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Language: es
Format: md

C 178/112 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES 22.6.2001

**Miércoles, 4 de octubre de 2000**

**TEXTOS APROBADOS**

**1.** **Ampliación de la Unión Europea**

**A5-0250/2000**

**Resolución del Parlamento Europeo sobre la ampliación de la Unión Europea (COM(1999) 500 �**
**C5-0341/2000 �2000/2171(COS))**

_El Parlamento Europeo,_

�
Visto el documento de síntesis de la Comisión relativo a los progresos de cada uno de los países
candidatos en el camino de la adhesión (COM(1999) 500 �C5-0341/2000),

�
Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento,

�
Vistas las contribuciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (2000/2057(INI)), de la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (2000/2120(INI)), de la Comisión de Industria,
Comercio Exterior, Investigación y Energía (2000/2149(INI)), de la Comisión de Empleo y Asuntos
Sociales (2000/2121(INI)), de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor (2000/2080(INI)) y 2000/2081(INI)), de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
(2000/2122(INI)), de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo (2000/2123(INI)) y
2000/2124(INI)), y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades
(2000/2125(INI)),

�
Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Libertades y Derechos
de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Cultura,
Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte (A5-0250/2000),

A. Recordando que la unificación de Europa en una zona de paz, seguridad, prosperidad y estabilidad,
tras su división a raíz de la ocupación soviética de la Europa central y oriental, sigue siendo la misión
histórica de la Unión Europea y el objetivo supremo de sus políticas,

B. Reiterando que el principal desafío al que se enfrenta la Unión consiste en superar las disparidades
económicas y sociales entre los Estados miembros de la UE y los futuros Estados miembros, desafío
que sólo se puede superar mediante la cooperación de todos los Estados miembros en igualdad de
condiciones y solidaridad mutua,

C. Considerando que la ampliación conlleva ventajas tanto para los actuales Estados miembros de la
Unión Europea como para los países candidatos que están preparando su adhesión, dado que refuerza
la zona de libertad, seguridad y justicia, fomenta el crecimiento económico y atrae a los inversores
externos, lo cual fortalece la situación de Europa en el mundo,

D. Considerando que el Consejo Europeo de Helsinki llegó a una conclusión análoga a la del Parlamento
Europeo en lo que se refiere a la apertura de negociaciones de adhesión con todos los países candidatos de la Europa central y oriental y que, de esta manera, ha puesto fin a la división de estos países en
dos grupos,

E. Considerando que las conclusiones de Helsinki han puesto de relieve el principio de plena diferenciación en el proceso de negociación y han venido a subrayar que cada país debe ser juzgado en función
de sus propios progresos y méritos,

F. Considerando que el proceso de transformación en los países candidatos ha ocasionado problemas
sociales, en particular, enormes disparidades sociales y, en algunos casos, un índice de desempleo
más elevado,

G. Considerando que la adhesión a la Unión exige no sólo una decisión política, sino que entraña también adaptaciones jurídicas y políticas fundamentales en los países candidatos,

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**Miércoles, 4 de octubre de 2000**

H. Considerando que, por este motivo, la estrategia de preadhesión sigue siendo un elemento importante
del proceso general de adhesión, incluyendo como principio fundamental el cumplimiento de los criterios en los ámbitos político, económico y del acervo comunitario establecidos en Copenhague,

I. Considerando que los progresos de las negociaciones deben ir acompañados de progresos en la incorporación del acervo comunitario a la legislación, así como en su aplicación y respeto efectivos,

J. Considerando que, por su parte, los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de
aprobar y llevar a cabo cuanto antes las reformas necesarias para la ampliación,

K. Considerando que la ampliación no constituye un proceso unilateral de obligaciones y responsabilidades, sino que exige que la Unión Europea y los Estados miembros realicen esfuerzos importantes con
el fin de estar preparados para las repercusiones de una Unión ampliada, tanto en sus políticas sectoriales y en sus aplicaciones como en el modo en que se organiza ella misma,

L. Considerando que el éxito de la próxima ampliación de la Unión Europea requiere la realización de
reformas fundamentales, en particular, una mayor transparencia y un acercamiento a los ciudadanos,
una política activa para remediar el elevado índice de desempleo, una aproximación del nivel social,
así como el establecimiento de mecanismos solidarios de financiación de la Unión,

M. Considerando que, de manera simultánea al actual proceso de ampliación, la Unión Europea deberá
desarrollar una cooperación paneuropea más amplia teniendo en cuenta la situación de los Balcanes,
las relaciones con Rusia y Ucrania, la dimensión septentrional, así como los retos derivados de la
profundización de la cooperación en el Mediterráneo,

N. Considerando que, de conformidad con el artículo 49 del Tratado UE, para cualquier ampliación se
requiere el dictamen conforme del Parlamento Europeo, por mayoría absoluta de los miembros que lo
componen, y que esta responsabilidad exige poder apreciar debidamente todos los detalles de los
resultados de las negociaciones de adhesión,

1. Se felicita por los progresos realizados en las negociaciones de adhesión con todos los países candidatos, y pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que se aplica plenamente el principio de diferenciación en el proceso de negociación, para facilitar un proceso de adhesión diferenciado acorde con los
progresos logrados en cada país;

2. Reitera su opinión de que la Conferencia Intergubernamental (CIG) debe reforzar el marco institucional de la Unión y hacerlo más eficaz, transparente y democrático, permitiendo de esta manera que la
Unión esté preparada desde principios de 2003 para una ampliación sin poner en peligro su profundización; considera que lo ideal sería que la actual CIG fuera la última antes de que la Unión acepte la adhesión
del primer grupo de países candidatos. Como mínimo, el Consejo Europeo debería descartar de inmediato
la posibilidad de imponer ninguna nueva reforma institucional como requisito para la ampliación; pide que
los países candidatos participen más activamente en los debates sobre las cuestiones que se tratarán en la
Conferencia Intergubernamental;

3. Insiste en que, tras la conclusión de la Conferencia Intergubernamental, se establezca un calendario
de adhesión claro, que esté basado en una evaluación detallada de los resultados de cada país; propone que
las instituciones de la UE, los Estados miembros y los países candidatos con los que se han iniciado las
negociaciones hagan todo lo que esté en sus manos para garantizar que el Parlamento Europeo pueda
emitir dictamen conforme respecto a los primeros Tratados de Adhesión, antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, con objeto de que estos países puedan tener la perspectiva de participar en esas
elecciones, y respecto a los subsiguientes Tratados durante el próximo ejercicio parlamentario;

4. Subraya que los períodos de transición son necesarios, pero que han de estar limitados en cuanto al
tiempo y el contenido con el fin de no comprometer la cohesión de la Unión Europea y el buen funcionamiento del mercado único; estos períodos de transición deberán adaptarse a las necesidades de cada uno de
los países candidatos, lo que les permitirá integrarse, con un ritmo controlado y moderado, a los rigores de
una economía de mercado competitiva;

5. Pide a la Comisión que mantenga la dinámica de la estrategia de preadhesión con todos los países
candidatos, y subraya la importancia de las actividades iniciadas en el marco de la estrategia de preadhesión; ello debería permitir a cada país candidato responder a los compromisos contraídos en el curso de las
negociaciones mediante resultados concretos, en particular en lo que se refiere al establecimiento de la
infraestructura administrativa necesaria para aplicar y hacer respetar el acervo comunitario en los futuros
Estados miembros;

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6. Pide a los países candidatos que prosigan sus esfuerzos para reforzar su capacidad administrativa con
vistas a la aplicación y respeto del acervo de la UE antes de la adhesión, así como a la utilización de los
créditos de fomento;

7. Constata que, aunque en algunos casos se han adoptado medidas en el ámbito legislativo, las disposiciones jurídicas en relación con los medios audiovisuales todavía distan mucho de ser acordes al acervo
comunitario o deben ajustarse a los requisitos del mismo;

8. Pide a la Comisión que vele por que los procedimientos de adjudicación de los proyectos subvencionados por la UE en los países candidatos alcancen, en lo que respecta a la regularidad, la transparencia y la
rapidez, el mismo nivel elevado que en la UE, para garantizar una utilización adecuada de los créditos;

9. Pide a todos los países candidatos que prosigan sus esfuerzos por establecer un control financiero y
procedimientos de auditoría eficaces con el fin de controlar en su integridad la utilización de los fondos de
preadhesión;

10. Espera que los países candidatos adopten todas las medidas necesarias en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, y apoya sus esfuerzos en este ámbito;

11. Constata que, a pesar de los progresos realizados en la reforma de la justicia y la policía en los
países candidatos, todavía hay que mejorar considerablemente el funcionamiento democrático, la independencia de la justicia, la coordinación entre los distintos servicios, así como la cualificación del personal,
entre otros ámbitos, en la lucha contra la delincuencia económica y financiera;

12. Recuerda que, con arreglo al artículo 49 del Tratado UE y de conformidad con los criterios de
Copenhague, los Estados miembros deben cumplir plenamente las exigencias del respeto de la democracia
y los derechos humanos y la incorporación del acervo comunitario;

13. Opina que la reforma del Convenio de Dublín representa un elemento importante de los preparativos internos de la UE para la ampliación con miras a evitar un número desproporcionadamente elevado de
solicitudes de asilo en los futuros Estados miembros a causa de su situación geográfica;

14. Señala que la adopción del acervo comunitario en el ámbito de la igualdad es una condición sine
qua non para la adhesión, dado que, esencialmente, es una cuestión de derechos humanos y que el establecimiento de las instituciones necesarias relacionadas con ella es un requisito previo fundamental para la
plena aplicación del acervo comunitario;

15. Subraya que las minorías en los países candidatos deben recibir un trato que sea plenamente conforme con los principios establecidos en los convenios del Consejo de Europa, las Naciones Unidas y la
OCDE; en particular, los derechos y el trato a los grupos mencionados en el artículo 13 del Tratado CE
deberán tenerse en cuenta al evaluar el cumplimiento de los criterios de Copenhague;

