Source: EURLEX
Language: es
Format: md

[**Avis juridique important**](../../../editorial/legal_notice.htm)

*|*

# 51998AC1165

**Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se crea un Instrumento de Política Estructural de Preadhesión»** 
  
*Diario Oficial n° C 407 de 28/12/1998 p. 0272*

  

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se crea un Instrumento de Política Estructural de Preadhesión» () (98/C 407/46)

El 4 de junio de 1998, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Relaciones Exteriores, Política Comercial y Desarrollo, encargada de preparar los trabajos del Comité en la materia, creó un grupo de estudio y nombró ponente al Sr. Walker.

En su 357° Pleno (sesión del 10 de septiembre de 1998) el Comité Económico y Social nombró ponente general al Sr. Walker y aprobó por 76 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. La Comisión presentó en la Agenda 2000 una serie de propuestas destinadas a reforzar la estrategia de preadhesión para todos los países candidatos de Europa Central y Oriental (PECO). La estrategia tiene como objetivo general ofrecer un programa coherente destinado a preparar a estos países para la adhesión a la Unión Europea y

I) reunir las distintas formas de ayuda prestada por la Unión en un solo marco, a saber, las asociaciones para la adhesión;

II) familiarizar a los candidatos con las políticas y los procedimientos comunitarios a través de su posible participación en programas comunitarios.

1.2. Junto con el programa PHARE y la ayuda al desarrollo agrícola, la Agenda 2000 propuso a los países candidatos una ayuda estructural que asciende a unos mil millones de euros anuales durante el período 2000-2006, es decir, un total de 7 000 millones de euros. Esta ayuda está destinada principalmente a ajustar a los países candidatos a las normas comunitarias en materia de infraestructuras, especialmente, por analogía con el Fondo de Cohesión, en los sectores del transporte y del medio ambiente. El Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997 aprobó el principio de la creación de tal instrumento estructural. En consecuencia, la Comisión presenta ahora una propuesta de Reglamento por el que se crea un Instrumento Estructural de Preadhesión (ISPA) basado en el artículo 235 del Tratado.

1.2.1. La Comisión ha considerado adecuado aplicar en líneas generales a este instrumento el mismo planteamiento que el del Fondo de Cohesión revisado, teniendo en cuenta la similitud de los objetivos de ambos. La ayuda concedida irá destinada a:

I) proyectos medioambientales que permitan a los países beneficiarios cumplir los requisitos del acervo comunitario;

II) medidas de infraestructuras de transporte que fomenten una movilidad sostenible, especialmente los proyectos de interés común basados en los criterios establecidos en la Decisión 1692/96 del Consejo por la que se establecen las redes transeuropeas de transporte (RTE), con inclusión de la interconexión e interoperabilidad de las redes nacionales y de éstas con las redes transeuropeas, así como el acceso a estas redes.

1.2.2. Además, las medidas relativas a ambos sectores deben también contribuir a los objetivos definidos en las asociaciones para la adhesión.

1.2.3. Por otro lado, se establecerá un equilibrio adecuado entre las medidas aplicadas en el sector del medio ambiente y las relativas a las infraestructuras de transporte.

1.3. La propuesta prevé un enfoque por proyectos de un volumen mínimo de 5 millones de euros. El porcentaje de ayuda comunitaria a través del ISPA puede alcanzar hasta el 85 % y se modulará de tal modo que potencie el efecto impulsor de la inversión, especialmente de la cofinanciación del sector privado.

1.3.1. Las disposiciones en materia de gestión y control financieros reflejan las disposiciones del Título IX del Reglamento financiero relativas a la ayuda exterior de la Comunidad. Los proyectos irán acompañados de un protocolo de financiación entre la Comisión y el país beneficiario, donde figurarán también las disposiciones relativas a los sistemas de gestión y evaluación.

