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# 52003AG0038

**Posición Común (CE) n° 38/2003, de 26 de mayo de 2003, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de los documentos del sector público** 
  
*Diario Oficial n° C 159 E de 08/07/2003 p. 0001 - 0010*

  

Posición Común (CE) no 38/2003

aprobada por el Consejo el 26 de mayo de 2003

con vistas a la adopción de la Directiva 2003/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de..., relativa a la reutilización de los documentos del sector público

(2003/C 159 E/01)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(4),

Considerando lo siguiente:

(1) El Tratado prevé la creación de un mercado interior y de un sistema que impida el falseamiento de la competencia en dicho mercado interior. La armonización de las normas y prácticas de los Estados miembros en relación con la explotación de la información del sector público contribuye a la consecución de estos objetivos.

(2) La evolución hacia la sociedad de la información y del conocimiento afecta a la vida de todos los ciudadanos de la Comunidad, en particular al permitirles contar con nuevos medios para acceder y adquirir el conocimiento.

(3) Los contenidos digitales desempeñan un papel importante en esta evolución. La producción de contenidos ha dado lugar durante los últimos años, y sigue haciéndolo actualmente, a un fenómeno de rápida creación de empleo. La mayor parte de estos puestos de trabajo los crean pequeñas empresas emergentes.

(4) El sector público recoge, produce, reproduce y difunde una amplia gama de información relativa a numerosos ámbitos, por ejemplo información social, económica, geográfica, meteorológica o turística y sobre empresas, patentes y educación.

(5) Uno de los principales objetivos del establecimiento de un mercado interior es la creación de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de servicios que abarquen toda la Comunidad. La información del sector público constituye una materia prima importante para diversos productos y servicios de contenidos digitales y se convertirá en un recurso cada vez más importante con el desarrollo de los servicios inalámbricos de contenidos. En este contexto, será asimismo esencial una amplia cobertura geográfica transfronteriza. Una más amplia posibilidad de la reutilización de documentos del sector público debe permitir, entre otras cosas, a las empresas europeas aprovechar su potencial y contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo.

(6) Existen considerables diferencias de un Estado miembro a otro en relación con las normas y prácticas de explotación de los recursos de información del sector público. Estas diferencias constituyen barreras que obstaculizan el aprovechamiento pleno de las posibilidades económicas de este recurso esencial. Debe llevarse a cabo, por tanto, una armonización mínima de las normas y prácticas nacionales en materia de reutilización de los documentos del sector público en los casos en que las diferencias entre las normas y las prácticas nacionales o la ausencia de claridad obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la información en la Comunidad.

(7) Además, en ausencia de una armonización mínima a nivel comunitario, las actividades legislativas a nivel nacional, iniciadas ya en algunos Estados miembros ante la necesidad de dar respuesta a los retos tecnológicos, podrían dar lugar a discrepancias todavía más importantes. Las consecuencias de estas discrepancias legislativas y de esta incertidumbre irán acentuándose con el futuro desarrollo de la sociedad de la información, que ha ocasionado ya una fuerte intensificación de la explotación transfronteriza de la información.

(8) Se necesita disponer de un marco general para las condiciones de reutilización de los documentos del sector público con el fin de garantizar que dichas condiciones sean equitativas, proporcionadas y no discriminatorias. Los organismos del sector público recogen, producen, reproducen y difunden documentos para llevar a cabo su labor de servicio público. La utilización de dichos documentos por otros motivos constituye una reutilización. Las políticas de los Estados miembros podrán ir más allá de las normas mínimas establecidas en la presente Directiva, permitiendo así una reutilización más amplia.

