Source: EURLEX
Language: es
Format: md

![european flag](./../../../images/eclogo.jpg)COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 8.5.2025

COM(2025) 194 final

Recomendación de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a nuevas directrices de negociación de un acuerdo regional de libre comercio y acuerdos bilaterales de libre comercio con los países del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y, respectivamente, el Reino de Baréin, el Estado de Kuwait, el Sultanato de Omán, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudí y el Estado de los Emiratos Árabes Unidos

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

El Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones en 1989, en nombre de la Comunidad Europea, con los países del CCG sobre un acuerdo interregional de libre comercio y, en su caso, sobre acuerdos bilaterales de libre comercio. Tras más de diez años de negociaciones interregionales con el CCG, en 2001, el Consejo adoptó directrices de negociación revisadas para dar un nuevo impulso a dichas negociaciones. Las negociaciones finalmente se paralizaron en 2008 debido a diferencias insalvables en cuanto a las ambiciones para un acuerdo de libre comercio. Desde entonces se han realizado varios intentos de reanudar los debates sobre un acuerdo regional de libre comercio. Sin embargo, todavía no se han retomado las conversaciones.

A pesar del actual estancamiento de las negociaciones, en la Cumbre UE-CCG del 16 de octubre de 2024 ambas partes acordaron que la relación comercial y de inversión entre la UE y el CCG «debe desarrollarse, según proceda, a través de marcos multilaterales, regionales y bilaterales» y que ambas partes «seguirán explorando acuerdos de comercio e inversión a medida».

La Declaración conjunta de la Cumbre UE-CCG de 16 de octubre de 2024 reafirmó también «los intereses y la ambición mutuos de la UE y de los miembros del CCG, aprovechando las oportunidades que ofrecen un entorno empresarial y de inversión reforzado, las transiciones ecológica y digital, la energía sostenible y la conectividad, y avanzando en la cooperación sectorial en ámbitos que contribuyen a lograr el objetivo de una mayor integración económica y diversificación de nuestras respectivas economías».

En consonancia con estos compromisos y con los objetivos de la Comunicación conjunta de la UE sobre una asociación estratégica con el Golfo de mayo de 2022, en la que se pedía la consolidación de las asociaciones económicas bilaterales de la UE con los países del CCG, la UE ofrece la posibilidad de negociar acuerdos de libre comercio con aquellos socios del Golfo que estén interesados y compartan el nivel de ambición de la UE paralelamente a los acuerdos bilaterales de asociación estratégica. Estos acuerdos complementarían la asociación actual entre la UE y el CCG en materia de comercio e inversión.

En este sentido, el nuevo proyecto de directrices de negociación tiene por objeto actualizar y sustituir las anteriores directrices de negociación de 1989, en su versión revisada en 2001, teniendo en cuenta la necesidad de reforzar la cooperación comercial regional y bilateral actual adaptándola a las ambiciosas orientaciones estratégicas vigentes en la UE y en los países del CCG que contribuyen a promover las normas internacionales, las reformas económicas y la mejora del clima empresarial. Las nuevas directrices de negociación también tendrán en cuenta normas avanzadas para comerciantes e inversores centradas en la sostenibilidad, a fin de permitir extender la colaboración a nuevos ámbitos de cooperación y ofrecer nuevas oportunidades de acceso al mercado con el objetivo de reforzar el papel de la UE como socio privilegiado de los países del Golfo.

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

Las directrices de negociación propuestas seguirán fomentando acuerdos modernos con los países del CCG, que se basarán en una Comunicación conjunta sobre una asociación estratégica con el Golfo y complementarán y formarán parte de una red más amplia de acuerdos entre la UE y sus socios internacionales.

La primera Cumbre UE-CCG, celebrada en Bruselas el 16 de octubre de 2024, subrayó el compromiso con un marco más ambicioso y reafirmó la determinación de ambas partes de potenciar la asociación estratégica entre la UE y el CCG y reforzar la cooperación a través de marcos multilaterales, regionales y bilaterales.

•Coherencia con otras políticas de la Unión

Los acuerdos modernos con los países del CCG son pertinentes para las prioridades de la política comercial de la UE para el período 2024-2029, en particular con vistas a aumentar la competitividad estratégica de la UE, diversificar los vínculos comerciales y las cadenas de suministro, fomentar la inversión y reforzar la sostenibilidad de la economía de la UE. Estos acuerdos también se ajustarán a las prioridades políticas clave derivadas de la estrategia Global Gateway, del Pacto Verde Europeo, promoviendo el aumento de la competitividad estratégica de la UE, fomentando la inversión y reforzando la sostenibilidad de la economía de la UE (es decir, la nueva Estrategia Industrial), y debe considerarse que contribuyen al desarrollo de un futuro acuerdo bilateral de asociación estratégica y de la futura Estrategia en Oriente Próximo.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

