Source: EURLEX
Language: es
Format: md

*|*

# 52014DC0700

**COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Estrategia de ampliación y principales retos para 2014-15 /\* COM/2014/0700 final \*/**

  

Completar los fundamentos en aras de la credibilidad

I.
Logros
y retos de la agenda de ampliación

A lo largo de
los últimos cinco años, la Comisión ha reforzado la credibilidad de la
política de ampliación e incrementado su potencial de transformación garantizando
una mayor atención al tratamiento de las reformas fundamentales en una fase
temprana del proceso de ampliación. La Comisión ha hecho especial hincapié en
tres pilares: el Estado de Derecho, la gobernanza económica y la reforma de
la administración pública.

En su
Comunicación sobre la estrategia de ampliación[1] de
2012, la Comisión introdujo un nuevo enfoque de las cuestiones relacionadas con
el Estado de Derecho. En su Comunicación de 2013[2],
la Comisión estableció un marco para reforzar la gobernanza económica basándose
en la experiencia del Semestre Europeo. Este año, la Comisión propone nuevas
ideas para apoyar la reforma de la administración pública en los países de la
ampliación. Estos tres pilares están interrelacionados y los avances que se registren
en ellos serán fundamentales para determinar qué países están plenamente
preparados para la adhesión a la UE.

La política de
ampliación de la UE beneficia a todas las partes al contribuir a la paz, la
seguridad y la prosperidad en Europa. La ampliación favorece la consolidación
del poder económico y político de la UE y tiene importantes efectos
transformadores en los países adherentes. Un proceso de adhesión bien preparado
impide que esta se lleve a cabo a expensas de la eficacia de la Unión.

El décimo
aniversario en mayo de la adhesión en 2004 de diez nuevos Estados miembros nos
recuerda los progresos logrados. A medida que la UE se amplía lo hacen también
las oportunidades para nuestras empresas, inversores financieros, consumidores,
turistas, estudiantes y propietarios de inmuebles. La adhesión ha beneficiado
tanto a los países adherentes como a los Estados miembros de la UE. El comercio
y la inversión han aumentado. La calidad de vida de los ciudadanos de la UE ha
mejorado a medida que se ha extendido la aplicación de las normas europeas de
protección del medio ambiente, de los consumidores y de otro tipo.

En el caso de
los países de los Balcanes Occidentales, la perspectiva clara de pertenencia a
la UE ofrecida por los Estados miembros es un importante factor de
estabilización. Respalda los logros registrados en el cumplimiento de las
condiciones necesarias, incluidas las del proceso de estabilización y
asociación. Son esenciales las buenas relaciones de vecindad y la cooperación
regional inclusiva. A este respecto, a lo largo de los últimos años se han dado
pasos positivos, si bien siguen pendientes algunas cuestiones. Los continuos
esfuerzos para resolver los problemas bilaterales entre países de la adhesión y
con algunos Estados miembros, también bajo los auspicios de las Naciones Unidas
en los casos pertinentes, y para superar la herencia del pasado son cruciales
habida cuenta de los antecedentes de esta región, reciente escenario de
conflictos.

El proceso de
adhesión es riguroso, está basado en una condicionalidad justa pero estricta, en
criterios establecidos y en el principio de los méritos propios. Esto es
fundamental para la credibilidad de la política de ampliación, para incentivar
la continuación de las reformas de gran alcance en los países de la ampliación
y para garantizar el apoyo de los ciudadanos de la UE. Por su parte, los
Estados miembros, junto con las instituciones de la UE, deberían liderar un
debate riguroso sobre el impacto político, económico y social de la política de
ampliación.

\* \*
\*

La actual agenda
de ampliación incluye a los países de los Balcanes Occidentales, Turquía e
Islandia. Ha sido un año importante para varios países de los Balcanes
Occidentales:

Montenegro ha
dado nuevos pasos en las negociaciones de adhesión. Se han abierto doce
capítulos y se ha puesto en marcha la aplicación de las reformas ligadas al
Estado de Derecho. Ahora son necesarios resultados tangibles, que serán clave
para determinar el ritmo general de las negociaciones de adhesión.

La apertura de
las negociaciones de adhesión marca un punto de inflexión en las relaciones de
la UE con Serbia. Corresponde ahora a este país mostrar
resultados constantes en sus prioridades de reforma, ya que el ritmo de las
negociaciones dependerá de los progresos en ámbitos clave, en particular por lo
que se refiere al Estado de Derecho y al proceso de normalización de las
relaciones con Kosovo\*. Es preciso un nuevo impulso en el
diálogo entre Belgrado y Pristina que aborde las principales cuestiones
pendientes y abra una nueva fase en la normalización de las relaciones.

En el mes de
junio se concedió el estatuto de país candidato a Albania en reconocimiento
a sus esfuerzos de reforma y a los progresos realizados en el cumplimiento de
la condicionalidad requerida. El país necesita ampliar y consolidar el impulso
de la reforma y centrar sus esfuerzos en hacer frente a los retos de la
integración en la UE de una manera sostenible e integradora. Tanto el gobierno
como la oposición deben garantizar que el debate político tiene lugar
principalmente en el Parlamento.

La firma de un
Acuerdo de Estabilización y Asociación con Kosovo en julio
constituye un hito importante en las relaciones de la UE con este país. Kosovo
debe mostrar ahora los resultados de las reformas clave, en particular las que
afectan al Estado de Derecho.

El proceso de
adhesión a la Unión Europea de la Antigua República Yugoslava de Macedonia
se encuentra en un callejón sin salida. Es preciso actuar para invertir la
tendencia reciente, en particular en lo que se refiere a la libertad de
expresión y a la independencia de los medios de comunicación y del poder
judicial. Urge encontrar una solución negociada y mutuamente aceptada a la
cuestión de la denominación. El gobierno y la oposición deberán tomar medidas
para restaurar el diálogo político en el Parlamento.

Bosnia
y Herzegovina sigue en punto muerto en su senda hacia
la integración europea. Es necesario que el país hable con una sola voz tras
las elecciones para abordar las urgentes reformas socioeconómicas y avanzar en
su agenda europea.

Turquía ha
proseguido con la ejecución de determinados compromisos de reforma, como es el
caso del paquete de democratización de 2013, y también ha avanzado hacia una solución
de la cuestión kurda. No obstante, la independencia del poder judicial y la
protección de las libertades fundamentales suscitan preocupación. Unas
negociaciones de adhesión activas y creíbles constituyen el marco más adecuado
para aprovechar plenamente el potencial de las relaciones entre la UE y
Turquía. La apertura de negociaciones sobre los capítulos correspondientes al Estado
de Derecho y los derechos fundamentales permitiría disponer de un plan de
trabajo sobre las reformas en estos ámbitos clave.

A raíz de una
decisión del Gobierno de Islandia, las negociaciones de adhesión
han quedado en suspenso desde mayo de 2013.

\* \*
\*

El planteamiento
de la Comisión de abordar en primer lugar las cuestiones fundamentales otorga prioridad
a las reformas relacionadas con el Estado de Derecho, los derechos
fundamentales, la gobernanza económica, la mejora de la competitividad y
el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Ello incluye la reforma
de las administraciones públicas, punto débil de la mayoría de los países de la
ampliación, con una capacidad administrativa limitada y un alto grado de
politización y falta de transparencia. Reforzar el funcionamiento de las instituciones
democráticas también requiere procesos electorales que ofrezcan plenas
garantías y el correcto funcionamiento de los Parlamentos, incluido un diálogo
constructivo y duradero entre todos los partidos del espectro político. Es
preciso seguir trabajando para fomentar un entorno propicio para las
organizaciones de la sociedad civil. Una sociedad civil robusta fortalece la
responsabilidad política y favorece una mejor comprensión de las reformas
relacionadas con la adhesión.

La sección II de
la presente Comunicación se centra en los retos clave y pasa revista a los
progresos en los ámbitos de la reforma de la administración pública, la
gobernanza económica, la competitividad, el Estado de Derecho y los derechos
fundamentales. En la sección III se hace balance de la evolución de los asuntos
regionales y bilaterales, en particular en los Balcanes Occidentales. La
sección IV presenta las conclusiones y recomendaciones sobre cuestiones tanto horizontales
como específicas por país.

En todos los
ámbitos citados, la Comisión pretende hacer el máximo uso de los mecanismos y
foros existentes para impulsar las reformas, ya sea a través de las estructuras
del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA), de las negociaciones de
adhesión o de iniciativas específicas para un país determinado adoptadas por la
Comisión, como los diálogos estructurados o los diálogos de alto nivel sobre el
Estado de Derecho. Estas iniciativas se ampliaron en noviembre de 2013 con la
creación de un diálogo de alto nivel con Albania sobre las prioridades clave. Por
lo que se refiere a la reforma de la administración pública, la Comisión ha introducido
un diálogo más estructurado y ha creado «grupos especiales» con los países de
la ampliación.

En 2014 se ha
puesto en marcha el nuevo Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA II) con el
que la
UE destinará 11 700 millones EUR durante el período 2014-2020 a los países
candidatos para ayudarles a preparar su adhesión, así como a la cooperación
regional y transfronteriza. El IPA II hace más hincapié en determinadas
prioridades de la preparación a la adhesión a la UE en los ámbitos de la
democracia, el Estado de Derecho, la competitividad y el crecimiento. Asimismo introduce
un enfoque sectorial, la concesión de incentivos para la realización de
resultados, un mayor apoyo presupuestario y la priorización de los proyectos.
Se necesita un enfoque coordinado de las grandes inversiones en los principales
corredores de infraestructuras. Se ha reforzado la coordinación con las
instituciones financieras internacionales (IFI). El marco de inversión para los
Balcanes Occidentales seguirá prestando apoyo a las inversiones de fomento del empleo
y el crecimiento, así como a las dirigidas a reforzar la conectividad en la
región.

Tres
beneficios estratégicos de la ampliación

1) Hace de Europa un lugar más seguro. A
través del proceso de adhesión, la UE promueve la democracia y las
libertades fundamentales y consolida el Estado de Derecho en los países
aspirantes, lo que reduce el impacto de la delincuencia transfronteriza. La
política de ampliación actual contribuye a reforzar la paz y la estabilidad
en los Balcanes Occidentales y favorece la recuperación y la reconciliación
tras las guerras de la década de los noventa.

2) Contribuye a mejorar
la calidad de vida de las personas a través de la integración y la
cooperación en ámbitos como la energía, el transporte, el Estado de Derecho,
las migraciones, la seguridad alimentaria, la protección de los consumidores y del
medio ambiente y el cambio climático. La ampliación nos ayuda a garantizar que las
normas estrictas que hemos adoptado se apliquen más allá de nuestras fronteras,
lo que, por ejemplo, reduce el riesgo de que los ciudadanos de la UE se vean afectados
por la contaminación importada.

3) Nos hace más prósperos.
Una Europa ampliada es una Europa más fuerte. En 2012, el PIB de la UE representaba
el 23 % del PIB mundial y ascendía a 13 billones EUR. La adhesión ha
beneficiado tanto a los países adherentes a la UE como a los Estados miembros
tradicionales. A medida que aumenta la UE también lo hacen las oportunidades
para nuestras empresas, inversores, consumidores, turistas, estudiantes y
propietarios de inmuebles. Un mercado único más amplio es más atractivo para
los inversores: desde la ampliación de 2004, la inversión extranjera directa
del resto del mundo en la UE se ha duplicado en porcentaje del PIB (del
15,2 % del PIB en 2004 al 30,5 % en 2012).

\* \*
\*

II.
En
primer lugar las cuestiones fundamentales: consolidación de la reforma y
aumento de la credibilidad

Esta sección identifica
los principales retos y pasa revista a los progresos en los ámbitos de la
reforma de la administración pública, la gobernanza económica, la
competitividad, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. En ella se
recogen nuevas ideas para fortalecer la reforma de la administración pública y
se detalla el enfoque dado a la gobernanza económica. En la Comunicación del
año pasado se hizo especial hincapié en las modalidades de apoyo al proceso de
reforma en todos los ámbitos de la financiación de preadhesión. Este año, se centra
la atención en determinadas prácticas que se están llevando a cabo en los
ámbitos citados en los países de la ampliación y que pueden servir de fuente de
inspiración para las reformas en otros sectores.

a)
Reforma de la administración pública

Junto con el
Estado de Derecho y la gobernanza económica, la reforma de la administración
pública (RAP) es uno de los tres pilares del proceso de ampliación. Los tres
pilares están estrechamente relacionados, representan cuestiones transversales
de importancia capital para el éxito de las reformas políticas y económicas y constituyen
la base para la aplicación de las reglas y normas de la UE. Un buen
funcionamiento de la administración pública es imprescindible para garantizar la
gobernanza democrática. También repercute directamente en la capacidad del
gobierno para prestar servicios públicos y fomentar la competitividad y el
crecimiento.

La reforma de la
administración pública tiene por objeto, por un lado, reforzar la
transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia y, por otro, prestar una
mayor atención a las necesidades de los ciudadanos y las empresas. La gestión
adecuada de los recursos humanos, la mejora del desarrollo, coordinación y
planificación de las políticas, la solidez de los procedimientos
administrativos y la mejora de la gestión de las finanzas públicas, incluida la
administración y recaudación de los ingresos, revisten una importancia
fundamental para el funcionamiento del Estado y la ejecución de las reformas
necesarias para la integración en la UE. Los países deben redoblar sus
esfuerzos por mejorar sus administraciones públicas a todos los niveles sobre
la base de las estrategias nacionales. Reconociendo los retos a los que se
enfrentan los países de la ampliación, la Comisión está reforzando su ayuda a
la creación de la capacidad y estructuras administrativas necesarias en el
proceso de adhesión.

La Comisión va a
estructurar su trabajo sobre la reforma de la administración pública en los
países de la ampliación en torno a las siguientes cuestiones clave:

Cuestiones
clave para la reforma de la administración pública

1.     Marco
estratégico de reforma de la administración pública: compromiso
político con el proceso de reforma, incluidos el liderazgo político, la coordinación
técnica y el seguimiento de la ejecución.

2.     Desarrollo
y coordinación de políticas: adecuada coordinación a nivel de
gobierno central, incluida la coordinación interministerial, la elaboración de
políticas y la planificación financiera.

3.     Función pública
y gestión de los recursos humanos: cuestiones con
repercusiones internas en la organización y el funcionamiento de la función
pública, incluidas la despolitización, la contratación y la promoción basadas
en los méritos, la formación y la profesionalización.

4.     Rendición
de cuentas: transparencia de la administración, incluido
el acceso a la información y la posibilidad de reparación legal y
administrativa.

5.     Prestación
de servicios: mejora de los servicios a los ciudadanos y las
empresas, incluida la mejora de los procedimientos administrativos y los
servicios de administración electrónica.

5.     Gestión
de las finanzas públicas (GFP): compromiso con un enfoque más
exhaustivo de la mejora de la gestión de las finanzas públicas y del proceso
presupuestario general a través de la preparación y ejecución de los programas
plurianuales de GFP exhaustivos y el diálogo sobre la política en la materia
con la Comisión y las instituciones financieras internacionales. Un
programa creíble y pertinente de GFP es también esencial para el apoyo
presupuestario sectorial del IPA.

La Comisión
aspira a integrar mejor la reforma de la administración pública en el proceso
de ampliación. Se han creado o están en curso de creación «grupos especiales de
RAP» con los países de los Balcanes Occidentales basándose en el modelo de los
subcomités del Acuerdo de Estabilización y Asociación. Ya se han reunido grupos
especiales en el caso de Albania, Kosovo, la Antigua República Yugoslava de
Macedonia y Montenegro. En octubre se reunirá el primer grupo especial de RAP
de Serbia. Los grupos especiales constituirán una plataforma clave para
impulsar el trabajo de RAP que se basará en las cuestiones clave antes citadas.
Los resultados de las reuniones de los grupos especiales de RAP deberán
contribuir a los trabajos de la Comisión y del Consejo del AEA y permitir un
debate político más estructurado sobre las cuestiones clave de la RAP.

Aunque no exista
ningún capítulo específico del acervo relativo a la administración pública, las
negociaciones de adhesión también deberían usarse para fomentar las reformas
necesarias. Las cuestiones clave deberían abordarse en los capítulos
pertinentes (en particular, la contratación pública, el control financiero, el
poder judicial y los derechos fundamentales, la fiscalidad y la política
económica y monetaria) y en el marco de las conferencias intergubernamentales cuando
sea importante para la aplicación del acervo. Será crucial la coordinación con
las instituciones financieras internacionales, en particular en el ámbito de la
gestión de las finanzas públicas. La Comisión sigue apoyando la Escuela
Regional de Administración Pública, que desempeña un papel importante para el
intercambio de experiencias en la región, también en relación con el proceso de
integración en la UE.

Aumentar
la capacidad de la administración pública de Kosovo:

Con el fin de reforzar la capacidad institucional y
profesional de su administración pública, Kosovo ha creado un programa de
jóvenes profesionales. Con un fuerte énfasis en la integración europea, este
programa ofrece becas a los estudiantes más brillantes para seguir un programa de
posgrado especial en Kosovo junto con la oportunidad de estudiar en la UE. En
torno al 80 % de los graduados por este programa ha obtenido un puesto en
la administración pública de Kosovo. Ello redunda tanto en beneficio del
Ministerio de Integración Europea y de los ministerios sectoriales como de las
instituciones encargadas de la aplicación de las obligaciones que se deriven
del futuro AEA.

b)
Gobernanza económica y competitividad

La Comisión está
reforzando su apoyo a la mejora de la gobernanza económica y de la
competitividad en los países de la ampliación. Se trata de una cuestión clave
para abordar las preocupaciones de los ciudadanos en un entorno económico persistentemente
adverso, caracterizado por un elevado nivel de desempleo y una baja inversión.
Este nuevo enfoque es especialmente importante en lo que se refiere a los
países de los Balcanes Occidentales, ya que ninguno de ellos cuenta todavía con
una economía de mercado en funcionamiento. Se basará en la experiencia de los
Estados miembros de la UE en el marco del Semestre Europeo. Se hará más
hincapié en las reformas estructurales de carácter sectorial. Se pedirá a los
países de la ampliación que presenten programas nacionales de reforma
económica. Por su parte, la UE proporcionará más orientación sobre las
prioridades de la reforma y canalizará mejor la financiación del IPA. La mejora
de la gobernanza económica en los países de la ampliación es también importante
para mantener el nivel de apoyo a la ampliación dentro de la Unión Europea.

Todos los países
de los Balcanes Occidentales tienen una serie de retos económicos estructurales
importantes, con elevadas tasas de desempleo y bajos niveles de inversión
extranjera. Todos los países candidatos a la adhesión siguen enfrentados a
problemas importantes en cuanto a la reforma económica, la competitividad, la
creación de empleo y el saneamiento fiscal. Las deficiencias del Estado de
Derecho y de la gestión de las finanzas públicas acentúan los riesgos de
corrupción, repercutiendo negativamente en el clima de inversión. Hasta la
fecha ninguno de los países ha elaborado un programa de reforma nacional
completo y convincente.

Situación
macroeconómica en los países de la ampliación

Þ Los países de la
ampliación ofrecen un panorama variado por lo que se refiere a la evolución
socioeconómica. Todos han mantenido en gran parte la estabilidad macroeconómica
general, aunque en algunos los riesgos fiscales han aumentado
significativamente. Persiste una modesta recuperación. Según las previsiones
más recientes de la Comisión Europea, los países candidatos de los Balcanes
Occidentales deberían crecer un 1,6 % de media en 2014. La recuperación no
se ha traducido en más puestos de trabajo. El desempleo sigue siendo elevado,
especialmente entre los jóvenes, y es ahora de un 21 % por término medio en
los Balcanes Occidentales, pero mucho más alto en Bosnia y Herzegovina, la
Antigua República Yugoslava de Macedonia y Kosovo. Siguen registrándose
elevados niveles de pobreza.

Þ La UE es el
principal socio comercial de los países de los Balcanes Occidentales, y
constituye el destino de aproximadamente el 60 % de las exportaciones de
la región. Además, la UE es, con mucho, el principal proveedor de inversión
extranjera directa.

Þ En 2013 el
crecimiento en Turquía alcanzó el 4 % y la estimación para 2014 es del 2,6 %.
La lira turca se ha debilitado y el déficit por cuenta corriente aumentó hasta
situarse en casi el 8 % del PIB en 2013. El reciente comportamiento
económico de Turquía ilustra tanto el elevado potencial de su economía como la
persistencia de desequilibrios. La UE sigue siendo el principal socio comercial
de Turquía y el destino de más del 40 % de sus exportaciones. Turquía se
ha convertido en una base de inversión para las empresas europeas, con una
integración creciente en la cadena de aprovisionamiento y producción de la UE.
En torno al 70 % de la inversión extranjera directa en Turquía procede de
la UE.

Principales
indicadores económicos

|| PIB per cápita (% de la UE) || Evolución del PIB (%) || Inflación (%) || Desempleo (%) || Tasa de empleo, 20-64 años (%) || Tasa de participa-ción, de 20 a 64 años (%) || Exporta-ciones (bienes y servicios % del PIB) || Deuda pública (% del PIB) || Déficit público (% del PIB)

Albania || 30 || 1,4 || 1,9 || 15,6 || 57,2 || 68,0 || 40,2 || 62,0 || - 3,4\*

Bosnia y Herzegovina || 29 || 2,5 || - 0,2 || 27,5 || n/d || n/d || 30,0 || n/d || 2,2

Antigua República Yugoslava de Macedonia || 35 || 2,9 || 2,8 || 29,0 || 50,3 || 70,4 || 53,9 || 36,0 || - 4,1

Kosovo || n/d || 3,4 || 1,8 || 30,0 || n/d || n/d || 17,4 || n/d || n/d

Montenegro || 42 || -2,5\* || 1,8 || 19,5 || 52,6 || 65,1 || 41,1\* || 58,0 || - 2,3

Serbia || 36 || 2,5 || 7,8 || 22,1 || 51,2 || 66,0 || 44,7 || 63,2 || - 5,0

Turquía || 55 || 4,0 || 7,5 || 8,8 || 53,4 || 58,4 || 25,7 || 36,2\* || - 0,3\*

Fuente:
Eurostat. Año de referencia 2013 excepto (\*) 2012.

Ø Mejora
de la gobernanza económica

La estrategia de
ampliación 2013-14 introdujo un nuevo enfoque para ayudar a los países de la
ampliación a abordar las cuestiones económicas fundamentales y cumplir los
criterios económicos. El nuevo enfoque implica un cambio en el diálogo y una
mejora en la elaboración de informes con el fin de facilitar unas directrices
más claras sobre las reformas necesarias para apoyar el crecimiento y la
competitividad a largo plazo.

Retos
económicos clave en los Balcanes Occidentales

Þ
Refuerzo
de la consolidación fiscal mediante la reducción del déficit presupuestario y
la aplicación de reformas creíbles del sector público, incluidas las reformas
de la administración pública y de los sistemas de pensión.

Þ
Refuerzo
de la gestión de las finanzas públicas, incluidas la recaudación y la
administración de los ingresos, formulación y ejecución presupuestaria,
contabilidad, elaboración de informes y control externo.

Þ
Tratamiento
del problema de la alta carga de créditos fallidos.

Þ
Reestructuración y mejora de la gobernanza de las empresas de propiedad estatal.

Þ
Mejora
del entorno empresarial, incluida la economía digital, apoyo al desarrollo del
sector privado mediante la reducción de las cargas parafiscales, la
simplificación de la regulación y el impulso de la inversión en investigación.

Þ
Mejora
de las redes de transporte y energía y aumento de la conectividad.

Þ
Creación de mercados laborales eficientes, flexibles, que aborden el sector
informal y mejoren la empleabilidad de los trabajadores adaptando la educación
y las cualificaciones a las demandas del mercado laboral.

