Source: EURLEX
Language: es
Format: md

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.3.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 61/1 |

---

LIBRO VERDE

sobre la revisión del acervo en materia de consumo

(2007/C 61/01)

ÍNDICE

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Introducción |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Antecedentes |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Objetivo y situación de la revisión |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2. | Relaciones entre la revisión y otra legislación comunitaria |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Principales cuestiones |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. | Últimos avances del mercado |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2. | Fragmentación de las normas |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.3. | Falta de confianza |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Posibles opciones para el futuro |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Opción I: el enfoque vertical |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.2. | Opción II: el enfoque mixto (el instrumento horizontal combinado, en su caso, con el vertical) |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.3. | Opción III: «ausencia de acción legislativa» |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.4. | Posible ámbito de aplicación del instrumento horizontal |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.5. | Grado de armonización |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.6. | Consulta que figura en el anexo I |

|  |  |
| --- | --- |
| ANEXO I: | Issues for consultation |

|  |  |
| --- | --- |
| ANEXO II: | Consumer directives under review |

1.   INTRODUCCIÓN

A través de este Libro Verde, la Comisión Europea invita a todas las personas interesadas a manifestar su opinión sobre las cuestiones identificadas en el contexto de la revisión del acervo en materia de consumo, enviando sus respuestas [con la indicación «Response to the Green Paper on the Review of Consumer Acquis» (Respuesta al Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo)], a más tardar el 15 de mayo de 2007, a la dirección siguiente:

|  |
| --- |
| Comisión Europea |
| Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores |
| Rue de la Loi 200 |
| B-1049 Bruxelles |
| (Bélgica) |

o por correo electrónico a SANCO-B2@ec.europa.eu

Las respuestas y observaciones se publicarán en el sitio web de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea, a menos que los remitentes manifiesten claramente su oposición. La Comisión examinará las contribuciones y publicará un resumen en el transcurso del primer semestre de 2007. Basándose en los resultados de la consulta, la Comisión decidirá si es necesaria una iniciativa legislativa. Toda propuesta legislativa irá acompañada de una evaluación de impacto.

2.   ANTECEDENTES

2.1.   Objetivo y situación de la revisión

En 2004, la Comisión puso en marcha la revisión del acervo en materia de consumo con vistas a mejorar el logro de los objetivos establecidos en la iniciativa «Legislar mejor» simplificando y completando el marco regulador existente. El proceso de revisión se expone en la Comunicación de 2004 «Derecho contractual europeo y revisión del acervo: perspectivas para el futuro»[(1)](#ntr1-C_2007061ES.01000101-E0001).

Dicho proceso engloba ocho directivas destinadas a proteger a los consumidores[(2)](#ntr2-C_2007061ES.01000101-E0002). El objetivo global de la revisión es instaurar un auténtico mercado interior para los consumidores, estableciendo el equilibrio adecuado entre el alto nivel de protección de estos y la competitividad de las empresas, al tiempo que se garantiza el estricto respeto del principio de subsidiariedad. Lo ideal sería que, al término del ejercicio, fuera posible decir a los consumidores de la UE: «Esté donde esté o compre donde compre en la UE, sus derechos básicos son los mismos». Este objetivo está en consonancia con el enfoque adoptado por la Comisión en su Comunicación «Una agenda de los ciudadanos — Logrando resultados para Europa»[(3)](#ntr3-C_2007061ES.01000101-E0003). En otras palabras, es necesario estimular la confianza de los consumidores en el mercado interior, garantizándoles un alto nivel de protección en toda la UE. Los consumidores han de poder confiar en la igualdad de derechos y poder recurrir a soluciones jurídicas equivalentes cuando tengan problemas.

Asimismo, debemos asegurarnos de que las empresas, en particular las PYME, puedan beneficiarse de un entorno regulador más predecible y unas normas europeas simplificadas, al objeto de disminuir sus gastos derivados de la puesta en conformidad y, de manera más general, facilitar sus intercambios comerciales en la UE, independientemente de donde estén establecidas.

