Source: EURLEX
Language: es
Format: md

![european flag](./../../../images/eclogo.jpg)COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 6.10.2020

COM(2020) 660 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Comunicación de 2020 sobre la política de ampliación de la UE

{SWD(2020) 350 final} - {SWD(2020) 351 final} - {SWD(2020) 352 final} - {SWD(2020) 353 final} - {SWD(2020) 354 final} - {SWD(2020) 355 final} - {SWD(2020) 356 final}

Comunicación de 2020 sobre la política de ampliación de la UE

I.INTRODUCCIÓN

Desde que la nueva Comisión entró en funciones a finales de 2019, se han producido avances importantes en la agenda de ampliación de la UE. En febrero de 2020, la Comisión adoptó propuestas para mejorar el proceso de adhesión y, en marzo, los miembros del Consejo Europeo refrendaron la decisión del Consejo de Asuntos Generales de iniciar las negociaciones de adhesión con la República de Albania y la República de Macedonia del Norte. En la Cumbre UE-Balcanes Occidentales de 6 de mayo de 2020, los dirigentes de la UE reafirmaron la determinación de la Unión de intensificar su compromiso con la región y acogieron con satisfacción el compromiso de los socios de los Balcanes Occidentales de aplicar las reformas necesarias de forma exhaustiva y decidida.

El año 2020 sigue estando marcado por el devastador impacto de la pandemia de COVID-19. La UE, aunque se ha visto gravemente afectada por esta crisis, ha prestado un amplio apoyo a los esfuerzos de los gobiernos, en particular en los Balcanes Occidentales, para hacer frente a estos retos. La UE también ha empezado a reasignar la ayuda financiera de la UE en vista de las urgencias a las que se enfrenta la región debido a la crisis, tanto en términos de salud como de necesidades socioeconómicas.

La UE ha movilizado un paquete de más de 3 300 millones EUR en beneficio de los ciudadanos y las empresas de los Balcanes Occidentales
[1](#footnote2)
. Esto incluye reasignaciones del Instrumento de Ayuda Preadhesión de 38 millones EUR de ayuda inmediata al sector sanitario, en particular mediante la entrega de suministros esenciales para salvar vidas, como equipos de protección individual, pruebas y respiradores; 389 millones EUR para hacer frente a las necesidades de recuperación social y económica; otro paquete de reactivación económica de 455 millones EUR para la región, en estrecha cooperación con las instituciones financieras internacionales; y 8 millones EUR procedentes del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz para apoyar las medidas de respuesta a la COVID-19 en favor de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en los Balcanes Occidentales, así como una propuesta
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 de 750 millones EUR de ayuda macrofinanciera y un paquete de 1 700 millones EUR de asistencia del Banco Europeo de Inversiones.

La actual pandemia ha demostrado claramente cómo la UE y los Balcanes Occidentales abordan conjuntamente los retos comunes. Esto incluye la adquisición conjunta de equipos médicos, asociando la región al trabajo del Comité de Seguridad Sanitaria de la UE, eximiendo a estos países del régimen de autorización de exportación de equipos de protección individual de la UE
[3](#footnote4)
, y el suministro por parte de la UE de material de ensayo desarrollado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea para garantizar la correcta realización de las pruebas de COVID-19 en los Balcanes Occidentales. La cooperación y el apoyo de la UE a los Balcanes Occidentales va mucho más allá de lo que cualquier otro socio ha aportado a los Balcanes Occidentales, lo que refleja la importancia estratégica de la región.

Estas y otras medidas se plasmaron en la Comunicación de la Comisión «Apoyo a los Balcanes Occidentales en la lucha contra la COVID-19 y la recuperación posterior a la pandemia»
[4](#footnote5)
, adoptada el 29 de abril. En ella se esbozaba el apoyo inmediato de la UE a los Balcanes Occidentales en la lucha contra la COVID-19. Poco después, los dirigentes de la UE y de los Balcanes Occidentales se reunieron por videoconferencia el 6 de mayo en la Cumbre de Zagreb, reiterando la firme solidaridad de la UE con los Balcanes Occidentales y reafirmando la vocación europea de la región.

La Comunicación de abril también sentó las bases del Plan Económico y de Inversión
[5](#footnote6)
 para la región, adoptado paralelamente a la presente Comunicación, y que tiene por objeto estimular la recuperación a largo plazo, impulsar el crecimiento económico y apoyar las reformas necesarias para avanzar en la senda de la UE, incluido el acercamiento de los Balcanes Occidentales al mercado único de la UE. Su objetivo es liberar el potencial económico no aprovechado de la región y el importante margen para aumentar la cooperación económica y el comercio intrarregionales.

En relación con Turquía, la UE ha reasignado hasta ahora 83 millones EUR para apoyar la lucha contra la COVID-19 y apoyar a los más afectados. En el contexto del Mecanismo para los refugiados en Turquía, la Comisión puso en marcha inmediatamente actividades de sensibilización para la población de refugiados, que se encuentran entre las personas más vulnerables. Se alcanzó un acuerdo con el Gobierno turco para movilizar ahorros y contingencias en el marco del Mecanismo para apoyar la respuesta nacional a la COVID-19. Este apoyo continuará. En la Cumbre Mundial de respuesta a la COVID-19, celebrada el 4 de mayo, Turquía se comprometió a aportar 75 millones EUR como contribución a la búsqueda de una vacuna.

Resumen de los principales avances

El 5 de febrero, la Comisión Europea adoptó la Comunicación «Mejorar el proceso de adhesión: una perspectiva creíble de la UE para los Balcanes Occidentales»
[6](#footnote7)
. La Comunicación, refrendada por el Consejo en marzo, presenta propuestas concretas para reforzar el proceso de adhesión, haciéndolo más predecible, creíble, dinámico y con una dirección política más sólida. Hace hincapié en que el proceso de adhesión se basa en criterios objetivos y claros y en unas condiciones rigurosas, y refuerza la reversibilidad, permitiendo a la UE sancionar de forma más eficaz y proporcional cualquier estancamiento grave o retroceso en la aplicación de las reformas. Las propuestas de la Comisión subrayan la importancia de un proceso de adhesión basado en los méritos que tenga en cuenta la colaboración, la confianza mutua y unos compromisos claros por parte de la Unión Europea y los Balcanes Occidentales, con una atención aún mayor a las reformas fundamentales. El 2 de marzo, la Comisión presentó información actualizada sobre la aplicación de las reformas en Albania
[7](#footnote8)
 y Macedonia del Norte
[8](#footnote9)
. Las actualizaciones pusieron de manifiesto que ambos países habían intensificado sus esfuerzos y arrojaron más resultados tangibles y sostenibles en los ámbitos clave señalados en las Conclusiones del Consejo de junio de 2018.

Posteriormente, el Consejo de Asuntos Generales de marzo de 2020 refrendó la Comunicación de la Comisión, decidió iniciar las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte e invitó a la Comisión a presentar propuestas para los marcos de negociación con ambos países.

La Comisión presentó, en julio de 2020, sus propuestas para los marcos de negociación. Estas propuestas integran y desarrollan aún más el enfoque mejorado del proceso de adhesión. La Comisión también informó sobre la continuación de la aplicación de las reformas en Albania y Macedonia del Norte y espera con interés las primeras conferencias intergubernamentales que se convocarán lo antes posible tras la adopción de los marcos por el Consejo.

Por lo que respecta a Albania, el Consejo enumeró una serie de condiciones que debían cumplirse antes de su primera Conferencia Intergubernamental
[9](#footnote10)
. El país ya ha realizado progresos decisivos en el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Consejo con vistas a la primera Conferencia Intergubernamental.

La presentación de informes en el paquete de ampliación de este año refleja también las propuestas del enfoque mejorado del proceso de adhesión. Las evaluaciones y recomendaciones para los países, especialmente las orientaciones prospectivas sobre prioridades específicas de reforma, son aún más claras y precisas. Los informes aportan una mayor transparencia, incluida la situación de las negociaciones de adhesión y sobre en qué medida se están aplicando reformas fundamentales. Se facilitan resúmenes comparativos de los resultados sobre los indicadores fundamentales, así como índices externos para complementar las evaluaciones de la Comisión. Se solicitaron contribuciones más sólidas a los Estados miembros, que fueron consultados durante el proceso e hicieron aportaciones y ofrecieron conocimientos especializados, en particular a través de sus Embajadas sobre el terreno. Los informes también incluyen evaluaciones del compromiso político público de las autoridades con el objetivo estratégico de la adhesión a la UE.

Por primera vez, la Comisión evalúa el equilibrio general en las negociaciones de adhesión con Montenegro y Serbia y propone el camino a seguir. Esto debería permitir que las conferencias intergubernamentales, que deben tener lugar tras la publicación del paquete anual de la Comisión, sirvan como foros para el diálogo político sobre las reformas, hagan balance del proceso de adhesión y establezcan la planificación para el año siguiente, incluida la apertura y el cierre de capítulos y posibles medidas correctoras.

Desde el último paquete de ampliación, el Consejo ha adoptado también Conclusiones
[10](#footnote11)
 en las que se respaldan las 14 prioridades clave del Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de Bosnia y Herzegovina a la Unión Europea
[11](#footnote12)
. El dictamen de la Comisión, publicado en mayo de 2019, es una guía exhaustiva para las reformas destinadas a orientar y apoyar al país en su camino hacia la integración en la UE. Por lo que se refiere a Kosovo
[12](#footnote13)\*, los avances en las reformas relacionadas con la UE fueron limitados, debido especialmente al largo período electoral y a dos cambios de Gobierno. Será importante que las autoridades kosovares redoblen sus esfuerzos para avanzar en la senda europea, en particular mediante la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación.

Durante del último año prosiguió la aplicación del Plan de Acción adjunto a la Estrategia para los Balcanes Occidentales de 2018. La Estrategia se centró en ámbitos en los que son necesarios más reformas y esfuerzos por parte de los socios de los Balcanes Occidentales, así como en el refuerzo del apoyo de la UE a la región. Una parte significativa de estas acciones fue refrendada posteriormente por los Estados miembros de la UE y los socios de los Balcanes Occidentales a través del Programa de Prioridades de Sofía, adoptado en la Cumbre de Sofía en mayo de 2018. En el anexo de la presente Comunicación se incluye una actualización de los avances en la ejecución de las diversas acciones.

Turquía es un socio clave para la UE y un país candidato. Han proseguido el diálogo y la cooperación con Turquía, en particular para hacer frente a los retos relacionados con la migración, a pesar de la preocupación por los hechos acaecidos en la frontera grecoturca en marzo de 2020. Turquía ha mantenido sus encomiables esfuerzos para acoger a unos 4 millones de refugiados procedentes de Siria y de otros países, en lo que constituye la mayor comunidad de refugiados del mundo. La UE siguió prestando un apoyo significativo a los refugiados y a las comunidades de acogida en Turquía, un testimonio concreto de la solidaridad de la UE. El Mecanismo para los refugiados en Turquía ha movilizado 6 000 millones EUR. Se ha comprometido un total de 5 100 millones EUR, de los cuales se han desembolsado 3 800 millones. En julio de 2020, la UE acordó movilizar 485 millones EUR adicionales para garantizar la continuación de la ayuda humanitaria clave del Mecanismo hasta finales de 2021. Los desembolsos en el marco del Mecanismo alcanzaron una media de 60 millones EUR al mes durante el período de referencia, lo que indica una ejecución más rápida. Quedan por firmar siete contratos de un total de unos 115. Seguirá siendo necesario ayudar a los refugiados afectados por la crisis siria y sus países de acogida, y la reciente Comunicación relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo señaló que será esencial proseguir y mantener de alguna forma la financiación de la UE
[13](#footnote14)
.

Sin embargo, Turquía ha seguido alejándose de la Unión Europea debido a un grave retroceso en los ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la independencia del poder judicial. Los continuos arrestos y las detenciones preventivas, al amparo de una amplia legislación antiterrorista de líderes de la oposición, activistas de los derechos humanos, periodistas, la sociedad civil y el mundo académico son muy preocupantes. En junio de 2019, el Consejo, remitiéndose a sus conclusiones de 26 de junio de 2018, señaló que las negociaciones de adhesión de Turquía se habían estancado, por lo que no se puede considerar la apertura o el cierre de nuevos capítulos. La política exterior de Turquía ha divergido cada vez más de las prioridades de la UE en el marco de la política exterior y de seguridad común, en particular debido a las operaciones militares turcas en el noreste de Siria y a sendos memorandos de acuerdo firmados con el Gobierno de Consenso Nacional de Libia, uno de ellos sobre cooperación en materia de seguridad que condujo a una mayor injerencia turca en el conflicto libio, y el otro sobre la delimitación de la jurisdicción marítima, que ignora los derechos soberanos de las islas griegas. Debido a las actividades de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo Oriental, en julio de 2019 la UE decidió una serie de medidas, entre ellas la no celebración, por el momento, del Consejo de Asociación UE-Turquía, así como otras reuniones de los diálogos de alto nivel entre la UE y Turquía. La UE adoptó además un marco de medidas específicas contra Turquía en noviembre de 2019 y en febrero de 2020 decidió añadir dos personas a la lista de designaciones con arreglo a este marco de sanciones.

El 1 de octubre de 2020, el Consejo Europeo declaró que la UE tiene un interés estratégico en un entorno estable y seguro en el Mediterráneo Oriental y en el desarrollo de una relación de cooperación y mutuamente beneficiosa con Turquía. Siempre que se mantuviesen los esfuerzos constructivos para poner fin a las actividades ilegales con respecto a Grecia y Chipre, el Consejo Europeo acordó poner en marcha un programa político positivo entre la UE y Turquía, haciendo especial hincapié en la modernización de la unión aduanera y la facilitación del comercio, los contactos interpersonales, los diálogos de alto nivel y la cooperación continua en materia de migración, en consonancia con la Declaración UE-Turquía de 2016. El Consejo Europeo también subrayó que, en caso de nuevas acciones unilaterales o provocaciones que vulneren el derecho internacional, la UE utilizará todos los instrumentos y las opciones de los que dispone, entre ellos los derivados del artículo 29 del TUE y el artículo 215 del TFUE, para defender sus intereses y los de sus Estados miembros.

Con el fin de garantizar la cooperación y la solidaridad en relación con la pandemia de COVID-19, las primeras medidas de respuesta financiadas por la UE se pusieron en marcha inmediatamente después del brote. Se han reasignado unos 83 millones EUR de ayuda de la UE, de los cuales 52 millones, procedentes del Mecanismo para los refugiados en Turquía, se movilizaron rápidamente para los refugiados más vulnerables. El Mecanismo de Protección Civil de la Unión se activó a finales de mayo de 2020 para apoyar a Turquía en la repatriación de ciudadanos turcos bloqueados en Perú y Colombia.

II.ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA ADHESIÓN A LA UE

Preparar a los países candidatos y a los candidatos potenciales para cumplir los requisitos de la adhesión requiere prestar especial atención a las reformas fundamentales en el Estado de Derecho, la economía y el funcionamiento de las instituciones democráticas y de la Administración Pública. Los esfuerzos en estos ámbitos, que son indivisibles y se refuerzan mutuamente, deben proseguir con más contundencia y un compromiso político más claro. Se hará aún más hincapié en estas reformas tras la aprobación, por el Consejo, de las propuestas de la Comisión para mejorar el proceso de adhesión.

El Estado de Derecho es un aspecto crucial de la transformación democrática y el punto de referencia clave para evaluar el progreso de los países de la ampliación hacia la adhesión. Los avances fueron muy dispares durante el último año. Un elemento positivo ha sido que la cooperación operativa de los Balcanes Occidentales con los Estados miembros y las agencias de la UE ha seguido mejorando e intensificándose en materia de lucha contra el terrorismo y la radicalización que conduce al extremismo violento, así como en la gestión de la migración y las fronteras. Sin embargo, un progreso creíble en el ámbito del Estado de Derecho sigue siendo un reto importante, a menudo correlacionado con la falta de voluntad política, la persistencia de determinados elementos de apropiación de las prerrogativas del Estado por parte de las élites locales, los limitados avances en materia de independencia judicial, la resistencia institucional y un entorno cada vez más difícil para la sociedad civil. La Comisión Europea recomendó que las medidas de emergencia adoptadas en el contexto de la pandemia de COVID-19 respeten los principios y valores fundamentales, sean proporcionadas, limitadas a lo necesario, de duración limitada, aplicadas de forma no discriminatoria, sujetas a supervisión judicial y democrática y, en general, que estén en consonancia con las normas europeas.

Poder judicial y derechos fundamentales

Un poder judicial independiente y eficiente en el que las decisiones se apliquen efectivamente reviste una importancia crucial para el Estado de Derecho. El ritmo lento de los cambios en la cultura judicial prosigue en toda la región de los Balcanes Occidentales, sin un compromiso suficiente con el principio de independencia judicial y el respeto de las resoluciones judiciales. En particular, las autoridades públicas deben abstenerse de toda injerencia en los asuntos en curso y de realizar comentarios públicamente, lo que podría socavar las decisiones de los órganos jurisdiccionales.

Albania sigue avanzando satisfactoriamente en su reforma del sistema judicial mediante la aplicación continua de la reforma de la justicia y los resultados tangibles del proceso de investigación previa. En conjunto, se han adoptado más de 286 decisiones y todos los casos prioritarios han concluido en primera instancia, lo que ha dado lugar a que el 62 % de los jueces evaluados hayan sido destituidos o hayan dimitido voluntariamente. Se han creado nuevos órganos judiciales independientes, que ya son plenamente operativos.

Macedonia del Norte ha avanzado considerablemente, en particular con la entrada en vigor de la Ley de la Fiscalía General del Estado, que constituye un hito clave y garantiza, entre otras cosas, una solución sostenible para los casos de la Fiscalía Especial. A raíz del caso de extorsión y supuesto abuso de poder en un asunto de la Fiscalía Especial, el exjefe de dicha Fiscalía fue condenado por aceptar sobornos y por abuso de poder.

Bosnia y Herzegovina no ha realizado ningún avance en relación con el ámbito del poder judicial. Los obstáculos a la reforma de la justicia por parte de los actores políticos y del poder judicial y el mal funcionamiento del sistema judicial siguieron socavando el disfrute de sus derechos por parte de los ciudadanos y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.

Kosovo ha obtenido algunos avances. Se ha adoptado un nuevo código ético y de procedimientos disciplinarios reforzados.

En Montenegro se han registrado avances limitados y persisten retos en relación con la independencia, la profesionalidad, la eficiencia y la rendición de cuentas del poder judicial.

En Serbia no se registraron avances durante el período cubierto por el informe, ya que no se aplicaron las recomendaciones del anterior informe de la Comisión. Las reformas constitucionales destinadas a adaptar la Constitución a las normas europeas han quedado en suspenso hasta después de las elecciones parlamentarias. Este retraso repercute en la adopción de la legislación judicial conexa necesaria para aumentar las salvaguardias de la independencia judicial.

En Turquía continuó el grave retroceso observado desde el intento de golpe de Estado de 2016 y prosiguió la presión política y los traslados de un gran número de jueces y fiscales en contra de su voluntad, socavando aún más la independencia del poder judicial turco, y persiste una gran preocupación, en particular por la falta sistémica de independencia del poder judicial, incluido el nombramiento de un sistema paralelo de jueces de paz. Se teme que estos procedimientos causen autocensura e intimidación en el seno del poder judicial. La adopción de la Estrategia de Reforma Judicial fue una oportunidad perdida para abordar muchas de las reformas fundamentales necesarias.

En los Balcanes Occidentales y Turquía la corrupción sigue siendo una práctica generalizada. Son necesarios resultados sólidos en la lucha contra la corrupción para mitigar las amenazas reales para las estructuras democráticas y un entorno empresarial estable y transparente. Los avances en la lucha con éxito contra la corrupción de nivel medio y alto varían en la región, aunque el ritmo general se ha lentificado y lo logrado en la mayoría de los países dista mucho de cumplir los requisitos para la adhesión. Hay que hacer frente a la corrupción política y de alto nivel de forma más clara y coherente. Una señal positiva de compromiso es el acuerdo de Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro y Macedonia del Norte para participar en la acción prioritaria de Sofía sobre el seguimiento de juicios en casos de corrupción de alto nivel y delincuencia organizada; es necesario seguir discutiendo a este respecto con Serbia. La contratación pública todavía es especialmente propensa a la corrupción generalizada. Es preciso reforzar los mecanismos de control a lo largo de todo el proceso de contratación y aumentar significativamente la transparencia a través de medidas sólidas y ambiciosas.

Albania ha avanzado considerablemente en la lucha contra la corrupción. Los avances en la investigación están teniendo repercusiones y se han producido algunas condenas de funcionarios de alto nivel.

Macedonia del Norte ha avanzado considerablemente en la lucha contra la corrupción, se ha consolidado la investigación, el enjuiciamiento y los juicios de casos de corrupción de alto nivel, y la Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción es cada vez más activa.

En Bosnia y Herzegovina no se ha avanzado. La falta de armonización de la legislación en todo el país y la escasa cooperación y coordinación institucional siguieron obstaculizando la lucha contra la corrupción.

En Kosovo los avances han sido limitados. El decomiso de activos sigue considerándose solo un aspecto auxiliar de los procesos penales, al que se dedica poca atención y escasos recursos.

En Montenegro los avances han sido limitados y todavía debe mejorarse la confiscación de activos. A pesar de algunos avances positivos, los retos relacionados con la independencia, la credibilidad y el establecimiento de prioridades de la Agencia para la Prevención de la Corrupción siguen, en su mayoría, sin abordarse.

En Serbia los avances han sido limitados. La independencia de la Agencia de Lucha contra la Corrupción se reforzó a través de medidas operativas, pero es necesaria una mejora tangible en relación con las evaluaciones de la transparencia y los riesgos de corrupción y la mitigación en sectores especialmente vulnerables a la corrupción en estos ámbitos.

En Turquía no se han registrado avances. El marco jurídico y la arquitectura institucional aún deben mejorarse para evitar cualquier influencia política indebida en las fases de investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción.

Los derechos fundamentales están ampliamente consagrados en la legislación de los Balcanes Occidentales y el año pasado se han realizado algunos avances, pero su aplicación sigue siendo un reto en la práctica en una serie de ámbitos de toda la región. En Turquía, las violaciones de los derechos humanos no han disminuyeron y quienes trataron de defender los derechos humanos en Turquía fueron a menudo arrestados y detenidos.

La libertad de expresión, así como la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, son pilares de la democracia y componentes esenciales del debate abierto y libre. Si bien existen disposiciones básicas, son necesarios esfuerzos urgentes para garantizar la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación en toda la región. Este es el ámbito en el que se ha registrado un menor progreso en el último año. Las amenazas, las intimidaciones y la violencia contra periodistas siguen siendo motivo de grave preocupación y las investigaciones y los enjuiciamientos de estos ataques son lentos en toda la región. Son necesarios más esfuerzos para garantizar la independencia de los organismos públicos de radiodifusión, promover la transparencia en la financiación pública y privada de los medios de comunicación y luchar contra la distorsión del mercado publicitario en todos los países de la región.

En Albania no se han registrado avances. Las autoridades albanesas se han comprometido a reconsiderar las enmiendas a la legislación sobre los medios de comunicación y a adoptar nuevas medidas en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia antes de su aprobación parlamentaria.

En Macedonia del Noreste los avances han sido limitados durante el período de referencia. La situación general y el clima en el que operan los medios de comunicación favorecen, en general, la promoción de la libertad y la información crítica de los medios, así como la libertad de expresión.

Bosnia y Herzegovina no ha experimentado ningún avance. Las autoridades apenas actúan ante las preocupaciones por las presiones políticas, intimidaciones y amenazas de las que son objeto los periodistas.

En Kosovo los avances han sido limitados. Aunque el sector de los medios de comunicación se ha mantenido activo y ofrece una pluralidad de puntos de vista, existen dificultades para subsistir financieramente mediante ingresos comerciales, y el organismo público de radiodifusión es vulnerable a las presiones e influencias políticas. La falta de medios financieros hace patente esta vulnerabilidad a los intereses políticos y empresariales.

En Montenegro no se han registrado avances en general. Aunque ha habido progresos gracias a la revisión de la legislación sobre los medios de comunicación, esto se ha visto eclipsado por las detenciones y procesos contra redactores de portales en línea y ciudadanos por contenidos publicados o compartidos en línea a lo largo de 2020. Las medidas adoptadas para limitar los efectos de la desinformación y el acoso en línea o la incitación al odio no deben limitar de forma desproporcionada la libertad de expresión y de los medios de comunicación.

En Serbia se elaboró de manera transparente e inclusiva una nueva estrategia para los medios de comunicación en la que se identifican los principales retos. Sin embargo, su aplicación aún no ha comenzado y no se ha avanzado sobre el terreno para mejorar el entorno general de la libertad de expresión. Los casos de amenazas, intimidación y violencia contra periodistas siguen siendo motivo de grave preocupación en el país.

A pesar del levantamiento del estado de excepción, continuó el grave retroceso en Turquía, donde el ejercicio de la libertad de expresión y de difusión de las voces de la oposición sigue estando considerablemente limitado por la aplicación desproporcionada de medidas restrictivas. Al igual que en años anteriores, continuaron las fuertes presiones sobre la libertad de expresión y la intimidación de los medios de comunicación, con arrestos, detenciones, enjuiciamientos, condenas y despidos de personal de los medios de comunicación, lo que dio lugar a censura y autocensura entre los profesionales de los medios. Turquía debe adoptar su plan de acción en materia de derechos humanos, que sustituirá al relativo a la prevención de las violaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con vistas a garantizar el pleno respeto de estos derechos.

Se requieren mayores esfuerzos para garantizar la igualdad de género y prevenir y abordar la discriminación, el acoso y la violencia de género. Los informes sobre casos de violencia doméstica han aumentado en toda la región durante el período de confinamiento por COVID-19. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los procesos de toma de decisiones y en el mercado laboral.

Son necesarios más esfuerzos para promover y proteger los derechos del niño en los países de la ampliación, donde se necesitan medidas urgentes para reforzar la protección y los sistemas de cuidado de niños. También existe una necesidad urgente de mejorar los servicios de protección y asesoramiento para los menores, en particular cuando participan en un proceso judicial y en lo que se refiere a la detención de menores y al recurso demasiado limitado a la justicia reparadora.

Los Gobiernos también deben seguir promoviendo y protegiendo los derechos de las personas con discapacidad en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y abordar la discriminación contra las minorías. Se han logrado avances limitados en la mejora de la situación socioeconómica de los gitanos vulnerables
[14](#footnote15)
. Los problemas estructurales existentes dieron lugar a que los gitanos vulnerables se vieran afectados de manera desproporcionada por la crisis de la COVID-19 y las medidas restrictivas conexas. En la Cumbre de los Balcanes Occidentales, celebrada en Poznan en julio de 2019, los dirigentes se comprometieron a cumplir objetivos concretos en materia de integración de los gitanos en el momento de la adhesión, en los ámbitos de la educación, el empleo, la sanidad, la vivienda, la documentación civil y la lucha contra la discriminación de que son objeto.

Los Gobiernos de la región también deben garantizar unas condiciones penitenciarias adecuadas y la prevención de malos tratos, en consonancia con las normas internacionales en materia de derechos humanos.

Justicia, libertad y seguridad

La delincuencia organizada sigue siendo un problema muy grave en los Balcanes Occidentales y Turquía. Las potentes redes delictivas de alcance internacional siguen operando desde estos países y a través de ellos, y existen importantes rutas de tráfico ilícito que los atraviesan. La ruta de los Balcanes sigue siendo el corredor clave para la entrada ilegal de heroína y armas de fuego en la UE. Los países han abordado algunos aspectos de este fenómeno y se han vuelto a producir importantes detenciones e incautaciones de droga a lo largo de 2019 y 2020. Se está llevando a cabo una cooperación operativa cada vez más intensa, entre otras, con las agencias de la UE, con resultados visibles sobre el terreno. Sin embargo, en general el balance en materia de condenas firmes en casos de delincuencia organizada sigue siendo a menudo deficiente. Algunos países solo pueden demostrar unas pocas condenas firmes, o ninguna, por delincuencia organizada o blanqueo de capitales independientes en los últimos años, a menudo como resultado de la negociación de demandas y con penas indulgentes. Estos resultados tan pobres ponen de manifiesto la ineficacia de los procedimientos penales, transmiten un mensaje claro de impunidad y contribuyen al riesgo de infiltración de la delincuencia en los sistemas políticos y económicos. Los países deben luchar más decididamente contra los grupos delictivos, garantizar que no se toleran los vínculos entre delincuencia y política y aumentar significativamente la incautación y confiscación de activos tanto en los casos de delincuencia organizada como de corrupción.

En Albania se han registrado avances notables en la lucha contra la delincuencia organizada. Se ha intensificado la cooperación operativa, en particular con los Estados miembros y las agencias de la UE.

Macedonia del Norte ha realizado algunos avances, en particular mediante la creación de una oficina de recuperación de activos acorde con el acervo de la UE.

En Bosnia y Herzegovina no se han registrado avances. Las autoridades y el poder judicial no han tomado las medidas adecuadas para abordar las prioridades clave del Dictamen de la Comisión y las conclusiones del informe de expertos sobre el Estado de Derecho («Informe Priebe»).

Los progresos en Kosovo han sido limitados. Los resultados obtenidos por la fiscalía y los tribunales siguen siendo limitados y las confiscaciones definitivas de activos siguen siendo bajas.

En Montenegro se han registrado algunos avances y se ha avanzado considerablemente en la lucha contra la trata de seres humanos. Se ha reforzado la capacidad y profesionalidad de la policía e incrementado el número de procesos en curso sobre el decomiso de activos.

En Serbia los avances han sido limitados, con escasos éxitos en el desmantelamiento de las redes delictivas y la consecución de investigaciones proactivas, enjuiciamientos y condenas.

Turquía ha registrado avances limitados. Debe reforzarse el marco jurídico que regula la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Los Balcanes Occidentales siguen tomando medidas importantes para modernizar el marco jurídico e institucional relativo a la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento. La cooperación operativa con los Estados miembros y las agencias de la UE ha seguido mejorando e intensificándose. En 2018 se adoptó un Plan de Acción Conjunto en materia de Lucha contra el Terrorismo y en 2019 todos los socios de los Balcanes Occidentales firmaron sus respectivos acuerdos bilaterales de aplicación con la Comisión. Los Balcanes Occidentales deben proseguir sus esfuerzos para prevenir la radicalización que conduce al extremismo violento, también en las cárceles, y abordar la cuestión de los combatientes extranjeros retornados. Es preciso mejorar el intercambio de información, el seguimiento y las capacidades de respuesta y redoblar sus esfuerzos sobre el terreno para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la influencia exterior indebida, así como la financiación ilegal que contribuye a la propagación del extremismo violento.

Turquía tiene que revisar su legislación antiterrorista. Si bien el país sigue enfrentándose a amenazas de grupos terroristas, sus esfuerzos por combatir el terrorismo han dado lugar a una mejora del clima de seguridad. Turquía continuó sus esfuerzos para luchar contra las células autóctonas y de combatientes terroristas extranjeros. Prosiguió la cooperación con los Estados miembros de la UE para la identificación y repatriación de combatientes terroristas extranjeros, que es uno de los ámbitos clave de interés común. En su visión sobre las amenazas a las que debe enfrentarse, Turquía ha dado prioridad a la lucha contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que sigue figurando en la lista de organizaciones terroristas de la UE, y al desmantelamiento del movimiento Gülen. Si bien es una potestad legítima del país luchar contra el terrorismo, también es su responsabilidad garantizar que se haga respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, lo que actualmente no es el caso. Las medidas antiterroristas deben ser proporcionadas y adoptarse de conformidad con el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Las llamadas «actividades híbridas» desarrolladas, en particular, por agentes de terceros países, incluida la desinformación en torno a la COVID-19, se han generalizado cada vez más en los Balcanes Occidentales y en Turquía. Estos incidentes exponen la vulnerabilidad de las sociedades y las infraestructuras frente a los ciberataques, la ciberdelincuencia y las amenazas híbridas. Como se afirma en la Declaración de Zagreb, debe reforzarse la cooperación para abordar la desinformación y otras actividades híbridas. Es necesaria una colaboración más estrecha para el fortalecimiento de la resiliencia, la ciberseguridad y la comunicación estratégica.

La gestión de la crisis de los refugiados y la lucha contra la migración irregular han sido retos clave para la UE, los Balcanes Occidentales y, en particular, Turquía, que acoge al mayor número de refugiados del mundo.

La colaboración ha proseguido mediante una labor conjunta a lo largo de las rutas migratorias del Mediterráneo Oriental y los Balcanes Occidentales. El tráfico ilícito de migrantes, menores no acompañados y trata de seres humanos, que afecta especialmente a mujeres y niños, sigue siendo motivo de preocupación. Se ha producido un notable aumento del número de migrantes que cruzaron la región en 2019, con más de 15 000 llegadas irregulares a Estados miembros de la UE detectadas en la ruta de los Balcanes Occidentales, lo que supone un aumento del 159 % en comparación con 2018. En particular, Bosnia y Herzegovina asistió a la entrada irregular de más de 29 000 refugiados y migrantes en 2019. Aunque la situación actual no es comparable al número de migrantes irregulares en el punto álgido de la crisis (750 000 solo en 2015), se necesita más apoyo de la UE, coordinado con los Estados miembros y las agencias de la UE, a efectos de reforzar la capacidad de los socios para gestionar la migración. Es necesario seguir apoyando la intensificación de los retornos voluntarios y la cooperación en materia de readmisión con los países de origen. La UE y sus Estados miembros deben seguir fomentando y apoyando el intercambio regional de información.

