Source: EURLEX
Language: es
Format: md

1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 1

**Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones**

**►B** **DIRECTIVA DE LA COMISIÓN**

**de 28 de junio de 1990**

**relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones**

(90/388/CEE)

(DO L 192 de 24.7.1990, p. 10)

Modificada por:

Diario Oficial

n [o] página fecha

**►M1** Directiva 94/46/CE de la Comisión de 13 de octubre de 1994 L 268 15 19.10.1994

**►M2** Directiva 95/51/CE de la Comisión de 18 de octubre de 1995 L 256 49 26.10.1995

**►M3** Directiva 96/2/CE de la Comisión de 16 de enero de 1996 L 20 59 26.1.1996

Rectificada por:

**►C1** Rectificación, DO L 308 de 29.11.1996, p. 59 (95/51/CE)

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- **B**
**DIRECTIVA DE LA COMISIÓN**

**de 28 de junio de 1990**

**relativa a la competencia en los mercados de servicios de tele-**
**comunicaciones**

(90/388/CEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 90,

1. Considerando que el fortalecimiento de las telecomunicaciones
comunitarias constituye una de las condiciones esenciales para el
desarrollo armonioso de las actividades económicas y de un
mercado competitivo en la Comunidad, tanto desde el punto de
vista de los prestadores de servicios como de los usuarios; que la
Comisión, por lo tanto, definió en su Libro Verde sobre el
desarrollo del mercado común de equipos y servicios de
telecomunicaciones y en su Comunicación sobre la aplicación
del Libro Verde hasta 1992 un programa de acción para la
apertura progresiva del mercado de telecomunicaciones a la
competencia; que dicho programa de acción no incluye la
radiotelefonía móvil, la radiomensajería ni los servicios de
comunicación de masas tales como la radiodifusión o la
televisión; que el Consejo prestó, mediante su Resolución de 30
de junio de 1988 ( [1] ), su apoyo a los objetivos de dicho programa
y, en particular, a la creación progresiva de un mercado
comunitario abierto de servicios de telecomunicaciones; que,
durante los últimos decenios, el sector de telecomunicaciones ha
experimentado una evolución tecnológica considerable; que esta
evolución permite ofrecer una gama cada vez más variada de
servicios y, en particular, de transmisión de datos; que ésta, por
otra parte, hace técnica y económicamente posible un régimen en
el que pueda haber competencia entre los distintos operadores;

2. Considerando que, en todos los Estados miembros, el establecimiento y explotación de la red de telecomunicaciones y el
suministro de los correspondientes servicios suele delegarse,
mediante la concesión de derechos exclusivos o especiales, a uno
o varios organismos de telecomunicaciones; que estos derechos se
caracterizan por el poder discrecional que el Estado ejerce en
diversos grados en lo que se refiere al acceso al mercado de
servicios de telecomunicaciones;

3. Considerando que los organismos encargados del establecimiento
y de la explotación de la red de telecomunicaciones son empresas
contempladas en el apartado 1 del artículo 90 del Tratado, ya que
ejercen de manera organizada una actividad económica, a saber,
el suministro de servicios de telecomunicaciones; que se trata,
bien de empresas públicas, bien de empresas a las que los Estados
han concedido derechos exclusivos o especiales;

4. Considerando que, sin dejar de garantizar la función de servicio
público, varios Estados miembros ya han revisado el sistema de
derechos exclusivos o especiales vigente hasta el momento en el
sector de las telecomunicaciones; que, en todos los casos, el
régimen de derechos exclusivos o especiales se mantiene para el
establecimiento y para la explotación de la red; que lo mismo
ocurre en ciertos Estados miembros para los servicios de
telecomunicaciones, mientras que en otros, tales derechos no
cubren más que determinados servicios; que, por otra parte, todos
los Estados miembros han adoptado por sí mismos o permitido a
los organismos de telecomunicaciones adoptar medidas administrativas y reglamentarias que limitan la libre prestación de los
servicios de telecomunicaciones;

( [1] ) DO n [o] C 257 de 4. 10. 1988, p. 1.

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5. Considerando que la concesión, en el ejercicio del poder
discrecional del Estado miembro de derechos exclusivos o
especiales a una o varias empresas para la explotación de la
red, restringe la prestación de esos servicios por otras empresas
desde o hacia otros Estados miembros;

6. Considerando que, en la práctica, las restricciones a la libre
prestación de servicios de telecomunicaciones hacia o desde otros
Estados miembros a que se refiere el artículo 59 del Tratado
consisten, en particular, en la prohibición de realizar conexiones
de circuitos arrendados mediante concentradores, multiplexores y
otras instalaciones con la red telefónica conmutada, en la
imposición para esta conexión de derechos de acceso desproporcionados en relación con el servicio prestado, en la prohibición
de enviar señales desde o hacia terceros mediante circuitos
arrendados, o en la aplicación de una tarifa en proporción a la
utilización sin justificación económica o en la negativa al acceso
a la red de ciertos prestadores de servicios; que estas restricciones
de utilización y tarifas excesivas con relación al precio de coste
producen el efecto de obstaculizar la prestación, desde o hacia
otros Estados miembros, de servicios de telecomunicaciones, tales

como:

— servicios que tienen por objeto mejorar las funciones de
telecomunicación, por ejemplo, la conversión de protocolo, de
código, de formato o de capacidad,

— servicios basados en la información que tienen por objeto el
acceso a las bases de datos,

— servicios informáticos a distancia,

— servicios de registro y transmisión de mensajes, por ejemplo,
el correo electrónico,

— servicios de transacciones, por ejemplo, transacciones financieras y transferencia electrónica de datos de uso comercial,
telecompra y telerreserva,

— servicios teleactivos, por ejemplo, telemedida y telecontrol.

