Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentadas el 27 de febrero de 2025 ([1](#Footnote1))

**Asunto C**‑**776/22 P**

**Studio Legale Ughi e Nunziante**

**contra**

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**

« Recurso de casación — Recurso de anulación — Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Artículo 19 — Representación de las partes en los recursos directos antes los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea — Representación de un bufete de abogados por parte de un abogado socio que no representa legalmente a dicho bufete — Abogado que ha de tener la condición de tercero respecto de la parte demandante — Requisito de independencia — Consecuencias jurídicas vinculadas al incumplimiento de este requisito — Imposibilidad de subsanar la demanda e inadmisibilidad del recurso — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Artículo 52, apartado 1 — Limitación establecida por la ley »

  
  
  
  

I.      **Introducción**

1.        El presente recurso de casación plantea dos cuestiones relativas a la representación de los bufetes de abogados en los recursos directos interpuestos ante el juez de la Unión. El Tribunal de Justicia ha declarado que estas cuestiones son importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión. ([2](#Footnote2))

2.        La primera cuestión se refiere a la medida en que un bufete de abogados puede estar representado ante el juez de la Unión por un abogado socio de dicho bufete, distinto de su representante legal. En efecto, en el auto de 10 de octubre de 2022, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO — Nunziante y Ughi (UGHI E NUNZIANTE), ([3](#Footnote3)) contra el que se interpone el presente recurso de casación, el Tribunal General afirmó que un abogado socio que representa al bufete en el que ejerce no cumple los requisitos de independencia establecidos en el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), adoptando así una interpretación particularmente estricta del poder de representación que difiere de las normas aplicables en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

3.        La segunda cuestión se refiere a las consecuencias jurídicas que el Tribunal General atribuyó al incumplimiento por parte de la recurrente del requisito de independencia de sus representantes. En efecto, se plantea la cuestión de si, al desestimar el recurso por ser manifiestamente inadmisible sin permitir a la recurrente subsanar su demanda, el Tribunal General aplicó una norma jurisprudencial contraria al derecho de acceso a la justicia garantizado en el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ([4](#Footnote4)) y al principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 52, apartado 1, de esta.

4.        En las presentes conclusiones, propondré al Tribunal de Justicia que estime el recurso de casación, anule el auto recurrido y devuelva el asunto al Tribunal General.

5.        Explicaré las razones por las que considero que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al presumir que los representantes afectados no cumplían el requisito de independencia, sin determinar en qué medida su condición de abogados socios menoscababa manifiestamente su capacidad para desempeñar su misión de defensa.

6.        Además, propondré al Tribunal de Justicia que examine el tercer motivo de casación en la medida en que plantea una cuestión procesal importante que es necesario resolver en la actualidad. En efecto, considero que la norma en virtud de la cual no es posible subsanar una demanda presentada por una persona cuyo representante no cumple los requisitos de independencia exigidos, debiendo desestimarse el recurso por ser manifiestamente inadmisible, restringe el derecho de acceso del demandante a la justicia en condiciones excesivas que no son compatibles con los requisitos establecidos en los artículos 47, párrafos primero y segundo, y 52, apartado 1, de la Carta.

II.    **Marco jurídico**

A.      **Estatuto**

7.        Con arreglo al artículo 19, párrafos primero a cuarto, del Estatuto, aplicable al Tribunal General en virtud de su artículo 53, párrafo primero:

«Los Estados miembros, así como las instituciones de la Unión, estarán representados ante el Tribunal de Justicia por un agente designado para cada asunto; el agente podrá estar asistido por un asesor o un abogado.

Los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo [de 2 de mayo de 1992], ([5](#Footnote5)) distintos de los Estados miembros, y el Órgano de Vigilancia de la AELC, previsto por dicho Acuerdo, estarán representados de la misma manera.

Las otras partes deberán estar representadas por un abogado.

Únicamente un abogado que esté facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo [EEE] podrá representar o asistir a una parte ante el Tribunal de Justicia.»

8.        El artículo 21 del Estatuto dispone:

«El procedimiento ante el Tribunal de Justicia se iniciará mediante una demanda dirigida al Secretario. La demanda habrá de contener el nombre y el domicilio del demandante y la calidad del firmante, el nombre de la parte o partes contra las que se interponga la demanda, el objeto del litigio, las pretensiones y una exposición sumaria de los motivos invocados.

La demanda deberá ir acompañada, si ha lugar, del acto cuya anulación se solicita o, en la hipótesis contemplada en el artículo 265 [TFUE], de un documento que certifique la fecha del requerimiento previsto en dichos artículos. Si no se hubiesen adjuntado dichos documentos a la demanda, el Secretario invitará al interesado a presentarlos en un plazo razonable, sin que quepa oponer preclusión en caso de que se regularice la situación procesal transcurrido el plazo para recurrir.»

B.      **Reglamento de Procedimiento del Tribunal General**

9.        El artículo 51 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General se refiere a la «representación obligatoria» en los recursos directos y establece:

«1.      Las partes deberán estar representadas por un agente o un abogado en las condiciones que establece el artículo 19 del Estatuto.

2.      El abogado que represente o asista a una parte deberá presentar en la Secretaría el documento que acredite que está facultado para ejercer ante algún órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE, a menos que dicho documento haya sido ya presentado a los efectos de la apertura de una cuenta de acceso a e‑Curia.

3.      Cuando la parte a la que representen sea una persona jurídica de Derecho privado, los abogados estarán obligados a presentar en la Secretaría un poder otorgado por esta última.

4.      Si no se presentara el documento mencionado en el apartado 2 o el mencionado en el apartado 3, el Secretario fijará a la parte interesada un plazo razonable para su presentación. En el caso de que no se presentaran los documentos en el plazo fijado, el Tribunal General decidirá si el incumplimiento del requisito de forma en cuestión comporta la inadmisibilidad de la demanda o del escrito de alegaciones por defecto de forma o si implica que se considere que el abogado no representa o no asiste a la parte interesada.»

10.      El artículo 78 del Reglamento de Procedimiento, titulado «Anexos de la demanda», prevé, en sus apartados 5 y 6:

«5.      La demanda irá acompañada de los documentos contemplados en el artículo 51, apartados 2 y 3.

6.      Si la demanda no reuniera los requisitos enumerados en los apartados 1 a 4 del presente artículo, el Secretario fijará al demandante un plazo razonable para presentar los documentos antes mencionados. En caso de que no se efectuara la subsanación en el plazo fijado, el Tribunal General decidirá si la inobservancia de estos requisitos comporta la inadmisibilidad formal de la demanda.»

11.      El artículo 177 del Reglamento de Procedimiento, aplicable al contencioso relativo a los derechos de propiedad intelectual o industrial (título cuarto), tiene el siguiente tenor:

«1.      El recurso contendrá:

[…]

b)      la indicación de la condición y de la dirección del representante del recurrente;

[…]

5.      El recurso irá acompañado de los documentos contemplados en el artículo 51, apartados 2 y 3.

6.      [Si] el recurso no se ajustara a lo dispuesto en los apartados 3 a 5, el Secretario fijará al recurrente un plazo razonable para subsanar el defecto del recurso. En caso de que no se efectuara la subsanación en el plazo fijado, el Tribunal General decidirá si la inobservancia del requisito de forma comporta la inadmisibilidad formal del recurso.»

III. **Auto recurrido**

12.      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 1 de julio de 2022, Studio Legale Ughi e Nunziante, una sociedad profesional de abogados con domicilio social en Roma (Italia), ([6](#Footnote6)) interpuso un recurso basado en el artículo 263 TFUE solicitando la anulación de la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 8 de abril de 2022, por la que esta confirmó la caducidad de la marca de la Unión UGHI E NUNZIANTE para todos los servicios, excepto para los servicios jurídicos comprendidos en la clase 45 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

13.      Con arreglo al artículo 126 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General consideró que procedía resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento en cuanto al fondo, por ser el recurso manifiestamente inadmisible.

14.      Esta desestimación se derivaba esencialmente del hecho de que, en el presente asunto, la recurrente era un bufete de abogados que había designado a tres abogados que ejercían en él como socios para representarla ante el Tribunal General. En los apartados 15 a 17 del auto recurrido, el Tribunal General consideró que dichos abogados no tenían la condición de terceros independientes respecto de la recurrente, condición exigida por el artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto.

15.      Para fundamentar esta apreciación, el Tribunal General realizó, en los apartados 6 y 7 del auto recurrido, una interpretación literal y contextual del artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto, así como, en los apartados 9 y 10 de dicho auto, un análisis de los objetivos perseguidos por la citada disposición.

16.      Además, el Tribunal General recordó, por una parte, en el apartado 12 del auto recurrido, que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el requisito de independencia del abogado exige que no exista ninguna relación laboral entre este y su cliente, incluso cuando dicho cliente es un bufete de abogados, y, por otra parte, en el apartado 13 de dicho auto, que no se exige que no exista vínculo alguno entre el abogado y su cliente, sino únicamente que no exista un vínculo que perjudique manifiestamente la capacidad del abogado para llevar a cabo su misión de defensa velando de la mejor manera posible por los intereses de su cliente. También declaró, en el apartado 14 del citado auto, que la obligación de recurrir a un tercero para garantizar su representación ante los órganos jurisdiccionales de la Unión coloca a las partes en las mismas condiciones de defensa ante dichos órganos jurisdiccionales.

17.      Por último, en el apartado 18 del auto recurrido, el Tribunal General subrayó que el incumplimiento de la obligación de estar representado por un abogado no forma parte de los requisitos subsanables tras la expiración del plazo para recurrir, de conformidad con el artículo 21, párrafo segundo, del Estatuto y con el artículo 78, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento.

IV.    **Procedimiento ante el Tribunal de Justicia**

18.      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de diciembre de 2022, Ughi e Nunziante interpuso el presente recurso de casación contra el auto recurrido. La recurrente está representada ante el Tribunal de Justicia por cuatro abogados, a saber, los tres abogados que la representaron ante el Tribunal General y otro abogado, externo al bufete de abogados Ughi e Nunziante.

19.      Mediante auto de 8 de mayo de 2023, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, ([7](#Footnote7)) el Tribunal de Justicia admitió parcialmente el recurso de casación, en sus motivos segundo y tercero.

