Source: EURLEX
Language: es
Format: md

C 55/32 ES Diario Oficial de la Unión Europea 8.3.2003

Por último, la demandante invoca la violación del principio de
proporcionalidad, así como una violación del principio de
confianza legítima basada en la existencia de financiación
comunitaria para la producción y la comercialización de «feta».

( [1] ) DO L 277, p. 10.
( [2] ) Sentencia de 16 de marzo de 1999, Dinamarca y otros/Comisión
(asuntos acumulados C-289/96, C-293/96 y C-299/96, Rec. I1541).
( [3] ) Reglamento (CEE) n [o] 2081/92 del Consejo, de 14 de julio
de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y
de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y
alimenticios (DO L 208, p. 1).

**Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2002 contra la**
**Comisión de las Comunidades Europeas por Fernando**
**Valenzuela Marzo**

**(Asunto T-384/02)**

(2003/C 55/83)

_(Lengua de procedimiento: francés)_

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 18 de diciembre de 2002 un
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
formulado por Fernando Valenzuela Marzo, con domicilio en
Bruselas, representado por el Sr. Marc-Albert Lucas, abogado.

El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

—
Anule las decisiones de 16 de noviembre de 2001 y de
13 de febrero de 2002 del jefe de la unidad «gestión de
los derechos individuales» de la DG Administración por
las que se deniega al demandante la segunda parte de la
indemnización por gastos de instalación.

—
Anule la decisión dela AFPN de16 de septiembre de2002
por la que se desestima la reclamación administrativa de
9 de mayo de 2002 presentada contra las decisiones
anteriores.

—
Condene a la Comisión a pagar al demandante la segunda
mitad de su indemnización por gastos de instalación más
intereses de demora del 8 % anual desde el 11 de abril de
2001 hasta la fecha del pago completo.

— Condene en costas a la Comisión.

_Motivos y principales alegaciones_

El demandante es funcionario de la Comisión en Bruselas. En
junio de 2000, al entrar al servicio de dicha institución, se
instaló en Bruselas. Posteriormente, su esposa se instaló con el
demandante en Bruselas y organizó el traslado de la familia,
que tuvo lugar el 11 de abril de 2001, pero siguió estando
presente en su antiguo domicilio de Madrid, donde su hija
menor estaba terminando sus estudios de secundaria. Así pues,
su esposa y su hija no se trasladaron hasta julio de 2001, cosa
que declararon al servicio de «privilegios e inmunidades».

Mediante la decisión impugnada, la Comisión denegó al
demandante la segunda parte de la indemnización por gastos
de instalación.

En apoyo de su recurso, el demandante invoca un error de
Derecho y un error manifiesto de apreciación. A juicio del
demandante, la administración otorgó gran importancia a las
declaraciones que efectuaron su esposa y su hija ante el servicio
de «privilegios e inmunidades». El demandante indica que el
concepto de instalación es un concepto fáctico y que el texto
estatutario no establece ningún modo de prueba particular.

El demandante invoca además un error de Derecho y una
omisión de los hechos esenciales porque la administración
consideró que el plazo previsto en los artículos 5, apartado 4,
y 9, apartado 3, del anexo VII del Estatuto es un plazo riguroso
y no examinó la posibilidad de hacer una excepción como
consecuencia del nombramiento definitivo del demandante
como funcionario desde el momento del inicio de sus funciones y de la imposibilidad de que la hija del demandante
acompañase a sus padres a Bruselas antes del final del curso
escolar.

**Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2002 por**
**Lamprecht A.G. contra la Oficina de Armonización del**
**Mercado Interior (OAMI)**

**(Asunto T-386/02)**

(2003/C 55/84)

_(Lengua de procedimiento: español)_

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
europeas se ha presentado, el 16 de diciembre de 2002 un
recurso contra la Oficina de Armonización del Mercado
Interior (OAMI) formulado por Lamprecht A.G., con domicilio
en Madrid (España), representada por los letrados en ejercicio
D. Enrique Armijo Chávarri yD. Antonio Castán Pérez-Gómez.

8.3.2003 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 55/33

La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia

que:

—
anule la resolución de la Sala Segunda de Recurso
de Oficina de Armonización del Mercado Interior
(OAMI), de 1 de octubre de 2002 dictada en el asunto
114/2000-1;

—
condene en costas a la parte demandada.

