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Language: es
Format: md

25 . 1 . 93 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 19 / 3

Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la protección jurídica de las

bases de datos f 1 )

( 93 / C 19 / 02 )

El 18 de junio de 1992, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social
sobre la propuesta mencionada arriba .

La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de noviembre de 1992 ( ponente : Sr . Moreland ).

En su 301° pleno ( sesión del 24 de noviembre de 1992 ), el Comité Económico y Social ha
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen .

1 . Resumen de la Propuesta de la Comisión

1.1 . La Propuesta de Directiva tiene por obj eto prote ­
ger las bases de datos electrónicas mediante la legisla ­
ción sobre el derecho de autor, por una parte, y median ­
te un nuevo derecho específico destinado a prevenir la

« extracción desleal » del contenido de una base de

datos, por otra .

1.2 . La legislación existente varía de un Estado
miembro a otro . El Reino Unido, que dispone del
mayor porcentaje del mercado comunitario, los cálculos
difieren, pero la parte del Reino Unido puede sobrepa ­
sar un 60%, con un 37% de la producción británica
en uso en otras partes de la Comunidad ( vid . conferen ­
cia de D.R. Warlock, en Londres, el 7 de mayo de

1992 ), concede una amplia protección de derecho de
autor a las bases de datos, la mayor parte de las cuales
es susceptible de ser protegida . En España las bases de
datos se protegen en tanto que tales, existiendo una
complicada definición de lo que constituye una base de
datos . En otros Estados miembros el nivel de protección
es menor y, en algunos casos, es precisa una aclaración .

1.3 . En esta Propuesta, las bases de datos, para poder
ser protegidas, tienen que ser en primer lugar electróni ­
cas . Para poder ser protegidas por el derecho de autor
tienen que ser además « originales », es decir, tienen
que ser, por su « selección o disposición », creaciones
intelectuales propias del autor . No es el contenido de
la base de datos lo que ha de ser original, sino su
selección o disposición .

1.4 . La Comisión establece alguna protección para
las bases de datos que no son una « creación intelectual »
( por ejemplo, llamadas vulgarmente « sudor de la
frente »). En lo referente al contenido de una base de
datos, se establece un derecho de protección contra la
extracción desleal, que permite al creador de uná base
de datos impedir su utilización con fines comerciales
salvo autorización previa . Esto es de aplicación inde ­
pendientemente de que la propia base de datos esté o
no protegida por el derecho de autor, pero no en el
caso de que el propio contenido de la base esté protegido
por ese derecho .

1.5 . Por ejemplo, en algunos Estados miembros las
páginas blancas de las guías telefónicas están protegidas
por el derecho de autor . Si, como ocurre con frecuencia,
estas guías se facilitan en CD-ROM en la forma de
bases de datos, las bases de datos propiamente dichas
no estarían protegidas como bases « originales » ( al no
haber creación intelectual en el acto de transponerlas
del papel a un soporte electrónico ) ni se beneficiarían
del derecho de « extracción desleal » debido a que, al
menos en algunos Estados miembros, existiría un dere ­
cho de autor sobre el material subyacente .

1.6 . Si el contenido de una base de datos que ha sido
puesta a disposición del público

a ) no puede obtenerse de ninguna otra fuente, o

b ) es facilitado por una autoridad pública sujeta a la

obligación de reunir o divulgar información,

el derecho a extraer dicho contenido deberá concederse
mediante licencia, en condiciones equitativas y no dis ­
criminatorias, pero la Propuesta no especifica cómo se
determinan las « condiciones equitativas y no discrimi ­
natorias ».

1 . 7 . El periodo de protección para el derecho relativo
a la extracción desleal es de diez años (a diferencia del
derecho de autor aplicable a una base de datos que se
beneficie de dicha protección, cuya duración es como
mínimo de 50 años pma ).

2 . Observaciones generales

previa . Esto es aplicación ­ 2.1 . Aunque el Comité propugna modificaciones en
pendientemente de que la propia base de datos esté o la Directiva, acoge favorablemente la iniciativa de la
no protegida por el derecho de autor, pero no en el Comisión en este asunto para garantizar que la Comuni ­
caso de que el propio contenido de la base esté protegido dad disponga de una industria fuerte de bases de datos
por ese derecho . capaz de enfrentarse con sus competidores en terceros

países . El Comité estima que el Consejo, al valorar esta
Propuesta, debería considerar como objetivo supremo
(») DO n° C 156 de 23 . 6 . 1992, p . 4 . la necesidad de una industria fuerte de bases de datos .

