obligación de evaluar sus repercusiones sobre el medio ambiente a clases enteras de proyectos enumeradas en el Anexo II de la citada Directiva, la República Federal de Alemania incumplió la Directiva.

El 21 de enero de 1999, el Tribunal de Justicia dictó sentencia en el asunto C-150/97 contra Portugal. Declaró que, al no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse plena y correctamente a lo dispuesto en la Directiva 85/337, la República portuguesa había incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al apartado 1 del artículo 12 de dicha Directiva. De conformidad con las conclusiones del Abogado General Sr. Mischo, el Tribunal de Justicia declaró no sólo el incumplimiento de la fecha de incorporación, sino también que, por el hecho de que la legislación portuguesa incorporó con retraso la Directiva [118], ésta no se aplica a los proyectos cuyo procedimiento de aprobación estaba en curso en la fecha de su entrada en vigor, a saber, el 7 de junio de 1990.

[118] Decreto-Ley 278/97, de 8 de octubre de 1997.

Por tanto, la Comisión solicitó a las autoridades portuguesas que la informaran de las medidas adoptadas para la ejecución de las sentencias. No habiendo recibido respuesta, inició un procedimiento basado en el artículo 228 (antiguo 171) del Tratado contra Portugal.

El Tribunal de Justicia también siguió las conclusiones del Abogado General Sr. Tesauro en su sentencia de 21 de septiembre de 1999 (asunto C-392/96) contra Irlanda por problemas de no conformidad. En efecto, declaró que, al no haber adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la correcta incorporación del apartado 2 del artículo 4 al Derecho nacional, con respecto a los proyectos contemplados en las letras b), d) y e) del apartado 1 y a) del apartado 2 del Anexo II de la Directiva 85/337 y haber incorporado sólo parcialmente el apartado 3 del artículos 2 y los artículos 3, 5 y 7 de la Directiva en Derecho nacional, Irlanda incumplió las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 12 de la Directiva. El asunto trataba, en concreto, del establecimiento por Irlanda de unos umbrales para proyectos como proyectos para destinar terrenos sin cultivar o superficies seminaturales a la explotación agrícola intensiva, las primeras repoblaciones forestales, cuando puedan ocasionar transformaciones ecológicas negativas, y como las roturaciones que permiten la conversión en otro tipo de explotación del suelo, como, por ejemplo, la cría de aves de corral o incluso la extracción de turba, tan elevados que, en la práctica, numerosos proyectos con considerable impacto ambiental eluden el procedimiento de evaluación previsto por la Directiva. En cuanto a la incorporación del apartado 3 del artículo 2 y los artículos 5 y 7 de la Directiva, Irlanda no impugnaba la existencia de un incumplimiento.

La Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra Alemania sobre la ley de autopistas (asunto C-24/99) y contra España por inexistencia de la evaluación de impacto para la mayoría de los proyectos del Anexo II (asunto C-474/99). La Comisión prosigue el procedimiento de infracción contra Italia por la misma imputación. Los elementos comunicados en 1999 por este Estado a raíz del dictamen motivado complementario enviado en 1998 están siendo examinados. En cambio, archivó el procedimiento iniciado contra el Reino Unido, a raíz de la adopción en este Estado miembro de nuevas medidas nacionales de ejecución relativas a Inglaterra, País de Gales y Escocia en 1998 y 1999.

Por otra parte, algunos problemas de aplicación incorrecta son objeto de procedimientos de infracción. Así, la Comisión notificó un dictamen motivado a España por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva en el marco de la autorización del proyecto de autovía "Acceso Norte al Puerto de Algeciras".

2.12.3. Aire

En este sector, todos los procedimientos de infracción en curso durante 1999 se refieren a la comunicación de medidas de incorporación de directivas recientes.

No obstante, hay que señalar con carácter liminar, que la Comisión decidió archivar el procedimiento contra la España relativo a la incorporación por este Estado de la Directiva 93/12/CEE relativa al contenido en azufre de algunos combustibles líquidos, que excluía las Islas Canarias de su ámbito de aplicación. En efecto, el Consejo adoptó el 26 de abril de 1999 la Directiva 1999/32/CE, por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE, que dispensa a España de la obligación derivada de la Directiva inicial en dicha región.

La Directiva 96/62/CE sobre la calidad del aire ambiente debía ser objeto de medidas de incorporación el 21 de mayo de 1998 como máximo. Esta Directiva constituirá la base de una serie de actos comunitarios que se adoptarán para fijar nuevos valores límite de los agentes atmosféricos, empezando por los ya cubiertos por las directivas existentes, y para determinar los umbrales de información y alerta, armonizar los métodos de evaluación de la calidad del aire y permitir una mejor gestión de la calidad del aire buscando la protección de la salud y los ecosistemas. La Comisión envió dictámenes motivados a Grecia, España, Portugal, Irlanda, Italia, Suecia y Reino Unido, habida cuenta de la inexistencia total o parcial de medidas de incorporación en estos Estados miembros en la fecha prevista por la Directiva. Irlanda, Italia, Suecia, Portugal y el Reino Unido cumplieron su obligación de comunicación de las medidas de incorporación y la Comisión archivó las infracciones de su contra. En cambio, acudió al Tribunal de Justicia en los asuntos relativos a España (asunto C-417/99) y Grecia (asunto C-463/99). Por último, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado a Bélgica.

La Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera debía ser objeto de medidas de incorporación a más tardar el 30 de junio de 1998. La Comisión envió dictámenes motivados a Bélgica, Grecia, Francia, Portugal, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Austria y Reino Unido, habida cuenta de la inexistencia total o parcial de medidas de incorporación en estos Estados miembros en la fecha prevista por la Directiva. Los Estados miembros en cuestión comunicaron las medidas de incorporación a la Comisión y los procedimientos pudieron archivarse. Pero la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra tres Estados: Italia (asunto C-418/99), Irlanda (asunto C-355/99) y Francia (asunto C-320/99).

La Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 13 de octubre de 1998 relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo [119] debía incorporarse a más tardar el 1 de julio de 1999. A falta de medidas de incorporación, se iniciaron procedimientos de infracción contra Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Austria, Suecia y Finlandia.

[119] DO L 350, de 28.12.1998, p. 58.

También hay que señalar la adopción en 1999 de cuatro directivas en el ámbito del aire, que no deben incorporarse obligatoriamente hasta el 2000 o 2001, pero cuya incorporación previa es posible:

- Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE [120]. Esta Directiva deberá incorporarse el 1 de julio de 2000 a más tardar;

[120] DO L 121, de 11.05.1999, p. 13.

- Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones [121];

[121] DO L 85, de 29.03.1999, p. 1.

- Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente [122];

[122] DO L 163, de 29.06.1999, p. 41.

- Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos [123].

[123] DO L 12, de 18.01.2000, p. 16.

2.12.4. Agua

El control de la aplicación de la legislación comunitaria relativa a la calidad del agua sigue siendo objeto de una importante actividad por parte de la Comisión, constituyendo alrededor de un cuarto de los procedimientos de infracción existentes en materia medioambiental, así como de numerosas denuncias y peticiones. Esta situación se debe a la importancia cuantitativa y cualitativa de las obligaciones derivadas del Derecho comunitario que incumben a los Estados miembros en la materia y también a la creciente sensibilidad del ciudadano hacia las cuestiones de protección de la calidad del agua.

En cuanto a la Directiva 75/440/CEE relativa a las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, hay en curso varios procedimientos de infracción. Se refieren concretamente a la creación de programas de acción sistemáticos (apartado 2 del artículo 4 de la Directiva), instrumento esencial para la protección del agua (nitratos, pesticidas, etc.) y a la aplicación de las excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 4.

Así, el Tribunal de Justicia declaró en 1998 dos incumplimientos de Portugal. El primero fue objeto de la sentencia de 17 de junio de 1998 (asunto C-214/97), en la que el Tribunal de Justicia declaró que los documentos facilitados por las autoridades portuguesas, a pesar de su título y los proyectos descritos, no constituían un programa de acción sistemático al faltar un calendario para la mejora de la calidad de las aguas, no abarcar todos los cursos de agua y carecer de un marco adecuado que garantice la mejora de la calidad de las aguas. El programa de acción orgánico comunicado a la Comisión tras esta sentencia se juzgó insuficiente en relación con las exigencias de la Directiva. En consecuencia, la Comisión decidió iniciar un nuevo procedimiento por incumplimiento contra Portugal y enviarle un dictamen motivado. En cambio, Portugal puso fin al incumplimiento declarado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 15 de octubre de 1998 (asunto C-229/97), referente a los métodos de muestreo incorrectos e incompletos respecto a la Directiva 79/869/CEE, adoptada sobre la base de la Directiva 75/440/CEE mediante la comunicación de un Decreto-Ley de 1 de agosto de 1998.

La Comisión también interpuso, el 16 de julio de 1999, un recurso ante el Tribunal de Justicia con objeto de que se declarara el incumplimiento de Francia relativo al uso, en Bretaña, de aguas contaminada por nitratos para producir agua potable, a la inexistencia de un plan orgánico y al incumplimiento de las condiciones fijadas por el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva para eximirse de la prohibición de utilizar aguas contaminada (asunto C-266/99).

En diciembre de 1998 se envió a Italia un dictamen motivado complementario por carecer de un programa de acción orgánico sistemático para todo su territorio. La respuesta proporcionada por las autoridades de este Estado miembro está siendo examinada.

El Reino Unido, en cambio, comunicó durante el año 1998 medidas nacionales de ejecución de la Directiva así como de los programas de acción. Por tanto, la Comisión pudo archivar este procedimiento en 1999.

En cuanto a la Directiva 76/160/CEE relativa a la calidad de las aguas de baño, el porcentaje de vigilancia de las zonas de baño y la calidad de las aguas utilizadas tienden a aumentar. No obstante, a pesar de estos progresos, hay pendientes procedimientos de infracción contra numerosos Estados miembros aproximadamente, ya que las exigencias de la Directiva distan mucho de cumplirse plenamente.

Los procedimientos de infracción iniciados contra Austria y Alemania por no comunicación de las medidas de incorporación pudieron archivarse, puesto que las autoridades austríacas y alemanas notificaron las medidas de incorporación que faltaban.

La Comisión decidió enviar al Reino Unido un dictamen motivado con arreglo al artículo 228 del Tratado sobre el caso de Blackpool, donde las playas no respetan los valores límite de la Directiva. La Comisión considera que la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1993 (asunto C-56/90) sigue sin ser objeto de una ejecución completa.

La Comisión decidió iniciar en 1999 el procedimiento del artículo 228 contra España a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 12 de febrero de 1998 declarando el incumplimiento de este Estado miembro (asunto C-92/96) sobre la no conformidad de las aguas interiores a los valores obligatorios mencionados por la Directiva. Las medidas de ejecución de la sentencia propuestas por este Estado miembro parecen, en efecto, insuficientes.

El 8 de junio de 1999 el Tribunal de Justicia dictó sentencia en el asunto C-198/97 relativo a la calidad de las aguas y la frecuencia de los muestreos en Alemania. Declaró el incumplimiento de este Estado miembro. Alemania comunicó una serie de medidas para ajustarse a la sentencia. Estas medidas están siendo objeto de examen.

La Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra Bélgica por la insuficiente vigilancia y no conformidad de una serie de lugares de baño (asunto C-307/98).

Por otra parte, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra Francia, Países Bajos y Portugal por la calidad de las aguas y la frecuencia de los muestreos. La Comisión decidió enviar un dictamen motivado al Reino Unido, Suecia e Italia e iniciar procedimientos de infracción contra Dinamarca y Finlandia para el mismo motivo.

Por último, la Comisión archivó el procedimiento iniciado contra la Dinamarca respecto a la ausencia de medida para el parámetro "coliformes totales", obligatorio según la Directiva. En efecto, este Estado miembro completó su legislación a raíz del dictamen motivado. En cambio, se decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra Francia por este motivo.

La aplicación de la Directiva 76/464/CEE, relativa a las sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático, así como de las directivas que fijan normas específicas por sustancia es motivo de procedimientos de infracción contra la mayoría de los Estados miembros.

La ausencia de programas que incluyan objetivos de calidad para reducir la contaminación por sustancias incluidas en la lista II del Anexo de la Directiva es causa de numerosos procedimientos y dio lugar a nuevas sentencias por incumplimiento en 1999.

A raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1998 contra Luxemburgo (asunto C-206/96), de 25 de noviembre de 1998 contra España (asunto C-214/96) y de 1 de octubre de 1998 contra Italia (asunto C-285/98), declarando el incumplimiento de estos Estados por no establecer programas con objetivos de calidad para reducir la contaminación por estas sustancias, estos Estados comunicaron medidas destinadas a ajustarse al artículo 7 de la Directiva. El examen de estas medidas de carácter complejo está en curso.

El Tribunal de Justicia dictó sentencias en 1999 en procedimientos basados en el mismo motivo e iniciados en 1996 o 1997. El 21 de enero de 1999 declaró el incumplimiento de Bélgica (asunto C-207/97) y el 11 de noviembre de 1999 el de la República Federal de Alemania (asunto C-184/97).

Ante el Tribunal de Justicia hay pendientes procedimientos basados en un motivo idéntico contra Grecia (asunto C-384/97), Portugal (asunto C-261/98) y los Países Bajos (asunto C-152/98). Hay procedimientos pendientes contra Francia e Irlanda.

También hay que señalar que, como respecto de dos asuntos (C-208/97 y C-213/97), en los cuales el Tribunal de Justicia declaró en 1998 el incumplimiento de Portugal en cuanto a la aplicación de las directivas derivadas de la Directiva 76/46/CEE relativas a los vertidos de determinadas sustancias peligrosas en el agua, Portugal no ha comunicado medidas satisfactorias para atenerse a las sentencias, la Comisión inició el procedimiento basado en el artículo 228, y, en el primero de estos asuntos, dirigió a este Estado miembro un dictamen motivado.

La insuficiencia de los programas de reducción motiva numerosos casos particulares de aplicación incorrecta de esta Directiva (contaminación de un curso de agua por residuos agrícolas o industriales). Sólo un enfoque global del problema puede solucionar estas dificultades específicas. Además, persisten en varios Estados miembros ciertos problemas relacionados con la falta sistemática de autorización antes de las operaciones de vertido.

Así, prosigue el procedimiento del artículo 228 iniciado contra Grecia a raíz de la sentencia de 11 de junio de 1998 (asuntos acumulados C-232/95 y C-233/95), ya que Grecia no aplicó los programas de reducción de la contaminación para las sustancias de la lista II de la Directiva 76/464/CEE para el lago de Vegoritis y el golfo de Pagasitikos. El examen de las medidas comunicadas por este Estado miembro sigue su curso.

Prosigue igualmente el procedimiento del artículo 226 iniciado contra Portugal por los vertidos de una fábrica agroalimentaria en Santo Tirso. La Comisión examina las medidas adoptadas por las autoridades portuguesas. La Comisión también envió un dictamen motivado a Portugal sobre la eventual aplicación incorrecta de la Directiva 76/464/CEE debido a las condiciones de explotación de una empresa que fabrica un herbicida y vierte los efluentes sin tratamiento previo en el curso del río Capa Rota.

Hay que destacar también que el Tribunal de Justicia dictó sentencias sobre las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Consejo de Estado neerlandés (asuntos C-231/97 y C-232/97), sobre la interpretación de la Directiva 76/464/CEE. Consideró que el concepto de "vertido" de la Directiva 76/464 no incluye solamente las contaminaciones causadas por sustancias líquidas, sino también sólidas. Todas las sustancias mencionadas en el Anexo de la Directiva, cualquiera que sea su estado, que se concentren directa o indirectamente en las aguas superficiales, son vertidos. Por tanto, la emisión de vapores contaminados que se condensan y recaen en aguas superficiales están comprendidos en este concepto. Por otra parte, en el asunto donde se cuestionaba la lixiviación de la madera con creosota, producto derivado del alquitrán utilizado como antiséptico, en aguas superficiales, el Tribunal de Justicia examinó el concepto de "contaminación procedente de fuentes importantes", mencionado en la Directiva 86/280/CEE, relativa a los valores límite para los residuos de sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE. El Tribunal de Justicia consideró que la Comunidad estableció dos regímenes distintos para luchar contra la contaminación de las aguas superficiales por sustancias peligrosas. Por una parte, existe el régimen de autorización, derivado de los artículos 3 y 7 de la Directiva 76/464/CEE y aplicable cuando la contaminación procede de un acto imputable a una persona y que toma la forma de vertido. Por otra parte, el régimen de programas específicos del artículo 5 de la Directiva 86/280/CEE es aplicable cuando la contaminación no puede imputarse a una persona, porque procede de fuentes múltiples y difusas. En consecuencia, el concepto de "vertido" del artículo 1 de la Directiva 76/464/CEE no incluye la contaminación procedente de fuentes importantes, incluidas las fuentes múltiples y difusas, contempladas en el artículo 5 de la Directiva 86/280/CEE. Esta sentencia también dio motivo al Tribunal de Justicia para precisar que la Directiva 76/464/CEE permite a los Estados miembros supeditar la expedición de una autorización de vertido a requisitos suplementarios no previstos por esta Directiva, como la obligación de buscar o elegir soluciones alternativas con menos impacto en el medio ambiente, aunque la exigencia suplementaria tenga por efecto que la expedición de la autorización sea totalmente excepcional o incluso imposible.

Respecto a las Directivas 78/659/CEE, relativa a las aguas aptas para la vida de los peces, y 79/923/CEE, relativa a las aguas para la cría de moluscos, la mayoría de los procedimientos en curso se archivaron durante 1999 a raíz de la aprobación de medidas convenientes.

El procedimiento del artículo 228 iniciado contra Italia respecto de la Directiva 78/659/CEE a raíz de la sentencia de 9 de marzo de 1994 (asunto C-291/93), pudo archivarse gracias a la designación de todas las aguas en cuestión y la aprobación de los programas de reducción de la contaminación. Tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 4 de diciembre de 1997 (asunto C-225/96), que declara el incumplimiento de Italia por lo que se refiere a la determinación de los valores imperativos y de valores guía para una serie de sustancias peligrosas y la designación de todas las aguas que corresponden a las características objetivas de aguas para la cría de moluscos, de acuerdo con la Directiva 79/923/CEE, el procedimiento de infracción también ha sido archivado tras la comunicación por Italia de las medidas necesarias para adaptarse a la sentencia.

El Reino Unido había comunicado durante el año 1998 nuevas medidas de incorporación de las Directivas 78/659/CEE y 79/923/CEE. La Comisión pudo así archivar el asunto, aunque sigue pendiente otro procedimiento contra este Estado relativo a la falta de designación suficiente de las aguas afectadas por la Directiva 79/923/CEE y que en este marco se envió un dictamen motivado.

La Comisión también envió un dictamen motivado a Finlandia por aplicación incorrecta de la Directiva 78/659/CEE sobre la designación de las aguas en cuestión, la instauración de los objetivos de calidad, el establecimiento de los programas de reducción de la contaminación y la realización de los muestreos.

La mayoría de los procedimientos de infracción iniciados sobre la base de la Directiva 80/68/CEE, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas, también se archivaron en 1999.

En efecto, prosigue el procedimiento del artículo 228 iniciado contra Portugal a raíz de la sentencia de 18 de junio de 1998 por no conformidad de la legislación portuguesa (asunto C-183/97); sigue su curso la evaluación de la nueva legislación portuguesa [124] respecto de las obligaciones impuestas por la Directiva, tras la comunicación de elementos complementarios.

[124] Decreto-Ley antes citado, de 1 de agosto de 1998.

En cambio, la Comisión decidió archivar el procedimiento relativo a la contaminación de las aguas subterráneas por sustancias químicas empleadas en la cría de ovejas en el Reino Unido, habida cuenta de la notificación de varios instrumentos destinados a solucionar el problema. La Comisión desistió también en el asunto C-331/98, relativo a la no conformidad de la legislación irlandesa a la Directiva 80/68/CEE por lo que se refiere a algunos aspectos de los vertidos de las autoridades sanitarias. En efecto, las autoridades irlandesas comunicaron en febrero de 1999 una nueva legislación conforme con la Directiva.

Respecto a la Directiva 80/778/CEE, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, el Tribunal de Justicia dictó sentencia en el asunto C-340/96 el 22 de abril de 1999, declarando que el Reino Unido, al aceptar compromisos desprovistos de valor obligatorio de los distribuidores de agua, incumplió las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 80/778/CEE. El examen de los proyectos de medidas comunicadas por el Reino Unido para ejecutar la sentencia está en curso.

El procedimiento contra Portugal por no conformidad de la legislación que incorporaba la Directiva pudo archivarse, ya que dicho Estado comunicó, posteriormente a la decisión de la Comisión de recurrir al Tribunal de Justicia, la rectificación del Decreto-Ley de 1 de agosto de 1998 destinado a incorporar, en particular, la Directiva.

La Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra Irlanda por aplicación incorrecta de la Directiva 80/778/CEE, habida cuenta de la presencia de contaminantes microbiológicos detectados por la Agencia irlandesa para la protección del medio ambiente en aguas destinadas al consumo humano.

En cambio, la Comisión archivó el procedimiento iniciado contra Austria, debido a las normas de incorporación elegidas por este Estado miembro, a raíz de la adopción de una nueva resolución conforme con la Directiva 80/778/CEE.

Procede recordar que la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, de 3 de noviembre de 1998, que se propone sustituir la Directiva 80/778/CEE [125] a partir de 2003, debe incorporarse en Derecho nacional a más tardar el 25 de diciembre de 2000 y que el respeto de los nuevos valores límite que se derivan de la nueva Directiva podría hacer necesaria desde ahora la aplicación de medidas por los Estados miembros.

[125] DO L 330, de 05.12.1998, p. 32.

La legislación comunitaria cuenta con dos instrumentos destinados a luchar contra el problema específico de la contaminación por fosfatos y nitratos y la eutrofización que producen.

El primero de ellos es la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Esta Directiva exige a los Estados miembros disponer de sistemas de recogida y tratamiento de aguas residuales a partir de 1998, 2000 o 2005, dependiendo del tamaño de los núcleos urbanos. Por consiguiente, la Comisión tiene que controlar de ahora en adelante, además de la comunicación de las medidas de incorporación y la conformidad de dichas medidas, los casos de aplicación incorrecta. Dado que esta Directiva es fundamental para el saneamiento de las aguas y la lucha contra la eutrofización, la Comisión concede especial importancia a que se aplique a su debido tiempo.

La Comisión archivó el procedimiento del artículo 228 del Tratado iniciado contra Italia relativo a la inexistencia de legislación nacional de incorporación, debido a la notificación del Decreto italiano de 11 de mayo de 1999 que incorpora la Directiva. Archivó también el asunto relativo a la no conformidad de la incorporación griega, ya que Grecia puso fin a la infracción adoptando la Orden Ministerial de 2 de agosto de 1999.

En cambio, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra Bélgica por aplicación incorrecta de la Directiva respecto del programa de aplicación de la Directiva (asunto C-236/99). En cuanto al procedimiento iniciado contra España relativo a las medidas que hay que adoptar para garantizar la aplicación práctica y la realización de los objetivos de la Directiva, está en curso, y la respuesta española al dictamen motivado está siendo evaluada.

La Comisión envió un dictamen motivado a Alemania por aplicación incorrecta de la Directiva relativa a la definición de las zonas sensibles y el tratamiento de las aguas vertidas en estas zonas. Por último, decidió enviar un dictamen motivado a Italia por no tratar las aguas urbanas residuales en la aglomeración de Milán, y a Austria por no conformidad de la incorporación de la Directiva tanto para la recogida como para el tratamiento de las aguas urbanas residuales.

La Directiva 98/15/CE de 27 de febrero de 1998, por la que se modifica la Directiva 91/271/CEE del Consejo, en relación con determinados requisitos establecidos en su Anexo I, debía incorporarse a mas tardar el 30 de septiembre de 1998. Por falta de comunicación de medidas de incorporación o comunicación parcial, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado a Bélgica, Alemania, Italia, el Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal, Austria, Suecia y Francia. Sin embargo, decidió archivar todos estos procedimientos, puesto que las distintas autoridades nacionales interesadas comunicaron medidas de incorporación correctas.

El segundo instrumento en la lucha contra la eutrofización es la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura. La Comisión sigue dando mucha importancia a los procedimientos incoados para hacer respetar esta Directiva.

A raíz de la sentencia dictada el 1 de octubre de 1998 en el asunto C-71/97, por la que se declara el incumplimiento de España por no haber establecido códigos de buena práctica y designar zonas vulnerables, este Estado miembro comunicó algunas medidas con el fin de poner fin a la infracción. Otro asunto (C-274/98), iniciado en 1998 contra España por inexistencia de programas de acción, prosigue ente el Tribunal de Justicia.

El 25 de febrero de 1999, el Tribunal de Justicia dictó sentencia contra Italia (asunto C-195/97). Declaró el incumplimiento de este Estado al no haber designado zonas vulnerables. Como Italia comunicó el decreto de 11 de mayo de 1999, la Comisión pudo archivar el asunto. En cambio, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra Italia por la elaboración de los programas de acción y la comunicación de los informes (asunto C-127/99).

Del mismo modo, la Comisión pudo archivar el procedimiento iniciado contra Francia por falta de programas de acción en cada una de las zonas vulnerables designadas por este Estado, pero decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra él por insuficiente designación de las zonas vulnerables efectuada por este Estado.

La Comisión decidió archivar el procedimiento relativo a determinadas medidas de incorporación de Portugal, puesto que las modificaciones introducidas mediante Decreto-Ley de 11 de marzo de 1999 recogían todas las alegaciones formuladas en el dictamen motivado.

En cambio, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra Alemania debido a la no conformidad de los programas de acción aplicados, y contra Grecia debido a la no conformidad de la incorporación, en particular, acerca del calendario fijado por las medidas nacionales. Se envió un dictamen motivado a los Países Bajos por el mismo motivo. Después de haber decidido recurrir al Tribunal de Justicia contra Austria, y habiendo recibido de este Estado miembro nuevas medidas, la Comisión decidió enviarle un dictamen motivado complementario para precisar el alcance de los motivos sin modificar sus conclusiones.

Los dos procedimientos iniciados contra Bélgica, uno por no conformidad de la incorporación respecto de las medidas nacionales de ejecución, el establecimiento de códigos de buena práctica y la designación de zonas vulnerables, y el otro por aplicación incorrecta de la Directiva, siguen pendientes, dado que se dirigió un dictamen motivado a este Estado miembro en el marco del segundo de los procedimientos.

La Comisión también recurrió al Tribunal de Justicia contra el Reino Unido por la designación de las zonas y el establecimiento de los programas (asunto C-69/99).

Después de haber decidido recurrir el Tribunal de Justicia contra Luxemburgo por el establecimiento de códigos de buena práctica, de los programas y la comunicación de los informes, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado complementario a este Estado para precisar el alcance de los motivos sin modificar sus conclusiones.

Hay que señalar que el Tribunal de Justicia dictó sentencia el 29 de abril de 1999 sobre la cuestión prejudicial planteada por un tribunal británico (asunto C-293/97) sobre los criterios para definir las «aguas afectadas por la contaminación». Concluyó que la Directiva 91/676 exige calificar las aguas dulces superficiales como "aguas afectadas por la contaminación" y, por lo tanto, designar como "zonas vulnerables" todas las superficies conocidas cuya escorrentía fluya hacia dichas aguas y que contribuyan a su contaminación, cuando dichas aguas tengan una concentración de nitratos superior a 50 mg/l y el Estado miembro interesado considere que el vertido de compuestos nitrogenados de origen agrario «contribuye significativamente» a dicha concentración total de nitratos.

La Comisión finalmente incoó procedimientos de infracción contra varios Estados miembros sobre la base de la Directiva 91/692/CEE relativa a la normalización y la racionalización de los informes en el sector del agua. En efecto, algunos Estados miembros no han comunicado, o lo hicieron de manera incompleta o tardía, los informes que tienen que elaborar sobre la aplicación de algunas directivas. Como resultado, la Comisión no puede realizar de manera adecuada los informes comunitarios que, a su vez, tiene la obligación de elaborar. Por tanto, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra Portugal (asunto C-435/99) y decidió hacer lo mismo respecto a Bélgica. En cambio, los otros procedimientos iniciados sufrieron una cierta evolución positiva. España, Italia e Irlanda comunicaron informes a la Comisión en respuesta a los dictámenes motivados que habían recibido. Estos informes están en curso de evaluación. En cuanto al procedimiento contra Luxemburgo, pudo archivarse tras la notificación de todos los informes a la Comisión. Por último, se envió a Francia un dictamen motivado y la respuesta francesa está en examen.

2.12.5. Naturaleza

La Comunidad dispone de dos instrumentos jurídicos principales para la protección de la naturaleza: la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales, y de la fauna y flora silvestres.

Respecto a la incorporación de la Directiva 79/409/CEE, la situación sigue siendo variada. Han podido comprobarse ciertos progresos, en particular, por lo que se refiere al régimen de protección de las especies (artículo 5) y los requisitos para introducir excepciones a la obligación de protección (artículo 9).

Así, la Comisión pudo archivar el procedimiento basado en el artículo 228 contra Francia (incorporación del artículo 5 para varias especies de pájaros), en cuyo marco se había recurrido al Tribunal de Justicia en 1998 (asunto C-373/98), habiendo propuesto la Comisión al Tribunal de Justicia la imposición a Francia una multa coercitiva diaria de 105.500 ecus a partir de la segunda sentencia. La Comisión desistió a raíz de la adopción por las autoridades francesas de los decretos de 5 de marzo y 16 de junio de 1999, que integran en lo sucesivo todas las especies de aves silvestres pertinentes y ponen así término a la infracción.

Por lo que se refiere a la incorporación del artículo 9, se abandonó la decisión de recurrir al Tribunal de Justicia contra Francia sobre la base del artículo 226. Las autoridades francesas notificaron a la Comisión el decreto de 5 de marzo de 1999 que corrige las deficiencias de la normativa francesa.

Pero hay otros problemas de no conformidad que persisten. Del mismo modo, en varios Estados miembros, determinadas actividades (caza, regulación de las especies, comercio) siguen sin organizarse de conformidad con el artículo 9.

Así pues, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia por un incumplimiento de Italia (asunto C-159/99) que trataba de la incorporación del artículo 9 (excepciones al régimen de protección resultante de los artículos 5, 6, 7 y 8) y decidió hacer otro tanto contra la Bélgica respecto el artículo 6 (operaciones comerciales).

La Comisión también recurrió al Tribunal de Justicia en materia de fechas de apertura y cierre de la temporada de caza de pájaros migratorios en Francia, contrarias a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 7 (asunto C-38/99). Hay que recordar que este asunto motivó el envío a la Comisión de un gran número de denuncias, así como la recepción por el Parlamento Europeo de numerosas peticiones, a veces favorables y a veces desfavorables al régimen francés de fechas de caza que la Comisión impugna en este procedimiento de infracción.

Se destacará que la Comisión envió un dictamen motivado a Finlandia y decidió dirigir un dictamen motivado a España por no conformidad de su legislación sobre caza con la Directiva.

Por último, se envió un dictamen motivado a Suecia por no conformidad de la incorporación con los artículos 4 (sustituido por los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE), 6 y 9 de la Directiva 79/409/CEE.

Respecto a la incorporación de la Directiva 92/43/CEE, la Comisión destacaba en su informe anterior que, aunque el plazo de incorporación venció en junio de 1994, varios Estados miembros no habían comunicado, en su totalidad o en parte, la legislación de incorporación de las disposiciones de la Directiva. La Directiva debe incorporarse, en particular, en lo referente al artículo 6 (régimen de protección de los hábitats integrados en las futuras zonas especiales de conservación) y los artículos 12 a 16 (régimen de protección de las especies). En 1999, esta situación evolucionó de manera sensible.

Así, la Comisión pudo archivar el procedimiento por ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de junio de 1997 por la que se declara el incumplimiento de Grecia por no comunicación de las medidas de incorporación (asunto C-329/96). A raíz de la notificación de un dictamen motivado sobre la base del artículo 228 del Tratado, las autoridades griegas, en efecto, comunicaron a la Comisión las medidas necesarias para ajustarse a la sentencia.

La Comisión, después de haber decidido recurrir al Tribunal de Justicia en 1998, decidió también archivar el asunto relativo a la provincia de las islas Åland en Finlandia, puesto que las autoridades finlandesas comunicaron medidas de incorporación para esta provincia.

En cambio, el asunto relativo a la no incorporación por Francia del artículo 6 de la Directiva prosigue ante el Tribunal de Justicia (asunto C-256/99).

Además, la Comisión envió un dictamen motivado a Luxemburgo y decidió hacer lo mismo contra Bélgica por no conformidad de las medidas de incorporación con la Directiva

Respecto a la aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, los principales problemas se refieren, al igual que antes, a la protección de parajes y hábitats, ya se trate de la designación como zona de protección especial para los pájaros o de la selección con el fin de incorporarse a la red Natura 2000 y de la protección de los parajes de interés natural.

Como se indicaba en la precedente edición del presente informe, la clasificación, de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE, de zonas de protección especial (ZPE) para las aves silvestres cuando se reúnen los criterios ornitológicos objetivos que imponen esta clasificación, sigue planteando dificultades a varios Estados miembros.

La Comisión ha incoado en primer lugar procedimientos de infracción relativos a varios casos particulares de importancia significativa.

Pudo decidirse el archivo de algunos asuntos a raíz de medidas apropiadas. Así, se archivó el procedimiento del artículo 228 del Tratado iniciado con el fin de obtener una ejecución completa de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de agosto de 1993 relativo a las Marismas de Santoña en España (asunto C-355/90). En efecto, se lograron algunos progresos significativos con el fin de permitir la reforma y la aprobación de medidas para impedir el deterioro del paraje.

La Comisión decidió también desistir en el asunto C-63/98 y archivar el caso relativo a la zona del Waddenzee en los Países Bajos, a raíz de medidas adoptadas por las autoridades neerlandesas.

En cambio, en 1999 el Tribunal de Justicia declaró el incumplimiento de Francia en dos ocasiones en esta materia. En su sentencia de 18 de marzo relativa al estuario del Sena (asunto C-166/97), el Tribunal de Justicia declaró el incumplimiento de Francia por insuficiencia de la superficie de la ZPE y la ausencia de un régimen jurídico suficiente para garantizar la protección de la ZPE respecto a los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Directiva. En cambio, desestimó la alegación relativa a la creación de una instalación industrial en medio de la ZPE por considerar que la Comisión no había proporcionado elementos suficientes para contradecir los elementos aportados por las autoridades francesas. A raíz de esta sentencia, se inició un procedimiento contra Francia sobre la base del artículo 228 del Tratado, para que las autoridades francesas adopten todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia.

El Tribunal de Justicia también dictó sentencia en el asunto del Marai poitevin (asunto C-96/98) el 25 de noviembre de 1999, declarando el incumplimiento de Francia por no haber clasificado como ZPE, en el plazo prescrito, una superficie suficiente del Marai poitevin, no haber adoptado medidas que confieren a las zonas de protección especial clasificadas en el Marais poitevin un régimen jurídico suficiente, ni tomado medidas apropiadas para evitar el deterioro tanto de los parajes del Marais poitevin clasificados como ZPE como de los que hubieran debido serlo.

Hay que indicar que el Tribunal de Justicia conoció de un tercer asunto contra Francia por motivos similares y sobre la zona de Basses Corbières y el paraje de Vingrau (asunto C-374/98) y que hay procedimientos pendientes sobre otras tres zonas, donde, sin embargo, pudieron registrarse progresos (bahía de Canche y Platier d'Oye, plaine des Maures y Valles bajos del Aude).

Por último, la Comisión envió un dictamen motivado a Austria por no clasificar como ZPE desde el valle del Lech al Tyrol.

En segundo lugar, es necesario constatar que las ZPE habrían debido estar clasificadas desde la entrada en vigor de la Directiva en 1981. Sin embargo, puede constatarse en varios Estados miembros una insuficiencia global en cuanto al número y superficie de las ZPE clasificadas. La Comisión favorece actualmente la continuación de los procedimientos generales de infracción contra esta insuficiencia global, antes que proseguir la ausencia de clasificación y protección de cada paraje individual.

A raíz de la sentencia dictada el 19 de mayo de 1998 en el asunto C-3/96 declarando el incumplimiento de los Países Bajos, la Comisión, sobre la base del artículo 228 del Tratado, decidió enviarle un dictamen motivado con objeto de que se ejecute esta sentencia contra los Países Bajos.

La Comisión ha incoado igualmente otros procedimientos por el mismo motivo de infracción contra otros Estados miembros. Así, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra Alemania, Finlandia, Italia y Portugal. Sin embargo, respecto a Alemania y Portugal hay que tener en cuenta que actualmente están bajo examen medidas recientemente comunicadas antes de ejecutar la decisión de recurrir al Tribunal de Justicia. La Comisión también decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra España por no designar un número suficiente de ZPE en la región de Murcia. En cambio, la Comisión finalmente decidió seguir suspendiendo el recurso al Tribunal de Justicia contra Luxemburgo, ya que este Estado miembro procedió a designar casi todas las ZPE y la situación evoluciona positivamente a un ritmo satisfactorio.

Respecto a la aplicación de la Directiva 92/43/CEE, la constitución de la red Natura 2000, red comunitaria de parajes, progresa claramente, lo que demuestra que el planteamiento innovador de la Directiva se comprende cada vez mejor: constitución de la red por etapas; amplia concertación entre la Comisión y los Estados miembros; régimen jurídico de las zonas especiales de conservación que posibilita planes de gestión y medidas de conservación, eventualmente de naturaleza contractual, y que reconoce la posibilidad de establecer excepciones, por razones imperiosas de interés público de primer orden, a la prohibición de deteriorar los hábitats y alterar significativamente las especies.

Han seguido presentándose propuestas de los Estados miembros sobre los parajes que deben designarse de conformidad con la Directiva 92/43/CEE, lo que es positivo, aunque ningún Estado miembro transmitió antes de la fecha límite, fijada en junio de 1995 por la Directiva, la lista completa de los parajes propuestos para ser objeto de protección en el marco de esta Directiva.

Observamos con satisfacción que la Comisión pudo archivar el procedimiento iniciado contra Italia, tras la transmisión de una lista completa de parajes propuestos, de conformidad con el artículo 4 de la Directiva y que la Comisión decidió prolongar la suspensión de los procedimientos de infracción contra España, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Dinamarca, que se había decidido en 1998, tras la transmisión de listas sustanciales por estos Estados miembros. Estos procedimientos sin embargo, no se archivan, dado que no se ha terminado la evaluación de las listas transmitidas.

En cambio, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra Irlanda (asunto C-67/99), Alemania (asunto C-71/99) y Francia (asunto C-220/99) y decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra el Reino Unido y Suecia, ya que las listas de parajes propuestos por estos Estados son insuficientes para un gran número de tipos de hábitats y especies cubiertos por la Directiva. Se decidió ejecutar el recurso contra Finlandia, que había comunicado a finales de 1998 una lista importante de parajes pero que no cumplían las exigencias de la Directiva. Por último, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado a Bélgica, ya que la lista nacional transmitida no contenía ningún lugar representativo de numerosos tipos de hábitats presentes en el territorio belga, entre los que figuran hábitats prioritarios.

Hay que señalar que el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre la cuestión prejudicial planteada por un tribunal británico sobre la base del artículo 234 relativa al alcance de la obligación de seleccionar parajes para la constitución de la red Natura 2000 (asunto C-371/98).

Como se destacaba en la anterior edición del presente informe, es necesario observar que, frecuentemente, las informaciones relativas a los parajes y a las especies que albergan no se comunican de manera completa o apropiada por los Estados miembros cuando comunican la lista de los parajes, lo que dificulta emprender las etapas posteriores previstas por la Directiva 92/43/CEE y la constitución de la red Natura 2000.

Por otra parte, la Comisión sigue practicando una política estricta en materia de concesión de financiación comunitaria destinada a la conservación de los parajes en el marco del Reglamento LIFE sobre los parajes integrados y en fase de integración en la red Natura 2000. Además, la Comisión examina con atención el respeto de las normas medioambientales cuando recibe solicitudes de cofinanciación a cuenta de los Fondos estructurales (objetivos 2 y 5b) y el Fondo de cohesión. En junio de 1999, los dos Comisarios responsables enviaron a los Estados miembros una carta que les recordaba sus obligaciones con arreglo a las directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE. Los Estados miembros que no transmitieron una lista suficiente para la constitución de la red Natura 2000 fueron advertidos de que la Comisión podría no estar en condiciones de evaluar los planes y los programas de cofinanciación presentados.

Como ya se destacó anteriormente, el número de denuncias recibidas por la comisión y de procedimientos de infracción referentes a casos de aplicación incorrecta por problemas particulares y localizados de protección de los espacios y especies sigue siendo elevado, ilustrando las dificultades prácticas que surgen a veces respecto de ciertos desafíos económicos y sociales. Otra explicación es que las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE se cuentan entre los instrumentos del Derecho comunitario de medio ambiente mejor conocidos por los ciudadanos, y que su contribución concreta a la protección efectiva de la naturaleza está ampliamente reconocida.

Las dos principales categorías de problemas planteados por las denuncias son, por una parte, la falta de clasificación en ZPE de zonas particulares que corresponden a los criterios ornitológicos objetivos que justifican una clasificación y, por otra parte, los problemas planteados por la ejecución de un proyecto que puede afectar a un paraje. Respecto a la falta de clasificación en ZPE de zonas particulares, la Comisión continua tramitando atentamente dichas denuncias, tendiendo al mismo tiempo a tratarlas dentro del marco del procedimiento general antes mencionado relativo a la insuficiencia global de las clasificaciones de parajes en ZPE. En cuanto a ataques y amenazas contra parajes particulares, es una satisfacción destacar que los problemas planteados por las denuncias se resuelven sin necesidad de enviar un escrito de requerimiento. Sin embargo, en 1998 se iniciaron varios procedimientos contra distintos Estados miembros.

Prosigue el procedimiento de infracción referente a las perturbaciones que afectan a la ZPE del valle del Zwarte Beek, y las observaciones de Bélgica en respuesta al dictamen motivado siguen examinándose.

Se dirigió a Irlanda un dictamen motivado sobre los riesgos que pesan sobre las zonas húmedas de los condados de Cork y Limerick. La Comisión también decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra Irlanda por no haber adoptado medidas de protección contra el pastoreo excesivo de los hábitats de las especies de aves silvestres objeto de la Directiva y presentes en el oeste de Irlanda.

Por último, la Comisión finalmente envió un dictamen motivado a Portugal por lo que se refiere al proyecto de presa de "Abrilongo" que tenía incidencias sobre la ZPE de Campo Maior y las especies que debían ser protegidas de acuerdo con la Directiva 79/409/CEE.

También es necesario señalar que algunos problemas de aplicación de la Directiva 92/43/CEE pueden surgir por lo que se refiere a la protección, no de los parajes, sino de las especies. Esto, por ejemplo, llevó a la Comisión a iniciar un procedimiento de infracción contra Grecia por las amenazas que pesaban sobre la especie de tortuga Caretta caretta en la isla de Zakynthos. Como las medidas comunicadas no parecían suficientes para garantizar la protección de la tortuga Caretta caretta, se decidió recurrir al Tribunal de Justicia.

Por último, hay que señalar, respecto a la aplicación del Reglamento (CE) n° 338/97, que aplica en la Comunidad el Convenio de Washington de 1973, sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (también llamado "Convenio CITES"), que el procedimiento de infracción iniciado contra Grecia condujo este Estado miembro a comunicar, en 1999, distintas medidas y decisiones ministeriales para completar la Ley n° 2637, de 27 de agosto de 1998, en el marco de la aplicación del Reglamento. El examen de la conformidad de la legislación griega está en curso y, en consecuencia, la ejecución del recurso al Tribunal de Justicia está en suspenso.

2.12.6. Ruido

Como en el pasado, la aplicación de las directivas en este sector no plantea grandes dificultades, puesto que estas directivas establecen normas aplicables a los nuevos productos que se comercializan. Ahora bien, las denuncias recibidas por la Comisión se refieren a cuestiones de ruido ambiente y, por lo tanto, no pueden tratarse a escala comunitaria.

El procedimiento de infracción relativo a la explotación, en los aeropuertos de Zaventem (Bruselas) y Ostende en Bélgica, de aviones antiguos y ruidosos que infringen la Directiva 92/14/CEE relativa a la limitación del uso de determinadas categorías de aviones pudo archivarse, dado que las autoridades belgas intervinieron para hacer respetar el Derecho comunitario.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia del 15 de octubre de 1998 que declaraba el incumplimiento de Bélgica (asunto C-326/97) respecto a la comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva 95/27/CE, por la que se modifica la Directiva 86/662/CEE relativa a la limitación de las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras, las autoridades belgas comunicaron medidas de incorporación (Real Decreto de 9 de diciembre de 1998) y el procedimiento contra este Estado miembro pudo archivarse.

Se destacará también que la Comisión Europea interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia sobre la incorporación, por el Reino Unido, de las Directivas 80/51/CEE, 83/206/CEE, 89/629/CEE y 92/14/CEE relativas a la limitación de las emisiones sonoras de las aeronaves subsónicas, que se refieren al medio ambiente en el territorio de Gibraltar, cuya aplicabilidad a dicho territorio el Estado miembro reconoce, pero no había comunicado a la Comisión ninguna medida de ejecución (asunto C-39/99). No obstante, a raíz de la comunicación de medidas de incorporación por el Reino Unido, la Comisión desistió de su recurso y archivó el procedimiento [126].

[126] Normas sobre el ruido de aviones 1999, publicadas en Gibraltar Gazette, de 2 de marzo de 1999.

2.12.7. Química y biotecnologías

La legislación comunitaria en el ámbito de la química y las biotecnologías reúne varios grupos de actos referentes a productos o actividades que presentan características comunes: complejidad técnica, evoluciones frecuentes para adaptarse al progreso de los conocimientos, ámbito de aplicación a la vez científico e industrial, riesgos particulares para el medio ambiente.

La Directiva 67/548/CEE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, se caracteriza por su frecuente modificación, necesaria por las evoluciones científicas y técnicas. Así, hay que señalar que la Directiva 98/73/CE, de 18 de septiembre de 1998, por la que se adapta, por vigésimo cuarta vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE, rebasó el plazo de incorporación el 31 de octubre de 1999. En cambio, los Estados miembros tienen hasta el mes de julio de 2000 para incorporar la Directiva 98/98/CE de 15 de diciembre de 1998 [127] por la que se adapta, por vigésima quinta vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE. Además, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron, el 10 de mayo de 1999, la Directiva 99/33/CE por la que se modifica la Directiva 67/548/CEE del Consejo por lo que se refiere al etiquetado de ciertas sustancias peligrosas en Austria y Suecia. La República de Austria y el Reino de Suecia deberán haber adoptado las medidas de incorporación a más tardar el 30 de julio de 2000.

[127] DO L 355, de 30.12.1998, p. 1.

En este contexto, los retrasos de los Estados miembros en la comunicación de las medidas de incorporación siguen siendo frecuentes, pero la Comisión inicia sistemáticamente procedimientos para asegurar el respeto de esta obligación.

Se destacará que, a raíz de la comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva 94/69/CE (vigesimoprimera adaptación de la Directiva), los procedimientos iniciados contra Bélgica (asunto C-79/98, sentencia de 6 de octubre de 1998) y Portugal (recurso decidido en 1998) pudieron archivarse.

Lo mismo sucede respecto a la Directiva 96/54/CE (vigesimosegunda adaptación de la Directiva): los procedimientos iniciados contra Bélgica (asunto C-405/99) y Grecia (dictamen motivado notificado en 1998) pudiendo archivarse.

La Directiva 96/56/CE prevé la sustitución, en materia de etiquetado de sustancias peligrosas, de las siglas CEE por CE, a más tardar el 1 de junio de 1998. Por falta de incorporación, la Comisión había enviado en 1998 un dictamen motivado a Portugal, Alemania, Grecia y Bélgica. Como todos estos Estados miembros, excepto Alemania, han efectuado desde entonces la incorporación, solamente prosigue el procedimiento contra este último país, pendiente ante el Tribunal de Justicia (asunto C-406/99).

Respecto a la Directiva 97/69/CE (vigesimotercera adaptación de la Directiva), la Comisión decidió en 1999 recurrir al Tribunal de Justicia contra Bélgica y envió un dictamen motivado a Alemania, Austria, los Países Bajos y Portugal. No obstante, recientemente, Alemania Bélgica y Portugal comunicaron medidas, por lo que se archivaron los respectivos procedimientos.

Por último, procede recordar que la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas [128], deberá incorporarse por los Estados miembros a más tardar el 14 de mayo de 2000.

[128] DO L 123, de 24.04.1998, p. 1.

Respecto a la Directiva 86/609/CEE relativa a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado a Bélgica sobre la base del artículo 228 del Tratado, con el fin de obtener la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia del 15 de octubre de 1998 (asunto C-268/97) por la que se declara el incumplimiento de este Estado en cuanto a la incorporación de la Directiva.