16. Pide a la Comisión que destine créditos suficientes del programa PHARE al apoyo de los países
candidatos en la resolución de los problemas relacionados con la situación de la población romaní, reforzando los programas nacionales financiados con cargo a este programa mediante un programa dirigido a
varios países, que debería ser aplicado en estrecha asociación con las comunidades romaníes y las autoridades locales, y en estrecha cooperación con otras organizaciones europeas;

17. Se felicita de que la Comisión haya desarrollado y esté aplicando una estrategia de información
sobre los beneficios de la ampliación, para lo que deberá asignar el personal necesario a los servicios
competentes, y pide a los países candidatos y a los Estados miembros de la UE que coordinen sus propias
campañas de información; considera que, para que se produzca un auténtico debate público, es necesario
que haya una mayor transparencia y un control democrático de las negociaciones de adhesión; por consiguiente, pide al Consejo y a la Comisión que proporcionen la información oportuna y las consultas adecuadas al Parlamento sobre el progreso de las negociaciones;

18. Considera a este respecto la posibilidad de abrir oficinas de información del Parlamento Europeo en
las capitales de los países candidatos conjuntamente con las oficinas de la Comisión Europea, con el fin de
apoyar el proceso del debate público sobre las cuestiones relativas a la adhesión a la UE;

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19. Apoya a la Comisión en sus esfuerzos por afrontar, en particular, los problemas de las regiones
fronterizas, estructuralmente débiles, a ambos lados de la actual frontera entre la UE-15 y los países candidatos, para evitar que surjan problemas socioeconómicos y políticos que obstaculicen el proceso de adhesión y de integración durante largo tiempo;

20. Pide a los países candidatos que presten mayor atención a la cooperación mutua y a la creación de
estructuras regionales de cooperación; insta a la Comisión a que refuerce los mecanismos existentes para
fomentar tal cooperación y a que facilite los recursos necesarios a tal fin;

21. Destaca la importancia de la ampliación para la economía de los actuales Estados miembros, así
como el hecho de que los beneficios políticos y macroeconómicos de la ampliación compensarán con
creces los costes adicionales que está supondrá para los actuales Estados miembros; subraya que la UE ya
se está beneficiando de un creciente superávit comercial con los países candidatos;

22. Subraya que la aceptación de las disposiciones establecidas con respecto a la Unión Económica y
Monetaria descartan toda posibilidad de cláusula de excepción («opting out») y representa un compromiso
con un proyecto político global e irreversible, que presupone necesariamente una verdadera convergencia
económica y un enfoque sobre la UEM que no sólo significa la pertenencia a una zona monetaria, sino
que, fundamentalmente, entraña la coordinación de las políticas económicas y sociales;

23. Considera que debe garantizarse la independencia del Tribunal de Cuentas o del organismo equivalente en cada Estado candidato y que se le han de conceder y garantizar los medios necesarios para hacer
valer sus observaciones antes de la adhesión; aboga por la continuación y el desarrollo de los contactos
entre las instituciones encargadas de los controles financieros en los Estados candidatos y las de los Estados
miembros y la Unión Europea; se muestra a favor del desarrollo de los programas de hermanamiento en el
marco de la asistencia técnica con arreglo a las necesidades manifestadas por los países candidatos, así
como la continuación de los seminarios organizados por la Comisión; espera que los países candidatos,
en el momento de su adhesión, respeten en la medida de lo posible el nivel de protección de los intereses
financieros de la actual Unión Europea de los quince; espera que los países candidatos se asocien íntegramente y sin demora a la lucha contra el fraude en detrimento de los intereses financieros de la Unión
Europea e inscriban en sus PNAA (programa nacional para la adopción del acervo comunitario, revisado
todos los años) la creación lo antes posible de sistemas de lucha contra el fraude; considera que los Estados
candidatos que todavía no lo hayan hecho deberían firmar y ratificar lo antes posible los convenios y
protocolos internacionales sobre la protección penal; espera que los Estados candidatos realicen, antes de
su adhesión, las reformas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de recaudación de recursos propios y que accedan a la armonización del cálculo del PNB;

24. Considera que los actuales compromisos presupuestarios serán insuficientes para garantizar el éxito
a largo plazo de esta histórica ampliación, salvo que se produzcan reformas radicales de las actuales políticas en materia de gasto, como la PAC, o bien una revisión del límite máximo de los recursos propios;

25. Señala que la ampliación lastrará el presupuesto de la Unión, pero que éste podrá sin duda alguna
respetar el límite máximo de recursos propios de un 1,27 % del PNB para pagos hasta 2006; hace hincapié
en la necesidad de financiar la ampliación dentro del marco fijado por el Acuerdo Interinstitucional 6 de
mayo de 1999 ( [1] );

26. Insta a la Comisión a tener en cuenta las consecuencias presupuestarias de una ampliación distinta a
la prevista por el Consejo Europeo de Berlín y el Parlamento Europeo en 1999, sobre todo en lo referente
a las fechas de adhesión y al orden en que los países candidatos pasarán a ser miembros de la Unión;
solicita a la Comisión que desarrolle distintos planes para ajustar las perspectivas financieras (uso de
rúbrica 8), y en particular para el caso de que seis nuevos Estados pasen a ser miembros de la UE antes
de 2006 o de que la adhesión de los primeros países candidatos se produzca después de 2002; insta a la
Comisión a examinar las consecuencias económicas y presupuestarias de la ampliación más allá del
período del marco financiero (2000-2006), que se basaba en la presunción de que seis Estados pasarían a
ser miembros de la Unión; subraya la importancia de que para las próximas perspectivas financieras se
hagan cálculos basados en la plena participación de hasta 13 nuevos Estados miembros, lo que, entre
otras cosas, requiere una reforma completa de las políticas agrícola y regional;

27. Destaca la importancia de otros aspectos políticos, culturales, sociales y económicos de la ampliación, difíciles de cuantificar en cifras, como son los efectos positivos sobre la competencia, el medio
ambiente, la democracia y la paz, y unas perspectivas de mayor crecimiento y de una moneda única para
el mayor mercado común del mundo (a más largo plazo); pide a la Comisión que prepare un informe
sobre «el coste de la no ampliación»;

( [1] ) DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.

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28. Propone que se abra a los países candidatos con los que, en la actualidad, no se está negociando la
adhesión, la perspectiva de pertenecer a un nuevo espacio europeo basado en el comercio, la seguridad, el
medio ambiente y los derechos fundamentales; la participación en este espacio no excluirá una posible
pertenencia a la UE;

29. Se propone adoptar posición, progresivamente, respecto de los documentos políticos en los que los
Estados miembros expongan en detalle las cuestiones de fondo de la ampliación o respecto de los resultados provisionales de las negociaciones;

_**Convergencia y estabilidad en los países candidatos a la adhesión**_

30. Destaca que los años siguientes a la adhesión constituirán un importante reto económico para los
nuevos Estados miembros, en particular, a raíz de los inevitables cambios que afectarán a sus estructuras
financieras, económicas y sociales, y que la adopción del euro, que conlleva sus propias presiones, representa un nuevo paso hacia una lograda transición a una economía de mercado, de conformidad con los
criterios de Copenhague;

31. Toma nota de los efectos aparentemente beneficiosos de las distintas políticas de reducción de la
inflación y de la retención de los tipos de cambio, aplicadas en numerosos países candidatos, pero subraya
la necesidad de que se adopte un enfoque pragmático a la hora de permitir los ajustes apropiados, garantizar que la fase de preadhesión se opere gradualmente y de forma sostenible, salvaguardar la credibilidad de
dichas monedas a medio plazo; alienta una política de prevención de los riesgos derivados de los desequilibrios exteriores y de las crisis de los tipos de cambio;

32. Observa que sólo podrá lograrse una plena participación en la UEM que incluya derechos de voto
cuando se cumplan las disposiciones del Tratado, si bien reconoce que algunos países candidatos pueden
querer avanzar más rápido y más lejos a la hora de imponer las normas y beneficiarse de las ventajas de la
UEM;

33. Pide a la Comisión a que efectúe una evaluación profunda de los avances que se han producido
respecto a los criterios económicos de Copenhague, entre otros, el buen funcionamiento de la economía
de mercado, la estabilidad del marco jurídico de la actividad económica, la reforma del derecho empresarial
y del régimen de ayudas de Estado;

34. Insiste en la consolidación de los sistemas bancarios y financieros, en particular, mediante la cooperación internacional para mejorar la fiabilidad del control bancario y recomienda, además, el desarrollo de
instrumentos como las centrales de información de crédito (centralización de los riesgos) con el fin, entre
otras cosas, de reducir la discriminación que sufren las pequeñas y medianas empresas en el acceso a la
financiación;

35. Pide a la Comisión que considere, según los países, la posibilidad de aplicar períodos transitorios a
la liberalización de los movimientos de capitales, en particular a corto plazo, de la misma forma que para
la libre circulación de mercancías y personas, subrayando el riesgo considerable de inestabilidad financiera
tanto para los sistemas bancarios como para la economía real;

36. Propone el establecimiento de un marco institucionalizado destinado a favorecer, durante la fase de
preadhesión, los intercambios de información entre los Ministerios de Finanzas y los Bancos Centrales de
los países candidatos y las instituciones competentes de la Unión, marco que podría asumir la forma de
reuniones periódicas con ocasión de las reuniones del Comité Económico y Financiero y del Comité de
Política Económica, en las que se podrían presentar «programas de preconvergencia» sobre la base de indicadores y estadísticas armonizadas; la Comisión habría de informar periódicamente al Parlamento de los
resultados conseguidos en la aplicación de tales programas;

37. Aboga, teniendo en cuenta las necesidades excepcionales de esos países en materia de infraestructuras, desarrollo de recursos humanos y medio ambiente, por que se identifiquen los gastos de inversión
pública en la evaluación de la gestión de sus finanzas públicas, observando que en la mayor parte de
esos países existen considerables márgenes de maniobra presupuestaria, resultado de unas tasas de crecimiento claramente superiores a las de la Unión Europea;