1.3.2. Por lo que se refiere a los compromisos presupuestarios, la propuesta sigue el sistema de tramos anuales utilizado para los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión. Esta excepción a lo dispuesto en el Reglamento financiero requerirá un acuerdo presupuestario interinstitucional.

1.4. El ISPA estará sometido a las normas de condicionalidad fijadas en el Reglamento sobre las asociaciones para la adhesión y coordinado con el programa PHARE y con la ayuda agrícola de preadhesión a través del Reglamento sobre la coordinación de la ayuda de preadhesión.

2. Las propuestas de la Comisión

2.1. Países beneficiarios

2.1.1. De acuerdo con las orientaciones de la Agenda 2000 y las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo, se concederá ayuda financiera de los instrumentos de preadhesión estructurales y agrícolas a los países candidatos de Europa Central y Oriental. Estos países se enumeran en el artículo 1 de la propuesta de Reglamento:

Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.

2.2. Prioridades

2.2.1. Habida cuenta de las disposiciones del Programa 2000 y del volumen de la dotación financiera propuesta, se ha considerado importante ser especialmente selectivos por lo que se refiere a los sectores cubiertos por el nuevo instrumento. Teniendo en cuenta la experiencia relativa a las necesidades de infraestructuras de los nuevos estados federados alemanes, así como sus dictámenes sobre los países candidatos, la Comisión propone que la financiación del nuevo instrumento se limite a proyectos de medio ambiente y de transportes, con inclusión de las medidas necesarias (de formación o mantenimiento) con el fin de garantizar un funcionamiento eficaz de los proyectos.

2.3. Medio ambiente

2.3.1. Como se indica en la Agenda 2000, los problemas medioambientales son, en general, más agudos en los países candidatos que en los actuales Estados miembros de la Unión, sobre todo en lo que se refiere a la contaminación del aire y el agua y la gestión de residuos.

2.3.2. La cuantificación del esfuerzo requerido es compleja y difícil, entre otras cosas porque se tiene que basar en hipótesis acerca del crecimiento económico, las pautas de consumo y la evolución futura, por ejemplo. Pero, según las estimaciones más fidedignas de que se dispone, el volumen total de inversiones necesarias para que los diez países candidatos se ajusten al acervo medioambiental es aproximadamente de 100 000 millones de euros.

2.3.2.1. Esta cifra solo se refiere a las inversiones necesarias para cumplir los requisitos del acervo comunitario en relación con las directivas sobre suministro de agua potable, tratamiento de aguas residuales, contaminación atmosférica y gestión de residuos sólidos. La estimación no cubre las mejoras medioambientales que, con ser premisas esenciales del desarrollo económico (como el saneamiento de las tierras contaminadas), no se hallan sujetas a la normativa comunitaria y por consiguiente no requieren ninguna inversión con vistas a la adopción del acervo.

2.3.3. Será, pues, indispensable hacer un gran esfuerzo, incluida una considerable ayuda técnica y financiera por parte de la Unión Europea, para que los PECO avancen rápidamente hacia su adecuación al acervo comunitario en materia de medio ambiente. La ayuda del ISPA se concentrará principalmente en la calidad del agua y del aire y en la gestión de residuos; se referirá por lo tanto a proyectos medioambientales que permitan a los países beneficiarios cumplir las exigencias de la legislación medioambiental comunitaria y los objetivos de las asociaciones para la adhesión.

2.4. Transporte

2.4.1. La Agenda 2000 pone de manifiesto la acuciante necesidad de desarrollar y mejorar las infraestructuras de transporte de los países candidatos, así como la necesidad de establecer los enlaces que faltan entre éstos y la UE. Sin esas inversiones, es probable que surjan graves problemas de congestión de tráfico que afecten en general al tráfico de la Unión. La mejora de las infraestructuras de transporte constituye una parte fundamental de los programas de desarrollo económico de esos países y, por lo tanto, de su capacidad para hacer frente a la competencia y a las fuerzas del mercado de la Unión Europea. El desarrollo de sistemas eficaces de transporte constituye por consiguiente una parte fundamental de la estrategia de preadhesión. Esta estrategia debe tender hacia un desarrollo equilibrado de las infraestructuras de transporte multimodal.