(9) La presente Directiva no contiene la obligación de autorizar la reutilización de documentos. La decisión de autorizar o no la reutilización corresponderá a los Estados miembros o al organismo del sector público que corresponda. La presente Directiva debe ser aplicable a los documentos que se hagan accesibles con fines de reutilización cuando los organismos del sector público suministren con licencia, vendan, difundan, intercambien o entreguen información. Para evitar las subvenciones cruzadas, la reutilización incluye la utilización posterior de los documentos dentro del propio organismo para actividades distintas de la misión de servicio público. Entre las actividades ajenas a la misión de servicio público, un ejemplo típico es el suministro de documentos producidos y por los que se haya pagado un precio en un marco exclusivamente comercial y en competencia con otros actores del mercado. La definición de "documento" no pretende incluir los programas de ordenador. La presente Directiva se basa en los actuales regímenes de acceso de los Estados miembros y no modifica las normas nacionales de acceso a documentos. La presente Directiva no es aplicable a aquellos casos en que, con arreglo al régimen pertinente de acceso, los ciudadanos o empresas sólo puedan obtener un documento si pueden demostrar un interés particular. Se debe instar a los organismos del sector público a poner a disposición, con vistas a su reutilización, todos los documentos que conserven. Los organismos del sector público deben promover y alentar la reutilización de documentos, inclusive los textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, en los casos en los que el organismo del sector público tiene el derecho a autorizar su reutilización.

(10) Las definiciones de "organismo del sector público" y de "organismo de derecho público" proceden de las Directivas sobre contratos públicos [92/50/CEE(5), 93/36/CEE(6), 93/37/CEE(7) y 98/4/CE(8)]. Estas definiciones no abarcan a las empresas públicas.

(11) La presente Directiva propone una definición genérica del término "documento", acorde con la evolución de la sociedad de la información. Abarca todas las formas de representación de actos, hechos o información, y cualquier recopilación de los mismos, independientemente del soporte (escrito en papel, almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual), conservados por los organismos del sector público. Se considera documento conservado por un organismo del sector público todo documento cuya reutilización puede ser autorizada por dicho organismo del sector público.

(12) Los plazos de respuesta a las solicitudes de reutilización de los documentos deben ser razonables y estar en consonancia con los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso al documento en virtud del régimen correspondiente de acceso, para estimular la creación de nuevos productos y servicios de información agregada a escala paneuropea.

(13) Las posibilidades de reutilización pueden mejorarse si se limita la necesidad de digitalizar documentos existentes en papel o de manipular los archivos digitales para hacerlos mutuamente compatibles. Así pues, los organismos del sector público deben ofrecer los documentos en todos los formatos o lenguas preexistentes, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno. También deben contemplar favorablemente las solicitudes de expedición de extractos de un documento existente, siempre que no conlleven más que una simple manipulación. Sin embargo, los organismos del sector público no deben estar obligados a proporcionar extractos de documentos cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado.

(14) La presente Directiva reconoce que algunos organismos del sector público están obligados a autofinanciarse total o parcialmente y dependen de los ingresos procedentes de las ventas de sus documentos para desempeñar eficazmente sus misiones de servicio público. Por consiguiente, la presente Directiva permite a los organismos del sector público recuperar todos los costes de recogida, producción, reproducción y difusión de los documentos, y la obtención de un margen de beneficio razonable. Se incluyen en la producción la creación y la recogida, y en la difusión podría también incluirse la asistencia al usuario. La recuperación de los costes, junto con un margen de beneficio razonable, determina el límite superior de las tarifas, ya que es necesario evitar un precio excesivo. Los Estados miembros o los organismos del sector público podrán elegir el método de cálculo de costes más apropiado, en consonancia con los principios contables aplicables a los organismos del sector público interesados. El límite superior para las tarifas establecido en la presente Directiva no afectará al derecho de los Estados miembros o de los organismos del sector público de aplicar tarifas inferiores o no aplicarlas en absoluto, y los Estados miembros deben instar a los organismos del sector público a ofrecer los documentos a tarifas que no superen los costes marginales de reproducción y difusión de los documentos.

(15) Garantizar que las condiciones de reutilización de los documentos del sector público sean claras y estén a disposición del público constituye una condición previa para el desarrollo de un mercado de la información que abarque la totalidad de la Comunidad. Por consiguiente, debe informarse claramente a los reutilizadores potenciales de todas las condiciones aplicables a la reutilización de documentos. Los Estados miembros deben alentar la creación de índices accesibles en línea, cuando sea oportuno, de los documentos disponibles para fomentar y facilitar las solicitudes de reutilización.