Se invita a los
países de los Balcanes Occidentales a reforzar la política y la gobernanza económicas
a través de la preparación de programas nacionales anuales de reforma económica.
Dichos programas constarán de dos partes. La primera consistirá en una versión
mejorada de los programas económicos de preadhesión (PEP) para los países
candidatos y de los programas económicos y fiscales (PEF) para los candidatos
potenciales, ampliados para incluir a Kosovo. Esta primera parte de los
programas nacionales anuales de reforma económica establecerá un marco de
política macroeconómica y fiscal a medio plazo, con un mayor hincapié en la
evaluación de la sostenibilidad exterior y de los obstáculos estructurales al
crecimiento e incluirá medidas de reforma concretas para apoyar el marco
político. La segunda parte de los programas nacionales de reforma económica
abarcará las reformas estructurales de carácter sectorial (como transporte,
energía, educación, medio ambiente, investigación, industria, competencia y
mercado interior) y de mayor interés para la mejora de la competitividad y el
crecimiento en cada uno de los países y reflejará las necesidades de inversión en
infraestructuras. La Comisión proporcionará a los países una orientación clara
y consolidada para garantizar que estos programas se centran en las cuestiones
esenciales.

Por lo que se
refiere al mayor hincapié en las reformas estructurales, 2015 debe considerarse
como el primer año de una fase piloto. Las reformas recogidas en estos
documentos contarán con la ayuda del IPA. Para reforzar la supervisión, el
proceso de evaluación se plasmará en nuevas directrices políticas específicas
para cada país. Ya en mayo de 2014, el Consejo ECOFIN elaboró unas directrices
más específicas para cada uno de los países candidatos.

Turquía y la UE tienen
un interés común en la promoción de una agenda de reforma económica, el
intercambio de experiencias, la alineación de posiciones en el seno del G- 20 y
la profundización de la integración económica. Además, la reciente evaluación
de la unión aduanera entre la UE y Turquía aporta importantes elementos para
mejorar este acuerdo comercial. A ambas partes interesa mejorar las relaciones
comerciales en un grado equivalente al de los modernos acuerdos comerciales y a
la importancia estratégica de las relaciones entre la UE y Turquía. La agenda
económica podría tratarse en el seno del diálogo económico regular de alto
nivel entre la UE y Turquía. A este contacto político más intenso podría sumarse
un foro empresarial que reúna a ambas partes.

Un
ciclo anual de evaluación y orientación de las políticas económicas para los
Balcanes Occidentales

31 de enero: presentación
por los países de los programas nacionales de reforma económica (primera
parte: marco macroeconómico y fiscal y reformas de apoyo; segunda parte:
reformas estructurales de carácter sectorial y competitividad) a la Comisión.
Dado el carácter a largo plazo de las reformas de la segunda parte, ésta simplemente
se actualizará anualmente en los sucesivos programas nacionales de reforma
económica.

Febrero: misiones de
evaluación de la Comisión a los Balcanes Occidentales.

Abril: reuniones por
país con la Comisión para discutir las directrices políticas específicas.

Mayo: conclusiones del
Consejo ECOFIN.

Junio/julio: reuniones
específicas por país a nivel ministerial.

Otoño: el paquete de la
Comisión sobre la ampliación hace balance de los progresos registrados desde la
celebración del Consejo ECOFIN y ofrece unas directrices más detalladas y a más
largo plazo que deben incluirse en los programas que han de presentarse en el
mes de enero siguiente.

La aplicación de
este enfoque requiere asistencia técnica especializada. La aplicación de las directrices
políticas específicas para cada país tendrán que contar lo antes posible con el
apoyo de proyectos del IPA concretos y específicos para mejorar la gobernanza
económica. Los documentos de estrategia nacionales y plurinacionales del IPA
2014-2020 reflejan la importancia de la gobernanza económica y establecen una
asignación indicativa de fondos a tal fin. Se están preparando proyectos IPA
concretos cuyo despliegue comenzará a partir de 2015.

El aumento de la
competitividad y la introducción de medidas orientadas a fomentar la creación
de empleo en la región mitigará las presiones migratorias procedentes de los
países de la ampliación sobre la UE. Las últimas ampliaciones se acompañaron de
la entrada en vigor de disposiciones transitorias para introducir progresivamente
la plena libertad de circulación de los trabajadores de los nuevos Estados
miembros. La posible necesidad y naturaleza de unos controles transitorios y/o
de un mecanismo de salvaguardia en relación con la libre circulación de los
trabajadores se abordará en el curso de las negociaciones de adhesión teniendo
en cuenta una futura evaluación de impacto.

Ø Diálogo
sobre el empleo y las reformas sociales

El apoyo de la
Comisión al desarrollo económico sostenible en los Balcanes Occidentales va más
allá de la estabilización macroeconómica y la consecución del estatuto de
economía de mercado en funcionamiento. Desde el comienzo de la crisis, la
Comisión ha insistido en que hay que hacer más para afrontar la difícil
situación socioeconómica, en especial el elevado desempleo.

La Comisión ya
ha iniciado un nuevo diálogo sobre los programas de empleo y reforma social con
Turquía y Serbia. Están en preparación los diálogos con la Antigua República
Yugoslava de Macedonia y Montenegro. La situación socioeconómica en los países restantes
es más complicada y será necesario un apoyo adicional para crear la capacidad
administrativa necesaria para facilitar la participación en el nuevo proceso.
Se irá invitando gradualmente al nuevo diálogo a estos países. Se está
proporcionando asistencia técnica global a través del IPA, junto con un apoyo
más general en materia social y de empleo. La Comisión pondrá en marcha una
plataforma social y laboral para facilitar un nuevo instrumento que ayude a los
países a poner en común sus experiencias y a prepararse para el diálogo sobre
los programas de empleo y reforma social.

En un ejercicio
separado, y con vistas a reducir el déficit de cualificaciones y mejorar los
sistemas educativos, la Comisión continuará desarrollando también la plataforma
de los Balcanes Occidentales sobre educación y formación.

Ø Aumentar
las inversiones para el crecimiento y el empleo: redes y cooperación regional

Las redes
transfronterizas de transporte, energía y comunicaciones no están
suficientemente desarrollados en los Balcanes Occidentales. Las inversiones en
infraestructuras son muy necesarias para impulsar el desarrollo económico de la
región. Dadas las dimensiones de las economías de los Balcanes Occidentales se
hace necesaria una mayor integración de las mismas. La cooperación económica
regional no solo favorece el crecimiento sostenible, sino que facilita la
cooperación política y las relaciones de buena vecindad. Se está trabajando bajo
los auspicios del Consejo de Cooperación Regional (CCR) para lograr los objetivos
y prioridades de Europa Sudoriental (SEE) 2020. La liberalización de los
servicios prevista en el Espacio Centroeuropeo de Libre Comercio (CEFTA) seguiría
contribuyendo a lograr este objetivo.

Redes
energéticas y de transporte

La mejora de la interconexión de las redes de
energía y de transporte entre la UE y los países de la ampliación constituye
una prioridad para la promoción del crecimiento económico sostenible, la
creación de empleo, el comercio y los intercambios culturales.

En mayo, la Comisión adoptó la Estrategia Europea de
la Seguridad Energética[3],
cuyo objetivo es reforzar la seguridad energética de la UE. A corto plazo, la
estrategia propone que la Comisión lance una serie de pruebas de resistencia
en materia de seguridad energética, que simule una interrupción del
suministro de gas el próximo invierno y que estudie el modo en que el sistema
puede hacer frente a los riesgos de seguridad que pesan sobre el abastecimiento
energético. Teniendo en cuenta la dimensión paneuropea de la seguridad
energética, la Comisión Europea ha invitado a todos los países de los Balcanes
Occidentales y a Turquía a que contribuyan a estas pruebas de resistencia.
Albania, Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia,
Kosovo, Serbia y Turquía ya lo han hecho. Es fundamental el desarrollo adicional
de la infraestructura energética transeuropea y la cooperación con la
Comunidad de la Energía. La Comunidad de la Energía, que tiene por objeto
extender el acervo de la UE en materia de energía a los países vecinos y de la
ampliación, debería reforzarse a la luz de los problemas de seguridad del
abastecimiento energético de la UE. Este objetivo debe lograrse mediante el
fomento de las reformas del sector de la energía en los países participantes y
el apoyo a la modernización y a la sostenibilidad de sus sistemas energéticos y
a su plena integración en el marco regulador de la UE en materia de energía.

Una de las prioridades del trabajo futuro de la
Comunidad de la Energía debe ser la mejor aplicación y ejecución de las
reformas para crear un auténtico mercado interior, tanto minorista como
mayorista, especialmente por lo que se refiere a la separación funcional de las
infraestructuras energéticas, la transparencia de los precios o el acceso de
terceros a las redes. La necesidad de garantizar el acceso de terceros es una
de las razones por las que la Comisión ha declarado que los acuerdos
intergubernamentales, firmados entre Rusia y una serie de países que participan
en el proyecto South Stream, deben renegociarse y suspenderse la
construcción del proyecto.

Es preciso seguir desarrollando la cooperación con
Turquía, habida cuenta de su situación estratégica y de su potencial como eje
energético. El refuerzo de la cooperación en materia de energía entre la UE y
Turquía, así como los progresos realizados en las negociaciones de adhesión,
permitirían dar un mayor impulso a la interconexión y a la integración de los
mercados energéticos.

La Comisión ha adoptado una lista de proyectos de
interés común (PIC) para el desarrollo de infraestructuras energéticas
transeuropeas. La lista de proyectos de interés de la Comunidad de la Energía
ha sido adoptada por el Consejo Ministerial de la Comunidad de la Energía. Para
establecer estas redes, las partes (con la ayuda de la UE) necesitan superar
las dificultades de financiación de las interconexiones entre países.

El futuro Tratado de la Comunidad del Transporte
permitirá promover la integración de los mercados y de las infraestructuras de
transporte terrestre y ayudará a los países de los Balcanes Occidentales a
aplicar las normas de transporte terrestre de la UE. La Comisión también ha
revisado las redes transeuropeas de transporte (RTE-T) y energía (RTE-E) con
objeto de mejorar las conexiones con los países cubiertos por las políticas de
ampliación y vecindad.

El Marco de
Inversión para los Balcanes Occidentales (WBFI en sus siglas en inglés)
desempeña una función cada vez más importante ayudando a preparar y apoyar las
inversiones más necesarias para impulsar el crecimiento y el empleo. A través
del WBIF, la Comisión, los donantes bilaterales y las instituciones financieras
internacionales están apoyando inversiones por valor de 4 millones EUR al año
en los sectores del transporte, la energía, el medio ambiente, el cambio
climático y el apoyo a una economía eficiente en el uso de los recursos, el
sector social, el sector privado y el desarrollo de las pymes, apartado este
último en el que la Comisión cofinancia una plataforma para las pymes de los
Balcanes Occidentales con el fin de mejorar el acceso de estas a la
financiación mediante garantías y capital riesgo. La Comisión anima a los
países a crear comités nacionales de inversión o mecanismos de coordinación
similares que permitan establecer una cartera única de proyectos por sector.

Desarrollo
de una reserva única de proyectos en Serbia:

Serbia está elaborando una lista de proyectos prioritarios
de infraestructuras de interés estratégico tanto para el país como para la UE
en los sectores de la energía, el transporte, el medio ambiente y las
infraestructuras empresariales. Estas prioridades corresponden a proyectos con
respaldo político que deben ejecutarse hasta el momento de la adhesión y
después de la misma. Para elaborar la lista se ha empleado una metodología de
selección coherente y objetiva a través de un proyecto financiado por el IPA.
Los proyectos han sido evaluados cuidadosamente en función del número de etapas
preparatorias/administrativas pendientes y de las responsabilidades
institucionales pormenorizadas correspondientes a cada etapa prevista. Todos
los elementos anteriores, ausentes en el pasado, pueden dar lugar a una mejor
priorización de la financiación de los proyectos, así como a una mejor
coordinación entre las instituciones financieras internacionales y las
organizaciones internacionales interesadas en prestar los fondos. El IPA
únicamente financiará proyectos de esta lista.

Ø Garantizar
la sostenibilidad de las inversiones y una gestión eficaz del riesgo de
catástrofes

Los países de
los Balcanes Occidentales están expuestos a una amplia gama de catástrofes. Además
de decenas de muertes, las graves inundaciones que padecieron en mayo Bosnia y
Herzegovina y Serbia han tenido un considerable impacto socioeconómico, con
unos daños totales valorados en 2 040 millones EUR (lo que equivale a casi
el 15 % del PIB) en el primer caso y en 1 520 millones EUR en el
segundo. Las inundaciones también han tenido una fuerte repercusión en las
perspectivas de crecimiento de ambos países, y afectan negativamente a su desarrollo
sostenible a largo plazo. Además, pusieron de relieve la importancia de realizar
inversiones sostenibles en la gestión de riesgo de catástrofes y de integrar
efectivamente la política de gestión del riesgo en las políticas económicas
globales de estos países.

c)
El Estado de Derecho y los derechos fundamentales

i) Estado de Derecho

El Estado de
Derecho es uno de los valores fundamentales en los que se basa la UE y el núcleo
del proceso de adhesión. Los países que aspiran a adherirse a la Unión deben
establecer y promover desde una fase temprana el correcto funcionamiento de las
instituciones de base necesarias para garantizar el Estado de Derecho. El
Estado de Derecho es crucial para garantizar un entorno empresarial estable, proporciona
seguridad jurídica a los operadores económicos y apoyo a los consumidores, al
tiempo que estimula la inversión, el empleo y el crecimiento. A lo largo del
año pasado se han dado algunos pasos positivos en este ámbito en los países de
la ampliación. Con la apertura de los capítulos 23 y 24, Montenegro dispone de
un marco propicio para aplicar sus exhaustivos planes de acción, que abarcan
una amplia gama de cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. Serbia se
encuentra muy avanzada en el desarrollo de planes de acción similares en la
fase previa al inicio de las negociaciones de adhesión en estos capítulos. En
Albania, se han hecho esfuerzos importantes para hacer frente a la delincuencia
organizada.

El refuerzo del
Estado de Derecho es un desafío de primer orden para la mayoría de los países
que participan en el proceso de ampliación, en particular en lo que se refiere
a la mejora del funcionamiento y la independencia del poder judicial y la lucha
contra la corrupción y la delincuencia organizada. Esto exigirá una fuerte
voluntad política para, más allá de las declaraciones, alcanzar resultados
tangibles. Los países tienen que desarrollar un historial creíble de
investigaciones, persecuciones y condenas definitivas en casos de delincuencia
organizada y corrupción, con la imposición de condenas adecuadas y la
confiscación de activos.

En la mayoría de
los casos, es necesario emprender reformas judiciales de gran
calado con el objetivo de garantizar la independencia y eficacia de los sistemas
judiciales, de forma que puedan garantizar juicios justos, asegurar la
imparcialidad y responsabilidad de los jueces y su nombramiento y promoción en
razón de sus méritos. La mayoría de los países ha adoptado estrategias de
reforma judicial. Sin embargo, la aplicación de las mismas se encuentra en una
fase temprana y siguen existiendo múltiples desafíos. Es preciso garantizar la
independencia de los consejos nacionales del poder judicial, establecer
procedimientos más correctos para el nombramiento de jueces y fiscales y
salvaguardar la independencia del poder judicial al tiempo que se garantiza la
rendición de cuentas. La administración de justicia a menudo carece de los
niveles de calidad y eficacia necesarios. La mayoría de los países registra un
número excesivo de casos pendientes y dificultades para la ejecución de las
decisiones judiciales. Es preciso transformar la cultura judicial para reforzar
la vocación de servicio a los ciudadanos del poder judicial.

Formación
de funcionarios judiciales en la Antigua República Yugoslava de Macedonia:

La Academia de Jueces y Fiscales se creó en 2006 e
inició su andadura en 2007. Proporciona una formación teórica y práctica a
tiempo completo de dos años de duración a futuros jueces y fiscales, así como
una formación continua para los jueces, los fiscales, el personal de los
órganos jurisdiccionales y los funcionarios en ejercicio. La formación la
imparten profesionales de la judicatura, como altos magistrados. Ya han
obtenido el diploma 80 aspirantes a jueces y fiscales y se han beneficiado de
las actividades de la Academia más de 7 300 participantes. Se han
organizado más de 270 formaciones para el personal en activo. Un sistema
descentralizado atiende también las demandas de participantes de fuera de la
capital, al igual que hacen los módulos de formación electrónica a los que
puede accederse a través de la página web de la Academia. También se fomentan
los contactos con organizaciones judiciales internacionales, incluidos los
periodos de prácticas en el extranjero.

La corrupción
sigue siendo un problema serio en la mayoría de los países de la ampliación. En
ámbitos como el de la contratación pública y el proceso de privatización, las prácticas
de corrupción siguen desviando los ya de por sí escasos recursos procedentes de
los presupuestos nacionales, lo que afecta negativamente al clima empresarial y
de inversión, que requiere seguridad jurídica para consolidarse. La corrupción
afecta también directamente a los ciudadanos a la hora de acceder a servicios
públicos como la educación y los servicios sanitarios. Los instrumentos de
prevención de la corrupción siguen estando infrautilizados. Los servicios con
funciones coercitivas deben actuar de forma más proactiva, coordinada y eficaz
para garantizar que los casos de corrupción, incluidos los casos de corrupción de
alto nivel, son investigados, perseguidos y sancionados. A este respecto será
preciso mantener un historial de resultados concretos.

Los países
deberán garantizar el establecimiento de un marco robusto de prevención de la
corrupción y serán necesarios esfuerzos adicionales en lo que respecta a la
financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, la gestión
de los conflictos de interés, la transparencia en el uso de fondos públicos, el
acceso a la información y la incautación y decomiso de activos. A este respecto
será fundamental la reforma de la administración pública y de la gestión de las
finanzas públicas. Son necesarias mejoras de la recogida y la accesibilidad de
los datos para aumentar la transparencia y ayudar a supervisar la aplicación de
las políticas de lucha contra la corrupción.

La lucha contra
la delincuencia organizada sigue siendo un problema importante en
la mayoría de los países de la ampliación. A pesar de los progresos realizados,
es preciso hacer mucho más para proporcionar herramientas jurídicas y de
investigación eficaces a los servicios con funciones coercitivas para combatir
y sancionar correctamente la delincuencia organizada y para garantizar
investigaciones proactivas. La lucha contra la delincuencia organizada y la
corrupción es fundamental para combatir la infiltración de la delincuencia en
los sistemas políticos, jurídicos y económicos. Los servicios con funciones
coercitivas, la fiscalía y el poder judicial tienen que ser más resistentes a
la corrupción y es preciso establecer más controles para detectar empresas aparentemente
legales que sirven de tapadera a actividades delictivas. Es preciso mejorar
sustancialmente la capacidad para llevar a cabo investigaciones
financieras complejas y para luchar contra el blanqueo de capitales y hará
falta abordar nuevas amenazas como la delincuencia informática. Es
necesario confiscar efectivamente los productos del delito, introducir un
sistema amplio de confiscación de activos y estudiar la posibilidad de tipificar
como delito el enriquecimiento ilícito para abordar el fenómeno del lucro no
justificado.

La naturaleza
transfronteriza de numerosas actividades delictivas y grupos de delincuencia
organizada requiere mejorar la cooperación regional e internacional y las
respuestas a las solicitudes de cooperación policial y judicial procedentes de
los Estados miembros. Se persigue una mayor cooperación operativa con las
agencias europeas pertinentes, en particular Europol, Eurojust y Frontex. Han
entrado en vigor acuerdos operativos de Europol con Serbia y Albania y está en
una fase avanzada de preparación otro con Montenegro. La Comisión
sigue apoyando una red de fiscalía y sistemas coordinados de protección de
testigos en la región.

Desarrollar
un análisis estratégico de la situación de la delincuencia organizada en
Montenegro:

Cualquier país que desee luchar con éxito contra la
delincuencia organizada debe disponer de una valoración estratégica global y
coherente de la misma en su territorio. Ello es necesario para todas las partes
interesadas, no solo para los servicios encargados de la aplicación de la ley,
a fin de comprender las amenazas que penden sobre el país y gestionar las
tendencias. En la primavera de 2014, Montenegro publicó una evaluación sobre las
amenaza de la delincuencia organizada y de las formas graves de delincuencia que
ofrece una visión de conjunto de los peligros que acechan a la región y al país
y que afectan a la situación de la seguridad en Montenegro. El análisis sirve ahora
para identificar prioridades comunes de los servicios con funciones coercitivas
que les permiten preparar respuestas apropiadas y poner en práctica el concepto
de «actuación policial basada en los servicios de inteligencia».

La Comisión
continúa concediendo una gran prioridad a todos los aspectos relacionados con
el Estado de Derecho en los países de la ampliación. En las negociaciones de
adhesión se está aplicando un nuevo enfoque en los capítulos sobre el poder
judicial y los derechos fundamentales y justicia, libertad y seguridad. Esto
requiere unos historiales sólidos de ejecución de las reformas que se
desarrollarán a lo largo de todo el proceso de preparación para la adhesión. Por
primera vez, la UE ha establecido criterios de referencia intermedios en las
negociaciones de adhesión que, en el caso de Montenegro, están previstos para
diciembre de 2013. Serbia ha recibido orientaciones de fondo para los planes de
acción global que está preparando como base para la apertura de negociaciones
sobre las cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. Las presentes
directrices y criterios de referencia fijarán las pautas del trabajo y las
negociaciones futuras con otros países de la ampliación. En la actualidad, las
cuestiones relativas al Estado de Derecho se abordan en una fase temprana del
proceso de adhesión con todos los países de la ampliación y los progresos en
este ámbito constituyen un factor importante a la hora de decidir sobre cada
una de las fases del proceso de adhesión a la UE.

El
nuevo enfoque para los capítulos 23 y 24 en pocas palabras

Para los capítulos de negociación 23 (Poder
judicial y derechos fundamentales) y 24 (Justicia, libertad y seguridad), el
nuevo enfoque ofrece un marco de negociación más estructurado que tiene en
cuenta el tiempo necesario para la correcta aplicación de las reformas:

► Los
capítulos
23 y 24 se abren en una fase temprana del proceso y se cierran al
final a fin de disponer del máximo plazo para desarrollar historiales
sólidos para garantizar la irreversibilidad de las reformas.

► La UE proporciona
orientaciones de fondo como base para la los planes de acción de reforma
global, que son requeridos como criterios de referencia iniciales y sirven de
catalizador para las reformas.

► Se
introducen «criterios de referencia intermedios» a fin de orientar el
proceso de reforma y mantener en marcha las reformas.

► Los criterios
de referencia finales solo se fijan una vez logrados progresos sustanciales
en todos los ámbitos, incluido el historial de resultados de la aplicación
sobre el terreno.

► Se
introducen salvaguardias y medidas correctivas como, por ejemplo, actualizar
los criterios de referencia, garantizar un equilibrio global en el avance de
las negociaciones en todos los capítulos y establecer un mecanismo de
interrupción de las negociaciones en otros capítulos si se registran retrasos
en el avance de los capítulos 23/24.

► Se
aumentan la transparencia e inclusividad del proceso, con una amplia
consulta de las partes interesadas sobre las reformas previstas a fin de
garantizar el máximo apoyo a la hora de aplicarlas.

