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# 52002IE1365

**Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema "Las consecuencias económicas y sociales de la ampliación en los países candidatos"** 
  
*Diario Oficial n° C 085 de 08/04/2003 p. 0065 - 0075*

  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema "Las consecuencias económicas y sociales de la ampliación en los países candidatos"

(2003/C 85/18)

Los días 16 y 17 de enero de 2002, de conformidad con el artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre el tema mencionado.

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de elaborar los trabajos del CESE sobre este asunto, aprobó su dictamen el 7 de noviembre de 2002 (ponente: Sr. Dimitriadis; coponente: Sra. Belabed).

En su 395o Pleno celebrado los días 11 y 12 de diciembre de 2002 (sesión del 11 de diciembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 98 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones el presente dictamen.

Síntesis

El presente dictamen muestra claramente el especial interés que concede el Comité a la conclusión de las negociaciones de adhesión entabladas con los países candidatos en el marco de la ampliación, aun cuando sigan sin resolverse algunos aspectos importantes. La ampliación sitúa a la UE ante la prueba más importante que haya tenido que superar desde su creación, así como frente al enorme reto de lograr los objetivos expuestos en el Consejo de Lisboa: hacer de la Unión Europea la economía más competitiva del mundo.

El Comité apoya plenamente la ampliación y comparte el punto de vista de la Presidencia danesa de que es preciso respetar el calendario fijado teniendo en cuenta los progresos realizados separadamente por cada Estado.

El Comité ofrece apoyo de muy diverso tipo al proceso de ampliación y, en particular, al desarrollo de la cooperación y la asistencia a las organizaciones socioprofesionales, los interlocutores sociales y las ONG especializadas de los países candidatos, con el fin de que: a) funcionen con eficacia a nivel nacional; b) mejoren su organización, adquiriendo los conocimientos técnicos necesarios, c) participen en la resolución de los problemas a nivel local, d) y tomen parte activa en las actividades europeas. El Comité apoya esta idea y hará todos los esfuerzos necesarios para alcanzar tales objetivos, incluso después de la adhesión, que no resolverá todos sus problemas socioeconómicos. Conforme a los objetivos del programa de acción para la ampliación elaborado en 2002, el Comité se compromete a hacer de la ampliación una cuestión horizontal que esté presente en el conjunto de sus trabajos.

1. Introducción

1.1. El proceso de ampliación constituye un proceso dinámico hacia la unificación de Europa que refuerza la paz, la seguridad y la prosperidad en todo el continente. Durante la última década, si bien las condiciones han sido particularmente desfavorables, los países candidatos a la adhesión han realizado un importante progreso económico y administrativo, allanando así el camino de su adhesión a la UE. A pesar de todo, deberán seguir realizando esfuerzos continuos para mantener este impulso durante los próximos años, que se consideran cruciales para obtener resultados satisfactorios en las negociaciones de adhesión con vistas a su posterior participación, por un lado, y para afrontar los problemas de adaptación que se presentarán con la aplicación efectiva y plena del acervo comunitario, por otro.

La perspectiva de la creación de una Europa unida y de un gran mercado único con más de 500 millones de ciudadanos europeos, incluidos los procedentes de los países candidatos, podrá ser una realidad siempre que: a) los cambios económicos y sociales de estos países avancen a un ritmo rápido y sin retrocesos de ningún tipo(1), y b) las condiciones socioeconómicas lo permitan, es decir, los ciudadanos de estos países acepten la nueva situación y se sientan seguros en la Europa unida.

1.2. Los países candidatos afrontan un doble desafío: si bien continúan esforzándose por reformar por completo sus sistemas políticos, económicos y sociales, es esencial que adopten igualmente de manera inmediata el acervo comunitario. Se trata de dos procesos paralelos, superpuestos en diversas ocasiones pero absolutamente distintos, que se imponen a través de toda una serie de compromisos y obligaciones a los interlocutores internacionales, los cuales muchas veces establecen directrices políticas y económicas distintas para las que cada uno toma como punto de partida sus estrategias y modelos sociales respectivos. La adhesión a la UE, por tanto, depende bastante de la transición y viceversa. Independientemente de las consecuencias económicas y sociales de la ampliación en los países candidatos, los sistemas que se establezcan en estos países una vez se adhieran a la UE tendrán también un importante efecto sobre ésta. Los actuales Estados miembros no parecen ser aún conscientes de este efecto en toda su extensión.

1.3. Durante la Conferencia sobre la Ampliación celebrada el 16 de noviembre de 2000 en Bruselas, bajo los auspicios del CESE, representantes de distintos grupos sociales debatieron sobre la situación real de los países candidatos y el efecto de su adhesión a la UE. La Conferencia atrajo la atención del Consejo y de las demás instituciones comunitarias, así como de los gobiernos de los países candidatos, hacia la necesidad de afianzar adecuadamente las próximas adhesiones de los nuevos miembros en interés de la sociedad civil. Además, en la Conferencia se manifestó el convencimiento de que la ampliación satisfactoria y sostenible de la UE por la adhesión de los países miembros se basa principalmente en la participación eficaz de los interesados en los esfuerzos preparatorios.

1.4. En el transcurso de las reuniones sobre la ampliación celebradas por el CESE del 5 al 7 de noviembre de 2001(2), el miembro de la Comisión responsable de la Ampliación, Günter Verheugen, pidió al Comité que centrara su atención en las repercusiones económicas y sociales de la ampliación sobre los países candidatos a la adhesión.

1.5. Además, se ha hecho un llamamiento(3) a los miembros de los Comités Consultivos Mixtos (CCM) de los países candidatos para que ayuden a garantizar una ampliación satisfactoria tanto para la UE como para los países candidatos. En las reuniones de estos órganos se plantean cuestiones relacionadas con los países candidatos y el debate permite abordar sin limitación alguna las cuestiones más significativas en relación con las ayudas y las cuotas agrícolas, la política regional, la burocracia en la administración pública, la ausencia de diálogo social, la libre circulación de personas, las causas de los retrasos que se producen en la concesión de las ayudas financieras de la UE, la contribución de las PYME a la economía, la limitada investigación en el plano científico, la formación profesional, la escasa competitividad y, finalmente, la falta de información sobre la ampliación que afecta a los ciudadanos de los países candidatos.

