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Language: es
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# 52000DC0881

**INFORME DE LA COMISION - Reforma económica: informe sobre el funcionamiento de los mercados comunitarios de productos y capitales /\* COM/2000/0881 final \*/**

  

INFORME DE LA COMISION - Reforma económica : informe sobre el funcionamiento de los mercados comunitarios de productos y capitales

Introducción

Este es el tercer informe de la Comisión sobre el funcionamiento de los mercados de productos y capitales, en respuesta al deseo expresado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la primavera de 1998, durante el Consejo Europeo de Cardiff. Posteriormente, los Consejos Europeos de Lisboa y Santa María de Feira confirmaron que el proceso de reforma económica lanzado en Cardiff constituía uno de los tres pilares del programa económico y social de Lisboa, junto con la estrategia macroeconómica y las políticas de empleo y de asuntos sociales.

Las reformas económicas en los mercados de productos y capitales son la clave para cumplir los objetivos de crecimiento, competitividad, pleno empleo y transición a la economía basada en el conocimiento definidos en el Consejo Europeo de Lisboa. Son necesarias para mejorar la eficiencia de nuestra economía y el comportamiento de nuestros mercados, algo fundamental si queremos incrementar la capacidad de la economía europea para crear oportunidades de negocio y de empleo, aumentar la satisfacción de los consumidores y mejorar el nivel de vida de nuestros ciudadanos.

Las reformas de los mercados de productos y capitales no nacieron en Cardiff o en Lisboa. La política europea lleva reflexionando bastante tiempo sobre las reformas del mercado laboral, la innovación y la cohesión social. Pero no cabe duda de que el Consejo Europeo de Lisboa dotó a estas reformas de un tono y de un peso nuevo y más rico, de manera que hoy en día constituyen una estrategia de reforma creíble con objetivos de largo alcance. El éxito en la aplicación de esta estrategia será determinante para el futuro de Europa.

El proceso de reforma económica iniciado en Cardiff está dando resultados

Existe ahora un consenso generalizado sobre la necesidad de reformas estructurales en Europa, a nivel tanto nacional como comunitario. Los informes nacionales de los Estados miembros presentados en noviembre demuestran los progresos que están realizando en sus respectivas reformas económicas.

La reforma económica ha pasado al primer plano del programa político de Europa. Las Conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa y Santa María de Feira así lo demuestran al presentar una detallada estrategia de políticas microeconómicas con ambiciosos objetivos de competitividad y cambios estructurales.

En consecuencia, ya se han tomado importantes iniciativas políticas para cambiar el marco legislativo europeo y acomodarlo a ciertos principios fundamentales: crear un entorno empresarial más dinámico, adoptar la nueva economía basada en el conocimiento y atender a las prioridades de los europeos. Estas iniciativas comprenden la estrategia para suprimir los obstáculos que subsisten en el comercio de servicios, la simplificación normativa y la apertura de las industrias de red hacia una mayor competencia. Son ejemplos de iniciativas políticas tomadas a raíz de las conclusiones de los anteriores informes de Cardiff.

La coordinación de la política microeconómica europea ha mejorado porque sus componentes principales, a escala tanto nacional como comunitaria, son ahora objeto del mismo plan de seguimiento. Esto ha permitido mejorar la política de competencia, la política de empresa y las políticas particulares para las industrias de red y las otras políticas de mercado interior, y vincularlas en mayor grado con las reformas en materia de empleo y de educación.

Un informe moldeado por las Conclusiones de Lisboa y los objetivos de la Estrategia para el Mercado Interior

Ya sometido a sucesivas revisiones y mejoras, el proceso de este año se ha beneficiado del nuevo método de coordinación establecido en Lisboa, más sencillo, abierto y descentralizado. Este método se basa en directrices para la Unión, con objetivos a corto, medio y largo plazo y calendarios precisos. Las directrices europeas se traducirán en políticas nacionales y regionales mediante el establecimiento de objetivos concretos y la adopción de medidas que tengan en cuenta las especificidades nacionales y regionales. En el presente informe se ofrecen indicadores cuantitativos [1] y otros elementos útiles para evaluar el cumplimiento de los objetivos económicos del Consejo Europeo de Lisboa. Estos pueden servir para elaborar las nuevas Orientaciones Generales de la Política Económica y contribuir a los preparativos del Consejo Europeo especial de Estocolmo en primavera. También pueden ayudar a evaluar la realización de las OGPE del año pasado.

[1] En este informe se presentan indicadores utilizables para los objetivos del proceso de Cardiff. Con arreglo al informe del Comité de Política Económica al Consejo ECOFIN de 7 de noviembre de 2000, pueden considerarse indicadores de tipo 3. No son necesariamente lo mismo que los indicadores de tipo 1 utilizados en el Informe de Síntesis o los indicadores de tipo 2 utilizados en las Orientaciones Generales de Política Económica. Véase también la Comunicación COM(2000)594 sobre los Indicadores Estructurales.

En el Consejo Europeo de Lisboa se determinaron una serie de sectores y ámbitos caracterizados por la falta de capacidad para aprovechar plenamente su potencial para mejorar la situación de los consumidores o la competitividad de las empresas. Las actuaciones reclamadas en Lisboa para corregir estas deficiencias se referían, en particular, a la reforma del sector de servicios, la simplificación reglamentaria y legislativa, así como la aplicación del Plan de acción para los servicios financieros, que en el presente informe merecen una atención especial. Pero también se abordan otros asuntos mencionados en las Conclusiones de Lisboa como la contratación pública, los servicios de interés general y las ayudas estatales, para los cuales se proponen posibles nuevas actuaciones.

Para mejorar la evaluación continua de los mercados comunitarios, el informe de este año adopta la estructura de la Estrategia para el Mercado Interior Europeo con sus cuatro objetivos estratégicos, a saber, "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aumentar la eficacia de los mercados comunitarios de productos y de capitales, mejorar el entorno empresarial y aprovechar los logros del mercado único en un mundo en transformación". Ello debería constituir un marco más eficaz para evaluar y mejorar el mercado interior, basado en la Estrategia, tal como reclamaba el Consejo Europeo de Lisboa.

Consumidores y ciudadanos, tema especial de este año

El Consejo Europeo de Santa María de Feira insistió en la importancia de los consumidores y ciudadanos en el proceso de transformación de Europa. Ellos habrán de influir de manera decisiva en el establecimiento de las políticas y en el impulso de las reformas. Fue sobre todo pensando sus intereses que el Consejo Europeo de Lisboa se fijó el objetivo de que la Unión Europea se convirtiera en "la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible acompañado de más y mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social". La clave para alcanzar este fin es el mercado interior, que también es, y siempre ha sido, uno de los medios principales para mejorar el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos. El mercado interior proporciona el valor económico añadido de la Unión y debe entrañar una búsqueda constante del entorno más favorable para maximizar los beneficios económicos. Al mismo tiempo, confiere a sus ciudadanos unos derechos específicos y debe perseguir constantemente el respeto y la mayor defensa de estos derechos. De este modo, la reforma económica sitúa a los ciudadanos en el núcleo del mercado interior.

