Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 52013DC0700

**COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Estrategia de ampliación y principales retos para 2013-2014 /\* COM/2013/0700 final  \*/**

  

Veinte años de Copenhague

Primero lo fundamental: Estado de Derecho, democracia y economía

I. La agenda de ampliación

Hace veinte años, los
Balcanes Occidentales estaban desgarrados por la guerra. Al mismo tiempo, la
Unión Europea acordó las condiciones de entrada de nuevos Estados miembros en
la UE, denominadas criterios de Copenhague. Dichos criterios reflejan los
valores en que se fundamenta la Unión, a saber, democracia, Estado de Derecho y
respeto de los derechos fundamentales, y también la importancia de disponer de
una economía de mercado en funcionamiento. De esa forma se sentaron las bases
para la transformación y adhesión históricas de los países de Europa Central y
Oriental.

Diez años después, en la
cumbre de Salónica de 2003, la UE ofreció a los países de los Balcanes
Occidentales una perspectiva clara de adhesión, a reserva del cumplimiento de
las condiciones necesarias, especialmente los criterios de Copenhague y las
condiciones del Proceso de Estabilización y Asociación.

Croacia ha cumplido dichas
condiciones. Tras la ratificación del Tratado de Adhesión por todos los Estados
miembros, la Unión Europea dio la bienvenida a Croacia como Estado miembro
nº 28. Croacia es el primer país que ha culminado el Proceso de
Estabilización y Asociación. La adhesión de Croacia es un ejemplo del poder de
transformación y el efecto estabilizador del proceso de ampliación, así como el
«poder blando» (soft power) de la Unión Europea.

El acuerdo histórico
alcanzado por Serbia y Kosovo\* en abril
es otra prueba del poder de la perspectiva de adhesión a la UE y de su papel en
la cicatrización de las profundas heridas de la Historia. Asimismo refleja el
valor crucial del liderazgo político de ambos países. En junio, el Consejo
Europeo decidió iniciar negociaciones de adhesión con Serbia, y el Consejo
autorizó la apertura de negociaciones con vistas a un Acuerdo de Estabilización
y Asociación entre la UE y Kosovo.

Este año ha sido un año
importante para los demás países de la ampliación.

En junio de 2013, Montenegro
adoptó planes globales de actuación en los capítulos del poder judicial y los
derechos fundamentales y de la justicia, la libertad y la seguridad, en
consonancia con el nuevo enfoque consistente en tratar esos capítulos en una
fase temprana del proceso de adhesión. En Albania, el consenso entre
partidos en favor del apoyo a las reformas clave, la realización ordenada de
elecciones generales y la adopción de medidas adicionales de lucha contra la
corrupción y la delincuencia organizada significan que el estatuto de candidato
está ahora al alcance. La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha
superado la crisis política en que cayó al principio del año, pero sigue
habiendo motivos de preocupación, sobre todo respecto a la libertad de
expresión y los medios de comunicación; se han adoptado medidas en el país para
mejorar las buenas relaciones de vecindad. De modo más general, ahora es vital
conseguir un avance decisivo en las conversaciones sobre el nombre del país,
auspiciadas por las Naciones Unidas. En Bosnia y Herzegovina, la falta
de voluntad política para llevar a cabo las reformas y el fracaso en la
aplicación de la sentencia Sejdic-Finci obstaculiza los avances del país hacia
la UE y las perspectivas económicas.

En Turquía, se ha
avanzado en cuanto a la reforma judicial, y en septiembre se presentaron otras
reformas y la tan esperada serie de medidas a favor de la democratización.
Prosiguieron las conversaciones de paz con el PKK, a fin de acabar con el
terrorismo y la violencia en el sudeste del país y de sentar las bases para
hallar una solución a la cuestión kurda. No obstante, la forma en que las
autoridades gestionaron las manifestaciones realizadas a raíz de la propuesta
de desarrollo del Parque Gezi en Estambul suscitó una gran preocupación y
subrayaron la necesidad de que la UE siga siendo el punto de anclaje para las
reformas.

En cuanto a Islandia,
el nuevo Gobierno ha dejado en suspenso las negociaciones con la UE y declarado
que las negociaciones no proseguirán sin un referéndum.

Actualmente, el proceso
de adhesión es más riguroso y global que en el pasado, lo que refleja la
evolución de las políticas de la UE y la experiencia adquirida en ampliaciones anteriores.
El proceso se basa en condiciones estrictas pero justas: el progreso hacia la
adhesión depende de las medidas que adopte cada país para cumplir los criterios
establecidos. Una lección fundamental del pasado es la importancia de tratar primero
las cuestiones fundamentales.

El Estado de Derecho
se halla ahora en el centro del proceso de ampliación. El nuevo enfoque
aprobado por el Consejo en diciembre de 2011 consiste en que los países deben
ocuparse, en una fase temprana de las negociaciones de adhesión, de cuestiones
como la reforma judicial y la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción;
con ello, los países tienen más tiempo para obtener un balance de resultados sólido
en la realización de reformas, de modo que se garantiza que las reformas estén
profundamente arraigadas y sean irreversibles. Este nuevo enfoque es un
elemento clave del marco de negociación con Montenegro y conformará la labor de
la Comisión con los demás países de la ampliación.

La crisis económica
mundial de los pasados cinco años ha puesto de manifiesto la necesidad de que
todos los países efectúen una revisión completa de su gobernanza económica
y la refuercen. Ello se aplica especialmente a los países de los Balcanes
Occidentales, ninguno de los cuales dispone de una economía de mercado en
funcionamiento. Todos padecen un elevado nivel de desempleo, sobre todo entre
los jóvenes. Es esencial que dichos países intensifiquen las reformas para
volver a la senda del crecimiento sostenible y afronten los retos necesarios
para cumplir los criterios económicos y aumentar la competitividad. En la
presente Comunicación se exponen propuestas de apoyo a ese fin, incluida la
introducción de estrategias nacionales de reforma económica y de planes de
actuación para la gestión de la hacienda pública.

Los acontecimientos
acaecidos en algunos países de la ampliación han señalado la importancia de consolidar
las instituciones democráticas y de garantizar unos procesos democráticos
integradores que respalden tales instituciones y fortalezcan los principios
democráticos fundamentales y los valores comunes de la UE. Es esencial que la
sociedad civil desempeñe un mayor papel y también que haya plataformas entre
partidos para la integración en la UE, así como mayores avances en las reformas
electoral, parlamentaria y de la administración pública.

La Unión Europea se basa
en valores y principios comunes, incluido el respeto de los derechos fundamentales.
Todos los países de los Balcanes Occidentales y Turquía precisan llevar a cabo
más reformas, con objeto de que los principios de la libertad de expresión y la
protección de los derechos de las personas que pertenecen a minorías, incluidos
los romaníes, se respeten en la práctica y no solo se plasmen en la
legislación. Es necesario adoptar medidas más sólidas para proteger a otros
grupos vulnerables de la discriminación, en especial por motivos de orientación
sexual.

Unas buenas
relaciones de vecindad y la cooperación regional son un elemento esencial
del Proceso de Estabilización y Asociación. En especial, la evolución observada
en Serbia y Kosovo ha puesto de manifiesto que los países pueden avanzar hacia
la superación del legado del reciente conflicto, en consonancia con el
principio genuino en que se fundamenta la Unión Europea. La cooperación
regional debe reforzarse más, de manera que sea integradora y sea asumida
regionalmente. La Comisión apoya plenamente la labor del Proceso de Cooperación
de Europa del Sudeste y del Consejo de Cooperación Regional, incluida la
Estrategia Regional 2020. Es necesario realizar esfuerzos renovados para
superar las controversias bilaterales entre los países de la ampliación
y entre ellos y los Estados miembros. Las cuestiones bilaterales deben ser
tratadas lo antes posible por las partes pertinentes y no deben frenar el
proceso de adhesión.

En el año 2014 se
producirá la puesta en marcha del segundo Instrumento de Asistencia a la
Preadhesión. A través del IPA II, la UE continuará prestando un apoyo
sustancial a los países de la ampliación en su preparación para la adhesión,
siendo el nivel de fondos del periodo  2014-2020 (11 700 millones EUR a
precios corrientes) comparable al del actual marco financiero. El IPA II
apoyará también la cooperación regional y transfronteriza; concentrará su labor
en los ámbitos de interés compartido, sobre todo las reformas y su aplicación
constante en el ámbito del Estado de Derecho, el fortalecimiento de las
instituciones democráticas, la buena gobernanza y el desarrollo socioeconómico.

La puesta en marcha del
IPA II es también una oportunidad de vincular todavía más la estrategia de
ampliación con las prioridades de la ayuda. El IPA II introduce algunas
innovaciones importantes, en especial la elaboración de políticas y estrategias
a largo plazo en una serie limitada de sectores prioritarios, que se ajustarán
a las necesidades y capacidades de cada país. Se fijarán objetivos claros e
indicadores realistas, que se vincularán a la asistencia sectorial plurianual.
Si los países alcanzan los estándares necesarios de gestión de la hacienda
pública, podrán beneficiarse de la ayuda presupuestaria, lo que constituirá un
incentivo adicional para las reformas. Habrá incentivos para los países que
avancen en el camino de la reforma; en caso de que no lo hagan, se reasignarán
los fondos. La gestión de los programas del IPA seguirá simplificándose, sobre
todo disminuyendo el número de proyectos y aumentando su magnitud.

Todos los países de la
ampliación tienen una clara perspectiva europea. Los avances hacia la
adhesión dependen de las medidas tomadas por cada país para cumplir los
criterios establecidos, sobre la base del principio del mérito propio. Es algo
crucial para la credibilidad de la política de ampliación, así como para
ofrecer incentivos a los países y realizar reformas ambiciosas. Al mismo
tiempo, es esencial que los Estados miembros, junto con las instituciones de la
UE, encabecen un debate con conocimiento de causa sobre los efectos políticos,
económicos y sociales de la política de ampliación. Los Estados miembros
desempeñan un papel clave al comunicar a los ciudadanos hechos sobre la
política de ampliación, al informarlos, con ello, de los beneficios de la
misma, incluida su contribución a la paz, la seguridad y la prosperidad, y al
ocuparse de los asuntos que les puedan preocupar.

II.
Retos clave

En la presente
Comunicación, la Comisión subraya una serie de retos clave ante los que se
hallan los Balcanes Occidentales y Turquía: la gobernanza económica y la
competitividad; el Estado de Derecho; el funcionamiento de las instituciones
que garantice la democracia; los derechos fundamentales; y, en el caso de los
Balcanes Occidentales, la superación del legado del pasado. Estos retos son
fundamentales para los criterios de Copenhague y las condiciones del Proceso de
Estabilización y Asociación. Por otro lado, las medidas para afrontar estos
retos se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, el fomento del Estado de Derecho y
la garantía de los derechos fundamentales aumentan la seguridad jurídica y,
junto con una integración regional más profunda, contribuyen considerablemente
al desarrollo económico y la competitividad.

a)
Gobernanza económica y competitividad

En los tres últimos
años, la UE ha potenciado considerablemente su gobernanza económica. Durante el
Semestre Europeo, los Estados miembros coordinan las políticas fiscales y
estructurales, antes de que los respectivos parlamentos aprueben los
presupuestos nacionales. Los instrumentos del diálogo económico con los países
de la ampliación se están adaptando gradualmente a los nuevos retos y los
mecanismos de coordinación en la UE. Ya se ha pedido a los países que presten
mayor atención a la sostenibilidad de su situación exterior y a los principales
obstáculos estructurales al crecimiento. Ahora es importante reflejar de manera
más completa los principales instrumentos de la UE en el diálogo económico,
teniendo en cuenta cómo, desde un punto de vista económico y financiero, están
integrados los países de la ampliación con la UE.

La UE es destino de un
60 % aproximadamente de las exportaciones de los países de los Balcanes
Occidentales, y también, con mucho, el mayor proveedor de inversión extranjera
directa. Salvo en el caso de Turquía, los bancos de la UE dominan el sector
financiero. El acceso de las mercancías y los servicios al mercado único de la
UE representa una importante vía de crecimiento. Además, la recuperación de la
UE tendrá efectos positivos especialmente en los Balcanes Occidentales. Según
las previsiones más recientes de la Comisión, los Balcanes Occidentales
crecerán un 2 % en 2013. La previsión de crecimiento para Turquía es del
3,2 %, lo que indica que el país está volviendo a un mayor ritmo de
crecimiento, tras la relativa desaceleración de 2012.

La modesta recuperación
de los Balcanes Occidentales no garantiza el crecimiento sostenible ni la
convergencia. Sigue habiendo retos significativos en todos los países de la
ampliación en lo que respecta a la reforma económica, la competitividad y la
creación de empleo:

·
Si
bien Turquía tiene una economía de mercado en funcionamiento, ningún país de la
ampliación de los Balcanes Occidentales la tiene.

·
Los
sistemas de gestión de la hacienda pública deben reforzarse considerablemente
para reducir el riesgo de fraude y corrupción.

·
El
Estado de Derecho debe mejorarse significativamente, de modo que haya una mayor
seguridad jurídica para los operadores económicos y aumente la confianza de los
inversores.

·
Deben
priorizarse las reformas estructurales, y debe potenciarse la competitividad,
con el fin de respaldar el saneamiento presupuestario, corregir los
desequilibrios externos y reducir el elevado nivel de desempleo en todos los
países, cuyo promedio supera el 20 % en los Balcanes Occidentales. Hay
grandes disparidades regionales dentro de cada país: el nivel de pobreza es
alto en las zonas rurales.

Se propone un nuevo
enfoque para ayudar a los países de la ampliación a que se ocupen primero de
los indicadores económicos fundamentales y cumplan los criterios económicos. Se
invitará a los países a que potencien su política económica y gobernanza
mediante la preparación coordinada de una estrategia nacional de reforma
económica, que abarque dos elementos principales: un programa macroeconómico y
presupuestario y un programa de reformas estructurales y de competitividad.
Ambos elementos se tratarán en el diálogo bilateral y multilateral con los
países:

·
El
programa macroeconómico y presupuestario seguirá tratándose con los
instrumentos existentes, a saber, los programas económicos de preadhesión para
los países candidatos y los programas económicos y presupuestarios para los
países candidatos potenciales. Para intensificar la vigilancia, se invitará al
Consejo conjunto del ECOFIN con los países candidatos a dar orientaciones más
concretas mediante recomendaciones por país y a realizar una revisión anual y
un balance de resultados en la aplicación de las políticas.

·
Como
elemento nuevo, se pedirá a los países que elaboren programas de reforma
estructural y a favor de la competitividad. Tales programas se elaborarán al
mismo tiempo que los programas presupuestarios, pero acto seguido se revisarán
en el contexto de los acuerdos de estabilización y asociación correspondientes,
sobre todo en los ámbitos de la industria, la competencia, el mercado interior,
la investigación, la educación, el transporte, la energía y el medio ambiente.
Además, la Comisión utilizará los informes de situación del otoño para dar indicaciones
claras sobre las reformas necesarias para seguir avanzando hacia el
cumplimiento de los criterios económicos.

La Comisión entablará
asimismo con los países de la ampliación un diálogo sobre gestión de la
hacienda pública, que, entre otras cosas, ayudará a que avancen hacia el
cumplimiento de los criterios económicos. Los países deberán redactar planes de
acción en esta área, que serán supervisados por la Comisión. Además, avanzando
hacia una gestión efectiva de la hacienda pública se dispondrá de la posibilidad
de obtener apoyo presupuestario sectorial en el marco del IPA II.

La Comisión aplicará
este enfoque en estrecha cooperación con las instituciones financieras
internacionales y prestará asistencia técnica regional completa con ese fin.
Las recomendaciones de la Comisión sobre los criterios económicos darán
orientaciones sobre el alcance de dicha asistencia técnica.

Otras
medidas de fomento de la competitividad, las inversiones, el crecimiento y el
empleo

El apoyo de la Comisión
al desarrollo económico sostenible de los Balcanes Occidentales va más allá de
la estabilización macroeconómica y la consecución del estatuto de economía de
mercado en funcionamiento. Desde el inicio de la crisis, la Comisión ha venido
insistiendo en que debe trabajarse más para enderezar la difícil situación
socioeconómica, en especial el elevado nivel de desempleo. La Comisión ha
subrayado también que es necesario prestar apoyo a las inversiones en las
infraestructuras de los Balcanes Occidentales. Las redes de transporte
transfronterizo, energía y comunicaciones están subdesarrolladas. Dado el
tamaño de las economías de los países de los Balcanes Occidentales, es
fundamental conseguir una mayor integración. Se ha reconocido que la
cooperación económica regional es una oportunidad de crecimiento y una base
para la cooperación política y las buenas relaciones de vecindad. La
liberalización prevista de los servicios en la Zona Centroeuropea de Libre
Comercio (CEFTA) será un apoyo adicional. El desarrollo del capital humano y
físico en las zonas rurales y la continuación de la adopción de las normas de
la UE en el sector agroalimentario contribuirán a la competitividad del sector
agrícola regional.

La Comisión ya ha
empezado un nuevo diálogo sobre empleo y programas de reforma social con
Turquía y Serbia. Y seguirán los diálogos con la antigua República Yugoslava de
Macedonia y Montenegro. La situación socioeconómica de los candidatos
potenciales es más complicada que en los países candidatos, y es necesaria una
ayuda complementaria para crear la capacidad administrativa que facilite la
participación en el nuevo proceso. Se irá invitando gradualmente a los
candidatos potenciales al nuevo diálogo. En 2014 se programará una asistencia
técnica global, con especial énfasis en los candidatos potenciales. A fin de
reducir la disparidad de conocimientos y mejorar los sistemas educativos, la
Comisión seguirá desarrollando la plataforma de los Balcanes Occidentales sobre
educación y formación.

Bajo los auspicios del
Consejo de Cooperación Regional (CCR), los grupos regionales establecidos en el
marco de la Agenda de Salónica han empezado a trabajar en las prioridades de
Europa 2020. Se está confeccionando una estrategia regional 2020. Debe haber
mayores esfuerzos para aumentar la sensibilidad y capacidad de los grupos
regionales, actualmente dispersos, de manera que puedan realizar revisiones inter
pares periódicas y formular recomendaciones. El CCR deberá establecer un
mecanismo de supervisión público. La Comisión efectuará un seguimiento de los
resultados de la labor del grupo y del mecanismo de supervisión en su diálogo
económico y en el proceso de programación del IPA.

Las reformas conducentes
al cumplimiento de los criterios económicos contarán también con el apoyo del
Marco de Inversiones para los Balcanes Occidentales (WBIF). Este desempeña un
papel cada vez más importante en la ayuda a la preparación de las inversiones
más necesarias para impulsar el crecimiento y el empleo y en el apoyo a dichas
inversiones. Dentro del WBIF, la Comisión, los donantes bilaterales y las
instituciones financieras internacionales están prestando una ayuda que asciende
a 4 000 millones EUR de inversiones anuales en los sectores del
transporte, la energía, el medio ambiente, el cambio climático, el sector
social y para el desarrollo del sector privado y de las PYME: la Comisión está
cofinanciando una plataforma de PYME de los Balcanes Occidentales destinada a
mejorar el acceso a la financiación por parte de las PYME mediante garantías y
capital riesgo.

La mejora de la
interconexión del transporte y de la energía entre la UE y los países de la
ampliación será una prioridad clave para promover el crecimiento económico
sostenible, el empleo, el comercio y los intercambios culturales. La Comisión destaca
la importancia de que sigan desarrollándose las infraestructuras de energía
transeuropeas y la cooperación con la Comunidad de la Energía. El futuro
Tratado constitutivo de una Comunidad de Transportes fomentará la integración
de los mercados y las infraestructuras de transporte terrestre, al tiempo que
ayudará a los países de los Balcanes Occidentales a aplicar los estándares de
transporte terrestre de la UE. La Comisión ha revisado las redes transeuropeas
de la UE en el sector del transporte (TEN-T) y de la energía (TEN-E), con el
fin de mejorar las conexiones con los países incluidos en las políticas de
ampliación y de vecindad. A este respecto, la Comisión ha
adoptado una lista de proyectos de interés común (PIC) para el desarrollo de
las infraestructuras energéticas transeuropeas. Está previsto que el próximo
Consejo Ministerial de la Comunidad de la Energía apruebe una lista de
proyectos de interés para la Comunidad de la Energía.

Se
estrechará la cooperación con Turquía, dada, entre otras cosas, su situación y
potencial estratégicos como centro de conexión energética. En 2013, Turquía
ratificó el Acuerdo de Conductos de Transporte a través de Anatolia, para su
conexión con los conductos a través del Adriático, que transportarán gas
natural a la UE desde el Caspio, a través de Turquía. En este contexto, el
fortalecimiento de la cooperación energética ente la UE y Turquía y los avances
pertinentes en las negociaciones de adhesión facilitará la continuación del
progreso hacia la interconexión e integración de los mercados de la energía de
la UE y de Turquía. La Comisión espera una evaluación del Banco Mundial cuya
finalidad es revisar la Unión Aduanera UE-Turquía. Esta evaluación, que ha sido
encargada por la Comisión Europea, formulará recomendaciones para mejorar la
funcionalidad de dicha Unión Aduanera y para una posible ampliación de su alcance.

En apoyo de
la labor relativa a los problemas señalados, la Comisión:

- invitará
a los países de la ampliación a elaborar una estrategia nacional de reforma
económica, que tendrá dos elementos: el programa macroeconómico y
presupuestario existente y un nuevo programa de reformas estructurales y
competitividad. El proceso dará como resultado recomendaciones específicas para
cada país y unas orientaciones claras sobre las acciones necesarias para seguir
avanzando a fin de lograr una economía de mercado en funcionamiento y aumentar
la competitividad;

- pondrá en
marcha un diálogo con los países sobre los requisitos necesarios para alcanzar
los estándares de gestión de la hacienda pública, sentando las bases para un
posible apoyo presupuestario del IPA;

- prestará
asistencia técnica completa en estrecha cooperación con otras organizaciones
internacionales.

En el periodo  de 2007 a
2013, se prestó una ayuda de asistencia a la preadhesión de hasta 190 millones
EUR para reforzar la capacidad institucional de las administraciones en materia
de gestión de fondos públicos, política económica y presupuestaria y
estadística, así como la capacidad institucional de los bancos nacionales.