La revisión del acervo en materia de consumo puede brindar una oportunidad única para modernizar las directivas sobre consumo existentes, a fin de simplificar y mejorar el entorno regulador de cara a los profesionales y los consumidores y mejorar o, si es necesario, ampliar la protección que se ofrece a estos últimos. Este objetivo está en plena consonancia con la modernización del mercado interior. A tal fin, las directivas se están revisando de manera global e individual, al objeto de determinar los eventuales vacíos normativos y deficiencias, así como los problemas específicos de cada una de ellas. Tal y como se estableció en el Primer informe anual sobre los progresos realizados[(4)](#ntr4-C_2007061ES.01000101-E0004), el presente Libro Verde concluye la fase de diagnóstico de la revisión, resume los primeros resultados obtenidos por la Comisión e invita a opinar sobre algunas opciones para llevar a cabo la revisión. Los resultados obtenidos por la Comisión se derivan de las actividades siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| — | un análisis comparativo del modo en que se han aplicado las Directivas en los Estados miembros, que incluye jurisprudencia y práctica administrativa[(5)](#ntr5-C_2007061ES.01000101-E0005), |

|  |  |
| --- | --- |
| — | en diciembre de 2005, la Comisión creó un grupo de trabajo permanente formado por expertos de los Estados miembros. En 2006 se celebraron tres reuniones dedicadas a la revisión de Directivas específicas, |

|  |  |
| --- | --- |
| — | en el transcurso del primer semestre de 2006 se organizaron varios talleres para las partes interesadas en el contexto del trabajo sobre el marco común de referencia en materia de Derecho contractual[(6)](#ntr6-C_2007061ES.01000101-E0006). Dichos talleres se centraron en cuestiones relativas al Derecho contractual que afectaban directamente a la revisión del acervo en materia de consumo[(7)](#ntr7-C_2007061ES.01000101-E0007), |

|  |  |
| --- | --- |
| — | un análisis del comportamiento de los consumidores y las empresas con respecto a la legislación vigente en el ámbito de la protección de los consumidores y los efectos de esta en el comercio transfronterizo[(8)](#ntr8-C_2007061ES.01000101-E0008). |

Por otro lado, la Comisión ha evaluado el modo en que se ha llevado a cabo la transposición en los Estados miembros de las directivas objeto de revisión. Se han publicado informes de aplicación relativos a las Directivas sobre precios unitarios[(9)](#ntr9-C_2007061ES.01000101-E0009) y venta a distancia[(10)](#ntr10-C_2007061ES.01000101-E0010); los informes relativos a las Directivas sobre venta y garantías de bienes («Directiva sobre ventas de consumo») y acciones de cesación se publicarán en breve.

Además del trabajo realizado, se consultará a todas las partes interesadas acerca de los problemas específicos detectados por la Comisión en el transcurso de la revisión de las Directivas sobre viajes combinados y venta a domicilio. Dichos problemas se abordarán en documentos de trabajo que se publicarán en el sitio web de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores. La Comisión ha identificado varios problemas relacionados con productos turísticos a largo plazo que exigen una rápida solución. Para ello, la Comisión ha empezado a trabajar en una propuesta de revisión de la Directiva sobre régimen de tiempo compartido[(11)](#ntr11-C_2007061ES.01000101-E0011).

2.2.   Relaciones entre la revisión y otra legislación comunitaria

Habida cuenta de la amplitud del terreno cubierto por el acervo en materia de consumo, así como de los solapamientos con otras directivas del mercado interior, resulta necesario evaluar el impacto que tendrá cualquier propuesta de seguimiento del presente Libro Verde en ámbitos como el comercio electrónico o los derechos de propiedad intelectual. Concretamente, el seguimiento del Libro Verde no debería afectar al funcionamiento de la cláusula sobre el mercado interior de la Directiva sobre el comercio electrónico.