2.4.2. La futura red incluirá la red transeuropea de transporte de la actual Unión, las secciones adecuadas de las distintas redes nacionales de los países candidatos y los enlaces necesarios entre las mismas. De acuerdo con las cifras que figuran en la Comunicación de la Comisión, los posibles costes de inversión necesarios para crear la red transeuropea de transporte de la Unión en los PECO se calculan en 50-90 000 millones de euros a lo largo de quince años, solamente para ajustar la situación de las carreteras y ferrocarriles a las normas de Europa occidental con el fin de hacer frente al crecimiento de tráfico previsto, sin tener en cuenta los nuevos enlaces.

2.4.3. La ayuda del ISPA a las futuras redes transeuropeas de transporte permitirá por lo tanto la financiación de medidas de infraestructuras de transporte que fomenten una movilidad sostenible, especialmente los proyectos de interés común basados en los criterios establecidos en la Decisión 1692/96 del Consejo, que permitan a los PECO alcanzar los objetivos fijados en las asociaciones para la adhesión, incluida la interconexión e interoperabilidad de las distintas redes nacionales y de éstas con las redes transeuropeas de transporte, así como el acceso a tales redes.

2.4.4. Los resultados del proceso de evaluación de las necesidades en infraestructuras de transporte (TINA) se tendrán también en cuenta a la hora de determinar los proyectos apropiados.

2.5. Asistencia técnica

2.5.1. Una pequeña parte del presupuesto del ISPA se destinará también a la financiación de estudios previos y de gastos en concepto de asistencia técnica. Será preciso establecer un vínculo claro entre las medidas subvencionadas y los proyectos financiados a través del ISPA. Una de las funciones clave de la asistencia técnica será la de garantizar la elevada calidad de los proyectos, inclusive en lo tocante a la eficacia de su gestión y aplicación.

2.5.1.1. El total de los gastos efectuados por iniciativa de la Comisión no deberá suponer más del 2 % del total de la financiación del ISPA. El mecanismo del programa PHARE para infraestructuras a gran escala se centrará principalmente en la ampliación de las RTE más allá de las fronteras de la Unión Europea y en los problemas medioambientales relacionados con la adhesión que tengan una incidencia transfronteriza, y se dedicará también a ayudar a la preparación de los proyectos que recibirán posteriormente la ayuda financiera del ISPA.

2.5.2. Será necesario garantizar una estrecha colaboración entre el ISPA, el programa PHARE y la ayuda de preadhesión al sector agrícola, con el fin de evitar la duplicación del tipo de operación que vaya a financiarse. El Comité previsto en la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la coordinación de la ayuda a los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión () desempeñará un papel clave a ese respecto.

2.5.3. Como toda ayuda de preadhesión, el ISPA estará sujeto a las normas relativas a la condicionalidad, establecidas en el Reglamento referente a las asociaciones para la adhesión.

2.6. Disposiciones financieras

2.6.1. Por analogía con el Fondo de Cohesión, el ISPA adoptará un enfoque por proyectos o grupos de proyectos (denominados «medidas»), cuya escala deberá ser suficiente para que tengan una incidencia significativa en la protección del medio ambiente o en la mejora de las redes de infraestructuras de transporte. De acuerdo con la experiencia adquirida con el Fondo de Cohesión y, a fin de evitar, en especial, una carga administrativa desproporcionada, los proyectos deben tener un volumen mínimo de 5 millones de euros. Este volumen mínimo debe también tener en cuenta el pequeño tamaño de algunos de los países candidatos.