De manera más
general, la Comisión está utilizando todos los instrumentos disponibles para
reforzar el Estado de Derecho, en particular mediante su supervisión periódica
a través de los organismos conjuntos previstos en los acuerdos de
estabilización y asociación, las misiones de evaluación y los diálogos estructurados;
a través de la elaboración de informes y, en particular, de informes sobre los
progresos realizados; a través de la ayuda financiera, con especial atención al
Estado de Derecho en virtud del IPA II; a través de la creación de
instituciones, Taiex, el hermanamiento, y las revisiones inter pares, que ponen
en contacto directo a los jueces, fiscales y otros expertos en temas
policiales, de gestión de fronteras y de inmigración de los Estados miembros
con sus homólogos. En el marco de la agenda positiva con Turquía se ha creado
un grupo de trabajo sobre el capítulo 23. Para combatir mejor la delincuencia
transnacional, la Comisión fomenta la intensificación de la cooperación
policial y judicial en la región con los Estados miembros de la UE y con Europol,
Eurojust y Frontex y, cada vez más, con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo.
Con el fin de desarrollar medidas adecuadas para abordar el fenómeno de los
combatientes extranjeros, los países de la ampliación deben intensificar sus
capacidades en materia de prevención de la radicalización, en particular
mediante el intercambio de buenas prácticas y una mayor cooperación con los
Estados miembros. El proceso de liberalización de visados, con sus condiciones
específicas para la reforma, ha ayudado a los países a centrar mejor sus
esfuerzos. Los países deben incrementar sus esfuerzos para consolidar estas
reformas. Los países exentos de la obligación de visado deben emprender
acciones inmediatas para impedir cualquier práctica abusiva que se aproveche de
la liberalización del régimen de visados. Son necesarios esfuerzos consolidados
en las áreas de la migración y la gestión de las fronteras. Las cuestiones
pendientes en estos ámbitos seguirán abordándose en los foros pertinentes como,
por ejemplo, en el marco del acuerdo de estabilización y asociación y en
particular en el capítulo 24 (justicia, libertad y seguridad).

ii) Derechos fundamentales

La Comisión está
siguiendo de cerca la situación en lo que se refiere a los derechos civiles,
políticos, sociales y económicos, así como a los derechos de las personas
pertenecientes a minorías, en los países de la ampliación. Los derechos
fundamentales están en gran medida consagrados en la legislación, pero es
preciso hacer más por garantizar que se respetan plenamente en la práctica. La
libertad de expresión y de los medios de comunicación sigue siendo motivo de
especial preocupación. Es preciso garantizar una mejor
protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías y combatir
los fenómenos de discriminación y hostilidad hacia los grupos vulnerables,
especialmente por motivos de orientación sexual. Asimismo, queda trabajo por
hacer para fomentar los derechos de las mujeres, incluida la lucha contra la
violencia doméstica. Es preciso seguir mejorando la situación de los derechos
de la infancia. Son necesarios nuevos esfuerzos de apoyo a las personas con
discapacidad. Quedan retos pendientes con respecto a otros
derechos fundamentales, como el derecho de propiedad. En muchos casos son
necesarias medidas más eficaces para facilitar el acceso a la justicia.

Los países
necesitan poner en marcha un marco institucional más sólido para la protección
de los derechos fundamentales. Se han creado instituciones de derechos humanos,
incluida la institución del Defensor del Pueblo, pero hay que darles un papel
más importante, proporcional a la seriedad de las cuestiones que tratan.
Demasiado a menudo las recomendaciones de estas instituciones caen en saco roto,
con un seguimiento inadecuado por parte de los organismos estatales. Es preciso
fomentar una cultura de aceptación de la labor de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) y defensoras de los derechos humanos. Con el fin de
mejorar la integración de los países de la ampliación en los marcos de la UE y
apoyar la difusión de las mejores prácticas, la Comisión anima a los países
candidatos a que prosigan sus preparativos para participar como observadores en
los trabajos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Garantía
de los derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional en Turquía:

Desde 2011, toda persona que estime que las
autoridades públicas han atentado contra los derechos y libertades garantizados
por la Constitución puede dirigirse al Tribunal Constitucional, en principio, tras
agotar las vías de recurso ordinarias. Sobre la base de este procedimiento, en
2014 el Tribunal Constitucional de Turquía tomó decisiones que

• protegen la
libertad de expresión y la libertad de Internet;

• salvaguardan
el derecho a la libertad y la seguridad y el derecho a un juicio justo y abren
el camino para la repetición de juicios en una serie de casos de gran
repercusión que polarizan a Turquía;

• tipifican como
delito penal la incitación al odio por motivos de orientación sexual.

Ø Libertad
de expresión y de los medios de comunicación

El
marco jurídico para la libertad de expresión y de los medios de comunicación
está, en gran parte, vigente en los países de la ampliación, que en su mayoría
cuentan con unos medios de comunicación pluralistas. No obstante, la situación
se ha deteriorado en la práctica en algunos países a lo largo del pasado año. Urge
abordar algunas cuestiones importantes. Las interferencias de los gobiernos en
la libertad de los medios de comunicación siguen siendo un problema grave. Se
precisan más esfuerzos para garantizar la independencia política y financiera
de los entes públicos de radiodifusión, reforzar las agencias reguladoras y
fomentar la autorregulación funcional de los medios de comunicación. También
existe la necesidad de abortar la presión económica informal sobre los medios
de comunicación, en particular mediante la transparencia de la propiedad de los
medios de comunicación, evitando su excesiva concentración, y la transparencia
de las normas en materia de contratación pública de la publicidad
gubernamental. En algunos países, al clima de miedo y censura contribuyen la
violencia e intimidación sostenidas contra los periodistas, con escaso éxito a
la hora de identificar y sancionar adecuadamente a los autores de los delitos
por parte de las autoridades. En ocasiones son los propios gobiernos los que
contribuyen a un clima que demonización al tratar de traidores a los
periodistas críticos con la política del Gobierno, lo que conduce a la
autocensura. Aunque se despenalice la difamación, continúan los juicios contra
periodistas. Es necesario desarrollar y formar a los miembros del poder
judicial a fin de prevenir el abuso del poder estatal.

La
Comisión sigue dando prioridad al trabajo en el ámbito de la libertad de expresión
y de los medios de comunicación en el proceso de adhesión a la UE. La Comisión
estudiará la posibilidad de celebrar junto con el Parlamento Europeo, la
tercera edición de la conferencia Speak Up! en 2015, que reúne a las
principales partes interesadas de los medios de comunicación, la sociedad civil
y las autoridades nacionales. A finales del presente año, la Comisión
adjudicará por primera vez un premio de periodismo de investigación.

Ø Protección
de las minorías, incluida la gitana

En general,
existen marcos jurídicos sólidos y bien elaborados para asegurar la protección
de las minorías. No obstante, su aplicación en la práctica a menudo
resulta compleja, en particular en los casos en que existen vínculos con
conflictos recientes. Es preciso seguir trabajando para garantizar la correcta
aplicación de los compromisos jurídicos y atender mejor las dificultades a las
que se enfrentan las minorías étnicas. Cuestiones tales como el uso de las
lenguas minoritarias, el acceso a la educación y la representación política a
menudo requieren una mayor atención. Es necesario fomentar una cultura general
de aceptación de las minorías y luchar contra el rechazo social a través de la
educación, un amplio debate público y la sensibilización. Se impone un enfoque
proactivo, de «tolerancia cero» de los casos de incitación al odio,
discriminación, violencia e intimidación por motivos étnicos. Es importante
consolidar un marco coherente para la lucha contra determinadas formas y
manifestaciones de racismo y xenofobia en ámbitos tales como los medios de
comunicación audiovisuales, el deporte, la política, la educación e Internet.

En los Balcanes
Occidentales y Turquía, la situación de la mayoría de las comunidades romaníes
sigue siendo un motivo de profunda preocupación. Los gitanos son muy a menudo
víctimas del racismo, la discriminación y la exclusión social y viven en
condiciones de pobreza extrema, sin acceso suficiente a la asistencia
sanitaria, la educación y la formación, la vivienda y el empleo. La falta de
documentación civil es también motivo de preocupación. La Comisión celebró una
Cumbre Europea de alto nivel sobre la Población Gitana en abril de 2014 para
llamar la atención sobre los retos a los que se enfrenta la población romaní en
toda Europa, en particular en los países de la ampliación. De este modo se
subrayó el papel especial de las autoridades locales a la hora de garantizar la
inclusión social de los gitanos. En 2014, la Comisión estableció un premio a la
integración de la población gitana para reconocer la valiosa contribución de
las ONG a la integración social de esta minoría.

La Comisión
trabaja en estrecha colaboración con cada uno de los países de la ampliación a
fin de garantizar una aplicación, seguimiento y supervisión adecuados de las
estrategias nacionales de integración de los gitanos. Se ha aumentado
y redirigido el apoyo financiero del IPA para favorecer un
progreso sostenible en los cinco ámbitos prioritarios de la educación, el
empleo, la sanidad, la vivienda y la documentación. La Comisión se propone
reforzar la cooperación estratégica con las organizaciones internacionales y
otros donantes. La integración de la población gitana tiene que convertirse en
una prioridad nacional respaldada por una fuerte voluntad política a todos los
niveles y en la que todas las partes interesadas asuman su responsabilidad.

Apoyo
a la educación primaria. Asistentes pedagógicos para la población gitana en
Serbia.

Desde 2008 una red de más de 170 asistentes
pedagógicos trabaja para mejorar el nivel de escolarización de los niños
romaníes y ayudar a este colectivo a concluir el ciclo de educación primaria.
Los asistentes proporcionan apoyo a los alumnos procedentes de grupos
vulnerables, muchos de los cuales son gitanos, organizan las clases y mantienen
contacto con los padres. Esta iniciativa, ahora firmemente implantada en el
sistema educativo serbio, ha dado lugar a un incremento significativo de las
tasas de matriculación en grados inferiores y en los programas preescolares.

Ø Orientación
sexual e identidad de género

La
homofobia, la discriminación y los delitos motivados por el odio, incluidas la
violencia e intimidación por razones de orientación sexual e identidad de
género, siguen estando muy extendidos en los Balcanes Occidentales y Turquía. Es urgente
que la legislación en materia de lucha contra la discriminación se amplíe para
incluir en su ámbito de aplicación la orientación sexual y la identidad de
género en Turquía y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Estos dos
países todavía tienen pendiente la adopción de legislación relativa a los delitos
motivados por el odio, al igual que ocurre en Bosnia y Herzegovina y Kosovo. Para
sensibilizar acerca de la nueva legislación, a fin de garantizar la correcta
aplicación y contribuir a incrementar la comprensión, es precisa la formación
de los servicios con funciones coercitivas, el Defensor del Pueblo, los jueces
y los profesionales de los medios de comunicación.

Además de un
liderazgo firme de las autoridades, se requiere un enfoque de tolerancia cero
frente a la incitación al odio, la violencia y la intimidación para que se
produzca un cambio en las actitudes sociales, a menudo hostiles con las
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Los
países deben tomar medidas para luchar contra los estereotipos y la
desinformación, también en el sistema educativo. No pueden invocarse valores
religiosos o culturales para justificar ningún tipo de discriminación. La
libertad de reunión y de expresión deben ser protegidas, lo que incluye también
el tratamiento adecuado de los desfiles del orgullo gay.

La Comisión
organizará una conferencia de alto nivel a finales de otoño junto con el
Parlamento Europeo y la Presidencia italiana del Consejo para hacer balance de
los avances logrados en relación con la situación del colectivo LGBTI y compartir
las mejores prácticas.

Mejora
de la respuesta policial a la violencia contra las personas LGBTI en Bosnia y
Herzegovina:

Es característico y muy elocuente el escaso índice
de denuncias de incidentes de amenazas y violencia por razones de orientación
sexual que se ha venido registrando. Ello se debe en parte a la indiferencia o
incluso hostilidad de la policía y de la sociedad en general y a una falta de
confianza en la respuesta de las autoridades. La policía de Sarajevo ha
designado funcionarios de enlace especialmente formados para tratar los casos
de amenazas y ataques homófobos. Esta iniciativa es el resultado de una buena
cooperación entre la policía y las ONG, y ha aumentado la sensibilización de la
policía sobre la necesidad de abordar este fenómeno de forma más decidida y
reaccionar adecuadamente a todos los casos de delitos motivados por el odio.

Ø Derechos
de la mujer

Hay que seguir
trabajando a favor de los derechos de la mujer y la igualdad entre hombres y
mujeres. La discriminación en el mercado de trabajo y la baja tasa de
participación de las mujeres en el mismo deben abordarse. Persisten los
estereotipos y los papeles tradicionales de cada sexo, que en algunos casos llegan
a limitar seriamente la capacidad de las mujeres para hacer valer sus derechos,
en particular en Turquía. En Kosovo las mujeres se enfrentan a importantes
obstáculos para ejercer su derecho a heredar tierras. La mayor parte de los
países de la región ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia
doméstica, que entró en vigor este año. Es fundamental su aplicación, ya que la
violencia contra las mujeres y el apoyo a las víctimas siguen siendo un
reto en todos los países. En Turquía siguen suscitando gran
preocupación la violencia doméstica, la violencia por cuestiones de honor y la
opresión. También en ese país sigue siendo grave el problema de los matrimonios
precoces y forzados. El Convenio establece una serie de infracciones
caracterizadas como violencia contra las mujeres que deben tipificarse como
delito. Entre ellas figura la violencia psicológica, física o sexual, incluidas
las violaciones, los matrimonios forzados y el acoso.

Programa
global de igualdad de género en Montenegro:

La evolución política y legislativa de los últimos
años ha establecido una nueva base para abordar el acceso de las mujeres a los
derechos humanos y su contribución al desarrollo político, económico y social.
A fin de garantizar la ejecución de las leyes y las políticas, Montenegro ha
iniciado un amplio programa de género para mejorar la integridad personal de
las mujeres, su representación política y su progreso económico. Ello ha
provocado la creación de equipos multidisciplinares para luchar contra la
violencia contra las mujeres y ha contribuido a aumentar la participación de
las mujeres en el Parlamento.

Ø Derechos
del niño

Es preciso
seguir trabajando para proteger los derechos del niño, especialmente para
garantizar su protección frente a todas las formas de violencia, su acceso a la
justicia y el funcionamiento de una justicia de menores y para fomentar
alternativas comunitarias o familiares a la institucionalización de niños sin
atención parental (desinstitucionalización). La mayoría de los países de la
región ya cuenta con planes de acción y marcos legales, pero se observan
retrasos en su ejecución.

III.
Asuntos
regionales y bilaterales y superación de la herencia del pasado

La cooperación
regional y las buenas relaciones de vecindad son elementos esenciales del
proceso de estabilización y asociación.

Se han reforzado
las relaciones de buena vecindad a través de la intensificación de la
cooperación y los contactos a nivel bilateral incluso en apartados sensibles,
como el de los crímenes de guerra, el retorno de refugiados (incluida la aplicación
del programa regional de alojamiento en el marco del proceso de Sarajevo[4],
con la construcción de viviendas actualmente en curso), la lucha contra la
delincuencia organizada o la cooperación policial. Es preciso consolidar los
progresos realizados. Las inundaciones que afectaron gravemente a Bosnia y
Herzegovina y a Serbia en mayo recibieron una decidida respuesta de la UE, lo
que puso de relieve no solo la solidaridad de la Unión y los beneficios de una
mayor integración, sino también la buena cooperación entre estos dos países y
en toda la región. Se ha puesto de manifiesto una gran solidaridad que
transciende los lindes nacionales y étnicos, especialmente (pero no
exclusivamente) a nivel de organizaciones de base. Los líderes políticos
deberían aprovechar la oportunidad de construir sobre la base de esta buena
voluntad para continuar cooperando en torno a retos comunes en la senda hacia
la UE.

Es necesario
continuar trabajando para resolver los conflictos bilaterales entre los países
de la ampliación y con los Estados miembros. Son muchas las cuestiones pendientes
que continúan lastrando las relaciones bilaterales en la región, especialmente
las que se derivan de la desintegración de la antigua Yugoslavia, como los
conflictos interétnicos y estatutarios, la situación de las minorías, la
responsabilidad por los crímenes de guerra, las personas desaparecidas y la
demarcación de fronteras. Visiones fundamentalmente opuestas de la historia
reciente también lastran las relaciones. Debería llevarse a cabo el seguimiento
de las primeras medidas de apoyo a la iniciativa RECOM Verdad y Reconciliación.
La conciliación es fundamental para promover la estabilidad y favorecer un
clima propicio para la superación de la herencia del pasado en el sudeste de
Europa, reduciendo al mínimo el riesgo de instrumentalizar políticamente cuestiones
bilaterales pendientes.

Las partes
afectadas por cuestiones bilaterales deben abordarlas tan pronto como sea posible
de forma que no bloqueen el proceso de adhesión, que debe basarse en una
condicionalidad establecida. La Comisión insta a las partes a esforzarse al
máximo para resolver los conflictos pendientes con arreglo a los principios y
medios establecidos, incluso, cuando proceda, sometiendo los asuntos a la Corte
Internacional de Justicia o a otros órganos ad hoc existentes de solución de conflictos.
El contexto de las negociaciones de adhesión puede generar un impulso político
para la resolución de litigios. Debe continuar el proceso de la normalización
de las relaciones entre Serbia y Kosovo y se debe aplicar el Acuerdo de
Bruselas[5].
La UE ha integrado el requisito de la normalización de las relaciones en el
marco negociador con Serbia y en el Acuerdo de Estabilización y Asociación con
Kosovo. Por lo que se refiere a la Antigua República Yugoslava de Macedonia,
sigue siendo esencial el mantenimiento de buenas relaciones de vecindad,
incluida una solución negociada y aceptable para ambas partes de la cuestión de
la denominación bajo los auspicios de las Naciones Unidas lo antes posible. La
Comisión seguirá ofreciendo apoyo político e intermediación para que todos los
países afectados encuentren soluciones lo antes posible a los problemas
bilaterales y apoyará activamente los esfuerzos realizados en otros foros en
este sentido.

Las relaciones
de buena vecindad siguen reforzándose a través de diversas iniciativas de cooperación
regional. La Comisión apoya plenamente el trabajo del Proceso de Cooperación de
Europa Sudoriental (PCES) y del Consejo de Cooperación Regional, incluida la
estrategia regional de 2020. La Comisión acoge con satisfacción la
creación de la Asamblea parlamentaria regional de la CES en mayo, así como la
reciente puesta en marcha de la intensificación de la cooperación de los «Balcanes Occidentales de los Seis» en el marco del
proceso de estabilización y asociación. Esta iniciativa ha permitido recientemente
importantes contactos entre los Ministros
de Asuntos Exteriores y de Hacienda de la región para debatir los desafíos
comunes, en particular en el ámbito de la gobernanza económica. La cooperación
ha proseguido en otros foros regionales tales como el Acuerdo Centroeuropeo de
Libre Comercio (ACELC), la Comunidad de la Energía y la Escuela Regional de
Administración Pública. Es importante que estas iniciativas sean
complementarias e integradoras, que sean responsabilidad de la región y estén
dirigidas a ese nivel. La Comisión ve con satisfacción los
resultados de la Cumbre de Berlín de agosto, que puso de manifiesto un fuerte
respaldo político a la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales. Están
previstas cumbres anuales adicionales y Austria acogerá la próxima. El «proceso
de Berlín» puede servir de incentivo a las reformas y acordar prioridades
realistas para las inversiones en la conectividad básica. También puede servir
de acicate para ayudar a resolver las cuestiones bilaterales pendientes. La
Comisión está dispuesta a apoyar el seguimiento de esta iniciativa.

\* \* \*

IV.
Conclusiones
y recomendaciones

Sobre la base
del análisis anterior y de las evaluaciones sucintas por país del anexo, la
Comisión formula las conclusiones y recomendaciones siguientes:

I

1.
A
lo largo de los últimos cinco años, la Comisión ha reforzado la credibilidad de
la política de ampliación y potenciado su poder de transformación al
preocuparse por abordar las reformas fundamentales en una fase temprana del
proceso de ampliación. La Comisión ha hecho especial hincapié en los tres
pilares: i) el Estado de Derecho, ii) la gobernanza económica y iii) la
reforma de la administración pública.

2.
En
2012, la Comisión introdujo un nuevo enfoque por lo que se refiere al Estado de
Derecho. En 2013, la Comisión estableció un marco para reforzar la gobernanza
económica, basándose en la experiencia del Semestre Europeo. Este año, la
Comisión propone nuevas ideas para apoyar la reforma de la administración
pública en los países de la ampliación. Estos tres
pilares del proceso de ampliación renovado están interrelacionados y los
avances en estos ámbitos serán fundamentales para determinar qué países están
plenamente preparados para la adhesión a la UE.

3.
La
política de ampliación de la UE sigue contribuyendo a lograr los beneficios
mutuos de la paz, la seguridad y la prosperidad en Europa. Refuerza
el poder económico y político de la UE, con importantes efectos
transformadores en los países afectados. Una buena preparación del proceso
de adhesión permite realizar la ampliación sin comprometer la eficacia de la
Unión.

4.
El
décimo aniversario en mayo de la histórica adhesión de diez Estados miembros
en 2004 es un recordatorio de los progresos alcanzados. A medida que la UE se
amplía lo hacen también las oportunidades para nuestras empresas, inversores,
consumidores, turistas, estudiantes y propietarios de inmuebles. La adhesión ha
beneficiado tanto a los países adherentes a la UE como a los Estados miembros.
El comercio y la inversión han aumentado. La calidad de vida de los ciudadanos
de la UE ha mejorado al extenderse la aplicación de las normas de protección
del medio ambiente, de los consumidores y otras.

5.
En
el caso de los países de los Balcanes Occidentales, la perspectiva clara de
pertenencia a la UE concedida por los Estados miembros es un importante
factor de estabilización. Apoya los progresos realizados en el cumplimiento de
las condiciones necesarias, incluidas las del proceso de estabilización y
asociación. Las buenas relaciones de vecindad y la cooperación regional inclusiva
son esenciales. Los continuos esfuerzos para resolver las cuestiones
bilaterales y superar la herencia del pasado son cruciales, habida cuenta de
los antecedentes de esta región, hasta hace poco escenario de conflictos.

6.
La
ampliación se ha convertido en un potente instrumento de la política exterior
de la Unión. La evolución de la vecindad de la UE subraya la importancia de la
política de ampliación como herramienta para profundizar en la cooperación
sobre cuestiones clave de política exterior. Debe potenciarse el
diálogo bilateral en materia de política exterior con cada uno de los países de
la ampliación. El capítulo 31, relativo a la política exterior, de seguridad y
de defensa debe abordarse en una fase temprana de la negociación con los países
adherentes. La Comisión subraya la importancia de que los países de la ampliación
se alineen progresivamente con las posiciones de la política exterior de la UE.
También pone de relieve la importancia de la política de seguridad y de defensa
común, incluida, por ejemplo, la participación en los programas de la Agencia
Europea de Defensa.

7.
El
proceso de adhesión es riguroso, basado en una condicionalidad justa
pero estricta, en criterios establecidos y en el principio de méritos propios.
Esto es fundamental para la credibilidad de la política de ampliación, para
proporcionar los incentivos necesarios para que los países de la ampliación prosigan
con las reformas de gran calado y para garantizar el apoyo de los ciudadanos de
la UE.
Por su parte, los Estados miembros, junto con las instituciones de la UE, deberían
liderar un debate cualificado sobre las repercusiones políticas, económicas y
sociales de la política de ampliación.

8.
Por
lo que se refiere al primer pilar, el refuerzo del Estado de Derecho es
fundamental para el proceso de adhesión renovado. La reforma
judicial debe llevarse a cabo con rigor para contar con un poder judicial
independiente e imparcial que imparta justicia de manera efectiva. Los países
tienen que desarrollar un historial creíble de investigaciones, persecuciones y
condenas en casos de corrupción o delincuencia organizada. Las condenas debe
ser disuasorias, y los bienes adquiridos de forma ilícita deben ser
confiscados. El Estado de Derecho favorece un entorno empresarial y de
inversión adecuado, proporciona seguridad jurídica y contribuye a la mejora de
la competitividad, la creación de empleo y el crecimiento.

9.
La
Comisión sigue esforzándose en aplicar el nuevo enfoque sobre el Estado de
Derecho, aprobado por el Consejo en diciembre de 2011. Abordar las cuestiones
relativas al Estado de Derecho en una fase temprana del proceso de adhesión permite
ampliar al máximo el tiempo de que disponen los países para desarrollar historiales
sólidos de aplicación de las reformas. Esto ayuda a garantizar que las reformas
están profundamente arraigadas y son irreversibles. En consonancia con el nuevo
enfoque, la Comisión está decidida a garantizar un equilibrio global en las
negociaciones. Los avances en los capítulos 23 (poder judicial y derechos
fundamentales) y 24 (justicia, libertad y seguridad) tendrán que realizarse en
paralelo con las negociaciones generales. La Comisión recuerda la existencia de
la cláusula de «equilibrio global» en los marcos de negociación, y la
posibilidad de suspender las negociaciones sobre otros capítulos si se retrasan
los avances en el ámbito del Estado de Derecho.

