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Language: es
Format: md

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# 52001IE0528

**Dictamen del Comité Económico y Social sobre "La ampliación de la UE: el desafío que representa para los países candidatos el cumplimiento de los criterios económicos para la adhesión"** 
  
*Diario Oficial n° C 193 de 10/07/2001 p. 0060 - 0069*

  

Dictamen del Comité Económico y Social sobre "La ampliación de la UE: el desafío que representa para los países candidatos el cumplimiento de los criterios económicos para la adhesión"

(2001/C 193/14)

El 13 de julio de 2000, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre "La ampliación de la UE: el desafío que representa para los países candidatos el cumplimiento de los criterios económicos para la adhesión".

La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de marzo de 2001 (ponente: Sr. Vever).

En su 381o Pleno de los días 25 y 26 de abril de 2001 (sesión del 25 de abril de 2001), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1. Síntesis

1.1. Durante la presente década, la Unión Europea va a ampliarse a gran escala, llevando a cabo la inédita ambición política de unificar, de oeste a este, la mayor parte del continente europeo. Las directrices de la estrategia para la ampliación, actualizadas por la Comisión en noviembre de 2000 y aprobadas posteriormente por el Consejo, consideran que las condiciones previas por parte de la UE se han satisfecho a nivel financiero con el acuerdo de Berlín que programa la Agenda 2000 y a nivel institucional con el acuerdo de Niza que reforma el Tratado. Las nuevas ampliaciones dependen esencialmente de las "hojas de ruta" de cada uno de los países candidatos, es decir, de los progresos en la incorporación del acervo, considerados por el buen camino para la gran mayoría de los países candidatos, y de la finalización de las negociaciones de adhesión, que se cree posible a partir de 2002 para los países mejor situados. Si bien suscribe las grandes líneas de esta evaluación, el Comité destaca también que las responsabilidades siguen necesariamente compartidas entre los 15 y los países candidatos para afrontar el reto económico de la ampliación, objetivo movedizo con triple finalidad: la incorporación efectiva del acervo, una mayor eficacia de los métodos de apoyo y la preparación de una nueva cohesión en la Unión ampliada.

1.2. La incorporación efectiva del acervo comunitario conlleva muchas exigencias dado el alto nivel de integración que la Unión ha alcanzado y que va a seguir desarrollando. Representa un desafío inevitablemente complicado debido al elevado número de países candidatos, sus diferencias en el nivel de desarrollo y la diversidad de necesidades de adaptación de los mismos. El informe de la Comisión de noviembre de 2000 señala progresos muy alentadores en los países candidatos, ilustrados por la intensificación de los intercambios económicos con la Unión Europea. Estos progresos abren la perspectiva de una próxima adhesión a una gran mayoría de los países candidatos. Las prioridades restantes varían según los países y deben orientarse en consecuencia. Al margen de la diversidad de las tareas que quedan por realizar, el Comité destaca que un punto común es la necesidad de asociar plenamente a la sociedad civil para llevarlas a buen término.

1.3. El éxito del proceso de integración requiere una mayor eficacia de los métodos de apoyo. Las ayudas comunitarias programadas en la Agenda 2000 en Berlín no bastarán por sí solas para financiar la nivelación: el Comité destaca que estas medidas deben sobre todo apoyar las condiciones marco para la atracción de la inversión privada, única capaz de movilizar todos los recursos necesarios. Esto supone también intensificar las acciones de formación en estrecha relación con los actores socioprofesionales y con apoyos comunitarios. Los informes de evaluación de la Comisión deben completarse con una vigilancia conjunta del Consejo Economía-Finanzas y la participación directa de los representantes socioprofesionales de la sociedad civil, bien situados para evaluar la realidad de los progresos in situ. El Comité aportará su contribución a través de sus conferencias anuales y los Comités consultivos mixtos. Convendría también que, en adelante, los países candidatos estuvieran asociados a algunas de las políticas comunes (mercado interior, propiedad intelectual, aduanas, medio ambiente y política comercial).

1.4. Por último, es importante preparar a partir de ahora las condiciones para una nueva cohesión económica y social en la Unión ampliada, tarea compleja que implica acciones innovadoras conjuntas. El Comité destaca la necesidad de poner en marcha reformas organizativas en los ámbitos legislativo, administrativo, económico y social. En el plano legislativo, una primera prioridad es simplificar la normativa comunitaria mejorando su calidad y su eficacia y reforzando al mismo tiempo sus métodos de aplicación. En el plano administrativo, conviene que los Estados estén asociados al fortalecimiento de los controles en el mercado único, en condiciones tales que responsabilicen a todas las Administraciones nacionales. En el plano económico y social, conviene proseguir la profundización de la UEM preparando para el mecanismo de cambio del SME2 a los países candidatos que se integren en la misma a partir de la adhesión. Es necesario también asociarlos a partir de ahora al mandato de Lisboa, que instó a todos los Estados miembros a emprender adaptaciones estructurales para reforzar la competitividad europea.

1.5. Al objeto de lograr estos tres objetivos, el Comité hace un llamamiento para poner en marcha un programa global y plurianual de preparación a la ampliación a partir de 2001 destinado a reforzar la eficacia de los métodos de apoyo a los países candidatos, creando al mismo tiempo entre los 15 las condiciones que preservarán la cohesión de una Europa ampliada. Este programa deberá llevarse a cabo antes de que concluyan los mandatos actuales del Parlamento y la Comisión. Deberá ayudar a los países candidatos a afrontar el reto económico de la adhesión dando paso a una verdadera sinergia constructiva entre ellos y los 15. Un proceso interactivo así, llevado a cabo en estrecha relación con la sociedad civil, permitirá no solo ampliar la Unión Europea sin comprometer su cohesión económica y social, sino también reforzar su competitividad, optimizando a través de su unificación sus cimientos y sus activos.