En el marco del IPA II, la
Comisión seguirá respaldando las reformas para el cumplimiento de los criterios
económicos y el desarrollo económico, también a través del Marco de Inversiones
de los Balcanes Occidentales (WBIF), dando prioridad a la mejora de las
interconexiones de transporte y energía entre la UE y los países de la
ampliación, y prestando asistencia técnica para la gobernanza económica, el
diálogo sobre empleo y cuestiones sociales, la consecución de los objetivos del
CCR relativos a la estrategia regional de 2020 y la agricultura y el desarrollo
rural.

b)   Estado
de Derecho

El Estado de Derecho es
un valor fundamental en que se basa la UE. Desde su nacimiento hasta los
últimos capítulos de la ampliación, la Unión se creó para la salvaguarda de
valores, como el Estado de Derecho. El Estado de Derecho sigue siendo una
prioridad de la UE y ocupa un lugar central en el proceso de adhesión; es
un pilar básico de los criterios políticos de Copenhague. Los países que
aspiran a entrar en la Unión deben establecer y promover desde una fase
temprana el funcionamiento correcto de las instituciones principales necesarias
para garantizar el Estado de Derecho. Este respalda el entorno empresarial,
dando seguridad jurídica a los operadores económicos e impulsando las
inversiones, el empleo y el crecimiento. La lucha contra la delincuencia
organizada y la corrupción es fundamental para contener la infiltración
delictiva de los sistemas políticos, jurídicos y económicos. En la mayoría de
los países de la ampliación es necesario efectuar reformas judiciales
integradoras, transparentes y responsables. Debe prestarse especial atención al
nombramiento y la evaluación de los jueces y a los procedimientos
disciplinarios aplicables a los mismos. También es necesario establecer marcos
sólidos de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, que siguen
siendo motivo de gran preocupación en muchos países de la ampliación. Es
preciso esforzarse por garantizar que se consigan buenos resultados
continuamente en este ámbito, sobre la base de investigaciones, enjuiciamiento
y sentencias eficientes, efectivas e imparciales en casos a todos los niveles,
incluida la corrupción de alto nivel.

El proceso de liberalización
de visados ha animado a los países de los Balcanes Occidentales a adoptar
importantes medidas para reformar los aspectos más relacionados con dicho
proceso. Estas reformas han fortalecido la gobernanza interna. Los países deben
intensificar sus esfuerzos para consolidar tales reformas y aplicar medidas que
impidan el abuso del régimen de visados liberalizado, tal como lo señala y
recomienda la Comisión en sus informes de seguimiento tras la liberalización de
los visados. La Comisión presentará el cuarto de tales informes al final de
2013. Las cuestiones de migración y gestión de fronteras seguirán tratándose en
los foros apropiados, como el marco del Acuerdo de Asociación y Estabilización,
incluido el capítulo 24 sobre justicia, libertad y seguridad.

Se está aplicando un nuevo
enfoque de las negociaciones de adhesión acerca del poder judicial y los
derechos fundamentales, la libertad y la seguridad. Basándose en la experiencia
adquirida, el nuevo enfoque introduce la necesidad de obtener, a lo largo del
proceso, balances sólidos de resultados en la aplicación de las reformas. Al
tratar estos ámbitos en una fase temprana de las negociaciones, los países de
la ampliación tendrán más tiempo para asegurarse de que las reformas están
profundamente arraigadas y son irreversibles. El nuevo enfoque se está aplicando
actualmente en las negociaciones con Montenegro, que ha preparado planes
de acción completos como base para la apertura de las negociaciones sobre estos
capítulos. Tras la invitación del Consejo Europeo de junio de 2013, el nuevo
enfoque se está integrando en el marco de negociación con Serbia, y se
está llevando a cabo el examen analítico de los capítulos 23 y 24.

El Estado de Derecho es también
un tema clave en las relaciones de la UE con otros países de la ampliación.
El Diálogo de Alto Nivel de la Comisión sobre la Adhesión con la Antigua
República Yugoslava de Macedonia continúa tratando cuestiones sobre el
Estado de Derecho. Una serie de prioridades clave del Dictamen de la Comisión
de 2010 relativas a las condiciones de apertura de las negociaciones de
adhesión con Albania se refieren al Estado de Derecho. La Comisión apoya
la reforma judicial mediante su Diálogo Estructurado sobre Justicia con Bosnia
y Herzegovina y también ha entablado un Diálogo Estructurado sobre el
Estado de Derecho con Kosovo, centrado en la lucha contra la
delincuencia organizada y la corrupción y en la reforma del poder judicial. El
Estado de Derecho es asimismo una prioridad de la agenda positiva con Turquía.

Con objeto
de contribuir a superar los retos mencionados, la Comisión:

- aplicará
el nuevo enfoque a los capítulos sobre el poder judicial y los derechos
fundamentales y la justicia, la libertad y seguridad con Montenegro y Serbia y
seguirá dando prioridad al Estado de Derecho mediante diálogos específicos con
los demás países de la ampliación;

- garantizará
la coordinación con las agencias europeas pertinentes (en particular, Europol,
Eurojust y Frontex) y animará a que haya una mayor cooperación entre dichas
agencias y los países de la ampliación, incluida la celebración de acuerdos
operativos con Europol;

- reforzará
el apoyo a las reformas relacionadas con el Estado de Derecho a través del IPA
II tanto a nivel nacional como regional, con el fin aplicar las reformas en
estos ámbitos clave y garantizar un intercambio efectivo de mejores prácticas
de obtención de balances positivos de resultados en la lucha contra la
delincuencia organizada y la corrupción.

En el periodo  de 2007 a
2013, se ha prestado una asistencia de preadhesión que asciende a más de 800
millones EUR, con el fin de mejorar el sector judicial, la independencia del
poder judicial, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, así
como la gestión de las fronteras y la seguridad. En el marco del IPA II,
se establecerán estrategias sectoriales, con especial hincapié en el
establecimiento de poderes judiciales independientes, eficientes y
profesionales, en el apoyo al desarrollo de un marco sólido a nivel nacional y
regional y en la obtención de balances positivos de resultados en la lucha
contra la delincuencia organizada y la corrupción, incluidas medidas de
prevención y el suministro a los cuerpos y fuerzas de seguridad de herramientas
jurídicas y de investigación eficaces, sobre todo la capacidad de llevar a cabo
investigaciones financieras.

c)   Funcionamiento de
instituciones que garanticen la democracia

Los criterios políticos
de Copenhague hacen obligan a los países candidatos a lograr la estabilidad de
las instituciones que garantizan la democracia. El funcionamiento adecuado de
las instituciones principales es vital, ya sea el parlamento nacional, el
gobierno o la administración pública. Debe darse prioridad en la mayoría de los
países de la ampliación a la transparencia, responsabilidad y eficacia de las
instituciones y las administraciones públicas, incluida una mayor atención a
las necesidades de los ciudadanos y las empresas. Deben hacerse más esfuerzos
por fortalecer la democracia participativa y establecer plataformas nacionales
para las reformas relacionadas con la UE en las que se cree un consenso entre
las partes y la sociedad en general a favor de las grandes reformas
solicitadas. También son clave el papel de las entidades regionales y locales
en el proceso de armonización de la UE y una aplicación, en su caso, de las
normas de la UE.

Las instituciones
democráticas siguen siendo frágiles en algunos de los países de la ampliación.
Falta una cultura de formación de consenso, y el papel de los parlamentos
nacionales no está suficientemente desarrollado. La democracia no es solo
celebrar elecciones libres y justas; también significa disponer de
instituciones fuertes y que rindan cuentas y procesos participativos en torno a
los parlamentos nacionales. A menudo, el control parlamentario se ve mermado
por el uso excesivo de procedimientos legislativos urgentes, sistemas y
procedimientos débiles de comisión parlamentaria y consultas insuficientes a
las partes interesadas, con aportaciones mínimas de los expertos.

Con demasiada
frecuencia, las elecciones son consideradas una oportunidad para hacerse con un
control político de las instituciones estatales que va mucho más allá del
normal traspaso de poder político asociado al cambio de administración. En
muchos casos, incluso los puestos relativamente de menor grado en la
administración pública están politizados, lo que reduce la capacidad y la
rendición de cuentas de las administraciones. La reforma de la
administración pública es vital, incluida la profesionalización y
despolitización de la función pública. La inclusión del principio del mérito, la
lucha contra la corrupción y la utilización de los procedimientos
administrativos adecuados, incluido el respeto a los derechos humanos, tienen
una importancia fundamental.

Demasiado a menudo, la sociedad
civil y los ciudadanos y, en especial, los jóvenes están marginados de la
política cotidiana. Debe seguir desarrollándose el diálogo entre los
responsables de las decisiones y las partes interesadas. Una sociedad civil capacitada
es un componente crucial de cualquier sistema democrático. Refuerza la rendición
de cuentas políticas y la cohesión social, aumentando el entendimiento y la
integración de las reformas relacionadas con la adhesión, así como
contribuyendo a la reconciliación en las sociedades divididas por los
conflictos. En algunos casos, debe crearse un entorno que ayude y capacite más
y que mejore las condiciones del diálogo político y las aportaciones no
interesadas al proceso de toma de decisiones, con la ayuda de estadísticas de
buena calidad suministradas por organismos estadísticos nacionales
independientes. Debe garantizarse la independencia y eficacia de organismos
clave, como el defensor del pueblo y las instituciones de auditoría
estatales, y debe efectuarse un seguimiento apropiado de sus
recomendaciones.

Con objeto
de contribuir a superar los retos mencionados, la Comisión:

- trabajará
de manera más intensa con organizaciones internacionales como el Consejo de
Europa, la OSCE/ODIHR y la OCDE (SIGMA) a fin de apoyar las reformas
electorales y parlamentarias; seguirá promoviendo la cooperación
interparlamentaria entre los parlamentos nacionales de la región y los de los
Estados miembros de la UE y el Parlamento europeo;

- dará
mayor prioridad a la reforma de la administración pública en el proceso de
adhesión, haciendo especial hincapié en la transparencia, la despolitización y los
méritos en los procesos de contratación;

- prestará
mayor atención a la sociedad civil, incluidos la creación de capacidad y el
fomento de la creación de un entorno capacitador para su desarrollo y una mayor
participación de las partes interesadas en las reformas, gracias, entre otras
cosas, a una mayor transparencia de la actuación y el gasto gubernamentales;

- fomentará
una participación de base más amplia en el proceso de adhesión, a partir del
ejemplo positivo de Montenegro e impulsando la máxima transparencia en la
manipulación de los documentos pertinentes.

En el periodo  de 2007 a
2013, se prestó una asistencia de preadhesión por un importe superior a los 30
millones EUR, con el fin de potenciar, entre otras cosas, la capacidad de los
parlamentos nacionales, los defensores del pueblo y las instituciones de
auditoría nacionales. En el mismo periodo , las organizaciones de la sociedad
civil han recibido una ayuda del IPA de casi 190 millones EUR, a los que hay
que sumar más de 35 millones EUR de la Iniciativa Europea para la Democracia y
los Derechos Humanos (IEDDH). En el marco del IPA II,
la Comisión ayudará al fortalecimiento de las instituciones democráticas, la
buena gobernanza, incluidos los defensores del pueblo, y la reforma de la
administración pública, incluidos los proyectos de hermanamiento en esos
ámbitos. Además, la Comisión seguirá estudiando opciones para capacitar y
seguir apoyando a la nueva generación de responsables de políticas, funcionarios
públicos y dirigentes, entre otras cosas mediante programas de visita más
específicos y tal vez un régimen de becas de la UE. La Comisión continuará
apoyando el desarrollo de la capacidad de la sociedad civil, entre otros a
través del Instrumento para la Sociedad Civil, y asignará un papel más
importante a la sociedad civil en la programación estratégica del IPA II.

d)   Derechos fundamentales

Los derechos civiles,
políticos, sociales y económicos, así como los derechos de las personas
pertenecientes a minorías, son cuestiones problemáticas en la mayoría de los
países de la ampliación. Los derechos fundamentales están garantizados
ampliamente por la ley en dichos países pero en muchos casos no se aplican en
la práctica. Deben hacerse mayores esfuerzos para mejorar la situación de las
mujeres y garantizar la igualdad de género, aplicar los derechos de los niños y
ayudar a las personas discapacitadas.

En algunos países de la
ampliación, la libertad de expresión sigue siendo motivo de gran preocupación.
Las minorías étnicas, sobre todo la población romaní, afrontan muchas
dificultades, pese a la existencia de marcos jurídicos que apoyan sus derechos.
Es importante consolidar un marco coherente de lucha contra determinadas formas
y expresiones de racismo y xenofobia en campos como los medios audiovisuales,
los deportes, la política, la educación e internet. Además, la discriminación
por motivos de orientación sexual está muy extendida. Estos grupos se enfrentan
asimismo a una hostilidad de la sociedad, que puede traducirse en incitación al
odio, violencia e intimidación.

En la Comunicación del
presente año la Comisión presta especial atención a la libertad de expresión,
la situación de la población romaní y la situación de las personas LGBTI. La
Comisión está trabajando estrechamente sobre estas cuestiones de derechos
fundamentales con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes,
en especial el Consejo de Europa y la OSCE. La Comisión propone que los países
candidatos participen como observadores en la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la UE, a fin de apoyar su labor de garantía del pleno respeto
de los derechos fundamentales.

-
Libertad de expresión

La Comisión
ha venido dando prioridad a la libertad de expresión y la libertad de prensa en
el proceso de adhesión a la UE y en el apoyo financiero y técnico de la UE. En
junio de 2013, la Comisión, junto con el Parlamento Europeo, celebró una Conferencia
Speak-Up!2, que reunió a cientos de partes interesadas clave de los
medios de comunicación, la sociedad civil y las autoridades nacionales.

En la
mayoría de los casos, los países de la ampliación se caracterizan por unos entornos
mediáticos pluralistas. No obstante, la Conferencia Speak-Up!2 confirmó que
deben tratarse urgentemente una serie de problemas importantes. Los casos de violencia
e intimidación contra periodistas plantean un problema continuo, que lleva
a la autocensura. Las autoridades deben intensificar sus esfuerzos de
investigación de nuevos y antiguos casos y garantizar que se aplican sanciones
disuasorias contra los autores. Despenalizando la difamación, se dio un
gran paso adelante en el sudeste de Europa hacia la protección del periodismo
libre y crítico. Sin embargo, los enjuiciamientos de periodistas continúan. Es
necesario desarrollar y formar al poder judicial para impedir el abuso del
poder del Estado.

La
interferencia política en los medios de comunicación sigue siendo motivo de
gran preocupación. Es necesario hacer mayores esfuerzos para garantizar la
independencia política y financiera de la radiodifusión de servicio público
en los Balcanes Occidentales. El mejor modo de lograrlo es disponer de una
financiación sostenible y de normas transparentes de nombramiento de los
miembros de los consejos de administración y que haya un firme compromiso
nacional con las reformas necesarias. En la mayoría de los países de la
ampliación, los organismos reguladores no están cumpliendo su función de
forma satisfactoria. Además, no existe una autorregulación de los medios de
comunicación eficaz, y esos deben esforzarse más por mejorar su gobernanza
interna. Por otra parte, es necesario afrontar la presión económica informal
sobre los medios de comunicación, mediante, entre otras cosas, la transparencia
de la propiedad de dichos medios, de modo que se impida su excesiva
concentración, y normas transparentes sobre la licitación de la publicidad
gubernamental. Es necesario también aplicar debidamente la legislación laboral
en los medios de comunicación.

Con objeto
de contribuir a superar los retos mencionados, la Comisión:

- fomentará
la libertad de expresión y de prensa y destacará su importancia para la
adhesión a la UE, mediante diálogos políticos periódicos con los países de la
ampliación;

-
garantizará que la libertad de expresión y la libertad de prensa sean
consideradas constantemente una prioridad en la negociación del capítulo 23
sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y del capítulo 10 sobre la
sociedad de la información y los medios de comunicación;

- concederá
un premio de excelencia en periodismo de investigación, a partir de 2014.

En el periodo  de 2007 a
2013, se ha prestado una ayuda de preadhesión de más de 27 millones EUR a fin
de contribuir a la labor de los países en lo que respecta a la libertad de
expresión. En el marco del IPA II, la
Comisión aplicará un enfoque a largo plazo de la ayuda financiera de la UE para
la libertad de expresión, que incluirá la colaboración con socios clave (como,
por ejemplo, el Consejo de Europa, la OSCE y la OCDE).

-
Población romaní

En la actualidad hay en
Europa entre diez y doce millones de romaníes, de los cuales unos cuatro
millones se hallan en Turquía y un millón en los Balcanes Occidentales. En
Europa, la situación de la mayoría de las comunidades romaníes es motivo de
gran preocupación. Muy a menudo, los romaníes son víctimas de racismo,
discriminación y marginación social y viven en una gran pobreza, faltos de un
acceso suficiente a la asistencia sanitaria, la educación y la formación, la
vivienda y el empleo. A causa de las difíciles condiciones en las que viven,
muchos de ellos se van de la región y buscan asilo en algunos países de la UE.
La mayoría de las solicitudes de asilo acaban no prosperando. Esta
situación es insostenible.

Desde 2011, existe a
nivel de la UE un marco para las estrategias nacionales de integración de los
romaníes. Los objetivos y principios de este marco, que se centra en la
reducción de la pobreza, de la marginación social y de la discriminación de la
población romaní, también son válidos para los países de la ampliación, en los
cuales debe hacer mucho más para facilitar la integración social y económica de
los romaníes y elaborar estrategias nacionales a favor de los romaníes y
garantizar su aplicación, seguimiento y supervisión. La integración de los romaníes
debe convertirse en una prioridad nacional, no solo en los documentos de
estrategia sino también en la aplicación real sobre el terreno; debe haber
medidas destinadas a aumentar el acceso a la educación, impulsar el empleo
y mejorar las condiciones sanitarias y de vivienda, sobre todo
para garantizar el acceso a servicios públicos como el agua y la electricidad.
Debe tratarse la cuestión de la documentación civil y el registro de los
romaníes.

La integración de los
romaníes sigue siendo un objetivo fundamental y será un reto político cada vez
mayor si no se actúa más enérgicamente. Es necesario un enfoque coordinado,
basado en una firme voluntad política a todos los niveles, sobre todo de
las autoridades municipales y los gobiernos de los países de que se
trata, así como un cambio de mentalidad en las poblaciones mayoritarias. Los dirigentes
romaníes también deben hacer su aportación, promoviendo un nivel más alto
de inscripción en el registro civil, garantizando la participación en la
enseñanza obligatoria y limitando el flujo de solicitantes de asilo. Las
autoridades locales deben estar dispuestas a obligar a que se vaya a la escuela
y a luchar contra la resistencia de las poblaciones mayoritarias a que haya una
educación conjunta, entre otras cosas vinculando el pago de las prestaciones
sociales a la asistencia a la escuela.

La Comisión está
trabajando estrechamente con cada uno de los países de la ampliación para
revisar los avances conseguidos en el cumplimento de los compromisos clave
contraídos para fomentar una mayor integración de la comunidad romaní. Debe
reforzarse la coherencia del apoyo a la población romaní en los países de la
ampliación con el trabajo realizado a nivel de la UE.

Con objeto
de contribuir a superar los retos mencionados, la Comisión:

- apoyará y
fomentará las reuniones nacionales de seguimiento de los seminarios de 2011,
con una supervisión rigurosa de la aplicación de las conclusiones operativas
mediante comités de supervisión por país;

- aumentará
y dirigirá mejor la financiación con cargo al IPA, con un instrumento en favor
de los romaníes que financie las medidas acordadas en los seminarios nacionales
y mejorando la cooperación con otras organizaciones internacionales;

- celebrará
en Bruselas en 2014 una conferencia sobre la población romaní y el camino por
seguir, que incluirá la concesión de premios a las ONG por proyectos
innovadores y exitosos a favor de la integración de los romaníes.

En el periodo  de 2007 a
2013, se prestó una ayuda de preadhesión de más de 100 millones en apoyo de la
inclusión e integración sociales de los romaníes en los países de la
ampliación, incluida la cuestión de la vivienda. En el marco del IPA II, la
Comisión asignará mejor los fondos y reforzará la cooperación estratégica con
las partes interesadas externas, a fin de determinar las mejores prácticas y
basarse en ellas. Se dará prioridad a los proyectos que tengan efectos directos
en la vida de los romaníes, prestando especial atención a la educación y la
integración social.

-
Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales (LBGTI)

Los delitos
de homofobia, discriminación y odio por motivos de orientación sexual e
identidad de género siguen estando ampliamente extendidos en los Balcanes
Occidentales y Turquía. Ello se debe, en parte, a marcos legislativos
incompletos, pero también a la aplicación incoherente de las disposiciones
jurídicas existentes. Entre las violaciones de los derechos se hallan la
discriminación en materia de empleo y educación; el hecho de que determinadas
autoridades no aseguren la libertad de expresión y la libertad de reunión; la
incitación al odio, la intimidación y la violencia física e incluso los
asesinatos.

En junio de
2013, la UE aprobó unas directrices de fomento y protección del disfrute de
todos los derechos humanos por parte de las personas LBGTI, con objeto de
orientar la actuación exterior de la UE en este campo. Para aplicar una
estrategia con éxito al respecto en los países de la ampliación, debe haber un
firme compromiso político de los gobiernos, las autoridades locales y las
fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de la UE. Las autoridades de los
países de la ampliación pueden desempeñar un papel clave en la realización de
un cambio de actitud en la sociedad en su conjunto hacia las personas LGTBI,
que, con frecuencia, es al menos ambivalente, cuando no hostil.

Es
necesario urgentemente incluir la orientación sexual y la identidad de género
en el ámbito de aplicación de la legislación contra las discriminaciones
de Turquía y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. En la mayoría de los
países todavía está pendiente la introducción de legislación contra los
delitos motivados por el odio. Debe formarse a los cuerpos y fuerzas de
seguridad, los defensores del pueblo, los jueces y los profesionales de los
medios de comunicación para sensibilizarlos respecto a la nueva legislación, garantizar
su debida aplicación y contribuir a una mayor comprensión. Los países deben
aplicar un enfoque de tolerancia cero a la incitación al odio, la violencia
y la intimidación y adoptar medidas de manera prioritaria para ocuparse de
los casos del pasado y reaccionar con firmeza ante los nuevos casos que
aparezcan en el futuro. Los países deben tomar medidas para luchar contra
los estereotipos y la información errónea, entre otros ámbitos en el
sistema educativo. Ninguna forma de discriminación puede justificarse aduciendo
valores religiosos o culturales. Debe protegerse la libertad de reunión y de
expresión, entre otras cosas mediante una gestión adecuada de los desfiles del
orgullo gay, también en Serbia, donde, lamentablemente, este año el desfile fue
prohibido por tercer año consecutivo por motivos de seguridad.

Con objeto
de contribuir a superar los retos mencionados, la Comisión:

- intensificará
el apoyo político y la visibilidad, por ejemplo garantizando que estas
cuestiones se traten sistemáticamente con los países de la ampliación en los
foros apropiados, así como en las negociaciones de adhesión, estableciendo
prioridades claras y mejorando el seguimiento y la supervisión;

-
organizará en 2014 una conferencia LGBTI de alto nivel con el objetivo de
hacer balance de la situación y de los avances logrados, compartir las mejores
prácticas y adoptar conclusiones operativas;

- reforzará
la cooperación estratégica con las partes interesadas exteriores
(organizaciones internacionales y sociedad civil).

