Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 20.7.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 168/22 |

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión: Informe sobre la política de competencia 2005»

SEC(2006) 761 final

(2007/C 168/04)

El 15 de junio de 2006, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión: Informe sobre la política de competencia 2005».

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 27 de marzo de 2007 (ponente: Sr. Garai).

En su 435o Pleno de los días 25 y 26 de abril de 2007 de 2007 (sesión del 26 de abril de 2007), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 115 votos a favor, 40 votos en contra y 12 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

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| 1.1 | Era imposible abarcar en este dictamen todas las actividades de la DG COMP[(1)](#ntr1-C_2007168ES.01002201-E0001). Sólo podían estudiarse someramente algunos casos seleccionados y no se han excluido las sentencias judiciales de casos de antitrust, fusiones y ayudas estatales, ya que para ello habría sido necesario un estudio exhaustivo de conductas de mercado detalladas y de cómo las autoridades las valoraron. No obstante, del Informe se deduce claramente que la actitud de la DG Competencia se caracteriza por la perseverancia a la hora de cumplir los procedimientos y el empeño en encontrar soluciones apropiadas y prácticas a los problemas surgidos. Si alguna crítica puede hacerse es que tal vez pudieran mencionarse algunos asuntos concretos en los que la importancia del sector, desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos de la competencia internacional recogidos en la Agenda de Lisboa y en la documentación anexa, no justificaba la atención que les prestó la Comisión. Para el CESE, los ejemplos son el documento de seguimiento del Informe de 2005 «Servicios profesionales — Prosecución de la reforma» y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Avances de los Estados miembros en la revisión y eliminación de las restricciones de la competencia en el ámbito de los servicios profesionales». En opinión del Comité, la llamada de la Agenda de Lisboa a la liberación de los servicios es de aplicación esencialmente a los servicios de alcance internacional (infraestructuras, telecomunicaciones, transporte, etc.) y no se preocupa tanto por las profesiones liberales (arquitectos, abogados, médicos, ingenieros, contables y farmacéuticos). La mayoría de éstos son pequeños empresarios y su importancia es sobre todo local. En consonancia con el principio de subsidiariedad, la competencia corresponde a los Estados miembros (véase el caso Cipolla-Macrino, asuntos C-94/04 y C-202/04)[(2)](#ntr2-C_2007168ES.01002201-E0002). No puede negarse que son necesarias ciertas restricciones para garantizar una calidad profesional elevada, adquirir la experiencia precisa y justificar la confianza que se deposita en ellos, en línea con las expectativas de la sociedad. El Comité acoge con satisfacción los detallados estudios de los mercados de las distintas profesiones liberales en los Estados miembros, en los cuales se evalúan el alcance y la intensidad de las restricciones existentes. Al propio tiempo debe insistirse en que no sólo han de analizare los efectos económicos de la liberalización de las pautas de la competencia que se propone, sino también sus posibles repercusiones en la estructura de la sociedad. Ello no excluye los procedimientos antitrust de las autoridades nacionales responsables de la competencia, dirigidos principalmente contra los esfuerzos de las asociaciones profesionales para fijar los precios. |

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| 1.2 | Se ha aconsejado al CESE que confíe más en la amplia experiencia y conocimientos profesionales de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones representadas en el Comité para el seguimiento de la actividad de la DG COMP. Incluso se ha sugerido que el Comité podría llevar a cabo ocasionalmente investigaciones con vistas a iniciar acciones para casos de antitrust y ayudas estatales. La DG Competencia de la Comisión podría ayudar aportando información periódica sobre sus objetivos políticos e incluso su actividad en la gestión de casos, con las debidas limitaciones de confidencialidad. |

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| 1.3 | Podrían celebrarse reuniones asiduas entre representantes del CESE y el funcionario de enlace con los consumidores de la DG Competencia. El intercambio de información podría promover el diálogo actual con las organizaciones para la protección de los consumidores. Cuando la DG COMP resume las conclusiones de las investigaciones sectoriales[(3)](#ntr3-C_2007168ES.01002201-E0003) que afectan a la energía (gas y electricidad) y a los servicios financieros (banca minorista y seguros a las empresas), deberían comunicarse sus conclusiones a los representantes del CESE, para que las estudien y hagan sus observaciones (preferiblemente en un grupo de trabajo). |

