Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 22000P0301(02)

**Asamblea Paritaria del Convenio celebrado entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico y la Unión Europea (ACP-UE) - Resolución sobre la lucha contra la pobreza en los países ACP y en la Unión Europea** 
  
*Diario Oficial n° 059 de 01/03/2000 p. 0021 - 0031*

  

RESOLUCIÓN(1)

sobre la lucha contra la pobreza en los países ACP y en la Unión Europea

La asamblea paritaria ACP-UE,

- Reunida en Nassau (Bahamas) del 11 al 14 de octubre de 1999,

- Visto el informe sobre la lucha contra la pobreza en los países ACP y en la Unión Europea (ACP-UE 2770/99),

- Vistos los informes y declaraciones de las distintas organizaciones internacionales (PNUD, OCDE, OIT, Banco Mundial, FMI, G7, OMC), en particular:

- el informe de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la extrema pobreza (1997),

- los informes del PNUD sobre la pobreza (1998) y el desarrollo humano (1997/1998),

- los informes del Banco Mundial (1998/1999),

- el informe del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) de la OCDE sobre la cooperación al desarrollo de la Comunidad Europea (n° 30/1998),

- Vista la declaración final aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo que se celebró en El Cairo,

- Visto el informe "Norte-Sur. Un programa para la supervivencia" de la Comisión independiente sobre los problemas de desarrollo internacional, bajo la presidencia de Willy Brandt (1979),

- Visto el Libro Blanco sobre el desarrollo internacional "Eliminating World Poverty: A challenge for the 21st Century", presentado al Parlamento británico por la Ministra de Desarrollo Internacional (1997),

- Visto el documento estratégico del CAD-OCDE "Shaping the 21st Century: The Constribution of Development Co-operation" (1996),

- Vistos los recientes informes del Tribunal de Cuentas Europeo y en particular las observaciones sobre el Fondo Europeo de Desarrollo,

- Vista la Resolución del Consejo de la Unión Europea de diciembre de 1993 sobre la lucha contra la pobreza, cuyo punto 8 declara que "la lucha contra la pobreza debe ocupar un lugar central en el marco de las políticas y los programas de cooperación al desarrollo",

- Vistos los artículos 136 y 137 del Tratado de la Unión Europea (Disposiciones Sociales),

- Vistos los artículos 177 (Cooperación al Desarrollo), 178 (Coherencia) y 180 (Coordinación) del Tratado de la Unión Europea,

- Visto el documento de trabajo para el Panel STOA del Parlamento Europeo "Evaluation of agricultural and other technologies fighting against hunger and poverty",

- Vistas las contribuciones de los expertos invitados a la audiencia pública organizada por el Parlamento Europeo sobre "La lucha contra la pobreza en los Estados del Convenio de Lomé", celebrada el 17 de marzo de 1999,

- Vistas las aportaciones remitidas a través de las Embajadas de los países ACP y las Representaciones Permanentes de los Estados miembros de la Unión Europea,

- Visto el mandato de negociación para la renovación del Convenio de Lomé, que da la máxima prioridad a la erradicación de la pobreza,

A. Recordando las declaraciones de las cumbres mundiales celebradas en el último decenio en las que la pobreza y su erradicación han constituido el centro de la atención, en particular las Cumbres de Río, El Cairo y Copenhague que marcaron una nueva orientación al contemplar las dimensiones económica, social, medioambiental y política del desarrollo,

B. Proclamando asimismo los cuatro principios básicos establecidos en estas cumbres mundiales: sostenibilidad, responsabilización, participación y equidad,

C. Considerando que los diez compromisos asumidos en la Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo Social traducen un amplio consenso sobre la dimensión social del desarrollo y definen la pobreza, el desempleo y la exclusión como los tres grandes problemas sociales que afectan a la humanidad en este fin de siglo,

D. Recordando que, en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, los Jefes de Estado y los representantes de 186 países definieron la erradicación de la pobreza extrema como "una obligación ética, social, económica y política de la humanidad",

E. Atrayendo la atención sobre los compromisos contraídos por los participantes en la Cumbre sobre el Desarrollo Social de establecer objetivos, elaborar planes y programas, así como sobre el ambicioso objetivo adoptado por los miembros de la OCDE de reducir a la mitad, entre 1993 y 2015, la proporción de personas que viven en pobreza extrema,

F. Considerando que los obstáculos con que tropiezan algunos países ACP para salir de la pobreza son, entre otras cosas:

- de índole interna: la falta de acceso a los servicios sociales básicos (especialmente enseñanza, vivienda y salud), el hambre, la degradación del medio ambiente (pérdida de recursos, biodiversidad, cambio climático), la desigualdad de derechos entre los sexos, la ausencia de democracia y Estado de Derecho (mecanismos de redistribución de los beneficios del crecimiento, mala administración y falta de control sobre los recursos económicos y humanos propios, corrupción), conflictos armados,