En el periodo  de 2007 a
2013, se prestó una ayuda específica de más de 2,5 millones EUR para cuestiones
LGBTI, tanto a través del IPA como de la IEDDH. En el marco del IPA II, la
Comisión asignará mejor la financiación, por ejemplo mediante la formación de
empleados de las instituciones públicas pertinentes, incluidos los jueces y la
política, y con campañas específicas y otras iniciativas (talleres, actos) a
fin de aumentar la sensibilización y la tolerancia. La Comisión coordinará su
ayuda para estas cuestiones, especialmente con el Consejo de Europa y la OSCE.

e)   Cuestiones bilaterales y superación del
legado del pasado

El acuerdo histórico de
abril entre Belgrado y Pristina crea las condiciones necesarias para construir
un futuro europeo común para ambas partes. Arroja una nueva luz sobre las demás
controversias bilaterales, poniendo de manifiesto lo que puede conseguirse con
voluntad política, valor y ayuda de la UE. Tras las numerosas reuniones de alto
nivel facilitadas por la UE, Serbia y Kosovo acordaron el 19 de abril un «Primer
acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones», que
fue complementado en mayo mediante un plan de aplicación global con un
calendario claro hasta el final de 2013. Con ello se sentaron las bases para la
adopción de una decisión del Consejo Europeo de apertura de las negociaciones
de adhesión con Serbia y para que el Consejo apruebe unas directrices de
negociación a fin de celebrar un acuerdo de estabilización y asociación con
Kosovo.

También se ha avanzado
en cuestiones bilaterales en otras zonas de la región: se han reforzado
las buenas relaciones de vecindad, que son un elemento esencial del proceso de
estabilización y asociación. Serbia y Bosnia y Herzegovina han intensificado
los contactos; el presidente de Serbia se ha disculpado públicamente por los
crímenes cometidos en Bosnia y Herzegovina, y las relaciones entre Serbia y
Croacia se han desarrollado en un nuevo ambiente, más constructivo. Los
contactos bilaterales y multilaterales entre los países de la región han
proseguido en ámbitos sensibles como los crímenes de guerra, el retorno de los
refugiados, la delincuencia organizada y la cooperación policial. Se han
firmado varios acuerdos entre los fiscales de crímenes de guerra, entre los que
se hallan los de Bosnia y Herzegovina con Croacia y con Serbia respectivamente.
Se ha tratado la cuestión de los obstáculos a la extradición. Los
representantes de los presidentes de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro,
Serbia y Kosovo se reunieron en septiembre para hablar por primera vez del
estatuto de la iniciativa de la verdad y la reconciliación RECOM, y se pusieron
de acuerdo sobre los objetivos y el papel fundamental de dicha iniciativa. El
proyecto regional de vivienda en el marco del proceso de Sarajevo está siendo
llevado a cabo por Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro.

Los avances conseguidos
deben consolidarse. Muchos problemas bilaterales siguen sin resolver, como los
relativos a las minorías y cuestiones derivadas de la disgregación de la
antigua Yugoslavia, como la demarcación de fronteras. Las visiones
fundamentalmente opuestas de la historia reciente y la prevalencia de los
problemas interétnicos son una carga para las relaciones. Los políticos y otros
dirigentes deben dar muestras de mayor responsabilidad y adoptar una actitud
más firme en la condena de la incitación al odio y otras manifestaciones de
intolerancia. Es necesario seguir trabajando para que los autores de crímenes
de guerra rindan cuentas por ello, para ocuparse de las cuestiones pendientes
relativas a los refugiados y los desplazados internos y para normalizar las
relaciones respecto a la situación de las minorías. No se ha progresado de modo
suficiente en lo que se refiere a las personas desaparecidas.

Las controversias
interétnicas y de estatuto siguen obstaculizando el funcionamiento de las
instituciones en los Estados, sobre todo en Bosnia y Herzegovina, lo que
perjudica el proceso de reforma. Las difíciles cuestiones étnicas pueden
tratarse fructíferamente a través del diálogo y el compromiso, como ha quedado
demostrado con el Acuerdo entre Serbia y Kosovo y la aplicación en curso del
Acuerdo Marco de Ohrid en la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

Las cuestiones
bilaterales pendientes continúan afectando negativamente al proceso de
adhesión. En aras de unas buenas relaciones de vecindad, las partes deben
tratar lo antes posible las cuestiones bilaterales abiertas. No deben
escatimarse esfuerzos para evitar que se «importen» a la UE controversias
bilaterales significativas. La Comisión insta a las partes a que hagan todo lo
posible para resolver las diferencias pendientes de acuerdo con los principios
y medios establecidos, como someter cuestiones a la Corte Internacional de
Justicia o a otros organismos ad hoc de solución de diferencias.
Eslovenia y Croacia han demostrado que un enfoque de ese tipo puede conducir a
resultados positivos. Las cuestiones bilaterales no deben entorpecer el proceso
de adhesión.

En el momento actual, la
UE está integrando la condición de normalización de las relaciones entre
Belgrado y Pristina en el marco de las negociaciones de adhesión con Serbia. En
cuanto a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el mantenimiento de unas
buenas relaciones de vecindad, incluida una solución negociada y aceptable
mutuamente, sin mayor dilación, de la cuestión del nombre, bajo los auspicios
de las Naciones Unidas, sigue siendo esencial. La Comisión está dispuesta a
facilitar la creación del impulso político necesario para la búsqueda de
soluciones y el apoyo a las iniciativas correspondientes.

La reconciliación es
esencial para fomentar la estabilidad en una región tan recientemente azotada
por el conflicto. Los países de la región, los Estados miembros y la UE deben
esforzarse más para respaldar la creación de un entorno en el sudeste de Europa
propicio a la superación de la herencia del pasado, con lo que se minimizará el
riesgo de que se instrumentalicen políticamente las cuestiones bilaterales
abiertas. La Comisión subraya la importancia de la declaración de Croacia sobre
la promoción de los valores europeos en el sudeste de Europa. Es digna de
elogio la voluntad de Croacia de utilizar su posición única como primer Estado
miembro de la UE afectado gravemente por los conflictos de los años 90 al
objeto de prestar apoyo político y técnico a sus vecinos en el camino hacia la
UE. La Comisión está dispuesta a facilitar ese apoyo, en particular mediante el
instrumento Taiex.

La cooperación
regional ha proseguido en los foros regionales, como la Comunidad de la
Energía, la Zona Europea Común de Aviación, la Zona Centroeuropea de Libre
Comercio (CEFTA) y la Escuela Regional de Administración Pública. El Consejo de
Cooperación Regional está desarrollando su papel como plataforma de promoción
de cuestiones de importancia para toda la región y su perspectiva de cara a la
UE, con lo que contribuye a la integración de la cooperación regional en la
agenda política de los países. La propuesta de Montenegro de agrupación de los
Balcanes Occidentales de los Seis (que reúne a Albania, Bosnia y Herzegovina,
la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro y Serbia) es
una iniciativa constructiva, que aprovecha la experiencia positiva de los
cuatro países del Grupo de Visegrad. Es importante que tales iniciativas sean
complementarias, añadan valor a los acuerdos existentes y sean asumidas y
dirigidas regionalmente. Por otro lado, la participación activa en
la estrategia para el Danubio y la estrategia macrorregional para el Adriático
y el Jónico, que está próxima, pueden respaldar el desarrollo económico y
social y fomentar la integración en la UE.

Con objeto
de contribuir a superar los retos mencionados, la Comisión:

- fomentará
el desarrollo de una red de acuerdos bilaterales entre países que sean parte en
acuerdos de estabilización y asociación, que sirva de marco para un diálogo
político más intenso sobre cuestiones clave;

- seguirá
prestando apoyo político y adoptando medidas de facilitación para todos los
países de que se trata, con el fin de hallar lo antes posible soluciones a
cuestiones bilaterales y continuar apoyando activamente las tareas en otros
foros a fin de encontrar soluciones.

En el periodo  de 2007 a
2013, la Comisión suministró una financiación de preadhesión considerable para
proyectos e iniciativas de apoyo a la reconciliación y, de manera más general,
a la cooperación regional y transfronteriza. En el marco del IPA II, la
reconciliación será un tema central, y la Comisión seguirá respaldando
iniciativas encaminadas a tratar las cuestiones del legado de la guerra
[proceso de Sarajevo, red de fiscales en materia de crímenes de guerra, proceso
de verdad y reconciliación (RECOM)]. Asimismo se fomentará y apoyará la
cooperación en ámbitos tales como la educación, la ciencia, la cultura, los
medios de comunicación, la juventud y el deporte. La Comisión seguirá prestando
apoyo a iniciativas regionales, como el Consejo de Cooperación Regional y la
Escuela Regional de Administración Pública. Será importante garantizar una
fuerte coherencia entre los programas nacionales y regionales y las estrategias
macrorregionales correspondientes, así como una adaptación en cuanto a sus
fondos.

\*\*\*

III. Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con el
análisis anterior y con las evaluaciones específicas para cada país recogidas
en las conclusiones que figuran en el anexo, la Comisión propone las siguientes
conclusiones y recomendaciones:

I

1.         Hace
veinte años, los Balcanes Occidentales fueron desgarrados por los
conflictos. Al mismo tiempo, la Unión Europea acordó los criterios de Copenhague
para el ingreso de futuros Estados miembros en la UE. Diez años más tarde, en
la Cumbre de Salónica de 2003, los Estados miembros de la UE
garantizaron a todos los países de los Balcanes Occidentales una perspectiva
clara de ingreso en la UE, sujeta al cumplimiento de las condiciones
necesarias, incluidas las del Proceso de Estabilización y Asociación.

Croacia ha cumplido
estas condiciones y, en julio de 2013, la UE dio la bienvenida a Croacia
como vigésimo octavo Estado miembro. El ingreso de Croacia es un ejemplo
del poder de transformación y del efecto estabilizador del proceso de
ampliación. El acuerdo histórico alcanzado por Serbia y Kosovo en
abril es una prueba adicional del poder de la perspectiva de ingreso en la UE y
de su papel en la curación de las profundas heridas históricas.

Los criterios de
Copenhague siguen teniendo la misma vigencia, reflejando los valores
esenciales en los que está basada la UE: la democracia, el Estado de
Derecho y el respeto de los derechos fundamentales. Los desafíos económicos
a los que se enfrenta la UE subrayan la importancia de los criterios
económicos y la necesidad de avanzar en la consolidación de la estabilidad
económica y financiera y de promover el crecimiento y la competitividad en los
países de nueva adhesión.

2.         El
proceso de adhesión es hoy más riguroso y exhaustivo que en el pasado,
reflejando la evolución de las políticas de la UE y las lecciones aprendidas de
ampliaciones anteriores. El proceso está basado en una condicionalidad
estricta, pero equitativa, respecto a los avances hacia la adhesión
supeditados a los pasos dados por cada país para cumplir los criterios
establecidos. Esto resulta esencial para la credibilidad de la
política de ampliación y para ofrecer incentivos a los países candidatos a fin
de continuar con reformas de amplio calado. Una lección clave del pasado es la
importancia de abordar en primer lugar las cuestiones fundamentales.

3.         El
Estado de Derecho es ahora el núcleo central del proceso de ampliación.
El nuevo enfoque, avalado por el Consejo en diciembre de 2011, implica que los
países deben hacer frente a cuestiones como la reforma judicial o la lucha
contra la delincuencia organizada y la corrupción en la fase inicial de las
negociaciones de adhesión. Esto maximiza el tiempo del que disponen los países
para desarrollar una trayectoria sólida de aplicación de reformas, garantizando
de este modo que dichas reformas están sólidamente arraigadas y que son
irreversibles. Este nuevo enfoque es un elemento clave del marco de negociación
con Montenegro y dará forma a nuestro trabajo con los demás países candidatos.
El proceso de liberalización de visados ha supuesto importantes ventajas para
los ciudadanos de los Balcanes Occidentales y ha incentivado a los países para
implementar reformas en el ámbito del Estado de Derecho, así como en el control
de la emigración y las fronteras. Los países deben intensificar sus esfuerzos
para consolidar las reformas e implementar medidas para prevenir abusos en el
régimen de visados liberalizado.

4.         La
crisis económica global ha subrayado la necesidad para todos los países de
reforzar su gobernanza económica. Ninguno de los países de los Balcanes
Occidentales es aún una economía de mercado en funcionamiento. Todos presentan
tasas de desempleo elevadas, especialmente entre los jóvenes. Es esencial que
estos países intensifiquen sus reformas para alcanzar un crecimiento sostenible
y poder afrontar los desafíos necesarios para cumplir los criterios económicos
y mejorar su competitividad. La Comisión ha establecido un cierto número
de propuestas para apoyar este objetivo, incluida la introducción de
estrategias nacionales de reforma económica y planes de actuación para la
gestión de las finanzas públicas. La Comisión trabajará con las principales
instituciones financieras internacionales para apoyar reformas que lleven al
cumplimiento de los criterios económicos. El Marco de inversión en favor de los
Balcanes Occidentales seguirá apoyando inversiones que estimulen el empleo y el
crecimiento. Es clave crear un entorno más propicio para atraer inversiones
extranjeras directas.

5.         Los
acontecimientos en varios países candidatos han subrayado la importancia de reforzar
las instituciones democráticas y garantizar que los procesos democráticos
sean más integradores. La Comisión anima a dar más protagonismo a la sociedad
civil y a plataformas multilaterales para la integración en la UE y está
dispuesta a prestar su apoyo financiero. La Comisión promoverá también reformas
electorales, parlamentarias y de las administraciones públicas, en estrecha
colaboración con otras organizaciones internacionales en estos campos.

6.         La Unión
Europea se basa en valores y principios comunes, incluido el respeto de los derechos
fundamentales. Todos los países de los Balcanes Occidentales y Turquía
deben acometer reformas adicionales para garantizar que los principios de
libertad de expresión y de protección de los derechos de las personas
pertenecientes a minorías, incluidos los romaníes, son respetados en la
práctica. Son necesarias medidas más contundentes para proteger a otros grupos
vulnerables a las discriminaciones, en particular las basadas en su
orientación sexual. La Comisión incrementará la prioridad otorgada a estas
cuestiones en el proceso de adhesión, incluyendo una financiación mejor
orientada de los IAP y un refuerzo de la ayuda para apoyar la inclusión de los romaníes
mediante un «instrumento» específico.

7.         La
cooperación regional y las relaciones de buena vecindad son
elementos esenciales del Proceso de Estabilización y Asociación. Las cuestiones
relacionadas con conflictos pasados, incluidos los crímenes de guerra y el
retorno de los refugiados, así como el tratamiento de las minorías y la
garantía de los mismos derechos para todos los ciudadanos, siguen siendo retos
clave para la estabilidad en los Balcanes Occidentales y deben ser abordadas
hasta sus últimas consecuencias. Con este objetivo, la Comisión seguirá
apoyando iniciativas dirigidas a superar la herencia del pasado. La cooperación
regional debe ser reforzada para ser integradora y asumida por la propia
región. La Comisión apoya plenamente el trabajo del Proceso de Cooperación de
Europa Sudoriental (PCES) y el Consejo de Cooperación Regional, incluida la
estrategia regional 2020.

8.         Es
necesario un esfuerzo renovado para superar conflictos bilaterales entre
países candidatos y con Estados miembros actuales. Las cuestiones
bilaterales deben ser tratadas por las partes afectadas lo antes posible y no
deben frenar el proceso de adhesión. La Comisión insta a las partes a hacer
todos los esfuerzos necesarios para resolver los conflictos pendientes de
acuerdo con los principios y los medios establecidos. El contexto de las
negociaciones de adhesión puede generar estímulos políticos para la resolución
de conflictos. La Comisión seguirá ofreciendo su apoyo político y dando
facilidades a todos los países afectados para encontrar soluciones a las
cuestiones bilaterales tan pronto como sea posible, y seguirá apoyando
activamente los esfuerzos realizados en otros foros para la búsqueda de
soluciones. La Comisión fomentará el desarrollo de una red de acuerdos
bilaterales entre países firmantes de Acuerdos de Estabilización y Asociación a
fin de proporcionar un marco para un diálogo político más intenso en las
cuestiones clave.

9.         En
2014 se producirá el lanzamiento del segundo Instrumento de Ayuda
Preadhesión para el periodo hasta 2020. Por medio de IAP II, la UE seguirá
proporcionando una ayuda sustancial a los países candidatos para la preparación
de su adhesión, dando apoyo así también a la cooperación regional y
transfronteriza. El esfuerzo se centrará en áreas de interés compartido con
menos prioridades y proyectos más amplios. Los retos clave a los que se
enfrentan los países serán abordados de un modo más estratégico y coherente,
con innovaciones que incluyen un enfoque sectorial, incentivos para un mejor
rendimiento, un apoyo presupuestario reforzado y un mayor énfasis en la
obtención de resultados medibles. Para ayudar a alcanzar las elevadas
necesidades de inversión y a crear empleo y crecimiento, la Comisión reforzará
la cooperación con las instituciones financieras internacionales de forma que
los fondos del IAP puedan también acceder a capital privado mediante
instrumentos financieros innovadores.

10.       La
política de ampliación depende del apoyo de los ciudadanos europeos. Resulta
esencial que los Estados miembros, en colaboración con las instituciones de la
UE, promuevan un debate informado sobre el impacto político, económico y social
de la política de ampliación. Su papel es clave para presentar a los ciudadanos
datos sobre la política de ampliación y, de esta forma, informarlos de sus
beneficios, incluida su contribución clave a la paz, la seguridad y la
prosperidad, y para dar respuesta a las posibles inquietudes que pueda
suscitar.

II

11.       Montenegro: El
comienzo de las negociaciones de adhesión el año pasado marcó el inicio de una
nueva etapa para Montenegro en su camino hacia la entrada en la UE. Las
profundas y duraderas reformas políticas necesarias para implementar el nuevo
enfoque del capítulo 23 sobre derechos judiciales y fundamentales y del
capítulo 24 sobre justicia, libertad y seguridad exigirán una fuerte voluntad
política y una capacidad administrativa reforzada. El proceso de adhesión debe
ser integrador, con una fuerte implicación de la sociedad civil a lo largo del
mismo. Montenegro ha adoptado planes de actuación detallados que proporcionan
una exhaustiva agenda de reformas para reforzar el Estado de Derecho. La
aplicación de dichos planes y los avances en el cumplimiento de los criterios
de referencia provisionales en estos capítulos determinarán el ritmo global de
las negociaciones de adhesión. A este respecto, la aplicación de las reformas
constitucionales de julio que refuerzan la independencia del poder judicial y
un mayor progreso en la lucha contra la delincuencia organizada y la
corrupción, también a alto nivel, es esencial.

La reforma de las
administraciones públicas es una prioridad para garantizar que Montenegro tiene
la capacidad de aplicar el acervo, hacer
frente a la politización e incrementar la transparencia y la profesionalización
de la función pública. Los acontecimientos de los últimos meses, en particular
el presunto uso de fondos públicos en beneficio de partidos políticos, han
subrayado la importancia de reforzar la confianza de los ciudadanos en las
instituciones públicas. En este contexto, es importante garantizar que las
investigaciones se realizan a conciencia y con rapidez y que se toman las
medidas adecuadas. Es necesario también un adecuado seguimiento de los trabajos
del grupo parlamentario sobre el proceso electoral. Debe reforzarse la libertad
de expresión, incluyendo la investigación adecuada de todos los casos de
violencia y amenazas contra periodistas y la puesta a disposición judicial de
los responsables de estos actos. En el campo económico, la mejora del entorno
empresarial y la lucha contra las elevadas tasas de desempleo son cuestiones
clave. La reestructuración del productor de aluminio KAP es urgente en estos
momentos.

12.       Serbia: 2013 ha
sido un año histórico para Serbia en su camino hacia la Unión Europea. La
decisión del Consejo Europeo de junio de abrir las negociaciones de adhesión
representa el inicio de una fase nueva y significativa en las relaciones de
Serbia con la Unión Europea. Supone el reconocimiento de los progresos
realizados en reformas clave y de los grandes esfuerzos realizados por Serbia
para la normalización de sus relaciones con Kosovo. En septiembre entró en
vigor el Acuerdo de Estabilización y Asociación.

Serbia ha trabajado de
forma activa y constructiva en favor de una mejora visible y sostenible de sus
relaciones con Kosovo. En abril, el compromiso de Serbia con el diálogo
facilitado por la UE dio como resultado el hito del «Primer acuerdo sobre los
principios que rigen la normalización de las relaciones» con Kosovo (el Primer
acuerdo), complementado en mayo con un plan de aplicación. La aplicación ha
continuado y ha producido ya un cierto número de cambios irreversibles sobre el
terreno. Las partes también alcanzaron un acuerdo sobre energía y
telecomunicaciones. Serbia debe mantener su compromiso total con la
normalización continuada de las relaciones con Kosovo y con la aplicación de
todos los acuerdos alcanzados durante el diálogo.

La Comisión inició el examen
analítico del acervo en septiembre y espera con interés la primera conferencia
intergubernamental sobre el ingreso de Serbia, prevista para enero de 2014 como
muy tarde, una vez que el Consejo haya adoptado el marco de negociación. En
esta fase nueva y exigente, Serbia deberá prestar especial atención a las áreas
legales clave, en particular la aplicación de la reforma judicial, la lucha
contra la corrupción y la delincuencia organizada, la reforma de las
administraciones públicas, la independencia de instituciones clave, la libertad
de prensa, la lucha contra la discriminación y la protección de las minorías.
La Estrategia en favor de la población romaní debe ser aplicada de forma
proactiva. Serbia tiene que seguir mejorando el contexto empresarial y
desarrollar un sector privado competitivo. También es esencial hacer frente a
las elevadas tasas de desempleo. Serbia debe intensificar la contribución
positiva realizada a la cooperación regional durante el pasado año, que incluyó
la intensificación de contactos de alto nivel con países vecinos.

13.       Antigua
República Yugoslava de Macedonia: La crisis política que
siguió a los acontecimientos en el Parlamento del año pasado revelaron
profundas divisiones entre los partidos políticos que afectan al funcionamiento
del Parlamento y mostraron la necesidad de políticas constructivas en interés
de la nación. La aplicación continuada del acuerdo político del 1 de marzo es
clave. La agenda de la UE sigue siendo la prioridad estratégica del país. El
diálogo de alto nivel para la adhesión ha contribuido a los avances en la mayor
parte de las áreas prioritarias, incluida la eliminación de retrasos judiciales
y el avance en la lucha contra la corrupción. El país ha alcanzado ya un alto
nivel de armonización en relación a su situación actual en el proceso de
adhesión, y ha realizado esfuerzos adicionales para mejorar su capacidad a fin
de asumir las obligaciones relacionadas con la pertenencia a la UE.

La reforma prioritaria
para el año próximo debería ser la aplicación efectiva y el refuerzo del marco
legal y político existente. Debería prestarse una atención especial al Estado
de Derecho, incluyendo la independencia del poder judicial y la obtención de
nuevos resultados en la lucha contra la corrupción y la delincuencia
organizada. La libertad de expresión y la situación de los medios en general
siguen siendo también cuestiones que suscitan inquietud. La revisión del
Acuerdo marco de Ohrid, especialmente importante para las relaciones
interétnicas, debe ser completada y sus recomendaciones deben ser aplicadas. La
Estrategia en favor de la población romaní debe ser aplicada de forma
proactiva. La ambigüedad en la distinción entre Estado y partido debe ser
corregida, tal y como lo subrayó la OSCE/OIDDH en el contexto electoral. Debe
abordarse la elevada tasa de desempleo y reforzarse la gestión de las finanzas
públicas.

