Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto T‑873/16

Groupe Canal + SA

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Distribución televisiva — Decisión que convierte en obligatorios determinados compromisos — Exclusividad territorial — Evaluación preliminar — Afectación de los derechos contractuales de terceros — Proporcionalidad»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 12 de diciembre de 2018

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Cese de las infracciones — Facultad de la Comisión — Medidas correctoras y compromisos — Límites

   [Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 9]
2. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Perjuicio para la competencia — Licencia exclusiva entre un titular de derechos de propiedad intelectual y un organismo de radiodifusión — Prohibición de proporcionar descodificadores de esa difusión fuera del territorio cubierto por el contrato de licencia — Improcedencia

   (Art. 101 TFUE, ap. 1)
3. Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directivas 93/83/CEE, 2001/29/CE y 2006/115/CE — Derecho de alquiler y préstamo de obras protegidas — Radiodifusión y comunicación al público — Derecho de remuneración del titular de los derechos de autor — Alcance — Límites — Necesidad de una relación razonable con los elementos que caracterizan la emisión

   (Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2001/29/CE, considerando 10, y 2006/115/CE, considerando 5; Directiva 93/83/CEE del Consejo, considerando 17)
4. Competencia — Procedimiento administrativo — Cese de las infracciones — Decisión de la Comisión que declara obligatorios los compromisos asumidos en virtud del artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 — Necesidad de que el comportamiento que suscitó las inquietudes de la Comisión cumpla los requisitos acumulativos de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 3 — Inexistencia

   [Art. 101 TFUE, aps. 1 y 3; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 9, ap. 1]
5. Derechos fundamentales — Libertad de expresión — Alcance — Límites

   (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 16 y 52, ap. 1)
6. Competencia — Procedimiento administrativo — Cese de las infracciones — Decisión de la Comisión que declara obligatorios los compromisos asumidos en virtud del artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 — Carácter vinculante para los órganos jurisdiccionales nacionales — Alcance

   [Arts. 101 TFUE y 102 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, arts. 9, ap. 1, 15 y 16]
7. Competencia — Procedimiento administrativo — Cese de las infracciones — Facultad de la Comisión — Compromisos — Respeto del principio de proporcionalidad — Toma en consideración del interés de terceros — Alcance

   [Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, arts. 7 y 9]
8. Recurso de anulación — Motivos — Desviación de poder — Concepto

1. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 36 y 37)
2. En un contexto fáctico caracterizado por obstáculos importantes que limiten seriamente las posibilidades de distribución televisiva transfronteriza, la circunstancia de que el titular del derecho de autor conceda a un único licenciatario el derecho exclusivo de difundir contenidos audiovisuales en el territorio de un Estado miembro y, por consiguiente, de prohibir, durante un período determinado, la emisión por otros operadores que no hayan obtenido la autorización de los titulares de derechos ni abonado una remuneración a estos no basta para declarar que dicho acuerdo deba considerarse objeto, medio o consecuencia de una práctica colusoria prohibida por el Tratado.

   Por consiguiente, un titular de derechos de autor puede conceder, en principio, a un licenciatario único el derecho exclusivo de difundir vía satélite, durante un período de tiempo determinado, un objeto protegido en virtud de ese derecho desde un único Estado miembro de emisión o desde varios Estados miembros. En cambio, cuando los acuerdos que concluye el titular del derecho de autor contienen cláusulas en virtud de las cuales dicho titular está obligado a prohibir a partir de ese momento a todas sus partes contratantes en el mercado del EEE que realicen ventas pasivas en los mercados geográficos situados fuera del Estado miembro para el que les concede una licencia exclusiva, estas cláusulas otorgan una exclusividad territorial absoluta contractualmente estipulada y vulneran, por tanto, el artículo 101 TFUE, apartado 1.

   En efecto, un acuerdo que tienda a restablecer la compartimentación de los mercados nacionales puede ser contrario al objetivo del Tratado de realizar la integración de dichos mercados mediante el establecimiento de un mercado único. Así, los contratos cuyo objetivo es la compartimentación de los mercados con arreglo a las fronteras nacionales o que dificultan la interpenetración de los mercados nacionales deben considerarse, en principio, acuerdos cuyo objetivo es restringir la competencia en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1. En este contexto, cuando un contrato de licencia pretende prohibir o limitar la prestación transfronteriza de servicios de radiodifusión, tiene por objeto una restricción de la competencia, salvo que otras circunstancias en su contexto económico y jurídico permitan comprobar que dicho contrato no puede menoscabar la competencia.

   (véanse los apartados 43 a 46 y 48)
3. Si bien es cierto que el objeto específico de la propiedad intelectual es, en particular, asegurar a los titulares de los derechos que de ella se derivan la posibilidad de explotarlos comercialmente, no lo es menos que ese objeto no garantiza a dichos titulares la posibilidad de reclamar la máxima remuneración posible, sino únicamente una remuneración adecuada. Esta conclusión resulta corroborada por el considerando 10 de la Directiva 2001/29 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y por el considerando 5 de la Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

   Una remuneración adecuada del titular de este derecho es la que presenta una relación razonable con el número real o potencial de personas que disfrutan o desean disfrutar de la prestación proporcionada. Así, en materia de radiodifusión televisiva, tal remuneración debe, en particular, mantener una relación razonable con los elementos que caracterizan la emisión, tales como la audiencia real, la audiencia potencial y la versión lingüística. Este planteamiento resulta confirmado por el considerando 17 de la Directiva 93/83, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.