38. Pide a las autoridades de los países candidatos que todavía no lo hayan hecho que establezcan lo
antes posible políticas de cambio asociadas al euro y que examinen junto con la Unión Europea los retos y
los riesgos planteados por la integración monetaria parcial que se derivará del uso creciente del euro como
moneda paralela;

39. Pide a la Comisión que le informe dos veces por año sobre el progreso de las negociaciones y pide
que se consolide la información mutua, en particular, entre los Parlamentos de los Estados miembros y de
los países candidatos;

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_**Estado de la legislación en los países candidatos y su aplicación en los ámbitos relacionados con el**_
_**mercado único**_

40. Asumirá plenamente su responsabilidad, en el momento de la ratificación de cada uno de los tratados de adhesión, en cuanto al buen funcionamiento del mercado interior, pero también en cuanto a la
situación social y económica de la UE y de los países candidatos, y se reserva el derecho de examinar
por su cuenta la observancia de los criterios de Copenhague y la adecuación de los acuerdos celebrados
con las expectativas manifestadas por el Parlamento;

41. Recuerda expresamente que el Consejo Europeo de Copenhague impuso como condición previa de
la adhesión «la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la
Unión»; en ese sentido, toma nota de que el PIB de los países candidatos sigue representando sólo el 7 %
del PIB de la Unión de los 15, aunque su población representa el 21 % de la población de la UE; es
plenamente consciente de que la apertura de un mercado interior entre regiones de estructura tan diferente
en cuanto a su historia económica constituye un riesgo sin precedentes en los anales de la economía; insta
a la Comisión a que, con vistas a la decisión sobre la adhesión, presente un análisis económico profundo
que permita la valoración de dicho criterio;

42. Se declara favorable a una gestión inteligente y realista del proceso de integración económica, para
evitar recriminaciones por ambas partes; considera que los regímenes transitorios constituyen un instrumento flexible y adecuado para evitar que se perturbe el desarrollo armonioso durante la integración,
especialmente en lo que se refiere a la libre circulación de los trabajadores y la libre prestación de servicios;
pide a la Comisión que, en el marco de la estrategia de adhesión, vele por que el nivel de las ayudas de
Estado se aproxime al autorizado por el acervo comunitario;

43. Advierte contra una infravaloración de las consecuencias de la división del trabajo entre la UE actual
y los países candidatos en el mercado interior; se muestra convencido de que la aceleración del cambio
estructural subsiguiente beneficiará a ambas partes; considera, no obstante, que corresponde a Europa
resolver ciertos problemas vinculados con la integración del mercado, en sectores determinados o en las
zonas fronterizas, como ocurrió con el programa integrado mediterráneo cuando le produjo la ampliación
hace el sur;

44. Pone de relieve que existe una relación directa en el mercado interior entre el reconocimiento de las
libertades fundamentales y la observancia de las normas mínimas, por ejemplo, en el ámbito social,
medioambiental, de la protección de los consumidores y de la salud y de la competencia; por consiguiente,
pide que en las negociaciones de la adhesión se tenga debidamente en cuenta esta circunstancia, para evitar
rupturas económicas y sociales;

45. Se felicita de los progresos realizados en la adaptación del Derecho de los Estados candidatos a las
disposiciones de la UE relativas al mercado interior, y pide a todos estos países que no frenen sus esfuerzos; pide a la Comisión que supervise mediante el marcador de indicadores la transposición efectiva de las
directivas europeas en la legislación nacional cuando se produzca la adhesión de los países candidatos;

46. Insiste en que la transposición del Derecho de la UE sólo se puede considerar satisfactoria si se
aplica eficaz y diariamente por parte de la administración, el control jurisdiccional y las autoridades de
supervisión del mercado; está muy preocupado por las deficiencias existentes en ese ámbito, que, en cualquier caso, habrán de eliminarse antes de cualquier adhesión;

47. Opina que la existencia de una justicia eficiente, dotada de tribunales independientes, un número
suficiente de jueces debidamente formados, que disponga de plazos razonables para tomar decisiones con
fuerza ejecutiva, es una condición fundamental para la entrada de los países candidatos en el mercado
interior, ya que la protección equitativa de los derechos de los agentes económicos es indispensable para
un comercio leal; comprueba que en los países candidatos existe una necesidad notable de recuperar
terreno en cuanto a la garantía de la seguridad jurídica;

48. Da una importancia especial al criterio de Copenhague relativo a la garantía del Estado de Derecho,
que lógicamente excluye cualquier discriminación de los ciudadanos de la UE en virtud de leyes aplicables;
se refiere, en particular, a la libertad fundamental de establecimiento y a la compra de terrenos;

49. Expresa su preocupación por la falta de transparencia de las negociaciones sobre la adhesión en el
ámbito del mercado interior, tanto respecto de la opinión pública como del Parlamento Europeo y los
Parlamentos nacionales; teme, considerando el enorme alcance de las decisiones que habrán de tomarse,
que siga disminuyendo el apoyo de los ciudadanos a la ampliación hacia el Este, si no se les informa
claramente durante años sobre el estado de las negociaciones; insta a los Gobiernos de los Estados miembros, al Consejo de Ministros y a la Comisión a que hagan públicas las posiciones oficiales respecto de los

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distintos capítulos de las negociaciones de adhesión y a que acepten discutir la manera de actuar de algunos países candidatos; mantiene que una comunicación comercial funcional constituye un elemento esencial del buen funcionamiento del mercado interior y subraya la importancia del reconocimiento mutuo de
los Estados miembros;

_**Las implicaciones de la adhesión para la industria, el comercio exterior, la investigación y la energía**_

50. Considera que los países candidatos se enfrentan a dos desafíos en lo que a la política industrial se
refiere: la adaptación de sus ordenamientos jurídicos al Derecho comunitario (el «acervo comunitario») y el
aumento de la competitividad de sus industrias; subraya que la adaptación de sus ordenamientos jurídicos
al Derecho comunitario no se limita a las actividades legislativas, sino que debe ser un proceso paralelo a
las medidas que adopte el Estado de derecho para conferir seguridad jurídica suficiente a cada inversor;
subraya, asimismo, que los avances que se realicen en este sentido serán uno de los criterios que se utilicen
para fijar la fecha de adhesión de los distintos países candidatos;

51. Propone, por lo tanto, un esfuerzo concertado para aumentar la competitividad y la cohesión social
y económica en el período de preadhesión, que englobe los siguientes elementos:

�
medidas específicas de aceleración del ajuste de las estructuras industriales y de fomento de nuevas
empresas, especialmente PYME,

�
medidas de mejora y simplificación del marco jurídico, de las normas sobre especificación de los
productos, acceso a los mercados, competencia y financiación, así como normas medioambientales,
en particular en lo que se refiere a las emisiones de todos los sectores industriales, no sólo del energético,

�
medidas apropiadas que sirvan de complemento a una política industrial, como el establecimiento de
un entorno macroeconómico estable, el aumento de los recursos humanos, el diálogo social, un sistema viable de protección social, políticas activas en relación con el mercado laboral y unas infraestructuras adecuadas,

�
medidas para el desarrollo de un espacio de comunicación sin discriminación;

52. Considera que, para lograr un ajuste industrial con éxito destinado a crear o mantener un clima
propicio a las inversiones, es necesario cumplir cinco requisitos: una adecuada financiación de los programas, unos mercados financieros eficaces, prioridad a las nuevas empresas de tecnología avanzada frente a
los complejos industriales parcialmente obsoletos, condiciones equitativas de competitividad para todas las
empresas independientemente de su carácter público o privado, y lucha contra la corrupción; no obstante,
el programa PHARE, debido en parte a su gestión y prioridades actuales, no ha tenido hasta ahora un éxito
arrollador; insta a la Comisión a que presente al Parlamento Europeo un informe provisional que centre su
atención en los siguientes capítulos de negociación: la política industrial, las pequeñas y medianas empresas, las telecomunicaciones, y las industrias del sector audiovisual, de los medios de comunicación y de
Internet, y que analice las dimensiones de la reestructuración y el coste de la financiación necesaria, así
como las posibles excepciones con respecto a las normas de competencia, por ejemplo, para el servicio
público de radiodifusión, en caso de considerarse necesarias;

53. Expresa su convencimiento de que el «potencial de exportación» de los países candidatos aumentará
si se sigue realizando el ajuste industrial, si la I+D se orienta hacia necesidades específicas, y si se fomentan
los sectores con posibilidades de exportación y el nacimiento de nuevas empresas; reconoce, no obstante,
que los Acuerdos europeos celebrados entre la UE y los PECO candidatos a la adhesión han impulsado la
liberalización del comercio entre los países candidatos y la UE, y han proporcionado un marco útil para la
armonización de las normas y legislaciones de los países candidatos sobre movimientos de capitales, derechos de propiedad industrial e intelectual y contrataciones públicas;

54. Espera que el Consejo y la Comisión le transmitan oficialmente los acuerdos comerciales recientemente celebrados, y que la Comisión le presente un análisis sobre los acuerdos de libre comercio que ya se
han celebrado con los países candidatos, que se centre en su compatibilidad con la política comercial
común de la UE durante la fase preparatoria; llama la atención sobre el hecho de que la Comisión no ha
presentado al Parlamento ninguna evaluación cuantitativa de las posibles repercusiones de la ampliación
sobre la «creación de intercambios comerciales» y la «desviación de intercambios comerciales»; quisiera
recibir además un análisis de los posibles flujos de inversiones extranjeras directas procedentes de países
terceros en los Estados miembros actuales y en los países candidatos como consecuencia de la ampliación;

55. Subraya que la estrategia comercial de la UE se basa en la apertura recíproca de los mercados y en
la integración de los mercados mundiales, y que tras la adhesión no podrá seguir aplicándose una política
comercial diferente a la política comercial común; espera que los países candidatos armonicen su política

