Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 92001E1140

**PREGUNTA ESCRITA E-1140/01 de Giles Chichester (PPE-DE) a la Comisión. Evaluaciones de impacto..** 
  
*Diario Oficial n° 350 E de 11/12/2001 p. 0080 - 0081*

  

PREGUNTA ESCRITA E-1140/01

de Giles Chichester (PPE-DE) a la Comisión

(10 de abril de 2001)

Asunto: Evaluaciones de impacto.

¿Considera la Comisión que posee una base satisfactoria para realizar evaluaciones de impacto concernientes a todas las propuestas legislativas que afectarán al comercio y a la industria? Si no es así, ¿qué investigación se está llevando a cabo acerca de posibles metodologías? ¿Cuándo se tendrán resultados de la misma? ¿Está de acuerdo la Comisión en que estas evaluaciones deberían ser realizadas por expertos independientes con experiencia comercial y no por la propia Comisión?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(8 de junio de 2001)

Como sabe Su Señoría, la Comisión ya puso en marcha en 1986 un sistema de evaluación del impacto sobre las empresas (BIA). Tras la reforma del sistema en 1990, que dio lugar a su forma actual, se decidió que las propuestas legislativas cuyas repercusiones para las empresas fueran importantes deberían contar obligatoriamente con una evaluación del impacto sobre las empresas.

La evaluación del impacto sobre las empresas obliga a la Comisión a responder a una serie de preguntas relativas al posible impacto que una propuesta legislativa puede tener sobre las empresas, incluyendo lo que las empresas deberán hacer para ajustarse a ello. Para responder a esta pregunta, se recomienda (en las actuales orientaciones de BIA) elaborar estimaciones cuantitativas sobre los costes y las cargas administrativas que podría suponer a las empresas adaptarse a la propuesta.

Aunque el sistema de la evaluación del impacto sobre las empresas ha demostrado a lo largo de los años que es un instrumento útil para evaluar el impacto de la legislación sobre las empresas, incluyendo el impacto sobre los costes, también han aparecido algunas deficiencias del sistema.

En este contexto, la Comisión puso en marcha el proyecto piloto BIA en septiembre de 2000, que se aplicará hasta febrero de 2002; se extraerán unas conclusiones preliminares en el otoño de 2001. El objetivo del proyecto piloto BIA es perfeccionar y reforzar la metodología y las técnicas de evaluación del impacto sobre las empresa.

Uno de los elementos clave que se están estudiando es la necesidad de un enfoque más sistemático del análisis económico como instrumento para evaluar el impacto cuantitativo (costes y beneficios) de las propuestas legislativas. Se están examinando las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de análisis económico, como el análisis coste-beneficio, el análisis coste-eficacia y el análisis del coste de adaptación.

El proyecto piloto BIA se inspira en las experiencias prácticas de una selección de propuestas legislativas que está elaborando la Comisión, sometidas a diferentes tipos de estudios económicos. Por otra parte, se está investigando asimismo la revisión de la literatura y las buenas prácticas pertinentes en los Estados miembros de la Comunidad y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). A este fin, la Comisión puso en marcha igualmente en febrero de 2001 un proyecto en el marco de su procedimiento BEST sobre Evaluación del Impacto sobre las empresas en los Estados miembros con objeto de tener en cuenta las buenas prácticas y la experiencia acumulada en relación con dos elementos principales del análisis del impacto: el análisis del impacto económico y la consulta exterior. Se va a presentar un informe preliminar en un Taller que se celebrará el 26 de junio de 2001 y al que se invitará al Parlamento.

La investigación emprendida en el marco del proyecto piloto BIA es plenamente coherente con el informe provisional de la Comisión al Consejo Europeo de Estocolmo sobre la simplificación y la mejora del marco normativo(1). Dicho informe fue la respuesta inicial de la Comisión a la solicitud que hizo el Consejo Europeo de Lisboa en la primavera pasada para que estableciera, antes de 2001, una estrategia para proseguir la acción coordinada de simplificación del entorno reglamentario y sienta los principios fundamentales para mejorar y simplificar el entorno reglamentario en la Comunidad. Uno de los principios que la Comisión tiene la intención de aplicar es la realización de amplias consultas y evaluaciones de impacto antes de presentar cualquier propuesta. Dichas evaluaciones de impacto deberán ser globales, objetivas y transparentes e incluir análisis tanto cualitativos como cuantitativos.

En base a los principios perfilados en el informe provisional de Estocolmo, la Comisión presentará un plan de actuación más detallado para mejorar y simplificar el entorno reglamentario al Consejo Europeo de Laeken a finales de este año, que tendrá en cuenta asimismo las recomendaciones recogidas en el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea, de próxima publicación.

En cuanto a la cuestión de si las evaluaciones de impacto las deben llevar a cabo expertos independientes o la propia Comisión, ésta considera que las evaluaciones del impacto final de las propuestas legislativas deberían realizarse dentro de la institución. No obstante, hace falta una contribución de diversos expertos exteriores (en los ámbitos científico, técnico, comercial, económico, social y medioambiental) para temas específicos así como para recopilar datos (por ejemplo: los costes de adaptación para las empresas). Este punto de vista coincide con experiencias de los sistemas de evaluación del impacto en diversos países de la OCDE, como el Reino Unido y los Estados Unidos.

La Comisión está plenamente comprometida a evaluar los costes y beneficios de las medidas normativas propuestas (en la medida de lo posible) para todas las partes afectadas, incluyendo las empresas. Además, considera que esas evaluaciones podrían contribuir favorablemente al examen de los costes y beneficios de los diversos niveles de severidad de las medidas normativas propuestas, ya que esa información podría ser de utilidad a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones. Efectivamente, la calidad y la simplificación de la reglamentación a nivel comunitario constituye un asunto de interés general, que requiere un compromiso conjunto de todas las instituciones comunitarias.

(1) COM(2001) 130 final.

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