El recientemente propuesto Pacto Europeo sobre Migración y Asilo subraya que en las asociaciones generales la migración debe suponer una cuestión central, sobre la base de una evaluación de los intereses de la UE y sus países socios. Los Balcanes Occidentales requieren un enfoque a medida, tanto por su situación geográfica como por su futuro en cuanto que parte integrante de la UE: la coordinación puede contribuir a garantizar que estén bien equipados como futuros Estados miembros para responder de manera constructiva a los retos comunes, desarrollando sus capacidades y procedimientos fronterizos para acercarlos a la UE habida cuenta de su perspectiva de ampliación. En cuanto a Turquía, el Pacto toma nota de la contribución del Mecanismo para los refugiados en Turquía y de que será esencial algún tipo de financiación continuada y sostenida de la UE.

En los Balcanes Occidentales, la UE apoyó la creación de instituciones, leyes y procedimientos nuevos o más sólidos en los ámbitos del asilo, la protección y la gestión de fronteras, así como la transposición de un acervo de la UE complejo y exigente en cada socio de los Balcanes Occidentales. Estos socios también deben asumir la responsabilidad y la asunción de todos los aspectos de la migración.

También han concluido las negociaciones de los acuerdos sobre el estatuto con cinco países de la región que permiten el despliegue de equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) con competencias ejecutivas en las zonas limítrofes con la frontera exterior de la UE en apoyo de las autoridades fronterizas nacionales. Con el fin de reforzar la gestión y la protección de las fronteras, constituyen una prioridad clave la entrada en vigor y la aplicación efectiva de todos los acuerdos sobre el estatuto de Frontex. El acuerdo con Albania ya ha entrado en vigor y se han desplegado los primeros guardias de fronteras. El acuerdo con Montenegro también entró en vigor el 1 de julio.

Es preciso que los países socios adopten nuevas medidas destinadas a garantizar la plena armonización con la política de visados de la UE.

La UE y Turquía se han comprometido a aplicar la Declaración UE-Turquía
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 de marzo de 2016. Desde entonces, Turquía ha desempeñado un papel clave para garantizar una gestión eficaz de los flujos migratorios en la ruta del Mediterráneo Oriental. La migración irregular desde Turquía a la UE aumentó en 2019, aunque las cifras siguen siendo sustancialmente inferiores a las registradas antes de la Declaración. Esto también refleja parcialmente el aumento de la migración irregular hacia Turquía en 2019 en comparación con años anteriores. No obstante, a principios de marzo de 2020, Turquía animó activamente a los migrantes y refugiados a utilizar la ruta terrestre hacia Europa a través de Grecia. Si bien la UE reconoció el aumento de la carga migratoria y los riesgos a los que se enfrentaba Turquía en su territorio, y los importantes esfuerzos que estaba realizando para acoger refugiados, rechazó categóricamente el uso de la presión migratoria por parte de Turquía con fines políticos. Posteriormente, también en marzo, las autoridades turcas organizaron transportes para migrantes y refugiados fuera de la zona fronteriza con Grecia y cerraron las fronteras con Grecia y Bulgaria, excepto para el tráfico comercial, debido al brote de la pandemia de COVID-19. Durante este período también se registraron aumentos significativos de los flujos migratorios de Turquía a Chipre. Turquía ha seguido realizando esfuerzos notables para acoger a 3,6 millones de refugiados registrados procedentes de Siria y a unos 370 000 procedentes de otros países. La UE siguió apoyando al país en la asistencia a los refugiados. A finales de 2019 se había asignado el presupuesto operativo completo del Mecanismo para los refugiados en Turquía de la UE, de 6 000 millones EUR
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, de los cuales se han contratado 5 100 millones y desembolsado 3 800 millones hasta la fecha. Los desembolsos continúan al ritmo de los avances en la contratación y la ejecución de los proyectos y alcanzaron una media de 60 millones EUR al mes durante el período de referencia. Hasta la fecha se han firmado más de 100 proyectos, y los de mayor envergadura se ejecutarán hasta mediados de 2025 a más tardar. El Mecanismo sigue abordando las necesidades humanitarias y de desarrollo de los refugiados y las comunidades de acogida en Turquía, con resultados tangibles y visibles
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. El Mecanismo sigue constituyendo una forma emblemática de coordinación que permite la entrega rápida, eficiente y eficaz de la ayuda de la UE.

Además de los 6 000 millones EUR ya movilizados en el marco del Mecanismo para los refugiados en Turquía, en julio de 2020 la UE garantizó la continuidad de la asistencia a los refugiados más vulnerables, a través de un paquete de 485 millones EUR para la continuación de dos proyectos humanitarios emblemáticos de la UE hasta finales de 2021
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.

Funcionamiento de las instituciones democráticas

El fortalecimiento de las instituciones democráticas y la garantía de unos procesos democráticos inclusivos siguen siendo prioridades clave para los países de la ampliación. El buen funcionamiento de los Parlamentos, incluida la supervisión del Ejecutivo y una efectiva tarea legislativa, es una condición clave para la adhesión a la UE.

Los sistemas democráticos de los Balcanes Occidentales aún no funcionan correctamente debido a una fuerte polarización política, la limitada función de control democrático de la oposición en algunos casos, y al boicot por parte de la oposición de las elecciones y del trabajo parlamentario.

Unas elecciones libres y justas son fundamentales para la gobernanza democrática de un país. Las recomendaciones de las misiones de observación electoral deben aplicarse correctamente, abordándose las deficiencias estructurales.

En Albania, los partidos políticos alcanzaron un acuerdo sobre la reforma electoral que debería conferir a Albania un proceso electoral con normas más estrictas en materia de integridad y transparencia, sobre la base de las recomendaciones de la OSCE/OIDDH. Las elecciones en el país sufrieron boicots de grupos de la oposición.

En Bosnia y Herzegovina, las modificaciones legislativas adoptadas en julio de 2020 deberían permitir la celebración de elecciones locales en Mostar en diciembre, por primera vez desde 2008. Los líderes políticos también han alcanzado un acuerdo sobre una nueva reforma electoral.

En Kosovo, las elecciones parlamentarias de octubre de 2019 fueron en su mayor parte competitivas, pero también subrayaron la importancia de abordar las deficiencias recurrentes en consonancia con las recomendaciones de la misión de observación electoral de la UE.

En Macedonia del Norte y Serbia, las elecciones, inicialmente previstas para abril de 2020, se aplazaron debido a la pandemia de COVID-19. En Serbia se celebraron elecciones parlamentarias el 21 de junio, en Macedonia del Norte el 15 de julio, y en Montenegro el 30 de agosto.

En Macedonia del Norte, la OSCE/OIDDH consideró que las elecciones de julio de 2020 estuvieron bien organizadas, a pesar de la pandemia. Se tuvieron en cuenta algunas de sus recomendaciones anteriores, pero la estabilidad jurídica se vio socavada por revisiones sustanciales del código electoral y por disposiciones posteriores ad hoc promulgadas durante el estado de emergencia.

En Montenegro, se vivió un clima de grandes tensiones y desconfianza entre los agentes políticos en el período previo a las elecciones. La comisión parlamentaria temporal no pudo completar sus trabajos debido a la falta de quorum, por lo que las elecciones generales del 30 de agosto de 2020 se celebraron en un marco electoral prácticamente inalterado. Ningún partido político boicoteó las elecciones. Según la evaluación preliminar de la OSCE/OIDDH, las elecciones en Montenegro fueron competitivas y tuvieron lugar en un entorno muy polarizado por cuestiones religiosas y de identidad nacional. La campaña fue pacífica a pesar del frecuente tono conflictivo. Los candidatos pudieron transmitir sus mensajes, pero el partido gobernante obtuvo una ventaja injustificada gracias al uso inadecuado que se hizo de locales y recursos estatales y una presencia predominante en los medios de comunicación.

Varios partidos serbios de la oposición continuaron su boicot parlamentario, a pesar del diálogo interpartidista dirigido por el Parlamento Europeo entre la mayoría gobernante y una parte de la oposición parlamentaria y extraparlamentaria en 2019. Varios partidos de la oposición también boicotearon las elecciones parlamentarias de junio de 2020. El nuevo Parlamento serbio se caracteriza por la aplastante mayoría de la coalición gobernante y la ausencia de un partido de la oposición viable. Aunque los candidatos en las elecciones parlamentarias del 21 de junio pudieron hacer campaña y se respetaron las libertades fundamentales, la capacidad de elección de los votantes se vio limitada por la inmensa ventaja del partido gobernante y por la propaganda a favor del Gobierno por parte de la mayoría de los grandes medios de comunicación, según los observadores internacionales de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH).Varios partidos de la oposición boicotearon las elecciones.

Las normas sobre la financiación pública y privada de los partidos políticos requieren nuevas reformas. En Serbia, el Gobierno adoptó decisiones destinadas a regular el uso de recursos públicos con fines electorales. En Montenegro persisten deficiencias en el marco jurídico que regula los partidos políticos y su financiación, incluso tras la adopción de una nueva legislación en diciembre de 2019 y sus posteriores modificaciones en abril de 2020. El aumento de la transparencia y la rendición de cuentas en la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales en toda la región aún requiere esfuerzos sustanciales.

En Turquía, el sistema presidencial siguió centralizando excesivamente los poderes en Presidencia, sin garantizar un mecanismo eficaz de contrapoderes institucionales. Las funciones legislativas y de supervisión del Parlamento siguieron estando considerablemente restringidas. Muchos diputados del prokurdo Partido Democrático Popular (HDP) de la oposición siguen detenidos. A tres diputados se les retiró su condición de parlamentarios en junio de 2020. Las elecciones locales de marzo de 2019 y las elecciones a la alcaldía en Estambul, que volvieron a celebrarse en junio de 2019, adolecieron de falta de pluralidad de los medios de comunicación y no ofrecieron condiciones objetivamente justas para todos los partidos políticos y candidatos en todos los aspectos. Turquía debe mejorar el entorno general de las elecciones y proteger la integridad del proceso electoral. En el sudeste continuaron los despidos forzados de alcaldes electos y su sustitución por administradores nombrados por el Gobierno, así como las detenciones de representantes locales, que siguen preocupando mucho porque socavan la democracia local.

Los Gobiernos deben garantizar que la oposición disponga de las condiciones adecuadas para desempeñar su función de control democrático. Al mismo tiempo, la oposición debe participar en los procesos democráticos. El uso excesivo de procedimientos parlamentarios acelerados dificulta este papel de la oposición y afecta a los controles y equilibrios que caracterizan el buen funcionamiento de la democracia. El recurso a procedimientos de urgencia varió de un país a otro, pero en general sigue siendo excesivo y puede desembocar en abusos.

Incluso en el contexto de las medidas de emergencia adoptadas durante la crisis de la COVID-19, los Parlamentos deben seguir teniendo competencias para controlar la acción ejecutiva y desempeñar un papel en la supervisión del estado de emergencia, incluida la decisión de prorrogarlo. La disolución o suspensión del Parlamento puede afectar negativamente a este poder.

En Albania, el Gobierno ha emitido una serie de decretos por los que se prorroga hasta junio de 2020 el estado de emergencia, en vigor tras el terremoto de noviembre de 2019. Las comisiones parlamentarias han continuado sus actividades mediante el teletrabajo, mientras que las sesiones plenarias semanales se reanudaron el 16 de abril. El Parlamento aprobó enmiendas al Código Penal relativas a la propagación de enfermedades infecciosas. Se suspendieron todos los procesos judiciales, con exclusión de los asuntos urgentes; a finales de mayo se reanudaron las vistas.

En Bosnia y Herzegovina, el Parlamento estatal no celebró sesiones entre mediados de marzo y mediados de mayo de 2020. La asamblea de la entidad Republika Srpska introdujo el estado de emergencia entre el 3 de abril y el 20 de mayo, confiriendo plenos poderes legislativos al presidente de la entidad; la entidad de la Federación instauró sesiones parlamentarias en línea.

El Gobierno de Kosovo declaró una emergencia de salud pública en marzo de 2020. Se adoptaron medidas para proteger a los ciudadanos, incluidas restricciones temporales a los movimientos no esenciales, cuarentena en determinadas zonas, prohibición de concentraciones, paralización de la mayor parte del tráfico aéreo y cierre de fronteras. También se tomaron medidas para abordar las necesidades inmediatas y mitigar las consecuencias socioeconómicas de la crisis. La Asamblea ha seguido funcionando durante la crisis.

En Montenegro no se declaró el estado de emergencia. Las autoridades adoptaron medidas para luchar contra la pandemia, proteger a los ciudadanos y mitigar las consecuencias socioeconómicas de la crisis, con restricciones a las libertades de reunión y de circulación de los ciudadanos. Las actividades parlamentarias se suspendieron durante casi 50 días y el papel del Parlamento en la supervisión de la respuesta del Gobierno a la pandemia fue limitado. Se espera que las autoridades garanticen un equilibrio adecuado entre la protección de la salud y el respeto de la confidencialidad de los datos sanitarios personales y el derecho a la vida privada de sus ciudadanos.

El presidente de Macedonia del Norte declaró el estado de emergencia en marzo, que se prorrogó varias veces hasta junio de 2020. Los dirigentes políticos decidieron por consenso aplazar las elecciones anticipadas, inicialmente previstas para el 12 de abril, hasta el 15 de julio de 2020. Durante este período, el Parlamento siguió disuelto y el Gobierno técnico, con la participación del principal partido de la oposición, adoptó decretos. Las autoridades han tomado medidas sin precedentes para proteger a los ciudadanos, como la limitación de movimientos y concentraciones no esenciales, la autocuarentena, la congelación del tráfico aéreo y el cierre de fronteras. También se tomaron medidas para abordar las necesidades inmediatas y mitigar las consecuencias socioeconómicas de la crisis.

El estado de emergencia se declaró en Serbia el 15 de marzo con la firma del presidente, el primer ministro y el presidente del Parlamento. El Parlamento se reunió solo seis semanas después y aprobó el estado de emergencia los días 28 y 29 de abril y lo levantó una semana más tarde. Se aplazaron las elecciones parlamentarias, provinciales y locales previstas inicialmente para abril. Las autoridades han adoptado medidas temporales de gran alcance, incluidas estrictas horas de descanso, el cierre de escuelas y universidades, la prohibición de reuniones públicas, la congelación de la mayor parte del tráfico aéreo y el cierre de fronteras.

El Parlamento de Turquía aprobó por mayoría un controvertido paquete legislativo que, entre otras medidas, tenía por objeto reducir la elevada población penitenciaria y preveía la puesta en libertad condicional de unos 90 000 presos. Sin embargo, excluyó a los detenidos en prisión preventiva por presuntos delitos relacionados con el terrorismo, incluidos abogados, periodistas, políticos y defensores de los derechos humanos. El Parlamento decidió posponer sus actividades durante 10 días debido a la pandemia, seguido de un período de vacaciones ordinario de un mes durante el ramadán.

Reforma de la Administración Pública

La reforma de la Administración Pública es fundamental para mejorar la gobernanza a todos los niveles. Esto incluye una mayor transparencia y rendición de cuentas, una buena gestión de las finanzas públicas y administraciones más profesionales. Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia están moderadamente preparados en lo que respecta a la reforma de la Administración Pública y se han registrado avances en la región. Sin embargo, en Serbia no se logró ningún avance, ya que el excesivo número de altos cargos en funciones no se redujo significativamente. Kosovo tiene cierto nivel de preparación, mientras que Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase inicial. Turquía ha experimentado retrocesos en los ámbitos de la elaboración de políticas, la rendición de cuentas de la Administración y la gestión de los recursos humanos, lo que ha tenido un impacto negativo en su estado general de preparación.

Se han observado ciertos progresos en cuanto a la mejora de la planificación de políticas, pero se requieren nuevas medidas dirigidas a garantizar un control de calidad sólido por parte de los Gobiernos centrales. Montenegro reforzó y racionalizó la planificación política y logró reducir el número de documentos estratégicos. Las políticas, la legislación y las inversiones públicas siguen preparándose a menudo sin evaluaciones de impacto.

En la mayoría de los países aún debe garantizarse la rendición de cuentas de la Administración y la profesionalización de la función pública, y debe aportarse una solución a la politización excesiva. Unos procedimientos de contratación, promoción, degradación y despido transparentes y basados en los méritos deben integrarse en los marcos legislativos y aplicarse de manera coherente en todos los servicios públicos. La estructura de la Administración Pública debe garantizar la existencia de líneas eficaces de rendición de cuentas. La mayoría de los países se han esforzado por mejorar los servicios a los ciudadanos y a las empresas, especialmente los servicios digitales. Es necesaria una mayor coordinación interinstitucional para aplicar las reformas de la Administración Pública.

Ha de tenerse en cuenta el papel que desempeñan las autoridades regionales y locales en el proceso de adaptación al acervo de la UE y la futura aplicación de sus normas. Debe garantizarse un equilibrio adecuado entre los Gobiernos central, regional y local. Las decisiones y medidas adoptadas por las autoridades turcas contra los municipios con alcaldes de partidos de la oposición siguen siendo motivo de honda preocupación, en particular cuando parecen estar motivadas políticamente.

Es preciso reforzar la capacidad administrativa y las normas profesionales de los organismos encargados de la aplicación del acervo de la UE y salvaguardar la independencia de los organismos reguladores. Sigue siendo esencial reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, en particular garantizando el funcionamiento eficaz, eficiente y transparente del sistema de contratación pública y la gestión de las finanzas públicas. Aunque Serbia adaptó partes significativas de su legislación en materia de contratación pública al acervo de la UE, una ley sobre procedimientos especiales para infraestructuras lineales adoptada en febrero de 2020 permite eximir a los proyectos de infraestructuras de «especial importancia» para Serbia de la aplicación de las normas de contratación pública, posibilitando así la elusión de las normas y criterios de la UE. En Montenegro, el Gobierno convocó en octubre de 2019 una licitación de alto nivel para la concesión de la explotación de Aeropuertos de Montenegro. El proceso constituye una prueba para la determinación del Gobierno de seguir las normas de la UE en materia de contratación pública justa y transparente. Turquía registra grandes lagunas en su adaptación al acervo de la UE en este ámbito, ya que la cobertura de las normas de contratación pública se ve considerablemente reducida por diversas exenciones, así como por ventajas discriminatorias con respecto a los precios nacionales y prácticas de compensación. Para mitigar los riesgos de fraude durante la pandemia de COVID-19, es especialmente importante mantener un seguimiento. La publicación de toda la información sobre la contratación relacionada con la pandemia en los portales oficiales también contribuirá a aumentar la transparencia y la confianza.

Constituyen elementos cruciales la reforma de los sistemas nacionales de gobernanza para mejorar la rendición de cuentas sobre la gestión, la buena gestión financiera y la auditoría externa de los fondos públicos. En Macedonia del Norte se han realizado algunos avances en la aplicación del nuevo documento de orientación sobre el control financiero interno público y la estrategia nacional de lucha contra el fraude, pero aún no se ha logrado un mejor control interno y un seguimiento eficaz de las recomendaciones de la auditoría externa, y las inspecciones financieras siguen sin ser eficientes. En Montenegro son necesarios esfuerzos adicionales para abordar la responsabilidad de la gestión y reforzar el control y la auditoría internos a todos los niveles. En tiempos de crisis, las autoridades deben mantener una serie de controles para garantizar que las decisiones presupuestarias se ejecuten como aprobadas y que los recursos se utilicen según lo previsto para evitar el despilfarro, el fraude y la mala gestión. Debe garantizarse la transparencia de estas medidas y los organismos de supervisión externos implicados en garantizar la rendición de cuentas de las acciones gubernamentales. Deben realizarse esfuerzos adicionales en la lucha contra el fraude y se anima a los países socios a seguir reforzando la cooperación a este respecto y a aprovechar el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude para mitigar los riesgos de fraude.

Economía

La adhesión a la UE requiere la existencia de una economía de mercado operativa y la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión. En los últimos años la gobernanza económica ha adquirido un mayor protagonismo en el proceso de ampliación. El seguimiento de la Comisión en este ámbito se lleva a cabo a través del Programa de Reforma Económica
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 y la evaluación del cumplimiento de los criterios económicos para la adhesión en el paquete de ampliación. Durante el período cubierto por el informe, Albania, Montenegro y Serbia realizaron algunos avances en lo que respecta tanto a la existencia de una economía de mercado operativa como a la capacidad de hacer frente a las fuerzas competitivas. Turquía no ha avanzado, mientras que Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Macedonia del Norte han avanzado poco en la instauración de una economía de mercado operativa. Macedonia del Norte también ha realizado algunos avances en su capacidad de hacer frente a las fuerzas competitivas, mientras que Turquía no ha avanzado, y Bosnia y Herzegovina y Kosovo han logrado avances limitados en este sentido. Solo Turquía es una economía de mercado operativa, a pesar de las serias preocupaciones a este respecto, y tiene un buen nivel de preparación en cuanto a la capacidad de hacer frente a las presiones competitivas.

Los Balcanes Occidentales tienen un importante potencial económico sin explotar y un margen significativo para aumentar la cooperación económica intrarregional y el comercio. Con una población de casi 18 millones de personas, la región es un mercado importante para los bienes de la UE. Antes de la pandemia de COVID-19, las tasas medias de crecimiento en la región estaban por encima de la media de la UE, pero todavía no eran suficientes para una convergencia real con los niveles de renta de la UE. La pandemia de COVID-19 ha provocado graves perturbaciones de la oferta y la demanda, con una caída de la producción y un aumento del desempleo. La duración y gravedad de la recesión variarán de un país a otro, dependiendo de las estructuras económicas y de la importancia de las cadenas de suministro mundiales, el turismo y las remesas o, en algunos casos, de las exportaciones de productos básicos. Los socios de la región han adoptado medidas presupuestarias inmediatas y otras posteriormente para mitigar el impacto de las crisis, lo que inevitablemente ha derivado en mayores niveles de deuda pública y déficit. Un reto clave será garantizar una respuesta específica, eficaz y transparente a las crisis, salvaguardando al mismo tiempo la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

La pandemia de COVID-19 ha traído al primer plano el alto nivel de integración de los mercados y la interdependencia entre las economías de la UE y de los Balcanes Occidentales, así como entre estas. La región está inmersa en un proceso de convergencia normativa con la UE. Esta adaptación permitirá profundizar en el Espacio Económico Regional, convirtiéndolo en un mercado común regional basado en las reglas y normas de la UE. Ambas evoluciones se refuerzan mutuamente y convierten a la región una zona de inversión atractiva.

Sin embargo, los Balcanes Occidentales siguen enfrentándose a importantes retos que no les permiten aprovechar plenamente su potencial económico y colmar la brecha de convergencia con la UE. A pesar de una cierta aceleración del crecimiento, la creación de empleo y el aumento de la renta en los últimos años, estos países aún van a la zaga en cuanto a la reforma de sus estructuras económicas y la mejora de la competitividad. Siguen enfrentándose a altas tasas de desempleo, en particular entre los jóvenes, una gran inadecuación de las cualificaciones, la persistencia de la economía informal, la fuga de cerebros, la baja participación femenina en el mercado laboral y unos bajos niveles de innovación. Es esencial mejorar la calidad y pertinencia de los sistemas de educación y formación en la región y reforzar los vínculos entre las empresas y las instituciones educativas. El clima de inversión prácticamente no ha cambiado y se caracteriza por la debilidad del Estado de Derecho, la falta de una aplicación adecuada de las normas sobre ayudas estatales, una economía sumergida arraigada, un acceso deficiente a la financiación para las empresas y un bajo nivel de integración regional y conectividad. Persiste la interferencia del Estado en la economía. Es imperioso modernizar y mejorar la infraestructura, y las inversiones deben canalizarse a través de carteras de proyectos únicos y ser coherentes con las prioridades acordadas con la UE. Las decisiones sobre grandes inversiones han de basarse en la transparencia y en el estricto cumplimiento de la diligencia debida, como ocurre en el caso de los proyectos de conectividad financiados a través del Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales.

Garantizar un flujo ininterrumpido de mercancías (alimentos esenciales y equipos médicos en primer lugar) ha sido un aspecto clave a lo largo de la crisis de la COVID-19. Para ello, la UE y los Balcanes Occidentales establecieron corredores verdes en pasos fronterizos críticos, como así hicieron los Balcanes Occidentales para el comercio intrarregional de manera bien coordinada y rápida.

La UE sigue siendo, con diferencia, el mayor socio comercial de los Balcanes Occidentales, pues representó el 69,4 % del comercio total de mercancías en 2019 (82,9 % de las exportaciones y 61,8 % de las importaciones). Desde 2009, el comercio ha crecido un 129,6 %.

Las empresas de la UE son los mayores inversores de la región y aportan el 73 % de la inversión extranjera directa. Por lo tanto, constituyen el principal motor exterior del crecimiento y el empleo en la región. Es fundamental consolidar la resiliencia de la región a fin de garantizar que toda actividad económica financiada con fondos extranjeros se ciña a los valores, normas y prácticas de la UE, en particular en ámbitos clave como el Estado de Derecho, la contratación pública, el medio ambiente, la energía, las infraestructuras y la competencia. El aumento de la actividad empresarial y de inversión de terceros países en los Balcanes Occidentales a menudo ignora la sostenibilidad socioeconómica y financiera y las normas de la UE sobre contratación pública, y puede dar lugar a elevados niveles de endeudamiento, exclusión del mercado de empresas de la UE incapaces de competir, uso inadecuado de los recursos públicos y transferencia del control sobre activos y recursos estratégicos.

El Plan Económico y de Inversión para la región, adoptado paralelamente a la presente Comunicación, desempeñará un papel importante al abordar los retos mencionados y fomentar un crecimiento económico y una inversión sostenibles mutuamente beneficiosos.

En Turquía persiste una gran preocupación por el funcionamiento de la economía de mercado nacional. La recesión y la rápida caída de la demanda interna dieron lugar a un marcado cambio de tendencia y al cierre del déficit por cuenta corriente, pero las necesidades de financiación exterior de Turquía siguen siendo elevadas, lo que expone a la economía a cambios en la confianza de los inversores y al riesgo de sanciones. La inflación cayó desde un nivel muy elevado, pero se mantiene muy por encima del objetivo fijado. La economía repuntó en el segundo semestre de 2019, gracias a las políticas expansivas del sector público y a la fuerte contribución de la demanda exterior neta. Sin embargo, esta recuperación sigue siendo frágil, dada la debilidad del mercado de trabajo, la necesidad de sanear los balances de las empresas y la persistente incertidumbre geopolítica. El sector informal de Turquía sigue teniendo un gran peso en la economía. Han continuado las intervenciones estatales en los mecanismos de fijación de precios y persiste la falta de normas sobre ejecución y transparencia de las ayudas estatales, mientras que el marco institucional permanece incompleto. La gobernanza económica en Turquía se ha deteriorado aún más, con presiones políticas recurrentes que socavan la credibilidad y el funcionamiento de las instituciones independientes. Turquía debe revertir la tendencia al retroceso en las reformas del mercado. Sigue estando bien integrada en el mercado de la UE tanto en términos de vínculos comerciales como de inversión, pero la cuota relativa de la UE en el comercio exterior turco disminuyó (la cuota de la UE en las exportaciones turcas bajó del 50 % en 2018 al 48,5 % en 2019, y las importaciones, del 36,25 % al 34,2 %), en un contexto de creciente incumplimiento de las obligaciones de Turquía en virtud de la Unión Aduanera UE-Turquía. Sigue habiendo problemas importantes en lo que respecta a la calidad y el acceso a la educación; las mujeres tienen dificultades para acceder a una educación de calidad y al mercado laboral.

III.CAPACIDAD PARA ASUMIR LAS OBLIGACIONES DE LA ADHESIÓN

Los Balcanes Occidentales han seguido adaptando su legislación a los requisitos de la UE en una serie de ámbitos, aunque con ritmos diferentes.

La mayoría de los países de los Balcanes Occidentales ya están moderadamente preparados en muchos de los aspectos del mercado interior: libre circulación de bienes, servicios y capitales; política de competencia; servicios financieros; y protección de los consumidores y la salud. Montenegro y Serbia tienen un buen nivel de preparación en derecho de sociedades y derecho de propiedad intelectual. Serbia ha avanzado considerablemente en los ámbitos del derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, el derecho de sociedades, el derecho de propiedad intelectual, la política de competencia y los servicios financieros.

También existe un nivel moderado de preparación en la mayoría de los países de los Balcanes Occidentales en ámbitos relacionados con la competitividad y el crecimiento integrador, a saber, sociedad de la información y los medios de comunicación, fiscalidad, política económica y monetaria, y política empresarial e industrial. Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia están moderadamente preparados en el ámbito de la sociedad de la información y los medios audiovisuales, incluidos los avances realizados en las estrategias de la agenda digital y los servicios de Administración electrónica. Kosovo tiene cierto nivel de preparación en estos ámbitos, mientras que Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase inicial de preparación. Montenegro ha avanzado considerablemente en fiscalidad, ciencia e investigación. Montenegro y Serbia presentan un buen nivel de preparación en ciencia e investigación, así como en educación y cultura. En el ámbito de la unión aduanera, Macedonia del Norte ha avanzado a buen ritmo y Serbia muestra un buen nivel de preparación, mientras que Albania, Kosovo y Montenegro están moderadamente preparados. Bosnia y Herzegovina cuenta con cierto nivel de preparación. En general, sin embargo, deben aplicarse reformas socioeconómicas para ayudar a abordar las deficiencias estructurales existentes, la baja competitividad, el elevado desempleo y el impacto de la pandemia de COVID-19.

La transición ecológica y la conectividad sostenible son fundamentales para la integración económica de la región y con la Unión Europea, ya que facilitan el comercio transfronterizo intrarregional y generan beneficios reales para las empresas y los ciudadanos. Serbia y, en parte, Montenegro cuentan con un buen nivel de preparación en política de transportes. Macedonia del Norte ha progresado adecuadamente en energía y tiene un buen nivel de preparación en redes transeuropeas, en las que Montenegro y Serbia muestran un nivel moderado de preparación. Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia registran cierto nivel de preparación en medio ambiente y cambio climático, Kosovo se encuentra en una fase inicial de preparación y Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase inicial de preparación/tiene un cierto nivel de preparación. Todos los países deben intensificar considerablemente sus esfuerzos en este ámbito.

En términos de recursos, agricultura y cohesión, Macedonia del Norte y Montenegro están moderadamente preparados en el ámbito de agricultura y desarrollo rural, mientras que Albania, Kosovo y Serbia tienen cierto nivel de preparación y Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase inicial. Macedonia del Norte y Montenegro también han avanzado considerablemente en seguridad alimentaria y política veterinaria y fitosanitaria. Además, en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central (ACELC), las partes decidieron facilitar el comercio de frutas y hortalizas. Por lo que se refiere a política regional y coordinación de los instrumentos estructurales, los Balcanes Occidentales están moderadamente preparados, con la excepción de Bosnia y Herzegovina, que se encuentra en una fase inicial.

Los países de la ampliación también deben acelerar y mantener su adaptación a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE, incluidas las medidas restrictivas. En los Balcanes Occidentales, Albania y Montenegro han seguido alineándose plenamente con todas las posiciones de la PESC (declaraciones del Alto Representante y vicepresidente en nombre de la UE y declaraciones del Consejo sobre medidas restrictivas). Serbia siguió desarrollando intensas relaciones y asociaciones estratégicas con una serie de países de todo el mundo, entre ellos Rusia, China y Estados Unidos. La cooperación de Serbia con China aumentó durante la crisis de la COVID-19 y estuvo marcada por una retórica de altos funcionarios favorable a China y escéptica con respecto a la UE. La política exterior de Turquía colisionó cada vez más con las prioridades de la UE en el marco de la PESC, en particular debido a las operaciones militares turcas en el noreste de Siria y a los dos memorandos de acuerdo que firmó con el Gobierno de Consenso Nacional de Libia, uno sobre cooperación en materia de seguridad, que dio lugar a un mayor apoyo turco a dicho Gobierno, y otro sobre la delimitación de la jurisdicción marítima, que ignora los derechos soberanos de las islas griegas.

Turquía ha seguido adaptándose al acervo de la UE, aunque a un ritmo muy limitado y fragmentariamente, lo que indica que no existe una estrategia de adaptación y siguen constatándose retrocesos en una serie de aspectos clave en los ámbitos de la competencia, la sociedad de la información y los medios de comunicación, la política económica y monetaria, la unión aduanera, las relaciones exteriores y las políticas de seguridad y defensa. Turquía está muy avanzada en derecho de sociedades, redes transeuropeas, ciencia e investigación, y ha alcanzado un buen nivel en libre circulación de mercancías, derecho de propiedad intelectual, servicios financieros, política empresarial e industrial, protección de los consumidores y la salud, unión aduanera y control financiero.

IV.COOPERACIÓN REGIONAL Y BUENAS RELACIONES DE VECINDAD

Las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional son elementos esenciales de los procesos de Estabilización y Asociación, así como de los de ampliación. Han proseguido los contactos periódicos entre Gobiernos, así como el diálogo técnico y la cooperación a nivel bilateral y regional.

Las organizaciones regionales inclusivas (Consejo de Cooperación Regional, Comunidad del Transporte y ACELC) han desempeñado un papel decisivo a la hora de poner en práctica la respuesta de la región a lo largo de la crisis de la COVID-19, y se han coordinado eficazmente con todos los socios de los Balcanes Occidentales, entre ellos y con la Comisión.

La cooperación regional siguió dando resultados. La agenda de conectividad contribuyó al desarrollo de las redes de transporte y energía. Sin embargo, son necesarios nuevos esfuerzos sustanciales para cumplir las obligaciones pendientes derivadas de los acuerdos y compromisos regionales, incluida la aplicación de las medidas de reforma de la conectividad acordadas en 2015. Los países de la región tienen que asumir plenamente su responsabilidad. No debe haber ningún obstáculo para la participación plena e inclusiva de todos los socios de los Balcanes Occidentales en las iniciativas y los actos de cooperación regional. El programa Erasmus+ ha seguido fomentando el diálogo intercultural entre los jóvenes.