1.5.1. Los criterios definidos en la cumbre de Copenhague de 1993 para evaluar los progresos realizados en cada uno de los países aún siguen vigentes. Aparte de Turquía, los países candidatos siguen cumpliendo los criterios políticos establecidos en Copenhague. En la mayor parte de los países candidatos a la adhesión se han realizado considerables avances para profundizar y consolidar la democracia, el respeto de la ley, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las estructuras democráticas.

1.6. No obstante, todos los esfuerzos al respecto deben centrarse en la capacidad de los países candidatos a la adhesión para asumir y, sobre todo, transponer en sus respectivas legislaciones nacionales el acervo comunitario. Hay que destacar que, si bien se han adoptado bastantes leyes para la asunción del acervo comunitario, éstas no van acompañadas de las medidas de apoyo necesarias y, sobre todo, no conocemos las consecuencias que se pueden producir cuando sean llevadas a la práctica en su totalidad. Los países candidatos tienen, de manera general, objetivos claros que cumplir con vistas a la ampliación, lo que les resulta también especialmente útil para definir sus prioridades y acelerar determinados procesos de saneamiento.

El dictamen examina las siguientes cuestiones, por orden de prioridad:

2. Situación económica actual - Reestructuración

2.1. Datos económicos - Estadísticas

2.1.1. En 2001, el promedio de crecimiento real del PIB de los diez países candidatos casi alcanzó el 5 %. En el primer semestre de 2001 se produjo una ralentización de este crecimiento. El PIB per cápita en porcentaje del promedio de la UE (medido en paridad de poder de compra, PPC) alcanzó un 39 % en 2000, frente al 38 % de 1999 en los diez países de Europa Central y Oriental. Los grandes incrementos de los precios del petróleo impulsaron el aumento de la inflación del 10 al 15 % en el año 2000. El PIB global de los países candidatos representa solamente el 5 % del de la UE(4). A pesar de los resultados relativamente buenos en materia de crecimiento, el desempleo aumentó desde casi un 11 % hasta el 12,5 % en el año 2000, y hasta el 18 % en 2001 (incluso hasta tasas del 25-31 % en algunas regiones)(5). El aumento del desempleo refleja el impacto negativo de las transformaciones estructurales en la población activa, las distorsiones del mercado de trabajo y una discordancia entre las aptitudes profesionales y las necesidades del mercado laboral.

2.1.2. El hundimiento del sistema de economía centralizada en 1989 y la transición a la economía de mercado libre han dado lugar a una nueva concepción de los mecanismos económicos, sociales y empresariales en los países candidatos, con un giro paralelo de su orientación económica desde el Este hacia el Oeste. En la mayoría de los casos, hubo una intensa reacción ciudadana contra el cambio abrupto de las condiciones socioeconómicas a causa de: a) el elevado coste socioeconómico y político de la transición, b) la ineficacia de las administraciones públicas, y c) el hundimiento de los mecanismos y procedimientos internos de las economías.

2.1.3. La reestructuración económica ha generado nuevos empleos en sectores nuevos, al tiempo que ha desaparecido un gran número de puestos de trabajo de los sectores tradicionales de la industria, lo que deja un alto nivel de desempleo, unas infraestructuras inadecuadas y sombrías perspectivas para grandes zonas geográficas. Esto, en combinación con problemas financieros, es el mayor reto al desarrollo en estas regiones. Los esfuerzos deben centrarse en reunir a todos los interesados para desarrollar una estrategia para dichas regiones y en crear las condiciones adecuadas para la inversión y la creación de empleo. Además de las medidas de desarrollo de capacidades, se considera indispensable adoptar una política eficaz del mercado de trabajo, la mejora de las infraestructuras y una política equilibrada de prestaciones sociales, salarios y sueldos, para fomentar el ambiente adecuado para los inversores y los trabajadores a fin de que se puedan crear y ocupar nuevos puestos de trabajo.

2.1.4. Los intercambios comerciales de los países candidatos han sufrido una reestructuración considerable en los últimos años, y la UE se ha convertido en el principal socio comercial de la mayor parte de ellos. Además, como cabe esperar, el aumento de sus importaciones de bienes y servicios ha engendrado un déficit de la balanza comercial en la mayoría de esos países.

2.1.5. Las nuevas condiciones de la competencia que resultarán de la adhesión a la UE provocarán probablemente fuertes movimientos de recomposición en los sectores sensibles de la economía de esos países (agricultura, industrias de transformación, etc.). Habrá que preparar cuidadosamente a todos los interesados en el nuevo entorno competitivo que se impondrá con la ampliación y sus posibles repercusiones en sectores aparentemente "saneados".

2.2. Industria - Servicios - Comercio

2.2.1. Las inversiones extranjeras directas han contribuido de manera significativa a compensar la deuda externa en todos los países candidatos a la adhesión. Además, han constituido una importante fuente de creación de puestos de trabajo, impidiendo una profunda crisis de empleo tanto en las grandes empresas como en el sector de las PYME. La mayor parte de las inversiones extranjeras directas (IED) proceden de las privatizaciones, principalmente de empresas industriales públicas que producen los mayores flujos de capital. Una quinta parte del total de las inversiones extranjeras directas en el sector comercial se dirige a industrias con intensidad de mano de obra (por ejemplo, textil, confección, maquinaria eléctrica y vehículos de motor). Además, las inversiones extranjeras directas continúan siendo el principal motor de la sustitución de instalaciones anticuadas, la introducción y aprendizaje de nuevas tecnologías y nuevas técnicas de gestión y de los instrumentos modernos de promoción de ventas. Pese a las importantes transformaciones que se han producido, la industria pesada sigue siendo en numerosas regiones un elemento económico y social crucial que, si no se refuerza considerablemente, provocará problemas sociales añadidos.

2.2.2. Las privatizaciones han sido una de las herramientas clave en el proceso de transición. Los resultados que se han obtenido, y se siguen obteniendo, varían en función del país, el sector, el tamaño de las empresas, el método elegido y el marco jurídico e institucional. En muchos casos, a las privatizaciones se han traducido en importantes aumentos de la productividad en determinadas empresas, pero a costa de un incremento del desempleo y de la desigualdad de las rentas.

