Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 52012DC0600

**COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Estrategia de ampliación y retos principales 2012-2013 /\* COM/2012/0600 final \*/**

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL
PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Estrategia de ampliación y retos
principales 2012-2013

1.
Introducción

La UE viene impulsando su política de
ampliación desde hace más de cuarenta años. El número de Estados miembros ha
ido aumentando al hilo de las sucesivas adhesiones, pasando de los seis
fundadores a los veintisiete países actuales. Esta previsto que Croacia se
convierta en el 28º Estado miembro el 1 de julio de 2013. A través de su
política de ampliación, la UE ha ido respondiendo, desde sus comienzos, a la
legítima aspiración de los pueblos de nuestro continente, de aunar fuerzas en
un empeño europeo común. Ha contribuido a la aproximación de las naciones y las
culturas, enriqueciendo a la UE e inyectándole diversidad y dinamismo. Más de
tres cuartas partes de los Estados miembros que componen hoy la Unión fueron en
su día «países de ampliación».

En este período de gran incertidumbre
mundial y retos de gran calado, en el que la UE se prepara para dar nuevo
impulso a la integración política, económica y financiera, la política de
ampliación sigue contribuyendo a la paz, la seguridad y la prosperidad en
nuestro continente. En un marco de condicionalidad estricta pero equitativa, la
perspectiva de la adhesión constituye un acicate para las reformas políticas y
económicas, transformando las sociedades y creando nuevas oportunidades para
ciudadanos y empresas. Al mismo tiempo, la ampliación refuerza las bazas
políticas y económicas de la Unión. Ejerciendo liderazgo en el marco de su
política de ampliación, la UE podrá recoger los beneficios de un continente más
sólido y más unido, y demostrar también su capacidad de actuación a escala
mundial.

La última ampliación, en la que se
abrieron las puertas a los países de Europa Central y Oriental, no solo puso
fin a décadas de separación artificial entre el Este y el Oeste, sino que
supuso beneficios recíprocos al hilo de la mayor integración comercial, la
ampliación del mercado interior, las economías de escala y la expansión de las
oportunidades profesionales y de inversión. Desde el comienzo de las
negociaciones de adhesión en curso, las exportaciones de la UE a los países
adherentes se han incrementado en más del triple. Se calcula que un tercio del
elevado crecimiento registrado en ese periodo en los países adherentes se ha
debido al efecto de la ampliación.

El fortalecimiento del Estado de Derecho
y la gobernanza democrática es básico para el proceso de ampliación. Las
lecciones extraídas de las ampliaciones precedentes subrayan la importancia de
prestar mayor atención a estos ámbitos y de mejorar la calidad del proceso. Así
se apuntala y se fomenta la estabilidad de una región en la que todavía no se
han borrado las cicatrices del conflicto, y se promueve la creación de un
entorno, en Europa sudoriental, que propicie el crecimiento y la captación de
inversión, el incremento de la cooperación regional y la lucha contra la
corrupción y la delincuencia organizada, entre otros problemas compartidos. Se
abordan cuestiones que inquietan directamente a los ciudadanos de la Unión y
los países de la ampliación en materia de seguridad, justicia y derechos
fundamentales. Con el respaldo del Consejo, en junio, al nuevo planteamiento
propuesto por la Comisión en relación con la integración del poder judicial y
los derechos fundamentales y la justicia, la libertad y la seguridad como parte
del marco de negociación para Montenegro se ha afianzado sólidamente el Estado
de Derecho como eje del proceso de adhesión y se han sentado también las bases
para las futuras negociaciones.

Las dificultades que actualmente
atraviesa la zona del euro han dominado la agenda política de la UE a lo largo
del pasado año. Junto con la reciente crisis financiera mundial, esta coyuntura
ha puesto de relieve la interdependencia de las economías nacionales tanto
dentro como fuera de las fronteras de la Unión. Los retos que debe afrontar la
zona del euro ponen de relieve la importancia de seguir consolidando la
estabilidad económica y financiera y fomentando las reformas y el crecimiento,
también en los países de la ampliación. La mayor integración política,
económica y financiera que ello propiciará en la UE también deberá ser tenida
en cuenta en el proceso de ampliación. Fortalecer la capacidad de los países de
la ampliación para sortear las crisis es una cuestión de interés para ambas
partes. El proceso de ampliación constituye un instrumento poderoso a tal
efecto. Una UE más sólida y ampliada estará en mejor posición para afrontar
tales retos. El dinamismo de la economía turca, por ejemplo, su rol
geopolítico, su contribución a la seguridad del abastecimiento energético y su
joven población representan una oportunidad tanto para Turquía como para la UE
en el contexto de la perspectiva de adhesión.

Como es obvio, afrontar los riesgos de
inestabilidad en los Balcanes Occidentales va en beneficio de los intereses que
compartimos, teniendo en cuenta el legado de la guerra y división que ha
asolado esa región. El proceso de ampliación presta apoyo a los partidarios de
la reforma en la región, afianzando su proceso de transición democrática tras
el conflicto armado. Contribuye a evitar los costes más elevados que podrían
acarrear las consecuencias de la inestabilidad. Reforzar la estabilidad y la
democracia en el sudeste de Europa constituye asimismo una inversión en
democracia sólida y duradera en la gran vecindad de la UE. El consenso renovado
sobre la ampliación, acordado por el Consejo Europeo, sigue siendo el
fundamento de la política de ampliación de la UE. Esta política está basada en
los principios de consolidación de los compromisos, condicionalidad rigurosa y
equitativa y comunicación adecuada con los ciudadanos, en combinación con la
capacidad de la UE para integrar a nuevos miembros. El actual programa de
ampliación abarca los Balcanes Occidentales, Turquía e Islandia. La UE ha
proclamado una y otra vez la inclusividad de la política relativa a los
Balcanes Occidentales, y en sucesivos Consejos Europeos se ha confirmado que el
futuro de toda la región pasa por su pertenencia a la Unión. El proceso de
estabilización y asociación sigue constituyendo el marco común para los
preparativos necesarios.

Mantener la credibilidad del proceso de
ampliación resulta crucial para poder coronarlo con éxito. Se trata de que los
países interesados impulsen reformas de gran calado con el fin de cumplir los
criterios establecidos, en particular los criterios de Copenhague. Se trata
también de mantener el apoyo de los Estados miembros y sus ciudadanos. Es
esencial fomentar la comprensión y el debate bien informado sobre las
repercusiones de la política de ampliación, sobre todo en un periodo en el que
la UE se enfrenta a retos de gran calado. En este contexto es fundamental el
principio de méritos propios. El ritmo de avance de cada país por la senda de
la adhesión dependerá de su grado de cumplimiento de las condiciones
necesarias. Así pues, la ampliación es por definición un proceso gradual,
basado en preparativos sólidos por todas las partes. El nuevo planteamiento
adoptado en las negociaciones relativas al Estado de Derecho introduce la
necesidad de que se vayan desarrollando historiales sólidos de aplicación de
las reformas a lo largo de todo el proceso de negociación. Las reformas deben
estar profundamente arraigadas, en aras de su irreversibilidad.

La inminente adhesión de Croacia, el
comienzo de las negociaciones con Montenegro y el estatuto de país candidato de
Serbia demuestran que la UE respeta sus compromisos una vez cumplidas las
condiciones. Estas trayectorias positivas ponen asimismo de relieve el poder
transformador de la ampliación y el enorme avance que ha podido realizar, en
apenas media generación, una zona devastada por la guerra. Constituyen un
incentivo y un acicate para que todos los países de la región intensifiquen sus
propios preparativos para la posible incorporación a la UE.

A lo largo del pasado
año se han registrado una serie de avances positivos en los países de la
ampliación. Además de los relativos a Croacia, Montenegro y Serbia, se han
obtenido buenos resultados en la Antigua República Yugoslava de Macedonia,
donde el Diálogo de Adhesión de Alto Nivel ha propiciado que las autoridades
presten mayor atención a las reformas. En Albania, el diálogo entre el Gobierno
y la oposición ha permitido la práctica superación de la parálisis política
y la adopción de reformas electorales y parlamentarias. Las negociaciones de
adhesión con Islandia progresan adecuadamente. Turquía ha apoyado activamente
el nuevo programa positivo anunciado el pasado año, que la Comisión emprendió
en mayo de 2012.

Al mismo tiempo,
siguen pendientes distintas reformas en la mayoría de los países. Los derechos
humanos, la buena gobernanza, el Estado de Derecho, incluida la lucha contra la
corrupción y la delincuencia organizada, la capacidad administrativa, el
desempleo, la reforma económica y la inclusión social siguen constituyendo
aspectos problemáticos. A menudo se echan en falta una mayor asunción de las
reformas y la voluntad política necesaria para seguir progresando. El fortalecimiento de la libertad de expresión y la independencia
de los medios de comunicación siguen constituyendo retos de gran calado. En
ocasiones, cuestiones bilaterales siguen obstaculizando el proceso de adhesión.

El proceso de ampliación es incluyente
por su propia naturaleza y precisa de una extensa participación de las partes
interesadas. En los países de la ampliación, contar con un amplio consenso
político y apoyo de la población a las reformas necesarias contribuye
significativamente a la transformación necesaria para impulsar la aproximación
a la UE.

En la presente
Comunicación se analiza la situación actual del programa de ampliación de la
Unión Europea. Sobre la base de análisis pormenorizados referidos a cada país[1] se hace balance del avance de sus
preparativos para la adhesión, de su situación actual y de sus perspectivas
para los próximos años, formulándose al respecto una serie de recomendaciones.
Como en los años precedentes, se presta especial atención a varios ámbitos
problemáticos, así como al apoyo que la UE presta a los países de la
ampliación, en particular a través del Instrumento de Asistencia Preadhesión.

2.
Retos principales
2.1.
El Estado de Derecho como eje de la
política de ampliación

La experiencia de las últimas
ampliaciones y las dificultades a las que se enfrentan los países de la
ampliación subrayan la importancia de centrar aún en mayor medida la política
de ampliación en el Estado de Derecho. En el documento de estrategia del año
pasado se propuso un nuevo planteamiento de negociación en el ámbito del poder
judicial y los derechos fundamentales y en materia de justicia, libertad y
seguridad. Este planteamiento, respaldado por el Consejo, ha quedado ahora
reflejado en el marco de negociación adoptado en junio de 2012 para las
negociaciones con Montenegro, de modo que se afianza sólidamente el Estado de
Derecho como eje del proceso de adhesión y se sientan también las bases para
las futuras negociaciones.

Los países que aspiran a sumarse a la
Unión deben demostrar su capacidad para reforzar la puesta en práctica efectiva
de los valores en los que se basa la Unión en todas las fases del proceso de
adhesión. Deben garantizar y promover desde un primer momento el funcionamiento
adecuado de las instituciones básicas necesarias para la gobernanza democrática
y el Estado de Derecho, desde el Parlamento nacional hasta el Gobierno y el
sistema judicial, incluidos los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía pública,
así como los organismos responsables de garantizar la aplicación de la ley.

La mayoría de los países de la ampliación
han de afrontar una serie de retos principales en estos ámbitos:

Por lo que respecta al sistema
judicial, los países deben garantizar su independencia, imparcialidad y
responsabilidad, así como su capacidad de garantizar juicios justos. Deben asimismo
garantizar que sus sistemas judiciales funcionan eficientemente, sin
procedimientos excesivamente prolongados. A este respecto ya se han establecido
estrategias de reforma judicial en la mayoría de los países. Se ha avanzado en
el fortalecimiento de la independencia de los Consejos Judiciales Públicos y
también, en algunos casos, con nuevos procedimientos para los nombramientos
judiciales. Ahora bien, siguen existiendo numerosas dificultades, en particular
para garantizar procedimientos más rigurosos de nombramiento de jueces y
fiscales, encontrar el equilibrio adecuado entre la independencia judicial y la
responsabilización —lo que incluye abordar la cuestión de la inmunidad de los
jueces— y reducir en muchos casos el excesivo número de causas pendientes. La
ejecución de las resoluciones judiciales sigue siendo problemática. Además de
las reformas legislativa y administrativa, con frecuencia es necesaria una
modificación de la cultura judicial de modo que se preste mayor atención a la
prestación de un servicio a los ciudadanos.

La corrupción sigue estando muy
extendida en la mayoría de los países de la ampliación. Se trata de un problema
que socava el Estado de Derecho, mina los presupuestos nacionales y el entorno
en el que operan las empresas y afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos en
ámbitos como la asistencia sanitaria y la educación. Su generalización permite
la infiltración de los grupos de la delincuencia organizada en los sectores
público y privado. Los países deben garantizar un marco sólido para la
prevención de esta lacra, en particular en términos de mayor transparencia en
los organismos públicos y en la utilización de los fondos públicos. La
actuación de las autoridades policiales y judiciales ha de ser dinámica,
coordinada y eficaz para que los casos de corrupción, incluidos los de alto
nivel, sean objeto de investigación, procesamiento y sanción adecuados. En
muchos países de la ampliación son necesarios esfuerzos adicionales por lo que
respecta a la financiación de los partidos políticos y las campañas
electorales, la gestión de los conflictos de intereses, la transparencia de la
contratación pública, el acceso a la información y el decomiso y la
confiscación de activos. En algunos casos se han establecido fiscalías
especializadas que están realizando una buena labor. Queda mucho por hacer para
seguir desarrollando el historial necesario. Es preciso elaborar estadísticas
fiables que permitan supervisar el éxito de las políticas anticorrupción.

La lucha contra la delincuencia
organizada sigue siendo una prioridad clave y supone un gran problema en la
mayoría de los países de la ampliación. La naturaleza transfronteriza de
numerosas actividades delictivas hace necesaria una cooperación intensa entre
las autoridades policiales y judiciales, con los Estados miembros de la UE y a
escala internacional. Las autoridades policiales y judiciales han de ser
dotadas de herramientas de investigación e instrumentos jurídicos eficaces que
les permitan luchar adecuadamente contra la delincuencia organizada y
sancionarla debidamente. En particular, se ha de mejorar su capacidad para
realizar investigaciones financieras. Si bien es cierto que se están realizando
avances, en la mayoría de los países queda una gran labor por delante para
garantizar investigaciones dinámicas, un seguimiento judicial eficaz y una
mayor cooperación nacional e internacional. La Comisión sigue prestando apoyo a
una red regional de fiscales que contará con la asistencia de expertos en
comisión de servicios procedentes de los Estados miembros. Se debe fomentar la
cooperación operativa con los organismos europeos pertinentes, en particular
Europol.

La reforma de la administración
pública continúa siendo una prioridad básica en el marco de los criterios
políticos en la mayoría de los países de la ampliación. Como elemento esencial
de la gobernanza democrática y el Estado de Derecho, el propósito es mejorar su
transparencia, responsabilización y eficacia y centrarse en mayor medida en las
necesidades de los ciudadanos y las empresas. Contar con los procedimientos
administrativos adecuados, en particular por lo que se refiere a la gestión de
los recursos humanos y los recursos públicos, incluida la recaudación fiscal,
así como con sistemas estadísticos fiables e independientes, es crucial para el
funcionamiento del Estado y la aplicación de las reformas necesarias a efectos
de la integración en la UE. Los países deben redoblar sus esfuerzos para la
mejora generalizada de sus administraciones públicas sobre la base de
estrategias nacionales de amplio alcance. Consciente de los retos que deben
afrontar los países de la ampliación, la Comisión reforzará su capacidad de
evaluación y supervisión, identificando las lagunas más importantes y
proporcionando asistencia en las labores de planificación, determinación de
prioridades y aplicación de las reformas.

Los derechos civiles, políticos, sociales
y económicos, así como los derechos de las personas pertenecientes a minorías,
son aspectos fundamentales en la mayoría de los países de la ampliación. En
general, la legislación garantiza estos derechos fundamentales, pero en
muchos casos su aplicación sigue presentando carencias. Persisten en ocasiones
las lagunas legislativas, por ejemplo por lo que se refiere al alcance de la
legislación antidiscriminación. A menudo es preciso reforzar considerablemente
las instituciones nacionales de derechos humanos, como las oficinas de los
defensores del pueblo, así como el tratamiento, por parte de las autoridades
policiales y judiciales, de cuestiones como los delitos motivados por el odio y
la violencia basada en el género. Las actitudes sociales generales frente a
grupos vulnerables tales como las minorías étnicas, las personas con
discapacidad o las personas homosexuales, bisexuales y transexuales siguen siendo
un problema frecuente.

En los países de la ampliación, el
pluralismo caracteriza, en términos generales, el panorama de los medios de
comunicación. En algunos de ellos se ha avanzado en la despenalización de la
difamación. No obstante, en otros la situación de la libertad de expresión suscita
grave preocupación, a raíz de las injerencias políticas, la presión
económica, la autocensura y la insuficiente protección de los periodistas
frente al acoso o incluso las agresiones violentas. En Turquía, en particular,
el marco jurídico sigue sin garantizar suficientemente la libertad de expresión
y se observan con gran preocupación tanto el elevado número de causas jurídicas
e investigaciones contra periodistas como la presión ejercida indebidamente
sobre los medios de comunicación.

Habida cuenta de las dificultades que
persisten en este ámbito, la Comisión tiene previsto organizar un acto, en el
primer semestre de 2013, para dar continuidad a la conferencia Speak Up!
celebrada en mayo de 2011. En él deberían participar representantes de los
medios de comunicación y la sociedad civil de los Balcanes Occidentales y
Turquía con el fin de analizar en qué medida los gobiernos están abordando las
prioridades clave para alcanzar los normas europeas sobre libertad de expresión.
La Comisión seguirá colaborando estrechamente con el Parlamento Europeo en este
campo. Estos aspectos seguirán recibiendo importancia en el proceso de
adhesión.

Teniendo presente la magnitud de los
retos afrontados y lo prolongado de las reformas, los capítulos relativos al
poder judicial y los derechos fundamentales, así como a la justicia, la
libertad y la seguridad, se abordarán en una fase temprana de las
negociaciones, con el fin de disponer del máximo tiempo para establecer la
legislación y las instituciones necesarias y poder desarrollar historiales
sólidos de aplicación antes del cierre de las negociaciones. Estas se abrirán
sobre la base de planes de acción que habrán de adoptar las autoridades
nacionales. La Comisión proporcionará orientaciones de peso en sus informes de
escrutinio de la adecuación al acervo para facilitar la elaboración de tales
planes en cada país candidato. Una innovación es la introducción de parámetros
intermedios, que se establecerán en el momento de la apertura de las negociaciones.
El Consejo no fijará los parámetros de clausura hasta que se hayan satisfecho
los primeros.

Así pues, las negociaciones se llevarán a
cabo dentro de un marco estructurado que tendrá en cuenta el tiempo necesario
para que se puedan aplicar adecuadamente las reformas y desarrollar historiales
sólidos de aplicación. El proceso irá acompañado de salvaguardias y medidas
correctoras que permitan, por ejemplo, actualizar los parámetros y garantizar
un equilibrio global en el avance de las negociaciones en los distintos
capítulos. El nuevo planteamiento prevé asimismo una mayor transparencia e
inclusividad en las negociaciones y en el proceso de reforma; así, se insta a
los países candidatos a determinar sus prioridades de reforma a través de un
procedimiento de consulta con las partes interesadas pertinentes, de modo que
su aplicación recabe el máximo respaldo. La Comisión enfocará con mayor
precisión su labor de supervisión de los avances obtenidos en estos ámbitos. Se
seguirán destinando fondos del IAP en apoyo de la aplicación de las reformas.

El fortalecimiento del Estado de Derecho
y la administración pública es esencial para que los países de la ampliación
puedan aproximarse a la UE y en último término asumir plenamente las
obligaciones derivadas de la adhesión. Ya desde antes del comienzo de las
negociaciones de adhesión se está haciendo mayor hincapié en el Estado de
Derecho con arreglo al nuevo planteamiento. Por lo que respecta a Montenegro,
el escrutinio de la adecuación al acervo de los capítulos fundamentales
relativos al imperio de la ley se inició incluso antes de que se emprendieran
las negociaciones globales. Los demás países candidatos, Serbia y la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, también han sido invitados a participar en las
sesiones explicativas sobre esa labor de escrutinio. Las prioridades clave
establecidas como condiciones para la apertura de las negociaciones de adhesión
con Albania giran en particular en torno al Estado de Derecho. Las cuestiones
referidas al imperio de la ley son una parte crucial de las diversas
iniciativas centradas en países concretos que la Comisión puso en marcha el
pasado año y que se exponen en la parte 3 de la presente Comunicación.

2.2.
Cooperación regional y reconciliación
en los Balcanes Occidentales

La cooperación regional y las
buenas relaciones de vecindad son elementos esenciales del proceso de
estabilización y asociación y, como tales, son supervisadas atentamente por la
Comisión en todas las fases del proceso de adhesión. El pasado año se lograron
avances adicionales a este respecto. Han proseguido los contactos bilaterales y
multilaterales entre los líderes y políticos de la región, en particular en
ámbitos delicados, como los crímenes de guerra, las fronteras, el retorno de
refugiados, la delincuencia organizada y la cooperación policial, y también en
el marco de foros regionales como la Zona Europea Común de Aviación (ZECA), el
Espacio Centroeuropeo de Libre Comercio (ECLC) y la Escuela Regional de
Administración Pública. Se ha designado a un nuevo Director General del Consejo
de Cooperación Regional (CCR). La Comisión espera que este último amplíe el
papel que ya desempeña en la cooperación regional como plataforma para la
promoción de cuestiones de importancia para toda la región y su perspectiva
europea, integrando así en mayor medida la cooperación regional en la agenda
política de los países. Es la región quien debe asumir como propia e impulsar
la cooperación regional.

Las disputas relacionadas con cuestiones
interétnicas o el estatuto, sobre todo en Bosnia y Herzegovina y Kosovo[2], siguen
dificultando el funcionamiento de las instituciones y frustrando el proceso de
reforma, en ocasiones con repercusiones regionales de mayor alcance. Seguir
impulsando su aproximación a la UE constituye la mejor manera de que los países
puedan corregir esos problemas. Es posible resolver cuestiones espinosas
relacionadas con la pertenencia étnica a través del diálogo y la negociación,
como demuestra la aplicación actual del Acuerdo Marco de Ohrid en la Antigua
República Yugoslava de Macedonia. Las diferencias sobre el estatuto de Kosovo
han seguido obstaculizando la profundización de las relaciones con la UE. La
cuestión del norte de Kosovo sigue siendo especialmente problemática. El avance
al respecto pasa por la colaboración constructiva de todas las partes
involucradas.

El diálogo Belgrado-Pristina ha
propiciado nuevos resultados, en particular acuerdos en los ámbitos de la
representación y la cooperación regional y la gestión integrada de las
fronteras. El último acuerdo aún está pendiente de aplicación. Finalmente se ha
aclarado la interpretación de Serbia del acuerdo sobre representación y
cooperación regional de Kosovo y, a juzgar por su aplicación inicial, ha dejado
de constituir un obstáculo para la inclusividad de dicha cooperación. La puesta
en práctica de los acuerdos celebrados en materia de libre circulación,
catastro, registros civiles, sellos aduaneros y reconocimiento mutuo de
titulaciones registra resultados desiguales y hasta la fecha apenas ha tenido
repercusión sobre el terreno. Urge obtener avances adicionales en este proceso.

Los llamamientos en favor de la reconciliación
están encontrando mayor eco entre la población en general, lo que sienta
unas bases más sólidas para abordar cuestiones heredadas tales como los
crímenes de guerra, los refugiados y las tensiones entre grupos étnicos.
Iniciativas desarrolladas por ONG y la sociedad civil, por ejemplo la
Iniciativa Juvenil pro Derechos Humanos, la Comisión de Verdad y Reconciliación
y la Iniciativa Igman desempeñan un papel importante en el fomento de la
reconciliación entre los ciudadanos de la región y han de recibir apoyo. No
obstante, a lo largo de los años venideros será necesario permanecer alerta
ante los reflejos nacionalistas. En particular, los gobiernos y los dirigentes
políticos han de redoblar sus esfuerzos para fomentar un entorno que propicie
la resolución de los problemas heredados. Las cuestiones relacionadas con los
antiguos conflictos y otras cuestiones bilaterales pendientes suponen todavía
una amenaza grave para la estabilidad en los Balcanes Occidentales y han de ser
abordadas sin dilación. Con su resolución se eliminará uno de los mayores
obstáculos en el camino de los Balcanes Occidentales hacia la UE.

Para que la reconciliación pueda ser
duradera, es esencial completar el proceso de hacer justicia en relación con
los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia. Ha proseguido la
cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY),
en la senda de los pasos decisivos que ya habían dado los países de la región,
lo que sienta las bases adecuadas para que ese órgano jurisdiccional pueda
terminar su labor, incluso a pesar de que algunos juicios puedan proseguir más
allá de la fecha de conclusión prevista inicialmente, diciembre de 2014. Ahora
que la labor del TPIY toca a su fin, los gobiernos concernidos deben superar
las grandes dificultades restantes para acabar con la impunidad de los crímenes
de guerra dentro de sus propias jurisdicciones. Con voluntad política, una
mayor concentración de recursos, mayor cooperación regional y resolviendo los
problemas que afectan a la extradición de los propios nacionales, los países de
la región pueden garantizar que se haga justicia a las miles de víctimas de las
guerras. La cuestión de las personas desaparecidas aún no se ha abordado
plenamente. La Comisión respalda totalmente la investigación que se está
desarrollando bajo los auspicios de la Misión de la Unión Europea por el Estado
de Derecho (EULEX) en relación con los crímenes,
incluido el tráfico de órganos humanos, supuestamente cometidos durante el
conflicto de Kosovo y posteriormente, relatados en el Informe Marty refrendado
por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Por lo que respecta a los refugiados, en
noviembre de 2011 se firmó en Belgrado una declaración ministerial en la que
Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro renovaron su compromiso
político de llevar a término el Proceso de Sarajevo. El Programa de Alojamiento
Regional acordado se presentó en la conferencia internacional de donantes
celebrada en abril de 2012, en la que la comunidad internacional se comprometió
a aportar cuantioso apoyo financiero adicional. Las
autoridades nacionales deben garantizar la aplicación del citado Programa, con
el que se pretende facilitar el retorno a sus lugares de origen o la
integración en sus lugares de residencia de los refugiados más vulnerables.
Ello permitiría cerrar los centros de acogida que albergan a los refugiados y
desplazados internos procedentes de la región y completar el procedimiento
formal de baja de los 74 000 refugiados restantes. La Comisión se
congratula por esta evolución e insta a los países a no escatimar esfuerzos
para resolver las cuestiones pendientes en relación con los refugiados y los
desplazados internos.

Las cuestiones relacionadas con las minorías
siguen constituyendo un gran reto en los Balcanes Occidentales. En conjunto, ya
se han establecido marcos jurídicos sólidos y detallados para garantizar la
protección de las minorías. Al mismo tiempo, su aplicación práctica resulta con
frecuencia complicada, sobre todo cuando hay vínculos con conflictos recientes.
Es preciso impulsar una cultura general de aceptación de las minorías, a través
de la educación, la puesta en marcha de debates públicos de gran alcance e
iniciativas de sensibilización. Es necesario atajar de manera activa los casos
de discriminación y los delitos motivados por el odio. La población gitana
sigue estando muy marginada en toda la región. La Comisión seguirá apoyando las
medidas adoptadas al respecto, en particular en el marco de la Década para la
Inclusión de los Gitanos. Los países deben poner en práctica las conclusiones
operativas a las que se adhirieron en los seminarios sobre población gitana
celebrados por la Comisión en 2011.

Dentro del espíritu de las relaciones de
buena vecindad, las partes interesadas deben resolver las cuestiones
bilaterales pendientes tan pronto como sea posible durante el proceso de
ampliación, con determinación y teniendo en cuenta los intereses generales de
la UE. A lo largo del pasado año apenas ha habido avances al respecto. La
Comisión urge a las partes a esforzarse al máximo para resolver las disputas
pendientes con arreglo a los principios y medios establecidos, remitiendo
cuando proceda las cuestiones a la Corte Internacional de Justicia o a los
demás organismos de resolución de disputas ya existentes o ad hoc. Las
cuestiones bilaterales no deben retrasar el proceso de adhesión. La Comisión
está dispuesta a fomentar el impulso político necesario para la búsqueda de
soluciones y a apoyar las iniciativas relacionadas. El acuerdo de arbitraje
fronterizo entre Eslovenia y Croacia que comenzó a aplicarse a lo largo de 2012
sienta las bases para resolver esta disputa bilateral y es un buen ejemplo del
camino a seguir. La Comisión subraya la importancia de la declaración de
Croacia sobre la promoción de los valores europeos en Europa Sudoriental y, en
particular, de su compromiso de que las cuestiones bilaterales no obstruirán el
proceso de adhesión de los países candidatos. Por lo que respecta a la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, la Comisión subraya que sigue siendo esencial
una solución mutuamente aceptable, negociada bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, a la disputa sobre el nombre del país. Urge encontrar una solución sin
mayor dilación.

2.3.
Retos económicos y sociales

Fortalecer la recuperación económica
en los países de la ampliación

Por lo que respecta a la evolución
socioeconómica, el panorama es desigual en los distintos países de la
ampliación. Todos han mantenido la estabilidad macroeconómica global, aunque en
algunos de ellos han aumentado considerablemente los riesgos fiscales. El
impacto de la crisis económica se está haciendo sentir en toda la región. Los
Balcanes Occidentales están entrando de nuevo en recesión, con niveles de
competitividad, ingresos e inversión reducidos y desempleo elevado y en
aumento.

Cabe atribuir el crecimiento de la
economía turca en gran medida a las políticas macroeconómicas prudentes y a las
reformas emprendidas mucho antes de la crisis mundial. Ahora bien, queda mucho
por hacer para sostener el crecimiento y reforzar la economía. La dinámica
positiva de la economía turca constituye una oportunidad para emprender reformas
estructurales adicionales, en particular en los ámbitos de la educación, las
infraestructuras y la política del mercado de trabajo.

Tras el colapso del sistema bancario, la
economía islandesa se contrajo en total un 12 %. La recuperación, basada
en las exportaciones y en la solidez de la demanda interna, comenzó en 2011 y
ha proseguido en 2012. La estabilización de la economía se logró mediante la
reestructuración decidida y el refuerzo del sector bancario, la consolidación
de las finanzas públicas y una combinación prudente de políticas, amparándose,
ahora bien, al amparo de una serie de controles de capital cuya eliminación
sigue resultando problemática.

Tras la ligera recuperación de 2010 y
2011, la mayoría de las economías de los Balcanes Occidentales se contrajeron
de nuevo en 2012, lastradas por la evolución negativa de la Unión Europea.
Croacia, Bosnia y Herzegovina y Serbia se encuentran de nuevo en recesión.
Albania, Kosovo y la Antigua República Yugoslava de Macedonia están capeando
mejor la difícil coyuntura. Han seguido creciendo, puesto que han sido capaces
de sostener la demanda interna y se ven menos afectadas por la reducción del
comercio. El sector financiero ha mantenido su estabilidad en todos los países,
aunque la calidad de la cartera de préstamos se ha seguido deteriorando.

La prolongada depresión ha agravado muy
notablemente las ya difíciles condiciones sociales. El desempleo ha seguido
subiendo hasta llegar en la actualidad a una media del 21 % en los
Balcanes Occidentales, siendo muy superior en Bosnia y Herzegovina, Serbia, la
Antigua República Yugoslava de Macedonia y Kosovo. La población joven se ve
especialmente afectada. Aún es más preocupante la inversión de los prometedores
resultados que se habían alcanzado antes del periodo de crisis en la reducción
de la pobreza. Sobre todo ha aumentado la vulnerabilidad de la clase media que
estaba surgiendo, al agotarse las reservas financieras y los ahorros de los
hogares. Diversas encuestas sugieren que está creciendo el descontento de la
población con la situación social y económica, puesto que son muchos quienes a
menudo ya no pueden costear los bienes y servicios básicos. Esta evolución,
junto con la disminución del crecimiento este año o la amenaza de una nueva
recesión, sugieren la necesidad de dar una respuesta política mucho más
dinámica que permita aliviar el deterioro de las condiciones sociales,
incluidos el desempleo y la pobreza, por ejemplo estimulando la inversión,
fomentando así la creación de empleo, y encauzando mejor las inversiones en el
sector social.

Se es consciente de la necesidad de las
reformas y medidas prioritarias que impulsen el crecimiento y el empleo. No
obstante, a menudo flaquea el compromiso político para aplicarlas. La
recaudación impositiva, la planificación y la ejecución presupuestarias no han
mejorado suficientemente a lo largo de los años. Las transferencias
presupuestarias siguen estando mal enfocadas y no contribuyen a mejorar la
situación social. Sigue pendiente en gran medida la reforma de los mercados de
trabajo y los sistemas de formación profesional no contribuyen a la reducción
del desajuste entre la oferta y demanda de cualificaciones. Ello provoca que
muchos trabajadores emigren al extranjero en busca de empleo, lo que a corto
plazo redunda en beneficio de las economías, gracias a las remesas recibidas y
a la reducción del desempleo, pero a la postre limita el potencial de
crecimiento debido a la reducción de la población activa y la fuga de cerebros.
A nivel microeconómico, muchos países han aplicado reformas para facilitar la
creación de empresas o han desarrollado regímenes de captación de inversión
extranjera, pero las lagunas del Estado de Derecho y la amplitud del sector
informal siguen minando el entorno empresarial.

La UE está comprometida a seguir
prestando apoyo a los países con orientaciones sobre las políticas y asistencia
financiera. Colabora también estrechamente con las instituciones financieras
internacionales para canalizar préstamos favorables hacia ámbitos prioritarios.

La Comisión seguirá asociando a los
países de la ampliación a la Estrategia «Europa 2020». Examinará la posibilidad
de enfocar en mayor medida la utilización de las reuniones sobre los AEA para
abordar las cuestiones relacionadas con la competitividad y el empleo. A tal
efecto, y en consonancia con el planteamiento de Europa 2020, se insta a los
países de la ampliación a considerar objetivos adicionales en los ámbitos del
empleo, la innovación, el cambio climático, la energía, la educación, la
reducción de la pobreza y la inclusión social. Además, a partir de 2013, la
Comisión emprenderá gradualmente un diálogo con esos países sobre los programas
de empleo y reforma social, siguiendo un enfoque integral en relación con la
política social y de empleo. La Comisión fomentará asimismo la mejora de su
participación en los programas de la UE, de modo que los países de la
ampliación puedan colaborar con los Estados miembros en los ámbitos de las
iniciativas emblemáticas de Europa 2020.

Los grupos de política regional y el CCR
han logrado avances notables en la adaptación del proceso Europa 2020 a las
necesidades y realidades regionales. Este año, los ministros responsables de
comercio e inversión se comprometieron a evaluar comparativamente de manera
periódica las políticas aplicadas en los ámbitos del comercio regional, la
investigación privada, el espíritu empresarial y la creación de empleo. La
Comisión prestará apoyo a estos esfuerzos conjuntos de reforma y al
planteamiento de supervisión regional, en particular con fondos del IAP.

La mejora de la cooperación económica
regional puede contribuir a moderar los efectos de la crisis. En promedio, el
comercio regional representa cerca del 17 % de todos los intercambios en
la región. Los flujos entre los países del ECLC se han visto menos afectados
por la crisis y últimamente han registrado una recuperación más rápida que la
del comercio con la UE. Ahora bien, el grueso de los productos intercambiados
son alimentos y productos básicos, mientras que los bienes de alto valor añadido
apenas constituyen una pequeña proporción de los flujos comerciales. El ECLC ha
puesto en marcha un proceso de liberalización de determinados servicios que
puede brindar beneficios importantes a todas las partes. La integración de los
mercados de la energía y el transporte está incrementando la competitividad de
la región y creando las condiciones para atraer a inversores a estas áreas.

El Marco de Inversión para los Balcanes
Occidentales (MIBO) fue creado para reunir a los donantes y a las instituciones
financieras internacionales con el propósito de desarrollar una reserva de
proyectos en los países. En el marco del mismo, la Comisión, los donantes
bilaterales y las instituciones financieras internacionales están prestando
apoyo a inversiones por valor de 8 000 millones EUR en el transporte, la
energía, el medio ambiente, el cambio climático, el sector social y el
desarrollo de PYME y del sector privado. El MIBO desempeñará un papel cada vez
más importante para contribuir a preparar y fomentar las inversiones más
necesarias para estimular el crecimiento y el empleo.

La gobernanza económica de la UE y los
países de la ampliación

Habida cuenta de los profundos cambios
que se están introduciendo en la gobernanza económica de la UE, es importante
seguir informando de este proceso a los países de la ampliación y asociarles en
mayor medida al mismo, sin perder nunca de vista su elevado nivel de
integración económica con la UE.

La Comisión Europea dispone de una serie
de instrumentos para mantener informados a los países de la ampliación sobre la
evolución de las políticas económicas de la UE. Por ejemplo, el diálogo
periódico bilateral sobre cuestiones políticas y económicas y el diálogo
económico multilateral entre la Comisión, los Estados miembros de la UE y los
países candidatos en el contexto de la supervisión fiscal preadhesión.

La Comisión adaptará gradualmente la
supervisión económica de los países de la ampliación a la gobernanza económica
mejorada en la UE. A tal efecto, se les pedirá que refuercen sus programas
económicos a medio plazo, haciendo mayor hincapié en la sostenibilidad de su
posición exterior y en los principales obstáculos estructurales al crecimiento,
en consonancia con la Estrategia Europa 2012. También se pondrá mayor énfasis
en el fortalecimiento adicional de los marcos fiscales nacionales, que habrán
de respetar las normas de calidad. Se les pedirá que se comprometan firmemente
a dar seguimiento a las recomendaciones acordadas en la reunión conjunta anual
del Ecofin. Los preparativos para esta reunión, el propio encuentro y los foros
de los AEA se utilizarán para abordar la supervisión económica y fiscal e
informar a los países candidatos de los demás cambios que están conformando la
gobernanza económica de la UE, cuando proceda.

Las futuras reuniones explicativas sobre
el escrutinio de la adecuación al acervo se aprovecharán asimismo para
familiarizar a los países con los cambios de las obligaciones en el marco de la
legislación sobre la unión económica y monetaria, así como con la nueva
estructura de supervisión financiera. La Comisión analizará la posibilidad de
invitar a estas reuniones a países candidatos con los que todavía no hayan
comenzado las negociaciones. A lo largo de las negociaciones de adhesión, la
Comisión podrá organizar igualmente reuniones de escrutinio adicionales cuando
se haya aprobado nuevo acervo significativo.

3.
Mantener el impulso de la reforma y
la ampliación

Los países de la ampliación se enfrentan
a numerosas dificultades, sobre todo en ámbitos tales como el Estado de
Derecho, la corrupción, la delincuencia organizada y la cohesión económica y
social. Además, en un contexto de estancamiento económico, surgen riesgos de
sacudidas populistas y resistencia a las reformas esenciales. En los Balcanes
Occidentales, en particular, es crucial que los países no se desvíen un ápice
de la senda de reformas, superando la herencia del pasado e invirtiendo en su
futuro europeo. Va también en interés de la UE que la aplicación de las
reformas culmine con éxito. La ampliación es un esfuerzo conjunto. Mantener el
impulso en favor de la ampliación y la dinámica de las reformas son las dos
caras de la misma moneda.