Tanto la Cumbre de los Balcanes Occidentales celebrada en Poznan en 2019 como la Cumbre de Zagreb entre la UE y los Balcanes Occidentales, de mayo de 2020, brindaron a los dirigentes de la región la oportunidad de acordar una ambiciosa transformación ecológica y digital y de seguir desarrollando la conectividad en todas sus dimensiones: transporte, energía, ámbito digital y contactos interpersonales. Los dirigentes pidieron una Agenda Verde para la región, que no solo beneficiaría directamente a la salud y el bienestar de sus ciudadanos, sino que también haría más atractiva la región para las inversiones y el turismo y aprovecharía el importante potencial económico del crecimiento ecológico y la economía circular. Esta Agenda Verde acompaña al Plan Económico y de Inversión para la región.

La integración regional es clave para mejorar el nivel de vida en los Balcanes Occidentales. La creación de un Espacio Económico Regional (EER) redunda en una mayor competencia y favorece el desarrollo de economías de escala y el incremento de la productividad. Un mercado regional liberará el comercio intrarregional y hará de los Balcanes Occidentales un destino de inversión más atractivo. La integración del mercado ayudará a desarrollar nuevas cadenas de valor y aumentará el atractivo de la región para las inversiones extranjeras directas. La mejora de la conectividad en el transporte y la energía acelerará la integración en redes paneuropeas. La Comunidad del Transporte apoyará y reforzará la aplicación de la agenda de conectividad.

La conectividad digital rápida y segura constituye un elemento esencial de las reformas necesarias para crear un entorno favorable a la inversión y la actividad económica en los Balcanes Occidentales. Como parte del Espacio Económico Regional, el nuevo acuerdo regional sobre itinerancia firmado en abril de 2019 ha conducido a la reducción progresiva de las tarifas de itinerancia a partir de julio de 2019 y las eliminará a partir de julio de 2021. El acuerdo también allana el camino para la elaboración de un plan de actuación con miras a la reducción de los costes de itinerancia entre los Balcanes Occidentales y la UE, tal y como se establece en la Agenda Digital para los Balcanes Occidentales.

Por lo que respecta al comercio, la adopción de decisiones pendientes en el ACELC incluye la adopción del Protocolo adicional 6 para liberalizar el comercio de servicios, el reconocimiento mutuo de los programas de operadores económicos autorizados y la adopción de un acuerdo para facilitar el comercio de frutas y hortalizas.

En la Cumbre de los Balcanes Occidentales celebrada en julio de 2019 en Poznan se refrendó una Declaración sobre el reconocimiento de las cualificaciones de la enseñanza superior. Esto establece un modelo de reconocimiento automático para las cualificaciones de enseñanza superior y los períodos de estudio pasados en el extranjero y constituye una parte importante de los esfuerzos para una integración económica regional más estrecha. Son necesarios más esfuerzos para avanzar en el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales con el fin de crear un mercado laboral más integrado y ofrecer posibilidades muy necesarias para los jóvenes de la región.

La superación del legado del pasado y la resolución de los conflictos derivados de los conflictos de la década de 1990 siguen siendo fundamentales. Aún quedan por resolver importantes cuestiones bilaterales pendientes, como las cuestiones fronterizas y hacer justicia por lo que respecta a las víctimas de crímenes de guerra, la identificación de las personas desaparecidas restantes y el establecimiento de un registro preciso de las atrocidades cometidas en el pasado a nivel regional. En la UE no hay lugar para discursos incendiarios ni para el enaltecimiento de los criminales de guerra, sean del bando que sean.

Uno de los problemas más acuciantes de la región es la necesidad de normalizar las relaciones entre Serbia y Kosovo. Las relaciones entre Pristina y Belgrado siguen siendo difíciles. El 1 de abril de 2020, el Gobierno en funciones de Kosovo suprimió totalmente el arancel del 100 % aplicado a las importaciones procedentes de Serbia y Bosnia y Herzegovina, que estaba en vigor desde noviembre de 2018, y el 6 de junio se suprimieron todas las medidas de reciprocidad. La reanudación del diálogo facilitado por la UE en julio de 2020 y el compromiso de ambas partes de volver a participar en él constituyen un primer paso positivo. Esto deberá ir seguido de nuevos avances tangibles hacia un acuerdo de normalización global y jurídicamente vinculante.

Los acuerdos existentes, incluido el Acuerdo Prespa entre Macedonia del Norte y Grecia y el Tratado de Buena Vecindad con Bulgaria, deben seguir siendo aplicados de buena fe por todas las partes.

Las tensiones en el Mediterráneo Oriental y el mar Egeo siguieron socavando la estabilidad y la seguridad regionales. A la luz de las continuas actividades no autorizadas de exploración de hidrocarburos por parte de Turquía en las zonas marítimas de Chipre, de la firma de un memorando de acuerdo con el Gobierno de Consenso Nacional libio y de un fuerte aumento de las acciones provocadoras hacia Grecia, la Comisión ha instado reiteradamente a Turquía a evitar cualquier tipo de amenaza, fricción o acción que perjudique las buenas relaciones de vecindad y la resolución pacífica de conflictos. La Comisión también ha destacado en repetidas ocasiones todos los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE. Entre otros, el derecho a concluir acuerdos bilaterales y explorar y explotar recursos naturales, de conformidad con el acervo de la UE y el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La soberanía y los derechos soberanos sobre las zonas marítimas de todos los Estados ribereños vecinos, incluidos aquellos a los que tienen derecho sus islas, deben respetarse, y la delimitación de las zonas económicas exclusivas y de la plataforma continental debe abordarse de conformidad con el derecho internacional a través del diálogo de buena fe y en pos de unas relaciones de buena vecindad. Como reacción a las actividades de perforación no autorizadas de Turquía, la UE adoptó un marco para medidas específicas contra Turquía en noviembre de 2019 y decidió, en febrero de 2020, añadir dos personas a la lista de designaciones con arreglo a este marco de sanciones. La retirada de un buque turco de reconocimiento el 12 de septiembre de 2020 permitió anunciar la reanudación de las conversaciones exploratorias con Grecia.

En sus Conclusiones del 1 de octubre de 2020, el Consejo Europeo condenó enérgicamente las violaciones de los derechos soberanos de la República de Chipre, que deben cesar. El Consejo Europeo ha destacado que la UE tiene un interés estratégico en un entorno estable y seguro en el Mediterráneo Oriental y en el desarrollo de una relación de cooperación y mutuamente beneficiosa con Turquía. Proseguir el diálogo de buena fe y abstenerse de acciones unilaterales contrarias a los intereses de la UE y que violan el derecho internacional y los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE es un requisito absoluto a este respecto. Todas las diferencias deben resolverse mediante un diálogo pacífico y de conformidad con el Derecho internacional. La UE acogió con satisfacción las medidas de fomento de la confianza adoptadas por Grecia y Turquía, así como el anuncio de que reanudarán sus conversaciones exploratorias directas destinadas a delimitar la plataforma continental y la zona económica exclusiva de ambos países. Estos esfuerzos deben mantenerse y ampliarse.

Será de vital importancia el compromiso y la contribución constantes de Turquía en términos concretos a las negociaciones sobre una solución justa, que satisfaga a todas las partes y viable de la cuestión chipriota en el marco de la ONU y de conformidad con las resoluciones pertinentes del CSNU. Es importante preservar los progresos realizados hasta la fecha en el marco de las negociaciones auspiciadas por las Naciones Unidas en relación con Chipre y seguir trabajando en una solución justa, que satisfaga a todas las partes y viable, sin olvidar los aspectos externos. Turquía debe cumplir urgentemente su obligación de aplicar de manera íntegra el Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación UE-Turquía y avanzar hacia la normalización de las relaciones con la República de Chipre.

V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Sobre la base del análisis anterior y de las evaluaciones de los resúmenes por país que figuran en el anexo, la Comisión formula las conclusiones y recomendaciones siguientes:

I

1.Una política de ampliación creíble es una inversión geoestratégica en favor de la paz, la estabilidad, la seguridad y el crecimiento económico en el conjunto de Europa. Sobre la base de unas condiciones estrictas pero justas y del principio de méritos propios, sigue impulsando la transformación y la modernización en los países socios en un entorno general difícil. La voluntad política y la determinación de los países socios siguen siendo fundamentales para el éxito.

2.Se han producido avances importantes en la agenda de ampliación de la UE, con un enfoque renovado de la Comisión basado en tres pilares fundamentales: la propuesta de mejorar el proceso de adhesión, la decisión del Consejo de iniciar las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte, y la propuesta de Plan Económico y de Inversión para los Balcanes Occidentales, adoptada en paralelo a la presente Comunicación.

3.La propuesta presentada por la Comisión Europea en febrero de 2020 y refrendada por el Consejo en marzo reforzará aún más el proceso de adhesión, haciéndolo más predecible, creíble, dinámico y sujeto a una dirección política más sólida. La propuesta de la Comisión subraya la importancia de un proceso de adhesión basado en la confianza, la confianza mutua y los compromisos claros de la Unión Europea y los Balcanes Occidentales. Se prestará una mayor atención a las reformas en los ámbitos fundamentales del Estado de Derecho, el funcionamiento de las instituciones democráticas, la Administración Pública y la economía. Los Balcanes Occidentales también deben avanzar en la reconciliación, las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional.

4.El Consejo de Asuntos Generales de marzo de 2020 también decidió iniciar las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte, reconociendo los importantes avances en materia de reformas en ambos países.

5.El nombramiento del nuevo Representante Especial de la UE para el Diálogo entre Belgrado y Pristina y otras cuestiones regionales de los Balcanes Occidentales en abril de 2020 fue un reflejo adicional de la prioridad concedida a la región y a la normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo. El diálogo facilitado por la UE se reanudó en julio y hasta la fecha se han celebrado varias reuniones tanto de alto nivel como de trabajo.

6.La Declaración de Zagreb de 6 de mayo de 2020 ha reafirmado la perspectiva europea inequívoca de los Balcanes Occidentales. Los dirigentes de los Balcanes Occidentales han confirmado su compromiso con esta perspectiva europea y su apuesta por las reformas clave necesarias como su firme opción estratégica. La credibilidad de este compromiso depende también de una comunicación clara al público y de la puesta en marcha de las reformas necesarias. En la Declaración de Zagreb se invitó a la Comisión Europea a presentar un sólido plan económico y de inversión para la región con el fin de impulsar sus economías.

7.Turquía sigue siendo un socio clave para la Unión Europea en ámbitos esenciales de interés común, como la migración, la lucha contra el terrorismo, la economía, el comercio, la energía y el transporte. En junio de 2019, el Consejo reiteró que Turquía sigue alejándose de la Unión y que las negociaciones de adhesión de Turquía habían llegado efectivamente a un punto muerto y no se podía considerar la apertura o el cierre de nuevos capítulos. Los hechos que fundamentaron dicha valoración siguen siendo válidos.

8.El año 2020 también se ha visto marcado por el devastador impacto de la pandemia de COVID-19. Las autoridades de todos los países de la ampliación han adoptado medidas estrictas para limitar la propagación de la pandemia y su impacto en la salud, así como para mitigar las consecuencias socioeconómicas. No obstante, el impacto económico de la pandemia es considerable, lo que deja un margen presupuestario limitado para la intervención de los Gobiernos. Toda medida de emergencia debe ser proporcionada, limitada en el tiempo y respetar las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión.

9.La UE, aunque se ha visto gravemente afectada por esta crisis, ha movilizado un paquete de más de 3 300 millones EUR, incluido un apoyo inmediato para hacer frente a los retos sanitarios, y una financiación sustancial para la recuperación económica de la región. La UE también está tratando a los países de los Balcanes Occidentales como socios privilegiados, concediéndoles acceso a numerosas iniciativas e instrumentos reservados normalmente a los Estados miembros de la UE. Este apoyo de la UE va mucho más allá del que cualquier otro socio ha brindado a la región y refleja claramente el anclaje estratégico de esta.

II

10.En Montenegro, el compromiso político público de las autoridades con el objetivo estratégico de la integración europea se afirma periódicamente y de forma coherente como la prioridad clave para el país y, en general, se refleja en las decisiones políticas pertinentes. Esto incluyó, entre otras cosas, la plena adaptación a la política exterior y de seguridad de la UE.

La evaluación de la Comisión es que, en consonancia con el marco de negociación, se garantiza un equilibrio general entre los avances en los capítulos relativos al Estado de Derecho, por una parte, y los avances en las negociaciones de adhesión entre capítulos, por otra. Durante el período cubierto por el informe, Montenegro ha realizado avances limitados en materia de poder judicial y derechos fundamentales (capítulo 23) y algunos avances en materia de justicia, libertad y seguridad (capítulo 24). Tras la apertura del último capítulo en junio de 2020, la prioridad de seguir avanzando en las negociaciones de adhesión, y antes de avanzar hacia el cierre provisional de otros capítulos, sigue siendo el cumplimiento de los criterios de referencia provisionales para el Estado de Derecho establecidos en los capítulos 23 y 24.

Montenegro ha recorrido un largo camino en la reforma de su marco jurídico e institucional en el ámbito del Estado de Derecho, con nuevos resultados en la mayoría de los ámbitos. El establecimiento de los criterios de referencia para el cierre brindará a la UE la oportunidad de precisar claramente los requisitos que Montenegro tendrá que cumplir antes del cierre de estos dos capítulos. Montenegro solo llegará a esta fase del proceso de adhesión si colma las lagunas que aún persisten en los ámbitos críticos de la libertad de expresión y de los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción, y aborda la preocupación por la injerencia política y la falta de nombramientos en instituciones independientes clave y en el poder judicial, sin revertir los logros anteriores en la reforma judicial. Montenegro ha realizado progresos constantes en todos los capítulos de negociación, pero en la actualidad ningún capítulo cumple todos los requisitos para su cierre.

Frente a la pandemia de COVID-19, Montenegro ha adoptado una amplia gama de medidas, incluido un estricto toque de queda y restricciones a los movimientos. El Parlamento no participó en el proceso de toma de decisiones para el conjunto inicial de medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia, pero posteriormente fue informado de las medidas adoptadas y aprobó varios paquetes de medidas de respuesta económica.

Las tensiones y la desconfianza entre los agentes políticos fueron elevadas en el período previo a las elecciones. La comisión parlamentaria temporal no pudo completar sus trabajos debido a la falta de quórum y, por lo tanto, las elecciones generales del 30 de agosto de 2020 se celebraron en un marco electoral prácticamente inalterado. Ningún partido político boicoteó las elecciones. Según la evaluación preliminar de la OSCE/OIDDH, las elecciones fueron competitivas y tuvieron lugar en un entorno muy polarizado por cuestiones relativas al papel de la iglesia y la identidad nacional. La campaña fue pacífica a pesar del frecuente tono de confrontación. Los candidatos pudieron transmitir sus mensajes, pero el partido gobernante obtuvo una ventaja indebida por el uso indebido de sus prerrogativas y una cobertura dominante en los medios de comunicación. El difícil contexto de la COVID-19 no retrajo a los votantes y la participación alcanzó un nivel récord del 76,6 %. Para avanzar en la senda de la adhesión a la UE, el nuevo Parlamento y el Gobierno deben mantener un amplio consenso sobre las reformas políticas y económicas relacionadas con la UE, prestando especial atención al cumplimiento de los criterios de referencia provisionales relativos al Estado de Derecho.

Han proseguido los avances en materia de política, planificación y seguimiento de la calidad de los documentos estratégicos. La política del Gobierno sobre los apartamentos patrocinados por el Estado o los préstamos en condiciones favorables para miembros del poder judicial e instituciones independientes suscitó, no obstante, preocupación en lo tocante al sistema nacional de contrapoderes institucionales. Debe hacerse más para permitir una participación significativa de la sociedad civil en los procesos de adhesión y legislativo.

En 2019, la economía creció un sólido 3,6 %, con un crecimiento del PIB impulsado por una temporada turística que batió récords, lo que impulsó el consumo privado y las exportaciones de servicios. Sin embargo, los resultados económicos se deteriorarán en 2020 debido a los efectos negativos de la COVID-19, ya que la economía de Montenegro depende en gran medida del turismo. Las debilidades estructurales se han visto exacerbadas por la COVID-19, lo que pone de manifiesto la gran necesidad de reformas, en particular en los ámbitos de la salud pública, el empleo, la protección social y el entorno empresarial.

11.El Gobierno de Serbia siguió declarando la adhesión a la UE como su objetivo estratégico. Sin embargo, es necesario hacer más hincapié en una comunicación objetiva, positiva y sin ambigüedades sobre la UE, que es el principal socio político y económico de Serbia.

Los avances de Serbia en el Estado de Derecho y la normalización de las relaciones con Kosovo son esenciales y seguirán determinando el ritmo general de las negociaciones de adhesión. Durante el período de referencia, Serbia ha realizado avances muy limitados en materia de poder judicial y derechos fundamentales (capítulo 23) y algunos avances en los ámbitos de la justicia, la libertad y la seguridad (capítulo 24). Las relaciones entre Pristina y Belgrado siguen siendo difíciles, aunque la reanudación del diálogo facilitado por la UE en julio es un paso muy positivo. En resumen, la Comisión considera que actualmente se ha logrado un equilibrio general entre los avances en el ámbito del Estado de Derecho y la normalización, por una parte, y los avances en las negociaciones entre capítulos, por otra.

Sin embargo, los avances en el Estado de Derecho no son tan rápidos ni eficaces como cabría esperar de un país que está negociando. Serbia debe acelerar y profundizar urgentemente las reformas, en particular en lo que se refiere a la independencia del poder judicial, la lucha contra la corrupción, la libertad de los medios de comunicación, la gestión nacional de los crímenes de guerra y la lucha contra la delincuencia organizada. Serbia también debe procurar cumplir los criterios de referencia provisionales para los capítulos 23 y 24, en particular mediante una aplicación orientada a los resultados de los planes de acción revisados para estos dos capítulos.

En cuanto a la normalización de las relaciones con Kosovo, Serbia mostró su compromiso y plena colaboración en la reanudación del proceso de diálogo. Serbia debe redoblar sus esfuerzos y contribuir al establecimiento de un entorno propicio que permita la celebración de un acuerdo global jurídicamente vinculante con Kosovo. Este acuerdo es urgente y crucial para que Kosovo y Serbia puedan avanzar en sus respectivas trayectorias europeas. Serbia también debe seguir defendiendo y aplicando todos los acuerdos de diálogo anteriores.

La escena política serbia se caracteriza por una polarización continua. En respuesta a la COVID-19, el Gobierno declaró el estado de emergencia en marzo de 2020 e impuso medidas temporales de gran alcance. El Parlamento solo se reunió algo más de seis semanas después de que se declarara el estado de emergencia, lo que limitó su capacidad de controlar al Ejecutivo durante este período. Las elecciones parlamentarias, provinciales y municipales en Serbia (previstas inicialmente para abril de 2020) se aplazaron al 21 de junio. Aunque las elecciones se gestionaron de manera eficiente, hubo una posición dominante de los partidos gobernantes, particularmente en los medios de comunicación. Varios partidos de la oposición boicotearon las elecciones a pesar de los esfuerzos realizados por el Parlamento Europeo para crear un consenso entre partidos sobre las reformas electorales, alegando preocupaciones democráticas y unas condiciones de competencia desiguales. El recién constituido Parlamento serbio está marcado por la abrumadora mayoría de la coalición gobernante y la ausencia de una oposición efectiva.

Serbia sigue siendo un socio importante en las misiones y operaciones de la PCSD de la UE, pero su adaptación a la política exterior de la UE sigue siendo baja.

Serbia aún debe llevar a cabo una importante reducción en el excesivo número de altos cargos de su Administración Pública. La falta de transparencia y el respeto del procedimiento de contratación basado en los méritos para los altos cargos es una cuestión cada vez más preocupante. Serbia ha intensificado su labor de adaptación de la legislación al acervo de la UE en los capítulos económico y del mercado interior. Las reformas económicas han seguido dando resultados, sobre todo en cuanto a la estabilización macroeconómica. Los resultados del mercado de trabajo han seguido mejorando. Se ha avanzado en las reformas de la Administración Tributaria y en la privatización de los bancos estatales, mientras que otras reformas clave, en particular de la Administración Pública y de las empresas estatales, los progresos han sido más lentos. El Estado conserva una fuerte presencia en la economía. Se prevé que la crisis de la COVID-19 deteriore considerablemente las perspectivas económicas en 2020, en particular en lo que se refiere al crecimiento del PIB, las finanzas públicas y el empleo.

12.Macedonia del Norte ha avanzado hacia sus objetivos estratégicos con la decisión de iniciar las negociaciones de adhesión a la UE y a la OTAN en marzo de 2020. Las autoridades siguieron demostrando públicamente su compromiso de avanzar en su camino hacia la adhesión a la UE. El estado de emergencia se declaró entre marzo y junio de 2020 debido a la COVID-19, lo que permitió al Gobierno técnico, con la participación de ministros y representantes del principal partido de la oposición, gobernar por decreto. Macedonia del Norte adoptó medidas para contener la pandemia, proteger la salud de sus ciudadanos y mitigar el impacto socioeconómico de la crisis, en particular con un apoyo de la UE sin precedentes. Debido a las incertidumbres causadas por la pandemia, los partidos políticos decidieron aplazar las elecciones anticipadas de abril a julio de 2020. Según la OSCE/OIDDH, las elecciones parlamentarias del 15 de julio se desarrollaron bien en general y los candidatos pudieron hacer campaña libremente, pero la estabilidad jurídica se vio socavada por las revisiones significativas del marco jurídico y los decretos posteriores del Gobierno.

Durante el período de referencia, Macedonia del Norte ha seguido avanzando en el programa de reformas de la UE de manera inclusiva, con la participación de la oposición en el Parlamento, la sociedad civil y los socios internacionales. Macedonia del Norte intensificó sus esfuerzos y obtuvo nuevos resultados tangibles y sostenidos, en particular en los ámbitos clave señalados en las Conclusiones del Consejo de junio de 2018. La sostenibilidad de estas reformas estructurales es un proceso a largo plazo que requiere un compromiso continuo tanto del Gobierno como de la oposición. Tras las elecciones de julio de 2020, el nuevo Gobierno se ha comprometido a mantener y acelerar la aplicación de las reformas relacionadas con la UE, en particular en el ámbito del Estado de Derecho, incluida la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. La atención debe centrarse en la aplicación de las estrategias y la legislación existentes y en la utilización de los instrumentos ya existentes, en consonancia con las normas de la UE. Se han logrado importantes resultados en el refuerzo de la independencia del poder judicial. La adopción de la Ley de la Fiscalía constituyó un hito clave. Los resultados en materia de investigaciones, enjuiciamientos y condenas firmes en casos de corrupción y delincuencia organizada, también a alto nivel, ha seguido mejorando. El exjefe de la Fiscalía Especial fue condenado tras haber sido declarado culpable de abuso de funciones y de autoridad en el denominado «caso de extorsión». Los esfuerzos para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada deben continuar sin trabas y de manera transparente, independientemente de la posición o afiliación política de los sospechosos. La Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción ha sido especialmente activa para prevenir la corrupción y ha abordado las acusaciones de nepotismo o de nombramientos no basados en el mérito. Es importante garantizar que dicha Comisión disponga de los recursos y la capacidad necesarios para llevar a cabo su mandato. Todas las instituciones estatales deben hacer más para dar curso a sus recomendaciones. Se han tomado medidas para aumentar la transparencia de la Administración Pública, con la adopción de la estrategia de transparencia y el aumento de la publicación de datos oficiales. El país ha trabajado estrechamente en cooperación con la OTAN y sus socios estratégicos para reformar sus servicios de inteligencia y seguridad; no obstante, debe reforzarse la capacidad de control parlamentario de los servicios de inteligencia. La armonización con la política exterior de la UE aumentó considerablemente.

Antes del choque externo provocado por la COVID-19 en 2020, el crecimiento económico se había acelerado hasta el 3,6 % en 2019 como consecuencia de la consolidación de la demanda interna, incluida la recuperación de la inversión, respaldada por estímulos fiscales y una política monetaria expansiva. La tasa de desempleo disminuyó hasta el 17,3 % en 2019, mientras que aumentó la de empleo. La proporción de empleo informal disminuyó ligeramente, pero siguió siendo significativa en términos de porcentaje del PIB. A principios de la primavera, la crisis de la COVID-19 empezó a dejar su impronta en los resultados económicos y en las finanzas públicas. La crisis exigió un bloqueo masivo de la economía, y medidas similares por parte de los principales socios comerciales perturbaron el comercio. Debido a estas repercusiones, es probable que la economía caiga en recesión en 2020 y que se inviertan las tendencias positivas del mercado de trabajo. Las autoridades han adoptado una serie de medidas de apoyo a las empresas y los hogares para mitigar el impacto económico y social de la crisis, así como medidas adicionales para mejorar la transparencia fiscal. Sin embargo, se han revertido reformas significativas en materia del impuesto sobre la renta y el sistema de pensiones.

La Comisión espera con interés y destaca la importancia de seguir aplicando el acuerdo de Prespa con Grecia y el Tratado de Relaciones de Buena Vecindad con Bulgaria.

En marzo de 2020, el Consejo Europeo refrendó la decisión de iniciar las negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte. En consonancia con las Conclusiones del Consejo, la Comisión ha iniciado los trabajos preparatorios necesarios y espera con interés la celebración de la primera Conferencia Intergubernamental, que se convocará lo antes posible tras la adopción del marco de negociación por el Consejo.

13.Albania ha avanzado hacia sus objetivos estratégicos con la decisión del Consejo de iniciar las negociaciones de adhesión a la UE. Las autoridades siguieron demostrando públicamente su compromiso de avanzar en la senda de la UE, sobre la base del firme apoyo popular a la adhesión a la UE. Albania sigue alineándose plenamente con la política exterior de la UE. Ante la pandemia de COVID-19, Albania prorrogó el estado de emergencia por motivo de catástrofe natural, declarado tras el terremoto de noviembre de 2019, hasta junio de 2020. A pesar de la emergencia, Albania ha realizado progresos decisivos y está a punto de cumplir las condiciones establecidas por el Consejo con vistas a la primera Conferencia Intergubernamental. La intensa polarización política se relajó en enero de 2020, cuando la mayoría gobernante y la oposición parlamentaria y extraparlamentaria acordaron llevar adelante la reforma electoral. Finalmente, el 5 de junio de 2020 se alcanzó un acuerdo. El Parlamento aprobó enmiendas al código electoral el 23 de julio de 2020, de conformidad con el acuerdo de 5 de junio de 2020, en aplicación de las recomendaciones de la OSCE/OIDDH. Estos cambios introducen normas más estrictas de integridad y transparencia en el proceso electoral antes de las elecciones parlamentarias anunciadas para abril de 2021. Además, el 30 de julio, el Parlamento aprobó algunas enmiendas a la Constitución relativas al sistema electoral. La aplicación de estos cambios, que no guardan relación con las recomendaciones de la OSCE/OIDDH, requirió nuevas modificaciones del código electoral que los partidos debatieron en el Consejo Político, pero sin que se llegara a un compromiso antes de que el Parlamento los sometiera a votación el 5 de octubre. A pesar del resultado positivo del acuerdo alcanzado el 5 de junio de 2020, es necesario mejorar el diálogo político en el país, en particular sobre la reforma electoral y su aplicación.

También se han logrado resultados en la aplicación de la reforma de la justicia, que ha avanzado de forma continuada. Todas las nuevas instituciones para el autogobierno del poder judicial son plenamente operativas y funcionan eficazmente y el Tribunal Supremo comenzó a desempeñar sus funciones. También se han realizado avances importantes en el funcionamiento del Tribunal Constitucional. La Estructura Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada (SPAK) está plenamente establecida, incluida una Fiscalía Especial, que ha desempeñado sus importantes funciones de investigación. Se nombró un director para la Oficina Nacional de Investigación. La reevaluación temporal de todos los jueces y fiscales (proceso de investigación previa) ha avanzado constantemente y siguió produciendo resultados tangibles, lo que dio lugar a un 62 % de despidos (sobre todo por cuestiones relacionadas con activos injustificados) o dimisiones. Se han sometido a enjuiciamiento expedientes de investigación previa en los que se detectaron sospechas de delito, incluidos los de 10 exjueces de alto nivel del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Albania siguió reforzando la lucha contra la corrupción, avanzando a buen ritmo mediante la consolidación de las capacidades de coordinación operativa y supervisión. Han proseguido los esfuerzos para lograr sólidos resultados en materia de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción. Aunque el número de investigaciones en curso sigue siendo elevado, hasta la fecha las condenas firmes en casos en los que están implicados funcionarios de alto nivel siguen siendo limitadas. Se espera que los nuevos organismos especializados en la lucha contra la corrupción refuercen significativamente la capacidad de investigar y enjuiciar la corrupción. También prosiguieron los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada. Las operaciones policiales para desmantelar organizaciones delictivas se han intensificado aún más y han seguido avanzando, en particular en la lucha contra el cultivo y el tráfico de cannabis. También ha aumentado la cooperación policial internacional, especialmente con los Estados miembros de la UE, lo que ha dado lugar a una serie de grandes y exitosas operaciones policiales. Deben proseguir los esfuerzos, en particular luchando más eficazmente contra el blanqueo de capitales y aplicando más el plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En cuanto a los derechos fundamentales, se están realizando esfuerzos para una reforma del sector agrícola y para consolidar los derechos de propiedad. Se adoptó la Ley sobre Finalización de los Procesos Transitorios de Propiedad, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Continúan los procesos de registro y compensación. Albania debe adoptar rápidamente la legislación de aplicación restante relacionada con la Ley marco de protección de las minorías nacionales de 2017. En diciembre de 2019, el Parlamento aprobó una nueva Ley sobre los medios de comunicación, que se está revisando a la luz del dictamen de la Comisión de Venecia.

Albania prosiguió la aplicación de la reforma de la Administración Pública, haciendo progresos tangibles en las evaluaciones de impacto de la reglamentación, desarrollando el paquete legislativo relativo a la planificación de políticas, aumentando el número de servicios electrónicos y mejorando la transparencia en la recopilación de datos y la gestión de los recursos humanos entre el nivel central y local. Deben proseguir los esfuerzos en este ámbito, también con vistas a la adopción de una política salarial para los funcionarios.

Antes del terremoto de noviembre de 2019 y de la perturbación externa provocada por la COVID-19 en 2020, el desempleo seguía disminuyendo hasta mínimos históricos, las exportaciones crecieron con fuerza y la ratio deuda pública/PIB siguió disminuyendo, pero se mantenía elevada. Los bancos siguieron reduciendo el número de préstamos dudosos y repuntaron en el caso del sector privado. Se han dado pasos hacia el desarrollo del mercado financiero, pero la intermediación financiera sigue siendo baja.

En marzo de 2020, los miembros del Consejo Europeo refrendaron la decisión de iniciar las negociaciones de adhesión con Albania. En consonancia con las Conclusiones del Consejo, la Comisión ha iniciado los trabajos preparatorios necesarios y espera con interés la celebración de la primera Conferencia Intergubernamental, que se convocará lo antes posible tras la adopción del marco de negociación por el Consejo.

14.Bosnia y Herzegovina debe abordar las 14 prioridades clave del Dictamen de la Comisión de mayo de 2019 sobre la solicitud de adhesión del país a la UE, en consonancia con las correspondientes Conclusiones del Consejo de diciembre de 2019. El Dictamen supone un plan exhaustivo de profundas reformas en los ámbitos de la democracia y la funcionalidad, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la reforma de la Administración Pública. Bosnia y Herzegovina debe mejorar sustancialmente su marco legislativo e institucional, incluso a nivel constitucional cuando sea necesario, para cumplir los requisitos de la adhesión a la UE. El cumplimiento de las 14 prioridades clave permitirá al país iniciar las negociaciones de adhesión.

Después de que los dirigentes pasaran una gran parte del período de referencia implicándose únicamente en la política de partidos, este período de pocos avances y retrasos parlamentarios terminó con el nombramiento de un nuevo Gobierno a finales de 2019, 14 meses después de las elecciones generales. En los últimos meses, la situación política en Bosnia y Herzegovina ha mostrado algunos avances y una dinámica positiva en el contexto de la COVID-19. En los últimos meses se han tomado medidas para abordar algunas de las prioridades clave del Dictamen: en octubre de 2019, el Consejo de Ministros adoptó un Plan de Acción para la aplicación de las recomendaciones del informe analítico de la Comisión de 2019, aunque el contenido no se acordó plenamente entre todos los niveles de gobierno. El Tribunal Constitucional derogó la disposición sobre la pena de muerte en la Constitución de la República Srpska, cumpliendo parte de la prioridad clave 10. Las modificaciones legislativas tras un acuerdo político en junio de 2020 deberían permitir la celebración de elecciones locales en Mostar por primera vez en diciembre desde 2008, cumpliendo así parte de la prioridad clave 1. Son necesarias nuevas reformas para garantizar que las elecciones se lleven a cabo de conformidad con las normas europeas. En julio de 2020, todos los niveles de gobierno adoptaron el marco estratégico para la reforma de la Administración Pública, contribuyendo así a la prioridad clave 14. Todos los niveles de gobierno deben ahora adoptar el Plan de Acción correspondiente. Bosnia y Herzegovina adoptó la Estrategia Nacional revisada sobre Crímenes de Guerra en septiembre de 2020, contribuyendo a la prioridad clave 5. También se están preparando las reuniones de la comisión parlamentaria mixta. Bosnia y Herzegovina también tiene que avanzar en las demás prioridades clave.

La necesidad de una respuesta coordinada a la crisis de la COVID-19 contribuyó a dejar de lado temporalmente la política de partidos, pero persistieron las tensiones. Aunque las autoridades ejecutivas reaccionaron rápidamente ante la pandemia, el estado de emergencia limitó los poderes de supervisión de las Asambleas Legislativas.