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| 1.4 | El CESE toma nota de la necesidad de resumir sus puntos de vista sobre el impacto de la política de competencia en los valores económicos y sociales que se recogen en el mandato del Comité. A tal fin, en un futuro inmediato deberían iniciarse trabajos encaminados a publicar un estudio para interpretar los conceptos de competencia y competitividad (incluido su contenido actual) siguiendo el espíritu de la Agenda de Lisboa y valorar su probable impacto social en los Estados miembros. |

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| 1.5 | Cuando la DG COMP inició el debate sobre la aplicación del artículo 82 del Tratado CE (abuso de posición dominante), publicó un documento sobre la conducta excluyente, dañina para los competidores y para la propia competencia. Este documento ha sido ampliamente debatido. La Comisión ha prometido hacer un seguimiento estudiando la explotación abusiva de posición dominante, que es una cuestión aún más delicada desde el punto de vista de los consumidores y de los proveedores (PYME) de las empresas con una posición dominante. El Comité opina que la Comisión debería preparar el documento sobre conductas explotadoras según el artículo 82 del Tratado CE. Tal documento podría servir de base para los debates y, una vez determinadas suficientes características comunes de ambos tipos de conducta abusiva (la de exclusión y la explotadora), podrían establecerse directrices unificadas que incluyan las conclusiones sobre la interpretación de las normas sobre abuso de posición dominante. |

2.   Introducción

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| 2.1 | El libre mercado no siempre conduce al mejor resultado posible. Las distorsiones de la competencia afectan a los trabajadores y consumidores, así como a las empresas y a la economía en general. La legislación sobre competencia es un instrumento con el que los gobiernos establecen e imponen una conducta justa en los mercados a través de unas normas de procedimiento básicas del Derecho administrativo. |

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| 2.2 | Al presentar el CESE su Dictamen sobre el informe, merece la pena señalar que los modernos Estados democráticos orientados a la economía de mercado poseen dos conjuntos principales de instrumentos para influir en la economía:   |  |  | | --- | --- | | — | la política industrial, que supone influir en los agentes del mercado mediante exenciones fiscales, subvenciones y otras formas de ayuda, y que equivale a una intervención directa en la economía; |  |  |  | | --- | --- | | — | la política de competencia en sentido estricto, que no sólo define los tipos de prácticas que se consideran indeseables, sino que, para garantizar la igualdad de condiciones en la competencia, también permite acceder a acciones legales, incluido el cumplimiento obligado, que supone sanciones. | |

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| 2.2.1 | La DG Competencia tiene la posibilidad de utilizar ambas políticas: la aplicación de los artículos 81, 82 y 86[(4)](#ntr4-C_2007168ES.01002201-E0004) del Tratado CE representa las actividades típicas de las autoridades responsables de la competencia. |

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| 2.3 | Otra consideración importante es que en general se admite que la competencia leal, sin distorsiones y clara entre los agentes del mercado es probablemente para los consumidores la mejor garantía de que la calidad y variedad de los productos responderá a sus expectativas. No obstante, no debe olvidarse que muchas otras circunstancias influyen en el denominado beneficio para los consumidores: la situación general de la sociedad, unos factores materiales y morales favorables o desventajosos, etc. El Comité Económico y Social Europeo (en lo sucesivo «el CESE» o «el Comité») desea situar el informe de la DG Competencia en un contexto general y estudiarlo desde la perspectiva de los valores del Comité que se recogen en su mandato. |

3.   Aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE

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| 3.1 | Cuando la Comisión Europea ejerce sus facultades para obligar al cumplimiento de la ley mediante la aplicación de las disposiciones antitrust (sobre conductas contrarias a la competencia) de los artículos 81 y 82 del Tratado de Roma, tales facultades se dirigen hacia las empresas de los Estados miembros[(5)](#ntr5-C_2007168ES.01002201-E0005). Por tanto, las acciones de la Comisión pueden compararse con el ejercicio de una competencia cuasi judicial, puesto que juzga la conducta de las empresas en el mercado a posteriori, de conformidad con la legislación sobre competencia. Esta actividad, que corresponde a la Dirección General de Competencia de la Comisión (DG COMP) desde principios de la década de 1960, se refleja en las decisiones de la Comisión, que, junto con las sentencias del Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (a través de los recursos) ha desarrollado a lo largo de cuarenta y cinco años un sistema legal de precedentes. La jurisprudencia acumulada de esta forma, juzgando distintas situaciones de mercado, es uno de los más valiosos logros del acervo comunitario. |