La revisión no afectará a las normas comunitarias sobre el Derecho aplicable. En este ámbito, la Comisión ha presentado dos propuestas de Reglamento: una sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales (Roma II) y otra sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). En esta última se incluye una disposición en la que se propone una norma de conflicto para los contratos de consumo, que consiste en la aplicación única de la ley de la residencia habitual del consumidor, con arreglo a determinadas condiciones.

De conformidad con lo anunciado en el Libro Blanco «Política de los servicios financieros 2005-2010», la Comisión está poniendo en marcha varias iniciativas en el sector de los servicios financieros, en particular en el ámbito de los servicios financieros al por menor. A la luz de los resultados de la consulta, la Comisión examinará en qué medida afectará a los servicios financieros cualquier acción de desarrollo legislativo. De este modo, podría ser necesario excluir la aplicación, total o parcial, de cualquier desarrollo legislativo en el sector financiero.

El presente Libro Verde pretende recabar opiniones de todas las partes interesadas sobre las posibles opciones políticas para la revisión del acervo en materia de consumo y otras cuestiones específicas.

3.   PRINCIPALES CUESTIONES

3.1.   Últimos avances del mercado

La mayoría de las directivas que forman parte del acervo en materia de consumo son prescriptivas más que basadas en principios. La mayor parte de ellas ya no responde plenamente a las necesidades de los mercados actuales, en rápida evolución. Este extremo es particularmente importante en vista de la creciente importancia de la tecnología digital y los servicios digitales (por ejemplo, las descargas de música), que suscitan cuestiones controvertidas en relación con los derechos de los usuarios, frente a la venta de bienes físicos.

Los avances tecnológicos están creando nuevas vías de transacción entre las empresas y los consumidores, que no se contemplan en la legislación en materia de consumo. Las subastas en línea constituyen un buen ejemplo de este fenómeno. La Directiva sobre venta a distancia, por ejemplo, cuya elaboración tuvo lugar antes de la reciente expansión del comercio electrónico, permite a los Estados miembros establecer una excepción para las subastas. Como ha podido confirmarse a través de la evaluación de las legislaciones nacionales, el diferente uso que hacen los Estados miembros de esta opción reguladora es causa de fragmentación y ha dado lugar a un aumento de las quejas de los consumidores en relación con las subastas en línea[(12)](#ntr12-C_2007061ES.01000101-E0012). La exclusión del software y los datos del ámbito de aplicación de la Directiva sobre venta de bienes de consumo puede inducir a los profesionales a tratar de evitar la responsabilidad por posibles daños o falta de conformidad de tales productos a través de las condiciones establecidas en los contratos de licencia para el usuario final (CLUF) y a impedir que los consumidores recurran a soluciones jurídicas por falta de conformidad o reclamen el pago de indemnizaciones[(13)](#ntr13-C_2007061ES.01000101-E0013).

3.2.   Fragmentación de las normas

Las normas de la UE sobre protección de los consumidores se encuentran fragmentadas, básicamente, en dos sentidos. En primer lugar, las directivas vigentes permiten a los Estados miembros adoptar normas más estrictas en sus legislaciones nacionales (armonización mínima) y muchos Estados miembros han optado por esta posibilidad, a fin de garantizar un mayor nivel de protección de los consumidores. En segundo lugar, muchas cuestiones se encuentran reguladas de manera incoherente en distintas directivas o se han dejado abiertas. Durante la fase preliminar de la revisión, algunas partes interesadas del ámbito empresarial y de los consumidores han señalado una serie de ejemplos de fragmentación normativa que plantean problemas. Dichos ejemplos figuran en el anexo I. Por lo general, las diferencias dan lugar a gastos de puesta en conformidad adicionales para las empresas, como son los gastos derivados de la obtención del asesoramiento jurídico pertinente o de las modificaciones en el material informativo y comercial o en los contratos o, en los casos de falta de conformidad, el posible pago de costas judiciales. Esta es una de las razones por las que, según citan a menudo las empresas, no realizan negocios transfronterizos. El 19 % de los minoristas de la UE[(14)](#ntr14-C_2007061ES.01000101-E0014) opera y se anuncia al menos en otro Estado miembro, pese a que el 48 % de las empresas está preparado para realizar ventas transfronterizas. El 55 % de los minoristas que manifiesta interés en las ventas transfronterizas considera que los gastos adicionales que se derivan del cumplimiento de las diferentes legislaciones nacionales que regulan las transacciones en materia de consumo son muy elevados o bastante elevados. El 43 % de los minoristas de la UE cree que la armonización de las legislaciones sobre protección de los consumidores debería tener un efecto positivo tanto en sus ventas transfronterizas como en su presupuesto de comercialización transfronteriza.