Dado que el papel de los consumidores y ciudadanos en el proceso de reforma económica constituye el tema especial de este año, se examinan en profundidad los asuntos que forman parte de los objetivos operacionales de la estrategia del mercado interior para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

De Lisboa a Estocolmo: desarrollar la estrategia y aplicar las medidas políticas

La tarea más importante que nos espera es desarrollar la estrategia definida en Lisboa. Ha llegado el momento de pasar del proyecto a la aplicación práctica. Durante los últimos meses se ha avanzado considerablemente en la puesta a punto de los instrumentos necesarios; se han seleccionado una serie de indicadores y se han adptado las primeras medidas solicitadas por los Consejos Europeos. En el presente informe se da cuenta de los progresos realizados en lo que respecta a los mercados de productos y de capitales. El Informe de Síntesis que Comisión presentará en el Consejo Europeo de Primavera de Estocolmo expondrá con detalle el progreso realizado la fecha y ofrecerá nuevas ideas para el camino a seguir.

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

1. Las reformas económicas aportan a los consumidores ventajas considerables ...

Las conclusiones del Consejo de Mercado Interior de 16 de marzo de 2000 subrayan que uno de los objetivos principales del mercado interior es facilitar a los consumidores una amplia variedad de productos seguros y de alta calidad a precios competitivos.

La observación del funcionamiento de los mercados de productos y de capitales durante los últimos años indica los crecientes beneficios económicos que, de una manera general, el mercado interior aporta a los consumidores y ciudadanos. Prosigue la convergencia de los precios, sobre todo de los servicios (véase el cuadro 5). Como consecuencia de ello, la variación de precios en los mercados de servicios va siendo menos pronunciada y acercándose a la variación registrada en los mercados de bienes. En particular, las reformas económicas siguen llevando a la baja los precios de los servicios públicos y de las industrias de red en terminos reales y nominales. También se han abaratado mucho las telecomunicaciones, a pesar del reequilibrado de tarifas en ese sector (véanse los cuadros 1 y 2). Los precios de la electricidad han descendido en más de un 14% en el Reino Unido (impuestos incluidos) y en un 14% en España (impuestos excluidos) (véanse los cuadros 3 y 4). Como resultado, el coste annual de una faminlia media en Austria se redujo hasta un 25% en 1999 comparado con 1996. Estos ahorros se elevaron a 125 euros al año en Alemania y 105 euros en Francia (véase el recuadro 1).

Si bien se ha registrado una convergencia de precios en el mercado interior en su conjunto (véase el cuadro 3), en el Reino Unido y en Irlanda los precios se apartaron de la media comunitaria (véase el gráfico 1). La convergencia general también oculta las crecientes divergencias en los precios de los combustibles debido a la evolución diversa de los países situados en los extremos de la escala de precios. Hacen falta más esfuerzos para determinar el impacto y la naturaleza de las diferencias de precios (véase el recuadro 2).

... y no parecen haber amenazado la prestación de servicios de interés general

El funcionamiento de de los servicios de interés general han sido objeto de mucha atención durante los últimos meses, a raíz de las orientaciones fijadas en el Consejo Europeo de Lisboa y el Consejo de Mercado Interior. En setiembre, la Comisión hizo pública su Comunicación sobre los servicios de interés general en Europa [COM(2000)580] con el fin de aportar una mayor seguridad jurídica sobre la aplicación de las normas del mercado interior y de la competencia en este terreno y de dar un mayor peso a los intereses de los ciudadanos.

Se han expresado temores de que la reforma del marco legal de los servicios de interés general pudiese provocar descontento entre los consumidores. Es difícil sacar conclusiones generales y definitivas porque la satisfacción de los consumidores varía entre sectores y entre Estados miembros. Aun así, en el caso las telecomunicaciones móviles la satisfacción de los consumidores ha sido mayor allí donde la reforma se ha llevado más lejos (véase el gráfico 2), al menos en algunos aspectos. Pese a la necesidad de mantener las obligaciones de servicios universales para garantizar la prestación universal de determinados servicios de interés general a precios asequibles, en la práctica ello no ha sido óbice para que estos mercados se abriesen a la competencia.

2. Sólo un grado elevado de protección del medio ambiente, de la salud y de los consumidores permitirá mejorar el funcionamiento de los mercados europeos y la calidad de vida de los ciudadanos

Las conclusiones del Consejo de Mercado Interior celebrado el 16 de marzo de 2000 indican que un nivel elevado de defensa de los consumidores y confianza de parte de éstos constituye un requisito para el buen funcionamiento del mercado interior. Para ello se necesita un mercado transparente, información fiable y procedimientos eficaces de ejecución y recurso. Pero esto no siempre basta para garantizar la salud y la seguridad. Esta es la perspectiva que subyace al Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, que ahora entra en su fase de aplicación y que prevé una serie de actuaciones fundamentales para evitar en el futuro fallos en los mercados o en las normativas que hagan peligrar la salud pública. En un contexto más amplio, el actual ejercicio sobre la responsabilidad de los productores propondrá nuevas líneas de actuación política que tengan en cuenta la incidencia económica de tales actuaciones en las empresas.

La creciente preocupación entre los ciudadanos por el medio ambiente y el objetivo de desarrollo duradero requieren una integración mayor, simbiótica, de la política medioambiental y de las reformas económicas en el mercado interior. Esta integración puede lograrse aumentando el recurso a instrumentos de mercado para alcanzar objetivos medioambientales. Un mayor recurso a los impuestos medioambientales, diferenciados según las repercusiones en el medio ambiente y compatibles con las normas del mercado interior, podría mejorar los resultados económicos al hacer que los precios de mercado reflejen los costes verdaderos de las actividades (a escala comunitaria, los impuestos medioambientales supusieron tan sólo el 6,7% de los ingresos fiscales totales en 1997 - véase el cuadro 8). El mismo objetivo se lograría con la utilización de otros instrumentos económicos como los permisos de emisión negociables. Las normas de contratación pública permiten tener en cuenta criterios de medio ambiente; las directivas propuestas [2] aportan aclaraciones adicionales sobre esta posibilidad. Todavía están por desarrollar las nuevas líneas de actuación propuestas en la Comunicación [COM(1999)263] sobre medio ambiente y mercado interior, algo necesario para integrar plenamente el objetivo de desarrollo duradero en el proceso de reforma económica.

[2] COM(2000)275 sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de obras y COM(2000)276 sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes.

3. Las actuales reformas económicas en el sector de servicios financieros tienen expresamente en cuenta los intereses de los consumidores y de los ciudadanos

Las reformas estructurales en los servicios financieros a los particulares tienen para los consumidores efectos directos e importantes, y así lo refleja claramente el Plan de acción en materia de servicios financieros. La directiva propuesta en relación con los fondos de jubilación [3] podría convertirse en un nuevo instrumento beneficioso para los consumidores y ciudadanos, pues abarataría considerablemente los desplazamientos por motivo de trabajo a otros Estados miembros al autorizar los planes de pensión transfronterizos y reducir el coste de los planes de jubilación complementarios, que entonces resultarían más atractivos. No obstante, suscita preocupación la situación actual en lo que respecta a las transferencias bancarias transfronterizas. Se han registrado algunos avances desde el año pasado, pero los costes de tales transferencias siguen siendo inaceptablemente elevados (véase el cuadro 9).

[3] COM (2000) 507 sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativa a las actividades de organismos de previsión para la jubilación.