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| 3.2 | Del Informe de 2005 se desprende claramente que la DG COMP es muy consciente de todas las facetas destacadas de la competencia económica dentro y fuera de la UE, así como de su papel a la hora de garantizar su protección legal. Tanto más cuanto que la exhaustiva jurisprudencia de la UE pueden aplicarla igualmente los tribunales y las autoridades nacionales responsables de la competencia, de tal modo que estas normas van conformando continuamente las prácticas legales nacionales y europeas.  Por lo que se refiere a 2005, el CESE desea comentar las siguientes iniciativas, propuestas y medidas: |

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| 3.2.1 | Reglamento sobre el acceso a los expedientes de la Comisión Europea en asuntos de antitrust y de fusiones: ésta ha sido siempre una cuestión delicada en cuanto a los procedimientos. La Comisión perfecciona continuamente sus detalles. La Comisión considera importante garantizar que las empresas interesadas en los procedimientos antitrust o de fusión tengan acceso a los expedientes, tanto en papel como en formato electrónico. El nuevo Reglamento sustituye a un texto anterior aprobado en 1997. |

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| 3.2.2 | Petición a los posibles denunciantes de que faciliten información que contribuya a la aplicación efectiva de las normas sobre competencia: resulta llamativo que esta petición se publique en el Informe objeto de revisión. Destaca las dificultades que tienen las autoridades responsables de la competencia para controlar los mercados y pide a las organizaciones de la sociedad civil y a las asociaciones profesionales que participen en el inicio y realización de las investigaciones (por ejemplo, recogiendo pruebas) sobre infracciones graves de la legislación sobre competencia. |

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| 3.2.3 | Documento de reflexión sobre la aplicación del artículo 82 del Tratado CE (abuso de posición dominante): el objetivo de la DG COMP era generar un debate entre especialistas sobre la conducta contraria a la competencia y excluyente de las empresas con un poder en el mercado suficiente para influir en la conducta de sus competidores y conseguir sobre ellos ventajas unilaterales. Se aportaron más de cien contribuciones al documento de reflexión (que sirve de base para futuras directrices). En la mayoría de dichas contribuciones se subraya la necesidad de un análisis económico del mercado en cuestión y de sus agentes. No es posible negar la verdad de estas observaciones, aunque muchas contribuciones destacan la importancia de reconocer el principio de no obstaculizar a las empresas eficientes cuando aplican sus estrategias de mercado. Por tanto, esta teoría ahora de moda, en lugar de condenar estrictamente la conducta no equitativa, defiende una mayor indulgencia («regla del sentido común») hacia las estrategias empresariales eficaces, aunque belicosas. Sin embargo, según la jurisprudencia europea[(6)](#ntr6-C_2007168ES.01002201-E0006), estas ideas no concuerdan con la intolerancia hacia la conducta de mercado no equitativa que pretende eliminar a los competidores no deseados, intolerancia que es la postura predominante en Europa[(7)](#ntr7-C_2007168ES.01002201-E0007). No cabe duda de que marcar la línea divisoria que no deben traspasar los agentes decisivos del mercado es un problema fundamental para las políticas de competencia. Dado su papel en la defensa de los intereses de la sociedad civil (PYME[(8)](#ntr8-C_2007168ES.01002201-E0008), trabajadores, consumidores, etc.), el CESE espera con inquietud el resultado del debate. |

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| 3.2.4 | Las directrices de evaluación de impacto prevén la revisión de todas las iniciativas legislativas y políticas incluidas en el Programa anual de trabajo de la Comisión Europea desde el punto de vista de las probables repercusiones positivas o negativas sobre la competencia: el objetivo es evitar «unas restricciones innecesarias o desproporcionadas de la competencia» ya en la fase legislativa en la UE. Los esfuerzos por cuantificar los probables efectos en los mercados (¿cuáles?) son una prueba de hasta qué punto ha arraigado en el enfoque de la Comisión la idea de una competencia «vigorosa» o «perfecta» (es decir, leal y sin distorsiones). El CESE considera que la «competencia» debe entenderse en un sentido mucho más amplio y que, especialmente en el caso de los consumidores, los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas, los intereses a largo plazo podrían diferir considerablemente de los inmediatos de garantizar las condiciones que permitan una competencia «perfecta»[(9)](#ntr9-C_2007168ES.01002201-E0009). |