El proyecto de Decisión del Consejo recomendado para la adopción de las directrices de negociación revisadas se refiere a la negociación de acuerdos que se inscriben en el ámbito de la política comercial común y puede incluir también compromisos específicos en materia de transporte. Por esta razón, la base jurídica sustantiva está prevista en el artículo 207, apartado 4, párrafo primero, del TFUE y, en cuanto a los aspectos relativos al transporte, en el artículo 91 y el artículo 100, apartado 2, del TFUE. Por lo que se refiere al procedimiento, el artículo 218, apartado 1, del TFUE establece que deben aplicarse las normas específicas del artículo 207 del TFUE a las disposiciones que entran en el ámbito de la política comercial común. En lo que respecta a las disposiciones en materia de transporte, el artículo 218 del TFUE es pertinente para determinar la base jurídica procedimental. Además, la base jurídica procedimental distingue entre la recomendación de la Comisión y la decisión del Consejo. Por lo tanto, la recomendación de la Comisión debe basarse en el artículo 207, apartado 3, párrafo segundo, del TFUE y en el artículo 218, apartado 3, del TFUE. En cuanto a la decisión del Consejo, la base procedimental es el artículo 207, apartado 3, párrafo tercero, del TFUE y el artículo 218, apartado 4, del TFUE. En general, la recomendación de decisión del Consejo debe basarse en el TFUE y, en particular, en su artículo 91, su artículo 100, apartado 2, y su artículo 207, apartado 4, párrafo primero, en relación con su artículo 207, apartado 3, párrafos segundo y tercero, y su artículo 218, apartados 3 y 4.

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

La política comercial común es competencia exclusiva de la Unión en virtud del artículo 3, apartado 1, letra e), del TFUE. La negociación de acuerdos internacionales que recojan compromisos sobre la prestación de servicios en el ámbito del transporte se ha convertido en una competencia exclusiva de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del TFUE.

•Proporcionalidad

La negociación de los acuerdos previstos no excede los límites de lo necesario o adecuado para alcanzar los objetivos políticos de la política comercial común.

•Elección del instrumento

La recomendación es el único instrumento jurídico de que dispone la Comisión para iniciar una adaptación de las directrices de negociación del Consejo.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Evaluaciones ex post/controles de la adecuación de la legislación existente

No aplicable.

•Consultas con las partes interesadas

Como parte de la evaluación del impacto sobre el desarrollo sostenible, se llevará a cabo un amplio proceso de consultas con las partes interesadas en el que participarán el sector privado, los sindicatos y otras organizaciones no gubernamentales, lo que brindará la oportunidad de expresar opiniones, expectativas e inquietudes.

Se buscará información complementaria en publicaciones académicas, informes de los grupos de reflexión y ONG, así como en cualquier otra fuente de confianza pertinente, que pueda contribuir a obtener información adicional sobre el posible impacto de los acuerdos.

•Obtención y uso de asesoramiento especializado

No aplicable

•Evaluación de impacto

Paralelamente a las negociaciones, se llevará a cabo una evaluación del impacto sobre el desarrollo sostenible de los acuerdos.

•Adecuación regulatoria y simplificación

No aplicable.

•Derechos fundamentales

La recomendación se refiere a las directrices de negociación que el Consejo dirige a la Comisión. No afecta a los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La recomendación no tiene repercusiones presupuestarias.

Recomendación de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a nuevas directrices de negociación de un acuerdo regional de libre comercio y acuerdos bilaterales de libre comercio con los países del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y, respectivamente, el Reino de Baréin, el Estado de Kuwait, el Sultanato de Omán, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudí y el Estado de los Emiratos Árabes Unidos

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 91, su artículo 100, apartado 2, y su artículo 207, apartado 4, párrafo primero, en relación con su artículo 207, apartado 3, párrafos segundo y tercero, y su artículo 218, apartados 3 y 4,

Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)En 1989, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones, en nombre de la Comunidad Europea, con los países del CCG sobre un acuerdo interregional de libre comercio o sobre acuerdos bilaterales de libre comercio. En 2001, el Consejo adoptó directrices de negociación revisadas para dar un nuevo impulso a dichas negociaciones.

(2)Desde 2008, las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo se encuentran estancadas.

(3)El 20 de junio de 2022, el Consejo aprobó la «Comunicación conjunta sobre una asociación estratégica con el Golfo», en la que pedía una asociación global y más sólida entre la UE y el CCG y sus Estados miembros. 
[1](#footnote1)

(4)La primera Cumbre UE-CCG, celebrada en Bruselas el 16 de octubre de 2024, subrayó la creciente importancia de las relaciones entre la UE y el CCG y volvió a confirmar el compromiso de la UE con una asociación más ambiciosa con los países del Golfo, en particular en cuestiones relacionadas con el comercio y la inversión.

(5)En la Declaración conjunta de la Cumbre UE-CCG de 16 de octubre de 2024, los países del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo manifestaron un interés renovado por seguir desarrollando sus relaciones comerciales y de inversión con la UE a través de marcos multilaterales, regionales y bilaterales, según proceda.

(6)Dados los intereses y la ambición mutuos de la UE y de los miembros del CCG de aprovechar las oportunidades que ofrece una asociación comercial y de inversión reforzada, la UE brinda la posibilidad de negociar acuerdos de libre comercio con aquellos socios del Golfo que estén interesados y compartan el nivel de ambición de la UE en consonancia con los objetivos establecidos en la «Comunicación conjunta sobre una asociación estratégica con el Golfo» de junio de 2022.