2. Observaciones preliminares

2.1. La ampliación a gran escala de la Unión Europea constituye el más importante reto de esta década, que va a quedar profundamente caracterizada por el mismo. Más que una simple ampliación, se trata de unificar Europa y procurar que esta unificación sea precisamente su gran baza para el siglo XXI, después del escollo que ha representado su división en el siglo XX. Es un reto global y complejo que repercutirá en los objetivos políticos de la Unión Europea, su adaptación institucional, sus métodos de organización interna, su dimensión geográfica y regional y su capacidad competitiva a nivel mundial. Se trata de un reto interactivo, ya que estos distintos factores van a actuar entrelazándose mutuamente en un proceso dinámico que convendrá ordenar y controlar. El reto económico y social ocupa obviamente el centro de esta problemática, tanto por lo que se refiere a las nuevas oportunidades que vayan surgiendo como a las exigencias para conseguir llevar a buen término tal proceso(1).

2.2. Las oportunidades económicas de la ampliación son inéditas: lo que está en juego es la creación de un gran mercado interior que aglutine a más de 500 millones de europeos, garantice la irreversibilidad del cambio económico producido en los países candidatos y estabilice el continente europeo sobre la base de los principios y disciplinas de la economía de mercado. Este mercado único permitirá consolidar el desarrollo económico y el progreso social del espacio europeo, reforzar su competitividad global e intensificar las inversiones y los intercambios, valorizando las complementariedades de los Estados miembros. Afianzará el peso específico de la Unión Europea en los intercambios mundiales, a nivel bilateral y multilateral, en un momento en que van a negociarse nuevas normas para regular la globalización económica.

2.3. Las directrices de la estrategia para la ampliación, actualizadas por la Comisión en noviembre de 2000 y aprobadas posteriormente por el Consejo, consideran que las condiciones previas por parte de la UE se han satisfecho: a nivel financiero con el acuerdo de Berlín que programa la Agenda 2000 y a nivel institucional con el acuerdo de Niza que reforma el Tratado. Por consiguiente, las nuevas ampliaciones ya no dependen más que de la evolución de las "hojas de ruta" de cada uno de los países candidatos, es decir, de los progresos en la incorporación del acervo, considerados por el buen camino para la gran mayoría de los países candidatos, y de la finalización de las negociaciones de adhesión, que se cree posible a partir de 2002 para los países mejor situados.

2.4. Al tiempo que suscribe las grandes líneas de esta evaluación, y respaldando la perspectiva de lograr las primeras adhesiones en un futuro próximo, el Comité destaca que el desafío económico y social sigue constituyendo actualmente el elemento central del proceso. Las cuestiones que se plantean están a la altura de las oportunidades. El número de países candidatos y las actuales diferencias en el nivel de desarrollo van a crear una mayor diversidad que obligará a plantear en nuevos términos la cuestión de la cohesión de la Unión.

2.5. El objetivo asignado a los países candidatos de integrarse en la economía europea es ante todo un objetivo móvil. En efecto, a la Unión Europea todavía le queda mucho para alcanzar su plena madurez política y económica y poner término a sus adaptaciones sociales. La Unión Económica y Monetaria, instaurada en 1999 entre once Estados miembros, y en la actualidad ampliada a doce, no ha hecho más que comenzar y va a desarrollar considerablemente el proceso de integración de las economías nacionales. Por otra parte, en el Consejo Europeo de Lisboa celebrado en marzo de 2000, los quince acordaron acelerar sus reformas estructurales para adaptar sus economías a los nuevos envites de la competitividad confirmando este compromiso en el Consejo Europeo de Estocolmo de marzo de 2001.

2.6. El Comité ha centrado su reflexión en torno a tres cuestiones esenciales directamente vinculadas a estas observaciones preliminares:

- el reto de la incorporación efectiva del acervo;

- el reto de una mayor eficacia de los métodos de apoyo;

- el reto de la preparación de una nueva cohesión en la Unión ampliada.

2.7. Una audiencia de representantes socioprofesionales de los distintos países candidatos(2) permitió ahondar en el análisis y las recomendaciones del Comité, integrando así las valoraciones expresadas por estos representantes. En esta audiencia se alcanzó un amplio consenso sobre las líneas directrices del presente dictamen.

3. El reto de la incorporación efectiva del acervo

3.1. El Consejo Europeo de Copenhague en 1993 ya había establecido como condición para la adhesión la capacidad de los países candidatos para dotarse de una economía de mercado eficaz y para hacer frente a la competencia en el mercado único. El objetivo de las negociaciones con cada uno de los países candidatos consiste en garantizar la incorporación integral y efectiva del acervo comunitario, limitando estrictamente el ámbito y la duración de eventuales períodos de transición después de la adhesión. El reto de esta incorporación y de su aplicación efectiva por los países candidatos conlleva exigencias de alto nivel. En efecto, el mercado único europeo ha alcanzado ya una fuerte integración, basada en una importante reglamentación común (evaluada en 80000 páginas), a menudo reciente. La coordinación europea se ha vuelto mucho más exigente con la instauración en 1999 de la Unión Económica y Monetaria. Se ha acordado que los nuevos Estados miembros deberán incorporarse a la UEM, sin posibilidad de autoexclusión política, en cuanto satisfagan los correspondientes criterios económicos.

3.2. Medir la exigencia de las apuestas

3.2.1. La incorporación del acervo va a ser complicada debido al elevado número de países candidatos, su diversidad geográfica, sus diferencias en lo que a desarrollo se refiere y las exigencias sociales que lleva aparejadas.

3.2.1.1. El número de países candidatos es elevado: La Unión Europea está actualmente en negociación simultánea con doce países candidatos a la adhesión, y en el Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999 se reconoció el estatuto de país candidato a un decimotercer país, Turquía (aunque la apertura de negociaciones de adhesión con este país sigue estando sometida a condiciones previas vinculadas a los criterios políticos definidos en Copenhague).