Se dan, incluso, algunos casos en los que los profesionales se niegan a vender a clientes de otros Estados miembros: según una encuesta reciente de Eurobarómetro[(15)](#ntr15-C_2007061ES.01000101-E0015), el 33 % de los consumidores informó de la negativa de algunas empresas a venderles o entregarles mercancías o servicios por no residir en su país.

3.3.   Falta de confianza

De acuerdo con la encuesta de Eurobarómetro mencionada, el 26 % de los consumidores de la UE ha adquirido bienes o servicios en empresas establecidas en otros Estados miembros[(16)](#ntr16-C_2007061ES.01000101-E0016). Si bien la venta a distancia es un fenómeno en expansión, solo el 6 % ha comprado a través de internet a un proveedor situado en otro Estado miembro[(17)](#ntr17-C_2007061ES.01000101-E0017). Una de las razones es que el 45 % de los consumidores se siente menos seguro al realizar compras a través de internet en empresas situadas en el extranjero (en un Estado miembro esta cifra alcanzaba el 73 %). Esto se demuestra, además, por el hecho de que el 44 % de las personas con acceso a internet en su domicilio realizó una compra de comercio electrónico en su país, mientras que únicamente el 12 % realizó una compra transfronteriza. En general, el 56 % de los consumidores opinaba que, cuando se adquieren bienes y servicios en empresas situadas en otros Estados miembros, es menos probable que dichas empresas respeten la legislación sobre protección de los consumidores. El 71 % consideraba más difícil resolver problemas como reclamaciones, devoluciones, reducciones de precio, garantías, etc. cuando las compras se realizan en empresas situadas en otros Estados miembros. Para el 65 % resultaba más problemático devolver un producto comprado a distancia dentro del período de reflexión cuando el proveedor estaba situado en un Estado miembro diferente.

Las diferentes normas resultantes de la armonización mínima pueden tener un efecto negativo en el mercado interior. Una de las razones por las que los consumidores son reacios a realizar compras transfronterizas es que no pueden estar seguros de que, cuando compren más allá de sus fronteras, se les aplique el mismo nivel de protección del que gozan cuando compran en su país. Por ejemplo, la duración del período de reflexión para las compras transfronterizas a distancia varía de un Estado miembro a otro, lo que crea inseguridad en los consumidores. Lo mismo ocurre con las modalidades de ejercicio del derecho de retractación y con los gastos de devolución de mercancías.

4.   POSIBLES OPCIONES PARA EL FUTURO

En su Primer informe anual sobre los progresos realizados en materia de Derecho contractual europeo y revisión del acervo, de 2005[(18)](#ntr18-C_2007061ES.01000101-E0018), la Comisión estableció dos grandes estrategias para la revisión del acervo en materia de consumo: un enfoque vertical, consistente en la revisión individual de las directivas existentes, o un enfoque más horizontal, consistente en la adopción de uno o más instrumentos marco para regular características comunes del acervo, completados, cuando proceda, por normas sectoriales.

A la hora de trasladar la revisión a propuestas políticas concretas, la Comisión examinará detenidamente el impacto de tales propuestas, incluido el impacto en las empresas.