Por otra parte, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra Irlanda (asunto C-354/99) y decidió recurrir contra Francia y Austria por la incorporación incorrecta efectuada por estos Estados.

En cambio, la Comisión desistió de su recurso contra Portugal (asunto C-299/97), dado que dicho Estado publicó legislación que incorporaba correctamente las disposiciones de la Directiva en cuestión (inspecciones realizadas en los establecimientos donde se utilizan animales). Del mismo modo, la Comisión desistió de su recurso contra Luxemburgo (asunto C-272/99), ya que las autoridades de este Estado miembro comunicaron el Reglamento gran ducal, adoptado en agosto de 1999, que resuelve, al menos parcialmente, el asunto, lo que impide a la Comisión proseguir su recurso en su estado actual.

Respecto al uso de los organismos genéticamente modificados (OGM), la Directiva 90/219/CEE, que se refiere a su utilización confinada, y la Directiva 90/220/CEE, que se refiere a su liberación, constituyen su marco normativo.

Por otra parte, hay que señalar que la Directiva 90/219/CEE fue modificada por la Directiva 98/81/CE del Consejo, de 26 de octubre de 1998, relativa a la utilización confinada de microorganismos genéticamente modificados [129], que deberá incorporarse a más tardar el 5 de junio del 2000. La propuesta de modificación de la Directiva 90/220/CEE adoptada por la Comisión a finales de 1997 [130] tiene por objeto aumentar la transparencia del procedimiento de aprobación de la comercialización de OGM, sistematiza el etiquetado de los productos que utilizan estos organismos, determina principios comunes para evaluar los riesgos y adapta los procedimientos administrativos a los riesgos, también indirectos. El Consejo adoptó una posición común sobre la propuesta el 9 de diciembre de 1999.

[129] DO L 330, de 05.12.1998, p. 13.

[130] DO C 139, de 04.05.1998, p. 1.

En 1999 pudieron archivarse una serie de procedimientos en el sector de los OGM. Así, Bélgica regularizó su situación en todos los procedimientos iniciados en su contra. A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de mayo de 1997 (asunto C-357/96), que había declarado su incumplimiento por no comunicar las medidas de incorporación de la Directiva 94/15/CE, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 90/220/CEE, la Comisión había iniciado un procedimiento con arreglo al artículo 228 del Tratado. Este procedimiento pudo archivarse tras la comunicación del Real Decreto de 18 de diciembre de 1998 que adaptaba la legislación belga a la Directiva. El caso relativo a la incorporación de las Directivas 90/219/CEE, 90/220/CEE y 94/51/CE (sentencia de 16 de julio de 1998, asunto C-343/97) también se archivó, a raíz de la aprobación del Real Decreto antes citado sobre la Directiva 90/220/CEE y la aprobación de la Orden Ministerial de 22 de septiembre de 1998 sobre la Directiva 90/219/CEE y la Directiva 94/51/CE, que modifica la anterior. Por último, el Real Decreto de 18 de diciembre de 1998 también puso fin al incumplimiento de Bélgica en la incorporación de la Directiva 97/35/CE, en relación con el cual la Comisión había decidido en 1998 recurrir al Tribunal de Justicia.

Del mismo modo, las dificultades detectadas por la Comisión sobre la conformidad de la legislación portuguesa que incorporaba las directivas 90/219/CEE y 90/220/CEE se resolvieron mediante un Decreto-Ley de 2 de marzo de 1999, por lo que la Comisión no ejecutó su decisión de recurrir al Tribunal de Justicia y archivó el procedimiento de infracción.

La Comisión también retiró su recurso contra Grecia (asunto C-121/99) por no incorporación de la Directiva 97/35/CE, puesto que este Estado miembro incorporó la Directiva mediante una decisión ministerial de 20 de mayo de 1999.

A raíz de la sentencia de 16 de julio de 1998 (asunto C-339/97), que declaraba el incumplimiento de Luxemburgo por no comunicar las medidas de incorporación de las Directivas 94/15/CE y 94/51/CE, el Estado miembro había comunicado las medidas referidas a la Directiva 94/15/CE, pero no las relativas a la Directiva 94/51/CE. Por tanto, la Comisión inició el procedimiento del artículo 228 del Tratado a este respecto y envió un dictamen motivado a Luxemburgo. No obstante, este Estado miembro comunicó recientemente medidas de incorporación.

Por último, dos casos de aplicación incorrecta de la Directiva 90/220/CEE dieron lugar al envío de un dictamen motivado a Francia. El primero se refería a la falta de reacción de las autoridades francesas a una notificación de productos por fabricantes o importadores para su comercialización. Según la Directiva, la autoridad competente debe, en un plazo de noventa días, bien transmitir el expediente a la Comisión con opinión favorable, o informar al notificante de que su solicitud no cumple las condiciones enunciadas en la Directiva y que, en consecuencia, se desestima. El segundo incumplimiento de Francia se refiere a las etapas posteriores del procedimiento de autorización de comercialización de productos que consisten en OGM o que contienen OGM. De acuerdo con la Directiva, cuando se adopta una decisión para aprobar la comercialización de tal producto, la autoridad competente del Estado miembro que haya recibido la notificación inicial debe dar su consentimiento por escrito, para permitir que el producto se comercialice. Ahora bien, respecto de dos decisiones favorables adoptadas en 1997, Francia sigue sin dar su consentimiento.

Hay que señalar que el Conseil d'Etat Français planteó al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial (asunto C-6/99), sobre la existencia de un margen de apreciación de las autoridades nacionales tras la intervención de una decisión favorable de la Comisión en el sentido del apartado 4 del artículo 13 de la Directiva 90/220/CEE. El Abogado General, en sus conclusiones del 25 de noviembre de 1999, se negó a reconocer una facultad de apreciación al Estado miembro que haya remitido a la Comisión una solicitud de autorización de comercialización de un OGM. Este Estado no puede negarse a dar su consentimiento por escrito, cuando dicha solicitud no sea objeto de objeción por parte de ningún otro Estado miembro o cuando la Comisión haya adoptado una decisión favorable, quedándole solo el recurso a la posibilidad abierta por el artículo 16 de la Directiva (irregularidades en el procedimiento nacional).

2.12.8. Residuos

Los procedimientos de infracción en el ámbito de los residuos siguen siendo numerosos y se refieren tanto a la incorporación formal como a la aplicación práctica. Como se indicaba en la anterior edición del presente informe, las dificultades de hacer aplicar el Derecho comunitario en este sector se explican probablemente tanto por las necesarias modificaciones de los comportamientos de los particulares, de las administraciones y de los agentes económicos, como por los costes de estas modificaciones.

Por lo que se refiere a la Directiva marco sobre residuos (Directiva 75/442/CEE modificada por la Directiva 91/156/CEE), la mayoría de las dificultades de aplicación se refieren a su aplicación a instalaciones particulares, y, en particular, al problema de los vertederos de residuos, objeto de numerosas denuncias contra vertederos no autorizados, por su localización controvertida, su mala gestión o porque contaminan el agua, etc. La Directiva exige una autorización previa a la explotación de la instalación de eliminación y aprovechamiento de residuos; en cuanto a la eliminación de los residuos, esta autorización deberá además fijar las condiciones de explotación para limitar las incidencias sobre el medio ambiente.

Hay que subrayar que la aprobación por el Consejo el 26 de abril de 1999 de la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos [131] debería contribuir a clarificar el marco jurídico en el cual se autorizan, en los Estados miembros, las instalaciones que aplican este método de eliminación.

[131] DO L 182, de 16.7.1999, p. 1.

Como ya se ha señalado en el pasado, ante este tipo de casos específicos, la Comisión busca posibles problemas más generales como, en particular, la ausencia de planes de gestión de residuos o de planes insuficientes o inadecuados, partiendo de la idea de que un vertedero ilegal puede revelar una necesidad no satisfecha de gestión de residuos.

Con esta perspectiva, la Comisión había recurrido en 1998 al Tribunal de Justicia una segunda vez contra Grecia (asunto C-387/97), solicitándole que le impusiera una multa coercitiva diaria de 24.600 euros al día, sobre la base del artículo 228 del Tratado, por no ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de abril de 1992 (asunto C-45/91), sobre una situación específica de eliminación de los residuos en condiciones que no respetan el medio ambiente en Kouroupitos (Creta) y la inexistencia de plan de gestión de residuos. El Abogado General presentó sus conclusiones el 28 de diciembre de 1999. Pidió al Tribunal de Justicia que declarara que la República Helénica no ha ejecutado la sentencia de 7 de abril de 1992, en la medida en que persiste en incumplir las obligaciones que le incumben por lo que se refiere a la aprobación de las medidas necesarias para garantizar que los residuos y los residuos tóxicos y peligrosos se eliminarán en la región de La Canea sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar al medio ambiente, y por lo que se refiere al establecimiento de planes o programas para la eliminación de los residuos y los residuos tóxicos y peligrosos en esta región. Por tanto, propuso que se impusiera a Grecia una multa coercitiva por un importe de 15.375 euros al día, pagaderos a partir de la fecha de notificación de la sentencia que pone fin al procedimiento y hasta el cese de las infracciones.

También hay que destacar el interés de la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal de Justicia, el 9 de noviembre de 1999, en un asunto iniciado por la Comisión contra Italia sobre un caso de vertidos ilegales de residuos en el barranco de San Rocco (asunto C-365/97). El Tribunal de Justicia declaró el incumplimiento de las autoridades italianas al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar que los residuos vertidos en el curso de agua que discurre por el barranco de San Rocco sean eliminados sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar el medio ambiente y al no haber adoptado las medidas necesarias para que los vertidos acumulados en un vertedero ilegal sean entregados a un recolector privado o público o a una empresa de eliminación.

La Comisión también envió un dictamen motivado a Grecia relativo a un vertedero incontrolado en el Peloponeso.

Habida cuenta de la importancia de la planificación en materia de gestión de residuos, como demuestran los distintos ejemplos antes citados, la Comisión decidió, en octubre de 1997, iniciar procedimientos de infracción contra el conjunto de los Estados miembros que, con excepción de Austria, no habían establecido de manera sistemática los planes de gestión de residuos. Estos procedimientos cubren, según los casos, las lagunas relativas a los planes requeridos por el artículo 7 de la Directiva marco, los planes de gestión de los residuos peligrosos, previstos en el artículo 6 de la Directiva 91/689/CEE, así como los residuos de embalajes, para los cuales el artículo 14 de la Directiva 94/62/CE exige una planificación específica.

En 1999, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia en relación con las tres categorías de planes contra Francia (asunto C-292/99), Irlanda (asunto C-461/99), Italia (asunto C-466/99) y decidió recurrir contra Luxemburgo, España, Grecia y el Reino Unido.

En cambio, después de haber decidido recurrir contra el Tribunal de Justicia, la Comisión suspendió el procedimiento contra Alemania, al haber notificado el último Estado Federado (Baja Sajonia) que aún no lo tenía, el plan relativo a los residuos no peligrosos y a los residuos de embalajes. El examen de este plan está en curso. Se destacará también que el procedimiento con arreglo al artículo 228 iniciado contra este Estado a raíz de la sentencia de 10 de mayo de 1995 (asunto C-422/92) pudo archivarse, dado que el último Estado Federado que estaba retrasado a este respecto (Bremen) notificó un plan relativo a los residuos peligrosos.

Los procedimientos iniciados contra los Países Bajos y Bélgica sólo se referían a la falta de capítulo específico sobre los residuos de embalajes. Al poner los Estados miembros fin a esta infracción, la Comisión pudo archivar los procedimientos en 1999. Aunque los procedimientos contra Suecia y Portugal siguen pendientes, en cambio, los asuntos relativos a Dinamarca y Finlandia se archivaron en 1999.

Por lo que se refiere a la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos, se destacará que la Comisión tuvo que iniciar en 1998 procedimientos de infracción contra una serie de Estados miembros que no habían comunicado a la Comisión determinadas informaciones requeridas sobre los establecimientos y empresas de eliminación y valorización de residuos peligrosos. En 1999, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra Italia sobre este extremo (asunto C-469/99). También se envió un dictamen motivado complementario a Grecia por el mismo motivo. La Comisión envió igualmente un dictamen motivado a Francia y a Portugal, pero, en respuesta, estos dos Estados miembros comunicaron las informaciones requeridas. Por otra parte, el procedimiento iniciado contra Bélgica pudo archivarse antes incluso del envío del dictamen motivado anunciado en la anterior edición del presente informe, a raíz de la notificación de las informaciones requeridas en el formato previsto por la Directiva.

Respecto la aplicación de las Directivas relativas a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas (91/157/CEE y 93/86/CEE), la Comisión prosigue procedimientos de infracción contra los Estados miembros que aún no han establecido los programas previstos por el artículo 6 de la Directiva. A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de mayo de 1998 (asunto C-298/97), que declara el incumplimiento de España, la Comisión inició el procedimiento del artículo 228 del Tratado y dirigió un dictamen motivado a este Estado miembro. Se están evaluando las medidas comunicadas como respuesta. Como Grecia no ejecutó la sentencia de 8 de julio de 1999 (asunto C-215/98) que constataba un incumplimiento similar, la Comisión inició un procedimiento basado en el artículo 228 del Tratado. La Comisión también decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra Portugal por el mismo motivo, pero algunas medidas aplicadas por este Estado están actualmente al examen. En cambio, Bélgica facilitó un programa con el fin de ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 1999 (asunto C-347/97), que declaró el incumplimiento por el mismo motivo. De igual modo, Francia puso fin a la infracción declarada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 8 de julio de 1999 (asunto C-178/98). En consecuencia, la Comisión archivó estos dos procedimientos.

Por último, se recordará que el plazo de incorporación de la Directiva 98/101/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1998, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 91/157/CEE del Consejo relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas [132], expira el 1 de enero de 2000.

[132] DO L 1, de 05.01.1999, p. 1.

Respecto a la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra Grecia (asunto C-123/99) y el Reino Unido (asunto C-455/99) por no comunicar las medidas de incorporación. No obstante, el Reino Unido comunicó tales medidas [133], por lo que la Comisión decidió no proseguir su procedimiento de infracción. El procedimiento iniciado contra Alemania por el Reglamento relativo a los envases, que incluye un sistema de promoción de la reutilización de los envases, también continúa. En cambio, la Comisión archivó los procedimientos iniciados contra Bélgica (procedimiento por el que la Comisión había recurrido al Tribunal de Justicia en el asunto C-14/99), Portugal, Luxemburgo y Francia a raíz de la comunicación por estos Estados de las medidas que completan la incorporación de la Directiva.

[133] The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) (Amendement) Regulations (Northern Irland), 1999 S.R N.I. nº 496.

Además de la comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva, es importante que éstas sean conformes. No parece ser el caso de Dinamarca, contra quien la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia debido a la prohibición, en este Estado, de las latas de bebidas y otros tipos de envases no reutilizables (asunto C-246/99).

Es necesario recordar la obligación que incumbe a los Estados miembros derivada del artículo 16 de la Directiva 94/62/CE de notificar a la Comisión y a los otros Estados miembros, para examen previo a su adopción, los proyectos de medidas nacionales destinadas a aplicar la Directiva. El procedimiento que garantiza la aplicación de esta obligación ya se mencionó en la anterior edición del presente informe.

Respecto al Reglamento (CEE) n° 259/93 relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra Alemania por establecer obstáculos abusivos a la transferencia de algunos residuos.

En 1999 se iniciaron una serie de procedimientos de infracción contra varios Estados miembros por no comunicación de los informes anuales exigidos por el artículo 41 del Reglamento 259/93. Los procedimientos contra Dinamarca y Francia se archivaron tras la transmisión de los informes. Los procedimientos contra Grecia, Italia y los Países Bajos siguen pendientes, y las respuestas de las autoridades nacionales se están examinando. En cambio, ante la falta de respuesta por parte de Irlanda, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado a este Estado miembro.

Respecto a la Directiva 75/439/CEE relativa a la gestión de aceites usados, el Tribunal de Justicia dictó sentencia el 9 de septiembre de 1999 en el asunto C-102/97, declarando el incumplimiento de Alemania por no haber adoptado las medidas necesarias para dar prioridad al tratamiento por regeneración de los aceites usados, a pesar de que lo permitían los condicionantes de orden técnico, económico y de organización. La Comisión también recurrió al Tribunal de Justicia contra Portugal por no conformidad de su incorporación de la Directiva (asunto C-392/99).

Por último, en cuanto a la eliminación de los PCB y PCT, productos especialmente peligrosos, es necesario recordar que la Directiva 96/59/CE, que deroga la antigua Directiva 76/403/CEE, debía ser incorporada por los Estados miembros a más tardar el 16 de marzo de 1998. A falta de comunicación de medidas de incorporación, la Comisión había decidido enviar un dictamen motivado a Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Italia, Portugal, el Reino Unido y Bélgica. Tras recibir las medidas de incorporación, decidió archivar los procedimientos contra España, Italia, Portugal, Dinamarca y Bélgica. En cambio, ante la falta de medidas de incorporación definitiva, recurrió al Tribunal de Justicia contra Grecia (asunto C-464/99) y el Reino Unido (asunto C-468/99) y decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra Alemania.

2.12.9. Medio ambiente e industria

La Directiva 82/501/CEE llamada "Seveso" se refiere a la prevención de los riesgos de accidentes industriales graves.

En primer lugar, hay que destacar que el Tribunal de Justicia dictó sentencia el 17 de junio de 1999 en el asunto C-336/97, declarando el incumplimiento de Italia debido a la incorrecta aplicación de la Directiva por lo que se refiere a los planes de urgencia, las inspecciones y las medidas de control.

Igualmente hay que señalar que la Directiva 96/82/CE (llamada "Seveso II "), que sustituye a la Directiva 82/501/CEE a partir del 3 de febrero de 2001, debía incorporarse a más tardar el 3 de febrero de 1999. A falta de comunicación de las medidas de incorporación, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado a Bélgica, Francia, Luxemburgo, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Portugal y Austria.

Respecto a la Directiva 84/360/CEE (contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales), en 1999 la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra Portugal respecto a su incorporación, en la medida en que el sistema de autorización no cubre todas las instalaciones contempladas por la Directiva (asunto C-131/99). Sin embargo, la legislación nacional se modificó de una manera conforme con la Directiva, por lo que la Comisión retiró su recurso y se archivó el asunto

Respecto a la Directiva 87/217/CEE sobre la prevención y la reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, hay que indicar que la Comisión decidió recurrir el Tribunal de Justicia contra Bélgica e Irlanda por incorporación no conforme.

Respecto a las dos Directivas relativas a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de la incineración de los residuos municipales 89/369/CEE (nuevas instalaciones) y 89/429/CEE (instalaciones existentes), la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra Bélgica por no conformidad de la legislación de incorporación de las dos directivas, aunque las autoridades de este Estado adoptaron distintas medidas que no responden a la totalidad de las imputaciones (asunto C-287/99). Por otra parte, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra España, por autorizar el funcionamiento en Canarias de incineradores no conformes con las exigencias de la Directiva 89/369/CEE. Por último, se envió a Francia un dictamen motivado por el funcionamiento no conforme al Derecho comunitario de numerosos incineradores, lo que demuestra la existencia de emisiones importantes de dioxinas.

Se recordará que el plazo de incorporación de la Directiva 94/67/CE relativa a la incineración de residuos peligrosos terminaba el 31 de diciembre de 1996. Prosiguen los procedimientos por no comunicación de las medidas de incorporación. Así, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia por incumplimiento de Bélgica (asunto C-338/99) e Italia (asunto C-421/99). En cambio, pudo archivar los procedimientos iniciados contra Grecia (asunto C-388/98), Austria y el Reino Unido, ya que estos tres Estados miembros han comunicado las medidas necesarias para incorporarla.

Es necesario recordar que la Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (llamada "IPPC"), adoptada el 24 de septiembre de 1996, debía incorporarse a más tardar el 30 de octubre de 1999.

Es necesario mencionar también que la Comisión pudo renunciar a recurrir al Tribunal de Justicia contra Bélgica en relación con el Reglamento (CEE) n°880/92 relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica ("Ecolabel"), al haberse adoptado las medidas nacionales de ejecución del Reglamento (designación de un organismo, normas prácticas de examen de las solicitudes).

Del mismo modo, en cuanto al Reglamento (CEE) n°93/1836 por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales ("Emas"), la Comisión pudo renunciar a recurrir al Tribunal en el marco de los procedimientos de infracción contra Grecia y Portugal. En efecto, las autoridades nacionales adoptaron las medidas de ejecución del Reglamento.

Es necesario observar también que, en el marco del procedimiento de infracción iniciado contra Bélgica relativa al principio del recurso al "permiso tácito" como autorización, procedimiento que se mencionó en la anterior edición del presente informe, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia. En efecto, las respuestas de las autoridades de este Estado al dictamen motivado no permiten concluir la adaptación de la legislación nacional.

2.12.10. Radioprotección

La legislación comunitaria sobre radioprotección está basada en el Capítulo III "Protección sanitaria" del Tratado Euratom. Cubre todos los aspectos de la protección sanitaria de la población y los trabajadores contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes, y no solamente los relativos a la energía nuclear. En realidad, las personas se exponen sobre todo a las radiaciones utilizadas con fines médicos.

Como elemento del Derecho primario, el Tratado Euratom impone en sus artículos 33 a 37 algunas obligaciones a los Estados miembros, en particular, en materia de formación y educación, vigilancia del medio ambiente y eliminación de los residuos radioactivos. Por otra parte, cinco directivas principales y tres Reglamentos sobre radioprotección están actualmente vigentes.

La especificidad de la legislación basada en el Tratado Euratom reside en el hecho de que la Comisión examina la conformidad de las medidas de incorporación antes de su adopción definitiva. Según el artículo 33 del Tratado Euratom, los Estados miembros están obligados a comunicar a la Comisión todo proyecto de disposición destinado a garantizar la observancia de las normas básicas establecidas en el ámbito de la radioprotección. La Comisión debe formular recomendaciones con objeto de armonizar estas disposiciones. Estas recomendaciones contienen el mismo tipo de análisis de la conformidad que los escritos de requerimiento elaborados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en los otros ámbitos del Derecho comunitario del medio ambiente. En 1999, la Comisión recibió 11 comunicaciones de proyectos legislativos con arreglo al artículo 33 del Tratado Euratom, de los cuales dos suscitaron una recomendación.

Aunque las recomendaciones emitidas con arreglo al artículo 33 no son vinculantes, por regla general los Estados miembros las siguen escrupulosamente. En consecuencia, los procedimientos de infracción por no conformidad en el ámbito de la radioprotección son menos numerosos.

El artículo 35 del Tratado Euratom dispone que cada Estado miembro creará las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como la observancia de las normas básicas. La Comisión puede comprobar el funcionamiento y la eficacia de estas instalaciones. En 1999, la Comisión procedió a tres controles con arreglo al artículo 35. En virtud del artículo 36 del Tratado Euratom, los Estados miembros comunican a la Comisión la información relativa a los índices de radiactividad medidos en el medio ambiente, para que pueda así controlar el cumplimiento de las normas básicas.

En general, la Comisión controla la aplicación de la legislación sobre radioprotección con arreglo al artículo 124 y aplicando el procedimiento previsto en los artículos 141 y 143 del Tratado Euratom, que corresponden respectivamente al artículo 211 y a los artículos 226 y 228 del Tratado CE.

La Directiva 80/836/Euratom establece las normas básicas relativas a la protección sanitaria de la población y los trabajadores contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes. El procedimiento de infracción iniciado contra Luxemburgo por incumplimiento de lo dispuesto en la Directiva se archivó en 1999, a raíz de la adopción por Luxemburgo de una nueva legislación conforme con las mencionadas disposiciones. Así pues, el último procedimiento de infracción de la Directiva 80/836/Euratom se dirige contra los Países Bajos por incumplimiento de las normas básicas relativas, por ejemplo, a las madres lactantes, la exposición interna y las dosis recibidas.

Por lo que se refiere a la Directiva 84/466/Euratom, por la que se establecen las medidas fundamentales relativas a la protección radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos, el procedimiento de infracción iniciado contra España y que culminó en la sentencia de 9 de octubre de 1997 (asunto C-96/21) sigue pendiente. En 1999, España comunicó a la Comisión nuevas medidas de incorporación que podrían resolver todos los puntos litigiosos. Las medidas se adoptaron, pero no aún no se han publicado, lo que debe hacerse antes del archivo oficial del asunto.

Los procedimientos contra Bélgica prosiguieron mediante el envío de un dictamen motivado complementario. La legislación belga comunicada no satisface plenamente las exigencias de la Directiva, en particular, en materia de formación, especialistas cualificados, criterios de aceptabilidad y vigilancia de las instalaciones radiológicas.

Las dos directivas antes mencionadas serán sustituidas próximamente por nuevas directivas: la Directiva 96/29/Euratom por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes, y la Directiva 97/43/Euratom relativa a la protección de la salud frente a los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas. Es necesario recordar que el plazo de incorporación de estas Directivas expira el 13 de mayo de 2000.

Actualmente, la Directiva 89/618/Euratom, relativa a la información de la población sobre las medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a seguir en caso de emergencia radiológica, choca con la mayoría de los problemas de aplicación en el ámbito de la radioprotección.

La Comisión decidió iniciar un procedimiento de infracción contra España por no haber establecido un dispositivo de información previo, como prevé la Directiva 89/618/Euratom. Sin embargo, en 1999 España comunicó a la Comisión una nueva legislación nacional, que termina la incorporación y permite archivar el asunto. En el procedimiento contra Suecia, la Comisión envió un dictamen motivado en 1999.

Suecia no comunicó las medidas de incorporación relativas a varias disposiciones de la Directiva 89/618/Euratom, como la información de la población en caso de emergencia y los procedimientos relativos a la transmisión de informaciones.

Prosiguen los procedimientos contra Alemania por no conformidad con las disposiciones sobre información de la población en caso de emergencia y sobre el personal de intervención.

El procedimiento de infracción contra Francia también sigue pendiente por no conformidad con la Directiva 90/641/Euratom relativa a la protección operacional de los trabajadores exteriores con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.

2.13. AGRICULTURA

2.13.1. Libre circulación de los productos agrícolas [134]

[134] A raíz de la reorganización de los servicios de la Comisión, la legislación y las cuestiones sobre salud pública y la salud de animales y vegetales se han confiado a la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores. Desde el último trimestre de 1999, esta Dirección General está encargada de la instrucción y tramitación de expedientes de infracciones relativos a esas materias, incluido lo relativo a los obstáculos a la libre circulación de productos agrícolas por razones de la protección de la salud. Esta evolución se reflejará en la estructura del 18º Informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2000).

Garantizar la libre circulación de los productos agrícolas en un mercado único es uno de los principios básicos del funcionamiento de la política agrícola común (PAC) y de sus organizaciones comunes de mercado.

El Tribunal de Justicia ha recordado, en varias ocasiones, que los artículos 28 y 29 del Tratado CE forman parte integrante de las organizaciones comunes de mercado, aunque su mención expresa, en el cuerpo de éstas, sea superflua a partir del 1 de enero de 1970.

La Comisión ha mantenido una vigilancia permanente con el fin de eliminar rápidamente los obstáculos a los intercambios de los productos agrícolas en la Comunidad.

De manera general, cabe señalar que la tendencia observada los últimos años hacia la reducción del número de nuevos casos de obstáculos tradicionales a la libre circulación de productos agrícolas, como los controles sistemáticos a la importación o la exigencia de certificados, se ha visto confirmada este año.

El requisito impuesto en Francia, según el cual sólo se autoriza la comercialización de las mezclas de césped compuestas exclusivamente de semillas de variedades inscritas en el catálogo nacional francés, se consideró contrario al artículo 28 del Tratado CE sin poder justificarse al amparo del artículo 30 CE, dado que el sector está armonizado por las Directivas 66/401/CEE y 70/457/CEE. Tras la emisión del dictamen motivado, las autoridades francesas derogaron el régimen de comercialización no conforme.

El 12.11.1998, el Tribunal de Justicia dictó sentencia en el asunto C-102/96, Comisión contra República Federal de Alemania, y condenó la obligación impuesta por las autoridades alemanas de señalar y tratar térmicamente ciertas carnes frescas de cerdos procedentes de Dinamarca, por obstaculizar los intercambios de dichas carnes [135]. Las autoridades alemanas comunicaron a la Comisión el texto de las medidas adoptadas para ajustarse a la sentencia. Ésta archivó el procedimiento.

[135] Sentencia de 12.11.1998, Rec. 1998, p. I-6871.

La persistencia en reservar el beneficio de "etiquetas o denominaciones de calidad" a los productos de los Estados miembros o de las regiones en cuestión llevó a la Comisión a proseguir los procedimientos de infracción iniciados contra Francia, España y Alemania. En efecto, la Comisión considera que con arreglo al artículo 28 del Tratado CE, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia en los asuntos 13/78, Eggers [136] y C-321/94, Montagne [137], una denominación de calidad o un distintivo de calidad no pueden reservarse a los productos originarios de una entidad geográfica determinada, sino que se basan exclusivamente en las características intrínsecas de los productos que pueden acogerse a ellos. Por tanto, considera que toda denominación o distintivo nacional de calidad debe, con arreglo a los artículos 12 y 34 del Tratado CE, ser accesible de pleno Derecho a todo productor o usuario potencial comunitario cuyos productos satisfagan las exigencias objetivas y controlables requeridas.

[136] Sentencia de 02.10.1978, Rec. 1978, p. 1935.

[137] Sentencia de 07.05.1997, Rec. 1997, p. I-2343.

En el caso de Francia, los procedimientos de infracción incoados se refieren a los distintivos de calidad regionales siguientes: "Normandie", "Nord-Pas-de-Calais", "Ardennes de France", de "Limousin", "Languedoc-Rousillon", "Lorraine", "Savoie", "Franche-Comté", "Corse", "Midi-Pyrénées", "Salaisons d'Auvergne", así como "Qualité France". Al no derogarse dichos distintivos, se enviaron dictámenes motivados. Las autoridades francesas están ahora dispuestas a modificar el régimen jurídico de los distintivos.

En España, las siguientes denominaciones de calidad fueron objeto de dictámenes motivados: "La Conca de Barberà", "El Vallès Occidental", "El Ripollès", "Alimentos de Andalucía", "Alimentos de Extremadura" y "Calidad Cantabria". A raíz de la emisión de estos dictámenes motivados, las autoridades regionales competentes bien derogaron bien manifestaron su intención de derogar las denominaciones controvertidas.

Por último, ante la negativa de las autoridades alemanas a hacer accesible a los productos de otros Estados miembros el distintivo nacional de calidad CMA, provista de la mención "Markenqualität aus deutschen Landen" y atribuida sólo a los productos transformados en Alemania sin especificidad vinculada al sector o al origen geográfico, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia. La Comisión considera que el distintivo en cuestión da lugar a una localización nacional parcial imperativa del proceso de producción.

Por lo que se refiere a obstáculos menos clásicos como la repetición de acciones violentas cometidas en Francia por particulares contra las frutas y hortalizas procedentes de otros Estados miembros, en particular España, y la abstención de las autoridades públicas de adoptar las medidas requeridas para hacerles frente, procede recordar que, en su sentencia de 9.11.1997 en el asunto C-265/95 [138], el Tribunal de Justicia declaró que "la República Francesa ha incumplido las obligaciones que se derivan del artículo 30 del Tratado (actualmente artículo 28 CE), en relación con el artículo 5 de dicho Tratado (actualmente artículo 10 CE), y de las organizaciones comunes de mercados de productos agrícolas, al no adoptar todas las medidas necesarias y proporcionadas para que determinadas acciones de particulares no obstaculicen la libre circulación de frutas y hortalizas." El desarrollo pacífico de la campaña de comercialización de las frutas y hortalizas procedentes, en particular, de España durante el año 1998 indica que las medidas de orden público adoptadas por el Gobierno francés para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia parecen haber alcanzado un buen nivel de eficacia en relación con las situaciones anteriores. Lo mismo ocurrió en 1999, aunque se registraron algunos incidentes aislados en ciertas grandes superficies. La Comisión espera que las próximas campañas de comercialización se desarrollen normalmente.

[138] Sentencia de 6.11.1997, Rec. 1997, p. I-6959.

2.13.2. Mercados

Además de la actividad desplegada para eliminar los obstáculos a la libre circulación de los productos agrícolas, la Comisión también se ha esforzado por aplicar efectiva y correctamente las demás disposiciones de la normativa agrícola comunitaria.

a. Por lo que se refiere al control de la aplicación de los mecanismos específicos de las organizaciones comunes de mercados, la Comisión ha seguido atenta a la aplicación de los mecanismos de control de la producción, en particular, en el sector lácteo, donde se ha realizado un análisis sistemático de los textos nacionales adoptados para garantizar la aplicación de los Reglamentos (CEE) nos 3952/92 y 536/93.

La Comisión emitió un dictamen motivado contra Italia y España debido a las lagunas constatadas en la aplicación del régimen de las cuotas lecheras. La principal preocupación a este respecto era que las autoridades afectadas persistían en no repercutir definitivamente sobre los productores responsables la exacción suplementaria devengada por el rebasamiento de la cuota.

En Italia, en el mes de febrero de 1997, el Gobierno encargó a una comisión de investigación la realización de un control extraordinario sobre la producción de leche durante las campañas 1995-96 y 1996-97. En espera de las conclusiones de esta operación, y sin perjuicio del reembolso de un importe considerado excedentario en relación con la exacción efectivamente devengada, se bloquearon las cuentas relativas a los anticipos sobre la exacción devengada percibidos por los compradores correspondientes a los períodos en cuestión. A la luz de las alegaciones generalizadas sobre fraudes e irregularidades, las autoridades italianas habían considerado que el pago a la autoridad competente no podía tener lugar antes de un nuevo control minucioso del nivel de la producción efectiva, así como del nivel de la cantidad de referencia de cada productor. Estos hechos fueron objeto de un procedimiento de infracción.

La Comisión ha sido mantenida siempre informada de la evolución de los sucesivos controles e incluso efectuó una serie de misiones de control en todas las instancias interesadas.

Actualmente, se puede concluir que este ejercicio excepcional permitió clarificar una situación previa basada en dudas relativas a las capacidades de producción de Italia. El nivel de la producción inicialmente declarada por los compradores se confirmó con un desfase inferior al 1%, del que una parte podría confirmarse. Por otra parte, el resultado de las investigaciones permitió clarificar la situación individual de cada productor, sin perjuicio de los casos objeto de litigio. En el mes de noviembre de 1999, los resultados de la nueva compensación de las entregas se notificaron a los afectados. La Comisión sigue de cerca la evolución de la percepción efectiva de los importes devengados.

En España, solamente una fracción de la exacción devengada por los períodos 1993-94, 1995-96 y 1996-97 ha sido realmente pagada por los productores. De hecho, tanto los productores como los compradores han interpuesto masivamente recursos contra las decisiones que les afectan.

A raíz del inicio del procedimiento de infracción, las autoridades españolas adoptaron nuevas medidas de gestión del régimen, en particular, con objeto de evitar el recurso masivo a los tribunales en el futuro. Los aspectos clave consistían en un régimen obligatorio de percepción de anticipos de los productores que rebasan el límite durante el período y en la imposición de condiciones restrictivas para la autorización de los compradores. La gestión del régimen durante el período 1998-99 no suscitó los problemas generalizados encontrados anteriormente.

Por lo que se refiere a los litigios iniciados anteriormente, las autoridades españolas han procedido a la constitución de fianzas por los importes controvertidos en los numerosos casos en que esto se había omitido antes. Estas autoridades consideran actualmente que la exacción aún adeudada está enteramente cubierta, bien por tales fianzas bien por órdenes de cobro forzoso.

b. La Comisión también ha dedicado atención al incumplimiento de las normativas comunitarias que protegen la designación de los productos agrícolas.

En el sector de las bebidas espirituosas, la Comisión ha emitido un dictamen motivado contra la República Francesa, que autoriza la comercialización en su territorio de bebidas espirituosas realizadas con adición de un determinado porcentaje de agua al whisky utilizando el nombre genérico de "whisky" en los términos de la denominación de venta. Ahora bien, según el Reglamento (CEE) n° 1576/89, entre las características que debe reunir el whisky, figuran la exigencia de un grado alcohólico mínimo de 40 grados y la prohibición de añadir agua a una bebida alcoholizada para evitar la desnaturalización del producto.

Hay que indicar que el Tribunal de Grande Instance de París planteó una cuestión prejudicial sobre el mismo tema (asunto C-136/96). En su sentencia de 16.07.1998 [139], el Tribunal de Justicia declaró que la normativa comunitaria prohíbe las denominaciones controvertidas.

[139] Sentencia de 16.07.1998, Rec. 1998, p. I-4571.

Como las autoridades francesas mantuvieron en su respuesta al dictamen motivado las posturas adoptadas anteriormente para justificar el mantenimiento de la comercialización de la bebida en cuestión bajo la denominación de venta impugnada por la Comisión, ésta decidió recurrir al Tribunal de Justicia.

c. Finalmente, en el sector del tabaco, la Comisión se refirió, en un dictamen motivado, a las condiciones suplementarias impuestas por la normativa griega sobre los lugares de entrega del tabaco crudo, no previstas por el Reglamento (CE) nº 1067/95. Las autoridades griegas, a consecuencia de este dictamen motivado, derogaron las condiciones controvertidas. Por tanto, el expediente se archivó.

2.13.3. Ámbitos armonizados

El número de directivas agrícolas cuyo plazo de incorporación expiraba en 1999 era claramente superior con relación al de 1998. Esto se ha traducido en un aumento sustancial de los procedimientos de infracción por no comunicación de medidas de incorporación en 1999.

A pesar del nivel de incorporación globalmente en retroceso, pudo observarse un determinado progreso en varios Estados miembros, en particular, en Bélgica, Suecia, Finlandia y Portugal. La mejora más sensible se constató en Italia. En cambio, el estado de incorporación se deterioró sobre todo en Grecia. La situación en Francia, ya preocupante en 1998, no ha experimentado cambios.

También hay que señalar que en dos casos debió iniciarse el procedimiento del artículo 228 del Tratado CE, ya que los Estados miembros en cuestión no cumplieron una sentencia del Tribunal de Justicia.

Semillas y plantas

Sólo Suecia comunicó las medidas de incorporación de todas las directivas cuyo plazo vencía. Sin embargo, los retrasos de incorporación en los demás Estados miembros no exceden de los seis meses.

Fitosanitario

Subsisten en este sector relativamente pocos problemas importantes, en el que sobre todo Grecia y Luxemburgo registran retrasos de incorporación.

La Comisión acudió al Tribunal de Justicia por el retraso de incorporación por Austria y Luxemburgo de las Directivas 96/32/CE y 96/33/CE relativas a los límites máximos de residuos de plaguicidas. No obstante, Austria incorporó las Directivas en cuestión a finales de 1999.

Alimentos para animales

En este sector, en 1998 y 1999 vencieron los plazos de incorporación de varias directivas importantes. Se trata, en particular, de las Directivas 95/53/CE (organización de los controles oficiales), 95/59/CE (autorización y registro de algunos establecimientos e intermediarios), 96/25/CE (circulación de las materias primas), 96/51/CE (modificación sustancial de la legislación en materia de aditivos), 98/67/CE (revisión de los Anexos de la Directiva 96/25/CE), 98/88/CE (identificación de los componentes de origen animal y cálculo de sus cantidades mediante microscopio) y 1999/29/CE (sustancias y productos indeseables).

En estas circunstancias, muchos Estados miembros consideraron necesaria una refundición fundamental de la legislación nacional sobre alimentos para animales. La complejidad de las disposiciones comunitarias que deben incorporarse y aplicarse causó numerosos retrasos de incorporación.

Esta situación llevó a la Comisión a recurrir al Tribunal de Justicia en nueve casos (cuatro se refieren a Grecia, dos a Luxemburgo, uno a Irlanda, uno a Francia y uno a Italia).

Además, el Tribunal de Justicia condenó a Francia por haber incumplido su obligación de incorporar cuatro directivas sobre alimentos para animales con un objetivo alimenticio particular. No obstante, Francia se atuvo a la sentencia del Tribunal de Justicia y la Comisión pudo archivar los expedientes de infracción.

Veterinario

El nivel de incorporación de las directivas de este sector permaneció estable. No obstante, la duración de las infracciones tiende a alargarse. Esto queda demostrado por el hecho de que la Comisión se vio obligada a iniciar dos procedimientos de infracción en virtud del artículo 228 del Tratado CE contra Francia y Grecia, por no haber respetado las sentencias del Tribunal de Justicia que las condenaban por no incorporación de la Directiva 94/28/CE (importaciones de animales, esperma, óvulos y embriones de bovinos) y de la Directiva 93/118 (tasas veterinarias).

Italia fue condenada por el Tribunal de Justicia por no haber incorporado las Directivas 93/118/CE (tasas veterinarias) y 94/42/CE (intercambios intracomunitarios de animales de la especie bovina y de la especie porcina). Entretanto, Italia se atuvo a las sentencias del Tribunal de Justicia.

En diciembre de 1999, el Tribunal de Justicia también declaró el incumplimiento de Grecia de su obligación de incorporar la Directiva 96/43/CE (tasas veterinarias).

Por otra parte, la Comisión también acudió al Tribunal de Justicia por el retraso de incorporación de esta última Directiva por Alemania, España, Irlanda y Portugal.

Además, se sometieron algunos asuntos al Tribunal de Justicia por no incorporación en Italia y Portugal de las Directivas 96/22/CE (prohibición de utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias ß- agonistas) y 96/23 (medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos), en Italia, Irlanda y Luxemburgo de la Directiva 96/93/CE (certificación de animales y productos animales), en Austria de la Directiva 90/428/CEE (intercambios de équidos destinados a concurso), en Bélgica de la Directiva 95/71/CE (productos pesqueros), en Irlanda de la Directiva 97/61/CE (moluscos bivalvos) y en el Reino Unido de las Directivas 95/68/CE (productos a base de carne) y 96/90/CE (productos no sometidos a normativas específicas).

En el ámbito del bienestar de los animales, Francia incorporó, a finales de año, la Directiva 95/29/CE (transporte de animales). Por lo tanto la Comisión podrá retirar el recurso ante el Tribunal de Justicia. La Comisión también retiró el recurso ante el Tribunal de Justicia que había interpuesto contra Austria por no incorporación de la Directiva 93/119/CE (protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza) cuando Salzburgo, el último Estado Federado austríaco que quedaba, adoptó las medidas de ejecución.

No conformidad y aplicación incorrecta

Durante el año 1999, se registró una evolución en varios expedientes de infracción relativos a la incorporación o aplicación incorrectas del Derecho derivado en el ámbito veterinario o fitosanitario.

El Gran Ducado de Luxemburgo modificó su legislación con el fin de ajustarse a la obligación prevista en la Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de productos fitofarmacéuticos, y de autorizar la producción, el transporte y el almacenamiento de productos fitofarmacéuticos destinados a otros Estados miembros, pero cuya utilización está prohibida en Luxemburgo. Por tanto, la Comisión decidió archivar el procedimiento de infracción correspondiente.

Las investigaciones realizadas en los Estados miembros sobre la aplicación de las tasas previstas por la Directiva 93/118/CE sobre las inspecciones y controles sanitarios, en particular, de las carnes frescas y carnes de ave, indujeron a la Comisión a recurrir al Tribunal de Justicia contra Grecia por las carencias constatadas a este respecto. El procedimiento de infracción incoado contra Bélgica se archivó en 1999, tras la adopción por este Estado miembro de una nueva legislación que ponía término a la infracción.

El control de la aplicación correcta de la legislación comunitaria relativa a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) sigue siendo una prioridad para los servicios de la Comisión. En este marco, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra Francia por no haber respetado la obligación que le incumbe en virtud de las Decisiones 98/256/CE y 99/514/CE de autorizar la entrada en su territorio de carnes de bovino británico. Además, tras emitir un dictamen motivado contra el Reino Unido por la insuficiencia de los controles veterinarios realizados por los servicios de inspección británicos en los mataderos y salas de despiece, la Comisión sigue con gran atención el programa de contratación de veterinarios oficiales establecido por las autoridades británicas para ajustarse a las obligaciones derivadas de las Directivas 64/433/CEE y 89/662/CEE y de la Decisión 96/239/CE.

Una nueva inspección efectuada por los inspectores comunitarios de la OAV en Portugal permitió constatar que este Estado miembro puso fin a las infracciones de lo dispuesto en la Directiva 90/667/CEE y la Decisión 96/449/CE que la Comisión había detectado en 1997. La Comisión decidió esperar la confirmación de las conclusiones del informe antes de archivar el expediente.

La persistencia de faltas graves de higiene y estructura observadas en sucesivas ocasiones en determinados mataderos franceses, irlandeses y luxemburgueses en las visitas in situ de los inspectores comunitarios de la OAV dio lugar al envío de dictámenes motivados a la República Francesa, la República de Irlanda y el Gran Ducado de Luxemburgo. Sin embargo, los resultados de la última visita a los establecimientos en cuestión de estos Estados miembros revelaron bien una notable evolución hacia su normalización definitiva, bien el cierre de algunos de ellos.

Además, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia en el procedimiento sobre el Decreto de 03.09.1994 que, en contradicción con las Directivas 64/433/CEE, 71/118/CEE, 91/445/CEE y 91/495/CEE, autoriza la dispensa sanitaria en favor de determinados establecimientos que comercializan carnes o productos a base de carne.

En el marco de la crisis causada por la contaminación en Bélgica de animales y productos alimenticios por dioxina, la Comisión emitió un dictamen motivado contra este Estado miembro por considerar que fue informada demasiado tarde por las autoridades belgas de la contaminación. En efecto, las Directivas 89/662/CEE y 90/425/CEE exigen que cada Estado miembro indique inmediatamente a los otros Estados miembros y a la Comisión la aparición de toda zoonosis, enfermedad o causa susceptible de constituir un peligro grave para los animales o la salud humana.

2.13.4. Aplicación de la Directiva 98/34/CE (normas y reglamentos técnicos) en el ámbito agrícola

Una vez más, 1999 ha sido fértil en materia de proyectos notificados a la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 98/34/CE que impone a los Estados miembros y países de la AELC la obligación de notificar previamente a su aprobación todo proyecto de normativa que contenga normas o reglamentos técnicos, que puedan crear obstáculos a los intercambios intracomunitarios.

Así pues, en 1999 en el sector agrícola se examinaron, respecto al artículo 28 del Tratado CE y al Derecho derivado, 172 proyectos de textos legislativos notificados por los Estados miembros (153) y los países de la AELC (19), cuyo análisis llevó a la Comisión a solicitar modificaciones a ciertos textos notificados mediante la emisión de dictámenes motivados (8) u observaciones (9).

2.14. PESCA

La Comisión ha continuado el seguimiento de la aplicación por los Estados miembros de las medidas de conservación y gestión de los recursos adoptadas en el marco de la Política Pesquera Común.

En este contexto, la Comisión ha llevado a cabo un examen sistemático de las legislaciones nacionales referentes al sector de la pesca y de la acuicultura, con el fin de poder apreciar su compatibilidad con el Derecho comunitario.

2.14.1. Recursos

En el marco de procedimientos por incumplimiento de la obligación de control debido al rebasamiento de algunas cuotas asignadas a Francia en 1988 y en 1990, y al Reino Unido en 1985, 1986, 1987, 1988 y 1990, la Comisión interpuso, el 9 de septiembre y el 30 de noviembre, los respectivos recursos ante el Tribunal de Justicia. Se enviaron dictámenes motivados, el 26 de agosto y el 30 de septiembre, al Reino Unido y a Francia, en el marco de procedimientos por incumplimiento de esta obligación debido al rebasamiento de algunas cuotas asignadas a estos Estados miembros en 1995 y 1996. Además el procedimiento contra España por incumplimiento, de las disposiciones comunitarias que regulan la pesca y la comercialización de determinadas especies, en materia de tamaño mínimo, se archivó tras la aprobación, en 1999, de medidas nacionales conformes con el Derecho comunitario.

2.14.2. Concesión de pabellón y licencias pesqueras

La Comisión ha proseguido, durante 1999, el examen de la compatibilidad con el Derecho comunitario de las legislaciones nacionales en materia de concesión de pabellón de los barcos de pesca.

El procedimiento de infracción contra Bélgica relativo a la concesión de pabellón ha sido archivado debido a la adopción, en 1999, de legislación nacional conforme, en esta materia, con el Derecho comunitario.

2.15. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

2.15.1. Incorporación de las directivas aplicables.

Las doce directivas que son objeto del presente capítulo han sido incorporadas por todos los Estados miembros.

Con todo conviene precisar que las Directivas 92/59 sobre la seguridad general de los productos y 87/357 sobre las imitaciones peligrosas de productos alimenticios, así como las Directivas 87/102 y 90/88 relativas al crédito al consumo y las Directivas 79/581, 88/314 y 88/315 relativas a la indicación de los precios no se han incorporado en el territorio de Gibraltar, ya que las autoridades británicas consideran que estas directivas, que tienen por objetivo principal la eliminación de obstáculos a la libre circulación de productos entre los Estados miembros, no se aplican a este territorio.