4. En resumen, los consumidores podrían beneficiarse todavía más de la reforma económica ...

... si se mejorara la información y la transparencia de los mercados. Es particularmente así en los mercados donde reina una gran incertidumbre informativa (p.ej. tarifas de telefonía móvil, calidad de los productos) o cuando los derechos de los consumidores no son de dominio público (el transporte de los pasajeros de aviación fue un ejemplo de ello hasta la reciente campaña de divulgación a gran escala de la carta de los derechos de los pasajeros).

... si se adoptaran medidas concretas para suprimir los obstáculos sin dejar de mantener un alto grado de protección de los consumidores en ámbitos que requieren una intervención política directa. Puede ser el caso de las transferencias bancarias transfronterizas. Algunas medidas ya se encuentran en marcha en otros ámbitos como, por ejemplo, la seguridad alimentaria.

... si la política de competencia a nivel nacional fuera más activa. Se eliminarían de este modo algunas de las importantes diferencias en los precios relativos entre países (cuadro 5). Es necesario controlar las fusiones nacionales si se quiere mantener unos altos niveles de competencia en los mercados nacionales. La descentralización de la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado podría tener un efecto muy positivo sobre la competencia en los mercados nacionales.

... si se mejoraran los canales de comunicación entre los consumidores y las autoridades públicas y se elaboraran mecanismos eficientes de reclamación, recurso y ejecución. Habría que determinar las mejores prácticas en este terreno. El Diálogo con los ciudadanos debería facilitar esta tarea a nivel comunitario. En ámbitos particularmente sensibles como los servicios financieros o el comercio electrónico debería prestarse especial atención a los asuntos relacionados con los consumidores y ciudadanos, pero sin aumentar la carga administrativa de las empresas.

... si se revisara periódicamente la eficacia y utilidad de las normas de medio ambiente y de prestación de servicios universales. Con el paso del tiempo, estas normas y prestaciones deben adaptarse a la evolución del mercado. La actualización y el recorte periódicos evitarían cargas legislativas despilfarradoras. Además, es necesario integrar mejor las reformas medioambientales y económicas. La utilización creciente de instrumentos de mercado con fines medioambientales contribuye a la integración entre las políticas concebidas para mejorar la situación medioambiental y las políticas concebidas para mejorar el funcionamiento general de los mercados. La reforma legislativa en ámbitos que inciden sobre el medio ambiente como los transportes y la energía deberá seguirse muy de cerca.

Un corolario político ...

La reforma económica modifica la gobernanza en la UE al proporcionar un nuevo entorno económico en el que los ciudadanos y los consumidores desempeñan un papel mucho más preponderante que en el pasado. A medida que el desarrollo de las reformas económicas reduce el número y la envergadura de las actividades económicas protegidas de la competencia, aumentan las oportunidades de apertura a la iniciativa privada en la nueva economía europea. Esto confiere a los ciudadanos un peso cada vez mayor como agentes económicos, al tiempo que el mejor funcionamiento de los mercados les beneficia como consumidores.

La reforma económica también modifica el papel del sector público, que abre a la competencia un número creciente de ámbitos donde antes las iniciativas de los ciudadanos eran bienvenidas o no estaban permitidas. Se trata de algo positivo, puesto que las autoridades públicas no están necesariamente bien equipadas para participar de forma directa, y aún menos para asumir la responsabilidad exclusiva, en los numerosos ámbitos donde solían reservarse las competencias.

La reforma económica exige que las políticas presten una mayor atención a determinadas cuestiones. Los ciudadanos y los consumidores deben gozar de una mayor protección. Para tal fin, es necesario elaborar disposiciones reglamentarias y legislativas y luego comprobar tanto las ventajas que éstas deparan como los costes que ocasionan. Se requiere un esfuerzo permanente de revisión del marco normativo y legislativo con el fin de simplificarlo y dotarlo de una mayor eficácia. También hay que mantener informados a los consumidores acerca de sus derechos, y hacerlo de modo eficaz y económico. La reforma económica hará que deban considerarse multitud de asuntos relacionados con la gobernanza reglamentaria.

Fomento de la integración y de la competencia para unos mercados comunitarios más eficientes

Llevar adelante las reformas económicas diseñadas para integrar los mercados comunitarios fue uno de los elementos clave de la estrategia de Lisboa para convertir a la UE en "la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo". La presente sección centra su atención en el funcionamiento del mercado de las industrias de servicios, incluidos los servicios de interés general, de los mercados de bienes, de los mercados financieros, de los mercados de contratación pública, así como de la evolución de las ayudas estatales.

1. Integrar a las industrias de servicios de la UE es cada vez más importante

Las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa subrayan expresamente la importancia del sector de servicios y piden que, antes de finales de 2000, se desarrolle una estrategia para suprimir las barreras que subsisten en el comercio intracomunitario de servicios. Esta petición se justifica por la importancia económica del sector de servicios y por sus malos resultados en comparación con los Estados Unidos: si la tasa de empleo en los servicios igualase a la de Estados Unidos, Europa contaría con 36 millones de empleos más.

Aunque parezca que las barreras que inducen a los proveedores de servicios a no traspasar las fronteras nacionales estén relacionadas con las diferencias socioculturales y las distancias, lo cierto es que la actividad transfronteriza de los sectores de servicios de la UE también sigue limitada por diversos obstáculos reglamentarios, al menos en el sector de servicios empresariales (véase el gráfico 8). Una encuesta entre proveedores de servicios a empresas con actividades transfronterizas (véase el recuadro 4 del anexo) ha puesto de manifiesto que más del 47% de las empresas que prestan servicios empresariales en otros países comunitarios realizan un 10% o menos de su volumen de negocio en mercados comunitarios distintos del país en que tienen su sede principal. Entre los condicionantes figuran la necesidad de inscribirse en un registro local, de estar representadas por un agente local o de revestir una forma jurídica determinada, así como el coste que supone establecer un negocio local y los procedimientos administrativos y jurídicos que esto conlleva (véase el cuadro 11).

La revolución de las tecnologías de la información demanda resolver lo antes posible estos problemas

Para muchos proveedores de servicios, la proximidad física de los clientes ya no es un imperativo. Esto pone en entredicho las estructuras tradicionales de los mercados de servicios en Europa y puede dar lugar a que estos mercados se vuelvan mucho más competitivos incluso estando segmentados por disposiciones legales. La ultimación del mercado interior de servicios en la UE intensificaría el grado de competencia en los servicios en general y propiciaría las condiciones necesarias para que las empresas europeas sean más competitivas en los mercados mundiales; cruzarse de brazos no constituye una alternativa si se quiere realizar el objetivo proclamado en el Consejo Europeo de Lisboa.

En respuesta a la petición formulada en Lisboa, la Comisión prepara una estrategia para suprimir los obstáculos a los servicios. Su objetivo es fomentar el mercado interior como el mercado natural de todos los proveedores de servicios en la UE, y ante todo las PYME y los consumidores, permitiendo que los servicios se presten a través de las fronteras con la misma libertad que dentro de un Estado miembro y que las compras al otro lado de la frontera resulten para los consumidores igual de atractivas que en el propio país. A tal efecto, en 2001 y 2002 la Comisión presentará propuestas de continuación de su estrategia. Debe incluirse a todos los sectores de servicios, lo cual significa el abandono del actual enfoque fragmentario o sectorial en favor de un enfoque verdaderamente global. La estrategia hace hincapié en la necesidad de aplicar las libertades fundamentales del Tratado y hacer uso del recurso al reconocimiento mutuo y al critério de proporcionalidad, para de este modo desmantelar las capas de legislación nacional injustificadas y contradictorias. Allí donde sea necesario, también podrán hacerse propuestas de armonización para suprimir barreras. El contexto legislativo aplicable a los servicios debe dotarse de la flexibilidad suficiente para que pueda seguir el ritmo de los cambios en las tecnologías de la información, y debe velar por asegurar su coherencia con las demás políticas comunitarias, especialmente la política de competencia.