4.1.   Opción I: el enfoque vertical

En el marco del enfoque vertical, las directivas vigentes podrían modificarse por separado, a fin de adaptarlas a los desarrollos tecnológicos y a la evolución del mercado. Podrían colmarse los vacíos específicos y abordarse las particularidades de cada directiva. Podrían eliminarse las incoherencias entre las diferentes directivas. Sin embargo, este proceso podría ser mucho más largo y no ser capaz de lograr el efecto simplificador del enfoque horizontal. La UE tendría que abordar las mismas cuestiones en el transcurso de los diferentes procedimientos legislativos. Asimismo, la Comisión tendría que asegurarse de que los Estados miembros transponen de manera coherente la misma cuestión en relación con cada una de las directivas. El volumen de los actos legislativos no disminuiría y los mismos conceptos comunes seguirían figurando y regulándose en las distintas directivas. Sin embargo, de este modo, podría respetarse la especificidad de cada ámbito, a través de la mejora de la legislación existente y de su revisión cuando fuera necesario.

4.2.   Opción II: el enfoque mixto (el instrumento horizontal combinado, en su caso, con el vertical)

Hasta la adopción, en 2005, de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales[(19)](#ntr19-C_2007061ES.01000101-E0019), la legislación sobre protección de los consumidores se había basado principalmente en el enfoque vertical, destinado a proporcionar soluciones específicas a problemas concretos. Este enfoque, sin embargo, ha dado lugar a un entorno regulador fragmentado. La relación entre los diferentes instrumentos a veces no está clara y la terminología jurídica, así como las disposiciones pertinentes, no están suficientemente coordinadas. Por ejemplo, si la venta de bienes en régimen de tiempo compartido la realiza un vendedor a domicilio, no está claro si son de aplicación las disposiciones en materia de información o de retractación de la Directiva sobre venta a domicilio o de la Directiva sobre régimen de tiempo compartido[(20)](#ntr20-C_2007061ES.01000101-E0020).

Tras la adopción de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales se ha iniciado un enfoque «horizontal» más integrado.

Varias cuestiones son comunes a todas las directivas que forman parte del acervo en materia de consumo. La definición de conceptos básicos, como «consumidor» y «profesional», la duración del período de reflexión y las modalidades para ejercer el derecho de retractación constituyen ejemplos de cuestiones que son importantes en el contexto de varias directivas. Estas cuestiones comunes podrían extraerse de las directivas vigentes y regularse de manera sistemática en un instrumento horizontal. Junto con las disposiciones de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, dado su carácter horizontal, podrían constituir la parte general del instrumento, puesto que se aplicarían a todos los contratos en materia de consumo. En la segunda parte del instrumento horizontal podría regularse el contrato de compraventa, que es el contrato en materia de consumo más común y más extenso. Por este motivo, la Directiva sobre venta de bienes de consumo se incluiría en el instrumento horizontal. Este enfoque simplificaría y racionalizaría el acervo en materia de consumo, en consonancia con los principios de la iniciativa «Legislar mejor»[(21)](#ntr21-C_2007061ES.01000101-E0021). A través de un ejercicio de refundición, se derogarían, en todo o en parte, las directivas vigentes en materia de consumo y, de este modo, se reduciría el volumen del acervo.

El instrumento horizontal deberá complementarse con diversas acciones verticales (por ejemplo, la revisión de la Directiva sobre régimen de tiempo compartido, al objeto de abordar los problemas específicos que plantea, como la definición de tiempo compartido) siempre que sea necesario («enfoque mixto»).

4.3.   Opción III: «ausencia de acción legislativa»

Tanto el enfoque horizontal como el vertical requieren acción legislativa. La ausencia de acción legislativa supondría la persistencia de la fragmentación normativa o su incremento a través del recurso, por parte de los Estados miembros, a las cláusulas de armonización mínima. Las incoherencias entre las diferentes directivas seguirían existiendo.