2.15.2. Seguridad y salud

Todos los Estados miembros han incorporado las Directivas 92/59 sobre la seguridad general de los productos y 87/357 sobre las imitaciones peligrosas de los productos alimenticios y no hay, actualmente, procedimientos de infracción en curso.

2.15.3. Protección de los intereses económicos de los consumidores

Todos los Estados miembros han incorporado todas las directivas en este sector, pero hay varios procedimientos de infracción en curso por no conformidad de las medidas nacionales de ejecución.

En el Consejo Consumidores de 9 de noviembre de 1999, la Comisión presentó informes detallados sobre la aplicación de las Directivas 94/47 relativa a los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido [140] y 90/314 sobre los viajes combinados [141]. Un informe sobre la aplicación de la Directiva 93/13 sobre las cláusulas abusivas estará disponible a principios del año 2000.

[140] SEC(1999) 1795.

[141] SEC(1999) 1800.

La Directiva 93/13 sobre las cláusulas abusivas fue también objeto de una conferencia internacional, organizada por la Comisión, que tuvo lugar del 1 al 3 de julio de 1999 en Bruselas. Los documentos de esta conferencia están disponibles previa petición a la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores.

Además la Comisión organizó una serie de reuniones de los expertos gubernamentales para la aplicación de las directivas que deben incorporarse en los próximos dos años, como las Directivas 97/7 (ventas a distancia), 98/6 (indicación de los precios) y 98/27 (acciones de cesación).

2.16. PERSONAL DE LAS COMUNIDADES

Por lo que se refiere a la aplicación del Derecho comunitario al personal de las Comunidades, los procedimientos de infracción incoados por la Comisión se refieren al incumplimiento por los Estados miembros del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas y a omisiones en la aplicación de las disposiciones nacionales que permiten la aplicación correcta del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y del Régimen aplicable a otros agentes de estas Comunidades.

De los dos procedimientos de infracción aún pendientes a principios del año 1999, se archivó el referente al Reino de España por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la letra b) del artículo 12) del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades que prevé la concesión a los funcionarios y agentes de las Comunidades Europeas de nacionalidad no española, de un documento destinado a proporcionar la prueba de la legalidad de su estancia durante su destino en España.

El otro procedimiento de infracción también referido a España por el retraso en la aprobación de las disposiciones internas necesarias para permitir la transferencia de los derechos a pensión de los funcionarios y agentes de nacionalidad española de conformidad con el apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto sigue pendiente, aunque se registran algunos progresos hacia una solución conforme con el Derecho comunitario.

2.17. ESTADÍSTICAS

El año 1999 fue propicio al control de la aplicación de la legislación estadística; procede constatar el archivo de todo procedimiento de infracción incoado en los años anteriores o durante 1999.

Por lo que se refiere a las infracciones más antiguas, hay que señalar los dos casos de España, que había omitido facilitar datos mensuales sobre las cantidades y los precios medios de los productos pesqueros descargados relativos al Reglamento (CEE) n°1382/91 del Consejo, y de las estadísticas anuales sobre las capturas relativas al Reglamento (CEE) n° 3880/91 del Consejo.

Durante 1999, las autoridades españolas siguieron transmitiendo los datos solicitados. Por otra parte, los servicios de la Comisión ya habían emitido un dictamen favorable sobre el "Plan de acción global sobre las estadísticas pesqueras en España".

España hizo progresos continuos para establecer un sistema estadístico adecuado.

A la luz de esta situación, la Comisión finalmente pudo archivar este caso en cuanto se constató que España ha establecido un sistema estadístico adecuado para ajustarse al Reglamento (CEE) 1382/91 y al Reglamento (CEE) 3880/91.

La aplicación e incorporación de las directivas en el ámbito estadístico no plantea problemas particulares.

Solo se inició un procedimiento de infracción por no comunicación de medidas nacionales de ejecución de la Directiva 97/77/CE del Consejo, por la que se modifican las Directivas 93/23/CEE, 93/24/CEE y 93/25/CEE relativas a la realización de encuestas estadísticas en los sectores porcino, bovino y ovino y caprino.

El artículo 4 de la Directiva prevé la obligación para los Estados miembros de comunicar a la Comisión sus medidas nacionales a más tardar el 31 de diciembre de 1998.

A excepción de Grecia, todos los Estados miembros notificaron las medidas de incorporación de la Directiva 97/77/CE. Por lo tanto, la Comisión notificó el 12 de marzo de 1999 un escrito de requerimiento a las autoridades griegas.

En respuesta al escrito de requerimiento, las autoridades estadísticas griegas transmitieron la Decisión ministerial de 17 de mayo de 1999 relativa a la realización de encuestas anuales sobre animales y vegetales. Esta decisión incorpora al Derecho interno la Directiva 97/77/CE y encarga a la Oficina Estadística griega realizar las encuestas en los ámbitos regulados por ésta.

Por lo tanto, la Comisión pudo archivar la infracción relativa a Grecia.

ANEXO I

La detección de las infracciones

Cuadro 1.1. Detección de las infracciones

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

Cuadro 1.2. Expedientes en tramitación¹ al 31 de diciembre de 1999, por año de incoacción.

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

Cuadro 1.2.1. Expedientes en tramitación al 31/12/99, por año de incoacción (gráfico)

Cuadro 1.3. Ventilación por Estado miembro de los expedientes incoados en 1999.

1.3.1. Casos detectados de oficio en 1999, por Estado miembro.

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

1.3.1.1. Casos detectados de oficio en 1999, por Estado miembro (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

1.3.2. Quejas recibidas en 1999, por Estado miembro.

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

1.3.2.1. Quejas recibidas en 1999, por Estado miembro (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

1.3.3. Expedientes incoados en 1999 por no comunicación, por Estado miembro.

(no comunicación de medidas de transposición de directivas o de normas técnicas previstas en la directiva 98/34/CE)

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

1.3.3.1. Expedientes por no comunicación incoados en 1999, por Estado miembro (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

ANEXO II

Procedimientos de infracción - ventilación por fase del procedimiento, base jurídica, Estado miembro y sector

Cuadro 2.1.

Infracciones para las que se ha iniciado el procedimiento (por fase del procedimiento y por E.M.)

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

Cuadro 2.2.Procedimientos de infracción por Estado miembro, fase del procedimiento y base jurídica.

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

Cuadro 2.2.1. Cartas de emplazamiento enviadas en 1999, por base jurídica y Estado miembro (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.2.2. Dictámenes motivados enviados en 1999, por base jurídica y Estado miembro

(gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.2.3. Recursos presentados ante el Tribunal de justicia en 1999, por base jurídica y Estado miembro (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.2.4. Cartas de emplazamiento (CE), dictámenes motivados (DM) y recursos ante el Tribunal de justicia (RTJ): comparación entre 1998 et 1999, por fase del procedimiento y base jurídica (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.3. Procedimientos de infracción aún en tramitación al 31/12/99, por Estado miembro.

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

Cuadro 2.3.1. Expedientes aún en tramitación al 31/12/99, en los que se ha iniciado el procedimiento de infracción, por Estado miembro (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.3.2. Expedientes aún en tramitación al 31/12/99 en los que se ha enviado el dictamen motivado, por Estado miembro (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.3.3. Expedientes aún en tramitación al 31/12/99 en los que se ha presentado el recurso ante el Tribunal de justicia, por Estado miembro (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.3.4. Expedientes aún en tramitación al 31/12/99, en los que se ha iniciado el procedimiento previsto en el artículo 228 del tratado CE, por Estado miembro (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.4. Expedientes aún en tramitación al 31/12/99, por sector.

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

Cuadro 2.4.1. Expedientes aún en tramitación al 31/12/99, en los que se ha iniciado el procedimiento de infracción, por sector (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.4.2. Expedientes aún en tramitación al 31/12/99,

en los que se ha enviado el dictamen motivado, por sector (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.4.3. Expedientes aún en tramitación al 31/12/99, en los que se ha presentado el recurso ante el Tribunal de justicia, por sector (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.4.4. Expedientes aún en tramitación al 31/12/99, en los que se ha presentado el recurso previsto en el art. 228 CE ante el Tribunal de justicia, por sector (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.5. Decisiones de archivo del expediente adoptadas en 1999.

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

Cuadro 2.5.1. Archivos decididos en 1999, por fase (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.5.2. Procedimientos por no comunicación archivados en 1999, por fase (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.5.3. Expedientes distintos a los de no comunicación archivados en 1999, por fase (gráfico)

&gt;REFERENCIA A UN GRÁFICO&gt;

Cuadro 2.6. Evolución de las decisiones de archivo

Año // Total de decisiones de archivo // De las cuales, archivo de un procedimiento de infracción iniciado

1999 // 1900 // 1138

1998 // 1961 // 1282

1997 // 2112 // 1494

1996 // 1483 // 670

1995 // 1975 // 1332

ANEXO III

Panorámica de las infracciones a los tratados, reglamentos y decisiones

PERSONAL DE LAS COMUNIDADES

Infracción : 1991/2315

Estado miembro : ESPAÑA

Título: TRANSFERENCIA DE DERECHOS A PENSIÓN

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31968R0259

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1996/052

Infracción : 1993/2297

Estado miembro : ESPAÑA

Título: PERMISO DE RESIDENCIA

Fundamentos jurídicos : Privilegio 165FPRI; Protocolo 165FPRO

Clasificación en 1999

AGRICULTURA

Infracción : 1994/2040

Estado miembro : ALEMANIA

Título: APLICACIÓN DE LAS CUOTAS LÁCTEAS

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R3950;Reglamento 31993R0536

Clasificación en 1999

Infracción : 1997/2227

Estado miembro : ESPAÑA

Título: APLICACIÓN INCORRECTA DEL RÉGIMEN DE CUOTAS LÁCTEAS

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R3950;Reglamento 31993R536

Dictamen motivado enviado el : 07/05/1998 SG(1998)D/03614

Infracción : 1995/4951

Estado miembro : GRECIA

Título: DETERMINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES QUE SE REFIEREN AL TABACO CRUDO

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R3479;Reglamento 31995R1067

Clasificación en 1999

Infracción : 1994/4466

Estado miembro : FRANCIA

Título: OBSTÁCULOS A LA IMPORTACIÓN DE FRESAS ESPAÑOLAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CEE 157E030

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1995/265

Infracción : 1995/4430

Estado miembro : FRANCIA

Título: VENTA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS QUE CONTIENEN LA PALABRA "WHISKY"

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31989R1576

Dictamen motivado enviado el : 02/05/1997 SG(1997)D/3504

Infracción : 1997/2034

Estado miembro : FRANCIA

Título: PLANTACIÓN ANTICIPADA DE LAS VIÑAS

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31987R0822;Reglamento 31999R1499

Clasificación en 1999

Infracción : 1995/4751

Estado miembro : ITALIA

Título: RECHAZO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR MOTIVOS LINGÜÍSTICOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CEE 157E030

Clasificación en 1999

Infracción : 1997/2228

Estado miembro : ITALIA

Título: APLICACIÓN INCORRECTA DEL RÉGIMEN DE CUOTAS LÁCTEAS

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R3950;Reglamento 31993R0536

Dictamen motivado enviado el : 04/05/1998 SG(1998)D/03510

PRESUPUESTO

Infracción : 1995/2250

Estado miembro : BÉLGICA

Título: PAGOS ESCALONADOS, RECURSOS PROPIOS TRADICIONALES

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31989R1552

Clasificación en 1999

Infracción : 1995/2126

Estado miembro : ALEMANIA

Título: MANTEQUILLA NEERLANDESA

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31990R2252

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1997/348

Infracción : 1996/2102

Estado miembro : FRANCIA

Título: EXENCIÓN DEL IVA PARA HOSPITALES

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31983R1553

Clasificación en 1999

Infracción : 1996/2029

Estado miembro : ITALIA

Título: REGULARIZACIÓN DE LOS DERECHOS SAINT-MARTIN

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31989R1552

Dictamen motivado enviado el : 20/03/1998 SG(1998)D/02347

Infracción : 1997/2154

Estado miembro : ITALIA

Título: ERROR DE INSCRIPCIÓN

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31989R1552

Dictamen motivado enviado el : 15/11/1999 SG(1999)D/09158

COMPETENCIA

Infracción : 1989/0030

Estado miembro : BÉLGICA

Título: AYUDA EN FAVOR DE IDEALSPUN/BEAULIEU

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A228;Decisión 31984D0508

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1989/375

Infracción : 1993/2181

Estado miembro : ITALIA

Título: AGENTES DE ADUANAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A003;Tratado CE 197A010;Tratado CE 197A081;Tratado CE 197A228

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1996/035

Infracción : 1999/2196

Estado miembro : PORTUGAL

Título: INCUMPLIMIENTO DE LA DECISIÓN ADOPTADA EN EL ASUNTO IV/M.1616 (BSCH/CHAMPALIMAUD)

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31989R4064

Dictamen motivado enviado el : 13/10/1999 SG(1999)D/08112

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Infracción : 1995/4372

Estado miembro : AUSTRIA

Título: LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES - DERECHO DE RESIDENCIA

Fundamentos jurídicos : Tratado CEE 157E073;Tratado CE 197A039;Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A048;Tratado CE 197A049;Tratado CE 197A056

Dictamen motivado enviado el : 29/05/1998 SG(1998)D/04257

Infracción : 1994/5075

Estado miembro : BÉLGICA

Título: LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES - SUSCRIPCIÓN DE UN EMPRÉSTITO EN D.M.

Fundamentos jurídicos : Tratado CEE 157E073;Tratado CE 197A056;Tratado CE 197A058

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1998/478

Infracción : 1998/2089

Estado miembro : BÉLGICA

Título: AUTORIZACIÓN DE SUPERACIÓN DE LOS LÍMITES MÁXIMOS DE INVERSIÓN "DISTRIGAZ"

Fundamentos jurídicos : Tratado CEE 157E052;Tratado CEE 157E073;Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A056

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/503

Infracción : 1998/2090

Estado miembro : BÉLGICA

Título: PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE REBASAMIENTO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS DE INVERSIÓN "SNTC"

Fundamentos jurídicos : Tratado CEE 157E052;Tratado CEE 157E073;Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A056

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/503

Infracción : 1996/2154

Estado miembro : ESPAÑA

Título: RESTRICCIONES A LAS INVERSIONES EXTRANJERAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A048;Tratado CE 197A056

Dictamen motivado enviado el : 16/10/1998 SG(1998)D/8696

Infracción : 1998/2289

Estado miembro : ESPAÑA

Título: PRIVATIZACIÓN - PODERES ESPECIALES EN EMPRESAS PRIVATIZADAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A056

Dictamen motivado enviado el : 02/08/1999 SG(1999)D/05965

Infracción : 1995/4535

Estado miembro : GRECIA

Título: RESTRICCIONES A LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049;Tratado CE 197A056

Dictamen motivado enviado el : 07/04/1998 SG(1998)D/02935

Infracción : 1994/2190

Estado miembro : FRANCIA

Título: ADMISIÓN DE TÍTULOS EN EL MERCADO DE CAPITALES

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049

Clasificación en 1999

Infracción : 1994/2209

Estado miembro : FRANCIA

Título: SUPERACIÓN DE LOS LÍMITES MÁXIMOS DE INVERSIÓN - GOLDEN SHARE ELF-AQUITAINE

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A056

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/483

Infracción : 1994/2210

Estado miembro : ITALIA

Título: RESTRICCIONES A LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN COMPAÑÍAS PRIVATIZADAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A056

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/058

Infracción : 1991/2097

Estado miembro : PORTUGAL

Título: DISCRIMINACIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS EN EMPRESAS PRIVATIZADAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A048;Tratado CE 197A056;Tratado CE 197A294

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1998/367

Infracción : 1998/2288

Estado miembro : REINO UNIDO

Título: PRIVATIZACIÓN - CUOTA ESPECIAL EN BRITISH AIRPORTS' AUTHORITY PLC.

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A056

Dictamen motivado enviado el : 06/08/1999 SG(1999)D/6431

ASUNTOS SOCIALES

Infracción : 1998/2281

Estado miembro : AUSTRIA

Título: ANTIGÜEDAD ADQUIRIDA EN OTRO ESTADO MIEMBRO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039; Regl. 31968R1612; Jurispr.61996J0015 y 61996J0187

Dictamen motivado enviado el : 26/01/2000 SG(2000)D/100851

Infracción : 1989/0457

Estado miembro : BÉLGICA

Título: FINANCIACIÓN DE LOS ESTUDIANTES - DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE NACIONALIDAD

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039;Tratado CE 197A151

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1993/047

Infracción : 1996/4041

Estado miembro : BÉLGICA

Título: AUTORIZACIÓN MÉDICA PARA LA ESTANCIA EN OTRO ESTADO MIEMBROS

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31971R1408

Clasificación en 1999

Infracción : 1998/2057

Estado miembro : BÉLGICA

Título: TRABAJADORES FRONTERIZOS: REDUCCIONES TARIFARIAS PARA FAMILIAS NUMEROSAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Reglamento 31968R1612

Clasificación en 1999

Infracción : 1994/4125

Estado miembro : ALEMANIA

Título: OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS FAMILIARES Y PERMISO DE RESIDENCIA

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31968R1612;Jurisprudencia: 61900J1696;61975J0048;61989J0357;61994J0245

Dictamen motivado enviado el : 23/05/1997 SG(1997)D/03956

Infracción : 1995/4670

Estado miembro : ALEMANIA

Título: DENEGACIÓN DE PAGO DE ASISTENCIA SOCIAL

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31968R1612;Jurisprudencia 61985J0139;Jurisprudencia 61985J0316

Dictamen motivado enviado el : 23/06/1998 SG(1998)D/05016

Infracción : 1997/4182

Estado miembro : ALEMANIA

Título: CONTRIBUCIÓN A LA KUNSTLERZOZIALVERSICHERUNG

Fundamentos jurídicos : Tratado CEE 157E051;Tratado CEE 157E052;Tratado CEE 157E059;Reglamento 31971R1408

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/068

Infracción : 1998/2301

Estado miembro : ALEMANIA

Título: ANTIGÜEDAD ADQUIRIDA EN OTRO ESTADO MIEMBRO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039;Reglamento 31968R1612;Jurisprudencia 61996J0015;61996J0187

Dictamen motivado enviado el : 10/08/1999 SG(1999)D/6515

Infracción : 1996/4516

Estado miembro : DINAMARCA

Título: TRABAJADORES FRONTERIZOS: RESTRICCIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE UN AUTOMÓVIL

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039;Tratado CE 197A049;Jurisprudencia 61986J0127;61993J0415

Dictamen motivado enviado el : 18/05/1998 SG(1998)D/03884

Infracción : 1998/4395

Estado miembro : DINAMARCA

Título: DETERMINACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A042;Reglamento 31971R1408

Dictamen motivado enviado el : 05/03/1999 SG(1999)D/1628

Infracción : 1996/4628

Estado miembro : ESPAÑA

Título: ACCESO A LOS EMPLEOS DEL SECTOR PÚBLICO - DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE NACIONALIDAD

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039

Dictamen motivado enviado el : 17/11/1998 SG(1998)D/09628

Infracción : 1998/2059

Estado miembro : ESPAÑA

Título: TRABAJADORES TRANSFRONTERIZOS: REDUCCIONES TARIFARIAS PARA FAMILIAS NUMEROSAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Reglamento 31968R1612

Dictamen motivado enviado el : 28/10/1998 SG(1998)D/09040

Infracción : 1991/0583

Estado miembro : GRECIA

Título: ACCESO A LOS EMPLEOS DEL SECTOR PÚBLICO - DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE NACIONALIDAD

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039;Reglamento 31968R1612;Jurisprudencia 61994J290

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1994/290

Infracción : 1992/4760

Estado miembro : GRECIA

Título: DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE NACIONALIDAD - ESTATUTO DE FAMILIA NUMEROSA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE: 197A039; 197A043; 197A049;Reglamento 31968R1612;Jurisprudencia 61975J0032

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1996/185

Infracción : 1993/4403

Estado miembro : FRANCIA

Título: CÁLCULO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES TRANSFRONTERIZOS

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31968R1612;Jurisprudencia 61996J0057;Jurisprudencia 61997J0035

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1997/035

Infracción : 1993/4433

Estado miembro : FRANCIA

Título: REDUCCIONES PARA FAMILIAS NUMEROSAS EN LA SNCF

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A43;Reglamento 31968R1612

Clasificación en 1999

Infracción : 1995/4801

Estado miembro : FRANCIA

Título: SEGURIDAD SOCIAL : IGUALDAD DE TRATO EN LOS ACUERDOS INTERNACIONALES

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31971R1408;Jurisprudencia: 61990J0018;61993J0058; 61994J0103

Clasificación en 1999

Infracción : 1997/4332

Estado miembro : FRANCIA

Título: DENEGACIÓN DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31971R1408

Clasificación en 1999

Infracción : 1997/4378

Estado miembro : FRANCIA

Título: ACUMULACIÓN DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN PARA UN FUNCIONARIO CON UNA PENSIÓN CONVENCIONAL

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039;Tratado CE 197A042;Jurisprudencia 61992J0031; 61993J0443

Dictamen motivado enviado el : 28/01/1999 SG(1999)D/708

Infracción : 1996/2208

Estado miembro : ITALIA

Título: DISCRIMINACIÓN DE LOS LECTORES DE LENGUA EXTRANJERA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A010;Tratado CE 197A039;Reglamento 31968R1612

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/212

Infracción : 1998/2303

Estado miembro : IRLANDA

Título: ANTIGÜEDAD ADQUIRIDA EN OTRO ESTADO MIEMBRO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039;Reglamento 31968R1612;Jurisprudencia 61996J0015;61996J0187

Dictamen motivado enviado el : 06/08/1999 SG(1999)D/6411

Infracción : 1991/0222

Estado miembro : LUXEMBURGO

Título: ACCESO AL EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039;Reglamento 31968R1612;Jurisprudencia 61993J047

Clasificación en 1999

Infracción : 1998/2058

Estado miembro : LUXEMBURGO

Título: TRABAJADORES TRANSFRONTERIZOS: REDUCCIONES TARIFARIAS PARA FAMILIAS NUMEROSAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Reglamento 31968R1612

Clasificación en 1999

Infracción : 1998/4579

Estado miembro : LUXEMBURGO

Título: COMPLEMENTO LEGAL POR EL QUE SE CREA EL DERECHO A UNA RENTA MÍNIMA GARANTIZADA

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31968R1612

Dictamen motivado enviado el : 26/01/2000 SG(2000)D/100865

Infracción : 1995/4045

Estado miembro : PAÍSES BAJOS

Título: PARTICIPACIÓN EN EL FVP (FONDO DE PENSIONES)

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039;Reglamento 31968R1612

Clasificación en 1999

Infracción : 1998/4014

Estado miembro : PAÍSES BAJOS

Título: EXPORTACIÓN DE LOS SUBSIDIOS DE DESEMPLEO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A042;Reglamento 31971R1408

Dictamen motivado enviado el : 30/07/1999 SG(1999)D/05891

Infracción : 1993/4738

Estado miembro : REINO UNIDO

Título: EXPULSIÓN DEL CÓNYUGE NO COMUNITARIO DE UN TRABAJADOR COMUNITARIO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039

Dictamen motivado enviado el : 09/06/1998 SG(1998)D/4503

INDUSTRIA

Infracción : 1996/2188

Estado miembro : SUECIA

Título: REGLAMENTO N° 2309/93

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31993R2309

Clasificación en 1999

MEDIO AMBIENTE

Infracción : 1997/2165

Estado miembro : BÉLGICA

Título: APLICACIÓN INCORRECTA DEL REGLAMENTO 880/92

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R0880

Clasificación en 1999

Infracción : 1999/2106

Estado miembro : DINAMARCA

Título: INFORMES SOBRE RESIDUOS (REGLAMENTO 259/93/CEE)

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31993R0259

Clasificación en 1999

Infracción : 1993/4663

Estado miembro : GRECIA

Título: CIUDADES - ATENAS

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31982R3626;Reglamento 31997R0338

Dictamen motivado enviado el : 06/05/1998 SG(1998)D/03579

Infracción : 1996/2151

Estado miembro : GRECIA

Título: NO TRANSPOSICIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 1836/93.

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31993R1836

Clasificación en 1999

Infracción : 1999/2107

Estado miembro : FRANCIA

Título: INFORMES SOBRE RESIDUOS (REGLAMENTO 259/93/CEE)

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31993R0259

Clasificación en 1999

Infracción : 1999/2109

Estado miembro : IRLANDA

Título: INFORMES SOBRE RESIDUOS (REGLAMENTO 259/93/CEE)

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31993R0259

Dictamen motivado enviado el : 26/01/2000 SG(2000)D/100902

Infracción : 1999/2111

Estado miembro : PAÍSES BAJOS

Título: INFORMES SOBRE RESIDUOS (REGLAMENTO 259/93/CEE)

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31993R0259

Infracción : 1996/2153

Estado miembro : PORTUGAL

Título: APLICACIÓN INCORRECTA DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 1836/93

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31993R1836

Clasificación en 1999

PESCA

Infracción : 1990/0248

Estado miembro : BÉLGICA

Título: CONDICIONES LICENCIAS Y/O PABELLÓN BARCOS PESCA

Fundamentos jurídicos :Tratado CE 197A012; 197A043;197A048;Reglamento 31981R3796;Reglamento 31983R0170

Clasificación en 1999

Infracción : 1993/2219

Estado miembro : DINAMARCA

Título: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTROL (1990)

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31983R0170;Reglamento 31987R2241;Reglamento 31989R4047

Dictamen motivado enviado el : 24/07/1998 SG(1998)D/06263

Infracción : 1992/2256

Estado miembro : ESPAÑA

Título: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTROL

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31983R0170;Reglamento 31987R2241;Reglamento 31989R4047

Dictamen motivado enviado el : 08/07/1997 SG(1997)D/05307

Infracción : 1990/0328

Estado miembro : GRECIA

Título: CONDICIONES LICENCIAS Y/O PABELLÓN BARCOS PESCA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A012; 197A039;197A043;197A048;197A228;Reglamento 31983R0170

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1996/062

Infracción : 1984/0445

Estado miembro : FRANCIA

Título: PESCA; MAL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31982R2057;Reglamento 31983R0171

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1988/064

Infracción : 1990/0418

Estado miembro : FRANCIA

Título: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTROL - SOBREPESCA 1988

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31983R0170;Reglamento 31987R2241;Reglamento 31987R3977

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/333

Infracción : 1992/2258

Estado miembro : FRANCIA

Título: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTROL

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31983R0170;Reglamento 31987R2241;Reglamento 31989R4047

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/333

Infracción : 1998/2257

Estado miembro : FRANCIA

Título: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTROL - SOBREPESCA 1995 y 1996

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31983R2807;Reglamento 31993R2847;Reglamento 31994R3364;Reglamento 31995R3074

Dictamen motivado enviado el : 30/09/1999 SG(1999)D/07847

Infracción : 1989/2109

Estado miembro : PORTUGAL

Título: CONDICIONES LICENCIAS Y/O PABELLÓN BARCOS PESCA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043

Dictamen motivado enviado el : 30/10/1998 SG(1998)D/09144

Infracción : 1987/0398

Estado miembro : REINO UNIDO

Título: SOBREPESCA 1985-1986

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31982R2057;Reglamento 31983R0170;Reglamento 31985R3721;Reglamento 31985R3732

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/454

Infracción : 1991/0637

Estado miembro : REINO UNIDO

Título: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTROL - SOBREPESCA 1988

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31983R0170;Reglamento 31987R2241;Reglamento 31987R3977;Reglamento 31988R4194

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/454

Infracción : 1992/4211

Estado miembro : REINO UNIDO

Título: MODALIDADES DE ATRIBUCIÓN DE LAS CUOTAS DE PESCA EN 1992

Servicio responsable : PESCA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A012;Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A228;Reglamento 31983R0173

Dictamen motivado enviado el : 14/01/1998 SG(1998)D/00277

Infracción : 1998/2259

Estado miembro : REINO UNIDO

Título: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTROL - SOBREPESCA 1995 Y 1996

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31983R2807;Reglamento 31993R2847;Reglamento 31994R3362;Reglamento 31995R3074

Dictamen motivado enviado el : 26/08/1999 SG(1999)D/07048

TELECOMUNICACIONES

Infracción : 1998/2363

Estado miembro : GRECIA

Título: NO CONFORMIDAD DE LA DECISION SOBRE EL NÚMERO ÚNICO EUROPEO DE LLAMADA DE URGENCIA

Servicio responsable : INSO

Fundamentos jurídicos : Decisión 31991D0396

Dictamen motivado enviado el : 11/08/1999 SG(1999)D/6602

JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR

Infracción : 1996/2033

Estado miembro : FINLANDIA

Título: ACCESO A CIERTAS ZONAS DEL TERRITORIO FINLANDÉS: AUTORIZACIÓN A LOS EXTRANJEROS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A012;Tratado CE 197A018

Dictamen motivado enviado el : 30/12/1998 SG(1998)D/12494

MERCADO INTERIOR

Infracción : 1995/2153

Estado miembro : AUSTRIA

Título: MONOPOLIO DE TABACOS MANUFACTURADOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A031

Dictamen motivado enviado el : 21/05/1997 SG(1997)D/00000

Infracción : 1995/4763

Estado miembro : AUSTRIA

Título: PROHIBICIÓN DE LA IMPORTACIÓN PARALELA DE LOS PESTICIDAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 24/01/2000 SG(2000)D/100730

Infracción : 1996/4150

Estado miembro : AUSTRIA

Título: DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE PAGO DE SALARIOS DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Clasificación en 1999

Infracción : 1996/4270

Estado miembro : AUSTRIA

Título: IMPORTACIÓN DE CHARCUTERÍA (SALAMI)

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Clasificación en 1999

Infracción : 1997/4893

Estado miembro : AUSTRIA

Título: LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS VITAMINADOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 03/09/1999 SG(1999)D/07175

Infracción : 1998/4293

Estado miembro : AUSTRIA

Título: LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO DE LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039;Tratado CE 197A043

Dictamen motivado enviado el : 27/12/1999 SG(1999)D/10867

Infracción : 1998/4739

Estado miembro : AUSTRIA

Título: PROHIBICIÓN DE LAS INDICACIONES SOBRE LA SALUD EN LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 09/11/1999 SG(1999)D/08897

Infracción : 1998/5128

Estado miembro : AUSTRIA

Título: IMPORTACIÓN DE MEDICAMENTOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 22/10/1999 SG(99)D/08409

Infracción : 1998/5130

Estado miembro : AUSTRIA

Título: REGLAMENTACIÓN RELATIVA A LAS SEÑALES DE TRÁFICO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 24/01/2000 SG(2000)D/100732

Infracción : 1989/5019

Estado miembro : BÉLGICA

Título: LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LIBRE CIRCULACIÓN DE BIENES

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 23/03/1998 SG(1998)D/02369

Infracción : 1990/2171

Estado miembro : BÉLGICA

Título: PAGO DE TIMBRES DE FIDELIDAD O DE INTEMPERIE

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 23/03/1998 SG(1998)D/02365

Infracción : 1991/2245

Estado miembro : BÉLGICA

Título: UTILIZACIÓN DE AVIONES ULTRALIGEROS MOTORIZADOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A029;Tratado CE 197A030

Clasificación en 1999

Infracción : 1993/4042

Estado miembro : BÉLGICA

Título: INDEMNIZACIONES Y COTIZACIONES PARA LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Clasificación en 1999

Infracción : 1993/4136

Estado miembro : BÉLGICA

Título: FOTOGRAFÍAS AÉREAS - LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1998/203

Infracción : 1994/4878

Estado miembro : BÉLGICA

Título: LEY SOBRE LAS ASBL - OBLIGACIÓN DE TENER AL MENOS UN ASOCIADO BELGA

Fundamentos jurídicos : Tratado CEE 157E057

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1998/172

Infracción : 1995/2037

Estado miembro : BÉLGICA

Título: ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/217

Infracción : 1995/2105

Estado miembro : BÉLGICA

Título: RESTRICCIONES EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039;Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1998/355

Infracción : 1995/4302

Estado miembro : BÉLGICA

Título: DENEGACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LIEJA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A047

Dictamen motivado enviado el : 29/04/1999 SG(1999)D/02984(rev.

Infracción : 1995/4687

Estado miembro : BÉLGICA

Título: TRABAJADORES NO COMUNITARIOS: INSCRIPCIÓN COMO EMPRESARIOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 09/09/1998 SG(1998)D/07562

Infracción : 1996/2248

Estado miembro : BÉLGICA

Título: EXACCIÓN DE IMPUESTO DISCRIMINATORIO POR LA SOCIEDAD DE ELECTRICIDAD BELGA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A012;Tratado CE 197A039;Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049

Clasificación en 1999

Infracción : 1996/2249

Estado miembro : BÉLGICA

Título: NO RATIFICACIÓN DE LAS ÚLTIMAS VERSIONES DE LOS CONVENIOS DE BERNA Y ROMA

Clasificación en 1999

Infracción : 1996/4808

Estado miembro : BÉLGICA

Título: IMPORTACIÓN PARALELA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 18/12/1998 SG(1998)D/12026

Infracción : 1998/4137

Estado miembro : BÉLGICA

Título: IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE LAS ANTENAS PARABÓLICAS

Servicio responsable : MARK

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 26/05/1999 SG(1999)D/03803

Infracción : 1998/4703

Estado miembro : BÉLGICA

Título: INSCRIPCIÓN DE UNA EMPRESA EN EL REGISTRO DE COMERCIO. DISCRIMINACIÓN BASADA EN LA NACIONALIDAD

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043

Dictamen motivado enviado el : 11/08/1999 SG(1999)D/6592

Infracción : 1992/4643

Estado miembro : ALEMANIA

Título: OBLIGACIÓN DE ESTABLECER UNA FILIAL EN ALEMANIA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 12/11/1997 SG(1997)D/09388

Infracción : 1992/4835

Estado miembro : ALEMANIA

Título: LEGISLACIÓN FISCAL - ACTIVIDAD DE LAS ASESORÍAS FISCALES

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A010;Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 22/09/1997 SG(1997)D/07776

Infracción : 1994/4337

Estado miembro : ALEMANIA

Título: PROHIBICIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA VENTA DE CDs

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A030;Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 15/10/1998 SG(1998)D/8623

Infracción : 1995/4441

Estado miembro : ALEMANIA

Título: ACCIÓN ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES - IMPORTES EXIGIDOS A LAS EMPRESAS NO ESTABLECIDAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A012;Tratado CE 197A049

Clasificación en 1999

Infracción : 1995/4563

Estado miembro : ALEMANIA

Título: NACIONALES DE TERCEROS ESTADOS: RESTRICCIONES A LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 07/08/1998 SG(1998)D/06915

Infracción : 1996/4170

Estado miembro : ALEMANIA

Título: OBSTÁCULOS A LA IMPORTACIÓN DE COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/387

Infracción : 1996/4509

Estado miembro : ALEMANIA

Título: COMISIONES DE SERVICIO DE TRABAJADORES EN EL MARCO DE UN GRUPO DE TRABAJO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/493

Infracción : 1998/2006

Estado miembro : ALEMANIA

Título: LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS AGENTES DE PATENTES EXTRANJEROS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 10/08/1999 SG(1999)D/6527

Infracción : 1998/2199

Estado miembro : ALEMANIA

Título: PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 26/05/1999 SG(1999)03827

Infracción : 1988/2152

Estado miembro : ESPAÑA

Título: OBLIGACIÓN PARA LOS NO RESIDENTES DE RECURRIR A AGENTES DE PATENTES ESPAÑOLES

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049

Clasificación en 1999

Infracción : 1990/0388

Estado miembro : ESPAÑA

Título: RESTRICCIONES A LA LIBRE PRESTACIÓN DE LOS GUÍAS TURÍSTICOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A010; 197A039; 197A043; 197A049

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1992/375

Infracción : 1992/5178

Estado miembro : ESPAÑA

Título: INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA - OBLIGACIÓN DE PASAR POR UN NOTARIO ESPAÑOL

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A39;Tratado CE 197A43;Tratado CE 197A49;Tratado CE 197A56

Clasificación en 1999

Infracción : 1993/2226

Estado miembro : ESPAÑA

Título: NORMATIVA RELATIVA AL CHOCOLATE

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A030

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-2000/012

Infracción : 1994/4103

Estado miembro : ESPAÑA

Título: EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD.

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039;Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049

Clasificación en 1999

Infracción : 1995/2181

Estado miembro : ESPAÑA

Título: CAUTIO JUDICATUM SOLVI Y DISCRIMINACIÓN NACIONAL

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A012;Tratado CE 197A293

Dictamen motivado enviado el : 08/07/1998 SG(1998)D/05483

Infracción : 1995/4198

Estado miembro : ESPAÑA

Título: MATRICULACIÓN DE UN COCHE - CONTROL TÉCNICO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A030;Tratado CE 197A228

Clasificación en 1999

Infracción : 1995/4849

Estado miembro : ESPAÑA

Título: VENTA DE TÉ A GRANEL

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Clasificación en 1999

Infracción : 1994/5108

Estado miembro : GRECIA

Título: DENOMINACIONES EXTRANJERAS EN LOS TÍTULOS DE LAS ESCUELAS PRIVADAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049

Clasificación en 1999

Infracción : 1995/4580

Estado miembro : GRECIA

Título: PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 23/09/1997 SG(1997)D/07834

Infracción : 1996/4609

Estado miembro : GRECIA

Título: OBSTÁCULOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS DIETÉTICOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 31/08/1998 SG(1998)D/07391

Infracción : 1997/2261

Estado miembro : GRECIA

Título: ETQUETADO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO PROPUESTO)

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 28/04/1999 SG(1999)D/02845

Infracción : 1998/4681

Estado miembro : GRECIA

Título: ETIQUETADO DE EMBALAJES DE AZULEJOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 24/01/2000 SG(2000)D/100738

Infracción : 1985/0499

Estado miembro : FRANCIA

Título: DERECHO DE ESTABLECIMIENTO Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TERRITORIOS DE ULTRAMAR

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A228

Clasificación en 1999

Infracción : 1986/0432

Estado miembro : FRANCIA

Título: RESTRICCIONES A LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS GUÍAS TURÍSTICOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049;Tratado CE 197A228

Clasificación en 1999

Infracción : 1991/0555

Estado miembro : FRANCIA

Título: REQUISITO DE MARCADO DE RESPONSABILIDAD PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS FABRICADOS EN METALES PRECIOSOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 10/07/1996 SG(1996)D/06266

Infracción : 1991/0562

Estado miembro : FRANCIA

Título: NORMATIVA RELATIVA A LAS PASTAS ALIMENTICIAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A030

Clasificación en 1999

Infracción : 1992/4438

Estado miembro : FRANCIA

Título: BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE CONTENIDO EN ALCOHOL SUPERIOR A 250 POR VOLUMEN

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Clasificación en 1999

Infracción : 1993/2067

Estado miembro : FRANCIA

Título: ADITIVOS EN LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS PARTICULARES

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 26/10/1998 SG(1998)D/08993

Infracción : 1993/2222

Estado miembro : FRANCIA

Título: PREPARADOS A BASE DE HÍGADO GRASO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A030

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1996/184

Infracción : 1993/4448

Estado miembro : FRANCIA

Título: SUBASTAS - MONOPOLIO DE LOS TASADORES

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 10/08/1998 SG(1998)D/06963

Infracción : 1994/2082

Estado miembro : FRANCIA

Título: ORGANIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043

Dictamen motivado enviado el : 15/05/1998 SG(1998)D/03845

Infracción : 1994/2150

Estado miembro : FRANCIA

Título: PREPARADOS ENZIMÁTICOS EN ALGUNOS PRODUCTOS Y BEBIDAS DE USO HUMANO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A030

Dictamen motivado enviado el : 15/05/1998 SG(1998)D/03853

Infracción : 1994/2201

Estado miembro : FRANCIA

Título: SALUD PÚBLICA - REQUISITO PARA REGISTRAR LOS REACTIVOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A030

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/055

Infracción : 1994/2278

Estado miembro : FRANCIA

Título: ESTABLECIMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TERRITORIOS DE ULTRAMAR

Fundamentos jurídicos : Decisiones 31980D1186;31986D0283; 31991D0482

Clasificación en 1999

Infracción : 1994/4226

Estado miembro : FRANCIA

Título: PROHIBICIÓN DE COMERCIALIZAR LA BARBACOA RECTELLA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A030

Clasificación en 1999

Infracción : 1994/4441

Estado miembro : FRANCIA

Título: PRÁCTICAS ANTICOMPETENCIA. TRABAJOS SUBACUÁTICOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039;Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/452

Infracción : 1994/4855

Estado miembro : FRANCIA

Título: APLICACIÓN INCORRECTA DE LA LEY EVIN

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 21/11/1996 SG(1996)D/09951

Infracción : 1994/4879

Estado miembro : FRANCIA

Título: DERECHO DE ESTABLECIMIENTO COMO ARMERO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043

Clasificación en 1999

Infracción : 1994/5128

Estado miembro : FRANCIA

Título: PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AGENCIAS DE MANIQUÍES

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 05/03/1998 SG(1998)D/01925

Infracción : 1995/2175

Estado miembro : FRANCIA

Título: MATERIALES Y OBJETOS DE GOMA EN CONTACTO CON LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/230

Infracción : 1995/2176

Estado miembro : FRANCIA

Título: AUXILIARES TECNOLÓGICOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 27/03/1998 SG(1998)D/02456

Infracción : 1996/4209

Estado miembro : FRANCIA

Título: NEGATIVA A EXPEDIR UN CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD INDIVIDUAL PARA UN HELICÓPTERO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Clasificación en 1999

Infracción : 1996/4272

Estado miembro : FRANCIA

Título: BOTELLAS DE CLORO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 30/09/1998 SG(1998)D/08170

Infracción : 1996/4812

Estado miembro : FRANCIA

Título: GARANTÍA FINANCIERA MOVILIZABLE PARA LA OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA ADMINISTRATIVA

Dictamen motivado enviado el : 26/01/2000 SG(2000)D/100916

Infracción : 1997/4239

Estado miembro : FRANCIA

Título: INCAUTACIÓN DE PIEZAS SUELTAS EN TRÁNSITO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/023

Infracción : 1997/4419

Estado miembro : FRANCIA

Título: OBSTÁCULOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE PISCINAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 23/11/1998 SG598)D/10966

Infracción : 1997/4423

Estado miembro : FRANCIA

Título: OBSTÁCULOS A LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO EN EL ÁMBITO DEL ESPECTÁCULO CIRCENSE

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049

Clasificación en 1999

Infracción : 1998/2003

Estado miembro : FRANCIA

Título: OBSTÁCULOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENTES DE PATENTES EXTRANJEROS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 24/01/2000 SG(2000)D/100740

Infracción : 1998/2011

Estado miembro : FRANCIA

Título: COLOCACIÓN DE LOS ARTISTAS POR AGENTES PRIVADOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 26/01/2000 SG(2000)D/100908

Infracción : 1998/2142

Estado miembro : FRANCIA

Título: ORGANISMOS DE FORMACIÓN EXTRANJEROS: OBLIGACIÓN DE TENER UN REPRESENTANTE DOMICILIADO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 19/07/1999 SG(1999)A/05365

Infracción : 1998/4032

Estado miembro : FRANCIA

Título: OBSTÁCULOS A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 26/01/2000 SG(2000)D/100918

Infracción : 1998/4588

Estado miembro : FRANCIA

Título: DISCRIMINACIÓN ENTRE MERCADOS NACIONALES Y OTRAS BOLSAS DE LA UE

Dictamen motivado enviado el : 26/10/1999 SG(1999)D/08526

Infracción : 1998/4978

Estado miembro : FRANCIA

Título: IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE TIPO GENÉRICO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 26/01/2000 SG(2000)D/100920

Infracción : 1987/0071

Estado miembro : ITALIA

Título: RESTRICCIONES A LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS GUÍAS TURÍSTICOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049;Tratado CE 197A228

Clasificación en 1999

Infracción : 1992/2116

Estado miembro : ITALIA

Título: IMPORTACIÓN DE LABORES DE METALES PRECIOSOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Clasificación en 1999

Infracción : 1993/2300

Estado miembro : ITALIA

Título: RESTRICCIONES AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE ASESORES DE CIRCULACIÓN VIARIA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A012;Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/263

Infracción : 1993/4146

Estado miembro : ITALIA

Título: HOMOLOGACIÓN Y MATRICULACIÓN DE UN VEHÍCULO (DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO)

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A228

Clasificación en 1999

Infracción : 1994/2146

Estado miembro : ITALIA

Título: OBSTÁCULOS LEGISLATIVOS A LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1998/358

Infracción : 1994/4248

Estado miembro : ITALIA

Título: PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE: 197A028;197A030;197A228

Dictamen motivado enviado el : 09/09/1998 SG(1998)D/07570

Infracción : 1994/4883

Estado miembro : ITALIA

Título: OBSTÁCULOS A LA IMPORTACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A030

Dictamen motivado enviado el : 23/09/1997 SG(1997)D/07828

Infracción : 1994/5095

Estado miembro : ITALIA

Título: NORMATIVA ITALIANA EN MATERIA DE FERIAS Y EXPOSICIONES

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049;Tratado CE 197A228

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/439

Infracción : 1995/2003

Estado miembro : ITALIA

Título: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ABOGACÍA: PROHIBICIÓN DE ABRIR UN BUFETE

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049;Tratado CE 197A050

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/145

Infracción : 1995/2068

Estado miembro : ITALIA

Título: RESTRICCIONES DISCRIMINATORIAS EN EL SECTOR DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE: 197A039; 197A043; 197A049

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/283

Infracción : 1995/2314

Estado miembro : ITALIA

Título: NORMATIVA RELATIVA AL CHOCOLATE

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-2000/0014

Infracción : 1996/2243

Estado miembro : ITALIA

Título: LEY DE PESOS Y MEDIDAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Clasificación en 1999

Infracción : 1996/2246

Estado miembro : ITALIA

Título: OBSTÁCULOS LEGISLATIVOS A LA ACTIVIDAD DE EXPEDIDORES DE MERCANCÍAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/264

Infracción : 1997/2161

Estado miembro : ITALIA

Título: AGENCIAS DE TRABAJO TEMPORAL

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 28/04/1999 SG(1999)D/02853

Infracción : 1997/4114

Estado miembro : ITALIA

Título: SANCIONES DISCRIMINATORIAS IMPUESTAS A UN CIUDADANO ALEMÁN

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A012;Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 02/10/1998 SG(1998)D/08219

Infracción : 1997/4579

Estado miembro : ITALIA

Título: OBSTÁCULOS A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPORTISTAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A030

Dictamen motivado enviado el : 18/12/1998 SG(1998)D/12016

Infracción : 1998/4465

Estado miembro : ITALIA

Título: SOCIEDAD DE CRÉDITO

Fundamentos jurídicos : NADA

Dictamen motivado enviado el : 04/05/1999 SG(1999)D/03103

Infracción : 1998/4589

Estado miembro : ITALIA

Título: DISCRIMINACIÓN ENTRE MERCADOS NACIONALES Y OTRAS BOLSAS REGULADAS DE LA UE

Fundamentos jurídicos : NADA

Dictamen motivado enviado el : 21/10/1999 SG(1999)D/08324

Infracción : 1992/2085

Estado miembro : IRLANDA

Título: IMPORTACIÓN DE OBRAS EN METALES PRECIOSOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/030

Infracción : 1994/4719

Estado miembro : IRLANDA

Título: JUEGOS - LEY SOBRE JUEGOS Y LOTERÍAS 1956

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Clasificación en 1999

Infracción : 1997/2047

Estado miembro : IRLANDA

Título: NO RATIFICACIÓN DEL ACTA DE PARÍS (1971) DEL CONVENIO DE BERNA

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-2000/013

Infracción : 1992/4468

Estado miembro : LUXEMBURGO

Título: MONOPOLIO SOBRE LA COLOCACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Clasificación en 1999

Infracción : 1997/4533

Estado miembro : LUXEMBURGO

Título: OBLIGACIÓN DE RESIDENCIA PARA LOS AGENTES DE PATENTES

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A43;Tratado CE 197A49

Dictamen motivado enviado el : 26/01/2000 SG(2000)D/100863

Infracción : 1994/4075

Estado miembro : PAÍSES BAJOS

Título: IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y HIERRO

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A030

Dictamen motivado enviado el : 23/09/1997 SG(1997)D/07824

Infracción : 1994/4810

Estado miembro : PAÍSES BAJOS

Título: OBSTÁCULOS A LA IMPORTACIÓN DE MARGARINA VITAMINADA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A030;Tratado CE 197A228

Dictamen motivado enviado el : 31/08/1998 SG(1998)D/07377

Infracción : 1994/4906

Estado miembro : PAÍSES BAJOS

Título: REQUISITO DE DOMICILIO EN LOS PAÍSES BAJOS PARA PEDIR EL REGISTRO DE UNA PATENTE

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Clasificación en 1999

Infracción : 1994/5125

Estado miembro : PAÍSES BAJOS

Título: OBSTÁCULOS A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VITAMINADOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028;Tratado CE 197A030