El país debe garantizar una función pública profesional y despolitizada y un enfoque coordinado a escala nacional para la elaboración de políticas. Reviste una especial importancia que Bosnia y Herzegovina garantice una coordinación efectiva, a todos los niveles, de la gestión de las fronteras y la migración, y que establezca un sistema de asilo eficaz. Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase inicial de preparación en materia de prevención y lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. No se ha avanzado en el tratamiento de las prioridades clave del Dictamen ni de las conclusiones del informe de expertos sobre cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. La obstrucción política y la resistencia del poder judicial a las reformas en materia de integridad siguen socavando el disfrute de los derechos y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, así como la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Se requieren medidas urgentes, empezando por un sistema creíble y riguroso de verificación de los activos de los titulares de cargos judiciales y de los miembros del Alto Consejo Judicial y Fiscal. La corrupción sigue estando muy extendida y todos los niveles de la Administración muestran signos de clientelismo político que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. Las organizaciones delictivas aprovechan las lagunas jurídicas y administrativas, y la policía es vulnerable a las injerencias políticas. Son necesarios esfuerzos significativos en relación con las investigaciones financieras y el embargo de activos. Sigue pendiente el establecimiento de la cooperación con las agencias de la UE (Frontex, Europol, Eurojust).

Son necesarias reformas significativas para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer efectivamente su derecho de voto y superar la práctica de «dos escuelas bajo un mismo techo». Bosnia y Herzegovina debe garantizar la libertad de expresión y de los medios de comunicación y la protección de los periodistas, así como un entorno propicio para la sociedad civil, en particular mediante el respeto de las normas europeas en materia de libertad de asociación y de reunión. Queda por garantizar la celebración de consultas significativas y sistemáticas con la sociedad civil. Los dirigentes políticos también deben tomar medidas concretas para promover un entorno propicio a la reconciliación; el revisionismo, la negación del genocidio y la glorificación de los criminales de guerra contravienen los valores de la UE.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase inicial de establecimiento de una economía de mercado operativa. Antes de la perturbación externa provocada por la COVID-19, la situación económica mostraba estabilidad macroeconómica. Las inversiones en educación e infraestructuras son absolutamente necesarias para impulsar la economía del país, ya que la armonización con las normas europeas y los capítulos del acervo de la UE revisten la máxima importancia.

15.En Kosovo, el período cubierto por el informe estuvo marcado por elecciones anticipadas, cambios de Gobierno y períodos relativamente largos en los que solo había un Gobierno en funciones. En este difícil contexto, se han realizado avances limitados en las reformas relacionadas con la UE, en particular en lo que se refiere a la aplicación de la legislación recientemente adoptada. A raíz de la pandemia de COVID-19, el Gobierno declaró una emergencia de salud pública en marzo de 2020, estableció medidas de prevención estrictas e introdujo medidas de apoyo económico iniciales para los ciudadanos y las empresas. Las autoridades siguieron demostrando públicamente su compromiso de avanzar en el camino a la adhesión a la UE.

Las elecciones legislativas anticipadas celebradas el 6 de octubre de 2019 fueron competitivas (excepto en zonas serbias de Kosovo), pero el proceso de recuento de votos puso de manifiesto puntos vulnerables. Las deficiencias recurrentes en el proceso electoral y las correspondientes recomendaciones de la misión de observación electoral de la UE deben abordarse con un mayor sentido de urgencia.

Kosovo debe revitalizar los procesos de reforma e intensificar la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y la reforma de la Administración Pública, basándose en los logros de Kosovo hasta la fecha.

Durante el período objeto del informe, Kosovo eliminó los aranceles del 100 % sobre las importaciones procedentes de Serbia y Bosnia y Herzegovina, así como todas las medidas de reciprocidad. Esta decisión ha permitido restablecer el comercio con Serbia y Bosnia y Herzegovina. La decisión arancelaria, impuesta por Kosovo en noviembre de 2018 en violación del Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central (ACELC), tuvo graves implicaciones políticas y socavó el desarrollo de una zona económica regional en los Balcanes Occidentales.

En cuanto a la normalización de las relaciones con Serbia, Kosovo mostró su empeño y compromiso con la reanudación del proceso de diálogo. Kosovo debe redoblar sus esfuerzos y contribuir al establecimiento de un entorno propicio que permita la celebración de un acuerdo global jurídicamente vinculante con Serbia. Este acuerdo es urgente y crucial para que Kosovo y Serbia puedan avanzar en sus respectivas trayectorias europeas. Kosovo también debe seguir defendiendo y aplicando todos los acuerdos de diálogo anteriores.

A pesar de las buenas cifras de crecimiento del PIB desde 2015, con una media del 4,1 % entre 2015 y 2018, la dinámica del crecimiento sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones de servicios, la formación bruta de capital fijo y el consumo privado, que se apoya en las remesas procedentes del extranjero, y el notable crecimiento de los salarios y del crédito. En consecuencia, la recesión anunciada en la UE tendrá un impacto directo en la economía de Kosovo, y se espera que el PIB real se contraiga un 5 % en 2020. Kosovo debe establecer un mecanismo eficaz y transparente para apoyar al sector privado afectado por la crisis de la COVID-19. También debe preservar el empleo, en particular mediante regímenes de reducción del tiempo de trabajo, y garantizar una mayor cobertura de las prestaciones por desempleo y las prestaciones sociales basadas en las necesidades para los grupos más vulnerables. Debe liberarse el margen presupuestario, en particular mediante la contención del gasto en transferencias para grupos específicos, incluidas las pensiones de los veteranos de guerra y mejorarse la ejecución de los gastos de capital.

La propuesta de la Comisión relativa a la liberalización del régimen de visados está siendo abordada actualmente por el Consejo y debe tratarse urgentemente. La Comisión mantiene su evaluación de julio de 2018 en el sentido de que Kosovo ha cumplido todos los criterios de referencia para la liberalización de dicho régimen. El Parlamento Europeo ha confirmado su apoyo a la propuesta de la Comisión de liberalización de visados.

16.Turquía sigue siendo un socio clave para la Unión Europea en ámbitos esenciales de interés común, como la migración, la lucha contra el terrorismo, la economía, el comercio, la energía y el transporte. En junio de 2019, el Consejo reiteró que Turquía sigue alejándose de la Unión Europea, y que las negociaciones de adhesión han llegado efectivamente a un punto muerto y no se puede considerar la apertura o el cierre de nuevos capítulos. Los hechos subyacentes a esta evaluación siguen siendo válidos, a pesar del compromiso reiterado del Gobierno con el objetivo de la adhesión a la UE. Turquía no ha dado una respuesta creíble a la grave preocupación de la UE por la continua evolución negativa del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y el poder judicial. Turquía debe invertir esta tendencia negativa con carácter prioritario abordando el debilitamiento de los controles y equilibrios efectivos en el sistema político.

Turquía debe adaptar su marco constitucional a las normas europeas. A pesar del levantamiento del estado de excepción en julio de 2018, se han incorporado a la legislación determinadas disposiciones legales que confieren competencias extraordinarias al Gobierno y mantienen varios elementos restrictivos propios de la situación de emergencia. El acceso a la justicia siguió siendo limitado para las personas afectadas negativamente por los decretos-ley de emergencia. El sistema presidencial ejecutivo no garantiza una separación sólida y eficaz de poderes que reduzca la responsabilidad democrática del ejecutivo. La politización de la Administración Pública ha aumentado.

La decisión de reorganizar las elecciones a la alcaldía metropolitana en Estambul a raíz de apelaciones extraordinarias que impugnaron el resultado inicialmente certificado socava el proceso electoral con el que el pueblo turco ha mostrado su compromiso al emitir sus votos en un número muy elevado. Aunque las elecciones se organizaron profesionalmente, se caracterizaron por unas condiciones que no eran objetivamente justas para todos los partidos políticos y candidatos. Turquía debe garantizar un proceso electoral libre, justo y transparente.

Los ceses forzados y continuados de alcaldes electos en el sudeste y su sustitución por administradores nombrados por el Gobierno, así como las detenciones de otros representantes locales dañan la democracia local. Turquía debe derogar las medidas que inhiben el funcionamiento de la democracia local, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y con el compromiso de Turquía con la Carta Europea de Autonomía Local.

Turquía tiene un derecho legítimo a luchar contra el terrorismo, pero es responsable de garantizar que se lleve a cabo de conformidad con el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Turquía debe dejar de utilizar la interpretación amplia de su legislación antiterrorista para arrestar y detener a periodistas, escritores, abogados, políticos, académicos, defensores de los derechos humanos y voces críticas. Las autoridades turcas deben abordar urgentemente graves deficiencias, especialmente en lo que se refiere al derecho a un juicio justo y al estricto respeto del principio de presunción de inocencia. La sociedad civil y sus organizaciones siguieron actuando bajo presión en un ambiente cada vez más difícil.

La economía turca es muy avanzada, aunque persisten serias preocupaciones por el funcionamiento de la economía de mercado. Se recuperó de la recesión, pero la recuperación fue frágil, también debido a la pandemia de COVID-19. Turquía sigue expuesta a cambios rápidos en el sentimiento de los inversores, agravados por la pandemia y los acontecimientos geopolíticos. La gobernanza económica carece de credibilidad y se ve obstaculizada por la falta de independencia de las autoridades reguladoras; siguen siendo motivo de preocupación la destitución del gobernador del Banco Central y la presión recurrente de las autoridades sobre los responsables de la toma de decisiones en materia de política monetaria. Es necesario abordar los problemas significativos que existen en la calidad y el acceso a la educación. El desarrollo de intensas relaciones comerciales entre la UE y Turquía ha sido uno de los principales logros de la Unión Aduanera UE-Turquía. Por lo tanto, es lamentable que las desviaciones por parte de Turquía de sus obligaciones en virtud de la Unión Aduanera hayan aumentado, junto con un elevado número de obstáculos comerciales. Turquía ha seguido adaptándose al acervo de la UE, aunque a un ritmo muy limitado y fragmentariamente.

Turquía ha seguido realizando esfuerzos significativos para acoger y abordar las necesidades de casi cuatro millones de refugiados, así como para prevenir los cruces ilegales hacia la UE. A lo largo de 2019, se comprometió a aplicar la Declaración UE-Turquía de marzo de 2016 y desempeñó un papel clave a la hora de abordar los retos de los flujos migratorios en la ruta del Mediterráneo Oriental, pero a finales de febrero de 2020 alentó activamente los desplazamientos hacia la UE y pidió un nuevo acuerdo que sustituyera a la Declaración de marzo de 2016. Si bien la UE reconoció el aumento de la carga migratoria, los riesgos a los que se enfrentaba Turquía en su territorio y los importantes esfuerzos que estaba realizando para acoger refugiados, rechazó enérgicamente el uso de la presión migratoria por Turquía con fines políticos. A finales de marzo las autoridades turcas organizaron transportes para migrantes y refugiados fuera de la zona fronteriza con Grecia. A pesar del aumento de la migración irregular desde Turquía a la UE en 2019, las cifras siguen estando muy por debajo de las registradas antes de la Declaración UE-Turquía. El Mecanismo para los refugiados en Turquía de la UE siguió movilizando ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo para los refugiados y las comunidades de acogida turcas. Entre sus logros cabe citar la ayuda a 1,7 millones de refugiados para satisfacer sus necesidades básicas, la ayuda a 600 000 niños refugiados para ir a la escuela, la construcción de 180 escuelas y la realización de más de 8 000 000 consultas de atención sanitaria primaria. A finales de 2019 se había movilizado la totalidad del presupuesto operativo del Mecanismo. La UE decidió movilizar 485 millones EUR adicionales para garantizar la continuación de los proyectos emblemáticos que cubren las necesidades básicas de los refugiados y les dan acceso a la educación. A pesar de este considerable apoyo, las necesidades de los refugiados en Turquía, que también se ven afectados negativamente por el impacto económico de la COVID-19, no desaparecerán pronto. Seguirá siendo necesario ayudar a los refugiados afectados por la crisis siria y a sus países de acogida, y la reciente Comunicación relativa a un nuevo pacto sobre asilo y migración señaló que será esencial mantener y sostener la financiación de la UE de alguna forma. La Comisión siguió canalizando financiación de la UE de manera eficiente y rápida. Los principios clave que guiaron la ejecución del Mecanismo siguieron siendo la rapidez, la eficiencia y la eficacia, garantizando al mismo tiempo una buena gestión financiera. También son importantes la sostenibilidad de las intervenciones del Mecanismo y la responsabilidad compartida con las autoridades turcas.

Las tensiones en la región del Mediterráneo Oriental, que socavan la estabilidad y la seguridad regionales, aumentaron debido a las acciones y declaraciones de Turquía en las que se cuestiona el derecho de la República de Chipre a explotar recursos de hidrocarburos en su zona económica exclusiva; acciones provocadoras hacia Grecia, incluidos vuelos turcos sobre la zona habitada griega; y la firma de los dos memorandos de acuerdo con el Gobierno de Consenso Nacional de Libia sobre cooperación en materia de seguridad y delimitación de la jurisdicción marítima, que ignoran los derechos soberanos de Grecia en las zonas afectadas. Estas acciones son contrarias a los intereses de la UE, violan el derecho internacional y socavan los esfuerzos para reanudar el diálogo y las negociaciones, así como para proseguir la distensión. La Comisión se solidariza plenamente con Chipre y Grecia, y hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas concretas para crear un entorno propicio al diálogo. El Consejo ha reiterado en varias ocasiones que Turquía debe comprometerse inequívocamente con las relaciones de buena vecindad, los acuerdos internacionales y la resolución pacífica de controversias de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, recurriendo, en caso necesario, a la Corte Internacional de Justicia.

A la luz de las actividades ilegales de perforación de Turquía en el Mediterráneo Oriental, en julio de 2019 el Consejo adoptó una serie de medidas. Como reacción a las actividades de perforación no autorizadas de Turquía, la UE adoptó un marco de medidas específicas contra Turquía en noviembre de 2019 y decidió, en febrero de 2020, añadir dos personas a la lista de designaciones con arreglo a este marco de sanciones. En diciembre de 2019, el Consejo Europeo subrayó que el memorando de acuerdo bilateral sobre la delimitación de las zonas de jurisdicción marítima entre Turquía y el Gobierno de Consenso Nacional de Libia infringe los derechos soberanos de terceros Estados, no cumple la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y no puede tener consecuencias jurídicas para terceros Estados.

Se espera que Turquía apoye activamente las negociaciones sobre una solución justa, general y viable de la cuestión chipriota en el marco de la ONU, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en consonancia con los principios en los que se fundamenta la UE. Es importante preservar los progresos realizados hasta la fecha y proseguir los preparativos para una solución justa, general y viable, también en sus aspectos exteriores. El compromiso de Turquía y su contribución concreta a esta solución siguen siendo cruciales.

Es urgente que Turquía cumpla su obligación de garantizar la aplicación plena y no discriminatoria del Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación UE-Turquía y elimine todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones a las conexiones directas de transporte con la República de Chipre. No ha habido avances en la normalización de las relaciones bilaterales con este país.

En octubre de 2020, el Consejo Europeo reafirmó que la UE tiene un interés estratégico en un entorno estable y seguro en el Mediterráneo Oriental y en el desarrollo de una relación de cooperación y mutuamente beneficiosa con Turquía. Proseguir el diálogo de buena fe y abstenerse de acciones unilaterales contrarias a los intereses de la UE y que violan el derecho internacional y los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE es un requisito absoluto a este respecto. Todas las diferencias deben resolverse mediante un diálogo pacífico y de conformidad con el derecho internacional. En este contexto, el Consejo Europeo reiteró su plena solidaridad con Grecia y Chipre, cuya soberanía y derechos soberanos deben respetarse.

Siempre que se mantengan los esfuerzos constructivos para poner fin a las actividades ilegales con respecto a Grecia y Chipre, el Consejo Europeo ha acordado poner en marcha una agenda política positiva UE-Turquía, haciendo especial hincapié en la modernización de la unión aduanera y la facilitación del comercio, los contactos interpersonales, los diálogos de alto nivel y la cooperación continua en cuestiones de migración, en consonancia con la Declaración UE-Turquía de 2016. El Consejo Europeo ha invitado a su presidente a que, en cooperación con la presidenta de la Comisión y con el apoyo del Alto Representante, elabore una propuesta de reactivación de la agenda UE-Turquía a tal efecto.

Recordando y reafirmando, entre otras cosas, sus Conclusiones anteriores sobre Turquía de octubre de 2019, en caso de nuevas acciones unilaterales o provocaciones contrarias al derecho internacional, el Consejo Europeo confirmó que la UE utilizará todos los instrumentos y las opciones a su disposición, incluyendo el artículo 29 del TUE y el artículo 215 del TFUE, para defender sus intereses y los de sus Estados miembros.

El Consejo Europeo ha convenido en seguir de cerca la evolución de la situación y adaptar las decisiones en consecuencia, así como en adoptar las decisiones oportunas a más tardar en su reunión de diciembre.

:   [(1)](#footnoteref2)

    Financiación asignada dentro del actual Programa Indicativo Plurianual 2014-2020.
:   [(2)](#footnoteref3)

    2020/0065 (COD). Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede ayuda macrofinanciera a los países socios de la ampliación y la vecindad en la crisis del coronavirus, 22 de abril de 2020.
:   [(3)](#footnoteref4)

    Reglamento de Ejecución (UE) 2020/568 de la Comisión, de 23 de abril de 2020, por el que se supedita la exportación de determinados productos a la presentación de una licencia de exportación, DO L 129 de 24.4.2020.
:   [(4)](#footnoteref5)

     
    [COM (2020) 315 final](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/com_2020_315_en.pdf)
    <.>
:   [(5)](#footnoteref6)

    COM (2020) 641/2.
:   [(6)](#footnoteref7)

     
    [COM (2020) 57 final](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf)
    <.>
:   [(7)](#footnoteref8)

     
    [SWD (2020) 46 final](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-albania.pdf)
    <.>
:   [(8)](#footnoteref9)

     
    [SWD (2020) 47 final](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-north-macedonia.pdf)
    <.>
:   [(9)](#footnoteref10)

    Antes de la primera Conferencia Intergubernamental, Albania debe adoptar la reforma electoral de plena conformidad con las recomendaciones de la OIDDH/OSCE ; garantizar una financiación transparente de los partidos políticos y las campañas electorales, continuar la aplicación de la reforma judicial, en particular el funcionamiento del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; tener en cuenta la experiencia internacional pertinente, incluidos los dictámenes aplicables de la Comisión de Venecia; y ultimar la creación de estructuras especializadas en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Además, Albania debe intensificar aún más la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, especialmente cooperando con los Estados miembros de la UE y gracias al plan de acción para abordar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Atajar el fenómeno de las solicitudes de asilo infundadas, asegurar las repatriaciones y modificar la ley de medios de comunicación en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia siguen siendo prioridades importantes.
:   [(10)](#footnoteref11)

    En sus Conclusiones, el Consejo acoge con satisfacción el Dictamen de la Comisión e insta a los órganos ejecutivos y legislativos de todos los niveles de la Administración a que empiecen a abordar las prioridades clave definidas en el dictamen, en consonancia con las legítimas aspiraciones de los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina de avanzar hacia la Unión Europea.
:   [(11)](#footnoteref12)

     
    [COM(2019) 261 final](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-bosnia-and-herzegovina-opinion.pdf)
    <.>
:   [(12)](#footnoteref13)

    \* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la RCSNU 1244/1999 y con el Dictamen de la CIJ sobre la declaración de independencia de Kosovo.
:   [(13)](#footnoteref14)

    COM(2020) 609 final relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.
:   [(14)](#footnoteref15)

    En consonancia con la terminología de las instituciones europeas, el término genérico «gitano» se utiliza aquí para referirse a una serie de grupos diferentes sin negar las especificidades de estos grupos.
:   [(15)](#footnoteref16)

     
    <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/>
:   [(16)](#footnoteref17)

     
    [Decisión de la Comisión C(2015) 9500](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1208(02)&from=EN%20)
    , de 24.11.2015, sobre la coordinación de las acciones de la Unión y de los Estados miembros mediante un mecanismo de coordinación, el Mecanismo para Turquía en favor de los refugiados, modificada por la Decisión C(2016) 855 de la Comisión, de 10.2.2016.
:   [(17)](#footnoteref18)

    Casi 1,7 millones de refugiados siguen beneficiándose de transferencias mensuales en efectivo, se han realizado 9 millones de consultas de asistencia sanitaria primaria y las familias de más de 600 000 escolares han recibido ayuda financiera. Se están ejecutando unos 100 proyectos del Mecanismo.
:   [(18)](#footnoteref19)

     
    <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1324>
:   [(19)](#footnoteref20)

    La UE apoya una mejor gobernanza económica en los Balcanes Occidentales y Turquía a través del proceso del Programa Anual de Reforma Económica (PRE), que se ha convertido en la herramienta clave para formular y aplicar reformas macroeconómicas y estructurales diseñadas para aumentar la competitividad e impulsar el crecimiento y la creación de empleo. El proceso del PRE se adaptará para tener en cuenta el impacto económico y social de la pandemia de COVID-19.

[Top](#document1)

![european flag](./../../../images/eclogo.jpg)COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 6.10.2020

COM(2020) 660 final

ANEXOS

de la

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO, EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Comunicación de 2020 sobre la política de ampliación de la UE

{SWD(2020) 350 final} - {SWD(2020) 351 final} - {SWD(2020) 352 final} - {SWD(2020) 353 final} - {SWD(2020) 354 final} - {SWD(2020) 355 final} - {SWD(2020) 356 final}

ANEXO 1 - Resúmenes de las conclusiones de los informes

Montenegro

En cuanto a los criterios políticos, el período de referencia estuvo marcado por las tensiones y la desconfianza entre los agentes políticos y el bajo nivel de confianza en el marco electoral. Debido a la pandemia de COVID-19, el Parlamento estuvo inactivo en los primeros meses de 2020 y posteriormente se disolvió debido a las elecciones parlamentarias del 30 de agosto.

Ningún partido político boicoteó las elecciones, en las que participaron 11 listas de candidatos.

Según la evaluación preliminar de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH), las elecciones fueron competitivas y se gestionaron de forma transparente y eficiente, pero tuvieron lugar en un entorno muy polarizado por cuestiones religiosas y de identidad nacional. La campaña fue pacífica a pesar del frecuente tono de confrontación. Los candidatos pudieron transmitir sus mensajes, pero la OSCE/OIDDH expresó diversas preocupaciones en relación con una ventaja indebida para el partido del Gobierno y su presencia predominante en los medios de comunicación.

Las elecciones dieron lugar a un cambio sin precedentes en la composición de la mayoría gobernante. El nuevo Parlamento debe esforzarse por alcanzar un amplio consenso entre partidos y sociedad y demostrar en la práctica su compromiso con el programa de reformas de la UE para Montenegro, que es vital para el progreso del país en su camino hacia la UE, así como entablar un diálogo transparente, claro e integrador sobre la aplicación de las recomendaciones pendientes de la OSCE/OIDDH.

En diciembre de 2019, debido a la falta de quorum, el Parlamento adoptó únicamente con los votos de la mayoría gobernante hasta ahora varias soluciones jurídicas destinadas a abordar parcialmente las recomendaciones de la OSCE/OIDDH. Los cambios adoptados no afectaron significativamente al marco electoral existente, con la excepción de la financiación de la campaña. Siguen sin abordarse prioridades destacadas de las recomendaciones de la OSCE/OIDDH como la profesionalidad, imparcialidad y transparencia de la Administración Electoral; la inscripción de candidatos y los mecanismos para autenticar las firmas de los votantes; la supervisión de los medios de comunicación durante la campaña electoral; una auditoría del censo electoral; las medidas contra el uso indebido de recursos estatales; y la representación política equilibrada de ambos sexos en las elecciones. Por lo tanto, sigue pendiente una revisión general e integradora del marco electoral.

El nuevo presidente de la Comisión Electoral Estatal fue nombrado en marzo de 2020. Deben proseguir los esfuerzos para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de dicha Comisión. A pesar del acuerdo entre partidos de celebrar elecciones locales el mismo día, el marco jurídico todavía prevé su celebración de forma continua. Queda por decidir cuándo se aplicará un nuevo sistema.

La escena política anterior a las elecciones de agosto de 2020 estaba fragmentada, polarizada y marcada por la falta de un verdadero diálogo político. En el transcurso de 2019 se dieron algunos primeros pasos para restablecer dicho diálogo en el Parlamento con la participación parcial de los partidos de la oposición en la comisión parlamentaria temporal. No obstante, los miembros de la oposición suspendieron su participación después de que el Gobierno presentara el proyecto de ley sobre libertad religiosa o creencias para su aprobación en el pleno. Esto dio lugar a protestas religiosas a gran escala en diciembre de 2019, que cesaron temporalmente en la primavera de 2020 debido a la crisis de la COVID-19.

El resultado de las elecciones parlamentarias posibilita devolver el debate político al Parlamento. Es necesaria una participación activa y constructiva de todas las partes para mejorar la rendición de cuentas parlamentaria, la supervisión del Ejecutivo, el control democrático, una mejor calidad de la legislación y para permitir los nombramientos clave. En 2019 y en el primer semestre de 2020, el Parlamento no pudo obtener la mayoría necesaria de dos tercios para los nombramientos importantes en la judicatura y, por lo tanto, los cargos clave del sistema judicial se cubren mediante nombramientos temporales. El mandato del Fiscal General del Estado expiró en octubre de 2019 y su sucesor aún no ha sido nombrado.

No se produjeron novedades en el seguimiento político y judicial del supuesto uso indebido de fondos públicos para fines políticos de los partidos que tuvo lugar en 2012 («asunto de las grabaciones de audio»). En relación con el «asunto de los sobres» de enero de 2019, se presentaron acusaciones por blanqueo de capitales contra dos acusados. Estos casos requieren una respuesta institucional creíble, independiente y eficaz.

Por lo que respecta a la gobernanza, es necesario reforzar la transparencia, la participación de las partes interesadas y la capacidad del Gobierno para aplicar las reformas. El seguimiento de la calidad de los documentos estratégicos por parte de la Secretaría General del Gobierno ha pasado a ser estructurado y sistémico. La política del Gobierno sobre los apartamentos patrocinados por el Estado o los préstamos en condiciones favorables suscitó preocupación por la eficacia del sistema nacional de contrapoderes institucionales. Queda por mejorar la participación de las partes interesadas en los procesos de adhesión y legislativos.

Montenegro está moderadamente preparado para la reforma de su Administración Pública. En general, se realizaron varios avances durante el período cubierto por el informe. Montenegro empezó a aplicar la Ley de la función pública. El marco de planificación de políticas a medio plazo, la contratación basada en los méritos, la gestión de los recursos humanos y la racionalización de la organización de la Administración siguieron avanzando adecuadamente. Sigue siendo necesaria una firme voluntad política para garantizar eficazmente la despolitización de la función pública, la optimización de la Administración del Estado y la rendición de cuentas de los gestores.

Montenegro sigue moderadamente preparado para aplicar el acervo de la UE y las normas europeas en el ámbito del poder judicial y ha realizado avances limitados en general, especialmente a través de la aplicación continua de la estrategia de tecnología de la información y la comunicación para el poder judicial. Las recomendaciones del año pasado relativas al poder judicial solo se han abordado parcialmente; persisten retos, en particular en lo que se refiere a su independencia, profesionalidad, eficiencia y rendición de cuentas. La decisión del Consejo Judicial de volver a nombrar a siete presidentes de tribunal, incluido el del Tribunal Supremo, para al menos un tercer mandato suscita serias dudas sobre la interpretación que hace el Consejo Judicial de la letra y el espíritu del marco constitucional y jurídico, que limita dichos nombramientos a un máximo de dos mandatos con el fin de evitar una excesiva concentración de poder en los jueces. No está en consonancia con las recomendaciones del GRECO sobre la independencia del poder judicial, que Montenegro debería cumplir, a fin de no revertir los logros anteriores en la reforma judicial.

Montenegro ha alcanzado un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Ha realizado avances limitados en relación con las recomendaciones del año pasado, que solo se han abordado parcialmente para las actividades de represión y prevención de la corrupción y con un nuevo marco institucional para la Oficina de Recuperación de Activos. La Agencia de Lucha contra la Corrupción, cuyo jefe acaba de ser nombrado, siguió reforzándose a través de actividades de desarrollo de capacidades y asistencia técnica. Sin embargo, persisten retos relacionados con su independencia, el establecimiento de prioridades, el enfoque selectivo y la calidad de sus decisiones. La Agencia todavía no ha demostrado un enfoque activo en todos los ámbitos de su mandato, incluida la protección de los denunciantes, el control de la financiación de los partidos políticos y de la campaña electoral, y la supervisión de las actividades de los grupos de presión. Es preciso seguir mejorando las incautaciones y decomisos de activos de origen delictivo. La corrupción sigue siendo generalizada en muchos ámbitos y constituye una grave preocupación. Es necesaria una firme voluntad política para abordar eficazmente esta cuestión preocupante, así como una respuesta firme de la justicia penal a la corrupción de alto nivel.

Montenegro tiene cierto nivel de preparación o está moderadamente preparado en la lucha contra la delincuencia organizada. Se han realizado algunos avances, en particular en la aplicación de las recomendaciones del año pasado, sobre todo en lo que se refiere a la creación de un registro centralizado de cuentas bancarias, el refuerzo de la capacidad y profesionalidad de la policía y el aumento del número de procedimientos en curso sobre el decomiso de activos. Inicialmente se realizaron algunas investigaciones sobre la trata de seres humanos y el blanqueo de dinero. Se ha seguido mejorando la organización interna y la coordinación de las fuerzas de seguridad, como se refleja en el creciente número de investigaciones, detenciones e incautaciones. Sin embargo, Montenegro todavía tiene que abordar algunas deficiencias fundamentales y sistémicas de su sistema de justicia penal, incluida la forma en que trata los casos de delincuencia organizada. Se han realizado avances en la lucha contra el terrorismo y la prevención y la lucha contra el extremismo violento, en consonancia con los objetivos establecidos en el Plan de Acción Conjunto en materia de Lucha contra el Terrorismo para los Balcanes Occidentales y el acuerdo bilateral de aplicación.

En cuanto a los derechos fundamentales, Montenegro ha realizado algunos avances. El marco legislativo e institucional en el ámbito de los derechos fundamentales ya existe en gran medida. En julio de 2020, el Parlamento aprobó la ley sobre uniones de parejas del mismo sexo, lo que convierte a Montenegro en el primer país de la región en regular el estatuto de tales parejas. Se ha reforzado la capacidad de las instituciones de derechos humanos y del Ministerio de Derechos Humanos y de las Minorías, y aumenta la confianza en la oficina del Defensor del Pueblo. Sin embargo, sigue habiendo importantes retos a la hora de garantizar la aplicación efectiva de la legislación nacional en materia de derechos humanos. Las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las acusaciones de tortura exigen investigaciones rápidas y eficaces. Los ataques por motivos étnicos y religiosos en el contexto de las elecciones de agosto de 2020 son motivo de grave preocupación. Son necesarios esfuerzos adicionales para integrar los derechos humanos en todos los ámbitos de trabajo, las políticas públicas y los sectores. Los grupos desfavorecidos, incluidos los gitanos y egipcios, y las personas con discapacidad siguen sufriendo múltiples tipos de discriminación y dificultades para hacer valer sus derechos en los procedimientos administrativos y judiciales. La violencia de género y la violencia contra los menores aún constituyen una grave preocupación.

Durante el período que abarca el informe, Montenegro no logró ningún avance en materia de libertad de expresión. Aunque se ha avanzado en la legislación sobre los medios de comunicación, esto se ha visto eclipsado por las detenciones y los procedimientos contra redactores de portales en línea y ciudadanos por contenidos publicados o compartidos en línea a lo largo de 2020. Siguen sin resolverse importantes casos antiguos, como el asesinato en 2004 del redactor jefe del diario Dan y el tiroteo de un periodista de investigación en 2018. También sigue preocupando la independencia editorial y las normas profesionales del organismo público de radiodifusión nacional RTCG. La situación de los medios de comunicación sigue estando muy polarizada y los mecanismos de autorregulación siguen siendo débiles. El creciente volumen de desinformación a escala regional siguió polarizando a la sociedad tras la adopción de la Ley sobre la libertad de religión y durante la campaña electoral.

En el ámbito de la migración, en 2019 se confirmó la tendencia al alza del número de migrantes irregulares entrantes con respecto a 2018, interceptándose a 7 978, lo que supone un aumento del 60 % con respecto a 2018. Todos los migrantes detenidos expresaron su intención de solicitar asilo, lo que constituye un nuevo desafío para la capacidad de las instalaciones de acogida del país. Las autoridades montenegrinas impidieron 516 entradas ilegales y 1 514 salidas ilegales del país. La Fiscalía Especial llevó a cabo tres investigaciones sobre el tráfico ilícito de migrantes, en las que participaron más de 40 personas. El Acuerdo sobre el Estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con la UE, firmado en octubre de 2019, entró en vigor el 1 de julio de 2020. La primera operación conjunta en virtud del Acuerdo se inició el 15 de julio. Montenegro debe proseguir sus esfuerzos para hacer frente a la presión migratoria, desarrollando aún más su cooperación internacional en materia de readmisión, aumentando su capacidad para perseguir a las redes de tráfico ilícito de migrantes, incrementando su capacidad de acogida y mejorando su sistema de recopilación de datos.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Montenegro está moderadamente preparado para desarrollar una economía de mercado viable. Debido al menor crecimiento de la inversión, la economía se lentificó hasta un ritmo más sostenible en 2019. Las exportaciones, en particular de servicios, crecieron, pero no lo suficiente para frenar el gran déficit de la balanza por cuenta corriente. La estabilidad del sector financiero se ha reforzado tras la quiebra y la resolución de dos bancos locales y el fortalecimiento del marco de supervisión bancaria. Las condiciones del mercado laboral mejoraron, pero la tasa de desempleo sigue siendo elevada, especialmente entre las mujeres, los jóvenes, los gitanos y las personas poco cualificadas. Las medidas de activación laboral y la coordinación entre los servicios sociales y de empleo registraron avances limitados. Las perspectivas económicas de Montenegro se han deteriorado sustancialmente desde el segundo trimestre de 2020, toda vez que la cuarentena de la COVID-19 introducida en abril provocó una paralización de la economía. Las finanzas públicas, que mejoraron en 2019, están sometidas a una presión significativa en 2020 debido al rápido aumento de los costes para financiar la respuesta a la pandemia, combinado con una fuerte disminución de los ingresos presupuestarios debido al descenso de la actividad económica. Mientras tanto, a pesar de algunas señales de mejora del entorno empresarial, las medidas de lucha contra la economía informal se retrasaron y existe un número persistente y muy elevado de empresas con cuentas bancarias bloqueadas. Las empresas públicas de transporte no son competitivas y sus pérdidas se transfieren al Estado. Las capacidades institucionales de los organismos de competencia y lucha contra la corrupción siguen siendo débiles.