4.4.   Posible ámbito de aplicación del instrumento horizontal

Si se sigue la opción II, una cuestión importante que habrá que plantearse será el ámbito de aplicación del instrumento horizontal. En el marco del enfoque mixto, una posible solución sería adoptar un instrumento marco con amplia cobertura, aplicable tanto a las transacciones nacionales como a las transfronterizas. La creación de un instrumento para todos los contratos en materia de consumo simplificaría considerablemente el entorno regulador, tanto para los consumidores como para las empresas. Sin embargo, cuando existan normas sectoriales específicas (como, por ejemplo, en el ámbito de los servicios financieros o los seguros), estas seguirán prevaleciendo, a menos que se establezca lo contrario. Ejemplos de estas normas son las disposiciones que regulan el plazo de renuncia y la definición de «consumidor» en el ámbito de los servicios financieros[(22)](#ntr22-C_2007061ES.01000101-E0022).

Una alternativa podría ser la introducción de un instrumento horizontal que se aplique exclusivamente a los contratos transfronterizos. En tal caso, habría que definir el concepto de contrato transfronterizo (por ejemplo, todo contrato a distancia firmado entre un consumidor y un profesional procedentes de dos Estados miembros diferentes). El resultado sería que los consumidores que trataran con un profesional extranjero gozarían de protección uniforme en toda la UE. Esta alternativa podría, por un lado, aumentar la confianza de los consumidores en el comercio transfronterizo, pero, por otro, incrementar la fragmentación normativa, al someter a los consumidores y a los profesionales a diferentes conjuntos de normas, en función del carácter nacional o transfronterizo de la transacción. Además, disminuiría el valor de mejora legislativa del instrumento horizontal.

Otra alternativa podría ser un instrumento horizontal limitado a las compras a distancia, independientemente de su carácter nacional o transfronterizo, lo que sustituiría a la Directiva sobre venta a distancia. Esto podría dar lugar a un conjunto de normas uniformes para los contratos a distancia. De nuevo, la principal desventaja sería que se aplicarían condiciones diferentes a las transacciones a distancia y a las que se realicen en persona, aumentando, de este modo, la fragmentación normativa y disminuyendo el valor de mejora legislativa.

4.5.   Grado de armonización

Independientemente de la opción elegida para revisar el acervo, habría que decidir el grado de armonización.

Las directivas vigentes sobre protección de los consumidores, que están siendo objeto de revisión, están basadas en la armonización mínima, es decir, contienen cláusulas con arreglo a las cuales los Estados miembros pueden prever mayores niveles de protección que los establecidos en las directivas. Muchos Estados miembros han recurrido a esta posibilidad; por ejemplo, estableciendo períodos de reflexión más largos que los períodos mínimos previstos en las Directivas sobre venta a distancia, venta a domicilio y régimen de tiempo compartido.

En consecuencia, los consumidores no pueden estar seguros de que el nivel de protección al que están acostumbrados en su país se aplique cuando realicen compras transfronterizas, mientras que las empresas pueden verse disuadidas de comercializar sus bienes o servicios a través de la UE, al no cumplir las diferentes normas que rigen en cada Estado miembro.

Para solucionar este problema, una posibilidad sería revisar el acervo en materia de consumo de manera que se logre la plena armonización. Esto significaría que ningún Estado miembro podría aplicar normas más estrictas que las establecidas a nivel comunitario. La plena armonización no solo implicaría la derogación de las cláusulas de armonización mínima, sino también la eliminación de las opciones reguladoras sobre aspectos específicos que ofrecen a los Estados miembros algunas disposiciones de las directivas, lo que en algunos Estados miembros podría resultar en la modificación del nivel de protección de los consumidores.