2. Los mercados de productos manufacturados están por lo general bien integrados

El comercio transfronterizo de productos manufacturados crece a un ritmo mayor que el PIB, y las inversiones extranjeras directas siguen siendo un motor de integración importante.

No obstante, en los sectores no armonizados, los obstáculos técnicos al comercio intracomunitario pueden seguir planteando problemas, sobre todo en algunos mercados ...

El número de casos de presunto incumplimiento del principio de reconocimiento mutuo en el sector alimentario es relativamente elevado (véanse los cuadros 14 y 15). Muchos de ellos tal vez puedan explicarse por la enorme variedad de productos en el sector y por el intenso control gubernamental de los flujos comerciales en respuesta a la petición formulada por los consumidores de aumentar el nivel de seguridad de los alimentos. No obstante, debe garantizarse que las excepciones a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo estén debidamente justificadas. La sensibilidad del comercio en este sector, por un lado, y su importancia económica, por otro, hacen que las instancias políticas deban trabajar con gran cuidado para hallar soluciones satisfactorias.

En los sectores armonizados han aparecido elementos que suscitan preocupación por las repercusiones que los periodos de transición legislativa pueden tener en la eficacia del Nuevo Enfoque para superar los obstáculos técnicos. Los entrevistados en una encuesta sobre el sector de productos sanitarios afirmaron que aprovisionar múltiples mercados de los Estados miembros se había hecho mucho más fácil, pero que el mercado interior de productos sanitarios todavía no se encuentra completado (véase el cuadro 16). Esto demuestra la necesidad de apuntalar las directivas de Nuevo Enfoque con normas armonizadas y de hacer valer la moderación a la hora de fijar periodos transitorios largos en las directivas. Estos últimos podrían utilizarse en algunos casos para paliar el impacto del Nuevo Enfoque en los intercambios comerciales.

3. Las empresas y los ciudadanos europeos han pagado y todavía siguen pagando un precio elevado por un grado de integración relativamente bajo en los mercados de servicios financieros

Los cambios legales introducidos en los últimos años, el desarrollo de infraestructuras comunes y el euro han integrado rápidamente el mercado de dinero no garantizado y los mercados de swaps y de derivados financieros. Se ha puesto revelado así de manifiesto el coste que se está pagando por mantener mercados nacionales fragmentados. La liquidez se ha redistribuido en el interior de la zona euro, lo que ha favorecido la actividad transfronteriza y han disminuido las diferencias de precios.

... es necesario dar más pasos para fomentar la integración...

Sin embargo, no todos los mercados se hallan tan integrados como los mercados monetarios no garantizados. La aparente falta de integración en los demás mercados se refleja en el fuerte sesgo nacional de las carteras de valores. Para que los inversores y las empresas puedan sacar el máximo provecho del fuerte crecimiento de estos mercados se imponen con urgencia algunos cambios, a saber:

\* La instauración de sistemas paneuropeos de compensación y liquidación. Esto pondría las operaciones transfronterizas intracomunitarias y nacionales en un pie de mayor igualdad y permitiría un considerable ahorro de costes. La falta de tal sistema entre las bolsas de valores europeas explica en parte el grado de participación extranjera relativamente bajo que se registra en las bolsas de valores nacionales.

\* Eliminar las restricciones innecesarias impuestas a los inversores institucionales. La importancia de los inversores institucionales en la gestión de los activos financieros en el mundo va en aumento: ofrecen a los consumidores la posibilidad de carteras más diversificadas y de aunar ahorro con vistas a inversiones. El mercado europeo para los inversores institucionales sigue, sin embargo, bastante fragmentado y su desarrollo está supeditado a las legislaciones nacionales. Esto hace que todavía represente solamente la mitad del tamaño del mercado estadounidense (véase el gráfico 13). Se están tomando nueva medidas, y las medidas existentes se están adaptando para fomentar un mercado verdaderamente único para los inversores institucionales. La reciente propuesta de la Comisión sobre los regímenes de fondos de pensiones tiene por objeto desarrollar un mercado paneuropeo, cuyo valor asciende en la actualidad a 2 300 millardos de euros y se prevé aumente a 3 500 millardos de aquí a 2005, debido sobre todo al envejecimiento de la población europea. Entre otras medidas figuran la modificación de dos propuestas en el importante ámbito de los fondos de inversión (un mercado de 2 930 millardos de euros), que ampliaría tanto la gama de activos como la zona geográfica (mediante la creación de un pasaporte europeo único) en que pueden invertir estos fondos.

\* Los inversores necesitan cada vez más disponer de información financiera fiable. En los mercados paneuropeos de bonos del sector privado han aumentado el volumen y la frecuencia de las emisiones (véase el cuadro 17), y la ambición por obtener rendimientos más elevados ha abierto el mercado a empresas con calificación de solvencia inferior a la considerada apta para inversión (BBB). Comparado con EE.UU., son pocas las empresas europeas que poseen una calificación comparable internacionalmente o que presenten estados financieros conformes a las normas internacionales de contabilidad (IAS). No obstante, la disponibilidad de information comparable a nivel internacional aumentaría la seguridad y accesibilidad de estos mercados. La Comisión ya ha hecho pública una comunicación en la que invita a las empresas que cotizan en bolsa a establecer sus cuentas conforme a las normas IAS [4].

[4] COM(2000) 359 final Estrategia de la UE en materia de información financiera: el camino a seguir.

\* Es necesario reestructurar el marco legal para ajustarlo a los requisitos del actual marco financiero. La internacionalización de los mercados, el mayor número de participantes minoristas, la creciente cuota de mercado de las empresas con una calificación por debajo de BBB, la nueva actitud ante el riesgo, la mayor importancia del mercado de valores y su volatilidad posiblemente mayor exigen una actualización del marco normativo, como ya se decía en el informe de Cardiff del año pasado.

El informe de aplicación del plan de acción para los servicios financieros (PASF) ha determinado nuevas prioridades y medidas políticas. El informe intermedio del grupo Lamfalussy sobre la reglamentación de los mercados europeos de valores mobiliarios confirma estas prioridades y señala que hacen falta medidas políticas adicionales para acelerar el proceso y no quedarse rezagados con respecto a la evolución del mercado. Así pues, urge aplicar las medidas del PASF.

4. Los mercados de contratación pública se han hecho más transparentes

La necesidad de mejorar el funcionamiento de los mercados de contratación pública quedaba implícita en dos conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, a saber, la petición de llevar a término la actualización de las normas de contratación pública, velando particularmente por facilitar el acceso de las PYME a estos mercados, y la petición de avanzar en la posibilidad de efectuar las contrataciones públicas por vía electrónica. Dados los actuales esfuerzos por mejorar la calidad y viabilidad de las finanzas públicas, es particularmente importante aumentar las repercusiones económicas positivas de unos mercados de contratación pública eficientes y competitivos.

