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Language: es
Format: md

2 . 2 . 94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 31 / 9

AYUDAS DE ESTADO

C 38 / 93 ( NN 43 / 93 y NN 58 / 93 )

Países Bajos

( 94 / C 31 / 05 )

( Texto pertinente a los fines del EEE )

( Artículos 92 a 94 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea )

Comunicación de la Comisión, con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE, a los
demás Estados miembros y terceros interesados, acerca de la ayuda que los Países Bajos se

proponen conceder al fabricante de camiones DAF

Mediante la carta reproducida a continuación, la Comi ­
sión informó al Gobierno neerlandés de su decisión de
incoar el procedimiento previsto por el apartado 2 del
artículo 93 del Tratado CE .

« Mediante carta de 2 de octubre de 1992, la Comisión
solicitó a su Gobierno que, en virtud del apartado 3 del
artículo 93 del Tratado CE, notificara una propuesta del
Nationale Investerings Bank ( NIB ) de conceder un prés ­
tamo de unos 100 millones de florines neerlandeses al

fabricante neerlandés de camiones DAF, en Eindhoven .
Dicho préstamo debía contar con el aval del Gobierno
neerlandés .

Su Gobierno respondió mediante la carta de 17 de no ­
viembre de 1992 enviada por su Representación Perma ­

nente, en la que se confirmaba la aprobación de la pro ­
puesta del aval del Gobierno, aunque no por el importe
citado por la Comisión . De hecho, sólo se concedía un
aval al plan " Bijzondere fínanciering " ( BF ), para un
préstamo subordinado de 60 millones de florines neer ­
landeses de categoría B, convertible, de acuerdo con
ciertas condiciones, en acciones de DAF . Además, 7 mi ­
llones de florines neerlandeses suplementarios quedaban
cubiertos por el NIB, y se le añadía un préstamo garanti ­
zado y en curso de 30 millones, que se remontaba a

1983, lo que arrojaba un total de 97 millones, de los que
67 correspondían a nuevos fondos . La prima de garantía
se fijó en un 2 %, elevando el tipo de interés al
11,375 %, lo que, de acuerdo con su Gobierno, era con ­
forme con las condiciones que imperaban en el mercado .
En la misma carta, sus autoridades informaron a la Co ­
misión de que la concesión del préstamo estaba subordi ­
nada a tres condiciones, a saber ;

— la línea de crédito de 1 150 millones de florines

puesta a disposición de DAF por su principal res ­
paldo financiero, un consorcio bancario, que tenía
por entonces créditos por más de 2 000 millones de
florines frente a la empresa, debería seguir vigente al
menos hasta el 30 de de junio de 1993 ;

— debía crearse una alianza estratégica con un socio co ­

mercial ;

— el NMKN debía otorgar un préstamo de 2 200 millo ­

nes de francos belgas a DAF .

No obstante, la Comisión estaba informada de la conce ­
sión por parte del NIB de 67 millones de florines a DAF,

en concepto de anticipo y de acuerdo con las condicio ­
nes ordinarias de los préstamos a corto plazo y con el
aval parcial del Estado neerlandés .

Mediante carta de 23 de diciembre de 1992, la Comisión
informó a su Gobierno de que los acuerdos financieros
de NIB y el Estado neerlandés acerca de DAF consti ­
tuían una ayuda estatal, que se había concedido sin noti ­
ficación ní aprobación previa por parte de la Comisión .
El caso se registró como ayuda estatal no notificada
( asunto n° NN 109 / 92 ).

Además, la Comisión solicitó a sus autoridades que le
informaran acerca de todas las nuevas ayudas que el Es ­
tado neerlandés fuera a conceder a DAF .

Remitiéndose a su carta que quedó sin respuesta de 2 de
octubre de 1992, la Comisión informó a las autoridades
belgas mediante carta de 23 de diciembre de 1992 de que
había tenido noticia del préstamo de 2 200 millones de
florines que, al parecer, NMKN habría concedido a
DAF como ayuda estatal no notificada ( asunto n° NN

138 / 92 ), y de que en la mencionada carta se recababa
toda la información pertinente sobre esta ayuda y cual ­
quier otra ayuda concedida a DAF .

A principios de 1993, la situación financiera de DAF se
degradó rápidamente y la compañía se vio obligada a
quedar bajo administración judicial y detener la produc ­
ción el 2 de febrero de 1993 . De acuerdo con las infor ­

maciones aparecidas en la prensa, DAF logró obtener un
préstamo puente a corto plazo de 120 millones de flori ­
nes, 50 % del consorcio bancario y 50 % del Estado
neerlandés, con objeto de permitir que la compañía si ­
guiera realizando operaciones comerciales durante un
mes . Mientras tanto, los administradores judiciales de los
Países Bajos consiguieron reiniciar la producción y em ­
prendieron el examen de las posibles estrategias futuras
de DAF . De acuerdo con los informes de los medios de
comunicación, su Gobierno expresó su apoyo a los pla ­
nes de disolución de DAF y de rescate de sus operacio ­
nes principales en los Países Bajos y Bélgica a través de
una nueva empresa que se iba a crear, expresando tam ­
bién su deseo de convertirse en accionista de la sociedad .
Poco tiempo después, las autoridades flamencas declara ­
ron tener un interés semejante por participar en dicha
operación de rescate, siempre que ello permitiera que la
filial belga siguiera funcionando y conservara buena
parte de su plantilla .

N° C 31 / 10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 2 . 2 . 94

El 21 de febrero de 1993, los administradores neerlande ­
ses de DAF llegaron a un acuerdo con las autoridades,
los bancos y las instituciones inversoras neerlandesas y
flamencas sobre la creación de una nueva compañía an ­
tes del 1 de marzo de 1993, llamada DAF Trucks NV,
que tendría 3 500 trabajadores, es decir, aproximada ­
mente la mitad de la plantilla original, para la fabrica ­
ción, desarrollo y venta de camiones pesados y de ta ­
maño medio, actividades que ocuparían a unas 2 750
personas en los Países Bajos y 750 en Bélgica . Entre las
actividades de producción figurarían el montaje y la fa ­
bricación de los componentes principales, es decir, de ca ­
binas, motores de 8 y 1 1 litros y ejes . Esta producción se
llevaría a cabo en Eindhoven ( Países Bajos ) y Westerlo
( Bélgica ). En 1993 se esperaba que la venta de camiones
ascendiera a 11 000 unidades y, en 1994, a 12 500 . Poco
tiempo después, las actuales empresas de DAF en los
Países Bajos y Bélgica se declararían en quiebra .