3.2.1.2. La diversidad geográfica de los países candidatos es enorme: las diferencias de tamaño son considerables (de 400000 habitantes en Malta a 38,7 millones en Polonia y 64,3 en Turquía) y la diversidad regional también: diez países candidatos pertenecen a Europa Central y Oriental (Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Estonia, Lituania, Letonia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria) y tres a la cuenca mediterránea (Chipre, Malta y Turquía).

3.2.1.3. Las disparidades en el grado de desarrollo son considerables, con un nivel de vida medio en los países candidatos equivalente solamente al 40 % de la media comunitaria: si bien la población de los trece países candidatos (170 millones de habitantes) representa un 45 % de la de la Unión de los quince, su PIB apenas alcanza, en términos estadísticos, el 6,7 % del PIB de la UE, con diferencias comparativas también muy notables (razón entre los países candidatos superior a 1:3).

3.2.1.4. Las repercusiones de la adhesión se dejarán sentir también en la sociedad: la integración económica de los países candidatos en la UE va a acarrear en estos países transformaciones radicales en lo que se refiere a los fundamentos económicos y la regulación coyuntural, los agentes económicos (empresas, asalariados, consumidores) y las instituciones administrativas y jurisdiccionales. Ahora bien, si las negociaciones actuales permiten llegar a un acuerdo sobre las normativas y las disposiciones para su aplicación, tendrán un menor impacto en las evoluciones económicas y sociales y en los cambios administrativos, judiciales y de la sociedad ("institution building") necesarios para llevar a buen término la incorporación del acervo comunitario. Todos los componentes de la sociedad civil deben participar en las reformas.

3.2.2. Otros factores deberían no obstante contribuir a facilitar la incorporación del acervo comunitario.

3.2.2.1. Se trata, en la mayoría de los países candidatos, de mercados de dimensión limitada, lo que puede facilitar su transformación.

3.2.2.2. Las inversiones comunitarias, que se han desarrollado considerablemente en estos países, contribuyen también a exportar un sistema de referencia común de la UE y a difundirlo ampliamente (subcontratistas, etc.).

3.2.2.3. Por último, el control jurídico de la incorporación del acervo comunitario puede basarse en criterios comunitarios claros y mensurables, facilitando así la valoración de las situaciones.

3.3. Basarse en los progresos en curso

3.3.1. Desde el comienzo del proceso de preadhesión acordado en 1994 en Essen ha tenido lugar un largo proceso de adaptación de las economías de los países candidatos con los acuerdos europeos, las asociaciones para la adhesión y los instrumentos de preadhesión (programas Phare - capacidad institucional y ayuda la inversión - ISPA - infraestructuras de medio ambiente y transportes - y Sapard, desarrollo agrícola y rural) y la participación de los países candidatos en numerosos programas comunitarios. El objetivo ha sido acelerar en estos países el desarrollo de una economía de mercado apta para soportar la competencia en el mercado único y en los intercambios exteriores de una Unión Europea abierta al mundo. Inicialmente, la conversión de los países de Europa Central y Oriental a la economía de mercado se hizo en condiciones tales que revelaron los retrasos de competitividad acumulados en las economías de Estado (como se observó también con la integración de la economía de Alemania Oriental), dando origen en la mayoría de ellos a fuertes presiones inflacionistas, un descenso de la productividad y un aumento del desempleo.

3.3.1.1. Pero estos comienzos difíciles dieron paso, en particular en los países que aceleraron el proceso de reforma y reorientación de los flujos comerciales, a una clara recuperación económica en cuanto las reestructuraciones y las inversiones privadas dejaron sentir sus efectos positivos. Un punto sensible en la mayoría de los países candidatos sigue siendo el desempleo, cuyo aumento se ha vinculado inevitablemente con las reestructuraciones económicas en curso: una prioridad es mejorar la capacidad de reacción del mercado laboral ante la evolución del crecimiento para contribuir a reducir el desempleo de manera significativa, como ya sucede en los países candidatos más avanzados en el proceso de reforma como Hungría o Eslovenia.

3.3.2. El informe de la Comisión difundido el 8 de noviembre de 2000 deja constancia de numerosos progresos en la mejora de los equilibrios económicos, la productividad y el empleo en el sector privado. Según este informe, Chipre, Malta, Estonia, Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovenia son actualmente economías de mercado que están dispuestas a adherirse a la Unión Europea en un futuro próximo, a reserva de observaciones diversificadas pero globalmente positivas formuladas sobre la situación de cada uno de estos países. También Letonia, Lituania y Eslovaquia son considerados como economías de mercado viables, y deberían estar preparados para adherir en un futuro a medio plazo, a condición de ampliar las reformas en curso. Por el contrario, Bulgaria, Rumania y Turquía deben desarrollar aún o incluso iniciar las reformas para responder a los criterios económicos de la adhesión, en un futuro que no ha podido esclarecerse todavía (se trata de los criterios políticos previos que subsisten para Turquía y que condicionan la apertura de negociaciones). En total, se observa que los progresos registrados por la Comisión abren para siete o tal vez diez países candidatos perspectivas de adhesión en un futuro cercano, probablemente en 2004 para los mejor situados.

3.3.3. Además del crecimiento económico, estimado el año pasado globalmente en torno al 4 % anual, los progresos registrados han sido particularmente netos en lo que se refiere a la intensificación de los intercambios comerciales con la UE, que han progresado a un ritmo anual del 20 % desde 1993 y se han triplicado, representando actualmente por término medio un 60 % del comercio exterior de estos países (un porcentaje equivalente al de los quince países de la UE en sus intercambios intracomunitarios): los países candidatos se han convertido en el segundo socio de la UE, por detrás de los Estados Unidos. Estos intercambios se caracterizan actualmente por un fuerte excedente comercial de la UE, que superó los 25 mil millones de euros en 1999, o sea cerca de una cuarta parte de las exportaciones comunitarias a estos países.