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| 3.2.5 | Libro Verde — Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia. El reciente dictamen del CESE sobre el Libro Verde, de 26 de octubre de 2006, valoraba positivamente los esfuerzos de la Comisión en este ámbito. La publicación del Libro Verde de la Comisión Europea sobre reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia ha sido bien acogida y ha abierto un amplio debate sobre la necesidad de facilitar a los perjudicados por prácticas contrarias a la competencia que reclamen daños y perjuicios. En su dictamen de 26 de octubre de 2006 (INT/306), el CESE afirma, entre otras cosas, que el objetivo es garantizar la protección efectiva de todos los que participan en el mercado único europeo. Dada la libre circulación de bienes, ha de existir en todos los países cierto grado de uniformidad en cuanto a los derechos y obligaciones contractuales. Por lo que se refiere a las transacciones transfronterizas, debe trabajarse para alcanzar un determinado grado de armonización entre las distintas legislaciones nacionales. |

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| 3.2.5.1 | En segundo lugar, debe tenerse presente la existencia de las autoridades responsables de la competencia, tanto europeas como nacionales, cuya misión consiste en determinar cuáles son las prácticas prohibidas y establecer las sanciones económicas que pudieran imponerse a las empresas que incumplan las normas. |

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| 3.2.6 | Inicio de investigaciones en los sectores del gas y la electricidad recientemente liberalizados: sin duda tales investigaciones contribuirán a aclarar la situación real en estos sectores de gran importancia y diversidad, en los que durante mucho tiempo se ha considerado que la liberalización es una panacea. Ha llegado el momento de que los mercados locales, nacionales e internacionales se sometan a un escrutinio imparcial que arroje luz sobre numerosas situaciones de monopolio perjudiciales para los consumidores, los trabajadores y las empresas. |

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| 3.2.7 | Comunicaciones electrónicas: existe una insatisfacción creciente con los mercados europeos de comunicaciones electrónicas, cada vez más integrados. Los precios mayoristas (entre operadores) de los operadores de redes móviles para servicios de itinerancia internacional son excesivamente elevados. Por este motivo la DG COMP ha puesto en marcha investigaciones a través de la presentación de pliegos de cargos a las empresas operadoras. La conclusión provisional de la investigación fue que dos de las tres empresas alemanas principales estaban abusando de su posición dominante y cobrando «precios no equitativos y excesivos». |

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| 3.2.7.1 | El CESE desea aprovechar esta oportunidad para afirmar sin ambages que el concepto y la expresión «precios excesivos» han ido deslizándose progresivamente en la interpretación del artículo 82 del Tratado CE[(10)](#ntr10-C_2007168ES.01002201-E0010), mientras que en la redacción del Tratado sólo se dice «imponer precios no equitativos», en otras palabras, precios injustos o injustificados. La razón por la cual la Comisión Europea ha rechazado hasta el momento investigar y actuar contra la conducta de mercado por la que las empresas dominantes aplican unas subidas de precios abusivas es su renuencia a definir qué son precios «adecuados» o «inadecuados»[(11)](#ntr11-C_2007168ES.01002201-E0011) (especialmente cuando se trata de servicios que se suministran en distintos países). Sin embargo, los operadores de telefonía móvil reciben una demanda de servicios internacionales (itinerancia) mayor y las actitudes de los clientes son cada vez más sensibles a los costes. Consideran, con razón, que incluso un ligero aumento de precio podría ser «no equitativo», sin por ello ser de hecho «excesivo». El CESE espera con interés las conclusiones y decisiones de la Comisión en éste y otros casos similares. |

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| 3.2.8 | Decisión de multar a la empresa AstraZeneca por hacer un uso ilegal del sistema normativo: la Comisión adoptó un nuevo enfoque en la interpretación del artículo 82 del Tratado CE al multar a AstraZeneca AB y AstraZeneca Plc (AZ) con 60 millones de euros por incumplimiento del artículo mencionado, así como del artículo 54 del Tratado, por el que se establece el Espacio Económico Europeo. El abuso cometido consistió en que las empresas fusionadas –para conservar la protección de los derechos de propiedad intelectual que les permitía mantener un precio elevado para sus productos en muchos mercados– iniciaron unos procedimientos oficiales basados en un Reglamento del Consejo para obtener un certificado complementario de protección para la patente de Losec, su producto contra la úlcera. El abuso implicaba proporcionar información engañosa a las correspondientes autoridades y organismos responsables, con el resultado de una ampliación de la patente. En consecuencia, se consideró que la patente de Losec no había vencido y Losec no pasó a ser un medicamento genérico, de forma que las empresas más pequeñas capaces de comercializar este producto contra la úlcera no podían fabricarlo a un precio mucho menor que el de las empresas de AstraZeneca. Por tanto, el efecto de posponer la expiración de la patente perjudicó indirectamente a los consumidores. |