El 26 de febrero su Gobierno informó a la Comisión me ­
diante télex de su intención de participar en la empresa
de reciente creación DAF Trucks NV, inyectando 155
millones de florines en su capital social y concediendo 40
millones en préstamos de capital — riesgo sobre el capital
total previsto . Además, se reembolsaría el préstamo de 67
millones de florines a NIB . Mediante carta de 3 de

marzo de 1993, la Comisión informó a sus autoridades
de que el télex de 26 de febrero de 1993 no constituía
una notificación en regla con arreglo al apartado 3 del
artículo 93 del Tratado CE y de que, por consiguiente,
el Gobierno neerlandés no había notificado adecuada ­

mente las ayudas públicas previstas para la nueva em ­
presa DAF . Solicitaba por dicho motivo la notificación
completa, con arreglo al apartado 3 del artículo 93 del
Tratado CE, de todas las medidas de ayuda a DAF, así

como información pormenorizada acerca de las pérdidas
en inversiones en la antiqua DAF, que podían ascender a
más de 200 millones de florines .

En su télex de 19 de marzo de 1993, sus autoridades
solicitaron a la Comisión que considerara el télex de 26
de febrero de 1993 como una notificación completa con
arreglo al apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE y
prometieron responder a la solicitud de información por ­
menorizada de la Comisión a su debido tiempo . Anun ­
ciaron asimismo que estaban tratando de coordinar este
asunto con las autoridades flamencas .

En una reunión bilateral entre sus autoridades y la Co ­
misión, celebrada el 30 de marzo de 1993 por iniciativa
suya con objeto de explicar la participación pública en la
nueva empresa DAF Trucks, la Comisión informó a sus
autoridades de que, debido a lo delicado que resultan la
competencia y el exceso de capacidad de producción en
este sector, así como a la necesidad de transparencia, y
con objeto de dar a los terceros interesados la ocasión de
presentar sus observaciones, no podía evitarse la incoa ­
ción del procedimiento previsto por el apartado 2 del ar ­
tículo 93 del Tratado CE .

Mediante carta de 21 de abril de 1993, sus autoridades,
de conformidad con el apartado 3 del artículo 93 del

Tratado CE, remitieron más información acerca de la
participación pública en la nueva empresa DAF Trucks
NV . Esta carta también confirmaba la concesión, por el
Estado neerlandés, de un préstamo puente a corto plazo
de 60 millones de florines a la antigua compañía DAF en
febrero de 1993, al tipo ordinario, es decir, el tipo de
interés del banco central más el 1,5 % . En el momento
en que se recibió su carta, este préstamo prioritario ya se
había reembolsado parcialmente y todavía no estaba
claro si los ingresos generados por los activos restantes
bastarían para permitir su reembolso total .

La nueva empresa, DAF Trucks NV, empezó a funcio ­
nar el 2 de marzo de 1993 y, a diferencia de la antigua
DAF, no fabrica toda la gama de productos, sino que se
concentra por entero en los segmentos de mercado de
los camiones de tamaño medio y pesados . DAF Trucks
NV adquirió los principales activos de la antigua DAF
por 482 millones de florines (*), un precio acordado en
función de los informes de tasadores independientes y
que, de acuerdo con sus autoridades, se encontraba entre
el valor de liquidación y el valor negociado a título indi ­
vidual que hubieran tenido dichos activos de haber sido
utilizados de manera continuada . En el precio se incluían
los activos de DAF Westerlo y los activos inmateriales,
incluida la tecnología de la nueva serie 75 / 85, que se
vendió por 100 millones de florines .

De acuerdo con sus autoridades, para tomar su decisión
de participación, el Gobierno neerlandés y la Región fla ­
menca se basaron en un plan comercial elaborado por
consultores externos y que auguraba buenas perspectivas
para la nueva empresa si se concentraba en su actividad
principal, reduciendo al propio tiempo en buena medida
su capacidad de producción . Su Gobierno puso de relieve
que se había comportado igual que diferentes inversores
privados en este caso y que opina que la participación en
DAF demostrará con el tiempo ser una inversión jui ­
ciosa, no . sólo para el Estado neerlandés, sino también
para los demás inversores .

En vista del interés del Estado neerlandés por la rees ­
tructuración de DAF, el que dicho Estado no hubiera
participado en la nueva empresa habría mermado la con ­
fianza en la compañía y retrasado el proceso de bús ­
queda de financiación, lo que habría perjudicado a la
empresa y a su situáción en el mercado . Además, su Go ­
bierno consideró importante que los Países Bajos conser ­
varan una empresa innovadora, de alto valor tecnoló ­
gico, en la encrucijada de muchos proveedores y centros
de tecnología .

O Parte del precio de compra, es decir, 45 millones de florines,

será reembolsado con sus intereses en 1995 y 1996 al anti ­
guo consorcio bancario . A este respecto, este consorcio reci ­
bió una garantía sobre los activos de DAF Trucks NV .

2 . 2 . 94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 31 / 11

De acuerdo con sus autoridades ^ la nueva estructura del
capital será la siguiente ;

( en millones de florines )

Acciones Préstamos

A (') B VIO capital Total

riesgo

Estado neerlandés 110 45 40 195

Región flamenca 40 15 20 75

Inversores instituciona ­

les 65 5 70

Antiguo consorcio
bancario 45 45

Otros inversores 77 2,5 79,5

Total 292 90 15 67,5 464,5

O Las acciones de tipo A son preferentes .
( 2 ) Participación directa en la filial DAF Trucks Vlaanderen NV .