La Comisión intensifica la búsqueda de
enfoques innovadores para abordar los retos que se plantean en los países de la
ampliación y en el proceso de adhesión. Los criterios y las condiciones de
adhesión no han cambiado. No obstante, en muchos ámbitos se necesitan
planteamientos adaptados a las necesidades y características de cada país, que
permitan abordar las situaciones espinosas, incluidas las obstrucciones del
proceso de adhesión. No se trata tan solo del Estado de Derecho y la reforma de
la administración pública, sino también de la consolidación democrática, la
buena gobernanza y las cuestiones económicas y sociales. Tales iniciativas
están impulsado las reformas. No sustituyen las negociaciones de adhesión, sino
que tienden un puente hacia ellas.

Sobre la base del Documento de Estrategia
sobre la Ampliación de 2011 y las Conclusiones del Consejo de diciembre de 2011,
en mayo de 2012 se puso en marcha un programa positivo para las relaciones
UE-Turquía, con el propósito de fomentar el proceso de las negociaciones de
adhesión, en línea con el Marco de Negociación y las Conclusiones del Consejo
pertinentes. El programa abarca una amplia gama de ámbitos de interés común,
como las reformas políticas, el diálogo de política exterior, la adaptación al
acervo de la UE, los visados, la movilidad y la migración, el comercio, la
energía, la lucha contra el terrorismo y la participación de Turquía en los
programas de la UE.

En marzo de 2012 se lanzó en Skopie el
Diálogo de Alto Nivel sobre la Adhesión con la Antigua República Yugoslava de
Macedonia. Ese Diálogo sitúa la integración en la UE como primer punto de la
agenda interna y le da nuevo impulso, garantizando una discusión estructurada
de alto nivel sobre las principales dificultades y oportunidades que conlleva
la reforma. Entre las cuestiones principales figuran la libertad de expresión,
el Estado de Derecho y las relaciones étnicas, los obstáculos para la reforma
electoral, la reforma de la administración pública, el fortalecimiento de la
economía de mercado y las buenas relaciones de vecindad. El Gobierno está
logrando avances en relación con los ambiciosos objetivos de reforma incluidos
en esta hoja de ruta, en la que se definen medidas específicas y el calendario
de aplicación.

En Albania, la Comisión ha colaborado
estrechamente con el Gobierno y la oposición para que el país pueda superar los
obstáculos políticos que frenan la profundización de la reforma electoral y
parlamentaria y crear un entorno que propicie nuevos avances, en particular en
apoyo del programa de la UE. Ello ha permitido proceder a la revisión del plan
de acción y abordar las prioridades básicas del Dictamen de la Comisión en un
proceso transparente y participativo. Ahora que el programa de la UE forma
parte de las prioridades de la actividad del Gobierno, se están logrando
resultados concretos por lo que respecta a los objetivos intermedios establecidos
en el plan, en particular en el ámbito de la reforma parlamentaria y electoral,
el Estado de Derecho y los derechos humanos.

En junio de 2012 se lanzó en Bruselas un
Diálogo de Alto Nivel sobre el Proceso de Adhesión con Bosnia y Herzegovina. El
propósito de la iniciativa es impulsar el proceso de adhesión de ese país a la
UE, explicando los requisitos y la metodología de las negociaciones de adhesión
y, en concreto, lo que se espera de un país en el marco de tal proceso. Aspira
a preservar el impulso político sobre el programa de la UE a pesar de la crisis
política actual. En la reunión de junio se presentaron unas conclusiones
conjuntas y una hoja de ruta para la integración en la UE centradas en el
cumplimiento de las condiciones para la entrada en vigor del Acuerdo de
Estabilización y Asociación (AEA) y la credibilidad de la solicitud de adhesión
a la UE. Para ello es necesario un mecanismo de coordinación entre todos los
niveles de las autoridades con competencia sobre las cuestiones de la UE, que permita
al país expresarse al respecto con una sola voz. La Comisión lamenta que los
resultados sigan, hasta la fecha, por debajo de las expectativas. El Diálogo
Estructurado sobre Justicia puesto en marcha con Bosnia y Herzegovina en 2011
ha incidido de manera positiva sobre la aplicación de la Estrategia de Reforma
del Sector de la Justicia 2009-2013.

La Comisión Europea y Kosovo emprendieron
un Diálogo Estructurado sobre el Estado de Derecho en mayo de 2012. El
propósito de esta iniciativa es ayudar a Kosovo a abordar las dificultades
existentes en el ámbito del Estado de Derecho, que es la principal preocupación
para el conjunto de los Balcanes Occidentales. En esta fase, la Comisión se
centrará en el poder judicial, la lucha contra la delincuencia organizada y la
corrupción.

La Comisión seguirá impulsando estas y
otras iniciativas con el propósito de mantener el impulso y el poder
transformador del proceso de adhesión y de garantizar la capacidad de respuesta
de la política de ampliación.

4.
Avances en los países de la
ampliación y próximos pasos 2012-13
4.1.
Balcanes Occidentales

Croacia

En paralelo a la
presente Comunicación, la Comisión ha aprobado otra sobre las conclusiones
principales del informe exhaustivo de supervisión de la preparación de Croacia
para la incorporación a la UE. La Comisión seguirá supervisando los compromisos
realizados por Croacia a lo largo de las negociaciones de adhesión hasta la
fecha efectiva de incorporación. Está previsto publicar el informe final
correspondiente, también en forma de Comunicación, durante la primavera de
2013.

Montenegro

El 29 de junio de 2012, el Consejo
Europeo respaldó la decisión del Consejo, basada en un informe de la Comisión,
de iniciar las negociaciones de adhesión con Montenegro. Las negociaciones, que
se iniciaron en la primera Conferencia Intergubernamental celebrada ese mismo
día, se llevarán a cabo respetando el marco de negociación adoptado por el
Consejo, que integra el nuevo planteamiento para los capítulos relativos al
poder judicial y los derechos fundamentales y a la justicia, la libertad y la
seguridad, de modo que se reforzará la atención prestada al Estado de Derecho a
lo largo de las negociaciones.

La apertura de dichas negociaciones
plasma el constante avance realizado por el país en relación con las reformas
básicas. Montenegro cumple suficientemente los criterios políticos. Se han
mejorado las políticas y el marco legislativo e institucional con el objetivo
de perfeccionar el funcionamiento del Parlamento, el poder judicial, la
política anticorrupción, los derechos humanos y la protección de las minorías.
Las reformas en curso de la Constitución y la administración pública han
seguido avanzando. Montenegro ha seguido cumpliendo sin problemas sus
obligaciones en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA). Ha
seguido desempeñando un papel constructivo en la región y respetando los
compromisos internacionales que ha asumido.

Montenegro debe multiplicar sus esfuerzos
para desarrollar su historial en el ámbito del Estado de Derecho, con el fin de
hacer irreversible la aplicación de las reformas, en particular por lo que
respecta a la delincuencia organizada y los casos de corrupción, incluidos los
de alto nivel. Debe completar el procedimiento de modificación de la
Constitución para salvaguardar la independencia del poder judicial. La
responsabilidad del poder judicial sigue siendo un aspecto problemático.
Teniendo en cuenta el pequeño tamaño de la administración montenegrina,
establecer las estructuras administrativas necesarias para aplicar el acervo
supondrá un reto transversal.

En línea con el nuevo enfoque y
atendiendo la petición formulada por el Consejo Europeo de diciembre de 2011,
en la primavera de 2012 la Comisión comenzó el ejercicio de escrutinio de los
capítulos relativos al poder judicial y los derechos fundamentales y a la
justicia, la libertad y la seguridad. El escrutinio de la adaptación al acervo
de los demás capítulos comenzó en septiembre de 2012 y está previsto que
concluya el verano de 2013.

La Comisión seguirá ayudando a Montenegro
a aplicar los reformas relacionadas con la UE.

Antigua República Yugoslava de
Macedonia

La Antigua República Yugoslava de
Macedonia obtuvo el estatuto de país candidato en 2005. En 2009, la Comisión
valoró que cumplía suficientemente los criterios políticos y recomendó la
apertura de negociaciones. Reiteró su recomendación en 2010, 2011 y 2012. La
Comisión tiene el firme convencimiento de que procede pasar a la siguiente fase
del proceso de adhesión con este país con objeto de consolidar el ritmo y la
sostenibilidad de las reformas, en particular por lo que respecta al Estado de
Derecho, y reforzar las relaciones interétnicas. La región en su conjunto
saldría beneficiada.

El país sigue respetando los compromisos
asumidos en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA). La
Comisión mantiene su propuesta de pasar a la segunda fase de la asociación e
insta al Consejo a actuar al respecto sin mayor dilación, de acuerdo con las
disposiciones pertinentes del citado Acuerdo.

El país sigue cumpliendo suficientemente
los criterios políticos. El Gobierno ha situado el programa de la UE como eje
de su actividad. El Diálogo de Alto Nivel sobre la Adhesión mantenido con la
Comisión ha servido de catalizador para acelerar las reformas y ha propiciado
la realización de avances sustanciales en varios ámbitos clave. El Gobierno ha
sometido al Parlamento varias propuestas de mejora del marco legislativo para
la celebración de las elecciones y, en el ámbito de la libertad de expresión,
para la despenalización de la difamación. La primera revisión gubernamental de
la aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid constituye un instrumento útil para el
fortalecimiento del diálogo entre las comunidades.

Es preciso mantener la dinámica de
reforma en todos los ámbitos de los criterios políticos, sobre todo para
garantizar su puesta en práctica. En particular, es necesario reforzar el
Estado de Derecho, incluida la libertad de expresión. El proceso de diálogo
(mesa redonda) entre el Gobierno y la Asociación de Periodistas debe seguir
siendo un foro útil para abordar los principales problemas en relación con los
medios de comunicación. Las tensiones generadas entre las comunidades al hilo
de los incidentes violentos acaecidos durante el primer semestre de 2012 han sido
fuente de inquietud. El Gobierno ha respondido con madurez y debe aprovechar
esa experiencia para consolidar las relaciones entre las distintos grupos
étnicos e impulsar su reconciliación, también a la luz del debate sobre el
estatuto de las víctimas del conflicto de 2011.

A punto de celebrarse el vigésimo
aniversario de la incorporación de la Antigua República de Macedonia a las
Naciones Unidas, la disputa con Grecia sobre su nombre sigue pendiente de
resolución. Desde los años noventa viene manteniéndose un diálogo bajo los
auspicios de las Naciones Unidas, completado desde 2009 mediante diversos
contactos bilaterales en los que han intervenido incluso los primeros
ministros. Hasta la fecha estas iniciativas no han dado fruto alguno, empero.
En diciembre, la Corte Internacional de Justicia concluyó que Grecia había
vulnerado su Acuerdo Provisional con el país al oponerse a su incorporación a
la OTAN en la cumbre de Bucarest de 2008. Sigue siendo esencial el
mantenimiento de buenas relaciones de vecindad, incluida una solución
mutuamente aceptable para la cuestión del nombre, negociada bajo los auspicios
de las Naciones Unidas. Urge encontrar una solución sin más dilación. Se han de
evitar cualesquiera acciones y declaraciones que puedan afectar negativamente
las buenas relaciones de vecindad.

Serbia

En el Consejo
Europeo de marzo de 2012 se otorgó a Serbia el estatuto de país candidato.

La
estabilidad y el funcionamiento de las instituciones se aseguró en la fase
previa y posterior a las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales
(incluidas las celebradas en Voivodina). A pesar de la ralentización de la
actividad legislativa en el contexto de los comicios, se han registrado avances
en la aplicación de las reformas en la mayoría de los ámbitos. Serbia ha
seguido colaborando plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia (TPIY) y está respetando sin problemas sus obligaciones en el marco
del Acuerdo Interino / Acuerdo de Estabilización y Asociación. El diálogo con
Pristina ha brindado ya algunos resultados, pero la aplicación de los acuerdos
alcanzados es desigual. A este respecto cabe citar dos novedades: la firma por
Serbia del protocolo técnico sobre la gestión integrada de fronteras y la
aclaración de la interpretación serbia del acuerdo sobre cooperación regional y
representación de Kosovo, que, a juzgar por su aplicación preliminar, ha dejado
de obstaculizar la inclusividad de la cooperación regional. Los nuevos
dirigentes serbios han subrayado su compromiso de respetar todos los acuerdos
previamente alcanzados en el diálogo con Pristina y de comenzar a abordar las
cuestiones políticas de mayor alcance. El cumplimiento de este compromiso es
esencial para pasar a la siguiente fase de la integración de Serbia en la UE.

Serbia sigue
avanzando para cumplir suficientemente los criterios políticos y las
condiciones del Proceso de Estabilización y Asociación. No obstante, debe
prestar especial atención al Estado de Derecho, sobre todo al poder judicial,
ámbito en el que los últimos reveses ponen de relieve la necesidad de renovar
el compromiso con la reforma y garantizar su independencia, imparcialidad y
eficiencia, teniendo en cuenta asimismo las recientes resoluciones del Tribunal
Constitucional y la necesidad de restablecer la confianza de los ciudadanos
tras las deficiencias del proceso de la renovación de los mandatos judiciales.
Además, vistos los últimos acontecimientos, es preciso prestar especial
atención a los derechos de los grupos vulnerables y a la independencia de instituciones
básicas como el Banco Central. Serbia debe seguir participando
constructivamente en la cooperación regional y fortalecer las relaciones con
los países vecinos. Es preciso dar nuevo impulso a las reformas y seguir
avanzando en pos de una mejora palpable y duradera de las relaciones con
Kosovo.

En cuanto a
la recomendación sobre la apertura de las negociaciones de adhesión de Serbia a
la Unión Europa, y en línea con las Conclusiones del Consejo de 5 de diciembre
de 2011, la Comisión presentará el informe correspondiente en cuanto determine
que Serbia cumple satisfactoriamente los criterios de adhesión y las
condiciones del Proceso de Estabilización y Asociación, en particular las
prioridades clave relacionadas con Kosovo, según lo establecido en las Conclusiones
del Consejo. Es necesaria una mejora palpable y duradera de las relaciones
entre Serbia y Kosovo, que garantice que ambas partes puedan seguir avanzando
en sus respectivas sendas hacia la UE sin que ninguna de ellas pueda bloquear
los esfuerzos desplegados a tal efecto por la otra.

Albania

Con el acuerdo político de noviembre de 2011 entre la
mayoría gobernante y la oposición se puso fin al prolongado periodo de
paralización política que comenzó tras las elecciones parlamentarias de 2009.
El propósito del acuerdo es abordar la reforma electoral y parlamentaria y
crear un clima político que propicie los esfuerzos conjuntos de reforma en
otros ámbitos. A resultas del mismo, el diálogo político y la cooperación han
mejorado considerablemente, lo que ha permitido avanzar en ámbitos básicos de
la reforma. Aunque las elecciones presidenciales se desarrollaron de
conformidad con la Constitución, el proceso político en torno a esos comicios
no fue lo inclusivo que se esperaba. A pesar de la posterior ralentización de
las reformas, el acuerdo político está siendo aplicado.

Albania ha avanzado notablemente hacia el
cumplimiento de los criterios políticos para la incorporación a la UE, llevando
a cabo diversas reformas relacionadas con las doce prioridades clave
establecidas en el Dictamen de 2010 de la Comisión. En conjunto, Albania ha
seguido aplicando sin problemas el Acuerdo de Estabilización y Asociación y
desempeñando un papel constructivo en la región. Ha cumplido cuatro de las
prioridades clave, en concreto las relativas al funcionamiento adecuado del
Parlamento, la adopción de las leyes pendientes que requerían mayoría
cualificada, el nombramiento del Defensor del Pueblo y los procesos de
comparecencia y votación para instituciones básicas y la modificación del marco
legislativo para las elecciones

Albania se encuentra muy avanzada por lo
que respecta al cumplimiento de las dos prioridades clave relativas a la
reforma de la administración pública y la mejora del tratamiento de los
detenidos. La coordinación adecuada del proceso de integración en la UE por el
Gobierno y la cooperación eficaz de la oposición han propiciado avances
moderados en las prioridades clave referidas a la reforma judicial y la lucha
contra la corrupción; por ejemplo, se ha reformado el régimen de inmunidad de
jueces y funcionarios públicos y se ha aprobado la Ley sobre la jurisdicción
contencioso-administrativa. También se han logrado avances en relación con las
demás prioridades clave, relativas a la lucha contra la delincuencia organizada,
la reforma de la propiedad y las políticas antidiscriminación, sobre todo los
derechos de las mujeres. Cabe citar en particular algunos avances
significativos, como el aumento de la confiscación de bienes de procedencia
criminal, la aprobación de una estrategia integral de reforma de la propiedad y
la introducción de una serie de modificaciones en el Código Penal con objeto de
endurecer las sanciones por violencia doméstica.

Albania ha de profundizar los avances
realizados y dar pasos concretos para acelerar la lucha contra la corrupción y
la reforma del poder judicial, con objeto de garantizar su independencia,
eficiencia y responsabilidad. Es preciso completar las reformas de la
administración pública y el poder judicial y revisar el reglamento interno del
Parlamento. Se ha de prestar mayor atención al cumplimiento de los compromisos
en el ámbito de los derechos humanos, incluidas las condiciones de vida de la
comunidad gitana. Sigue siendo necesario proseguir el diálogo político sobre la
reforma, en aras del funcionamiento eficaz y la consolidación ulterior de las
instituciones democráticas del país. Las elecciones legislativas previstas para
el verano de 2013 constituirán una prueba importante de la nueva legislación
electoral y del compromiso constante de reforma de todos los partidos. Será
esencial mantener la dinámica de reforma, haciendo especial hincapié en la
aplicación de la legislación y las políticas en el ámbito del Estado de
Derecho.

Bosnia y Herzegovina

El periodo de
dieciséis meses de paralización política posterior a las elecciones generales
de octubre de 2010 concluyó con el acuerdo sobre la formación de un Gobierno
nacional y el establecimiento de las autoridades del poder ejecutivo y
legislativo. La constitución del nuevo Consejo de Ministros y la adopción de
dos leyes de gran importancia relacionadas con la UE produjeron en un primer
término un cambio de orientación en dirección a la UE, pero esa dinámica no se
mantuvo. El consenso político que había surgido ha desaparecido y se ha
paralizado el avance de la trayectoria hacia la UE. Si bien es cierto que la
remodelación de las autoridades a nivel estatal, federal y cantonal ha
comenzado, se encuentra bloqueada por distinto recursos legales y disputas
políticas. En cuanto al cumplimiento de los criterios políticos, los avances
han sido limitados. Lo mismo cabe decir en cuanto a la configuración de
estructuras institucionales más funcionales, coordinadas y sostenibles. Son
necesarios esfuerzos considerables para reforzar el sector de la justicia, en
línea con las prioridades determinadas en el contexto del diálogo estructurado
que mantienen la UE y el país en el ámbito de la justicia. También es necesario
redoblar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada
y en la prosecución de la reforma de la administración pública.

Sigue sin existir una
visión compartida entre los representantes políticos sobre el rumbo general y
el futuro y la estructura institucional del país que permita un avance
cualitativo en su trayectoria de aproximación a la UE.

Urge abordar la necesidad de establecer un mecanismo eficaz
de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para la transposición,
la aplicación y la garantía del cumplimiento de la normativa de la UE, de modo que
el país pueda hablar con una sola voz en relación con las cuestiones referidas
a la UE y utilizar eficazmente la asistencia de preadhesión concedida por la
Unión. A tal efecto, el 27 de junio se puso en marcha en Bruselas un Diálogo de
Alto Nivel sobre el Proceso de Adhesión.

Se ha
acordado un plan de trabajo relativo a la integración en la UE con el que se
pretende satisfacer las condiciones para la entrada en vigor del Acuerdo de
Estabilización y Asociación (AEA) y la credibilidad de la solicitud de adhesión,
según se definen en las Conclusiones del Consejo pertinentes, pero no se ha
respetado el plazo (31 de agosto) para alcanzar un acuerdo político sobre la
modificación de la Constitución con objeto de cumplir la resolución dictada por
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en relación con la
discriminación étnica a efectos de la representación en las instituciones del
país (asunto Sejdic-Finci). En agosto, tres partidos políticos presentaron a la
Asamblea Parlamentaria distintas propuestas no coordinadas de modificación de
la Constitución. Sigue causando suma preocupación el retraso persistente de la
armonización de la Constitución con la resolución del TEDH en el asunto
Sejdic-Finci. Cumplir las obligaciones del país en el marco del AI/AEA exige
encauzar un proceso creíble que permita respetar la resolución dictada por ese
órgano jurisdiccional. También se debe garantizar el cumplimiento de las
obligaciones del país por lo que respecta a las ayudas estatales.

La gobernanza
de Bosnia y Herzegovina sigue conllevando una presencia internacional con un
mandato ejecutivo. En mayo, la Junta Directiva del Consejo de Aplicación de la
Paz respaldó la decisión de la Oficina del Alto Representante de suspender la
supervisión y cerrar la oficina en Brčko el 31 de agosto, al hilo de los
avances sustanciales logrados en la aplicación del Laudo Final de Brčko.
Dicha Oficina fue cerrada en la fecha prevista. La UE ha inaugurado oficinas en
Brčko y Mostar y reforzado la existente en Banja Luka.

Tras la
disociación del mandato del Representante Especial de la Unión Europea de la
Oficina del Alto Representante, a través de su mayor presencia la UE ha asumido
el liderazgo en diversos ámbitos para ayudar a las autoridades a cumplir los
objetivos del programa de la UE. A este respecto, la UE seguirá reforzando el
apoyo que presta a las instituciones del país.

Son necesarios
esfuerzos adicionales significativos para satisfacer los requisitos restantes,
para facilitar la transición del régimen internacional de gobernanza y
seguridad a unas instituciones nacionales propias plenamente responsables del
proceso político y legislativo, en consonancia con los requisitos que debe
cumplir cualquier país que aspire a formar parte de la UE. Estas cuestiones
ponen de relieve la necesidad general de garantizar un entorno político estable
que sitúe el programa de aproximación a la UE como eje del proceso político. La
voluntad política de alcanzar un acuerdo sobre la base de compromisos es
esencial para hacer realidad las aspiraciones de pertenencia a la UE del país y
de sus ciudadanos.

Kosovo

En paralelo a la
presente Comunicación, la Comisión ha adoptado una Comunicación relativa a un
estudio de viabilidad para la celebración de un Acuerdo de Estabilización y
Asociación con Kosovo.

4.2.
Turquía

Turquía es un
país crucial para la UE, teniendo en cuenta el dinamismo de su economía, su
ubicación estratégica y el importante papel que desempeña en la región, sin
olvidar su contribución a la seguridad del abastecimiento energético y la
política exterior de la UE. Turquía ya está integrada en gran medida en la UE a
través de la Unión Aduanera y contribuye de manera valiosa a garantizar la
competitividad de Europa. Por su parte, la UE sigue siendo el principal anclaje
para la modernización política y económica del país. La profundización de estos
vínculos redundaría en beneficio de ambas partes.

El potencial
de la relación entre Turquía y la UE solo puede aprovecharse plenamente en el
marco de un proceso de adhesión activo y creíble. Dicho proceso sigue siendo el
marco más idóneo para promover las reformas relacionadas con la UE, desarrollar
el diálogo sobre las cuestiones relativas a la política exterior y de
seguridad, mejorar la competitividad económica e incrementar la cooperación en
el ámbito de la energía y los asuntos de justicia e interior. El proceso debe
respetar los compromisos de la UE y las condiciones establecidas.

En este
contexto, en mayo de 2012 la Comisión puso en marcha un programa positivo para
reactivar el proceso de adhesión tras un periodo de parálisis y dar nuevo
impulso a las relaciones entre Turquía y la UE. No se trata de una alternativa
a las negociaciones de adhesión, se trata más bien de un instrumento que las sustenta.
Focaliza los esfuerzos en ámbitos de interés común, como la adaptación de la
legislación, la mejora de la cooperación energética, los visados, la movilidad
y las migraciones, la Unión Aduanera, la política exterior, la reforma
política, la lucha antiterrorista y el aumento de la participación en los
programas de contacto entre las personas. Seis de los ocho grupos de trabajo
que se han establecido en el marco del citado programa para fomentar la
adaptación al acervo han celebrado ya su primera reunión. El apoyo activo de
Turquía a este programa y su perspectiva europea siguen siendo esenciales.
Redunda en interés de ambas partes que las negociaciones de adhesión recobren
impulso, especialmente para garantizar que la UE siga siendo la referencia para
las reformas en el país.

Además, el Consejo ha invitado a la
Comisión a establecer un marco más amplio de diálogo y cooperación entre la UE
y Turquía, que permita abarcar en su totalidad los ámbitos de la justicia y los
asuntos de interior. Ha pedido también a la Comisión que vaya impulsando
gradualmente la liberalización del régimen de visados, como objetivo a largo
plazo, en paralelo a la firma del acuerdo de readmisión entre Turquía y la UE.
Dicho acuerdo fue rubricado en junio. Ahora es esencial que Turquía proceda a
su firma para que pueda comenzar a aplicarse la hoja de ruta relativa a la
liberalización del régimen de visados.

Teniendo en cuenta el desarrollo de
Turquía como potencial nodo energético y los desafíos que comparte con la UE,
la Comisión y Turquía han decidido asimismo ampliar su cooperación en relación
con una serie de cuestiones energéticas de gran importancia.

Se ha intensificado significativamente el
diálogo político con la UE en materia de política exterior y de seguridad. Los
últimos acontecimientos en los países vecinos de Turquía y la UE han confirmado
el destacado papel que la primera desempeña y su valiosa contribución a la
seguridad energética y la política exterior de la segunda. Turquía ha seguido
desempeñando un papel positivo en apoyo de los movimientos de reforma en los
países del Norte de África y Oriente Medio. La cooperación sobre Siria es
intensa. En las reuniones de diálogo político, celebradas en ocasiones a nivel
ministerial, se abordan cuestiones de política exterior de interés para ambas
partes, como la situación en el Norte de África, Oriente Medio, los Balcanes
Occidentales, Afganistán/Pakistán y el Cáucaso Meridional.

Si bien es
cierto que la economía turca sigue registrando un fuerte crecimiento, los
considerables desequilibrios externos y las significativas presiones
inflacionistas siguen constituyendo las principales amenazas para la
estabilidad macroeconómica. El elevado índice de empleo informal, la
segmentación de los mercados de trabajo y la finalización de la reforma de la
legislación sobre sindicatos siguen siendo aspectos problemáticos. La Comisión
está analizando la manera de abordar los problemas señalados por Turquía en el
marco de la Unión Aduanera, incluidos los relacionados con los acuerdos de
libre comercio celebrados por la UE con terceros países. Al mismo tiempo,
subraya la conveniencia de modernizar la Unión Aduanera y la necesidad de
eliminar los aspectos irritantes que dificultan el comercio entre Turquía y la
UE. La Comisión ha pedido al Banco Mundial que lleve a cabo una evaluación del
funcionamiento de la Unión Aduanera, con el objetivo último de proceder a su
modernización.

La Comisión seguirá trabajando para aplicar el programa
positivo e inyectar así nuevo dinamismo al proceso de adhesión, propiciando una
relación más constructiva.

Suscita cada vez mayor preocupación la falta de avances
sustanciales por lo que respecta al pleno cumplimiento de los criterios
políticos por parte de Turquía. La situación del respeto de los derechos
humanos sobre el terreno sigue siendo fuente de grave preocupación, a pesar de
la reciente mejora de varias disposiciones legales en este ámbito. Son
frecuentes las vulneraciones del derecho a la libertad y la seguridad y del
derecho a un juicio justo, así como de la libertad de expresión, reunión y
asociación, debido a la aplicación desproporcionada de la legislación sobre
terrorismo y delincuencia organizada. Es importante que Turquía aborde todas
las cuestiones relacionadas con la independencia, la imparcialidad y la
eficiencia del poder judicial. La mayor restricción de la libertad efectiva de
los medios de comunicación y el número cada vez mayor de causas judiciales
contra escritores y periodistas siguen siendo cuestiones graves. A consecuencia
de ello se registra una generalización de la autocensura. La Comisión se congratula del compromiso del Gobierno turco de
presentar sin dilación la cuarta batería de reformas judiciales y le insta a
resolver todas las cuestiones básicas que afectan hoy día al ejercicio efectivo
de la libertad de expresión.

Urge además alcanzar una solución política para la cuestión
kurda, que sigue constituyendo un gran desafío para la democracia turca. En
conjunto, Turquía aún debe desplegar esfuerzos adicionales significativos para
respetar las normas más rigurosas de democracia y derechos humanos. La labor en
curso sobre una nueva Constitución constituye una oportunidad importante a este
respecto.

Los atentados
terroristas cometidos por el PKK, que está incluido en la lista de
organizaciones terroristas de la UE, se han intensificado significativamente,
en particular a lo largo de los últimos meses. La UE ha condenado firmemente y
en repetidas ocasiones dichos atentados. La UE y Turquía mantienen un activo
diálogo antiterrorista, y la lucha contra el terrorismo es un importante
aspecto del programa positivo para ese país.

Turquía ha
congelado sus relaciones con la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE
durante el segundo semestre de 2012 y se ha negado a participar en cualquier
reunión encabezada por la Presidencia chipriota. La Comisión reitera su gran
preocupación sobre las declaraciones y amenazas de Turquía e insta al pleno
respeto del papel de la Presidencia del Consejo, un elemento fundamental de la
estructura institucional de la UE según lo dispuesto en el Tratado.

Las conversaciones desarrolladas bajo los auspicios del
Secretario General de las Naciones Unidas con objeto de encontrar una solución
global para el problema de Chipre se estancaron en la primavera de 2012. Una
solución global redundaría en el interés de todas las partes, puesto que
incrementaría la estabilidad en el Mediterráneo Sudoriental, brindaría nuevas
oportunidades económicas a los Estados miembros y Turquía y daría gran impulso
a sus negociaciones de adhesión a la UE. Se insta por lo tanto a Turquía a
colaborar con todas las partes con el fin de facilitar que el proceso se corone
fructíferamente.

La UE ha subrayado asimismo todos los derechos soberanos de
los Estados miembros de la UE, entre los que se incluyen, en particular, la
celebración de acuerdos bilaterales y la exploración y explotación de sus
recursos naturales, de conformidad con el acervo de la UE y el Derecho
internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar. De conformidad con las posiciones reiteradas por el Consejo y la
Comisión los años precedentes, la Comisión urge de nuevo a Turquía a cumplir su
obligación de aplicar el Protocolo Adicional en su totalidad y avanzar hacia la
normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre. Insta
también a evitar cualquier tipo de amenaza, fuente de fricción o acción que
pueda dañar las buenas relaciones de vecindad y la resolución pacífica de las
disputas. La UE continuará dando seguimiento y evaluará los avances realizados
en este ámbito con arreglo a las decisiones pertinentes del Consejo.

Turquía debe intensificar los esfuerzos desplegados para
resolver las cuestiones bilaterales pendientes, incluidas las disputas
fronterizas con los países vecinos. Grecia y Chipre han presentado numerosas
denuncias oficiales sobre la violación de su espacio aéreo y sus aguas
territoriales por parte de Turquía.

4.3.
Islandia

La adhesión
de Islandia sigue siendo una cuestión de interés mutuo. La UE e Islandia
comparten cada vez más intereses, por ejemplo en los ámbitos de la energía
renovable y el cambio climático, y debe tenerse presente asimismo la
importancia estratégica de la política ártica de la UE. Las sólidas
credenciales democráticas de Islandia contribuirán al enriquecimiento de la UE.

Las
negociaciones de adhesión con Islandia avanzan por buen camino, con un nivel
global adecuado de adaptación al acervo de la UE, gracias a la pertenencia al
Espacio Económico Europeo (EEE) y la participación plena en Schengen desde
2001. Se han abierto más de la mitad de los capítulos de negociación, y diez de
ellos ya se han podido cerrar provisionalmente. La adhesión a la UE sigue
siendo objeto de animado debate público en Islandia. La Comisión seguirá
prestando apoyo a las actividades de comunicación desarrolladas al respecto y a
los contactos entre los ciudadanos. La Comisión confía en que la UE pueda
presentar una propuesta de negociación que tenga en cuenta todas las
expectativas y especificidades de ese país, dentro del marco acordado para las
negociaciones de adhesión, salvaguardando plenamente los principios y el acervo
de la Unión. Todo ello permitirá que, llegado el momento, el pueblo islandés se
pronuncie sobre la adhesión con pleno conocimiento de causa.

Islandia
sigue cumpliendo los criterios políticos. Se trata de una democracia eficaz que
goza de instituciones sólidas y en la que están profundamente arraigadas las
tradiciones de la democracia representativa. El sistema judicial es de gran
calidad. Se garantiza la mejora constante de la protección de los derechos
fundamentales, ya muy elevada.

Tras una
recesión larga y profunda, la recuperación económica se ha consolidado, con un
crecimiento notable en 2011-2012 y la mejora de las condiciones macroeconómicas
del país.

En conjunto,
el historial de cumplimiento de Islandia de sus obligaciones en el marco del
EEE sigue siendo ampliamente satisfactorio. Cabe señalar algunas deficiencias
en ámbitos tales como los servicios financieros, la seguridad alimentaria y la
libre circulación de capital. Las restricciones temporales de la libre
circulación de capitales adoptadas tras la crisis financiera de 2008 siguen en
vigor. El Órgano de Vigilancia de la AELC ha incoado un procedimiento contra
Islandia en el Tribunal de la AELC sobre un asunto relacionado con Icesave.

5.
Ayudar y apoyar a los países de la
ampliación
5.1.
Asistencia financiera

La Comisión apoya los preparativos para
la adhesión de los países de la ampliación proporcionándoles apoyo técnico y
financiero a través de un instrumento financiero específico, el Instrumento de
Ayuda Preadhesión (IAP). Los recursos del IAP ascendían a 11 600 millones
EUR para el periodo 2007-2013. Entre los principales resultados cabe señalar el
aumento de las capacidades y la intensificación de las reformas en los países
beneficiarios, por ejemplo en los ámbitos del Estado de Derecho, la justicia y
los asuntos de interior, la reforma de la administración pública, los derechos
fundamentales y el desarrollo y el diálogo de la sociedad civil. Estos
resultados han contribuido, en particular, a la conclusión fructífera en junio
de 2011 de las negociaciones de adhesión de Croacia a la UE y a la apertura de
las negociaciones correspondientes con Montenegro en junio de 2012. Se están
fomentando las inversiones que contribuyen al desarrollo económico, social y
agrícola, así como la cooperación regional en los Balcanes Occidentales. A
título de ejemplo del apoyo concedido a proyectos concretos cabe mencionar la
formación proporcionada a la policía montenegrina en el ámbito de la lucha
contra la corrupción y la delincuencia organizada, el desarrollo de un programa
de subvenciones al empleo femenino en Turquía y la financiación de la
rehabilitación de los ferrocarriles en Croacia (Corredor Europeo X), con el fin
de establecer una conexión con los ferrocarriles serbios.

Dentro del próximo Marco Financiero
Plurianual 2014-2020, la Comisión ha propuesto una dotación financiera de
14 100 millones EUR para el nuevo IAP II. Se trata de un volumen de
recursos similar (a precios constantes) al previsto en el Marco Financiero
actual.

La Comisión
presentó su propuesta para el nuevo IAP II en diciembre de 2011, como parte del
conjunto de instrumentos para el próximo Marco Financiero Plurianual. Entre las
principales innovaciones del IAP II cabe citar la planificación plurianual y la
mayor focalización estratégica de la ayuda financiera preadhesión, a través del
establecimiento de vínculos más sólidos con las prioridades determinadas en la
estrategia de ampliación. La mejora de la planificación estratégica de la
asistencia del IAP encontrará reflejo en el Marco Estratégico Común y en los
documentos de estrategia para países concretos o grupos de países que abarcarán
la totalidad del periodo del próximo Marco Financiero y cubrirán de manera más
coherente un número limitado de ámbitos en sustitución de los «componentes»
actuales. A tal fin, en los citados documentos de estrategia para países
concretos o grupos de países se introducirá un elemento de rendimiento y se
establecerán objetivos relacionados con la asistencia con indicadores
realistas. La evaluación del rendimiento permitirá recompensar a los países que
presenten buenos resultados e introducirá mayor flexibilidad para reasignar los
recursos en caso de rendimiento insuficiente. Además, al amparo del IAP II, los
países candidatos y candidatos potenciales tendrán acceso a los mismos tipos de
apoyo, que se determinarán principalmente en función de sus necesidades y
capacidades, así como de su historial de resultados en la utilización de la
ayuda preadhesión.

Por lo que
respecta a los programas operativos y similares para otros instrumentos
exteriores de la UE, se reforzará la cofinanciación de estrategias
sectoriales acordadas con los países beneficiarios, en oposición a la
financiación de proyectos concretos, incrementándose así el porcentaje de ayuda
financiada a nivel sectorial (incluido el apoyo presupuestario para ámbitos
seleccionados). La mayor sistematización de la programación plurianual se
aplicará también a la asistencia proporcionada a la transición y el desarrollo
institucional (por ejemplo, reforma de la administración pública y de los
sistemas de justicia, etc.), fomentándose así la aplicación eficaz de las
estrategias sectoriales relacionadas. El objetivo es utilizar los recursos de
la UE para impulsar reformas de gran calado de manera tal que los preparativos
de adhesión de los países tengan mayor eficiencia que la que podría lograrse a
través de proyectos concretos aislados.

Los dos
grandes objetivos del IAP son apoyar el proceso de adhesión y el desarrollo
socioeconómico de los beneficiarios.

El
fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, la
reforma de la administración pública y la buena gobernanza seguirán siendo los
ejes fundamentales de la futura ayuda preadhesión en todos los países
beneficiarios, así como la lucha contra la corrupción y la delincuencia
organizada, el desarrollo de la sociedad civil y el fomento y la protección de
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Como corolario del «nuevo
enfoque» en relación con los capítulos 23 y 24 y habida cuenta del carácter a
largo plazo de las reformas impulsadas en esos ámbitos y de la necesidad de
desarrollar historiales de aplicación antes de la adhesión, la ayuda del IAP II
abordará los requisitos de los países beneficiarios en esos ámbitos desde una
fase temprana.

También se
proporcionará asistencia en apoyo del desarrollo económico y social, y a la
cooperación regional y territorial (acciones de cooperación transfronteriza, transnacional
e interregional). El apoyo al desarrollo económico y social abarcará cuestiones
tales como el desarrollo del capital físico, la mejora de las conexiones con la
UE y las redes regionales, el fomento del empleo y el desarrollo del capital
humano y la inclusión económica y social.

El apoyo
financiero exigirá que los países de la ampliación adopten políticas y
estrategias integrales sostenibles en sectores prioritarios como la justicia y
los asuntos de interior, la administración pública, el desarrollo del sector
privado, el transporte, la energía, el medio ambiente y el cambio climático, el
desarrollo social, la agricultura y el desarrollo rural. Se prevé que este
proceso propicie una mayor implicación local y un amplio consenso sobre dichas
estrategias, de modo que se mejorará la capacidad de los países beneficiarios
del IAP para planificarlas, aplicarlas y supervisar su puesta en práctica, así
como de integrar todo ello en el conjunto de sus preparativos para la
incorporación a la UE.

5.2.
Beneficios de una mayor integración
antes de la adhesión

El proceso brinda beneficios
considerables a los ciudadanos de los países de la ampliación incluso antes de
la adhesión efectiva. Se les está aproximando a la UE a través de su
participación en los programas de la UE, las iniciativas de la sociedad civil y
afines, la exención de visados para los desplazamientos y el comercio al amparo
de los acuerdos de estabilización y asociación.