20.      Ughi e Nunziante solicita al Tribunal de Justicia que anule el auto recurrido, declare que su representación ante el Tribunal General era válida y devuelva el asunto a este último para que se pronuncie sobre el fondo. Con carácter subsidiario, solicita al Tribunal de Justicia que declare que puede continuar el procedimiento siendo representada por un abogado que cumpla los requisitos del artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto y que devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre el fondo. Solicita asimismo que se condene en costas a la EUIPO.

21.      La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a Ughi e Nunziante. La Comisión Europea, cuya intervención en apoyo de las pretensiones de la EUIPO fue admitida mediante decisión de 18 de septiembre de 2023 del Presidente del Tribunal de Justicia, solicita asimismo la desestimación del recurso de casación y la condena en costas de la recurrente.

V.      **Apreciación**

22.      Mediante su segundo motivo de casación, Ughi e Nunziante alega, en esencia, que el Tribunal General interpretó erróneamente las normas que rigen la representación de los demandantes no privilegiados ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, establecidas en el artículo 19 del Estatuto y en el artículo 51 del Reglamento de Procedimiento, al declarar que su demanda había sido firmada por abogados que no tienen la condición de «tercero independiente» respecto de ella.

23.      Mediante su tercer motivo de casación, arguye además que, al desestimar su recurso por ser manifiestamente inadmisible sin permitirle subsanar su demanda, el Tribunal General aplicó una norma procesal que no respeta ni su derecho de acceso a la justicia garantizado por el artículo 47 de la Carta ni el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 52, apartado 1, de la Carta.

24.      Por las razones que expondré a continuación, considero que el segundo motivo de casación es fundado en la medida en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en su apreciación relativa a la independencia de los abogados apoderados por la recurrente a efectos de su representación ante el juez de la Unión. Creo que procede devolver el presente asunto al Tribunal General para que realice esta apreciación conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

25.      También considero que sería útil y apropiado que el Tribunal de Justicia examinara el tercer motivo del recurso de casación, en la medida en que plantea una cuestión procesal importante que, en mi opinión, debe resolver el Tribunal de Justicia. En efecto, soy de la opinión de que la norma aplicada por el Tribunal General, según la cual, en caso de que el representante de la parte demandante no goce de la independencia requerida respecto de esta última, la demanda no será subsanable y se declarará la inadmisibilidad manifiesta del recurso, infringe los artículos 47, párrafos primero y segundo, y 52, apartado 1, de la Carta.

A.      **Sobre el segundo motivo de casación, basado en una interpretación errónea del criterio de independencia del representante en el sentido del artículo 19 del Estatuto**

1.      ***Alegaciones de las partes***

26.      Mediante su segundo motivo de casación, Ughi e Nunziante alega fundamentalmente que, en los apartados 16 y 17 del auto recurrido, el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 19 del Estatuto y el artículo 51 del Reglamento de Procedimiento. A este respecto, la recurrente formula dos imputaciones.

27.      La primera imputación se refiere a la aplicación del artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto. En efecto, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el recurso no se había interpuesto con arreglo a dicha disposición, puesto que había presentado los documentos que acreditaban que los abogados que había elegido para representarla estaban facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales italianos.

28.      La segunda imputación versa sobre las condiciones de aplicación del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto, en particular en la medida en que exige que la parte esté representada por un tercero que cumpla los requisitos de independencia establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

29.      En primer lugar, la recurrente aduce que la situación de que se trata no puede equipararse a una situación de autorrepresentación en la que el bufete de abogados se representa a sí mismo a través de su representante legal. En este contexto, alega que la analogía efectuada por el Tribunal General, en el apartado 16 del auto recurrido, con el auto de 5 de octubre de 2017, Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier/EUIPO (We do IP.), ([8](#Footnote8)) carece de pertinencia en la medida en que el bufete demandante estaba representado por un abogado que no solo tenía la condición de abogado socio del bufete, sino también la condición de representante legal de este. Por lo tanto, el asunto que dio lugar a dicho auto versaba sobre la condición de tercero del abogado socio y no sobre la independencia de este último.

30.      La recurrente añade que, por lo que respecta al bufete de abogados Ughi e Nunziante, este está constituido en forma de «asociación no reconocida como persona jurídica» en el sentido del artículo 36 del codice civile (Código Civil) y es un sujeto de derecho autónomo con respecto a sus miembros. Según la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), se trata de una entidad colectiva que constituye un centro autónomo de intereses con un patrimonio distinto del de sus miembros individuales y que, aunque carece de personalidad jurídica, es un sujeto de derecho que se rige por los acuerdos celebrados entre sus miembros.

31.      En segundo lugar, la recurrente alega, en esencia, que los abogados socios que eligió para su representación ante los órganos jurisdiccionales de la Unión cumplen el requisito de independencia.

32.      En primer término, recuerda la premisa de que la finalidad de la representación judicial es proteger los intereses del cliente y, en particular, su acceso a la justicia, y, en este contexto, que solo deben sancionarse los supuestos en los que resulte evidente que el representante no está en condiciones de llevar a cabo esta misión.

33.      A este respecto, la recurrente arguye que la elección de un abogado por el representante legal de un bufete de abogados, profesionalmente habilitado para ello, es una elección privada que se efectúa con pleno conocimiento de causa. En el presente asunto, la decisión de la recurrente de apoderar a abogados socios de la asociación profesional constituida por Ughi e Nunziante fue una decisión meditada y consciente, ya que su intención era defender la continuidad de la representación judicial (dado que la representación de la recurrente ante los órganos jurisdiccionales italianos y ante los órganos de la EUIPO no había planteado dificultades) y dar prioridad al conocimiento y a la confidencialidad del expediente, lo que constituyen intereses legítimos.

34.      En segundo término, la recurrente reprocha al Tribunal General haber basado su apreciación en el axioma de que el abogado socio de un bufete de abogados al que representa no cumple, por su propia naturaleza, el requisito de independencia.

35.      La recurrente sostiene que, si bien el concepto de «abogado», en el sentido del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto, debe interpretarse de manera autónoma, los criterios exigidos para determinar la independencia del abogado, a saber, la inexistencia de una relación laboral y la referencia a las normas profesionales y deontológicas, deben examinarse teniendo en cuenta la legislación nacional pertinente, máxime cuando no existen normas de Derecho de la Unión en la materia.

36.      Por lo que respecta al primer criterio, afirma que no existe ninguna relación laboral o de subordinación entre la asociación profesional constituida por Ughi e Nunziante y los abogados socios de esta. La recurrente subraya que, en Italia, el ejercicio de la abogacía es orgánicamente incompatible con un trabajo por cuenta ajena. Por consiguiente, procede distinguir el presente asunto del que dio lugar al auto de 13 de mayo de 2020, Pontinova/EUIPO — Ponti & Partners (pontinova), ([9](#Footnote9)) en el que el representante de Ponti & Partners, SLP, era un empleado de dicho bufete de abogados, por lo que existía una relación laboral entre el abogado y su cliente incompatible con el requisito de independencia. En el caso de autos, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, de la legge n. 247 — Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (Ley n.º 247, por la que se regula el Ejercicio de la Abogacía), ([10](#Footnote10)) de 31 de diciembre de 2012, el abogado es un trabajador por cuenta propia. La inscripción en el Colegio de Abogados, a la que el artículo 2, apartado 3, de dicha Ley supedita el ejercicio de la abogacía, es incompatible con cualquier relación laboral subordinada.

37.      En lo tocante al segundo criterio, la recurrente aduce que no existe ningún vínculo que perjudique manifiestamente la capacidad de sus abogados para llevar a cabo su misión de defensa. Antes de nada, precisa que la misión de representación desempeñada por sus miembros se ajusta a la legislación nacional pertinente y a las normas deontológicas de la profesión, que imponen la obligación de independencia.

38.      A continuación, subraya que la existencia de un vínculo asociativo no es suficiente, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para considerar que los representantes en cuestión se encuentran en una situación que perjudica manifiestamente su capacidad para defender los intereses de su cliente. En efecto, los miembros de la asociación profesional constituida por Ughi e Nunziante no están sujetos a ningún control sobre los servicios jurídicos prestados, lo que distingue el presente asunto del que dio lugar a la sentencia de 24 de marzo de 2022, PJ y PC/EUIPO, ([11](#Footnote11)) en el que el abogado colaborador estaba subordinado al socio fundador del bufete y sujeto al control efectivo de este último. Además, las condiciones de colaborador y de socio de un bufete de abogados no son comparables y difieren profundamente en cuestiones de autonomía e independencia —que los socios conservan íntegramente—, incluso en relación con la estructura que representan.

39.      Por último, la recurrente subraya, por un lado, que la condición de miembro de la asociación profesional constituida por Ughi e Nunziante no da lugar a ningún conflicto de intereses y se caracteriza más bien por una comunidad de intereses, lo que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no implica que el representante no pueda defender a su cliente. Por otro lado, nada indica que, en su condición de abogados socios de esta asociación profesional a la que representan, estos hayan sufrido algún tipo de presión externa o injerencia por parte de terceros que haya podido afectar a su autonomía e independencia de criterio.

40.      La EUIPO, apoyada por la Comisión, rebate las alegaciones de la recurrente.

2.      ***Apreciació****n***

a)      ***Sobre la primera imputación, basada en la aplicación errónea del artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto***

41.      Coincido con la recurrente en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en el apartado 17 del auto recurrido al declarar que «el […] recurso no ha sido interpuesto con arreglo al artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto», siendo así que no se discute que todos sus representantes cumplían el requisito establecido en el artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto. En efecto, estos últimos estaban facultados para ejercer como abogados ante los órganos jurisdiccionales italianos y habían presentado ante el Tribunal General los documentos que acreditaban su capacidad a tal efecto.

