Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 51995IE0055

**INICIATIVA DE DICTAMENT DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL sobre "Las relaciones de la Unión Europea con Rusia, Ucrania y Belarús"** 
  
*Diario Oficial n° C 102 de 24/04/1995 p. 0040*

  

Dictamen sobre las relaciones de la Unión Europea con Rusia, Ucrania y Belarús

(95/C 102/11)

El 29 de abril de 1993, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 23 del Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre las relaciones de la Unión Europea con Rusia, Ucrania y Belarús.

La Sección de Relaciones Exteriores, Política Comercial y Desarrollo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de enero de 1995 (ponente : Sr. Petersen).

En su 322o Pleno (sesión del 26 de enero de 1995), el Comité Económico y Social ha aprobado por mayoría y tres abstenciones el siguiente dictamen.

Chechenia : Cese inmediato del conflicto bélico

El Comité Económico y Social sigue con consternación e inquietud los enfrentamientos sangrientos que tienen lugar en Chechenia. Los derechos humanos son diariamente objeto de violaciones múltiples. Día tras día se causa a la población chechena sufrimientos indecibles. El Comité hace un llamamiento a la Unión Europea para que ejerza su influencia y persuada a Rusia de poner término definitivamente a este absurdo derramamiento de sangre y procure inmediatamente una solución política al conflicto. La Unión Europea debe hacer comprender que el curso de las reformas políticas en la Federación Rusa está expuesto a la contingencia de que aumente el peligro de causar perjuicios graves -económicamente también- al propio país. Nuestros objetivos comunes, según consta en el documento CSCE de Helsinki, de 1992, son el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales -incluidos los derechos de los que pertenecen a las minorías nacionales-, de la democracia y del Estado de Derecho. Estos son inalienables. Su observancia constituye la base de la colaboración y cooperación en la CSCE y la piedra angular del desarrollo de nuestras sociedades. ¿ Qué valor tienen -pregunta el Comité- estos principios y objetivos solemnemente proclamados en la CSCE, si pueden ser puestos en peligro por alguno de los Estados firmantes ?

El Comité se ha pronunciado siempre en favor de un diálogo político continuado con las democracias de Europa Central y Oriental. Ha apoyado unánimemente el proceso de acercamiento de los Estados interlocutores del Este a la Comunidad Europea y ha pedido la inclusión de estos Estados en un Espacio Económico Paneuropeo. El Comité ha suscrito sin reservas la voluntad, confirmada en los Acuerdos de colaboración y cooperación, de colaborar conjuntamente en el robustecimiento de las libertades políticas y económicas, que constituyen el fundamento mismo de la colaboración. Es necesario para ello que el respeto de los principios de la democracia y de los derechos humanos se considere como pauta de conducta para la política interior y exterior y, simultáneamente, componente esencial de la colaboración. La Comunidad Europea y sus Estados miembros deberían explicar con miras al acuerdo que conceden una extraordinaria importancia a estas cuestiones. Por consiguiente, la Comunidad debería aplazar la entrada en vigor de lo convenido con carácter transitorio sobre la parte del acuerdo relativa al comercio. Se pide también a los Estados miembros de la Comunidad Europea que aplacen la ratificación del acuerdo hasta que Rusia haya acometido con determinación las reformas políticas y sociales, hasta que quede claro que en el futuro los conflictos interiores -como los de Chechenia- se solucionarán con medios políticos, y no con los de las fuerzas militares.

Resumen

Dadas las dimensiones del dictamen, el Comité estima oportuno describir en primer lugar de modo conciso sus apreciaciones y recomendaciones sobre las relaciones de la Comunidad Europea con Rusia, Ucrania y Belarús. El núcleo está constituido por los Acuerdos de colaboración y cooperación, firmados el primer semestre de 1994 por la Comunidad Europea y sus Estados miembros y Rusia y Ucrania. Al objeto de facilitar la comprensión de las profundas transformaciones que tienen lugar actualmente en los Estados interlocutores del Este -y de sus causas-, el Comité considera conveniente esbozar también a grandes rasgos la disgregación de la Unión Soviética. Se examinan someramente, además, las tentativas de reformas, políticas y económicas, en las repúblicas independientes, porque la valoración de diversos pasajes de los acuerdos sólo se hace inteligible contra el telón de fondo de las medidas reformistas ya iniciadas.

El Comité valora positivamente en principio los Acuerdos de colaboración y cooperación, pero al mismo tiempo subraya que la diversa fuerza de negociación de las repúblicas independientes no debería desempeñar un papel en la organización de las relaciones entre las Partes contratantes y se debería renunciar en lo posible a una diferenciación entre repúblicas europeas y asiáticas. Cualquier tipo de desigualdad de trato seguirá deteriorando el espacio económico de la CEI, acelerará la desintegración, ya inquietante, y planteará problemas considerables al Comité económico de la CEI recientemente creado. Los acuerdos no preferenciales, mixtos y, por consiguiente, sujetos a ratificación regulan una amplia gama de relaciones políticas, económicas y comerciales. Representan un tipo de acuerdo intermedio entre los acuerdos de cooperación y comercio y los acuerdos europeos. A finales de 1992 dieron comienzo las reuniones bilaterales con Rusia, y poco tiempo después también con Ucrania (puntos 3.1 a 3.6).

El Comité suscribe sin reservas la voluntad manifestada por las Partes contratantes de colaborar en el robustecimiento de las libertades políticas y económicas, que son el fundamento mismo de la colaboración. El Comité comparte el punto de vista de las Partes contratantes en cuanto a la eminente importancia que se debe conceder al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos, especialmente los derechos de las minorías, la creación de un sistema de pluripartidismo con elecciones (secretas) libres y democráticas y la liberalización de la economía al objeto de crear una economía de mercado. El Comité acoge favorablemente también la relación que establecen los interlocutores entre realización de la colaboración y continuación de las reformas políticas y económicas en los países del Este (punto 3.7).

El Comité atribuye un valor de compromiso político a la comprobación conjunta hecha por los interlocutores de que Rusia debe clasificarse como país con una economía de transición. El futuro dirá hasta qué punto este compromiso es económicamente realista y sólido. Por el contrario, Ucrania seguirá clasificándose como país de comercio de Estado. El Comité considera que la diversa clasificación de ambos Estados es probable que deba atribuirse sobre todo a la mayor fuerza de negociación de Rusia (punto 3.8).

El Comité critica explícitamente que en ambos acuerdos se evite claramente el reconocimiento de los principios de justicia social. Debería ser un hecho harto sabido para los interlocutores de la negociación que los procesos de transformación van acompañados de enormes convulsiones sociales. Pueden conducir, en última instancia, a que la población rechace democracia y economía de mercado, porque perciba que los costes sociales y humanos son demasiado elevados. En este contexto, el Comité defiende al mismo tiempo la idea de que en los acuerdos no sólo se hable exclusivamente de economía de mercado, sino de economía de mercado social como objetivo al que deberían aspirar las reformas (puntos 3.9 y 3.10).

El Comité estima sumamente insatisfactorio el contenido de los principios generales de los acuerdos. Es cierto que el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos aparecen caracterizados como componente esencial de los acuerdos. Este reconocimiento es, sin embargo, insuficiente. El Comité lamenta sobre todo que la Comunidad Europea no haya logrado fijar definitivamente como elemento esencial en el acuerdo con Rusia la creación y mantenimiento de los principios de la economía de mercado, destacado explícitamente en el primer mandato de negociación. Para el Comité, esto equivale a emitir una señal política falsa y es algo poco alentador para las fuerzas reformistas que defienden la economía de mercado. Por lo demás, el Comité propone que en los acuerdos se definan también como elementos fundamentales la protección de los derechos sociales fundamentales y de los derechos de las minorías (punto 3.14).

El Comité considera importante la cláusula evolutiva, en virtud de la cual en 1998 se examinará conjuntamente si en Rusia (en Ucrania) se cumplen los requisitos económicos (por ejemplo, estructuras fundamentales de la economía de mercado) para poder iniciar las negociaciones sobre la creación de una zona de libre cambio. El Comité habría preferido -a causa sobre todo de la necesaria creación de un clima de confianza- un texto más preciso (punto 3.15).

El Comité critica nuevamente el hecho de que los contactos -que son irrenunciables- entre los medios socioeconómicos de ambas Partes contratantes no hayan sido mencionados explícitamente en ningún momento. En la Unión Europea debería existir también consenso en torno a la idea de que nunca habrá un espacio económico europeo común si los grupos sociales deben vivir en la sombra del mismo. El Comité propone a la Comunidad que durante la primera revisión de los acuerdos ambas instituciones examinen conjuntamente si para entonces ha llegado el momento de institucionalizar en un Comité Consultivo Paritario los contactos entre los miembros del Comité Económico y Social y los miembros de órganos análogos en los Estados contratantes del Este. Durante el período transitorio, el Comité debería organizar en forma de rondas de conversaciones el diálogo y la cooperación de los grupos sociales (puntos 3.18 y 3.45).

Las Partes contratantes se otorgan mutuamente en el capítulo correspondiente al comercio la cláusula general de nación más favorecida en el sentido del artículo I del GATT. El Comité acoge favorablemente la supresión mutua de las restricciones cuantitativas a la importación, con la salvedad de las reglamentaciones especiales para textiles, productos CECA y material nuclear. El Comité considera que la cláusula de protección que se ha acordado en caso de desequilibrios del mercado debería redactarse de modo más concreto y sustituirse cuanto antes por las disposiciones análogas del GATT 94. Lo mismo rige para las medidas antidumping o compensatorias. En cuanto a la política aduanera, el Comité lamenta que la Comunidad haya omitido acordar un « standstill » para el arancel exterior (ruso/ucraniano). Mientras estos dos países no dispongan de la condición de miembros del GATT/de la OMC, podrán elevar arbitariamente -pese a las consultas previas- la protección arancelaria (puntos 3.19 a 3.26).

En lo que se refiere al mercado del trabajo, el Comité expresa su desacuerdo con que se prohíba el acceso al mercado de trabajo de la Comunidad a familiares de trabajadores legalmente empleados de ambos Estados contratantes. Otro asunto diferente es que el mercado comunitario del trabajo no señale para los próximos años -a causa del elevado desempleo y de los márgenes de actuación extremadamente limitados a medio plazo- ningún tipo digno de mención de necesidades de mano de obra. La Comunidad deberá evitar, pues, cualquier acuerdo del que pudiese derivarse un derecho -aunque sólo fuese político- a la libre circulación (transfronteriza) de trabajadores procedentes de terceros países (punto 3.27).

En lo que se refiere a la negociación de las reglamentaciones en materia de establecimiento y actividad comercial de sociedades, el Comité considera que es urgentemente necesario revisar las disposiciones, sobre todo en el sector de las prestaciones de servicios financieros. Las disposiciones acordadas con Rusia deparan por el momento a los bancos comunitarios desventajas competitivas inequívocas que deberían eliminarse lo más rápidamente posible, con mayor rapidez en todo caso que el plazo de actuación previsto, del cual de todas maneras sólo se conocen las líneas generales (punto 3.30).

El Comité se congratula de que se autoricen pagos corrientes en moneda de libre conversión para los intercambios bilaterales de pasajeros, mercancías y servicios. Suscribe también las primeras tentativas de liberalización de la circulación de capitales. Al mismo tiempo, el Comité pide a las Partes contratantes que sigan adelante con perseverancia por el camino elegido. Las ventajas inherentes a la posición competitiva y especialización en materia de una creciente libertad de circulación de bienes y servicios sólo podrán aprovecharse enteramente -a juicio del Comité- cuando, salvando las fronteras, exista libre circulación del capital (punto 3.33).

Las disposiciones relativas a la competencia representan un punto débil de los acuerdos. Las disposiciones acordadas son de redacción tan laxa y de carácter tan poco vinculante que apenas pueden dar lugar a reclamaciones, ni para las Partes contratantes ni para las empresas europeas. El Comité destaca en este contexto la disposición manifestada por la Comunidad de proporcionar a los interlocutores del Este, a petición propia, asistencia técnica en la elaboración y aplicación de las normas sobre competencia (punto 3.34).

En materia de protección de la propiedad intelectual, industrial y comercial, Rusia y Ucrania tienen la intención de lograr, al final del quinto año siguiente a la entrada en vigor del acuerdo, un nivel de protección « comparable » al de la Comunidad Europea. El Comité considera que habría sido mejor que las Partes contratantes hubiesen llegado a un acuerdo sobre un nivel de protección « equivalente ». El Comité expresa una postura escéptica ante lo convenido en materia de solución de conflictos en caso de divergencias de criterio resultantes de la aplicación de los acuerdos y de los convenios multilaterales recogidos en lista. También en este caso, el procedimiento está concebido de modo extraordinariamente laxo, su resultado final es la realización de reuniones de carácter no vinculante y es muy inferior al mecanismo análogo previsto en el GATT (punto 3.35).

Rusia y Ucrania tienen la intención de armonizar progresivamente sus normativas jurídicas con la legislación comunitaria. El Comité se congratula de esta declaración de intenciones. No ignora, sin embargo, en modo alguno las graves dificultades que la armonización jurídica lleva aparejadas para los Estados del Este. El Comité considera que en el marco de los comités de cooperación se deberían crear grupos especializados para determinar sectores prioritarios con miras a la aproximación. El Comité lamenta que en los acuerdos no se hayan fijado plazos para las medidas jurídicas de adaptación (puntos 3.36 y 3.37).

Las Partes contratantes se proponen fomentar la cooperación económica para fortalecer y desarrollar las actuales relaciones económicas en beneficio mutuo. Merece especial atención el hecho de que todas las Partes contratantes consideran esencial contribuir también a un desarrollo social armónico. El Comité alberga serias dudas respecto de que sólo la enumeración de múltiples ámbitos de actuación política, su coexistencia fuera de toda relación baste ya por sí misma para proporcionar una contribución eficaz a la consecución de los objetivos macroeconómicos previstos. Se debe prestar atención también al hecho de no se trata sólo de uno o dos interlocutores del Este : un apoyo y cooperación semejantes esperan los Estados asociados de Europa Central, el Báltico y las demás repúblicas independientes de la antigua Unión Soviética. El Comité considera que habría sido más indicado ponerse de acuerdo desde el principio sobre la lista de prioridades económicas para la cooperación. Por ejemplo, en el sector de las infraestructuras, la modernización o el cierre definitivo de las centrales nucleares, así como en el de la protección de la salud humana y del medio ambiente existe una urgente necesidad de actuación (puntos 3.38 a 3.40).

A diferencia de los acuerdos europeos, el Acuerdo de colaboración y cooperación con Rusia contiene una amplia gama de disposiciones sobre la cooperación en materia de prevención de delitos. Este dispositivo es para el Comité una medida que debió haberse adoptado desde hace mucho tiempo. El Comité hace un llamamiento a la Comunidad Europea y a sus Estados miembros para que lleven a cabo cuanto antes las consultas previstas y una « estrecha interacción » con Rusia y presten asistencia administrativa y técnica (punto 3.41).

El Comité suscribe las disposiciones generales acordadas en virtud de las cuales Rusia y Ucrania recibirán asistencia técnica en forma de ayudas financiadas con cargo a los recursos del Programa TACIS de la Comunidad. A fin de garantizar una utilización óptima de los recursos disponibles, la asistencia técnica acordada se coordinará estrechamente con contribuciones procedentes de otras fuentes. El Comité apoya esta intención y da por supuesto que el proyecto de coordinación incluye todas las ayudas financieras que contribuyan a la reorganización económica de los Estados reformistas del Este. El Comité aboga también en favor de que se exploten en mayor medida las fuentes nacionales de capital con vistas a las inversiones productivas y se frene la considerable evasión de capitales. No obstante, esto sólo se conseguirá aplicando una política de estabilización macroeconómica consistente y creando unas condiciones marco empresariales más apropiadas, estables y calculables (puntos 3.42 a 3.44).

1. La disgregación de la Unión Soviética y la formación de las repúblicas independientes

1.1. Desde finales de los años setenta, e incluso antes, las reivindicaciones de los ciudadanos soviéticos en favor de unas mejores condiciones de vida tuvieron un ritmo de crecimiento significativamente más rápido que la capacidad de rendimiento de la economía nacional. Pese a los elevados objetivos macroeconómicos, fijados año tras año por la dirección soviética, los resultados reales quedaron muy por debajo de las metas señaladas. La distancia respecto de los principales países industriales del mundo occidental se acrecentó progresivamente. El abismo entre deseo y realidad se hizo tan grande que obligatoriamente había de desencadenar la crisis del sistema económico soviético. Ésta fue ya objeto de detenidos debates en el seno del partido durante la era Brezniev. No obstante, las tentativas de reformas económicas en los años sesenta y setenta estaban abocadas al fracaso, porque no pretendían conmover los cimientos del sistema tradicional de planificación y debían llevarse a cabo sin modificar las condiciones políticas. Con la elección de Gorbachov al cargo de Secretario general del PCUS (marzo de 1985), los debates en torno a las reformas adquirieron una nueva dimensión. En el XXVII Congreso del PCUS (febrero de 1986), Gorbachov lamentó en términos inequívocos que « las intervenciones prácticas de los órganos del partido y del Estado fuesen a remolque de las exigencias de la época y de la vida. La desidia, formas y métodos de dirección anquilosados, la disminución del dinamismo en el trabajo (y) el creciente burocratismo » () han ocasionado -afirmó- daños considerables. A consecuencia de este análisis implacable, en el Pleno del Comité Central del PCUS celebrado en junio de 1987 abogó en favor de una reforma económica radical y de la reorganización fundamental de la dirección económica (perestroika). Había que superar los procesos de estancamiento, eliminar todo lo que supusiera un freno, crear un mecanismo fiable y eficaz para acelerar el desarrollo socioeconómico y conferir a éste un dinamismo más intenso ().