Pueden participar en los programas de la
UE la mayoría de los países candidatos y candidatos potenciales. Durante 2012,
la Comisión propuso extender esa posibilidad también a Kosovo. Tal
participación familiariza a esos países con las políticas y los métodos de
trabajo de la UE y facilita su integración gradual en las redes de la Unión.
Por ejemplo, cada vez es mayor el número de estudiantes que participan en los
programas Erasmus o Erasmus Mundus. Científicos e investigadores de la región
están colaborando también con sus homólogos de la UE en el marco del Séptimo
Programa Marco de Investigación.

La exención del visado para los viajes a
la UE es una de los beneficios más notorios de una mayor integración con la
Unión para los ciudadanos de los países de la ampliación. Islandia ya forma
parte del Espacio Schengen. En los Balcanes Occidentales, los ciudadanos
croatas disfrutan desde hace tiempo del régimen de exención de visados para sus
desplazamientos a todo el territorio de la UE. En diciembre de 2009 se eximió
de visado a los ciudadanos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro
y Serbia para acceder al Espacio Schengen. Dicha exención se amplió a los
ciudadanos de Albania y Bosnia y Herzegovina un año más tarde.

Esas recientes decisiones estuvieron
basadas en el cumplimiento, por parte de los países interesados, de una serie
de requisitos establecidos en el contexto de los diálogos sobre la
liberalización del régimen de visados impulsados por la Comisión. Los diálogos
supusieron un enorme acicate para las reformas y el logro del cumplimiento de
las normas de la UE en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, así
como por lo que respecta al fortalecimiento del Estado de Derecho y la lucha
contra la delincuencia organizada transfronteriza, la corrupción y la migración
ilegal. En vista de la evolución posterior, que habría puesto de relieve
algunas vulneraciones del régimen de exención de visados y del sistema de
asilo, la Comisión comenzó a aplicar, a partir de enero de 2011, un mecanismo
de supervisión de la liberalización que ha conllevado el endurecimiento de los
controles realizados sobre el terreno. El número de solicitudes de asilo
injustificadas sigue siendo elevado en algunos Estados miembros de la UE, lo
que exigirá la adopción constante de medidas específicas por cada uno de los
países de la región. Más en general, se han adoptado nuevas propuestas que
permiten la suspensión temporal de los actuales regímenes de exención de visado
con un país tercero en caso de afluencia repentina de personas.

En enero de 2012, la Comisión emprendió
un diálogo relativo a la liberalización del régimen de visados con Kosovo.

La UE y Turquía han intensificado su
cooperación en materia de visados y migración. Ambas partes han rubricado un
Acuerdo de Readmisión. Ahora es vital que se proceda sin dilación a su firma y
aplicación efectiva, con vistas también al ulterior avance del proceso de
liberalización del régimen de visados como perspectiva a largo plazo.

La UE sigue proporcionando extenso apoyo
a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en los países de la ampliación,
sobre todo a través del Instrumento para la Sociedad Civil. Se contribuye así
al desarrollo de sus capacidades y profesionalismo y se fomenta la constitución
de redes a todos los niveles (UE, nacional, regional), de modo que puedan
entablar un diálogo eficaz con agentes de los sectores público y privado y
supervisar la evolución en ámbitos como el Estado de Derecho y el respeto de
los derechos fundamentales.

Las actividades de la sociedad civil son
esenciales para la madurez de la democracia, el respeto de los derechos humanos
y el imperio de la ley. Una sociedad civil dinámica contribuye a la
responsabilización política y la profundización del conocimiento y el carácter
integrador de las reformas relacionadas con la adhesión, ampliando el apoyo que
estas recaban, y promueve la reconciliación en sociedades divididas por el
conflicto. Montenegro ha tomado medidas para asociar a las OSC en la
preparación de las negociaciones de adhesión. En la mayoría de los países de la
ampliación ha proseguido el desarrollo de la sociedad civil. En algunos casos
es preciso nutrir más eficazmente una cultura de aceptación de las OSC y
establecer un entorno más propicio y las condiciones idóneas para mejorar el
diálogo político. Siguen pendientes diversas cuestiones relacionadas con la
financiación, en particular con el apoyo gubernamental y la sostenibilidad. Si
bien el apoyo del IAP está abarcando estas cuestiones al amparo del Instrumento
para la Sociedad Civil, las modificaciones previstas en el marco del Reglamento
Financiero permitirán a la Comisión cooperar con las mayores OSC de la región
para proporcionar subvenciones de menor tamaño a organizaciones locales de
base, garantizando así la mejora del control democrático y la resolución de las
cuestiones que interesan de manera más directa a los ciudadanos.

5.3.
Información y comunicación

La política de ampliación y, en
particular, la adhesión de nuevos Estados miembros, debe ser comprendida y
apoyada por la ciudadanía para que pueda tener éxito y ser sostenible. Se trata
de una dificultad importante en un entorno en el que, sobre todo en el contexto
de la actual crisis financiera y de la deuda soberana, cada vez se cuestiona
más el papel de los organismos públicos, incluida la Unión Europea. A juicio de
la Comisión, afrontar estos retos exige que el proceso de ampliación sea más
transparente, coherente y creíble tanto para los ciudadanos como para las
principales partes interesadas de los Estados miembros y los países de la
ampliación. Como en otros ámbitos, la ciudadanía espera ver pruebas tangibles
de la eficacia de la ampliación de la UE y de su poder transformador para los
países interesados, así como de su valor añadido para la UE en su conjunto.

Así pues, aún en mayor medida que en el
pasado, todas las instituciones de la UE tendrán que proporcionar información
sobre el proceso de ampliación, los países involucrados y sus repercusiones
para la UE, contribuyendo a un debate público bien informado sobre la
ampliación. Se deberán disipar cualesquiera temores o mitos carentes de fundamento
sobre dicho proceso y atender las preocupaciones legítimas de los ciudadanos.

Sobre los Estados miembros y los países
de la ampliación recae la responsabilidad principal de la labor de comunicación
e información dirigida a los ciudadanos, y los mensajes gubernamentales que
alimenten los debates nacionales deben complementar la comunicación de la
Comisión. Los Estados miembros deben divulgar y explicar a sus respectivas
opiniones públicas las decisiones que adoptan colectivamente en los organismos de
la UE en materia de ampliación. Por su parte, en los países de la ampliación,
los dirigentes políticos deben explicar cómo las decisiones que adoptan para
impulsar las reformas no solo guardan relación con el proceso de adhesión, sino
que contribuyen por sí mismas a mejorar el funcionamiento del Estado. Ello
contribuirá a recuperar el apoyo en los países en los que se ha ampliado la
brecha existente entre la política gubernamental y las opiniones de los
ciudadanos sobre la ampliación de la UE. Puede contribuir también a desarrollar
el amplio respaldo público con que deben contar las reformas para que los
países de la ampliación puedan cumplir las condiciones, estrictas pero justas,
impuestas para su incorporación a la UE.

6.
Conclusiones y recomendaciones

Basándose en el análisis anterior, la
Comisión presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones:

I

1.
A través de su política de ampliación, la
UE ha ido respondiendo, desde sus comienzos, a la legítima aspiración de los
pueblos de nuestro continente, de aunar fuerzas en un empeño europeo común.
El 1 de julio de 2013 Croacia se convertirá en el vigésimo octavo Estado
miembro de la UE, constituida inicialmente por seis Estados miembros.

2.
En este período de gran incertidumbre
mundial, en el que la UE ha de afrontar retos de gran calado y está dando nuevo
impulso a la integración política, económica y financiera, la política de
ampliación sigue contribuyendo a garantizar la paz, seguridad y prosperidad en
nuestro continente. La inminente adhesión de Croacia, el comienzo de las
negociaciones correspondientes con Montenegro y el estatuto de país candidato
de Serbia ponen de relieve el poder transformador de la ampliación y lo
que puede lograr, en apenas media generación, una zona devastada por la guerra.
La ampliación a Europa Sudoriental contribuye a evitar los costes mucho más
elevados de ocuparse de las consecuencias de la inestabilidad. Constituye una
inversión en democracia sostenible y demuestra la permanente capacidad de
actuación de la UE a escala mundial.

3.
Las dificultades que atraviesa la zona del
euro y la reciente crisis financiera mundial han puesto de relieve la
interdependencia de las economías nacionales tanto dentro como fuera de la UE.
Subrayan la importancia de seguir consolidando la estabilidad económica y
financiera y fomentando las reformas y el crecimiento, también en los
países de la ampliación. El proceso de ampliación constituye un instrumento
poderoso a tal efecto.

4.
En un marco de condicionalidad
estricta pero equitativa, en el que el principio de los méritos propios es
clave, la perspectiva de la adhesión constituye un acicate para las reformas
políticas y económicas, transformando las sociedades, consolidando el Estado de
Derecho y creando nuevas oportunidades para ciudadanos y empresas. En un
periodo de estancamiento económico, mitiga el riesgo de resistencia a reformas
esenciales.

5.
La credibilidad del proceso de ampliación es crucial para que pueda culminarse con
éxito. Mantener el impulso en favor de la ampliación y la dinámica de reformas constituyen
las dos caras de la misma moneda. El consenso renovado sobre la ampliación,
acordado por el Consejo Europeo, sigue siendo el fundamento de la política de
ampliación de la UE. La ampliación es, por definición, un proceso gradual,
basado en la aplicación rigurosa y sostenible de reformas por los países
interesados. La política de ampliación se ha ido ajustando en función de las
lecciones extraídas en las sucesivas adhesiones, para facilitar la integración
de los nuevos Estados miembros y atender mejor las necesidades de países en
transformación, en particular en el ámbito del Estado de Derecho.

6.
El fortalecimiento del Estado de
Derecho y la gobernanza democrática es fundamental para el proceso de
ampliación. Con el respaldo del Consejo al nuevo planteamiento de
negociación propuesto por la Comisión para los ámbitos del poder judicial y los
derechos fundamentales y de la justicia, la libertad y la seguridad, se afianza
el Estado de Derecho, incluidos desafíos comunes como la lucha contra la
delincuencia organizada y la corrupción, en el núcleo de la política de
ampliación. Las negociaciones de adhesión sobre esos capítulos se abrirán al
comienzo del proceso y se cerrarán a su término, con el fin de disponer del
máximo tiempo para poder desarrollar historiales sólidos de aplicación y
garantizar así la irreversibilidad de las reformas. La Comisión también seguirá
priorizando las cuestiones relativas al Estado de Derecho mucho antes del
comienzo de las negociaciones de adhesión, en particular en el marco de los
diálogos estructurados y mediante apoyo sectorial en virtud del IAP II.

7.
En algunos países, la libertad de
expresión sigue estando gravemente amenazada. Habida cuenta de las
dificultades que persisten en este ámbito, la Comisión continuará priorizando
esta cuestión en el proceso de adhesión. Tiene previsto organizar un acto, en
el primer semestre de 2013, para dar continuidad a la conferencia Speak Up!
celebrada en mayo de 2011. En él deberían participar representantes de los
medios de comunicación y la sociedad civil de los Balcanes Occidentales y
Turquía. Los resultados y las medidas al hilo de esta conferencia serán tenidos
en cuenta en la labor de supervisión y los informes de la Comisión. La Comisión
seguirá colaborando estrechamente con el Parlamento Europeo en este campo.

8.
En muchos ámbitos son necesarios
planteamientos adaptados a las especificidades de cada país para resolver
situaciones difíciles, incluidas las obstrucciones del proceso de adhesión. La
Comisión ha puesto en marcha, en particular, un programa positivo con
Turquía y una serie de diálogos estructurados y de alto nivel en los
Balcanes Occidentales. Tales iniciativas ya están dando impulso a las reformas.
No sustituyen las negociaciones de adhesión, sino que tienden un puente hacia ellas.
La Comisión se ha comprometido a intervenir de esta forma y seguirá centrando
su atención en ámbitos fundamentales como el Estado de Derecho, la gobernanza
democrática y las reformas económicas.

9.
La cooperación regional y las
buenas relaciones de vecindad son elementos esenciales del Proceso de
Estabilización y Asociación. Cuestiones que tienen su origen en los pasados
conflictos, como los crímenes de guerra, el retorno de los refugiados, el
tratamiento de las minorías y la igualdad de derechos para todos los ciudadanos
siguen constituyendo una grave amenaza para la estabilidad en los Balcanes
Occidentales y han de ser abordadas sin dilación. Es preciso impulsar los
avances en los foros regionales y la inclusividad de la cooperación regional.
El diálogo y el compromiso permiten resolver disputas relacionadas con
cuestiones interétnicas o conflictos sobre el estatuto.

10.
En el espíritu de las relaciones de
buena vecindad, las partes interesadas deben resolver las cuestiones
bilaterales tan pronto como sea posible durante el proceso de ampliación, con
determinación y teniendo en cuenta los intereses generales de la UE. Las
cuestiones bilaterales no deben retrasar el proceso de adhesión. La Comisión
urge a las partes a esforzarse al máximo para resolver las disputas pendientes
con arreglo a los principios y medios establecidos, remitiendo cuando proceda
las cuestiones a la Corte Internacional de Justicia o a los demás organismos de
resolución de disputas ya existentes o ad hoc. El contexto de las
negociaciones de adhesión puede generar un mayor impulso político para la
resolución de los conflictos. La Comisión está dispuesta a facilitar la
búsqueda de soluciones.

11.
Consolidar la recuperación económica en los países de la ampliación es primordial. El desempleo ha seguido
aumentando y la mayoría de las economías de los Balcanes Occidentales se están
contrayendo de nuevo. La economía turca ha seguido creciendo, aunque a un ritmo
menor. En Islandia ha proseguido este año la recuperación emprendida en 2011.
La UE se ha comprometido a seguir ayudando a los países proporcionándoles
asesoramiento sobre las políticas y asistencia financiera. El Marco de
Inversión para los Balcanes Occidentales se utilizará para contribuir a
preparar y fomentar, en estrecha colaboración con las instituciones financieras
internacionales, las inversiones más necesarias para estimular el crecimiento y
el empleo. Asimismo, la Comisión seguirá asociando a los países de la
ampliación a la Estrategia Europa 2020.

12.
Vista la profundidad de los cambios que se
están introduciendo en la gobernanza económica de la UE, la Comisión
seguirá informando sobre este proceso a los países de la ampliación y
asociándoles al mismo. A este respecto, irá adaptando gradualmente los
dispositivos existentes de supervisión económica de los países de la ampliación
y analizará la posibilidad de utilizar de manera más específica las reuniones
de los AEA para abordar las cuestiones relacionadas con la competitividad y el
empleo.

13.
En diciembre de 2011, la Comisión formuló
su propuesta sobre el nuevo Reglamento del IAP II para el periodo del
Marco Financiero Plurianual 2014-2020. El objetivo del IAP II es garantizar una
mayor vinculación con las prioridades de la estrategia de ampliación, incluido
el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho, y
prestar mayor atención al desarrollo socioeconómico. Se incrementará el apoyo
prestado a las estrategias sectoriales, con mayor flexibilidad y procedimientos
simplificados.

14.
Los ciudadanos de los países de la ampliación
ya disfrutan de beneficios considerables gracias a la facilitación del
comercio a través de los AEA, los desplazamientos exentos de visado
y la participación en los programas comunitarios. En enero de 2012, la
Comisión puso en marcha un diálogo sobre la liberalización del régimen de
visados con Kosovo. Se ha rubricado un Acuerdo de Readmisión entre la UE y
Turquía. Ahora urge que se proceda a su firma y aplicación efectiva para poder
seguir avanzado en la liberalización del régimen de visados. Al mismo tiempo,
los países deben reforzar las medidas para luchar contra el abuso de la
exención de visado para los desplazamientos.

15.
La política de ampliación debe ser
comprendida y apoyada por la ciudadanía para que pueda tener éxito y ser
sostenible. Sobre los Estados miembros y los países de la ampliación recae la
responsabilidad principal de la labor de comunicación e información
dirigida a los ciudadanos. Es esencial fomentar la comprensión y el debate bien
informado sobre las repercusiones de la política de ampliación, sobre todo en
un periodo en el que la UE se enfrenta a retos de gran calado. Por su parte, la
Comisión seguirá proporcionando información sobre el proceso de ampliación,
contribuyendo a un debate público bien informado sobre la ampliación.

16.
El proceso de ampliación es incluyente
por su propia naturaleza y precisa de una extensa participación de las partes
interesadas. En los países de la ampliación, contar con un amplio consenso
político y apoyo de la población a las reformas necesarias contribuye
significativamente a la transformación necesaria para impulsar la aproximación
a la UE. Además, la Comisión seguirá prestando apoyo a través del Instrumento
para la Sociedad Civil, impulsando en mayor medida la concesión de
subvenciones de menor tamaño a organizaciones locales de base.

II

17.
Croacia: En paralelo a la presente Comunicación, la Comisión ha aprobado
una Comunicación en la que presenta las principales constataciones del informe
exhaustivo de seguimiento sobre la preparación de Croacia para la adhesión a la
UE. La Comisión concluye que Croacia ha seguido avanzando en la adopción y
aplicación de la legislación de la UE y que ahora está completando su
adaptación al acervo. No obstante, subraya una serie de ámbitos en los que
todavía son necesarios esfuerzos adicionales y un pequeño número de cuestiones
en relación con las cuales es preciso intensificar la labor en los próximos
meses. Se trata, en particular, de los ámbitos de la política de competencia,
el poder judicial y los derechos fundamentales —sobre todo la eficiencia
judicial— y la justicia, la libertad y la seguridad. Es esencial que Croacia
vele especialmente por la finalización oportuna de los preparativos y que ello
pueda reflejarse en la Comunicación que la Comisión presentará en la primavera
de 2013 y en la que expondrá el informe final de supervisión de los
preparativos para la adhesión realizados por ese país.

18.
Montenegro: Se siguen cumpliendo suficientemente los criterios políticos. La
apertura de las negociaciones de adhesión en junio de 2012 pone de relieve el
continuo avance de las reformas más importantes. El proceso de escrutinio ya ha
comenzado y está previsto que concluya en el verano de 2013. Las negociaciones
de adhesión integran el nuevo planteamiento para los capítulos relativos al
poder judicial y los derechos fundamentales y la justicia, la libertad y la
seguridad, con lo que se refuerza la atención concedida al Estado de Derecho. A
lo largo de las negociaciones, Montenegro tendrá que ir desarrollando su
historial al respecto en aras de la irreversibilidad de la aplicación de las
reformas, en particular por lo que respecta a la lucha contra la delincuencia
organizada y la corrupción, incluida la de alto nivel.

19.
Antigua República Yugoslava de
Macedonia: Se siguen cumpliendo
suficientemente los criterios políticos. El Gobierno ha situado el programa de
la UE como eje de su actividad. El Diálogo de Alto Nivel sobre la Adhesión
mantenido con la Comisión ha servido de catalizador para acelerar las reformas
y ha propiciado la realización de avances sustanciales en varios ámbitos clave.
Es preciso mantener la dinámica de reformas en todos los ámbitos, en particular
para garantizar la aplicación. También se debe seguir prestando atención al
Estado de Derecho, incluida la libertad de expresión, y a las relaciones
interétnicas y la reconciliación.

La Comisión recomienda por cuarta vez que se
inicien las negociaciones de adhesión con la Antigua República Yugoslava de
Macedonia. A juicio de la Comisión, pasar a la siguiente fase del proceso de
adhesión del país es necesario para consolidar el ritmo y la sostenibilidad de
las reformas, mitigando así cualquier posible riesgo de inversión del proceso,
y para fortalecer las relaciones interétnicas. Ello potenciará también la
credibilidad de la UE y servirá de acicate para la labor de reforma en los
restantes países de la región.

La Comisión subraya que sigue siendo esencial
el mantenimiento de unas buenas relaciones de vecindad, incluida una solución
mutuamente aceptable para la cuestión del nombre, negociada bajo los auspicios
de las Naciones Unidas.

Una decisión del Consejo Europeo de abrir las
negociaciones de adhesión contribuiría a crear las condiciones propiciatorias
para una solución de tales características. A este respecto, la Comisión está
dispuesta a presentar sin dilación una propuesta de marco de negociación que
tiene también en cuenta la necesidad de resolver la cuestión del nombre en una
fase temprana de las negociaciones de adhesión. A este respecto, se tomarán en
consideración los marcos precedentes y, sobre todo, los principios del nuevo
planteamiento respaldado por el Consejo en diciembre de 2011. Este
planteamiento requiere un compromiso político firme de todas las partes
interesadas con anterioridad al Consejo Europeo.

20.
Serbia: En el Consejo Europeo de marzo de 2012 se concedió a Serbia el
estatuto de país candidato. Serbia sigue avanzando para cumplir suficientemente
los criterios políticos y las condiciones del Proceso de Estabilización y
Asociación. No obstante, debe prestar especial atención al Estado de Derecho,
sobre todo al poder judicial, ámbito en el que los últimos reveses ponen de
relieve la necesidad de renovar el compromiso reformista y de garantizar su
independencia, imparcialidad y eficiencia, teniendo en cuenta asimismo las
recientes resoluciones del Tribunal Constitucional. Además, vistos los últimos
acontecimientos, es preciso prestar especial atención a los derechos de los
grupos vulnerables y a la independencia de instituciones básicas como el Banco
Central. Serbia debe seguir participando constructivamente en la cooperación
regional y fortalecer las relaciones con los países vecinos. Es preciso dar
nuevo impulso a las reformas y seguir avanzando en pos de una mejora palpable y
duradera de las relaciones con Kosovo. Cabe citar a este respecto dos avances:
la firma por Serbia del protocolo técnico sobre la gestión integrada de
fronteras y la aclaración de la interpretación serbia del acuerdo sobre
representación y cooperación regional de Kosovo, que, a juzgar por su
aplicación preliminar, ha dejado de obstaculizar la inclusividad de la
cooperación regional.

En línea con las Conclusiones del Consejo de
5 de diciembre de 2011, aprobadas por el Consejo Europeo de 9 de diciembre de
2011, sobre las condiciones para la apertura de las negociaciones de adhesión
con Serbia, la Comisión presentará el informe correspondiente en cuanto
determine que el país cumple satisfactoriamente los criterios de adhesión, en
particular la prioridad clave de tomar medidas encaminadas a la mejora palpable
y duradera de las relaciones con Kosovo. La Comisión insta a Serbia a aplicar
de buena fe todos los acuerdos alcanzados hasta la fecha y a intervenir
constructivamente, con la labor de facilitación de la UE, en relación con toda
la serie de cuestiones.

Es necesaria una mejora palpable y duradera
de las relaciones entre Serbia y Kosovo, que garantice que ambas partes puedan
seguir avanzando en sus respectivas sendas hacia la UE sin que ninguna de ellas
pueda bloquear los esfuerzos desplegados a tal efecto por la otra. Este proceso
debería propiciar gradualmente la normalización plena de las relaciones entre
Serbia y Kosovo con la perspectiva de que ambos países puedan ejercer
plenamente sus derechos y cumplir sus responsabilidades en el seno de la UE.
Abordar los problemas en el norte de Kosovo, respetando al mismo tiempo la
integridad territorial de Kosovo y las necesidades específicas de la población
local, será un elemento esencial del proceso.

La Comisión subraya que las medidas encaminadas
a la normalización de las relaciones entre Belgrado y Pristina también deberían
abordarse en el contexto del marco para el desarrollo de las futuras
negociaciones de adhesión con Serbia.

La Comisión subraya la importancia de que
este planteamiento global sea impulsado con determinación por las partes con el
pleno apoyo de la UE.

21.
Albania: La mejora del diálogo entre el Gobierno y la oposición, sobre todo
tras el acuerdo de noviembre de 2011, ha permitido a Albania realizar avances
notables en pos del cumplimiento de los criterios políticos de pertenencia a la
UE. Albania ha llevado a cabo diversas reformas de gran calado relacionadas con
las doce prioridades clave establecidas en el Dictamen de 2010 de la Comisión
de cara a la apertura de las negociaciones de adhesión con la Unión Europea.
Albania ha cumplido cuatro de las prioridades clave: en concreto las
relacionadas con el funcionamiento adecuado del Parlamento, la adopción de las
leyes pendientes que exigían mayoría cualificada, el nombramiento del Defensor
del Pueblo, los procesos de comparecencia y votación para instituciones básicas
y la modificación del marco legislativo para las elecciones. El país se
encuentra muy avanzado por lo que respecta al cumplimiento de las dos
prioridades clave relativas a la reforma de la administración pública y la
mejora del tratamiento de los detenidos. Cabe citar algunos avances
significativos en relación con las demás prioridades clave, como la adopción de
la Ley sobre la jurisdicción contencioso-administrativa, la supresión de la
inmunidad de jueces y funcionarios de alto rango, el aumento de la confiscación
de bienes de procedencia criminal, la aprobación de una estrategia integral de
reforma de la propiedad y la introducción de una serie de modificaciones en el Código
Penal con objeto de endurecer las sanciones por violencia doméstica.

Teniendo en cuenta estos avances, la Comisión
recomienda que el Consejo otorgue a Albania el estatuto de país candidato
supeditándolo a la finalización de una serie de medidas fundamentales en los
ámbitos de la reforma judicial y de la administración pública y la revisión del
reglamento interno del Parlamento. La Comisión informará al Consejo tan pronto
como se hayan realizado los avances necesarios. En su informe, la Comisión tomará
también en consideración el compromiso demostrado por Albania en la lucha
contra la corrupción y la delincuencia organizada, en particular mediante la
investigación y el procesamiento dinámicos de tales casos.

Para que la Comisión pueda recomendar la apertura
de negociaciones de adhesión, debe observar en particular el respeto constante
de los compromisos ya asumidos y el cumplimiento pleno de las prioridades clave
que todavía quedan pendientes. Se debe hacer hincapié en: la celebración de
elecciones de conformidad con las normas europeas e internacionales; el
fortalecimiento de la independencia, eficiencia y responsabilidad de las
instituciones judiciales; esfuerzos decididos en la lucha contra la corrupción
y la delincuencia organizada, lo que incluye un planteamiento dinámico de
investigación y procesamiento; medidas eficaces para reforzar la protección de
los derechos humanos y las políticas antidiscriminatorias, y la aplicación de
los derechos de propiedad. La celebración con éxito de las elecciones parlamentarias
en 2013 será una prueba determinante del compromiso de todos los partidos con
la nueva reforma electoral y un prerrequisito para cualquier recomendación de
apertura de negociaciones. Para aplicar la reforma y garantizar el futuro de
Albania en la UE sigue siendo esencial mantener un diálogo político duradero y
realizar esfuerzos constantes en todos los ámbitos que abarcan las prioridades
clave.

22.
Bosnia y Herzegovina: Los avances han sido limitados por lo que respecta al
cumplimiento de los criterios políticos y el establecimiento de estructuras
institucionales más funcionales, coordinadas y sostenibles. En el marco del
Proceso de Estabilización y Asociación, Bosnia y Herzegovina ha seguido
participando constructivamente con la UE en un Diálogo Estructurado sobre
Justicia.

El Diálogo de Alto Nivel sobre el Proceso de
Adhesión emprendido en junio es el principal foro para abordar los requisitos
del proceso de integración en la UE. A este respecto, la Comisión lamenta que
los resultados obtenidos hasta la fecha sigan por debajo de las expectativas. Sigue sin existir una visión compartida entre
los representantes políticos sobre el rumbo general y el futuro y la estructura
institucional del país. El cumplimiento de las
condiciones para la entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y Asociación
y la credibilidad de la solicitud de adhesión a la UE sigue siendo una cuestión
prioritaria, al igual que el establecimiento de un mecanismo de coordinación
entre todos los niveles de gobierno, que permita al país expresarse con una
sola voz sobre las cuestiones de la UE. La Comisión seguirá trabajando con las
autoridades del país. Ahora bien, los dirigentes del país deben dar muestra de
voluntad política para alcanzar un consenso y hacer realidad, con acciones
concretas, las aspiraciones del país y sus ciudadanos en relación con la UE.

Tras la disociación del mandato del
Representante Especial de la Unión Europea de la Oficina del Alto
Representante, a través de su mayor presencia la UE ha asumido el liderazgo en
diversos ámbitos para ayudar a las autoridades a cumplir los objetivos del
programa de la UE. A este respecto, la UE seguirá reforzando el apoyo que
presta a las instituciones del país.

23.
Kosovo: En paralelo a la presente Comunicación,
la Comisión ha adoptado una Comunicación relativa a un estudio de viabilidad
para la celebración de un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Kosovo.
Dicho estudio confirma que es posible celebrar un AEA entre la UE y Kosovo aun
cuando los Estados miembros mantengan posturas divergentes sobre su estatuto.
La Comisión propondrá directivas de negociación para un AEA una vez Kosovo haya
logrado avances de cara al cumplimiento de una serie de prioridades a corto
plazo. Es esencial que Kosovo sigue aplicando de buena fe todos los acuerdos
logrados hasta la fecha entre Belgrado y Pristina y que intervenga
constructivamente, con la facilitación de la UE, en relación con toda la serie
de cuestiones.

Es necesaria una mejora palpable y duradera
de las relaciones entre Kosovo y Serbia, de modo que ambas partes puedan seguir
avanzando en sus respectivas sendas hacia la UE sin que ninguna de ellas pueda
bloquear los esfuerzos desplegados a tal efecto por la otra. Abordar los
problemas en el norte de Kosovo, respetando al mismo tiempo las necesidades
específicas de la población local, será un elemento esencial del proceso.

24.
Turquía: Turquía es un país crucial para la UE, teniendo en cuenta el
dinamismo de su economía, su ubicación estratégica y el importante papel que
desempeña en la región. La Comisión subraya la importancia de la cooperación y
el diálogo actuales sobre cuestiones de política exterior de interés común
tanto para la UE como para Turquía, como África del Norte y Oriente Medio.

El potencial de la relación entre Turquía y
la UE solo puede aprovecharse plenamente en el marco de un proceso de adhesión
activo y creíble que respete los compromisos de la UE y la condicionalidad
establecida. Redunda en interés de ambas partes que las negociaciones de
adhesión recobren impulso, especialmente para garantizar que la UE siga siendo
la referencia para las reformas en el país. Por lo tanto, la Comisión considera
importante que, en línea con los procedimientos establecidos y las conclusiones
pertinentes del Consejo, se reanude la labor en los capítulos de negociación
interrumpidos desde hace algunos años debido a la falta de consenso entre los
Estados miembros.

Para reactivar el proceso de adhesión y dar
nuevo impulso a las relaciones entre Turquía y la UE, la Comisión seguirá
aplicando el programa positivo puesto en marcha en mayo de 2012 en relación con
las relaciones con Turquía, el cual ya está brindando los primeros resultados.
Sigue siendo esencial contar con el apoyo activo de Turquía al programa
positivo y a su perspectiva europea.

Suscita cada vez mayor preocupación la falta
de avances sustanciales por lo que respecta al pleno cumplimiento de los
criterios políticos por parte de Turquía. La situación del respeto de los
derechos humanos sobre el terreno, incluida la libertad de expresión, sigue
siendo fuente de grave preocupación, a pesar de las recientes mejoras
legislativas. Es importante que Turquía aborde todas las cuestiones
relacionadas con la independencia, la imparcialidad y la eficiencia del poder
judicial. La Comisión se congratula del compromiso del Gobierno turco de
presentar sin dilación la cuarta batería de reformas judiciales y le insta a
resolver todas las cuestiones básicas que afectan hoy día al ejercicio efectivo
de la libertad de expresión.

Turquía ha congelado sus relaciones con la Presidencia
rotatoria del Consejo de la UE durante el segundo semestre de 2012. La Comisión
reitera su gran preocupación sobre las declaraciones y amenazas de Turquía e
insta al pleno respeto del papel de la Presidencia del Consejo.

La UE ha subrayado
asimismo todos los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE, entre
los que se incluyen, en particular, la celebración de acuerdos bilaterales y la
exploración y explotación de sus recursos naturales, de conformidad con el
acervo de la UE y el Derecho internacional, incluida la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. De conformidad con las posiciones
reiteradas por el Consejo y la Comisión los años precedentes, la Comisión urge
de nuevo a Turquía a cumplir su obligación de aplicar el Protocolo Adicional en
su totalidad y avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales con
la República de Chipre. Ello podría dar nuevo impulso al proceso de adhesión.
En ausencia de medidas en estos ámbitos, la Comisión recomienda que la UE
mantenga sus medidas de 2006. Urge también a evitar cualquier tipo de amenaza,
fuente de fricción o acción que pueda dañar las buenas relaciones de vecindad y
la resolución pacífica de las disputas.

Se alienta a Turquía a
aumentar de manera concreta su compromiso y su contribución a las
conversaciones desarrolladas bajo los buenos oficios del Secretario General de
las Naciones Unidas para llegar a un acuerdo global sobre la cuestión de Chipre.

25.
Por lo que respecta a la cuestión de Chipre,
se encuentran paralizadas las negociaciones que los dirigentes de las
comunidades grecochipriota y turcochipriota venían desarrollando bajo los
auspicios de las Naciones Unidas en pos de un acuerdo global. Es necesario
darles nuevo impulso y fomentar su pronta conclusión sobre la base de los
avances realizados hasta la fecha. Para ello será necesario crear un clima que
propicie la finalización del proceso y preparar a la ciudadanía para los
compromisos necesarios. La Comisión está dispuesta a seguir proporcionando
apoyo político firme y asesoramiento técnico sobre las cuestiones que sean de
la competencia de la UE.

26.
Islandia: La UE e Islandia comparten cada vez más intereses, por ejemplo en
los ámbitos de la energía renovable y el cambio climático, y debe tenerse
presente asimismo la importancia estratégica de la política ártica de la UE.
Las negociaciones de adhesión con Islandia avanzan por buen camino. La adhesión
a la UE sigue siendo objeto de animado debate público en Islandia. La Comisión
confía en que la UE pueda presentar una propuesta de negociación que tenga en
cuenta todas las especificidades de ese país, salvaguardando plenamente los
principios y el acervo de la Unión, y que permita que, llegado el momento, el
pueblo islandés tome su decisión con pleno conocimiento de causa.

ANEXO

Conclusiones sobre Montenegro, la Antigua República Yugoslava de
Macedonia, Serbia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Turquía e Islandia

Montenegro

Montenegro cumple
suficientemente los criterios políticos para la pertenencia a la UE. Se
han mejorado las políticas y el marco legislativo e institucional con vistas a
reforzar el funcionamiento del Parlamento, el poder judicial, la política
anticorrupción, los derechos humanos y la protección de las minorías. Han
seguido avanzando las reformas en curso de la Constitución y la administración
pública. También se ha seguido desarrollando el historial de garantía de
cumplimiento de la legislación. Es preciso proseguir los esfuerzos en el ámbito
del Estado de Derecho, en particular para finalizar la reforma constitucional
en marcha, encaminada a reforzar la independencia judicial y ampliar el
historial de aplicación, sobre todo por lo que respecta a la lucha contra la
corrupción y la delincuencia organizada. Montenegro ha seguido desarrollando un
papel constructivo en la región y respetando sus compromisos internacionales y
las condiciones del Proceso de Estabilización y Asociación.

Por lo que respecta a
la democracia y el Estado de Derecho, Montenegro
ha avanzado en el fortalecimiento de la función legislativa y supervisora del Parlamento,
incluidas las cuestiones relacionadas con el imperio de la ley. Se ha comenzado
a aplicar la legislación electoral recientemente promulgada y se ha
incrementado la capacidad administrativa y pericial del Parlamento. Se ha
mejorado la transparencia y se han previsto comisiones parlamentarias
independientes de integración europea y lucha contra la corrupción. Se han de
proseguir los esfuerzos desplegados para mejorar la capacidad legislativa y
supervisora del Parlamento.

La elaboración de políticas por parte del
Gobierno ha seguido mejorando. Se están estableciendo gradualmente las
estructuras para las negociaciones de adhesión, de las que forman parte
representantes de la sociedad civil. Es preciso seguir reforzando la capacidad
administrativa para la coordinación de la integración europea, incluida la
asistencia financiera, con el fin de cumplir los requisitos de las
negociaciones de adhesión. Se debe mejorar la capacidad global de los
ministerios para elaborar legislación y realizar evaluaciones de impacto de
calidad elevada. En cuanto al gobierno local, son
necesarios esfuerzos adicionales para aplicar las disposiciones legislativas
recientemente aprobadas y configurar una administración transparente, eficiente
y responsable.

Montenegro ha seguido avanzando en el
reto que supone la reforma de la administración pública. Es preciso
mejorar, de manera financieramente sostenible y con los mecanismos de
verificación adecuados, el marco legislativo y la aplicación de la legislación
aprobada recientemente. Aunque se ha reforzado la capacidad del Defensor del
Pueblo, son necesarios avances adicionales.

Se han realizado algunos avances por lo
que respecta al sistema judicial. Ya ha comenzado a aplicarse la legislación
recientemente adoptada. Se han realizado avances por lo que respecta a la
publicación de las resoluciones judiciales y los asuntos pendientes. Todavía no
ha concluido el proceso de reforma constitucional destinado a reforzar la
independencia del poder judicial en línea con las normas europeas. Son
necesarios esfuerzos adicionales para garantizar que los nombramientos y la
evolución profesional se basen en los méritos y para reforzar la rendición de
cuentas y las salvaguardias de la integridad en el seno del poder judicial.

En el ámbito de la lucha contra la
corrupción se han realizado algunos avances. Se ha comenzado a
aplicar la legislación recientemente adoptada en ámbitos clave como la
financiación de los partidos políticos, la prevención de los conflictos de
interés y la contratación pública. Es preciso mejorar la capacidad de las
instituciones supervisoras, en particular la Comisión Electoral Nacional, el
Instituto Nacional de Auditoría y la Comisión de Prevención de Conflictos de
Interés. Aunque Montenegro ha seguido desarrollado su historial de
investigación, enjuiciamiento y condena de los casos de corrupción, sigue
siendo pequeño el número de condenas y todavía no se ordena el decomiso o la
incautación de activos por delitos de corrupción. La corrupción sigue estando
muy extendida y suscitando grave preocupación, al obstaculizar la labor de
investigación de la delincuencia organizada llevada a cabo por las autoridades
policiales y judiciales.

Se han realizado avances en materia de lucha
contra la delincuencia organizada. Se ha seguido desarrollando el hisorial
en este ámbito, pero son necesarios avances adicionales. Luchar contra la
delincuencia organizada con todos los medios del sistema jurídico presenta
especiales dificultades para el país. Se ha reforzado la cooperación regional e
internacional mediante la firma de acuerdos y la realización de operaciones
conjuntas. No obstante, es preciso consolidar de manera dinámica los resultados
alcanzados, incluidas las capacidades administrativas y la cooperación entre
los distintos organismos activos en este ámbito, en particular por lo que
respecta a las investigaciones financieras. Es preciso completar también el
marco jurídico. Todavía no se ha establecido un sistema nacional de información
sobre actividades delictivas, en detrimento de la eficacia de las autoridades
policiales y judiciales, que es preciso mejorar. Se debe reforzar el papel
protagonista de la Fiscalía en las investigaciones. Son necesarios esfuerzos
adicionales en la lucha contra el blanqueo de dinero y la trata de seres
humanos, en particular para la identificación y reintegración de las víctimas.

Montenegro ha seguido mejorando el marco
jurídico e institucional existente para la protección de los derechos
humanos y las minorías. Todas las autoridades, incluso las de mayor
rango, han mostrado una actitud más positiva hacia los derechos humanos. Es
preciso continuar la configuración del margo legislativo e institucional
pertinente y el fortalecimiento de las capacidades administrativas y
financieras en este ámbito, en particular las de la Fiscalía del Estado y el
Defensor del Pueblo.