2.2.3. Las privatizaciones se han expandido desde la industria a otros sectores tales como los servicios públicos, el transporte y la energía, junto con intentos de reformas globales de estos sectores. El proceso de privatización de la banca se ha completado en la mayoría de los países candidatos si bien, a pesar de todo, se sigue observando la intervención de los gobiernos en algunos de los bancos nacionales en cuanto a sus prácticas operativas y la elaboración de sus políticas de crédito. Se deberá prestar una atención especial a la falta de procesos de privatización y a otros sectores financieros y económicos de los países candidatos. No obstante, es preciso subrayar que la privatización del sistema de financiación y de crédito, y particularmente en el sector bancario, no siempre ha sido, y no siempre será, la solución de todos los problemas económicos y sociales.

2.2.4. El transporte en los países candidatos afronta un reto de gran envergadura a la hora de transformar e incorporar el acervo a la legislación nacional. Convendría adoptar medidas específicas de apoyo administrativo y organizativo a los países candidatos para aplicar en la práctica la legislación sobre transportes(6).

2.2.5. La ausencia de instrumentos financieros actuales pone freno a las inversiones en el sector privado en expansión. En la mayoría de los casos, es preciso un progreso adicional antes de la adhesión de los países candidatos con el fin de aumentar la eficacia de la transmisión de los mecanismos necesarios para la elaboración de una política monetaria. Hay que destacar que la existencia de mecanismos para supervisar la regulación del sector bancario no implica la existencia de mecanismos de supervisión similares en otros sectores donde podrían desarrollarse empresas que ofrecen servicios de intermediación, que ofrecerían desarrollo y eficacia. Cabe subrayar que los mecanismos de control no son completamente fiables y seguros, desde un punto de vista económico, y en ocasiones inducen a una ralentización y obstaculización considerables de la actividad empresarial. De igual modo, la ausencia de sociedades que ofrezcan garantías mutuas para garantizar los créditos concedidos a las PYME acrecienta considerablemente los riesgos de inversión

2.2.6. Las demoras injustificadas en las reformas necesarias relacionadas con la propiedad de la tierra continúan siendo la causa determinante de la falta de desarrollo de los mercados de la vivienda y la construcción y la propiedad inmobiliaria, con incidencias negativas directas en el mercado de trabajo, el desarrollo de las PYME, la creación de empresas y los intermediarios financieros. Asimismo, este problema específico constituye un obstáculo considerable para la entrada de inversiones nacionales y extranjeras tanto en estos sectores como en muchos otros, especialmente si se combina con los vacíos legales que existen en materia de derecho de la propiedad.

2.2.7. En el ámbito del mercado interior, es necesario establecer y reforzar las infraestructuras horizontales, especialmente aquellas que mejoran el entorno y la capacidad de las empresas. Podemos citar como ejemplos de sectores con mucho margen de mejora los siguientes: la supervisión de los mercados, la normalización, la certificación y los derechos de propiedad industrial o intelectual.

2.2.8. Durante la última década, en los países candidatos se ha cultivado la competencia, en el sentido amplio de la palabra, como principio económico, social y empresarial. Se deberá mantener y acelerar el progreso conseguido hasta ahora mediante la creación de órganos institucionales para la supervisión de la competencia y de sus políticas concretas, como en la Europa de los Quince.

2.2.9. Los países candidatos deben preocuparse particularmente de la ausencia de una cultura de innovación, así como de la definición difusa de la contribución a la investigación y desarrollo de ciertos sectores de la economía.

2.3. Pequeñas y medianas empresas

2.3.1. El Comité considera que las PYME representan la fuente de crecimiento más significativa de los países de Europa Central y Oriental debido a su flexibilidad y adaptabilidad, a la vez que pueden contribuir de modo considerable a la reducción del desempleo. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, tienen un importante papel que desempeñar en el proceso de ampliación. El Comité ha subrayado anteriormente que "la contribución de las empresas es esencial para crear nuevos puestos de trabajo y generar riqueza, ingredientes indispensables para la evolución económica y social". Por tanto, es especialmente importante animar a las autoridades de los países candidatos a poner en marcha los dispositivos de información de las empresas sobre el acervo comunitario y a reforzar la mentalidad empresarial de las PYME.

2.3.2. El sector de las PYME ha mostrado su potencial de desarrollo y flexibilidad, pese a la falta de experiencia y la ausencia de recursos financieros, contribuyendo en gran parte al PIB y al empleo en todos los países en cuestión. En especial, las PYME del sector de la alta tecnología y de la informática, de la producción especializada y del sector de los servicios tienden a presentar características y resultados similares, en materia de empleo, a los de las grandes empresas financiadas por inversiones extranjeras directas.

2.3.3. En otros sectores, no obstante, las PYME funcionan en un entorno económico en el que la economía sumergida muchas veces influye considerablemente en las posibilidades de supervivencia y conservación de su posición en el mercado. En materia de relaciones laborales, las consecuencias de la economía sumergida se traducen en: a) formas de empleo precarias, b) remuneraciones basadas en el salario mínimo o incluso cantidades menores, c) en algunos casos, remuneraciones complementarias "en mano", d) contratos por tiempo limitado o incluso ausencia total de contrato, sin respetar las condiciones laborales ni las normativas sobre los horarios de trabajo.

2.3.4. El Comité pide a la Comisión que conceda más atención a la mejora de las condiciones para las PYME en los países candidatos y que fomente en mayor medida el espíritu de empresa, proponiendo medidas de apoyo y formación, acompañadas siempre de la información más completa posible sobre las políticas de la Unión Europea para las pequeñas y medianas empresas.