(7)Con el objetivo de fortalecer el papel de la UE como socio privilegiado de los países del CCG, las nuevas directrices de negociación tienen por objeto reforzar la cooperación comercial regional y bilateral existente adaptándola a las ambiciosas orientaciones estratégicas vigentes en la UE y en los países del CCG.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Las directrices de negociación de un acuerdo regional de libre comercio y acuerdos bilaterales de libre comercio con los países del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y, respectivamente, el Reino de Baréin, el Estado de Kuwait, el Sultanato de Omán, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudí y el Estado de los Emiratos Árabes Unidos, adoptadas en 1989, en su versión revisada en 2001, se sustituyen por las directrices de negociación que figuran en el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La destinataria de la presente Decisión es la Comisión.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

:   [(1)](#footnoteref1)
       
    [Comunicación conjunta sobre una asociación estratégica con el Golfo |](https://www.eeas.europa.eu/eeas/joint-communication-%E2%80%9Cstrategic-partnership-gulf%E2%80%9D_en)
     [SEAE](https://www.eeas.europa.eu/eeas/joint-communication-%E2%80%9Cstrategic-partnership-gulf%E2%80%9D_en)
    .

[Top](#document1)

![european flag](./../../../images/eclogo.jpg)COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 8.5.2025

COM(2025) 194 final

ANEXO

de la

Recomendación de Decisión del Consejo

relativa a nuevas directrices de negociación de un acuerdo regional de libre comercio y acuerdos bilaterales de libre comercio con los países del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y, respectivamente, el Reino de Baréin, el Estado de Kuwait, el Sultanato de Omán, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudí y el Estado de los Emiratos Árabes Unidos

ANEXO

DIRECTRICES DE NEGOCIACIÓN DE UN ACUERDO REGIONAL DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS BILATERALES DE LIBRE COMERCIO CON LOS PAÍSES DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS ÁRABES DEL GOLFO Y, RESPECTIVAMENTE, EL REINO DE BARÉIN, EL ESTADO DE KUWAIT, EL SULTANATO DE OMÁN, EL ESTADO DE QATAR, EL REINO DE ARABIA SAUDÍ Y EL ESTADO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

A.NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS

Las presentes directrices de negociación tienen por objeto orientar a la Comisión en las negociaciones encaminadas a lograr, según proceda, un acuerdo de libre comercio interregional con los países miembros del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG) y acuerdos de libre comercio con uno o varios países miembros del CCG (en lo sucesivo, «los acuerdos»), que podrían ampliarse a todos los países miembros del CCG en una fase posterior.

Las relaciones comerciales y de inversión de la UE con los países miembros del CCG están cubiertas actualmente por el acuerdo de colaboración y cooperación (ACC) de 1989
[1](#footnote1)
. El ACC se centra en la cooperación y el desarrollo económicos, que respondían a los principales intereses de las partes en aquel momento. Aunque estos objetivos siguen siendo válidos, es necesario seguir modernizando y reforzando los vínculos económicos con la región del Golfo a fin de satisfacer las demandas de las relaciones comerciales modernas, en particular la contribución a la competitividad estratégica y la seguridad económica de la UE.

En 1989, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones, en nombre de la Comunidad Europea, con los países del CCG sobre un acuerdo interregional de libre comercio o sobre acuerdos bilaterales de libre comercio. Tras más de diez años de negociaciones interregionales con el CCG, en 2001, el Consejo adoptó directrices de negociación revisadas para dar un nuevo impulso a dichas negociaciones, teniendo en cuenta al mismo tiempo las nuevas obligaciones internacionales, en particular el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio. Las negociaciones finalmente se paralizaron en 2008 debido a diferencias insalvables en cuanto a las ambiciones para un acuerdo de libre comercio. Desde entonces se han realizado varios intentos de reanudar los debates sobre un acuerdo regional de libre comercio. Sin embargo, hasta la fecha estos esfuerzos han sido infructuosos.

A pesar del actual estancamiento de las negociaciones, en la Cumbre UE-CCG del 16 de octubre de 2024 ambas partes acordaron que la relación comercial y de inversión entre la UE y el CCG «debe desarrollarse, según proceda, a través de marcos multilaterales, regionales y bilaterales» y que ambas partes «seguirán explorando acuerdos de comercio e inversión a medida». 

En consonancia con estos compromisos y con los objetivos de la Comunicación conjunta de la UE sobre una asociación estratégica con el Golfo de mayo de 2022, en la que se pedía la consolidación de las asociaciones económicas bilaterales de la UE con los países del CCG, la UE ofrece la posibilidad de negociar acuerdos de libre comercio con aquellos socios del Golfo que estén interesados y compartan el nivel de ambición de la UE
[2](#footnote2)
. Estos acuerdos serían complementarios a la asociación existente entre la UE y el CCG en materia de comercio e inversión y al objetivo de un acuerdo de libre comercio interregional entre la UE y el CCG.

La Declaración conjunta de la Cumbre UE-CCG de 16 de octubre de 2024 reafirmó también «los intereses y la ambición mutuos de la UE y de los miembros del CCG, aprovechando las oportunidades que ofrecen un entorno empresarial y de inversión reforzado, las transiciones ecológica y digital, la energía sostenible y la conectividad, y avanzando en la cooperación sectorial en ámbitos que contribuyen a lograr el objetivo de una mayor integración económica y diversificación de nuestras respectivas economías». Estos acuerdos reflejarán las ambiciosas orientaciones estratégicas vigentes en la UE y en los países del CCG, que contribuyen a promover las normas internacionales, las reformas económicas y la mejora del clima empresarial. Al permitir un amplio margen de cooperación, los acuerdos ofrecerán nuevas oportunidades de acceso al mercado y normas claras para los comerciantes y los inversores, centrándose en la sostenibilidad.