1.2. En el proceso de la « perestroika », que debía organizar el sistema burocrático dictatorial existente en la Unión Soviética por medio de reformas « más activas, más abiertas, más flexibles y más eficaces », el PCUS desempeñó un papel decisivo. Ya entonces estaba claro que una gran parte de los miembros del Comité Central no apoyaría el curso de las reformas de Gorbachov. El proceso de reorganización que se ponía en marcha chocaba con el sistema autoritario en todos los niveles y en todos los ámbitos de la vida social. Esto fue lo que movió a Gorbachov a celebrar, en junio de 1988, la 19a Conferencia del Partido de la Unión del PCUS. Ésta reclamó un nuevo Parlamento, un fortalecimiento del poder presidencial, la creación de la economía de mercado y una mayor autonomía económica de las diversas repúblicas de la Unión. Estas reivindicaciones suscitaron también una resistencia considerable, pues afectaban a los intereses de numerosos sectores de la población. Hubo resistencia por parte de la « nomenklatura » del partido, las estructuras del Estado (desde la administración central hasta los órganos de poder local), el complejo militar industrial y, muy en particular, una gran parte de la población, que corría el riesgo de perder la ideología y la única orientación política conocida hasta el momento.

1.3. Sin un amplio apoyo público, las ideas reformistas no podían imponerse contra las rígidas estructuras y los antiguos modelos ideológicos. Resultaba indispensable establecer una mayor transparencia (glasnost). Los problemas y las carencias debían someterse a debate público y examinarse detenidamente. En el camino hacia una mayor democracia se modificó la Constitución y se creó como órgano constitucional el Congreso de los Diputados del Pueblo (marzo de 1989). Es cierto que las elecciones para el Congreso de los diputados del pueblono podían considerarse ni valorarse todavía como libres elecciones en el sentido vigente en la democracia occidental, pero constituían una importante etapa en dirección a la democracia y no eran comparables con las « elecciones » que hasta ese momento se conocían en la Unión Soviética. Muchos diputados del Congreso electo eran miembros o antiguos miembros del Partido Comunista, y seguían constituyendo también -desde este punto de vista- la principal fuerza política. Con todo, las elecciones al Congreso de los diputados del pueblo significaron una ruptura del monopolio político del PCUS y también el comienzo de la limitación del poder del aparato del partido, sin, no obstante, poner en tela de juicio la « función directiva » del partido. Se retiró al PCUS la gestión y el control que ejercía directamente sobre la economía y fueron disueltas las correspondientes estructuras del partido hasta sus niveles locales. Se suprimió la mayor parte de los privilegios de los funcionarios del partido. De su condición de instrumentos del poder central se vieron obligados a transformarse, si querían sobrevivir como clase política, en portavoces críticos de su región frente a Moscú. En las repúblicas y regiones de la Unión surgieron -por la fuerza de estos imperativos, agudizados con las crecientes dificultades de abastecimiento- tendencias separatistas, que posteriormente adquirieron también tintes nacionalistas.

1.4. Los síntomas de desintegración del sistema socialista se aceleraron desde la segunda mitad de 1989. A partir de agosto de dicho año, los gobiernos comunistas de Europa Central y Oriental se desmoronaron, una vez que Gorbachov dejó de apoyarlos directamente. Lituania fue la primera república de la URSS que declaró, en marzo de 1990, su independencia. En las repúblicas soviéticas se celebraron elecciones parlamentarias. La lucha por el mantenimiento o la disolución de la Unión Soviética adquirió una nueva dimensión con la elección de Boris Yeltsin a Presidente del Parlamento de la República de Rusia y con la proclamación de la soberanía de ésta. La Unión de Estados empezó a perder su identidad corporal con la soberanía de Rusia. El resto de las repúblicas fue proclamando igualmente de diversa forma su soberanía hasta finales de 1990. A fin de garantizar, no obstante, la supervivencia de la Unión Soviética, sobre todo por razones económicas, Gorbachov propuso una Unión de Estados Soberanos. Mediante referéndum celebrado en marzo de 1991 se aprobó el proyecto de Tratado de la Unión. La ratificación, prevista para el 20 de agosto de 1991, no llegó a tener lugar a causa del golpe de Estado (19 de agosto). A principios de septiembre de 1991, el Parlamento Soviético constituyó un gobierno provisional para la transición hacia una Unión de Estados Soberanos. Algunos días más tarde, Ucrania declaró su negativa a formar parte de ésta. El 16 de noviembre de 1991, Yeltsin -que a mediados de junio de 1991 había sido elegido Presidente de la Federación Rusa- promulgó diez decretos por medio de los cuales Rusia asumía funciones desempeñadas hasta ese momento por el Gobierno central.

1.5. A pesar de las declaraciones y sin la participación de sus parlamentos, los representantes de Rusia, Belarús y Ucrania crearon pocos días más tarde en el « bosque de Belovezha », el 8 de diciembre de 1991, una Confederación de Estados Independientes. En el acuerdo se proclamaba que todas las normas jurídicas de la URSS habían dejado de tener vigencia. Al mismo tiempo, los tres presidentes recordaban que sus países habían sido -según afirmaban- los iniciadores, en 1922, de la fundación de la URSS, razón que concedía a sus Estados el derecho a declarar a su vez la disolución de la Unión Soviética. El 21 de diciembre de 1991 se firmó en Alma Ata un documento titulado « Sobre el final de la Unión Soviética » y se creó la Comunidad de Estados Independientes (CEI) por parte de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, con la excepción de las Repúblicas Bálticas y de Georgia. En la declaración sobre la fundación de la CEI se afirma que la cooperación de los miembros se basa en el principio de igualdad jurídica. La CEI, se dice, no es « ni un Estado ni una entidad supranacional ».

2. Sobre los procesos de reforma en Rusia, Belarús y Ucrania

2.1.

Rusia

2.1.1. Al disolverse la Unión Soviética, Rusia y el resto de las repúblicas heredaron las estructuras políticas del sistema social comunista. El Soviet Supremo de Rusia había sido elegido cuando aún existía la Unión Soviética. La proporción mayoritaria no estaba claramente definida y variaba según el asunto de que se tratase. Una circunstancia determinante era que los diputados representaban ante todo las aspiraciones de determinados territorios y apenas a grupos de intereses sociales. Con el progreso de los proyectos de reformas aumentaron las divergencias de opinión entre el Presidente y el Soviet Supremo. Éstas no eran en ningún caso el resultado de un conflicto entre un presidente reformista y un parlamento antirreformista -aunque las reformas contaban con suficientes opositores en el seno del parlamento-, sino que tenían que ver sobre todo con los métodos que debían elegirse para aplicar las reformas. Los asuntos suscitados eran múltiples. ¿Había que adoptar una política de reformas rápidas, sin tener en cuenta las fricciones sociales, u optar por una política de acceso a la economía de mercado acompañada por medidas sociales ? ¿Había que adoptar un modelo de mercado importado o desarrollar una variante rusa ? La aparición de conflictos relativos a la redistribución de la propiedad agravaba la situación. Los grupos de interés y algunos diputados luchaban, en el marco de un proceso histórico indudablemente único, por la posesión de partes de la propiedad del Estado en curso de privatización. Éstas eran a menudo atribuidas en condiciones dudosas, por debajo de su valor o incluso gratuitamente, en forma de bienes raíces e inmobiliarios, centros de producción, viviendas y terrenos. En estas cuestiones estaban enfrentados los representantes de las enormes empresas del Estado, las nuevas empresas privadas, los agricultores y la población. Uno de los puntos más críticos estribaba en ponerse de acuerdo sobre los grupos sociales que debían participar en los beneficios resultantes de la inflación y los que habían de soportar los costes. Esta lucha por la redistribución de la propiedad fue interrumpida momentáneamente, el 21 de septiembre de 1993, por la disolución del parlamento. Es un hecho muy lamentable que en esta época no se hubiese encontrado aún una solución convincente a ninguna de las cuestiones candentes que habían originado el conflicto.

2.1.2. Las elecciones parlamentarias del 12 de diciembre de 1993 fueron las primeras elecciones pluripartidistas que se celebraban en Rusia. Había que elegir la Duma Estatal (Cámara Baja) y un Consejo de la Federación (Cámara Alta) como representación de los territorios administrados. Los resultados de las elecciones parlamentarias deben valorarse como un retroceso para la política de reformas de Yeltsin. Participación y resultados electorales muestran que una gran parte de la población no suscribía el rumbo elegido hasta el momento para las reformas. El fracaso de los intentos de reforma procede principalmente del hecho de que la población debía aceptar ya elevadas cargas, sin que estuviesen presentes mejoras perceptibles. Se confirmó también el hecho de que el antiguo parlamento, disuelto el 21 de septiembre de 1993, reflejaba de manera extraordinariamente precisa el estado de ánimo de la población y la situación política en Rusia. El resultado de las elecciones no es en esta medida ninguna casualidad. Nadie podía esperar de modo realista que la composición del nuevo Parlamento, ahora democráticamente legitimado, generase menos conflictos que la del antiguo. Saber si volverán a aparecer disensiones, y con qué virulencia, es algo que depende de las medidas que se adopten para continuar las reformas. No se debe olvidar al respecto que en el marco de la futura política de reformas el Presidente debe tener en cuenta igualmente las aspiraciones del ejército ruso, con ayuda del cual puso fin al golpe de Estado del « trágico octubre de 1993 ». El Presidente se apoya cada vez más en los « ministerios fuertes », en el ejército y el « aparato de seguridad ». Actualmente es imposible evaluar con datos fiables las consecuencias resultantes para el desarrollo de la democracia y del parlamentarismo. Por el momento, en todo caso, se perfila un modus vivendi. El Parlamento es consciente evidentemente de la necesidad de una transformación estructural de Rusia. No se han producido hasta ahora enfrentamientos calculados. Naturalmente, los nuevos órganos que continuamente se crean, como la « Cámara social adjunta al Presidente » y la comisión de coordinación prevista en el « Acuerdo sobre la paz civil », pueden interpretarse como desconfianza del Presidente hacia el Parlamento y las instituciones existentes.

2.1.3. Tras los resultados electorales, los escaños de la Duma Estatal han quedado repartidos del modo siguiente : de los 450 escaños elegibles, los partidos reformistas de orientación democrática sólo pudieron obtener una escasa cuarta parte, mientras que el polo directamente opuesto, compuesto por las fuerzas que se pueden calificar como conservadoras antidemocráticas, pudieron reunir un tercio aproximadamente de los votos. Los independientes y partidos pequeños obtuvieron igualmente en torno a un tercio de los escaños. Los puntos de cristalización propiamente hablando son el bloque reformista « Opción Rusia », con sólo 65 escaños, y el Partido Liberal Democrático de extrema derecha de Zhirinovski, que ha logrado convertirse en el segundo grupo por orden de importancia, con 64 escaños. No cabe duda de que las relaciones entre los partidos y los bloques reformistas no son claras. Además, la clasificación de los independientes en términos de derecha o izquierda es en muchos casos problemática y puede dar lugar a conclusiones erróneas. Las alianzas electorales no han de ser tampoco necesariamente de larga duración. De difícil apreciación es el comportamiento que adopte en el futuro el Consejo de la Federación (178 diputados). Está formado por dos representantes respectivamente de cada una de las entidades federativas (repúblicas, regiones). Una gran proporción de estos diputados formaba parte ya del Soviet Supremo.

2.1.4. El referéndum sobre la Constitución, celebrado al mismo tiempo que las elecciones al Parlamento, confirmó el proyecto de Constitución presentado por Yeltsin, puesto que la participación de votantes inscritos en el censo fue superior al 50 % y más del 50 % votaron a favor del proyecto. Esto puso punto final oficialmente a la larga y complicada polémica en torno a la nueva Constitución rusa y los derechos del Presidente. No obstante, 19 de los 89 territorios administrados (9 repúblicas y 10 regiones autónomas) denegaron su aprobación al proyecto de Constitución. La Constitución está hecha a la medida del Presidente. Le confiere de facto el derecho de decidir sobre todos los asuntos importantes y, en caso de conflicto con el Parlamento, pasar por encima de éste : algo que muy pronto podría hacerse realidad en vista de la composición del nuevo Parlamento democráticamente legitimado y los problemas económicos pendientes de solución. La posición dominante del Presidente aparece expresada también en el hecho de que decide de forma determinante la composición del gobierno, puesto que es él quien designa a los ministros y nombra al presidente del gobierno con el acuerdo de la Duma Estatal. Es quien tiene el poder de decisión sobre la dimisión del gobierno y la destitución de los diversos miembros del gabinete. Las competencias otorgadas por la Constitución en materia de directrices garantizan al Presidente una influencia determinante en la política exterior e interior. El Presidente puede disolver al Parlamento, pero lo contrario, la destitución del Presidente, sólo es posible por medio de ambas cámaras parlamentarias y el Tribunal Constitucional en caso de alta traición. La Constitución decide inequívocamente en favor del poder central. Tal como establece, se deberá poner término a la coexistencia, que prevalecía hasta la aprobación de la nueva Constitución, entre órganos ejecutivos y legislativos en los diferentes niveles de la Federación. Deberán existir estructuras de poder claramente definidas. Así, por ejemplo, el texto de la Constitución no establece ya distinciones entre entidades federales (repúblicas, regiones, etc.) con derechos diferentes. El grado de aplicación que el texto de la Constitución adquiera en la práctica dependerá en buena medida de las entidades federales. La clara orientación hacia un refuerzo de las relaciones de poder en favor del Presidente puede revelarse también algún día como una desventaja, si Yeltsin hubiese de abandonar el cargo y éste fuese ocupado por un representante de las fuerzas nacionalistas o de extrema derecha.

2.1.5. En tiempos de la Unión Soviética, la Federación Rusa sustituía ya las leyes de aquélla por actos legislativos rusos. Desde 1991 se han aprobado otras leyes y decretos encaminados a garantizar una rápida transformación de la economía : ley sobre las empresas (29 de diciembre de 1990), ley sobre la privatización, ley sobre la competencia y reducción de la actividad de monopolio en los mercados comerciales, leyes sobre bancos y actividades bancarias, bolsas de contratación y operaciones bursátiles. Además, han entrado en vigor numerosos decretos presidenciales, decisiones del Soviet Supremo, reglamentos del Consejo de ministros y otras directivas de los órganos federativos. El principal inconveniente de este tipo de legislación reside en la insuficiente seguridad jurídica, porque los decretos pueden ser objeto de modificaciones a corto plazo, o bien de anulación, circunstancia que mantiene la incertidumbre en cuanto al desarrollo del proceso de reformas. Se sigue intentando también regular los puntos de detalle de la vida económica mediante innumerables regímenes de autorización aplicados a ciertos grupos o a ciertas funciones, en lugar de definir primero los elementos fundamentales y constitutivos de una economía social de mercado y crear un marco de ordenamiento macroeconómico convincente.

2.1.6. En este contexto apenas cabe sorprenderse aún de que la actual política de reformas se considere inconsistente y esporádica. Hay una gran cantidad de programas y propuestas sobre vías para las reformas. Reflejan las diversas concepciones de autores y grupos, pero no constituyen una base para la política económica. El Gobierno ha expresado claramente sus puntos de vista e ideas en diversos planes de medidas o en actos ejecutivos. No se puede hablar, sin embargo, de programa global y equilibrado de reformas. Poco antes de las elecciones parlamentarias (diciembre de 1993), el Presidente y el Gobierno seguían haciendo regalos electorales. Se aumentaron los salarios mínimos, los subsidios de desempleo y las pensiones. Se hicieron nuevas promesas sobre los salarios -que no se habían pagado desde hacía meses- a los trabajadores de las minas y fábricas metalúrgicas amenazadas por la huelga. A los « nuevos empresarios financieros » se garantizaba protección frente a la competencia; la agricultura podía beneficiarse, gracias a la limitación de las importaciones de cereales, de los créditos liberados para inversiones y los complejos industriales dispondrían de la autorización para constituir consorcios financieros e industriales según el modelo asiático. Según parece, el Presidente Yeltsin y el Primer ministro Chernomirdin han encontrado en los últimos meses un denominador común en lo que se refiere a las medidas pendientes de adopción. En las declaraciones al respecto se señala que lo importante es aplicar el programa de gobierno, de agosto de 1993, y no proponer nuevos objetivos. Pese a todo, sigue existiendo el peligro de que la transformación del sistema resulte frenada por una política económica inconsecuente y una insuficiente realización de las declaraciones de intención.