(16) En determinados casos, la reutilización de documentos se hará sin que se haya concedido una licencia. En otros casos, se expedirá una licencia que imponga a su titular una serie de condiciones de reutilización referidas a cuestiones como la responsabilidad, el uso correcto de los documentos, la garantía de que los documentos no serán modificados y la indicación de la fuente. Si los organismos del sector público conceden licencias para la reutilización de documentos, las condiciones de la licencia deben ser justas y transparentes. Las licencias modelo disponibles en línea pueden desempeñar asimismo un papel importante al respecto. Por consiguiente, los Estados miembros deben procurar que estén a disposición licencias modelo.

(17) Las condiciones de reutilización no deben ser discriminatorias para tipos comparables de reutilización. Esto no debe impedir, por ejemplo, el intercambio gratuito de información entre organismos del sector público cuando estos organismos desempeñen sus misiones de servicio público, mientras que otras partes deban abonar una tarifa por la reutilización de los mismos documentos. Esto tampoco debe impedir la adopción de una política de tarifas diferenciada para la reutilización comercial y no comercial.

(18) Los organismos del sector público deben tomar en consideración las normas de competencia al establecer los principios para la reutilización de documentos, evitando en la medida de lo posible acuerdos exclusivos entre ellos mismos y socios particulares. No obstante, con vistas a la prestación de un servicio de interés económico general, puede resultar a veces necesario conceder un derecho exclusivo a la reutilización de determinados documentos del sector público. Tal puede ser el caso si ningún editor comercial está dispuesto a publicar la información de no concedérsele derechos exclusivos.

(19) La presente Directiva se debe incorporar al derecho interno y aplicar de forma que se cumplan plenamente los principios relativos a la protección de los datos personales, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(9).

(20) La presente Directiva no afecta a los derechos de propiedad intelectual de terceros. Para evitar confusiones, se entenderá por "derechos de propiedad intelectual" únicamente los derechos de autor y derechos afines (incluidas las formas de protección sui generis). La presente Directiva no se aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad industrial como las patentes, los diseños y las marcas registradas. La Directiva tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de los organismos del sector público ni a su posesión por estos, ni restringe en modo alguno el ejercicio de esos derechos fuera de los límites establecidos por la presente Directiva. Las obligaciones impuestas por la presente Directiva sólo deben aplicarse en la medida en que las mismas sean compatibles con las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas ("Convenio de Berna") y el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo ADPIC"). No obstante, los organismos del sector público deben ejercer sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.

(21) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información(10), así como en la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos(11). Detalla las condiciones en las que los organismos del sector público pueden ejercer sus derechos de propiedad intelectual en el mercado interior de la información cuando permitan la reutilización de documentos.

(22) Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público que cubran la totalidad de la Comunidad, reforzar la eficacia del uso transfronterizo de documentos del sector público por las empresas privadas para que ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido y limitar el falseamiento de la competencia en el mercado comunitario, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y los efectos intrínsecamente comunitarios de dicha acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. La presente Directiva debe alcanzar una mínima armonización, evitando así que se acentúen las disparidades entre los Estados miembros en el tratamiento de la cuestión de la reutilización de los documentos del sector público.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Directiva establece un conjunto mínimo de normas que regulen la reutilización de los documentos existentes conservados por organismos del sector público de los Estados miembros.