2.6.2. La selección y aprobación de los proyectos se basará en los programas nacionales en los sectores del transporte y del medio ambiente incluidos en el programa nacional para la adopción del acervo, que constituye uno de los principales elementos de las asociaciones para la adhesión. Estos programas recogen estrategias específicas en materia de medio ambiente y transporte y cuentan con la dimensión transnacional necesaria para el desarrollo de las futuras redes transeuropeas. La propuesta de Reglamento establece también una serie de criterios destinados a garantizar la elevada calidad de los proyectos, incluidos su efecto impulsor y su grado de disponibilidad.

2.6.3. La Comisión procederá a la asignación indicativa de los recursos del ISPA a los países beneficiarios sobre la base de criterios de población, de PIB per cápita expresado en paridades de poder adquisitivo (que reflejan de modo realista la riqueza de los países) y de superficie.

2.6.3.1. Las asignaciones se establecerán entre un límite máximo y un límite mínimo con el fin de garantizar cierto grado de flexibilidad financiera. Se tendrán también debidamente en cuenta las deficiencias respectivas de los distintos países en materia de medio ambiente e infraestructuras de transporte. Estas asignaciones podrán reajustarse posteriormente en función de los resultados conseguidos por cada Estado beneficiario en la realización de las medidas del ISPA.

2.6.4. Se considera importante que, en la medida de lo posible, el ISPA tenga un efecto catalizador con respecto a las necesidades globales de inversiones, en lugar de subvencionar inversiones ad hoc. La Agenda 2000 también aboga por un mayor efecto multiplicador de los recursos estructurales a través de la utilización de tipos de ayuda distintos de las subvenciones directas. Concretamente,

I) los escasos recursos del sector público deberían tener un efecto impulsor, especialmente a través de la utilización de la cofinanciación del sector privado;

II) la ayuda del ISPA no debe desplazar otras posibilidades de financiación, incluidos los recursos locales y los ingresos generados por los proyectos.

2.6.5. La Comisión intentará conseguir el máximo efecto multiplicador del ISPA, fomentando un mayor recurso a fuentes de financiación a través de préstamos y participaciones, especialmente del sector privado. El énfasis en la búsqueda de fuentes alternativas de financiación contribuirá a eliminar la tendencia a contar con un elevado nivel de subvención; este planteamiento puede también considerarse importante a la hora de apoyar los esfuerzos realizados por los países candidatos para pasar a una economía de mercado.

2.6.5.1. El objetivo consiste, pues, en obtener un porcentaje variable de ayuda comunitaria a través del ISPA en función del tipo de proyecto y del paquete financiero. Podrá alcanzar hasta el 85 % de los gastos públicos o equivalentes; el nivel preciso de la ayuda tendrá en cuenta también los siguientes factores:

I) el interés global que supone para la Comunidad la aplicación de un proyecto concreto;

II) la capacidad del proyecto para generar ingresos;

III) la adecuada aplicación del principio de quien contamina, paga.

2.6.5.2. Tal enfoque ofrece la flexibilidad necesaria para permitir un porcentaje de ayuda inferior en el caso de los proyectos para los que existe una posibilidad de financiación mediante préstamos, y, por otro lado, el límite máximo permite a la Comisión adaptar el porcentaje de ayuda a cada caso.

2.6.6. Los artículos del ISPA acerca de la gestión financiera reflejan las disposiciones del Título IX del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, que recoge las disposiciones financieras relativas a la ayuda exterior. Eso significa, en esencia, que los proyectos aprobados por la Comisión se acompañarán de un protocolo de financiación que habrán de establecer la Comisión y el país beneficiario. Los protocolos de financiación especificarán también los mecanismos de pago relativos a los proyectos y los sistemas de gestión, evaluación y control. Allí donde lo permita el Reglamento financiero, estos mecanismos y sistemas serán similares a los del Fondo de Cohesión.

2.6.6.1. Sin embargo, el sistema que se aplicará a los compromisos presupuestarios contraídos en el marco del ISPA, basado en proyectos plurianuales, será más sencillo y eficaz. El compromiso inicial se adoptará cuando la Comisión haya tomado la decisión de conceder la ayuda comunitaria. Los compromisos relativos a los tramos anuales subsiguientes se adoptarán al principio de cada ejercicio presupuestario y a más tardar el 1 de abril del año de que se trate.

