Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 3.4.2004 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | CE 84/932 |

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(2004/C 84 E/1030)

PREGUNTA ESCRITA E-1033/04

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(5 de abril de 2004)

Asunto:   En defensa del préstamo público en las bibliotecas portuguesas

He tenido conocimiento, a través de una petición que circula en Internet, que la Comisión Europea, con fecha de 16 de enero de 2004, decidió solicitar formalmente información a Portugal, España, Francia, Italia, Irlanda y Luxemburgo en relación con la aplicación, a nivel nacional, del derecho de préstamo público y de alquiler, así como con ciertos derechos relativos a los derechos de autor en materia de propiedad intelectual.

Esto significa que se corre el riesgo de que en las bibliotecas portuguesas, tanto públicas como escolares, universitarias o de otro tipo, se pueda aplicar algún tipo de tasa al préstamo público de libros y otros documentos.

En un país como Portugal, en el que las dificultades económicas y un hábito de lectura sólo incipiente dificultan el acceso de amplios sectores de la sociedad al conocimiento y la cultura, una medida de esa naturaleza resultaría catastrófica, puesto que frenaría en seco la labor en curso de promoción de la lectura y constituiría un paso en la dirección equivocada, en relación con el proceso de recualificación profesional de los trabajadores portugueses, para lograr que éstos se puedan enfrentar con éxito a los desafíos de la denominada sociedad del conocimiento.

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| 1. | ¿Confirma la Comisión esta información? En caso afirmativo, ¿qué tipo de medidas prevé emprender para garantizar a los ciudadanos un acceso libre e ilimitado al conocimiento, a las diversas formas de expresión del pensamiento, a la cultura y a la información? |

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| 2. | ¿Qué medidas tiene intención de poner en práctica la Comisión para que el actual régimen del que se benefician las bibliotecas, archivos, museos y centros similares, a los que actualmente se aplica la exención contemplada en la Ley de Propiedad Intelectual, se mantenga exactamente en los mismos términos que actualmente contempla la legislación portuguesa, así como en consonancia con el marco legal creado por la Directiva 92/100/CEE[(1)](#ntr1-CE2004084ES.01093201-E0001) sobre los derechos de alquiler y préstamo? |

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

El derecho de préstamo público se armonizó en 1992 mediante los artículos 1 y 5 de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. Esta Directiva del Consejo recibió el voto unánime de los Estados miembros.

El concepto de derecho de préstamo público que figura en la Directiva[(2)](#ntr2-CE2004084ES.01093201-E0002) tiene como objetivo contribuir a la realización de un auténtico mercado interior de los bienes y servicios protegidos por la propiedad intelectual, así como tener en cuenta las diferentes tradiciones de los Estados miembros en materia de préstamo público. A tal fin, en el artículo 5 de la Directiva se determina que los Estados miembros podrán establecer excepciones al derecho exclusivo de préstamo siempre que los autores al menos obtengan una remuneración por esos préstamos. Asimismo, los Estados miembros podrán eximir a determinadas categorías de establecimientos del pago del derecho de préstamo.

Por consiguiente, es posible encontrar el equilibrio entre la justa y necesaria retribución de los creadores y el acceso más amplio posible a los bienes culturales y de conocimiento a través del préstamo público. Esto es, además, lo que puso de relieve el Comisario responsable de Mercado Interior el 16 de septiembre de 2002[(3)](#ntr3-CE2004084ES.01093201-E0003) con ocasión de la publicación del informe sobre la aplicación del derecho de préstamo público en los Estados miembros[(4)](#ntr4-CE2004084ES.01093201-E0004):

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|  | «El reto que se nos presenta consiste en […] velar por que el público tenga siempre acceso a los productos culturales, al tiempo que nos aseguramos de que sus autores reciban a cambio una remuneración que les permita seguir trabajando y haciéndonos disfrutar». |

A fin de garantizar este equilibrio y la adecuada aplicación de la Directiva, la Comisión ha iniciado procedimientos de infracción, con arreglo al artículo 226 del Tratado CE, contra los Estados miembros que no han transpuesto —o lo han hecho de manera incorrecta— los artículos 1 y 5 de la Directiva 92/100/CEE (por ejemplo, si han eximido del pago del derecho de préstamo a todas las categorías de establecimiento de préstamo público[(5)](#ntr5-CE2004084ES.01093201-E0005)), lo que supone un perjuicio innegable para el buen funcionamiento del mercado interior y para los titulares del derecho, ya que corresponde a la Comisión, en su función de guardiana de los Tratados, garantizar la plena y correcta aplicación del Derecho comunitario primario y derivado en todos los Estados miembros.

Asimismo, la Comisión quiere señalar que no le corresponde prever ni decidir el régimen aplicable en el ámbito nacional para garantizar la transposición de la Directiva mencionada, ya que dicha responsabilidad incumbe a los Estados miembros, quienes, por otra parte, disponen de una amplia flexibilidad para aplicar el derecho de préstamo público[(6)](#ntr6-CE2004084ES.01093201-E0006).

No obstante, la Comisión tiene la obligación de velar por la aplicación efectiva en todos los Estados miembros del derecho de préstamo público tal y como ha sido armonizado en la legislación comunitaria.

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