2.4. Servicios públicos

2.4.1. El sector de los servicios de interés público (organismos de utilidad pública) merece una atención especial. Como ha demostrado la experiencia de los países occidentales, la liberalización total de este sector, en competencia con las empresas privadas, puede provocar problemas de oferta o de seguridad. Debido al aumento de los precios del consumo de energía, en varios países candidatos los hogares han sido incapaces de pagar el consumo de electricidad y han sufrido cortes de suministro, lo que en muchos casos ha provocado serios problemas sociales. El fracaso en el establecimiento de un marco jurídico institucional en los sectores que prestan dichos servicios (transporte, energía, telecomunicaciones) constituye un problema habitual en el proceso de privatización, hecho que puede conducir a la formación de monopolios.

2.4.2. El Parlamento Europeo ha subrayado el papel crucial de las inversiones para el desarrollo y la mejora de las estructuras sociales en los países de Europa Central y Oriental(7). Esta posición constituye una condición fundamental para evitar posibles fenómenos sociales adversos durante el proceso de integración.

2.4.3. Los servicios públicos necesitan una modernización inmediata en la mayoría de los países candidatos, especialmente desde el punto de vista del servicio prestado a los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas. También deberá concederse especial importancia a la introducción de la gobernanza electrónica en el sector público.

2.5. Agricultura

2.5.1. La integración de la agricultura de los países de Europa Central y Oriental en la PAC constituye un proceso complejo y lento. Las situaciones de partida son muy distintas. Las estructuras agrarias presentan diferencias fundamentales. También hay grandes diferencias en el grado de superación de los problemas estructurales y en la competitividad. En la mayoría de los Estados candidatos, el porcentaje que representa la agricultura en el empleo y en el PIB es sustancialmente mayor que en los Estados miembros de la UE. El porcentaje de empleados en el sector agrario oscila entre el 5,1 % de la República Checa y el 42,8 % de Rumania (la media en la UE es del 4,3 %). Igualmente, existen grandes diferencias en el porcentaje del PIB, que va desde el 2,9 % de Eslovenia hasta el 15,8 % de Bulgaria (en la UE, la media es inferior al 2 %).

2.5.2. Las cifras ponen de manifiesto que la importancia económica de la agricultura y su importancia social deben valorarse de modo muy diferente. Un número proporcionalmente elevado de mano de obra contribuye a la economía nacional en una parte proporcionalmente pequeña. En países candidatos a la adhesión como Polonia y Rumania, que cuentan con superficies considerables de espacios rurales, es necesario considerar y tener en cuenta de modo especial la gran importancia que tiene la agricultura para el mercado local de empleo, particularmente en el contexto de una tasa de desempleo rural elevada, superior a la media, y en atención a la dificultad de crear nuevos puestos de trabajo en esas zonas rurales.

2.5.3. La reestructuración de determinadas ramas industriales y el desempleo generado en las zonas urbanas ha provocado que muchos ciudadanos de los países candidatos vuelvan a las zonas rurales(8).

2.5.4. La tasa de empleo agrario declarada en los trece países candidatos se ha mantenido en los niveles de 1999, disminuyendo lentamente en la mayoría de ellos, aunque en algunos casos, como Polonia y Rumania, se ha observado un ligero aumento del empleo en el sector agrario.

2.5.5. El impacto presupuestario de la Política Agrícola Común en las regiones rurales y en la economía global variará enormemente en función del uso que se haga de los fondos. En caso de que se aplicara la "disociación", esta medida podría repercutir en la situación del empleo de las regiones rurales. Naturalmente, todo ello conllevaría unas implicaciones sociales que exigirían, a su vez, fuentes de empleo alternativas, con las consiguientes necesidades en materia de educación y formación.

2.5.6. Como es sabido, a menudo la agricultura de los países candidatos, intensiva en mano de obra, no es competitiva a causa de su estructura. Hay una presión clara para que el sector agrario de dichos países se adapte. La necesidad de desarrollar la productividad puede tener considerables efectos tanto en lo social como en la política medioambiental.

2.5.7. El CESE considera importante reiterar con más énfasis que el desarrollo de la agricultura en los países candidatos debe respetar el principio de sostenibilidad y que no pueden repetirse los errores del pasado.

2.5.8. Hasta el momento de la adhesión, los programas de preparación desempeñarán un papel importante. El CESE defiende la descentralización en el proceso de aplicación de los programas ISPA y, muy especialmente, Sapard, los cuales -subraya- deben poder entrar en funcionamiento en todos los países candidatos lo antes posible. En efecto, es de lamentar que en algunos países el programa Sapard haya comenzado a aplicarse con un retraso considerable, y en parte ni siquiera del modo en que se había previsto. Ello hace más difícil el necesario proceso de adaptación y la reorientación de la agricultura hacia una producción sostenible.

2.5.9. El 25 de octubre de 2002, el Consejo Europeo acordó por unanimidad introducir gradualmente los pagos directos para los agricultores en los países candidatos a la adhesión, conforme a la propuesta de la Comisión. El Comité considera que con ello se ha dado un paso importante para llevar a término con éxito y a tiempo las negociaciones sobre el difícil capítulo agrario. El Comité espera que, a la hora de evaluar esta decisión, en los países candidatos se tengan en cuenta las restantes medidas de apoyo, especialmente las destinadas a mejorar las estructuras agrarias y al desarrollo de las zonas rurales.

2.5.10. El Comité apoya los esfuerzos que se realizan para seguir perfeccionando la PAC, con el objetivo de que la agricultura europea no sólo pueda satisfacer mejor las expectativas de la sociedad, sino también responder adecuadamente a los nuevos desafíos que plantea la ampliación.

2.5.11. Con las propuestas presentadas, la Comisión Europea pone de manifiesto su intención de aplicar de manera reforzada todos los instrumentos de la política agrícola común reunidos bajo el segundo pilar de la Agenda 2000 y destinados especialmente al desarrollo rural y a los programas de medio ambiente rural. El CESE ya ha señalado en diversos dictámenes que en principio considera adecuada esta política; esto también se aplica, en particular, a los países candidatos.

