Source: EURLEX
Language: es
Format: md

C 239/2 ES Diario Oficial de la Unión Europea 4.10.2003

—
que nunca fue objeto de consultas con la Comisión
antes de su aprobación,

ha infringido los artículos 1, 4, 7 y 9 del Reglamento
(CEE) n [o] 3577/92( [1] ) y ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud del citado Reglamento y del
Tratado CE.

2. condene en costas al Reino de España.

_Motivos y principales alegaciones_

La ría deVigo está incluidaen el ámbito de aplicación territorial
del Reglamento n [o] 3577/92. Dicho Reglamento no tiene como
objetivo la regulación de la competencia en un mercado
determinado. La circunstancia de que el tráfico por mar entre
los puertos de la ría de Vigo sea local no excluye la aplicación
del principio de libre prestación de servicios.

( [1] ) del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el
principio de libre prestación de servicios a los transportes
marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo)
DO L 364 de 12.12.1992 p. 7.

**Recurso de casación interpuesto el 25 de julio de 2003**
**(fax de 21 de julio de 2003) por D. José Luis Zuazaga**
**Meabe contra el auto dictado el 28 de abril de 2003 por la**
**Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las**
**Comunidades Europeas en el asunto T-15/03 promovido**
**contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior**
**(OAMI) por D. José Luis Zuazaga Meabe, siendo la otra**
**parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso el Banco**
**de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.**

**(Asunto C-325/03 P)**

(2003/C 239/03)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 25 de julio de 2003 (fax de 21 de julio de 2003)
un recurso de casación formulado por D. José Luis Zuazaga
Meabe, representado por D. José Antonio Calderón Chavero y
Dña. Natalia Moya Fernández, contra el auto dictado el 28 de
abril de 2003 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-15/03
promovido contra la Oficina de Armonización del Mercado
Interior (OAMI) por D. José Luis Zuazaga Meabe, siendo la
otra parte en el procedimiento ante la Sala deRecurso el Banco
de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

La parte recurrente solicita al Tribunal de Primera Instancia de
las Comunidades Europeas:

1. la anulación de la decisión por auto de la Sala Segunda
del Tribunal de Primera Instancia emitida el 28 de abril
de 2003 en el asunto T-15/03 al haberse acreditado por
parte de la recurrente la máxima diligencia y previsión
exigible normalmente en el envío de una comunicación
al Tribunal de Primera instancia.

2. el consiguiente reenvío por estimación del presente
recurso de casación del asunto T-15/03 para que se
declare su admisión a trámite y subsiguiente procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia de acuerdo
con las alegaciones previstas en el escrito de recurso
presentado contra la resolución de la Segunda Sala de
Recurso de la OAMI de 24 de octubre de 2002, en el
asunto R 918/2001-2, en relación con un procedimiento
de oposición entre José Luis Zuazaga Meabe y Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

_Motivos y principales alegaciones_

— Infracción del artículo 45 del Estatuto del Tribunal de
Justicia: el recurrente invoca la existencia de circunstancias impeditivas y ajenas a él, imprevisibles e inevitables,
que demuestran un caso fortuito o de fuerza mayor. En
efecto, la confirmación, por correo certificado depositado
en el servicio de correos español el 7 de enero de 2003,
del recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera
Instancia mediante fax de 3 de enero de 2003, resultó
fallida por causas ajenas al recurrente. El principio de
proporcionalidad exige pues un tratamiento flexible por
parte del Tribunal de Primera Instancia.

—
Infracción del artículo 102 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y del artículo 81.2 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
de Justicia: el recurrente sostiene que al plazo ordinario
ampliado en diez días por razón de la distancia pueden
sumársele diez días más para acreditar definitivamente el
escrito enviado por fax.

—
Infracción del artículo 103 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y del artículo 82
del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia:
el recurrente alega que puede y debe ser aplicado el
principio de proporcionalidad, ajustándose la fecha de
vencimiento del plazo de una manera flexible en casos
como el presente, en el que el recurrente anticipó por fax
su escrito.