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comercial con la política comercial común de la UE ya antes de la adhesión, en particular para adoptar
medidas más eficaces respecto de la armonización de las relaciones comerciales con terceros países adoptando una posición común en la OMC y en las organizaciones financieras internacionales (FMI y Banco
Mundial), y que se preparen para la adhesión mediante nuevos descensos de los aranceles aduaneros; reconoce, además, la estrecha cooperación registrada últimamente entre algunos de los países candidatos y la
UE en este ámbito; insta a la Comisión a que apoye los esfuerzos de los países candidatos encaminados a
abrir los mercados en mayor medida;

56. Subraya que la quinta ampliación de la UE coincide con la sociedad de la información, lo que
requiere un esfuerzo importante para aprovechar los beneficios que generará el crecimiento adicional que
se espera como consecuencia de la creación de «un área de información común»; subraya la necesidad de
realizar mayores esfuerzos para mejorar la aplicación de las tecnologías de la información en los sectores
antiguos y modernos de los países candidatos, velando por que se puedan beneficiar amplios círculos de
usuarios y se ofrezcan servicios universales; considera que el sector público debería ser un ejemplo en lo
que se refiere a la aplicación de las tecnologías de la información en sus actividades, que puede contribuir
de forma muy importante a la transparencia, la simplificación y la rapidez de la administración estatal en
los países candidatos;

57. Pide a la Comisión que comunique al Parlamento la información relativa a los sectores relacionados
con las nuevas tecnologías (Internet, biotecnologías, espacio, etc.) y los temas debatidos por la Comisión
con los países candidatos en relación con la ciencia, la investigación, y las telecomunicaciones; así como
que le indique si los métodos tradicionales relacionados con las «licitaciones» y los «concursos para obtener
fondos para la investigación» con cargo al presupuesto de la UE resultan adecuados y eficaces para los 13
países candidatos en un momento en que éstos se encuentran en pleno proceso de transformación, lo que
requiere un aumento de la investigación en los niveles social, económico y medioambiental;

58. Señala que el sector de la energía es particularmente sensible, ya que en el pasado el consumo de
energía en los países candidatos era en su mayor parte gratuito y que, en consecuencia, la introducción de
un sistema de precios resulta particularmente difícil, si bien también reviste importancia para la protección
del medio ambiente y la disminución de la producción de energía; considera que para la integración de los
países candidatos en el mercado interior es necesario adoptar y aplicar plenamente las Directivas relativas
al mercado interior de la electricidad y del gas, así como cumplir las obligaciones en materia de reservas
petrolíferas, y la adopción de las normas de seguridad existentes en la UE para el funcionamiento de las
centrales nucleares, su posible clausura y la gestión de los combustibles, incluido su transporte;

59. Pide a la Comisión que presente un resumen sobre los estudios existentes y que elabore si es necesario un estudio detallado sobre los aspectos relacionados con la energía que figuran a continuación:

a) un cálculo cuantitativo de la modernización de las industrias energéticas en los PECO candidatos a la
adhesión y de los recursos y el tiempo que son necesarios para alcanzar un nivel similar de demanda
final de energía y de producción de energías renovables al que se registra en la UE,

b) una evaluación de los modelos de simulación del comercio de las cuotas de emisión y de su impacto
en el sector energético de los países candidatos,

c) la máxima contribución posible con cargo al presupuesto de la UE mediante sus programas SAVE,
THERMIE, ALTENER, etc., en los 13 países candidatos, o mediante otras fuentes de financiación, y el
modo en que podría coordinarse esta ayuda;

_**Empleo y aspectos sociales en los países candidatos**_

60. Acoge con satisfacción y reconoce los enormes esfuerzos desplegados por los PECO para modernizar sus estructuras económicas y sociales; espera que las necesarias reformas sociales no generen penuria
social y pide que la Comisión inicie inmediatamente su campaña de información sobre la ampliación;
señala con preocupación que la tasa de crecimiento de los PECO es inferior a la prevista en 1997 por los
institutos de investigación económica y que se están exacerbando las diferencias sociales internas, lo que
significa que es muy probable que los progresos en el ámbito de la convergencia de la renta sean mucho
más lentos (algunos países candidatos han tenido incluso un crecimiento negativo); pide, por consiguiente,
que se adopten medidas económicas y sociales durante el período de preadhesión a fin de mejorar la
cohesión económica y social y evitar los impactos negativos resultantes de las considerables diferencias
de renta entre los Estados miembros y en el seno de éstos; solicita asimismo iniciativas que permitan
financiar las inversiones nacionales y las inversiones procedentes del extranjero y acelerar así la convergencia de la renta per capita;

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**Miércoles, 4 de octubre de 2000**

61. Pide que, pese a la necesidad de controlar el equilibrio de los presupuestos nacionales de los PECO,
no se comprometan las inversiones en infraestructuras públicas y sociales, sino que al contrario se
estimulen;

62. Considera que la protección social representa no sólo una carga presupuestaria sino también un
factor productivo y una piedra angular del modelo social europeo; señala que el gasto social cumple una
función importante en el proceso de cambio estructural, favoreciendo con ello el crecimiento y la convergencia de la renta; subraya que los cuatro objetivos de protección social (rentas del trabajo, prestaciones de
desempleo, pensiones y asistencia sanitaria) son válidos para la UE y los PECO; destaca que los cuatro
objetivos (establecidos en la Comunicación de la Comisión (COM(1999) 347) y adoptados por el Consejo
en sus Conclusiones ( [1] )) deben cumplirse mediante una financiación sostenible y una administración eficaz;
considera esencial con vistas a la adhesión que las empresas radicadas en la UE también cumplan las
normas comunitarias ambientales y sociales cuando actúen o inviertan en los países candidatos; pide a la
Comisión que negocie un «código de conducta» similar al código de conducta sobre los aspectos ecológicos
y sociales de las multinacionales adoptado por la OCDE; pide a la Comisión que asegure que los programas
y proyectos para la reestructuración del sector industrial financiados por la UE tengan en cuenta, con
arreglo al artículo 2 del Tratado UE, los aspectos de empleo, de protección social, de igualdad entre hombres y mujeres y de respeto al medio ambiente;

63. Pide que, dado el importante papel de los interlocutores sociales y regionales en el ámbito del
empleo y los asuntos sociales, se realicen mayores esfuerzos para fomentar el diálogo social, al objeto de
contribuir al desarrollo de los sistemas de seguridad social, sanitarios y de pensiones así como a la salud y
seguridad laborales, y para garantizar igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y la no discriminación mediante políticas del mercado laboral; reconoce asimismo la importancia de la sociedad civil para
promover la inclusión social y pide, por consiguiente, el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones
no gubernamentales y del diálogo civil;

64. Señala que los índices de participación laboral en los PECO suelen ser inferiores a los de la UE, en
especial por lo que respecta a las mujeres; señala que en los PECO deben desarrollarse, o desarrollarse más,
las instituciones en el ámbito del mercado laboral así como los Planes de Acción Nacionales en materia de
empleo que permitan modificar más rápidamente las estructuras; pide, por consiguiente, a los PECO que
adapten sus cualificaciones profesionales y sus sistemas de formación a las nuevas condiciones económicas
y los sistemas educativos europeos con el fin de fomentar el crecimiento y la convergencia; pide asimismo
que dichas medidas políticas otorguen una importancia especial a la integración de la dimensión del
género y a la problemática de los menores;

65. Considera que si se prepara bien el proceso de integración, no deben esperarse migraciones importantes de los PECO a la UE; está convencido, sin embargo, de que para mantener la cohesión y la paz
sociales en una Europa ampliada deben reducirse drásticamente la marginación social y la pobreza en los
PECO; señala que deberemos prepararnos para prevenir y refrenar tensiones sociales en las regiones fronterizas entre la UE y los PECO, debido a las fuertes diferencias de nivel de vida y de renta que hay entre las
mismas;

66. Pide a la Comisión que financie urgentemente las medidas transfronterizas especiales de apoyo previstas en las regiones fronterizas de la UE que deben hacer frente al problema de los trabajadores transfronterizos debido a las diferencias de nivel de renta, precios y vida;

67. Hace referencia a los períodos de transición acordados en anteriores ampliaciones de la UE y a su
Resolución de 4 de diciembre de 1997 sobre la Comunicación de la Comisión «Agenda 2000 �Por una
Unión más fuerte y más amplia» (COM(97) 2000 �C4-0371/97) ( [2] );

68. Señala que la Directiva 2000/43/CE del Consejo ( [3] ) relativa a la aplicación del principio de igualdad
de trato entre las personas independientemente de su origen racial o étnico pertenece al acervo comunitario; insiste en la necesidad de adoptar medidas políticas para luchar contra la discriminación por razón de
origen racial o étnico, tanto en la UE como en los PECO; señala asimismo que el principio de no discriminación enunciado en el artículo 13 del Tratado CE forma parte del acervo comunitario y que la legislación derivada de tal artículo debe aplicarse plenamente tanto en la UE como en los PECO;

( [1] ) DO C 8 de 12.1.2000, p. 7.
( [2] ) DO C 388 de 22.12.1997, p. 17.
( [3] ) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

22.6.2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 178/121

**Miércoles, 4 de octubre de 2000**

69. Pide que se realice un estudio detallado de las causas de la mortalidad infantil en edades inferiores a
los 5 años (en especial en Rumania), de la disminución de la población y del hecho de que la esperanza de
vida sea inferior (en particular en Rumania, Hungría y los Estados bálticos), y que, en función de sus
conclusiones, se conceda, en cooperación con la Organización Mundial de la Salud, un apoyo específico
a las políticas de protección de la salud infantil que se aplican en estos países; pide, además, que se realicen
estudios similares sobre la situación de las personas con discapacidad en las instituciones y el trato general
que recibe la etnia romaní; considera que los países candidatos deberán prestar mayor atención a todas
estas cuestiones y recibir apoyo exterior de la actual UE de los quince;