2.2.

Belarús

2.2.1. En Belarús se ha formado desde 1991 un número considerable de Partidos y Movimientos (el número de los inscritos alcanzaba un total de 497 el 10 de marzo de 1993). Entre los grupos más importantes representados en el Soviet Supremo figuran el Partido Comunista, los Comunistas de Belarús y el Movimiento Popular Renacimiento. Las posiciones de los reformistas y de los diputados elegidos en tiempos de la Unión Soviética son divergentes. No obstante, los debates no son, ni mucho menos, tan virulentos como en Rusia. El Gobierno ha logrado, gracias a compromisos y a una actuación precavida, preservar en gran parte la estabilidad política. Esta apreciación de fondo sigue siendo válida también tras la elección del nuevo Presidente, en julio de 1994. No obstante, se percibe al mismo tiempo que los cambios en la manera de pensar y en la sociedad han sido significativamente menores que, por ejemplo, en Rusia. La administración y los grupos y partidos sociales siguen siendo prisioneros de la antigua manera de pensar. Los proyectos importantes son continuamente objeto de aplazamientos. La nueva Constitución se aprobó finalmente a principios del mes de marzo de 1994. El innegable déficit en materia de descentralización es atribuido a razones objetivas de peso, como la falta considerable de materias primas, una división pronunciada del trabajo, la desfavorable situación geopolítica y las consecuencias de la catástrofe de Chernobil. La dependencia de Belarús frente a Rusia, tanto en el sector energético como en el de las exportaciones, suscita ya en ciertos grupos la idea de una reunificación con la Federación Rusa. También el nuevo Presidente, Lukachenko, se declaraba partidario, antes ya de las elecciones, del establecimiento de vínculos más estrechos con Rusia. Por razones diversas, no obstante, principalmente a causa de la actitud negativa de Moscú, se ha abandonado la idea de unión monetaria con Rusia, prevista inicialmente sobre la base del Acuerdo relativo a la adhesión de Belarús al sistema monetario ruso. En su lugar se firmaron, a principios de 1995, acuerdos sobre la liberalización de los intercambios comerciales, una unión aduanera, medidas sobre la conversión de las monedas entre ambos Estados, la creación de grupos comunes de financiación de la industria y una profundización del comercio y demás relaciones económicas. Al mismo tiempo se concluyeron acuerdos sobre el mantenimiento de la estación de radar rusa de Gantsevichski y del centro de mando Vileika para la flota rusa de submarinos. Además, la política de Belarús se propone reforzar la cooperación con las demás repúblicas de la CEI.

2.2.2. La República de Belarús proclamó su soberanía el 27 de julio de 1990. Sólo algunas semanas más tarde, el Soviet Supremo de Belarús decidía la aplicación de un Programa bianual de transición hacia la economía de mercado. Éste contiene, entre otros, un programa específico para el desarrollo de una economía autónoma basado en la reestructuración de la economía nacional. Otros objetivos son la privatización, la supresión de los monopolios y la creación de nuevas infraestructuras. Hasta el momento no se ha alcanzado ninguno de los objetivos. Los acontecimientos políticos y económicos que tuvieron lugar en otros Estados sucesores de la Unión Soviética, sobre todo en las repúblicas vecinas de Rusia y Ucrania, al igual que el temor a un retroceso aún más pronunciado de la producción y al empobrecimiento de la población, tuvieron por efecto que el Gobierno de Belarús adoptase sólo con grandes precauciones medidas concretas de transición hacia la economía de mercado. Frente a la situación económica catastrófica, el Gobierno adoptó el 30 de septiembre de 1994 un programa de lucha contra la crisis. Su objetivo esencial es la estabilización de la situación macroeconómica. No se han previsto medidas reformistas radicales, aunque se acelerará la privatización sobre la base del actual programa de privatizaciones. Parece muy problemático que se lleguen a conseguir realmente los ambiciosos objetivos del programa de lucha contra la crisis. Suscitan dudas no sólo el apretado marco temporal, sino también la insuficiencia de incentivos económicos. Aunque la vía adoptada para superar la grave situación económica goza del apoyo de las organizaciones internacionales, se reclaman simultáneamente acciones concretas y vigorosas para una transición hacia la economía de mercado. Igualmente, las voces que en el plano de la política interior exigen una política de reformas más consecuentes son cada vez más numerosas.

2.2.3. Es innegable que los órganos legislativos de Belarús han promulgado en los últimos tres años importantes leyes relativas a la transición hacia la economía de mercado. Entre ellas figuran, por ejemplo, las normas jurídicas aplicables en materia de arrendamiento, sector bancario, bolsas de contratación, derecho de sociedades, solvencia de las empresas y restricción del poder de los monopolios. No obstante, una parte de las disposiciones legales sigue pendiente de ser completada, mientras que otras partes apenas se aplican o ya no responden a las exigencias del momento.

2.2.4. En el intento de transformar Belarús en un Estado industrial independiente y adaptar las estructuras económicas totalmente distorsionadas a las condiciones actuales se siguen aplicando aún métodos dirigistas. El programa de reorganización estructural de la industria, aprobado por la presidencia del Soviet Supremo en mayo de 1993, es resultado de la planificación industrial de los tres años anteriores y prevé el desarrollo específico de diversas ramas de la industria. El objetivo global del programa -que abarca un período de unos ocho años- es la competitividad internacional de los productos esenciales de la industria de la transformación. Es difícil imaginar de qué modo los objetivos y los métodos de este programa, a veces muy detallado, podrán ser compatibles con la creación de mecanismos de economía de mercado y, en especial, la autonomía de decisión de las empresas. El estado crítico de la economía nacional y la falta de recursos financieros no han permitido hasta ahora que el programa empiece a aplicarse. Hasta que no haya concluido el programa de lucha contra la crisis, proyectado hasta mediados de 1995, no se tiene la intención de iniciar la reorganización estructural de la economía. El problema principal es la coordinación de la política de estabilización macroeconómica con una reforma empresarial que -además de la pequeña privatización y la transformación de grandes empresas en sociedades de acciones- aporte también sistemas eficaces de incentivos para la gestión. Queda por ver si los « acuerdos de gestión » sólo tendrán por resultado reforzar el dirigismo de la dirección o, por el contrario, darán lugar a decisiones empresariales realmente independientes.

2.3.

Ucrania

2.3.1. Los esfuerzos tendentes a la formación de un Estado nacional independiente ocultaron al principio del proceso de reformas las divergencias de criterios en cuanto a los métodos y los objetivos de la política económica a corto y medio plazo. Los problemas económicos quedaron ampliamente ignorados. Las tendencias separatistas de Crimea agravan constantemente la situación política interior y exterior. La población está decepcionada por las tentativas de reforma. Las tensiones permanentes entre fuerzas reformistas y enemigos de las reformas, principalmente los directores de los grandes conglomerados de empresas y las fuerzas nacionales partidarias del acercamiento a Moscú, impidieron la adopción de auténticas medidas reformistas. Al igual que en otras repúblicas independientes de la antigua Unión Soviética, los desacuerdos con el Parlamento perjudicaron considerablemente la capacidad de acción del Gobierno. Finalmente, la divergencia de opiniones sobre la política económica y el decreto del Presidente « Sobre medidas urgentemente necesarias para estabilizar la situación económica y política en Ucrania » condujeron a la dimisión del Presidente del Gobierno, Kutchma, en septiembre de 1993. La firma con que Kutchma concluyó el vasto acuerdo sobre una estrecha cooperación económica con Rusia estaba dictada por la convicción de que, sin dicha cooperación, la evolución de Ucrania hacia un Estado nacional independiente es apenas posible. Con ella quedaban garantizados también a corto plazo los importantes suministros de petróleo.

2.3.2. En las elecciones presidenciales celebradas el 10 de julio de 1994 se impuso el antiguo Primer ministro, Kutchma, contra el Presidente en funciones, Kravchuk. Consiguió su victoria en el Este de Ucrania, donde está localizada la industria pesada y donde el porcentaje de la minoría de la población rusa es más elevado que en otras partes del país. Allí se preconiza una política de acercamiento y de equilibrio frente a Rusia, mientras que en el Oeste de Ucrania las corrientes nacionales disponen de más apoyo. Hasta ahora, el Presidente Kutchma ha logrado seguir frente a Rusia una política equilibrada y quitar hierro a algunos puntos conflictivos, sin atentar contra la independencia de Ucrania. Así, por ejemplo, los problemas relativos a la flota del Mar Negro no son considerados ya como obstáculos de principio a la cooperación positiva entre ambos países. Otras iniciativas para la normalización de las relaciones bilaterales son también la colaboración de Ucrania en el Comité económico interestatal de las repúblicas de la CEI y la cooperación de las fuerzas armadas en el ámbito de la política de seguridad. Con la firma del acuerdo de no proliferación de armas nucleares, Ucrania dio otro paso en dirección a la mejora de las relaciones internacionales y creó una sólida base para reforzar la cooperación con organizaciones internacionales.

2.3.3. Las divergencias de puntos de vista en cuanto al futuro económico del país han tenido hasta ahora por resultado una falta de orientación en cuanto al modo de concebir la política económica. Cuando aún existía la Unión Soviética, se elaboró y decidió (noviembre de 1990) un proyecto de transición hacia la economía de mercado. Al cabo de seis meses se adoptaron ya medidas extraordinarias para superar la situación crítica del conjunto de la economía. En octubre de 1991 se confirmaron las grandes orientaciones de la política económica en el marco de la independencia. En enero de 1992 se aprobó el « Plan de medidas económicas de urgencia ». Éste preveía el desarrollo de la economía sobre una base comercial. En el plazo de un año se aprobaron más de sesenta leyes relativas a la totalidad del desarrollo social y económico del país y un gran número de otros actos legislativos en los más diversos sectores de la economía. El Gobierno obtenía al mismo tiempo poderes especiales para crear el marco de ordenación política. Se comprobó, no obstante, que no se podía suprimir demasiado rápidamente la intervención del Estado en la economía. A partir de diciembre de 1992 fue necesario redactar nuevamente o derogar una serie de leyes vigentes. Es probable que la causa fuese la profusión -de crecimiento en proporciones alarmantes- de disposiciones apenas abarcables y, menos aún, de cumplimiento posible. Tanto para las empresas ucranianas como para los inversores extranjeros existía -y sigue existiendo- el peligro latente de infringir involuntariamente las leyes. En los últimos dos años se han aprobado ocho programas de lucha inmediata contra la crisis, pero no se ha aplicado ninguno. El Presidente Kutchma ha prometido reformas, pretende desarrollar la economía en condiciones en que también intervenga un « control estatal ». Considera que es de suma prioridad una reestructuración total de la economía. A fin de imponer mejor los procesos de reorganización necesarios, el Presidente se nombró a sí mismo Jefe del Gobierno e hizo depender de su autoridad a los jefes de la administración a escala regional y local. El Parlamento deberá ceder una parte de las labores de gobierno heredadas de la época soviética. En el marco de las reformas, el Presidente desea llevar a cabo sobre todo la retrasada privatización. Verán la luz también nuevas leyes tributarias.

3. Sobre la Declaración conjunta relativa a los Acuerdos de colaboración y cooperación

3.1. El 25 de junio de 1988 se logró firmar finalmente, tras años de difíciles negociaciones, la Declaración Conjunta entre la Comunidad Europea y el Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM) (). El Comité valoró esta Declaración como una base de orientación decisiva hacia una normalización que hubiese debido realizarse desde hacía bastante tiempo en materia de relaciones entre la Comunidad y los diversos Estados del CAEM. La Política de Enfoque Paralelo adoptada por la Comunidad se había impuesto : paralelamente a las relaciones oficiales entre la CE y el CAEM, cada uno de los miembros decidiría por sí mismo en el futuro sobre el establecimiento de relaciones bilaterales y encuentros comerciales con la Comunidad Europea. Con esto se despachaba al mismo tiempo de modo definitivo la solicitud repetidamente expuesta de gestión conjunta CE-CAEM. Sólo tres años más tarde -casi día por día- se producía la disolución de la alianza económica entre los países del Este. En el 46o Pleno -y último- (finales de junio de 1991) se ponía formalmente punto final a un proceso de degradación que se había iniciado ya a mediados de los años ochenta. Los intercambios comerciales en el seno del CAEM empezaron a reducirse desde aquellas fechas. La reunificación alemana hizo perder a la asociación económica de Europa del Este uno de sus más importantes apoyos. Cuando sus miembros adoptaron por fin, en enero de 1991, la decisión de no seguir realizando el comercio, en el interior del CAEM, en rublos de transferencia convertible (la moneda común de cuenta), sino en dólares, esto equivalió prácticamente a una disolución del CAEM.

3.2. La nueva fase de los contactos políticos y económicos entre la Comunidad Europea y los países del CAEM dio lugar en poco tiempo al establecimiento de relaciones oficiales con los Estados de Europa Central y Oriental. Hasta marzo de 1991 se sucedieron numerosos acuerdos de cooperación y comercio. El Comité tiene el convencimiento de que todos estos pasos constituyen elementos irrenunciables en el proceso de integración política y económica. Refuerzan el diálogo interestatal, profundizan la Cooperación Política Europea (CPE) y son idóneos para proporcionar un apoyo económico, a medio plazo también, a los procesos de reformas políticas en los Estados vecinos del Este. El « Acuerdo sobre el comercio y la cooperación en materia de política comercial y económica con la URSS » se firmó el 18 de diciembre de 1989 y entró en vigor el 1 de abril de 1990. Los aspectos principales del acuerdo en materia de intercambios comerciales transfronterizos son la concesión del régimen de nación más favorecida y la promesa por parte de la Comunidad de realizar los necesarios esfuerzos para suprimir gradualmente las « restricciones cuantitativas específicas » basadas en el Reglamento (CEE) no 3420/83 (). La Comunidad Europea había introducido estas restricciones de importación « autónomas » desde mediados de los años setenta, después de la expiración, a finales de 1974, de los acuerdos comerciales bilaterales concluidos antes de 1973 entre los Estados miembros de la Comunidad y los países del CAEM, y tras la imposibilidad de realizar nuevas negociaciones bilaterales a escala comunitaria -con excepción de Rumania- a causa de la oposición soviética (). De conformidad con sus políticas y objetivos económicos respectivos, las Partes contratantes se proponen fomentar la « cooperación más amplia posible » en los sectores de la industria, agricultura, protección del medio ambiente, energía y transporte, por sólo citar algunos ejemplos. Este acuerdo representaba para el Comité una señal importante de la formación de un clima de confianza político y económico en el marco de la cooperación Este-Oeste. En favor de la dinámica del incipiente proceso de acercamiento habla el hecho de que el Consejo Europeo celebrado en Roma, en diciembre de 1990, pedía ya a la Comisión que explorase, junto con las autoridades de la Unión Soviética, las posibilidades de un acuerdo de gran envergadura entre la Comunidad y la URSS que incluyese un diálogo político y cubriese todos los aspectos de una cooperación económica más estrecha, así como una cooperación cultural (). Con esta decisión -como exponía el Comité en uno de sus dictámenes anteriores-, el Consejo Europeo pedía que se mejorase claramente el acuerdo de cooperación y comercio existente. Naturalmente, los profundos cambios políticos y económicos ocurridos a lo largo de 1991, que culminaron con el desmoronamiento de la Unión Soviética, aplazaron las conversaciones sobre los elementos de las futuras relaciones en materia de política comercial y económica. La Comisión se vio obligada a partir de entonces a ampliar sus reuniones exploratorias a doce repúblicas independientes.

3.3. El profundo cambio de la situación política y económica en la antigua URSS movió a la Comisión Europea a desarrollar un nuevo tipo de acuerdo, intermedio entre el acuerdo de cooperación y comercio y el acuerdo europeo. El objetivo de las negociaciones es la conclusión de acuerdos de colaboración y cooperación con los Estados independientes de la antigua Unión Soviética (). Los acuerdos no preferenciales, mixtos -y, por tanto, sujetos a ratificación-, deberán regular una « amplia gama de relaciones políticas, económicas y comerciales » entre las Partes contratantes y sustituir el acuerdo de cooperación y comercio con la antigua URSS del año 1990. A finales de 1992 comenzaron las conversaciones bilaterales con Rusia y, poco después, también con Ucrania. Durante el primer semestre de 1994 se pudieron llevar a término las negociaciones con ambos Estados. Las negociaciones con Belarús concluyeron en diciembre de 1994.