Los acuerdos deben contener exclusivamente disposiciones relativas a ámbitos relacionados con el comercio y la inversión aplicables entre las partes. Los acuerdos deben ser ambiciosos, exhaustivos y plenamente coherentes con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y tener en cuenta los compromisos de las partes en el marco de la OMC.

No obstante, deben tener un elevado nivel de ambición que vaya más allá de los compromisos existentes contraídos en el marco de la OMC.

Los acuerdos deben prever la liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios y de la inversión extranjera directa. Incluirán normas detalladas para promover, facilitar o regular dicho comercio y dicha inversión extranjera directa. Todos los compromisos en virtud de los acuerdos se asumen con el fin de que tengan una repercusión directa e inmediata en el comercio, y de conformidad con la legislación de la UE. Todos los elementos se negociarán en paralelo y formarán parte de un compromiso único que garantice un resultado equilibrado entre la supresión de los derechos aduaneros, la eliminación de obstáculos reglamentarios innecesarios al comercio y una mejora de las normas, lo que dará lugar a una apertura efectiva de los mercados de las otras partes. Los acuerdos solo deben incluir obligaciones en los ámbitos cubiertos por la competencia de las partes en los acuerdos, incluidas las partes a nivel nacional o local, como las administraciones nacionales o locales.

Los acuerdos deben garantizar que todos los niveles de gobierno, incluidas las autoridades subcentrales y las entidades pertinentes, cumplan sus compromisos establecidos en los acuerdos.

Los acuerdos deben reconocer que el desarrollo sostenible es un objetivo general de las partes y que estas se proponen garantizar y facilitar el respeto de los acuerdos y normas medioambientales y laborales internacionales. Por lo tanto, los acuerdos deben incluir el Acuerdo de París como uno de sus elementos esenciales. Los acuerdos también deben contribuir a la promoción del desarrollo sostenible y de los valores más amplios de las normas internacionales y de la UE, entre otras cosas mediante la inclusión de disposiciones relacionadas con el comercio en materia laboral y medioambiental, en particular mediante una conducta empresarial responsable, una gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, una inversión agrícola responsable y la transparencia. Para abordar estas medidas, el desarrollo sostenible debe tenerse en cuenta en todos los acuerdos, incluso en forma de un capítulo específico sobre comercio y desarrollo sostenible, que abarque tanto las normas sociales como las medioambientales.

Las repercusiones económicas, medioambientales y sociales de las disposiciones en materia de comercio e inversión (incluidas las relativas a la igualdad de género y los derechos de las mujeres) deben examinarse mediante una evaluación de impacto independiente sobre la sostenibilidad, que debe llevarse a cabo paralelamente a las negociaciones. La Comisión debe velar por que dicha evaluación se lleve a cabo manteniendo un diálogo constante con todas las partes interesadas pertinentes de la sociedad civil. La evaluación debe finalizarse antes de la conclusión de las negociaciones y sus conclusiones deben tenerse en cuenta en el proceso de negociación. Las observaciones de la evaluación deben: a) aclarar los efectos probables de los acuerdos en el desarrollo sostenible y el clima, así como el impacto potencial en otros países, en particular los países menos adelantados y, en su caso, las regiones ultraperiféricas de la Unión y los países y territorios de ultramar asociados a ella; y b) proponer medidas para maximizar los beneficios de los acuerdos y prevenir o minimizar los posibles efectos negativos.

B.CONTENIDO PROPUESTO DE LOS ACUERDOS

Preámbulo y principios generales

Con el fin de liberalizar el comercio bilateral y la inversión extranjera directa, los acuerdos deben referirse, entre otras cosas, a:

·los principios y los objetivos de la acción exterior de la UE;

·el compromiso de las partes con el desarrollo sostenible y la contribución del comercio internacional al desarrollo sostenible en sus dimensiones económicas, sociales y medioambientales, lo cual incluye el desarrollo económico, la reducción de pobreza, el pleno empleo productivo y el trabajo digno para todos, así como la protección y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales;

·el compromiso adicional de las partes de cumplir plenamente sus derechos y obligaciones derivados de la pertenencia a la OMC;

·el compromiso de las partes con la mejora del bienestar de los consumidores mediante actuaciones que garanticen un alto nivel de protección de los consumidores y de bienestar económico;

·el compromiso de las partes con la prevención y la eliminación de los obstáculos no arancelarios al comercio y a la inversión extranjera directa;

·el derecho a regular la actividad económica en favor del interés público de conformidad con las obligaciones internacionales para alcanzar objetivos legítimos de política pública, tales como la protección y el fomento de la salud pública, los servicios sociales, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente y la moral pública, la protección social y de los consumidores, la estabilidad financiera, la protección de la intimidad y de los datos personales y el fomento y la protección de la diversidad cultural;

·el objetivo de las partes de crear un nuevo marco para las relaciones económicas entre ellas y, sobre todo, para el desarrollo del comercio y de la inversión extranjera directa;

·el objetivo compartido por las partes de tener en cuenta los desafíos específicos que afrontan las pequeñas y medianas empresas (pymes) para contribuir al desarrollo del comercio y de la inversión extranjera directa;

·el compromiso de las partes de comunicar y consultar sobre la aplicación de los acuerdos a todas las partes interesadas pertinentes de la sociedad civil, en particular el sector privado, los sindicatos y otras organizaciones no gubernamentales.