42.      Cabe recordar que, según jurisprudencia reiterada, si bien es cierto que los requisitos establecidos respectivamente en el artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto son acumulativos, también son distintos. El primer requisito, previsto en el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto, exige que las partes no privilegiadas estén representadas por un abogado, mientras que el segundo requisito, contemplado en el artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto, impone que dicho abogado esté facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE. ([12](#Footnote12))

43.      En la medida en que no se cuestionaba la facultad de los representantes de que se trata para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, el Tribunal General no podía basar legítimamente su decisión desestimatoria por inadmisibilidad manifiesta en el artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto.

b)      ***Sobre la segunda imputación, basada en la aplicación errónea del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto***

44.      La segunda imputación plantea la cuestión de la representación de los bufetes de abogados ante los órganos jurisdiccionales de la Unión en el sentido del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto. El Tribunal de Justicia ha establecido dos principios jurisprudenciales relativos a la misión y a los requisitos de la representación judicial de las personas jurídicas: el principio relativo a la necesaria representación por un tercero y el principio basado en el cumplimiento del criterio de independencia por parte del abogado.

1)      *Principios jurisprudenciales que rigen la representación de las personas jurídicas ante el juez de la Unión*

45.      No me detendré a hablar sobre la génesis de esta jurisprudencia ni sobre las numerosas dificultades que ha podido plantear su aplicación, que han sido perfectamente expuestas por el Abogado General Bobek en sus conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA. ([13](#Footnote13)) Gracias al impulso de este último y del Abogado General Emiliou, que presentó sus conclusiones en el asunto Universität Bremen/REA, ([14](#Footnote14)) el Tribunal de Justicia «reorientó» su jurisprudencia. ([15](#Footnote15))

46.      En el estado actual de esta, la representación de una parte por un «abogado», en el sentido del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto, debe cumplir los siguientes requisitos.

47.      En primer lugar, una «parte» no está autorizada a actuar por sí misma ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, sino que ha de utilizar los servicios de un tercero, y ello independientemente de su condición. ([16](#Footnote16)) Se trata de un requisito de procedimiento que figura entre las consideraciones de orden público que el Tribunal de Justicia debe apreciar de oficio. ([17](#Footnote17)) Dado que ni el Estatuto ni el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia establecen excepción o derogación alguna a dicha obligación, el Tribunal de Justicia considera que un abogado facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional nacional no puede representarse a sí mismo ([18](#Footnote18)) y, en el caso de una persona jurídica, que esta no puede ser representada por su representante legal. ([19](#Footnote19)) Así pues, contrariamente a las normas aplicables a la representación judicial de los bufetes de abogados ante los órganos jurisdiccionales nacionales, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que estos últimos no pueden ser representados por su representante legal ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. ([20](#Footnote20))

48.      Como recordó acertadamente el Tribunal General en el apartado 8 del auto recurrido, dicha representación por un abogado debe, por un lado, impedir que las partes privadas ejerciten acciones judiciales por sí mismas sin recurrir a un intermediario y, por otro lado, garantizar que las personas jurídicas sean defendidas por un representante que tenga una separación suficiente respecto de la persona jurídica a la que representa, con el fin de asegurar una buena administración de la justicia, pero sobre todo de proteger y defender lo mejor posible los intereses del mandante, con total independencia y observando la ley y las normas profesionales y deontológicas. ([21](#Footnote21))

49.      En segundo lugar, este requisito de independencia se define a la luz de dos condiciones. ([22](#Footnote22))

50.      La primera condición exige que no exista una relación laboral entre el abogado y su cliente (definición «negativa»).

51.      La segunda condición se refiere a la disciplina profesional del abogado (definición «positiva»). Según el Tribunal de Justicia, dicha independencia no debe entenderse como la inexistencia de cualquier vínculo entre el abogado y su cliente, sino únicamente de los vínculos que perjudican manifiestamente la capacidad del abogado para llevar a cabo su misión de defensa velando de la mejor manera posible por los intereses de su cliente, observando la ley y las normas profesionales y deontológicas. ([23](#Footnote23)) El Tribunal de Justicia considera que el juez de la Unión debe ejercer, a este respecto, un control limitado y circunscribirse a sancionar con la inadmisibilidad los recursos en los que resulte evidente que el abogado no está en condiciones de llevar a cabo su misión de defensa. El Tribunal de Justicia se refiere a un «incumplimiento de la misión de representación» y exige que el abogado sea excluido en interés de la parte que representa. ([24](#Footnote24)) En mi opinión, esta jurisprudencia implica que el juez de la Unión determine de manera motivada que existen motivos serios y legítimos para dudar de la capacidad del abogado para llevar a cabo su misión de representación. Solo tales motivos deberían permitir limitar el derecho reconocido a todo justiciable a ser representado por un abogado de su elección. ([25](#Footnote25))

52.      Es a la luz de estos principios como debe examinarse la procedencia de la segunda imputación formulada por la recurrente.

2)      *Aplicación al presente asunto*

53.      De los motivos expuestos en el apartado 15 del auto recurrido se desprende que la recurrente, una asociación profesional de abogados, designó a tres de sus abogados socios para que la representaran ante el Tribunal General. El poder otorgado por Ughi e Nunziante fue firmado por el representante legal de dicha asociación profesional, el Sr. Roberto Leccese.

54.      Ughi e Nunziante explica que la elección de sus representantes judiciales es una elección privada y que los profesionales del Derecho la han hecho de manera meditada y consciente, habida cuenta de los intereses legítimos que perseguía. A este respecto, alega que esta elección se inscribía en la continuidad de la representación judicial de dicha asociación profesional y le permitía estar representada ante el juez de la Unión por abogados que consideraba cualificados, que tenían un conocimiento preciso del asunto que habían defendido anteriormente ante los órganos jurisdiccionales italianos y la Sala de Recurso de la EUIPO y que pretendían defender los mismos intereses. Debo precisar que, tanto ante los órganos jurisdiccionales italianos como ante la Sala de Recurso de la EUIPO, parece acreditada la conformidad a Derecho de la representación de un bufete de abogados por uno de sus miembros. ([26](#Footnote26))

55.      Sin embargo, en el apartado 17 del auto recurrido, el Tribunal General declaró que la demanda había sido firmada por abogados que no tenían la condición de «tercero independiente» respecto de Ughi e Nunziante. El Tribunal General se basó en el postulado, enunciado en el apartado 16 de dicho auto, de que «la condición de abogados socios del bufete de abogados, demandante en el presente asunto, […] no es compatible con los requisitos de independencia necesarios para representarlo ante el Tribunal General».

56.      Pues bien, me parece que una afirmación tan genérica y perentoria, que conduce a endurecer las condiciones de representación de los bufetes de abogados ante el juez de la Unión, no es compatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

57.      Por una parte, mientras que el Tribunal de Justicia se basa en una presunción de independencia del abogado, ([27](#Footnote27)) el Tribunal General establece aquí una presunción de dependencia.

58.      Por otra parte, si bien el Tribunal de Justicia exige que se demuestre que existen vínculos que perjudican manifiestamente la capacidad del abogado para llevar a cabo su misión de defensa, es preciso señalar que, en el presente asunto, el Tribunal General no procedió a tal demostración, basando su razonamiento únicamente en su condición de abogados socios de la asociación profesional constituida por Ughi e Nunziante.

59.      Si bien este último Tribunal se refiere por analogía al auto de 5 de octubre de 2017, Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier/EUIPO (We do IP.), ([28](#Footnote28))no me parece que esta referencia pueda fundamentar su razonamiento.

60.      En primer lugar, en dicho auto, el Tribunal General declaró que un abogado que es socio del bufete de abogados al que representa no puede considerarse un tercero que presta, con total independencia, la asistencia jurídica que precisa el cliente, habida cuenta de la concepción de la función del abogado en el ordenamiento jurídico de la Unión. ([29](#Footnote29)) El Tribunal General precisó que la obligación impuesta a una parte, incluso cuando es un abogado, de recurrir a un tercero para que le represente ante los órganos jurisdiccionales de la Unión coloca a las partes en las mismas condiciones de defensa ante dichos órganos jurisdiccionales, con independencia de su profesión, y garantiza, por consiguiente, el principio de igualdad. ([30](#Footnote30))

61.      Pues bien, no estoy de acuerdo con ese razonamiento. Si el objetivo al que se refiere el Tribunal General es garantizar el principio de igualdad entre las «partes» y asegurar así las mismas condiciones de defensa ante el juez de la Unión, su posición me parece en realidad aún más estricta que la que se adoptaría respecto de cualquier otra «parte» en el procedimiento. En efecto, este razonamiento ignora las características específicas de los bufetes de abogados, que, a mi modo de ver, los distinguen de cualquier otra persona jurídica. Por lógica, un bufete de abogados no se encuentra en las mismas condiciones de defensa no solo por su objeto social, que es garantizar la defensa de los justiciables y la representación judicial, sino también por su estructura, que reúne a profesionales del Derecho y, en particular, a abogados facultados para actuar ante los órganos jurisdiccionales nacionales y sujetos a sus propias normas profesionales y deontológicas.

62.      En segundo lugar, de los documentos procesales del asunto que dio lugar al auto de 5 de octubre de 2017, Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier/EUIPO (We do IP.), ([31](#Footnote31)) se desprende que el abogado socio también era el representante legal del bufete de abogados. La jurisprudencia en la que se basó el Tribunal General en dicho auto se corresponde, por lo demás, con situaciones en las que un abogado individual ejercía por sí mismo su propia representación.

63.      En el presente asunto, no existe tal confusión de condiciones debido a que Ughi e Nunziante no está representada ante el juez de la Unión por su representante legal.

64.      Por consiguiente, la analogía que realiza el Tribunal General tiene como consecuencia que el hecho de que un bufete de abogados esté representado por su representante legal o por otro abogado socio basta para considerar, tanto en un caso como en otro, que dicho bufete no cumple las condiciones de representación exigidas por el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto.

65.      Como se deduce de la nota de investigación 24/005, solo la legislación francesa se basa en una interpretación tan estricta del poder de representación de los bufetes de abogados. En efecto, las disposiciones del Derecho francés prohíben a un abogado socio representar al bufete de abogados en el que ejerce y que es parte en un proceso, debido a que ocupa tanto un cargo societario como de accionista/socio en todas las formas jurídicas que puede adoptar un bufete de abogados. Por lo tanto, este último está obligado a estar representado por un abogado externo al bufete. En cambio, las normas procesales francesas parecen ser una excepción. Efectivamente, resulta que, en la mayoría de los sistemas jurídicos nacionales, mientras que las normas procesales exigen que un justiciable esté representado por un abogado, los bufetes de abogados están exentos de representación cuando son partes en el procedimiento, puesto que ya no necesitan recurrir a un tercero para garantizar la defensa de sus intereses y pueden estar representados por uno de sus miembros. ([32](#Footnote32))

66.      El enfoque adoptado por el Tribunal General refleja una interpretación particularmente restrictiva de las condiciones de representación de los bufetes de abogados ante el juez de la Unión, creando una presunción de dependencia, ya que priva a dichos bufetes de la posibilidad de estar representados por uno de sus socios distinto del representante legal, con independencia de la forma jurídica de estos bufetes, de las normas nacionales que regulan el ejercicio de la abogacía ([33](#Footnote33)) y de las modalidades de colaboración y de participación de los abogados socios en dichas estructuras.