2.6.6.2. Al tiempo que contribuye a mejorar la gestión de las medidas plurianuales, esta excepción a lo dispuesto en el Reglamento financiero, por la que se autorizan créditos presupuestarios a lo largo de un ejercicio financiero, tendrá que ser incluida en el acuerdo interinstitucional. Para evitar una excesiva diferencia entre el nivel de compromisos y el de pagos, y a fin de incitar a una utilización eficaz de los recursos, la ayuda concedida a un proyecto cuyas obras no se hayan iniciado en el plazo previsto en el protocolo de financiación quedará anulada automáticamente.

2.6.6.3. Este enfoque permitirá obtener una visión global coherente de las operaciones que vayan a desarrollarse para cada uno de los proyectos, garantizando al mismo tiempo cierto grado de descentralización que asegure una gestión, control y evaluación eficaces. Esto significa que, en la medida en que lo permitan el Reglamento financiero y los protocolos de financiación respectivos, la aplicación de los proyectos será responsabilidad de los PECO, bajo la supervisión de la Comisión. Los países beneficiarios deberán haber establecido los sistemas de gestión y control necesarios a partir del 1 de enero del año 2000 y, en todo caso, el 1 de enero de 2002, a más tardar. En caso necesario, se podrá recurrir a la ayuda exterior hasta el 1 de enero de 2002.

2.7. Seguimiento y evaluación

2.7.1. Los mecanismos de evaluación y seguimiento del ISPA serán aplicados conjuntamente por el país candidato y la Comisión a través de una serie de procedimientos establecidos en el protocolo de financiación correspondiente. Concretamente, el seguimiento se llevará a cabo con la ayuda de indicadores materiales y financieros cuantificados, relacionados con el carácter específico del proyecto y sus objetivos. Durante la aplicación de los proyectos y una vez concluidos éstos, el proceso de evaluación determinará asimismo si los objetivos iniciales pueden alcanzarse o han sido logrados. La capacidad de evaluación de los organismos encargados de la aplicación y del seguimiento en esos países contará también con el apoyo de la asistencia técnica.

2.8. Comité de ayuda a la aplicación

2.8.1. A efectos de la aplicación del Reglamento sobre el ISPA, la Comisión estará asistida por un Comité consultivo compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El Comité emitirá dictámenes sobre los asuntos sometidos por la Comisión a su consideración, en caso necesario mediante votación. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) participará también en el Comité, sin derecho de voto.

2.9. Calendario

2.9.1. La aprobación del proyecto de Reglamento sobre el ISPA, junto con su subsiguiente negociación y consulta en las demás instituciones de la UE, se llevará a cabo en el marco del calendario general para la aprobación de los otros instrumentos de preadhesión incluidos en la Agenda 2000.

3. Observaciones generales

3.1. En consonancia con su anterior dictamen de iniciativa (), el CES acoge favorablemente las propuestas de la Comisión para reforzar la estrategia de preadhesión, ofreciendo a los PECO un programa coherente de preparación a su adhesión a la UE.

3.1.1. El Comité manifiesta su acuerdo con el objetivo general de agrupar las distintas formas de ayuda ofrecidas por la Unión en un único marco, el de las asociaciones para la adhesión, y de familiarizar a los PECO con las políticas y los procedimientos de la Unión, ofreciéndoles, entre otras cosas, la posibilidad de participar en programas comunitarios.

3.1.2. El Comité aprueba también la decisión de concentrar esta ayuda en medidas relativas al medio ambiente y a las infraestructuras de transporte, de acuerdo con el enfoque seguido para el Fondo de Cohesión revisado.