3.3.4. Las evaluaciones y recomendaciones siguientes del Comité, basadas principalmente en sus audiencias de representantes socioprofesionales de los países candidatos, se presentan de manera global y corresponden a tendencias dominantes. Obviamente, deben matizarse en función de la diversidad de situaciones nacionales en los países candidatos.

3.3.5. El Comité observa que los progresos en los intercambios se deben a varias evoluciones positivas en la mayoría de los países candidatos, en particular:

- la aceptación del proceso de cambio y la adaptación al mercado único;

- el fortalecimiento de las organizaciones profesionales, sindicales y de consumidores;

- paralelamente a los avances de la productividad, una nueva cultura de empresa y gestión;

- un fuerte aumento de las inversiones internacionales;

- la modernización de las infraestructuras y del aparato de producción;

- el desarrollo del sector de los servicios (bancos, seguros, comercio, sector audiovisual);

- una mayor cooperación en el ámbito de la normalización técnica.

3.4. Búsqueda de soluciones a los principales problemas

3.4.1. Los cuestionarios y las audiencias del Comité han permitido detectar en los países candidatos los diversos problemas y retrasos que se enumeran a continuación. El hecho de que mencionemos de manera conjunta los diferentes casos no significa de ningún modo que ello sea una muestra de los problemas encontrados en cada uno de los países: dados los progresos realizados o en curso en los Estados candidatos, son solo los países más retrasados en la vía de la adhesión los que siguen acumulando la mayoría de los problemas detectados. Teniendo en cuenta esta matización, las audiencias del Comité muestran del Comité muestran que los principales problemas, además de las dificultades y los costes generales de la modernización, guardan relación con:

3.4.1.1. Retrasos en la modernización de las estructuras (aparato de producción, formación y cualificación de la mano de obra, sistema financiero, redes de distribución, estructuras administrativas y jurisdiccionales, infraestructuras de transportes y comunicaciones).

3.4.1.2. Retrasos en la adaptación de la normativa (restricciones a los movimientos de capitales, compatibilidad de las normas técnicas y contables, lagunas de propiedad intelectual e industrial, protección del medio ambiente, problemas vinculados al desarrollo de la economía sumergida).

3.4.2. Los problemas más citados por los agentes económicos y socioprofesionales de los países candidatos son:

3.4.2.1. En general, los retrasos de competitividad ante una mayor competencia, la complejidad de la aplicación de las normativas comunitarias, la limitación de las ayudas comunitarias, las dificultades de las empresas para desarrollarse, en particular las PYME (falta de capital y de acceso al crédito).

3.4.2.2. En el ámbito comercial, los déficit en los intercambios con la UE, y también las restricciones de acceso de los productos agrícolas a la UE, que subsisten a pesar de las aperturas.

3.4.2.3. En el ámbito social, las adaptaciones necesarias de la mano de obra, a menudo excedentaria en la agricultura pero insuficiente en otros sectores, la preocupación ante la eventual fuga de la mano de obra cualificada, y también los problemas de instauración, adaptación y buen funcionamiento de los sistemas de protección social.

3.4.3. Los problemas citados más a menudo por los agentes económicos y socioprofesionales de la Unión Europea guardan más relación con los exportadores que con los inversores in situ. Son los siguientes:

3.4.3.1. En general, problemas de inseguridad jurídica y de capacidad institucional de las administraciones de los países candidatos (como es el caso de los procedimientos burocráticos y de la ausencia de recurso, competencia e independencia de las autoridades de control, la cuestión del proteccionismo aduanero recurrente y de la ineficacia de determinados órganos de reglamentación, normalización y certificación, dificultades de los reconocimientos mutuos, los fraudes, problemas de corrupción).

3.4.3.2. En el ámbito económico, la complejidad y el nivel de la fiscalidad, la persistencia de obstáculos no arancelarios y de obstáculos técnicos y administrativos a los intercambios, falta de transparencia en los programas de privatización, falta de previsión en el marco jurídico y fiscal, mantenimiento de algunas reglamentaciones de precios, aunque limitado.

3.4.3.3. En el ámbito de la política de competencia, algunas limitaciones a la libertad de establecimiento, restricciones a la implantación (licencias de implantación, sucursales), restricciones a la adquisición de bienes raíces (aunque pueden soslayarse creando una filial), nivel de las ayudas estatales en algunos sectores confrontados a problemas de adaptación y competitividad, defectos en la apertura de los contratos públicos, prácticas anormales (dumping de precios que subsiste, habida cuenta de los procedimientos abiertos, aunque en número relativamente limitado, incumplimiento de las exigencias medioambientales, trabajo ilegal).

3.5. Centrarse en las restantes prioridades de adaptación

3.5.1. Las audiencias del Comité han revelado que las tareas prioritarias para los países candidatos son:

3.5.1.1. En general, la consolidación de los progresos ya señalados (gestión económica, productividad, calidad de los bienes y servicios, cultura de empresa, educación del consumidor), con una implicación directa de la sociedad civil.

3.5.1.2. En el ámbito de la política económica, el fortalecimiento de la estabilización macroeconómica, la supresión de los obstáculos a los intercambios de productos y servicios, la continuación y aceleración de las privatizaciones, el desarrollo de la liberación de los precios, las reformas fiscales que promuevan la economía de mercado, el respeto de las disciplinas monetarias, un régimen fiable de protección de la propiedad intelectual e industrial, el apoyo a las PYME, el desarrollo de la transposición de las normativas europeas, certificaciones y reconocimientos mutuos y la protección del medio ambiente.

