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# 51998AC0961

**Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 3295/94, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas»** 
  
*Diario Oficial n° C 284 de 14/09/1998 p. 0003*

  

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 3295/94, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas» () (98/C 284/02)

El 11 de mayo de 1998, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 3 de junio de 1998 (ponente: Sr. Giesecke).

En su 356° Pleno de los días 1 y 2 de julio de 1998 (sesión del 1 de julio) el Comité Económico y Social ha aprobado por 136 votos a favor y 2 en contra el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. En los países industrializados, se demanda una calidad cada vez mayor en las industrias manufactureras, la agricultura y el expansivo sector servicios. Esta demanda es satisfecha por productos de marca y por productos innovativos -con frecuencia protegidos por derechos de propiedad industrial-, pero que tienen su precio. Éste representa no sólo el contravalor de su calidad superior, sino también el de su carácter innovativo y la publicidad de que es objeto.

1.2. Los productores piratas se aprovechan de la posibilidad que ofrecen unas condiciones de producción más ventajosas, la mayor parte de las veces en el extranjero. No tienen que soportar costes de desarrollo, regalías ni gastos publicitarios, como tampoco los costes derivados de las pruebas de seguridad que normalmente se exigen. A costa de renunciar a tales signos de calidad, se sirve a clientes que creen estar consiguiendo una «ganga» o para los que lo más importante es la marca, aun cuando sea falsa.

1.3. Son varios los sectores productivos en los que existen mercancías con usurpación de marca y mercancías piratas: textil, artículos de ocio, relojería y bisutería, cosmética y farmacia, así como productos técnicos, herramientas y recambios para automóvil. Los sectores mencionados en último lugar sufren cada vez más la piratería de sus productos y en ellos se entrevén peligros para el comprador, que hoy más que nunca confía en la seguridad de los productos. Por lo demás, con frecuencia los fabricantes de las mercancías originales tienen que enfrentarse a demandas injustificadas en relación con la responsabilidad por los productos.

1.4. Naturalmente, las consecuencias económicas de la piratería de mercancías repercuten en primer término sobre los fabricantes de los productos originales, pero también se dejan sentir en el comercio minorista especializado y en la exportación. El Estado deja de percibir importantes ingresos procedentes de diversas fuentes. Desgraciadamente, hasta ahora sólo se dispone de estimaciones globales sobre las pérdidas en términos de puestos de trabajo cualificados -que en Alemania, por ejemplo, se calculan en setenta mil- y sobre los elevados gastos que entraña la prosecución legal (minutas de abogados, costas judiciales, pagos a agencias de detectives), que suponen una carga especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas de carácter innovador. Entre el cinco y el ocho por ciento del comercio mundial corresponde ya a falsificaciones.

1.5. Para un continente cuya competitividad descansa cada vez más en su poder de innovación y en la calidad de sus productos, es ésta una tendencia a la que hay que poner coto cuanto antes. A ello contribuirá de forma decisiva el Reglamento que es objeto del presente Dictamen.

2. Síntesis del documento de la Comisión

2.1. El documento de la Comisión consta, por una parte, de un Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 3295/94 del Consejo y, por otra, de una Propuesta para la modificación de dicho Reglamento.

2.2. En el Informe la Comisión da cuenta de los casos en que, desde el 1 de julio de 1995, los servicios aduaneros de toda la Comunidad suspendieron la realización de una operación aduanera ante la sospecha de que las mercancías que se pretendía importar usurpaban una marca o pirateaban mercancías protegidas por un derecho de propiedad intelectual y para las cuales el titular del derecho había solicitado previamente una «protección aduanera» en el sentido del Reglamento.

2.3. Los servicios aduaneros de los Estados miembros efectuaron un total de 4 133 intervenciones en el período comprendido entre julio de 1995 y junio de 1997. Estas intervenciones se realizaron tanto sobre el tráfico comercial como sobre el postal o el de viajeros.

2.4. A partir de la experiencia obtenida, la Comisión sugiere, en su propuesta de modificación del Reglamento, extender el ámbito de aplicación de éste y adaptarlo a la evolución del Derecho comunitario en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial. En este orden de cosas, la Comisión desea realizar modificaciones en los siguientes puntos:

- ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento a determinadas patentes de invención, pero limitándola a las patentes de producto;

- ampliación de las posibilidades de intervención de los servicios aduaneros a las zonas francas y depósitos francos, así como respecto a todas las mercancías sospechosas desde el momento en que estén bajo vigilancia aduanera; y

- adaptación (simplificación) del Reglamento al fenómeno de la marca comunitaria (plenamente operacional desde el 1 de abril de 1996), dando a los titulares de tales marcas la posibilidad de obtener «protección aduanera» en varios Estados miembros mediante un procedimiento de solicitud único.