3.1.3. El Comité ha subrayado siempre la importancia de los problemas medioambientales y manifiesta su preocupación por lo poco que se ha avanzado, en general, en este terreno. Observa que los países candidatos se enfrentan, en líneas generales, con problemas medioambientales más acuciantes que los que existen en los Estados miembros, y suscribe plenamente la selección del acervo medioambiental como una de las áreas prioritarias de la ayuda del ISPA.

3.1.4. El Comité apoya también la elección de las infraestructuras de transporte como segunda prioridad. Considera esencial crear una red coherente allí donde ahora existe una amalgama de enlaces de transporte, así como, establecer conexiones rápidas y seguras entre los distintos países, con el fin de mejorar la eficacia del mercado único y aumentar al máximo el potencial del comercio europeo.

3.1.4.1. Como señaló el Comisario Kinnock, las fronteras no podrán abrirse como conviene y los bienes y las personas no podrán circular libremente a menos que las carreteras, los ferrocarriles, los aeropuertos y los puertos de Europa Central y Oriental funcionen con eficacia. La red diseñada es un primer paso importante para garantizar ese objetivo.

3.2. El Comité toma nota de que, según las estimaciones más fidedignas de que se dispone, el total de las inversiones necesarias en los diez países candidatos para adoptar el acervo comunitario en materia de medio ambiente es aproximadamente de 100 000 millones de euros.

3.2.1. El Comité toma también nota de que los costes de inversión en infraestructuras de transporte se calculan en 50-90 000 millones de euros a lo largo de quince años, solamente para ajustar la situación de las carreteras y ferrocarriles a las normas de la UE con el fin de hacer frente al crecimiento de tráfico previsto, pero sin tener en cuenta los nuevos enlaces.

3.2.2. Frente a estas necesidades globales que ascienden aproximadamente a 170 000 millones de euros, se propone que la UE aporte una ayuda anual de mil millones durante el período de 2000-2006, es decir, un total de 7 000 millones de euros, o un 4 % aproximadamente de la inversión prevista.

3.2.2.1. El CES observa que, en comparación con el periodo 1993-1999, la financiación de la acción estructural de los Fondos europeos de política regional y cohesión para el período 2000-2006 está previsto aumentarla según el esquema siguiente (en miles de millones de euros):

>SITIO PARA UN CUADRO>

3.2.2.2. El CES opina que es necesario estudiar una redistribución de los 45 000 millones de euros concedidos a los países candidatos entre la fase de preadhesión y la de postadhesión. Actualmente se considera muy probable que los primeros países candidatos no sean admitidos, sino bien entrado el periodo de financiación, y el número de países que formen parte de la primera tanda puede ser pequeño. Por consiguiente, el período durante el cual se dispondrá de la financiación de postadhesión será limitado y solamente tendrán derecho a ella un número pequeño de países.

3.2.2.3. Teniendo en cuenta esta situación, y puesto que conviene que los países candidatos adopten el acervo medioambiental y que mejoren su infraestructura de transportes cuanto antes, el CES recomienda que se destine a la fase de preadhesión un porcentaje mayor de los 45 000 millones de euros; si se aumentara hasta 2 500 millones de euros al año, es decir, un total de 17 500 millones de euros, se lograría hasta cierto punto reducir la diferencia que existe actualmente entre las inversiones necesarias en el período de preadhesión y los fondos disponibles

3.2.3. Otras fuentes de financiación disponibles son el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Mundial, la financiación del sector público en los PECO y la aplicación del principio de «quien contamina, paga» en el ámbito de la mejora medioambiental dentro de cada país candidato.

3.2.3.1. También es importante que exista financiación paralela por parte de los distintos Estados miembros.

3.2.3.2. Con todo, parece probable que el total de la financiación procedente de todas estas fuentes no cubra ni con mucho el total de las inversiones necesarias, sobre todo en lo que concierne al acervo medioambiental, y hay que preguntarse si será posible atraer suficiente financiación del sector privado para lograr estos objetivos en un plazo aceptable.