3.5.1.3. En el ámbito de las estructuras públicas, el refuerzo de la reforma del Estado, las administraciones, el aparato jurisdiccional y la política de competencia, y la aceptación de las disciplinas de la OCDE y del Consejo de Europa para luchar contra la corrupción (convenios civiles y penales).

3.5.1.4. En el ámbito de las estructuras económicas, la promoción de organizaciones profesionales autónomas y representativas, la modernización de las estructuras industriales, comerciales, financieras y también agrícolas (con nuevas concesiones recíprocas en los intercambios), y la adaptación de las infraestructuras de transportes, energía y telecomunicaciones, en particular las transfronterizas entre país candidatos y con la UE.

3.5.1.5. En el ámbito social, la transposición del acervo social comunitario, el desarrollo del diálogo social y la lucha contra la economía sumergida.

4. El reto de aumentar la eficacia de los métodos de apoyo

4.1. El apoyo a la modernización económica de los países candidatos va a imponer un esfuerzo de adaptación de los métodos en cuatro aspectos: el recentrado de las ayudas comunitarias, la intensificación de las acciones de formación, la mejora de los informes de evaluación y la asociación anticipada a algunas políticas comunitarias.

4.2. Optimizar la ayuda comunitaria

4.2.1. Las ayudas comunitarias, programadas para el período 2000-2006 en la "Agenda 2000" adoptada en marzo de 1999 en Berlín, siguen en el marco del límite presupuestario comunitario fijado en 1,27 % del PNB. Prevén de manera anticipada para este período unos veinte mil millones de euros para los instrumentos de preadhesión y unos cincuenta mil millones, a partir de 2002, para nuevos países miembros. Si bien es significativa, es evidente que esta ayuda no bastará para financiar por sí sola las necesidades de desarrollo y recuperación económica de los países en cuestión.

4.2.2. La Unión Europea no debería considerar que ya ha cumplido con sus responsabilidades de apoyo financiero a los países candidatos únicamente por el hecho de haber adoptado la Agenda 2000: para el Comité, se trata ahora fundamentalmente de encauzar estas intervenciones comunitarias para destinarlas al apoyo de una economía de mercado eficaz garantizando un efecto catalizador y de promoción de la inversión privada que es la que puede realmente movilizar los recursos necesarios. Para lograr este objetivo, el Comité destaca varias necesidades:

4.2.2.1. En primer lugar, es indispensable desarrollar la cooperación con los agentes socioprofesionales en relación con los programas nacionales de adaptación al acervo comunitario y la utilización de las ayudas comunitarias, garantizando una concertación en las correspondientes tareas de concepción, aplicación, control y evaluación.

4.2.2.2. Debe reforzarse el control del impacto de las ayudas en el desarrollo económico, basándose, en particular, en esta cooperación con los agentes socioprofesionales.

4.2.2.3. Modernizar el marco de actividades de las empresas, acelerando incluso la reforma de la administración pública y garantizando la instauración de órganos jurisdiccionales cualificados, eficaces y autónomos (desarrollo de las operaciones ya iniciadas de hermanamiento entre administraciones nacionales de los Estados miembros y de los Estados candidatos).

4.2.2.4. Los programas de apoyo deberían favorecer más la dimensión transnacional, reforzando la cooperación regional entre los países candidatos.

4.2.2.5. El desarrollo de la cooperación entre los sectores público y privado parece indispensable, en particular para los proyectos de redes transeuropeas de infraestructuras (transportes, energía, telecomunicaciones, medio ambiente).

4.2.2.6. Además de la conformidad de las ayudas con las normas de competencia, es preciso velar por una condicionalidad de las ayudas teniendo en cuenta las disciplinas comunes, la seguridad jurídica en relación con las personas, los bienes, las transacciones y las inversiones, el refuerzo de los dispositivos de lucha contra las irregularidades, los fraudes, la corrupción y la economía sumergida.

4.2.2.7. Por último, es realmente necesario garantizar el desarrollo de un sistema financiero y bancario sólido y bien controlado.

4.2.3. Sería por otra parte útil facilitar combinaciones entre ayudas comunitarias y ayudas nacionales de los Estados miembros para reforzar el impacto de la financiación de algunos proyectos, lo que constituiría un medio para atenuar la limitación de las ayudas comunitarias y concentrar más las ayudas europeas, ya sean europeas o nacionales, en algunos proyectos prioritarios.

4.2.4. El Comité destaca por último la necesidad de prever una disminución en lugar de un aumento de las subvenciones con el paso del tiempo, lo que iría en el sentido de una limitación global de las ayudas públicas en el funcionamiento de la economía europea: convendría, pues, que estas ayudas públicas fuesen acompañadas de préstamos a tipos bajos, reducciones de intereses, garantías de préstamo o participaciones en el capital, con una mejor coordinación entre las ayudas de los fondos y los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, de los bancos y del sector financiero.

4.3. Intensificar las acciones de formación

4.3.1. La modernización de los países candidatos va a exigir también un esfuerzo de formación de gran amplitud, en el que los agentes socioprofesionales de los países miembros van a desempeñar un papel clave desarrollando con sus homólogos de los países candidatos acuerdos de cooperación y asistencia mutua, informándoles sobre sus derechos y obligaciones en relación con el acervo comunitario y contribuyendo a su adaptación en función de sus necesidades específicas.

4.3.2. Estas acciones de formación por parte de los agentes socioprofesionales y los interlocutores sociales, que han comenzado ya con apoyo comunitario, entre otros, del programa Phare, deberían desarrollarse más aún mediante misiones de expertos, períodos de prácticas e intercambios mutuos. Deberían contribuir a integrar todos los factores de adaptación, y en particular:

- promover un marco legislativo y judicial favorable a la iniciativa privada;

- difundir el mismo referencial de gestión;

- enseñar a utilizar las herramientas jurídicas europeas como la patente europea, la marca comunitaria, la certificación CE, etc.;

- desarrollar los acuerdos de reconocimiento mutuo;

- promover el diálogo social.