3. Situación social actual

3.1. Empleo

3.1.1. A pesar del aumento global del desempleo, el mercado de trabajo presenta diferencias notables entre los centros urbanos y los rurales. La reestructuración de la mayoría de las ramas industriales y el desarrollo de los servicios, principalmente en los centros urbanos, han acentuado las desigualdades entre las ciudades y la periferia(9) y han dejado a una gran parte de trabajadores, especialmente en las zonas rurales, sin las cualificaciones adecuadas necesarias para responder a las exigencias de la nueva economía que se orienta cada vez más hacia los servicios. Además de las medidas mencionadas para contribuir al desarrollo de las regiones y atraer a los inversores, es necesario también encontrar un equilibrio en los empleos que se ofrecen, las cualificaciones que se exigen y los salarios que se ofrecen para que los países candidatos puedan explotar y desarrollar su potencial humano conforme a los objetivos fijados por la estrategia de Lisboa.

3.1.2. El modelo de reformas adoptado para el proceso de transformación social de los PECO se basa en la hipótesis de que existirán tasas de crecimiento económico elevadas, en especial mediante el desarrollo de un próspero sector privado en la economía. Los flujos de inversiones extranjeras directas (IED) y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME) deberían aprovecharse como "amortiguadores" principales frente a los inevitables despidos de mano de obra y la caída del nivel de vida. A pesar de los cambios radicales de la estructura y el funcionamiento de las economías de las regiones, los resultados se alejan bastante de las expectativas. En la mayoría de los casos, los problemas de empleo continúan siendo un factor determinante del éxito o el fracaso del proceso de adhesión.

3.1.3. La experiencia acumulada hasta ahora en lo referente a la "transición" a la economía de libre mercado muestra que las tasas de crecimiento económico elevadas no se han visto acompañadas por la creación de un mayor número o mejores puestos de trabajo como resultado automático de los esfuerzos de reestructuración y modernización. En algunos casos determinados (como Polonia), los ritmos de crecimiento elevados han venido acompañados de un problema de desempleo persistente y cada vez más intenso.

3.1.4. Sectores importantes de las "reservas de mano de obra barata" se han visto afectados por el abrupto desarrollo de la economía sumergida y la proliferación de actividades relacionadas con ésta en empresas legales. El efecto acumulativo de las libertades resultantes de las reformas, como "amortiguador" de la pobreza y pilar de la paz social, ha contribuido a la expansión de la corrupción y ha tenido un serio impacto negativo en los ingresos presupuestarios y en las finanzas de los fondos sociales. Igualmente importante es la repercusión en el buen funcionamiento de los organismos y mecanismos de mercado y la distorsión de la competencia leal en los mercados emergentes de bienes y de trabajo.

3.1.5. Las grandes empresas extranjeras han abierto la "perspectiva", para un sector del mercado laboral, de nuevos puestos de trabajo estables mejor remunerados y de mayor calidad. Se encuentran entre el grupo reducido de empresas que invierten en higiene y seguridad en el lugar de trabajo. A pesar de todo, el número de nuevos puestos de trabajo solamente puede limitar la "pérdida" de mano de obra, pero no invertirla totalmente.

3.1.6. Debido a las limitaciones del entorno económico en el que funcionan, las PYME de sectores como la industria ligera, la alimentación, la construcción, el tratamiento de la madera y la fabricación de muebles, presentan un bajo nivel de absorción del desempleo.

3.1.7. Las políticas de las empresas extranjeras atraen, lógicamente, a los trabajadores más cualificados, lo que puede producir tensiones estructurales en los mercados de empleo locales. La concentración geográfica de las IED suele mantener o agravar las desigualdades regionales entre los mercados laborales, tanto en el ámbito de los PECO en su conjunto (80 % en Polonia, Hungría y la República Checa) como en el interior de cada uno de los países. La integración de empresas extranjeras en los sistemas económicos locales aún es insuficiente y sus efectos de arrastre (mediante nuevas filiales y subcontrataciones) contribuyen de momento muy poco a la creación de empleo.

3.1.8. El proceso de adhesión y conciliación de modelos, normas y prácticas, que incluye normas más estrictas, mejor control y mayor competencia, supondrá un desafío para el funcionamiento "saneado" y transparente de las empresas. Pero cabe la posibilidad de que éste venga acompañado de un grave impacto negativo en la situación laboral si no se impiden estos efectos a tiempo adoptando medidas que apoyen a las empresas "saneadas".

3.1.9. En definitiva, considerando la situación laboral general y sus perspectivas, es necesario realizar un enfoque de las políticas de empleo y del mercado laboral que vaya más allá de las simples "medidas activas" y que integre series de políticas en materias de fiscalidad, inversiones, educación, etc., con el fin de proporcionar posibilidades reales de creación de puestos de trabajo estables y de calidad.

3.1.10. Los temas de la formación profesional y la "fuga de cerebros" surgieron, entre otras cuestiones, durante los debates con los interlocutores sociales en el marco de los comités consultivos mixtos. El CESE se compromete a examinar detalladamente estas cuestiones y a proponer líneas directrices adecuadas(10).

3.2. Salarios

3.2.1. Dado que los salarios y las remuneraciones continúan siendo relativamente bajos, al tiempo que el desempleo aumenta y los problemas fiscales no permiten los pagos mediante grandes transferencias, los países candidatos afrontan una creciente desigualdad y persistente pobreza. En el transcurso de los años noventa, la fractura social se agrandó en los países candidatos y aumentó el número de personas que viven por debajo del nivel de pobreza(11).

3.2.2. La diversidad de factores económicos y de métodos de trabajo provoca una relación entre los salarios y la renta total mucho más compleja de lo normal. En muchos casos, los salarios corresponden a poco menos de la mitad de la renta total de los hogares (como indicador macroeconómico nacional). Otro hecho importante es la distribución de los salarios en función de su valor en los distintos países. En diversos países (por ejemplo, Bulgaria), existe una tendencia a la polarización, con una concentración de los salarios en los sectores industriales de baja especialización y baja remuneración, un segundo núcleo en torno al salario medio y un núcleo mínimo que percibe remuneraciones muy altas (empresas multinacionales, grandes sociedades estatales y servicios públicos), siendo el sector privado inferior al público en este aspecto.

3.2.3. Una de las consecuencias de las políticas restrictivas en materia de rentas, que han adoptado distintas formas en cada uno de los países, es que a menudo se observa la aparición de una nueva categoría social, la de los "trabajadores pobres", caldo de cultivo para la economía sumergida.