Se han realizado avances notables por lo
que respecta a la mejora del marco jurídico y administrativo para los derechos
civiles y políticos y a la garantía de su cumplimiento. Es preciso aumentar
la capacidad del Defensor del Pueblo para actuar contra los malos tratos y
mejorar las condiciones de vida en las prisiones. Se deben intensificar los
esfuerzos invertidos para investigar y enjuiciar los antiguos casos de
violencia contra periodistas.

Montenegro ha avanzado en el ámbito de
los derechos sociales y económicos, consolidando el marco jurídico e
institucional pertinente. La actitud más positiva de las autoridades ha
contribuido a la promoción de esos derechos, aunque es necesario destinar más
recursos financieros y recursos humanos cualificados para garantizar su
cumplimiento. Se ha de mejorar el tratamiento de las vulneraciones de los
derechos económicos y sociales.

Montenegro ha avanzado en la protección
de las minorías y los derechos culturales. La aprobación de la
estrategia de mejora de la situación de la población romaní, ashkali y egipcia
y del plan de acción correspondiente constituye una evolución positiva en este
ámbito, pero se debe mejorar la inclusión de las personas pertenecientes a esas
comunidades, en particular a través de la aplicación de los documentos
estratégicos pertinentes, pues todavía padecen
discriminación. Se ha seguido avanzando en la concesión de estatuto jurídico a
los desplazados, pero aún siguen existiendo lagunas por lo que respecta a su
acceso a los derechos económicos y sociales.

En cuanto a las cuestiones
regionales y las obligaciones internacionales, Montenegro ha seguido
respetando las condiciones del Proceso de Estabilización y Asociación por lo
que respecta a la cooperación regional y con el Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia (TPIY). Todavía no se han
resuelto algunas cuestiones bilaterales con los países vecinos, especialmente
en el ámbito de la delimitación de fronteras.

Se han realizado avances significativos por lo que respecta
al Proceso de la Declaración de Sarajevo. Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Montenegro y Serbia han seguido cooperando con el fin de resolver de manera
duradera la situación de los refugiados desplazados a causa de los conflictos
bélicos de los años noventa. Los cuatro países han firmado una Declaración
ministerial regional y acordado un Programa Regional de Alojamiento que
prestará asistencia a unos 27 000 hogares (74 000 personas). En la
conferencia internacional de donantes celebrada en Sarajevo en abril de 2012 se
comprometieron 265 millones EUR en apoyo del Programa. Debe proseguir la buena cooperación sobre
todas las cuestiones pendientes del Proceso.

Por lo que se refiere a la Corte Penal
Internacional, el acuerdo bilateral de inmunidad celebrado con los Estados
Unidos no respeta los principios rectores ni las posiciones comunes de la UE. Montenegro debe ajustarse a la posición de la UE.

Tras registrar una recuperación moderada
en 2011, la economía de Montenegro se ha vuelto a frenar en el primer
semestre de 2012. La demanda interna sigue siendo
endeble a causa del débil crecimiento del crédito y del aún elevado
endeudamiento del sector privado. En ausencia de las herramientas estándar de
política monetaria[3],
la política económica se ha seguido centrando en el fortalecimiento de la
estabilidad económica y financiera mediante la prosecución de la consolidación
fiscal y las reformas estructurales. No obstante, los
pasivos contingentes de las garantías públicas se han convertido en un riesgo
significativo para la estabilidad de las finanzas públicas. El desempleo
sigue siendo elevado y persisten las deficiencias relacionadas con el imperio
de la ley, los recursos humanos y las infraestructuras.

En cuanto a los criterios económicos, Montenegro
ha realizado avances adicionales para la configuración de una economía de
mercado operativa. Sin embargo, la inacabada reestructuración de la industria
metalúrgica, los problemas generalizados de liquidez y la debilidad de las
condiciones del mercado laboral siguen impidiendo una asignación eficiente de
los recursos. El país debería poder resistir las presiones de la competencia y
las fuerzas del mercado dentro de la Unión a medio plazo, siempre que siga
corrigiendo las deficiencias actuales mediante las reformas estructurales y las
políticas macroeconómicas adecuadas.

En líneas generales se ha mantenido la estabilidad
macroeconómica. Prosigue la
recuperación del sector bancario y los depósitos fluyen gradualmente de nuevo
hacia el sistema. Se han introducido nuevas mejoras en los procedimientos de
incorporación al mercado y recuperación tras quiebra. Ha mejorado la eficiencia
de la ejecución de las demandas civiles. La liberalización de las industrias de
la energía y las telecomunicaciones ha facilitado la apertura de los mercados
respectivos y los organismos reguladores competentes se han mostrado más
firmes. La participación en los programas de investigación de la EU ha sido más
activa. Montenegro sigue profundamente integrado en los mercados de la UE y el
ACELC.

No obstante,
persisten los grandes desequilibrios externos y las deficiencias en el
funcionamiento del mercado de trabajo. Los índices de desempleo son muy
elevados y se han incrementado las presiones inflacionistas. Prosigue el
proceso de desapalancamiento del sector financiero, lo que provoca problemas de
liquidez y la consiguiente acumulación de retrasos en el pago de impuestos y
otro tipo de deudas. La
estabilidad de las finanzas públicas se ha visto también amenazada por las
presiones derivadas de los pasivos contingentes y las contribuciones no
abonadas. La deuda pública ha seguido aumentando. Es preciso abordar la difícil
situación económica de la empresa productora de aluminio. El país debe captar
más inversión para poder desarrollar sus infraestructuras, pero las deficiencias del Estado de Derecho y la amplitud del
sector informal siguen minando el entorno empresarial.

Montenegro ha realizado algunos avances
en la mejora de su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión.
Se han hecho avances notables en los ámbitos de la contratación pública, la
política de transporte, las estadísticas y la ciencia y la investigación. Los
avances han sido limitados en otros ámbitos, como la libre circulación de
trabajadores, la libre circulación de capital, el Derecho de sociedades, la
seguridad alimentaria, la política veterinaria y fitosanitaria, la fiscalidad,
la política empresarial e industrial, el medio ambiente y el cambio climático,
y las disposiciones financieras y presupuestarias. La limitada capacidad
administrativa de Montenegro supone un reto en algunos ámbitos y debe ser
reforzada de cara a las negociaciones de adhesión y para garantizar la
aplicación eficaz del acervo. En conjunto, Montenegro ha seguido cumpliendo sin
problemas las obligaciones del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA). Persisten algunas lagunas por lo que respecta
a las ayudas estatales, ámbito en el que son necesarios esfuerzos de
armonización adicionales.

Se han realizado algunos avances en el
ámbito de la libre circulación de mercancías. Son necesarios esfuerzos
adicionales para proseguir la adaptación al acervo. En conjunto, los
preparativos en este ámbito se encuentran relativamente avanzados.

Los avances han sido escasos en el ámbito
de la libre circulación de trabajadores, en el que la adaptación al
acervo aún está en sus comienzos. Cabe señalar algunos avances en cuanto al derecho
de establecimiento y la libertad de prestación de servicios. Se han
realizado avances notables en la adaptación al acervo de la nueva Ley sobre
servicios postales. Por lo que respecta al derecho de establecimiento, es
preciso proceder a la aplicación de las reformas legislativas. Todavía es
necesaria una labor considerable para adaptar la legislación a la Directiva
sobre servicios, por lo que respecta al reconocimiento de las cualificaciones
profesionales y en materia de cooperación interinstitutional. Los preparativos en este ámbito
están moderadamente avanzados.

Los avances también han sido escasos en
lo tocante a la libre circulación de capitales, aunque los preparativos
siguen su curso. Es necesario seguir impulsando la
plena adaptación al acervo, por lo que respecta a los sistemas de pago y al
fortalecimiento de la capacidad administrativa, principalmente en el ámbito de
la lucha contra el blanqueo de dinero. En lo tocante a la lucha contra el
blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, los preparativos se
encuentran en una fase relativamente temprana. Es necesario un gran esfuerzo
para garantizar la aplicación de la legislación, mejorar la coordinación de los
distintos organismos y desarrollar un historial de lucha contra el blanqueo de
dinero y los delitos financieros. En conjunto, los preparativos en este ámbito
van por buen camino.

Se han logrado avances notables en el
ámbito de la contratación pública. La aplicación de la nueva legislación
sigue siendo una cuestión preocupante. Todavía no se ha adaptado al acervo el
marco legislativo para las concesiones. Es preciso
aclarar las competencias y atribuciones de los futuros servicios de inspección
y proporcionarles personal suficiente. Los avances han sido escasos en el
ámbito del Derecho de sociedades. Todavía no se han aprobado las
modificaciones de la legislación sobre contabilidad y auditoría mediante las
que se establecen un organismo independiente público de supervisión para los
auditores y un sistema relacionado de control de la calidad. Cabe señalar
algunos avances en materia de propiedad intelectual. En este ámbito es
necesario proseguir la labor de adaptación al acervo y garantizar su aplicación
eficaz. En conjunto, los preparativos en cada uno de estos ámbitos están
moderadamente avanzados.

Se han realizado algunos avances en el
ámbito de la política de competencia. Son necesarios esfuerzos
adicionales para adaptar al acervo la legislación montenegrina y garantizar la
independencia operativa de la autoridad de competencia. Es preciso prestar
especial atención al cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales, en
particular por lo que respecta a las otorgadas en sectores sensibles. En conjunto, los preparativos en el ámbito de la política de
competencia están moderadamente avanzados

Se han registrado algunos avances en el
ámbito de los servicios financieros. Se han realizado avances en la
adopción de la legislación relativa a la divulgación de datos e información por
entidades financieras, el cálculo de grandes exposiciones y los OICVM. Son necesarios esfuerzos sustanciales para incorporar y aplicar el
acervo existente en los ámbitos que abarca el presente capítulo. En conjunto,
el nivel de adaptación sigue estando moderadamente avanzado.

Ha habido algunos avances en el ámbito de
la sociedad de la información y los medios de comunicación. No obstante,
la independencia de los organismos reguladores se ha visto socavada por las
modificaciones de la legislación. En conjunto, los preparativos están
moderadamente avanzados.

Se han realizado avances en el ámbito de
la agricultura y el desarrollo rural. Son necesarios esfuerzos para
desarrollar un marco jurídico adecuado que permita cumplir los objetivos del
plan nacional de acreditación para la gestión de los fondos de desarrollo
rural. Los avances han sido limitados en el ámbito de la seguridad
alimentaria y la política veterinaria y fitosanitaria. Es preciso seguir
trabajando en todos los campos, en particular en la adaptación al acervo, el
refuerzo de la capacidad de control en el ámbito veterinario y la evaluación de
las normas de higiene en los establecimientos de producción de alimentos y
piensos. Se han registrado algunos avances en el ámbito de la pesca. Son
necesarios esfuerzos por lo que respecta a la adaptación de la legislación al
acervo sobre pesca y la aplicación de las normas de la UE, en particular en los
ámbitos de la gestión de recursos, la inspección y el control, la política de
mercado y la política estructural y de ayudas estatales. La adaptación al
acervo en cada uno de esos ámbitos sigue estando en sus comienzos.

Los avances han sido notables en el
ámbito del transporte, en particular en lo tocante al realizado por
carretera y al transporte marítimo y ferroviario, pero es necesario garantizar
la aplicación eficaz del acervo. Todavía se ha de avanzar más en el sector del
transporte ferroviario por lo que respecta a la interoperabilidad, el
establecimiento de un organismo de investigación de accidentes y la
independencia del organismo regulador. En general, los preparativos en este
ámbito están avanzados. Cabe señalar algunos avances en el ámbito de la energía.
Aún no se ha adoptado la legislación complementaria de aplicación para el
mercado interno de la energía. Todavía no se han aprobado los actos necesarios
en relación con los niveles mínimos de las reservas de petróleo ni los
programas decenales de desarrollo de las fuentes de energía renovables (FER).
En este ámbito la adaptación al acervo se encuentra en sus comienzos.

En el ámbito
de la fiscalidad los avances han sido escasos y han consistido,
principalmente, en la creación de nuevos departamentos en el seno de la
administración fiscal. Son necesarios esfuerzos adicionales para desarrollar
una estrategia informática y empresarial integral. En
conjunto, en el ámbito de la fiscalidad, la adaptación de Montenegro al
acervo se encuentra en sus comienzos.

Se han registrado algunos avances en el
ámbito de la política económica y monetaria. Son necesarios esfuerzos
sustanciales para completar dicha adaptación, en particular por lo que respecta
a la independencia del Banco Central, la financiación monetaria y el acceso
privilegiado del sector público a las instituciones financieras. Es presiso
seguir reforzando la capacidad de formulación y coordinación de la política
económica. La presente utilización del euro en Montenegro, decidida por las autoridades
del país en circunstancias excepcionales, es totalmente distinta de la
pertenecia a la zona del euro. En conjunto, la adaptación al acervo en el
ámbito de la política económica y monetaria se encuentra moderadamente
avanzada. Aunque cabe señalar avances notables en el ámbito de las estadísticas,
Montenegro aún ha de realizar un esfuerzo importante y prolongado de
adaptación al acervo relativo a las estadísticas agrícolas, empresariales y
macroeconómicas. Los preparativos en este ámbito se
encuentran moderadamente avanzados.

En el ámbito de la política social y
el empleo se han realizado algunos avances. Son necesarios esfuerzos
adicionales en materia de salud y seguridad en el trabajo. Es preciso mejorar
la capacidad del Servicio Público de Empleo y desarrollar planteamientos de
activación con el fin de incrementar las tasas de empleo y actividad y corregir
los desequilibrios de la oferta y demanda de cualificaciones. Es preciso
reforzar las medidas y las políticas de reducción de la pobreza e inclusión de
la población gitana. La situación de las finanzas públicas sigue lastrando las
reformas en el ámbito social. Son necesarios esfuerzos adicionales para aplicar
las reformas previstas en el ámbito de las pensiones. En conjunto, Montenegro
ha comenzado a abordar sus prioridades en este ámbito.

Los avances han sido escasos en el ámbito
de la política empresarial e industrial. Existen diversas estrategias e
instituciones. Son necesarios esfuerzos adicionales para garantizar el
desarrollo y la aplicación de esta política.

Se han logrado algunos avances en el
ámbito de las redes transeuropeas. Por lo que respecta a la
infraestructura de las redes de transporte, queda mucho por hacer para mejorar
las conexiones viarias y ferroviarias. Es preciso desarrollar las
interconexiones gasísticas con los países vecinos y modernizar los sistemas
nacionales de transmisión. En conjunto, los preparativos en este ámbito se
encuentran todavía en una primera fase. En el ámbito de la política regional
y la coordinación de los instrumentos estructurales se han realizado
algunos avances, sobre todo por lo que respecta al marco institucional y la
programación. Montenegro debe reforzar la capacidad administrativa en las
estructuras del IAP establecidas y prepararlas adecuadamente para el futuro. En
conjunto, los preparativos en este ámbito ya han comenzado.

Se han realizado algunos avances en el
ámbito del poder judicial y los derechos fundamentales. Ya ha comenzado
la aplicación de la legislación aprobada recientemente. Se han hecho avances en
lo tocante a la publicación de las resoluciones judiciales y la reducción del
número de asuntos pendientes. Todavía no se ha completado la reforma
constitucional destinada a incrementar la independencia judicial. Es preciso
establecer un sistema nacional uniforme de selección de personal y un
dispositivo de supervisión de la duración de los juicios, racionalizar la red
de órganos jurisdiccionales, mejorar la fiabilidad de las estadísticas
judiciales y establecer un sistema que permita controlar la duración de los
juicios. Son necesarios esfuerzos adicionales para garantizar que los
nombramientos y la evolución profesional se basen en los méritos y para
reforzar la rendición de cuentas y las salvaguardias de la integridad en el
seno del poder judicial. Montenegro ha reforzado el marco jurídico de lucha
contra la corrupción y desarrollado ulteriomente su historial de investigación,
procesamiento y condena de casos de corrupción, aunque son necesarios esfuerzos
adicionales al respecto. La corrupción sigue estando generalizada y sigue
siendo motivo de gran preocupación, pues permite que los grupos de la
delincuencia organizada se infiltren en los sectores público y privado. El
número de condenas firmes sigue siendo pequeño y nunca se ha ordenado el decomiso
o la incautación de activos en casos de corrupción.

Se ha reforzado aún más el marco jurídico
e institucional existente para la protección de los derechos fundamentales. La
despenalización de la difamación ha contribuido a mejorar el entorno de los medios
de comunicación en el país. El proceso de concesión de estatuto jurídico a los
desplazados ha seguido avanzando. Debe proseguir la labor de inclusión social
de la población romaní, ashkali y egipcia, en particular a través de la
aplicación de los documentos estratégicos pertinentes. Persisten las
deficiencias de la protección de los derechos humanos por las autoridades
policiales y judiciales. Se deben intensificar los esfuerzos invertidos para
investigar y encausar los antiguos casos de violencia contra periodistas. Se
deberán realizar esfuerzos adicionales prolongados de adaptación al acervo de
la UE y las normas internacionales en este ámbito. En conjunto, los
preparativos en este ámbito se encuentran moderadamente avanzados.

Se han realizado algunos avances en
materia de justicia, libertad y seguridad. Ha comenzado la adaptación al
acervo en el ámbito de la migración, el asilo y los visados. Se está
finalizando la construcción del centro para extranjeros y del destinado a los
solicitantes de asilo. La aplicación del plan de
acción y la estrategia de gestión integrada de las fronteras avanza por buen
camino. En el ámbito de la cooperación policial y la lucha contra la
delincencia organizada, el país ha seguido extendiendo su red internacional y
regional y reforzando el marco jurídico y las capacidades administrativas. Las
operaciones de investigación desarrolladas con otros países de la región, así
como con Estados miembros de la UE, Interpol y Europol, han propiciado el
incremento del número de detenciones, procesamientos y condenas relacionados
con la delincencia organizada. Se han mejorado los marcos jurídico y de
actuación policial en este ámbito. Se deberán realizar esfuerzos adicionales
prolongados de adaptación al acervo de la UE, especialmente por lo que respecta
al asilo, los visados, las fronteras exteriores, Schengen y la lucha contra la
delincuencia organizada, así como para desarrollar un historial sólido de
investigaciones, condenas e incautaciones de alijos. Es preciso mejorar la
capacidad para aplicar el marco jurídico a efectos de la cooperación judicial
en asuntos civiles y penales. Es preciso intensificar la labor de lucha contra
el blanqueo de dinero y la trata de seres humanos. El país se encuentra
moderadamente avanzado en este ámbito.

Se han realizado avances notables en la
adaptación al acervo en el ámbito de la ciencia y la investigación. Son
necesarios esfuerzos adicionales para mejorar la capacidad de investigación e
innovación a escala nacional y facilitar la integración en el Espacio Europeo
de Investigación. Es preciso seguir elevando el nivel de inversión en
investigación, sobre todo del sector privado, estimulando la inversión pública
y privada en actividades de investigación científica. En conjunto, los
preparativos avanzan por buen camino en este ámbito. Se han hecho algunos
avances en el ámbito de la educación y la cultura. Es preciso seguir abordando la reforma de la enseñanza superior y
la modernización del sistema de capacitación y formación profesional. La
aplicación de las reformas educativas sigue constituyendo un reto. En conjunto,
los preparativos se encuentran moderadamente avanzados en este ámbito.

Montenegro ha realizado escasos avances
en el ámbito del medio ambiente y el cambio climático. Se aprecian las
primeras señales de mejora al hilo de la adopción de legislación relativa a la
gestión de residuos, la calidad del aire y los productos químicos, así como por
lo que respecta a la capacidad administrativa y a los esfuerzos de adaptación
al acervo en el ámbito del clima. Es necesario prestar mayor atención a los
ámbitos de la calidad del agua y la gestión de los residuos. Se debe garantizar
la aplicación eficaz del acervo sobre evaluación de impacto ambiental y
evaluación estratégica medioambiental. Son necesarios esfuerzos considerables
para garantizar la incorporación y la aplicación del acervo sobre clima y medio
ambiente, así como para reforzar la capacidad administrativa y la cooperación
institucional. Las consideraciones medioambientales y climáticas deben ser
tenidas en cuenta de manera más sistemática en los demás ámbitos políticos y
documentos de planificación. La falta de voluntad política y financiación
adecuada, así como la limitada concienciación sobre los requisitos climáticos y
medioambientales están frenando los avances en este terreno. Los preparativos
en este ámbito se encuentran todavía en una primera fase.

Se han realizado algunos avances en los
ámbitos de la protección de la salud y los consumidores. Debe proseguir
la adaptación de la legislación en materia de protección de los consumidores.
Los preparativos en estos ámbitos avanzan moderadamente. Se han logrado algunos
avances en materia de legislación aduanera. Una nueva ley sobre aranceles
aduaneros ha adaptado la legislación nacional al acervo relativo al Arancel
Aduanero Cómún. En cuanto a la capacidad administrativa
y operativa, es preciso intensificar la aplicación de los procedimientos y
métodos de trabajo existentes. Se deben intensificar los preparativos para la
posible adhesión al Convenio relativo a un Régimen Común de Tránsito. En
conjunto, los preparativos en el ámbito de la unión aduanera se encuentran
moderadamente avanzados.

Se han registrado algunos avances en
materia de relaciones exteriores. Montenegro se ha adherido a la OMC. También se han realizado algunos avances en materia de política
exterior, seguridad y defensa. Montenegro se ha alineado con todas las
declaraciones de la UE y las decisiones del Consejo y ha seguido contribuyendo
activamente a la estabilidad regional. Los preparativos en estos ámbitos se
encuentran moderadamente avanzados.

Los avances han sido desiguales en el
ámbito del control financiero. Si bien es cierto que ya se ha
establecido el marco jurídico para el control interno de las finanzas
públicas (CIFP), la aplicación práctica se encuentra rezagada, sobre todo a
escala local. Montenegro debe reforzar las disposiciones de responsabilización
de los gestores en el contexto de la reforma de la administración pública. Se
debe garantizar en la práctica la independencia financiera de la Entidad
Fiscalizadora Superior. Los preparativos en materia de control financiero se
encuentran en una primera fase. Se han hecho escasos avances concretos por lo
que respecta a las disposiciones financieras y presupuestarias. En su
momento se deberá crear un organismo coordinador que guíe los preparativos
previos a la adhesión en el ámbito de los recursos propios. Se debe establecer
el marco administrativo para la aplicación de las normas sobre dichos recursos.
En conjunto, los preparativos en este ámbito se encuentran también en una
primera fase.

Antigua República Yugoslava de
Macedonia

La Antigua República Yugoslava de
Macedonia sigue cumpliendo suficientemente los criterios políticos. Continúa
respetando los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Estabilización y
Asociación. El Gobierno ha situado el programa de la UE como eje de su
actividad. El Diálogo de Alto Nivel sobre la Adhesión
mantenido con la Comisión ha servido de catalizador para acelerar las reformas
y ha propiciado la realización de avances sustanciales en varios ámbitos clave.
El Gobierno ha adoptado diversas propuestas de mejora del marco legislativo
para la celebración de elecciones y, en el ámbito de la libertad de expresión,
la despenalización de la difamación. El primer informe gubernamental sobre la
aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid constituye un instrumento útil para
reforzar el diálogo entre las comunidades. Es preciso mantener la dinámica de
reforma en todos los ámbitos de los criterios políticos, en particular para
garantizar la aplicación. El Parlamento está examinando la legislación
relacionada. Se debe seguir prestando atención al Estado de Derecho, incluida
la libertad de expresión, y a las relaciones interétnicas y la reconciliación.
En cuanto a la sociedad civil, se ha de impulsar un planteamiento integrador.

El Acuerdo Marco de Ohrid sigue
constituyendo un elemento esencial para la democracia y el Estado de
Derecho en el país. El Gobierno ha emprendido una revisión de la
aplicación de ese Acuerdo desde 2001, con el propósito de desarrollar una
visión consensuada sobre los resultados alcanzados y los retos pendientes. Se han observado con inquietud las tensiones intercomunitarias
registradas tras los incidentes violentos del primer semestre de 2012. El
Gobierno ha reaccionado con madurez ante este desafío y debe profundizar el
trabajo realizado para reforzar las relaciones interétnicas y la
reconciliación, lo que incluye el estatuto de las víctimas del conflicto de
2001. Se han registrado nuevos avances en la extensión de la aplicación de la
Ley del régimen lingüístico.

Ha mejorado el funcionamiento del Parlamento
y se ha mantenido el diálogo político, en particular por lo que respecta a
la integración en la UE. También ha avanzado la aplicación del Código de
Procedimiento, incluso en relación con reclamaciones básicas de la Oposición. El Parlamento está analizando las propuestas correspondientes de
mejora del marco electoral presentadas por el Gobierno. Serán necesarios
esfuerzos constantes con el fin de atender plenamente las recomendaciones
formuladas por la OSCE y la OIDDH.

La cooperación con la coalición
gobernante ha proseguido y ha logrado situar el proceso de adhesión como eje de
la agenda política. El Gobierno ha coordinado eficazmente la aplicación del
DANA sobre la base de su propia hoja de ruta. Por lo
que respecta a las administraciones locales, es preciso acelerar el proceso de
descentralización, en particular en lo tocante al marco financiero.

Se han registrado algunos avances en el
ámbito de la administración pública. Se han mejorado los servicios
ofrecidos a los ciudadanos y se está introduciendo gradualmente la
administración electrónica. Están en curso las consultas sobre las grandes
reformas del marco administrativo. Son necesarios
esfuerzos adicionales para garantizar la transparencia, la profesionalidad y la
independencia de la administración pública. En particular, es preciso
garantizar el respeto de los principios de selección y promoción del personal
basados en el mérito.

En cuanto al sistema judicial, ya
se han establecido salvaguardias legislativas e institucionales, pero se debe
intensificar la labor para garantizar su independencia e imparcialidad en la
práctica. Se han realizado avances, sobre todo en la
reducción del número de asuntos pendientes. Son necesarios esfuerzos
adicionales con el fin de establecer motivos claros y transparentes para los
procedimientos de despido procedente y mejorar significativamente el
reconocimiento de los méritos a efectos de los nombramientos y las promociones
profesionales. Se debe seguir prestando apoyo a la labor fundamental que
desempeña la Academia de Jueces y Fiscales para contribuir al desarrollo de la
profesionalidad y la cualificación de la fiscalía y la magistratura.

En el ámbito de la política de lucha
contra la corrupción, ya se ha establecido el marco legislativo y se ha
reforzado ligeramente la capacidad, pero son necesarios esfuerzos adicionales
por lo que respecta a la aplicación de la legislación existente. Se han tomado
medidas para mejorar las capacidades de verificación y los poderes coercitivos
de las autoridades. No obstante, apenas se han
registrado avances perceptibles en términos de resultados definitivos. Todavía
se ha de establecer un historial de procesamiento de los casos de corrupción de
alto nivel. Los organismos supervisores y las instancias de control han de
aplicar un planteamiento más dinámico y coordinado. Se debe mejorar la recogida
y el análisis de datos estadísticos para poder centrar los esfuerzos allí donde
son más necesarios. La corrupción sigue siendo muy frecuente en numerosos
ámbitos y constituye todavía un problema grave.

Se han registrado algunos avances por lo
que respecta a la lucha contra la delincuencia organizada, en particular
mediante la expedición de más de 100 órdenes de detención internacionales y la
cooperación fructífera con Europol y a través de Interpol. Se ha modificado la Ley sobre la interceptación de
comunicaciones, con lo que se ha reforzado la eficiencia y transparencia de esa
medida especial de investigación. Es preciso reforzar las capacidades de los
organismos responsables de garantizar el cumplimiento de la ley y mejorar la
cooperación entre los distintos organismos y el intercambio de información. El
país se encuentra avanzado por lo que se refiere a la cooperación policial y la
lucha contra la delincuencia organizada.

En líneas generales ya se ha establecido
un marco jurídico e institucional para los derechos humanos y la
protección de las minorías. Los derechos civiles y políticos se
respetan en términos generales y se han realizado algunos avances adicionales.
La iniciativa de diálogo con los periodistas se ha revelado como un foro
importante para abordar problemas básicos en el ámbito de los medios de
comunicación. El Gobierno ha adoptado diversas
propuestas de despenalización de la difamación mediante la promulgación de una
Ley relativa a la responsabilidad por injurias y difamación. El Código penal
debe ser revisado en consonancia con ese planteamiento. El Consejo de Medios
Audiovisuales ha comenzado a garantizar el cumplimiento de las disposiciones
legales que impiden la concentración de la propiedad y los conflictos de
interés con la esfera política. No obstante, dicho organismo debe demostrar que
está aplicando un planteamiento transparente y no discriminador. La falta de
pluralismo y las prácticas de autocensura siguen provocando inquietud
generalizada. Es necesario proseguir los esfuerzos para abordar los problemas
relacionados, como la transparencia de la publicidad gubernamental y los
derechos laborales de los periodistas.

Cabe señalar algunos avances en la
consolidación de los derechos sociales y económicos. El Consejo
Económico y Social se ha reunido con regularidad. La Comisión de Protección
contra la Discriminación procede a tramitar las denuncias, pero cuenta con
recursos limitados. Es preciso adaptar plenamente al acervo la Ley relativa a
la lucha contra la discriminación, sobre todo por lo que respecta a la basada
en la orientación sexual. Es necesario mejorar la protección de los derechos de
las mujeres, incluidas las de grupos vulnerables, e intensificar la labor para
incrementar su participación en el mercado de trabajo y en la vida política. La
integración social de las personas con discapacidad sigue siendo deficiente.

En conjunto, se han logrado algunos
avances en el ámbito de los derechos culturales y las minorías. Se ha
emprendido una revisión del Acuerdo Marco de Ohrid que contempla una serie de
recomendaciones para abordar los problemas actuales.
Es preciso dar seguimiento a dicha revisión y a las iniciativas concretas de
cooperación étnica. Será crucial fomentar la confianza entre las distintas
comunidades étnicas. En cuanto a la población gitana, se han impulsado diversas
actividades, en particular para abordar el problema de las personas que carecen
de documentación y la integración de los refugiados de esa etnia. Es preciso
reforzar significativamente la aplicación de las estrategias existentes y la
cooperación interinstitucional.

Por lo que respecta a las cuestiones
regionales y las obligaciones internacionales, el país ha seguido
cooperando plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
(TPIY). No quedan casos ni recursos pendientes en La
Haya. De los cuatro casos que el TPIY remitió a las autoridades nacionales en
2008, uno fue desestimado en 2011 por los órganos jurisdiccionales nacionales y
tres fueron desestimados en 2012, en línea con la petición formulada por la
Fiscalía Pública y sobre la base de la Ley de amnistía.

Por lo que se refiere a la Corte Penal
Internacional, el acuerdo bilateral de inmunidad celebrado con los Estados
Unidos no respeta los principios rectores ni las posiciones comunes de la UE. El país debe ajustarse a la posición de la UE.

El país ha seguido participando
activamente en las iniciativas de cooperación regional, incluidos el Proceso de
Cooperación de Europa Sudoriental (PCES), el Consejo de Cooperación Regional
(CCR) y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC). Asumió la presidencia de turno del PCES en junio de 2012. La sede
de la Red Sanitaria de Europa Sudoriental (RSES) se ha establecido en Skopie.
El país ha seguido contribuyendo a la misión «Althea» de la UE en Bosnia y
Herzegovina.

La Antigua República Yugoslava de
Macedonia ha seguido desempeñando un papel constructivo por lo que respecta a
las relaciones bilaterales con los Estados miembros vecinos y otros países de
la ampliación. Se han profundizado las relaciones con los socios de los
Balcanes Occidentales. Las relaciones con Grecia han seguido viéndose afectadas
por la cuestión del nombre. La Corte Internacional de
Justicia ha adoptado una resolución sobre el Acuerdo Interino con Grecia. El
país ha seguido participando en las conversaciones auspiciadas por las Naciones
Unidas y manteniendo contactos directos con Grecia. Se deben proseguir con
impulso renovado las reuniones y los contactos bilaterales y las conversaciones
desarrolladas bajo los auspicios de las Naciones Unidas con el fin de acordar
una solución negociada y mutuamente aceptable. Se han de evitar las acciones y
declaraciones que puedan ir en detrimento de las buenas relaciones de vecindad.

La economía del país, que había
seguido creciendo en 2011, aunque a un ritmo inferior, se ha contraído en el
primer semestre de 2012. El crecimiento se ha basado en la resistencia de la
demanda interna, mientras que la demanda externa ha disminuido. Las reformas
estructurales han proseguido, pero en conjunto avanzan lenta y gradualmente. Se ha seguido avanzando en la simplificación del registro de
empresas, la agilización de los procedimientos judiciales y la profundización
de la intermediación financiera. No obstante, los logros han sido escasos por
lo que respecta a la reducción del elevadísimo desempleo, que es principalmente
estructural y afecta sobre todo a los jóvenes y la población menos cualificada.

La Antigua República Yugoslava de
Macedonia sigue estando muy avanzada por lo que refiere a los criterios
económicos. En algunos ámbitos se han logrado avances adicionales en pos
del objetivo de convertirse en una economía de mercado operativa. El país
debería poder resistir las presiones de la competencia y las fuerzas del
mercado dentro de la Unión a medio plazo, siempre que aplique con rigor su
programa de reforma con el fin de reducir las significativas deficiencias
estructurales.

Se ha mantenido un amplio consenso sobre
los aspectos esenciales de las políticas económicas. La política monetaria,
basada de facto en la vinculación al euro, ha contribuido a la estabilidad macroeconómica. La política fiscal ha mantenido la evolución del gasto
básicamente en línea con el crecimiento de los ingresos. El proceseo de
privatización se ha completado en gran medida. Lo mismo cabe decir de la
liberalización del comercio y los precios. Se han logrado algunos avances
adicionales en la facilitación del acceso al mercado y la simplificación del
marco reglamentario. Se han agilizado los procedimientos judiciales y se ha
reducido aún más la duración de los procedimientos concursales. El catastro
está prácticamente terminado. Hasta ahora, el sector financiero ha atravesado
sin grandes dificultades las turbulencias del mercado financiero y proseguido
su tendencia hacia una mayor intermediación y profundización del mercado. En el
sector de la educación se ha seguido avanzando gradualmente. El aumento de la
inversión extranjera directa ha contribuido a la diversificación de la
estructura exportadora del país.

No obstante, la calidad de la gobernanza
fiscal se ha seguido deteriorando, ha empeorado la planificación a medio plazo
y la gestión del gasto público y ha disminuido la transparencia y fiabilidad de
la contabilidad del sector público. También ha proseguido la orientación a
corto plazo del gasto, lo que incide negativamente sobre las tasas de crecimiento.
El endeudamiento del sector público ha aumentado considerablemente y el
desempleo sigue siendo muy elevado. Las deficiencias estructurales lastran el
funcionamiento del mercado de trabajo. El nivel de educación y cualificación
del capital humano es bajo. También se debe modernizar e incrementar el capital
físico. A pesar de las mejoras graduales, las deficiencias institucionales y
del poder judicial siguen obstaculizando el funcionamiento de la economía de
mercado. Algunos de los organismos de supervisión y regulación carecen aún de
la influencia y los recursos necesarios para desempeñar eficazmente sus
funciones. Es preciso mejorar la capacidad y la eficiencia de la administración
pública en la prestación de servicios a las empresas. El sector informal sigue
constituyendo un problema importante.

La Antigua República Yugoslava de
Macedonia ha seguido avanzando en la mejora de su capacidad para asumir las
obligaciones de la adhesión, en particular en los ámbitos de la libre
circulación de mercancías, la competencia, la seguridad alimentaria, la
política veterinaria y las redes transeuropeas. Son necesarios esfuerzos
adicionales en otros ámbitos, como el medio ambiente, la política social, el
empleo, la política regional y la coordinación de los instrumentos
estructurales. En conjunto, el país ha alcanzado un buen nivel de adaptación al
acervo en esta fase del proceso de adhesión. Asimismo, ha seguido respetando
sin contratiempos sus obligaciones en el marco del Acuerdo de Estabilización y
Asociación (AEA), y la Comisión ha propuesto pasar a la segunda fase de la
Asociación.

Se han logrado avances notables en el
ámbito de la libre circulación de mercancías, especialmente en materia
de estandarización y metrología. Los preparativos en el ámbito de la libre
circulación de mercancías están adelantados. Se han hecho algunos avances en el
ámbito de la libre circulación de trabajadores. Cabe señalar ciertos progresos en el ámbito del derecho de
establecimiento y la libre prestación de servicios, sobre todo por lo que
respecta a los servicios postales. No obstante, se necesitan esfuerzos
adicionales en lo relativo a la aplicación de la Directiva sobre los servicios
y el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales. En conjunto, el
país se encuentra moderadamente avanzado en este ámbito. También se han logrado
algunos avances en el contexto de la libre circulación de capital. La
liberalización ulterior de los pagos y movimientos de capital está supeditada
al paso a la segunda fase del AEA, que está considerando actualmente el
Consejo. Los preparativos en este ámbito van por buen camino.

Se han realizado algunos avances en el
ámbito de la contratación pública, en el que la adaptación al acervo se
encuentra adelantada, salvo por lo que respecta a los recursos y los contratos
de defensa. Sigue siendo escasa la capacidad administrativa en el campo de
soluciones y concesiones. También se han registrado
avances notables en el ámbito del Derecho de sociedades, en particular
en materia de auditoría. Todavía no se reconocen las cualificaciones de censor
jurado de cuentas obtenidas en el extranjero. En conjunto, los preparativos en
este ámbito se encuentran moderadamente avanzados. Se han realizado algunos
avances en el ámbito de la propiedad intelectual, en el que se ha
seguido mejorando el marco legislativo y la capacidad administrativa. No
obstante, son necesarios mayores esfuerzos en materia de aplicación y garantía
del cumplimiento de las disposiciones. En conjunto, los preparativos en este
ámbito se encuentran moderadamente avanzados.

Los avances
han sido notables en el ámbito de la política de competencia, en
particular se ha mejorado el historial de cumplimiento. Los preparativos en
este ámbito se encuentran avanzados. Es preciso incrementar la dotación de recursos
del organismo de defensa de la competencia. En cuanto a los servicios
financieros, se ha avanzado en los servicios de inversión y los mercados de
valores, seguros y productos bancarios. Todavía no se han incorporado al
ordenamiento nacional las disposiciones básicas del acervo referidas a la
infraestructura del mercado financiero. En conjunto, la adaptación al acervo en
este ámbito se encuentra moderadamente avanzada.

Cabe señalar avances en el campo de la sociedad
de la información y los medios de comunicación. La adaptación al acervo ha
proseguido y se han comenzado a aplicar salvaguardias básicas de la
competencia. En el ámbito de la política audiovisual, el Consejo de
Radiodifusión ha incrementado su actividad, pero es preciso garantizar un planteamiento
no discriminatorio. Los preparativos en este ámbito se encuentran moderadamente
avanzados.

Se han logrado algunos avances en el
ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, en el que los
preparativos siguen estando moderadamente adelantados. Se han realizado avances
adicionales en el establecimiento del Sistema Integrado de Administración y Control. Es preciso proseguir la labor de
adaptación al acervo. La capacidad administrativa sigue siendo deficiente en
todo el sector.

Los avances
han sido notables en el ámbito de la seguridad alimentaria y la política
veterinaria, en particular por lo que respecta al fortalecimiento de las
instituciones y la aplicación de las programas de erradicación de las
enfermedades de los animales. Se han registrado avances
escasos en el ámbito fitosanitario, en el que no ha mejorado ni la
capacidad administrativa ni la coordinación entre las autoridades competentes.
En conjunto, los preparativos en el ámbito de la seguridad alimentaria y la
política veterinaria y fitosanitaria siguen encontrándose moderadamente
avanzados.