2. La presente Directiva no se aplicará a:

a) los documentos cuyo suministro sea una actividad que se salga del ámbito de la misión de servicio público de los organismos del sector público afectados, definida con arreglo a la legislación o a otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro o, en su ausencia, definida en consonancia con la práctica administrativa común del Estado miembro de que se trate;

b) los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual por parte de terceros;

c) los documentos a los que no pueda accederse en virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros, por motivos, entre otros, de:

- protección de la seguridad nacional (esto es, seguridad del Estado), defensa o seguridad pública;

- confidencialidad estadística o comercial;

d) los documentos conservados por las entidades de radiodifusión de servicio público y sus filiales, y por otras entidades o sus filiales para el cumplimiento de una misión de radiodifusión de servicio público;

e) los documentos conservados por instituciones educativas y de investigación, tales como centros escolares, universidades, archivos, bibliotecas y centros de investigación, con inclusión, si procede, de organizaciones creadas para la transferencia de los resultados de la investigación;

f) los documentos conservados por instituciones culturales tales como museos, bibliotecas, archivos, orquestas, óperas, ballets y teatros.

3. La presente Directiva se basa en los actuales regímenes de acceso de los Estados miembros y no modifica las normas nacionales que rigen el acceso a documentos que obran en poder de organismos del sector público. La presente Directiva no será aplicable a aquellos casos en que ciudadanos o empresas deban demostrar, en virtud del régimen de acceso, un interés particular para poder acceder a los documentos.

4. La presente Directiva no menoscaba ni afecta en modo alguno el nivel de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales con arreglo a las disposiciones del Derecho comunitario y nacional, y, en particular, no altera las obligaciones ni los derechos establecidos en la Directiva 95/46/CE.

5. Las obligaciones de la presente Directiva se aplicarán únicamente en la medida en que las obligaciones impuestas sean compatibles con las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de Berna y el Acuerdo ADPIC.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) "organismo del sector público", el Estado, los entes territoriales, los organismos de derecho público y las asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes o de dichos organismos de derecho público;

2) "organismo de derecho público",

cualquier organismo

a) creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general, que no tenga carácter industrial o mercantil,

b) dotado de personalidad jurídica, y

c) cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de derecho público, o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichos organismos, o que tenga un órgano de administración, dirección o supervisión más de la mitad de cuyos miembros sean designados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de derecho público;

3) "documento",

a) cualquier contenido sea cual sea el soporte (escrito en papel o almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual),

b) cualquier parte de tal contenido;

4) "reutilización", el uso de documentos que obran en poder de organismos del sector público por personas físicas o jurídicas con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la misión de servicio público para la que se produjeron. El intercambio de documentos entre organismos del sector público en el marco de sus actividades de servicio público no se considerará reutilización;

5) "datos personales", los datos definidos en la letra a) del artículo 2 de la Directiva 95/46/CE.

Artículo 3

Principio general

Los Estados miembros velarán por que, cuando se autorice la reutilización de documentos conservados por organismos del sector público, se cumplan las condiciones expuestas en los capítulos III y IV.

CAPÍTULO II

SOLICITUDES DE REUTILIZACIÓN

Artículo 4

Requisitos para el tratamiento de solicitudes de reutilización

1. Los organismos del sector público tramitarán, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno, las solicitudes de reutilización y pondrán el documento a disposición del solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia, ultimarán la oferta de licencia al solicitante en un plazo razonable coherente con los plazos establecidos para el tratamiento de solicitudes de acceso a los documentos.

2. Cuando no se haya establecido ningún plazo ni otras normas que regulen la entrega oportuna de los documentos, los Estados miembros garantizarán que los organismos del sector público tramiten la solicitud y entreguen los documentos al solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia, ultimen la oferta de licencia al solicitante en un plazo no superior a veinte días hábiles, a partir del momento de su recepción. Este plazo podrá ampliarse en otros veinte días hábiles para solicitudes extensas o complejas. En tales casos, se notificará al solicitante en el curso de las tres semanas siguientes a la solicitud inicial que se necesita más tiempo para tramitarla.

3. En caso de adoptarse una decisión negativa, los organismos del sector público comunicarán al solicitante los motivos de la denegación sobre la base de las disposiciones aplicables del régimen de acceso del Estado miembro correspondiente o de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva, en particular las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 1 o el artículo 3. Si la decisión negativa se basa en la letra b) del apartado 2 del artículo 1, el organismo del sector público deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos, cuando ésta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el organismo del sector público haya obtenido el material en cuestión.