_**Aspectos medioambientales de las negociaciones de ampliación**_

70. Pide a los países candidatos que concedan una prioridad muy elevada a la transposición del acervo
medioambiental en sus legislaciones nacionales, que deberán haber llevado a cabo, como muy tarde, en la
fecha de su adhesión; las directivas medioambientales de la UE que pueden aplicarse con un coste bajo (por
ejemplo, las directivas sobre la evaluación del impacto ambiental, la información medioambiental, la legislación relativa al bienestar de los animales, el hábitat y las aves silvestres) deberían aplicarse a partir de la
fecha de adhesión; considera esencial que se conceda una prioridad especial a la aplicación del acervo
comunitario en el resto de los ámbitos medioambientales donde existen problemas (como la contaminación del medio acuático y de la atmósfera y la gestión de residuos); considera que los períodos transitorios
para la aplicación de las partes del acervo medioambiental que requieren unos costes económicos elevados
deberían limitarse a un máximo de cinco años, siempre y cuando los riesgos para las personas o el medio
ambiente no requieran medidas más inmediatas y sólo en casos excepcionales y debidamente justificados
debería ser posible negociar períodos transitorios superiores a 5 años, previa consulta de la Comisión al
Parlamento Europeo y una vez que el Parlamento se haya asegurado de que la petición es razonable; la
aprobación de excepciones requerirá la elaboración de un calendario estricto, un plan de acción y una
estrategia de financiación;

71. Hace hincapié en que, en el caso probable de que se concedan períodos transitorios a los nuevos
Estados miembros en el sector ambiental, deberían establecerse en los tratados de adhesión objetivos provisionales realistas; el incumplimiento de dichos objetivos debería tratarse como una infracción normal del
Derecho comunitario;

72. Considera insuficiente la información proporcionada por la Comisión en el informe sobre la ampliación en lo que se refiere a la calidad del medio ambiente; pide a los países candidatos que transmitan al
Parlamento Europeo anualmente los programas nacionales para la incorporación del acervo comunitario,
indicando exactamente los calendarios y el estado de los procesos legislativos; insiste en que, durante el
período de preadhesión, la Comisión dé cuenta cada año al Parlamento Europeo de la situación del medio
ambiente incluidos los resultados de la aplicación del acervo y que los informes que presente se refieran a
los objetivos provisionales a fin de conocer el alcance preciso de los progresos realizados por cada uno de
los países candidatos; pide a las ONG que trabajan en el ámbito de la política medioambiental que ayuden
al Parlamento Europeo a reconocer las deficiencias potenciales o reales en la actuación de los países candidatos a la adhesión mediante la presentación de informes que evalúen la situación antes de finales de 2001,
y posteriormente con periodicidad anual;

73. Pide a la UE que duplique de aquí al año 2006 la ayuda que concede a los países candidatos en el
sector del medio ambiente; subraya que los instrumentos financieros como Phare, ISPA (Instrumento
estructural de preadhesión) y Sapard (Instrumento de ayuda a la agricultura y al desarrollo rural) deberían
interrelacionarse y ofrecer más ayuda en favor de un desarrollo sostenible; insiste en que se suprima el
límite de 5 millones de euros para la financiación de ISPA con el fin de ofrecer una oportunidad a los
pequeños proyectos innovadores, y en que los proyectos y programas financiados por la UE no sólo tengan debidamente en cuenta el bienestar y la protección de los animales, sino creen también las condiciones
necesarias para un trato adecuado de los mismos, que tenga en cuenta su comportamiento natural, y una
reducción al mínimo de los transportes de animales, que serán sacrificados lo más cerca posible del lugar
de cría; considera asimismo que no deben aceptarse normas transitorias en el ámbito de la protección de
los animales;

74. Considera esencial que las empresas establecidas en la UE respeten las normas medioambientales
comunitarias cuando operen y/o inviertan en los países candidatos, y pide a la Comisión que negocie un
código de conducta medioambiental con la UNICE; subraya que toda la ayuda de preadhesión debe ser
compatible con el planteamiento de la UE de integrar la perspectiva del medio ambiente en otras políticas
y, para ello, pide a la Comisión que establezca y publique evaluaciones del impacto ambiental de todos los
proyectos y planes de preadhesión financiados por la UE, incluyendo los préstamos del BEI, antes de poner
en operación dichos fondos, y pide que, al realizar dichos préstamos en los países candidatos de Europa
Central y Oriental, el BEI mejore significativamente la transparencia de sus prácticas y política general a la

C 178/122 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES 22.6.2001

**Miércoles, 4 de octubre de 2000**

hora de ofrecer información al público; pide a las autoridades competentes que examinen la manera de
proporcionar más financiación para el apoyo directo a la conservación del medio ambiente antes y después
de la adhesión, por ejemplo, mediante la ampliación de los criterios que se aplican para la asignación de
los créditos ISPA a proyectos medioambientales, de manera que estos criterios incluyan actividades de
conservación del medio ambiente, sobre todo la identificación de zonas apropiadas para Natura 2000 y
la posterior gestión de dichas zonas;

75. Subraya la importancia de un fuerte compromiso tanto de los países candidatos como de la UE en
el sector ambiental y de la seguridad nuclear; recuerda que los reactores nucleares de primera generación
de diseño soviético son considerados de «alto riesgo» para toda Europa; insta a los países candidatos a
cumplir sus obligaciones respecto a su clausura; considera que estos reactores nucleares deben cerrarse
como muy tarde en el momento de la adhesión; apoya el plan de la Comisión en favor de la cooperación
científica y técnica destinada a contribuir al desmantelamiento de las instalaciones nucleares; reconoce la
necesidad de proporcionar ayuda social a los trabajadores desplazados; pide a las entidades financieras
internacionales tales como el BEI y el BERD que proporcionen inversiones estratégicas multilaterales y
ayuda económica bilateral para la realización de proyectos de ahorro de energía y el desarrollo de fuentes
de energía renovable en los países candidatos;

76. Pide a la Comisión, así como al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros y de los países
candidatos que actúen para sensibilizar a las instancias oficiales y a la opinión pública de los países candidatos acerca de la importancia de la protección del medio ambiente en general y de Natura 2000 en
particular; pide que se cree una administración operativa en los niveles local, regional y nacional para
garantizar que la legislación en materia de medio ambiente se aplica de manera correcta; insta a una
mayor participación de la opinión pública y de las ONG que operan en los sectores ambiental y del bienestar animal en el proceso de adhesión, reconociendo que la protección de la conservación del medio
ambiente depende tanto de las leyes y reglamentos como de la existencia de organizaciones no gubernamentales activas e independientes, organizadas a escala local, regional, nacional, europeo e internacional,
así como de un alto nivel de interés, de sensibilización y de información por parte del público, de los
expertos y de los responsables políticos de la toma de decisiones; aboga por que se intensifique la colaboración entre las administraciones de los países candidatos y de los Estados miembros;

77. Considera que una mejor coordinación del crecimiento económico y de los requisitos medioambientales constituye uno de los principios más importantes; subraya como punto de partida básico la integración de la política medioambiental en los demás ámbitos políticos; pide, por lo tanto, a las autoridades
competentes que aseguren que los proyectos y programas financiados por la UE, como los destinados a la
modernización de la infraestructura, en particular en los sectores de la energía y los transportes, tengan
debidamente en cuenta la perspectiva medioambiental, prestando atención, entre otras cuestiones, al aprovechamiento de las fuentes de energía renovables, al desarrollo de un transporte colectivo operativo y,
especialmente, al transporte ferroviario, y en particular la preservación de la gran biodiversidad de los
países candidatos y de las unidades naturales homogéneas y a que rechacen los proyectos perjudiciales
para el medio ambiente; reconoce que esta biodiversidad constituye un activo inestimable que, tras la
adhesión de los países candidatos, será parte integrante del patrimonio insustituible de la Unión Europea;
reconoce de manera pragmática que la biodiversidad y el rico patrimonio natural y cultural de las regiones
rurales de los países candidatos podrían constituir el fundamento de estrategias sociales y económicas
basadas en el desarrollo sostenible; apoya las actividades destinadas a minimizar cualquier impacto perjudicial sobre el paisaje y el medio ambiente y a optimizar los beneficios, preservando a la vez la población
rural y la biodiversidad; para ello los programas agroambientales deberían tener como objetivo el establecimiento de vínculos precisos entre los planes nacionales de desarrollo rural y los fondos asignados en el
marco de Sapard y las prioridades de las directivas relativas a las aves silvestres y al hábitat, con especial
atención a las zonas de Natura 2000;

78. Insta a los países candidatos, en colaboración con la Comisión, a que procedan a la identificación de
las zonas de Natura 2000 antes de la adhesión y a elaborar un mecanismo que permita modificar lo antes
posible los anexos de las dos directivas correspondientes con el fin de tener en cuenta los tipos de especies
y hábitats que no están representados en la Europa de los 15, así como el hecho de que en numerosos
países candidatos una gran parte del territorio ya goza de un estatuto protegido y debe seguir haciéndolo;
a este respecto, pide que la adhesión a la UE no implique una reducción en la extensión total de las zonas
protegidas o en el estatuto de protección de estas zonas, prestando especial atención a las unidades naturales homogéneas;

79. Insta a todas las partes implicadas a que reconozcan que la protección de la naturaleza no es posible únicamente a través de la identificación y protección de zonas designadas, sino que debe basarse en
políticas generales que estimulen una actividad económica sostenible tanto en el medio rural como en las