Se espera que el nuevo marco legislativo aumente el ya elevado grado de transparencia en los mercados de contratación pública, lo que a su vez los hará más competitivos (véanse el cuadro 18 y el gráfico 15). El impacto económico de la nueva propuesta de directiva podría aumentarse con la aplicación de medidas prácticas para facilitar la entrada transfronteriza en los mercados de contratación pública (véase el gráfico 16). Las tecnologías de última generación podrían ayudar a aumentar el impacto económico de la competencia en los mercados de contratación pública al facilitar el acceso a más empresas, especialmente PYME, de más países. Dada su capacidad para generar efectos transfronterizos, la generalización de las nuevas tecnologías de la información podría requerir una actuación a nivel comunitario, si bien se podrían explorar primero las alternativas nacionales, siempre en el pleno respeto del principio de subsidiariedad. El marco legislativo previsto comprende una serie de disposiciones para alentar la utilización de las nuevas tecnologías en la contratación pública.

5. Gracias a las reformas legislativas se han registrado algunos progresos en el funcionamiento del mercado de las empresas de servicios públicos y de las industrias de red

Los precios están bajando, la calidad mejora y se está ganando en eficiencia. La introducción de la competencia ha estimulado la innovación y los cambios organizativos en las empresas, lo que ha dado lugar a una mayor productividad en muchos de estos sectores. Así pues, no hay motivos para retrasar más la apertura a la competencia de los servicios de correos, energía, transporte y comunicaciones, siempre que se tengan plenamente en cuenta los intereses de los consumidores. En este proceso, la Comisión procederá paso a paso, basándose en la evaluación de la reforma y consulta con las distintas partes afectadas, incluidos los consumidores, tal y como expone en su Comunicación sobre los servicios de interés general. Esto requiere una mayor utilización de las herramientas de evaluación para evaluar el funcionamiento, la eficiencia y la competitividad de los servicios de interés general, de manera que las disposiciones puedan adaptarse al cambio tecnológico (lo que aumenta las posibilidades de prestar servicios transfronterizos dentro del mercado interior), a las nuevas necesidades de los consumidores y a las nuevas demandas del interés público.

Al proseguir la liberalización deberán tenerse muy en cuenta las lecciones extraídas de la experiencia de las recientes reformas. Es particularmente necesario que el marco legal esté bien concebido. En las empresas de servicios públicos como el suministro de gas y electricidad y los ferrocarriles, el importante coste de las inversiones limita el margen de competencia, creando así un serio riesgo de fallos en el mercado. En los aeropuertos, por ejemplo, la acumulación de franjas horarias por líneas aéreas titulares dominantes puede limitar las reducciones en las tarifas aéreas (véanse los cuadros 19 y 20). Tales riesgos requieren una redefinición cuidadosa del marco legal.

La aceleración en las actividades de fusión y adquisición durante los dos últimos años ha concentrado substancialmente a las empresas de red, y hay que observar atentamente sus efectos en la competencia. Gran parte de esta actividad ha sido exclusivamente nacional, lo cual podría ser motivo de preocupación porque una mayor concentración del mercado puede mermar el efecto positivo de la apertura de estos sectores a la competencia. En el sector energético, que ahora entra en una fase decisiva de apertura a la competencia, el valor de las operaciones nacionales dobló en 1999 la cifra de 1995 (véanse los gráficos 17 y 18).

La reforma económica en los sectores de la energía, los servicios postales y los transportes está acelerando su ritmo, tal como solicitaba el Consejo Europeo de Lisboa. Con este fin, en mayo la Comisión presentó sus propuestas para el sector postal [COM(2000)319]. La evolución del mercado hace indispensable abrir aún más a la competencia los servicios postales. La actual directiva establece que en un primer momento el mercado que afecta a los ingresos de los proveedores de servicios universales se abra en un 3% solamente, y aún así un Estado miembro no lo ha incorporado completamente en su legislación y otros cuatro son objeto de procedimientos de infracción por no conformidad, lo que supone una situación altamente insatisfactoria. La apertura posterior en 20% para 2003, previsto en la nueva propuesta de directiva, constituye un objetivo razonable y prudente. En julio la Comisión presentó propuestas sobre los servicios públicos en el transporte de viajeros [COM(2000)7], y en breve presentará otras propuestas para abrir en mayor medida los mercados de la energía y de los transportes.

Para ganar en eficiencia, es necesario integrar más los mercados comunitarios de las industrias de red, sobre todo en el sector de la energía, como ya subrayaba el informe del año pasado, aun con las indudables dificultades que ello entraña. También debe proseguirse la integración en los transportes ferroviarios a pesar de las dificultades técnicas que lleva asociadas. En aquellos otros sectores en que los problemas técnicos no constituyen un obstáculo, es necesario impulsar la integración de forma muy decidida. En las telecomunicaciones móviles, por ejemplo, las diferencias en las tarifas internacionales de itinerancia no son coherentes con un mercado plenamente integrado y el comportamiento de un mercado competitivo.

6. Reducir el efecto distorsionador de las ayudas estatales

Las ayudas estatales siguen disminuyendo en general (véase el gráfico 19). Para la UE en su conjunto, las ayudas al sector manufacturero descendieron del 2,3% del PIB al 2,0% entre 1997 y 1998. Las primeras cifras de 1999 parecen confirmar que prosigue la tendencia regresiva de los niveles generales de ayuda estatal concedida en el sector manufacturero. No obstante, la incidencia de las ayudas sectoriales, las que más distorsionan de todas, sigue siendo demasiado elevada (véase el gráfico 21), aunquecon todo, se observa que en 1999 la proporción de ayudas concedidas a sectores manufactureros particulares también disminuyó. Y aunque en general han disminuido de forma espectacular las ayudas sectoriales ad hoc, que son quizás las ayudas sectoriales más perjudiciales, en los servicios financieros, en cambio, se han multiplicado por tres desde 1993 (véase el gráfico 24). Está claro que hace falta seguir de cerca las ayudas a los servicios financieros, y los Estados miembros deberían tratar de controlar esta tendencia creciente.

Aunque en general la evolución de las ayudas estatales sea positiva, hay buenas razones para mejorar el seguimiento de las distorsiones que provocan y la evaluación de sus efectos. El registro y el cuadro de indicadores de ayudas estatales instaurados por la Comisión podrían ser instrumentos útiles para estos fines. Los indicios apuntan a que los países con altos niveles de ayudas también padecen un alto grado de regulación administrativa, lo cual distorsiona sus mercados más todavía (véase el gráfico 25). Se trata de un punto importante que deberá examinarse más de cerca. Para el proceso de reforma económica, es fundamental saber si nos confrontamos con Estados miembros que acumulan al mismo tiempo normas y subsidios o bien si distintos Estados miembros utilizan diferentes instrumentos políticos con un impacto en los mercados. Por lo tanto, resulta imprescindible un análisis más exhaustivo de los efectos acumulados de las ayudas estatales y la carga normativa, con el fin de determinar los ámbitos y países en que las reformas económicas son más urgentes.