7. Considerando que el artículo 66 en relación con los artículos 55 y
56 del Tratado permiten excepciones a la libertad de prestación de
servicios por motivos no económicos; que las restricciones
admitidas, a este respecto, son, por una parte, el ejercicio, incluso
con carácter ocasional, de la autoridad pública y, por otra parte, el
orden público, la seguridad pública y la salud pública; que, al
tratarse de excepciones, éstas deben ser interpretadas de manera
restrictiva; que ningún servicio de telecomunicaciones constituye
una participación en el ejercicio de la autoridad pública que
implique la facultad de usar prerrogativas exorbitantes con
respecto al Derecho común, privilegios del poder público o un
poder de coerción sobre los ciudadanos; que la oferta de servicios
de telecomunicaciones no puede en sí misma atentar contra el
orden público ni afectar a la salud pública;

8. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
admite, por otra parte, restricciones a la libertad de prestación de
servicios, cuando dichas restricciones responden a exigencias
esenciales de interés general y se aplican de forma no
discriminatoria y en proporción al objetivo perseguido; que la
protección de los consumidores no puede justificar restricciones a
la libre prestación de servicios en materia de telecomunicaciones,
ya que dicho objetivo se puede alcanzar igualmente en un
régimen de libre competencia que, a este respecto, tampoco se
puede invocar la protección de la propiedad intelectual; que las
únicas exigencias esenciales admitidas como excepción al artículo
59 y que pueden justificar las restricciones a la utilización de la
red pública son la integridad de esta última, la seguridad de su
funcionamiento y, en los casos justificados, la interoperabilidad y
la protección de los datos; que las restricciones impuestas deben,
en cualquier caso, ser proporcionales a los objetivos perseguidos
por tales exigencias legítimas; que los Estados miembros deberán
hacer públicas y notificar estas restricciones a la Comisión con
objeto de que esta última pueda valorar dicha proporcionalidad;

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9. Considerando que, en este contexto, la seguridad de funcionamiento de la red tiene por objeto asegurar la disponibilidad de la
red pública en caso de urgencia; que la integridad técnica de la
red pública tiene por objeto asegurar su funcionamiento normal y
la interconexión de las redes públicas en la Comunidad basada en
las especificaciones técnicas comunes; que la noción de
interoperabilidad de los servicios tiene por objeto el respeto a
estas especificaciones técnicas mínimas establecidas para acrecentar la prestación de servicios y la elección de los usuarios; que
la protección de datos tiene por objeto garantizar la confidencialidad de las comunicaciones y la protección de los datos
personales;

10. Considerando asimismo que, además de las exigencias esenciales
que pueden figurar como condiciones en los procedimientos de
autorización o de declaración, los Estados miembros podrán
establecer, para el servicio de conmutación de datos, condiciones
relacionadas con obligaciones de servicio público que constituyan
regulaciones de comercio objetivas, no discriminatorias y
transparentes sobre los requisitos de permanencia, disponibilidad
y calidad del servicio;

11. Considerando que, cuando un Estado miembro ha encargado a un
organismo de telecomunicaciones el suministro de servicios de
conmutación de datos por paquetes o por circuitos para el público
y este servicio puede fracasar debido a la competencia de
operadores privados, la Comisión puede autorizar a este Estado
miembro para imponer condiciones adicionales para el suministro
de dicho servicio, que también pueden afectar a su cobertura
geográfica. Al evaluar estas medidas, la Comisión, en el marco de
la realización de los objetivos fundamentales del Tratado,
enunciadas en su artículo 2, incluido el reforzamiento de la
cohesión económica y social de la Comunidad, contemplado en su
artículo 130 A, tendrá también en cuenta la situación de los
Estados miembros cuya red de suministro de servicios de
conmutación de datos por circuitos o por paquetes aún no está
suficientemente desarrollada, situación que podría justificar para
estos Estados miembros el mantenimiento, hasta el 1 de enero de
1996, de la fecha prevista para la simple reventa de capacidad de
las líneas arrendadas;

12. Considerando que el artículo 59 del Tratado prevé la supresión de
cualquier otra restricción a la libre prestación de servicios dentro
de la Comunidad respecto de los nacionales de los Estados
miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el
del destinatario de la prestación; que el mantenimiento o la
introducción de todo derecho exclusivo o especial que no
responda a los criterios mencionados constituye, por consiguiente,
una infracción del artículo 90 en relación con el artículo 59;

13. Considerando que el artículo 86 del Tratado declara incompatible
con el mercado común cualquier comportamiento de una o varias
empresas que constituya una explotación abusiva de una posición
dominante en el mercado común o en una parte sustancial del
mismo; que los organismos de telecomunicaciones son empresas
a los efectos de dicho artículo, ya que ejercen actividades
económicas y, en particular, el suministro de servicios consistente
en poner a disposición de los usuarios la red y los servicios de
telecomunicaciones; que esta disponibilidad de la red constituye
un mercado de servicios diferente, puesto que no es intercambiable con otros servicios; que la disponibilidad de la red y los
otros servicios de telecomunicaciones se prestan en cada uno de
los mercados nacionales en condiciones de competencia suficientemente homogéneas como para que la Comisión pueda
valorar el poder económico de las empresas que los suministran
en esos territorios; que los territorios de los Estados miembros
constituyen otros tantos mercados geográficos diferenciados; que
esto se debe a la diferencia entre las regulaciones sobre las
condiciones de acceso y de funcionamiento técnico relativas al
suministro de la red y de los servicios de telecomunicaciones;

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que, por otra parte, cada uno de ellos constituye una parte
sustancial del mercado común;

14. Considerando que estas empresas tienen, individual o colectivamente, en cada uno de sus mercados nacionales, una posición
dominante con respecto al establecimiento y a la explotación de la
red de telecomunicaciones, ya que son las únicas que disponen en
cada Estado miembro de una red que abarca el conjunto del
territorio del mismo y porque su gobierno les ha concedido el
derecho exclusivo de explotar, solas o conjuntamente con otras
empresas, la red;