- de índole externa: coyuntura internacional (inestabilidad e incertidumbres en la evolución de la demanda, fluctuaciones de los tipos de cambio e interés, variaciones en la disponibilidad de capitales en los mercados financieros), políticas comerciales relativas a los productos agrícolas que aplican los países industriales, barreras no arancelarias, mercado de los productos básicos, endeudamiento exterior que constituye una carga considerable para el desarrollo, la tendencia a la disminución de la ayuda exterior y el hecho de que, en muchos casos, la ayuda exterior no ha incidido en la reducción de la pobreza, ausencia de voluntad política suficiente en favor del desarrollo por parte de los países del Norte, ausencia de un marco democrático y social en el sistema económico internacional,

- de índole histórica: el pasado colonial, la esclavitud, la guerra fría y el haber constituido un frente en el conflicto entre las superpotencias,

G. Destacando, en particular, que la pandemia del SIDA no es únicamente un problema sanitario sino también una importante causa de pobreza y un problema general de desarrollo que afecta prácticamente a todas las categorías sociales y constituye una grave amenaza para el desarrollo socioeconómico de generaciones y naciones enteras, sobre todo en África,

H. Considerando la estrecha vinculación entre la acción para la erradicación de la pobreza y las políticas de control del crecimiento demográfico,

I. Considerando que en la era actual las grandes compañías transnacionales presionan a los Estados para que desregulen sus legislaciones con objeto de incrementar sus beneficios y que los gobiernos se enfrentan a muchas dificultades para implementar estrategias nacionales de desarrollo sostenible,

J. Considerando que la dependencia de los países en desarrollo con respecto a los países del Norte, la caída del poder adquisitivo, el deterioro de las condiciones de los intercambios y las exportaciones subvencionadas de la Unión Europea han perjudicado, entre otras cosas, el desarrollo autónomo de estos países,

K. Considerando que los países ACP poseen grandes recursos naturales cuya adecuada explotación aliviaría sin duda la carga de la pobreza,

L. Considerando que una de las razones de la falta de acceso a los bienes y servicios que constituyen el aprovisionamiento de base y permiten una existencia digna es el nivel de los costes (de la educación, la sanidad, el agua potable, los sistemas de alcantarillado, los transportes públicos, la energía, las telecomunicaciones, etc.) que, con frecuencia, alcanza el mismo nivel que en los Estados industrializados,

M. Considerando que las relaciones entre los países industrializados y los países en desarrollo conocen cambios importantes y a veces inquietantes en la era de la globalización,

N. Considerando que desde finales de la década de los ochenta los países en desarrollo han atravesado una situación complicada debido al aumento continuo de la población, al estancamiento de los ingresos procedentes de los productos agrícolas y a la degradación de los recursos naturales,

O. Recordando la larga lista de nacionales de países ACP que mueren en el intento de llegar a los países desarrollados para huir de la pobreza, y expresando en particular su conmoción ante la reciente noticia de la muerte de dos niños guineanos congelados en el tren de aterrizaje de un avión que les llevaba, clandestinamente, a la "rica y educada Europa" para pedir ayuda para Africa,

P. Haciendo referencia a las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas al manifestar que, si Africa suscitara tanto interés como Kosovo, muchos de sus problemas estarían en vías de solución,

Q. Considerando que los países endeudados están devolviendo al mundo rico, en recursos que necesitarían para desarrollarse, cinco veces más de lo que reciben; que desde el tiempo de la esclavitud los países ACP han contribuido al desarrollo económico de otras partes del mundo proporcionando los recursos que no utilizaban en beneficio propio como materias primas baratas,

R. Considerando que el Tribunal de Cuentas ha sentenciado que en los programas de ajuste estructural de la Unión Europea no se ha prestado la debida atención a los grupos más pobres, e incluso que el gasto en el sector sanitario y de la educación ha beneficiado a la población urbana, que sin embargo goza de una mejor situación económica,

S. Considerando que los patrones de consumo del mundo occidental no constituyen en absoluto el modelo de desarrollo que se ha de seguir, y que los propios países industrializados deberán revisar tales patrones si se quiere preservar la integridad de los recursos en el planeta; que de acuerdo con este modelo de "consumismo", la pobreza se define erróneamente como una medida del "subconsumo",

T. Considerando la importancia de las pequeñas empresas y de las microempresas en las economías nacionales de los países más pobres, dado que más del 60 % de la población activa de los países en desarrollo, cuyos ingresos son bajos, trabaja en este sector,

U. Constando que, debido a la falta de capitales, de conocimientos técnicos, de formación de base, de tecnología y de créditos, estas microempresas, que a menudo se distinguen por su capacidad innovadora, sólo generan unos ingresos per cápita extremadamente modestos y que esta debilidad productiva puede ser considerada como otro factor causante de la pobreza,

V. Manifestando su convencimiento de que el futuro de las próximas generaciones en los países más ricos está indisolublemente vinculado al desarrollo del Tercer Mundo,

W. Manifestando su convencimiento de que el éxito de cualquier futuro acuerdo sucesor de Lomé dependerá de que se sitúe a la persona humana en el centro de las acciones de desarrollo, y de que los sectores más pobres de la población sean los primeros beneficiarios,

X. Considerando que la población de la tierra es de seis mil millones de habitantes,

Sobre el alcance de la pobreza y la cooperación internacional al desarrollo

1. Constata con pesar que actualmente hay 1300 millones de personas que viven en extrema pobreza y que si bien esto representa un 3,5 % menos que en 1987, la cifra absoluta de pobres en el mundo aumenta y actualmente existen 75 millones más de pobres que hace una década;