3.4. El marco común para los acuerdos de colaboración y cooperación está estructurado de modo fundamentalmente idéntico -aunque con un contenido ampliamente diferente- al del marco del acuerdo europeo :

- Preámbulo

- Principios generales

- Diálogo político

- Circulación de mercancías

- Disposiciones sobre las condiciones comerciales y sobre las inversiones

- Pagos y capital

- Competencia, protección de la propiedad intelectual, industrial y comercial, cooperación en el ámbito de la legislación

- Cooperación económica

- Cooperación en materia de prevención de delitos

- Cooperación cultural

- Cooperación financiera

- Disposiciones institucionales, generales y finales.

Las observaciones del Comité que a continuación se exponen se basan en el Acuerdo entre la Comunidad Europea, sus Estados miembros y la Federación Rusa, firmado el 25 de junio de 1994. En aquellos casos en que el Acuerdo de colaboración y cooperación con Ucrania, firmado con anterioridad (el 14 de junio de 1994), contenga disposiciones notablemente divergentes respecto de artículos importantes del Acuerdo, el Comité examinará particularmente dichos textos hasta donde lo estime oportuno. Como la firma (provisional) del Acuerdo de colaboración y cooperación con Belarús no intervino hasta el 22 de diciembre de 1994, en el presente dictamen no se aborda el examen de su contenido.

3.5. Se advierte retrospectivamente que las conversaciones con Rusia tuvieron sobre determinados asuntos un desarrollo más dilatado de lo que en un principio cabía esperar por parte de la Comunidad. En parte se debió a exigencias considerables por parte de los negociadores rusos y a problemas internos rusos, pero en parte también a la formación de una opinión, a menudo difícil, en el seno de la Comunidad. En efecto, en el sector del comercio (mejor acceso al mercado) los miembros comunitarios experimentaban dificultades para rebasar sustancialmente el mandato de negociación del 5 de octubre de 1992. Los interlocutores del Este, por su parte, no se distinguían por su decidida voluntad en hallar un compromiso en materia de establecimiento y servicios. Dos directivas complementarias sobre las negociaciones (5 de abril y 9 de noviembre de 1993), relativas al Acuerdo de colaboración y cooperación con Rusia, y una ampliación del mandato en el caso de Ucrania son pruebas suficientes de la voluntad y los esfuerzos de la Comunidad por llevar a buen puerto las negociaciones con los interlocutores del Este.

3.6. El Comité considera poco inteligible la « Declaración de Protocolo » en el marco del mandato ampliado, de 5 de abril de 1993, en la que se expone que sus orientaciones afectan exclusivamente a Rusia. El Consejo y la Comisión se proponen examinar sólo posteriormente si algunas disposiciones, o todas, pueden extenderse a otros Estados independientes procedentes de la antigua Unión Soviética. El Comité se manifiesta favorable a que, en lo que se refiere a la organización de las relaciones en el marco de los acuerdos de colaboración y cooperación, las repúblicas independientes reciban fundamentalmente el mismo trato desde el principio y se renuncie a establecer una distinción entre repúblicas europeas y asiáticas. Esta actitud no excluye de ningún modo la elaboración de reglamentaciones especiales, en función de los países, en determinadas partes de los acuerdos. Ya desde ahora se puede prever que algunas de las repúblicas independientes intentarán concluir en las rondas de negociación bilateral con la Comunidad y sus Estados miembros un acuerdo de colaboración y cooperación comparable en su contenido al que existe entre la Comunidad y Rusia : véase la petición de Ucrania, de principios del año pasado, relativa a la revisión del « punto de partida » de la Unión Europea.

Preámbulo

3.7. El Comité suscribe sin reservas la voluntad manifestada por las Partes contratantes de colaborar en el robustecimiento de las libertades políticas y económicas, que son el fundamento mismo de la colaboración. El Comité comparte también el punto de vista de los interlocutores en cuanto a la eminente importancia que se debe conceder al Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, especialmente los derechos de las minorías, la creación de un sistema de pluripartidismo con elecciones (secretas) libres y democráticas y la liberalización de la economía al objeto de crear una economía de mercado. El Comité destaca al mismo tiempo la relación que establecen los interlocutores entre realización de la colaboración y continuación y conclusión de las reformas políticas y económicas en Rusia. Un total apoyo merece el reconocimiento, al que se obligan las Partes contratantes, de los compromisos contraídos en el marco del proceso de la CSCE, sobre todo la plena aplicación de los principios y disposiciones del Acta Final de Helsinki, las conclusiones de las Conferencias posteriores de Madrid y Viena, la Carta de París para una Nueva Europa y el documento CSCE de Helsinki (1992) sobre el « Desafío del cambio ». Tiene una gran importancia la referencia al documento final de la Conferencia CSCE celebrada en Bonn el 11 de abril de 1990. No obstante, el Comité propone que en el futuro se concreten y se enriquezcan en su contenido las referencias muy generales del Preámbulo a las actas finales o documentos, mediante por ejemplo frases o peticiones importantes extraídas del documento de Bonn sobre la « Cooperación económica en Europa ». Además, el Comité espera que las múltiples proclamaciones de intenciones se recojan sin restricciones en todas las Constituciones de los Estados contratantes. En el quehacer político deberían quedar expresadas cotidianamente de modo perceptible.

3.8. El Comité atribuye un valor de compromiso político a la comprobación conjunta hecha por los interlocutores de que Rusia no debe clasificarse ya como país de comercio de Estado, sino como país con una economía de transición. El futuro dirá hasta qué punto este compromiso es económicamente realista y sólido. Dependerá del hecho de que la política práctica corresponda duraderamente a los requisitos de las reformas. Por el contrario, Ucrania seguirá clasificándose como país de comercio de Estado. No obstante, las Partes contratantes reconocen los esfuerzos de este país, centrados en « la transición desde la economía planificada de un país de comercio de Estado a la economía de mercado ». El Comité considera que la diversa clasificación de ambos Estados tiene apenas una justificación convincente. Es probable que haya que atribuirla sobre todo a la mayor fuerza de negociación de Rusia, que también en otras partes del acuerdo pudo imponer sus ideas con más frecuencia que otras repúblicas independientes.

3.9. El Comité ha expresado en varias ocasiones sus críticas sobre el hecho de que el reconocimiento de los principios de justicia social, que aparecen consagrados aún en los primeros acuerdos europeos como fundamento de la asociación, haya desaparecido en posteriores acuerdos. La misma crítica es aplicable a los acuerdos de colaboración y cooperación. En el Preámbulo de estos se evita también abogar en favor de la justicia social, algo que resulta incomprensible para el Comité. Y lo es porque la simple consulta del documento final de la Conferencia CSCE celebrada en Bonn (1990), citado por las Partes contratantes, o del Acuerdo CSCE de la Cumbre de Helsinki (1992), igualmente mencionado, muestra que los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno reunidos -y, por consiguiente, también de la Comunidad Europea y de las Partes contratantes del Este- no están sujetos a temores de esta clase. Por el contrario, la justicia social es para ellos un objetivo común e insoslayable. Son unánimes en destacar que se necesita una vasta cooperación transfronteriza con inclusión de contactos humanos para superar las desigualdades económicas y sociales y ensanchar la vía que permita fomentar el desarrollo social y económico. Debería ser un hecho harto sabido para los interlocutores de la negociación que los procesos de transformación iniciados en las repúblicas independientes de la antigua Unión Soviética van acompañados de enormes convulsiones sociales que provocan en muchos casos una auténtica, a menudo incluso grave, miseria humana. Si estos efectos -como expuso a principios de 1994 el « Fund for democracy and development »- no se mitigan, acabarán algún día por tener repercusiones, traspasando las fronteras, en otros países y pondrán en peligro el bienestar y la seguridad de estos (). Pueden conducir, por último, a que la población rechace democracia y economía de mercado, porque perciba que los costes sociales y humanos son demasiado elevados (). También se debería prestar atención a esta posible concatenación de efectos. Sólo si se consigue que el ordenamiento básico de la economía de mercado quede apoyado y garantizado por medio del correspondiente ordenamiento social, el espacio económico paneuropeo que se pretende ganará estabilidad política, es decir, ante todo, estabilidad étnica y social. En repetidas ocasiones se ha objetado a la petición del Comité que en el Preámbulo no se necesita reservar un lugar a la justicia social, porque en los acuerdos existen varios pasajes con un contenido social : por ejemplo, sobre la cooperación en el ámbito de la protección de la salud y la seguridad, en el del empleo o en el de la seguridad social. El Comité considera que el argumento de la Comisión no va al meollo de la cuestión.

3.10. En este contexto, el Comité defiende explícitamente la idea de que en los Acuerdos de colaboración y cooperación se hable no sólo de economía de mercado, sino de economía de mercado social. La objeción formulada por diversos políticos de Estados de Europa Central y Oriental de que la palabra « social » sería equiparada en sus países con la palabra « socialista », y que si hay algo que no se quiere en estos momentos es una economía de mercado socialista, no modifica en nada la opinión del Comité. Por el contrario, el argumento de los políticos del Este demuestra sólo la gran falta de información y clarificación en materia de política de organización y procedimiento que sigue existiendo en las jóvenes democracias de Europa Central y Oriental. Se pide a la Comunidad y a sus Estados miembros que en el marco de los diversos programas presten una mayor asistencia de asesoramiento, la cual en las fases iniciales de los procesos de reformas políticas y económicas tiene a menudo la misma importancia exactamente que la asistencia material.

3.11. Frente a los acuerdos europeos, concluidos hasta el momento con seis Estados de Europa Central, el Preámbulo de los Acuerdos de colaboración y cooperación no contiene perspectivas de adhesión. Con todo, el antiguo Presidente de Ucrania, Leónidas Kravchuk, había aprovechado la ocasión que le proporcionaba la firma del acuerdo para anunciar el deseo de su país de una adhesión ulterior a la Unión Europea. « Esta perspectiva -dijo- es una de las prioridades del Gobierno de Ucrania ». Sólo pocas semanas antes, el Primer ministro de Rusia, Víctor Chernomirdin, había formulado en principio la solicitud de adhesión de su país a la Unión Europea. En virtud del artículo 0 del Tratado de la Unión Europea, cualquier Estado « europeo » podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. Naturalmente, no existe una definición convincente del concepto « europeo ». La expresión abarca -como con razón expone la Comisión- elementos geográficos, históricos y culturales que contribuyen a la identidad europea. No parece posible, pues, ni conveniente, fijar ya desde ahora de una vez por todas los límites de la Unión Europea, cuyos contornos no se deberán formar sino a lo largo de períodos más extensos (). Al mismo tiempo, se debería hacer ver claramente a los países que desean la adhesión que -en el contexto de la consecución de los procesos de integración intracomunitaria- se hará cada vez más difícil superar las condiciones para la entrada en la Unión Europea. Es necesario que estos Estados se convenzan de que su camino hacia la Unión Europea es un proceso largo y difícil. No obstante, desde el lado de la Unión Europea es necesario también proceder a considerables armonizaciones : por ejemplo, la reforma de la política agrícola común y la reforma financiera. Ya por esta razón resulta incomprensible, a juicio del Comité, que algunos políticos pidan la rápida ampliación en dirección al Este y la adhesión en bloque, sin condiciones de ninguna clase. Sería de consecuencias peor aún que fatales que el proceso de consolidación intracomunitario fuese víctima de un oportunismo político y -a causa de procedimientos de ampliación apresurados y por añadidura, si cabe, insuficientemente preparados- se postergase o incluso resultase debilitado.

3.12. Las perspectivas de adhesión para los Estados (asociados) de Europa Central han quedado fijadas en principio después de que el Consejo Europeo de Copenhague (junio de 1993) decidiera que estos países podrían convertirse en miembros de la Unión Europea en determinadas condiciones. Son requisitos la estabilidad institucional como garantía para un Estado de Derecho democrático, la protección de los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. Son irrenunciables una economía de mercado que funcione correctamente y la capacidad de resistir a las fuerzas del mercado. Además, se deben asumir las obligaciones resultantes de la adhesión y debe existir completo acuerdo con los objetivos de la Unión Política y la Unión Económica y Monetaria. Las condiciones institucionales que garantizarán el mantenimiento de la capacidad de decisión de la Unión deberán crearse -según la Comisión Europea- en la Conferencia Intergubernamental de la Unión prevista para 1996.

3.13. La cooperación más intensa de la Unión Europea con las repúblicas independientes de la antigua Unión Soviética obtiene un sólido fundamento con los Acuerdos de colaboración y cooperación. En más de una ocasión ha hecho saber la Unión Europea que -por motivos de concepción y principio- apenas cabe considerar una adhesión a la Unión, en todo caso para un futuro previsible. Una adhesión de las repúblicas independientes requeriría un consenso tan amplio en cuanto a importantes condiciones marco desde el punto de vista político, económico y social que el desarrollo autónomo de dichos Estados resultaría considerablemente frenado. Además, el espacio económico de la CEI seguiría fragmentándose y la desintegración, ya inquietante, se aceleraría aún más. No obstante, el Comité considera que esto no excluye el enriquecimiento y la ampliación de los Acuerdos de colaboración y cooperación por medio de formas específicas de cooperación política. En su momento se deberían examinar también formas de cooperación aún más estrecha con aquellas repúblicas sucesoras de la antigua URSS que hayan alcanzado una situación « irreversible » en materia de democracia y economía de mercado.

Principios generales

3.14. El Comité estima sumamente insatisfactorio el contenido de los principios generales del Acuerdo. Es cierto que especialmente en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de París para una Nueva Europa se consagra el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, caracterizándolo como norma de conducta para la política interior y exterior de las Partes contratantes y, al mismo tiempo, como componente esencial de la colaboración y del presente Acuerdo. Este reconocimiento es, sin embargo, insuficiente. El Comité lamenta sobre todo que la Comunidad Europea no haya logrado fijar definitivamente como elemento esencial en el acuerdo con Rusia la « creación y mantenimiento de los principios de la economía de mercado ». Es para el Comité algo incomprensible, no sólo porque el primer mandato de negociación del Consejo define explícitamente los « principios de la economía de mercado » como elemento esencial del Acuerdo, sino también a causa de lo que se ha convenido para crear dentro de algunos años una zona de libre cambio entre la Comunidad y Rusia. La Comisión habría debido reconocer que la supresión de este elemento equivale a emitir una señal política falsa. Algo, con seguridad, poco alentador para las fuerzas reformistas de Rusia que defienden la economía de mercado. Si Rusia -y las rondas de negociaciones lo han demostrado con creces- insiste en no ser clasificada como país de comercio de Estado, es imprescindible con vistas a los procesos de reformas económicas y a su éxito establecer los « principios de la economía de mercado » como un componente esencial, y no sólo declarativo, del Acuerdo. El Comité propone nuevamente a título de complemento que en acuerdos futuros se definan también separadamente como elementos fundamentales la « protección de los derechos sociales fundamentales » y los « derechos de las minorías », recogidos estos en el Preámbulo. Un carácter más convincente tienen las convenciones con Ucrania : en éstas se declara al menos que los « principios de la economía de mercado » -tal como, por ejemplo, se recogen en el documento CSCE de Bonn- son un componente esencial del Acuerdo. Cabe acoger con satisfacción que la Comunidad pueda suspender los acuerdos unilateralmente y con efecto inmediato en caso de persistente violación de estos componentes. La Comunidad ha conseguido de este modo -según la concepción de la Comisión- ir más allá de los procedimientos más bien largos y complicados del « Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados ».

3.15. El Comité considera importante la cláusula evolutiva, en virtud de la cual en 1998 se examinará conjuntamente si en Rusia (en Ucrania) se cumplen los requisitos económicos (por ejemplo, estructuras fundamentales de la economía de mercado) para poder iniciar las negociaciones sobre la creación de una zona de libre cambio. El Comité habría preferido -a causa sobre todo de la necesaria creación de un clima de confianza- un texto más preciso : principalmente, el comienzo de las negociaciones debería haberse concebido de modo más concreto. Divergencias de opinión entre los Estados miembros de la Comunidad Europea impidieron este carácter más concreto : en materia de política comercial aparecieron nuevamente discrepancias considerables entre teoría y práctica. Es también lamentable que la cláusula evolutiva no figure en los acuerdos con Kazajstán, Kirguizistán y Moldavia. La diferente configuración de los acuerdos acrecienta el peligro de exponer el espacio económico del Este a nuevas presiones, así como el de introducir una alteración persistente en el proceso -pedido por la Comunidad Europea en repetidas ocasiones- de la cooperación regional entre los Estados sucesores de la antigua URSS. Esto es válido sobre todo en lo que se refiere a la estrecha cooperación económica, acordada a principios de septiembre de 1994 por los Presidentes de Gobierno de los doce Estados de la CEI, y a la creación de un Comité económico interestatal. Con demasiada frecuencia se olvida que la introducción de la libre circulación de mercancías con los Estados de la antigua Unión Soviética, hasta crear una zona de libre cambio, redunda en beneficio de todos los interlocutores. Si desde el exterior se apoya eficazmente la evolución económica interna en los Estados reformistas del Este -y esto es algo simplemente evidente-, surgirán nuevos mercados y la Comunidad se dotará a largo plazo de un nuevo y considerable potencial de comercialización para sus bienes de inversión y consumo. La condición indispensable es, naturalmente, tomar en serio y llevar a efecto el lema « asistencia mediante comercio ». Sería dar sobradas muestras de inconsistencia que el Occidente se comprometiese en los Estados reformistas de Europa Central y Oriental con asistencia financiera por un volumen muy elevado y, simultáneamente, les prohibiese el acceso a sus mercados, quitándoles así la posibilidad de ganar divisas por propia iniciativa. « Lo que realmente necesitamos » -en palabras de Vaclav Klaus, Primer ministro de la República Checa- « es el libre intercambio de personas, ideas y, por encima de todo, bienes. Y esto, de un modo que resulte beneficioso para ambas partes » ().