15. Considerando que los derechos exclusivos o especiales que se
conceden en materia de servicios de telecomunicaciones por un
Estado a los organismos que ya tienen una posición dominante
para el establecimiento y la explotación de la red son derechos
que tienen por efecto reforzar dicha posición dominante, al
extenderla a los servicios;

16. Considerando que, por otra parte, los derechos exclusivos o
especiales concedidos por el Estado a los organismos de
telecomunicaciones por lo que se refiere al suministro de ciertos
servicios de telecomunicaciones permiten que estos organismos:

a) excluyan del mercado o limiten el acceso de los competidores
al mercado de los servicios de telecomunicaciones, restringiendo así la libre elección de los usuarios, lo que puede
limitar el progreso tecnológico en perjuicio de los consumidores;

b) impongan a los usuarios de la red la utilización de los servicios
que son objeto de los derechos exclusivos, subordinando así la
celebración de los contratos de utilización de la red a la
aceptación de prestaciones suplementarias que no guardan
relación con el objeto de dichos contratos;

que todos estos comportamientos constituyen abusos de posición
dominante que pueden afectar de forma sensible al comercio entre
los Estados miembros; que, en efecto, todos los servicios de que
se trata pueden, en principio, ser ofrecidos por prestadores de
otros Estados miembros; que la estructura de la competencia
dentro del mercado común resulta así sustancialmente modificada; que, en cualquier caso, los derechos especiales o exclusivos
concedidos respecto de esos servicios conducen a una situación
contraria al objetivo de la letra f) del artículo 3 del Tratado, que
prevé el establecimiento de un régimen que garantice que la
competencia no será falseada en el mercado común ni, con mayor
motivo, eliminada; que los Estados miembros deben, con arreglo
al artículo 5 del Tratado, abstenerse de todas aquellas medidas
que puedan poner en peligro la realización de los fines del
Tratado, entre los que se incluye el de la letra f) del artículo 3;

17. Considerando que los derechos exclusivos otorgados en materia
de servicios de telecomunicaciones a las empresas públicas o
empresas a las que los Estados miembros han concedido derechos
especiales o exclusivos para el establecimiento de la red de
telecomunicaciones son incompatibles con el apartado 1 del
artículo 90, en relación con el artículo 86;

18. Considerando que el apartado 2 del artículo 90 del Tratado
permite establecer una excepción a la aplicación de los artículos
59 y 86 del Tratado en los casos que ésta impida, de hecho o de
derecho, el cumplimiento de la misión específica confiada a los
organismos de telecomunicaciones; que esta misión consiste en el
establecimiento y explotación de una red universal, es decir, que
tenga una cobertura geográfica general y que se facilite, previa
solicitud y en un plazo razonable, a todo prestador de servicios o
usuario; que los medios financieros para el desarrollo de esta red
proceden todavía principalmente de la explotación del servicio de
telefonía vocal; que, por consiguiente, la apertura de este servicio
a la competencia podría amenazar el equilibrio financiero de los
organismos de telecomunicaciones; que el servicio de telefonía
vocal, tanto si se ofrece a partir de la red telefónica actual o como

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parte integrante del servicio de la RDSI (Red Digital de Servicios
Integrados), constituye además el medio actualmente más
importante de notificación y de llamada de los servicios de
urgencia responsables de la seguridad pública;

19. Considerando que el suministro de circuitos arrendados constituye
un elemento esencial de la misión de los organismos de
telecomunicaciones; que existe actualmente, en la mayor parte
de los Estados miembros, una diferencia sustancial entre las
tarifas por la utilización del servicio de transmisión de datos a
través de la red conmutada y por la utilización de circuitos
arrendados; que una rápida nivelación de dichas tarifas podría
perjudicar a esa misión de interés económico general; que el
establecimiento del equilibrio entre dichas tarifas debe producirse
progresivamente, a más tardar, el 31 de diciembre de 1992; que,
entretanto, debe poder exigirse a los operadores privados que no
ofrezcan al público un servicio que consista en la simple reventa
de capacidad de circuitos arrendados, es decir, que implique
solamente el tratamiento, la conmutación, el almacenaje o la
conversión de protocolo en la medida necesaria para la
transmisión en tiempo real; que los Estados miembros pueden,
por consiguiente, establecer un sistema de declaración por el cual
los operadores privados se comprometan a no efectuar tal reventa;
que, sin embargo, no puede imponerse ninguna otra obligación a
estos operadores para hacer respetar esta medida;

20. Considerando que estas restricciones no afectan al desarrollo de
los intercambios en una forma contraria al interés de la
Comunidad; que, en estas condiciones, dichas restricciones son
compatibles con el apartado 2 del artículo 90 del Tratado; que
otro tanto cabe decir de las medidas adoptadas por los Estados
miembros para garantizar que la actividad de los prestadores de
servicios privados no redunde en perjuicio del servicio público de
conmutación de datos;

21. Considerando que las normas del Tratado, incluidas las relativas a
la competencia, se aplican al servicio de télex; que la importancia
de este servicio sufre una erosión progresiva en todos los Estados
miembros debido a la aparición de medios de telecomunicación
competitivos como el telefax; que la supresión de las restricciones
actuales sobre la utilización de la red telefónica conmutada y de
los circuitos arrendados permitirá la retransmisión de mensajes
télex; que, habida cuenta de esta evolución, es necesario adoptar
un enfoque específico; que, por tanto, la presente Directiva no
debe aplicarse al servicio de télex;

22. Considerando que, en cualquier caso, la Comisión volverá a
examinar en el año 1992 cualquier derecho especial o exclusivo
subsistente, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y la
evolución hacia una infraestructura numérica;