La Comisión considera
que los criterios políticos siguen cumpliéndose de forma suficiente y
recomienda la apertura de negociaciones para la adhesión. Es fundamental pasar
a las siguientes fases del proceso de ampliación, que suponen un reto mayor,
para consolidar y fomentar reformas adicionales y para reforzar las relaciones
interétnicas. El diálogo de alto nivel sobre la adhesión es una herramienta
útil que seguirá centrándose en cuestiones clave, incluidas las buenas
relaciones de vecindad, pero no puede sustituir a las negociaciones para la
adhesión.

La Comisión sigue
estando convencida de que la decisión de abrir las negociaciones para la
adhesión contribuiría a la creación de condiciones propicias para la mejora de
las relaciones de buena vecindad en general y, en particular, para encontrar
una solución aceptable para las dos partes al problema del nombre, algo que la
Comisión considera esencial. Después de casi dos decenios, es necesario un
compromiso político intenso de todas las partes implicadas en el proceso de las
Naciones Unidas para alcanzar finalmente una solución, con la participación
activa de la comunidad internacional.

Esta es la quinta vez
que la Comisión recomienda la apertura de negociaciones para la adhesión de
este país. Hasta ahora, el Consejo no ha tomado ninguna decisión. El hecho de
no haber seguido esta recomendación plantea desafíos potencialmente graves para
la Antigua República Yugoslava de Macedonia y para la UE. Pone en cuestión la
credibilidad del proceso de ampliación, que se basa en unas condiciones claras
y en el principio de los méritos propios. La falta de una perspectiva clara de
acceso a la UE pone en riesgo la sostenibilidad de los esfuerzos reformistas
del país.

A invitación del Consejo
Europeo, la Comisión reitera su intención de presentar sin demora una propuesta
de marco de negociación que tenga en cuenta la necesidad de resolver la
cuestión del nombre en una fase inicial de las negociaciones de adhesión, y
llevará a cabo el proceso de examen analítico del acervo, comenzando por los capítulos sobre derechos judiciales y
fundamentales y justicia, libertad y seguridad. La Comisión considera que, si
el examen analítico y los debates del Consejo sobre el marco de negociación
comenzaran, podría crearse el impulso necesario para sustentar la búsqueda de
una solución negociada y aceptada por todas las partes a la cuestión del nombre
incluso antes de abrir los capítulos de la negociación. La aplicación del nuevo
enfoque de los capítulos 23 y 24 también a la Antigua República Yugoslava de
Macedonia proporcionaría las herramientas necesarias para hacer frente a
cuestiones que preocupan asimismo a los Estados miembros y contribuiría a la
sostenibilidad de las reformas.

Antes de que se cumpla
el décimo aniversario de la entrada en vigor del AEA en abril de 2004, la
Comisión insta también al Consejo por quinta vez a adoptar su propuesta de 2009
para avanzar a la segunda fase de la asociación, en línea con las disposiciones
correspondientes del AEA, que prevén que la asociación será completada en su
totalidad a lo largo de un periodo transitorio de diez años como máximo.

14.       Albania: El pasado
mes de octubre, la Comisión recomendó que el Consejo concediera a Albania el
estatuto de país candidato condicionado a la adopción de medidas clave en el
campo de las reformas judiciales y de las administraciones públicas y a la
revisión de las normas de procedimiento parlamentarias. En diciembre de 2012,
con vistas a la decisión de la concesión del estatuto de candidato, el Consejo
invitó a la Comisión a informar en cuanto los progresos necesarios hubieran
sido realizados, teniendo en cuenta también las actuaciones adicionales
acometidas por Albania para luchar contra la corrupción y la delincuencia
organizada, incluidas investigaciones proactivas y acciones judiciales contra
estos casos. A este respecto, Albania ha adoptado las reformas judiciales,
parlamentarias y de las administraciones públicas clave con consenso entre
partidos. Las elecciones parlamentarias de junio fueron calificadas por la
misión internacional de observación electoral dirigida por la OSCE/OIDDH como pluralistas,
con participación ciudadana activa a lo largo de la campaña y debidamente
respetuosas con las libertades fundamentales. En la lucha contra la corrupción
y la delincuencia organizada, Albania ha dado los primeros pasos para mejorar
la eficiencia de las investigaciones y de las acciones judiciales y el refuerzo
de la cooperación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad. El número de
condenas en casos de corrupción y blanqueo de dinero ha aumentado, así como el
número de investigaciones sobre tráfico de drogas o de seres humanos. Todas las
últimas recomendaciones del Consejo de Europa sobre financiación de partidos
políticos y disposiciones legales sobre la corrupción han sido abordadas de
forma satisfactoria. El nuevo Gobierno de Albania se ha comprometido
profundamente en la lucha contra la corrupción y ha dado prioridad a esta
cuestión en su programa.

En vista de
que Albania ha culminado los progresos necesarios, la Comisión recomienda que el
Consejo conceda a Albania el estatuto de país candidato, siempre y cuando
Albania siga tomando medidas para luchar contra la delincuencia organizada y la
corrupción.

Además del
dictamen de la Comisión de 2010, Albania debe cumplir las siguientes prioridades
clave para la apertura de negociaciones de adhesión:

1.   seguir aplicando reformas de las administraciones
públicas con vistas a reforzar la profesionalización y la despolitización de
las administraciones públicas;

2.   tomar medidas adicionales para reforzar la
independencia, la eficiencia y la obligación de rendir cuentas de las
instituciones judiciales;

3.   hacer nuevos y decididos esfuerzos en la lucha contra
la corrupción, incluyendo medidas para la obtención de un balance de resultados
sólido en las investigaciones proactivas, acciones judiciales y condenas;

4.   hacer nuevos y decididos esfuerzos en la lucha contra
la delincuencia organizada, incluyendo medidas para la obtención de un balance
de resultados sólido en las investigaciones, acciones judiciales y condenas;

5.   tomar medidas eficaces para reforzar la protección de
los derechos humanos, incluidos los de los romaníes, y políticas
antidiscriminatorias, así como la aplicación del derecho de propiedad.

La Comisión
está dispuesta a apoyar los esfuerzos de Albania para cumplir estas prioridades
clave iniciando un diálogo de alto nivel con el país.

El diálogo
constructivo y sostenible entre el Gobierno y la oposición respecto a las
reformas relacionadas con la UE será vital para garantizar el futuro de Albania
en la UE. El compromiso constructivo de Albania en la cooperación regional
sigue siendo esencial.

15.       Bosnia
y Herzegovina está atravesando un parón en su proceso de
integración europea. El país debe aplicar sin más demoras la sentencia Sejdic-Finci
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para avanzar en su camino hacia la UE.
El cumplimiento de esta sentencia no solo es crucial para avanzar en el camino
hacia la UE, sino también para dar legitimidad y credibilidad a la Presidencia
y a la Cámara de los Pueblos de Bosnia y Herzegovina, que serán elegidos en
2014. Bosnia y Herzegovina necesita también establecer urgentemente un mecanismo
de coordinación sobre asuntos de la UE que le permita hablar con una única voz
sobre la agenda de la UE.

Sin el consenso
necesario para avanzar en el camino hacia la UE, existe un riesgo evidente de
que la asistencia a la preadhesión no produzca los resultados esperados. Dado
que no se ha encontrado aún ninguna solución para la aplicación de la sentencia
Sejdic-Finci y que el mecanismo de coordinación con la UE no ha sido puesto en
marcha, no puede mantenerse el mismo nivel de fondos preadhesión.

La Comisión ha decidido
retrasar cualquier decisión sobre el IAP II hasta que el país retome la senda
del proceso de integración en la UE. En ausencia de progresos tangibles, Bosnia
y Herzegovina corre el riesgo de perder fondos del IAP por un importe
significativo.

La UE está fuertemente
comprometida en apoyar a Bosnia y Herzegovina y a sus ciudadanos para que se
puedan cumplir sus esperanzas y sus ambiciones de avanzar en el camino hacia la
UE. Los progresos adicionales dependen de la capacidad de los líderes
políticos para trabajar juntos y alcanzar un compromiso que desbloquee el
camino hacia la UE. Alcanzar este compromiso ayudaría a renovar la confianza de
los ciudadanos en la capacidad de los líderes para alcanzar la integración en
la UE. Esto allanaría el camino para la entrada en vigor del Acuerdo de
Estabilización y Asociación y, por lo tanto, para una solicitud de ingreso
creíble.

Aunque el progreso ha
sido limitado en cuanto a la reforma global del sistema judicial, un cierto
número de recomendaciones emitidas por la Comisión en el marco del Diálogo
estructurado sobre Justicia ha sido aplicado. Este diálogo muestra el potencial
de la agenda de ampliación y los beneficios de un compromiso real. Se han hecho
también algunos progresos en la reducción de los retrasos en los casos de
crímenes de guerra. Una cuidadosa preparación a todos los niveles, apoyada por
la UE y otras organizaciones internacionales, ha hecho posible también la
realización del censo esperado durante tanto tiempo. Sin embargo, el país debe
hacer frente a importantes desafíos. Es necesario prestar más atención al
Estado de Derecho, incluida la reforma judicial y la lucha contra la corrupción
y la delincuencia organizada, la reforma de las administraciones públicas, la
libertad de expresión, abordando también la intimidación de los periodistas, y
la lucha contra la discriminación, incluida la de los romaníes. Son necesarias
reformas económicas adicionales para mejorar el frágil contexto empresarial y
crear un espacio económico único en el país.

Tras la adhesión de
Croacia, la Comisión considera inaceptable que Bosnia y Herzegovina haya
rechazado hasta la fecha adaptar el Acuerdo Provisional/Acuerdo de
Estabilización y Asociación para tener en cuenta su comercio tradicional con
Croacia. La Comisión insta a Bosnia y Herzegovina a revisar su posición con
urgencia, de forma que se pueda concluir lo antes posible una adaptación basada
en los flujos comerciales tradicionales.

16.       Kosovo: 2013 ha
sido un año histórico para Kosovo en su camino hacia la Unión Europea. Las
decisiones del Consejo de junio autorizando la apertura de negociaciones para
un Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) representan el comienzo de una
nueva y significativa etapa en las relaciones entre Kosovo y la UE. Supone
también el reconocimiento de los progresos realizados en reformas clave y de
los grandes esfuerzos realizados por Kosovo hacia la normalización de sus
relaciones con Serbia. Las negociaciones sobre el Acuerdo se abrirán
formalmente este mes. La Comisión pretende completar estas negociaciones en la
primavera de 2014, iniciar el proyecto de acuerdo en el verano y, a continuación,
enviar las propuestas al Consejo para que firme y celebre el acuerdo.

Kosovo ha trabajado de
forma activa y constructiva en favor de una mejora visible y sostenible de las
relaciones con Serbia. En abril, el compromiso de Kosovo con el diálogo
facilitado por la UE dio como resultado el hito del «Primer acuerdo sobre los
principios que rigen la normalización de las relaciones» con Serbia (el Primer
acuerdo), complementado en mayo con un plan de aplicación. La aplicación ha
continuado y ha producido ya un cierto número de cambios irreversibles sobre el
terreno. Las partes también alcanzaron un acuerdo sobre energía y
telecomunicaciones. Kosovo debe mantener su compromiso total con la
normalización continuada de las relaciones con Serbia y con la aplicación de
todos los acuerdos alcanzados durante el diálogo. La Comisión concederá fondos
IAP adicionales para contribuir a la aplicación del acuerdo de abril en las
comunidades afectadas.

El Estado de Derecho
sigue siendo una prioridad clave para Kosovo. Es también una piedra angular del
Proceso de Estabilización y Asociación en el que Kosovo es parte interesada. El
diálogo estructurado sobre el Estado de Derecho, por lo tanto, seguirá dando
apoyo y guiando a Kosovo en esta materia, incluso en las discusiones sobre el
futuro de la Misión de la UE en apoyo del Estado de Derecho en Kosovo (EULEX).
Kosovo sigue tomando medidas para abordar las prioridades establecidas en la
hoja de ruta para los visados, y la Comisión emitirá su informe en el primer
semestre de 2014.

Kosovo debe centrarse
ahora en la aplicación de las reformas para cumplir sus obligaciones derivadas
de un futuro AEA. Debe prestarse una atención particular a la lucha contra la
delincuencia organizada y la corrupción, el mantenimiento de las reformas
judiciales y de las administraciones públicas, la garantía de los derechos de
las personas pertenecientes a minorías –incluidos los romaníes– y la solución
de las cuestiones comerciales. Kosovo necesita abordar con urgencia el
desempleo y las deficiencias estructurales que afectan a su mercado de trabajo.

La Comisión anima
también a todas las personas con derecho a voto a participar en las próximas
elecciones municipales de noviembre. Es una oportunidad importante para que la
comunidad local del norte de Kosovo afirme sus derechos democráticos y
participe plenamente en el futuro desarrollo de Kosovo. La Comisión espera que
las autoridades se aseguren de que las elecciones sean integradoras y respeten
plenamente los principios democráticos.

17.       Turquía es un país
candidato y un socio estratégico para la Unión Europea. Turquía, con su potente
y dinámica economía, es un importante socio comercial para la UE y un elemento
valioso de la competitividad de la UE a través de la Unión Aduanera. Turquía
tiene una ubicación estratégica, también en el campo de la seguridad
energética, y juega un papel importante en la región. La Comisión subraya la
importancia de la cooperación permanente y el diálogo en cuestiones de política
exterior. La Agenda positiva, puesta en marcha en 2012, sigue dando
apoyo y complementando las negociaciones de adhesión con Turquía, pero no
sustituye a las negociaciones. El potencial completo de la relación UE-Turquía
se alcanza mejor dentro del marco de un proceso de adhesión activo y creíble,
en el que la UE sigue siendo el pivote de las reformas políticas y económicas
de Turquía. Un mayor número de contactos de alto nivel entre Turquía, la UE y
sus Estados miembros reforzaría aún más la cooperación.

En los últimos doce
meses se han realizado importantes avances en las reformas. El cuarto paquete
de reformas judiciales refuerza la protección de los derechos fundamentales,
incluida la libertad de expresión y la lucha contra la impunidad para casos de
tortura y malos tratos. El Gobierno ha iniciado un proceso de paz histórico dirigido
a acabar con el terrorismo y la violencia en el sureste del país y a sentar las
bases para una solución a la cuestión kurda. Las medidas anunciadas en el
paquete de democratización presentado en septiembre de 2013 prevén nuevas
reformas en diversos temas clave, incluido el uso de lenguas diferentes al
turco, los derechos de las personas pertenecientes a minorías y la solución al
elevado umbral exigido actualmente para obtener representación parlamentaria, así
como el apoyo financiero a los partidos políticos. Su aplicación en cooperación
con las partes implicadas y de acuerdo con los estándares europeos es clave. La
comisión parlamentaria de conciliación entre partidos, creada para redactar una
nueva constitución, ha alcanzado un acuerdo sobre varios de artículos. Con la
adopción de una ley de extranjería y protección internacional integradora se ha
dado un paso importante hacia la protección adecuada de los demandantes de
asilo. La institución del Defensor del Pueblo ha sido creada y está ya
trabajando activamente para cumplir su papel. El debate público sobre temas
anteriormente considerados sensibles ha crecido. Turquía ha proporcionado
también ayuda humanitaria vital a un gran número de sirios que huían de su
país. Otros aspectos positivos incluyen la ratificación por parte de Turquía
del Acuerdo de Gasoducto Transanatolia, cuyo objetivo es conectar con el
Gasoducto Adriático, suministrando gas natural a la UE desde el Caspio a través
de Turquía.

El uso excesivo de la
fuerza por parte de la policía y la ausencia general de diálogo durante las
protestas de mayo y junio han generado una profunda inquietud. Esto subraya la
necesidad urgente de reformas y de promover el diálogo en todo el espectro
político y, de forma más general, en la sociedad, así como el respeto en la
práctica de los derechos fundamentales. Varias investigaciones administrativas
y judiciales han sido puestas en marcha en relación con la conducta de la
policía durante las propuestas. Estas investigaciones deberían ser llevadas a
cabo de acuerdo con los estándares europeos y los responsables deberían rendir
cuentas. El Ministerio del Interior ha emitido dos circulares dirigidas a
mejorar los procedimientos para las intervenciones policiales durante las
manifestaciones. Es importante seguir adelante con los planes a fin de establecer
un mecanismo de vigilancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad para
garantizar una supervisión independiente de las actuaciones policiales. Es
necesario profundizar en los cambios en el sistema jurídico, especialmente para
reforzar la libertad de expresión y de prensa y la libertad de reunión y de
asociación; la práctica judicial debería reflejar de forma sistemática los
estándares europeos. El cuarto paquete de reformas judiciales deberá ser
aplicado en toda su extensión. La oleada de protestas de junio es también el
resultado de las profundas reformas democráticas realizadas en los últimos diez
años y de la emergencia de una sociedad civil dinámica y diversa que debe ser
respetada y consultada de forma más sistemática para la toma de decisiones a
cualquier nivel, independientemente de quién posea la mayoría en el Parlamento.

Todas estas evoluciones
subrayan la importancia del compromiso de la UE y del hecho de que la UE siga
siendo la referencia para las reformas en Turquía. Con este fin, las
negociaciones para la adhesión deben recuperar el impulso, respetando los
compromisos de la UE y las condiciones establecidas. A este respecto, la
apertura del capítulo 22 sobre política regional supone un paso importante; la
Comisión espera con interés la conferencia intergubernamental que se celebrará
tan pronto como sea posible. Turquía ha realizado progresos en muchos otros
capítulos. Turquía puede acelerar el ritmo de las negociaciones alcanzando los
indicadores de referencia, cumpliendo las condiciones del marco de negociación
y respetando sus obligaciones contractuales respecto a la UE.

El progreso en las
negociaciones para la adhesión y el progreso en las reformas políticas de
Turquía son dos caras de la misma moneda. Tanto Turquía como la UE están
interesadas en que los valores de referencia iniciales para el capítulo 23 (derechos
judiciales y fundamentales) y el capítulo 24 (justicia, libertad y seguridad)
sean acordados y comunicados a Turquía lo antes posible con vistas a permitir
la rápida apertura de las negociaciones referidas a estos dos capítulos, de
forma que se refuerce el diálogo de la UE con Turquía en áreas de interés vital
para ambas partes y para apoyar los continuados esfuerzos de reforma. La firma
del acuerdo de readmisión UE-Turquía y el comienzo, al mismo tiempo, del
diálogo sobre visados con vistas a la liberalización de los mismos debería dar
un nuevo impulso a las relaciones UE-Turquía y aportar beneficios tangibles
para ambas partes. Es importante que estos dos procesos avancen y que se
culmine cuanto antes la firma y ratificación del acuerdo de readmisión en
Turquía. Un mayor refuerzo de la cooperación energética entre Turquía y la UE y
el avance en las negociaciones para la adhesión facilitaría la interconexión y
la integración de los mercados energéticos de Turquía y la UE.

La Comisión subraya
todos los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE, que incluyen,
entre otros, la firma de acuerdos bilaterales y la prospección y explotación de
sus recursos naturales de acuerdo con el acervo de la UE y el derecho
internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar. En línea con las posturas repetidas por el Consejo y la Comisión en
años anteriores, es urgente que Turquía cumpla su obligación de aplicar
plenamente el Protocolo Adicional y realice progresos en la normalización de
las relaciones con la República de Chipre. Esto podría proporcionar un nuevo
impulso al proceso de adhesión, permitiendo en particular que se hicieran
progresos en los ocho capítulos cubiertos por las conclusiones del Consejo de
diciembre de 2006. La Comisión insta también a evitar cualquier tipo de
amenaza, fuente de conflicto o acción que pudiera dañar las relaciones de buena
vecindad y la solución pacífica a los conflictos. El compromiso y la
contribución de Turquía en términos concretos a una solución conciliadora a la
cuestión de Chipre son cruciales.

18.       En
relación con la cuestión de Chipre, la Comisión espera que las
comunidades grecochipriota y turcochipriota reanuden negociaciones de amplio
alcance para un acuerdo integrador bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
La Comisión espera que ambas partes entren en materia lo antes posible con el
fin de alcanzar rápidamente una conclusión satisfactoria. Se anima a todas las
partes a contribuir al establecimiento de un clima positivo entre las
comunidades dando pasos beneficiosos para los chipriotas en su vida cotidiana y
a preparar al público para los compromisos necesarios. La Comisión considera
que los beneficios de la reunificación compensarán las concesiones que puedan
resultar necesarias para alcanzar este fin. En particular, todos los chipriotas
se beneficiarían plenamente de la explotación de los recursos en hidrocarburos.
La Comisión está dispuesta a reforzar su apoyo a este proceso, en caso de que
ambas partes lo soliciten y las Naciones Unidas lo autoricen.

19.       Islandia: Islandia
había alcanzado una fase avanzada de las negociaciones para la adhesión antes
de que el nuevo Gobierno decidiera suspender las negociaciones, y el proceso de
adhesión ha llegado a un punto muerto. El Gobierno ha declarado que iniciará
una evaluación de las negociaciones anteriores, así como de la evolución de la
Unión Europea, que será remitida al parlamento islandés para que sea debatida
en los próximos meses. La Comisión ha suspendido los trabajos preparatorios del
IAP II. En cualquier caso, Islandia sigue siendo un socio importante para la
UE.

ANEXO

Conclusiones
sobre Montenegro, Serbia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Albania,
Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Turquía e Islandia

Montenegro

La apertura de
negociaciones de adhesión de la UE con Montenegro en junio de 2012 supuso el
inicio de una nueva e intensa etapa para Montenegro en su camino hacia la UE. Las
reformas políticas profundas y duraderas que son necesarias para aplicar el
nuevo enfoque al capítulo 23 sobre el poder judicial y los derechos
fundamentales y el capítulo 24 sobre la justicia, la libertad y la seguridad
precisarán una fuerte voluntad política y una capacidad administrativa
reforzada. El proceso de adhesión debe ser integrador: la sociedad civil debe
participar ampliamente en el mismo.

Durante el periodo  abarcado,
Montenegro se centró en la preparación de planes de acción global, en los que
se basará el proceso de reforma del país en lo que se refiere al Estado de
Derecho. En junio, el Gobierno aprobó dichos planes de acción que constituyen el
punto de partida para los capítulos 23 y 24. A raíz de esta aprobación, la
Comisión recomendó en agosto la apertura de dichos capítulos, y, en septiembre,
el Consejo invitó a Montenegro a presentar sus posturas de negociación. El
trabajo que se está realizando se ajusta al nuevo enfoque sobre estos capítulos
recogido en el marco de negociaciones con Montenegro.