Diálogo político

3.16. El Comité acoge favorablemente la creación de un diálogo político mantenido con regularidad y estructurado de modo similar al de los acuerdos europeos. El Comité ha valorado en repetidas ocasiones el diálogo político como un elemento clave y con valor de pauta para el proceso de integración paneuropeo. El diálogo político fomentará el acercamiento entre las Partes contratantes, apoyará el cambio político y económico en los Estados del Este y contribuirá a la creación de nuevas formas de cooperación política. Las Partes contratantes estiman que este diálogo también servirá en las cuestiones internacionales para decantar mejor y acercar más estrechamente los puntos de vista, elevando así seguridad y estabilidad. Merece enjuiciarse positivamente el deseo de cooperar en las cuestiones relativas al respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos y -cuando fuere necesario- proceder a consultas mutuas para realizar de modo óptimo estos principios. Es de lamentar solamente que no se mencionen explícitamente como elementos del diálogo político los derechos y las posibilidades de desarrollo de las minorías. Para el Comité existe en esta materia un déficit de credibilidad que debería ser eliminado cuanto antes.

3.17. En el marco del diálogo político se prevén reuniones -en principio, dos veces al año- entre el Presidente de Rusia y los Presidentes del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea. A escala de ministros, el diálogo político se realizará principalmente en el Consejo de Cooperación; a escala parlamentaria, en el Comité de Cooperación Parlamentaria. Paralelamente se desarrollarán otros mecanismos y procedimientos, bien sea aprovechando plenamente los conductos diplomáticos, bien por medio de reuniones a escala de altos funcionarios, o finalmente mediante otras formas que puedan contribuir al afianzamiento y la ampliación del diálogo político.

3.18. El Comité critica nuevamente el hecho de que los contactos, que son irrenunciables, entre los medios sociales de ambas Partes contratantes no hayan sido mencionados explícitamente en ningún momento. En la Unión Europea, el consenso en torno a la idea de que « nunca habrá un espacio económico europeo común si los grupos sociales deben vivir en la sombra del mismo » debería ser igualmente válido en lo que se refiere a las repúblicas independientes de la antigua Unión Soviética. Dichos grupos son pilares básicos de la cultura social y política de Europa, reflejan con claridad meridiana las modificaciones del equilibrio político y económico y ayudan a mantener el equilibrio de intereses entre los diversos grupos sociales. El contacto con las fuerzas democráticas, precisamente en un momento en que estos grupos se establecen y organizan en las repúblicas de la antigua Unión Soviética, es más necesario que nunca. Estas formaciones sociales deben participar tan estrechamente como sea posible en estructuras paneuropeas. En este contexto, el Comité recuerda a los Estados miembros de la Unión Europea el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), en el cual la cooperación entre los interlocutores económicos y sociales queda institucionalizada en el marco del Comité Consultivo del EEE; en el caso de Hungría, se contempla seriamente la posibilidad de crear un Comité Consultivo Paritario; y en otros acuerdos europeos (Bulgaria/Rumania), las Partes contratantes han acordado en una declaración conjunta someter a examen por parte del respectivo Consejo de Asociación la creación de un órgano consultivo compuesto por miembros del Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas y órganos equivalentes de los Estados interlocutores de Europa Central. El Comité ha acogido favorablemente las declaraciones conjuntas considerándolas como un paso importante en la buena dirección y espera que declaraciones modificadas se incluyan también en los Acuerdos de colaboración y cooperación. Varios miembros del Comité han celebrado en los últimos meses reuniones de diverso tipo con representantes de formaciones sociales de Rusia, Ucrania o Belarús : han servido para comprobar que existe no sólo una gran necesidad de información, sino también el deseo de que se prosigan los contactos. Desarrollarlos en forma de consultas esporádicas no es suficiente. Lo que se necesita más bien es un diálogo permanente e intenso sobre posiciones comunes y objetivos y prioridades comunes. La finalidad es también transferir conocimientos necesarios para resolver eficazmente los problemas planteados, en interés de ambas partes. En los Acuerdos de colaboración y cooperación se prevé su revisión al cabo de tres años de la entrada en vigor. Si previamente a esta fecha, no obstante, los interlocutores (Rusia/Ucrania) adquieren la calidad de miembros del GATT o de la OMC, se deberá llevar a cabo la revisión ya en ese momento (anterior). El Comité propone a la Comunidad que durante la primera revisión de los acuerdos ambas instituciones examinen conjuntamente si para entonces ha llegado el momento de institucionalizar los contactos entre los miembros del Comité Económico y Social y los miembros de órganos análogos en los Estados contratantes del Este en el marco de un órgano consultivo. Éste podría estar organizado de modo semejante al Comité Consultivo Paritario que se ha propuesto, compuesto por los medios socioeconómicos de la Unión Europea y los grupos reunidos en el Consejo Nacional de Hungría para el equilibrio de intereses.

Circulación de mercancías

3.19. Aunque Rusia y Ucrania no son aún miembros del GATT, diversos pasajes de los acuerdos se corresponden ampliamente con las disposiciones del GATT sobre asuntos análogos. El concepto de GATT que utilizan la Comunidad Europea y los interlocutores del Este es el del Acuerdo de 1947, firmado en Ginebra, en su versión modificada, que es el que se aplica en la firma del Acuerdo de colaboración y cooperación. En la parte correspondiente al comercio se otorgan mutuamente la cláusula general de nación más favorecida en el sentido del artículo I del GATT. Puesto que el título de nación más favorecida ya figuraba en el Acuerdo sobre comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y la antigua URSS, se trata -visto así- de una garantía que sigue existiendo también en los acuerdos con las repúblicas sucesoras de la antigua URSS. Quedan excluidas las ventajas bilaterales que Rusia o Ucrania conceden a países vecinos en sectores regulados por el Acuerdo de colaboración y cooperación. Se excluyen igualmente las ventajas que se concedan a determinados países, de conformidad con el GATT o con otros acuerdos internacionales en beneficio de países en desarrollo. De este modo quedaron incluidos ya, el 1 de enero de 1993, los países de la CEI en el Acuerdo Preferencial General (SPG = Sistema de Preferencias Generalizadas) de la Comunidad Europea. Una preferencia -según el criterio del Comité- plenamente justificada. Las estimaciones de algunos centros de investigación muestran que la exoneración aduanera para el promedio total de los países de la CEI es presumiblemente de volumen muy inferior a la de los países en desarrollo con derecho a preferencia (), los cuales por término medio se benefician en el marco del SPG de la condonación de una tercera parte aproximadamente de la deuda arancelaria (). La causa de los distintos efectos de la exoneración reside en la diversa estructura de las exportaciones. En lo que se refiere a las exportaciones de la CEI dominan -en todo caso, el año anterior a su inclusión en el SPG- los aceites minerales y otras materias primas, productos que no están sometidos a ningún tipo de derechos aduaneros, o bien están sujetos a derechos de poca cuantía ().

3.20. El Comité acoge favorablemente la supresión mutua de las restricciones cuantitativas a la importación para productos de origen procedentes de los países de las Partes contratantes, con la salvedad de las reglamentaciones especiales para textiles, productos CECA y material nuclear. Por medio de este acuerdo se consolida oficialmente la supresión de las restricciones cuantitativas específicas, decretada ya por la Comunidad Europea a partir del 1 de agosto de 1991. De modo similar ocurre con la suspensión unilateral de todas las restricciones cuantitativas no específicas en materia de importaciones, que afectan a diversos Estados miembros del GATT y a los interlocutores del Este. Reglamentaciones de excepción dentro de unos plazos determinados y proporcionalmente reducidas se aplican a Rusia y a Ucrania en caso de reintroducción de restricciones cuantitativas sobre una base no discriminatoria, de conformidad con el artículo XIII del GATT. Se piensa al respecto en aquellos sectores de la economía que se hallan en fase de reestructuración o deben enfrentarse con serias dificultades (particularmente también de orden social) con riesgo de pérdida o grave retroceso de partes de mercado para empresas autóctonas (sólo Rusia), o bien cuando se trata de jóvenes industrias. Al mismo tiempo, Rusia ha dado la firme garantía de que no se sustraerá a estas disposiciones recurriendo a elevar la protección arancelaria para los productos en cuestión. El Comité manifiesta su comprensión hacia las reglamentaciones de excepción : en efecto, las economías naciona les de las repúblicas independientes de la antigua Unión Soviética no dejan de tener una constitución debilitada, enfrentadas casi de repente con exigencias colosales. Deben hacer frente principalmente a problemas estructurales profundamente arraigados en unas condiciones de competencia que se han agravado debido a las importaciones. Por otra parte, el Comité teme que crezca la tentación de posponer, gracias a esta reglamentación, la obligación de adaptarse a los procesos del mercado. Habida cuenta de la amplitud y poca precisión de la gama de criterios, la reglamentación de excepción podría convertirse en casi la única norma en mercados importantes de los interlocutores del Este. No es ésta indudablemente una perspectiva alentadora para la intensificación rápida y necesaria de las relaciones económicas entre Rusia, Ucrania y los Estados miembros de la Comunidad Europea.

3.21. La cláusula de protección acordada entre las Partes contratantes en caso de desequilibrios del mercado no se corresponde -como se expone en una declaración conjunta- con la actuación que el GATT prevé en el ámbito de las medidas de protección. Aunque los interlocutores del Este habían pedido en repetidas ocasiones que se aplicase la reglamentación del GATT, los miembros de la Comunidad Europea no pudieron ponerse de acuerdo sobre una actuación conforme con este acuerdo. Debe reconocerse que, en lo que a las condiciones para la creación de medidas de protección se refiere, el texto del acuerdo se orienta ampliamente por el artículo XIX del GATT, pero se restó fuerza al criterio decisivo para el recurso a la cláusula de protección. A diferencia de la reglamentación del GATT, en la que se supone un perjuicio « grave » que se ocasiona o una amenaza de grave perjuicio, el Acuerdo de colaboración y cooperación habla sólo de un perjuicio « considerable », aunque se defina según los criterios de la Comunidad. En caso de introducción de restricciones cuantitativas basadas en la cláusula de protección acordada, la Parte contratante rusa tiene, por el contrario, la libertad de apartarse de sus obligaciones para con la otra Parte contratante respecto de mercancías cuyo valor sea aproximadamente equivalente. Para el Comité requiere aclaración la circunstancia que ha llevado a hacer figurar esta disposición sólo en el acuerdo con Rusia. Es un hecho, en todo caso, que el derecho a desistimiento en materia de concesiones equivalentes figura ya en el Acuerdo de comercio y cooperación con la antigua URSS, y los Estados sucesores han asumido los derechos y obligaciones del acuerdo de 1989. No cabe excluir que Ucrania podría intentar eludir por medio de una mayor protección arancelaria los requisitos relativos al procedimiento justificativo previsto para la introducción de medidas de protección cuantitativas. Rusia ha garantizado, dejando constancia de ello en el acuerdo, que prescindirá de esta posibilidad de elusión. No obstante, el Comité se pregunta por la utilidad práctica que tiene esta garantía. Mientras Rusia y Ucrania no dispongan de la condición de miembros del GATT/de la OMC, podrán -siguiendo criterios propios- organizar su política aduanera y elevar la protección arancelaria, sea cual fuere el motivo en que se basen para hacerlo. Deben suscribirse en este contexto las consultas, previstas en el Consejo de cooperación, sobre la política arancelaria de los interlocutores del Este, pero éstas no representan -en última instancia- una protección eficaz frente a incrementos arancelarios por parte de los interlocutores del Este. Habría sido mejor haberse puesto de acuerdo desde el principio sobre un « standstill » para el arancel exterior (ruso/ucraniano). Hasta qué punto está justificada la suposición del Comité lo prueba ya el incremento de los aranceles rusos para la importación de diversos bienes de consumo realizado a mediados de 1994. El Comité considera importante que la Comunidad destaque -en un intercambio epistolar que tuvo lugar al margen del acuerdo- que la entrada en vigor del GATT 94 significa un factor « de modificación », en el sentido del Acuerdo de colaboración y cooperación firmado, en relación con el cual conviene examinar si se debe proceder a modificarlo. El Comité propone que en esta revisión se adapte sin reservas la cláusula de protección a las disposiciones análogas del GATT 94. La cláusula de protección del acuerdo con Rusia y Ucrania sólo será convincente cuando el recurso a las medidas de protección esté sometido a condiciones más estrictas. Por lo demás, en el GATT 94 figuran definiciones revisadas de la noción de grave perjuicio o amenaza de grave perjuicio. El Comité se congratula al respecto de que la presentación de la prueba debe basarse en hechos concretos y no apoyarse únicamente en afirmaciones, suposiciones o posibilidades remotas.

3.22. En ambos acuerdos se regulan las medidas antidumping o compensatorias según las disposiciones de los artículos VI y XVI del GATT y según normativas jurídicas internas, entre las cuales figura indudablemente el reglamento CE sobre antidumping. Antes de introducir medidas definitivas, ambas Partes contratantes se proponen en cada caso particular esforzarse en hallar una solución constructiva para el problema. Las consecuencias más claras de la diversa clasificación (apenas viable desde el punto vista económico) de Rusia como economía de transición y de Ucrania como país de comercio de Estado se reflejan nítidamente en las disposiciones sobre antidumping del acuerdo. Para Rusia se deja sin efecto sobre todo lo que se dispone en el apartado quinto del artículo 2 del Reglamento CE sobre antidumping, que regula la determinación del valor normal de un producto importado de países sin economía de mercado (). Asimismo, en la determinación del valor normal del producto se tendrá debidamente en cuenta la « comparación de ventajas naturales » de los fabricantes del caso, como son : acceso a las materias primas, procedimiento de producción, proximidad de la producción a los compradores y propiedades específicas del producto. Ucrania y las otras repúblicas, en cambio, son consideradas sin excepciones como países sin economía de mercado. En este caso no se hace ningún tipo de referencia a la comparación de ventajas naturales de un fabricante. En su lugar, la Comisión se remite a una sentencia en la materia del Tribunal de Justicia Europeo, de 22 de octubre de 1991/Asunto C-16/90. Estos acuerdos contienen adicionalmente una cláusula de precios, de conformidad con la cual en la circulación de mercancías entre las Partes contratantes se aplican « precios orientados al mercado ». Falta lamentablemente una definición del concepto de « precio orientado al mercado » : sus límites, pues, son los de la propia riqueza de la imaginación. La Comunidad Europea ha asegurado en varias ocasiones que dispone de un conjunto suficiente de medidas para protegerse contra manipulaciones de los precios. Si esto es efectivamente cierto, cabe preguntarse por el sentido y la finalidad de una cláusula de precios de contenido difuso. El Comité afirma nuevamente su idea de que probablemente habría sido mejor tratar por igual en asuntos económicos importantes a las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Por tanto, la Comunidad Europea debería aprovechar la ocasión de la entrada en vigor del GATT 94 para adaptar también las disposiciones antidumping y compensatorias de los Acuerdos de colaboración y cooperación al nuevo GATT.