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En consecuencia, el análisis debería centrarse en garan ­
tizar que la protección legal que se estudia se encamina
a este fin así como hasta qué punto no impide nuevas
entradas en el mercado . El Consejo debe evitar que se
le arrastre a un debate sobre las filosofías jurídicas que
subyacen en la Directiva, especialmente en lo que se
refiere a la « originalidad ».

2.2 . La experiencia del Reino Unido al atraer una
importante industria de bases de datos ( especialmente
frente a Estados Unidos ) muestra que el desarrollo de
una potente industria local de bases de datos guarda
correlación con un nivel elevado de protección de la
propiedad intelectual . Cualquier debilitación efectiva
del actual nivel de protección de la propiedad intelectual
puede exponer a la Comunidad al riesgo de que los
creadores de bases de datos recurran en el futuro a
terceros países ( por ejemplo, Canadá ) donde la protec ­
ción sea mayor .

2.3 . En este contexto, la protección propuesta contra
la « extracción desleal » revela limitaciones en la
garantía de la fortaleza de la industria de bases de
datos .

a ) En primer lugar, solamente si el propio contenido

de una base de datos no está protegido por el
derecho de autor, los nacionales comunitarios se
benefician del derecho de protección .

b ) En segundo lugar, el plazo del derecho es demasiado

breve . Lo que es más importante : no resulta claro
cuando comienza el plazo de la extracción desleal
o del derecho de autor . Las bases de datos se ponen
continuamente al día . La extensión en la que el
plazo ha sido « reiniciado » depende de si un cambio
es « de menor importancia », ya que un cambio de
tal naturaleza no reinicia el plazo de protección .
Resultará difícil juzgar de modo objetivo el con ­
cepto de « de menor importancia ».

c ) En tercer lugar, resultará difícil definir el límite
entre una base de datos de creatividad intelectual o
de « sudor de la frente », lo que puede dar lugar al
riesgo de una acción jurídica amplia (y cara ). Esto
plantea el tema de si resulta importante efectuar una
distinción . Hay bases de datos, que otras personas
desearían copiar comercialmente, que pueden haber
supuesto un gran esfuerzo y un gran gasto y que no
reúnen los criterios originales, y que, sin embargo,
únicamente estarían protegidas por el derecho limi ­
tado de extracción desleal .

2.4 . En consecuencia, el Comité estima que el dere ­
cho de extracción desleal puede resultar inadecuado
para facilitar la protección que necesita una industria
sólida de bases de datos comunitaria y aquellos cuyos
esfuerzos deben ser protegidos contra las copias .

2.5 . El Comité considera que el Consejo debería
examinar las siguientes alternativas :

2.6 . Una opción sería que el derecho de protección
contra la extracción desleal no figure en la Propuesta
de Directiva como un derecho aparte sino que se incluya
entre los actos sujetos a restricciones en relación con el
derecho de autor que protege las bases de datos . Los
argumentos aducidos por el Comité son los siguientes :

2.6.1 . El derecho de protección contra la extracción
desleal es un derecho sui generis . En sus propuestas
referentes a la armonización de cuestiones relativas a
la propiedad intelectual la Comisión ha rechazado hasta
ahora la idea de crear nuevos derechos sui generis, y el
Consejo ha seguido esta orientación en sus decisiones .
Cabe señalar, en particular, que el Consejo adoptó esta
posición en relación con la reciente Directiva sobre la
protección jurídica de programas de ordenador
(« Directiva sobre programas »). El Comité también ha
apoyado esta posición en el pasado .

2.6.2 . Sería equivocado que a la hora de decidir sobre
la conveniencia o no conveniencia de proteger algo se
intente llegar a soluciones intermedias estableciendo
una protección a corto plazo de la propiedad intelectual
con una licencia obligatoria . Sería preferible decidir si
una materia cumple o no los requisitos para estar
protegida y, en caso afirmativo, conceder a la propiedad
intelectual la mayor protección posible .