67.      Por otra parte, es preciso observar que el Tribunal General no permitió a Ughi e Nunziante desvirtuar esta presunción de dependencia de los representantes de que se trata autorizando a dicho bufete de abogados a aportar precisiones sobre la naturaleza y el alcance de sus relaciones con esos representantes, que, cabe recordar, no son sus representantes legales. El Tribunal General habría podido adoptar una diligencia de ordenación del procedimiento, a la que recurre generalmente en este supuesto. ([34](#Footnote34))

68.      No obstante, me parece esencial que se ofrezca a la recurrente tal posibilidad a la luz de las consecuencias jurídicas que el Tribunal General extrae del incumplimiento del requisito de independencia, a las que volveré a referirme en el marco del examen del tercer motivo de casación.

69.      Esto me parece igualmente importante dada la diversidad de normas nacionales que regulan el ejercicio de esta profesión. El Tribunal de Justicia ya hizo hincapié en ello en la sentencia de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros, ([35](#Footnote35))y lo ha vuelto a recordar recientemente en la sentencia PJ y PC/EUIPO, ([36](#Footnote36)) así como en los autos Kirimova/EUIPO ([37](#Footnote37)) y de 15 de febrero de 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlamento. ([38](#Footnote38)) En estos últimos autos, en los que debía pronunciarse sobre la independencia de los representantes judiciales, el Tribunal de Justicia subrayó que «la profesión de la abogacía se ejerce bajo diferentes formas, que van desde el ejercicio individual hasta el ejercicio en grandes bufetes internacionales, y que corresponde a los abogados socios definir libremente las modalidades de su colaboración y de sus relaciones contractuales, siempre que se respeten la ley, las normas profesionales nacionales y las normas deontológicas». Así pues, un abogado puede ejercer por cuenta ajena para otro abogado, para una asociación o una sociedad de abogados o incluso en el seno de una empresa pública o privada. ([39](#Footnote39)) Según las circunstancias y la forma que adopte la sociedad de abogados, el abogado socio podrá o no ejercer una influencia determinante en las decisiones del bufete de abogados por su participación en el capital (al poseer acciones o participaciones sociales) o en sus órganos de administración (a través de sus derechos de voto).

70.      Habida cuenta de estos elementos, considero que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al presumir que los representantes de que se trata no cumplían el requisito de independencia, sin determinar en qué medida su condición de abogados socios menoscababa manifiestamente su capacidad para desempeñar su misión de defensa.

71.      Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que declare fundado el segundo motivo del recurso de casación y devuelva al Tribunal General la tarea de llevar a cabo esta apreciación.

72.      En este contexto, corresponderá al Tribunal General apreciar el conjunto de elementos aportados por la recurrente relativos no solo a su forma jurídica, a las normas nacionales que regulan el ejercicio de la abogacía en Italia y a las modalidades de colaboración y de participación de los abogados socios en el seno de dichas estructuras, sino también al objeto del litigio.

73.      En cuanto a si la situación en cuestión equivale a un caso de autorrepresentación, debe tenerse en cuenta que Ughi e Nunziante es un sujeto de derecho autónomo con respecto a sus miembros y no está representada por su representante legal, el Sr. Leccese, que es asimismo responsable de la gestión de la asociación, ([40](#Footnote40)) sino por tres socios de dicho bufete de abogados, apoderados por este último, que no son trabajadores por cuenta ajena de la asociación profesional constituida por Ughi e Nunziante.

74.      También habrá que examinar si existe una relación laboral entre la recurrente y sus representantes que pueda invertir la presunción de independencia de estos últimos. A este respecto, la recurrente subraya que, de conformidad con las normas profesionales y deontológicas aplicables al ejercicio de la abogacía en Italia, y en particular con el artículo 2, apartados 1 y 3, de la Ley n.º 247/2012, los abogados que la representan no son trabajadores por cuenta ajena de esta asociación profesional. En efecto, la inscripción en el Colegio de Abogados es incompatible con cualquier relación laboral subordinada y los abogados ejercen como trabajadores por cuenta propia. La recurrente añade que, con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Ley n.º 247/2012, la participación en una asociación de abogados no puede menoscabar la autonomía, la libertad y la independencia intelectual o de criterio del abogado en el ejercicio de la función que tiene encomendada.

75.      Por otra parte, en cuanto a la cuestión de si el vínculo «asociativo» existente entre la recurrente y sus representantes puede manifiestamente menoscabar el requisito de independencia y caracterizar un «incumplimiento de la misión de representación», es cierto que el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en el sentido de que no son suficientemente independientes ni el abogado que dispone de competencias administrativas y económicas importantes en el seno de la persona jurídica a la que representa ([41](#Footnote41)) ni el abogado que ocupa cargos de alta dirección en el seno de la persona jurídica a la que representa ([42](#Footnote42)) ni tan siquiera el abogado que posee acciones de la sociedad a la que representa y cuyo consejo de administración preside. ([43](#Footnote43))

76.      En el presente asunto, Ughi e Nunziante señala que adopta la forma de una asociación profesional, que sus representantes no son trabajadores por cuenta ajena y que no están sujetos a control sobre los servicios jurídicos que prestan. Además, del recurso de casación interpuesto por la recurrente se desprende que, en Italia, según el codice deontologico forense (Código Deontológico de la Abogacía), el abogado debe abstenerse de llevar a cabo cualquier actividad profesional que pueda dar lugar a un conflicto de intereses. ([44](#Footnote44)) La jurisprudencia italiana considera que un conflicto de intereses no solo afecta a la validez del poder cuando dicho conflicto haya quedado acreditado, sino también cuando solo sea potencial, es decir, cuando esté vinculado por definición a la naturaleza de la relación y al objeto del litigio. ([45](#Footnote45))

77.      Por último, será necesario determinar si el ejercicio de la actividad profesional de los representantes de Ughi e Nunziante en el seno de dicha asociación profesional puede influir en su independencia debido a la existencia de un interés común en la resolución del litigio y al riesgo de que su opinión profesional pueda verse, al menos en parte, influida por su entorno profesional. ([46](#Footnote46)) En su escrito de contestación, la EUIPO subraya, en efecto, que la comunidad de intereses entre la parte en un litigio y un abogado no implica necesariamente la mejor protección de los derechos de dicha parte. Pues bien, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA, ([47](#Footnote47)) confirmada en el auto Kirimova/EUIPO, ([48](#Footnote48)) que la existencia de intereses comunes en la resolución de un litigio entre el mandante y su representante no basta para demostrar la incapacidad de dicho representante para asumir debidamente la representación que se le había confiado. Por consiguiente, en el presente asunto debe tenerse en cuenta el objeto del litigio, que se refiere a una solicitud de caducidad de la marca de la Unión UGHI E NUNZIANTE presentada inicialmente por los Sres. Giovanni Maria Ughi y Giovanni Battista Nunziante (el primero ha fallecido y el segundo ha creado otro bufete de abogados, Nunziante Magrone).

78.      Creo que corresponde al Tribunal General llevar a cabo esta apreciación a la luz del conjunto de elementos puestos a su disposición.

B.      **Sobre el tercer motivo de casación, basado en la existencia de una limitación desproporcionada del derecho de acceso a un tribunal contraria a los artículos 47, párrafos primero y segundo, y 52, apartado 1, de la Carta**

79.      Este tercer motivo de casación se refiere esencialmente a la compatibilidad con la Carta de las consecuencias jurídicas vinculadas al incumplimiento del requisito de independencia del abogado en la representación del demandante ante el juez de la Unión.

1.      ***Alegaciones de las partes***

80.      Ughi e Nunziante sostiene que una norma procesal en virtud de la cual no es posible subsanar una demanda presentada sin observar el requisito de independencia, debiendo desestimarse el recurso por ser manifiestamente inadmisible, no respeta ni su derecho de acceso a la justicia garantizado por el artículo 47 de la Carta ni el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 52, apartado 1, de esta ni las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y las legislaciones y prácticas nacionales de los Estados miembros.

81.      En particular, la recurrente reprocha al Tribunal General haber adoptado una interpretación excesivamente estricta de su Reglamento de Procedimiento, al no haber tenido en cuenta que el requisito relativo a la independencia del abogado resulta de una construcción jurisprudencial que no se menciona expresamente en el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto.

82.      Subraya que resulta paradójico poder subsanar el incumplimiento de las normas que regulan la interposición de recursos que están expresamente previstas en la legislación pertinente, mientras que tal posibilidad queda excluida respecto de la falta de representación derivada del incumplimiento del requisito de independencia del abogado que, sin embargo, no está expresamente prevista en dicha legislación, infringiendo el artículo 52 de la Carta.

83.      La EUIPO, apoyada por la Comisión, rebate la argumentación de la recurrente. En apoyo de sus alegaciones, la EUIPO y la Comisión se basan esencialmente en la sentencia PJ y PC/EUIPO, en la que el Tribunal General basó su razonamiento.

2.      ***Apreciación***

84.      Por las razones que expondré a continuación, considero que, en el estado actual de la práctica, la norma en virtud de la cual no es posible subsanar una demanda presentada por una persona cuyo representante no cumple los requisitos de independencia exigidos, debiendo desestimarse el recurso por ser manifiestamente inadmisible, restringe el derecho de acceso del demandante a la justicia en condiciones que no son compatibles con los requisitos establecidos en los artículos 47, párrafos primero y segundo, y 52, apartado 1, de la Carta.