Montenegro ha hecho algunos avances y sigue moderadamente preparado en cuanto a su capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la UE. La inversión en conocimiento y capital humano es muy modesta, lo que se traduce en bajos niveles de innovación y productividad de las empresas locales. Los resultados educativos deben mejorar en todos los ámbitos, así como la adopción de medidas de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional. Se están ejecutando varios proyectos de infraestructura importantes que transformarán gradualmente a Montenegro en un exportador neto de electricidad, y se están creando asimismo redes de transporte. El sector privado está desarrollando redes físicas de banda ancha, mientras que las autoridades han reforzado el marco legislativo. Sin embargo, la economía presenta una base industrial débil, caracterizada por actividades de bajo valor añadido, limitadas por el pequeño tamaño del mercado y los bajos conocimientos tecnológicos de la mayoría de las empresas locales.

Por lo que se refiere a las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional, Montenegro ha mantenido su compromiso constructivo en las relaciones bilaterales con otros países de la ampliación y con los Estados miembros vecinos de la UE, aunque las relaciones bilaterales con Serbia han estado marcadas por tensiones. Por lo general, Montenegro participa activamente en la cooperación regional.

En lo tocante a la capacidad de Montenegro para asumir las obligaciones de la adhesión, en la mayoría de los ámbitos se ha llevado a cabo un importante trabajo de adaptación y preparación para la aplicación del acervo de la UE. El país ha alcanzado un buen nivel de preparación en ámbitos como el derecho de sociedades, el derecho de propiedad intelectual, la energía y la política exterior, de seguridad y de defensa. Está moderadamente preparado en muchos capítulos, como la libre circulación de mercancías, la agricultura y el desarrollo rural, así como la seguridad alimentaria y la política veterinaria y fitosanitaria. Montenegro tiene un cierto nivel de preparación en ámbitos como el medio ambiente, el cambio climático, la política social y el empleo. Se ha avanzado mucho en los ámbitos de la política social y el empleo, los servicios financieros, la agricultura y el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la política veterinaria y fitosanitaria, y la ciencia y la investigación.

De cara al futuro, Montenegro debería centrarse especialmente en la política de competencia, la política económica y monetaria, las estadísticas y el control financiero, y específicamente en el funcionamiento del poder judicial y la libertad de expresión. El refuerzo de la capacidad administrativa para garantizar la aplicación del acervo de la UE sigue siendo un reto importante. Montenegro ha seguido adaptándose plenamente a todas las posiciones y declaraciones de la política exterior y de seguridad común de la UE.

Serbia

Por lo que se refiere a los criterios políticos, las elecciones parlamentarias, provinciales y municipales en Serbia previstas inicialmente para abril se aplazaron a raíz de la COVID-19 y se celebraron el 21 de junio de 2020. Aunque los candidatos pudieron hacer campaña y se respetaron las libertades fundamentales, la elección de los votantes se vio limitada por la inmensa ventaja del partido gobernante y por la propaganda a favor del Gobierno por parte de la mayoría de los grandes medios de comunicación, según la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH). Siguen sin aplicarse numerosas recomendaciones formuladas anteriormente por la OIDDH. Es fundamental que las autoridades serbias aborden las persistentes deficiencias electorales mediante un diálogo transparente e integrador con los partidos políticos y otras partes interesadas pertinentes mucho antes de las próximas elecciones. Varios partidos de la oposición boicotearon las elecciones.

El recién constituido Parlamento serbio está marcado por la abrumadora mayoría de la coalición gobernante y la ausencia de una oposición viable, situación que no favorece el pluralismo político en el país. Durante la anterior legislatura, se tomaron algunas medidas para subsanar las deficiencias en el trabajo del Parlamento con la reducción de los procedimientos urgentes y las prácticas previas de filibusterismo. Varios partidos de la oposición continuaron boicoteando las sesiones parlamentarias. Durante los debates parlamentarios se utilizó un lenguaje incendiario contra los opositores políticos y los representantes de otras instituciones que expresaban opiniones divergentes. La eficacia, la independencia y la transparencia del Parlamento, incluido el papel y las prerrogativas de la oposición parlamentaria, deben reforzarse para garantizar los controles y equilibrios necesarios indispensables en un parlamento democrático. El nuevo Parlamento y las fuerzas políticas deben seguir participando en el diálogo interpartidista dirigido por el Parlamento Europeo, con vistas a mejorar las normas parlamentarias y forjar un amplio consenso entre los partidos y la sociedad sobre las reformas relacionadas con la UE, vitales para el progreso del país en su camino hacia la UE.

Serbia está moderadamente preparada en materia de reforma de la Administración Pública. En general, no se logró ningún avance, ya que el excesivo número de altos cargos en funciones no se redujo de manera significativa. La falta de transparencia y el respeto del procedimiento de contratación basado en los méritos para puestos de la función pública de alto nivel es un motivo de preocupación cada vez más grave. La aplicación efectiva de la ley sobre el sistema de planificación debe garantizarse mediante un estricto control de calidad de la Secretaría de Política Pública.

El sistema judicial serbio tiene cierto nivel de preparación. No se ha avanzado durante el período cubierto por el informe. La reforma constitucional del poder judicial se suspendió hasta después de las elecciones parlamentarias de 2020. Este retraso repercute en la adopción de la legislación judicial conexa necesaria para aumentar las salvaguardias de la independencia judicial. El margen para una influencia política continua sobre el poder judicial con arreglo a la legislación actual es motivo de gran preocupación. Serbia prosiguió sus esfuerzos para reducir los antiguos casos pendientes de ejecución y para armonizar las prácticas judiciales.

Serbia tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Durante el período cubierto por el informe se realizaron avances limitados. Se han tomado medidas operativas para reforzar el mandato y garantizar la independencia de la Agencia de Lucha contra la Corrupción, así como para mejorar sus capacidades con vistas a aplicar la Ley de prevención de la corrupción en el momento de su entrada en vigor en septiembre de 2020. Los cambios introducidos por la Ley sobre la organización y jurisdicción de las autoridades gubernamentales en la represión de la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción, en vigor desde marzo de 2018, han dado algunos resultados en términos de casos finalizados. En general, la corrupción sigue siendo motivo de preocupación. Todavía no existe un mecanismo eficaz de coordinación de la prevención. El número de casos de corrupción de alto nivel finalizados ha disminuido en comparación con años anteriores. Serbia debe redoblar sus esfuerzos e intensificar la prevención y la represión de la corrupción.

En la lucha contra la delincuencia organizada, Serbia tiene un cierto nivel de preparación, con avances limitados durante el período de referencia por lo que se refiere, en particular, con las reformas estructurales y la cooperación entre organismos. Serbia está intensificando su cooperación con Europol. En general, Serbia aún tiene que lograr resultados convincentes en materia de investigaciones, enjuiciamientos y condenas firmes en casos graves de delincuencia organizada y de aumento de la cantidad de bienes confiscados. Serbia debe redoblar sus esfuerzos para desmantelar grandes organizaciones delictivas activas a escala internacional.

Ya se ha establecido en gran medida el marco legislativo e institucional para la defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, aún debe garantizarse su aplicación coherente y eficiente. Es preciso reforzar las instituciones de derechos humanos y garantizar su independencia, incluso mediante la asignación de los recursos financieros y de personal necesarios. Serbia ha adoptado una nueva estrategia para los medios de comunicación, que se ha elaborado de manera transparente e inclusiva y que identifica los principales retos relacionados con la libertad de los medios. Sin embargo, la aplicación de la nueva estrategia aún no ha comenzado y no se ha avanzado sobre el terreno para mejorar el entorno general de la libertad de expresión. Como se indica en la estrategia de los medios de comunicación, los casos de amenazas, intimidación y violencia contra periodistas siguen siendo motivo de grave preocupación. Aún no se ha establecido la transparencia en cuanto a la propiedad de los medios y la asignación de fondos públicos, especialmente a nivel local. La OIDDH constató que la mayoría de canales de televisión y los periódicos de ámbito nacional promovieron la política del Gobierno durante la campaña electoral. También constató que los pocos medios que ofrecían puntos de vista alternativos tuvieron una repercusión limitada y no supusieron un contrapeso efectivo, lo que puso en peligro la diversidad de opiniones políticas disponibles en los medios de comunicación tradicionales, a través de los cuales la mayoría de los votantes reciben información.

Serbia siguió contribuyendo significativamente a la gestión de los flujos migratorios mixtos hacia la UE desempeñando un papel activo y constructivo y cooperando eficazmente con sus vecinos y los Estados miembros de la UE. También siguió aplicando eficazmente la estrategia de gestión integrada de las fronteras y su Plan de Acción.

En cuanto a los criterios económicos, Serbia ha realizado algunos avances y dispone de un nivel de preparación entre moderado y bueno para el desarrollo de una economía de mercado operativa. Antes de la crisis de la COVID-19, el ritmo de crecimiento del PIB repuntó a medida que se intensificaba la demanda interna. Los desequilibrios externos se ampliaron, pero su financiación se mantuvo saneada debido a las elevadas entradas de inversión extranjera directa. Las presiones sobre los precios siguieron siendo moderadas y las expectativas de inflación se mantuvieron contenidas. Al reducir el déficit presupuestario y mantener una orientación presupuestaria prudente, Serbia ha mejorado significativamente la sostenibilidad de la deuda. Los resultados del mercado laboral han mejorado, con las tasas de desempleo más bajas del último decenio; sin embargo, esto se debió también a la emigración a gran escala. No obstante, se prevé que la crisis de la COVID-19 deteriore considerablemente las perspectivas económicas en 2020, en particular en lo que se refiere al crecimiento del PIB, las finanzas públicas y el empleo. Aunque se han realizado algunos avances en las reformas de la Administración Tributaria y la privatización de los bancos de propiedad estatal, otras reformas estructurales de la Administración Pública y de las empresas estatales avanzaron lentamente. Es necesario abordar las deficiencias del marco presupuestario. No se ha avanzado en el refuerzo de la legislación en materia presupuestaria. El Estado mantiene una fuerte huella en la economía y el sector privado se ve obstaculizado por las deficiencias del Estado de Derecho.

Serbia ha realizado algunos avances y está moderadamente preparada para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la UE. La estructura de la economía ha seguido mejorando, y se ha mantenido un alto grado de integración económica con la UE. Sin embargo, a pesar de algunos avances, la calidad y la pertinencia de la educación y la formación no satisfacen plenamente las necesidades del mercado laboral. La inversión ha seguido aumentando, pero, tras años de infrainversión, sigue siendo insuficiente para hacer frente a las graves necesidades de infraestructuras. Serbia debe aplicar las mismas normas para priorizar, seleccionar y supervisar todas las inversiones de capital, independientemente del tipo de inversión o de la fuente de financiación, incluidas las que se deriven de acuerdos intergubernamentales. Todas las decisiones de inversión deben ajustarse a las normas de la UE en materia de contratación pública, ayudas estatales, evaluaciones de impacto medioambiental y análisis coste-beneficio. Aunque el coste de los préstamos para las pequeñas y medianas empresas ha disminuido recientemente, siguen enfrentándose a una serie de retos, como la volatilidad del entorno empresarial y la competencia desleal.

Con carácter general, Serbia ha mantenido su compromiso en lo que respecta a las relaciones bilaterales con otros países candidatos y los Estados miembros de la UE de su vecindad, y sigue participando activamente en la cooperación regional. Las relaciones con Montenegro han estado marcadas por tensiones, incluidas las relativas a las elecciones parlamentarias en dicho país el 30 de agosto. Serbia demostró su compromiso de dar un impulso renovado a la cooperación regional y una mayor implicación regional en las Cumbres de Novi Sad, Ohrid y Tirana. Es importante que las iniciativas regionales incluyan a todos los socios de los Balcanes Occidentales y se basen en las normas de la UE, sobre la base de compromisos contraídos previamente en el marco del ACELC, el Espacio Económico Regional o el Tratado de la Comunidad del Transporte.

En cuanto a la normalización de las relaciones con Kosovo, el diálogo facilitado por la UE se reanudó con reuniones de alto nivel los días 12 y 16 de julio y 7 de septiembre de 2020. En Bruselas se celebraron varias reuniones de expertos. Serbia debe redoblar sus esfuerzos y contribuir a alcanzar un acuerdo general y jurídicamente vinculante con Kosovo. Es urgente y crucial celebrar tal acuerdo para que Kosovo y Serbia puedan avanzar en sus respectivas trayectorias de adhesión a la UE.

Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, Serbia ha intensificado su labor de adaptación de la legislación al acervo de la UE en los capítulos económico y del mercado interior. El país ha avanzado considerablemente en ámbitos económicos como el derecho de sociedades, el derecho de propiedad intelectual, la competencia y los servicios financieros. Sin embargo, los avances en materia de contratación pública fueron limitados. Aunque Serbia adaptó al acervo importantes partes de su legislación en materia de contratación pública, una ley sobre procedimientos especiales para proyectos de infraestructuras lineales, adoptada en febrero de 2020, permite eximir a los proyectos de infraestructuras de «especial importancia» para Serbia de la aplicación de las normas de contratación pública y, por lo tanto, eludir las reglas y normas de la UE. En particular, la aplicación de los acuerdos intergubernamentales celebrados con terceros países no parece estar sistemáticamente en consonancia con los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia y competencia ni con el acervo de la UE ni la legislación nacional pertinentes. El medio ambiente y el cambio climático deben recibir una atención política adecuada, y que ello se traduzca en una mejor coordinación, instituciones más fuertes, más financiación e integración en todos los sectores de la economía. Avanzar en una transición energética ecológica, sin carbón, debe convertirse en una prioridad, y una parte de Serbia debe redoblar sus esfuerzos para luchar contra la contaminación atmosférica. Por lo que se refiere al transporte, Serbia ha proseguido las reformas ferroviarias. Las decisiones de inversión en el transporte deben garantizar la mejor relación calidad-precio. Unos recursos financieros y humanos adecuados y unos marcos estratégicos sólidos serán cruciales para el ritmo de las reformas, incluido especialmente el nombramiento de un jefe del equipo negociador serbio con la UE.

Serbia siguió desarrollando intensas relaciones y asociaciones estratégicas con una serie de países de todo el mundo, entre ellos Rusia, China y Estados Unidos. La cooperación de Serbia con China aumentó durante la crisis de la COVID-19 y estuvo marcada por una retórica de altos funcionarios favorable a China y escéptica con respecto a la UE. Se mantuvieron frecuentes contactos de alto nivel y visitas bilaterales periódicas con Rusia, así como cooperación técnica militar, incluidos ejercicios militares conjuntos y acuerdos de venta de armas. El presidente de Serbia se comprometió a trasladar la Embajada serbia en Israel a Jerusalén para julio de 2021. Serbia se adhirió al 60 % de las posiciones PESC de la UE en 2019 y debe redoblar sus esfuerzos para adaptar progresivamente su política exterior y de seguridad a la de la Unión Europea en el período previo a la adhesión.

Macedonia del Norte

En cuanto a los criterios políticos, Macedonia del Norte siguió aplicando reformas relacionadas con la UE a lo largo del período de referencia. Prosiguieron los esfuerzos para reforzar la democracia y el Estado de Derecho, en particular activando los controles y equilibrios existentes y mediante discusiones y debates sobre cuestiones políticas y legislativas clave. Los partidos de la oposición siguieron participando en el Parlamento y apoyaron cuestiones clave de interés nacional común, como las reformas relacionadas con la UE y el proceso de integración de la OTAN, al que Macedonia del Norte se adhirió en marzo de 2020. Tras los resultados del Consejo Europeo de octubre de 2019, los partidos políticos decidieron de común acuerdo celebrar elecciones parlamentarias anticipadas el 12 de abril de 2020. De conformidad con la legislación nacional, en enero de 2020 se nombró un Gobierno técnico con ministros y viceministros del principal partido de la oposición. Tras la irrupción de la COVID-19, entre marzo y junio de 2020 se declaró el estado de emergencia, lo que permitió al Gobierno técnico gobernar por decreto. Las elecciones parlamentarias anticipadas se aplazaron a julio de 2020. La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH) consideró que, en general, estas elecciones estuvieron bien organizadas y la campaña fue realmente competitiva, pero la estabilidad jurídica se vio socavada por las revisiones sustanciales del marco jurídico y los decretos posteriores del Gobierno. Durante el período cubierto por el informe, el Parlamento mejoró su papel como foro principal para un diálogo político constructivo y cumplió sus funciones legislativas, en particular mediante la adopción de leyes clave relacionadas con la Unión. Sin embargo, el aumento significativo del uso de procedimientos acelerados suscita preocupación y debería limitarse. El Parlamento trabajó con mayor transparencia y utilizó sus funciones de supervisión, restableciendo los controles y equilibrios sobre el ejecutivo. El Parlamento se disolvió en febrero de 2020, en previsión de elecciones anticipadas, y la opinión del presidente era que no podía volver a reunirse. Tras las elecciones de julio de 2020, el Parlamento recientemente constituido eligió al Gobierno en agosto de 2020. La situación interétnica se mantuvo controlada en general. Se realizaron esfuerzos para reforzar las relaciones interétnicas y aplicar el Acuerdo Marco de Ohrid, que puso fin al conflicto de 2001 y aporta el marco para preservar el carácter multiétnico de la sociedad.

La sociedad civil sigue activa y desempeña un papel clave en los procesos políticos y de toma de decisiones. Se han adoptado medidas para aplicar la Estrategia y el Plan de Acción 2018-2020 para la cooperación entre el Gobierno y la sociedad civil. Sin embargo, son necesarios esfuerzos para garantizar un proceso de consulta más significativo y oportuno.

La reforma en curso de los servicios de inteligencia dio lugar a la creación, en septiembre de 2019, de la Agencia Nacional de Seguridad, concebida como un organismo estatal independiente sin competencias policiales, a diferencia de su predecesora, la Oficina de Seguridad y Contrainteligencia (UBK). Ello está en consonancia con las recomendaciones del Grupo de expertos de alto nivel sobre cuestiones sistémicas relativas al Estado de Derecho. La Agencia Técnica Operativa siguió funcionando. Son necesarios esfuerzos adicionales para garantizar que tenga acceso a todos los instrumentos necesarios para cumplir su mandato. Debe reforzarse la capacidad de control parlamentario de los servicios de inteligencia.

Macedonia del Norte está moderadamente preparada en lo que respecta a la reforma de su Administración Pública. Se lograron algunos avances en la mejora de la transparencia, con la adopción de la Estrategia de Transparencia 2019-2021, la puesta en marcha del portal de datos abiertos de la Administración y la publicación de datos sobre el gasto público. Los informes de seguimiento sobre la aplicación de la estrategia de reforma de la Administración y del programa de reforma de la gestión de las finanzas públicas se elaboraron y estuvieron acompañados de acciones de publicidad adecuadas. Sigue siendo esencial garantizar el respeto de los principios de transparencia, mérito y representación equitativa. La Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción siguió abordando las acusaciones de nepotismo, clientelismo e influencia política en el proceso de contratación de empleados del sector público. Debe garantizarse un seguimiento adecuado de los informes y recomendaciones de la Comisión Estatal.

El sistema judicial de Macedonia del Norte tiene cierto nivel de preparación/está moderadamente preparado. Se registraron avances notables en la aplicación de la estrategia de reforma judicial, abordando así las prioridades de reforma urgentes y las recomendaciones de la Comisión de Venecia y del Grupo de expertos de alto nivel sobre cuestiones sistémicas relativas al Estado de Derecho. Siguen siendo necesarios esfuerzos para garantizar la aplicación sistemática del Plan de Acción actualizado de la estrategia de reforma judicial. Las instituciones judiciales están aplicando nuevas normas para el nombramiento, la promoción, la disciplina y el cese de los jueces, y el Consejo Superior de la Magistratura ha ejercido su función de manera más activa. Como resultado de sus esfuerzos de reforma en los últimos años, Macedonia del Norte ha establecido mecanismos para garantizar la independencia y la rendición de cuentas judiciales, tales como normas sobre nombramientos basados en los méritos, control de activos y conflictos de intereses y procedimientos disciplinarios. Debe garantizar su uso decidido y coherente antes de realizar nuevos cambios en este ámbito. La Ley de la Fiscalía entró en vigor en junio de 2020. Su objetivo es, entre otros, garantizar una solución sostenible para los casos de la Fiscalía Especial y establecer la rendición de cuentas por los delitos derivados de las escuchas telefónicas ilegales y sus derivaciones. También se adoptó la Ley revisada del Consejo de Fiscales. La aplicación efectiva del marco jurídico y el aumento de los esfuerzos de todas las partes interesadas para demostrar su carácter ejemplar contribuirán a aumentar la confianza de los ciudadanos en el poder judicial.

Por lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, Macedonia del Norte tiene cierto nivel de preparación o está moderadamente preparada. Se lograron avances notables gracias a la consolidación de sus actividades en materia de investigación, represión y enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel. La Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción ha sido especialmente activa en la prevención de la corrupción y ha abierto un elevado número de casos, incluidos los relativos a funcionarios de alto nivel de todo el espectro político, en consonancia con la recomendación del año pasado. Prosiguen los esfuerzos para avanzar en los casos de la Fiscalía Especial y para establecer la rendición de cuentas por las escuchas telefónicas ilegales. El exjefe de la Fiscalía Especial fue condenado tras haber sido declarado culpable de abuso de funciones y de autoridad en el denominado «caso de extorsión» relativo a la supuesta extorsión y abuso de poder en relación con un caso de la Fiscalía Especial. La corrupción es generalizada en muchos ámbitos y debe garantizarse un enfoque más proactivo por parte de todos los agentes implicados en la prevención y la lucha contra la corrupción.

El país cuenta con cierto nivel de preparación en la lucha contra la delincuencia organizada. El marco legislativo se ajusta en líneas generales a las normas europeas, y deben proseguir los esfuerzos para aplicar estrategias contra la delincuencia organizada. Se realizaron algunos avances en el cumplimiento de la recomendación del año pasado de crear una oficina de recuperación de activos acorde con el acervo de la UE. La Oficina tendrá que demostrar ahora su capacidad para apoyar una política proactiva de confiscación de activos. El país participa en la evaluación de amenazas a nivel regional y tendrá que ampliar su ámbito de aplicación en consonancia con las prácticas de la UE. Se han registrado algunos avances a nivel operativo, pero aún queda mucho por hacer para mejorar la eficacia de la aplicación de la ley en la lucha contra formas específicas de delincuencia, como el blanqueo de capitales y los delitos financieros. La cooperación con Europol está aumentando en los distintos ámbitos delictivos. La coordinación sigue siendo crucial para todas las partes implicadas en la lucha contra la delincuencia organizada.

Se han realizado algunos avances en la lucha contra el terrorismo y la prevención y la lucha contra el extremismo violento, en consonancia con los objetivos establecidos en el Plan de Acción Conjunto en materia de Lucha contra el Terrorismo para los Balcanes Occidentales y el acuerdo bilateral de aplicación.

El marco jurídico sobre la protección de los derechos fundamentales se ajusta en gran medida a las normas europeas. El proceso de desinstitucionalización está en curso y se está procediendo al reasentamiento de niños en la asistencia de proximidad. El Ministerio de Trabajo y Política Social está invirtiendo en servicios comunitarios, incluido el apoyo a las víctimas de la violencia de género. Es esencial que estos servicios sigan estando disponibles. Son necesarios esfuerzos adicionales para abordar las recomendaciones de los organismos europeos e internacionales de derechos humanos, en particular en relación con el trato dispensado a las personas detenidas y condenadas. La decisión del Tribunal Constitucional de derogar la Ley de prevención y protección contra la discriminación por motivos de procedimiento significa que el país carece actualmente de un marco jurídico completo en materia de no discriminación y de un organismo de igualdad. Esta grave laguna debe ser abordada por la nueva legislatura. También es importante que el país mejore la aplicación de la legislación sobre incitación al odio y del Plan de Acción nacional para la aplicación del Convenio de Estambul. Aunque se ha completado la creación del mecanismo de supervisión externa de la policía, la ausencia de investigadores verdaderamente independientes puede obstaculizar el trabajo de la unidad para abordar eficazmente la impunidad policial. El país debe adoptar medidas urgentes para seguir mejorando la situación en las prisiones y apoyar alternativas al internamiento.

El país tiene cierto nivel de preparación/está moderadamente preparado en el ámbito de la libertad de expresión y ha realizado avances limitados durante el período de referencia. La situación general y el clima en el que operan los medios de comunicación son, en general, propicios a la libertad de los medios de comunicación y permiten informarles de manera crítica, aunque se han intensificado las tensiones durante la crisis de la COVID-19 y en el contexto de las elecciones. Deben intensificarse los esfuerzos de autorregulación para apoyar el progreso de las normas profesionales y la calidad del periodismo. Es importante garantizar una mayor transparencia de la publicidad en los medios de comunicación por parte de las instituciones estatales, los partidos políticos y las empresas públicas. Son necesarias soluciones sostenibles para garantizar la independencia del servicio público de radiodifusión, los códigos deontológicos profesionales y la sostenibilidad financiera. Es esencial seguir apoyando el pluralismo de los medios, promoviendo la profesionalidad y el periodismo de investigación e información imparcial, y reforzando la resiliencia para luchar eficazmente contra la desinformación. Aún siguen constituyendo un reto la sostenibilidad financiera de unos medios de comunicación independientes y las condiciones de trabajo de los periodistas.

Con respecto a la cooperación regional, el país ha mantenido buenas relaciones con otros países candidatos y ha participado activamente en las iniciativas regionales. Es importante seguir aplicando los acuerdos bilaterales, incluido el Acuerdo de Prespa y el Tratado de Buena Vecindad con Bulgaria.

Macedonia del Norte sigue desempeñando un papel activo y constructivo en la gestión de los flujos migratorios mixtos pues se encuentra en una de las principales rutas de tránsito para el movimiento mixto. Coopera eficazmente con los países vecinos y los Estados miembros de la UE, en particular con funcionarios invitados de los Estados miembros de la UE sobre el terreno. Han proseguido los considerables esfuerzos para garantizar unas condiciones de vida y unos servicios básicos a todos los migrantes que permanecen en el país. El registro de los migrantes y la elaboración adecuada de perfiles sensibles a la protección han mejorado, pero deben llevarse a cabo de manera más sistemática. Todavía no se ha firmado el Acuerdo sobre el estatuto con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Es preciso seguir abordando el problema de las frecuentes actividades de contrabando en la frontera septentrional.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Macedonia del Norte tiene un buen nivel de preparación para desarrollar una economía de mercado operativa, pero ha realizado avances limitados durante el período de referencia. El crecimiento económico se aceleró en 2019 a medida que la inversión se recuperó, pero, desde abril de 2020, la crisis de la COVID-19 ha dejado su huella en la economía y en las finanzas públicas. Las autoridades han adoptado una serie de medidas de apoyo a las empresas y los hogares para mitigar el impacto económico y social de la crisis. En el período cubierto por el informe, se siguió mejorando la transparencia presupuestaria. Sin embargo, se revirtieron las importantes reformas fiscales del impuesto sobre la renta y del sistema de pensiones, introducidas a principios de 2019. Además, la ejecución del gasto público de capital siguió siendo notablemente baja y la estabilización de la deuda pública aún no está garantizada. Antes de la crisis de la COVID-19, las tasas de desempleo seguían disminuyendo, también en el caso de los trabajadores jóvenes, y el empleo informal lo hacía ligeramente. Sin embargo, el impacto de la COVID-19 probablemente invertirá estas tendencias positivas. Las tasas de actividad siguen siendo bajas, aunque aumentó la proporción de mujeres en el mercado laboral. El sector financiero siguió siendo sólido y se reforzaron los préstamos al sector privado. El entorno empresarial sigue viéndose obstaculizado por el elevado peso de la economía informal.

Macedonia del Norte ha registrado algunos avances y tiene un nivel moderado de preparación para hacer frente a las presiones competitivas y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. La integración con la UE en materia de comercio e inversión es ahora mayor. Las exportaciones y la producción manufacturera se han diversificado aún más hacia productos de mayor valor. Sin embargo, la escasez de mano de obra cualificada, que refleja las deficiencias del sistema educativo y la salida de trabajadores cualificados, así como el déficit de inversión en infraestructuras, merman la productividad laboral y la competitividad de la economía. Aunque actualmente existen ya medidas para mitigar los efectos adversos inmediatos de la crisis de la COVID-19 sobre el crecimiento y el empleo, abordar estas necesidades estructurales oportunamente contribuiría a una rápida recuperación económica tras la crisis.

Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, el país sigue estando moderadamente preparado en la mayoría de los ámbitos, incluidos los de la competencia, la contratación pública, las estadísticas, el control financiero, el transporte y la energía. El país muestra un buen nivel de preparación en ámbitos como el derecho de sociedades, la unión aduanera, las redes transeuropeas, y la ciencia y la investigación. El país se encuentra en una fase inicial de preparación en ámbitos como la libre circulación de trabajadores y las disposiciones financieras y presupuestarias. En el próximo período también será necesario centrarse más en la capacidad administrativa y en la aplicación efectiva. El país ha seguido mejorando su adaptación a la política exterior y de seguridad común de la UE.

Albania

Por lo que se refiere a los criterios políticos, el entorno político en Albania siguió estando marcado por una intensa polarización. Las actividades parlamentarias se vieron afectadas por la renuncia de la oposición a sus mandatos. La continuidad institucional se garantizó mediante la ocupación gradual de los escaños parlamentarios vacantes. Al final del período de referencia, la Asamblea contaba con 122 de sus 140 miembros. La oposición decidió boicotear las elecciones locales del 30 de junio de 2019 que, no obstante, se celebraron, mientras que el Presidente decidió, por su parte, posponer la votación hasta octubre. El Parlamento inició un procedimiento de destitución del presidente que acabó a finales de julio de 2020. La comisión de investigación ad hoc del Parlamento concluyó que, si bien el presidente había rebasado sus competencias constitucionales, las infracciones no justificaban su destitución. El estancamiento político del país se superó en enero de 2020, cuando la mayoría gobernante y la oposición parlamentaria y extraparlamentaria alcanzaron un acuerdo para llevar adelante la reforma electoral mediante la creación de un Consejo Político, una plataforma para completar las conversaciones técnicas y políticas y aplicar las recomendaciones pendientes de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH), garantizando una financiación transparente de los partidos políticos y las campañas electorales. El 5 de junio de 2020, el Consejo Político alcanzó un acuerdo decisivo para introducir gradualmente una Administración Electoral despolitizada, en consonancia con las recomendaciones de la OSCE/OIDDH. Las partes también acordaron introducir la identificación electrónica de todos los votantes (cuando sea técnicamente viable), reestructurar la Comisión Electoral Central y que el colegio electoral esté formado por jueces previamente investigados. Las modificaciones del código electoral fueron aprobadas por el Parlamento el 23 de julio de 2020, de conformidad con el acuerdo de 5 de junio de 2020, cumpliendo así la condición de la primera CIG. Además, el Parlamento aprobó el 30 de julio varias enmiendas a la Constitución relativas al sistema electoral. Estas enmiendas, que no guardan relación con la aplicación de las recomendaciones de la OSCE/OIDDH, requerían nuevas modificaciones del código electoral que se debatieron entre los partidos en el Consejo Político, pero sin llegar a un compromiso antes de que el Parlamento las sometiera a votación el 5 de octubre. A pesar del resultado positivo del acuerdo alcanzado el 5 de junio de 2020, es necesario mejorar el diálogo político en el país, en particular sobre la reforma electoral y su aplicación.

El 9 de junio de 2020, el Gobierno presentó, en una reunión ampliada del Consejo Nacional para la Integración Europea, un Plan de Acción para abordar las condiciones y prioridades establecidas en las Conclusiones del Consejo de marzo de 2020 sobre Albania. El 6 de mayo de 2020, el Gobierno nombró al negociador principal y al equipo negociador.

Albania está moderadamente preparada en materia de reforma de su Administración Pública. Han proseguido los esfuerzos en varios ámbitos conexos, lo que ha dado lugar a algunos avances en la aplicación de las directrices sobre las evaluaciones de impacto de la reglamentación en los ministerios competentes, en el desarrollo del paquete legislativo relativo a la planificación de políticas, en el aumento del número de servicios electrónicos y en la mejora de la transparencia en la recopilación de datos y la gestión de los recursos humanos entre los niveles central y local. Estos logros tangibles deben consolidarse. En particular, el Gobierno debe redoblar sus esfuerzos para elaborar políticas más basadas en datos contrastados, mediante el desarrollo de capacidades administrativas en los ministerios competentes en materia de planificación y supervisión de políticas, recopilación de datos y uso de evaluaciones de impacto de la reglamentación para fundamentar unas mejores políticas.