A finales de junio de
2013 finalizaron las reuniones de análisis de todos los capítulos de
negociación. Hasta el momento, se han cerrado provisionalmente las
negociaciones sobre dos capítulos (ciencia e investigación y educación y
cultura). Se han fijado puntos de partida para seis capítulos (libre
circulación de mercancías; derecho de establecimiento y libertad de prestación
de servicios; política de competencia; agricultura y desarrollo rural;
seguridad alimentaria y política veterinaria y fitosanitaria; política regional
y coordinación de instrumentos estructurales).

La reforma de la
administración pública es prioritaria, al objeto de que Montenegro tenga la
capacidad de aplicar el acervo, controle la politización y aumente la
transparencia y el profesionalismo de la función pública. Los acontecimientos
de los últimos meses, en especial el presunto uso de fondos públicos para fines
políticos partidistas, han puesto de manifiesto la importancia de reforzar la
confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. En este contexto, es
importante garantizar que las investigaciones se lleven a cabo profunda y
rápidamente y que se adopten todas las medidas apropiadas. También es necesario
un seguimiento adecuado de las tareas del grupo parlamentario sobre el proceso
electoral. Además, Montenegro debe efectuar un seguimiento apropiado de las
recomendaciones de la OSCE/OIDDH, formuladas hace tiempo, sobre sus normas
electorales y debe establecer una delimitación clara y ampliamente aceptada
entre los intereses públicos y privados.

Montenegro continúa
cumpliendo suficientemente los criterios políticos de adhesión a la UE.
Las elecciones legislativas y presidenciales de octubre de 2012 y abril de 2013
respectivamente no han alterado la prioridad estratégica establecida por el
país de cara a la adhesión de la UE. Pese a que la OSCE/OIDDH calificó la
gestión de dichas elecciones como profesional y eficiente, se observaron
algunas deficiencias. El no reconocimiento de los resultados de las elecciones
presidenciales por la oposición dio como resultado un boicot del Parlamento de
dos meses por parte del grupo más amplio de la oposición. El boicot finalizó
cuando se llegó a un acuerdo entre partidos para crear dos órganos
parlamentarios que investigasen las acusaciones de uso indebido de fondos
públicos con fines electorales y elaborar recomendaciones de mejora del proceso
electoral. La comisión parlamentaria de investigación sobre el presunto uso
indebido de fondos públicos terminó su trabajo en julio. El Parlamento no
consiguió ponerse de acuerdo sobre unas conclusiones que, entre otras cosas,
habrían establecido la responsabilidad política y se limitó a un informe
técnico. Queda pendiente un seguimiento judicial.

Un grupo de trabajo
sobre la generación de confianza en el proceso electoral ha aprobado ya un
proyecto de ley de lista única de electores, en sustitución de la ley sobre el
censo de electores, y también un proyecto de enmienda de la ley del documento
personal de identidad. En lo que respecta al Estado de Derecho, el Parlamento
aprobó la modificación de la Constitución, largamente esperada, en cuanto al
fortalecimiento de la independencia del poder judicial, que se ajusta
ampliamente a las recomendaciones de la Comisión de Venecia.

Montenegro participa
activamente en la cooperación policial y judicial regional e internacional.
Aunque se dictaron algunas sentencias sobre el tráfico de drogas, solo unos
pocos casos se refirieron a delitos como la trata de seres humanos y el
blanqueo de dinero. Se han anulado algunas sentencias en primera instancia en
casos de delincuencia organizada y corrupción. La impunidad en casos de malos
tratos de los detenidos sigue siendo motivo de gran preocupación.

Montenegro ha adoptado
un papel de primer orden en el fomento de la cooperación regional, sobre todo a
través de su propuesta de establecimiento de la iniciativa «Balcanes
Occidentales de los Seis».

Respecto a la Corte
Penal Internacional, Montenegro sigue manteniendo el acuerdo bilateral de
inmunidad de 2007 con los Estados Unidos, que concede exenciones a la
jurisdicción de la Corte. Montenegro debe ajustarse a la postura de la UE.

De cara al futuro,
Montenegro debe garantizar el seguimiento político y judicial del presunto uso
indebido de fondos públicos para fines políticos partidistas. Además, debe
llevarse a cabo la labor del grupo parlamentario sobre el proceso electoral,
aprobando medidas legislativas y de otro tipo para ampliar el apoyo político y reforzar
la confianza pública en el proceso electoral y las instituciones estatales.

La generación de
confianza pública en el Estado está estrechamente relacionada con el desarrollo
del Estado de Derecho. Por ello, la ejecución efectiva y al ritmo adecuado de
los planes de acción de Montenegro en estos ámbitos desempeña un papel central.
Debe hacerse especial hincapié en las reformas encaminadas a un refuerzo de la
independencia, la rendición de cuentas y el profesionalismo del poder judicial,
mediante unas mayores salvaguardias de la integridad y nombramientos basados en
los méritos. La aplicación de las enmiendas constitucionales será muy
importante a este respecto. Al mismo tiempo, Montenegro debe conseguir mayores
resultados en la investigación sistemática y el encausamiento de los casos de
corrupción y delincuencia organizada, incluidos los casos de alto nivel, así
como en lo que respecta a la imposición de sanciones proporcionales a la
gravedad de los delitos cometidos.

Es necesario potenciar
la libertad de expresión, entre otros modos investigando adecuadamente todos
los casos de violencia y amenazas contra periodistas y llevando a los autores
ante la justicia. Es preciso dedicar mayor atención a subsanar las deficiencias
en la protección de derechos humanos por parte de las autoridades judiciales y
los cuerpos y fuerzas de seguridad, especialmente respecto a los grupos
vulnerables. La población romaní es víctima de discriminaciones, sobre todo en
cuanto a los derechos sociales y económicos, y sigue estando subrepresentada a
nivel político. Las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
(LBGTI) siguen estando expuestos a discriminaciones; rara vez se denuncian los
ataques de que son víctimas, y queda pendiente la cuestión de endurecer los castigos.

La aprobación del plan
de reorganización del sector público y la entrada en vigor de la nueva ley de
la función pública y los empleados estatales son medidas positivas. La
contratación justa y en condiciones de competencia de los funcionarios es una
condición previa para conformar una administración profesional. Las cartas de
dimisión sin fecha son motivo de preocupación y deben devolverse al personal
que las firmó.

En cuanto a los criterios
económicos, Montenegro ha logrado algunos avances adicionales hacia una economía
de mercado en funcionamiento. A medio plazo, el país debería estar en
condiciones de afrontar las presiones de la competencia y de las fuerzas del
mercado dentro de la Unión, a condición de que siga ocupándose de las
deficiencias actuales mediante políticas macroeconómicas y reformas
estructurales apropiadas.

Tras haber entrado en
recesión en 2012, el país salió de ella en 2013. La resiliencia del turismo y
de las inversiones extranjeras directas (IED), junto con el incremento de las exportaciones,
respaldó la recuperación, compensando la debilidad de la demanda interna. El
déficit por cuenta corriente está disminuyendo, pero sigue siendo elevado. En
julio, el fabricante de aluminio KAP dio en quiebra, lo que representa un
riesgo para las finanzas públicas, dado el tamaño considerable del exigible
condicionado. El desempleo continúa siendo elevado. El crecimiento del crédito
fue positivo tras cuatro años de contracción, pero los altos niveles de los
préstamos no productivos siguen pesando sobre la capitalización de los bancos
y, por consiguiente, sobre el suministro de crédito.

A fin de hacer frente a
los retos económicos existentes y de reducir los desequilibrios exteriores,
Montenegro debe reforzar la competitividad, aumentando la productividad y
atrayendo más IED en sectores que no sean el turismo y el sector inmobiliario.
El establecimiento de un entorno empresarial sólido sigue estando obstaculizado
por la debilidad del Estado de Derecho y por la corrupción. El elevado índice
de desempleo hace necesario ajustar la oferta y la demanda de mano de obra
cualificada y fijar de modo más independiente los salarios al nivel de las
empresas. También hace necesario el fortalecimiento del servicio de empleo
público para aplicar las políticas de activación y establecer un mercado
integrado y eficiente. Las autoridades deberían considerar objetivamente la
viabilidad del conglomerado de aluminio en condiciones de mercado y la mejor
solución posible, sin intensificar la presión sobre la hacienda pública. Debe
proseguirse por la vía del saneamiento presupuestario, incluida la labor de
recaudación de los atrasos fiscales. El elevado nivel de préstamos no
productivos sigue siendo preocupante y hace necesaria una supervisión bancaria
reforzada que garantice el cumplimiento del nivel adecuado de capital bancario.
El sector informal sigue constituyendo un reto importante.

En lo que respecta a la capacidad
de asumir las obligaciones de la adhesión a la UE, Montenegro tiene varios
grados de aproximación. El fortalecimiento de las capacidades administrativas
es un reto transversal en muchos sectores. En capítulos tales como la
contratación pública, el Derecho de sociedades, la legislación sobre propiedad
intelectual, la sociedad de la información y los medios de comunicación, la
fiscalidad y la política empresarial e industrial, Montenegro ya ha avanzado lo
suficiente para que la Comisión haya recomendado la apertura de las
negociaciones de adhesión.

En otros ámbitos (libre
circulación de mercancías, derecho de establecimiento y libertad de prestación
de servicios, agricultura y desarrollo rural; seguridad alimentaria y política
veterinaria y fitosanitaria; y política regional y coordinación de los
instrumentos estructurales), se han fijado puntos de partida que, a menudo,
incluyen estrategias de aproximación al acervo. Ahora, esos puntos de partida
deben orientar la labor de Montenegro en los próximos meses. En lo que se
refiere al capítulo sobre la política de competencia, la elaboración de un plan
de reestructuración del fabricante de aluminio KAP es especialmente urgente,
con objeto de que Montenegro cumpla sus obligaciones en el marco del Acuerdo de
Estabilización y Asociación. En cuanto al medio ambiente y el cambio climático,
son necesarios más esfuerzos, incluida una planificación más estratégica, para
garantizar la adaptación al acervo y la aplicación del mismo.

Serbia

El año 2013 ha sido un
año histórico para Serbia en su camino hacia la Unión europea. Serbia ha
trabajado activa y constructivamente hacia la mejora visible y sostenible de
sus relaciones con Kosovo. En abril, el compromiso de Serbia con el diálogo
facilitado por la UE dio como resultado el trascendental «Primer acuerdo sobre
los principios que rigen la normalización de las relaciones», que se
complementó en mayo con un plan de ejecución. En especial, ambas partes acordaron
que ninguna de ellas bloqueará, o animará a otros a que bloqueen, los avances
de la otra parte en sus respectivos caminos hacia la UE. Ello representa un
cambio crucial en las relaciones entre ambas partes. La aplicación de dicho Primer
acuerdo ha proseguido y ya ha conducido a una serie de cambios irreversibles
sobre el terreno. Las partes han alcanzado acuerdos sobre energía y
telecomunicaciones. También se ha avanzado en la aplicación de los acuerdos
logrados en cuanto al diálogo técnico, y la cooperación de Serbia con la EULEX
ha seguido mejorando en varios campos.

Serbia ha dado un nuevo
impulso a las reformas y ha intensificado los contactos de alto nivel con los
países vecinos, en un esfuerzo por realizar una aportación positiva a la
cooperación regional. Ha adoptado medidas para sanear la situación
presupuestaria y mejorar el entorno empresarial; ha seguido adaptando su
legislación a los requisitos de la legislación de la UE en muchos ámbitos, que
se supervisan ahora en el marco del Plan Nacional de Adopción del Acervo para
el periodo  de 2013 a 2016. El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la
UE y Serbia entró en vigor el 1 de septiembre.

Como resultado de los notables
avances conseguidos, se ha iniciado una nueva fase de las relaciones entre
Serbia y la Unión Europea. El Consejo Europeo decidió abrir las negociaciones
de adhesión el 28 de junio, siguiendo la recomendación de la comisión de 22 de
abril. La Comisión presentó al Consejo el 22 de julio su propuesta de marco
para las negociaciones. La Comisión empezó asimismo el examen analítico del
acervo de la UE (screening) en septiembre. Está previsto que el marco de
negociación sea aprobado por el Consejo y confirmado por el Consejo Europeo
pronto, con el fin de celebrar la primera conferencia intergubernamental sobre
la adhesión de Serbia en junio de 2014 a más tardar.

En esta nueva y exigente
fase de las relaciones entre la UE y Serbia, este país deberá intensificar sus
esfuerzos para cumplir plenamente todos los criterios de adhesión. Asimismo
será crucial informar regularmente acerca de los beneficios y las oportunidades
que crea el proceso de adhesión para todos los ciudadanos de Serbia, de aquí a
la adhesión.

Entre los retos
principales que tiene ante sí, Serbia deberá prestar especial atención a los
ámbitos clave del Estado de Derecho, sobre todo la reforma del poder judicial,
la lucha contra la corrupción y contra la delincuencia organizada, la reforma
de la administración pública, la independencia de las instituciones clave, la
libertad de prensa, la lucha contra las discriminaciones y la protección de las
minorías.

Serbia debe continuar
estando plenamente comprometida con la normalización continua de sus relaciones
con Kosovo y la aplicación de todos los acuerdos alcanzados en el diálogo, entre
otras cosas cooperando con la EULEX, según sea oportuno. Serbia debe completar
la aplicación del «Primer acuerdo», en particular en lo que se refiere a la
policía, la justicia y las elecciones municipales en Kosovo. Es importante que
Serbia siga fomentando una amplia participación de los serbios de Kosovo en las
próximas elecciones municipales de Kosovo. Queda pendiente la plena aplicación
del principio de cooperación regional integradora, con el fin, entre otros, de
evitar problemas como el surgido con la cumbre del Proceso de Cooperación del
sudeste de Europa (SEECP). Se espera que Serbia continúe contribuyendo
activamente a la cooperación y reconciliación regionales.

Serbia cumple
suficientemente los criterios políticos. El Gobierno ha aplicado
activamente una agenda de integración en la UE, demostrando un consenso en las
decisiones clave de política y potenciando el proceso de consulta. El
Parlamento ha mejorado la transparencia de su labor, el proceso de consulta
sobre la legislación y la supervisión del poder ejecutivo. No obstante, con
frecuencia el Parlamento sigue aplicando procedimientos urgentes, lo que limita
indebidamente el tiempo y el debate para el control de las propuestas
legislativas.

Serbia ha prestado
especial atención a la mejora del Estado de Derecho, que será una cuestión
clave, en consonancia con el nuevo enfoque sobre los capítulos 23 (poder
judicial y derechos fundamentales) y 24 (justicia, libertad y seguridad).
Serbia ha adoptado nuevas estrategias globales en campos clave del poder
judicial y la lucha contra la corrupción y las discriminaciones, tras un amplio
proceso de consulta. Se aplicó un enfoque proactivo claro a las investigaciones
en la lucha contra la corrupción, incluidos los casos en los que están
involucradas personas de alto nivel. La cooperación regional e internacional ha
conducido, además, a la obtención de algunos resultados en la lucha contra la
delincuencia organizada. Se han puesto en marcha investigaciones en una serie
de casos penales, pero las condenas finales en estas áreas son escasas. Serbia
también ha continuado cooperando totalmente con el Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia (TPIY).

En cuanto a la libertad
de expresión, se ha despenalizado la difamación. En consonancia con los
anteriores compromisos sobre la integración de los romaníes, se han aplicado
medidas, y se ha adoptado un nuevo plan de acción. En general, el marco
jurídico de protección de las minorías sigue siendo respetado, pero debe
asegurarse su aplicación continua en toda Serbia, en ámbitos como la educación,
el uso de la lengua y el acceso a los medios de comunicación y servicios religiosos
en lenguas minoritarias. Si bien las autoridades e instituciones independientes
han realizado esfuerzos adicionales para la protección de otros grupos
vulnerables, en especial la población de lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero e intersexuales (LBGTI), falta el suficiente apoyo político. Es de
lamentar especialmente que el desfile del orgullo se prohibiera por tercer año
consecutivo por motivos de seguridad: esta es una oportunidad fallida de
demostrar respeto por los derechos fundamentales.

De cara al futuro,
Serbia deberá prestar especial atención al fortalecimiento de la independencia
de las instituciones clave, sobre todo las del poder judicial. El marco
constitucional y legislativo sigue dejando margen para una influencia política
indebida, sobre todo en lo que respecta al papel del Parlamento en los
nombramientos en la judicatura y en las destituciones judiciales. Para realizar
reformas adicionales, será necesario un análisis funcional global del sistema
judicial en términos de coste, eficiencia y acceso a la justicia. Serbia debe
obtener resultados mucho mayores en la investigación, encausamiento y condena
efectivas de los autores de delitos de corrupción y delincuencia organizada. La
aplicación de las recientes modificaciones de la legislación en lo que se
refiere al «abuso del cargo» debe supervisarse detenidamente con el fin de
realizar una revisión global de los delitos económicos. Debe establecerse una
legislación efectiva para la protección de los denunciantes. La aplicación
efectiva de las estrategias y los planes de acción en los ámbitos judicial y de
lucha contra la corrupción pondrá a prueba la preparación y voluntad de Serbia
para progresar. Esos documentos estratégicos podrán requerir ajustes
adicionales tras el examen analítico (screening).

Por otro lado, el
Gobierno deberá asegurar su rumbo en cuanto a la reforma de la administración
pública y seguir desarrollando un sistema de la función pública que sea
transparente y basado en los méritos. El marco jurídico de la función pública a
nivel local sigue pendiente de ser aplicado y desarrollado adecuadamente.

Debe prestarse más
atención a la libertad de prensa. Serbia ha de avanzar en la aplicación de la
estrategia relativa a los medios de comunicación, empezando por aprobar la
legislación prevista sobre información al público y medios de comunicación,
sobre entidades de radiodifusión de servicio público y sobre comunicaciones
electrónicas. La financiación directa por el Estado, el control de los medios
de comunicación y la sostenibilidad de las entidades de radiodifusión públicas
siguen siendo cuestiones clave de las que es necesario ocuparse. Debe adoptarse
y aplicarse el plan de acción de la estrategia de lucha contra las
discriminaciones. Las autoridades deben aumentar la protección de los medios de
comunicación, de los defensores de los derechos humanos y de otros grupos
vulnerables, incluida la población LGBTI, respecto a las amenazas y los ataques
de grupos radicales. Los avances conseguidos recientemente para la mejora de la
situación de las minorías, incluida la población romaní, deben proseguir, entre
otras cosas mediante recursos financieros adicionales. La cuestión de la
vivienda y el acceso a los documentos para los romaníes precisa una atención
continua. Debe prestarse mayor atención a las regiones con una grave situación
socioeconómica, especialmente en el sur y el este de Serbia. Las elecciones a
los consejos de las minorías nacionales que se celebrarán en 2014 serán una
buena oportunidad de que Serbia reitere su compromiso con la protección de las
minorías. El proceso electoral deberá llevarse a cabo cuidadosamente, teniendo
en cuenta las recomendaciones pasadas de instituciones independientes.

Será importante que
Serbia siga contribuyendo activamente a la cooperación regional y continúe
desarrollando sus lazos con los países vecinos, entre otras cosas tratando las
cuestiones bilaterales pendientes.

En lo que respecta a los
criterios económicos, Serbia ha avanzado algo hacia el establecimiento
de una economía de mercado en funcionamiento. Debe esforzarse considerablemente
en la reestructuración de su economía, de modo que pueda afrontar a medio plazo
la presión de la competencia y de las fuerzas del mercado en la Unión.

En 2012, Serbia sufrió
otra recesión, y su economía se contrajo en un 1,7 %. El elevado aumento
de las exportaciones suavizó los efectos de la débil demanda interior y condujo
a una ligera y desigual recuperación en el primer semestre de 2013. Se
realizaron una serie de esfuerzos de saneamiento presupuestario, en su mayor
parte en lo que se refiere a los ingresos. Se reactivó el proceso de
reestructuración de las empresas de propiedad estatal. Se han conseguido
algunos avances en la lucha contra la corrupción y en la mejora de los derechos
de propiedad.

El crecimiento sigue
teniendo una base escasa, y los primeros signos de recuperación económica en
2013 no se transmitieron al mercado de trabajo. El nivel de desempleo y el
déficit presupuestario siguen siendo altos. Persistieron las rigideces en el
mercado de trabajo, y la creación de empleo sostenible representa un gran reto.
Sigue sin haberse adoptado un programa creíble de ajuste presupuestario a medio
plazo. La presencia del Estado en la economía es notable, y las empresas
estatales siguieron acumulando grandes pérdidas. Es necesario que Serbia siga
mejorando el entorno empresarial y haga grandes esfuerzos por desarrollar un
sector privado competitivo. El funcionamiento de los mecanismos de mercado se
ve obstaculizado por la inseguridad jurídica y la corrupción. El sector
informal sigue siendo un importante reto.

En cuanto a su capacidad
de asumir las obligaciones de la adhesión, Serbia ha continuado adaptando
su legislación a los requisitos de la legislación de la UE en muchos sectores,
para lo que se apoyó en la aprobación de un plan nacional de adopción del
acervo. Se han logrado buenos avances en lo que respecta a la contratación
pública, gracias a la aprobación de una nueva Ley de Contratación Pública, que
establece la continuación de la adaptación al acervo de la UE e incluye
disposiciones mejoradas sobre la prevención de la corrupción. La cuestión de la
independencia del banco central se ha resuelto en parte con enmiendas
legislativas. Se aprobaron dos nuevas leyes en lo que respecta a la
contabilidad y auditoría de las empresas, con objeto de continuar la adaptación
en cuanto al Derecho de sociedades. Mejoró el marco institucional de la
política relativa a las PYME y para el acceso de estas a la financiación. Es
positiva la adopción de medidas de mejora del entorno empresarial, en especial
en cuanto a la evaluación del impacto sobre las empresas de nueva legislación.
Se han ultimado con éxito los censos de población y agrícola. No obstante, la
modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en lo que respecta al cobro de
derechos constituye un paso atrás en la adaptación al acervo de la UE.

De cara al futuro,
Serbia debe redoblar sus esfuerzos de adaptación al acervo de la UE, prestando
especial atención a la aplicación efectiva de la legislación aprobada. En
especial, Serbia ha de intensificar la labor de adaptación en los sectores del
agua, la gestión de residuos, la calidad del aire y la protección de la
naturaleza, y de apertura del mercado, desvinculación y aplicación de tarifas
que reflejen los costes en el sector de la energía. También son necesarios
mayores esfuerzos para el control de las ayudas estatales, respecto a las
cuales debe seguir consolidándose la independencia de la Comisión de Supervisión
de las Ayudas Estatales y debe suprimirse la exención de las normas aplicables
a las ayudas estatales en beneficio de las empresas en proceso de
privatización. Deben fortalecerse sustancialmente los sistemas de protección
social, relaciones laborales y diálogo social, sobre todo al nivel tripartito
del diálogo social. La legislación sobre los OGM debe adaptarse a la
legislación de la UE para posibilitar la adhesión a la OMC. Deben efectuarse
considerables esfuerzos para desarrollar la gestión financiera y la supervisión
del sector público, aplicando el concepto subyacente de responsabilidad de
gestión, y para llegar a una capacidad plena de auditoría externa.

