Source: EURLEX
Language: es
Format: md

17.8.2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 232/345

**Jueves, 14 de diciembre de 2000**

13. Subraya que es necesario minimizar los efectos socioeconómicos negativos de la aplicación de un
impuesto especial sobre el combustible de aviación; insta por ello al Consejo a que prepare la renegociación de los acuerdos bilaterales que rigen el tratamiento del combustible de aviación y a que examine el
modo en que esta imposición puede aplicarse a los transportes, tanto a los intracomunitarios como a los
que comunican con terceros países; insta asimismo al Consejo a que actúe con energía para que se logre
alcanzar un compromiso al respecto en la 33 [a] Conferencia de la OACI que se celebrará en 2001;

14. Pide a la Presidencia y a la Comisión que informen detalladamente al Parlamento sobre la 33 [a] Conferencia de la OACI; el Parlamento insta a la Presidencia y a la Comisión a que, antes de la conferencia,
indiquen en qué consistirá la intervención de la UE y, después de la conferencia, informen al Parlamento
sobre el desarrollo y los resultados de la misma, en particular por lo que se refiere a los impuestos sobre el
combustible de aviación;

15. Insta a la Comisión a que, en el caso de que no se adopten medidas satisfactorias en el transcurso de
la 33 [a] Conferencia de la OACI, presente una comunicación con propuestas de medidas internas de la UE;

16. Insta a la Comisión a que presione para la renegociación del Convenio de Chicago de 1944 y los
acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos (ASA), que establecen la exención de impuestos del combustible
suministrado en el territorio de las partes contratantes;

17. Opina que también deben preverse urgentemente otras medidas para reducir las emisiones de CO 2
del transporte aéreo, como los programas de comercio de emisiones, los acuerdos voluntarios de la industria del transporte aéreo, los programas de investigación y desarrollo para la mejora tecnológica de los
motores y el combustible, contratos medioambientales y la mejor gestión del tráfico aéreo; entre estas
medidas deben figurar unos objetivos claros y procedimientos de seguimiento que comporten sanciones
en interés de la libre competencia en el mercado interior;

18. Pide a la Comisión que realice un estudio que analice estas soluciones alternativas;

19. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.

**15. Recurso al principio de precaución**

**A5-0352/2000**

**Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión sobre el recurso al**
**principio de cautela (COM(2000) 1 �C5-0143/2000 �2000/2086(COS))**

_El Parlamento Europeo,_

�
Vista la Comunicación de la Comisión (COM(2000) 1 �C5-0143/2000),

�
Visto el artículo 174 del Tratado CE, en el que se hace referencia al principio de cautela,

�
Vista la Resolución del Consejo, de 13 de abril de 1999, en la que se pide a la Comisión que, en el
futuro, siga con mayor determinación aún el principio de cautela ( [1] ),

�
Visto el Libro Verde de la Comisión, de 30 de abril de 1997, sobre los principios generales de la
legislación alimentaria en la Unión Europea (COM(1997) 176 �C4-0213/1997),

�
Vistos la Comunicación de la Comisión, de 30 de abril de 1997, sobre la salud de los consumidores y
la seguridad alimentaria y el Libro Blanco, de 28 de enero de 2000, sobre la seguridad alimentaria
(COM(1999) 719 �C5-0136/2000),

�
Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con referencia al principio de cautela,

�
Visto el dictamen del Comité Económico y Social aprobado el 12 de julio de 2000 ( [2] ),

( [1] ) DO C 206 de 21.7.1999, p. 1.
( [2] ) DO C 268 de 19.9.2000, p. 6.