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| 3.2.8.1 | La novedad de este procedimiento antitrust era que, en su decisión, la Comisión determinó que aun cuando los competidores pudieran recurrir el procedimiento de ampliación de la patente, ello no excluía la aplicación del artículo 82 del Tratado CE. Las empresas de AstraZeneca se encontraban en una posición dominante en los mercados europeos (y no europeos) en cuestión, y el abuso se había cometido con procedimientos iniciados de forma fraudulenta. |

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| 3.2.8.2 | El CESE desea aprovechar esta ocasión para señalar que este tipo de conducta de mercado responde más bien a la categoría de prácticas desleales de mercado[(12)](#ntr12-C_2007168ES.01002201-E0012), que aún no se incluyen en el mandato de la DG Competencia. En esta ocasión concreta, el abuso se cometió desde una posición dominante, pero en muchos otros casos las empresas realizan acciones similares independientemente de su poder en el mercado y quedan impunes. Pensando en términos de mercados europeos integrados, también es preciso lograr una mejor protección para los consumidores y los competidores, que habitualmente son PYME. La decisión de la Comisión en el caso AstraZeneca habla de avances probables en esta dirección. |

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| 3.2.9 | Decisión referente al administrador supervisor en el caso Microsoft: este conocido caso ha tenido repercusiones significativas para las empresas estadounidenses, que han aprendido que el sistema legal europeo, actúa como guardián, incluso ante poderosos agentes que no pertenecen al mercado de la UE. La última decisión demuestra hasta qué punto es flexible la Comisión Europea a la hora de buscar y diseñar soluciones aceptables para ambas partes y que permitan a las empresas que hayan incumplido la normativa de la Comunidad volver a las condiciones normales de competencia. De hecho, el nombramiento de un administrador[(13)](#ntr13-C_2007168ES.01002201-E0013) que supervisara que este gigante de la TI cumplía lo impuesto por la Decisión es un instrumento tomado de la práctica de control de las fusiones y refleja las buenas intenciones de la DG COMP en lo que respecta a la cooperación para resolver conflictos. |

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| 3.2.10 | Inicio de investigaciones sectoriales de los servicios financieros: el Comité respalda las investigaciones puestas en marcha en el ámbito de las tarjetas de pago y los servicios de la banca minorista (cuentas corrientes e instrumentos para la financiación de PYME), así como de un caso especial en los seguros a las empresas (véase el punto 3.2.10.2). |

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| 3.2.10.1 | Por lo que se refiere a los servicios bancarios arriba señalados, la competencia parece enfrentarse a unas barreras de entrada, falta de elección real y, posiblemente, la existencia de posiciones dominantes. |

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| 3.2.10.2 | En cuanto a los seguros a empresas, la investigación sectorial «examinará en particular el grado de cooperación entre aseguradores y asociaciones de seguros en ámbitos tales como las condiciones de las pólizas normales[(14)](#ntr14-C_2007168ES.01002201-E0014). Aunque en muchos casos esta cooperación puede generar eficiencia, las formas de cooperación potencialmente falseadoras pueden limitar la capacidad de la demanda de negociar los términos de la cobertura y pueden también restringir la competencia y la innovación en el mercado». |

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| 3.2.11 | Propuesta de la Comisión sobre las obligaciones de servicio público y contratos en el transporte de pasajeros por ferrocarril, carretera y vías navegables: la propuesta revisada sobre las obligaciones de servicio público y contratos en el transporte de pasajeros puede promover la participación de las PYME de estos ámbitos, situándolas así en mejor posición para intervenir en el transporte local. |

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| 3.2.12 | Creación de la Dirección especializada en la lucha contra los cárteles: el CESE respalda plenamente los avances logrados en la resolución profesional de los casos de cárteles. |