   A este respecto, en el marco de un sistema de licencias que carezcan de cláusulas destinadas a compartimentar los mercados según las fronteras nacionales, nada se opone a que el titular de derechos negocie un importe que tenga en cuenta la audiencia potencial tanto en el Estado miembro para el que se concede la licencia exclusiva como en cualquier otro Estado miembro en el que se reciban también las emisiones objeto del acuerdo de distribución. En efecto, la tecnología necesaria para la recepción de las obras amparadas por los derechos en cuestión permite determinar la audiencia efectiva y potencial, desglosadas por países de procedencia de la solicitud de compra. Esta misma tecnología permite también modular las medidas de promoción activa con el fin de limitarlas al territorio para el que se concede una licencia exclusiva.

   En este contexto, nada impide que el titular de derechos pueda reclamar un suplemento a cambio de una licencia que tenga en cuenta la audiencia efectiva y potencial en el conjunto del EEE. En cambio, el suplemento necesariamente más importante pagado a los efectos de una exclusividad territorial absoluta se justifica por las diferencias de precio artificiales entre los mercados nacionales compartimentados, incompatibles con el objetivo esencial del Tratado, que es la realización de un mercado interior. Por este motivo, tal suplemento va más allá de lo necesario para garantizar a dichos titulares una remuneración adecuada.

   (véanse los apartados 53 a 56)
4. El procedimiento que da lugar a una aceptación de compromisos ofrecidos se rige por el principio de que las empresas investigadas son informadas de las inquietudes de la Comisión y valoran la conveniencia de ofrecer compromisos para el futuro a cambio de que la Comisión no declare que se ha cometido una infracción. La Comisión, por su parte, evalúa la conveniencia de renunciar a la declaración de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, y de economizar así los recursos que habría debido dedicar al asunto en cuestión, a cambio de compromisos que, por definición, se refieren al futuro y disipan todas sus inquietudes en la materia.

   En este contexto, la cuestión de dilucidar si el comportamiento que suscitó las inquietudes en cuestión cumple los requisitos acumulativos de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 3, resulta ajena a la propia naturaleza de una decisión sobre los compromisos adoptada por la Comisión en relación con determinados acuerdos entre empresas con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 relativo a la aplicación de las normas de competencia previstas en los artículos 101 TFUE y 102 TFUE. En efecto, por una parte, la aplicación de dicha disposición presupone una declaración de infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1. Por otra parte, la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 3, consiste en determinar los efectos favorables a la competencia producidos por el acuerdo que infringe el artículo 101 TFUE, apartado 1, y en comprobar si esos efectos favorables a la competencia prevalecen sobre los efectos contrarios a ella.

   (véanse los apartados 61 y 62)
5. El derecho de los operadores económicos a configurar sus relaciones en función de su voluntad tal y como esta se expresa en los acuerdos que celebren forma parte de la libertad contractual. Esta libertad, que incluye la posibilidad de elegir libremente clientes y proveedores y determinar el contenido de un acuerdo, está garantizada por el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra la libertad de empresa.

   Si bien es cierto que la libertad de empresa no constituye una prerrogativa absoluta y debe tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad, no lo es menos que, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, su limitación deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de esa libertad.

   (véanse los apartados 86 y 87)
6. Cuando una decisión sobre los compromisos adoptada por la Comisión en relación con determinados acuerdos entre empresas, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 relativo a la aplicación de las normas de competencia previstas en los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, imponga a una empresa la obligación de dejar de cumplir las cláusulas pertinentes en sus relaciones con las otras partes contratantes, esta obligación no prejuzga en modo alguno la facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales de apreciar si esas cláusulas son efectivamente contrarias al artículo 101 TFUE, apartado 1, y de extraer, en su caso, las consecuencias oportunas en virtud del apartado 2 del mismo artículo y del Derecho nacional. En este contexto, dicha Decisión de la Comisión podrá, a lo sumo, influir en las apreciaciones del juez nacional únicamente en la medida en que contiene una apreciación preliminar que este debe tener en cuenta solo como indicio del carácter contrario a la competencia del acuerdo examinado a la luz del artículo 101 TFUE, apartado 1. Así, debido a su carácter sumario y provisional, el análisis que la Comisión haga desde el punto de vista del Derecho de la competencia en una decisión adoptada con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 no puede impedir al órgano jurisdiccional nacional, en último término, llegar a una conclusión total o parcialmente diferente sobre el mismo asunto tras efectuar nuevas averiguaciones y un análisis más profundo.

   Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya convertido en obligatorios los compromisos individuales propuestos por una empresa no significa que las demás empresas queden privadas de la posibilidad de proteger sus eventuales derechos en sus relaciones con la primera empresa.

   En este contexto, si el juez nacional considera, al término de su análisis y tras estudiar la posibilidad de recurrir a las vías previstas en los artículos 15 y 16 del Reglamento n.o 1/2003, que las cláusulas pertinentes infringen el artículo 101 TFUE, apartado 1, sin que cumplan los requisitos del apartado 3 del mismo artículo, le corresponderá declarar su nulidad en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 2. En cambio, si considera que las cláusulas pertinentes no infringen el artículo 101 TFUE, apartado 1, o que cumplen los requisitos del apartado 3 del citado artículo, deberá, en su caso, apreciar el fundamento de la demanda de la que conozca, al no oponerse el artículo 101 TFUE a la aplicación de las cláusulas pertinentes.

   En este último supuesto, si el resultado del procedimiento seguido ante el juez nacional lleva a la empresa afectada a incumplir el compromiso que la Decisión de la Comisión ha convertido en obligatorio, incumbirá a la Comisión, en su caso, reabrir su investigación conforme al artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1/2003, en cuyo caso esa institución no estará vinculada por la resolución del juez nacional.

   (véanse los apartados 100 a 103)
7. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 113 a 117)
8. Véase el texto de la resolución.

   (véase el apartado 128)

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