C 232/346 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES 17.8.2001

**Jueves, 14 de diciembre de 2000**

�
Vistas las negociaciones en curso en el seno del _Codex Alimentarius_ sobre los principios de trabajo en
materia de análisis del riesgo,

�
Visto el apartado 7 del artículo 5 del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre
la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS),

�
Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento,

�
Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y las
opiniones de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5-0352/2000),

A. Considerando que la Comisión ha solicitado el dictamen del Parlamento Europeo sobre el recurso al
principio de cautela; que el Parlamento Europeo debe aportar una contribución constructiva y ambiciosa al debate en torno a este concepto,

B. Considerando que el artículo 152 del Tratado CE dispone que se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana al definir y ejecutar todas las políticas y acciones de la Comunidad,

C. Considerando que el artículo 153 del Tratado CE dispone que la Comunidad, para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección, contribuirá a proteger la salud,
la seguridad y los intereses económicos de los consumidores,

D. Considerando que el apartado 1 del artículo 174 del Tratado CE dispone que la política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente contribuirá a promover a nivel internacional medidas destinadas a hacer frente a los problemas regionales o planetarios del medio ambiente, y el apartado 2 que el
objetivo de esta política es alcanzar un nivel de protección elevado, que se basará en los principios de
precaución y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente,
preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga,

E. Considerando que el artículo 6 del Tratado CE dispone que las exigencias de la protección del medio
ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible,

F. Considerando que el concepto de precaución figura en una serie de acuerdos internacionales y que se
ha hecho referencia al mismo, en particular:

�
con ocasión de las distintas conferencias sobre la protección del Mar del Norte en 1987 y 1990,

�
en la Declaración de Río de 1992, adoptada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cnuced),

�
en el Preámbulo del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992,

�
en la Convención sobre el Cambio Climático de 1992,

�
en el Convenio de París para la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste de 1992,

�
en el Protocolo sobre Bioseguridad adoptado en Montreal en enero de 2000,

G. Considerando que el Preámbulo del Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) subraya
la relación cada vez más estrecha entre el comercio internacional y el desarrollo sostenible, así como la
protección y la preservación del medio ambiente,

H. Considerando que, por lo que se refiere concretamente a la protección de la vida o la salud humana,
animal o vegetal, el apartado 7 del artículo 5 del Acuerdo sobre la aplicación de las medidas sanitarias
y fitosanitarias fija unas normas sobre el procedimiento que se ha de seguir en caso de riesgo y de
pruebas científicas insuficientes,

17.8.2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 232/347

**Jueves, 14 de diciembre de 2000**

I. Considerando que la referencia al principio de cautela en varios de los acuerdos internacionales mencionados confiere al principio de cautela sólo un valor de derecho consuetudinario internacional y que
conviene aumentar su fuerza de ley con objeto de convertirlo en una disposición del Derecho internacional,

J. Considerando que se ha de distinguir claramente entre el principio de cautela y el principio de prudencia, siendo aplicable el principio de cautela en situaciones en que se desconocen los riesgos de un
producto o de un método de producción y siendo la aplicación del principio de cautela, en principio,
temporal, a saber, hasta que se conozca el riesgo,

K. Considerando, sin embargo, que el principio de cautela, tal y como lo enuncia el artículo 174 del
Tratado CE, hasta ahora no tiene una definición clara y precisa,

L. Considerando que se ha aprobado la posición adoptada por la Comisión de definir el principio de
cautela como norma general y sin limitar su ámbito de aplicación; señala que, a fin de que sea más
previsible la aplicación del principio de cautela, es indispensable una definición muy clara de las condiciones en las que un recurso a dicho principio está permitido; recuerda que el principio de cautela
no es sino un instrumento entre otros de gestión de los riesgos y que se ha de situar en el marco de
una política global basada en otros elementos, como la trazabilidad o el etiquetado, por ejemplo,

M. Considerando que la comunicación establece un marco fundamentado y bien ideado sobre cómo se
debe actuar en situaciones dudosas y determina que el principio de cautela no justifica que se haga
caso omiso de las pruebas científicas o que se recurra a medidas proteccionistas,

N. Considerando que la propuesta de la Comisión en el sentido de llegar a un acuerdo sobre la adopción
de una posición común en relación con el principio de cautela tiene sentido, ya que simplificaría la
adopción de decisiones en determinados casos; que también es necesario velar por que los Estados
miembros puedan mantener sus niveles más elevados de protección del medio ambiente y de la salud,

O. Considerando que la Comisión representa a la Comunidad Europea y se expresa en su nombre, sobre
la base de un mandato que le ha sido conferido, en el contexto de las negociaciones multilaterales en
el seno de la OMC,