2. Considera escandaloso que el 20 % más rico de la población mundial reciba el 85 % de los ingresos globales en tanto que el 20 % más pobre sólo recibe el 1,4 %, y opina que la lucha contra la pobreza pasa asimismo por la justa redistribución de los ingresos;

3. Observa que la desigualdad es un rasgo estructural de nuestro tiempo, que la globalización ha acentuado las desigualdades, tanto entre países como en el interior de los mismos, y que el número de pobres ha aumentado considerablemente a raíz de la crisis financiera que se desencadenó en Asia y que afectó sucesivamente a Rusia y América Latina;

4. Afirma que muchas economías africanas se encuentran atrapadas en el círculo de la pobreza de forma que los esfuerzos para salir de él refuerzan la recaída en la pobreza;

5. Considera, en consecuencia, que la lucha contra la pobreza debe utilizarse como incentivo para las transformaciones políticas y sociales pero asimismo al servicio del crecimiento y del desarrollo;

6. Subraya que la lucha contra la pobreza no implica únicamente una cooperación con los países más pobres ya que, a menudo, en países relativamente prósperos, y en la misma Unión Europea, hay grupos de población extremadamente pobres y son estas poblaciones las que merecen ser objeto de las políticas enfocadas a erradicar la pobreza extrema;

7. Considera que las causas de la pobreza son múltiples: ingresos excesivamente bajos o inexistentes para la mayoría de las poblaciones, el incremento de la deuda, los programas de ajuste estructural, la liberalización desenfrenada del comercio mundial, etc., y que, en consecuencia, será necesario combatir las causas estructurales de la pobreza más que sus efectos;

8. Considera que la pobreza constituye una violación de los derechos humanos;

9. Afirma que la erradicación de la miseria o de la pobreza extrema, independientemente del nivel económico de cada país, requiere el mismo enfoque en todos los países, y se basa en un cambio de la imagen misma que se tiene de la miseria, así como en un cambio en la escala de prioridades;

10. Pide a los Estados ACP que, de común acuerdo con la Unión Europea, elaboren estrategias que puedan favorecer nuevos conceptos en materia de suministros de base (formación, sanidad, agua potable, sistemas de alcantarillado, transportes públicos, energía, telecomunicaciones, etc.) a fin de que todo el mundo pueda acceder a estos servicios a un bajo coste;

11. Considera, en consecuencia, que se deben fomentar masivamente técnicas de producción y suministro adaptadas a las situaciones locales y regionales promoviendo, a nivel local, tecnologías alternativas en el ámbito de la sanidad, las canalizaciones, el abastecimiento de agua potable y la vivienda así como en el sector de la energía y de los transportes;

12. Se une a la voz de alarma de la ONU ante los datos estremecedores según los cuales, desde 1992, los 21 países más ricos y desarrollados han recortado su ayuda al Tercer Mundo en un 24 %, y esto en años en los que la economía de los países ricos ha crecido de forma constante: la ayuda pública al desarrollo de los países industrializados ha disminuido hasta alcanzar un mínimo del 0,22 % del PIB conjunto, muy lejos del objetivo del 0,7 % propugnado por las Naciones Unidas;

13. Pide en particular al Consejo de Ministros de la Unión Europea que al definir la ayuda al desarrollo a nivel europeo y nacional, mantenga e intensifique los esfuerzos destinados a que la ayuda al desarrollo se dirija a los países menos desarrollados, a optimizar el volumen global de la ayuda y a dar prioridad a la erradicación de la pobreza en las relaciones comerciales;

Sobre el desarrollo social y humano

14. Considera que el centro del desarrollo es la persona y que el objetivo es ampliar el marco de oportunidades de todo ser humano haciendo el desarrollo más equitativo, democrático y participativo;

15. Condena la propuesta realizada por los Estados miembros de la UE de que los créditos de las líneas del presupuesto comunitario destinados a los países más pobres sean asignados a la ayuda y rehabilitación de Kosovo;

16. Suscribe el concepto de pobreza humana definida como la negación de las oportunidades y perspectivas fundamentales en las que se basa todo desarrollo humano, a saber, vivir una vida larga, sana y constructiva, y gozar de un nivel de vida decente, de libertad, dignidad, autoestima y respeto de los demás;

17. Opina que la pobreza humana es el resultado de la intersección de un conjunto de desigualdades sociales, políticas y económicas, y que una de las desigualdades más importantes es la desigualdad entre los sexos;

18. Destaca que cuanto mayor es la discriminación de la mujer mayor es la pobreza;

19. Afirma contundentemente que cualquier perspectiva de erradicación de la pobreza pasa por una distribución justa de las riquezas y la eliminación a todos los niveles de las desigualdades entre los sexos y de la discriminación de las personas ancianas, extremadamente vulnerables a la pobreza;

20. Es de la opinión de que las políticas de control del crecimiento demográfico constituyen un elemento fundamental en la acción destinada a erradicar la pobreza;