10.
Los
derechos fundamentales están consagrados en el marco jurídico de gran parte
de los países de la ampliación, pero es preciso hacer más para garantizar que
se respetan plenamente en la práctica. La libertad de expresión y de los medios
de comunicación sigue suscitando una preocupación especial. Es preciso
garantizar una mejor protección de los derechos de las personas pertenecientes
a minorías. La discriminación y hostilidad hacia los grupos vulnerables,
también por motivos de orientación sexual, sigue siendo una preocupación
importante. Es necesario seguir trabajando para promover los derechos de las
mujeres, incluida la lucha contra la violencia doméstica y de los niños y
personas con discapacidad. Existe una necesidad de mejorar la integración de
los países de la ampliación en los marcos de la UE y apoyar la difusión de las
mejores prácticas. A tal fin, la Comisión anima a los países candidatos a que
prosigan sus preparativos para participar como observadores en los trabajos de
la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

11.
Por
lo que se refiere al segundo pilar, el refuerzo de la gobernanza económica
y de la competitividad en los países de la ampliación es de crucial
importancia para el cumplimiento de los criterios económicos para la adhesión a
la UE. Deben intensificarse las reformas para lograr un crecimiento sostenible,
mejorar el entorno empresarial y estimular la inversión. Es preciso hacer
frente a la elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes. El
apoyo al desarrollo económico debe también atenuar la presión migratoria
sobre la UE. La posible necesidad y naturaleza de los controles
transitorios y/o de un mecanismo de salvaguardia de la libre circulación de los
trabajadores se abordará en el curso de las negociaciones de futuras
ampliaciones, teniendo en cuenta una futura evaluación de impacto.

12.
Basándose
en la experiencia del Semestre Europeo y en el refuerzo de la gobernanza
económica en la UE, la Comisión ha puesto en marcha procesos de cooperación reforzados
con los países de la ampliación. En el caso de los Balcanes Occidentales, la
Comisión prevé la preparación de programas nacionales de reforma económica que
constarán de dos partes. La primera parte será una versión mejorada de los actuales
programas económicos de preadhesión para los países candidatos, ampliados para
incluir a Kosovo. Establecerá un marco estratégico macroeconómico y fiscal a
medio plazo que haga un mayor hincapié en la sostenibilidad exterior y en los
obstáculos estructurales del crecimiento. La segunda parte cubrirá las reformas
estructurales de carácter sectorial que sean más necesarias para mejorar la
competitividad y el crecimiento, incluidas las necesidades de inversión en
infraestructuras. Para reforzar la supervisión, el proceso de evaluación se
traducirá en la formulación de unas directrices políticas específicas para cada
país. En el caso de Turquía, se entablará un diálogo económico de alto nivel.

13.
Por
lo que se refiere al tercer pilar, la reforma de la administración pública (RAP)
constituye una prioridad en todos los países. La función pública sigue estando excesivamente
politizada. Debe reforzarse la transparencia, la rendición de cuentas, la
profesionalidad y la eficacia de la administración pública. Se requiere un enfoque
más centrado en las necesidades de los ciudadanos y las empresas. También
requiere más atención la gestión de las finanzas públicas. La
Comisión va a integrar mejor la reforma de la administración pública en el
proceso de ampliación. Se han creado o están en fase de creación «grupos
especiales de la RAP» con los países de la ampliación. Estos grupos se
convertirán en la plataforma clave para impulsar los trabajos de reforma de la
administración pública. Debería haber un debate político más estructurado sobre
asuntos clave en el Consejo y en la Comisión de Asociación. Las negociaciones
de adhesión también deberían usarse para fomentar las reformas necesarias en
este ámbito. Deberían abordarse las cuestiones clave en todos los capítulos
pertinentes (en particular, en los ámbitos de la contratación pública, el
control financiero, el poder judicial y los derechos fundamentales, la
fiscalidad y la política económica y monetaria) y en el marco de conferencias
intergubernamentales. Los grupos especiales constituirán también un foro para
tratar las cuestiones horizontales de la RAP de los capítulos de la negociación
pertinentes, realizar el seguimiento de los avances en la materia y garantizar
la coherencia. Los resultados se tendrán en cuenta en las negociaciones de los
capítulos.

14.
Para
apoyar el proceso de reforma, es esencial reforzar el funcionamiento y la
independencia de instituciones democráticas clave en los países de la
ampliación, lo que incluye un diálogo constructivo y sostenible de todo el
espectro político, principalmente en el parlamento. También hay que fomentar un
entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil. Una sociedad
civil fuerte repercute positivamente en el refuerzo de la responsabilidad
política y fomenta una mayor comprensión de las reformas relacionadas con la
adhesión.

15.
Las
buenas relaciones de vecindad son elementos esenciales del proceso de
estabilización y asociación. Son necesarios esfuerzos constantes para superar
el legado del pasado, fomentar la reconciliación y abordar los litigios
bilaterales entre los países de la ampliación y con los Estados miembros. Las
partes afectadas deben abordar tan pronto como sea posible las cuestiones
bilaterales, que no deberían bloquear el proceso de adhesión, basado en una
condicionalidad establecida.

16.
La
cooperación regional se ha reforzado aún más durante el pasado año. La
Comisión apoya plenamente el trabajo del Proceso de Cooperación de Europa
Sudoriental (SEECP) y del Consejo de Cooperación Regional, incluida la
estrategia regional 2020. La creciente inclusión de Kosovo en las iniciativas
regionales ha sido positiva. La Comisión acoge con satisfacción la puesta en
marcha de la cooperación reforzada de los Balcanes Occidentales de los Seis en
el marco del proceso de estabilización y asociación. Estos acontecimientos
refuerzan la dimensión multilateral de la política de ampliación, apoyan la
cooperación inclusiva, el intercambio de mejores prácticas en materia de
gobernanza económica y promueven la conectividad en la región y con la UE. La
Comisión también valora positivamente la Cumbre de Berlín de agosto, que puso
de manifiesto un fuerte respaldo político a la perspectiva europea de los
Balcanes Occidentales. Están previstas nuevas cumbres anuales y la próxima se
celebrará en Austria. El «proceso de Berlín» puede servir de impulso para
incentivar las reformas y acordar prioridades realistas para las inversiones en
la conectividad básica. También puede servir de acicate para ayudar a resolver
las cuestiones bilaterales pendientes. La Comisión está dispuesta a apoyar el
seguimiento de esta iniciativa.

17.
En
el año 2014 se produjo el lanzamiento del nuevo Instrumento de Ayuda
Preadhesión. A través del IPA II, la UE aportará 11 700 millones EUR durante
el período 2014-2020 destinados tanto a ayudar a los países candidatos a
prepararse para la adhesión como a la cooperación regional y transfronteriza. El
IPA II hace más hincapié en las prioridades de la adhesión a la UE en los
ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho, la competitividad y el
crecimiento. El IPA II también introduce un enfoque sectorial, los incentivos
para la realización de resultados, un mayor apoyo presupuestario y la priorización
de los proyectos. Se necesita un enfoque coordinado para las grandes
inversiones en los principales corredores de infraestructuras. Se está
reforzando la coordinación con las instituciones financieras internacionales.
El Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales seguirá prestando apoyo a
las inversiones a favor del empleo, el crecimiento y la conectividad en la
región.

II

18.
Montenegro: se han dado
nuevos pasos en las negociaciones de adhesión. El examen analítico del acervo
de la UE (escrutinio) se completó en mayo de 2014. En diciembre se abrieron las
negociaciones de los capítulos 23 (poder judicial y derechos fundamentales) y
24 (justicia, libertad y seguridad). Sobre la base de los planes de acción
adoptados por Montenegro, la UE estableció un conjunto de 84 criterios de
referencia intermedios para dichos capítulos. Los criterios de referencia
ofrecen una clara orientación para futuras reformas. En total, se han abierto
negociaciones en doce capítulos y se han cerrado de forma provisional en dos.

19.
Ha
comenzado la aplicación de los planes de acción. Tras la adaptación de la
legislación pertinente a las reformas constitucionales de julio de 2013, se ha
elegido y nombrado a una serie de miembros de la magistratura y la fiscalía. Ha
aumentado la eficiencia del poder judicial. Después de varios intentos, el
parlamento aprobó por fin la designación de un nuevo fiscal general del Estado
en octubre de 2014. Se ha reforzado el marco legislativo para la protección de
los derechos fundamentales, en particular la ley del defensor del pueblo.

20.
No
obstante, se han registrado retrasos en una serie de medidas,
especialmente de reforma legislativa, en particular por lo que se refiere a la
lucha contra la corrupción. Las medidas legislativas no han dado resultado en
la práctica. Montenegro debe garantizar cuanto antes la adopción de legislación
adecuada en materia de financiación de los partidos políticos. Es preciso
desarrollar un historial satisfactorio de investigaciones, persecuciones y
condenas en firme en casos de corrupción, incluidos los casos de corrupción de
alto nivel. Debe garantizarse el uso sistemático de los instrumentos de
incautación y decomiso de activos. Sigue habiendo motivos para mostrar gran preocupación
por la situación de la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Deben
acelerarse las investigaciones de casos de violencia contra periodistas. Es
preciso establecer un diálogo político constructivo y restaurar la confianza en
el proceso electoral y en las instituciones del Estado. El refuerzo de las
capacidades administrativas que afectan a las cuestiones de integración en la
UE será fundamental para mantener el impulso en la senda hacia la adhesión. La
despolitización y la mayor profesionalidad de la función pública también son necesarias.
Debe perseguirse la reforma económica, también para luchar contra el alto nivel
de desempleo, y mejorarse el entorno empresarial. Es urgente una solución
sostenible y compatible con el AEA para el productor de aluminio KAP.

21.
Es
fundamental un compromiso político firme para llevar a cabo las reformas
duraderas y de gran calado necesarias para consolidar el Estado de Derecho.
Montenegro ha sido el primer país en abrir los capítulos 23 y 24 con arreglo al
nuevo enfoque de las cuestiones relativas al Estado de Derecho en las
negociaciones de adhesión. La Comisión recuerda la existencia de la cláusula
relativa al «equilibrio global» del marco de negociación. El progreso en el
logro de los criterios de referencia intermedios por lo que respeta a los
capítulos del Estado de Derecho y en la solución de las deficiencias
identificadas más arriba, medido por resultados tangibles, influirá en el ritmo
de las negociaciones de adhesión, y en las futuras agendas de las conferencias
intergubernamentales.

22.
Serbia: Las
negociaciones de adhesión con Serbia están en curso. La Decisión del Consejo
Europeo de abrir dichas negociaciones se ha alcanzado debido a los avances de
Serbia en la aplicación de las reformas y su continuo compromiso en pro de la
normalización de sus relaciones con Kosovo. La primera conferencia
intergubernamental sobre el proceso de negociaciones tuvo lugar en enero de
2014. El examen analítico del acervo de la UE (escrutinio) se desarrolla con
arreglo al calendario previsto. Las graves inundaciones que
padeció el país podrían tener un considerable impacto socioeconómico. La UE
proporcionó de inmediato importantes medios de ayuda de rescate y socorro y
organizó una conferencia de donantes en julio. La comunidad internacional
suscribió importantes compromisos para la fase de recuperación y
reconstrucción.

23.
Serbia
ha hecho algunos avances en la reforma de la administración pública. Ha
adoptado una estrategia global y reforzado la coordinación y la planificación.
Por lo que se refiere al poder judicial, se adoptaron actos legislativos
importantes, así como las normas de evaluación de jueces y fiscales. Se ha
nombrado con carácter permanente un importante número de presidentes de
tribunal. Se está dando un fuerte impulso político a la lucha contra la
corrupción. Se han llevado a cabo varias investigaciones de casos de corrupción
de alto nivel y se han realizado esfuerzos para mejorar la coordinación. Serbia
ha participado activamente en la cooperación de los servicios con funciones
coercitivas.

24.
Sin
embargo, es preciso seguir trabajando para garantizar un sistema
judicial eficaz e independiente. Siguen pendientes de adopción elementos clave
de la legislación como la ley de asistencia jurídica gratuita, la ley sobre
delatores y la ley sobre conflictos de intereses. La corrupción sigue dominando
en muchos ámbitos. Serbia debe consolidar un historial de resultados concretos
en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Los derechos
fundamentales deben respetarse plenamente en la práctica, incluida la
protección de los grupos más vulnerables. Suscita preocupación el deterioro de
la situación del pleno ejercicio de la libertad de expresión. Es preciso
abordar las deficiencias en la administración pública. Es necesario mejorar el
seguimiento dado a las conclusiones de los organismos reguladores
independientes. Son también fundamentales reformas económicas para generar
crecimiento y luchar contra el alto nivel de desempleo.

25.
Con
su claro mandato, el nuevo Gobierno debe aprovechar la oportunidad para llevar
a cabo reformas con determinación. Serbia se enfrenta a un gran número de
retos. Debe fomentar activamente la inclusión y la transparencia en el proceso
de adhesión. Para apoyar el proceso de reforma, Serbia debe mejorar la
planificación, la coordinación y el seguimiento de la aplicación de la nueva
legislación y las nuevas medidas políticas. En consonancia con el nuevo enfoque
adoptado para las cuestiones del Estado de Derecho, se han establecido criterios
de referencia iniciales por lo que se refiere a los capítulos 23 y 24 de las
negociaciones. En virtud de dichos criterios, Serbia debe presentar planes
de acción de carácter global. A fin de preservar el equilibrio general del
proceso de negociación, los progresos que se registren en estos capítulos
deberán realizarse en paralelo con el avance de las negociaciones en general.

26.
Serbia
debe mantener su compromiso con la cooperación regional y un compromiso activo
y constructivo en el proceso de normalización de las relaciones con Kosovo, que
ha registrado avances significativos. Serbia debe seguir velando por la
aplicación de los acuerdos alcanzados en el diálogo. La Comisión recuerda que,
como ocurre con los capítulos relativos al Estado de Derecho, el marco de negociación
requiere avanzar en el proceso de normalización de las relaciones con Kosovo del
capítulo 35 en paralelo con las negociaciones en general. El capítulo 35 debe
abrirse en una fase temprana de las negociaciones. Ello proporcionará un marco
sólido para el seguimiento de la aplicación de los acuerdos alcanzados.

27.
La Antigua República Yugoslava de Macedonia: El proceso
de adhesión a la UE de la Antigua República Yugoslava de Macedonia se encuentra
en un callejón sin salida. La falta de respuesta a la recomendación de la
Comisión al Consejo significa que aún no se han abierto las negociaciones de
adhesión. Al mismo tiempo, la incapacidad del gobierno para lograr resultados
suficientes en una serie de cuestiones clave perjudicó la sostenibilidad de las
reformas, registrándose un retroceso evidente en algunos ámbitos.

28.
Se
han realizado algunos progresos en lo que respecta a la reforma de la administración
pública, así como a la cooperación activa a nivel regional e internacional de
la policía. El país mantiene un elevado nivel de armonización con el
acervo teniendo en cuenta el punto en el que se encuentra en el proceso de
adhesión. La agenda de la UE sigue siendo la prioridad estratégica del país.

29.
Sin
embargo, en los últimos años, se han suscitado graves preocupaciones por lo que
se refiere a la cada vez mayor politización de las instituciones públicas y al
control gubernamental de los medios de comunicación, incluso en periodo
electoral, tal y como informó la OSCE/OIDDH. Se erosiona progresivamente la
confianza en las instituciones del Estado. Crece la preocupación ante la
justicia selectiva. La situación de la libertad de los medios de comunicación
sigue empeorando. Las recientes crisis políticas entre el Gobierno y los
partidos de la oposición han puesto de manifiesto que los intereses de partido
prevalecen cada vez más sobre los intereses nacionales. Es responsabilidad del
gobierno y de la oposición garantizar que el debate político tiene lugar
fundamentalmente en el parlamento y contribuir a que se creen las condiciones
para su buen funcionamiento. El gobierno debe garantizar que la oposición puede
ejercer su función de control democrático. Por su parte, la oposición también
debe involucrarse de forma constructiva en los procesos democráticos. El pasado
año no se celebró ninguna reunión del diálogo de alto nivel para la adhesión.
Por lo que se refiere a la situación interétnica, es preciso fomentar una mayor
confianza entre las comunidades. Todavía debe completarse la revisión del
Acuerdo Marco de Ohrid, cuyas recomendaciones están pendientes de aplicación.

30.
Es
fundamental que se den pasos decisivos en pos de una solución de la «cuestión
de la denominación» con Grecia. La incapacidad de las partes enfrentadas para
alcanzar un compromiso tras 19 años de conversaciones, con la mediación de las
Naciones Unidas, está teniendo un impacto directo y negativo en las
aspiraciones europeas de este país. Se requiere una acción decidida y un apoyo
activo por parte de los líderes de la UE. La Comisión recuerda su punto de
vista, según el cual, si se hubieran puesto en marcha el escrutinio y las
conversaciones del Consejo sobre el marco negociador, se podría haber entrado
en una nueva fase que hubiera facilitado una solución negociada y aceptada por
ambas partes a la cuestión de la denominación antes incluso de abrir los
capítulos de la negociación.

31.
En
conjunto, dado el progreso acumulado logrado por este país, la Comisión
considera que se siguen cumpliendo suficientemente los criterios políticos y
mantiene su recomendación de abrir negociaciones de adhesión, aunque lamenta
los retrocesos registrados el año pasado. La Comisión urge a las autoridades a
que adopten medidas firmes para despejar las preocupaciones surgidas en torno
al aumento de la politización y a las mayores deficiencias por lo que se
refiere a la independencia del poder judicial y a la libertad de expresión, de
modo que pueda mantener su recomendación los próximos años. La Comisión
mantiene su compromiso de asistir al país en sus esfuerzos por abordar las
reformas relativas a la UE de modo que pueda aprovecharse al máximo el
potencial de las relaciones entre ambas partes, también mediante el diálogo
inclusivo de alto nivel sobre el proceso de adhesión.

32.
Albania: La Decisión del
Consejo Europeo de junio de 2014 de conceder a Albania el estatuto de país
candidato constituye el reconocimiento a las medidas de reforma adoptadas.
También es un acicate para acelerar el ritmo de las reformas. En noviembre de
2013, la Comisión entabló un diálogo de alto nivel con Albania para ayudar al
país a continuar centrado en su proceso de integración en la UE y a realizar el
seguimiento de los progresos de la reforma con arreglo a las prioridades clave
identificadas para la apertura de las negociaciones de adhesión. En mayo de
2014, Albania adoptó un plan de trabajo que establecía y estructuraba las
reformas previstas de acuerdo con las prioridades clave.

33.
Albania
ha realizado progresos durante el pasado año. Se han dado nuevos pasos hacia la
reforma del sistema judicial. El Gobierno ha mostrado voluntad política para actuar
de manera resuelta en la prevención y lucha contra la corrupción. Se ha
reforzado el marco legislativo y han mejorado la coordinación y el seguimiento de
esta política a nivel central. La lucha contra la delincuencia organizada
muestra una tendencia positiva en una serie de ámbitos, con una intensificación
de las actividades de los servicios con funciones coercitivas, en particular en
lo que respecta a la incautación de estupefaciones, los delitos relacionados
con las drogas, la delincuencia económica y la trata de seres humanos. Se han
adoptado algunas medidas para mejorar el reconocimiento legal de los derechos
de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

34.
Sin
embargo persisten muchas deficiencias, en particular en el ámbito del Estado de
Derecho. Queda por delante mucho trabajo. La lucha contra la corrupción y la
delincuencia organizada constituye un reto importante. Albania deberá realizar
esfuerzos considerables y sostenidos para abordar la aplicación de las prioridades
clave identificadas para la apertura de las negociaciones de adhesión. Deberá
actuar con determinación para proseguir la reforma de la administración pública
con miras a mejorar su profesionalidad y su despolitización; llevar a cabo una
reforma global del poder judicial, con objeto de reforzar la independencia, la
eficiencia y la responsabilización a través de un proceso integrador y en
estrecha consulta con la Comisión de Venecia; intensificar sus esfuerzos de
lucha contra la corrupción y dar nuevos pasos decididos en la lucha contra la
delincuencia organizada, con vistas a establecer un historial sólido de impulso
de las investigaciones preventivas, las persecuciones y las condenas en estos
dos ámbitos; y adoptar medidas eficaces para reforzar la protección de los
derechos humanos, en particular de los gitanos, y las políticas de lucha contra
la discriminación, así como la aplicación de los derechos de propiedad. Por lo
que respecta a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, el
Gobierno no ha dado curso a las prioridades identificadas. Es necesario
restablecer todas las funciones estatutarias de la Autoridad de Medios Audiovisuales
y garantizar su independencia en la práctica. Albania debe continuar con
las reformas económicas destinadas a aumentar la competitividad y luchar contra
el elevado desempleo, así como corregir el elevado nivel de informalidad de la
economía y mejorar el entorno empresarial.

35.
Resulta
esencial que el proceso de reforma vaya acompañado de un diálogo político
constructivo y duradero entre el gobierno y la oposición. Corresponde tanto al
gobierno como a la oposición garantizar que el debate político se desarrolla
fundamentalmente en el parlamento y contribuir a crear las condiciones para el adecuado
funcionamiento de este último. El gobierno debe garantizar que la
oposición puede ejercer su función de control democrático. Por su parte, la
oposición también debe involucrarse de forma constructiva en los procesos
democráticos. La sostenibilidad de las reformas requiere una labor
parlamentaria constructiva y basada en compromisos. La creación de un Consejo
nacional para la integración europea que reúna a todas las partes interesadas
también ayudará a reforzar el carácter integrador del proceso de reforma y es
esencial para alcanzar un consenso en torno a las reformas que aglutine a la
sociedad albanesa.

36.
Bosnia y Herzegovina: El
proceso de integración europea sigue estando en punto muerto. Sigue habiendo una
falta de voluntad política colectiva por parte de los líderes políticos para
abordar las reformas necesarias para avanzar hacia la integración en la UE. Se
ha progresado muy poco en los ámbitos político y económico y en el camino hacia
la homologación con las normas europeas. Las grandes
inundaciones sufridas por el país podrían tener un considerable impacto
socioeconómico. La UE proporcionó de inmediato importantes medios de ayuda de
rescate y socorro y organizó una conferencia de donantes en julio. La comunidad
internacional suscribió importantes compromisos para la fase de recuperación y
reconstrucción.

37.
Las
protestas generalizadas de la ciudadanía a principios de 2014 pusieron de
manifiesto la fragilidad de la situación socioeconómica. La Comisión ha puesto
en marcha tres iniciativas para redirigir la atención hacia las reformas y las cuestiones
que afectan directamente a los ciudadanos. Ha ampliado el diálogo estructurado
sobre Justicia entre la UE y Bosnia y Herzegovina para cubrir nuevas cuestiones
relativas al Estado de Derecho, en particular la lucha contra la corrupción. Ha
establecido un grupo de trabajo mixto Unión Europea-Bosnia y Herzegovina para
acelerar la puesta en marcha de los proyectos financiados por la UE. Se ha
centrado en el fortalecimiento de la gobernanza económica, lo que incluye el
desarrollo de un «Pacto por el crecimiento y el empleo» junto con otros actores
clave como las instituciones financieras internacionales. El Pacto será el
criterio de referencia para la necesaria reforma económica durante los próximos
meses. Asimismo, constituirá la base de los programa nacionales de reforma
económica que la Comisión espera que el país elabore para finales de enero de
2015.