Objetivos

Los acuerdos deben confirmar el objetivo conjunto de liberalizar de manera progresiva y recíproca prácticamente todo el comercio de bienes y servicios y la inversión extranjera directa, respetando plenamente las normas de la OMC, en particular el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994) y el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Los acuerdos deben garantizar un elevado nivel de acceso al mercado para la contratación pública, así como derechos de propiedad intelectual (DPI) relacionados con el comercio, incluidas las indicaciones geográficas, además de reforzar el diálogo y la cooperación sobre marcos técnicos y reglamentarios.

Los acuerdos deben reconocer que el desarrollo sostenible es un objetivo general de las partes y deben garantizar y facilitar el respeto de acuerdos y normas medioambientales y sociales internacionales con el fin de promover el comercio. Los acuerdos deben velar por que las partes no fomenten el comercio o la inversión extranjera directa reduciendo las exigencias de la legislación y las normas nacionales en materia de medio ambiente, trabajo o de salud y seguridad en el trabajo, ni relajando normas o leyes laborales fundamentales destinadas a proteger y promover la diversidad cultural.

Comercio de mercancías

El objetivo de los acuerdos es garantizar el mayor grado posible de liberalización del comercio, en consonancia con la prioridad de fomentar la competitividad de la UE. Los acuerdos deben abarcar básicamente todo el comercio de mercancías entre las partes. También deben incluir disposiciones que limiten el uso de prácticas comerciales restrictivas, como las restricciones a la importación y la exportación, en particular los monopolios de importación y exportación, las licencias de importación y exportación, las tasas y formalidades, el tránsito, la admisión temporal de mercancías y las mercancías reparadas.

Normas de origen

Las normas de origen y las disposiciones que prevean la cooperación administrativa deben facilitar el comercio y simplificarse y han de tener en cuenta las normas de origen preferenciales estándar de la UE y los intereses de la UE.

Medidas antifraude

Los acuerdos deben incluir una cooperación administrativa reforzada que establezca los procedimientos y las medidas adecuadas que las partes podrán adoptar en caso de falta de cooperación administrativa en materia aduanera, irregularidades o fraude.

Los acuerdos deben incluir una cláusula antifraude eficaz y ejecutable que abarque los casos de falta de cooperación, así como las irregularidades o el fraude.

Los acuerdos también deben contemplar la obligación de que las autoridades competentes de los países miembros del CCG cooperen con la Fiscalía Europea en las investigaciones y el enjuiciamiento de delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, de conformidad con los instrumentos de asistencia judicial mutua pertinentes existentes u otras disposiciones aplicables.

Gestión de los errores administrativos

Los acuerdos deben incluir disposiciones para examinar conjuntamente la posibilidad de adoptar medidas adecuadas en caso de que las autoridades competentes cometan errores en la aplicación de las normas de origen preferenciales.

Defensa comercial

Las disposiciones antidumping y antisubvenciones de los acuerdos deben incluir mayores obligaciones de transparencia que el actual ACC, la regla del derecho inferior en las investigaciones antidumping y la prueba del interés público.

Las disposiciones globales de salvaguardia de los acuerdos deben prever una mayor transparencia, consultas antes de la imposición de medidas definitivas y la forma menos perjudicial de adopción de medidas. Los acuerdos también deben incluir un mecanismo bilateral de salvaguardia temporal que abarque el comercio preferencial.

Aduanas y facilitación del comercio y asistencia administrativa mutua en materia de aduanas

Los acuerdos deben establecer una estrecha cooperación aduanera entre las autoridades aduaneras de las partes, de manera que se garantice la correcta aplicación y ejecución de la legislación aduanera en aras de un entorno comercial transparente y previsible. Esto debe incluir medidas para reforzar la gestión de riesgos y unos controles aduaneros eficaces mediante el intercambio de información relacionada con las aduanas. Los acuerdos deben prever medidas para garantizar una cooperación eficaz y oportuna en cuanto a las inquietudes y los riesgos relacionados con la elusión de las medidas restrictivas de la UE, en particular el intercambio de datos aduaneros y comerciales, así como incluir la posibilidad de adoptar medidas restrictivas, abordar los riesgos derivados del comercio electrónico y establecer una cooperación en materia de prohibiciones y restricciones.

Los acuerdos deben incluir un protocolo sobre asistencia administrativa mutua en materia de aduanas.

Los acuerdos deben incorporar disposiciones para facilitar el comercio legítimo. Deben mejorar las prácticas aduaneras, por ejemplo las relacionadas con el despacho de mercancías, como la gestión de riesgos, los acuerdos previos y los operadores autorizados. Deben garantizar el derecho a recurrir las decisiones vinculantes y contribuir a simplificar los procedimientos aduaneros y a garantizar su correcta aplicación de conformidad con los convenios y normas internacionales aplicables en el ámbito de las aduanas y la facilitación del comercio, incluidos los elaborados por la OMC y la Organización Mundial de Aduanas. Los procedimientos y las formas de cooperación acordados también deben tener en cuenta el nivel de armonización logrado entre los países del CCG.