3.3. Regímenes de seguridad social

3.3.1. Dado que la Unión Europea sólo dispone de un acervo limitado en el ámbito de la política social, los cambios operados en los sistemas de seguridad social de los países candidatos se han visto fuertemente influidos por otros organismos internacionales activos en este sector, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que poseen una competencia más amplia en materia de ayuda estratégica a estos países y orientan esos cambios hacia un modelo social con componentes privados y en el que las responsabilidades y la asunción de riesgos se centran más especialmente en los individuos aislados.

3.3.2. La UE, aunque apoya resueltamente el modelo social europeo, basado en el principio de cohesión social y territorial, no dispone sino de una competencia y presencia limitada para influir en la evolución y concepción de estos sistemas. Como resultado, en opinión del Comité, en muchos casos, incluyendo también el ámbito de la seguridad social, el modo en que se ha concebido el modelo social no puede servir de modelo para Europa(12). El Comité estima que será necesario prestar mayor atención a estas cuestiones dentro del método abierto de coordinación establecido en Lisboa y según el cual ya se ha tenido en cuenta a los países candidatos en la cumbre de Barcelona, por lo que han tenido la posibilidad de elaborar y desarrollar el sistema de seguridad social conforme a sus necesidades y a los principios del modelo social europeo.

3.4. El papel del diálogo social y de la sociedad civil

3.4.1. Los mecanismos de diálogo social en los países de Europa Central y Oriental (PECO) se caracterizan por combinaciones similares de acuerdos tripartitos generales de ámbito nacional y negociaciones colectivas bilaterales que se concentran principalmente en las empresas privadas y, en algunas ocasiones, en agrupaciones de empresarios. El ejemplo de Eslovenia es una clara excepción a este respecto, puesto que las negociaciones sectoriales y el sistema institucionalizado de comités de empresa tienen un papel predominante.

3.4.2. El enfoque tripartito se ha introducido principalmente mediante la "transmisión" de un modelo extranjero que se basa en la necesidad de preservar la paz social en las fases críticas del proceso de transición, durante el desmantelamiento del antiguo sistema político y el establecimiento de las bases para el desarrollo de la economía de mercado, es decir, durante las "perturbaciones" de la liberalización y la reestructuración de la economía. Con la estabilización de los nuevos sistemas políticos y de los sistemas de mercado, la importancia del diálogo social entró en un período de poca actividad y el interés que suscitaba, principalmente por parte de los gobiernos, disminuyó notablemente.

3.4.3. Las negociaciones de adhesión han dado un nuevo impulso al desarrollo del sistema del diálogo social y han acelerado la introducción de los comités de empresa en los lugares de trabajo, así como expectativas de participación de los representantes de los PECO en los Comités de Empresa Europeos de las correspondientes compañías multinacionales. A pesar de todo, es necesario realizar esfuerzos adicionales para garantizar que el proceso de armonización se traduzca en una integración efectiva en la práctica diaria.

3.4.4. Dada la presión creciente y la tendencia de las relaciones laborales a individualizarse, será necesario vigilar de cerca el desarrollo de una legislación en materia de trabajo como marco legislativo de las relaciones laborales, y garantizar que se desarrolle conforme a los principios del modelo social europeo, en el que el diálogo social constituye un pilar importante.

3.4.5. El desarrollo del diálogo social todavía afronta problemas en cuanto a:

- la limitada comprensión del concepto de soberanía nacional en materia de toma de decisiones por parte del poder ejecutivo y legislativo y la falta de disposición que a menudo éste demuestra para informar de manera efectiva y asesorar a los interlocutores sociales en cuestiones relacionadas con sus competencias específicas;

- la representación de los interlocutores sociales y la falta de un marco institucional necesario, así como la dispersión de la representación de los intereses por los interlocutores sociales, que complica la toma de decisiones comunes en las estructuras del diálogo social. En el sector comercial, existen indicios de asociación de organizaciones, pero el problema persiste en algunas organizaciones patronales;

- la identidad y la definición clara de los papeles en las nuevas condiciones.

3.4.6. Existen, además, tres áreas que suponen un serio desafío para el desarrollo futuro del diálogo social, conforme al nivel y las prácticas de la UE:

- El desarrollo de verdaderos dispositivos de negociación en los distintos sectores.

- La plena aceptación y el funcionamiento eficaz de los comités de empresa en los lugares de trabajo.

- El desarrollo de las estructuras, mecanismos y procedimientos de diálogo social para las PYME.

4. Igualdad de oportunidades

4.1. La legislación de cada uno de los países candidatos es acorde, en gran medida, con los requisitos principales del acervo de la UE en cuanto se refiere a la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Desgraciadamente, la práctica es muy diferente. Es cierto que, también en la UE, los principales problemas surgen principalmente debido a que las dificultades económicas afectan de distinta manera a hombres y mujeres(13). Además, la información relativa a la importancia de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sigue siendo escasa.

4.2. La igualdad de oportunidades, no obstante, no se refiere sólo a las relaciones entre hombres y mujeres, sino que también consiste en evitar todo tipo de discriminación por "motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual" (artículo 13 del Tratado de la CE). Particularmente en lo que se refiere a la situación de las minorías siguen existiendo problemas importantes en los países candidatos a la adhesión que hay que tener en cuenta.

4.3. Habrá que prever medidas eficaces contra los persistentes problemas relacionados con las condiciones y medidas de prisión preventiva en algunos países candidatos, la explotación de mujeres y niños, la igualdad entre ambos sexos y la prevención de discriminaciones.

4.4. En el caso de la población romaní, en particular, la fractura socioeconómica que les separa del resto de la población parece agrandarse. Será necesario adoptar medidas particulares para facilitar su acceso a los servicios sociales y a las infraestructuras(14).

4.5. La dimensión étnica de las cuestiones económicas y sociales deberá tenerse en cuenta sistemáticamente. Las minorías étnicas se encuentran en una situación muy diferente en cuanto a posibilidades empresariales, condiciones de vida y de trabajo, formación escolar, acceso a los servicios públicos, etcétera. Las minorías tienden a permanecer cerradas por una serie de razones que van desde motivos culturales relacionados con los incentivos económicos, hasta el problema sistemático de que un número de medidas políticas de la UE no funciona para éstas porque han sido concebidas por los países occidentales(15).