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| 3.2.13 | Desde el 1 de mayo de 2004 los Reglamentos 1/2003 y 773/2004 sobre procedimientos antitrust han introducido un nuevo sistema para identificar las posibles actuaciones contra la competencia y los efectos de los acuerdos concluidos por los agentes del mercado. Las notificaciones para conocer la posición preliminar de las autoridades responsables de la competencia en cuanto a la posible naturaleza contraria a la competencia de la empresa en participación prevista y los acuerdos de cooperación (horizontal y vertical) ya no pueden dirigirse a la Comisión Europea ni a las autoridades correspondientes de los Estados miembros. Esto significa que, en vez de una exención individual, en forma de «carta de garantía» o «certificación negativa» emitidas por la DG COMP antes del 1 de mayo de 2004, son las propias empresas las que deben supervisar escrupulosamente todos los aspectos del acuerdo previsto para verificar que cumple alguna de las condiciones (o todas) del artículo 81(3) del Tratado CE[(15)](#ntr15-C_2007168ES.01002201-E0015) en cuanto a los efectos beneficiosos en los mercados correspondientes. Una de las condiciones es que si se concluye un acuerdo de estas características (especialmente empresa en participación) en un determinado mercado y ello produce beneficios a los participantes, una parte ha de llegar a los consumidores. |

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| 3.2.13.1 | El CESE desea insistir en que el incumplimiento de la condición recogida en la última frase del punto anterior no debe ser motivo para considerar una determinada conducta contraria a la competencia. Al evaluar aquellos acuerdos que infrinjan el artículo 81 (1), la Comisión debería matizar toda prueba que demuestre que se pretendía una conducta perjudicial para los consumidores, como circunstancia agravante. |

4.   Control de las operaciones de concentración entre empresas

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| 4.1 | Una de las funciones destacadas de la Comisión es examinar la previsible estructura de los mercados y el predominio de fusiones efectuadas por empresas que buscan concentrar sus capacidades de desarrollo, fabricación y mercado a fin de consolidar su poder en el mercado y mejorar su posición. No sólo las fusiones de empresas, sino incluso las empresas en participación pueden considerarse concentraciones si los poderes ejecutivos están centrados en una única estructura de dirección unificada y si los distintos participantes actúan como un único agente del mercado en cuestión. Entre las ventajas de las concentraciones figuran aumentar la eficiencia, agilizar el desarrollo de productos, reducir costes y lograr sinergias en la gestión. Sin embargo, desde el punto de vista de la política de competencia, las concentraciones pueden resultar desfavorables, porque al aglutinar los poderes del mercado se crean a menudo posiciones dominantes, lo cual, a su vez, supone un elevado riesgo de abusos. A veces las fusiones pueden tener repercusiones negativas. Diversos estudios han demostrado que no siempre fomentan la eficacia o el empleo. A largo plazo, los beneficios y el valor de una empresa pueden verse incluso perjudicados. Las fusiones también producen la pérdida de muchos puestos de trabajo. Por tanto, al evaluar las fusiones también es importante valorar los aspectos del empleo y de la política social (los puestos de trabajo). La mejor forma de valorar si los efectos de una concentración podrían distorsionar la competencia es comprobar distintos aspectos de la fusión proyectada respecto de las condiciones que se especifican en el artículo 81.3 del Tratado CE (véase la nota a pie de página número 12). Si la estructura de mercado y el poder en el mercado de las empresas afectadas por la fusión cumplen las condiciones establecidas en dicho artículo, se considera que la concentración es aceptable. Existe una relación importante con el control de las concentraciones (que es esencialmente un instrumento de la política industrial) y las normas de defensa de la competencia, que ayudan a las autoridades a aplicar la política de competencia en su sentido más estricto. |

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| 4.1.1 | Cuando superan determinados límites máximos de ventas en la UE y en el mundo, las empresas deben notificar a la Comisión Europea su intención inequívoca de aglutinar poder de mercado (concentraciones), y la DG Competencia llevará a cabo los procedimientos de la Fase I y, ocasionalmente, de la Fase II. La obligación de notificar a la Comisión no depende de la fuerza en el mercado: lo que la Comisión tiene en cuenta es si la concentración reduciría la competencia de forma significativa, por ejemplo creando o reforzando una posición dominante. |