21. Considera necesario que la lucha contra la pobreza de las personas de edad avanzada forme parte integrante de las estrategias antipobreza, en la medida en que la pobreza de las personas de edad avanzada está en trance de convertirse en un importante problema en numerosos países en los que aumenta la esperanza de vida; se afirma que la igualdad de trato entre los sexos debe ser parte esencial de las estrategias de lucha contra la pobreza y que, en este sentido, la consolidación de los derechos de la mujer es una condición indispensable en numerosos países;

22. Subraya que la educación es una de las principales armas contra la pobreza y en este sentido recuerda que los donantes internacionales de ayuda al desarrollo, incluida la Comunidad Europea y sus Estados miembros, se han comprometido a incrementar los fondos destinados a la educación, especialmente a la educación básica, en los países en desarrollo y a apoyar las reformas en este ámbito;

23. Pide que el próximo Convenio haga expresamente referencia a la inversión en una educación de calidad incluyendo el siguiente texto: La cooperación debe apoyar los esfuerzos de los Estados ACP para:

a) garantizar la participación de una amplia gama de organismos civiles en la programación, el control y la evaluación de la política educativa;

b) aumentar los compromisos financieros en educación básica, de conformidad con el objetivo fijado en la Cumbre Social Mundial de 1995 que preveía asignar el 20 % de la ayuda a los servicios sociales elementales; incrementar el apoyo a los programas de educación informales comprometiéndose específicamente a mejorar el acceso de las mujeres y de los jóvenes a la educación;

c) desarrollar una estrategia coherente dirigida a cumplir el compromiso internacional relativo a la educación primaria universal antes de 2015, en estrecha cooperación con los demás donantes y la sociedad civil;

d) coordinar eficazmente las actividades de los donantes a nivel de los programas sectoriales, con vistas a apoyar y completar los esfuerzos realizados por los países ACP en materia de educación;

24. Acoge complacida, en este sentido, la declaración de la Presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, en la que se hacía eco de las peticiones de los niños guineanos muertos en el tren de aterrizaje del avión que les llevaba a Europa y en la que afirmaba que debemos ser capaces de responder a esta llamada dramática dando al conjunto de nuestra política de cooperación una dimensión educativa y cultural que no tiene;

25. Señala las ventajas de crear, a nivel regional, instituciones centrales y modernas de investigación, educación superior y formación técnica, y destaca que los sectores siguientes requieren un enfoque más regional que nacional:

- investigación médica y tratamiento de enfermedades infecciosas,

- conservación de especies animales y vegetales amenazadas,

- medidas para combatir la sequía y la desertización,

- programas de reforestación y protección de los recursos naturales indígenas,

- generación de energía, en particular de energía hidroeléctrica.

26. Hace hincapié en la importancia de establecer programas de sanidad pública descentralizados en la lucha contra la pobreza;

27. Toma nota de los resultados de la 11a Conferencia internacional sobre el sida en África, celebrada en Lusaka recientemente, y constata alarmada que cerca del 95 % de las personas VIH positivas vive en los países pobres, haciendo mella la epidemia en los miembros jóvenes, activos y, a menudo, bien formados de la población de los países afectados; hace un llamamiento para que se lleven a cabo amplias campañas informativas y para que se estimule la prevención a través de la educación, lo que ayudará a modificar los hábitos de las personas y a aplicar tratamientos médicos;

28. Destaca, no obstante, que la prevención y el acceso a la asistencia sanitaria y a los tratamientos corren parejos y que la prevención sólo es eficaz si a las personas infectadas se les ofrece asistencia médica;

29. Pide por lo tanto encarecidamente a la comunidad internacional, y a la UE en particular, que, en el marco de la lucha contra la pobreza, incremente decididamente los esfuerzos y los recursos para responder a los crecientes desafíos y a la crisis de desarrollo humano que constituye la pandemia del sida; hace hincapié en la necesidad de un cambio de actitud, tanto por parte de los donantes como de los gobiernos locales, en el sentido de una mayor apertura en la lucha contra el SIDA, con objeto de que ésta se convierta en una prioridad de la política de desarrollo;

30. Pide a la OMC que garantice a los países ACP la posibilidad de producir o adquirir a precio de coste los medicamentos indispensables;

31. Pide al Consejo y a la Comisión que posibiliten la obtención de tratamientos médicos eficaces de la enfermedad a precios asequibles para la población;

32. Insta a los Estados miembros de la Unión Europea y a los países ACP a destinar dotaciones presupuestarias a los servicios de salud y educación primaria de acuerdo con lo estipulado en la iniciativa "20/20" de la Cumbre sobre el Desarrollo Social;

Sobre economía y comercio

33. Afirma que desarrollo no es sinónimo de "buenos resultados económicos" y que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para reducir la pobreza; que, por lo tanto, es necesario desarrollar formas de cooperación que combatan directamente la base de pobreza, allí donde se encuentre y en las formas que haya adoptado;

34. Considera que para que los mercados estén al servicio de las personas, y no viceversa, no bastan la liberalización del comercio, la eficiencia macroeconómica y los precios justos, que otros ingredientes críticos son la regulación, la competencia leal, la transparencia y la responsabilidad;

35. Es de la opinión de que el relanzamiento de la demanda en las economías nacionales puede realizarse mediante la consolidación del mercado interior, y destaca a este respecto la importancia y el efecto de sinergia entre mercados locales, regionales y nacionales;