3. Observaciones generales

3.1. Aunque en su primer Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 3295/94 la Comisión se muestra satisfecha con la evolución la situación, en él sólo asoma la punta del iceberg que constituyen las mercancías piratas y con usurpación de marca efectivamente importadas. El reducido número de intervenciones efectuadas en algunos Estados miembros y la ausencia absoluta de intervenciones en otros dejan entrever, a juicio del Comité, la necesidad de una neta mejoría.

3.2. No obstante, tras este período de rodaje de los primeros años, parece apropiado extender el ámbito de aplicación del Reglamento a determinadas patentes de invención y a todas las situaciones aduaneras, así como adaptar el Reglamento a la existencia de la marca comunitaria.

3.2.1. Con todo, el Comité opina que debería limitarse la aplicabilidad de estas disposiciones -sobre todo, en el caso de las diversas formas de patentes- dado que puede resultar difícil para los servicios aduaneros reconocer las infracciones. Por ello, no debe sobrevalorarse el efecto de tal ampliación.

3.3. La experiencia adquirida pone de manifiesto, a juicio del Comité, que las informaciones sobre este instrumento relativamente nuevo deben ser considerablemente reforzadas en ambos sentidos. Por un lado, los titulares de derechos afectados (las empresas) deberían ser informados sobre sus posibilidades; por otro, los titulares de derechos, precisamente, deberían contribuir a facilitar la práctica del trabajo de los agentes de aduanas, mejorando las informaciones que suministran a los servicios aduaneros. Sólo este diálogo, combinado con una mejor formación de los agentes de aduanas también en este ámbito, asegurará el éxito en la lucha contra la piratería y la usurpación de marca en el tráfico de mercancías.

3.3.1. El Comité expresa su preocupación por que la reducción de personal que se está llevando a cabo en las administraciones aduaneras de los Estados miembros se contrapone al espectro cambiante de las tareas que se encomiendan a estas administraciones. La evolución que ha supuesto dejar de ser una mera oficina estatal de recaudación de derechos arancelarios para pasar a ser administración de servicios de promoción económica se hace particularmente evidente en sus actividades al servicio de los titulares privados o públicos de derechos de exclusiva.

3.4. Las experiencias acumuladas también ponen de relieve que la eficacia del sistema depende de un número mínimo de controles físicos inteligentemente concebidos y de un alto grado de formación de los servicios aduaneros.

3.5. En opinión del Comité, es importante sensibilizar más a los círculos comerciales y a la población en general sobre las consecuencias del aumento de la piratería y de la usurpación de marca en los diferentes mercados. Hay que reforzar la conciencia de que esta forma concreta de delincuencia económica es ilícita. La Comisión Europea debería tomar la iniciativa de reforzar y coordinar las iniciativas en materia de información lanzadas por los Estados miembros.

3.5.1. Esto debería ser tenido en cuenta al evaluar el tráfico no comercial (en esencia, el turismo). Sobre él recaen siempre la mitad de todas las intervenciones en este campo, con un volumen que ha de ser naturalmente exiguo.

3.5.2. El Comité considera que el criterio aplicado no debería ser únicamente el de las franquicias aduaneras, sino, ante todo, el criterio de qué cabe considerar habitual en cada caso.

3.5.3. La Comisión Europea debería sensibilizar a sus delegaciones en los «países de riesgo» sobre la importancia del fenómeno de la usurpación de marca, de forma que se garanticen las funciones de vigilancia y alerta, en unión con las autoridades de los Estados miembros y los círculos profesionales interesados. Sería necesario, en particular, actuar de forma concertada para llamar la atención de las autoridades de aquellos países sobre las posibles consecuencias negativas -también en materia de política comercial- que podría tener una actitud demasiado permisiva.

3.6. Una especial dificultad que plantea el sistema radica en que las normas comunitarias sólo pueden tener un determinado alcance, pues las modalidades de ejecución las fijan las legislaciones nacionales. Desde el punto de vista económico, sería deseable una armonización con vistas a aplicar lo más eficazmente posible las disposiciones más importantes en este ámbito.

4. Observaciones específicas

4.1. Las grandes diferencias existentes entre las intervenciones efectuadas en los Estados miembros puede reflejar tanto el diferente grado de protección de los derechos de exclusiva en los Estados miembros como una diferente aplicación de las intervenciones. Se insta a la Comisión a que, en el curso del debate en torno al Libro Verde, determine la relación que existe en los Estados miembros entre las solicitudes de protección presentadas y las intervenciones.