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| 4.2 | Uno de los principales objetivos (o resultados esperados) del control de las operaciones de concentración es promover la competitividad internacional de los fabricantes y distribuidores europeos[(16)](#ntr16-C_2007168ES.01002201-E0016). El problema inherente de las prácticas de la UE es que las empresas consiguen una posición de mercado tan sólida a través de las fusiones que pueden verse tentadas a restringir la competencia en el mercado común. La Comisión ha hecho grandes esfuerzos para compensar tal riesgo imponiendo distintas condiciones para la certificación (es decir, «soluciones»), recomendando desinversiones, la venta de derechos de propiedad intelectual, el abandono de la distribución en algunos países, etc. En todo caso, el estudio de las impresionantes estadísticas de fusiones lleva a la conclusión de que no es posible deducir si:   |  |  | | --- | --- | | — | todas o la mayoría de las concentraciones que efectivamente se producen y que sobrepasan las cifras límite han sido notificadas por las empresas; |  |  |  | | --- | --- | | — | la DG Competencia puede demostrar si las empresas que han llevado a cabo concentraciones aprobadas en los últimos años han abusado o no de su mayor poder en el mercado. | |

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| 4.3 | En octubre de 2005, la DG Competencia publicó un Estudio sobre la política de soluciones en casos de concentraciones en el que se detallan los compromisos señalados a las empresas como requisitos previos para la certificación, a fin de aliviar los posibles efectos contrarios a la competencia, junto con detalladas evaluaciones ex post de dichos compromisos. En más del 40 % de los casos aprobados se han presentado cuestiones graves sin resolver (transferencia incompleta de las empresas objeto de desinversión, delimitación incorrecta de los activos, etc.). Esto puede servir de recordatorio de la necesidad de evaluar toda posible conducta contraria a la competencia que infringe el artículo 82 (CE) a la luz del aumento de poder de mercado de las partes interesadas derivado de las fusiones certificadas. |

5.   Ayudas estatales

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| 5.1 | Una de las principales tareas de la DG Competencia es supervisar la actividad de los Estados miembros: qué empresas reciben ayuda financiera y sobre qué base. Dado que la Unión Europea pretende garantizar la igualdad de condiciones a todas las empresas presentes en el mercado común, la idea de «ayudas estatales» se ha definido cuidadosamente y en todos los casos se ha interpretado en relación con las políticas industriales de los gobiernos. El escrutinio no se limita a las intervenciones financieras directas, sino que se extiende también a las exenciones fiscales y a cualquier otro tipo de beneficio otorgado a las empresas de forma selectiva. La Comisión Europea puede considerarlos inaceptables si distorsionan la competencia. |

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| 5.2 | En 2005, la DG Competencia intentó alcanzar una mejor comprensión de los objetivos de las ayudas estatales en los Estados miembros y de las normas que se aplican para asignarlas. El propósito de esta iniciativa era contribuir al éxito de la agenda de Lisboa utilizando las ayudas para fomentar la competitividad de la economía de la UE en conjunto. Con vistas a mejorar la coordinación entre las partes interesadas (es decir, los organismos estatales, las empresas y sus asociaciones), así como para dirigir los fondos públicos hacia sectores en los que pudieran utilizarse con eficacia, puso en marcha un Plan de acción de ayudas estatales[(17)](#ntr17-C_2007168ES.01002201-E0017). Los principios rectores del Plan no anulan las prácticas existentes, sino que pretenden contribuir a establecer unas mejores prácticas a las que los Estados miembros puedan adaptarse. Siguen algunas observaciones: |

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| 5.2.1 | Los ejemplos «buenos y malos» que presenta el informe reflejan la diversidad de razones por las que pueden conseguirse las ayudas. El CESE, por supuesto, respalda plenamente el objetivo de que «los fondos públicos se empleen de manera eficaz y en beneficio de los ciudadanos de la UE para mejorar la eficiencia económica, generar mayor crecimiento y empleo sostenible, garantizar la cohesión social y regional y mejorar los servicios de interés económico general, el desarrollo sostenible y la diversidad cultural» [(18)](#ntr18-C_2007168ES.01002201-E0018). Sin embargo, teniendo en cuenta las malas condiciones debidas a unas infraestructuras insuficientemente desarrolladas y un entorno empresarial desfavorable para las pequeñas y medianas empresas, así como otras desventajas, especialmente en los nuevos Estados miembros, el CESE no puede apoyar el objetivo de que se otorguen menos ayudas estatales. |

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| 5.2.2 | Parece que crear unas condiciones financieramente favorables para las empresas convencionales en crisis ampliando las ayudas a fin de rescatarlas o reestructurarlas sigue siendo una cuestión de importancia en varios Estados miembros. Desde el punto de vista del empleo, el CESE no puede criticarlo, aunque ha habido varios casos en los que la Comisión ha expresado sus dudas en cuanto a la viabilidad de las ayudas que sirven para devolver una posición económica equilibrada a las empresas rescatadas. |