P. Considerando la legítima preocupación que en la opinión pública han suscitado los «escándalos alimentarios» y la aparición de nuevos riesgos debidos a las nuevas tecnologías y biotecnologías, en
particular la relación a los organismos genéticamente modificados (OGM),

Q. Considerando que en nuestras sociedades hay diversidad de opiniones sobre si un determinado nivel
de riesgo es aceptable o no, pide la celebración de un diálogo global sobre la evaluación del riesgo y
que dicho debate se base en criterios científicos, a fin de no caer en la arbitrariedad,

R. Considerando que el objetivo de riesgo cero no es realista y que la incertidumbre científica persiste en
numerosos ámbitos,

S. Considerando que la decisión de actuar o no sobre la base del principio de cautela es fundamentalmente una cuestión de interpretación política,

T. Considerando que el actual sistema de toma de decisiones en el seno de la Comunidad Europea se basa
en principios que deben mantenerse, desarrollarse y profundizarse: peritaje científico previo, independencia de los expertos, transparencia de la información y comunicación con el público,

1. Felicita a la Comisión por la iniciativa de presentar una Comunicación sobre el recurso al principio
de cautela;

2. Aprueba los objetivos de la Comunicación, que consisten en determinar los factores que hacen necesario el recurso al principio de cautela, su proceso de aplicación y los criterios que permiten verificar su
buena utilización, ofreciendo al mismo tiempo garantías de seguridad jurídica a las partes interesadas;

C 232/348 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES 17.8.2001

**Jueves, 14 de diciembre de 2000**

3. Pide a la Comisión que se comprometa explícitamente a emplear de manera activa el principio de
cautela, cuando proceda;

4. Pide a la Unión Europea que precise su enfoque sobre el recurso al principio de cautela y espera que
el Consejo de Ministros adopte una resolución en este sentido antes de finales del año 2000;

5. Opina que, sobre la base del principio de cautela, la UE debería asumir el fomento de la investigación
científica en aquellos sectores que mayor preocupación suscitan en la opinión pública; dicha investigación
podrá producir pruebas sobre los riesgos potenciales o reales de agentes específicos físicos, químicos y
biológicos; además de los propios recursos financieros, para poder alcanzar los objetivos mencionados, la
UE deberá solicitar a la industria y a los productores de los agentes específicos que se han de estudiar, un
pequeño porcentaje de los beneficios netos anuales derivados de la venta de los productos directa o indirectamente responsables de los posibles riesgos para la salud humana y animal;

6. Espera que la Comisión vele por que las políticas desarrolladas por la Unión Europea respeten este
enfoque del principio de cautela en la totalidad de sus criterios y procedimientos;

7. Insta a la Comisión a que defienda esta posición en los foros internacionales y particularmente ante
la OMC;

8. Insta a la Comisión a que lleve a cabo un seguimiento de la carga de la defensa de las medidas de
cautela �especialmente para los países en desarrollo-, con el fin de garantizar que no conlleva una reducción de la capacidad de los gobiernos para proteger la salud y el medio ambiente a través, si procede, de
acciones de cautela;

9. Pide a la Comisión que proponga, en el marco de la OMC, un reglamento sobre los vínculos entre los
procedimientos de solución de litigios de la OMC, por una parte, y los procedimientos correspondientes en
otros acuerdos internacionales, por otra, y que procure en este contexto que sea posible invocar en el
marco de dichos procedimientos de la OMC otras obligaciones, derivadas, por ejemplo, de los acuerdos
medioambientales multilaterales, a fin de ampliar el ámbito de aplicación del principio de cautela;

10. Considera que, en el futuro, el Órgano de Apelación de la OMC deberá llevar a cabo una evaluación
de los estudios y dictámenes científicos existentes en el momento de la adopción de su decisión e incluir
esta evaluación en su valoración;

_**Definición y alcance**_

11. Aprueba el análisis de la Comisión, según el cual cabe invocar el principio de cautela siempre que,
sobre la base de informaciones científicas incompletas, poco concluyentes o inciertas, haya motivos razonables de preocupación ante la posible aparición de efectos potencialmente peligrosos para el medio
ambiente y la salud humana, animal o vegetal, e incompatibles con el nivel de protección elegido;