Por ejemplo, a la hora de regular los plazos de la garantía legal impuesta al vendedor, el artículo 5 de la Directiva sobre venta de bienes de consumo permite a los Estados miembros disponer que el consumidor, para poder hacer valer sus derechos, deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde la fecha en que se percató de dicha falta de conformidad. Estas posibilidades que se ofrecen a los Estados miembros desaparecerían. Los controles de transposición han confirmado que un número significativo de Estados miembros ha recurrido a tales posibilidades reguladoras. Sobre la base del enfoque de plena armonización, deberá elegirse entre diferentes soluciones; por ejemplo, eliminando o generalizando el deber de notificación al vendedor de la falta de conformidad en un plazo especificado.

No obstante, dada la posible dificultad de lograr la plena armonización en todos los aspectos y a fin de evitar la creación de nuevas barreras al mercado interior, el enfoque de armonización podría tener que complementarse, caso por caso, con una cláusula que contemple el reconocimiento mutuo de determinados aspectos contemplados en la legislación propuesta, pero no plenamente armonizados.

Otra opción podría ser, pues, combinar la armonización mínima con una cláusula de reconocimiento mutuo. En ese caso, los Estados miembros conservarían la posibilidad de introducir normas más estrictas sobre protección de los consumidores en sus ordenamientos jurídicos nacionales, pero no estarían autorizados a imponer sus propios requisitos más estrictos a las empresas establecidas en otros Estados miembros de manera que se introdujesen restricciones injustificadas a la libre circulación de mercancías o a la libertad de prestación de servicios.

Por último, otra opción sería la armonización mínima combinada, en última instancia, con el enfoque del país de origen. Esto significaría que el Estado miembro conservaría la posibilidad de introducir normas más estrictas sobre protección de los consumidores en su ordenamiento jurídico nacional, pero las empresas establecidas en otros Estados miembros solo tendrían que cumplir las normas aplicables en su país de origen.

Sin embargo, estas opciones no simplificarían ni racionalizarían el entorno regulador; persistiría la fragmentación normativa y no desaparecerían los efectos negativos que esta tiene en la confianza de los consumidores en el mercado interior. Ante la ausencia de una norma en la que se estableciera como Derecho aplicable la legislación del país del comerciante, el juez que tiene competencia en un litigio transfronterizo (normalmente el juez del país de destino) tendría que comparar, sistemáticamente, la legislación del país del consumidor con la del país de origen y, a continuación, determinar en qué medida el nivel de protección que proporciona la legislación del país de destino es superior al que proporciona la del país del comerciante y, cuando la divergencia suponga una retricción injustificada, dejar de aplicar los requisitos más estrictos. Este engorroso procedimiento no incrementaría la seguridad jurídica.

Estas dos opciones tampoco aportarían una solución que garantizara el elevado nivel común de protección de los consumidores que exige el Tratado.

4.6.   Consulta que figura en el anexo I

En el anexo I figura la lista de cuestiones y preguntas objeto de consulta. La mayoría de las preguntas se refieren a las cuestiones transversales u horizontales que podrían abordarse en el contexto del enfoque mixto. En el caso del enfoque vertical, relativo a directivas específicas, no es necesaria una lista amplia de cuestiones o preguntas, ya que estas se han abordado en el contexto de las diferentes consultas organizadas por la Comisión, como se describe en el punto 2.1 del Libro Verde.

A partir de la revisión, han surgido varias cuestiones transversales. Estas cuestiones reflejan las deficiencias normativas y los vacíos en materia de protección de los consumidores que presenta el acervo. En la mayoría de los casos, que diferentes partes interesadas del ámbito empresarial y de los consumidores han presentado a la Comisión, las cuestiones surgen del recurso a las cláusulas mínimas y a las opciones reguladoras por parte de los Estados miembros.

Las cuestiones se agrupan en dos categorías: las que son comunes a la totalidad del acervo (como la definición de «consumidor») o a más de una directiva (como el derecho de retractación) y las que son específicas del contrato de compraventa, que es, con mucho, el contrato predominante en materia de consumo.