El interés en los préstamos de capital riesgo ( subordina ­
dos ) es del 8,5 ° / o . El Gobierno neerlandés y la Región
flamenca acordaron con los inversores privados que la
participación pública en la empresa se reduciría, hasta si ­
tuarse por debajo del 50 % . En un principio, dicha parti ­
cipación pública superaba el 50 %, pero se esperaba que
la entrada de nuevos inversores privados redujera en
poco tiempo dicha proporción .

En su carta de 21 de abril de 1993, sus autoridades tam ­
bién informaron a la Comisión de que, ante la importan ­
cia de las pérdidas que conoció la antigua DAF, la posi ­
bilidad de que los acreedores de la competencia recupe ­
raran parte de sus créditos sobre la masa de la quiebra
era muy reducida . En cuanto a las pérdidas del sector
público en la antigua DAF, el Estado neerlandés contaba
con perder los 30 millones del préstamo " Bijzondere Fi ­
nanciering " concedido en 1983 por el NIB con una ga ­
rantía del Estado, la participación de aproximadamente
el 2 %, que también se remontaba a principios de los
ochenta y cuyo importe ascendió por entonces a unos 20
millones de florines, así como una pérdida de 199,6 mi ­
llones de florines sobre la deuda pendiente, compuesta
por créditos por valor de 158,3 millones y 41,3 millones
de cargos en concepto de interés hasta la fecha de la or ­
den de administración judicial, y de préstamos para el
desarrollo ( Technische ontwikkelingskrediet o TOK )
que el Estado neerlandés ha otorgado desde 1982 para
financiar parte de los costes de desarrollo de la compa ­
ñía . Estos créditos sólo pueden reembolsarse en ciertas
condiciones, dependiendo del número de productos ven ­
didos o del volumen de negocios de un período de diez
aftos . Sin embargo, el préstamo " Bijzondere Financie ­
ring " de 67 millones de florines concedido por el NIB se
ha reembolsado por entero, merced a los ingresos de la
venta de los activos inmateriales que sirvieron de garan ­
tía al préstamo .

El 14 de mayo de 1993, la Comisión envió una carta al
Gobierno neerlandés y a la Región flamenca en la que
les informaba que abría dos expedientes de ayuda, el NN
27 / 93 mencionado anteriormente, sobre la inversión pú ­
blica belga en la nueva DAF y el NN 43 / 93, sobre la

neerlandesa, respectivamente, así como de que iba a anu ­
# lar los antiguos expedientes NN 109 / 92 y NN 138 / 92 .

Los expedientes de ayuda no se referirán sólo a la inter ­
vención pública en la nueva empresa DAF, sino a cual ­
quier elemento de ayuda que pueda contener la disolu ­
ción de la antigua DAF . Asimismo, también se informaba
a las autoridades nacionales de que se iba a adoptar la
decisión de incoar el procedimiento formal establecido
en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE sobre
estos asuntos por los siguientes motivos :

i ) Las intervenciones públicas concernían a una empresa

en dificultades, que opera en un sector que adolece
de un exceso de capacidad de producción .

ii ) Existen serias dudas sobre la afirmación de ambos

gobiernos de que las participaciones públicas en la
nueva DAF son conformes con las prácticas empresa ­
riales habituales en una economía de mercado y, por
consiguiente, no contienen elementos de ayuda esta ­
tal . En este sentido, debería tenerse en cuenta cómo
cancelaron o transfirieron las deudas de la antigua
DAF a la nueva empresa los accionistas públicos y
privados .

iü ) En casos análogos en este sector, la Comisión siem ­

pre ha incoado un procedimiento formal para permi ­
tir a los competidores y demás terceros interesados
presentar sus observaciones .

iv ) Desde que entraron en vigor las Directrices sobre

ayudas estatales a la industria de los vehículos de
motor, las ayudas pueden concederse si se atienen a
condiciones muy estrictas, que sólo pueden impo ­
nerse mediante una decisión final tras el procedi ­
miento establecido por el apartado 2 del artículo 93
del Tratado CE .

Con objeto de completar los expedientes, la Comisión
adjuntó a estas cartas una relación de preguntas detalla ­
das, cuyas respuestas sirvieron de punto de partida para
una reunión entre las autoridades neerlandesas y belgas y
la Comisión . Por último, la Comisión instó a ambos go ­
biernos a suspender los pagos a la empresa y reiteró que
cualquier ayuda concedida ¡legalmente puede dar lugar a
una orden de reembolso .

Mediante las cartas de 28 mayo de 1993, las autoridades
neerlandesas y belgas respondieron a las preguntas técni ­
cas planteadas por la Comisión en su misiva de 14 de
mayo de 1993 . El 1 de junio de 1993 las autoridades bel ­
gas y neerlandesas y la Comisión celebraron una reunión
trilateral en la que se debatieron las respuestas y se pro ­
porcionó información suplementaria . De los datos se
desprendía que el Estado neerlandés sufrió pérdidas de ­
bido a las deudas públicas pendientes y a su participación
en la empresa en quiebra . Además, se confirmó el pago
completo del capital y de los préstamos de capital riesgo
a la nueva sociedad .

Asimismo, de la información recibida se deducía que el

Estado neerlandés había concedido en 1991 y 1992 cré ­
ditos de desarrollo a DAF con arreglo al plan TOK por
un importe de 50 millones de florines, sin respetar lo dis ­
puesto por el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE .

N° C 31 / 12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 2 . 2 . 94

En ese momento la empresa ya no hacía frente a sus res ­
ponsabilidades contraídas con los antiguos créditos de
desarrollo .

Sus autoridades prometieron realizar un análisis porme ­
norizado de las pérdidas públicas totales ( principal e in ­
terés ) derivadas de la quiebra de DAF, Además, sus au ­
toridades debían remitir a la Comisión un acuerdo actua ­
lizado entre los accionistas, así como información más
detallada sobre las condiciones de venta de los activos de
la antigua DAF a la nueva empresa . También se solicita ­
ron a su Gobierno datos suplementarios sobre las condi ­
ciones en que los inversores públicos y privados han
aportado capital y préstamos sin garantías .