4. Las decisiones negativas deberán contener una referencia a las vías de recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante.

5. Los organismos del sector público a que se refieren las letras d), e) y f) del apartado 2 del artículo 1 no estarán obligados a cumplir lo dispuesto en el presente artículo.

CAPÍTULO III

CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN

Artículo 5

Formatos disponibles

1. Los organismos del sector público facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno. Esto no significa que los organismos del sector público estén obligados a crear documentos o a adaptarlos para satisfacer una solicitud o a facilitar, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado, extractos de documentos cuando ello conlleve algo más que una simple manipulación.

2. Con arreglo a la presente Directiva, no podrá exigirse a los organismos del sector público que mantengan la producción de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público.

Artículo 6

Principios de tarifación

Cuando se aplique una tarifa, los ingresos totales obtenidos por la entrega y por permitir la reutilización de un documento no deberán superar el coste de recogida, producción, reproducción y difusión, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Las tarifas se deberán basar en los costes durante un ejercicio contable apropiado, y deberán calcularse conforme a los principios contables aplicables a los organismos del sector público correspondientes.

Artículo 7

Transparencia

Las condiciones aplicables, así como las tarifas normales por reutilización de documentos conservados por organismos del sector público deberán ser fijadas y publicadas de antemano, mediante medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno. El organismo del sector público de que se trate deberá también indicar qué factores se tendrán en cuenta en el cálculo de las tarifas para casos atípicos.

Artículo 8

Licencias

1. Los organismos del sector público podrán autorizar la reutilización de documentos sin condiciones o bien podrán imponer condiciones, en su caso a través de una licencia, teniendo en cuenta los aspectos pertinentes. Estas condiciones no restringirán sin necesidad las posibilidades de reutilización y no se usarán para restringir la competencia.

2. En los Estados miembros en que se utilicen licencias, los Estados miembros velarán por que las licencias modelo para la reutilización de documentos del sector público, que podrán adaptarse para responder a solicitudes concretas de licencia, estén disponibles en formato digital y puedan ser procesadas electrónicamente. Los Estados miembros alentarán a todos los organismos del sector público a que utilicen las licencias modelo.

CAPÍTULO IV

NO DISCRIMINACIÓN Y PRÁCTICAS COMERCIALES JUSTAS

Artículo 9

No discriminación

1. Las condiciones que se apliquen para la reutilización de un documento no deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.

2. Si un organismo del sector público reutiliza los documentos como base para sus actividades comerciales ajenas a su misión de servicio público, deberán aplicarse a la entrega de documentos para dichas actividades las mismas tarifas y condiciones que se apliquen a los demás usuarios.

Artículo 10

Prohibición de los acuerdos exclusivos

1. La reutilización de documentos estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos. Los contratos o acuerdos de otro tipo entre los organismos del sector público que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos.

2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio de interés público, deberá reconsiderarse periódicamente, y en todo caso cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo. Los acuerdos exclusivos establecidos tras la entrada en vigor de la presente Directiva deberán ser transparentes y ponerse en conocimiento del público.

3. Los acuerdos exclusivos existentes a los que no se aplique la excepción contemplada en el apartado 2 concluirán cuando expire el contrato o, en cualquier caso, no más tarde del...(12).

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 11

Ejecución

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el...(13). Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 12

Revisión

1. La Comisión llevará a cabo una revisión de la aplicación de la presente Directiva antes del...(14) y comunicará los resultados de dicha revisión, junto con eventuales propuestas de modificación de la Directiva, al Parlamento Europeo y al Consejo.

2. En dicha revisión se abordará en particular el ámbito de aplicación y las repercusiones de la presente Directiva, señalando la medida en que haya aumentado la reutilización de documentos del sector público, los efectos de los principios de tarifación aplicados y de la reutilización de textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, así como otras formas de mejorar el correcto funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de la industria europea de contenidos.