36. Enfatiza que Estado, mercado y sociedad civil no son antagonistas o substitutos, y que deben trabajar conjuntamente para garantizar una gestión transparente, eficaz y no discriminatoria, y considera que los Estados, en la perspectiva del desarrollo sostenible, deben trazar el marco y los límites en el interior de los cuales debe funcionar el mercado;

37. Señala que, si los países pobres siguen pagando por su deuda unos intereses que representan cuatro veces lo que gastan en salud y educación, nunca dejarán de ser pobres, algo que debería estar muy presente en las conciencias de los países ricos y que estos deberían tener en cuenta en sus opciones políticas;

38. Acoge con satisfacción la postura del Consejo de la Unión Europea en cuanto al compromiso de acelerar los mecanismos de alivio de la deuda de los países más pobres, vinculándolos estrechamente con la estrategia de lucha contra la pobreza;

39. Insta en este sentido a la Unión Europea y a sus Estados miembros a definir objetivos ambiciosos en lo que respecta a la magnitud de la cancelación de la deuda, así como a hacer todo lo posible para acelerar y mejorar la ejecución de la iniciativa en favor de los países pobres altamente endeudados, iniciativa que no considera suficiente para el fin que persigue y cuyos requisitos son muy estrictos;

40. Hace un llamamiento a la responsabilidad de los acreedores bilaterales y multilaterales para que cancelen o reduzcan drásticamente las deudas pendientes;

41. Solicita la cancelación integral de la deuda de los países ACP altamente endeudados de aquí a 2001;

42. Constata con preocupación que se ha propuesto utilizar los créditos del FED no asignados a financiar la contribución de un millón de euros de la UE a la reducción de la deuda en el marco de la iniciativa PPME, dado, en particular, que no se ha consultado a los Gobiernos ACP;

43. Destaca la gravedad del impacto social y económico de las políticas de ajuste estructural (PAS) en los países más pobres, en particular ACP; pide que las PAS sean revisadas en profundidad a fin de que la dimensión del desarrollo forme parte de ellas; destaca que es importante velar por que las reformas económicas sean elaboradas por los propios países en desarrollo, a fin de satisfacer las necesidades de su población y combatir la pobreza absoluta;

44. Pone de relieve que en las instituciones financieras y comerciales internacionales debe garantizarse la participación paritaria de los países más pobres, que el sistema del "voto ponderado" en el FMI y el Banco Mundial debe ser reformado y que debe tomarse en consideración la posibilidad de que los países más pobres influyan en la línea general de la OMC; manifiesta el deseo, entre otras cosas, de que estas organizaciones e instituciones financieras y comerciales internacionales se dediquen a desarrollar instrumentos adaptados a la financiación de la actividad productiva en zonas pobres; considera que, aparte del microcrédito, se necesita también microcapital riesgo, microingeniería financiera y microasesoría;

45. Pide encarecidamente a la Comisión y al Consejo que sean solidarios con los países en desarrollo para revisar las normas de la OMC con vistas a que estos países puedan controlar su desarrollo;

46. Destaca la gravedad de las repercusiones de la especulación financiera en la estabilidad y seguridad internacionales, en particular en los países ACP; hace hincapié en la urgente necesidad de establecer una reglamentación de estos movimientos especulativos;

47. Insta en este sentido a la Comisión a examinar las posibilidades de adoptar la denominada "Tobin tax";

48. Denuncia el intento, a través del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), de proceder a una liberalización definitiva de los mercados de capitales que hubiera privado a los países en desarrollo, y en particular a los países ACP, del poder de decisión sobre el empleo de sus recursos y del control sobre sus economías; considera que, en ningún caso, visto que la OCDE sólo representa a los países industrializados, ésta puede ser la institución en la que se negocie dicho acuerdo;

49. Señala que los pobres y las mujeres no tienen acceso a los servicios financieros y, por ello, recomienda a gobiernos y donantes que, siguiendo el ejemplo de las experiencias llevadas a cabo con éxito en algunos países en desarrollo, desarrollen nuevas instituciones de microfinanciación a fin de ampliar el acceso a los créditos y al ahorro, especialmente en zonas rurales;

50. Recomienda, en particular, ampliar la oferta de las microempresas, elaborando programas de promoción de la formación profesional y de la gestión práctica diferenciados por sectores;

51. Reitera su apoyo a las medidas de fomento de la economía popular, particularmente en las grandes aglomeraciones urbanas, dado que el fenómeno de urbanización rápida en determinados países ACP provoca inestabilidad política y social;

52. Observa que los procesos de producción de elevado consumo de recursos tienen acceso a materias primas subvencionadas de las que depende la subsistencia de un número considerable de personas, pertenecientes a los grupos económicamente menos favorecidos, y que el consumo de estas materias primas industriales se determina pura y exclusivamente por las fuerzas del mercado y no por consideraciones de índole social y ecológica;

53. Se pronuncia en favor del comercio justo y solidario como instrumento válido en el marco de las relaciones ACP-UE;

54. Recomienda una mayor transparencia y una simplificación en materia de normas de origen, que han constituido un obstáculo importante en el desarrollo del comercio ACP tanto a nivel regional como a nivel internacional;