Obstáculos técnicos al comercio

Los acuerdos deben abordar los obstáculos innecesarios al comercio derivados de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, por ejemplo, promoviendo el reconocimiento de la declaración de conformidad del proveedor. Deben basarse en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, mejorar su aplicación y, en su caso, introducir disposiciones que vayan más allá de su ámbito de aplicación.

Medidas sanitarias y fitosanitarias

Los acuerdos deben basarse en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la OMC y trascender los límites de este, con el fin de facilitar el acceso al mercado de cada una de las partes, al tiempo que se protege la vida o la salud de las personas, los animales y las plantas. Las disposiciones sanitarias y fitosanitarias deben abarcar cuestiones como la transparencia, el reconocimiento de la equivalencia, la evaluación y el análisis de riesgos, el reconocimiento de las medidas de regionalización para el control de enfermedades y plagas zoosanitarias y fitosanitarias, los procedimientos de control, inspección y aprobación, la transparencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias, el reconocimiento de la UE como entidad única, incluidos los procedimientos acelerados para las solicitudes de acceso al mercado, teniendo en cuenta la política armonizada de la UE en materia de MSF, la aplicación de la lista previa de establecimientos productores de alimentos, la cooperación en materia de reglamentación, la cooperación en materia de bienestar animal y resistencia a los antimicrobianos, así como la creación de un mecanismo para abordar sin demora problemas comerciales específicos relacionados con las medidas sanitarias y fitosanitarias. Las disposiciones sanitarias y fitosanitarias también deben incluir la cooperación en materia de sistemas alimentarios sostenibles. Los procedimientos y las formas de cooperación también deben tener en cuenta el nivel de armonización logrado entre los países del CCG.

Bienestar animal

Los acuerdos deben promover la cooperación y los intercambios continuados en materia de bienestar animal, así como el debate, entre otras cosas, sobre posibles compromisos en cuanto a equivalencias en materia de bienestar animal entre las partes. Las normas de la UE en materia de bienestar animal deben servir de base para las negociaciones.

Derechos de propiedad intelectual e indicaciones geográficas

Los acuerdos deben ir más allá del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En cuanto a los derechos de propiedad intelectual (DPI), debe existir el objetivo de reforzar la protección y la observancia de los DPI, en particular en lo que respecta a la lucha contra la falsificación y la piratería, y el control en las medidas aduaneras y fronterizas. Los acuerdos deben incluir disposiciones detalladas sobre la aplicación de los DPI y la protección de todos los tipos de DPI, en particular los derechos de autor y derechos afines, las marcas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, incluidos los certificados complementarios de protección para medicamentos y productos fitosanitarios, los secretos comerciales, la protección reglamentaria de los datos y la protección de las variedades vegetales, así como disposiciones sobre el reconocimiento y la protección efectivos de las indicaciones geográficas.

Competencia, subvenciones y empresas públicas

Los acuerdos deben incluir disposiciones sobre:

a)la garantía de cumplimiento del Derecho de competencia (incluidos los acuerdos restrictivos, los cárteles, el abuso de posición dominante y el examen de las concentraciones), los principios de transparencia, el respeto de las garantías procesales, la equidad procesal y la no discriminación, de conformidad con el Derecho de la parte de que se trate;

b)subvenciones, incluida la prohibición de determinadas subvenciones y disposiciones de transparencia relativas a las subvenciones a empresas que producen bienes o prestan servicios, y

c)las empresas públicas, los monopolios designados y las empresas que gozan de derechos o privilegios especiales con respecto al trato no discriminatorio, las consideraciones comerciales, la regulación neutra y la transparencia. Estas normas deben aplicarse en los diferentes niveles de gobierno y sectores y no deben afectar a las obligaciones de servicio público.

Los procedimientos y la cooperación también deben tener en cuenta el nivel de armonización logrado entre los países del CCG.

Contratación pública

Los acuerdos deben tener por objeto establecer disciplinas en los procedimientos de contratación pública y ofrecer oportunidades de acceso al mercado que abarquen tanto las relaciones bilaterales como las relaciones en el marco del CCG.

Deben tener por objetivo mejorar la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal, especialmente mediante la introducción de disposiciones sobre el uso de medios electrónicos, en particular la publicación de información sobre contratación pública, anuncios, pliegos de condiciones y la recepción de ofertas.

Las negociaciones sobre el acceso al mercado deben basarse en el principio del trato nacional. El trato nacional debe garantizar un trato no menos favorable que el concedido a las mercancías, servicios y proveedores nacionales.

Las negociaciones deben lograr una cobertura completa de la contratación pública en todos los sectores en todos los niveles administrativos, así como la cobertura de la contratación pública por parte de empresas públicas y empresas con derechos especiales o exclusivos, especialmente en el sector de los servicios públicos. La contratación de bienes, servicios y obras públicas debe estar cubierta con excepciones limitadas. Además, deben tenerse en cuenta los compromisos relativos a las concesiones y a las asociaciones público-privadas/concesiones.

Comercio y desarrollo sostenible

Los acuerdos deben incluir disposiciones sobre desarrollo sostenible pertinentes en un contexto de comercio e inversión. Deben promover la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Los acuerdos deben reconocer el derecho de una parte a regular en el ámbito laboral y medioambiental, garantizando la coherencia con las normas y acuerdos acordados internacionalmente.