85.      Por consiguiente, comparto las opiniones ya expresadas a este respecto por el Abogado General Bobek en sus conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA ([49](#Footnote49)) y por el Abogado General Emiliou en sus conclusiones presentadas en el asunto Universität Bremen/REA. ([50](#Footnote50))

86.      Como se desprende de las sentencias de 26 de septiembre de 2024, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, ([51](#Footnote51)) y de 2 de octubre de 2024, Ordre des avocats à la cour de Paris y Couturier/Consejo, ([52](#Footnote52)) dictadas respectivamente por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, el objetivo de la representación *ad litem* (o incluso, retomando los términos de la jurisprudencia, el «cometido fundamental en una sociedad democrática» «que se […] encomienda [a los abogados]») es contribuir al buen funcionamiento de la justicia y garantizar la protección y la defensa de los intereses de los justiciables. ([53](#Footnote53)) En mi opinión, este objetivo exige que el justiciable pueda subsanar su demanda en el supuesto de que el representante que haya elegido no cumpla el requisito de independencia exigido.

87.      Es preciso recordar que el principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el Derecho de la Unión reconoce a los particulares es de importancia crucial y constituye un principio general del Derecho de la Unión, que se deriva de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. ([54](#Footnote54)) Dicho principio está consagrado tanto en el artículo 47 de la Carta como en el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. ([55](#Footnote55))

88.      El hecho de hacer valer efectivamente sus derechos por la vía jurisdiccional no solo implica el derecho que asiste a toda persona de hacerse aconsejar, defender y representar por un abogado, sino también el de tener acceso al juez para hacer valer sus pretensiones y beneficiarse de un control jurisdiccional tanto en material civil como en materia penal. ([56](#Footnote56)) Por lo demás, el Tribunal de Justicia ha reconocido que «la obligación que se impone a una “parte” de estar representada por un abogado no vulnera […] ni el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva ni su derecho a un juez imparcial ni el derecho a que su causa sea oída equitativamente». ([57](#Footnote57)) Pues bien, no hay que llegar a una situación paradójicamente inversa, en la que a una parte, que está obligada legalmente a estar representada por un abogado, se le impida definitivamente el acceso a la justicia debido al error que cometió al elegir a dicho abogado, error que le sería imposible subsanar. Tal situación no es aceptable.

89.      En efecto, el derecho de acceso a la justicia no parece ser una prerrogativa absoluta, ya que puede estar sujeto a limitaciones mediante el establecimiento de requisitos de admisibilidad. Con arreglo al artículo 52, apartado 1, de la Carta, estas deben ser establecidas por la ley, respetar el contenido esencial de ese derecho y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, ser adecuadas y necesarias para satisfacer los objetivos de interés general perseguidos o la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. ([58](#Footnote58)) En este contexto procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el requisito de que toda limitación del ejercicio de un derecho fundamental deba ser establecida por la ley implica que el propio acto que permite la injerencia en ese derecho debe definir el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate. ([59](#Footnote59))

90.      Estas condiciones son acumulativas.

91.      Sin embargo, procede observar que la norma en virtud de la cual no es posible subsanar una demanda, debiendo desestimarse el recurso por ser manifiestamente inadmisible, si el representante de la parte demandante no goza de la independencia requerida en relación con esta es una limitación que no está expresamente prevista por la ley y cuyo fundamento, a mi modo de ver, es esencialmente jurisprudencial.

92.      Por lo que se refiere, en primer lugar, al Estatuto y al Reglamento de Procedimiento, ninguno de los dos menciona el requisito relativo a la independencia del abogado ni, *a fortiori*, las consecuencias jurídicas vinculadas al incumplimiento de este requisito.

93.      El artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto, al que remite el artículo 51, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, se limita a establecer que las partes no privilegiadas «deberán estar representadas por un abogado». Por lo tanto, el Estatuto no hace ninguna referencia al requisito de independencia del abogado, mientras que, en la práctica, la jurisprudencia lo ha convertido en una condición de admisibilidad. Tal situación puede provocar cierta confusión en el ánimo del justiciable en cuanto a las modalidades de su representación judicial ante el juez de la Unión. En efecto, el Tribunal de Justicia admite que la limitación de un derecho fundamental pueda formularse en términos suficientemente abiertos para poder adaptarse a supuestos diferentes y a los cambios de situación. ([60](#Footnote60)) Sin embargo, no creo que el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto pueda interpretarse en el sentido de que supedita la admisibilidad de la demanda a la condición de que el representante disponga de todas las garantías de independencia, a menos que se vulneren los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, que exigen que una disposición procedimental sea suficientemente clara y precisa y que su aplicación sea suficientemente previsible para el justiciable. ([61](#Footnote61))

94.      Es preciso señalar que el requisito relativo a la facultad del abogado para ejercer ante un órgano jurisdiccional nacional y el relativo a la regularidad de su mandato son objeto de disposiciones expresas, en el artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto y en el artículo 51, apartados 2 y 3, del Reglamento de Procedimiento. Como señaló el Abogado General Bobek en sus conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA, ([62](#Footnote62)) nada se opone a la formulación de un criterio que permita que las eventuales consecuencias de elegir a un representante legal específico sean previsibles para los demandantes. ([63](#Footnote63))

95.      Por lo que respecta, en segundo lugar, a las Normas prácticas de desarrollo del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, de 20 de mayo de 2015 ([64](#Footnote64)) (en lo sucesivo, «NPD»), en su versión modificada el 17 de octubre de 2018, ([65](#Footnote65)) estas precisaban, en su punto 78, que «el representante de la parte que efectúe la presentación a través de e‑Curia [lo que ocurrió en el presente asunto] deberá cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 19 del Estatuto *y*, si se trata de un abogado, deberá gozar de la independencia requerida con respecto a la parte a la que represente». ([66](#Footnote66))

96.      Si bien, conforme a su sexto considerando y a su punto 104, las NPD ([67](#Footnote67)) figuran entre las normas cuyo cumplimiento debe garantizar el Secretario, junto con las disposiciones del Estatuto y del Reglamento de Procedimiento, no pueden considerarse una «ley» en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta. En efecto, dichas NPD fueron adoptadas con arreglo al artículo 224 del Reglamento de Procedimiento por el Presidente y el Secretario del Tribunal General y tienen por objeto explicar, precisar y completar ciertas disposiciones del Reglamento de Procedimiento por razones de transparencia y de seguridad jurídica y en aras de una correcta aplicación del Reglamento de Procedimiento. ([68](#Footnote68)) En virtud de su cuarto considerando, ([69](#Footnote69)) deben permitir que los representantes de las partes tengan en cuenta los factores que el juez de la Unión debe tomar en consideración, en particular, los relativos a la presentación ante él de escritos procesales. Así lo demuestra el empleo de la conjunción copulativa «y» en el punto 78 de las NPD, que integra el requisito de la independencia del abogado que el Tribunal General y el Tribunal de Justicia han establecido en su jurisprudencia.

97.      Es cierto que las NPD permiten informar a los justiciables y a sus representantes, puesto que se publican en todas las lenguas oficiales de la Unión en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, junto con el Reglamento de Procedimiento. Sin embargo, no creo que esta información sea suficientemente completa y transparente. En efecto, la falta de independencia del representante constituye, según la jurisprudencia, una causa de inadmisión no subsanable, cuando, por una parte, el concepto de «independencia» no es un concepto sencillo de delimitar y, por otra parte, no figura ninguna precisión en cuanto a las consecuencias jurídicas vinculadas a esa falta. A este respecto, si bien las NPD precisan de manera exhaustiva en sus puntos 101 a 103 y en sus anexos 1 a 3 ([70](#Footnote70)) los supuestos en los que el Secretario puede subsanar o no las demandas, es preciso señalar que no se hace mención alguna del supuesto en el que la demanda ha sido presentada por una persona cuyo representante no cumple los requisitos de independencia exigidos. ([71](#Footnote71))

98.      Si bien las NPD fueron objeto de refundición el 10 de julio de 2024, ([72](#Footnote72)) esta no afecta a esta conclusión. En efecto, el punto 73 de las NPD dispone ahora que «el representante deberá cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 19 del Estatuto *y*, si se trata de un abogado o un profesor, deberá gozar de la independencia requerida con respecto a la parte a la que represente». ([73](#Footnote73)) Sin embargo, en las NPD no figura ninguna definición de las consecuencias procedimentales vinculadas al incumplimiento del requisito de independencia del abogado.

99.      Por lo tanto, a la luz de todos estos elementos, debe concluirse que esta condición de admisibilidad, que tiene como consecuencia impedir el acceso a la justicia, no está prevista por la ley, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta.

100. Sin embargo, el demandante debería ser claramente informado de ello, máxime en un entorno caracterizado por la diversidad de las condiciones de representación ante los órganos jurisdiccionales nacionales y los órganos de recurso de los órganos y agencias especializados de la Unión. ([74](#Footnote74))

101. Estas consideraciones son, en principio, suficientes para declarar que el Tribunal General infringió los artículos 47, párrafos primero y segundo, y 52, apartado 1, de la Carta, habida cuenta del carácter acumulativo de las condiciones establecidas en este último artículo.

102. Sin embargo, formularé dos observaciones adicionales.

103. Por una parte, considero que la norma jurisprudencial en virtud de la cual no es posible subsanar una demanda presentada por una persona cuyo representante no cumple los requisitos de independencia exigidos, debiendo desestimarse el recurso por ser manifiestamente inadmisible, puede afectar al contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva ante el juez de la Unión. Al no permitir a la recurrente subsanar su demanda, esta se encuentra en la imposibilidad de someter a control jurisdiccional ante el juez competente la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO de la que es destinataria. ([75](#Footnote75))

104. Por otra parte, considero que esta norma no es adecuada a la luz del objetivo que persigue y excede los límites de lo necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

105. En efecto, aunque el objetivo principal de la representación por un abogado independiente es garantizar que los intereses del justiciable se protejan y defiendan de la mejor manera posible, ([76](#Footnote76)) dicha norma contradice ese objetivo, ya que infiere de manera automática la inadmisibilidad del recurso interpuesto por el justiciable sin que el buen desarrollo del procedimiento lo exija. Los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia tienen por objeto excluir al representante en interés de su cliente y no apartar al cliente de la justicia. En consecuencia y de manera gráfica, me parece que dicha norma es un remedio peor que la enfermedad, dado que el justiciable, que es, frente al juez, la única parte en el proceso, se ve privado de la posibilidad de subsanar un vicio que afecta a su representación, mientras que de su abogado solo se espera, *a priori*, que desempeñe la «función de intermediario de [este]». ([77](#Footnote77)) La limitación en cuestión me parece tanto más restrictiva cuanto que el justiciable se halla privado de toda posibilidad de impugnar una decisión y de exponer oportunamente su punto de vista en el marco de un procedimiento posterior ante el juez de la Unión. Tal situación crea claramente una laguna en la tutela judicial de las personas físicas y jurídicas ante el juez de la Unión, lo que afecta a la necesaria coherencia del sistema de tutela judicial previsto por el Derecho de la Unión. ([78](#Footnote78))

106. Este análisis se inscribe en la línea de la jurisprudencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido en cuanto al respeto del artículo 6, apartado 1, del CEDH.

107. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el «derecho a acceder a un tribunal» consagrado en el artículo 6 del CEDH exige garantizar al justiciable un derecho efectivo de acceso a la justicia para las decisiones relativas a sus derechos y obligaciones de carácter civil. ([79](#Footnote79)) Sin embargo, admite que este derecho no es absoluto y puede ser objeto de limitaciones, en particular en cuanto a los requisitos de admisibilidad de los recursos. ([80](#Footnote80)) En este contexto, dicho Tribunal examina si la norma procesal de que se trata acarrea «consecuencias manifiestamente excesivas» y constituye un obstáculo desproporcionado al derecho de acceso a la justicia de los demandantes. ([81](#Footnote81)) Pues bien, en su sentencia de 11 de febrero de 2014, Maširević c. Serbia, ([82](#Footnote82)) el citado Tribunal declaró que una interpretación excesivamente estricta de las normas procesales nacionales sobre la representación obligatoria constituye una infracción de dicho artículo 6 y, en particular, una vulneración del derecho a acceder a un tribunal cuando el recurso del demandante —en el caso de autos, un abogado en ejercicio— se declara inadmisible, privando así a este último de un examen completo en cuanto al fondo de sus alegaciones. ([83](#Footnote83))

108. Como pone de relieve el análisis comparativo realizado en la nota de investigación 24/005, la mayoría de los Estados miembros establece, de este modo, la validez de los actos procesales que se han llevado a cabo incumpliendo las normas relativas al requisito de independencia en la representación de un bufete de abogados, sin que se pueda impugnar dicha validez. Si bien, una vez más, los Derechos civil y administrativo franceses difieren al establecer que tal incumplimiento constituye una irregularidad material susceptible de dar lugar a la inadmisibilidad del recurso, no es menos cierto que, en Derecho administrativo, este incumplimiento puede subsanarse en el curso del procedimiento, ([84](#Footnote84)) en la medida en que el Conseil d’État (Consejo de Estado, Francia) ha considerado que dicha inadmisibilidad solo puede declararse después de que el juez haya requerido a su autor a subsanarlo. ([85](#Footnote85))

109. A la luz de todos estos elementos, considero que la norma en virtud de la cual no es posible subsanar una demanda presentada por una persona cuyo representante no cumple los requisitos de independencia exigidos, debiendo desestimarse el recurso por ser manifiestamente inadmisible, restringe el derecho de acceso del demandante a la justicia en condiciones que no son compatibles con los requisitos establecidos en los artículos 47, párrafos primero y segundo, y 52, apartado 1, de la Carta.

110. Reconozco que esta conclusión es contraria a las consideraciones adoptadas por el Tribunal de Justicia en los apartados 87 a 90 de la sentencia PJ y PC/EUIPO, en las que no solo se basó el Tribunal General en el apartado 18 del auto recurrido, sino también la EUIPO y la Comisión en sus escritos de contestación y de formalización de la intervención.

111. En esa sentencia, cuyos hechos y contexto del asunto que dio lugar a la misma son relativamente similares a los del presente asunto, el Tribunal de Justicia sostuvo, en efecto, que la norma procesal en cuestión no infringía el artículo 47 de la Carta.

112. Antes de nada, el Tribunal de Justicia consideró que la tutela judicial efectiva de una persona física está garantizada por el derecho del que dispone dicha persona a interponer ante el juez de la Unión un recurso contra la resolución de anulación de la Sala de Recurso de la EUIPO. ([86](#Footnote86)) Pues bien, habida cuenta de las consideraciones expuestas en los puntos 87 y 88 de las presentes conclusiones, soy de la opinión de que el Tribunal de Justicia adoptó en dicho asunto una interpretación excesivamente restrictiva del derecho a la tutela judicial efectiva.

113. A continuación, por lo que respecta a las posibilidades de subsanación, el Tribunal de Justicia recordó que, si bien del Estatuto y el Reglamento de Procedimiento permiten subsanar un escrito de interposición de un recurso que no respete determinados requisitos de forma, no es menos cierto que, en cualquier caso, el incumplimiento de la obligación de representación por un abogado habilitado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado Parte en el Acuerdo EEE no figura entre los requisitos que pueden ser objeto de subsanación una vez que haya expirado el plazo de recurso, con arreglo al artículo 21, párrafo segundo, del Estatuto y al artículo 78, apartado 6, de dicho Reglamento. ([87](#Footnote87)) Pues bien, a este respecto, el Tribunal de Justicia se limitó a remitirse a dos resoluciones anteriores, a saber, los autos de 27 de noviembre de 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret y Akar/Comisión, ([88](#Footnote88)) y de 20 de febrero de 2008, Comunidad Autónoma de Valencia/Comisión, ([89](#Footnote89)) que versaban sobre dos supuestos flagrantes en los que no se cumplían las condiciones expresamente establecidas en el artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto. En efecto, mientras que en el primer asunto la demanda había sido firmada por dos abogados turcos, que, por lo tanto, no estaban facultados para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE, ([90](#Footnote90)) en el segundo, la demanda había sido firmada por una persona que, aunque era miembro de un servicio jurídico, no tenía la condición de abogado.

114. Por último, el Tribunal de Justicia subrayó que, si bien, en virtud del artículo 55, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, ([91](#Footnote91)) el justiciable puede sustituir al representante designado inicialmente por un nuevo representante cuando el primero haya sido excluido por el Tribunal General debido a un comportamiento incompatible con la dignidad del Tribunal o con las exigencias de una buena administración de la justicia, ninguna disposición del Estatuto o del Reglamento de Procedimiento obliga al Tribunal General o al Tribunal de Justicia a advertir al justiciable de un incumplimiento del requisito de independencia ni a permitirle nombrar un nuevo representante durante el procedimiento. ([92](#Footnote92))

115. Pues bien, si bien es cierto que ninguna disposición del Estatuto o del Reglamento de Procedimiento obliga al Tribunal de Justicia o al Tribunal General a advertir al justiciable de un incumplimiento del requisito de independencia ni a permitirle nombrar un nuevo representante durante el procedimiento, ello se deriva únicamente del hecho de que tal requisito no figura en ninguno de estos textos.

116. Se trata, en mi opinión, de una interpretación demasiado formalista de las normas de procedimiento que el Abogado General Bobek resumió del siguiente modo en los puntos 75 y 76 de sus conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA: ([93](#Footnote93))

«El incumplimiento de los requisitos establecidos de forma relativamente clara es subsanable. Por el contrario, el incumplimiento de un requisito que no está establecido explícitamente en las normas procesales, en concreto, el requisito de la “independencia” del abogado en el sentido del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto, implica la inadmisibilidad de la demanda, dado que el Tribunal General insiste en que la falta de independencia de un representante legal constituye una causa de inadmisión de la demanda por motivos de orden público […] Los requisitos (procesales) que están establecidos claramente (cuyo cumplimiento cabría esperar de un abogado razonablemente diligente) son subsanables, mientras que los requisitos (también de carácter procesal) que no están establecidos con claridad (cuyo cumplimiento, por lo tanto, es más difícil esperar, incluso de abogados razonablemente diligentes) no son subsanables.»

117. Concluiré mi observación señalando que el Abogado General Roemer ya había llegado a la misma conclusión en sus conclusiones presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia de 16 de febrero de 1965, Barge/Alta Autoridad: ([94](#Footnote94)) «cualquier infracción de las normas formales expresas del Reglamento de Procedimiento no supondrá la inadmisibilidad del recurso. *Así sucede, a fortiori, en caso de violación de los principios de procedimiento, que no están regulados expresamente en el Reglamento de Procedimiento*». ([95](#Footnote95)) El Abogado General Roemer expuso así las razones por las que no era defendible, «en interés del buen desarrollo del procedimiento», aplicar al procedimiento ante el Tribunal de Justicia los principios firmes defendidos por la Alta Autoridad, prefiriendo deducir del Reglamento de Procedimiento argumentos a favor de una «opinión liberal». ([96](#Footnote96))

118. Habida cuenta de todas estas consideraciones, estimo, por lo tanto, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al aplicar la norma en virtud de la cual no es posible subsanar una demanda, debiendo desestimarse el recurso por ser manifiestamente inadmisible, si el representante de la parte demandante no goza de la independencia requerida en relación con esta última, puesto que dicha norma infringe los artículos 47, párrafos primero y segundo, y 52, apartado 1, de la Carta.

119. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que considere fundado el tercer motivo de casación, basado en la infracción de los artículos 47, párrafos primero y segundo, y 52, apartado 1, de la Carta.

120. Sobre la base de mi análisis, propongo al Tribunal de Justicia que estime los motivos segundo y tercero del recurso de casación y anule el auto recurrido.

VI.    **Sobre la devolución del asunto al Tribunal General**

121. De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.

122. En el presente asunto, estimo que el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos necesarios para resolver definitivamente sobre el fondo del recurso, que requiere examinar elementos que no han sido valorados por el Tribunal General en el auto recurrido ni debatidos ante el Tribunal de Justicia.

123. Por consiguiente, considero necesario devolver el asunto al Tribunal General, reservando la decisión sobre las costas, para que este resuelva el litigio en su totalidad.

VII. **Conclusión**

124. Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que decida lo siguiente:

«1)      Anular el auto del Tribunal General de 10 de octubre de 2022, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO — Nunziante y Ughi (UGHI E NUNZIANTE) (T‑389/22, EU:T:2022:662).