El sistema judicial de Albania tiene cierto nivel de preparación o está moderadamente preparado. La aplicación de una reforma general y exhaustiva de la justicia ha continuado de forma sistemática, lo que ha resultado en avances satisfactorios en general. Las nuevas instituciones para la autogobernanza del poder judicial han desempeñado sus funciones, incluida la gestión de los procesos para cubrir las vacantes en el Tribunal Superior y en el Tribunal Constitucional. El Consejo Superior de la Magistratura finalizó la selección de tres candidatos no magistrados al Tribunal Supremo, nombrados el 11 de marzo de 2019, permitiendo así el funcionamiento de una de las salas del Tribunal y cumpliendo el requisito correspondiente para la primera CIG. El proceso de selección para el cuarto miembro no magistrado está a punto de finalizar. Los demás candidatos a magistrado están siendo promovidos desde el sistema judicial. Albania está avanzando para reconstituir el Tribunal Constitucional y ha nombrado a tres nuevos miembros. Esto sienta la base para que el Tribunal Constitucional recupere la funcionalidad (una condición para que la primera CIG esté a punto de cumplirse) y aumente la confianza pública. En diciembre de 2019, el Tribunal contaba con un juez de un total de nueve como resultado de la investigación. El Tribunal cuenta ahora con cuatro miembros. Hubo un conflicto sobre el procedimiento de nombramiento de uno de los últimos jueces propuestos. La Comisión de Venecia ha emitido un dictamen al respecto, aportando las orientaciones necesarias a las autoridades albanesas para completar los nombramientos pendientes ante el Tribunal Constitucional. Con los cuatro miembros actuales, el Tribunal dispone del quorum mínimo necesario para pronunciarse sobre la admisibilidad de los asuntos. El proceso de selección de tres vacantes está en curso. El proceso se ha visto afectado ligeramente por la crisis de la COVID-19, pero se espera que concluya con carácter prioritario. La finalización de los nombramientos en el Tribunal Constitucional se llevará a cabo una vez que el Tribunal Supremo alcance el quorum requerido de tres quintas partes de los miembros en ejercicio, ya que esta última es la tercera autoridad facultada para proceder a los nombramientos junto con la Asamblea y el presidente de la República. El nuevo Fiscal General ha sido nombrado por primera vez sobre la base de los procedimientos establecidos en la última reforma de la justicia.

La creación de la Estructura Especial de Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada (SPAK) concluyó en 2019 con el nombramiento del fiscal especial jefe en diciembre. Con 13 de los 15 fiscales especiales nombrados, la Fiscalía Especial es plenamente operativa. El 30 de julio de 2020, el director de la Oficina Nacional de Investigación también fue nombrado por el Alto Consejo Fiscal y comenzó a ejercer sus funciones. Los cambios anteriores cumplen la condición para la primera CIG.

La reevaluación temporal de todos los jueces y fiscales (proceso de investigación previa) ha avanzado constantemente y ha seguido produciendo resultados tangibles, cumpliendo así la condición para la primera CIG. Bajo el auspicio de la Comisión Europea, la Operación de Vigilancia Internacional ha seguido supervisando el proceso. Hasta la fecha se han tramitado más de 286 expedientes, lo que ha dado lugar a un 62 % de despidos, principalmente por cuestiones relacionadas con activos o dimisiones injustificados. Durante el período de confinamiento de la COVID-19, las instituciones de investigación han seguido llevando a cabo una serie de importantes actividades de investigación en modalidad remota. Las instituciones de investigación reanudaron las audiencias públicas en junio de 2020.

Albania tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. En el período cubierto por el informe se registraron avances notables. Las autoridades albanesas reforzaron las capacidades operativas, de coordinación y de supervisión en la lucha contra la corrupción, cumpliendo así la condición para la primera CIG. Albania ha proseguido sus esfuerzos para lograr resultados sólidos en materia de investigación, represión y enjuiciamiento de casos de corrupción. Aunque la investigación de los miembros del poder judicial es un proceso administrativo, es importante evaluar los resultados concretos de Albania en la lucha contra la corrupción. Entre ellos cabe citar la destitución de varios magistrados de alto nivel pertenecientes, entre otros, al Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. En 2019, hubo dos condenas firmes por corrupción pasiva de jueces, fiscales y otros funcionarios del poder judicial y 262 condenas en primera instancia que afectaron a funcionarios de rango inferior o medio, además de 294 condenas en primera instancia en 2018. En 2019, se contabilizaron 246 condenas firmes a nivel de apelación que afectaron a funcionarios de rango inferior o medio, además de 289 condenas firmes en 2018. Se han realizado nuevos esfuerzos para lograr resultados sólidos en la lucha contra la corrupción, aunque sigue siendo un objetivo a largo plazo que requiere esfuerzos más estructurados y coherentes. Aunque el número de investigaciones en curso es elevado, hasta la fecha las condenas firmes en casos en los que están implicados funcionarios de alto nivel siguen siendo limitadas. Se espera que los recientemente creados organismos especializados en la lucha contra la corrupción (SPAK y los Tribunales de Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada) refuercen significativamente la capacidad de investigar y enjuiciar la corrupción. Sin embargo, en general, la corrupción sigue estando muy extendida y constituye una grave preocupación.

Albania tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada y ha avanzado considerablemente en este ámbito, en particular mediante la cooperación con los Estados miembros de la UE y a través del Plan de Acción para abordar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cumpliendo así la condición para la primera CIG. Las operaciones policiales para desmantelar organizaciones delictivas se han intensificado aún más y se ha avanzado mucho. Al igual que en los últimos años, Albania también mostró en 2019 un compromiso firme y constante para luchar contra la producción y el tráfico de cannabis. Albania permite el establecimiento de un mecanismo de seguimiento muy invasivo por parte de un tercer país (reconocimientos aéreos de la Guardia di Finanza italiana, cofinanciados por la UE). La cooperación policial internacional, especialmente con los Estados miembros de la UE, también se ha intensificado, lo que derivó en una serie de operaciones policiales a gran escala en 2019, que continuaron en 2020. La cooperación entre la policía y los fiscales se intensificó. Se creó la Fiscalía Especial y se la dotó con una serie de importantes herramientas de investigación. Estas medidas representan avances tangibles en el cumplimiento de las recomendaciones de los últimos años sobre la mejora de la trayectoria. Deben proseguir los esfuerzos para garantizar el aumento de los procesos judiciales y las condenas firmes, así como la lucha contra el blanqueo de capitales y el decomiso de activos derivados de delitos y otros bienes injustificados. En cuanto a la lucha contra el blanqueo de capitales, el Parlamento albanés adoptó en julio de 2019 un «paquete Moneyval» destinado a abordar las recomendaciones formuladas por Moneyval en su informe sobre Albania publicado en diciembre de 2018. Sin embargo, el 21 de febrero de 2020, el GAFI incluyó a Albania en una lista de seguimiento reforzado y propuso un Plan de Acción centrado en algunas recomendaciones pendientes. Albania ha asumido un compromiso político de alto nivel de trabajar con el GAFI para abordar dicho Plan de Acción y ha empezado a aplicar sus medidas. A este respecto, en julio de 2020 se aprobó en el Parlamento una nueva ley sobre el registro de beneficiarios efectivos. Se han realizado avances notables en la lucha contra el terrorismo y la prevención y la lucha contra el extremismo violento mediante la aplicación de los objetivos establecidos en el Plan de Acción Conjunto en materia de Lucha contra el Terrorismo para los Balcanes Occidentales y en el acuerdo bilateral de aplicación. Deben mantenerse los esfuerzos de aplicación, en particular en lo que se refiere a la lucha contra el blanqueo de capitales.

En cuanto a los derechos fundamentales, Albania cumple los instrumentos internacionales de derechos humanos y ha desarrollado su marco jurídico en consonancia con las normas europeas. Durante el período cubierto por el informe, Albania se esforzó por cumplir las obligaciones que se derivan en este contexto. No obstante, queda por reforzar la aplicación general. En cuanto a la aplicación de la Ley de la vivienda social, se aprobaron nueve actos jurídicos tras un amplio proceso de consulta. El marco jurídico en los ámbitos de los derechos del niño y la justicia de menores también se mejoró mediante actos subjurídicos. Se están realizando esfuerzos para llevar a cabo una reforma del sector agrícola y consolidar los derechos de propiedad. La Ley sobre la finalización de los procesos transitorios de propiedad se adoptó en marzo de 2020, teniendo en cuenta las recomendaciones del dictamen de la Comisión de Venecia de octubre de 2019. Deben proseguir los esfuerzos para avanzar en el proceso de registro y compensación. Albania debe adoptar rápidamente la legislación de aplicación restante relacionada con la Ley marco de protección de las minorías nacionales de 2017. También está preparando la ley sobre la aplicación del próximo censo. Es necesario avanzar rápidamente en este sentido y en el avance del proceso de registro de propiedades. Los ciudadanos pertenecientes a la minoría griega han manifestado su preocupación por los derechos de propiedad en la región costera meridional. Por lo que se refiere a la libertad de expresión, el país tiene cierto nivel de preparación o está moderadamente preparado. En diciembre de 2019, el Parlamento aprobó una serie de enmiendas a la Ley de Medios de Comunicación, con el objetivo de regular los medios de comunicación en línea y algunos aspectos de la difamación sobre los que, en junio de 2020, la Comisión de Venecia emitió un dictamen. Las enmiendas no cumplen las normas y principios internacionales de libertad de los medios y suscitan preocupación por el aumento de la censura y la autocensura, así como por los posibles retrocesos en la libertad de expresión en el país. Representantes de la mayoría gobernante se comprometieron públicamente a seguir las orientaciones del dictamen de la Comisión de Venecia. El proyecto de ley sobre medios de comunicación se está revisando actualmente a la luz del dictamen de la Comisión de Venecia.

Por lo que respecta a la migración, se han hecho algunos avances en cuanto a la mejora de la capacidad institucional en materia de gestión de fronteras y asilo. La capacidad de acogida para hacer frente a los flujos migratorios mixtos se reforzó aún más y siguió siendo suficiente para dar cabida al creciente número de llegadas. Albania es el primero de los países de los Balcanes Occidentales en los que ha entrado en vigor el Acuerdo sobre el estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con la UE (mayo de 2019). La operación conjunta de Frontex, que despliega equipos junto con guardias de fronteras albaneses en la frontera grecoalbanesa, ha demostrado su eficacia en el refuerzo de los controles fronterizos, la mejora de la seguridad en las fronteras exteriores de la UE y la lucha contra el tráfico de migrantes.

El número de solicitudes de asilo infundadas presentadas por nacionales albaneses en la UE ha disminuido, pero sigue siendo elevado y requiere esfuerzos continuos y sostenidos, en particular abordando el fenómeno de los menores no acompañados. Albania ha mantenido sus esfuerzos para hacer frente a las solicitudes de asilo infundadas presentadas por ciudadanos albaneses a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen.

En 2019 hubo alrededor de un 2,7 % menos de estas solicitudes de asilo infundadas que en 2018 y casi un 20 % menos que en 2017. La disminución continuó en los dos primeros meses de 2020 (antes de la COVID-19), con un 35 % menos que en el mismo período de 2019. En el período enero-mayo de 2020, se presentaron 3 305 solicitudes contra 10 375 en el mismo período de 2019, lo que representa una disminución de alrededor del 74 %. La tasa de reconocimiento (es decir, el número de solicitudes aceptadas expresado como porcentaje de todas las resoluciones) fue de alrededor del 6 %, es decir, 1,6 puntos porcentuales menos que en 2018.

Esta cuestión ha requerido y seguirá exigiendo esfuerzos sustanciales por parte de las autoridades albanesas. Además de las campañas de información sobre los derechos y obligaciones del régimen de exención de visados, inspecciones fronterizas exhaustivas, denegación de salida para los ciudadanos con medios y acciones insuficientes para abordar las razones subyacentes, las autoridades albanesas han reforzado el diálogo y la cooperación con los países más afectados. A este respecto, se han desplegado en la UE tres funcionarios de enlace de la policía albanesa para acelerar la repatriación a Albania, y en Tirana se encuentra un funcionario de enlace de la UE para asistir en los controles de salida.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Albania ha realizado algunos avances y está moderadamente preparada para desarrollar una economía de mercado viable. Mientras que el crecimiento del PIB se lentificó debido a una menor producción de energía hidroeléctrica, otros sectores obtuvieron buenos resultados y el desempleo siguió disminuyendo hasta mínimos históricos. Las exportaciones crecieron con fuerza y la ratio deuda pública/PIB siguió disminuyendo, pero siguió siendo elevada durante el período de referencia. Los bancos siguieron reduciendo el número de préstamos dudosos y los concedidos al sector privado repuntaron. Se han dado pasos hacia el desarrollo del mercado financiero, pero la intermediación financiera sigue siendo baja. La aplicación de una reforma de la justicia ha avanzado bien, pero aún no ha mejorado la seguridad jurídica para las empresas. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las debilidades estructurales y sus consecuencias económicas eliminan algunos de los avances.

Albania ha realizado algunos progresos y tiene un cierto nivel de preparación en cuanto a la capacidad para hacer frente a las presiones competitivas y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Las infraestructuras de energía, transporte y comunicación digital, así como los resultados educativos, han mejorado, pero siguen existiendo lagunas significativas en comparación con los niveles regional y europeo. La competitividad de Albania se ve obstaculizada por la falta de conocimientos empresariales y tecnológicos, un déficit significativo de cualificaciones, instituciones débiles y bajos niveles de inversión y calidad de las infraestructuras. La integración en las cadenas de valor internacionales y las exportaciones se mantuvieron por debajo de su potencial. Además, la consolidación de los derechos de propiedad y un catastro plenamente operativo son requisitos previos fundamentales para aumentar las inversiones y el acceso a la financiación, así como para lograr la competitividad de los sectores agrícola y turístico.

En el caso de las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional, Albania ha seguido participando activamente en la cooperación regional y mantiene relaciones de buena vecindad.

Albania ha seguido adaptando su legislación a los requisitos de la UE en una serie de ámbitos y ha mejorado así su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión. El país está moderadamente preparado en muchos ámbitos, como el control financiero, la educación y la cultura y las estadísticas, o tiene cierto nivel de preparación, en particular en los ámbitos de la contratación pública, la política social y el empleo y las redes transeuropeas. Albania deberá proseguir sus esfuerzos por lo que respecta a la preparación general para adoptar y aplicar el acervo de la UE. Para que haya un sistema de control interno del sector público que funcione debidamente, sigue siendo fundamental adoptar una política de control interno de las finanzas públicas y coordinar su aplicación con la actual reforma de la gestión de la Administración Pública y las finanzas públicas. Albania debe seguir trabajando en el desarrollo de las redes de transporte y energía, así como las medidas correspondientes de reforma en materia de conectividad, también con el fin de mejorar la conectividad en toda la región. Albania tiene que finalizar la adopción de la legislación secundaria para la aplicación de la reforma del empleo y reforzar la coordinación interinstitucional sobre las medidas que afectan a los grupos más vulnerables.

Es preciso reforzar la capacidad administrativa y las normas profesionales de los organismos encargados de la aplicación del acervo de la UE y salvaguardar la independencia de los organismos reguladores. Sigue siendo esencial reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, en particular garantizando el funcionamiento eficaz, eficiente y transparente del sistema de contratación pública y la gestión de las finanzas públicas. Albania ha seguido adaptándose plenamente a todas las posiciones y declaraciones de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE.

Bosnia y Herzegovina

Por lo que se refiere a los criterios políticos, durante la mayor parte del período de referencia la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina se vio bloqueada por razones políticas, lo que dio lugar a un retraso legislativo, y el Consejo de Ministros actuó en funciones, a la espera del nombramiento de un nuevo Gobierno, que no tuvo lugar hasta diciembre de 2019, 14 meses después de las elecciones generales. El Gobierno de la entidad federativa sigue estando en funciones. La Constitución de Bosnia y Herzegovina sigue vulnerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), según la jurisprudencia relativa al asunto Sejdić-Finci y asuntos conexos. No se ha avanzado en la mejora del marco electoral en consonancia con las normas europeas y en la transparencia de la financiación de los partidos políticos. Las enmiendas aprobadas en julio de 2020 deberían permitir la celebración de elecciones locales en Mostar por primera vez desde 2008. También se está preparando la creación de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación, así como la elaboración y adopción de un programa nacional para la adopción del acervo de la UE. No se ha avanzado en la garantía de un entorno propicio para la sociedad civil. Queda por garantizar la celebración de consultas significativas y sistemáticas con la sociedad civil.

Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase precoz de la reforma de la Administración Pública y no se ha avanzado en garantizar una función pública profesional y despolitizada ni un enfoque coordinado a escala nacional para la elaboración de políticas. Todos los niveles del Gobierno adoptaron el marco estratégico para la reforma de la Administración y ahora tienen que adoptar el Plan de Acción correspondiente. Todavía no se ha creado un órgano político que coordine dicha reforma. Para garantizar una función pública profesional, sus procedimientos deben basarse en los principios del mérito y estar libres de injerencias políticas.

Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase inicial o tiene cierto nivel de preparación en el ámbito del poder judicial. No se ha avanzado en este campo durante el período cubierto por el informe. No se tomaron las medidas adecuadas para abordar las conclusiones del informe de expertos sobre cuestiones relativas al Estado de Derecho. Las reformas en materia de integridad han encontrado resistencia en el seno del poder judicial. Los signos evidentes de deterioro requieren medidas urgentes para reforzar la integridad y recuperar la confianza de los ciudadanos en el poder judicial, empezando por un sistema creíble y riguroso de verificación de los estados financieros de los titulares de cargos judiciales. Los obstáculos a las reformas judiciales por parte de los actores políticos y del poder judicial y el mal funcionamiento de este socavan el disfrute de los derechos de los ciudadanos y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.

Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase inicial/tiene un cierto nivel de preparación en materia de prevención y lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. No se ha avanzado en el cumplimiento de las prioridades clave del Dictamen ni de las recomendaciones de 2019 en este ámbito, ni de las conclusiones del informe de expertos sobre cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. La corrupción sigue estando muy extendida y constituye una grave preocupación, ya que todos los niveles de Gobierno muestran signos de existencia de redes clientelares que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. Existen deficiencias sistémicas en la cooperación operativa de las fuerzas de seguridad y un intercambio de información muy limitado; la policía es vulnerable a las injerencias políticas. Las investigaciones financieras y los embargos de activos son en gran medida ineficaces. El punto de contacto para la cooperación con Europol todavía no está operativo. No se han tomado medidas para establecer la cooperación con Eurojust. El país debe mejorar su capacidad y proseguir sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas.

Por lo que se refiere a los derechos fundamentales, mientras que el marco legislativo e institucional ya existe en gran medida, queda por adoptar un marco estratégico general. Se tomaron algunas medidas. Más concretamente, el Tribunal Constitucional derogó la disposición sobre la pena de muerte en la constitución de la entidad República Srpska, y el primer desfile del Orgullo LGBTI tuvo lugar pacíficamente en Sarajevo. Siguen existiendo retos en relación con la libertad de reunión, especialmente en la entidad República Srpska. Son necesarias reformas significativas para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos, superar la práctica de «dos escuelas bajo un mismo techo» y garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos. No se ha avanzado en la garantía de la libertad de expresión y de los medios de comunicación ni en la protección de los periodistas garantizando un seguimiento judicial adecuado de los casos de amenazas y violencia contra periodistas y trabajadores de los medios, y garantizando la sostenibilidad financiera del sistema público de radiodifusión.

La UE ha prestado un apoyo considerable a Bosnia y Herzegovina para gestionar la migración. La UE insta a las autoridades a que tomen urgentemente todas las medidas necesarias para evitar que se produzca una crisis humanitaria. La UE espera asimismo que se investiguen debidamente las violaciones de la ley. Bosnia y Herzegovina debe garantizar una coordinación eficaz, a todos los niveles, de la gestión de las fronteras y de la capacidad de gestión de la migración, así como del funcionamiento del sistema de asilo.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Bosnia y Herzegovina ha realizado avances limitados y se encuentra en una fase inicial de implantación de una economía de mercado operativa. La calidad de la gobernanza económica sufrió retrasos en la formación del Gobierno y una cooperación insuficiente a nivel de entidad y Estado, paralizando, entre otras cosas, los avances hacia la mejora del entorno empresarial, que se ve frenado por deficiencias significativas, en particular en los procedimientos de entrada y salida del mercado, el Estado de Derecho y las instituciones de supervisión y regulación. El crecimiento económico se benefició de una fuerte demanda interna, como consecuencia de las considerables entradas de remesas de trabajadores y de la baja inflación. El sector público siguió estando sobredimensionado y siendo ineficiente. El sector financiero se mantuvo estable y los préstamos aumentaron, mientras que el desempleo ha disminuido, debido, en parte, a la considerable salida de mano de obra. Sin embargo, el impacto económico de la COVID-19 dio lugar a una fuerte caída de la actividad económica y a un marcado deterioro del mercado de trabajo.

Bosnia y Herzegovina ha realizado avances limitados y se encuentra en una fase inicial en términos de capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado en la UE. La calidad general de la educación siguió siendo baja, mientras que las medidas para mejorar las infraestructuras de transporte y energía han seguido siendo insuficientes. El grado de ajuste estructural ha sido limitado, aunque se ha producido cierta diversificación en la estructura comercial del país.

Bosnia y Herzegovina ha seguido participando activamente en la cooperación regional y mantiene buenas relaciones de vecindad. Se han realizado progresos en la adaptación a la política exterior y de seguridad común de la UE, que deben continuar.

En general, Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase inicial o tiene un cierto nivel en lo que respecta a su nivel de preparación y capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión a la UE, y debe acelerar significativamente el proceso para adaptarse al acervo de la UE y aplicar y hacer cumplir la legislación conexa. Durante el período de referencia no se logró ningún progreso en los distintos capítulos del acervo de la UE. Se debe prestar especial atención a los ámbitos de la libre circulación de mercancías, el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, la sociedad de la información y los medios de comunicación, la agricultura y el desarrollo rural, la pesca, la política de transporte, la energía, la política económica y monetaria, las estadísticas, la política social y el empleo, la política empresarial e industrial, la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, la educación y la cultura, la protección de los consumidores y la salud, y el control financiero.

Kosovo

Por lo que se refiere a los criterios políticos, el período de referencia estuvo marcado por elecciones legislativas anticipadas, dos cambios de Gobierno y períodos relativamente largos en los que solo había un Gobierno en funciones. Debido a este contexto político volátil y a la atención necesaria a la respuesta a la pandemia, los avances en las reformas relacionadas con la UE en Kosovo fueron limitados.

Tras la dimisión del entonces primer ministro Ramush Haradinaj en julio de 2019, en octubre de 2019 se celebraron elecciones legislativas anticipadas, con una participación más elevada que en las anteriores. La nueva Asamblea se constituyó en diciembre de 2019 y el 3 de febrero de 2020 entró en funciones un nuevo Gobierno encabezado por el primer ministro Albin Kurti, con el compromiso declarado de proseguir las reformas relacionadas con la UE, fomentar el desarrollo económico y luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada. Sin embargo, este Gobierno fue destituido menos de dos meses después, mediante un voto de censura, tras los desacuerdos entre los socios de la coalición. La votación de la falta de confianza dio lugar a una crisis política, en particular en relación con los procedimientos constitucionales relativos a la formación de un nuevo Gobierno. Después de que el Tribunal Constitucional aclarara la cuestión, el 3 de junio de 2020 entró en funciones un nuevo Gobierno dirigido por el primer ministro Avdullah Hoti.

Durante el período cubierto por el informe, la Asamblea no mejoró su papel de foro para un diálogo político constructivo y una representación política, como demuestra, en particular, la frecuente falta de quorum. Sin embargo, durante la nueva legislatura se han producido algunas mejoras en la organización del trabajo. La Asamblea debe dar prioridad a las reformas relacionadas con la UE y garantizar las mejores prácticas parlamentarias.

Las elecciones legislativas de octubre de 2019 fueron, en general, bien administradas y transparentes, pero el proceso de recuento de votos puso de manifiesto vulnerabilidades. La campaña fue competitiva, excepto en las zonas serbias de Kosovo, donde el ambiente de campaña se vio empañado por intimidaciones contra candidatos y simpatizantes no pertenecientes a Srpska Lista. Es necesario abordar urgentemente las deficiencias recurrentes del proceso electoral, en consonancia con las recomendaciones de varias misiones de observación electoral de la UE.

La situación en el norte de Kosovo sigue siendo difícil, en particular en lo que se refiere a la corrupción, la delincuencia organizada y las condiciones para la libertad de expresión.

Existe un cierto nivel de preparación en el ámbito de la reforma de la Administración Pública. Durante el período cubierto por el informe se realizaron avances limitados en el aumento de la transparencia en la Administración y en los procedimientos de contratación pública. La aplicación del paquete de tres leyes de reforma de la Administración adoptadas en febrero de 2019 se estancó como consecuencia de la situación política y de la solicitud de revisión constitucional de la Ley sobre salarios y la Ley relativa a los funcionarios públicos. El 30 de junio de 2020, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley sobre salarios en su totalidad y dictaminó que la Ley relativa a los funcionarios públicos debía modificarse para que entrara plenamente en vigor. La Ley sobre la organización y el funcionamiento de la Administración del Estado está plenamente en vigor y su aplicación debe continuar. La escasa coordinación central e interministerial sigue siendo un reto para la aplicación general de la reforma. Durante el período de referencia, las contrataciones de personas sin méritos suficientes siguieron siendo motivo de preocupación, mientras que la elaboración de políticas inclusivas y basadas en datos contrastados se vio obstaculizada por decisiones ad hoc, a menudo influidas por intereses especiales. Las autoridades kosovares deben garantizar que la reforma de la Administración Pública sigue siendo una prioridad y basarse en los progresos realizados hasta la fecha.

El sistema judicial de Kosovo se encuentra en una fase inicial de preparación. Se han logrado avances con la aplicación parcial de la legislación relacionada con el Estado de Derecho, incluida la Ley sobre la responsabilidad disciplinaria de los jueces y fiscales y la Ley de mediación, y con el avance de la implantación de un sistema electrónico de gestión de casos y un registro central de antecedentes penales. El poder judicial sigue siendo vulnerable a injerencias políticas indebidas. La revisión funcional en curso del sector del Estado de Derecho ha facilitado una base sólida para reformar y modernizar diversos aspectos del poder judicial. Las autoridades kosovares deben avanzar ahora en esta labor. La Administración de Justicia aún es lenta e ineficiente, y las instituciones del Estado de Derecho necesitan un apoyo continuado para desarrollar sus capacidades. La pandemia de COVID-19 limitó la celebración de vistas judiciales en Kosovo; sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal especifica que si no se celebran audiencias durante tres meses, el juicio debe reanudarse. Un número importante de procesos penales (incluidos los de alto nivel) puede verse afectado por esta norma. Las autoridades de Kosovo deben hacer un seguimiento de esta cuestión y adoptar las medidas necesarias para garantizar una Administración de Justicia eficaz y eficiente. Kosovo se encuentra en una fase inicial/tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción y ha realizado avances limitados en este ámbito, en particular en lo que se refiere a la investigación y el enjuiciamiento de casos de alto nivel, la confiscación de activos y la creación de secciones especiales para asuntos de corrupción de alto nivel (y delincuencia organizada) en los tribunales. Las confiscaciones definitivas de bienes y la capacidad general de la Fiscalía, también en lo que se refiere al personal de apoyo, siguen siendo bajas. La corrupción está muy extendida y sigue siendo motivo de grave preocupación. Es necesaria una firme voluntad política para abordar eficazmente los problemas de corrupción, así como una respuesta firme de la justicia penal a la corrupción de alto nivel. La adopción de la Ley de enjuiciamiento criminal revisada sigue pendiente, mientras que la revisión de la legislación sobre financiación de los partidos políticos se retrasó.

Kosovo se encuentra en una fase inicial de lucha contra la delincuencia organizada. Los avances han incluido la investigación y el enjuiciamiento de casos de alto nivel, la contratación de personal adicional para la Fiscalía Especial y la formación y sensibilización sobre la inmovilización de activos. Sin embargo, el progreso general ha sido limitado. Todavía hay pocas investigaciones financieras, confiscaciones definitivas de bienes y condenas firmes. Son necesarias medidas para garantizar estrictamente que no haya injerencia política en las actividades operativas de los órganos policiales y la fiscalía. La situación en el norte de Kosovo respecto a la delincuencia organizada sigue planteando problemas a las fuerzas de seguridad.

En julio de 2020 Europol y la Policía de Kosovo celebraron un acuerdo de trabajo. Kosovo era el único socio de los Balcanes Occidentales sin ninguna cooperación estructurada y formalizada con Europol, lo que creó una brecha significativa. El acuerdo constituirá la base para una mayor cooperación entre la Policía de Kosovo, Europol y los Estados miembros de la UE, en particular en la lucha contra el terrorismo y el extremismo, así como la delincuencia organizada.

Se ha avanzado en la lucha contra el terrorismo, en consonancia con los objetivos establecidos en el acuerdo de ejecución UE-Kosovo para el Plan de Acción Conjunto en materia de Lucha contra el Terrorismo en los Balcanes Occidentales, especialmente en lo que se refiere a la rehabilitación y reintegración de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias. Las autoridades kosovares deben ser más eficaces en sus esfuerzos por combatir el blanqueo de capitales, y debe armonizarse la legislación pertinente con el acervo de la UE y las normas internacionales.

El marco jurídico garantiza de forma genérica la protección de los derechos humanos y fundamentales, en consonancia con las normas europeas. Sin embargo, la aplicación de la legislación y las estrategias en materia de derechos humanos se ve a menudo desvirtuada por la inadecuación de los recursos financieros y de otro tipo, especialmente en el ámbito local, por las deficiencias en el establecimiento de prioridades políticas y por la falta de coordinación. Sigue habiendo una gran dependencia respecto de las donaciones extranjeras. La adopción de la Ley de protección de la infancia cumplió una de las recomendaciones del informe del año pasado. Es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar efectivamente los derechos de las personas pertenecientes a minorías, incluidos los romaníes y ashkalíes y las personas desplazadas, para garantizar la igualdad de género en la práctica y para promover la protección del patrimonio cultural. Kosovo tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la libertad de expresión, consagrada en la Constitución. Goza de un entorno mediático pluralista y dinámico. Las instituciones del Estado de Derecho deben proseguir sus esfuerzos para hacer un seguimiento de las amenazas y los ataques contra periodistas. El organismo público de radiodifusión sigue siendo vulnerable a la influencia política y aún debe encontrarse una solución sostenible para su financiación.

Las autoridades de Kosovo han avanzado en la gestión tanto de la migración regular como de los flujos migratorios mixtos. Kosovo activó su plan de contingencia debido a la afluencia de solicitantes de asilo y migrantes irregulares. Sus esfuerzos deben continuar y redoblarse.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Kosovo se encuentra en una fase inicial y ha avanzado poco en el desarrollo de una economía de mercado operativa. El sólido crecimiento económico continuó en 2019, pero la difícil situación del mercado de trabajo y la falta de diversificación económica siguen siendo un reto. Aunque el Gobierno se adhirió a la norma presupuestaria en 2019, la composición del gasto público se ha deteriorado aún más. La disminución del gasto de capital, el aumento de las presiones relacionadas con las prestaciones sociales no orientadas a combatir la pobreza y el aumento de los salarios públicos plantean riesgos para las finanzas públicas y obstaculizan el desarrollo del sector privado. El entorno empresarial experimentó mejoras escasas. El desarrollo del sector privado sigue estando limitado por una economía informal generalizada, un poder judicial lento e ineficiente, una alta prevalencia de la corrupción y la debilidad general del Estado de Derecho. Las perspectivas económicas de Kosovo empezaron a deteriorarse rápidamente en la primavera de 2020, ya que las medidas de cuarentena de la COVID-19 perturbaron los flujos financieros con la diáspora. Kosovo se encuentra en una fase inicial y ha avanzado poco en términos de capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado en la UE. La calidad de la educación sigue siendo motivo de preocupación. Kosovo ha realizado algunos avances en la mejora de la infraestructura viaria, pero existen grandes lagunas en la infraestructura ferroviaria y energética. Aunque las inversiones en energías renovables están aumentando gradualmente, Kosovo sigue dependiendo de un sistema de producción de energía predominantemente basado en el carbón, anticuado y poco fiable. Kosovo ha logrado algunos progresos en la digitalización de la economía. La estructura sectorial de la economía se está desplazando hacia actividades no exportables, que influyen en la competitividad y el crecimiento de las exportaciones de mercancías.

En el caso de las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional, Kosovo ha seguido participando en la mayoría de los foros regionales. En abril de 2020, el Gobierno levantó los aranceles impuestos desde noviembre de 2018 a las importaciones procedentes de Serbia y Bosnia y Herzegovina, y el 6 de junio se suprimieron todas las medidas de reciprocidad. Esto ha permitido restablecer el comercio con Serbia y Bosnia y Herzegovina y reanudar el diálogo entre Belgrado y Pristina facilitado por la UE.

En cuanto a la normalización de las relaciones con Serbia, el diálogo facilitado por la UE se reanudó con reuniones de alto nivel los días 12 y 16 de julio y 7 de septiembre de 2020. En Bruselas se celebraron varias reuniones de expertos. Kosovo debe redoblar sus esfuerzos y contribuir a alcanzar un acuerdo general jurídicamente vinculante con Serbia. Es urgente y crucial que se celebre tal acuerdo para que Kosovo y Serbia puedan avanzar en sus respectivas trayectorias de adhesión a la UE.

Por lo que se refiere a la adaptación a las normas europeas, Kosovo tiene en general un cierto nivel de preparación. La adaptación legislativa ha continuado en algunos ámbitos, pero su aplicación suele ser deficiente. Se han realizado avances notables en el ámbito de la fiscalidad, también en lo que se refiere a la recaudación de ingresos, y algunos avances en el ámbito de la libre circulación de mercancías, servicios y capitales, así como en los servicios financieros, la contratación pública y la competencia. También se ha avanzado en el ámbito de la energía, en particular con medidas de eficiencia energética en el sector público y un aumento gradual de las inversiones en energías renovables. Se han logrado avances limitados en el tratamiento de las cuestiones medioambientales. No se ha avanzado en el ámbito de la educación y la calidad de la educación debe mejorarse considerablemente. En general, Kosovo debe mejorar su capacidad administrativa y su coordinación, en todos los sectores, para garantizar la aplicación efectiva del acervo de la UE.