5. Derechos de los consumidores

5.1. El CESE respalda los esfuerzos de las instituciones representativas de la sociedad civil y especialmente de las asociaciones de consumidores, que comienzan a actuar en los países candidatos desempeñando una laboriosa tarea que precisa apoyo y estímulo. El CESE solicita de la Dirección General de Protección de los Consumidores que apoye con todos los medios posibles la circulación de los consumidores en los países candidatos y que transfiera los conocimientos técnicos precisos.

5.2. El Comité sigue de cerca la evolución legislativa y administrativa en el ámbito de la protección del consumidor, especialmente en lo que se refiere a la seguridad alimentaria en los países candidatos, que despliegan esfuerzos en un entorno relativamente difícil y donde se observan lagunas extremadamente importantes en las medidas de protección.

6. Problemas medioambientales

6.1. La protección del medio ambiente no representaba en el pasado una prioridad importante para los países candidatos, donde, por ejemplo, la industria pesada ha provocado importantes catástrofes, a menudo irreversibles. En los últimos años ha habido cambios muy positivos y se han realizado todo tipo de refuerzos, especialmente en la protección técnica del medio ambiente. No obstante, queda muchísimo por hacer para llegar al nivel de las normas medioambientales de la UE, llevar a efecto la integración de la protección ambiental en otras políticas y velar por un desarrollo sostenible. El Comité lamenta que en el debate sobre asuntos de protección del medio ambiente en los países candidatos a la adhesión apenas se haya abordado la dimensión social y económica. Convendría enfatizar mejor las oportunidades que brinda la protección medioambiental, gracias a la creación de puestos de trabajo con perspectivas de futuro, e igualmente los problemas sociales que puede implicar el incremento de los gastos medioambientales. El CESE insta a la Comisión a promover este proceso enfocado hasta ahora de modo demasiado restrictivo y a seguir respaldando, mediante recursos financieros y conocimientos técnicos, los esfuerzos que se están realizando en este campo y a promover firmemente las reformas necesarias allí donde todavía no se haya comprendido la necesidad de preservar y proteger el medio ambiente.

6.2. En relación con la adhesión, convendrá prestar una atención especial a la protección del medio ambiente y los ecosistemas, así como a la conservación de la diversidad de especies que, en algunos casos, sigue manteniéndose elevada en esos países. El desarrollo de infraestructuras medioambientales y la puesta en práctica de mecanismos eficaces de control para la aplicación de normas eficaces desempeñarán un papel importante en este sentido para todos los países candidatos.

6.3. Se insta a todas las instituciones y órganos comunitarios a que revisen sus programas de preparación de la ampliación, así como sus ayudas a la inversión, examinando en detalle sus repercusiones en el medio ambiente.

7. Seguridad

7.1. La seguridad ciudadana sigue siendo una cuestión clave en el proceso de ampliación. De manera general, cabe decir que entraña diferentes dimensiones, como la seguridad alimentaria, la seguridad nuclear, la seguridad viaria, etc. Al aplicar las medidas de seguridad, las implicaciones sociales deberán examinarse de manera más profunda (es decir, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el desempleo persistente del orden del 21 % en la región de Kozlodovj).

8. Conclusiones y recomendaciones

8.1. El CESE reitera que la ampliación de la UE constituye una ocasión histórica para unir a Europa y sus ciudadanos bajo un "mismo techo" y garantizar la estabilidad y la prosperidad del continente europeo.

8.2. El Comité expresa su intensa preocupación por el aumento del euroescepticismo y las fluctuaciones de la opinión pública en los Estados miembros y en los países candidatos.

8.3. El CESE subraya que la mejora de la organización de las administraciones públicas, la limitación de la burocracia, la erradicación de la delincuencia y la creación de mecanismos de protección legal, administrativa y judicial modernos y flexibles contribuirán a aumentar el sentimiento de seguridad de los ciudadanos en los países candidatos y favorecerán las inversiones extranjeras y la confianza que los inversores internacionales depositan en estos países, que precisan continuamente inversiones extranjeras directas y apoyo de organismos de crédito internacionales.

8.4. El CESE hace un llamamiento a favor de una mayor transparencia en la aplicación de los Programas e Iniciativas Europeas relacionadas con los países candidatos. La falta de conocimientos técnicos y de transparencia pueden conducir a un despilfarro de los fondos.

8.5. El CESE respalda, con todos los medios posibles, los esfuerzos de la Comisión y de los países candidatos por promover satisfactoriamente las reformas agrarias, que constituirán un elemento fundamental para la integración de estos países en la UE.

8.6. El CESE respalda enérgicamente los esfuerzos para crear y organizar instituciones de representación de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, que son elementos básicos de la evolución democrática.

8.7. El CESE considera que la libre circulación de trabajadores es un elemento crucial en el proceso de ampliación.

8.7.1. En su posición común, la UE ya se ha puesto de acuerdo sobre las disposiciones transitorias con casi todos los países candidatos. El Comité se congratula y alberga la esperanza de que en estos periodos transitorios se realicen todos los esfuerzos posibles para avanzar, introduciendo las medidas preparatorias necesarias y garantizando que la UE proporcione un mercado común de trabajo que sea eficaz para todos los nuevos Estados miembros de la UE.

8.8. El CESE subraya que la convergencia económica y social sigue siendo aún hoy el factor más importante. Puesto que la UE carece de una plena integración económica, política y social, si no se prevén los mecanismos y procedimientos necesarios, la creciente diversificación que probablemente resultará de la adhesión con éxito de determinados países pondrá a prueba los esfuerzos de convergencia económica y social de los agentes actuales.

8.9. El CESE insta a la Comisión a promover, en colaboración con los órganos gubernamentales de los países candidatos, una mayor información de los ciudadanos en relación con la ampliación de la UE y su marco institucional de funcionamiento, mediante campañas de difusión, haciendo hincapié en la introducción de los sectores científicos correspondientes en los sistemas de educación y formación profesional de estos países. El CESE da la bienvenida a cualquier esfuerzo adicional realizado por los países candidatos con el fin de reforzar la comunicación con los ciudadanos en relación con la situación del proceso de adhesión a la UE.