Dictamen motivado enviado el : 23/09/1997 SG(1997)D/07832

Infracción : 1997/2060

Estado miembro : PAÍSES BAJOS

Título: REGLAMENTACIÓN RELATIVA A LA ADICIÓN DE MICROALIMENTOS A LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 31/08/1998 SG(987)D/07383

Infracción : 1991/0237

Estado miembro : PORTUGAL

Título: PRESTACIONES DE SERVICIO POR LOS GUÍAS TURÍSTICOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A039;Tratado CE 197A043;Tratado CE 197A049

Clasificación en 1999

Infracción : 1996/2245

Estado miembro : PORTUGAL

Título: FOTOGRAFÍA AÉREA - DISCRIMINACIÓN BASADA EN LA NACIONALIDAD

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A012;Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 18/05/1998 SG(1998)D/03880

Infracción : 1997/2048

Estado miembro : PORTUGAL

Título: NO RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE ROMA

Clasificación en 1999

Infracción : 1998/2038

Estado miembro : PORTUGAL

Título: OBSTÁCULOS A LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE PATENTES EXTRANJEROS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049

Dictamen motivado enviado el : 25/08/1999 SG(1999)D/07030

Infracción : 1995/4466

Estado miembro : SUECIA

Título: IMPORTACIÓN DE CAMIONES CISTERNA PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Clasificación en 1999

Infracción : 1995/4665

Estado miembro : SUECIA

Título: OBSTÁCULOS A LA IMPORTACIÓN DE TANQUES A PRESIÓN

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Clasificación en 1999

Infracción : 1989/0034

Estado miembro : REINO UNIDO

Título: LICENCIAS PARA LAS PATENTES

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Clasificación en 1999

SALUD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Infracción : 1997/2117

Estado miembro : ESPAÑA

Título: NORMATIVA EEB

Fundamentos jurídicos : Decisiones 31992D0562; 31994D0381; 31994D0382; 31996D0449

Dictamen motivado enviado el : 03/02/1998 SG(1998)D/00967

ESTADÍSTICAS

Infracción : 1995/2301

Estado miembro : ESPAÑA

Título: OBLIGACIÓN DE FACILITAR DATOS MENSUALES SOBRE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

Fundamentos jurídicos : Reglamentos: 31991R1382; 31993R2104

Clasificación en 1999

Infracción : 1995/2302

Estado miembro : ESPAÑA

Título: INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL ENVÍO DE ESTADÍSTICAS

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31991R3880

Clasificación en 1999

FISCALIDAD Y UNIÓN ADUANERA

Infracción : 1984/0342

Estado miembro : BÉLGICA

Título: IMPORTACIÓN EN FRANQUICIA DE MATERIAL NO ESPECÍFICAMENTE MILITAR

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31968R0950

Dictamen motivado enviado el : 25/07/1985 SG(1985)D/9543

Infracción : 1997/2203

Estado miembro : BÉLGICA

Título: LUGAR DE ACEPTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R2913;Reglamento 31993R2454

Clasificación en 1999

Infracción : 1990/5361

Estado miembro : ALEMANIA

Título: DISCRIMINACIÓN FISCAL DE INVESTMENT-TRUSTS BRITÁNICOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A049;Tratado CE 197A056

Dictamen motivado enviado el : 06/08/1996 SG(1996)D/07318

Infracción : 1995/4106

Estado miembro : ALEMANIA

Título: LEY SOBRE LOS RESIDUOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A023;Tratado CE 197A025

Dictamen motivado enviado el : 16/08/1999 SG(1999)D/06792

Infracción : 1996/4369

Estado miembro : ALEMANIA

Título: DISCRIMINACIÓN FISCAL DE LAS EMPRESAS NO RESIDENTES

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A043

Dictamen motivado enviado el : 07/09/1999 SG(1999)D/07245

Infracción : 1984/0343

Estado miembro : DINAMARCA

Título: IMPORTACIÓN EN FRANQUICIA DE MATERIAL NO ESPECÍFICAMENTE MILITAR

Fundamentos jurídicos : Tratado CEE 157E009;Tratado CEE 157E028;Reglamento 31968R0950

Dictamen motivado enviado el : 25/07/1985 SG(1985)D/9545

Infracción : 1990/0078

Estado miembro : ESPAÑA

Título: IMPORTACIÓN EN FRANQUICIA DE MATERIAL NO ESPECÍFICAMENTE MILITAR

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A026;Reglamento 31987R2658

Dictamen motivado enviado el : 31/12/1992 SG(1992)D/19475

Infracción : 1986/0126

Estado miembro : GRECIA

Título: IMPORTACIÓN DE MATERIAL NO ESPECÍFICAMENTE MILITAR EN FRANQUICIA DE LOS DERECHOS DEL AAC

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A023;Tratado CE 197A026;Reglamento 31968R0950

Dictamen motivado enviado el : 02/05/1990 SG(1990)D/21649

Infracción : 1991/0779

Estado miembro : GRECIA

Título: IMPUESTOS DE LOS COCHES DE OCASIÓN

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A090

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1995/375

Infracción : 1994/4113

Estado miembro : GRECIA

Título: PAGO DE UNA TASA DE ADQUISICIÓN

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A012

Dictamen motivado enviado el : 26/08/1999 SG(1999)D/07044

Infracción : 1992/5125

Estado miembro : FRANCIA

Título: IMPUESTOS DISCRIMINATORIOS SOBRE LOS COCHES

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A090

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/265

Infracción : 1995/2238

Estado miembro : FRANCIA

Título: REPRESENTACIÓN EN ADUANA

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R2913

Dictamen motivado enviado el : 03/12/1997 SG(1997)D/10073

Infracción : 1997/4487

Estado miembro : FRANCIA

Título: IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE GRAN POTENCIA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A090

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/265

Infracción : 1984/0345

Estado miembro : ITALIA

Título: IMPORTACIÓN EN FRANQUICIA DE MATERIAL NO ESPECÍFICAMENTE MILITAR

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A026;Tratado CE 197A286;Reglamento 31968R0950

Dictamen motivado enviado el : 25/07/1985 SG(1985)D/9549

Infracción : 1995/2166

Estado miembro : ITALIA

Título: TEE. RECLAMACIÓN INDEBIDA DE IMPUESTOS. MODALIDADES RESTRICTIVAS ESTABLECIDAS POR EL DERECHO NACIONAL

Fundamentos jurídicos : Jurisprudencia: 61982J0199; 61994J0125

Dictamen motivado enviado el : 17/09/1997 SG(1997)D/07696

Infracción : 1989/0335

Estado miembro : IRLANDA

Título: NORMATIVA SOBRE EL PRECIO DE LOS TABACOS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 12/07/1990 SG(1990)D/24400

Infracción : 1998/2315

Estado miembro : IRLANDA

Título: IMPUESTOS INDIRECTOS - IMPOSICIÓN DISTINTA DEL VINO Y LA CERVEZA

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A090

Dictamen motivado enviado el : 25/08/1999 SG(1999)D/07026

Infracción : 1984/0346

Estado miembro : LUXEMBURGO

Título: IMPORTACIÓN EN FRANQUICIA DE MATERIAL NO ESPECÍFICAMENTE MILITAR

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31968R0950

Dictamen motivado enviado el : 25/07/1985 SG(1985)D/9551

Infracción : 1984/0347

Estado miembro : PAÍSES BAJOS

Título: IMPORTACIÓN EN FRANQUICIA DE MATERIAL NO ESPECÍFICAMENTE MILITAR

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31968R0950

Dictamen motivado enviado el : 25/07/1985 SG(1985)D/9553

Infracción : 1990/0079

Estado miembro : PORTUGAL

Título: IMPORTACIÓN EN FRANQUICIA DE MATERIAL NO ESPECÍFICAMENTE MILITAR

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A026;Reglamento 31987R2658

Dictamen motivado enviado el : 20/01/1993 SG(1993)D/00940

Infracción : 1996/2244

Estado miembro : PORTUGAL

Título: IMPUESTO SOBRE LOS AUTOMÓVILES DE OCASIÓN

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A028

Dictamen motivado enviado el : 09/11/1999 SG(1999)D/08917

Infracción : 1996/4748

Estado miembro : PORTUGAL

Título: DISCRIMINACIÓN "IMPUESTO SOBRE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES"

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A090

Dictamen motivado enviado el : 08/02/1999 SG(1999)D/1100

Infracción : 1998/2331

Estado miembro : SUECIA

Título: PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DESPACHO A LIBRE PRÁCTICA

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R2913;Reglamento 31993R2454

Dictamen motivado enviado el : 03/12/1999 SG(1999)D/09798

Infracción : 1984/0126

Estado miembro : REINO UNIDO

Título: AERODINOS CIVILES EXENTOS DE LOS DERECHOS DE ADUANA Y UTILIZADOS COMO AVIONES MILITARES

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31977R1535

Dictamen motivado enviado el : 06/06/1985 SG(1985)D/6932

Infracción : 1984/0344

Estado miembro : REINO UNIDO

Título: IMPORTACIÓN EN FRANQUICIA DE MATERIAL NO ESPECÍFICAMENTE MILITAR

Fundamentos jurídicos : Tratado CEE 157E009;Tratado CEE 157E028;Reglamento 31968R0950

Dictamen motivado enviado el : 25/07/1985 SG(1985)D/9547

TRANSPORTES

Infracción : 1990/0354

Estado miembro : BÉLGICA

Título: BUQUES COMERCIALES - PABELLÓN

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A48

Clasificación en 1999

Infracción : 1997/4583

Estado miembro : BÉLGICA

Título: TRANSPORTE POR CARRETERA, DISPOSICIONES EN MATERIA SOCIAL

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A12;Reglamento 31985R3820;Reglamento 31985R3821

Dictamen motivado enviado el : 27/10/1999 SG(1999)D/08572

Infracción : 1996/2073

Estado miembro : ALEMANIA

Título: CELEBRACIÓN DE ACUERDOS DE "CIELOS ABIERTOS" CON LOS ESTADOS UNIDOS

Fundamentos jurídicos : Reglamentos: 31989R2299; 31992R2407; 31992R2408; 31992R2409

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1998/476

Infracción : 1996/2163

Estado miembro : ESPAÑA

Título: TASAS DISCRIMINATORIAS DE SALIDA AEROPORTUARIA

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R2408

Dictamen motivado enviado el : 14/12/1998 SG(1998)D/11702

Infracción : 1998/2181

Estado miembro : ESPAÑA

Título: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA. APLICACIÓN INCORRECTA DEL REGLAMENTO 881/92

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R881

Dictamen motivado enviado el : 09/11/1999 SG(1999)D/08921

Infracción : 1990/0356

Estado miembro : GRECIA

Título: BUQUES COMERCIALES - PABELLÓN

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A48

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1996/062

Infracción : 1993/4037

Estado miembro : GRECIA

Título: TASAS AEROPORTUARIAS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A49;Reglamento 31992R2408

Dictamen motivado enviado el : 11/06/1998 SG(1998)D/04595

Infracción : 1997/2147

Estado miembro : GRECIA

Título: TRANSPORTE POR CARRETERA, ÁMBITO SOCIAL, NO TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A10;Reglamento 31985R3820

Dictamen motivado enviado el : 04/11/1999 SG(1999)D/8743

Infracción : 1998/4654

Estado miembro : GRECIA

Título: TRANSPORTE MARÍTIMO - RESTRICCIÓN A LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS(REGLAMENTO (CEE) N° 4055/86)

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31986R4055;Reglamento 31992R3577

Dictamen motivado enviado el : 11/08/1999 SG(1999)D/6600

Infracción : 1995/2198

Estado miembro : FRANCIA

Título: CABOTAJE MARÍTIMO

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R3577

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/160

Infracción : 1996/2168

Estado miembro : FRANCIA

Título: CONDICIONES DE ATRIBUCIÓN DEL PABELLÓN FRANCÉS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A43

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-2000/004

Infracción : 1996/2162

Estado miembro : ITALIA

Título: TASAS DISCRIMINATORIAS DE SALIDA AEROPORTUARIA

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R2408

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/447

Infracción : 1997/4482

Estado miembro : ITALIA

Título: IMPUESTO SOBRE EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31986R4055

Dictamen motivado enviado el : 14/12/1998 SG(1998)D/11696

Infracción : 1990/0357

Estado miembro : IRLANDA

Título: BUQUES COMERCIALES - PABELLÓN

Clasificación en 1999

Infracción : 1996/2161

Estado miembro : IRLANDA

Título: TASAS DISCRIMINATORIAS DE SALIDA AEROPORTUARIA

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R2408

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/139

Infracción : 1990/0358

Estado miembro : PAÍSES BAJOS

Título: BUQUES COMERCIALES - PABELLÓN

Fundamentos jurídicos : Tratado CE 197A48

Dictamen motivado enviado el : 30/06/1993 SG(1993)D/10930

Infracción : 1996/2165

Estado miembro : PAÍSES BAJOS

Título: TASAS DISCRIMINATORIAS DE SALIDA AEROPORTUARIA

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R2408

Dictamen motivado enviado el : 14/12/1998 SG(1998)D/11690

Infracción : 1996/2164

Estado miembro : PORTUGAL

Título: TASAS DISCRIMINATORIAS DE SALIDA AEROPORTUARIA

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R2408

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1999/070

Infracción : 1994/4653

Estado miembro : REINO UNIDO

Título: INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO IMPUESTO SOBRE LOS PASAJEROS

Fundamentos jurídicos : Tratado CE: 197A12; 197A49; Reglamento 31992R2408

Dictamen motivado enviado el : 23/06/1998 SG(1998)D/05024

Infracción : 1995/2125

Estado miembro : REINO UNIDO

Título: CELEBRACIONES DE UN ACUERDO DE "CIELOS ABIERTOS" CON LOS ESTADOS UNIDOS

Fundamentos jurídicos : Reglamento 31992R2407

Nº de asunto del Tribunal de Justicia : C-1998/466

\* \* \*

ANEXO IV - PARTE 1

ESTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS

N.B.: En el presente anexo se recogen todas las directivas con las que se han planteado problemas de no comunicación, no conformidad o aplicación incorrecta en 1999 y se expone el estado de los procedimientos de infracción incoados por la Comisión contra los Estados miembros al 31 de diciembre de 1999.

Por no comunicación debe entenderse la ausencia total de comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas o, en su caso, la comunicación incompleta de tales medidas.

ÍNDICE

PARTE 1: COMUNICACIÓN Y NO COMUNICACIÓN DE LAS MEDIDAS NACIONALES DE EJECUCIÓN DE LAS DIRECTIVAS

AGRICULTURA

Veterinario

Fitosanitario

Semillas y plantas

Alimentos para animales

INDUSTRIA

Coordinación de las actividades reglamentarias, nuevo enfoque, enfoque global.

Procedimientos de notificación de las normas técnicas nacionales

Química, plástico, caucho

Mecánica y electrotécnica

Aparatos de presión, aparatos médicos y metrología

Construcción

Productos alimenticios

Biotecnología

Farmacia y Productos cosméticos

Industria textil, cuero y confección

Vehículos de motor

COMPETENCIA

Telecomunicaciones

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

TRANSPORTES

Transporte terrestre, carreteras y vías navegables

Transporte terrestre, seguridad-tecnología

Transporte ferroviario

Transporte aéreo: seguridad y aspectos sociales

Transporte aéreo: política aeroportuaria, medio ambiente

Transporte marítimo: seguridad y aspectos técnicos

TELEVISIÓN SIN FRONTERAS0

MEDIO AMBIENTE

Generalidades

Aire

Agua

Naturaleza

Ruido

Química y biotecnologías

Residuos

Radioprotección

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

MERCADO INTERIOR

Profesiones reguladas en cuanto a las cualificaciones

Regímenes particulares de libre circulación

Contratos públicos

Bancos

Seguros

Bolsas y valores mobiliarios

Sistemas de pago

Información financiera y derecho de sociedades

Protección de los datos

Propiedad industrial

Derechos de autor y derechos conexos

ENERGÍA

Electricidad

Gas

Energía renovable y eficacia energética

FISCALIDAD

IVA

ESTADÍSTICAS

COMERCIO EXTERIOR

1. PARTE 1: COMUNICACIÓN Y NO COMUNICACIÓN DE LAS MEDIDAS NACIONALES DE EJECUCIÓN DE LAS DIRECTIVAS

N.B. La fecha mencionada es la de la ejecución de la decisión (envío) o la de la decisión si ésta no se ejecutó en 1999.

Abreviaturas utilizadas en esta parte: CE: carta de emplazamiento, DM: dictamen motivado, CEC: carta de emplazamiento complementaria, DMC: dictamen motivado complementario, CE 228 y DM 228: carta de emplazamiento o dictamen motivado por incumplimiento de una sentencia del Tribunal.

Los números de las directivas están escritos en código CELEX.

2. AGRICULTURA

1.1. Veterinario

31992L0117

Directiva 92/117/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, relativa a las medidas de protección contra determinadas zoonosis y determinados agentes productores de zoonosis en animales y productos de origen animal, a fin de evitar el brote de infecciones e intoxicaciones procedentes de los alimentos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

ITALIA 1994/0248, Archivo : 01/07/1999

31993L0118

DIRECTIVA 93/118/CE del Consejo de 22 de diciembre de 1993 por la que se modifica la Directiva 85/73/CEE relativa a la financiación de las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves de corral

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA 1995/0069, CE 228 - Fecha de envío al EM : 14/07/1999

ESPAÑA 1995/0085, Archivo : 01/07/1999

ITALIA 1995/0135, Archivo : 01/07/1999

31993L0119

Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : todos

AUSTRIA 1996/0463, Archivo : 22/12/1999

31994L0028

Directiva 94/28/CE del Consejo, de 23 de junio de 1994, por la que se establecen los principios relativos a las condiciones zootécnicas y genealógicas aplicables a la importación de animales, esperma, óvulos y embriones procedentes de terceros países y por la que se modifica la Directiva 77/504/CEE referente a animales de la especie bovina de raza selecta para reproducción

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCIA 1995/0505, CE 228 - Fecha de envío al EM : 19/07/1999

31994L0042

Directiva 94/42/CE del Consejo de 27 de julio de 1994 que modifica la Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : todos

ITALIA 1995/0327, Archivo : 01/07/1999

31995L0029

Directiva 95/29/CE del Consejo, de 29 de junio de 1995, por la que se modifica la Directiva 91/628/CEE sobre la protección de los animales durante el transporte

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : todos

FRANCIA 1997/0077, Presentación de la solicitud : 15/06/1999

31995L0068

Directiva 95/68/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, por la que se modifica la Directiva 77/99/CEE relativa a problemas sanitarios en materia de producción y comercialización de productos a base de carne y de otros productos de origen animal

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : todos

REINO UNIDO 1997/0187, Archivo : 22/12/1999

31995L0071

Directiva 95/71/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, que modifica el Anexo de la Directiva 91/493/CEE por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1997/0479, Presentación de la solicitud : 20/07/1999

31996L0022

Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por la que se prohibe utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias ß- agonistas en la cría de ganado y por la que se derogan las Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCIA 1997/0342, Recurso : 02/12/1998

ITALIA 1997/0373, Presentación de la solicitud : 03/05/1999

PORTUGAL 1997/0430, Presentación de la solicitud : 17/03/1999

31996L0023

Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos y por la que se derogan las Directivas 85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 89/187/CEE y 91/664/CEE

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCIA 1997/0343, Recurso : 02/12/1998

IRLANDA 1997/0361, Archivo : 01/07/1999

ITALIA 1997/0374, Presentación de la solicitud : 03/05/1999

PORTUGAL 1997/0431, Archivo : 22/12/1999

31996L0043

Directiva 96/43/CE del Consejo de 26 de junio de 1996 por la que se modifica y se codifica la Directiva 85/73/CEE con el fin de establecer la financiación de las inspecciones y controles veterinarios de animales vivos y ciertos productos de origen animal y por la que se modifican las Directivas 90/675/CEE y 91/496/CEE

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

ALEMANIA 1997/0491, Presentación de la solicitud : 24/08/1999

GRECIA 1997/0495, Presentación de la solicitud : 19/04/1999

ESPAÑA 1997/0498, Presentación de la solicitud : 04/05/1999

FRANCIA 1997/0503, Archivo : 01/07/1999

IRLANDA 1997/0509, Presentación de la solicitud : 21/05/1999

ITALIA 1997/0512, Archivo : 01/07/1999

AUSTRIA 1997/0521, Archivo : 22/12/1999

PORTUGAL 1997/0526, Presentación de la solicitud : 17/03/1999

SUECIA 1997/0534, Archivo : 01/07/1999

31996L0090

Directiva 96/90/CE del Consejo de 17 de diciembre de 1996 que modifica la Directiva 92/118/CEE por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios y a las importaciones en la Comunidad de productos no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se refiere el capítulo I del Anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por lo que se refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : todos

ITALIA 1997/0379, Archivo : 01/07/1999

REINO UNIDO 1997/0475, Archivo : 22/12/1999

31996L0093

Directiva 96/93/CE del Consejo de 17 de diciembre de 1996 relativa a la certificación de animales y productos animales

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, EL, E, IR, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCIA 1998/0132, Presentación de la solicitud : 21/12/1999

IRLANDA 1998/0141, Presentación de la solicitud : 16/11/1999

ITALIA 1998/0143, Presentación de la solicitud : 13/10/1999

LUXEMBURGO 1998/0146, Presentación de la solicitud : 18/11/1999

AUSTRIA 1998/0153, Archivo : 01/07/1999

SUECIA 1998/0156, Archivo : 01/07/1999

31997L0002

Directiva 97/2/CE del Consejo de 20 de enero de 1997 por la que se modifica la Directiva 91/629/CEE relativa a las normas mínimas para la protección de terneros

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : todos

AUSTRIA 1998/0069, Archivo : 22/12/1999

31997L0012

Directiva 97/12/CE del Consejo de 17 de marzo de 1997 por la que se modifica y actualiza la Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, I, L, NL, A, P, FI, S

31997L0022

Directiva 97/22/CE del Consejo de 22 de abril de 1997 por la que se modifica la Directiva 92/117/CEE relativa a las medidas de protección contra determinadas zoonosis y determinados agentes productores de zoonosis en animales y productos de origen animal, a fin de evitar el brote de infecciones e intoxicaciones procedentes de los alimentos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, A, P, FI, S, UK

FRANCIA 1997/0626, Archivo : 01/07/1999

PAÍSES BAJOS 1997/0681, DM - Fecha de envío al EM : 18/08/1998

31997L0061

Directiva 97/61/CE del Consejo de 20 de octubre de 1997 que modifica el anexo de la Directiva 91/492/CEE por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y puesta en el mercado de moluscos bivalvos vivos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : DK, D, EL, E, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1998/0294, Presentación de la solicitud : 22/12/1999

ALEMANIA 1998/0318, Archivo : 01/07/1999

GRECIA 1998/0335, Archivo : 22/12/1999

ESPAÑA 1998/0347, Archivo : 01/07/1999

FRANCIA 1998/0360, Presentación de la solicitud : 22/12/1999

IRLANDA 1998/0379, Presentación de la solicitud : 16/11/1999

PAÍSES BAJOS 1998/0421, Archivo : 01/07/1999

31997L0076

Directiva 97/76/CE del Consejo de 16 de diciembre de 1997 por la que se modifican las Directivas 77/99/CEE y 72/462/CEE en lo que se refiere a las reglas aplicables a las carnes picadas, las preparaciones de carne y otros determinados productos de origen animal

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, E, F, L, A, P, FI, S, UK

DINAMARCA 1999/0115, Archivo : 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0058, Archivo : 01/07/1999

GRECIA 1999/0128, Recurso : 22/12/1999

FRANCIA 1999/0003, Archivo : 01/07/1999

IRLANDA 1999/0103, Recurso : 22/12/1999

ITALIA 1999/0073, Recurso : 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0045, Recurso : 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0201, Archivo : 01/07/1999

SUECIA 1999/0189, Archivo : 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0091, Archivo : 01/07/1999

31997L0078

Directiva 97/78/CE del Consejo de 18 de diciembre de 1997 por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : DK, E, L, NL, A, S

BÉLGICA 1999/0459, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

DINAMARCA 1999/0522, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

ALEMANIA 1999/0482, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

GRECIA 1999/0531, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

ESPAÑA 1999/0541, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

FRANCIA 1999/0435, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

IRLANDA 1999/0510, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

ITALIA 1999/0490, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

LUXEMBURGO 1999/0449, Archivo : 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0471, Archivo : 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0552, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

FINLANDIA 1999/0587, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

SUECIA 1999/0575, Archivo : 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0501, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

31997L0079

Directiva 97/79/CE del Consejo de 18 de diciembre de 1997 por la que se modifican las Directivas 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE y 92/118/CEE por lo que se refiere a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : E, L, A, P, S

BÉLGICA 1999/0460, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

DINAMARCA 1999/0523, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

ALEMANIA 1999/0483, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

GRECIA 1999/0532, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

ESPAÑA 1999/0542, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

FRANCIA 1999/0436, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

IRLANDA 1999/0511, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

ITALIA 1999/0491, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

LUXEMBURGO 1999/0450, Archivo : 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0472, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

AUSTRIA 1999/0567, Archivo : 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0553, Archivo : 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0588, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

SUECIA 1999/0576, Archivo : 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0502, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

31998L0045

DIRECTIVA 98/45/CE del Consejo de 24 de junio de 1998 por la que se modifica la Directiva 91/67/CEE relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a la puesta en el mercado de animales y de productos de la acuicultura

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, EL, E, L, NL, A, FI, UK

DINAMARCA 1999/0526, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

ALEMANIA 1999/0485, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

ESPAÑA 1999/0544, Archivo : 22/12/1999

FRANCIA 1999/0439, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

IRLANDA 1999/0513, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

ITALIA 1999/0494, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

LUXEMBURGO 1999/0453, Archivo : 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0475, Archivo : 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0569, Archivo : 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0556, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

SUECIA 1999/0579, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

REINO UNIDO 1999/0504, Archivo : 22/12/1999

31998L0046

DIRECTIVA 98/46/CE del Consejo de 24 de junio de 1998 por la que se modifican los anexos A, D (capítulo I) y F de la Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

BÉLGICA 1999/0463, Archivo : 22/12/1999

DINAMARCA 1999/0527, Archivo : 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0486, Archivo : 22/12/1999

GRECIA 1999/0535, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

ESPAÑA 1999/0545, Dictamen motivado : 22/12/1999

FRANCIA 1999/0440, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

IRLANDA 1999/0514, Archivo : 22/12/1999

ITALIA 1999/0495, Archivo : 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0454, Archivo : 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0476, Archivo : 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0557, Archivo : 22/12/1999

SUECIA 1999/0580, Archivo : 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0505, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

31998L0058

Directiva 98/58/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : ninguno

31998L0099

Directiva 98/99/CE del Consejo de 14 de diciembre de 1998 que modifica la Directiva 97/12/CE del Consejo, por la que se modifica y actualiza la Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, I, L, A, P, FI, S

BÉLGICA 1999/0231, CE - Fecha de envío al EM : 10/05/1999

DINAMARCA 1999/0282, Archivo : 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0248, Archivo : 22/12/1999

GRECIA 1999/0289, CE - Fecha de envío al EM : 10/05/1999

ESPAÑA 1999/0299, CE - Fecha de envío al EM : 10/05/1999

FRANCIA 1999/0598, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

IRLANDA 1999/0277, CE - Fecha de envío al EM : 10/05/1999

ITALIA 1999/0259, Archivo : 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0225, Archivo : 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0614, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

PORTUGAL 1999/0311, Archivo : 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0335, Archivo : 22/12/1999

SUECIA 1999/0329, Archivo : 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0268, CE - Fecha de envío al EM : 10/05/1999

1.2. Fitosanitario

31996L0032

Directiva 96/32/CE del Consejo de 21 de mayo de 1996 por la que se modifican el Anexo II de la Directiva 76/895/CEE relativa a la fijación de los límites máximos de residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas y el Anexo II de la Directiva 90/642/CEE relativa a la fijación de los límites máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas, y por la que se establece una lista de límites máximos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, EL, E, F, IR, I, NL, A, P, FI, S, UK

LUXEMBURGO 1997/0390, Presentación de la solicitud : 18/11/1999

31996L0033

Directiva 96/33/CE del Consejo de 21 de mayo de 1996 por la que se modifican los Anexos de las Directivas 86/362/CEE y 86/363/CEE relativas a la fijación de límites máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales y los productos alimenticios de origen animal, respectivamente

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, EL, E, F, IR, I, NL, A, P, FI, S, UK

LUXEMBURGO 1997/0391, Presentación de la solicitud : 18/11/1999

AUSTRIA 1997/0416, Presentación de la solicitud : 16/06/1999

31997L0041

Directiva 97/41/CE del Consejo de 25 de junio de 1997 por la que se modifican las Directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE relativas a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas, sobre y en los cereales, sobre y en los productos alimenticios de origen animal, y en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas, respectivamente

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : DK, D, F, IR, NL, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0028, Recurso : 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0055, Archivo : 01/07/1999

GRECIA 1999/0124, Recurso : 22/12/1999

ESPAÑA 1999/0141, Recurso : 22/12/1999

ITALIA 1999/0069, Recurso : 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0014, Recurso : 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0040, Archivo : 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0171, DM - Fecha de envío al EM : 15/11/1999

PORTUGAL 1999/0154, Recurso : 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0199, Archivo : 22/12/1999

SUECIA 1999/0187, Archivo : 01/07/1999

REINO UNIDO 1999/0086, Archivo : 01/07/1999

31997L0073

Directiva 97/73/CE de la Comisión de 15 de diciembre de 1997 por la que se incluye una sustancia activa (el imazalil) en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, F, IR, I, L, A, P, FI, S, UK

DINAMARCA 1999/0521, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999, Archivo : 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0481, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

GRECIA 1999/0530, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

ESPAÑA 1999/0540, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0470, CE - Fecha de envío al EM : 20/08/1999

AUSTRIA 1999/0566, Archivo : 22/12/1999

31998L0002

Directiva 98/2/CE de la Comisión de 8 de enero de 1998 por la que se modifica el anexo IV de la Directiva 77/93/CEE del Consejo relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : todos

PORTUGAL 1998/0257, Archivo : 01/07/1999

31998L0022

Directiva 98/22/CE de la Comisión de 15 de abril de 1998 por la que se establecen las condiciones mínimas para la realización de controles fitosanitarios en la Comunidad, en puestos de inspección distintos de los situados en el lugar de destino, aplicados a vegetales, productos vegetales u otros objetos procedentes de terceros países

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA 1998/0583, Recurso : 22/12/1999

ESPAÑA 1998/0590, Archivo : 01/07/1999

FRANCIA 1998/0534, Archivo : 01/07/1999

ITALIA 1998/0564, Archivo : 01/07/1999

LUXEMBURGO 1998/0544, DM - Fecha de envío al EM :14/07/1999

PAÍSES BAJOS 1998/0551, Archivo : 01/07/1999

AUSTRIA 1998/0607, Archivo : 01/07/1999

PORTUGAL 1998/0598, Archivo : 01/07/1999

REINO UNIDO 1998/0570, Archivo : 01/07/1999

31998L0047

Directiva 98/47/CE de la Comisión de 25 de junio de 1998 por la que se incluye una sustancia activa (azoxistrobin) en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, E, F, IR, I, L, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0230, Archivo : 01/07/1999

DINAMARCA 1999/0281, Archivo : 22/12/1999

GRECIA 1999/0287, CE - Fecha de envío al EM : 10/05/1999

IRLANDA 1999/0275, Archivo : 22/12/1999

ITALIA 1999/0257, CE - Fecha de envío al EM : 10/05/1999

LUXEMBURGO 1999/0223, Archivo : 01/07/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0238, CE - Fecha de envío al EM : 10/05/1999

AUSTRIA 1999/0320, Archivo : 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0309, Archivo : 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0333, Archivo : 22/12/1999

31998L0057

Directiva 98/57/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 sobre el control de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, E, F, IR, I, P

ALEMANIA 1999/0619, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

GRECIA 1999/0647, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

LUXEMBURGO 1999/0602, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

PORTUGAL 1999/0664, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

FINLANDIA 1999/0680, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

SUECIA 1999/0675, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

REINO UNIDO 1999/0632, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

31998L0082

Directiva 98/82/CE de la Comisión de 27 de octubre de 1998 por el que se modifican los anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE del Consejo, relativas a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas sobre y en los cereales, sobre y en los productos alimenticios de origen animal y en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas, respectivamente

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : DK, EL, E, IR, I, NL, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0353, CE - Fecha de envío al EM : 05/08/1999

DINAMARCA 1999/0394, Archivo : 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0366, CE - Fecha de envío al EM : 05/08/1999

GRECIA 1999/0403, Archivo : 22/12/1999

FRANCIA 1999/0340, CE - Fecha de envío al EM : 05/08/1999

IRLANDA 1999/0390, Archivo : 22/12/1999

ITALIA 1999/0375, Archivo : 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0347, CE - Fecha de envío al EM : 05/08/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0360, Archivo : 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0423, CE - Fecha de envío al EM : 05/08/1999

PORTUGAL 1999/0416, CE - Fecha de envío al EM : 05/08/1999

FINLANDIA 1999/0432, Archivo : 22/12/1999

SUECIA 1999/0427, Archivo : 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0381, Archivo : 22/12/1999

31998L0100

Directiva 98/100/CE de la Comisión de 21 de diciembre de 1998 que modifica la Directiva 92/76/CEE por la que se reconocen zonas protegidas en la Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios específicos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, E, F, IR, I, NL, A, P, FI, S, UK

ALEMANIA 1999/0249, Archivo : 01/07/1999

GRECIA 1999/0290, CE - Fecha de envío al EM : 10/05/1999

ESPAÑA 1999/0300, Archivo : 01/07/1999

FRANCIA 1999/0215, Archivo : 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0226, CE - Fecha de envío al EM : 10/05/1999

AUSTRIA 1999/0322, Archivo : 01/07/1999

PORTUGAL 1999/0312, CE - Fecha de envío al EM : 10/05/1999

FINLANDIA 1999/0336, Archivo : 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0269, Archivo : 22/12/1999

31999L0001

Directiva 1999/1/CE de la Comisión de 21 de enero de 1999 por la que se incluye una sustancia activa (cresoxim metilo) en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosanitarios

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, E, F, IR, I, P, FI, S, UK

DINAMARCA 1999/0641, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

ALEMANIA 1999/0621, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

GRECIA 1999/0651, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

ESPAÑA 1999/0659, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

ITALIA 1999/0629, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

LUXEMBURGO 1999/0605, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0615, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

AUSTRIA 1999/0672, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

PORTUGAL 1999/0667, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

SUECIA 1999/0677, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

1.3. Semillas y plantas

31998L0056

Directiva 98/56/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la comercialización de los materiales de reproducción de las plantas ornamentales

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : DK, IR, NL, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0608, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

ALEMANIA 1999/0618, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

GRECIA 1999/0646, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

ESPAÑA 1999/0655, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

FRANCIA 1999/0597, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

ITALIA 1999/0625, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

LUXEMBURGO 1999/0601, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0612, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

AUSTRIA 1999/0669, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

PORTUGAL 1999/0663, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

FINLANDIA 1999/0679, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

SUECIA 1999/0674, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

REINO UNIDO 1999/0631, CE - Fecha de envío al EM : 16/11/1999

31999L0066

Directiva 1999/66/CE de la Comisión de 28 de junio de 1999 por la que se establecen los requisitos que deben cumplir las etiquetas u otros documentos expedidos por el proveedor en virtud de la Directiva 98/56/CE del Consejo

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : S

31999L0068

Directiva 1999/68/CE de la Comisión de 28 de junio de 1999 por la que se fijan disposiciones adicionales sobre las listas de variedades de plantas ornamentales elaboradas por los proveedores en virtud de la Directiva 98/56/CE del Consejo

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : S

1.4. Alimentos para animales

31993L0074

Directiva 93/74/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a los alimentos para animales destinados a objetivos de nutrición específicos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : todos

FRANCIA 1995/0501, Archivo : 01/07/1999

31994L0039

Directiva 94/39/CE de la Comisión, de 25 de julio de 1994, por la que se establece una lista de usos previstos de los alimentos para animales destinados a objetivos de nutrición específicos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : todos

FRANCIA 1995/0510, Archivo : 22/12/1999

31995L0009

Directiva 95/9/CE de la Comisión de 7 de abril de 1995 por la que se modifica la Directiva 94/39/CE por la que se establece una lista de usos previstos de los alimentos para animales destinados a objetivos de nutrición específicos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : todos

FRANCIA 1995/0517, Archivo : 22/12/1999

31995L0010

Directiva 95/10/CE de la Comisión, de 7 de abril de 1995, por la que se fija el método de cálculo del valor energético de los alimentos para perros y gatos destinados a objetivos de nutrición específicos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : todos

FRANCIA 1995/0518, Archivo : 22/12/1999

31995L0033

Directiva 95/33/CE de la Comisión, de 10 de julio de 1995, por la que se modifica la Directiva 82/471/CEE del Consejo relativa a determinados productos utilizados en la alimentación animal

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : todos

LUXEMBURGO 1996/1017, Archivo : 01/07/1999

31995L0053

Directiva 95/53/CE del Consejo, de 25 de octubre de 1995, por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, E, I, L, NL, P, FI, S, UK

GRECIA 1998/0187, Presentación de la solicitud : 01/12/1999

FRANCIA 1998/0201, Presentación de la solicitud : 02/12/1999

IRLANDA 1998/0208, Presentación de la solicitud : 16/11/1999

ITALIA 1998/0216, Archivo : 01/07/1999

AUSTRIA 1998/0239, Recurso : 01/07/1999

PORTUGAL 1998/0249, Archivo : 22/12/1999

FINLANDIA 1998/0259, Archivo : 01/07/1999

REINO UNIDO 1998/0273, Archivo : 22/12/1999

31995L0069

Directiva 95/69/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, por la que se establecen los requisitos y las normas aplicables a la autorización y el registro de determinados establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal y se modifican las Directivas 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE y 82/471/CEE

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, E, IR, I, L, NL, P, FI, S, UK

GRECIA 1998/0188, Presentación de la solicitud : 01/12/1999

FRANCIA 1998/0202, Recurso : 01/07/1999, Presentación de la solicitud : 22/12/1999

ITALIA 1998/0217, Archivo : 01/07/1999

AUSTRIA 1998/0240, Recurso : 01/07/1999

FINLANDIA 1998/0260, Archivo : 01/07/1999

31996L0024

Directiva 96/24/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por la que se modifica la Directiva 79/373/CEE relativa a la comercialización de los piensos compuestos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, E, I, L, NL, P, FI, S

GRECIA 1998/0323, Recurso : 22/12/1999

FRANCIA 1998/0350, Recurso : 22/12/1999

IRLANDA 1998/0365, Recurso : 22/12/1999

ITALIA 1998/0384, Archivo : 22/12/1999

AUSTRIA 1998/0424, DM - Fecha de envío al EM : 15/11/1999

PORTUGAL 1998/0439, Archivo : 22/12/1999

FINLANDIA 1998/0458, Archivo : 01/07/1999

SUECIA 1998/0469, Archivo : 22/12/1999

REINO UNIDO 1998/0484, Recurso : 22/12/1999

31996L0025

Directiva 96/25/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, sobre la circulación de materias primas para la alimentación animal y por la que se modifican las Directivas 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE y 93/74/CEE y se deroga la Directiva 77/101/CEE

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, E, I, L, NL, P, FI, S

GRECIA 1998/0324, Recurso : 22/12/1999

FRANCIA 1998/0351, Recurso : 22/12/1999

IRLANDA 1998/0366, Recurso : 22/12/1999

ITALIA 1998/0385, Archivo : 22/12/1999

LUXEMBURGO 1998/0402, Archivo : 01/07/1999

AUSTRIA 1998/0425, DM - Fecha de envío al EM : 15/11/1999

PORTUGAL 1998/0440, Archivo : 22/12/1999

FINLANDIA 1998/0459, Archivo : 01/07/1999

SUECIA 1998/0470, Archivo : 22/12/1999

REINO UNIDO 1998/0485, Recurso : 22/12/1999

31996L0051

Directiva 96/51/CE del Consejo de 23 de julio de 1996 por la que se modifica la Directiva 70/524/CEE sobre los aditivos en la alimentación animal

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, E, NL, FI, S, UK

BÉLGICA 1998/0164, Archivo : 01/07/1999

GRECIA 1998/0189, Recurso : 01/07/1999

FRANCIA 1998/0203, Recurso : 01/07/1999

IRLANDA 1998/0210, Recurso : 01/07/1999

ITALIA 1998/0218, Presentación de la solicitud : 13/10/1999

LUXEMBURGO 1998/0228, Recurso : 01/07/1999

AUSTRIA 1998/0241, Recurso : 01/07/1999

PORTUGAL 1998/0251, Archivo : 22/12/1999

FINLANDIA 1998/0261, Archivo : 22/12/1999

31997L0008

Directiva 97/8/CE de la Comisión de 7 de febrero de 1997 por la que se modifica la Directiva 74/63/CEE del Consejo relativa a las sustancias y productos indeseables en la alimentación animal (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1998/0290, Archivo : 01/07/1999

FRANCIA 1998/0356, Recurso : 22/12/1999

ITALIA 1998/0392, Archivo : 22/12/1999

PORTUGAL 1998/0448, Archivo : 22/12/1999

REINO UNIDO 1998/0489, Archivo : 22/12/1999

31997L0047

Directiva 97/47/CE de la Comisión de 28 de julio de 1997 por la que se modifican los Anexos de las Directivas 77/101/CEE, 79/373/CEE y 91/357/CEE del Consejo (alimentos para animales).

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : todos

PORTUGAL 1998/0081, Archivo : 01/07/1999

31997L0072

Directiva 97/72/CE de la Comisión de 15 de diciembre de 1997 por la que se modifica la Directiva 70/524/CEE del Consejo sobre los aditivos en la alimentación animal (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, E, F, IR, I, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA 1998/0193, Presentación de la solicitud : 01/12/1999

LUXEMBURGO 1998/0231, Presentación de la solicitud : 18/11/1999

FINLANDIA 1998/0262, Archivo : 22/12/1999

31998L0019

Directiva 98/19/CE de la Comisión de 18 de marzo de 1998 por la que se modifica la Directiva 70/524/CEE del Consejo sobre los aditivos en la alimentación animal (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución : B, DK, D, E, F, IR, I, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA 1998/0339, Presentación de la solicitud : 01/12/1999

ITALIA 1998/0400, Archivo : 02/12/1998

LUXEMBURGO 1998/0417, Presentación de la solicitud : 18/11/1999

FINLANDIA 1998/0468, Archivo : 22/12/1999

31998L0051

Directiva 98/51/CE de la Comisión de 9 de julio de 1998 relativa a determinadas disposiciones de aplicación de la Directiva 95/69/CE del Consejo por la que se establecen los requisitos y las normas aplicables a la autorización y el registro de determinados establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, IR, NL, FI, S, UK

GRECIA 1999/0133, Recurso: 22/12/1999

ESPAÑA 1999/0146, Archivo: 01/07/1999

FRANCIA 1999/0006, Recurso: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0106, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1999/0077, Recurso: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0020, Recurso: 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0048, Archivo: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0178, DM - Fecha de envío al EM: 15/11/1999

PORTUGAL 1999/0162, Recurso: 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0203, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0094, Archivo: 22/12/1999

31998L0054

Directiva 98/54/CE de la Comisión de 16 de julio de 1998 por la que se modifican las Directivas 71/250/CEE, 72/199/CEE y 73/46/CEE y se deroga la Directiva 75/84/CEE (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, P, FI, S, UK

GRECIA 1999/0288, Archivo: 22/12/1999

ESPAÑA 1999/0298, Archivo: 22/12/1999

FRANCIA 1999/0214, Archivo: 01/07/1999

IRLANDA 1999/0276, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0224, Archivo: 01/07/1999

AUSTRIA 1999/0321, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

PORTUGAL 1999/0310, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

FINLANDIA 1999/0334, Archivo: 22/12/1999

SUECIA 1999/0328, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0267, Archivo: 22/12/1999

31998L0060

Directiva 98/60/CE de la Comisión de 24 de julio de 1998 por la que se modifica la Directiva 74/63/CEE del Consejo relativa a la fijación de contenidos máximos para las substancias y productos indeseables en la alimentación animal (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

ITALIA 1998/0516, Archivo: 22/12/1999

FINLANDIA 1998/0523, Archivo: 01/07/1999

31998L0064

Directiva 98/64/CE de la Comisión de 3 de septiembre de 1998 por la que se fijan métodos de análisis comunitarios para determinar la existencia de aminoácidos, de grasa bruta y de olaquindox en los alimentos para animales y se modifica la Directiva 71/393/CEE

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0034, Archivo: 01/07/1999

GRECIA 1999/0136, Archivo: 22/12/1999

FRANCIA 1999/0009, Archivo: 01/07/1999

IRLANDA 1999/0109, Archivo: 22/12/1999

ITALIA 1999/0080, Archivo: 01/07/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0050, Archivo: 01/07/1999

AUSTRIA 1999/0181, DM - Fecha de envío al EM: 15/11/1999

PORTUGAL 1999/0164, Archivo: 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0206, Archivo: 22/12/1999

SUECIA 1999/0195, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0096, Archivo: 22/12/1999

31998L0067

Directiva 98/67/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 1998 por la que se modifican las Directivas 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE y la Directiva 96/25/CE del Consejo y se deroga la Directiva 92/87/CEE

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, I, NL, P, FI, S

GRECIA 1999/0137, Recurso: 22/12/1999

ESPAÑA 1999/0149, Archivo: 01/07/1999

FRANCIA 1999/0010, Recurso: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0110, Recurso: 22/12/1999

ITALIA 1999/0081, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0023, Recurso: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0182, DM - Fecha de envío al EM: 15/11/1999

PORTUGAL 1999/0165, Archivo: 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0207, Archivo: 22/12/1999

SUECIA 1999/0196, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0097, Recurso: 22/12/1999

31998L0068

Directiva 98/68/CE de la Comisión de 10 de septiembre de 1998 por la que se establece el modelo de documento a que se refiere el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 95/53/CE del Consejo y determinadas normas relativas a los controles de los alimentos para animales procedentes de países terceros en el momento de su entrada en la Comunidad

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, NL, FI, S, UK

ALEMANIA 1999/0365, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

GRECIA 1999/0402, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

FRANCIA 1999/0339, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

IRLANDA 1999/0389, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

ITALIA 1999/0374, Dictamen motivado: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0346, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

AUSTRIA 1999/0422, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

PORTUGAL 1999/0415, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

FINLANDIA 1999/0431, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0380, Archivo: 22/12/1999

31998L0087

Directiva 98/87/CE de la Comisión, de 13 de noviembre de 1998, por la que se modifica la Directiva 79/373/CEE relativa a la comercialización de los piensos compuestos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, I, NL, A, P, FI, S

BÉLGICA 1999/0467, Archivo: 22/12/1999

GRECIA 1999/0538, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

ESPAÑA 1999/0548, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

FRANCIA 1999/0445, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

IRLANDA 1999/0519, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

ITALIA 1999/0498, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0455, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0478, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0562, Archivo: 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0593, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

SUECIA 1999/0584, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0507, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

31998L0088

Directiva 98/88/CE de la Comisión de 13 de noviembre de 1998 por la que se establecen las directrices para la identificación de los componentes de origen animal y el cálculo de sus cantidades mediante microscopio a los efectos del control oficial de los piensos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, F, IR, L, NL, P, FI, S

GRECIA 1999/0650, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

31999L0020

Directiva 1999/20/CE del Consejo de 22 de marzo de 1999 que modifica las Directivas 70/524/CEE sobre los aditivos en la alimentación animal, 82/471/CEE relativa a determinados productos utilizados en la alimentación animal, 95/53/CE por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal y 95/69/CE por la que se establecen los requisitos y las normas aplicables a la autorización y el registro de determinados establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, NL, P, FI, S

31999L0027

Directiva 1999/27/CE de la Comisión, de 20 de abril de 1999, por la que se fijan métodos de análisis comunitarios para la determinación de amprolio, diclazurilo y carbadox en los alimentos para animales y se modifican las Directivas 71/250/CEE, 73/46/CEE y se deroga la Directiva 74/203/CEE

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, D, IR, NL, UK

31999L0061

Directiva 1999/61/CE de la Comisión, de 18 de junio de 1999, por la que se modifican los anexos de las Directivas 79/373/CEE y 96/25/CE del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, I, S

31999L0076

Directiva 1999/76/CE de la Comisión de 23 de julio de 1999 por la que se fijan métodos de análisis comunitarios para la determinación de lasalocid sódico en los alimentos para animales (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, IR, NL, S

31999L0078

Directiva 1999/78/CE de la Comisión de 27 de julio de 1999 por la que se modifica la Directiva 95/10/CE (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, I, NL

31999L0079

Directiva 1999/79/CE de la Comisión de 27 de julio de 1999 que modifica la Tercera Directiva 72/199/CEE por la que se determinan métodos de análisis comunitario para el control oficial de los alimentos para animales (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, IR, NL, S

3. INDUSTRIA

1.5. Coordinación de las actividades reglamentarias, nuevo enfoque, enfoque global.

31993L0068

Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de Julio de 1993 por la que se modifican las Directivas 87/404/CEE (recipientes a presión simples), 88/378/CEE (seguridad de los juguetes), 89/106/CEE (productos de construcción), 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética), 89/392/CEE (máquinas), 89/686/CEE (equipos de protección individual), 90/384/CEE (instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático), 90/385/CEE (productos sanitarios implantables activos), 90/396/CEE (aparatos de gas), 91/263/CEE (equipos terminales de telecomunicación), 92/42/CEE (calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos), y 73/23/CEE (material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, NL, P, FI, S, UK

LUXEMBURGO 1994/0905, Recurso: 01/07/1999

AUSTRIA 1997/0684, DM - Fecha de envío al EM: 27/05/1999

1.6. Procedimientos de notificación de las normas técnicas nacionales

31998L0048

Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de julio de 1998 que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, F, NL, A, FI, S, UK

GRECIA 1999/0645, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

FRANCIA 1999/0596, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

IRLANDA 1999/0635, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

ITALIA 1999/0624, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

LUXEMBURGO 1999/0600, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

PORTUGAL 1999/0662, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

1.7. Química, plástico, caucho

31989L0677

Directiva 89/677/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, por la que se modifica por octava vez la directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto Suecia (derogación)

31991L0338

Directiva 91/338/CEE del Consejo de 18 de junio de 1991 por la que se modifica por décima vez la Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31993L0015

Directiva 93/15/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, relativa a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el mercado y el control de los explosivos con fines civiles

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DE, DK, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCIA 1994/0449, Presentación de la solicitud: 04/09/1998

31993L0018

Directiva 93/18/CEE de la Comisión de 5 de abril de 1993, por la que se adapta al progreso técnico por tercera vez la Directiva 88/379/CEE del Consejo sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31993L0069

Directiva 93/69/CE de la Comisión de 23 de julio de 1993 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/116/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los abonos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31993L0112

Directiva 93/112/CE de la Comisión de 10 de diciembre de 1993 por la que se modifica la Directiva 91/155/CEE de la Comisión por la que se definen y fijan, en aplicación del artículo 10 de la Directiva 88/379/CEE del Consejo, las modalidades del sistema de información específico relativo a los preparados peligrosos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31994L0060

Directiva 94/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994 por la que se modifica por decimocuarta vez la Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31996L0028

Directiva 96/28/CE de la Comisión de 10 de mayo de 1996 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/116/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los abonos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31996L0055

Directiva 96/55/CE de la Comisión de 4 de septiembre de 1996 por la que se adapta al progreso técnico por segunda vez el Anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31996L0065

Directiva 96/65/CE de la Comisión de 11 de octubre de 1996 por la que se adapta al progreso técnico por cuarta vez la Directiva 88/379/CEE del Consejo, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y por la que se modifica la Directiva 91/442/CEE, relativa a los preparados peligrosos cuyos envases deben ir provistos de un cierre de seguridad para niños (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31997L0010

Directiva 97/10/CE de la Comisión de 26 de febrero de 1997 por la que se adapta al progreso técnico por tercera vez el Anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31997L0016

Directiva 97/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de abril de 1997 por la que se modifica por decimoquinta vez la Directiva 76/769/CEE relativa a la limitación de la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31997L0056

Directiva 97/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 1997 por la que se modifica por decimosexta vez la Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, DE, EL, E, F, I, L, A, P, FI, S

BÉLGICA 1999/0029, Recurso: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0102, Recurso: 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0042, Recurso: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0087, Recurso: 22/12/1999

31997L0063

Directiva 97/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 1997, por la que se modifican las directivas 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE y 89/530/CEE, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los abonos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, DE, EL, E, F, L, A, IR, NL, P, FI, S, UK

ITALIA 1998/0514, DM - Fecha de envío al EM: 21/05/1999, Recurso: 22/12/1999

31997L0064

Directiva 97/64/CE de la Comisión de 10 de noviembre de 1997 por la que se adapta al progreso técnico por cuarta vez el Anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (aceites para lámparas) (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31998L0003

Directiva 98/3/CE de la Comisión de 15 de enero de 1998 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/116/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los abonos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DE, DK, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA 1999/0131, Recurso: 22/12/1999

31998L0097

Directiva 98/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de diciembre de 1998 por la que se modifica la Directiva 76/116/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los abonos, en lo referente a la comercialización en Austria, Finlandia y Suecia de abonos que contienen cadmio

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: ninguno

La transposición de esta directiva no es necesaria. Se trata de una excepción para Austria, Finlandia y Suecia.