Turquía

A pesar del levantamiento del estado de emergencia en julio de 2018, los efectos adversos de dos años de régimen de emergencia siguieron afectando significativamente a la democracia y los derechos fundamentales. Algunas disposiciones legales que confieren competencias extraordinarias a las autoridades y mantienen varios elementos restrictivos de la norma de emergencia se han integrado en la legislación. Aún no se han abordado las principales recomendaciones del Consejo de Europa y de sus órganos. Las acusaciones de irregularidades deben abordarse a través de procedimientos transparentes y de forma individual. La responsabilidad penal individual solo puede establecerse respetando escrupulosamente la separación de poderes, la plena independencia del poder judicial y el derecho de toda persona a un proceso y un juicio justos.

La arquitectura constitucional continuó centralizando los poderes a nivel de la Presidencia sin garantizar una separación sólida y efectiva entre ejecutivo, legislativo y judicial. A falta de un mecanismo eficaz de control y equilibrio, la responsabilidad democrática del Ejecutivo sigue limitada a las elecciones. En estas condiciones, continuó el grave retroceso del respeto de las normas democráticas, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales. La polarización política siguió impidiendo un diálogo parlamentario constructivo. El control parlamentario del Ejecutivo siguió siendo débil. En el marco del sistema presidencial, muchas autoridades reguladoras y el Banco Central están vinculados directamente a la Presidencia, lo que socava su independencia.

El candidato de la oposición ganó las nuevas elecciones a la alcaldía metropolitana de Estambul el 23 de junio de 2019. Aunque las elecciones se organizaron adecuadamente, se caracterizaron por una pluralidad limitada para los medios de comunicación democráticos y unas condiciones que objetivamente no eran justas para todos los partidos políticos y candidatos en todos los aspectos. Turquía debe tomar medidas para mejorar el marco general de las elecciones, garantizando la igualdad de condiciones para todos los candidatos y protegiendo la integridad del proceso electoral. La aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Venecia es crucial a este respecto.

La situación en el sudeste sigue siendo muy preocupante, a pesar de la mejora de la seguridad. La sustitución de 47 alcaldes municipales del HDP elegidos democráticamente por administradores designados a nivel central en el sudeste pone en tela de juicio los resultados del proceso democrático de las elecciones locales del 31 de marzo de 2019. Las detenciones y destituciones de alcaldes electos y representantes del partido continuaron y dañaron gravemente la democracia local. El Gobierno ha proseguido las operaciones de seguridad ante los actos violentos recurrentes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que todavía figura en la lista de la UE de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas. Si bien el Gobierno tiene un derecho legítimo a combatir el terrorismo, también es responsable de garantizar que se haga de conformidad con el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las medidas antiterroristas deben ser proporcionadas. Si bien ha habido cierta reconstrucción, solo unos pocos desplazados internos han recibido indemnizaciones. No ha habido ningún progreso visible en cuanto a la reanudación de un proceso político creíble para alcanzar una solución pacífica y duradera.

La sociedad civil se vio sometida a una presión constante y su espacio para operar libremente ha seguido disminuyendo. El juicio de Gezi y la detención preventiva continuada de Osman Kavala, pese a la existencia de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se pedía su liberación, tuvieron un efecto disuasorio. Las dificultades administrativas que sufren las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales siguieron obstaculizando las actividades de la sociedad civil, que siguen excluidas de unos reales procesos de consulta legislativa.

El marco jurídico e institucional que rige el sector de la seguridad y la inteligencia se mantuvo sin cambios, con el refuerzo de la supervisión civil de las fuerzas de seguridad bajo el sistema presidencial.

Turquía tiene un cierto nivel de preparación/está moderadamente preparada en lo tocante a la reforma de la Administración Pública. Se produjo un retroceso durante el período de referencia. La importante reestructuración de la Administración y de la función pública tras el cambio al sistema presidencial en 2018 siguió teniendo un impacto negativo en el desarrollo de políticas, la rendición de cuentas de la Administración y la gestión de los recursos humanos, aunque la coordinación política entre las instituciones del Gobierno central siguió siendo intensa. Los cambios en el sistema de la función pública han aumentado la politización de la Administración. No se tomaron medidas para desarrollar una estrategia general de reforma de la Administración ni un programa general de reforma de la gestión de las finanzas públicas. Aún debe preverse un recurso efectivo para los despidos a gran escala producidos durante el estado de emergencia. Sigue habiendo dudas sobre hasta qué punto la comisión de investigación es un recurso judicial efectivo.

El sistema judicial de Turquía se encuentra en una fase inicial de preparación y se ha producido un grave retroceso durante el período de referencia. Persiste la preocupación, en particular por la falta sistemática de independencia del poder judicial. En mayo de 2019 el presidente anunció la estrategia de reforma judicial para 2019-2023. Sin embargo, no aborda las principales deficiencias en relación con la independencia del poder judicial. No se anunció ninguna medida para resolver las preocupaciones señaladas por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ni en los informes anuales por país de la Comisión Europea. Existe preocupación por el hecho de que las destituciones sin el debido respeto por los procedimientos hayan provocado autocensura e intimidación en el poder judicial. No se adoptaron medidas para modificar la estructura y el proceso de selección de los miembros del Consejo de Jueces y Fiscales con objeto de reforzar su independencia. Persiste la preocupación relativa a la falta de criterios objetivos, basados en el mérito, uniformes y preestablecidos para la contratación y promoción de jueces y fiscales. No se han introducido cambios en la institución de los jueces de paz en materia penal, de modo que subsisten dudas sobre su jurisdicción y su práctica.

Por lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, Turquía se mantuvo en una fase inicial y no logró ningún avance en el período cubierto por el informe. El país siguió careciendo de organismos preventivos al efecto. Las deficiencias del marco jurídico y la arquitectura institucional permitieron una influencia política indebida en las fases de investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción. Es necesario mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones públicas. La ausencia de una estrategia y un Plan de Acción en materia de lucha contra la corrupción puso de manifiesto la falta de voluntad política para luchar con decisión. En general, la corrupción está muy extendida y sigue siendo motivo de preocupación.

Turquía tiene un cierto nivel de preparación en la lucha contra la delincuencia organizada y los avances han sido limitados. En mayo de 2019 se adoptó el Plan de Acción Nacional 2019-2021 para la aplicación de la estrategia nacional de lucha contra la delincuencia organizada 2016-2021. La cooperación entre Europol y Turquía se basa en un Acuerdo Estratégico de Cooperación, que entró en vigor en julio de 2004. Las negociaciones relativas a un acuerdo de cooperación operativa sobre el intercambio de datos personales entre Europol y Turquía estaban en curso, lo que obliga a Turquía a adaptar su legislación en materia de protección de datos a las normas europeas. Turquía debería mejorar el desmantelamiento de redes delictivas y el decomiso de los activos de origen delictivo. Es necesario mejorar el marco jurídico que regula la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como esfuerzos para mejorar la legislación sobre ciberdelincuencia, confiscación de activos y protección de testigos. Desde 2010 está en vigor un acuerdo de cooperación con la CEPOL.

Continuó el deterioro de los derechos humanos y fundamentales. Muchas de las medidas introducidas durante el estado de emergencia permanecieron en vigor y siguieron teniendo un impacto profundo y devastador. El marco jurídico incluye garantías generales de respeto de los derechos humanos y fundamentales, pero la legislación y la práctica aún deben adaptarse al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La falta de independencia institucional, la lentitud de los procedimientos de recurso, la ausencia de criterios suficientemente individualizados y la ausencia de medios de defensa adecuados arrojan serias dudas sobre la capacidad de la comisión de investigación como recurso efectivo contra los despidos. La legislación introducida inmediatamente después del levantamiento del estado de emergencia eliminó salvaguardias cruciales que protegen a los detenidos de los abusos, aumentando así el riesgo de impunidad. La aplicación de los derechos se ve obstaculizada por la fragmentación y la limitada independencia de las instituciones públicas responsables de la protección de los derechos humanos y las libertades, y agravada por la falta de un poder judicial independiente. Las restricciones y la vigilancia de las actividades de periodistas, escritores, abogados, académicos, defensores de los derechos humanos y voces críticas tienen un efecto negativo en el ejercicio de estas libertades y conducen a la autocensura. Se siguieron denunciando acusaciones creíbles de tortura y malos tratos. A la luz de la pandemia de COVID-19, un controvertido paquete legislativo preveía la puesta en libertad condicional de hasta 90 000 presos; hasta julio, ya estaban en la calle 65 000 de ellos. Sin embargo, se excluyó a los detenidos en prisión preventiva por presuntos delitos relacionados con el terrorismo, incluidos abogados, periodistas, políticos y defensores de los derechos humanos.

Ha proseguido el grave retroceso en la libertad de expresión. La aplicación desproporcionada de las medidas restrictivas siguió afectando negativamente a la libertad de expresión y de difusión de las voces de la oposición. Prosiguieron los procesos penales y las condenas de periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados, escritores y redes sociales. La prohibición de Wikipedia se levantó en diciembre de 2019, pero continuó el bloqueo y la supresión de contenidos en línea sin una orden judicial por una gama inadecuada de motivos. Se produjo un nuevo retroceso en el ámbito de la libertad de reunión y asociación a la luz de las prohibiciones recurrentes, las intervenciones desproporcionadas en manifestaciones pacíficas, investigaciones, multas administrativas y enjuiciamientos contra manifestantes acusados de «actividades relacionadas con el terrorismo».

Los derechos de los grupos más desfavorecidos y de las personas pertenecientes a minorías necesitan una mejor protección. Los gitanos, que siguen teniendo unas condiciones de vivienda deplorables, a menudo carecen de los servicios públicos básicos y dependen de las prestaciones sociales. Los proyectos de renovación urbana afectan principalmente a sus asentamientos, lo que obliga al desplazamiento de familias enteras. La violencia de género, la discriminación, la incitación al odio contra las minorías, los delitos motivados por el odio y las violaciones de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) siguen siendo motivo de grave preocupación.

En el ámbito de la política de migración y asilo, Turquía ha realizado algunos avances. A lo largo de 2019, se comprometió a aplicar la Declaración UE-Turquía de marzo de 2016 y desempeñó un papel clave para garantizar una gestión eficaz de los flujos migratorios en la ruta del Mediterráneo Oriental. Turquía ha mantenido sus extraordinarios esfuerzos para prestar ayuda humanitaria sin precedentes y apoyo a más de 3,6 millones de refugiados registrados procedentes de Siria y a unos 370 000 de otros países, acogiendo así a la mayor comunidad de refugiados del mundo. Sin embargo, en marzo de 2020, Turquía animó activamente a los migrantes y refugiados a tomar la ruta terrestre hacia Europa a través de Grecia. Esto dio lugar a la creación de un campamento informal en uno de los pasos fronterizos grecoturcos en Pazarkule, que acogió a cerca de 60 000 migrantes y refugiados en condiciones difíciles. En marzo, las autoridades turcas organizaron el transporte para los migrantes y refugiados fuera de la zona fronteriza y cerraron las fronteras con Grecia y Bulgaria, excepto para el tráfico comercial debido a la pandemia de COVID-19. No obstante, el ministro del Interior turco indicó que esta medida no significaba un cambio en la política turca de permitir la salida de migrantes por sus fronteras y que el Gobierno no tenía intención de impedírselo a cualquiera que deseara abandonar Turquía. Si bien la UE reconoció el aumento de la carga migratoria y los riesgos a los que se enfrentaba Turquía en su territorio y los importantes esfuerzos que realizaba para acoger refugiados, rechazó enérgicamente el uso de la presión migratoria por parte de Turquía con fines políticos. En general, el número de cruces ilegales de fronteras entre Turquía y Grecia siguió siendo significativamente inferior al registrado antes de la adopción de la Declaración UE-Turquía.

La presencia prolongada de refugiados en el país requiere medidas de integración eficaces para evitar tensiones sociales. Las autoridades deberían aumentar el acceso a la salud pública para los migrantes y refugiados. En 2019 se adoptó una enmienda general a la Ley de extranjería y protección internacional. Turquía sigue sin aplicar el Acuerdo de readmisión UE-Turquía con respecto a todos los Estados miembros, ni las disposiciones relativas a los nacionales de terceros países. A pesar de la aceleración anunciada de los trabajos sobre la liberalización de visados, aún no se han cumplido los criterios de referencia para la liberalización y siguen pendientes enmiendas a la ley antiterrorista y a la legislación en materia de protección de datos. Turquía debe seguir adaptando su legislación al acervo de la UE en materia de política de visados.

La política exterior turca chocó cada vez más con las prioridades de la UE en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. Las tensiones en la región del Mediterráneo Oriental aumentaron en el período de referencia como consecuencia de las acciones ilegales y las declaraciones provocadoras de Turquía en las que se cuestionaba el derecho de la República de Chipre a explotar recursos de hidrocarburos en la zona económica exclusiva de la República de Chipre. Turquía desplegó dos buques de perforación y dos sísmicos en la zona económica exclusiva de Chipre, incluidas las zonas donde el Gobierno chipriota ha concedido licencias a empresas europeas de petróleo y gas, así como en el mar territorial chipriota. Las fuerzas armadas turcas acompañaron a los buques de perforación y sísmicos durante sus operaciones, lo que supone una grave amenaza para la seguridad de la región. Turquía también cuestionó el estatuto de la ciudad vallada de Varosha.

La UE ha subrayado reiteradamente la necesidad de respetar los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE, que incluyen la celebración de acuerdos bilaterales y la exploración y explotación de sus recursos naturales de conformidad con el acervo de la UE y el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Turquía debe comprometerse inequívocamente con las relaciones de buena vecindad, los acuerdos internacionales y la resolución pacífica de controversias de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, recurriendo, en caso necesario, a la Corte Internacional de Justicia. A la luz de sus actividades de perforación no autorizadas en el Mediterráneo Oriental, en julio de 2019 el Consejo decidió una serie de medidas, entre ellas no celebrar por el momento el Consejo de Asociación UE-Turquía, así como otras reuniones de los diálogos de alto nivel. Además, en noviembre de 2019 la UE adoptó un marco para medidas específicas contra Turquía y decidió, en febrero de 2020, añadir dos personas a la lista de designaciones con arreglo a este marco de sanciones.

El 1 de octubre de 2020, el Consejo Europeo declaró que, siempre que se mantengan los esfuerzos constructivos para poner fin a las actividades ilegales con respecto a Grecia y Chipre, el Consejo Europeo acordaría poner en marcha una agenda política positiva UE-Turquía, con especial hincapié en la modernización de la unión aduanera y la facilitación del comercio, los contactos interpersonales, los diálogos de alto nivel y la continuación de la cooperación en materia de migración, en consonancia con la Declaración UE-Turquía de 2016. El Consejo Europeo también subrayó que, en caso de nuevas acciones unilaterales o provocaciones que vulneren el derecho internacional, la UE utilizará todos los instrumentos y las opciones a su disposición, entre ellas el artículo 29 del TUE y el artículo 215 del TFUE, para defender sus intereses y los de sus Estados miembros.

Turquía sigue sin cumplir su obligación de garantizar la aplicación plena y no discriminatoria del Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación UE-Turquía y no ha eliminado todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones a las conexiones directas de transporte con Chipre. No ha habido avances en la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre.

La firma de un memorando de acuerdo bilateral sobre la delimitación de las zonas de jurisdicción marítima entre Turquía y el Gobierno de Consenso Nacional de Libia en noviembre de 2019 aumentó las tensiones en el Mediterráneo Oriental, al ignorar los derechos soberanos de las islas griegas en la zona en cuestión. Se produjo un fuerte aumento de las acciones provocadoras por parte de Turquía hacia Grecia, en particular los sobrevuelos turcos de zonas habitadas griegas. A este respecto, el Consejo Europeo de diciembre de 2019 reafirmó inequívocamente su solidaridad con Grecia y Chipre en relación con las acciones de Turquía en el Mediterráneo Oriental y el mar Egeo. Destaca que el memorando vulnera los derechos soberanos de terceros Estados, no respeta la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y no puede tener consecuencias jurídicas para terceros Estados. En mayo de 2020, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE reafirmaron la posición de la UE sobre las continuas actividades ilegales de Turquía en el Mediterráneo Oriental, así como sobre el comportamiento provocador y agresivo de Turquía en relación con Chipre y Grecia, subrayando que el cese de acciones unilaterales es un elemento básico para permitir el diálogo entre la UE y Turquía y que las acciones ilegales de Turquía tienen graves repercusiones negativas en toda la gama de relaciones entre la UE y Turquía. En octubre de 2020, el Consejo Europeo instó a Turquía a aceptar la invitación de Chipre a entablar un diálogo con el objetivo de resolver todos los litigios marítimos entre Turquía y Chipre.

La UE condenó la acción militar unilateral de Turquía en el noreste de Siria e instó a Turquía a poner fin a su acción militar, a retirar sus fuerzas y a respetar el derecho internacional humanitario. La gran mayoría de los Estados miembros decidió suspender las licencias de exportación de armas a Turquía. Tras los ataques aéreos contra las tropas turcas en la provincia de Idlib a finales de febrero de 2020, Turquía puso en marcha la operación militar «Escudo de primavera» en la zona. Turquía y Rusia acordaron en marzo de 2020 un alto el fuego que estabilizó la primera línea en el noroeste de Siria, estableció un nuevo corredor a lo largo de la autopista M4 y creó un marco para patrullas militares conjuntas rusoturcas. Turquía mantuvo sus puestos de observación militar sobre el terreno, incluidos los situados en territorios actualmente controlados por el régimen sirio, e introdujo nuevos refuerzos en la región. Turquía siguió aumentando significativamente su participación militar en el conflicto de Libia, lo que contribuyó a revertir la situación sobre el terreno.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, la economía turca está muy avanzada, pero no ha progresado durante el período cubierto por el informe y persisten serias preocupaciones en cuanto a su funcionamiento. Repuntó a partir del verano de 2018, con una fuerte depreciación de la moneda y la recesión resultante más rápidamente de lo esperado, gracias a las políticas expansionistas y a la fuerte contribución de la demanda exterior neta. Sin embargo, la recuperación siguió siendo frágil, dada la debilidad del mercado de trabajo y la necesidad de sanear los balances de las empresas. A medida que se desencadenó la crisis de la COVID-19, las autoridades adoptaron una serie de medidas para amortiguar el impacto económico de la pandemia, incluida una importante expansión monetaria. No obstante, estas medidas se vieron limitadas por un margen político limitado, en particular en el ámbito fiscal, y por deficiencias institucionales. La balanza por cuenta corriente, que había mejorado notablemente desde 2017, empezó a deteriorarse de nuevo a finales de 2019, lo que provocó un aumento considerable de los derechos de importación y de las barreras no arancelarias. Debido a las elevadas necesidades de financiación exterior, Turquía siguió expuesta a cambios rápidos en la confianza de los inversores, agravados por la pandemia y el aumento de los riesgos geopolíticos. La inflación cayó desde un nivel muy elevado, pero siguió siendo elevada y muy por encima del objetivo fijado. La credibilidad de la política monetaria se fragilizó aún más debido a la destitución del gobernador del Banco Central de la República de Turquía y a las recurrentes presiones políticas. La competitividad de precios siguió beneficiándose del debilitamiento de la lira y el tipo de cambio efectivo real se depreció en 2019, una tendencia que se aceleró aún más en 2020.

El Gobierno siguió mejorando el entorno reglamentario para las empresas. Sin embargo, el sector informal sigue siendo amplio. Las intervenciones estatales en los mecanismos de fijación de precios continuaron y persiste la falta de normas de aplicación de las ayudas estatales, de ejecución, de transparencia y de creación institucional. El sector financiero se mantuvo estable. Sin embargo, las vulnerabilidades aumentaron, en particular debido al rápido crecimiento del crédito en los bancos de propiedad estatal y a diversas medidas reguladoras destinadas a impulsar la actividad crediticia. El elevado nivel de desempleo, en particular entre los jóvenes y las mujeres, junto con la disminución del empleo, la baja movilidad laboral y una elevada proporción del trabajo no declarado siguen siendo motivo de gran preocupación.

Turquía ha realizado avances limitados y tiene un buen nivel de preparación para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la UE. El gasto en investigación y desarrollo aumentó, aunque se mantuvo muy por debajo del objetivo del Gobierno. Los excesos de inversión y las asignaciones erróneas disminuyeron. Se ha avanzado en la diversificación del suministro de energía, pero son necesarias reformas para abrir el mercado del gas natural y aumentar la competencia en él. Persisten importantes problemas en lo que respecta a la calidad y el acceso a la educación. Las mujeres tienen dificultades para acceder a una educación de calidad y al mercado laboral. Aunque Turquía sigue estando bien integrada en el mercado de la UE en términos de vínculos comerciales y de inversión, la cuota relativa de la UE en el comercio exterior de Turquía siguió disminuyendo en un contexto de creciente divergencia con respecto a sus obligaciones en el marco de la Unión Aduanera UE-Turquía.

En cuanto a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, Turquía ha seguido adaptándose al acervo de la UE, aunque a un ritmo muy limitado y de forma fragmentada. Sigue habiendo casos de retroceso en relación con una serie de aspectos clave en los ámbitos de la competencia debido al aumento de las ayudas estatales y a su falta de transparencia, la sociedad de la información y los medios de comunicación, la política económica y monetaria, la unión aduanera, las relaciones exteriores, y la política exterior, de seguridad y de defensa. Turquía está muy avanzada en los ámbitos del derecho de sociedades, las redes transeuropeas y la ciencia y la investigación, y también ha alcanzado un buen nivel en ámbitos como la libre circulación de mercancías, el derecho de propiedad intelectual, los servicios financieros y la política empresarial e industrial. La preparación de Turquía en materia de contratación pública es moderada, ya que persisten importantes lagunas en su adaptación al acervo. Turquía también está moderadamente preparada en ámbitos como la libre circulación de capitales, la política de transportes, la energía, la fiscalidad, la unión económica y monetaria y las estadísticas, en donde son necesarios esfuerzos adicionales significativos. En general, en la mayoría de los ámbitos aún deben establecerse y aplicarse políticas más ambiciosas y mejor coordinadas. En todos ellos es necesario prestar una mayor atención al cumplimiento de la legislación, y en muchos se requieren más avances significativos para lograr la armonización legislativa con el acervo de la UE, reforzar la independencia de las autoridades reguladoras y crear las capacidades administrativas necesarias.

ANEXO 2 - Aplicación de la Estrategia para los Balcanes Occidentales y del Programa de Prioridades de Sofía: mayor compromiso de la UE

La aplicación de la Estrategia para los Balcanes Occidentales y del Programa de Prioridades de Sofía, adoptados en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en Sofía en mayo de 2018, continuó en 2019-2020. Ambos documentos prevén acciones en seis ámbitos prioritarios emblemáticos: Estado de Derecho, migración y seguridad, desarrollo socioeconómico, conectividad, agenda digital y buenas relaciones de vecindad.

La aplicación de estas prioridades se llevó a cabo a través de un mayor compromiso político, estrechando los vínculos operativos entre los Balcanes Occidentales y la UE y sus agencias, ofreciendo un acceso más amplio a financiación y asistencia técnica, así como reorientando la ayuda financiera de la UE en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), que solo en 2019 ascendió a una asignación anual para los Balcanes Occidentales de unos 1 100 millones EUR.

Tras la primera Cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en Sofía en mayo de 2018, tras 15 años, en 2019 se mantuvo un mayor compromiso político con la región con una Cumbre del Proceso de Berlín en Poznan, Polonia, y hasta 12 reuniones ministeriales dedicadas a reforzar la cooperación regional y estrechar los vínculos con la UE en los ámbitos prioritarios. La Cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en Zagreb el 6 de mayo de 2020 se centró en reforzar la cooperación regional y el apoyo de la UE en el contexto de la COVID-19. Este compromiso continuo ha dado lugar a avances en todas las iniciativas emblemáticas y a la finalización de más de dos tercios de las acciones previstas.

Iniciativa emblemática 1 - Reforzar el apoyo al Estado de Derecho se centra en tres objetivos: mejorar el seguimiento de las reformas de la justicia, prestar asistencia técnica más específica a la aplicación de la ley y mejorar el apoyo a los derechos fundamentales, incluida la igualdad de género, la sociedad civil, el activismo democrático y los medios de comunicación independientes. El Foro Ministerial de Justicia y Asuntos de Interior de los Balcanes Occidentales, celebrado en Skopje en noviembre de 2019, constituyó un hito importante en este ámbito, en particular en lo que se refiere al refuerzo de la cooperación con los organismos de justicia e interior de la UE y al compromiso en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y reforma del sistema judicial.

Por lo que se refiere al seguimiento de las reformas de la justicia, el nuevo enfoque de la Comisión se basa en revisiones interpares simultáneas en las seis Administraciones asociadas sobre cuestiones específicas. En 2019, la Comisión completó las tres series de revisiones interpares previstas en la Estrategia, relativas a: ejecución de las resoluciones judiciales, contratación pública y corrupción de alto nivel. Junto con el Banco Mundial y la Comisión para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa, la Comisión también está desarrollando nuevas formas de recoger datos armonizados de los sistemas judiciales. En el primer semestre de 2020 se están realizando una serie de encuestas regionales sobre justicia y una recogida armonizada de datos. Un importante proyecto en este ámbito es también el seguimiento de los juicios sobre corrupción y delincuencia organizada por parte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Está próxima la firma con Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro y Macedonia del Norte, mientras que prosiguen los debates con Serbia.

La Comisión también participa en una forma más personalizada de asistencia técnica, a saber, misiones de asesoramiento, centradas en las reformas de la justicia y la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. Actualmente se desarrollan cuatro misiones de asesoramiento de este tipo en Montenegro, Albania, Kosovo y Bosnia y Herzegovina, mientras que se han asignado fondos para misiones en Macedonia del Norte y Serbia y las actividades se iniciarán en 2020.

Por último, la Comisión sigue colaborando estrechamente con la Dotación Europea para la Democracia con objeto de apoyar a plataformas de medios de comunicación independientes, a la sociedad civil y a activistas prodemocracia. A través de un apoyo adicional de la UE, el Fondo ha ampliado sus operaciones a los Balcanes Occidentales con 19 nuevas subvenciones destinadas a 90 organizaciones de medios de comunicación independientes.

Iniciativa emblemática 2 – El refuerzo del compromiso en materia de seguridad y migración se refiere, por una parte, al compromiso con la región para hacer frente a las amenazas para la seguridad común, en particular, el terrorismo, el extremismo violento, la radicalización, la delincuencia organizada, la trata de seres humanos, el tráfico de armas y las amenazas híbridas y, por otra, a la capacitación de los socios para que puedan afrontar los retos relacionados con la migración y la seguridad. Esta línea de actividad contó con el apoyo de reuniones ministeriales celebradas en Poznan en julio y en Skopje en noviembre de 2019, que fueron importantes para estrechar la cooperación en materia de seguridad, migración, armas pequeñas y ligeras y medidas conjuntas de lucha contra el terrorismo.

En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, la Comisión y los socios de los Balcanes Occidentales acordaron en 2018 un Plan de Acción Conjunto, y en 2019 se desarrollaron y firmaron seis planes de acción individuales que se están aplicando con el apoyo de la Comisión. La red regional de coordinadores nacionales para la prevención del extremismo violento, creada en 2018, es plenamente operativa y se reúne periódicamente. La evaluación del Plan de Acción 2015-2019 contra el Tráfico de Armas de Fuego entre la UE y Europa Sudoriental concluyó en junio de 2019. El 24 de julio de 2020 se adoptó un nuevo Plan de Acción
[1](#footnote1)
 y se está facilitando financiación con cargo al presupuesto de la PESC y al IAP para apoyar su aplicación.

La UE siguió implicando a los socios de los Balcanes Occidentales en el ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia grave y organizada y en la preparación y aplicación de los planes de acción anuales pertinentes. Desde 2018 ha aumentado el recurso a equipos conjuntos de investigación para los casos relacionados con la delincuencia organizada. Entre 2018 y 2019 se registraron un total de 226 casos en los que participaron socios de los Balcanes Occidentales y Turquía, y se desplegaron 16 equipos conjuntos de investigación. Además, dos países de los Balcanes Occidentales, Bosnia y Herzegovina y Serbia, participaron en tres centros de coordinación por primera vez en 2019. La cooperación entre los Balcanes Occidentales y Europol se ha reforzado con el despliegue, financiado por el IAP, de funcionarios de enlace con Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia en 2019-2020, así como con la firma de nuevos acuerdos de trabajo entre Europol y Kosovo en julio de 2020.

En cuanto a la Política Exterior y de Seguridad Común y la Política Común de Seguridad y Defensa, el SEAE ha mantenido la mayor frecuencia de las reuniones de diálogo sobre la PESC con los Balcanes Occidentales para fomentar una mayor adaptación de la región a las posiciones comunes de la UE. Existen acuerdos marco de asociación con cinco países de los Balcanes Occidentales, que contribuyen a las misiones y operaciones militares de la PCSD. Se han completado estudios de riesgos híbridos en cuatro de los socios de los Balcanes Occidentales con el apoyo del SEAE y de la Comisión para evaluar sus vulnerabilidades y orientar mejor la ayuda de la UE al desarrollo capacidades y al incremento de la resiliencia.

Se produjeron avances en el trabajo en materia de ciberseguridad y la aplicación del Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia en cooperación con la ENISA, el ECTEG, Europol y CEPOL, con el apoyo de programas regionales específicos del IAP. El Centro Europeo de Ciberdelincuencia ha firmado acuerdos de cooperación con cinco países de los Balcanes Occidentales y se están estableciendo relaciones más estrechas con la ENISA.

En lo tocante a la migración, la Comisión, con la colaboración de las agencias de la UE y las organizaciones internacionales pertinentes, sigue llevando a cabo ambiciosos proyectos relacionados con la gestión de la migración, con miras a desarrollar la capacidad de los socios para gestionar los flujos mixtos de migración y establecer procedimientos de asilo, mecanismos de retorno y un intercambio de información. La Comisión también ha emprendido iniciativas para coordinar mejor el trabajo de los funcionarios de enlace del ámbito de la migración destinados en la región y mejorar el intercambio de información operativa.

La Comisión prosiguió sus esfuerzos para facilitar una mayor participación de los organismos de justica e interior en los Balcanes Occidentales. Además de los acuerdos de trabajo con el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y los acuerdos de cooperación de Eurojust con Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, la Comisión concluyó las negociaciones de los acuerdos sobre el estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) con los cinco países de la región que comparten frontera con la UE. Se han firmado acuerdos con Albania, Serbia y Montenegro y se han desplegado los primeros guardias de fronteras. Eurojust ha celebrado acuerdos de cooperación con cuatro países de los Balcanes Occidentales. Los firmados con Albania en octubre de 2018 y con Serbia en noviembre de 2019 están en vigor. Por último, Europol ha firmado acuerdos operativos con cinco países de los Balcanes Occidentales y un acuerdo de trabajo sobre cooperación estratégica con Kosovo. Se ha enviado a Albania un funcionario de enlace de Europol con el apoyo del IAP, mientras que sigue pendiente la acreditación del funcionario de enlace en Serbia.

Iniciativa emblemática 3 – El apoyo al desarrollo socioeconómico se centra en fomentar el progreso en la aplicación del Espacio Económico Regional, adaptar los marcos de inversión existentes para impulsar la inversión en la región, hacer un uso más estratégico de los programas de reforma económica y apoyar la educación, el mercado laboral y las reformas sociales. La reunión de ministros de Economía celebrada en Poznan en julio constituyó un hito importante en este ámbito prioritario, en particular la aplicación de Espacio Económico Regional y las iniciativas en el ámbito de la formación profesional, la movilidad de estudiantes y el reconocimiento de las cualificaciones. La primera reunión ministerial UE-Balcanes Occidentales sobre empleo y asuntos sociales reflejó la importancia de una nueva dimensión social reforzada en los Balcanes Occidentales, con un mayor énfasis en el empleo y las reformas sociales. En 2019 también se celebró en Belgrado la octava reunión anual de la Plataforma de Educación y Formación de los Balcanes Occidentales a nivel ministerial.

La Comisión, junto con el Consejo de Cooperación Regional, siguió facilitando la aplicación del Plan de Acción Plurianual de la AEI. A pesar de la complejidad del clima político en 2019, cabe señalar una serie de logros en este ámbito, como un acuerdo sobre los certificados de origen, la adopción de la estrategia de gestión de riesgos aduaneros del ACELC, la adopción del Protocolo adicional 6 del ACEL sobre el comercio de servicios, un acuerdo sobre los operadores económicos autorizados y la luz verde para iniciar negociaciones relativas al Protocolo adicional 7 sobre el mecanismo de resolución de diferencias comerciales. Se ha publicado un informe del Banco Mundial patrocinado por la UE sobre la diversificación de los mercados financieros en la región, que servirá de base para desarrollar futuras acciones a este respecto.

La ampliación del Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales continuó en 2019, con la incorporación de donantes nuevos y anteriormente inactivos al Fondo y los preparativos para intervenciones en nuevos ámbitos, como la agenda verde, la infraestructura social o la agenda digital. El sistema regional de garantía juvenil de 10 millones EUR, destinado a apoyar a las empresas emergentes, que podrían aportar hasta 80 millones EUR de financiación, también es plenamente operativo. La Comisión también ha ampliado a los Balcanes Occidentales su apoyo al desarrollo de estrategias de especialización inteligente, con la adopción por Montenegro de la primera estrategia de especialización inteligente en la región en 2019 y en Serbia a principios de 2020.

Como parte del «Apoyo a los Balcanes Occidentales en la lucha contra la COVID-19 y la recuperación posterior a la pandemia» de la UE, la DG NEAR movilizó, a través de las instituciones financieras internacionales, un paquete de reactivación económica por valor de 455 millones EUR para mitigar el impacto económico de la pandemia que incluye medidas especiales por 95 millones EUR con un complemento de 60 millones EUR al Mecanismo de Desarrollo Empresarial e Innovación de los Balcanes Occidentales, del Banco Mundial (MDEI), la adquisición de nuevas acciones en el marco del Fondo Europeo para Europa Sudoriental (EFSE) y el Fondo Verde para el Crecimiento por un total de 20 millones EUR, y una contribución de 15 millones EUR al Programa de Competitividad Regional del Banco Mundial para aumentar la liquidez disponible que necesitan las pymes para sobrevivir a la crisis.