Por lo que se refiere al primer grupo, la Comisión considera que una definición coherente de los conceptos de «consumidor» y «profesional» es importante, ya que permite delimitar el ámbito del acervo con más precisión.

Una opción de mayor alcance es la posible introducción de un principio general de buena fe y lealtad en las transacciones contractuales. La inclusión de este principio, que actuaría como una red de seguridad, colmaría cualquier futuro vacío legal y garantizaría la pervivencia del acervo en el futuro.

Varias cuestiones se refieren a la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, que es la única que se aplica a todos los tipos de contratos en materia de consumo y que abarca tanto los bienes como los servicios. La importancia de estas cuestiones en la práctica queda demostrada por el destacado porcentaje de reclamaciones recibidas en los Centros Europeos del Consumidor en relación con las condiciones contractuales[(23)](#ntr23-C_2007061ES.01000101-E0023). En esta situación, la Comisión desea plantear, entre otras, la pregunta de si la protección que ofrece la Directiva en cuestión debería ampliarse a otras condiciones negociadas de manera individual.

También se abordan cuestiones como el derecho de retractación, una solución jurídica clásica que ofrecen varias directivas al consumidor, así como las condiciones para su ejercicio.

Asimismo, se plantea la introducción de soluciones contractuales generales, incluido el derecho generalizado de resarcimiento. La ausencia de soluciones generales en el acervo puede dar lugar a un déficit de protección de los consumidores, que podría abordarse en este contexto.

Por lo que se refiere a la venta de bienes, algunas preguntas importantes se refieren a la aclaración y la posible ampliación del ámbito de aplicación, a fin de abarcar los bienes intangibles, como el software y los datos. Otras preguntas se refieren a conceptos clave, como la entrega, la transmisión del riesgo y la jerarquía de las soluciones jurídicas. Por último, también se plantean la posible introducción de la responsabilidad directa del productor y el contenido de las garantías comerciales.

En el anexo I se describen las siguientes cuestiones:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Enfoque legislativo general |
| 2. | Ámbito de aplicación del instrumento horizontal |
| 3. | Grado de armonización |
| 4.1. | Definición de «consumidor» y «profesional» |
| 4.2. | Consumidores que operan a través de un intermediario |
| 4.3. | Introducción de una cláusula general de buena fe y actuación leal |
| 4.4.1. | Ampliación del alcance de la prueba de deslealtad a las condiciones negociadas |
| 4.5. | Efectos jurídicos de la lista de condiciones desleales |
| 4.6. | Alcance de la prueba de deslealtad: precio y objeto del contrato |
| 4.7. | Previsión de los efectos contractuales derivados del incumplimiento de la obligación de informar |
| 4.8.1. | Armonización de la duración del período de reflexión |
| 4.8.2. | Armonización de las modalidades de ejercicio del derecho de retractación |
| 4.8.3. | Armonización del coste impuesto a los consumidores en caso de retractación |
| 4.9. | Introducción de las soluciones contractuales generales |
| 4.10. | Introducción del derecho de resarcimiento |
| 5.1. | Ampliación del ámbito de aplicación a otros tipos de contratos |
| 5.2. | Bienes de segunda mano vendidos en subastas públicas |
| 5.3. | Definición de entrega |
| 5.4. | Transmisión del riesgo |
| 5.5.2. | Plazos para la falta de conformidad |
| 5.5.3. | Norma específica sobre defectos recurrentes |
| 5.5.4. | Norma específica sobre bienes de segunda mano |
| 5.6. | Carga de la prueba |
| 5.7. | Modificación del orden jerárquico de las soluciones jurídicas |
| 5.8. | Notificación de la falta de conformidad |
| 5.9. | Responsabilidad directa del productor por falta de conformidad |
| 5.10.1. | Introducción de normas supletorias sobre el contenido de la garantía comercial |
| 5.10.2. | Carácter transferible de la garantía comercial |
| 5.10.3. | Garantías comerciales para partes específicas |
| 6. | Otras cuestiones |

---

[Top](#document1)