Cabe señalar
escasos avances en el ámbito de la política de transporte. La adaptación
al acervo en materia del transporte por carretera ha avanzado un tanto, no así
por lo que respecta a la seguridad vial, que sigue siendo preocupante. Es
preciso seguir adaptando al acervo la legislación sobre ferrocarriles. Una
modificación legal que cierra el mercado ferroviario a la competencia hasta la
adhesión a la UE ha anulado la adaptación al acervo que ya se había conseguido.
Es necesario hacer operativo el Comité de Investigación de Accidentes en el
sector ferroviario para que pueda actuar como organismo independiente. En el
sector de la energía se han realizado algunos avances, sobre todo en la
promulgación de la legislación de desarrollo derivada de la Ley de energía de
2011. También se han logrado algunos avances en el ámbito de las energías
renovables. Todavía no se ha completado la plena liberalización de los mercados
de la electricidad y el gas natural. Los preparativos en estos ámbitos se
encuentran moderadamente avanzados.

Los avances han sido limitados en el
ámbito de la imposición. Todavía se debe armonizar la legislación
nacional con el acervo, reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal
y abordar los aspectos relacionados con los sistemas informáticos y la dotación
de personal. En conjunto, los preparativos en el ámbito de la fiscalidad se
encuentran moderadamente avanzados.

Los preparativos en el ámbito de la política
económica y monetaria se encuentran adelantados y los avances realizados
han sido escasos. Por lo que respecta a las estadísticas, se han logrado
avances en materia de armonización de las estadísticas sectoriales y
transmisión de datos. En conjunto, los preparativos
en el ámbito de las estadísticas se encuentran moderadamente adelantados.

Los avances
también han sido escasos en el ámbito del empleo y la política social.
Los índices de desempleo y pobreza son elevados y la participación de la mujer
en el mercado de trabajo sigue siendo reducida. En el ámbito del diálogo social
se han logrado algunos avances, pero es preciso reforzar el papel de los
interlocutores sociales. Se han ratificado la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. La integración de la población de etnia gitana, las personas con
discapacidad y otros grupos socialmente excluidos avanza con lentitud. El
mecanismo establecido para prevenir la discriminación y proteger a las víctimas
no es totalmente operativo. Es preciso mejorar considerablemente la capacidad
administrativa global. En conjunto, los preparativos en este ámbito no se
encuentran muy adelantados.

Cabe señalar algunos avances en el ámbito
de la política empresarial e industrial. Se han adoptado varias
estrategias y medidas que ponen de relieve el firme compromiso de mejorar el
entorno en el que operan las empresas. No obstante, de su aplicación siguen
encargándose toda una serie de organismos no coordinados entre sí e insuficientemente
financiados. Las medidas todavía no se han hecho plenamente efectivas.

Se han realizado avances en el ámbito de
las redes transeuropeas. Prosigue el desarrollo de las redes de
transporte, energía y telecomunicaciones y el país participa activamente en el
Observatorio de Transportes de Europa Sudoriental y la Comunidad de la Energía.
Ya se ha adjudicado un contrato y han comenzado las obras relacionadas con el
Corredor X, financiadas en parte por el componente III del IAP. Los preparativos en este ámbito se encuentran moderadamente adelantados.

Los avances han sido escasos en el ámbito
de la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales.
Es preciso mejorar la gestión de los Programas IAP para garantizar la
absorción completa y oportuna de los fondos de la UE. Son necesarios esfuerzos
adicionales para corregir las deficiencias de los sistemas de gestión y
control. En particular, es preciso mejorar considerablemente la dotación de
personal y las cualificaciones en las estructuras operativas y el Departamento
Central de Financiación y Contratos del Ministerio de Finanzas. Los preparativos en este ámbito se encuentran moderadamente adelantados.

Se han hecho algunos avances en el ámbito
del sistema judicial y los derechos fundamentales, sobre todo en lo
tocante a la reducción del número de causas pendientes. Son necesarias mejoras
adicionales en cuanto a la consideración de los méritos para los nombramientos
judiciales, la precisión y previsibilidad de los motivos de despido y la utilización
adecuada de las herramientas estadísticas. En el ámbito de la política de lucha
contra la corrupción ya se ha establecido el marco legislativo y se ha mejorado
un poco la capacidad, pero son necesarios mayores esfuerzos para desarrollar el
historial de investigaciones, procesamientos y condenas. Es preciso mejorar la
capacidad de los órganos jurisdiccionales para procesar los casos de
corrupción. Por lo que respecta a los derechos fundamentales, se han hecho
algunos avances en el ámbito de la libertad de expresión, en concreto con
respecto a la despenalización de la difamación. Es preciso mejorar la eficacia
de la actuación práctica de las instituciones pertinentes en lo tocante al
fomento y la defensa de los derechos fundamentales. El Acuerdo Marco de Ohrid
sigue siendo un elemento esencial que garantiza la democracia y el Estado de
Derecho en el país. Los preparativos en el ámbito del
sistema judicial y los derechos fundamentales se encuentran moderadamente adelantados.

Se han
realizado avances en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad,
sobre todo en materia de interceptación de comunicaciones y fronteras
exteriores y cooperación aduanera. Son necesarios esfuerzos adicionales para
mejorar la eficiencia del procedimiento de asilo, garantizar la consideración
rigurosa de los méritos de los candidatos en la selección de agentes
policiales, intensificar la lucha contra la delincuencia organizada y mejorar
el decomiso de estupefacientes. En conjunto, los
preparativos en este ámbito se encuentran adelantados.

Cabe señalar escasos avances en el ámbito
de la ciencia e investigación. El índice general de participación en los
programas marco de la UE sigue siendo bueno. Aunque han avanzado los
preparativos tanto para el programa nacional de ciencia, investigación y
desarrollo como para la estrategia sobre innovación, todavía no se han aprobado
dichos documentos. En este ámbito el país cumple parcialmente sus objetivos.

Ha habido algunos avances en materia de educación,
formación, juventud y cultura. Se han seguido mejorando los resultados en
relación con los parámetros comunes de Educación y Formación 2020. Se han
retomado los preparativos para el programa de Aprendizaje Permanente y el
programa «La Juventud en Acción». Las inversiones todavía no se han distribuido
equitativamente a todas las partes del país y la sociedad multicultural. En el
ámbito de la educación y la cultura los preparativos se encuentran
moderadamente adelantados.

Los avances
han sido limitados en el capítulo de medio ambiente y cambio climático.
Se han hecho nuevos avances en la incorporación del acervo a la legislación
nacional, en particular en los sectores químico, de calidad del aire y de
gestión de residuos. Son necesarios esfuerzos significativos para aplicar la
legislación nacional, especialmente en los ámbitos de la gestión del agua, el
control de la contaminación industrial, la protección de la naturaleza y el
cambio climático. En conjunto, los preparativos en el
ámbito del medio ambiente se encuentran moderadamente adelantados. En el ámbito
del cambio climático se encuentran en una primera fase.

Ha habido
algunos avances en el ámbito de la protección de la salud y los consumidores,
especialmente por lo que respecta al marco jurídico e intitucional. La escasez
de recursos financieros y las deficiencias de la estructuras operativas, sobre
todo en materia de protección de los consumidores, siguen obstaculizando un
mayor avance. En conjunto, los preparativos en este
ámbito se encuentran moderadamente adelantados.

Ha habido
algunos avances en el ámbito de la unión aduanera, en particular en
materia de capacidad administrativa y operativa. La cooperación entre los
distintos organismos, la lucha contra la corrupción en la administración
aduanera y la capacidad para luchar contra la delincuencia transfronteriza han
seguido mejorando. Los preparativos en el ámbito de la unión aduanera van por
buen camino.

Se han hecho
algunos avances en el ámbito de las relaciones exteriores, sobre todo
por lo que se refiere a la política comercial común. No obstante, la capacidad
institucional del país sigue siendo insuficiente para poder participar
plenamente en las políticas humanitaria, comercial y de desarrollo de la UE.
Los preparativos en el ámbito de las relaciones exteriores se encuentran
moderadamente adelantados.

Los avances
han sido constantes en el ámbito de la política exterior, de seguridad y de
defensa. El país ha mantenido su alineación rigurosa con las declaraciones
de la UE y las decisiones del Consejo y ha seguido participando en las
operaciones civiles, militares y de gestión de crisis. Los preparativos en el
ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa se encuentran muy
adelantados.

En cuanto al control financiero,
ha habido algunos avances, sobre todo por lo que respecta a la auditoría
externa y la protección del euro contra la falsificación. Ahora bien, el país
todavía no ha rebasado la fase preliminar de la aplicación práctica del control
financiero interno público. En conjunto, los preparativos en este capítulo se
encuentran en una fase preliminar. No cabe señalar avances concretos en
relación con las disposiciones financieras y presupuestarias. Será
necesario reforzar las instituciones ya establecidas con el fin de configurar
el marco administrativo responsable del cálculo, la previsión, la recaudación,
el pago, la supervisión y la notificación adecuados del marco de los recursos
propios. Los preparativos en este ámbito se encuentran en una fase inicial.

Serbia

Serbia ha avanzado considerablemente de
cara a cumplir suficientemente los criterios políticos y las condiciones
del Proceso de Estabilización y Asociación. La
estabilidad y el funcionamiento de las instituciones se aseguró en la fase
previa y posterior a las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales
(incluidas las celebradas en Voivodina). A pesar de la ralentización de la
actividad legislativa en el contexto de los comicios, se han registrado algunos
avances en la aplicación de las reformas en la mayoría de los ámbitos. Serbia
ha seguido colaborando plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia (TPIY). El diálogo con Pristina
ha brindado ya algunos resultados, pero la aplicación de los acuerdos
alcanzados es desigual. Finalmente se ha aclarado la interpretación serbia del
acuerdo sobre cooperación regional y representación de Kosovo, que, aplicado de
manera constante, ha dejado de obstaculizar la inclusividad de la cooperación
regional. Los nuevos dirigentes serbios han subrayado su compromiso de respetar
todos los acuerdos ya alcanzados en el diálogo con Pristina y de comenzar a
abordar las cuestiones políticas de mayor alcance. El cumplimiento de este
compromiso es esencial para desbloquear la siguiente fase de la integración de
Serbia en la UE.

Ha proseguido la consolidación de la democracia y el
Estado de Derecho. Las elecciones fueron descritas por los
organismos internacionales de observación como «competitivas, organizadas
profesionalmente y celebradas en un entorno propicio». En Kosovo, la OSCE
facilitó las operaciones para las elecciones legislativas y presidenciales, que
se desarrollaron de manera pacífica. De conformidad con la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, en Kosovo no se celebraron elecciones municipales, al
contrario que en ocasiones precedentes. Se ha aplicado la legislación de 2011
sobre los mandatos parlamentarios y la financiación de los partidos políticos.
No obstante, sí se ha apreciado cierta falta de transparencia en las
actuaciones de la Comisión Electoral Central y en la administración del nuevo
censo único de votantes. El
Gobierno debe dar seguimiento a las recomendaciones de la misión de observación
electoral de la OSCE/ODIHR.

La actividad
legislativa del Parlamento ha sido reducida, debido al ciclo electoral, pero
ha proseguido con normalidad sus restantes actividades. Todavía deben
introducirse reformas adicionales para que las disposiciones constitucionales,
sobre todo las relativas al sistema judicial, se ajusten plenamente a las
normas europeas. El Gobierno mantuvo su estabilidad y agotó su mandato. En
julio de 2012 se constituyó una nueva coalición gobernante. El nuevo Gobierno ha preservado la firme orientación estratégica
de integración del país en la UE. Tanto el nuevo Presidente como el nuevo
Gobierno se han comprometido a proseguir el programa de reformas de la UE y a
cooperar estrechamente para lograr los avances correspondientes. El Gobierno ha de
mejorar la consulta de las partes interesadas en la formulación de políticas y
desarrollar su labor supervisora de la aplicación de la nueva legislación.

La reforma de la administración pública avanza con
lentitud, obstaculizada por la insuficiente voluntad política. El marco
legislativo debe completarse y armonizarse con las normas internacionales. Es
preciso mejorar la aplicación de la legislación en vigor y la estrategia de
reforma de la administración pública. Se deben desarrollar y aplicar sistemas
de selección y promoción del personal basados en los méritos. Es preciso intensificar el seguimiento de las
recomendaciones de los organismos reguladores independientes.

Los avances han sido escasos en el ámbito del control
civil de las fuerzas de seguridad. Se ha establecido una comisión
parlamentaria específica pero, en conjunto, la supervisión del Parlamento sigue
siendo limitada. Con arreglo a una resolución del Tribunal Constitucional, el
marco jurídico de la supervisión de las comunicaciones por las fuerzas de
seguridad y los servicios de inteligencia debe ser clarificado.

Por lo que respecta
al poder judicial, los avances han sido escasos y se han concentrado
principalmente en el cumplimiento de las nuevas disposiciones legislativas
destinadas a mejorar la eficiencia del sistema judicial. La revisión de la
renovación de los mandatos de jueces y fiscales no ha corregido las
deficiencias existentes y ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, que
ha ordenado la reincorporación de todos los jueces y fiscales que habían
recurrido la no renovación de su mandato. Los expedientes devueltos por dicho
órgano tendrán que ser tramitados diligentemente y de conformidad con las
resoluciones del Tribunal Constitucional. Todavía se deben establecer un
sistema de evaluación profesional, normas disciplinarias eficaces y
salvaguardias más rigurosas de la integridad. Para recuperar la confianza de
los ciudadanos, las autoridades tendrán que considerar medidas adicionales
encaminadas a reforzar la independencia, imparcialidad, competencia,
responsabilidad y eficiencia del poder judicial, en particular: criterios
transparentes para el nombramiento de jueces y fiscales; formación inicial y
permanente bajo la responsabilidad de la Academia Judicial, junto con una
evaluación de los jueces y fiscales en ejercicio, incluidos los nombrados en
2009; salvaguardias de la integridad; racionalización de los órganos
jurisdiccionales. Para afrontar estos retos se necesita una nueva estrategia de
reforma judicial y establecer un plan para su aplicación sobre la base de un
análisis funcional del poder judicial.

Ha proseguido la
aplicación del marco jurídico de la lucha contra la corrupción. La
Agencia Anticorrupción ha incrementado sus operaciones, principalmente en lo
tocante a la financiación de los partidos políticos. No obstante, la corrupción
sigue estando muy extendida en numerosos ámbitos y constituye aún un grave
problema. Todavía se está a la espera de un nuevo Plan de Acción y una nueva
Estrategia Anticorrupción. Es
preciso mejorar considerablemente la aplicación del marco jurídico y la
eficiencia de las instituciones responsables de combatir la corrupción. Son
necesarios esfuerzos adicionales para adoptar un planteamiento más dinámico en
relación con la investigación y el procesamiento de los casos de corrupción. El
poder judicial debe ir desarrollando gradualmente un historial sólido de
condenas, incluidos los casos de alto nivel, en particular los relacionados con
la malversación de fondos públicos. Son necesarias una dirección política más
firme y una coordinación más eficaz de los distintos organismos con el fin de
mejorar significativamente los resultados de la lucha contra la corrupción.

Por lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia
organizada, el marco jurídico es en general adecuado y sigue siendo
aplicado. La mejora de la coordinación entre los distintos organismos y de la
cooperación regional e internacional ha propiciado resultados concretos contra
los grupos de la delincuencia organizada. Este tipo de delincuencia sigue
constituyendo un problema grave en Serbia, en particular el blanqueo de dinero
y el tráfico de drogas. Es preciso desarrollar el historial de investigaciones
y condenas.

En general los derechos humanos se respetan adecuadamente y
se han realizado nuevos avances en los ámbitos de los derechos humanos y
la protección de las minorías. Se ha establecido el marco
legislativo e institutional que garantiza el respeto de los derechos humanos. Son necesarios esfuerzos adicionales en la
aplicación de los instrumentos internacionales.

Ha habido algunos avances por lo que respecta a los derechos
civiles y políticos. La Constitución garantiza la libertad de reunión y
asociación, que por lo general se respeta, pero el desfile del orgullo gay
(«Pride») volvió a ser prohibido en octubre de 2012. El departamento
gubernamental responsable de
la cooperación con la sociedad civil se ha mostrado muy activo. Aunque ya se ha
establecido el marco jurídico que garantiza la libertad de expresión, la
violencia y las amenazas contra los periodistas siguen siendo preocupantes. Es
preciso agilizar la aplicación de la estrategia relativa a los medios de
comunicación. Por lo general se respeta la libertad ideológica, religiosa y de
culto, pero el proceso de registro de las comunidades religiosas sigue
adoleciendo de falta de transparencia y coherencia. El Instituto Nacional de
Prevención de la Tortura ha comenzado su labor, pero requiere consolidación
adicional. Aunque se ha inaugurado un nuevo centro penitenciario, el
hacinamiento en las prisiones sigue siendo un problema grave. En cuanto al
acceso a la justicia, aún no se ha desarrollado un sistema eficaz de asistencia
jurídica gratuita.

Ya se ha establecido el marco jurídico que garantiza la
protección de los derechos económicos y sociales. Se necesitan medidas
adicionales para luchar contra las distintas formas de discriminación y
mecanismos eficaces que permitan mejorar la protección de las mujeres y los
niños contra cualquier tipo de violencia. Los grupos más discriminados son las
personas de etnia gitana, las personas con discapacidad y las minorías
sexuales. Se necesita un planteamiento activo de mejora de la inclusión de la
población LGBT y una mayor sensibilización de toda la sociedad. Se ha de
mejorar el diálogo social y resolver la cuestión de los criterios de
representatividad de los interlocutores sociales. En cuanto a los derechos de
propiedad, ya se ha comenzado a aplicar la Ley de 2011 sobre restitución.

Ya se ha establecido el marco jurídico que
garantiza la protección de las minorías y se respeta en términos
generales. Se han tomado algunas medidas para mejorar la situación de
todas ellas, incluida la población gitana. Se ha implantado la elaboración
periódica de informes financieros por los consejos nacionales de las minorías.
Son necesarios esfuerzos adicionales para garantizar la aplicación eficaz de la
legislación sobre las minorías en toda Serbia y corregir las deficiencias
detectadas. Serbia debe hacer un mayor esfuerzo para fomentar el desarrollo
socioeconómico en las zonas de Sandzak y Presevo, Bujanovac y Medvedja. La población gitana, los refugiados y los
desplazados siguen afrontando una situación difícil.

Por lo que respecta a las cuestiones regionales y las
obligaciones internacionales, Serbia ha seguido cooperando plenamente
con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y ha permitido
acceder con facilidad y rapidez a la documentación y los testigos en apoyo de
los procesos que se están desarrollando o se desarrollarán en ese órgano
jurisdiccional. El procesamiento
nacional de los crímenes de guerra ha proseguido y la cooperación regional y el
intercambio de información se han intensificado. No obstante, Serbia debe
intensificar las investigaciones sobre las redes que prestan ayuda a los
antiguos prófugos del TPIY con el fin de lograr resultados visibles.

La política de Serbia con respecto a la Corte Penal
Internacional sigue ajustándose plenamente a los principios rectores de la UE y
las posiciones comunes de la UE en relación con la integridad del Estatuto de
Roma. Serbia no ha celebrado ningún acuerdo bilateral de inmunidad.

Se han realizado avances significativos en relación con el
Proceso de la Declaración de Sarajevo. Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Montenegro y Serbia han seguido cooperando con objeto de resolver de manera
duradera la situación de los refugiados desplazados a consecuencia de los
conflictos armados de los años noventa. Los cuatro países han firmado una
Declaración ministerial y acordado un Programa Regional de Alojamiento que
prestará asistencia a unos 27 000 hogares (74 000 personas). En la
conferencia internacional de donantes celebrada en Sarajevo en abril de 2012 se
comprometieron 265 millones EUR en apoyo del Programa. Debe proseguir la buena cooperación sobre
todas las cuestiones pendientes del Proceso.

Serbia aún debe dar
mayor impulso a la mejora visible y duradera de las relaciones con Kosovo, la
prioridad básica establecida en el Dictamen de la Comisión sobre su solicitud
de adhesión. El diálogo mantenido con Pristina ha brindado nuevos resultados,
en particular sendos acuerdos en los ámbitos de la representación y la cooperación
regional de Kosovo y la gestión integrada de la frontera / línea divisoria.
Poco después de la formación del nuevo Gobierno se aclaró finalmente la interpretación serbia del acuerdo sobre representación y
cooperación regional de Kosovo, que, aplicado de manera constante, ha dejado de
obstaculizar la inclusividad de la cooperación regional. Serbia también ha
firmado finalmente, en septiembre de 2012, el protocolo técnico sobre la
gestión integrada de fronteras, que todavía ha de ser aplicado. En general ha
avanzado la puesta en práctica de otros acuerdos
celebrados en materia de libre circulación, catastro, registros civiles, sellos
aduaneros y reconocimiento mutuo de titulaciones. Tras las elecciones y la
asunción de funciones de los nuevos dirigentes, Serbia ha de seguir
participando de manera constructiva en la próxima fase de diálogo en aras de
una mejora palpable y duradera de las relaciones con Kosovo.

Serbia ha mantenido
unas buenas relaciones de vecindad y ha participado activamente en las iniciativas
de cooperación regional, sobre todo al haber desempeñado la presidencia del
Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental (PCES), la Iniciativa Regional en
materia de Migración, Asilo y Refugiados (IRMAR), la Iniciativa
Adriático-Jónica (IAJ) y la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro
(OCEMN). También sigue
desempeñando un papel activo en el Consejo de Cooperación Regional (CCR) y en
el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC).

La economía de Serbia siguió
creciendo en 2011 (1,6 %), pero la recuperación se ralentizó
considerablemente en el segundo semestre del año y comenzó a invertirse en el
primer semestre de 2012. El desempleo se elevó hasta el 25 %. El déficit presupuestario se situó en el 5 % en 2011 y
rebasó ese porcentaje en el primer semestre de 2012. En septiembre de 2011, Serbia
celebró con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo cautelar de derechos de
giro, pero la finalización de la primera evaluación se ha postpuesto, ya que el
presupuesto de 2012 se ha apartado del programa fiscal acordado. En su mayoría,
las reformas económicas se han paralizado en el periodo preelectoral. La
aprobación, en agosto de 2012, de una serie de modificaciones de la Ley que
rige la actividad del Banco Central de Serbia supone una grave amenaza para la
independencia de esa institución. El FMI ha llevado a cabo una misión de
estudio en septiembre de 2012, pero todavía no se han retomado las
conversaciones sobre la celebración de un acuerdo de compromiso contingente.

Por lo que se refiere a los criterios
económicos, en el periodo considerado no se han registrado
avances en la senda de establecimiento de una economía de mercado
operativa. Serbia debe realizar esfuerzos significativos en la reestructuración
de su economía con el fin de poder soportar a medio plazo las presiones de la
competencia y las fuerzas de mercado en el interior de la Unión.

En general se ha preservado el consenso
sobre los fundamentos de la economía de mercado, pero es preciso infundirle
nuevo vigor. Los riesgos de la financiación exterior
a corto plazo se ven mitigados por las reservas de divisas, todavía amplias, y
por la estructura propicia de la deuda externa, en la que predominan las
obligaciones a largo plazo. La integración comercial con la UE ha seguido siendo
elevada. El sector bancario se encuentra adecuadamente capitalizado y goza de
liquidez. El Banco Central ha intensificado su labor de supervisión del sector
bancario. Se han tomado algunas medidas destinadas a agilizar y facilitar la
incorporación al mercado. También se han tomado algunas medidas para mejorar el
entorno empresarial, sobre todo en los ámbitos del Derecho de sociedades y la
política de PYME.

No obstante, los elevados déficit
presupuestarios han limitado la efectividad de la combinación de políticas
macroeconómicas y el grueso del ajuste ha recaído sobre la política monetaria,
que sigue viéndose restringida por la elevada «euroización» de la economía. Las
condiciones del mercado de trabajo se han deteriorado marcadamente y el
desempleo está creciendo. La creación de puestos de
trabajo sostenibles supone un gran reto. La laxitud de la política fiscal y el
incremento de la deuda pública están limitando rápidamente el margen fiscal
para amortiguar nuevas sacudidas. Urge adoptar medidas decididas de
consolidación acompañadas de reformas sistemáticas del sector público con el
fin de recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los retrasos de
las reformas estructurales también están limitando el margen para responder
adoptando políticas que impulsen el crecimiento. Es necesario prestar especial
atención a la mejora adicional del entorno empresarial. El desarrollo de un
sector privado dinámico no ha avanzado y la injerencia del Estado en la
economía sigue siendo muy elevada. La privatización y reestructuración de las
empresas de titularidad pública ha avanzado con gran lentitud y en algunos
casos se ha llegado a deshacer las privatizaciones que se habían realizado. La
previsibilidad jurídica sigue siendo deficiente y la falta de claridad de los
derechos de propiedad continúa obstaculizando las actividades económicas. El
sector informal constituye todavía un problema importante.

Por lo que se refiere a la capacidad
de asumir las obligaciones de la adhesión, Serbia ha seguido adaptando su
legislación a los requisitos de la normativa de la UE, aunque con mayor
lentitud, puesto que tanto el Gobierno como el Parlamento redujeron su
actividad durante el año electoral. Se han registrado avances notables en lo
tocante al Derecho de sociedades, los derechos de propiedad intelectual, las
estadísticas y la unión aduanera. Sobre todo se necesitan mayores esfuerzos en
los ámbitos siguientes: poder judicial y derechos fundamentales; justicia,
libertad y seguridad; agricultura y desarrollo rural; medio ambiente y cambio
climático; control financiero. El Acuerdo Interino (AI) del Acuerdo de
Estabilización y Asociación (AEA) ha seguido aplicándose sin contratiempos y no
quedan cuestiones pendientes. Serbia ha seguido desarrollando un historial
positivo en relación con las obligaciones asumidas en el marco del AEA/AI.

Se han
realizado algunos avances en el ámbito de la libre circulación de
mercancías, en el que los preparativos están moderadamente avanzados. Se
siguen aplicando las normas de la UE y el organismo serbio de acreditación se
ha convertido en miembro de pleno derecho del Organismo Europeo de
Acreditación. La vigilancia del mercado sigue estando muy fragmentada y los
controles de inspección siguen imponiendo pesados e innecesarios trámites
burocráticos a las empresas. Es preciso mejorar la aplicación de la
legislación, la capacidad administrativa y la coordinación interinstitucional.
Los avances han sido escasos en el ámbito de la libre circulación de
trabajadores, en el que los preparativos se encuentran moderadamente
avanzados. Se debe mejorar la coordinación de los sistemas de seguridad social
e intensificar los preparativos para la participación en la red europea de
servicios de empleo.

Los avances han sido escasos en el ámbito
del derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios.
Por lo que respecta a la libre circulación de capital, sí se han
registrado algunos avances, en particular en la lucha contra el blanqueo
de dinero. Son necesarios esfuerzos adicionales para adaptar al acervo la legislación
sobre operaciones de capital a corto plazo, bienes inmobiliarios y sistemas de
pagos, así como para intensificar la lucha contra el blanqueo de dinero. En general, la adaptación al acervo en estos ámbitos se encuentra
moderadamente avanzada.

En el campo
de la contratación pública se han hecho algunos avances, sobre
todo en el ámbito de las asociaciones entre los sectores público y privado. Serbia debe realizar un esfuerzo constante para aplicar su marco
legislativo en materia de contratación pública, y en particular para evitar las
irregularidades en la utilización del procedimiento negociado. Es preciso
garantizar la coordinación eficaz entre las principales partes interesadas, en
especial las instancias judiciales y auditoras. Se ha de reforzar sustancialmente
el historial de ejecución y las capacidades administrativas de la Inspección
Presupuestaria del Ministerio de Finanzas, responsable de la supervisión de los
contratos públicos. La adaptación en este ámbito se encuentra moderadamente
avanzada.

En el ámbito del Derecho de sociedades,
en el que la adaptación está muy avanzada, se han realizado avances notables
con la entrada en vigor de la nueva Ley en febrero de 2012 y la aprobación de
varias enmiendas. En cuanto a la contabilidad y la auditoría de empresas, se
deberían intensificar los esfuerzos por lo que respecta a la supervisión
pública independiente, la garantía de la calidad y las investigaciones. Serbia
ha realizado avances notables en la adaptación al acervo de la UE en materia de
propiedad intelectual y en la aplicación de su estrategia sobre los derechos de
propiedad intelectual 2011-2015. Todavía se ha de
establecer un mecanismo formal de coordinación y cooperación entre las
instituciones encargadas de la protección de esos derechos. La adaptación en
este ámbito está adelantada.

Se han hecho
algunos avances en el ámbito de la política de competencia, en el que la
adaptación se encuentra moderadamente adelantada. Se ha aumentado la capacidad
del organismo de defensa de la competencia. También se ha desarrollado el
historial de actuación del organismo responsable del control de las ayudas
estatales, pero se debe mejorar la notificación previa de las medidas de ayuda
estatal. Tanto en el ámbito de los monopolios y las concentraciones como en el
de las ayudas estatales son necesarias medidas adicionales de apoyo activo. Se
han realizado algunos avances en el ámbito de los servicios financieros,
en el que se han tomado medidas destinadas a garantizar la aplicación de los
requisitos de Basilea II. Se debe proseguir la adaptación al acervo de la
legislación serbia y garantizar su aplicación eficaz a medio plazo. La
adaptación en este ámbito se encuentra moderadamente adelantada.

Los avances han sido escasos en el ámbito
de la sociedad de la información y los medios de comunicación, en el que
la adaptación se encuentra moderadamente adelantada. Ha entrado en vigor
íntegramente el régimen general de autorización de los proveedores de servicios
de telecomunicaciones y se han introducido algunas salvaguardias básicas de la
competencia. Ha comenzado la transición de la radiodifusión analógica a la
digital. Todavía es preciso mejorar la independencia
financiera del organismo regulador de las telecomunicaciones e impulsar la
adaptación del marco legislativo serbio al acervo.

Se han registrado avances en el ámbito de
la agricultura y el desarrollo rural, en particular por lo que respecta
a las estadísticas agrícolas. Se han mejorado las estructuras y los recursos
para la aplicación de las medidas de desarrollo rural en el marco del IPARD,
pero es necesario proseguir el desarrollo de las capacidades. En conjunto, la
adaptación en este ámbito se encuentra en una fase inicial. Se debe reforzar
más la capacidad administrativa de los organismos que intervienen en el control
de la seguridad de la cadena alimentaria, en particular del laboratorio
nacional de referencia y de los laboratorios de análisis veterinarios y
fitosanitarios. Son necesarios esfuerzos por lo que respecta a la mejora de los
establecimientos de producción de alimentos y piensos, la gestión de los
subproductos animales y los organismos modificados genéticamente. Cabe señalar
algunos avances en el ámbito de la pesca. Se debe mejorar la
recopilación de información sobre el mercado y establecer un sistema nacional
de certificación de capturas para la exportación y la importación de productos
pesqueros. Los preparativos en este ámbito están moderadamente avanzados.

Cabe señalar
algunos avances en el ámbito de la política de transporte, en particular
por lo que respecta al transporte aéreo, por carretera y por las vías
navegables interiores. Se han de aprobar las leyes sobre los ferrocarriles y
sobre la seguridad e interoperabilidad del transporte ferroviario. Se debe
prestar atención al acceso justo y equitativo al mercado e intensificar los
esfuerzos realizados en la separación del gestor de las infraestructuras y el
operador ferroviario, así como en la definición adecuada del organismo
regulador. Es necesario seguir reforzando las capacidades, sobre todo de
inspección y ejecución. En conjunto, la adaptación de Serbia en este ámbito se
encuentra moderadamente adelantada.

Los avances han sido escasos en el ámbito
de la energía. Son necesarios esfuerzos adicionales para que la apertura
del mercado sea genuina y que las tarifas se desagreguen y reflejen los costes.
Todavía no se ha adoptado la legislación marco sobre la utilización racional de
la energía ni la legislación sobre las reservas de productos básicos. Es
preciso reforzar el mandato y la independencia de la agencia de la energía y
del organismo regulador en el ámbito nuclear. Urge que Serbia aborde la
cuestión de la inclusión de Kosovo en el mecanismo regional de tránsito de
electricidad, según lo indicado en el dictamen razonado formulado por la
Comunidad de la Energía. En conjunto, los preparativos en este ámbito se
encuentran moderadamente adelantados.

En el ámbito de la imposición cabe
señalar algunos avances al hilo de la aplicación de la estrategia de gestión
del impuesto de sociedades serbio. La modernización
ha de continuar. Atajar la economía sumergida sigue constituyendo un reto. Son
necesarios esfuerzos sustanciales para mejorar el sistema informático, la
comunicación con los contribuyentes y la adaptación de la legislación sobre
impuestos especiales. En conjunto, los preparativos en este ámbito están
mderadamente adelantados. No ha habido avances en el ámbito de la política
económica y monetaria, en el que la adaptación está moderadamente
adelantada. Las recientes modificaciones introducidas en la Ley que rige la
actividad del Banco Central ponen en peligro su independencia y constituyen un
retroceso significativo en la incorporación del acervo. Es preciso seguir
mejorando la capacidad de coordinación y formulación de la política económica.
Cabe señalar avances notables en el ámbito de las estadísticas, en el
que Serbia se encuentra moderadamente adelantada. Se ha llevado a cabo el censo
de población y vivienda de acuerdo con los planes. La capacidad de la Oficina
de Estadística deberá ser reforzada a lo largo de los próximos años para
posibilitar la aplicación plena del acervo estadístico.

También cabe señalar algunos avances en
el ámbito de la política social y el empleo, especialmente en los
ámbitos de la política de empleo, la salud y la seguridad en el trabajo y la
inclusión social. No obstante, en general las políticas de empleo se han visto
afectadas por la negativa evolución económica y lo limitado de las dotaciones
presupuestarias y han de ser mejoradas. También son necesarios esfuerzos
adicionales para reestructurar y reformar el sistema de protección social y
recuperar su sostenibilidad. En conjunto, Serbia ha comenzado a abordar sus
prioridades en este ámbito.

Se ha avanzado en el ámbito de la política
industrial y empresarial, en el que los preparativos van por buen camino.
Serbia está aplicando adecuadamente la Iniciativa en favor de las pequeñas
empresas.

Se han hecho algunos avances en el ámbito
de las redes transeuropeas, en el que los preparativos se encuentran
moderadamente adelantados. Serbia sigue desarrollando sus redes de transporte y
energía y participando activamente en las labores del Observatorio de
Transportes de Europa Sudoriental y la Comunidad de la Energía. La financiación de las nuevas interconexiones de las redes de
transporte y energía sigue enfrentándose a graves problemas. Se han registrado
avances en el ámbito de la política regional y la coordinación de los
instrumentos estructurales, en el que los preparativos están avanzando.
Serbia ya ha completado las fases preparatorias para la gestión descentralizada
del IAP en relación con cuatro Componentes. Se debe seguir garantizando que la
capacidad de aplicación sea adecuada. Es preciso mejorar la programación,
especialmente por lo que respecta a la preparación de una reserva de proyectos
sólidos basados en las estrategias pertinentes.

Los avances han sido
escasos en relación con el poder judicial y los derechos fundamentales. La
revisión de la renovación de los mandatos de jueces y fiscales no ha corregido
las deficiencias existentes y ha sido anulada por el Tribunal Constitucional,
que ha ordenado la reincorporación de todos los jueces y fiscales que habían
recurrido la no renovación de su mandato. Es necesario establecer una nueva
estrategia de reforma judicial sobre la base de un análisis funcional. Ha
proseguido la aplicación del marco jurídico para luchar contra la corrupción.
No obstante, todavía no se ha elaborado la nueva estrategia anticorrupción ni
el plan de acción correspondiente. Es necesario un compromiso político más
firme, mejorar la coordinación de los distintos organismos y adoptar un
planteamiento dinámico de investigación y procesamiento de los casos de
corrupción. Por lo que respecta a los derechos fundamentales, la legislación ya
está en vigor y se respeta en líneas generales. La libertad de expresión
también se respeta en términos generales, pero es preciso agilizar la
aplicación de la estrategia relativa a los medios de comunicación. La discriminación basada en la etnia, el
género y la orientación sexual sigue siendo generalizada y se ha de
intensificar la lucha contra todas las formas de discriminación. Se necesita un
planteamiento activo de mejora de la inclusión de la población LGBT y una mayor
sensibilización de toda la sociedad. Se han adoptado algunas medidas positivas
para mejorar la situación de las minorías, incluida la población de etnia
gitana, pero es preciso redoblar los esfuerzos para garantizar la aplicación
coherente de la legislación en toda Serbia. En conjunto, Serbia ha comenzado a
abordar sus prioridades por lo que se refiere a la adaptación al acervo en el
ámbito del poder judicial y los derechos fundamentales. En líneas generales,
Serbia ha comenzado a abordar sus prioridades en este ámbito.

Se han hecho algunos avances en el ámbito de la justicia,
la libertad y la seguridad. Serbia participa activamente en la cooperación
policial y judicial internacional y las fuerzas del orden disponen, por lo
general, de capacidad suficiente para llevar a cabo investigaciones normales.
Son necesarios esfuerzos adicionales para incrementar su capacidad de realizar
investigaciones complejas y reforzar la coordinación entre las fuerzas del
orden y el poder judicial. Es preciso desarrollar un historial de
investigaciones dinámicas y condenas firmes en casos de delincuencia
organizada. En conjunto, los
preparativos en este ámbito se encuentran moderadamente avanzados.

Los avances han sido escasos en el ámbito
de la ciencia y la investigación. La inversión pública y privada en
investigación sigue siendo baja, y en general el país debe reforzar sus
capacidades nacionales de investigación. En conjunto, los preparativos en este
ámbito avanzan por buen camino. Cabe señalar escasos avances en el ámbito de la
educación y la cultura, en el que la adaptación de la legislación se
encuentra moderadamente avanzada. El sistema educativo es ahora más integrador
desde el punto de vista social y se han introducido normas de garantía de la
calidad en la enseñanza básica. La mejora de la aplicación de las reformas de
la enseñanza superior sigue resultando problemática y es necesario agilizar las
reformas en el sector de la formación profesional. También sigue siendo
necesario reforzar la gestión y el control financieros con miras a la
participación de Serbia en el futuro programa de educación, formación, juventud
y deporte.

Se han
logrado algunos avances en el ámbito del medio ambiente, en el que han
proseguido la adaptación al acervo y la ratificación de los convenios
medioambientales internacionales. Es necesario redoblar los esfuerzos a fin de
garantizar la aplicación de la legislación nacional, especialmente en los
ámbitos de la gestión de los recursos hídricos, la gestión del riesgo y el
control de la contaminación industrial, la protección de la naturaleza y la calidad
del aire. Se debe seguir dando prioridad al fortalecimiento de la capacidad
administrativa. Los avances han sido escasos en el ámbito del cambio
climático. Es necesario llevar a cabo una labor considerable de
sensibilización sobre los retos y oportunidades que conlleva la acción por el
clima, establecer un planteamiento más estratégico para el país, incorporar y
aplicar el acervo de la UE en este ámbito y reforzar la capacidad
administrativa y la cooperación interinstitucional. En conjunto, Serbia ha
comenzado a abordar sus prioridades en estos ámbitos.

Ha habido algunos avances en el ámbito de
la protección de la salud y los consumidores, en el que los preparativos
están moderadamente adelantados. Es preciso centrar los esfuerzos en la
aplicación del marco legislativo existente y en impulsar la adaptación al
acervo. También se debe mejorar la coordinación institucional entre los agentes
pertinentes y la capacidad administrativa en los ámbitos de la salud pública y
la protección de los consumidores.