El 3 de junio de 1993, la Comisión recibió un fax de su
Gobierno que contenía parte de la información suple ­
mentaria solicitada por la Comisión durante la reunión
celebrada el 1 de junio de 1993 . Mediante fax de 15 de
junio de 1993, sus autoridades informaron a la Comisión
de que iban a suspender la concesión a la antigua DAF
de las medidas de ayuda a la investigación y desarrollo
notificadas ( asunto N 422 / 92 ). La Comisión había reca ­
bado información suplementaria sobre este asunto en su
carta de 22 de diciembre de 1992, pero no recibió res ­
puesta alguna .

Mediante carta de 2 de julio de 1993, la Comisión in ­
formó a su Gobierno de que, de acuerdo con la informa ­
ción de que disponía, en mayo de 1991 y en julio de

1992 se concedieron créditos de desarrollo por importe
de 25 millones de florines neerlandeses a la antigua
DAF, con arreglo al plan " TOK ". La información reci ­
bida el 9 de junio de 1993 señalaba que, en el momento
de la declaración de quiebra de DAF, quedaba pendiente
un importe de 35,6 millones de florines sobre el principal
y los intereses de dichos créditos . También quedaba pa ­
tente que, desde 1991, las obligaciones de reembolso de
anteriores créditos de desarrollo habían sido pospuestas
o cumplidas sólo en parte, dependiendo de los beneficios
de DAF y de los consiguientes ahorros de la empresa .
Además, la Comisión fue informada de que 1,55 millones
de florines de las medidas de ayuda para I + D propues ­
tas ( asunto N 422 / 92 ) se entregaron a la compañía sin la
aprobación previa de la Comisión .

Todas estas medidas debían ser notificadas de acuerdo

con las Directrices sobre ayudas estatales a la industria
de los vehículos de motor y sobre ayudas de I + D. Por
consiguiente, la Comisión registró las medidas como
ayudas no notificadas en virtud del apartado 3 del ar ­
tículo 93 del Tratado CE ( asunto NN 58 / 93 ). La Comi ­
sión añadió que este caso se incluiría en el procedimiento
del apartado 2 del artículo 93 y reiteró que cualquier
ayuda concedida de manera ilegal podía dar lugar a una
orden de reembolso .

Mediante carta de 5 de octubre de 1993, sus autoridades
respondieron a la carta de la Comisión de 2 de julio y a
varias solicitudes orales más de información realizadas a
principios de dicho mes . Afirmaban que el aplazamiento
del pago de las obligaciones de reembolso de los anterio ­
res préstamos TOK se debía en parte al fracaso de uno o

dos de los productos desarrollados, lo que puede consti ­
tuir un motivo para cancelar el reembolso de dichos cré ­
ditos . No obstante, sus autoridades no deseaban anular
parte del reembolso, sino que preferían acogerse a una
importante excepción, como era la de vincular los próxi ­
mos reembolsos a la obtención de beneficios, partiendo
de la premisa de que la recesión del mercado era tempo ­
ral . No se remitió ninguna cuantificación de los ahorros
de la compañía merced a este cambio de calendario . En
cuanto a los nuevos créditos TOK concedidos en 1991 y

1992, reconocían que hubiera resultado más adecuado
notificarlos . La ayuda para investigación de 1 555 492 de
florines se había desembolsado supeditándola a la condi ­
ción de que la Comisión aprobara el proyecto . Por úl ­
timo, ofrecieron información acerca del crédito de 67
millones de florines concedido en diciembre de 1992 por
el NIB a cambio de garantías sobre los derechos de pro ­
piedad industrial relativos a la serie 75 y 85 .

El antiguo grupo DAF fabricó y distribuyó una gama
completa de vehículos comerciales en seis emplazamien ­

tos :

— Eindhoven ( NL ): motores, componentes y montaje

de camiones pesados y medios ( para uso militar y ci ­
vil ),

— Westerlo ( B ) : cabinas y ejes para camiones,

— Leyland ( UK ) : motores, componentes y montaje de

camiones ligeros, medios y pesados ( para uso militar
y civil ),

— Glasgow ( UK ): ejes para camiones y camionetas,

— Birmingham ( UK ): componentes y montaje de ca ­

mionetas .

Las actividades relacionadas con los camiones estaban

organizadas de acuerdo con una estructura dual, en la
que Van Doorne BV se hacía cargo de las actividades en
materia de camiones en el continente, mientras que Ley ­
land DAF Holdings Ltd hacía lo propio en el Reino
Unido y en el extranjero . Además de los camiones, DAF
contaba con su propia filial financiera ( DAF Finance
Company, o DFC ), con una filial productora de compo ­
nentes de aviación y vehículos militares especiales ( DAF
Special Products ), una filial inmobiliaria ( DOGM ), así
como participaciones en varias empresas ( por ejemplo, el
4,4 % en United Bus ) y empresas en participación ( v.gr .,
Cabtec, con Iveco-Pegaso, y European Truck Design,
con Renault Véhicules Industriéis ), La sociedad matriz
DAF NV cotizaba en la Bolsa de Amsterdam y Londres
desde junio de 1989 . Entre los accionistas de la empresa,
cabe destacar : VADO, DSM y Rover Group ( unidos por
un acuerdo entre accionistas ), Nationale Neerlanden,
Aegon y ABN / AMRO . A finales de 1992 el grupo em ­
pleaba a 13 300 personas ( excluyendo a los que realiza ­
ban prácticas de formación ), de las que unas 5 500 co ­
rrespondían a las filiales neerlandesas, 1 500 a las belgas,
5 300 a las británicas y 1 000 a otras .