3.23. La apertura de los mercados hacia el Este plantea a la economía de la Comunidad Europea problemas inhabituales. Por vez primera -presumiblemente a escala mundial- se aventura el intento de crear a su debido tiempo una gran zona de libre cambio entre la Comunidad y un grupo de países con costes extremadamente bajos, que al mismo tiempo disponen de tradición industrial y mano de obra cualificada. El Comité considera que la inclusión de los mercados de Europa Central y Oriental en un espacio económico paneuropeo elevará aún más por un cierto tiempo las necesidades de adaptación estructural en los Estados miembros de la Comunidad Europea e irá acompañada de reajustes drásticos. Los problemas especiales de diversos sectores de la economía hacen indispensable al respecto acordar disposiciones transitorias adicionales para estos sectores sensibles. Los sectores de los productos textiles y CECA principalmente necesitan que en los Acuerdos de colaboración y cooperación se incluyan medidas de protección con plazos determinados para facilitar y atenuar socialmente la inevitable reestructuración. Naturalmente, el objetivo a largo plazo de la Comunidad Europea debe seguir consistiendo en armonizar con las Partes contratantes las condiciones marco de una política comercial liberal y cuidar de que éstas se apliquen sin restricciones en los Estados del Este. El artículo 110 del Acuerdo obliga explícitamente a la Comunidad Europea a intervenir, conforme al interés común, en favor de una política comercial liberal. La creación de una zona de libre comercio, prevista en el momento oportuno, está también sujeta a la condición material de que en el intercambio bilateral de mercancías (de las Partes contratantes) se deben eliminar los aranceles y otras disposiciones comerciales restrictivas (en ambas direcciones) relativas a « la casi totalidad del comercio » (artículo XXIV, 8b) del GATT). Según esto, a largo plazo no se podrá excluir de la apertura de los mercados, por motivos de conformidad con el GATT, ningún sector (tampoco la agricultura).

3.24. Para el comercio de productos textiles entre la Comunidad Europea, Ucrania y Belarús se negoció en cada caso un acuerdo de restricciones voluntarias a la exportación, válido hasta finales de 1995. Mediante Decisión del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, estos acuerdos bilaterales se aplican con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 1993. En el Preámbulo de los acuerdos, las Partes contratantes destacan su deseo de fomentar el desarrollo equilibrado y armónico del comercio de productos textiles. Afirman su determinación de tener en cuenta en la mayor medida posible los serios problemas económicos y sociales con los que se enfrenta el sector textil. El Comité considera que estos acuerdos representan un paso necesario para contrarrestar perdurablemente -dentro de las condiciones fijadas- los peligros potenciales de las perturbaciones del mercado. El CES pide al mismo tiempo a la Comisión que antes de la expiración de los acuerdos celebre reuniones con la industria europea de productos textiles y prendas de vestir sobre contenido y prórroga de los acuerdos de restricciones voluntarias. El Comité ha destacado en varias ocasiones, en sus dictámenes en la materia, la concepción de la Comisión de que en la organización estructural de la Comunidad la industria de productos textiles y prendas de vestir tiene un importante papel que desempeñar (). Esto es válido no sólo respecto de producción, puestos de trabajo y comercialización, sino también desde los puntos de vista de las experiencias acumuladas y la creatividad. Los problemas estructurales con que se enfrenta la industria europea de productos textiles y prendas de vestir condicionan la solidaridad de la Comunidad. Es tanto más necesaria cuanto que los sectores económicos afectados son -al menos, en el futuro próximo- de vital importancia para algunas regiones de la Comunidad.

3.25. En el comercio de productos a los que se aplican las disposiciones del Tratado CECA, las restricciones cuantitativas siguen por el momento vigentes. Para la importación de determinados productos siderúrgicos se concluyeron con éxito, a finales de diciembre de 1994, rondas de conversaciones sobre acuerdos de restricciones voluntarias para 1995 y 1996. El Comité suscribe el principio de estas negociaciones, porque ya por motivos políticos debe darse la preferencia -al igual que hace la Comisión- a una solución por medio de acuerdo antes que a la fijación unilateral de contingentes cuantitativos, que es la práctica generalmente adoptada. Hasta finales de 1992, al menos, las importaciones de acero de la antigua Unión Soviética estaban limitadas cuantitativamente por medio de reglamentaciones particulares de los Estados miembros de la Comunidad, a través de « contingentes nacionales » oficiales, o bien mediante una práctica administrativa más o menos semioficial. Con la realización del mercado interior, los miembros CECA dieron su acuerdo a una reglamentación común de las importaciones por parte de la Comunidad Europea, de tal manera que desde el 1 de enero de 1993 se aplican contingentes cuantitativos comunitarios a la importación de determinados productos siderúrgicos de las repúblicas de la CEI. La medida entró en vigor en un principio por un año (1993), prorrogándose después hasta finales de 1994 (aumentando las cantidades en un 3 %). En lo que se refiere a la estructuración del contenido de los acuerdos de restricciones voluntarias con Rusia y Ucrania para 1995 y 1996, el Comité manifiesta su preocupación respecto de que :

- el aumento de las posibilidades de suministro haya experimentado, frente a las cantidades de los contingentes comunitarios de 1994, una baja muy importante de más del 35 % para 1995 y, nuevamente, de más del 15 % para 1996, y

- no se haya conservado el método de reparto regional en el seno de la Comunidad.

El Comité acoge favorablemente la creación -prevista en los acuerdos- de un Grupo de contacto para el carbón y el acero, encargado de intercambiar a intervalos regulares informaciones de interés común sobre asuntos relativos al carbón y al acero. No obstante, el Comité expresa sus dudas respecto de la posibilidad de que la Comisión y los representantes de Gobierno de los interlocutores del Este se encuentren siquiera en condiciones de formarse un juicio competente sobre las tendencias evolutivas de la industria del carbón y el acero en los territorios de los acuerdos, y también a escala mundial, y elaborar propuestas de orden práctico (por ejemplo, para adaptaciones estructurales). Desde el punto de vista del Comité, sería mucho más acertado constituir el Grupo de contacto desde el principio -y no únicamente tras debatir en su seno- con representantes de los sectores industriales afectados considerándolos como interlocutores con iguales derechos. Por lo demás, el Comité espera que su trabajo sea más eficaz que el de los grupos que se reúnen al objeto de intercambiar puntos de vista en el marco de los acuerdos europeos.

3.26. Las negociaciones sobre el comercio de material nuclear estuvieron teñidas durante mucho tiempo por diferencias de opiniones entre Rusia y la Comunidad Europea, así como también entre los miembros de la Comunidad. Es perceptible sobre todo la preocupación latente de la Comunidad de que la importación de uranio enriquecido procedente de Rusia puede amenazar la capacidad de supervivencia de la industria comunitaria competidora y tener por efecto una reducción « considerable » de la parte de mercado intracomunitaria. Ésta es la razón de que se haya acordado no someter el comercio nuclear a las mismas normas que se aplican a la circulación de mercancías en el marco del Acuerdo de colaboración y cooperación. En su lugar, se prevé un acuerdo especial que debe negociarse hasta el 1 de enero de 1997. Se piensa en una cuota fija para la importación de material nuclear procedente de Rusia, una cláusula de protección atenuada y una cláusula especial de precios que tenga en cuenta todos los elementos de los costes y, por tanto, también los costes proporcionales para medidas destinadas a la protección del medio ambiente, al almacenamiento definitivo o la reelaboración y a normas de seguridad. Hasta el momento de la celebración del acuerdo especial, el comercio de material nuclear depende de una fórmula intermedia, que en parte contiene diversas disposiciones del Acuerdo de colaboración y cooperación, y en parte recoge determinados elementos del Acuerdo de comercio y cooperación con la antigua URSS. En dicha fórmula se recogen tanto medidas de protección con posibilidades de intervención menos rigurosas como una formación de precios « conforme a las condiciones del mercado », así como el acuerdo de organizar el comercio en consonancia con las respectivas normativas jurídicas de las Partes contratantes. Según el criterio de la Comunidad, estas normativas jurídicas comprenden también el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y de éste concretamente el establecimiento de los derechos, las facultades y competencias de la agencia EURATOM de aprovisionamiento y de la Comisión. Rusia anuncia al mismo tiempo en un intercambio epistolar su intención de suministrar a la Comunidad material nuclear de modo permanente, fiable y a largo plazo. Para la Comunidad, a su vez, Rusia representa en el sector nuclear una fuente de aprovisionamiento específica y distinta de otros suministradores. En dos acuerdos complementarios se regularán otros asuntos de cooperación civil en el sector nuclear, como por ejemplo la fusión atómica y la seguridad nuclear. Al respecto, el Comité acoge favorablemente el deseo manifestado por ambas partes de agilizar con todos los medios a su alcance el proceso ya iniciado de desarme nuclear.

Disposiciones sobre las condiciones comerciales y las inversiones

3.27. En lo que se refiere al mercado del trabajo, las Partes contratantes se obligan a no permitir en materia de remuneración, despido y demás condiciones laborales ningún tipo de discriminación basada en la nacionalidad. Por consiguiente, a no discriminar en el respectivo territorio del Acuerdo a los asalariados legales procedentes del territorio nacional de la otra parte frente a los propios nacionales. El Comité expresa su desacuerdo con que se prohíba el acceso al mercado de trabajo de la Comunidad a familiares de trabajadores con empleo legal de ambos Estados contratantes y que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro. Otro asunto muy diferente es que el mercado comunitario del trabajo no señale para los próximos años -habida cuenta del elevado desempleo y de los márgenes de actuación extremadamente limitados a medio plazo- ningún tipo digno de mención de necesidades de mano de obra de terceros países. Dado este contexto, el Comité considera que debe evitarse cualquier acuerdo del que pudiese derivarse un derecho -aunque sólo fuese político- a la libre circulación (transfronteriza) de trabajadores. Además, se recuerda que en acuerdos que ya existen la Comunidad ha hecho concesiones (prioridades secundarias) que podrían restringir más las posibilidades de la inmigración procedente de los países del Este de Europa. Por lo demás, las Partes contratantes se proponen realizar esfuerzos conjuntos para controlar (Ucrania) o incluso -como en el acuerdo con Rusia- prevenir la emigración ilegal. El Comité se congratula de este mutuo acuerdo. En sus dictámenes sobre los acuerdos europeos, el Comité había pedido a la Comunidad en repetidas ocasiones -con sobrada razón, como la experiencia cotidiana demuestra- que prestase la debida atención al problema del empleo ilegal, que tiene una vinculación estrecha con la inmigración ilegal. Lamentablemente, esta sugerencia no tuvo eco en esas ocasiones ni tampoco en posteriores acuerdos europeos. Con tanta mayor razón hay que congratularse de que la Comunidad haya reconocido ahora el problema y haya sentado un primer precedente en los Acuerdos de colaboración y cooperación.

3.28. El Comité suscribe la intención (prevista ya en los acuerdos europeos) de las Partes contratantes de coordinar los derechos a prestaciones de los diferentes regímenes de la seguridad social de los Estados miembros para los trabajadores empleados legalmente en el territorio de la Comunidad y que son nacionales de Rusia o Ucrania. Sin perjuicio de las disposiciones y modalidades en vigor en los diversos Estados miembros de la Comunidad, la coordinación garantizará que todos los períodos de residencia, empleo y cotización a la seguridad social por parte de los trabajadores se totalicen en las pensiones de vejez, invalidez y supervivencia, así como en el seguro de enfermedad. Las prestaciones de los seguros podrán transferirse libremente según los índices de cómputo en vigor en los Estados deudores. Rusia y Ucrania se proponen garantizar la igualdad de trato a los nacionales de un Estado miembro de la Comunidad que trabajen legalmente en uno de los dos países.

3.29. El Comité ha defendido en varias ocasiones la idea de que la libertad de establecimiento fomentará la transición a la economía de mercado y contribuirá a crear una economía moderna y competitiva en los Estados interlocutores del Este. Teniendo esto en cuenta, no cabe hacer un juicio enteramente positivo sobre la negociación de las reglamentaciones en materia de establecimiento de sociedades. Es cierto que, en lo que se refiere a la creación de empresas (sociedades filiales/sucursales) en los respectivos territorios del Acuerdo, Rusia y la Comunidad se otorgan mutuamente la cláusula de preferencia, es decir, un trato que no es menos favorable que el otorgado a un tercer país. Esto es insuficiente, no obstante, para crear un acceso al mercado sin restricciones : también las empresas nacionales pueden estar mucho mejor situadas. Ucrania, por el contrario, otorga -unilateralmente- el trato nacional a las empresas de los Estados miembros de la Comunidad.

Para el ejercicio de la actividad comercial se concede en general a las filiales el trato nacional o, facultativamente, la cláusula de preferencia en función de la reglamentación que resulte más favorable. Naturalmente, cada una de las partes del Acuerdo tiene determinadas reservas en diversos sectores, los cuales, no obstante, no son abordados. En lo que se refiere a la actividad comercial de las sucursales, la Comunidad y Rusia otorgan sólo el trato preferente. En cambio, Ucrania concede también el trato nacional a sucursales de empresas de la Comunidad. El Comité considera que es muy conveniente revisar -en todo caso, para la Comunidad y Rusia- las disposiciones relativas al derecho de establecimiento. Por este motivo, se debe acoger favorablemente que las Partes contratantes se propongan examinar el modo de conseguir el trato nacional de manera mutuamente satisfactoria y sobre la base de recomendaciones del Consejo de cooperación. Esta loable intención no es conciliable, sin embargo, con la concesión que la Comunidad hace a Rusia, en el sentido de que este país podrá restringir ulteriormente acuerdos existentes en materia de derecho de establecimiento, porque -según la argumentación de los interlocutores rusos- el trato que se concede a las filiales y sucursales de empresas comunitarias es a menudo más favorable que el que por lo general se concede a las sociedades rusas.

Sin examinar con más detenimiento la solidez del argumento, se debería explicar de modo convincente a los interlocutores rusos -aunque no sea sino posteriormente, en el Consejo de cooperación- que cláusulas de este tipo tienen un carácter más bien disuasorio para inversores potenciales. Más acertada sería, a juicio del Comité, una política marco legislativa y administrativa, basada en la constancia y la capacidad de cálculo, que estabilizase las expectativas empresariales e incentivase a largo plazo también la actividad inversora de empresas de los Estados miembros de la Comunidad. Rusia y la Comunidad se proponen, a más tardar tres años después de la firma del Acuerdo de colaboración y cooperación, examinar en el Consejo de cooperación todas las modificaciones que se hubiesen decidido para entonces en el derecho de establecimiento de las Partes contratantes. Se prevén también consultas para solucionar los asuntos litigiosos. Si no se llegase a un acuerdo, la otra Parte contratante tendrá libertad para realizar las adaptaciones compensatorias que juzgase oportunas. Ya que la creación de reglamentaciones que pudiesen resultar discriminatorias para diversos Estados no es algo que se corresponda con la política y la práctica de los Estados miembros de la Comunidad, otras restricciones unilaterales en el derecho de establecimiento -aunque ambas Partes se propongan evitarlo « con todos los medios a su alcance »- entran en el terreno de lo posible.

3.30. Se concede también la cláusula preferente en materia de creación de filiales o el trato nacional para el ejercicio de la actividad comercial a bancos y entidades aseguradoras de los Estados miembros de la Comunidad (), pero en Rusia se aplican numerosas excepciones a los bancos. Es particularmente riguroso el límite máximo general para la parte de capital extranjero (12 %) en el sistema bancario ruso. El número limitado de sucursales de filiales rusas de bancos comunitarios actuará también a modo de freno en el desarrollo de las actividades comerciales. De importancia aún más grave es el hecho de que las filiales deben disponer de un capital social superior al de los bancos rusos. Está prohibido el comercio de acciones y de efectos convertibles en acciones de sociedades rusas. Rusia ha prometido que al cabo de tres o de cinco años suprimirá diversas excepciones, cuya lista completa no se recoge en el presente documento. En lo que se refiere al límite máximo de capital extranjero en el sistema bancario de Rusia o al capital social superior para las filiales de bancos comunitarios, Rusia examinará al cabo de cinco años de la firma del Acuerdo la posibilidad de atenuar ambas medidas, teniendo en cuenta las consideraciones pertinentes en materia de política monetaria, fiscal, financiera y de balanza de pagos, así como la evolución del sistema bancario ruso. En resumen, el Comité no puede menos de hacer constar que las excepciones objeto de clarificación con la Comunidad Europea deparan por el momento a los bancos comunitarios en mercados rusos desventajas competitivas que deberían eliminarse lo más rápidamente posible, con mayor rapidez en todo caso que lo que figura hasta ahora en el calendario previsto.

3.31. Los mercados de servicios tienen un crecimiento dinámico, su importancia mundial es cada vez mayor. Ya en la actualidad -según los primeros valores aproximativos- un tercio aproximadamente del comercio mundial corresponde a los servicios. Sin embargo, numerosas excepciones, obstáculos de diverso tipo, subvenciones y la preferencia en favor de los prestadores nacionales de servicios enturbian la imagen y distorsionan por doquier el comercio transfronterizo de la prestación de servicios. Teniendo en cuenta estas tendencias, las medidas de liberalización -por muy titubeantes que todavía sean- son de una importancia apenas estimable. Esto rige también, y de modo particular, para la circulación transfronteriza de servicios con Estados interlocutores del Este. Por esta razón, el Comité acoge con satisfacción las concesiones recíprocas que, sobre una base de trato preferente para una amplia gama de prestaciones de servicios, figuran en el Acuerdo con Rusia. El Consejo de cooperación emitirá en el futuro recomendaciones para proseguir la liberalización del comercio transfronterizo de servicios, teniendo también debidamente en cuenta a tal objeto otras obligaciones internacionales contraídas por las Partes contratantes. La Comunidad Europea demuestra, pues, una actitud consecuente estipulando por la vía del Acuerdo que en él se recojan a su debido tiempo disposiciones del GATS que lo afectan. Ningún sector o subsector de servicios que también esté regulado por el GATS podrá, cuando éste entre en vigor, ser objeto de trato más favorable que el acordado en la Ronda Uruguay. Rusia podrá mediante las adaptaciones pertinentes restablecer el equilibrio de las concesiones entre las Partes contratantes. En el acuerdo con Ucrania, ambas partes se obligan a autorizar progresivamente -sobre la base de recomendaciones del Consejo de cooperación- prestaciones de servicios transfronterizos. Al mismo tiempo, la Comunidad Europea y Ucrania se proponen colaborar en la creación de un sector de servicios orientado al mercado en el vecino Estado del Este.