55. Considera que la liberalización del comercio, si no va acompañada de una serie de condiciones (supresión de los subsidios a la agricultura, libre acceso a los mercados y eliminación de los subsidios a la exportación en los países ricos), supone una amenaza para la seguridad alimentaria de los más pobres; afirma el derecho fundamental de los pueblos y de los gobiernos de los países en desarrollo de intentar lograr la autosuficiencia alimentaria a pesar de las presiones exteriores;

56. Destaca finalmente que, si la buena integración de los países ACP en el mercado mundial es una de las condiciones para su desarrollo, es importante que el choque que ello implica no sea excesivamente brutal, lo que exige respetar el predominio necesariamente endógeno del desarrollo y prever, para la plena aplicación de las normas de la OMC, una transición de como mínimo diez años;

Sobre la dimensión política

57. Estima que si bien la democracia no es el resultado del progreso económico, la dictadura política y la dictadura económica conducen frecuentemente a la pobreza;

58. Está convencida de que el desarrollo está intrínsecamente vinculado a los procesos democráticos y a la democratización de las estructuras políticas, sociales y económicas; asimismo, la implicación de toda la población constituye un elemento esencial en el proceso de desarrollo;

59. Afirma la importancia de constituir a corto plazo el Tribunal Penal Internacional y, congratulándose por el ejemplo dado por el Senegal, Trinidad y Tobago e Italia, que han concluido el proceso de ratificación de los estatutos del TPI, pide a todos los Estados miembros del Convenio de Lomé que, de aquí a finales del año 2000, firmen y ratifiquen dichos; estatutos;

60. Sostiene que la reducción del gasto militar por parte de los países en desarrollo podría aportar beneficios reales en términos de desarrollo y seguridad, pudiendo los países ACP gastar más en sanidad, educación, agua potable y otros servicios sociales básicos, inversiones que contribuyen a afianzar la estabilidad social y a reducir los riesgos de conflicto;

61. Pide a la Unión Europea que adopte una posición común por la que se prohiban las exportaciones de armas a los países en desarrollo, en particular a los Estados ACP en los que existan conflictos, riesgos de conflicto o tensiones graves, como contribución positiva a la búsqueda de una solución pacífica y democrática a los conflictos civiles y militares y a la prevención de una deuda superflua como consecuencia de la compra de armas;

62. Considera que los conflictos armados, las desigualdades económicas, la injusticia social, la falta de participación democrática, el deterioro del medio ambiente, las violaciones de los derechos humanos y los conflictos por razones de Estado son, entre otros, factores de pobreza y deben ser combatidos a fin de luchar eficazmente contra la pobreza;

63. Considera que, previa toda actividad de desarrollo, se ha de proceder a la desactivación de minas en los países afectados por este problema; pide a los países de la Unión Europea así como a los países ACP que firmen y ratifiquen el Tratado de Ottawa sobre las minas antipersonas;

64. Recuerda el consenso alcanzado sobre la idea de que es mejor prevenir los conflictos que tratarlos, pero que para ello es necesario desarrollar instrumentos adecuados: observatorios regionales de las tensiones y estructuras permanentes de mediación;

65. Recuerda que actualmente hay más de 30 millones de refugiados en el mundo y que estas personas figuran entre las más pobres del planeta;

66. Considera prioritario garantizar a la población de refugiados y desplazados el acceso a programas específicos de educación, dado que ello es un elemento primordial para combatir la pobreza de dicha población;

67. Afirma que la pobreza es una de las causas del tráfico de drogas en muchos países en desarrollo y que, por lo tanto, su erradicación contribuirá a combatir el tráfico de drogas;

68. Condena las violaciones de los derechos fundamentales de la mujer, que es objeto de exclusión en particular en los países más pobres; pide a la Comisión y a los países ACP que elaboren programas de cooperación respetuosos con la cuestión del género a fin de promover la dignidad de la mujer y poner fin a las violaciones de sus derechos, un ejemplo de los cuales lo constituye la práctica de la excisión;

69. Afirma que el éxito de la lucha contra la pobreza en el mundo rural africano pasa por la adopción de medidas políticas y económicas enfocadas a la creación y distribución de la propiedad del suelo;

Sobre desarrollo sostenible, ciencia y pobreza

70. Considera imperativo que la protección del medio ambiente, de acuerdo con los principios y compromisos del desarrollo sostenible adoptados en la Cumbre de la Tierra, se tenga en cuenta en todo el ciclo de las políticas de cooperación, desde la concepción hasta la ejecución, especialmente por lo que se refiere a la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable y la solución de los problemas sanitarios;

71. Está convencida de que la degradación ambiental afecta de forma desproporcionada a los más pobres, y considera que la investigación en este ámbito debe constituir parte de un marco más amplio en el que la erradicación de la pobreza se vincule a la buena gestión y a la equidad;

72. Pide encarecidamente a la comunidad internacional y a los países ACP que presten más atención a la interacción entre pobreza y medio ambiente y, en particular, a la estrecha dependencia de las personas pobres de las zonas rurales de sus recursos naturales, y, vista la experiencia de la India y de ciertos países africanos, que estudien la posibilidad de luchar contra la pobreza invirtiendo en programas de reforestación, conservación de las tierras, gestión de las aguas, etc.;