Los acuerdos deben animar a las partes a alcanzar y mantener unos niveles generales elevados de protección medioambiental y laboral, y a no reducir dichos niveles de protección con el fin de fomentar el comercio o la inversión. Esto debe incluir el compromiso de no establecer excepciones a la legislación nacional en materia laboral o de medio ambiente o dejar de aplicarla.

Los acuerdos deben incluir disposiciones para promover la aplicación efectiva de los principios, reglas y normas medioambientales, laborales y de derechos humanos pertinentes acordados internacionalmente, así como la adhesión a ellos, incluidos todos los principios fundamentales y derechos en el trabajo definidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en su versión modificada en 2022, los instrumentos fundamentales de la OIT y todas las demás normas internacionales del trabajo pertinentes, incluidas la protección de los trabajadores y la inspección del trabajo, así como los acuerdos medioambientales multilaterales pertinentes, en particular la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Los acuerdos deben recoger el compromiso de cada parte de realizar esfuerzos constantes y sostenidos para ratificar los convenios fundamentales de la OIT pendientes.

Los acuerdos deben promover la cooperación para el desarrollo sostenible y una mayor contribución del comercio y la inversión al desarrollo sostenible, en particular abordando ámbitos como la facilitación del comercio de bienes y servicios respetuosos con el medio ambiente y el clima y la promoción de una conducta empresarial responsable y la diligencia debida, teniendo en cuenta los instrumentos reconocidos internacionalmente y animando a las partes a utilizar prácticas internacionales, en particular las directrices de la OCDE y las directrices sectoriales específicas.

Asimismo, los acuerdos deben contener compromisos que promuevan el comercio de recursos naturales obtenidos legalmente y gestionados de forma sostenible, en particular en relación con la biodiversidad, la fauna y la flora, los ecosistemas acuáticos, los productos forestales, los recursos biológicos marinos y la acuicultura, y deben englobar los instrumentos y prácticas internacionales pertinentes. Deben también fomentar un comercio que favorezca un desarrollo de bajas emisiones y resiliente al clima.

Los acuerdos deben incluir disposiciones sobre comercio e igualdad de género, incluido el compromiso de las partes de esforzarse por promover la igualdad de derechos, trato y oportunidades y de cumplir efectivamente sus obligaciones en virtud de acuerdos internacionales que aborden la igualdad de género y los derechos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Servicios e inversiones

Las negociaciones deben tener por objeto la liberalización progresiva y mutua del comercio de servicios y de la inversión extranjera directa, más allá de los compromisos de las partes en el marco de la OMC. De conformidad con el artículo V del AGCS, el Acuerdo debe incluir una cobertura sectorial sustancial y debe aplicarse a todos los modos de suministro.

En particular, los acuerdos deben contener disciplinas reguladoras. Los acuerdos deben incluir disposiciones sobre inversión, prestación transfronteriza de servicios y presencia temporal de personas físicas con fines empresariales), regulación nacional, así como marcos reglamentarios para sectores de servicios específicos (por ejemplo, servicios de transporte marítimo internacional, servicios de entrega, servicios de telecomunicaciones y servicios financieros).

La UE y sus Estados miembros deben mantener la posibilidad de conservar y desarrollar su capacidad de definición y ejecución de las políticas culturales y audiovisuales con el fin de preservar su diversidad cultural. Por lo tanto, los servicios audiovisuales deben quedar excluidos del ámbito de la liberalización de los servicios y la inversión.

Comercio digital

Los acuerdos deben incluir disciplinas reguladoras horizontales aplicables al comercio habilitadas por medios electrónicos para garantizar la previsibilidad y la seguridad jurídica a las empresas, proporcionar un entorno en línea seguro para los consumidores y abordar los requisitos injustificados de localización de datos, que no deben afectar a las normas de protección de datos personales de la UE y deben preservar el espacio político necesario para desarrollar y aplicar el marco jurídico de la UE en este ámbito. Estas disciplinas deben cumplir el marco jurídico de la UE en materia de protección de datos personales y no personales.

Estas disciplinas deben estar en consonancia con el marco jurídico de la UE y preservar la autonomía reglamentaria necesaria para aplicar y desarrollar las políticas digitales y de datos de la UE. En particular, la UE no debe aceptar disciplinas o compromisos que puedan afectar a su marco jurídico en materia de ciberseguridad, en particular respecto de un elevado nivel común de seguridad de las redes y los sistemas de información en la UE. La UE y sus Estados miembros tienen la intención de mantener la posibilidad de conservar y desarrollar su capacidad de definir y aplicar políticas culturales y audiovisuales con el fin de preservar su diversidad cultural. La Unión Europea no debe aceptar normas o compromisos relativos a los servicios audiovisuales.

Movimientos de capitales, pagos y transferencias y medidas temporales de salvaguardia

Los acuerdos deben incluir disposiciones que garanticen que no se restrinjan los movimientos de capitales, los pagos y las transferencias que sean necesarios para hacer efectivos los compromisos contraídos en virtud de los acuerdos. Los acuerdos deben contener las disposiciones prudenciales estándar de exclusión y salvaguardia para garantizar la capacidad de la UE de adoptar medidas para el funcionamiento de la unión económica y monetaria de la Unión, así como medidas en relación con las dificultades de la balanza de pagos o las dificultades financieras externas. Dichas disposiciones deben ser conformes con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Energía y materias primas

Los acuerdos deben incluir disciplinas comerciales y de inversión específicas en materia de energía y materias primas, en particular que limiten las distorsiones de precios, faciliten las inversiones en energía y materias primas, promuevan el acceso al mercado de las redes energéticas y faciliten las inversiones en energías renovables, garantizando las evaluaciones de impacto ambiental y las normas de seguridad mar adentro. También deben contemplar una mayor cooperación en materia de energía y materias primas.