Artículo 13

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 14

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en...

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C 227 E de 24.9.2002, p. 382.

(2) DO C 85 de 8.4.2003, p. 25.

(3) DO C 73 de 26.3.2003, p. 38.

(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 12 de febrero de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 26 de mayo de 2003 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Parlamento Europeo de...(no publicada aún en el Diario Oficial).

(5) DO L 209 de 24.7.1992, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE de la Comisión (DO L 285 de 29.10.2001, p. 1).

(6) DO L 199 de 9.8.1993, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE.

(7) DO L 199 de 9.8.1993, p. 54. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE.

(8) DO L 101 de 1.4.1998, p. 1.

(9) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(10) DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.

(11) DO L 77 de 27.3.1996, p. 20.

(12) Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(13) 18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(14) 3 años después de la fecha a que se refiere el (\*).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1) El 5 de junio de 2002 la Comisión aprobó la susodicha propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo(1), que se basa en el artículo 95 del Tratado.

2) El Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones emitieron sus dictámenes el 12 de febrero de 2003, el 11 de diciembre de 2002 y el 21 de noviembre de 2002, respectivamente.

3) La Comisión presentó su propuesta modificada al Parlamento Europeo y al Consejo el 19 de marzo de 2003(2).

4) El 26 de mayo de 2003 el Consejo aprobó su posición común con arreglo a los dispuesto en el artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVO

El objetivo de la Directiva es establecer un conjunto mínimo de normas comunes con el que pretende garantizarse, en relación con la reutilización de documentos del sector público, la aplicación de las mismas condiciones básicas a todos los agentes del mercado de la información europeo, el logro de una mayor transparencia en relación con las condiciones de reutilización y la supresión de las distorsiones injustificadas del mercado. El grado de armonización propuesto es relativamente modesto y permite que se mantengan intactas las normas nacionales que regulan el acceso a la información pública, así como el nivel de protección de datos existente en los Estados miembros.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

La posición común comparte el objetivo global de la propuesta presentada por la Comisión, así como, en términos generales, los medios propuestos para alcanzar ese objetivo.

No obstante, en el transcurso del debate celebrado en el Consejo se ha modificado la redacción del texto de la propuesta y, con objeto de ofrecer una mayor claridad y facilidad de utilización para el usuario, se han introducido algunos cambios en el orden de los artículos y de los considerandos. A continuación se exponen los principales puntos de la posición común que difieren de la propuesta de la Comisión:

1) La posición común modifica el título de la Directiva propuesta al suprimir la referencia a la explotación comercial. Dicha supresión se hace también en todo el texto de la Directiva propiamente dicha, exceptuando los casos en que es necesario hacer una referencia específica a dicho respecto. El Consejo considera que el término "reutilización" abarca tanto la explotación comercial como la no comercial, tal como se indica en el artículo 2.

2) La posición común modifica el artículo 1 al añadir dos nuevos apartados que especifican el ámbito de aplicación de la Directiva, al establecer que ésta no modifica las normas nacionales que rigen el acceso a documentos que obran en poder de organismos del sector público en los Estados miembros ni afecta la protección de las personas físicas en lo que respecta a los datos personales. Este último apartado reproduce lo esencial de la letra c) del apartado 2 del artículo 1 de la propuesta original. El Consejo también consideró adecuado añadir algunas palabras para excluir expresamente del ámbito de aplicación de la Directiva los documentos cuyo acceso ya está excluido en virtud del régimen de acceso en los Estados miembros. Estos puntos se han aclarado en mayor medida en el considerando 9.

3) En el artículo 2 el Consejo ha suprimido la definición de "documento de acceso general", que podría originar una innecesaria confusión en la Directiva, la cual trata de la reutilización de los documentos y no del acceso a ellos. El espíritu de esta definición se ha introducido en el apartado 3 del artículo 1 de la posición común, en donde se intenta distinguir entre el concepto de derechos de acceso (que son competencia de los Estados miembros) y la de reutilización de los documentos que se hayan hecho accesibles. Por otra parte, se ha modificado la definición de "reutilización" para evitar la ambigüedad en lo que se refiere al intercambio de documentos entre organismos del sector público en el marco de sus actividades de servicio público. Las definiciones de la Directiva resultan más claras en los nuevos considerandos 10 y 11.