Fomentar el espíritu de empresa

Desde comienzos de la década de 1990 Europa ha interrumpido ajuste de su nivel de vida para alcanzar el de EE.UU., y ahora se está quedando cada vez más atrás en lo que respecta a la competitividad. Así lo indicó recientemente la Comisión [SEC(2000)1823]. Durante décadas la UE fue poniéndose al nivel de sus principales competidores, pero ahora esta tendencia ha llegado a su fin e incluso parece haberse invertido. Europa debe mejorar radicalmente su capacidad de creación, innovación y cambio. El problema principal parece ser la falta de dinamismo y flexibilidad, una reacción lenta y pesada al cambio estructural: se pierde demasiado tiempo antes de poner en marcha y aprovechar del todo los cambios necesarios.

La Unión Europea todavía tiene ante sí un largo camino para crear el entorno empresarial adecuado, un entorno con una menos cargas legales, mejores condiciones de financiación, especialmente para las empresas de nueva creación, un entorno fiscal moderno y más sencillo y un clima fértil para la innovación.

1. Los Estados miembros han seguido mejorando su contexto normativo, pero hay que hacer más

Se han introducido numerosas medidas para reducir la carga administrativa de las empresas, la mayoría de ellas relacionadas con el acceso electrónico de las empresas a la información y a los requisitos administrativos, la creación de ventanillas o puntos de contacto únicos para los procedimientos administrativos, así como el desarrollo de los servicios de apoyo a las pequeñas empresas (véase el cuadro 21). Es necesario disponer de mejores indicadores para controlar los cambios en el contexto normativo.

Los datos más recientes indican, empero, que Europa va a la zaga de sus principales competidores en lo que atañe a los costes y procedimientos para la creación de empresas (véanse el gráfico 26 y el cuadro 22). Por lo tanto, es necesario reforzar las medidas ya adoptadas por los Estados miembros, y las iniciativas nacionales deberían insertarse en un marco normativo comunitario coherente donde puedan obtener sinergias.

Se requiere un planteamiento a escala comunitaria, más coherente y mejor coordinado

Es una petición del Consejo Europeo de Lisboa que se considera esencial para afrontar los nuevos retos impuestos por la mundialización y las tecnologías y mercados en rápida evolución. En respuesta a esta petición, en 2001 se adoptará una estrategia de la Comisión para mejorar el marco legal y para fusionar, agilizar y ampliar las iniciativas existentes. Se empezará presentando una evaluación de las iniciativas existentes y un esbozo del planteamiento de la Comisión. Luego la estrategia propiamente dicha, que deberá adoptarse antes de finales de 2001, comprenderá un plan de actuación claro que, entre otras cosas, se basará en el análisis del próximo Libro Blanco sobre la gobernanza. Evaluará la idoneidad de los enfoques alternativos a la regulación y las nuevas formas de cooperación política, al objeto de fomentar nuevos modos de cooperación entre diferentes niveles de gobernanza. También hará hincapié en la necesidad de velar por la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos. Se abordará asimismo la calidad y coherencia de las normativas comunitaria y nacional. Las iniciativas legislativas irán acompañadas de la debida evaluación del impacto que puedan tener.

2. Se necesitan mejores condiciones de financiación para las empresas

El acceso al tipo de financiación adecuado, en el momento adecuado, a lo largo de toda la vida de la empresa, resulta fundamental para ayudar a los empresarios a trasladar sus ambiciones a la realidad. Las PYME europeas todavía consideran que el acceso a la financiación es un problema que limita su potencial de crecimiento.

La evolución del mercado es alentadora

\* El mercado europeo de capital-inversión (capital proporcionado a empresas que no cotizan en el mercado de valores, incluidos el capital-riesgo y adquisiciones) está todavía muy poco desarrollado en comparación con el mercado estadounidense, se encuentra muy concentrado en el Reino Unido y está dirigido principalmente a las adquisiciones y no tanto a la financiación inicial y de puesta en marcha. La existencia de un mercado bursátil que funcione bien y que fomente la salida a cotización en bolsa constituye un elemento fundamental para el desarrollo del capital-riesgo por lo que es necesario impulsarlo. Pero las cosas están cambiando:

\* En 1999, el capital-inversión aumentó en un 74% (véase el gráfico 27) y los capitales comprometidos en inversiones de en la fases iniciales de creación de empresas se duplicaron. No obstante, las inversiones en la fase inicial de las empresas representaron tan sólo el 27% del capital riesgo total invertido, lo que supone en torno al 12% del capital-inversión privado total de Europa. En 1999, el 42% del capital-riesgo se invirtió en empresas de alta tecnología, del cual casi la mitad corresponde a la fase inicial de creación de empresas.

\* En 1999 aumentaron las inversiones de capital-riesgo en los países comunitarios, con excepción del Reino Unido, lo cual contribuyó a equilibrar el mercado. No obstante, la inversión en capital-riesgo sigue siendo más bien baja con respecto al PIB (menos del 0,1% del PIB) en Grecia, Portugal, Dinamarca, Austria e Italia.

\* En la mayoría de los Estados miembros comunitarios se han adoptado recientemente medidas para mejorar las condiciones legales y fiscales de las empresas que inician su actividad, al reconocer su importancia para la economía y sus problemas especiales de financiación. Sin embargo, es importante velar por que las medidas de apoyo al capital-riesgo no falseen la competencia en el mercado interior.

La estrategia de la Comisión para estimular el desarrollo de un verdadero mercado de capital-riesgo queda plasmada en el Plan de acción sobre capital-riesgo (PACR) de 1998. En este contexto, la Comisión adoptó el Informe provisional acerca del PACR [COM(2000)658], donde se establecen las prioridades de actuación para garantizar la plena aplicación del PACR en 2003, plazo fijado en el Consejo Europeo especial de Lisboa. Reconociendo que la financiación pública tiene un papel que desempeñar en la resolución de los fallos del mercado, la Comisión también adoptó un documento sobre la revisión de los instrumentos financieros comunitarios. En este documento se proponen medidas para mejorar la coherencia entre el BEI, el FEI y otros instrumentos comunitarios de financiación de capital-riesgo.

Esta evolución resulta tanto más notable por cuanto que ha tenido lugar en un contexto de reducción de los costes en las fuentes de financiación alternativas. Ha sido posible mejorar notablemente las condiciones de financiación de la deuda gracias a la UEM, la consolidación presupuestaria y los cambios en los mercados financieros (véase el cuadro 23). El coste de la deuda ha descendido en todos los países para los que se dispone de datos, y especialmente en España. El coste de la financiación ha permitido a las empresas ahorrar hasta 55 716 euros en pagos de intereses por año y millón de euros prestados. La financiación más barata de la deuda ha permitido a las empresas mejorar su rentabilidad financiera con respecto a los niveles de 1993. Estos resultados confirman los avances efectivos registrados en la mejora de las condiciones de financiación gracias a la conjunción de las políticas macro y microeconómicas.

Las empresas necesitan el entorno adecuado para poder innovar ...

Los problemas de competitividad de Europa están estrechamente vinculados a su capacidad de innovación relativamente letárgica e insuficiente. Además de unas condiciones de financiación favorables, la innovación requiere un entorno competitivo, libre de cargas reglamentarias innecesarias, y un sistema de incentivos económicos apropiados que anime a las empresas a innovar. La adopción del Reglamento sobre la patente comunitaria [5], basada en la reciente propuesta, debería ayudar a conseguirlo, al igual que los avances en materia de derechos de propiedad industrial relacionados con las nuevas tecnologías.