4.4. Mejorar los informes de evaluación

4.4.1. La situación relativa a la incorporación del acervo comunitario es objeto de informes anuales realizados por la Comisión Europea en relación directa con las administraciones de los países candidatos; el último se presentó el 8 de noviembre de 2000.

4.4.2. El Consejo Economía-Finanzas acordó en noviembre de 2000 debatir también algunos aspectos especialmente significativos de la política económica de los países candidatos, en particular sus programas económicos y su política financiera para aproximarlos cada vez más a las prácticas de la Unión Europea (previsiones económicas, notificación de agregados, estabilidad del presupuesto público, etc.). El Comité aprueba esta iniciativa, que permitirá también que los países candidatos se asocien mejor al proceso de Cardiff en lo que se refiere al refuerzo de la fluidez económica del mercado único y la adaptación de los mercados de servicios y capitales.

4.4.3. Por otra parte, el Comité destaca que sus reuniones con los representantes socioprofesionales de los países candidatos ponen de manifiesto con frecuencia valoraciones directas de la realidad bastante diferentes de los informes oficiales, en particular sobre los puntos siguientes: estado de las reformas y progresos, aplicación de las nuevas legislaciones, retrasos en la incorporación del acervo, problemas de competencia, eventuales obstáculos al mercado único. El debate sobre la adhesión a la Unión Europea, sobre sus progresos, sus modalidades y sus condiciones debe ser llevado a la base de la sociedad civil, a través de un diálogo permanente con sus representantes organizados. El Comité recomienda, pues, que se garantice en adelante una participación directa de los agentes socioprofesionales en estos informes para evaluar mejor la evolución real en lo que se refiere al estado de las reformas y progresos, la aplicación real de las nuevas legislaciones, los obstáculos in situ, etc.

4.4.3.1. En esta misma lógica, la Comisión Europea debería procurar integrar en sus informes de evaluación los análisis y recomendaciones surgidos de las Conferencias anuales organizadas por el Comité Económico y Social con los representantes socioprofesionales de los países candidatos y de los Comités consultivos mixtos (CCM) bilaterales que existen con varios de ellos. Por otra parte, las autoridades públicas de los países candidatos que aún no han propuesto crear un CCM deberían hacerlo prontamente.

4.5. Asociar sin demora los Estados candidatos a algunas de las políticas comunes

4.5.1. Sería útil activar la preparación operativa de los países candidatos asociándolos, desde el período de preadhesión, a la aplicación de políticas comunes, procurando que funcionen espacios de adhesión que, aunque limitados, sean reales. Esto facilitaría la aceleración de las negociaciones y la definición de calendarios objetivos para cada una de las adhesiones.

4.5.2. Un buen ejemplo de este enfoque es la reciente celebración, por parte de la Comisión Europea, de acuerdos de reconocimiento mutuo de los productos industriales (PECA) con Hungría, la República Checa y Letonia. Estos acuerdos deberían extenderse a otros países candidatos.

4.5.3. Cabe citar asimismo la asociación plena de los países candidatos acordada respecto del espacio europeo de investigación y, en particular, el 6o Programa marco.

4.5.4. Por otra parte, el Comité apoya la propuesta de la Comisión Europea, formulada por el propio Comité en un dictamen sobre el impacto de la ampliación en el mercado único, de extender a los países candidatos los centros de coordinación y puntos de contacto sobre el "mercado único", ya establecidos en cada uno de los quince Estados miembros, para contribuir a resolver sobre una base bilateral los problemas que todavía puedan surgir en los intercambios mutuos.

4.5.5. Este enfoque cooperativo podría aplicarse también a la política aduanera comunitaria, ya que la mayoría de los nuevos candidatos tendrán tras su ingreso en la Unión Europea una frontera con un tercer país.

4.5.6. El Comité apoya también las propuestas presentadas en enero de 2001 por la Comisión Europea, cuyo objeto es que a partir de 2001 los países candidatos se adhieran a la Agencia Europea de Medio Ambiente.

4.5.7. El Comité llama también la atención sobre la necesidad de contemplar la posibilidad de que los países candidatos se incorporen al sistema de la patente comunitaria en cuanto sea adoptada por la UE, incluso antes de su adhesión (sin que ello complique de ningún modo la aprobación por los quince de la patente comunitaria a partir de 2001). En efecto, un desbloqueo de la patente comunitaria, respecto de la cual los Estados candidatos se encontrarían excluidos, impediría que se tuviera en cuenta a estos países en las nuevas patentes que vayan concediéndose. De esta manera, resultaría imposible incluirlos posteriormente en las patentes comunitarias concedidas antes de su adhesión, debido a las normas restrictivas del derecho de propiedad intelectual e industrial que prohiben añadir posteriormente otros países a la lista de países para los que la patente haya sido concedida inicialmente. Tal situación crearía para numerosísimas patentes comunitarias una separación en el mercado único tras la ampliación, en contradicción con las ventajas previstas legítimamente para las mismas.

4.5.8. Por último, el Comité apoya la asociación de los países candidatos a los objetivos perseguidos por la Unión Europea en las negociaciones comerciales internacionales, que justifican una estrecha concertación de la Comisión con los mismos, al objeto de fortalecer la presencia de la Unión Europea en la escena internacional.