Los avances
han sido notables por lo que respecta a la unión aduanera, en concreto
se han aprobado nuevas leyes y se han redoblado los esfuerzos para mejorar la
capacidad administrativa, en particular en el sector de la auditoría y control a
posteriori. Es preciso seguir mejorando la coordinación entre la
administración aduanera y el Ministerio de Finanzas, responsable de la política
aduanera. Serbia debe también garantizar la correcta aplicación del acervo de
la UE en la línea divisoria / frontera administrativa con Kosovo. Se debe aplicar la legislación relacionada con la seguridad de
las aduanas y renovar o actualizar el sistema de procesamiento de las
declaraciones en aduana. En conjunto, los preparativos en este ámbito van por
buen camino.

Se han hecho algunos
avances en el ámbito de las relaciones exteriores, en el que los
preparativos están moderadamente avanzados. La adhesión a la OMC pasa por la
conclusión de las negociaciones bilaterales. En cuanto a la política
exterior, de seguridad y de defensa, Serbia ha mejorado significativamente
su alineación con las declaraciones de la UE en el marco de la PESC y ha hecho
gala de un compromiso constante de participación en las operaciones de gestión
de crisis civiles y militares de la UE. Los
preparativos en este ámbito avanzan por buen camino.

También se
han hecho algunos avances en el ámbito del control financiero, en
particular en materia de auditoría externa. Queda una gran labor por delante
para desarrollar la gestión y el control financieros en el sector público de
modo que se basen en el concepto subyacente de responsabilización de los
gestores. No ha habido avances en el ámbito de las disposiciones financieras
y presupuestarias. A su debido tiempo deberá desarrollarse la
infraestructura administrativa necesaria, incluidos la coordinación y los
vínculos organizativos y de procedimiento entre las diversas instituciones
involucradas en el sistema de recursos propios. En conjunto, los preparativos
en estos ámbitos se encuentran en una fase inicial.

Albania

Con el acuerdo político de noviembre de 2011 entre la
mayoría gobernante y la oposición se puso fin al periodo de paralización
política que había comenzado tras las elecciones parlamentarias de 2009. El
propósito del acuerdo era abordar la reforma electoral y parlamentaria y crear
un clima político que propiciase los esfuerzos conjuntos de reforma en otros
ámbitos. A resultas del mismo, el diálogo político y la cooperación han
mejorado considerablemente, lo que ha permitido avanzar en ámbitos básicos de
la reforma, incluida la reforma electoral. Aunque las elecciones presidenciales
se celebraron de conformidad con la Constitución, el proceso político en torno
a tales comicios no ha desarrollado el fructífero diálogo emprendido en
noviembre por los distintos partidos. El acuerdo político se ha seguido
aplicando a pesar de algunos enfrentamientos dialécticos entre el Gobierno y la
oposición. En conjunto, Albania ha avanzado
notablemente hacia el cumplimiento de los criterios políticos para la
incorporación a la UE y la aplicación de una serie de reformas con arreglo a
las prioridades clave establecidas en el Dictamen[4] de 2010 de la
Comisión. Se han realizado avances notables en ámbitos fundamentales de la
reforma, como el funcionamiento adecuado del Parlamento, la adopción de las
leyes pendientes que exigían mayoría cualificada, el nombramiento del Defensor
del Pueblo, el desarrollo del proceso de comparecencia y votación parlamentaria
para diversos nombramientos en el Tribunal Superior, así como la modificación del
marco legislativo para la celebración de elecciones, lo que ha propiciado el
cumplimiento de las cuatro prioridaes clave correspondientes. El país se
encuentra muy avanzado por lo que respecta al cumplimiento de las dos
prioridades clave relativas a la reforma de la administración pública y la
mejora del tratamiento de los detenidos.

En cuanto a las otras seis prioridades
clave, los avances han sido moderados por lo que se refiere a la reforma
judicial y la lucha contra la corrupción; por ejemplo, se ha reformado el
régimen de inmunidad de jueces y funcionarios públicos y se ha aprobado la Ley
sobre la jurisdicción contencioso-administrativa. Los avances han sido
desiguales en lo tocante a las políticas antidiscriminación, incluidas la
protección de las minorías y la mejora de las condiciones de vida de la
comunidad gitana. En cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada, la
reforma de la propiedad y los derechos de las mujeres, cabe citar algunos
avances significativos, como el aumento de la confiscación de bienes de
procedencia criminal, la aprobación de una estrategia integral de reforma de la
propiedad y la introducción de una serie de modificaciones en el Código Penal
con objeto de endurecer las sanciones por violencia doméstica.

En todos los ámbitos cubiertos por las
prioridades clave no satisfechos plenamente serán necesarios esfuerzos
adicionales significativos para garantizar el cumplimiento duradero de los
compromisos ya asumidos, sobre todo en el contexto de la aplicación. Con objeto
de mantener la actual dinámica de reforma y consolidar los logros obtenidos
hasta la fecha, Albania debe, en particular, centrar la atención en la adopción
consensuada del reglamento interno revisado del Parlamento y de las
modificaciones de las leyes sobre el Tribunal Superior y sobre la Función
Pública. Garantizar la sostenibilidad del diálogo político es esencial para el
funcionamiento de las instituciones democráticas y la aproximación de Albania a
la UE. Por lo que se refiere a la democracia y el Estado de Derecho,
la mejora del diálogo político y el predominio de un ambiente más constructivo
en el transcurso de las reuniones del pleno y las comisiones han propiciado
avances notables en diversos ámbitos, a pesar de algunos breves periodos de
enfrentamiento retórico y la ralentización temporal de las reformas.

El acuerdo político alcanzado en
noviembre de 2011 ha permitido mejorar considerablemente el funcionamiento del Parlamento
y del diálogo político, y ello ha permitido realizar avances significativos, como
la adopción de todas las leyes pendientes que exigían mayoría cualificada, el
nombramiento consensuado de un Defensor del Pueblo, el desarrollo de una
comparecencia y un proceso de votación para la designación del magistrado que
presidirá el Tribunal Superior, y la aprobación de las modificaciones del
código electoral (cuatro de las prioridades clave del Dictamen). Ahora es
esencial proceder a la aprobación del reglamento interno revisado del
Parlamento. El 11 de junio de 2012 fue elegido un nuevo Presidente, en la
cuarta ronda de votación y con los votos de la mayoría gobernante, únicamente.
Si bien es cierto que se ajustó a lo dispuesto en la Constitución, la elección
presidencial no ha cumplido todas las expectativas de inclusividad y ha puesto
a prueba la consolidación del diálogo político y la cooperación. Ello ha
contribuido a la ralentización temporal de los esfuerzos de reforma en ámbitos
clave que exigen consenso político, ralentización que ya ha quedado superada.

Ha habido algunos avances por lo que
respecta a la labor del Gobierno. Por ejemplo, avances notables en la
coordinación del proceso de integración en la UE mediante la revisión del plan
de actuación sobre las prioridades básicas del Dictamen, que se ha llevado a
cabo de manera transparente y participativa. El Ministro de Integración Europea
y el Presidente —perteneciente a la oposición— de la Comisión Parlamentaria de
Integración Europea han seguido cooperando satisfactoriamente en relación con
las reformas que debe acometer el país para aproximarse a la UE, incluida la
participación conjunta en el Consejo de Estabilización y Asociación UE-Albania
de mayo de 2012. Es preciso mejorar adicionalmente la capacidad de elaboración
de leyes y el proceso de programación para la adaptación de la legislación al
acervo, sobre todo a través de la aplicación eficaz de la Decisión del Consejo
de Ministros sobre el plan nacional de puesta en práctica del Acuerdo de
Estabilización y Asociación[5].
Por lo que se refiere al Gobierno local, la descentralización de competencias
estatales no ha ido acompañada de las transferencias pertinentes de recursos
administrativos y financieros del nivel central al nivel local. La existencia
de dos agrupaciones independientes de administraciones locales no propicia la
mejora de las relaciones institucionales entre la administración central y las
admnistraciones locales de cara al éxito y la transparencia del proceso de
descentralización.

Ha habido algunos avances en la reforma
de la administración pública, una de las prioridades básicas del
Dictamen, fundamentalmente al hilo de la aprobación de las leyes sobre la
jurisdicción contencioso-administrativa y el funcionamiento de la
administración pública, así como del nombramiento del Defensor del Pueblo.
Ahora es esencial proceder a la aprobación de las modificaciones de la Ley
sobre la Función Pública. Es preciso mejorar la aplicación de las disposiciones
legislativas y administrativas adoptadas. El marco legislativo e institucional
para la administración pública presenta todavía deficiencias que es preciso
corregir con el fin de aumentar la profesionalidad, la despolitización, la
meritocracia, la transparencia y la responsabilización.

Por lo que respecta al poder judicial,
se han hecho avances moderados en la finalización de la reforma judicial, otra
de las prioridades básicas del Dictamen. Ya han comenzado a aplicarse la
estrategia de reforma judicial y el plan de acción pertinente, de marzo de
2012. Se ha aprobado las leyes sobre la jurisdicción contencioso-administrativa
y sobre la Conferencia Judicial Nacional. Ya es operativo el nuevo sistema de
agentes judiciales privados. No obstante, todavía se está a la espera de la
finalización, adopción y aplicación de legislación importante que permita
aumentar la responsabilización, la independencia y la eficiencia del poder
judicial. A este respecto, ahora es crucial que se aprueben las modificaciones
de la Ley relativa al Tribunal Superior. La organización de los órganos
jurisdiccionales, la falta de transparencia y la acumulación de casos
pendientes siguen minando la eficiencia del poder judicial, al igual que la
insuficiente dotación presupuestaria. Es preciso completar, a través de un
proceso judicial creíble, el procedimiento emprendido para arrojar luz sobre lo
ocurrido el 21 de enero de 2011. El índice de ejecución de las resoluciones es
bajo. Cabe señalar avances notables en la lucha contra la corrupción en el
poder judicial, mediante la limitación de la inmunidad de los jueces. Albania
debe acelerar aún más la aplicación de la estrategia de reforma judicial en
aras de la independencia, eficiencia y responsabilidad de sus instituciones
judiciales.

Los avances han sido moderados en el
ámbito de la política anticorrupción, otra de las prioridades clave del
Dictamen, en particular al hilo de la limitación de la inmunidad constitucional
de los jueces y funcionarios de alto rango. Se han hecho algunos esfuerzos para
mejorar la cooperación interinstitucional, el intercambio de información y el
procesamiento de casos de pequeña o mediana relevancia. No obstante, la
ausencia de un planteamiento dinámico y la escasez de equipos y recursos siguen
obstaculizando la eficacia de las investigaciones. No existe un historial
adecuado de investigaciones, procesamientos y condenas en todos los niveles. La
corrupción es frecuente en numerosos ámbitos y sigue constituyendo un problema
especialmente grave.

Ha habido algunos avances en lo que
respecta a la lucha contra la delincuencia organizada, una de las
prioridades básicas del Dictamen. Sobre todo cabe señalar avances por lo que
respecta al aumento de la confiscación de bienes de procedencia criminal, la
cooperación interinstitucional para la investigación de la delincuencia
financiera, el blanqueo de dinero y la lucha contra la trata de seres humanos.
La cooperación con los Estados miembros de la UE progresa adecuadamente y se ha
establecido un canal seguro de comunicación para facilitar el intercambio de
información con la Europol. Se debería fomentar la evaluación de las amenazas y
el dinamismo de las investigaciones en aras del desarrollo del historial de
investigaciones, procesamientos y condenas en todos los niveles. La
delincuencia organizada sigue constituyendo una gran amenaza en Albania.

Los avances han sido moderados en el
ámbito de los derechos humanos y la protección de las minorías.

Se han realizado avances en relación con
el cumplimiento de la prioridad clave relativa a la mejora del tratamiento
de los detenidos, al refuerzo del seguimiento judicial de los casos de
maltrato y la aplicación de las recomendaciones formuladas por el
Defensor del Pueblo. Se han tomado medidas para mejorar las condiciones de
detención e intensificar la cooperación con el Defensor del Pueblo. Se siguen
registrando denuncias de maltrato y la Policía no aplica sistemáticamene
los procedimientos adecuados de detención y custodia. Las condiciones de vida
en las prisiones difieren todavía. Existen planes para establecer un centro
médico específico para los detenidos con trastornos mentales, pero sigue siendo
necesario mejorar el tratamiento y proporcionar asistencia especializada
adicional. Se sigue recurriendo desproporcionadamente a la prisión preventiva a
causa de los retrasos que acumulan los procedimientos judiciales y los todavía
insuficientes recursos con que cuenta el Sistema de Control de la Libertad
Condicional.

Los avances han sido desiguales en
relación con la prioridad clave referida a la mejora de la protección de los
derechos humanos, sobre todo de las mujeres, los niños y la población de etnia
gitana, así como a la aplicación eficaz de las políticas de lucha contra la
discriminación. Las modificaciones introducidas en el Código Penal en
relación con la violencia doméstica constituyen un paso positivo. Es preciso
mejorar la aplicación de las políticas de protección de la infancia. Es
necesario adoptar medidas legislativas destinadas a las personas con
discapacidad y revisar la legislación para corregir las disposiciones que
puedan discriminar a las personas homosexuales, bisexuales y transexuales. El Comisionado para la Protección contra la Discriminación ha
desarrollado una labor de sensibilización pero debe redoblar sus esfuerzos para
ir estableciendo un historial de casos llevados a término. Determinados grupos
vulnerables, como la población de etnia gitana y las minorías sexuales antes
mencionadas, siguen padeciendo discriminación. Aunque las relaciones
interétnicas son buenas, no se han tomado medidas para corregir las
deficiencias del marco legislativo e institucional general en el ámbito de las
minorías. La aplicación de los dispositivos de integración de la comunidad
gitana y su acesso a la protección y los servicios sociales siguen siendo
insuficientes, y ello explica su persistente marginación. Las políticas en el
ámbito de los derechos humanos cuentan con el respaldo mayoritario de la
sociedad civil y los donantes. Es importante que Albania dé prioridad a las
políticas desarrolladas en estos ámbitos en aras de su sostenibilidad.

Se han logrado algunos avances en el
ámbito de los derechos de propiedad, sobre todo a través de la
aprobación de una nueva ley sobre el registro de bienes inmuebles y una
estrategia transversal y un plan de acción de reforma en el ámbito de los
derechos de propiedad, una de las prioridades clave del Dictamen. Es necesario
desarrollar una eficaz labor de coordinación y supervisión para garantizar la
aplicación de la estrategia y la coherencia entre la legislación en vigor y las
futuras iniciativas. Las consultas con las partes interesadas han de proseguir
a este respecto. Todavía no se ha completado la elaboración de un primer
catastro. Antiguos propietarios siguen a la espera de que se resuelvan. Las
reclamaciones de compensación y restitución presentadas por antiguos
propietarios se resuelven con extrema lentitud.

Por lo que respecta a las cuestiones
regionales y las obligaciones internacionales, Albania ha
seguido desempeñando un papel constructivo y contribuido a garantizar la
estabilidad de la región consolidando las buenas relaciones que mantiene con
los países vecinos y los socios regionales. Albania ha cooperado plenamente con
la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho (EULEX) y, en mayo de 2012, el Parlamento aprobó una Ley especial que
permite a los investigadores de la EULEX llevar a cabo indagaciones en el territorio
albanés. En el marco de su Presidencia de la Iniciativa Regional en materia de
Migración, Asilo y Refugiados (MARRI), entró un vigor un acuerdo entre Albania,
Montenegro y la Antigua República Yugoslava de Macedonia para simplificar los
procedimientos de cruce de fronteras entre esos países. Los nacionales de esos
países ya no deben disponer de documentos biométricos de identidad para
desplazarse de un país a otro si la duración de su estancia no excede de tres
meses.

Por lo que se refiere a la Corte Penal
Internacional, el acuerdo bilateral de inmunidad celebrado con los Estados
Unidos no respeta los principios rectores ni las posiciones comunes de la UE. Albania debe ajustarse a la posición de la UE.

Albania ha seguido participando
activamente en las iniciativas de cooperación regional, incluidos el Proceso de
Cooperación de Europa Sudoriental (PCES), el Consejo de Cooperación Regional
(CCR) y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC). Desempeña la Presidencia del ACELC y del Consejo de Ministros del
Consejo de Europa.

Albania ha mantenido su estabilidad
macroeconómica. El crecimiento del PIB, impulsado principalmente por la demanda
interna, se ralentizó pero siguió siendo positivo (+ 3,1 %) en 2011.
La actividad económica se ha paralizado en el primer trimestre de 2012 entre
interrupciones del suministro eléctrico relacionadas con la meteorología. El
mal comportamiento de los ingresos y el aumento de los gastos han provocado un
aumento del déficit público y un incremento consiguiente de la deuda pública.
Las reformas estructurales han perdido impulso debido en parte a la fragilidad
del diálogo político interno. La política monetaria no ha perdido solidez y ha
mantenido la inflación dentro del intervalo previsto. Las dificultades para el cumplimiento de los contratos y el Estado
de Derecho, los niveles inadecuados de infraestructura y capital humano, así
como la economía informal, siguen obstaculizando el desarrollo económico.

En cuanto a
los criterios económicos, Albania ha seguido avanzando en pos del
objetivo de convertirse en una economía de mercado operativa. El país debería
poder resistir las presiones de la competencia y las fuerzas del mercado dentro
de la Unión a medio plazo, siempre que acelere y profundice las reformas
estructurales, en particular las relativas al fortalecimiento del sistema
jurídico y la mejora del capital físico y humano.

Se ha mantenido un amplio consenso sobre
los aspectos fundamentales de una economía de mercado, a pesar del contexto
político con frecuencia polarizado. La economía albanesa ha seguido creciendo,
aunque a un ritmo inferior y pese a la persistencia de una coyuntura económica
desfavorable en sus principales socios comerciales. La política monetaria ha
contribuido a mantener la inflación estable y a afianzar las expectativas
inflacionistas. El comportamiento del mercado de trabajo ha mejorado
ligeramente. La participación del Estado en la
economía y el nivel de subvenciones han seguido siendo limitados. El sector
bancario está adecuadamente capitalizado y goza de liquidez. Se han hecho
algunos avances para facilitar en mayor medida la incorporación al mercado.

No obstante,
el déficit fiscal aumentó en 2011 y provocó un incremento adicional de la deuda
pública relativamente elevado, que sigue presentando un sesgo coyuntural. La
persistencia del elevado déficit por cuenta corriente es una fuente de
vulnerabilidad. El desempleo también sigue siendo elevado. La aplicación de los
procedimientos concursales es incompleta. Las deficiencias del Estado de Derecho
minan la garantía del cumplimiento de los contratos, mientras que las
cuestiones pendientes en el ámbito de los derechos de propiedad obstaculiza la
inversión y el entorno general en el que operan las empresas. El sector informal y las deficiencias de la recaudación fiscal
siguen constituyendo un problema. El crecimiento del ya elevado nivel de
préstamos morosos en el sistema bancario es preocupante. La inversión en
capital humano e infraestructura sigue siendo inadecuada. La falta de
diversificación sectorial y de los mercados de exportación de la base
productiva hace la economía vulnerable a las sacudidas externas.

Albania ha realizado avances moderados en
la mejora de su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión,
en particular en los ámbitos de la competencia, la imposición, las
estadísticas, la justicia, la libertad y la seguridad, la educación y la
cultura y la unión aduanera. Los avances han sido limitados en otros ámbitos
como la libre circulación de trabajadores, la contratación pública, el Derecho
de propiedad intelectual, la seguridad alimentaria, la pesca, la energía, el
medio ambiente y el cambio climático. En conjunto, Albania ha seguido
respetando sin complicaciones sus obligaciones en el marco del Acuerdo de
Estabilización y Asociación (AEA). Ahora bien, es necesario garantizar el
cumplimiento oportuno de los compromisos, en particular por lo que respecta a
los derechos de la propiedad intelectual e industrial. Además, se necesitan
esfuerzos constantes para reforzar la capacidad administrativa en aras de la
aplicación y el cumplimiento de la legislación.

En el ámbito de la libre circulación
de mercancías, ha habido avances por lo que respecta a la normalización.
Debe proseguir la labor de incorporación del acervo a la legislación. Todavía
no se ha establecido una inspección adecuda de supervisión del mercado. Los
preparativos en este ámbito están moderadamente avanzados.

Los avances han sido escasos en el ámbito
de la libre circulación de trabajadores. Se han hecho algunos preparativos
para la futura participación en EURES y la coordinación de los sistemas de
seguridad social. Es necesario intensificar la labor de adaptación al acervo de
la legislación relativa al acceso al mercado de trabajo. En conjunto, los
preparativos en este ámbito no están muy adelantados. Ha habido algunos avances
en el ámbito del derecho de establecimiento y la libre prestación de
servicios, en particular por lo que respecta al reconocimiento mutuo de las
cualificaciones profesionales. Los preparativos para la adaptación a la
Directiva sobre los servicios no han superado la fase inicial. La legislación postal albanesa todavía no se ajusta al acervo. Los
preparativos en este ámbito están moderadamente avanzados. Se han registrado
avances en el ámbito de la libre circulación de capital por lo que se
refiere a las disposiciones legislativas al hilo de la adopción de una serie de
modificaciones del Código Penal y la Ley de Entidades Financieras. Es preciso
intensificar la labor de adaptación al acervo de la Ley sobre los Sistemas de
Pagos. Los preparativos en el ámbito de la libre circulación de capital están
moderadamente adelantados.

Los avances han sido escasos en la
aproximación al acervo del marco legislativo en materia de contratación
pública y concesiones. El reparto de responsabilidades entre todas las
instituciones que participan en la contratación pública sigue estando
deficientemente definido y su capacidad administrativa e independencia son
todavía insuficientes. Los preparativos en este ámbito se encuentran
moderadamente avanzados. Se han registrado algunos avances en el ámbito del Derecho
de sociedades, en el que los preparativos están moderadamente adelantados.
Albania ha aprobado el Código de Gobernanza Empresarial, adaptando en mayor
medida su legislación al acervo. Es preciso proseguir la labor de aproximación
legislativa por lo que respecta a los requisitos de presentación de
documentación e informes en los casos de concentraciones y divisiones y en
relación con la contabilidad y la auditoría de empresas. Los avances han sido
limitados en el ámbito del Derecho de propiedad intelectual, en el que
los preparativos no están muy avanzados. La aplicación eficaz de los derechos
de propiedad intelectual e industrial sigue adoleciendo de deficiencias considerables,
que afectan a los compromisos asumidos por Albania en el marco del AEA. Cabe
señalar algunos avances en el ámbito de la competencia. Ha avanzado la
incorporación a la legislación del acervo sobre el control de las prácticas
monopolistas y las concentraciones de empresas. También se ha aprobado el mapa
regional de ayudas estatales. Es preciso garantizar
de manera adecuada la capacidad administrativa y la independencia operativa de
los organismos responsables de las ayudas estatales y la defensa de la
competencia. Los preparativos en este ámbito avanzan por buen camino.

Ha habido algunos avances en el ámbito de
los servicios financieros, en el que los preparativos están
moderadamente adelantados. La legislación bancaria ha seguido aproximándose al
acervo y se ha profundizado el desarrollo del mercado de la inversión. Son
necesarios esfuerzos adicionales en los ámbitos de los seguros y las pensiones
de jubilación, la infraestructura del mercado financiero y el mercado de
valores y los servicios de inversión. La capacidad administrativa en el sector
banciario y no bancario sigue siendo insuficiente. Los avances han sido
limitados en el ámbito de la sociedad de la información y los medios de
comunicación, en el que los preparativos no están muy adelantados. Si bien
es cierto que se han tomado una serie de medidas reglamentarias impulsoras de
la competencia en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, persisten las
reservas sobre la reforma general y la liberalización del sector, las
incertidumbres jurídicas y la capacidad e independencia del organismo regulador
de las telecomunicaciones. Se ha vuelto a retrasar la adopción de la Ley sobre
los servicios de medios audiovisuales. Pese a
que la independencia de los medios de comunicación ha avanzado un tanto,
persisten las reservas sobre todo por lo que respecta a la independencia del
organismo regulador. Es preciso garantizar la aplicación eficaz de la
estrategia de conversión digital.

En el ámbito
de la agricultura y el desarrollo rural, los avances de la adaptación al
acervo han sido desiguales, en particular por lo que se refiere al
establecimiento de instituciones de desarrollo rural. Son necesarios esfuerzos
en relación con el desarrollo de capacidades, el establecimiento de un catastro
y la elaboración de estrategias en los ámbitos de la agricultura y la
utilización del suelo. En conjunto, Albania ha comenzado a abordar sus
prioridades en este ámbito. Los avances han sido limitados en materia de seguridad
alimentaria y política veterinaria y fitosanitaria. Es necesario mejorar la
definición de competencia, las responsabilidades y la comunicación en relación
con la gestión del riesgo, el registro de los movimientos de animales, el
control de las enfermedades animales y las condiciones de los establecimientos
productores de piensos y alimentos. Los preparativos
en estos ámbitos siguen en una fase inicial. Los avances han sido limitados en
el ámbito de la pesca, en el que los preparativos no están muy
adelantados. Sigue sieno necesario incrementar los recursos y las capacidades
técnicas de supervisión, vigilancia y control de los servicios competentes,
incluido el Centro Operativo Marítimo Interinstitucional. No está
suficientemente definida la división de tareas por lo que respecta a la
comunicación y la presentación de informes entre las distintas direcciones del
Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Administración Hidrológica.

Ha habido
escasos avances en el ámbito de la política de transporte, sobre todo en
relación con el cabotage en el sector marítimo. Son necesarios esfuerzos
adicionales en la incorporación del acervo con el fin de aplicar eficazmente la
legislación. La capacidad técnica y administrativa sigue siendo deficiente en
los diferentes tipos de transporte, en particular en el caso de la seguridad
vial y aérea. Es fuente de preocupación el mantenimiento de la infraestructura
ferroviaria, que precisa más recursos. Los avances han sido escasos por lo que
respecta a la energía. La falta de diversificación amenaza la seguridad
del abastecimiento de electricidad. Es necesario proseguir la labor de reforma
del mercado de la energía con el fin de garantizar la viabilidad del sector.
También se deben reforzar la capacidad administrativa y la independencia del
organismo regulador de la energía. En conjunto, los preparativos en materia de
energía y transportes no están muy adelantados.

Ha habido algunos avances en la
adaptación al acervo de la legislación sobre imposición indirecta y en
el refuerzo de la capacidad de investigación y auditoría interna de la
administración fiscal. Son necesarios mayores esfuerzos en los ámbitos de los
impuestos directos, la recaudación impositiva, la devolución del IVA y las
tecnologías de la información. Los preparativos en este ámbito se encuentran
moderadamente adelantados. No ha avanzado la adaptación legislativa al acervo
en materia de política económica y monetaria; los preparativos en este
ámbito todavía no son suficientes. Los avances han sido limitados en la
preparación del documento de política económica. Las capacidades de formulación
de políticas son insuficientes. Se han realizado algunos avances en materia de estadísticas.
En octubre de 2011, el INSTAT llevó a
cabo un censo de población y vivienda. Las estadísticas sectoriales requieren
mejoras sustanciales y es preciso garantizar recursos suficientes para el
próximo censo agrícola. Es preciso asegurar la independencia y capacidad
administrativa del INSTAT. En conjunto, los
preparativos en el ámbito de las estadísticas se encuentran moderadamente adelantados.

Los avances han sido limitados en el
ámbito de la política social y el empleo, en el que los preparativos no
están muy adelantados. La extensión de la actividad no declarada, la pequeña
participación femenina y el desempleo juvenil relativamente elevado siguen
determinado el mercado de trabajo. La integración social de las personas con
discapacidad y la población gitana sigue siendo insuficiente. Es preciso
abordar el problema de la sostenibilidad de la financiación en aras de la
aplicación eficaz de las reformas de la asistencia y la protección social. La
aplicación de las políticas en este ámbito sigue siendo problemática. Ha habido
algunos avances en el ámbito de la política empresarial e industrial, en
el que los preparativos se encuentran moderadamente adelantados. Se han tomado
algunas medidas para facilitar el acceso a la financiación de las PYME y
mejorar el marco regulador de la actividad empresarial. Los procedimientos de
salida del mercado siguen siendo lentos.

Ha habido algunos avances en el ámbito de
las redes transeuropeas. El transporte
ferroviario sigue estando infradesarrollado y el mantenimiento y la mejora de
la infraestructura general de transporte exigen inversiones considerables. Por
lo que respecta a las redes energéticas, son necesarios esfuerzos adicionales
para completar las líneas de interconexión eléctrica con los países vecinos y
comenzar a desarrollar una estrategia de introducción del gas natural. En
conjunto, los preparativos no están muy adelantados.

Ha habido algunos avances en el ámbito de
la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, en
el que los preparativos se encuentran todavía en una fase inicial. Se precisan
esfuerzos considerables para establecer la capacidad institucional y
administrativa necesaria a escala local y central y para desarrollar una
reserva de proyectos maduros y de calidad.

También ha habido algunos avances en la
aplicación de las políticas en los ámbitos del poder judicial y los derechos
fundamentales, en particular en el marco de los esfuerzos realizados para
abordar las correspondientes prioridades clave establecidas en el Dictamen de
la Comisión. No obstante, siguen existiendo grandes lagunas en el marco
legislativo, en particular por lo que respecta a la reforma judicial. La
aplicación coherente de las políticas y los instrumentos legislativos sigue
siendo problemática en todos los ámbitos que abarca este capítulo. En Albania,
la adaptación a las normas europeas y al acervo en el ámbito del poder judicial
y los derechos fundamentales no está muy avanzada.

Ha habido algunos avances en el ámbito de
la justicia, la libertad y la seguridad, en particular en relación con
la gestión de las fronteras, la cooperación internacional y la lucha contra la
delincuencia organizada. Es preciso intensificar la coordinación de las
instituciones responsables de garantizar el cumplimiento de la ley y
desarrollar un historial sólido de investigaciones, procesamientos y condenas.
En conjunto, los preparativos en este ámbito están progresando.

Los avances han sido escasos en el ámbito
de la ciencia y la investigación, en el que los preparativos no están
muy adelantados. Son necesarios esfuerzos adicionales a escala nacional para
mejorar la capacidad de innovación e investigación e incrementar la competitividad
del país. La inversión en investigación sigue siendo muy pequeña y es preciso
reforzar el desarrollo de los recursos humanos.

En el ámbito de la educación y la
cultura cabe señalar avances notables en la adaptación a las normas
europeas, en particular por lo que respecta a la enseñanza superior y el
desarrollo de la formación profesional. Son necesarios esfuerzos adicionales
para mejorar la transparencia en los centros privados de enseñanza superior. En
2012, Albania ha comenzado a participar en el programa Cultura. En conjunto, los preparativos en este ámbito se encuentran
moderadamente adelantados.

Aunque ha habido algunos avances en la
adaptación al acervo en el ámbito del medio ambiente, los avances han
sido muy escasos en el ámbito del cambio climático. Urge redoblar los refuerzos a efectos de la adaptación,
aplicación y garantía del cumplimiento de la legislación. La consulta y
sensibilización de los ciudadanos sobre las iniciativas legislativas sigue
siendo deficiente. En estos sectores se necesita una mayor voluntad política y
una labor coordinada. Los recursos asignados actualmente siguen siendo
limitados y son necesarias inversiones considerables. Es preciso integrar mejor
las consideraciones medioambientales en otros ámbitos, como el transporte y la
energía. En cuanto al cambio climático, es necesario redoblar los esfuerzos
para impulsar la sensibilización, establecer un planteamiento más estratégico
para el país, incorporar y aplicar el acervo y reforzar las capacidades
administrativas y la cooperación interinstitucional. Los preparativos en el
ámbito del medio ambiente se encuentran en una fase inicial, y aún menos
avanzada por lo que respecta al cambio climático.

Ha habido algunos avances en los ámbitos
de la protección de la salud y los consumidores. La aplicación y el
cumplimiento de la legislación sigue adoleciendo de deficiencias graves.
Todavía no se ha establecido un sistema de vigilancia del mercado. La reducida
sensibilización en el sistema de protección de la salud, tanto entre los
profesionales como la ciudadanía, está minando la transparencia y la ejecución.
El sector sanitario carece todavía de recursos financieros suficientes. Los
preparativos en estos ámbitos no están muy adelantados. Sí ha habido avances en
la adaptación legislativa en el ámbito de la unión aduanera, en el que
los preparativos están moderadamente adelantados. Siguen existiendo lagunas por
lo que respecta a la capacidad operativa y administrativa global, lo que
incluye la compatibilidad de los sistemas informáticos con los requisitos de la
UE. Son necesarios mayores esfuerzos en lo tocante a la valoración aduanera y
la facilitación del comercio.

Los avances han sido moderados en el
ámbito de las relaciones exteriores. Albania ha seguido
cooperando adecuadamente en el seno de la OMC y el ACELC. Sigue siendo
necesario mejorar las capacidades administrativas de las instituciones
involucradas en la política comercial. En cuanto a la política exterior, de
seguridad y de defensa, Albania ha seguido alineándose con las posiciones
de la UE en el marco de la PESC y ha hecho gala de un compromiso constante de
participación en las operaciones de gestión de crisis civiles y militares. Todavía no ha finalizado el registro en línea de las armas y
municiones a disposición del Cuerpo Nacional de Policía. En conjunto, los
preparativos en este ámbito siguen progresando.

Los avances han sido escasos en el ámbito
del control financiero, en el que los preparativos todavía no están muy
adelantados. Persisten las deficiencias por lo que respecta a la aplicación del
marco jurídico del control interno de las finanzas públicas y el principio de
responsabilización de los gestores. Es preciso mejorar las auditorías externas
en línea con las normas de la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores.

En el ámbito de las disposiciones
financieras y presupuestarias no ha habido avances concretos. A su debido
tiempo se tendrán que establecer normas de aplicación y estructuras de
coordinación sólidas a efectos de la administración del sistema de recursos
propios. En conjunto, los preparativos en este ámbito se encuentran en una fase
inicial.

Bosnia y Herzegovina

El periodo de
dieciséis meses de paralización política posterior a las elecciones generales
de octubre de 2010 concluyó con el acuerdo sobre la formación de un Gobierno
nacional y el establecimiento de las autoridades del poder ejecutivo y
legislativo. La constitución del nuevo Consejo de Ministros y la adopción de
dos leyes de gran importancia relacionadas con la UE produjeron en un primer
término un cambio de orientación hacia la integración en la UE, pero esa
dinámica no se mantuvo. El consenso político que había surgido ha desaparecido
y se ha paralizado la trayectoria hacia la UE. La remodelación de las autoridades
del Estado, la Federación y los cantones ha comenzado pero se encuentra
bloqueada por distinto recursos legales y disputas políticas. Sigue sin existir
una visión compartida entre los representantes políticos sobre el rumbo general
y el futuro y la estructura institucional del país que permita un avance
cualitativo en su trayectoria de aproximación a la UE.

Tras la
disociación del mandato del Representante Especial de la Unión Europea de la
Oficina del Alto Representante, la mayor presencia del Jefe de la Delegación de
la UE / Representante Especial de la UE en Bosnia y Herzegovina ha permitido
asumir el liderazgo en la ayuda suministrada a las autoridades para cumplir los
objetivos del programa de la UE en diversos ámbitos clave.

Por lo que respecta a los criterios políticos, en conjunto los avances han sido limitados. En junio se puso en marcha en Bruselas un
Diálogo de Alto Nivel sobre el Proceso de Adhesión en el que participan
representantes de las autoridades y los partidos políticos del país y con el que
se pretende explicar los requisitos para la adhesión a la UE. Los participantes acordaron una hoja de ruta interna para la
integración en la Unión, cuyo seguimiento posibilitará la entrada en vigor del
Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) y la presentación de una solicitud
de adhesión creíble, como se define en las Conclusiones del Consejo
pertinentes. No se ha respetado el primer plazo establecido en dicha hoja de
ruta a efectos de la presentación de una propuesta consensuada para cumplir la resolución
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDH) en el asunto Sejdic-Finci. Urge establecer un mecanismo eficaz de
coordinación entre los distintos niveles de gobierno para la transposición, la
aplicación y la garantía del cumplimiento de la normativa de la UE, de modo que
el país pueda hablar con una sola voz en relación con las cuestiones referidas
a la UE y utilizar eficazmente la asistencia de preadhesión concedida por la
Unión.

En los ámbitos de la democracia
y el Estado de Derecho, en febrero se formó un Gobierno estatal, tras
las elecciones de octubre de 2010. En junio comenzó la remodelación de las
autoridades del Estado y la Federación, pero el resultado de este proceso sigue
siendo incierto a causa de las disputas políticas y los recursos jurídicos
pendientes. Sigue siendo prioritario reforzar la funcionalidad y los mecanismos
de coordinación de las instituciones. Sigue pendiente la armonización de la
Constitución con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Todavía no se
ha presentado a la Asamblea Parlamentaria una propuesta consensuada de modificación de la Constitución para garantizar el cumplimiento de
dicho Convenio (asunto Sejdic-Finci).

La Asamblea Parlamentaria ha hecho
algunos avances por lo que respecta a la adopción de legislación relacionada
con la UE, en particular las leyes relativas a las ayudas estatales y al censo
de vivienda y población. Para dar cumplimiento a las obligaciones del AI/AEA,
urge abordar el establecimiento del Consejo de Ayudas Estatales, la aplicación de
los principios de la UE sobre empresas públicas y la elaboración de un
inventario exhaustivo de las ayudas estatales. Las demoras en la constitución
del Gobierno estatal y en la remodelación actual de los gobiernos a todos los
niveles han menoscabado la eficacia de las actividades legislativas. Es preciso
mejorar la cooperación entre los Parlamentos de las Entidades, la Asamblea
Parlamentaria estatal y el Consejo de Ministros estatal.

Se han logrado escasos avances en la
mejora de la funcionalidad y la eficiencia de los distintos niveles del gobierno,
lastrados todavía por la fragmentación y la falta de coordinación de la
elaboración de políticas. El presupuesto estatal para 2012 se aprobó en mayo y
a continuación se produjo la ruptura de la coalición gobernante. La formulación
de la política exterior ha seguido sometida a diferentes posturas en el seno de
la Presidencia de Bosnia y Herzegovina sobre algunas
cuestiones.

Los avances de la
reforma de la administración pública también han sido escasos. Se ha
revisado el plan de actuación para la estrategia de reforma de la
administración pública, estableciéndose el marco para la reforma a lo largo de
los próximos cinco años. La coordinación entre las distintas administraciones a
todos los niveles sigue siendo deficiente y el proceso de reforma de la
administración pública carece del respaldo político necesario. Es preciso
abordar la cuestión de la sostenibilidad financiera de la administración
pública a todos los niveles. Existe un Defensor del Pueblo a nivel estatal,
pero la reducción de la financiación destinada a sus actividades ha socavado la
eficacia de su labor. La fragmentación y la politización siguen obstaculizando
el establecimiento de una función pública profesional, responsable,
transparente y eficiente, basado en el mérito y la competencia.

En el ámbito de la reforma del sistema judicial se
han logrado avances limitados. En relación con la necesidad de una reforma
integral del sistema, ha surgido una actitud constructiva en el marco del
Diálogo Estructurado sobre Justicia, sobre la base de la apropiación interna,
en particular por lo que respecta a la aplicación de la Estrategia de Reforma
del Sector de la Justicia y de la Estrategia Nacional sobre Crímenes de Guerra.
Se han introducido medidas adicionales para reducir el número de asuntos
acumulados, sobre todo de los relativos a facturas de servicios públicos, pero
el número total de asuntos pendientes, incluidos los relativos a crímenes de
guerra, sigue siendo muy elevado. La aplicación armonizada de la legislación
penal en todo el país y la fragmentación de la organización y los presupuestos
del poder judicial siguen siendo cuestiones pendientes.