_Motivos y principales alegaciones_

Solicitante de la marca J. Tricot & Sons Ltd.
comunitaria:

Marca comunitaria Marca denominativa «EMOS» —
objeto de la solicitud: Solicitud n. 133.637 para productos de la clase 25 (prendas de
vestir).

Titular de la marca o Demandante.
signo que se invoca en le
procedimiento de oposición:

Marca o signo que se Marca alemana «EMOSWISS»
opone: registrada para productos de las
clases 10, 24 y 25.

Resolución de la Divi- Denegación de la oposición.
sión de oposición:

Resolución de la Sala de Desestimación del recurso.

Recurso:

Motivos invocados: Aplicación incorrecta del artículo 8, apartado 1, letra b) del
Reglamento (CE) n [o] 40/94 (riesgo
de confusión).

**Recurso interpuesto el 26 de diciembre de 2002 contra el**
**Consejo de la Unión Europea por Solvay Pharmaceuticals**
**B.V.**

**(Asunto T-392/02)**

(2003/C 55/85)

_(Lengua de procedimiento: francés)_

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 26 de diciembre de 2002 un
recurso contra el Consejo de la Unión Europea formulado por
Solvay Pharmaceuticals B.V., con domicilio en Weesp (Países
Bajos), representada por Callista Meijer, Francis Herbert y
Michel L. Struys, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

—
Anule el Reglamento (CE) n [o] 1756/2002 del Consejo, de
23 de septiembre de 2002, por el que se modifica la

Directiva 70/524/CEE del Consejo sobre los aditivos en
la alimentación animal en lo que respecta a la retirada de
la autorización de un aditivo y el Reglamento (CE)
n [o] 2430/1999 de la Comisión( [1] ).

—
Condene en costas al Consejo.

—
Con carácter subsidiario, en el supuesto de que el recurso
sea desestimado en cuanto al fondo, aplique el artículo 87,
apartado 3, del Reglamento de Procedimiento y condene
en costas al Consejo, habida cuenta de la persistente falta
de cooperación y de transparencia de la Comisión en la
gestión administrativa del expediente.

_Motivos y principales alegaciones_

La demandante produce el aditivo alimentario Nifursol. La
demandante impugna el Reglamento n [o] 1756/2002 del Consejo. El Reglamento modifica la Directiva 70/524/CEE del
Consejo, de 23 de noviembre de 1970, sobre los aditivos en la
alimentación animal( [2] ) yretira la autorización de comercialización del Nifursol. Esta autorización está vinculada, con arreglo
al Reglamento n [o] 2430/1999 ( [3] ), al responsablede la comercialización, en el presente caso, la demandante.

En apoyo de su recurso, la demandante invoca la infracción de
los artículos 9M y 3A, apartado B, de la Directiva 70/524 y la
violación del principio de precaución. El sexto considerado del
Reglamento impugnado afirma que no puede garantizarse que
el Nifursol no presente un riesgo para la salud humana. Según
la demandante, el Consejo ha modificado el criterio previsto
en los artículos mencionados, según los cuales una autorización sólo puede retirarse si resulta que el aditivo tiene una
influencia desfavorable en la salud humana, animal o en el
medio ambiente, o que causa un perjuicio al consumidor al
alterar las características del producto.

La demandante señala, además, que el Consejo no puede
invocar el principio de precaución, ya que no ha hecho
referencia a él en ningún momento. En cualquier caso, la
demandante afirma que el Consejo adopta el criterio del riesgo
puramente hipotético, que es completamente irreconciliable
con la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, que es
contraria al nivel de riesgo cero como criterio en la aplicación
del principio de precaución.

La demandante alega, además, la infracción del artículo 9M,
quinto guión, de la Directiva 70/524,en su versión modificada,
y del principio general de igualdad de trato. Según la demandante, el Consejo y la Comisión no podían basarse en la
insuficiencia de datos para decidir la retirada, teniendo en
cuenta que la Comisión ni siquiera ha ejercido su facultad de
requerir al responsable de la comercialización de un aditivo
para que le proporcionara información.