El Acuerdo Provisional
del Acuerdo de Estabilización y Asociación siguió aplicándose con normalidad.

Antigua
República Yugoslava de Macedonia

La Antigua República
Yugoslava de Macedonia fue el primer país que firmó un acuerdo de
estabilización y asociación con la UE (en 2001). Es un país candidato desde
hace ocho años, desde el dictamen positivo de la Comisión de noviembre de 2005
y la decisión del Consejo de diciembre de 2005. Desde 2009, la Comisión ha
considerado que el país cumple suficientemente los criterios políticos y ha
recomendado la apertura de negociaciones. La Comisión también ha recomendado,
desde 2009, el inicio de la segunda fase de la asociación, en el marco del
Acuerdo de Estabilización y Asociación. En ambos casos, el Consejo no ha
adoptado ninguna decisión. Cuando se han cumplido veinte años de la entrada del
país en las Naciones Unidas, debe hallarse sin mayor dilación una solución a la
cuestión del nombre del país.

A falta de un proceso de
negociación, los principales foros de debate y supervisión de las reformas son
los órganos creados en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación, así
como el Diálogo de Alto Nivel para la Adhesión, establecido en 2012. Dicho
Diálogo ha contribuido al avance logrado en muchos ámbitos prioritarios. Los
progresos realizados en el marco de ese Diálogo serán de gran utilidad cuando
empiecen las negociaciones. No obstante, no son, ni pueden ser, un sustituto
para el camino hacia la apertura de las negociaciones de adhesión.

La crisis política que
siguió a los hechos acaecidos en el Parlamento a finales del año pasado puso de
manifiesto las profundas divisiones existentes entre los partidos políticos,
que afectan al funcionamiento del Parlamento, así como la necesidad de que se
haga política constructiva en el interés nacional. Durante la aprobación del
presupuesto de 2013, la expulsión por la fuerza de diputados de la oposición y
periodistas del Parlamento provocó el boicot del mismo por el mayor grupo de la
oposición, que amenazó con boicotear las elecciones locales. Ese largo punto
muerto se resolvió con la aplicación del acuerdo político del 1 de marzo, que
consistió en la vuelta de los diputados de la oposición al Parlamento, la
participación en las elecciones locales, las recomendaciones de cara al futuro
realizadas por un Comité de Investigación, la firma de un memorándum de
entendimiento entre partidos sobre los objetivos euroatlánticos estratégicos
del país y una continuación del trabajo sobre la reforma electoral. Está
pendiente la reactivación del diálogo entre el Gobierno y los periodistas. El
consenso acerca del informe del Comité de Investigación demostró que se pueden
hallar soluciones constructivas si hay voluntad política, gracias al diálogo y
el compromiso. Deben aplicarse plenamente las recomendaciones del Comité de
Investigación.

De modo general, el país
sigue cumpliendo suficientemente los criterios políticos. La OSCE/OIDDH
consideró que las elecciones municipales de marzo/abril de 2013 se llevaron a
cabo de manera profesional y eficiente; observó la dificultad de distinguir
entre el Estado y el partido y recomendó una modificación adicional de la
legislación electoral. El país realizó la mayor parte de la reforma judicial
entre 2004 y 2010. Este año se ha seguido avanzando en cuanto a la eficiencia
del poder judicial. También se ha avanzado mediante el establecimiento de datos
completos sobre el balance de resultados en materia de ejecución en la lucha
contra la corrupción, lo que debe desarrollarse en el futuro. En lo que se
refiere a la libertad de expresión, se estancó el progreso en el diálogo sobre
los medios de comunicación, a raíz de la expulsión de periodistas del
Parlamento, y, pese a la evolución del marco legislativo, se deterioró la
reputación del país en cuanto a la libertad de prensa. El cierre de varios
medios de comunicación en los últimos años también ha reducido la diversidad de
opiniones para los ciudadanos.

Dado que el país ya ha
alcanzado un elevado nivel de adaptación, respecto al lugar en el que se halla
en el proceso de adhesión, la prioridad para el próximo año debe ser la
aplicación y el cumplimiento efectivos de los marcos jurídicos y de política
existentes, de modo similar a los países que ya están negociando la adhesión.

En cuanto al Estado de
Derecho, debe reforzarse la independencia y competencia de los órganos
jurisdiccionales, y debe hacerse mayor hincapié en la calidad de la justicia
suministrada al ciudadano. La corrupción es generalizada en muchos ámbitos y
sigue siendo un problema grave. Es necesario que el país demuestre efectos
tangibles de las medidas de lucha contra la corrupción existentes y aplique con
eficacia medidas de lucha contra la delincuencia organizada. En lo que se
refiere a la libertad de expresión, el elevado grado de polarización de los
medios de comunicación, que a menudo siguen un patrón político, obstaculiza el
suministro de una información objetiva, supone una presión económica sobre los
periodistas y los propietarios de los medios de comunicación (por ejemplo, a
través de la utilización opaca de la publicidad gubernamental) y fomenta unos
estándares profesionales de bajo nivel. Debe volverse a entablar el diálogo
entre el Gobierno y los representantes de los medios, y dicho diálogo debe dar
resultados concretos en lo que respecta al cambio de la cultura mediática y al
establecimiento de un clima de creación de confianza. Deben aplicarse
plenamente las recomendaciones de la OIDDH. Debe aplicarse de modo proactivo la
estrategia a favor de la población romaní. Es necesario seguir denunciando la
intolerancia, por ejemplo respecto a la comunidad LGBTI.

Asimismo es urgente
ultimar la revisión del Acuerdo Marco de Ohrid, especialmente importante
para las relaciones entre las comunidades e interétnicas, y que se apliquen sus
recomendaciones. Ello, junto a la descentralización continua, que es un
elemento fundamental del Acuerdo, contribuirá a la estabilidad en el país y
fuera de él.

En general, el país
mantiene buenas relaciones con otros países de la ampliación y desempeña un
papel activo en la cooperación regional. Sigue siendo importante aplicar
un enfoque constructivo a las relaciones con los Estados miembros de la UE
vecinos. Deben evitarse las actuaciones y declaraciones que repercutan
negativamente en las relaciones de vecindad.

En lo que se refiere a
los criterios económicos, el país sigue estando en una posición avanzada
y, en algunos ámbitos, ha realizado progresos adicionales hacia una economía de
mercado en funcionamiento. El país debería estar en condiciones de afrontar a
medio plazo la presión de la competencia y de las fuerzas del mercado en la
Unión, a condición de que aplique enérgicamente sus programas de reforma,
destinados a reducir las significativas deficiencias estructurales.

La actividad económica
se estancó en 2012; el crecimiento retornó en el primer semestre de 2013. En el
contexto de un difícil entorno exterior, se mantuvo la estabilidad
macroeconómica. El desempleo sigue siendo muy elevado, sobre todo entre los
jóvenes. El creciente nivel del déficit público y la deuda pública incrementó
la vulnerabilidad del país.

Es preciso adoptar
medidas para abordar las razones de fondo del elevado nivel de desempleo,
ocupándose especialmente del desajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones.
Debe reforzarse la sostenibilidad de la hacienda pública. La política fiscal
debe adaptarse a las prioridades nacionales de reforma estructural y orientarse
hacia un gasto que favorezca el crecimiento. La introducción de un marco
presupuestario a medio plazo y la planificación estratégica deberían reforzar
la disciplina presupuestaria. Es necesario hacer mayores esfuerzos para
gestionar con eficacia las finanzas públicas, de modo que se haga el uso más
eficiente y transparente posible de los recursos públicos y de la UE. A fin de
garantizar más inversiones del sector privado, debe trabajarse más para mejorar
el entorno empresarial, que se ve negativamente afectado por la corrupción y
por los lentos y costosos procedimientos de salida del mercado. El sector
informal continúa siendo un gran problema.

El país está cooperando
profunda y ampliamente con la UE en todos los ámbitos del acervo y se halla en
un nivel avanzado de adaptación legislativa, a nivel estratégico e
institucional, centrándose ahora la labor en la capacidad administrativa y los
mecanismos de coordinación dentro de la administración nacional, a fin de que
haya una ejecución efectiva. El país ha seguido progresando en el aumento de su
capacidad de asunción de las obligaciones de la adhesión; sigue
cumpliendo sus compromisos en el marco del Acuerdo de Estabilización y
Asociación, antes del décimo aniversario de la entrada en vigor del mismo.

En lo que respecta al
mercado interior, se ha alcanzado un buen nivel de adaptación legislativa en
cuanto a la circulación de capitales, los servicios de correos y el Derecho de
sociedades. Respecto a la justicia y los asuntos de interior, el país ha
avanzado notablemente en los preparativos relativos a la política de visados,
las fronteras exteriores y el Acuerdo de Schengen y la cooperación policial. En
el ámbito de la reforma de la administración pública, debe continuar
trabajándose en la aplicación de los principios de transparencia, mérito y
representación equitativa. Deben hacerse mayores esfuerzos sobre todo en
política regional, medio ambiente y cambio climático, campos en los que es
necesario mejorar la realización de los proyectos con financiación de la UE,
así como en cuanto a la calidad del agua, el control de la contaminación
industrial y la gestión de riesgos. En el ámbito de la política social y el
empleo, deben aplicarse medidas para conseguir un mercado de trabajo integrador
y eficiente. Debe reforzarse y desarrollarse en toda la administración pública
el control financiero interno público. De modo global, el país ha alcanzado un
nivel de adaptación al acervo que es suficiente para pasar a la siguiente fase
del proceso de adhesión.

Albania

En octubre pasado, la
Comisión recomendó que el Consejo concediera a Albania el estatuto de país
candidato, a reserva de la finalización de medidas clave en lo que respecta a
la reforma judicial y de la administración pública y de la revisión del
reglamento interno del Parlamento. En diciembre de 2012, con el fin de adoptar
una decisión sobre el estatuto de candidato, el Consejo invitó a la Comisión a
que informara de la consecución de los avances necesarios en cuanto ello
ocurriera, teniendo en cuenta las medidas adicionales adoptadas por Albania en
la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, incluidas las
investigaciones proactivas y enjuiciamientos de esos casos. A este respecto,
Albania ha adoptado las medidas pendientes de reforma judicial, de la
administración pública y parlamentaria, con un consenso entre los partidos. La
misión internacional de observación electoral dirigida por la OSCE/OIDDH
consideró que las elecciones parlamentarias de junio fueron pluralistas y que
hubo una participación activa de los ciudadanos a lo largo de la campaña, así
como un verdadero respeto por las libertades fundamentales. En lo que se
refiere a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, Albania
ha adoptado medidas iniciales encaminadas a aumentar la eficiencia de las
investigaciones y los encausamientos y a estrechar la cooperación entre los
cuerpos y fuerzas de seguridad. El número de condenas en casos de corrupción y
blanqueo de dinero ha aumentado, y también lo ha hecho el número de
investigaciones de casos de trata de seres humanos y tráfico de drogas. Se han
seguido satisfactoriamente todas las recomendaciones recientes del Consejo de
Europa acerca de la financiación de los partidos políticos y de las
disposiciones jurídicas sobre corrupción. El nuevo Gobierno de Albania se ha
comprometido firmemente a luchar contra la corrupción y se ha fijado este
asunto como prioridad en su programa.

Conforme al dictamen de
la Comisión de 2010, Albania debe cumplir los siguientes requisitos necesarios
para la apertura de las negociaciones de adhesión: 1) continuar llevando a cabo
la reforma de la administración pública a fin de potenciar el profesionalismo y
la despolitización de la administración pública; 2) adoptar medidas adicionales
para reforzar la independencia, eficiencia y rendición de cuentas de las
instituciones judiciales; 3) seguir actuando con decisión en la lucha contra la
corrupción, por ejemplo a fin de obtener un balance de resultados sólido en las
investigaciones proactivas, encausamientos y condenas; 4) seguir actuando con
decisión también en la lucha contra la delincuencia organizada, por ejemplo a
fin de obtener también un balance de resultados sólido en las investigaciones
proactivas, encausamientos y condenas; 5) adoptar medidas eficaces para una
mayor protección de los derechos humanos, incluidos los de la población romaní,
y un refuerzo de las políticas de lucha contra las discriminaciones, así como
garantizar el respeto de los derechos de propiedad.

A fin de asegurar el
futuro de Albania, será vital que haya un diálogo constructivo y duradero entre
el Gobierno y la oposición sobre las reformas relacionadas con la UE. Sigue
siendo esencial que Albania participe constructivamente en la cooperación
regional.

Albania ha seguido
avanzando hacia el cumplimiento de los criterios políticos de adhesión a
la UE. La mayoría gubernamental y la oposición han cooperado para la aprobación
parlamentaria de una serie de instrumentos jurídicos, entre los que se halla la
Ley de la Función Pública, la Ley del Tribunal Supremo y el Reglamento Interno
del Parlamento, así como una serie de enmiendas al Código Penal y al Código de
Enjuiciamiento Civil.

Aunque el proceso que
llevó a las elecciones parlamentarias del 23 de junio se caracterizó por la
existencia de tensiones, que, en algunos momentos, entorpecieron las tareas de
los órganos de la administración electoral, las elecciones fueron pluralistas y
se llevaron a cabo de manera ordenada, con un elevado índice de participación.
Albania continuó avanzando también en lo que respecta a la reforma de la
administración pública, en especial con la aprobación de la Ley de la Función
Pública.

Se adoptaron medidas
adicionales de reforma del poder judicial, incluida la racionalización del
sistema jurisdiccional. La mejora de los métodos de trabajo de los órganos de
lucha contra la corrupción, el aumento de las condenas y la mejor cooperación
interinstitucional dieron como resultado algunos progresos en la lucha contra
la corrupción, con lo que se obtuvo un balance de resultados inicial positivo,
que es necesario reforzar. La mejora de la supervisión y la transparencia en
ámbitos clave, como el registro de la propiedad, las aduanas, la educación
superior y la salud, ponen de manifiesto una mayor concienciación acerca de la
importancia de la prevención. Se siguieron las recomendaciones del Consejo de
Europa sobre la financiación de los partidos políticos y las disposiciones
jurídicas sobre corrupción. No obstante, la corrupción sigue siendo un problema
especialmente grave, que precisa determinación y una actuación concertada. En
cuanto a la delincuencia organizada, ha mejorado la cooperación policial
internacional, así como también el uso del análisis de la amenaza; aumentaron
las incautaciones de drogas y activos de origen delictivo. También se siguieron
las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la lucha contra el blanqueo de
dinero. Las importantes enmiendas del Código Penal se ocuparon de la trata de
seres humanos y otros delitos graves.

En lo que se refiere a
los derechos humanos, se respetaron en general la libertad de reunión y
asociación y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En cuanto a la
lucha contra las discriminaciones, se consiguieron avances, por ejemplo con el
plan de acción en favor de los derechos de las personas LGTBI. Respecto a la
libertad de expresión, la Ley de Medios Audiovisuales mejoró considerablemente
el marco legislativo de los medios audiovisuales en Albania.

De cara al futuro,
Albania debe acelerar el ritmo de reforma del poder judicial. Debe revisarse y
reforzarse el marco institucional y jurídico del poder judicial. A fin de
garantizar la independencia, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia
del poder judicial, está pendiente la ultimación o aprobación de legislación
básica, incluidas modificaciones constitucionales para despolitizar los
nombramientos al Tribunal Supremo. La legislación recientemente aprobada debe
aplicarse efectivamente, con el pleno apoyo de los políticos y de los
profesionales del sistema judicial.

Por otra parte, Albania
debe prestar especial atención a la realización de la reforma de la
administración pública, sobre todo en lo que respecta a las leyes estructurales
y los actos administrativos. Es necesario aprobar y aplicar rápidamente la
reglamentación de desarrollo de la Ley de la Función Pública. Debe garantizarse
la continuidad en la administración pública y debe reforzarse el
profesionalismo, la despolitización y la rendición de cuentas.

Serán necesarias medidas
específicas de lucha contra la corrupción, como medidas de capacitación de un
organismo de coordinación central que tenga la autoridad y la capacidad
necesarias y un fuerte apoyo político. Deben reforzarse la capacidad de
prevención y represión y la independencia de los cuerpos y fuerzas de
seguridad. Debe garantizarse que haya un seguimiento adecuado por parte del
Parlamento de los informes procedentes de instituciones independientes.

Es necesario seguir
desarrollando el balance positivo de resultados en las investigaciones y los encausamientos
efectivos de la delincuencia organizada, a partir de los resultados iniciales.
Se debe continuar trabajando para ultimar las enmiendas del Código de
Enjuiciamiento Penal y extender eficazmente el uso de la evaluación de la
amenaza, el intercambio de inteligencia y las investigaciones específicas y
proactivas. Asimismo es preciso un enfoque más proactivo en cuanto a las
investigaciones en caso de nivel de riqueza sospechoso y de sospecha de
blanqueo de dinero.

En el ámbito de los
derechos humanos, la elaboración de nueva legislación y la aplicación de la
legislación existente deben ser prioridades, haciendo especial hincapié en los
derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los niños y la
integración de la población romaní. En cuanto a la libertad de expresión es
preciso realizar esfuerzos adicionales para garantizar plenamente la
independencia del organismo regulador de los medios de comunicación.

En lo que respecta a los
criterios económicos, Albania consiguió algunos avances hacia una economía
de mercado en funcionamiento. Albania debería estar en condiciones a medio plazo
de afrontar la presión de la competencia y de las fuerzas del mercado en la
Unión, siempre que acelere las reformas estructurales.

Albania ha mantenido la
estabilidad macroeconómica. El crecimiento del PIB se desaceleró, pero siguió
siendo positivo gracias a la demanda exterior. El bajo nivel de inflación dio
margen para aplicar una política monetaria expansiva de estímulo del
crecimiento, pero queda por ver si dicha política se transmitirá a la economía
real, en vista de la disminución del crecimiento del crédito a raíz del elevado
y creciente nivel de los préstamos no productivos. El déficit presupuestario
sigue siendo alto, y la deuda pública continuó aumentando, lo que acarreó la
superación y supresión del techo legal de deuda del 60 % del PIB. El mercado
de trabajo experimentó una ligera mejora, pero el desempleo sigue siendo
elevado. El déficit por cuenta corriente se ha reducido pero continúa siendo
elevado. La economía sigue siendo vulnerable tanto a las deficiencias
estructurales internas como a la volatilidad económica mundial.

Es necesario que Albania
complemente las políticas fiscal y monetaria en favor de la estabilidad con
reformas estructurales que garanticen un crecimiento económico sostenible a
largo plazo. Albania deberá ocuparse de la cuestión de los elevados niveles del
déficit y la deuda públicos y de su desviación a corto plazo. Además, tendrá
que mejorar la previsibilidad presupuestaria reduciendo la reiterada
sobreestimación de los ingresos y recaudando los impuestos de modo más eficiente.
Mejorar el entorno empresarial y de inversión es esencial para diversificar la
economía e impulsar el potencial de crecimiento a largo plazo. Ello podrá
conseguirse, entre otras cosas, reforzando el Estado de Derecho, luchando
contra la corrupción y cobrando los retrasos en los pagos, así como
desarrollando las infraestructuras y potenciando el capital humano. El sector
informal sigue siendo un reto importante.

El Acuerdo de
Estabilización y Asociación continuó aplicándose con normalidad en todos los
ámbitos, y Albania siguió adaptando su legislación a los requisitos de la
legislación de la UE en una serie de áreas, incrementando su capacidad de
asumir las obligaciones de la adhesión. Se lograron mejoras respecto, por
ejemplo, a la contratación pública, las estadísticas, la justicia, la libertad
y seguridad y las aduanas. Albania debe esforzarse más para hacer cumplir
efectivamente los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial y
debe prestar especial atención al sector energético, incluidos la
diversificación de las fuentes energéticas, el funcionamiento del mercado de la
electricidad y la búsqueda de soluciones a las pérdidas en las redes eléctricas
y al bajo nivel de cobro de facturas. También debe ocuparse con determinación
de la cuestión de las devoluciones del IVA, por ejemplo en lo que se refiere a
los retrasos existentes, y aumentar la protección del medio ambiente, entre
otros con inversiones sostenibles en lo que respecta a la gestión de residuos y
las aguas residuales. Es preciso seguir trabajando en los ámbitos del empleo y
la política social. Debe reforzarse la capacidad administrativa y el
profesionalismo de los organismos encargados de la aplicación del acervo, y
debe salvaguardarse la independencia de los organismos reguladores. En varios
sectores del acervo, sobre todo la contratación pública y el control
financiero, es importante potenciar la transparencia y la rendición de cuentas.

Bosnia y
Herzegovina

Bosnia y
Herzegovina se encuentra en una vía muerta en el proceso de integración en la
UE, mientras otros países de la región siguen avanzando. El Acuerdo de
Estabilización y Asociación se firmó en 2008, y el proceso de ratificación
finalizó en 2011. Dicho Acuerdo todavía no ha entrado en vigor porque el país
no ha cumplido los requisitos pendientes, en especial realizar un esfuerzo
creíble para aplicar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
el asunto Sejdic-Finci relativo a la discriminación de los ciudadanos por
motivos étnicos. Por lo tanto, las relaciones de la UE con Bosnia y Herzegovina
siguen rigiéndose por el Acuerdo Provisional de 2008.

Los
representantes políticos no comparten una visión del rumbo general y el futuro
del país ni del modo en que este debe funcionar. No existe ningún diálogo
político interno sobre cuestiones fundamentales como el proceso de integración
en la UE ni el establecimiento de prioridades al respecto. La agenda de la UE
no ha sido prioritaria para los representantes políticos del país, por lo que
no se ha avanzado nada en su perspectiva europea. Los intereses partidistas o
étnicos a corto plazo han prevalecido sobre la política orientada al futuro de
anclaje de Bosnia y Herzegovina en la UE. El bloqueo político de la Federación,
que ya dura más de un año, repercute negativamente en la gobernanza tanto de la
Federación como a nivel de los Estados. Algunos actores políticos ponen en
entredicho continuamente la unión de Bosnia y Herzegovina en un único Estado.

No se han
cumplido los dos compromisos principales de la hoja de ruta de la solicitud de
adhesión del país a la UE, sobre todo la aplicación efectiva de la sentencia
Sejdic-Finci y el establecimiento de un mecanismo de coordinación eficaz de los
asuntos relacionados con la UE. La UE ha realizado una intensa labor de facilitación
para ayudar a los dirigentes políticos de Bosnia y Herzegovina a hallar un
terreno de entendimiento para la aplicación de la sentencia mencionada, pero
dichos dirigentes no se pusieron de acuerdo en ninguna solución.