38.
La
falta de un mecanismo efectivo de coordinación de las cuestiones relacionadas
con la UE sigue afectando negativamente a las relaciones entre el país y la UE.
Han persistido las tensiones políticas en el seno del Consejo de
Ministros en relación con el reparto de competencias entre los distintos
niveles de gobierno. Este problema ha empeorado debido a la complejidad
del entramado institucional del país y ha impedido el desarrollo de tres de las
últimas seis reuniones de los subcomités del Acuerdo interino. Bosnia y
Herzegovina sigue negándose a adaptar dicho Acuerdo a fin de tener en cuenta el
comercio tradicional con Croacia antes de su adhesión a la UE. La Comisión ha
adoptado medidas para retirar algunas de las ventajas comerciales a Bosnia y
Herzegovina si el proceso de adaptación no se completa antes de finales de
2015. El Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) firmado en 2008 y
ratificado en 2011 no ha entrado todavía en vigor a la espera del cumplimiento
de los requisitos necesarios por parte de Bosnia y Herzegovina.

39.
Los
actores políticos responsables no han sido capaces de acordar las estrategias
nacionales necesarias para el Instrumento de Ayuda a la Preadhesión en sectores
como la energía, el transporte y el medio ambiente. Como consecuencia de ello
se ha reducido sustancialmente la financiación en estos ámbitos y se ha
reorientado la asistencia a programas que benefician directamente a los
ciudadanos. De alcanzarse los acuerdos necesarios, Bosnia y Herzegovina podría
beneficiarse plenamente de los recursos financieros disponibles.

40.
Pese
a los intensos esfuerzos de facilitación de la Comisión para resolver los
obstáculos restantes, no se ha ejecutado la sentencia Sejdić-Finci del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La decisión sigue estando
instrumentalizada por mezquinos intereses políticos y étnicos y la solución se
supedita a otras cuestiones.

41.
Para
que Bosnia y Herzegovina avance hacia la integración en la UE es importante constituir
lo antes posible tras las elecciones todos los niveles de gobierno y adoptar a
la mayor brevedad medidas concretas de reforma. Los dirigentes políticos están
obligados ante los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina a dar una dirección clara
al país. Debe mejorar la eficacia y el funcionamiento de las instituciones
políticas en todos los niveles de gobierno. Esto se aplica en particular a la
interacción entre los diferentes niveles de gobierno y requiere el
establecimiento de un mecanismo de coordinación de los asuntos de la UE que
funcione correctamente. También se impone el refuerzo de la
administración pública en todos los sectores.

42.
Kosovo: La conclusión
de las negociaciones de un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Kosovo y la
rúbrica del mismo en el mes de julio marcan un hito en el proceso de
integración europea. Será el primer acuerdo exhaustivo entre la UE y Kosovo. El
Acuerdo de Estabilización y Asociación prevé la intensificación del diálogo
político, una mayor integración comercial, en particular la apertura de los
mercados de la UE a los productos industriales y agrícolas de Kosovo, y nuevas
formas de cooperación. En estos momentos, la Comisión está a la espera de su
firma y celebración. No obstante, a raíz de las elecciones celebradas en junio,
se ha asistido a una creciente polarización política y Kosovo ha entrado en una
fase de estancamiento político, retrasando algunas de las reformas clave.

43.
Kosovo
ha hecho progresos en el diálogo para la liberalización de visados. Ha
continuado la buena cooperación con la misión de la UE encargada de las
cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho, EULEX. Las autoridades de
Kosovo han asumido un importante compromiso político para renovar el mandato de
la misión al tiempo que asumían más responsabilidades y han acordado la
creación de un tribunal especializado en asuntos que se deriven de la
investigación llevada a cabo por la Unidad Operativa Especial de Investigación.
Para completar este proceso, Kosovo debe adoptar las modificaciones
legislativas necesarias, incluidas las de su constitución. Kosovo debe cooperar
con el Tribunal de Justicia y hacer frente al pasado.

44.
Kosovo
se enfrenta a numerosos retos. La situación del Estado de Derecho en
Kosovo, incluida la independencia judicial, y los escasos resultados en la
lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción siguen siendo motivo de
gran preocupación. Es preciso hacer más para abordar las deficiencias
planteadas en el diálogo en materia de visados, incluida la mitigación de los
riesgos de seguridad y migratorios de una posible liberalización de visados. Cada
vez son más urgentes las reformas económicas estructurales para hacer frente a
la elevada tasa de desempleo. Es preciso conceder prioridad a reformas
importantes como la reforma electoral y la de la administración pública al tiempo
que se aborda la protección de las minorías.

45.
Kosovo
debe trabajar activamente en su programa de reformas de la UE, en las
prioridades señaladas en el estudio de viabilidad de 2012 y en los informes de
situación más recientes. En el marco del Acuerdo de Estabilización y
Asociación, Kosovo se ha comprometido a proceder inmediatamente a la reforma y
la armonización de la legislación con el acervo de la UE, en particular en
ámbitos como el Estado de Derecho, la administración pública, la economía, la
competencia y el comercio. Kosovo debería centrarse en la preparación de la
correcta aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación y de las
estructuras necesarias. La Comisión está dispuesta a ayudar a Kosovo a medida
que avanza en esta importante nueva fase de sus relaciones con la UE y a reforzar
su diálogo con el Consejo nacional de integración europea.

46.
El
avance de Kosovo hacia su futuro europeo ha sido posible gracias a los
progresos realizados por Kosovo en las reformas y su continuo compromiso en pro
de la normalización de sus relaciones con Serbia, que ha registrado avances
significativos. A este respecto, el nuevo gobierno en Kosovo tendrá que
mantener el compromiso con la cooperación regional y un compromiso activo y
constructivo en el proceso de normalización de las relaciones con Serbia.
Kosovo debe seguir velando por la aplicación de los acuerdos alcanzados en el
diálogo.

47.
La
situación en el norte de Kosovo sigue siendo tensa. Todos los agentes deben
cooperar con la misión EULEX y abstenerse de adoptar medidas unilaterales. Debe
prestarse pleno apoyo a la misión EULEX para que pueda llevar a cabo su mandato
en el norte de Kosovo. Deben realizarse esfuerzos adicionales para permitir que
los cuatro municipios del norte funcionen con arreglo al marco jurídico de
Kosovo.

48.
Turquía: Turquía es un
país candidato y un socio estratégico para la Unión Europea. Su dinámica
economía contribuye de manera valiosa a la prosperidad del continente europeo.
Los acontecimientos registrados en la región, en particular en Siria e Irak,
hacen aún más importante la cooperación en materia de política exterior. La situación
estratégica de Turquía también aconseja incrementar la cooperación en los
ámbitos de la política de migración y la seguridad energética. El valor de esta
cooperación es aún más claro a la luz de los considerables retos que plantea la
reciente evolución de la situación en nuestra vecindad común, incluida la
crisis de Ucrania.

49.
Unas
negociaciones de adhesión activas y creíbles constituyen el marco más adecuado
para aprovechar todo el potencial de las relaciones entre la UE y Turquía.
Habida cuenta de su alcance y profundidad excepcionales, el proceso de
adhesión, que no tiene alternativa, fomenta las reformas relacionadas con la UE
y ofrece una base importante para intensificar el diálogo sobre política
exterior y de seguridad y para reforzar la competitividad económica y las
oportunidades comerciales. También ayuda a incrementar la cooperación en
materia de energía y en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior,
incluidas la migración y la política de visados y de readmisión. Es preciso
recuperar el ritmo de las negociaciones de adhesión respetando los compromisos
de la UE y la condicionalidad establecida. La UE debe seguir siendo un
importante punto de anclaje para las reformas económicas y políticas de
Turquía. A este respecto, redunda en interés de ambas partes la definición lo
antes posible de los criterios de apertura de las negociaciones del capítulo 23
(poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (justicia, libertad y
seguridad). Turquía podrá acelerar el ritmo de las negociaciones avanzando en
el cumplimiento de los criterios de referencia, cumpliendo los requisitos que
fija el marco de negociación y respetando sus obligaciones contractuales con la
UE. El cumplimiento de estas obligaciones podría impulsar considerablemente el
proceso de negociación. Mientras tanto, debe desarrollarse la cooperación entre
la UE y Turquía en todos los ámbitos importantes, en particular en los ya
identificados en la «agenda positiva».

50.
Turquía
desempeña un importante papel en la región, y participa activamente en su
entorno de vecindad más amplia. A este respecto, es necesario el desarrollo del
diálogo y la cooperación sobre cuestiones de política exterior de interés
común. Son de agradecer la participación de Turquía en misiones y operaciones
de la PCSD, así como la reciente oferta de contribuir a EUFOR RCA y EUBAM
Libia. Es clave el papel de Turquía en relación con Siria, especialmente por lo
que atañe a la muy importante ayuda humanitaria que presta a los sirios que
huyen de la violencia cruzando la frontera. La UE se ha comprometido a mantener
su apoyo a los Gobiernos y a las comunidades de acogida en los países vecinos
de Siria, a fin de que puedan abordar eficazmente el aumento del flujo de
refugiados y desarrollar su capacidad de recuperación. Turquía ha dejado claro
que está preparada para desempeñar un papel activo en la coalición contra el
EIIL. El diálogo político debería usarse para desarrollar una cooperación más
estrecha en la lucha contra el EIIL y sus redes de financiación. En lo que
respecta a la reciente evolución de la situación en Iraq, la UE ha expresado su
preocupación sobre el secuestro de ciudadanos turcos en Mosul y su solidaridad
con Turquía a este respecto. Hay que felicitarse por el activo diálogo
antiterrorista entre la UE y Turquía; aunque debería reforzarse,
particularmente por lo que se refiere a los «combatientes extranjeros». Esta
cooperación se estrechará gracias a la adopción por Turquía de la legislación adicional
pertinente en materia antiterrorista. La UE sigue animando a Turquía a que
desarrolle su política exterior como complemento de la de la UE y en
coordinación con ella, y a que se vaya alineando progresivamente con las políticas
y posiciones de la UE.

51.
Ha
continuado la aplicación de las reformas adoptadas en años
anteriores, en particular las medidas anunciadas en el paquete de
democratización de septiembre de 2013. El Tribunal Constitucional ha adoptado
una serie de decisiones importantes que han puesto de manifiesto la capacidad
de recuperación del sistema constitucional del país. El acuerdo de readmisión
entre la UE y Turquía se firmó en diciembre de 2013, en paralelo con la puesta
en marcha del diálogo sobre liberalización de visados, y entró en vigor el 1 de
octubre de 2014, lo que ha dado un nuevo impulso a las relaciones entre ambas
partes.
Se han renovado los esfuerzos en pro de una solución pacífica de la cuestión
kurda, en particular la adopción de legislación destinada a «aportar una base
jurídica más sólida para el proceso». Este proceso reviste una importancia
histórica para Turquía y debe llevarse a cabo de buena fe por todas las partes.

52.
La
respuesta del gobierno a las acusaciones de corrupción en diciembre de 2013 ha
suscitado gran preocupación sobre la independencia del poder judicial y la
separación de poderes. El gran número de despidos y traslados
de policías, jueces y fiscales, aunque el gobierno afirma que no tiene relación
con el caso de corrupción, ha repercutido en el funcionamiento efectivo de las
instituciones correspondientes y planteado cuestiones sobre el modo en que se
utilizaron los procedimientos para formalizarlos. Es crucial que las
investigaciones de las denuncias de corrupción se lleven a cabo adecuadamente y
con total transparencia, así como que se garantice la capacidad operativa del
sistema judicial y de la policía. Los intentos de prohibición de las redes
sociales, posteriormente anulados por el Tribunal Constitucional, y las
presiones sobre la prensa, que dan lugar a una autocensura generalizada,
reflejan un enfoque restrictivo de la libertad de expresión. El enfoque
adoptado en el ámbito de la libertad de reunión sigue siendo restrictivo. La
legislación turca y su aplicación en lo que respecta al derecho de reunión y la
intervención de los agentes de los servicios con funciones coercitivas deben
adaptarse a las normas europeas.

53.
En
este contexto, las prioridades para Turquía serán la promoción del diálogo en
todo el espectro político y la sociedad en general para dar un nuevo impulso a los
esfuerzos de reforma del Estado de Derecho y una especial atención al respeto
de los derechos fundamentales en la ley y en la práctica. La apertura de las
negociaciones de los capítulos 23 y 24 podría proporcionar a Turquía una hoja
de ruta exhaustiva para llevar a cabo reformas en este ámbito esencial. Se
invita a Turquía a comprometerse de forma más sistemática con la Comisión y
otros organismos pertinentes, como el Consejo de Europa, incluida la Comisión de
Venecia. En general, es necesario prestar más atención a la aplicación efectiva
de la legislación vigente. El Ministerio de Asuntos Europeos ha de desempeñar
un papel fundamental a la hora de garantizar la coordinación y compatibilidad
de la nueva legislación con las normas de la UE. La Comisión espera con interés
el seguimiento concreto por parte de Turquía de su estrategia de la UE,
recientemente adoptada, cuyo objetivo es dar un nuevo impulso al proceso de
adhesión de Turquía.

54.
La
«agenda positiva», lanzada en 2012, sigue sirviendo de apoyo y complemento para
las negociaciones de adhesión con Turquía, a través de una mayor cooperación en
varios ámbitos de interés común. La cooperación debería reforzarse con un
aumento de los contactos de alto nivel entre Turquía, la UE y sus Estados
miembros. Los retos que se plantean en el ámbito de la justicia y de los
asuntos de interior, en particular en el ámbito de la migración, deben
abordarse mediante la mejora de la labor conjunta. La UE espera la aplicación
plena y efectiva de las obligaciones de Turquía en virtud del acuerdo de
readmisión en relación con todos los Estados miembros.

55.
En
razón de la importante dimensión y envergadura de su economía, Turquía es
también un importante socio comercial de la UE y un valioso componente de la
competitividad de la UE a través de la Unión Aduanera. Es el momento de
trabajar para liberar todo el potencial de la Unión Aduanera. La
UE debe entablar un diálogo con Turquía sobre la ampliación y modernización de
las relaciones comerciales mutuas, en beneficio de ambas partes. También debe
abordarse una serie de cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la
Unión Aduanera, sobre la base de la evaluación realizada en 2014. Es también
crucial el desarrollo de un diálogo económico activo de gran alcance. El
refuerzo de la cooperación energética entre la UE y Turquía y los avances en
las negociaciones de adhesión facilitarían la interconexión y la integración de
los mercados energéticos. La cooperación económica se vería considerablemente
reforzada con la apertura de las negociaciones sobre el capítulo 5 (contratos
públicos), el capítulo 8 (política de competencia) y el capítulo 19 (política
social y de empleo), tan pronto como se cumplan los criterios de referencia
necesarios por parte de Turquía.

56.
La
Comisión insiste en todos los derechos soberanos de los Estados miembros de la
UE. Esto incluye, entre otras cosas, el derecho a celebrar acuerdos bilaterales
y a explorar y explotar sus recursos naturales de conformidad con el acervo de
la UE y con el Derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. Con arreglo a las repetidas posiciones del
Consejo y de la Comisión de años anteriores, ahora es urgente que Turquía
cumpla su obligación de aplicar plenamente el Protocolo Adicional y avance
hacia la normalización de sus relaciones con la República de Chipre. Esto
podría proporcionar un nuevo impulso al proceso de adhesión, permitiendo, en
particular, avanzar en los ocho capítulos incluidos en las conclusiones del
Consejo de diciembre de 2006. La Comisión también exhorta a evitar todo tipo de
amenaza, fuente de fricción o actuación que pueda dañar las relaciones de buena
vecindad y la resolución pacífica de controversias. La Comisión acoge con satisfacción
el apoyo de Turquía a la reanudación a todos los efectos de las conversaciones
para alcanzar una solución en Chipre. Es importante que ahora sucedan a este
apoyo declaraciones constructivas y acciones concretas.

57.
Por
lo que se refiere a la cuestión de Chipre, la Comisión se
congratula de la reanudación de las negociaciones a todos los efectos para
alcanzar un acuerdo entre los líderes de las comunidades grecochipriota y
turcochipriota bajo los auspicios de las Naciones Unidas y del nombramiento del
Sr. Espen Barth Eide como Consejero Especial del Secretario General de las
Naciones Unidas para Chipre. La Comisión espera que ambas partes inicien pronto
unas negociaciones estructuradas sustanciales que allanen el camino a un
acuerdo sobre una solución global al problema de Chipre en beneficio de todos.
La Comisión anima a dar pasos que contribuyan a crear un clima de distensión
entre ambas comunidades y que mejoren las condiciones de la vida cotidiana de
todos los chipriotas y contempla con satisfacción las iniciativas que a tal fin
adopte la sociedad civil. La UE ha declarado su voluntad de respaldar los
términos de una solución coherente con los principios en que se fundamenta la
Unión. Deberían evitarse las declaraciones que no contribuyan a establecer un
clima propicio para las conversaciones en curso.

58.
Islandia: A raíz de una
decisión del Gobierno islandés, las negociaciones de adhesión han quedado en
suspenso desde mayo de 2013. Habida cuenta de la posición del Gobierno, la
Comisión procedió a la supresión progresiva de la ayuda de preadhesión IPA a
Islandia. Islandia sigue siendo un socio importante para la UE a través de su
participación en el Espacio Económico Europeo, su adhesión al espacio Schengen,
así como a través de la cooperación en asuntos árticos.

ANEXO

Resumen
de las conclusiones de los informes de evolución sobre Montenegro, Serbia, la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo
y Turquía

Montenegro

Montenegro
sigue cumpliendo suficientemente los criterios políticos. El Gobierno se
ha seguido centrando en la integración en la UE. Se continuaron reforzando las estructuras
para las negociaciones de adhesión. La adopción del Plan de acción 2014-15 para
la puesta en práctica de la estrategia de reforma de la administración pública
y la creación de un nuevo grupo especial sobre la reforma de la administración
pública en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) deberían contribuir
a los avances en este ámbito. Es preciso racionalizar más la administración
pública, hacerla más transparente para poner coto a la corrupción y reforzar la
capacidad administrativa en el ámbito de la integración europea. Se requieren
esfuerzos decididos para hacer frente al elevado nivel de politización de la
administración pública y garantizar una contratación y promoción basadas en los
méritos. Es importante mejorar la profesionalidad y la eficiencia, sobre todo
con el fin de equipar a la administración de cara a los desafíos que plantean
las negociaciones de adhesión y la aplicación del acervo. En lo tocante a la
gestión de las finanzas públicas, es preciso reforzar la capacidad de previsión
financiera y el cumplimiento de la normativa europea.

Las
denuncias de irregularidades empañaron las rondas electorales que se celebraron
en una serie de municipios a principios de 2014. Las autoridades competentes
deberían investigarlas y, cuando proceda, emprender acciones. La polarización
del clima político dificultó la formación de las nuevas administraciones en
determinados municipios tras las elecciones. En febrero y marzo se adoptó una nueva
legislación electoral que cumple varias de las recomendaciones de la
OSCE/OIDDH, si bien aún quedan algunas cuestiones por resolver con arreglo a las
normas y mejores prácticas europeas. La adopción de enmiendas a la ley sobre la
financiación de los partidos políticos, con el voto en contra del principal partido
del Gobierno, estuvo marcada por la polémica. En junio, una sentencia del
Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una parte significativa de estas
enmiendas. Montenegro tiene que adaptar rápidamente su marco legislativo en
este ámbito a las normas y mejores prácticas europeas y acreditar resultados
concretos en relación con la correcta aplicación de la legislación, incluida la
imposición de sanciones disuasorias, cuando sea necesario. Falta por completar
el
seguimiento judicial del presunto uso indebido de fondos públicos con fines
propios por parte de los partidos políticos y por depurar las responsabilidades
políticas.

En lo que
respecta a la reforma del sistema judicial, prosigue la ejecución de las
medidas previstas dentro de los plazos fijados en el plan de acción. Tras la
adaptación de la legislación pertinente con arreglo a las reformas
constitucionales de julio de 2013, se han elegido varios cargos de la
judicatura y la fiscalía. Tras varios intentos fallidos, el Parlamento nombró
finalmente, en octubre de 2014, un nuevo Fiscal General del Estado. Han de completarse
las reformas por las que se introduce un sistema único de contratación de
jueces y fiscales a escala nacional, un sistema de promoción objetivo y basado
en los méritos y un sistema disciplinario mejorado. Aunque la eficiencia de los
tribunales ha mejorado en general, deben proseguir los esfuerzos encaminados a
hacer más eficiente el sistema judicial.

Por el momento,
la incidencia de las medidas de lucha contra la corrupción ha sido limitada. Ya
antes de la entrada en servicio de la nueva agencia de lucha contra la
corrupción, era evidente la necesidad de reforzar las instituciones existentes
en este ámbito con miras a la adopción de un enfoque más proactivo. La
corrupción, persistente y generalizada en muchos ámbitos, sigue siendo un
problema grave. Es preciso desarrollar un historial satisfactorio de investigaciones,
persecuciones y condenas firmes en casos de corrupción, sobre todo en casos de
alto nivel. Debería garantizarse el uso sistemático de los instrumentos de
incautación y decomiso de activos. Aunque se han seguido obteniendo resultados
en la lucha contra las drogas y se han abierto nuevos casos relativos a la
inmigración ilegal, sigue siendo difícil atajar otras formas de delincuencia
organizada, en particular la trata de seres humanos, la ciberdelincuencia y la
lucha contra el blanqueo de capitales. El número de condenas firmes en casos de
corrupción y delincuencia organizada es limitado y no es raro que se ordene la
celebración de un nuevo juicio por defectos de forma. La
lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción es crucial para poner
coto a la infiltración de los sistemas políticos, jurídicos y económicos por medios
delictivos.

Está ya
implantado el marco jurídico e institucional relativo al respeto de los
derechos humanos, y los principales elementos de la legislación internacional en
la materia se han incorporado al ordenamiento jurídico montenegrino. Se ha de
reforzar la capacidad de las instituciones encargadas de la protección y el
respeto de los derechos humanos, en particular por lo que se refiere a la
judicatura y la policía. Los grupos vulnerables, como la población romaní y las
personas con discapacidad, son los que más sufren las deficiencias en este
ámbito.

Siguen suscitando
gran preocupación las amenazas contra la libertad de expresión, que se han
plasmado en casos de violencia contra periodistas y ataques a la propiedad de
los medios. Es preciso investigar en profundidad y perseguir los
casos de amenazas y violencia contra periodistas a fin de identificar no solo a
los autores materiales, sino también a los instigadores. Es especialmente
urgente tratar los casos más antiguos para evitar que prescriban. En
diciembre se creó una comisión encargada de supervisar las actividades de las
autoridades competentes en la investigación de casos antiguos y recientes de
amenazas y violencia contra periodistas. Las autoridades han de seguir
escrupulosamente sus recomendaciones. El Gobierno debería seguir defendiendo y
apoyando públicamente la libertad de los medios de comunicación, absteniéndose
de hacer declaraciones que pudieran entenderse como intimidación. Los
organismos autorreguladores responsables del mantenimiento y la promoción de
normas profesionales y éticas son frágiles.

Las autoridades montenegrinas
han tomado nuevas medidas para reforzar la protección de los derechos de las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). El primer
desfile del orgullo gay, que tuvo lugar en Podgorica en octubre de 2013, contó
con el respaldo necesario de las autoridades. Sin embargo, los ataques contra
personas LGBTI persisten, mientras siguen siendo escasas las condenas penales en
este ámbito.
La hostilidad contra este colectivo sigue estando muy extendida en la sociedad.

Se han registrado
algunos avances por lo que respecta a la situación de la población romaní, especialmente
en lo que se refiere a la asistencia a la escuela; sin embargo, las tasas de
abandono escolar y la baja proporción de estudiantes gitanas en comparación con
los chicos suscitan preocupación. Es preciso
abordar la discriminación contra la población romaní y su infrarrepresentación
política.

Montenegro
sigue manteniendo buenas relaciones bilaterales con los otros países de la
ampliación y con los Estados miembros de la UE vecinos y participa activamente
en el desarrollo de la cooperación regional. Se rubricó un
acuerdo fronterizo con Bosnia y Herzegovina.