22.6.2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 178/123

**Miércoles, 4 de octubre de 2000**

zonas urbanas (incluyendo las actividades de ocio), a que promuevan una agricultura, una silvicultura y un
desarrollo de los espacios urbanos e industriales respetuosos del medio ambiente, integren los aspectos
medioambientales en el amplio ámbito de la política cuando sea necesario, en particular, en relación con
los transportes y la energía, reduzcan los niveles globales de contaminación atmosférica y acuática, preserven la calidad del suelo y otros recursos naturales y desalienten formas de actividad económica que impliquen la destrucción de hábitats valiosos (tales como el drenaje de humedales); con este fin, insta a que
exploren maneras de evitar que se reproduzcan los problemas que caracterizan a la Europa de los 15,
problemas que están asociados a la agricultura intensiva, al monocultivo, al desplazamiento de la mano
de obra y a no tener debidamente en cuenta el valor económico general de la biodiversidad; entre estos
medios se incluye la explotación de las posibilidades de contrarrestar dichas tendencias (y fomentar, por
ejemplo, la supervivencia de comunidades rurales, pequeñas explotaciones, medios tradicionales y respetuosos con el medio ambiente de división de los campos �tales como setos, vías de agua y muros de
piedra secos�, las especies raras de animales domésticos y los corredores ecológicos), posibilidades que
ofrecen los elementos presupuestarios existentes tales como el FEOGA y el instrumento comunitario
LEADER;

_**Aspectos de las negociaciones de ampliación relativos a la salud y la protección de los consumidores**_

_Salud pública_

80. Pide a la Comisión que trabaje en estrecha cooperación con los países candidatos y la oficina europea de la OMS para controlar los progresos que se vayan logrando en la adopción del amplio acervo
comunitario en materia de salud y en el proceso de reformas sanitarias en los ámbitos físico, mental,
neurológico y medioambiental, y que fomente la elaboración de estadísticas y evaluaciones de resultados
para poder realizar comparaciones más precisas entre los distintos países;

81. Entiende que el programa PHARE es una herramienta útil para contribuir al progreso sanitario en
los países candidatos y que podría contribuir más en el ámbito de la salud pública; que se debería alentar y
posibilitar la participación de los países candidatos para que desempeñen un papel protagonista en el
Centro para el seguimiento, vigilancia y control de toxicomanías y en la Red para seguimiento, vigilancia
y control de enfermedades contagiosas; que los países candidatos deberían participar plenamente en los
programas de investigación relevantes para la salud y en los programas comunitarios sobre salud pública;
y que la Comisión debería ser la primera en alentar y apoyar las solicitudes de los países candidatos para
sumarse a dichos programas, y pide además a la Comisión que garantice que los beneficiarios reciben los
fondos con mayor rapidez que en tiempos de su predecesora; opina que la Comisión debe consultar a los
países candidatos para determinar si necesitan asistencia y, en caso afirmativo, de qué tipo y para cumplir
dentro de los plazos previstos la normativa sobre calidad y seguridad de la sangre y de los productos
sanguíneos;

82. Considera que el aumento de las desigualdades sociales y la creciente tasa de dependencia suponen
importantes retos para el sector sanitario de los países candidatos; considera también que en un contexto
más orientado al mercado es necesario contar con una reglamentación adecuada de los sistemas sanitarios;
pide, por tanto, a los países candidatos que desarrollen sistemas sanitarios que protejan los elementos
básicos por los que se caracterizan todos los Estados miembros: acceso a una asistencia sanitaria de calidad
con independencia del nivel de ingresos, un mercado regulado de forma apropiada, calidad, rentabilidad,
responsabilidad, autorregulación y participación; considera que debe prestarse especial atención a la mejora
de la educación sanitaria y de la planificación familiar;

83. Considera que los países candidatos han de ser conscientes del nuevo acervo comunitario para la
salud física y mental que se deriva del artículo 152 del Tratado CE, y pide a la Comisión que haga todo lo
posible para consultar a estos países durante las fases preparatorias acerca de cualquier nuevo proyecto de
instrumento comunitario en el sector de la salud pública y el fomento de la salud;

84. Entiende que el Banco Europeo de Inversiones tiene un papel especialmente importante que desempeñar como colaborador con los países candidatos en el ámbito sanitario; señala que la Comisión debería
trabajar con el BEI y con los Gobiernos de los países candidatos para apoyar esta postura y que también
debería colaborar con la OMS para elaborar un banco de datos sobre los proyectos de asistencia y cooperación de naturaleza bilateral o multilateral en cada uno de los países candidatos y asegurar así un uso
eficaz de los recursos y evitar duplicidades; subraya la importancia de la sensibilización sobre el aspecto del
género en la política de salud pública y la necesidad específica de contar con datos estadísticos desglosados
por sexos;

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**Miércoles, 4 de octubre de 2000**

_Protección de los consumidores_

85. Se congratula del resultado de las negociaciones con los países candidatos del «Grupo de Luxemburgo» sobre política del consumidor, y valora que todos los países del grupo hayan aceptado el acervo
comunitario sobre política del consumidor, sin que ninguno haya solicitado exenciones o períodos transitorios; alienta a los países candidatos del «Grupo de Helsinki» a seguir este ejemplo durante las próximas
negociaciones;

86. Lamenta, no obstante, que pese a estos avances legislativos, siga infravalorándose la importancia de
la política del consumidor y de los derechos del mismo en una sociedad civil, y que siga sin concedérsele
una atención específica a las organizaciones de consumidores, tanto en el seno de los Gobiernos como
entre la ciudadanía en general;

87. Cree que, después de la incorporación del acervo comunitario a las legislaciones nacionales, los
principales problemas de política del consumidor en los países candidatos siguen estando en áreas como
el cumplimiento efectivo de la legislación, la transparencia, el acceso de los consumidores a la justicia, la
independencia de los organismos de representación de los consumidores y la información al consumidor;

88. Pide a la Comisión y a los países candidatos que mejoren la puesta en práctica de la política del
consumidor, y en particular, que instauren mecanismos de consulta efectiva para resolver el problema del
apoyo a las ONG de consumidores, y que apoyen los esfuerzos en favor de la educación en las escuelas y
las campañas de información a la población sobre sus derechos y obligaciones como consumidores; pide
también a la Comisión y a los países candidatos que, tanto en la fase de incorporación del acervo comunitario a sus legislaciones como posteriormente, presten especial atención a los temas relativos a la reglamentación a escala comunitaria de la seguridad alimentaria y la nutrición, los servicios de telecomunicaciones, los servicios financieros y la seguridad de los productos en el sentido más amplio posible;
considera, por otra parte, que debe prestarse la mayor atención posible a la seguridad y a la política alimentarias, dado que ambas revisten una gran importancia para el funcionamiento del mercado interior;

89. Pide a la Comisión que trabaje en estrecha cooperación con los países candidatos para constituir
una iniciativa regional permanente para la formación y el fomento del diálogo y la comprensión entre
todos los agentes que intervienen en el ámbito de la política del consumidor: instancias judiciales, gobiernos, empresas y ONG;

_**Aspectos de la ampliación relativos a la agricultura y la pesca**_

90. Reitera su voluntad de acoger a nuevos Estados en la UE; se remite en este contexto a las experiencias positivas de las ampliaciones realizadas hasta la fecha; entiende, no obstante, que en los ámbitos agrícola y pesquero es preciso redoblar los esfuerzos tanto por parte de los quince con respecto a su capacidad
de acogida como por parte de los países candidatos con respecto a su aptitud para la adhesión;

91. Aplaude los esfuerzos realizados hasta ahora en los Estados de los grupos de Luxemburgo y Helsinki en la reestructuración de sus respectivas agriculturas; parte del supuesto de que se proseguirá por este
camino y de que la ayuda de preadhesión Sapard puede ser de utilidad en este proceso;

92. Observa con preocupación que los datos disponibles de los países candidatos en el sector agrario
aún presentan lagunas, y exige por tanto que en el presupuesto 2001 se asignen fondos adicionales para
apoyar adecuadamente a estos países en la creación de un sistema eficaz de estadística agraria y la recogida
de datos, puesto que la disponibilidad de datos actuales y fiables en materia agrícola es imprescindible para
emitir un juicio objetivo sobre su evolución;

93. Insta a la Comisión a que, en las negociaciones del sector agrario, tenga en cuenta tanto el equilibrio macroeconómico dentro de los quince y de los países candidatos como las condiciones financieras y
estructurales expresadas en las decisiones del Consejo Europeo de Berlín en 1999; considera que, en principio, la ayuda a los productores en los países candidatos debería limitarse a las medidas destinadas a la
reforma estructural del sector agrícola; subraya al mismo tiempo la necesidad de que las ayudas directas en
forma de ayudas compensatorias a la renta, concebidas como indemnización por la bajada de precios, sólo
estén justificadas después de la adhesión en los casos en que realmente se produzcan pérdidas reales de
ingresos y en los que no es posible realizar cambios estructurales inmediatos, pero no cuando los precios
de los mercados interiores evolucionen de por sí al alza, debido a una inflación creciente o a la existencia
de una mayor demanda interior de productos agrarios;

22.6.2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 178/125

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94. Solicita a la Comisión que, con vistas a la posible ampliación del sistema de ayudas compensatorias
a la renta a los países de la Europa Central y Oriental, facilite al Parlamento Europeo una estimación de los
costes posibles por explotación y por sector afectados en esos países en caso de que se aplique la política
agrícola común existente en la actualidad;

95. Pide a la Comisión que le proporcione una estimación del coste probable que tendrá la aplicación
en los países candidatos de la política común de pesca, en particular en lo que se refiere a la adaptación de
las estructuras administrativas;

96. Apoya la posición consistente en determinar el nivel de las cuotas de producción/pesca para cada
grupo de productos en cuestión sobre la base de las cifras de producción histórica durante un período de
referencia pendiente de definición, y en solicitar a los países candidatos que faciliten información sobre las
cantidades correspondientes al período 1995-1999;

97. Insiste en la importancia de las zonas rurales en el conjunto de Europa y expresa en este contexto
su esperanza de que la entrada en la UE de los países candidatos del este y del sureste de Europa no
entrañe para ellos ningún deterioro social provocado por el éxodo rural y el desempleo; opina en este
contexto que hay que seguir reforzando, en particular, el recién creado segundo pilar en el ámbito agrícola,
el fomento del espacio rural; insta, por ello, a la Comisión a que, en el contexto de los debates sobre los
derechos de los países candidatos a los pagos directos, ofrezca, como alternativa, un acceso rápido y generoso a los fondos destinados al desarrollo del espacio rural; solicita a la Comisión que considere que la
ampliación no debe poner en peligro el actual nivel de las ayudas a los agricultores de los quince, y en
particular de sus regiones ultraperiféricas;