También han sido limitados los avances de
la lucha contra la corrupción, que sigue constituyendo un problema grave
y muy frecuente en numerosos ámbitos de los sectores público y privado. Ya se
dispone de un marco jurídico, pero la voluntad política para abordar la
cuestión y mejorar la capacidad institucional sigue siendo débil. Es preciso
intensificar la aplicación de la estrategia y el plan de acción. Se ha aprobado
el código para la Agencia Anticorrupción, pero todavía no es plenamente
operativa. El seguimiento judicial de los casos de corrupción sigue siendo
lento, y solo un pequeño número de casos de alto nivel han sido objeto de
procesamiento. Siguen siendo preocupantes la aplicación insuficiente de la
legislación y los problemas de coordinación entre las Entidades. Bosnia y
Herzegovina precisa un compromiso político más firme y una acción más decidida
contra la corrupción. El avance de la lucha contra la delincuencia
organizada ha sido escaso. Bosnia y Herzegovina sigue siendo un país de
abastecimiento de armas y municiones para las bandas de delincuentes de la UE.
Las actividades de la delincuencia organizada están además vinculadas al
tránsito de drogas a través de las rutas de tráfico internacionales.

En líneas generales
se garantiza el respeto de los derechos humanos y la protección de las
minorías. Bosnia y Herzegovina ha ratificado los principales convenios
internacionales de derechos humanos pero su aplicación sigue siendo desigual.

En líneas generales
se respetan los derechos civiles y políticos. Se han hecho algunos
avances en la mejora de las condiciones de las prisiones. El nuevo centro
psiquiátrico de Sokolac todavía no es operativo.
Sigue pendiente la adopción de la ley marco sobre asistencia jurídica gratuita.
Si bien es cierto que se han hecho algunos avances por lo que respecta al
acceso a la justicia, el marco jurídico e institucional del país sigue
fragmentado. Las constituciones del Estado y las Entidades garantizan la
libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de pensamiento,
conciencia y religión. El Consejo de la Prensa ha seguido colaborando
estrechamente con las instituciones judiciales y las asociaciones de
periodistas para mejorar la calidad de la información y contribuir a
sensibilizar a los ciudadanos sobre sus derechos legales. Han seguido
registrándose casos de intimidación y amenazas contra periodistas y editores.
Siguen siendo preocupantes las presiones políticas ejercidas sobre los medios
de comunicación y su polarización en torno a líneas étnicas y políticas.
También han aumentado los intentos de socavar la independencia de la Agencia
Reguladora de las Comunicaciones y de los servicios públicos de radiodifusión.
Siguen pendientes los nombramientos del Director General y los consejeros de la
Agencia Reguladora de las Comunicaciones. Por lo que respecta a la sociedad
civil, aún se deben mejorar los mecanismos de cooperación a todos los niveles y
la transparencia de las dotaciones financieras. En septiembre se celebró en
Sarajevo una Conferencia por la Paz en la que participaron los principales
líderes interreligiosos.

En líneas generales
se respetan los derechos económicos y sociales. Se han producido algunos
avances para combatir la violencia contra las mujeres y en el ámbito del
desarrollo en la primera infancia. La aplicación de los derechos de las mujeres
y los niños sigue siendo desigual. Los avances han sido escasos en la mejora
del carácter integrador de las escuelas. Preocupa la separación y
discriminación étnica que se sigue practicando en algunas escuelas públicas.
Los sistemas educativos basados en la adscripción étnica y divididos según esas
líneas siguen constituyendo un obstáculo para la sostenibilidad de los
retornos. Aunque se ha establecido una ley estatal antidiscriminación, su
aplicación efectiva apenas ha progresado. Sigue siendo generalizada la
discriminación contra las personas homosexuales, bisexuales y transexuales. El
sistema de prestaciones sociales sigue estando basado en el estatuto de los
beneficiarios más que en sus necesidades, en detrimento de la situación de los
grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad. El diálogo social
y el ejercicio de los derechos laborales sigue obstaculizado por la falta de
reconocimiento de los interlocutores sociales a nivel estatal y la
fragmentación del marco legislativo.

En líneas generales se garantiza el respeto y la
protección de las minorías y los derechos culturales[6]. La influencia del Consejo de Minorías
Nacionales sobre la elaboración de políticas ha seguido siendo limitada, debido
en parte a la falta de apoyo político y financiero. Se ha avanzado un tanto en
la aplicación del plan de alojamiento destinado a la población gitana. Es
preciso intensificar los esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de
los planes de acción en los ámbitos de la salud, el empleo y la educación y
para mejorar los recursos y la sostenibilidad por lo que respecta a la
aplicación de los cuatro planes de acción. Algunos niños gitanos no están
inscritos en el registro de nacimientos, por lo que no pueden ser escolarizados
y carecen de seguro de enfermedad. La minoría gitana
sigue padeciendo discriminación y unas condiciones de vida penosas. Por lo que se refiere a los refugiados y los desplazados
internos, se han hecho algunos avances en el ámbito de la vivienda a efectos de
la aplicación de la estrategia revisada sobre el anexo 7 del Acuerdo de Paz de
París/Dayton. La discriminación en el acceso al empleo, la asistencia
sanitaria y los derechos de pensión sigue obstaculizando la sostenibilidad del
retorno y la integración local. Todavía no se ha completado el establecimiento
de procedimientos transparentes y que tengan en cuenta las necesidades para la
asignación de los fondos encaminados a facilitar el retorno.

En cuanto a las cuestiones
regionales y las obligaciones internacionales, ha proseguido la
aplicación del Acuerdo de Paz de París/Dayton. La cooperación con el Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia es por lo general satisfactoria en la
mayoría de los ámbitos.

Los órganos
jurisdiccionales y las fiscalías de Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia han
seguido cooperando. Prosigue también la aplicación de los acuerdos bilaterales
sobre el reconocimiento mutuo y la aplicación de las resoluciones judiciales en
materia penal. No se han eliminado del Código de Procedimiento Penal los
obstáculos a la extradición que siguen dificultando el procesamiento de los
casos de crímenes de guerra. Sigue pendiente la finalización del Protocolo
sobre el intercambio de pruebas e información en casos de crímenes de guerra
entre las Fiscalías competentes de Bosnia y
Herzegovina y de Serbia.

Por lo que se refiere a la Corte Penal
Internacional, el acuerdo bilateral de inmunidad celebrado con los Estados
Unidos no respeta los principios rectores ni las posiciones comunes de la UE. Montenegro debe ajustarse a la posición de la UE.

Se
han hecho avances significativos por lo que respecta al Proceso de la
Declaración de Sarajevo. Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Montenegro y Serbia han seguido cooperando con objeto de resolver de
manera duradera la situación de los refugiados desplazados a consecuencia de
los conflictos armados de los años noventa. Los cuatro países han firmado una
Declaración ministerial y acordado un Programa Regional de Alojamiento que
prestará asistencia a unos 27 000 hogares (74 000 personas). En la
conferencia internacional de donantes celebrada en abril en Sarajevo se
comprometieron unos 265 millones EUR en apoyo del Programa. Debe proseguir la buena cooperación sobre todas las
cuestiones pendientes del Proceso.

Bosnia y Herzegovina ha seguido participando activamente en
las iniciativas de cooperación regional, en particular el Proceso de
Cooperación de Europa Sudoriental (PCES), el Consejo de Cooperación Regional
(CCR) y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio
(ACELC). Aunque se han profundizado las relaciones
con los países vecinos, todavía no se han resuelto plenamente diversas
cuestiones relacionadas con las fronteras y las propiedades. Se han celebrado
una serie de reuniones para analizar las implicaciones para las relaciones
bilaterales de la adhesión de Croacia a la UE en julio de 2013. En este
contexto han proseguido, con avances limitados, las discusiones relativas a las
cuestiones pendientes en el ámbito de la gestión de fronteras. Se deben adaptar
al acervo de la UE el acuerdo sobre tráfico fronterizo local y el acuerdo sobre
libre tránsito a través del puerto de Ploce (Croacia) y el corredor de Neum
(Bosnia y Herzegovina). En vista de la próxima adhesión de Croacia, urge
abordar las cuestiones relativas a las fronteras, el comercio y el tránsito.

La economía de Bosnia y
Herzegovina creció un 1,3 % en 2011, gracias a la recuperación de la
demanda interna y, en menor medida, al mantenimiento del crecimiento de la
demanda externa. El proceso de recuperación se invirtió a principios de 2012 a
causa del deterioro de la coyuntura económica. Los índices de desempleo siguen
siendo muy elevados. El incremento de los ingresos y la reducción de algunos
gastos han contribuido a la consolidación fiscal. No obstante, la solidez de
las finanzas públicas sigue siendo reducida y la sostenibilidad fiscal se ha
visto gravemente amenazada por los retrasos en la aprobación del presupuesto
estatal y de la estrategia fiscal a medio plazo. El debilitamiento del consenso
sobre los fundamentos de la política fiscal y económica ha incidido
negativamente en las reformas a nivel nacional. Se ha acordado con el FMI un
nuevo acuerdo bienal de derechos de giro que apuntalará los esfuerzos
invertidos por el país para contrarrestar los efectos del deterioro de la
coyuntura externa y corregir las vulnerabilidades internas y externas.

En cuanto a los criterios económicos
y el establecimiento de una economía de mercado operativa, el avance de Bosnia
y Herzegovina ha sido pequeño. Es necesario impulsar con determinación una
profunda labor de reforma para que el país pueda llegar a soportar, a largo plazo, las presiones de la competencia y las
fuerzas de mercado en el interior de la Unión.

Se ha preservado la estabilidad
financiera y monetaria, al tiempo que se ha moderado la inflación. El
dispositivo de junta monetaria sigue disfrutando de una credibilidad elevada.
El crédito ha seguido creciendo, aunque a un ritmo ligeramente menor,
facilitando así la recuperación de la demanda interna. Las actividades
comerciales se han incrementado y el nivel de integración comercial con la UE y
los países de la región ha seguido siendo elevado. Cabe señalar algunas
pequeñas mejoras en el entorno empresarial, en particular en relación con la
agilización de los procedimientos de registro de empresas.

Ahora bien, los retrasos en la adopción
tanto de los presupuestos estatales de 2011 y 2012 como de los marcos globales
para las políticas fiscales de 2012-2014 y 2013-2015 han minado gravemente la
sostenibilidad y la credibilidad de la política fiscal en el país. La solidez
de las finanzas públicas sigue siendo reducida y el gasto corriente supone un
porcentaje elevado del PIB. A lo largo de 2012 han ido aumentando gradualmente
las repercusiones del deterioro de la coyuntura exterior sobre la situación de
las finanzas públicas, y tanto el endeudamiento público como el volumen de la
deuda están creciendo rápidamente. Dicho endeudamiento está alejando en cierta
medida a los inversores privados. Los desequilibrios externos, en particular
los déficits de la balanza comercial y de la balanza por cuenta corriente están
aumentando. No se han registrado avances en la privatización, la
reestructuración de las empresas públicas y la liberalización de las industrias
de red. Las fuentes internas de crecimiento de la economía no se aprovechan
adecuadamente, en detrimento de la capacidad productiva y la competitividad. La
coyuntura del mercado de trabajo sigue siendo precaria y las rigideces
estructurales (cotizaciones sociales elevadas, transferencias sociales
inadecuadamente enfocadas, etc.) obstaculizan la creación de empleo. El
desempleo sigue siendo muy elevado y la tasa de actividad laboral es muy baja.
Las deficiencias de la administración y la debilidad del Estado de Derecho
lastran el entorno empresarial. El sector informal sigue constituyendo un reto
importante.

Los avances han sido
limitados por lo que se refiere a la adaptación de las políticas y la
legislación a las normas europeas. Se ha progresado un tanto en la libre
circulación de mercancías, la competencia, la propiedad intelectual, la
investigación y algunos aspectos relacionados con la justicia, la libertad y la
seguridad. Siguen siendo necesarios esfuerzos considerables en los ámbitos de
la libre circulación de personas y servicios, el capital, la fiscalidad y las
aduanas, la contratación pública, el empleo y las políticas sociales, la
educación, la cultura, la industria y las PYME, la agricultura y la pesca, la
seguridad alimentaria, los sectores veterinario y fitosanitario, el medio
ambiente y el cambio climático, el transporte, la energía, la sociedad de la
información y los medios de comunicación, el control financiero y las
estadísticas. En conjunto, la aplicación del Acuerdo Interino sigue siendo
desigual. El país sigue vulnerando las disposiciones de dicho Acuerdo debido al
incumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la aplicación
insuficiente de las obligaciones en materia de ayudas estatales. Aunque ya se
ha aprobado la Ley sobre ayudas estatales, siguen pendientes el establecimiento del Consejo de Ayudas Estatales, la aplicación
de los principios de la UE sobre empresas públicas y la elaboración del
inventario de ayudas estatales. Es preciso agilizar
la aplicación de la Ley sobre el censo de población.

Se han realizado
algunos avances en relación con el mercado interior. Por lo que
respecta a la libre circulación de mercancías, se ha progresado un tanto
en materia de normalización, acreditación, vigilancia del mercado y
protección de los consumidores. Son necesarios esfuerzos considerables para
adaptar el marco jurídico a la legislación de la UE, mejorar la capacidad
administrativa y lograr configurar un único espacio económico. Queda pendiente el establecimiento de un diálogo público-privado
sobre el mercado industrial.

Los avances han sido
escasos en el ámbito del derecho de establecimiento y la libre circulación
de personas y servicios. Ambas Entidades están aplicando nuevos planes
contables armonizados para las entidades financieras y la supervisión bancaria
entre Entidades sigue siendo satisfactoria. Es esencial proseguir la simplificación
de los procedimientos de registro de sociedades y la adaptación del marco
legislativo para los servicios postales.

No ha habido avances
en el ámbito de la libre circulación de capitales. Se necesita proseguir
la incorporación del acervo y proceder a la armonización, a escala nacional, de
la legislación. Cabe señalar escasos avances en materia de fiscalidad y
aduanas. Siguen existiendo deficiencias por lo que respecta a la adaptación
de la legislación y la capacidad administrativa y operativa global. Son
necesarios esfuerzos adicionales para proporcionar mejores servicios a los
contribuyentes, para impulsar la facilitación del comercio y para garantizar la
aplicación eficaz y el cumplimiento de la legislación, incluida la relativa a
la propiedad intelectual.

Bosnia y Herzegovina
ha hecho algunos avances con la adopción de la Ley de alcance estatal sobre
ayudas estatales y la garantía del cumplimiento de las normas de competencia.
No ha habido avances en el ámbito de la contratación pública, en particular
por lo que respecta a la plena adaptación de la legislación sobre contratos
públicos. Se ha seguido avanzando en el ámbito de los derechos de propiedad
intelectual.

Los avances han sido
escasos en relación con las políticas social y de empleo. Se ha de
intensificar la aproximación legislativa y se debe adoptar y aplicar los
documentos estratégicos. Queda pendiente la aprobación de la estrategia estatal
de inclusión social. En el ámbito de la educación ya se han establecido
las estrategias y las leyes marco, pero su aplicación está pendiente. Se ha
avanzado algo en el ámbito de la cultura. Han proseguido los avances en
el ámbito de la investigación y los preparativos para la Unión por la
Innovación. También han avanzado las negociaciones de incorporación a la Organización
Mundial de Comercio.

Los avances han sido
escasos por lo que respecta al cumplimiento de las normas europeas en relación
con diversas políticas sectoriales. En cuanto a la industria y
las pequeñas y medianas empresas (PYME), todavía no se ha adoptado una
estrategia de desarrollo nacional que incluya elementos de política industrial
ni la nueva estrategia sobre PYME. Los avances han sido escasos en los ámbitos
de la agricultura y el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la
política veterinaria y fitosanitaria y la pesca. Sigue siendo esencial
fomentar una división clara de competencias, una coordinación más estrecha
entre el Estado y las Entidades en la incorporación del acervo en estos ámbitos
y la modernización de los centros productivos. La falta de avances incide
negativamente sobre el comercio de productos agrícolas, en particular con la
UE.

Los preparativos de Bosnia y Herzegovina en el ámbito del medio
ambiente siguen encontrándose en una fase preliminar. Es preciso establecer
un marco jurídico armonizado para la protección ambiental y capacidades
institucionales adecuadas. La capacidad administrativa es endeble y se ha de
reforzar la comunicación horizontal y vertical entre las diferentes
autoridades. En cuanto al cambio climático, la aprobación de una
estrategia nacional sobre el clima, la incorporación del acervo y el fomento de
la sensibilización siguen siendo cuestiones pendientes.

Los avances han sido escasos en el sector del transporte,
aunque cabe señalar una evolución positiva en cuanto a las redes
transeuropeas y el transporte aéreo. Todavía no se ha completado la adaptación
plena al acervo de la Ley sobre el transporte de mercancías peligrosas. La
mejora de la infraestructura de transporte sigue siendo una cuestión pendiente.
Los preparativos en el ámbito de la energía se encuentran aún en una
fase preliminar. Como parte del Tratado de la Comunidad de la Energía, Bosnia y
Herzegovina debe aplicar la legislación pertinente de la UE. Para garantizar la
seguridad del abastecimiento de electricidad, es preciso establecer y
garantizar el funcionamiento de una empresa nacional de transporte y adoptar
una estrategia energética integral.

Los avances también
han sido escasos en cuanto a la sociedad de información y los medios de
comunicación. Sigue sin haberse completado la armonización del marco
jurídico para la radiodifusión pública. Las constantes amenazas que pesan
contra la independencia de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones y los
servicios públicos de radiodifusión, las presiones políticas sobre los medios
de comunicación y la lentitud de la aplicación de la reforma de la
radiodifusión pública siguen siendo muy preocupantes.

Cabe señalar asimismo
escasos avances en el ámbito del control financiero. Aún esta pendiente
la aprobación y la aplicación de la legislación, y la junta de coordinación de
las unidades centrales de armonización debe retomar su labor. Es preciso
reforzar las capacidades de auditoría interna y la independencia de las
instituciones de auditoría externa. Se han logrado algunos avances en materia
de estadísticas. Se deben mejorar las de carácter sectorial, como la
contabilidad nacional y las estadísticas empresariales y agrícolas. También se
ha de intensificar la cooperación entre las instituciones estadísticas a nivel
del Estado y las Entidades y los demás organismos pertinentes a nivel estatal,
en particular de cara a la aplicación de la Ley sobre el censo de población y
vivienda.

Se han logrado
algunos avances en los distintos ámbitos relacionados con la justicia, la
libertad y la seguridad. Se han seguido abordando las prioridades en el
ámbito de la política de visados. Tanto el acuerdo de facilitación de la
expedición de visados entre la UE y Bosnia y Herzegovina como el acuerdo de
readmisión han seguido aplicándose sin problemas. En diciembre de 2010 comenzó
a aplicarse la exención del visado para los desplazamientos al espacio Schengen
de ciudadanos de Bosnia y Herzegovina titulares de pasaportes biométricos. En
el marco del mecanismo de supervisión establecido para el periodo posterior a
la liberalización del régimen de visados, Bosnia y Herzegovina ha adoptado
medidas específicas destinadas a mejorar la gestión de los flujos de
emigrantes. Sigue pendiente la puesta en práctica de algunas de las reformas
aprobadas incluidas en la hoja de ruta para la liberalización del régimen de
visados. En particular, urge abordar el establecimiento de un sistema eficaz
que permita el intercambio electrónico de datos entre los cuerpos de seguridad
y las fiscalías en todo el territorio de Bosnia y Herzegovina, así como el
establecimiento de una agencia anticorrupción plenamente operativa, dotada del
personal y los recursos financieros adecuados.

Los preparativos del
país en materia de gestión de fronteras, asilo y migración han avanzado.
El régimen de asilo y protección internacional, la supervisión de los flujos
migratorios y la cooperación entre los distintos organismos han seguido
mejorando. La infraestructura en algunos pasos fronterizos requiere mejoras adicionales.
Sigue pendiente la cuestión de los pasos fronterizos no autorizados con
Montenegro y con Serbia. Se han hecho algunos avances en la lucha contra el blanqueo
de dinero. La aplicación de la estrategia y del plan de acción para la
prevención de esa actividad sigue siendo limitada. En la lucha contra las drogas,
los avances han sido escasos. La ausencia de seguimiento judicial efectivo
entorpece la lucha contra el tráfico de drogas, que sigue constituyendo un
problema grave.

Los esfuerzo
desplegados por Bosnia y Herzegovina para incrementar la capacidad y la
eficacia de la policía han proseguido. La fragmentación de las fuerzas
policiales del país sigue minando la eficiencia de su labor, la cooperación y
el intercambio de información. La lucha contra la delincuencia organizada sigue
siendo insuficiente a causa de la falta de coordinación eficaz entre las
autoridades policiales y judiciales. La delincuencia organizada constituye
todavía un problema grave que afecta al Estado de Derecho y al entorno empresarial.
Es preciso intensificar la lucha contra la trata de seres humanos y
mejorar la identificación de las víctimas. Bosnia y Herzegovina ha hecho
algunos avances en la lucha contra el terrorismo. Aunque se ha restablecido el
Grupo Operativo Conjunto para luchar contra el terrorismo, la aplicación de la
estrategia de prevención y lucha contra el terrorismo sigue adoleciendo de
debilidad.

También han
proseguido los preparativos en el ámbito de la protección de los datos
personales, pero es preciso reforzar la garantía del cumplimiento de
la normativa y la independencia del organismo regulador. Es crucial que se
garantice de manera adecuada el funcionamiento de la protección de los datos
personales para que Bosnia y Herzegovina pueda celebrar acuerdos con Europol y
Eurojust.

Turquía

En mayo se puso en marcha el programa
positivo para apoyar y complementar las negociaciones de adhesión, mediante una
cooperación mejorada en varios ámbitos de interés conjunto: reformas políticas,
adecuación al acervo, diálogo sobre política exterior, visado, movilidad y
migración, comercio, energía, lucha contra el terrorismo y participación en los
programas comunitarios. Seis de los ocho grupos de trabajo que se han creado
para fomentar la adecuación con el acervo celebraron su primera reunión.

El trabajo sobre una nueva Constitución
comenzó a través de un proceso relativamente democrático y participativo. No
obstante, aumenta la preocupación por la falta de avances sustanciales de
Turquía hacia la plena aplicación de los criterios políticos. La situación
referente al respeto de los derechos fundamentales sigue siendo una fuente de
grave preocupación. Ello se debe, en particular, a la amplia aplicación del
marco jurídico sobre el terrorismo y la delincuencia organizada, que lleva a
continuas infracciones del derecho a la libertad y la seguridad, del derecho a
un juicio justo y de la libertad de expresión, reunión y asociación. Si bien
prosiguen los debates sobre temas considerados delicados, como la cuestión
armenia o el papel de los militares, las restricciones en la práctica de la
libertad de los medios de comunicación y los numerosos procesos de escritores y
periodistas siguen revistiendo importancia. Como consecuencia, la autocensura
se halla muy difundida.

Por lo que respecta a la democracia
y el Estado de Derecho, se han tomado medidas positivas en términos de
trabajo participativo sobre una nueva Constitución, pero en conjunto se ha
producido una continua falta de consultas en el proceso legislativo. Las
investigaciones sobre supuestos planes de golpes de Estado, que ofrecen una
oportunidad de reforzar la confianza en el adecuado funcionamiento de las
instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Turquía, han sido
eclipsadas por la preocupacion provocada por su amplio alcance y las
deficiencias de los procedimientos judiciales. El asunto kurdo sigue
constituyendo un desafío clave para la democracia turca; la apertura
democrática de 2009, cuyo objetivo era, entre otras cosas, atender a la
cuestión kurda, no llegó a término. El gobierno local del Sudeste sufrió la
detención de numerosos políticos locales. Hubo un considerable incremento de
los ataques terroristas del PKK.

Por lo que respecta a la reforma de la administración
pública, se han logrado avances en la reforma legislativa. La creación de
la institución del Defensor del Pueblo constituye un paso importante para
salvaguardar los derechos de los ciudadanos y garantizar la responsabilidad de
la administración pública. Se requiere un mayor apoyo político para la reforma
de la administración pública y no se han producido avances en la
descentralización administrativa.

La supervisión civil de las fuerzas de
seguridad se ha consolidado aún más. La introducción de una supervisión
parlamentaria del presupuesto de Defensa ha constituido un avance positivo,
pero su alcance sigue siendo limitado. El Estado Mayor se ha abstenido por lo
general de ejercer una presión directa o indirecta en las cuestiones políticas.
Se han tomado varias medidas simbólicas de cara a una mayor democratización de
las relaciones civiles-militares. Se requieren más reformas, particularmente
del sistema de justicia militar y la supervisión civil de la Gendarmería.

Se han realizado algunos avances en el
ámbito del poder judicial tras la adopción del tercer paquete de medidas
de reforma judicial, que introduce varias mejoras en el sistema turco de
justicia penal, incluida la disminución de restricciones a los medios de
comunicación por lo que respecta a la información sobre las investigaciones
penales y la supresión de la disposición por la que se permite al fiscal
prohibir determinadas publicaciones. Varios detenidos fueron liberados de la
prisión preventiva tras la entrada en vigor de los cambios jurídicos. No
obstante, las reformas jurídicas no han atendido a las deficiencias básicas que
constituyen el principal motivo de las continuas condenas de Turquía por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La incidencia y la duración de la prisión
preventiva siguen constituyendo una grave preocupación. Se requieren nuevas
medidas sobre la independencia, imparcialidad y eficiencia del poder judicial,
incluido el sistema de justicia penal y la considerable acumulación de graves
asuntos penales pendientes. Se requieren también nuevas medidas para
incrementar la tasa de participación de las mujeres en el poder judicial. La
estrategia de reforma judicial debe ser revisada con la participación de todos
los interesados, incluida la comunidad jurídica y la sociedad civil turcas.

Se han
efectuado avances limitados en la lucha contra la corrupción, con alguna
evolución en las inculpaciones y la transparencia de la financiación de los
partidos políticos. Debe incrementarse la transparencia de la financiación
política. El alcance general de las inmunidades sigue constituyendo una laguna
en este ámbito. Está por elaborar un historial de las investigaciones,
acusaciones o condenas relacionadas con los casos de corrupción. Hay
preocupación por la imparcialidad en el tratamiento de los casos de corrupción.
La aplicación de la Estrategia nacional de lucha contra la corrupción requiere
un mayor compromiso político.

Se han
efectuado avances desiguales en la lucha contra la delincuencia organizada.
Si bien Turquía es parte en los principales convenios internacionales, la falta
de una ley de protección de datos sigue limitando la cooperación de la policía
a nivel internacional y obstaculiza la celebración de un acuerdo de cooperación
operativo con Europol. El nombramiento de un funcionario de enlace en Europol
contribuiría a mejorar la cooperación bilateral. No se ha observado ningún
avance significativo en cuanto a la trata de seres humanos.

Por lo que
respecta a los derechos humanos y la protección de las minorías,
se requieren esfuerzos significativos en la mayor parte de los ámbitos, particularmente
la libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión y la libertad de
religión.

Aunque se han
logrado algunos avances respecto del cumplimiento de la legislación
internacional en materia de derechos humanos, siguen pendientes importantes
reformas para reforzar las estructuras de los derechos humanos, y el número de
procedimientos penales incoados contra los defensores de los derechos humanos
resulta preocupante.

Ha proseguido la tendencia a la baja en la
tortura y los malos tratos en los centros de detención. No obstante, el
excesivo uso de la fuerza sigue siendo preocupante, y se ha avanzado poco en la
lucha contra la impunidad. Hay una considerable acumulación de procedimientos
judiciales, dándose prioridad a las contraacusaciones efectuadas por las
fuerzas de seguridad.

Por lo que respecta a las prisiones,
el continuo aumento de la población carcelaria está llevando a un grave
hacinamiento, con un impacto significativo en las instalaciones sanitarias y la
condición física de los reclusos. Las condiciones de detención, particularmente
para los menores, siguen constituyendo un serio motivo de preocupación. Hace ya
mucho tiempo que se precisa una revisión del sistema de denuncias en las
prisiones. Los servicios médicos para los reclusos y las condiciones para la
detención de menores requieren esfuerzos especiales.

Se han efectuado avances limitados por lo
que respecta al acceso a la justicia. El alcance y la calidad de la
asistencia jurídica son inadecuados. No existe un mecanismo de supervisión
efectivo que pueda remediar esos problemas, que datan de antiguo.

Por lo que
respecta a la libertad de expresión, tras la adopción del tercer paquete
de medidas de reforma judicial han sido puestos en libertad varios periodistas
pendientes de juicio, se han suavizado las restricciones de los medios de
comunicación respecto a la información relativa a las investigaciones penales y
se ha prohibido el secuestro de obras escritas antes de su publicación. No
obstante, el incremento de las violaciones de la libertad de expresión causa
una seria preocupación, y en la práctica ha seguido limitándose la libertad de
los medios de comunicación. El marco jurídico, especialmente por lo que
respecta a la delincuencia organizada y el terrorismo, y su interpretación por
los tribunales, conducen a abusos. Ello, combinado con una elevada
concentración de los medios de comunicación en consorcios industriales con
intereses que van mucho más allá de la libre circulación de información e
ideas, ha llevado a la generalización de la autocensura. Los frecuentes cierres
de páginas web causan una seria preocupación y es necesario revisar la
legislación sobre Internet.

Por lo que
respecta a la libertad de reunión y asociación, aunque las
manifestaciones del 1 de mayo y las actividades como el «Día de conmemoración
del genocidio armenio» se celebraron en un ambiente pacífico, se produjeron
casos de violencia y uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas
de seguridad durante las manifestaciones que no habían recibido autorización
previa. Ello se produjo de manera especial, pero no únicamente, con ocasión de
las manifestaciones relacionadas con la cuestión kurda. El derecho
constitucional de libertad de reunión y asociación se interpreta a veces de
manera excesivamente restrictiva. Debe revisarse la Ley de manifestaciones y
reuniones, y deben investigarse y, en su caso, enjuiciarse las alegaciones
relativas al uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad. Las normas
para la movilización de fondos siguen siendo restrictivas y discrecionales. No
se han producido avances en lo tocante a la legislación sobre partidos
políticos.

Ha habido
avances limitados en relación con la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión. Se han registrado algunos avances en cuanto a la objeción de
conciencia en términos de aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. Ha continuado el diálogo con las comunidades religiosas no
musulmanas. No obstante, las personas con creencias religiosas minoritarias o
sin creencias religiosas han sido objeto de amenazas por parte de los
extremistas. Está todavía por crear un marco jurídico que se atenga a la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a fin de que todas las
comunidades religiosas no musulmanas y la comunidad aleví puedan funcionar sin
restricciones indebidas.

En términos jurídicos, ha habido avances
en relación con el respeto de los derechos de la mujer y la igualdad de los
sexos. El Gobierno ha establecido un plan de acción para atender a las
cuestiones planteadas en el informe del Parlamento Europeo «Perspectivas para
las mujeres en Turquía de cara a 2020». La Ley sobre protección de la familia y
prevención de la violencia contra las mujeres tiene por objetivo proteger de la
violencia a los miembros de la familia y a quienes mantienen relaciones
extramatrimoniales. Los procedimientos previstos en casos de emergencia son
generalmente positivos, como lo ha sido el ejercicio de consulta exhaustiva
emprendido por las autoridades con la sociedad civil. También se requieren
considerables esfuerzos para llevar a la realidad política, social y económica
esta nueva ley, junto con la legislación ya existente. La legislación debe
aplicarse coherentemente en todo el país. Son necesarias una mayor implicación
y participación de las mujeres en el empleo, la elaboración de políticas y la
política. Se ha adoptado una Ley de cesáreas con insuficiente preparación y
consulta con la sociedad civil. El debate que precedió a esta Ley y un debate
similar sobre el aborto se han caracterizado por una actitud polarizadora. La
cuestión de los matrimonios precoces y forzados sigue causando una seria
preocupación.

Por lo que se refiere a los derechos
de los menores, se requieren esfuerzos en todos los ámbitos, incluida la
educación, la lucha contra el trabajo infantil, la salud, la capacidad
administrativa y la coordinación. En general, deben tomarse más medidas
preventivas y de rehabilitación respecto a los menores. La detención de los
menores no se produce en condiciones apropiadas y deben crearse tribunales de
menores adicionales con arreglo a la legislación vigente.

Por
lo que respecta a las personas socialmente vulnerables y/o las personas con
discapacidades, aún se requieren nuevas medidas para incrementar la participación
de esas personas en la vida social y económica.

Se requieren nuevos esfuerzos en la lucha
contra la discriminación. No existe una legislación antidiscriminación
exhaustiva y todavía se requieren esfuerzos considerables por parte del
Gobierno para proteger de manera efectiva a la población vulnerable, incluidas
las mujeres, niños, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales frente a las
injurias, la discriminación y la violencia de la sociedad.

Por
lo que respecta a los derechos de propiedad, ha habido avances con la
adopción de legislación que modifica la Ley de fundaciones. Prosigue la
aplicación. No obstante, la legislación existente todavía no contempla las
fundaciones fusionadas, es decir, las fundaciones cuya gestión ha sido asumida
por la Dirección General de Fundaciones, o las propiedades confiscadas a las
fundaciones alevíes. Causan preocupación los procedimientos en curso, algunos
de los cuales fueron iniciados por el Gobierno contra el monasterio sirio
ortodoxo de Mor Gabriel. Turquía debe garantizar el pleno respeto de los
derechos de propiedad de todas las comunidades religiosas no musulmanas y
demás.

El
enfoque de Turquía por lo que respecta a las minorías sigue siendo
restrictivo, aunque por primera vez se ha invitado a representantes de los
grupos minoritarios, no limitados a las minorías oficialmente reconocidas por
Turquía, a acudir al Parlamento para expresar su opinión sobre una nueva
Constitución. Todavía está por conseguir el pleno respeto y la protección de la
lengua, la cultura y los derechos fundamentales de conformidad con las normas
europeas. Turquía debe adoptar un enfoque global y hacer nuevos esfuerzos para
mejorar la tolerancia y la seguridad y promover la integración respecto de las
minorías. Debe revisarse la legislación existente, debe introducirse una
legislación exhaustiva que combata la discriminación y deben crearse mecanismos
de protección u organismos específicos para combatir el racismo, la xenofobia,
el antisemitismo y la intolerancia. Deben aplicarse los pactos y convenios
pertinentes.

Turquíaha efectuado avances en relación
con los derechos culturales, y se han registrado menos restricciones
sobre el uso del kurdo en las prisiones durante las visitas e intercambios de
cartas. No obstante, la legislación sigue restringiendo el uso de lenguas
distintas del turco, incluida la Constitución y la Ley de partidos políticos.
El poder judicial ha tomado igualmente varias decisiones restrictivas sobre el
uso de lenguas distintas del turco, incluido el kurdo, en los procedimientos
judiciales relativos a los políticos y defensores de los derechos humanos de
origen kurdo.

Ha habido algunos avances, pero se
requiere un enfoque sistemático para atender a los problemas de los gitanos.
Debe establecerse una estrategia exhaustiva y esta cuestión debe reflejarse e
incorporarse a los principales documentos estratégicos. Hay una carencia de
datos cuantitativos sobre la situación de los gitanos, que impide la
elaboración de políticas con conocimiento de causa.

Por lo que respecta al Este y el
Sudeste, ha habido un considerable debate sobre la cuestión kurda, pero no
se ha avanzado hacia una solución. Los ataques terroristas se han
intensificado, así como las operaciones militares. Todos los ataques
terroristas han sido condenados por la UE. La detención de políticos electos y
defensores de los derechos humanos resulta preocupante. En incidentes como la
matanza de civiles en Uludere, los llamamientos a las autoridades para que
realizaran una efectiva y rápida investigación y una encuesta pública
transparente no han obtenido respuesta. La verdad sobre las ejecuciones
sumarias y la tortura en el Sudeste durante las décadas de los ochenta y los
noventa está todavía por determinar con arreglo a los cauces jurídicos
adecuados. La fecha límite del estatuto de las limitaciones pondrá próximamente
punto final a las investigaciones judiciales sobre los delitos pasados, sin que
se haya obtenido ningún resultado. Las minas terrestres y el sistema de
vigilancia local siguen preocupando.

Ha continuado
el proceso de compensar a los desplazados internos, pero la efectividad
del sistema está todavía por evaluar. Por lo que respecta a los refugiados y
los solicitantes de asilo, cabe señalar algunas mejoras en las condiciones de
detención en los centros de internamiento. Sin embargo, no existe todavía una
estrategia nacional que permita atender mejor a las necesidades de los
desplazados internos ni un marco jurídico global para los refugiados y los
solicitantes de asilo. Se requieren nuevas mejoras en las prácticas de
detención y deportación.

Por lo que
respecta a las cuestiones regionales y las obligaciones internacionales,
Turquía ha reiterado su apoyo a las negociaciones entre los líderes de las dos
comunidades bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas
destinadas a alcanzar una solución global para el problema de Chipre. Pese a
los repetidos llamamientos del Consejo y la Comisión, Turquía no ha cumplido
aún su obligación de aplicar plenamente y de manera no discriminatoria el
Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación y no ha suprimido todos los
obstáculos a la libre circulación de mercancías, tal como se expone en la
Declaración de la Comunidad Europea y sus Estados miembros de 21 de septiembre
de 2005 y en las Conclusiones del Consejo, incluidas las Conclusiones de
diciembre de 2006 y de diciembre de 2010. No se han producido avances de cara a
la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre. Por
otra parte, Turquía ha decidido bloquear sus relaciones con la Presidencia
chipriota de la UE durante el segundo semestre de 2012, entre otras cosas
absteniéndose de asistir a las reuniones presididas por la Presidencia
chipriota de la UE. El Consejo Europeo ha expresado su grave preocupación
respecto de las declaraciones y amenazas turcas y ha instado a que se respetara
plenamente el papel de la Presidencia del Consejo, que constituye una
característica institucional fundamental de la UE establecida en el Tratado.
Turquía ha seguido realizando declaraciones en contra de las operaciones de
perforación efectuadas por la República de Chipre y amenazando con tomar
represalias contra las empresas petroleras que participaran en los sondeos
chipriotas. La UE ha recalcado los derechos soberanos de todos los Estados
miembros de la UE, que incluyen, entre otros, la celebración de acuerdos
bilaterales y la exploración y explotación de sus recursos naturales, de
conformidad con el acervo de la UE y el Derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Tras la
última ronda de conversaciones exploratorias de julio de 2011, se están
llevando a cabo conversaciones entre Grecia y Turquía para fijar una fecha para
la próxima ronda. Grecia y Chipre efectuaron numerosas denuncias oficiales en
relación con las continuas violaciones de sus aguas y espacio aéreo
territoriales, incluidos los vuelos sobre las islas griegas.

Por lo que respecta a la cooperación
regional, Turquía sigue participando en las iniciativas regionales,
incluido el Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental (PCES) y el Consejo de
Cooperación Regional (CCR). Turquía apoya la integración europea de todos los
países de la región y ha intensificado los contactos con los Balcanes
Occidentales, manifestando un firme compromiso de promover la paz y la
estabilidad. Las relaciones con Bulgaria, Estado miembro de la UE vecino de
Turquía, siguieron siendo positivas.