73. Señala la necesidad de establecer unos principios básicos para el uso y la distribución del agua a escala mundial y pide que se respeten los derechos humanos en el desarrollo y reparto de los recursos hídricos;

74. Opina, de conformidad con la Declaración y el Plan de Acción adoptados el 1 de julio de 1999 en Budapest con ocasión de la Conferencia Mundial sobre Ciencia, que la ciencia debe dirigirse hacia las necesidades humanas básicas, poniendo énfasis en el desarrollo sostenible y el medio ambiente;

75. Recomienda asimismo, para el caso de los países menos avanzados, que un mínimo del 0,4 % del PIB se dedique a I+D, en particular a la investigación básica;

76. Constata que hay zonas enteras en el mundo que prácticamente carecen de actividad investigadora, tanto pública como industrial, y que, en su conjunto, el panorama mundial está dominado por el poder cada vez mayor de las grandes empresas multinacionales de los países del Norte que no tratan con prioridad cuestiones cruciales para los países del Sur; hace un llamamiento para que la solidaridad Norte-Sur se aplique también en este ámbito; destaca, en particular, la importancia de buscar nuevas formas de cooperación entre el sector público y el sector privado, incluida la investigación, a fin de controlar la extensión de la malaria, habida cuenta de los efectos devastadores de esta enfermedad en la salud de las personas pobres;

77. Pide a la Unión Europea que desarrolle una política de cooperación científica ACP-UE que permita la inserción de los países ACP en el proyecto de la "sociedad de la información", así como que desarrolle las redes mundiales de comunicación en su territorio;

78. Señala que el aumento de la producción agrícola es crucial para el desarrollo de muchos países y por ello recomienda que la investigación agrícola se enfoque hacia las tecnologías que pueden redundar en beneficio de los agricultores pobres;

79. Subraya la importancia de los conocimientos tradicionales y de sus aplicaciones, que deberán ser de amplia utilización dado que, en general, contribuyen al desarrollo sostenible; atrae la atención sobre la necesidad de promover, mediante una financiación adecuada, programas de desarrollo rural y microproyectos destinados particularmente a las mujeres, y pide que la comercialización de estos microproyectos se retribuya de forma equitativa;

80. Destaca en este sentido la importancia del apoyo a la investigación y utilización al máximo, para la erradicación de la pobreza, de tecnologías de primera línea, de uso sencillo, ante todo en la lucha contra la pobreza y en los ámbitos de la higiene, el tratamiento de aguas y residuos, la irrigación a pequeña escala y la utilización médica de los recursos locales;

81. Propone que en el nuevo Convenio de Lomé figuren disposiciones relativas a los principios inscritos en el artículo 8 J del Convenio sobre la Biodiversidad por lo que respecta al mantenimiento de los conocimientos, de la innovación y de las prácticas de las comunidades indígenas y locales, así como de sus derechos de propiedad intelectual, incluido su consentimiento, participación y el reparto equitativo de los beneficios generados por toda utilización de dichos recursos;

82. Solicita un programa de transferencia de tecnología a los países ACP sobre una base no comercial, acompañado de programas de formación adaptados a las necesidades reales y coherentes con los principios del desarrollo sostenible;

Sobre la pobreza en el marco de las futuras relaciones ACP-UE

83. Alerta a los gobiernos resueltos a erradicar la pobreza sobre la necesidad de considerar tanto la cuantía como la composición del gasto público, de aplicar una política fiscal justa y de investigar la forma más adecuada de utilizar sus recursos a fin de favorecer el entorno político, económico y social adecuado para que las personas puedan salir de la pobreza;

84. Sostiene, sin embargo, que la erradicación de la pobreza no puede depender exclusivamente de los esfuerzos de los gobiernos centrales, sino que se precisa la participación activa de una coalición de gobiernos locales y regionales que involucre de modo activo a las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado, lo que supone intensificar la cooperación descentralizada;

85. Insta a la Comisión a que extienda las concesiones al sector privado a fin de que se implique en el suministro de servicios de sanidad en las comunidades de las regiones pobres de los países ACP;

86. Afirma que la pobreza no es un tema aislado ni un problema social que deba ser tratado junto con los demás; la erradicación de la pobreza debe constituir el principio director de todas las acciones de desarrollo;

87. Denuncia el fracaso de la política de coordinación, a nivel internacional, de la ayuda al desarrollo; pone de relieve la importancia de reforzar la complementariedad y la coordinación entre la ayuda proporcionada por los Estados miembros, la ayuda comunitaria y la ayuda concedida por otros donantes bilaterales y multilaterales, a fin de aumentar su eficacia; pide a la Unión Europea que, en aplicación de los principios y artículos de los Tratados de Maastricht y Amsterdam, relance su proyecto de coordinación de las políticas de cooperación de los Estados miembros;

88. Considera que la multiplicación excesiva del número de solicitudes de intervención y de proyectos no coordinados se ha convertido en un elemento perjudicial para la eficacia de la ayuda, que afecta tanto a los países beneficiarios como a los donantes; insta en este sentido a los Estados ACP que aún no lo han hecho a elaborar, siguiendo los compromisos contraídos en Copenhague, estrategias nacionales de desarrollo y de lucha contra la pobreza que proporcionen el marco global coherente para la coordinación de los esfuerzos nacionales, públicos y privados, y del conjunto de las ayudas exteriores;