8.10. El espíritu empresarial constituye la más importante fuente de crecimiento para los países candidatos. Las empresas, especialmente las PYME, tienen un importante papel que desempeñar en el proceso de ampliación. Las empresas tienen una contribución fundamental que aportar para la generación de ingresos y la creación de nuevos puestos de trabajo, que constituyen requisitos previos para un mayor desarrollo económico y social. Por consiguiente, es fundamental que se anime de verdad a los países candidatos para que aceleren la información a las empresas afectadas por el acervo comunitario y fomenten el espíritu empresarial.

8.11. En los países candidatos está aumentando la actuación de diferentes organismos europeos e internacionales. Estas instituciones y organismos representan distintos modelos sociales y políticos y es necesario coordinar sus recomendaciones para garantizar que los futuros Estados miembros se adhieran al modelo social europeo, con vistas a la cohesión social y territorial y a través de la lucha contra la pobreza y la exclusión social que, por otra parte, constituyen el principio fundamental de la política económica.

8.12. Durante la Conferencia sobre la ampliación celebrada en noviembre de 2000, se recomendó a este respecto que el Comité asumiera el papel de coordinador de todas las instituciones implicadas, tarea ésta que corresponde a sus capacidades y que, por tanto, le brinda garantía de éxito.

8.13. El CESE respalda la estrategia de comunicación que inició la Comisión Europea en mayo de 2000 con el fin de facilitar información adecuada en relación con el proceso de ampliación. Además, valora favorablemente la participación de los órganos institucionales de la UE, junto con sus representantes elegidos, los dirigentes políticos y jefes de Estado, los interlocutores sociales y económicos y los representantes de la sociedad civil en general, tanto de los Estados miembros como de los países candidatos, en el diálogo que se está manteniendo sobre este proceso.

8.14. El CESE subraya el papel de terceros países vecinos de los que se están preparando para la adhesión. Habrá que tomar medidas específicas para esta cuestión, teniendo en cuenta que se van a producir nuevas oportunidades y nuevos desafíos tras la ampliación como, por ejemplo, las zonas de libre cambio, los movimientos migratorios ilegales, el control aduanero, la trata de blancas y el tráfico de estupefacientes. La Unión ampliada tendrá que desarrollar más las relaciones con los mercados emergentes de los países vecinos y elaborar un enfoque común, especialmente en las zonas de los Balcanes occidentales, la Comunidad de Estados Independientes y los países de la cuenca mediterránea y el norte de África.

8.15. El CESE respalda el fortalecimiento, en los países candidatos, de un poder judicial independiente e irreprochable que garantice un funcionamiento ecuánime del sistema político y estatal. La lucha contra la corrupción debe acelerarse y precisa resultados tangibles que puedan asegurar un entorno empresarial transparente, que progrese adecuadamente en materia de legislación sobre quiebras.

8.16. Durante el primer semestre de 2001, el Consejo de Ministros de Economía acordó reunirse con los ministros de Economía y los gobernadores de los bancos centrales de los países candidatos dos veces al año, presentando informes regulares al Consejo ECOFIN sobre la situación económica de estos países. El CESE celebra este progreso y propone la realización de prácticas similares en los demás Consejos de Ministros para promover así el diálogo con los países candidatos, especialmente a la luz de los objetivos fijados en la cumbre de Lisboa.

8.17. Los países candidatos deberán permanecer en el nuevo mecanismo de cambio (MCE2) durante al menos dos años. El CESE insiste en recomendar que los nuevos Estados miembros participen directamente en el MCE2 desde el momento de su adhesión para favorecer así sus políticas de tipos de cambio en un entorno comunitario más estable.

Bruselas, 11 de diciembre de 2002.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch

(1) Véanse también los dictámenes del CESE:"Empleo y situación social en los Países de Europa Central y Oriental candidatos a la adhesión" DO C 193 de 10.7.2001 y "La ampliación de la UE: el desafío que representa para los países candidatos el cumplimiento de los criterios económicos para la adhesión" DO C 193 de 10.7.2001.

(2) Informe de Síntesis sobre las Reuniones para la ampliación en el CESE, 5-7 de noviembre de 2001.

(3) Conferencia realizada durante la "semana de la ampliación" organizada por el CESE con el título "Hacia una cooperación para el desarrollo económico y por los derechos sociales", del 14 al 17 de noviembre de 2000.

(4) Eurostat - Anuario estadístico 2002.

(5) DIW-Informe Semanal 1-2/02: Principios básicos del desarrollo económico 2002-2003, Berlín, 2002. Servicios estadísticos: Porcentaje de desempleo regional en los países candidatos de Europa Central, 2000.

(6) Véase el Dictamen del CESE sobre Transportes/Ampliación, septiembre de 2002 (CESE 1032/2002).

(7) Resolución del Parlamento Europeo de 17 de abril de 1996 sobre el Libro Blanco: "Preparación de los países asociados de Europa Central y Oriental para su integración en el mercado interior de la Unión" (DO C 141 de 13.5.1996).

(8) DIW-Informe Semanal 1-2/02: Principios básicos del desarrollo económico 2002-2003, Berlín, 2002. Servicios estadísticos: Porcentaje de desempleo regional en los países candidatos de Europa Central, 2000.

(9) DO C 51 de 23.2.2000.

(10) Informe de Síntesis sobre las Reuniones para la ampliación en el CESE, 5-7 de noviembre de 2001.

(11) Intervención a cargo del representante de la Comisión en la reunión del grupo de estudio del 28.5.2002.

(12) Empleo, reforma económica y cohesión social - Hacia una Europa de la innovación y del conocimiento; DO C 117 de 26.4.2000.

(13) Agenda 2000, Vol. II: El desafío de la ampliación (estudio de impacto), p. 46 (COM(97) 2000).

(14) CCM UE-Bulgaria, documento de trabajo sobre las cuestiones de política social en Bulgaria.

(15) Por ejemplo, fondos monetarios para que las minorías conserven su identidad.

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