Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 16.4.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 93/4 |

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Recurso de casación interpuesto el 18 de enero de 2005 por el Sr. H. Meister contra la sentencia dictada el 28 de octubre de 2004 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-76/03, H. Meister contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

(Asunto C-12/05 P)

(2005/C 93/08)

Lengua de procedimiento: francés

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 18 de enero de 2005 un recurso de casación formulado por el Sr. H. Meister, representado por el Sr. P. Goergen, abogado, contra la sentencia dictada el 28 de octubre de 2004 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-76/03, H. Meister contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

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| 1. | Declare la admisibilidad del recurso de casación y lo estime. |

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| 2. | Anule, en consecuencia, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 28 de octubre de 2004, en el asunto T-76/03, salvo lo dispuesto en los apartados 202 a 208 de la sentencia recurrida, en los que se considera que el Presidente de la OAMI incurrió en un comportamiento lesivo que puede dar lugar a una indemnización. |

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| 3. | Resuelva definitivamente el litigio, o remita el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste lo resuelva, y estime las pretensiones formuladas en primera instancia por el demandante. |

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| 4. | Condene a la OAMI a pagar las costas de las dos instancias. |

Motivos y principales alegaciones

Por una parte, el Tribunal de Primera Instancia ha motivado su sentencia de manera errónea, insuficiente y contradictoria y, por otra, ha incurrido en varios errores de Derecho.

Los vicios en la motivación consisten, en primer lugar, en la desnaturalización de los hechos. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia ha realizado una selección arbitraria y una determinación inexacta de algunos elementos de hecho. En segundo lugar, dichos vicios se refieren a la calificación jurídica incorrecta de la decisión impugnada, en concreto, la negativa a calificarla de sanción disciplinaria. El Tribunal de Primera Instancia también ha incurrido en un vicio en la motivación al reconocer a la Administración una amplia facultad de apreciación en la evaluación del interés del servicio, que vacía de contenido la obligación de tener en cuenta el interés del funcionario, así como al afirmar que el control jurisdiccional del cumplimiento del requisito del interés del servicio debe limitarse a comprobar si la AFPN ha utilizado su facultad de apreciación de manera manifiestamente errónea. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia realiza una apreciación incorrecta del interés del servicio y no toma en consideración el interés del funcionario. Asimismo, ha aplicado de manera errónea el principio de proporcionalidad, al declarar que la decisión impugnada respetaba dicho principio, cuando no se trataba de una medida adecuada ni de la menos onerosa. El Tribunal de Primera Instancia también ha cometido un error al apreciar si el nuevo puesto era equivalente o comparable al puesto de trabajo anterior. En efecto, según su razonamiento, cualquier cambio de destino que se corresponda con el grado actual del funcionario respeta el criterio de la equivalencia de puestos de trabajo. Por último, el Tribunal de Primera Instancia no ha indicado los elementos que ha tenido en cuenta para calcular el perjuicio moral sufrido por el demandante.

El Tribunal de Primera Instancia también ha cometido varios errores de Derecho. En primer lugar, ha permitido que la decisión de cambio de destino, como mera medida de organización interna, quede exenta de la obligación de motivación, obligación que ha sido consagrada como un principio general del Derecho. En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en un error de Derecho al no apreciar la existencia de una violación del derecho a un proceso equitativo en perjuicio del demandante. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia ha cometido un error de Derecho en relación con la aplicación del derecho a la libertad de expresión, al no pronunciarse claramente acerca del alcance de la libertad de expresión de la que disfrutaba el demandante en el caso de autos. Por último, el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en un error de Derecho al aplicar el derecho de defensa y, en concreto, el derecho a ser oído previamente a la adopción de una decisión de cambio de destino.

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