La
aplicación de dicha sentencia no solo es crucial para que el país avance en el
camino de la adhesión, sino también para la legitimidad y credibilidad de la
Presidencia y de la Casa de los Pueblos de Bosnia y Herzegovina, cuyos miembros
serán elegidos en 2014. Ello desbloquearía el proceso de adhesión a la UE, que
es vital para que Bosnia y Herzegovina pase de ser un país en situación de
posconflicto a ser un Estado miembro de la UE en el futuro. Sin el valor y la
determinación políticos necesarios, la perspectiva europea de Bosnia y Herzegovina
no se plasmará en la realidad.

La misma
urgencia e importancia tiene la creación de un mecanismo de coordinación en
asuntos de la UE entre los distintos niveles de la administración. En un país
altamente descentralizado como Bosnia y Herzegovina, un mecanismo de ese tipo
es crucial para que el representante correspondiente de Bosnia y Herzegovina
pueda hablar en nombre de todo el país y comprometerse en sus interacciones con
la UE. Es tarea del país establecer urgentemente un mecanismo que cumpla ese
requisito básico.

Cada vez
resulta más difícil justificar el suministro de fondos de preadhesión a un país
cuyos representantes políticos no desean llegar al consenso necesario para
avanzar en el camino de la preadhesión. Sin ese consenso, existe un elevado
riesgo de que la asistencia de preadhesión no produzca los resultados
esperados. Dado que no se ha hallado aún ninguna solución en relación con la
aplicación de la sentencia Sejdic-Finci y no se ha creado el mecanismo de
coordinación para la UE, no puede mantenerse el mismo nivel de financiación en
el marco del Instrumento de Asistencia de Preadhesión. La Comisión ha decidido
aplazar las conversaciones sobre el IPA II hasta que el país vuelva a la senda
del proceso de integración en la UE. Si no se realizan progresos tangibles,
Bosnia y Herzegovina corre el riesgo de perder un importe significativo de
fondos de preadhesión.

Los
preparativos del país para adaptarse a la adhesión de Croacia han sido lentos,
pero los acuerdos necesarios sobre el cruce de personas y mercancías de la
frontera con Croacia se firmaron a tiempo antes del 1 de julio. La Comisión
considera que es inaceptable que Bosnia y Herzegovina se haya negado hasta el
momento a adaptar el Acuerdo Provisional/Acuerdo de Estabilización y Asociación
con el fin de tener en cuenta su comercio tradicional con Croacia. La Comisión
insta a Bosnia y Herzegovina a revisar su postura urgentemente de modo que
pueda elaborarse lo antes posible una adaptación basada en los flujos
comerciales tradicionales.

El país ha
avanzado muy poco en lo que respecta a los criterios políticos. Al no
haber aplicado la sentencia Sejdic-Finci, el país todavía no ha acabado con la
práctica discriminatoria de que los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina que no
declaran su pertenencia a uno de los tres pueblos constituyentes no pueden
presentarse como candidatos a la Presidencia o a la Casa de los Pueblos de
Bosnia y Herzegovina. En general, los procedimientos legislativos siguen siendo
sumamente lentos, a causa de la falta de voluntad política para alcanzar
compromisos. La utilización frecuente del procedimiento de urgencia para
presentar leyes a la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina dio como
resultado un uso generalizado del procedimiento del interés nacional vital. Debido
a la falta de acuerdo político, a menudo se bloqueó legislación utilizando el «veto
de entidad».

Sigue
habiendo un elevado nivel de corrupción, faltan medidas de prevención efectivas
contra el blanqueo de dinero y los avances logrados en la lucha contra la
delincuencia organizada y el terrorismo han sido escasos. Si bien se ha
avanzado poco en la reforma general del sistema judicial, se están aplicando
una serie de recomendaciones formuladas por la Comisión en el marco del Diálogo
Estructurado sobre Justicia: en cuanto al enjuiciamiento de los asuntos de
crímenes de guerra, se ha avanzado notablemente en la determinación de la
jurisdicción competente, de acuerdo con la estrategia nacional relativa a los
crímenes de guerra y con la asignación de los recursos financieros y humanos
adecuados con cargo a los presupuestos correspondientes y las grandes
aportaciones del IPA. Se ha reducido el retraso en el tratamiento de los
asuntos. La celebración de los Protocolos sobre Cooperación para el
Enjuiciamiento de los Autores de Crímenes de Guerra, Crímenes contra la
Humanidad y Genocidio con Croacia y Serbia es prometedora. De modo global,
sigue habiendo grandes deficiencias en cuanto a la independencia, efectividad,
rendición de cuentas e imparcialidad del poder judicial en Bosnia y
Herzegovina.

Sigue
siendo limitada la aplicación de los instrumentos de derechos humanos
existentes, incluidos los que protegen a las personas LGBTI de la violencia y la
incitación al odio, así como la aplicación de los planes de acción en favor de
la población romaní. Las lagunas legislativas continúan obstaculizando el
retorno y la integración local sostenibles de los refugiados y los desplazados
internos. Existen disposiciones legales que garantizan la libertad de
expresión, pero la intimidación de los periodistas y los editores siguen siendo
motivo de preocupación, del mismo modo que las presiones financieras sobre las
entidades de radiodifusión públicas. Bosnia y Herzegovina ha continuado
participando activamente en la cooperación regional y manteniendo unas buenas
relaciones de vecindad. Deben abordarse con los países vecinos las cuestiones
pendientes sobre fronteras y propiedad.

Gracias a
una profunda labor de preparación a todos los niveles, respaldada por la UE y
otras organizaciones internacionales, se ha podido confeccionar el largamente
esperado censo de población de Bosnia y Herzegovina, el primero desde 1991.

En lo que
respecta a los criterios económicos, Bosnia y Herzegovina ha conseguido
escasos avances adicionales hacia una economía de mercado en funcionamiento.
Deben proseguir con determinación las considerables tareas de reforma
necesarias para que el país esté en condiciones de afrontar a largo plazo la
presión de la competencia y de las fuerzas del mercado en la Unión.

La economía
se contrajo en un 1,1 % en 2012. No obstante, los indicadores
correspondientes al primer semestre de 2013 muestran ciertos signos de
recuperación. El desempleo sigue siendo muy elevado. La calidad de las finanzas
públicas continuó siendo baja, si bien mejoró algo su gestión. Pese a una
ligera mejora, el consenso sobre los elementos básicos de la política económica
y fiscal sigue siendo escaso, lo que obstaculiza las reformas a nivel nacional.
El sector público, enorme e ineficiente, con múltiples competencias solapadas a
nivel estatal, de entidad y municipal o cantonal (especialmente en la
Federación), sigue poniendo en peligro la sostenibilidad presupuestaria. La
ineficiencia del sistema jurídico y del sistema judicial entorpece la capacidad
de ejecución, tiene un claro efecto disuasorio sobre las inversiones y es una
fuente de corrupción.

La
composición y la escasa eficiencia del gasto público en Bosnia y Herzegovina
siguen siendo motivo de preocupación. En este contexto, debe mejorar la información
presupuestaria a fin de que aumente la calidad del análisis y del diseño de
políticas. Las rigideces estructurales, como la imposición excesiva de la mano
de obra y la deficiente asignación de las transferencias sociales precisan
medidas de estímulo de la demanda de trabajo. Dada la elevada cuota que
representan las empresas públicas en la economía, las autoridades deben
reactivar la privatización, que tiene el potencial de mejorar la situación
presupuestaria y de que haya más competencia. Es necesario que el sector
privado cuente con el apoyo de un entorno empresarial sólido, sobre todo
mediante la mejora del cumplimiento de los contratos y la creación de un
espacio económico único en el país. El sector informal continúa siendo un reto
importante.

La falta de
un verdadero apoyo político a la agenda de la UE se refleja en los muy escasos
avances logrados en materia de aproximación a la legislación y los
estándares de la UE. Así ocurre, en especial, en los ámbitos veterinario y
de salud alimentaria, competencia, contratación pública, energía, medio
ambiente y cambio climático, transporte y empleo y políticas sociales. En otros
ámbitos, como el desarrollo rural o la política regional, se ha progresado poco
por la falta de acuerdo sobre las estrategias oportunas a nivel nacional. En
varios casos están pendientes nombramientos para organismos importantes. Ello
está obstaculizando el progreso legislativo. Otras instituciones, como el
Consejo de Ayudas Estatales, han venido padeciendo una falta de recursos financieros,
por lo que hasta el momento no han funcionado adecuadamente. Una de las pocas
excepciones positivas es el ámbito de los derechos de propiedad intelectual,
industrial y comercial, en que ya se ha avanzado en los preparativos para la
adaptación a las normas de la UE.

A fin de
que Bosnia y Herzegovina pueda exportar productos de origen animal a la UE, es
necesario avanzar rápidamente en la transposición de la legislación veterinaria
y de seguridad alimentaria de la UE. Bosnia y Herzegovina es el único país de
la región que no ha adaptado su legislación a las directivas de la UE de 2004
sobre contratación pública. Debe realizar esa adaptación urgentemente. El país
debe mantener una labor constante para la aplicación duradera de todas las
reformas introducidas conforme a la hoja de ruta de la liberalización en
materia de visados, tomando en consideración medidas más amplias en las
fronteras con objeto de aumentar la seguridad nacional y regional. Deben
proseguir las actividades relacionadas con la prevención de los abusos del
régimen de exención de visado.

Kosovo

El año 2013 ha sido un
año histórico para Kosovo en su camino hacia la Unión Europea. Las decisiones
del Consejo en junio por las que se autoriza la apertura de negociaciones de un
Acuerdo de Estabilización y Asociación representan el inicio de una fase nueva
importante de las relaciones entre la UE y Kosovo. Las negociaciones comenzarán
oficialmente este mes. La Comisión tiene el propósito de finalizar estas
negociaciones en la primavera de 2014, rubricar el proyecto de acuerdo en el
verano y, acto seguido, presentar las propuestas al Consejo para la firma y
celebración del Acuerdo.

Kosovo ha trabajado de
forma activa y constructiva en favor de una mejora visible y duradera de sus relaciones
con Serbia. En abril, el compromiso de Kosovo con el diálogo
facilitado por la UE dio como resultado el trascendental «Primer acuerdo
sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones», que se
complementó en mayo con un plan de ejecución. En especial, ambas partes acordaron
que ninguna de ellas bloqueará, o animará a otros a que bloqueen, los avances
de la otra parte en sus respectivos caminos hacia la UE. Ello representa un
cambio crucial en las relaciones entre ambas partes. La aplicación de dicho Primer
acuerdo ha proseguido y ya ha conducido a una serie de cambios irreversibles
sobre el terreno. Las partes han alcanzado acuerdos sobre energía y
telecomunicaciones. También se ha avanzado en la aplicación de los acuerdos
logrados en cuanto al diálogo técnico, con el apoyo de la misión de la UE en
materia de Estado de Derecho (EULEX). Kosovo debe seguir plenamente
comprometido con la normalización continuada de sus relaciones con Serbia y con
la aplicación de todos los acuerdos alcanzados en el diálogo. Es necesario que
Kosovo finalice la aplicación del Primer acuerdo, en especial en lo que
respecta a la policía, la justicia y las elecciones municipales.

El Primer acuerdo ha
hallado resistencia en el norte de Kosovo. La postura comedida de
Pristina y el enfoque integrador, junto con el papel positivo desempeñado por
Belgrado, han evitado la escalada. De acuerdo con el Primer acuerdo, se han
cerrado las comisarías de policía serbias del norte de Kosovo; Serbia ha dejado
de pagar los sueldos a los funcionarios de policía empleados en Kosovo; los
tribunales serbios han detenido el enjuiciamiento de asuntos penales en Kosovo;
y se han suprimido los ayuntamientos en los cuatro municipios del norte. Las
elecciones municipales previstas para noviembre también se celebrarán en el
norte de Kosovo. Es importante que dichas elecciones se realicen en buenas
condiciones y que todas las personas con derecho a voto participen y ejerzan
sus derechos democráticos. El 19 de septiembre, un miembro de la EULEX fue
asesinado en un ataque a un convoy de la EULEX en el norte de Kosovo. Los
líderes de Kosovo y Serbia condenaron con gran firmeza el ataque.

Kosovo ha conseguido
resultados en reformas importantes. En abril, la Comisión y la Alta
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
confirmó[1]
que Kosovo había realizado las prioridades a corto plazo en lo que respecta al
Estado de Derecho, la administración pública, la protección de las minorías y
el comercio, señaladas en el estudio de viabilidad[2] de
octubre del año pasado. En abril, la Comisión publicó además su recomendación
al Consejo para la firma y celebración de un acuerdo marco que permita a Kosovo
participar en programas de la Unión Europea.

En diciembre, Kosovo se
convirtió en miembro del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. En
junio, firmó un acuerdo marco con el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de
Desarrollo del Consejo de Europa. En febrero, el Consejo de Cooperación
Regional decidió modificar su estatuto para permitir que Kosovo se convirtiera
en participante de pleno derecho.

El diálogo sobre la liberalización
de visados sigue ocupando un lugar destacado en la agenda política de
Kosovo. Pristina se ha esforzado por avanzar en este campo. En febrero, la
Comisión aprobó su primer informe sobre el avance de Kosovo en el cumplimiento
de los requisitos de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de
visados[3].
En abril, Kosovo adoptó su primer plan de acción en materia de liberalización
de visados. Hasta la fecha se han celebrado tres reuniones de altos
funcionarios. En estrecha cooperación con la Comisión, la Oficina de la UE en
Pristina y la EULEX, Kosovo ha progresado en cuanto a la modificación de la
legislación, tal y como se recomienda en el informe. Es necesario continuar
trabajando a este respecto. Además, Kosovo debe centrarse en la aplicación de
la legislación.

El amplio consenso
político alcanzado sobre la perspectiva europea de Kosovo ha sido fundamental
para imprimir velocidad al proceso de aproximación. El Consejo Nacional de
Integración Europea también ha buscado ese objetivo. Es importante que este
proceso se mantenga y se siga ampliando. Estos esfuerzos serán clave para las
negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación.

El estudio de viabilidad
de la Comisión indica los ámbitos prioritarios en que Kosovo debe centrarse
para cumplir las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Estabilización y
Asociación. Dichas obligaciones se refieren al Estado de Derecho, el poder
judicial, la administración pública, la reforma electoral y el Parlamento, los
derechos humanos y los derechos fundamentales, la protección de las minorías,
el comercio y cuestiones de mercado interior y cuestiones fitosanitarias y
veterinarias.

En el contexto de los criterios
políticos, el Gobierno de Kosovo ha reforzado su capacidad para ocuparse de
las prioridades de su proceso de integración en la UE. Ha demostrado su
capacidad con el seguimiento de las prioridades a corto plazo señaladas en el
estudio de viabilidad y con los preparativos para la negociación del Acuerdo de
Estabilización y Asociación. Asimismo se han adoptado medidas para mejorar el
control de la labor del Gobierno ejercido por el Parlamento. Sin embargo, la
decisión del Parlamento de debatir el resultado de un asunto judicial fue un
paso atrás en los esfuerzos de Kosovo para fortalecer sus instituciones de
gobernanza democrática.

Kosovo ha demostrado un
compromiso claro con la obtención de resultados en la lucha contra la
delincuencia organizada y la corrupción, incluida la apertura de
investigaciones y el refuerzo del marco legislativo. Se han dado los primeros
pasos para elaborar estadísticas armonizadas en este campo. Kosovo, además, ha
continuado su buena cooperación con la EULEX. El sistema judicial ha sido
objeto de una importante reforma, cuya aplicación coherente será esencial para
aportar más cambios positivos y deberá ser supervisada de cerca. En enero,
entró en vigor la legislación sobre los órganos jurisdiccionales y sobre el
enjuiciamiento, con la creación de nuevos órganos jurisdiccionales y nuevas
estructuras de enjuiciamiento. Se espera que el nuevo marco jurídico contribuya
a la independencia, eficacia, rendición de cuentas e imparcialidad del sistema
judicial. Kosovo también ha continuado readmitiendo a personas procedentes de
los Estados miembros.

Siguiendo las
recomendaciones del estudio de viabilidad, el Parlamento ha modificado los
artículos del Código Penal sobre responsabilidad penal de los medios de
comunicación y protección de las fuentes de los periodistas. Se ha creado, y
funciona bien, el Consejo de Supervisión de la Aplicación, que reúne a las
autoridades kosovares y la Iglesia Ortodoxa Serbia. Se nombró un nuevo
Comisario de Lengua, y su oficina ha empezado a ejercer sus funciones. Ha
aumentado el presupuesto y el personal del Defensor del Pueblo, de manera que
su institución ya está en condiciones de desempeñar su papel de protector de la
buena gobernanza y de los derechos humanos en Kosovo.

Kosovo tiene pendiente
ultimar la reforma electoral y garantizar que el marco jurídico refleje
las mejores prácticas en la UE. El Parlamento debe intensificar su
supervisión del ejecutivo con un mejor control de las propuestas legislativas y
un seguimiento de la aplicación de las políticas y las leyes. Es necesario que
el Gobierno garantice la participación adecuada en las tareas del Parlamento.
Ha mejorado la independencia financiera del Parlamento, pero son precisas
medidas adicionales (por ejemplo, la mejora del reglamento interno del Parlamento
y las normas sobre el mismo) para potenciar la independencia financiera y
administrativa del Parlamento.

En lo que se refiere al Estado
de Derecho, Kosovo debe aportar muestras concretas de los resultados
obtenidos en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción como
asunto prioritario y reforzar la legislación y su aplicación. Debe seguir
mejorando la fiabilidad de las estadísticas en este campo y apoyar activamente
a la EULEX en la ejecución de su mandato, incluida la Unidad Operativa Especial
de Investigación. Kosovo está asumiendo gradualmente mayores responsabilidades
de la EULEX. El Diálogo Estructurado sobre el Estado de Derecho es un foro
esencial para Kosovo y la UE al objeto de revisar los avances en este ámbito.

La interferencia política
en la labor del poder judicial sigue siendo motivo de gran preocupación.
Los Consejos Judicial y Fiscal deben responder con firmeza a los ataques contra
los jueces, los fiscales y las instituciones judiciales, y el Parlamento y el
Gobierno deben hacer lo propio. Son necesarias medidas de seguridad y
protección adecuadas para los jueces y el personal de los órganos
jurisdiccionales, así como para los fiscales, los testigos y los denunciantes.
Kosovo debe adoptar medidas adicionales para reducir el atraso total en los
asuntos, incluido el cumplimiento de las sentencias judiciales, y debe
garantizar que los juicios se celebren en los locales adecuados y de
conformidad con los procedimientos judiciales. Debe proseguir la contratación
de jueces y fiscales procedentes de las minorías, de acuerdo con el marco
legislativo. Kosovo debe garantizar que los fiscales especiales encargados de
los casos de delincuencia organizada, crímenes de guerra y corrupción mantienen
sus competencias.

En cuanto a la administración
pública, Kosovo debe centrarse en la aplicación de la legislación, la
estrategia y el plan de acción, para lo que son necesarias unas firmes
orientaciones políticas. Debe potenciarse el profesionalismo de la función
pública, y las personas pertenecientes a minorías deben estar bien
representadas con arreglo a la legislación. Debe cesar la interferencia
política en la contratación y el nombramiento de los empleados públicos.
Respecto a los derechos humanos y fundamentales, es preciso simplificar
la estructura compleja y con solapamientos encargada de su promoción y
protección. Son necesarios mayores esfuerzos en la investigación y el
enjuiciamiento de los ataques físicos a periodistas. Lo mismo se aplica a los
violentos incidentes contra la comunidad LGBTI. Asimismo es necesario avanzar
en la aplicación de los derechos de propiedad, por ejemplo reduciendo el
retraso en los asuntos y mejorando el cumplimiento de las decisiones judiciales
y administrativas. Debe hacerse cumplir mejor la legislación sobre protección
de datos personales. El Parlamento debe crear un mecanismo de financiación
sostenible a largo plazo para la entidad de radiodifusión pública; está
pendiente la finalización de los nombramientos de los componentes de su consejo
de administración.

En lo que respecta a la protección
de las minorías, debe aplicarse la legislación sobre el patrimonio cultural
y la Iglesia Ortodoxa Serbia. Debe seguir apoyándose a las autoridades locales
para continuar el proceso de descentralización. La estrategia y el plan de
acción en favor de las comunidades romaní, ashkali y egipcia deben llevarse a
cabo enérgicamente, ya que la situación de estas minorías sobre el terreno
preocupa en grado sumo. Es una cuestión importante también en el contexto del
proceso de liberalización en materia de visados. Los ataques por motivos
étnicos o religiosos deben investigarse y ser objeto de enjuiciamiento, y los
autores deben ser llevados ante la justicia.

En cuanto a los criterios
económicos, Kosovo ha avanzado algo hacia el establecimiento de una economía
de mercado en funcionamiento. Son necesarias reformas e inversiones
considerables para estar en condiciones de afrontar a largo plazo las presiones
de la competencia y las fuerzas del mercado.

La situación económica difícil
de la región y de la UE ha empezado a afectar a la economía de Kosovo, aunque
en menor medida que a otros países de la región. El PIB de Kosovo aumentó en un
2,5 % en 2012. La política fiscal ha sido prudente, y el comportamiento
presupuestario ha seguido el camino trazado. Se ha introducido una norma
presupuestaria jurídicamente vinculante, que será de aplicación en 2014. El
desempleo ha seguido siendo muy elevado. Kosovo ha continuado invirtiendo de
modo significativo en sus infraestructuras.

Es preciso realizar esfuerzos
continuos para respaldar la estabilidad macroeconómica y la mejora de la
situación social. Kosovo debe aumentar su competitividad y mejorar el entorno
empresarial, así como apoyar al sector privado para reducir el desempleo. Para
que haya un entorno empresarial sólido, deben aplicarse medidas adicionales
encaminadas a subsanar las deficiencias en cuanto al Estado de Derecho y atajar
la corrupción. Deben proseguir las privatizaciones. El sector informal sigue
siendo un gran reto.

Las prioridades relativas
a los estándares europeos deben abordarse en el contexto de las
negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación. Kosovo ha
ultimado la reestructuración del Ministerio de Comercio e Industria, con objeto
de estar en condiciones de negociar con eficacia las partes del Acuerdo
relacionadas con el comercio, y ha finalizado un análisis de impacto. Asimismo
se ha esforzado en la elaboración del censo agrícola.

En lo que respecta a las
cuestiones de comercio y mercado interior, es esencial mejorar las
estadísticas empresariales de Kosovo. El país debe continuar aplicando el marco
jurídico aplicable al comercio, la competencia y el mercado interior. Asimismo
debe intensificar sus esfuerzos en una serie de áreas fitosanitarias y
veterinarias que afectan a la seguridad alimentaria, tal y como se señala
en el estudio de viabilidad. En el sector energético, deben
intensificarse las tareas del cierre de la central eléctrica Kosovo A.
concentración en las prioridades señaladas en el estudio de viabilidad, en la
preparación de las negociaciones del Acuerdo con la UE y en el diálogo sobre la
liberalización en materia de visados ha influido en los avances logrados en
otros sectores.