Montenegro
mantiene aún el acuerdo bilateral sobre inmunidad suscrito en 2007 con los
Estados Unidos, que prevé exenciones a la competencia de la Corte Penal
Internacional. El país ha de adecuarse a la posición de la UE en el marco de
las negociaciones de adhesión.

Por lo que se
refiere a los criterios económicos, Montenegro dio nuevos pasos hacia la
instauración de una economía de mercado en funcionamiento. El
país debería estar en condiciones de hacer frente a medio plazo a las presiones
competitivas y a las fuerzas del mercado en la Unión, siempre que siga poniendo
remedio a las actuales deficiencias estructurales mediante reformas
estructurales adecuadas.

En 2013, la
economía salió de una doble recesión, pero la recuperación sigue siendo frágil
debido a la debilidad de la demanda interna, la reducida base de producción y la
alta dependencia de la coyuntura exterior. El déficit por cuenta corriente
disminuyó algo, pero los desequilibrios exteriores siguen siendo considerables.
Los déficits presupuestarios, importantes y persistentes, apuntan a la
necesidad de medidas de saneamiento presupuestario con miras a la reducción de
la deuda pública. Pese a las mejoras marginales registradas, las condiciones
del mercado de trabajo siguen siendo precarias, con tasas de desempleo muy
elevadas, especialmente entre los jóvenes y los desempleados de larga duración.

Montenegro debería
estimular la movilidad de los trabajadores, reforzar la eficacia de las
políticas activas del mercado de trabajo y mejorar la calidad de la enseñanza, en
particular la educación y formación profesionales. Deberían tomarse medidas en apoyo
del desarrollo del sector privado para seguir simplificando el entorno jurídico
y regulador, sobre todo reforzando la ejecución de los contratos, reduciendo los
costes y obstáculos administrativos y facilitando los procedimientos de
privatización. La incertidumbre que rodea al conglomerado del aluminio KAP requiere
una solución sostenible, aplicada de conformidad con las normas del AEA, para
evitar una nueva ronda de pasivos contingentes.

Por
lo que se refiere a la capacidad para asumir las obligaciones inherentes a la
adhesión, Montenegro registra diversos grados de armonización. En el marco del
proceso de examen, la Comisión consideró que, en veinte capítulos, los avances
realizados eran suficientes para abrir las negociaciones sin necesidad de fijar
criterios de referencia iniciales. De estos capítulos, ya se han abierto
negociaciones para diez, en relación con los que se han fijado criterios de
referencia intermedios y finales, y se han cerrado provisionalmente dos.
Además, de los capítulos relativos al Estado de Derecho, se fijaron criterios
de referencia iniciales para otro once capítulos[6]. El
cumplimiento de los criterios de referencia iniciales, así como los criterios
de referencia intermedios fijados para los
capítulos relativos al Estado de Derecho y los criterios de referencia finales
fijados para otros ocho capítulos[7],
debería servir de guía para Montenegro en el camino de la integración.

En
líneas generales, Montenegro ha avanzado en la armonización de algunos
capítulos del acervo, incluida la legislación en materia de protección de la
propiedad intelectual, ciencia e investigación, educación y cultura, protección
de la salud y de los consumidores, y política exterior de seguridad y defensa. En
general, Montenegro adoptó y aplicó las medidas restrictivas establecidas por Decisiones
del Consejo, incluidas las medidas restrictivas de la UE en el contexto de la
anexión ilegal de Crimea por Rusia y de los acontecimientos en Ucrania
Oriental.

La
armonización con el acervo y la consolidación de la capacidad administrativa
siguen siendo un importante reto para Montenegro. La administración montenegrina
tendrá que centrarse en abordar los criterios de referencia iniciales que
quedan pendientes. Debería darse especial prioridad al cumplimiento
de la normativa de ayudas estatales del AEA en el caso de KAP. La
capacidad administrativa en todos los ámbitos del medio ambiente y el cambio
climático tiene que reforzarse tanto a nivel central como local, a fin de
garantizar la adecuación y aplicación del acervo en materia de clima y medio
ambiente.

Serbia

Serbia sigue
cumpliendo suficientemente los criterios políticos. Las elecciones
parlamentarias anticipadas de marzo confirmaron las aspiraciones de integración
europea del país. La adhesión a la UE sigue siendo el principal objetivo del
nuevo Gobierno. Para emprender las reformas prioritarias necesarias para impulsar
al país por la senda europea cuenta con una mayoría sin precedentes de dos
tercios en el Parlamento. El Gobierno serbio se fijó ambiciosos objetivos
económicos a este respecto. Las reformas constitucionales emprendidas al inicio
de la nueva legislatura representarían un avance decisivo en las negociaciones
de adhesión. Debería prestarse especial atención a la mejora de la inclusividad
y la transparencia del proceso de reforma. Los procedimientos parlamentarios de
urgencia deberían limitarse a los casos en que sea estrictamente necesario. Debería
reconocerse continuamente el papel de los organismos reguladores independientes
y seguirse sus recomendaciones. En junio se creó una convención nacional
sobre la Unión Europea que servirá de plataforma para la cooperación con la
sociedad civil durante las negociaciones de adhesión, que debería plasmarse en
una mayor consulta de la sociedad civil, especialmente en una coyuntura que
plantea retos económicos y sociales particularmente acuciantes a los ciudadanos
serbios.

Serbia está
avanzando en la reforma de su administración pública. Adoptó una estrategia
global y reforzó la coordinación y la planificación de las políticas públicas con
la creación de una nueva secretaría de políticas públicas. Con todo, sigue siendo
necesaria una reforma sólida y global, sustentada en instrumentos de análisis y
gestión de resultados idóneos.

Se dieron
los primeros pasos en la aplicación de las estrategias nacionales adoptadas el
año pasado en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción. Serbia ha hecho balance de los importantes desafíos a
que se enfrenta su sistema judicial. La actividad legislativa ha sido intensa: se
adoptaron normas
para la evaluación de jueces y fiscales; se nombró, con carácter permanente, un
número importante de presidentes de tribunal y tomó posesión de su cargo la
primera generación de notarios. No
obstante, aún falta por adoptar elementos clave de la legislación, como la ley de
asistencia jurídica gratuita. También está pendiente la evaluación de la
aplicación de la legislación recientemente adoptada. Es necesario avanzar para
garantizar un sistema judicial independiente y eficaz. La contratación y el
nombramiento de los jueces siguen rigiéndose por criterios poco claros. La
generalización del sistema contradictorio y la modificación de las redes de
tribunales aún no han tenido un impacto perceptible en la eficiencia y la
calidad del sistema judicial.

Existe
una firme motivación política en favor de la lucha contra la corrupción. Se han
abierto varias investigaciones sobre casos de alto nivel y se han realizado
esfuerzos para mejorar la coordinación y el liderazgo institucional en este
ámbito. Sin embargo, la corrupción sigue siendo generalizada en muchos ámbitos
y constituye un grave problema. La ratio denuncias/condenas es baja. Faltan por
implantar mecanismos de protección de delatores. También está pendiente la
instauración de mecanismos eficaces de prevención y represión. Es preciso que
el papel de la agencia y el consejo de lucha contra la corrupción cuente con
apoyos al más alto nivel y que se dé un seguimiento adecuado a sus
recomendaciones y propuestas. Hay que encontrar alternativas eficaces al
recurso excesivo a las denuncias de abuso de posición dominante en el sector
privado.

Serbia
participó activamente en la cooperación policial regional, que dio resultados
concretos en la lucha contra la delincuencia organizada, en particular una
sonada detención relacionada con una conocida banda. Es necesaria una
evaluación estratégica de las amenazas de la delincuencia organizada con vistas
a desarrollar planes y análisis estratégicos y, en una fase posterior,
respuestas policiales apropiadas, en particular recurriendo al concepto de
«actuación policial basada en los servicios de inteligencia». Se impone desarrollar un historial creíble de
investigaciones, persecuciones y condenas firmes en casos de corrupción y
delincuencia organizada, incluidos casos de alto nivel. La
lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es fundamental para poner
coto a la infiltración de los sistemas políticos, jurídicos y económicos por medios
delictivos.

De
cara al futuro, la adopción de planes de acción creíbles y exhaustivos con
relación a los capítulos 23 y 24, en consonancia con el nuevo enfoque, será un
hito crucial para Serbia.

Ya
está implantado, en términos generales, el marco jurídico para la protección de
las minorías, pero ha de garantizarse su aplicación coherente en todo el país,
especialmente en los ámbitos de la educación, el uso de las lenguas y el acceso
a los medios de comunicación y los servicios religiosos en las lenguas
minoritarias. Las medidas positivas que se han adoptado para mejorar la
situación de la población romaní deben reforzarse, en particular en lo que
respecta a la educación, la vivienda y el empleo. Son necesarios esfuerzos continuos
adicionales para mejorar la situación de los refugiados y las personas
desplazadas.

El
desfile del orgullo gay, que se celebró el 28 de septiembre en Belgrado sin
mayores incidentes, constituye un hito histórico en lo que respecta al
ejercicio efectivo de los derechos humanos, en general, y de los derechos
LGBTI, en particular. Serbia dio un paso decisivo en la aplicación de la
estrategia de medios de comunicación de 2011 con la adopción en agosto de un
paquete legislativo que tiene por objeto mejorar la transparencia de la
propiedad y la financiación de los medios de comunicación y adaptar la
legislación y la práctica al marco de la UE. No obstante, suscita preocupación
el deterioro de las condiciones para el pleno ejercicio de la libertad de
expresión. Las autoridades tienen una responsabilidad esencial a la hora de contribuir
activamente al ejercicio sin trabas de la libertad de expresión, en particular respaldando
adecuadamente a organismos independientes, defensores de los derechos humanos y
periodistas independientes. La promoción de todos los derechos fundamentales y
la aplicación de la estrategia de lucha contra la discriminación requerirán un
enfoque aún más proactivo y específico.

Serbia
ha seguido un planteamiento constructivo en materia de cooperación regional y ha
mejorado notablemente las relaciones con algunos de sus vecinos.

En
lo que respecta a la normalización de las relaciones con Kosovo, Serbia
ha seguido participando en el diálogo y se ha comprometido a aplicar el primer
acuerdo, de principios de abril de 2013, que rige la normalización de las
relaciones, así como los demás acuerdos alcanzados en el marco del diálogo. A
raíz de estos compromisos se han producido una serie de cambios irreversibles,
como la celebración por primera vez de elecciones municipales y legislativas en
todo el territorio de Kosovo y los sustanciales avances registrados en el
desmantelamiento de las estructuras policiales y judiciales serbias. Se ha
aprobado una solución permanente para la inclusión de Kosovo en el proceso de
cooperación en el sudeste de Europa (SEECP en sus siglas en inglés). Si bien no
ha habido reuniones de alto nivel desde que se convocaron las elecciones anticipadas
en Kosovo, han proseguido los trabajos a nivel técnico, lo que se ha traducido
en progresos en los ámbitos de la recaudación aduanera, la gestión integrada de
las fronteras, la energía y las telecomunicaciones.

Sin
embargo, los avances en la puesta en práctica del diálogo han sido en general
más lentos. Se celebraron elecciones anticipadas en Serbia y Kosovo. Es
importante que se reanude el diálogo de alto nivel. También es esencial que
ambas partes sigan participando plenamente en la aplicación de buena fe de
todos los acuerdos vigentes. Estos progresos graduales deberían desembocar en la
plena normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo, que se plasmaría
en la firma de un acuerdo jurídicamente vinculante al término de las
negociaciones de adhesión de Serbia, de modo que ambos países puedan ejercer
plenamente sus derechos y cumplir con sus responsabilidades.

Por lo que se
refiere a los criterios económicos, Serbia ha realizado avances limitados
hacia el establecimiento de una economía de mercado en funcionamiento. Deben
ponerse en práctica una amplia gama de reformas estructurales para poder hacer
frente a medio plazo a las presiones competitivas y las fuerzas del mercado en
la Unión.

La economía se
contrajo en el primer semestre del año, a lo que contribuyeron las graves inundaciones.
El Gobierno ha puesto en marcha con determinación su ambicioso programa de
reformas económicas y estructurales con la adopción de un primer paquete de
leyes importantes sobre la mano de obra, la privatización y la quiebra. Pese a
las nuevas medidas adoptadas, los desequilibrios presupuestarios siguen siendo
muy pronunciados y ha seguido creciendo la deuda de las administraciones
públicas. No obstante, el aumento de las exportaciones ha contribuido a la
reducción de los desequilibrios externos. La inflación alcanzó niveles
históricamente bajos, por debajo de la horquilla que fijó como objetivo el Banco
Central. La tasa de desempleo sigue siendo muy elevada.

Se necesitan esfuerzos
significativos para reducir el gasto público y poner en práctica las reformas
estructurales adoptadas a fin de restablecer la sostenibilidad presupuestaria
y, en última instancia, apoyar el crecimiento. La reducción de la fuerte
influencia del Estado en la economía pasa por subsanar las ineficiencias en el
amplio sector público, avanzar en la privatización con arreglo al calendario
previsto, modernizar las ayudas estatales y mejorar la gobernanza empresarial
de las empresas públicas. Hay que mejorar la recaudación de impuestos, además
de poner coto al enorme sector informal. El entorno empresarial adolece de un
exceso de burocracia, de una entrada y salida del mercado lentas, de numerosos obstáculos
a la inversión, tales como el débil sistema jurídico y la lentitud en la
ejecución de los contratos. Es necesario abordar de forma eficaz la elevada
proporción de préstamos fallidos para mejorar los préstamos bancarios. La
mejora de las infraestructuras físicas, especialmente tras los daños
ocasionados por las inundaciones, requiere esfuerzos sostenidos y la creación
de espacio fiscal adicional. Es
preciso reforzar la eficiencia del sistema educativo habida cuenta de la
reducción del número de alumnos y de la inadecuación de las cualificaciones en
el mercado de trabajo.

Por lo que se
refiere a su capacidad para asumir las obligaciones inherentes a la adhesión,
Serbia ha continuado adaptando su legislación a los requisitos de la
legislación de la UE en muchos ámbitos. Siguió cumpliendo sin contratiempos las
obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo de Estabilización y Asociación
(AEA).
Se
han registrado notables avances en los ámbitos de la sociedad de la información
y los medios de comunicación, con la adopción del paquete de tres leyes por las
que se pone en práctica la estrategia de medios de comunicación de 2011, lo que
supone una mayor armonización del marco jurídico serbio con el acervo. También
prosiguió el alineamiento de la legislación sobre transporte por ferrocarril,
aire y carretera. Se siguieron publicando los resultados de los censos agrícola
y de población. La nueva estrategia de reforma de la administración
pública a partir de enero de 2014 incluye, entre las prioridades de reforma, el
control financiero interno público.

En el ámbito de
la política exterior y de seguridad, debería mejorar la armonización de la legislación
serbia con las declaraciones de la UE y las decisiones del Consejo para que el
país cumpla el requisito previsto en el marco de negociación, de modo que pueda
ajustar progresivamente sus políticas y decisiones en este ámbito con las
adoptadas por la Unión Europea y sus Estados miembros en el período previo a la
adhesión. Serbia debe poner a punto y aplicar urgentemente mecanismos sólidos y
fiables de control y seguimiento de la alineación con el acervo en todos los
ámbitos. También es necesario un esfuerzo considerable no solo para mejorar y
aplicar plenamente el marco jurídico general, sino también, y sobre todo, para
respaldar estas reformas con los recursos financieros y humanos adecuados. Es
patente igualmente la falta de coordinación y liderazgo institucional en
ciertos ámbitos clave del acervo y la necesidad de salvaguardar la
independencia de los organismos reguladores. La legislación en
materia de control de las ayudas estatales debe alinearse con el acervo y aplicarse
efectivamente en todas las empresas, incluidas las que se encuentran en proceso
de reestructuración y privatización. Son necesarios esfuerzos adicionales
para racionalizar el procedimiento de asilo en consonancia con las normas de la
UE y es preciso modernizar urgentemente las instalaciones de alojamiento
permanente. Serbia ha de redoblar esfuerzos en pro de la adaptación en el
ámbito de la energía, en particular en lo que se refiere al gasoducto South
Stream. Tiene que lograr con carácter prioritario la desagregación en el sector
del gas y la reestructuración de la empresa pública Srbijagas. Es
asimismo necesario que prosiga la alineación en los ámbitos de la fiscalidad,
el medio ambiente, el cambio climático y los organismos modificados genéticamente,
junto con un refuerzo sustancial del sistema general de salud y protección
social.

Antigua
República Yugoslava de Macedonia

En general, el
país sigue cumpliendo suficientemente los criterios políticos. Ha
completado la mayor parte de sus reformas en lo tocante al sistema judicial y
la administración pública y ha realizado progresos desde que se convirtió en
país candidato en 2005. El nivel de armonización legislativa es elevado en
relación con la situación del país en el proceso de adhesión. No obstante, subsisten
dificultades importantes, y en algunos ámbitos estas se han hecho más
acuciantes. Cabe destacar la creciente polarización de la cultura política, la
profunda preocupación que suscita la cada vez mayor politización y control
gubernamental de las instituciones públicas y los medios de comunicación, y la
aún frágil situación interétnica.

Según la evaluación
de la OSCE/OIDDH, las elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas de
abril de 2014 fueron gestionadas con eficacia, pero se vieron empañadas por la falta
de separación entre actividades gubernamentales y de partido y la información tendenciosa
de los medios. La preocupación que suscita la difuminación de la
frontera entre el Estado y los partidos está erosionando la confianza en las
instituciones públicas. La falta de diálogo y las persistentes
disensiones entre partidos han desembocado en una nueva crisis política a raíz de
las denuncias relacionadas con las elecciones, que llegó a su punto álgido
cuando el principal partido de la oposición se ausentó del Parlamento. Los esfuerzos
desplegados por los principales partidos políticos se han mostrado insuficientes
para emprender políticas constructivas en interés del conjunto del electorado y
del país en su conjunto. El Gobierno y la oposición deberían dar pasos para
restaurar el diálogo político en el Parlamento. El Gobierno ha de velar por que
la oposición tenga la posibilidad de desempeñar sin cortapisas su función de
control democrático. Al mismo tiempo, también la oposición debe comprometerse
de forma constructiva en el proceso democrático.

La politización
de la administración pública, tanto a nivel central como local, es motivo de honda
preocupación. Los principios de transparencia, rendición de cuentas y mérito
aún no se aplican plenamente. Además, la OSCE/OIDDH informó de denuncias verosímiles
de presión sobre los empleados del sector público durante las elecciones de
abril de 2014. Estas cuestiones deben ser resueltas, en particular recurriendo
al nuevo marco legislativo.

También es preciso
reforzar la independencia y la competencia de los tribunales y prestar más
atención a la calidad de la justicia que se imparte al ciudadano. El alto nivel
de progreso técnico y legislativo en este ámbito se ve empañado por crecientes
dudas respecto a la selectividad de la justicia. Se están desarrollando historiales
de resultados, pero la corrupción sigue siendo generalizada en muchos ámbitos y
constituye un problema grave. El marco de lucha contra la corrupción debe aplicarse
de forma más eficaz.

Se han introducido
nuevas mejoras en los ámbitos de la cooperación policial y la lucha contra la
delincuencia organizada y la trata de seres humanos. Deben proseguir los
esfuerzos encaminados al establecimiento de un historial de investigaciones, persecuciones
y condenas en casos de delincuencia organizada y corrupción. La lucha contra la
delincuencia organizada y la corrupción es fundamental para poner
coto a la infiltración de los sistemas políticos, jurídicos y económicos por medios
delictivos.

Está ya
implantado el marco general para la protección de los derechos fundamentales,
pero debería prestarse mayor atención a su aplicación efectiva. Son necesarios
esfuerzos constantes para disipar las preocupaciones que suscitan los casos de prejuicios
y discriminación contra la población romaní y acabar con la intolerancia contra
las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

La situación en
lo relativo a la libertad de los medios de comunicación ha seguido empeorando.
La influencia del Gobierno sobre los medios de comunicación se ejerce, entre
otras cosas, mediante la publicidad financiada por el Estado. Falta información
verdaderamente independiente, exacta y objetiva a disposición del público en los
principales medios de comunicación, y un debate público bien informado.

En cuanto a las
relaciones interétnicas, el Acuerdo Marco de Ohrid, que puso fin al conflicto
de 2001, constituye el marco que garantiza el carácter multiétnico de la
sociedad. No obstante, la falta de confianza entre las comunidades es generalizada.
Cualquier suceso o incidente puede atizar la tensión. Es necesario un enfoque
común más proactivo que defienda una sociedad multiétnica. La revisión del
Acuerdo Marco de Ohrid aún debe completarse y hay que aplicar sus
recomendaciones.

El país mantiene,
en general, buenas relaciones con otros países de la ampliación y desempeña un
papel activo en la cooperación regional. Sigue siendo importante un enfoque
constructivo en lo que respecta a las relaciones con los Estados miembros de la
UE vecinos. Deberían evitarse las acciones y declaraciones que pudieran afectar
negativamente a las buenas relaciones de vecindad.

Por lo que se
refiere a los criterios económicos, la Antigua República Yugoslava de
Macedonia sigue estando muy avanzada y, en algunos ámbitos, realizó progresos
en el establecimiento de una economía de mercado en funcionamiento. Para hacer
frente a medio plazo a las presiones de la competencia y las fuerzas del
mercado en la Unión, el país debe superar importantes desafíos mediante la
aplicación decidida de las reformas estructurales.

Prosiguió la
recuperación económica, pero sigue basándose esencialmente en el sector
exterior, y ha tenido un impacto limitado en el desempleo, que sigue siendo
elevado, especialmente entre los jóvenes. Las reformas destinadas a abordar las
rigideces estructurales del mercado de trabajo han avanzado solo de manera
vacilante. Se preservó la estabilidad financiera y aumentaron los flujos de
inversión extranjera directa. La disciplina presupuestaria, así como la transparencia
y la calidad del gasto público, se deterioró

Las perspectivas
en materia de crecimiento y empleo dependen en gran medida del entorno
empresarial del sector privado nacional. En este campo, es necesario facilitar
aún más los procedimientos de concesión de licencias, también con vistas a
fomentar los vínculos históricos entre empresas nacionales y extranjeras; a acelerar
los procedimientos de salida del mercado; y, de manera general, a garantizar una
competencia en igualdad de condiciones para todas las empresas en lo que
respecta al cumplimiento de la reglamentación empresarial. Se debe mejorar el
acceso a la financiación, en particular mediante la reparación de los canales de
préstamo bancario. Ha de lograrse una mejor adecuación de las
competencias de los trabajadores a la demanda de mano de obra mediante nuevas
reformas del sistema educativo, en particular la aplicación de la estrategia de
formación profesional. Por lo que respecta a las finanzas públicas, el nuevo
deterioro de la disciplina presupuestaria en 2013 y 2014 requiere mejores
procedimientos de planificación presupuestaria anual y una mayor coherencia de
la ejecución presupuestaria con la estrategia presupuestaria a medio plazo. La
calidad del gasto público debe mejorarse mediante cambios en la composición de
los gastos de capital que promuevan las inversiones impulsoras del crecimiento.

La
Antigua República Yugoslava de Macedonia ha realizado nuevos avances en pro de
la mejora de su capacidad para asumir las obligaciones inherentes a la
adhesión. Sigue participando en el proceso de estabilización y asociación y
cumpliendo sus compromisos con arreglo al Acuerdo de Estabilización y
Asociación.

El país coopera
ampliamente con la UE en todos los ámbitos del acervo y se encuentra en un
nivel avanzado de alineación de la legislación, a nivel institucional y
estratégico. El nivel de adaptación del país es suficiente para pasar a la
siguiente fase del proceso de adhesión. La atención debería centrarse ahora en
la capacidad administrativa y la puesta en práctica efectiva.