5. El reto de la preparación de una nueva cohesión en la Unión ampliada

5.1. La ampliación de la Unión Europea va a modificar muy sensiblemente los datos de su cohesión interna, precisamente en un momento en que la Unión se está esforzando en continuar su desarrollo, con un largo camino por recorrer. La búsqueda de una cohesión óptima va a ser complicada por los retrasos y disparidades de desarrollo en los países candidatos, cuya magnitud es tal que en la mayoría de ellos solo podrán desaparecer en muy pequeña medida antes de su adhesión efectiva. Subsistirán ampliamente durante los primeros años, o incluso décadas, tras la adhesión. La Unión ampliada deberá, pues, aprender a vivir con una disparidad mucho mayor entre los niveles económicos de sus Estados miembros y regiones, y encontrar los medios para adaptarse y a la vez poner remedio progresivamente a esta situación. Ni la Agenda 2000 adoptada en Berlín en 1999 ni la reforma del Tratado resultante del acuerdo de Niza en diciembre de 2000 bastarán para conciliar la ampliación con la profundización si no se inscriben en el marco de una reorganización más global. Conviene, pues, emprender nuevas acciones, asociando plenamente a los países candidatos, para simplificar la reglamentación comunitaria, coordinar las administraciones nacionales para misiones comunes, consolidar la UEM y fortalecer juntos la competitividad de Europa.

5.2. Simplificar la reglamentación comunitaria

5.2.1. La incorporación del acervo comunitario en los países candidatos es complicada debido a la gran complejidad de la reglamentación comunitaria. Si bien la Unión Europea debería permitir simplificar la reglamentación en Europa, actualmente sigue adoptando muy a menudo disposiciones demasiado complejas para los usuarios, demasiado dispersas cuando no contradictorias para formar un conjunto realmente coherente y demasiado inspiradas en las normativas nacionales existentes para poder armonizarlas realmente.

5.2.2. Por su parte, los Estados miembros no dan prueba de suficiente disciplina ante la reglamentación común, siguen acumulando retrasos en la transposición y no dejan de aumentar los contenciosos jurídicos con la Comisión y el Tribunal de Justicia Europeo. Así pues, los quince están dando actualmente un mal ejemplo a los países candidatos.

5.2.3. Por consiguiente, es necesario incrementar la eficacia de la intervención comunitaria mejorando la pertinencia y la calidad de la reglamentación y reforzando los controles y la disciplina en su aplicación. Se trata de consolidar un funcionamiento duradero del mercado único, facilitando la incorporación del acervo por parte de los países candidatos y procurando evitar eventuales litigios.

5.2.4. El Comité se pronunció en un dictamen de octubre de 2000(3) sobre la necesidad de lanzar un programa plurianual de simplificación de la reglamentación, que conllevaría códigos de conducta para las instituciones y los propios Estados miembros -al adoptar el suyo, el Comité ha mostrado con el ejemplo-, un fortalecimiento del diálogo con los representantes de los usuarios de la reglamentación, la independencia de los análisis de impacto con antelación a los proyectos de la Comisión y el examen sistemático de alternativas posibles a una reglamentación a través de intervenciones voluntarias, acuerdos contractuales, sistemas de autorregulación o corregulación de los sectores profesionales interesados, con métodos eficaces de seguimiento (cuadros de visualización, informes anuales) promoviendo una clasificación comparativa de las mejores prácticas.

5.2.5. El Comité desea que los Estados candidatos participen en este programa de simplificación de la reglamentación, adoptando también códigos de buena de conducta y promoviendo el diálogo contractual de los interlocutores económicos y sociales.

5.3. Coordinar las administraciones nacionales

5.3.1. El Comité destaca que esta simplificación de la reglamentación deberá ir acompañada de un fortalecimiento de los controles y las transposiciones, en condiciones que responsabilicen aún más a los Estados miembros. La Comisión Europea no podrá garantizar sola la buena gestión del mercado único ampliado, dado que será necesario reforzar las exigencias de seguridad y los controles.

5.3.2. El Comité es pues favorable a una participación directa de las administraciones de los Estados miembros en el refuerzo de los distintos controles in situ, adoptando métodos comunes que deberían ser homologados por la Comisión. Los Estados candidatos deberían participar también, lo que para ellos constituiría el mejor aprendizaje de cara a su futura adhesión. Así pues, habrá que desarrollar, a semejanza de los centros de coordinación del mercado único recientemente creados en cada uno de los quince Estados miembros, sinergias entre las administraciones nacionales obrando en función de los intereses del mercado único. Este enfoque deberá adoptarse, en particular, para la política de competencia, la protección del medio ambiente, la seguridad de los productos y alimentos, la salud y seguridad en el trabajo y la lucha contra el fraude fiscal y comercial.

5.3.3. La Comisión debería centrarse en una observación vigilante del buen funcionamiento de estos controles descentralizados. Debería estar habilitada para intervenir directamente al objeto de atenuar posibles deficiencias de las administraciones nacionales. Ante la perspectiva de una Unión de treinta miembros dotada con administraciones nacionales muy heterogéneas, las intervenciones de la Comisión podrán justificar la creación de inspecciones comunitarias, muy especialmente por lo que se refiere al control y represión del fraude a nivel europeo.

5.3.4. En cuanto a las aduanas, el Comité llama la atención sobre el objetivo de garantizar procedimientos idénticos en las fronteras exteriores de la Unión, a raíz de la supresión de los controles intracomunitarios. Este objetivo podría justificar la superación de la fase de cooperación reforzada de las administraciones nacionales y dar paso a una verdadera unificación de las aduanas europeas tras la ampliación en el marco de una única administración comunitaria.

5.4. Consolidar la UEM

5.4.1. La Unión Económica y Monetaria, al integrar plenamente la economía de los Estados miembros que participan en el euro, llega en el momento oportuno para afrontar el reto del fortalecimiento de la cohesión económica y social en la Europa ampliada. Deberá consolidar la profundización de la integración económica al margen de las ampliaciones y atraer progresivamente hacia ella, de manera ineludible, a los nuevos países candidatos a la adhesión.