2)      Devolver el asunto al Tribunal General.

3)      Reservar la decisión sobre las costas.»

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[1](#Footref1)      Lengua original: francés.

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[2](#Footref2)      Véase el auto de 8 de mayo de 2023, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO (C‑776/22 P, EU:C:2023:441).

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[3](#Footref3)      T‑389/22, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2022:662.

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[4](#Footref4)      En lo sucesivo, «Carta».

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[5](#Footref5)      DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE».

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[6](#Footref6)      En lo sucesivo, «recurrente» o «Ughi e Nunziante».

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[7](#Footref7)      C‑776/22 P, EU:C:2023:441.

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[8](#Footref8)      T‑345/17, EU:T:2017:710.

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[9](#Footref9)      T‑76/19, EU:T:2020:212.

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[10](#Footref10)      GURI n.º 15, de 18 de enero de 2013, p. 1; en lo sucesivo, «Ley n.º 247/2012».

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[11](#Footref11)      C‑529/18 P y C‑531/18 P, en lo sucesivo, «sentencia PJ y PC/EUIPO», EU:C:2022:218.

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[12](#Footref12)      Véase el auto de 15 de febrero de 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlamento (C‑546/21 P, EU:C:2023:123), apartado 29 y jurisprudencia citada.

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[13](#Footref13)      C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2019:774, puntos 31 a 78.

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[14](#Footref14)      C‑110/21 P, EU:C:2022:133, puntos 44 a 69.

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[15](#Footref15)      Véase la sentencia de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:555), apartado 67.

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[16](#Footref16)      Véase el auto de 21 de abril de 2023, Kirimova/EUIPO (C‑306/22 P, en lo sucesivo, «auto Kirimova/EUIPO», EU:C:2023:338), apartado 29 y jurisprudencia citada.

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[17](#Footref17)      Véase la sentencia de 8 de febrero de 2024, Pilatus Bank/BCE (C‑256/22 P, EU:C:2024:125), apartados 36 y 38.

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[18](#Footref18)      Véase el auto de 10 de octubre de 2017, Mladenova/Parlamento (C‑405/17 P, EU:C:2017:747), apartados 12 a 15 y jurisprudencia citada.

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[19](#Footref19)      Véase el auto Kirimova/EUIPO, apartados 29 y 30 y jurisprudencia citada.

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[20](#Footref20)      Véase, a este respecto, la nota de investigación 24/005 elaborada por la Dirección «Investigación y Documentación» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2024 sobre la representación de los bufetes de abogados ante los órganos jurisdiccionales nacionales (en lo sucesivo, «nota de investigación 24/005»), de la que se desprende que, en una mayoría de Estados miembros, un bufete de abogados puede estar representado judicialmente por un abogado miembro de dicho bufete, con independencia de su condición de socio, de colaborador o de trabajador por cuenta ajena.

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[21](#Footref21)      Véanse el auto Kirimova/EUIPO, apartados 30 y 31 y jurisprudencia citada, y las sentencias de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA (C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73), apartados 61 y 62, y de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:555), apartados 46 y 47.

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[22](#Footref22)      Véase el auto Kirimova/EUIPO, apartado 32 y jurisprudencia citada.

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[23](#Footref23)      Véanse los autos Kirimova/EUIPO, apartado 33, y de 15 de febrero de 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlamento (C‑546/21 P, EU:C:2023:123), apartado 34 y jurisprudencia citada, así como la sentencia de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:555), apartados 52 y 58 y jurisprudencia citada.

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[24](#Footref24)      Véanse los autos Kirimova/EUIPO, apartado 34, y de 15 de febrero de 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlamento (C‑546/21 P, EU:C:2023:123), apartado 35 y jurisprudencia citada. Como señaló el Abogado General Emiliou en sus conclusiones presentadas en el asunto Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:133), punto 67, este segundo criterio se refiere a situaciones en que no cabe duda de que el representante puede no actuar de forma que responda al mejor interés de la parte a la que representa.

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[25](#Footref25)      En materia penal, véase, en particular, la sentencia del Tribunal EDH de 20 de octubre de 2015, Dvorski c. Croacia (CE:ECHR:2015:1020JUD002570311), § 76 a 82.

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[26](#Footref26)      Por lo que respecta a la representación ante los órganos jurisdiccionales italianos, véanse el artículo 86 del codice di procedura civile (Código de Enjuiciamiento Civil) y las sentencias de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) n.º 22439/2009, de 22 de octubre de 2009, y n.º 4628/1997, de 23 de mayo de 1997. En cuanto a la representación ante la EUIPO, el artículo 119, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1), dispone que «nadie tendrá obligación de hacerse representar ante la [EUIPO]». Sin embargo, de la aplicación del artículo 119, apartado 3, en relación con el artículo 120, apartado 1, de dicho Reglamento, se desprende que una persona jurídica que tenga su sede o su establecimiento en el Espacio Económico Europeo (EEE) podrá actuar ante la EUIPO por medio de un empleado, siempre que este sea un abogado facultado para ejercer en el territorio de un Estado miembro del EEE y que posea su domicilio profesional en el EEE.

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[27](#Footref27)      En efecto, el Tribunal de Justicia presume que un abogado, ya ejerza a título individual o como colaborador o socio en un bufete, cumple los mismos requisitos de independencia (véase el auto de 15 de febrero de 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlamento, C‑546/21 P, EU:C:2023:123, apartado 38 y jurisprudencia citada).

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[28](#Footref28)      T‑345/17, EU:T:2017:710.

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[29](#Footref29)      Véase el auto de 5 de octubre de 2017, Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier/EUIPO (We do IP.) (T‑345/17, EU:T:2017:710), apartados 9 —que remite a la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej y Polonia/Comisión (C‑422/11 P y C‑423/11 P, EU:C:2012:553)— y 11.

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[30](#Footref30)      Véase el auto de 5 de octubre de 2017, Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier/EUIPO (We do IP.) (T‑345/17, EU:T:2017:710), apartado 10.

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[31](#Footref31)      T‑345/17, EU:T:2017:710.

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[32](#Footref32)      Este es el caso, en particular, de las legislaciones alemana, española, italiana, austriaca, polaca, rumana o incluso eslovaca. Por ejemplo, el artículo 86 del Código de Enjuiciamiento Civil italiano dispone que, «incluso en los procedimientos en los que se requiera una defensa técnica, la parte o el representante de esta que tenga el título de abogado podrá defenderse por sí mismo sin necesidad de designar otro abogado».

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[33](#Footref33)      De la nota de investigación 24/005 se desprende que, en Austria, por ejemplo, donde no se exige que los abogados sean independientes, determinadas normas que regulan la organización del ejercicio de la abogacía en forma de sociedad, en particular la representación de las sociedades de abogados, pretenden precisamente conciliar el funcionamiento de estas sociedades con el requisito general de la independencia del abogado.

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[34](#Footref34)      Un estudio de la jurisprudencia del Tribunal General permite, en efecto, constatar que este puede requerir al solicitante en plazos extremadamente breves para que precise la naturaleza y el alcance de los vínculos que mantiene con su representante. Véase, en particular, el auto de 9 de marzo de 2022, Kirimova/EUIPO (T‑727/20, EU:T:2022:136), en el que el Tribunal General instó a la demandante a indicar las relaciones laborales que podía tener con su abogada en un plazo muy breve (la demanda se presentó el 7 de diciembre de 2020, la respuesta a la solicitud de información tuvo lugar el 20 de enero de 2021 y el auto de inadmisibilidad se adoptó el 9 de marzo de 2022). Véase también el auto de 25 de julio de 2023, Malmendier/Consejo (T‑832/22, EU:T:2023:448), apartado 8, en el que el demandante admitió, en su respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal General, que el hecho de que él mismo hubiera firmado la demanda constituía un error en relación con los requisitos del artículo 19 del Estatuto.

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[35](#Footref35)      C‑309/99, EU:C:2002:98, apartado 99 y jurisprudencia citada.

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[36](#Footref36)      Véase el apartado 79.

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[37](#Footref37)      Véanse el apartado 37 y la jurisprudencia citada.

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[38](#Footref38)      C‑546/21 P, EU:C:2023:123, apartado 38 y jurisprudencia citada.

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[39](#Footref39)      Véase, por ejemplo, el artículo 8 de la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título (DO 1998, L 77, p. 36).

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[40](#Footref40)      Véanse los anexos del recurso de casación.

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[41](#Footref41)      Véase el auto de 29 de septiembre de 2010, EREF/Comisión (C‑74/10 P y C‑75/10 P, EU:C:2010:557), apartados 50 y 51.

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[42](#Footref42)      Véase, en este sentido, el auto de 6 de abril de 2017, PITEE/Comisión (C‑464/16 P, EU:C:2017:291), apartados 25 y 35.

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[43](#Footref43)      Véase el auto de 4 de diciembre de 2014, ADR Center/Comisión (C‑259/14 P, EU:C:2014:2417), apartado 27.

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[44](#Footref44)      Véase, a este respecto, el artículo 24, apartado 1, del Código Deontológico de la Abogacía.

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[45](#Footref45)      Véase, en particular, la sentencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) n.º 28427/2023, de 11 de octubre de 2023.

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[46](#Footref46)      Véase, por analogía, la sentencia de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA (C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73), apartado 68.

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[47](#Footref47)      C‑110/21 P, EU:C:2022:555, apartado 66. Esta sentencia marca un giro en la jurisprudencia. En efecto, en la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej y Polonia/Comisión (C‑422/11 P y C‑423/11 P, EU:C:2012:553), los abogados eran empleados de una entidad vinculada a la parte que representaban. El Tribunal de Justicia declaró que la relación laboral de dichos abogados con esta entidad, aunque esta estuviera formalmente separada de la parte a la que representaban, podía influir en la independencia de estos, habida cuenta de que los intereses de la citada entidad coincidían en gran parte con los de la recurrente. Según el Tribunal de Justicia, existía el riesgo de que la opinión profesional de los referidos abogados se viera, al menos en parte, influida por su entorno profesional (apartado 25).

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[48](#Footref48)      Véase el auto Kirimova/EUIPO, apartado 41.