23. Considerando que es conveniente ofrecer a los Estados miembros
la posibilidad de elaborar procedimientos equitativos de autorización para asegurar el respeto de las exigencias esenciales, sin
perjuicio de una armonización de las mismas prevista a nivel
comunitario en el marco de las directivas del Consejo relativas el
suministro de una red abierta «Open Network Provision» (ONP);
que, en lo que respecta a la conmutación de datos, los Estados
miembros deben poder incluir en estos procedimientos la
obligación de cumplir las regulaciones comerciales que regulan
las condiciones de permanencia, disponibilidad y calidad del
servicio, así como las medidas dirigidas a proteger la misión de
interés económico general que han confiado al organismo de
telecomunicaciones; que estos procedimientos deben basarse en
criterios objetivos y precisos, sin efectos discriminatorios; que
dichos criterios deberán ser, en particular, justificados y
proporcionados al interés general perseguido y estar debidamente
motivados y publicados; que la Comisión debe poder examinarlos
detenidamente a la luz de las normas sobre la competencia y de
aquéllas relativas a la libre prestación de servicios; que, en
cualquier caso, los Estados miembros que no hubieren notificado

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a la Comisión un proyecto de criterios y de procedimientos de
autorización transcurrido un plazo determinado no podrán en
adelante imponer restrición alguna a la libre prestación del
servicio de transmisión de datos al público en general;

24. Considerando que los Estados miembros deben poder disponer de
un plazo complementario para elaborar las reglas generales
relativas a las condiciones de prestación de estos servicios de
conmutación de datos por paquetes o por circuitos al público en
general;

25. Considerando que, por otra parte, los servicios de telecomunicaciones no pueden ser objeto de ninguna restricción ni por lo que
respecta al libre acceso a dichos servicios por parte de los
usuarios, ni por lo que respecta al tratamiento de las informaciones que pueda efectuarse antes de la transmisión de los
mensajes por la red de telecomunicaciones, o después de que los
mensajes hayan sido recibidos, que no se justifique por una
exigencia esencial proporcionada al objetivo perseguido;

26. Considerando que la numerización de la red y el perfeccionamiento tecnológico de los aparatos terminales conectados a ella
han incrementado el número de funciones que anteriormente se
efectuaban dentro de la red, de tal forma que dichas funciones
pueden ser efectuadas por los propios usuarios mediante aparatos
terminales cada vez más perfeccionados; que es conveniente
garantizar que los suministradores de servicios de telecomunicaciones, en particular, de telefonía y de transmisión de datos por
conmutación por paquetes o por circuitos permitan a los
operadores económicos utilizar estas funciones;

27. Considerando que, en tanto se establecen las normas comunitarias
para el suministro de una red abierta (ONP), es necesario hacer
públicas las interfaces técnicas ya utilizadas en los Estados
miembros para permitir a las empresas que pretendan establecerse
en los mercados de servicios de telecomunicaciones adoptar las
medidas necesarias con objeto de adaptar las características de sus
servicios a las exigencias técnicas de las redes; que, en la medida
en que dichas interfaces técnicas no hayan sido establecidas
todavía por los Estados miembros, conviene que se establezcan en
el más breve plazo posible; que todo proyecto elaborado a este
respecto deberá ser comunicado a la Comisión con arreglo a la
Directiva 83/189/CEE del Consejo ( [1] ), modificada por la Directiva
88/182/CEE ( [2] );

28. Considerando que, por lo general, las legislaciones nacionales
atribuyen a los organismos de telecomunicaciones una función de
reglamentación de los servicios de telecomunicaciones que
implica, en particular, la concesión de autorizaciones, el control
de conformidad y de las especificaciones obligatorias de las
interfaces, la atribución de frecuencias y la vigilancia de las
condiciones de utilización; que dichas legislaciones a veces sólo
definen los principios generales de la explotación de los servicios
autorizados, concediendo a los organismos de telecomunicaciones
la facultad de definir las condiciones específicas de aplicación;

29. Considerando que esta actividad, de carácter a la vez reglamentario y comercial, de los organismos de telecomunicaciones tiene
una incidencia directa sobre la actividad de los operadores
económicos que ofrecen servicios de telecomunicaciones en
competencia con dichos organismos; que, en efecto, mediante esta
doble actividad, estos organismos determinan o, al menos,
influyen sustancialmente en el suministro de los servicios
ofrecidos por sus competidores; que el hecho de delegar a una
empresa que dispone de una posición dominante para el
establecimiento y explotación de la red el poder de reglamentación del acceso al mercado de los servicios de telecomunicaciones
constituye un reforzamiento de la posición dominante que esta

( [1] ) DO n [o] L 109 de 26. 4. 1983, p. 8.
( [2] ) DO n [o] L 81 de 26. 3. 1988, p. 75.

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misma empresa tiene en el mercado; que este hecho, teniendo en
cuenta el conflicto de intereses, puede restringir el acceso de los
competidores a los mercados de servicios de telecomunicaciones
y limitar la libertad de elección de los usuarios; que, por otra
parte, estas medidas pueden limitar los mercados de los materiales
destinados al tratamiento de señales de telecomunicación y, por lo
tanto, el progreso tecnológico en este sector; que, en consecuencia, la acumulación de estas actividades constituye un abuso
de posición dominante de los organismos de telecomunicaciones
de que se trata en la acepción del artículo 86; que, si estos
comportamientos resultan de una medida adoptada por el Estado,
esta última será también incompatible con el apartado 1 del
artículo 90 en relación con el artículo 86;

30. Considerando que, para cumplir eficazmente su deber de
vigilancia en aplicación de las disposiciones del apartado 3 del
artículo 90, la Comisión debe disponer de ciertas informaciones
esenciales; que estas informaciones deben garantizar, en particular, la transparencia de las medidas adoptadas por los Estados
miembros para que la Comisión pueda velar por que el acceso a la
red y los diferentes servicios correspondientes sean facilitados por
cada organismo de telecomunicaciones con arreglo a unas tarifas
y en condiciones no discriminatorias para todos sus clientes; que
conviene que estas informaciones se refieran a:

— las medidas adoptadas para suprimir los derechos exclusivos
en aplicación de la presente Directiva,

— las condiciones de concesión de las autorizaciones de
explotación de los servicios de telecomunicaciones;

que la Comisión debe disponer de estas informaciones para poder
velar, en particular, por que todos los usuarios de la red y de los
servicios, incluidos los organismos de telecomunicaciones cuando
sean prestadores de servicios, reciban un trato equitativo;

31. Considerando que, por lo que se refiere al suministro de servicios
de telecomunicaciones abiertos en lo sucesivo a la competencia,
los titulares de derechos exclusivos o especiales pudieron, en el
pasado, imponer a sus clientes contratos de larga duración; que
estos contratos podrían limitar de hecho la posibilidad respecto de
los nuevos competidores eventuales de ofrecer sus servicios a
dichos clientes y a éstos de beneficiarse de los mismos; que, por
lo tanto, debe preverse que el usuario pueda obtener la rescisión
de su contrato en un plazo razonable;

32. Considerando que cada Estado miembro regula actualmente el
suministro de servicios de telecomunicaciones con arreglo a sus
propios criterios; que incluso la definición de ciertos servicios
varía de un Estado miembro a otro; que, en consecuencia, se
pueden producir distorsiones de la competencia que pueden hacer
más difícil para los operadores económicos la oferta de servicios
transfronterizos de telecomunicaciones; que, por este motivo, el
Consejo consideró, en su Resolución de 30 de junio de 1988, que
uno de los objetivos de la política de telecomunicaciones era la
creación de un mercado comunitario abierto de los servicios de
telecomunicaciones, en particular, mediante la definición rápida,
gracias a las directivas del Consejo, de las condiciones técnicas,
las condiciones de utilización y los principios de tarificación del
suministro de una red abierta «Open Network Provision» (ONP);
que, a este respecto, la Comisión ha presentado una propuesta
concreta al Consejo; que, sin embargo, una armonización de las
condiciones de acceso no es el medio adecuado para poner fin a
los obstáculos a los intercambios resultantes de infracciones a las
disposiciones del Tratado; que la Comisión debe velar por la
aplicación de las disposiciones del Tratado de forma eficaz y
global;

33. Considerando que el apartado 3 del artículo 90 impone deberes
precisos y atribuye competencias bien definidas a la Comisión por
lo que se refiere a la vigilancia de las relaciones entre los Estados
miembros y sus empresas públicas y las empresas a las que hayan
concedido derechos exclusivos o especiales y, en particular, en

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materia de eliminación de los obstáculos a la libre prestación de
servicios, en materia de discriminación entre nacionales de los
Estados miembros y en materia de competencia; que, por otra
parte, es necesario un enfoque global con objeto de poner fin a las
infracciones que persisten en ciertos Estados miembros y
suministrar indicaciones claras a los Estados miembros que
están revisando su legislación para evitar nuevas infracciones;
que, en consecuencia, una directiva con arreglo al apartado 3 del
artículo 90 del Tratado constituye el medio apropiado a tal fin,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

_Artículo 1_

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

—
_organismos de telecomunicaciones_, las entidades públicas o privadas
— incluidas sus filiales sujetas a su control — a las que un Estado
miembro conceda derechos especiales o exclusivos para el
establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones y, en su
caso, para la prestación de servicios de telecomunicaciones;

- **M1**

— _derechos_ _exclusivos_, los derechos concedidos por un Estado
miembro a una empresa para reservarle el derecho de un servicio
de telecomunicaciones o de emprender una actividad, mediante
cualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo, y dentro
de una zona geográfica determinada;

— _derechos_ _especiales_, los derechos concedidos por un Estado
miembro a un número limitado de empresas mediante un
instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona
determinada,

— limite, con arreglo a criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o más el número de empresas
autorizadas a prestar un servicio o emprender una actividad, o

— designe, con arreglo a tales criterios, a varias empresas que
compitan entre sí, autorizándolas a prestar un servicio o
emprender una actividad, o

— confiera a una empresa o empresas, con arreglo a tales criterios,
ventajas legales o reglamentarias que dificulten gravemente la
capacidad de otra empresa de prestar el mismo servicio de
telecomunicaciones o emprender la misma actividad en la misma
zona geográfica y en unas condiciones básicamente similares;

- **B**

—
_red pública de telecomunicaciones_, la infraestructura pública de
telecomunicaciones que permita el transporte de señales entre
terminales definidas de la red por hilo, por ondas hertzianas, por
medios ópticos o por otros medios electromagnéticos;

- **M2**

— _servicios de telecomunicaciones_, los servicios que consistan, en todo
o en parte, en la transmisión o encaminamiento de señales a través de
una red de telecomunicaciones,

- **M1**

— _red de estaciones terrenas de comunicación por satélite_, una
infraestructura de dos o más estaciones terrenas que funcionen
conjuntamente a través de un satélite,

—
_servicios de redes por satélite_, la implantación y funcionamiento de
redes de estaciones terrenas de comunicación por satélite; dichos
servicios constitirán, como mínimo, en el establecimiento, por parte
de dichas estaciones, de una radiocomunicación con el segmento
espacial («enlaces ascendentes») y de una radiocomunicación entre
éste y las citadas estaciones («enlaces descendentes»),

—
_servicios de comunicaciones por satélite_, los servicios para cuya
prestación se utilicen, en todo o en parte, servicios de redes por
satélite,

—
_servicios por satélite_, la prestación de servicios de comunicación por
satélite o la de servicios de redes por satélite;