2 . 2 . 94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C31 / 13

La nueva compañía DAF Trucks NV emplea a unas
3 600 personas, de las que 2 750 corresponden a los Paí ­
ses Bajos y 750 a Bélgica . Esta empresa también se ha
hecho cargo del centro de distribución del Reino Unido,
que tiene 120 empleados . Desde la declaración de quie ­
bra en dicho país se han aprobado cuatro readquisiciones
diferentes de la empresa por sus gestores . Leyland DAF
Vans Ltd sigue operando en el sector de las camionetas

en Birmingham, con 950 personas, Leyland Truck Ma ­
nufacturing Ltd en el sector de los camiones, con 980
empleados, Multipart Distribution Ltd hace lo propio,
con unas 300 personas, y se ha formado una nueva em ­
presa para la adquisición de 6 filiales africanas . Tan sólo
se desconoce el futuro de la fábrica de ejes en Albion,
que cuenta con 340 trabajadores . DAF SP también ha
sido absorbida, lo que ha supuesto la conservación de

165 puestos de trabajo . A grandes rasgos, aproximada ­
mente la mitad del número de trabajadores del antiguo
grupo DAF seguirá realizando las mismas actividades,
pero ahora repartidos en muchas entidades jurídicamente
independientes .

Hasta su fusión con Leyland en 1987, DAF era uno de
los más pequeños fabricantes de camiones de Europa
Occidental, centrado en el segmento pesado del mer ­
cado . A partir de la fusión, DAF no sólo obtuvo una
cuota mucho mayor en el mercado europeo, sino que
pudo ofrecer una gama completa de vehículos comercia ­
les . Los años posteriores a la fusión, el nuevo grupo deci ­
dió ampliar sus programas de inversión, con objeto de
renovar toda su gama de productos y de mejorar la dis ­
tribución geográfica de su red de ventas . De hecho, el
nuevo grupo DAF dependía estrechamente del mercado
británico, donde era el líder . La empresa no podía prever
la magnitud del hundimiento del mercado británico del
camión que se produjo después de 1989 . La sólida posi ­
ción de DAF en muchos otros mercados europeos ge ­
neró en un principio volúmenes de ventas que compensa ­
ron las pérdidas, pero su debilidad en el mercado ale ­
mán, que constituía en 1991 y 1992 la única salida co ­
mercial rentable para los camiones europeos, acentuó la
drástica reducción de su volumen de ventas . Como con ­
secuencia de sus reveses, DAF - que sólo obtuvo benefi ­
cios marginales en su mejor ejercicio, 1989 - sufrió gran ­
des pérdidas en 1990 y 1991 . Los esfuerzos de reestruc ­
turación emprendidos por la empresa desde 1991 y el in ­
cremento de capital de 1991 no provocaron una mejora
sustancial de los resultados de la compañía en 1992 . Por
consiguiente, la empresa no logró evitar graves dificulta ­
des financieras, que, como se ha dicho anteriormente,
provocaron su quiebra al no lograr convencer a los ban ­
cos y nuevos inversores potenciales de que apoyaran los
últimos planes de reestructuración con las correspon ­
dientes inyecciones de capital .

El mercado del camión de más de 6 toneladas en Europa
Occidental alcanzó una cifra récord de 320 000 unidades
en 1989 . Más adelante, cayó hasta situarse en 258 000
unidades el año pasado . Esta reducción del volumen de
ventas habría sido aún mayor si la reunificación alemana

no hubiera disparado de manera anormal las ventas de
camiones en dicho país después de 1990 . Dado que en

1993 ha desaparecido el revulsivo alemán, se prevé una
nueva reducción, más importante esta vez, de las ventas .
Dentro del mercado del camión, el segmento de los ca ­
miones pesados representa la parte más importante, es
decir, unos dos tercios del total . El mercado de la camio ­
neta ( por debajo de 6 toneladas ) en Europa Occidental
también alcanzó en 1989 una cifra récord, la de 760 000
unidades, reduciéndose levemente durante los años si ­
guientes . DAF ha sido siempre la más fuerte en el seg ­
mento del mercado de los camiones pesados, con una
cuota que oscila en torno al 10 % . Su presencia en la
gama de los camiones medios y ligeros y en el de la ca ­
mioneta siempre ha sido más modesta, situándose en
torno al 8,5, el 6 y el 2 %, respectivamente . DAF logró
conservar su cuota de mercado en estos últimos segmen ­
tos durante la recesión, pero perdió terreno en el seg ­
mento pesado .

En su correspondencia con la Comisión, tanto su Go ­
bierno como las autoridades de la Región flamenca afir ­
man que la intervención pública en la nueva empresa
DAF Trucks no contiene elementos de ayuda . Sostienen
que la decisión de participación se tomó en función de
las buenas perspectivas comerciales de la nueva sociedad,
que era básicamente la antigua sin las filiales deficitarias,
sin el exceso de capacidad de producción y sin los em ­
pleados despedidos, que se centraba en la actividad prin ­
cipal - operaciones aún rentables en la antigua DAF - y
que auguraba la suficiente rentabilidad y viabilidad a su
debido tiempo . Por consiguiente, las inversiones públicas
en DAF Trucks eran en su opinión compatibles con el
principio del inversor privado que opera en condiciones
normales de mercado .

Dado que la intervención pública beneficia a empresas
con problemas que operan en un sector que adolece de
un exceso de capacidad de producción, la Comisión con ­
sidera inevitable, como lo hizo en casos análogos ( grupo
Rover, Renault, Enasa ), evaluar las medidas adoptadas
con respecto a DAF a la luz de los artículos 92 y siguien ­
tes del Tratado CE y, en particular, de las Directrices
comunitarias sobre ayudas estatales a la industria de los
vehículos de motor y la aplicación de las normas en ma ­
teria de ayudas estatales a las sociedades de cartera pú ­
blicas . Con objeto de determinar si la intervención pú ­
blica en DAF constituye o no ayuda estatal, la Comisión
debería examinar en qué condiciones se realizó la parti ­
cipación pública y si es compatible con la actuación de
un inversor privado que opera en condiciones normales
de mercado . Además, la Comisión debe tener también
presentes las medidas que tomó su Gobierno antes de la
disolución de la antigua DAF, medidas que han permi ­
tido que la empresa siga en activo pese a las dificultades
financieras que atravesó hasta y durante su declaración
de quiebra .