5.4.2. El Comité destaca la necesidad de fortalecer la coordinación económica en el Consejo de Economía y Finanzas. El Eurogrupo va a tener que desempeñar un papel motriz, por lo que deberá estructurarse y actuar en consecuencia. Además de los Ministros de Economía y Hacienda, otras formaciones del Consejo, en particular el Consejo de Asuntos Sociales, deberán también integrar plenamente en sus debates y decisiones todas las consecuencias que acarree la introducción del euro.

5.4.3. El Consejo de Economía y Finanzas deberá animar a los países candidatos a que creen las bases jurídicas y económicas para su futura participación en la UEM, en particular iniciando las reformas estructurales necesarias para tal fin (como la independencia de los bancos centrales, que ya ha progresado mucho). El Comité desea que los países candidatos se comprometan a participar tras su adhesión en el Mecanismo de cambio europeo (MCE2), que ha sucedido al SME, lo que garantizará sólidas bases para la estabilidad de los cambios en el mercado único ampliado y constituirá un primer paso, por lo demás obligatorio, para su posterior participación en la UEM.

5.5. Fortalecer juntos la competitividad de Europa

5.5.1. En el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 se acordó fortalecer la competitividad de Europa procediendo a adaptaciones estructurales importantes en los distintos Estados miembros. Este mandato deberá llevarse a cabo con toda la determinación necesaria, al objeto de reforzar la capacidad competitiva de las empresas, desarrollar la innovación, controlar los costes colectivos y los gastos públicos, mejorar el funcionamiento del mercado laboral y el nivel de empleo y garantizar la durabilidad de los regímenes de protección social.

5.5.2. El Comité recomienda que los Estados candidatos participen en los objetivos fijados en Lisboa y en los informes anuales de evaluación en los Consejos Europeos de primavera para:

- reforzar la capacidad competitiva de las empresas, desarrollar la innovación, controlar los costes colectivos y los gastos públicos, mejorar el funcionamiento del mercado laboral y el nivel de empleo y garantizar la modernización de los regímenes de protección social;

- promover la evaluación comparativa de las mejores prácticas.

El Comité se congratula de que el Consejo Europeo de Estocolmo de marzo de 2001 haya expresado explícitamente su interés por dicha participación.

5.5.3. Dicha participación animará a estos Estados a acelerar las reformas y hará que se encuentren en una situación de sinergia mutua, no sólo entre ellos, sino también con respecto a los quince Estados miembros. Por otra parte, cada Estado candidato dispondrá de todas las oportunidades -sobre todo, en los ámbitos donde haya iniciado nuevas reformas con nuevos medios y firme voluntad de llevarlas a buen término, como la apertura económica y la innovación- para equipararse a los quince en la adaptación competitiva, y hasta para unirse incluso al grupo de los mejores.

6. Conclusiones

6.1. Basándose en los debates que ha desarrollado con los representantes socioprofesionales de los países candidatos, el Comité destaca la necesidad de reforzar, en previsión de la ampliación, los esfuerzos de incorporación efectiva del acervo en estos países, mejorar la eficacia de los métodos de apoyo de la Unión Europea y preparar una nueva cohesión económica en la Unión ampliada.

6.2. El Comité observa que los Estados miembros y los Estados candidatos participan ya de un futuro común, lo que justifica un apoyo permanente y eficaz de la Unión Europea y sus agentes socioprofesionales a los esfuerzos de todo tipo que los Estados candidatos van a tener que proseguir e intensificar para llevar a buen término su adhesión, sin duda exigente dada la integración ya alcanzada, aunque todavía incompleta, por la Unión.

6.3. El Comité observa también que sería totalmente erróneo considerar, tras las decisiones previas de la Unión Europea relativas a la Agenda 2000 y posteriormente a la reforma del Tratado, que esta adaptación incumbe únicamente a los países candidatos, cuando es en realidad la preparación para la Unión ampliada la que va a requerir una adaptación en profundidad de la Unión Europea, más allá de las reformas presupuestarias e institucionales acordadas, para afrontar las consecuencias inéditas que acarree la ampliación.

6.4. El Comité considera que este doble reto, para los Estados candidatos y para los Estados miembros, debe considerarse como una oportunidad única para emprender una renovación en profundidad de la Unión Europea que beneficie a todos, en la medida en que garantizará la competitividad económica y el progreso social de una Europa a la vez ampliada y reforzada.

6.5. Esta es la razón por la que el Comité hace un llamamiento para que la Unión Europea adopte a partir de 2001 un programa plurianual ambicioso y coherente de preparación a la ampliación con el fin de reforzar la eficacia de los métodos de apoyo a los países candidatos creando ya entre los quince las condiciones que permitan preservar la cohesión de la Europa ampliada. Dicho programa deberá incluir la participación de los Estados miembros y los Estados candidatos e implicar ante todo a los agentes económicos y sociales de la sociedad civil. El objetivo deberá consistir en llevarlo a buen término antes de que expiren los actuales mandatos del Parlamento y la Comisión.

Bruselas, 25 de abril de 2001.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) Véanse igualmente los dictámenes del Comité Económico y Social:

"El empleo y la situación social en los países de Europa Central y Oriental candidatos a la adhesión".

"La dimensión septentrional: plan de acción para la dimensión septentrional en las políticas exterior y transfronteriza de la UE durante el período 2000-2003", DO C 139 de 11.5.2001.

"Los efectos de la ampliación de la Unión en el Mercado Único (OMU)", DO C 329 de 17.11.1999.

(2) Conferencia "La asociación para el crecimiento económico y los derechos sociales", organizada en la sede del Comité Económico y Social del 14 al 17 de noviembre de 2000.

(3) "La simplificación de la reglamentación en el mercado único", DO C 14 de 16.1.2001, p. 1.

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