98. Exige la transposición íntegra del acervo comunitario por parte de los países candidatos, particularmente en el ámbito veterinario y fitosanitario; admite que para estos sectores y para otros sectores específicos especialmente complejos cubiertos por las organizaciones comunes de mercados, los países candidatos deberían presentar planes detallados de aplicación anticipada, antes de la adhesión, de la legislación
agrícola comunitaria; considera, con todo, la necesidad de prever algunos regímenes de transición, que
no obstante sólo deberán concederse en cada caso concreto dentro de un marco muy estricto y para el
período más breve posible; insta a la Comisión a que facilite la participación de los representantes de los
países candidatos en las reuniones de los comités veterinario y fitosanitario de la Unión Europea;

99. Reafirma la importancia de la aplicación de la estrategia de preadhesión para la liberalización progresiva del comercio de productos agrícolas antes de la ampliación; insiste en la necesidad de reducir, antes
de la ampliación, las barreras arancelarias y no arancelarias existentes en determinados países candidatos,
muchos de cuyos productos gozan de un acceso privilegiado al mercado comunitario, para garantizar el
acceso de los productos agrícolas comunitarios a estos mercados en unas condiciones no discriminatorias y
permitir un desarrollo equilibrado de los intercambios;

100. Exige la plena codecisión del Parlamento Europeo en el sector agrario antes incluso de cualquier
posible adhesión de un nuevo Estado a la UE;

_**Ampliación y política regional**_

101. Subraya la importancia de la ampliación para el establecimiento de una Unión Europea que se
extienda más allá de las antiguas fronteras geográficas, guiada por normas y valores comunes, así como
por el principio de solidaridad con vistas a reforzar la cohesión económica y social en la totalidad del
territorio europeo, la consolidación democrática y la protección de los derechos humanos; reitera la necesidad de que la UE continúe emprendiendo reformas económicas y estructurales para reforzar la competitividad y la regeneración sostenible de las regiones;

102. Recuerda que la Unión Europea se encuentra ante el reto de responder adecuadamente a una
ampliación que entrañará la incorporación de un gran número de regiones menos favorecidas; advierte
del riesgo de crecimiento desequilibrado en las diferentes regiones de los países candidatos, inducidos
tanto por las propias políticas internas de determinados países candidatos, como por los efectos del mercado y las inversiones procedentes de los Estados miembros, y pide, por tanto, a la Comisión que revise los
criterios de concesión de las ayudas estructurales, con objeto de garantizar un apoyo adecuado a las regiones más desfavorecidas tanto de los países candidatos como de los Estados miembros; reclama de la Unión
Europea el mantenimiento de los actuales requisitos de cohesión para los quince, independientemente de
los cambios estadísticos de renta media de la UE producidos por la ampliación;

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**Miércoles, 4 de octubre de 2000**

103. Señala que todos los países candidatos están dispuestos a aplicar plenamente el acervo comunitario
en el momento de la adhesión; observa, no obstante, que el proceso de escrutinio ha mostrado grandes
deficiencias relativas a la ausencia de datos por parte de algunos países candidatos y la falta de definición
de unidades estadísticas y, más importante aún, en relación con las capacidades administrativas necesarias
para poder aplicar eficazmente los créditos financieros de los Fondos estructurales; pide, por tanto, a la
Comisión que tenga especialmente en cuenta esta situación en la estrategia de preadhesión;

104. Insta a los países candidatos a avanzar en el proceso de descentralización y de regionalización y a
continuar la cooperación regional, teniendo en cuenta la creación de corporaciones locales destinadas a
una administración cercana a los ciudadanos; pide, en este sentido, a la Comisión y a los países candidatos
que inicien la cooperación interregional y transfronteriza entre los propios países candidatos y entre éstos
y sus vecinos de la UE, de modo que la UE pueda establecer programas que permitan a los Estados candidatos trabajar juntos cooperando más estrechamente a escala regional;

105. Insta a los países candidatos a fortalecer decididamente la capacidad de las estructuras administrativas encargadas de la aplicación de la política regional (políticas regionales nacionales y ayudas comunitarias a la preadhesión) y, en particular, a acelerar la formación previa y la transferencia de conocimientos,
con vistas a la adopción inmediata del acervo comunitario tras la ampliación y la rápida aplicación de los
programas de los Fondos estructurales de conformidad con la normativa europea en materia de programación, control, evaluación, gestión y control financieros;

106. Considera que el planteamiento de preadhesión reforzado constituye una base inicial para preparar
a los países candidatos a la ampliación, y subraya la importancia de fomentar el desarrollo del componente
de la «construcción institucional» en el marco del programa PHARE con vistas a la inclusión del nivel local
y regional en las medidas de construcción institucional; insta a las administraciones de los países candidatos y a la de los Estados miembros, sobre todo a las de aquellos que se han adherido y que son receptores
de Fondos estructurales, a participar plenamente en estas actividades diseñadas para garantizar la mejora de
las capacidades administrativas, la transferencia de conocimientos y la adquisición de experiencia a la hora
de adaptar y aplicar el acervo comunitario;

107. Manifiesta su preocupación por el hecho de que las actuales perspectivas financieras no sean suficientes para afrontar los retos de la política regional y de la cohesión económica y social de la UE
ampliada; pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo y al Consejo informes anuales sobre
los progresos, desglosando la información por regiones, e indique si en los países candidatos se han utilizado convenientemente los créditos y en qué medida, con el fin de que los créditos de compromiso se
utilicen adecuadamente para reforzar la ayuda a la preadhesión con vistas a abordar más rápidamente los
problemas relacionados con las inversiones en materia de infraestructuras en los países candidatos y para
que éstos se familiaricen con la absorción de créditos financieros que vayan incrementándose gradualmente
hasta el nivel posterior a la adhesión; los créditos relativos a la ayuda a la preadhesión de Chipre y Malta
deberán transferirse del capítulo 4 (Relaciones exteriores) al capítulo 7 (Ayuda a la preadhesión) del presupuesto comunitario, con objeto de homogeneizar las disposiciones actualmente en vigor para todos los
países candidatos a la adhesión, y de asegurar un enfoque equitativo;

108. Considera que los programas de cooperación Interreg, ISPA, PHARE y MEDA pueden contribuir de
forma sustancial al desarrollo regional y pide a aquellos países candidatos que puedan mantener divergencias con países vecinos que sean miembros de la Unión Europea que adecuen sus posiciones sobre los
distintos asuntos a las circunstancias actuales, a fin de establecer el clima de confianza necesario para
desarrollar y extender la cooperación a todos los niveles y promover los intereses de todas las partes
implicadas; insta a la Comisión a que supervise de forma crítica la aplicación de los programas de preadhesión, en particular, de ISPA, para regular la utilización de las ayudas estructurales en los países candidatos tras su adhesión aprovechando las experiencias con la reunificación de Alemania;

109. Considera necesario tener en cuenta, en el marco del proceso de ampliación y respetando el principio de solidaridad, el plan europeo de ordenación del territorio, vinculándolo claramente a la política
regional con vistas a la reforma de los Fondos estructurales en el año 2006, para dar una respuesta adecuada a las necesidades de desarrollo de una UE ampliada, y pide a la Comisión, en este contexto, que
analice las repercusiones de las ampliaciones sobre el empleo, la cohesión y la migración económica, con
el fin de poder aplicar medidas a tiempo para evitar los desequilibrios regionales;

110. Espera la presentación del segundo informe de cohesión a finales de 2000 para poder extraer,
junto con la Comisión, conclusiones sobre continuar la política europea de cohesión tras la ampliación;

22.6.2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 178/127

**Miércoles, 4 de octubre de 2000**

_**Ampliación y transportes y turismo**_

_Generalidades_

111. Pide a los países candidatos que creen lo más rápidamente posible una base administrativa eficaz
que permita la aplicación real del acervo comunitario (disposiciones técnicas, fiscales, sociales, medioambientales y de seguridad) plenamente incorporado en el momento de la adhesión, así como el control de su
aplicación; considera que los plazos transitorios y los regímenes de excepción deberían, en su caso, ser
breves, estar claramente definidos, ser necesarios y estar justificados; en cuanto a las disposiciones sobre
seguridad y medio ambiente, no se ha de conceder ningún período transitorio; señala que ha de prestarse
una atención particular a los «hermanamientos» que permiten que funcionarios experimentados de los
Estados miembros presten asistencia a los países candidatos a la adhesión;

112. Subraya la necesidad de realizar y ampliar las redes transeuropeas para introducir en los países
candidatos a la adhesión una infraestructura moderna de transportes, y propone que se considere también
como base para ello el Informe ENIT de evaluación de las necesidades en infraestructuras de transporte;
subraya asimismo que el objetivo de la UE es reforzar la competitividad de las regiones desfavorecidas,
mediante la mejora de las redes transeuropeas de transporte e integrando de la mejor manera posible las
redes de transporte nacionales y regionales; subraya la importancia de que se dé prioridad a las medidas en
favor de la seguridad del tráfico en los países candidatos; hace hincapié en la necesidad de cubrir también
en los actuales Estados miembros de la UE los numerosos huecos que existen en los enlaces de la red
transeuropea hacia el Este;

113. Acoge con satisfacción los recursos previstos en el marco de PHARE, ISPA y otros programas de
desarrollo de la UE; exige en este contexto que se ayude también a las PYME; no obstante, tiene presente
que el desarrollo de las infraestructuras necesitará un volumen de inversiones mucho más importante, para
el que también se podrá recurrir en particular a los inversores privados y las asociaciones con los sectores
público y privado; es, por tanto necesario, reconsiderar la estrategia de financiación practicada hasta ahora;