Tras un primer análisis de la información disponible rea ­

lizado de acuerdo con las pertinentes normas sobre ayu ­
das estatales se llegó a la conclusión de que los siguientes
elementos de la intervención pública podían constituir
ayuda estatal a la antigua o nueva DAF :

N° C 31 / 14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 2 . 2 . 94

En lo que respecta a su Gobierno : ayuda estatal aprobados y debía notificarse con arreglo a
las Directrices sobre ayudas estatales a la industria del

— la modificación de los plazos de amortización del automóvil . Al no notificarse en su momento, el préstamo

primer préstamo TOK desde finales de 1990 supuso se concedió de manera ilegal . A primera vista, la ayuda
un importante ahorro, todavía por cuantificar, a la parece incompatible con los criterios de las Directrices
empresa, sobre vehículos a motor, ya que el proyecto subvencio ­

nado preveía las fases finales del desarrollo de una nueva

— la concesión del último préstamo TOK, por un im ­ serie de camiones de tamaño medio ( series 75 y 85 ). Las

porte de 50 millones de florines neerlandeses, de los Directrices establecen que el desarrollo de vehículos me ­
que 35,6 eran de deuda pendiente, nos contaminantes y que ahorren energía constituye un

requisito estándar para el sector, de modo que debería

— la concesión de una subvención para investigación de financiarse mediante los recursos propios de la empresa .

1,55 millones, Sólo en la medida en que las actividades de desarrollo

estén relacionadas con la introducción de productos in ­

— el aplazamiento por parte del NIB del primer reem ­ novadores a escala comunitaria, puede aprobarse en este

bolso de 2,5 millones sobre un préstamo de 30 millo ­ sector la concesión de ayudas al desarrollo . La Comisión
nes, no ha recibido ninguna indicación al respecto .

— la modificación de los plazos de amortización del

primer préstamo TOK desde finales de 1990 supuso
un importante ahorro, todavía por cuantificar, a la

empresa,

— la concesión del último préstamo TOK, por un im ­

porte de 50 millones de florines neerlandeses, de los
que 35,6 eran de deuda pendiente,

— la concesión de una subvención para investigación de

1,55 millones,

— el aplazamiento por parte del NIB del primer reem ­

bolso de 2,5 millones sobre un préstamo de 30 millo ­

nes,

— la concesión por parte del NIB de un préstamo de 67

millones con garantía del Estado,

— la concesión de un préstamo puente de 60 millones,

— la aportación a la nueva empresa de 155 millones de

capital en acciones,

— la aportación por parte del banco público NIB de 45

millones en préstamos de capital riesgo, de los que 40
se concedieron por cuenta de su Gobierno .

En lo que respecta a su Gobierno y a la Región fla ­
menca : el precio de venta de los activos .

El aplazamiento y revisión, en diciembre de 1990, de las
condiciones de reembolso de préstamos TOK anteriores,
que supusieron no sólo el aplazamiento del reembolso,
sino también el que se supeditara a la rentabilidad de la
empresa, constituyó un elemento suplementario de ayuda
a las anteriores medidas de ayuda, que debían notificarse
con arreglo a lo dispuesto en las Directrices sobre vehí ­
culos de motor, ya que el coste del proyecto superaba los

12 millones de ecus . En este sentido, no se efectuaron los
reembolsos de 26,98 millones sin incluir las ventajas so ­
bre los tipos de interés correspondientes a los años 1989
a 1991, como ocurrió con el importe, no cuantificado,
correspondiente a 1992 ( 1,5 % del volumen de negocios
de la serie 95 ). Sin embargo, sus autoridades podrían ha ­
ber sabido, por experiencias anteriores ( la modificación
de las condiciones de reembolso de los préstamos para
desarrollo concedidos a Volvo Car BV se notificaron en
diciembre de 1988 ), que estas cargas en las condiciones
de reembolso podían contener elementos de ayuda noti ­
ficables con arreglo a las normas pertinentes, especial ­
mente en un sector en que están vigentes requisitos espe ­
cíficos y rigurosos de notificación . No se ha comprobado
si la Comisión habría aprobado dichas propuestas .

Él último préstamo TOK concedido a la antigua DAF en

1991, e incrementado en 1992 hasta 50 millones de flori ­
nes, de los que 35,6 correspondían a deuda pendiente en
el momento de la declaración de quiebra, permitió a la
empresa proseguir su plan de renovación en un momento
en que se cernían sobre ella los problemas financieros . El
préstamo constituye una aplicación de programas de

La concesión del nuevo préstamo TOK resulta en ex ­
tremo sorprendente, ya que sus autoridades estaban bien
informadas de la crisis financiera cada vez más profunda
que atravesaba DAF, que hizo que los demás acreedores
de la compañía buscaran garantías para sus préstamos,
garantías que no estaban contempladas en el programa
de ayudas TOK, y que la carta en la que sus autoridades
autorizan la concesión del préstamo hace referencia a las
dificultades financieras que atraviesa la empresa, y que
requerían nuevas aclaraciones .

Ante la precaria situación financiera en que la empresa se
enfrentaba con graves problemas de liquidez, su Go ­
bierno concedió a finales del año una garantía del Es ­
tado sobre un nuevo préstamo de 67 millones de florines
que debía otorgar el NIB . A cambio de avalarlo, el Es ­
tado neerlandés exigió a DAF que usara como fianza sus
activos inmateriales, para lo que la empresa tuvo que re ­
cabar el acuerdo de sus acreedores . Pese al hecho de que
por entonces la continuidad de la empresa era poco se ­
gura y de que los riesgos financieros que comportaban
los préstamos sin garantía a esta empresa debían ser ma ­
nifiestos, su Gobierno no limitó los riesgos a que se ex ­
ponía, avalando también los 30 millones de próximo ven ­
cimiento del préstamo garantizado " Bijzondere financie ­
ring ". De este último préstamo se aplazó en 1992 el pri ­
mer reembolso de 2,5 millones sin ningún contravalor,
por lo que debe añadirse a las pérdidas del Estado . Por
lo tanto, este importe formará parte del procedimiento
de ayuda estatal .