4.2. Las diferencias en el número de intervenciones efectuadas en los distintos Estados miembros puede tener que ver -estima el Comité- con la diferencia en la regulación del procedimiento posterior a la intervención. Así, por ejemplo, una colaboración poco eficiente entre los servicios aduaneros y los tribunales podrían reducir sensiblemente la motivación del agente de aduanas. En este orden de cosas, el Comité tampoco puede dejar de resaltar la importancia de que los procedimientos sean simples, transparentes y rápidos.

4.2.1. Aun cuando la Comisión no tiene ninguna posibilidad de iniciativa con respecto a los procedimientos judiciales nacionales, debería, no obstante, transmitir mediante los gobiernos nacionales la idea de que es urgente contar con un procedimiento ágil, tal como se exige en la tercera parte del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). El Comité ve una conexión significativa entre la articulación del desarrollo procedimental y la motivación del agente de aduanas que está sobre el terreno.

4.3. El Comité considera la normativa actualmente vigente en Grecia extraordinariamente insatisfactoria. En vista de que Grecia representa una potencial puerta de entrada al mercado interior europeo, se respalda a la Comisión en sus esfuerzos por conseguir que este país adopte una solución aceptable.

4.4. El Reglamento sólo regula las intervenciones relativas al comercio con terceros países en las fronteras exteriores de la Comunidad. Una vez que las mercancías piratas o con usurpación de marca se han introducido en el comercio interior, pasan a ser perseguidas, si acaso, con arreglo a las normas nacionales. La Comisión debería, también a este respecto, proponer soluciones tan armonizadoras como sea posible en el marco del debate sobre el Libro Verde.

4.5. El período de validez de las solicitudes de aprehensión varía, actualmente, entre tres meses y dos años según los Estados miembros. El Comité opina que la duración mínima de dicho período debería fijarse, con carácter uniforme, en un año a nivel comunitario.

4.6. El Comité entiende que el principio fundamental de una marca comunitaria no es compatible con el hecho de que la solicitud de aprehensión pueda limitarse en este caso a determinados Estados miembros de la UE. La marca comunitaria constituye una marca unitaria con presupuestos jurídicos unitarios para toda la Comunidad. Si se extraen las consecuencias lógicas de esta idea, no cabe otra posibilidad razonable que la existencia de una solicitud única de aprehensión fronteriza con efectos en todos los Estados miembros de la CE.

4.6.1. El peligro de adoptar otra solución reside en que, al restringirse la protección a determinados países, el usurpador de marca que adquiere conocimiento de esta restricción intentará, obviamente, introducir los productos a través de los «Estados no protegidos».

A juicio del Comité, los Estados miembros que recaudan cánones deberían reducirlos hasta tal punto que también las pequeñas y medianas empresas puedan presentar solicitudes de protección.

4.7. Si, como consecuencia de la intervención, se decreta la destrucción de la mercancías con usurpación de marca o piratas, los gastos -a veces considerables- que de ella se derivan deberían correr a cargo del infractor, normalmente el fabricante de aquellas mercancías. Si no se puede determinar éste o no se le pueden reclamar a él los gastos, será el importador el que tenga que hacer frente a tales gastos, a menos que hubiese actuado de buena fe. Al Comité le parece injusto que sean el titular de los derechos o el Estado quienes corran con los gastos de destrucción de aquellas mercancías en los casos en que es posible exigírselos a su fabricante o a su importador de mala fe.

4.8. Los cánones que deben abonarse cuando se solicita la intervención de los servicios aduaneros, así como las garantías destinadas a cubrir los gastos administrativos y la responsabilidad en fases ulteriores del procedimiento son fijadas, en la actualidad, de forma muy diversa por los Estados miembros. En opinión del Comité, no deben tener un efecto disuasor, para que también las pequeñas y medianas empresas puedan utilizar el instrumento en cuestión.

4.8.1. Al depositar la garantía, debería existir en todos los Estados miembros la posibilidad de presentar un aval bancario, de conformidad con los usos locales.

4.9. Es indispensable que haya contactos directos entre los titulares de los derechos (las empresas) y los servicios aduaneros. En especial, éstos deberían ser informados acerca de los resultados posteriores de las intervenciones. Esto también estimularía la motivación de los agentes de aduanas.

4.10. También la imposición de las sanciones corresponde a los tribunales nacionales. Aun cuando no parece factible su armonización en un futuro próximo, deberían constituir un fuerte desincentivo para eventuales infractores.

Bruselas, el 1 de julio de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 108 de 7.4.1998, p. 63.

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