3.2.3.3. El CES cree que para alcanzar el nivel máximo de cofinanciación del sector privado será necesario desarrollar una verdadera estrategia de cooperación industrial. Concretamente, convendría evitar un exceso de preprogramación con el fin de no obstruir la iniciativa privada y dejar margen suficiente para un enfoque innovador respecto al sector privado.

3.2.3.4. El esfuerzo por aumentar la oferta de nuevas fuentes de financiación podría consistir, por ejemplo, en ayudar a sanear el sistema bancario en los países candidatos y consolidar los mercados de valores, ayudando así a atraer capital privado nacional y extranjero.

3.2.3.5. El CES subraya también que la inversión necesaria no solo es financiera sino también tecnológica. Por consiguiente, será esencial establecer derechos de propiedad fijos, protección de la propiedad intelectual industrial y legislación y prácticas de competencia que se ajusten a las normas de la UE.

3.3. Dada la probable insuficiencia de los fondos disponibles, el CES considera que la ayuda del ISPA debería concentrarse en los proyectos y áreas de mayor repercusión, sin diseminarla entre un abanico demasiado amplio de proyectos.

3.3.1. Por esta razón, el CES aprueba la decisión de limitar la ayuda del ISPA a proyectos de un valor mínimo de 5 millones de euros.

3.3.2. El CES toma nota de que las estimaciones relativas a la financiación necesaria para infraestructuras de transporte no incluyen los nuevos enlaces, y observa a ese respecto que, si bien la mejora de las infraestructuras existentes aportará algunos beneficios, su repercusión en los flujos comerciales -dentro de los PECO, entre ellos, y entre éstos y los Estados miembros de la UE- será limitada si no se construyen nuevos enlaces, con la consiguiente reducción del efecto beneficioso para las economías de los PECO y de los actuales Estados miembros.

3.3.2.1. La existencia de sistemas de transporte eficaces es esencial para la economía de la Unión y para garantizar el funcionamiento del principio básico de la UE de la libre circulación de mercancías y personas. La cuestión guarda también relación directa con la seguridad de las personas y el medio ambiente. Muy pocos de los países candidatos han dado alta prioridad al transporte por carretera, pese a haber registrado un notable aumento en el índice de vehículos privados. Los fondos nacionales no bastan para llevar a cabo las mejoras de infraestructura que son necesarias para hacer frente a la demanda adicional que soportan los sistemas de transporte. Las redes transeuropeas de transporte modernas son vitales para la competencia europea, el crecimiento sostenible a largo plazo y el empleo; también son esenciales para los países candidatos, si quieren poner en pie economías competitivas que sean capaces de hacer frente a la demanda y aprovechar las oportunidades del mercado único.

3.3.3. El CES considera por tanto que la estrategia de mejora de las infraestructuras de transporte en los PECO debe reforzarse mediante la construcción de nuevos enlaces entre ellos y los Estados miembros de la UE. Toma nota de que el acceso a las RTE forma parte del programa ISPA, pero observa que el coste correspondiente no está incluido en las estimaciones financieras. Dada la decepcionante ausencia de progreso en los proyectos RTE existentes, se plantea la cuestión de cómo se van a financiar esos enlaces.

4. Observaciones específicas

4.1. El CES coincide con la Comisión en que los escasos recursos del sector público deberían tener un efecto impulsor, especialmente a través de la utilización de la cofinanciación del sector privado, y de que la ayuda del ISPA no debe desplazar otras posibilidades de financiación.

4.2. El CES aprueba la propuesta de conservar una cierta flexibilidad en los porcentajes de ayuda, en función de la existencia de otras fuentes de financiación, pero observa que dicho porcentaje puede llegar a un 85 % del coste del proyecto, y propone que, visto el importe relativamente modesto de la financiación del ISPA, se considere este porcentaje como un límite máximo, sin dejar que se convierta en la norma.