[5] COM(2000) 412 Propuesta de reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria.

... y afrontar los retos de la Nueva Economía

El desarrollo de la nueva economía ofrece a los consumidores y a las pequeñas empresas oportunidades sin precedentes: ahorro de costes, una organización del trabajo nueva y más flexible, mejores procesos y mercados nuevos y en expansión. La explosión del comercio electrónico interempresas ("business-to-business" o "B2B") está creciendo a mayor ritmo que el comercio electrónico entre empresas y particulares ("business-to-consumer" o "B2C"), aunque la tasa de crecimiento de este último está muy por debajo de su potencial si se quiere comparar con la de EE.UU. Para las PYME, el comercio electrónico B2B acelerará los procesos, mejorará la calidad y garantizará un servicio mejor, lo que deberá impulsar la innovación.

Se calcula que la cuota relativa del B2B frente al B2C aumentará del 80% en 2000 al 90% en 2003. La penetración del B2C supone un mero 0,2% de las ventas al por menor en Europa, frente al 0,7% en EE.UU.

Para las PYME, el reto consiste en salir de la fase de aprendizaje y en poner en práctica su conocimiento del comercio electrónico. Para los responsables políticos, el verdadero desafío consiste en equipar a las PYME para la competencia en los intercambios electrónicos a escala mundial. Por lo que respecta al comercio B2C, la complejidad reglamentaria parece frenar su desarrollo, por lo que es necesario abordar este problema. En lo que respecta a este último, el reto consiste en aumentar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico.

Desde el año pasado se han tomado iniciativas comunitarias para hacer frente a estos desafíos, entre los cuales se cuentan el lanzamiento de la iniciativa eEurope y el Plan de acción eEurope 2002, así como la adopción por parte de la Comisión de un paquete legislativo para reforzar la competencia en los mercados comunitarios de las comunicaciones electrónicas y adaptar las normas actuales a las exigencias de la sociedad de la información. Se ha propuesto un reglamento sobre el acceso desagregado al bucle local que ayudará a reducir en medida todavía mayor el coste del acceso a Internet. Más allá de esto, la adopción definitiva por el Parlamento Europeo de la Directiva sobre el comercio electrónico instaura un marco jurídico para los prestadores de servicios de la sociedad de la información en el mercado interior.

Debe avanzarse en la modernización y simplificación del entorno fiscal

Las actuales disposiciones en materia de IVA presentan algunas deficiencias: son complicadas, susceptibles de fraude y obsoletas. Las empresas padecen problemas relacionados con las obligaciones impuestas por el IVA en diferentes Estados miembros. Se impone revisar el régimen del IVA para actualizarlo y asegurar que impulse las transacciones comerciales legítimas en del mercado interior, reduciendo el margen de fraude. En su Comunicación por la que presenta una nueva estrategia para el IVA [6] la Comisión propone una estrategia viable centrada en cuatro objetivos principales: simplificación y modernización de las normas existentes, aplicación más uniforme de las disposiciones actuales y mayor cooperación administrativa. Los resultados iniciales de este nuevo enfoque son muy alentadores.

[6] COM(2000) 348 de 7.6.2000 "Estrategia para mejorar el funcionamiento del régimen del IVA en el marco del mercado interior".

Conclusión: fomentar el espíritu de empresa requiere más que nunca la atención de los responsables políticos...

Sobre todo porque la mundialización y la rápida evolución de las tecnologías y de los mercados plantea problemas nuevos y complejos a los legisladores y a las empresas. Las actuaciones deberían centrarse prioritariamente en lo siguiente:

\* Alentar la creación y el crecimiento de empresas pequeñas a nivel nacional mediante la rápida transición hacia la administración en línea (E-administration). El objetivo básico debe consistir en hacer un uso máximo de las tecnologías de la información para aligerar la carga administrativa. También debe permitirse a las empresas que recurran a la firma digital en sus relaciones con la Administración pública.

\* Lanzar y poner en práctica actuaciónes coordinadas para mejorar el marco legal de la UE. Este programa debería evaluar las diferentes opciones en materia de reglamentación y fomentar un análisis más sistemático de las repercusiones generales de los nuevos actos jurídicos. Otra de las prioridades importantes debería ser la simplificación del marco legal existente. La Comisión presentará su estrategia a este respecto en 2001.

\* Velar por un elevado nivel de coherencia y coordinación entre los esfuerzos nacionales y comunitarios para mejorar el marco legal, principalmente asegurando el correcto cumplimiento de la legislación comunitaria. Este podría ser una de los principales cometidos del ejercicio de la gobernanza desde el punto de vista económico.

\* Facilitar un acceso más rápido a la financiación para las empresas más pequeñas, en particular desarrollando un verdadero mercado de capital-riesgo. Las directivas sobre la supervisión cautelar de los fondos de pensión complementarios, OICVM, prospectos y la Comunicación sobre la estrategia de la UE en el ámbito contable son pasos importantes hacia este objetivo. Ampliar la capacidad de los sistemas de garantía en todos los niveles también podría facilitar notablemente el acceso de las PYME a la financiación.

\* Acelerar la transformación de Europa en una sociedad de la información, de manera que los consumidores puedan efectuar sus compras en línea con la misma confianza que en el medio tradicional y que las PYME aprovechen plenamente todas las oportunidades que ofrece. Esto requiere que se aplique a tiempo el Plan de acción eEurope, incluida la Directiva sobre comercio electrónico. También significa una mayor coherencia entre todas las iniciativas que puedan influir en el comercio electrónico, particularmente los debates entre las partes interesadas sobre jurisdicción, fiscalidad y ciberdelincuencia. Debe comprobarse igualmente la coherencia de las iniciativas sectoriales, lo mismo que la realización de un espacio europeo de la investigación. Resulta asimismo fundamental una protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual para crear un clima que propicie la innovación y la creatividad, para lo cual es crucial adoptar el proyecto de Directiva sobre los derechos de autor y derechos afines en la Sociedad de la Información, así como la Patente Comunitaria.

Desarrollar la dimensión exterior de las reformas económicas

La UE es uno de los protagonistas más importantes en el comercio internacional y en las relaciones económicas, por lo que el ambicioso objetivo fijado en el Consejo de Lisboa en relación con la competitividad europea tiene forzosamente consecuencias en el exterior. La reforma interna de la Comunidad tendrá un impacto económico internacional, al igual que las reformas emprendidas en la comunidad internacional repercutirán en la economía de la Comunidad. Por consiguiente, es natural que la Comunidad participe activamente en la reconfiguración del marco legislativo mundial, pues de este modo se garantizará que los cambios legislativos internacionales concuerden y se sincronicen mejor con las reformas económicas internas de la UE, permitiendo así mejorar la competitividad comunitaria en la escena internacional.