En el ámbito del
mercado interior, se ha alcanzado ya un buen nivel de adaptación legislativa
respecto de los movimientos de capital, los servicios postales y el Derecho de
sociedades. En el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, el país ha
avanzado considerablemente en sus preparativos en relación con la política de
visados, las fronteras exteriores y Schengen, así como en la cooperación
policial. Por otra parte, se necesitan esfuerzos adicionales, particularmente
en lo que respecta a la política regional, el medio ambiente y el cambio
climático, la política social y la educación. También debe reforzarse y
desarrollarse en toda la administración pública el control interno de las
finanzas públicas.

El Consejo
todavía no se ha pronunciado sobre la propuesta de la Comisión de 2009 relativa
al paso a la segunda fase de la asociación, de conformidad con el artículo 5
del Acuerdo de Estabilización y Asociación.

Albania

Albania ha
seguido avanzando en el cumplimiento de los criterios políticos. Se entabló
un diálogo de alto nivel sobre las prioridades clave y se crearon grupos de
trabajo conjuntos para estructurar los trabajos sobre las reformas necesarias. Falta
aún por crear un consejo nacional para la integración europea que fomente la
inclusión y reúna a todas las partes interesadas en torno al proceso de
reforma. Un diálogo político constructivo y duradero entre el Gobierno y la
oposición es crucial para la sostenibilidad de las reformas.

El Parlamento
adoptó por consenso una resolución sobre la integración europea. También apoyó
una serie de medidas legislativas pertinentes para la adhesión a la UE, sobre
todo en los ámbitos de la lucha contra la corrupción y la delincuencia
organizada, y votó los nombramientos de la judicatura. La
transparencia del proceso legislativo ha mejorado. Sin embargo, los
trabajos en el Parlamento se vieron inmersos en un tenso clima político, que se
tradujo en la frecuente dejación de sus labores parlamentarias por parte de la oposición
y, a partir del mes de julio, en el boicot total. Gobierno y oposición deben
garantizar que el debate político se desarrolle principalmente en el
Parlamento. El
Gobierno ha de velar por que la oposición tenga la posibilidad de desempeñar
sin cortapisas su función de control democrático. Al mismo tiempo, la oposición
también debe comprometerse de forma constructiva en el proceso democrático.

La reforma de la
administración pública ha avanzado, en particular gracias a la entrada en vigor
de la ley de la función pública y la adopción de legislación de ejecución y medidas
pertinentes encaminadas a mejorar los procedimientos de selección de personal. Debe
proseguir la ejecución con vistas a reforzar la despolitización, la rendición
de cuentas y la profesionalidad de la administración pública. Se ha de
completar y aprobar el código de procedimientos administrativos en consonancia
con la normativa de la UE. Será necesario adoptar medidas para reforzar la
independencia y eficacia de las instituciones independientes.

Albania dio
pasos adicionales en la reforma del sistema judicial, colaborando con la
Comisión de Venecia para reforzar su independencia, rendición de cuentas y
profesionalidad y poniendo en marcha la estrategia de reforma judicial
2014-2020.
Se dieron algunos pasos para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia
del sistema judicial, en particular mediante modificaciones legislativas que
regulan la inmunidad de jueces y fiscales. Una serie de procedimientos
disciplinarios contra jueces se han saldado con la imposición de sanciones. Los
tribunales administrativos empezaron a funcionar, aunque aún no son plenamente
operativos. Se introdujeron modificaciones en la Ley sobre el Consejo Superior
de Justicia para mejorar su funcionamiento. Sin embargo, se ha expresado
preocupación por su rápida adopción, sin incluir y consultar a todos los
agentes pertinentes. Subsisten numerosas deficiencias y existe un gran consenso
sobre la imperiosa necesidad de una profunda reforma del poder judicial. Habrá
que redoblar e intensificar los esfuerzos encaminados a garantizar la
independencia, eficiencia y responsabilidad del poder judicial, en particular mediante
modificaciones constitucionales. Albania tendrá que proseguir con vigor este
proceso con la cooperación constructiva de todas las partes interesadas, en
particular la colaboración continua de la Comisión de Venecia. Es necesaria una
actuación decidida para reforzar el sistema disciplinario aplicable a
magistrados, fiscales y abogados, y seguir mejorando la eficiencia de los tribunales.

El Gobierno ha hecho
gala de voluntad política para actuar con determinación en la prevención y la
lucha contra la corrupción. Se ha reforzado el marco legislativo y ha mejorado
la coordinación y el seguimiento de las políticas a nivel central. Se nombró un
coordinador nacional de lucha contra la corrupción y se creó una red de puntos
de contacto contra la corrupción en todos los ministerios pertinentes. Sin
embargo, la corrupción es generalizada en muchos ámbitos, incluido el poder
judicial y las fuerzas policiales, y sigue siendo un problema especialmente
grave. El país ha de adoptar medidas para hacer cumplir el marco legislativo y
adoptar la estrategia anticorrupción 2014-20 y los planes de acción
correspondientes. Se debe reforzar la cooperación interinstitucional y se han
de eliminar los obstáculos que dificultan unas investigaciones proactivas. Además,
Albania tendrá que seguir desarrollando el historial de investigaciones, persecuciones
y condenas en casos de corrupción, en particular los de alto nivel.

La lucha contra la
delincuencia organizada registra una tendencia positiva en una serie de
ámbitos, con una intensificación de las actividades represoras, en particular
por lo que se refiere a las incautaciones de alijos y los delitos relacionados
con las drogas, la delincuencia económica, y el tráfico de seres humanos. En
particular, las autoridades han adoptado importantes medidas de lucha contra el
cultivo y el tráfico de cannabis, que sigue siendo un problema grave,
especialmente en el marco de una operación policial a gran escala en el pueblo
de Lazarat y el norte del país. La cooperación internacional se ha reforzado. Con
todo, es preciso intensificar los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia
organizada. La cooperación entre los servicios con funciones coercitivas debe
mejorar y han de suprimirse las barreras legislativas que socavan la eficacia
de las investigaciones. Albania deberá desplegar esfuerzos permanentes,
combinados con investigaciones financieras proactivas y sistemáticas y una aplicación
coherente de la legislación, para atajar cualquier tipo de actividad delictiva,
como el blanqueo de dinero y el tráfico de seres humanos y de drogas. El país debe
seguir actuando con determinación contra el cultivo de cannabis. La lucha contra la corrupción y la
delincuencia organizada es fundamental para poner
coto a la infiltración de los sistemas políticos, jurídicos y económicos por medios
delictivos.

En lo que
respecta a los derechos fundamentales, se siguieron respetando, en general, la
libertad de asociación y reunión, así como la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión. Ha mejorado la cooperación entre las autoridades
públicas y las organizaciones de la sociedad civil en relación con los derechos
de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
(LGBTI). Se ha revisado el marco jurídico para las personas con
discapacidad y su aplicación debe quedar garantizada. Es preciso suprimir las disposiciones
jurídicas discriminatorias entre hombres y mujeres, reforzar la capacidad
institucional para la protección de la infancia y acabar con el trabajo forzado
de niños. Se adoptó un plan de acción sobre
los derechos de la infancia. Albania deberá centrarse en la
aplicación de medidas encaminadas a mejorar la inclusión de la población romaní
y a proteger a los grupos vulnerables. La protección de los derechos de
propiedad debe consolidarse aún más, en particular mediante la revisión de la
estrategia de reforma de la propiedad de 2012 y el refuerzo de la seguridad de
la propiedad jurídica. Por lo que respecta a la libertad de
expresión y de los medios de comunicación, el Gobierno no dio curso a las
prioridades fijadas. Es necesario restaurar todas las funciones estatutarias de
la autoridad responsable de los medios audiovisuales y garantizar su
independencia en la práctica. La utilización no autorizada de frecuencias por
varios organismos de radiodifusión sigue constituyendo un problema.

El compromiso
positivo de Albania en favor de la cooperación regional y de las relaciones de
buena vecindad sigue siendo fundamental.

Por lo que se
refiere a los criterios económicos, Albania ha realizado ciertos avances
hacia su conversión en una economía de mercado en funcionamiento. El país debería
poder hacer frente a medio plazo a la presión de la competencia y las fuerzas
del mercado en la Unión, a condición de que siga acelerando las reformas
estructurales.

Albania preservó
su estabilidad macroeconómica, procedió a la liquidación de los atrasos en los
pagos y tomó medidas para mejorar la administración fiscal y la recaudación de
impuestos. Sin embargo, el crecimiento económico se ralentizó aún más y el
déficit por cuenta corriente sigue siendo elevado, lo que refleja un bajo nivel
de competitividad. En 2013, el déficit presupuestario superó el objetivo marcado,
y aumentó el elevado nivel de deuda pública, con lo que se restringió aún más
el margen de maniobra presupuestario. La inflación se mantuvo baja, lo que
permitió proseguir la relajación de la política monetaria, pero este hecho no
se tradujo en el crecimiento del crédito, debido al alto nivel de préstamos fallidos
en los bancos comerciales. El desempleo es elevado y la economía informal sigue
siendo una práctica muy extendida.

Albania debería
proseguir los esfuerzos de saneamiento fiscal con vistas a reducir la deuda
pública, al tiempo que se preserva el margen de los gastos que facilitan el
crecimiento. Debe reformarse el sector de la energía y deben seguir aplicándose
las reformas en la administración fiscal y de pensiones a fin de reducir los
riesgos que plantea para las finanzas públicas. Es preciso apoyar los préstamos
bancarios y el crecimiento del crédito procediendo al pago continuo de los
atrasos estatales a empresas y abordando los préstamos fallidos. Han de eliminarse
los obstáculos que frenan el desarrollo del sector privado, mejorando para ello
el entorno empresarial, que se caracteriza por deficiencias en el Estado de
Derecho, debilidades del marco regulador e incertidumbre sobre la propiedad. La
creación de condiciones favorables a la inversión privada, en particular la inversión
extranjera directa, es esencial para la diversificación de la limitada base de
producción. La educación y la formación deberían mejorar aún más para corregir la
inadecuación de las cualificaciones en el mercado de trabajo y mejorar la
empleabilidad.

En general, el
Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA), que entró en vigor en abril de
2009, siguió aplicándose sin contratiempos. Albania ha seguido adaptando su
legislación a los requisitos de la UE en una serie de ámbitos, mejorando su capacidad
para asumir las obligaciones inherentes a la adhesión. Se adoptó un nuevo
plan nacional de integración europea para 2014-2020. Sin embargo, las mejoras
concretas han sido moderadas en la mayoría de los ámbitos. Albania tendrá que
redoblar esfuerzos para mejorar sus preparativos de cara a la aplicación del
acervo de la UE. Se requieren esfuerzos adicionales para garantizar la
protección de los derechos de propiedad intelectual. La solución del contencioso
que enfrentaba al Gobierno y a la empresa distribuidora de electricidad CEZ contribuyó
a allanar el camino a nuevas reformas en el sector de la energía. Intensificar los esfuerzos en este
ámbito, incluida la diversificación de las fuentes de energía y el
funcionamiento del mercado de la electricidad, es vital para el desarrollo
económico. Albania también tendrá que reforzar la protección del medio ambiente
y subsanar las deficiencias constatadas en los ámbitos del transporte, la
seguridad de los alimentos y la protección de la salud y de los consumidores. Debe
reforzarse la capacidad administrativa y las normas profesionales de los
organismos encargados de la aplicación del acervo y ha de garantizarse la
independencia de los organismos reguladores. Una mayor transparencia y rendición
de cuentas, en particular en lo que se refiere a la contratación pública y la
gestión de la hacienda pública, siguen siendo esenciales.

Bosnia y Herzegovina

Una
vez más, los avances realizados por el país en relación con los criterios
políticos han sido muy limitados. No se han
registrado progresos tangibles en el establecimiento de instituciones
sostenibles y funcionales. Del mismo modo, la asamblea parlamentaria
de Bosnia y Herzegovina ha realizado avances muy limitados en la aprobación de
la legislación relacionada con la UE. Las diferencias entre las distintas
etnias y tendencias políticas tuvieron un importante efecto negativo en los
trabajos de las asambleas a nivel estatal y en la federación.

La cooperación
con la sociedad civil a nivel nacional, cantonal y de las entidades sigue
siendo débil. Como se puso de manifiesto en la protesta social de principios de
2014, todos los niveles de gobierno deberían centrarse con carácter prioritario
en atender las necesidades socioeconómicas de los ciudadanos, en particular la
lucha contra el elevado desempleo juvenil y la asistencia a los necesitados, sobre
todo a raíz de las graves inundaciones de mayo.

A la vista del
clima político, los progresos han sido muy limitados en la reforma de la
administración pública y la mejora de su capacidad para cumplir los requisitos
de la integración en la UE. La fragmentación del marco jurídico y
administrativo en diferentes niveles de gobierno sigue siendo muy preocupante,
ya que afecta profundamente a la funcionalidad de los servicios públicos. Ha de
ponerse a punto una nueva estrategia de reforma de la administración pública a
partir de 2014. Las reformas necesarias en la gestión de las finanzas públicas
deben abordarse de manera global.

En el ámbito de
la reforma del sistema judicial se registraron pocos avances. El diálogo
estructurado sobre la justicia sigue siendo una plataforma importante para
lograr un consenso sobre las reformas judiciales y se ha ampliado a otras
cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. La reforma del sistema judicial
a nivel estatal debe llevarse a cabo con carácter prioritario. La falta de
recursos humanos a todos los niveles para hacer frente a la acumulación de
casos de crímenes de guerra se ha resuelto en parte, pero ha de garantizarse la
sostenibilidad de esta tendencia con una planificación apropiada y dotaciones
pertinentes por parte de las autoridades nacionales competentes. El sistema
judicial requiere un mayor refuerzo de las herramientas de disciplina y una
normativa adecuada en materia de conflictos de intereses.

Se registraron escasos
avances en la aplicación de las reformas tendentes a reducir la corrupción, que
sigue afectando a todo el sector público y es especialmente grave en los ámbitos
de la prestación de servicios y el acceso al empleo. Las redes de patrocinio
político son generalizadas e influyen en todos los niveles de gobierno. La
investigación y persecución de casos de gran relieve siguen siendo
insuficientes, y el nivel general de investigaciones, persecuciones y condenas
efectivas es bajo. Falta voluntad política para ir más allá de la retórica y atajar
de plano la corrupción, incluidas investigaciones y condenas en casos de alto
perfil. En general, ha habido avances limitados en la lucha contra la
delincuencia organizada, que sigue siendo un serio motivo de preocupación a
pesar de algunas operaciones conjuntas que se han visto coronadas con éxito, gracias
también a una estrecha coordinación con los países vecinos. La lucha contra la corrupción
y la delincuencia organizada es fundamental para poner coto a la
infiltración de los sistemas políticos, jurídicos y económicos por medios delictivos.

Ya se ha
implantado el marco jurídico e institucional que garantiza el respeto de los
derechos humanos, y los principales elementos de la legislación internacional
en materia de derechos humanos se han incorporado al sistema jurídico. Sin
embargo, la creciente presión política y económica ejercida sobre los medios de
comunicación y la intimidación y las amenazas contra periodistas y redactores suscitan
gran preocupación. Hay que redoblar esfuerzos para que los centros
escolares sean más inclusivos y acabar con la existencia de «dos escuelas bajo
un mismo techo» en la federación. La prevención e investigación eficaces
de los casos de incitación al odio, violencia y discriminación contra las
personas lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) deben
quedar garantizadas. Aunque se han registrado avances importantes a la hora de
hacer frente a las necesidades de vivienda de la población romaní, se requieren
esfuerzos adicionales en los ámbitos de la educación, la salud y el empleo. Por
lo que se refiere a los refugiados y los desplazados internos, debe
garantizarse la aplicación efectiva de la estrategia revisada, en particular
sus aspectos socioeconómicos. Bosnia y
Herzegovina ha seguido participando activamente en la cooperación regional y
manteniendo buenas relaciones de vecindad.

Por lo que se
refiere a los criterios económicos, Bosnia y Herzegovina ha realizado pocos
avances de cara al establecimiento de una economía de mercado en
funcionamiento. Se precisan pasos importantes para subsanar las debilidades
estructurales persistentes, de modo que el país pueda hacer frente a largo plazo
a las presiones competitivas y a las fuerzas del mercado en la Unión.

El crecimiento
económico se ha reanudado, aunque con tasas bajas, y el déficit por cuenta
corriente se ha reducido en un contexto de desequilibrios externos persistentes.
La recuperación económica sigue siendo frágil debido a la debilidad de la
demanda interna y de la limitada base de producción. Se prevé que las fuertes
inundaciones de la primavera pasada empeoren la situación económica y
presupuestaria a corto plazo. Se han desplegado esfuerzos para mejorar la
coordinación fiscal en la federación y la recaudación de los impuestos
indirectos.

Bosnia y
Herzegovina debe adoptar nuevas medidas urgentes para preservar la disciplina
fiscal. Además, se requieren esfuerzos
para hacer frente a la importante presencia del Estado en la economía y reducir
el nivel y mejorar la composición y la orientación del gasto público.
Por otra parte, también ha de ponerse remedio a la ineficiencia de las empresas
públicas. Una mejor coordinación entre y dentro de las entidades facilitaría y
mejoraría sustancialmente la formulación de las políticas económicas. Los
fuertes desequilibrios
del mercado laboral, que se reflejan en la persistencia de un elevado
desempleo, especialmente entre los jóvenes, así como en el bajísimo porcentaje
de participación, requieren medidas decisivas a fin de eliminar los factores
que desincentivan el trabajo y de mejorar la calidad de la educación. Es
preciso corregir las deficiencias en el entorno empresarial y jurídico, en
particular la lentitud de los procedimientos de ejecución de los contratos y
los costosos y complejos procedimientos de entrada y salida de las empresas,
así como el escaso desarrollo de las infraestructuras, para apoyar el
desarrollo del sector privado y atraer la inversión, especialmente la inversión
extranjera. En este contexto, también sigue planteando un
importante reto el sector informal. Además, debe reducirse el elevado nivel de
préstamos fallidos.

Al igual que
ocurrió el año pasado, la falta de verdadero apoyo político a la agenda de la
UE, la ausencia de un mecanismo de coordinación adecuado sobre asuntos europeos
y los conflictos internos en relación con las competencias se han traducido en
progresos limitados en lo que respecta a la aproximación a la legislación y
las normas de la UE. Entre los ámbitos más afectados destacan, en
particular, la circulación de las personas y la mano de obra, la libre
prestación de servicios y el derecho de establecimiento, la libre circulación
de mercancías, la protección de los consumidores, el empleo y las políticas
sociales, la educación, la cultura y la investigación, la industria y las pymes,
el medio ambiente y el clima, y el transporte. En una serie de ámbitos los nuevos
avances se ven obstaculizados por la falta de estrategias a escala nacional.

Se registraron pocos
avances en los ámbitos de la agricultura y el desarrollo rural, la seguridad
alimentaria, la política veterinaria y fitosanitaria, y la pesca. La
falta de adaptación a los requisitos de la UE en estos ámbitos sigue impidiendo
la exportación de productos de origen animal a la UE, una lamentable situación
que exige esfuerzos positivos y bien coordinados. En
el ámbito de la fiscalidad, Bosnia y Herzegovina adoptó un régimen fiscal para
la pequeña industria cervecera que no es conforme con las obligaciones
contempladas en el Acuerdo Interino en la medida en que constituye una
discriminación contra las importaciones de cerveza. No se ha avanzado mucho en
el sector de la energía debido a la complejidad de la estructura
administrativa, los conflictos de competencias entre el Estado y las entidades
y la falta de voluntad política. Ello ha conducido, entre otras cosas, a una
violación grave y persistente de las obligaciones impuestas al país por el
Tratado de la Comunidad de la Energía en el ámbito del gas, que debe corregirse
con carácter urgente. Se han registrado avances, en particular, en el
ámbito del mercado interior, con la adopción de la ley sobre contratación
pública, que permite al país adaptarse a las Directivas de la UE de 2004. Ha
mejorado la cooperación entre organismos estadísticos a nivel de
las entidades y del Estado, en particular en el contexto de los censos de población
y vivienda.

Kosovo

Por lo que se
refiere a los criterios políticos, el año pasado la agenda política de Kosovo
estuvo dominada por las elecciones locales y generales y sus consecuencias. Las
elecciones generales de junio fueron transparentes y estuvieron bien organizadas.
La jornada electoral transcurrió sin incidentes graves y los electores emitieron
su voto libremente en todo el territorio kosovar, incluidos los cuatro
municipios del norte. Los comicios consolidaron los progresos realizados en las
elecciones locales de finales de 2013. En ambos casos, mejoró el proceso
electoral. El número de casos de fraude electoral fue menor que en las
elecciones de 2010, y el curso que se le dio fue eficiente. Un número
considerable de los casos detectados en 2010 están aún pendientes en los
tribunales. Kosovo aún tiene que atenerse a las recomendaciones de las misiones
y expertos de observación electoral. Se trata, sobre todo, de la adopción de un
código electoral general y de la mejora de la exactitud de las listas de
votantes. La reforma electoral debe garantizar que el marco jurídico para las
elecciones refleje las mejores prácticas en la UE. La reciente adhesión de
Kosovo a la Comisión de Venecia puede ser de utilidad a este respecto.

El fracaso a la
hora de constituir la nueva legislatura sin contratiempos y respetando los
plazos ha supuesto un retroceso. El nuevo Gobierno y la asamblea deberán
reactivar la agenda de reforma de Kosovo. Ambas instituciones han de partir del
consenso político existente en el país acerca de la integración en la UE. El
Gobierno kosovar ha demostrado su capacidad para coordinar su agenda de
integración en la UE, en particular en lo que se refiere a las negociaciones
del AEA. Aprovechando la experiencia y pericia adquirida en los distintos
departamentos e instituciones, los negociadores de Kosovo se centraron en examinar
el texto propuesto y en analizar sus posibles repercusiones, lo que refleja una
buena apreciación de la incidencia de los compromisos suscritos.

En cuanto a la
aplicación y el cumplimiento de las obligaciones del futuro AEA, el ejecutivo y
la asamblea de Kosovo deben centrarse en la puesta en práctica de la
legislación y de las políticas. Los planes políticos y legislativos han de
tener en cuenta de forma realista los recursos necesarios. La nueva legislatura
ofrece una buena oportunidad para mejorar la imagen del ejecutivo y del proceso
legislativo. Debe reforzarse el papel de la asamblea en la supervisión de las
instituciones independientes y las autoridades reguladoras. La independencia de
estos órganos debe respetarse y ha de procederse sin demora al nombramiento de
su personal, que deberá basarse en un proceso de selección equitativo y
despolitizado y atender a criterios objetivos.

Ha proseguido la
buena cooperación con la misión de la UE sobre el Estado de Derecho, EULEX. Las
autoridades kosovares han suscrito un importante compromiso político en favor
de la prórroga del mandato de la misión y han acordado la creación de un
tribunal especializado para conocer los casos abiertos a raíz de las
conclusiones del grupo de trabajo especial de investigación. Para completar
este proceso, Kosovo ha de adoptar las modificaciones legislativas necesarias, en
particular de su constitución. Las autoridades judiciales han reaccionado correctamente
a los desafíos estructurales, como los relacionados con la amplia reforma
judicial que se aprobó en 2013 y el proceso de transferencia de algunas
funciones de EULEX a las autoridades locales. El diálogo estructurado sobre el
Estado de Derecho siguió contribuyendo a este proceso. El número de casos
pendientes de resolución y la necesidad de garantizar una justicia imparcial e
independiente siguen siendo un reto. Es necesario que las autoridades
judiciales de Kosovo actúen de manera proactiva para llevar a cabo
procesamientos basados en pruebas admisibles, y dicten sentencias puntuales y bien
motivadas, con independencia de la opinión pública o política dominante.