Teniendo en cuenta las circunstancias muy especiales en
que se ha encontrado la antigua empresa durante los úl ­
timos meses, la naturaleza del préstamo garantizado del
NIB de 67 millones y del préstamo puente por un má ­
ximo de 60 millones concedido por el Estado neerlandés
sugiere la presencia de una ayuda de rescate, especial ­
mente porque el importe de los préstamos otorgados no
guarda proporción con los riesgos financieros que su ­
pone la empresa, sobre todo si se compara con los avales
de los acreedores de DAF o con sus accionistas . El Es ­
tado neerlandés tan sólo poseía el 1,5 % de DAF NV . Al
otorgar en esta fase nuevos préstamos a una empresa
prácticamente en quiebra, el Estado neerlandés se con ­

2 . 2 . 94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 31 / 15

vertía en parte implicada directamente en el resultado del
proceso, dando al propio tiempo indicaciones claras a las
demás partes interesadas acerca de su voluntad de parti ­
cipar en el futuro de DAF, Por el hecho de ofrecer estos
indicios y por las propias circunstancias del período in ­
mediatamente anterior a la declaración de quiebra y del
momento en que ésta se efectuó, el Gobierno neerlandés
debería haber deducido que se trataba de ayudas de res ­
cate y que, por lo tanto, debían notificarse antes de su
concesión . El hecho de que el principal y los intereses
devengados vayan a ser reembolsados en cualquier caso
no exime a su Gobierno de la obligación de notificación .
La parte de estos préstamos que no se haya reembolsado
plenamente, en términos de principal e intereses, formará
por consiguiente parte del procedimiento de ayuda esta ­
tal . Se trata sólo de los 7,5 millones del préstamo puente,
que no se reembolsó hasta julio de 1993 .

De momento Ja Comisión no tiene suficientes datos para
evaluar correctamente el importe y los términos en que
se vendieron a la nueva empresa los activos de la antigua
DAF . De acuerdo con el artículo 92 del Tratado CE, es
de suma importancia que la Comisión estudie todos los
aspectos de esta venta, por los motivos que a continua ­
ción se detallan . En un principio, pareció que los deposi ­
tarios estaban buscando una solución que permitiera que
buena parte de DAF siguiera en activo con una nueva
personalidad jurídica, liberada de los trabajadores despe ­
didos y de la deuda que acabó por dar al traste con la
antigua compañía . No obstante, básicamente el mismo
grupo de accionistas iban a dirigir a la nueva empresa,
con la ayuda de una nueva inyección de capital y de
préstamos de capital riesgo con fondos públicos . Si esta
solución excluía la posibilidad de que otros interesados
potenciales presentaran ofertas por estos activos, su ­
puesto bastante probable, dada la precaria situación en
que se encontró la antigua DAF y la premura de tiempo,
es más que posible que los activos de la antigua compa ­
ñía se vendieran a la nueva a un precio inferior al que
habría resultado de una subasta pública más competitiva .
En tal caso, la ventaja de la adquisición de instalaciones
de producción, de conocimientos técnicos y existencias
actualizados ( incluidos los camiones no vendidos ) a un
precio inferior al que se habría ofrecido en otras circuns ­
tancias debe añadirse a la ventaja de empezar a competir
con una empresa con menos medios, pero que esencial ­
mente era la misma . Además, la adquisición de estos acti ­
vos fue posible merced al rápido compromiso de la Re ­

gión flamenca, así como de su Gobierno, de participar en
la nueva compañía, con el consiguiente pago de los nue ­
vos fondos .

La decisión de la Región flamenca y de su Gobierno de
invertir cantidades sustanciales en la nueva empresa debe
examinarse al tiempo que todo lo que antecede . La
nueva compañía fue fundada básicamente por los mismos
asociados que discutían el futuro de la antigua DAF a
finales de 1992, de acuerdo con un plan comercial que
ya estaba elaborado cuando la empresa instó su declara ­
ción de quiebra . Durante el período de administración
judicial, se ultimaron los planes que existían antes, con la

salvedad de que la quiebra de la antigua DAF permitió
llevarlos a cabo sin la carga que hubiera supuesto el des ­
pido de trabajadores y las deudas, mientras que la capa ­
cidad técnica potencial no se modificó prácticamente . El
papel clave del sector público en la nueva organización
hace indispensable que se realice un análisis exhaustivo
de las condiciones de la participación pública . Aunque
tanto la Región flamenca como su Gobierno afirman que
la decisión de invertir en la nueva empresa se atuvo al
principio del inversor privado en una economía de mer ­
cado y, por lo tanto, no contiene elemento de ayuda al ­
guno, la Comisión precisa que sus autoridades admiten
que, a la vista del interés del Estado neerlandés por la
reestructuración de DAF, el que no participara en esa
fase en la nueva compañía habría hecho que el resultado
de la única solución contemplada fuera poco probable,
por no decir imposible .

Aunque se preveía que la participación pública descen ­
diera por debajo del 50 %, la proporción de la cuota pú ­
blica total en el capital-riesgo de la nueva empresa es
considerablemente mayor que esa cifra, pues asciende al
61 % . En este sentido, la Comisión desea comprobar si
el préstamo de 5 millones de capital riesgo concedido
por el banco público NIB y que su Gobierno considera
inversión privada y la Comisión inversión pública, consti ­
tuye una ayuda estatal . Además, los términos en que se
realiza la participación privada pueden ser diferentes y
más rigurosos . Este parece ser el caso de la participación
temporal del antiguo consorcio bancario .

Si la conclusión final del análisis puede confirmar que se
concedió ayuda estatal a la nueva empresa DAF, dicha
ayuda sólo se hubiera podido aprobar, de conformidad
con las Directrices sobre ayudas estatales a la industria
de los vehículos de motor, en caso de que estuviera vin ­
culada a un plan de reestructuración satisfactorio . Ante
los problemas sectoriales actuales, esta ayuda debería co ­
rrer pareja con reducciones en la capacidad de produc ­
ción, con objeto de contribuir a la recuperación general
del sector . El procedimiento establecido en el apartado 2
del artículo 93 del Tratado CE debe permitir a la Comi ­
sión examinar la viabilidad del plan comercial de la
nueva empresa, así como los efectos de la ayuda sobre
los competidores que no dispongan de semejantes ayu ­
das . Estos puede exigir que el plan de reestructuración se
vea acompañado por una conveniente reducción del ex ­
ceso de capacidad ( véanse las decisiones sobre Renault,
Rove y Enasa ).