31999L0011

Directiva 1999/11/CE de la Comisión de 8 de marzo de 1999 por la que se adaptan al progreso técnico los principios de buenas prácticas de laboratorio que se especifican en la Directiva 87/18/CEE del Consejo sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la aplicación de los principios de prácticas correctas de laboratorio y al control de su aplicación para las pruebas sobre las sustancias químicas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: IR, FI, IT, L

31999L0012

Directiva 1999/12/CE de la Comisión de 8 de marzo de 1999 por la que se adapta al progreso técnico por segunda vez el anexo de la Directiva 88/320/CEE del Consejo relativa a la inspección y verificación de las buenas prácticas de laboratorio (BPL)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: IR, FI, IT, L

1.8. Mecánica y electrotécnica

31984L0528

Directiva 84/528/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las disposiciones comunes a los aparatos elevadores y de manejo mecánico

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: ninguno

Esta directiva ha sido sustituida por la Directiva 89/392/CEE

31989L0240

Directiva 89/240/CEE de la Comisión de 16 de diciembre de 1988 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 86/663/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a las carretillas automotoras de manutención

Esta directiva ha sido sustituida por la Directiva 89/392/CEE

31989L0392

Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31994L0009

Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1995/0672, Archivo: 22/12/1999

IRLANDA 1995/0696, Archivo: 01/07/1999

31994L0026

Directiva 94/26/CE de la Comisión de 15 de junio de 1994 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 79/196//CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre material eléctrico utilizable en atmósfera explosiva provisto de determinados sistemas de protección

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31995L0016

Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los ascensores

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, EL, E, IR, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCIA 1997/0076, Presentación de la solicitud: 08/06/1999

ITALIA 1997/0098, Archivo: 13/10/1999

LUXEMBURGO 1997/0108, Presentación de la solicitud: 08/06/1999

31996L0058

Directiva 96/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de septiembre de 1996 por la que se modifica la Directiva 89/686/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31997L0053

Directiva 97/53/CE de la Comisión de 11 de septiembre de 1997 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 79/196/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre material eléctrico utilizable en atmósfera explosiva provisto de determinados sistemas de protección (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA 1998/0334, Archivo: 01/07/1999

31998L0037

Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 junio de 1998 relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, A

1.9. Aparatos de presión, aparatos médicos y metrología

31984L0526

Directiva 84/526/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las botellas de gas, de aluminio sin alear y de aluminio aleado sin soldadura

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31984L0527

Directiva 84/527/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las botellas de gas soldadas de acero no aleado

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31993L0042

Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

BÉLGICA 1994/0784, Archivo: 01/07/1999

31997L0023

Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de mayo de 1997 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, EL, E, NL, P, FI, UK

BÉLGICA 1999/0458, Archivo: 22/12/1999

DINAMARCA 1999/0520, Archivo: 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0479, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999,

GRECIA 1999/0529, Archivo: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0509, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999,

ITALIA 1999/0489, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999,

LUXEMBURGO 1999/0448, Dictamen motivado: 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0469, Archivo: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0564, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

PORTUGAL 1999/0550, Archivo: 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0586, Archivo: 22/12/1999

SUECIA 1999/0574, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

REINO UNIDO 1999/0500, Archivo: 22/12/1999

31998L0079

Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de octubre de 1998 sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: ninguno

1.10. Construcción

31989L0106

Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

1.11. Productos alimenticios

31993L0043

Directiva 93/43/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a la higiene de los productos alimenticios

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA 1996/0049, Presentación de la solicitud: 04/11/1998

31995L0003

Directiva 95/3/CE de la Comisión de 14 de febrero de 1995 por la que se modifica la Directiva 90/128/CEE relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

PORTUGAL 1996/0341, Archivo: 28/07/1999

31996L0004

96/4/CE, Euratom: Directiva de la Comisión, de 16 de febrero de1996, por la que se modifica la Directiva 91/321/CEE relativa a los preparados para lactantes y preparados de continuación (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

ITALIA 1997/0229, Archivo: 01/07/1999

PORTUGAL 1997/0248, Archivo: 22/12/1999

31996L0005

Directiva 96/5/CE, Euratom de la Comisión, de 16 de febrero de 1996, relativa a los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

ALEMANIA 1997/0571, Archivo: 13/10/1999

ITALIA 1997/0647, Archivo: 01/07/1999

PORTUGAL 1997/0701, Archivo: 13/10/1999

31996L0008

Directiva 96/8/CE de la Comisión, de 26 de febrero de 1996, relativa a los alimentos destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor energético para reducción de peso (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

ALEMANIA 1997/0572, Archivo: 13/10/1999

IRLANDA 1997/0631, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1997/0648, Archivo: 01/07/1999

PORTUGAL 1997/0702, Archivo: 13/10/1999

31996L0011

Directiva 96/11/CE de la Comisión, de 5 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/128/CEE relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

PORTUGAL 1997/0249, Archivo: 28/07/1999

PORTUGAL 1999/0301, Archivo: 13/10/1999

31996L0070

Directiva 96/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de octubre de 1996 por la que se modifica la Directiva 80/777/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

BÉLGICA 1997/0544, Archivo: 01/07/1999

FRANCIA 1997/0623, Archivo: 01/07/1999

IRLANDA 1997/0637, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1997/0654, Archivo: 22/12/1999

AUSTRIA 1997/0691, Archivo: 22/12/1999

31996L0077

Directiva 96/77/CE de la Comisión de 2 de diciembre de 1996 por la que se establecen criterios específicos de pureza de los aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

IRLANDA 1997/0364, Archivo: 01/07/1999

AUSTRIA 1997/0419, Archivo: 01/07/1999

PORTUGAL 1997/0435, Archivo: 01/07/1999

31996L0083

Directiva 96/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 por la que se modifica la Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

PORTUGAL 1998/0076, Archivo: 01/07/1999

31996L0084

Directiva 96/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 por la que se modifica la Directiva 89/398/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos alimenticios destinados a una alimentación especial

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución:

B, D, DK, E, EL, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA 1997/0593, Archivo: 22/12/1999

ESPAÑA 1997/0608, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1997/0655, Presentación de la solicitud: 03/11/1999

PORTUGAL 1997/0707, Archivo: 13/10/1999

31996L0085

Directiva 96/85/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 por la que se modifica la Directiva 95/2/CE sobre aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

IRLANDA 1997/0365, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1997/0394, Archivo: 01/07/1999

AUSTRIA 1997/0421, Archivo: 01/07/1999

31997L0004

Directiva 97/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 1997 por la que se modifica la Directiva 79/112/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, E, EL, F, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0227, Archivo: 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0241, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

ESPAÑA 1999/0292, Archivo: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0271, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

ITALIA 1999/0251, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

AUSTRIA 1999/0314, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

PORTUGAL 1999/0303, Archivo: 13/10/1999

31997L0048

Directiva 97/48/CE de la Comisión de 29 de julio de 1997 por la que se modifica por segunda vez la Directiva 82/711/CEE del Consejo que establece las normas de base necesarias para la verificación de la migración de los componentes de los materiales y objetos de materia plástica destinados a entrar en contacto con productos alimenticios (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

BÉLGICA 1998/0493, Archivo: 01/07/1999

ALEMANIA 1998/0501, Archivo: 01/07/1999

GRECIA 1998/0526, Archivo: 01/07/1999

PORTUGAL 1998/0517, Archivo: 28/07/1999

31997L0060

Directiva 97/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de octubre de 1997 por la que se modifica por tercera vez la Directiva 88/344/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los disolventes de extracción utilizados en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, D, DK, E, EL, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

DINAMARCA 1998/0577, Archivo: 01/07/1999

ALEMANIA 1998/0555, Archivo: 01/07/1999

GRECIA 1998/0580, Archivo: 01/07/1999

ESPAÑA 1998/0588, Archivo: 01/07/1999

IRLANDA 1998/0573, Recurso: 22/12/1999

ITALIA 1998/0562, Archivo: 01/07/1999

LUXEMBURGO 1998/0542, Archivo: 01/07/1999

AUSTRIA 1998/0604, Archivo: 01/07/1999

PORTUGAL 1998/0595, Archivo: 01/07/1999

31998L0028

Directiva 98/28/CE de la Comisión de 29 de abril de 1998 por la que se concede una excepción a determinadas disposiciones de la Directiva 93/43/CEE relativa a la higiene de los productos alimenticios en lo que se refiere al transporte marítimo de azúcar sin refinar (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, D, DK, E, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

ALEMANIA 1998/0502, Archivo: 01/09/1999

GRECIA 1998/0527, DM - Fecha de envío al EM: 11/08/1999

FRANCIA 1998/0499, Archivo: 22/12/1999

IRLANDA 1998/0508, Recurso: 22/12/1999

ITALIA 1998/0515, Archivo: 01/07/1999

LUXEMBURGO 1998/0496, Archivo: 01/07/1999

AUSTRIA 1998/0505, Archivo: 01/07/1999

PORTUGAL 1998/0519, Archivo: 22/12/1999

FINLANDIA 1998/0522, Archivo: 01/07/1999

REINO UNIDO 1998/0510, Archivo: 01/07/1999

31998L0036

Directiva 98/36/CE de la Comisión de 2 de junio de 1998 por la que se modifica la Directiva 96/5/CE relativa a los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: D, DK, E, EL, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0032, Dictamen motivado: 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0060, Archivo: 13/10/1999

GRECIA 1999/0132, Archivo: 01/07/1999

ESPAÑA 1999/0145, Archivo: 13/10/1999

FRANCIA 1999/0005, Archivo: 13/10/1999

IRLANDA 1999/0105, Recurso: 22/12/1999

ITALIA 1999/0076, Archivo: 01/07/1999

LUXEMBURGO 1999/0019, Archivo: 01/07/1999

AUSTRIA 1999/0177, Archivo: 13/10/1999

PORTUGAL 1999/0161, Archivo: 13/10/1999

SUECIA 1999/0192, Archivo: 01/07/1999

REINO UNIDO 1999/0093, Archivo: 01/07/1999

31998L0066

Directiva 98/66/CE de la Comisión de 4 de septiembre de 1998 que modifica la Directiva 95/31/CE por la que se establecen criterios específicos de pureza de los edulcorantes que pueden emplearse en los productos alimenticios

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, F, E, EL, I, L, NL, A, FI, S, UK

ALEMANIA 1999/0487, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

FRANCIA 1999/0443, Archivo: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0517, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

PORTUGAL 1999/0560, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

FINLANDIA 1999/0591, Archivo: 22/12/1999

SUECIA 1999/0582, Archivo: 22/12/1999

31998L0086

Directiva 98/86/CE de la Comisión de 11 de noviembre de 1998 por la que se modifica la directiva 96/77/CE que establece los criterios específicos de pureza de los aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, F, I, L, NL, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0466, Archivo: 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0488, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

GRECIA 1999/0537, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

ESPAÑA 1999/0547, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

FRANCIA 1999/0444, Archivo: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0518, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

ITALIA 1999/0497, Archivo: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0572, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

PORTUGAL 1999/0561, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

FINLANDIA 1999/0592, Archivo: 22/12/1999

SUECIA 1999/0583, Archivo: 22/12/1999

31999L0010

Directiva 1999/10/CE de la Comisión de 8 de marzo de 1999 por la que se establecen excepciones a las disposiciones del artículo 7 de la Directiva 79/112/CEE del Consejo en lo relativo al etiquetado de los productos alimenticios (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, EL, NL, P, A, FI, S, UK

DINAMARCA 1999/0642, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

ALEMANIA 1999/0652, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

GRECIA 1999/0652, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

ESPAÑA 1999/0660, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

FRANCIA 1999/0599, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

IRLANDA 1999/0638, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

ITALIA 1999/0630, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

LUXEMBURGO 1999/0606, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0616, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

AUSTRIA 1999/0673, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

PORTUGAL 1999/0668, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

SUECIA 1999/0678, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

1.12. Biotecnología

31993L0041

Directiva 93/41/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 por la que se deroga la Directiva 87/22/CEE por la que se aproximan las medidas nacionales relativas a la comercialización de medicamentos de alta tecnología, en particular los obtenidos por biotecnología

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

1.13. Farmacia y Productos cosméticos

31987L0143

Directiva 87/143/CEE de la Comisión de 10 de febrero de 1987 por la que se modifica la primera Directiva 80/1335/CEE de la Comisión referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los métodos de análisis necesarios para el control de la composición de los productos cosméticos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31989L0105

Directiva 89/105/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31989L0341

Directiva 89/341/CEE del Consejo de 3 mayo de 1989 por la que se modifican las Directivas 65/65/CEE, 75/318/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31989L0342

Directiva 89/342/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1989 por la que amplía el ámbito de aplicación de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE y por la que se adoptan disposiciones complementarias sobre medicamentos inmunológicos consistentes en vacunas, toxinas, sueros y alergenos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31989L0343

Directiva 89/343/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1989 por la que se amplía el ámbito de aplicación de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE y por la que se adoptan disposiciones complementarias sobre radiofármacos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31989L0381

Directiva 89/381/CEE del Consejo de 14 de junio de 1989 por la que se amplía el ámbito de aplicación de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas y por la que se adoptan disposiciones especiales sobre los medicamentos derivados de la sangre y del plasma humanos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31991L0507

Directiva 91/507/CEE de la Comisión de 19 de julio de 1991 por la que se modifica el Anexo de la Directiva 75/318/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre normas y protocolos analíticos, toxicofarmacológicos y clínicos en materia de pruebas de medicamentos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31992L0073

Directiva 92/73/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, por la que se amplía el ámbito de aplicación de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre medicamentos y por la que se adoptan disposiciones complementarias para los medicamentos homeopáticos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31992L0074

Directiva 92/74/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, por la que se amplía el ámbito de aplicación de la Directiva 81/851/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre medicamentos veterinarios y por la que se adoptan disposiciones complementarias para los medicamentos homeopáticos veterinarios

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto F

FRANCIA 1994/0177, DM 228 - Fecha de envío al EM: 19/07/1999

31993L0035

Directiva 93/35/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 por la que se modifica por sexta vez la Directiva 76/768/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, EL, E, F, IR, L, I, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCIA 1995/0500, Presentación de la solicitud: 07/09/1999

31993L0040

Directiva 93/40/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 por la que se modifican las Directivas 81/851/CEE y 81/852/CEE relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medicamentos veterinarios

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto F

FRANCIA 1995/0293, CE 228 - Fecha de envío al EM: 19/07/1999,

31995L0017

Directiva 95/17/CE de la Comisión, de 19 de junio de 1995, por la que se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva 76/768/CEE del Consejo en lo relativo a la exclusión de uno o varios ingredientes de la lista prevista para el etiquetado de productos cosméticos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto F

FRANCIA 1996/0100, Presentación de la solicitud: 04/09/1998

31995L0032

Sexta Directiva 95/32/CE de la Comisión, de 7 de julio de 1995, relativa a los métodos de análisis necesarios para el control de la composición de los productos cosméticos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31996L0041

Decimonovena Directiva 96/41/CE de la Comisión de 25 de junio de 1996 por la que se adaptan al progreso técnico los Anexos II, III, VI y VII de la Directiva 76/768/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31996L0045

Séptima Directiva 96/45/CE de la Comisión de 2 de julio de 1996 relativa a los métodos de análisis necesarios para comprobar la composición de los productos cosméticos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31997L0001

Vigésima Directiva 97/1/CE de la Comisión de 10 de enero de 1997 por la que se adaptan al progreso técnico los Anexos II, III, VI y VII de la Directiva 76/768/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31997L0018

Directiva 97/18/CE de la Comisión de 17 de abril de 1997 por la que se aplaza la fecha a partir de la cual quedan prohibidos los experimentos con animales para ingredientes o combinaciones de ingredientes de productos cosméticos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, EL, E, IR, I, L, NL, P, FI, UK

ALEMANIA 1998/0017, DM - Fecha de envío al EM: 04/09/1998

FRANCIA 1998/0040, DM - Fecha de envío al EM: 04/09/1998

AUSTRIA 1998/0073, DM - Fecha de envío al EM: 04/09/1998

SUECIA 1998/0092, DM - Fecha de envío al EM: 04/09/1998

31997L0045

Vigesimoprimera Directiva 97/45/CE de la Comisión de 14 de julio de 1997 por la que se adaptan al progreso técnico los Anexos II, III, VI y VII de la Directiva 76/768/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31998L0016

Vigesimasegunda Directiva 98/16/CE de la Comisión de 5 de marzo de 1998 por la que se adaptan al progreso técnico los anexos II, III, VI y VII de la Directiva 76/768/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31998L0062

Vigesimotercera Directiva 98/62/CE de la Comisión de 3 de septiembre de 1998 por la que se adaptan al progreso técnico los anexos II, III, VI y VII de la Directiva 76/768/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: D, EL, E, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0464, Dictamen motivado: 22/12/1999

DINAMARCA 1999/0528, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

FRANCIA 1999/0441, Dictamen motivado: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0515, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

1.14. Industria textil, cuero y confección

31996L0073

Directiva 96/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996 sobre determinados métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: ninguno

31997L0037

Directiva 97/37/CE de la Comisión, de 19 de junio de 1997, por la que se adaptan al progreso técnico los Anexos I y II de la Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las denominaciones textiles (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

BÉLGICA 1998/0291, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1998/0393, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1998/0410, Archivo: 13/10/1999

31994L0011

Directiva 94/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en relación con el etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado destinado a la venta al consumidor

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

1.15. Vehículos de motor

31997L0024

Directiva 97/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 1997 relativa a determinados elementos y características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, FR, IR, I, L, A, FI, S, UK

ALEMANIA 1999/0053, Archivo: 01/07/1999

GRECIA 1999/0122, Archivo: 01/07/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0038, Recurso: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0153, Recurso: 22/12/1999

SUECIA 1999/0185, Archivo: 01/07/1999

31997L0027

Directiva 97/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1997 relativa a las masas y dimensiones de determinadas categorías de vehículos de motor y de sus remolques y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31997L0028

Directiva 97/28/CE de la Comisión de 11 de junio de 1997 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/756/CEE del Consejo relativa a la instalación de los dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa de los vehículos de motor y de sus remolques (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

LUXEMBURGO 1998/0147, Archivo: 01/07/1999

31997L0029

Directiva 97/29/CE de la Comisión de 11 de junio de 1997 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/757/CEE del Consejo relativa a los catadióptricos de los vehículos de motor y de sus remolques (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

LUXEMBURGO 1998/0148, Archivo: 01/07/1999

31997L0030

Directiva 97/30/CE de la Comisión de 11 de junio de 1997 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/758/CEE del Consejo relativa a las luces de gálibo, las luces de posición, delanteras y traseras, y las luces de frenado de los vehículos de motor y de sus remolques (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

LUXEMBURGO 1998/0149, Archivo: 01/07/1999

31997L0031

Directiva 97/31/CE de la Comisión de 11 de junio de 1997 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/760/CEE del Consejo relativa a los dispositivos de alumbrado de la placa posterior de matrícula de los vehículos de motor y de sus remolques (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

LUXEMBURGO 1998/0150, Archivo: 01/07/1999

31997L0032

Directiva 97/32/CE de la Comisión de 11 de junio de 1997 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 77/539/CEE del Consejo relativa a los proyectores de marcha atrás de los vehículos de motor y de sus remolques (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

ITALIA 1998/0144, Archivo: 02/12/1998

LUXEMBURGO 1998/0151, Archivo: 01/07/1999

31997L0039

Directiva 97/39/CE de la Comisión de 24 de junio de 1997 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 75/443/CEE del Consejo relativa a la marcha atrás y el aparato indicador de velocidad de los vehículos de motor (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

LUXEMBURGO 1998/0538, Archivo: 01/07/1999

31997L0054

Directiva 97/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 1997 por la que se modifican las Directivas 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE y 89/173/CEE del Consejo sobre la velocidad máxima por construcción de los tractores agrícolas o forestales de ruedas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, FR, IR, IT, L, NL, A, FI, S, UK

GRECIA 1998/0581, Recurso: 22/12/1999

FRANCIA 1998/0531, Archivo: 01/07/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0041, DM - Fecha de envío al EM: 10/08/1999

AUSTRIA 1998/0602, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1998/0593, Recurso: 22/12/1999

31998L0012

Directiva 98/12/CE de la Comisión de 27 de enero de 1998 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 71/320/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los dispositivos de frenado de determinadas categorías de vehículos a motor y de sus remolques (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, FR, IR, I, L, NL, A, FI, S, UK

ALEMANIA 1999/0244, Archivo: 22/12/1999

GRECIA 1999/0284, Archivo: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0316, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0305, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

SUECIA 1999/0324, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

31998L0014

Directiva 98/14/CE de la Comisión de 6 de febrero de 1998 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 70/156/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de los vehículos de motor y de sus remolques (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, EL, ESP, F, IR, IT, L, AUT, FI, S, UK

DINAMARCA 1998/0578, Archivo: 01/07/1999

ALEMANIA 1998/0556, DM - Fecha de envío al EM: 14/07/1999

PAÍSES BAJOS 1998/0550, Recurso: 22/12/1999

AUSTRIA 1998/0605, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1998/0596, Recurso: 22/12/1999

31998L0038

Directiva 98/38/CE de la Comisión de 3 de junio de 1998 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 74/151/CEE del Consejo relativa a determinados elementos y características de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: A, E, FR, IR, IT, L, NL, A, FI, S,

31998L0039

Directiva 98/39/CE de la Comisión de 5 de junio de 1998 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 75/321/CEE del Consejo relativa al dispositivo de dirección de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, EL, E, FR, IR, I, L, NL, A, FI, S

BÉLGICA 1999/0351, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

DINAMARCA 1999/0392, Archivo: 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0363, Archivo: 22/12/1999

GRECIA 1999/0400, Archivo: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0387, Archivo: 22/12/1999

ITALIA 1999/0371, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0344, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0357, Archivo: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0420, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0412, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

FINLANDIA 1999/0429, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

REINO UNIDO 1999/0378, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

31998L0040

Directiva 98/40/CE de la Comisión de 8 de junio de 1998 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 74/346/CEE del Consejo relativa a los retrovisores de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, EL, E, F, IR, I, NL, A, FI, S

BÉLGICA 1999/0352, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

DINAMARCA 1999/0393, Archivo: 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0364, Archivo: 22/12/1999

GRECIA 1999/0401, Archivo: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0388, Archivo: 22/12/1999

ITALIA 1999/0372, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0345, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0358, Archivo: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0421, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0413, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

FINLANDIA 1999/0430, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

SUECIA 1999/0426, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0379, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

31998L0069

Directiva 98/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 relativa a las medidas que deben adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE del Consejo

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, E, IR, L, A, FI, S, UK

31998L0077

Directiva 98/77/CE de la Comisión de 2 de octubre de 1998 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 70/220/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de medidas que deben tomarse contra la contaminación del aire causada por las emisiones de los vehículos de motor

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, EL, E, F, IR, I, L, A, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0036, Recurso: 22/12/1999

DINAMARCA 1999/0119, Archivo: 01/07/1999

ALEMANIA 1999/0065, Archivo: 01/07/1999

GRECIA 1999/0138, Archivo: 01/07/1999

ESPAÑA 1999/0150, Archivo: 01/07/1999

FRANCIA 1999/0011, Archivo: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0111, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1999/0082, Archivo: 13/10/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0051, Recurso: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0183, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0166, Recurso: 22/12/1999

31998L0089

Directiva 98/89/CE de la Comisión de 20 de noviembre de 1998 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 74/152/CEE del Consejo relativa a la velocidad máxima por construcción y las plataformas de carga de los tractores agrícolas o forestales de ruedas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, E, F, I, L, A, FI

31998L0090

Directiva 98/90/CE de la Comisión de 30 de noviembre de 1998 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 70/387/CEE del Consejo relativa a las puertas de los vehículos de motor y de sus remolques

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, EL, E, F, IR, I, NL, A, S, UK

BÉLGICA 1999/0037, Recurso: 22/12/1999

DINAMARCA 1999/0120, Archivo: 01/07/1999

ALEMANIA 1999/0066, Archivo: 01/07/1999

GRECIA 1999/0139, CE - Fecha de envío al EM: 12/03/1999

ESPAÑA 1999/0151, Archivo: 01/07/1999

IRLANDA 1999/0112, Archivo: 13/10/1999

ITALIA 1999/0083, Archivo: 13/10/1999

LUXEMBURGO 1999/0025, Recurso: 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0052, Archivo: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0184, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0167, Recurso: 22/12/1999

SUECIA 1999/0198, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0099, Archivo: 01/07/1999

31999L0007

Directiva 1999/7/CE de la Comisión de 26 de enero de 1999 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 70/311/CEE del Consejo relativa a los mecanismos de dirección de los vehículos de motor y de sus remolques (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0468, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

GRECIA 1999/0539, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

ESPAÑA 1999/0549, Archivo: 22/12/1999

FRANCIA 1999/0446, Archivo: 22/12/1999

ITALIA 1999/0499, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0456, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

AUSTRIA 1999/0573, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0563, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

FINLANDIA 1999/0594, Archivo: 22/12/1999

SUECIA 1999/0585, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

REINO UNIDO 1999/0508, Archivo: 22/12/1999

31999L0014

Directiva 1999/14/CE de la Comisión, de 16 de marzo de 1999, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 77/538/CEE del Consejo sobre las luces antiniebla traseras de los vehículos de motor y de sus remolques

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, E, F, IR, NL, A, UK

31999L0015

Directiva 1999/15/CE de la Comisión, de 16 de marzo de 1999, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/759/CEE del Consejo relativa a los indicadores de dirección de los vehículos de motor y de sus remolques

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, E, F, IR, NL, A, UK

31999L0016

Directiva 1999/16/CE de la Comisión, de 16 de marzo de 1999, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 77/540/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las luces de estacionamiento de los vehículos de motor

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, E, F, IR, NL, A, UK

31999L0017

Directiva 1999/17/CE de la Comisión, de 18 de marzo de 1999, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/761/CEE del Consejo sobre los proyectores para vehículos de motor que realizan la función de luces de carretera o de cruce y sobre las fuentes luminosas (lámparas de incandescencia u otras) destinadas a unidades de luces homologadas de los vehículos de motor y de sus remolques

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, E, F, IR, NL, A, UK

3199L0023

Directiva 1999/23/CE de la Comisión, de 9 de abril de 1999, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 93/33/CEE del Consejo relativa al dispositivo de protección contra el uso no autorizado de los vehículos de motor de dos o tres ruedas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, E, F, IR, I, NL, A, S, UK

31999L0024

Directiva 1999/24/CE de la Comisión, de 9 de abril de 1999, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 93/32/CEE del Consejo relativa a los dispositivos de retención para pasajeros de los vehículos de motor de dos ruedas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, E, F, IR, I, NL, A, S, UK

31999L0025

Directiva 1999/25/CE de la Comisión, de 9 de abril de 1999, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 93/34/CEE del Consejo relativa a las inscripciones reglamentarias de los vehículos de motor de dos o tres ruedas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, E, F, IR, I, NL, A, S, UK

31999L0026

Directiva 1999/26/CE de la Comisión, de 20 de abril de 1999, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 93/94/CEE del Consejo relativa al emplazamiento para el montaje de la placa posterior de matrícula de los vehículos de motor de dos o tres ruedas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, E, F, IR, I, NL, A, S, UK

4. COMPETENCIA

1.16. Telecomunicaciones

31996L0002

Directiva 96/2/CE de la Comisión, de 16 de enero de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en relación con las comunicaciones móviles y personales

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31996L0019

Directiva 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

PORTUGAL 1997/2219, DM - Fecha de envío al EM: 04/03/1999, Archivo: 22/12/1999

5. EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

31980L0987

Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31986L0188

Directiva 86/188/CEE del Consejo de 12 de mayo de 1986 relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a la exposición al ruido durante el trabajo

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31986L0378

Directiva 86/378/CEE del Consejo de 24 de julio de 1986 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: D, DK, E, EL, F, I, IR, A, NL, P, FI, S, UK, L

31988L0035

Directiva 88/35/CEE de la Comisión de 2 de diciembre de 1987 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 82/130/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico utilizable en atmósfera explosiva de las minas con peligro de grisú

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31989L0391

Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31989L0654

Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo (primera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31989L0655

Directiva 89/655/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31989L0656

Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual (tercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31991L0382

Directiva 91/382/CEE del Consejo de 25 de Junio de 1991 por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (segunda directiva particular con arreglo al artículo 8 de la Directiva 80/1107/CEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31992L0029

Directiva 92/29/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para promover una mejor asistencia médica a bordo de los buques

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, NL, A, P, FI, S, UK

LUXEMBURGO 1995/0142, DM 228 - Fecha de envío al EM: 23/07/1999, 2º recurso: 22/12/1999

31992L0085

Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31993L0103

Directiva 93/103/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo (primera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

31993L0104

Directiva 93/104/CE del Consejo, del 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la adaptación del tiempo de trabajo

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, IR, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA 1997/0046, Archivo: 22/12/1999

FRANCIA 1997/0074, Recurso: 02/12/1998, Presentación de la solicitud: 16/02/1999

ITALIA 1997/0095, Recurso: 24/06/1998, Presentación de la solicitud: 26/10/1998

LUXEMBURGO 1997/0106, Recurso: 02/12/1998, Presentación de la solicitud: 16/02/1999

31994L0033

Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, IR, I, S, UK

FRANCIA 1996/0952, Presentación de la solicitud: 16/02/1999

ITALIA 1996/0994, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1996/1011, Presentación de la solicitud: 16/02/1999

REINO UNIDO 1996/1064, Archivo: 02/12/1998

31994L0045

Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, NL, A, P, FI, S

LUXEMBURGO 1996/1012, Presentación de la solicitud: 30/11/1998

PORTUGAL 1996/1039, Archivo: 22/12/1999

31995L0030

Directiva 95/30/CE de la Comisión, de 30 de junio de 1995, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 90/679/CEE del Consejo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (séptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, IR, L, NL, P, FI, S, UK

ITALIA 1997/0100, Recurso: 24/06/1998, Presentación de la solicitud: 03/12/1998

AUSTRIA 1997/0139, Recurso: 01/07/1999, Presentación de la solicitud: 10/12/1999

31995L0063

Directiva 95/63/CE del Consejo, de 5 de diciembre de 1995, por la que se modifica la Directiva 89/655/CEE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0026, Archivo: 28/07/1999

GRECIA 1999/0121, Archivo: 01/07/1999

IRLANDA 1999/0100, DM - Fecha de envío al EM: 18/10/1999

ITALIA 1999/0067, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0152, Archivo: 01/07/1999

31996L0034

Directiva 96/34/CE del Consejo de 3 de junio de 1996 relativa al acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, D, DK, EL, E, F, IR, L, NL, P, A, FI, S

ITALIA 1998/0386, Recurso: 01/07/1999, Presentación de la solicitud: 23/11/1999

PORTUGAL 1998/0441, Archivo: 22/12/1999

31996L0071

Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: E, S, DK, D

31996L0094

Directiva 96/94/CE de la Comisión de 18 de diciembre de 1996 relativa al establecimiento de una segunda lista de valores límite de carácter indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

ITALIA 1998/0390, Archivo: 22/12/1999

AUSTRIA 1998/0427, Archivo: 22/12/1999

31996L0097

Directiva 96/97/CE del Consejo de 20 de diciembre de 1996 por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, IR, I, NL, A, P, FI, S, UK, L

GRECIA 1997/0320, Presentación de la solicitud: 15/12/1998

FRANCIA 1997/0354, Emplazamiento 228: 12/01/2000

LUXEMBURGO 1997/0396, Presentación de la solicitud: 03/12/1998

31997L0059

Directiva 97/59/CE de la Comisión de 7 de octubre de 1997 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 90/679/CEE del Consejo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (séptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, D, DK, E, EL, F, IR, L, NL, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1998/0166, Archivo: 28/07/1999

ITALIA 1998/0221, Presentación de la solicitud: 16/08/1999

LUXEMBURGO 1998/0230, Archivo: 13/10/1999

AUSTRIA 1998/0244, Recurso: 22/12/1999

31997L0065

Directiva 97/65/CE de la Comisión de 26 de noviembre de 1997 por la que se adapta por tercera vez al progreso técnico la Directiva 90/679/CEE del Consejo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, NL, L, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1998/0295, Archivo: 28/07/1999

IRLANDA 1998/0397, Presentación de la solicitud: 16/08/1999

ITALIA 1998/0397, Presentación de la solicitud: 16/08/1999

LUXEMBURGO 1998/0414, Archivo: 13/10/1999

31997L0074

Directiva 97/74/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 por la que se amplía al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la Directiva 94/45/CE sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: E, B

31997L0075

Directiva 97/75/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 por la que se modifica y amplía al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la Directiva 96/34/CE relativa al acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: ninguno

31998L0059

Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

REINO UNIDO 1989/0536, Archivo: 22/12/1999

31998L0065

Directiva 98/65/CE de la Comisión de 3 de septiembre de 1998 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 82/130/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al material eléctrico utilizable en atmósferas potencialmente explosivas en las minas con peligro de grisú

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: F

6. TRANSPORTES

1.17. Transporte terrestre, carreteras y vías navegables

31996L0050

Directiva 96/50/CE del Consejo de 23 de julio de 1996 sobre la armonización de los requisitos de obtención de los títulos nacionales de patrón de embarcaciones de navegación interior para el transporte de mercancías y pasajeros en la Comunidad

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, D, L, A, P, UK

ITALIA 1998/0559, Recurso: 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1998/0236, DM - Fecha de envío al EM: 10/08/1999

31998L0076

Directiva 98/76/CE del Consejo de 1 de octubre de 1998 por la que se modifica la Directiva 96/26/CE relativa al acceso a la profesión de transportista de mercancías y de transportista de viajeros por carretera, así como al reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos destinados a favorecer el ejercicio de la libertad de establecimiento de estos transportistas en el sector de los transportes nacionales e internacionales

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, E, IR, NL, P, FI, UK

1.18. Transporte terrestre, seguridad-tecnología

31991L0439

Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

FRANCIA 1996/2216, Archivo: 01/07/1999

31995L0050

Directiva 95/50/CE del Consejo, de 6 de octubre de 1995, relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

IRLANDA 1997/0506, Presentación de la solicitud: 20/09/1999

31996L0035

Directiva 96/35/CE del Consejo de 3 de junio de 1996 relativa a la designación y a la cualificación profesional de consejeros de seguridad para el transporte por carretera, por ferrocarril o por vía navegable de mercancías peligrosas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, F, NL, A, UK

31996L0047

Directiva 96/47/CE del Consejo de 23 de julio de 1996 por la que se modifica la Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

GRECIA, 1998/0119, Archivo: 01/07/1999

31996L0053

Directiva 96/53/CE del Consejo de 25 de julio de 1996 por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, EL, E, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

ALEMANIA 1997/0574, Presentación de la solicitud: 07/10/1999

IRLANDA 1997/0633, Presentación de la solicitud: 11/01/2000

PAÍSES BAJOS 1997/0673, Archivo: 21/04/1999

31999L0047

Directiva 1999/47/CE de la Comisión de 21 de mayo de 1999 por la que se adapta por segunda vez al progreso técnico la Directiva 94/55/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, I, NL, A, FI, UK

1.19. Transporte ferroviario

31995L0018

Directiva 95/18/CE del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

BÉLGICA 1997/0261, Archivo: 21/04/1999

FRANCIA 1997/0339, Desistimiento: 09/02/1999

IRLANDA 1997/0357, Desistimiento: 23/08/1999

ITALIA 1997/0370, Desistimiento: 28/07/1999

LUXEMBURGO 1997/0383, Desistimiento: 26/08/1999

31995L0019

Directiva 95/19/CE del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre la adjudicación de las capacidades de la infraestructura ferroviaria y la fijación de los correspondientes cánones de utilización

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

BÉLGICA 1997/0262, Archivo: 21/04/1999

FRANCIA 1997/0340, Archivo: 21/04/1999

IRLANDA 1997/0358, Desistimiento: 01/02/1999

ITALIA 1997/0371, Desistimiento: 28/07/1999

LUXEMBURGO 1997/0384, Desistimiento: 30/09/1999

REINO UNIDO 1997/0463, Archivo: 01/07/1999

31996L0048

Directiva 96/48/CE del Consejo de 23 de julio de 1996 relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, I

BÉLGICA 1999/0349, Dictamen motivado: 22/12/1999,

GRECIA 1999/0396, Dictamen motivado: 22/12/1999,

ESPAÑA 1999/0405, Dictamen motivado: 22/12/1999,

FRANCIA 1999/0337, Dictamen motivado: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0383, Dictamen motivado: 22/12/1999,

PAÍSES BAJOS 1999/0355, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

AUSTRIA 1999/0418, Dictamen motivado: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0407, Dictamen motivado: 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0428, Dictamen motivado: 22/12/1999

SUECIA 1999/0424, Dictamen motivado: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0377, Dictamen motivado: 22/12/1999

31996L0049

Directiva 96/49/CE del Consejo de 23 de julio de 1996 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA, 1999/0397, Dictamen motivado: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0384, Dictamen motivado: 22/12/1999,

PORTUGAL 1999/0408, Dictamen motivado: 22/12/1999,

31996L0086

Directiva 96/86/CE de la Comisión de 13 de diciembre de 1996 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 94/55/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA 1998/0022, Recurso: 01/07/1999

IRLANDA 1998/0045, Recurso: 28/07/1999

REINO UNIDO 1998/0094, Archivo: 01/07/1999

31996L0087

Directiva 96/87/CE de la Comisión de 13 de diciembre de 1996 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 96/49/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, F, I, L, NL, A, FI, S, UK

GRECIA 1999/0398, Dictamen motivado: 22/12/1999,

IRLANDA 1999/0385, Dictamen motivado: 22/12/1999,

PORTUGAL 1999/0409, Dictamen motivado: 22/12/1999,

31996L0096

Directiva 96/96/CE del Consejo de 20 de diciembre de 1996 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos de motor y de sus remolques

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

BÉLGICA 1998/0165, Archivo: 21/04/1999

GRECIA 1998/0191, Archivo: 13/10/1999

IRLANDA 1998/0212, Archivo: 21/04/1999

ITALIA 1998/0220, Archivo: 21/04/1999

31997L0026

Directiva 97/26/CE del Consejo de 2 de junio de 1997 por la que se modifica la Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

GRECIA 1998/0121, Archivo: 01/07/1999

FRANCIA 1998/0133, Archivo: 21/04/1999

IRLANDA 1998/0142, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/2022, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1999/2023, Archivo: 01/07/1999

31999L0048

Directiva 1999/48/CE de la Comisión de 21 de mayo de 1999 por la que se adapta por segunda vez al progreso técnico la Directiva 96/49/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, NL, A, FI, UK

31993L0065

Directiva 93/65/CEE del Consejo, de 19 de julio de 1993, relativa a la definición y a la utilización de especificaciones técnicas compatibles para la adquisición de equipos y de sistemas para la gestión del tráfico aéreo

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

1.20. Transporte aéreo: seguridad y aspectos sociales

31994L0056

Directiva 94/56/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, F, IR, I, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1997/0020, Archivo: 01/07/1999

GRECIA 1997/0047, Presentación de la solicitud: 21/12/1999

FRANCIA 1997/0075, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1997/0096, Archivo: 01/07/1999

LUXEMBURGO 1997/0107, Presentación de la solicitud: 19/04/1999

PAÍSES BAJOS 1997/0119, Archivo: 21/04/1999

AUSTRIA 1997/0136, Archivo: 22/12/1999

31997L0015

97/15/CE. Directiva de la Comisión de 25 de marzo de 1997 por la que se adoptan algunas normas de Eurocontrol y se modifica la Directiva 93/65/CEE del Consejo, relativa a la definición y a la utilización de especificaciones técnicas compatibles para la adquisición de equipos y de sistemas para la gestión del tráfico aéreo (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, EL, E, F, IR, I, L, NL, P, A, FI, S, UK

ALEMANIA 1998/0015, Dictamen motivado: 24/06/1998

GRECIA 1998/0025, Archivo: 21/04/1999

AUSTRIA 1998/0071, Archivo: 01/07/1999

1.21. Transporte aéreo: política aeroportuaria, medio ambiente

31980L0051

Directiva 80/51/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1979, relativa a la limitación de las emisiones sonoras de las aeronaves subsónicas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

REINO UNIDO 1995/2031, Archivo: 01/07/1999

31996L0067

Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de la asistencia en escala en los aeropuertos de la Comunidad

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, UK

BÉLGICA 1997/0543, Recurso: 13/10/1999

GRECIA 1997/0591, Archivo: 21/04/1999

ESPAÑA 1997/0606, Archivo: 13/10/1999

IRLANDA 1997/0636, Archivo: 21/04/1999

ITALIA 1997/0653, Archivo: 01/07/1999

LUXEMBURGO 1997/0667, Archivo: 28/07/1999

PORTUGAL 1997/0705, Desistimiento: 13/09/1999

SUECIA 1997/0740, Recurso: 28/07/1999

31998L0020

Directiva 98/20/CE del Consejo de 30 de marzo de 1998 por la que se modifica la Directiva 92/14/CEE relativa a la limitación del uso de aviones objeto del anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil internacional, volumen 1, segunda parte, capítulo 2, segunda edición (1988)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, F, I, NL, FI, S, UK

ALEMANIA 1999/0246, DM - Fecha de envío al EM: 22/10/1999

GRECIA 1999/0286, DM - Fecha de envío al EM: 04/11/1999

ESPAÑA 1999/0295, DM - Fecha de envío al EM: 21/10/1999

FRANCIA 1999/0212, Archivo: 13/10/1999

IRLANDA 1999/0274, DM - Fecha de envío al EM: 21/10/1999

ITALIA 1999/0255, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0221, DM - Fecha de envío al EM: 21/10/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0236, Archivo: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0318, Archivo: 13/10/1999

PORTUGAL 1999/0307, DM - Fecha de envío al EM: 09/11/1999

SUECIA 1999/0326, Archivo: 13/10/1999

REINO UNIDO 1999/0265, Archivo: 13/10/1999

31999L0028

Directiva 1999/28/CE de la Comisión, de 21 de abril de 1999, por la que se modifica el anexo a la Directiva 92/14/CEE del Consejo relativa a la limitación del uso de aviones objeto del anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil internacional, volumen 1, segunda parte, capítulo 2, segunda edición (1988)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, F, I, NL, FI, S, UK

1.22. Transporte marítimo: seguridad y aspectos técnicos

31995L0021

Directiva 95/21/CE del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros (control del Estado del puerto)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto I

ITALIA 1996/0997, Sentencia CJCE: 11/11/1999

31996L0039

Directiva 96/39/CE de la Comisión, de 19 de junio de 1996, por la que se modifica la Directiva 93/75/CEE del Consejo sobre las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto L

BÉLGICA 1997/0480, Archivo: 01/07/1999

LUXEMBURGO 1997/2199, DM - Fecha de envío al EM: 14/12/1998,

REINO UNIDO 1997/0537, Archivo: 01/07/1999

PORTUGAL 1997/0525, Archivo: 21/04/1999

31996L0098

Directiva 96/98/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre equipos marinos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto L

BÉLGICA 1998/0289, Archivo: 21/04/1999

DINAMARCA 1998/0300, Archivo: 01/07/1999

ESPAÑA 1998/0343, Archivo: 01/07/1999

IRLANDA 1998/0374, Archivo: 21/04/1999

ITALIA 1998/0391, Recurso: 01/07/1999

LUXEMBURGO 1998/0408, DM - Fecha de envío al EM: 04/05/1999

PAÍSES BAJOS 1998/0420, Archivo: 21/04/1999

AUSTRIA 1998/0428, Archivo: 13/10/1999

PORTUGAL 1998/0447, Archivo: 01/07/1999

FINLANDIA 1998/0462, Archivo: 21/04/1999

SUECIA 1998/0475, Archivo: 13/10/1999

REINO UNIDO 1998/0488, Archivo: 13/10/1999

31997L0034

Directiva 97/34/CE de la Comisión, de 6 de junio de 1997, por la que se modifica la Directiva 93/75/CEE del Consejo sobre las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto L

BÉLGICA 1997/0551, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1997/0661, Archivo: 01/07/1999

LUXEMBURGO 1997/2199, DM - Fecha de envío al EM: 14/12/1998

REINO UNIDO 1997/0761, Archivo: 01/07/1999

PORTUGAL 1997/0713, Archivo: 21/04/1999

31997L0058

Directiva 97/58/CE de la Comisión, de 26 de septiembre de 1997, por la que se modifica la Directiva 94/57/CE del Consejo, que establece normas y reglas comunes relativas a los organismos habilitados a efectuar la inspección y la visita de los buques y las actividades pertinentes de las administraciones marítimas (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto L