3.32. Los acuerdos relativos a las prestaciones de servicios en materia de transportes merecen también aprobación general. En el sector del transporte marítimo, las Partes contratantes se obligan a garantizar activamente el acceso sin restricciones al mercado internacional del sector y al transporte marítimo. Los derechos y obligaciones del Convenio de las Naciones Unidas relativo al código de conducta de las conferencias marítimas no sufren modificaciones. Al mismo tiempo, las partes reafirman el principio de la libre competencia en el transporte de mercancías pesadas con carga seca o líquida. Se suprimen las medidas unilaterales y todos los obstáculos administrativos, técnicos, u otros, que restrinjan o discriminen la prestación de servicios en el transporte marítimo. El Comité considera insatisfactorios los acuerdos concluidos con Rusia en materia de vías de navegación interior. Sólo después de la entrada en vigor del Acuerdo se proponen aclarar las Partes contratantes (hasta finales de 1996) cómo se podrá proceder a la apertura progresiva de las vías de la navegación interior a los servicios de transportes internacionales marítimos y fluviales prestados por compañías navieras de la otra Parte contratante. El Comité propone que se inicien inmediatamente las negociaciones y se fije un plan concreto de calendario y actuación por etapas para la apertura mutua de las vías de la navegación interior. En el sector del transporte por ferrocarril se crearán mediante mecanismos suplementarios bilaterales y multilaterales las condiciones favorables para -entre otros objetivos- garantizar y desarrollar el transporte de pasajeros entre los Estados miembros de la Comunidad y Rusia. En el mercado de los servicios de transmisión se adoptarán medidas para negociar reglamentaciones multilaterales en materia de servicios de transmisión vía satélite. Las Partes contratantes se proponen llegar a un acuerdo, en el período de transición que se extenderá hasta el año 2000, sobre las condiciones para la prestación de los servicios de transmisión. La redacción poco concreta indica que la intención primera de la Comisión, esto es, celebrar un acuerdo comunitario, no puede realizarse todavía debido a las competencias de los Estados miembros. En el sector de los servicios móviles de comunicación por satélite se concederá todo tipo de ayudas para fomentar el comercio transfronterizo de servicios de esta clase. Las Partes contratantes se proponen examinar en 1996 la posibilidad de concederse mutuamente el trato preferente en los servicios de este sector. El Comité considera importante que se haya convenido la celebración, después de que entre en vigor el Acuerdo de colaboración y cooperación, de acuerdos especiales adicionales sobre el acceso mutuo al mercado y la prestación de servicios en el sector de los transportes.

Pagos y capitales

3.33. El Comité se congratula de que se autoricen pagos corrientes en moneda de libre conversión para los intercambios bilaterales de pasajeros, mercancías y servicios. Con la entrada en vigor del acuerdo se concederá también la libre circulación de capitales para inversiones directas, su liquidación y la repatriación de cualquier clase de beneficios. En el acuerdo con Rusia se incluyen indemnizaciones en caso de expropiación, nacionalización o medidas de efecto similar. Al cabo del período de transición de cinco años, la Comunidad Europea y Rusia se proponen no introducir ninguna nueva restricción en la circulación transfronteriza de capitales. Si, no obstante, en casos excepcionales la circulación transfronteriza de capitales causare serias dificultades a la política monetaria seguida, las Partes contratantes podrán adoptar medidas de protección por un período no superior a seis meses. Además, en el supuesto de que se concedan o se contraigan préstamos a corto y medio plazo los interlocutores del Este podrán aplicar hasta la plena conversión de la moneda rusa/ucraniana restricciones jurídicas en materia de divisas, a condición de que dichas restricciones no sean incompatibles con las recomendaciones del FMI. Además, las Partes contratantes facilitarán también la circulación transfronteriza de otras formas de capital para lograr los objetivos del Acuerdo de colaboración y cooperación. Se celebrarán a tal fin consultas, cuyo interés para Rusia reside sobre todo en una liberalización más amplia de la circulación de capitales en materia de inversiones de cartera y créditos comerciales, así como de créditos financieros concedidos a residentes rusos por interlocutores comerciales de los Estados miembros de la Comunidad. El Comité suscribe las primeras tentativas de liberalización de la circulación de capitales. Sin libre circulación de capitales, la liberalización sólo es posible -en éste y en otros sectores también de la política económica- en medida limitada. Las ventajas inherentes a la posición competitiva y especialización en materia de libre circulación de bienes y servicios sólo podrán aprovecharse enteramente cuando, salvando las fronteras, exista libre circulación del capital. No se debe olvidar la función « de disciplina » que desempeña la libre circulación de capitales para la política económica, financiera y monetaria de los diversos países. Teniendo esto en cuenta, el Comité pide a las Partes contratantes que acometan con objetivos específicos definidos la liberalización de la circulación del capital entre la Comunidad y los Estados interlocutores del Este. No obstante, las medidas siguientes presuponen que se mantenga de modo consecuente el curso de las reformas desde el punto de vista de la política económica, se elimine la densa reglamentación, complicada en exceso (también para los bancos comunitarios), y se reduzcan de manera perceptible las disparidades económicas.

Competencia, protección de la propiedad intelectual, industrial y comercial, cooperación en el ámbito de la legislación

3.34. Las disposiciones relativas a la competencia representan un punto débil de los acuerdos. Las Partes contratantes destacan explícitamente, es cierto, el objetivo de suprimir las restricciones a la competencia en las relaciones comerciales entre la Comunidad Europea y los Estados del Este. Rusia y Ucrania se obligan indirectamente a promulgar y aplicar una ley sobre competencia. No obstante, las disposiciones acordadas son -en comparación con los acuerdos europeos- de redacción tan laxa y de carácter tan poco vinculante que apenas pueden dar lugar a reclamaciones, ni para las Partes contratantes ni para las empresas europeas. Cabe valorar positivamente sin duda el acuerdo general con Rusia, si en el comercio con la Comunidad se hace abstracción de las subvenciones a la exportación, que favorecen a determinadas empresas o la producción de bienes. Quedan excluidas materias básicas en el sentido del artículo XVI del GATT, es decir, productos de la agricultura y la explotación forestal, la pesca y todos los productos minerales. Rusia, además, ha prometido que introducirá a partir del tercer año una disciplina rigurosa en materia de ayudas en el comercio con la Comunidad. Ucrania renunciará igualmente (sin precisar el momento) a las ayudas estatales en el comercio transfronterizo, incluso en el sector de los servicios. Reglamentaciones de excepción con plazos señalados, sobre todo para industrias nuevas y en fase de reestructuración -que en Rusia dan derecho a la reintroducción de restricciones cuantitativas-, se aplican también a medidas que están en contradicción con el acuerdo de suprimir las ayudas a la exportación. A partir del tercer año (en Ucrania, a partir del cuarto año) siguiente a la entrada en vigor del Acuerdo, las Partes contratantes garantizarán en materia de condiciones de aprovisionamiento y comercialización una prohibición general de discriminación entre nacionales y empresas de las Partes contratantes. Las consultas previstas en el Comité de cooperación podrían adquirir una importancia fundamental en el futuro en cuanto a aplicación y continuación del desarrollo de las normas sobre competencia, así como en relación con la supresión de las restricciones a la competencia. En dicho Comité se examinarán también los sistemas de ayudas y determinados casos concretos de ayudas estatales. El Comité apoya en este contexto la disposición manifestada por la Comunidad de proporcionar a los interlocutores del Este, a petición propia, asistencia técnica en la elaboración y aplicación de las normas sobre competencia. Queda por saber en qué medida la Comunidad Europea recurrirá para ello a las normas comunitarias sobre competencia. No obstante, el Comité supone que la Comunidad estará interesada indudablemente en recomendar a los Estados contratantes del Este un sistema de normas sobre competencia próximo a los principios comunitarios.

3.35. La protección de la propiedad intelectual, industrial y comercial reviste particular importancia para las industrias de las Partes contratantes. No sólo fomenta la cooperación transfronteriza, sino que también favorece la transferencia de tecnología. Es necesario más que nunca prohibir a escala mundial la utilización abusiva de los derechos de propiedad. El Comité suscribe cualquier progreso que se haga en el ámbito de la protección jurídica de la propiedad industrial, y muy especialmente en relación con todos los interlocutores del Este. Rusia y Ucrania tienen la intención de seguir desarrollando la protección de la propiedad intelectual, industrial y comercial al objeto de lograr, al final del quinto año siguiente a la entrada en vigor del Acuerdo, un nivel de protección « comparable » al de la Comunidad Europea. Se debe acoger favorablemente esta promesa, pero es claramente insuficiente, pues « comparable » es en última instancia todo, incluso un bajo nivel de protección con uno elevado. Lo decisivo es única y exclusivamente que las diferencias en el nivel de protección sean mínimas. Esto, no obstante, no es inferible a partir del texto del Acuerdo. Habría sido mejor que hubiese habido acuerdo sobre un nivel de protección « equivalente ». Después de la entrada en vigor del Acuerdo, los interlocutores del Este concederán un trato preferente a las empresas o nacionales de la Comunidad en materia de reconocimiento y protección de la propiedad intelectual, industrial y comercial. Están excluidas las ventajas concedidas a un tercer país sobre la base de una reciprocidad real. Esta restricción no deja de presentar problemas, puesto que permite un acuerdo en el que, por ejemplo, Rusia y los EE.UU pueden concederse mutuamente condiciones mucho mejores que las previstas en los convenios internacionales. Se conocen ya precedentes en lo que se refiere a los EE.UU (por ejemplo, Corea del Sur, Bulgaria). Puesto que el pasaje faltaba en proyectos anteriores de los acuerdos, parece que ahora los interlocutores del Este piensan también en posibilidades semejantes. El Comité expresa, además, una actitud crítica ante lo convenido en materia de solución de conflictos en caso de divergencias de criterio resultantes de la aplicación de los acuerdos y de los convenios multilaterales recogidos en lista. El procedimiento está concebido de modo extraordinariamente laxo, su resultado final es la realización de reuniones de carácter no vinculante y es muy inferior al mecanismo análogo previsto en el GATT. El Comité considera que las industrias de las Partes contratantes ganarían mucho si las disposiciones TRIP de la Ronda Uruguay se incorporasen lo más rápidamente posible (tras la ratificación) en los Acuerdos de colaboración y cooperación, aunque para los Estados que se hallan en proceso de transformación desde la economía planificada a la economía de mercado rija un período transitorio hasta el año 2000.

3.36. La aproximación de las normativas jurídicas es una condición indispensable para profundizar en las relaciones económicas y sociales entre la Comunidad Europea y los interlocutores del Este. Rusia y Ucrania se esforzarán en « armonizar » progresivamente sus normativas jurídicas con la legislación comunitaria. El Comité se congratula de esta declaración de intenciones, ya que las empresas comunitarias -e igualmente las de los Estados interlocutores del Este- tienen que enfrentarse casi cotidianamente en la cooperación transfronteriza con el problema de tener que vivir con varios sistemas jurídicos. Los mismos hechos son a menudo objeto de apreciación diversa y de regulación contradictoria. Por tanto, cuanto antes se consiga aproximar mutuamente los diversos marcos jurídicos y elevar el nivel de seguridad legal, tanto más favorable será -como expresa el Comité en anteriores dictámenes- el « entorno » para la cooperación entre Este y Oeste. Por otra parte, el Comité no ignora de ningún modo las graves dificultades que para los Estados del Este van unidas con la armonización jurídica. Su resultado será que estos países podrán aproximar sus normativas jurídicas al sistema de la legislación comunitaria « sólo a duras penas ». Se debería pensar igualmente que los derechos (de la clase que sean) bien adquiridos, conformes a la legislación vigente, no pueden suprimirse de un plumazo de la noche a la mañana.

3.37. El Comité está de acuerdo con la Comisión en que la aproximación jurídica es una tarea ingente. Se deben examinar múltiples normativas jurídicas y administrativas : derecho de sociedades, legislación bancaria, rendición de cuentas de las empresas y fiscalidad, protección de los trabajadores en el lugar de trabajo, prestación de servicios financieros, normas sobre competencia, contratos públicos, protección de la salud y de la vida de personas, animales y plantas, medio ambiente, protección del consumidor, fiscalidad indirecta, derecho arancelario, normas y normalizaciones técnicas, leyes y otras disposiciones legales en el sector nuclear, transportes. El Comité ha propuesto repetidamente en sus dictámenes sobre los acuerdos europeos que se fijen prioridades. La Comisión ha hecho suya entretanto esta propuesta y la ha trasladado a su informe presentado al Consejo Europeo de Edimburgo (). En éste propone la Comisión que en el marco de los comités de asociación se creen grupos especializados para determinar sectores prioritarios con miras a la aproximación. El Comité considera que grupos similares deberían formarse también en el marco de los comités de cooperación. Ámbitos que para la lista de prioridades tienen importancia son, por ejemplo, el derecho arancelario, las normas sobre competencia, la protección jurídica de la propiedad industrial, el medio ambiente y las normativas para la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo. Además, se deberían adaptar rápidamente las normativas jurídicas y administrativas sobre técnica nuclear y examinar cuanto antes la adopción de las normativas jurídicas de EURATOM. La Comisión, además, ha acordado con Ucrania la prestación de asistencia técnica, por ejemplo intercambiando expertos u organizando seminarios. El Comité lamenta que en los acuerdos no se hayan fijado plazos para las medidas jurídicas de adaptación. En consideración al deseo conjunto expresado por las Partes contratantes de reforzar y ampliar la cooperación política, económica y en materia de política comercial, se debería iniciar cuanto antes, en interés también de los Estados contratantes del Este, la aproximación de las normativas jurídicas.

Cooperación económica

3.38. La Comunidad Europea, sus Estados miembros y las Partes contratantes del Este se proponen fomentar la cooperación económica para fortalecer y desarrollar las actuales relaciones económicas en beneficio de las Partes contratantes. Las medidas indispensables deberán fijarse como objetivo el largo plazo y tener en cuenta sin restricciones los intereses del medio ambiente. La finalidad de los esfuerzos conjuntos es fortalecer la capacidad de crecimiento de las economías nacionales, crear un entorno (económico) internacional favorable e integrar a Rusia en un espacio económico paneuropeo. Merece especial atención el hecho de que todas las Partes contratantes consideran esencial contribuir también a un desarrollo social armónico. Se destaca simultáneamente la necesidad de profundizar la cooperación entre los Estados de la CEI y garantizar un desarrollo equilibrado de la región. En este contexto, las Partes contratantes ofrecen -al igual que en los acuerdos europeos- un amplio campo de actuación en materia de política económica. Además de la cooperación industrial, se destaca la necesidad de fomentar y proteger las inversiones. Otros campos de actuación son : contratos públicos, normalización y examen de conformidad, protección del consumidor, industria minera y materias primas, ciencia y técnica, formación general y profesional, economía agraria y de la alimentación, energía, sector nuclear, navegación espacial, industria de la construcción, medio ambiente, transportes, servicios de correos y telecomunicaciones, prestaciones de servicios financieros, desarrollo regional, cooperación en el ámbito social, turismo, pequeñas y medianas empresas, infraestructura en los sectores de las comunicaciones, la informática y la información, aduanas, estadísticas, ciencias económicas, blanqueo de dinero, drogas y reglamentación de la circulación de capitales y de pagos en Rusia. El Comité no discute el hecho de que la cooperación podría ser fundamentalmente deseable en los campos de actuación mencionados y, con el paso del tiempo, iniciarse o mejorarse. No obstante, el Comité alberga serias dudas de que sólo la enumeración de múltiples ámbitos de actuación política, su coexistencia fuera de toda relación baste ya por sí misma para proporcionar dentro de lapsos de tiempo justificables una contribución eficaz a la consecución de los objetivos macroeconómicos previstos : desde la ampliación de la economía hasta el desarrollo social armónico. Apenas se reconoce el reparto de papeles que se proyecta entre los agentes económicos, entre empresas y Estado, entre la Comunidad y sus Estados miembros. No se debe olvidar que no se trata sólo de uno o dos interlocutores del Este : un apoyo y cooperación semejantes esperan los Estados asociados de Europa Central, el Báltico y las demás repúblicas independientes de la antigua Unión Soviética. Teniendo en cuenta los limitados recursos, personales y financieros, de la Comunidad y sus Estados miembros, es ésta en conjunto una empresa ambiciosa.