Turquía

Turquía es un país
candidato y un socio estratégico de la Unión Europea. Con su gran economía dinámica,
Turquía es un socio comercial de importancia para la UE y un valioso componente
de la competitividad europea a través de la Unión Aduanera. Turquía ocupa un
lugar estratégico, también en el ámbito de la seguridad energética, y desempeña
un papel regional de relevancia. La Comisión subraya la importancia de la
cooperación y el diálogo que se está desarrollando en materia de política
exterior. Asimismo, la UE sigue siendo un ancla sólida para las reformas
económicas y políticas de Turquía. Los acontecimientos que tuvieron lugar en
torno al Parque Gezi han subrayado la importancia de fomentar de forma más
amplia el diálogo a través del espectro político y social y la necesidad de
respetar los derechos fundamentales en la práctica.

Puesta en marcha en
2012, la Agenda Positiva sigue sirviendo de sostén y complemento a las
negociaciones de adhesión con Turquía mediante la cooperación reforzada en una
serie de ámbitos de interés común. Aunque ha arrojado algunos resultados positivos,
no es un sustituto de las negociaciones. La mejor manera de lograr todo el
potencial de las relaciones UE-Turquía es hacerlo en el marco de un proceso de
adhesión activo y creíble. Este proceso sigue siendo el marco más adecuado para
fomentar las reformas promovidas por la UE, desarrollar el diálogo sobre
cuestiones de política exterior y seguridad, reforzar la competitividad
económica y potenciar la cooperación en los ámbitos de la energía, y la
justicia y los asuntos de interior. Las negociaciones de adhesión necesitan un
nuevo impulso, respetando los compromisos asumidos y las condiciones
establecidas por la UE. A este respecto, tras más de tres años de bloqueo de
las negociaciones, la apertura del capítulo 22 (Política Regional) constituye
un paso importante. Turquía puede acelerar el ritmo de las negociaciones
cumpliendo los objetivos de referencia, satisfaciendo los requisitos del Marco
de Negociación y respetando sus obligaciones contractuales con relación a la
UE, incluida la aplicación plena y no discriminatoria del Protocolo Adicional
del Acuerdo de Asociación con relación a todos los Estados miembros.

En el contexto de los criterios
políticos, de lo acontecido en los últimos doce meses en Turquía surge un
panorama de claroscuros. Las reformas de calado han seguido su curso. El cuarto
paquete de reforma judicial adoptado en abril refuerza la protección de los
derechos fundamentales, incluidas la libertad de expresión y la lucha contra la
impunidad en casos de tortura y malos tratos. El Gobierno ha iniciado un
proceso de paz que aspira a acabar con el terrorismo y la violencia en el
sureste del país y pretende allanar el camino de cara a una solución para la
cuestión kurda. Este proceso debe continuar con la buena fe de todas las partes
implicadas. Las medidas anunciadas en el paquete de democratización presentado
en septiembre de 2013 prevén la introducción de nuevas reformas en una serie de
cuestiones de gran relevancia, incluido el uso de lenguas distintas del turco,
los derechos de las personas pertenecientes a minorías, la modificación de los
elevados umbrales en vigor para obtener representación parlamentaria y el apoyo
presupuestario a los partidos políticos, que deben reforzar el pluralismo. Es
de vital importancia avanzar en la cooperación con los partidos políticos y la
ejecución en consonancia con las normas europeas.

La comisión
parlamentaria pluripartita de conciliación, que se creó para redactar la nueva
constitución, ha seguido avanzando en sus trabajos y alcanzado acuerdos en una
serie de artículos. Esta tarea debe proseguir en un espíritu de compromiso. Con
la adopción de una ley general de extranjería y protección internacional se ha
dado un paso importante en pos de la protección adecuada de los solicitantes de
asilo. Asimismo han proseguido los esfuerzos encaminados a proteger los
derechos de la mujer, especialmente mediante la aplicación de la Ley relativa a
la protección de la familia y la prevención de la violencia. Se ha creado la
institución del Defensor del Pueblo, que ya cumple activamente su función.
También empezó a ser operativa el organismo nacional de defensa de los derechos
humanos.

Por otra parte, hay un
mayor debate público sobre temas que anteriormente se consideraban sensibles,
como la cuestión kurda, el papel del ejército, la cuestión armenia o los
derechos de las personas con independencia de su orientación sexual. El debate
democrático se expande, especialmente a través de los medios de comunicación
social, y también se expresa más allá de la confrontación partidista
tradicional, incluso en manifestaciones. A este respecto, la oleada de
protestas que tuvo lugar en junio también es consecuencia de la gran reforma
democrática que se ha producido en la pasada década y de la irrupción de una
sociedad civil activa y diversa que ha de ser respetada y consultada de forma
más sistemática en todos los niveles del proceso de toma de decisiones,
independientemente de quién tenga la mayoría en el Parlamento.

No obstante, ciertos
factores persistentes entorpecen los avances. El clima político sigue marcado
por la polarización y la ausencia de un espíritu de consenso. El Gobierno ha
tendido a apoyarse exclusivamente en su mayoría parlamentaria para aprobar
leyes y decisiones, incluso sobre cuestiones socialmente sensibles, sin que
haya habido un grado de diálogo y consulta suficientes con los demás actores.
Finalmente, las tensiones y la frustración resultantes llegaron a su punto
culminante en mayo y junio a propósito de un controvertido proyecto urbanístico
en el Parque Gezi de Estambul y desembocaron en protestas masivas en muchas
otras ciudades. Los intentos de negociación con los manifestantes fueron
limitados y quedaron oscurecidos por un uso excesivo de la fuerza por parte de
la policía, el discurso polarizador y la total ausencia de diálogo. A raíz de
las confrontaciones, seis personas perdieron la vida y más de 8 000 resultaron
heridas. Las inspecciones llevadas a cabo por el Ministerio del Interior
concluyeron que en mayo y junio la policía hizo un uso desproporcionado de la
fuerza contra las manifestantes.

La oleada de protestas
que tuvo lugar en junio puso de relieve una serie de problemas que se han de
resolver con carácter urgente. En cuanto al uso excesivo de la fuerza policial,
las investigaciones administrativas y judiciales iniciadas deben llevarse hasta
el final de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y los responsables deben responder ante la justicia. En consonancia con
las normas europeas, se debe adoptar y aplicar legislación relativa a la
creación de una comisión de supervisión de los cuerpos de seguridad que actúe
como órgano de vigilancia independiente para los delitos cometidos por las
fuerzas policiales. El Ministerio del Interior ha dado un primer paso al
publicar circulares que regulan la conducta de los agentes de policía durante
las manifestaciones. No obstante, la práctica y el marco jurídicos globales
sobre la intervención de los agentes de los cuerpos de seguridad debe adaptarse
a las normas europeas de tal forma que se garantice en cualquier circunstancia
el respeto de los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad
de reunión.

Determinadas
disposiciones esenciales del ordenamiento jurídico turco y la interpretación
que de ellas hacen ciertos miembros del poder judicial siguen poniendo trabas a
la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa. La estructura de
propiedad de los medios de comunicación turcos, dominada por grandes grupos
industriales, unida en ocasiones a las declaraciones intimidatorias de
funcionarios de alto rango y las advertencias de las autoridades, contribuyen
también a que la autocensura esté generalizada en los medios, como se puso de
manifiesto cuando las principales cabeceras pusieron sordina a las protestas de
junio. Este estado de cosas ha llevado también a dimisiones y renuncias de
periodistas.

Una interpretación
restrictiva por parte del poder judicial de las disposiciones legales relativas
a la incitación al odio público ha provocado una serie de condenas a figuras
públicas por haber realizado manifestaciones críticas a propósito de la
religión. La definición imprecisa en la legislación penal de la integración en
una organización armada sigue siendo la causa del elevado número de detenciones
e imputaciones. En cuestiones de fe y objeción de conciencia aún se está
pendiente de establecer un marco jurídico compatible con el TEDH. Es preciso
adoptar medidas adicionales para garantizar de manera efectiva los derechos de
la mujer, el menor y las personas del colectivo LGBTI (lesbianas, gays,
bisexuales, personas transgénero e intersexuales). La violencia doméstica, los
asesinatos de honor ocasionales y los matrimonios forzados siguen siendo fuente
de preocupación. Turquía ha de velar por la plena observancia de los derechos
de propiedad, incluso los de las comunidades religiosas no musulmanas.

Estas deficiencias han
de ser subsanadas y se ha de ejecutar el cuarto paquete de reformas judiciales,
en línea con las normas europeas. Las autoridades han de reforzar las medidas
destinadas a proteger otros derechos y libertades fundamentales, de forma que
todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin trabas. Las medidas
anunciadas en el paquete de democratización encierran la perspectiva de que se
avance en una serie de cuestiones.

Estas cuestiones
subrayan la importancia que la UE concede a reforzar su compromiso con Turquía
en materia de derechos fundamentales. Avanzar en las negociaciones de adhesión
y en las reformas políticas de Turquía son dos caras de la misma moneda.
Interesa tanto a Turquía como a la UE que se acuerden los objetivos de
referencia para la apertura de los capítulos 23 (Poder Judicial y Derechos
Fundamentales) y 24 (Justicia, Libertad y Seguridad) y se comuniquen a Turquía
lo antes posible con el fin de permitir la apertura de negociaciones sobre
estos dos capítulos. Ello contribuiría significativamente a garantizar que la
UE y sus normas siguen siendo la referencia para las reformas en Turquía.

Ante las reformas que se
han de adoptar, el proceso general de toma de decisiones, tanto a escala
nacional como local, debe implicar la consulta más estructurada y sistemática
de la sociedad civil. Es esencial reformar el entorno jurídico vigente para
hacerlo más proclive al desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil
en general. A modo de ejemplo, se han de llevar a cabo evaluaciones de impacto
medioambiental que respeten plenamente el acervo de la UE. No se debe
seguir excluyendo a los grandes proyectos de infraestructuras. Asimismo se ha
de fomentar la consulta a los actores relevantes de la sociedad civil en otros
ámbitos estratégicos.

La firma del Acuerdo
de readmisión UE-Turquía y el inicio simultáneo del diálogo en materia de
visados son los primeros pasos en pos de la liberalización de visados. Ello
puede dar un nuevo impulso a las relaciones UE-Turquía y aportar beneficios
concretos a ambas partes. Es importante que avancen estos dos procesos y que
finalice rápidamente el procedimiento de ratificación del Acuerdo de readmisión
con Turquía con vistas a su plena aplicación efectiva.

En materia de política
exterior, Turquía ha seguido desempeñando un papel importante en su
vecindad más amplia, por ejemplo, ampliando sus actividades como donante no
tradicional en el Cuerno de África, apoyando la transición democrática en el
Norte de África, y reforzando la cooperación con y entre Afganistán y Pakistán.
Ha desempeñado una función importante en relación con Siria, apoyando el
desarrollo de una oposición más unificada y aportando asistencia humanitaria vital
a un gran número de ciudadanos sirios que huyen de su país. Asimismo ha seguido
ofreciendo ayuda práctica a las conversaciones E3+3 con Irán. La ratificación
de un acuerdo intergubernamental sobre el Proyecto de Gaseoducto Transanatolio
(TANAP) entre Turquía y Azerbaiyán ha contribuido significativamente al
objetivo de promover una mayor seguridad energética para Europa a través del
corredor energético meridional. El diálogo político regular entre la UE y
Turquía ha seguido intensificándose y ha abarcado tanto cuestiones
internacionales de interés común, como las de Oriente Medio y Asia Central,
como asuntos de interés mundial, como la lucha contra el terrorismo y la no
proliferación. Turquía ha proseguido su política de implicación en los Balcanes
Occidentales, incluso participando activamente en el Proceso de Cooperación de
Europa Sudoriental y contribuyendo a las misiones de cooperación en materia de
defensa, policial y de fomento del Estado de Derecho en Bosnia y Herzegovina y
Kosovo, lideradas por la UE.

Turquía siguió
manifestando su apoyo a la reanudación de conversaciones encaminadas a alcanzar
una solución justa y global y un acuerdo viable para la cuestión de Chipre
al amparo de los buenos oficios de las Naciones Unidas. La buena disposición de
Turquía y Grecia a aceptar contactos con los principales negociadores de ambas
comunidades es un avance positivo que podría contribuir al proceso de
resolución del conflicto.

La UE también ha
subrayado la importancia de avanzar en la normalización de las relaciones entre
Turquía y todos los Estados miembros de la UE, incluida la República de Chipre.
A este respecto, ha hecho un llamamiento a Turquía para que deje de bloquear la
adhesión de Estados miembros a organizaciones y mecanismos internacionales. Además,
la UE ha vuelto a hacer hincapié en todos los derechos soberanos de los Estados
miembros de la UE, entre los que se incluyen celebrar acuerdos bilaterales y
explorar y explotar sus recursos naturales, de conformidad con el acervo de la
UE y el Derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar.

En este contexto, en las
conclusiones del Consejo de 11 de diciembre de 2012, la UE lamentaba
profundamente que, a pesar de haber lanzado repetidos llamamientos, Turquía
sigue negándose a cumplir con su obligación de aplicar de forma plena y no
discriminatoria el Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación en relación
con todos los Estados miembros y no ha eliminado todas las restricciones que se
aplican a los buques y aeronaves registrados en Chipre o cuyo último puerto o
aeropuerto de escala estuviera en Chipre. La UE ha subrayado que el
cumplimiento de esta obligación podría insuflar un nuevo impulso al proceso
negociador. En caso de que no se avance en este asunto, la UE mantendrá sus
medidas de 2006, que tendrán un efecto permanente en el progreso general de las
negociaciones. La UE seguirá verificando y analizando estrechamente los avances
logrados en todos los ámbitos abarcados por la declaración de la Comunidad Europea
y sus Estados miembros de 21 de septiembre de 2005. Se espera que se produzcan
avances sin mayor demora.

En consonancia con el
Marco de Negociación y las conclusiones previas del Consejo Europeo y del
Consejo, Turquía se ha de comprometer inequívocamente a mantener buenas
relaciones de vecindad y a alcanzar la resolución pacífica de litigios de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, recurriendo, en caso
necesario, a la Corte Internacional de Justicia. En este contexto, la UE ha
vuelto a manifestar su seria preocupación y ha instado a Turquía a abstenerse
de cualquier tipo de amenaza, fuente de fricciones o acciones contra un Estado
miembro que pudieran dañar las buenas relaciones de vecindad y la resolución
pacífica de controversias.

La UE se ha felicitado
de que prosigan las iniciativas de cooperación entre Grecia y Turquía con
objeto de mejorar las relaciones bilaterales. En septiembre tuvo lugar la
última ronda exploratoria, la que hace el número 55, para la delimitación de la
plataforma continental. Grecia y Chipre presentaron quejas formales por la
violación de sus aguas territoriales y su espacio aéreo por parte de Turquía,
incluidos vuelos sobre islas griegas.

Por lo que respecta a
los criterios económicos, Turquía es una economía de mercado en
funcionamiento, por lo que a medio plazo debe ser capaz de hacer frente a la
presión competitiva y las fuerzas de mercado en el interior de la Unión,
siempre que acelere la ejecución de su programa general de reformas
estructurales.

Tras experimentar
elevadas tasas de crecimiento de aproximadamente el 9 % en los dos años
anteriores, el crecimiento del PIB turco se ralentizó hasta el 2,2 % en
2012. A ello le acompañó un reequilibrio del crecimiento, que pasó de la
demanda interna al comercio exterior, una reducción temporal del déficit por
cuenta corriente, y un descenso de la inflación. En la primera mitad de 2013,
el crecimiento del PIB volvió a tomar impulso hasta el 3,7 %.
Simultáneamente, el déficit por cuenta corriente ha vuelto a crecer y los
precios al consumo se han vuelto a acelerar. La deuda pública en porcentaje del
PIB ha seguido disminuyendo hasta situarse actualmente por debajo del 40 %.
A partir de mayo y como consecuencia de factores internos y mundiales, los
mercados financieros se han visto sometidos a fuertes presiones que provocaron
la reacción inmediata del banco central encaminada a estabilizar el tipo de
cambio y contener el flujo de salida de capitales.

La trayectoria económica
reciente de Turquía ilustra tanto el gran potencial de la economía como sus
permanentes desequilibrios. En cuanto a la vertiente exterior, el recurso a
unos flujos sostenidos de entrada de capital para financiar un gran déficit por
cuenta corriente estructural hace que Turquía sea vulnerable a la evolución de
la percepción global de riesgo, que deriva en grandes fluctuaciones en los
tipos de cambio y ciclos de expansión y contracción de la actividad económica.
Poner remedio a esta vulnerabilidad exige la adopción de medidas de incremento
del ahorro nacional, y la política fiscal ha de desempeñar un papel importante
a este respecto. La adopción de una norma fiscal potenciaría la transparencia
presupuestaria, ofrecería un importante soporte fiscal y aumentaría la
credibilidad. La inflación relativamente elevada sigue siendo un gran desafío.
Reequilibrar el espectro de medidas de política macroeconómica sería de gran
utilidad para aligerar la carga de la política monetaria. Para el medio a largo
plazo, es esencial introducir mejoras en el funcionamiento de los mercados
laborales, de bienes y de servicios a través de reformas estructurales, con el
fin de aumentar la competitividad internacional.

El estudio que se está
realizando actualmente sobre el funcionamiento de la Unión Aduanera
UE-Turquía brinda una buena oportunidad para reflexionar y debatir sobre la
necesaria modernización de este instrumento clave de las relaciones UE-Turquía,
con vistas a relanzar la actividad comercial en ambos lados de la integración
económica.

Dado el mayor potencial
de desarrollo de Turquía como nodo energético y habida cuenta de los desafíos
en materia de energía que comparte con la UE, es importante que se potencie el
diálogo sobre todas las cuestiones de interés conjunto.

Por lo que respecta a la
capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión, Turquía ha seguido
adaptándose al acervo. Se ha avanzado mucho en materia de libre circulación de
bienes, servicios financieros, energía, política regional y coordinación de
instrumentos estructurales, ciencia e investigación, y educación. Los avances
también han sido significativos a la hora de establecer un marco jurídico en el
ámbito de la migración y el asilo. Ha mejorado el marco jurídico contra la
financiación del terrorismo. La nueva legislación sobre la electricidad ha hecho
que este ámbito se adapte al acervo. La Comisión ha evaluado los avances
logrados en el marco de los grupos de trabajo al amparo de la Agenda Positiva y
ha indicado a Turquía y a los Estados miembros los objetivos de referencia que
considera alcanzados. La Comisión también ha reconocido los avances realizados
en requisitos importantes por lo que respecta al poder judicial y los derechos
fundamentales. Los avances han sido escasos en algunos capítulos, como en
contratación pública, política de competencia, agricultura y desarrollo rural,
seguridad de los alimentos, política veterinaria y fitosanitaria, y fiscalidad.

Se debe seguir
trabajando de forma global en el ámbito de la legislación de propiedad
intelectual, agricultura y desarrollo rural, seguridad de los alimentos,
política veterinaria y fitosanitaria, medio ambiente y cambio climático, y
protección de los consumidores. Asimismo se ha de avanzar de forma
significativa en los ámbitos del poder judicial, los derechos fundamentales y
la justicia, libertad y seguridad. Es preciso avanzar en adaptación legislativa
y especialmente en contratación pública, política de competencia y fiscalidad.
Turquía necesita desarrollar su capacidad institucional, en particular en el
marco de los capítulos relativos al Derecho de sociedades, el transporte y la
política regional y la coordinación de instrumentos estructurales.

Islandia

A raíz de las elecciones
generales del 27 de abril de 2013, el Gobierno decidió dejar en suspenso las
negociaciones de adhesión a la UE y ha indicado que solo proseguirán si se
aprueba en referéndum. El comité de negociación de la adhesión de Islandia a la
UE ha sido disuelto. Esta decisión significa que el proceso de adhesión ha
llegado a un punto muerto. El Gobierno ha declarado que llevará a cabo una
evaluación del estado de las negociaciones hasta la fecha, así como de la
evolución en la Unión Europea, y la presentará al Parlamento islandés para
debate en los próximos meses.

Las autoridades
islandesas han dejado de contribuir al presente informe bajo el nuevo Gobierno.
La información de la Comisión en el marco de la presente Comunicación se ha
adaptado para reflejar ese hecho, yendo el periodo  abarcado desde septiembre
de 2012 hasta la entrada en funciones del nuevo Gobierno en mayo de 2013.

Hasta la fecha, se han
abierto veintisiete capítulos de negociación, de los cuales once se han cerrado
provisionalmente. Se ha avanzado considerablemente a este respecto durante el periodo
 abarcado, habiéndose abierto nueve capítulos y cerrado provisionalmente uno de
ellos. Islandia es un socio importante para la UE por su pertenencia al Espacio
Económico Europeo y su participación en la zona Schengen, así como por los
intereses comunes en los sectores de las energías renovables y el cambio
climático y por la importancia estratégica de la política de la UE sobre el
Ártico.

En tanto que democracia
consolidada y operativa, Islandia sigue cumpliendo plenamente los criterios
políticos de adhesión a la UE.

En cuanto a los criterios
económicos, puede considerarse que Islandia tiene una economía de mercado
en funcionamiento.

Las restricciones a la
circulación de capitales son un obstáculo considerable a la inversión y el
crecimiento. Suprimir estos controles al tiempo que se mantiene la estabilidad
del tipo de cambio sigue siendo un gran reto. En junio de 2012, a petición del
gobierno islandés y en el marco de la adhesión, se creó un grupo ad hoc
sobre la eliminación de los controles de capital, que incluía expertos del
Banco Central Europeo, la Comisión y el Fondo Monetario Internacional, a fin de
evaluar las perspectivas de eliminación de dichos controles.

En lo que se refiere al Instrumento
de Ayuda de Preadhesión (IPA) para Islandia, dado el objetivo de dicho
Instrumento y la decisión del Gobierno acerca de las negociaciones de adhesión,
la Comisión ha suspendido los trabajos preparatorios sobre el IPA II. La
Comisión no firmará ningún nuevo contrato en el marco del IPA I. En cuanto a
los proyectos respecto a los cuales ya se habían firmado contratos, la Comisión
está realizando una evaluación por proyecto junto con las autoridades
islandesas, con objeto de determinar qué proyectos continuarán.

Islandia ya ha alcanzado
un elevado nivel de aproximación en un número significativo de ámbitos
abarcados por el acervo, debido, fundamentalmente, a su pertenencia al Espacio
Económico Europeo. Durante el periodo  abarcado se adoptaron medidas
adicionales para la aproximación, entre otros en los siguientes campos: libre
circulación de mercancías, Derecho de sociedades, contratación pública,
sociedad de la información y medios de comunicación y transportes.

\*           Esta denominación se entiende sin perjuicio de las
posiciones sobre el estatuto y se ajusta a la RCSNU 1244 y al dictamen de la
CIJ sobre la Declaración de Independencia de Kosovo.

[1]               JOIN (2013) 8
final

[2]               COM(2012) 602
final.

[3]               COM(2013) 66 final.

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