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- **M3**

—
_servicios de comunicaciones móviles y personales_, los servicios
distintos de los servicios por satélite que consistan, en todo o en
parte, en el establecimiento de radiocomunicaciones para un usuario
móvil, y que utilicen, en todo o en parte, sistemas de comunicaciones
móviles y personales,

—
_sistemas de comunicaciones móviles y personales_, los sistemas
consistentes en el establecimiento y explotación de una infraestructura de red móvil, esté o no conectada a las terminales de la red
pública, que constituya el soporte para la transmisión o la prestación
de servicios de radiocomunicación a los usuarios móviles,

- **B**

— _terminales de la red_, el conjunto de conexiones físicas y de
especificaciones técnicas de acceso, que formen parte de la red
pública de telecomunicaciones y que sean necesarias para tener
acceso a esta red pública y comunicar eficazmente a través de ella;

- **M3**

—
_exigencias esenciales_, los motivos de interés público de naturaleza
no económica que puedan inducir a un Estado miembro a imponer
condiciones para el establecimiento y/o explotación de redes de
telecomunicaciones o para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Dichos motivos son la seguridad del
funcionamiento de las redes, el mantenimiento de su integridad y,
en los casos en que se justifiquen, la interoperabilidad de los
servicios, la protección de los datos, la protección del medio
ambiente y de los objetivos de ordenación urbana y rural, así como la
utilización eficaz del espectro de frecuencias y la prevención de
interferencias perjudiciales entre los sistemas de telecomunicación
por radio y otros sistemas técnicos espaciales o terrenales.

La protección de los datos podrá incluir la protección de datos
personales, la confidencialidad de la información transmitida o
almacenada y la protección de la vida privada;

- **B**

—
_servicio de telefonía vocal_, la explotación comercial para el público
del transporte directo y de la comunicación de la voz en tiempo real
desde y con destino a las terminales de la red pública conmutada,
que permita a cualquier usuario utilizar el equipo conectado a su
terminal para comunicar con otra terminal;

— _servicio de télex_, la explotación comercial para el público del
transporte directo de mensajes de télex de conformidad con la
Recomendación aplicable del Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico (CCITT) desde y con destino a las
terminales de la red pública conmutada, que permita a cualquier
usuario utilizar el equipo conectado a su terminal para comunicar
con otra terminal;

—
_servicio de conmutación de datos por paquetes o por circuitos_, la
explotación comerical para el público del transporte directo de datos
desde y con destino a las terminales de la red pública conmutada,
que permita a cualquier usuario utilizar el equipo conectado a su
terminal para comunicar con otra terminal;

—
_simple reventa de capacidad_, la explotación comercial para el
público de la oferta de transporte de datos a través de circuitos
arrendados como servicio independiente, comprendiendo solamente
la conmutación, el tratamiento, el almacenaje de datos o la
conversión de protocolo, en la medida necesaria para la transmisión,
en tiempo real, desde y con destino a la red pública conmutada;

- **M2**

- **C1**

—
_redes de televisión por cable_, toda infraestructura principalmente por
cable autorizada por un Estado miembro para el suministro o la
distribución de señales de televisión y radiodifusión al público.

- **M2**

Las disposiciones de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio de
las normas específicas adoptadas por los Estados miembros, de
conformidad con el Derecho comunitario, en materia de distribución

1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 11

- **M2**

de programas audiovisuales destinados al público y contenido de los
mismos.

- **M3**

2. La presente Directiva no se aplicará al télex.

- **B**

_Artículo 2_

- **M1**

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1, los Estados
miembros suprimirán todas aquellas medidas que otorguen:

a) derechos exclusivos de prestación de servicios de telecomunicaciones
distintos de los de la telefonía vocal, y

b) derechos especiales que limiten, con arreglo a criterios que no son
objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o más el
número de empresas autorizadas a prestar tales servicios de
telecomunicaciones o

c) derechos especiales que designen, con arreglo a tales criterios, a
varias empresas que compitan entre sí para prestar tales servicios de
telecomunicaciones.

Adoptarán las medidas necesarias para garantizar a todo operador el
derecho a prestar cualquiera de estos servicios de telecomunicaciones,
con excepción de la telefonía vocal.

- **B**

Los Estados miembros que condicionen el suministro de dichos servicios
a un procedimiento de autorización o de declaración con objeto de
asegurar el respeto de las exigencias esenciales garantizarán, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, que las autorizaciones se
concederán con arreglo a criterios objetivos, transparentes y sin efectos
discriminatorios. Las eventuales denegaciones deberán estar debidamente motivadas y deberá existir un procedimiento para recurrir contra
ellas.

Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 3, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión, a más tardar, el 31 de diciembre de 1990,
las medidas adoptadas para cumplir lo dispuesto en el presente artículo y
la información sobre toda regulación existente o proyecto destinado a
establecer nuevos procedimientos de autorización o a modificar los ya
existentes.

- **M1**

Los Estados miembros comunicarán los criterios utilizados para la
concesión de las autorizaciones, así como las condiciones en que se
concedan las mismas o se efectúen los procedimientos de declaración
necesarios para llevar a cabo actividades de transmisión en estaciones
terrenas.

Los Estados miembros seguirán informando a la Comisión de todo
nuevo procedimiento de concesión de licencias que se pretenda
implantar o de toda modificación de los vigentes.

- **B**

_Artículo 3_

Por lo que respecta al servicio de conmutación de datos por circuitos o
por paquetes, los Estados miembros, en el marco de los procedimientos
de autorización a que se refiere el artículo 2, podrán exigir hasta el 31 de
diciembre de 1992 que los operadores económicos no ofrezcan al
público la simple reventa de capacidad de circuitos arrendados.