12. Manifiesta su acuerdo con la Comisión, con respecto al alcance general del principio de cautela, que
puede ser aplicable a todos los ámbitos de intervención de la Comunidad Europea;

13. Desea que la Comisión inicie, a partir de esta fase de la reflexión, estudios sobre la incidencia del
recurso al principio de cautela en el derecho de responsabilidad;

_**Evaluación del riesgo**_

14. Considera, al igual que la Comisión, que antes de tomar decisiones sobre las medidas que se hayan
de adoptar, los responsables públicos deben contar con una visión de conjunto de los conocimientos disponibles sobre el riesgo que entrañan la actividad y la sustancia, realizada por expertos, independientes de
las partes interesadas, reconocidos por la comunidad científica internacional por sus competencias en el
ámbito de que se trate y designados de acuerdo con un procedimiento transparente;

15. Insiste en que las partes interesadas contribuyan a una evaluación completa y eficaz del riesgo
comunicando toda la información de que dispongan y que pudiera resultar útil;

17.8.2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 232/349

**Jueves, 14 de diciembre de 2000**

16. Considera, al igual que la Comisión, que antes de tomar decisiones sobre las medidas que se hayan
de adoptar, los responsables públicos deben contar con una visión de conjunto de los conocimientos disponibles sobre el riesgo que entrañan la actividad y la sustancia;

17. Considera que la evaluación debería ser revisada por los comités científicos existentes en el seno de
la Comisión, reconociendo que estos últimos serán reestructurados a la luz del Libro blanco sobre seguridad alimentaria, y que, asimismo, debe preverse la creación de los comités que faltan actualmente en los
ámbitos de la salud humana y del medio ambiente;

18. Pide a la Comisión que presente un estudio de impacto sobre los comités científicos nacionales y
europeos en el que se evalúen los cambios que podría ocasionar el recurso al principio de cautela en las
misiones de dichos organismos y los vínculos entre los mismos;

19. Considera que el informe de los expertos deberá describir el método de evaluación empleado, junto
con sus hipótesis de partida, el margen de incertidumbre adaptado y el grado de ignorancia;

20. Considera que las conclusiones de la evaluación deben reflejar de forma explícita las opiniones
científicas minoritarias;

21. Insiste en que, en la fase más temprana posible, las partes interesadas propongan productos de
sustitución para los productos considerados peligrosos y aporten información científica objetiva que
demuestre que las alternativas son menos perjudiciales que los productos que se han de sustituir;

22. Considera que es esencial que los procedimientos de evaluación del riesgo se sometan a plazos
rigurosos y que se pongan a disposición de las autoridades de los Estados miembros o de la Comisión,
según proceda, medidas provisionales inmediatas, en espera de la finalización de dichos procedimientos; las
medidas disponibles deberán incluir restricciones y prohibiciones a la importación, exportación, venta o
uso, pero no deberán limitarse sólo a eso;

_**Gestión del riesgo**_

23. Reconoce a la Comunidad Europea, así como a los demás miembros de la OMS, el derecho a determinar el nivel de protección conveniente, en particular por lo que se refiere a la protección del medio
ambiente y de la salud humana, animal y vegetal; considera que el principio de cautela constituye un
instrumento político esencial a este fin, dentro del respeto de las siguientes premisas:

a) el nivel de protección seleccionado no puede ser inferior al establecido por las normas europeas o
internacionales, como por ejemplo los valores límite, las recomendaciones de la OMS y los objetivos
en materia de política medioambiental

b) la protección de la salud humana y del medio ambiente debe prevalecer sobre toda otra consideración,

c) no existe un umbral mínimo de riesgo por debajo del cual no deba aplicarse el principio de cautela; en
consecuencia, incluso en el caso de un riesgo escaso, se puede recurrir a dicho principio de cautela,

d) no se exige la prueba concluyente de un nexo causal cierto entre el hecho o el producto generador de
un posible riesgo y los efectos temidos,

e) no debe confundirse la búsqueda del riesgo cero, que en la práctica es realizable en muy pocas ocasiones, con la aplicación del principio de cautela;