89. Destaca la relación endógena entre pobreza y enfermedad; pide asimismo a todos los Gobiernos de la UE y de los países ACP que cumplan los compromisos de la Conferencia de El Cairo destinados a garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de salud reproductiva, que hagan lo necesario para que la ayuda al desarrollo de la UE se destine a las categorías más vulnerables, como los jóvenes y los refugiados, y que reconozcan la importancia de la planificación familiar;

90. Señala que la prioridad concedida a la lucha contra la pobreza debe reflejarse en la adjudicación de recursos y que una de las críticas formuladas acerca de la política comunitaria en los informes independientes de evaluación es que el porcentaje de la ayuda comunitaria dirigida a los países con un bajo nivel de ingresos es inferior al porcentaje dirigido a los países con un nivel intermedio de ingresos;

91. Señala asimismo que el impacto de las acciones no puede medirse exclusivamente en función de los volúmenes monetarios movilizados y que, por lo tanto, urge desarrollar y aplicar métodos e indicadores de seguimiento, impacto y resultados para los diferentes sectores de intervención;

92. Afirma la absoluta necesidad de garantizar una gran coherencia entre la política de cooperación y las demás políticas de la Unión;

93. Hace un llamamiento a la Comisión y a los Estados ACP para que, de conformidad con los compromisos contraídos para alcanzar el desarrollo social, hagan del acceso universal a los servicios sociales básicos un elemento central de la futura cooperación;

Sobre la pobreza en la Unión Europea y la sensibilización del ciudadano europeo

94. Considera que, en la Unión Europea, la integración económica y social de los pobres debería constituir asimismo un objetivo político prioritario: hay que movilizar recursos para luchar contra la creciente pobreza en el territorio comunitario, ya que ésta contribuye a la proliferación del racismo y la violencia, apoyar a los grupos locales activos en la lucha contra la pobreza y evitar que se deterioren los sistemas de protección social para los más desfavorecidos económicamente, en particular en las zonas urbanas en las que se encuentran grupos de población en situación de exclusión social y en las regiones europeas menos desarrolladas que presentan índices de pobreza elevados con relación a la media de la Unión Europea;

95. Observa que en Europa hay sectores cada vez más amplios de la población que caen en la miseria, la marginación y la exclusión, en particular en los grupos de población compuestos por inmigrantes y minorías étnicas;

96. Alerta sobre la necesidad de reestructurar el gasto público si se quiere conseguir la cohesión social;

97. Recuerda que la pobreza está vinculada al respeto de los derechos humanos y que, por lo tanto, concierne a todos los países, tanto a los países en desarrollo como a los países industrializados, donde se agrava la situación de los refugiados e inmigrantes, así como la de los ciudadanos más pobres;

98. Pide a la Unión Europea que valorice la aportación económica, cultural y social de los inmigrantes ACP, que combata mediante acciones eficaces el racismo y la xenofobia que parecen instalarse en nuestras sociedades y que proteja los derechos fundamentales de los inmigrantes, en particular en los ámbitos económico, social y político;

99. Es consciente de que el desarrollo a escala mundial no puede triunfar sin el apoyo de la comunidad internacional; considera importante que el ciudadano europeo conozca las causas de la pobreza y de las desigualdades en los países en desarrollo, y lo que está en sus manos para paliarlas, así como la amenaza que las desigualdades representan para el futuro de un mundo cada vez más interdependiente;

100. Considera necesario favorecer la sensibilización de la sociedad europea sobre la situación y los problemas de las personas excluidas en el seno de la propia Unión Europea;

101. Subraya la enorme importancia de reforzar la educación al desarrollo; se trata de que la opinión pública conozca la acción llevada a cabo por la Unión Europea en el ámbito de la política de desarrollo, para fomentar, sobre todo entre los jóvenes, un mayor conocimiento y comprensión de las realidades que se encuentran en el origen de esta política, y para favorecer un espíritu de solidaridad frente a las poblaciones desfavorecidas; se trata igualmente de efectuar, de forma más sistemática, un ejercicio de información y análisis de las relaciones entre los países industriales y los países en desarrollo;

102. Considera que el potencial que la humanidad tiene a su disposición es inmenso (el PNUD ha señalado que por primera vez en la historia la humanidad dispone de recursos para eliminar la pobreza y la exclusión social) y señala que la única forma de sacarle partido es con una dosis inmensa de solidaridad que permita concretar el principio de justicia social; por ello, hace un llamamiento a todas las instituciones y Estados miembros de la Unión Europea para que el siglo XXI se convierta en el siglo de la solidaridad;

103. Recuerda la recomendación del Parlamento Europeo de desarrollar la cooperación entre las colectividades locales de los países ACP y de los países de la Unión Europea, dado que dicha cooperación descentralizada implica acciones y proyectos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, refuerza el proceso de descentralización a nivel local en los países ACP y favorece la sensibilización de los habitantes de las colectividades locales europeas ante los problemas inherentes a la pobreza y el desarrollo;

104. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución al Consejo ACP-UE y a la Comisión.

(1) Aprobada por la Asamblea Paritaria ACP-UE el 14 de octubre de 1999 en Nassau (Bahamas).

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