2.6.3 . Cabría argüir que la inclusión del derecho de
protección contra la extracción desleal en la lista de
derechos del propietario del derecho de autor no es
coherente con el principio según el cual el derecho de
autor protege los derechos de los autores . No obstante,
en la Directiva sobre programas de ordenador se acepta
ya el principio del derecho de autor como un derecho
económico de importancia en el contexto industrial, y
el enfoque del derecho de autor adoptado en esta Direc ­
tiva ha hallado una acogida favorable en toda la Comu ­
nidad .

2.7 . La segunda opción consiste en aceptar el derecho
de extracción desleal como un derecho sui generis, pero
garantizando que constituya un derecho tan efectivo
como lo sería si se tratara de un acto limitado al amparo
del derecho de autor en la base de datos . En otras
palabras : el derecho de extracción desleal no debería ser
tan limitado como establece el apartado 5 del artículo 2
respecto a su duración, y la concesión obligatoria de
licencias establecida en el apartado 1 del artículo 8
debería ser objeto de limitación . Habida cuenta de la
creciente complejidad de las normas comunitarias que
garantizan la libre competencia, cualquier mal uso por
los propietarios de este derecho exclusivo puede ser
resuelto mediante la aplicación de dichas normas .

3 . Observaciones específicas

3.1 . Introducción

El Comité acoge favorablemente la práctica de numerar
los párrafos de la Introducción, pero se pregunta si

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realmente son necesarios 40 párrafos frecuentemente
repetitivos .

3.2 . Artículo 1, apartado 1

El proyecto se aplica únicamente a las bases de datos

« electrónicas ». El Comité muestra su preocupación
porque esto pueda significar que se aplicarán diferentes
sistemas jurídicos a la misma base de datos en el caso
de que se almacene por medios electrónicos o de otra
naturaleza . Esto no sólo complicaría la ley, sino que
podría llevar a consecuencias prácticas indeseables .

3.3 . Artículo 1, apartado 4

Resulta insatisfactoria la utilización de la expresión

« cambios de menor importancia » como definición de
cuándo una base de datos se transforma en una nueva
base de datos « original » a los fines del plazo de protec ­
ción ( artículo 9, apartado 2 ). Resulta difícil imaginar
qué cambios hechos en la selección o disposición de su
contenido ( por oposición al contenido en sí mismo )
podrían ser de menor importancia .

3.4 . Artículo 2, apartado 1

La importancia de la referencia al Convenio de Berna
consiste en que, al proteger de esta forma las bases
de datos, los Estados miembros se verán obligados
a proteger también las procedentes de otros países
signatarios ( los Estados Unidos, en particular ). Lo
mismo sucedería con el derecho de protección contra
la extracción desleal si se incluyera entre los actos
sujetos a restricciones en relación con el derecho de
autor de una base de datos . No obstante, el Comité
piensa que ello no representa un obstáculo grave : esta
dicotomía entre los derechos concedidos en los Estados
Unidos y los existentes en determinados Estados miem ­
bros es ya una realidad y no perjudica de forma signifi ­
cativa la industria de las bases de datos en los Estados

miembros interesados .

3.5 . Artículo 2, apartado 5

Si la extracción desleal permanece como un derecho
« sui generis », debería quedar claro que se aplica tanto
al acceso no autorizado como a la extracción y utiliza ­
ción .

3.6 . Artículo 2, apartado 1

Al igual que en la Directiva sobre programas, la actual
Propuesta no obliga a los Estados miembros a proteger
las bases de datos generadas por ordenador ( es decir,
las bases de datos que no han sido creadas por una
persona ). Sobre esta cuestión habrá que volver más
adelante .

3.7 . Artículo 4, apartado 1

Esta disposición parece requerir una modificación de la
legislación de los Estados miembros relativa al derecho

de autor que protege las obras que han servido de base
para la creación de la base de datos, y no de la legisla ­
ción relativa a los derechos de las bases de datos propia ­
mente dichas . Según el Comité, esta cuestión debe
dejarse pendiente hasta que se armonice la legislación
general en materia de derechos de autor .