ALEMANIA 1998/0554, Archivo: 01/07/1999

ESPAÑA 1998/0589, Archivo: 21/04/1999

FRANCIA 1998/0532, Archivo: 01/07/1999

LUXEMBURGO 1998/0541, DM - Fecha de envío al EM: 23/07/1999

PAÍSES BAJOS 1998/0549, Archivo: 21/04/1999

AUSTRIA 1998/0603, Archivo: 01/07/1999

PORTUGAL 1998/0594, Archivo: 21/04/1999

REINO UNIDO 1998/0568, Archivo: 13/10/1999

31997L0070

Directiva 97/70/CE del Consejo, de 11 de diciembre de 1997, por la que se establece un régimen armonizado para la seguridad de los barcos de pesca de longitud igual o superior a 24 metros

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, IR,

ALEMANIA 1999/0057, Archivo: 01/07/1999

ESPAÑA 1999/0143, Archivo: 13/10/1999

FRANCIA 1999/0002, Recurso: 22/12/1999

ITALIA 1999/0072, Recurso: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0016, DM - Fecha de envío al EM: 14/07/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0044, Recurso: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0175, DM - Fecha de envío al EM: 30/07/1999

PORTUGAL 1999/0158, Recurso: 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0200, Dictamen motivado: 22/12/1999

SUECIA 1999/0188, DM - Fecha de envío al EM: 21/10/1999

REINO UNIDO 1999/0090, DM - Fecha de envío al EM: 02/08/1999

31998L0018

Directiva 98/18/CE del Consejo, de 17 de marzo de 1998 relativa a las reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasajeros

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, D, EL, E, IR

DINAMARCA 1999/0639, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

ALEMANIA 1999/0245, Archivo: 22/12/1999

GRECIA 1999/0285, Archivo: 13/10/1999

ESPAÑA 1999/0294, Archivo: 13/10/1999

FRANCIA 1999/0211, Carta de emplazamiento complementaria: 22/12/1999

ITALIA 1999/0254, Carta de emplazamiento complementaria: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0220, Dictamen motivado: 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0235, Dictamen motivado: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0317, Dictamen motivado: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0306, Carta de emplazamiento complementaria: 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0331, Dictamen motivado: 22/12/1999

SUECIA 1999/0325, Dictamen motivado: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0264, Carta de emplazamiento complementaria: 22/12/1999

31998L0025

Directiva 98/25/CE del Consejo de 27 de abril de 1998 por la que se modifica la Directiva 95/21/CE sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros (control del Estado del puerto)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, IR, NL, FI, S, UK

ITALIA 1999/0369, Dictamen motivado: 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0356, Archivo: 13/10/1999

PORTUGAL 1999/0411, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

31998L0041

Directiva 98/41/CE del Consejo de 18 de junio de 1998 sobre el registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasajes procedentes de puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, IR, I, FI, UK

FRANCIA 1999/0213, Dictamen motivado: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0222, Dictamen motivado: 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0237, Dictamen motivado: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0319, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

PORTUGAL 1999/0308, Dictamen motivado: 22/12/1999

SUECIA 1999/0327, Dictamen motivado: 22/12/1999

31998L0042

Directiva 98/42/CE de la Comisión, del 19 de junio de 1998, por la que se modifica la Directiva 95/21/CE del Consejo relativa al cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros (control del Estado del puerto) (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, IR, NL, FI, S, UK

ITALIA 1999/0373, Dictamen motivado: 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0359, Archivo: 13/10/1999

PORTUGAL 1999/0414, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

31998L0055

Directiva 98/55/CE del Consejo, de 17 de julio de 1998, por la que se modifica la Directiva 93/75/CEE, relativa a las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, I, IR, NL, A, FI, S, UK

DINAMARCA 1999/0117, Archivo: 01/07/1999

ESPAÑA 1999/0147, Archivo: 01/07/1999

FRANCIA 1999/0007, Archivo: 01/07/1999

IRLANDA 1999/0107, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1999/0078, Archivo: 01/07/1999

LUXEMBURGO 1999/0021, Dictamen motivado: 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0049, Archivo: 01/07/1999

AUSTRIA 1999/0179, Archivo: 01/07/1999

PORTUGAL 1999/0163, DM - Fecha de envío al EM: 23/07/1999

REINO UNIDO 1999/0095, Archivo: 13/10/1999

31998L0074

Directiva 98/74/CE de la Comisión de 1 de octubre de 1998 por la que se modifica la Directiva 93/75/CEE del Consejo sobre las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, F, IR, I, NL, S

31998L0085

Directiva 98/85/CE de la Comisión de 11 de noviembre de 1998 por la que se modifica la Directiva 96/98/CE del Consejo sobre equipos marinos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, EL, E, F, IR, I, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0354, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

DINAMARCA 1999/0395, Archivo: 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0367, Archivo: 22/12/1999

GRECIA 1999/0404, Archivo: 22/12/1999

FRANCIA 1999/0341, Archivo: 22/12/1999

ITALIA 1999/0376, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0348, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0361, DM - Fecha de envío al EM: 27/01/2000

PORTUGAL 1999/0417, Archivo: 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0433, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0382, Archivo: 13/10/1999

31998L0035

Directiva 98/35/CE del Consejo de 25 de mayo de 1998 por la que se modifica la Directiva 94/58/CE relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, IR, FI, UK

BÉLGICA 1999/0462, Dictamen motivado: 22/12/1999

DINAMARCA 1999/0525, Archivo: 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0480, Archivo: 22/12/1999

GRECIA 1999/0534, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

ESPAÑA 1999/0543, Dictamen motivado: 22/12/1999

FRANCIA 1999/0438, Dictamen motivado: 22/12/1999

ITALIA 1999/0493, Dictamen motivado: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0452, Dictamen motivado: 22/12/1999,

PAÍSES BAJOS 1999/0474, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

AUSTRIA 1999/0565, Dictamen motivado: 22/12/1999,

PORTUGAL 1999/0555, Dictamen motivado: 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0590, Archivo: 22/12/1999

SUECIA 1999/0578, Dictamen motivado: 22/12/1999

7. TELEVISIÓN SIN FRONTERAS

31997L0036

Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 1997 por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, E, IR, P, FI, S

BÉLGICA 1999/0027, CE - Fecha de envío al EM: 12/03/1999

ALEMANIA 1999/0054, DM - Fecha de envío al EM: 16/08/1999, Recurso: 22/12/1999

GRECIA 1999/0123, DM - Fecha de envío al EM: 03/08/1999, Recurso: 22/12/1999

ESPAÑA 1999/0140, CE - Fecha de envío al EM: 12/03/1999, Archivo: 01/07/1999

FRANCIA 1999/0001, DM - Fecha de envío al EM: 09/07/1999, Recurso: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0101, DM - Fecha de envío al EM: 09/07/1999

ITALIA 1999/0068, DM - Fecha de envío al EM: 04/08/1999, Recurso: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0013, DM - Fecha de envío al EM: 09/07/1999, Recurso: 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0039, DM - Fecha de envío al EM: 09/07/1999, Recurso: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0170, DM - Fecha de envío al EM: 06/08/1999, Recurso: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0085, DM - Fecha de envío al EM: 09/07/1999, Recurso: 22/12/1999

8. MEDIO AMBIENTE

1.23. Generalidades

31997L0011

Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, EL, IR, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0350, Dictamen motivado: 22/12/1999

DINAMARCA 1999/0391, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

ALEMANIA 1999/2090, CE - Fecha de envío al EM: 19/07/1999

ESPAÑA 1999/0406, Dictamen motivado: 22/12/1999

FRANCIA 1999/0338, Dictamen motivado: 22/12/1999

FINLANDIA 1999/2092, CE - Fecha de envío al EM: 19/07/1999

GRECIA 1999/0399, Dictamen motivado: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0386, Archivo: 13/10/1999

ITALIA 1999/0368, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0343, Dictamen motivado: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0419, Dictamen motivado: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0410, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999

SUECIA 1999/0425, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/2094, Dictamen motivado: 22/12/1999

1.24. Aire

31980L0779

Directiva 80/779/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a los valores límite y a los valores guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las partículas en suspensión

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos

31994L0063

Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos

REINO UNIDO 1995/2031, Archivo: 01/07/1999

31993L0012

Directiva 93/12/CEE del Consejo, de 23 de marzo de 1993, relativa al contenido en azufre de determinados combustibles líquidos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos

ESPAÑA 1994/0552, Archivo: 01/07/1999

31996L0061

Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, IR, NL, A

31996L0062

Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996, relativa a la evaluación y la gestión de la calidad del aire ambiente

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: D, I, P, IR, S, UK

ALEMANIA 1998/0313, Archivo: 01/07/1999

BÉLGICA 1998/2280, Dictamen motivado: 22/12/1999

GRECIA 1998/0328, Presentación de la solicitud: 02/12/1999

ESPAÑA 1998/0342, Presentación de la solicitud: 29/10/1999

IRLANDA 1998/0371, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1998/0388, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1998/0445, Archivo: 13/10/1999

SUECIA 1998/0473, Archivo: 20/01/1999

REINO UNIDO 1998/0487, Archivo: 01/07/1999

31997L0068

Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos excepto F, IR, I

ALEMANIA 1998/0320, Archivo: 21/04/1999

AUSTRIA 1998/0434, Archivo: 22/12/1999

BÉLGICA 1998/0296, Archivo: 01/07/1999

FRANCIA 1998/0362, Presentación de la solicitud: 26/08/1999

GRECIA 1998/0337, Archivo: 01/07/1999

IRLANDA 1998/0381, Presentación de la solicitud: 23/09/1999

ITALIA 1998/0398, Presentación de la solicitud: 03/11/1999

LUXEMBURGO 1998/0415, Archivo: 01/07/1999

PORTUGAL 1998/0455, Archivo: 22/12/1999

SUECIA 1998/0481, Archivo: 01/07/1999

REINO UNIDO 1998/0492, Archivo: 22/12/1999

31998L0070

Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, F, FI

BÉLGICA 1999/0610, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

DINAMARCA 1999/0640, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

ALEMANIA 1999/0620, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

GRECIA 1999/0648, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

ESPAÑA 1999/0657, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

IRLANDA 1999/0636, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

ITALIA 1999/0627, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

LUXEMBURGO 1999/0603, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0613, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

AUSTRIA 1999/0671, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

PORTUGAL 1999/0665, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

FINLANDIA 1999/0681, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

SUECIA 1999/0676, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

REINO UNIDO 1999/0633, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

1.25. Agua

31976L0160

Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos

ALEMANIA 1997/2039, Archivo 11/05/1999

AUSTRIA 1997/2187, Archivo 01/07/1999

31980L0778

Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, EL, IR, A, P, FI, S

31991L0271

Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos

ITALIA 1993/0786, Archivo 01/07/1999

31998L0015

Directiva 98/15/CE de la Comisión, de 27 de febrero de 1998 por la que se modifica la Directiva 91/271/CEE del Consejo por lo que se refiere a determinadas condiciones establecidas en su Anexo I

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos

BÉLGICA 1998/2361, Archivo 21/04/1999

ALEMANIA 1998/0557, Archivo 22/12/1999

ITALIA 1998/0563, Archivo 01/07/1999

REINO UNIDO 1998/0569, Archivo 01/07/1999

IRLANDA 1998/0575, Archivo 22/12/1999

DINAMARCA 1998/0579, Archivo 01/07/1999

GRECIA 1998/0584, Archivo 22/12/1999

PORTUGAL 1998/0597, Archivo 01/07/1999

AUSTRIA 1998/0606, Archivo 01/07/1999

SUECIA 1998/0610, Archivo 01/07/1999

FRANCIA 1998/0533, Archivo 01/07/1999

1.26. Naturaleza

31992L0043

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales así como de la fauna y la flora silvestres

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos excepto F

GRECIA 1994/0703, Archivo: 11/05/1999

FRANCIA 1994/0673, Presentación de la solicitud: 15/07/1998

FINLANDIA 1996/0582, Archivo: 21/04/1999

31997L0049

Directiva 97/49/CE de la Comisión de 29 de julio de 1997 por la que se modifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: P, FI, S

31997L0062

Directiva 97/62/CE del Consejo de 27 de octubre de 1997 por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: P

1.27. Ruido

31995L0027

Directiva 95/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 29 de junio de 1995, por la que se modifica la Directiva 86/662/CEE, relativa a la limitación de las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B

BÉLGICA 1996/0016, Archivo: 01/07/1999

1.28. Química y biotecnologías

31993L0090

Directiva 93/90/CEE de la Comisión, de 29 de octubre de 1993, relativa a la lista de sustancias a las que se refiere el quinto guión del apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 67/548/CEE del Consejo

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos excepto UK

REINO UNIDO 1993/1095, CEC - Fecha de envío al EM: : 03/07/1997

31993L0101

Directiva 93/101/CE de la Comisión de 11 de noviembre de 1993 por la que se adapta, por vigésima vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos

31994L0015

Directiva 94/15/CE de la Comisión, de 15 de abril de 1994, por la que se adapta al progreso técnico por primera vez la Directiva 90/220/CEE del Consejo sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos

BÉLGICA 1994/0634, Archivo: 21/04/1999

31994L0051

Directiva 94/51/CE de la Comisión, de 7 de noviembre de 1994, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 90/219/CEE del Consejo, relativa a la utilización confinada de microorganismos genéticamente modificados

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos

BÉLGICA 1995/0239, Archivo: 21/04/1999

LUXEMBURGO 1995/0344, Dictamen motivado 228, Fecha de envío al EM: 14/07/1999

31994L0069

Directiva 94/69/CE de la Comisión de 19 de diciembre de 1994 por la que se adapta, por vigesimoprimera vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos

BÉLGICA 1996/0589, Archivo 01/07/1999

PORTUGAL 1996/1040, Archivo: 01/07/1999

31996L0054

Directiva 96/54/CE de la Comisión de 30 de julio de 1996 por la que se adapta, por vigésima segunda vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, E, F, IR, L, NL, A, FI, B, P, EL

BÉLGICA 1998/0284, Presentación de la solicitud: 22/10/1999

GRECIA 1998/0326, Archivo: 11/05/1999

PORTUGAL 1998/0442, Archivo 01/07/1999

REINO UNIDO 1998/0486, CE - Fecha de envío al EM: 25/08/1998

31996L0056

Directiva 96/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de septiembre de 1996, por la que se modifica la Directiva 67/548/CEE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos excepto D

BÉLGICA 1998/0286, Archivo: 21/04/1999

ALEMANIA 1998/0312, Presentación de la solicitud: 22/10/1999

GRECIA 1998/0327, Archivo: 11/05/1999

PORTUGAL 1998/0444, Archivo 01/07/1999

31996L0082

Directiva 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: D, E, F, I, NL, A, FI, S

BÉLGICA 1999/0457, Dictamen motivado: 22/12/1999

DINAMARCA 1999/0278, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

ALEMANIA 1999/0240, Dictamen motivado: 22/12/1999

GRECIA 1999/0283, DM - Fecha de envío al EM: 09/11/1999

ESPAÑA 1999/0291, Archivo: 13/10/1999

FRANCIA 1999/0208, DM - Fecha de envío al EM: 27/10/1999

FINLANDIA 1999/2097, CE - Fecha de envío al EM: 22/07/1999

IRLANDA 1999/0270, DM - Fecha de envío al EM: 27/10/1999

ITALIA 1999/0250, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0217, DM - Fecha de envío al EM: 27/10/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0232, Archivo: 13/10/1999

AUSTRIA 1999/0313, DM - Fecha de envío al EM: 22/10/1999

PORTUGAL 1999/0302, DM - Fecha de envío al EM: 04/11/1999

SUECIA 1999/0323, Archivo: 13/10/1999

REINO UNIDO 1999/0261, Dictamen motivado: 22/12/1999

31997L0035

Directiva 97/35/CE de la Comisión de 18 de junio de 1997 por la que se adapta al progreso técnico por segunda vez la Directiva 90/220/CEE del Consejo sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos excepto UK

BÉLGICA 1997/0483, Archivo: 21/04/1999

GRECIA 1997/0496, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1997/0538, CE - Fecha de envío al EM: 05/11/1997

31997L0069

Directiva 97/69/CE de la Comisión de 5 de diciembre de 1997 por la que se adapta, por vigesimotercera vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: NL, A, P, DK, EL

ALEMANIA 1999/2059, Dictamen motivado 22/12/1999

BÉLGICA 1999/0031, Recurso: 22/12/1999

DINAMARCA 1999/0114, Archivo: 01/07/1999

GRECIA 1999/0127, Archivo: 01/07/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0043, DM - Fecha de envío al EM: 30/07/1999

AUSTRIA 1999/0174, DM - Fecha de envío al EM: 25/01/2000

PORTUGAL 1999/0157, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0089, CE - Fecha de envío al EM: 12/03/1999

31998L0073

Directiva 98/73/CE de la Comisión de 18 de septiembre de 1998 por la que se adapta, por vigésima cuarta vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: E, IR, UK

1.29. Residuos

31994L0062

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, EL, IR, NL, A, FI, S, L, F

BÉLGICA 1996/2223, Archivo: 01/07/1999

FRANCIA 1996/2225, Archivo: 22/12/1999

GRECIA 1996/0911, Presentación de la solicitud: 13/04/1999

LUXEMBURGO 1996/1013, Archivo 01/07/1999

PORTUGAL 1996/2207, Archivo: 01/07/1999

REINO UNIDO 1996/2224, Presentación de la solicitud: 30/11/1999

31994L0067

Directiva 94/67/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 1994, relativa a la incineración de residuos peligrosos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos excepto B, I

BÉLGICA 1997/0021, Presentación de la solicitud: 10/09/1999

GRECIA 1997/0048, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1997/0097, Presentación de la solicitud: 03/11/1999

AUSTRIA 1997/0137, Archivo: 01/07/1999

REINO UNIDO 1997/0182, Archivo: 01/07/1999

31996L0059

Directiva 96/59/CE del Consejo de 16 de septiembre de 1996 relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, E, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, I

BÉLGICA 1998/2211, Archivo 22/12/1999

ALEMANIA 1998/0179, Recurso: 01/07/1999

GRECIA 1998/0190, Presentación de la solicitud: 01/12/1999

ESPAÑA 1998/0199, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1998/0252, Archivo: 13/10/1999

REINO UNIDO 1998/0276, Presentación de la solicitud: 06/12/1999

ITALIA 1998/0219, Archivo 13/10/1999

DINAMARCA 1998/0172, Archivo 26/05/1999

1.30. Radioprotección

31989L0618

Directiva 89/618/Euratom del Consejo, de 27 de noviembre de 1989, relativa a la información de la población sobre las medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a seguir en caso de emergencia radiológica

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, EL, F, IR, NL, A, P, FI, UK, L, E, I

SUECIA 1996/0488, DM - Fecha de envío al EM: 25/06/1999

31992L0003

Directiva 92/3/Euratom del Consejo, de 3 de febrero de 1992, relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos entre Estados miembros o procedentes o con destino al exterior de la Comunidad

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: Todos

ALEMANIA 1994/0413, Presentación de la solicitud: 12/06/1997, Archivo: 02/12/1998

9. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

31992L0044

Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1995/2308, Archivo: 21/04/1999

31995L0047

Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, IR, I, L, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1996/0870, Recurso: 01/07/1999

GRECIA 1996/0923, Archivo: 01/07/1999

FRANCIA 1996/0966, Presentación de la solicitud: 26/08/1999

ITALIA 1996/1004, Archivo: 13/10/1999

PAÍSES BAJOS 1996/1034, Recurso: 01/07/1999

AUSTRIA 1996/1089, Presentación de la solicitud: 28/10/1999

PORTUGAL 1996/1054, Archivo: 21/04/1999

SUECIA 1996/1127, Archivo: 01/07/1999

31995L0062

Directiva 95/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995 relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1997/2226, Recurso: 01/07/1999

GRECIA 1997/0053, Archivo: 22/12/1999

31997L0013

Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de abril de 1997 relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA 1998/2081, Archivo: 13/10/1999

PAÍSES BAJOS 1998/2085, Archivo: 21/04/1999

31997L0033

Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA 1998/2082, Archivo: 13/10/1999

ESPAÑA 1998/2120, Archivo: 01/07/1999

PAÍSES BAJOS 1998/2086, Archivo: 21/04/1999

PORTUGAL 1998/2087, Archivo: 21/04/1999

SUECIA 1998/2088, Archivo: 01/07/1999

31997L0051

Directiva 97/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 1997 por la que se modifican las Directivas 90/387/CEE y 92/44/CEE del Consejo a efectos de su adaptación a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA 1998/0333, Archivo: 13/10/1999

FRANCIA 1998/0359, Recurso: 22/12/1999

ITALIA 1998/0394, Presentación de la solicitud: 03/11/1999

PORTUGAL 1998/0451, Archivo: 13/10/1999

SUECIA 1998/0478, Archivo: 22/12/1999

31997L0066

Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos de carácter personal y a la protección de la vida privada en el sector de las telecomunicaciones

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: D, E, I, NL, A, P, FI, S

BÉLGICA 1998/2332, DM - Fecha de envío al EM: 11/08/1999

DINAMARCA 1998/2333, DM - Fecha de envío al EM: 02/08/1999

GRECIA 1998/2335, Recurso: 22/12/1999

FRANCIA 1998/2336, Recurso: 22/12/1999

IRLANDA 1998/2337, DM - Fecha de envío al EM: 02/08/1999

LUXEMBURGO 1998/2338, Recurso: 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1998/2339, Archivo: 21/04/1999

AUSTRIA 1998/2340, Archivo: 21/04/1999

PORTUGAL 1998/2341, Archivo: 21/04/1999

FINLANDIA 1998/2342, Archivo: 01/07/1999

SUECIA 1998/2343, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1998/2344, Recurso: 22/12/1999

31998L0010

Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 1998, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y al servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, EL, E, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECIA 1998/0338, Archivo: 13/10/1999

FRANCIA 1998/0363, Recurso: 22/12/1999

IRLANDA 1998/0382, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1998/0399, Presentación de la solicitud: 03/11/1999

PAÍSES BAJOS 1998/0423, Archivo: 21/04/1999

PORTUGAL 1998/0456, Archivo: 01/07/1999

SUECIA 1998/0482, Archivo: 22/12/1999

31998L0061

Directiva 98/61/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 1998 por la que se modifica la Directiva 97/33/CE en lo que se refiere a la portabilidad de los números entre operadores y la preselección del operador

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

BÉLGICA 1999/0033, DM - Fecha de envío al EM: 18/08/1999

DINAMARCA 1999/0118, Archivo: 01/07/1999

GRECIA 1999/0135, Archivo: 13/10/1999

FRANCIA 1999/0008, Archivo: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0108, Archivo: 13/10/1999

ITALIA 1999/0079, Recurso: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0180, Archivo: 01/07/1999

FINLANDIA 1999/0205, Archivo: 01/07/1999

SUECIA 1999/0194, Archivo: 13/10/1999

10. MERCADO INTERIOR

1.31. Profesiones reguladas en cuanto a las cualificaciones

31978L0686

Directiva 78/686/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, sobre reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos de odontólogo, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

AUSTRIA 1999/0168, Archivo: 26/10/1999

31978L0687

Directiva 78/687/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las actividades de los odontólogos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

AUSTRIA 1999/0169, Archivo: 26/10/1999

31989L0048

Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto EL

GRECIA 1991/0668, Recurso 2 - Envío : 20/05/1998

31997L0038

Directiva 97/38/CE de la Comisión, de 20 de junio de 1997, por la que se modifica el Anexo C de la Directiva 92/51/CEE del Consejo, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de las formaciones profesionales que completa la Directiva 89/48/CEE del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto EL

GRECIA 1997/0600, Recurso: 01/07/1999

PORTUGAL 1997/0714, Archivo: 21/04/1999

31998L0021

Directiva 98/21/CE de la Comisión, de 8 de abril de 1998, por la que se modifica la Directiva 93/16/CEE del Consejo destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto IR, NL, P

DINAMARCA 1999/0116, Archivo: 13/10/1999

ALEMANIA 1999/0059, Archivo: 28/07/1999

GRECIA 1999/0130, Archivo: 28/07/1999

ESPAÑA 1999/0144, Archivo: 01/07/1999

IRLANDA 1999/0104, Recurso: 22/12/1999

ITALIA 1999/0075, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1999/0018, Archivo: 01/07/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0047, Recurso: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0176, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0160, Recurso: 22/12/1999

FINLANDIA 1999/0202, Archivo: 28/07/1999

SUECIA 1999/0191, Archivo: 01/07/1999

REINO UNIDO 1999/0092, Archivo: 28/07/1999

31998L0063

Directiva 98/63/CE de la Comisión de 3 de septiembre de 1998 por la que se modifica la Directiva 93/16/CEE del Consejo destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto E, IRL, NL, P

BÉLGICA 1999/0465, Archivo: 26/10/1999

ESPAÑA 1999/0546, Dictamen motivado: 22/12/1999

FRANCIA 1999/0442, Archivo: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0516, Dictamen motivado: 22/12/1999

ITALIA 1999/0496, Archivo: 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0477, Dictamen motivado: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0571, Archivo: 22/12/1999

PORTUGAL 1999/0559, Dictamen motivado: 22/12/1999

SUECIA 1999/0581, Archivo: 26/10/1999

1.32. Regímenes particulares de libre circulación

31993L0007

Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

ALEMANIA 1994/0532, Archivo: 01/07/1999

31996L0100

Directiva 96/100/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de febrero de 1997 por la que se modifica el Anexo de la Directiva 93/7/CEE relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto A

FRANCIA 1997/0624, Archivo: 22/12/1999

AUSTRIA 1997/0693, Recurso: 22/12/1999

1.33. Contratos públicos

31992L0013

Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la aplicación de las normas comunitarias sobre los procedimientos de adjudicación de los contratos de las entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto EL, P

GRECIA 1998/0185, Recurso: 22/12/1999

PORTUGAL 1998/0437, Recurso: 22/12/1999

31992L0050

Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, por la que se coordinan los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

GRECIA 1993/0711, Archivo: 01/07/1999

31993L0036

Directiva 93/36/CEE del Consejo, del 14 de junio de 1993, por la que se coordinan los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministros

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

ITALIA 1994/0722, Archivo: 01/07/1999

31993L0038

Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto EL, P

ESPAÑA 1997/0213, Archivo: 17/02/1999

GRECIA 1998/0186, DM - Fecha de envío al EM: 17/12/1998

PORTUGAL 1998/0438, DM - Fecha de envío al EM: 02/02/1999

31997L0052

Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 por la que se modifican las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, de los contratos públicos de suministros y de los contratos públicos de obras, respectivamente

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, IR, NL, P, FI, S

BÉLGICA 1998/0547, Archivo: 01/07/1999

ALEMANIA 1998/0553, Recurso: 22/12/1999

GRECIA 1998/0585, Recurso: 22/12/1999

ESPAÑA 1998/0587, CE - Fecha de envío al EM: 18/12/1998

FRANCIA 1998/0530, Recurso: 22/12/1999

IRLANDA 1998/0572, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1998/0561, Recurso: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1998/0539, CE - Fecha de envío al EM: 18/12/1998

AUSTRIA 1998/0601, DM - Fecha de envío al EM: 12/11/1999

PORTUGAL 1998/0592, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1998/0566, DM - Fecha de envío al EM: 06/08/1999

31998L0004

Directiva 98/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998 por la que se modifica la Directiva 93/38/CEE del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, E, IR, NL, FI, S

ALEMANIA 1999/0243, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

BÉLGICA 1999/0229, Archivo: 22/12/1999

FRANCIA 1999/0210, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

IRLANDA 1999/0273, Archivo: 22/12/1999

ITALIA 1999/0253, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

LUXEMBURGO 1999/0219, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0234, Archivo: 22/12/1999

AUSTRIA 1999/0315, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

REINO UNIDO 1999/0263, CE - Fecha de envío al EM: 10/05/1999

1.34. Bancos

31995L0026

Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 1995, por la que se modifican las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE, relativas a las entidades de crédito, las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE, relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, las Directivas 79/267/CEE y 92/96/CEE, relativas al seguro directo de vida, la Directiva 93/22/CEE, relativa a las empresas de inversión y la Directiva 85/611/CEE, sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) con objeto de reforzar la supervisión prudencial

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

BÉLGICA 1996/0862, Archivo: 22/12/1999

ALEMANIA 1996/0890, Archivo: 13/10/1999

ESPAÑA 1996/0941, Archivo: 01/07/1999

FRANCIA 1996/0958, Presentación de la solicitud: 03/03/1999

IRLANDA 1996/0980, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1996/0999, Archivo: 22/12/1999

LUXEMBURGO 1996/1015, Archivo: 22/12/1999

1.35. Seguros

31991L0371

Directiva 91/371/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1991, referente a la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza relativo al seguro directo distinto del seguro de vida

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

ESPAÑA 1993/0917, Archivo: 21/04/1999

31992L0049

Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

ESPAÑA 1994/0140, Archivo: 21/04/1999

31992L0096

Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera Directiva de seguros de vida)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

ESPAÑA 1994/0145, Archivo: 21/04/1999

1.36. Bolsas y valores mobiliarios

31993L0022

Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto L

ESPAÑA 1995/0475, Archivo: 01/07/1999

LUXEMBURGO 1995/0566, Sentencia: 03/06/1999

31997L0009

Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de marzo de 1997 relativa a los sistemas de indemnización de los inversores

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto L, P

BÉLGICA 1998/0546, Archivo: 01/07/1999

FRANCIA 1998/0529, DM - Fecha de envío al EM: 16/08/1999

LUXEMBURGO 1998/0536, Recurso: 22/12/1999

AUSTRIA 1998/0600, DM - Fecha de envío al EM: 16/08/1999

PORTUGAL 1998/0591, DM - Fecha de envío al EM: 24/01/2000

SUECIA 1998/0608, Archivo: 01/07/1999

1.37. Sistemas de pago

31997L0005

Directiva 97/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 1997 relativa a las transferencias transfronterizas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, E, IR, L, NL, A, FI, S, UK

BÉLGICA 1999/0607, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

ALEMANIA 1999/0617, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

GRECIA 1999/0643, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

FRANCIA 1999/0595, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

ITALIA 1999/0623, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

PORTUGAL 1999/0661, CE - Fecha de envío al EM: 16/11/1999

31998L0026

Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 1998 sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, E, P, A, FI

1.38. Información financiera y derecho de sociedades

31990L0605

Directiva 90/605/CEE del Consejo de 8 de noviembre de 1990 por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE, relativas, respectivamente, a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas, en lo relativo a su ámbito de aplicación

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto D

ALEMANIA 1993/0108, Presentación de la solicitud: 28/07/1997

1.39. Protección de los datos

31995L0046

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, EL, E, I, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1998/0545, Archivo: 04/05/1999

DINAMARCA 1998/0576, Recurso: 18/01/2000

ALEMANIA 1998/0552, Recurso: 22/12/1999

ESPAÑA 1998/0586, DM - Fecha de envío al EM: 12/08/1999

FRANCIA 1998/0528, DM - Fecha de envío al EM: 16/08/1999, Recurso: 22/12/1999

IRLANDA 1998/0571, DM - Fecha de envío al EM: 16/08/1999, Recurso: 22/12/1999

ITALIA 1998/0558, CE - Fecha de envío al EM: 18/12/1998, Archivo: 26/05/1999

LUXEMBURGO 1998/0535, DM - Fecha de envío al EM: 26/08/1999, Recurso: 22/12/1999

PAÍSES BAJOS 1998/0548, DM - Fecha de envío al EM: 16/08/1999, Recurso: 22/12/1999

AUSTRIA 1998/0599, DM - Fecha de envío al EM: 16/08/1999, Archivo: 22/12/1999

FINLANDIA 1998/0611, CE - Fecha de envío al EM: 18/12/1998, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1998/0565, Dictamen motivado: 01/07/1999, DM - Fecha de envío al EM: 03/09/1999

1.40. Propiedad industrial

31989L0104

Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

1.41. Derechos de autor y derechos conexos

31992L0100

Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto IRL

IRLANDA 1994/0855, Sentencia: 12/10/1999

31993L0083

Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto IRL

IRLANDA 1995/0114, Sentencia: 25/11/1999

31996L0009

Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, DK, D, E, F, I, NL, A, FI, S, UK

BÉLGICA 1998/0001, Archivo: 26/05/1999

GRECIA 1998/0019, Presentación de la solicitud: 21/12/1999

IRLANDA 1998/0043, Presentación de la solicitud: 04/10/1999

LUXEMBURGO 1998/0058, Presentación de la solicitud: 17/09/1999

PAÍSES BAJOS 1998/0065, Archivo: 13/10/1999

PORTUGAL 1998/0074, Presentación de la solicitud: 22/12/1999

11. ENERGÍA

1.42. Electricidad

311996L0092

Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, D, DK, E, EL, I, IR, NL, A, P, FI, S, UK.

FRANCIA 1999/2185, DM - Fecha de envío al EM: 23/12/1999

LUXEMBURGO 1999/2186, DM - Fecha de envío al EM: 23/12/1999

31998L0075

Directiva 98/75/CE de la Comisión, de 1 de octubre de 1998, por la que se actualiza la lista de las entidades cubiertas por la Directiva 90/547/CEE, relativa al tránsito de electricidad en las grandes redes

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: A, P

1.43. Gas

311998L0030

Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: ninguno.

1.44. Energía renovable y eficacia energética

31995L0012

Directiva 95/12/CE de la Comisión, de 23 de mayo de 1995, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, D, DK, E, EL, F, I, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1996/0233, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1996/0309, Archivo: 01/07/1999

31995L0013

Directiva 95/13/CE de la Comisión, de 23 de mayo de 1995, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, D, DK, E, EL, F, I, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1996/0234, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1996/0310, Archivo: 01/07/1999

31996L0057

Directiva 96/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 septiembre de 1996 relativa a los requisitos de rendimiento energético de los frigoríficos, congeladores y aparatos combinados eléctricos de uso doméstico

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: B, D, DK, E, EL, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

BÉLGICA 1997/0542, Archivo: 01/07/1999

ITALIA 1997/0651, Presentación de la solicitud: 10/11/1999

31997L0017

Directiva 97/17/CE de la Comisión, de 16 de abril de 1997, por la que se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo, relativa a la indicación del consumo de energía de los lavavajillas domésticos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: E, EL, F, I, IR, L, NL.

31998L0011

Directiva 98/11/CE de la Comisión de 27 de enero de 1998 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico (Texto pertinente a los fines del EEE)

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: DK, E, F, S, UK

BÉLGICA 1999/0461, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

DINAMARCA 1999/0524, Archivo: 22/12/1999

ALEMANIA 1999/0484, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

GRECIA 1999/0533, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

FRANCIA 1999/0437, Archivo: 22/12/1999

IRLANDA 1999/0512, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

ITALIA 1999/0492, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

LUXEMBURGO 1999/0451, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

PAÍSES BAJOS 1999/0473, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

AUSTRIA 1999/0568, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

PORTUGAL 1999/0554, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

FINLANDIA 1999/0589, CE - Fecha de envío al EM: 20/08/1999

SUECIA 1999/0577, Archivo: 22/12/1999

REINO UNIDO 1999/0503, Archivo: 22/12/1999

31999L0009

Directiva 1999/9/CE de la Comisión de 26 de febrero de 1999 que modifica la Directiva 97/17/CE por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: E, EL, F, I, IR, L, NL

12. FISCALIDAD

1.45. IVA

31996L0042

Directiva 96/42/CE del Consejo de 25 de junio de 1996 por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

GRECIA 1996/0933, RECURSO: 24/06/1998, Archivo: 01/07/1999

13. ESTADÍSTICAS

31997L0077

Directiva 97/77/CE del Consejo de 16 de diciembre de 1997 por la que se modifican las Directivas 93/23/CEE, 93/24/CEE y 93/25/CEE relativas a la realización de encuestas estadísticas en los sectores porcino, bovino y ovino y caprino

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos

GRECIA 1999/0129, Archivo: 01/07/1999

14. COMERCIO EXTERIOR

31998L0029

Directiva 98/29/CE del Consejo de 7 de mayo de 1998 relativa a la armonización de las principales disposiciones sobre el seguro de crédito a la exportación para operaciones con cobertura a medio y largo plazo

Estados miembros que han comunicado las medidas de ejecución: todos excepto I

ITALIA 1999/0370, CE - Fecha de envío al EM: 05/08/1999; Dictamen motivado: 22/12/1999

ANEXO IV

PARTE 1 - Cuadro recapitulativo. Grado de comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas (situación a 31 de diciembre de 1999)

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

PARTE 2 - Infracciones por no conformidad

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

PARTE 3 - Infracciones por aplicación incorrecta de las directivas

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

ANEXO V

Sentencias del Tribunal de Justicia pronunciadas hasta el 31 de diciembre de 1999 y aún no ejecutadas

Bélgica

Sentencia de 27/09/88, asunto C-42/87 Sentencia de 03/05/94, asunto C-47/93

Discriminación en materia de financiación pública; enseñanza superior no universitaria.

La Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia en virtud del apartado 2 del artículo 228. El recurso va acompañado de una solicitud de multa coercitiva.

Sentencia de 19/02/91, asunto C-375/89

Ayuda en favor de Idealspun/Beaulieu.

Continúa el procedimiento ante el Tribunal de Apelación de Gante.

Sentencia de 24/03/94, asunto C-80/92

Libre circulación de teléfonos inalámbricos.

El expediente evoluciona favorablemente.

Sentencia de 15/10/98, asunto C-268/97

No conformidad de la legislación belga con la Directiva 86/609/CEE del Consejo, relativa a la protección de los animales utilizados con fines experimentales o con otros fines científicos.

El procedimiento del artículo 228 se inició y prosigue por un solo motivo (artículo 22).

Sentencia de 21/01/99, asunto C-207/97

No comunicación de los programas de para reducir la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad.

El expediente evoluciona favorablemente.

Sentencia de 29/06/99, asunto C-172/98

Ley sobre las ASBL (Asociaciones sin ánimo de lucro): obligación de tener al menos un asociado belga en el órgano ejecutivo.

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades belgas con el fin de conocer las medidas que tenían previsto adoptar para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia.

Sentencia de 08/07/99, asunto C-203/98

Fotografías aéreas, restricción a la libre prestación de servicios.

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades belgas con el fin de conocer las medidas que tenían previsto adoptar para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia.

Sentencia de 14/09/99, asunto C-170/98

Acuerdo en materia de reparto de cargamentos contenidos en el Acuerdo bilateral Bélgica-Zaire.

Las autoridades belgas informaron a los servicios de la Comisión de la adaptación de este Acuerdo. Las medidas están en examen.

Sentencia de 14/09/99, asunto C-171/98

Acuerdo en materia de reparto de cargamentos contenidos en el acuerdo bilateral UEBL - Togo.

Las autoridades belgas comunicaron medidas de ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia que están examinándose por los servicios de la Comisión.

Sentencia de 14/09/99, asunto C-201/98

Acuerdo en materia de reparto de cargamentos contenidos en los acuerdos bilaterales Bélgica - País CMEAOC.

Las autoridades belgas (UEBL) informaron a los servicios de la Comisión de la adaptación de estos acuerdos. Las medidas están en estudio.

Alemania

Sentencia de 20/09/90, asunto C-5/89

Empresa Bug-Alutechnik; restitución de una subvención.

Las autoridades alemanas comunicaron a los servicios de la Comisión el 23/12/99 que el Bundesverwaltungsgericht desestimó la demanda de revisión del beneficiario de la ayuda y que este último devolvió la ayuda en cuestión. El expediente se archivará a principios de 2000.

Sentencia de 29/09/98, asunto C-191/95

Depósito de las cuentas anuales en el registro mercantil.

El expediente evoluciona favorablemente. El Bundestag adoptó el proyecto de ley de incorporación de la Directiva en diciembre de 1999. Su adopción por el Bundesrat está prevista para principios de febrero de 2000.

Sentencia de 22/10/98, asunto C-301/95

No conformidad de las medidas de incorporación de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, relativa a la evaluación de las incidencias de algunos proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

El procedimiento del artículo 228 sigue su curso.

Sentencia de 22/04/99, asunto C-272/97

No comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva del Consejo relativa a las cuentas consolidadas.

El expediente evoluciona favorablemente. El Bundestag adoptó el proyecto de ley de incorporación de la Directiva en diciembre de 1999. Su adopción por el Bundesrat está prevista para principios de febrero de 2000.

Sentencia de 08/06/99, asunto C-198/97

Calidad de las aguas de baño.

Las autoridades alemanas han comunicado medidas que están siendo examinadas por los servicios de la Comisión.

Sentencia de 09/09/99, asunto C-102/97

Gestión de aceites usados, regeneración.

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades alemanas con el fin de conocer las medidas que tenían previsto adoptar para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia.

Sentencia de 09/09/99, asunto C-217/97

Acceso a la información.

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades alemanas con el fin de conocer las medidas que tenían previsto adoptar para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia.

Sentencia de 11/11/99, asunto C-184/97

No comunicación de los programas de para reducir la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad.

Sentencia reciente.

Grecia

Sentencia de 08/11/90, asunto C-53/88

Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario.

Las autoridades griegas han comunicado medidas que están siendo examinadas por los servicios de la Comisión.

Sentencia de 07/04/92, asunto C-45/91

Residuos en un pueblo en Creta.

El procedimiento ante el Tribunal de Justicia prosigue; el Abogado General presentó sus conclusiones el 28.09.99.

Sentencia de 23/03/95, asunto C-365/93

Reconocimiento de títulos de enseñanza superior.

Prosigue el procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

Sentencia de 02/07/96, asunto C-290/94

Acceso al empleo: discriminaciones debido a la nacionalidad.

El procedimiento del artículo 228 se inició con el envío de un dictamen motivado. Se decidió suspender la ejecución del recurso al Tribunal de Justicia del apartado 2 del artículo 228 del Tratado y se establecieron contactos con las autoridades griegas para comprobar el estado de ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia.

Sentencia de 22/10/97, asunto C-375/95

Tributación de los automóviles de ocasión.

Este expediente está parcialmente resuelto; subsiste un motivo que da lugar a la continuación del procedimiento.

Sentencia de 27/11/97, asunto C-62/96

Condiciones de licencia y/o pabellón para los barcos pesqueros y los buques mercantes.

Los servicios de la Comisión recibieron un proyecto de decreto que pone fin a la infracción, a la espera de su adopción formal y su publicación.

Sentencia de 11/06/98, asunto C-232/95

Contaminación del lago Vegoritis, sustancias peligrosas en el medio acuático.

Las autoridades griegas comunicaron una serie de medidas destinadas a ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia que están siendo examinadas por los servicios de la Comisión.

Sentencia de 15/10/98, asunto C-385/97

No comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 93/118/CE del Consejo, relativa a la financiación de las inspecciones y controles sanitarios de las carnes frescas y carnes de aves de corral.

El procedimiento del artículo 228 se inició y está en curso.

Sentencia de 29/10/98, asunto C-185/96

Discriminación debido a la nacionalidad: reconocimiento de la condición de miembro de familia numerosa.

Se incoó el procedimiento del artículo 228.

Sentencia de 08/07/99, asunto C-215/98

No comunicación de los programas requeridos por el artículo 6 de la Directiva 91/157/CEE del Consejo, relativa a las pilas y acumuladores que contienen determinadas sustancias peligrosas.

Se incoó el procedimiento del artículo 228.

Sentencia de 21/10/99, asunto C-391/98

No comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 93/43/CEE del Consejo, relativa a la higiene de los productos alimenticios.

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades griegas con el fin de conocer las medidas que tienen previsto adoptar para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia.

Sentencia de 28/10/99, asunto C-187/98

Igualdad entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades griegas con el fin de conocer las medidas que tienen previsto adoptar para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia.

España

Sentencia de 22/03/94, asunto C-375/92

Restricciones a la libre prestación de servicios de los guías turísticos.

El expediente evoluciona favorablemente. Las autoridades españolas han transmitido proyectos y calendarios de adopción; aún son necesarias algunas modificaciones en algunas legislaciones regionales.

Sentencia de 17/07/97, asunto C-52/96

Transferencia de derechos a pensión.

El expediente evoluciona favorablemente. Ha sido presentado un decreto real que pone fin a la infracción y será aprobado próximamente por el Consejo de Ministros.

Sentencia de 09/10/97, asunto C-21/96

Protección radiológica de los pacientes sujetos a exámenes o a tratamientos médicos.

El expediente evoluciona favorablemente.

Sentencia de 12/02/98, asunto C-92/96

Aplicación incorrecta de las disposiciones de la Directiva 76/160/CEE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas de baño, por lo que se refiere a las aguas interiores.

Se incoó el procedimiento del artículo 228.

Sentencia de 28/05/98, asunto C-298/97

No comunicación de los programas requeridos por el artículo 6 de la Directiva 91/157/CEE del Consejo, relativa a las pilas y acumuladores que contienen determinadas sustancias peligrosas.

El expediente evoluciona favorablemente. Las autoridades españolas comunicaron una copia del Boletín Oficial que recogía el acuerdo de conformidad con la Conferencia sectorial de medio ambiente con el Programa nacional de pilas y baterías gastadas. Se notificará próximamente una copia de este programa a los servicios de la Comisión.

Sentencia de 01/10/98, asunto C-71/97

Aplicación incorrecta de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por los nitratos utilizados en la agricultura.

El expediente evoluciona favorablemente. Las autoridades españolas comunicaron las zonas vulnerables y los códigos de buena práctica agrícola. No obstante, los servicios de la Comisión esperan aún la publicación oficial de estas designaciones y códigos para algunas regiones.

Sentencia de 25/11/98, asunto C-214/96

Aplicación incorrecta de la Directiva 76/464/CEE del Consejo, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad (artículo 7: programas de reducción de la contaminación).

Las autoridades españolas comunicaron todos los planes de gestión de las cuencas hidrológicas incluidas las disposiciones relativas a los vertidos. Estas medidas están siendo examinadas por los servicios de la Comisión.

Francia

Sentencia de 11/06/91, asunto C-64/88

Pesca: control insuficiente del respeto de las medidas técnicas de conservación.

Subsisten fallos de alcance considerable. El procedimiento del artículo 228 sigue su curso.

Sentencia de 13/03/97, asunto C-197/96

Trabajo nocturno de las mujeres.

La Comisión recurrió al Tribunal de Justicia en virtud del apartado 2 del artículo 228 del Tratado CE. El recurso va acompañado de una solicitud de multa coercitiva.

Sentencia de 09/12/97, asunto C-265/95

Obstáculos a la importación de fresas españolas.

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades francesas para recordarles las obligaciones que les incumben en virtud del Tratado CE. Los servicios siguen verificando la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia en la práctica.

Sentencia de 12/02/98, asunto C-144/97

No comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 92/74/CEE del Consejo, por la que se amplía el ámbito de aplicación de la Directiva 81/851/CEE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a los medicamentos de uso veterinario y por la que se fijan disposiciones complementarias para los medicamentos homeopáticos de uso veterinario.

Las autoridades francesas transmitieron un proyecto de decreto que ponía fin a la infracción. Los servicios de la Comisión esperan su adopción.

Sentencia de 24/09/98, asunto C-35/97

Cálculo de la jubilación complementaria de los trabajadores transfronterizos.

Los servicios de la Comisión prosiguen sus contactos con las autoridades francesas con el fin de verificar la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia.

Sentencia de 15/10/98, asunto C-284/97

No comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 93/40/CEE, por la que se modifica la Directiva 81/852/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros referentes a las normas y protocolos analíticos, toxicofarmacológicos y clínicos en materia de pruebas de medicamentos veterinarios.

Las autoridades francesas transmitieron un proyecto de decreto que ponía fin a la infracción. Los servicios de la Comisión esperan su adopción.

Sentencia de 22/10/98, asunto C-184/96

Preparados a base de foie gras.

El expediente evoluciona favorablemente. Las autoridades francesas transmitieron medidas. Los servicios de la Comisión esperan su adopción.

Sentencia de 09/02/99, asunto C-354/97

No comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 94/28/CE del Consejo, por la que se establecen los principios relativos a las condiciones zootécnicas y genealógicas aplicables a la importación de animales, esperma, óvulos y embriones de la especie bovina.

Se incoó el procedimiento del artículo 228.

Sentencia de 18/03/99, asunto C-166/97

Estuario del Sena, clasificación insuficiente en ZPE y régimen de protección incompleto.

Se incoó el procedimiento del artículo 228.

Sentencia de 19/05/99, asunto C-225/97

Incorporación incorrecta de la Directiva 92/13/CEE del Consejo relativa a los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (recurso).

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades francesas con el fin de conocer las medidas que tienen previsto adoptar para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia.

Sentencia de 08/07/99, asunto C-354/98

No comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 96/97/CEE por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social.

Se incoó el procedimiento del artículo 228.

Irlanda

Sentencia de 17/12/98, asunto C-353/96

Contrato público de suministros: entrega de abonos - Irish Forestry Board Ltd.

Los servicios de la Comisión prosiguen sus contactos con las autoridades irlandesas con el fin de verificar el estado de ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia.

Sentencia de 21/09/99, asunto C-392/96

No conformidad de la legislación irlandesa con varias disposiciones de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades irlandesas con el fin de conocer las medidas que tenían previsto adoptar para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia.