A más tardar, el 30 de junio de 1992, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión, en forma de proyecto, todos los
procedimientos de autorización o de declaración para el suministro al
público del servicio de conmutación de datos por paquetes o por
circuitos que tengan por objeto el respeto:

— de las exigencias esenciales,

1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 12

- **B**

— de las regulaciones de comercio relacionadas con las condiciones de
permanencia, disponibilidad y calidad del servicio, o

— de las medidas destinadas a salvaguardar la misión de interés
económico general que hayan encomendado a un organismo de
telecomunicaciones en lo que respecta a la conmutación de datos, si
la actividad de los prestadores de servicios privados puede obstruir el
cumplimiento de dicha misión.

Todos estos requisitos deberán constar en un pliego de condiciones de
servicio público y deberán ser objetivos, transparentes y carecer de
efectos discriminatorios.

A más tardar, el 31 de diciembre de 1992, los Estados miembros
procederán a la publicación de los procedimientos de autorización o de
declaración adoptados para dichos servicios.

Corresponderá a la Comisión velar, antes de su ejecución, por la
compatibilidad de dichos proyectos con las disposiciones del Tratado.

- **M3**

_Artículo 3_ bis

Además de las exigencias requeridas en el párrafo segundo del artículo
2, los Estados miembros, al fijar los requisitos aplicables a las licencias
o autorizaciones generales para los sistemas de comunicaciones móviles
y personales, velarán por que:

i) las condiciones de concesión de licencias no contengan requisitos
que no se justifiquen basándose en las exigencias esenciales y, en el
caso de los sistemas destinados al público en general, por exigencias
de servicio público en forma de regulaciones de comercio a que se
refiere el artículo 3;

ii) las condiciones de concesión de licencias para los operadores de la
red móvil garanticen un comportamiento transparente y no
discriminatorio entre los operadores de redes fijas y móviles de
propiedad común;

iii) las condiciones de concesión de licencias no incluyan restricciones
técnicas injustificadas. En particular, los Estados miembros no
podrán impedir la combinación de licencias ni restringir la oferta de
tecnologías distintas que hagan uso de frecuencias diferentes, en los
casos en que pueda disponerse de equipos que respondan a normas
múltiples.

Siempre que existan frecuencias disponibles, los Estados miembros
deberán conceder licencias con arreglo a procedimientos abiertos, no
discriminatorios y transparentes.

Los Estados miembros sólo podrán limitar el número de licencias que
deban expedir para sistemas de comunicaciones móviles y personales
exclusivamente basándose en exigencias esenciales, y siempre y cuando
ello se deba a la falta de disponibilidad de un espectro de frecuencias y
se justifique con arreglo al principio de proporcionalidad.

Los procedimientos de concesión de licencias podrán tomar en
consideración las exigencias de servicio público en forma de
regulaciones de comercio a que se refiere el artículo 3, siempre y
cuando se opte por la solución menos restrictiva de la competencia. Los
requisitos pertinentes relativos a las regulaciones de comercio podrán
acompañar a las licencias concedidas.

Los Estados miembros a los que se conceda un plazo adicional para la
supresión de las restricciones relativas a la infraestructura a que se
refiere el artículo 3 _quater_ no concederán, durante este período, nuevas
licencias para comunicaciones móviles y personales a los organismos de
telecomunicaciones o a cualquier organismo asociado. Si los organismos
de telecomunicaciones en estos Estados miembros no disfrutan o dejan
de disfrutar de derechos exclusivos o especiales, de conformidad con lo
dispuesto en las letras b) y c) del párrafo primero del artículo 2, para la
creación y el suministro de infraestructuras de la red pública, no
quedarán excluidos _a priori_ de los procedimientos de concesión de
licencias.

1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 13

- **M3**

_Artículo 3_ ter

La designación de radiofrecuencias para servicios específicos de
comunicaciones deberán basarse en criterios objetivos. Los procedimientos deberán ser transparentes y publicarse en la forma adecuada.

Los Estados miembros publicarán anualmente, o pondrán a disposición,
previa solicitud, el plan de atribución de frecuencias reservadas a los
servicios de comunicaciones móviles y personales, de acuerdo con el
plan que figura en el Anexo, incluidos los planes de futuras extensiones
de dichas frecuencias.

Los Estados miembros revisarán periódicamente esta designación de
frecuencias.

_Artículo 3_ quater

Los Estados miembros garantizarán la supresión de todas las
restricciones impuestas a los operadores de sistemas de comunicaciones
móviles y personales en lo que se refiere a la creación de su propia
infraestructura, al uso de infraestructuras suministradas por terceros y al
uso compartido de infraestructura, así como otros servicios y
emplazamientos, siempre que se limite el uso de dichas infraestructuras
a las actividades previstas en su licencia o autorización.

_Artículo 3_ quinquies

Sin perjuicio de la futura armonización de las normas nacionales de
interconexión en el contexto de la ONP, los Estados miembros velarán
por que se autorice la interconexión directa entre sistemas de
comunicaciones móviles, así como entre sistemas de comunicaciones
móviles y redes fijas de telecomunicaciones. A tal fin, se suprimirán las
restricciones de interconexión.

Los Estados miembros garantizarán a los operadores el derecho de
interconexión entre los sistemas de comunicaciones móviles para el
público y la red pública de telecomunicaciones. A tal fin, garantizarán el
acceso al número necesario de terminales de interconexión a la red
pública de telecomunicaciones en las licencias de servicios móviles. Los
Estados miembros garantizarán que las interfaces técnicas ofrecidas en
dichas terminales de interconexión sean las menos restrictivas de las
interfaces disponibles en lo que respecta a la funcionalidad de los
servicios móviles.

Los Estados miembros garantizarán que las condiciones de interconexión a la red pública de telecomunicaciones de los organismos de
telecomunicaciones se basen en criterios objetivos, transparentes y no
discriminatorios, y sean compatibles con el principio de proporcionalidad. Asimismo, garantizarán que, en caso de recurso, las autoridades
nacionales de reglamentación tengan pleno acceso a los acuerdos de
interconexión y que la Comisión, previa petición, pueda disponer de
dicha información.