4) El artículo 3 de la propuesta, que se refiere al principio general de la Directiva, ha sido modificado para mayor claridad. En su nueva redacción, este artículo establece el sujeto (los Estados miembros), la obligación (el cumplimiento de las condiciones expuestas en los capítulos III y IV) y el objeto (los documentos conservados por organismos del sector público y cuya utilización es autorizada). Por otra parte, en la nueva redacción se suprime la referencia a los fines comerciales o no comerciales de la reutilización, que se encuentra ahora en el apartado 4 del artículo 2 de la posición común.

5) En el apartado 2 del artículo 4 de la posición común se han especificado los plazos para la tramitación de las solicitudes de reutilización en caso de que los Estados miembros no hayan establecido plazos ni otra normas que regulen la entrega de documentos. Para garantizar la entrega oportuna de los documentos, se prevé un plazo de veinte días hábiles, que podrá ampliarse en otros veinte días hábiles para solicitudes extensas o complejas.

6) El Consejo ha modificado la redacción del artículo 6, relativo a las tarifas. Para tener en cuenta la práctica de los organismos del sector público de amortizar las inversiones a lo largo de varios años, se ha añadido una referencia a los principios contables. El considerando 14 también se ha hecho más claro al respecto. En el artículo 7 de la posición común se ha mejorado la trasparencia al introducir unas palabras en las que se exige a los organismos del sector público que indiquen no sólo las condiciones aplicables y las tarifas normales para la reutilización de documentos, sino también los factores que se tienen en cuenta en el cálculo de las tarifas para casos atípicos.

7) Los organismos del sector público podrán autorizar la reutilización sin condiciones o bien podrán imponer condiciones, en su caso a través de una licencia. Para tener en cuenta las diferentes posibilidades, el Consejo ha modificado en su posición común la redacción del artículo 8 y aclarado más el texto del considerando 16. En su actual versión, el artículo 8 alienta a todos los organismos del sector público a utilizar licencias modelos.

8) Por lo que se refiere a los acuerdos exclusivos, el Consejo ha añadido un nuevo apartado al artículo 12 para aclarar la situación relativa a los actuales acuerdos exclusivos. El nuevo apartado fija un plazo para la conclusión de dichos contratos con vistas a adaptarlos al ámbito de aplicación y a los efectos de la Directiva.

9) En el artículo 12 el Consejo especifica el objetivo de la revisión de la aplicación de la directiva con vistas a garantizar que se examinen a fondo los beneficios que se espera alcanzar con ella.

Se menciona de modo específico la medida en que aumenta la reutilización de documentos del sector público, incluidos los textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, los efectos de los principios de tarifación y otras formas de mejorar el funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de la industria de contenidos.

IV. ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión y adoptadas por el Consejo

- La enmienda 3 se ha incorporado en el considerando 4 de la posición común, exceptuando la propuesta de suprimir la referencia a las actividades del sector empresarial.

- El Consejo considera que el cambio propuesto en la enmienda 4 del Parlamento Europeo en relación con el considerando 6 ya se tiene en cuenta en su primera frase del mismo.

- La enmienda 34 se ha incorporado en el considerando 14 de la posición común en la medida en que se adapta al texto del artículo 6. No obstante, no se ha aceptado la sustitución del término "documentos" por el término "información" (véase el primer guión del punto 2 de la presente sección).

- El Consejo ha incorporado en el considerando 9 de su posición la última parte de la enmienda 10, con ligeras modificaciones. No obstante, no pudo aceptarse la primera parte de la enmienda, que trata del acceso, no de la reutilización.

- El Consejo ha aceptado el primer cambio de texto que se propone en la enmienda 12. El resto de la enmienda no se ha considerado pertinente, ya que se refiere al acceso.