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[49](#Footref49)      C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2019:774, puntos 77 y 78.

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[50](#Footref50)      C‑110/21 P, EU:C:2022:133, puntos 91 a 115.

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[51](#Footref51)      C‑432/23, EU:C:2024:791.

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[52](#Footref52)      T‑798/22, EU:T:2024:671.

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[53](#Footref53)      Véanse las sentencias de 26 de septiembre de 2024, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (C‑432/23, EU:C:2024:791), apartado 50 y jurisprudencia citada, y de 2 de octubre de 2024, Ordre des avocats à la cour de Paris y Couturier/Consejo (T‑798/22, EU:T:2024:671), apartado 54 y jurisprudencia citada.

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[54](#Footref54)      Véanse las sentencias de 5 de noviembre de 2019, BCE y otros/Trasta Komercbanka y otros (C‑663/17 P, C‑665/17 P y C‑669/17 P, EU:C:2019:923), apartado 55 y jurisprudencia citada, y de 20 de abril de 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311), apartado 51.

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[55](#Footref55)      Firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950; en lo sucesivo, «CEDH».

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[56](#Footref56)      Véase la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Orde van Vlaamse Balies y otros (C‑694/20, EU:C:2022:963), apartado 60 y jurisprudencia citada.

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[57](#Footref57)      Véase el auto de 6 de octubre de 2011, Campailla/Comisión (C‑265/11 P, EU:C:2011:644), apartado 9.

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[58](#Footref58)      Véase, por analogía, la sentencia de 26 de septiembre de 2024, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (C‑432/23, EU:C:2024:791), apartado 67.

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[59](#Footref59)      Véase la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Orde van Vlaamse Balies y otros (C‑694/20, EU:C:2022:963), apartado 35 y jurisprudencia citada.

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[60](#Footref60)      Véase la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Orde van Vlaamse Balies y otros (C‑694/20, EU:C:2022:963), apartado 35 y jurisprudencia citada.

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[61](#Footref61)      Véase la sentencia de 11 de septiembre de 2019, Călin (C‑676/17, EU:C:2019:700), relativa a las modalidades de aplicación del plazo para interponer el recurso de revisión de una resolución judicial firme (apartado 50 y jurisprudencia citada).

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[62](#Footref62)      C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2019:774.

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[63](#Footref63)      Véanse las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en los asuntos acumulados Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA (C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2019:774), punto 65.

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[64](#Footref64)      DO 2015, L 152, p. 1.

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[65](#Footref65)      DO 2018, L 294, p. 23.

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[66](#Footref66)      El subrayado es mío.

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[67](#Footref67)      En su versión de 2015.

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[68](#Footref68)      Véanse los considerandos primero y cuarto de las NPD en su versión de 2015.

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[69](#Footref69)      En su versión de 2015.

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[70](#Footref70)      En su versión de 2018.

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[71](#Footref71)      En aplicación de los puntos 101 a 103, el anexo 1 se refería a los «requisitos cuyo incumplimiento justifica que no se proceda a la notificación», el anexo 2 versaba sobre los «requisitos formales cuyo incumplimiento justifica que se retrase la notificación» y, por último, el anexo 3 atañía a los «requisitos formales cuyo incumplimiento no impide que se proceda a la notificación».

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[72](#Footref72)      DO L, 2024/2097.

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[73](#Footref73)      El subrayado es mío.

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[74](#Footref74)      De hecho, aunque Ughi e Nunziante explica que dio preferencia a la continuidad de su representación al apoderar a los tres abogados socios que la representaron ante los órganos jurisdiccionales italianos y la Sala de Recurso de la EUIPO, tal continuidad choca con un régimen de representación legal de los bufetes de abogados que no es uniforme entre esos actores.

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[75](#Footref75)      Véase la sentencia de 25 de noviembre de 2021, État luxembourgeois (Información sobre un grupo de contribuyentes) (C‑437/19, EU:C:2021:953), apartado 94, en la que el Tribunal de Justicia declaró que el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta incluye, en particular, el derecho de su titular a acceder a un tribunal que tenga competencia para garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión reconoce a aquel.

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[76](#Footref76)      A título ilustrativo, el artículo 55, apartados 1 y 3, del Reglamento de Procedimiento permite al Tribunal General excluir a un representante cuyo comportamiento sea incompatible con la dignidad del Tribunal o con las exigencias de una buena administración de la justicia, dejando a la parte la posibilidad de designar a un nuevo representante.

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[77](#Footref77)      Véase el auto de 8 de junio de 2005, Nuova Agricast/Comisión (T‑151/03, EU:T:2005:204), apartado 29.

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[78](#Footref78)      Véase, en el mismo sentido, en mi opinión, la sentencia de 9 de julio de 2020, República Checa/Comisión (C‑575/18 P, EU:C:2020:530), apartado 82 y jurisprudencia citada.

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[79](#Footref79)      Véase la sentencia del Tribunal EDH de 23 de octubre de 1996, Levages Prestations Services c. Francia (CE:ECHR:1996:1023JUD002192093), § 40 y 44.

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[80](#Footref80)      Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estos requisitos deben aplicarse con cierta flexibilidad y sin excesivo formalismo, teniendo en cuenta su objeto y finalidad y no deben afectar a la esencia misma de ese derecho, sino perseguir un fin legítimo y ser proporcionados a la luz de ese fin. Véase, en particular, la sentencia del Tribunal EDH de 14 de noviembre de 2000, Annoni di Gussola y otros c. Francia (CE:ECHR:2000:1114JUD003181996), § 48 y 53.

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[81](#Footref81)      Véase la sentencia del Tribunal EDH de 14 de noviembre de 2000, Annoni di Gussola y otros c. Francia (CE:ECHR:2000:1114JUD003181996), § 53.

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[82](#Footref82)      CE:ECHR:2014:0211JUD003067108.

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[83](#Footref83)      Véase la sentencia del Tribunal EDH de 11 de febrero de 2014, Maširević c. Serbia (CE:ECHR:2014:0211JUD003067108), § 47 a 51. En el asunto que dio lugar a dicha sentencia, el Tribunal Supremo de Serbia se había negado de hecho a examinar el recurso interpuesto por el demandante, abogado de profesión, alegando que no podía representarse a sí mismo. De conformidad con las normas de procedimiento aplicables, el demandante había perdido su capacidad jurídica para interponer un recurso.

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[84](#Footref84)      Véase el artículo R612‑1 del code de justice administrative (Código de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

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[85](#Footref85)      Véase la sentencia n.º 68448 del Conseil d’État (Consejo de Estado), de 27 de enero de 1989. Sin tal requerimiento, la decisión del juez de lo contencioso-administrativo de plantear de oficio la inadmisibilidad puede ser anulada tanto en apelación como en casación [véase la sentencia n.º 46103 del Conseil d’État (Consejo de Estado), de 21 de septiembre de 1990].

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[86](#Footref86)      Véase la sentencia PJ y PC/EUIPO, apartado 87.

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[87](#Footref87)      Véase la sentencia PJ y PC/EUIPO, apartado 88.

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[88](#Footref88)      C‑163/07 P, EU:C:2007:717, apartado 26.

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[89](#Footref89)      C‑363/06 P, EU:C:2008:99, apartado 34.

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[90](#Footref90)      Véase el auto de 17 de enero de 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret y Akar/Comisión (T‑129/06, EU:T:2007:11), apartados 43 y 44, en el que el Tribunal General declaró que los requisitos relativos a la representación de las personas físicas y jurídicas ante los órganos jurisdiccionales de la Unión eran oponibles a las recurrentes y a sus abogados en la medida en que habían podido conocer su existencia mediante su publicación en la Recopilación de los Tratados de la Unión y en el Diario Oficial.

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[91](#Footref91)      El artículo 55 del Reglamento de Procedimiento, titulado «Exclusión del procedimiento», establece, en sus apartados 1 a 3, que, si el Tribunal General estimara que el comportamiento de un abogado ante dicho Tribunal, el Presidente, un Juez o el Secretario es incompatible con la dignidad del Tribunal o con las exigencias de una buena administración de la justicia, o que ese abogado hace uso de los derechos que le corresponden por razón de sus funciones con fines distintos de aquellos para los que se le reconocen esos derechos, informará de ello al interesado; por los mismos motivos, el Tribunal General podrá en cualquier momento decidir excluir del procedimiento a un abogado mediante auto motivado, tras oír al interesado y, cuando un abogado sea excluido del procedimiento, este se suspenderá hasta la expiración del plazo fijado por el Presidente para permitir que la parte interesada designe a otro abogado.

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[92](#Footref92)      Véase la sentencia PJ y PC/EUIPO, apartados 89 y 90.

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[93](#Footref93)      C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2019:774.

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[94](#Footref94)      14/64, EU:C:1965:13. En este asunto, la Alta Autoridad había planteado una excepción de inadmisibilidad del recurso debido a que el abogado de la parte demandante no había presentado su poder *ad litem* en el momento de la interposición del citado recurso, ya que el Tribunal de Justicia exigía, en la práctica, que dicho poder se presentara al mismo tiempo que la demanda. El Tribunal de Justicia siguió las conclusiones de su Abogado General, señalando que, con arreglo al Reglamento de Procedimiento, el abogado que asiste o representa a una parte está sometido a un único requisito formal, el de justificar su condición de abogado, y no está obligado a presentar un poder en buena y debida forma para la interposición de un recurso (p. 10).

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[95](#Footref95)      Conclusiones del Abogado General Roemer presentadas en el asunto Barge/Alta Autoridad (14/64, EU:C:1965:1), p. 16. El subrayado es mío.

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[96](#Footref96)      Véanse las conclusiones del Abogado General Roemer presentadas en el asunto Barge/Alta Autoridad (14/64, EU:C:1965:1), p. 15 y 16. El Abogado General Roemer basó su razonamiento en el artículo 38, apartado 7, del Reglamento de Procedimiento, que establecía que, en caso de que determinados documentos no se aportaran junto con la demanda (por ejemplo, los estatutos de una persona jurídica), el Secretario instaría al demandante a hacerlo en un plazo razonable. A falta de tal subsanación, el Tribunal de Justicia tendría que decidir «si la inobservancia de estos requisitos de forma comporta[ba] la inadmisibilidad formal de la demanda».

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