En particular, la cooperación en materia de energía debe abarcar las energías renovables, los combustibles renovables de origen no biológico (hidrógeno), así como la eficiencia energética, las infraestructuras energéticas y la integración de los mercados regionales, las cadenas de suministro de energía sostenible y tecnologías limpias, las soluciones de captura, utilización y almacenamiento de carbono, incluida la captura directa del aire, así como la reducción de las emisiones de metano en los sectores del petróleo, el gas y el carbón, en consonancia con las normas internacionales y de la Unión (OGMP 2.0). La cooperación también debe abarcar la transición energética de los recursos de hidrocarburos a los recursos descarbonizados, con el objetivo de promover la cooperación regional y la conectividad en materia de energía.

También deben proponerse otras actividades de cooperación para el sector de los minerales fundamentales. Esto debe incluir la cooperación para reducir o eliminar las medidas adoptadas por terceros con el fin de distorsionar el comercio de materias primas y facilitar los vínculos comerciales y de inversión para garantizar el establecimiento de cadenas de suministro de materias primas que funcionen correctamente y sean sostenibles y resilientes, la cooperación en los ámbitos del abastecimiento responsable de materias primas fundamentales y la sostenibilidad de las cadenas de valor de las materias primas, en consonancia con las normas ASG y de las Naciones Unidas, así como la investigación e innovación a lo largo de toda la cadena de valor de las materias primas.

Pequeñas y medianas empresas

Los acuerdos deben facilitar la participación de las pymes de ambas partes en el comercio entre la UE y los miembros del CCG mediante «compromisos sobre el intercambio de información sobre el acceso a los mercados» y la creación de un «marco institucional adecuado», destinado a garantizar que se tengan en cuenta las necesidades de las pymes de ambas partes en la aplicación del acuerdo.

Buenas prácticas reguladoras

Los acuerdos deben reconocer la importancia de las buenas prácticas reguladoras y el papel que puede desempeñar la cooperación en materia de reglamentación a la hora de evitar los obstáculos al comercio derivados de enfoques reguladores divergentes innecesarios y promover el comercio y la inversión internacionales.

Para definir un ciclo reglamentario eficaz y cultivar un entorno reglamentario coherente y que facilite el comercio, las disposiciones sobre buenas prácticas reguladoras deben abarcar la coordinación interna, los procesos y mecanismos reguladores, la información temprana, las consultas públicas, las evaluaciones de impacto, el registro reglamentario de evaluaciones retrospectivas y el intercambio de información.

Los acuerdos también deben brindar la posibilidad de entablar un diálogo conjunto sobre estas cuestiones con todos los socios del CCG.

Transparencia

Los acuerdos deben facilitar a los operadores económicos y al público en general el acceso a información relativa a los requisitos reglamentarios y las administraciones públicas responsables, basándose al mismo tiempo en las obligaciones pertinentes de la OMC (artículo X del GATT de 1994).

Las principales disposiciones deben comprender (medidas a nivel nacional y del CCG), la publicación, las investigaciones, la administración de medidas de aplicación general y la revisión y el recurso.

Excepciones

Deben establecerse excepciones para que una parte pueda adoptar medidas para la protección de la salud o del medio ambiente o para la seguridad esencial, incluida la cláusula estándar de excepción fiscal de la Unión para los acuerdos comerciales, que debe garantizar la compatibilidad de elementos específicos en el ámbito de la fiscalidad directa con la política comercial de la UE.

Resolución de litigios

Los acuerdos deben incluir un mecanismo eficaz de resolución de litigios que abarque todas las disposiciones y prevea resoluciones vinculantes para las partes. El mecanismo de resolución de litigios debe ser transparente y abierto y basarse en la experiencia adquirida en la OMC y en los acuerdos comerciales bilaterales de la UE. Los procedimientos deben constar de tres fases: consultas, procedimientos del panel, y cumplimiento. También debe existir un mecanismo de mediación no vinculante como forma alternativa de resolución de litigios que cubra las reclamaciones en casos en que no exista infracción.

Otros asuntos

Los acuerdos podrían incluir disposiciones adicionales relativas a la relación comercial y económica cuando, en el transcurso de las negociaciones, las partes hayan manifestado su interés mutuo.

:   [(1)](#footnoteref1)
       
    [EUR-Lex – 21989A0225(01) – ES – EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_internation/1989/147/oj/eng)
    .
:   [(2)](#footnoteref2)
       
    [Comunicación conjunta sobre una asociación estratégica con el Golfo |](https://www.eeas.europa.eu/eeas/joint-communication-%E2%80%9Cstrategic-partnership-gulf%E2%80%9D_en)
     [SEAE](https://www.eeas.europa.eu/eeas/joint-communication-%E2%80%9Cstrategic-partnership-gulf%E2%80%9D_en)
    .

[Top](#document2)