Esto es especialmente importante en el caso de la iniciativa para completar el mercado interior de los servicios et integrar los mercados europeos de los servicios financieros. Esta iniciativa confirma la importancia que tiene para la UE tomar parte activa en la preparación de las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Subraya también la importancia de las actuales negociaciones con Estados Unidos para elaborar Acuerdos de Reconocimiento Mutuo en algunos servicios profesionales y en los seguros. El mercado interior es un buen modelo para la reforma económica que podría servir para impulsar el comercio y la inversión internacional en algunos ámbitos económicos. Otro gran desafío en la vertiente exterior y que incidirá en el proceso de reforma económica de la Comunidad es la ampliación hacia el Este. El 8 de noviembre, la Comisión adoptó su documento estratégico sobre la ampliación e informó en detalle sobre los progresos realizados por cada país candidato de cara a la adhesión. Los países candidatos todavía presentan lagunas importantes en la adopción y aplicación efectiva de la legislación relativa al mercado interior, de manera que deberán seguir trabajando en este sentido. No obstante, gracias a los Acuerdos de Adhesión, la integración de los intercambios y de las inversiones con los países candidatos crece con gran rapidez en un contexto comercial que, por el lado comunitario, está libre de barreras arancelarias y restricciones cuantitativas. El análisis de los intercambios pone de manifiesto que las exportaciones de los distintos países candidatos se componen de productos diferentes. Se constatan divergencias sobre todo en la proporción de los productos sometidos a normalización comunitaria que compone sus exportaciones. Es un asunto que debe investigarse porque puede incidir significativamente en el ritmo de la futura integración comercial de los distintos países candidatos y dificultar la aplicación de los principios fundamentales del comercio en el mercado interior, particularmente en lo relacionado con el reconocimiento mutuo (véanse el recuadro 5 y los gráficos 33 y 34).

La adhesión implica adoptar el acervo de la Comunidad y las prácticas comunitarias. El proceso de reforma económica lanzado en Cardiff ha creado una nueva cultura de autoevaluación del cambio a nivel microeconómico de probada utilidad. Los países candidatos podrían beneficiarse de la aplicación de los mecanismos de autoevaluación para controlar la adopción de las normas y prácticas del mercado interior.

Conclusiones

1. Los ciudadanos deben ser los propulsores de las reformas económicas

Las reformas son necesarias para dotar a Europa de una economía moderna y dinámica. La fijación de las prioridades de la reforma debe realizarse contando con la participación de toda la sociedad civil, tanto consumidores como empresarios. Si la iniciativa no parte de los ciudadanos, la reforma fracasará. Las autoridades públicas deben atender las prioridades de los ciudadanos velando por que éstos puedan ejercer sus derechos y evitando lof fallos del mercado contrarios a los intereses de los ciudadanos. Esto significa mejorar la información y aumentar la transparencia del mercado. También significa aplicar unos marcos jurídicos y normativos que garanticen la seguridad y la defensa de los consumidores. Por último, aunque no por eso menos importante, significa instaurar unos mecanismos de recurso y acceso a la justicia. Todo ello son instrumentos indispensables para mantener el impulso de las reformas económicas. Lo que no deben hacer las autoridades públicas es limitar el cambio mediante la introducción o conservación de normativas innecesarias u obsoletas. Se trata de algo indispensable si se quiere asegurar que la reforma económica mejore la situación económica de los ciudadanos europeos.

2. Para facilitar la transición a la economía basada en los conocimientos, Europa debe crear un clima dinámico y propicio para el mundo empresarial

El mercado interior de servicios debe llegar a funcionar tan bien como el mercado interior de bienes. Pero en la actualidad el mayor reto del mercado interior es la creación de las condiciones indispensables para desarrollar en Europa un espíritu de empresa más dinámico. Sólo así será posible acelerar la adopción de nuevas tecnologías, renovar el tejido industrial y económico de nuestras sociedades, así como facilitar la transición a una economía basada en los conocimientos. Dentro de este proceso, la simplificación del ordenamiento jurídico será un elemento esencial, aunque también será imperativo coordinar las diferentes políticas a nivel de la UE y de los Estados miembros.

3. Realización de los objetivos de Lisboa: avances en el proceso de reforma económica

Los Estados miembros han realizado progresos importantes para poner en marcha un proceso de reforma que, en algunos casos, puede considerarse sin precedentes. A nivel comunitario se están elaborando y aplicando importantes iniciativas políticas. Se han registrado avances considerables en los servicios financieros, aunque la evolución del mercado exige que se acelere la aplicación de determinadas medidas. La estrategia para el sector de servicios se presentará en breve al Consejo y al PE. La iniciativa para la simplificación legislativa y normativa será adoptada por la Comisión durante el primer semestre de 2001. Los Estados miembros deben proseguir sus esfuerzos para hallar soluciones nacionales allí donde las necesidades de la reforma económica son de dimensión nacional. Debe prestarse atención a la coordinación de las reformas económicas de los Estados miembros, a fin de evitar que el proceso de reforma se desarrolle a "dos velocidades" y frene el buen funcionamiento del mercado interior en su conjunto.

4. Es necesario continuar, profundizar y acelerar las reformas

Las reformas deben continuar porque son parte de la estrategia a largo plazo de crecimiento, empleo y competitividad. Las reformas económicas tienen con frecuencia efectos a corto plazo que los ciudadanos pueden observar de inmediato como las bajadas de precios, pero sus beneficios principales se harán sentir más a la larga. Los países como EE.UU., donde las reformas comenzaron hace varios años, están dando sus frutos únicamente ahora.

Es necesario profundizar las reformas económicas porque la economía europea sigue siendo demasiado rígida, lo que merma sus resultados económicos generales. La evolución del tipo de cambio del euro frente al dólar estadounidense se deben en gran medida a los resultados superiores de la economía norteamericana en cuanto a competitividad y comportamiento de mercado. Confirmar y poner en práctica con determinación el programa de Lisboa dará a entender de forma creíble nuestra voluntad de mejorar la competitividad de la economía europea. Esto convencerá a los mercados e inversores internacionales de nuestra determinación y consolidará el euro en los mercados mundiales.

La aceleración de las reformas económicas podría exigir el recurso a procedimientos acelerados, como los recientemente propuestos por el grupo de Lamfalussy para el sector de los servicios financieros. Los procedimientos normales [7], carentes del impulso político para acelerar la introducción de las reformas, entrañan el riesgo de una respuesta política lenta, y Europa no puede correr el riesgo de ir a la zaga de la evolución del mercado.

[7] Por término medio, suelen transcurrir más de cuatro años entre la fecha de una propuesta de la Comisión y la fecha oficial de incorporación a la legislación nacional. Esta estimación está basada en 198 directivas básicas de mercado interior durante el periodo 1985-2000 y no tiene en cuenta el tiempo adicional por retraso en la transposición por algunos Estados miembros.

Tal y como se indicó en el Consejo Europeo, también debemos acelerar nuestro proceso de reforma si no queremos desaprovechar el potencial de crecimiento macroeconómico adicional que ofrecen las nuevas tecnologías. En la hora en que vuelven a hacer su aparición algunos viejos problemas como las crisis petroleras y penurias de materias primas, la fórmula del crecimiento a largo plazo basada en las nuevas tecnologías, la innovación y las reformas económicas resulta más clara que nunca. Las nuevas tecnologías son un nuevo combustible de alto octanaje que está a disposición de las economías desarrolladas. Para sacarle el máximo partido hace falta una economía muy bien ajustada y flexible. Los mejores resultados en forma de competitividad, empleo y crecimiento se obtienen con un aumento de la innovación en un entorno legislativo dinámico. Esta es la lógica de Lisboa.

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