24. Considera que el recurso al principio de cautela se traduce en la adopción de la medida más adecuada, en relación con los criterios enunciados por la Comisión (proporcionalidad, no discriminación,
coherencia, examen de las ventajas e inconvenientes, examen de la evolución científica); destaca la dificultad para aplicar dichos procedimientos ante la incertidumbre, un problema inherente a cualquier situación
que exija el recurso al principio de cautela, y subraya que dichos principios no deben invocarse para hacer
caso omiso de las consideraciones en materia de salud y bienestar tanto humano como animal, o de protección ambiental;

C 232/350 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES 17.8.2001

**Jueves, 14 de diciembre de 2000**

25. Pide a la Comisión que vuelva a confirmar su punto de vista de que la prohibición de un producto
sobre la base de métodos de procesamiento o producción (MPP) puede ser una aplicación legítima del
principio de cautela y ha de ser compatible con las obligaciones de la OMC;

26. Reafirma la importancia del criterio de proporcionalidad para asegurar la justa adecuación entre la
gravedad del riesgo y la medida adoptada, teniendo en cuenta el nivel de protección elegido y los posibles
efectos a largo plazo;

27. Considera que el criterio de coherencia no debe vincular de forma permanente a los responsables de
la toma de decisiones, pero que se debe aplicar con vistas a ajustarse a las mejores prácticas; no debería
aplicarse para justificar la imposibilidad de ofrecer el nivel máximo de protección de la salud y el bienestar
tanto humano como animal y del medio ambiente;

28. Insiste en que el examen de costes y beneficios no debe basarse únicamente en criterios económicos
o financieros, sino que habrá de tener en cuenta otros factores, en particular el coste que se deriva para el
medio ambiente y la salud pública de la falta de acción, así como la percepción del riesgo por la población
y la aceptabilidad de la medida prevista;

29. Reafirma el carácter provisional de la mayoría de las medidas adoptadas, y la necesidad de una
reevaluación periódica de las mismas a la luz de los nuevos datos científicos; las medidas cautelares deberán mantenerse mientras exista el riesgo;

30. Propone que toda medida adoptada comprenda un calendario previamente establecido de reevaluación y que, en el caso de que un elemento científico nuevo surgiese antes del plazo establecido por el
calendario, la medida pueda revisarse a pesar de todo con la máxima celeridad;

31. Opina que el gestor del riesgo deberá describir la gama de medidas alternativas que se han examinado pero que han sido rechazadas, y detallar los motivos de dicho rechazo;

_**Comunicación del riesgo**_

32. Estima que la comunicación al público debe producirse a lo largo de los procesos de evaluación y
de gestión del riesgo, de la forma más transparente posible, y que toda la documentación relativa a la
evaluación científica del riesgo y a las fases de gestión del mismo deberá ponerse a disposición del público;

33. Considera que, en el caso en que se haya juzgado oportuno no adoptar medidas, el responsable
público y las partes interesadas han de informar al público al respecto, concretamente para disipar las
dudas y ambigüedades que puedan existir en torno a un producto o a un procedimiento de fabricación;

34. Considera que debe respetarse el principio de información y elección del consumidor y que, siempre
que sea posible, debe permitirse que sean los propios consumidores quienes tomen decisiones ponderadas
sobre los riesgos asociados a los productos que adquieran;

_**Carga de la prueba**_

35. Considera que las condiciones para recurrir al principio de cautela deben someterse al control de los
órganos jurisdiccionales nacionales o comunitarios;

36. Aprueba el punto de vista de la Comisión en lo referente a la carga de la prueba y la distinción que
se establece entre los productos sometidos o no a autorización previa;

37. Considera, sin embargo, que en el caso de productos no sometidos a autorización previa, la persona
física o jurídica que cuestione la seguridad de un producto deberá presentar elementos que respalden sus
alegaciones y que la carga de la prueba podrá invertirse;

                                   
                                  -                                  

38. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones, así como a los Parlamentos de los Estados miembros.