4.10.2003 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 239/3

—
Infracción del artículo 43.3 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia: el recurrente
sostiene que, en el presente caso, el recurso no ha sido
admitido por presunto incumplimiento del plazo de
confirmación, no del plazo procesal, que quedó cumplido
mediante el envío por fax.

—
Infracción del artículo 43.6 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia: el recurrente
sostiene que, conforme al principio de proporcionalidad,
al plazo procesal existente, incluidos los diez días por
razón de la distancia, puede sumársele para convalidar un
escrito y una relación de anexos previamente comunicados por fax otros diez días más.

**Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-**
**lución del Areios Pagos (Tribunal de Casación), de fecha**
**31 de marzo de 2003, en el asunto entre «Trapeza tis**
**Ellados A.E.» (Banco de Grecia) y «Banque Artesia»**

**(Asunto C-329/03)**

(2003/C 239/04)

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Areios Pagos (Tribunal de Casación), dictada el
31 de marzo de 2003, en el asunto entre «Trapeza tis Ellados
A.E.» (Banco de Grecia) y «Banque Artesia», y recibida en la
Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de julio de 2003. El
Areios Pagos (Tribunal de Casación) solicita al Tribunal de
Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:

En relación con las disposiciones del artículo 4 de la Primera
Directiva 60/921 del Consejo ( [1] ), de la lista D y de la partida VI
de la nomenclatura, relativa a las «Inversiones a corto plazo en
bonos del Tesoro y en otros títulos normalmente negociados
en el mercado monetario», interpretadas atendiendo a su
espíritu y a la finalidad que persiguen, o interpretadas a la
luz de la práctica común aparentemente seguida en las
transacciones internacionales, en virtud de la cual los títulos
de las características de las obligaciones controvertidas del
«Banco helénico para el desarrollo industrial», con vencimiento
a un año, se consideran inversiones a corto plazo, ¿dichas
disposiciones se aplican: a) a las obligaciones emitidas por un
banco con forma jurídica de sociedad anónima, cuyas acciones
pertenecen al Estado, con vencimiento a un año de su fecha de
emisión, negociables y cotizadas en bolsa, o b) a las obligaciones emitidas por un banco con forma jurídica de sociedad
anónima, con vencimiento a un año de su fecha de emisión,
negociables y cotizadas en bolsa?

Por otra parte, en relación con las disposiciones del mencionado artículo 4 de dicha Directiva, de la lista D y de la
partida IX de la nomenclatura, relativa a la «Apertura y
movimiento de cuentas corrientes y de depósitos, repatriación
o utilización de los haberes en cuenta corriente o en depósito
en entidades de crédito», interpretadas atendiendo a su espíritu
y a la finalidad que persiguen, ¿dichas disposiciones se aplican
a la utilización en un banco, en cuanto entidad de crédito, de
los activos de una cuenta de depósito, aprovisionada conforme
a lo establecido en la decisión 1097/1959 del Comité monetario a que se ha hecho referencia en la presente resolución (con
el producto de la moneda extranjera importada, etc.), e
integrada por depósitos denominados en moneda nacional
convertible en moneda extranjera?

( [1] ) DO L 43 de 12.7.1960, p. 921.

**Recurso interpuesto el 29 de julio de 2003 contra la**
**República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-**
**des Europeas**

**(Asunto C-332/03)**

(2003/C 239/05)

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 29 de julio de 2003 un recurso contra la
República Portuguesa formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por el Sr. T. van Rijn y
la Sra. A.M. Alves Vieira, en calidad de agentes, que designa
domicilio en Luxemburgo.

La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

1. Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
obligaciones que le incumben en materia de gestión y
control de las cuotas de pesca,

—
al no haber adoptado medidas adecuadas para la
utilización de las cuotas que le fueron atribuidas
para las campañas de 1994 a 1996;

—
al no haber velado por la observancia de la normativa comunitaria de conservación de los recursos
pesqueros, a través de un control suficiente de las
actividades de pesca y de una inspección adecuada
de la flota pesquera, así como de la descarga y
registro de las capturas, para las campañas de 1994 a
1996;