El paquete también incluye la reorientación de la Garantía de los Balcanes Occidentales de 120 millones EUR, que, en la primavera de 2020, concedió tres garantías específicas a efectos de la COVID-19 para apoyar el acceso de las pymes a la liquidez y mitigar así las consecuencias económicas de la pandemia.

Además de las necesidades urgentes de liquidez para las pymes, el paquete también prepara el terreno para la fase de recuperación aportando, como parte del paquete, una contribución de la UE de 30 millones EUR al nuevo Fondo de Innovación Empresarial II (ENIF II) y al Fondo de Expansión Empresarial II (ENEF II), a fin de garantizar que las pymes tengan acceso a una fuente diversificada de financiación y liquidez, así como una contribución de 8 millones EUR al Mecanismo de Desarrollo del EFSE para prestar asistencia técnica a las pymes y los empresarios.

Los programas de reforma económica de los socios de los Balcanes Occidentales están ahora en consonancia con el Semestre Europeo, y su evaluación por parte de la Comisión es más analítica y se centra más en los principales retos estructurales de cada economía. También se presta asistencia técnica para el cálculo de los costes y la presupuestación de las reformas estructurales. Además, el apoyo financiero de la UE al empleo, la educación, la inclusión social y la salud se ha incrementado a través de una serie de nuevos programas bilaterales de asistencia, así como de un programa de movilidad para la educación y formación profesionales para la región, con dos convocatorias publicadas en 2019 y 2020, respectivamente. Los proyectos seleccionados en el marco de estas convocatorias apoyarán la movilidad internacional del personal y los alumnos de educación y formación profesionales, así como el desarrollo de capacidades para estos centros. La UE está aumentando gradualmente su apoyo en el marco de Erasmus+, que se ha duplicado en 2019 y 2020 en comparación con 2018.

Iniciativa emblemática 4 – El aumento de la conectividad se centra en el desarrollo de conexiones de transporte y energía en la región para facilitar el comercio y fomentar el crecimiento económico. Las medidas previstas en el marco de esta iniciativa emblemática son la planificación de infraestructuras y la inversión en ellas, y la creación de un entorno regulador adecuado para la integración de los mercados regionales. En la reunión de ministros de Energía y Medio Ambiente celebrada en Podgorica en febrero de 2019, los seis socios de los Balcanes Occidentales adoptaron la Declaración de Transición hacia las Energías Limpias. Este impulso prosiguió en la Cumbre de Poznan, en donde acordaron seguir adelante con una ambiciosa Agenda Verde para la región, que acompaña ahora al Plan Económico y de Inversión para los Balcanes Occidentales.

En el ámbito de la energía, la Comisión se esfuerza por facilitar la ampliación de la Unión de la Energía de la UE a los Balcanes Occidentales y por crear un espacio regulador único en virtud del Tratado de la Comunidad de la Energía. Para seguir avanzando será necesario modificar el Tratado y normalizar las relaciones entre Serbia y Kosovo. Una serie de instrumentos financieros siguen ayudando a la región a ecologizar el sector de la energía, incluido el programa Crecimiento Verde y el Programa Regional de Eficiencia Energética.

En el ámbito del transporte, la Comisión ha seguido apoyando la aplicación del Tratado de la Comunidad del Transporte y el funcionamiento de su secretaría, que fue inaugurada oficialmente en 2019; el director permanente fue nombrado en 2020. La Comunidad del Transporte siguió facilitando la negociación de acuerdos bilaterales sobre la integración de 32 pasos fronterizos prioritarios en la región. También preparó el Plan de Acción de Estrategia Ferroviaria Regional y el Plan de Acción de Seguridad Vial para la región, ambos aprobados en la Cumbre de Poznan. En esa ocasión también se puso en marcha un régimen de subvenciones de 15 millones EUR para seguridad vial.

En lo concerniente a inversiones en infraestructuras, el Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales siguió apoyando la agenda de conectividad en 2019 con la adopción de un paquete de 180 millones EUR correspondientes a 8 nuevos proyectos de conectividad en los ámbitos de la energía y el transporte, anunciado en la Cumbre de Poznan. Desde el inicio de este Marco, la Comisión ha facilitado subvenciones por valor de 880 millones EUR a 39 proyectos prioritarios a través de este instrumento, que a su vez movilizaron más de 3 200 millones EUR en inversiones exteriores. El cumplimiento del compromiso inicial de 1 000 millones EUR contraído en 2015 para la aplicación de la agenda de conectividad se espera, como estaba previsto, para finales de 2020.

Iniciativa emblemática 5 - La Agenda Digital para los Balcanes Occidentales se centra en el desarrollo de una economía y una sociedad digitales en la región. Desde su puesta en marcha en 2018, la UE ha abierto el acceso de los socios de los Balcanes Occidentales a los foros y grupos digitales europeos. En particular, los socios son observadores en el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para los Servicios de Medios Audiovisuales, el Grupo de Alto Nivel sobre el Mercado Único Digital y el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas. Se está trabajando para asociarlos a la labor de la Agencia Europea de Seguridad de la Información (ENISA).

Un logro clave de la Agenda en 2019 fue la adopción del nuevo acuerdo regional para la supresión de las tarifas de itinerancia intrarregionales en los Balcanes Occidentales y su entrada en vigor en julio de 2019.

La Comisión apoya el despliegue de la banda ancha en la región. Desde 2018 se han aprobado 11 subvenciones de asistencia técnica para cinco socios beneficiarios a este fin a través del Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales, de los 30 millones EUR anunciados en la Cumbre de Sofía con el mismo objetivo. Las subvenciones aprobadas apoyan la preparación de proyectos para el despliegue de la banda ancha en las zonas rurales, el fomento de la conectividad digital de los municipios (por ejemplo, los conceptos de ciudades inteligentes) o la evaluación del potencial de desarrollo de infraestructuras informáticas de alto rendimiento.

El programa del Mecanismo Conectar Europa ha puesto a disposición un conjunto de infraestructuras de servicios digitales genéricas y reutilizables, también conocidas como módulos, que los socios de los Balcanes Occidentales pueden reutilizar para contar con infraestructuras y servicios digitales transfronterizos, facilitando la prestación de servicios públicos digitales a través de las fronteras y a todos los sectores.

Por último, la Comisión siguió implicando a los socios en diversas iniciativas comunitarias en el ámbito de las competencias digitales, la contratación pública electrónica, la Administración Electrónica y la sanidad electrónica. Entre ellos figuran la red de oficinas de competencia en banda ancha, el programa de prácticas de oportunidades digitales, el programa de embajadores de la Semana de la Programación de la UE ISA2, la red de sanidad electrónica, la Alianza Europea de Inteligencia Artificial y el Observatorio y Foro de la Cadena de Bloques de la UE.

Iniciativa emblemática 6 – El apoyo a la reconciliación y a las relaciones de buena vecindad se centra en fomentar una paz sostenible y duradera en la región trabajando en torno a tres temas: gestionar la herencia del pasado, recuperar las relaciones interpersonales entre comunidades y reforzar la cooperación en los ámbitos de interés mutuo. Estas cuestiones figuran sistemáticamente en el orden del día de las reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores de los Balcanes Occidentales, así como en las reuniones periódicas de alto nivel sobre cuestiones bilaterales.

En cuanto al tratamiento del legado del pasado, la Comisión siguió apoyando el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales y las Salas Especializadas de Kosovo para reforzar la lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra. Junto a la Comisión Internacional sobre Desaparecidos y el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión respalda sus esfuerzos para resolver los casos pendientes de personas desaparecidas y atender las necesidades de sus familias. La Comisión también puso en marcha un estudio exploratorio sobre las minas terrestres en la región. La Comisión siguió apoyando activamente la creación de una comisión regional de la verdad con vistas a las Cumbres de Londres y Poznan, aunque los avances en este ámbito se han estancado. La Comisión también siguió apoyando otras iniciativas de la sociedad civil que fomentan la reconciliación y los intercambios entre comunidades en diversos ámbitos clave, como los medios de comunicación, los derechos humanos y la igualdad de género.

La Comisión apoyó una serie de iniciativas exitosas en el ámbito de la cultura y el deporte como vectores de los contactos interpersonales y el crecimiento económico, en particular a través de la Plataforma de Diplomacia Cultural, el programa Europa con los Ciudadanos, una acción contra el tráfico de bienes culturales con la UNESCO, una convocatoria específica para organizaciones de los Balcanes Occidentales en el marco del programa Europa Creativa, así como la participación de los Balcanes Occidentales en la Semana del Deporte de la UE y un proyecto piloto sobre movilidad en el deporte.

Para acercar a los jóvenes de la región, la UE también presta ayuda financiera a la Oficina Regional de Cooperación Juvenil. El Laboratorio de Jóvenes de los Balcanes Occidentales se puso en marcha para capacitar a los jóvenes para que contribuyan a la elaboración de políticas, mientras que actualmente se está preparando un programa de intercambio escolar intrarregional y se renovará el programa de la UE para jóvenes profesionales en la región. La Asociación de Alumnos de los Balcanes Occidentales también ha celebrado su primera asamblea general y ha seleccionado las dos primeras rondas de proyectos locales. Por último, el programa de cooperación transfronteriza siguió reforzando la cooperación en ámbitos de interés mutuo, como el turismo, el empleo y la movilidad laboral, y el patrimonio natural.

La Comisión tiene la intención de seguir basándose en los logros mencionados en 2020 para cumplir plenamente los compromisos de la Estrategia para los Balcanes Occidentales. Cuando proceda, seguirán convirtiéndose en acciones en el marco del Pacto de Desarrollo Económico y de Inversión de 2020. El compromiso continuo y la cooperación regional constructiva de los socios de los Balcanes Occidentales, los Estados miembros y otras instituciones internacionales serán esenciales para la consecución de estos ambiciosos objetivos de cooperación regional.

  

ANEXO 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| DATOS ESTADÍSTICOS (a 3.4.2020) | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Demografía | | Nota | Montenegro | | Macedonia del Norte | | Albania | | Serbia | | Turquía | | Bosnia y  Herzegovina | | Kosovo\* | | | | UE-27 | | | |
|  | |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | | 2018 | | 2017 | | 2018 | |
| Población total (miles) | |  | 622,4 | 622,4 | 2 073,7 | 2 075,3 | 2 876,6 | 2 870,3 | 7 040,3 | 7 001,4 | 79 815 | 80 811 | 3 509,7 | 3 502,6 | 1783,5e | | 1798,5 e | | 445 534 p | | 446 098  p | |
| Porcentaje de población total de 15 a 64 años (%) | |  | 67,4 | 67,2 | 70,2 | 69,9 | 68,7 | 68,8 | 66,3 | 65,7 | 68,0 | 67,9 |  |  | 66,8 | | 66,8 | | 65,1 | | 64,8 p | |
| Tasa bruta de crecimiento natural de la población (1 000 habitantes) | |  | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 3,0 | 2,5 | -5,5 | -5,4 | 10,8 | 10,1 | -2,0 |  | 8,2E | | 10,3 e | | -0,8 | | -1,0 p | |
| Esperanza de vida al nacer, hombres (años) | |  | 73,9 | 74,5 | 74,1 | 74,6 | 77,1 | 77,4 | 73,1 | 73,5 | 75,7 | 76,2 |  |  |  | |  | | 78,1 | | 78,2 p | |
| Esperanza de vida al nacer, mujeres (años) | |  | 79,2 | 79,3 | 77,9 | 78,8 | 80,1 | 80,5 | 78,1 | 78,4 | 81,3 | 81,6 |  |  |  | |  | | 83,6 | | 83,7 p | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Mercado de trabajo | | Nota | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | | 2018 | | 2017 | | 2018 | |
| Índice de actividad económica de personas de 20 a 64 años: proporción de población de 20 a 64 años económicamente activa (%) | | 1) | 69,3 | 70,5 | 70,3 | 70,4 | 73,9 | 74,8 | 71,2 | 72,5 | 61,9 | 62,3 | 58,4 | 58,4 | 49,0 | | 46,6 | | 77,5 | | 77,9 | |
| Índice de actividad económica de hombres de 20 a 64 años: proporción de población masculina de 20 a 64 años económicamente activa (%) | | 1) | 77,0 | 78,6 | 84,4 | 84,2 | 84,3 | 84,5 | 78,8 | 80,2 | 83,7 | 83,8 | 71,3 | 71,7 | 75,1 | | 72,7 | | 83,6 | | 84,0 | |
| Índice de actividad económica de mujeres de 20 a 64 años: proporción de población femenina de 20 a 64 años económicamente activa (%) | | 1) | 61,7 | 62,5 | 55,7 | 56,3 | 63,5 | 65,4 | 63,6 | 64,8 | 40,0 | 40,8 | 45,6 | 45,0 | 22,6 | | 20,7 | | 71,4 | | 71,8 | |
| Tasas de empleo de personas de 20 a 64 años (% de la población) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Número | |  | 58,2 | 59,8 | 54,8 | 56,1 | 63,9 | 65,6 | 61,5 | 63,1 | 55,3 | 55,6 | 46,6 | 47,7 | 34,4 | | 33,2 | | 71,3 | | 72,3 | |
| Hombres | |  | 65,2 | 66,7 | 65,6 | 66,6 | 72,1 | 73,9 | 68,5 | 70,5 | 76,1 | 76,0 | 58,1 | 59,5 | 54,0 | | 52,6 | | 77,2 | | 78,2 | |
| Mujeres | |  | 51,4 | 52,9 | 43,7 | 45,2 | 55,6 | 57,4 | 54,5 | 55,8 | 34,4 | 35,2 | 35,1 | 35,8 | 14,6 | | 14,1 | | 65,4 | | 66,4 | |

  

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercado de trabajo (continuación) | Nota | Montenegro | | Macedonia del Norte | | Albania | | Serbia | | Turquía | | Bosnia y  Herzegovina | | Kosovo | | UE-27 | |
|  |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Personas de entre 15 y 24 años que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (% población en el grupo de edad) |  | 16,7 | 16,2 | 24,9 | 24,1 | 25,9 | 26,5 | 17,2 | 16,5 | 24,2 | 24,5 | 24,3 | 21,6 | 27,4 | 30,1 | 11,0 | 10,5 |
| Personas de entre 15 y 29 años que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (% población en el grupo de edad) |  | 21,4 | 21,0 | 31,1 | 29,8 | 29,7 | 28,6 | 21,7 | 20,1 | 27,5 | 27,7 | 28,8 | 25,5 | 35,0 | 37,3 | 13,7 | 13,1 |
| Empleo por sectores principales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agricultura, ganadería y pesca (%) |  | 7,9 | 8,0 | 16,2 | 15,7 | 38,2 e | 37,4 e | 17,2 | 15,9 | 19,4 | 18,4 | 18,9 | 15,7 | 4,4 | 3,5 | 4,7 | 4,5 |
| Industria (%) |  | 9,5 | 9,9 | 22,5 | 22,6 | 12,5 e | 12,7 e | 21,2 | 22,5 | 19,1 | 19,7 | 22,2 | 23,5 | 17,4 | 14,3 | 18,3 | 18,2 |
| Construcción (%) |  | 7,6 | 9,0 | 7,2 | 7,4 | 6,9 e | 7,0 e | 4,1 | 4,4 | 7,4 | 6,9 | 7,3 | 8,7 | 12,9 | 11,9 | 6,6 | 6,7 |
| Servicios (%) |  | 75,0 | 73,1 | 53,2 | 52,9 | 42,4 e | 42,9 e | 57,5 | 57,2 | 54,1 | 54,9 | 51,6 | 52,1 | 65,3 | 70,3 | 70,4 | 70,6 |
| Empleados del sector público como % del empleo total, población de 20 a 64 años | 2) | 32,6 | 31,7 |  |  | 16,4 e | 15,9 e | 27,8 | 27,3 | 13,3 | 15,4 | 18,4 | 18,4 | 28,4 | 30,8 |  |  |
| Empleados del sector privado como % del empleo total, población de 20 a 64 años | 2) | 45,1 | 63,2 b |  |  | 83,6 e | 84,1 e | 72,2 | 72,7 | 86,7 | 84,6 | 81,6 | 81,6 | 71,6 | 69,2 |  |  |
| Tasa de desempleo (% de la población activa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 1) | 16,1 | 15,2 | 22,4 | 20,7 | 13,7 e | 12,3 e | 13,6 | 12,8 | 10,9 | 10,9 | 20,7 | 18,5 | 30,3 | 29,4 | 8,2 | 7,3 |
| Hombres | 1) | 15,4 | 15,3 | 22,7 | 21,3 | 14,6 e | 12,7 e | 13,0 | 12,1 | 9,4 | 9,5 | 19,0 | 17,3 | 28,5 | 28,3 | 7,9 | 7,0 |
| Mujeres | 1) | 16,9 | 15,1 | 21,8 | 19,9 | 12,6 e | 11,9 e | 14,4 | 13,8 | 13,9 | 13,8 | 23,3 | 20,5 | 36,4 | 33,3 | 8,5 | 7,6 |
| Jóvenes de 15 a 24 años | 1) | 31,7 | 29,4 | 46,7 | 45,4 | 31,9 e | 28,3 e | 31,9 | 29,7 | 20,5 | 20,1 | 45,8 | 38,8 | 52,7 | 55,4 | 18,0 | 16,1 |
| Desempleo de larga duración (> 12 meses) | 1) | 12,4 | 11,4 | 17,4 | 15,5 | 8,9 e | 8,3 e | 8,2 | 7,6 | 2,4 | 2,5 | 17,0 | 15,2 | 21,7 | 17,2 | 3,8 | 3,2 |
| Sueldos y salarios nominales medios mensuales (EUR) | 3) | 510 | 511 | 372 | 395 | 365 | 397 | 544 | 580 b | 555 |  | 435 | 449 | 528 | 558 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Educación | Nota | Montenegro | | Macedonia del Norte | | Albania | | Serbia | | Turquía | | Bosnia y  Herzegovina | | Kosovo | | UE-27 | |
|  |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Personas que abandonan prematuramente la educación y la formación: porcentaje de población de 18 a 24 años que, como máximo, ha cursado el primer ciclo de enseñanza secundaria y no sigue estudios ni formación (%) |  | 5,4 | 4,6 | 8,5 | 7,1 | 19,6 | 17,4 | 6,2 | 6,8 | 32,5 | 31,1 | 5,1 | 5,4 | 12,2 | 9,6 | 10,6 | 10,5 |
| Gasto público en educación en relación con el PIB (%) |  |  |  |  |  | 3,1 p | 3,2 p | 3,7 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |  |  | 4,4 | 4,5 |  |  |
| Porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha cursado como máximo el primer ciclo de enseñanza secundaria, total |  | 4,9 | 3,9 | 9,3 | 8,1 |  |  | 6,8 | 7,5 | 42,8 | 41,4 | 6,1 u | 6,5 u | 13,8 | 12,9 | 17,0 | 16,8 |
| Porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha cursado como máximo el primer ciclo de enseñanza secundaria, hombres |  | 4,9 | 3,6 | 8,8 | 6,6 |  |  | 7,3 | 7,7 | 42,9 | 41,8 | 6,1 u | 6,3 u | 12,8 | 12,0 | 19,5 | 19,3 |
| Porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha cursado como máximo el primer ciclo de enseñanza secundaria, mujeres |  | 4,9 | 4,2 | 9,8 | 9,7 |  |  | 6,3 | 7,3 | 42,7 | 41 | 6,2 u | 6,6 u | 14,9 | 14,0 | 14,4 | 14,2 |
| Porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha cursado como máximo el segundo ciclo de enseñanza secundaria o enseñanza postsecundaria no terciaria, total |  | 86,9 | 84,6 | 80,3 | 82,5 |  |  | 85,0 | 85,6 | 36,1 | 37,3 | 86,9 | 87,1 | 70,8 | 78,9 | 66,7 | 66,7 |
| Porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha cursado como máximo el segundo ciclo de enseñanza secundaria o enseñanza postsecundaria no terciaria, hombres |  | 90,6 | 88,2 | 83,7 | 87 |  |  | 86,3 | 87,3 | 39,4 | 40,2 | 89,4 | 89,4 | 74,2 | 81,0 | 67,4 | 67,4 |
| Porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha cursado como máximo el segundo ciclo de la enseñanza secundaria o enseñanza postsecundaria no terciaria, mujeres |  | 82,9 | 80,7 | 76,7 | 77,8 |  |  | 83,5 | 83,8 | 32,9 | 34,5 | 84,0 | 84,4 | 66,9 | 76,6 | 66,0 | 66,0 |
| Porcentaje de la población de 30 a 34 años con educación superior, total |  | 34,0 | 32,4 | 30,5 | 33,3 | 23,5 e | 27,3 e | 31,4 | 32,8 | 27,3 | 28,8 | 23,8 | 23,5 | 21,8 | 20,9 | 38,4 | 39,3 |
| Porcentaje de la población de 30 a 34 años con educación superior, hombres |  | 30,0 | 29,3 | 24,6 | 26,4 | 21,1 e | 22,5 e | 25,4 | 26,4 | 28,6 | 30,2 | 19,4 | 18,8 u | 22,4 | 20,9 | 33,1 | 34,0 |
| Porcentaje de la población de 30 a 34 años con educación superior, mujeres |  | 37,7 | 35,5 | 36,8 | 40,4 | 26,0 e | 33,2 e | 37,6 | 39,4 | 26,0 | 27,4 | 28,4 | 28,4 | 21,2 | 20,8 | 43,8 | 44,7 |

  

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuentas nacionales | Nota | Montenegro | | Macedonia del Norte | | Albania | | Serbia | | Turquía | | Bosnia y  Herzegovina | | Kosovo | | UE-27 | |
|  |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Producto interior bruto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A precios corrientes (miles de millones EUR) |  | 4,3 | 4,7 | 10,0 e | 10,7 p | 11,6 p | 12,8 e | 39,2 | 42,9 | 754,9 | 652,5 | 16,0 | 16,8 | 6,4 | 6,7 | 13 046,8 | 13 484,8 |
| Per cápita (EUR) |  | 6 910 | 7 490 | 4840 e | 5150 p | 4020 p | 4460 e | 5580 | 6140 | 9400 | 8 020 | 4 580 | 4780 p | 3580 e | 3740 e | 29 230 | 30 160 |
| En estándares de poder adquisitivo (EPA) per cápita |  | 13 420 | 14 390 | 10670 e | 11370p | 8960 p | 9290 e | 11 390 | 12 120 | 19 540 | 19 730 | 9 100 | 9470 p |  |  | 29 230 | 30 160 |
| En estándares de poder adquisitivo (EPA) per cápita, frente a la media de la UE-27 = 100 |  | 45,9 | 47,7 | 36,5 e | 37,7 p | 30,7 p | 30,8 e | 39,0 | 40,2 | 66,9 | 65,4 | 31,1 | 31,3 p |  |  | — | — |
| Tasa real de crecimiento anual (en volumen) en relación con el año anterior (%) |  | 4,7 | 5,1 | 1,1 | 2,7 p | 3,8 p | 4,1 e | 2,0 | 4,4 | 7,5 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 2,7 | 2,1 |
| Valor añadido bruto por sectores principales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agricultura, ganadería y pesca (%) |  | 8.4 | 8.2 | 9.1 | 9.8P | 21.8P | 21.0E | 7.3 | 7.7 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 11.4 | 8.9 | 1.9 | 1.8 |
| Industria (%) |  | 11.3 | 12.5 | 20.5 | 21.4P | 12.8P | 13.9E | 26.5 | 25.4 | 23.3 | 24.9 | 23.3 | 23.0 | 21.8 | 21.8 | 20.3 | 20.1 |
| Construcción (%) |  | 6.9 | 7.0 | 7.5 | 6.2P | 10.5P | 10.4E | 5.0 | 5.4 | 9.7 | 8.0 | 4.7 | 4.7 | 9.9 | 10.8 | 5.2 | 5.4 |
| Servicios (%) |  | 73.4 | 72.3 | 62.9 | 62.6P | 54.9P | 54.7E | 61.2 | 61.5 | 60.1 | 60.6 | 65.4 | 65.3 | 56.9 | 58.5 | 72.6 | 72.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balanza de pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inversión extranjera directa (IED) neta (entrante-saliente) (millones EUR) |  | 484,3 | 322,5 | 180,0 | 603,7 | 993,8 | 1 022,2 | 2 418,1 | 3 187,9 | 7 277,2 |  | 329,7 | 428,3 | 212,0 |  | 28 665,4 | 36 000,0 |
| Inversión extranjera directa (IED) neta (entrante-saliente) (% del PIB) |  | 11,3 | 6,9 | 1,8 | 5,6 p | 8,6 p | 8,0 | 6,2 | 7,4 | 1,0 |  | 2,1 | 2,6 | 3,3 |  | 0,2 | 0,3 |
| Inversión extranjera directa (IED) neta (entrante-saliente) en relación con la UE-27 (millones EUR) |  | 166,0 | -61,9 | 78,9 | 290,0 p |  |  | 1 634,6 | 1 865,8 |  |  |  |  |  |  | — | — |
| Inversión extranjera directa (IED) neta (entrante-saliente) en relación con la UE-27 (% del PIB) |  | 3,9 | -1,3 | 0,8 | 2,7 p |  |  | 4,2 | 4,4 |  |  |  |  |  |  | — | — |
| Remesas (% del PIB) |  | 4,7 | 4,9 | 1,9 | 1,9 p | 5,5P | 5,2 | 7,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 8,2 | 11,8 | 11,9 | 0,1 | 0,1 |

  

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comercio exterior de mercancías | Nota | Montenegro | | Macedonia del Norte | | Albania | | Serbia | | Turquía | | | | Bosnia y  Herzegovina | | Kosovo | | | UE-27 | |
|  |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | | 2018 | | 2017 | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 | 2018 |
| Cuota de exportaciones a los países de la UE-27 en valor de las exportaciones totales (%) |  | 33,4 | 43,0 | 79,7 | 80,3 | 77,0 | 75,9 | 65,7 | 67,0 | 40,9 | | 43,3 | | 70,4 | 72,2 | 22,0 | | 27,4 | - | - |
| Cuota de importaciones procedentes de países de la UE-27 en valor de las importaciones totales (%) |  | 46,4 | 47,1 | 52,8 | 52,9 | 60,8 | 60,0 | 57,5 | 55,9 | 33,6 | | 32,9 | | 60,0 | 59,7 | 42,3 | | 42,7 | - | - |
| Balanza comercial (millones EUR) |  | -1 932 | -2 153 | -1 818 | -1 804 | -2 622 | -2 595 | -3 194 | -4 424 | -67 771 | | -46 047 | | -3 646 | -3 770 | -2 669 | | -2 980 | 223 067 | 152 317 |
| Comercio internacional de bienes y servicios en relación con el PIB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Importaciones (% del PIB) |  | 64,5 | 66,7 | 69,0 | 73,2P | 46,6P | 45,4E | 57,1 | 59,3 | 29,3 | | 30,6 | | 56,4 | 56,9 | 52,5 | | 55,6 | 44,1 | 45,0 |
| Exportaciones (% del PIB) |  | 41,1 | 42,9 | 55,1 | 60,6P | 31,6P | 31,7E | 50,5 | 50,8 | 24,8 | | 29,5 | | 40,1 | 41,4 | 26,7 | | 26,4 | 48,5 | 49,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Finanzas públicas | Nota | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | | 2018 | | 2017 | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 | 2018 |
| \*\* Superávit (+)/déficit (−) de las Administraciones Públicas   (% del PIB) |  | -5,7 | -3,9 | -2,7 | -1,8 | -2 | -1,6 | 1,1 | 0,6 e | -2,8 | | -2,8 | | 2,6 | 1,6 |  | |  | -0,8 | -0,4 |
| \*\* Deuda de las Administraciones Públicas (% del PIB) |  | 64,2 | 70,9 e | 39,4 | 40,6 | 66,9 | 65,1 | 58,7 | 54,4 e | 28,2 | | 30,4 | | 36,1 | 40,8 | 16,6 e | | 17,1 e | 81,6 | 79,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Indicadores financieros | Nota | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | | 2017 | | 2018 | 2017 | 2018 | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Evolución anual de los precios al consumo (%) | 4) | 2,8 | 2,9 | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 1,8 | 3,3 | 2,0 | | 11,1 | | 16,3 | 0,8 | 1,4 | | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| \*\*Deuda privada, consolidada, en relación con el PIB (%) | 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | | 13,9 | |  | 3,2 | 3,4 | |  |  | 134,7 | 133,2 p |
| Deuda exterior total, en relación con el PIB (%) |  | 160,6 | 164,7 | 73,4 | 73,3 p | 68,7 p | 65,3 | 65,1 | 62,5 | | 53,4 | |  | 67,5 | 68,0 | | 32,6 |  |  |  |
| Deuda total en moneda extranjera en relación con el PIB (%) | 6) |  |  |  |  | 68,7 | 65,3 |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Tipo de interés anual de los préstamos a un año (%) | 7) | 6,81 | 6,36 | 3,75 | 3,00 | 5,98 | 5,66 | 5,00 | 4,25 | | 18,12 | |  | 3,88 | 3,52 | | 6,83 | 6,65 |  |  |
| Tipo de interés anual de los depósitos a un año (%) | 8) | 0,69 | 0,56 | 0,25 | 0,15 | 0,75 | 0,73 | 2,00 | 1,75 | | 13,53 | |  | 0,06 | 0,05 | | 1,04 | 1,31 |  |  |
| Valor de los activos de reserva (oro incluido) (millones EUR) |  | 847,2 | 1 049,8 | 2 336,3 | 2 867,1 | 2 995,9 | 3 399,0 | 9 961,6 | 11 261,8 | | 95 361,6 | |  | 5 427,0 | 5 944,1 | | 683,4 |  |  |  |
| Reservas de divisas (equivalencia en meses de importaciones) |  | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 6,7 | 7,0 | 5,4 | 5,3 | | 5,2 | |  | 7,1 | 7,3 | | 2,4 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Negocios | Nota | Montenegro | | Macedonia del Norte | | Albania | | Serbia | | Turquía | | Bosnia y  Herzegovina | | Kosovo | | UE-27 | |
|  |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Índice de producción industrial (2015 = 100) |  | 93,0 | 113,8 | 103,6 | 109,2 | 81,4 | 96,6 | 109,3 | 110,8 | 112,7 | 114,1 | 107,6 | 109,4 |  |  | 105,2 | 106,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infraestructuras | Nota | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Densidad de la red ferroviaria (líneas en funcionamiento por 1 000 km²) | 9) | 18,4 | 18,4 | 27,4 | 27,4 | 12,2 | 12,2 | 48,6 | 48,1 | 13,3 | 13,5 | 20,0 | 20,0 | 30,9 | 30,9 | 48,2 | 47,9 e |
| Longitud de la red de autopistas (km) |  | 0Z | 0Z | 259 | 287 |  |  | 963 | 963 | 2 657 | 2 842 | 172 | 198 | 108 | 119 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energía | Nota | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Importaciones netas de energía en relación con el PIB |  | 4,9 | 4,1 | 5,9 | 6,3 | 2,5 | 1,4 | 4,3 | 4,9 | 1,5 | 2,1 | 5,5 | 5,1 | 5,4 | 6,3 | 1,7 | 2,1 |

Fuente: Eurostat y autoridades estadísticas de los Balcanes Occidentales y Turquía.

|  |
| --- |
| : = no disponible |
| b = interrupción en la serie |
| e = valor estimado |
| p = dato provisional |
| z = ninguno |
| u = fiabilidad escasa |
| - = no pertinente |
|  |
| \* = Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo. |
| \*\* = Los datos de déficit público y de deuda pública de los países de la ampliación se publican sin ninguna garantía en cuanto a la calidad y el cumplimiento de las normas del SEC. |
|  |
| Notas: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Turquía: el desempleo se basa en el criterio de 4 semanas y recurriendo exclusivamente a métodos activos de búsqueda de empleo. | | |
| 2) | Bosnia y Herzegovina: el sector público incluye las secciones O, P y Q de la NACE Rev. 2, mientras que el sector privado incluye otras secciones de la NACE.  Montenegro: se excluyen las ONG; los datos de 2017 se refieren al número de empleados (en los sectores público o privado) como porcentaje del número total de empleados. | | |
| 3) | Bosnia y Herzegovina: ingresos netos.  Serbia: 2017, sueldos y salarios pagados a los asalariados de personas jurídicas y de empresas no constituidas en sociedad; 2018, importe total de ingresos devengados por empleado equivalente a tiempo completo. | | |
| 4) | Índice de precios de consumo armonizado, excepto para Bosnia y Herzegovina. |  |
| 5) | Bosnia y Herzegovina: datos de las instituciones financieras monetarias; 2018, en relación con el PIB de 2017.  Turquía: valores representativos de deuda y préstamos. | | |
| 6) | Albania: deuda exterior (incluida la inversión extranjera directa). | | |
| 7) | Albania: tipo medio ponderado aplicado a los nuevos préstamos a 12 meses a lo largo del mes correspondiente, con vencimiento a 12 meses.  Bosnia y Herzegovina: tipos de interés a corto plazo de los préstamos en moneda nacional a las sociedades no financieras (media ponderada); 2018, datos de noviembre.  Montenegro: tipo de interés efectivo medio ponderado, importes pendientes, anual.  Macedonia del Norte: final del año (31 de diciembre). | | |
| 8) | Albania: el tipo de interés de depósito es el tipo medio ponderado para los nuevos depósitos aceptados durante el mes respectivo, con vencimiento a 12 meses.  Bosnia y Herzegovina: tipos de interés de los depósitos a la vista en la moneda nacional de los hogares (media ponderada); 2018, datos de noviembre.  Montenegro: tipo de interés efectivo medio ponderado, importes pendientes, anual.  Macedonia del Norte: final del año (31 de diciembre). | | |
| 9) | Serbia; subestimado, ya que la densidad se ha calculado en relación con la superficie total (incluidas las aguas interiores) y no con la superficie terrestre.  Turquía: solo líneas principales. | | |

:   [(1)](#footnoteref1)

    COM(2020) 608 final.

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