La economía
de Turquía ha seguido experimentando un fuerte crecimiento, cosechando así los
frutos de las políticas de estabilidad y crecimiento ejecutadas durante la
mayor parte de la década anterior. Desde mediados de 2011, el ritmo de
crecimiento ha ido disminuyendo gradualmente como consecuencia del
estancamiento de la demanda interior, acompañado por una mejora de las balanzas
comercial y por cuenta corriente. No obstante, los desequilibrios exteriores,
todavía considerables, y las significativas tensiones inflacionistas siguen
amenazando la estabilidad macroeconómica.

Por lo que respecta a los criterios
económicos, Turquía es una economía de mercado en funcionamiento. Deberá
poder hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado de la
Unión a medio plazo, siempre que acelere la ejecución de su programa de reforma
estructural global.

En 2011, la economía turca creció un
8,5 %, lo que supuso una ligera disminución frente al 9,2 % de 2010.
El crecimiento fue impulsado en gran medida por la demanda interior,
particularmente la procedente del sector privado. En el primer semestre de 2012
se observó una importante desaceleración del crecimiento, hasta un 3,1 %
interanual. El estancamiento de la demanda interior va acompañado por una
mejora de los déficits comercial y por cuenta corriente, si bien a partir de
niveles muy altos (10 % del PIB en 2011). La enérgica expansión económica
también ha hecho posible un fuerte crecimiento del empleo y un descenso del
desempleo, desde aproximadamente un 11 % a mediados de 2011 hasta menos
del 9 % un año después. La política monetaria ha resultado más eficaz y ha
logrado contener el crecimiento del crédito y reducir el déficit por cuenta corriente. La
situación presupuestaria en 2011 fue mejor de lo previsto y la deuda pública
bajó hasta aproximadamente el 39 % del PIB a mediados de 2012. Las
reformas y el incremento del gasto en educación han producido cierto impacto
positivo en el grado de instrucción y los índices de escolarización.

Al mismo tiempo, el escenario de
«aterrizaje suave» se ve amenazado por episodios de incertidumbre financiera y
por el sentimiento de riesgo mundial, y puede que deban tomarse más medidas
para coordinar mejor la combinación de políticas. El actual déficit por cuenta
corriente sigue siendo considerable. La inflación ha disminuido, pero sigue
siendo alta. Estos desequilibrios indican problemas de competitividad y una
falta de ahorro nacional, y requieren nuevas reformas estructurales. No se han
hecho esfuerzos por incrementar la transparencia fiscal y asentar mejor la política
fiscal, lo que también contribuiría a mejorar la credibilidad de Turquía en los
mercados. La salida del mercado sigue siendo costosa y lenta y los
procedimientos de quiebra siguen siendo relativamente complicados. Para mejorar
la competitividad empresarial, la Ley de ayudas estatales debería aplicarse
plenamente. Aunque se produjeron algunas mejoras en el capital humano del país,
las mejoras del capital físico han sido escasas.

Turquía ha seguido mejorando su capacidad
para asumir las obligaciones de la adhesión. Se ha avanzado en la mayoría
de los ámbitos, particularmente en el Derecho de sociedades, las estadísticas,
la ciencia y la investigación y el acervo de la Unión Aduanera. Deben seguir
realizándose esfuerzos de cara a una mayor armonización en la mayoría de los
campos. La capacidad administrativa para hacer frente al acervo en términos de
efectividad y eficiencia también debe reforzarse en ciertos ámbitos. Los
esfuerzos relativos a la armonización han sido supervisados por los organismos
creados por el Acuerdo de Asociación y por los grupos de trabajo creados en el
contexto del programa positivo.

Se han efectuado algunos avances en el
ámbito de la libre circulación de bienes. Turquía ha introducido el
principio de reconocimiento mutuo en su ordenamiento jurídico por lo que
respecta al ámbito no armonizado. Turquía se ha convertido en miembro de pleno
derecho del CEN y el CENELEC. No obstante, siguen existiendo obstáculos
técnicos al comercio, que impiden la libre circulación de bienes en algunas
zonas, violando las obligaciones de Turquía con arreglo a la Unión Aduanera. La
armonización en este ámbito está en una fase avanzada. Ha habido escasos
avances en el ámbito de la libre circulación de los trabajadores.
Turquía ha incrementado su capacidad con vistas a la futura participación en el
EURES y la coordinación de los sistemas de seguridad social. Se han iniciado
los preparativos en este ámbito. Se han señalado avances muy escasos por lo que
respecta al derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios
y se requieren más esfuerzos en este ámbito. En conjunto, la armonización se
halla en una fase inicial. Ha habido avances limitados en relación con la libre
circulación de capitales. Siguen existiendo restricciones de la circulación
de capitales en varios sectores. Debe mejorarse la capacidad de ejecución en la
lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se
requieren nuevos esfuerzos de cara a la armonización con el acervo y las
recomendaciones del GAFI. Los preparativos en este ámbito se hallan todavía en
una fase inicial.

Cabe señalar avances limitados en el
ámbito de la contratación pública. Se han creado las instituciones y ha
mejorado la capacidad administrativa. Debe adoptarse el proyecto de estrategia
de armonización, que incluye un plan de acción acotado en el tiempo. Turquía
debe abolir los supuestos de inaplicación que no se atengan al acervo y seguir
armonizando su legislación, particularmente por lo que respecta a los servicios
públicos, las concesiones y la colaboración público-privada. La organización
del sistema de recursos está todavía por revisar. Los preparativos en este
ámbito se hallan en una fase moderadamente avanzada. Se han efectuado notables
avances por lo que respecta al Derecho de sociedades. El marco jurídico
e institucional ha mejorado con el establecimiento de la Autoridad en materia
de normas contables y de auditoría de Turquía. No obstante, la capacidad de los
tribunales mercantiles y las organizaciones empresariales debe reforzarse para
atenerse al nuevo Código de comercio turco. En conjunto, Turquía se halla en
una fase avanzada en este ámbito. Cabe señalar algunos avances en el ámbito de
la Ley de propiedad intelectual. Deben adoptarse leyes actualizadas que
se atengan al acervo. Es esencial incrementar la capacidad del poder judicial y
de la administración aduanera con vistas a una aplicación más efectiva de los
DPI. También debe mejorarse la lucha contra las mercancías falsificadas. Es
esencial lograr una coordinación y una cooperación más estrechas entre los
agentes de DPI y los organismos públicos, así como realizar campañas de
sensibilización general sobre los riesgos de las infracciones de los DPI.
Turquía solo se atiene parcialmente a las prioridades en este ámbito.

Cabe señalar avances limitados en
relación con la política de competencia. Turquía ha aplicado de manera
efectiva las normas de defensa de la competencia y en materia de
concentraciones. No obstante, preocupa la reciente evolución jurídica por lo
que respecta a la capacidad de la Autoridad de competencia para seguir actuando
con independencia. No se ha avanzado en el ámbito de la ayuda estatal, y varias
prácticas existentes de ayuda estatal contravienen las normas de la Unión
Aduanera. La Ley de ayuda estatal sigue siendo ineficaz a falta de legislación
de aplicación. La armonización en el ámbito de las concentraciones se halla en
una fase avanzada. En el campo de las ayudas estatales, el país no está aún
suficientemente preparado.

Ha habido
algunos avances en el ámbito de los servicios financieros. Las normas de
Basilea II se han vuelto obligatorias para el sector bancario. Se requieren más
esfuerzos, particularmente en los ámbitos de los mercados de valores y los
servicios de inversión, así como en el sector de los seguros. Los preparativos
en este ámbito prosiguen a buen ritmo. Cabe señalar avances en el ámbito de la
sociedad de la información y los medios de comunicación. No obstante, la
armonización con el marco de la UE sobre comunicaciones electrónicas sigue
siendo limitada, particularmente por lo que respecta a la autorización y el
acceso al mercado. Se requiere continuar los esfuerzos para seguir armonizando
la legislación sobre servicios de la sociedad de la información. Preocupan las
disposiciones de contenidos de Internet que podrían limitar la libertad de
expresión, así como una interpretación demasiado amplia de ciertas
disposiciones jurídicas, especialmente por lo que respecta a las sanciones
contra los organismos de radiodifusión. Los preparativos en este ámbito están
avanzando moderadamente.

Se han
efectuado avances limitados con respecto a la armonización en el ámbito del desarrollo
agrícola y rural. Se han incrementado las capacidades relativas a las
estadísticas agrícolas y la Red
de Información Contable Agrícola. Ha mejorado la ejecución del programa de
desarrollo rural preadhesión, pero se requieren esfuerzos intensivos para
conseguir una absorción adecuada de los fondos. La prohibición de facto
de las importaciones de bovinos vivos, la carne de vacuno y los productos
derivados no ha sido levantada enteramente y ya no existen estrategias para la
reorientación del apoyo a la agricultura ni para las estadísticas agrícolas.
Los preparativos en este ámbito no se hallan muy avanzados. Se han efectuado
algunos avances en el campo de la seguridad alimentaria y la política
veterinaria y fitosanitaria. Se requieren nuevos esfuerzos para avanzar
hacia la plena armonización con el acervo. Se necesitan esfuerzos
significativos por lo que respecta a la modernización de los establecimientos
agroalimentarios con arreglo a las normas de la UE, el control de los
desplazamientos de los animales, la sanidad animal, especialmente la lucha
contra la fiebre aftosa, y los subproductos animales. Los preparativos en este
ámbito se hallan en una fase inicial. Cabe señalar algunos avances en la pesca,
particularmente por lo que respecta a la capacidad administrativa, la gestión,
inspección y control de los recursos y de las flotas, y los acuerdos
internacionales. No obstante, se requieren esfuerzos adicionales en relación
con la armonización legislativa, la acción estructural, la política de mercados
y las ayudas estatales. La armonización en este ámbito no se halla muy
avanzada.

Hay algunos
avances en la armonización del sector del transporte, que, en términos
generales, se halla moderadamente avanzada. Turquía debe armonizar su
legislación con los recientes paquetes de medidas legislativas de la UE en
materia de transporte marítimo y por ferrocarril. Se requieren nuevos esfuerzos
en los ámbitos de los recursos humanos y la capacidad técnica para aplicar el
acervo, especialmente en los ámbitos de las mercancías peligrosas y de la
preparación en caso de emergencia en el transporte marítimo. La falta de
comunicación entre los centros de control del tráfico aéreo de Turquía y la
República de Chipre está comprometiendo gravemente la seguridad aérea.

Cabe señalar
algunos avances en el sector de la energía, especialmente por lo que
respecta a la energía renovable y a la eficiencia energética. Se requieren
nuevos esfuerzos en los ámbitos del gas natural, la seguridad nuclear y la
protección contra las radiaciones, incluida la gestión responsable del
combustible gastado y los residuos radiactivos. La competencia sigue siendo
limitada en el sector del gas. El funcionamiento del mecanismo de fijación de
precios basado en los costes debe mejorarse en el mercado de la electricidad y
debe establecerse en los mercados del gas. Deben reforzarse la independencia y
la capacidad institucional de la Autoridad de reglamentación. En conjunto,
Turquía se halla en una fase moderadamente avanzada de armonización.

Por lo que
respecta a la fiscalidad, se han efectuado avances limitados en la
armonización legislativa. Se han tomado medidas positivas de cara a eliminar
las prácticas discriminatorias en la imposición del tabaco y en la cooperación
administrativa y la capacidad operativa. No obstante, siguen existiendo
discrepancias con el acervo. Se requieren nuevos esfuerzos por lo que respecta
a los impuestos especiales sobre las bebidas
alcohólicas para atenerse al Plan de Acción, reduciendo las diferencias entre
los productos importados y nacionales. La eliminación gradual de las prácticas
discriminatorias es esencial para efectuar nuevos avances. No cabe señalar ningún
avance en la imposición directa. En conjunto, la armonización en este ámbito se
halla moderadamente avanzada.

Se han
producido algunos avances en la política económica y monetaria. El Banco
Central ha empleado activamente diferentes instrumentos para garantizar la
estabilidad de los precios y la estabilidad financiera, aunque con resultados
desiguales. La armonización con el acervo sigue siendo incompleta,
particularmente por lo que respecta a la plena independencia del Banco Central
y la prohibición de acceso privilegiado del sector público a las instituciones
financieras. La capacidad de formulación y coordinación de políticas económicas
es adecuada. En conjunto, el nivel de preparación de Turquía es avanzado.

Se han
logrado notables avances en el ámbito de las estadísticas,
particularmente en las clasificaciones y registros, en las estadísticas
demográficas y en otras estadísticas sectoriales. Se requieren nuevos avances,
especialmente en la contabilidad nacional, las estadísticas empresariales y las
estadísticas agrícolas. Hay un buen nivel global de armonización con el acervo.

Se han conseguido algunos avances, aunque
desiguales, en el campo de la política social y el empleo,
particularmente mejorando la capacidad administrativa, ampliando la cobertura
de la seguridad social y adoptando nueva legislación sobre salud y seguridad en
el trabajo, y legislación sindical para los funcionarios públicos. No obstante,
los derechos sindicales de los trabajadores y los funcionarios públicos no se
atienen todavía a las normas de la UE y la OIT. Se requieren nuevos esfuerzos
para crear un marco estratégico claro sobre la reducción de la pobreza, reducir
la segmentación del mercado laboral, luchar contra el trabajo no declarado e
incrementar las tasas de empleo de las mujeres y los discapacitados. En
conjunto, la armonización jurídica se halla moderadamente avanzada.

Turquía ha avanzado en el ámbito de los
principios e instrumentos de la política empresarial e industrial y en
la adopción de estrategias sectoriales. Turquía posee un nivel suficiente de
armonización en este ámbito.

Turquía ha efectuado algunos avances en
el ámbito de las redes transeuropeas, en las que la armonización se
halla en una fase avanzada. Cabe señalar algunos avances en las redes de
transporte y energía eléctrica. Deben continuar los esfuerzos por lo que
respecta a las interconexiones de gas y la ejecución del Corredor de Gas
Meridional.

Se han efectuado algunos avances en el
campo de la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales.
Se ha reforzado el marco institucional para la ejecución de los componentes de
desarrollo regional del IPA y el desarrollo de los recursos humanos, y las
estructuras operativas para la competitividad regional, el medio ambiente y el
desarrollo de los recursos humanos han obtenido acreditación para la
licitación, la contratación y las funciones de gestión financiera. No obstante,
todavía se requiere un mayor refuerzo de la capacidad administrativa de las
instituciones del IPA. Los preparativos en este ámbito no se hallan en una fase
muy avanzada.

Se han logrado algunos avances en el
ámbito del poder judicial tras la adopción del tercer paquete de medidas
de reforma judicial, que introduce varias mejoras en el sistema de justicia
penal turco. No obstante, se requieren nuevos esfuerzos por lo que respecta a
la independencia, imparcialidad y eficiencia del poder judicial, incluido el
sistema de justicia penal y la gran acumulación de casos penales graves. La
tasa de participación de las mujeres en el poder judicial debe mejorar. Se han
logrado avances limitados en la lucha contra la corrupción, particularmente por
lo que respecta a las inculpaciones y la transparencia de la financiación de
los partidos políticos. La ejecución de la Estrategia nacional de lucha contra
la corrupción requiere un mayor compromiso político. La situación por lo que se
refiere al respeto de los derechos fundamentales sigue causando una
grave preocupación, particularmente debido a la amplia aplicación del marco
jurídico relativo al terrorismo y a la delincuencia organizada, que lleva a
repetidas infracciones del derecho a la libertad y la seguridad, del derecho a
un juicio justo y de la libertad de expresión, reunión y asociación.

Cabe señalar avances limitados en el
campo de la justicia, la libertad y la seguridad. Turquía está
suministrando con éxito asistencia humanitaria a los refugiados sirios; no
obstante, su sistema de asilo está lejos de ajustarse a las normas de la UE.
Turquía debe incrementar su capacidad para evitar la migración irregular. La
rápida celebración y la efectiva aplicación del Acuerdo de readmisión
UE-Turquía, rubricado en junio, así como la plena ejecución de las actuales
obligaciones de readmisión, son de crucial importancia. La adopción de la Ley de
extranjería y protección internacional, así como las reformas de la gestión
fronteriza, siguen constituyendo también una prioridad. Solo cabe señalar
avances limitados en la armonización de la legislación sobre visados. La falta
de una legislación adecuada sobre protección de datos impide los avances en
este ámbito. Se requieren reformas en el ámbito de la lucha contra el
terrorismo y la delincuencia organizada. En conjunto, la armonización se halla
en una fase inicial en este ámbito.

Se han
efectuado notables avances en el campo de la ciencia y la investigación.
Turquía ha tomado medidas para reforzar aún más su capacidad y su integración
en el Espacio Europeo de Investigación. La participación y el índice de éxito
de Turquía en el Programa Marco de investigación de la UE (FP7) se han
incrementado, pero se requieren más esfuerzos para reforzar la calidad de las
observaciones y mejorar la calidad de los investigadores. En conjunto, Turquía
está bien preparada en este ámbito.

Se han
logrado algunos avances en el ámbito de la educación y la cultura. Ha
seguido creciendo el interés popular por los programas de la UE. Turquía ha
ampliado su enseñanza obligatoria de ocho a doce años. Ha habido escasos
avances en el ámbito de la cultura, y ningún avance en la armonización
legislativa. En conjunto, Turquía ha avanzado moderadamente en este ámbito.

Se han
producido avances desiguales de cara a una mayor armonización en el ámbito del medio
ambiente y el cambio climático. Turquía ha efectuado notables avances en
relación con los recursos hídricos, ha habido algunos avances en la gestión de
los residuos y la contaminación industrial, y se han producido avances
limitados en la calidad del aire y la protección de la Naturaleza. Apenas ha
habido avances en la legislación medioambiental horizontal y no ha habido
ningún avance en la protección de la Naturaleza y los productos químicos. Debe
prestarse especial atención a la sostenibilidad de las zonas protegidas
existentes y los espacios Natura 200 potenciales. Por lo que respecta al cambio
climático, todavía está por establecer y ejecutar una política climática más
ambiciosa y coordinada, tanto a nivel nacional como internacional. No ha habido
más avances en relación con la capacidad administrativa. La agenda
medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Urbanización debe reforzarse,
así como la coordinación y la cooperación entre las autoridades pertinentes a
todos los niveles. Los preparativos en este ámbito se hallan en una fase
inicial.

Cabe señalar
algunos avances en la protección de los consumidores y de la salud. La
legislación clave relativa a la protección de los consumidores está todavía por
adoptar y el movimiento de los consumidores sigue siendo escaso. Turquía ha
creado nuevas estructuras administrativas en el campo de la salud pública. Su
funcionamiento debe ser supervisado estrechamente. En conjunto, los
preparativos en este ámbito prosiguen a buen ritmo.

Ha habido
notables avances en el campo de la unión aduanera. La Unión Aduanera
UE-Turquía ha permitido a Turquía alcanzar un alto nivel de armonización con el
acervo en este ámbito. Se requiere más armonización en relación con las
reducciones arancelarias, las zonas francas, la vigilancia, los contingentes
arancelarios y los DPI. Deben proseguir los preparativos en el ámbito de los
sistemas TI aduaneros. Se requieren esfuerzos adicionales para mejorar los
controles basados en el riesgo y los procedimientos simplificados para
facilitar el comercio legítimo, garantizando al mismo tiempo la seguridad y la
protección. Se han logrado algunos avances en las relaciones exteriores.
Se requiere más armonización en ámbitos como el sistema general de preferencias
y el control de los productos de doble uso. Causa preocupación la utilización
intensiva de las medidas de salvaguardia. En conjunto, el nivel de armonización
en este ámbito sigue siendo alto.

El diálogo
político con la UE sobre política exterior y de seguridad se ha
intensificado considerablemente, dado el influyente papel regional de Turquía
en el apoyo a la seguridad, la transición económica y la reforma democrática,
también respecto de los recientes acontecimientos de África del Norte. Turquía
ha condenado enérgica y repetidamente la violencia del régimen sirio contra los
civiles, ha mantenido una política de apertura de fronteras con Siria y
suministra ayuda humanitaria a casi 100 000 refugiados sirios. Durante el
período objeto de la información, la armonización de Turquía con las
declaraciones de la PESC ha seguido siendo escasa en comparación con períodos anteriores.
No ha habido avances en la normalización de las relaciones con Armenia. Las
relaciones diplomáticas con Israel siguieron siendo poco satisfactorias. En
conjunto, los preparativos en el ámbito de la política exterior, de seguridad y
de defensa han avanzado moderadamente.

Cabe señalar
algunos avances en el ámbito del control financiero, particularmente por
lo que se refiere a la protección del euro. Todavía se requieren esfuerzos
adicionales, especialmente por lo que respecta al alcance de la próxima revisión
del documento estratégico sobre control financiero interno público, el refuerzo
de la función de auditoría interna en la administración pública y el refuerzo
del Servicio turco de coordinación de lucha contra el fraude. Las recientes
modificaciones de la Ley del Tribunal de Cuentas ponen en peligro los
anteriores avances en el ámbito de la auditoría externa. En conjunto, los
preparativos en este ámbito han avanzado moderadamente.

No se han producido avances particulares
en el ámbito de las disposiciones financieras y presupuestarias, cuyos
preparativos se hallan en una fase inicial. Deberán establecerse a su debido
tiempo unas estructuras de coordinación, una capacidad administrativa y unas
normas de ejecución adecuadas.

Islandia

Islandia sigue cumpliendo los criterios
políticos. Islandia es una democracia que funciona adecuadamente y está
dotada de sólidas instituciones y tradiciones de representatividad democrática
de honda raigambre. El sistema judicial del país posee un alto nivel, e
Islandia garantiza el continuo refuerzo de su ya elevado nivel de protección de
los derechos fundamentales.

Las propuestas del Consejo constitucional
sobre la reforma de la Constitución están siendo revisadas por el Parlamento.
Tras las conclusiones del Comité Especial de Investigación se han tomado varias
medidas con vistas a incrementar la eficiencia de la administración pública. En
junio de 2012 se celebraron elecciones presidenciales, y el Presidente en
ejercicio fue elegido para un quinto mandato.

La Oficina del Fiscal Especial ha seguido
trabajando eficazmente en los asuntos relacionados con la crisis bancaria de
2008. En abril de 2012, el Tribunal de revocación declaró al anterior Primer
Ministro en la época de la crisis financiera culpable de una de las cuatro acusaciones
formuladas contra él, a saber, que no había celebrado Consejos de Ministros
específicos antes de la crisis.

Cabe señalar avances de cara a seguir
reforzando el marco anticorrupción. Por lo que respecta a los conflictos de
intereses, en la primavera de 2012 se estableció un código de conducta para el
personal del Gobierno central. Todavía deben establecerse códigos de conducta
para los funcionarios en general y para los asesores políticos.

Islandia sigue salvaguardando los
derechos fundamentales, incluidos los derechos económicos y sociales. Todavía
deben ratificarse la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, el Convenio del Consejo de Europa sobre la
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia
doméstica y el Convenio Marco sobre la Protección de las Minorías Nacionales
del Consejo de Europa.

Tras una larga y grave recesión, la economía
islandesa empezó a recuperarse en 2011, creció un 2,6 % ese mismo año y
siguió creciendo a un ritmo similar en el primer semestre de 2012. Las
autoridades han proseguido la reestructuración de la deuda nacional, la
estabilización del sector financiero y la consolidación fiscal. En mayo de 2012
se vendió a los inversores extranjeros un segundo bono internacional
post-crisis de mil millones USD a un tipo de interés del 6 %. Las tres
principales agencias de calificación crediticia han vuelto a conceder a
Islandia el grado de inversión. Con todo, los frágiles balances de los sectores
financieros y no financieros siguen suponiendo considerables riesgos para la
estabilidad económica y financiera. La supresión de las restricciones de
capital sigue constituyendo un desafío estratégico clave.

Por lo que respecta a los criterios
económicos, Islandia puede considerarse una economía de mercado en
funcionamiento. No obstante, las deficiencias del sector financiero y las
restricciones a la circulación de capitales siguen impidiendo una efectiva
asignación de recursos. Islandia debería poder hacer frente a las presiones
competitivas y las fuerzas del mercado de la Unión a medio plazo, siempre que
siga atendiendo a las actuales deficiencias estructurales mediante políticas
macroeconómicas y reformas estructurales apropiadas.

La combinación de políticas, muy centrada
en la estabilización de los tipos de cambio, la consolidación fiscal y la
reestructuración de la deuda nacional, ha ayudado a restablecer un grado más
elevado de estabilidad macroeconómica. La política monetaria se ha reforzado
como reacción a la creciente inflación y se ha mantenido globalmente la
estabilidad de los tipos de cambio. Ha proseguido la consolidación fiscal con
medidas adicionales de ingresos y gastos en los presupuestos para 2011 y 2012.
Se han tomado medidas para reducir los riesgos de refinanciación del Gobierno
general y reforzar las finanzas de los Gobiernos locales. Se ha mantenido un
excedente comercial y una cuenta corriente subyacente más o menos equilibrada.
Un descenso de la tasa de desempleo y el reciente crecimiento del empleo sugieren
que las condiciones del mercado laboral han mejorado un tanto. El país posee
una buena infraestructura básica, abundantes recursos naturales y un mercado
laboral flexible con elevados porcentajes de participación.

No obstante, la vulnerabilidad macrofinanciera
sigue siendo considerable. La inflación anual se ha mantenido por encima de los
objetivos y las expectativas de inflación son elevadas. El mantenimiento de la
estabilidad de los tipos de cambio sigue constituyendo un desafío. Persisten
los riesgos fiscales. Los niveles de deuda pública y privada siguen siendo
altos, incluso después de la reestructuración de la deuda. Los hogares y las
empresas siguen enfrentándose a considerables problemas. La calidad de los
activos bancarios está sujeta a una considerable incertidumbre y los impagos
siguen siendo frecuentes. El desempleo sigue girando en torno al 7 %, lo
que se aproxima a niveles sin precedentes para el país. Afecta particularmente
a los jóvenes e incluye un elevado porcentaje de desempleados a largo plazo. La
estabilización macroeconómica se produce en una situación de protección
temporal debida a restricciones de la cuenta de capital, que tendrán que
suprimirse. El crecimiento, la inversión y el desarrollo se ven obstaculizados
por las elevadas barreras que obstaculizan la entrada en el mercado en ciertos
sectores. La estructura industrial sigue estando poco diversificada.

La capacidad de Islandia para asumir
las obligaciones de la adhesión ha seguido siendo
evaluada teniendo también en cuenta la participación de Islandia en el Espacio
Económico Europeo (EEE). El nivel global de preparación para cumplir los
requisitos del acervo sigue siendo bueno, particularmente debido a la
participación de Islandia en el Espacio Económico Europeo.

El litigio Icesave sigue sin resolverse,
pese a que se han logrado avances en este sentido. En diciembre de 2011 el
Órgano de Vigilancia de la AELC presentó un recurso contra Islandia ante el
Tribunal de la AELC, a fin de obtener una declaración en el sentido de que Islandia
no cumplía la Directiva sobre los sistemas de garantía de depósitos ni el
artículo 4 del Acuerdo EEE relativo a la no discriminación. Islandia rechazó
estas alegaciones y sostuvo que debían desestimarse. Varios Estados miembros de
la UE y la AELC enviaron observaciones escritas al Tribunal. La Comisión
Europea ha intervenido ante el Tribunal de la AELC para apoyar al Órgano de
Vigilancia de la AELC. Entretanto, los dos primeros pagos parciales de la
liquidación comercial de Landsbanki Íslands hf a los acreedores
privilegiados se efectuaron en diciembre de 2011 y mayo de 2012.

Las negociaciones para la adhesión han
seguido avanzando. Durante el período objeto de la información se abrieron
catorce capítulos, ocho de los cuales se cerraron provisionalmente. Más de la
mitad de todos los capítulos de negociación (es decir, dieciocho) se han
abierto actualmente, de los que diez se han cerrado provisionalmente.

En conjunto, han proseguido los
preparativos para asumir las obligaciones de la adhesión, en ámbitos
parcialmente contemplados por el EEE, así como en capítulos no contemplados por
el EEE. Islandia sigue ateniéndose en gran medida al acervo y aplica una parte
considerable del mismo en ámbitos contemplados por el EEE, como la libre
circulación de mercancías, la libre circulación de trabajadores, el derecho de
establecimiento y la libre prestación de servicios, la contratación pública, el
Derecho de sociedades, la Ley de propiedad intelectual, la competencia y la
sociedad de la información y los medios de comunicación.

El informe sobre los avances confirma
varios desafíos en los siguientes ámbitos: servicios financieros, desarrollo
agrícola y rural, medio ambiente, pesca, libre circulación de capital,
seguridad alimentaria, política veterinaria y fitosanitaria, fiscalidad y
aduanas.

Desde el punto de vista de la capacidad
administrativa, debe seguir garantizándose que se disponga de recursos humanos
y financieros para los preparativos necesarios asociados con el proceso de
adhesión a la UE.

Islandia sigue ateniéndose estrechamente
al acervo en relación con la libre circulación de mercancías. Se
requieren nuevos esfuerzos en relación con las medidas horizontales y la
legislación sobre productos con arreglo al «antiguo y nuevo enfoque», así como
en relación con la capacidad administrativa, también en el ámbito de la
vigilancia del mercado.

Islandia mantiene un elevado nivel de
armonización con el acervo en el ámbito de la libre circulación de
trabajadores. Cabe señalar buenos avances en la coordinación de los sistemas
de seguridad social. Islandia deberá ampliar las normas de coordinación de la
seguridad social también a los nacionales de terceros países residentes y
proseguir los preparativos para establecer un sistema de intercambio de datos
electrónicos.

La legislación sobre el derecho de
establecimiento y la libre prestación de servicios se halla muy armonizada con
el acervo. Todavía está por efectuar la armonización con la tercera Directiva
Postal, y las actuales restricciones en el sector de la pesca deben levantarse.

Islandia aplica partes del acervo en
materia de libre circulación de capitales. Aún existen excepciones,
particularmente en conexión con las restricciones de las inversiones y los
amplios controles de capital.

Islandia se halla muy avanzada en el
campo de la contratación pública. El nivel de armonización y aplicación
en este campo sigue siendo satisfactorio, con excepción de las Directivas sobre
los medios de recurso y los contratos públicos de defensa.

Islandia ya
ha alcanzado un elevado nivel de armonización y aplica una parte considerable
del acervo en el campo del Derecho de sociedades. Todavía está pendiente
la plena armonización con el acervo en cuanto al Derecho de sociedades y las
normas de contabilidad y auditoría.

Islandia mantiene un elevado nivel de
armonización con el acervo en cuanto a la Ley de propiedad intelectual y
posee la capacidad administrativa necesaria para aplicarlo. Todavía está
pendiente la plena armonización con la Directiva de ejecución.

Por lo que respecta a la política de
competencia, Islandia ha alcanzado un elevado nivel de armonización con el
acervo. Las medidas de ayuda estatal adoptadas por Islandia como respuesta a la
crisis financiera se han atenido al acervo pertinente.

La
armonización en el campo de los servicios financieros es adecuada. Pese
a los avances logrados, debe proseguir la armonización con el nuevo acervo y
debe garantizarse una aplicación efectiva y una supervisión adecuada. El
litigio Icesave sigue sin resolverse. El asunto Órgano de Vigilancia de la AELC
contra Islandia sigue estando pendiente ante el Tribunal de la AELC:

Islandia ya ha alcanzado un elevado nivel
de armonización y aplica una parte considerable del acervo en el campo de la
sociedad de la información y los medios de comunicación. Debe atenderse a
varias lagunas en la transposición de la política audiovisual y los servicios
de la sociedad de la información.

Han dado comienzo los preparativos en el
campo de la agricultura y el desarrollo rural, donde la política de
Islandia no está globalmente armonizada con el acervo. Debe adoptarse un
calendario de estrategia y planificación de las medidas a tomar para garantizar
el cumplimiento de los requisitos de desarrollo agrícola y rural de la UE.
Deben crearse las estructuras administrativas apropiadas para aplicar todos los
aspectos de la política agrícola común.

La legislación y el marco administrativo
de Islandia están parcialmente armonizados con el acervo en cuanto a seguridad
alimentaria y política veterinaria y fitosanitaria. Se han efectuado
algunos avances en los ámbitos de la seguridad alimentaria general y las normas
de seguridad alimentaria. Debe atenderse a las lagunas de la legislación en los
ámbitos de la salud animal y vegetal, los organismos modificados genéticamente,
los nuevos alimentos y los productos animales no destinados al consumo humano.

Islandia sigue aplicando un sistema de
gestión de la pesca que posee objetivos similares a los perseguidos en
la UE, pero algunas normas difieren considerablemente. Las actuales restricciones
del sector de la pesca sobre libertad de establecimiento y circulación de
servicios y capitales no están armonizadas con el acervo.

Islandia ya
posee un buen nivel de armonización en el campo del transporte. Cabe
señalar avances por lo que respecta a las normas de seguridad vial. Está por
completar la transposición de la correspondiente legislación de la UE sobre
transporte aéreo y por carretera.

La
legislación sobre energía sigue estando parcialmente armonizada. Se
requieren nuevos esfuerzos para la armonización con el acervo en lo tocante a
las reservas de petróleo, la eficiencia energética y el mercado energético
interior, así como para reforzar la independencia y la capacidad administrativa
de la autoridad de reglamentación.

En el campo de la fiscalidad,
Islandia sigue estando parcialmente armonizada con el acervo y sigue teniendo
un buen nivel de capacidad administrativa. Se requieren nuevos esfuerzos para
conseguir la interconectividad e interoperabilidad de las TI con los sistemas
de TI de la UE en materia de fiscalidad.

Por lo que respecta a la política
económica y monetaria, Islandia posee un buen nivel de armonización con el
acervo. Hay que atender a las lagunas existentes en la armonización con el
acervo en cuanto a la política monetaria, incluido el refuerzo de la
independencia del Banco Central y la prohibición de la financiación monetaria
del sector público.

Islandia aplica parcialmente el acervo
sobre estadística. Se ha llevado a cabo una gran parte del censo de
población y alojamiento basado en los registros. Debe seguir atendiéndose a la
asignación de suficientes recursos para la Oficina de Estadística.

Islandia
siguió aplicando y ejecutando una considerable parte del acervo sobre política
social y empleo. Han dado comienzo los preparativos para la participación
en el Fondo Social Europeo y se está elaborando una estrategia global de
empleo. Debe completarse la armonización jurídica en los campos de la lucha
contra la discriminación y de la igualdad de oportunidades.

El nivel de preparación de Islandia en el
campo de la política empresarial e industrial sigue siendo alto. El
acceso a la financiación de las PYME sigue viéndose afectado por la crisis
financiera.

Islandia mantiene un buen nivel de
armonización con las normas de la UE en cuanto a las redes transeuropeas.

Se ha
adoptado un plan de acción global con el correspondiente calendario para
cumplir los requisitos de la UE en el ámbito de la política regional y la
coordinación de los instrumentos estructurales. Islandia debe crear la
futura Autoridad de gestión y preparar los documentos de estrategia y
programación exigidos por la Política de cohesión.

Islandia sigue teniendo un buen nivel en
el ámbito del poder judicial y los derechos fundamentales, y su marco de
políticas anticorrupción ha seguido reforzándose. Islandia también sigue
reforzando su elevado nivel de protección de los derechos fundamentales. La
legislación sobre los derechos de los ciudadanos y la protección de datos no
está todavía armonizada con el acervo.

Islandia sigue aplicando el Acuerdo de
Schengen y se halla muy avanzada en la armonización con el acervo en el campo
de la justicia, la libertad y la seguridad. Se requieren nuevos
esfuerzos para la armonización con el acervo en ámbitos como la migración, el
asilo y la cooperación judicial.

Islandia ha seguido participando
activamente en el Programa Marco de la UE en el campo de la ciencia y la
investigación. Se hallan muy avanzados los preparativos para la adhesión a
la UE y la integración en el Espacio Europeo de Investigación.

Islandia ha
alcanzado un elevado nivel de armonización en el campo de la educación y la
cultura y ha seguido participando en varios programas de la UE sobre
educación y cultura.

El marco
legislativo y administrativo sobre medio ambiente y cambio climático
sigue estando en gran medida armonizado con el acervo y ha vuelto a ser
reforzado. No se ha logrado la plena armonización con el acervo en cuanto a la
protección de la Naturaleza, la calidad del agua y el cambio climático.
Islandia debe ratificar los Convenios de Espoo y de Rotterdam.

Islandia ya ha conseguido alcanzar un
elevado nivel de armonización y aplica una parte considerable del acervo en
cuanto a protección de los consumidores y de la salud. Cabe señalar
nuevos avances en el campo de la salud pública. Se requieren esfuerzos
adicionales para colmar las lagunas pendientes de armonización con el acervo en
cuanto a protección de los consumidores.

Islandia aplica en gran medida el acervo
en el campo de la Unión Aduanera. Han dado comienzo los preparativos para la
aplicación efectiva de la legislación de la UE en el momento de la adhesión.
Deben colmarse todavía las lagunas relativas a la armonización con el acervo de
la UE en cuanto a la Unión Aduanera, particularmente en los ámbitos de los aranceles
aduaneros, las normas aduaneras generales, las normas de origen, los
procedimientos con impacto económico, las normas de seguridad y la abolición de
las tasas de aduanas.

Por lo que
respecta a las relaciones exteriores, Islandia posee un elevado nivel de
armonización con el acervo. Cabe señalar avances por cuanto Islandia y la UE
han acordado celebrar consultas periódicas sobre política comercial.

Islandia
mantiene un elevado nivel de armonización en el ámbito de la política
exterior, de seguridad y de defensa. El hincapié que hace Islandia en la
política ártica recalca su compromiso de desempeñar un papel activo en las
organizaciones regionales de Europa septentrional.

El sistema de
control financiero de Islandia está parcialmente armonizado con las normas
internacionales y las buenas prácticas de la UE. Debe proseguir el trabajo
sobre la preparación del documento de políticas de
control interno de las finanzas públicas, así como sobre el establecimiento de
una auditoría interna, garantizando el cumplimiento de las normas de la INTOSAI
en el ámbito de la auditoría externa y la protección de los intereses
financieros de la UE.

Islandia
sigue teniendo un buen nivel de armonización con los ámbitos estratégicos
subyacentes vinculados a las disposiciones financieras y presupuestarias.
Deben mejorarse los preparativos administrativos para establecer el sistema de
recursos propios. Todavía está por establecer oficialmente una estructura de
coordinación.

[1]               En el anexo de la presente Comunicación se presentan las
síntesis y las conclusiones de los informes nacionales.

[2]               Esta designación se entiende
sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la
Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la
Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la Declaración de
Independencia de Kosovo.

[3]               Montenegro emplea unilateralmente el euro como única
moneda de curso legal.

[4]               Las prioridades clave abarcan los ámbitos siguientes:
funcionamiento adecuado del Parlamento; aprobación de la legislación que
requiere mayoría cualificada; procedimientos de designación y nombramientos
para las instituciones esenciales; reforma electoral; celebración de
elecciones; reforma de la administración pública; Estado de Derecho y reforma
judicial; lucha contra la corrupción; lucha contra la delincuencia organizada;
resolución de las cuestiones relacionadas con la propiedad; refuerzo de los
derechos humanos y aplicación de las políticas antidiscriminación; mejora del
tratamiento de los detenidos y aplicación de las recomendaciones del Defensor
del Pueblo. El texto íntegro de las prioridades figura en COM(2010) 680.

[5]               Plan nacional para la ejecución del Acuerdo de
Estabilización y Asociación, NPISAA.

[6]               Según la Ley para la protección de los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacionales, hay 17 minorías nacionales en
Bosnia y Herzegovina. Los tres pueblos que constituyen el país (bosnios,
croatas y serbios) no constituyen minorías nacionales.

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