_Transporte por carretera_

114. Pide a la Comisión, primero, que, en el sector del transporte de mercancías por carretera, garantice
que cada país aplica realmente tras su adhesión las normas comunitarias en materia de legislación laboral,
social, fiscal y de derechos reguladores obligatorios y, segundo, que presente al Parlamento y al Consejo
propuestas destinadas a resolver las distorsiones de la competencia en la Unión Europea y en los países
candidatos en el momento de su adhesión que pueden surgir a causa de las diferencias en los costes salariales y en gastos conexos que pudieran persistir; a este respecto, convendría también examinar en qué
medida, a partir del día de la adhesión, pueden ser pertinentes y adaptadas unas disposiciones transitorias,
tanto para la Unión Europea como para cada uno de los Estados miembros; un modelo gradual, en cualquier caso necesario, deberá mantener al nivel más bajo posible las tensiones sociales en los Estados miembros y en los Estados candidatos; antes y después de la adhesión de los países candidatos, la política de
transportes aplicable al conjunto de Europa ha de tener por objeto sobre todo la reorientación del transporte de mercancías hacia el ferrocarril; no obstante, a ese fin no se han de excluir normas especiales de
tránsito específico, en particular durante los períodos transitorios;

_Transporte ferroviario_

115. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los países candidatos que atribuyan una gran
importancia al transporte ferroviario en Europa con arreglo a una política de transporte respetuosa del
medio ambiente; considera que ha de hacerse todo lo posible para que se explote y amplíe de manera
razonable la infraestructura ferroviaria todavía existente en los países candidatos con medidas tanto de la
UE como de los países candidatos, con el fin de poderse mantener también en el nuevo mercado interior
europeo ampliado, debiéndose prestar a ese respecto sobre todo atención a la interoperabilidad de las redes
ferroviarias; pide además una reestructuración de las empresas ferroviarias de aquellos países en los que
todavía no se ha llevado a cabo para garantizar un acceso justo y no discriminatorio a la infraestructura;

_Transporte intermodal_

116. Pide a la Comisión que atribuya una mayor importancia al transporte intermodal que permite en
cada caso la combinación de los diversos modos de transporte más favorables y compatibles con el medio
ambiente; considera que hay que suprimir los obstáculos que se oponen a este sistema intermodal (falta de
interfaces, falta de armonización de los modos de transporte);

C 178/128 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES 22.6.2001

**Miércoles, 4 de octubre de 2000**

_Navegación interior_

117. Recomienda que se contemple en mayor medida el transporte por navegación interior en los
corredores paneuropeos; considera que los puertos interiores deberían ampliarse como puntos nodales
para todas las modalidades de transporte; señala que, en particular, el Danubio, como importante enlace
entre la Europa septentrional y occidental y el Mar Negro, y otras importantes vías navegables en el transporte transfronterizo deberán integrarse plenamente a largo plazo, también en los Estados candidatos a la
adhesión, en las redes transeuropeas de transporte; asimismo se han de liberar créditos ISPA con el fin de
desarrollar las vías de navegación interior;

_Transporte marítimo_

118. Considera necesario, con vistas a la creación de la principal flota mundial, que se apoye tanto el
desarrollo de una gestión moderna del Estado de pabellón como también un control eficiente por el Estado
del puerto, y subraya expresamente la necesidad de imponer los máximos niveles de seguridad y las normas medioambientales más estrictas;

_Transporte aéreo_

119. Pide en primer lugar, dado que el avión es el medio de transporte más seguro, que los Estados
candidatos a la adhesión asuman sin demora las disposiciones de la UE referentes a un control aéreo más
eficaz que se han de adoptar aún este año, y, en segundo lugar, que participen inmediatamente en la EASA
(autoridad europea de seguridad para el transporte aéreo) cuya preparación está en curso;

_Turismo_

120. Pide a los Estados miembros y a los Estados candidatos a la adhesión que concedan más importancia al turismo para que Europa siga ocupando el primer puesto en este sector, tomando en consideración el gran potencial económico de esta rama de la economía y en vista de las repercusiones positivas
sobre el mercado laboral; alienta además a los Estados candidatos a utilizar de manera eficiente también en
el sector del turismo los fondos de preadhesión de los que disponen con cargo a PHARE, ISPA, Sapard o
Interreg; considera que el turismo requiere una mejor coordinación con otras políticas, en particular, la
política de transportes;

_**Ampliación e igualdad de oportunidades**_

121. Señala que el acatamiento del acervo comunitario en el ámbito de la igualdad entre hombres y
mujeres es una condición sine qua non para la adhesión, dado que se trata de una cuestión de derechos
humanos, y en que la creación de instituciones en este campo es necesaria y constituye una condición
previa vital para aplicar plenamente el acervo; pide a la Comisión que, en sus negociaciones con los países
candidatos, insista en que ha de existir una garantía absoluta de que se aplica plenamente el acervo comunitario en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades, y que haga participar, en
la medida de lo posible y hasta que se produzca la adhesión, a estos países y a las respectivas ONG en la
evolución presente y futura de este ámbito;

122. Pide a los Gobiernos de todos los países candidatos que proporcionen información precisa o confirmen su calendario legislativo para la transposición y aplicación de cada directiva, y recuerda que la
adopción de disposiciones sobre la igualdad de oportunidades y la no discriminación debe complementarse
con mecanismos adecuados que garanticen su cumplimiento; recomienda a este respecto que se fortalezca
el diálogo entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales de la Unión, por un lado, y los
Parlamentos de los países candidatos, por otro; insta a la Comisión a proporcionar, allí donde se requiera,
el peritaje y los medios económicos suficientes con el fin de facilitar el proceso de incorporación y aplicación del acervo comunitario;

123. Pide a la Comisión que inste a los Gobiernos de todos los países candidatos, y que les preste la
ayuda correspondiente, a que instauren procedimientos para la elaboración y difusión de estadísticas pertinentes para los asuntos relativos al género, que sean compatibles con las utilizadas en la CE, para incrementar la concienciación de estos problemas y facilitar las comparaciones y se disponga así de referencias
a efectos de alcanzar mejoras;

22.6.2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 178/129

**Miércoles, 4 de octubre de 2000**

124. Pide a los Gobiernos de los países candidatos que mejoren el acceso efectivo de las mujeres a la
información sobre sus derechos jurídicos y que alienten a las mujeres de los países candidatos a defender y
hacer valer sus derechos ante los tribunales para establecer una sólida jurisprudencia en materia de igualdad y concienciar a los jueces, abogados en ejercicio, asesores jurídicos, políticos y opinión pública acerca
de la problemática del género;

125. Pide a los Gobiernos de todos los países candidatos que fomenten y apoyen el desarrollo de una
sociedad civil activa, incluyendo las ONG que representan a las mujeres, por ejemplo, mediante programas
de educación e información sobre las normas internacionales de protección de los derechos de las mujeres;
insta a la Comisión a que adopte todas las medidas posibles destinadas a garantizar una cooperación eficaz
entre las ONG de la CE y de los países candidatos, y que haga participar a estas últimas en el proceso de
adhesión; pide a la Comisión que promueva y apoye los intercambios de información entre los países
candidatos y los Estados miembros de la UE, incluido el nivel sindical y de organización, con objeto de
aproximar a las personas que compartes preocupaciones similares para permitirles alcanzar una mayor
comprensión y aprovechas su experiencia mutua;

126. Pide a todas las instituciones privadas y públicas de los países candidatos que garanticen la integración de la igualdad de oportunidades en todas las políticas para que las cuestiones relativas a las mujeres no se traten de forma aislada, sino integrándolas en todos los ámbitos de la vida económica y social;
pide a los Gobiernos de los países candidatos que establezcan o fortalezcan los llamados «mecanismos
nacionales» (véase Plataforma de Acción de Beijin y Documento final de Beijin +5) con el fin de fomentar
y supervisar este tipo de integración de los aspectos de género;

127. Pide a los interlocutores sociales en los países candidatos que elaboren y consoliden políticas y
prácticas en el sector laboral basadas en la igualdad de hombres y mujeres y en la igualdad de oportunidades; solicita a la Comisión que negocie con la UNICE y con otras organizaciones representativas de los
empresarios un código de conducta para las empresas de la CE que operan en esos países;

128. Pide a la Comisión que aliente activamente a todos los países candidatos a participar en programas
comunitarios sobre igualdad de oportunidades y, en particular, en el programa de acción comunitaria a
medio plazo sobre igualdad de oportunidades (1996-2000), así como en los programas STOP y DAPHNE
destinados a combatir la violencia contra las mujeres;

129. Pide a los Gobiernos de todos los países candidatos que adopten y apliquen una estrategia global
de empleo, que tenga en cuenta los aspectos vinculados al género, con el fin de eliminar la discriminación
entre hombres y mujeres y su separación (horizontal y vertical) en el mercado laboral, incluyendo una
amplia gama de servicios (públicos o privados) que faciliten la compaginación de la vida familiar y profesional, en particular en el ámbito de la atención a la infancia, así como una formación profesional
adecuada;

130. Pide a los Gobiernos de todos los países candidatos que apliquen medidas y normas para erradicar
todas las formas de tráfico de mujeres y solucionar el problema de la violencia doméstica contra las mujeres, incluida la legislación relativa a la violación dentro del matrimonio; insta a los Gobiernos de todos los
países candidatos y a la Comisión a que fomenten la formación y la concienciación de la policía y la
judicatura, a que apoyen a las ONG que luchan contra dicho tráfico tanto en los países candidatos como
en la UE y a que fortalezcan la cooperación entre la UE y los países candidatos, poniendo a disposición
asimismo recursos económicos suficientes destinados a posibilitar esta cooperación;

                                   
                                  -                                  

131. Encarga a su Presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como
a los Parlamentos de los Estados miembros y a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados candidatos con
los cuales se han iniciado negociaciones de adhesión.