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| 5.2.3 | Según un paquete de medidas legales presentado en el mes de julio y coordinado con el Plan de acción de ayudas estatales, «las empresas puedan recibir ayudas públicas que cubran todos los costes en que incurran, incluido un beneficio razonable, cuando realicen tareas de servicio público, tal y como las autoridades públicas las hayan definido y se las hayan encomendado». Como ayuda a las empresas (probablemente PYME localmente importantes) para que superen las dificultades financieras, tales posibilidades podrían ser buenos ejemplos del uso eficaz del dinero público en beneficio de los ciudadanos y las empresas de la UE. |

6.   Funcionamiento de la Red Europea de Competencia (REC)

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| 6.1 | 2005 fue el primer año completo en el que fueron operativos los cambios en los procedimientos antitrust introducidos por el Reglamento del Consejo 1/2003, lo cual significa lo siguiente:   |  |  | | --- | --- | | — | si el comercio entre Estados miembros se ve afectado, el Derecho sustantivo en defensa de la competencia aplicable directamente a las empresas (artículos 81 y 82), junto con la jurisprudencia, deberá ser aplicado por las autoridades y los tribunales responsables de la competencia en los Estados miembros; |  |  |  | | --- | --- | | — | al mismo tiempo, la Comisión ha procurado establecer contactos estrechos y continuos con las distintas autoridades nacionales responsables de la competencia y las ha animado también a mantenerlos entre sí, a fin de garantizar la existencia de un foro apropiado para las cuestiones generales de política y de instrumentos adecuados para respaldar la cooperación en la resolución de casos reales. | |

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| 6.2 | Del Informe que se examina en el presente Dictamen se deduce claramente que la participación de los tribunales nacionales en la aplicación de la legislación europea sobre competencia es escasa, y no hay perspectivas de que estos problemas vayan a solucionarse en el futuro inmediato. Una de las razones principales puede ser que la jurisdicción de primera instancia en la legislación sobre competencia varía de un país a otro. Otra razón es que hasta el momento sólo se ha dispuesto de legislación nacional sobre competencia, mientras que, a pesar de que la armonización legislativa ha influido mucho en el sistema legal de los Estados miembros, en muchos sigue habiendo diferencias entre la legislación comunitaria y la nacional. Por primera vez parece que incluso las partes litigantes son reacias a emprender acciones ante los tribunales nacionales[(19)](#ntr19-C_2007168ES.01002201-E0019). |

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| 6.3 | Una razón oculta es que la jurisprudencia europea, que de hecho es una fuente real de legislación sobre competencia, no es fácilmente accesible para los jueces de los Estados miembros. Por lo que se refiere al Derecho procesal, se dispone de resúmenes concisos de diversas situaciones procesales y referencias a los precedentes, pero hasta la fecha ni la Comisión ni el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han redactado manuales similares para el Derecho sustantivo [(20)](#ntr20-C_2007168ES.01002201-E0020). El primer paso hacia una aplicación más amplia en los Estados miembros de los artículos antitrust en vigor debería ser compilar los casos tipo más importantes (y más frecuentemente citados) junto con explicaciones de conceptos y definiciones en un manual que se completaría con las sentencias y conclusiones de los Tribunales de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Tal compilación debería traducirse, por supuesto, a todas las lenguas nacionales y actualizarse periódicamente. El Comité está convencido de que si no se editan y publican compilaciones de la jurisprudencia en todas las lenguas que se utilizan en los Estados miembros y no se organizan cursos de formación en legislación comunitaria sobre competencia dirigidos a todos los jueces, abogados y expertos nacionales interesados, no se afianzará la correcta aplicación de las normas sobre competencia de la UE en los Estados miembros. |

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| 6.4 | En cuanto a la creación de una red de comunicación y cooperación con las autoridades nacionales responsables de la competencia, la Comisión (y en particular la DG COMP) ha conseguido afianzar la Red Europea de Competencia (REC) en un plazo relativamente breve. Los foros y grupos de trabajo que se describen en el Informe son eslabones eficaces de la cadena de un sistema de cooperación bien establecido en el que las autoridades nacionales responsables de la competencia a menudo mantienen contactos directos entre sí (incluso entre quienes tramitan los casos) sin necesidad de que Bruselas actúe como intermediario. Puede afirmarse que la integración no ha sido tan profunda en ninguna otra parte de la organización oficial de la UE. |

Bruselas, 26 de abril de 2007.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Dimitris DIMITRIADIS

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