- En la letra c) del apartado 2 del artículo 1 de la posición común se ha incorporado lo esencial de la enmienda 14.

- El Consejo ha incorporado en el segundo apartado del artículo 9 de la posición común la enmienda 26, exceptuando la sustitución del término "documentos" por el término "información".

- El Consejo ha aceptado el principio recogido en la enmienda 32, donde se especifica la cláusula de revisión considerada en el apartado 2 del artículo 12, aunque preferiría otra redacción. Por otra parte, no se considera adecuada la parte de la enmienda donde se hace referencia a un considerando dentro de un artículo.

2. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión pero no adoptadas por el Consejo

- El Consejo no ha adoptado las enmiendas 1, 27 y 28 por considerar que el concepto de "información" es demasiado amplio y que la palabra "documento" refleja mejor el concepto esencial de la Directiva y es un término más claro con vistas a su aplicación. Tampoco se han adoptado otras enmiendas del Parlamento Europeo en la medida en que se refieren al mismo cambio.

- El Consejo no ha incorporado las enmiendas 7 y 18, que la Comisión ha aceptado sólo en parte. El Consejo considera que estas enmiendas van más allá del ámbito de aplicación de la Directiva, tanto en lo tocante a las referencias a los sistemas de recogida de datos como a la presentación de la información.

- El Consejo considera que el cambio propuesto en la enmienda 13 en relación con la letra d) del apartado 2 del artículo 1 no es necesario, toda vez que en el considerando 11 de la posición común se define la expresión "conservados por".

- El Consejo no ha podido adoptar el texto añadido al apartado 1 del artículo 5, tal como se propone en la enmienda 20, ya que es demasiado vago y podría causar problemas a la hora de incorporar la Directiva al derecho nacional.

- El primer cambio propuesto en la enmienda 21 se ha incorporado en el apartado 3 del artículo 4, modificándose la redacción. No obstante, el Consejo no ha podido aceptar la segunda modificación propuesta en dicha enmienda, ya que considera que los supuestos casos de "mala fe" por parte de un organismo del sector público no serían pertinentes y la demostración de eventuales casos de "mala fe" podría enfrentarse a dificultades.

- El Consejo no consideró necesario especificar el derecho a solicitar una revisión de las tarifas (enmienda 24), lo cual infringiría los principios establecidos en el artículo 6. No obstante, ello no hace menos vinculantes las obligaciones consideradas en dicho artículo. Esto es coherente con otras disposiciones de la posición común en que tampoco se hacen referencias específicas a la susodicha solicitud.

- El Consejo no consideró adecuada la adición de la enmienda 31. Sin embargo, en el considerando 15 se recoge lo esencial de la primera parte de la enmienda. Por otra parte, lo esencial de la segunda parte de la enmienda es una cuestión que deberán resolver los propios Estados miembros.

3. Enmiendas del Parlamento Europeo no adoptadas por la Comisión ni el Consejo

- No se aceptaron las enmiendas 2, 15 y 17, ya que se refieren a cuestiones de acceso y a la transparencia en cuanto a tal para los ciudadanos en general, mientras que la Directiva tiene por objeto la reutilización de documentos. El Consejo consideró que la referencia que se hace en la enmienda 15 a los medios electrónicos ya figura en el apartado 1 del artículo 5 de la posición común.

- La enmienda 30, que habría añadido al artículo 9 de la propuesta original la obligación legal de fomentar la reutilización, no fue aceptada debido a que se consideró demasiado vaga en lo que se refiere a su incorporación al derecho nacional y a su aplicación. El principio subyacente a esta cuestión se recoge en las dos últimas frases del considerando 9 de la posición común.

- El Consejo no adoptó la enmienda 33 por considerar que las principales inquietudes del Parlamento Europeo ya encuentran respuesta especialmente en los artículos 6 y 7 de la posición común.

(1) DO C 227 de 24.9.2002, p. 382.

(2) No publicada áun en el Diario Oficial.

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