Sentencia de 12/10/99, asunto C-213/98

No comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 92/100/CEE sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

El expediente evoluciona favorablemente.

Sentencia de 25/11/99, asunto C-212/98

No comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 93/83/CEE del Consejo sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.

Sentencia reciente.

Italia

Sentencia de 01/06/95, asunto C-40/93

Acceso a la profesión de dentista.

El expediente evoluciona favorablemente. Las autoridades italianas transmitieron un proyecto de decreto relativo a la organización de la prueba de aptitud.

Sentencia de 29/02/96, asunto C-307/94

No comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva 85/432/CEE del Consejo relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para ciertas actividades farmacéuticas.

El expediente evoluciona favorablemente. A raíz del inicio del procedimiento del artículo 228 y de los contactos establecidos con el Estado miembro, las dificultades que subsisten están solucionándose en relación con la modificación de la Directiva antes citada, cuya adopción se prevé próximamente.

Sentencia de 29/01/98, asunto C-280/95

No ejecución de la Decisión nº 93/496/CEE de 9 de junio de 1993 relativa a la obligación de recuperar las ayudas fiscales concedidas a las empresas de transporte por carretera para 1992.

El expediente evoluciona favorablemente. Las autoridades italianas presentaron un proyecto de ley que pone fin a la infracción. Los servicios de la Comisión esperan su adopción.

Sentencia de 18/06/98, asunto C-35/96

Tarifas que los agentes de aduana deben aplicar obligatoriamente con motivo de la prestación del servicio de despacho de aduana.

Los servicios de la Comisión prosiguieron sus contactos con las autoridades italianas. A falta de un proyecto de medida que ponga fin a la infracción, se prevé el inicio de un procedimiento del artículo 228.

Sentencia de 01/10/98, asunto C-285/96

Aplicación incorrecta de la Directiva 76/464/CEE del Consejo, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad (artículo 7: programas de reducción de la contaminación).

Las autoridades italianas transmitieron a la Comisión un conjunto de medidas con el fin de ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia, que está siendo examinada por los servicios.

Sentencia de 25/03/99, asunto C-112/97

Prohibición de instalar de aparatos de gas conformes con la Directiva 90/396/CEE.

Se incoó el procedimiento del artículo 228.

Sentencia de 17/06/99, asunto C-336/97

Planes de urgencia en el exterior de los establecimientos e información de la población (Directiva Seveso 82/501/CEE).

Los servicios de la Comisión prosiguen sus contactos con las autoridades italianas.

Sentencia de 09/11/99, asunto C-365/97

Residuos, barranco de San Rocco.

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades italianas con el fin de conocer las medidas que tenían previsto adoptar para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia.

Sentencia de 11/11/99, asunto C-315/98

No comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 95/21/CE del Consejo, sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros.

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades italianas con el fin de conocer las medidas que tenían previsto adoptar para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia.

Luxemburgo

Sentencia de 11/06/98, asunto C-206/96

Falta de programas de reducción de la contaminación por lo que se refiere a 99 sustancias incluidas en la lista II del Anexo de la Directiva 76/464/CEE del Consejo, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático.

Los servicios de la Comisión prosiguen sus contactos con las autoridades luxemburguesas tras constatar que solamente se ha previsto una parte de las medidas necesarias.

Sentencia de 16/07/98, asunto C-339/97

Utilización confinada de microorganismos genéticamente modificados (Directiva 94/51/CE).

Se prosiguió activamente el procedimiento del artículo 228. El expediente evoluciona favorablemente.

Sentencia de 29/10/98, asunto C-410/97

No comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 92/29/CEE del Consejo, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para promover una mejor asistencia médica a bordo de los buques.

La Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia en virtud del apartado 2 del artículo 228 del Tratado. El recurso va acompañado de una solicitud de multa coercitiva.

Sentencia de 03/06/99, asunto C-417/97

No comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 93/22/CE del Consejo relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables.

El expediente evoluciona favorablemente. Los servicios de la Comisión esperan la comunicación por las autoridades luxemburguesas del reglamento luxemburgués que ponga fin a la infracción.

Sentencia de 14/09/99, asunto C-202/98

Acuerdo en materia de reparto de cargamentos contenidos en los acuerdos bilaterales Luxemburgo - País CMEAOC.

Las autoridades belgas (UEBL) informaron a los servicios de la Comisión de la adaptación de estos acuerdos. Las medidas están en estudio.

Sentencia de 21/10/99, asunto C-430/98

No comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 94/45/CE del Consejo, sobre la constitución de un comité de empresa europeo con el fin de informar y consultar a los trabajadores.

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades luxemburguesas con el fin de conocer las medidas que tienen previsto adoptar para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia.

Países Bajos

Sentencia de 19/05/98, asunto C-3/96

Incumplimiento de la obligación de designar zonas de protección especial previstas en la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres.

Se prosigue activamente el procedimiento del artículo 228.

Austria

Sentencia de 28/10/99, asunto C-328/96

Contrato público de obras: construcción del Centro administrativo y cultural de Baja Austria.

Sentencia reciente. Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades austríacas con el fin de conocer las medidas que tenían previsto adoptar para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia.

Portugal

Sentencia de 28/05/98, asunto C-213/97

Incorporación incompleta o incorrecta del artículo 3 y de los Anexos I y II de la Directiva 86/280/CEE del Consejo, modificada por la Directiva 88/347/CEE, relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los vertidos de determinadas sustancias peligrosas.

El expediente evoluciona favorablemente. Los servicios de la Comisión esperan la transmisión de los programas sobre las dos últimas sustancias.

Sentencia de 17/06/98, asunto C-214/97

Falta de planes de saneamiento previstos en el artículo 4 de la Directiva 75/440/CEE del Consejo relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable.

Se incoó y se prosigue activamente el procedimiento del artículo 228.

Sentencia de 18/06/98, asunto C-183/97

No conformidad de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 80/68/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.

El expediente evoluciona favorablemente. Los servicios de la Comisión examinan las medidas transmitidas con el fin de comprobar si se resolvió el último motivo.

Sentencia de 18/06/98, asunto C-208/97

Falta de los programas previstos en el artículo 4 de la Directiva 84/156/CEE del Consejo relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de mercurio de los sectores distintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos.

Se prosiguió el procedimiento del artículo 228. El expediente evoluciona favorablemente. Se transmitieron algunos programas que están siendo examinados por los servicios de la Comisión.

Sentencia de 21/01/99, asunto C-150/97

evaluación de las incidencias de algunos proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Se incoó el procedimiento del artículo 228. Las autoridades portuguesas comunicaron un decreto ley que deroga la disposición impugnada por la sentencia del Tribunal de Justicia. Los servicios de la Comisión esperan su publicación.

Reino Unido

Sentencia de 14/07/93, asunto C-56/90

Calidad de las aguas de Blackpool y Southport.

Se prosigue activamente el procedimiento del artículo 228.

Sentencia de 22/04/99, asunto C-340/96

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

Las autoridades británicas transmitieron proyectos de reglamento que están siendo examinados por los servicios de la Comisión.

ANEXO VI

RESEÑA SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES

1. Aplicación del artículo 234 del Tratado CE

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (denominado en lo sucesivo «el Tribunal de Justicia») recibió en 1999 255 cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales que tenían problemas de interpretación del Derecho comunitario o dudas sobre la validez de un acto comunitario.

A medida que se registran en la Secretaría del Tribunal de Justicia, las cuestiones prejudiciales se publican íntegramente en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El cuadro siguiente muestra el número de cuestiones planteadas por Estado miembro en los diez últimos años. [142]

[142] Los tres Informes previos se publicaron, respectivamente, en el DO C 332, de 3 de noviembre de 1997, p. 198, en el DO C 250, de 10 de agosto de 1998, p. 195 y en el DO C 354, de 7 de diciembre de1999, p. 182.

Evolución del número de cuestiones prejudiciales por Estado miembro

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

Cabe resaltar que, al igual que en 1998, plantearon cuestiones prejudiciales los órganos jurisdiccionales de todos los Estados miembros. En 1999, los asuntos prejudiciales constituían alrededor del 47 % del total de los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia (543). El cuadro siguiente proporciona información sobre el número de cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales supremos nacionales, así como la procedencia exacta de esas cuestiones.

&gt;SITIO PARA UN CUADRO&gt;

Los órganos jurisdiccionales supremos griegos son los únicos que no plantearon cuestiones prejudiciales.

2. Sentencias significativas dictadas por los órganos jurisdiccionales supremos

nacionales de última instancia

2.1. Introducción

El análisis que se presenta a continuación permite comprobar la evolución de en qué medida los más altos órganos jurisdiccionales nacionales tienen en cuenta el Derecho comunitario.

La Comisión tuvo de nuevo acceso a los datos recogidos por el servicio de investigación y documentación del Tribunal de Justicia. La investigación efectuada permitió descubrir en qué resoluciones judiciales se aplicó el Derecho comunitario, debiendo precisarse que los casos en los que un órgano jurisdiccional nacional hubiera debido aplicar el Derecho comunitario no pueden descubrirse consultando las bases de datos informáticas si la sentencia no incluye referencia alguna a una norma del Derecho comunitario. Por otra parte, la Comisión no puede proceder al análisis sistemático de las numerosas sentencias dictadas cada año por los altos órganos jurisdiccionales nacionales. A título orientativo, cabe indicar que, cada año, el servicio de investigación y documentación del Tribunal de Justicia tiene conocimiento de cerca de 1 200 resoluciones judiciales relativas al Derecho comunitario.

2.2. Objeto de las investigaciones

Las investigaciones realizadas se refieren a las resoluciones dictadas o publicadas por primera vez en 1999 y se efectuaron en función de las siguientes preguntas:

1. ¿Ha evitado un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de recurso plantear una cuestión prejudicial en un asunto que plantea problemas de interpretación de una norma de Derecho comunitario, cuya interpretación no resulta evidente-

¿Existen otras resoluciones dignas de mención en materia de cuestiones prejudiciales-

2. ¿Ha declarado algún órgano jurisdiccional - en contra de la regla enunciada en la sentencia dictada en el asunto 314/85, Foto-Frost [143] - la nulidad de un acto de una institución comunitaria-

[143] Rec. 1987, p. 4199.

3. ¿Hay resoluciones que por su carácter ejemplar o «contestatario» merezcan señalarse-

4. ¿Existen resoluciones interesantes que apliquen las sentencias «Francovich», «Factortame» y «Brasserie du Pêcheur»-

Además, este año, algunas resoluciones del Tribunal europeo de Derechos Humanos llevan a plantear una quinta pregunta-

5. ¿Existen resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que presenten un interés en el marco de la presente reseña-

Primera pregunta

En Alemania, una mujer, que ostentaba el grado de brigada mayor de los servicios de sanidad del ejército alemán (Bundeswehr), presentó una demanda ante el Bundesverwaltungsgericht para pasar a formar parte de un servicio de autoescuela militar en las unidades de combate. Mediante resolución del 20 de mayo de 1999 [144], el Bundesverwaltungsgericht, sin plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, rechazó la demanda porque las disposiciones del Derecho alemán aplicables, en particular, el apartado 4 del artículo 12a de la ley fundamental (Grundgesetz) no permiten la presencia de mujeres en empleos militares que impliquen el uso de armas y sólo autorizan su acceso a las unidades sanitarias y a las formaciones de música militar. Según el Bundesverwaltungsgericht, la normativa alemana es conforme al Derecho comunitario, ya que el apartado 2 del artículo 2, de la Directiva 76/207, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo [145], excluye la aplicación de dicha Directiva a las fuerzas armadas. Hay que señalar que, en una resolución de 13 de julio de 1998 [146], el Verwaltungsgericht de Hannover ya había planteado al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial de si la Directiva 76/207 se opone a la aplicación de disposiciones nacionales tales como las del Derecho alemán. El Tribunal respondió a ello en una sentencia del 11 de enero de 2000 [147].

[144] Bundesverwaltungsgericht, Beschlu( vom 20. Mai 1999, 1 WB 94/98, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1999, 1343-1345 [ = Zeitschrift für Beamtenrecht 1999, 161-165; Deutsche Verwaltungsblätter 1999, 1437-1439; Die Öffentliche Verwaltung 1999, 914-916 ].

[145] DO 1976, L 39, p. 40.

[146] DO 1998, C 278, p 31.

[147] Sentencia del Tribunal de 11 de enero de 2000, C-285/98, aún no publicada en la Recopilación. El Tribunal declara, contrariamente al Bundesverwaltungsgericht, que la Directiva 76/207 se opone a la aplicación de disposiciones nacionales, como las del Derecho alemán, que, de manera general, excluyen a las mujeres de los empleos militares que impliquen el uso de armas y que sólo autorizan su acceso a las unidades sanitarias y a las formaciones de música militar.

También en Alemania, la sala primera (Erster Senat) del Bundesfinanzhof planteó, mediante una resolución de remisión de 9 de septiembre de 1998, a la sala conjunta (Gro(er Senat) del Bundesfinanzhof [148] la cuestión de si, en un contencioso fiscal, este tribunal debe dirigirse al Tribunal de Justicia para interpretar las disposiciones de la Directiva 78/660 [149] relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad. En efecto, en Alemania, las disposiciones por las que se regula el impuesto de la renta remiten a las disposiciones de derecho comercial que transponen la Directiva, las cuales no se limitan, tal como prevé la Directiva, a determinadas formas de sociedad, sino que se aplican a toda persona que ejerza una actividad comercial [150] . Refiriéndose a la sentencia del Tribunal de 17 de julio de 1997, Leur-Bloem [151], El Erster Senat considera que corresponde al juez nacional apreciar el alcance exacto de una remisión por el Derecho nacional al Derecho comunitario, en el caso de autos, el alcance de la remisión a la Directiva por el legislador alemán.

[148] Bundesfinanzhof, Beschlu( vom 9. September 1998, I R 6/96, Sammlung der Entscheidungen und Gutachten des Bundesfinanzhofes Band 187, 215-223. El Gro(er Senat del Bundesfinanzhof está integrado por el Presidente del Bundesfinanzhof y por un miembro de cada Senat (sala) del Bundesfinanzhof. Según el apartado 4 del artículo 11 de la Finanzgerichtsordnung (ley sobre la organización de los tribunales en materia de contenciosos fiscales), una cuestión de importancia fundamental puede plantearse al Gro(er Senat cuando un Senat lo considera necesario para el desarrollo del derecho o para garantizar una jurisprudencia coherente.

[149] Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (DO 1978, L 222, p 11).

[150] Véase el artículo 5 de la Einkommensteuergesetz (ley del impuesto sobre la renta).

[151] Asunto C-28/95, Rec. p. I-4161.

Hay que añadir que el Finanzgericht de Hamburgo, mediante resolución de 22 de abril de 1999, planteó al Tribunal de Justicia la cuestión si este último era competente para interpretar la Directiva en el marco del contencioso fiscal [152].

[152] DO 1999, C 333, p 13 (asunto C-306/99); también publicado en Betriebs-Berater 1999, 1866-1867 (= Entscheidungen der Finanzgerichte 1999, 1022-1034; Recht der Internationalen Wirtschaft 1999, 793-800).

En Bélgica, la Cour d'Appel de Bruselas declaró, en una sentencia de 5 de marzo de 1999 [153], que no puede recurrirse una sentencia en la que el juez nacional plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Según la Cour d'Appel, dicha sentencia no constituye ni una decisión definitiva sobre el fondo o sobre el incidente, ni una decisión cautelar destinada a instruir la demanda o encontrar una arreglo provisional entre las partes a la espera de una solución sobre el fondo. Al plantear una cuestión prejudicial, el juez no se pronuncia sobre ninguna cuestión de derecho o de hecho y no prejuzga la solución del litigio. La Cour d'Appel declara que, cuando no constituye un agravio inmediato para una de las partes, una sentencia de este tipo es una decisión o una medida de orden que, con arreglo al artículo 1046 del código judicial, no puede recurrirse. La cuestión prejudicial presentada por el tribunal de primera instancia de Bruselas sigue estando pues sometida al Tribunal de Justicia [154]. Hay que señalar que la interesada, que había llevado el asunto a la Cour de Cassation, ha retirado el recurso.

[153] Cour d'Appel de Bruselas, 5 de marzo de 1999, nº 322/96.

[154] Asunto C-108/96, actualmente pendiente.

Asimismo en Bélgica, la Cour d'Arbitrage, en una sentencia de 30 de septiembre de 1999, anuló parcialmente, sin atender a la demanda de algunas partes para que sometiera al Tribunal Justicia una cuestión prejudicial, el artículo 6 de la ley, de 10 de diciembre de 1997, sobre la prohibición de los productos del tabaco, que incorpora la Directiva 98/43 de 6 de julio de 1998 [155]. Mientras que el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva prevé la posibilidad de que los Estados miembros aplacen su aplicación hasta el 30 de julio de 2002 (respecto de la prensa escrita) o de 2003 (por lo respecto del patrocinio) el artículo 6, antes citado, de la ley belga fija la entrada en vigor de ésta en el 1 de enero de 1999. Las partes demandantes alegaban, entre otras cosas, que la prohibición de la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco hacen imposible la organización de manifestaciones - en particular, de carreras de coches y motos- financiadas o patrocinadas por la industria tabaquera; algunos de los demandantes se quejaron en concreto de que no se haya hecho una excepción con las manifestaciones de prestigio internacional y que no se haya utilizado para ellas la posibilidad prevista en la Directiva de aplazar la fecha de entrada en vigor de dicha prohibición. Después de recordar los objetivos perseguidos por la ley, es decir, la protección de la salud pública mediante la reducción del consumo de tabaco y la disminución de los costes sociales y financieros que acarrea dicho consumo, la Cour d'Arbitrage subraya que las pérdidas, en términos financieros y de empleo, no serán en principio desproporcionadas, aunque sean importantes, teniendo en cuenta que se trata de una medida encaminada a proteger eficazmente la salud pública. En cambio, con respecto a las manifestaciones internacionales, admite que existe el riesgo no desdeñable de que se lleven a otros lugares si los demás Estados miembros utilizan la posibilidad de aplazamiento de la aplicación de la prohibición prevista en el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva. Por otro lado, la Cour d'Arbitrage señala que la eficacia de la ley se reduciría de manera importante porque dichas manifestaciones se retransmiten sobre todo por televisión, llegando a muchos espectadores, con lo que se elude la prohibición establecida. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, la Cour d'Arbitrage considera que, en la situación actual, la medida resulta desproporcionada y viola los principios de igualdad y no discriminación recogidos en los artículos 10 y 11 de la Constitución, leídos en combinación con el principio de libertad de comercio e industria. La Cour d'Arbitrage anula en consecuencia el artículo 6 de la ley, siempre que se aplique antes del 1 de enero de 2003 a las manifestaciones y actividades internacionales. Preguntada también por la compatibilidad de la prohibición de la publicidad con el artículo 28 (antiguo artículo 30) del Tratado CE, la Cour d'Arbitrage considera que, aunque no se tuviera en cuenta que se trata de una modalidad de venta, se trataría de una medida indistintamente aplicable que no constituiría un obstáculo a la libre circulación de mercancías y que estaría en cualquier caso justificada por la protección de la salud pública.

[155] Directiva 98/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco (DO 1998, L 213, p. 9).

En Grecia, el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado) confirmó en dos sentencias y con dos motivaciones diferentes el rechazo administrativo a reconocer en Grecia los títulos expedidos por universidades de otros Estados miembros, a pesar de haber sido impartida una parte de la enseñanza en Grecia por «antenas pedagógicas» de las universidades afectadas. En ambos casos, se rechazó o evitó, a pesar de la opinión minoritaria, el envío de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Además, tanto la enseñanza impartida por la antena como el sistema de control y de exámenes eran los mismos que los de la universidad extranjera. Por último, los cursos eran impartidos por profesores de la universidad extranjera que se desplazaban para ello a Grecia. En los dos casos, el organismo griego responsable en materia de reconocimiento de títulos (el DIKATSA), había denegado, con arreglo a los artículos 7 y 8 de la ley griega 741/1997, la equiparación completa del título extranjero con el título nacional porque una parte de los estudios, a saber, los dos primeros años cursados en la antena, se impartían en un «laboratorio de estudios libres de Grecia».

En la primera sentencia 2807/1997 [156], la sala sexta del Symvoulio tis Epikrateias constató que había contradicción entre el artículo 16 de la Constitución, que reserva la enseñanza superior a las personas jurídicas de derecho público que actúan bajo el control del Estado y prohíbe la creación de escuelas de enseñanza superior por particulares, y los artículos 48 (actual artículo 39 CE después de su modificación), 52 (actual artículo 43 CE después de su modificación) y 126 (actual artículo 149 CE), así como la Directiva 89/48 relativa al reconocimiento mutuo de los títulos [157].

[156] Symvoulio tis Epikrateias, sentencia de 8 de julio de 1997, 2807/1997, Armenopoulos 1997, p. 1182-1194.

[157] Directiva 89/48/CEE del Consejo, del 21 de diciembre de 1988 relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO 1989, L 19, p. 16).

Tras afirmar la primacía de estas disposiciones sobre el derecho interno, la sala sexta parece, sin embargo, limitar en un primer momento dicha primacía a las disposiciones nacionales no constitucionales. Para resolver el equívoco, la sala considera que, con arreglo al artículo 177 del Tratado (actual artículo 234 CE), es el Tribunal de Justicia quien debe pronunciarse sobre la cuestión de si el título objeto del litigio está contemplado por la legislación comunitaria y, en caso afirmativo, si la denegación del reconocimiento es compatible con ella. No obstante, aunque a pesar de ser un órgano jurisdiccional de última instancia con arreglo al artículo 177, la sala sexta no procedió ella misma a enviar la cuestión prejudicial, sino que remitió todo el asunto, por su importancia, a la sala plenaria del Symvoulio tis Epikrateias, que no emitió un fallo sobre él por haberse retirado posteriormente la demanda.

Ante la misma cuestión presentada por otro demandante, este tribunal adoptó un enfoque completamente en la sentencia 3457/1998 [158] . En ella se confirma la negativa administrativa a reconocer el título en cuestión solamente en virtud del artículo 126 del Tratado (actual artículo 149 CE), evitando así la cuestión de la primacía del Derecho comunitario sobre la Constitución griega. Según el Symvoulio tis Epikrateias, al garantizar la diversidad cultural y lingüística de los Estados miembros, esta disposición deja fuera del ámbito de competencia de la Comunidad cualquier decisión relativa al contenido de la enseñanza y la organización del sistema educativo y justifica así los obstáculos que pueden derivarse de ello para la libre circulación de las personas y capitales, así como para la libre prestación de servicios. La Directiva 89/48 susodicha y los artículos 49 (actual artículo 40 CE después de su modificación), 57 (actual artículo 47 CE después de su modificación) y 66 del Tratado CE (actual artículo 55 CE) a los que remite no se consideraron pertinentes al efecto. Por último, el Symvoulio tis Epikrateias consideró que había motivos para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

[158] Symvoulio tis Epikrateias, sentencia de 25 de septiembre de 1998, 3497/1998, Armenopoulos 1999, p. 125-135.

En Italia, se sometió a la Corte di Cassazione la cuestión de si los artículos 15 y 18 del Reglamento del Consejo nº 1035/72, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas [159], someten el derecho de los afiliados de una organización de productores a beneficiarse de la compensación financiera prevista por dicho Reglamento a la condición de que la empresa de que se trate acredite haber pagado a sus afiliados una indemnización por las cantidades de productos que han quedado sin vender [160].

[159] DO 1972, L 118, p. 1.

[160] Corte di cassazione, Sezione I civile, 7 de mayo de 1999, nº4564, Il massimario del Foro italiano, 1999, col. 539.

Con arreglo al principio de que un órgano jurisdiccional nacional cuyas resoluciones no pueden ser objeto de un recurso jurídico de derecho interno no está obligada a plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial cuando el acto está claro o no existe una duda razonable sobre la interpretación de las disposiciones de la legislación comunitaria, la propia Corte di Cassazione interpretó las disposiciones mencionadas. No obstante, al no poder invocar la letra de las disposiciones en cuestión ni fallos anteriores del Tribunal de Justicia, al que nunca se ha preguntado al respecto, la Corte di Cassazione debió realizar una interpretación sistemática y teleológica de la intención del legislador comunitario. Considerando que los artículos 15 y 18 susodichos requieren que la empresa en cuestión haya pagado a sus afiliados una indemnización por las cantidades de productos que hayan quedado sin vender, la Corte di Cassazione anuló la sentencia en curso y remitió el asunto a otra sala de la Corte de Appello di Bari para que se pronunciara sobre el fondo del litigio a la luz de dicha interpretación.

En un fallo de 14 de septiembre de 1999 [161], la Corte di Cassazione italiana declaró que, en algunos casos, los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas resoluciones pueden ser objeto de un recurso jurídico de derecho interno, deben plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia

[161] Corte di Cassazione, Sezione I civile, 14 de septiembre de 1999, nº 9813, Il massimario del Foro italiano, 1999, col. 1030.

Se sometió a la Corte di Cassazione un reglamento de competencia (regolamento di competenza) introducido por una sociedad anónima en el marco de un contencioso pendiente ante el Tribunale di Bologna, relativo a la procedencia de una solicitud de restitución de las cantidades satisfechas por dicha sociedad en concepto del impuesto de registro de sociedades de capitales y, según la parte demandante, percibidas por el Estado italiano en contradicción con el Derecho comunitario. En su recurso, la sociedad afectada ponía en duda la legalidad de una medida de suspensión del procedimiento adoptada por el Tribunale di Bologna, que, considerando que la solución del litigio dependía de la interpretación del Tribunal de Justicia en el asunto C-260/96, en ese momento pendiente [162], había suspendido el procedimiento en virtud del artículo 295 del código de procedimiento civil italiano a la espera de que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre ese asunto. Con arreglo al artículo 295 mencionado, un juez nacional debe aplazar la sentencia cuando él mismo u otro juez debe pronunciarse sobre una cuestión prejudicial cuya respuesta es necesaria para pronunciarse sobre el asunto, como sucede, en particular, con las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actual artículo 234 CE).

[162] Sentencia de 15 de septiembre de 1998, C-260/96, Ministero delle Finanze/Spac SpA, Rec. p. I-4997.

La Corte di Cassazione interpretó dicho artículo 295 en el sentido que un juez nacional que no resuelve en última instancia y que no puede interpretar directamente una disposición de Derecho comunitario, debe plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia incluso cuando se están juzgando situaciones idénticas en un asunto pendiente. La Corte di Cassazione declaró en consecuencia que la suspensión del procedimiento sin remitir una cuestión prejudicial al tribunal de Justicia era ilegal porque privaba a los justiciables de las garantías procesales ofrecidas por la remisión prejudicial, a saber, el derecho a presentar observaciones y a recibir una copia certificada conforme de la sentencia del Tribunal de Justicia.

En los Países Bajos, en tres decisiones de 24 de diciembre de 1998 [163] relativas a la compatibilidad con el Derecho comunitario de las normativas provinciales relativas al transporte de residuos, el Raad Van State falló, sin plantear cuestión prejudicial, que la prohibición de exportar residuos de una provincia de los Países Bajos a otra no constituye una medida de efecto equivalente a una restricción a la exportación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado (actual artículo 29 CE después de su modificación), a pesar de que el Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 9 del Tratado (actual artículo 23 CE después de su modificación), había declarado que algunos tributos «ad valorem» sobre el comercio de mercancías entre regiones de un mismo Estado miembro constituyen una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana [164].

[163] Raad van State, Icova BV contra Gedeputeerde Staten (en lo sucesivo: «GS ») van Noord-Holland, Administratiefrechtelijke beslissingen, 1999, nº 153; Koks Nilo Milieu BV contra GS Van Noord-Holland, Milieu en recht, 1999, Jur., p. 128-132 y Van Vliet Recycling BV contra GS Van Utrecht, Milieu en Recht, 1999, Jur., p. 122-127.

[164] Sentencia del Tribunal de 14 de septiembre de 1995, Simitzi, asuntos acumulados C-485/93 y C-486/93, Rec. p. I-2655, punto 27.

En el Reino Unido, en el asunto Royscott Leasing Ltd and others v Commissioners of Customs and Excise [165] relativo, en particular, a la Directiva 77/388 [166], la Court of Appeal se negó a retirar la cuestión prejudicial que había presentado al Tribunal de Justicia [167], a pesar de una sentencia que este Tribunal había dictado en un asunto referido también a dicha Directiva [168]. Aunque consideró que era competente para hacerlo, la Court of Appeal subrayó que sólo debía hacerse uso de esta competencia cuando la remisión no tenía claramente ningún interés. Rechazó los argumentos de los Commissioners y declaró que no era esta la situación en el caso de autos. En primer lugar, la Court of Appeal declaró que, cuando consideraba que ya se había respondido a una cuestión en otro asunto y que la nueva respuesta no sería diferente, el propio Tribunal de Justicia podía invitar al órgano jurisdiccional nacional a retirar la cuestión prejudicial. Al no haberse hecho en este caso, podía deducirse que el Tribunal de Justicia no consideraba que las cuestiones planteadas tenían una respuesta evidente («teoría del 'acto claro'»). En segundo lugar, la Court of Appeal señaló que, cuanto más avanzado estaba el procedimiento en el Tribunal de Justicia, más importante era que fuera este Tribunal quien indicara la conveniencia de retirar la cuestión prejudicial. Ahora bien, en este caso la celebración de la audiencia era inminente y el abogado general debía pronunciar sus conclusiones en unos dos meses. Por último, en esta fase avanzada del procedimiento en el Tribunal de Justicia, la Court of Appeal consideró que la retirada de la cuestión prejudicial podría alargar innecesariamente la duración del procedimiento en su conjunto.

[165] Court of Appeal (England and Wales), 5 de noviembre de 1998, Royscot Leasing Ltd and others v Commissioners of Customs and Excise, Common Market Law Reports, 1999, Vol. 1, 903-906.

[166] Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1).

[167] Que dictó, entre tanto, la sentencia de 5 de octubre de 1999, C-305/97, Royscott Leasing, no publicada todavía en la Recopilación.

[168] Sentencia de 18 de junio de 1998, C-43/96, Comisión contra Francia, Rec. p. I-3903.

En Suecia, el Regeringsrätten, en una sentencia de 16 de junio de 1999 [169], consideró que no estaba obligado, con arreglo al tercer párrafo del artículo 234 CE (tercer párrafo del antiguo artículo 177 del Tratado CE) a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia antes de rechazar el recurso relativo a la decisión de retirada del derecho a dirigir el reactor nuclear de la central de Barsebäck 1, adoptada por el Gobierno el 5 de febrero de 1988 a raíz de la entrada en vigor, el 1 de enero de 1988, de la ley de 18 de diciembre de 1987 sobre el desmantelamiento de equipos nucleares [170] Los demandantes, entre los que se encontraban no sólo la empresa titular del derecho, sino también el accionista de ésta, así como uno de los accionistas principales de este último -una empresa alemana- mantenían, entre otras cosas, que la decisión de retirada adoptada por el Gobierno era contraria a varias normas comunitarias. En cuanto a la Directiva 85/337 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente [171], modificada por la Directiva 97/11, el Regeringsrätten consideró que las disposiciones alegadas de esta Directiva no eran absolutamente necesarias para el resultado material del asunto y que no había por tanto ningún motivo para someter una cuestión prejudicial. En cuanto a la Directiva 96/92 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad [172], el Regeringsrätten consideró que no entraba tampoco en conflicto con la decisión del Gobierno. Por lo que se refiere a las disposiciones del Tratado CE alegadas por las partes demandantes, el Regeringsrätten consideró, por una parte, que los artículos 29 (antiguo artículo 34) y 56 (antiguo artículo 73 B, apartado 1), relativos a la libre circulación de las mercancías y capitales, no eran aplicables y, por otra parte, que la decisión del Gobierno no suponía un incumplimiento del artículo 43 (antiguo artículo 52), ni del antiguo artículo 53 (derogado), relativos a la libertad de establecimiento. En cambio, por lo que se refiere a las disposiciones alegadas en materia de competencia, es decir, el artículo 82 CE (antiguo artículo 86) y el apartado 1 del artículo 86 CE (apartado 1 del antiguo artículo 90), el Regeringsrätten, refiriéndose a dos sentencias del Tribunal de Justicia [173], consideró que, aunque algunos intereses generales de carácter no económico escapan a las reglas de competencia, deben estar organizados de una manera que sea compatible con las normas comunitarias sobre la libre circulación de mercancías y servicios, por una parte, y sobre la competencia, por otra. Así pues, también sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [174], el Regeringsrätten consideró que una normativa reguladora de dichos intereses no debe implicar precios exorbitantes y debe permitir que la oferta responda a la demanda. El Regeringsrätten concluyó que la cuestión principal que se planteaba en este asunto era la de si no debían ser los reactores nucleares estatales los primeros en clausurarse. A propósito de esto, el Regeringsrätten señaló solamente que no podía darse una respuesta partiendo de la jurisprudencia comunitaria, pero que, dado que la ley de desmantelamiento se basa en intereses generales aceptables y que la decisión del gobierno impugnada es compatible con los principios generales del derecho, la ley de desmantelamiento y el principio de proporcionalidad, no podía por tanto ser contraria al artícuo 82 y al apartado 1 del artículo 82 del Tratado CE. Por ello, el Regeringsrätten tampoco juzgó necesario enviar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

[169] Regeringsrättens dom i Mål nr 1424-1998, mål nr 2396-1998 och mål nr 2939-1998 meddelad i Stockholm den 16 juni 1999.

[170] Lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling.

[171] Directiva del Consejo de 27 de junio de 1985 (DO 1985, L 175, p. 40).

[172] Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 19 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 27, p. 20).

[173] Sentencias de 30 de abril de 1974, 155/73, Sacchi, Rec. p. 409, y de 18 de junio de 1991, C-260/89, ERT, Rec. p. I-2925.

[174] Sentencias de 4 de mayo de 1988, 30/87, Bodson, Rec. p. 2479, y de 23 de abril de 1991, C-41/90, Höfner, Rec. p. I-1979.

También en Suecia, en una sentencia de 9 de julio de 1998 [175], el Högsta Domstolen se pronunció, sin plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso en materia de derecho de marcas sobre la interpretación de las letras b) y c) del apartado 1 de la Directiva 89/104 [176]. El problema que se planteaba consistía en saber si un operador no autorizado tenía derecho a utilizar una marca de coches protegida para indicar que efectuaba reparaciones de productos de esta marca. El Högsta Domstolen llegó a la conclusión de que la Directiva no prohibía una práctica de este tipo porque la marca no se utilizaba manera engañosa para dar la impresión de que existía una relación económica entre el operador no autorizado y la marca. El Tribunal de Justicia, reunido en sesión plenaria, se había pronunciado sobre la misma cuestión en la sentencia BMW [177], llegando a la misma conclusión en cuanto a la aplicación de la Directiva 89/104.

[175] Högsta domstolen dom i Mål nr T-4219/96, meddelad i Stockholm den 9 juli 1998, Nytt Juridiskt Arkiv 1998 I p. 474-487.

[176] Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

[177] Sentencia de 23 de febrero de 1999, C-63/97, BMW, Rec. p. I-905.

Hay que mencionar por último una sentencia sobre el derecho de las marcas del Benelux Gerechtshof, al que se presentó un recurso prejudicial sobre el concepto de extinción del derecho de marcas con arreglo al octavo párrafo del artículo 13 A de la ley uniforme Benelux sobre las marcas de productos [178] [179]. La parte demandante, titular de una marca registrada de bolsos y artículos similares, comercializa una parte de su colección en la Unión Europea, mientras que la otra parte se reserva, según declaró, al mercado americano. La parte demandada había comprado al objeto de revenderlo en Bélgica un lote de productos a un importador paralelo, que se los había procurado ante el importador americano de la parte demandante. Esta última sostuvo ante el juez competente en cuanto al fondo que nunca habría puesto esos productos en circulación en la Unión Europea y no había dado su consentimiento para que se hiciera. El Benelux Gerechtshof, tras afirmar que interpretaba la disposición en cuestión con arreglo al apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104 [180], en el que se basa dicha disposición, declinó plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

[178] Modificado por el Protocolo firmado en Bruselas el 2 de diciembre de 1992 y que tiene por objeto la de la ley uniforme a la Directiva 89/104.

[179] Benelux Gerechtshof, 6 de diciembre de 1999, Nederlands juristenblad, 2000, p 163-164.

[180] Primera directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p 1).

Por lo que se refiere al concepto de comercialización de productos en la Comunidad por el titular de la marca con arreglo al octavo párrafo del artículo 13 A de la ley uniforme, el Benelux Gerechtshof indicó, en primer lugar, que este concepto implica que el titular ha puesto los productos a disposición de un comprador para que éste pueda comercializarlos después en la Comunidad. A continuación, señaló que el octavo párrafo de dicho artículo 13 A asimila a la comercialización por el titular el caso en que otra persona efectúa dicho acto con el consentimiento del titular. Según el Benelux Gerechtshof, eso implica, por una parte, que el titular de la marca conoce dicha comercialización y la aprueba y, por otra, que su consentimiento afecta a cada ejemplar del producto para el cual se alega la extinción del derecho. Preguntado también sobre la carga de la prueba, el Benelux Gerechtshof consideró que es la persona demandada por el titular de la marca en virtud del artículo 13 A que alega la extinción del derecho la que debe demostrar que los productos han sido comercializados en la Comunidad por el titular de la marca o con su consentimiento, incluso cuando demuestra que ha comprado los productos en la Comunidad a un revendedor establecido en ella.

Segunda pregunta

En Francia, el Tribunal Administratif de Dijon, en una sentencia de 5 de enero de 1999 [181], consideró, con arreglo a la sentencia dictada en el asunto Foto Frost [182], que si bien los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden declarar nulos los actos de las instituciones comunitarias, pueden, sin embargo, desechar los medios de anulación que consideren infundados. La parte demandante, que solicitaba la devolución de las cantidades pagadas en exceso en concepto de impuesto sobre el valor añadido, rechazada por la administración, alegaba la incompatibilidad con el principio de proporcionalidad de la Decisión del Consejo de 28 de julio de 1989 [183], por la que se autorizaba a Francia a mantener, temporalmente y bajo determinadas condiciones, la exclusión del derecho de deducción del impuesto sobre el valor añadido correspondiente a los gastos de alojamiento, restaurante, recepciones y espectáculos. El Tribunal consideró que, al limitarse a simples alegaciones, sin precisar en qué sentido se había incumplido el principio de proporcionalidad, la demanda de la empresa en cuestión no era lo suficientemente precisa como para hacer surgir una duda seria sobre la validez de la Decisión del Consejo y que, en consecuencia, no era necesario plantear una cuestión prejudicial al Tribunal

[181] Tribunal Aministratif de Dijon, primera sala, 5 de enero de 1999, Société BSAD, nº 97-1250, Revue de droit fiscal 1999, Comm. 669, p. 1129-1130; Revue de jurisprudence fiscale, 1999, p. 333-334.

[182] Sentencia del Tribunal de 22 de octubre de 1987, C-314/85, Rec. p. 4199.

[183] Decisión 89/487/CEE del Consejo, de 28 de julio de 1989, por la que se autoriza a la República Francesa para aplicar una excepción al apartado 2 del artículo 17 de la Sexta Directiva 77/388/CEE en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios (DO 1989, L 239, p. 21).

En los Países Bajos, el Hoge Raad debió pronunciarse sobre la posibilidad de que el juez nacional controlara la compatibilidad con los Tratados del comportamiento de un Estado miembro en un proceso decisorio comunitario. En primera instancia, el Presidente del Tribunal de La Haya, resolviendo por el procedimiento de urgencia, había prohibido al Gobierno nacional que votara a favor de la revisión, que se estaba debatiendo en el Consejo, de la Decisión 91/482 relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad [184], porque dicha revisión, que ponía fin a la posibilidad de importar azúcar de los PTU con arancel cero, era contraria a las normas de los Tratados. Esta prohibición se aplicó a la espera de las respuestas a las cuestiones prejudiciales planteadas a este respecto por el mismo Presidente [185] . El Hoge Raad confirmó la anulación de esta medida provisional por el Tribunal de Apelación de La Haya considerando que el sistema de protección jurídica previsto por el Tratado CE no permite que el juez de un procedimiento cautelar intervenga en el proceso decisorio comunitario por motivos basados en un incumplimiento del Derecho comunitario [186]. El Hoge Raad recordó la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia para examinar la validez de un acto comunitario y observó que el recurso de anulación con arreglo al artículo 230 del Tratado CE sólo es posible con respecto a actos definitivamente adoptados. Ahora bien, el juez de un procedimiento cautelar sólo tiene una posibilidad de intervención limitada en dichos actos con arreglo a las condiciones establecidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

[184] Decisión del Consejo de 25 de julio de 1991 (DO 1991, L 263, p. 1).

[185] Véase la sentencia del Tribunal de 8 de febrero de 2000, Emesa Sugar, C-17/98, aún no publicada en la Recopilación.

[186] Hoge Raad, Arrêt du 10 septembre 1999, Emesa Sugar, n° C98/012 HR, Nederlands Juristenblad, 1999, p. 1661.

Tercera pregunta

En Alemania, el Bundesgerichtshof acaba de aplicar los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Bosman [187] en el marco de la interpretación del artículo 12 de la ley fundamental por la que se garantiza la libertad profesional. En una sentencia de 27 de septiembre de 1999 [188], el Bundesgerichtshof declaró en efecto la nulidad de la cláusula de «indemnización de formación y promoción» prevista por el reglamento de la liga regional de Baja Sajonia en caso de transferencia de un jugador semiprofesional, según la cual la contratación de un deportista por un nuevo empleador está sujeta al pago de una indemnización al empleador precedente por parte de aquél. El Bundesgerichtshof señala explícitamente que el razonamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia Bosman, antes citada, debe tenerse en cuenta al aplicar el artículo 12 de la ley fundamental y observa que la indemnización susodicha constituye un obstáculo a la libertad de ejercicio de la profesión que no puede justificarse por la necesidad de buscar nuevos valores y la formación de los jugadores jóvenes. Además, según el Bundesgerichtshof, la libertad de asociación prevista en el apartado 1 del artículo 9 de la ley fundamental no justifica dicho obstáculo porque las normas relativas a la indemnización de formación y promoción no son necesarias para garantizar dicha libertad.

[187] Sentencia de 15 de diciembre de 1995, C-415/93, Rec. p. I-4921.

[188] Bundesgerichtshof, Urteil vom 27. September 1999, II ZR 305/98, Zeitschrift für Wirtschafts-recht 1999, 1807-1811 (= Wertpapier-Mitteilungen 1999, 2164-2168; Neue Juristische Wochenschrift 1999, 3552-3554; Deutsches Steuerrecht 1999, 1781-1784; Versicherungsrecht 1999, 1504-1507).

En Austria, se sometió al Oberste Gerichtshof [189] un asunto sobre la denegación de la inscripción en el registro de comercio austriaco de una sucursal de una sociedad constituida de conformidad con la legislación del Reino Unido, donde tiene su domicilio social, sin desarrollar, no obstante, actividades comerciales en este país.

[189] Oberster Gerichtshof, 15 de julio de 1999, 6 Ob 123/99b, österreichisches Recht der Wirtschaft 1999, p. 719.

El Tribunal de primera instancia competente había rechazado la inscripción basándose en el apartado 10 de la ley austriaca sobre el derecho internacional privado (IPRG), que prevé que la capacidad de ser sujeto de derecho de una sociedad depende de la legislación del Estado en que está la sede efectiva de la administración principal de la sociedad de que se trate. Dado que en este caso, la sociedad demandante no había desarrollado nunca actividades comerciales en el Reino Unido, no había administración principal en este Estado miembro, y la sociedad no podía, por no cumplir las condiciones para ello ser sujeto de derecho, establecer una sucursal en Austria. El Oberste Gerichtshof falló, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de 9 de marzo de 1999, Centros [190], que el apartado 10 mencionado de la IPRG era contrario a los artículos 52 a 58 del Tratado CE (actuales artículos 43 y 48 CE) y que, con arreglo a los principios de la primacía del Derecho comunitario y del efecto directo, no era de aplicación en este caso. Además consideró que el derecho a constituir una sociedad de acuerdo con la legislación de un Estado miembro y a abrir sucursales en otros Estados miembros es inherente al ejercicio, en un mercado único, de la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado, incluso cuando la sociedad no desarrolla actividades comerciales en el primer Estado miembro. La inscripción de la sucursal no podía pues rechazarse.

[190] Rec. 1999, p. I-1459.

También en Austria, el Oberste Gerichtshof, a raíz de la decisión prejudicial del Tribunal de Justicia en el asunto Familiapress [191], rechazó por el procedimiento de urgencia en su resolución de autos [192] la aplicación de la decisión prejudicial basándose en que las verificaciones que, según dicha decisión, son responsabilidad del juez nacional no podrían llevarse a cabo en el marco de un procedimiento cautelar

[191] Sentencia de 26 de junio de 1997, C-368/95, Rec. p. I-3689.

[192] Oberster Gerichtshof, ordonnance du 23 mars 1999, 4 Ob 249/98s, Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags - und Vertriebs GmbH/Heinrich Bauer Verlag, Wirtschaftsrechtliche Blätter 1999, p. 378.

En su decisión prejudicial, el Tribunal declaró, entre otras cosas, que el artículo 30 del Tratado (actual artículo 28 CE después de su modificación) debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la aplicación de la legislación de un Estado miembro que produce el efecto de prohibir en su territorio la distribución, por parte de una empresa establecida en otro Estado miembro, de una publicación periódica editada en este último Estado si contiene acertijos dotados de un premio o concursos, siempre y cuando esta prohibición sea proporcionada al mantenimiento del pluralismo de la prensa y que este objetivo no pueda lograrse aplicando medidas menos restrictivas. Para que concurran estos requisitos, es necesario, en particular, que las publicaciones periódicas que ofrecen, a través de juegos, acertijos o concursos, la posibilidad de ganar un premio compitan con las pequeñas empresas de prensa, que se supone que no tienen capacidad económica para ofrecer regalos comparables, y que tal perspectiva de ganancia pueda provocar un desplazamiento de la demanda. Corresponde, por fin, al órgano jurisdiccional nacional apreciar, basándose en un examen del mercado nacional de la prensa afectado, si concurren estos requisitos.

El Oberste Gerichtshof consideró que el recurso a expertos para examinar las condiciones del mercado en cuestión y los hábitos de los consumidores era incompatible con el objetivo de un procedimiento cautelar. Según este órgano jurisdiccional, en un procedimiento de este tipo sólo pueden aceptarse los medios de prueba «inmediatamente ejecutables». Esta urgencia no permite solicitar la opinión de expertos. Dado que no era posible realizar un examen de las condiciones del mercado de la prensa, el Tribunal Supremo consideró suficiente que la parte demandante hubiera hecho una presentación plausible de dichas condiciones, siendo el juez compentente para entender sobre el fondo quien debería apreciar si efectivamente se daban.

Este razonamiento, seguido por el Tribunal Supremo en la resolución de autos en otra resolución del mismo día, fue recogido por el Oberlandesgericht Wien en una resolución de 22 de abril de 1999 [193].

[193] Oberste Gerichtshof, resolución de 23 de marzo de 1999, 4 Ob 26/99y, Verein zur Förderung des freien Wettbewerbs im Medienwesen/Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlage KG, Hamburg, Wirtschaftsrechtliche Blätter 1999, p. 240-244; Oberlandesgericht Wien, resolución de 22 de abril de 1999, 1 R 41/99b, Verein zur Förderung des freien Wettbewerbs im Medienwesen/TV Spielfilm Verlag Gesellschaft mbH.

En una sentencia de 15 de abril de 1999 [194], el Oberste Gerichtshof austriaco se pronunció sobre la cuestión de si la transferencia de los conservatorios de música del Land de Tirol administrados por municipios o personas jurídicas de derecho privado a una persona jurídica de derecho público (desprivatización) entraban dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 77/187 [195], con la consecuente obligación, para el Land de Tirol, de mantener los derechos y obligaciones de los antiguos profesores de música. Según el párrafo 2 del artículo 1 de la ley de transposición (Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, en lo sucesivo «AVRAG»), ésta no se aplica, en particular, a las relaciones laborales (existentes) de los empleados privados de los Länder, las mancomunidades (Gemeindeverbände) y los municipios. Con carácter preliminar, el Oberste Gerichtshof confirmó que la Directiva no se había transpuesto por lo que se refiere a estas relaciones laborales. Afirmó, por otro lado, que los conservatorios son empresas con arreglo a la definición de la Directiva y, refiriéndose a la sentencia del Tribunal del 15 de octubre de 1996, Henke [196], precisó que la Directiva deja fuera de su ámbito de aplicación la reorganización de las estructuras de la administración pública, así como la transferencia de competencias de una administración pública a otra. Constatando no obstante que en este caso concreto, los conservatorios no ejercen actividades de competencia pública, de modo que no se trata de una reorganización de la administración pública, concluyó que la operación en litigio constituía una transferencia de una entidad económica cuya identidad se mantenía.