Por lo que se
refiere a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, ha
aumentado el número de investigaciones de casos relacionados con las drogas y se
han desmantelado algunas bandas involucradas en el tráfico de seres humanos.
Sin embargo, con un bajo número de condenas efectivas e incautaciones de alijos,
Kosovo se encuentra en una fase inicial en su lucha contra la corrupción y la delincuencia
organizada. Los servicios con funciones coercitivas son reacios a abrir investigaciones
financieras y el número de casos de embargo preventivo y decomiso de bienes dictados
por los tribunales y ejecutados por la policía sigue siendo bajo. La
intimidación de testigos sigue suscitando gran preocupación. El nuevo Gobierno
y el nuevo Parlamento han de mostrar tolerancia cero frente a la corrupción y
la delincuencia organizada y hacer gala de una clara voluntad política en favor
de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. La clase
política kosovar ha de demostrar su disposición a aceptar el resultado de los
procesos judiciales independientes. La lucha contra
la corrupción y la delincuencia organizada es fundamental para poner
coto a la infiltración de los sistemas políticos, jurídicos y económicos por medios
delictivos.

La puesta en
práctica de la estrategia (2010-13) y el plan de acción (2012-14) sobre la
reforma de la administración pública ha supuesto un desafío importante para
Kosovo, y los resultados obtenidos han sido muy limitados. El país, que cuenta
con el respaldo de un firme compromiso político, debe establecer un marco
estratégico realista para la elaboración de políticas, la planificación
legislativa y la aplicación práctica de las reformas. Una de las prioridades consiste
en completar el marco legislativo de la función pública, haciendo hincapié en
su despolitización, y llevar a cabo las evaluaciones de rendimiento del
servicio civil. Además, Kosovo ha de adoptar una ley general sobre procedimientos
administrativos, pieza esencial para el desarrollo de un entorno favorable a
las empresas. Si bien ya están en vigor algunas normas y reglas de gestión
financiera pública, Kosovo ha de velar por que se siga un enfoque más amplio en
relación con las reformas en este campo. También debe garantizar su puesta en
práctica y mejorar el seguimiento de los informes del auditor general.

En Kosovo, los
derechos humanos y los derechos fundamentales siguen estando, en líneas
generales, garantizados por la ley. La comisión independiente de medios de comunicación
vuelve a estar operativa. Los autores de actos de violencia contra el diario Kosovo
2.0 fueron condenados a penas de libertad condicional. Las amenazas y ataques
contra activistas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
y periodistas han continuado y constituyen un grave problema. Han de
establecerse las condiciones que garanticen la libertad de expresión y la
libertad de los medios de comunicación. Debe garantizarse el ejercicio eficaz
de los derechos de propiedad, incluido el acceso de las mujeres a bienes
heredados. Kosovo aún tiene que racionalizar su sistema institucional relativo
a la protección de los derechos humanos. La distribución de competencias no es
clara, lo que constituye un obstáculo a la aplicación de la legislación y a su seguimiento.

Se han asignado
tierras a algunas familias desplazadas de la comunidad romaní que residen en un
campamento en Montenegro. Se ha clausurado el edificio principal del campamento
de Leposaviq/Leposavić. El consejo de aplicación y seguimiento ha
facilitado una mayor protección del patrimonio cultural y religioso. No
obstante, Kosovo debe intensificar sus esfuerzos para garantizar la aplicación
de la legislación y los marcos políticos, incluidos el plan de acción sobre la
integración de la población romaní, ashkali y egipcia. Los incidentes en materia
de seguridad y los delitos contra personas pertenecientes a minorías y sus
propiedades deben investigarse y perseguirse a fondo y con celeridad. Han de
aplicarse las leyes sobre el centro histórico de Prizren y Velika
Hoča/Hoçë e Madhe. Preocupa sobre todo la situación sobre la ley relativa
a Velika Hoča/Hoçë e Madhe, pues no se han registrado avances en su
ejecución a pesar de una decisión municipal de febrero de 2013 que instaba a
ello y de las instrucciones administrativas del Ministerio de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial. Se requiere una acción decidida para prevenir la
construcción ilegal y la demolición de monumentos del patrimonio cultural.

En cuanto a la
cooperación regional, Kosovo ha seguido avanzando, y ha celebrado otros acuerdos
bilaterales de cooperación con varios de sus vecinos.

En
lo que respecta a la normalización de las relaciones con Serbia, Kosovo
ha seguido participando en el diálogo y mantiene su compromiso, en líneas
generales, con la aplicación del primer acuerdo, de principios de abril de 2013,
que rige la normalización de las relaciones y de los demás acuerdos alcanzados
en el marco del diálogo. Resultado de todo ello es una serie de cambios
irreversibles, como las primeras elecciones municipales y legislativas
celebradas en todo el territorio de Kosovo y el desmantelamiento de las
estructuras policiales y judiciales serbias, que ha avanzado sustancialmente. Se
aprobó una solución permanente para la inclusión de Kosovo en el proceso de
cooperación en el sudeste de Europa (SEECP en sus siglas en inglés). Si bien no
se han celebrado reuniones de alto nivel desde la convocatoria de elecciones
anticipadas en Kosovo, han proseguido los trabajos a nivel técnico, lo que se
ha traducido en avances en los ámbitos de la recaudación aduanera, la
gestión integrada de las fronteras, la energía y las
telecomunicaciones.

En
cambio, los avances en la aplicación del diálogo han sido, en general, más
lentos. Se celebraron elecciones anticipadas en Serbia y Kosovo. Es importante
que se reanude el diálogo de alto nivel. Es asimismo esencial que ambas partes
sigan participando plenamente en la aplicación de buena fe de todos los
acuerdos existentes. Los nuevos avances registrados deberían conducir gradualmente
a la plena normalización de las relaciones entre ambos países, que se plasmaría
en un acuerdo jurídicamente vinculante al término de las negociaciones de
adhesión de Serbia, a la espera de que los dos países puedan ejercer plenamente
sus derechos y cumplir con sus responsabilidades.

Por lo que se
refiere a los criterios económicos, Kosovo ha realizado avances
limitados de cara a su conversión en una economía de mercado en funcionamiento.
Se necesitan esfuerzos sustanciales para subsanar las deficiencias
estructurales de modo que el país pueda hacer frente a largo plazo a las
presiones de la competencia y las fuerzas del mercado en la Unión.

El crecimiento
económico se mantuvo en un 3,4 %, pero no se tradujo en ninguna mejora de
las condiciones del mercado de trabajo. Persisten importantes desequilibrios
exteriores a pesar de una ligera reducción del déficit comercial. La
estabilidad macroeconómica se ha preservado en gran medida pese a los
significativos incrementos del gasto público decididos ad hoc antes de
las elecciones, en particular en salarios y pensiones. Esta práctica mina la
transparencia, la previsibilidad y la credibilidad de la política fiscal,
complica la planificación presupuestaria y altera la composición del gasto, facilitando
gastos menos favorables al crecimiento.

Es vital reforzar
la planificación presupuestaria y aplicar eficazmente la normativa fiscal. Por
otra parte, las decisiones relacionadas con grandes proyectos de
infraestructura, por ejemplo en el sector del transporte, deben basarse en
evaluaciones de rentabilidad adecuadas a fin de maximizar los beneficios
económicos. Habida cuenta del persistente y elevadísimo desempleo, son
necesarios esfuerzos encaminados a facilitar el desarrollo del sector privado,
mejorando para ello el entorno empresarial. A tal fin, deben suprimirse rápidamente
los obstáculos derivados de las débiles capacidades administrativas, el difícil
acceso a la financiación y los largos y complejos procedimientos de
privatización. Kosovo ha de velar por el correcto funcionamiento del sistema
jurídico y judicial, reforzar eficazmente la ejecución de los contratos y reducir
efectivamente los retrasos en los tribunales. También han de mejorarse las
estadísticas económicas.

En lo que
respecta a la aproximación a la legislación y las normas de la UE,
las instituciones kosovares han demostrado su capacidad para alcanzar los
objetivos marcados en las prioridades políticas, por ejemplo las negociaciones
sobre el AEA, el diálogo de liberalización de visados y el diálogo con Serbia,
como resultado de compromisos políticos firmes. Los resultados obtenidos en
otros ámbitos de reforma prioritarios han sido más desiguales. El marco
jurídico básico que permite la circulación de capitales sigue en vigor, pero subsisten
obstáculos a la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros. Por
lo que se refiere a la competencia, la trayectoria de Kosovo es limitada,
debido al débil control que se hace de las prácticas contrarias a la
competencia y las ayudas estatales. Kosovo ha de garantizar la independencia y
eficacia de la labor de las autoridades de competencia. La legislación sobre
contratación pública se modificó con el fin de introducir preferencias para los
productores locales. Estas preferencias han de ser eliminadas en el plazo de
cinco años a partir de la entrada en vigor del AEA.

En Kosovo se ha registrado
una mejora constante del suministro de energía, de modo que los cortes de
electricidad son ahora poco frecuentes. La explosión en la central Kosovo A
puso de manifiesto la fragilidad del sistema. El país debe preparar de manera
más activa el desmantelamiento de esta central. Se han registrado avances importantes
en agricultura y seguridad alimentaria, y ello pese a la escasez de recursos.
La transferencia de inspectores a la agencia central debe completarse
urgentemente y es esencial para el cumplimiento de las normas veterinarias y
alimentarias, que son importantes para el comercio en el contexto del AEA. La
falta de interés por el medio ambiente se ha convertido en un problema grave
para la salud pública y la calidad de vida en Kosovo.

Turquía

Por
lo que se refiere a los criterios políticos, el año se caracterizó, una
vez más, por agudos contrastes.

Por
un lado, prosiguió la aplicación de las reformas adoptadas en años anteriores. Se
adoptaron y aplicaron algunas medidas del 3er y el 4º paquetes de
reforma judicial, así como las medidas anunciadas en el paquete de
democratización presentado en septiembre de 2013. Estas medidas, entre otras
cosas, redujeron el techo de apoyo presupuestario a los partidos políticos y permitieron
la realización de actividades políticas y enseñanza privada en lenguas y dialectos
distintos del turco. La adopción en marzo de un plan de acción sobre la
prevención de violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)
representó un paso importante con miras a la alineación del marco jurídico
turco con la práctica y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH). El Tribunal Constitucional siguió aplicando el procedimiento de
demanda individual y adoptó una serie de decisiones importantes que refuerzan la
protección de los derechos fundamentales en el país y que demuestran la resiliencia
de su sistema constitucional.

En
junio, el Parlamento turco aprobó una ley que prevé una base jurídica más
sólida para el proceso de resolución del conflicto kurdo, que aspira a su solución
definitiva. La ley fue aprobada con un amplio apoyo de los partidos políticos. Incluye
medidas tendentes a la eliminación del terrorismo, el refuerzo de la inclusión
social, la reintegración de las personas que abandonen el Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK) y depongan las armas, y la preparación de la
opinión pública ante el retorno de antiguos combatientes. La ley refuerza la
base para el proceso de resolución del conflicto y constituye una contribución
positiva a la estabilidad y la protección de los derechos humanos en Turquía.

En
septiembre, el Ministerio de Asuntos de la UE presentó una estrategia sobre la
Unión Europea destinada a revitalizar el proceso de adhesión de Turquía. La
estrategia se basa en tres pilares: reformas políticas; transformación
socioeconómica en el proceso de adhesión; y estrategia de comunicación. Es de
esperar que se le dé continuidad con planes de acción que prevean actuaciones y
plazos concretos.

Por
otra parte, la respuesta del Gobierno a las denuncias de corrupción contra
personalidades de alto nivel, incluidos miembros del Gobierno y sus familias,
suscitó serias dudas sobre la independencia del poder judicial y el Estado de
Derecho. En concreto, esta respuesta consistió en modificaciones de la ley
sobre el consejo supremo de jueces y fiscales y en numerosos traslados y despidos
de jueces y fiscales, así como traslados, despidos e incluso detenciones de un
gran número de agentes de policía. Ello suscitó preocupación sobre las
capacidades operativas de la judicatura y la policía y arrojó serias dudas
sobre su capacidad para llevar a cabo las investigaciones sobre denuncias de
corrupción de forma no discriminatoria, transparente e imparcial. El Tribunal
Constitucional dictaminó que una serie de disposiciones de la Ley sobre el
Consejo supremo de jueces y fiscales era inconstitucional, a raíz de lo cual el
Parlamento modificó la legislación y renovó disposiciones anteriores.

Estos
acontecimientos se han traducido asimismo en una mayor polarización del
espectro político. Varios actos legislativos propuestos por
la mayoría gobernante, en particular sobre cuestiones fundamentales para la
democracia turca, se adoptaron sin un debate parlamentario o consulta adecuados
de las partes interesadas y de la sociedad civil. El proceso global de toma de
decisiones, tanto a nivel nacional como local, debería pasar por una consulta más
estructurada y sistemática de la sociedad civil. Es esencial
reformar el actual entorno jurídico de modo que sea más propicio al desarrollo
de las organizaciones de la sociedad civil en general.

Por
lo que respecta a la libertad de expresión, prosiguió un amplio debate público
sobre temas previamente considerados sensibles, como las cuestiones kurda y
armenia. Sin embargo, algunas disposiciones del marco jurídico turco y su
interpretación por parte de miembros de la judicatura siguen suponiendo un
estorbo a la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de
comunicación. Las modificaciones de la ley de internet restringieron la
libertad de expresión en la red. La prohibición general del uso de YouTube y
Twitter ha suscitado grave preocupación, aunque posteriormente fue declarada
inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Funcionarios del Estado han
seguido haciendo declaraciones que tienen un efecto intimidatorio para los
medios de comunicación. Esta circunstancia, sumada a la estructura de propiedad
del sector, se tradujo en prácticas de autocensura en la prensa, así como a la
dimisión o el despido de periodistas.

La
legislación turca sobre el derecho de reunión, más centrada en la legalidad que
en el carácter pacífico de las manifestaciones, y su aplicación por parte de
los cuerpos de seguridad, tendrá que adaptarse a la normativa europea. La
legislación relativa a la creación de una comisión de seguimiento de la
aplicación de la ley, como órgano de control independiente en relación con los
delitos cometidos por policías, está pendiente de adopción.

La
falta de claridad del concepto de «pertenencia a banda armada» en la
legislación penal sigue estando en el origen de un gran número de detenciones y
procesamientos. Debe determinarse un marco jurídico en materia de convicciones y
objeción de conciencia que sea compatible con el CEDH. Se necesitan esfuerzos
sustanciales para garantizar efectivamente los derechos de las mujeres, los
niños y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
(LGBTI). La violencia doméstica, los ocasionales crímenes de «honor» y los
matrimonios precoces y forzados siguen siendo un problema grave. Turquía tiene
que garantizar el pleno respeto de los derechos de propiedad, en particular los
de las comunidades religiosas no musulmanas.

Es
necesario subsanar estas deficiencias, y las autoridades deben redoblar esfuerzos
para proteger otros derechos y libertades fundamentales, de modo que todos los
ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin trabas.

La
firma, el 16 de diciembre de 2013, del acuerdo de readmisión entre la UE y
Turquía, paralelamente al inicio del diálogo sobre la liberalización de los
visados, imprimió un nuevo impulso a las relaciones entre ambas partes. El
acuerdo de readmisión entró en vigor el 1 de octubre de 2014, mientras que el
primer informe sobre los progresos realizados por Turquía en el marco de la
hoja de ruta para la liberalización de visados se publicó el 20 de octubre de
2014.
Es
importante que estos dos procesos sigan su curso. La plena y
efectiva aplicación en relación con todos los Estados miembros es de crucial
importancia.

En
lo que respecta a la lucha contra la delincuencia organizada, Turquía ha
mejorado su programa de lucha contra la financiación del terrorismo, ha consolidado
la red de unidades de protección de testigos y ha reorganizado las
responsabilidades en la lucha contra el tráfico de seres humanos. No obstante,
la destitución a gran escala de oficiales de policía ha suscitado preocupación por
las repercusiones que esta medida pudiera tener en las capacidades operativas
de los servicios policiales que participan en la lucha contra la delincuencia
organizada. La lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es
fundamental para poner coto a la influencia de los grupos delictivos en los
sistemas políticos, jurídicos y económicos.

En
política exterior, Turquía ha seguido desempeñando un papel importante en los
países de su entorno más amplio. Su papel ha sido particularmente decisivo en
Siria, condenando firme y reiteradamente la violencia del régimen sirio contra los
civiles, apoyando el desarrollo de una oposición más unificada y prestando una
asistencia humanitaria vital a más de un millón de sirios que huyen de su país.
También ha seguido prestando apoyo práctico a las conversaciones E3 + 3 con Irán.
Se sentaron bases sólidas con miras a una mayor seguridad energética europea
con la adopción de las decisiones finales de inversión para la realización de
tres proyectos relativos al corredor meridional de gas. Prosiguió el diálogo
político regular entre la UE y Turquía, que abarca cuestiones internacionales
de interés común, como Oriente Próximo y Asia Central, y cuestiones de interés
mundial, como la lucha contra el terrorismo, la no proliferación y la cuestión
de los combatientes extranjeros. Turquía ha mantenido su política de compromiso
en los Balcanes Occidentales, en particular mediante su participación activa en
el proceso de cooperación de Europa Sudoriental y su contribución a las
misiones militares, policiales y de Estado de Derecho dirigidas por la UE. A la
luz de los retos importantes que se plantean en la vecindad inmediata de
Turquía, debe intensificarse aún más el diálogo con la UE y ha de mejorar la adaptación
a las posiciones de la UE.

Turquía apoyó la
reanudación de las conversaciones acerca de una solución global entre los
líderes de las dos comunidades de Chipre, bajo los auspicios del Secretario
General de las Naciones Unidas. En el contexto de las negociaciones en curso,
Turquía y Grecia facilitaron visitas recíprocas de los dos negociadores
principales a Ankara y Atenas.

No obstante,
Turquía siguió pronunciándose contra el derecho de la República de Chipre a explotar
los recursos petroleros de la zona económica exclusiva de Chipre en beneficio
de todos los chipriotas. Es de esperar que Turquía apoye activamente las
negociaciones con miras a una solución justa, global y viable al problema de
Chipre en el marco de las Naciones Unidas, de conformidad con las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en consonancia con
los principios en que se fundamenta la UE. El compromiso de Turquía en términos
concretos a favor de dicha solución global sigue siendo fundamental. A pesar de
los repetidos llamamientos del Consejo y la Comisión, Turquía sigue sin cumplir
su obligación de garantizar la aplicación plena y no discriminatoria del
Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación y no ha retirado todos los
obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones
sobre los enlaces directos de transporte con Chipre. No se han registrado avances
en la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre.

Turquía
necesita comprometerse de manera inequívoca en favor del mantenimiento de relaciones
de buena vecindad y la resolución pacífica de controversias, de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas, recurriendo, en caso necesario, a la Corte
Internacional de Justicia. En este contexto, la UE ha expresado una vez más su
honda preocupación y ha instado a Turquía a que evite todo tipo de amenaza o actuación
dirigida contra un Estado miembro, o toda fuente de fricciones o intervenciones
que pudieran empañar las relaciones de buena vecindad y perjudicar la
resolución pacífica de contenciosos.

La
UE ha acogido con satisfacción el hecho de que sigan su curso las iniciativas
de cooperación entre Grecia y Turquía encaminadas a la mejora de las relaciones
bilaterales. Tuvo lugar la última ronda —la número 58º— de negociaciones exploratorias
para la delimitación de la plataforma continental. Grecia y Chipre presentaron denuncias
formales sobre las reiteradas y crecientes violaciones de sus aguas
territoriales y de su espacio aéreo por parte de Turquía, en particular los vuelos
sobre las islas griegas.

Por lo que se
refiere a los criterios económicos, Turquía es considerada una economía
de mercado en funcionamiento. Debería poder hacer frente a medio plazo a la
presión de la competencia y a las fuerzas del mercado en la Unión, siempre que
acelere la ejecución de las reformas estructurales globales.

Tras la
ralentización de 2012, la producción y el empleo han crecido a una tasa
moderadamente alta. No obstante, el desempleo ha aumentado como resultado del
fuerte aumento de la población activa. El déficit de la balanza por cuenta
corriente, que registró una ligera caída en 2014, se ha mantenido a un nivel
elevado. La dependencia de las entradas constantes de capital coloca a Turquía en
una posición vulnerable a los cambios en las expectativas del riesgo global, lo
que se traduce en grandes fluctuaciones del tipo de cambio.

Aunque el
déficit presupuestario y la deuda pública se han mantenido en niveles
moderados, los sobrecostes persistentes por el lado de los gastos requieren el
refuerzo del marco presupuestario. La política fiscal debería contribuir a incrementar
el ahorro nacional global en vista de la necesidad de reducir el déficit
exterior. Considerando que la inflación ha registrado una tendencia al alza, alejándose
así cada vez más del objetivo marcado por el Banco Central, la política
monetaria debe seguir una senda restrictiva y centrarse claramente en la
estabilidad de los precios. Pese a los avances registrados en lo que respecta a
las privatizaciones y la liberalización del mercado de la electricidad, es
esencial acelerar las reformas estructurales sobre una base amplia a fin de mejorar
el funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y trabajo. Estas
reformas deben incluir nuevas mejoras del sistema judicial y de las capacidades
administrativas, una mayor transparencia de las ayudas estatales, y un sistema
de contratación pública justo y competitivo.

Por
lo que se refiere a la capacidad para asumir las obligaciones inherentes a
la adhesión a la Unión, Turquía ha seguido alineándose con el acervo. En
2013 se abrió otro capítulo de negociación (22 - Política regional y
coordinación de los instrumentos estructurales). Se han registrado notables avances en
materia de redes transeuropeas. Turquía ha dado asimismo pasos importantes en
ámbitos clave del capítulo 24, en particular la política de migración y asilo,
pese a la considerable carga que representa la continua crisis de refugiados. Se
ha avanzado en los ámbitos de la energía, especialmente en seguridad del
abastecimiento y mercado interior de la electricidad, el Derecho de sociedades,
la política empresarial e industrial, las estadísticas, la ciencia y la investigación,
la libre circulación de capitales, con respecto a la lucha contra el blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo, y la ejecución del programa de
desarrollo rural previo a la adhesión.

En
general, Turquía ha avanzado en la adaptación del acervo en varios capítulos,
como la libre circulación de mercancías, el Derecho de sociedades, el Derecho
de propiedad intelectual, los servicios financieros, la energía, la política
económica y monetaria, las estadísticas, la empresa y la política industrial,
las redes transeuropeas, la ciencia y la investigación, la unión aduanera y las
relaciones exteriores.

Ha
de prestarse más atención al cumplimiento de la legislación en todos los ámbitos.
Deben proseguir los esfuerzos globales en el ámbito de la justicia, la libertad
y la seguridad, la seguridad de los alimentos, la política veterinaria y
fitosanitaria, el medio ambiente y el cambio climático. Es asimismo necesario
hacer progresos significativos en los ámbitos del sistema judicial y los
derechos fundamentales, la política social y el empleo, en particular en lo que
respecta al Derecho laboral y la salud y la seguridad en el trabajo. Debe
proseguir la armonización legislativa, especialmente en la contratación
pública, la política de competencia (en particular las ayudas estatales), la
sociedad de la información y los medios de comunicación.

[1]               COM
(2012) 600 final.

[2]               COM
(2013) 700 final.

\*               Esta
denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y
está en consonancia con la RCSNU 1244/99 y con el dictamen de la CIJ sobre la
declaración de independencia de Kosovo.

[3]               COM(2014)
330 final.

[4]               Croacia,
Serbia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro.

[5]               Abril
de 2013, «Primer acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las
relaciones».

[6]               Libre
circulación de mercancías, derecho de establecimiento y libre prestación de
servicios (Montenegro ha cumplido el criterio de referencia de apertura para este
capítulo, por lo que se le invitó a presentar su posición de negociación); política
de la competencia; agricultura y desarrollo rural; seguridad de los alimentos,
política veterinaria y fitosanitaria; pesca; energía; política económica y
monetaria; empleo y política social; política regional y coordinación de los
instrumentos estructurales; medio ambiente y cambio climático.

[7]               Libre
circulación de capitales; contratación pública; Derecho de sociedades; Derecho
de propiedad intelectual; sociedad de la información y medios de comunicación; política
industrial y empresarial; política exterior, de seguridad y de defensa; control
financiero.

[Top](#document1)