Dado que los accionistas de la antigua DAF deberían ha ­
ber sido conscientes de que la ayuda no notificada se
otorgaba de manera ilegal, y dado que una parte de ellos
constituyen, junto con su Gobierno y con la Región fla ­
menca, los propietarios de la mayoría de la nueva compa ­
ñía, el sucesor jurídico de la antigua DAF, debe compro ­
barse si esta nueva empresa debe reembolsar alguna
ayuda ilegal e incompatible .

Las siguientes intervenciones públicas de su Gobierno en
favor de DAF requieren un nuevo análisis, con arreglo al
artículo 92 del Tratado CE, por las siguientes razones :

N° C 31 / 16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 2 . 2 . 94

— Los créditos para el desarrollo ( TOK ) no notificados

y con nuevo plan de vencimientos, concedidos a la

antigua DAF, de los que 35,6 millones estaban pen ­
dientes de pago, así como el cambio del plan de ven ­
cimientos de anteriores créditos para el desarrollo,
cuyo efecto todavía no puede cuantificarse, pueden
constituir ayuda estatal otorgada de manera ilegal y
ser incompatibles con lo dispuesto por las Directrices
sobre ayudas estatales a la industria de los vehículos
de motor . Lo mismo puede decirse de la subvención
para investigación de 1,55 millones de florines .

— Incluso cuando era manifiesto que la antigua DAF

pasaba por serios apuros financieros, su Gobierno se
abstuvo de garantizar sus intereses en la empresa me ­
diante la exigencia de un contravalor suficiente, antes
de modificar el plan de vencimiento de los anteriores
compromisos financieros . El aplazamiento del reem ­
bolso de 2,5 millones de un préstamo anterior del
NIB, que su Gobierno no puede recuperar de la anti ­
gua DAF, puede por lo tanto constituir ayuda estatal .

— Dado que el préstamo puente no guardaba en aquel

entonces proporción con los intereses de su Gobierno
en la antigua DAF en su calidad de acreedor garanti ­
zado o accionista, los 7,5 millones que todavía no se
han pagado constituyen ayuda estatal .

— La venta de los activos de la antigua DAF a la nueva

empresa y la función de las autoridades públicas
puede implicar la concesión de una ventaja financiera
a la nueva empresa, en forma de un precio de compra
inferior de los activos, incluidas unas importantes
existencias de camiones no vendidos y nueva tecnolo ­
gía, con respecto al que le hubiera correspondido en
una subasta pública competitiva . Esto ha permitido
que la nueva entidad jurídica, que es básicamente la
misma sociedad anterior, siga compitiendo sin la
carga que arrastraba en el pasado .

— Los términos en que se produjo la participación pú ­

blica en el capital riesgo de la nueva empresa ( 155
millones de capital en acciones y 45 millones de prés ­
tamos de capital riesgo concedidos por su Gobierno )
deben examinarse a la luz del principio del inversor
privado en una economía de mercado, y compararse
con los términos en que los inversores privados parti ­
ciparon en la nueva sociedad . En la medida en que
estas operaciones contienen elementos de ayuda a la
nueva empresa, el plan comercial debe evaluarse con
arreglo a lo dispuesto por las Directrices sobre ayu ­
das estatales a la industria de los vehículos de motor
en lo que respecta a las ayudas a la reestructuración .

— Si la evaluación del asunto confirmara que se ha con ­

cedido ayuda ilegal e incompatible, la Comisión com ­

probará si la nueva empresa debe reembolsar las dife ­
rentes medidas de ayuda, incluidas las concedidas por
su Gobierno y que no pueden reembolsarse por la di ­
solución de la antigua DAF .

Por estos motivos, y debido al hecho de que el asunto
examinado afecta a una empresa que atraviesa dificulta ­
des y que opera en un sector que adolece de un exceso
de capacidad de producción, la Comisión propone la in ­
coación del procedimiento establecido por el apartado 2
del artículo 93 del Tratado CE . Este procedimiento tam ­
bién permitirá a los terceros interesados hacer públicas
sus observaciones antes de que la Comisión adopte una
decisión definitiva .

De acuerdo con el mismo procedimiento, la Comisión
insta por la presente a su Gobierno a que presente sus
observaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha
de recepción de la presente carta y a comunicarle toda la
información pertinente para la evaluación de este asunto .

Mediante la publicación de la presente carta en el Diario

Oficial de las Comunidades Europeas, la Comisión invita
al propio tiempo a los demás Estados miembros y terce ­
ras partes interesadas a presentar sus observaciones .

La Comisión recuerda a su Gobierno que, de acuerdo
con lo dispuesto por el apartado 3 del artículo 93 del
Tratado CE, no puede llevarse a la práctica ninguna me ­
dida de ayuda antes de que el procedimiento del apar ­
tado 2 del artículo 93 haya motivado una decisión final
de la Comisión .

La Comisión llama la atención de su Gobierno acerca de
la carta de 3 de noviembre de 1993, que envió a todos
los Estados miembros, en la que les recordaba las obliga ­
ciones que les incumben de acuerdo con el apartado 3
del artículo 93 del Tratado CE y con la Comunicación
publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Euro ­
peas n° C 318, de 24 de noviembre de 1983, en virtud de

los cuales cualquier ayuda otorgada ¡legalmente, esto es,
sin esperar a la decisión final de la Comisión que esta ­
blece el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE,
puede ser objeto de una orden de reembolso .»

La Comisión invita por la presente a los demás Estados
miembros y terceros interesados a presentar sus observa ­
ciones sobre la ayuda en cuestión, en el plazo de un mes
a partir de la fecha de publicación de la presente notifi ­
cación, a la siguiente dirección :

Comisión de las Comunidades Europeas,
200, rué de la Loi,

B-1049 Bruselas .

Las observaciones se comunicarán al Gobierno neerlandés .