3.8 . Artículo 5

Los derechos exclusivos son prácticamente los mismos
que los establecidos por la Directiva relativa a la protec ­
ción de los programas de ordenador . Este es el enfoque

correcto .

3.9 . Artículo 7

Quizá sea conveniente ampliar las excepciones estable ­
cidas en el apartado 1 del artículo 7 de forma que
incluyan los informes, por ejemplo, sobre asuntos de
actualidad y otras excepciones establecidas habitual ­
mente en los derechos exclusivos concedidos al propie ­
tario de un derecho de autor en las legislaciones de la
mayoría de los Estados miembros .

3.10 . Artículo 8 y apartado 1

Podría ser conveniente especificar que las disposiciones
relativas a la licencia obligatoria en relación con el
derecho de protección contra la extracción desleal ( en
el supuesto de que se considere necesaria la licencia
obligatoria, lo que no sería permisible si el derecho de
extracción desleal fuese parte del derecho general de
autor ) se aplicarán exclusivamente al derecho creado
en el apartado 5 del artículo 2 y no al derecho de autor

( si es que lo hubiera ) que protege la base de datos o su
contenido .

3.11 . Artículo 8, apartado 2

La definición de los términos « autoridad pública »
debería ser más precisa, teniendo en cuenta en particular
la necesidad de garantizar la coherencia a escala comu ­
nitaria del tipo de actividad al que deberán aplicarse
estas disposiciones en la Comunidad .

3.12 . Artículo 8, apartado 3

Este punto es muy impreciso . ¿ Significa que todos los
Estados miembros están obligados a crear ( de no existir
ya ) un organismo equivalente al Tribunal de derechos
de autor existente en el Reino Unido ? En este caso,
sería necesario especificar con mucho más detalle las
competencias y las obligaciones de este tipo de tribunal,
así como los principios con arreglo a los cuales ha de
funcionar .

3.13 . Artículo 9, apartado 3

No está claro por qué se ha optado por una duración
específica de 10 años para este derecho . Como queda
dicho en el apartado 3.4 ., no parece que la existencia
en algunos Estados miembros de un derecho equivalente
al de protección contra la extracción desleal como parte

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del derecho de autor haya frenado el crecimiento de la
industria .

3.14 . Artículo 9, apartado 4

La definición de « cambios de menor importancia » en
el apartado 4 del artículo 1 se refiere a cambios en la
selección o disposición de los contenidos de la base de
datos . En su redacción actual no resulta una frase
apropiada para usarla en relación con los propios conte ­
nidos con el fin de determinar cuando empieza a correr
el plazo del derecho de extracción desleal . Además, el
Comité desea repetir sus críticas a este artículo, como
se expresan en el apartado 2.3 . b ) supra . El Comité
sugiere como medio más práctico de determinar el
comienzo de un nuevo plazo de protección que cada
elemento de datos en la base de datos sea « fechado »

( electrónicamente o por otros medios ) al ser incorpo ­
rado a la base de datos . Cada elemento de datos que ­
daría protegido durante el plazo adecuado a partir de
su « fechado ».

3.15 . Artículo 10

El Consejo debería examinar si resulta apropiado
incluir una norma similar a la de la letra c ) del apartado

1 del artículo 7 de la Directiva sobre programas, concre ­

Hecho en Bruselas, el 24 de noviembre de 1992 .

tamente una exigencia de que sean considerados ilegales
los mecanismos cuyo fin sea circunvenir la protección
técnica de las bases de datos .

3.16 . Artículo 11, apartado 3

Eso significa que la Comisión negociaría esta cuestión
con terceros países .

3.17 . Artículo 13

La fecha del 1 de enero de 1993 fijada para la entrada
en vigor es totalmente irreal . Esta cuestión no figura en
el Libro Blanco sobre el Mercado Interior publicado en

1985 .

3.18 . El Comité observa que el Consejo, en anteriores
Directivas, ha solicitado informes periódicos de la
Comisión sobre aspectos del derecho de autor . Si en la
Decisión final del Consejo sobre esta Propuesta se
adopta una postura similar, el Comité espera ser desti ­
natario oficial de tal informe .

El Presidente

del Comité Económico y Social

Susanne TIEMANN