- **B**

_Artículo 4_

Los Estados miembros que mantengan derechos exclusivos o especiales
para el establecimiento y la explotación de las     - **M3** redes públicas
fijas de telecomunicaciones ◄ adoptarán las medidas necesarias para
que las condiciones que rijan el acceso a las redes sean públicas y
objetivas y carezcan de efectos discriminatorios.

Asegurarán, en particular, que los operadores que así lo soliciten puedan
obtener circuitos arrendados en un plazo razonable y que su utilización
no sea objeto de ninguna restricción, salvo aquellas que estén
justificadas de conformidad con las disposiciones del artículo 2.

- **M2**

Los Estados miembros:

— suprimirán todas las restricciones al suministro de capacidad de
transmisión a través de redes de TV por cable y autorizarán la

1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 14

- **M2**

utilización de las redes por cable para la prestación de servicios de
telecomunicaciones distintos de los de telefonía vocal,

— garantizarán que la interconexión de las redes de TV por cable con la
red pública de telecomunicaciones sea autorizada para este fin, en
particular, la interconexión con las líneas arrendadas, y que se
supriman las restricciones a la interconexión directa de las redes de
TV por cable por parte de los operadores de televisión por cable.

- **B**

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar, el 31
de diciembre de 1990, las medidas adoptadas para cumplir lo dispuesto
en este artículo.

Comunicarán a la Comisión, cada vez que aumenten las tarifas
aplicables a los circuitos arrendados, los elementos que permitan
apreciar las razones en que se basan dichos aumentos.

_Artículo 5_

Los Estados miembros asegurarán la publicación, a más tardar el 31 de
diciembre de 1990, de las características de las interfaces técnicas
necesarias para la utilización de las redes públicas de telecomunicaciones sin perjuicio de los convenios internacionales aplicables en la
materia.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, con arreglo a la
Directiva 83/189/CEE, cualquier proyecto elaborado a este respecto.

_Artículo 6_

Los Estados miembros garantizarán, por lo que se refiere a la prestación
de servicios de telecomunicaciones, la supresión de las restricciones
existentes relativas al tratamiento de las señales antes de su transmisión
por la red pública o tras su recepción, a menos que se demuestre que
dichas restricciones son necesarias para garantizar al respeto del orden
público o de las exigencias esenciales.

Sin perjuicio de las normas comunitarias armonizadas adoptadas por el
Consejo para el suministro de una red abierta, los Estados miembros
garantizarán, por lo que respecta a los prestadores de servicios, incluidos
los organismos de telecomunicaciones, que no exista ninguna discriminación por lo que se refiere a las condiciones de utilización y a las tarifas
practicadas.

- **M1**

Los Estados miembros garantizarán que las tarifas impuestas eventualmente a los prestadores de servicios dentro de los regímenes de
autorización se basen en criterios objetivos, transparentes y no
discriminatorios.

Las tarifas, los criterios en que éstas se basen, así como cualquier
modificación de las mismas, deberán ser debidamente publicados, en su
forma y detalle, con el objeto de facilitar el acceso a dicha información.

A má tardar, nueve meses después de la publicación de la presente
Directiva y, en lo sucesivo, cada vez que se introduzcan modificaciones,
los Estados miembros notificarán a la Comisión la forma en que se esté
haciendo pública dicha información. La Comisión publicará regularmente una reseña de dichas notificaciones.

- **B**

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las medidas
adoptadas o los proyectos presentados con objeto de cumplir las
disposiciones del presente artículo, a más tardar, el 31 de diciembre de
1990.

- **M1**

Los Estados miembros garantizarán la supresión de toda prohibición o
restricción a la oferta de capacidad del segmento espacial a todo
operador autorizado de redes de estaciones terrenas de comunicación por
satélite y permitirán, dentro de su territorio, que todo prestador del
segmento espacial compruebe si la red de estaciones terrenas por satélite

1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 15

- **M1**

que vaya a utilizar en el segmento espacial se ajusta a las condiciones
vigentes de acceso a su capacidad de segmento espacial.

- **B**

_Artículo 7_

Los Estados miembros garantizarán que, a partir del 1 de julio de 1991,
la concesión de las autorizaciones de explotación, el control de
conformidad y de las especificaciones obligatorias, la atribución de las
frecuencias y la vigilancia de las condiciones de utilización sean
realizados por una entidad independiente de los organismos de
telecomunicaciones.

Comunicarán a la Comisión, a más tardar, el 31 de diciembre de 1990,
las medidas adoptadas o los proyectos presentados a tal fin.

_Artículo 8_

Los Estados miembros velarán por que los organismos de telecomunicaciones ofrezcan, a partir de la fecha de supresión de los
derechos exclusivos o especiales, a los clientes con los que dichos
organismos estén vinculados por un período superior a un año mediante
un contrato de suministro de servicios de telecomunicaciones que, en el
momento de su celebración, tuviere como objeto tales derechos, la
posibilidad de rescindir dicho contrato con un preaviso de seis meses.

_Artículo 9_

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las informaciones
necesarias que le permitan elaborar al final de cada año, durante un
período de tres, un informe global sobre la aplicación de la presente
Directiva. La Comisión comunicará este informe a los Estados
miembros, al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico
y Social.

_Artículo 10_

En el curso del año 1992, la Comisión efectuará una evaluación global
de la situación del sector de los servicios de telecomunicaciones en
relación con los objetivos perseguidos por esta Directiva.

En el curso del año 1994, la Comisión evaluará los efectos de las
medidas a que se refiere el artículo 3 con el fin de determinar si procede
efectuar un ajuste en las disposiciones de dicho artículo, habida cuenta,
en particular, de la evolución tecnológica y el desarrollo de los
intercambios en la Comunidad.

_Artículo 11_

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.