4.2.1. Con el fin de lograr la máxima sinergia, convendría conectar los proyectos ISPA con proyectos desarrollados en los países beneficiarios, mejorando así la coordinación con los presupuestos nacionales y mejorando las perspectivas de conseguir financiación del sector privado.

4.3. El CES acoge favorablemente el enfoque pragmático de la Comisión para la selección de proyectos según los criterios del interés global que supone para la Comunidad la aplicación del proyecto, de la capacidad del proyecto para generar ingresos y de la aplicación del principio «quien contamina, paga».

4.4. El CES observa que la ayuda del ISPA puede revestir la forma de ayuda directa no reembolsable, ayuda reembolsable, bonificaciones de interés, comisión de garantía, participación en capital de riesgo o cualquier otro tipo de financiación. Difiere en eso del Fondo de Cohesión, que concede ayudas directas no reembolsables. El Comité aprueba esta divergencia, por considerar que da más flexibilidad y permite proporcionar la financiación adecuada en cada caso en función de las necesidades del proyecto. Las ayudas reembolsables, en concreto, tienen un mayor efecto multiplicador, porque, una vez reembolsadas, pueden reciclarse para otros proyectos.

4.4.1. El Comité aprueba también que se prevea consultar al Banco Europeo de Inversiones sobre el tipo de plan financiero más conveniente para cada proyecto.

4.5. El Comité aprueba que la asignación indicativa de los recursos del ISPA a los países beneficiarios se realice sobre la base de criterios de población, de PIB per cápita expresado en paridades de poder adquisitivo y de superficie, con mayor ayuda para los países con PIB per cápita más bajo. Asimismo, acoge favorablemente el hecho de que se tengan en cuenta las deficiencias de cada país en materia de infraestructura de medio ambiente y transportes.

4.6. El CES está de acuerdo con la Comisión en la necesidad de ejercer un seguimiento, una evaluación y un control adecuados de los proyectos. Toma nota de que los sistemas de gestión y control exigidos deberán establecerse en los países beneficiarios para el 1 de enero de 2002, y recomienda que la creación de estos mecanismos sea un requisito preliminar obligatorio para cualquier financiación del ISPA. Por otro lado, considera que el funcionamiento y la eficacia general del programa ISPA debería ser objeto de una revisión periódica.

4.7. El CES aprueba el recurso a un sistema más simple y más eficaz en materia de compromisos presupuestarios y, en particular, la disposición según la cual se anulará automáticamente la ayuda concedida para proyectos cuyos trabajos no hayan comenzado en el período presupuestario especificado.

4.8. El Comité toma nota de que las mejoras de las infraestructuras de transporte exigidas por los proyectos de regeneración industrial o desarrollo rural del programa PHARE serán financiadas por este programa. Toma nota también de que el ISPA puede financiar estudios de viabilidad y asistencia técnica destinados a proyectos financiados a través del programa PHARE. El Comité acepta esta lógica, pero quiere destacar la necesidad de procurar que este solapamiento no provoque confusión ni duplicación de la financiación entre los dos programas.

4.9. En lo referente a la asistencia técnica, el Comité recomienda que se preste suficiente atención al desarrollo de los recursos humanos, a la capacidad administrativa y a la participación constructiva de los interlocutores sociales y otros representantes de la sociedad civil en el proceso de transición.

5. Conclusión

5.1. El CES aprueba las propuestas de la Comisión para la creación del ISPA y está de acuerdo en que debe tener un efecto catalizador estratégico, pero manifiesta su preocupación por la disparidad que existe entre la escala de la ayuda proporcionada y el importe total de la financiación necesaria. Por ello, considera que los 45 000 millones de euros concedidos a los países candidatos para el período de 2000-2006 deberían distribuirse de manera más uniforme entre las fases de preadhesión y de postadhesión.

Bruselas, el 10 de septiembre de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 164 de 29.5.1998, p. 4.

() «Fortalecimiento de la estrategia de preadhesión» DO C 157 de 25.5.1998, p. 58.

() COM(98) 150.

[Top](#document1)