[194] OGH, 8 ObA 221/98b-g, Wirtschafsrechtliche Blätter 1999, p. 467.

[195] Directiva 77/187/CEE del Consejo, del 14 de febrero de 1977 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (DO 1977, L 61, p. 26).

[196] Asunto C-298/94, Rec. p. I-5013.

A continuación, el Oberste Gerichtshof consideró que el hecho de que la AVRAG no se aplicara a los Länder se basaba en la distribución de las competencias establecida por la Constitución austriaca y no liberaba pues a Austria de su obligación de transponer correctamente la Directiva porque, según la jurisprudencia reiterada del Tribunal, un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos impuestos por las directivas comunitarias. Refiriéndose a continuación a la jurisprudencia del Tribunal sobre el efecto directo, el Oberste Gerichtshof señaló que la Directiva 77/187 tenía tal efecto y consideró que era aplicable en este caso concreto, obligando consecuentemente al Land de Tirol a mantener los derechos y obligaciones de los antiguos profesores de música de los conservatorios en cuestión.

En el mismo contexto, procede destacar que el Oberste Gerichtshof, en una sentencia de 1998 [197], ya había considerado que la AVRAG era aplicable en casos de traspaso de actividades entre personas jurídicas de derecho público, aunque este caso no estaba previsto expresamente por dicha ley.

[197] OGH de 23 de diciembre de 1998, 9 ObA 153/98k, Ecolex 1999, p. 344.

En una sentencia de 24 de febrero de 1999 [198], el Tribunal Constitucional austriaco (Verfassungsgerichtshof), examinó, entre otras cosas, la cuestión si, con respecto a los servicios de telecomunicaciones regulados en concreto por la Directiva 90/387 [199], modificada por la Directiva 97/51, la ley austriaca relativa de telecomunicaciones (en lo sucesivo TKG) era compatible con el Derecho comunitario.

[198] B 1625/98, österreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1999, p. 82.

[199] Directiva 90/387/CEE del Consejo, del 28 de junio de 1990 relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones (DO 1990, L 192, p. 1).

La Directiva modificada prevé, en particular, en su artículo 5 bis, que los Estados miembros velarán por que existan a nivel nacional mecanismos adecuados en virtud de los cuales una parte afectada por una decisión de la autoridad nacional de reglamentación pueda recurrir ante una instancia independiente con respecto a las partes involucradas. En Austria dicha instancia es la Telekom-Control-Kommission (en lo sucesivo «la comisión»), que no es un tribunal (Gericht) con arreglo a la organización judicial austriaca, pero que constituye una autoridad colegiada con funciones jurisdiccionales según lo dispuesto en los el apartado2 del artículo 20, y el punto 4 del artículo 133, apartado 4, de la Constitución federal. Es, por tanto, un tribunal con arreglo al artículo 6 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos así como una jurisdicción según lo dispuesto en el artículo 177 del Tratado CE. Ahora bien, el punto 4 del artículo 133, antes citado, de la Constitución prevé que sólo se admitirá un recurso ante el Verwaltungsgerichtshof si está previsto expresamente por la ley ordinaria que regula la materia de que se trate. Dado que la TKG no prevé la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Administrativo contra las decisiones de la comisión, ésta resuelve pues en última instancia.

El Verfassungsgerichtshof reconoció que el artículo 5 bis de la Directiva mencionada tenía un efecto directo y consideró que la primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional exige que el punto 4 del artículo 133 de la Constitución, que es la única disposición que se opone a la posibilidad de interponer un recurso de este tipo, no debía aplicarse en el caso de autos.

En Bélgica, el Hof Van cassatie, en un litigio que enfrentaba a la Ordre des pharmaciens (colegio de farmacéuticos) a uno de sus miembros a propósito de la prohibición de publicidad decretada por la Ordre, se pronunció sobre la aplicación de las normas de la competencia [200] a las profesiones liberales. El Hof Van cassatie constata en primer lugar que, aunque no son comerciantes y que tienen una función social, los farmacéuticos ejercen sin embargo una actividad orientada hacia la prestación de servicios y el suministro de bienes y persiguen constantemente un objetivo económico, por lo que, según la Cour de Cassation, deben ser considerados como empresas con arreglo a las normas de la competencia [201]. En cuanto a la Ordre des pharmaciens, el Hof Van cassatie subraya que constituye una asociación profesional cuya misión, conferida por la autoridad pública, es velar por el respeto de la deontología y al mantenimiento del honor, la honradez y la dignidad de sus miembros y que, al desarrollar dicha misión, no persigue sin duda un objetivo económico. No obstante, añade el Hof Van cassatie, examinarse eso no impide que constituya una asociación de empresas cuyas decisiones, en la medida en que tienden a o tienen como resultado afectar a la competencia, deben ser examinadas en cuanto a su validez, con arreglo a las normas de la competencia, por las instancias disciplinarias de la Ordre.

[200] Hay que observar que el asunto se sometía a la Cour de Cassation en virtud de las disposiciones de la ley de 5 de agosto de 1991 sobre la protección de la competencia económica que están calcadas de los artículos 81 (antiguo artículo 85) y siguientes del Tratado CE.

[201] Hof van cassatie, 7 mai 1999, Rechtskundig Weekblad, 1999-2000, p. 112-115.

También en Bélgica, la Cour d'Appel de Bruselas falló que el sistema de distribución selectiva establecida por la SA Club Méditerranée constituía un acuerdo prohibido por el primer apartado del artículo 85 del Tratado CE (actual artículo 81 CE) y, por tanto, nulo de pleno derecho con arreglo al segundo apartado del mismo artículo [202] . La Cour d'Appel confirmó el fallo del Tribunal de Commerce de Bruselas en el marco de la acción de cesación interpuesta por una agencia de viajes a la que la SA Club Méditerranée había rechazado la venta de sus productos y declaró que este rechazo, basado en un sistema de distribución ilícito, era contraria a los usos honestos en materia comercial y ordenó su cesación. Después de definir el mercado en cuestión como mercado de viajes del tipo «pueblos-club», presente en todo el territorio belga, la Cour d'Appel consideró, con respecto a su incidencia en la competencia, que, aun en el supuesto de que la participación en el mercado de SA Club Méditerranée fuera inferior al límite del 10 % previsto en la comunicación de la Comisión para los acuerdos de menor importancia, dicha comunicación excluye en todo caso la aplicación de «mínimos» a los acuerdos verticales que tienen por objeto fijar los precios de reventa o garantizar a empresas participantes o terceras empresas una protección territorial. La Cour d'Appel subraya que en este caso concreto, la SA Club Méditerranéen impone a sus distribuidores autorizados los precios que deben aplicar y declara que dicha práctica es conforme al apartado 1 del artículo 85. A continuación, pasa a examinar la red de distribución establecida y admite que el carácter del producto en cuestión puede, debido a la imagen de marca asociado a él, justificar el establecimiento de un sistema de distribución selectiva, siempre que dicho sistema se base en criterios objetivos de carácter cualitativo aplicados de manera no discriminatoria. Ahora bien, la Cour constata que no es así en el asunto considerado. En primer lugar, la Cour d'Appel señala que el hecho de que la SA Club Méditerranée conceda las autorizaciones de venta a una u otra persona jurídica con arreglo a criterios de adjudicación puramente personales, sin precisar los requisitos necesarios para acceder a ellas, implica, según la Cour d'Appel, que la selección tiene carácter arbitrario. En segundo lugar, la Cour d'Appel subraya que, según el propio testimonio de la SA Club Méditerranée, su red no se basa únicamente en la aplicación de criterios cualitativos, sino que limita también el acceso con arreglo a criterios cuantitativos. Por último la SA Club Méditerranée impone los precios que deben aplicar sus distribuidores, lo que constituye en sí mismo una prohibición por parte de la red.

[202] Cour d'Appel de Bruxelles, 22 de abril de 1999, Revue de droit commercial belge, 1999, p. 418-424.

En Finlandia, en una sentencia de 17 de septiembre de 1999 [203], el högsta förvaltningsdomstolen, (Tribunal Administrativo supremo), consideró que la normativa nacional referente a la importación paralela de medicamentos era incompatible con el principio comunitario de la libre circulación de las mercancías contemplada en el Tratado. Según la normativa en cuestión, el formato y la dimensión del embalaje de los medicamentos importados deben corresponder al formato y a las dimensiones del embalaje utilizado por el fabricante o por su importador autorizado. Aunque esta exigencia tenga por objeto impedir la confusión de los enfermos, el Tribunal Administrativo Supremo consideró que las autoridades no habían probado que tal medida estuviera justificada por la necesidad de proteger la salud pública. Así pues, en virtud del principio de libre circulación de mercancías, la administración farmacéutica (läkemedelsverket) no puede denegar a un importador paralelo la autorización para vender medicamentos porque las dimensiones de su embalaje no correspondan a las del importador autorizado.

[203] Högsta förvaltningsdomstolens, 17 de septiembre de 1999, nº 2489/3/98 2537.

En Francia, en dos sentencias dictadas el mismo día [204], el Conseil d'État declaró que las disposiciones nacionales que establecían el inicio y la finalización del periodo de caza eran contrarias al objetivo de conservación de las especies del apartado 4 del artículo7 de la Directiva 79/409 [205].

[204] Conseil d'État, sentencias de 3 de diciembre de 1999, Association ornithologique y mammalogique de Saône-et-Loire (AOMSL )/Rassemblement des Opposants à la Chasse (ROC) nº 164789 y 165122, y Association ornitologique y mammalogique de Saône-et-Loire (AOMSL )/Association France Nature Environnement, nº 199622 y 200124.

[205] Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 1979, L 59, p. 61).

En el primer asunto, la demanda pedía que se anulara, por abuso de poder, una decisión implícita de rechazo por el Primer Ministro de una solicitud de aplicación, en la forma prevista en el artículo 37 de la Constitución, de un decreto que derogaba las disposiciones de la ley de 15 de julio de 1994 por la que se establecen las fechas de finalización del periodo de caza de aves migrantes, sustituyéndolas por otras disposiciones conformes a la Directiva 79/409. El Conseil d'État consideró que, en vista de la jerarquía de las normas y de la obligación de las autoridades nacionales de aplicar la legislación comunitaria, era el Primer Ministro quien, en respuesta a las peticiones presentadas en este sentido, debía extraer la consecuencia de que, con arreglo al estado actual de los conocimientos científicos, casi todas las disposiciones de la ley de 15 de julio de 1994, por la que se establecen las fechas de finalización del periodo de caza de las aves migrantes, eran incompatibles con el apartado 4 del artículo 7 de la Directiva 79/409, tal como fue interpretada por el Tribunal de Justicia en una sentencia de 19 de enero de 1994 [206]. El Consejo de Estado consideró en primer lugar que la decisión por la cual el Primer Ministro se había negado a iniciar el procedimiento previsto en el segundo párrafo del artículo 37 de la Constitución, relativo a la modificación por decreto de un texto legislativo, no es un acto de Gobierno, sino que forma parte de las competencias reglamentarias y reviste así el carácter de una decisión administrativa que puede ser objeto de un recurso por exceso de poder. No obstante, el Conseil d'État consideró que de los documentos del expediente no se deducía que en las fechas en que se produjeron las decisiones implícitas originadas por el silencio guardado durante cuatro meses por el Primer Ministro hubiera habido un error manifiesto de apreciación.

[206] Sentencia de 19 de enero de 1994, C-435/92, Association por la protection des animaux sauvages e.a./Préfet de Maine-et Loire Atlantique, Rec. p. I-67.

En el segundo asunto, la demanda de anulación se refería a una decisión de denegación del Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement para que se adelantara al 1 de septiembre el inicio del periodo de la caza de aves acuáticas. El Conseil d'État declaró aquí también la incompatibilidad de las fechas de apertura anticipada y de cierre temporal del periodo de caza de aves acuáticas [207] con el objetivo de conservación de las especies del apartado 4 del artículo 7 de la Directiva 79/409. Al no ser aplicables estas disposiciones, no podían justificar, por tanto, que, ante una petición en este sentido, el Ministro responsable de la caza rechazara ejercer, a fin de respetar los objetivos de la Directiva, su competencia reglamentaria.

[207] Disposiciones introducidas en él párrafo 2 del artículo L.224-2 del code rural por la ley de 3 de julio de 1998.

También en Francia, el Conseil d'État, en una sentencia de 19 de mayo de 1999 [208], declaró la admisibilidad de un recurso de anulación por exceso de poder de una resolución, hecha pública en un comunicado de prensa, por la cual el Gobierno francés había decidido, en aplicación del Reglamento nº 2081/93 del Consejo [209], distribuir entre las regiones afectadas la dotación asignada a Francia por la Comisión Europea en virtud de los créditos de compromiso de los Fondos Estructurales para el período 1994-1999. El Conseil d'État, si bien rechazó básicamente las pretensiones de la parte demandante, al admitir la admisibilidad del recurso, siguió la solución propuesta por el Comisario del Gobierno. Este último, refiriéndose en sus conclusiones a la sentencia del Tribunal del 3 de diciembre de 1992 [210], había señalado que, cuando el juez administrativo resuelve como juez comunitario de derecho común, el objetivo de eficacia del control jurisdiccional implica que, en este tipo de procedimiento, cada acto producido a nivel del Estado miembro que se intercale entre decisiones de la Comisión y que surta efectos vinculantes para la continuación ha de ser considerado un acto lesivo.

[208] Conseil d'État, 19 de mayo de 1999, R'gion de Limousin/Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement nº 157675, Revue française de droit administratif, 1999, p. 896-897.

[209] Reglamento (CEE) nº 2081/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2052/88relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO 1993, L 193, p. 5-19).

[210] Sentencia del Tribunal del 3 de diciembre de 1992, C-97/91, Oleificio Borelli/Comisión, Rec. p. I-6313.

En una sentencia de 24 de febrero de 1999 [211], el Conseil d'État examinó el recurso de anulación por abuso de poder presentado por algunas asociaciones contra el decreto nº 98-52 de 28 de enero de 1998 relativo a las condiciones de comercialización de los medicamentos homeopáticos. Los demandantes alegaban, en particular, que el decreto era contrario a los objetivos a los objetivos de la Directiva 92/73 [212] y que no se habían decretado medidas reglamentarias para aplicar el artículo L.601-4 del code de la santé publique, derivado de la ley nº 94-43 de 18 de enero de 1994 por la que se transpone al Derecho francés la Directiva 92/73. El Conseil d'État declaró que las disposiciones del artículo L.601-4 del code de la santé publique, al extender el ámbito de aplicación del procedimiento simplificado de registro más allá de los objetivos definidos por la Directiva, son incompatibles con éstos. Consideró que el hecho de que el Gobierno se hubiera abstenido de decretar medidas reglamentarias destinadas a permitir la aplicación de este artículo estaba justificaba, ya que el Gobierno, al hacer prevalecer la Directiva comunitaria, se había ajustado, como era debido, a las exigencias inherentes a la jerarquía de las normas en el ordenamiento jurídico interno, derivadas del artículo 55 de la Constitución.

[211] Conseil d'État, 24 de febrero de 1999, Asociation des patients de la médecine antroposophique et autres, nº 195354; Revue française de droit administratif, 1999, p 437-439; L'actualité juridique, droit administratif, 1999, p. 823-824.

[212] Directiva 92/73/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, por la que se amplía el ámbito de aplicación de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre medicamentos y por las que se adoptan disposiciones complementarias para los medicamentos homeopáticos (DO 1992, L 297, p. 8-11).

En Grecia, la sala sexta del Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado), en su sentencia nº 2245/1999, aplicó, por primera vez, el principio de proporcionalidad con el fin de apreciar el importe de una multa administrativa impuesta por la importación a Grecia de bienes procedentes de Francia. En el caso de autos, no cabía duda de que los demandantes habían violado el código aduanero al declarar, en las facturas presentadas en el momento de la importación, un valor inferior al valor real de las mercancías. Por ello, se les impuso una multa equivalente al triple del valor del impuesto que hubieran debido abonar si hubieran declarado el valor real. Independientemente de la aplicabilidad, en el caso de autos, del artículo 95 del Tratado (actual artículo 90 del Tratado CE después de su modificación), el Symvoulio tis Epikrateias consideró, basándose para apoyar su motivación en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 16 de diciembre de 1992 [213], que las sanciones administrativas impuestas por incumplimiento de la legislación aduanera no deben superar la medida estrictamente necesaria para la realización del objetivo perseguido y que, de otro modo, las sanciones desproporcionadas constituyen un obstáculo al ejercicio de las libertades comunitarias. Al no haber realizado el órgano jurisdiccional competente en cuanto al fondo esa evaluación de la proporcionalidad, el Symvoulio tis Epikrateias anuló parcialmente y con este motivo el fallo del tribunal de apelación que había considerado legal el importe de la multa en litigio.

[213] Sentencia de 16 de diciembre de 1992, C-210/91, Comisión/República Helénica, Rec. p. I-6735.

En Italia, la Corte di Cassazione tuvo que pronunciarse sobre un recurso interpuesto por un agente de comercio para obtener la casación de la sentencia del Tribunale di Roma [214], el cual, resolviendo en apelación, no había accedido a su petición de pago de distintas sumas reclamadas en virtud del contrato de agencia celebrado con una sociedad de derecho privado. El Tribunale di Roma consideró que dicho contrato, nulo por la no inscripción del agente de comercio en un registro previsto a tal efecto por la ley [215], no podía dar lugar a ningún pago. La Corte di Cassazione acogió este recurso, sin tener en cuenta la disposición nacional en cuestión, que había sido declarada incompatible con la Directiva 86/653 [216] por la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 1998 en el asunto Bellone [217].

[214] Corte di cassazione, Sezione Lavoro, 18 de mayo de 1999, nº 4817, Il massimario del Foro italiano, 1999, Col. 575-576; Il Foro italiano, 1999, I, Col. 2542-2550.

[215] Ley nº 204 de 3 de mayo de 1985, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nº 119 del 22 de mayo de 1985, p. 3623.

[216] Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (DO 1986, L 382, p. 17).

[217] Asunto C-215/97, Rec. p. I-2191.

No obstante, la Corte di Cassazione no se limitó a aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia, sino que amplió el concepto de efecto directo vertical de una Directiva a fin de que los particulares se beneficien de los derechos conferidos por ella aunque ni el Estado ni una entidad pública sean partes en el procedimiento. La Corte, tras declarar que la existencia de efectos directos verticales no debe apreciarse basándose en un enfoque puramente formal, consideró que tales efectos se producían también en el caso de autos porque el litigio se refería a una normativa nacional de carácter obligatorio que imponía una condición determinada al efecto de salvaguardar intereses de los que era responsable la administración pública. En tal caso, habida cuenta del hecho de que solamente la normativa en cuestión era objeto del control de compatibilidad con el Derecho comunitario, independientemente de quien fueran las partes en el litigio, el Estado se vería también afectado porque dicha normativa, que protege intereses públicos, se refiere a relaciones entre el Estado, por una parte, y el agente y las sociedades en cuestión, por otra. Dicho litigio puede considerarse por tanto como un litigio entre un particular y el Estado. No obstante, la Corte di Cassazione no indicó cuáles son los intereses públicos salvaguardados por una ley que supedita la validez de un contrato de agencia a la inscripción del agente de comercio en un registro previsto a tal efecto.

En Portugal, procede señalar la sentencia pronunciada el 22 de junio de 1999 por la sala primera del Supremo Tribunal Administrativo en los asuntos 44.140/44.197 [218]. Esencialmente, esta sentencia reconoce el efecto directo vertical de los artículos 18, 24, 26 y 29 de la Directiva 93/37/CEE sobre contratos públicos de obras [219] y considera que estas disposiciones no habían sido objeto de una incorporación correcta en Derecho nacional. La demandante había solicitado la anulación de la decisión del Presidente de la Asamblea de la República, de 8 de julio de 1998, que había adjudicado a un competidor el contrato para realizar los acabados del nuevo edificio que es la ampliación de los locales de la Asamblea de la República. Esta decisión se había tomado al amparo del Decreto ley n° 405/93, de 10 de diciembre, el cual no distinguía claramente la fase de verificación de la aptitud de los candidatos, de conformidad con criterios de capacidad económica, financiera y técnica, de la fase de evaluación de las ofertas presentadas por los licitadores. En efecto, la legislación nacional vigente en el momento de los hechos no incorporaba correctamente las disposiciones pertinentes de la Directiva 93/37/CEE. En el caso de autos, la decisión de la comisión de evaluación de las ofertas, ratificada por el organismo demandado, se había basado también en la aplicación de criterios relativos a la aptitud de los licitadores, en particular, a su capacidad económica, financiera y de organización. Tras recordar el principio de la primacía del Derecho comunitario, el Supremo Tribunal Administrativo concluyó explícitamente que implica la posibilidad de invocar el efecto directo vertical de una Directiva incorporada incorrectamente en Derecho nacional, si son disposiciones claras, completas, precisas e incondicionales. Habida cuenta de las consideraciones de hecho y de Derecho expuestas, el Supremo Tribunal Administrativo estimó el recurso de la demandante basado en la infracción de los artículos 18, 24, 26 y 29 de la Directiva 93/37/CEE y, por tanto, anuló la decisión impugnada, sin examinar ningún otro de los motivos de anulación formulados.

[218] Acórdãos Doutrinais a do Supremo Tribunal Administrativo, XXXVIII, N° 455, páginas 1380 a 1390.

[219] Directiva 93/37/CEE del Consejo, del 14 de junio de 1993 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO 1993, L 199, p. 54).

En el Reino Unido, en el asunto Gibson - v - East Riding of Yorkshire District Council [220], la demandante, una monitora de natación empleada por una administración regional y remunerada por horas, no tenía derecho contractual a un permiso anual pagado. En la época de los hechos, la Directiva 93/104 [221] relativa a la ordenación del tiempo de trabajo no se había incorporado aún en el Reino Unido, y no se realizó hasta los Working Time Regulations 1998, entrados en vigor el 1 de octubre de 1998. Los primeros jueces habían concluido que la demandante no podía invocar la Directiva, ya que no reunía los criterios precisados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para conferirle efecto directo, puesto que se trataba de un texto complejo que preveía excepciones también complejas. Pronunciándose en apelación, el Employment Appeal Tribunal declaró que la demandante tenía derecho a un permiso anual pagado de cuatro semanas con arreglo al artículo 7 de la Directiva [222]. Tras recordar los principios en la materia, dicho órgano jurisdiccional consideró que el artículo 7 era suficientemente preciso e incondicional para surtir efecto directo y que la interesada podía invocarlo contra la demandada. Si es cierto que el contrato en cuestión no daba derecho a un permiso pagado, los derechos contractuales de la interesada habían sido modificados por la Directiva. En efecto, si ésta se hubiera incorporado a su debido tiempo, la interesada habría tenido derecho a un permiso pagado. Por último, como emanación del Estado, la demandada no podía valerse de la falta de incorporación de la Directiva para desestimar la solicitud de su empleada.

[220] Employment Appeal Tribunal, 3 de febrero de 1999, Gibson v East Riding of Yorkshire District Council, Industrial Cases Reports, 1999, 622-630.

[221] Directiva 93/104/CE del Consejo, del 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 1993, L 307, p. 18).

[222] El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 93/104 establece que "Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores dispongan de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas en las legislaciones y/o prácticas nacionales".

En el asunto R - v - Secretary of State for Health and others, ex parte Imperial Tobacco Ltd and others [223], la Court of Appeal invalidó la decisión de la High Court [224] que prohibía mediante resolución (injunction) al Gobierno del Reino Unido adoptar disposiciones de incorporación de la Directiva 98/43 [225] a la espera de que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre la validez de este acto comunitario [226]. No obstante, la Court of Appeal concedió a las empresas tabacaleras la suspensión de la ejecución de su decisión hasta que la House of Lords se pronunciara sobre su solicitud de autorización de interponer recurso de apelación [227]. El Gobierno había mantenido, por una parte, que la apelación planteaba cuestiones constitucionales fundamentales y, por otra, que la medida cautelar de la High Court ponía en juego una importante política nacional y comunitaria, a saber, la de poner fin a la publicidad y al patrocinio de los productos del tabaco. En cambio, las empresas tabacaleras alegaron que la Directiva era inválida, ya que su objeto principal era la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de salud pública, mientras que el Tratado no confería al legislador comunitario tal competencia. Resolviendo por mayoría, la Court of Appeal estimó que la High Tribunal había descartado erróneamente el enfoque comunitario que se refería a las medidas provisionales, en particular, los requisitos de concesión de la suspensión de la ejecución de una medida nacional enunciados en la sentencia Zuckerfabrik [228]. Por lo que se refiere al primer requisito, relativo a la existencia de dudas fundadas en cuanto a la validez de la Directiva, la Court of Appeal consideró que no podía, en el marco de una solicitud de medidas provisionales, invadir la competencia del Tribunal de Justicia, reconociendo al mismo tiempo que las empresas tabacaleras disponían de argumentos de peso sobre la invalidez de la Directiva. En cuanto al segundo requisito, relativo a la necesidad de demostrar la amenaza de un perjuicio grave e irreparable, la Court of Appeal consideró que, si la High Court había considerado procedentemente que el perjuicio probablemente no era irreparable, no obstante no había atribuido a este elemento la importancia que hubiera debido concederle de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, puesto que no lo consideró un requisito para la concesión de medidas provisionales. Al no demostrarse la existencia de un perjuicio grave e irreparable, no se reunían los requisitos para acordar una medida cautelar. Además, la Court of Appeal consideró que una medida cautelar como la que había sido acordada por la High Court impedía al Gobierno ejercer su libertad de acción en materia de salud pública.

[223] Court of Appeal (England and Wales), 16 de diciembre de 1999, R v Secretary of State for Health and others, ex parte Imperial Tobacco Ltd and others, The Times Law Reports 1999, 874-875. Actualmente no disponemos del texto íntegro de la sentencia.

[224] High Court (England and Wales), 29 de octubre de 1999, R v Secretary of State for Health and others, ex parte Imperial Tobacco Ltd and others, The Times Law Reports 1999, 792-793.

[225] Directiva 98/43/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, del 6 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco (DO 1998, L 213, p. 9).

[226] A este respecto, la Court of Appeal hace referencia a la remisión prejudicial del 2 de febrero de 1999 de la High Court, R v Secretary of State for Health and others, ex parte Imperial Tobacco Ltd and others, en el asunto C-74/99 actualmente pendiente.

[227] En consecuencia, la House of Lords concedió a las empresas tabacaleras la autorización para interponer recurso de apelación y prorrogó la suspensión de la ejecución de la decisión de la Court of Appeal hasta nueva orden.

[228] Sentencia de 21 de febrero de 1991, asuntos acumulados C-143/88 y C-92/89, Zuckerfabrik, Rec. p. I-415.

También en el Reino Unido, la Court of Appeal, en el asunto Marks & Spencer - v-Commissioners of Customs and Excise [229], tuvo que pronunciarse sobre la Sexta Directiva IVA [230]. La mayor parte de extremos objeto del litigio hacían referencia a disposiciones de la Sexta Directiva que habían sido incorporadas correctamente, pero que después se habían aplicado de manera errónea. Cuando las autoridades lo reconocieron, el Reino Unido adoptó una normativa con efectos retroactivos para los contribuyentes. En el litigio, Marks & Spencer alegaba que el Reino Unido había recaudado IVA infringiendo la Sexta Directiva y que la existencia de efectos retroactivos negativos para el contribuyente era contraria a los principios generales del Derecho comunitario. La Court of Appeal desestimó esta alegación basándose en un razonamiento formulado por las autoridades fiscales: cuando una Directiva se ha incorporado de manera correcta, deja de constituir una fuente jurídica independiente. Por lo tanto, Marks & Spencer no podía invocar directamente la Sexta Directiva ni, por tanto, los principios generales del Derecho comunitario. No obstante, la Court of Appeal decidió presentar una serie de cuestiones con carácter prejudicial no relacionados con los argumentos mencionados anteriormente.

[229] Simon's Tax Cases 1999, 205.

[230] Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común de impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1).

Cuarta cuestión

En Alemania, el Landgericht Bonn, en una sentencia de 16 de abril de 1999, dictada en el marco de un recurso de indemnización, declaró que un recurso de anulación de una Directiva no incide en la obligación de incorporarla [231]. Un inversor demandó a la República Federal de Alemania para obtener la reparación del perjuicio que pretendía haber sufrido por la inexistencia de un sistema de garantía de depósitos que, sin embargo, está previsto por la Directiva 94/19 [232]. La República Federal de Alemania alegó que el recurso de anulación de la Directiva interpuesto ante el Tribunal de Justicia (que, entre tanto, dio lugar a la sentencia de 13 de mayo de 1997, Alemania/Parlamento y Consejo [233]) suspendía la obligación de incorporación hasta la sentencia del Tribunal de Justicia. El Landgericht desestimó este motivo argumentando que el artículo 189 del Tratado CE (actualmente el artículo 249 del Tratado CE) no prevé efecto suspensivo. Por otra parte, el Landgericht precisó que las posibles dificultades de restitución que pueden resultar de la anulación de una Directiva ya aplicada, se rigen por el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro en cuestión y, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, en particular, la sentencia de 8 de octubre de 1996, Dillenkofer [234], no inciden en la obligación de incorporación. Por último, el Landgericht no consideró necesario proceder a una remisión prejudicial al Tribunal de Justicia puesto que el caso de autos no se refería a la interpretación, sino a la aplicación del Tratado CE.

[231] Landgericht Bonn, sentencia de 16 de abril de 1999, 1 O 186/98, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1999, 959-965 [ = Wertpapier-Mitteilungen 1999, 1972-1978; Europäische Zeitschrift für Wirtschafts - recht 1999, 732-736 ].

[232] Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO 1994, L 135, p. 5).

[233] Asunto C-233/94, Rec. p. I-2405.

[234] Asunto C-178/94, Rec. p. I-4845.

En Bélgica, el Rechtbank van eerste aanleg Brussel [235] condenó al Estado belga a pagar a las partes demandantes los importes reclamados como reparación del perjuicio sufrido por la falta de incorporación completa, en Derecho belga, del artículo 7 de la Directiva 90/314 [236] relativa a los viajes combinados, que prevé la obligación para los organizadores del viaje de disponer de garantías suficientes con el fin de poder reembolsar a los consumidores los importes ya pagados y garantizar su repatriación en caso de insolvencia o quiebra. El Rechtbank declaró que cuando el organizador del viaje con quien los demandantes habían contratado fue declarado en quiebra, el Estado belga no había cumplido la obligación de incorporar correcta, completa y eficazmente el citado artículo 7 de la Directiva. En efecto, si bien se había adoptado la ley de 16 de febrero de 1994 que incorpora la Directiva, no se había adoptado aún el decreto real en el cual debían establecerse las disposiciones de aplicación de la obligación de garantía. Refiriéndose a la sentencia Francovich del Tribunal de Justicia [237], el Rechtbank declaró que la inexistencia de medida de incorporación de la Directiva en el plazo previsto constituye en sí misma un incumplimiento del Derecho comunitario y genera un derecho a reparación en favor de los particulares perjudicados, siempre que el efecto de las medidas previstas por la Directiva sobre los derechos de los particulares sea determinable y que exista una relación causal entre el incumplimiento por el Estado de sus obligaciones y el perjuicio. El Rechtbank precisa finalmente que la responsabilidad del Estado se basa en el Derecho comunitario, el cual prevalece sobre el Derecho nacional.

[235] Rechtbank van eerste aanleg Brussel, 9 de septiembre 1999, Consumentenrecht 1999, p. 305-317.

[236] DO 1990, L 158, p. 59.

[237] Sentencia de 19 de noviembre de 1991, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Rec. p. I-5357.

En Francia, la Cour de cassation, en una serie de sentencias [238], declaró que el párrafo 3 del artículo L.190, del Livre des procédures fiscales, que fija un plazo para presentar una reclamación [239], es compatible con el ordenamiento jurídico comunitario y puede así ser invocado por la administración fiscal para desestimar las solicitudes de restitución de los derechos de registro satisfechos sobre la base del punto 1 del apartado 1 del artículo 812 y del punto 2 del apartado 1 del artículo 816 del Code Général des Impôts. Estas disposiciones se consideraron, en una sentencia de 13 de febrero de 1996 [240] cuyos efectos temporales el Tribunal de Justicia se había negado a limitar, parcialmente incompatibles con la Directiva 69/335 [241]. La Cour de cassation desestimó los recursos de casación refiriéndose a una sentencia de 15 de septiembre de 1998 [242], en la que el Tribunal de Justicia afirmaba que el hecho de que hubiera dictado una sentencia prejudicial pronunciándose sobre la interpretación de una disposición de Derecho comunitario, sin limitar sus efectos temporales, no afectaba al derecho de un Estado miembro a oponer a las acciones de reembolso tributario de cantidades percibidas infringiendo dicha disposición un plazo nacional de caducidad.

[238] Cour de cassation, sala de lo mercantil, sentencias de 19 de octubre de 1999, Directeur Général des impôts/Sologest S.A., nº 1560 P; Societé nationale des Etablissements Piot Pneu S.A./Services fiscaux de l'Isere, nº 1558 P; Directeur Général des impôts et Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie/SA Behm, nº 1561 D.

[239] Esta disposición contempla las reclamaciones basadas en la no conformidad de la norma jurídica aplicada para fijar el impuesto con una norma jurídica superior, cuando esta no conformidad ha sido revelada por una decisión jurisdiccional.

[240] Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1996, C-197/94, Société Bautiaa, Rec. p. I-505. Véase también la sentencia de la Cour de Cassation, sala de lo mercantil, de 9 de julio de 1996, Direction générale des impôts /SA Etablissements Touillet, que declara el punto 1 del apartado 1 del artículo 812 del Code général des impôts parcialmente incompatible con la Directiva 65/335. En dos otros asuntos, la Cour de cassation anuló parcialmente las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales que conocen del fondo en la medida en que habían ordenado la restitución de los derechos de registro del 3% percibidos en virtud del punto 1 del apartado 1 del artículo 812 del Code général des impôts, mientras que la Directiva 69/335 autoriza la percepción de derechos a un tipo máximo del 1% [Cour de Cassation, sala de lo mercantil, sentencias de 23 de febrero de 1999, Direction générale des impôts /Société Thelu, y de 12 de enero de 1999, Direction générale des impôts /Société financière atlantic (SOFIA)].

[241] Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969 relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO 1969, L 269, p. 12).

[242] Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de septiembre de 1998, asunto C-231/96, Edilizia Industriale Siderurgica Srl (Edis )/Ministero delle Finanze, Rec. p. I-4951.

La Cour de cassation también se refirió a la sentencia de 2 de diciembre de 1997 [243] en la cual el Tribunal de Justicia recordó que corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular las modalidades procesales de las acciones de repetición de lo indebido, siempre que estas modalidades no sean menos favorables que las relativas a recursos similares de carácter interno ni hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario aunque, por definición, el vencimiento los plazos implica la desestimación, en todo o en parte, de la acción interpuesta [244].

[243] Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de diciembre de 1997, C-188/95, Fantask, Rec. p. I-6783.

[244] Hay que indicar que, en el marco de un recurso sobre el alcance temporal de la restitución, el Tribunal de Grande Instance de Béthune planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la legalidad del artículo L.190 del Livre des procédures fiscales (asunto C-88/99, SA Roquette Frères/Direction des Services fiscaux, actualmente pendiente).

En Italia, la Pretura di Milano estimó la demanda de reparación interpuesta por un trabajador de una empresa que fue objeto de un traspaso según lo dispuesto en la Directiva 77/187 [245] sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad. La pretensión del demandante era que el Estado italiano le pagara los importes que habría percibido de la empresa cesionaria si la Directiva se hubiera incorporado dentro de plazo. En efecto, debido a la falta de incorporación de ésta en el momento del traspaso de la empresa, producido tras el vencimiento del plazo de aplicación, el demandante fue despedido en vez de beneficiarse del mantenimiento de los derechos derivados de la relación laboral, garantizado por la Directiva 77/187.

[245] Directiva del Consejo de 14 de febrero de 1977 (DO 1977, L 61, p. 26).

Si bien el fallo de esta sentencia [246] condena al Estado italiano a pagar al demandante los importes reclamados en concepto de daños y perjuicios por no incorporación de una Directiva, se desprende no obstante de sus motivos que la Pretura di Milano no basa expresamente sus conclusiones en la jurisprudencia Francovich del Tribunal de Justicia, sino que se limita a constatar, por una parte, la falta de incorporación de la Directiva en cuestión en la época de los hechos [247] y, por otra, la falta de conformidad de las disposiciones nacionales adoptadas mientras tanto con la propia Directiva.

[246] Sentencia de la Pretura di Milano, de 14 de julio de 1998, Foderetti/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro, 1999, p. 133-135.

[247] La República italiana aplicó la Directiva 77/187 mediante el artículo 47 de la ley nº 428 de 29 de diciembre de 1990 (GURI de 12.01.1991, Suppl. ord.) que establece medidas para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la pertenencia de Italia a las Comunidades Europeas (la "Legge comunitaria ").

En el Reino Unido, en el asunto R - v - Secretary of State for Transporte, ex parte Factortame and others [248], la House of Lords confirmó una decisión de la High Court que cuestionaba la responsabilidad del Gobierno por violación del Derecho comunitario. Los demandantes, propietarios y armadores españoles de buques pesqueros habían demostrado, tanto ante los órganos jurisdiccionales ingleses [249] como ante el Tribunal de Justicia [250], que la Merchant Shipping Act 1988 que imponía, a efectos de la matriculación de un buque pesquero en el Reino Unido, requisitos relativos a la nacionalidad, a la residencia y al domicilio del propietario, fletador y armador del barco, violaba el principio comunitario de no discriminación por razón de la nacionalidad. Después, los demandantes interpusieron ante la High Court una acción por daños y perjuicios contra el Gobierno del Reino Unido por el perjuicio causado por la misma ley.

[248] House of Lords, 28 de octubre de 1999, R v Secretary of State for Transport, ex parte Factortame and others, The Weekly Law Reports, 1999, Vol. 3, 1062-1090.

[249] House of Lords, 9 de julio de 1990, R v Secretary of State for Transport, ex parte Factortame and others, The Law Reports, Appeal Cases, 1991, Vol. 1, p. 603.

[250] Sentencias de 4 de octubre de 1991, C-246/89, Comisión/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rec. p. I-4585, y de 25 de julio de 1991, C-221/89, Queen/Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd e.a., Rec. p. I-3905.

La High Court [251] consideró que la violación del Derecho comunitario estaba suficientemente caracterizada, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [252], para fundar el derecho de los demandantes a obtener reparación por el perjuicio sufrido. El recurso de apelación interpuesto contra esta decisión por el Secretary of State fue desestimado por la Court of Appeal [253]. La House of Lords, cuando a su vez se le sometió el asunto, confirmó la decisión de la High Court, al considerar que la adopción deliberada de una legislación que prevé una discriminación por razón de la nacionalidad y que infringe inevitablemente el artículo 52 del Tratado (actualmente el artículo 43 CE), constituye una violación manifiesta, injustificable y por lo tanto, suficientemente caracterizada del Tratado para causar derecho a reparación.

[251] High Court (England and Wales), 31 de julio 1997, R v Secretary of State for Transport, ex parte Factortame, Common Market Law Reports, 1998, Vol. 1, 1353-1429.

[252] Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie du Pêcheur y Factortame, Rec. p. I-1029.

[253] Court of Appeal (England and Wales), 8 de abril de 1998, R v Secretary of State for Transport, ex parte Factortame, Common Market Law Reports, 1998, Vol. 3, 912-918.

También en el Reino Unido, en el asunto R v Department of Social Security, ex parte Scullion [254], en 1986 se había denegado a la demandante, de 63 años, una asignación prevista para las personas que cuidan a un inválido (invalid care allowance) cuya concesión se sometía a la condición de haber tenido derecho a esta prestación antes de la edad de jubilación. Ahora bien, la edad de jubilación era de 60 años para las mujeres y de 65 para los hombres. Apeló contra esta decisión junto con otras personas en la misma situación. Mientras tanto, a raíz de la sentencia Thomas [255] en la que el Tribunal de Justicia había declarado que tal discriminación solo podía justificarse en virtud de la letra a) del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 79/7 [256] si se vinculaba necesaria y objetivamente a la diferencia de la edad de jubilación, la House of Lords [257] había confirmado una decisión de la Court of Appeal [258] según la cual la diferencia de edad para hombres y mujeres prevista por la normativa nacional relativa a esta prestación era incompatible con la Directiva. Por tanto, a raíz de una reconsideración de las demandas en el asunto Scullion, el Social Security Appeal Tribunal declaró que la demandante tenía derecho a dicha prestación desde 1985. No obstante, puesto que ya percibía una pensión de vejez, según la normativa nacional relativa al pago simultáneo de ciertas prestaciones no tenía derecho a percibir al mismo tiempo dicha asignación pero, en cambio, tenía derecho a la prima de cuidadora (carer's premium), introducida en 1990. Por tanto, la demandante reclamó al Secretary of State la reparación del perjuicio sufrido debido al incumplimiento de su obligación de incorporar la Directiva. Se le pagaron las primas atrasadas desde 1990. No obstante, la negativa del Secretary of State a pagar intereses sobre este importe fue objeto de un recurso de revisión (application for judicial review) ante la High Court.

[254] High Court (England and Wales), 30 de julio de 1999, R v Department of Social Security, ex parte Scullion, Common Market Law Reports, 1999, Vol. 3, 798-819.

[255] Sentencia de 30 de marzo de 1993, C-328/91, Thomas e.a., Rec. p. I-1247.

[256] Directiva 79/7 del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO 1978, L 6, p. 24). La Directiva establece, en la letra a) del apartado 1 de su artículo 7, que no obstará la facultad que tienen los Estados miembros de excluir de su ámbito de aplicación la fijación de la edad de jubilación para la concesión de las pensiones de vejez y de jubilación, y las consecuencias que puedan derivarse de ellas para otras prestaciones.

[257] House of Lords, 27 de julio de 1993, Thomas and others v Secretary of State for Social Security.

[258] Court of Appeal (England and Wales), 31 de julio de 1990, Thomas v Chief Adjudication Officer and another, The Law Reports; Queen's Bench División, 1991, Vol. 2, p. 164-195.

Sobre la cuestión de si la violación estaba suficientemente caracterizada, la High Court precisó que, en el marco de un enfoque global, debían tenerse en cuenta distintos elementos. En primer lugar, nada indicaba que el Gobierno hubiera solicitado asesoría jurídica en cuanto a si la diferencia de edad a efectos de la concesión de la asignación estaba comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva. En segundo lugar, el principio de igualdad de trato enunciado por la Directiva era de una importancia fundamental. En tercer lugar, la asignación en cuestión se destinaba a una categoría de personas especialmente vulnerables, de modo que el perjuicio sufrido por la demandante, así como por las otras personas en la misma situación, era previsible por el Gobierno. En cuarto lugar, a pesar de la posición de la Comisión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Gobierno no había solicitado el dictamen formal de la Comisión. Por último, aunque la letra a) del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva deja a los Estados miembros un determinado margen de apreciación, éste sólo se confiere con el único fin de determinar la edad de la pensión y no por lo que se refiere a las otras prestaciones. En estas circunstancias, la High Court decidió, en una sentencia con importantes implicaciones financieras en razón del número de personas interesadas, que la violación de la Directiva estaba suficientemente caracterizada y que, dado que se reunían las otras condiciones que dan derecho a reparación, el Secretary of State debía pagar a la demandante los intereses sobre las primas atrasadas.

Por último, siempre en el Reino Unido, en el asunto Re Burns's Application for Judicial Review [259], la demandante, tras haber aceptado, so pena de despido, trabajar en un equipo que implicaba un trabajo nocturno, pidió más tarde ser trasladada a un equipo diurno. A raíz de la denegación de su patrono, dimitió alegando razones médicas. Después de concluir que la demandante era trabajadora nocturna, la High Court decidió, con arreglo a la sentencia Dillenkofer [260], que la falta de incorporación de la Directiva 93/104 relativa a la adaptación del tiempo de trabajo constituía automáticamente una violación caracterizada del Derecho comunitario, lo que implicaba para el Reino Unido la obligación de reparar todo perjuicio sufrido como consecuencia de ello por la demandante. No obstante, en el caso de autos, la demandante no había demostrado que, de haber podido basarse en disposiciones de incorporación que consagraran en Derecho interno los derechos previstos por la Directiva, hubiera podido obligar a su patrono a trasladarla a un trabajo diurno, lo que le habría permitido conservar su empleo.

[259] High Court (Northern Ireland), 15 de marzo de 1999, The Northern Ireland Law Reports, 1999, p. 175-182.

[260] Sentencia de 8 de octubre de 1996, asuntos acumulados C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 y C-190/94, Dillenkofer, Rec. p. I-4845.

Quinta cuestión

Por último, es importante mencionar, en el marco de esta reseña, dos sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que presentan un interés comunitario.

La primera sentencia [261] se refiere al concepto de proceso equitativo según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para apreciar si hay infracción de esta disposición debido a la duración de distintos procedimientos civiles ante los órganos jurisdiccionales griegos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha negado a tener en cuenta el período durante el cual estos procedimientos estaban suspendidos por una remisión prejudicial al Tribunal de Justicia en uno de los asuntos controvertidos, a saber, el asunto Pafitis e.a. contra Trapeza Kentrikis Ellados A.E. e.a., que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de marzo de 1996, C-441/93 [262].

[261] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 26 de febrero de 1998, Pafitis/Grecia, Revue universelle des Droits de l'Homme, 1998, p. 140 y ss.

[262] Rec. 1996, p. I-1347.

En el apartado 95 de su sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala lo siguiente:

"Por lo que se refiere al procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, este Tribunal observa que el Polymeles Protodikeio Athinon decidió, el 3 de agosto de 1993, recurrir al Tribunal de Justicia, que dictó sentencia el 12 de marzo de 1996. Durante este período, el examen de las acciones controvertidas se suspendió, lo que implicó una prolongación de los procedimientos de dos años, siete meses y nueve días. Sin embargo, este Tribunal no puede tenerlo en cuenta en la valoración de la duración de cada procedimiento particular: aunque este plazo puede a primera vista parecer relativamente largo, tenerlo en cuenta perjudicaría al sistema instituido por el artículo 177 del Tratado CEE y al objetivo perseguido esencialmente por este artículo."

En una sentencia de 18 de febrero de 1999 [263], el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que al no aplicar, de acuerdo con su Anexo II, el Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo (aneja a la Decisión 76/787 del Consejo) a Gibraltar, el Reino Unido había infringido el artículo 3 del Primer Protocolo adicional al Convenio Europeo de los Derechos Humanos, en virtud del cual los Estados contratantes se comprometen a organizar "elecciones libres con escrutinio secreto" al "cuerpo legislativo".

[263] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Matthews/Reino Unido. Journal des Tribunaux - Droit européen - 1999, p. 65 y ss.

El Tribunal declara:

"... que los actos de la Comunidad Europea no pueden impugnarse como tales ante el Tribunal, ya que la Comunidad en sí no es Parte Contratante." El Convenio no excluye la transferencia de competencias a organizaciones internacionales, siempre que los derechos garantizados por el Convenio sigan "reconociéndose". Por tanto, tal transferencia no hace desaparecer la responsabilidad de los Estados miembros.

En el caso de autos, la violación del Convenio resulta de la combinación de un Anexo del Acta de 1976, suscrito por el Reino Unido, con la ampliación de competencias del Parlamento Europeo realizada por el Tratado de Maastricht. La Decisión del Consejo, el Acta de 1976 y el Tratado de Maastricht, al haber modificado el Tratado CEE, constituyen instrumentos internacionales libremente suscritos por el Reino Unido. De hecho, el Acta de 1976 no puede impugnarse ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ya que no se trata de un acto "ordinario" de la Comunidad, sino de un Tratado celebrado en el seno del ordenamiento jurídico comunitario. El Tratado de Maastricht tampoco es un acto de la Comunidad, sino un Tratado, por cuya vía se realizó la revisión del Tratado CEE. El Reino Unido, junto con todas las demás partes en el Tratado de Maastricht, es responsable ratione materiae en virtud del artículo 1 del Convenio y, en particular, del artículo 3 del Protocolo nº 1, de las consecuencias de dicho Tratado" (apartados 32 y 33)."

El Tribunal considera a continuación que "el Reino Unido debe reconocer a Gibraltar los derechos consagrados por el artículo 3 del Protocolo nº 1, ya se trate de elecciones puramente internas o de elecciones europeas" (apartado 35) y que "el Parlamento Europeo se encuentra suficientemente asociado al proceso legislativo específico que conduce a la adopción de actos en virtud de los artículos 189 B y 189 C del Tratado CE, así como al control democrático general de las actividades de la Comunidad Europea, para que se le pueda considerar parte del "cuerpo legislativo" de Gibraltar a efectos del artículo 3 del Protocolo nº 1 (apartado 54). El Tribunal concluye que el hecho de no organizar elecciones al Parlamento Europeo en Gibraltar constituye una infracción del artículo 3, antes citado. Indiquemos que dos jueces formularon una opinión disidente común.

[Top](#document1)