3.39. El Comité considera que lo realmente urgente es elaborar una lista de prioridades económicas para la cooperación de las Partes contratantes. A tal fin es necesario también que los interlocutores dispongan de una representación realista previa, lo más objetiva posible, de todos los problemas con los que se enfrentan cotidianamente las empresas europeas en los mercados de los Estados contratantes del Este. Los intentos de establecerse en estos Estados por parte de las empresas se asemejan con frecuencia a una carrera de obstáculos por encima de las vallas burocráticas. El número de los obstáculos es grande, sólo difiere en importancia de país a país. Los problemas más graves residen en la carencia crónica de divisas, la inflación persistente y la difusa seguridad jurídica, especialmente en el sector de las inversiones. Representan un freno las leyes y reglamentaciones contradictorias, así como en parte su interpretación arbitraria (aranceles e impuestos). Son objeto de queja las estructuras opacas de decisión en el nivel administrativo y los conflictos de competencias entre autoridades centrales y regionales. No obstante, las deficiencias de liquidez de las empresas nacionales, la menor disciplina en materia de pagos y la progresiva pérdida de la fidelidad a lo acordado gravan también los intercambios comerciales. Las oscuras condiciones de la propiedad y la influencia de los servicios estatales en las decisiones empresariales completan el cuadro. Actúan con carácter disuasorio la propagación de la corrupción y el chantaje económico. Estos obstáculos y dificultades deben discutirse abiertamente en el Consejo de cooperación. Se debe reflexionar en común sobre la posibilidad de eliminar -determinando de modo más apropiado las condiciones generales en materia de política económica, financiera y monetaria y recurriendo a medidas legislativas y administrativas- los obstáculos que se oponen a la actividad de las empresas europeas y organizar de modo más fácil y eficaz la cooperación con sociedades situadas en los Estados contratantes del Este. El Comité considera que ésta es una tarea política y económica sumamente urgente.

3.40. El Comité ya ha señalado en anteriores dictámenes sobre los acuerdos europeos otros ámbitos que requieren actualmente intervención. Para el Comité se trataba de ámbitos de actuación política cuya dimensión transfronteriza está fuera de duda y que al mismo tiempo pueden facilitar la creación de un espacio económico paneuropeo. Por ejemplo, en el sector de las infraestructuras se debe utilizar a escala europea el gran potencial técnico de organización. Es indiscutible la necesidad de crear y desarrollar redes transeuropeas eficaces en los sectores de los transportes, telecomunicaciones, energía y formación profesional (). El Comité acoge con satisfacción la Decisión del Consejo Europeo de Corfú (24 y 25 de junio de 1994) de encargar la elaboración de un informe sobre « La extensión de las redes transeuropeas a países vecinos » de Europa Central y Oriental y de la Cuenca del Mediterráneo (). Con miras al deseo común de reducir claramente los riesgos técnicos de seguridad de centrales nucleares situadas en los Estados interlocutores del Este -modernizándolas o cerrándolas definitivamente (Chernobil)-, la orientación de la futura política energética de la Comunidad Europea desempeña también un papel determinante. Se requieren con carácter de principio la cooperación y la solidaridad a escala mundial. El ejemplo más reciente de este principio es la Carta Paneuropea de la Energía, que puede contribuir también decisivamente a la seguridad del abastecimiento energético de la Comunidad en condiciones de mayor seguridad ecológica y mayor eficacia económica. Esto contribuirá al mismo tiempo de modo importante -como expone el Comité en sus dictámenes en la materia ()- a la estabilidad social y económica en los países de Europa Central y Oriental. Es lógico, por consiguiente, que en su proyecto de desarrollar y reforzar la cooperación en materia de protección de la salud humana y del medio ambiente las Partes contratantes tengan en cuenta también la Carta Paneuropea de la Energía y los resultados de la Conferencia celebrada en Lucerna, en 1993. La política medioambiental -entendida como política paneuropea- es un problema transfronterizo cuya solución no puede venir de iniciativas nacionales unilaterales. No puede estar estructurada según un mínimo denominador, sino que debe realizar lo necesario ecológica y económicamente. La contaminación medioambiental ha alcanzado en algunas regiones unas proporciones tales que su efecto es ya perceptible en la orientación económica de diversos Estados.

Cooperación en materia de prevención de delitos

3.41. A diferencia de los acuerdos europeos, el Acuerdo de colaboración y cooperación con Rusia contiene por vez primera disposiciones detalladas sobre la cooperación en materia de prevención de delitos. Los delitos que se enumeran van desde la emigración ilegal y la residencia ilegal de personas físicas, pasando por delitos económicos (incluida la corrupción), hasta los negocios ilegales con mercancías y el comercio ilegal con estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Este acuerdo es para el Comité una medida que debió haberse adoptado desde hace mucho tiempo. El Comité habría acogido favorablemente que también se hubiese hecho una referencia especial al blanqueo del dinero -como se hace en las disposiciones convenidas sobre cooperación económica-, a fin de dejar constancia de que éste desempeña un papel creciente y cada vez más importante en la delincuencia transfronteriza organizada. El « fuerte aumento » del comercio ilegal con plutonio altamente tóxico, registrado en los últimos meses, se desarrolla ya hasta alcanzar unas proporciones apenas abarcables en cuanto a los riesgos para la seguridad. Los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno de los siete grandes Estados industriales han vuelto a examinar entretanto, en la Cumbre celebrada en Nápoles (8 y 9 de julio de 1994), el inquietante aumento de la delincuencia transfronteriza y han pedido que se refuerce la cooperación internacional en la lucha contra el delito organizado. La delincuencia organizada -expone el Comunicado de la Cumbre- es « un problema mundial que se concentra cada vez más en los países en fase de transición ». El Comité suscribe sin reservas esta declaración. El Comité hace un llamamiento a la Comunidad Europea y a sus Estados miembros para que lleven a cabo rápidamente las consultas previstas y una « estrecha interacción » con Rusia, y presten sin demora asistencia administrativa y técnica.

Cooperación financiera

3.42. Las medidas de asistencia correctamente concebidas por parte de los Estados industriales occidentales pueden mejorar perdurablemente las perspectivas de éxito de los procesos de reorganización y renovación en los Estados de Europa Central y Oriental. No contando más que con sus propios medios, los Estados contratantes del Este apenas podrán crear la necesaria estabilización de las medidas reformistas democráticas y económicas. El propio interés occidental habla también, no obstante, en favor de una ayuda eficaz. Una atrofia persistente de los procesos que tienen lugar en las economías nacionales del Este, combinada con la inestabilidad política y social, tendría forzosamente repercusiones negativas en la Comunidad Europea. Rusia y Ucrania recibirán en el marco de los Acuerdos de colaboración y cooperación asistencia técnica en forma de ayudas. Esta asistencia se financiará con cargo a los recursos del Programa TACIS de la Comunidad, el programa más importante que existe a escala mundial para fortalecer los procesos de reforma en las antiguas repúblicas soviéticas. Sólo en los primeros cuatro años de su existencia se asignaron en el marco del Programa TACIS 2 250 millones de dólares, destinándose la parte más importante -según datos de la Comisión- a Rusia y a Ucrania. Se ha convenido que a partir de ahora se enumerarán en un programa de orientación, pendiente de coordinación entre las Partes contratantes, los ámbitos prioritarios de la ayuda financiera : las necesidades respectivas, la capacidad de absorción de los sectores y los progresos de las reformas iniciadas desempeñarán al respecto un importante papel. La ejecución del programa TACIS corre a cargo de la Comisión Europea. El Comité suscribe las disposiciones generales que se han convenido y confía en que la crítica emitida por el Tribunal de Cuentas Europeo, en el sentido de que los objetivos de la Comunidad sólo se realizan lentamente y difieren de país a país, ya no tenga entretanto razón de ser.

3.43. A fin de garantizar una utilización óptima de los recursos disponibles, las Partes contratantes se proponen coordinar estrechamente con contribuciones procedentes de otras fuentes la asistencia técnica acordada. El Comité apoya esta intención y da por supuesto que el proyecto de coordinación incluye todas las ayudas financieras que deben contribuir a la reorganización económica de los Estados reformistas del Este. No sólo se piensa en contribuciones bilaterales de Estados miembros comunitarios u otros Estados de la OECD : se deben incluir también las contribuciones de las instituciones financieras internacionales (FMI, BIRD, BERD, BEI) o de los fondos de ayuda multilateral. Es evidente que la utilización de los recursos debe coordinarse mutuamente con prudencia, aumentarse la transparencia y demostrarse fehacientemente la eficacia de la utilización de dichos recursos. En este contexto escribe el Tribunal de Cuentas Europeo que la Comisión debe encargarse de que, por ejemplo, las medidas adoptadas por el Grupo de los 24 no se opongan a las condiciones fijadas en materia de política económica por otras instituciones internacionales (por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional). El Comité suscribe esta opinión. No obstante, tiene la impresión de que tales condiciones son de cumplimiento extraordinariamente difícil. ¿Cómo, si no, se puede explicar que la Comisión -según expone el Tribunal de Cuentas Europeo en su Informe sobre el ejercicio presupuestario de 1992-, a principios de 1993, es decir, casi cuatro años después de la Decisión de la Cumbre de París de trasladar a la Comisión la coordinación de las acciones y la creación de un marco para los compromisos de ayuda financiera, no dispusiera todavía de « una concepción clara para la administración y uso de los considerables fondos de contrapartida en Europa Central y Oriental » ? (). La situación puede haber mejorado entretanto. No obstante, el ejemplo alecciona de modo impresionante sobre los períodos de tiempo con los que se debe contar de modo más realista en tales casos.

3.44. Desde un punto de vista meramente cuantitativo, las ayudas financieras públicas del Occidente son incomparablemente más importantes que el capital privado del extranjero. Las entradas de capital muestran indudablemente una tendencia al aumento, pero con una distinta concentración en los diversos Estados reformistas. Así, por ejemplo, la inversión extranjera en empresas rusas en 1993 ascendió sólo a unos 750 millones de dólares y fue, por consiguiente, mucho menos importante que la realizada en empresas de pequeños países, como Hungría o la República Checa. Si se indagan las razones de esta dispersión, en Rusia se deben sobre todo a las insuficientes condiciones marco ya mencionadas para la acción empresarial. Mientras que el marco para las inversiones extranjeras corresponde ampliamente en otros países reformistas a las normas internacionales, Rusia no ha sabido hasta ahora presentarse como un lugar atractivo para el capital privado extranjero. Naturalmente, para el proceso de reformas es aún más importante explotar las fuentes nacionales de capital con vistas a las inversiones productivas. No obstante, incluso esto se consigue en la actualidad -como demuestran investigaciones recientes- sólo de modo insuficiente. En lugar de ello, el capital privado sale de Rusia en proporciones considerables. Entidades de crédito occidentales anunciaron a finales de 1993 activos de depositarios rusos por un importe superior a 16 000 millones de dólares, casi el doble que dos años antes. Y los activos ilegales extranjeros a mediados de 1993 ascendieron -según informaciones rusas- a 20 000 millones de dólares. Esta tendencia siguió evidenciándose en 1994. Se sigue utilizando en volumen considerable la afluencia de divisas para exportaciones ilegales de capital y las entradas de recursos procedentes de inversiones directas y de cartera siguen siendo relativamente escasas. Es probable que ambos fenómenos sean sobre todo la expresión de la escasa confianza que manifiestan los inversores nacionales y extranjeros hacia la política rusa de reformas (). La política económica rusa debe responder al desafío, en sentido amplio, de lograr invertir la tendencia a la fuga de capitales y aumentar el número de inversores extranjeros. Ha de aplicar una política de estabilización macroeconómica consistente y, simultáneamente, encargarse de crear unas condiciones marco empresariales más apropiadas, estables y calculables. Un papel importante desempeñan complementariamente las condiciones marco políticas generales, cuya influencia en las decisiones empresariales no debe menospreciarse de ningún modo.

Disposiciones institucionales, generales y finales

3.45. En el marco del Diálogo Político, el Comité ha propuesto que a su debido tiempo se institucionalicen en el marco de un órgano consultivo los contactos entre los miembros del Comité Económico y Social -que, como es sabido, se compone de representantes de diversas organizaciones económicas y sociales de los Estados miembros de la Comunidad- y los miembros de organizaciones análogas en los Estados contratantes del Este. Para el período transitorio, el Comité propone que en los artículos 93 (Rusia) y 88 (Ucrania) -en los que se estipula la creación de comités especiales o grupos de trabajo por parte del Consejo de cooperación- se añada un segundo apartado, cuya redacción podría ser, por ejemplo, la siguiente : « Durante el período transitorio que comienza con la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas organizará, previo acuerdo del Consejo de cooperación, el diálogo y la cooperación entre los medios socioeconómicos de la Comunidad Europea y Rusia/Ucrania. A dicho fin se celebrarán reuniones conjuntas dos veces al año. » En el Acuerdo de comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y la antigua URSS, de 1989 -en una época en que aún no se podía hablar de organizaciones libres, democráticamente legitimadas en la URSS-, se halla un pasaje que apunta de modo incipiente en la misma dirección. En él se obligan las Partes contratantes a facilitar su cooperación « fomentando contactos entre organizaciones económicas de la Comunidad y de la URSS ». Este pasaje se ha suprimido sin compensación en el Acuerdo de colaboración y cooperación.

Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 1995.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() M. Gorbachov, Informe político del Comité Central del PCUS en el XXVII Congreso del Partido, Moscú, 1986.

() M. Gorbachov, Perestroika. La segunda revolución rusa. Una nueva política para Europa y el mundo. Munich, 1989.

() 7214/88 (Prensa 103).

() DO no L 68 de 15. 3. 1990.

() B. Busch y H.-P. Froehlich, Aufbruch im Osten - Anpassung im Westen. Europa nach dem Fall des Eisernen Vorhangs (Beitraege zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, Heft 211; Hrsg. Institut der deutschen Wirtschaft. Koeln, Juni 1993).

() Consejo Europeo, SN/428/90.

() Son los siguientes países : Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Belarús.

() Una nueva estrategia para la ayuda de los Estados Unidos a Rusia y a los nuevos Estados independientes. Informe del Grupo especial « Política » del Fund for democracy and development (una institución de fines no lucrativos, con sede en Washington, cuya finalidad es prestar ayuda a Rusia, Ucrania y otros nuevos Estados independientes en el progreso hacia la democracia y la economía de mercado), 10 de enero de 1994.

() Libro Verde sobre la política social europea : Opciones para la Unión, doc. COM(93) 551 final.

() Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas, « Europa y los problemas de la ampliación » (en anexo a las Conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 26 y 27 de junio de 1992), SN/3321/1/92.

() B. Busch y H.-P. Froehlich, loc. cit. e igualmente V. Klaus, Die « Zehn Gebote » der Systemtransformation. (In : Forum, Vortragsreihe des Instituts der deutschen Wirtschaft. Koeln, 25. 5. 1993).

() Países en desarrollo sin los Estados ACP, Taiwán y países mediterráneos.

() En las estimaciones mencionadas, calculada en función de la deuda arancelaria pendiente de pago en las condiciones de la cláusula de nación más favorecida.

() Industrieguetereinfuhren der EG aus Ost und Sued : Handelspolitik und Entwicklung. In : Wochenbericht des Deutschen Instituts fuer Wirtschaftsforschung, Nr. 23/1993.

() DO no L 209 de 2. 8. 1988.

() DO no C 40 de 17. 2. 1992.

() Ucrania sólo concede la cláusula de preferencia, durante un período de transición de hasta cinco años, a la actividad de las filiales y sucursales de entidades bancarias y aseguradoras de la Comunidad. Durante dicho tiempo, las actividades de seguros en algunos sectores permanecerán vedadas a los extranjeros, quedarán sujetas a restricciones, o bien serán sometidas a requisitos especiales.

() Desarrollo de una asociación más estrecha con los países de Europa Central y Oriental. Informe de la Comisión para el Consejo Europeo de Edimburgo, celebrado los días 11 y 12 de diciembre de 1992.

() DO no C 14 de 20. 1. 1992.

() Consejo Europeo, SN 150/1/94.

() DO no C 269 de 14. 10. 1991.

() DO no C 309 de 16. 11. 1993.

() Die wirtschaftliche Lage Russlands. Fortsetzung des Niedergangs ohne hinreichenden Strukturwandel. (Deutsches Institut fuer Wirtschaftsforschung, Berlin / Institut fuer Wirtschaftsforschung an der Universitaet Kiel / Institut fuer Wirtschaftsforschung Halle) Fuenfter Bericht, Oktober 1994.

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